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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 81, de 21/06/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 81 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 80
celebrada el martes, 21 de junio de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4077)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley 18/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) para la exención fiscal de todas las pensiones
por incapacidad. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 72.1, de 23 de abril de 1994 (número de
expediente 122/000058) (Página 4078)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas fiscales para favorecer la internacionalización de la
empresa española. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 68.1, de 12 de abril de 1994 (número de
expediente 122/000055) (Página 4087)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
control de fondos reservados. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 90, de 25 de abril de 1994 (número
de expediente 162/000098) (Página 4097)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
crear un Ministerio para el Medio Ambiente. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 45, de 13 de enero
de 1994 (número de expediente 162/000066) (Página 4111)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que tiene previsto
adoptar el Gobierno para transponer a la legislación española
las Directivas comunitarias en materia de salud y seguridad en
el trabajo (número de expediente 173/000042) (Página 4119)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas para evitar que sea aprobado el actual proyecto de
reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del sector
vitivinícola (número de expediente 173/000043) (Página 4123)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
82, de 22 de junio de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 4077)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4078)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, de modificación de la Ley 18/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) para la exención fiscal de todas las pensiones por
incapacidad (Página 4078)
El señor Ríos Martínez defiende la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que
plantean un problema concreto que afecta a un porcentaje alto
de población, o precisamente a los sectores más desfavorecidos
y en situación complicada que, como consecuencia de la
invalidez permanente, también han visto reducida bastante su
situación general a nivel económico. El hecho se ha producido,
además, después de que se les hubiese prometido que ninguna
pensión iba a reducirse y que iba a mantenerse su capacidad
adquisitiva.
El objetivo de la proposición de ley es la modificación de
algo que se estableció en la Ley de Presupuestos para 1994,
corrigiendo lo establecido en laLey 18/1991, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que se
establecía que estaban exentas de cotizar todas las
prestaciones de incapacidad permanente. Dicho criterio vino
funcionando durante los años 1992 y 1993, pero en el debate de
los Presupuestos para 1994 se produce una modificación
sustancial en base al objetivo del Gobierno de captar el mayor
número posible de ingresos, disponiendo que un importante
volumen de personas adelanten mensualmente y como anticipo
parte de sus ingresos al erario público. Si bien es cierto que
estaban exentos de hacer declaración las personas que tuvieran
unos ingresos inferiores a 1.100.000 pesetas, las pensiones
que, como las de invalidez permanente, superaran esa cifra --
es decir, unas 79.000 pesetas al mes-- tenían que hacer frente
a la retención de la renta y, por tanto, a finales de mes,
percibían menos que anteriormente.
Espera que todos los grupos de la Cámara mantenga aquí la
misma posición que han mantenido fuera, evitando la pérdida de
capacidad adquisitiva de estas personas. Termina expresando su
confianza en que la Cámara haya comprendido las razones de
índole social y política que han movido a su Grupo
Parlamentario a traer esta propuesta que, reitera, afecta a
sectores que están en una situación económica y personal
difícil.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
González Lizondo, del Grupo Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo
Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Núñez Pérez, del Grupo Popular, y
García Ronda, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, queda rechazada la proposición de ley
presentada por el Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya por 142 votos a favor y 163 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
fiscales para favorecer la internacionalización de la empresa
española (Página 4087)
El señor Costa Climent defiende la proposición de Ley del
Grupo Popular. Comienza señalando que en estos momentos
nuestra economía está atravesando una fase de moderada
reactivación, que se caracteriza fundamentalmente por dos
circunstancias, como su fragilidad y su débil intensidad.
Considera que todos debemos apoyar el proceso de reactivación
económica de la mano del sector exterior, ya que el motor del
crecimiento de la economía española en los últimos meses ha
sido la exportación. Sin embargo, este proceso ha descansado
básicamente en los aspectos puramente coyunturales, como la
devaluación de la peseta y el hundimiento de la demanda
interna en nuestro país, sin que vinieran acompañados de una
mejora de la competitividad de la economía española. Por ello,
si queremos que la demanda exterior constituya el motor del
crecimiento económico, deben ponerse en marcha las reformas
necesarias para impulsar y fomentar la actividad exportadora
de las empresas españolas. En opinión del Grupo Popular, si
queremos ganar la batalla de la competitividad es necesario,
además, dejar de penalizar la inversión española en el
exterior y fomentar la creación y puesta en marcha de nuevas
estructuras productivas y comercializadoras que complementen y
desarrollen la actividad de las empresas españolas. En esta
línea, el Grupo Popular somete hoy a la consideración de la
Cámara un proposición de ley que contiene un paquete de
medidas en materia de Impuesto sobre Sociedades y de Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, que tienen como
finalidad no sólo impulsar la actividad exportadora de nuestro
país, sino también promover e incentivar el desarrollo de
multinacionales españolas.
Como objetivos de la proposición de ley menciona, primero, la
eliminación de la doble imposición económica a través de
mecanismos idénticos a los establecidos por el resto de los
países de nuestro entorno; segundo, la introducción de nuevos
incentivos fiscales que amplíen la deducción por inversiones,
de manera que se fomente la creación y puesta en marcha de
estructuras productivas y comercializadoras en el exterior y,
tercero, favorecer la tributación de los trabajadores
españoles que se desplacen al Este de Europa. Detalla
seguidamente el contenido de las medidas recogidas en la
proposición de ley y termina señalando que la sociedad
española espera que seamos capaces de adoptar decisiones, de
poner en marcha medidas que puedan mejorar y resolver la
situación de la economía española en estos momentos, y piensa
que la proposición de ley constituye una magnífica oportunidad
para ello.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Vasco (PNV); Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Frutos Gras, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Martín Mesa, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo
Popular por 125 votos a favor y 183 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 4097)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre control
de fondos reservados (Página 4097)
El señor Martín Villa defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Comienza señalando que la proposición fue
presentada a la Cámara con anterioridad a las conclusiones del
debate sobre el estado de la Nación, y también a las
conclusiones de los trabajos de la Comisión especial, que ha
entendido de la gestión presupuestaria, en tiempos recientes,
de la Dirección General de la Guardia Civil. Hace esta
aclaración porque su Grupo está dispuesto a aceptar una
enmienda del Grupo Socialista en el sentido de incluir en el
preámbulo de la proposición esta referencia al resultado de
las votaciones con las que concluyen el debate sobre el estado
de la nación y los trabajos que ha desarrollado la Comisión
especial a que antes hacía referencia. Agrega que la
proposición es prudente y realista, como debe serlo el
tratamiento de este tipo de cuestiones que afectan a la
existencia misma del Estado. El Grupo Popular, y él en su
nombre, afirman con toda profundidad que creen que el Estado y
el Gobierno que dirige la política nacional deben disponer de
fondos reservados, especialmente para atender a cuestiones
relativas a las relaciones exteriores, a la defensa y a la
seguridad exterior e interior del Estado. De ahí que su Grupo
insista en la necesidad de la existencia de estos fondos, al
igual que piensa que la disposición de los mismos no puede
tener, al menos que desvirtúen su propia finalidad, los
controles que la disposición del conjunto de los fondos
públicos tienen y, por supuesto
no puede presidir la disposición y el control de los fondos
reservados la transparencia que puede y debe presidir la
autorización y el control del conjunto de los fondos públicos.
El Grupo Popular sabe que deben existir partidas
presupuestarias con la cuantía suficiente para atender
necesidades que en este momento afectan muy especialmente a la
lucha antiterrorista y a la lucha y la política contra el
narcotráfico.
El sentido de la proposición deriva de compaginar, de
cohonestar la necesidad de una disposición de los fondos con
cierta libertad, y ajena a la transparencia de la disposición
de los fondos públicos en general, con la necesidad también de
que exista un cierto control y de que no haya desviaciones. En
la proposición no de ley se dice, en primer lugar, que los
fondos han de tener una habilitación y una cuantía determinada
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, prohibiéndose
que mecanismos que tienen su sentido para aumentar o disminuir
la cuantía de partidas del Presupuesto a lo largo del año
presupuestario puedan aplicarse a los fondos reservados. Sólo
en la Ley General de Presupuestos, y sólo por ley o
disposición con rango de ley, se puede determinar la cantidad
destinada a fondos reservados.
Entienden, por otro lado, que únicamente tres personas del
conjunto del Gobierno de la nación pueden disponer de fondos
reservados, que en este momento serían los ministros de
Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa. Asimismo
consideran que no puede suceder que el Presidente del Gobierno
sea ajeno a la disposición de esos fondos, por lo que se
establece que esos tres ministros tienen que informar al
Presidente del Gobierno sobre el particular. En la proposición
dice también que la utilización de los fondos reservados viene
siempre acompañada de un cierto control parlamentario, que va
mucho más allá de la aprobación de los Presupuestos Generales,
y en este sentido, constituyen una comisión de control de la
que forman parte los Diputados, que, en virtud de una
resolución de la Presidencia de esta Cámara, entienden de los
secretos oficiales. En la proposición incluyen también una
representación del Tribunal de Cuentas y otra de la
Intervención General del Estado, aunque están dispuestos a
matizar esa cuestión.
Expuestas las anteriores líneas generales de la proposición no
de ley, muestran la disposición de su Grupo a aceptar
enmiendas de otros grupos de la Cámara en la línea de lo que
ha expresado anteriormente y siempre que no desvirtúen la
intención que la preside.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley del Grupo Popular intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); López de Lerma i
López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Cuesta
Martínez, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra la señora
Rahola i Martínez y los señores Albistur Marín y González
Lizondo, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, de Coalición Canaria,
y Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular
en los términos resultantes de las enmiendas del Grupo
Socialista, con las modificaciones introducidas en el curso
del debate, se aprueba por 302 votos a favor y cuatro
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a crear un
ministerio para el medio ambiente (Página 4111)
El señor Alcaraz Masats defiende la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestando que lo coherente con la estructura de la Unión
Europea y, por tanto, con la inmensa mayoría de los países que
la integran y la necesitarían, a su juicio, dada la confusión
y falta de estrategia medioambiental, sería la creación del
Ministerio de Medio Ambiente que hoy proponen. También desde
el punto de vista funcional sería conveniente dicha creación,
a fin de evitar la enorme dispersión que actualmente hay de
partidas y funciones de todo tipo.
Señala que nueve de los doce países de la Comunidad Europea
tienen Ministerio de Medio Ambiente, mientras que en España
las competencias y funciones en la materia se encuentran
atribuidas, al menos, a cinco Ministerios, sin que se produzca
ningún tipo de coordinación, ni siquiera de reuniones previas
de cara a las sesiones europeas de los ministros de medio
ambiente. Menciona algunos ejemplos que, a su juicio, ponen de
manifiesto la descoordinación que se produce en España en
materia de medio ambiente, afirmando que la creación de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda no está
dando el resultado que se esperaba, lo que considera lógico
ante la dispersión, la falta de coordinación y de estrategia
de fondo, así como la falta de voluntad y presupuesto.
Alude, por último, a la actual situación de Icona, a la
ausencia de España en algunas importantes reuniones
internacionales sobre el medio ambiente, para terminar
insistiendo en la necesidad de crear el ministerio en
cuestión.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular
interviene la señora Martínez Saiz.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Dávila Sánchez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, queda rechazada la proposición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 17 votos a favor,
158 en contra y 123 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4119)
Del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para
transponer a la legislación española las directivas
comunitarias en materia de salud y seguridad en el trabajo
(Página 4119)
La señora Maestro Martín defiende la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que los datos ofrecidos
en el debate anterior acerca de la legislación española en
materia de seguridad e higiene en el trabajo y las dramáticas
consecuencias de la ineficacia de la misma en el mercado
laboral, con un aumento constante de la accidentalidad de los
trabajadores, son suficientes como para justificar la
necesidad de que nuestro país cuente de manera inmediata con
una ley adecuada en materia de salud, de seguridad e higiene
en el trabajo. A su juicio, resulta evidente la ineficacia de
la legislación española, en buena parte procedente de la
dictadura, para prevenir las lesiones en el transcurso de su
vida laboral, haciéndose necesaria su modificación. A este fin
se dirige la moción que ahora defiende, en la que hacen
alusión a los principios que debe contener el proyecto de ley
que el Gobierno está obligado a remitir a la Cámara. En
defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Aparicio Pérez, del Grupo Popular, y Trujillo Oramas, del
Grupo Socialista. Para fijación de posiciones interviene el
señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, se aprueba por
270 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
para evitar que sea aprobado el actual proyecto de reforma de
la Organización Común de Mercado (OCM) del sector vitivinícola
(Página 4123)
El señor Isasi Gómez defiende la moción de su Grupo
Parlamentario. Alude al debate habido en la sesión sobre las
reformas experimentadas con la Comunidad Europea, afirmando
que como españoles, y sobre todo como representantes legítimos
de la soberanía nacional y, por tanto, también de nuestros
agricultores, así como por patriotismo, no puede admitir esta
reforma, que supone una auténtica ofensa para todo el pueblo
español, ya que la reforma afecta a todos los españoles por la
trascendencia que este sector tiene en la práctica totalidad
de las comunidades autónomas y provincias españolas. Añade que
la moción consta de cuatro grandes apartados, cuyo contenido
expone seguidamente.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV);
González Lizondo, del Grupo Mixto, y López Martín de la Vega,
del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Interviene de nuevo el señor Isasi Gómez en relación con las
enmiendas presentadas a la moción.
Sometida a votación, se rechaza esta moción del Grupo Popular
por 125 votos a favor y 153 votos en contra.
Se suspende la sesión a la diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución por parte del Diputado don
Javier Paniagua Fuentes, proclamado electo en sustitución de
don Vicente Albero Silla.
Don Javier Paniagua Fuentes, ¿jura o promete S.S. acatar la
Constitución?
El señor PANIAGUA FUENTES: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Javier Paniagua Fuentes ha adquirido
la condición plena de Diputado. Bienvenido una vez más a la
Cámara, señor Paniagua.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, DE MODIFICACION DE LA LEY 18/1991,
DE 6 DE JUNIO, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS (IRPF) PARA LA EXENCION FISCAL DE TODAS LAS PENSIONES
POR INCAPACIDAD (Número de expediente 122/000058)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley.
Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de modificación de la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la
exención fiscal de todas las pensiones por incapacidad.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que en un momento de tanta ebullición política como el
actual, donde nos estamos planteando si proponemos disolver o
plantear cuestión de confianza, la discusión de un tema tan
concreto, tan específico, significaría traer a sus señorías y
a los Grupos Parlamentarios a un debate más de andar por casa,
a un problema más concreto y que afecta, indudablemente, a un
porcentaje alto de población. Precisamente, afecta a sectores
de la población más desfavorecidos; sectores de la población
con una situación complicada, puesto que estamos hablando de
invalidez permanente, y que han visto reducida bastante su
situación general a nivel económico. Hecho que se ha producido
después que se les hubiese prometido que ninguna pensión iba a
reducirse y que iban a mantener su capacidad adquisitiva.
Digo esto porque el objetivo de la proposición de ley que el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende hoy, con el convencimiento de que vamos a
estar en condiciones de aprobar su toma en consideración,
pretende modificar algo que ha sido modificado en la
tramitación del proyecto de Presupuestos del año 1994, durante
el año 1993. ¿Cuál es el objetivo de nuestra propuesta? En el
debate de la Ley 18/1991, del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, todos los grupos --incluido el que yo
represento-- en su día defendieron que todas las rentas debían
de cotizar, debían de pagar su Impuesto. En esa misma Ley se
establecía que estaban exentas de cotizar todas las
prestaciones de incapacidad permanente. Por tanto, se venía a
entender que las personas que percibían estos ingresos no se
les consideraba como rentas. Lo cierto es que tanto en 1992
como en 1993 ha venido funcionando ese criterio. Por
consiguiente, todos los ciudadanos españoles que habían
obtenido ese tipo de pensión en esas etapas vieron mantenido
ese compromiso. La verdad sea dicha, cuando discutíamos la Ley
de Presupuestos de 1994 se produce una modificación
sustancial. Para el año 1994 el Gobierno presenta a esta
Cámara una propuesta, desde ese objetivo de captar el mayor
número posible de ingresos, buscando un mayor incremento de su
capacidad de recaudación. Viene una propuesta para que un
volumen de personas adelanten de sus ingresos al Erario
público, como anticipo, mes a mes, unas cantidades. Por poner
un ejemplo comparativo, en Asturias esta medida afectaba
fundamentalmente a 37.000 personas de los regímenes generales
o el especial de minería de carbón o accidentes de trabajo o
enfermedad profesional. Es verdad que quedaban exentas de
hacer la declaración todas las personas que estuviesen por
debajo de 1.100.000 pesetas, pero todas las pensiones que
superaban eso, es decir, todas las pensiones por invalidez
permanente que superaban las 79.000 pesetas tenían
religiosamente, que hacer frente a la retención de la renta.
Me gustaría exponer a SS.SS. tres grandes reflexiones acerca
de por qué el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta
esta iniciativa, con el convencimiento de que en la Cámara
digamos todos los grupos lo mismo que hemos dicho fuera de
ella. Es decir, que los grupos que nos hemos reunido con las
federaciones de los distintos sindicatos, UGT, Comisiones
Obreras, USO, incluso un sindicato profesional que también nos
lo pidió, digamos aquí lo mismo que les dijimos en aquellas
reuniones del mes de noviembre o del mes de diciembre; que
cuando les dijimos que comprendíamos su situación, que
creíamos que debía de solucionarse esa situación más o menos
complicada, lo digamos aquí, con las medidas que estimemos más
oportunas, con las propuestas e indicaciones que cada grupo
estime mejor.
Me gustaría indicarles a SS.SS. lo que puede ser una ironía.
No sé qué pensarían ustedes si siendo pensionistas o personas
con invalidez hubiesen recibido una carta dirigida por el
Director General, don Fidel Ferreras, con una notificación de
revalorización del año 1994, que les dijese en tono cariñoso:
Estimado pensionista, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado ha tomado
la decisión de revalorizar su pensión. Su pensión, en el año
1993 --en el caso al que me estoy refiriendo--, era de 142.000
pesetas, y va a verse mejorada en 4.900 pesetas, por tanto,
usted va a cobrar una pensión de 147.000 pesetas. Pero, a
renglón seguido y en la parte de abajo le dice: La retención
del IRPF que le corresponde es el 13 por ciento, y les
descontamos 19.200 pesetas. Es decir, la persona que en
diciembre de 1993 cobraba una pensión de 142.000 pesetas pasa
a percibir 128.000 pesetas. Por tanto, no sólo no se le ha
revalorizado la pensión, sino que se le ha reducido, y se le
ha reducido cuando, desde el punto de vista de este Grupo, más
o menos discutible a nivel de concepto, creemos que no nos
encontramos ante una renta sino ante una indemnización. A una
persona que a lo largo de su vida productiva tiene un
accidente o, por ejemplo, en el caso del carbón es silicótico
en un determinado grado o por fertilizantes está en un proceso
de invalidez concreto, se la indemniza, es verdad que puede
ser de una sola vez o en varias veces. Por tanto, no estamos
ante una renta y ustedes transforman lo que es una
indemnización en una renta.
Pero es más, a una persona que se incorpora a cualquier
proceso de regulación de empleo que se ha producido aquí (en
los sectores de la minería, de fertilizantes, en toda la
realidad, ahora en Renfe con el plan de regulación de empleo
de 4.500 puestos de trabajo) se le fija una indemnización
determinada y accede a una situación que es la invalidez
permanente. La ley que lo regula, dice que la invalidez
permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se
clasificará con arreglo a los siguientes grados: incapacidad
permanente parcial, incapacidad permanente total para la
profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo y gran invalidez.
Pues bien, todas las personas con incapacidad permanente total
y que tuviesen una pensión superior a 79.000 pesetas se han
visto perjudicadas, han perdido capacidad adquisitiva, han
perdido capacidad de consumo. Son personas que tendrían unas
obligaciones contraídas a lo largo de toda su vida, como puede
ser pago de luz, agua, compromiso de vivienda, etcétera.
Nuestro Gobierno para recaudar dinero ha preferido elegir
sectores débiles de la población. Por eso me gustaría que hoy
en la Cámara, cuando se dice que hemos aceptado, que hemos
encontrado el mensaje que la población nos ha dado, el
castigo, la llamada de atención, entendamos que los sectores
socialmente más desprotegidos son los que más llaman la
atención. Si el gobierno quiere recaudar, nosotros vamos a
proponer --no hemos querido hacer demagogia hoy aquí-- que
leyes como la del IRPF puedan recaudar más de sectores que
tienen más ingresos. Creemos que esos sectores socialmente más
desprotegidos son los que no debieran ser la bolsa de ingresos
para el propio Estado. Por ello, nosotros creemos que debe de
mantenerse esa exención, que venía incorporada en la Ley del
Impuesto sobre las Personas Físicas, y eliminar, por tanto, la
incorporación a la declaración, que decía la propia Ley de
Presupuestos.
Fíjense ustedes que en la discusión que hemos tenido o en la
discusión que se haya podido tener se ha preferido hincar el
diente en la bolsa de ingresos. Es verdad que van a hacer
declaración de la renta; es verdad que al final del año a una
persona ha tenido que hacer frente a obligaciones, cuando haga
su declaración de la renta, podrá devolvérsele parte de lo que
ha adelantado, pero lo cierto es que unas 250.000 personas se
verán afectadas por esta Ley. Sería bueno que se aportaran los
datos de las personas afectadas. Le he dado la cifra de
Asturias, pero le puedo hablar de sectores enteros que pueden
verse afectados. Aunque fueran solamente diez personas, que no
lo son, porque son treinta y tantas mil en el caso de una
provincia. Decía que esas personas que han adelantado los
recursos al Estado no van a cobrar, no van a percibir ningún
tipo de intereses cuando tengan que hacer la declaración de la
renta. En suma, yo creo que se ha cometido una injusticia. Y,
es más, demuestra una orientación de política económica, de
política recaudatoria dirigida no más al que más tiene, sino
más al que menos tiene. En este caso se puede decir: es que
hay pensionistas que ganan mucho dinero, que tienen una
pensión de 240.000 pesetas. No, hay personas que trabajan y
tienen un salario y otras personas que tienen otro salario
distinto.
Por tanto, nosotros creemos que, primero, no es una renta, es
una indemnización. Segundo, no debe retenerse. Y, tercero, se
debiera de oficio devolver, si se aprobara esta proposición,
el dinero a toda persona que haya abonado el impuesto.
En las conversaciones y en las relaciones que el Grupo
mayoritario ha mantenido con los grupos parlamentarios su
entonces portavoz en esta materia dijo que habían comprendido
los problemas que tenían, pero que era una posición muy
meditada, muy estudiada. En todo caso, ellos creían que, más
que retirar esta obligación, debiera de elevarse el mínimo
exento. Esa era la filosofía que orientaba al Grupo
mayoritario en los encuentros con estas organizaciones de
pensionistas y de jubilados.
Otros Grupos, como el Catalán (Convergència i Unió), por medio
del portavoz que se entrevistó con ellos, inclusive con carta
personal dirigida a ellos mismos, venía a decir que reconocía
su planteamiento, que estaba convencido de que se resolvería
favorablemente esa petición y que incluso la misma mayoría que
había fijado en los presupuestos una cosa, podía modificar esa
posición hoy aquí. Yo espero que sea esa mayoría, o toda la
Cámara, unánimemente, la que decida modificar esa posición. En
todo caso, creo que sería bueno que hoy aquí pudiéramos
corregir una propuesta del Gobierno, si la mayoría de la
Cámara se orienta por entender
que hay una población gravemente afectada, una población que
ha perdido 20.000, 30.000 y 40.000 pesetas al mes. Nadie en
este país ha perdido tanta capacidad adquisitiva en una
actuación desde el propio Gobierno. Es más, cuando se hablaba
de actualización o de distribución de recursos, siempre hemos
dicho: vamos a igualar las diferencias entre los salarios de
las personas, pero dirigido fundamentalmente a favorecer al
que menos tiene, y al que más tiene no perjudicarle demasiado,
para ir nivelando y acercando la propia realidad. El propio
señor Olabarría, del Grupo Vasco (PNV), también se comprometía
a defender aquí una posición demandada por estas
organizaciones, así como el Partido Popular.
En suma, yo estoy convencido de que defendiendo en positivo
una iniciativa, es verdad que en un revuelo poselectoral. Me
alegro personalmente de que la discusión de esta proposición
de ley, y lo digo sinceramente, se haga después de las
elecciones. No hay un objetivo electoral. Hemos preferido no
traer la discusión de esta modificación del IRPF con la de
otras modificaciones, para que no pareciese demagogia, en el
sentido de demostrar que se puede recaudar más dinero en
sectores poderosos de la población y no en los sectores más
débiles, y estamos convencidos de que hay razones de peso, que
hay razones de índole social importantes como para que la
Cámara hoy se posicione apoyando la toma en consideración de
esta proposición de ley. Eso no obliga a ninguno de los Grupos
a que en el trámite de la proposición de ley no se puedan
presentar modificaciones o enmiendas. Si tenemos la voluntad
de «desfacer» este entuerto, tanto un Grupo proponiendo elevar
una posición, otro Grupo proponiendo otra actuación distinta,
podríamos dar paso hoy, aquí, a una solución definitiva sobre
algo que no debiera de haberse producido, ni mucho menos en la
discusión de unos presupuestos, porque parecía que la solución
de nuestra dificultad de ingresos iba a estar en recaudar de
las pensiones o indemnizaciones de las personas con invalidez
permanente total.
Señor Presidente, señorías, estoy convencido de que la
atención de ustedes ha sido suficiente como para comprender
las razones de índole social y político que han movido al
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a
traerles esta propuesta que afecta a sectores, desde nuestro
punto de vista, que están en una situación social, económica y
personal difícil, porque alguien que está inválido es porque
ha sido sacado de la estructura productiva, porque no sirve
para seguir ese trabajo, habitualmente en esa profesión o en
otras; por tanto, no es una persona que haya dejado
voluntariamente esa realidad, sino que tiene una situación
limitada y que la sociedad y el Estado, por esa limitación
para competir con las demás personas que se encuentran en una
posición normal, les compense e indemniza, al igual que lo
pueden hacer en otra vertiente a nivel productivo: la propia
empresa, el Estado y la propia sociedad. Nada más, señor
Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Mixto, y concretamente desde Unión Valenciana,
tomo la palabra para mostrar nuestro apoyo a la toma en
consideración de esta proposición de ley, a la que votaremos a
favor.
Como siempre, hemos estado de acuerdo en ayudar a aquellas
clases más empobrecidas, con mayores problemas, y creemos que
es de justicia que todas las pensiones por incapacidad no sean
de forma alguna tributables fiscalmente. De ahí que, desde
Unión Valenciana, apoyaremos esta proposición de ley
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Para manifestar la posición de mi Grupo parlamentario
contraria a la toma en consideración de esta proposición de
ley y por razones de oportunidad política o temporal.
Mi Grupo ha tenido grandes dudas analizando el contenido
material de esta proposición de ley. Hay elementos de justicia
contenidos en el texto articulado de esta proposición que
hacían pertinente su toma en consideración y el debate de esta
materia, pero hemos pensado que en este momento está
constituida una Ponencia que está estudiando, de forma
monográfica, los problemas de la Seguridad Social y
acometiendo los elementos conceptuales que deben servir de
presupuesto teórico para su reforma. Es ahí, en esta Ponencia,
y en las propuestas, proposiciones o incluso proyectos de ley
a través de las sugerencias que esta Ponencia puede hacer,
donde se deben integrar de forma armónica y conceptualmente
organizada todos los elementos parciales de reforma de nuestro
sistema público de Seguridad Social.
Sin embargo, sí hay dos reflexiones que a mi Grupo le interesa
hacer de forma enfática, señor Presidente.
En primer lugar, el mal uso que se suele hacer de forma casi
sistemática de las leyes de los presupuestos generales del
Estado para acometer subrepticiamente en ocasiones reformas
parciales del sistema público de Seguridad Social. Esta es una
forma absolutamente incorrecta de proceder desde una
perspectiva política y también jurídica.
Las leyes de presupuestos, señor Presidente, sólo son leyes
desde una perspectiva formal, no material y en las leyes de
presupuestos no se pueden contener reformas parciales ni de
nuestro sistema tributario ni de nuestro sistema público de
Seguridad Social.
Reconozco que el Tribunal Constitucional en dos sentencias, de
marzo y junio de 1987, ha convalidado reformas del sistema
público de Seguridad Social incorporadas a las leyes de
presupuestos. En todo caso, a pesar de esta convalidación
constitucional, es incorrecto este proceder, esta utilización
espuria de las leyes de presupuestos para acometer reformas
parciales de la Seguridad Social. En concreto, el Tribunal
Constitucional en las dos sentencias aludidas convalidó la
incorporación de las denominadas leyes anticúmulo, es decir,
de la limitación de la cuantía máxima de las pensiones en el
caso de concurrencia de más de una pensión.
En todo caso reproducimos nuestra opinión de que no son las
leyes de presupuestos las que pueden ser utilizadas para
reformar subrepticiamente ni el sistema de Seguridad Social ni
el sistema tributario.
Por otra parte, el portavoz de Izquierda Unida ha hecho una
serie de referencias pertinentes. Las pensiones de invalidez
permanente, ya sean totales o parciales, no poseen naturaleza
retributiva, sino idemnizatoria, y a uno conceptualmente le
cuesta, incluso desde una perspectiva analítica tributaria, la
aceptación del criterio de que puede incorporarse la
aplicación de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas a unas pensiones cuya naturaleza es
estrictamente indemnizatoria.
En todo caso ya hemos alegado las razones de oportunidad
temporal; las razones de extemporaneidad que pueden acompañar
a la presentación de esta proposición de ley; la falta de
consenso político fácilmente perceptible para acometer esta
reforma parcial de nuestro sistema, por una parte, de
Seguridad Social y, por otra, tributario, y esperamos que la
Ponencia que está en este momento estudiando en términos
conceptuales la reforma global del sistema nos provea de
elementos de ilustración, conceptual y jurídicos, suficientes
para acometer en mejor tiempo esta reforma.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa. El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, como se ha dicho
aquí, la ley 21/1993, en su artículo 62, incluye las pensiones
de invalidez permanente, total, así como las de las clases
pasivas del Estado como sujetos a gravar por el famoso IRPF.
Ello se justifica temporalmente por la misma exposición de
motivos de la ley citada cuando dice: por la necesidad de
superar la recesión económica y sus efectos sobre el desempleo
y el déficit público.
Al logro de estos objetivos, sobre la base de criterios de
solidaridad entre los pensionistas y toda la sociedad que
tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de las
cargas públicas que prevé la Constitución, es por lo que se
tomó esta decisión. Mi criterio y el de mi Grupo es que esta
decisión debería ser provisional y limitada al tiempo que dure
la crisis económica. Cuando vayamos saliendo de la crisis mi
Grupo cree que tenemos que ir pensando en una solución --como
ha dicho el anterior interviniente--, en el seno de la
comisión para la reforma de la Seguridad Social o en otro
momento que citaré más tarde. En la línea de buscar alguna
solución para este hecho, y aunque mi Grupo va a votar en
contra de la toma en consideración de esta proposición de ley,
propone seguir estudiando el tema con el fin de introducir
medidas adecuadas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1995, con el fin de que se corrijan los efectos no
deseados por nadie que ha producido esta medida. La aprobación
literal de esta proposición de ley que hoy presenta a la
Cámara el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
crearía otros problemas y disfunciones que afectarían a otros
sectores o colectivos que podían sentirse desprotegidos, o no
tan protegidos como todos quisiéramos. Desde nuestro Grupo
queremos proteger a los menos favorecidos, a todos, y
quisiéramos --de aquí al debate de los Presupuestos Generales
del Estado--llegar a acuerdos con los demás grupos para
introducir medidas objetivas y necesarias para modificar
aquellos elementos que no han beneficiado a determinados
colectivos de pensionistas.
Mi Grupo cree que este tema está abierto, pero lo hemos de
estudiar con mayor detenimiento y tomar medidas globales que
resuelvan, de una vez por todas, los problemas de los menos
protegidos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular votará afirmativamente la proposición de
ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya que pretende derogar, como aquí se ha
dicho, el desdichado
artículo 62 de la Ley 21/1993, de los Presupuestos Generales
del Estado para 1994.
Como aquí se ha expuesto, el citado artículo 62 modificó el
artículo 9 de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, suprimiendo la exención de que gozaban,
con carácter general, las pensiones de la Seguridad Social por
incapacidad permanente, limitándola a las prestaciones de
incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. En clases
pasivas, la exención de que gozaban las pensiones por
incapacidad permanente queda limitada a los supuestos en que
el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de
una gran invalidez. El número de afectados por esta medida de
la Seguridad Social es mucho más de lo que aquí se ha dicho,
se acerca a 700.000 pensionistas. En clases pasivas, incluidas
las pensiones especiales, el número se acerca a unos 50.000.
Estas medidas del citado artículo 62 no responden, como sería
lógico y necesario, a determinados objetivos de política
económica activa ni se derivan de una modificación profunda y
global del sistema fiscal, sino que responden a una finalidad
puramente recaudatoria. Con el artículo 62 el Gobierno se
ahorrará, a costa de los afectados, unos cuantos miles de
millones de pesetas, sin que ello sirva para reducir el gasto
público puesto que, como veremos, el ahorro y la austeridad no
son, ni mucho menos, la nota característica fundamental de los
Presupuestos Generales de 1994.
Por estas razones y por otras muchas, el Grupo Parlamentario
Popular se opuso y se opone de manera clara y terminante a las
citadas medidas, invitando al resto de los grupos
parlamentarios a formar parte de esta oposición, a formar
parte de esta oposición a través de la enmienda a la totalidad
del Título IV de la Ley de Presupuestos para 1994; a través de
un recurso de inconstitucionalidad presentado el 29 de marzo,
que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional
y al que luego me voy a referir; y a través de una resolución
presentada como consecuencia del debate del Estado de la
Nación, resolución de contenido semejante a la proposición de
ley del Grupo de Izquierda Unida y que fue rechazada con los
votos del Grupo Socialista y del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Sobran palabras para decir que la pura coherencia con nuestros
actos y nuestros sentimientos nos conduce al voto afirmativo,
que daremos al final de este debate, a la proposición de ley
que trata, repito, de reponer las cosas a la situación en que
estaban el 31 de diciembre de 1993.
El parcheo viene de otros. La reforma parcial viene de otros.
A mí me parece muy bien, y luego me referiré a ella, pero eso
no puede ser disculpa para volver a traer las cosas a la
situación que estaban el 31 de diciembre de 1993. Fijada la
posición del Grupo Parlamentario debo exponer a la Cámara
brevemente las razones sustantivas de nuestra posición.
Primero, por respeto al principio de seguridad jurídica
consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución española,
principio que responde al sentimiento individual que exige
conocer de antemano cuáles son las consecuencias jurídicas de
los propios actos. Quien se compromete a algo, adquiere un
derecho, alcanza legítimamente una situación o inicia una
actuación de cualquier tipo, ha de encontrar una respuesta
jurídica cierta en el ordenamiento jurídico vigente en
relación con los derechos adquiridos y también con las
obligaciones contraídas. Este principio genera confianza de
los ciudadanos en el legislador y, por tanto, es pieza básica
de un sistema democrático.
En relación con el caso que nos ocupa, pudiera ser que la
irretroactividad de las normas fiscales y la irretroactividad
de las normas restrictivas de derechos sociales no estén
claramente constitucionalizadas, pero esto no significa que
las leyes fiscales tengan que ser retroactivas o que las
prestaciones sociales alcanzadas por los particulares puedan
derogarse caprichosamente a propuesta del Gobierno de turno.
En ambos casos, que caen, repito, dentro del ámbito o del
objeto del artículo 62, no se pueden ni se deben confundir los
efectos derogatorios de la Ley para el futuro con su
retroactividad. En el Reino Unido, un reciente reajuste de la
seguridad social somete al IRPF la prestación por incapacidad,
que hasta ahora estaba exenta, pero eso se hizo después de un
largo debate, en una ley dictada exclusivamente para este
objeto y que se aplicará sólo a las prestaciones que se
otorgan a partir del 1 de enero de 1995 y no a las anteriores,
es decir, exactamente lo contrario de lo que se ha hecho aquí.
La grosería jurídica con que se ha actuado, y que tiene marca
de la casa --de la casa socialista, por supuesto--, está
recogida en los Presupuestos Generales del Estado, que son
aprovechados, como ha dicho muy bien el señor Olabarría, año
tras año para que, con nocturnidad y alevosía, se den golpes
de mano de este jaez.
Con el artículo 62 se cuela en el ordenamiento jurídico una
medida que tiene repercusión económica directa en miles y
miles de ciudadanos que, de manera sorpresiva y confiados en
la vigencia de la recientísima Ley 18/1991, vieron su nómina
de pensionistas recortada con las retenciones correspondientes
cuando fueron a cobrar la pensión el 1 de febrero de 1994.
Como es natural, pusieron el grito en el cielo. Tal fue la
sorpresa y la indignación, tal fue el grado y la calidad de la
protesta, que en algunos sitios, como en mi tierra leonesa,
donde hay muchos pensionistas del régimen especial de la
minería del carbón afectados por la medida, una Senadora del
Grupo Parlamentario Socialista se creyó en la obligación de
tranquilizarles, manifestando, a través de los medios de
comunicación, que se trataba de un error y que en marzo se les
devolvería lo que se les hubiera retenido por IRPF.
Los mineros de León, los de Asturias, los de Huelva y los de
toda España, los demás trabajadores y los demás funcionarios
afectados por la medida, siguen esperando que alguien les
aclare tal error, se les devuelvan las retenciones y se les
reponga el nivel de prestaciones que tenían en diciembre de
1993. La protesta, además del recurso de inconstitucionalidad
presentado por el Grupo Parlamentario Popular, se ha reflejado
en miles y miles de recursos administrativos contra cada acto
tributario, de los que, sin duda, se derivarán los
correspondientes contenciosos-administrativos. Nuestro Grupo
solicitará la comparecencia del Gobierno en el próximo período
de sesiones para que nos explique los recursos que hay
presentados, las respuestas que se les está dando y para que
manifieste qué medidas piensa adoptar para desfacer el
entuerto si, como parece, se va a rechazar esta proposición de
ley que podría ser una vía razonable para solucionar las
cosas.
Segunda causa. Por considerar nuestro Grupo que el recorte en
el gasto público debe hacerse con otros criterios y otras
preferencias. El artículo 62 ha sido justificado por sus
promotores como una medida meramente presupuestaria,
recaudatoria y con el objetivo último de contribuir a la
aminoración del gasto público y del déficit presupuestario. De
entrada, ambos objetivos nos parecen muy loables y el Grupo
Parlamentario Popular puede presumir de haber sido, durante
las últimas legislaturas, quien mayor empeño ha puesto en el
control del gasto público y la contención del déficit
presupuestario, el simple repaso de los «Diarios de Sesiones»
me ahorra cualquier demostración. Pero el recorte del gasto
público no puede empezar por las prestaciones sociales, sobre
todo si tenemos en cuenta, primero, que estamos muy alejados
de la media comunitaria; segundo, que no se ha garantizado,
como se prometió, el poder adquisitivo de las pensiones;
tercero, que se han congelado por segundo año consecutivo las
pensiones asistenciales; cuarto, que se han reducido las
prestaciones por desempleo; quinto, que sigue habiendo más de
un 70 por ciento de pensiones que están por debajo del salario
mínimo interprofesional, etcétera. Por ello, en los propios
Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Parlamentario
Popular presentó, entre otras enmiendas, las 416, que proponía
una reducción de los gastos corrientes de los ministerios que
superan los 620.000 millones, un 10 por ciento más de lo que
figuraba en los presupuestos de 1993. De haberse aceptado esa
enmienda 416, que suponía un ahorro de 183.000 millones de
pesetas, se hubiera evitado el recorte de prestaciones
sociales, y así lo decía, literalmente, el texto de la
justificación de la enmienda. No quiero recordar otras que
proponían simplificar la Administración general del Estado y
hacerla más austera y eficaz, así como aquellas otras que
pretendían introducir profundas reformas en los modos y
fórmulas de gestionar las prestaciones sociales, que en la
actualidad constituyen por sí mismas un peligro para el
sistema. El Gobierno debería haberse aplicado la austeridad
que, a través del artículo 62, aplicó a uno de los sectores
más débiles de la sociedad. Tercera y última causa. Por
considerar que el artículo 62 está viciado de
inconstitucionalidad. La finalidad de la norma contenida en el
artículo 62 es claramente restrictiva y, además, aplica con
carácter discriminatorio estas restricciones entre unos y
otros grupos de pensionistas, conculcando el principio de
igualdad a que se refiere el artículo 14 de la Constitución
española, al ser la desigualdad de tratamiento introducido por
la norma injustificada y carente de razón objetiva. Es fácil
apreciar en el artículo 62 un tratamiento desigual para
situaciones esencialmente iguales, por ejemplo, la diferencia
de trato entre los regímenes de Seguridad Social y los de
Clases Pasivas. En la Seguridad Social se declaran exentas la
incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez; en Clases
Pasivas, sólo la gran invalidez demostrada especialmente a
estos efectos.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Estoy terminando, señor Presidente. Esta
invalidez o incapacidad es una situación jurídica que tiene un
contenido material unívoco. Por tanto, partiendo de supuestos
idénticos o de iguales situaciones, no se puede dirimir un
tratamiento, en este caso fiscal, diferenciado para aquellas
personas afectadas de invalidez o incapacidad y que se
encuentran en una situación estatutaria respecto de aquellas
otras que, afectadas por la misma invalidez o incapacidad, se
encuentran sujetas a una relación jurídico-laboral. El
artículo 62, al establecer un tratamiento fiscal diferenciado
para las pensiones de invalidez o incapacidad de los
pensionistas de la Seguridad Social y de Clases Pasivas da
lugar, repito a una situación de discriminación contrario al
principio de igualdad, sobre todo si tenemos en cuenta que hay
funcionarios tanto en el Régimen General de la Seguridad
Social como en Clases Pasivas, con lo cual la discriminación
es mayúscula. Hay otros supuestos de discriminación de trato,
cuya descripción ahorro a SS.SS. por falta de tiempo y por no
abusar de su atención.
En todo caso, sí quiero decir que efectivamente hay una
Ponencia que está funcionando dentro del Congreso de los
Diputados, de la que forman parte todos los grupos
parlamentarios, que debe elaborar un informe sobre la
situación y el futuro de la Seguridad Social y de Clases
Pasivas. Supongo que la Ponencia estará estudiando con rigor
todos los problemas que afectan a la financiación de los
sistemas públicos de pensiones y sus cuotas, las fórmulas de
gestión de las prestaciones
sociales, los sistemas y las edades de jubilación, la
corrección del fraude en determinadas situaciones y ¡cómo no!
la fiscalidad de las prestaciones sociales. Sin duda, el
informe dará pie para un debate profundo y riguroso supliendo
la incapacidad de propuesta que este Gobierno tiene. En ese
momento será posible considerar con carácter general la
fiscalidad de las pensiones, sin que el debate esté viciado,
como lo estuvo el del artículo 62 por la oportunidad y el
ansia recaudatoria.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino.
Mientras esto se produce, conviene, para evitar injusticias e
indiscriminaciones, derogar el artículo 62 y volver las cosas
a la situación en que se encontraban el 31 de diciembre de
1993.
Esta proposición de ley así lo pide y nosotros la votaremos
afirmativamente. Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señores Diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García
Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos encontramos con una proposición de ley del Grupo
de Izquierda Unida que yo calificaría como una proposición
fácil, en el sentido de que no puede por menos, y yo lo
entiendo, que halagar a una serie de personas a quienes, de
alguna manera, afectó la última Ley de Presupuestos que
aprobamos. Yo creo que es una proposición fácil, lo es toda
exención de impuestos, sea hacia mayorías o hacia minorías. Da
lo mismo, todos, como ciudadanos, siempre nos encontramos
encantados de que nos rebajen los impuestos. Con esto no
quiero decir que no se contenga alguna cuestión de
razonamiento y de argumentación válida en la proposición de
ley, pero también pido a SS.SS. intervinientes, de todos los
grupos y sobre todo del Grupo enmendante, que se den cuenta de
que una proposición de ley no se puede hacer sino calibrando
todos los aspectos que afectan al asunto de que se trata.
Sí he de comenzar diciendo que no me disgusta hablar, como el
señor Ríos ha apuntado, de problemas de andar por casa.
Bastantes problemas magnificados estamos tratando y hasta
sufriendo en estas semanas como para que sea necesario que
bajemos también a la arena común a tratar otros asuntos que
son de interés para los ciudadanos.
He de decir que en su proposición de ley se contienen
alusiones a tres artículos de la Constitución. Y precisamente
no me importa aludir a ellos porque el artículo 31 dice que
todos, todos, contribuirán, etcétera, de acuerdo con su
capacidad económica, lo que quiere decir que, en los términos
en que está ese artículo de la Constitución, se debe
contribuir.
El otro artículo, al que me referiré más adelante también, es
el 134.7, en que se habla de la capacidad de modificación por
parte de la ley de presupuestos de cada año; modificación en
los impuestos, no creación, que expresamente prohíbe. En este
sentido, no me gustaría, y no creo que caiga usted en la
tentación, pretender que ustedes, los que hacen la
proposición, son los buenos y los que no la aceptamos, por una
serie de razones que diré, somos los malos. La nueva
legislación obtenida en el artículo 62 de la Ley de
Presupuestos del año 1994 respondía a dos necesidades. Una la
de aminoración del déficit, pero otra, principalmente, la de
acercarse a un tratamiento de mayor justicia distributiva, en
el que a distintas circunstancias correspondiera distinto
tratamiento.
En su propia exposición de motivos habla de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, artículo 9.1
b) y c), y dice que no distinguía entre los distintos tipos de
incapacidad. Esto está, como digo, en la exposición de motivos
de esta proposición de ley. He ahí uno de los fallos, que no
distinguía entre los distintos tipos de incapacidad.
Como S.S. bien sabe, a pesar de que haya defendido esta
proposición de ley, había una protección desigual de las
incapacidades, desigual en el sentido de que se trataba igual
a incapacidades desiguales. Si hay distintos tratamientos
jurídicos, por ejemplo, una compatibilización con el trabajo
en algunos casos, ¿no es cierto que deben derivar también en
distintos tratamientos fiscales? No parece lógico que haya un
tratamiento jurídico distinto, y sin embargo, el tratamiento
fiscal derivado de él sea exactamente igual para unos que para
otros.
Por otro lado, he de recordar a SS.SS. que esta aprobación por
parte de las Cámaras es de finales de diciembre de 1993 y no
han variado desde entonces las diversas circunstancias que
harían que consideráramos en este momento una modificación que
sería consecuencia de su proposición de ley. También he de
reseñarle y he de resaltarle que, en realidad, se trata de una
retención a cuenta y que, por lo tanto, en aquellas
percepciones que están, supongo, en el mayor interés y en la
mayor preocupación de SS.SS., que son las rentas más bajas, no
tiene efecto cuando se hace la declaración y se les devuelven
las cantidades retenidas. Y parece que es lo más importante lo
que corresponde a las rentas más bajas.
Por otro lado, esta calificación de invalidez para muchos
contribuyentes tiene otras deducciones en el propio Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, que
coadyuvan, sin duda, a que la cantidad que hubieran de pagar
sea nula o incluso con devolución, que se les pudiera devolver
la totalidad de la retención a cuenta. Puede afectar a una
cantidad pequeña de contribuyentes, o, en este caso, de gentes
afectadas por invalidez, por invalidez permanente, pero no
absoluta, cuando perciben rentas altas, aunque sea por ese
concepto. De lo que no cabe duda es que parece que tenemos que
hacer una cierta diferenciación también en los distintos
niveles de renta.
Además, había otro aspecto que SS.SS. no ignoran y es una
cierta discriminación con las pensiones de los jubilados; de
personas en la misma situación y de la misma edad, unas
estaban sometidas al Impuesto sobre la Renta y otras, no. Me
dirá su señoría: Sí, pero en realidad pueden tener unos gastos
mayores, porque puede haber invalidez que dé lugar a gastos. Y
le vuelvo a remitir a lo que he dicho anteriormente: se
contempla en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas deducciones que son especiales para quienes tienen
invalidez. Ese es el camino lógico para tener en cuenta las
circunstancias de cada uno, no tanto la cifra cobrada, que
debe estar sometida a impuesto, como las características
personales que vienen contempladas a través de las
deducciones. Creo que nuestra posición está clara después de
esta argumentación y va a ser desfavorable a la toma en
consideración de esta proposición de ley. No quiero referirme,
pero no me queda más remedio que hacerlo, en cuanto que
también ha habido una especie de salida por parte del
interviniente del Grupo Popular de lo que era una mera toma de
posición en este caso, porque yo creo que se ha excedido,
desde luego, en lo que debiera haber sido su parlamento.
Solamente he de decir que, entre toda la hojarasca demagógica
que le he oído, su postura ha sido fácil, más fácil aún que la
de los proponentes. Es realmente fácil hablar y hablar como lo
ha hecho cuando no se tienen responsabilidades de Gobierno y
cuando uno no tiene que dar cuentas a nadie.
A pesar de mi conocida ponderación cuando intervengo desde
esta tribuna, he de decir a S.S. que él ha sido quien ha
incurrido en grosería dialéctica cuando nos ha adjetivado de
groseros jurídicamente. A S.S. es a quien se le puede aplicar
esa calificación.
Estimo, señorías, por resumir, que si se tiene que hacer una
mejora de situación, como se pide en la proposición de ley,
habrá que hacerla a través del incremento de prestaciones, en
la medida de lo posible, y no mediante la exención fiscal.
Parece que todo lo queremos arreglar a través de las
exenciones fiscales, de las deducciones, de la política
fiscal. Repasen SS.SS. la enorme cantidad de proposiciones de
ley y no de ley, de mociones, etcétera, que hemos debatido en
estos últimos meses, en las que parece que se quieren arreglar
distintas políticas a través del camino fiscal. No parece que
siempre tenga que ser ése el camino que arregle todas las
cosas.
Tampoco se matiza suficientemente en la proposición, aunque ya
sé que el interviniente por parte del grupo proponente, señor
Ríos, ha avisado que, si se aceptara la proposición de ley,
después podría haber enmiendas. A mí me lleva eso a considerar
que él mismo no cree mucho en la proposición de ley tal como
está, por lo que no parece muy lógico que la aceptemos; no lo
sería, según la argumentación que he expuesto.
El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruego que
concluya.
El señor GARCIA RONDA: Concluyo ahora mismo, señor Presidente.
He de recordar también que esa Ponencia creada en la Comisión
de Presupuestos para estudiar los asuntos de la Seguridad
Social logrará que cualquier fleco que haya en todos estos
aspectos se trate adecuadamente.
Señorías, saben ustedes que es mucho mejor, cuando se trata de
hacer modificaciones que afecten o pretendan afectar al
sistema del conjunto, que se traten conjuntamente.
Sí puedo decir, ante la inquietud del Grupo proponente, del
Grupo del PNV y del Grupo de Convergència i Unió, que nuestro
Grupo y nuestro Gobierno están en la mejor disposición para
estudiar y seguir estudiando con todo interés todo aquello que
redunde en un mejor equilibrio de todos los aspectos
concernientes a la Seguridad Social y a las pensiones. Y,
desde luego, con esta mejor voluntad es con la que seguiremos
trabajando.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, solicito la palabra
con arreglo al artículo 73.1, sobre argumentaciones y
rectificaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para un brevísimo turno
de réplica.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha hecho una
propuesta calibrando todas las precisiones y todo el costo de
la iniciativa. Por tanto, cuando se dice que hay aspectos que
se han quedado sin medir, no es así. Hemos querido ofrecer una
medida que podía facilitar una discusión posterior. Si se ha
argumentado que hay una Ponencia constituida para discutir el
tema de las pensiones, mucho mejor para mantener la misma
situación
que había para todos los pensionistas o para todas las
personas que perciben indemnización por invalidez permanente,
la misma que tenían hasta 1993. No sé por qué,
provisionalmente y por un tiempo, vamos a variar haciéndoles
pagar pensiones que se les han retraído de 20.000, 30.000 y
40.000 pesetas al mes. Comparativamente, hay personas con
situación más ventajosa que también podrían haberse planteado
la retención.
Un ejemplo muy sencillo: los suplidos o las dietas que se
aportan para determinado trabajo están exentas a 10.000
pesetas y hay personas que perciben hasta 200.000 pesetas al
mes desde ese concepto, y no se ha hecho impositivo, no se ha
hecho declarar esa retención. Sin embargo, a las personas que
cobran una pensión sí se les ha planteado.
Termino, una justicia redistributiva debe plantear igual a los
iguales y desigualmente a todos los desiguales, señor
Presidente. Por tanto, nosotros creemos que la mejor forma
para estudiar y profundizar en esa Ponencia sería retraer la
situación al momento anterior y no esperar a que los
tribunales corrijan lo que podemos hacer por una voluntad
política. No se trata de ir al Tribunal Constitucional y que
los tribunales corrijan al Gobierno y a esta Cámara, sino de
que la voluntad política de esta Cámara corrija una
injusticia. Por eso, mantenemos la propuesta y creemos que es
mejorable. Hay un juicio de intenciones por parte del portavoz
del Grupo mayoritario, que viene a decir que me falta fe en la
propuesta. El me conoce bien y SS.SS. también; fe, me falta,
esperanza es la que he perdido en algunos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, pido la palabra por
alusiones, porque he sido insultado por el señor García Ronda.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Calma, señorías.
Señor Núñez, le voy a conceder la palabra por alusiones, pero
no porque haya sido insultado, porque si lo hubiera sido la
Presidencia hubiera llamado la tención al Diputado, que ha
utilizado exactamente la mismas palabras que S.S. Señor Núñez,
quiero hacer una precisión. Tiene la palabra no para contestar
a la intervención del señor García Ronda en lo que haya podido
significar turno en contra de la proposición de ley. En el
turno en contra en relación con la proposición de ley le ruego
no entre S.S.
El señor NUÑEZ PEREZ: No entraré, señor Presidente.
Quiero decir que el señor García Ronda utilizó la palabra
grosería para referirse a mi forma de intervenir y yo utilicé
la palabra grosería para decir justamente lo que entiendo que
es grosería jurídica contenida en el artículo sesenta y dos de
la Ley de Presupuestos, que está viciado de
inconstitucionalidad, porque conculca, entre otras cosas, el
artículo 14 de la Constitución.
En cuanto a la hojarasca demagógica, nuestra posición ni es
nueva ni es oportunista. Está reflejada en las enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado de 1994, en el recurso de
inconstitucionalidad presentado el 29 de marzo, que ha sido
admitido a trámite, y también en el debate del Estado de la
nación, en una de las resoluciones, que claramente manifestaba
esta posición. No tenemos ningún tipo de irresponsabilidad,
sabemos que somos una alternativa firme, real, seria y segura
a este Gobierno y, por eso, nuestras posiciones. (Varios
señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos y
protestas.) (El señor García Ronda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias señor Presidente.
Dos aclaraciones brevísimas. La primera, para el señor Ríos,
es que la Ponencia constituida en la Comisión de Presupuestos
no es para el estudio de las pensiones, sino para el conjunto
de la Seguridad Social.
Segunda aclaración. Yo he hablado de grosería, en cuanto al
señor Núñez, y he dicho grosería dialéctica, también.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
Votación relativa a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 142; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
La Mesa de la Cámara ha acordado someter al Pleno la
solicitud, formulada por la Ponencia encargada de estudiar la
situación actual de la familia en España y proponer
actuaciones al Gobierno con motivo del Año Internacional de la
Familia, de ampliación del plazo establecido para realizar su
informe hasta el día 31 de octubre del presente año. ¿Lo
acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la
ampliación del plazo.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS FISCALES PARA FAVORECER LA INTERNACIONALIZACION DE LA
EMPRESA ESPAÑOLA (Número de expediente 122/000055)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición de
ley, del Grupo Popular, sobre medidas fiscales para fovorecer
la internacionalización de la empresa española. Tiene la
palabra el señor Costa. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en estos momentos nuestra
economía está atravesando una fase de moderada reactivación
que se caracteriza fundamentalmente por dos circunstancias: en
primer lugar, su fragilidad y, en segundo lugar, su débil
intensidad. Así se desprende claramente de las previsiones de
crecimiento económico en nuestro país para 1994 y 1995 y de
los niveles de destrucción de empleo en los que nos
encontramos en estos momentos.
Debemos apoyar el proceso de reactivación económica de la mano
del sector exterior. El motor del crecimiento de la economía
española en los últimos meses ha sido la exportación, la
actividad de las empresas exportadoras en nuestro país. Este
proceso ha descansado básicamente en una situación de aspectos
puramente coyunturales, como las devaluaciones a las que se ha
visto sometida la peseta y el hundimiento de la demanda
interna en nuestro país, pero no ha venido acompañado de una
mejoría de la competitividad de la economía española. Por
ello, si queremos que la demanda exterior se constituya en el
motor del crecimiento económico, debemos poner en marcha las
reformas necesarias para impulsar y fomentar la actividad
exportadora de las empresas españolas. Además de ello, en
opinión de mi Grupo Parlamentario, si queremos ganar la
batalla de la competitividad es necesario dejar de penalizar
la inversión española en el exterior, que en los últimos años
ha caído de forma notable en nuestro país. Es necesario no
sólo incentivar la actividad exportadora de las empresas
españolas, sino fomentar también la creación y la puesta en
marcha de nuevas estructuras productivas y comercializadoras
en el exterior que complementen y desarrollen la actividad de
las empresas españolas. Las ventajas de esta política
económica serían evidentes. En primer lugar, se impulsaría en
mayor medida la actividad exportadora de nuestro país. En
segundo lugar, mejoraría el nivel de competitividad de la
empresa española, dado que contaría con una presencia más
activa en los mercados de destino para captar nuevas
oportunidades de negocio y, además, contaría con una dimensión
óptima. En estos momentos, en nuestro país, uno de los
principales obstáculos para la competitivdad de la empresa
española es su escasa dimensión. Finalmente, esta política
económica también dotaría de mayor autonomía y vitalidad a la
economía española, dado que reduciría su grado de dependencia
relativa del capital extranjero.
Por ello, mi Grupo Parlamentario somete hoy a la consideración
de esta Cámara una proposición de ley que contiene un paquete
de medidas en materia del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que tienen
como finalidad no sólo impulsar la actividad exportadora de
nuestro país, sino también promover, incentivar el desarrollo
de multinacionales españolas. Los objetivos que persigue esta
proposición de ley son tres. En primer lugar, eliminar la
doble imposición económica a través de mecanismos idénticos a
los establecidos por el resto de los países de nuestro
entorno. De esta manera, las empresas de nuestros socios
comunitarios no gozarán de ventajas fiscales competitivas
frente a las empresas españolas. En segundo lugar, introducir
nuevos incentivos fiscales que amplíen la deducción por
inversiones, de forma que se fomente la creación y la puesta
en marcha de estructuras productivas y comercializadoras en el
exterior. De esta manera, nuestras empresas podrán alcanzar
una dimensión óptima, con lo que mejorará su competitividad a
nivel internacional y serán capaces de arrancar mayores cuotas
de mercado. Finalmente, el tercer objetivo que persigue la
proposición de ley es favorecer la tributación de los
trabajadores españoles que se desplazan al exterior. Es
necesario favorecer la tributación de aquellos trabajadores
que conservan su residencia fiscal en España, pero que se
trasladan de forma coyuntural al exterior para prestar sus
servicios en filiales o en sucursales de empresas españolas.
Es necesario, por tanto, incentivar la internacionalización de
la fuerza laboral española para mejorar su cualificación
profesional y mejorar la competitividad de las empresas
españolas.
Por ello me voy a referir, en primer lugar, a las principales
medidas que plantea esta proposición de ley haciendo
referencia a los aspectos técnicos y económicos que las
justifican, teniendo en consideración el actual marco
jurídico-tributario, y en segundo lugar procederé a detallar
el contenido concreto de estas medidas.
La primera medida que plantea la proposición de ley tiene como
finalidad modificar el actual sistema para eliminar la doble
imposición económica internacional sobre los beneficios
obtenidos por empresarios españoles a través de filiales que
operan en el exterior. El sistema que establece nuestra actual
normativa interna en materia de deducción o de eliminación de
la doble imposición económica internacional es el método del
crédito fiscal por el impuesto subyacente. Este método en su
configuración actual, tal y como se encuentra reconocido en
nuestro ordenamiento jurídico-tributario,
constituye el sistema más regresivo para eliminar la doble
imposición económica de todos los sistemas que existen en los
restantes miembros de la Unión Europea. Este sistema penaliza
claramente la actividad exterior de la empresa española porque
sólo concede un crédito fiscal respecto a las filiales de
primer orden. De acuerdo con esto, si una empresa española
desarrolla su actividad en el exterior a través de filiales
que ostenta, a través de una compañía «holding», en un
determinado territorio, esas filiales están sometidas, cuando
repatrian sus beneficios, a un nivel de tributación adicional
de en torno a un 20 por ciento. Me voy a permitir, señor
Presidente, poner un ejemplo para clarificar este extremo. Si
una empresa española opera en el Reino Unido a través de una
filial, de los beneficios que obtiene a través de la actividad
que desarrolla la filial le queda una renta disponible,
después de impuestos, de en torno a un 65 por ciento de esos
beneficios. Sin embargo, si desarrolla su actividad económica
a través de una compañía que es la que ostenta las
participaciones en la sociedad filial, la renta disponible de
los beneficios que obtiene la compañía del Reino Unido,
después de impuestos, queda reducida a un 45 por ciento. Por
tanto, la actual normativa del Impuesto sobre Sociedades en
materia de deducción de la doble imposición económica
internacional introduce distorsiones en la medida en que
impide, en muchas ocasiones, que los empresarios españoles
puedan desarrollar su actividad en el exterior a través de una
estructura mucho más racional. Por ello, mi Grupo
Parlamentario propone como sistema para eliminar la doble
imposición económica internacional sobre los beneficios
obtenidos en el extranjero el método de exención. Este es el
método que recomienda el informe del Comité Ruding sobre
fiscalidad de las empresas en el ámbito de la Unión Europea y
constituye el método que ha adoptado la práctica totalidad de
los países de la Unión Europea.
La primera medida que plantea la proposición de ley, de
acuerdo con este método, es declarar exentos de tributación en
España los beneficios que obtiene una empresa española como
consecuencia de su participación en filiales no residentes.
Establecer este mecanismo para eliminar la doble imposición
internacional tendría ventajas sustanciales. En primer lugar,
mejoraría la competitividad de las empresas españolas. El
objetivo que se persigue con este mecanismo es que las
empresas españolas estén sometidas al mismo nivel de
tributación al que se encuentra sometido cualquier agente
económico que opera en el mismo mercado exterior que nuestras
empresas. De esta manera, las empresas españolas estarían
sometidas al mismo nivel de tributación que nuestros
competidores directos como Francia, Italia o Portugal,
competidores que en estos momentos, debido al sistema que
tienen para eliminar la doble imposición económica
internacional, disfrutan de unas mayores tasas de rentabilidad
económico-fiscal en sus inversiones que mejoran su
capitalización y, por tanto, favorecen su competitividad en
detrimento de la competitividad de la empresa española. En
segundo lugar, este sistema es mucho más administrable. Es un
sistema de más fácil control por la Administración tributaria
y de más fácil aplicación por los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades. Por tanto, la opción por este sistema
reduciría de forma sustancial los costes administrativos y de
gestión que plantea la actual normativa del Impuesto sobre
Sociedades. Pero, además, este sistema tendría un efecto
extraordinariamente beneficioso en nuestra economía. Este
sistema favorecería el retorno de los capitales que las
empresas españolas invierten en el exterior; evitaría que,
como consecuencia de motivos fiscales, parte del ahorro de las
empresas españolas se encuentre congelado en el exterior, lo
que tendría como efecto indirecto una mejora en la
capitalización de las empresas españolas, una mejora en la
competitividad de las empresas españolas y presumiblemente una
mejora en los niveles de recaudación del Impuesto sobre
Sociedades.
La segunda medida que establece la proposición de ley tiene
como finalidad declarar exentos de tributación en España, por
el Impuesto sobre Sociedades, los incrementos de patrimonio
derivados de la venta de participaciones de control en el
capital de entidades no residentes. La finalidad de esta
medida es también, en primer lugar, evitar la doble imposición
económica internacional. Si se somete a tributación la
ganancia de capital derivada de la venta de una participación
de control, estamos sometiendo a tributación una parte del
precio que ya ha estado sometido a tributación en la parte de
las reservas que ha obtenido y por las que ha pagado impuestos
la sociedad filial a la que corresponden las acciones que
enajenamos. Pero, además, considerando que la proposición de
ley establece como requisito para que se aplique el régimen de
exención la permanencia de esas participaciones en el
patrimonio de la sociedad española durante un determinado
período de tiempo, con esta medida evitaríamos también el
efecto nocivo que supone, en estos momentos, en la normativa
del Impuesto sobre Sociedades someter a gravamen plusvalías
meramente monetarias. La tercera medida que establece la
proposición de ley tiene como finalidad declarar exentos de
tributación en España los rendimientos e incrementos de
patrimonio obtenidos a través de establecimientos permanentes
situados en el exterior de nuestro país. La finalidad de esta
medida coincide exactamente con las finalidades a las que he
hecho referencia cuando he hablado de la doble imposición
económica internacional en materia de dividendos. El objetivo
que se persigue es dotar de mayor neutralidad a nuestro
ordenamiento interno; que los beneficios empresariales
obtenidos por una empresa española estén sometidos al mismo
tratamiento
tributario, con independencia de que se obtengan directa o
indirectamente a través de la participación en el capital de
una sociedad filial. La cuarta medida que plantea nuestra
proposición de ley tiene como finalidad modificar el actual
mecanismo general para eliminar la doble imposición jurídica
internacional que afecta a las rentas de fuente extranjera. El
sistema que establece nuestro actual ordenamiento jurídico-
tributario establece la posibilidad de un crédito fiscal por
los impuestos pagados en el extranjero que se determina
operación por operación. Esto penaliza claramente la actividad
exterior de las empresas españolas, no es respetuoso con el
principio de neutralidad en la exportación de capitales porque
otorga un tratamiento más privilegiado, después de impuestos,
a las inversiones internas que a las inversiones españolas en
el exterior y, además, genera graves problemas prácticos en su
aplicación, como lo demuestra el hecho de que este sistema no
existe en ninguno de los países de nuestro entorno económico.
La quinta medida que plantea nuestra proposición de ley tiene
como finalidad ampliar la actual deducción por inversiones a
la creación y puesta en marcha de estructuras productivas y
comercializadoras en el exterior. Con esta deducción
conseguiremos incentivar la empresa española para que alcance
y mantenga una presencia activa en los mercados de destino,
para que alcance una dimensión óptima que le permita mejorar
su competitividad a nivel internacional y que le permita
arrancar mayores cuotas de mercado. Con esta medida, además,
evitaremos el proceso actual, al que se ve sometido en muchas
ocasiones nuestra economía, en que muchas empresas trasladan
su producción al exterior por motivos puramente fiscales. Con
esta medida se desincentivará el traslado al exterior de los
niveles de producción y de la fuerza laboral, teniendo en
cuenta que para disfrutar el beneficio fiscal resultará
necesario mantener unos determinados niveles de empleo y unos
determinados niveles de producción en nuestro país. Me quiero
referir al sistema que establece nuestra proposición de ley
para evitar la doble imposición jurídica internacional. Entre
los posibles sistemas que existen en nuestro entorno (el
sistema de crédito mundial, el sistema de crédito fiscal país
por país y el sistema de crédito fiscal por categorías de
renta) la proposición de ley opta por el sistema de crédito
mundial. Las razones por las que opta por este sistema son que
fomentará e incentivará, en mayor medida, la actividad
exterior de las empresas españolas. Este sistema, como señala
la OCDE, es el más neutral, el que reduce más las barreras a
la inversión exterior y el que limita al máximo los supuestos
en los que se penaliza la actividad exterior de los
empresarios de un determinado país. Es, además, un sistema de
muy fácil control por los órganos de gestión y de la
inspección de la Administración tributaria y de más fácil
aplicación por los sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades. Finalmente, es el sistema que establece en estos
momentos nuestra normativa interna del impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Por tanto, con esta proposición de
ley conseguiríamos armonizar, en este extremo, la normativa
del Impuesto sobre Sociedades con la normativa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Para finalizar esta intervención, solamente quiero destacar
que esta proposición de ley constituye una oferta legislativa
completa que mi Grupo Parlamentario somete en estos momentos a
la consideración del resto de los grupos de esta Cámara; una
oferta legislativa completa que contiene medidas eficaces para
apostar de forma decidida por una mejora en la competitividad
de nuestra economía. Apoyar esta proposición de ley supone
apostar por una mayor presencia de la empresa en el ámbito
internacional; supone apostar por un crecimiento de nuestra
actividad exportadora superior al incremento del comercio
mundial; supone apostar por una mejora de nuestro crecimiento
económico que nos permita converger en mayor medida con los
restantes países de la Unión Europea; supone apostar también
por mejorar los niveles de empleo en nuestro país y supone
apostar, como decía al principio, por una economía española
dotada de mayor vitalidad, de mayor autonomía y menos
dependiente del capital extranjero. Creo que los
acontecimientos por los que ha atravesado nuestro país, en los
últimos días, revelan claramente que la totalidad de la
sociedad española está cansada de la pasividad. La sociedad
española no confía en los vientos de la coyuntura económica
internacional y espera que seamos capaces de adoptar
decisiones, de poner en marcha medidas que pueden mejorar y
pueden resolver la situación de la economía española en estos
momentos. Creo, señoras y señores Diputados, que la
proposición de ley que somete a su consideración en estos
momentos el Grupo Parlamentario Popular constituye una
magnífica oportunidad para ello. Muchas gracias. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Resulta laudatoria la intención del Grupo proponente, pero
tengo mis dudas sobre si se ha estudiado la oportunidad y
consecuencias de la propuesta.
Brevemente voy a decir que existe ya un paquete de medidas,
propuestas por el Ministerio de Comercio, que precisamente
esta mañana en la Comisión de Economía hemos podido contemplar
dentro de las medidas y estudios relacionados con el GATT,
para fomento de las operaciones en el exterior. De alguna
forma deberíamos tener algún tipo de coordinación con las
actuaciones que se realizan desde otras instituciones, no
haciendo más compleja la actuación que en materia de fomento
del comercio exterior se está planteando, que ya es bastante
complicada de por sí, que resulta carente de información y de
comunicación a las pequeñas y medianas empresas, que son las
más afectadas en este tema, pero que son precisamente las que
deben ser destinatarias de todo el beneficio que se pueda
conseguir para ellas. Precisamente entre estas medidas
destacan las medidas fiscales sobre operaciones de penetración
de mercados internacionales que, a mi juicio, son lo
suficientemente importantes como para tenerlas en cuenta.
También quisiera destacar que está en revisión la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, que precisamente ha entrado en este
Parlamento para que sea estudiada por los grupos
parlamentarios.
Considero que la propuesta, que como he dicho es laudatoria y
la intención del Grupo Popular es muy buena, debería incluirse
en la revisión de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, marco
en el que debe debatirse este tema, evitando contribuir a lo
que ya está siendo una maraña de leyes y de propuestas que
complican el entramado fiscal del tratamiento del desarrollo
del comercio exterior. Por esa razón no podemos apoyar esta
proposición de ley. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta proposición de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso pretende corregir la
doble imposición económica que actualmente puede darse en la
normativa del Impuesto sobre Sociedades y fomentar la creación
de estructuras productivas en el exterior de las empresas
españolas. Para conseguir estos objetivos, propone una serie
de medidas que me voy a permitir resaltar para que quede
establecido el marco por el cual nosotros luego vamos a
proponer la no aceptación de estas medidas.
En primer lugar, establece una exención en los impuestos en
una serie de supuestos contemplados, por una parte, en lo
referente a entidades no residentes. Estos supuestos de
exenciones son para los dividendos y participación en
beneficios procedentes de valores representativos del capital
social, para los incrementos del patrimonio derivados de
acciones o participaciones representativas del mismo, y para
la disminución del patrimonio y las pérdidas del valor
derivadas de acciones o participaciones representativas del
capital social de estas entidades no residentes, en la parte
en que resulte imputable a una previa distribución de
beneficios de la sociedad participada, siempre que dichos
beneficios hubiesen estado exentos de tributación en España.
Por otra parte, en lo referente a las entidades residentes,
con establecimiento permanente en el extranjero, establece la
exención en los rendimientos e incrementos de disminuciones
patrimoniales obtenidos por entidades no residentes en España,
mediante el establecimiento permanente, situado en el
extranjero, de medidas que hayan estado sujetas a tributación
por el impuesto similar o de análoga naturaleza en el Impuesto
sobre Sociedades.
En esta proposición de ley hay un cambio en el sistema que
actualmente está establecido en el Impuesto sobre Sociedades.
Ahora se establece un sistema de exención para los
rendimientos obtenidos de filiales extranjeras --es decir,
doble imposición jurídica-- y de establecimientos permanentes
en el extranjero --aquí si podría hablar de doble imposición
económica--, con el propósito de internacionalizar a las
empresas españolas. Sin embargo, el sistema actual que existe
en España es el de la imputación con corrección parcial de los
impuestos abonados en el extranjero; es decir, los
rendimientos obtenidos en el extranjero se añaden a la base
imponible de las empresas, deduciendo los impuestos abonados
en el extranjero hasta el límite de lo que hubiese pagado en
España. Ese es el sistema que tenemos ahora. Indudablemente --
a ello ha hecho referencia el proponente del Grupo Popular--,
el modelo de convenio de la OCDE recoge ambos sistemas, pero
estos sistemas son aplicados por los distintos países que han
adoptado uno u otro. En esto no hay unanimidad. Por otra
parte, establece un crédito fiscal por el impuesto subyacente
en relación con los dividendos que provienen de filiales
directas, en el sistema previsto en el artículo 24.4 de la Ley
61/1978, del Impuesto sobre Sociedades, para eliminar la doble
imposición imputable a los dividendos recibidos de las
sociedades no residentes. Se pretende también, a través de
esta proposición de ley, incentivar fiscalmente la puesta en
marcha de actividades productivas comerciales en el exterior,
estableciendo la deducción del 25 por ciento de las
inversiones efectuadas. Finalmente, pretende declarar exentos
de tributación en el Impuesto sobre la Renta los rendimientos
de trabajo derivados de cargos o empleos en el extranjero
cuando sean obtenidos por residentes en España, si bien
teniendo en cuenta dichos rendimientos a efectos de la
progresividad de la tarifa aplicable a aquellos que hubiesen
obtenido en España.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que no es procedente esta
proposición de ley por tres razones fundamentalmente. En
primer lugar, por el proceso de reforma del Impuesto sobre
Sociedades. En mayo de 1994, hace un mes, el Ministro de
Economía y Hacienda ha publicado el Libro Blanco de la reforma
del impuesto, en el que se plantea cómo abordar la tributación
de los dividendos evitando la doble imposición. Precisamente
en el capítulo IV analiza los aspectos internacionales de la
reforma del Impuesto sobre Sociedades y dice: El futuro
Impuesto sobre sociedades debe quedar plenamente incardinado
en el contexto de una economía abierta, a cuyo efecto deben
adoptarse las siguientes medidas: perfeccionar las técnicas de
eliminación de la doble imposición internacional, extendiendo
la deducción a las subfiliales; proteger el principio de
distribución de la renta total obtenida por las personas o
entidades residentes en el territorio español mediante la
atribución a las mismas de las rentas obtenidas por
determinadas sociedades instrumentales no residentes en
territorio español; evitar la deslocalización de la base
imponible mediante la utilización incorrecta de precios de
transferencia, perfeccionando, al tiempo, los procedimientos
para eliminar los posibles excesos de imposición; y
perfeccionar determinados aspectos de la obligación real de
contribuir para mejorar la gestión y el control del Impuesto.
Por todo ello, a nuestro Grupo Parlamentario le parece
razonable que, dado que nos encontramos en una fase de reforma
del Impuesto sobre Sociedades, que se quiere abordar toda la
estructura del Impuesto y que se quiere que la reforma de la
tributación de los dividendos y de los aspectos internaciones
de dicho Impuesto se efectúen en el contexto general de la
reforma, y teniendo en cuenta que así se analizarán todas las
implicaciones que conlleva la tributación de una economía
abierta, no debemos entender la opción por el sistema de
exención o de imputación como un incentivo fiscal, sino como
algo estructural del Impuesto, y ahí viene nuestra primera
cuestión a esta proposición de ley. Otra perspectiva está en
considerar que hay que tener en cuenta que recientemente se ha
aprobado la Ley 22/1993, que establece, con carácter
coyuntural, estímulos fiscales a la inversión. Por ello,
plantear otras nuevas al poco tiempo de aprobar un paquete de
medidas fiscales parece no sé si por poco serio, pero, desde
luego, no oportuno, puesto que además las anteriores eran
coyunturales. Por otra parte, se está pensando en una reforma
del Impuesto en la que se cuestiona la eficacia de estas
mismas medidas. Y, finalmente, por una cuestión de competencia
con inversiones interiores.
El artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
establece una deducción del cinco por ciento de las
inversiones realizadas en el interior. El establecer una
deducción del 25 por ciento en las inversiones en el exterior
parece, en principio, que pudiera representar una competencia
a las inversiones interiores. Y el que una administración
tributaria vaya a favorecer las inversiones a realizar fuera
de su ámbito, que ni le van a producir rendimientos internos
ni nuevos ingresos futuros, sino todo lo contrario, van a
resultar mermados, no parece que sea conveniente. Actualmente
se incentiva la creación de sucursales y establecimientos
permanentes directamente relacionados con la exportación. Sin
embargo, la proposición de ley pretende ampliar incentivos a
las actividades productivas, y ésta es una de nuestras mayores
preocupaciones que hace que no podamos apoyar esta proposición
de ley.
Este asunto nos parece importante porque es cuestionable que
se puedan producir efectos beneficiosos, serían más bien
perjudiciales para la economía del país desde una perspectiva
de propiciar la atracción de inversiones. Estamos insistiendo
permanentemente en la necesidad de propiciar inversiones en
nuestro país. Yo creo que esto puede crear algún problema a la
hora de propiciar unas inversiones en estos momentos en los
que carecemos de iniciativas que pudieran incentivarlas dentro
de nuestro país. Si creamos, además, esta perspectiva de
incentivar inversiones en el extranjero, podría ser poco
conveniente para nuestra economía. Y también habría que verlo
desde el punto de vista laboral, quizá trasladando creación de
empleo fuera de nuestras fronteras. En definitiva, entendemos
que no es acertada, desde nuestra óptica, esta proposición de
ley. Sin embargo, pensamos que estos aspectos pueden ser
tratados más ampliamente en el próximo debate que tengamos
sobre la reforma del Impuesto sobre Sociedades.
Por todo ello, anunciamos que nuestro Grupo Parlamentario
votará en contra de esta toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. Tomo
la palabra para plantear la posición de nuestro Grupo
Parlamentario ante la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular, que pretende introducir modificaciones
en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para la
internacionalización de la empresa.
De hecho, esta proposición de ley expone, estrictamente en el
campo de la internacionalización de la empresa, la
modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para
evitar la doble imposición económica en las actividades
realizadas en el extranjero; para introducir
la posibilidad de deducción del Impuesto de filiales de
segundo y posterior orden, y para algunas de las cuestiones
que, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, se han
expuesto desde la tribuna respecto a las rentas de las
personas físicas en algunas de las modalidades. Pero, en
definitiva, lo que se propone es la modificación, como digo,
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para favorecer la
internacionalización de la empresa.
Creo que es suficientemente conocido por la Cámara el interés
de nuestro Grupo Parlamentario por mejorar la
internacionalización no sólo de la empresa, sino de la
economía española en general. De hecho, señor Presidente, a
petición de nuestro Grupo Parlamentario, ayer, en la Comisión
de Industria, Energía y Turismo; hoy, como recordaba algún
otro interviniente; el próximo jueves ante la Comisión de
Economía, Hacienda y Comercio, y en los próximos días ante la
Comisión de Agricultura, se han debatido y votado y se
debatirán y votarán medidas de todo tipo encaminadas todas
ellas a una mayor internacionalización de nuestra economía.
En efecto, en una de las resoluciones ya aprobadas por la
Cámara nos hemos marcado como objetivo a conseguir el
incremento de esa internacionalización medida en dos ámbitos
concretos: la exportación y la inversión en el exterior;
proponiéndonos, como sociedad económica en general, como
economía, intentar que las exportaciones pasen de nuestro
porcentaje sobre el PIB actual, entre el 18 o 19 por ciento,
hasta el 25 por ciento aproximadamente del PIB, que es la
media comunitaria, lo cual significa un incremento del 25 o 30
por ciento; o que la inversión en el exterior pase desde
nuestro 0,6 por ciento del producto interior bruto actual, a
lo que es la media comunitaria, entre el 1 y el 1,2 por ciento
del PIB, por tanto, a que doble prácticamente la cantidad de
inversión en el exterior medida en estos dos parámetros: en
exportación respecto al PIB e inversión exterior también
respecto al PIB. Nos hemos marcado este objetivo como meta
para medir la internacionalización de nuestra economía. Para
conseguir ese objetivo, ayer, concretamente, en las votaciones
habidas se aprobaron toda una serie de medidas de tipo muy
general y también de tipo muy concreto; por tratarse de la
Comisión de Industria, de tipo muy concreto para los sectores
industriales, pero también de tipo general, ya que hacen
incidencia al marco general y económico en el que se debe
desarrollar la actividad económica. Están centradas, por
ejemplo, en los costes energéticos, en los costes de formación
o en la necesidad de mejorar la formación, la investigación y
desarrollo; en general, todo aquello que puede procurar una
mayor competitividad de nuestras empresas. Y una parte
específica de las medidas aprobadas ayer por la Cámara hacían
referencia al marco fiscal. En esas mociones que la Cámara ya
ha aprobado a través de la Comisión de Industria (el jueves
probablemente aprobará unas nuevas medidas en el marco de la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda) se propone una
modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, o bien
que en la próxima ley financiera de acompañamiento de los
presupuestos de 1995 se introduzcan unas modificaciones en ese
Impuesto sobre Sociedades, de tal manera que se contengan
éstas que hoy nos ofrece la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular y otras muchas para mejorar la
internacionalización, pero, sobre todo, para mejorar la
competitividad de nuestro aparato productivo.
Por otra parte, debe conocer la Cámara --estoy seguro que lo
conoce el Grupo proponente-- el informe sobre la modificación
del Impuesto sobre Sociedades, el Libro Blanco de mayo del
1994 del Ministerio de Economía, en el que ya se contemplan
también los aspectos que hoy nos propone la proposición de ley
del Grupo Popular.
Querríamos adelantar nuestra opinión de que respecto a ese
informe del Libro Blanco sobre la modificación necesaria del
Impuesto sobre Sociedades, nuestro Grupo entiende que en el
campo de la internacionalización deberíamos ser capaces de ir
más allá de las propuestas que realiza ese mismo informe, y
tenemos la esperanza de que, bien sea a través de la ley
financiera de acompañamiento de los presupuestos de 1995 bien
cuando llegue a esta Cámara un posible proyecto de ley de
modificación del Impuesto sobre Sociedades, seamos capaces de
dar ese paso más adelante del que ya marcan las propuestas de
ese Libro Blanco de modificación del Impuesto sobre
Sociedades.
En cualquier caso, señor Presidente, por cuanto nuestro Grupo
entiende que la propia Cámara ya ha aprobado medidas para
modificar el Impuesto sobre Sociedades no sólo en los aspectos
que nos propone hoy la proposición de ley que estamos
debatiendo de internacionalización de la economía, sino en
otros muchos campos que en tanto en cuanto mejoran la
competitividad de la empresa mejorarán también la
internacionalización, y también porque creemos que la
proposición de ley que estamos debatiendo sólo trata parcial e
insuficientemente estos temas, es por lo que nuestro Grupo
Parlamentario anuncia su voto negativo a su toma en
consideración.
Muchas, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, últimamente parece que la OCDE se ha convertido en
el nuevo oráculo liberal. En plena
campaña electoral nos hablaba de una serie de medidas
necesarias: desficalización, flexibilización de los mercados
laborales, reducciones salariales para incentivar la economía
y poca sindicación era la guinda que ponía al final; que no
haya capacidad colectiva de defender, en definitiva, ante la
empresa determinados planteamientos.
El señor Costa habla en una, reconozco, brillante y clara
exposición hecha con rigor de lo que propone, con conocimiento
fundamentado, de la necesidad de tomar medidas neutrales que
posibiliten el desarrollo económico, la internacionalización
de nuestras empresas y de nuestra economía. Nuestro Grupo, y
yo personalmente, cada vez creemos menos en la neutralidad de
las medidas que se toman en política o en economía. Se toman
medidas políticas concretas que responden a postulados
políticos, ideológicos o teóricos concretos. Yo creo que en
este caso también es así.
El concepto de fondo que vemos en la propuesta que hace el
Grupo Popular no está muy lejano del que discutimos en esta
Cámara hace escasamente un par de meses, cuando tratamos de la
proposición no de ley para la libertad de amortizaciones en
las inversiones generadoras de empleo, que, como recordará
usted, fue propuesta a esta Cámara por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Da la impresión de que tienen la misma
filosofía. El concepto de fondo de las dos proposiciones es
desfiscalizar. A nuestro entender, esto no va a significar más
capacidad de venta en el exterior, ni mucho menos más derechos
sociales, que son los que, a nuestro entender, pueden
facilitar que haya una capacidad de hacer mejores productos en
el extranjero y más competitivos. Los trabajadores de nuestro
país --y también los que estén fuera de nuestro país y
trabajen--deberían tener una capacidad constante de reciclaje,
de aprendizaje, de formación, etcétera, y, al mismo tiempo una
serie de medidas por las que potencie su capacidad que es
donde se pueden buscar las fórmulas adecuadas para competir
con otros productos, no una competitividad en abstracto, sino
la competición, insisto, con otros productos.
Ustedes hacen referencia a un sistema fiscal más neutral.
Nosotros pensamos que hay elementos más o menos objetivos --
siempre políticos--, pero que obedecen a una determinada
concepción ideológica. Por tanto, nosotros contemplamos con
excepticismo los dos objetivos que pretenden con su
proposición de ley: por un lado, favorecer la exportación y,
por otro lado, la creación de estructuras productivas y
comercializadoras en el exterior.
Creemos que, tal y como se plantea en esta proposición de ley,
modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades mediante la
eliminación de la doble imposición y la incentivación fiscal
de las actividades productivas o comercializadoras en el
exterior, no es la vía más adecuada. Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya está en contra de la doble
imposición. Nosotros hicimos una serie de propuestas concretas
--esta mañana las hemos formulado en la Comisión de Economía,
Hacienda y Comercio, no sé qué suerte van a correr-- en la
línea de que el régimen de cofinanciación con las empresas
debe realizarse al margen de las actuaciones específicas de la
Administración, generalmente utilizado para la promoción de la
empresa española en el exterior; una serie de medidas
articuladas que, a nuestro entender, no rebajarían, en
absoluto, el rendimiento global del Impuesto sobre
Sociedades --por tanto, no rebajaríamos la capacidad pública
de hacer determinadas políticas--, y, al mismo tiempo
redundarían en un beneficio del conjunto de las empresas
españolas de cara a su internacionalización, a su mayor
efectividad en el extranjero. Planteamos también una serie de
medidas de trabajo conjunto, de fomento por parte del Estado,
etcétera. Estas medidas consideramos que son mucho mejores que
las expuestas en su proposición de ley. En la exposición de
motivos de la proposición de ley se dice que los Estados
Unidos son el ejemplo más paradigmático y más característico
en el que se permite la deducción del Impuesto sobre
Sociedades pagado por titulares de hasta tercer orden. Y,
según una decisión tomada por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, se ratifican los modelos de imposición fiscal
que los Estados del país aplican a las sociedades
multinacionales instaladas en los mismos. Estos regímenes han
suscitado numerosas protestas por parte de las firmas
afectadas e incluso amenazas de retorsión. Sin embargo, por
siete votos a favor y sólo dos en contra, la Corte --máxima
autoridad judicial del país-- rechazó que California tenga que
devolver a las firmas multinacionales un total de cuatro mil
millones de dólares.
En definitiva, se trata de llegar, desde las necesidades
propias de cada país, a unos acuerdos que permitan el
desarrollo del marco de armonización del comercio
internacional, a través de una serie de medidas que garanticen
la defensa de los intereses específicos, repito, de cada país,
pero en el marco de la defensa de los intereses colectivos.
Nosotros hemos dicho que tampoco estamos a favor de la doble
imposición. Por ello planteamos que los impuestos pagados en
el exterior lo sean a costa del impuesto final a pagar; es
decir que la empresa que paga el impuesto en el exterior no
tenga que pagarlo de nuevo aquí. En eso sí que estamos de
acuerdo, y estamos en contra, insisto, de la doble imposición,
como parcialmente se dice en uno de sus apartados, tanto en lo
relativo al Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto
sobre la Renta.
Además, cuando exista la equiparación y normalización fiscal
en la Unión Europea y más allá, nosotros estamos abiertos, a
partir de buscar figuras tributarias parecidas a la española,
en buscar también nuevas normas
que permitan un desarrollo todavía superior de la libertad de
comercio sin trabas para las empresas, de forma que las
empresas en el exterior puedan potenciar su capacidad de
venta, producción y comercio, fomentando, desde una visión
solidaria del conjunto de los países de la Unión Europea y del
resto del mundo, una visión solidaria de lo que debe ser el
comercio. En la segunda parte de la proposición de ley se
plantean deducciones por inversiones en el extranjero.
Nosotros pensamos, ya lo dijimos también cuando argumentamos
en contra --aunque en aquel caso nuestra posición fue de
abstención-- de la proposición no de ley de Convergència i
Unió, que las medidas no se pueden ver aisladas unas de otras;
se deben ver en un conjunto. Creemos que esta mañana, en los
debates que ha habido en la Comisión de Comercio, se han
presentado una serie de medidas que articuladas pueden hacer
avanzar el problema hacia una solución.
Ustedes plantean, por tanto, que si aumentan los beneficios --
también es una línea que subyace en toda la proposición de
ley--, de forma automática va a haber más inversión y más
creación de empleo. Pues mire, por las experiencias concretas
que ya hay en este momento nos parece que, de forma
automática, el hecho de que haya deducciones importantes que
aumenten los beneficios no representa más inversión y más
creación de empleo.
En definitiva, se confirma, viendo la propuesta en conjunto,
que hay una continuación de esta filosofía de trasvase de
recursos de la iniciativa pública a la privada. Nosotros no
somos, señor Costa, terroristas fiscales dispuestos, cual
modernos Robin Hood, a castigar fiscalmente a las empresas,
sino simplemente a intentar imponer, no a las empresas sino a
los beneficios de esas empresas, las cargas correspondientes
con equilibrio y con justeza; que el papel del Estado mejore
de lo que está haciendo en estos momentos concretos y sirva
para estimular, no reduciendo su capacidad a hacer políticas
internas, sino potenciando las necesarias para que sea una
realidad la internacionalización de nuestra economía y
naturalmente de nuestras empresas.
En definitiva, no creemos en recetas que tengan como principal
sustento ideológico y técnico la pretendida neutralidad --como
he intentado explicar anteriormente-- de la fiscalidad, en su
caso, de los mercados. Pensamos que no hay nada neutral, y
creemos poco en medidas aisladas y que empobrecen la capacidad
recaudatoria pública, cosa que ocurriría seguramente con las
que estamos debatiendo.
Es por ello que, sintiéndolo, no podemos votar a favor de la
proposición de ley que presenta el Grupo Popular y
continuaremos defendiendo, esto sí, esperamos que con buena
fortuna, una serie de medidas articuladas que hemos propuesto
esta mañana en la Comisión de Comercio, junto con otras que
propone su Grupo, algunas de las cuales están contenidas,
efectivamente, en la proposición de ley que hoy nos han
propuesto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín
Mesa.
El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me corresponde, en nombre del Grupo Socialista,
fijar nuestra posición en relación con la proposición de ley
sobre medidas fiscales para favorecer la internacionalización
de la empresa española, que ha presentado el Grupo Popular. De
entrada, debo señalar que tanto el Gobierno como el Grupo
Socialista compartimos el objetivo último de la proposición, a
saber: favorecer la internacionalización de la empresa
española.
Quizá como prueba irrefutable baste recordar los más recientes
paquetes de medidas aprobados por el Gobierno; por ejemplo, el
Plan de apoyo a la internacionalización de la empresa
española, de febrero de 1992, o el mucho más reciente paquete
de medidas de apoyo a la actividad exterior de las empresas
españolas, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 29
de abril. Señorías, el planteamiento global que realiza el
Grupo Popular sobre la necesidad de apoyar la
internacionalización de la actividad de las empresas como
medio para favorecer la competitividad del sector empresarial,
coincide, en gran parte, con los argumentos que se recogen en
las medidas de apoyo a la actividad exterior de las empresas
españolas, que, como mencionaba hace un momento, fueron
aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril.
Sin embargo, aun coincidiendo con ese planteamiento global o
con ese objetivo último, en las medidas de carácter fiscal
concretas que ustedes plantean debo decir que hay matices que
no compartimos, y precisamente me voy a referir a ellos.
Concretamente, en la proposición de ley que ustedes propugnan
se pueden distinguir seis medidas claramente diferentes. En
primer lugar, por citar en un orden cualquiera, ustedes
propugnan la adopción del método de exención en lugar del
aplicado por la actual normativa de imputación para evitar la
doble imposición de dividendos y de rentas obtenidas mediante
establecimiento permanente. Pues bien, como usted mismo ha
dicho aquí, ambos sistemas son alternativos para evitar la
doble imposición; de hecho, hay países que utilizan uno y
países que utilizan otro. El método de exención, por ejemplo,
lo utilizan Francia, Portugal e Italia, entre otros, pero
también hay países de la Unión Europea que, por el contrario,
utilizan el método de imputación, como es el caso del Reino
Unido y Alemania,
además de dos grandes potencias comerciales como son Estados
Unidos y Japón, que también utilizan el método de imputación.
El principal argumento que ustedes utilizan en la exposición
de motivos es la mayor complejidad del actual sistema de
imputación y la mayor neutralidad de la exención. Pues bien,
permítanme que les diga que resulta evidente que, a igualdad
de tipo de gravamen entre la sociedad que reparte dividendos y
la sociedad que los recibe, ambos métodos conducen al mismo
resultado, eso es evidente. Además, debo decirle que el método
de imputación, el actual, garantiza, en todo caso, la
aplicación en España de los tipos de gravamen vigentes,
evitando la deslocalización de la inversión realizada por
residentes españoles en países con baja tributación por
motivos fiscales. La imputación responde al principio
hacendístico, que yo creo que ustedes comparten, de la
neutralidad en la exportación de capitales. En un contexto de
libertad de movimientos de capital, como es el actual, las
inversiones deben de realizarse en función de la rentabilidad
y en función de las expectativas de beneficio y nunca por
motivos fiscales. En suma, creemos que el método de exención
pudiera, no lo aseguro, pero sí digo que pudiera fomentar la
deslocalización de inversiones por motivos fiscales, de ahí
que no compartamos el cambio.
La segunda medida que ustedes propugnan es la extensión de la
eliminación de la doble imposición a las filiales de segundo,
tercero, cuarto y ulteriores niveles. Estamos absolutamente de
acuerdo con esta medida. Sin embargo, de hecho, como usted
creo que conoce, las medidas de apoyo a la actividad exterior
de las empresas españolas, aprobadas por el Consejo de
Ministros, ya contemplan este aspecto. Lo contemplan, eso sí,
aplicando el sistema de imputación, por lo cual he de decirle
que, en ese aspecto, ustedes llegan tarde. Esta medida podría
implementarse, como se contempla en el propio paquete, o bien
mediante la reforma del Impuesto sobre Sociedades, en trámite
actualmente, e incluso está el compromiso de acelerar su
implementación mediante la ley financiera para 1995. Un tercer
paquete de medidas que ofrece la proposición de ley es la
conveniencia de que la deducción por doble imposición no
aplicada por insuficiencia de cuota se pueda utilizar en los
ejercicios siguientes. En las reiteradas medidas de abril de
1994 se ha aprobado la fórmula de agrupación de renta a los
efectos de calcular la deducción por doble imposición
internacional, eliminando restricciones planteadas por el
sistema actual, en el que la deducción por los impuestos
pagados en el extranjero, como usted sabe, se realiza
operación por operación. Además, adicionalmente, en la medida,
se dice de forma explícita, que se permitirá la compensación
en ejercicios futuros de la parte de deducción por doble
imposición internacional no aplicada en el año por existir o
bien insuficiencia de cuota o base imponible negativa,
superando de esta forma la limitación existente en la
actualidad. De nuevo he de decirle que el marco de
implementación, la reforma del Impuesto de Sociedades y, desde
luego, para acelerar su implantación, la Ley Financiera para
1995, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales
de 1995.
Un cuarto paquete de medidas que ustedes proponen es la
deducción de los impuestos extranjeros no pagados, lo que se
conoce como la cláusula «tax sparing». Esta cláusula implica,
a nuestro juicio, la transferencia de recursos tributarios
desde la Hacienda española a la de aquellos países que
renuncian a gravar la renta obtenida por los residentes y se
benefician de inversiones de fuente española.
Supone, en definitiva, primar la inversión en el extranjero en
países de baja tributación, rompiendo en este sentido, de
nuevo, el principio de neutralidad en la exportación de
capital. Creemos que esta cláusula sólo sería admisible dentro
de la política de Convenios internacionales para evitar la
doble imposición como medida de apoyo a los países en vías de
desarrollo.
La quinta medida que propugna la proposición de ley es la
deducción del 25 por ciento por la realización de inversiones
en el extranjero. A este respecto de nuevo he de remitirme a
las medidas de apoyo a la actividad exterior de las empresas
españolas del mes de abril. Ahí se propugna una nueva
redacción del artículo 26 de la Ley del Impuesto de
Sociedades; nueva redacción que supone una ampliación del
beneficio fiscal para la empresa española, al incluir en la
base de deducción las inversiones en el exterior directamente
relacionadas con la exportación de servicios, pudiéndose
extender igualmente --el señor Ministro lo mencionaba esta
mañana en la Comisión de Economía-- a gastos en propaganda y a
promoción en el exterior.
El marco de implementación de nuevo a corto plazo se lo digo:
los Presupuestos Generales del Estado para 1995. Sin embargo,
lo que no compartimos de esta medida es la extensión de estas
deducciones a inversiones productivas. Ello, sencillamente,
porque hay que valorar con mucha cautela una medida de este
tipo, y ello porque podría incentivar la deslocalización de
actividades productivas con un efecto negativo sobre el empleo
en España.
La última medida a la que me voy a referir de las propugnadas
en la proposición de ley es a la exención de los rendimientos
de trabajo personal obtenidos en el extranjero por residentes.
En el IRPF rige el principio de tributación por la renta
mundial obtenida por los residentes en España, previéndose,
como usted conoce, la deducción de los impuestos pagados en el
extranjero como método para evitar la doble imposición. La
exención de rendimientos de trabajo obtenidos en el extranjero
creemos claramente que perjudicaría la equidad horizontal y
vertical
del IRPF y nos tememos también que incluso podría hasta caer
en cierto aspecto de inconstitucionalidad. Desde luego, como
usted también conoce, el IRPF contempla la no tributación por
el exceso de renta percibida en el extranjero respecto a la
que se hubiera obtenido en España.
En conclusión, señor Presidente, debo decir, como comenzaba,
que compartimos el objetivo, la filosofía de la proposición de
ley. Sin embargo, tal y como claramente puede deducirse de mi
intervención, nuestra posición es contraria a aceptar a
trámite esta proposición del Grupo Popular. Por una parte,
porque alguna de las medidas aquí contempladas, alguna de las
medidas propuestas, ya ha sido aprobada, con unos u otros
matices, por el Consejo de Ministros del pasado 29 de abril,
en el paquete de medidas de apoyo a la actividad exterior de
la empresa española y serán implementadas, tal y como he
dicho, o bien en la Ley Financiera para 1995 --las medidas
números 2 y 3 en la enumeración que yo he realizado aquí-- o
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 --la
medida 5 de las propugnadas--. Hay otras medidas propuestas,
como también he dejado claramente puesto de manifiesto, como
son el cambio de método de imputación por el de exención, la
cláusula del «tax sparing» o la reforma del IRPF, que no
compartimos tal y como creo haber ampliamente justificado. Eso
es todo. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
Mesa. (El señor Costa Climent pide la palabra.)
Sí, señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Le rogaría que me concediera un turno
adicional, en la medida en que yo creo que, de hecho, el turno
de fijación de posiciones se ha utilizado básicamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un turno breve.
El señor COSTA CLIMENT: Muy breve. Gracias, señor Presidente.
Voy a intentar referirme a los principales argumentos que se
han utilizado aquí para rechazar o descartar el apoyo a las
medidas que contiene la proposición de ley que plantea el
Grupo parlamentario Popular.
En primer lugar, me gustaría manifestar que mi Grupo
parlamentario es consciente de que en abril de este año el
Gobierno aprobara un paquete de medidas que tienen como
finalidad resolver algunos de los problemas que quiere
resolver la proposición de ley. El hecho es que nosotros no
podíamos enterarnos en el momento de presentar la proposición
de ley porque la misma se presentó en el Registro de la Cámara
dos meses con anterioridad a esa aprobación de las medidas por
el propio Gobierno. En cualquier caso, lo que sí quiero
manifestarle es que nos congratulamos y estamos muy contentos
de que el Gobierno haya sido consciente de esos problemas,
aunque con dos meses de retraso, y los resuelva o intente
resolverlos a través de su paquete de medidas.
Con respecto al mecanismo para eliminar la doble imposición
económica internacional sobre los dividendos, de hecho
solamente tres países de la Unión Europea en estos momentos
establecen un sistema de crédito fiscal por el impuesto
subyacente, que es el sistema por el que opta nuestra
legislación interna: el Reino Unido, Irlanda y Grecia.
Alemania, aunque en su legislación interna establezca un
sistema de crédito fiscal por el impuesto subyacente, por
aplicación de la totalidad de los convenios de doble
imposición que ha suscrito con terceros países, en la práctica
las empresas alemanas se benefician del método de exención
para eliminar la doble imposición económica sobre los
dividendos.
Con relación a la neutralidad en la exportación de capitales,
mi Grupo parlamentario es partidario de la neutralidad en la
exportación de capitales y estoy convencido también de que el
propio portavoz del Grupo Socialista es partidario de la
neutralidad en la exportación de capitales, pero lo que quiero
manifestar es que, cuando la OCDE y cuando los analistas
económicos defienden el método de crédito fiscal puro y sin
diferimiento para fomentar o apoyar la neutralidad en la
exportación de capitales, se están refiriendo al método de
crédito fiscal aplicable a la totalidad de las rentas que
puede percibir una empresa, pero no lo contemplan con relación
al supuesto de los dividendos. Le voy a decir por qué. En el
caso de dividendos, la OCDE reconoce que el método de crédito
fiscal y el método de exención conducen al mismo resultado.
¿Por qué? Porque si, aplicando el método de crédito fiscal, la
empresa está sometida a un nivel adicional de tributación
cuando percibe los dividendos, lo que va a hacer es congelar o
diferir el reparto de dividendos y, por lo tanto, esa
tributación adicional, por el propio efecto financiero, queda
prácticamente reducida a cero. Pero esto produce un efecto
nocivo muy importante en nuestra economía. El efecto nocivo es
que las empresas españolas por motivos puramente fiscales
tienen congelados sus capitales en el exterior y no los
repatrían a España, y España es un país necesitado de ahorro y
de capitales.
Le voy a demostrar esto con unas cifras del Boletín del ICE
económico.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muy brevemente, señor
Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Sí, voy concluyendo. Gracias, señor
Presidente.
Le voy a decir cuál es el porcentaje de la inversión española
en el exterior. En 1993 se destinó la inversión en países para
constituir sociedades «holding» que tienen o disfrutan de un
régimen fiscal idéntico al que plantea nuestra proposición de
ley. El 42,75 por ciento de la inversión española en el
exterior en 1993, es decir, casi la mitad de la inversión
española en el exterior en 1993, se destinó a sociedades
«holding», con un régimen fiscal idéntico al que plantea
nuestra proposición de ley, para gestionar y dirigir desde
esos países la actividad de las filiales productivas en el
exterior.
Le voy a leer lo que dice el ICE. Esto refleja un esfuerzo de
las empresas por efectuar «a priori» un estudio detallado de
la rentabilidad económico-fiscal de sus inversiones y evitar
que un diseño inadecuado de su estructura exterior --y el
diseño inadecuado es ostentar las participaciones directamente
desde España--redunde en una mayor carga financiera que
limitaría sus posibilidades de competir en iguales condiciones
con otras empresas extranjeras. Lo que necesitamos en estos
momentos es un sistema fiscal más competitivo, un sistema
fiscal que permita mantener y atraer capitales y que permita
mejorar e incrementar los niveles de empleo en nuestro país.
Pero, con medidas como las que se están proponiendo, no
podemos engancharnos al tren de la reactivación y al tren de
la convergencia, porque son medidas --y usted lo sabe, porque
las ha estudiado a fondo-- mucho más regresivas que las que
establece la mayor parte de los países de la Unión Europea.
Con respecto al «tax sparing», el motivo de introducir una
cláusula «tax sparing» es evitar que la Hacienda pública
española esté beneficiándose de recursos a los que renuncia la
hacienda pública de un país extranjero en beneficio de una
empresa española. Si una empresa española se beneficia de una
subvención o de una ventaja fiscal en el Reino Unido, el
beneficiario de esa ventaja fiscal tiene que ser la empresa
española que opera allí, pero no la Hacienda española. Si no
introducimos la cláusula de «tax sparing», quien se está
beneficiando al final es la Hacienda española.
Y, finalmente, lo que le voy a decir es que declarar exentas
las rentas del trabajo percibidas por residentes en España y
presentan su trabajo en el exterior nunca puede ser
inconstitucional. Es un método para eliminar la doble
imposición económica, porque la proposición de ley deja claro
que solamente se aplica ese régimen de exención cuando esos
rendimientos del trabajo han estado sometidos a tributación en
el país de La Fontaine.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Martín Mesa
tiene la palabra. El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, cabe
una intervención tremendamente corta, porque el señor portavoz
del Grupo Popular, a pesar de utilizar el turno, no ha
empleado ningún argumento que no haya sido reiteración de lo
anteriormente planteado. Consideramos que no ha rebatido los
argumentos expuestos por el Grupo Socialista y,
consecuentemente, nos reafirmamos en la posición que ya hemos
mantenido.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín
Mesa. Vamos a someter a votación la toma en consideración de
esta proposición de ley. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Popular sobre medidas fiscales
para favorecer la internacionalización de la empresa española.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 125; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
CONTROL DE FONDOS RESERVADOS (Número de expediente 162/000098)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular sobre
control de fondos reservados. Tiene la palabra el señor Martín
Villa (Numerosos señores Diputados abandonan el hemiciclo.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Popular presentó, a mediados del pasado
mes de abril, una proposición no de ley sobre fondos
reservados que, en nombre de mi Grupo, voy a tratar de
defender. En primer lugar, he de decir que esta proposición no
de ley está presentada a la Cámara con anterioridad a las
conclusiones que tuvieron lugar al final del debate sobre el
estado de la nación y también con anterioridad a la conclusión
de los trabajos de la ponencia especial que ha entendido de la
gestión presupuestaria, en tiempos recientes, de la Dirección
General de la Guardia Civil.
Digo todo esto en relación con las fechas porque ya anuncio
que en nuestro Grupo, y yo en su nombre, estamos dispuestos,
por supuesto, a aceptar una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista en el sentido de incluir en el preámbulo de nuestra
proposición esta referencia al resultado de las votaciones con
las que concluyó el debate sobre el estado de la Nación y a
los trabajos que ha desarrollado la Comisión especial a que he
hecho referencia. Nuestra proposición no de ley, la
proposición del Grupo Popular, es una proposición prudente y
realista, como debe ser prudente y realista el tratamiento que
debe tener este tipo de cuestiones que afectan a la esencia
misma del Estado.
Mi Grupo, y yo en su nombre, afirmamos, con toda rotundidad --
y no podía ser de otra manera-- que creemos que el Estado,
cualquier estado, que el Gobierno, cualquier gobierno, que
dirige la política nacional debe disponer de fondos
reservados. Y debe disponer de fondos reservados especialmente
para atender a cuestiones relativas a las relaciones
exteriores, a la defensa y a la seguridad exterior e interior
del Estado.
Por eso, no sólo en esta proposición no de ley, sino en una
proposición de ley que mi grupo presentará ante la Cámara esta
misma semana, reguladora del Gobierno y de la Administración
del Estado, nosotros insistimos en la necesidad de la
existencia de estos fondos y en la necesidad de atribuir estos
fondos a unos responsables concretos y pocos de la gobernación
del Estado, en este momento a los Ministros de Asuntos
Exteriores, Justicia e Interior y Defensa, ni más ni menos.
Nosotros creemos también que la disposición de los fondos
reservados no puede tener, a menos que incurramos en el
peligro de desvirtuar su propia finalidad, los controles que
la disposición del conjunto de los fondos públicos tiene y
que, por supuesto, no puede presidir la disposición y el
control de los fondos reservados la transparencia que puede y
debe presidir la utilización y el control del conjunto de los
fondos públicos.
Nosotros sabemos, el Grupo Popular sabe, y yo en su nombre lo
proclamo, que deben existir partidas presupuestarias con la
cuantía suficiente para atender necesidades que en este
momento entendemos afectan muy especialmente a la lucha
contraterrorista y a la lucha y a la política contra el
narcotráfico. Nosotros sabemos también que no existe en España
una regulación para este tema de los fondos públicos.
Unicamente una simple circular de la Intervención General de
la Administración del Estado de los años 60 de carácter
preconstitucional, por tanto, y que es una instrucción, como
tal, de la Intervención General del Estado, una instrucción de
carácter contable. Nosotros conocemos también que existe una
escasa jurisprudencia, una sentencia del Tribunal
Constitucional sobre fondos reservados dispuestos por el
Gobierno vasco y en relación con el deseo de un grupo
parlamentario concreto de disponer de una información más allá
de lo que hubiera sido prudente, de otra sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo sobre deber o no deber de
funcionarios públicos de informar sobre la utilización de los
fondos reservados y una tercera sentencia de la Audiencia
Nacional sobre fondos reservados y secretos oficiales. Tampoco
permite a este grupo y puede permitir en su día al Gobierno de
la nación y, posteriormente, a la Cámara disponer de una
legislación internacional en la que descansar con cierto peso.
Las situaciones son muy distintas, no para consuelo de la
Cámara, ni del país ni del Gobierno, pero, ciertamente, hemos
de decir que en muchos países tampoco se dispone como en
España de legislación sobre fondos reservados, y la situación
es muy distinta: en unos el control está atribuido al Tribunal
de Cuentas y en otros hay una libérrima disposición por parte
de los gobiernos nacionales y de los ministros competentes.
¿Cuál es el sentido de nuestra proposición de ley? El sentido
deriva de compaginar, de cohonestar la necesidad de una
disposición con cierta libertad y ajena a la transparencia de
la disposición de los fondos públicos en general, pero también
la necesidad de que exista un cierto control y que no existan
desviaciones.
¿Cómo se gestionan los fondos públicos? Se gestionan, primero,
porque existe una habilitación presupuestaria en el marco de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado; segundo, porque
determinadas autoridades políticas o administrativas, en el
marco de la Ley Presupuestaria, disponen de estos fondos;
tercero, porque existe un control interno, por supuesto, en
este momento, desgraciadamente, muy disminuido, de la
Intervención General de la Administración del Estado; cuarto,
porque puede existir, y de hecho existe, un control
parlamentario de las Cámaras; quinto, porque existe una
censura de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas, y sexto,
porque puede haber, y de hecho la hay, una censura que reviste
la forma de revisión de los actos del Gobierno y de la
Administración por parte de los jueces y tribunales.
Este tipo de cuestiones, atemperadas a la naturaleza de los
fondos públicos, es la que quiere contemplar nuestra
proposición no de ley. A la vista de las enmiendas presentadas
por los distintos grupos parlamentarios, adelanto, por
supuesto, la posición del Grupo Popular para aceptar buena
parte de esas enmiendas, siempre, como es el caso, que no
afecten en forma importante, esencial, a las pretensiones de
nuestra proposición de ley. En primer lugar, decimos que los
fondos tienen que tener una habilitación y una cuantía
determinada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Pues bien, eso dice nuestra proposición de ley, prohibiéndose
que mecanismos, que tienen su sentido para aumentar o
disminuir la cuantía de partidas presupuestarias a lo largo
del año presupuestario, puedan aplicarse a los
fondos reservados. En definitiva, cuando las Cámaras habilitan
al Gobierno una determinada cantidad para fondos reservados,
están diciendo que sólo en esa cantidad puede haber menos
control, que sólo en esa cantidad puede haber menos
transparencia. No cabe, como se ha hecho hasta ahora, el
utilizar mecanismos previstos para el resto de los fondos en
este tipo de fondos reservados. Sólo en la Ley General de
Presupuestos, sólo por ley o disposición con rango de ley se
puede determinar, según nuestra proposición no de ley, la
cantidad destinada a fondos reservados.
En segundo lugar, hemos dicho que unas determinadas
autoridades, autoridades políticas, servidores públicos,
disponen, en el marco de la ley presupuestaria y de acuerdo
con su cuantía, de las cantidades que las Cámaras habiliten.
Nosotros entendemos que, dada la naturaleza de estos fondos,
sólo tres personas del conjunto del Gobierno de la nación, y
sólo esas tres, pueden disponer de fondos reservados; en este
momento, los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia e
Interior y Defensa. Y como la responsabilidad del Gobierno es
personal del Presidente y del conjunto del Gobierno, no puede
suceder que el Presidente del Gobierno esté ajeno a la
disposición de estos fondos, por lo que se establece que esos
tres ministros tienen que informar al Presidente del Gobierno.
En tercer lugar decimos, como corolario de esa disposición
especial que tienen esos tres ministros y las personas, las
autoridades, los servicios públicos a ellos subordinados, que,
con independencia de las obligaciones del registro de
intereses y de las incompatibilidades de los cargos públicos,
algún tipo de obligación especial en declaraciones de su
propio patrimonio debe de acompañar a la correspondiente a las
personas que, de una u otra manera, administran los fondos
reservados.
En este sentido, quiero adelantar ya que también estamos en
disposición de aceptar, al menos en su espíritu, una de las
enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Hemos dicho también que la utilización de los fondos públicos
viene siempre acompañada de un cierto control parlamentario,
que va mucho más allá de la aprobación de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. En ese sentido,
constituimos una comisión de control de la que forman parte
los diputados que, en virtud de una resolución de la
Presidencia de esta Cámara, entienden de los secretos
oficiales. En nuestra proposición no de ley incluimos también
una representación del Tribunal de Cuentas y otra de la
Intervención General de la Administración del Estado, pero
estamos dispuestos a que el Tribunal de Cuentas no esté en el
seno de la comisión sino que sea, como el Gobierno y como las
Cámaras, una de las instituciones informadas por la comisión,
y estamos también dispuestos a que la Intervención no forme
parte de la comisión, que debe ser única y exclusivamente de
control parlamentario, siempre que se asegure que de alguna
manera la Intervención General de la Administración del Estado
está presente en el control y administración de los fondos
reservados.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Villa, le ruego concluya.
El señor MARTIN VILLA: Estas son, señoras y señores diputados,
señor Presidente, las líneas generales de nuestra proposición
no de ley.
De otra parte establecemos la obligación de la comisión, quizá
a través de la Presidencia de la Cámara, de informar al
Gobierno, de informar al Tribunal de Cuentas y de informar a
las Cámaras. También establecemos como obligación y si se me
permite, señor Presidente, señoras y señores diputados, en una
autoenmienda, no solamente para los miembros de la Comisión de
Control Parlamentario sino para todas las autoridades y
servidores públicos que intervengan en esta cuestión, la
obligación --no sólo el derecho sino la obligación--, de
secreto e incluso en relación con las instituciones que los
hubieran designado y elegido.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, estas son las
líneas de esta proposición no de ley que, como he indicado al
principio, creo que es prudente y clara y buena prueba de su
prudencia es que estamos dispuestos a aceptar enmiendas de los
grupos parlamentarios en la línea que he expresado, siempre
que no desvirtúen la intención que la preside y es prudente
también porque ha sido una proposición no de ley que insta al
Gobierno de la nación para que antes del 1.º de octubre
próximo, es decir, antes de la remisión de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1995, envíe a las Cortes
Generales el proyecto de ley que recoja las indicaciones e
iniciativas de esta Cámara. Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores diputados, como reconoce sin
ambages el propio grupo parlamentario autor de la proposición
no de ley que hoy debatimos, la existencia de los fondos
reservados es un fenómeno común de los países de nuestro
entorno. La existencia en definitiva de una determinada
cuantía de recursos públicos destinada a atender necesidades
muy específicas directamente vinculadas a la atención de la
seguridad pública y cuya gestión, en razón de esa misma
finalidad especial, ha de tener un régimen exorbitante, es una
realidad plenamente
asumida en los regímenes democráticos más acreditados.
No ignoro que esto que acabo de decir constituye una especie
de lugar común. Tampoco puedo ignorar que lo que hoy se
discute en primera línea se centra en cómo compatibilizar el
carácter esencial y necesariamente reservado de estos fondos
con la existencia de algún control sobre su uso y gestión que
impida un empleo desviado e ilegítimo de los mismos. Pero aun
en este contexto la reiteración de aquel tópico esencial
primero sigue siendo, en nuestra opinión, útil.
En efecto, no podemos incurrir en el gravísimo error que
supondría encerrarse en una multiplicación de controles que
concluirían por desnaturalizar y hacer inservibles esos fondos
públicos con la consiguiente negativa al cumplimiento de fin
público compartido al que sirven. Más concretamente, es
preciso, en nuestra opinión, en este asunto huir de la
pretensión de lograr la cuadratura del círculo. Todos sabemos
perfectamente que en torno al uso de esos fondos reservados ha
estallado recientemente un «affaire» que ha escandalizado al
país entero. Saquemos las consecuencias oportunas, aportemos a
la opinión pública medidas adecuadas para restablecer su
confianza en el sistema institucional. Desde el Grupo Vasco
entendemos que así se ha procedido razonablemente en el
dictamen que se ha emitido en la llamada comisión Roldán.
Regúlese, en definitiva, el uso de los fondo reservados, pero
no nos dejemos arrastrar por las tendencias demagógicas más
allá de lo razonable, creando de ese modo un problema quizás
más grave que aquel de cuya resolución se trata. Estas ideas
generales que acabo de exponer, señor Presidente, son las que
inspiran la posición enmendante del Grupo Nacionalista Vasco.
Entendemos, en primer lugar, que es bueno y oportuno que se
proceda a la debida regulación de los fondos reservados.
Compartimos plenamente, desde dicha perspectiva, la idea del
grupo proponente. Ha de tratarse de una regulación del máximo
rango, porque así lo exige la propia índole del asunto, y
también que el vehículo adecuado al efecto pueda ser la
próxima Ley de Presupuestos Generales. De ese modo
trasladaremos a la opinión pública el compromiso claro de esta
Cámara de abordar la cuestión y establecer los cauces
adecuados para su solución. En segundo lugar, señor
Presidente, nos parece imprescindible excluir los fondos
reservados del régimen ordinario de las modificaciones
presupuestarias, dado que no se trata de unos fondos
cualesquiera. Teniendo en cuenta que es esencial al fin
público que persigue su disponibilidad con arreglo a un
régimen reservado y exorbitante, es preciso subrayar la
soberanía parlamentaria, estableciendo con todo rigor que por
ley o por otro procedimiento residenciado en esta Cámara, y
sólo por algún procedimiento de ese carácter, podrá ser
ampliada la partida correspondiente.
Este es, señorías, a juicio del Grupo Vasco, el modo
fundamental mediante el cual los representantes electos del
pueblo soberano deciden la propia existencia de los fondos
reservados y determinan su cuantía, previa ponderación de los
fines públicos que han de servir. Consecuentemente, en
definitiva, entendemos que es preciso dar fin a una situación
como la que hemos venido viviendo en la que se aprobaban y
disponían fondos reservados por una cuantía determinada y se
liquidaban los gastos correspondientes por importes bien
diferentes. La propia índole de estos fondos justifica
sobradamente que las nuevas necesidades surgidas en el curso
del ejercicio presupuestario y no atendibles mediante las
dotaciones presupuestarias aprobadas sean sometidas a una
nueva decisión de la Cámara en forma de ley o por otro
procedimiento residenciado en esta Cámara.
Compartimos también plenamente con los proponentes la
necesidad de delimitar rigurosamente el elenco de los
responsables habilitados para el uso de los fondos reservados.
Valdría aquí quizás como explicación complementaria, que la
gestión de unos caudales tan especiales por el régimen de su
gestión y por los fines que han de atender sólo deben estar al
alcance de unos pocos, pero cuenta también en este punto la
consideración de que debe tratarse de los máximos responsables
gubernativos de aquellas áreas del quehacer político en las
que el uso de tales partidas tiene sentido. No procede, por
tanto, a nuestro modo de ver, ampliar a otras áreas
gubernativas ni a otros responsables de rango inferior el
círculo de los habilitados para el uso de estos fondos
reservados. En definitiva, nos parece correcta la tesis de los
proponentes en el sentido de que sean únicamente los Ministros
de Exteriores, Defensa e Interior los habilitados para el uso
de estos fondos; pero eso sí, esa regulación legal debe quedar
perfectamente a salvo que esa delimitación no debe tener
sentido excluyente respecto de las autoriddes autonómicas
correspondientes con competencia en cuestiones de seguridad y
orden público. Para esos casos deben ser los correspondientes
parlamentos autonómicos los que establezcan las limitaciones
oportunas.
Por otro lado, parece obvio reconocer la procedencia de que el
Presidente del Gobierno se halle adecuadamente informado del
uso de los fondos reservados. Este régimen extraordinario que
el uso de los fondos reservados requiere, en razón de su
propia naturaleza y finalidad, debe conllevar el sometimiento
del reducido círculo de responsables habilitados para su uso a
las más estrictas reglas de control en cuanto a los intereses
económicos y el patrimonio de los citados responsables. Esto
no sólo es imprescindible, también se trata del único y
verdadero mecanismo para evitar el abuso y la desviación en el
uso de estos fondos, lo que es a todas luces intolerable.
A nuestro modo de ver, aquí está el verdadero quid de la
cuestión. No puede suceder, no puede volver a suceder que el
abuso en el régimen especial de determinados fondos públicos
permita amasar patrimonios privilegiados de cierta dimensión;
mejor dicho, aquí la verdadera cuestión radica en que ni una
peseta de esos fondos pueda llegar a dichos bolsillos
privados. Los ciudadanos saben muy bien que este es el
verdadero problema, y no la búsqueda o multiplicación de
instancias de control formales. De aquí que compartamos
plenamente la idea de que el patrimonio de los responsables
habilitados para el uso de los fondos reservados sea
transparente y perfectamente conocible para el público, que se
pueda realizar un seguimiento estricto de su evolución, que
ese control se confíe a la Comisión de secretos oficiales,
especialmente cualificada, y que con la propuesta que realiza
el Grupo Vasco vería incrementadas sus funciones. No podemos
compartir, señorías, desde una perspectiva de responsabilidad
y no demagógica, la proyección de controles indeterminados
sobre la gestión de esos fondos, que arriesga, en nuestra
opinión, su desnaturalización y, en definitiva, su incapacidad
para el cumplimiento de los fines que tienen asignados. Este
es, a nuestro juicio, el defecto principal de esta iniciativa.
En sus propuestas finales se pretende resucitar los controles
ordinarios para el uso de esos fondos, pero en la propia
indeterminación de su contenido concreto ya va implícita, a
nuestro juicio, la duda acerca de hasta dónde se arriesga con
ello la operatividad de unos fondos reservados, cuya
pertinencia, sin embargo, no nos atrevemos a discutir.
Entendemos, por nuestra parte, que en esos apartados finales
de la proposición no de ley hay cierta concesión a la galería,
el tributo a un determinado contexto y a una coyuntura, con
olvido relativo de las obligaciones de quien tiene la
responsabilidad próxima. Creemos, por tanto, que estos puntos
finales de la proposición, los números 7, 8 y 9, son excesivos
y que lo relativo a las funciones de la comisión de control
debe ser modificado en el sentido de lo expresado en esta
exposición, para confiar el control de los intereses y el
patrimonio de lo habilitado para el uso de dichos fondos a la
Comisión de secretos oficiales.
Dicho de otro modo, y para concluir, señor Presidente, a
juicio del Grupo Vasco es preciso que esta Cámara determine
estrictamente si hay o no fondos reservados y en qué cuantía,
sin que ésta pueda ser alterada por ningún otro sistema que no
sea con el propio concurso de esta misma Cámara; además, es
preciso circunscribir de modo estricto y muy reducido los
responsables habilitados para el uso de estos fondos y que, en
fin, los intereses económicos y partrimoniales de las personas
habilitadas para el uso de estos fondos estén plena y
absolutamente controlados, de tal forma que no haya una sola
peseta de dinero público que pueda ingresar indebidamente en
dichos patrimonios. Estos son, señor Presidente, los
contenidos de las propuestas que realiza el Grupo Vasco de
cara al control del uso de los fondos reservados en esta
proposición realizada por el Grupo Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está muy
de acuerdo en instar al Gobierno a remitir a esta Cámara un
proyecto de ley que regule la utilización de los llamados
fondos reservados. Por tanto, está de acuerdo con la voluntad
política que ha inspirado esta proposición no de ley que ha
presentado el señor Martín Villa, en nombre y representación
del Grupo Parlamentario Popular. Nuestro grupo, repito, está
de acuerdo en instar al Gobierno a que remita este proyecto de
ley, en primer lugar, porque se trata de hablar con
naturalidad, con normalidad de algo que es normal y natural en
todos los países democráticos, cual es la existencia de estos
fondos reservados, de su utilización por el Ministerio del
Interior, de su utilización por el Ministerio de Defensa, de
su utilización por el Ministerio de Asuntos Exteriores e,
inclusive, de su utilización por Presidencia del Gobierno, por
ejemplo, en la República francesa. Por tanto, es bueno que el
Congreso de los Diputados hable con naturalidad de algo que es
absolutamente normal en el contexto político en que nos
movemos. En segundo lugar, porque ha llegado ya la hora, la
necesidad de que mediante una ley encontremos la fórmula,
pongamos por caso, de explicitar qué entendemos por fondos
reservados, puesto que --en buena parte ya lo ha dicho el
señor Martín Villa y en otra intentaré complementarla-- nos
encontramos con que en esos momentos debemos acudir a una
sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 1992, para
encontrar cuál es el concepto jurídico presupuestario que
alberga la expresión fondos reservados. No tenemos ninguna ley
que hable, precisamente, de la existencia de fondos
reservados, qué son y para qué sirven. Lo intuimos, pero no
tenemos nada --si me permiten decirlo-- legislado o reglado.
En esta sentencia del Tribunal Supremo se dice que los fondos
constituyen una partida presupuestaria que, aprobada por las
Cortes Generales y excluida, por su propia naturaleza y
destino, de cualquier control, queda vinculada a los fines que
constitucional y legalmente son propios del ministerio al que
se encomienda su gestión. Encontramos la necesidad de regular
esto al menos para conocer el concepto que alberga, repito, la
expresión fondos reservados.
Después encontramos la circular número 3, de 1966, de la
Intervención General de la Administración del Estado, que está
desfasada, no solamente en el tiempo, porque es una Circular,
dada la fecha, que está fuera del marco constitucional hoy
vigente, sino también porque tiene una redacción que tanto se
puede interpretar blanco o se puede interpretar negro, y aquí
cada uno hace lo que quiere y cuando quiere en cuanto a la
administración interna de esos fondos reservados, que pueden
ser distintos en el Ministerio del Interior, pongamos por
caso, del Ministerio de Defensa, usando exclusivamente la
misma circular de la Intervención General del Estado.
Encontramos también que los fondos reservados, en estos
momentos, de alguna manera, están reglados por la resolución
de 6 de abril de 1989, de la Dirección General de
Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen
la estructura económica, y nos encontramos, asimismo, que el
Texto refundido de la Ley General Presupuestaria dice que
estos fondos tendrán carácter vinculante y se denominan gastos
reservados. A la vez, para completar toda la normativa
vigente, tenemos un acuerdo del Consejo de Ministros, de 1986,
concretamente de 28 de noviembre, que considera materia
clasificada como secreta, precisamente, a estos fondos
llamados, repito, reservados.
Por tanto, es el momento para proceder a una legislación sobre
los fondos reservados que, a partir de cuanto aquí y en el
Senado se decida, es decir, las Cortes Generales, el Gobierno
actualice esas normativas internas, empezando por la circular
de 1966, y ponga orden donde aparece tanto desorden; desorden
en la reglamentación y, por lo que conocemos, desorden,
incluso, en su gestión interna, en los movimientos de fondos
reservados.
Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con el principio
político que inspira esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, lo que ocurre es que hemos presentado
una enmienda de sustitución por entender que este es un tema
tratado y, si me permiten, resuelto pacíficamente en el seno
de la comisión de investigación sobre los fondos
presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia
Civil en la época del señor Roldán. Hemos transcrito
literalmente aquel acuerdo; lo hemos traído en forma de
enmienda de sustitución por entender que era un acuerdo
pacífico, en primer lugar, y que la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular articula excesivamente lo que va a
ser ese proyecto de ley que demandamos del Gobierno. Es decir,
no es un mandato genérico basado en principios políticos,
aunque también; es una articulación que nosotros encontramos,
en primer término, excesiva y, en segundo término, discrepamos
de algunos de sus puntos, por ejemplo del punto 5 en el que en
esta comisión de control de los fondos públicos hay una mezcla
de representación de legislativo con representación del
Tribunal de Cuentas y del propio Ejecutivo que, sinceramente,
no nos parece oportuna ni, posiblemente, eficaz en el momento
de su actuación. Los puntos 6, 7, 8 y 9, lógicamente, de
alguna manera, tienen que ver con este punto 5 del cual
discrepamos abiertamente.
Por esos motivos nosotros hemos presentado una enmienda de
sustitución, pero anunciamos que, si de la propuesta del Grupo
Popular, corregida mediante las enmiendas del Grupo
Socialista, con las que estamos de acuerdo porque todas las
reservas que he apuntado sobre los puntos 5, 6, 7, 8 y 9
quedan solventadas, y, además, con la aportación del Grupo
Parlamentario Vasco que precisamente va en esa misma
dirección, aunque con una redacción distinta; si el Grupo
Popular aceptase esas enmiendas del Grupo Socialista,
nosotros, con mucho gusto, retiraríamos nuestra enmienda de
sustitución en aras a que la Cámara, de manera si es posible
unánime aceptara esa iniciativa del Grupo Popular, mejorada --
entendemos nosotros-- en la línea que he apuntado, con las
aportaciones del Grupo Socialista y también del Grupo Vasco, y
tuviéramos un mandato inequívoco del Parlamento hacia el
Gobierno para que aquí nos trajera este proyecto de ley antes
de que se vean los futuros Presupuestos Generales del Estado
para 1995 y, además, con esta introducción que nos sugiere el
Grupo Parlamentario Socialista porque, realmente, pone las
cosas en su sitio.
Esta es una proposición del Grupo Parlamentario Popular nacida
a caballo de la investigación de la llamada comisión Roldán;
por tanto, es patrimonio de un grupo pero que puede ser,
creemos nosotros debe ser, ampliamente compartido por la
Cámara.
Mientras ese proyecto de ley --y acoto la disposición de
nuestro grupo--, preserve el carácter secreto de esos fondos,
impida la modificación de créditos aprobados por las Cortes
Generales de espaldas a ellas (por tanto, no estamos en contra
de una ampliación de créditos siempre que previamente a esa
modificación exista una autorización expresa del Congreso de
los Diputados), estaríamos de acuerdo en introducir controles
y fiscalización en su uso por el Gobierno; estaríamos de
acuerdo en separar lo que es el Legislativo de lo que es el
Tribunal de Cuentas y lo que es el propio Ejecutivo y la
propia Intervención General del Estado; en facilitar, por
tanto, el control político de esta Cámara, que debe existir
lógicamente, en el marco de unos fondos reservados, con
absoluta discreción por parte de quienes lleguen a ese
conocimiento y que asegure la fiscalización final del gasto
por parte del Tribunal de Cuentas. Con estas consideraciones,
repito, nosotros estamos predispuestos a retirar nuestra
enmienda de sustitución si, a la vez, el Grupo Parlamentario
Popular aceptase las propuestas que le hace el Grupo
Socialista, mejoradas con la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Enmiendas del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor
Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la
proposición no de ley que hoy nos ocupa, recoge un tema de
actualidad que, como han puesto de manifiesto los anteriores
intervinientes, ha merecido la dedicación y la reflexión de la
Cámara en ocasiones anteriores.
El tema de los fondos reservados debe merecer (y el tono del
Grupo Parlamentario Popular en esta ocasión así lo demuestra)
una tramitación prudente, responsable, sin alharacas, porque
estamos ante un asunto de vital importancia yo creo que para
la defensa del sistema democrático y de las libertades, ya que
a ello se dirigen los instrumentos de la lucha contra el
narcotráfico, como son los fondos, o de la lucha contra la
delincuencia, terrorismo o el crimen organizado. Los fondos
reservados --y en eso coincido claramente con el señor Martín
Villa--tienen una consideración de medios, procedimientos
operativos específicos y fuentes de los servicios de
información imprescindibles para un Estado democrático.
Creemos, pues, que es necesaria la existencia de partidas
presupuestarias destinadas a gastos reservados; que los fondos
son imprescindibles, sin perjuicio de la mejora de los
mecanismos de control existentes en la materia. Es lo cierto
que en los últimos ejercicios presupuestarios se ha producido
una continua modificación de los créditos de gastos reservados
inicialmente presupuestados, y es cierto también que esta
modificación se ha realizado con escrupuloso respeto a la
normativa vigente y, conforme a esa normativa vigente, sin el
previo conocimiento de las Cortes Generales, sí conocimiento
«a posteriori», porque, lógicamente, se publica con motivo de
la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado.
Ahora bien, las especiales características de estos fondos
hacen imposible que en su justificación y control (y en eso
también el señor Martín Villa explicaba su filosofía en esta
proposición) se apliquen las mismas normas y criterios, por la
peculiaridad de estos fondos, que para el resto de los gastos
de carácter ordinario.
En efecto, ha sido citada la sentencia de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 1992, que reconoce que
la exigibilidad de justificantes contables de estos gastos,
precisamente por su naturaleza secreta, resulta harto difícil,
debiendo estar acreditado por el titular del departamento al
que se adscriben los fondos el destino de las correspondientes
cantidades a los fines consignados en los presupuestos.
Creo que con mucha precisión, el señor López de Lerma se ha
referido al marco legal de estos fondos; marco legal que,
efectivamente, aparece orientado en la sentencia del Tribunal
Supremo a que hemos hecho referencia y también en la
jurisprudencia existente y citada, del propio Tribunal
Constitucional. Es cierto que en esta materia, desde el punto
de vista normativo, existe la circular 3/1966, circular de la
Intervención General de la Administración del Estado, que
regula, desde el punto de vista presupuestario, estos fondos.
En la citada circular se dice: Dado el carácter social o
reservado de estos créditos y la discrecionalidad con que
pueden disponer de los mismos los ministros respectivos, los
mandamientos de pagos se expedirán mensualmente por doceavas
partes. En cuanto a su justificación, bastará que por el
titular del departamento se acredite que las correspondientes
cantidades han sido destinadas a los fines para los que
figuran consignados en el presupuesto de gasto. En la misma
línea, la resolución de 6 de abril de 1989, cuando se refiere
a estos fondos, dice: Gastos necesarios para la defensa y
seguridad del Estado y cuya diferencia fundamental, respecto
al resto de los gastos públicos, es la relativa a su
publicidad y justificación.
El artículo 59.3 de la Ley General Presupuestaria establece
que, en todo caso, tendrán carácter vinculante, con el nivel
de desagregación económica con que aparezcan en los estados de
gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y
representativas, gastos reservados y los declarados
ampliables, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la
citada Ley. Los fondos reservados, efectivamente, tienen una
naturaleza clara y un carácter definido como secreto. Tienen,
decíamos al principio, la consideración de medios,
procedimientos operativos específicos y fuentes de los
servicios de información, siendo catalogados como secretos
oficiales, por lo que sólo pueden acceder a ellos, de forma
secreta y conforme a su reglamento, el Congreso de los
Diputados, el Senado, en determinadas circunstancias el
Defensor del Pueblo pero, por ejemplo, no los juzgados y
tribunales.
En efecto, el carácter secreto de los fondos procede de la
aplicación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, y la Ley que la
corrige, la 48/1978, de 7 de octubre, ambas reguladoras de los
secretos oficiales. Y el artículo 4.º de la citada Ley de
Secretos establece que la declaración de secreto corresponde
al Consejo de Ministros y, en aplicación de ello, el apartado
1.4 del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de
1986 atribuye el carácter de materia clasificada como secreta,
reiterando resoluciones anteriores a todas las relacionadas
con la estructura, organización, medios y procedimientos
operativos específicos de los servicios de información, así
como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan
revelarles.
Estamos, pues, ante una materia que, sea cual sea el
tratamiento que le demos, debe merecer ese carácter secreto
derivado de la legislación de secretos oficiales.
El propio artículo 2.º de la Ley de Secretos Oficiales, en
relación con el 13, establece que las actividades reservadas
por declaración de ley y las materias clasificadas no podrán
ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su
contenido fuera de los límites establecidos por la misma. Por
supuesto, cabe una información, con todas las garantías desde
el punto de vista parlamentario, y cabe, eso sí, porque está
regulado y recogido en el Reglamento de la Cámara, y hay una
resolución de la Presidencia de 2 de junio de 1992 en la que
se establece el vehículo por el que se puede acceder por parte
de la Cámara a los secretos oficiales.
Del marco legal expuesto se desprende claramente la
insuficiencia de la circular 3/66, de la Intervención General
de la Administración del Estado; se desprende también la
cierta dispersión normativa; la necesidad de reforzar los
controles con toda la prudencia, incluido el control
parlamentario; controles que deben ser reforzados desde la
responsabilidad y en evitación de una dispersión normativa.
Esta proposición, como han puesto de manifiesto anteriores
intervinientes, no recoge un tema que no haya merecido la
reflexión de esta Cámara. Es lo cierto que la proposición
podríamos calificarla como colectiva, como propiedad de la
Cámara, porque fue presentada el 14 de abril de 1994; pero ya
los días 6 y 7 de abril de 1994 en la Comisión de
investigación que estudia la aplicación de los fondos
presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia
Civil, hubo una serie de comparecencias y de posición unánime
de todos los grupos en el sentido de resaltar la necesidad de
reforzar los mecanismos de control y de establecer un nuevo
marco regulador normativo, en referencia a los fondos
reservados.
A mayor abundamiento, esta Cámara el 20 de abril de 1994, con
motivo del debate de política general sobre el estado de la
Nación, aprobó una resolución unánime del siguiente tenor: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que remita a la
Cámara, en el plazo más breve posible, un nuevo marco
regulador de los fondos reservados que garantice su eficaz
control parlamentario. Así hay también otra serie de
resoluciones con motivo de ese debate. Por ejemplo, en
referencia al gasto establece la necesidad de que cualquier
desviación en las partidas presupuestarias se produzca con la
previa aprobación del Congreso de los Diputados.
En el dictamen de la Comisión de investigación sobre los
presupuestos de la Dirección General de la Guardia Civil por
unanimidad se llega a unas conclusiones, y la decimoctava es
muy clarificadora en materia de fondos reservados.
Mi Grupo parlamentario presenta en esta línea una serie de
enmiendas que cree no vulneran el espíritu de lo acordado
colectivamente y tampoco el espíritu de las intenciones de
esta proposición no de ley.
La primera enmienda hace mención al preámbulo y recoge en el
primer párrafo de la proposición no de ley los precedentes
tanto del estado de la nación como de la Comisión especial de
investigación de esta Cámara a la hora de suscitar la
sensibilidad en torno de una nueva regulación con más
controles en materia de fondos reservados.
Al punto 1, último inciso, presentamos una enmienda de
sustitución que creemos que va a mejorar el texto. Con ella se
exige la previa autorización de las Cortes Generales para que
pueda ser incrementada la dotación en el curso de un ejercicio
presupuestario. Decimos «sólo previa autorización de las
Cortes Generales», aunque efectivamente en la ley que
tramitemos, como fruto de esta proposición no de ley, se
recogerá cómo se regula esa previa autorización de las Cortes
Generales, bien por mero acuerdo parlamentario, bien por Real
Decreto-ley, bien por ley, con qué informes preceptivos,
etcétera. Todo esto lo discutiremos en la futura ley, pero nos
parece correcto poner «previa autorización de las Cortes
Generales» para no dejar tampoco al margen de esta línea de
control y fiscalización al Senado. No podemos sólo centrarnos
en el control parlamentario referido al Congreso, sino también
al Senado, y por ello nos parece más adecuada la expresión
«autorización previa de las Cortes Generales».
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, señor Presidente, continúo con
mucha brevedad. La enmienda al punto 2 es de sustitución.
Corrige el término «Ministro de Interior» por el de «Ministro
de Justicia e Interior» para adoptarlo a la nueva realidad,
pero compartiendo la filosofía de concentración en las
autoridades que tienen capacidad de disposición en estos
fondos reservados. Al punto 3 se propone la adición de un
nuevo párrafo al final del mismo, del siguiente tenor: «La ley
establecerá la participación de la Intervención General de la
Administración del Estado en el control de la gestión de los
fondos reservados con las especificidades que aconseje el
carácter de los mismos.» Será también la ley la que defina
cómo se establece esa participacion de la Intervención General
del Estado.
En el punto 4 se trata de establecer un registro de intereses
de altos cargos que manejan los fondos reservados, registro
específico o especial, y para ello nuestra enmienda dice lo
siguiente: «Sin perjuicio de las normas reguladoras del
Registro de intereses de altos cargos, los Ministros
autorizados a disponer de fondos reservados y las autoridades
a ellos subordinadas, y con acceso a su efectiva
administración y disposición, quedarán obligados a efectuar
una» --lo presento «in voce»-- «especial declaración
patrimonial ante el Presidente
del Congreso de los Diputados. A dicha declaración tendrán
acceso los diputados como miembros de la Comisión a la que se
refiere el punto siguiente.» El punto siguiente centra el
conocimiento de los fondos reservados exclusivamente en una
Comisión parlamentaria que tiene competencias para el acceso a
los secretos oficiales en cumplimiento de la resolución de la
Presidencia de esta Cámara de 2 de junio de 1992; y es ahí
donde residenciamos el órgano de control específico de la
gestión de los fondos reservados. Al punto 6 presentamos una
enmienda también de sustitución. «Los miembros de la Comisión
estarán sujetos» --y, por supuesto, asumimos también el
planteamiento del señor Martín Villa y de las autoridades o
funcionarios intervinientes en esa materia-- «a un deber de
absoluta reserva.»
Al punto 7 presentamos una enmienda de sustitución que dirá lo
siguiente: «Los Ministros habilitados para la utilización de
fondos reservados informarán periódicamente a la Comisión, en
forma acorde con la naturaleza de aquéllos.» En el resto
estamos de acuerdo con el tenor de esta proposición no de ley,
que recoge una reflexión compartida colectivamente por esta
Cámara, una voluntad de mejorar en los mecanismos de control
parlamentario de los fondos reservados, sin merma de la
eficacia, sin merma de la especificidad, sin merma de la
necesidad de la existencia de estos fondos y sin merma también
de la responsabilidad y del secreto en el conocimiento y en el
estudio de los mismos. Nada más y muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente,
porque he de compartir el tiempo con mis compañeros.
Para expresar brevemente la posición favorable de Esquerra
Republicana a una proposición que tiene como objetivo un mayor
control y una mayor transparencia de una materia
presupuestaria tan delicada como son los fondos reservados.
Posición favorable, primero, por convicción democrática y por
izquierdas, porque entendemos que la gestión pública tiene que
estar lo máximo de controlada y lo máximo de transparente, y
que el concepto reservado no tiene que convertirse nunca en el
concepto incontrolado. Posición favorable también por
oportunidad, puesto que han sido los usos y abusos de los
fondos reservados lo que más alarma social ha provocado en
estos últimos tiempos.
Entendemos, pues, que el control y la transparencia, dentro de
los límites posibles, es tan necesario como urgente, porque el
descontrol actual de los fondos reservados ha llevado
fácilmente, como hemos podido ver, a la arbitrariedad o,
desgraciadamente, al puro y duro abuso.
Su regulación, pues, es democráticamente necesaria y lo único
que resulta deplorable es que haya sido la oposición y no el
Gobierno quien haya articulado esta proposición.
Por el contrario, hay que recordar aquí la extraña decisión
que se tomó desde la Mesa del Congreso para evitar que la
oportuna interpelación urgente de Coalición Canaria se viera,
como era en principio legítimo. Sin embargo, como todos los
caminos van a Roma, finalmente bienvenida sea esta
proposición, a nuestro juicio tardía.
Dicho esto y expresada la actitud favorable de Esquerra
Republicana a esta proposición, no podemos, sin embargo,
votarla, puesto que, como integrante del Grupo Mixto (Grupo
que ha quedado incomprensiblemente excluido de la Comisión de
Secretos, con lo que significa de burla de este hemiciclo a
casi un millón de votos, que son los que representamos todos
los integrantes de este Grupo), sería incoherente un voto a
favor. De manera que, a pesar de estar a favor de la filosofía
y del sentido de esta proposición, la exclusión
antidemocrática que padece el Grupo Mixto nos obliga a la
abstención.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero lamentar que no haya sido el Gobierno
quien haya propuesto esta proposición no de ley, sobre todo
después, como nos ha recordado el portavoz del Grupo
Socialista, de haberse aprobado una resolución en esta Cámara.
En este sentido, la felicitación al Partido Popular por
haberla presentado.
Quiero insistir en que los hechos investigados hacen necesaria
la reforma del tratamiento de los fondos reservados y su
regulación por esta Cámara, de forma y manera que, primero, se
garantice su correcta utilización; segundo, se determinen los
niveles de responsabilidad política en su control y
utilización; en tercer lugar, se establezca su control
permanente y periódico por este órgano legislativo, siendo
además necesaria la autorización de esta Cámara para cualquier
modificación presupuestaria de cantidad o destino. Además, se
establece un sistema de registro previo, en los Ministerios
gestores correspondientes, de los fondos reservados, de las
autoridades y funcionarios que gestionen dichos fondos. Todo
ello evitará sin duda la existencia de una Administración
paralela y sin control.
Con ello manifestamos nuestra posición positiva respecto a la
proposición no de ley, pero existe un punto quinto que excluye
a los partidos con representación
en esta Cámara que integran un Grupo Parlamentario y que han
sido arbitrariamente discriminados en la composición de esta
Comisión. Este caso, que ha sido recurrido y mal resuelto por
esta Cámara, está siendo tratado con una lentitud y pasividad
ajena a toda justicia equitativa, que debería caracterizar a
esta Cámara. El tema terminará, sin duda, en el Tribunal
Constitucional. Mientras ese tema no sea resuelto o se
modifique el punto quinto, aunque estemos de acuerdo con la
proposición no de ley, nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente, con
mucha brevedad. Desde Unión Valenciana estamos de acuerdo en
esta proposición no de ley para regular estos fondos
reservados. Entendemos que, naturalmente, tienen que estar
justificados y, al mismo tiempo, controlados por el
Legislativo de este país. No quiero extenderme más. Mis
compañeros ya lo han comentado. Unicamente debo lamentar que
dejen fuera de esta Comisión a casi un millón de votos, donde
incomprensiblemente no se nos permite opinar. Desde Unión
Valenciana entendemos que es inconstitucional. Estamos
siguiendo todos los recursos habidos y llegaremos,
naturalmente, al Tribunal Constitucional; y aunque alguien
pueda entender que es de broma, no lo es, el comparar que aquí
da la impresión de que hay un Grupo mixto como si fueran los
tutsi y que, en definitiva, los hutus son los que no nos
permiten absolutamente ni tan siquiera cumplir con nuestra
obligación. Se está discriminando aquí a unos señores en
función no sabemos de qué ley, pero, naturalmente, no de
aquellas que debe contemplar la democracia en cualquier parte
del mundo y no como si se tratara de una república bananera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, hemos
seguido con mucha atención al señor Martín Villa, en su
defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular, y hemos observado que, en un interés cronológico
evidente por señalar determinadas fechas, no aludía a que,
precisamente un mes antes, había sido formulada, por parte de
Coalición Canaria, una iniciativa para establecer la
posibilidad de control de los fondos reservados. Hemos
observado también en su intervención cómo, con una habilidad
indiscutible, incorporaba, por la vía de la conjunción de las
responsabilidades actuales en el Ministerio de Justicia e
Interior, la posibilidad de que los fondos reservados se
refieran también a competencias propias del Ministerio de
Justicia, cosa que no aparecía, ni remotamente, en el momento
en que fue formulada la proposición no de ley por parte del
Grupo Popular, en cuya fecha --hace dos meses aproximadamente,
y un mes después de la fecha de presentación de la de
Coalición Canaria-- existían separadamente los dos
departamentos ministeriales y, sin embargo, el de Justicia
brillaba por su ausencia en la proposición. Bien está, por
tanto --lo digo en tono elogioso--, que hoy se haya subsanado
lo que evidentemente debió haber sido un simple error material
y se incorpore también, por la vía del Ministerio de Justicia
e Interior, las posibilidades que, en lo que se refiere a las
responsabilidades en materia de justicia, se tienen para la
utilización de tales fondos.
Hace tres meses y pico, como decía anteriormente, Coalición
Canaria formuló una interpelación urgente, precisamente para
conocer cuáles eran los propósitos y el pensamiento del
Gobierno en orden a la regulación de una cuestión tan
escabrosa y que ha hecho tanta mella en la preocupación de los
ciudadanos. Sin embargo, el señor Presidente del Congreso de
los Diputados en funciones en aquella ocasión, el señor
Trillo, no consideró conveniente dar luz verde a nuestra
iniciativa y, posteriormente, en la Mesa, lógicamente con el
apoyo de los miembros del Grupo Popular, se dio al traste con
nuestros deseos tan legítimos y tan lógicos de que se
tramitara la interpelación urgente, profundizando, eso sí, en
lo que debía ser la cuestión de las intenciones y diciendo que
cómo en una cuestión que estaba amparada por la Ley de
Secretos Oficiales íbamos nosotros, aquí en el Pleno, a hablar
de ello. Nosotros, en absoluto, pensábamos producir ninguna
distorsión en tal debate sino que, por el contrario, al
conocer cuáles podían ser los propósitos del Gobierno, en caso
de no conjugarse los mismos con nuestros deseos, traer, en el
Pleno siguiente, la correspondiente moción en virtud de la
cual nos encontrásemos entonces --hace casi tres meses-- en la
situación en que hoy nos encontramos cuando se apruebe, como
es de esperar, la proposición no de ley. (La señora De Palacio
Valle-Lersundi hace signos negativos.) Lo comentaremos
posteriormente en los pasillos, señora De Palacio, porque
ahora me es imposible establecer un debate con S.S. en vista
de los signos negativos que hace.
Pues bien, después de fracasar nuestra impugnación de aquella
decisión por la vía de la reconsideración, nos encontramos,
como antes decía, en lo que era y en lo que animaba nuestro
propósito, por lo cual no podemos sentirnos insatisfechos
sino, antes al contrario, verdaderamente satisfechos de que
hoy se haya traído aquí
esta iniciativa, reproduciendo un deseo que ya explicitó la
Cámara con ocasión de las propuestas de resolución aprobadas
con motivo del debate sobre el estado de la Nación.
Cuando han pasado tres meses de una situación grave de alarma
social, que generó lo ocurrido en el Ministerio del Interior,
hoy sin duda se preguntará la ciudadanía de qué hemos estado
hablando aquí en este entrecruce de cuestiones, de argumentos
y de contrargumentos, absolutamente tecnocráticos los más,
para tratar de dar solución a algo que se demanda por esta
Cámara y, desde luego, por la ciudadanía de todo el Estado
español.
Deliberadamente, como una especie de derecho al pataleo
parlamentario que en muchas ocasiones tenemos, nosotros no
hemos querido formular ninguna enmienda a esta proposición no
de ley. No obstante lo cual estamos de acuerdo con su espíritu
y, además, con la exposición completa y detallada, que con
verdadero sentido de la responsabilidad ha hecho el señor
Martín Villa. Sin duda ninguna. Por eso vamos a votar
afirmativamente, y lo vamos a hacer sin haber querido
introducirnos en la mecánica de las enmiendas, por una razón,
porque para tales viajes no hacían falta las alforjas de las
enmiendas; porque ya cuando el Gobierno remita a esta Cámara
el proyecto de ley correspondiente, por la vía de los trámites
parlamentarios y el procedimiento oportuno, presentaremos
nosotros las enmiendas que, en definitiva, consideremos
pertinentes con la finalidad de mejorar un texto que a buen
seguro siempre será perfectible, para lo cual nosotros, desde
ahora, brindamos toda nuestra aportación. En consecuencia con
ello, termino mi intervención recordando nuevamente que será
positivo el voto de Coalición Canaria a la proposición no de
ley que se ha presentado hoy y en virtud del juego
correspondiente, tras la aprobación por parte del Grupo
Popular de las enmiendas oportunas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olarte.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro Grupo parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya va a fijar su posición sobre esta
proposición no de ley, así como el debate que se ha celebrado
en torno a la misma y las enmiendas que han formulado otros
Grupos de la Cámara.
Se trata de dotarnos de una ley que afiance el control sobre
los fondos reservados. Los fondos reservados se aprueban por
las Cámaras para luchar contra el narcotráfico, el crimen
organizado y el terrorismo, así como para disponer de la
información necesaria que garantice el disfrute de las
libertades democráticas con seguridad ciudadana (esta última,
frase textual de nuestra Constutición) y también para la mejor
defensa de los intereses de España en el seno de la comunidad
internacional.
Son estos fines los que tienen los fondos reservados. En
ningún caso se pueden abonar sobresueldos, atender gastos
protocolarios, comprar traje o bandera, pagar viajes de placer
o financiar guerras sucias, etcétera. En nuestro país hoy hay
una alarma social considerable, que ha ido en aumento al tener
conocimiento de los hechos que se han dado en la Dirección
General de la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior.
¿Cómo es posible que la regulación y el control de los fondos
reservados se siga administrando a través de la circular
3/1966, de la Intervención General de la Administración del
Estado? Dicha circular dice tectualmente: Dado el carácter
social o reservado de estos créditos y la discrecionalidad con
que pueden disponer de los mismos los ministros respectivos,
los mandamientos de pago se expedirán mensualmente por
doceavas partes. En cuanto a su justificación, bastará que por
el titular del Departamento se acredite que las
correspondientes cantidades han sido destinadas a los fines
para los que figuran consignados en el presupuesto de gastos.
Señoras y señores Diputados, cuando se hace lo que se ha hecho
en este caso concreto en la Dirección General de la Guardia
Civil, cuando tiene acceso a esa Dirección General el señor
Roldán, existía un remanente de 106.603.024 pesetas. Cuando
toma posesión el Director general don Luis Roldán existe ese
remanente de más de 106 millones de pesetas.
En 1985 el presupuesto de fondos reservados de la Dirección
General de la Guardia Civil ascendía a 59.271.000 pesetas; en
el año 1986, a 58.382.000 pesetas y en 1987 ascendía a
58.382.000 pesetas. De estas cantiades se produce un ahorro y
con cargo al nuevo Director general se le deja ese remanente
de 106 millones de pesetas. En aquella época no existían cajas
fuertes, había poco gasto y el dinero estaba depositado en el
Banco de España. Cuando se instalan las cajas fuertes y se
pregunta por parte del señor Roldán a un jefe de la Guardia
Civil de cómo se pueden controlar y justificar esos fondos
reservados, le plantea: si usted es creyente, ante Dios; y si
no lo es, si es ateo, ante su conciencia.
Con estos controles tan poco terrenales sabrán SS.SS. que pasa
lo que ha pasado con personas como Roldán. Además, se han
incrementado en el Ministerio del Interior las partidas
destinadas a fondos reservados de la manera siguiente. Hay un
incremento en 1987, respecto al crédito inicial, de fondos
reservados de 1.005.323.450 pesetas. En el año 1988, los
créditos iniciales ascienden a 2.574.811.000 pesetas,
produciéndose
un aumento de mil millones de pesetas. En 1989, de
2.167.011.000 pesetas. Se produce un aumento de mil millones
de pesetas. Y en 1990, 2.781.533.000 pesetas, produciéndose un
aumento de 800 millones de pesetas.
Está claro que con estos aumentos tan espectaculares durante
este período en el seno del Ministerio del Interior, a raíz
ahora de este escándalo y del trabajo de la Comisión de
investigación con estos hechos probados, se produce una
noticia en la que se afirma que en este primer semestre de
1994 los gastos de fondos reservados se han reducido mucho, es
decir, casi a la mitad, lo que pone al descubierto por la vía
de los hechos las irregularidades cometidas en la época
anterior.
En España, la red de confidencias ha sido siempre barata; se
han gastado en algunos años escasamente dos millones de
pesetas, con peticiones documentadas desde las distintas
comandancias y por peticiones de unidades operativas con
cantidades de 100.000, 50.000 y 150.000 pesetas en algunos
casos. Estas peticiones, firmadas y enviadas a las Dirección
General, quedan en los archivos de la Guardia Civil, como
pudimos demostrar con fotocopias, con sello y con fecha, tanto
mi compañera Rosa Aguilar como yo mismo, durante los trabajos
de investigación de la Comisión, y figurará en la relación de
documentos aportados al dictamen que va a debatir este Pleno a
continuación, con toda seguridad, según conforma el orden del
día, el jueves por la mañana. Lo que hay que garantizar
siempre es el anonimato de la fuente informante, pero hay que
ir más allá de lo que se denomina la cadena de confianza.
Hasta ahora, el Gobierno, y en concreto el Ministerio del
Interior, ha utilizado los fondos reservados con un mecanismo
del cien por ciento de confianza y cero de control. Es muy
necesario dotarnos de mayores mecanismos de control y
votaremos favorablemente esta proposición no de ley y las
enmiendas que mejoran su contenido e indican por dónde debe
caminar una ley de estas características para que el Gobierno
también mantenga lealtad en la información veraz a la Comisión
de acceso a materias clasificadas secretas, según esta
documentación. Señoras y señores Diputados, hay que dotarse de
estos mecanismos de control, como existen en otros países,
para que los fondos que se habilitan se destinen a los fines
propuestos y para que las Cortes autoricen cualquier
movimiento, porque, además, esta Comisión se va a cerrar sin
profundizar en este capítulo de los fondos reservados. Es
necesario que ustedes sepan que se han hecho acusaciones
graves y se han hecho a través de medios de comunicación. Se
ha entregado una carta al que fue Ministro del Interior en
esta legislatura, el anterior al actual, don Antonio Asunción.
Quiero transmitirles que acabo de mantener una conversación
telefónica con doña Blanca Rodríguez Porto, que se encuentra
en la Embajada de Chile. (Rumores.) Manifiesta que mostraba su
predisposición a acudir al Juzgado para hacer entrega de la
carta, asegurar que todos los extremos que en ella se vierten
son serios y que se abra una investigación judicial sobre el
asunto. No se trataba en este caso de una persona prófuga,
porque se encontraba en España. La jueza no le recibió
alegando el trabajo que tenía por delante, pero mañana
comparecerá ante ella. No sabemos si se le imputarán o no
delitos, pero hay temas que es necesario investigar. Por el
bien de la democracia española, por el bien del Gobierno, del
Congreso de los Diputados y de la sociedad civil, es necesario
que estos temas se esclarezcan.
Si ahora se exige mayor control es porque hasta ahora no ha
existido ese control. No voy a dar otros detalles, que se irán
poniendo de manifiesto más adelante, cuando se inicie lo que
se debe iniciar a raíz de nuestro voto particular, que será
defendido por mi compañera Rosa Aguilar cuando se aborde el
dictamen. Es necesario cerrar esta página, triste, bananera y
vergonzosa de la utilización de los fondos reservados en
España, para entrar en otro terreno, que sea un terreno del
respeto al Estado de Derecho, a la legalidad y a los fines
asignados a los fondos reservados, que no pueden ser de
ninguna manera, repito, tarea ajena a lo que encomiendan las
Cortes Generales.
Señoras y señores Diputados, los secretos del Estado son tres
o cuatro. Los dedos de una mano son suficientes para hablar de
los verdaderos secretos de un Estado. Lo demás, en algunas
ocasiones, se utiliza como un manto para tapar las fullerías y
los gastos irregulares. Por lo tanto, que no se confundan los
secretos del Estado con ese manto con el que se protegen las
actividades corruptas o ilegales. Hay que acabar con ellas con
una investigación a fondo, exhaustiva, y creando las
condiciones para que en España nos dotemos de los mecanismos
jurídicos necesarios para luchar contra estas prácticas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Martín Villa para expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas defendidas.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a intentar fijar la posición de mi Grupo en
relación con las intervenciones de los distintos grupos
parlamentarios...
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Villa, la intervención de
S.S. no es para fijar la posición del Grupo en relación con
las intervenciones, sino para expresar la aceptación o rechazo
de las enmiendas.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, la aceptación o
rechazo de las distintas enmiendas es una forma
de fijar la posición de mi Grupo. Seguramente no he utilizado
la terminología reglamentaria adecuada, pero, en todo caso, es
lo que iba a decir, que quiero fijar la posición de mi Grupo
manifestando la aceptación o no a las posiciones de los
distintos grupos.
El señor PRESIDENTE: Era expresión que había causado alarma a
la Presidencia. (Risas.)
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, sin tratar de
extender más el diálogo con la Presidencia, doy por seguro que
el señor Presidente tiene más ocasiones para la alarma que la
que yo puedo suscitar.
En primer lugar, he de decir que el Grupo Parlamentario
Popular, a través mío, agradece la posición de todos y cada
uno de los grupos parlamentarios. Todos han manifestado su
posición favorable, los representantes del Grupo Mixto, el
señor González Lizondo, el señor Albistur, la señora Rahola
también lo han manifestado así, aunque han indicado que
votarán en contra. Y que votarán en contra por sentirse --
dicen ellos-- discriminados en virtud de que no pertenecen a
la Comisión que entiende de los secretos oficiales, en
relación con una determinada resolución de la Presidencia de
la Cámara.
Quiero manifestar a los representantes del Grupo Mixto que la
proposición no de ley presentada por mi Grupo hace referencia
a los Diputados que entienden de secretos oficiales, en virtud
de la resolución de la Presidencia de la Cámara, pero no
señala fecha. Bien sabe Dios que no fue así pretendido, pero
si los representantes del Grupo Mixto están intentando --como
ha indicado, me parece, el señor Albistur-- estar presentes,
de alguna manera, en esa Comisión, el tenor literal de esta
proposición, que no hace referencia a una resolución concreta
de la Presidencia de la Cámara, sino a la resolución vigente
en cada momento, permitiría su incorporación. No sé si ésa va
a ser la posición, en definitiva, de la Presidencia y de la
Cámara, pero el tenor literal de esta proposición no de ley lo
permite.
En todo caso, el señor González Lizondo, y me parece que
también la señora Rahola y el señor Albistur, han dicho que
con esta resolución no se tiene en cuenta a un grupo
importante, que ellos cifraban en el número de votos que
tenían tras de sí, de la Cámara.
Tampoco es cierto, o al menos no lo es en su totalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Villa, en este momento del
debate, el turno no es para contestar ni siquiera para
agradecer, como he dicho en muchas ocasiones, a los grupos sus
fijaciones de posición. Es para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas y defendidas. Le ruego se
atenga lo que es la cuestión.
El señor MARTIN VILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Pleno del Congreso de los Diputados es informado, y también
el Grupo Mixto, por la Comisión de control correspondiente.
Voy ya a las enmiendas en concreto. En relación con la
paternidad, el juego de las fechas es claro. Yo he indicado en
mi primera intervención que aceptaba la enmienda al preámbulo
presentada por el Grupo Socialista, en la que se hace una
referencia concreta a las resoluciones de esta Cámara
posteriores al debate del Estado de la nación y a la Comisión
especial correspondiente sobre la gestión presupuestaria de la
Dirección de la Guardia Civil. Entiende mi Grupo que, aceptada
esta enmienda, decae, según los propios términos expresados
por el señor López de Lerma, su enmienda a esta proposición no
de ley. En segundo lugar, nosotros estamos de acuerdo en
modificar el punto correspondiente a los titulares de los
ministerios que son, por así decirlo, competentes en fondos
reservados, estableciendo la nueva terminología de Ministro de
Justicia y de Interior. Señor Olarte, con ello creo que damos
respuesta a su intervención en el sentido de que si nosotros
hablábamos en su día de Ministro del Interior es porque ése
era el título del Ministerio y no lo es en el día de hoy.
Fundamentalmente, aceptamos la posición de los grupos
parlamentarios Socialista y Vasco, que la Comisión esté
integrada única y exclusivamente por Diputados, por los
Diputados a que hace referencia la resolución correspondiente
a la que he aludido antes, pero en el sentido de que el
Tribunal de Cuentas sea informado y que, de acuerdo con una
enmienda presentada también por el Grupo Socialista, la ley
determine la forma en que la Intervención General de la
Administración del Estado está presente.
No entendemos la supresión de los apartados correspondientes,
los apartados 6, 7 y 8, que proponía el Grupo Parlamentario
Vasco, y tenemos, por supuesto, sin demasiado planteamiento
pendenciero, que rechazar las imputaciones que se nos han
hecho, en el sentido de que estas propuestas eran demagógicas
y que era una especie de aprovechar un posible río revuelto.
En ninguna de mis intervenciones, ni en la anterior ni en
ésta, me he referido a personas ni a situaciones concretas. Y
si el señor Presidente me lo permite, y mis débiles ojos
también, voy a leer los tres puntos a los cuales atribuía el
señor representante del Grupo Parlamentario Vasco intenciones
demagógicas o de posible aprovechamiento de río revuelto.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Villa, yo le agradezco el
interés que tiene S.S. por continuar el debate, pero estamos
en una fase que no es de continuación del debate, sino de
expresión precisa de la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, la Presidencia tiene
toda la razón. En todo caso, si frente a
una intervención que si ha estado presidida por algo es por la
ponderación se acusa al grupo y a la persona que lo ha
representado de demagógica, ruego al representante del Grupo
Parlamentario Vasco que lea los apartados seis, siete y ocho y
me diga si realmente puede encontrar cualquier intención
demagógica en la inclusión de esos apartados. Creo que el
Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en nuestra
autoenmienda en cuanto a que el deber de secreto afecte no
sólo a los miembros de la Comisión, sino también a las
autoridades o funcionarios que intervengan en este tema.
Por fin, señor Presidente --y ahora sí que acabo--, no sé cual
es la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No
conozco si va a apoyar o no esta proposición no de ley. Tengo
que decir que nosotros justamente hemos presentado esta
proposición no de ley en este momento para separarla de
cualquier pendencia. Señor Romero, en la vida parlamentaria y
en la vida política hay momentos para la pendencia, momentos
para el acuerdo, momentos para la reflexión y momentos para el
grito, momentos para la construcción y momentos para el
disentimiento. Creo que hoy era el momento para la
construcción, para la reflexión y para el consenso. Ya habrá
otros momentos para otras cuestiones. Ya sabe la simpatía que
personalmente le tengo, pero me parece que, de verdad, se ha
equivocado en el planteamiento.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Cuesta Martínez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, he pedido la
palabra para hacer una precisión. La anuncié desde la tribuna,
pero la reitero para que queda más claro y, sobre todo, para
que también quede en ánimo del proponente o del portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en este debate. Es en relación con
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Introducimos
para conseguir ese acuerdo porque, efectivamente, este debate
es el debate del consenso y, además, debe ser
descontextualizado de conflictos concretos porque esta
iniciativa se refiere a un tema de Estado de gran
importancia,...
El señor PRESIDENTE: Señorías, señor Cuesta, yo les rogaría
que se dejasen de motivaciones y explicasen a la Presidencia
qué enmiendas aceptan y cuál va a ser el sentido de la
votación, porque le tengo que confesar que en este momento
todavía no sé cuál es el texto que se va a someter a votación.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, simplemente quiero
informar a la Cámara y al Grupo Popular de que en la enmienda
del Grupo Socialista al punto 4 de la proposición no de ley
del Grupo Popular introduciremos la expresión «especial» antes
de la referencia a la declaración patrimonial que los altos
cargos deben realizar ante la Presidencia de la Cámara en
relación con aquellos que manejan fondos reservados.
Respecto a la enmienda al punto 6 --el señor Martín Villa
hablaba de autoenmienda--, del Grupo Socialista, de
sustitución, quedaría redactada de la siguiente manera: Los
miembros de la Comisión, las autoridades o funcionarios
intervinientes en relación con este tema estarán sujetos a un
deber de absoluta reserva.
En todo lo demás mantenemos nuestras enmiendas que hemos
constatado que han sido asumidas en su integridad por el Grupo
Popular y por otros grupos de la Cámara. Nada más. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
El señor González de Txabarri tiene la palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente. A los efectos de facilitar a la Presidencia el
ordenamiento del debate y el consenso en la Cámara ante las
distintas posiciones, anuncio que el Grupo Vasco va a retirar
las dos enmiendas que ha presentado a esta proposición. Quiero
decir al señor Martín Villa que lamento haberle entendido mal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
¿Señor Romero?
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, solicito su amparo, de
acuerdo con el artículo 71, para que en medio minuto, al ser
contradicho y aludido por el señor Martín Villa (Rumores y
protestas.), pueda no quedar en indefensión. Son veinte
segundos.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, no ha lugar a turno de
réplica y no ha habido alusiones.
El señor ROMERO RUIZ: No es réplica, ha habido una alusión, le
digo exactamente cuál es. Me ha aludido al decirme que estoy
totalmente equivocado en este debate, cuando he pedido que
haya mecanismos de control porque antes no ha habido
mecanismos de control. Además, una alusión personal; he tenido
que aclarar en mi Grupo que hay simpatía personal, pero no
política.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero confirmar que retiramos nuestra enmienda.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Señor Martín Villa.
El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, quiero manifestar que
sí aceptamos las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista
y que también es cierta la interpretación dada por el señor
Cuesta en relación con que el deber de secreto corresponda no
sólo a los miembros de la Comisión sino a las autoridades,
ministros, funcionarios, que intervengan en estos temas.
Y, señor Presidente, he de decir al señor Romero que estoy de
acuerdo con muchas de sus pretensiones, pero me ha de
permitir, señor Romero, estar en desacuerdo en el día de hoy
con sus modos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
Entiendo, por tanto, que el texto que se somete a votación es
el resultante de la incorporación de las enmiendas del Grupo
Socialista con las modificaciones que ha efectuado el señor
Cuesta y que ha aceptado el señor Martín Villa en el curso del
debate. Vamos a proceder a la votación.
Votación para la proposición no de ley del Grupo Popular sobre
control de fondos reservados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 302; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTERIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
CREAR UN MINISTERIO PARA EL MEDIO AMBIENTE (Número de
expediente 162/000066)
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
crear un ministerio para el medio ambiente. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños, por favor. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con su venia, señor Presidente.
Señorías, lo coherente con la estructura de la Unión Europea,
por lo tanto con la inmensa mayoría de los países que la
integran, lo necesario, a nuestro juicio, dada la confusión
total y falta de estrategia medioambiental --sólo existen
palabras y declaraciones y cuando el señor Borrell presentó
aquí los Presupuestos Generales del Estado dedicó 15 segundos
a las partidas de medio ambiente y nunca pronunció el nombre
completo del Ministerio (Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio ambiente)--, lo funcional, para unir toda
la enorme dispersión que actualmente hay, de partidas, de
funciones, de vertientes, de todo tipo, sería la creación del
Ministerio del Medio Ambiente, que hoy proponemos aquí en
nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En la Unión Europea existe un Consejo de Ministros de Medio
Ambiente. Nueve de los doce países tienen Ministerio de Medio
Ambiente. De los tres restantes, el más descoordinado, sin
duda, el menos ecológico es España. Grecia tiene el Ministerio
de Medio Ambiente y Obras Públicas, al menos cambia la
terminología y carga algo más las partidas a favor del medio
ambiente; Holanda tiene dos Ministerios, hay una cierta
confusión, pero, al menos, han creado un organismo de
coordinación, y Portugal creó el Ministerio de Medio Ambiente
el año pasado. España, para representar los intereses
medioambientales de nuestro Estado en este Consejo de
Ministros de la Unión Europea, para representar todas las
competencias, funciones y vertientes del medio ambiente
tendría que comparecer al menos a través de cinco ministerios:
Ministerio de Agricultura, de Obras Públicas, de Economía, de
Industria y de Exteriores, por lo que se relaciona con la
cooperación internacional del medio ambiente.
Sólo asiste, también consecuentemente, el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y no existe ningún tipo
de coordinación, ni siquiera reuniones previas antes de que
los distintos países se encuentren en la reunión europea de
los ministerios de medio ambiente.
El comité de coordinación que se iba a crear ni se ha creado
ni lo van a crear, en función de la decisión que se adoptó en
el MOPTMA en enero de 1994. Nadie coordina en España el medio
ambiente, nadie se deja coordinar. Y que no se nos diga aquí
por el ínclito representante, quien sea, del Partido
Socialista Obrero Español, que se ha creado el consejo asesor,
porque eso es otra cosa. El Consejo Asesor de Medio Ambiente
es absolutamente externo a la administración, no tiene ninguna
función de coordinación, solamente aconseja, por ejemplo en el
tema del pantano de Itoiz. Y generalmente, hasta ahora, no se
le hace ningún caso.
Hay ejemplos de descoordinación. Voy a citar algunos que
harían ver que España tendría ya que incorporarse a los
países, nueve de doce, que han creado el Ministerio de Medio
Ambiente; y dos están en el camino
de crear dinámicas que conduzcan a la creación de este
Ministerio. El problema de España es que está rompiendo en
función de intereses, posiblemente del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, todas las dinámicas,
todas las dialécticas que conducen a la creación del
Ministerio de Medio Ambiente.
Veamos casos de la falta absoluta de coordinación que impiden
el funcionamiento ecológico en este país. Por ejemplo, el
Convenio de Especies Protegidas, llamado Convenio de
Washington. Participan el Icona, la Dirección de Aduanas y
organismos de comercio exterior. Comercio exterior no consulta
y España es el país que más quejas recibe de importación de
especies protegidas, fundamentalmente de Africa y de América
Latina. No hay ninguna eficacia, ninguna coordinación y cuando
llegan las protestas oficialmente llegan al Ministerio del
señor Borrell y él dice que no tiene nada que ver con los
ministerios, que corresponden a aduanas y comercio.
Otro tema, la conservación de las ballenas. Recuerden ustedes
el santuario de ballenas que se ha creado recientemente en
Méjico. Esta competencia, señorías, la lleva la Dirección de
Pesca de España, que hasta hace poco se dedicaba a cazar
ballenas, estaba en el ámbito de la caza de ballenas y hoy no
tiene gente dedicada a ningún tipo de política
conservacionista. Se negó el Ministerio de Obras Públicas a
que fuese biología marina del Icona y el resto de los países
de la Unión Europea asistieron a nivel de los ministerios de
medio ambiente de los países que en su inmensa mayoría lo
tienen creado.
Un caso más grave todavía --estoy dándoles ejemplos, señores
del PSOE, para que comprendan la necesidad de no seguir
rompiendo las dialécticas que pueden conducir a la creación de
este Ministerio--, el problema de la conservación de especies
marinas, el Convenio de Barcelona, el convenio de la
conservación del Mediterráneo, que lleva veinte años vigente y
ahora se va a renovar, en el plazo de un año. Y resulta que
nadie tiene estas competencias en el organigrama español, ni
Icona, ni Costas, ni el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, ni Pesca, ni Marina Mercante;
solamente se le ha puesto un asesor a la señora Narbona, un
secretario o secretaria con una máquina de escribir, y así
están preparando algo que es de una enorme importancia en
España, ya que somos el tercer país del mundo en flota
pesquera. Sólo se ha improvisado, repito, este asesor, una
persona con un secretario preparando la renovación del
Convenio de Barcelona, mientras los grupos ecologistas
Greenpeace y el resto, están dedicando centenares de personas
a preparar el congreso de Barcelona, a preparar la
conservación de las especies marinas del Mediterráneo. Estos
son unos ejemplos al paso, se podrían poner muchos más, pero
lo que demuestran es que no hay estrategia ecológica. No se va
a hacer en España ni siquiera lo posible: no hablamos, por
tanto, de una estrategia corta de conservación de la
naturaleza, sino de una estrategia nula, incluso contraria a
directivas y niveles de la Unión Europea. Todo son medias
tintas, como incluso la creación de esa especie de centauro
político de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, que no está dando el resultado que se esperaba
porque no puede darlo, por la dispersión, por la falta de
coordinación, por la falta de estrategia de fondo, por la
falta de voluntad, por la falta de presupuesto y por los
inconvenientes constantes que pone el señor Borrell para que
se constituya en España una estrategia de medio ambiente, de
equilibrio ecológico. Otro ejemplo más, señores Diputados,
señores del Gobierno (bueno, el Gobierno, como siempre,
ausente; desde luego es lo mejor que puede hacer), es el
intento, en los momentos actuales, de diluir el Icona en
Estructuras Agrarias. Se intentan romper, repito, todas las
dinámicas que conduzcan a crear el ministerio y a homologarnos
con la Unión Europea; y ahora alguien dirá que no es
necesario, porque hasta ahora todos los estudios que se
realizan en el Ministerio de Obras Públicas y antes en el
Icona (hasta que dimitió don Humberto da Cruz a los nueve
meses porque dice que no se puede hacer nada), encargados por
el señor Borrell, no son para ver qué dinámicas, que
convergencias, que funciones se coordinan, sino para demostrar
desde esta tribuna que no es necesario el ministerio de medio
ambiente, como si en Europa no existiesen ministerios de medio
ambiente, o en España no existiesen consejerías de medio
ambiente. El señor Chaves acaba de ofrecernos la creación de
la consejería de medio ambiente en Andalucía, por tanto, me
parece que la razón está absolutamente justificada. El señor
Atienza --creo que se llama así--, nuevo Ministro de
Agricultura, ha puesto de nuevo a cero el reloj
medioambiental. ¿Saben ustedes que se ha parado el plan de
biodiversidad? ¿Saben ustedes que, según parece, nadie ha ido
a Kenia, donde ahora se celebra la reunión en la que todos los
países van a presentar el plan estratégico nacional de
biodiversidad y parece que nadie ha ido representando al
Estado español? Se va sustituir el plan de biodiversidad por
un simple plan de forestación, que es sólo una parcelita de lo
que es un plan de biodiversidad y se va a intentar pasar,
vender --como ahora se dice-- en el exterior, en reuniones
como ésta de Kenia, de la que por lo visto pasamos, como una
especie de plan de biodiversidad. No hay ideas, todo está
supeditado a un desarrollismo inútil, como acaba de declarar
don Humberto da Cruz. No hay voluntad de creación de una
estrategia medioambiental. Incluso se anuncia en los
presupuestos de 1995 una reducción del 10 por ciento para el
Icona, cuando sólo Itoiz y el canal de Navarra van a llevar
una inversión de 120.000 millones de pesetas, es decir, más de
cuatro
veces lo que se emplea en conservación de la naturaleza en
este país. Por tanto, también se quiere supeditar el Icona al
desarrollismo, al productivismo agrario, superando todos los
esquemas de una posibilidad de política ecológica en este
país.
Las presiones del señor Borrell son muy fuertes, constantes;
su agonía por no perder Medio Ambiente le ha hecho acumularlo
en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero no
tienen ningún sentido. La Secretaría de Estado ni siquiera ha
empezado a coordinar las políticas medioambientales de las
distintas comunidades autónomas. Las peleas ministeriales y la
falta de claridad del Icona han hecho...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le ruego que concluya,
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
... que el señor González haya optado por no gobernar, por no
crear un ministerio de medio ambiente, por no homologarnos a
la Unión Europea. Sólo faltan Holanda, que está muy cerca de
crearlo, y Grecia; Portugal acaba de crearlo. España ha roto
ahora la dinámica con la reducción de los presupuestos del
Icona y en los momentos actuales, con la agonía del señor
Borrell, que conduce al cero ecológico, se están rompiendo las
posibilidades de creación de un ministerio.
Por tanto, nosotros planteamos la creación de un ministerio
que integre la gestión ecológica en España y la cooperación en
esta materia, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y la
calidad de vida. Ustedes aquí, de nuevo, intentarán demostrar
que no es necesario, cuando la descoordinación --sólo he
citado cuatro o cinco casos, les puedo contar cincuenta más--
es ya escandalosa en todos los foros internacionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz. A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Popular. Para su defensa
tiene la palabra la señora Martínez Saiz.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, subo a
esta tribuna para explicar las razones por las cuales el Grupo
Popular ha presentado una enmienda a la proposición no de ley,
del Grupo de Izquierda Unida, por la que insta al Gobierno a
la creación de un ministerio para el medio ambiente. Señorías,
como ya explicó el pasado 22 de febrero mi compañero de grupo
señor Gortázar, no se trata de entrar en un debate sobre si el
organismo coordinador de la política medioambiental, que tanto
necesitamos, deba ser de un tipo o de otro. Con nuestra
enmienda tratamos de dejar muy claro en esta Cámara, una vez
más, la necesidad de que exista dicho organismo con
competencias muy claras y sin que su puesta en marcha suponga
un aumento de la burocracia ni del gasto público. Estamos
seguros de que lo que necesitamos en este momento y en esta
materia es un organismo que actúe y sea eficaz. En el momento
actual, señorías, debe ser prioritario coordinar y poner en
marcha las acciones necesarias para que se cumpla nuestra
legislación básica y las directivas comunitarias, dejando para
más adelante la posible creación de las secretarías de Estado
que propone Izquierda Unida, que sólo harían aumentar el gasto
público en un momento en que los recursos existentes deben ser
aplicados para poner en marcha las medidas necesarias para que
no se siga deteriorando nuestro medio ambiente al ritmo
actual.
Señorías, no podemos seguir asistiendo al espectáculo diario
de ver cómo se incumplen las normas básicas sin que la
Administración del Estado cumpla con su obligación de hacerlas
cumplir, sea quien sea la administración, el organismo público
o privado que las incumpla. Se trata, señorías, de coordinar
adecuadamente las acciones y los recursos estatales con los de
las comunidades autónomas y de las administraciones locales.
Se han dado aquí ejemplos de falta de coordinación. Les voy a
dar uno más sencillo, señorías. En este momento en Doñana,
para medir los niveles piezométricos, hay más de 300
piezómetros, cuyas responsabilidades son de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, del propio Patronato, del
Servicio Geológico de Obras Públicas y del Instituto
Geométrico de España. ¿Quién coordina los resultados de las
mediciones de esos niveles piezométricos? ¿Quién es el
encargado, qué administración, de dar los resultados y de que
se tomen las medidas necesarias para paliar los efectos de
esas bajadas de nivel? Nadie, hasta ahora nadie.
Señorías, se trata de que cuando exista, como existe, un Plan
Nacional de Residuos Industriales se cumpla y no siga
ocurriendo, como hasta ahora, que su realización ha sido un
estrepitoso fracaso, como ha reconocido el propio Ministro
Borrell, por falta de coordinación entre la Administración
central y las comunidades autónomas. Señorías, les quiero dar
un ejemplo ilustrativo que ocurre en la provincia de Cádiz con
una gran factoría de una multinacional, ubicada en Puerto Real
desde hace 12 años, que cumple la normativa en cuanto a
depuración y a lodos residuales y que en este momento ninguna
Administración, ni la local ni la de la comunidad autónoma,
sabe cómo decirle lo que tiene que hacer con sus lodos y que
no paralice la producción. ¿Se puede dar un ejemplo mayor de
falta de coordinación? Es un ejemplo muy sencillo. En cambio,
no hay ningún organismo, a nivel estatal, que haga cumplir a
la Comunidad Autónoma y a la Administración
local sus obligaciones para que esta empresa siga fabricando
sus productos, sin ninguna limitación de espacios, por no
saber qué hacer, después de 12 años, con sus lodos residuales.
Se trata, señorías, de que existan directrices claras sobre la
distribución territorial y por prioridades de los Fondos de
Cohesión referidos al medio ambiente y evitar que sean
distribuidos según las conveniencias del ministro de turno o
los compromisos puntuales del Gobierno. Se trata de que los
proyectos que se presentan en Europa, para ser financiados con
estos fondos, sean para medio ambiente y no para la
construcción de otro tipo de infraestructuras. Señorías, ya la
Comisión Europea ha llamado la atención al Gobierno
precisamente por no cumplir las proporciones en cuanto a la
presentación de proyectos de infraestructuras y de medio
ambiente.
Estamos seguros de que hasta ahora no se ha estado haciendo lo
necesario, desde el Ministerio de Industria, para evitar una
política energética causante de la contaminación atmosférica
por falta de directrices medioambientales claras y globales, y
hay que procurar que no siga ocurriendo. Queremos evitar,
señorías, que la evaluación de impacto ambiental se efectúe
desde el mismo organismo que realiza las obras de
infraestructuras y que para abaratar sus costes no ha tenido,
hasta ahora, ningún interés en realizar las necesarias medidas
correctoras del impacto producido ni el seguimiento de los
planes y medidas de restauración del medio físico.
Se trata de poner en marcha coordinadamente una política de
protección de los espacios naturales, lucha contra la erosión
y desertización, lucha contra los incendios forestales y
política forestal que hasta ahora ha sido llevada a cabo por
el Ministerio de Agricultura sin ningún control externo. Se
trata, como decía, de establecer una coordinación con el resto
de las políticas medioambientales, incluida la de la calidad
del agua. En definitiva, con nuestra propuesta se trata de que
se cree este organismo coordinador para poder avanzar
seriamente en una política medioambiental global donde sean
fácilmente localizables los responsables políticos y
administrativos de una acción tan importante como la de
preservar nuestro medio ambiente. El señor Borrel, señorías,
nos anunciaba el 24 de noviembre de 1993 la elaboración de un
plan nacional del medio ambiente. Deseamos, de verdad, que no
tarde tanto como el PDI y esperamos que antes se cree esa
agencia de medio ambiente que hemos pedido en reiteradas
ocasiones desde el Grupo Popular para que facilite su
elaboración y posterior coordinación.
En resumen, señorías, no vamos a votar en contra de la
propuesta de Izquierda Unida, pero solicitamos que se tenga en
cuenta la nuestra que salva lo esencial, o sea, la
coordinación e independencia, sin caer en los problemas de
gasto público que supondría la creación en estos momentos de
un ministerio para el medio ambiente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
(Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Qué duda cabe de que esta proposición de ley hace falta, es
necesaria. Es cierto que no existe un medio ambiente, como
debía existir, tratado con medios. Es imprescindible tomar
medidas, pero, naturalmente, lo que no se puede hacer es
recortar al mismo tiempo las transferencias que tienen las
diversas comunidades autónomas. Nosotros entendemos que puede
haber un recorte importante. Por tanto, entendiendo que hace
mucha falta esta proposición de ley, creyendo que nuestro voto
no es imprescindible y que luego al elaborar el Gobierno la
ley presentaríamos las medidas correspondientes, tengo que
indicar al portavoz de Izquierda Unida que me parece oportuna,
que estamos totalmente de acuerdo, pero, lógicamente, desde la
posición nacionalista no podemos entender ningún tipo de
recorte en una España de las autonomías y en unas autonomías
que ya tienen transferidas muchas competencias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra
el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco sobre la
proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Previamente a manifestar la posición
definitiva de nuestro Grupo, desaría decir que hemos de tener
en consideración que en materia medioambiental existe un
reparto político del poder, que se comparten unas competencias
que, a la hora de diseñar las políticas de medio ambiente y la
gestión de los diversos instrumentos medioambientales, están
condicionadas por este marco, por este parámetro político
fundamental que, a nuestro juicio, no se ha tenido en cuenta
debidamente en el planteamiento que hace Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, nosotros estamos de acuerdo en que exista un
órgano político, un órgano de la Administración central, en el
que se aúnen e integren las políticas de protección del medio
ambiente, de conservación de la naturaleza. Nos parece
correcto. Esa es la tendencia
que se ha de seguir y de que no se disgreguen esfuerzos entre
diferentes departamentos ministeriales. Pero en este contexto
también hemos de tener en cuenta, como les decía
anteriormente, que el artículo 149.1.23.ª de la Constitución
atribuye a los poderes centrales del Estado, a esta Cámara y
al Gobierno central, potestades para el establecimiento de la
legislación básica en materia de medio ambiente, lo cual viene
a suponer un mínimo común denominador en cuanto al estándar de
protección del medio ambiente. Después, el desarrollo y la
ejecución de la normativa medioambiental, bien sea la aprobada
por esta Cámara, bien sea la aprobada por la normativa
comunitaria, corresponden a las comunidades autónomas. Ese es
el aspecto que, a nuestro juicio, el Grupo proponente no ha
tenido en cuenta correctamente en el planteamiento que ha
sometido a la consideración de la Cámara.
En segundo lugar, a nuestro juicio, la decisión política de
esta Cámara debería ir dirigida, en su caso, a instar al
Gobierno a que integre y aúne las políticas de conservación de
la naturaleza, de conservación del medio natural, del medio
ambiente. Nosotros no somos partidarios de cercenar al
Gobierno central o a cualquier otra Administración pública las
facultades que tiene todo poder público administrativo de
auto-organización. Nosotros entendemos que la labor política
en esta Cámara podría concretarse en instar al Gobierno a la
integración y a aunar las políticas medioambientales en un
órgano político. Pero el escalón siguiente, el de la
determinación y el de la concreción de los órganos en que ha
de desarrollarse esta política medioambiental y de
conservación de la naturaleza, es una manifestación del
ejercicio de la potestad de auto-organización que corresponde
a una administración pública y entendemos nosotros que no
debemos entrar a determinar estructuras orgánicas, reglas de
funcionamiento interno de un Gobierno que, en definitiva,
corresponde realizar al que tiene la competencia en la
materia, que es el Gobierno, en este caso el Gobierno central
y en otros casos el Gobierno de cualquier otra comunidad
autónoma.
En tercer lugar, y sin perjuicio de esta consideración, el
hilo argumental general que sirve de soporte a nuestra
reflexión política, quiero indicarle que en la materia sobre
la que estamos hablando ustedes plantean la creación de un
ministerio con cuatro secretarías de Estado. A nosotros nos
parece exagerado y excesivo, en la medida en que muchas de las
funciones que aquí ustedes determinan son funciones meramente
de ejecución y de gestión de política medioambiental que en
ningún caso corresponden a los poderes centrales del Estado,
en muchos casos corresponden a las comunidades autónomas y en
otros casos corresponden a las administraciones locales. En
definitiva, se decía que en materia de política ambiental
tiene que existir una coordinación. Nosotros estamos de
acuerdo con ello. Pero también hemos de tener en cuenta otra
cuestión, y es que cada poder público, bien sea el Gobierno
central, las comunidades autónomas o las administraciones
locales, que disponen de un cierto nivel de competencia no
propiamente en la materia específica de medio ambiente, pero
sí en saneamiento, en recogida de basuras, en vertederos,
etcétera, como digo, estos poderes públicos, estas diferentes
administraciones tienen su propia autonomía y nadie puede
entrar a tutelar lo que hacen los demás. En definitiva, están
los tribunales para controlar la acción administrativa de los
diferentes poderes públicos y están también los órganos de
control político como estas Cámaras u otras de las comunidades
autónomas, órganos a los que corresponde realizar esta labor.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario no coincide con la
estructura que ustedes dan luego a la proposición no de ley.
Coincidimos con un espíritu que es el de integrar en un órgano
administrativo un órgano de dirección, un centro directivo,
las políticas de medio ambiente, pero no con la política
concreta que ustedes quieren realizar en materia de medio
ambiente en el ámbito de la Administración central. Por todo
lo expuesto, lo sentimos, pero tal y como está la parte
resolutiva de la proposición no de ley no podemos votar
afirmativamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ya expresamos en la sesión del día 22 de febrero, en la
que tratamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular de creación de una agencia de medio ambiente,
manifestamos entonces que estábamos en ese momento, y estamos
también ahora de acuerdo con lo que constituye el fondo de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que entendemos que no es otro
que el de conseguir una mayor coordinación y eficacia de las
competencias ambientales de la Administración central.
Contrariamente a lo que dice el texto de la proposición no de
ley, nosotros creemos que no se circunscribe a dos
departamentos ministeriales sino que, echando cuentas, a mí me
salen hasta seis.
Este Grupo Parlamentario siempre ha defendido que la política
de medio ambiente es interdepartamental, que no se agota en la
gestión de un solo departamento ministerial, el que tenga
principalmente las competencias, sino que debe ser objetivo de
ese departamento ministerial, o del de la administración en el
que residan estas competencias, influenciar todas las
decisiones
y actuaciones políticas de la Administración central para que
sean acordes con la política medioambiental que se ha diseñado
y aprobado por el Gobierno. Es más, esto también nos lo señala
el V Programa comunitario en materia de medio ambiente, que
nos dice que todos los países comunitarios debemos avanzar en
una mayor integración de la política de las administraciones
centrales en la materia. Ahora bien, llegados a este punto nos
planteamos la cuestión de en qué organismo de la
Administración central deben residir estas competencias y la
obligación de realizar esta política interdepartamental.
Nosotros creemos que debe ser un organismo con rango y
capacidad suficiente como la Secretaría de Estado, como ya
manifestamos en la fijación de posición el día 22 de febrero,
cuando debatimos la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular. Manifestado este principio político que
defiende nuestro Grupo Parlamentario, consideramos tanto o más
importante que los responsables políticos al frente de este
departamento tengan unas ideas claras acerca de la política
ambiental que requieren nuestros problemas y, sobre todo, que
sean muy conscientes de cuál es el papel que le toca a la
Administración central en la materia que nos ocupa, teniendo
en cuenta que las competencias ejecutivas residen en las
comunidades autónomas. En cualquier caso, ese es otro debate;
no es el de hoy. El de hoy es un debate de estructura
administrativa y, como decía, nuestro Grupo Parlamentario
entiende que el tratamiento actual en el que las competencias
están residenciadas en una secretaría de Estado es suficiente,
es correcta, por lo que vamos a votar en contra de la
proposición no de ley en cuestión. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder. Finalmente, por el Grupo Socialista tiene la palabra
el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías,
probablemente lo más razonable por mi parte en estos momentos
sería que me limitase a dar la relación de los números de los
muchos «Diarios de Sesiones» donde está reflejado este debate
interminable y recurrente al que nos vemos sometidos sobre el
posible ministerio de medio ambiente. Sería lo más eficaz,
sería lo que me agradecerían SS.SS., pero sería una
descortesía por mi parte para con el grupo proponente de la
proposición no de ley que me obliga a cumplir con esa
necesaria cortesía. Por tanto, debo argumentar por qué nuestro
Grupo se reitera, igual que han hecho cualesquiera de los
otros, en las posiciones que hemos manifestado en tantas
ocasiones.
El primer argumento, el más inmediato y más espectacular sería
el de hacer referencia a nuestra dificultad para apoyar esta
proposición no de ley dada su desmesura, la desproporción,
desde un criterio administrativo e incluso hasta
presupuestario, de hacer la propuesta no ya sólo de un
ministerio, con lo que implica de servicios generales, sino de
un ministerio con cuatro secretarías del Estado. Quien conozca
mínimamente la organización administrativa del Estado español
se tendría que preguntar qué departamento ministerial tiene en
estos momentos cuatro secretarías de Estado. Pero no termina
ahí la cosa. Las necesidades que se describen en el proyecto
implican la creación de dos nuevos cuerpos de la
Administración central de funcionarios destinados a
determinadas funciones. Por si eso fuera poco y en una
paradoja que hace más simpática la reflexión sobre el
proyecto, aquéllo que nace y se justifica como motivado por la
necesidad de coordinación --ese ministerio--, debe llevar una
comisión interministerial que lo coordine con el resto de la
Administración. Esa sería, desde nuestra perspectiva, esa
característica de desmesura organizativa, y no entro en cuál
sea la presupuestaria porque no está evaluada. Pero cualquiera
que tenga una mínima idea del funcionamiento de la
Administración del Estado sabe que algo de esa magnitud
representa todos los años algunos miles de millones de
pesetas. Todo lo anteriormente expuesto sería razón
suficiente, pero sería no sólo descortés que me quedase aquí,
sino también lógicamente ilegítimo, porque la desmesura puede
ser corregida y mediante enmiendas podríamos llevar a una
racionalidad ese proyecto de ministerio de medio ambiente.
Señorías, nuestro Grupo ha expresado reiteradamente que lo
consideramos absolutamente inadecuado respecto de la propia
naturaleza del tema que se dice querer tratar, porque la
temática ambiental tiene una vis expansiva irrefrenable --y
esa no es una expresión de mi cultura profesional, pero la he
aprendido de los juristas que hay en esta Cámara--. Si hay
algo que invade absolutamente todo, en estos momentos, en la
gestión de un Estado es precisamente el tema ambiental.
Tiempos hubo en que lo limitábamos a los problemas de
ordenación del territorio, a los problemas de urbanismo, a los
de transporte, pero, señorías, inmediatamente se ha visto que
la causa y la corrección posible del deterioro ambiental
tienen unas raíces fundamentales en la industria. En estos
momentos las opciones de tipo tecnológico son las que
condicionan la solución o el agravamiento del problema
ambiental. Señorías, hoy es evidente para todos que aspectos
determinados de servicios, como por ejemplo el turismo, son
víctima y causa del problema ambiental. Las pautas de consumo
de nuestra sociedad son la clave para corregir o incrementar
los problemas de generación de residuos. Recientemente --y
esto es evidente para todos-- hemos visto cómo la temática
ambiental cuestiona y condiciona los modelos de desarrollo,
condiciona incluso las relaciones
internacionales y la forma en que se conciben las relaciones
comerciales entre países.
Señorías, es evidente para cualquiera en estos momentos que si
hay algo que sobrepasa la potencialidad administrativa de
cualquier ministerio es precisamente el tema ambiental. En el
resto de Europa se hicieron ministerios de medio ambiente y
hoy muchos gobiernos de nuestro entorno lo que querrían, si
pudieran, era dejar de tenerlos porque tienen que comportarse
con políticas globales de medio ambiente que son absolutamente
gubernamentales. Este razonamiento valdría en cualquier lugar,
pero al hacerlo en España --y es nuestra obligación hacerlo--
hay una segunda inadecuación que viene del propio bloque
constitucional. En alguna de las intervenciones de los
distintos representantes se ha dicho. Estamos reiteradamente
olvidando, señorías, que el artículo 148.1 de nuestra
Constitución dice que la 9.ª competencia es asumible, pero
ahora hay que decir que es absolutamente asumida. Por tanto,
no es sólo la realidad de la gestión de la política ambiental,
sino incluso el desarrollo de la legislación básica y, por
consiguiente, no debe ser ignorado. En el artículo 149.1 la
23.ª competencia exclusiva del Estado se reserva únicamente la
legislación básica, pero hay señorías que están olvidando que
hace aproximadamente un año ha habido una sentencia del
Tribunal Constitucional, concretamente la 329 del año 1993, en
la que se hace una interpretación restrictiva de esa capacidad
de coordinación que tiene la Administración central. Señorías,
estas son realidades. Y si se hace además el recordatorio --
que mi Grupo permanentemente hace-- de que mientras la Ley
7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, tenga el
contenido que tiene, las competencias de gestión de los
ayuntamientos y de las corporaciones locales no pueden ni
deben ser, al menos en nuestra perspectiva, ignoradas. Alguna
de SS.SS. ha echado la cuenta para saber en cuántos
ministerios están repartidas las competencias y
responsabilidades ambientales en nuestro país en estos
momentos, y yo les corrijo, porque el número más alto que he
oído decir es el de seis, y los datos que a mí me ha dado el
Ministerio de Administraciones Públicas lo lleva incluso a
ocho ministerios y a 47 organismos con competencias y
responsabilidades en gestión ambiental, de los cuales once son
de la Administración central y 36 del resto de las
administraciones. Hay señorías para las cuales esto es un
aspecto negativo. Para nosotros es lo contrario. Este es el
reflejo de que nuestra situación, a lo mejor porque hemos
llegado más tarde que otros, está en un camino mucho más
racional, porque lo que estamos es adaptándonos a la realidad
compleja competencial de nuestro estado autonómico y a la
realidad en una temática ambiental que es profundamente
multisectorial.
Señorías, estas razones de inadecuación serían suficientes,
pero déjenme que, aunque no sea más que precisamente para no
defraudar al señor Alcaraz, argumente cómo además de
inconveniente e inadecuado, un Ministerio de Medio Ambiente en
España ahora sería absolutamente innecesario, porque se está
olvidando que en dos reales decretos de los años 1992 y 1993
se creó --por uno de ellos-- un Ministerio de, no me importa
que sea Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, lo que
importa de ese real decreto, señorías, desde un punto de vista
político, es la representación del Gobierno de España en los
consejos europeos, que, corrijo al señor Alcaraz, no se
sientan, son sectoriales por su temática, pero a quien
representan, repito, es al Gobierno de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Dávila, como no
hay turnos en contra y el señor Alcaraz no tendrá ocasión de
replicarle, céntrese en la fijación de posiciones.
El señor DAVILA SANCHEZ: Ruego al señor Presidente que me
excuse el desliz que involuntariamente he tenido. No voy por
ese lado. Quería argumentar simplemente que existe un ministro
que representa al Gobierno de España en los problemas de la
Unión Europea o internacionales; que existe una Secretaría de
Estado en la que lo que menos importa es su composición y más,
en cambio, el detalle de que tenga, entre las
responsabilidades fijadas con toda precisión en ese real
decreto, la de que su objetivo sea generar la estrategia
nacional de medio ambiente, que no será de la Secretaría de
Estado, lo será del Gobierno y lo será del refrendo, apoyo o
posicionamiento que tenga de las Cortes Generales, pero es,
repito, una de sus funciones. La segunda es la de la
coordinación con el resto de las administraciones que tienen
competencias.
Pues bien, señorías, la estructura actual que tiene la
política ambiental en España garantiza las tres interfases
donde es necesario tener un posicionamiento coordinador. Lo
hay a nivel de esas relaciones con la Unión Europea, con el
mundo, a base de esa representación que tiene un Ministro del
Gobierno, siempre y cuando no sea decidido por dicho Gobierno
que sea otro el que lo represente. La interfase que garantiza
la puesta en común y la coordinación de aquellos que tienen
realmente la responsabilidad de gestión, que son las
comunidades autónomas, señorías, esa está garantizada por la
Conferencia Sectorial, que incluso ha tenido la última reunión
en Mahón tan recientemente como en el mes de marzo,
Conferencia Sectorial donde están los consejeros de todas las
comunidades autónomas, de las 17, más la representación
correspondiente de la Federación Española de Municipios, donde
se produce esa coordinación. Por último, y tienen razón
algunas de las expresiones que he oído, no en el sentido de
coordinación, pero sí
de toma de contacto y de escucha de lo que puedan ser los
planteamientos sociales sobre el tema ambiental; por último,
decía, está el Consejo Asesor de Medio Ambiente, cuya sesión
constitutiva ha tenido lugar hace muy poco tiempo. Por tanto,
nosotros creemos, efectivamente, que es innecesario. A fines
dialécticos y a efectos de poner el énfasis en dónde nos
parece la importancia de nuestro posicionamiento en este
momento...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Dávila, vaya
concluyendo, por favor.
El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
A esos efectos, decía estaría dispuesto a aceptar que se
cuestionase hasta qué punto la operatividad, la eficacia, la
dinámica con la que está funcionando el sistema que nos hemos
dotado es la más adecuada, y probablemente, si ese debate
tuviera lugar, nuestro Grupo haría todas las estipulaciones
necesarias para incrementar dicha eficacia.
De lo que sí estamos convencidos es de que no se puede
cuestionar su racionalidad, y como en esta proposición lo que
se cuestiona es la racionalidad del sistema que tenemos y se
propone su sustitución por otro modelo que consideramos
superado, es la razón por la cual nuestro Grupo Parlamentario,
en esta ocasión como en las anteriores, se reitera expresando
su voto contrario a la proposición no de ley que nos ocupa.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Dávila.
Tiene la palabra el señor Alcaraz, a los efectos de indicar si
acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Popular y
defendida por la señora Martínez Saiz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente, pero, como
usted mismo ha constatado, se ha producido un turno en contra
al que me gustaría contestar en cinco segundos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Alcaraz, en este debate, que es un debate tasado, no
existe un turno en contra y, por tanto, no hay posibilidad de
réplica. Cada Grupo Parlamentario fija su posición y,
lógicamente, si la posición es favorable, los argumentos
coincidirán con lo expuesto por el proponente. En cambio, si
la posición es contraria, lo lógico es que haya argumentos que
lo contradigan, pero no hay, insisto, un turno de réplica. Le
ruego que se ciña a lo que se refiere este turno, que es
indicar la aceptación o no de la enmienda.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, yo no sé si usted
ha asistido al debate anterior, pero ha habido una cierta
flexibilidad de la que yo no iba a abusar en este momento.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Alcaraz, en los debates anteriores, cuando se trata de
proposiciones de ley, en el caso de que no se consuma el turno
en contra, puede entenderse, puesto que en ese debate sí que
existe un turno en contra...
El señor ALCARAZ MASATS: Perdón, señor Presidente, me refería
a la proposición no de ley sobre control de fondos reservados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha sido para la
aclaración de enmiendas, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, respondiendo en la
misma línea a la enmienda que se ha presentado, yo lo que
quiero dejar sentado aquí es que, dentro de un año o dos, se
va a crear el ministerio de medio ambiente, lo verán SS.SS.,
porque es inevitable, absolutamente inevitable. Somos la
última nación europea en este camino, incluso por detrás de
Grecia y Holanda; se va a crear, posiblemente en la próxima
remodelación de ministros. ¿Que hay que compatibilizar
transferencias? De acuerdo, totalmente de acuerdo, pero no
inventen ustedes una serie de teorías que no tienen sentido en
una comunidad como es Europa, donde hay un Consejo de
Ministros de Medio Ambiente. (Protestas y pateos.) Espero que
SS.SS. utilicen los pies de otra manera de ahora en adelante,
no sólo para pensar. (Continúan las protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor ALCARAZ MASATS: Contesto a la enmienda diciendo que,
por ejemplo, por lo que no podemos aceptar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, no es
un tuno de contestación a la enmienda. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor ALCARAZ MASATS: Hasta que pueda hablar voy a estar
aquí. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Señor Alcaraz, es un turno para expresar si acepta o no la
enmienda, sin más.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente, pero es que
estoy contestando argumentando en la dirección que lo he hecho
anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No es un turno de
contestación o de réplica de la enmienda.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente.
Nosotros apuntamos, no a la creación de una agencia de medio
ambiente, que sería un camino intermedio cuyo funcionamiento
no ha sido positivo hasta ahora en ninguna comunidad autónoma,
ya lo dijimos en el debate anterior con respecto a una
iniciativa que ustedes presentaron; nosotros mantenemos la
creación de un ministerio de medio ambiente que es
absolutamente necesario para participar en los Consejos de
Ministros de la Unión Europea y que se creará próximamente
pese al señor Dávila y a los pateos de sus compañeros.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Alcaraz. Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la proposición
no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que se insta al Gobierno a crear un
ministerio para el medio ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 17; en contra, 158; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA TRANSPONER A LA LEGISLACION ESPAÑOLA
LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO (Número de expediente 173/000042)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
subsiguiente interpelación sobre medidas que tiene previsto
adoptar el Gobierno para transponer a la legislación española
las directivas comunitarias en materia de salud y seguridad en
el trabajo.
Tiene la palabra la señora Maestro. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para defender, en nombre del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la moción
consecuencia de la interpelación urgente debatida en el Pleno
del miércoles pasado.
Estimo que tanto los datos ofrecidos en el debate sobre la
caducidad de la legislación española en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, como las dramáticas consecuencias que
la ineficacia de la misma y las propias condiciones del
mercado de trabajo están teniendo sobre el incremento
constante de la accidentabilidad de los trabajadores, e
inclusive los datos escalofriantes con respecto a las tasas de
mortalidad por accidentes de trabajo en nuestro país, en
relación con otros países de la Comunidad Europea, fueron
suficientes como para justificar la necesidad... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Maestro. (Pausa.)
Cuando quiera puede continuar.
La señora MAESTRO MARTIN: Estos datos fueron suficientes para
justificar, decía, la necesidad de que nuestro país cuente, de
manera inmediata, con una ley adecuada en materia de salud, de
seguridad e higiene en el trabajo. A todo ello, se añadía, y
justificó la urgencia de la interpelación, la decisión de la
Comisión Europea de llevar al Gobierno español ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimientos
sistemáticos de seis directivas en materia de seguridad en el
trabajo. La más importante de ellas es, sin duda, la
Directiva-marco de 1989, que plantea las condiciones generales
que debe recoger la legislación de los países miembros en
materia de seguridad e higiene. Es evidente que la legislación
española es ineficaz para prevenir las lesiones ocurridas a
los trabajadores en el transcurso de su actividad laboral. De
hecho, los accidentes de trabajo en España, más allá de las
tasas concretas, experimentan incrementos escalofriantes y
continuados desde el año 1984. Asimismo, la legislación es
insuficiente también para conocer el nivel de enfermedades
profesionales en nuestro país o de otras patologías
relacionadas con la actividad laboral.
La legislación española vigente en estos momentos proviene, en
gran parte, de la época de la dictadura, con lo cual las
normas aplicables limitan al máximo la capacidad de
intervención en los trabajadores y orientan
la actuación de la Administración hacia la monetarización de
los daños, reduciendo las actividades preventivas a su mínima
expresión. A lo largo del debate se suscitó, por parte del
señor Ministro, la duda acerca de una afirmación que yo
realicé sobre la existencia de una normativa. En el momento en
que se produjo la intervención del señor Ministro no había
posibilidad de turno de réplica, y aprovecho esta ocasión para
concretar que la normativa a la que me refería es una Orden
Ministerial del 20 de abril de 1946, que dice textualmente lo
siguiente: «Todas las empresas industriales que tengan a su
servicio más de veinte trabajadores fijos vendrán obligadas a
facilitar a sus operarios menores de 21 años un mono azul
mahón como prenda de trabajo utilizable asimismo en los actos
que organice el Frente de Juventudes». Y añadía en su artículo
2: «El período de duración de tal prenda se fijará por la
empresa en su reglamento de régimen interior». Creo que puede
valer la lectura textual para acreditar lo que yo afirmé en el
transcurso del debate. Se plantea, asimismo, un hecho que
intenta acometerse por parte de la moción que ha presentado el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En
estos momentos hay una dependencia casi exclusiva de la
normativa con respecto a la administración laboral. Se
produce, por tanto, una marginación de la intervención de las
autoridades sanitarias, de los servicios de salud, que tiene
unas consecuencias bien concretas que definen la incapacidad y
la marginalidad de las intervenciones en materia de salud
laboral.
Por otra parte, en los últimos tiempos se ha producido una
intensificación del proceso de introducción de nuevas
tecnologías, de nuevos productos químicos, un incremento del
trabajo sumergido del colectivo de no asalariados, que
dificulta aún más el control por parte de la Administración de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
En la moción se hace referencia concreta a un hecho que
hubiera debido facilitar el que el Gobierno hubiese remitido a
esta Cámara, dentro de los plazos fijados, el proyecto de ley
de salud laboral.
En enero de 1992 finalizó el período de debate, de consenso
con las organizaciones sociales de un anteproyecto de ley de
prevención de riesgos laborales que contenía importantes
avances con respcto a la legislación vigente, incluso con
respecto al desarrollo de la propia normativa marco. Por
ejemplo, se introducía un precepto por el cual se prohíbe
contratar con la Administración a todas las empresas
condenadas, mediante sentencia firme, por delitos relacionados
con la seguridad en el trabajo. También se limitaba en este
anteproyecto la posibilidd de celebrar contratos con la
Administración de las empresas que en los tres años anteriores
hubieran sido objeto de sanción administrativa firme, impuesta
por la Comisión de Infracción, que haya ocasionado daños a la
salud de los trabajadores como consecuencia del incumplimiento
de obligaciones en materia de salud laboral. Asimismo, se
reconocía en este texto el derecho de los trabajadores a
paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente y
se incluía la responsabilidad de la empresa principal en
garantizar las condiciones de seguridad y salud de posibles
contratas y subcontratas.
En la moción se hace una cita expresa a los principios que
debe contener el proyecto de ley que el Gobierno está obligado
a remitir a esta Cámara. Se refiere, fundamentalmente, a la
fórmula mediante la cual se garantiza a las pequeñas y
medianas empresas poder contar con mecanismos de protección,
con niveles de cobertura en materia de seguridad e higiene en
el trabajo de niveles semejantes a los de las grandes
empresas. Igualmente se contempla la creación de un órgano
territorial tripartito, en el que esté presente la
Administración central y, en su caso, las comunidades
autónomas, así como los representantes de la patronal y de los
sindicatos, que permita llevar a cabo funciones de
intervención y control sobre las condiciones de seguridad e
higiene en las pequeñas y en las medianas empresas.
Esta situación viene derivada de la constatación de que la
inmensa mayoría de los accidentes de trabajo, y sobre todo de
los accidentes graves y mortales, se producen en empresas de
menos de cien trabajadores. En concreto, se accidentan 85 por
cada mil empleados en grandes empresas, mientras la tasa de
accidentes es del 132 por mil en el caso de la pequeña
empresa.
La mayor parte de los accidentes de trabajo ocurren en
trabajadores que llevan menos de un año de antigüedad. Este
porcentaje es de un 45 por ciento, mientras desciende al 18
por ciento en trabajadores con más de un año de antigüedad. La
situación actual que plantea la reforma del mercado de trabajo
que ha entrado en vigor hace pocos días, introduce casos que
van a agravar la situación de salud de los trabajadores, en la
medida en que institucionalizan el trabajo en precario.
Se puede afirmar que el trabajo en precario es incompatible
con el derecho a la salud, entendiendo que la salud no es una
situación estable, no es una radiografía fija, sino que el
derecho a la salud se plantea como una situación de proceso
dinámico, de interacción social.
La salud, señorías, como el viaje a Itaca, no es un punto de
llegada, sino un proceso dinámico. El nivel de salud es
siempre relativo y está en función de la capacidad individual
y colectiva de ejercer un control sobre los determinantes
socio-económicos y medioambientales de la misma.
La instalación en la precariedad que introduce de una manera
general la reforma del mercado de trabajo, comporta una
situación de inseguridad esencial, estructural y un serio
obstáculo para una efectiva autodeterminación respecto a las
condiciones de vida y de trabajo.
El trabajador precario se ve obligado a aceptar condiciones
salariales, ritmos, jornadas de trabajo que comprometen
seriamente su salud. La precariedad aumenta la invisibilidad
del daño a la salud de los trabajadores, en la medida en que
facilita la transferencia del riesgo laboral hacia colectivos
subatendidos y socialmente débiles, como parados, inmigrantes,
amas de casa, etcétera, excluidos de los circuitos laborales
formales. Se configuran así auténticas bolsas de trabajadores
sometidos a una permanente alternancia de riesgos, cuya
vigilancia sanitaria y cuyo control preventivo se convierten
en un verdadero reto para el propio sistema.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Voy terminando, señor Presidente. Es
decir, la intervención por parte de los servicios de salud en
el control de las condiciones de trabajo de los trabajadores,
en la elaboración de mapas epidemiológicos de riesgo, en el
diseño de sistemas de información y programas de salud
dirigidos a la prevención laboral, plantea en estos momentos
una necesidad mucho más urgente que la que planteaban las
condiciones del mercado de trabajo.
La entrada y salida constante del mercado de trabajo de
grandes colectivos plantea que solamente el sistema sanitario,
a través de servicios de salud laboral, está en condiciones de
garantizar la vigilancia continuada de las condiciones de
salud y de seguridad e higiene en el trabajo. Es por ello por
lo que en el segundo punto de la moción, y con un nivel de
importancia semejante al que se plantea en el punto primero,
por el cual se insta al Gobierno a remitir a esta Cámara, en
el plazo de un mes, un proyecto de ley de salud laboral, se
exige a la Administración el desarrollo reglamentario del
capítulo IV de la Ley General de Sanidad. Recuerdo a S.S. que
la Ley General de Sanidad fue aprobada en el año 1986 y que,
en este momento, el Capítulo IV no tiene desarrollo
reglamentario alguno que le permita ser un instrumento
normativo a la hora de desarrollar servicios de salud laboral
con capacidad de intervenir sobre las condiciones de trabajo.
Les recordaba el miércoles pasado, señorías, que el
desgraciado accidente de Ardystil pudo ser detectado por la
Administración porque se produjo en la única área de salud
que, en la Comunidad Valenciana, tenía un departamento de
salud laboral.
Sin duda, señorías...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino ya, señor Presidente.
Sin duda, señorías, en el caso de ser aceptada esta moción
estaríamos solamente llegando, en última instancia, a
intervenir, con la normativa adecuada, sobre condiciones de
salud y de seguridad en el trabajo que están afectando
gravemente a nuestros trabajadores, que están situándoles en
condiciones absolutamente desfavorables con respecto a las
condiciones de trabajo de otros países de la Comunidad Europea
y, sin ninguna duda, estaríamos situando la capacidad de
intevención del Parlamento al nivel adecuado exigido por la
realidad en estos momentos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor
Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Señor Presidente, evidentemente, no
se trata de repetir el debate que tuvo lugar con motivo de la
presentación de la interpelación la semana pasada, pero creo
que es una lástima que, a pesar de lo extenso de la
intervención de la señora Maestro, no hayamos podido conocer
criterio alguno respecto a la aceptación o no de la enmieda
que plantea este Grupo, así como a las de otros grupos. Y lo
digo con el mejor ánimo, porque ciertamente nuestra posición
sería distinta en el supuesto de aceptación que en el supuesto
de rechazo.
Señalaré, con toda brevedad, que el objeto de nuestra enmienda
ha sido simplificar la formulación para permitir un mejor
diálogo, una mejor consulta a los agentes sociales y no partir
de un texto cerrado que, en algunos aspectos --como bien
reconocía la señora Maestro--, podría haber quedado obsoleto.
Nuestra formulación buscaba una sencillez máxima, y tiene ese
nivel de exigencia que creo que ya es imperativo desde
diciembre de 1992. Pienso que no se puede permitir el Gobierno
español mayores retrasos, y de ahí que vayamos al plazo de un
mes, porque creemos que ese plazo es suficiente. Por eso
opinamos que nuestra formulación simplificaría o facilitaría
un proyecto de ley último que, a tenor de las iniciativas
anteriores de este Grupo, podría venir a la Cámara. No nos
gustaría, en absoluto, que quedase la sensación de que lo que
denominamos prevención de riesgos profesionales fuese un
asunto monopolísticamente utilizable por ningún grupo. Somos
varios los grupos parlamentarios que ya hemos manifestado
nuestra inquietud y nuestra preocupación por este retraso. El
propio Grupo Popular lo hizo bien recientemente, en el pasado
mes de mayo, y recibió una explicación que, si no era del todo
satisfactoria, por lo menos permitía situar, en la medida de
lo razonable, el proyecto de ley en esta Cámara. Por ello,
insisto, no habría ningún inconveniente
en apoyar el segundo punto de su moción, pero, respecto al
primero, le agradeceríamos que aceptase la enmienda que
formula nuestro Grupo, más que nada, insisto, para desde esa
posición abierta facilitar la consulta y el diálogo a los
agentes sociales y evitar reiteración de situaciones que por
falta de diálogo, y bien recientemente, han dificultado la
solución de problemas del volumen, de la importancia y de la
gravedad del que hoy nos ocupa. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser breve, atendiendo al deseo de los
compañeros. Del debate suscitado la semana pasada con respecto
a la interpelación que ha dado lugar a esta moción básicamente
se podrían sustraer dos claras conclusiones: una es la
disparidad de datos y de criterios al utilizar los mismos, que
lleva claramente a hacer diagnósticos distintos a la hora de
analizar la realidad del mundo de la seguridad e higiene de la
salud laboral en nuestro país, y estos diagnósticos dispares
en algunos casos nosotros no podemos compartirlos sin más.
Ahora mismo acabamos de escuchar una reflexión o una
referencia en torno a la reforma laboral y, como todos ustedes
saben, la propia reforma laboral se ha preocupado de
introducir directivas en materia de seguridad e higiene que se
han aprobado por la Comunidad hace unos meses, directivas
relacionadas con la protección al menor, con el trabajo
nocturno, con el trabajo a turnos, incluso en materia de
ergonomía.
La segunda conclusión que se deriva de ese debate, incluso de
la intervención que hemos escuchado anteriormente, es que se
constata una realidad ya conocida e incluso debatida en otras
ocasiones en la Cámara, cual es la siguiente: hemos
incorporado --y eso hay que decirlo con rotunda claridad-- un
número muy importante de preceptos de las directivas
comunitarias en materia de seguridad e higiene a nuestra
normativa jurídica, y eso hay que tenerlo bastante claro. En
segundo lugar --y también hay que decirlo con absoluta
claridad--, falta una serie de directivas por incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al primer elemento, he
de decir también que lo que hemos incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico se ha hecho de una manera poco
sistemática. Por tanto, la realidad que yo creo, en la que
todos los grupos estamos de acuerdo, todos los grupos y el
propio Gobierno, tal y como manifestó la semana pasada el
Ministro de Trabajo y anteriormente el Secretario General de
Empleo, es que se necesita una ley que sistematice lo que ya
hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico y, en
segundo lugar, que esa ley recoja, transponga lo que es la
directiva-marco, y no sólo la Directiva-marco 89, sino también
otra serie de directivas relacionadas con la maternidad, los
jóvenes, los trabajos temporales, etcétera.
En definitiva, ese proyecto de ley deberá constituir la
legislación general a contener en el Derecho necesario, es
decir, el mínimo indispensable en materia de salud laboral.
Llegado a este punto, también convendría recordar a la Cámara
que, en cualquier caso, tanto la interpelación como la
consecuente moción se han producido después de que el mes
pasado, como bien ha recordado el portavoz del Grupo Popular,
el Secretario General de Empleo nos explicara en la Comisión
de Política Social y Empleo tanto el contenido del
anteproyecto de ley de salud laboral, que ya ha elaborado el
Gobierno, como el proceso que había iniciado y que en estos
momentos se está realizando tanto de consultas internas como
externas con los agentes sociales y el resto de las
administraciones públicas que tienen competencia en esta
materia; incluso nos situó en el segundo semestre de este año
el calendario para traer a esta Cámara dicho proyecto de ley.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda que, en definitiva,
pretende recoger la esencia de la discusión que hemos tenido
la semana pasada y que tenemos en estos momentos. Por una
parte, se trata de instar, en un plazo razonablemente breve,
al Gobierno para que presente dicho proyecto de ley de salud
laboral y, de otra, recoger los propios criterios del
Gobierno, ya expuestos en la Cámara, en cuanto al proceso en
el que ya está inmerso el anteproyecto de ley de consultas a
los agentes sociales y a las administraciones públicas que son
competentes en la materia.
Por lo tanto, recogiendo claramente el objetivo que se
pretende, tanto con la interpelación como con la moción,
pensamos que se puede estar en condiciones de aceptar nuestra
enmienda.
Quisiera terminar señalando que, aunque nosotros hemos
presentado solamente enmienda al punto uno de la moción,
nuestro Grupo está en condiciones de aceptar el punto dos en
los términos en los que ha sido expuesto por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Sobre la interpelación de la semana pasada dijimos ya que era
oportuna porque dio pie al Gobierno a comprometerse ante la
Cámara a presentar el texto de la
ley de salud laboral, título provisional, ya veremos cómo se
llamará definitivamente.
Nos parece que, si a la moción que hoy presenta Izquierda
Unida se incorporase la enmienda del Partido Socialista,
estaríamos recogiendo ese compromiso del Gobierno para traer
aquí el texto de esa futura ley, que es lo que ahora nos
interesa; lo que ahora nos es urgente y útil es el texto del
proyecto de ley. Por tanto, mi Grupo votará favorablemente la
moción si se incorpora la enmienda del Partido Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Maestro, a efectos de expresar la
aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Para manifestar que mi Grupo va a aceptar la enmienda
planteada por el Grupo Socialista. Entendemos que la enmienda
planteada por el PP puede encontrarse reflejada en las
condiciones que plantea la enmienda del Grupo Socialista. De
todas maneras, me cabe la duda de si el texto que tiene la
Presidencia con respecto a la enmienda corresponde exactamente
a lo que finalmente ha sido objeto de transacción entre el
Grupo Socialista y el Grupo federal de Izquierda Unida.
La enmienda transaccional planteada por el Grupo Parlamentario
Socialista que definitivamente se acepta dice lo siguiente, en
cuanto al punto uno: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que antes del 31 de octubre remita a las Cortes,
previo diálogo con los agentes sociales y comunidades
autónomas, un proyecto de ley de salud y seguridad en el
trabajo que lleve a cabo la transposición de la Directiva
marco, Directiva 89/391 de la Comunidad Europea, relativa a la
aplicación de las medidas para promover la mejora de la
seguridad y salud en el trabajo, que contenga, entre otros,
los siguientes principios:
»Primero, derecho de los trabajadores a la propia salud,
seguridad e higiene en el trabajo, así como a la información y
participación en el marco de las cuestiones que afectan a la
seguridad y salud en el trabajo. »Segundo, promover la salud,
seguridad e higiene en el trabajo de todos los trabajadores,
de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva
marco 89/391 de la Comunidad Europea.»
El segundo punto se mantendría en las condiciones del
planteado por la moción. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista, con la transacción leída por la
señora Maestro que sustituye al punto primero de la moción,
sometiéndose el punto segundo en los términos originales de la
misma. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 270.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS PARA EVITAR QUE SEA APROBADO EL ACTUAL PROYECTO DE
REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL SECTOR
VITIVINICOLA (Número de expediente 173/000043)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre medidas para evitar que sea aprobado el
actual proyecto de reforma de la Organización Común de Mercado
del sector vitivinícola.
Tiene la palabra el señor Isasi. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor ISASI GOMEZ: Este Diputado no se hace responsable de
que hayamos llegado a esta hora; será por la presión de toda
la tarde y el desarrollo de la sesión de toda la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sí, señor Isasi, pero
no olvide que tiene diez minutos.
El señor ISASI GOMEZ: No obstante, señor Presidente, yo
estaría dispuesto a dar por defendida esta moción si el resto
de los Grupos retiran sus enmiendas y prometen votar a favor
de la misma. (Risas.) O sea, no está en mi mano. Señor
Presidente, señorías, en esta ocasión intervengo para defender
ante el Pleno de esta Cámara la correspondiente moción como
consecuencia de la interpelación urgente sobre las medidas del
Gobierno para evitar que se apruebe el actual proyecto de
reforma de la Organización Común de Mercado del vino, que
debatimos el pasado miércoles con el Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
El pasado 21 de abril, señorías, ante la pasividad del
Gobierno español... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Isasi. Señorías, por favor, silencio. (Pausa.)
Continúe.
El señor ISASI GOMEZ: ...y a instancias del Grupo Popular
debatimos y finalmente aprobamos por unanimidad, a excepción
de algún Grupo de la Cámara que no estuvo presente en aquella
sesión, una proposición no de ley que finalmente se convirtió
en el único texto de la posición española frente a los
documentos conocidos hasta entonces para la reforma de la
Organización Común de Mercado del Vino.
Posteriormente, el 11 de mayo, el Colegio de Comisarios de la
Unión Europea dio luz verde al proyecto presentado por el
Comisario de Agricultura, con leves modificaciones, que el
pasado miércoles, en el debate de la interpelación, el
Ministro de Agricultura nos quiso vender como las grandes
consecuciones del Gobierno español, cuando lo cierto es que
éste no envió ni un solo papel o documento que fijara la
posición de España. Es verdad que en aquella reunión del
Colegio de Comisarios se consiguió mejorar muy levemente un
pequeño porcentaje de la financiación, pero que todavía está a
años luz del resto de las OCM y al mismo tiempo se eliminó la
obligatoriedad de suprimir masa vegetal de viñedo en el seno
de la Unión Europea.
Pero esto para los españoles no es más que un espejismo,
señorías, porque, como les decía el pasado miércoles, se nos
ha impuesto una reducción de nuestra producción media nacional
absolutamente infumable, la más alta de todos los países de la
Unión, ello a pesar de ser España el tercer país productor de
uva. Aquí, señor Presidente, señorías, reside una de las
mayores trampas de esta reforma, porque los países del centro
y norte de la Unión que nos quieren imponer --espero que no
con la firma de don Felipe González-- esta nueva OCM disponen
de margen de maniobra suficiente como para no tener que
arrancar ni una sola cepa, a la vez que cumplen con su cuota
de reducción de la producción reduciendo sus rendimientos por
hectárea, que, como les recordaba también el pasado miércoles,
disponen de unos rendimientos de hasta 200 hectolitros por
hectárea, mientras que los vinicultores españoles para cumplir
con la reducción de nuestra producción en siete millones y
medio de hectolitros impuesta por quienes no se les puede
calificar de otra manera que auténticos enemigos de España, no
les queda más remedio que arrancar sus viñas, cuya superficie
se estima en unas 400.000 hectáreas de masa vegetal de viñedo,
puesto que nuestros vinicultores, señorías, que están sujetos
a unas prácticas de producción tradicionalmente aceptadas en
defensa de la calidad, como, por ejemplo, la prohibición de
riego de nuestras viñas, la poda, tienen unos rendimientos
medios de alrededor de 22, 23 hectolitros por hectárea, por lo
que les es imposible acogerse al recurso de la disminución de
los rendimientos. Por eso, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, como españoles, pero, sobre todo, también como
representantes legítimos de la soberanía nacional y, por
tanto, también de nuestros agricultores y, ¿por qué no
decirlo?, por patriotismo, no podemos admitir esta reforma que
supone una auténtica ofensa para todo el pueblo español,
porque no se olviden SS.SS. que esto no solamente afecta a los
que directa o indirectamente están implicados, esto nos afecta
a todos los españoles por la trascendencia que tiene este
sector en la práctica totalidad de las comunidades autónomas y
provincias españolas, en muchos casos, en muchas ocasiones sin
otras alternativas de cultivo.
Esto afectaría nada más y nada menos que a más de 30.000
puestos de trabajo directos, al sector servicios, a la
industria fabricante y suministradora de maquinaria y bienes
de equipo, sin descartar el gravísimo impacto medioambiental
que supondría en nuestro país, ya gravemente amenazado de
riesgo real de desertización, según reza en los informes de la
propia Unión Europea. Por todo ello, y porque desde España no
podemos admitir que en el seno de la Unión Europea, a la que
pertenecemos de pleno derecho, se perpetúe en el tiempo la
fabricación de vino con azúcar de remolacha, o sea, con
productos ajenos a la uva, introduciendo en el mercado más de
20 millones de hectolitros de este brebaje que ellos pretenden
identificar y competir con nuestros mejores vinos, unos de los
mejores del mundo, presentamos para la aprobación en el Pleno
del Congreso de los Diputados la siguiente moción para que
sirva de posición formal de España respecto de la reforma de
la Organización Común del Mercado del Vino y para que nuestro
Gobierno negocie en las instancias de la Unión con este
mandato de la soberanía nacional, puesto que, además,
señorías, teniendo en cuenta el tema de que se trata y por
doble motivo sin duda los españoles podrían entender, tras los
resultados electorales del pasado 12 de junio, que el Gobierno
socialista unilateralmente, aunque sin duda sería legal, al
menos moralmente estaría desautorizado para comprometer los
intereses de España en Europa. Señorías, la moción consta de
cuatro grandes apartados. En el primero de ellos se pretende,
de alguna manera, ratificar por el Pleno de esta Cámara el
texto de la proposición no de ley aprobada ya en la Comisión
de Agricultura del pasado 21 de abril y que viene relacionada
con los puntos uno al diez de la moción. En el segundo
apartado, como primer punto, y creemos que de manera
fundamental, pedimos que se rechace la reducción de producción
asignada a España en la propuesta aprobada por el Colegio de
Comisarios el 11 de mayo y que, en todo caso, que esta
reducción, si fuera necesario, después de rechazar la
chaptalización, se estableciera proporcionalmente a los
rendimientos de cada país.
Por otra parte, que se tengan en cuenta las consecuencias que
sin duda va a tener el acuerdo recientemente adoptado sobre el
GATT, que no se prevé en la reforma de la Organización Común
de Mercado.
Que se garantice, en el peor de los casos, si fueran incapaces
de que a nuestro país no le afectara el arranque de los
viñedos, ni en tanto en cuanto se establezca el sistema de
chaptalización o fabricación de vinos, o se establezca el
actual régimen de rendimientos y no se homologuen, repito, si
el Gobierno español fuera incapaz de suprimirlo de una
organización moderna, en todo caso, solicitamos la exclusión
de ese régimen de destilaciones y arranque de viñedos de las
regiones amparadas por denominaciones de origen y otras normas
de calidad. Ayer mismo, en la Comisión de Agricultura
aceptamos un apartado final del propio Grupo Vasco.
En el apartado c) de la propia moción se pide que el Gobierno
proceda a la elaboración urgente de un informe sobre las
repercusiones que este proyecto de organización común de
mercado puede tener en las distintas provincias y regiones o
comunidades autónomas de España.
Por otra parte, en otro punto, se solicita que se garantice la
dotación presupuestaria suficiente para financiar las
destilaciones vínicas de la misma manera y en las mismas
cantidades que se pagan a los vinicultores franceses, alemanes
o italianos. No podemos consentir, esta Cámara no puede
consentir que nuestros vinicultores tengan unos precios para
las destilaciones sensiblemente inferiores a los de sus
compañeros agricultores franceses, italianos o alemanes. Por
otra parte, también pedimos en esta moción, de acuerdo con lo
que está demandando el propio sector, que la denominada
vendimia verde tenga una compensación económica de al menos
100.000 pesetas por hectárea para rendimientos de 20
hectolitros por hectárea.
En un cuarto apartado se pide al Gobierno de una forma clara y
contundente que utilice los mecanismos que la propia
legislación o reglamentación europea establecen para rechazar
de plano esta propuesta de reforma de organización común de
mercado del vino, a través del derecho a veto, si no se
modifican los planteamientos que en estos momentos se
sustentan. Alguna vez tendrá que ser que el Gobierno español
haga uso del derecho al veto, con aquel principio denominado
«principio de Luxemburgo»; en todo caso, que pida a otros
países con problemas semejantes a los nuestros, que los hay --
y este Grupo Parlamentario y este Diputado han mantenido
contactos con representantes de otros países que tienen
problemas semejantes a los nuestros,...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, le ruego
que concluya.
El señor ISASI GOMEZ: Termino, señor Presidente.
Entendemos, señorías, que existen otros países con los que,
pidiendo su colaboración, podríamos hacer un frente para
conseguir la minoría de bloqueo e impedir que se apruebe esta
Organización Común de Mercado del Vino, esta propuesta de
Organización Común de Mercado.
Por todo ello, señorías, y terminando de verdad, les pido el
voto favorable para esta moción que de forma un poco
acelerada, por las circunstancias de la hora y del momento,
les he presentado.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Isasi.
A esta moción se han presentado tres enmiendas. La primera de
ellas es del Grupo Vasco (PNV).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la Comisión Europea ha planteado una propuesta de
reforma de la Organización Común de Mercado del sector del
vino que, a pesar de contener algunos avances respecto a las
ideas desarrolladas por la comunicación de la Comisión de
julio del año pasado, perjudica al conjunto de las zonas cuya
economía local cuenta con una fuerte especialización en la
actividad vitivinícola, con pocas alternativas de producción.
Señorías, es admitido por todos los grupos políticos que es
necesaria una reforma de la OCM del vino, puesto que, desde su
entrada en vigor, han ingresado en la Comunidad Europea
países, como España y Portugal, cuyas características han de
ser plasmadas, de alguna manera, en la reforma de la
Organización Común de Mercados del Vino. Pero es, además,
señor Presidente, un argumento segundo el que hace fundamental
la reforma de la OCM del vino, es decir, los excedentes
vinícolas que se están produciendo en Europa debido al
descenso en el consumo de las diversas modalidades de vino, lo
cual hace necesario equilibrar la demanda con la oferta a
efectos de que no se produzcan grandes excedentes en el
mercado vinícola.
Aceptadas estas premisas o estos parámetros de actuación, en
lo que no coincidimos es en el modelo de reforma de la OCM
propuesto por la Comisión Europea, al contener una
obligatoriedad generalizada en el arranque de viñedos y en la
destilación. A nuestro juicio, los excedentes en el mercado
del vino, sobre todo en los que no disponen de un estándar de
calidad, no se atajan de forma coherente, puesto que el
proyecto de reforma propone medidas de saneamiento del mercado
que no priman satisfactoriamente la calidad. Es preciso
indicar que, en relación a la cuota de referencia, establecida
principalmente en función de las producciones de los últimos
cuatro años, no se está teniendo en cuenta. Mientras que en
España se ha procedido a un importante esfuerzo de arranque de
viñedos,
otros países han ido paulatinamente aumentando su superficie
vitícola. Señorías, la propuesta de reforma consolida la
práctica de la chaptalización, es decir, el enriquecimiento
artificial del grado alcohólico del vino mediante la sacarosa,
que es lo que está suponiendo un incremento de excedentes
vínicos en el mercado europeo, produciendo, paradójicamente,
efectos contrarios al de reequilibrio que pretende lograr la
propuesta de la Comisión Europea o la reforma de la OCM del
vino.
Asimismo, otros sectores agrícolas han sido reformados con
anterioridad, de acuerdo con unos principios genéricos, en los
que debía de basarse la reforma de la PAC en su conjunto, y
que han supuesto un fuerte incremento del gasto en el
sostenimiento de dichos mercados. Sin embargo, en el proyecto
presentado por la Comisión para la reforma de la OCM del vino
no sólo se respetan dichos principios, sino que, además, se
propone un recorte presupuestario del 30 por ciento.
El proyecto de OCM del vino va más allá de las obligaciones
del GATT, no respeta los principios básicos de la reforma de
la PAC, la unidad de mercado, la solidaridad financiera, la
fijación de la población en medio rural y el respeto al medio
ambiente. Recurre la propuesta de la Comisión a una
interpretación arbitraria de la subsidiariedad con el único
fin de recortar el gasto en el sector vitivinícola, mientras
que se incrementa el de los sectores característicos de la
agricultura del centro y del norte de Europa. El proyecto de
reforma de OCM carece de instrumentos que permiten calificarla
como organización. De hecho, una vez realizadas las acciones
previstas, como abandono definitivo, la Comisión no contempla
instrumentos para regular el mercado, ya que los previstos no
se pueden considerar como tales. Este planteamiento carece de
antecedentes en las organizaciones comunes de mercado ya
reformadas, que cuentan con unas ayudas destinadas a compensar
la pérdida de renta en base a unas dotaciones presupuestarias
acordes a sus necesidades. Sin embargo, para el sector
vitivinícola la Comisión propone un recorte presupuestario y
un debilitamiento de la protección, sin establecer mecanismos
compensatorios adecuados.
El proyecto de Organización Común de Mercado ha perdido
también el carácter de común, estatalizando sus principales
medidas. En general, la Comisión da muchas potestades a los
Estados en la aplicación de la organización común, a pesar de
que en el documento de reflexión se establecía la
comunitarización de la reglamentación como un principio rector
de la Organización Común de Mercado del Vino.
Los Estados cuya situación económica se lo permite podrán
realizar una política laxa de los aspectos más negativos de la
Organización Común propuesta. La Organización Común de Mercado
carece de cualquier rasgo que recuerde al calificativo de
común y olvide el principio de la solidaridad financiera entre
Estados para la aplicación de la reglamentación comunitaria,
recurriendo a una aplicación arbitraria e inaceptable de la
subsidiariedad de los Estados. Por ello, la Comisión ha optado
por velar por los intereses de la viticultura del norte de
Europa, dejando a los países mediterráneos en una clara
posición de desventaja.
La Comisión plantea el arranque como mecanismo prioritario y
desmonta los instrumentos de regulación del mercado, por lo
que podría desaparecer la función de organización propiamente
dicha. Esta situación será particularmente negativa repito,
para amplias zonas de la vitivinicultura española que se
caracterizan por depender de esta economía productiva agraria.
La reforma del mercado del vino debe tener un máximo grado de
comunitarización en las medidas de regulación del mercado. Sin
embargo, al proyecto de reforma presentado por la Comisión se
le puede aplicar cualquier calificativo menos el de común, ya
que se diseña la estatalización de la OCM. Esta situación es
dudosamente compatible con el espíritu que debe primar en el
mercado único y, además, contraviene los principios básicos de
la reforma de la política agraria comunitaria y va mucho más
allá de lo exigido por los acuerdo del GATT en materia de
apoyo interno.
Las medidas contempladas en el proyecto de OCM del vino son
excesivamente traumáticas, establecen discriminaciones
injustas entre Estados y cabe abrigar dudas sobre las
posibilidades de alcanzar sus fines. En definitiva, la
Comisión realiza un análisis del mercado poco riguroso con
resultados poco fiables, aplica medios desproporcionados para
alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda, desprecia
instrumentos sencillos y eficaces y favorece de modo
inaceptable los intereses de la viticultura del norte.
He de expresar igualmente, señor Presidente, que la moción
planteada por el Grupo Parlamentario Popular nos parece una
moción completa, puesto que contiene el conjunto de la
problemática afectada por la reforma de la OCM del vino, y
requiere al Gobierno para que haga uso de todos los mecanismos
e instrumentos políticos que están en su mano a la hora de
actuar políticamente en la Unión Europea. Por ello, nuestro
grupo parlamentario va a votar favorablemente los diversos
aspectos que contiene la moción presentada por el Grupo
Popular. Concluyo, señor Presidente, indicando que hemos
presentado dos enmiendas puntuales de adición a la moción del
Grupo Popular por las que pretendemos mejorar y complementar
los diversos aspectos, repito, completos y verdaderamente
necesarios que plantea el contenido de la moción del Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor
González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Con el fin de ahorrar tiempo intervengo desde el propio
escaño. Hemos presentado cuatro enmiendas a esta moción con la
que, naturalmente, estamos de acuerdo. Hemos entendido desde
un principio la injusticia que se pretende cometer con la
vitivinicultura española.
Ajustándome con rapidez a un tiempo módico, únicamente quiero
hablar de la modificación del apartado A) punto 9; que aporta
una nueva redacción, una redacción más explícita y necesaria a
la hora de contar con planes específicos para zonas cuya única
fuente de riqueza, prácticamente, proviene del sector
vinícola. No se puede desdeñar en lo que llevamos de año, por
ejemplo, las pérdidas por heladas que en la zona de Requena y
Utiel suponen más de 2.200 millones de pesetas.
Hemos presentado una segunda enmienda de adición de un punto
5, en el apartado c), con el fin de crear una ponencia en el
seno de la Comisión de Agricultura, que no está contenido
según el texto de la moción que se presenta y cuya importancia
entendemos, dada la trascendencia del sector vitivinícola para
el que es necesario un riguroso control de las negociaciones
en la participación de las organizaciones agrarias.
También hemos presentado una enmienda de adición de un punto 6
al apartado c), en el que hablamos de la necesidad de
equilibrar las cantidades que se entregan del Feoga-Garantía
por cuanto la producción final agraria, que representa en el
vino el 5,4, sólo percibe el 3,2 por ciento del total de los
gastos. Este hecho contrasta con el sector cereal que,
representando el 12,1, percibe el 15,5; o con el de las
semillas oleaginosas que participan en el 2 por ciento de la
producción final agraria y absorben el 11 por ciento de los
gastos Feoga-Garantía.
También hemos presentado una enmienda de adición de un punto 7
del apartado c), porque entendemos que resulta necesario el
establecimiento de cauces que permitan la participación, al
menos consultiva, a las comunidades autónomas en las
instituciones comunitarias, especialmente en la Comisión
Europea. Las enmiendas, como observarán SS.SS., son una de
mero estilo y las otras de adición, que entiendo terminan de
complementar esta buena moción presentada por el Partido
Popular y que espero sean aceptadas por el Grupo proponente.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo. Por el Grupo Socialista, y para defensa de
sus enmiendas, tiene la palabra el señor López Martín de la
Vega.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Señor Presidente, señorías,
de vez en cuando, el Partido Popular nos aboca al inútil
ejercicio de ahondar en nuestras discrepancias en vez de
esforzarse en el trabajo constructivo de avanzar sobre
nuestras coincidencias. (Rumores y protestas.--Un señor
Diputado: ¡Muy bien!) Así creo, además, que no se defienden
los intereses de los viticultores españoles. (Continúan los
rumores y las protestas.) Estoy seguro, además, de que así no
se defienden, por lo menos, los intereses de todos los
viticultores españoles.
Si me lo permiten, voy a relatar brevemente una serie de
hechos... (Varios Diputados del Grupo Popular: ¡No, no!--
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Voy a relatar una serie de
hechos porque creo que en el tema de la viticultura en esta
Cámara empiezan a no defenderse los intereses de los
viticultores, sino a utilizar los problemas reales que tienen
para otros asuntos que no son de mi competencia calificar,
pero que, desde luego, en cualquier caso, tendrían un
calificativo bastante grueso. Relataré brevemente los hechos.
(Rumores y protestas.)
En abril, el Grupo Popular presentó una proposición no de ley
encaminada a instar al Gobierno a defender una serie de
medidas en la reforma del mercado del vino que fueran
beneficiosas para el sector en España. Ante aquella
proposición no de ley, el Grupo Socialista presentó una serie
de enmiendas, que dio a conocer a todos los demás grupos antes
del debate, corrigiendo, en su caso, las primeras propuestas
que hacíamos a la luz de los comentarios que nos hacían los
demás grupos.
El Grupo Popular enmendó su propia proposición. Tuvimos que
decidir sin tener noticia de ello hasta el momento del debate.
A pesar de eso, hicimos el esfuerzo de pronunciarnos sobre
aquellas enmiendas que no conocíamos, hicimos el esfuerzo,
entre todos, de lograr la unanimidad y todos coincidimos en
que aquello era bueno, en que la unanimidad era buena para
defender los intereses del sector, porque se fijaban unos
criterios claros y se fijaba, sobre todo, claramente el apoyo
que el Parlamento ofrecía a esas bases con las que el Gobierno
español tenía que negociar.
Para todos los grupos, excepto, naturalmene, para el Partido
Popular, la cuestión estaba en la mejor situación de las
posibles; una situación que puedo resumir en tres notas. En
primer lugar, todos rechazamos el documento que iniciaba la
negociación de la OCM del vino. En segundo lugar, todos
estábamos preocupados por la repercusión negativa que en
nuestra viticultura pudiera tener la aplicación de la reforma,
tal y como
estaba planteada. En tercer lugar, había unanimidad en la base
de las propuestas para los intereses de la viticultura
española.
Así las cosas, y con una obsesión perfectamente descrita en un
buen número de manuales de psicología clínica, el Partido
Popular sigue tomando iniciativas encaminadas a ahondar en las
diferencias (Rumores.) y a quedarse solos, como si la soledad
demostrara algo más que la incapacidad para el diálogo. Ayer
en Comisión presentó una proposición no de ley que dejaba
clara su voluntad de profundizar en la discrepancia. Proponía
algo parecido a lo que proponen hoy en el punto B) 3 de la
moción, sobre la denominación de origen calificada, cuando fue
precisamente ésta una cuestión retirada en abril porque no
había acuerdo sobre ella. Ayer, razonablemente, y como era de
esperar, la pretensión del Grupo Popular fue rechazada. Pese a
ello, la mantiene hoy otra vez. (Un señor Diputado pronuncia
palabras que no se perciben.)
No creo que sea preciso mostrar más claramente ese pertinaz
deseo de soledad; pero, si para muestra no fuese suficiente un
botón, repasen SS.SS. la letra A) de la moción y comprobarán,
como yo he comprobado con estupefacción, que no reproducen el
acuerdo de la Comisión en su totalidad, sino que hurtan el
punto referido al GATT para desarrollarlo, ahondando en los
puntos de discrepancia, en el punto B) 2 de la moción.
Además, señorías, la moción aporta bien poco al acuerdo que
tomamos en abril y, desde luego, no aporta nada por lo que
merezca la pena romper la unanimidad que por sí misma es lo
que mejor defiende los intereses de los viticultores, de todos
los viticultores españoles.
A su moción, señoría, le falta profundidad en el punto B) 1,
porque la reducción de producción no se asegura en ninguna OCM
en relación con los rendimientos, sino a la producción en un
período histórico determinado, bien es verdad que para el caso
de España se ha tenido en cuenta un período que no nos
favorece y no se han tenido en cuenta prácticas que aquí están
prohibidas, por lo que lo que habría que hacer es revisar al
alza nuestra cantidad nacional de referencia. Sobre el punto
B) 2, ya llegamos a un acuerdo en abril; lo que pasa es que
resulta sorprendente que vuelvan ustedes sobre ello en
términos imposibles de aceptar, entre otras cosas por falta de
rigor. En este punto señoría lo que hay que hacer es lo que va
a hacer el Gobierno español: defender el cumplimiento de los
compromisos del Consejo Jumbo para garantizar las rentas
agrarias. Por lo que respecta a los puntos B) 2.b) y B) 2.c)
de su moción debería S.S. repasar los acuerdos GATT para
comprender que no es exactamente como S.S. dice que es.
Sobre el punto B) 3, el que habla de las denominaciones de
origen calificadas, yo creo que todos los grupos dimos nuestra
opinión ayer tarde, pero voy a añadir solamente una cosa más.
Tengo, señor Isasi, una especialísima curiosidad en ver cómo
van a defender este punto sus compañeros en Valdepeñas, en
Cañamero, en la Tierra de Barros, en el País Vasco, en la
Ribera del Duero. Tengo verdadero interés en saber cómo lo van
a hacer para defender una única denominación de origen que,
por otra parte, no está perjudicada en ese sentido porque las
destilaciones, como SS.SS. saben no son obligatorias de una
determinada calidad; tengo especial interés en saber en qué
especie de contradicción se moverán sus compañeros por
Valdepeñas, por Almansa y por todos los sitios que he citado
antes.
Veamos, pues, el punto C) para comprobar lo prematuro que es
elaborar cualquier tipo de informe ya que la reforma deja un
amplísimo margen de maniobra a los Estados miembros en la
aplicación de los planes regionales y, por tanto, hasta que no
se produzca un debate necesario con todos los sectores
afectados esa concreción es imposible de decir cuáles con las
consecuencias que tiene. Por otra parte, señoría, el punto C)
2. de la moción contraviene directamente el artículo 92 del
Tratado de la Unión. Por lo mismo que en su moción se pretende
están ante el Tribunal de Luxemburgo, Italia y Francia y, por
tanto, no parece que de la seriedad de la Cámara se desprenda
que se pueda apoyar este punto concreto de su moción.
El punto C) 3. mantiene pretensiones que no derivan de un
adecuado estudio de la realidad, mientras que en el C) 4. se
está llevando a cabo en España la dotación presupuestaria
suficiente para promover la cultura vitivinícola, como S.S.
pide, semejante a la de otros países miembros.
Por todas estas razones, señorías, el Grupo Socialista
presenta una enmienda de sustitución con dos pretensiones
fundamentales: La primera ahondar en el acuerdo para a partir
de ahí realizar una tarea colectiva de lucha por los intereses
de todos los viticultores españoles. Segundo, ser rigurosos en
esa defensa rechazando las propuestas de reforma, desde luego,
pero ofreciendo alternativas correctas de mejora y, sobre
todo, permitiendo que esa defensa, con criterios contundentes
en su expresión, y con el apoyo parlamentario, pueda ser
ejercida por el Gobierno español ante la Unión Europea.
En síntesis, en un apretado minuto de síntesis, nuestra
enmienda propone que el Pleno asuma todo el acuerdo de abril
de la Comisión de Agricultura; insisto, todo el acuerdo de
abril y no el acuerdo de abril mutilado por la parte que
ustedes hurtan para seguir ahondando en las diferencias.
Instar al Gobierno a mantener informados a los grupos de la
marcha de las negociaciones y de las propuestas que el
Gobierno vaya realizando. En tercer lugar, introducir en la
reforma y en la negociación de la OCM del vino un análisis de
la armonización
fiscal en los distintos Estados miembros. Y, en cuarto lugar,
señoría, instar al Gobierno a que utilice todos los
procedimientos de negociación que ofrece el marco de las
instituciones europeas sin renunciar a ninguna de las
posibilidades establecidas para la defensa de los intereses
nacionales en los tratados y compromisos de la Unión.
Señorías, reitero que sólo buscando el acuerdo y, a partir de
ahí, instando al Gobierno a que sea inflexible en la defensa
de los derechos e intereses de los viticultores, se puede
avanzar en un tema tan delicado como la defensa de un sector
tan importante para la economía y para la cultura española
como el del vino.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.--Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.--
Rumores.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Vidal. (Continúan los rumores.)
El señor VIDAL I SARDO: Gracias, señor Presidente. Señoras y
señores Diputados intentaré ser breve.
Con ocasión del debate de la interpelación referida a la
posición española respecto al proyecto de OCM del vino, el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) fijó su
posición, de forma más amplia de lo habitual en estos
trámites, para manifestar nuestra radical oposición al
proyecto de OCM vitivinícola en su redacción actual.
Queremos afirmar también que en nuestro país el sector
vitivinícola es mucho más que cualquier sector de la economía
agraria al que no se le pueden aplicar impunemente drásticas
medidas de reducción sin que se perjudique muy gravemente toda
la estructura social y profesional en que se sustenta el
sector desde tiempo inmemorial. También para denunciar la
injusticia que se pretende cometer con la OCM, contra el
sector vitivinícola de nuestro país que, además de atentar
contra la legitimidad histórica o contra un importante
colectivo social, es también una grave discriminación en
aplicación de los criterios de la PAC que han regido hasta
ahora.
En último lugar, nuestra fijación de posición pretendía
solicitar al Grupo Popular que la moción subsiguiente a la
interpelación no modificara sensiblemente el acuerdo obtenido
tan laboriosamente en la Comisión de Agricultura.
Finalmente, sugeríamos, a modo de ejemplo, de posibles
inclusiones en la moción, que los grupos parlamentarios
tuviéramos información simultánea del contenido de las
negociaciones comunitarias para dar directrices y poder hacer
un seguimiento más próximo en la consecución de acuerdos. El
Grupo Popular, sin embargo, ha preferido ir por otros
derroteros y ampliar sus propuestas, algunas de ellas, a
nuestro juicio, contrarias a la línea argumental trazada en la
Comisión de Agricultura y ello nos impide dar nuestro voto
favorable a la totalidad de la moción. Por ejemplo, el punto
B) 1 tiene una finalidad parecida a la del punto 10 acordado
en la Comisión; en cambio, en la relación de acuerdos
consensuados, en la Comisión se omite el relativo a la
adaptación de la OCM a los acuerdos del GATT y en la moción se
repite este tema como nuevo en el punto B) 2. En el punto B)
3, relativo al régimen de destilaciones y arranque de viñedo y
de vendimia verde que la OCM puede asignar a nuestro país, se
pretenden queden excluidas las denominaciones de origen
calificadas. Respecto a ello mantenemos, señorías, las razones
de nuestro rechazo manifestadas ayer en la Comisión por lo que
significa de discriminación positiva de una sola denominación
de origen, en detrimento de todas las demás que no son
calificadas y tendrían que corresponsabilizarse de la
superficie de arranque y destilación que se ahorraría la que
estuviera excluida. Otra cosa sería que la propuesta de
exclusión se generalizara por igual a todas las denominaciones
de origen y denominaciones de calidad, como propone el Partido
Nacionalista Vasco, especialmente si se incluyeran las
denominaciones de calidad reguladas por las comunidades
autónomas como las vides de la tierra y otras calificaciones.
No obstante ello debo decir que cuando se empiezan a hacer
exclusiones parciales fácilmente se continúa corriendo el
riesgo de seguir siendo injustos. En este caso, de aprobarse
la exclusión contenida en la propuesta del Partido Popular,
más la exclusión derivada de la enmienda del Partido
Nacionalista Vasco, debemos ser conscientes de que
significaría condenar irremisiblemente a desaparecer a muchos
pequeños viticultores, precisamente aquellos que son factor
del equilibrio territorial y conservación de la naturaleza, y
aquellos otros viticultores cooperativistas cuyas
elaboraciones van destinadas a un amplio sector social
consumidor de vinos comunes y de mesa, que tienen también un
amplio mercado. En todo caso, no somos partidarios de
exclusiones que tal vez terminarían beneficiando más a las
denominaciones de calidad de otros países europeos que a las
más justificadas de nuestro país.
En cuanto a los diferentes apartados englobados en la letra C)
debemos decir que, respecto al primer apartado, no nos parece
útil en este momento la realización de un estudio de las
repercusiones de una OCM del vino que se está elaborando y,
por tanto, está sujeta a modificaciones constantes, como se ha
comprobado desde el primer documento de reflexión, pasando por
el proyecto de la Comisión, hasta las modificaciones
introducidas últimamente en el documento de mayo de este año.
Respecto a los demás puntos de la letra C), que proponen que
mientras dure la negociación de la OCM el Estado español
inicie unas líneas de financiación de destilaciones, vendimia
en verde y promoción de consumo, pensamos que se opone a la
justa pretensión y exigencia consensuada en la Comisión de que
en la OCM del vino todos estos gastos sean comunitarizados
como en las demás OCM reformadas. Aprobar esta propuesta
representaría, a nuestro juicio, instaurar un precedente que
actuaría en contra de las pretensiones españolas. (Rumores.--
Un señor Diputado: ¡Siete minutos!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Guarden silencio, por
favor, señorías. (Rumores.)
Continúe, señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: En relación al apartado D), referido
al ejercicio del veto si no se obtienen mejoras necesarias en
la OCM actual, propiciando una mayoría de bloqueo (Rumores.),
nos parece correcta la propuesta, pero como redacción para
llevarla a una mesa de negociación comunitaria como mandato de
estas Cortes, preferimos la redacción del punto B) 3 de la
enmienda del Grupo Socialista, sin olvidar que la mayoría de
bloqueo deberá lograrse pacientemente, con negociación y
seguramente con concesiones a los países más propensos a
sumarse a una mayoría de bloqueo.
También valoramos favorablemente la propuesta de la enmienda
de sustitución del Grupo Socialista, que insta a la
armonización fiscal intracomunitaria como fórmula para
facilitar una mayor penetración de los vinos españoles de
calidad en el conjunto de la Unión Europea ante la perspectiva
de nuevas incorporaciones.
Finalmente, quisiera hacer una llamada de atención...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor VIDAL I SARDO: Finalmente, quisiera hacer una llamada
de reflexión al grupo proponente para que haga un esfuerzo más
para propiciar un nuevo consenso y la unanimidad de todos los
grupos de la Cámara para reforzar la posición de nuestros
negociadores y, en definitiva, garantizar una mejor defensa de
los intereses de los viticultores.
Por todo ello, nuestro grupo votará favorablemente la que fue
proposición no de ley completa del Partido Popular,
consensuada en la Comisión de Agricultura, y si es aceptada,
tal como percibimos, al conjunto que forman ésta con la
enmienda de sustitución del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla. (Fuertes
rumores.)
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías,
procuraré ser respetuosa con la brevedad que requiere el
momento, pero mi grupo está en la absoluta obligación de
defender su postura ante esta moción.
Solamente decir que lamentamos que el Grupo Popular haya roto
la unanimidad que tan dificultosamente conseguimos en
Comisión. A pesar de las alusiones al patriotismo y a los
intereses españoles que el representante del Grupo Popular ha
manifestado en esta Cámara, pensamos que desde el punto que se
excluye de la destilación a una sola denominación de origen
que corresponde a una sola región, no responde a la defensa de
los intereses generales sino a la defensa de los intereses
particulares de una sola región. En ese sentido, en aras de la
unidad, pensamos que sería interesante se aceptase --y en ese
caso nosotros estaríamos de acuerdo-- la enmienda socialista,
por cuanto incluye lo que defendimos en Comisión y fue votado
por unanimidad; incluye lo que todos hemos estado repitiendo,
que haya información periódica por parte del Gobierno a los
miembros de la Cámara sobre las negociaciones, e incluye
también un punto importante, el que hace referencia a que la
Unión Europea, la Comisión, piense en el equilibrio de mercado
no solamente en términos de oferta sino en términos de
demanda, que es algo importantísimo, porque pensamos que, de
esa manera, podríamos conseguir que la unanimidad continuase
dentro de lo que es la parte española. Señorías, el
mantenimiento de la unidad es importantísimo. Tenemos que
conseguir que el Gobierno defienda ante la Unión Europea
presupuestos comunitarios suficientes como para financiar la
reforma de la Organización Común de Mercado del vino, tenemos
que conseguir que se supriman las prácticas de chaptalización
y tenemos que conseguir que, con la armonización de impuestos
y con otras medidas que tiendan al incremento del consumo, la
organización común de mercado pueda salir en estas
condiciones. Este es nuestro propósito y la verdad es que nos
gustaría que el Grupo Popular, atendiendo a que la enmienda
socialista recoge una parte importantísima, a excepción del
tema de la exclusión de la destilación, pudiésemos votar hoy
unánimemente esta moción con la enmienda y todos disfrutar de
un buen vaso de vino, como decía Berceo, viendo el partido de
fútbol. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Isasi, a los únicos efectos de
indicar si acepta o no las enmiendas. (Rumores y protestas.)
¡Silencio, señorías!
El señor ISASI GOMEZ: No se preocupen, señorías, que termino
enseguida. Sí, señor Presidente, pero quiero dejar
constancia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, como
usted sabe, el turno es a los únicos efectos de decir si
acepta o no las enmiendas.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente, me refiero a las
enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
Señorías, tengo que afirmar rotundamente que ningún debate
sobre la organización común de mercado del Vino se hubiese
producido en esta Cámara a no ser por iniciativas del Grupo
Parlamentario Popular: ni uno. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, repito
que tiene la palabra exclusivamente para indicar si acepta o
no las enmiendas presentadas, no para entrar en debate.
(Continúan los rumores.)
Espere un momento, señor Isasi. (Pausa.)
Repito que no es para entrar en debate, ni para contestar ni
replicar a las enmiendas. Sólo para indicar si las acepta o
no.
El señor ISASI GOMEZ: Sí, señor Presidente.
Respecto de las enmiendas del Grupo Vasco, anunciar que
efectivamente aceptamos las dos que ha presentado a la Cámara
con fecha 17 de junio. Tengo que decir al señor González
Lizondo que la primera enmienda al punto 9, con alguna
modificación en la redacción, ya está incluida en el texto que
aquí se ha comentado y sobre el que se llegó a un consenso el
pasado día 21 de abril. Lo que pasa es que él no asistió a
aquella Comisión y, por tanto, seguramente no sabe que la
filosofía de lo que él dice en ese punto... (Rumores y
protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Aténgase a indicar,
señor Isasi, si las acepta o no, sin más explicaciones, por
favor.
El señor ISASI GOMEZ: Por tanto, no podemos aceptar esa
enmienda. Respecto a la enmienda del señor González Lizondo al
punto 5, de igual manera que he dicho anteriormente está
incluida también en aquel texto aprobado el 21 de abril.
La enmienda al punto 6, que es nueva y se refiere a la
financiación, también está incluida. Nosotros pedimos la
financiación al cien por ciento de la OCM del vino.
Respecto de la enmienda al punto 7, tengo que decirle que nada
tiene que ver lo que se propone con la Organización Común del
Mercado del vino; son temas europeos que nada afectan ni en
nada tiene que ver la Organización Común de Mercado con el
texto que se propone en la enmienda.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, tengo que
decir que en la primera copian el texto de nuestro apartado.
Para eso ya está nuestra moción...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, por
favor, sin comentarios. Es una enmienda de sustitución.
Indique su postura con relación a la globalidad.
El señor ISASI GOMEZ: Respecto de la letra b), este Parlamento
no necesita instar a nadie para que le informe el Gobierno, ya
lo tiene que hacer. Tratamos de fijar la posición de esta
Cámara para que el Gobierno se vea obligado a negociar bajo
unas condiciones determinadas.
Respecto al punto número 2, tengo que decirles que este tema
lo hemos presentado en esta Cámara cuatro veces, señorías, y
las cuatro veces han votado en contra. (Fuertes protestas.)
Por tanto, señor Presidente, la enmienda de sustitución, como
el Grupo Socialista no pretende llegar a ningún acuerdo ni a
ningún criterio unánime de esta Cámara, tenemos que
rechazarla. Son ellos los que no quieren llegar a un acuerdo.
(Continúan las protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Isasi, entiende
la Presidencia, y creo que la Cámara, si SS.SS. nos dejan, que
acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (PNV) y no
acepta las enmiendas presentadas por el señor González Lizondo
ni por el Grupo Socialista. ¿Es eso?
El señor ISASI GOMEZ: Efectivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Esa es la finalidad de
este turno. Muchas gracias, señor Isasi. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
(Pausa.) El señor González Lizondo tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, únicamente, y
además en treinta segundos, para contestar a una alusión muy
directa que tres veces se ha repetido en esta Cámara.
Pertenezco al Grupo Mixto, representando a Unión Valenciana, y
sólo hay una persona. Me es completamente imposible estar en
todas las comisiones. A ver si el señor Isasi se entera de que
no estuve en ésa, porque estaba en la Comisión Rubio.
Gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 278; a favor, 125; en contra, 153.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y diez minutos de la noche.