CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 75 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 74
celebrada el martes, 24 de mayo de 1994



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ORDEN DEL DIA:



Toma en consideración de Proposiciones de Ley:



--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica el artículo
14.4 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 43.1, de 23 de noviembre de 1993
(número de expediente 122/000031) (Página 3807)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
51.1, de 20 de diciembre de 1993 (número de expediente
122/000040) (Página 3812)



Proposiciones no de Ley:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
la utilización de centros educativos públicos fuera de horario
lectivo con planteamientos formativos y preventivos contra la
droga. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 48, de 7 de febrero de 1994 (número de expediente
162/000072) (Página 3817)

Página 3804



--Del Grupo Vasco (PNV), sobre modificación de la legislación
relativa a los impuestos sobre carburantes y a la definición
técnica y homologación del biocombustible denominado «diéster»
producido a partir de la colza. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 26, de 8 de noviembre de 1993
(número de expediente 162/000041.) (Corrección de error en
«B.O.C.G.», Serie D, números 29 y 35, de 22-11-93 y 7-12-93,
respectivamente.) (Página 3825)



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que pondrá en marcha el Gobierno para controlar el
gasto público en la prestación del servicio sanitario por el
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) (número de expediente
173/000038) (Página 3830)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política a desarrollar por
el Gobierno para el sistema financiero español, su control y
transparencia (número de expediente 173/000039) (Página 3840)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
76, de 25 de mayo de 1994.)



SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3807)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se modifica el artículo 14.4 de la
Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar
(Página 3807)



En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defiende la proposición de ley el señor Romero Ruiz,
manifestando que la entrada en vigor de la Ley Orgánica
13/1991 provocó una verdadera conmoción social en la
emigración española, ya que los jóvenes españoles que residen
fuera de nuestro país disfrutaban hasta el año pasado del
derecho a solicitar en sus respectivos consulados hasta tres
prórrogas consecutivas por residencia en el extranjero, al
término de las cuales quedaban exentos del servicio en filas a
partir de los 25 años.

Señala que la mayor parte de los jóvenes se acogían a este
derecho porque facilitaba su integración escolar y laboral en
los países de residencia, conservando al mismo tiempo su
nacionalidad española y el derecho a volver temporal o
definitivamente a España. Sin embargo, con la redacción de la
Ley Orgánica 13/1991 desapareció esta posibilidad, cuestión
que desea arreglar a través de esta proposición de ley, a la
vista de las graves consecuencias que aquella Ley tiene para
nuestros jóvenes residentes en el extranjero.

Añade que a las circunstancias descritas se unen las derivadas
de la actual Ley de Nacionalidad, encontrándonos con que se ha
venido a recortar el derecho de los hijos de los emigrantes a
conservar o a adquirir la nacionalidad española, con lo que
pudiera producirse la no querida situación de que la
legislación española empuje a los jóvenes emigrantes a que
renuncien a su nacionalidad y adquieran la extranjera del país
de residencia, todo lo cual conduce a la necesidad clara de
modificar la actual redacción del artículo 14.4 de la Ley
13/1991, ampliando la posibilidad de exención con prórroga a
las de cuarta clase. Afirma que nada ganamos con una ley de
este tipo y sí perjudicamos a jóvenes de nuestro país,
abriéndoles incluso las puertas para que adquieran otra
nacionalidad, lo cual se debería evitar garantizando en todo
momento el mantenimiento de la nacionalidad española.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Fernández de Mesa y Díaz del Río, del Grupo Popular, y
Perales Pizarro, del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 19
votos a favor, 247 en contra y tres abstenciones.

El señor Presidente informa a la Cámara que, en relación con
el punto 38 del orden del día, dictamen de la Comisión Mixta
del Tribunal de Cuentas sobre



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la Cuenta General del Estado correspondiente a 1990 y
resoluciones adoptadas por la misma, la Junta de Portavoces ha
estimado que, al no concurrir los requisitos que la propia
Junta estableció para tramitar este punto del orden del día,
no procede el tratamiento del mismo.




Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias
(Página 3812)



El señor Madero Jarabo defiende la proposición de ley del
Grupo Popular, señalando que la modificación que proponen es
leve en su contenido pero de bastante importancia y, sobre
todo, estiman que de absoluta necesidad. Expone que, según las
bases de Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias,
establecidas mediante la Ley 23/1986, Ley modificada por la de
15 de octubre de 1991, se atribuyen a las Cámaras Agrarias
todas las facultades y responsabilidades sobre las elecciones
de las Cámaras, excepto algo tan sustancial como la
determinación de la fecha electoral, que queda reservada por
el Gobierno de la nación, según el artículo 2 de la Ley de
1986.

Precisamente dicho artículo 2 es el que pretenden modificar a
través de la proposición de ley, ya que no parece muy
coherente que siendo responsabilidad de las Comunidades
Autónomas todo lo referente a las Cámaras Agrarias, y en
concreto a los procesos electorales, en cambio las fechas
electorales hayan de ser fijadas por el Gobierno de la nación,
cuando precisamente la convocatoria electoral la realizan los
gobiernos de las Comunidades Autónomas. Si tal facultad del
Gobierno central pudo tener su justificación al redactar la
Ley de 1986, en base a la carencia de competencias de las
comunidades autónomas sobre las Cámaras Agrarias, esa
normativa está desvirtuada en este momento. Concluye
manifestando que es necesario y urgente que, a efectos de
representatividad en el sector, se reorganicen las Cámaras
Agrarias y haya elecciones en el ámbito de las comunidades
autónomas que ya las tienen transferidas y en las que se
transferirán próximamente. Consideran que ha empezado un nuevo
camino para las Cámaras Agrarias dentro del ámbito de las
comunidades autónomas y es imprescindible que éstas puedan
convocar elecciones fijando el propio Gobierno regional la
fecha de la convocatoria, posibilidad de la que ahora carecen.

Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; González Lizondo, del
Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV);
Vidal i Sardó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); la señora Rivadulla Gracia, de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y el señor Pau i Pernau, del Grupo
Socialista. Sometida a votación, se aprueba la toma en
consideración de la proposición del Grupo Popular por 295
votos a favor y uno en contra.




Proposiciones no de ley (Página 3817)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
utilización de centros educativos públicos fuera del horario
lectivo con planteamientos formativos y preventivos contra la
droga (Página 3817)



En nombre del Grupo Popular defiende la proposición no de ley
el señor Robles Orozco, manifestando que el tema de la
prevención y, en general, el contenido de la proposición que
su Grupo presenta debe estar coordinado por el Plan Nacional
de Lucha contra la Droga y en el contexto de la coordinación
entre los diferentes Ministerios. Una de las facultades de las
que se dotó a este Plan era precisamente la coordinación de
los diferentes programas interministeriales para poder hacer
eficaz esta política de la lucha global en los diferentes
frentes de prevención, de asistencia y de represión del
narcotráfico. En relación con la actual situación del Plan
Nacional de Lucha contra las Drogas recuerda que en este
momento está sin titular al haber dimitido el Secretario de
Estado responsable del Plan y que en los últimos meses ha
transcurrido por tres Ministerios diferentes, con otros tantos
cambios de su responsable. Expone que si es grave la parálisis
del Gobierno en tantos temas que nos afectan a los españoles,
es más grave en un tema que afecta a la vida y salud de los
individuos, de las familias y de la propia estabilidad social.

Afirma que en estos momentos el Plan Nacional sufre una
parálisis, una pérdida de eficacia, dándose un paso atrás en
los objetivos que perseguía, jugándose con él como si fuera
una moneda de pago político o de cambio político.

En relación con la situación de la política preventiva del
Gobierno en la lucha contra las drogas la califica de
ostensiblemente deficitaria, como claramente recuerdan los
diferentes organismos internacionales en sus informes anuales,
al no acometerse a medio y largo plazo una política de
prevención a través de la educación, de la formación de los
valores, de la integración de los jóvenes en el mundo de la
sociedad actual, como están demandando las organizaciones no
gubernamentales,



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las asociaciones de padres y la sociedad en su conjunto.

Califica de fracaso y asignatura pendiente la política de
prevención desarrollada por el Estado y de ahí que, a través
de la proposición no de ley, se inste al Gobierno a que
destine más recursos, que lo haga de forma más objetiva,
plural y participativa, pasando de la formulación de meros
objetivos a políticas reales que sirvan para evaluar y medir
si están realmente dando sus frutos. Pide que se utilicen los
centros escolares como pilar básico y fundamental en la
política de prevención, en los períodos no lectivos e incluso
por las tardes y fines de semana, a fin de desarrollar
programas de educación para la salud, y otro tanto cabe decir
respecto de las instalaciones deportivas en las que quepa un
mejor aprovechamiento. Precisa que su propuesta no es cerrada
sino abierta a cualquier sugerencia encaminada a programar y a
coordinar las diferentes Administraciones, en una política que
es complicada pero posible.

El señor Martínez Martínez (don Enrique) defiende la enmienda
presentada por el Grupo Socialista.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Mauricio Rodríguez,
del Grupo de Coalición Canaria; Cardona i Vila, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Vázquez Romero, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del
Grupo Popular por 127 votos a favor, 50 en contra y 21
abstenciones.




Del Grupo Vasco (PNV), sobre modificación de la legislación
relativa a los impuestos sobre carburantes y a la definición
técnica y homologación del biocombustible denominado «diéster»
producido a partir de la colza (Página 3825)



El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la proposición no
de ley del Grupo Vasco (PNV) encaminada a la obtención y
utilización de carburantes derivados de productos agrícolas
para fines industriales, persiguiendo con ello una triple
finalidad: agrícola, industrial y ecológica. Expone que la
reforma de la política agrícola comunitaria en mayode 1992
obliga a una retirada de tierras de cultivos, herbáceas,
cereales y oleaginosas de un 15 por ciento, dejándolas sin
explotación o en barbecho, aunque dicha reforma de la PAC
permite que ese porcentaje de tierras pueda ser utilizado para
obtener productos agrícolas, siempre que no se destinena fines
alimentarios sino industriales, permitiendo obtener en ellas
aceites vegetales. Señala que a los recursos energéticos
derivados de productos agrícolas se les denomina
biocombustibles, y de éstos el más desarrollado en Europa es
el «biodiesel», que es un recurso que se obtiene del
tratamiento de aceites vegetales con alcoholes. Agrega que su
composición es muy similar al gasóleo y es mezclable con él en
todas las proporciones, no necesitándose ninguna adaptación
para su utilización en los motores Diesel de los vehículos a
motor.

Menciona algunas comunidades autónomas interesadas en que se
potencie el «biodiesel» por cuanto supone también de promoción
y ayuda a la actividad económica agraria del país, así como la
propia política comunitaria de fomento de la utilización de
los biocombustibles, sometiendo asimismo a la aprobación de la
Cámara la regulación de las condiciones técnicas y de
homologación del «biodiesel», todo ello con el propósito de
que este carburante sea competitivo en el mercado respecto al
gasóleo derivado del petróleo.

Concluye señalando que, a través de la presente iniciativa,
persiguen tres objetivos, que son: primero, una mejoría de las
condiciones medioambientales de las ciudades; segundo,
impulsar y apoyar iniciativas industriales en la producción de
carburantes sustitutivos de los derivados del petróleo y,
tercero y más importante, lograr que los agricultores
compatibilicen las ayudas por la retirada de tierras de
cultivo con el aprovechamiento de las mismas para sembrar
productos con destinos industriales y mejorar la precaria
economía del sector agrario.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Ledro León, del Grupo Popular, y García Ronda, del
Grupo Socialista.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Vidali Sardó, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y García Fonseca, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Vasco (PNV), en los términos de la enmienda
transaccional presentada a la misma, por 297 votos a favor y
dos en contra.




Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3830)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que pondrá en marcha el Gobierno para controlar el



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gasto público en la prestación del servicio sanitario por el
Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Página 3830)



El señor Fernández-Miranda y Lozana defiende la moción del
Grupo Popular consecuencia de la interpelación presentada la
semana anterior. Exponeque al defender la moción lo hace con
la esperanzade que la sanidad pública sea una isla de
transparencia y rigor, tal y como señaló la señora Ministra la
semana pasada. Quieren estar convencidos de que en el Insalud,
en la sanidad pública, se evita el despilfarro, se administra
con transparencia y sobre todo se garantiza que los fondos
públicos disponibles se usan en beneficio exclusivo de los
ciudadanos. Esta es la razón que mueve a los diez puntos que
integran la moción y cuyo contenido expone seguidamente.

En defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Coalición
Canaria interviene el señor Mardones Sevilla.

Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la
señora Maestro Martín, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y el señor Palacios Alonso, del Grupo Socialista.

Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular
por 124 votos a favor, 154 en contra y 16 abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política a desarrollar por el Gobierno
para el sistema financiero español, su control y transparencia
(Página 3840)



El señor Frutos Gras defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Considera que es un momento
adecuado para presentar la moción, por la razón fundamental de
que los años que llevamos transcurridos de la década de los 90
están resultando un mal momento para el conjunto del sistema
financiero. Muchas veces se les contesta que es normal que se
produzcan grandes mutaciones tanto en España como en el resto
del mundo, que ocurran estas crisis, que desaparezcan bancos,
pero la realidad es que los tres años y algunos meses que
llevamos de esta década están representando una crisis
importante para nuestro sistema bancario.

Agrega el señor Frutos que la moción de su Grupo tiene dos
puntos: primero, uno por el que piden que el Gobierno informe
sobre el cierre del Saudesbank, y un segundo pidiendo la
creación de una Ponencia especial en la Comisión de Economía y
Hacienda para que elabore un informe sobre las carencias y
defectos del sistema financiero español. Considera que la
moción está justificada a través de la amplia explicación que
expusieron al defender la interpelación.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Martín Mesa, del Grupo Socialista, y la señora Rudi Ubeda, del
Grupo Popular.

Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Sometida a votación la moción de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda del Grupo Popular y con las correcciones
formuladas en el curso del debate, es aprobada por 279 votos a
favor.

Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la
tarde.




Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO
14.4 DE LA LEY ORGANICA 13/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL
SERVICIO MILITAR. ORGANICA (Número de expediente 122/000031)



El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica el
artículo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre,
del Servicio Militar. Tiene la palabra el señor Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya presenta, en la tarde de hoy, una
proposición de ley para modificar el artículo 14.4 de la Ley
Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. La
entrada en vigor de esta Ley Orgánica ha provocado una
verdadera conmoción social en la emigración española, es
decir, en todos los países del extranjero donde residen
familias españolas que son emigrantes, ya que los jóvenes
españoles que residen fuera de nuestro país disfrutaban, hasta
el año pasado, del derecho



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a solicitar, en sus respectivos consulados, hasta tres
prórrogas consecutivas por residencia en el extranjero --
prórrogas de cuarta clase--, al término de las cuales quedaban
exentos del servicio en filas a partir de los 25 años. La
mayor parte de los jóvenes se acogía a este derecho porque
facilitaba su plena integración, escolar y laboral, en los
países de residencia, conservando, al mismo tiempo, señorías,
su nacionalidad española y el derecho a volver temporal o
definitivamente a España. De acuerdo con la redacción de la
Ley Orgánica 13/1991, ha desaparecido esta posibilidad.

Cuestión esta que queremos arreglar con la toma en
consideración de esta proposición de ley que presenta nuestro
Grupo en el Pleno de hoy, teniendo en cuenta las graves
consecuencias para nuestros jóvenes españoles residentes en el
extranjero, que, además de las dificultades propias del
fenómeno de la emigración, deberán añadir las dificultades
para fundar una familia o mantener un puesto de trabajo en el
país de residencia al verse obligados a cumplir el servicio
militar en España.

Si añadimos a estas circunstancias descritas en los anteriores
párrafos las derivadas de la actual redacción de la ley de
nacionalidad, nos encontraremos con que se ha venido a
recortar el derecho de los hijos de los emigrantes a conservar
o adquirir la nacionalidad española, y pudiera producirse la
no querida situación de que la legislación española empuja a
los jóvenes emigrantes a que renuncien a su nacionalidad y
adquieran la nacionalidad extranjera del país de residencia,
todo lo cual conduce a una necesidad clara de modificación del
actual artículo 14.4 de la Ley 13/1991, ampliando la
posibilidad de exención con prórroga a las de cuarta clase.

Esta proposición de ley, que consta de un artículo único y que
trata de modificar el artículo en vigor de la Ley Orgánica
13/1991, sobre el Servicio Militar, plantea que la concesión
de la segunda ampliación de la prórroga de primera clase y la
concesión por seis años de las ampliaciones de las prórroga de
cuarta y sexta clase serán causa de exención del servicio
militar.

Si analizamos hoy la situación de crisis en la que se
encuentra el servicio militar obligatorio en nuestro país, no
podemos comprender cómo con esta Ley se penaliza a los hijos
de los emigrantes españoles que residen en el extranjero y se
les eliminan derechos adquiridos con leyes anteriores y con
normas que establecían el servicio militar obligatorio en
otras épocas. No es natural que el Gobierno se emplee en este
tema, con las dificultades que entraña la residencia, los
estudios, la formación, etcétera, en el extranjero, para
conseguir que un puñado pequeño de jóvenes --quizá de
centenares o que puedan superar el millar-- que hoy se
encuentran en el extranjero vengan a nuestro país a cumplir el
servicio militar obligatorio, cuando lo que está en crisis,
repito --aunque no es el debate que nuestro Grupo quiere traer
hoy con esta proposición de ley--, es un modelo que se basa en
algo tan obsoleto como el servicio militar obligatorio, cuando
sería necesario caminar hacia un modelo profesional de Fuerzas
Armadas, de acuerdo con el artículo 8.º de la Constitución
española, para que cumplan con lo establecido en dicho
artículo del Título preliminar de nuestra Carta Magna.

Está claro que se dan palos de ciego, recortando derechos
adquiridos a los hijos de los emigrantes; recortando, también,
el cuadro médico de exclusiones con la voluntad de que se abra
camino un mayor contingente, teniendo en cuenta el aumento
geométrico y espectacular de la objeción de conciencia y de la
insumisión. De otra manera no se entendería cómo se redacta
una ley de este tipo que perjudica de manera seria al
colectivo de nuestros emigrantes.

No hace falta más que ver la cantidad de cartas, de firmas de
protestas ante los consulados y embajadas que ha despertado la
redacción actual del artículo 14.4 de la Ley en vigor sobre el
servicio militar. Está claro que en nada ganamos en nuestro
país con una ley de este tipo y sí perjudicamos e incluso
abrimos las puertas para que jóvenes de nuestro país adquieran
la
nacionalidad en el extranjero, cosa que, de acuerdo con
nuestros intereses nacionales se debería evitar y garantizar
en todo momento el mantenimiento de la nacionalidad española.

Por otra parte, no se soluciona ninguno de los problemas
graves de carácter estructural que presenta el servicio
militar
obligatorio en nuestro país. Se trata de un parche de
reducidas consecuencias, pero que causa una gran conmoción,
como decía, una gran preocupación, un gran disgusto en el
colectivo de emigrantes que hay fuera de nuestro país.

No tuvimos la posibilidad de que este tema fuese incorporado
en la tramitación en Ponencia y Comisión de la Ley que hoy se
encuentra en vigor, y todos los portavoces de los Grupos
Parlamentarios recibimos en la Comisión de Defensa de esta
Cámara muchas peticiones para reconsiderar la redacción final
del texto. Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
queremos que se corrija lo que consideramos una injusticia, lo
que consideramos la anulación de un derecho adquirido y lo que
consideramos una medida excesiva que no va a conducir a ningún
resultado positivo, ni a la imagen de las Fuerzas Armadas, ni
al modelo de ejército, ni a la imagen que los jóvenes
emigrantes tengan de nuestro Gobierno cuando les obliguen a
hacer el servicio por no poder sumar las prórrogas hasta
adquirir la exención definitiva del servicio militar como
proponía la legislación anterior
Por todo ello, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, solicito el voto de SS.SS.

para admitir a trámite esta proposición de ley que modifica el
artículo 14.4 de la Ley del Servicio Militar y se consiga dar
una alegría al colectivo de



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nuestros emigrantes, a las familias y a los jóvenes que antes
disfrutaban de un derecho que esta Ley les ha negado.

Muchas gracias, por la atención prestada.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Carrera
tiene la palabra.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, con fecha 16 de junio de 1992 se celebró un debate
promovido por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya con una proposición de ley y
con el mismo texto literal que la actual iniciativa que
debatimos en estos momentos.

En aquel momento, en la exposición de motivos se hacía
referencia a las muchas cartas de los colectivos de emigrantes
en toda Europa y en otros lugares del mundo quejándose de lo
dispuesto en la nueva Ley Orgánica sobre el servicio militar,
así como también a la comisión de seguimiento que en su
momento se constituyó para efectuar toda una serie de actos de
información y discusión a los que, es cierto, se invitó a los
representantes de los distintos Grupos Parlamentarios de esta
Cámara, haciendo también mención a las manifestaciones del
Director General para el Servicio Militar, en las que se
recomendaba esperar para poder valorar un poco cuál era la
aplicación del reglamento sobre el servicio militar.

Hubo en este debate inicial del 16 de junio de 1992 distintas
posiciones. Concretamente, por nuestra parte cuestionamos
entonces que sólo al cabo de seis meses de aprobación ya se
estuviera en trámite de una cierta modificación a la Ley
Orgánica 13/1991, del Servicio Militar. También se aprovechó
la ocasión para dejar constancia de temas como inseguridad e
indefensión, por la forma en que el artículo 14 de la vigente
Ley regula todo el tema de las prórrogas. Hice entonces
referencia a la propia posición del Grupo Socialista en cuanto
a los reconocimientos de los derechos de los residentes en el
extranjero y terminaba diciendo que juntásemos, por una parte,
la iniciativa o
iniciativas que hubo en Comisión, declaraciones del propio
señor Ministro y preguntas efectuadas, para ver si de una vez
se clarificaba y puntualizaba la cuestión de las prórrogas y,
por otra parte, que se respetasen los mismos derechos que
tenían los jóvenes residentes fuera de nuestro país antes de
la aprobación de la nueva Ley del Servicio Militar y que, en
caso de que no quedara suficientemente claro, se puntualizase.

La presente iniciativa legislativa no es, por tanto,
desconocida por esta Cámara y con la promulgación del Real
Decreto
1.107/1993, entendemos, por otra parte, que se cierra el
panorama en la materia que nos afecta en este trámite. En este
Decreto último se puntualizan, entre otras cuestiones, que el
residente en el extranjero puede disfrutar de todas las
exenciones y prórrogas contempladas en la propia Ley, cuarta y
sexta clase; que la causa de exención contemplada en el
artículo 11.1.c) también les protege, así como a los que
hubiesen tenido
residencia estable en el extranjero desde el primero de enero
del año en que se cumplan los 17 años de edad.

Es cierto que la nueva Ley del Servicio Militar ha diseñado un
sistema distinto para regular la situación militar de los
españoles en edad de cumplir el servicio militar que viven
fuera de nuestras fronteras. Pero lo es también, por ejemplo,
que se han previsto mecanismos que aseguran que los jóvenes
que vienen disfrutando de prórroga de cuarta no tengan que
incorporarse cuando suponga un grave perjuicio, trabajo,
cambio a prórroga de sexta, suspensión de la incorporación,
mientras mantengan su residencia en el extranjero, etcétera.

Parece, además, que desde la aplicación del Reglamento de
Reclutamiento ha desaparecido la inquietud inicial que
comportó la creación de comisiones de seguimiento y control y,
por otra parte, este mismo seguimiento que ya se efectuó en su
momento nos dice que se han resuelto prácticamente al cien por
ciento todas las peticiones de exención, prórrogas de sexta
clase o suspensión de incorporación.

Así pues, por lo que representa modificar una Ley Orgánica
relativamente reciente, por creer que se ha superado la
inseguridad e indefensión iniciales y que existe el
reconocimiento de los derechos de los residentes en el
extranjero, habiendo quedado clarificada y puntualizada la
cuestión de prórrogas y, sobre todo --y con esto termino,
señor Presidente--, por la propia experiencia, que nos
demuestra que con la aplicación del Reglamento de
Reclutamiento se viene atendiendo la práctica totalidad de los
casos, la posición de nuestro Grupo Parlamentario va a ser no
apoyar la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.

Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en cuanto a la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya respecto a la modificación, que no
supresión, del artículo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991, de
Servicio Militar.




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Nosotros queremos recordar que, a efectos de reclutamiento,
los españoles residentes en el extranjero antesde la entrada
en vigor de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar, se regían por los artículos 33 y 35 de la
Ley 19/1984, de 8 de junio, y los artículos 102 y siguientes
del Real Decreto 611/1986, de 21 de marzo, que les permitían
acogerse a prórrogas de cuarta clase, cuya confirmación por
tercera vez consecutiva acarreaba la exención del servicio
militar.

En aplicación de estos preceptos, se detectó, no obstante, una
utilización fraudulenta, pues fue el medio para eximirse del
servicio militar de aquellos jóvenes que conseguían acreditar
residencia temporal en el extranjero, con lo que, acogiéndose
a la prórroga de cuarta clase, quedaban exentos en la tercera
renovación.

La nueva Ley del Servicio Militar ha diseñado un sistema
distinto. Nosotros hicimos constar en el momento de su debate
que realmente habría que hacer algo para desarrollar en este
apartado la Ley Orgánica del Servicio Militar. La actual
regulación parte del principio de limitar la concesión de
prórroga de cuarta clase a aquellos que residen en el
extranjero antes de cumplir los 17 años de edad, momento en
que deben inscribirse para el reclutamiento.

Por otro lado, la concesión de prórroga de cuarta clase no
conlleva la exención por renovaciones sucesivas de la misma y
tan sólo se puede conceder hasta determinada edad. Se han
previsto otros mecanismos que de momento están asegurando a
los jóvenes que vienen disfrutando de prórrogas de cuarta
clase que no tengan que incorporarse al servicio militar
cuando les suponga un grave perjuicio. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Así, la disposición
adicional primera del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio,
para aquellos que hayan agotado la ampliación de la prórroga
de cuarta clase y se encuentren trabajando en un país que no
garantiza normativamente la reserva del puesto de trabajo en
caso de trasladarse a España para realizar el servicio
militar, recoge la posibilidad de que puedan solicitar la
exención del mismo. El artículo 93.1.º, apartado a), del mismo
Real Decreto permite a aquellos que agotasen la ampliación de
prórroga de cuarta clase, que no puedan acreditar el ejercicio
de una actividad remunerada en el país de residencia, que
puedan solicitar también la concesión de prórroga de sexta
clase.

Asimismo, se ha dado solución, desde nuestro punto de vista de
manera momentánea, a aquellos que no puedan acreditar residir
fuera de España antes de la edad de inscripción para el
alistamiento y deba asignársele destino por no disfrutar de
beneficios de aplazamientos o exenciones. Se les suspende la
incorporación al servicio militar mientras mantengan su
residencia en el extranjero, según dice el artículo 155 del
mismo Real Decreto.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, según datos que ha solicitado el Grupo
Parlamentario Popular en diferentes preguntas por escrito, y
no teniendo por qué dudar de las contestaciones dadas por el
Gobierno, se han resuelto, con arreglo a los criterios
anteriores, más de 5.000 peticiones de exención, de prórrogas
de sexta clase o de
suspensión de incorporación. De momento, tan sólo han sido
rechazadas 13 peticiones de prórrogas de sexta clase por no
ajustarse a los requisitos establecidos de ser acreedores de
otro tipo de aplazamiento o de exención.

Por tanto, señorías, con el actual sistema se ha logrado,
desde nuestro punto de vista y de momento, mientras no se
demuestre lo contrario, evitar una cierta picaresca que
existía hasta entonces para evadirse del servicio militar y,
muy al contrario de lo que piensael Grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nosotros sí
consideramos que se está evitando que personas que habiendo
nacido y residiendo en España hasta su mayoría de edad hoy día
consigan acreditar de una forma un tanto picaresca la
residencia en el extranjero. Se evitan también los perjuicios
indeseables a aquellos españoles que, realmente, nacidos en
país extranjero o que residen en él antes de cumplir los 17
años, en su inmensa mayoría, sí son hijos de emigrantes. Por
tanto, señor Presidente, señorías, independientemente de que
el Grupo Parlamentario Popular considera totalmente en vigor
el modelo de Fuerzas Armadas, aprobado por esta Cámara no hace
mucho tiempo, que augura un ejército mixto y dual --mixto en
su composición y dual en su formación-- para finales de siglo,
integrado aproximadamente por un contingente de 180.000
hombres, y no cuestionamos en modo alguno aquellos principios,
anuncio que votaremos en contra de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Perales.




El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, señorías, esta
misma proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tuvimos la oportunidad de
debatirla hace casi dos años en la Cámara, y en aquel momento
el Grupo Socialista votó en contra de su toma en consideración
por una serie de razones que ahora se pueden confirmar.




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En aquel entonces se solicitaba modificar la ley, y para ello
se aducían ejemplos que ponían de manifiesto inquietudes en
los residentes en el extranjero, y además, en aquellos
momentos, no estaba todavía aprobado el Reglamento de
Reclutamiento. Ahora, como otros portavoces acaban de
mencionar, ha desaparecido la inquietud, afortunadamente y en
los emigrantes españoles no existe en estos momentos nada en
contra de la incorporación de sus familiares al servicio
militar.

El Reglamento de Reclutamiento ha resuelto de manera eficaz
las incógnitas que se planteaban en aquellos momentos, de tal
manera que difícilmente se pueden presentar casos de
residentes en el extranjero que en el momento de su
incorporación al servicio militar no haya sido atendida su
reclamación por parte del Ministerio de Defensa.

Por ello, nuestra posición es de rechazo, y lo hacemos por
tres razones: la primera, por ser socialmente injusta la
proposición de ley y porque rompería la coherencia legislativa
de eliminar privilegios que representaba la Ley 13/1991; en
segundo lugar, porque es innecesaria, porque ya no existe la
inquietud entre los emigrantes (se acaba de mencionar que de
5.013 casos de
peticiones de exención se han resuelto favorablemente 5.000;
es decir, sólo 13 casos han sido rechazados por parte del
Ministerio de Defensa); en último lugar, porque la
modificación que se propone es inviable, ya que la
incardinación de esa modificación desconoce o pretende
desconocer otros artículos de la Ley que habría que modificar.

Por tanto, vamos a votar en contra. Y lo hacemos porque la Ley
orgánica del Servicio Militar desarrolla en este aspecto la
Constitución Española, igualando a todos los ciudadanos ante
la Ley y velando por la no discriminación, que establece como
derecho y deber la defensa de España.

Consideramos que la aprobación de esta modificación de la Ley
sería socialmente injusta, ya que lo que se ha hecho es
corregir los efectos no deseados de la ley anterior, que,
pretendiendo atender las condiciones de los residentes
estables en el
extranjero, fue aprovechada por parte de algunos colectivos,
que, aunque acreditaban alguna residencia en el extranjero, no
tenían la consideración de residentes estables. Por ejemplo,
se había dado la circunstancia con reiteración de que
estudiantes
españoles en el extranjero se habían acogido a la prórroga de
cuarta clase hasta la exención del servicio militar. Con la
nueva ley y con su reglamentación se ha evitado que esto sea
así, aunque, incluso, en estos casos de estudiantes en el
extranjero se retrasa la incorporación al servicio militar.

Lo que pretendemos es, sencillamente, evitar que se rompa la
coherencia elemental en este apartado de la defensa nacional.

Además, desde nuestro punto de vista, no se ha eliminado la
exención automática para cualquiera que acredite residencia en
el extranjero. Todos los residentes en el extranjero tienen
garantizados los derechos de manera que, como he dicho hace un
momento, y han manifestado otros portavoces, la inmensa
mayoría de las peticiones de exención han sido atendidas por
parte del Ministerio de Defensa, de tal manera que los
residentes estables en el extranjero tienen derecho a la
exención del servicio militar por cualquiera de las causas
previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio
Militar. Específicamente, para los residentes estables se han
adoptado las siguientes
decisiones: para los que han agotado la ampliación de la
prórroga de cuarta clase y se encuentran trabajando en un país
que no garantiza, normativamente, la reserva de puesto de
trabajo, se les garantiza, mediante la disposición adicional
primera del Reglamento de reclutamiento, la renovación y la
exención; para los que agoten la ampliación de prórroga de
cuarta clase y no puedan acreditar ejercicio de actividad
remunerada en el país de residencia, pueden solicitar la
prórroga de sexta clase, de acuerdo con el artículo 93.1 del
Reglamento de reclutamiento; y para los que acrediten residir
fuera de España sólo o después de la edad de alistamiento
pueden acogerse, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento
de reclutamiento, al retraso en la incorporación. De tal
manera que pensamos que queda perfectamente regulado el
derecho de los residentes en el extranjero a la exención que
legalmente les correspondía y les sigue
correspondiendo.

En segundo lugar, si bien es verdad que en los primeros
momentos hubo alguna inquietud entre los afectados por la
aplicación de esta ley y, desde luego, sorpresa entre los
grupos políticos, porque ninguno había presentado enmiendas a
la redacción del artículo 14.4, que ahora se pretende
modificar, tenemos que decir que en estos momentos la
inquietud inicial ha desaparecido, máxime con la información
de que se dispone en estos momentos. Desde luego, hay que
decir que la Dirección General del Servicio Militar ha
facilitado abundante documentación, de la misma manera que el
Ministerio de Defensa también ha trabajado en la dirección de
eliminar la inquietud.

Por último, nos parece que, desde el punto de vista
legislativo, no puede ser tomada en consideración esta
proposición de ley, porque es incorrecta desde ese punto de
vista. Al solicitar que la prórroga de cuarta clase se conceda
por seis años pretende desconocer lo establecido en los
artículos 12.1 y 14.2, que regulan que las prórrogas surtirán
efecto para retrasar la incorporación hasta que cumplan los 23
años de edad, excepción hecha de la primera y quinta clase,
por lo que la incardinación de la modificación de esta
proposición podría provocar
disfuncionalidad en el contenido de la ley.

Señor Presidente, mi Grupo va a votar en contra de esta
proposición de ley, porque nos parece que es innecesaria,
porque es incorrecta legislativamente y porque,



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de aprobarse, sería injusta, ya que tendría un efecto
indeseado de vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perales.

Vamos a proceder a la votación.

Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por
la que se modifica el artículo 14.4 de la Ley Orgánica del
Servicio Militar.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 269; a favor, 19; en contra, 247; abstenciones,
tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.

Antes de pasar al punto siguiente del orden del día quiero
poner en conocimiento del Pleno que las enmiendas del Senado
al proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía,
procedente del Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre,
serán objeto de tramitación en la mañana del jueves después de
que, tras algunaduda por el momento en que han llegado a la
Cámara, la Junta de Portavoces de esta mañana haya acordado su
tramitación por haber entrado en la Cámara.

En relación con el punto número 38: Dictamen de la Comisión
Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del
Estado correspondiente a 1990 y resoluciones adoptadas por la
misma, sin necesidad de modificar el orden del día, la Junta
ha estimado que, al no concurrir los requisitos que la propia
Junta
estableció para tramitar este punto en el orden del día, no
procede el tratamiento del mismo.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS
(Número de expediente 122/000040)



El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular
sobre modificación del régimen jurídico de las cámaras
agrarias. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Madero. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)



El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular presento
ante el Pleno esta proposición de ley para la modificación del
régimen jurídico de las cámaras agrarias. La modificación que
proponemos, señorías, es leve en su contenido pero, según
nuestro criterio, es de bastante importancia y, sobre todo,
estimamos que es de absoluta necesidad, tal y como a
continuación trataré de
explicar.

Las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias se
establecieron mediante la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, que
hubo que modificar posteriormente como consecuencia de la
sentencia 132/1989, del Tribunal Constitucional. Dicha
modificación se materializó mediante la Ley 23/1991, de 15 de
octubre, que atribuye a las comunidades autónomas la potestad
de regularpor ley el procedimiento, organización,
coordinación, vigilancia y elaboración de censos electorales,
así comoel régimen jurídico de las juntas electorales, sistema
de votación y escrutinio, presentación de documentos y
recursos electorales; en resumen, el vigente ordenamiento
legal atribuye a las
comunidades autónomas todas las facultades y responsabilidades
sobre las elecciones a cámaras agrarias, excepto algo tan
sustancial como la determinación de la fecha electoral,
cuestión ésta que queda reservada para el Gobierno de la
nación, según se explicita en el artículo 8.º 2 de la citada
Ley 23/1986, que regula básicamente el ordenamiento jurídico
de las cámaras agrarias. Este artículo 8.º 2 es precisamente
el que el Grupo Popular pretende modificar mediante esta
proposición de ley. No parece muy coherente, señorías, que
siendo responsabilidad de una comunidad autónoma todo lo
referente a cámaras agrarias y, en concreto, todo lo referente
a los procesos electorales, las fechas de las elecciones a las
cámaras agrarias tengan que venir fijadas por un Gobierno --el
de la nación-- distinto del que las convoca, que es el
gobierno de la comunidad autónoma. Esta potestad del Gobierno
central para fijar la fecha de las
elecciones a cámaras agrarias quizá tuvo su lógica cuando se
redactó la ley, porque en aquel momento alguna comunidad
autónoma no tenía capacidad estatutaria de asumir competencias
de cámaras agrarias ni de cualquier otra corporación de
Derecho público, pero en la actualidad esta norma está
desvirtuada puesto que en el momento presente todas las
comunidades autónomas ya tienen atribuidas competencias en
materia de cámaras agrarias tras la aprobación de la Ley
Orgánica de 23 de diciembre de 1992, por la que se transfieren
a las comunidades autónomas, entre otras, las competencias
sobre corporaciones de Derecho público, al amparo del artículo
143 de la Constitución.

Con todo lo expuesto, nos encontramos en estos momentos con
que las cámaras agrarias están transferidas a unas comunidades
autónomas, o en proceso de transferencia a otras. Por ello es
preciso que todas tengan la posibilidad de ejercitar
adecuadamente la competencia, transferida o en vías de
transferir, y que cada comunidad autónoma, conforme a la
legislación básica, regule la vida de las cámaras agrarias,
incluida las elecciones de sus plenos, por el procedimiento
que mejor



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convenga según la ley básica y en la fecha que cada comunidad
autónoma entienda como la más adecuada, posibilidad de la que
en estos momentos carecen las comunidades autónomas.

Señorías, las cámaras agrarias son unas corporaciones de
Derecho público. Como es sabido, son órganos de consulta y
colaboración con la Administración y desde su creación, en el
siglo XIX, han prestado importantes servicios a los
agricultores y ganaderos españoles. Igual que sus homólogas
europeas han sido un instrumento muy útil, tanto para el
administrador como para el administrado, además de poseer un
patrimonio de notable cuantía que es preciso preservar y
administrar en favor de los profesionales agrarios.

Hace 15 años el Gobierno de Unión de Centro Democrático
convocó elecciones en las cámaras agrarias, tanto locales como
provinciales, y fueron elegidos en los plenos de las mismas
agricultores y ganaderos pertenecientes en lo político y
sindical a las más diversas adscripciones.

El Gobierno socialista, en 12 años, no ha querido convocar
elecciones, ni reestructurar el ámbito de las cámaras, ni
dotarlas de un contenido y unos medios adecuados a los nuevos
tiempos de la agricultura, ni nada de nada. Por el contrario,
las ha ido dejando caer lentamente y parece como si fuera
buscando su desaparición paulatina por abandono. Quizá
convenga decir que en otros países como Francia o Austria, por
citar sólo dos ejemplos, ha ocurrido todo lo contrario. Allí
los gobiernos respectivos, en colaboración con las
organizaciones profesionales agrarias, han cuidado y dotado
adecuadamente sus cámaras agrarias con beneficio evidente del
sector y de la propia Administración. Además, se da una
paradoja bastante curiosa, y es que, según el artículo 11 de
la tantas veces citada Ley 23/1986, la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias
de cara a la representación institucional ante las
administraciones públicas u otras entidades u organismos de
carácter público, se mide precisamente en función de los
resultados de las elecciones a cámaras agrarias. Según este
precepto, habrán de convenir conmigo en que a los agricultores
y ganaderos españoles, en organismos de tanta importancia como
el Copa, Cogeca, consejos reguladores, las interprofesionales
que tenemos a la vuelta de la esquina, etcétera, los deben
representar aquellos profesionales y organizaciones que
resultaron elegidos hace 15 años. Según la norma debe ser así,
y que esto debe ser así parece realmente un auténtico
disparate, pues, de hecho, a efectos de representatividad,
entendemos que el resultado de unas elecciones celebradas hace
15 años ya no vale para nada, pues algunas organizaciones que
concurrieron ni existen siquiera y hay un importante número de
bajas en los plenos; incluso hay plenos enteros, locales y
provinciales, que están disueltos.

Por todo lo dicho, es necesario y urgente que, a efectos de
representatividad en el sector, se reorganicen las cámaras
agrarias y haya elecciones en el ámbito de las comunidades
autónomas que ya las tienen transferidas y en las que se
transferirán próximamente, al tiempo que mi Grupo estima que
los gobiernos regionales y organizaciones profesionales no
sólo actualizarán la representatividad mediante el oportuno
proceso electoral, sino que, además, las dotarán de medios y
contenidos suficientes y actualizados para el desempeño de las
importantes funciones que el campo necesita. No son cuestiones
menores atender los diversos asuntos de Seguridad Social,
directorios de explotaciones, estadísticas básicas,
información de mercados, guardería, caminos, vías pecuarias y
tantas y tantas otras funciones que pueden y deben cumplir
unas cámaras debidamente estructuradas en lo territorial y
adecuadamente dotadas en lo funcional.

En definitiva, señorías, ha empezado un nuevo camino para las
cámaras agrarias dentro del ámbito de las comunidades
autónomas y es imprescindible que éstas puedan convocar
elecciones, incluso fijando el gobierno regional la fecha de
dicha convocatoria, posibilidad esta última de la que ahora
carecen.

Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular presenta esta
proposición de ley para que pueda modificarse el artículo 8.º
2 de la Ley 23/1991, de 15 de octubre, en la que se establecen
los procedimientos electorales en las cámaras agrarias. Dicho
artículo 8.º 2, con esta proposición, quedaría redactado de la
siguiente forma: Las comunidades autónomas determinarán las
fechas de convocatoria electoral previa consulta con las
organizaciones profesionales agrarias de su ámbito
territorial. Para el bien de las cámaras agrarias, para
posibilitar su futuro, para evitar una contradicción legal, es
por lo que mi Grupo ha presentado esta proposición de ley para
la que pido, en nombre del Grupo Popular, el voto afirmativo
de sus señorías.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Madero.

¿Algún turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Coalición Canaria va a dar su voto favorable a esta
proposición de ley que ha presentado oportunamente el Grupo
Parlamentario Popular. Aquí hay que plantearse una cuestión
política de fondo: ¿Qué es lo que queremos hacer con las
cámaras agrarias? Lo que no se puede después de tan largo
período, es seguir sin
elecciones en un organismo que está también implicado en



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la defensa, aunque sean corporaciones de Derecho público que
tienen un carácter consultivo y no reivindicativo. Si no
tienen este carácter reivindicativo, que queda reservado para
el sindicalismo agrario y las organizaciones profesionales
agrarias empresariales, junto con las laborales: o herrar o
quitar el banco. Lo que no se puede tener es una languidez
democrática, sin poder hacer uso ni siquiera de mecanismos
democráticos electorales, para la renovación de sus cuadros
rectores.

Coincidimos plenamente, en la propia casuística, con lo que
bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular respecto a que hay
órganos de gobierno de estas cámaras en muchas provincias que
están prácticamente en el vacío, con carencia de sus propios
representantes porque, por fallecimiento, jubilaciones o
cambios de actividad, han desaparecido hasta del propio
contexto geográfico.

Creemos que es el momento oportuno de hacer también una
igualación de un derecho democrático y de competencias con
todas las comunidades autónomas. Lo que no se puede hacer es
reservarse ahora un derecho, sin haber hecho uso de él --
porque ahí está el meollo del problema-- y, quizá por un
cicatería del Gobierno en convocar elecciones, mantenerlo
cerrado para unas comunidades autónomas que no tienen
expresamente reconocida la competencia de convocar elecciones,
frente a otras que sí la tienen. Hay que romper esta
contradicción, no solamente por una cuestión de solidaridad
entre las comunidades autónomas que sí tienen esta competencia
plena y las que no la tienen. Hay que buscar argumentos para
razonar si no es conveniente que en una comunidad autónoma se
estén celebrando elecciones y en otra comunidad no se puedan
celebrar elecciones, porque esto depende de la propia
competencia gubernamental.

Vamos a homogeneizar, como se ha hecho, por ejemplo, con la
legislación de colegios profesionales, en un ejercicio de
plena responsabilidad de muchas comunidades autónomas. Igual
que el Ministerio de Educación y Ciencia ha tenido áreas de
plena transferencia de competencias a las comunidades
autónomas y en otras han estado bajo la competencia directa
del Ministerio de Educación y Ciencia, vamos también a
normalizar y a homogeneizar este territorio representativo.

Creemos que no se puede dilatar más este proceso.

Hágase un procedimiento electoral unitario, con una
comparecencia electoral de todas las cámaras agrarias por un
mutuo consenso, desde la Administración central para aquellas
comunidades autónomas que no tienen estas competencias, junto
a las
comunidades que sí las tienen, y dígase cuáles son los
alegatos para que unas comunidades puedan, con toda
naturalidad, celebrar sus elecciones en ese ámbito
competencial y las de al lado no puedan. Esto no suena
armónicamente y conviene ya, de una vez por todas, naturalizar
este proceso electoral y llevar este grado de responsabilidad.

Lo contrario sería hacer lecturas de tipo político, que no
creo que procedan, en este momento no razonables ni
presentables, o aducir razones de pura desidia, que también
serían, digamos, contraproducentes en la normalización del
proyecto.

Señorías, les hablo desde un ámbito de representación
territorial como es la Comunidad Autónoma de Canarias, donde
un procedimiento electoral en las cámaras agrarias ni va a
perjudicar a la vecina, de la que nos separan muchos
kilómetros de mar, ni va a dislocar ningún hecho
representativo del sector de unas organizaciones a las que, si
están legalizadas sobre el papel, debemos dejarlas ejercer
plenamente, en el marco de la comunidad autónoma, su derecho
más simple que tiene en este momento el pueblo español: las
elecciones democráticas y representativas. Por esta razón
apoyaremos esta proposición de ley que nos trae aquí el Grupo
Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Tiene la palabra el señor González Lizondo.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Desde Unión Valenciana manifestamos nuestro apoyo a esta
proposición no de ley que, aunque bien presentada por el
portavoz del Grupo Popular, llega un poquito tarde para
algunas
comunidades, si bien es posible que pueda enmendar algo que ya
está mal hecho, como sucede en la Comunidad Valenciana, donde
prácticamente han desaparecido las cámaras agrarias. No
obstante, como siempre hay que pensar en un futuro que se
pueda mejorar, apoyaremos esta proposición que esperamos salga
triunfante. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Brevemente, para fijar la posición del Grupo Vasco y
manifestar que vamos a apoyar la proposición de ley planteada
por el Grupo Popular, puesto que nos parece más coherente con
la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional la propuesta del
Grupo Popular de suprimir el carácter básico del artículo 8º.2
de la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las Cámaras
Agrarias, en la medida en que lo que plantea el Grupo
proponente es que la gestión de la convocatoria de las
elecciones a cámaras agrarias sea realizada íntegramente por
las comunidades autónomas, lo cual nos parece oportuno puesto
que toda la competencia ya estaba residenciada,



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en lo que a la gestión se refiere, en las comunidades
autónomas, reservándose el Estado la convocatoria.

Consideramos más conveniente que esa convocatoria se realice
en cada nivel territorial puesto que las diversas realidades
de la geografía española hacen que la agricultura sea
diferente según los lugares, ya que mientras que en unas zonas
los agricultores en una época del año pueden estar laborando o
trabajando, en otras pueden no tener esa actividad. Por tanto,
repito que nos parece más adecuado que esa convocatoria, en
función de los intereses de las organizaciones de productores
de cada comunidad autónoma, sea realizada por las mismas. De
ahí que vayamos a apoyar la proposición de ley del Grupo
Popular.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente. El
Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy una iniciativa
tramitada como proposición de ley para modificar el artículo
8.º 2 de la Ley 23/1991 de Bases del Régimen Jurídico de las
Cámaras Agrarias, que pretende otorgar a las comunidades
autónomas la facultadde establecer las fechas de celebración
de las elecciones a cámaras agrarias en sus respectivos
ámbitos territoriales, facultad hasta ahora reservada al
Gobierno central en virtud de la citada legislación básica.

Nuestro Grupo valora positivamente tanto la oportunidad de la
proposición de ley como su contenido, es decir, que la única
facultad en esta materia que se reservaba al Gobierno central
pase a ser también competencia autonómica. Es oportuna porque
ha transcurrido año y medio desde que fueron transferidas
estas competencias a las comunidades autónomas y estimamos que
es tiempo suficiente para que cada una de ellas haya podido
elaborar los censos electorales y toda la normativa que deberá
regir el proceso electoral: la constitución de las juntas
electorales, la intervención y la vigilancia de todo el
proceso electoral, etcétera. La agricultura española precisa
salir cuanto antes del presente período de indefinición;
necesita conocer cuáles son las organizaciones profesionales
agrarias, quiénes son los
representantes de los agricultores, su mayor o menor grado de
representatividad y, por tanto, quiénes son los auténticos
interlocutores profesionales de las distintas
administraciones. Pensamos que ésta es una de las finalidades
de las elecciones a cámaras agrarias, aunque éstas sean de
carácter consultivo. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), apoyará que esta facultad de establecer
la fecha de la convocatoria se generalice a todas las
comunidades autónomas. Comprendemos, no obstante, la finalidad
de la reserva de esta facultad al Gobierno central que
establecía la legislación básica, y que seguramente era la de
evitar una contraproducente y descoordinada
proliferación de procesos electorales en períodos de tiempo
demasiado dilatados. Pensamos que la necesidad aconsejable de
concentrar todas las elecciones en un plazo razonable se
autorregulará con el condicionante que establece la propia
proposición de ley al exigir la preceptiva consulta a las
organizaciones profesionales, que serán las principales
interesadas en no dilatar el período de consulta y, dentro de
unos márgenes razonables, realizar estas elecciones en cada
comunidad autónoma en fechas adecuadas a sus especificidades
agrícolas y sociales.

Finalizo, señorías, anunciando nuestro apoyo a la toma en
consideración de esta proposición de ley.

Nada más.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.

En nombre del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, intervengo para manifestar nuestra posición
favorable respecto a la proposición de ley del Partido
Popular.

Consideramos que esta proposición de ley va a ser un
instrumento indispensable y muy válido para salir del
«impasse» en el que nos encontramos actualmente, derivado de
la Ley 23/1991, donde el Gobierno, efectivamente, se reservaba
unas competencias que después hemos visto que no estaba en
absoluto dispuesto a asumir. Nos parece también bastante
incongruente que se reserven unas fechas para convocar
elecciones generales de ámbito nacional, cuando después es a
las propias comunidades autónomas a las que, a través del
artículo 8.4, la Ley reserva las tareas de
organización, coordinación, vigilancia y elaboración de los
censos electorales.

La situación actual, como he dicho al principio, es
absolutamente insostenible; es una situación que se ha dejado
podrir, que se ha dejado morir, tras doce años de mandato
socialista, en la que no ha habido la voluntad política para
determinar la
representación del sindicalismo agrario de nuestro país.

Las continuas alusiones a la falta de representatividad, al
desconocimiento de la representatividad que cada organización
tiene, dificulta muchísimo la capacidad de interlocución de
nuestras organizaciones profesionales agrarias y pensamos que
con esta proposición de ley tenemos el instrumento para salir
de la misma.




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Los puntos que recoge la proposición de ley en relación al
ámbito competencial de comunidades autónomas, unido a la
consulta previa con las organizaciones profesionales agrarias,
creemos que es suficiente garantía como para que, con sentido
común, todos podamos llegar a un proceso en el que las
elecciones generales puedan ser de alguna manera
homogeneizadas en el ámbito estatal. Pensemos que la situación
actualmente es caótica; en Cataluña tenemos convocadas
elecciones a cámaras agrarias para el 27 de noviembre, cuando
en el resto del Estado la situación es bastante variopinta.

Pensamos que la responsabilidad de cada comunidad autónoma,
conjuntamente con las organizaciones profesionales agrarias,
hará que se ahorren esfuerzos, hará que se ahorre gasto en el
proceso electoral y hará también que podamos tener, en el
menor tiempo posible, una representatividad que sea legitimada
por unas elecciones que nos den un poco el resultado de lo que
será el ámbito estatal.

Por eso, señor Presidente, nuestro Grupo Federal va a apoyar
esta proposición de ley.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pau.




El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista analizó con todo el rigor posible la
proposición de ley que hoy nos ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, presentación que hemos escuchado con
atención, al igual que la toma de posición de los restantes
grupos parlamentarios.

La propuesta, aunque sea breve, tiene para nosotros sumo
interés y su debate nos obliga a recordar otros similares que
algunos ya tuvimos la oportunidad de realizar en esta Cámara
cuando aprobamos y luego modificamos la ley que ahora se
pretende variar en uno de sus artículos.

El fondo de la cuestión que ahora se suscita provocó una
interesante discusión en la tramitación de la Ley 23/1991, que
no pretendía otra cosa que adaptar la sentencia del Tribunal
Constitucional a la Ley de Bases del Régimen Jurídico de las
Cámaras Agrarias del año 1986. Con estas consideraciones, el
enfoque de la posición del Grupo Socialista podría realizarse
exclusivamente desde la perspectiva jurídico-constitucional y,
a partir de ahí, tomar una determinada conclusión o bien
hacerlo desde una perspectiva más política y adoptar otra
distinta. Creo que nuestra obligación era y es analizar la
propuesta desde las dos vertientes y así lo hemos hecho,
aunque en todas las decisiones parlamentarias los análisis
jurídicos deben
interpretarse desde una determinada realidad y las decisiones
que finalmente seaprueben deben ser útiles en el momento y
lugar concreto donde deben aplicarse.

El señor Madero, portavoz del Grupo Popular, y los restantes
grupos que han intervenido conocen perfectamente que la
redacción actual del artículo 8º.2 de la vigente Ley de Bases
del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias responde
estrictamente al único extremo que el Tribunal Constitucional
consideró básico y acorde con el ordenamiento constitucional
del anterior artículo 8.º de la Ley que se impugnaba. Incluso
en el proyecto que el Gobierno presentó a la Cámara se
indicaba que el Gobierno de la nación determinaría las fechas
de la convocatoria electoral, referido, lógicamente, a las
cámaras agrarias.

En el transcurso de la tramitación parlamentaria desapareció
la referencia expresa al Gobierno de la nación, quedando
únicamente que el Gobierno determinará, al aceptar una
enmienda del Grupo Popular que así lo indicaba. Además, se
añadió: previa consulta con las organizaciones agrarias. Esta
propuesta fue aceptada con el consenso de todos los grupos.

En aquellos debates, pues, las únicas diferencias entre la
propuesta del Gobierno y la del Grupo Popular fueron las que
les he mencionado, introducidas, las dos, con amplio acuerdo.

Una de las diferencias fue que la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular indicaba que el Gobierno --sin hacer
constar que fuese el de la nación, porque es verdad que el
Grupo Parlamentario Popular en aquellos momentos ya entendía
que era el Gobierno competente-- fijaría la fecha de la
convocatoria. Al recoger su espíritu, también indicamos que
era el Gobierno quien fijaría las fechas, aceptando que las
fechas deberían ser distintas en atención a las diferentes
realidades y los procesos de
transferencias, así como también al desarrollo de elaboración
de las normas que la propia ley indicaba.

Creo que el acuerdo que en aquel momento se planteó es el
mismo que en estos momentos nos llega a la Cámara. La
filosofía que entonces recogimos todos los ponentes de la ley
era que aquellas comunidades autónomas que tenían competencias
en la materia --que en estos momentos son todas, a partir de
la sentencia del Tribunal Constitucional y de las leyes
posteriores-- podrían también determinar las fechas de la
convocatoria de sus
elecciones.

Es cierto, no obstante --y en ese sentido hay que reconocerlo-
-, que en algunos casos concretos será necesario que el
Gobierno de la comunidad autónoma respectiva pueda solicitar
del Gobierno de la nación que convoque las elecciones en un
momento determinado, porque quizás su Parlamento no haya
elaborado las normas que constitucionalmente le permiten las
distintas leyes. En ese sentido, el acuerdo político que en
estos momentos se está produciendo en la Cámara, y que ya
recogió nuestro Grupo en la tramitación de la anterior ley,
nos lleva a votar favorablemente el trámite de esta



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proposición de ley. Luego, en su tramitación parlamentaria,
presentaríamos probablemente algún tipo de enmienda que
recogiera estrictamente el sentido de nuestra aceptación
ahora.

Por parte de todos es conocido y reconocido que la propuesta
del Grupo Parlamentario Popular no contradice la sentencia del
Tribunal Constitucional, que, indicaba, en definitiva, que las
consideraciones de la Ley de Bases sobre las Cámaras Agrarias
el Gobierno no debía hacerlas reglamentariamente, sino a
través de una ley. Creo que así lo hemos aceptado todos los
grupos y, por tanto, nuestro Grupo parlamentario aceptará hoy
la tramitación de esta proposición de ley. Esperamos que en el
trámite parlamentario que debe seguir podamos introducir
aquellas modificaciones que permitan una aplicación correcta y
que sirvan, sobre todo, para que la Ley de Cámaras Agrarias,
que ya aprobamos en el año 1986 y que modificamos a partir de
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1991, entre
rápidamente en vigor a partir del momento en que todas las
comunidades autónomas hayan elaborado, mediante ley, las
indicaciones que la propia ley les permite.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pau.

Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre
modificación del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 296; a favor, 295; en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
LA UTILIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS FUERA DE HORARIO
LECTIVO CON PLANTEAMIENTOS FORMATIVOS Y PREVENTIVOS CONTRA LA
DROGA (Número de expediente 162/000072)



El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
proposiciones no de ley.

Proposición del Grupo Popular relativa a la utilización de
centros educativos públicos fuera del horariolectivo con
planteamientos formativos y preventivos contra la droga.

Tiene la palabra el señor Robles Orozco. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, al defender esta tarde la proposición no de ley de
mi Grupo sobre la utilización de los centros escolares en
horarios no lectivos es inevitable hacerlo refiriéndome a un
marco general y superior en el que haya que abordar
forzosamente el tema de la prevención y, aún más, si ustedes
me lo permiten, también abordar la propia situación que en
este momento vive el Plan nacional de lucha contra la droga.

El tema de la prevención y muy especialmente la proposición
que hoy defiende mi Grupo lógicamente debe estar coordinado
por el Plan nacional de lucha contra la droga y en el contexto
de la coordinación entre los diferentes ministerios. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Una de
las facultades de las que se dotó este plan precisamente era
la coordinación de los diferentes programas
interministeriales, para poder hacer eficaz esta política de
lucha global en los
diferentes frentes de prevención, de asistencia y de represión
del narcotráfico.

Como les digo, señorías, lo primero que hay que hacer es
analizar cuál es la situación en que nos encontramos con el
famoso Plan nacional de lucha contra la droga. Tengo que
recordarles que en la actualidad este Plan nacional está sin
titular, que ha dimitido el propio Secretario de Estado
responsable del Plan y que es la culminación de un historia
que comenzó hace nueve meses, que ha supuesto que el Plan
nacional de lucha contra la droga haya transcurrido por tres
ministerios diferentes, el Ministerio de Sanidad, el
Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior, y
que en el mismo período de tiempo que ha transcurrido por tres
ministerios haya cambiado tres veces de director general,
para, después, definitivamente, irse el propio responsable del
que iba a ser el plan estrella del Gobierno en la lucha contra
las drogas. Pero si esto es la realidad, es síntoma realmente
de lo que pasa, de lo que hay y de lo que subyace detrás de
estos cambios permanentes, detrás de esta improvisación,
detrás de esta pérdida de eficacia en un tema que había
funcionado con el acuerdo de las diferentes
administraciones y con el acuerdo de las diferentes fuerzas
políticas. Este no es un tema cualquiera. Si es grave la
parálisis del Gobierno en tantos temas que nos afectan a los
españoles, es aún más grave en un tema que afecta a la vida, a
la salud de los individuos, de las familias y de la propia
estabilidad social. Por tanto, hay una responsabilidad
objetiva, hay una responsabilidad enorme en lo que



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se ha producido de vaivenes, de cambios, de improvisaciones,
de trasiego de un rosario de cambios permanentes que, como
digo, ha terminado con la propia dimisión del que era
Secretario de Estado de Lucha contra las Drogas.

Lo cierto es que en este momento el Plan nacional está
desorientado, está en una parálisis, en una pérdida de
eficacia y, yo diría más, ha dado un paso atrás en los
objetivos que perseguía.

Señorías, es difícil que desde los bancos del Gobierno, que
desde los bancos del Partido que soporta al Gobierno se vuelva
a reclamar, en esta Cámara, política de Estado, política de
acuerdos globales, cuando se ha jugado claramente, durante
estos meses, con el Plan nacional de lucha contra la droga
como si fuera una moneda de pago político, como si fuera una
moneda de cambio político. Creo, señorías, que ustedes no
tienen en este momento ninguna autoridad moral para seguir
reclamando una política de Estado, una política de apoyo de
los diferentes grupos cuando ustedes, insisto, han jugado como
si fuera moneda de cambio político con un tema de la
trascendencia que es la lucha contra las drogas.

Dicho esto como introducción, me parece que también es
importante abordar cuál es en este momento la situación de la
política preventiva que tiene el Gobierno, que tiene este
Estado para luchar contra las drogas. Es claramente
deficiente, claramente deficiente. Quiero recordarles,
señorías, que año tras año los diferentes organismos
internacionales, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la
Organización Mundial de la Salud, todos y cada uno de los
organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra la
droga nos recuerdan en sus informes anuales que no existe una
política de éxito en la lucha contra las drogas que no se base
fundamentalmente a medio y a largo plazo en una política de
prevención a través de la educación, de la formación de los
valores, de la integración de los jóvenes y los adolescentes
al mundo de la sociedad adulta. Esa es la política preventiva
que debe dar éxito a nuestro país y no es precisamente la
política que se está aplicando en este momento. No sólo lo
estoy diciendo yo ahora desde esta tribuna, y lo hemos dicho
repetidas veces desde nuestro Grupo. Lo están diciendo las
organizaciones no gubernamentales, lo están demandando las
asociaciones de padres, lo está demandando la sociedad en su
conjunto, que nota una deficiencia importante en la política
preventiva de este país.

Y no haga usted esos gestos de desaprobación, porque si usted
estuviera en la Comisión Mixta, como estoy yo, podría haber
escuchado, y puede usted leerlo, lo que han dicho
organizaciones no gubernamentales del peso, de la entidad, del
reconocimiento, por ejemplo, de «Proyecto Hombre», la FAD o
UNAD, que usted conoce perfectamente bien, que articula todas
las organizaciones más importantes de lucha contra la droga.

Si quiere, después le cito literalmente lo que han dicho en la
Comisión Mixta, cuál es su valoración de la política de
prevención que se hace en este país. Se puede resumir en una
sola palabra, y si quiere se lo puedo decir: fracaso. Fracaso
y asignatura pendiente por parte del Estado en la política de
prevención.

Por lo tanto, y por eso es esta proposición no de ley, hay que
instar al Gobierno a que cambie el paso, a que destine más
recursos, a que lo haga de forma más objetiva, plural y
participativa, a que pasemos de la formulación de meros
objetivos a políticas reales que se puedan evaluar y que
podamos medir si están realmente dando sus frutos. Eso es lo
que propone nuestra proposición no de ley, pasar de la mera
formulación a la política de hechos concretos, a la política
de hechos consumados.

Además, los datos. Los datos que nos demuestran la gravedad
del problema de la droga en nuestro país. Los datos que siguen
diciendo que la edad de iniciación al consumo en drogas
ilegales está por debajo de los 16 años; que el último año se
ha
triplicado el número de fallecimientos en menores por abuso de
drogas; que, además, la iniciación al consumo del alcohol está
en quince años. Hay toda una política de apoyo a los menores
de edad, de apoyo a los adolescentes, que es deficiente y que
hay que respaldar.

Los datos nos dicen, primero por la radiografía que nos
dibujan de la situación de nuestro país y también por la
demanda que hay en los colectivos, en las asociaciones, en los
padres, que hay que hacer algo más y que hay que pasar a
formular políticas concretas. Esta es una política concreta
que les formulamos. Utilícense los centros escolares; donde
existen deficiencias importantes, donde existen necesidades de
más campos deportivos, de más ocio programado, de más
actividades culturales, de más tiempo alternativo para los
jóvenes, utilícense como pilar básico y fundamental en la
política de prevención.

La educación para la salud puede y debe tener, en la
utilización de los centros escolares en períodos no lectivos,
por las tardes, los fines de semana, en los
períodosvacacionales, como pilar fundamental esta posibilidad
de desarrollar programas de
educación para la salud.

Se trata, señorías, de utilizar los centros escolares con un
mejor aprovechamiento. Que no se cierren por la tarde tantas y
tantas instalaciones deportivas, que no se cierren aulas, que
no se cierren laboratorios, que no se cierren bibliotecas, que
se utilicen adecuadamente, porque hay una deficiencia de
estructuras, de ocio y de tiempo libre en nuestro país. No es
justo, no es de recibo que se cierren tantas instalaciones que
podrían, utilizándose adecuadamente, de forma coordinada entre
las administraciones locales, autonómicas y del Estado, dar
sus frutos en beneficio de los jóvenes, de los adolescentes,
en rentabilidad de una formación más adecuada para los jóvenes
de hoy y de mañana. Como digo,



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hay que utilizar mejor los recursos de los que disponemos,
hacerlo de forma coordinada, de forma programada, en valores
de ocio y de tiempo libre.

Nuestra propuesta no es una propuesta cerrada. Es una
propuesta que pretende instar a estudiar, a programar, a
coordinar las diferentes administraciones en una política que
es complicada, pero que es posible. Hay experiencias aisladas,
hay organizaciones no gubernamentales, hay voluntarios, hay,
incluso, ayuntamientos y algunas comunidades autónomas que
están iniciandoese período. Es necesario dar un impulso desde
esta Cámara y es necesario dar un impulso desde el Gobierno,
insisto, pasando de la mera formulación de objetivos, pasando
de la retórica a los hechos reales evaluables y concretos.

Nuestra propuesta está abierta a cuantas aportaciones pueda
hacer cualquiera de los grupos para mejorarla, pero siempre
que sea un inequívoco, absolutamente inequívoco mandato desde
esta Cámara al Gobierno para proceder a realizar cuanto antes,
no el año que viene, no en formulación de objetivos, sino en
programas concretos, una política de prevención para la
juventud en beneficio de todos.

Señorías, tienen ustedes la oportunidad de ganar algode la
credibilidad que han perdido durante estos mesesen el trasiego
permanente de un Ministerio a otro del Plan acional de lucha
contra la droga. Intenten buscar de verdad el consenso de la
sociedad, intenten buscar el consenso de esta Cámara. No se
escuden intentando respaldar lo que es irrespaldable de una
deficitaria política por parte del Gobierno y atiendan nuestra
petición, que no sólo es nuestra, sino la de tantas
organizaciones no gubernamentales, de padres, de educadores y
de los propios jóvenes que quieren encontrar una alternativa a
su ocio.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Robles
Orozco.

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Martínez.




El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Señor Presidente,
señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para manifestar, en primer lugar, la coincidencia
de mi Grupo con la preocupación básica que subyace en la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Con la
proposición no de ley, no con el discurso que el señor Robles
ha hecho desde la tribuna, que es más bien un discurso propio
de la Comisión de la droga, pero no de justificación del texto
concreto que ha presentado como iniciativa parlamentaria.

En segundo lugar, voy a hacer algunas puntualizaciones que nos
parecen del todo pertinentes. Sobre la base de ambas
circunstancias, es decir, sobre la base de las coincidencias y
de lo que consideramos aportaciones necesarias, hemos creído
oportuno ofrecer al Grupo Popular y al resto de los grupos de
la Cámara un texto alternativo, una enmienda de sustitución
que creemos que mejora fundamentalmente, al menos en dos
aspectos, la iniciativa del Grupo Popular. La mejora porque
creemos que es preciso establecer una relación más concreta,
más clara, entre las actividades extraescolares y la
prevención de la lucha contra la drogadicción, y, por otra
parte, garantizar la viabilidad de una utilización continuada,
eficaz, estable de los centros educativos fuera de su horario
lectivo.

De la lectura detenida de la proposición no de ley presentada
por el Grupo proponente se desprenden, al menos en nuestra
opinión, dos reparos que consideramos importantes. El primero
es la omisión que en el texto se hace de las acciones llevadas
a cabo hasta ahora por las autoridades académicas, en
concreto, por el Ministerio de Educación, pero también por
tantos y tantos colectivos sociales que vienen trabajando,
desde hace tiempo, en este tipo de actividades y en horarios
no lectivos en los centros educativos. Da la impresión, del
texto presentado por el Grupo Popular, que habría de partirse
de cero, que no se ha hecho nada en este terreno hasta el
momento y, como después tendré ocasión de demostrar, no es así
en absoluto.

El segundo reparo que nos hace presentar esta enmienda de
sustitución es el papel, que, desde el punto de vista
estrictamente pedagógico nos parece rechazable, el papel,
digamos vicario, al que se reduce a las actividades
extraescolares en relación con la prevención de la
drogadicción. Creemos que las actividades extraescolares, sean
de naturaleza deportiva, social, científica, etcétera, tienen
suficiente entidad por sí mismas para justificarse, sin
perjuicio de que puedan derivarse algunos efectos beneficiosos
en el tema objeto del debate de esta tarde. Permítame,
señoría, que le refiera, muy brevemente, una anécdota que tuvo
lugar en nuestro Grupo hace un par de meses,
aproximadamente. Con motivo de la presentación por parte del
Gobierno del proyecto de ley sobre mecenazgo y fundaciones,
vinieron a visitarnos --como sospecho que lo hicieron con
otros grupos-- directivos de una asociación nacional de
escuelas de música para obtener un cierto tipo de
reconocimiento en el texto de la ley. Nos decían, cargándose
de razón, que ellos entendían que ese reconocimiento era de
justicia, era de derecho, porque estaban haciendo una labor
importantísima para la juventud, en la medida en que al
enseñarles música, al ocuparles, por ejemplo, en actividades
que tenían que ver con el aprendizaje de un determinado
instrumento, estaban apartándoles del mundo de la droga. Se
quedaron creo que favorablemente sorprendidos cuando les
dijimos que estaban haciendo una labor importante, porque
enseñaban música,



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porque estaban educando a la juventud en un dominio concreto,
que es absolutamente necesario para la formación completa que,
desde el punto de vista cultural, necesitan los alumnos,
necesitan los ciudadanos de este país.

En este sentido quiero indicarle, señor Robles, que, sin
perjuicio de los efectos benéficos, de los efectos
colaterales, de los efectos derivados de estas actividades
extraescolares, usted sabe muy bien que el cerebro humano
tiende a funcionar con un carácter unitario y que los
aprendizajes que se realizan en un determinado terreno tienden
a producir lo que en psicología se llama un efecto «transfer»,
que son efectos beneficiosos en otras áreas, en otros
comportamientos diferentes de la conducta humana. Desde este
punto de vista, también las actividades extraescolares son
beneficiosas con relación al tema que nos ocupa.

En opinión de mi grupo son necesarios acuerdos estables --y me
estoy ciñendo al texto de la proposición no de ley--, son
necesarios acuerdos de colaboración estable entre
ayuntamientos, centros educativos y determinados colectivos
ciudadanos para garantizar que esas actividades no tengan un
carácter absolutamente de improvisación, que no sean flor de
un día, que sean eficaces, que tengan continuidad.

Alguien, señor Robles, tiene que garantizar, por ejemplo,
quién se va a hacer cargo de la responsabilidad de las
instalaciones en horas no lectivas. Hay que garantizar
aportaciones externas a la comunidad escolar; hay que
garantizar que otras personas, que otros especialistas, que
otras fuerzas culturales hagan de la escuela, fuera de ese
horario lectivo, algo absolutamente vivo, algo no libresco,
algo no meramente erudito y desde este punto de vista
entendemos que sería muy beneficioso estimular el voluntariado
social de tipo educativo para que concurriera a este tipo de
actividades a las que nos venimos refiriendo.

Paradójicamente, señor Robles, en su proposición no de ley
ustedes no proponen actividades concretas en relación con la
prevención de la drogadicción --me remito a ese carácter
vicario que otorgan a las actividades extraescolares--, pero
no prevén nada en relación con la drogadicción en concreto.

Quiero indicarles, señorías, que por motivaciones tanto de
tipo académico, por motivaciones pedagógicas, como desde el
punto de vista económico, el Ministerio de Educación viene
tomando iniciativas desde hace tiempo para que los centros
escolares sean utilizados más allá de lo que son las seis
horas lectivas de cada día y más allá de los nueve meses de
clase. Se vienen tomando iniciativas desde este punto de vista
porque no haberlo hecho supondría, señorías, algo que podría
constituir claramente un despilfarro de los recursos
económicos.

Recientemente, y en relación con lo que prevé el Título IV de
la LOGSE, me refiero a criterios estrictamente pedagógicos, el
Ministerio de Educación acaba de presentar setenta y siete
medidas, algunas de las cuales están precisamente en relación
con el tema que nos ocupa esta tarde, por ejemplo las que van
de la 1 a
la 6, tienen que ver con la educación de los valores en el
sentido de que se está intentando integrar en los contenidos
curriculares la formación moral y cívica y valores que tienen
que ver con los hábitos saludables de los ciudadanos y con la
prevención del consumo de sustancias nocivas.

Por cierto, mi grupo quiere insistir en que sin perjuicio de
la importancia que en sí misma tiene la drogadicción utilizado
el término en un sentido convencional, hay aspectos de la
drogadicción utilizados en un sentido mucho más amplio que
tienen consecuencias funestas y si cabe más radicales para los
ciudadanos y para la economía de este país, como el tabaquismo
y el alcoholismo.

Hay un segundo grupo de medidas de este documento que acabo de
mencionar que están referidas a la participación de los
alumnos y de las familias en proyectos escolares, en programas
de formación y que pretenden, en concreto la medida 34, la
colaboración con las corporaciones locales y los centros
educativos para que éstos se conviertan en sedes que permitan
actividades extraescolares, actividades de interés social, no
solamente a los alumnos del centro, sino también al mundo
circundante, a los jóvenes que puedan estar interesados en
este tipo de actividades.

Señorías, porque no son solamente palabras, en opinión del
señor Robles, porque no son solamente formulaciones teóricas,
porque son proyectos concretos, puedo decirle que para el
próximo año está prevista una inversión de más de 1.400
millones de pesetas para aquellos centros que opten por
inscribirse en actividades del tipo que acabo de relatar.

Simultáneamente usted sabe, señor Robles, que por parte del
Ministerio se están desarrollando otros programas que tienen
que ver con el ocio, el tiempo libre y la salud, por ejemplo,
el programa de extensión de la educación física, el de
prevención de la drogadicción, el de Europa contra el cáncer o
el de la educación ambiental.

Por último, y para terminar, permítanme señorías dos
consideraciones de tipo jurídico. La primera, y no son
palabras, son hechos concretos, señor Robles, es la existencia
de un Real Decreto, el 2274/1993, de 22 de diciembre, de
cooperación de las corporaciones locales con el MEC, de
acuerdo con el cual los locales de centros públicos docentes
pueden ser utilizados, van a ser utilizados, están siendo
utilizados por entidades locales y organismos, por alumnos de
los centros, pero también por personas ajenas a la propia
comunidad escolar en sentido
estricto.

En segundo lugar, que la organización de estas actividades
extraescolares y la participación en ellas, al menos



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por lo que se refiere al profesorado, debe hacerse, para no
alarmar a nadie, sobre la base de la absoluta voluntariedad.

Señorías, señor Presidente, nada más; únicamente repetir a
todos los grupos, especialmente al grupo proponente, la oferta
de texto alternativo con la esperanza de que nuestras razones
hayan podido convencerles para su aceptación.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.--El
señor Robles Orozco pide la palabra.)
Señor Robles Orozco.




El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, supongo que tendré
que hacer un turno de aceptación o no de la enmienda que ha
propuesto el Grupo Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Una vez que los
diferentes grupos fijen la posición, la Presidencia le dará la
palabra para que S.S. indique si acepta o no la enmienda
presentada.

Por el Grupo Mixto, el señor González Lizondo tiene la
palabra.




El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.

Desde Unión Valenciana nos gustaría aprobar esta proposición
no de ley, y entendiendo que el texto alternativo que presenta
el Grupo Socialista podría ser aceptado por el grupo
proponente, en definitiva, se cumpliría el objetivo que ha
traído a esta Cámara esta proposición no de ley, que es
oportuno.

Creo que sería una lástima que no aprobáramos esta proposición
en unos términos que nos llevaran a toda la Cámara a hacerlo.

La redacción de uno u otro no tiene mayor importancia. La
verdad es que, de hecho, el texto alternativo recoge la
petición realizada en la proposición del Grupo Popular.

Llamaría la atención a SS.SS. para que no tuviéramos aquí esa
discusión y que porque me lo han escrito y me lo han enmendado
no lo quiero aceptar. Valdría la pena que entre todos lo
sacáramos adelante. No veo ninguna contradicción entre uno y
otro; por tanto, estamos dispuestos a aprobar esta proposición
no de ley con uno u otro texto, prefiriendo, sinceramente, el
texto alternativo que nos parece más completo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo.

Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mauricio tiene la
palabra.

El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo también entiende que la enmienda presentada por
el Grupo Socialista completa muy bien el texto. Quisiéramos
decir que la iniciativa presentada por el Grupo Popular ha
sido muy oportuna. Nos gustaría que esta proposición no
quedara en una simple declaración de buenas intenciones,
porque tiene una enorme importancia de carácter social, ya que
la infraestructura cultural y deportiva de las instalaciones
escolares es muy importante si se integra en el medio social,
en el medio urbano, en el que están colocadas, incluso en el
medio rural.

Por todo ello, nuestro grupo considera que esta proposición
resulta muy positiva y va a votarla favorablemente, deseando
que se arbitren los recursos necesarios para que la propuesta
tenga toda la eficacia práctica que sería precisa.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mauricio. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en
relación con la proposición no de ley sobre la utilización de
centros educativos públicos fuera del horario lectivo con
planteamientos formativos y preventivos contra la droga.

Hemos de manifestar, de entrada, que cualquier iniciativa,
cualquiera que se lleve a cabo con la finalidad, con el
objetivo de disminuir el consumo de drogas y sus efectos entre
la
juventud, merece nuestra consideración y, además, entendemos
que merece la atención y la ayuda de todas las
administraciones e instituciones del país.

En este sentido, la utilización de centros educativos públicos
fuera de su horario lectivo, para desarrollar actividades
extraescolares que cubran las necesidades de tiempo libre de
los adolescentes, nos parece adecuado y no sólo con la
finalidad formativa y preventiva contra el consumo de droga,
como se ha hecho referencia por parte del portavoz socialista.

Se trata de optimizar de forma general la utilidad y el
rendimiento de las instalaciones de los centros educativos
tanto por parte de los estudiantes como de la comunidad
social, de su entorno en general. Con ello puede conseguirse
una doblefinalidad positiva. De una parte, esta óptima
utilización de instalaciones, de las que precisamente no
andamos en absoluto sobrados; y, por otra parte, la
colaboración de asociaciones de padres y de alumnos y otras
instituciones que puedan incorporar al proyecto educativo del
centro un conjunto de actividades complementarias



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que indudablemente benefician tanto a los alumnos como a los
ciudadanos de su entorno.

Con el fin de dinamizar la vida de los centros, es además muy
positiva la creación de asociaciones deportivas que organicen
actividades físico-deportivas y recreativas que encaminadas a
crear hábitos saludables en la población escolar determinarán
en un futuro una adecuada utilización del tiempo libre a lo
largo y ancho de su vida.

El objetivo deseable perseguido es que cada integrante de la
comunidad escolar juegue el papel que le corresponde, es
decir, los profesores impulsando la actividad, los padres
colaborando en las actividades que se generen, las
administraciones dotando de medios tanto materiales como
humanos para el mejor desarrollo de dichas actividades y, por
encima de todos, los propios alumnos del centro, que han de
ser por una parte los auténticos protagonistas de estos
programas y que, a su vez, también han de ser los responsables
de estas actividades.

En relación concreta con la proposición no de ley y el
tratamiento correcto y adecuado que es necesario dar a este
tipo de actividades, podríamos diferenciar dos campos.

Primero, los centros de educación infantil y primaria, la
enseñanza general básica. Estos centros se ubican en edificios
de propiedad municipal y el ayuntamiento es responsable de
sufragar tanto los gastos de mantenimiento, bien sean de
limpieza, como de vigilancia. En este caso, cualquier
disposición tiene que prever, por tanto, la participación
municipal en la toma de decisiones sobre la realización de
actividades fuera del horario escolar, sin que en ningún caso
puedan interferir, como es natural, la realización normal de
la actividad lectiva del centro y el desarrollo de las
actividades escolares complementarias y extraescolares
programadas por el propio centro.

En segundo lugar, los centros de educación secundaria. Estos
centros están ubicados normalmente en edificios propiedad de
la administración educativa y en todos los casos es esta
administración educativa quien financia sus costes de
mantenimiento, limpieza y vigilancia.

El fundamento de la proposición no de ley es ampliamente
compartido por la comunidad educativa y a su vez también ha
sido recogido en diversas disposiciones, entre las que podemos
destacar, en el ámbito del territorio del MEC, como se ha
dicho, el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 22 de enero
de 1994, casualmente un día después de la presentación en la
Cámara de esa proposición no de ley --casualmente, digo-- de
cooperación de las corporaciones locales con el Ministerio de
Educación y Ciencia y en efecto, en su artículo 9.º 1, como se
ha dicho, se prevé la utilización de los locales e
instalaciones de los centros públicos docentes.

Por otra parte, en nuestra comunidad autónoma, en Cataluña,
hay ya una Orden, de 15 de octubre de 1981, sobre el
procedimiento de utilización de las instalaciones de los
centros docentes públicos y como consecuencia de ello, una
resolución de 15 de febrero de 1982 que desarrolla la orden
anterior, precisamente sobre el uso de las instalaciones de
estos centros docentes. En esas normas ya están previstas la
forma y las condiciones de uso de las instalaciones de los
centros educativos con el fin de optimizar la utilización de
los mismos.

Por tanto, desde esta perspectiva, podríamos considerar
innecesaria la aprobación de esta proposición no de ley. Sin
embargo, como se ha presentado una enmienda de sustitución por
parte del Grupo Socialista y en aras a encontrar un acuerdo
consensuado con todos los grupos de la Cámara, como lo bueno
si abunda no daña, caso de que fuera aceptada la enmienda
nosotros votaríamos a favor y en caso contrario no la
apoyaríamos. Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, subo a la
tribuna para posicionar a mi grupo ante esta proposición no de
ley que nos presenta el Grupo Popular y al hilo de la cual
quisiera hacer alguna reflexión.

Personalmente creo, señorías, que en este país los problemas
no son tanto de legislación como de cumplimiento de lo
legislado. Se ha citado por parte del Grupo Socialista que ya
existe un Real Decreto que coordina la acción de las
comunidades autónomas, de los ayuntamientos y la
Administración central para la utilización más racional de los
centros. Se ha hablado de una disposición de la Generalitat de
Cataluña en la misma dirección; está el libro editado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre efectos educativos y
calidad de enseñanza, en el que se contemplan estos extremos,
y, además, estamos obligados a discutir una proposición no de
ley precisamente por esa circunstancia de que el problema no
son las cosas que están escritas sino el cumplimiento de lo
escrito, algo que en algún momento tendríamos que trascender,
porque, «a priori», parece innecesario utilizar tiempo en
discutir algo --la proposición o la enmienda-- que
teóricamente debería ser norma de obligado cumplimiento por
todas esas disposiciones legales que ya existen y las que
están contempladas en esas medidas que propone el Ministerio
de Educación y Ciencia. Dicho esto, quisiera hacer algún
comentario sobre diversos extremos que se contemplan en la
proposición no de ley del Grupo Popular.




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En la exposición de motivos se habla del papel decisivo de la
juventud en la prevención de las toxicomanías, dinamizando su
entorno social y desarrollando su potencial creativo. A mí
personalmente y a mi grupo nos parece que es una buena
reflexión, que es una reflexión adecuada, porque considera a
la juventud no sólo como destinataria de las acciones
preventivas que ejerzan las administraciones en materia de
drogas, sino que les hace actores decisivos de estas acciones.

Por tanto --repito--, nos parece una buena orientación. Nos
parece en la exposición de motivos que se contienen loables
intenciones al pretender fomentar alternativas sanas de
disfrute del tiempo libre, del tiempo de ocio, aunque quizá el
problema, o al menos uno de los problemas es que la juventud -
-concepto por otra parte bastante metafísico-- se encuentra
con que tiene «demasiado tiempo» --entre comillas-- porque las
tasas de paro juvenil, superiores al 40 por ciento, la
cantidad enorme de jóvenes españoles sin independencia
económica y, por tanto, sin posibilidad de realización de
proyectos individuales o colectivos de futuro, hacen que,
efectivamente, se disponga de mucho tiempo libre. Es loable la
intención de que ese tiempo libre tenga una orientación
formadora, pero el problema de utilizar ese tiempo libre
(aunque no son esfuerzos disyuntivos, sino al contrario,
deberían ser coincidentes) es antes de encontrar ocupación
para esa gente joven, con lo que probablemente estaríamos
situando en mejor dirección la solución de los problemas. Esas
grandes tasas de paro a las que se le ofrece como alternativa
unos contratos de aprendizaje con los que difícilmente también
se pueden plantear proyectos de futuro viene a incidir una vez
más sobre el problema de fondo que nos ocupa, que es el de las
drogas.

Nos parece adecuado el deporte como alternativa de ocio. Nos
parece --repito-- una propuesta adecuada en orden a
proporcionar un desarrollo de la personalidad de los jóvenes
equilibrada y saludable. También parece razonable ante el
déficit de instalaciones deportivas sobre todo y especialmente
en las zonas de las ciudades más marginales y, por tanto, más
golpeadas por el problema de las drogas, parece razonable --
repito-- poder utilizar los recursos de que se dispone,
fundamentalmente a través de las instalaciones de los centros
escolares, para esas actividades deportivas. También parece
razonable desarrollar actividades de tipo cultural con
objetivos formativos y preventivos del consumo de drogas, todo
ello haciendo la salvedad, por otra parte conocida de aquellas
personas que tienen, de cerca o de lejos, relación con el
mundo de las drogas, que en las actividades culturales
relacionadas con las drogas los objetivos formativos y
preventivos del consumo deben ser fijados por personas con una
cualificación muy especial y con una claridad absoluta en sus
exposiciones, porque no sería la primera vez (y hay pruebas
documentadas de lo que digo) que, después de una campaña de
explicación en determinadas zonas, fundamentalmente zonas
marginales, después de una campaña de sensibilización sobre el
problema de la droga, lo que se consigue no es disminuir el
consumo, sino al contrario, estimularlo, porque se despierta
alguna expectativa. Repito que nos parece loable desarrollar
actividades culturales de este tipo, pero insisto en la
necesidad de que sean hechas por personal altamente
cualificado.

La educación para la salud, en la que estas estrategias de
formación deben estar insertadas, hemos tenido ocasión esta
misma mañana (y no quiero reproducir aquí debates de los que
solemos tener en la Comisión Mixta para el estudio del
problema de las drogas), de hablar con la señora Ministra de
Sanidad sobre estos temas y de comprobar cómo, por desgracia,
no están prácticamente nada puestas en marcha las estrategias
de educación para la salud, en la que todas estas medidas
deberían estar insertadas. Por otro lado, la enmienda que el
Grupo Socialista ha presentado parte de la tesis (intentando
arrimar agua a su molino, que me parece políticamente justo y
lógico, en cualquier caso) de reforzar las decisiones del
Ministerio de Educación y Ciencia respecto de los centros
educativos contenidas en la propuesta de actuación sobre
centros educativos y calidad de la enseñanza que, por cierto,
en su medida número 13, les leo textualmente, dice: Se
favorecerá la utilización, por parte de los estudiantes y de
la sociedad en general, de los recursos de los centros en
horario diferente al lectivo para la realización de
actividades deportivas, artísticas y de estudio, en la que,
sin ninguna duda, caben perfectamente todo este tipo de
actividades alrededor del problema de la droga de que estamos
hablando. Ya decía al principio de mi intervención que el
problema no es tanto describir más veces la misma cosa, sino
que, cuando está escrito una vez, seamos capaces de llevarla a
la práctica, de hacerla cumplir.

Les decía que en esa medida número 13 ya se contempla, por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia, un uso más
abierto de los centros escolares fuera de horario lectivo.

En la enmienda del Grupo Socialista se incluye un apartado que
a mí me parece especialmente positivo, y es la ampliación de
ese tipo de actividades al voluntariado social, por una parte,
y a las organizaciones sociales del entorno escolar, porque
sin duda uno de los problemas fundamentales con los que nos
encontraríamos a la hora de facilitar la apertura de los
centros docentes fuera del horario lectivo serían problemas
tan prosaicos como la ausencia de bedeles. El voluntariado
social podría tener un papel en ese problema, podría ser quien
resolviera, junto con organizaciones sociales del propio
entorno de la zona en que esté ubicado el colegio, alguno de
esos problemas con los que sin duda nos encontraríamos.




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Repito que nos parece útil la inclusión en esta enmienda de
esos dos conceptos, del voluntariado y de las organizaciones
sociales, y la apertura no sólo, lógicamente, a los escolares
del centro en cuestión, sino a la población juvenil del área
de influencia del propio centro. Yo creo que la enmienda
amplía un poco los objetivos de la proposición no de ley,
proposición no de ley que, por otra parte, me parece loable, y
creo que, en aras de la buena marcha de las cosas, el grupo
proponente (al menos así se lo sugiere mi grupo) debería
aceptar la enmienda que le ha propuesto el Grupo Socialista,
con lo que conseguiríamos, en un tema tan sensible como éste,
la unanimidad de la Cámara, pues me parece, insisto que ante
temas de esta naturaleza el mayor consenso posible es
altamente deseable.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez. El señor Robles Orozco tiene la palabra a efectos de
indicar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.




El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, la intervención del
señor Vázquez prácticamente podría ahorrar la mía porque él ha
dado los argumentos justos, cabales y suficientes como para
que mi grupo no pueda aceptar precisamente la enmienda que ha
propuesto el Grupo Socialista, porque en todos y cada uno de
los argumentos que ha dado está la raíz de esa matización tan
importante de la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista. Si fuese un tema sin importancia, si no tuviese...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, no es un
turno en contra de la enmienda; es un turno para indicar si su
grupo acepta o no la enmienda. Si quiere con una argumentación
mínima pero es sólo para indicar la aceptación o rechazo.




El señor ROBLES OROZCO: Intentaré ceñirme a las sugerencias
del Presidente.

Por tanto no vamos a aceptar la enmienda porque hay una carga
de valor en esa enmienda presentada por el Grupo Socialista de
aceptación de la política que en este momento se está
siguiendo. Sería paradójico que el Parlamento en estos
momentos respaldara esa política que se está siguiendo cuando
los propios
responsables de la Administración, por cierto el último de
ellos, como bien recordaba el señor Vázquez, comparecía esta
mañana en la Comisión, y nos recordaba a todos su
insatisfacción por cómo se están llevando las cosas y, es más,
la falta de realización de los programas contenidos en la
educación para la salud. Por tanto me parece una incongruencia
que nosotros avalemos lo que la propia Administración dice que
es insuficiente y en algunos casos no sólo insuficiente sino
que no existe como política preventiva.

Comparto con el señor Vázquez que lo que hay que hacer es
pasar de la formulación de objetivos a los hechos concretos.

Con demasiada frecuencia seguimos formulando planteamientos;
esta misma mañana hemos visto cómo para...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, los
señores diputados tendrán ocasión de leer el «Diario de
Sesiones» y saber lo de esta mañana.

Entiende la Presidencia que está suficientemente claro que no
acepta la enmienda y ya ha argumentado algunas de las razones
por las que no la acepta.

Termine, señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Termino, señor Presidente.

Precisamente quiero justificar que no es una cuestión
semántica, que no es una cuestión de palabras. Cuando decía el
portavoz del Grupo Socialista la voluntad expresada con hechos
y los acuerdos, por ejemplo, con los ayuntamientos, ayer mismo
pude estar en la ciudad de Zaragoza...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Lo siento.

Termine, señor Robles. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!



El señor ROBLES OROZCO: Ayer mismo tuve conocimiento de que
esta misma propuesta de utilización de los centros escolares
se ha rechazado en la ciudad de Zaragoza por el ayuntamiento
socialista. (El señor Martínez Martínez don Enrique: En
Burgos.--Un señor Diputado del Grupo Popular: No; en Burgos
no.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular relativa a la utilización de centros
educativos públicos fuera de horario lectivo con
planteamientos formativos y preventivos contra la droga.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 127; en contra, 150; abstenciones, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.




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--DEL GRUPO VASCO (PNV), SOBRE MODIFICACION DE LA LEGISLACION
RELATIVA A LOS IMPUESTOS SOBRE CARBURANTES Y A LA DEFINICION
TECNICA Y HOMOLOGACION DEL BIOCOMBUSTIBLE DENOMINADO «DIESTER»
PRODUCIDO A PARTIR DE LA COLZA (Número de expediente
162/000041)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Vasco
(PNV), sobre modificación de la legislación relativa a los
impuestos sobre carburantes y a la definición técnica y
homologación del biocombustible denominado «diéster» producido
a partir de la colza.

Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado la
presente proposición no de ley en aras a la obtención y
utilización de carburantes derivados de productos agrícolas
para fines industriales, persiguiendo con ello una triple
finalidad: agrícola, industrial y ecológica.

La reforma de la política agrícola comunitaria de mayo de 1992
obliga a una retirada de tierras de cultivos herbáceos,
cereales y oleaginosas de un 15 por ciento, es decir, que ese
porcentaje de tierras productivas se deje sin explotación o en
barbecho. No obstante, la reforma de la PAC permite que ese
porcentaje de tierras pueda ser utilizado para obtener
productos agrícolas siempre que no se destinen a fines
alimentarios sino industriales, y así se permita que en esas
tierras se puedan obtener aceites vegetales, no con una
finalidad alimentaria, pero sí industrial.

A mayor abundamiento quiero señalar que los acuerdos de Blair
House entre la Unión Europea y los Estados Unidos con ocasión
de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, limita la
superficie destinada a estos cultivos a 900.000 hectáreas para
todos los países de la Unión Europea, de los cuales para 1995
Francia ya quiere sembrar 450.000 hectáreas, lo que hace que
para España sea urgente la delimitación de la superficie con
destino a estos cultivos.

Señorías, es un hecho constatado que la enorme dependencia
energética que sufren los estados de la Unión Europea y la
cada vez mayor concienciación ciudadanahacia la ecología y la
conservación del medio ambientehan hecho que la acción de los
investigadores se dirija hacia el estudio de la utilización de
recursos agrícolas en la obtención de sustitutivos de carácter
biodegradable y menos contaminantes que los carburantes
derivados del petróleo. A estos recursos energéticos derivados
de productos agrícolas se les denomina biocombustibles. De
éstos, el más desarrollado en Europa es el biodiesel, que es
un recurso que se obtiene del tratamiento de los aceites
vegetales con alcoholes. El biodiesel tiene una composición
muy similar al gasóleo y es mezclable con él en todas las
proporciones y, además, dada la gran similitud, no necesita
ninguna adaptación para su
utilización en los motores Diesel de los vehículos a motor. La
diferencia más importante con el gasóleo está en la ausencia
casi absoluta de azufre en su composición, lo que hace que los
vapores de combustión no contengan óxidos sulfurosos,
principales causantes de la lluvia ácida, además de disminuir
de forma apreciable las emisiones de Co2 y óxido de carbono.

Señorías, la normativa de la Unión Europea ha establecido unos
límites para las emisiones de los vehículos con motor Diesel y
lo que está ocurriendo es que el gasóleo comercial no cumple
con esos límites, por lo que en muchos casos se está
procediendo a mezclar el gasóleo con el biodiesel.

En marzo de 1993 la Comisión Europea planteó un objetivo
comunitario para los carburantes con el fin de reducir las
emisiones del bióxido de carbono. La Comisión propone que los
biocombustibles alcancen una cuota de mercado del 5 por ciento
del consumo de combustibles en el año 2000, lo que supone una
producción de 11 millones de toneladas de biocombustibles para
esa fecha en una superficie agraria que actualmente suma unos
siete millones de hectáreas. Así, en lo que se refiere al
biodiesel, la Comisión Europea propone facilitar la apertura
de este mercado con medidas como una directiva que fije las
especificaciones técnicas en cooperación con los productores
de aceites vegetales, los constructores de motores y las
compañías petrolíferas y dé unas ayudas comunitarias de hasta
un 30 por ciento de la inversión para unas diez instalaciones
piloto de tamaño económico, de 50.000 a 100.000 toneladas
anuales, para la producción de biodiesel. Esta estrategia
comunitaria implica un tratamiento fiscal de los
biocombustibles reduciendo los
gravámenes tributarios aplicables a los mismos, y así este
planteamiento tendrá efectos positivos en el producto interior
comunitario y en el empleo, así como incrementará la seguridad
del abastecimiento de combustibles y reducirá las emisiones de
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.

La utilización del biodiesel, además del positivo efecto sobre
el medio ambiente atmosférico de las ciudades, supone en su
fase previa una potenciación del sector primario de la
agricultura, pues a partir de la cosecha correspondiente a la
campaña de comercialización 1993-1994 los agricultores pueden
cultivar en las tierras retiradas toda una gama de productos,
como cereales y ciertas semillas oleaginosas, a condición de
que se utilicen para la obtención de productos no destinados
al consumo humano o animal. Así, los agricultores



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pueden compatibilizar la prima o ayuda comunitaria de retirada
de tierras con el cultivo de dichas tierras, lo cual tiene un
efecto muy positivo para la agricultura española.

Es conocido para los agricultores que de los aceites vegetales
que pueden utilizarse para la obtención del biodiesel el más
experimentado es el de colza, que se obtiene de la semilla del
mismo nombre. El sembrado de la semilla de colza requiere de
unas condiciones climatológicas de frialdad y humedad, y así,
agricultores de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra
y Castilla y León están interesados en que se potencie el uso
del biodiesel, porque ello supone también promoción y ayuda a
la actividad económica agraria del país.

Señor Presidente, en la línea de lo que persigue la presente
proposición no de ley, la Comisión Europea tiene como política
propia el fomento de la utilización de los biocombustibles
para lo cual ha propuesto a los países miembros que el tipo
impositivo aplicable a los mismos no rebase el 10 por ciento
de lo aplicado a los combustibles derivados del petróleo, lo
cual se plasmará en una directiva a aprobar el próximo mes de
junio. La reducción que plantea la Comisión Europea a través
de la Comisaria de la Fiscalidad, señora Scrivener, se asienta
en función de los costes de producción, la compensación por
los riesgos y la necesidad de garantizar a los inversores
generadores de los biocombustibles cierto margen de
rendimiento.

En esa línea, y siguiendo las recomendaciones comunitarias,
países como Italia y Francia ya han eliminado la tributación o
gravamen de los biocombustibles, no como va a plantear la
propuesta de directiva de realizar una bonificación del 90 por
ciento, sino que la ley interna de estos dos países miembros
de la Unión Europea establece una exención total para el
impuesto especial que grava el carburante biodiesel.

Es todo esto, señorías, lo que, en definitiva, sometemos a la
aprobación de la Cámara, juntamente con la regulación de las
condiciones técnicas y de homologación del biodiesel, y todo
ello con el propósito de que el carburante sea competitivo en
el mercado respecto al gasóleo derivado del petróleo. No
obstante, señorías, sí queríamos insistir brevemente sobre el
aspecto fiscal del tema. Así, si examinamos las experiencias
europeas vigentes en Italia y Francia, vemos que no se produce
una menor recaudación por las siguientes consideraciones o
razones. En primer lugar, al dejarse el 15 por ciento de la
tierra en barbecho, que no es objeto de cultivo, se genera una
actividad económica adicional al poder utilizarse la misma
para finalidades no alimentarias, originándose transacciones
económicas en cuanto al consumo de semillas, abonos y
fertilizantes. En segundo lugar, el impulso en la producción
de biocarburantes produce el nacimiento de una industria
complementaria, generadora también de actividad económica y de
puestos de trabajo. En tercer lugar, podemos analizar cómo
durante la primera semana de este mes de mayo, los días 4 al
7, en un encuentro internacional sobre los biocombustibles
celebrado en la ciudad francesa de Tours, el director General
de Hacienda del Gobierno francés declaraba que la dinámica de
los biocombustibles y conforme con la legislación fiscal
existente en Francia, que es una exención total, puede crear
en Francia, en los próximos tres años, 40.000 nuevos puestos
de trabajo. En cuarto lugar, porque se produce un ahorro para
el Estado español, al no tener que pagar en divisas las
compras energéticas a los países productores de petróleo. Por
ello, la presente inicitiva parlamentaria, en línea con lo
propuesto en la Comisión Europea, supone un impulso al
establecimiento de un régimen de cultivo de productos
destinados a fines no alimentarios en las tierras retiradas de
la producción y, además, es un claro acicate para la
industria, ya que se está concediendo ayuda para fomentar el
desarrollo de los biocombustibles. Así, señor Presidente, el
programa comunitario Altener fija como objetivo para el año
2005 que un 5 por ciento de la demanda del combustible
destinado al transporte en los países comunitarios sea
cubierto con los biocombustibles. En el ámbito de este
proyecto, se ha aprobado un programa de monitorización de
autobuses alimentados de biodiesel, obtenido en un 100 por
cien del aceite de colza, para el transporte urbano
dependiente del Ayuntamiento de Vitoria, y también tenemos
conocimiento de que se han realizado experiencias similares en
algunos municipios de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Finalizo, señorías, señalando que mediante esta iniciativa
pretendemos lograr tres objetivos: primero, una mejoría de las
condiciones medioambientales de las ciudades; segundo,
impulsar y apoyar iniciativas industriales en la producción de
carburantes sustitutivos de los derivados del petróleo; y
tercero, y más importante, lograr que los agricultores
compatibilicen las ayudas por la retirada de tierras con el
aprovechamiento de las mismas para sembrar productos con
destino industrial y, en definitiva, mejorar la precaria
economía del sector agrario.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE Gracias, señor Gatzagaetxebarría.

Se han presentado a esta proposición enmiendas por el Grupo
Popular y por el Grupo Socialista.

Por el Grupo Popular, para defender la enmienda y fijar la
posición del Grupo, tiene la palabra el señor Ledro.




El señor LEDRO LEON: Señor Presidente, señorías, me satisface
enormemente que el portavoz del Grupo Vasco (PNV) tenga la
inquietud que tenemos todos los



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que estamos relacionados con el campo y haya adaptado una
autoenmienda a la proposición que nosotros llevábamos a la
pasada sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, que tenía que haberse celebrado el 19 de mayo. Por lo
tanto, el Grupo Popular va a votar favorablemente esta
proposición no de ley del Grupo Vasco que, entre otros puntos,
recoge casi todo lo que nosotros llevábamos a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Señor Presidente, señorías, el Reglamento de la Comunidad
Europea 1.765, del Consejo de 30 de junio de 1992, por el que
se establece un régimen de apoyo a los productores de
determinados cultivos herbáceos, impone que, para tener
derecho al cobro de las ayudas correspondientes al cultivo de
cereales, oleaginosas y proteaginosas, debe dejarse sin
utilizar para cultivo alimentario una parte de superficie de
cada parcela. No obstante, como ya ha dicho mi antecesor en el
uso de la palabra, ese porcentaje de tierra puede ser
destinado a cultivos cuyo producto principal no vaya destinado
a la alimentación humana o animal. Haciendo uso de esta
posibilidad, algunos países de la Unión Europea están
destinando importantes superficies de cultivo a la producción
de aceites de uso industrial, para lo cual cuentan con la
adecuada legislación y apoyo de los correspondientes
ministerios de Agricultura, Industria y Hacienda; gracias a
ello, países como Francia, en la próxima campaña 95/96,
estarán en disposición de fabricar unas 300.000 toneladas de
estos aceites, lo que representa dar utilidad a unas 700.000
hectáreas.

Como SS.SS. saben, o se supone que saben, con la reforma de la
política agraria comunitaria de 20 de mayo de 1992 se persigue
una drástica reducción de excedentes, limitando la producción,
y por tanto la siembra, en cultivos herbáceos como cereales,
oleaginosas y proteaginosas, obligando a dejar el 15 por
ciento de la tierra en barbecho marrón, que corresponde al
barbecho blanco español. Siguiendo las directrices marcadas
por los acuerdos del GATT se obliga a una reducción de las
exportaciones, instando, al mismo tiempo, al incremento de las
importaciones y disminuyendo la ayuda a determinados
productos.

La siembra de cultivos no alimentarios en las tierras de
barbecho, por un lado, permite complementar la maltrecha
economía de los agricultores y, por otro, evitar el abandono
de tierras. Fundamentalmente, se puede sembrar remolacha y
cereales para la obtención de bioetanol y oleaginosas para
obtener biodiesel, sobre todo a partir de la colza. La Unión
Europea considera que hay que favorecer el desarrollo de los
biocombustibles o biocarburantes --parece que a algún
representante de algún partido político le parece mejor la
palabra biocarburantes, para nosotros es totalmente
indiferente utilizar un término u otro--, ya que, entre otras
ventajas, tiene las siguientes: reduce la dependencia
energética de los derivados del petróleo --para España,
sustituir el cinco por ciento de la energía consumida en el
transporte por biodiesel supondría la creación de unos 160.000
empleos--; son combustibles alternativos, ecológicos y
fácilmente renovables; se calcula que se podría reducir la
emisión de anhídrido carbónico hasta en un 80 por ciento con
los avances técnicos que se conseguirían en los próximos años;
se conseguiría una mayor motivación y valoración de la
actividad agrícola, reduciendo la producción de excedentes y
mejorando la configuración de la tierra; y, por último, hay
que decir que actúan favorablemente sobre el medio ambiente,
aparte de que su producción no está en contraposición con los
acuerdos del GATT. En España, hasta este momento, no ha sido
debidamente fomentada la producción de este tipo de
carburantes, por lo que ni se aprovechan las ventajas de los
mismos ni se le da la adecuada utilización a las tierras
obligadas a dejar retiradas de cultivo por la política agraria
comunitaria.

La Unión Europea ha manifestado gran interés por estos temas
al organizar, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Vasco,
durante los días 9, 10 y 11 de mayo en Francia, en el marco
del programa comunitario Thermie, el primer fórum europeo
sobre biocarburante, que contó con el apoyo de la Agencia
Francesa de Medio Ambiente y de Control de la Energía. El
objetivo de este fórum era realizar un balance sobre el
impacto positivo y negativo de los biocarburantes en términos
de recursos agrícolas, de empleo, de aprovechamiento
energético y de contribución a la protección del medio
ambiente, entre otros. Se celebraron conferencias y mesas
redondas sobre los aspectos más importantes del desarrollo de
los carburantes de origen agrícola, la política agraria
comunitaria y los biocarburantes, las implicaciones
energéticas, los
transportes urbanos, medio ambiente, implicaciones económicas
y sociales, así como la estrategia industrial a seguir. Las
conclusiones fueron netamente favorables al fomento de la
utilización de este tipo de bioenergía. En España ha tenido
lugar recientemente una reunión en el Senpa, donde
representantes de la Administración animaron a los
industriales a realizar
contratos con los productores a fin de conseguir utilizar la
normativa de siembra para la obtención de productos no
alimentarios en un número razonable de hectáreas. Si no se
hace así, nos tememos que Francia, Alemania y otros países
comunitarios podían hacerse con la mayor parte de la cuota
actual de 700.000 hectáreas disponibles para estos propósitos.

Puede darse el caso de que en un futuro reparto de cuotas se
tenga en cuenta la superficie histórica de siembra, como ya ha
pasado en otros cultivos, y que nos quedemos con pocas
posibilidades de acceder a un número razonable de hectáreas
por no incrementarse la siembra desde estos momentos.

Para conseguir este objetivo hay que establecer ayudas
adicionales por hectárea y directamente al producto



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como hacen Francia, Alemania y otros países comunitarios. En
España se puede decir que hay un esbozo de ayuda por algunas
comunidades autónomas, caso de Castilla-León, Navarra, País
Vasco. Entre las ayudas principales está el desgravar los
impuestos en el uso de los biocarburantes, pues de otra manera
sería imposible su utilización al no poder competir con los
combustibles fósiles tradicionales. El Parlamento Europeo ya
se pronunció a este respecto en febrero de 1992, facultando a
los Estados-miembros a considerar las ventajas fiscales que
deben concederse a estos bioenergéticos debido a su alto
precio. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó una
resolución, esta vez con el voto favorable de todos los
parlamentarios españoles, para permitir la exención de hasta
un 90 por ciento de impuestos a los biocarburantes al
principio de su producción. Se calcula que en unos diez años,
cuando se hayan amortizado las inversiones necesarias y
realizados procesos técnicos, se podrían ajustar estas
exenciones, además de ir incorporando lo que podríamos llamar
ecotasa a los combustibles usuales.

Por tanto, nosotros retiramos nuestra enmienda ya que la
oferta que hacíamos está totalmente recogida en la proposición
que presenta el Grupo Vasco, PNV.

Muchas gracias por la poca atención que, como es normal en
esta Cámara, me han prestado. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledro.

Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa y fijar la
posición del Grupo, tiene la palabra el señor García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, henos aquí,
para debatir --y creo que sin acritud-- una proposición no de
ley del Grupo Vasco (PNV) interesante acerca de un tema muy
poco conocido, desde luego, pero que inicia un camino que
puede tener su importancia en el futuro, probablemente no en
un futuro muy cercano, pero sí puede ser un comienzo de
andadura que nos conduzca por un camino de diversificación en
una serie de aspectos, tanto de explotación industrial como de
consumo, por lo que se hace interesante, yo diría que muy
interesante, esta proposición no de ley que nos trae el Grupo
Vasco (PNV).

Sin poder competir con la erudición del señor
Gatzagaetxebarría, a quien no me atrevo a matizar en
cuestiones de química orgánica, de botánica, de edafología,
etcétera, que aquí ha planteado, creo que esta proposición no
de ley merecía ser mejorada en la medida de lo posible, hasta
tal punto que el propio grupo proponente ha tenido unas
variaciones en su enfoque desde que la presentó allá por el
mes de noviembre, si no me equivoco. Han ido enmendando, y yo
creo que para mejor precisamente, a medida que pensaban, sobre
la proposición no de ley que hacían. También el Grupo Popular
ha echado su cuarto a espadas en este terreno, y nosotros
mismos, el Grupo Socialista, ante la proposición, que nos ha
parecido --como he dicho antes-- que nos encaminaba a un
futuro, a medio plazo quizá, pero sobre todo a un futuro
lejano
interesante, hemos pretendido esta mejora y creo que lo hemos
logrado.

La posibilidad de favorecer los cultivos agrícolas de plantas
industriales que supongan alternativa a cultivos que hoy, por
imperativo de la Unión Europea, pueden estar en baja, esa
variedad que puede favorecer cultivos como la colza, otras
plantas oleaginosas o incluso la remolacha, puede ser algo que
sea impulso para aceptar de alguna manera, aunque
matizadamente, esta proposición no de ley. Estos cultivos
pueden ser
interesantes, sobre todo, para zonas de agricultura extensiva,
de las que hay muchas en nuestra nación, como bien sabemos
todos. Por otra parte, la posible diversificación de la
industria de producción de carburantes, si bien sería muy
pequeña en su cuantía o lo va a ser, por el momento, también
tiene su interés. El tratamiento fiscal que se pone en línea
con el proceso que viene llevando a cabo la Unión Europea
también debe de ponerse en relación con la promulgación de una
directiva europea
adecuada, no supeditándose exactamente a ella, porque incluso,
con la transacción que hacemos mediante la enmienda que ahora
expresaré, pretendemos que nuestro Gobierno se adelante en lo
referente a la protección fiscal de los mencionados cultivos
en el caso de que la Unión Europea no vaya con suficiente
rapidez en este terreno. Por otro lado, no puedo dejar de
aludir a las enmiendas que propone el Grupo Popular, que, a mi
juicio, son excesivamente conminatorias para el Gobierno, y he
de
recordarles, como acabo de decir a las señorías de dicho Grupo
y al interviniente señor Ledro, que no existe aún una
directiva de la Unión, sino unas meras recomendaciones, por
interesantes que éstas sean. Se trata, a mi juicio, de
comenzar algo que hoy tiene una importancia cuantitativa
reducida, pero que puede, como he dicho, abrir la puerta a muy
interesantes perspectivas dentro de los cultivos agrarios y de
su transformación industrial. Me parece que el texto refundido
de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y del Grupo
Parlamentario Socialista, que obra en poder de la Presidencia
de la Mesa, será satisfactorio para todos los grupos. Incluso
el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado enmiendas,
cuando lo haya leído, habrá visto que este texto refundido,
suma de enmiendas del PNV y del Grupo Parlamentario
Socialista, mejora cualquier otra enmienda que se haya hecho.

Esta suma de enmiendas, este texto refundido --como le he
llamado antes-- será de la satisfacción de todas SS.SS. y yo
espero que en un tema que tiene interés para todos, en el que
no estamos peleando ni debatiendo por asuntos estrictamente
políticos, sino de interés del desarrollo de determinado
aspectos económicos de nuestra nación, nos



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encontraremos todos y todos los grupos de la Cámara votaremos
a favor.

Así lo espero, como también la aceptación, por el Grupo
proponente, de la enmienda que, como dicho, obra en poder de
la Presidencia de la Mesa, y también en su conocimiento, así
como en el del resto de los grupos.

Nada más y muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

Como decía el señor García Ronda, esta proposición no de ley
es interesante, yo añadiría que importante. Busca sobre todo
optimizar el aprovechamiento de la tierra agrícola, la fuerza
agraria de trabajo y, también, tierras que hoy son de
barbecho. Sin duda, estamos ante un proyecto de futuro, que
puede ayudar a introducir una mejora importante en el consumo
energético agrario, en el consumo energético del transporte
urbano y ahorrar una buena partida del gasto energético del
Estado. Por eso creo que la oportunidad de esta proposición no
de ley y las enmiendas que se han presentado precisarían del
apoyo de toda la Cámara para que este proyecto tan interesante
saliera adelante.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, intervengo desde el escaño para
fijar con brevedad la posición del Grupo Catalán (Convergència
i Unió) respecto a la proposición no de ley del Grupo Vasco
(PNV), en la que se insta al Gobierno a suscitar y obtener de
la Comisión y el Consejo de la Unión Europea una serie de
modificaciones legislativas tendentes a homologar los
biocombustibles y a fomentar su uso, reduciendo los impuestos
que los gravan.

No pretendo, señorías, reproducir las abundantes razones
expuestas tan convincentemente por el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, don Ricardo Gatzagaetxebarría, y para
justificar nuestro voto favorable a la proposición no de ley o
al texto transaccional ofrecido por el Grupo Socialista
solamente quisiera añadir que nuestro Grupo opina que,
precisamente porque nuestro país y especialmente nuestra
agricultura están pagando un altísimo coste por la adhesión al
Mercado Común, es imprescindible que aprovechemos las máximas
ayudas previstas en la política agraria común para poder
salvar el máximo posible de nuestra agricultura, salvar la
máxima superficie agraria cultivable posible y no perder más
población activa.

La exigencia de la nueva política agraria común, según la cual
para tener derecho a percibir las ayudas compensatorias de
rentas en los cultivos herbáceos se debe renunciar al 15 por
ciento del cultivo de la superficie subvencionable, pensamos
que causaría un grave quebranto si su destino fuera su
permanencia en barbecho o en yermo improductivo. Al contrario,
pensamos que el gobierno y estas Cortes deben fomentar su
aprovechamiento con destino a cultivos compatibles con la PAC
y con las normas del GATT, cultivos alternativos como son los
que tienen destinos distintos a la alimentación humana y
animal, en los que debemos fomentar el aprovechamiento de
todas las directrices comunitarias
incentivadoras de la elaboración de combustibles alternativos
y biocombustibles procedentes de productos como la colza u
otros. Atendiendo que las previsiones europeas para el año
2005 son del 5 por ciento de uso de biocarburantes de esta
procedencia sobre el total de combustibles, y que ello
significa una superficie de cultivos de unos siete millones de
hectáreas, entendemos que el Gobierno debería asegurar para
nuestro país una cuota mínima de hectáreas equivalente a las
superficies retiradas o que vayan a retirarse obligatoriamente
del cultivo herbáceo por aplicación del citado 15 por ciento
que da acceso a las subvenciones. Con ello, además de la
finalidad principal, ya citada, se reduciría la actual
dependencia energética exterior.

El fomento de este tipo de cultivos con destino a la obtención
de aceites combustibles alternativos o diésteres pensamos que
pasa por un estadio previo que es el de la definición y
homologación de estos productos, por la determinación y el
control de los procesos de industrialización, así como por la
reducción de los impuestos y gravámenes sobre los
biocombustibles, de forma que el cultivo de estas materias
primas y los procesos de obtención de biocombustibles sean
rentables y competitivos con los carburantes clásicos. Tenemos
la seguridad, señorías, de que la reducción de estos impuestos
se compensará sobradamente con los beneficios medioambientales
y los de incremento de la población activa agraria y de sus
rentas. Por todo ello, por este compromiso que la proposición
no de ley exige del Gobierno español y de las instituciones
comunitarias, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) le dará su voto favorable.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.




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Intervengo solamente para fijar la posición de mi Grupo con
relación a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Vasco y adelantarles, ya, que nuestro Grupo va a votar
favorablemente esta proposición, porque la considera positiva
en su contenido y oportuna en el tiempo. (Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor García Fonseca.

(Pausa.) Cuando quiera, señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Se estaban perdiendo una brillante
intervención que iba en el sentido de mostrar el acuerdo
favorable de mi Grupo a la proposición no de ley del Grupo
Vasco (PNV) porque nos parece una proposición positiva en el
contenido y muy oportuna en el tiempo.

En cuanto al contenido creo que está todo dicho, está todo
dicho y escrito tanto en la proposición misma como en la
exposición que ha hecho el portavoz del PNV hace pocos minutos
y que figura en el «Diario de Sesiones». Simplemente quiero
subrayar que mi Grupo valora las dos vertientes de la
proposición, de, por un lado, dar una alternativa a las
tierras dedicadas a producciones alimentarias que la PAC
impone de alguna manera que o bien queden reducidas a
barbecho, o bien posibilitando otros usos que en este caso
sean usos industriales en relación con los biocarburantes o
biocombustibles, y, por otro lado, lo que pueda tener de
aportación en el tema energético, quizá sin magnificarlo pero
en todo caso sin desaprovechar todos los elementos ya
señalados que puedan ser positivos en este campo.

Simplemente quiero señalar como una pequeña matización por
parte de mi Grupo que cualquier aportación en el terreno de
las energías renovables creo que es saludable, teniendo en
cuenta la estructura actual de nuestro consumo energético. Sin
embargo, mi Grupo no se resiste a insistir una vez más en lo
que en este terreno, en el campo estrictamente energético,
nosotros consideramos que es la primera de las prioridades,
que sería mejorar en cuanto a eficiencia o a ahorro
energético, dígase de cualesquiera de las dos maneras. En todo
caso, repito, la proposición en este campo también nos parece
positiva y por ambas razones, repito y termino, mi Grupo la va
a votar favorablemente. Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.

A efectos de expresar la aceptación o rechazo de la enmienda
transaccional mantenida por el señor García Ronda, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario se congratula del
consenso alcanzado entre los diferentes grupos de la Cámara en
aras a lograr el triple objetivo que anteriormente señalaba de
la protección del medio ambiente, el desarrollo de la
industria que en su caso pueda surgir de la producción de
biocarburantes y fundamentalmente del impulso que podemos dar
a la agricultura española en este tema. Por ello, nuestro
Grupo Parlamentario acepta las modificaciones puntuales de la
autoenmienda de nuestro propio Grupo y de la presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el texto
que, señor Presidente, se le ha hecho llegar a la Cámara, y,
por tanto, quedamos en las condiciones que en esa enmienda
transaccional se manifiestan. Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.

Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del
Grupo Vasco, PNV, en los términos de la enmienda transaccional
presentada a dicha proposición.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 297; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE PONDRA EN MARCHA EL GOBIERNO PARA CONTROLAR EL
GASTO PUBLICO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO SANITARIO POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) (Número de expediente
173/000038)



El señor PRESIDENTE: Punto III. Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Popular,
subsiguiente a interpelación, sobre medidas que pondrá en
marcha el Gobierno para controlar el gasto público en la
prestación del servicio sanitario por el Instituto Nacional de
la Salud (Insalud). Tiene la palabra el señor Fernández-
Miranda. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)



El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señorías, me corresponde presentar, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, la moción consecuencia



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de la interpelación debatida la semana anterior. Voy a exponer
los diez puntos que constituyen esta moción, y lo hago con la
profunda esperanza de que, efectivamente, la sanidad pública
sea una isla de transparencia y de rigor, tal como nos afirmó
la Ministra en su intervención la semana pasada. Queremos
estar convencidos de que en el Insalud, en la sanidad pública,
se evita el despilfarro, se administra con transparencia y,
sobre todo, se garantiza que todos los fondos públicos
disponibles se usan en beneficio exclusivo de los ciudadanos.

Esta es, insisto, la razón que mueve la existencia de los diez
puntos que integran la moción que presentamos y que voy a
exponerles dentro del tiempo correspondiente.

La Ministra, en su intervención del miércoles pasado, afirmó,
eso sí, desde la crispación, desde la dureza, que no había
bloqueado la inspección a que estaba obligada respecto al
Insalud. Afirmó que en ningún momento había prohibido que se
investigase, que se auditase al Insalud, no solamente por el
Tribunal de Cuentas o por la Intervención General, sino por la
Dirección General de Alta Inspección, tal cual está obligada
en función del Real Decreto 858/1992, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Por tanto, en el primer punto solicitamos que las auditorías,
los estudios económico-financieros y operativos que se hayan
realizado en los últimos cinco años sean proporcionados a la
Comisión de Sanidad de esta Cámara, para que sea en el seno de
dicha Comisión, a disposición de todos los grupos
parlamentarios, donde pueda ser estudiada esta información.

Planteamos en el segundo punto, para poder tener una visión
global de todos los hospitales del Insalud, que sean, además,
proporcionadas, en el plazo de tres meses, aquellas auditorías
que no hayan sido hechas en el último año. Tenemos las de los
cinco últimos años ya realizadas y queremos sumar las del
último año. Para ello, sin duda ninguna, debe utilizar el
Ministerio de nuevo la Dirección General de Alta Inspección.

Es un instrumento que tiene en sus manos y que está siendo
infrautilizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en este
momento.

El tercer punto viene a cubrir también una de las lagunas que
la señora Ministra dejó abierta en el momento de su
intervención. En cuanto a la existencia de estas cuentas
corrientes no estuvo la señora Ministra ni menos crispada ni
más clara que al principio de la intervención. Entró, además,
en una serie de contradicciones importantes. Lo mismo hablaba
de Cajamadrid que de Caja Postal. Igual se refería a la misma
cuenta corriente, hablando de ella como de una fundación que
como de una asociación. Hablaba de sociedades privadas y, a la
vez, de Cajas abiertas del Tesoro público. Lo mismoinvocaba
1989 que 1994, la Ley General Presupuestaria, para dar
legitimidad a la existencia de estas cuentas corrientes. Lo
mismo decía, respecto al Hospital Ramón y Cajal, que no tenía
cuenta, como que no tenía actividad, como que tenía un saldo
de 172.000 pesetas. Hablaba de esta fundación docente, de esta
cuenta corriente de la Fundación Amigos del Hospital Ramón y
Cajal como una fundación docente presidida por el gerente, el
señor Caparrós, como si la
presidiese en los fines de semana o a título personal, ya que
llegó a afirmar: «El Hospital ya no tiene ninguna relación hoy
con la cuenta corriente, porque ninguna de estas personas está
en cargos gerenciales». No más clara estuvo con respecto a la
cuenta corriente del Hospital Doce de Octubre.

Por tanto, para introducir esa transparencia que consideramos
imprescindible, para imbuir de nuevo tranquilidad en los
ciudadanos, para que sepan que efectivamente se utilizan los
fondos públicos como es debido, para que se sepa que no hay
ningún tipo de opacidad en el manejo de estos dineros en los
hospitales del Insalud, pedimos que el Gobierno inste al
Ministerio Fiscal a que investigue los movimientos de estas
cuentas corrientes, para determinar qué tipos de ingresos se
han realizado en ellas, además de los socios y además de las
personas de buena intención que pueden llegar incluso hasta a
presidirlas. En los puntos cuarto y quinto planteamos la
necesidad de
recuperar --y no deja de ser sorprendente que esto tenga que
ser planteado así-- el concurso-oposición, previa convocatoria
pública en el «Boletín Oficial del Estado», para la
designación de los directores gerentes y para la designación
de los
directores de gestión y de servicios generales. En el Real
Decreto de reglamento de hospitales de 1987, el Grupo
Parlamentario Socialista y el Gobierno apoyado por dicho Grupo
así planteaba la selección y la designación tanto de los
directores gerentes como de los directores de las unidades de
gestión y de administración. Bien es cierto que este buen
planteamiento, esta sana intención de hacerlo con rigor se
acabó tres años después, en 1990, cuandoa través de un Real
Decreto también derogan la selección mediante concurso-
oposición y van a la designación directa de los gerentes de
los hospitales. Esto ha dado lugar a un ejemplo que nosotros
creemos que no se debe volver a repetir y que no sabemos si
además se habrá repetido ya con anterioridad.

Sorprendentemente se presenta en el mes de octubre de 1990 a
unas oposiciones convocadas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo para las pruebas selectivas de función administrativa
de instituciones sanitarias de la
Seguridad Social, para seleccionar técnicos para la Seguridad
Social, dentro del turno libre y de la especialidad de
economía, don Alfonso Carlos Flórez Díaz. Este señor, este
ciudadano es suspendido en esta oposición, y a los pocos meses
la Administración pública, el Ministerio, el Insalud, lo
nombra director gerente de la residencia La Paz. Pues bien,
para evitar estas designaciones, que en demasiadas ocasiones
pueden caer, como en este ejemplo, en la duda de la
arbitrariedad y del



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amiguismo, planteamos que se seleccione mediante concurso-
oposición a los mejores profesionales, a los más
especializados, a los más capaces para que sean los encargados
de administrar los fondos públicos que ponemos en sus manos.

Asimismo, a través de los puntos 6, 7 y 8, queremos plantear
el rescatar los hábitos democráticos, los hábitos del
compromiso auténtico, del compromiso formal de todos los
profesionales de la sanidad con sus propios hospitales.

Queremos además que el Partido Socialista, el Grupo
Parlamentario Socialista, permitiendoeste compromiso real,
esta forma de influir, de condicionar, de ayudar, de opinar
sobre la gestión de los hospitales públicos, venga a demostrar
con su voto afirmativo en este caso que el doctor Lamata como
bien saben máximo responsable de la sanidad en el Partido
Socialista, no tenía razón cuando afirmó que los socialistas
fueron contra los médicos que trabajaban en la sanidad
pública, pensando que todos ellos iban a hacer una sanidad
antiservicio sanitario público. Si eso no es así, como algunos
de ustedes han tenido ocasión de desmentir, tienen en este
momento una espléndida oportunidad para ratificarlo con su
voto.

Queremos para ello que tanto los facultativos, los médicos en
particular y los facultativos en general, como los diplomados
en enfermería, ayudantes técnicos sanitarios, practicantes,
matronas, enfermeras o fisioterapeutas, tengan la posibilidad
de elegir entre ellos mismos en cada hospital a aquellas tres
personas que consideren las más apropiadas para dirigir la
división médica o la división de enfermería, que se propongan
estas ternas al director gerente y que éste, entre las tres,
elija a quien él, según el conocimiento de estas personas, su
capacidad y su trayectoria, considere como la más apropiada
para dirigir adecuadamente estos hospitales, desde el punto de
vista médico y de la enfermería, formando un equipo y un
bloque con la dirección, con la gerencia, representando
auténticamente a los profesionales. Queremos, asimismo,
recuperar estructuras participativas que existieron en los
hospitales en su momento con una utilidad máxima, que han ido
desvirtuándose, que han ido invadiéndose en ocasiones por los
gestores, que han ido, en definitiva, mostrándose, día a día,
como menos útiles para la gestión, para el buen funcionamiento
de las instituciones hospitalarias del Insalud.

Queremos, por tanto, en el punto 8 así lo plasmamos, que se
recupere, en la mejor tradición, la auténtica participación de
los profesionales en la sanidad, participación que realizan
día a día a través de estos órganos, a través de la junta
técnico-asistencial o a través de las comisiones de control de
calidad, que creemos que deben tener un protagonismo mucho
mayor del que tienen en este momento.

Por último, en los puntos 9 y 10 de la moción planteamos la
necesidad de que los propios profesionales, en el punto 9,
tengan conciencia del gasto que inducen con su propia
actividad profesional, que tengan conciencia de que a través
de su servicio, de su profesión, de su actuación cotidiana,
están generando un gasto determinado muy importante, muy alto,
dotado hasta con tres billones de pesetas, como bien saben sus
señorías. Por tanto, sería importante, al igual que existe en
la diplomatura de enfermería, que hubiese asignaturas
orientadas en esta vía, pero que existiesen formalmente, que
ya en el curso que viene, en el año correspondiente de la
carrera empezaran a impartirse de forma que en medicina, en
farmacia o en veterinaria supiesen ya estos profesionales qué
es lo que van a inducir, cuál es el gasto que van a provocar
como consecuencia de su actuación profesional.

Por último, abundando en ese deseo planteado previamente de
profesionalizar auténticamente a nuestros directores y a
nuestros gerentes, al personal que de verdad va a manejar día
a día fondos públicos que pueden ser miles de millones de
pesetas en muchos centros sanitarios, instamos a que se inicie
esta formación a través del sistema MIR; que en el sistema MIR
haya una especialidad de administración y gestión sanitaria,
que puede ser, sin duda, una buena forma de ir inculcándoles,
de ir formándoles paulatinamente en esta faceta, desde la
medicina, obviamente sin hacer exclusión de que otros
profesionales puedan acceder a ella desde otras vías de
formación,...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, vaya concluyendo, por favor.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Termino, señor
Presidente.

... a través de la vía MIR.

En definitiva, señorías, y termino, con todos estos puntos
pretendemos ser conscientes de que, efectivamente, se están
manejando con transparencia y con eficacia los fondos públicos
dedicados a la sanidad, que efectivamente hay garantía de que
se utilizan en beneficio exclusivo de todos los ciudadanos,
que se hace de forma profesional y, sobre todo, lo que es más
importante, que abrimos una puerta hacia el futuro para que de
verdad sean auténticos profesionales muy bien formados, dentro
del propio sistema o fuera de él, los que vayan a gestionar, a
administrar recursos que hacen posible un servicio público tan
esencial, tan sustancial para una sociedad moderna, como es en
nuestro caso el sistema nacional de sanidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda.

A la moción del Grupo Popular se ha presentado una enmienda
por parte del Grupo Parlamentario de Coalición



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Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
efectivamente, a esta moción consecuencia de interpelación de
la semana pasada nuestro Grupo ha presentado una serie de
enmiendas que tratan de buscar o bien una complementariedad o
bien un reacondicionamiento de determinados aspectos.

Nosotros adelantamos que estamos de acuerdo con la
intencionalidad del conjunto de esta moción. Dar transparencia
y claridad a la gestión del Instituto Nacional de la Salud y
al sistema sanitario público español es algo que compartimos
con el Grupo Popular. Con esa intencionalidad participamos de
todos aquellos puntos que no han sido objeto de nuestras
enmiendas. Estamos plenamente de acuerdo con ellos y es
nuestro deseo votarlos afirmativamente.

Si no tenemos un sistema de gestión profesionalizada, clara y
transparente en nuestro sistema sanitario, mal andaremos en
cuanto a las exigencias tanto de calidad como de cumplimiento
de servicio público.

La primera de nuestras enmiendas, señor Presidente, está
dirigida al apartado 3, del que nosotros pedimos la supresión
por razones de seguridad jurídica.

La moción en su punto 3 propone que este Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a solicitar al Ministerio Fiscal
el requerimiento de los movimientos bancarios de las cuentas
corrientes a nombre de una serie de asociaciones que vienen
aquí, como pueden ser Amigos del Hospital Clínico, Fundación
de Amigos del Hospital Ramón y Cajal o la del Hospital Doce de
Octubre, por poner los ejemplos más significativos.

Entendemos que este apartado 3 es innecesario porque si
cualquier persona o institución tiene conocimientos o indicios
de una presunción de delito, tiene que ponerlo, por imperativo
de la ley, en conocimiento bien del Ministerio Fiscal, bien
del juzgado de instrucción. Si hay indicios por los
movimientos de estas cuentas corrientes de que se han
realizado determinadas prácticas ilícitas, al Ministerio
Fiscal, sencillamente, sin que lo pida una moción.

Ahora bien, también nos parece preocupante que por vía de una
moción se trate de conculcar aquí el secreto bancario. La
protección jurisdiccional y legal que tiene el secreto
bancario en España --lo estamos viendo con lo que ha ocurrido
en las comisiones de investigación en este momento vigentes en
el Congreso-- es objeto de garantías constitucionales y
necesita un amparo.

Se insta al Gobierno a que solicite del Ministerio Fiscal
estos movimientos bancarios a fin de determinar si se han
realizado ingresos en dichas cuentas corrientes por parte de
empresas proveedoras de material sanitario a estos hospitales.

Estando de acuerdo en que tenemos que luchar contra la
corrupción que pueda haber por esta vía, plenamente de acuerdo
en el fondo, no estamos de acuerdo --y de ahí nuestra
enmienda-- en el procedimiento que se sigue, conculcando la
ley del secreto bancario. Eso no se puede hacer a través de
una moción. Habrá que modificar la ley que garantiza y procede
al blindaje de seguridad jurídica del secreto bancario.

Nuestra siguiente enmienda, la número 2, se dirige al punto 4
de la moción. El Grupo Popular propone que la designación del
director gerente de los hospitales de la red del Insalud sea
por vía del concurso-oposición y nosotros proponemos la figura
del concurso de méritos. ¿Por qué decimos esto? El portavoz
del Grupo Popular lo ha explicado bien y yo comparto su
susceptibilidad. Decía: ¡Hombre!, no me pongan las cosas
fáciles con la libre designación por el concurso de méritos.

Hay que endurecer las condiciones por una vía académica, de
rigor técnico profesional, mediante el concurso-oposición.

Pero hay que tener en cuenta una cosa. La figura del director
gerente de los hospitales de la red del Insalud no la podemos
sacar del marco en que es habitual su designación, por
ejemplo, o de lo que ocurre en otras redes sanitarias
estatales o de control estatal de otros países de nuestro
ámbito de civilización, de cultura y de democracia en el mundo
occidental.

¿Por qué digo esto? Porque la figura de director gerente de un
hospital no corresponde a un inicio de una carrera
profesional. Es una figura, yo diría, casi terminal. En una
figura inicial yo puedo exigir el rigor o la fórmula del
concurso-oposición. Ahora bien, si estamos en una sociedad con
una legislación transparente y rigurosa, para una figura
terminal profesional, que es llegar a ser ni más ni menos que
director gerente de un hospital --que no es empezar de
meritorio ni hacer un curso de MIR--, dejemos que funcionen
los mecanismos de inteligencia, de limpieza, con las garantías
correspondientes, a través del concurso de méritos. Nosotros
metemos algo que faltaba aquí, que era el baremo. Muchas veces
la discrecionalidad es madre de corrupciones. De acuerdo,
señor Fernández-Miranda, lo comparto. Ahora, vamos a ponerle
marco y coto a la discrecionalidad. ¿Cómo? Con un concurso de
méritos que esté verdaderamente ajustado a un canon
profesional y a baremos.

Lo que le ha faltado muchas veces a la Administración
socialista es que ha sacado plazas de libre designación,
amparándose en el concurso de méritos que no ha tenido baremo
objetivo. El baremo tiene que ser objetivo para que un
profesional de la medicina, con los conocimientos de gerencia
de empresa, económicos, técnicos, etcétera, pueda llegar a
director gerente de un hospital de esta manera. Porque
nosotros tampoco podemos aquí sacar ahora una figura de acceso
a director gerente de un hospital del Insalud, de la red del
Estado, cuando las
comunidades autónomas que tienen ya transferido el servicio
del Insalud tienen otras normas



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y responden ante sus parlamentos autonómicos y regionales. Que
este Parlamento haga el control político de esas designaciones
en aras a exigir profesionalidad, eficacia técnica y no
clientelismo político y vía de corrupción administrativa. La
otra enmienda presentada al apartado 5 va en el mismo sentido
que la anterior, pero relativa a la figura del director de
gestión y servicios generales de los hospitales de la red del
Insalud. Se propone aquí por el Grupo Popular la figura del
concurso-oposición. Nosotros volvemos a reiterar lo del
concurso de méritos. Porque si ya hemos puesto este baremo o
estas exigencias para un director gerente de un hospital,
¿cómo no vamos a permitirle a la Administración el concurso de
méritos para nombrar, ni más ni menos, que la figura de alta
responsabilidad profesional, de alta cualificación técnica
como es la del director de gestión y servicios generales? ¡Ahí
es nada! Exíjase toda la titulación médica que se quiera,
todos los requisitos profesionales de especialidad en la
materia, porque si decía antes que ser director gerente de un
hospital no es un puesto de inicio de una carrera profesional,
sino prácticamente un terminal digno y honroso de una carrera
profesional, al director de gestión y servicios generales de
los hospitales de la red del Insalud (este ya diríamos que es
el gerente de los gerentes, el generalato, por emplear
términos similares de la milica) vamos a ponerle todas las
exigencias, y seré el primero en apoyar su propuesta, señor
Fernández-Miranda.

Vuelvo a decir que comparto su preocupación y su interés, pero
poner aquí que sea por concurso oposición esta plaza temería
mucho que memoriones y empollones de turno salieran directores
de gestión y servicios generales por la vía del concurso-
oposición, porque son capaces en la oposición de saberse el
Espasa completo de la medicina; y eso tampoco es. Es un
proceso de racionalismo. Está bien que tengamos pudor en que
no haya agujeros abiertos a la corrupción o al clientelismo,
pero llegar ya a una exigencia como ésta me parece que es
ponerle unas puertas al campo que no procede.

Finalmente, señor Presidente, en nuestra enmienda número 4,
que va dirigida también al apartado 8, solicitamos la
supresión de la frase que hay aquí referida a las juntas
facultativas. Y lo hemos dicho desde un punto de vista
puramente formal, ya que están las juntas técnico-
asistenciales de personal sanitario, y no vaya a ocurrir que,
con el texto que ustedes proponen, el personal que no tuviera
la condición de médico quedará eliminado de aquí. No creo que
esta sea su intencionalidad, pero este es el motivo de nuestra
última enmienda que nosotros proponemos, con el fin de
concretar, dar marco jurídico y no producir figuras que sean
contraproducentes para cualquier Administración honesta.

Pensando en cualquier Administración, la actual o la
alternativa que venga en España, hay que dejarle al gobernante
el riesgo de saber elegir a quién pone aquí, por vía de la
designación, y si lo hace mal, que este Parlamento ejerza los
principios de control político en la designación.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.) Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor
Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición de
nuestro Grupo, Convergència i Unió, en relación a la moción
que presenta el Grupo Parlamentario Popular, consecuencia de
la interpelación urgente que se debatió en el Pleno de la
semana pasada, sobre medidas que pondrá en marcha el Gobierno,
en uso de sus
competencias inspectoras, para controlar el gasto público en
la prestación del servicio sanitario por el Insalud, y así
evitar el despilfarro, garantizar la transparencia
administrativa y utilizar todos los fondos disponibles en
beneficio exclusivo de los ciudadanos.

La moción, como ha dicho el Diputado señor Fernández-Miranda,
consta de diez puntos, que podríamos agrupar en varios
bloques. Un primer bloque comprendería los tres primeros
puntos, que hacen referencia, por decirlo de una forma
genérica, a un control del Insalud. Así, en el primer punto,
se insta al Ministerio de Sanidad y Consumo a que remita, en
el plazo de quince días, a la Comisión de Sanidad todos los
estudios y auditorías
económico-financieras y operativas de todos los hospitales de
la red del Insalud en los últimos cinco años.

En el segundo punto se pide una auditoría a todos los
hospitales del Insalud que no hayan sido auditados en el
último año, teniendo dichas auditorías los aspectos contables,
económico-financieros, organizativos, de gestión, de personal
y de suministros, remitiéndose también a la Comisión de
Sanidad de esta Cámara en un plazo de tres meses.

Y en el tercer punto se requieren los movimientos bancarios de
las cuentas corrientes a nombre de Asociación de Amigos del
Hospital Clínico, del Complejo Hospitalario San Carlos, de la
Fundación Amigos del Hospital Ramón y Cajal y de la Asociación
de Amigos del Hospital Doce de Octubre, desde su apertura
hasta el día de hoy, o hasta la fecha de su cancelación, si
ésta ya se hubiera producido.

Hemos de señalar que, desde el punto de vista estrictamente
técnico, creemos que es muy difícil que el Ministerio pueda
facilitar los datos requeridos y en los plazos que se piden.

Por otra parte, entendemos que hay



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otras vías de control del Insalud. La propia Ministra de
Sanidad decía en la interpelación de la semana pasada que el
Insalud está sometido a las normas de transparencia
administrativa que establece la legislación vigente, es decir,
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Contratos
del Estado. De la misma forma que también nos informaba de
que, dentro de los planes anuales de auditorías, durante el
año pasado se habían realizado diez auditorías y que para este
año estaba previsto llevar a cabo otras dieciocho. Simplemente
con un afán de ir a un encuentro para que todos pudiéramos
estar de acuerdo, se podían haber pedido, por ejemplo, las
auditorías que se tienen a mano.

Yo no voy a juzgar la intención del Grupo que presenta la
moción pero, en cualquier caso, entendemos que tal cantidad de
auditorías sí que, en principio, dificulta el poderlas
presentar en un plazo determinado.

Un segundo bloque agruparía los puntos cuatro, cinco, seis y
siete que hacen referencia a la designación y elección de los
cargos directivos hospitalarios. Así se propone que la
designación, tanto del director-gerente como del director de
gestión y servicios generales, sea por el sistema de concurso-
oposición. Asimismo se propone que la elección del director-
médico y del director de enfermería se haga por parte de la
dirección-gerencia valorando los conocimientos, capacidad y
experiencia de una terna elegida a su vez por los
profesionales correspondientes del hospital.

Nosotros consideramos que la designación de los cargos
referidos por su condición de miembros del «staff» directivo
del centro han de ser nombrados y designados por la autoridad
política sanitaria correspondiente. Ciertamente que este
nombramiento y esta designación no pueden ni deben ser
arbitrarios, pero en cualquier caso sí entendemos que es
preciso reservar la potestad de la Administración competente
para configurar equipos directivos homogéneos en los
hospitales públicos y que tengan una cierta coherencia en su
forma de trabajo y en sus objetivos.

En relación al punto octavo, compartimos la creación de que
las nuevas estructuras sean más participativas en la gestión
de los hospitales. De hecho la «Llei de Ordenació Sanitari» de
la Generalitat de Cataluña ha configurado un sistema sanitario
público altamente participativo que contempla esta
participación de manera desconcertada a todos los niveles del
sistema. Es decir, sea el «Consell Catalá de la Salut» o
«Consell de Salut» de la región sanitaria etcétera. Pero esto
ya se contempla en el Real Decreto 521/1987 en sus artículos
19 y siguientes.

En cuanto al punto noveno, entendemos que el creciente interés
de licenciados en cualesquiera de las ciencias de la salud en
los ámbitos relacionados con la gestión sanitaria haría
factible la recomendación que se propugna pero también, por
otra parte, ello ya está previsto reglamentariamente por otras
vías.

Finalmente, en cuanto al punto décimo, y en la línea apuntada
en el punto anterior, es positivo crear la especialidad
universitaria de administración y gestión sanitaria, pero no
vemos adecuado ligarlo a la vía MIR y a sus programas por
razones de operatividad.

Por todo ello nuestro Grupo va a votar en contra de la moción
que nos presenta en este momento el Grupo Popular.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida en relación con la moción presentada por el Grupo
Popular. Como ha señalado alguno de mis predecesores en el uso
de la palabra, la moción presenta tres apartados
fundamentales, los primeros referidos a la adopción de
diferentes medidas en relación con el incremento de la
transparencia en la gestión. El primero de ellos, por el cual
se pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno
a remitir a la Cámara las auditorías realizadas en hospitales
del Insalud en los cinco años últimos, nos parece una
propuesta absolutamente procedente. Es verdad que todos los
Diputados, en función del artículo 7.º del Reglamento, tenemos
posibilidad de acceder a la documentación que se
solicite, en teoría. La práctica es que los retrasos por parte
de la Administración, y en muchos casos la insuficiente de la
documentación, hace que en cualesquiera de los casos este
planteamiento que se hace en el punto número uno de la moción
resulte pertinente en estos momentos y, por lo tanto, nosotros
vamos a votar favorablemente al mismo.

En el segundo punto, sin embargo, entendemos que tanto la
dimensión de las inspecciones que se solicitan, como el plazo,
de tres meses, a nuestro juicio excesivamente corto, hace
inviable la misma propuesta, aparte de que yo creo que
actualmente existen mecanismos por parte de la Administración
para realizar auditorías periódicas y en este caso sería
necesario que el contenidode las mismas fuese trasladado a la
Cámara a medida que se realizara.

Sin duda el apartado 3 es el que de una manera más directa
pretende la intervención del Ministerio Fiscal en posibles
actuaciones irregulares, en relación con fundaciones de amigos
de hospitales y asociaciones conexas. Yo tuve la oportunidad
de denunciar en la pasada legislatura, en la Comisión de
Política Social y Empleo,



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la utilización de la Fundación de Amigos del Hospital Ramón y
Cajal por el entonces gerente, señor Caparrós, como mecanismo
para la obtención de ingresos directamente de proveedores. La
acusación no la hacía en el vacío, puesto que obraba en mi
poder el cheque al portador de una empresa privada de
lavandería destinado a la fundación de amigos de este
Hospital.

La actuación del Ministerio Fiscal presupone la existencia de
situaciones irregulares --yo quiero decir que tuve constancia
de las mismas--, y así lo denuncié en la Comisión de Política
Social y Empleo. El entonces recién llegado al Ministerio de
Sanidad, señor Griñán, aseguró que se iba a hacer una
auditoría y que se remitiría a la Comisión. Jamás fue remitida
la citada auditoría a la Comisión de Política Social y
Empleo --si es que se realizó en algún momento-- y el asunto
se zanjó con el cese a los pocos días del señor Caparrós,
aparentemente por un motivo no relacionado con las denuncias
que yo realicé.

Entiendo que la intervención de la Fiscalía, en relación con
las fundaciones de amigos de hospitales, es algo pertinente en
estos momentos. Si no hubiera materia en este caso, yo puedo
asegurar que en la Fundaciónde Amigos del Hospital Ramón y
Cajal existía prueba documental de la entrega de donaciones en
metálico por empresas proveedoras. Si realmente fuera el único
hecho al que yo tuve acceso --sinceramente no lo creo, porque
no es fácil para nadie acceder a este tipo de documentación--,
el asunto quedaría fuera de toda sospecha y en este caso las
fundaciones quedarían restringidas al objetivo que
supuestamente condiciona su
existencia.

Nosotros entendemos que la propuesta del Grupo Popular se
restringe, sorprendentemente, a empresas proveedoras de
material sanitario. La posibilidad de que por proveedores se
hagan donaciones a estas fundaciones a cambio de algún tipo de
favores, no entendemos que tenga que ser restringida a las de
material sanitario, ya que en concreto la prueba documental
que yo tuve --y tengo todavía-- en mis manos se refiere a algo
que no tiene que ver con el material sanitario. Nosotros
creemos que en este caso --si el Grupo Popular lo acepta-- se
debería proponer una enmienda en la que se dijera que el
material no fuera
exclusivamente sanitario, sino referido a proveedores de todo
tipo de material.

En cuanto al segundo grupo de propuestas, tengo que decir que
el modelo de participación, el modelo que propone el Grupo
Popular, no coincide con la fórmula que Izquierda Unida
entiende más adecuada para la designación o elección en su
caso, como nosotros proponemos, de los altos cargos de la
dirección hospitalaria. Partiendo de la estructura que define
la Ley General de Sanidad, entendemos que el hospital es una
institución sanitaria que forma parte del área de salud y su
envergadura presupuestaria y de personal es la más importante.

Por lo tanto, entendemos que de ninguna manera puede
considerarse el sistema concurso-oposición como el mecanismo
de acceso a los puestos de director gerente, aspecto que --
estará de acuerdo el Grupo Popular-- otorgaría carácter
vitalicio a los directores gerentes, aspecto que no concuerda
con la idea que tenemos del carácter de los altos cargos,
sobre todo de los altos cargos con puestos concretos de
dirección y de gestión que deben ser sometidos a evaluación
periódica.

En cualquier caso, nosotros entendemos que tanto el director
gerente, como el director de gestión, deberían ser elegidos
por instancias de participación, como pudieran ser los
consejos de salud y tras un concurso de méritos, y que estos
cargos deberían ser limitados y evaluables en el tiempo. Los
cargos de director médico y de director de enfermería
entendemos que no son
representativos de cada sector o de cada subsector sanitario;
es decir, que la función de la dirección médica no es la de
representar a los médicos ni la de la dirección de enfermería
la representación del grupo de profesionales relacionados con
la enfermería, entre los cuales, desde nuestro punto de vista,
faltarían los auxiliares de enfermería, concebidos como
enfermería básica.

Nosotros entendemos que la decisión final tras el concurso de
valoración de méritos, de capacidad, de experiencia, etcétera,
debería ser tomada por consejos de participación hospitalaria
con competencias, evidentemente, no como los actuales consejos
de participación hospitalaria, que son órganos decorativos
cuando se han reunido alguna vez; que sean consejos de
participación hospitalaria con competencias en la toma de
decisiones.

No compartimos en absoluto, señor Fernández-Miranda, los
criterios de participación que usted recoge en el punto 8.

Nosotros entendemos que la participación en la gestión de los
hospitales debe ser por todo el personal sanitario, no
exclusivamente por parte de los médicos. Entendemos que hay
diferentes niveles de responsabilidad, diferentes niveles de
competencia y diferentes niveles de decisión. Ahora bien, el
tomar parte en las estructuras participativas hospitalarias,
en lo que se refiere a los trabajadores de la salud, debe
cubrir a todos y no exclusivamente al profesional sanitario,
entendido fundamentalmente como los médicos, y, por lo tanto,
tampoco estaríamos de acuerdo en que las juntas técnico-
asistenciales volvieran a llevar el nombre de juntas
facultativas, cuya participación quedaría restringida a los
profesionales
sanitarios.

Finalmente, quiero decir que compartimos la filosofía que ha
llevado a la propuesta de los puntos números 9 y 10 en cuanto
a la presencia en la formación pregraduado y en la formación
posgrado, vía MIR, de contenidos de administración y gestión
sanitaria. Creemos que debe ser precisamente en la vía MIR
donde se plantee la creación de la especialización en
administración



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y gestión sanitaria. Pese a la moda actual de la creación de
master, diplomados, etcétera, nosotros creemos que no está
adecuadamente garantizada la calidad de la formación que lleva
después a la consecución de un determinado diploma y que la
gestión hospitalaria, fundamentalmente en la sanidad pública,
debe ser garantizada, tal y como propone el Grupo Popular, con
la creación de esta especialidad dentro de la vía MIR. A la
hora de entrar en contenidos, nosotros probablemente
subordinaríamos los aspectos de gestión económica, de gestión
administrativa de los servicios, a criterios de salud pública,
a criterios de funcionamiento de los servicios sanitarios de
una manera integrada en función de indicadores de salud, pero
ese debate cae, desde luego, fuera del objetivo de la moción
que se presenta.

Por tanto, de mi intervención se puede deducir que va a haber
algunos puntos que votaremos a favor y otro bloque en el cual
votaremos en contra, por lo cual en su momento solicitaremos
votación separada de los mismos.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Maestro. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Palacios.




El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, señorías, ante
todo, quisiera agradecer el buen tono de todas las
intervenciones y en particular, en esta ocasión, el del señor
Fernández-Miranda, que presentó la moción consecuencia de
interpelación. Permítame que, como se hizo alguna alusión a la
señora Ministra, estando ella ausente, yo gratifique esa
ausencia identificándome con sus planteamientos en el debate
de la interpelación.

Creo que todos coincidimos aquí en el hecho de la
transparencia en el sistema sanitario público. Estoy
completamente seguro de que la motivación de las
intervenciones de cada uno va en esa dirección. Y ha de ser
así, porque muchos de nosotros hemos visto cómo el moderno
sistema sanitario nacía, se consolidaba, ganaba en eficacia y,
con las dificultades que pueda tener, se encuentra muy
honrosamente en primeros lugares de calidad y de eficacia, no
sólo en nuestro entorno europeo. Al hilo de esta petición de
transparencia, yo quisiera traer aquí el viejo citado
sanitario del «primum non nocere», no vaya a ocurrir que, al
hacer aquí planteamientos de duda, estemos dañando al sistema
como si en este sistema sanitario público no hubiera ningún
elemento de control, porque esto no es así. Lo hay en los
términos
financieros y lo hay en los términos operativos, de una manera
que no ofrece lugar a dudas. Por eso, voy a hacer una breve
referencia a cada uno de los puntos de la moción para
manifestar nuestro voto en contra y argumentarlo en la medida
en que el tiempo lo permita.

En primer lugar y respecto del punto 1, se pide al Congreso de
los Diputados que vengan todas las auditorías realizadas en
los últimos cinco años en la red del Insalud. En este sentido,
he de decir que, a tenor de los Reales Decretos 3307 y,
posteriormente modificado, 1373, del año 1979, se encarga a la
Intervención General de la Seguridad Social la realización de
cuantas
auditorías externas estime oportunas, que hasta el momento han
sido 108. Si vinieran 108 auditorías a esta Cámara, sin duda
habrían de necesitar distintos medios amplios para su
transporte y, en cualquier caso, traerían mucha información no
necesaria. Por tanto, se han hecho hasta el momento 108
auditorías, en muchos casos repitiendo en los hospitales, cada
dos o tres años, este tipo de actuaciones.

En segundo lugar, se pide que el Congreso de los Diputados
ejerza la función inspectora regulada en el Decreto 858, a
tenor de lo establecido en sus artículos 3.º y 5.º y en los
artículos 31 y 43 de la Ley General de Sanidad, de manera que
se presenten aquí, en el plazo de tres meses --fijémonos en
este hecho, porque es sustancial--, todas las audotorías que
no se hayan realizado en el año 1993. Habida cuenta de que en
el Insalud gestión directa hay 80 hospitales, esto
significaría que en el plazo de tres meses habrían de
presentarse en esta Cámara 70 auditorías, cuestión que SS.SS.

conocen que es materialmente imposible. Sería, en alguna
medida, algo así como una chapuza de actuación. Las auditorías
se tienen que hacer con profesionalidad y con tiempo
suficiente. Insisto en el hecho de que el sistema de
realización de auditorías está perfectamente regulado y se
lleva a cabo por planes --me refiero a las externas-- en
función de los criterios de la Intervención General de la
Seguridad Social. En cualquier caso, la razón fundamental por
la que nos vamos a oponer a esta moción, al margen de los
criterios expresados, es porque siendo el hecho que cualquiera
de los grupos
parlamentarios puede solicitar datos de cualquier auditoría de
cualquier centro que estime oportunos, no vemos --un poco en
la línea de lo que plantean los puntos 1 y 3 de la enmienda
del Grupo de Coalición Canaria al punto 3 de la moción-- que,
a través de un mecanismo que estaría facilitado por la demanda
directa del grupo parlamentario que así lo estimara, se esté
intentando politizar una cuestión que tiene unos cauces
determinados.

En lo que concierne al apartado 3, hay que distinguir en este
tipo de asociaciones aquéllas --que algunas hay-- que son
cuentas del Tesoro Público autorizadas por la Ley de
Presupuestos de 1993 y que, en consecuencia, no pueden, en
absoluto, ser objeto de ningún manejo arbitrario puesto que
cuentan con unos mecanismos que, a tenor de lo establecido en
el artículo 16.3 de la Ley General de Sanidad, exigen la
reversión



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de esos ingresos (sean ingresos cobrados a terceros, sean
ingresos por accidentes de tráfico, etcétera) al propio centro
y no a quienes hicieron la prestación u otro tipo de
incorporaciones. Las otras cuentas --me remito a lo que
manifestó la señora Ministra, incluso en aquellos casos en los
que se está a la espera de información-- están acogidas a la
reglamentación sobre fundaciones, que supongo que ninguna de
SS.SS. va a poner aquí en duda. Por lo demás, los argumentos
que se han podido dar en la primera enmienda de Coalición
Canaria nos parecen acertados.

En cuanto al punto 4, se han dicho algunas cosas que me
parecen muy acertadas. Creo que el sistema de concurso-
oposición a lo único que conduce es a la creación de una elite
vitalicia para la gestión de unos centros hospitalarios. Nos
parece que es mejor procedimiento, con la publicidad que se
estime y con los méritos que se consideren, seguir lo que
mandata la Ley de Presupuestos de 1991 y 1992 sobre los
contratos de alta dirección, que permiten, en un momento
determinado, rescindir el contrato que se haya podido realizar
cuando aquél no cumpla las funciones establecidas, evitando
así que estas plazas sean plazas en propiedad. Por otra parte,
este procedimiento permite dar una mayor agilidad a
determinadas situaciones de cobertura, e insisto en que no
produce plazas en propiedad e impide un corporatismo en
lejanía, al margen de algunas argumentaciones que se han hecho
sobre la posibilidad de que un estudioso acceda sin estar
específicamente dotado para la gestión directa. En cualquier
caso, hay creada una unidad de selección que, aunque no ha
sido utilizada en todos los casos, debe considerarse como un
elemento positivo a estos efectos. Traslado las mismas
argumentaciones al apartado 5.

En lo que se refiere a los apartados 6 y 7, hay dudas que S.S.

considerará que, por nuestra parte, también son lo
suficientemente fuertes como para que rechacemos que, aunque
sea por el planteamiento de una terna a través de un sistema
asambleario, deba hacerse cargo el director del centro de una
de las personas para después, en el caso de que el contrato
sea rescindido, así lo asuma la propia asamblea. Hay que tener
en cuenta que ello remitiría en última instancia a la junta de
personal del centro para la designación de esas tres personas
que, en definitiva, no es un órgano de representación sino de
profesionales al servicio de los usuarios y del centro.

En cuanto al apartado 8, evidentemente todos deseamos que el
proceso de participación del personal de los centros
hospitalarios sea el más intenso, pero, como ya se ha dicho
aquí en alguna intervención, está regulado en el Real Decreto
521/1987, en la Sección 3.ª, artículo 19, en el cual se crea
la comisión de participación hospitalaria, la junta
técnico-asistencial y la comisión de garantía de calidad. De
lo que se trata es de que estos hechos sean operativos y de
que acudan a las juntas los profesionales, aquéllos que, como
usted y yo, vivimos la vida hospitalaria con mucha intensidad
durante mucho tiempo, porque a los que nos ha tocado la
responsabilidad de dirección en tiempos pasados sabemos que no
siempre se acude con la asiduidad con que sería deseable, lo
cual impide a veces que hasta las propias juntas puedan
realizarse.

En cualquier caso, entre las atribuciones de esta junta está
la de participación de los profesionales en los mecanismos de
toma de decisiones que afecten a las actividades y también
tendrá como funciones básicas, además de informar y asesorar a
la comisión de dirección de todas aquellas materias que
incidan directamente en las actividades asistenciales del
hospital, la información de los planes anuales de necesidades
y la elaboración y propuesta a la comisión de dirección de
acciones y programas, para mejorar la organización del
funcionamiento y la calidad del hospital. En consecuencia,
consideramos que este planteamiento se viene realizando y
completamos nuestra negativa a este punto haciendo nuestro el
planteamiento que han hecho algunos grupos de que la petición
de que vuelvan a denominarse juntas facultativas pudiera
parecer en sí banal, pero podría implicar el alejamiento
posible del personal no profesional en la participación en
estas juntas. Por otra parte, en relación con el punto 9 hemos
de decir que el Consejo de Universidades --y no las
universidades
individualmente-- es el que propone, quien hace propuestas al
Gobierno respecto a estas cuestiones, cuestiones que se pueden
aprobar posteriormente por real decreto, es decir,
adaptaciones a los planes, a las directivas comunitarias en
los planes de estudio, etcétera. En cualquier caso, puesto que
hace referencia a que se introduzcan en el diseño curricular
de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria los
elementos de
administración y gestión a que hace referencia el punto 8, me
van a permitir SS.SS. que les comunique que los Reales
Decretos 1.417, 1.464 --ambos de 1990-- y 1.484, de 1991,
relativos respectivamente al establecimiento del título
universitario oficial de licenciado en Medicina, de licenciado
en Veterinaria y de licenciado en Farmacia, que es lo que
ustedes plantean en su punto 8, dejan perfectamente claro...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Palacios, vaya
concluyendo.




El señor PALACIOS ALONSO: Termino en dos segundos.

... que en la dirección tercera de su anexo, es decir, donde
se relacionan las materias troncales, en cada uno de los casos
hay contenidos específicos sobre las materias a que S.S. hace
referencia, concretamente, en el primer caso, administración
sanitaria, planificación, programación y evaluación de
servicios. En el segundo,



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organización y gestión de recursos en la farmacia comunitario-
hospitalaria, etcétera. Quiero decir con ello que esta demanda
de que se cumpla lo que ya es obligado nos parece superfluo.

En última instancia, respecto del punto 10, quiero decir a
S.S. que vemos la voluntad de este hecho, pero que estamos de
acuerdo con aquellos criterios que se manifestaron por la
búsqueda de otras vías de formación.

Señor Presidente, termino definitivamente diciendo que en la
resolución de 1986, del Secretario de Estado de Universidades
y de Investigación, el número de especialidades recogidas en
sus contenidos no ha sido modificado ni aun a propuesta, a
través del Real Decreto 127/1984, de la Comisión Nacional de
Especialidades que no ha creído oportuno incorporar este tipo
de planteamientos a los hechos formativos.

Por otra parte, en lo que se refiere a aquella actuación
previa a la que se refería el Secretario de Estado, se sabe
perfectamente que en las especialidades de Medicina en familia
y comunitaria, gestión y administración sanitaria están
incorporadas, al igual que en la especialidad de salud
pública. Por lo tanto, señor Presidente, uno a uno, en su
globalidad, vamos a votar en contra de los puntos de la moción
que aquí se presenta.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Palacios. El señor Fernández-Miranda tiene la palabra para
indicar si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo
de Coalición Canaria.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Intervengo para expresar la que entiendo está presentada a
modo de transacción por Izquierda Unida.

Con respecto a las enmiendas de Coalición Canaria,
concretamente la relativa al punto 3, señor Mardones, ¿qué
mayor seguridad jurídica que sea el fiscal el que induzca la
lucha contra la corrupción que se pueda producir en este
ámbito, como en tantos otros, a través del juez? No entendemos
su reticencia.

Obviamente, si yo tuviese pruebas formales, lo habría
denunciado directamente; no pediría ayuda a la Fiscalía
General del Estado para que entrase en temas que están
planteados por la señora Maestra en su intervención como de
indudable sospecha, de lamentable sospecha...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, he de indicarle que es señora Maestro.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Mis disculpas, señora
Diputada.

Por lo tanto, no vamos a aceptar su enmienda de supresión al
punto 3, señor Mardones.

En cuanto a la enmienda de su Grupo número 2 al punto 4, señor
Mardones, la razón por la cual no la aceptamos viene en la
justificación de motivos. Nosotros no queremos que concurra en
estos profesionales, en estos técnicos, la confianza de los
responsables de la Administración. Queremos rigor en la
selección, queremos despolitizar ahora y, sobre todo, plantear
instrumentos para que no sea posible la politización futura.

No deben ser cargos políticos, no deben ser los gerentes ni
los directores de gerencia cargos políticos en los hospitales.

Por lo tanto, señor Mardones, el concurso-oposición ha de ser
la forma más rigurosa, porque, como bien sabe S.S., los
baremos también pueden ser a medias, y se están produciendo en
este momento en la Administración local.

Vamos a dar luego a elites vitalicias...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, recuerde que su intervención es exclusivamente a
efectos de indicar si acepta o no las enmiendas, con una
justificación mínima, pero no entrando en contradicción.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Me permitirá argumentar
señor Presidente, la justificación del no o del sí.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero no dar lugar a un
turno de contradicción.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: La contradicción se
establece porque en este caso, señor Presidente, el voto es
no, con lo cual es inevitable la contradicción.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Bien sabe usted que el
turno es para indicar exactamente si acepta o no las
enmiendas.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Estoy intentando ser
escrupuloso en explicar la aceptación o no, pero con cierta
cortesía parlamentaria, señor Presidente.

Con respecto a la enmienda número 3, los planteamientos son
idénticos. No voy a abundar en ellos, porque pretendemos que
no haya casos como los del actual director gerente de La Paz,
suspendido y designado, como bien saben sus señorías.

Por último, sí vamos a aceptar la enmienda número 4 del señor
Mardones. En nuestro texto hablamos de crear nuevas
estructuras participativas que permitan una verdadera
participación del profesional sanitario, y lo hacemos en
general. No queremos entrar en la dificultad de la
denominación de esta junta pues damos por bueno el mantenerla
como junta técnico-asistencial, aunque el señor Mardones
sabe --si no, se lo digo yo--



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que en las juntas facultativas participaban todos los
profesionales. Aceptamos esta enmienda para salvar el espíritu
del punto octavo de la moción, que lo que pretende es la
auténtica participación de todos los profesionales sin
excepción en la vida y en el buen funcionamiento de los
hospitales. Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, por parte de la señora Maestro ha habido una
indicación y usted ha hecho referencia a ella al principio,
pero no sé exactamente si la acepta o no y en qué términos,
con relación al final del punto tercero.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Efectivamente, señor
Presidente. Aceptamos la transacción que hace la señora
Maestro, proponiéndole simplemente que se suprima en el texto
que
presentamos las palabras «de material sanitario». Por tanto,
quedaría así: «A fin de determinar si se han realizado
ingresos en dichas cuentas corrientes por parte de empresas
proveedoras en estos hospitales».




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Fernández-Miranda.

Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.--La señora Maestro Martín pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señor Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Sé que el Reglamento impide la solicitud de votación separada
en el caso de que hayan sido aceptadas enmiendas por el Grupo
proponente, pero dada la diversidad temática de los aspectos a
tratar, quería solicitar la votación separada de algunos de
los puntos.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, como admite S.S.

anticipadamente, éste es un criterio que se aplica de forma
sistemática y no se pueden hacer excepciones en función de la
diversidad de las materias tratadas en el conjunto de la
moción. Es un criterio que se ha mantenido en beneficio del
buen
tratamiento por parte de la Cámara de las mociones y lo vamos
a mantener.

Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda número 4
del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 124; en contra, 154; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA A DESARROLLAR POR
EL GOBIERNO PARA EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, SU CONTROL Y
TRANSPARENCIA (Número de expediente 173/000039)



El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación,
sobre la política a desarrollar por el Gobierno para el
sistema financiero español, su control y transparencia.

Tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señoras Diputadas, señores Diputados,
hoy presentamos una moción que es fruto de la interpelación de
la semana pasada en relación con la política a desarrollar
para el control y transparencia del sistema financiero.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, un momento. Señorías,
guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, puede continuar su
intervención, señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: A mi Grupo le parece que es un momento
adecuado tanto para presentar la interpelación la semana
pasada como para presentar hoy la moción, por una razón
fundamental, porque en los años que llevamos de la década de
los 90 España está conociendo un mal momento en el conjunto
del sistema financiero. Muchas veces se nos contesta que esto
es normal, que hay grandes mutaciones en los sistemas
financieros en España y en el mundo, que es normal que ocurran
estas crisis, que
desaparezcan bancos, etcétera, pero llevamos tres años y
algunos meses en lo que va de década, el Banco de Crédito y
Comercio, el Banco Europeo de Finanzas, Banesto, Saudesbank o
el Banco saudí que, aunque de forma más silenciosa, está
representando una crisis importante también en estos momentos.

La moción que presentamos tiene dos puntos, tal como
anunciamos en la interpelación de la semana pasada: el primero
es la petición de informe al Gobierno sobre el cierre de
Saudesbank; el segundo es la creación de una Ponencia especial
en la Comisión de Economía y Hacienda para que elabore un
informe sobre
carencias y defectos del sistema financiero español. Pensamos
que la moción está justificada por la amplia explicación que
dio mi Grupo al debatir la interpelación ofreciendo datos y,
sobre todo, por la documentación que obra en poder del
Gobierno remitida a éste por el comité de empresa del mismo.

La semana pasada decíamos que desde Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya creíamos necesario un



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debate sosegado y asesorado sobre la política a desarrollar
para la transparencia y control del sistema financiero, y que
esto incluía la necesidad de la participación de este
Parlamento desde la base de que hay una jungla administrativa
difícil de seguir por los propios especialistas del sistema
financiero, que hay una tupida red de relaciones que se
mezclan y entrecruzan para operaciones de todo tipo, y que era
necesario ver lo que planteaba la interpelación y ahora la
moción en dos vertientes. En relación con el Banco saudí, ¿por
qué desaparece éste? ¿Quién está detrás de las comunidades de
bienes? ¿Hay dinero negro? ¿Es el negocio del dinero negro el
que está detrás de las comunidades de bienes? ¿Por qué se ha
producido el agujero tan importante, tan grande del Banco
saudí? ¿Qué se hará con el Banco saudí? ¿Hubo o no hubo, cosa
de la que dudaba el señor Ministro, 30.000 millones de dinero
negro, según documentación importante, documentación que obra
ya en poder del Gobierno, remitida al Gobierno por parte del
comité de empresa del Banco saudí, y la información que da la
Federación de Banca de UGT, que creo que tiene rigor en los
datos?
Situando el asunto del Banco saudí como elemento importante,
no dejándolo como un elemento marginal o un elemento
recurrente para hablar del conjunto del sistema financiero,
indicamos que, en este momento concreto, hay en el conjunto
del sistema financiero situaciones de morosidad excesiva, que
coinciden, además, con la caída de tipos de interés y que
pueden producir nuevas crisis. Frente a esta potencialidad de
nuevas crisis, la actitud del Banco de España de retrasar
actuaciones, como se vio en el caso de Banesto, y relativizar
sospechas, para no afectar al sistema en su conjunto, ha
tenido tan buenas intenciones como peligros. Era necesario, de
forma perentoria, adaptarse a una realidad. Esto es lo que
decíamos la semana pasada y hacíamos una serie de propuestas
genéricas.

Pues bien, en estos momentos proponemos una moción con dos
puntos. El primero es para que el Congreso inste al Gobierno a
que remita a la Cámara, antes del cierre definitivo del Banco
saudí, que estaba programado para el 31 de mayo, un informe
que contenga al menos los siguientes extremos: Razones por las
que el Banco de España decidió la apertura de un expediente
disciplinario al Saudesbank y resultado de las diligencias
instruidas. Medidas adoptadas por las autoridades económicas y
financieras para la constatación de los riesgos reales
asumidos por Saudesbank desde 1990. Explicación del proceso de
liquidación y disolución del Saudesbank y su posible relación
con una actuación negligente en la asunción de riesgos por
parte de la dirección de la entidad. Actuación de las
autoridades laborales en los expedientes de regulación de
empleo presentados por Saudesbank así como explicación de los
distintos criterios adoptados por las direcciones provinciales
y la Dirección General del Trabajo en sus resoluciones. Y
actuación de los
representantes del capital público, Instituto Nacional de
Industria e Instituto Nacional de Hidrocarburos, en el consejo
de administración durante todo el proceso, desde la apertura
de expediente, hasta la disolución del banco.

Afirmábamos esto sin tener unos datos que han aparecido este
fin de semana en la prensa. Este fin de semana se ha levantado
la suspensión de pagos de Intra, por haber llegado a un
acuerdo con los acreedores. Intra ha cedido todos sus activos
y bienes patrimoniales al conjunto de acreedores y de forma
específica al Saudesbank.

¿Por qué el Saudesbank, la dirección del Saudesbank, los
residuos del Saudesbank y el Gobierno no paralizan el cierre,
ante esta noticia, y no realizan un determinado proceso de
reanudación de actividad del Saudesbank, ya que lo que
representaba la relación del Saudesbank con Intra era 7.000
millones de pesetas? Es decir, el principal elemento que hacía
que el Banco saudí tuviera que desaparecer era la deuda de
Intra con el Saudesbank.

Hay un segundo punto en la resolución que plantea que el
Congreso de los Diputados acuerde la creación, en el seno de
la Comisión de Economía y Hacienda, de una ponencia especial,
compuesta por un representante de cada grupo parlamentario,
que elabore un informe sobre las medidas que deben adoptarse
para eliminar las siguientes carencias y defectos del sistema
financiero español. Y se señalan cinco apartados. La situación
de privilegio y falta de transparencia en determinadas
operaciones financieras --digo determinadas, porque no afecta
al conjunto--; los elevados costes para el cliente de las
operaciones de intermediación y pasivo; el escaso compromiso
de las entidades de crédito con la creación de tejido
productivo (el Santander empieza cualquier día de estos a
vender a las empresas de la corporación industrial); la
pasividad y resistencia a trasladar al mercado las
disminuciones de los tipos de interés y la falta de
coordinación entre las autoridades económicas y financieras,
el Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España y
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y entre éstas y el
Parlamento para el seguimiento y la inspección de las
irregularidades que puedan producirse en el ámbito del sistema
financiero español.

¿Cuál es el objetivo de este punto número 2? Simplemente,
hacer propuestas normativas que conduzcan a modificaciones
legislativas similares a las tomadas en el caso de los
créditos hipotecarios, que, como saben SS.SS., presentó
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y que han permitido
abaratar su renegociación, le renegociación de los créditos
hipotecarios, beneficiando al conjunto de la sociedad. Serían
los asuntos que mueven nuestra propuesta referidos a
descubiertos, valoraciones, comisiones bancarias. Todo ello,
pensamos, redundaría en beneficio de clientes y consumidores
de entidades financieras.




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Nosotros creemos que, en conjunto, esto permitiría, por un
lado, tratar bien el asunto de Saudesbank, no dejarlo como una
cosa repito, recurrente, y, por otro, coincidir con
iniciativas que están surgiendo, por ejemplo, en la Comisión
Banesto, como la elaboración de un dictamen o la posible
creación de una ponencia, de cara a elaborar una serie de
medidas, de normativas, que puedan controlar mejor el conjunto
de los procesos y de crisis que se puedan producir.

Hay enmiendas, que luego podemos ver. Por parte del Grupo
Socialista, de supresión del punto número 2, y por parte del
Grupo Popular, de sustitución del punto número 2 por tres
apartados concretos. En el momento en que se defiendan estos
apartados, no tendré inconveniente en tenerlos en cuenta en
concreto y ver, en definitiva, qué puede aceptar nuestro
Grupo. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Enmienda del Grupo Socialista.

Para su defensa y para fijar la posición del Grupo, tiene la
palabra el señor Martín Mesa.




El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.

La moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene, efectivamente, como ha
señalado su portavoz, dos partes claramente diferenciadas. Con
la primera, lo que viene es a instar al Gobierno a que remita
a la Cámara una serie de informes relativos a la crisis del
Banco saudí español, Saudesbank.

He de decir que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene
inconveniente en apoyar esta petición. ¿Cómo nos vamos a
oponer a que el Gobierno remita información al Congreso? Que
se envíe. Bienvenida sea. Sin embargo, señor Frutos, quizá
convenga conmigo en que esta información también se podría
haber solicitado por otros cauces reglamentarios. Bien, que
sea este cauce.

Apoyaremos, efectivamente, que el Gobierno envíe esta
información.

La segunda parte de la moción lo que pretende es crear una
ponencia especial para la elaboración de un informe sobre
medidas a adoptar para eliminar supuestas carencias y defectos
del sistema financiero español.

Nuestro Grupo ni comparte la existencia de los defectos que
ustedes enumeran, por lo menos en su totalidad y en su
amplitud, ni cree necesaria la constitución de una ponencia
con tales cometidos. De ahí que hayamos presentado una
enmienda de
supresión al punto 2 de la moción. Me centraré, señor
Presidente, en las razones que llevan a nuestro Grupo a no
estimar la constitución de la ponencia solicitada, lo cual no
será óbice, lógicamente, para que haga algunas referencias
puntuales a la crisis del Saudesbank, que, en definitiva, es
la que ha dado origen a la interpelación y a la moción que hoy
debatimos. Señoras y señores Diputados, aunque parezca una
obviedad, hay que recordar una vez más que el marco regulador
de la supervisión bancaria en la Unión Europea es una
referencia inexcusable para las entidades españolas. Somos
miembros de la Unión Europea como fruto de una opción libre y
soberanamente adoptada y,
consiguientemente, ello nos obliga a respetar las reglas del
juego.

La supervisión bancaria, como ustedes conocen, cuenta con una
estructura marco en el mercado interior europeo que viene
definida, fundamentalmente, por cinco directivas, cinco
directivas que tienen un claro objetivo: conseguir un campo de
juego igual para todos. El esqueleto de la supervisión
bancaria hoy en Europa está constituido --y no quiero ser
exhaustivo--, por una parte, por la segunda Directiva de
coordinación bancaria, de diciembre de 1989; la Directiva
sobre fondos propios, de abril de 1989; la Directiva sobre el
«ratio» de solvencia, de diciembre de 1989; la Directiva sobre
supervisión de entidades
consolidadas, de abril de 1992; la Directiva sobre limitación
de grandes riesgos, igualmente de diciembre de 1992. Pero le
diría, ítem más, en la actualidad, además, existen dos
propuestas de importantes directivas que incluso están en un
avanzado proceso legislativo. Me refiero a la directiva sobre
sistemas de
garantías de depósitos y la directiva sobre potenciación de la
supervisión prudencial en el campo de todas las empresas
financieras.

Como ustedes deben conocer, señores de Izquierda Unida,
nuestro ordenamiento jurídico ha sido ya adaptado a lo
establecido en la práctica totalidad de estas directivas
comunitarias, y muy concretamente, me voy a referir a él. El
pasado día 10 de marzo del año en curso el Pleno de la Cámara
convalidó enmiendas del Senado y aprobó con carácter
definitivo un proyecto de ley por el que se adaptaba la
legislación española en materia de
entidades de crédito a la segunda Directiva de coordinación
bancaria.

Al respecto debo recordar hoy dos extremos. En primer lugar,
que esta ley ha modificado sustancialmenteuna importante serie
de normativa española, concretamente la Ley de 29 de julio de
1988, sobre disciplina e intervención de las entidades de
crédito; el Real Decreto legislativo de 28 de junio de 1986 e
incluso algunos aspectos de la Ley del Mercado de Valores y
todo ello con un objetivo: reformar la regulación prudencial,
la supervisión de las entidades y el procedimiento
disciplinario.

En segundo lugar, quería resaltar que esta Ley a la que hago
referencia ha sido aprobada por la totalidad, insisto, por la
totalidad de los grupos parlamentarios, con la única
abstención del Grupo Federal de Izquierda Unida, Grupo que
debo recordar que no participó en los debates ni en ponencia,
ni en Comisión, ni en el Pleno, limitándose a abstenerse en la
votación del Pleno.




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Señor Frutos, permítame que le diga con toda cordialidad que
no me parece muy serio que, cuando apenas han pasado dos meses
desde que se ha modificado gran parte de nuestra normativa
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito,
pida usted hoy la constitución de una ponencia para volver a
replantearlo. Desde luego, desconozco las razones por las
cuales ustedes no participaron en aquel proyecto de ley. De
cualquier forma, como le decía el miércoles pasado el señor
Ministro de Economía, una cosa es propiciar algunas mejoras
concretas sobre problemas específicos, con lo que estamos
perfectamente de acuerdo, y otra muy distinta, que no
compartimos, constituir una ponencia para tratar de revisar el
funcionamiento de la práctica totalidad de nuestro sistema
financiero.

El sistema de supervisión y control del sistema financiero
español está perfectamente homologado con el hoy vigente en la
totalidad de los países de la Unión Europea.

Quizá este sea el momento procesal oportuno para poner de
manifiesto, respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que compartimos y no tendríamos
inconveniente en apoyar su apartado a), relativo a que el
Tribunal de Defensa de la Competencia realice un informe sobre
el grado de competencia existente en el sector financiero y la
traslación a la clientela de la reducción de tipos de interés.

Quizá el plazo que dan hasta final de año nos parece
excesivamente corto, pero no nos parece mal. Tampoco vemos mal
el apartado 2 b), que se realice un informe sobre prácticas
abusivas, poco transparentes o ilícitas; el Tribunal podría,
de acuerdo con sus competencias, realizar un informe al
respecto. Sin embargo, no podemos aceptar el punto 3 c) y ello
porque el mismo trasciende las competencias que legalmente
están asignadas al Tribunal de Defensa de la Competencia.

Voy a ir terminando, señor Presidente, no sin antes poner de
manifiesto, en relación al primer punto de la moción, que ya
le decía al señor Frutos al principio de mi intervención que
nos parece adecuado que el Gobierno remita a la Cámara la
información solicitada, concretamente, las razones de la
apertura del expediente al Saudesbank por parte del Banco de
España. Con independencia de la información que el Gobierno
remita, permítame que le diga que sencillamente la inspección
del Banco de España, al analizar las cuentas, los estados
contables y financieros del Saudesbank, detectó la existencia
de riesgos de este banco con el Grupo Intra-Sergoysa, que
superaba el límite máximo del 40 por ciento de los recursos
propios que establecía en aquellos momentos la Ley de
Disciplina e Intervención en entidades de crédito. Es decir,
señor Frutos, el sistema de supervisión podemos decir que
funcionó adecudamente y se detectó la
irregularidad.

Respecto a las medidas adoptadas por las autoridades
económicas y financieras, sencillamente cuando el grupo Intra-
Sergoysa presentó suspensión de pagos, el Banco de España
requirió al Saudesbank para que corrigiera esa deficitaria
situación
patrimonial, consecuencia de la suspensión de pagos. De hecho,
como usted recordaba el miércoles pasado, el Saudesbank vendió
su sede social, lo que le reportó 2.358 millones de pesetas y,
además, los accionistas adquirieron los riesgos con Intra por
valor de 3.700 millones de pesetas, dando cumplimiento con
ello al requerimiento del Banco de España.

En relación al expediente de regulación de empleo, se ha
tratado sencillamente de un expediente administrativo
tramitado con arreglo a las disposiciones legales vigentes y
sometido a los mecanismos de control y fiscalización
legalmente establecidos. Por último, he de decirle que el
Instituto Nacional de Industria o el Instituto Nacional de
Hidrocarburos en ningún momento han participado en la gestión
del Saudesbank, manteniendo únicamente, como les correspondía,
una representación en el Consejo de Administración. Pero, en
definitiva --y no quiero seguir
extendiéndome en este punto--, que el Gobierno remita a la
Cámara la información que se le solicita y que, como he dicho,
nosotros apoyaremos.

En conclusión, señor Presidente, con independencia de que el
Grupo Popular pudiera retirar el apartado c), en cuyo caso el
planteamiento sería distinto, si esto no se hace así, nosotros
vamos a pedir votación separada de los puntos 1 y 2 de la
moción; votaremos afirmativamente el punto primero y,
naturalmente, negativamente el punto segundo. Ello, por todas
las razones que aquí he expuesto.

Nada más.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.

Enmienda del Grupo Popular.

Para su defensa, y para fijar la posición del Grupo sobre la
moción, tiene la palabra la señora Rudi.




La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, vemos esta
tarde la moción presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que tiene su origen en la
interpelación debatida la semana pasada en este hemiciclo y
relativa a dos aspectos distintos. Por una parte, a la crisis
y evolución de la situación del Saudesbank, del Banco saudí,
y, por otra parte, a un aspecto más general que podríamos
definir como la situación del sistema financiero español.

Mi Grupo Parlamentario, que ya fijó su posición en la
correspondiente interpelación perfectamente diferenciada, ha
presentado una enmienda al punto 2 del texto de la moción.

Estaríamos de acuerdo con la primera parte de la moción, en la
cual por el Grupo de Izquierda Unida se insta al Gobierno para
que remita a la Cámara, antes del cierre definitivo del Banco
saudí



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español, un informe que contenga los extremos que aquí ya han
sido referidos. Pero no estamos de acuerdo con la totalidad --
quizá algo en el espíritu-- del contenido del punto 2 de la
moción.

Anteriormente ha hecho uso de la palabra el representante del
Grupo Socialista para defender una enmienda por la cual pedía
la desaparición de todo este punto 2. Quizá la postura del
Grupo Popular es intermedia entre lo solicitado por el Grupo
proponente, que es la creación de una ponencia en la Cámara
para estudiar algunas carencias y defectos del sistema
financiero español, y la posición del Grupo Socialista, que
pide su desaparición.

Por parte de nuestro Grupo entendemos que el texto que remite
a la Cámara Izquierda Unida permitiría entender que la
situación general del sistema financiero español no es buena.

El Grupo Popular no quiere que quede esa sensación en la
sociedad española ni que trascienda a los medios económicos
españoles y extranjeros. El sistema financiero español no es
malo «per se». Tiene defectos que pueden ser mejorables y
perfectibles, pero entendemos que sería injusto, además de
incorrecto, culpar a todo el sistema financiero de algunas
prácticas restrictivas de la competencia de algún pequeño
grupo de entidades.

Siguiendo esta argumentación, en el texto de nuestra enmienda
de sustitución parcial pedimos que sea el Tribunal de Defensa
de la Competencia el que remita a esta Cámara un informe en el
cual se contemple yo creo que prácticamente lo mismo que pedía
el Grupo de Izquierda Unida, pero no de una manera
generalizada. Pedimos que en ese informe se analice el grado
de competencia existente en el sector, en concreto el grado de
traslación a la clientela de las reducciones o variaciones de
los tipos, tanto por el lado de los depósitos y otras cuentas
de pasivo como por el de los activos, es decir, los créditos,
préstamos u otras operaciones de activo.

Asimismo, dicho informe debería contener la extensión de
prácticas abusivas, poco transparentes o ilícitas que atenten
contra la libre competencia entre entidades financieras,
teniendo en cuenta que estas prácticas siempre van en
perjuicio de aquellas entidades más respetuosas con la
legalidad y con los principios de libre mercado.

El Grupo Parlamentario Popular, que siempre tiene una postura
pro mercado y pro competencia y que siempre en sus iniciativas
plantea la transparencia precisamente de los mercados y la
libre competencia, esta tarde presenta esta enmienda de texto
alternativo.

En último lugar, en el punto c) decimos que este informe
también analice la efectividad --leo textualmente, y ahora
explicaré el objetivo de nuestro texto-- de las autoridades
supervisoras, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco
de España, a la hora de atajar estas prácticas restrictivas a
la competencia en el ámbito del sistema financiero.

El representante del Grupo Socialista ha dicho que no era de
competencia del Tribunal de la Competencia --valga la
redundancia-- realizar esta misión. Yo creo que quizá no ha
leído con detenimiento o no ha entendido el espíritu de
nuestra enmienda. No es que pretendamos que el Tribunal de la
Competencia juzgue al Banco de España ni a la Comisión
Nacional, que en ningún caso le correspondería. Sí que el
Tribunal de la
Competencia pueda emitir su opinión sobre si la legislación
que regula las prácticas que son restrictivas de la
competencia es insuficiente o sería conveniente modificarla.

Es una práctica más o es una comprobación más de las prácticas
de la competencia. En cualquier caso, señor representante del
Grupo Socialista, como la enmienda va dirigida a una moción
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, me
supongo que tiene que ser él quien decida si la acepta
totalmente o si la acepta parcialmente. En cualquier caso, lo
que sí quiero decir es que si esta enmienda es aceptada por el
Grupo de Izquierda Unida tal como la plantea mi Grupo,
apoyaremos la moción, y si no, nos veremos en la necesidad de
abstenernos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, la posición del grupo de
Convergència i Unió respecto a la moción que ha presentado el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a
la interpelación que presentó la semana pasada respecto a la
crisis del Saudesbank y a los problemas del sistema financiero
español, nosotros la vamos a dividir en dos partes.

Nuestro Grupo Catalán (Convergència i Unió) votará
afirmativamente el punto primero de la moción presentada por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya que nosotros
valoramos todo lo que sea aclarar y que demuestre la
transparencia en el proceso de crisis que ha dirigido esta
entidad financiera, que le ha llevado a un desarrollo, yo
diría, no demasiado claro en cuanto a su situación financiera.

Nuestro Grupo apoyará esta iniciativa para que el Gobierno
envíe toda la documentación correspondiente, las razones por
las que el Banco de España decidió la apertura de un
expediente disciplinario al Saudesbank y el resultado de las
diligencias instruidas.

También estamos totalmente de acuerdo en que el Gobierno envíe
al Congreso de los Diputados todas aquellas medidas adoptadas
por las autoridades económicas y financieras para la
constatación de los riesgos asumidos por el Saudesbank desde
el año 1990.




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Asimismo queremos que se nos explique cuál ha sido el proceso
de liquidación y disolución de la entidad financiera
Saudesbank. Por descontado, también nos interesa conocer
cuáles han sido las actuaciones de las autoridades laborales
para resolver el expediente de regulación de empleo que
presentó la entidad financiera Saudesbank. Por descontado, nos
interesa saber cuál ha sido la opinión de los representantes
del capital público en el consejo de administración del
Saudesbank durante la época de intervención, representantes
del INI y del INH.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar afirmativamente el punto
primero de la moción.

En cuanto al punto segundo de la moción, nosotros vamos a
votar negativamente, ya que entendemos que hay otros
mecanismos y otros cauces parlamentarios y jurídicos para
determinar cuáles son, yo diría, los estamentos finales del
sistema financiero español. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.

Para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
planteadas, tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.

Finalmente, podemos llegar a un acuerdo entre todos los
grupos. Retiraríamos, por tanto, el punto número 2. El PSOE ha
dicho que aceptaría los apartados uno y dos del punto número
2. El Grupo Popular está dispuesto a aceptar la retirada del
apartado c) de su enmienda, aunque hay elementos de polémica,
porque nosotros pensamos que no es lo mismo que lo de Banesto,
porque en lo de Banesto han sido irregularidades flagrantes,
absolutas, no únicamente prácticas restrictivas a la
competencia, sino irrgularidades, repito, muy gordas, y por
ello presentábamos este punto 2 en conjunto. Pero pensamos que
el debate que hay en la Comisión de Banesto, la aceptación en
este caso concreto de nuestra propuesta, así como el debate
que continuará en esta Cámara, nos permitiría avanzar en lo
que el representante del Partido Socialista nos ha dicho sobre
que eran una serie de normativas que estaban tomadas. Es
verdad que hay una serie de normativas, pero estas normativas
también estaban, me imagino, cuando...




El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego se limite a
contestar sobre las enmiendas.




El señor FRUTOS GRAS: Termino la argumentación, señor
Presidente. Decía que estas normativas también estaban cuando
lo de los créditos hipotecarios, y el hecho de la pro-puesta
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación a
dichos créditos hipotecarios posibilitó un acuerdo de toda la
Cámara y el abaratamiento del dinero para el conjunto de los
españoles. En esta línea de aceptación, nosotros retiramos el
punto 2, aceptamos los apartados A) y B) de la enmienda del
Partido Popular, la retirada del apartado C), y con ello
podemos llegar a un acuerdo de todos los grupos de la Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Entiendo, señora Rudi, que... (El señor Frutos Gras pide la
palabra.) Perdón, señora Rudi. Señor Frutos, ¿qué desea?



El señor FRUTOS GRAS: Perdón, señor Presidente. Habíamos
quedado en una breve, mínima rectificación en el apartado B)
de la enmienda del Partido Popular, que terminaría de la
siguiente forma: «con la legalidad y con los principios de la
economía de mercado», en vez de «con la legalidad y con los
principios de libre mercado», que es, naturalmente,
constitucional.




El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, tiene la palabra para
precisar los términos de la enmienda de su Grupo, tal como
queda.




El señor RUDI UBEDA: Señor Presidente, si yo no he entendido
mal, la enmienda queda de la siguiente manera: se retira el
punto C) del texto de la enmienda, y en el punto B), al final,
se sustituye la expresión «del libre mercado» por «la economía
de mercado». Es decir, «con los principios de la economía de
mercado».




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rudi.

Vamos a proceder a la votación.

Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
que se somete a votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Popular con las
correcciones formuladas en el curso del debate.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 279; a favor, 279.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.

El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las ocho y cuarenta minutos de la tarde.