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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 61, de 12/04/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1994 Núm. 61 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 60
celebrada el martes, 12 de abril de 1994
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), por la que se
insta a la devolución de patrimonios incautados durante la
guerra civil. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
B, número 33.1, de 24 de septiembre de 1993 (número de
expediente 122/000023) (Página 2978)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, para la participación de
las organizaciones de defensa ambiental en la planificación y
gestión del agua. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 41.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de
expediente 122/000032) (Página 2990)
Avocación por el Pleno de iniciativas legislativas:
--De la proposición de Ley de Organización del Centro de
Investigaciones Sociológicas (número de expediente 122/000009)
(Página 2995)
--Modificación del orden del día (Página 2996)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
ampliación de cuotas lácteas a los ganaderos mediante la
asignación de la reserva nacional. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 48, de 7 de febrero de 1994
(número de expediente 162/000071) (Página 2996)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
adopción de medidas laborales y fiscales específicas para las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con el objeto de
favorecer su competitividad y la generación de empleo en la
actual coyuntura de recesión económica. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 9, de 17 de septiembre
de 1993 (número de expediente 162/000024) (Página 3006)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política laboral del
Gobierno respecto de la mujer, con especial referencia a las
repercusiones que en este ámbito ha tenido la entrada en vigor
del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas
Urgentes de Fomento de la Ocupación (número de expediente
173/000032) (Página 3016)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios de política económica e industrial que aplicará el
Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y estable en
el sector industrial (número de expediente 173/000033) (Página 3021)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
62, de 13 de abril de 1994.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 2978)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), por la que se
insta a la devolución de patrimonios incautados durante la
Guerra Civil (Página 2978)
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la
proposición formulada, proposición que dedica a los valores
republicanos que perviven a pesar de todo y a los que dieron
la vida por ellos. Afirma que el hecho de que hoy, en abril de
1994, tengan que hacer este debate es de por sí una derrota y
significa que este Parlamento no ha sido capaz, en 17 años de
recuperación democrática, de cerrar una herida abierta y
profunda de la guerra civil. Este Parlamento y algunos de los
partidos en él
representados han encontrado justificaciones más o menos
técnicas, argumentos más o menos hábiles para rechazar el
comprometerse con la pri-mera obligación histórica que tenía
la democracia, que es el rigor en practicar la justicia
histórica. No va a repetir ahora los argumentos desarrollados
en el debate producido en el Parlamento catalán, ni tampoco
los argumentos del Partido Nacionalista Vasco cuando planteó
la cuestión por primera vez en esta Cámara, ya que los
argumentos a favor de la devolución de los patrimonios
incautados por el franquismo son tan sólidos e incuestionables
que los Diputados los conocen perfectamente y probablemente
los comparten. En todo caso, sí quiere recordar que la
proposición que presenta tiene como primer objetivo derogar
una Ley de 1939 que aún está vigente, restituyendo
democráticamente lo que fue impuesto por la ley de las armas.
Añade que el texto que presenta no tiene la pretensión de ser
inmejorable y, bien al contrario, su tramitación parlamentaria
puede permitir resolver las dificultades que la restitución
implica, ya que las discutibles dificultades técnicas de la
devolución no pueden convertirse en una coartada para rehuir
sus obligaciones políticas y mantener una decisión que nació
fruto de la victoria militar y de la imposición de la fuerza.
Entiende que las dificultades técnicas se superan siempre si
hay voluntad política de hacerlo y, desde luego, no pueden ser
nunca un impedimento para actuar con criterios de justicia
histórica.
Pregunta cómo puede justificarse que los sindicatos hayan sido
ya restituidos de la incautación franquista y los partidos
políticos estén aún pendientes de esta decisión. Es obligación
de esta Cámara velar por sus derechos y garantizar con ello la
pluralidad política.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Caldera Sánchez-Capitán. Afirma que va a hacer
referencia a valores muy importantes y no tan reduccionistas
como los que ha traído a colación la señora Rahola, a la vez
que se va a olvidar de exageraciones históricas que la señora
Diputada ha utilizado en su discurso. Más que referirse
únicamente a aquellos que hipotéticamente defendieron valores
republicanos lo hará aludiendo a quienes, con más amplitud de
miras, han defendido el cierre de esa herida histórica que hoy
no existe y que consagra nuestra Constitución, es decir,
aquellos que apoyaron el inmenso valor de la concordia y de la
paz, de los valores que reconoce nuestra Constitución como la
igualdad, como la consecución de un Estado social y
democrático de Derecho y la solidaridad.
Recuerda que es esta la tercera vez que la Cámara tiene la
oportunidad de pronunciarse sobre los patrimonios incautados
durante la guerra civil, y no sólo de los partidos políticos,
y que sobre el particular la línea argumental del Grupo
Socialista ha estado siempre especialmente basada en razones
de oportunidad jurídica, legislativa y de viabilidad práctica
y política. No le cabe la menor duda de la ilegitimidad de
origen de aquellos actos que merecen su repulsa, pero hay
razones de oportunidad jurídica que les llevan a oponerse a la
proposición. En este sentido, menciona la práctica
imposibilidad de identificación del sucesor para un gran
número de partidos y asociaciones objeto de aquella
expoliación, lo cual daría lugar, por tanto, a un seguro
semillero de conflictos. Existen también razones de igualdad
en apoyo de su postura, ya que se habla de redistribución
patrimonial para los partidos y organizaciones políticas y
sociales pero nadie parece acordarse de la situación de los
particulares expropiados y no indemnizados y que, por una
elemental aplicación analógica del artículo 14 de la
Constitución, deberían ser también contemplados.
Por otra parte, la seguridad jurídica cede gravemente al no
existir plena constancia de los bienes incautados debido a la
pérdida y destrucción de archivos referidos a los mismos.
Finalmente, existen razones profundas de contenido político
que abundan en la posición que viene manteniendo, entre las
que menciona la onerosísima carga que una reparación como ésta
supondría para las arcas del Estado en un momento como el
presente, sin olvidar que esta situación pudiera verse
afectada por la institución de la prescripción.
Replica la señora Rahola y Martínez, duplicando el señor
Caldera Sánchez-Capitán.
Para fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Casas i
Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ribó Massó,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Fernández Díaz, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del
Grupo Mixto por 40 votos a favor, 143 en contra y 124
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, para la participación de las organizaciones
de defensa ambiental en la planificación y gestión del agua
(Página 2990)
El señor Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, defiende la proposición de ley
formulada,
manifestando que es voluntad de su Grupo Parlamentario
convertir en esta Cámara, como ya lo viene siendo a nivel
social y en otros organismos, el tema del agua en un debate
que marque el eje de actuación de muchos ámbitos ante la
preocupación a que da lugar en muchos sectores de la sociedad.
Pretenden en este momento la modificación de la Ley de Aguas
de 1985 y su adaptación al Estado de las autonomías,
intentando hacer comprender al Gobierno que también las
comunidades autónomas son Estado, al igual que los
ayuntamientos, y que no necesitan ningún tipo de tutela y
menos tutela burocrática.
Añade que, a juicio de su Grupo Parlamentario, la política que
en materia de agua se está aplicando es errónea en sus ejes
fundamentales, una política que incluso a nivel presupuestario
no tiene ninguna prioridad y ante cuya situación es necesario
un debate valiente, debate en el que piensan que deben
participar los ecologistas y las organizaciones de defensa
ambiental que tienen una óptica absolutamente diferente a la
del Gobierno. Izquierda Unida desea que se comience por
rectificar la actual política de redistribución del agua con
una gestión racional de su uso en todo el territorio, lo que
obliga a modificar la Ley de Aguas de 1985 ante la serie de
carencias que se han observado, fundamentalmente como
consecuencia de la
elaboración del Plan Hidrológico Nacional y de los planes de
cuenca.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor García-Arreciado Batanero. Comienza recordando las
finalidades primordiales de la Ley de Aguas de 1985, entre las
que está el uso racional del agua en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales. La mera lectura de
dichas finalidades debiera bastar para comprender que no es
necesario introducir las modificaciones pedidas en la Ley de
1985, sino que bastaría en todo caso con reformar los
reglamentos que desarrollan la ley.
Agrega que el objetivo fundamental de la proposición de ley
coincide sustancialmente con el objetivo perseguido por el
Grupo Socialista, que no es otro que la consecución de una
mayor participación de organizaciones de defensa ambiental en
la elaboración de las políticas relacionadas con el medio
ambiente. Se trata de una voluntad manifestada expresamente
por el Grupo Socialista en los procesos de redacción de los
planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional.
Termina señalando que, ante las coincidencias existentes, lo
más pertinente sería ahorrar a la Cámara un debate baldío, no
por la improcedencia de lo que se pide, sino porque esto ya
forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando el señor García-
Arreciado Batanero.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo Catalán, y
Gortázar Echeverría, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 14
votos a favor, 279 en contra y dos abstenciones.
Avocación por el Pleno de iniciativas legislativas (Página 2995)
Proposición de ley de organización del Centro de
Investigaciones Sociológicas (Página 2995)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación
de la deliberación y votación final de la proposición de ley
de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Se acuerda por asentimiento dicha avocación.
Modificación del orden del día (Página 2996)
Asimismo, el señor Presidente informa a la Cámara de que la
Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado
proponer al Pleno que la sesión del día 14, jueves, que se
celebrará a partir de las 9 horas, quede integrada por los
puntos del orden del día números 34 a 41; 42, 43, 52 y 46.
Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del
día.
Proposiciónes no de ley (Página 2996)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
ampliación de cuotas lácteas a los ganaderos mediante la
asignación de la reserva nacional (Página 2996)
La señora Fernández Díaz defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular, por la que insta al Gobierno a que en el plazo
de un mes establezca la reglamentación necesaria para que los
ganaderos productores de leche de vacuno puedan acceder a la
ampliación de sus cuotas mediante la compra o alquiler de
derechos en el mercado y distribuyan la reserva nacional de la
cuota láctea entre aquellosganaderos que sobrepasen con sus
producciones las cantidades asignadas como cuotas
individuales. Señala que, a pesar de lo que recientemente
legisló el Gobierno, la realidad es que en este momento,
iniciada la nueva campaña, no se han puesto a disposición de
los ganaderos los mecanismos legislativos necesarios tanto
para acceder a la venta, arrendamiento o transmisión
hereditaria de estas cantidades como para acceder a una cuota
suplementaria procedente de la distribución de la reserva
nacional. De seguir así las cosas, continuará la misma
dinámica que ha caracterizado el desarrollo de este sector
desde la firma del Tratado de Adhesión, dándose la paradoja de
que el Gobierno está exigiendo el cumplimiento de leyes que no
existen. No es extraño que los ganaderos se pregunten cómo se
les puede exigir la ejecución de algo que no está legislado.
Alude al contenido del Reglamento de la Comunidad Europea
número 15/46 de la Comisión y su repercusión en diversos
países
comunitarios, así como a los problemas que se presentan a
nuestros productores de leche en el caso de que sean
excedentarios, considerando que la Administración debería
apoyar financieramente los programas de modernización de las
explotaciones.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley intervienen los señores Gatzagaetxebarria Bastida, del
Grupo Vasco, y Varela Flores, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria, y Vidal i Sardo, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rivadulla Gracia,
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista, con las correcciones efectuadas
en el curso del debate, es aprobada por 288 votos a favor y 19
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
adopción de medidas laborales y fiscales específicas para las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el objeto de
favorecer su competitividad y la generación de empleo en la
actual coyuntura de recesión económica (Página 3006)
El señor Homs i Ferret defiende la proposición del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), recordando que la misma fue
presentada en la Cámara unas semanas después de las últimas
elecciones
generales, como también fue presentada en la anterior
legislatura, si bien no pudo debatirse debido a la disolución
anticipada de las Cámaras.
Expone que el destinatario de la proposición es el conjunto de
pequeñas y medianas empresas del país y su finalidad es
complementar una moción aprobada el 25 de febrero de 1992 por
la que se adoptó un conjunto de medidas destinadas también a
esas empresas. Sin embargo, entonces no se adoptaron medidas
estrictamente destinadas a incorporar a la política fiscal y
laboral aspectos concretos que tuvieran una incidencia
positiva en el ámbito y la actividad de las pequeñas y
medianas empresas. Este es precisamente el fin de la
proposición no de ley.
Señala después que la situación económica del país justificaba
entonces, y justifica todavía hoy, la adopción de esas
medidas, si bien de los siete puntos que integran la
proposición considera que cuatro de ellos han sido ya
incorporados en decisiones legislativas y en aplicación de
normativas aprobadas por esta Cámara, por lo que se hace
precisa la modificación de la misma proposición.
Explica el contenido de los distintos puntos de la proposición
con las correcciones que introducen los mismos, afirmando que
su contenido va en la misma dirección de lo que hoy recomienda
la CEE, por lo que no tendría sentido que esta Cámara no los
votase positivamente. De votar afirmativamente la proposición,
podrán contribuir a que muy pronto el Gobierno pueda
introducir sus mandatos en las leyes que próximamente se
discutan en la Cámara. El señor García-Margallo y Marfil
defiende las enmiendas del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Frutos Gras, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y señora Mendizábal
Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), en los términos resultantes de las
enmiendas del propio Grupo y de las transaccionales del Grupo
Socialista, con las correcciones resultantes del debate, es
aprobada por 286 votos a favor, 15 en contra y siete
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3016)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política laboral del Gobierno respecto
de la mujer, con especial referencia a las repercusiones que
en este ámbito ha tenido la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento
de la Ocupación (Página 3016)
La señora Urán González defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Señala que las
medidas de política laboral últimamente aprobadas por el
Gobierno han debilitado el principio de estabilidad en el
empleo, provocando que la incorporación de la mujer no se
produzca en condiciones de igualdad efectiva, tal y como
postula nuestra Constitución. Son medidas que inciden
negativamente en las condiciones laborales de las mujeres, a
lo que se une la temporalidad en la contratación, que han
establecido una mayor precariedad en la situación laboral de
las mujeres. Considerando, además, que las mujeres padecen la
tasa de paro más alta, que el paro de larga duración les
afecta también en un porcentaje muy superior a los hombres y
que las medidas de flexibilidad y precarización se aplican a
las categorías profesionales con más baja cualificación,
etcétera, a lo que se unen los recortes en las prestaciones
sociales y en desempleo, se comprenderá que el panorama
es ciertamente desolador, agravándose aún más con la entrada
en vigor del Decreto que dio motivo a la interpelación.
Por consiguiente, el Grupo de Izquierda Unida propone al
Congreso la creación de una ponencia especial que elabore
informes y recabe la información necesaria de las
Administraciones Públicas para conocer con detalle los efectos
que las medidas adoptadas en materia laboral tienen sobre las
mujeres y poder actuar desde el Parlamento con la colaboración
de todos los Grupos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción
intervienen las señoras Sainz García, del Grupo Popular, y
Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 17
votos a favor, 150 en contra y 125 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
criterios de política económica e industrial que aplicará el
Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y estable en
el sector industrial (Página 3021)
El señor Gámir Casares defende la moción del Grupo Popular.
Comienza remitiéndose al debate de la interpelación en el que
el Ministro de Industria aceptó algo que es evidente y es que
la crisis industrial española es diferente de la europea y ha
sido mucho más profunda desde el año 1982 hasta la fecha,
tanto en términos de PIB como en términos de empleo.
Expone diversas consideraciones en torno al crecimiento del
producto interior bruto y a la pretendida recuperación de
nuestra industria, afirmando que cada día estalla una mina
nueva y se recogen con la empresa Suzuki y otras los frutos de
la política económica y de la política industrial realizadas
en los últimos años de gobierno socialista. Frente a dicha
política económica señala que existe otra alternativa, que es
la que instan al Gobierno a realizar, a través de las medidas
que constan en la propia moción y que no va a repetir en este
momento, máxime cuando de algunas de ellas han hablado ya con
bastante amplitud en este mismo Pleno y alguna otra ya ha sido
adoptada por el Gobierno, como la relativa a la prima por el
achatarramiento de automóviles y renovación del parque
industrial, de lo cual se felicita.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor
Albistur Marín, del Grupo Mixto.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); García Fonseca, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y el señor Sáenz Lorenzo, por el Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular
por 122 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), POR LA QUE SE
INSTA A LA DEVOLUCION DE PATRIMONIOS INCAUTADOS DURANTE LA
GUERRA CIVIL (Número de expediente 122/000023)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se abre la
sesión.
Primer punto del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto (señora Rahola), por la que se insta a la
devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil.
Para la defensa de su proposición de ley, tiene la palabra la
señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el
azar, que a menudo tiende a la ironía, ha hecho que esta
proposición de ley se vea precisamente el día 12 de abril,
justo dos días antes de la conmemoración de la República. Mis
convicciones, mi respeto profundo por todos los que lucharon
y, por tanto, también mis sentimientos, me impiden pasar por
alto lo que es algo más que una feliz coincidencia, si este
término, felicidad, se puede utilizar con referencia a la
tragedia republicana.
Este Parlamento, los distintos ejecutivos que han gobernado el
país en general, hemos practicado tanto el arte de la amnesia,
hemos suscrito con tal alegría el pacto de silencio respecto a
la República, a sus valores y a sus defensores, que quisiera
que esta proposición de ley, lo que ella significa de
restitución histórica, de justicia histórica, fuera un
homenaje a los luchadores republicanos, a tantos hombres y
mujeres anónimos que lucharon por ganar la razón del presente,
pero que no consiguieron finalmente ni tener un lugar en
nuestra memoria; una proposición de ley contra la amnesia,
contra la tergiversación de la historia, contra la voluntad de
basar el futuro en el olvido, y no porque el futuro tengamos
que basarlo sólo en el recuerdo --ni muchísimo menos en el
revanchismo histórico--, sino porque no podemos prescindir de
él; sería irresponsable. El olvido alimenta siempre el huevo
de la serpiente. Sin embargo, aunque la República no viva en
la memoria oficial, aunque haya una voluntad implícita de
militar en el olvido y de pervertir la historia, los valores
republicanos perviven a pesar de todo. A esos valores y a los
que dieron la vida por ellos dedico esta proposición de ley y
estas palabras. Sus señorías han oído ya otras veces este
debate --la última vez, si no me equivoco, en noviembre de
1988--, fruto de una
proposición presentada por el propio Parlamento de Cataluña.
El hecho de que hoy, en abril de 1994, aún tengamos que hacer
este debate es de por sí una derrota. Significa que este
Parlamento no ha sido capaz, en 17 años de recuperación
democrática, de cerrar una herida abierta y profunda de la
guerra civil;
significa que este Parlamento, pues, y algunos de sus partidos
representados han encontrado justificaciones más o menos
técnicas --el lenguaje técnico es siempre tan útil para
escaparse de las obligaciones políticas--, han encontrado
argumentos más o menos hábiles, han verbalizado cuestiones de
oportunidad política o económica; en definitiva, han rechazado
comprometerse con la primera obligación que tenía la
democracia: el rigor en practicar la justicia histórica.
No voy a repetir en 1994 los argumentos de 1986, cuando el
debate se produjo en el Parlamento catalán; tampoco los que
esgrimió el Partido Nacionalista Vasco cuando planteó el tema
por primera vez en esta Cámara, porque los argumentos a favor
de la devolución de los patrimonios incautados por el
franquismo son tan obvios, tan sólidos, tan incuestionables
que es evidente que SS.SS. los conocen perfectamente y
probablemente los comparten. Pero quiero recordar --
sinceramente creo que para vergüenza de todos
nosotros-- que la proposición de ley que presentamos tiene
como primer objetivo derogar una ley de 1939 que está aún
vigente. Tiene como primer objetivo esta proposición restituir
democráticamente lo que fue impuesto por la ley de las armas.
Ya sé que ello plantea, por supuesto, problemas técnicos y
jurídicos, como es evidente, y así lo dijo el Diputado de
Esquerra Republicana Miquel Pueyo que en su día defendió la
proposición ante esta Cámara por mandato del Parlamento
catalán. Es evidente que el texto que presentamos no tiene la
pretensión de ser inmejorable. Bien al contrario, si su
redacción no es completa es justamente para que en la
tramitación de la ley, y por la vía del consenso, podamos
resolver adecuadamente las dificultades que la restitución
implica. Pero las indiscutibles dificultades técnicas de la
devolución no pueden convertirse en una coartada para rehuir
nuestras obligaciones políticas, como no pueden convertirse en
coartada bajo ningún concepto para mantener una decisión que
nació fruto de la victoria militar y de la imposición de la
fuerza.
Señorías, no hay terceras vías en una decisión de este tipo: o
asumimos la radical significación del artículo primero de la
Constitución, que recuerda que este Estado se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho, y actuamos con todas
sus consecuencias, o legitimamos decisiones nacidas en la
dictadura; o derogamos la Ley de 1939 o la mantenemos y, por
tanto, le damos una grave cobertura democrática; o devolvemos
a los partidos políticos, legítimamente representativos de la
soberanía popular, aquello que Franco les expolió con la sola
razón de la fuerza, o asumimos el expolio, o mantenemos el
expolio, o consolidamos el expolio.
Las dificultades técnicas siempre se superan si hay voluntad
política de hacerlo. Desde luego, nunca pueden ser un
impedimento para... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Rahola. Señorías, guarden silencio, por favor.
Puede continuar.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Decía que las dificultades
técnicas siempre se superan si hay voluntad política de
hacerlo. Desde luego, nunca pueden ser un impedimento para
actuar con criterios de justicia histórica.
Señorías, recordemos que aún se mantiene el expolio.
Recordemos que si no aceptamos a trámite esta proposición de
ley, los partidos que en léxico franquista fueron considerados
subversivos, precisamente a causa de su compromiso
democrático, verán seriamente lesionados sus legítimos
derechos y, lo que es peor, verán cómo se mantiene abierta la
herida de la guerra civil. Lo dijo el ilustre ex ministro
socialista Miguel Boyer en 1983 en respuesta a una pregunta
del Senador de Esquerra
Republicana, Víctor Torras. Hay una continuidad, no solamente
en las personas físicas que padecieron la injusticia de la
guerra, sino que hay, también, una continuidad moral en la
vida de las personas que sufrieron las consecuencias de la
guerra civil. Señorías, continúa siendo la misma moral la del
Partido
Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana, Unión
Democrática de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, el
Partido Comunista Español, Esquerra Republicana de Cataluña, y
todas las instituciones que lucharon en defensa de sus
ideales, aunque no quedara --y afortunadamente quedan muchas--
ni una sola de las personas que defendieron los ideales de
esos partidos. Es por ello que esta Cámara no puede inhibirse,
primero, porque es su obligación velar por el artículo 6.º de
la Constitución, precisamente el que define el papel de los
partidos políticos. Instrumentos fundamentales de
participación política de los ciudadanos, dice el texto
constitucional refiriéndose a los partidos. ¿Cómo se puede
justificar que los sindicatos ya hayan sido restituidos de la
incautación franquista y los partidos políticos, esos
instrumentos fundamentales del Estado de Derecho, aún estén
pendientes de decisión? Obligación de esta Cámara es velar por
sus derechos y garantizar con ello la pluralidad política.
Segundo, porque en respuesta al recurso de amparo que, en su
día, presentó el Partido Nacionalista Vasco al Tribunal
Constitucional, el alto Tribunal fue muy claro: el problema de
la compensación sigue pendiente, el problema de la restitución
histórica a los partidos que fueron objeto de incautación en
la guerra civil sigue pendiente. Se tiene que resolver por una
decisión de esta Cámara. Por una decisión de esta Cámara,
señorías, dice el auto del Tribunal Constitucional, y esta
Cámara, un día u otro, espero que sea hoy mismo, no puede
rehuir su responsabilidad. Que sea, porque así ha de ser, el
Congreso de los Diputados, expresión legítima de los
ciudadanos, quien restablezca lo que, en su momento, hizo un
Gobierno ilegítimo. Tercero y fundamental, porque si no se
cursa a trámite la proposición, si finalmente no resolvemos
este grave agravio histórico, estaremos avalando una decisión
ilegítima, tomada sin ningún amparo democrático, por la sola
fuerza de la victoria militar. Inhibirse, posponer la decisión
alegando permanentes excusas de oportunidad histórica o de
complejidad técnica, no cerrar, en definitiva, esta herida
abierta, es dar alas a la ilegitimidad, es hacer reír, si me
permiten, al señor del bigote en su tumba. La democracia tiene
la obligación moral y política, tiene la responsabilidad
social de no permitir que las decisiones tomadas por la fuerza
de las armas puedan ser un día legitimadas. Repito, no hay
terceras vías, o se restituye la injusticia histórica o se
avala.
¿Oportunidad política? Señorías, este es el comodín conceptual
que mejor sirve como coartada, pero que moralmente no se
sustenta. La primera oportunidad política es la restitución
histórica. ¿Complejidad técnica? Lo he dicho anteriormente. La
proposición presentada por Esquerra Republicana, que es un
calco exacto --así fue la voluntad-- de la que en su día
aprobó unánimemente el Parlamento Catalán, sólo es un primer
paso en la resolución del problema. Es evidente que harán
falta estudios precisos, acuerdos ampliamente consensuados,
múltiples enmiendas que consigan, en su conjunto, una ley
justa y equilibrada. Esta proposición, pues, es sólo el primer
paso, pero tiene la voluntad de ser el eslabón mínimo, aunque
estrictamente necesario, para que esta Cámara,
definitivamente, resuelva la devolución del patrimonio
incautado.
Soy un político y no un moralista. Por tanto, no apelaré a la
conciencia individual de los Diputados, a lo que significa
moralmente votar en contra de esta proposición. Pero me
gustaría apelar a la conciencia colectiva de la Cámara. ¿Puede
esta Cámara mantener permanentemente esta herida abierta?
¿Puede sostener legalmente una decisión franquista claramente
antidemocrática? Señorías, si hoy no aprueban esta proposición
lo harán algún día, porque entiendo que el sentido
democrático, el sentido, pues, de la justicia histórica tiene
que prevalecer por encima de las debilidades del momento, de
las excusas, de las falsas
justificaciones de inoportunidad. No hay justificación cuando
se fundamenta en una base injusta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el
señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, en este trámite me gustaría fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la
proposición de ley que ha defendido la señora Rahola.
Vaya por delante mi respeto, como siempre, a cualquier
iniciativa parlamentaria que formula un grupo soberanamente
representado en esta Cámara, pero, en base al mismo y a la
honra de esa memoria a la que S.S. ha hecho referencia, no
quiero que entienda nadie que puedo albergar cualquier duda
sobre la posición del Grupo Socialista o sobre que la posición
del Grupo Socialista puede representar un olvido, puede
representar una abstracción o puede representar mancillar el
grave recuerdo de aquellos hechos. No es así; muy al
contrario, usted verá cómo los argumentos que voy a exponer
para oponernos a la toma en consideración de esta proposición
de ley van en otro camino. Siempre es curioso cómo cuando se
defienden proposiciones sobre las que la Cámara ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse con anterioridad se suele
subjetivizar sobre los argumentos que se van a recibir en un
hipotético turno en contra. Verá usted que tampoco voy a usar
los que pretendidamente me ha imputado. Son otros muy
importantes los que voy a señalar esta tarde, y quiero hacer
referencia a valores no tan reduccionistas como los que ha
traído a colación a esta tribuna S.S., olvidando también
exageraciones históricas que ha utilizado en su discurso.
No me voy a referir sólo a los que hipóteticamente defendieron
valores republicanos, sino a quienes, con mucha mayor amplitud
de mira, han defendido el cierre de esa herida histórica que
hoy no existe y que consagra nuestra Constitución; es decir, a
aquellos que tienen en cuenta el inmenso valor de la
concordia, el inmenso valor de la paz, de los valores que
reconoce
nuestra Constitución como la igualdad, la consecución de un
Estado social y democrático de derecho y la solidaridad.
No es la primera vez que esta Cámara tiene la oportunidad de
pronunciarse sobre los patrimonios incautados durante la
guerra civil no sólo a partidos políticos, también a
asociaciones que fueron incluidas en el Decreto de 13 de
septiembre de 1936 y en la Ley de Responsabilidades Políticas
de 9 de febrero de 1939. Esta es la tercera vez que tenemos
ocasión de hablar sobre esta materia, y quiero decirle,
señoría, que, efectivamente, el fundamento esencial de la
línea argumental de mi grupo parlamentario, coherente siempre,
unívoco siempre, ha estado especialmente basado en razones de
oportunidad, pero no con ese desmerecimiento al que S.S. ha
hecho referencia, de oportunidad jurídica, de oportunidad
legislativa, de viabilidad práctica, de viabilidad política.
¿Es que los argumentos de oportunidad no son importantes? Sin
embargo, hoy voy a ampliarlos, y para indicarles nuestra
oposición a la devolución o reintegro de aquellos bienes y
derechos confiscados en su día, o alternativamente, como usted
solicita, la indemnización sustitutoria para el supuesto de
que aquella restitución no fuere posible. No me cabe la menor
duda, señora Rahola, de la ilegitimidad de origen de aquel
bárbaro acto; lo proclamo en nombre de los socialistas y estoy
seguro que de todos los demócratas que hoy, afortunadamente,
constituyen la práctica totalidad de la opinión pública
española. No me cabe la menor duda de la ilegitimidad de
origen de aquellos actos repudiables, que merecen nuestra
repulsa. De algún modo, este tipo de iniciativas, como usted
ha dicho aquí esta tarde, nos permite mantener viva la memoria
histórica de aquella situación, pero el cierre de la misma no
tiene nada que ver con la parte de su argumentación política.
Hay razones de oportunidad, unas de pretendida analogía entre
el trato distinto que se ha dado a los partidos políticos y a
los sindicatos, olvidándose, como ya se dijo por parte de mi
Grupo en anteriores ocasiones, que ha existido durante la
etapa dictatorial una identificación, de acuerdo que
corporativa y antidemocrática, un centro de imputación
jurídica patrimonial, que permitió después a los poderes
públicos aprobar una ley en 1986 para devolver el patrimonio
sindical, tanto en su vertiente histórica como acumulada.
Un segundo problema de oportunidad jurídica, señoría. La
identificación del sucesor es muy seria, sencilla en el caso
sindical, prácticamente imposible para un gran número de
partidos y asociaciones objeto de aquella expoliación. De los
veinticinco partidos y agrupaciones sancionados por la Ley de
9 de febrero de 1939, sabe usted, señora Rahola, que no más
allá de ocho han mantenido una clara continuidad sucesoria,
dando lugar a un seguro semillero de conflictos, si tenemos en
cuenta que la incautación alcanzó también a las logias
masónicas, a las entidades y agrupaciones de análoga
significación a las
expresadas en aquel texto legal e incluso a otras
organizaciones que no militaban en el campo de la izquierda,
que militaban más bien en el campo de la derecha, como la
CEDA, el Partido Agrario o la Acción Popular. Incluso podría,
fíjese usted, sufrir controversia con alguna de aquellas
organizaciones con
continuidad histórica probada, declarada, que con
posterioridad han sufrido división ulterior y probablemente
podrían surgir conflictos a la hora de determinar las
respectivas cuotas de sucesión.
El principio de igualdad es un tercer argumento de oportunidad
muy importante. Lo que hoy se nos pide, señora Rahola, es una
restitución patrimonial en favor de los partidos y
organizaciones políticas y sociales. Sin embargo, nadie parece
acordarse de la situación de los particulares expropiados y no
indemnizados, de los titulares de vehículos, semovientes,
cosechas, bienes muebles de todo tipo, que por una elemental
aplicación analógica del artículo 14 de la Constitución
deberían ser contemplados. Es curioso --ya veo por qué S.S.
hace gestos--, es muy curioso, cómo ustedes, en la exposición
de motivos de la proposición de ley que han traído a la
consideración de la Cámara aluden a los
particulares como hipotéticos destinatarios de esa norma. Sin
embargo, en la parte dispositiva del texto no se recoge
mandato alguno que haga referencia a los mismos.
Otro argumento de oportunidad. La seguridad jurídica cede
gravemente, señora Rahola, al no existir plena constancia de
los bienes incautados, debido a la pérdida y destrucción de
archivos referidos a los mismos. La identificación de ese
patrimonio obligaría a largos procesos de investigación y
recuperación de documentos probatorios.
Sabe muy bien que los registros de las asociaciones políticas
existentes en el momento de la incautación se regía por ley de
30 de junio de 1887, consistente en la existencia de un
registro en cada Gobierno civil, sin que se dispusiera de un
registro centralizado, lo cual conduce a la aparición de
serias
dificultades para determinar la posible sucesión de las
asociaciones beneficiarias de los bienes discutidos. A mayor
abundamiento, la incidencia sobre situaciones tan alejadas en
el tiempo --sabe que han pasado más de cincuenta años-- no
hace sino aumentar la inseguridad jurídica, mala compañera
siempre del legislador.
El artículo 9.3 de nuestra Constitución sólo permite remover
relaciones jurídicas cumplidas y agotadas a través de norma
con fuerza de ley, lo que indica, señoría, su relativa
excepcionalidad; sólo relativa porque evidentemente podría, y
puede, al amparo de la Constitución y de la interpretación del
Tribunal Constitucional, utilizarse ese mecanismo. Con todo,
abandono este mecanismo.
Señorías, por importantes que fuesen estos argumentos que he
esgrimido, creo que hoy debemos dar mucho mayor valor al haz
de razones profundas de contenido político que voy a abordar
brevísimamente.
De acuerdo con el artículo 6.º --usted lo ha citado-- de
nuestra Norma Suprema, los partidos políticos expresan el
pluralismo político, concurren a la formación y manifestación
de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la
participación política. Nótese, señoras y señores Diputados,
que los principios descritos están transidos de «ius»
publicismo. Es decir, la funcionalidad de los partidos
políticos sólo es mensurable en proporción directa a su
interés social.
Aquellos aspectos que tienen que ver con relaciones jurídicas
de carácter patrimonial, con respecto a los partidos
políticos, son de contenido menor, aun cuando éstos necesiten
de medios
materiales para cumplir su función. Respecto a esos medios
materiales, en nuestra opinión, existe, por disposición legal,
un marco suficiente que les permite desarrollar su alta
misión. Es por ello, señora Rahola, que resulta rechazable la
consideración --ya dije antes que reduccionista-- de una
pretendida reparación histórica que se derivaría de la
devolución del patrimonio incautado en su día, de una amnesia
sobre no sé qué situación que se reabriría de nuevo si no se
tomara en consideración esta proposición de ley, de una herida
abierta que aún continuaría causando estragos de no adoptar
nosotros esta medida legislativa. Esto no tiene nada que ver,
señoría, con lo que hoy ocurre en la sociedad civil española.
A lo más, éste sería un elemento, y no el más importante, de
la verdadera reparación. ¿Cuál fue ésta? ¿Cuál fue la
verdadera reparación de éste y otros atentados que sufrieron
los demócratas españoles? Ni más ni menos que la recuperación
de las libertades, el establecimiento de un Estado social y
democrático de Derecho que concede ese importantísimo papel ya
descrito a los partidos políticos.
Es cierto --yo creo que lo es-- aquello que dejó escrito un
gran constitucionalista. Maurice Duverger, de que se considera
generalmente al sistema de partidos existente en un país como
el resultado de la estructura de su opinión pública. A aquella
opinión pública nos debemos y dudo mucho que apoyara el texto
que ustedes defienden, bien al contrario. Hoy se nos solicita
austeridad y transparencia en la utilización de los medios de
que disponemos para desarrollar nuestra alta función. Una
parte importante del impulso democrático que ofreció el
Partido Socialista a los ciudadanos, y que fue respaldado
mayoritariamente en las urnas, se basaba en esta
consideración: mayor cercanía a los ciudadanos y ejercicio de
austeridad compatible con un momento de crisis económica.
Ya lo sé, ya sé bien, señora Rahola, que de lo que aquí
hablamos tiene que ver con derechos patrimoniales históricos,
pero no es menos cierto... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Caldera. (Pausa.)
Continúe.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Decía que no es menos cierto
que esa llamada reparación para ser viable, por las razones
antes dadas, supondría una onerosísima carga para las arcas
del Estado, impropia de un momento como éste.
El señor Paniagua, Diputado socialista, interviniente en el
debate anterior, dejó dicho que la voluntad política no puede
ser el motor exclusivo de todos los derechos. Ello es así,
señorías. Existen limitaciones o desventajas que alguien debe
y puede tolerar en un caso concreto en interés de otro o de la
generalidad y éste, en nuestra opinión, es uno de esos casos.
Cuando los derechos no son fundamentales, cuando no acompañan
inherentemente a la persona física o jurídica pueden
renunciarse, y nosotros queremos hacerlo, no desde una
posición de accionistas minoritarios sino, como todos ustedes
saben, desde otra
mayoritaria.
El Partido Socialista es la organización política que
obtendría mayor restitución de bienes y derechos de aprobarse
esta
proposición de ley. Aun cuando aquella --una vez más repito--
execrable acción pudiera considerarse como una especie de
expropiación y para ser operativa haya de mediar
indemnización, de ella queremos olvidarnos. El sacrificio de
derechos, señorías, puede por esta vía convertirse en un
servicio a la colectividad y de esa creencia participamos. Es
posible que esta situación, además, se vea afectada por la
norma sobre prescripción, que, como saben, es a partir de los
seis años para los bienes muebles y de los 30 para los
inmuebles. Es verdad que lo que prescribe, de acuerdo con
nuestra mejor doctrina y jurisprudencia, no es el derecho sino
la acción para su ejercicio, es decir, los plazos cuentan
desde que la acción reivindicativa hubiera debido ejecutarse,
desde que alguien tomó la cosa a título de dueño o vulnerando
los derechos del dueño, pero aun así es discutible su
vigencia.
Señora Rahola, señoras y señores Diputados, sólo resta ese
motor antes aludido de la voluntad política, mediante ley,
para remover situaciones agotadas que no deseamos utilizar y,
sin que nos quepa la menor duda de la legitimidad a la
restitución de los bienes y derechos en cuestión, ocurre que
pensamos cumplir mejor la función que nos asigna la
Constitución renunciando a los mismos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Caldera. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora
Rahola. La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señorías, para ir por
partes diré, primero, que no deja de ser curioso que
mi momentánea militancia en el recuerdo, mi pequeño homenaje a
los valores republicanos y a los que lucharon por defenderlos
haya crispado tanto a su señoría. Estoy absolutamente segura
de que usted no quería, de ninguna manera, menospreciar esos
valores, pero desde luego también me resulta incomprensible
que un recuerdo momentáneo de la República pueda elevar tanto
el tono de su señoría.
Me ratifico en un homenaje a los valores republicanos y a los
que lucharon por ellos.
Segundo. Mire, señoría, utilizar argumentos de concordia o de
paz social para pronunciarse en contra de una proposición, que
precisamente quiere enseñar esa concordia, me parece, como
mínimo, sarcástico. La concordia, en la que no dudo que todos
militamos, se consigue con la restitución histórica, señoría.
Y desde luego, me resulta incomprensible que algún argumento
vinculado a la concordia o a la paz social pueda esgrimirse
como excusa para no restituir aquello que es de justicia
histórica. Tercero. Usted ha dicho, señoría, que hay
deficiencias en la Ley. Estoy absolutamente de acuerdo, pues
resolvámoslas. Tengan ustedes la valentía de tapar los
agujeros que presenta la ley, una ley que, repito, Esquerra
Republicana no ha querido
modificar, porque quiso traer la que unánimemente aprobó el
Parlamento de Cataluña. ¿Que es mejorable? Evidentemente. ¿Que
tiene lagunas? Por supuesto. Pero no creo que las lagunas que
presenta la proposición sean precisamente excusa para no
aprobarla. Estamos pidiendo que se tramite. Tiempo tendremos
de debatirla, de presentar enmiendas, de crear, si hace falta,
una Ponencia para trabajar en ella. ¿Es difícil la solución?
¿Es compleja? ¿Va a ser complicado restituir históricamente lo
que el franquismo expolió de los partidos políticos? Sí, por
supuesto. ¿Tenemos la solución? No, tenemos que estudiarla. Y
en el largo trámite hasta el proyecto de ley creo,
sinceramente, que tenemos tiempo de debatirlo. Pero que no me
utilicen la excusa de las lagunas de la proposición para votar
en contra de ella. Me ha dicho S.S. que la herida histórica
cicatrizó con la recuperación de la democracia. Sí, señoría;
estoy absolutamente de acuerdo. El gran aval, ciertamente a
favor de la memoria, es la recuperación democrática por la que
todos luchamos. Pero hay flecos, señoría, como ya se notó en
la rápida restitución sindical. Y esos flecos tienen que ver
con el hecho de que esta Cámara tiene vigente una Ley de 1939,
lo cual, es profundamente injusto y desde luego me parece que
no es defendible. Hablan ustedes de impulso democrático y, en
cambio, consideran vigente esta Ley de 1939. Entiendo,
señoría, que el impulso democrático pasa por la coherencia en
todas sus consecuencias. Y, desde luego, legitimar, por la vía
de votar en contra, por la vía de abstenerse, por la vía de
inhibirse, una decisión que fue tomada por de-recho de las
armas me parece que es democráticamente muy difícil de
defender.
Para terminar le diré que sus justificaciones, muy bien
elaboradas, me han parecido aquello que en Cataluña llamamos
excusas de mal pagador. Si no iniciamos los trámites para
derogar una Ley de 1939 la estamos legitimando. Por tanto,
señorías, pongámonos a trabajar para resolver este tema que es
una
asignatura pendiente desde la transición política y, por
supuesto, desde que fue publicada la Ley, como recuerdo, por
la fuerza de las armas.
Esta es nuestra responsabilidad política, esto es impulso
democrático. Que nunca una ley emitida ilegítimamente por un
gobierno ilegítimo, y por la fuerza de las armas, nunca,
repito, pueda ser legitimada por una Cámara democrática. Eso,
señoría, es responsabilidad política. Quedan estos flecos,
quedan estas asignaturas pendientes, pongámonos a resolverlos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Caldera, tiene
la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser casi telegráfico, porque la señora Rahola
tiene la virtud (voy a adornar su intervención) de entender no
sé qué crispaciones cuando uno defiende con vehemencia sus
argumentos. Yo no estoy crispado, señoría. Entre otras cosas,
he tenido que elevar el tono de la voz porque la resonancia
era escasa y a usted misma la veía haciendo gestos para
intentar seguir mi intervención; pero desde luego no ha habido
en absoluto crispación alguna.
No hay excusas. Yo he hecho un discurso (creo que usted lo
verá cuando lea el «Diario de Sesiones») profundamente
meditado, basado en dos vectores fundamentales: uno, de
razones de
oportunidad jurídica, que ya de por sí impedirían el hacer
justicia en el día de hoy con esta restitución, y otros, los
más importantes, los más serios, a los que usted no ha hecho
referencia en su réplica, de oportunidad política. ¿De dónde
puede usted sacar, señora Rahola, la conclusión ante esta
Cámara de que la ley de 1939 está vigente? Eso es una
barbaridad jurídica; eso es un retruécano jurídico
incomprensible. ¿Cómo puede usted decir de una ley por la que
se incautan, por la que se apropian bienes legítimamente
poseídos por sus propietarios, que después de la Constitución
española de 1978 está vigente? No puede ser. No es posible que
usted utilice ese argumento, ni que impute a esta Cámara el
que simplemente la no toma en
consideración de su proposición de ley signifique el
mantenimiento de una norma, de un texto repudiable, ilegítimo
en su origen, como he dicho, pero caduco por una serie de
razones que he explicado en clave jurídica a través del
instituto de la prescripción, y en clave política a través de
la renuncia de los derechos
que nosotros no queremos utilizar como Grupo político, y que
desde luego eso nos permite no tener que usar excusas, no
tener que hablar de lagunas, sino defender firmemente nuestro
punto de vista.
Por último, señoría, ya sé que esta proposición de ley tiene
dificultades; es decir, tiene defectos. Yo no he hecho
referencia ni a uno solo de ellos. Yo entiendo que es muy
pobre técnicamente, pero no me he referido a ello en mi
primera intervención. Si lo hubiere hecho, señora Rahola,
probablemente usted tendría que haber atendido a mi petición
de retirada de ese texto para elaboración de uno siquiera
mínimamente utilizable desde el punto de vista jurídico. El
título de la misma se plaga ya de incorrecciones. Se insta la
devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil,
y sin embargo, es una ley lo que debiéramos aprobar para que
se pudiera establecer dicha devolución. Hay una grave
incongruencia, que yo le he puesto de manifiesto, entre lo que
dice la exposición de motivos y la parte dispositiva al
referirse en dicha exposición de motivos a particulares y en
la parte dispositiva ni citarles, y usted tampoco ha hecho
referencia a ello en su turno de intervención. No se precisa
en el artículo 1.º quién ha de efectuar la
declaración de retorno. En las indemnizaciones por cargas
reales no se prevén los supuestos en que las mismas, pese a
reducir el valor de los bienes, pueden no ser indemnizables
por expreso mandato legal. Problemas jurídicos de tal calado
que si esto no fuera un Parlamento, señoría, y no debiera
usted atender a la segunda parte de mi intervención, que es la
importante, y esto fuera una clase de jurisprudencia,
deberíamos haber abandonado el intento de conseguir la toma en
consideración de esta
proposición de ley por sus muy graves defectos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Vasco sobre la proposición de ley presentada por el Grupo
Mixto, Esquerra Republicana de Cataluña, en relación a la
devolución de patrimonios incautados con ocasión de la guerra
civil. La posición del Grupo Vasco es la de votar
afirmativamente la toma en consideración de la indicada
proposición de ley, en clara coherencia con la posición que ha
venido manteniendo nuestro Grupo. En esta misma línea, el
Grupo Vasco presentó en 1986 y en 1990 proposiciones de ley
análogas a la presente, que no fueron tomadas en consideración
por la oposición del Grupo Socialista, al igual que ocurrió
también con una proposición presentada por el Parlamento de
Cataluña.
A nuestro Grupo le ha llamado la atención la intervención del
señor Caldera, puesto que creemos recordar que la última vez
que se debatió el tema en esta Cámara el Grupo Socialista no
mantuvo una posición beligerante o de ir en contra de la
proposición de ley, sino que votó, al final, en contra pero no
intervino en un turno de oposición. Nos han llamado la
atención poderosamente los argumentos que ha expuesto,
argumentos bien revestidos, pero que si hincamos el diente un
poco, si nos damos cuenta y
profundizamos en lo bien revestido de lo que usted
argumentaba, carecen de solidez, carecen de fondo político,
puesto que lo que ha hecho es únicamente alegar una serie de
instrumentos jurídicos y éstos valen en la medida en que
exista voluntad política, y si esa voluntad política
existiera, cabría, porque hay instrumentos también para buscar
soluciones a la injusticia que en su día se cometió.
Usted ha dicho que el Partido Socialista quizá sería el
partido más beneficiado. Yo le tengo que recordar al portavoz
socialista que esta Cámara aprobó la Ley de devolución del
patrimonio sindical y, a través de ese instrumento normativo,
la Unión General de Trabajadores recibió muchos millones. Yo
no quiero sacar ninguna conclusión al respecto, pero, ¿adónde
fueron esos millones? Dejo a la interpretación de SS.SS., y
creo que es de lógica y de buena argumentación, que el Partido
Socialista, al aprobar con tanto énfasis y con tanto
entusiasmo ese proyecto de ley, algo tendría que ver a la hora
de la repartición de dichos fondos, puesto que, en definitiva,
ustedes tenían otro problema, y era que tanto la Unión General
de Trabajadores como el Partido Socialista Obrero Español
estaban ubicados, en los tiempos de la República, en unas
infraestructuras que eran las casas de los pueblos. Las casas
de los pueblos, evidentemente, no estaban sujetas a una
titularidad dominical justificada o acreditada, y ello les
originaba también un problema de técnica legislativa a la hora
de la devolución del patrimonio, pero se hizo porque había
voluntad política.
Señorías, esta iniciativa legislativa pretende reparar una
injusticia histórica, como fue la incautación del patrimonio
de los partidos y agrupaciones políticas por parte del
anterior régimen autoritario, el patrimonio de los grupos
políticos y sindicatos que se mantuvieron en defensa de la
legalidad
republicana y fue incautado por el Decreto de 13 de septiembre
de 1936 y por la Ley de 9 de febrero de 1939. Así, tras la
restauración de la democracia y de las instituciones públicas,
se han venido adoptando una serie de medidas jurídicas con el
fin de corregir las situaciones de injusticia que se
produjeron por la dictadura, como la Ley de amnistía y el
reconocimiento de asistencia sanitaria y pensiones a mutilados
y militares que participaron en defensa del legítimo Gobierno
republicano. Pero sobre todo ello destaca
la Ley 4/1986, de 8 de enero, sobre cesión de bienes del
patrimonio sindical acumulado.
La incautación por el régimen franquista del patrimonio de los
partidos políticos es una cuestión que, al día de hoy,
necesita de una solución justa y necesita de una solución
mediante un instrumento legal como el que hoy debatimos, que,
en definitiva, repare la injusticia histórica cometida.
Resulta difícilmente presentable el que en una situación de
democracia se puedan argumentar excusas para no satisfacer una
situación de palmaria injusticia. El Grupo Vasco ve atónito,
ve sorprendido cómo, dieciséis años después de las primeras
elecciones democráticas, sigue sin resolverse una cuestión
como la que hoy debatimos. En su día fueron los poderes
centrales del Estado los que cometieron tales despropósitos, y
tienen que ser los actuales poderes centrales del Estado
democrático los que reparen el daño causado. Así ha ocurrido
con los sindicatos, cuyos bienes fueron
incautados también por la Ley de 9 de febrero de 1939 y para
cuya reparación se aprobó la Ley 4/1986, de 8 de enero.
No obstante, hay que indicar que, en relación al patrimonio de
los sindicatos y de los partidos políticos, como el señor
Caldera también ha expuesto inicialmente, existen grandes
analogías, pero también matices diferentes. La Ley 4/1986
perseguía dos
objetivos; primero, ceder gratuitamente a las organizaciones
sindicales el patrimonio inmobiliario que el régimen anterior
había ido creando y acumulando a través de la extinta
organización sindical, y que, al dejar de existir dicha
organización sindical, era lógico que los poderes centrales
del Estado los cedieran a las organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales democráticas, ya que existía el
derecho constitucional de libertad sindical y de libertad de
asociación que no podían ser controlados ni tutelados por el
Estado.
Pero la Ley 4/1986, además de este primer objetivo persigue
otro, que es el reintegro a las organizaciones sindicales de
los bienes y derechos que les fueron incautados por la Ley de
9 de febrero de 1939. Y es aquí donde se produce la identidad
respecto a las situaciones de incautación patrimonial
realizadas sobre los partidos políticos y que usted,
hábilmente, ha tratado de esquivar en su hilo argumental. Es
por ello, señor Caldera, que si la Ley 4/1986, además de la
cesión gratuita del patrimonio sindical acumulado por los
poderes centrales del Estado, pretende reintegrar en el pleno
dominio de los bienes y derechos
incautados a las organizaciones sindicales, procede que en el
ámbito de los partidos políticos se regule esta segunda
finalidad.
En definitiva, desde el Grupo Vasco entendemos que ha de
existir una voluntad política para restituir los bienes y
derechos incautados a las respectivas organizaciones políticas
titulares de los mismos. No podemos escudarnos en que haya
dificultades técnico-jurídicas, que las habrá, es cierto, y a
las que se dará una solución, porque la obligación de un
responsable, de un político, es reparar el daño que se ha
ocasionado en el ejercicio de una actividad política, como en
estos casos en los que se produjo una incautación por razones
políticas.
Muchas veces, las dificultades técnicas y de forma existen
cuando se quiere que existan, para no resolver el problema de
fondo. Y estas dificultades dejan de existir o no existen
cuando hay una voluntad política para solucionar ese problema,
que es lo que se precisa en el asunto que debatimos.
Evidentemente, hay organizaciones políticas que sufrieron
incautación patrimonial y que en la actualidad no existen; y
otras organizaciones, a su vez, que hoy en día todavía tienen
vigor y subsisten. En el caso de las organizaciones sindicales
ocurría exactamente lo mismo; pero como existía voluntad de
reparar el daño causado, ¿qué es lo que se hizo en la Ley
4/1986? Muy sencillo, señorías. La disposición adicional
cuarta admite el segundo objetivo, que es la devolución a las
organizaciones sindicales de aquellos patrimonios que fueron
objeto de
incautación, objeto legal muy diferente al de la cesión del
patrimonio sindical acumulado. Por tanto, esta Cámara,
respecto a los sindicatos, fijó un criterio, un elemento
determinante a la hora de la devolución de los patrimonios
incautados, que es perfectamente trasladable y equiparable a
los partidos políticos. Y respecto de la Ley 4/1986, yo le
sugeriría, si usted tiene a bien aceptarlo, señor Caldera, que
en una iniciativa que
presenten recojan este mismo criterio, porque a través de él
tienen cabida los supuestos de reintegración patrimonial a los
partidos políticos que son dignos sucesores de aquellos a los
cuales les fueron incautados sus bienes; y ese criterio es el
de acreditar la condición de ser legítimo sucesor, porque la
ley en ningún momento especifica los medios de acreditación
para justificar a una organización sindical que es la legítima
sucesora.
Pero es que, señor Presidente, en el momento político que
actualmente vivimos disponemos de un elemento argumental muy
novedoso, y es el de que, con ocasión de la suspensión de
pagos de la Promotora de Viviendas de la Unión General de
Trabajadores, el Gobierno, a través del Instituto de Crédito
Oficial, ha otorgado a dicha entidad un préstamo de 9.200
millones,
disponiendo en garantía la Unión General de Trabajadores no
del patrimonio cedido por el Estado, porque de ninguna manera
puede la Unión General de Trabajadores dar como aval, como
garantía o como hipoteca ese patrimonio, puesto que es una
cesión a título de precarista, a título de mero usuario; en
definitiva, lo que la UGT da al Instituto de Crédito Oficial
en garantía son aquellos activos realizables y el patrimonio
histórico de la UGT incautado con ocasión de la guerra civil y
todavía pendiente de devolución. Luego existe un acto expreso
del Gobierno de
reconocimiento de bienes incautados a una
organización, que es la Unión General de Trabajadores. Y entre
dichos bienes y activos realizables se encuentran los terrenos
que la Unión General de Trabajadorestenía en el período
republicano a nombre de la Fundación Sindical Socialista
Cesáreo del Cerro, y evidentemente tampoco estaban dichos
inmuebles a nombrede la Unión General de Trabajadores, pero el
Gobierno se los reconoce; el Gobierno, utilizando el criterio
de acreditar la condición de legítimo sucesor, reconoce a la
Unión General de Trabajadores esa condición de legítimo
sucesor, y da en garantía un crédito de 9.200 millones. Ese
mismo criterio, ese mismo tratamiento queremos para los
partidos políticos que todavía subsisten y somos sucesores de
aquéllos a los cuales fueron incautados los bienes durante la
guerra civil.
Pues bien, este criterio de actuación, de reconocimiento de
deuda que ha realizado el Gobierno a la UGT, basado en la
disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986, es, repito,
igualmente válido para los partidos políticos. Lo único que
hace falta es que exista voluntad de hacerlo y que ello se
plasme en un texto legal aprobado por esta Cámara, para lo
cual disponemos ahora de una nueva oportunidad. Señorías, así
ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, donde el Parlamento vasco, en 1984, aprobó una ley de
reversión de bienes y derechos
incautados. ¿Qué bienes y derechos podía revertir la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que es un poder político nuevo, si no
son aquellos bienes incautados por el Estado y que fueron
transferidos a la Comunidad Autónoma en virtud de un decreto
de transferencias emanado del Gobierno central?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Gazagaetxebarría, vaya terminando, por favor.
El señor GAZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy finalizando, señor
Presidente.
Fue un acto del Estado en virtud del cual se transfieren a
diversas comunidades autónomas bienes afectos a determinados
fines, bien laborales o bien culturales, que después, en el
caso de la Comunidad del País Vasco, fueron devueltos a sus
respectivos titulares. Así lo votaron el Partido Socialista,
Alianza Popular, Euskadiko Esquerra y el Partido Nacionalista
Vasco, y se aprobó dicha ley por unanimidad en el Parlamento
Vasco, que es lo que en este momento necesita la Cámara, una
medida legislativa de esta naturaleza.
Lo que esa Ley pretendía era reintegrar a personas físicas,
jurídicas, sindicatos y partidos políticos bienes que el
Gobierno central, repito, había transferido a la Comunidad
Autónoma. Y es además el mismo Gobierno central, en el Real
Decreto 3069/1980, de 26 de septiembre, el que va detallando
en su anexo todos aquellos bienes que fueron incautados, y se
reconoce expresamente quiénes son los ocupantes de tales
bienes, bien sea la Unión General de Trabajadores, bien sea el
Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, yo no lo estoy
diciendo, lo que está diciendo el Real Decreto 3069/1980, de
26 de septiembre, que en su anexo recoge los bienes incautados
que en esos momentos, el año 1980, estaban en posesión de
organizaciones sindicales o partidos políticos. Luego existe
un reconocimiento implícito por parte del Gobierno. Termino,
señor Presidente, señalando que el tema debatido requiere
sensibilidad, voluntad política para reparar los daños
ocasionados por las incautaciones injustas realizadas por el
régimen anterior a diversas organizaciones políticas por el
simple hecho --así nos fue incautado el patrimonio-- de
defender la libertad, la democracia y el nacionalismo. Por
todo lo cual, repito, vamos a votar favorablemente la presente
proposición de ley que ahora debatimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero anunciar, de entrada, el voto
favorable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) a esta proposición de ley, como no podía ser de otra
manera, porque siempre que se ha hecho este debate en la
Cámara a lo largo de anteriores legislaturas hemos votado
favorablemente. Fue
exactamente el 8 de octubre de 1991, cuando se suscitó por
última vez en la Cámara este debate a instancias del Partido
Nacionalistas Vasco, que mi compañero de Grupo, el entonces
Diputado Llibert Cuatrecasas, afirmaba --y es el matiz que me
gustaría recordar de aquella intervención en el debate que
está teniendo lugar esta tarde-- que no se trata tanto de
temas de titularidad patrimonial o de aspectos cuantificables
en dinero, sino de reconocer aquello que fueron corrientes de
opinión, de pensamiento, de actuación política de ciudadanos
que en un momento dado se congregaron alrededor de
determinadas siglas. Muchos han continuado, como es el caso de
mi propio Partido, Unió Democrática de Catalunya --decía el
señor Cuatrecasas--. La ciudadanía, en su conjunto, merece que
se haga esta restitución que pretende la proposición de ley.
Yo creo que aquí está la base y el fundamento principal de
nuestro Grupo Parlamentario para votar favorablemente. No se
trata de poner pegas a la proposición de ley aduciendo
imposibilidad de concretar el patrimonio o que esto costaría
mucho dinero. Creo que éste no es el tema. El tema fundametal
es restituir el daño moral que se ocasionó a muchas personas
que, en un momento determinado y por la defensa de sus
ideales, vieron coartados sus más elementales derechos
políticos y fundamentales.
El señor Caldera (y no quería acabar mi intervención sin hacer
referencia a ciertas cosas que ha dicho) me ha sorprendido en
alguna de sus afirmaciones. Usted, señor Caldera, es un buen
jurista, en ocasiones lo ha demostrado en debates en esta
Cámara, y sabemos todos de su profundo conocimiento del
Derecho. Hablaba usted de dos vectores argumentales en su
intervención: uno de oportunidad jurídica y otro de
oportunidad política. Cuando hablaba de oportunidad jurídica
hacía referencia a la prescripción. Esto sí me parece una
auténtica barbaridad jurídica y no lo que ha dicho la señora
Rahola. ¿Cómo se puede hablar de prescripción cuando se ha
perjudicado a los derechos fundamentales y a corrientes de
pensamiento de muchas personas antes, durante y después de la
guerra civil? La reparación de este daño moral nunca puede
prescribir, jamás prescribirá. Es más, es bueno que no
prescriba y que perviva en la mente de todos los españoles,
que conozcan la historia. Concretar jurídicamente hasta dónde
puede llegar la cuantificación de este patrimonio es cuestión
de voluntad política y de positivizarlo en el derecho. En
cuanto a la oportunidad política, decía el señor Caldera que
la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 ha prescrito.
¡Faltaría más! ¡Claro que ha prescrito! Lo que pasa es que
algunos de sus efectos están aún en vigor, y esto es
indudable. Hay asociaciones políticas de entonces y partidos
políticos de hoy que han visto cómo se les aplicó una ley y se
les expolió de un patrimonio que, en justicia, les pertenece.
Por tanto, efectos de aquella Ley de responsabilidades
políticas siguen
perfectamente en vigor. Se trata de eliminar las causas y los
recuerdos que haya podido provocar aquella desgraciada Ley
dando trámite a esta proposición de ley y, en todo caso,
siendo muy rigurosos al concretar hasta dónde puede llegar
este patrimonio y cuantificación económicamente (que creo que
estamos hablando del chocolate del loro, si me permite), y
acabaríamos de una vez con un triste episodio que sigue
presente todavía en la mente de muchas personas físicas porque
vivieron aquellos tiempos y siguen participando en estas
fuerzas políticas, y por supuesto en la memoria histórica de
muchos partidos políticos que nos vimos afectados por esta
impresentable Ley de 1939.
Gracias, señor Presidente. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, vaya por
delante nuestro apoyo al texto que ha presentado la señora
Rahola, de Esquerra Republicana, aunque sólo fuese por razones
de
cumplimiento de lo que está pendiente de la transición
democrática. Como argumentaba el Diputado Martínez Blasco, en
nombre de nuestro Grupo Parlamentario, en el anterior debate,
que a estas alturas todavía estemos discutiendo este problema
indica que algo no ha funcionado bien en la transición
política. Hay muchos precedentes de lo que usted propone,
señora Rahola, en diversas cámaras autonómicas, y también en
esta misma Cámara. Usted ha presentado básicamente el mismo
texto que fue, en su día, votado en el Parlamento de Cataluña.
Nuestro apoyo, por tanto, estaría ya más que justificado por
este hecho, aunque yo le agradecería que hubiese citado, en la
lista de partidos históricos, al Partido Socialista Unificado
de Cataluña, que puede situarse al mismo nivel de los que
usted ha mencionado. Sólo falta voluntad política y yo no
salgo de mi asombro al ver que una parte de los escaños
autoproclamados de izquierda de esta Cámara haya utilizado los
argumentos que ha utilizado para oponerse a esta voluntad
política. Razones jurídicas ya han salido algunas, incluso con
un cierto resabio de baño jurídico al ponente del Grupo
Socialista, y voy a entrar un poco en ellas, pero voy a entrar
en reazones políticas porque, señor Caldera, no estamos en una
clase de derecho, estamos en un Parlamento. Vamos a votar a
favor de esta proposición por razones de
coherencia; la coherencia que pediríamos a todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara. Y utilizo el argumento de la
coherencia porque creo que es coherente citar que en el año
1985 fue aprobado por todos los grupos del abanico
parlamentario de Cataluña un texto similar (entre los que está
el Grupo
Socialista), porque es coherente citar que en el año 1986 el
Grupo Socialista se abstuvo en una votación similar porque
celebraba, a bombo y platillo, que se había inaugurado ya una
vía de convenios y nos invitaba a todos a seguir aquella vía
de convenios para conseguir lo que persigue la proposición de
ley, y porque es coherente con un texto, que no me resisto a
dejar de leer, del entonces Ministro de Economía del Gobierno
socialista que dice así: Tenemos que aceptar --dice el
Ministro de Economía socialista-- este hecho moral y político
del derecho a la recuperación del patrimonio; del derecho a la
reparación de daños tangibles, económicos y morales que se
hicieron a los demócratas españoles anteriores a la guerra,
del exilio, y muchos de ellos naturalmente identificados con
la Segunda República.
Continúa el señor Ministro socialista, señor Caldera: Creo que
este derecho debe ser reivindicado, debe ser sostenido. Es un
principio del Partido Socialista, y desde luego del Gobierno,
el de reparar en toda la medida, y lo antes posible, los daños
que se produjeron. Existe un problema de adecuación en el
tiempo, que no quiere decir de aplazamiento indefinido. Tengo
la impresión de que ha sido la táctica de los gobiernos desde
el restablecimiento de la democracia española este ir
aplazando la cuestión. Hace falta el establecimiento
de un proceso paulatino para la devolución diversamente fácil
o diversamente difícil, de estos bienes incautados o de las
indemnizaciones pertinentes. Señor Boyer en el Senado el año
83: Hace falta un proceso paulatino. Hace once años lo decía.
Quizás, lo paulatino hace incoherente el haberlo negado de una
forma tan ardorosa, y tan falsamente política, progresista o
de izquierdas, por parte del Ponente que se ha opuesto a esta
proposición de ley.
Nosotros creemos que el principio es elemental; un principio
de reparación. La base operativa debe ser un texto legal, una
proposición de ley. Su adecuación puede estar en la discusión
del articulado; su posterior aplicación está en muchas
soluciones reglamentarias, muchas adaptaciones temporales y
territoriales. Lo que es inadmisible es que se argumente el
impulso democrático, que se argumente transparencia del dinero
público para oponerse a una ley como ésta.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ribó, el turno
es de fijación de posiciones con respecto al texto de la
proposición de ley presentada y no para entrar en debate con
otros grupos que han fijado su posición o han defendido sus
propuestas.
El señor RIBO MASSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Continuando en la argumentación de por qué votamos a favor de
la proposición de ley diríamos que a nuestro entender es,
sobre todo, por una actitud progresista que van a mantener
esta tarde los grupos parlamentarios más cercanos al
progresismo en esta Cámara, con una sorprendente excepción, a
no ser que el Gobierno, de aquella forma paulatina, hubiese
abierto las vías que en su día se habían anunciado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ribó.
Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hace un momento el portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya aludía a la coherencia. Esa
coherencia, señor Ribó, es la que, por ejemplo, lleva a mi
Grupo, ante una iniciativa que es, «mutatis mutandis»,
prácticamente igual a la presentada por el Grupo Vasco en el
año 1991, a votar de la misma forma que lo hicimos en relación
con aquella
iniciativa en aquella sesión parlamentaria, el 8 de octubre de
1991, y, por tanto, a abstenernos, venciendo, en consecuencia,
la tentación política, que no dejaría de ser legítima (y, en
todo caso, habría que ver qué es lo que habría hecho en
circunstancias análogas el Grupo Parlamentario Socialista), de
dejar al Gobierno en minoría en una cuestión de tanto calado
político como ésta. Señor Caldera, la coherencia y el sentido
de la responsabilidad se demuestran con actitudes como ésta.
Pero quiero decir también que nuestra abstención, que no
inhibición, señora Rahola --abstención es neutralidad-- es
ante esta iniciativa parlamentaria concreta. Lo cual no
prejuzga que si, atendiendo al mismo fondo que aquí se trata,
es decir, la restitución de un patrimonio incautado con
ocasión de la guerra civil española, primero con el Decreto de
1936, después con la Ley de Responsabilidades Políticas de la
Jefatura del Estado de 1939, se pretendiera bajo otra fórmula
parlamentaria el mismo fin, nosotros atenderíamos esa
iniciativa y, en virtud de su contenido, fijaríamos nuestra
posición. Pero, como he dicho ahora, la coherencia nos obliga
a actuar de la misma manera que lo hicimos en el año 1991.
Porque es cierto que en esta iniciativa se establece, en
principio una analogía que viene a decir: si con la ley de
cesión de uso del patrimonio sindical acumulado a los
sindicatos, Ley 4/86, de 8 de enero, se les cede en uso ese
patrimonio sindical, ¿por qué, en base a esa Ley y a los
Decretos de 1936 y 1939 respectivamente, que afectaban tanto a
sindicatos como a partidos políticos, por qué, atendiendo
además a que el rol político que la Constitución establece
para los partidos cuando menos es más amplio para los partidos
que para los sindicatos que fueron beneficiados por esa Ley
4/86, no se hace lo propio ahora con los partidos y
asociaciones políticas que fueron también afectados por
aquella ley de responsabilidades políticas de 1939? Hasta aquí
la analogía parece bastante consistente, pero
fundamentalmente hasta aquí llegan las analogías; a partir de
aquí empiezan algunas discrepancias. Una de ellas, a nuestro
juicio importante, es que no es una buena referencia, en
cuanto a los efectos obtenidos, la Ley 4/86. Entendemos que el
Gobierno utilizó con discrecionalidad, cuando no con
arbitrariedad, esa Ley 4/86.
Podríamos citar muchos ejemplos, pero seguramente iríamos a un
debate que abre heridas y nuestro Grupo Parlamentario no tiene
ninguna intención de reabrirlar en estos momentos. Porque
parece que, en contra de la motivación de la iniciativa que ha
presentado la señora Rahola, más bien en la línea de restañar
presuntas heridas todavía abiertas, a pesar de la Constitución
y a pesar de lo que hemos avanzado en el régimen democrático,
en la convivencia y en la tolerancia entre todos los
españoles, podríamos reabrir esas heridas, lo que no es
intención de mi Grupo. Basta citar, por ejemplo, que algún
sindicato
archihistórico como la CNT no ha recibido prácticamente nada
del patrimonio sindical, y sindicatos que no existían en los
años 1936 y 1939 han recibido enorme cantidad de patrimonio.
Por tanto, no es un buen referente legal, por lo menos para mi
Grupo Parlamentario, la Ley 4/86 para fundamentar una
iniciativa, en todo caso, tan respetable y tan digna como la
que hoy estamos debatiendo en esta Cámara.
Que quede claro en el preámbulo de mi exposición que nuestra
abstención es de neutralidad, porque hay argumentos a favor y
argumentos técnicamente en contra de vehicular, por medio de
esta iniciativa, una cuestión tan trascendente como la que hoy
nos ocupa, pero que eso, insisto, no prejuzga que pudiéramos
plantearnos una posición diferente si se intenta, desde un
puntode vista de técnica parlamentaria, vehicular esa
iniciativa por otros procedimientos, lo que está en su derecho
de estudiar si procede o no procede la ilustre representante
del Grupo Mixto, la señora Rahola, que hoy ha defendido
brillantemente esta iniciativa.
Decía que acaban ahí las analogías desde nuestro punto de
vista, como recordaba en el debate del 8 de octubre de 1991,
desde esta tribuna, el Diputado que intervino brillantemente
en defensa de la posición del Grupo Parlamentario Popular, mi
compañero Manuel Milián Mestre. Hago gracia de repetir los
argumentos que él expuso y defendió entonces, insisto, con
tanta brillantez porque constan en el «Diario de Sesiones».
Pero es cierto que, siguiendo a Hayek, como él decía, todo el
mundo es muy libre de disparar con pólvora del rey. Y este es
un tema que también hay que cuantificar.
Técnicamente podríamos decir, por ejemplo, que así como en el
ámbito sindical es muy fácil imputar la sucesión de las
instituciones sindicales, porque hay un comité de libertad
sindical en el seno de la OIT que establece claramente unos
criterios políticos para imputar esa sucesión sindical, es lo
cierto que no existe lo mismo en el ámbito político. Hoy en
día sería, desde un punto de vista técnico, enormemente
complejo establecer quién es en puridad, en justicia, en
derecho el sucesor de algunas asociaciones o partidos
políticos. No tengo ninguna duda --sin perjuicio de que no
sería yo el que tendría que enjuiciar esta cuestión-- de que
el Partido Nacionalista Vasco o Unió Democrática, nadie lo
dudaría, son los legítimos sucesores de aquellos partidos
políticos que fueron afectados por el Decreto de 1936 y la Ley
de Responsabilidades Políticas de 1939, pero, ¿quién sería,
por ejemplo, el sucesor de la Lliga, que no fue directamente
afectada por la Ley de 1939, pero que sí vio después enajenado
su patrimonio por disposiciones
posteriores? ¿Quién sería el sucesor? Eso abriría discusiones
políticas y, por supuesto, jurídico-legales muy interesantes.
¿Quién sería el sucesor de la CEDA? Inclusive, fíjese usted,
de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que existe
documentación, constancia expresa de que también fue afectada
por las incautaciones. Por tanto, es un tema que, desde mi
punto de vista --y no son excusas de mal pagador, porque al
menos
nosotros, todavía, señora Rahola, no damos apoyo al Gobierno--
, es muy complejo técnicamente.
Por lo menos creo que sí hemos de reconocer al Gobierno que no
haya hecho uso de la facultad que tenía de vetar esta
iniciativa porque afecta al presupuesto, lo cual sí que creo
que hubiera sido, en términos políticos, francamente
impresentable.
Vamos a ver si hay otras maneras de conseguir la finalidad que
aquí se pretende por otras vías parlamentarias. Usted tiene
suficiente imaginación política y parlamentaria como para
pensar en otros procedimientos que a nosotros, manteniendo
nuestra coherencia, nos permitirían, en su caso, actuar de
otra manera y seguramente conseguir que estos flecos queden ya
definitivamente zanjados.
Quiero terminar, señorías, haciendo mención a otro principio
al que se ha hecho referencia desde esta tribuna y que es
importante, el principio de la seguridad jurídica, tan
relacionado... (Murmullos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Fernández Díaz.
Señorías, ¡silencio, por favor! (Pausa.) Ocupen sus escaños,
señorías, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Se ha aludido --y sabemos que no somos los destinatarios de
los argumentos, pero en todo caso me parece que el debate de
las ideas es siempre bueno, con independencia de quienes sean
los destinatarios de determinadas afirmaciones-- a lo de la
excusa de mal pagador y no creo que sea excusa de mal pagador,
señora Rahola, hacer referencia a la seguridad jurídica, que
es un principio constitucional establecido en el artículo
9.º3, ha de ser tenida en cuenta en esta cuestión. Hay
suficiente
jurisprudencia también del Tribunal Constitucional al
respecto. La seguridad jurídica, señoría, debe prevenirnos de
revisar situaciones consolidadas de hecho. Por tanto, es tan
importante en ocasiones la forma como el fondo y por eso el
derecho procesal es una disciplina jurídica que tiene tanta
importancia. No se puede separar y deslindar sin más el fondo
de la cuestión, de la técnica parlamentaria en virtud de la
cual se quiere defender ese fondo, esa cuestión. Creo que en
este caso, mediante esta iniciativa, podríamos llegar a un
callejón sin salida y, a lo mejor, desde nuestro punto de
vista por lo menos --y hablo en nombre de mi Grupo
Parlamentario, el Popular--, pudiéramos conseguir efectos
perversos, como a nuestro juicio pasó con la Ley 4/1986, de
cesión de uso del patrimonio sindical acumulado, que sin duda
llevó a situaciones no queridas, a nuestro juicio, por el
legislador, en todo caso no queridas por mi Grupo
Parlamentario.
Decía que en el año 1991, en el «Diario de Sesiones» quedaron
reflejadas algunas de las reservas que nuestro Grupo tenía en
relación con aquella iniciativa que es la misma que hoy aquí
se ha defendido. Por eso esas reservas técnicas trascendentes
e importantes no las repito,
pero a efectos de constancia en «Diario de Sesiones» las doy
por reproducidas y no las menciono de hecho porque hago gracia
a SS.SS. del tiempo que debería emplear en su exposición.
Termino ya, señor Presidente. La abstención no es inhibición,
es neutralidad, porque entendemos que hay razones tanto a
favor de votar apoyando esta proposición de ley cuanto de no
apoyarla. Esa neutralidad es la que nos lleva a expresarnos en
los términos en los que ahora me he expresado, pero esa
neutralidad deja expedito el paso para que, señora Rahola y
demás miembros de esta Cámara, representantes de diversos
grupos parlamentarios, especialmente grupos parlamentarios
directamente afectados por la Ley de Responsabilidades
Políticas de 1939, puedan ejercer las acciones que en Derecho
consideren oportunas, y por eso mismo, nosotros,
absteniéndonos, les dejamos el paso expedito bien para otras
iniciativas parlamentarias, bien para ejercer acciones
jurídicas ante los tribunales que pudieran, en su caso,
restituir derechos patrimoniales que puedan tener en estos
momentos.
Nada más, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández Díaz.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación de la toma
en consideración de la proposición de ley debatida. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Mixto, señora Rahola, por la
que se insta a la devolución de patrimonios incautados durante
la guerra civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 40; en contra, 143; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS, PARA LA PARTICIPACION DE
LAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION Y
GESTION DEL AGUA (Número de expediente 122/000032)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, para la participación de
las organizaciones de defensa ambiental en la planificación y
gestión del agua.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Alcaraz. (Murmullos.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Señor Alcaraz, cuando quiera.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, es voluntad de Izquierda
Unida intentar convertir en esta Cámara, como ya lo va siendo
a nivel social y en otros organismos, el tema del agua en un
debate fundamental que marque el eje en muchos ámbitos, tal
como constituye el centro de preocupación en muchos sectores
de la sociedad. Intentamos que se constituya en un gran debate
no por la solemnidad, no por la fuerza tonal que se dé a este
debate en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados,
sino
fundamentalmente por ser un debate de todos, un debate social
y un debate en los organismos que corresponda en el que
participen las gentes afectadas, los interesados, las
organizaciones sociales, los movimientos sociales clásicos y
modernos de todo tipo.
En este sentido, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado en el Registro de
la Cámara una serie de iniciativas, algunas de las cuales ya
hemos debatido con mala fortuna hasta el momento por mor y
gracia de la oposición sistemática del Grupo Socialista de
manera especial, coincidiendo en este caso con el Grupo
Popular. Nos referimos a la petición de las transferencias de
gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como
punto de inflexión en la política centralista que conserva los
esquemas franquistas, en este caso de la ordenación de la
cuenca, y que no tuvo, repito, ninguna fortuna en esta Cámara.
Al mismo tiempo, hemos introducido con la misma filosofía una
proposición de ley para cambiar la Ley de aguas de 1985 y
adaptarla al Estado de las autonomías, por tanto, para
intentar hacer comprender al señor Ministro, al Gobierno, que
también las comunidades autónomas son Estado, que los
ayuntamientos son Estado y no necesitan ningún tipo de tutela,
y mucho menos tutela burocrática. Precisamente en este esquema
de tutela central y tutela burocrática se basan muchas de las
restricciones que está sufriendo el gran debate que sobre el
agua intentamos implementar los componentes del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En este sentido hemos presentado esta proposición de ley, para
que los grupos afectados, los interesados participen en el
debate en la Comisión Nacional del Agua y en otros organismos
de cuenca, dado que todas las planificaciones se están
haciendo de manera burocrática y desde una óptica que no se
corresponde con las necesidades de este país en cuanto a los
recursos
hidráulicos y las consecuencias de todo tipo que tiene la
política del agua.
A nuestro juicio, la política que en materia de agua se está
aplicando es errónea en sus ejes fundamentales. Se trata de
una política que incluso a nivel presupuestario no constituye
ninguna prioridad, máxime cuando el señor Ministro llegó a
decir que hacían falta tres billones de pesetas para
solucionar en España el problema del agua en todos sus
aspectos, desde la cantidad y la calidad hasta las
depuraciones de aguas residuales. Y todo esto, señoría,
señoras y señores Diputados, tiene mucho que ver con la
tutela, con el centralismo burocrático, con la falta de un
debate valiente en su momento, que es ahora con respecto a un
tema fundamental.
En este gran debate pensamos que deben participar desde ahora
mismo, y con el mismo rango que tienen los otros participantes
en la Ley de Aguas, los ecologistas y las organizaciones de
defensa ambiental. Ellos tienen otra óptica, una óptica
absolutamente diferente a la del Gobierno y hay que trabar el
debate con el Gobierno para intentar hacerle girar hacia esta
óptica que se corresponde mucho más con lo que sería un polo
rojo y verde, una óptica de izquierda, que actualmente no
resuena en las propuestas que de manera sistemática vienen
haciendo el señor Borrell y el Gobierno del Partido Socialista
Obrero Español. El señor Borrell basa fundamentalmente su
óptica en una política de oferta --y ahí se han incardinado el
Plan Hidrológico Nacional y todos los planes singulares de
cuenca que se están haciendo o debatiendo en determinadas
fases de esta discusión-- y no en una política de demanda, en
una política social basada en una serie de cuestiones que
están reivindicando los grupos ecologistas y que nosotros,
desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de una manera
sistemática también estamos intentado impulsar. Queremos, por
lo tanto, una política --algo muy sencillo que hoy mismo se
discutía en la Ponencia que está estableciendo la posibilidad
de una reforma del PER y del subsidio agrario-- que empezara a
rectificar o a arreglar la distribución del agua (el agua en
un 40 ó 45 por ciento del total que existe se pierde en la
distribución: en las cañerías, en las acequias, muchas de
ellas de tradición romana y árabe). Simplemente con arreglar
este tipo de distribución, por la que se filtra una cantidad
ingente de agua, no habría que tender a la construcción de
pantanos que, en muchas ocasiones, generan problemas
medioambientales de gran volumen.
Uno de los comparecientes de esta mañana daba un dato en el
sentido de que, por ejemplo, en Andalucía han aumentado los
pantanos al doble y ha disminuido la capacidad de embalses a
la mitad de estos diez últimos años, y decía, efectivamente,
que si no se arregla la distribución, si no se arreglan las
cañerías, si no se cambia de la política de oferta a una
política de demanda iremos a posiciones insostenibles en este
tema que también requiere un eje de máxima importancia, con
respecto al cual el Gobierno tampoco presta ningún tipo de
atención, que es la política de ahorro del agua; una política
quizá impopular, una política que requiere mucho dinero para
campañas, una política que requiere la participación y el
debate con grupos ecologistas y organizaciones de defensa
medioambiental, con respecto a los cuales el Gobierno tiene un
talante paternalista, centralista, tutelador; en todo caso,
los contempla desde el punto de vista de la realidad de los
decretos y no desde el punto de vista de lo que son los
debates de proposiciones y proyectos de ley. Todo esto se
expresa, por ejemplo, en el Decreto de hace un año sobre
actuaciones urgentes de obras hidráulicas, y se expresa de
manera radical en esta política de oferta, en esta política de
construcción de grandes obras caiga quien caiga, en esta
política de desarrollismo a ultranza que no tiene en cuenta
las realidades que hay que sostener, que no tiene en cuenta la
necesidad de una gestión sostenible del agua, que no tiene en
cuenta la necesidad de una gestión racional del agua en el
marco de una gestión racional del territorio. Al mismo tiempo
que se decreta este plan de actuaciones urgentes, se está
haciendo una política de promesas de ampliación total de
regadíos en el marco de una política agraria comunitaria que
no permite este tipo de
alegrías, este tipo de creación de expectativas.
Por tanto, señor Presidente, señorías, hemos presentado esta
proposición de ley, que está publicada en noviembre de 1993,
teniendo en cuenta ciertas declaraciones del señor Ministro a
la revista Quercus en las que, con respecto a la pregunta que
le hacía el periodista decía que no tenía respuesta porque le
había cogido de sorpresa. La pregunta era sobre la
participación de las organizaciones ecologistas en el Consejo
Nacional del Agua y en los gobiernos de cuenca y en sus
consejos correspondientes. Acto contiguo, nosotros presentamos
esta proposición de ley y hace muy pocos días, con fecha 11 de
marzo, el Gobierno aprueba un decreto para intentar solucionar
esta participación de los ecologistas y de las organizaciones
medioambientales. Nos parece que ha improvisado a bote pronto
y que no se corresponde con el rango de ley que ampara al
resto de los participantes en este debate, al resto de los
integrantes en el Consejo Nacional del Agua y en el resto de
los consejos.
Pensamos que la Ley del Agua, desde que empezó a funcionar en
agosto de 1985, tiene una serie de carencias que se han
observado, como he dicho antes, en la elaboración del Plan
Hidrológico Nacional, de los planes de cuenca y de los planes
más concretos que se hayan hecho por debajo de la cuenca. En
este sentido, nosotros pedimos la rectificación de tres
artículos, con alguna adición complementaria, que son los
artículos 17, 25 y 34, para que las organizaciones
medioambientales
participen en el organismo consultivo superior, que es el
Consejo Nacional del Agua, para que participen e integren la
junta de gobierno de los organismos de cuenca y para que
también sean parte de la composición de los consejos del agua
de los organismos de Cuenca.
No sé si SS.SS. son sensibles a la necesidad de rectificar
esta forma de «solucionar» --con comillas-- este problema a
través de un Real Decreto de 11 de marzo; no sé si van a
aceptar que este tema partía de una iniciativa de Izquierda
Unida que se correspondía con la realidad necesaria: homologar
a nivel de ley la participación de las organizaciones
medioambientales. En todo caso, aquí queda el debate y aquí
queda la improvisación y la falta de iniciativa, que no ha
tenido en cuenta este tema hasta que nosotros presentamos en
el Registro la proposición de ley que debatimos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, la finalida primordial de la Ley
de Aguas del año 1985 era la regulación del uso del agua y del
dominio público con el fin de satisfacer las demandas,
incrementar su disponibilidad, proteger su calidad, intentar
fomentar un empleo económico de la misma y proceder a un mejor
equilibrio del desarrollo regional y sectorial, racionalizando
sus usos en armonía con el medio ambiente y con los demás
recursos naturales. Como se ve, señorías, de la mera lectura
del artículo 38 de la Ley de Aguas se deduce que la función
medioambiental del agua se contempla por la ley integrada con
el resto de sus funciones y con el resto de sus usos. Pero son
los usos concretos del agua la finalidad principal de la ley,
a cuya correcta satisfacción responde todo su contenido. Esto
debiera ser suficiente para entender que no es en la Ley de
Aguas actualmente vigente donde sería necesario introducir las
modificaciones que nos han sido anunciadas, sino que bastaría
para ello con reformar los reglamentos de desarrollo de la
ley. El objetivo de fondo de la proposición de ley que nos ha
sido expuesto coincide sustancialmente con el objetivo
perseguido por mi Grupo Parlamentario. El objetivo no es otro
que conseguir una mayor participación de organizaciones de
defensa ambiental en la elaboración de las políticas
relacionadas con el medio ambiente. En el caso concreto del
recurso del agua, esa voluntad se ha manifestado por parte de
mi Grupo, pese a lo que hemos escuchado aquí, en el proceso de
re-dacción de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan
Hidrológico Nacional.
Como han sido referidos ambos procesos de planificación como
una muestra de disfuncionalidad de la Ley de Aguas,
especialmente en una supuesta falta de atención a los procesos
de ahorro del recurso, tengo que significar ante la Cámara que
consecuencia de las más de 1.000 alegaciones planteadas al
plan nacional se recoge, en la remodelación que se está
haciendo en el proyecto de ley de plan nacional, un incremento
sustantivo, es decir, el 75 por ciento más de posibilidad de
ahorro del agua, de manera que la redacción definitiva del
anteproyecto de ley del plan hidrológico, cuando llegue a esta
Cámara, contendrá una reducción de 2.100 hectómetros
cúbicos/año sobre el ahorro previsto en el anterior
anteproyecto. Creo que esta importante modificación del plan
hidrológico y la tolerancia, la permisividad, la voluntad de
consenso con la que se han estudiado muchas de las enmiendas
presentadas --la mayoría de ellas, hay que decirlo, fuera del
plazo reglamentario-- son elementos suficientes como para
rebatir, con respeto, pero rebatir, las tajantes afirmaciones
que hemos escuchado desde esta tribuna.
Ambas planificaciones, la hidrológica nacional y la de los
planes hidrológicos de cuenca, necesitan para su construcción
y
fundamentalmente para su aplicación correcta de la
concurrencia de muchos sectores sociales, entre ellos, cómo
no, aquellos representados en parte por asociaciones
ecologistas. Pero no son sólo las asociaciones ecologistas
quienes representan la defensa de los valores ecológicos. En
la Administración hay organismos destinados específicamente a
ello, y en el conjunto de sectores económicos y sociales del
país hay gente suficiente, con buena voluntad como para que
del esfuerzo conjunto de todos ellos podamos obtener el
resultado de una mayor protección de los valores naturales.
Ya se ha producido una incorporación importante de
organizaciones de defensa ambiental en el recientemente creado
Consejo Asesor de Medio Ambiente, que entiende de algo más que
de política de aguas, que entiende de todas las políticas
relacionadas con el medio ambiente, y en la primera y próxima
reunión de dicho Consejo, que va a tener lugar dentro de unos
días, está previsto como primer punto del orden del día la
forma en la que debe producirse la incorporación de estas
organizaciones que usted cita al Consejo Nacional del Agua y a
los consejos del agua de los organismos de cuenca, incluso a
la Comisión de Planificación Hidrológica de los organismos de
cuenca. Además de esto, se ha producido, como ha citado el
señor Alcaraz, la publicación del Real Decreto de 11 de marzo
pasado. Creí que lo desconocía pero por el hecho de conocerlo
me sorprende que no haya retirado esta proposición de ley,
porque coincidirá S.S. en que, más allá de los argumentos con
los que usted quiera defederla, la literalidad de lo que usted
nos propone es substancialmente
coincidente con el contenido de dicho Real Decreto publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del 6 de abril.
Substancialmente coincidente salvo en un aspecto, señor
Alcaraz, en los órganos de gobierno, en los que, como están
pensados y diseñados
exclusivamente para la ordenación del recurso, para la
ordenación de los usos compatibles del recurso, no tiene
ningún sentido introducir organizaciones que representan
intereses ajenos al uso consuntivo del recurso, y no me vale
la
justificación de su exposición de motivos de que las
organizaciones ambientales son usuarias de los valores
naturales y medioambientales del recurso agua para
introducirlos por esa puerta falsa en un órgano de gestión en
el que, como digo, sólo están representados los usuarios del
agua. Sin embargo, en los órganos de debate donde se
planifican las políticas de agua, donde se elaboran las
planificaciones hidrológicas nacional o de cuenca, allí donde
se decide y discute de lo substantivo de la ordenación del
recurso, de sus usos, donde se distribuye el recurso, donde se
debe garantizar el respeto al propio recurso agua y al resto
de los recursos naturales, allí hay una
representación suficiente de las organizaciones que ustedes
pretenden introducir en lo que son organismos de gestión y de
ejecución y donde, a nuestro entender, no tienen ninguna
cabida, porque representarían intereses no en conflicto sino
radicalmente distintos de aquellos que se ponen encima de la
mesa dentro de esos órganos de gestión directa.
Por tanto, siendo ésa la única diferencia que nos separa,
teniendo S.S. la garantía de que ya están incorporados los
ecologistas en el Consejo Nacional del Agua por modificación
del artículo 16.1.e) del Reglamento de la Ley de Aguas, de que
ya están incorporados en las juntas de gobierno de los
organismos de cuenca por modificación del artículo 56.2 del
Reglamento de Aguas, y teniendo en cuenta que están
incorporados en sus consejos de agua de los organismos de
cuenca por modificación del artículo 55.1 del Reglamento de la
Ley de Aguas, creo que lo más pertinente es ahorrar a esta
Cámara dos horas de debate baldío, improcedente, no porque lo
sea lo que se pide, sino porque es fácilmente constatable que
lo que se pide ya forma parte del ordenamiento jurídico
español desde el pasado 6 de abril. Nada más. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, muchas gracias.
Quiero decir al señor García-Arreciado que no entiende muy
bien la relación que hay entre una ley y un real decreto --no
estoy hablando de un real decreto-ley--, que no tienen el
mismo rango normativo, el mismo rango legal. Por lo tanto, hay
una serie de gente que participa en el Consejo Nacional del
Agua, que tiene rango de ley, y ustedes introducen de manera
improvisada, después de que nosotros hemos presentado esta
proposición de ley, un Real Decreto, que se publica el 6 de
abril, por el que se introducen, no en todos los niveles,
organizaciones medioambientales
ecologistas, repito, a nivel de real decreto, que pueden
quitar y poner cuando quieran sin rectificar la ley, eso sí
dejando en la ley a nivel de esa participación a otros
organismos, a otros integrantes de estas juntas de gobierno,
consejos o Consejo Nacional del Agua, y dejando en otro nivel
a las organizaciones medioambientales.
Usted dice que la ley no es el lugar, pero el mismo Real
Decreto da a entender que sí es el lugar, porque dice que se
modifica la composición del Consejo Nacional del Agua y se
introducen nuevos componentes en los organismos de cuenca. Ahí
está la primera diferencia entre ustedes y nosotros. La
segunda es que no introducen, ni siquiera en el Real Decreto,
las organizaciones medioambientales en las juntas de gobierno
de los organismos de cuenca. Otra gran diferencia entre
ustedes y nosotros.
Para terminar, le quiero decir, señor García-Arreciado, que
ustedes nunca corrigen hacia la izquierda ningún matiz, ningún
tipo de sensibilidad; incluso han intentado adelantarse,
cuando, repito, presentamos esta proposición de ley en
Registro hace mucho tiempo, publicándose el 22 de noviembre de
1993 --el Real Decreto es de hace seis días--. No tienen
ninguna sensibilidad de rectificación hacia la izquierda, ni
en momentos como éste en que es flagrante el error o por lo
menos la limitación que ustedes tienen respecto a la necesaria
matización de la Ley de Aguas en función de las propias
declaraciones del señor Ministro en octubre de 1993. Ustedes
lo saben todo, pero siempre lo saben todo restringiendo y
girando a la derecha. Que Dios les acompañe.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: No sería Dios nunca mal
compañero de viaje, pero desde luego es una referencia
completamente fuera de lugar.
Mire usted, yo soy de ciencias, pero entiendo bastante de
letras como para ver claramente la diferencia entre una ley y
el reglamento que la desarrolla, que se publica por real
decreto. Es algo obvio que el real decreto se puede modificar
con una serie de trámites que son más livianos que los de
modificación de una ley. Ahí está lo que le he querido
explicar, sin fortuna por lo visto. No es preciso modificar la
ley para conseguir lo que ustedes pretenden. Excelente prueba
de ello es que el Real Decreto atiende perfectamente a sus
razones, salvo la participación de organizaciones ecologistas
en las juntas de gobierno de los organismos de cuenca, atiende
perfectamente a lo que ustedes solicitan sin necesidad de
modificar la ley. ¿Es más de izquierdas modificar una ley y
más de derechas modificar un real decreto o un reglamento?
¿Dice S.S. que sí? Pues explíqueme la razón porque realmente
se me escapa. Si lo que a usted le preocupa es que es más de
izquierdas modificar la ley que modificar el reglamento, desde
luego hacemos perfectamente bien en no mirar mucho hacia la
izquierda, por lo menos hacia cierta izquierda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Alcaraz, yo estaba esperando oírle en la defensa de esta
proposición, porque verdaderamente es usted un hombre
convincente, con ideas-fuerza que sabe desarrollar bien.
Estaba indeciso, no sabía qué postura tomar, pero en esta
ocasión usted me ha convencido de que tengo que votar en
contra. Ni usted cree en lo que ha dicho. Usted mismo ha
tenido --lo siento-- una devaluada actuación, y me sabe mal
porque, dentro de ese banco, creo que es usted una gran
figura, y no se lo digo por peloteo de ningún tipo, pero
cuando una persona no cree en aquello que tiene delante para
defender, es muy difícil convencer a los demás, y se lo digo
de verdad. Quizá si usted esta tarde no hubiera intervenido,
es posible que hubiera recogido más votos. A la vista de
cuáles son las consecuencias que se derivan de esta
proposición, yo lo lamento, pero he de votar que no.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Intervengo brevemente, señor
Presidente, simplemente para anunciar también nuestro voto
negativo por cuanto que lo que se pide en la proposición de
ley está
prácticamente resuelto y cualquier otra consideración
adicional creemos que debería englobarse dentro de este gran
debate, el debate del agua, del plan hidrológico, y con rango
de ley, que dentro de poco se deberá efectuar en esta Cámara.
Así pues, simplemente quiero decir que nosotros vamos a votar
que no. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortázar. El
señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías,
agradezco al Grupo de Izquierda Unida la presentación de esta
proposición de ley por cuanto nos da una oportunidad a la
Cámara de entrar en el debate de un tema de alto interés para
la opinión pública. Querría emplear un breve turno para
expresar una idea principal y algunas reflexiones.
Como es sabido, la proposición de Izquierda Unida establece la
participación de las organizaciones ecologistas básicamente en
los consejos del agua, que supone de hecho una modificación de
la Ley de 1985 en sus artículos 17, 25 y 34, creo recordar. En
ese sentido, sin entrar en la justicia de lo que ya se
plantea, es decir, en el tema de la participación en los
órganos del Consejo del Agua, hay una situación en la que se
pretende algo que ya viene previsto en el Real Decreto que ha
promulgado el Gobierno y en este sentido no voy a entrar en
esta cuestión. Lo que sí me interesa es destacar una idea que
es importante, que es que el señor Alcaraz confunde claramente
el concepto de usuario con el concepto de consumidor y, en ese
sentido, hace una aportación inadecuada o comete un grave
error, una grave
equivocación en su planteamiento, por cuanto en la Ley de
Aguas, según el artículo 50, el usuario no es un consumidor,
es un concesionario; se adquiere la condición de usuario por
una circunstancia de ley o de concesión administrativa. En
este sentido no se puede establecer, como hace usted en la
redacción de la modificación que propone, que serán los
representantes de las organizaciones económicas, profesionales
y ecologistas, porque usted elimina de un plumazo en su
proposición de ley al Canal de Isabel II y lo sustituye por
representantes de
organizaciones profesionales. Realmente tiene usted que leerse
con detenimiento la ley porque, si nos atenemos a la letra de
lo que usted pone ahí, elimina usted el concepto de usuario,
que son concesionarios vinculados al abastecimiento,
vinculados a la industria y vinculados a los agricultores.
Usted no puede establecer una representación distinta del
resto de la ley. Creo que es una equivocación y un error por
su parte porque si hubiera querido eliminar ese concepto de
usuario, tendría que haber previsto o establecido la
modificación de un tercio de la ley. Realmente yo creo que
usted no se ha dado de que usuario y consumidor son un acosa
distinta, y, claro, cuando se viene a esta Cámara haciendo una
propuesta de estas características, lo elemental es dominar
los conceptos básicos.
La segunda cuestión a la que me quería referir --ésta ya no es
técnico-jurídica sino de fondo-- es al sentido de su
proposición, al hecho de incluir las organizaciones
ecologistas en los organismos, consejos, juntas, comités,
etcétera, que tan queridos son por el conjunto de la izquierda
de este país. Quiero decir en este sentido que realmente yo no
veo grandes diferencias entre su posición y la del Partido
Socialista más que una formal. Ustedes pretenden una ley y el
Partido Socialista
hace lo mismo pero con un decreto-ley. En consecuencia,
estamos en unas circunstancias en las que el objetivo es el
mismo, que es domesticar a los ecologistas, es meterlos en
organismos burocráticos, es meterlos en consejos, comités,
etcétera, cuando realmente el valor del movimiento ecologista,
de las organizaciones ecologistas ha estado siempre en su
independencia, en su marginalidad del poder político, en ser
ajenos al presupuesto nacional del Estado. Y en este sentido
creo que ustedes hacen un flaco favor a la gran aportación de
los ecologistas en la historia contemporánea, reciente, porque
han sido ellos quienes han denunciado los grandes desastres
ecológicos, principalmente en los países del Este, que es
donde se han producido, de tal manera que yo les sugiero que,
por favor, dejen a los ecologistas seguir siendo lo que son:
conciencia crítica, protagonistas de movimientos de opinión,
personas que realmente tienen un prestigio en la sociedad.
Pero, por favor, no les hagan miembros de consejos, de
comités, etcétera, porque realmente ustedes varían
sustancialmente su función.
Le voy a poner un ejemplo. Hace unos meses el Gobierno
socialista tuvo la desgraciada idea de nombrar Director
General de Agricultura a un conocido ecologista de nuestro
país. Este ecologista era apreciado y querido por la opinión
y, lo que es más difícil aún, era hasta apreciado y conocido
por sus propios compañeros, y en ese sentido quiero decir que
mientras que antes tenía unas circunstancias favorables para
el desempeño de su función, sin embargo, en la actualidad,
vaga por toda España, eso sí, en coche oficial, pero no se
relaciona con los alcaldes vinculados al tipo de problemas que
él plantea, le niegan la audiencia. Realmente no se atreve a
ir a los lugares de alto interés natural por miedo a que le
tiren al río. En este orden de cosas yo creo que es un flaco
favor introducir a un ecologista en un coche oficial, en un
consejo, en una dirección general. Déjenlos tranquilos. Si
realmente el pueblo español, cada vez que estos señores se
presentan a las elecciones, les dice: quédense ustedes como
están, no vayan ustedes a esa Cámara, no vayan al
ayuntamiento, no vayan... ¿Por qué se empeñan ustedes, por la
vía lateral, tanto los socialistas como los comunistas y de
Izquierda Unida, en meter a los ecologistas en los organismos
públicos? Pero si la población española, el pueblo español
dice que no. ¡Cuidado que es manía! Yo, sinceramente, creo que
ustedes hacen un flaco favor en este sentido.
De manera --y concluyo, señor Presidente-- que creo que S.S.
ha caído en un dislate jurídico a la hora de considerar a los
usuarios como consumidores, cuando la Ley de Aguas de 1879,
nunca bien ponderada, una ley de casi 100 años, centenaria,
magnífica como todas las que se hacían en la Restauración, o
esta del año 1985, que es mucho peor técnicamente, pero que
está ahí y tenemos que respetarla, repito, cuando tanto en una
como en otra se considera que son usuarios los que tienen una
concesión, no son consumidores. Usted debe entender este tema
porque me temo que usted ha hecho una proposición de ley
totalmente precipitada, totalmente infundada en los términos
jurídicos que usted plantea. Y, en segundo lugar, ustedes
cometen el error propio de los socialistas y de ustedes de
querer burocratizar la gestión medioambiental, cuando la
experiencia en los países democráticos demuestra que el medio
ambiente se conserva por los derechos de propiedad y por el
imperio de la ley vigilado por los jueces. Ese es el sistema,
no el de los burócratas de los países del Este que ya han
visto a dónde ha llevado. (Protestas en los bancos del Grupo
de Izquierda Unida.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--El
señor García Fonseca pronuncia palabras que no se perciben.)
En consecuencia, y con esto termino, señor Alcaraz,
(Rumores.), esta es la verdad, señorías, esta es la verdad. No
hagan ustedes burócratas de los ecologistas, no hagan ustedes
funcionarios de los ecologistas. El pueblo español les dice
que sigan en su independencia. Lo están diciendo
reiteradamente. No los metan ustedes de tapadillos en las
instituciones. No usen ustedes compañeros de viaje, como es su
costumbre.
Desde este punto de vista, tanto por lo deficiente de la
proposición, que es un dislate jurídico, y esto lo debía saber
usted o sus asesores, como por el sentido que ustedes han
querido dar a los ecologistas, mi Grupo Parlamentario va a
votar en contra.
Nada más. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 14; en contra, 279; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
AVOCACION POR EL PLENO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--DE LA PROPOSICION DE LEY DE ORGANIZACION DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (Número de expediente 122/000009)
El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer
al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y
votación final de la proposición de ley de organización del
Centro de Investigaciones Sociológicas.
¿Acuerda el Pleno la avocación? (Asentimiento.) Queda aprobada
la propuesta de avocación.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces, asimismo, en su
reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno de la
Cámara que la sesión del día 14, jueves, que se celebrará a
partir de las nueve horas, quede integrada por los puntos del
orden del día números 34 a 41; 42, 43, 46 y 52. ¿Lo acuerda la
Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del
orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
AMPLIACION DE CUOTAS LACTEAS A LOS GANADEROS MEDIANTE LA
ASIGNACION DE LA RESERVA NACIONAL (Número de expediente
162/000071)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del da,
proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre
ampliación de cuotas lácteas a los ganaderos mediante la
asignación de la reserva nacional.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Fernández. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, en representación del Grupo Popular me corresponde
la exposición y defensa de la proposición no de ley por la que
el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el
plazo de un mes desde su aprobación: Primero, establezca la
reglamentación necesaria para que los ganaderos productores de
leche de vacuno puedan acceder a la ampliación de sus cuotas
mediante la compra o alquiler de derechos en el mercado.
Segundo, distribuya la reserva nacional de la cuota láctea
entre aquellos ganaderos que sobrepasen con sus producciones
las cantidades asignadas como cuotas individuales, dando
preferencia en la asignación a los ganaderos con explotaciones
situadas en las comunidades autónomas que histórica y
vocacionalmente se han dedicado a la producción láctea.
Señorías, a pesar de lo que recientemente legisló el Gobierno,
tanto en lo relativo al proyecto de real decreto por el que se
establecen las normas reguladoras del sector de la leche y de
los producos lácteos y del régimen de la tasa suplementaria,
así como la orden pendiente de publicación por la que se
complementan las modalidades de aplicación de la tasa
suplementaria en el sector de la leche y los productos
lácteos, hemos de reconocer que a día 12 de abril, es decir,
doce días después del inicio de una nueva campaña, el Gobierno
no ha puesto a disposición de los ganaderos los mecanismos
legislativos necesarios tanto para acceder a la venta,
arrendamiento o transmisión hereditaria de la cantidad de
referencia, así como a una cuota suplementaria procedente de
la distribución de la reserva nacional. Si esto no se lleva a
cabo, seguiremos en la misma dinámica que ha caracterizado el
desarrollo de este sector desde la firma del Tratado de
Adhesión hasta la fecha, dándose la paradoja de que el
Gobierno está exigiendo el cumplimiento de leyes que no
existen. Los ganaderos se preguntan, y no nos sorprende: ¿Cómo
puede exigir la ejecución de algo que no está legislado?
El artículo 14 del proyecto de real decreto por el que se
establecen las normas reguladoras del sector de la leche y los
productos lácteos y del régimen de la tasa suplementaria liga
la cuota a la base territorial. El Reglamento de la CEE número
1546 de la Comisión señala en el artículo 72 que en caso de
venta, arrendamiento o transmisión hereditaria de una o varias
partes de una explotación, la cantidad de referencia
corresponde distribuirse entre los productores que se hagan
cargo de la explotación con arreglo a las superficies
utilizadas para la producción de leche u otros criterios
objetivos establecidos por los Estados miembros. Este
artículo, que liga la cuota a la base territorial en las
transferencias a través de mercado, actuó como freno en la
mayor parte de los países de la CEE, salvo en el Reino Unido y
Holanda, en donde esta opción de transferencia desenvolvió un
mercado muy floreciente, a pesar de los precios elevados, 82
pesetas kilo en el Reino Unido y 269 pesetas kilo en Holanda.
La razón estriba en que, por un lado, los países vulneraron la
normativa comunitaria mediante un subterfugio, que consiste en
la retrocesión o reventa, un año después de la compra, de la
base territorial transferida. En Inglaterra, en concreto, se
autorizó la transferencia permanente de cuota a través de un
arrendamiento temporal, de 10 a 11 meses de
duración, de la base territorial correspondiente. Al final de
este período, la superficie transferida, que no puede ser
utilizada para producción de leche por el comprador de cuota,
retorna a su propietario y la cuota queda en poder del
comprador. Por otra parte, tanto en el Reino Unido como en
Holanda, disponen de buenas estructuras productivas con
explotaciones bien
dimensionadas, eficientes y de alta rentabilidad económica,
que están en disposición de asumir como un coste la cuota
comprada y rentabilizarla. Así, por ejemplo, en Holanda,
durante la campaña
1986/1987, el 43 por ciento del volumen de cuota fue comprado
por productores que disponían de una cantidad de referencia
superior a los 500.000 kilos.
Tocante a la correspondencia entre el volumen de cuota
transferido y base territorial asociada, las condiciones
fueron variando a través de las sucesivas campañas,
autorizándose en ambos países transferencias de hasta un
máximo de 20.000 kilos hectárea.
Por otro lado, este artículo no recoge los problemas que
surgen de las particiones por herencia, dejando en el aire a
quién debe pertenecer la cantidad de referencia, ya que no son
usuales los testamentos particionales. Tampoco deja claro si
la cuota va asignada al titular de la explotación o si se
distribuirá entre los distintos herederos. En el caso de que
fuera asignada al titular de la explotación, requeriría la
firma de todos ellos para poder acceder a la titularidad de la
cuota.
En cuanto a la compra o alquiler, de derechos en el mercado,
he de confesar a SS.SS. que había pensado retirarlo, porque
estaba perfectamente regulado. Pero la práctica cotidiana me
ha
convencido de que no es operativo; prueba de ello es que no
está funcionando. Explotaciones de menos de 75.000 kilos, que
son las que necesitan reestructurarse, no pueden permitirse la
compra de cuotas a los precios que presumiblemente van a
alcanzar en el mercado. En las cesiones temporales se pagaron
a 30 pesetas kilo/año y, en la actualidad, ya piden 100
pesetas kilo/año. Los que van a poder comprar cuota son los de
más de 130.000 kilos de producción que ya están
reestructurados.
Como SS.SS. saben, la reserva nacional se estableció en el
artículo 4.º del Real Decreto 1888/1981, por el que se
determina un plan de ordenación del sector de la leche y los
productos lácteos. Posteriormente, el proyecto de real decreto
por el que se establecen normas reguladoras del sector de la
leche, los productos lácteos y régimen de la tasa
suplementaria, la regula en los siguientes artículos. En el
artículo 9.º, reserva
nacional; en el artículo 10, objeto de la reserva nacional; y
en el artículo 11, cantidad de referencia individual.
Si SS.SS. los leen con calma verán que no resuelven lo
suficiente para que este sector camine. La reasignación de
cuotas con cargo a la reserva nacional tuvo como objetivo
prioritario la mejora de las estructuras productivas del
sector. Aunque los criterios de aplicación variaron de unos
países a otros --en algunos el esfuerzo fue dirigido a
favorecer la supervivencia de pequeñas explotaciones con
expectativas de viabilidad en áreas menos favorecidas--, la
reasignación de la cuota rescatada a través de los planes de
abandono financiados por la Administración deberá contribuir a
la racionalización del mercado lácteo y a la reestructuración
de las explotaciones. Esta reasignación
deberátipificar las explotaciones de leche que sean
prioritarias, valorando las características de las mismas, su
cuota actual, nivel presente de producción, dependencia del
titular de las rentas agrarias ligadas a la producción de
leche, edad y
capacitación del dueño de la explotación y posibilidades de
dar viabilidad a la explotación a medio plazo. Por
consiguiente, será necesario desarrollar una ley que priorice.
Uno de los problemas más serios que tendrán que abordar los
productores de leche en la campaña 1994/95 será la
regularización de su cuota en el caso de que sean
excedentarios, ya que vienen realizando en los últimos años un
esfuerzo importante para llevar sus explotaciones a nivel de
viabilidad, en unos casos y a una mayor competitividad, en
otros. Parece razonable que los
productores con cuotas inferiores a 130.000 kilos deberán
recibir cantidades suplementarias que les permitan consolidar
el nivel productivo alcanzado. Habrá que definir con claridad
esos productores a los que se va a repartir la reserva
nacional, fijando un umbral de cuota mínimo que, a corto o
medio plazo, haga viable la explotación, que, a mi modesto
entender, no debería ser inferior a los 75.000 kilos, aunque
es posible que en la actualidad con una cuota de 50.000 kilos
pudieran alcanzar el salario mínimo interprofesional, debido
al precio actual de la leche.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
concluyendo.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Ahora termino.
Otra consideración a tener en cuenta sería la movilidad. Todos
los estudios demuestran que las explotaciones de menos de
45.000 kilos permanecen estancadas en su nivel productivo en
un 85 por ciento de los casos, mientras que las superiores a
75.000 kilos presentan un mayor dinamismo, con un 30 por
ciento
aproximadamente que pasan a bloques de mayor producción.
Parece evidente que el proceso de reestructuración se deberá
orientar prioritariamente a las explotaciones con una
producción
comprendida entre los 15.000 y 75.000 kilos, reservando un
porcentaje de cuota rescatada para atender las necesidades de
explotaciones en situación comprometida, facilitando la
adquisición y financiación de cuota para no comprometer el
futuro de muchas explotaciones viables en el futuro.
Por otro lado, parece razonable fijar un umbral máximo, que
podría ser de 130.000 kilos de cuota, a partir del cual las
explotaciones quedarían excluidas de la asignación de
cantidades suplementarias con cargo a la reserva nacional.
Estas
explotaciones deberían acudir al mercado de cuotas,
financiadas, eso sí, con créditos blandos por la
Administración central y por la autonómica, que supervisarán y
autorizarán las transferencias en función de la evolución de
la solicitud propuesta. La
Administración deberá apoyar financieramente los programas de
modernización de las explotaciones. No se deberá impedir el
acceso a la producción
de leche a nuevos ganaderos, aunque procedan de otros
sectores, siempre...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández,
termine, por favor.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Un momento que ya termino, señor
Presidente.
Las inversiones en las explotaciones deberán centrarse en las
siguientes líneas de trabajo: Inversiones para la
incorporación de jóvenes agricultores a explotaciones lecheras
viables; inversiones para la mejora de las estructuras
lecheras que les impida alcanzar una viabilidad económica e
inversiones para la mejora de la eficiencia económica y
condiciones de producción de las explotaciones actualmente
viables. Es necesario asimismo compatibilizar las ayudas al
cese anticipado de la actividad agraria con las relativas al
abandono de la producción lechera. Por otro lado, para que el
cese anticipado en la actividad agraria tenga aceptación y sea
operativo para las pequeñas explotaciones lecheras y no puedan
tener limitación en lo relativo a la dimensión económica
mínima para la explotación del ganadero que quiera cesar.
Yo traía, señorías, para documentar más este texto los
ejemplos de Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca, de
todos los países que nos precedieron en este tema y que ya
tienen regulada su situación, pero en honor al tiempo tengo
que decirles
únicamente, señoras y señores diputados, que teniendo en
cuenta, como se ha demostrado a lo largo de mi intervención,
que el Grupo Popular no pretende ningún beneficio partidista
en este tema, sino que quiere contribuir a una solución que
agilice y
clarifique este largo e inacabado proceso, indispensable para
la regulación del sector lácteo, solicito de todos los grupos
de la Cámara el voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se da por entendido,
señora Fernández, que en la defensa de la proposición no de
ley que ha hecho S.S. conjuntamente va incluida ya la defensa
de la enmienda de adición que ha planteado su Grupo.
También quería la Presidencia preguntarle algo ya que a lo
largo de su intervención me ha parecido que cuando hablaba
S.S. de las cuotas retiraba algún punto. ¿Retira usted algún
punto?
La señora FERNANDEZ DIAZ: No retiro ningún punto, señor
Presidente. Hay otras enmiendas que luego se verán.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Muchas
gracias, señora Fernández. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
A esta proposición no de ley, además de la enmienda del propio
Grupo Popular que ya he indicado que queda defendida en la
intervención de la señora Fernández, han presentado enmiendas
los Grupos Vasco (PNV) y Socialista.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco considera que a la hora de la regulación y de
la aplicación del régimien de las cuotas lácteas, debate que
hoy ha traído a la Cámara el Partido Popular, es preciso tener
en consideración una cuestión de principios, como es el papel
de la actividad económica que supone la producción lechera.
Entendemos, además, que la actividad de las explotaciones
familiares
productoras de leche tiene también otras dimensiones distintas
de la meramente productiva.
Señorías, a diferencia de lo que ocurre con otras actividades,
principalmente industriales, en Euskadi, Galicia, Cantabria y
Asturias, la actividad lechera ligada a la tierra es un
instrumento fundamental de vertebración del territorio y de
gestión del medio natural, especialmente en las zonas de
montaña y desfavorecidas en las que la producción lechera
apenas cuenta con otras alternativas.
La puesta en práctica de un régimen de cuotas lácteas de
producción sirve, por un lado, para limitar eficazmente la
producción y, por otro, como mecanismo de control de los
excedentes lácteos garantizando, a su vez, una cuota de
mercado a los países con menor capacidad competitiva. Por ello
el tema que estamos debatiendo, es decir, la forma en que
desde el Gobierno central se diseña y aplica el régimen
europeo de las cuotas lácteas, es un asunto de suma
importancia, pues se trata de una cuestión que afecta
directamente al reparto territorial de una fuente de recursos
económicos de la que viven decenas de miles de explotaciones
familiares agrarias.
Procede recordar, señor Presidente, que la producción láctea
es para muchas zonas del Estado, básicamente para las zonas,
repito, de agricultura de montaña, no sólo una actividad
económica importante y con escasas alternativas, sino que
además supone --como decía-- el mantenimiento de un frágil
modo de vida y de una ocupación del territorio. Este no es
precisamente un tema menor teniendo en cuenta que cada vez más
el uso adecuado del medio natural, la ocupación del territorio
y la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales se
están convirtiendo en ejes fundamentales de determinación de
las actuaciones políticas que deben abordar las diferentes
administraciones públicas agrarias. Señorías, al Grupo Vasco
el contenido de la proposición no de ley del Grupo Popular no
nos gusta, porque nos parece inadecuado por el tratamiento
ultraliberal
o librecambista que pretende dar a las cuotas lácteas y porque
es insuficiente al abordar aspectos básicos del régimen de
cuotas, como la necesidad de mantener el equilibrio
territorial y la distribución geográfica de las cuotas, o la
participación efectiva de las comunidades autónomas en la
gestión de las mismas.
Liberalizando la transmisión del derecho de producción de
leche que supone una cuota, a nuestro juicio se distorsiona la
actividad productora de la leche de vaca, propiciándose la
posibilidad de generar un mercado o tráfico mercantil de las
cuotas ajeno al desarrollo de una explotación familiar
ganadera que conllevará, al final, el perjuicio para los
ganaderos que continúan desarrollando su actividad y que para
mejorar su situación y rentabilizar su trabajo necesitan
adquirir más cuota que con una política liberal estará cada
vez más cara.
Estimamos que una política de liberalización en la gestión del
mercado de las cuotas lácteas va a propiciar en un futuro
próximo que el mercado pueda estar controlado por grandes
grupos
económicos, lo cual va a ser perjudicial para los ganaderos y
centrales lecheras de la cornisa cantábrica. A nuestro juicio,
lo que se tiene que hacer es favorecer las transferencias o
compensaciones gratuitas dentro de un mismo ámbito territorial
de los productores a los que les sobra cuota y de aquellos
agricultores o ganaderos que quieran cesar en el ejercicio de
esa actividad para que la misma vaya destinada a los mismos
ganaderos del territorio en el que se desarrolla esa actividad
económica. En la Unión Europea se dan casos como el de
Holanda, que también la portavoz del Grupo Popular ha citado,
en que por haber establecido políticas de libre mercado en el
tema de las cuotas lácteas en el pasado, se encuentran hoy con
que el sector productor de leche holandés, a pesar de su
desarrollo, tiene enormes dificultades de rentabilidad por los
costes derivados de la adquisición o el alquiler de las
cuotas. En muchos casos, además, esos problemas se han
trasladado a las cooperativas de transformación y
comercialización.
Por ello, lo que nosotros queremos transmitir es que no
procede, a nuestro juicio, una liberalización, un libre cambio
en el mercado puesto que la cuota, en definitiva, supone una
autorización administrativa que da una potestad para producir
una determinada cantidad de leche y ello cumple una función
social agrícola, de protección del medio natural, de
ordenación del territorio. Ello tiene que estar vigilado o
normado, de alguna manera, por los poderes públicos, puesto
que si dejamos esa finalidad social al libre albedrío del
mercado podremos terminar con nuestros ganaderos, con nuestra
agricultura y que las cuotas lácteas estén en manos de ciertos
oligopolios que son los que tengan la capacidad de disponer de
las mismas y no los ganaderos, las pequeñas explotaciones
familiares que hay a lo largo y ancho de la geografía
española, aquellas a las que hay que beneficiar. En
definitiva, lo que es necesario es que intervengan las
administraciones públicas agrarias tutelando y, de alguna
manera, inspirando el fin social que tienen las cuotas y no
dejándolo al libre albedrío del mercado.
A «sensu contrario» si eso no ocurriera, nos podemos
encontrar, como indicaba, como en el caso holandés cuando
tenemos otro tipo de experiencias, como pueden ser la francesa
o la alemana donde a través de sistemas muy diversos, bien
prohibición o limitación de transferencias en cuanto al
ejercicio de la actividad por compraventa o por alquiler, se
trata por todos los medios de mantener la distribución
territorial de la producción láctea, puesto que es la única
manera de mantener la actividad agrícola y ganadera en un
determinado territorio, en un determinado punto de la
geografía española y así se incentiva especialmente el
mantenimiento de las zonas tradicionales de montaña y
desfavorecidas.
Consideramos que la proposición no de ley que debatimos
pretende condicionar el funcionamiento regular del modelo de
gestión de cuotas exclusivamente --lo digo con todo el respeto
y
consideración para la portavoz del Grupo Popular que me ha
antecedido en el uso de la palabra-- para resolver situaciones
puntuales de reasignación inicial de cantidades de referencia
en especial en Galicia, que pueden resolverse, a nuestro
juicio, mediante la puesta en marcha de un plan de abandono
del gobierno autónomo que no ha realizado la Comunidad
Autónoma de Galicia, a diferencia de lo que han hecho las
Comunidades de Andalucía, Navarra o el País Vasco. En
definitiva, la solución no está en plantear un sistema de
gestión que momentáneamente pueda
favorecer a los intereses de los ganaderos de un determinado
territorio en detrimento de los ganaderos de otros territorios
de la geografía española.
Por otra parte, queremos señalar que el Grupo Parlamentario
Socialista ha enmendado la iniciativa del Grupo Popular. A
nuestro juicio, mejora parcialmente el texto inicial, no
obstante mantiene íntegro el punto primero de la proposición
no de ley que es el que, propicia un marco muy genérico que
puede llevarnos a que haya un mercado muy liberalizado de las
cuotas lácteas. En definitiva, corremos el riesgo que antes
decía de que las cuotas pasen a poder de determinados
oligopolios. Reconocemos el esfuerzo que ha realizado el Grupo
Socialista con las enmiendas dirigidas a reconocer la
coparticipación y la corresponsabilidad de las comunidades
autónomas en el modelo del sistema de gestión de las cuotas
lácteas. Y, aunque de una manera más genérica o superficial,
también se prima el ejercicio de la actividad ganadera
productora de leche a los agricultores a título
principal, a los que tengan la condición de jóvenes o a
aquellos de zonas desfavorecidas. No obstante, no satisface
plenamente nuestro planteamiento político que, en definitiva,
es aquel que tenemos
plasmado en una proposición no de ley presentada en la Cámara,
que hemos trasladado como enmiendas a la iniciativa expuesta
por la portavoz del Grupo Popular.
El Grupo Vasco --así lo reflejamos en nuestras enmiendas-- es
partidario de establecer un modelo de gestión regulado del
régimen de las cuotas lácteas que apoye el mantenimiento de la
producción en las zonas tradicionales. Somos partidarios de
condicionar o limitar de alguna manera la compraventa de las
cantidades de referencia a que exista una transmisión de la
explotación ganadera. Y que, igualmente, el ordenamiento de
las mismas se limite, salvo supuestos de fuerza mayor y con
carácter preferente, al territorio de una comunidad autónoma.
Con ello, ¿qué pretendemos? Pretendemos garantizar el fin
social que, como decía antes, tienen las cuotas, de forma que
unos pocos productores no se hagan con la titularidad de las
cuotas de producción de leche correspondientes al Estado,
pues, si no, corren riesgo de desaparición las pequeñas
explotaciones
familiares ganaderas de las zonas de montaña de toda la
cornisa cantábrica.
En definitiva, pedimos que se realice una gestión
territorializada y ordenada que, como expresábamos antes,
existe en Alemania y Francia, curiosamente un Estado de corte
centralista que tiene una gestión dirigida fundamentalmente a
defender y a impulsar una ordenación del mercado de las cuotas
en un ámbito regional o territorial. A través de este sistema
logramos una mayor redistribución y, a nuestro juicio (lo digo
con toda consideración a la portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra), se salvaguarda mejor la actividad ganadera
de las zonas de montaña.
Señor Presidente, nuestro Grupo defiende también la
coparticipación de las comunidades autónomas con el Gobierno
central en la gestión de las comunidades autónomas. Creemos
que se da un avance en esta línea según la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para finalizar, quiero indicar que es fundamental articular
medidas que permitan que las cuotas que se abandonen por
cualquier motivo en un determinado territorio de la geografía
española, como puede ser la comunidad autónoma en la que está
vertebrado políticamente el Estado español, se haga en
beneficio de otros ganaderos que lo necesiten en ese
territorio,
principalmente en las zonas desfavorecidas y de montaña y de
los jóvenes que encuentran en el desarrollo de la actividad
ganadera un futuro para su proyecto profesional.
Por todo ello, y finalizo, señor Presidente, nuestro Grupo
Parlamentario se va a abstener en la votación de la iniciativa
debatida puesto que no colma y, en definitiva, no satisface
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, al
autoenmendarse, ni del Grupo Parlamentario Socialista que, al
mejorarla, modifica el punto primero de la proposición no de
ley cuya redacción genérica puede dar lugar a que exista un
mercado demasiado liberalizado y librecambista del mercado
español de producción de la leche. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, la
reordenación del sector de producción de leche es un tema que
viene ocupando la atención de los distintos Grupos
Parlamentarios en esta Cámara, lo que ha dado lugar al
planteamiento en los últimos años por parte de los mismos de
varias iniciativas. Efectivamente, esta producción ganadera
afecta a distintas comunidades autónomas, y lo hace de forma
muy desigual, ya que para unas constituye una actividad
agraria marginal, mientras que para otras es la producción más
importante, y ello no sucede por casualidad, sino por las
condiciones naturales que han
determinado la orientación de las inversiones y la actividad
agroganadera esencialmente hacia la producción de leche,
configurando un entramado socioeconómico típico de
determinadas áreas geográficas de España, como acaba de
señalar el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, y dando
lugar a lo que el Grupo Popular denomina en su propuesta
comunidades autónomas que histórica vocacionalmente se han
dedicado a la producción láctea. De todos es sabido que la
adhesión de España a la Comunidad Económica Europea introduce
en nuestro país el sistema de cuotas que regía en los demás de
la Comunidad, el cual limita la producción láctea como medida
contra los excedentes que se producen en el seno de la misma.
Tal limitación nos llegó en un momento en que el incesante
incremento del consumo interno de los productos lácteos,
debido al aumento del nivel de vida en nuestro país, ocasiona
una demanda superior a la producción, lo que generaba una
dinámica expansionista del sector que estaba dando lugar a
fuertes inversiones en las explotaciones ganaderas, con el fin
de incrementar su capacidad productiva y su rentabilidad. La
cuota global establecida para España, basada en la última
información estadística disponible, pronto desbordada por la
producción real, no dejó de incrementarse en años sucesivos.
Con esta situación de partida se han hecho necesarias medidas
de ajuste del sector que aproximaran la cuota global
establecida y la producción real, a la vez que las cuotas
individuales, asignadas con carácter provisional, pudieran
tener una movilidad necesaria, a fin de lograr los objetivos
de viabilidad de las explotaciones dedicadas a la producción
láctea, con la consiguiente
absorción de las cuotas correspondientes a las explotaciones
inviables, por ser éstas demasiado reducidas o por su falta de
rentabilidad. Podemos destacar en este sentido el aumento
logrado en la cuota global asignada a España de 650.000
toneladas, la financiación de programas de abandono
voluntario, el establecimiento de la reserva nacional de
cuotas, la reasignación de las mismas con criterios
prioritarios a ganaderos con cuota individual insuficiente,
todo ello acompañado del necesario desarrollo normativo.
Hay que reconocer que a pesar de los problemas surgidos se han
ido logrando los objetivos a niveles satisfactorios. Así, las
explotaciones viables de las zonas más adecuadas para la
producción de leche han aumentado su cuota con respecto a la
asignada con referencia a la producción de 1985 de forma
considerable y sin necesidad de recurrir a criterios
territoriales de distribución, cosa prohibida por la Comunidad
Económica Europea, sino a criterios objetivos referidos a las
explotaciones individualmente consideradas, como se establece
en el artículo 15 del Real Decreto 1.888 de 1991. De esta
forma, Galicia, por ejemplo, de una asignación provisional de
cuota realizada sobre la producción de 1985 de 1.058.935
toneladas, ha pasado a una asignación para la campaña de
1992-1993 de 1.610.721 toneladas, lo que representa un 52 por
ciento de crecimiento en estos años. En la práctica se ha
canalizado hacia Galicia, como era lógico que ocurriera, la
mayor parte del incremento de cuota global para España
aprobado por la Unión Europea, con carácter provisional para
la campaña 1993-1994.
Dicho esto, entendemos que la proposición del Grupo Popular
que debatimos contiene aspectos que ya están regulados y en
funcionamiento unos, como el alquiler de cuotas lácteas en el
mercado, estaban registrados en el mes de febrero 198.000
toneladas de cuotas alquiladas que afectan a 11.200 ganaderos,
o la compraventa de cuotas ligadas a la tierra, como resulta
de la aplicación directa de los reglamentos comunitarios. Los
demás aspectos son regulados en el Real Decreto 324/1994 y
están pendientes de su desarrollo a través de las
correspondientes órdenes del Ministerio de Agricultura, como
saben SS.SS.
Por ello, coincidiendo con el planteamiento de fondo de la
proposición del Grupo Popular, pedimos la aceptación de
nuestras enmiendas que pretenden, en primer lugar, la
ampliación del plazo de cumplimiento a cuatro meses; creemos
que un mes resulta un plazo irreal, a todas luces insuficiente
y, por tanto, pensamos que debería considerarse seriamente
esta ampliación. La
sustitución del punto segundo, para darle una redacción en
consonancia con los criterios objetivos fijados por el Real
Decreto 1888 de 1991, sin desvirtuar el contenido de la
propuesta y recogiendo en el mismo parte del contenido de las
enmiendas del Grupo Vasco, al incluir en la misma a los
ganaderos que tengan su explotación en zonas con problemas
específicos. La adición del punto tres, en el que se recoge en
esencia otra enmienda, también del Grupo Vasco,
compatibilizándola con la reglamentación comunitaria de
necesario cumplimiento.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Valera.
¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar a la portavoz del Grupo Popular que,
caso de no aceptar las enmiendas que se han propuesto,
especialmente las presentadas por el Partido Nacionalista
Vasco, votaremos en contra de esta proposición.
Además, quiero recordarle, frente a esa serie de acusaciones,
que en ocasiones vienen desde personas de su propio Grupo, de
que las intervenciones de los Grupos minoritarios, de aquellos
partidos nacionalistas, solamente intentan defender nuestro
territorio, que claramente esta Ley es discriminatoria para
una parte muy importante del Estado español y dirigida única y
exclusivamente a una cornisa cantábrica que todos sabemos que,
en definitiva, tiene una mayoría dentro de la producción
lechera española; pero, por ejemplo, a mí jamás se me ha
ocurrido, cuando he hablado de agrios --y todos sabemos la
gran importancia de Valencia en ese aspecto--, excluir ni a
Murcia, ni a Andalucía ni a ninguna otra región como se
pretende dentro de esta ley.
Sirva únicamente como precedente de que su galleguismo me
parece muy bien, pero que, naturalmente, aquí todo el mundo
cuece habas. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Coaliación Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria tiene que comenzar, al fijar sus argumentos
para su toma de posición ante esta iniciativa del Grupo
Popular, por decir que no sé si por suerte o por desgracia en
esta polémica del reparto de la cuota láctea Canarias no es
beligerante, en la medida en que la cabaña ganadera no está
sometida a esta reglamentación y las circunstancias económicas
y fiscales del mercado canario, con importaciones de productos
lácteos del área de países de la Unión Europea, hacen que se
tenga otro planteamiento. Esto nos hace
ver el problema con una cierta distancia racional y objetiva,
que es de la forma en que fijamos aquí nuestra posición.
Comenzamos por decir que el hecho de que el Grupo Popular haya
planteado este tema es oportuno. Al tema de la cuota láctea
española hay que darle una solución; no puede seguir en un
«impasse», al que se va a llegar si no se resuelve con la
adopción de medidas pertinentes, que es a lo que el Decreto
324, recientemente aprobado, está condicionando.
No estamos conformes con el procedimiento de redistribución de
la cuota láctea que plantea el Grupo proponente. Nos gustaría,
y nosotros lo compartimos fundamentalmente, que se hiciera
mediante un sistema de gestión, porque, en primer lugar, el
problema es un sistema de gestión de los trasvases por compra
o alquiler de esa cuota láctea, como lo plantea el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).
¿Por qué decimos esto? Porque la producción láctea en España
tiene un componente estructural totalmente distinto si
hablamos de la España húmeda, la cornisa cantábrica, desde
Galicia prácticamente hasta Navarra, sin que se puedan excluir
las provincias catalanas de Lérida y de Gerona y la aragonesa
de Huesca. pero la producción láctea que se da en la España
del centro o en la España meridional es totalmente distinta,
porque nos encontramos con una ganadería del Norte ligada a la
tierra y en el sur nos encontramos con una ganadería de
producción láctea, de un ganado vacuno lechero que no está
ligado para nada a la tierra. Es decir, es un ganado
permanentemente estabulado e incluso sus recursos alimenticios
forrajeros o vienen de dentro de la explotación por una
extracción puramente de cultivo intensivo industrial o viene
de otras áreas, incluso de otras comunidades autónomas.
¿Qué ocurriría si nosotros procedemos a un reparto total de la
cuota láctea si tener en cuenta esto? Pues que nuestros socios
comunitarios, concretamente Francia, Holanda, Bélgica y la
República Federal Alemana, nos echarían en cara al día
siguiente que España hace dentro de su territorio con el
reparto de la cuota láctea lo que España no apoya que se haga
en Europa. Es decir, que haya intercambios nacionales de la
cuota láctea de estos países de la Europa verde, que no tienen
problemas
prácticamente en cuanto a la alimentación forrajera porque
desconocen la palabra sequía, frente a la estructura de la
producción española.
Mal podemos nosotros defender políticamente el rechazo de
España a los reajustes de la cuota láctea europea dentro del
marco de la Unión Europea --antes Comunidad Económica Europea-
- cuando lo propone para dentro del territorio.
Yo tengo mis dudas de que una fórmula como el alquiler de la
cuota no vaya a llevar a una rigidez de precios. Después está
el tema de las competencias de las comunidades autónomas. Hoy
día, la empresa productiva láctea, ganadera, debe tener unos
apoyos que permitan una dimensión óptima rentable, es decir,
una política de estructuras y una política de precios. Las
peculiaridades solamente pueden venir por la ubicación
geográfica, como es el caso de la agricultura de alta montaña,
que haga necesaria una consideración especial.
¿Por qué un ganadero de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, de
Murcia o de Ciudad Real no va a poder entrar en el reparto de
la cuota nacional española de leche, frente a lo que aquí se
ha llamado regiones o zonas histórica y vocacionalmente
ganaderas? Es que la historia de las explotaciones agrarias
puede estar nada más que en eso, en los libros de historia.
Pero desde el punto de vista de que se le tiene que exigir una
dimensión, una
productividad y una rentabilidad, incuso generando las rentas
de una explotación agraria familiar, creo que estaríamos
haciendo un flaco servicio, porque distorsionaríamos la
fórmula de la explotación familiar agraria, se iría a una
posible concentración no conveniente y, por otro lado,
obligaría a tener una especie de bolsa de contratación de
quiénes son los ganaderos que quieren cesar en su actividad o
quieren poner en régimen de venta o de alquier su cuota
láctea.
Esto, vuelvo a decir, obligaría a un ganadero progresista en
cuanto a su análisis económico de la producción que quiere
tener una explotación productiva y rentable a un «input»
rígido --que ya los tiene caros en cuanto a energía, en cuanto
a maquinaria, etcétera--, como son el precio o el alquiler de
la cuota que adquiere.
En tercer y último lugar, señorías, ordenar este reparto de la
cuota es necesario. Pero yo creo que debe respetarse el
principio competencial que tienen las comunidades autónomas.
Porque, si no, puede haber un galimatías que no hay quien
controle. Si se deja prácticamente un circuito de libertad de
que una cuota sobrante en la comunidad autónoma del sur, por
cese de actividad, pase a una comunidad autónoma del norte o
del Cantábrico, o viceversa, se pueden producir unos cambios
estructurales del sistema de producción agraria de la cornisa
cantábrica, si es la que se quiere definir por histórica y
vocacionalmente de aptitud ganadera láctea --cosa que la
empresa moderna ya no acepta, ni siquiera se acepta en ningún
tratado elemental de producciones ganaderas que no estén
vinculadas a la tierra--, para que esto pueda ser así.
Yo creo que es conveniente que aquellos excedentes de cuota o
sobrantes por cese de la actividad se generalicen y se
gestionen en primer lugar a nivel de comunidad autónoma. Y
dejemos ese primer paso. Puede ser que dentro de unos años,
una vez que las comunidades autónomas hayan homogeneizado sus
sistema de cuota, se pueda hacer así. En este aspecto nos
parece muy completa la posición que ha adoptado el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) y coincidimos en este sentido
también con la enmienda tercera que ha planteado el Grupo
Parlamentario Socialista.
En cuanto a la primera, relativa a que en vez de ser un mes
sean cuatro, nos parece perfectamente adecuado. Depende del
sentido común de adecuación del grupo proponente. Con una
norma de este tipo no creo que los servicios ministeriales
estén en condiciones de redactarla y medirla previamente en un
mes.
La segunda enmienda del PSOE fluctúa ahí, en que se haga un
reconocimiento de la agricultura, a los jóvenes agricultores,
etcétera. Creo que es complicarse la existencia. Eso no hay
quién lo controle.
Coincidimos en lo que respecta al marco de las comunidades
autónomas. Porque yo, desde luego, en este momento no quiero
producir una irritación en el marco de los consejeros de
agricultura y ganadería de las comunidades autónomas, que se
encuentran con un estatuto que les ha señalado unas
competencias, que llevan años dirigiendo acciones de
subvención crediticia, financieras, técnicas, de
asesoramiento, de reestructura de sus explotaciones agrarias y
que ahora se vean que les falta el modelo, que no pueden
controlarlo porque se abre un circuito fuera del control de
las consejerías de agricultura y ganadería de las comunidades
autónomas en este tema.
Merece que se piense sobre el tema. Es un tema de gestión muy
complicado y qué duda cabe que es necesario. De aquí que nos
parezca bien la oportunidad del Grupo Popular de traer este
asunto, pero creo que debe hacerse, en primer lugar, con un
proceso de racionalización claro; en segundo lugar, no ser
incongruente con el que planteamos a nivel europeo; en tercer
lugar, ser respetuoso con las competencias de las comunidades
autónomas, pero no por un puro afán competencial. Dejemos que
la comunidad autónoma de Navarra, por poner un ejemplo --como
es la de Canarias, como he dicho--, haga su definición de
trasvases de cuotas de los ganaderos productores de leche en
Navarra, entre el Norte, la ribera o lo que quiera. Pero
dejemos primero este núcleo de gestión territorial porque, si
no, nos perderíamos en el conjunto. Es preferible que una
comunidad autónoma en su política reglamentaria defina unas
producciones y una estructura relacionada con esas
producciones. Puede que lo que el Gobierno navarro decida en
cuanto a la estructura agraria sea distinto a lo que decida el
Gobierno gallego o el Gobierno andaluz. Que adapte sus
producciones a su estructura. Es la manera de
armonizar. Si esto no se acepta, nosotros nos abstendremos.
Porque entendemos que el tema es necesario y atractivo,
apoyaríamos cualquiera de las otras enmiendas si las acepta el
Grupo Popular dentro de la necesidad de regular las cuotas
lácteas en la cuota nacional española.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) desea colaborar con todos los demás grupos de la Cámara
para que este importante tema que tanto afecta a nuestros
ganaderos de vacuno de leche, cual es el de las cuotas, y que
plantea la proposición no de ley del Partido Popular, tenga un
tratamiento realista e imparcial.
Efectivamente, la asignación de cuotas de producción de leche
a cada ganadero, la creación y la redistribución de la cuota
de la reserva nacional o el pago de supertasa, en caso de que
esta supere la cuota global estatal asignada a España por la
Comisión de la Unión Europea, todo ello en su conjunto es un
problema complejo que no puede ni debe estar sometido a ningún
tipo de discrecionalidad o de demagogía.
Pensamos, señorías, que la redistribución de la cuota de la
reserva nacional tampoco puede basarse en preferencias de
localización territorial porque ello acarrearía una lucha
estéril entre comunidades autónomas, según cual sea o según
cual fuere la explotación ganadera dominante y también
conduciría a un nefasto descontrol de producciones. En cambio,
sí que habrá que tener en cuenta el esfuerzo realizado por
muchos colectivos ganaderos de muchas comunidades autónomas
para ajustar sus producciones o sus retiradas definitivas para
contribuir a no superar la cuota global estatal.
El Real Decreto 324/1994, de 28 de febrero, ya establece un
régimen bastante racional de preferencias para la
redistribución de la reserva nacional, a medida de que ésta se
vaya generando, bien por reconocimiento de la Unión Europea a
nuestro país de posibles complementos de la cuota global, bien
por programas sucesivos de cese definitivo de la producción
lechera.
Nuestro Grupo, en principio, acepta estas prioridades, como
base de posterior desarrollo, contenidas en el citado Real
Decreto y que recoge, textualmente, la enmienda de sustitución
del Grupo Socialista al apartado 2.º de la proposición no de
ley. Nuestro Grupo está de acuerdo en que tengan prioridad el
profesional de la ganadería a título principal de una
explotación familiar, el joven agricultor, los que hayan
realizado inversiones para la modernización de sus
explotaciones y para aquellas comarcas con problemas
específicos. Nuestro Grupo, en cambio, no podría votar el
texto de este apartado 2.º, tal como está redactado en la
proposición no de ley, porque es la traducción, más o menos
explícita, del contenido de la propia exposición de motivos o
de los fundamentos de la proposición no de ley, en que se
subjetivizan las preferencias para la redistribución de la
reserva nacional y se sustituyen las razones
objetivas del Real Decreto por preferencias de localización
territorial.
Si yo utilizara los mismos argumentos que han sido utilizados,
injustamente, alguna vez por algún representante del Grupo
Popular contra nuestro Grupo Parlamentario (no es el caso de
la hoy Portavoz del Grupo Popular, por cuyo talante nos
felicitamos), tendría que preguntarles cómo se atreverían a
explicar a los ganaderos de Cataluña, por ejemplo, de la
pretensión que subyace en el fondo de la proposición no de ley
de completar o ampliar las cuotas de algunas comunidades
autónomas a expensas de las ganaderías de leche de otras
zonas, por ejemplo, de Lérida o de Gerona, como ha reconocido
don Luis Mardones, que tienen una ganadería mayoritaria, que
tienen unas peculiaridades opuestas a las que en esta
proposición no de ley se pretende dar preferencia para
completar la cuota, a expensas, señorías, de unos modelos de
producción lechera basados en las directrices de la propia
Administración, que priorizan la rentabilidad y su
enraizamiento en el territorio, que han requerido un gran
esfuerzo de modernización en tecnología y genética para ser
competitivos y, por consiguiente, un enorme esfuerzo de
inversión económica que sería imposible de amortizar, en
muchos casos, si a esta ganadería, también profesional,
también familiar, también tradicional, se le obstaculizara o
se le negara el derecho, en razón de su ubicación o de su
tamaño, a acceder, en igualdad de condiciones, al reparto de
la reserva nacional.
De prosperar las tesis del Grupo Popular, podría suceder que
mientras se hacen viables un tipo de explotaciones ganaderas,
se condenara a la quiebra a las que actualmente son rentables,
con criterios europeos. Reconozco que sería muy comprometido
pretender explicar lo que, a nuestro juicio, no es explicable,
por lo que nuestro Grupo no abunda en ello, entre otras
razones porque deseamos que los proponentes acepten ser
enmendados por la enmienda de sustitución del Grupo Socialista
al apartado 2.º, que reconduce las preferencias al Real
Decreto citado.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente al apartado 1.º,
porque también deseamos una reglamentación de la compra,
donación, alquiler y herencia de las cuotas entre los
ganaderos,
especialmente si son supervisadas por las propias comunidades
autónomas. También votaríamos favorablemente la enmienda de
adición del Grupo Socialista, a la que, a nuestro juicio,
podría habérsele añadido el compromiso adquirido por el señor
Ministro de Agricultura en su comparecencia en Comisión el día
28 de febrero, cuando afirmó que la reserva nacional se
distribuiría de forma que la parte recuperada de cada
comunidad autónoma por planes estatales de abandono, sería
reinvertida a cada comunidad autónoma en un mínimo de un 30
por ciento y que sería del 100 por cien de la cuota recuperada
con fondos de la propia comunidad autónoma. Ambas cuotas
serían redistribuidas, según el propio Ministro, dentro de su
propio territorio por las comunidades autónomas con criterios
específicos. Tenemos la esperanza y la confianza de que no
habrá sido necesario este recordatorio para que la
reglamentación que se solicita hoy también incorpore el citado
compromiso del señor Ministro de Agricultura.
A esta proposición no de ley también se ha presentado una
enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vasco PNV que
en muchas aspectos colisiona frontalmente con la proposición
no de ley del Partido Popular, y que en otros la
complementaría si la enmienda fuera de adición. Por ejemplo,
nuestro Grupo votaría positivamente los puntos 1.c) y 3,
relativos, respectivamente, a la reasignación preferente de
las cantidades de referencia no utilizadas en un año a las
comunidades autónomas y la asignación de cuotas en cada
comunidad autónoma, según criterios y
prioridades que se establezcan atendiendo a las peculiaridades
y modelos de producción de cada zona.
Esperamos tener la ocasión de apoyar estos aspectos en el
trámite de la proposición no de ley presentada por el PNV,
idéntica, por otra parte, a la presente enmienda de
sustitución. Con ello finalizo la fijación de la posición del
Grupo Parlamentario Catalán.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Popular trae hoy a debate a esta Cámara la proposición
no de ley relativa a la ampliación de cuotas lácteas a
ganaderos mediante la asignación de la reserva nacional. Si
bien Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya comparte la preocupación por la
falta de reestructuración del sector y por los graves niveles
de incertidumbre y desconcierto en el que se está moviendo el
sector lácteo hasta el momento actual debido a varios
factores: por un lado, nosotros consideramos que en su momento
se negoció mal la cuota de referencia para el Estado (esto ha
sido denunciado por las organizaciones agrarias y ganaderas,
que han cuantificado la falta de cuota para nuestro Estado en
un millón de toneladas) y, por otra parte, porque el Real
Decreto 1319 de 1992 ha tenido grandes problemas en su
aplicación, como se ha podido ver a partir de los 50.000
recursos que se han presentado y que hasta el 28 de febrero
todavía estaban sin resolver y, según nos comunicó el Ministro
señor Albero en la Comisión de Agricultura del 28 de febrero,
todavía quedaban por resolver. Nuestro Grupo considera que
toda esta serie de circunstancias ha hecho que el conjunto de
ganaderos
de nuestro país se haya movido en una situación de real
desconcierto. Se nos dijo que la cuota no era provisional, que
la cuota era definitiva hasta que no fuera modificada, pero el
hecho es que los ganaderos se han encontrado ante una
situación en la que no sabían si realmente la cuota que se les
había dado hasta el momento había sido superada o no.
En relación con la Proposición no de Ley del Partido Popular,
he de decir que hasta el último momento esta Diputada pensaba
que habría una intervención de la Diputada portavoz del
Partido Popular en el sentido de que retiraría el primer punto
de la proposición no de ley, ésa era la idea, por cuanto el
Real Decreto 324 de 1994 ya lo regula de alguna manera, aunque
habrá de ser objeto de un desarrollo posterior. Esta era la
opinión de esta Diputada: que se retiraría por parte del Grupo
Popular el primer punto. No siendo así, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya se va a abstener, a no ser que el
Presidente nos autorice a votar por separado estos dos puntos
de la proposición no de ley. Y nos vamos a abstener porque en
absoluto podemos votar a favor del punto número 1 por cuanto
entendemos que el mercado libre en las cuotas lácteas
favorecería realmente una especulación que beneficiaría a las
grandes explotaciones, y todo ello en detrimento de los
pequeños y medianos ganaderos y, por tanto, en ningún momento
estamos en condiciones de poder aceptar el punto número uno.
La reasignación de la cuota se debe hacer precisamente a
través de la reserva nacional. Entendemos que planes sucesivos
de abandono deberían ser puestos en marcha por el Ministerio
para que aquellas familias que llevan explotaciones ganaderas
y quisieran patrimonializar en un momento determinado su
cuota, pudiesen hacerlo pasándolas al Estado, que les
compensaría a través de estas cuotas por abandono; a su vez,
estas cuotas irían a engrosar la reserva nacional, que sería
distribuida después gratuitamente por el Gobierno a aquellas
explotaciones que necesitaran más cuota para hacer rentables
sus negocios.
Solamente de esa manera se puede producir la reasignación de
cuotas. Cualquier legislación o normalización de la compra o
alquiler de derechos de cuotas en el mercado tendría que ser
en un sentido absolutamente restrictivo.
En cuanto al segundo punto, nos manifestamos en desacuerdo
absoluto con la forma en que lo presenta la proposición no de
ley del Grupo Popular. Pensamos que la distribución de la
reserva nacional no debe ser atendiendo a zonas determinadas,
sino a explotaciones. En ese sentido pensamos que la reserva
nacional debería ir encaminada a resolver las situaciones
realmente problemáticas que se han generado en aquellas
pequeñas
explotaciones de ganaderos que han hecho inversiones para
mejorar sus instalaciones y sus producciones y después, en el
reparto de las cuotas de referencia, se han encontrado con
unas cantidades insuficientes para que su explotación sea
rentable. Entendemos que debería ir también hacia los
agricultores jóvenes.
Por tanto, el criterio de asicnación de la reserva nacional ha
de ser atendiendo al tipo de ganadero y no a la zona. En todo
caso, pertenecer a una zona con vocación ganadera debería ser
un íten más, un punto más en el baremo, a tener en cuenta para
la reasignación de estas cuotas de la reserva nacional, pero
no determinante.
En ese sentido, señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya estaría en condiciones de aceptar la enmienda de
sustitución del segundo punto del partido Socialista,
añadiendo una pequeña enmienda «in voce». Aquí se dice: los
ganaderos que tengan su explotación en zonas con problemas
específicos y a los que hayan efectuado o que efectúen
inversiones. Propondríamos un añadido: en planes de mejora que
supongan un aumento de la producción.
Presento esta enmienda porque considero que no basta con
cualquier tipo de inversión para aumentar la producción, ya
que realmente no es necesario un aumento de la producción, hay
excedente lácteo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rivadulla, sabe
S.S. que, al no haberla presentado por escrito, no tendría la
categoría de enmienda, sino que sugiere al Grupo enmendante
que pudiera hacer una corrección. Sólo en ese sentido se
pueden hacer esas propuestas.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente. Lo digo
en ese sentido.
O sea que sería planes de mejora que supongan aumentos de
producción.
En relación al tercer punto de la enmienda socialista, también
estaríamos en condiciones de apoyarla. Esta enmienda recoge
una del Partido Nacionalista Vasco por la cual se contempla la
corresponsabilidad y coparticipación de las comunidades
autónomas en la gestión de las cuotas lácteas. Estamos de
acuerdo, por lo que la votaríamos, aparte de que, cuando el
Partido Nacionalista Vasco presente su proposición no de ley,
podremos entrar más a fondo sobre otros aspectos que contempla
su enmienda y creemos que, en el momento oportuno, podremos
debatirla.
Por tanto, señor Presidente, señorías, fijo mi posición en
este sentido. Si el señor Presidente posibilita la votación
por separado de los puntos primero y segundo, estaríamos en
condiciones de hacerlo favorablemente a los puntos segundo y
tercero y en contra del primero.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Como S.S. sabe, en el trámite de las proposiciones no de ley
sólo cabe la votación de los diferentes apartados
por separado siempre que no se acepte ninguna enmienda. En el
momento en que quede modificada por alguna enmienda la
proposición no de ley será sometida a una única votación.
Tiene la palabra la señora Fernández Díaz, a los efectos de
indicar si acepta o no las enmiendas defendidas tanto por el
Grupo Vasco (PNV) como por el Grupo Socialista.
La señora FERNANDEZ DIAZ: No aceptamos las enmiendas del
Partido Nacionalista Vasco porque entendemos que en realidad
ha presentado un texto alternativo. Hay cosas que pueden ser
coincidentes, no digo que no, pero desvirtuarían totalmente el
sentido de nuestra proposición no de ley.
Por otra parte, señor Presidente, aceptamos las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista.
Debo decir a la señora Rivadulla que no tengo inconveniente en
aceptar la corrección de esa enmienda que ha hecho «in voce».
Unicamente me queda decir que las aceptamos en su totalidad
y --lo he oído por ahí y eso es grave-- que ésta es una
proposición no de ley nacional. Han dicho que favorecía a la
cornisa
cantábrica y a determinadas zonas. Esta proposición no va a
favorecer a nadie. Esta proposición no de ley va a favorecer a
los ganaderos que necesitan de ella para que el sector se
desenvuelva. Eso es lo único que pretendemos con la petición
de que se dé el voto favorable a esta proposición no de ley,
ni más ni menos, señor Presidente.
Por tanto, creo que están fijadas las posiciones. Vamos a
aceptar las enmiendas del Grupo Socialista, repito. Aceptamos
la enmienda «in voce» de la señora Rivadulla. No estamos
dispuestos a retirar el primer punto, como ella proponía. El
primer punto no lo podemos retirar porque yo creo que he
demostrado a lo largo de mi exposición de la proposición no de
ley que era necesario desenvolverse en ese campo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, la
intervención era sólo a los efectos de indicar si acepta o no
las enmiendas.
La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, ya termino.
Aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En cualquier caso,
para que se acepte una corrección en la enmienda propuesta por
el Grupo Socialista, tendría que ser el propio Grupo
Socialista el que indicara si acepta la corrección de su
enmienda.
El señor Varela tiene la palabra.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, aceptamos la
corrección que propone Izquierda Unida incluyendo, por
tanto...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Diga, por favor, en
qué punto iría.
El señor VARELA FLORES: En el punto número dos en el primer
párrafo. A continuación de la palabra «inversiones» se
introduce «en planes de mejora».
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
Señora Fernández, ¿es en esos términos de modificación en los
que aceptaría usted la enmienda del Grupo Socialista?
La señora FERNANDEZ DIAZ: Sí, estamos de acuerdo, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Pasamos a la votación de esta proposición no de ley. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
que se somete a votación en los términos resultantes de la
incorporación de la enmienda del propio Grupo proponente de la
proposición no de ley, de la aceptación de las enmiendas del
Grupo Socialista y, asimismo, con la corrección efectuada en
el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 288; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
ADOPCION DE MEDIDAS LABORALES Y FISCALES ESPECIFICAS PARA LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES), CON EL OBJETO DE
FAVORECER SU COMPETITIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO EN LA
ACTUAL
COYUNTURA DE RECESION ECONOMICA (Número de expediente
162/000024)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) sobre adopción de medidas laborales y
fiscales específicas para las pequeñas y medianas empresas,
con el objeto de favorecer su competitividad en la generación
de empleo en la actual coyuntura de recesión económica.
Tiene la palabra el señor Homs. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para la defensa de esta proposición no de ley que
planteó mi Grupo Parlamentario el 30 de julio de 1993, hace ya
8 meses, unas semanas después de las últimas elecciones
generales, con el propósito de mantener una iniciativa en esta
legislatura que ya se había planteado en la anterior y que,
debido a la disolución anticipada de las Cámaras, no pudo
someterse a debate en este Congreso de los Diputados.
Esta es una proposición no de ley cuyo destinatario es el
conjunto de las pequeñas y medianas empresas del país y que
tiene como finalidad, como propósito, complementar ya una
moción aprobada el 25 de febrero de 1992 en este Congreso de
los Diputados, moción presentada por mi Grupo parlamentario, y
en la que se adoptaron un conjunto de medidas destinadas
también a las pequeñas y medianas empresas en tres ámbitos: en
el ámbito financiero, instándose a la necesidad de proceder a
una revisión de la legislación que regula las sociedades de
garantía recíproca como instrumento para potenciar y capacitar
mejor la financiación de las pequeñas empresas, medidas de
fomento a la cooperación entre pequeñas y medianas empresas y
a su acción en el exterior, instando a mejores mecanismos
fiscales para la acción de
formación de actividades de comercialización, de exportación y
de investigación y desarrollo, así como de simplificación
administrativa. Pero entonces no se adoptaron medidas
estrictamente destinadas a incorporar a la política fiscal y a
la política laboral aspectos concretos que tuvieran una
incidencia positiva en el ámbito y en la actividad de las
pequeñas y medianas empresas.
Este es el fin de esta proposición no de ley: extender aquella
decisión que tomó esta Cámara, complementar aquella moción que
se acordó en esta Cámara y que no aceptó considerar medidas en
el ámbito fiscal y laboral, medidas dirigidas específicamente
a recoger el carácter específico y concreto de la realidad
económica de las pequeñas y medianas empresas.
Señorías, este Grupo parlamentario entendió que, al iniciar
esta legislatura, no era procedente plantear aquella
proposición no de ley que no pudo debatirse. Y no lo era,
porque la situación económica atravesaba, y atraviesa en
cierta forma todavía, una especial y delicada situación que
requería entonces, terminada la legislatura, y hoy también,
tomar medidas que pueda instar al Gobierno a acelerar
decisiones y adoptar modificaciones en beneficio de lo que hoy
es el necesario marco jurídico, fiscal, laboral, financiero en
el que deben operar las pequeñas y medianas empresas, en el
ámbito de la economía productiva, para ser competitivas en el
mercado europeo e internacional.
La situación económica todavía justifica adoptar estas
medidas. La situación económica también hoy nos exige que
adoptemos decisiones cuyo destinatario sea la pequeña y la
mediana empresa. Por esa razón, mantuvimos la decisión
entonces y por esa razón la mantenemos ahora, a pesar de que,
como indicaré a
continuación, de los siete puntos que se contemplaban en
aquella proposición no de ley, cuatro prácticamente han sido
ya
incorporados en decisiones legislativas y en modificaciones
normativas ya consideradas en esta Cámara.
Cuatro medidas contempla la proposición no de ley en el ámbito
fiscal. La primera, la exoneración, durante los tres primeros
años, del pago del Impuesto sobre Sociedades para aquellas
empresas que se creen hasta finales del ejercicio 1993
(decíamos entonces) y a lo largo de 1994, las denominadas
«vacaciones fiscales», entre comilla. Esta medida ha sido ya
incorporada en la ley que acompaña la Ley de Presupuestos de
este año 1994. El segundo punto era el establecimiento de un
conjunto de incentivos fiscales destinado especialmente a la
inversión en formación, internacionalización e investigación y
desarrollo. Estos tres ámbitos han sido incorporados en la Ley
de
Presupuestos, mejorando las deducciones fiscales en cuota para
las inversiones en formación, en un 5 por ciento de deducción
en cuota, en internacionalización, el 25 por ciento, y hasta
el límite del 35 por ciento en I+D.
El tercero y el cuarto puntos son aspectos que no han sido
incorporados en normativas hoy vigentes. Por eso, consideramos
que aún tiene fundamento mantener esos dos puntos y
considerarlos en el debate de esta tarde. En el ámbito
laboral, tres propuestas de medidas planteábamos entonces, y
hoy podríamos resumir que la primera, la definición de un
régimen laboral específico para las pequeñas y medianas
empresas, las de menos de 25 trabajadores, tanto en lo que se
refiere a la contratación como a la extinción de la relación
laboral, ha sido incorporada en las normas de la reforma
laboral.
En las leyes que definen la reforma laboral, que en estos
momentos están debatiendo las Cortes Generales, se han
incorporado ya aspectos concretos que incentivan la
contratación para empresas precisamente de menos de 25
trabajadores, y se establecen unos marcos distintos y
específicos para pequeñas empresas para lo que es en sí la
extinción de la relación laboral. Por consiguiente, este
primer punto también ha sido incorporado ya en los ámbitos
normativos de las leyes que van a ser aplicables en estos
momentos.
En el segundo punto, relativo a política laboral, la
implantación del contrato de aprendizaje, como ustedes saben,
ha sido también incorporado. No obstante, el tercero no está
vigente, que es el relativo al restablecimiento de
subvenciones y bonificaciones para la creación de determinadas
modalidades de empleo, con la finalidad de estimular la
contratación y reducir el número de parados, adoptando las
garantías necesarias para el cumplimiento de este objetivo.
Muy recientemente, el Consejo de Ministros ya ha resuelto, de
acuerdo también
con nuestro Grupo Parlamentario, impulsar conjuntamente unas
enmiendas para incorporar en la reforma laboral y dar
contenido a este propósito, que todavía no se ha materializado
en ninguna norma jurídica, pero sí se han hecho ya
declaraciones, compromisos, en esa dirección.
En síntesis, señorías, nuestro Grupo valora que la motivación
de la iniciativa presentada al empezar esta legislatura hoy
todavía tiene vigencia, no obstante cuatro de dichos siete
compromisos ya han sido prácticamente adoptados. Por esta
razón, nuestro Grupo Parlamentario ha planteado la
conveniencia de una enmienda a esta proposición no de ley. No
tenemos por costumbre autoenmendar nuestras proposiciones no
de ley, pero sí nos autoenmendamos en el sentido de que, como
de los siete compromisos que proponíamos entonces cuatro ya
han sido prácticamente asumidos, los sustituimos por otros
cuatro puntos para someterlos a consideración de la Cámara.
¿Por qué razón planteamos esa conveniencia de una enmienda a
la proposición no de ley, revisando esos puntos y proponiendo
otros siete, tres que se mantienen todavía vigentes y otros
cuatro más? Porque en estos últimos ocho meses, entre otras
cosas, hemos conocido un libro blanco de la Comunidad y hemos
conocido unos acuerdos en el Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea, en donde
precisamente se adoptan compromisos y se mandata a los Estados
miembros a que se adopten medidas específicas para las
pequeñas y medianas empresas, para favorecer los cambios
normativos que faciliten la contratación, el empleo, en el
ámbito de la pequeña y mediana empresa.
No tendría ningún sentido, señorías, que esta Cámara, habiendo
recibido y aprobado, dándoles el visto bueno, las
consideraciones y acuerdos realizados por la Comunidad Europea
en su Consejo de los pasados 10 y 11 de diciembre, en
Bruselas, no asumiera estos mandatos y aprovechara esta
proposición no de ley para ir más allá de lo que ya
contemplaba en el inicio de la legislatura con aquellos siete
puntos, sustituyendo los cuatro ya adoptados por cuatro
medidas nuevas.
¿Cuáles son las cuatro cuestiones nuevas que incorporamos con
nuestra enmienda? Simplemente, señorías, las que figuran en la
enmienda a la que todos pueden acceder y que voy a referenciar
muy brevemente. La primera es que se proceda a una revisión
por el Gobierno de la ley reguladora de las instituciones de
inversión colectiva, con un propósito, y es que en dicha ley
se amplíen los márgenes para la colocación de las inversiones
que se puedan realizar con los recursos depositados en los
fondos de inversión, para que puedan integrar activos
vinculados a la actividad productiva. Hoy, la Ley 46/1984, que
regula las instituciones de inversión colectiva, establece
unos límites en la colocación de activos para que estos fondos
puedan destinarse a financiar actividad económica y restringe,
limita la
posibilidad de colocar activos vinculados directamente a la
actividad productiva. Creemos que deberíamos revisar estos
límites, creemos que deberíamos ampliar la posibilidad de que
los recursos situados en los fondos de inversión, hoy quizá el
instrumento más importante de situación del ahorro en el país,
puedan destinarse no casi exclusivamente a la captación de
activos públicos, sino también a la captación de activos
vinculados a la actividad productiva. Esto podría ser una
medida que ayudaría a la financiación del proceso productivo
y, en definitiva, a la financiación de pequeñas y medianas
empresas. La novedad que también planteamos con nuestra
enmienda es que, por parte del Gobierno, se proceda --y éste
es el tercer punto de nuestra enmienda-- a homogeneizar los
criterios fiscales, respecto a los criterios contables, en la
determinación de las bases imponibles, reclamo que yo diría
que viene desde todos los ámbitos de la sociedad: que
homogeneicemos los criterios
contables y los criterios fiscales en las obligaciones
tributarias que tienen hoy las empresas. Creo que éste es un
propósito recomendado por la Comunidad, deseado y solicitado
por todos los agentes económicos, que supone una exigencia
que, sin duda, vamos a tener que hacer, y creo que es bueno
que esta Cámara se pronuncie y que sea el Gobierno el que lo
haga; tendremos para ello muy próximamente la ley sobre
sociedades, en donde se podría afrontar esta adecuación.
El cuarto punto, señor Presidente, es elevar el límite máximo
de deducciones que pueden aplicarse a las empresas en concepto
de gastos e inversiones en actividades relacionadas con la
investigación y desarrollo de productos. Ya se han adoptado
algunas decisiones en este ámbito, pero son insuficientes a
nuestro entender. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de
transformación y de mejora de la competitividad pasa por
inversiones destinadas a mejorar las innovaciones tecnológicas
y adaptar los procesos productivos a los cambios tecnológicos
que los tiempos nos imponen. Ese esfuerzo inversor para
mantener los niveles de competitividad, nos exige considerar
los incentivos fiscales, que hoy se encuentran en nuestras
leyes, que afectan a las inversiones en I+D, y estimular
todavía más estos comportamientos mediante normas fiscales.
En el campo laboral, señor Presidente, y voy terminando...
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente.
Decía que en el campo laboral, de los tres puntos que
mantenemos, los dos que encabezan los ámbitos de política
laboral son exactamente los contemplados ya en nuestra
proposición no de ley. En el tercer punto, que es la novedad
sustantiva, proponemos que esta Cámara
se pronuncie favorablemente hacia la programación de medidas
de reducción de cotizaciones de la Seguridad Social, para
minorar las cargas tributarias que hoy frenan la creación de
empleo, compensando esta minoración de ingresos con una
revisión de la imposición indirecta. Se trata de que esta
Cámara, sin el deseo de especificar ni el límite, ni la forma,
ni el «quantum» de este compromiso, se declare partidaria de
revisar las cotizaciones de la Seguridad Social, para
despenalizar la creación de empleo en la actividad productiva
y, en todo caso, compensar esa minoración de ingresos con una
revisión de la imposición indirecta.
No tendría sentido que esta Cámara no valorase positivamente
estos siete puntos que exponemos a su consideración; y no
tendría ningún sentido, porque van en la misma dirección de lo
que hoy nos recomienda la Comunidad Económica Europea. Son
puntos, son compromisos, son declaraciones hoy políticas,
quizás muy pronto medidas incorporadas por el Gobierno en
disposiciones legislativas, que van en la misma dirección que
hoy están adoptando los demás países miembros de la Unión
Europea y que el propio Consejo Europeo ha acordado recomendar
a los Estados miembros que adopten estas medidas. Por
consiguiente, deberán ustedes comprender la razón de esta
sustitución que hacemos en nuestra proposición no de ley, con
el ánimo de adoptar hoy un nuevo compromiso, un nuevo paso de
unas medidas que transmiten una buena disposición de
sensibilidad de esta Cámara a las problemáticas que hoy
afectan a las pequeñas y medianas empresas y que, sin duda,
podrán contribuir muy próximamente, si adoptamos esta
proposición no de ley y la votamos favorablemente, a que el
Gobierno pueda introducir este mandato en las normas y en las
leyes que vayamos a contemplar inmediatamente en esta Cámara.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, para defender la enmienda presentada y
fijar la posición del Grupo en relación con esta proposición,
tiene la palabra el señor García-Margallo.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías,
este trámite parlamentario me obliga a dirigirme a toda la
Cámara, como es natural, con un interlocutor privilegiado, que
es el representante del Grupo Catalán, porque es el Grupo
Catalán el que tiene la llave para admitir que la enmienda que
voy a defender sea sometida a la consideración del resto de
los Grupos de la Cámara. Este trámite tiene, por tanto, como
primera singularidad que tengo un interlocutor privilegiado a
quien me voy a dirigir preferentemente.
En segundo lugar, señor Presidente, el Reglamento permite, y
el Grupo Catalán ha hecho uso de él, la posibilidad de
sustituir un texto por otro, prácticamente cuando el toro está
a punto de salir; por tanto, me encuentro con una dificultad
añadida a lo que este trámite supone.
Ha explicado el representante del Grupo Catalán por qué el
texto que presenta ahora, que enmienda a su propio texto, no
se parece prácticamente en nada al que hemos tenido ocasión de
estudiar. Pero como a mi Grupo Parlamentario lo que le
preocupa es que tomemos de una vez medidas en favor de la
pequeña y mediana empresa y relega a un lugar muy secundario a
quién corresponda el protagonismo de solicitarlas, voy a
discutirlas con mucho gusto.
Señor Homs, dentro de las sorpresas que yo me he encontrado
esta tarde hay alguna de más fundamento. En la exposición de
motivos de su proposición no de ley originaria, S.S. parte de
decir que hay una situación de crisis que afecta especialmente
a la pequeña y la mediana empresa. No podemos estar más de
acuerdo. A
continuación --eran otros tiempos, era la legislatura
anterior, los afectos de S.S. no eran los mismos--, dice que
esa crisis es consecuencia de una política económica errónea
del Gobierno. En su exposición de la legislatura anterior,
S.S. recordaba las dificultades crediticias, las dificultades
de los planes de reconversión concebidos para la gran empresa
y no para la pequeña empresa, la dureza de la política fiscal,
y subrayaba cómo esos errores del Gobierno, que habían metido
a toda España en el congelador, habían tenido una incidencia
mucho mayor en la pequeña y mediana empresa. Si uno, aplicando
las reglas que Aristóteles estableció en la lógica, intenta
ligar la premisa mayor y la premisa menor, siendo la premisa
mayor la crisis, con la gravedad que S.S. subrayaba entonces,
y siendo la premisa menor la causa de esa crisis, la política
errónea del Gobierno, llega como conclusión necesaria a que es
preciso un cambio radical de esa política económica respecto a
la pequeña y la mediana empresa, y aquí se encuentra uno con
la sorpresa de que esta proposición no de ley presentada ya en
esta legislatura, propone medidas que ya han sido aprobadas,
como reconoce el señor Homs, o propone medidas que
sonrojarían, por su timidez, a una novicia.
Creo que el cambio radical, el cambio de talante, el cambio de
rumbo que su Grupo ha dado en esta materia lo ha hecho en el
peor momento ¿Por qué digo cambio de rumbo? Porque S.S. va a
decir luego que no acepta mi enmienda. Mi enmienda se presentó
aquí en febrero de 1992, y el portavoz de su Grupo entonces,
señor Roca, se levantó --tiene tres líneas en el «Diario de
Sesiones»-- y dijo: Voy simplemente a decir que suscribo, de
la cruz a la raya, la proposición del Grupo Popular. Un año
más tarde, cuando presenté estas mismas 45 medidas, S.S. se
levantó y en otras tres líneas dijo que había coincidencia
sustancial y total con las propuestas del Grupo Popular.
Mucha más química tendrá que hacer S.S. que la que ha hecho
para cambiar un texto por otro para explicarme que lo que
entonces era bueno ahora es malo, porque yo diría que lo que
entonces era bueno ahora es infinitamente más necesario. ¿Por
qué creo que es infinitamente más necesario? Porque si la
política errónea del Gobierno se manifestó en todo tiempo, ha
tenido su manifestación más visible, más perceptible, en este
momento, y en este momento España está atravesando una
profundísima crisis industrial: las multinacionales se están
yendo, y probablemente eso sea el principio; los nombres de
Santana, de Seat, de Gillete, de Rank-Xerox, etcétera, forman
una cadena importante que debía encender las alarmas en todos
los grupos parlamentarios.
En segundo lugar, porque las empresas nacionales están
vendidas al exterior; S.S. conoce igual que yo la lista de
empresas, por ejemplo en el sector sementero, en el sector
agroalimentario, en el sector editorial, que han pasado a
manos extranjeras. Su señoría sabe igual que yo que la
destrucción de empresas en estos momentos está batiendo
récords históricos: 1.600 empresas en 1992, lo que da una
media de cinco empresas al día, lo que da un volumen de
pasivos de más de un billón de pesetas, lo que significa
quince veces más que el año 1989. Su señoría sabe que si se
están destruyendo empresas de toda magnitud, de toda clase y
de toda dimensión, se están destruyendo mucho más en la
pequeña y la mediana empresa. Entre las empresas que ocupan de
seis a diez trabajadores han desaparecido 73.000; entre las
empresas entre diez y veinticinco, 15.000, etcétera, en una
degradación descendente que indica que son las pequeñas y las
medianas empresas las que más han sufrido.
Y así nos encontramos con una crisis industrial de primera
magnitud, que no se va a arreglar porque mejoren los
indicadores, fundamentalmente los de comercio exterior, ya que
lo que aquí nos estamos jugando es si queremos una España que
sea un país del sector terciario, un país de servicios o un
país con un tejido industrial.
Cuando el Presidente Pujol está tomando medidas para corregir
lo que está pasando en Seat en Cataluña, o cuando el
Presidente Chaves está intentando hacer algo en Andalucía, en
Santana, S.S. parece cogerse al carro del Ministro Eguiagaray,
que dice que cuando las empresas se van, o cuando las empresas
se destruyen, no hay nada que hacer porque eso son las leyes
del mercado. Sabe S.S. que en el Grupo que usted apoya, por lo
menos con sus votos, en esta materia hay, por lo menos, dos
tesis: la tesis que por simplificar llamaría tesis segura y
que dice que, puesto que es imposible que haya grupos
empresariales autónomos, es
necesario una empresa fuerte y que el INI y Teneo son la única
garantía de que haya grupos empresariales importantes --tesis
que espero que S.S. no comparta--, y la tesis de Aranzadi de
que la política industrial mejor, la más factible es no hacer
nada, que es la que sostienen ahora Eguiagaray y Solbes, que
creen que la libertad del mercado es desmantelar y permitir la
colonización del país, sin adoptar ninguna resistencia.
Después está la tesis de este Grupo, que es hacer un cambio
radical de política económica. Y ese cambio radical de
política no se hace con siete medidas cogidas al pespunte y
susurradas al oído de los representantes del Grupo Socialista
para saber si las van a votar o no. Eso requiere un trabajo
serio, hecho que usted conoce desde hace mucho tiempo porque
ha sido repetido en esta Cámara. Y le quiero reiterar aquí la
moción de 1992, a la que me he referido antes; la moción de
1993, a la que me he referido antes; las proposiciones de ley
que ocupan siete páginas del listado del Congreso de
iniciativas del Grupo Popular. A ustedes, entonces, les
parecían buenas, y ahora me dice que les parecen malas y no
admiten enmiendas.
Señor Homs, no es por el camino que ustedes han elegido, de
complacencia y de colaboración con la pasividad que está
manifestando el Gobierno socialista, como vamos a arreglar el
problema. El problema es infinitamente más urgente. Por eso,
señor Presidente, no tema que le vaya a leer las 45 medidas
que constituyen nuestro plan. El señor Homs y el resto de la
Cámara las conocen perfectamente.
Saben que queremos modificar el sistema mercantil, el sistema
administrativo, el sistema laboral y el sistema fiscal, pero
queremos hacerlo en serio. Y digo que no lo voy a leer porque
S.S. lo conoce suficientemente, ya que hace más de un año, su
portavoz, que en aquel momento estábamos en período
preelectoral y tuvieron a bien otorgar el protagonismo al
señor Roca, dijo que coincidía, de la cruz a la raya, con las
propuestas del Grupo Popular.
No sé lo que el viento se llevó en las actitudes de su Grupo
Parlamentario. No logro entender, en términos aristotélicos de
premisa mayor, premisa menor y conclusión, su actitud de
rechazar mi enmienda. Probablemente haya que acudir a Pascal
cuando decía aquello de que hay razones que el corazón sabe
que la razón no entiende. Pero, créame, no es hora de
sentimentalismos, es hora de coger el toro por los cuernos, de
afrontar, de verdad, el problema si no queremos encontrarnos
muy pronto con un desierto industrial. Y de nada servirá el
que los indicadores económicos llevados más que nada por los
vientos exteriores, por los efectos de la devaluación,
permitan una cierta mejora de las condiciones si no se
modifican las condiciones de fondo, si no se reconstruye el
tejido industrial, si no evitamos que las empresas que están
en España, españolas o extranjeras, se vayan unas a países con
menos salario, y otras a países con mucho más salario pero con
más productividad, porque aquí estamos batiendo el récord de
importar, al mismo tiempo, harina y tecnología; estamos
batiendo el récord de que nuestras empresas se vayan a
Marruecos, a América del Sur y se vayan a Cánada y a Estados
Unidos. Su responsabilidad será, señor Homs, si esta enmienda
no se ve hoy. Y si no se ve hoy se volverá a ver muy pronto,
porque mi Grupo la presentará como iniciativa propia y le
dará, de nuevo, la oportunidad de aquello que se decía en el
Tenorio de que un punto de contrición da al alma la salvación,
porque, por ahora, va S.S. por muy mal camino.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, y desde el propio escaño, para, de alguna forma,
saludar el interés de esta proposición no de ley, pero también
para subrayar su parcialidad en cuanto que ha tenido que ser
cambiada en su propio contenido. Yo creo que, además, es una
proposición nueva que intenta continuar un papel que se
introdujo en una época determinada e incompleta, pero con otra
serie de temas que deberían ser destinados precisamente a una
política industrial de tratamiento de la pequeña y mediana
empresa, que ya se han presentado en este Pleno por otros
grupos políticos, que no han sido, desgraciadamente, aprobados
y que vienen aquí ahora de una forma --como insistí
anteriormente-- absolutamente parcial.
Yo creo que hace falta una política global integradora de
todas las medidas porque hay excesiva dispersión, y como
consecuencia de ello también una excesiva desinformación y,
por tanto, ineficacia a la hora de tomar medidas por esa tan
elevada dispersión existente.
En este mismo momento, el Ministerio de Industria y Energía, a
través del IMPI, prepara un plan de empleo y competitividad
1994-1999 para las pequeñas y medianas empresas, que
actualmente también se debate en la conferencia sectorial con
las comunidades autónomas, donde no participan todas ellas,
por ejemplo es el caso del País Vasco, que está tratando de
introducir, además de sus propias competencias, sus propios
criterios. El objetivo de tal plan es precisamente facilitar
la inversión y atacar un tema clave que no se contempla en
esta proposición no de ley, como es ayudar a la mejora de la
estructura financiera de las pymes. Esta proposición no de
ley, ¿cómo se sitúa en este plan? ¿Qué tiene que ver esta
iniciativa con la propuesta ministerial? ¿Por qué este método
tan precipitado de debatirlo sin facilitar las aportaciones de
otros grupos preocupados también por las pequeñas y medianas
empresas?Esta es mi conclusión, y no voy a
profundizar, más aunque votaremos a favor de la proposición no
de ley, pero quiero dejar esta reflexión encima de la mesa
porque realmente esta Cámara no puede estar sometida a
situaciones y planteamientos que son puramente parciales de un
problema que, como ha descrito mi predecesor en el uso de la
palabra, es ya grave y sobre todo prolongado en el tiempo.
Creo que hemos perdido una oportunidad para un debate general
y una propuesta que sume precisamente las buenas ideas que
todos los grupos tienen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario ante esta proposición no de ley, que es una más
de las que en pocos meses se han presentado ya en esta Cámara;
iniciativas sobre medidas para favorecer el desarrollo y la
competitividad empresarial.
Hemos debatido propuestas en comparecencias del Gobierno sobre
la situación económica. Cada grupo parlamentario ha tenido
ocasión, en diversas intervenciones en esta Cámara, de
proponer medidas que incentiven la actividad empresarial,
desde el debate de investidura pasando por el debate de
Presupuestos Generales del Estado y un largo etcétera hasta el
día de hoy. Todo ello con un resultado nulo. Los grupos
parlamentarios no hemos sido capaces de establecer, al menos,
un catálogo consensuado de medidas para activar las empresas,
es decir, el sistema
productivo.
Nuestro Grupo Parlamentario ha insistido en cada ocasión sobre
aspectos que desde nuestro punto de vista deben de abordarse
si queremos seriamente impulsar el desarrollo empresarial:
medidas proponiendo la reforma del Impuesto sobre Sociedades
definitivamente, revisando la tributación local, persiguiendo
el fraude fiscal, simplificando las obligaciones fiscales,
incentivando la creación de empresas, etcétera.
Hemos propuesto medidas laborales, fundamentalmente en el área
de la formación para el empleo; en la revisión de las
cotizaciones sociales a cargo de las empresas. También hemos
propuesto medidas para incentivar las exportaciones y la
implantación de nuestras empresas en el exterior a través del
establecimiento de redes comerciales que propicien y potencien
la presencia directa de empresas españolas compitiendo en el
contexto internacional. Hemos propuesto medidas para estudiar
el redimensionamiento de nuestras empresas, que hagan
precisamente posible competir con otras
en el exterior. Hemos propuesto medidas administrativas para
agilizar la creación de empresas y para simplificar las
obligaciones formales de las mismas. Todo esto, que también
están proponiendo, con motivos distintos y con mayor o menor
extensión, los demás grupos parlamentarios, no ha llegado a
cuajar. No ha cuajado porque posiblemente el sistema de debate
parlamentario que estamos utilizando en este caso, al menos
hasta hoy, no ha sido la vía adecuada. Si todos los grupos
creemos que es necesario y urgente establecer medidas como las
propuestas para incentivar la actividad empresarial, hagámoslo
ya, pero consensuemos antes un programa de actuación con un
verdadero contenido de medidas específicas.
Independientemente del leve atisbo de mejora de la economía,
que ójala vaya consolidándose, este año 1994 va a ser todavía
muy duro. No se van a crear puestos de trabajo si no crece de
forma importante la inversión productiva. Apoyemos, señorías,
decididamente la actividad empresarial, huyamos de la
demagogia de proponer cada cierto tiempo medidas específicas
para las pequeñas y medianas empresas, porque, al final, nadie
va a creer que estamos preocupados por su situación.
Hoy nos encontramos nuevamente con esta proposición no de ley
del Grupo Catalán de Convergència i Unió, a la que
precipitadamente se presentan enmiendas; se estudia su
contenido, que ha sido modificado, etcétera. Nuestro Grupo
Parlamentario no ha
presentado enmiendas, y no lo ha hecho por las razones
expuestas y porque el Grupo proponente conoce perfectamente
nuestros planteamientos y los podía haber introducido en su
texto. Pero queremos dejar claro que nos preocupa, como al que
más, la situación de nuestras empresas, y prueba de ello son
las medidas de apoyo al sector empresarial que existe en
Euskadi. Dentro de nuestras competencias, hacemos lo que
podemos. Es por ello que estamos abiertos a colaborar en todas
aquellas iniciativas que lleven planteamientos serios y
posibles. Sin embargo, no podemos apoyar esta proposición no
de ley, presentada, como digo, por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, porque, aun coincidiendo en su
objeto, es decir favorecer la competitividad en la generación
de empleo, difiere, en su contenido, de las propuestas
realizadas en diversas ocasiones por nuestro Grupo, y que han
sido rechazadas sistemáticamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señores Diputados, señoras Diputadas,
señor Homs, debe reconocer que la jugada le ha salido mejor de
lo que creían en septiembre. Presentaron una batería de leyes,
entre ellas ésta, pero no ha sido necesario, ni tan siquiera,
llegar al debate y votarlas. Las enmienda prácticamente en su
totalidad, porque sólo dejan tres puntos de la anterior
proposición no de ley. En definitiva, la enmienda es una
antigualla, porque el Grupo Socialista se la ha aceptado en
los Presupuestos Generales del Estado y posteriormente en las
leyes de contrarreforma laboral --entiéndase por
contrarreforma lo que ustedes llaman reforma laboral--. En
definitiva, chapuza tras chapuza, señor Homs, entre ustedes y
el Partido del Gobierno ya lo tienen todo en los Presupuestos
Generales del Estado y en las leyes de contrarreforma laboral.
Pero previamente a cualquier exoneración fiscal no han tenido
en cuenta el nivel contributivo que hay en este país. Por
ejemplo, el nivel contributivo de los trabajadores
asalariados, que pueden tener una media anual de un millón y
medio de pesetas, y el nivel de impuestos del pequeño y del
mediano empresario.
Nadie habla, y ustedes tampoco, del tema fiscal en su
globalidad. Otros oradores que me han precedido en el uso de
la palabra han hecho mención de ello, pero a ustedes no les
interesa entrar a fondo en el debate sobre la fiscalidad en
este país. No les interesa como grupo y no les interesa como
Gobierno en Cataluña, porque no están batallando, no están
apretando, no están luchando para liquidar la opacidad fiscal
que hay en estos momentos, sino que están introduciendo más
opacidad fiscal.
Lo que plantearon en la proposición no de ley de septiembre y
lo que están planteando ahora es la continuación de una
verdadera desfiscalización de rentas. Lo mismo de siempre. Y
lo que deberían hacer, en los contenidos concretos, en vez de
hacerlo de forma chapucera, con alevosía y nocturnidad, es
traer aquí un debate serio --de acuerdo con el partido del
Gobierno-- sobre fiscalidad, veríamos si nos ponemos de
acuerdo y cada Grupo defendería lo que considerara más
oportuno. No quieren hacer eso porque hasta este momento les
ha ido muy bien tal como lo han planteado.
Por ejemplo, algunas de las propuestas que hacen, como la de
apoyo a la investigación y desarrollo, la ponen más como una
guinda que como otra cosa, y le hago una pregunta concreta,
señor Homs: ¿cómo deducirían ustedes impuestos o harían
bonificaciones? ¿En función de qué método, de qué sistema de
aplicación de una investigación y desarrollo?
Hoy han abundado un poquito más en las modificaciones que
introducen a la proposición no de ley de septiembre,
explicitar más, pero, en definitiva, no dicen cómo van a hacer
todo esto, porque es imposible hacerlo si no hay realmente un
debate a fondo sobre el conjunto de la fiscalidad. En ese
terreno entrarían, naturalmente, esas medidas de apoyo, a la
investigación y desarrollo. Además, lo hacen porque suena bien
en un programa electoral, en una proposición no de ley, o en
una proposición de ley, hablar de que se está muy preocupado,
muy pendiente de la capacidad que pueda tener este país de
apoyar la investigación y el desarrollo. Se dice así, pero, en
definitiva, frente a la incuria real que hay en estos temas,
tanto por parte del Gobierno de la Generalitat como por parte
del Gobierno central, resulta que esto abunda todavía más en
lo que he dicho anteriormente, que es una guinda tanto en la
proposición no de ley de septiembre como en la de hoy.
Luego hay otro apartado, que continúa quedando, en el cual les
proponemos, para ser consecuentes incluso con otros programas,
un pacto tripartito. El programa electoral del Partido
Socialista decía: Propiciar el acuerdo entre las partes en la
negociación colectiva a fin de crear fondos de inversión para
canalizar una parte de los beneficios empresariales a la
creación de empleo, fomentando la formación colectiva de
capital. Ustedes saben perfectamente que nosotros intentamos
introducir, pero no pudimos hacerlo, ya que fuimos derrotados
estrepitosamente una vez tras otra, unas enmiendas de cara a
la incorporación a los Presupuestos Generales del Estado de
toda una serie de medidas que fomentaran precisamente la
posibilidad de invertir a través de unos fondos dentro de las
empresas, con la contribución del empresario y con la
contribución del conjunto de los trabajadores. Setenta veces
siete nos dijeron que no; es decir, absolutamente fracasados.
Por tanto, nosotros recuperamos --ya que lo plantean de nuevo
aquí-- la filosofía de los fondos de inversión que les
propusimos en los Presupuestos Generales del Estado y que
rechazaron, para impulsar, entre otras cosas, la democracia
económica --que les parece bien, ya que también hablan de
esto--, la necesidad de crear empleo, el impulso de la
democracia económica, etcétera. Se trataría de hacer formación
bruta de capital, repito, según el programa del Partido
Socialista que acabo de leer y según los acuerdos que plantean
en estas modificaciones, es decir, según la autoenmienda que
han hecho ustedes; vayamos a un acuerdo tripartito y
recuperemos las enmiendas que presentó Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya a los Presupuestos Generales del
Estado. (El señor Homs i Ferret hace signos negativos.) No, ya
me lo temía, señor Homs.
En relación a los módulos que mantienen, ni se conocen. Lo
fundamental sería, a nuestro entender, saber el ingreso medio
del empresario y el ingreso medio de un trabajador; cómo se
contrastan los módulos que plantean aquí con los ingresos
medios de los empresarios y de los trabajadores. Tampoco me
imagino que tendrán ninguna intención de aceptar que las cosas
vayan por aquí.
Resumiendo, esta proposición no de ley redunda, también con
las enmiendas (porque lo otro lo han conseguido no en un
debate en esta Cámara, sino en la negociación particular con
el Partido Socialista y con el Grupo Socialista), en políticas
neoliberales, porque ustedes son unos verdaderos «sparrings»,
son unos
campeones de esto, pero naturalmente es el Partido del
Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español el que ha
incorporado a su programa y a su práctica de gobierno todo lo
que ustedes han planteado en esta línea.
En cuanto a las medidas desreguladoras, continúan en la misma
línea, de fiscalidad, regresivas y clasistas, y además
inútiles y fracasadas para la reactivación económica,
discriminatorias para muchos pequeños empresarios y de un
paternalismo
chanchullero, pérmitame que se lo diga de esta forma. Esto es
lo que hay aquí, pero como ustedes continuarán sin querer
negociar una verdera fiscalidad en este país y naturalmente
poder
enfrentar sus tesis --regresivas, conservadoras--, con las
tesis que intentamos mantener --progresistas, más avanzadas--,
me temo que con el apoyo del Partido del Gobierno están
ustedes en la misma situación.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha propuesta
reiteradamente reactivar la economía a partir de las pequeñas
y medianas empresas. Hemos hecho propuestas aquí diferentes y
más justas, creemos, socialmente, y al mismo tiempo más
eficaces económicamente, también lo pensamos. Hemos planteado
mejorar la capacidad y el tamaño de las pequeñas empresas, con
medidas concretas para ello; desarrollar un proceso de
autofinanciación de la pequeña y la mediana empresa, también
con medidas concretas y que podríamos continuar estudiando
entre todos, desarrollar un proceso de autofinanciación
impulsando la financiación de tecnología propia, y aquí sí que
vendrían los elementos de bonificación constatables que
ustedes pretenden introducir, pero sin ninguna objetivación,
planificando o incitando a una
reactivación económica selectiva, que debería también
estudiarse desde el Estado, desde el Gobierno, desde este
Parlamento: una planificación económica selectiva, con una
ley, en definitiva, más centrada en todo lo que decimos, en
todas las pequeñas y medianas empresas y no solamente en una
parte. Con todo ello creemos que se avanzaría muy rápidamente.
Naturalmente, ustedes continuarán acusando a Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya de dirigismo, de estatalismo,
de que produciremos la ruina económica del país, etcétera;
pero lo único que conocemos en este país, a nivel de
desinversión, a nivel de paro y a otros niveles absolutamente
preocupantes, ha venido a través de las medidas de política
económica que han planteado ustedes.
En definitiva, señoras y señores Diputados, la proposición no
de ley enmendada por el mismo Grupo que la ha presentado
continuará siendo un desastre, porque, además, se sigue
incidiendo en la misma política, cuando realmente en este
país, si se quiere hacer frente al problema del empleo, se
tendría que empezar a revisar a fondo (los del Partido Popular
también lo plantean en esta línea, aunque lo hacen,
naturalmente con otra política, que coincidiría más con la
suya que con
la nuestra) el conjunto de la política económica, porque esto
es lo que puede crear o no puestos de trabajo, no la
incidencia en la desregulación del mercado de trabajo y no la
incidencia en la desfiscalización en la que están ustedes
abundando últimamente. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías,
estamos, sin duda, en una situación económica difícil. Europa
en general, y España como parte de ella, en particular, están
atravesando una etapa en que la pérdida de la competitividad
y, por tanto, de nuestra posición relativa en el mercado
mundial se ha ido deteriorando, afectando, cómo no, de manera
especial y preocupante al empleo. Estamos viviendo esta fase
de recesión, pero además del componente cíclico, está claro, y
se ha repetido múltiples veces en esta Cámara, que existe un
componente
estructural importante que nos obliga a buscar nuevos caminos
para ir recuperando nuestros niveles de bienestar.
En este contexto, el Gobierno, con los grupos que le apoyan en
esta Cámara, viene adoptando una serie de medidas encaminadas
tanto a la recuperación de la competitividad como a la
recuperación del empleo en un marco de condiciones
macroeconómicas estables; medidas, las que toma, y
condiciones, las macroeconómicas estables, que son las que
realmente suelen y pueden posibilitar un crecimiento generador
de empleo, que es lo que se busca.
Es indudable el papel y la importancia que las pequeñas y
medianas empresas tienen para alcanzar este objetivo de
recuperación de la competitividad y de recuperación del
empleo. El papel de la pymes, por su forma de articulación
entre el crecimiento y el empleo, resulta esencial y
constituye de hecho un gran potencial --yo llegaría a decir el
mayor potencial-- de creación de empleo.
También es importante señalar el aspecto cualitativo que
tienen las pymes en la generación de empleo, primero porque
ofertan un primer empleo, asegurando una cierta formación de
la mano de obra, y en segundo lugar porque también tienen un
papel
primordial en la absorción de la mano de obra menos favorecida
dentro del mercado laboral, como pueden ser las categorías de
jovenes, mujeres o trabajadores con menos cualificación. Por
tanto, yo creo que parece indiscutible el papel de la pequeña
y mediana empresa en la creación de empleo y, además, así se
recoge de manera bastante clara y contundente, como ya se ha
señalado por anteriores portavoces, en el Libro Blanco de la
Comisión Europea.La presentación por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) de esta iniciativa, por otra parte,
resulta bastante coherente con las medidas de recuperación de
la competitividad y del empleo que se están llevando a cabo.
Así, como ya ha señalado el propio portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), las medidas planteadas en la
proposición no de ley, por la fecha en que fue presentada, han
sido ya aprobadas y puestas en marcha en muchos de los casos.
En el ámbito fiscal, algunas ya han sido recogidas e
incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico tributario a
través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de su
Ley de acompañamiento de medidas fiscales y de reforma del
régimen jurídico de la Función pública y de protección al
desempleo. En el ámbito laboral se han incorporado ya algunas
y otras todavía están discutiéndose en el ámbito de la reforma
del mercado de trabajo que está en estos momentos en marcha.
Esta línea de trabajo posibilista y efectiva de ir adoptando
las medidas de manera paulatina, pero sin perder de vista los
objetivos finales, sin perder de vista tampoco la perspectiva
de globalidad, es, desde nuestro punto de vista, señorías, lo
que nos permite dar una respuesta real a los problemas, y no
la presentación reiterativa y continua, cualquiera que sea el
problema que hay que abordar, de un rosario de medidas
imposibles de poner en marcha simultáneamente y cuya única
eficacia radica en su rentabilidad partidista, por un lado, y,
por supuesto, en la posibilidad de demostrar la brillantez
oratoria de algún portavoz de la Cámara.
Por todas estas razones, también valoramos positivamente desde
el Grupo Socialista la enmienda que ha presentado el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) con el fin de ir actualizando su
proposición no de ley. Enmienda que paso a comentar de manera
más específica.
Respecto al primer punto, en el que propone la regulación de
un régimen fiscal que permita la corrección de los efectos de
la tributación de dividendos, desde nuestro Grupo consideramos
que la eliminación o atenuación de la doble imposición de
dividendos es, desde luego, una decisión trascendental desde
el punto de vista de política tributaria y, además, pensamos
que es muy razonable esperar una serie de efectos positivos de
esta medida. En primer lugar, un efecto sobre el grado de
neutralidad en el tratamiento de los rendimientos del capital,
en la medida en que tiende a igualar la presión fiscal sobre
los intereses y sobre los dividendos. En segundo lugar, un
aumento del grado de neutralidad en las decisiones
empresariales de financiación. Como los intereses son
fiscalmente deducibles para determinar la base imponible de
las empresas societarias y los dividendos no lo son, existe,
desde nuestro punto de vista, en principio, una cierta
incitación de carácter fiscal a que se financie mediante
endeudamiento.
Por tanto, creemos que dicha incitación se vería fuertemente
moderada mediante la eliminación de esta doble imposición de
los dividendos.
Así pues, creemos que con la eliminación de estas distorsiones
de origen fiscal respecto a las decisiones de financiación
empresarial estamos contribuyendo a una racionalización y a un
fortalecimiento de la estructura financiera de nuestras
empresas. Además, en tercer lugar, existe otro efecto positivo
que es el que estimula la colocación de ahorro en instrumentos
del mercado de capitales, elevando así, de esta forma, la
fluidez de esta importante vía de financiación.
Respecto al segundo punto de la enmienda presentada por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) a su propia proposición,
estando de acuerdo en que el tema propuesto resulta, en líneas
generales, de gran interés, no nos parece oportuno en este
caso su inclusión en esta proposición no de ley por cuanto que
afecta a un tema que conviene abordar desde una perspectiva
bastante más general. En este sentido, estando pendiente como
está la ley de supervisión de los seguros privados,
solicitamos del Grupo proponente que aplace la discución de
este punto al debate de la ley que anteriormente he citado.
Respecto a los puntos tercero y cuarto nos parecen totalmente
razonables y, por tanto, aceptables, aunque en el punto cuarto
propondríamos una redacción más sencilla, que podría decir lo
siguiente: «mejorar el tratamiento fiscal para los gastos e
inversiones en actividades relacionadas con la investigación y
desarrollo de productos, estableciendo un límite específico
más favorable para las actividades de esta naturaleza». Esto
respecto a las medidas de política fiscal que se establecen en
la
enmienda.
Respecto a las medidas de política laboral, no podemos sino
manifestar nuestro total acuerdo con lo que se propone en este
apartado, ya que el primer punto está en la línea de las
medidas que el Gobierno viene adoptando. Además, en estos
momentos, el Grupo Socialista va a plantear alguna enmienda
relacionada con el fomento del empleo para mayores de 45 años
en la reforma del mercado laboral que en la actualidad se está
discutiendo en el trámite del Senado.
En el segundo punto estamos totalmente de acuerdo y respecto
al tercero consideramos que afecta a algo que ya está en
marcha dentro de esta Cámara, que es la Ponencia que se ha
constituido para elaborar el informe sobre la reforma
económica de la Seguridad Social, incluyendo un conjunto de
recomendaciones para ser elevadas al Gobierno. Por tanto,
solicitaríamos al grupo proponente que retirara este punto de
entre las medidas que instan al Gobierno en la proposición no
de ley (puesto que si no chocarían las competencias del
Gobierno y de la Ponencia que está en marcha en el Congreso de
los Diputados) y que lo incluyera como una aclaración final,
que podría decir: «Asimismo, el Pleno del Congreso de los
Diputados propone que, en el marco de la Ponencia constituida
para elaborar un informe sobre la reforma económica de la
Seguridad Social que incluya un conjunto de recomendaciones
para ser elevadas al Gobierno, se estudie la adopción de
medidas de reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social
para minorar la carga tributaria que frena la creación de
empleo, compensando dichas reducciones con la revisión de la
imposición directa»; es decir, metiendo el punto tercero de la
política laboral.
Esta es, por tanto, nuestra posición respecto a la proposición
no de ley que hoy se ha presentado y la enmienda presentada
por el propio Grupo proponente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
A efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas, tiene la palabra el señor Homs, en nombre del
Grupo proponente.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente. A
esos efectos, quiero comunicar que aceptamos las enmiendas que
propone el Grupo Socialista, aun cuando por lo que respecta a
la que plantea al punto 4, relativo a la política fiscal,
releyendo dicha enmienda observo que en su línea tercera, para
entender claramente la redacción, cuando dice: mejorar el
tratamiento fiscal para los gastos e inversiones de
actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de
productos, estableciéndose un límite específico, debería
añadirse «en las deducciones» --si no no se sabe en qué es--,
más favorable para las actividades de esta naturaleza.
Acepto estas consideraciones y las dos enmiendas que nos
plantea. En relación con las enmiendas de los demás grupos
parlamentarios, quiero manifestar que hubiéramos deseado
conocerlas. Si las hubieran planteado las hubiéramos estudiado
con detalle. También quiero agradecer al Grupo Popular su
intención de votar
favorablemente estos siete puntos que planteamos. Creo que es
un paso adelante y, en todo caso, vamos a tener próximamente
ocasión de contemplar otros aspectos, con lo cual, no se tiene
que desesperar el señor García-Margallo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Homs, que su posición,
que se ha referido a las enmiendas que significan un
planteamiento positivo, suscitadas por la señora Mendizábal en
relación con los puntos 3 y 4, de la política fiscal y
laboral, respectivamente, incluye también la aceptación de la
retirada del punto 2, de la política fiscal.
El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente, porque se
traslada al debate de la proposición de ley del
seguro privado, según ha manifestado la portavoz del Grupo
Socialista. Nos parece bien trasladar esa propuesta a dicho
debate.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Entiendo, señora Mendizábal, que la especificación que ha
hecho el señor Homs en relación con la enmienda transaccional
al punto 4 de la política fiscal también es aceptada.
(Asentimiento.) Vamos a proceder, entonces, a la votación.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en los términos
resultantes de las enmiendas del propio grupo y de las
transaccionales del Grupo Socialista con las particularidades
resultantes del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 286; en contra, 15; abstenciones,
siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA LABORAL DEL
GOIERNO RESPECTO DE LA MUJER, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS
REPERCUSIONES QUE EN ESTE AMBITO HA TENIDO LA ENTRADA EN VIGOR
DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (Número de expediente
173/000032)
El señor PRESIDENTE: Estamos en el punto tercero del orden del
día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Comenzamos el debate de la moción del Grupo Parlamenterio de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política
laboral del Gobierno respecto de la mujer, con especial
referencia a las repercusiones que en este ámbito ha tenido la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de
diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación.
Tiene la palabra la señora Urán. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, al
defender la moción consecuencia de interpelación que debatimos
el pasado 23 de marzo no podemos dejar de tener en cuenta ese
debate. (Rumores.) En líneas generales se vino a decir por
alguno de los intervinientes que las medidas adoptadas por el
Gobierno
contenidas en el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre,
van a favorecer la incorporación de las mujeres al mercado
laboral. (Rumores.) Si tenemos en cuenta que el aumento de la
incorporación de la mujer al mercado laboral en los últimos
años coincide con una serie de medidas de política laboral
como, por ejemplo, la Ley 32/1984, de 2 de agoto, y sus
posteriores desarrollos reglamentarios de 1984 y de 1985, que
han debilitado el principio de estabilidad en el empleo,
provocando...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Urán. Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Como decía, todas estas medidas reglamentarias y de la Ley
32/1984 han debilitado el principio de estabilidad en el
empleo provocando que esta incorporación no se produzca en
condiciones de igualdad efectiva, tal y como postula nuestra
propia
Constitución.
Estas medidas han incidido negativamente en las condiciones
laborales de las mujeres. Así, vemos cómo, en el período entre
1987 y 1992, las trabajadoras con contrato temporal alcanzaron
un 38 por cien de las plantillas. Además, el porcentaje más
alto de contratos temporales se establece en las edades en que
la tasa de actividad femenina es más alta; entre 16 y 19 años
hay un 84 por cien de mujeres en contrato temporal y entre 20
y 24 años, un 69 por ciento.
La temporalidad en la contratación ha establecido una mayor
precariedad en la situación laboral de las mujeres. Si además
tenemos en cuenta que padecemos la tasa de paro femenino más
alta, a pesar de tener una tasa de actividad baja; que el paro
de larga duración nos afecta igualmente en un porcentaje muy
superior; que todas estas medidas de flexibilidad y
precarización se aplican a las categorías profesionales con
más baja
cualificación y, por tanto, con remuneraciones inferiores; que
no está garantizada la formación profesional, la promoción,
etcétera, y si, además, tenemos en cuenta los recortes en
prestaciones sociales como el desempleo, aparece un panorama
bastante desolador que, según nuestro propio criterio, se
agrava con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley motivo de
nuestra interpelación.
Señorías, como ya ha venido diciendo el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al
establecer el Real Decreto-ley un contrato de aprendizaje sin
derecho a prestaciones sociales tales como desempleo y
jubilación y no garantizar la formación profesional, nos
encontraremos con mujeres con baja cualificación profesional,
con dificultades para
encontrar un puesto de trabajo que les permita una
subsistencia digna, suponiendo que consigan este puesto de
trabajo, pues si no no tendrán la cobertura de desempleo, es
decir, ni los recursos mínimos para subsistir, y con la
incertidumbre de si llegarán a cotizar los años suficientes
para tener derecho a la pensión de jubilación.
El contrato a tiempo parcial no mejora las previsiones:
necesidad de cotizar durante más meses para poder alcanzar el
tiempo mínimo para devengar derecho al desempleo, necesidad de
cotizar más años para tener derecho a la pensión de
jubilación, siempre y cuando sea un contrato de media jornada
y no de doce horas a la semana o de cuarenta y ocho horas al
mes, que se quedaría sin las coberturas sociales.
Si a todo esto añadimos los obstáculos que tradicionalmente
interfieren en el acceso de la mujer al trabajo en igualdad de
condiciones, las consecuencias de este proceso consisten en
que la incorporación de la mujer al trabajo, cuando se
produce, es clarísimamente en condiciones de precariedad,
inferioridad en la remuneración y en la protección social, lo
que a corto y medio plazo supone un empobrecimiento y peores
condiciones de vida para las mujeres, y a largo plazo, las
consecuencias de estas
condiciones de trabajo no se pueden calcular sin un análisis
serio y riguroso.
Por eso, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya propone al Congreso de los
Diputados que acuerde crear una ponencia especial que elabore
informes y recabe la información necesaria de las
administraciones públicas para conocer con detalle los efectos
que las medidas adoptadas en política laboral tienen sobre las
mujeres, para poder actuar así desde el Parlamento con la
colaboración de todos los grupos.
Señorías, señor Presidente, a esta moción se han presentado
dos enmienda de sustitución. Nosotros consideramos que es de
agradecer el interés que se ha demostrado por parte de todos
los grupos parlamentarios, tanto en la interpelación como en
la moción, dado que el tema es muy importante para nosotros,
creemos que es necesario que sea el propio Parlamento el que
elabore, discuta y saque las conclusiones necesarias para
conocer con detalle las repercusiones de todas estas medidas.
No creemos que sea suficiente que comparezca cada seis meses
la Ministra de Asuntos Sociales o el Ministro de turno para
darnos información, ni consideramos que sea suficiente que el
Gobierno haga un informe anual que nos diga en qué condiciones
estamos. Creemos que es necesario, por la importancia que
tiene el tema y porque es la primera vez que el Parlamento va
a discutir en una ponencia la situación laboral de las
mujeres, que sea aceptada nuestra moción y apoyada por todos
los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Urán. A
esta moción consecuencia de interpelación urgente se han
presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del
Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo
Popular, tiene la palabra la señora Sainz García.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta moción es consecuencia efectivamente de la
interpelación del 23 de marzo. En ella se había debatido la
situación de la mujer en el mercado laboral y las
consecuencias que para la contratación de la mujer, las
condiciones de trabajo y la protección social, de una manera
especial podía tener el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de
diciembre.
En ese momento, nuestro Grupo ya señaló que la tasa de
actividad de la mujer en España era efectivamente muy baja en
comparación con la de los otros países comunitarios, que el
problema del paro en general, pero de una manera particular el
femenino, en nuestro país es tan grave que se da incluso el
hecho de que aunque en otros países hay una población mayor,
en España la cifra de paro femenino sigue siendo superior al
de esos otros países. Cuando llegó el Gobierno actual la cifra
de paro de las mujeres era del 18,5 por ciento y ahora,
señorías, es del 30,47 por ciento. Me parece importante
destacar, como explicación de la posición del Grupo ante esta
moción y, por lo tanto, de nuestra enmienda, la realidad de
que en España de las pocas mujeres que han tenido la
posibilidad de entrar en el mercado laboral, muchas
--demasiadas, en definitiva-- siguen sufriendo una diferencia
salarial que se estima en torno a un 20 por ciento
discriminatorio, demasiados trabajos precarios o atípicos,
como así suelen denominarse, y que al final llevan consigo
menores niveles de ingreso y menores niveles también de
protección social; que las mujeres forman uno de los grupos
más vulnerables a las fluctuaciones de la coyuntura
económica --y sabemos perfectamente cuál es en estos momentos
en nuestro país-- y que constituyen además la mayoría de los
parados de larga duración. Pues bien, por otro lado, en nombre
de mi Grupo, en el momento en que se debatió la interpelación,
señalaba que a los contratos de aprendizaje, a los que la
señora Ministra hacía referencia como buen camino para la
inserción de las mujeres en el mundo laboral, les faltaba lo
fundamental y es que no eran formativos porque no estaban
conectados con la necesaria e importante parte formativa y que
ello, siendo fundamental, era, por otra parte, urgente, y
seguíamos aguardando todavía el catálogo de
cualificaciones profesionales, lo que demostraba un fracaso
claramente evidente de articulación y de desarrollo de una
formación profesional. Esto a nuestro Grupo le parece
fundamental.
Lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Naturalmente, si falla
la parte formativa de este tipo de contratos se va por un mal
camino en cuanto a esa integración de la mujer en el mundo
laboral, porque si hombres y mujeres en nuestro país necesitan
de esfuerzo formativo, sin lugar a dudas, por los déficit
formativos que todos conocemos tienen en mayor proporción las
mujeres, ello es importante e imprescindible para que se
puedan ir incorporando al mercado laboral en términos no de
precariedad de empleo y para una inserción en trabajos
cualificados y en aquellos sectores que están en expansión en
los que se podrán obtener unas perspectivas de mejor empleo y
de mejor salario. Pues, bien, por ello nuestro Grupo tiene
razones para compartir la preocupación del Grupo proponente de
la moción y consideramos importante que se haga un
seguimiento, pero también un control. Por ello, buscando
fundamentalmente la operatividad y también una mayor eficacia
para alcanzar esos objetivos de seguimiento y de control,
presentamos una enmienda que establece la obligación de que el
Gobierno informe semestralmente ante la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer, a donde la moción de Izquierda Unida
remitía después de haber hecho un informe ya en la Comisión de
Política Social y Empleo, para conocer los efectos que se
deriven sobre la aplicación de las medidas del Decreto de
referencia, naturalmente previa la aportación de la
documentación
correspondiente a ese período de información. Pensamos que de
esta manera, señor Presidente, señorías, se va a agilizar
mucho más la información. Por otra parte, para obtener una
información no es necesario ni quizá sea el mejor camino
constituir una ponencia. Y al mismo tiempo ejercemos algo que
a nuestro Grupo le parece fundamental: el control periódico
del Gobierno, lo que permite las actuaciones parlamentarias,
en su caso
correspondientes, y, si es necesario, también las propuestas
de los grupos sobre posibles o pertinentes modificaciones
legislativas. Por lo tanto, consideramos que la ponencia es
más un camino para estudiar un tema que para cumplir los
objetivos fundamentales que se señalan en la moción de
Izquierda Unida, que es obtener información y luego elaborar
un informe sobre las consecuencias o las repercusiones de ese
Real Decreto.
Señorías, señor Presidente, consideramos que se recoge mejor
el objetivo, compartido por el Grupo proponente, estamos
seguros, de seguimiento y control, como hemos venido diciendo,
y
esperamos, por otra parte, que ese objetivo sea al mismo
tiempo también punto de coincidencia, punto de encuentro con
todos los distintos grupos parlamentarios, en un empeño que
estoy segura es común, de salvar los muchos problemas que en
el área laboral hoy tienen muchas mujeres en nuestro país.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sainz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con cierta periodicidad venimos debatiendo y
abordando en esta Cámara diferentes iniciativas
parlamentarias, bien como proposiciones no de ley o como
interpelaciones o mociones consecuencia de las mismas, que
están encaminadas a conseguir una mayor participación, una
mayor incorporación de la mujer a nivel laboral, a nivel
cultural, social o político.
En la moción que presenta Izquierda Unida y que debatimos en
estos momentos se aborda de nuevo este tema, aunque bien es
cierto que de una forma diferente a la planteada en otras
ocasiones. Y entiendo que es diferente porque se hace una
valoración negativa, una exposición negativa de la repercusión
de las medidas de política laboral en la incorporación de la
mujer al mundo del trabajo y, a continuación, se propone como
salida, como oferta, la creación de una ponencia especial en
el seno de la Comisión de Política Social y Empleo para
evitar, precisamente, lo que en la moción se denomina efecto
de
precariedad o inestabilidad de estas nuevas modalidades de
contratación.
Entiendo que es una moción diferente y en cierta manera
novedosa, puesto que aún no hemos terminado de dictaminar
definitivamente el proyecto de ley, consecuencia del Real
Decreto, al que hace referencia la moción, sobre medidas
urgentes de fomento de la ocupación, y se está proponiendo ya,
en estos momentos, la creación de una ponencia, y, además,
señorías, se hace, si me lo permiten, con unos ciertos
prejuicios, con una cierta valoración apriorística de lo que
van a ser y están siendo ya en estos momentos estas nuevas
modalidades de contratación.
Quiero también poner de manifiesto que desde mi Grupo
Parlamentario compartimos el interés, compartimos la necesidad
de hacer un seguimiento de los efectos que en el mercado
laboral están produciendo ya estas medidas, estas nuevas
modalidades de contratación, pero también tengo que decir que
no compartimos esta valoración negativa que se hace desde
Izquierda Unida. En este sentido proponemos, en una enmienda
de sustitución, según la cual se abordaría el debate en la
Comisión de Política Social y Empleo de un informe que
elaboraría el Gobierno en el plazo máximo de un año, en el que
se hiciera un seguimiento, una valoración, una evaluación, en
el que posteriormente pudieran intervenir los grupos
parlamentarios --evidentemente no queremos evitar el debate
parlamentario sobre este tema en ningún
momento-- y, en definitiva,
se trata de hacer este seguimiento. Se trata de legitimar
también de alguna forma, con esta propuesta que hacemos desde
el Grupo Socialista, la validez, la repercusión positiva de
estas nuevas medidas de contratación que entiendo podían
ponerse en cuestión y que se han puesto en cuestión de hecho
en parte de la moción que presenta el Grupo de Izquierda
Unida.
Desde mi Grupo Parlamentario entendemos, señorías, que tenemos
razones suficientes para ser optimistas, puesto que la
incorporación de un número importante de mujeres acogiéndose a
las nuevas modalidades de contratación nos hacen adelantar una
valoración, como digo, positiva, aunque es cierto que ha
transcurrido muy poco tiempo, escasamente un trimestre, desde
que se ponen en marcha estas medidas.
¿Qué valoración o qué ideas fundamentales podríamos sacar de
la repercusión de estas nuevas modalidades de contratación? En
primer lugar, yo creo que se constata la implantación de los
contratos de aprendizaje: casi 40.000 se han formalizado en
este período, y, además, han tenido una acogida bastante
importante los contratos a tiempo parcial, más de 155.000, y,
por supuesto también, aunque el número sea menor pero no
cualitativamente menor, los contratos en prácticas, que son
más de 6.000.
En segundo lugar, existe (los datos así nos lo reflejan) una
mayor incidencia de los contratos de aprendizaje en los
hombres, con un 66,9 por ciento, frente al 33,1 por ciento de
mujeres. Sin embargo, esta distribución del porcentaje se
ajusta a lo que es la tasa de ocupación general que, como
SS.SS. conocen, supone un 66 por ciento para los hombres y un
34 por ciento para las mujeres. En cuanto a los contratos en
prácticas, existe casi una equiparación (y este dato me parece
especialmente significativo) entre hombres y mujeres. ¿Qué nos
revela este dato de casi un 50 por ciento de hombres y la
misma tasa de mujeres? Este dato, señorías, nos revela que
existe una tendencia favorable a la incorporación al mercado
de trabajo de las mujeres que ya tienen una cualificación
previa, que ya tienen una formación, bien profesional, bien
universitaria, y que, por tanto, están en mejores condiciones
de acceder a un puesto de trabajo mediante la fórmula de los
contratos en prácticas.
En tercer lugar, señorías, las cifras nos ponen de manifiesto
que los contratos a tiempo parcial han afectado más a las
mujeres, y de esto sí que se hace una valoración especialmente
negativa por parte de la portavoz del Grupo proponente. Desde
mi Grupo entendemos que no es válida, que no es correcta esta
valoración, puesto que la cobertura social de esta forma
contractual es exactamente igual que la de un contrato a
tiempo completo y, además, entiendo que deberíamos tener en
cuenta que esta
modalidad está generalizada en países de nuestro entorno
europeo, donde la utilización, por parte de las mujeres, de
este contrato a tiempo parcial llega a cifras efectivamente
significativas, como es el caso de Holanda, con un 60 por
ciento, y de Dinamarca y Alemania, que casi llegan a un 40 por
ciento. Quiero recordar, señorías, que en nuestro país la
cifra no llega al 13 por ciento de mujeres que están
contratadas con esta modalidad de contrato y, por tanto, va a
suponer una buena forma, un buen mecanismo de inserción;
supone una buena política activa de creación de empleo, no
específicamente para mujeres, sino para mujeres y hombres, que
podrán acceder en situaciones de dificultad
económica como la que atraviesa nuestro país, y eso por tanto
no debemos olvidarlo.
Si hiciéramos una valoración global de los efectos de esta
reforma del mercado laboral, tendríamos que decir (y hay una
cifra que no me resisto a citar) que estas nuevas modalidades
de contratación han provocado que en el primer trimestre de
este año 1994 se hayan incorporado al mercado de trabajo más
de 123.000 mujeres (que no estaban antes en el mercado de
trabajo), de en torno a los 200.000 nuevos contratos que se
han creado con esta nueva modalidad. Yo estoy absolutamente
segura, señor Presidente, señorías, de que ningún grupo
parlamentario entiende que sea positiva esta incorporación de
mujeres al mercado de trabajo, que le estamos dando una buena
respuesta a la demanda de
incorporación, en primer lugar, de las mujeres a un puesto en
el mercado laboral. Es cierto, señorías --hay que reconocerlo
y así se ha manifestado por otras portavoces--, que la tasa de
paro es todavía demasiado alta en nuestro país para las
mujeres. Casi la mitad de la población parada está compuesta
por mujeres, y esto nos obliga, teniendo en cuenta además el
objetivo de cohesión social que es absolutamente irrenunciable
en estos momentos, a poner en marcha iniciativas como las que
recoge la reforma del mercado laboral.
Tampoco quisiera dejar de recordar, aunque sí voy a hacerlo ya
muy de pasada, que se han puesto en marcha otros mecanismos,
tanto de reformas legislativas como de medidas de
incentivación para el acceso cuantitativo de las mujeres al
mercado laboral. En este sentido, me parece que ha cubierto
una función, entre otras, muy importante el Plan de Formación
e Inserción
Profesional. La señora Urán ha hecho referencia, en su
intervención, al efecto negativo que provoca la reforma del
mercado laboral del año 1984, y yo quiero recordarle que,
entre otras acciones, pero también debido a esta
flexibilización del mercado laboral, se produce una
incorporación de más de un millón de mujeres desde el año 1985
hasta estos momentos; mujeres que demandan un puesto de
trabajo y que exigen unas medidas adecuadas para que se
produzca esta incorporación. Como decía, hay un dato
especialmente significativo, que es el número de mujeres que
se benefician del Plan FIP, que se pone en marcha, como SS.SS.
conocen, a partir del año 1984. Si antes del año 1984
participaban en los cursos de formación del Inem menos del 30
por ciento
de mujeres, en estos momentos la tasa está casi en el 50 por
ciento, con todo lo que supone esto de dotación de mecanismos
para que la mujer pueda acceder al mercado de trabajo en
igualdad de condiciones con el hombre y pueda competir a
puestos de trabajo bien remunerados, cualificados, con lo que
efectivamente se haga disminuir esta tasa de paro. En ese
sentido hemos aprobado también otras medidas, recogidas en el
II Plan para la igualdad de oportunidad de las mujeres, con un
objetivo básico y fundamental, que es conseguir un equilibrio
no solamente cuantitativo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rodríguez, vaya
terminando.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Señor Presidente, acabo en
seguida. Decía que con este Plan no perseguimos solamente la
consecución de un equilibrio cuantitativo, sino también
cualitativo de las mujeres en el mundo del trabajo.
Por todas estas razones --acabo, señor Presidente, señorías--,
desde mi Grupo Parlamentario hacemos una valoración positiva
del avance en materia de empleo para las mujeres. Esto no lo
podemos olvidar ni podemos establecer esos prejuicios ni esas
valoraciones apriorísticas sobre las nuevas modalidades de
contratos, tanto de aprendizaje como en prácticas y a tiempo
parcial. El objetivo fundamental, señoras y señores Diputados,
de la política laboral del Gobierno es, sin duda, la lucha
contra el paro y la creación de empleo, y también,
especialmente, la lucha contra el desempleo femenino. Con esta
convicción, señor Presidente, señorías, seguiremos dando
respuesta a las demandas que nos plantean, racional y
lógicamente, las mujeres, que siguen reivindicando la igualdad
en el acceso al mundo del trabajo y que siguen reivindicando,
a través de esta incorporación, su
autonomía personal y su mayor protagonismo en la sociedad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora proponente, mi Grupo
comparte fundamentalmente con usted el análisis que hace, con
alguna matización, respecto a la situación de la mujer frente
al problema de falta de trabajo que estamos padeciendo en
nuestro país. De todas maneras, en aras a la exactitud de las
cifras, le diré que no hay el 50 por ciento de mujeres paradas
y el 50 por ciento de hombres. Según los datos del Consejo
Económico y Social, del mes de marzo, hay más hombres parados
que mujeres: exactamente hay 1.937.000 hombres y 1.745.000
mujeres. Ello no disminuye el valor de todo lo que usted ha
dicho. Todo lo que usted ha dicho es cierto. Hay que intentar
que en todos los colectivos que tienen más dificultades para
acceder al trabajo, y entre ellos está el de la mujer, se
elimine cualquier barrera que pueda existir para que puedan
acceder al puesto de trabajo adecuado a sus condiciones y a
sus capacidades. Comparto --como digo-- su preocupación
respecto a esta situación.
Sin embargo, permítame que no comparta el análisis que hace
respecto a los frutos que puede dar la reforma laboral. La
reforma laboral es muy joven, prácticamente no ha nacido, está
empezando a dar sus primeros pasos. Parece que esos primeros
pasos no son, precisamente, contrarios al objetivo que S.S.
pretende. Por tanto, desde nuestra posición, creemos que lo
prudente es dejar --como ya dije en la interpelación-- que la
propia reforma dé sus frutos. Nosotros hemos hecho la reforma
laboral y hemos colaborado en ella con el convencimiento de
que estábamos fundamentalmente resolviendo el problema que
S.S. plantea aquí, el problema de las mujeres, el problema de
los jóvenes y también el problema de los mayores de 45 años
que no trabajan. Por consiguiente, déjenos tener, por lo
menos, el convencimiento y la ilusión de que lo vamos a
resolver con la reforma laboral.
Por otro lado, mi Grupo no es muy partidario de ir creando
ponencias y comisiones sobre comisiones y ponencias. Existe
una Comisión Mixta de Derechos de la Mujer a la que deberíamos
darle todo el valor que tiene, que ya tiene mucho. Pero, en
todo caso, ¿por qué no utilizar la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer para obtener estos frutos que S.S. nos
plantea? Crear una nueva ponencia no nos parece que resuelva
el problema; en todo caso, daríamos vueltas al problema, pero
no resolveríamos el mismo, y hay un instrumento, que es el de
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en donde podría
radicar lo que S.S. pide.
En cualquier caso, a mi Grupo le gustaría que S.S. hubiese
aceptado alguna de las enmiendas transaccionales que le han
planteado, porque eso nos permitiría votar favorablemente la
moción que S.S. ha presentado aquí hoy. Parece ser que no está
S.S. por la aceptación de ninguna de las dos enmiendas, en
cuyo caso, lamentándolo mucho, nuestro Grupo no podrá votar a
favor de la creación de la ponencia que S.S. pide.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Señora Urán, aunque en su intervención inicial ha
aputando usted ya cuál es la posición de su Grupo respecto a
las dos enmiendas presentadas, no obstante, ahora tiene la
palabra, para
definitivamente, indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas tanto por el
Grupo Popular como por el Grupo Socialista.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, mi Grupo no va a aceptar las enmiendas que se
han presentado a nuestra moción, sencillamente porque
consideramos que la importancia que tiene este asunto en estos
momentos en la sociedad española es lo suficientemente amplia
como para que se cree una ponencia específica en el seno de
esta Cámara que estudie las consecuencias que estas nuevas
modalidades
contractuales van a tener en la situación laboral de la mujer.
Por tanto, sintiéndolo mucho, no las vamos a aceptar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Urán.
Pasamos a la votación de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 17; en contra, 150; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
CRITERIOS DE POLITICA ECONOMICA E INDUSTRIAL QUE APLICARA EL
GOBIERNO PARA FAVORECER UN CRECIMIENTO SOSTENIDO Y ESTABLE EN
EL SECTOR INDUSTRIAL (Número de expediente 173/000033)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre criterios
de política económica e industrial que aplicará el Gobierno
para favorecer un crecimiento sostenido y estable en el sector
industrial.
Tiene la palabra el señor Gámir. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, me remito
al «Diario de Sesiones» del Pleno en el que se discutió la
interpelación que dio origen a esta moción. Según el «Diario
de Sesiones», el Ministro de Industria aceptó algo que es
evidente, que la crisis industrial española es diferenciada de
la europea y que ha sido mucho más profunda desde el año 1982
hasta la actualidad, tanto en términos de PIB como en términos
de empleo. Por ello, tengo que suponer que el representante
del Grupo Parlamentario Socialista, en ese último turno en el
que no hay respuesta, siguiendo la línea marcada por el
Ministro en su última intervención, se referirá a que el
presente y el futuro pueden ser mejores de lo que ha sido ese
pasado cuyos efectos se conocen; ese presente y ese futuro que
se argumentará que da algunos indicios de recuperación, alguno
de los cuales es cierto en cuanto se refiere a la exportación
de bienes industriales, pero tengamos cuidado, el propio
Ministerio de Comercio dice que teme que la ventaja de las
tres devaluaciones del año pasado se pierda en tres años. Un
estudio parecido ha sido el que
recientemente ha sacado Espasa debido a la política
macroeconómica que está realizando el Gobierno Socialista.
Señorías, el mejor estudio de coyuntura, el que suele acertar
más es el que hace el Instituto de Estudios Económicos y dice
que la industria este año crecerá el 0,2 por ciento; pero dice
eso después de que, tomando como base el año 1990, hayamos
perdido 10 puntos. Hoy el producto interior industrial es el
90 por ciento del que era en el año 1990. 0,2 cuando se han
perdido diez puntos. ¿Es eso recuperación o es arrastrarnos
por el fondo, o es reptar por el fondo lo que está ocurriendo?
Tendríamos el símil de ese boxeador que ya está en el puro
K.O. y que se acercan a su banquillo y que le dicen: en el
siguiente asalto ya no le darán más fuerte que en los
anteriores. Entonces, dice, tire la toalla porque, después de
la paliza que me acaban de dar, yo no puedo resistir más. Y
ese tirar la toalla es lo que han hecho esos magníficos
indicadores de coyuntura, de presente y de futuro que, por
desgracia, son los Seat, Suzuki, Ebro-Kubota, Nissan, Iveco-
Pegaso, Gillette, Puleva, etcétera. Estos no son indicadores
de recuperación y, por cierto, me figuro que el representante
del Grupo Socialista no hablará de que la inversión extranjera
el año pasado fue mayor que en el año anterior, porque si lo
hace como ha hecho hoy el Ministro de Industria, le rogaría
que lo hiciera «micro», y se encontraría que la inversión
directa ha caído, que la inversión que ha subido es la
inversión
extranjera en Bolsa y que ha sido por las privatizaciones o en
sectores no industriales. Quizás haya que recordarles, por
último, al profesor Fuentes Quintana quien cuando ante
determinadas declaraciones triunfalistas de Felipe González
decía: por favor, no se emborrachen con algún indicador
coyuntural, cuando la crisis es estructuralmente tan profunda
y es en gran parte debida a la política económica que están
ustedes realizando.
Cada día estalla una mina nueva y se recogen con los Suzuki y
compañía los frutos de la política económica, de la política
industrial realizada en los últimos años de Gobierno
socialista. Pero existe una política económica alternativa que
es la que instamos al Gobierno a realizar. Esos dos principios
son simples: primero un enfoque «industrialista», y perdonadme
por el barbarismo,
es decir, que piense mucho más en la industria, en los
sectores reales de la economía --los servicios conseguirán
mucho más valor añadido si tenemos un sector industrial mucho
más competitivo y desarrollado--; y segundo que se realice en
conexión y en contacto con los sectores. Los sectores están
diciendo cosas muy sensatas. Están diciendo que no quieren
subvenciones, que lo que quieren son reglas de juego para
poder competir con las mismas armas que tienen las empresas
europeas del mismo sector. Con esto empiezo con lo que son los
distintos epígrafes de medidas que instamos al Gobierno a
adoptar: que cambie su política macroeconómica. Alguna vez,
desde el Grupo Socialista, se ha dicho que cuando hablamos de
industria por qué hablamos de política macroeconómica. Pues lo
hacemos porque los sectores, los que están trabajando en la
fábrica a ras de suelo, es lo que nos dicen que les importa.
Nos dicen: nos preocupa mucho menos que aumenten o disminuyan
algo las subvenciones del Ministerio de Industria; nos importa
mucho más que cambie la política
macroeconómica y que compitamos en un marco en el que tengamos
las mismas armas que las empresas europeas. Está en la lista
de medidas macroeconómicas que se propone la moción...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento señor
Gámir. Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus
escaños. Es imposible escuchar al Diputado que está en el uso
de la palabra. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Gámir.
El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor Presidente.
Están en la moción las medidas de macroeconomía que se
proponen y no voy a volver a repetirlas; es más, de alguna de
ellas hemos hablado ya con bastante amplitud en este Pleno. La
política de sobrevaloración de la peseta, seguida de la
obligación de devaluar tres veces laminó gran parte de la
industria española, pero hoy no me voy a referir a este punto,
sino al curioso tema de los tipos de interés. El representante
del Grupo Socialista ha dicho en alguna ocasión que ese es un
tema que hoy es menos importante porque los tipos de interés
se han reducido. Para la industria lo importante no es el
nivel de tipos de interés, es el diferencial de tipos de
interés entre lo que tiene que pagar un industrial español y
lo que tiene que pagar un industrial con el que compite. El
diferencial de tipos de interés sigue siendo de dos a tres
puntos y va incrementándose.
Existe un Ministro del Gobierno que de vez en cuando hace
algunas declaraciones a las que quisiera denominar de
curiosas. A veces nos habla de pensiones; otras veces dice que
debe disminuir lo que cobran los trabajadores a final de mes
subiendo las
cotizaciones sociales; y sobre los tipos de interés acaba de
explicar la razón por la que ha aumentado el diferencial (el
diferencial para un sector competitivo que exporta o que
compite con importaciones es lo fundamental), por la que se ha
incrementado el diferencial de tipos de interés con Europa.
Dice que ha aumentado el diferencial por la actitud de los
mercados, que obedece a sus recelos sobre la estrategia
económica del Gobierno. Y añade: Es posible que el mercado
esté valorando mal el esfuerzo para hacer creíble nuestra
política económica. Falta de credibilidad entre la industria
española en cuanto a su recuperación con los Suzuki y
compañía. Falta de credibilidad en la recuperación. Los
españoles tampoco creen en la recuperación, como dice una
encuesta publicada recientemente por «Expansión». Falta de
credibilidad en los mercados que hace que empeoren las
condiciones competitivas de la industria incrementándose el
diferencial de tipos de interés. Y dejo el resto de la
política macroeconómica que está en la moción.
De la política horizontal, por razones de tiempo, sólo
mencionaría que hay que cambiar su enfoque. No es lógico que
en el Presupuesto de este año, por ejemplo, en I+D se haya
congelado lo que aparece para el sector privado e incrementado
en un 15 por ciento lo que va al sector público.
¿Políticas sectoriales? El Partido Popular se plantea el
compromiso de diseñar políticas sector a sector y las va
presentando. Aquí hemos resumido algunas de las ideas de
algunos de los sectores. También por razones de tiempo y por
estar ya en la moción, solamente me voy a referir a una de
ellas, a lo ocurrido con el sector del automóvil. En el sector
del automóvil nos encontramos con que nosotros veníamos
solicitando dos medidas básicas, algo que nos parece realmente
inaudito y es que se mantenga su nivel actual, la llamada tasa
de matriculación y pedíamos también medidas para la renovación
del parque
automovilístico.
Pues bien, aquí ha ocurrido algo que es realmente curioso. El
sector, ANFAC, y el secretario general de Renault fueron a ver
al Ministro de Industria y le pidieron medidas para la
renovación del parque industrial que incluyera el
achatarramiento de vehículos con una prima. Según aparece en
«Expansión» del día 23, dice el Secretario General de Fasa-
Renault: Obtuvimos una respuesta negativa. En opinión de
Eguiagaray, ahora no es el momento oportuno para aplicar estas
medidas. Hace quince días. Días después nosotros presentamos
una moción en la que pedíamos precisamente estas medidas de
renovación del parque, incluso las aclarábamos en una rueda de
prensa que, según me reconocía en el pasillo el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista han tenido una gran difusión,
en las que quedaba claro que entre las medidas de renovación
que pedíamos del parque automovilista se incluyera el llegar
hasta el fondo como en Francia y el pago en metálico,
procedente del
Estado, por achatarramiento de vehículos. Eso lo pedíamos hace
poco más de una semana.
De pronto, cuatro días antes de este debate, el Gobierno
aprueba justamente esa medida. Yo ante eso, no sé qué hacer.
Lo primero que tengo que hacer, de verdad, es felicitar al
Gobierno, porque ha aprobado una medida que es buena para el
sector y hay que decirlo.
Lo segundo que tengo que hacer es añadir alguna felicitación -
-pido perdón si lo digo con algún punto de ironía, pero sin
acritud-- por su capacidad de contradicción, por ser capaz de
que el Ministro del ramo hace quince días diga blanco y el
Gobierno quince días después diga negro. También felicitarle
por su capacidad de recoger lo que le insta el Partido Popular
en una moción que antes de discutir resulta que ya ha recogido
lo que les estamos instando aunque vaya en contra de lo que el
Ministro ha declarado unos días antes que hay que hacer. Hay
que reconocer una postura de colaboración con la oposición por
parte del Gobierno, por encima de ministros concretos, que sin
duda es de felicitar. También hay que felicitar también al
Grupo Popular por la tremenda eficacia de lo que insta en sus
mociones que es aprobado por el Gobierno, incluso antes de que
se discutan, repito, a pesar de que el Ministro del ramo haya
dicho que no son medidas para este momento. ¿Quizá tiene que
ver esa aprobación con este debate? Pensemos que no, que
simplemente ha sido una pura coincidencia todo lo ocurrido.
Desearíamos que ocurriera lo mismo con el resto de la moción
que presentamos, desearíamos que ese espíritu de colaboración
le llevara...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gámir, le ruego
vaya concluyendo.
El señor GAMIR CASARES: Voy concluyendo, señor Presidente. A
tomar medidas parecidas en el resto de los planteamientos que
hacemos en la pequeña y mediana empresa en la que, además, con
la advertencia del Presidente, me remito a lo que ha dicho mi
compañero, señor García-Margallo, que la recogida de esas
medidas sería la forma de impulsar a las empresas que más
empleo crean en nuestro país.
Sería de desear ese cambio, esa recogida del espíritu de las
mociones del Partido Popular por parte del Gobierno, por
ejemplo, en las políticas de privatización. En este caso, me
voy a referir a dos notas muy concretas. Pedimos un estatuto
de la empresa pública. El Partido Socialista en la oposición,
desde 1977 hasta 1992, empezando por los Pactos de la Moncloa,
insistió, una y otra vez, en la necesidad de un estatuto de la
empresa pública. Y curiosamente el Partido Socialista en el
Gobierno cambia de opinión. Quizá porque entonces consideraba
que el estatuto de la empresa pública era un instrumento de
control del Gobierno y ahora noquiere ser controlado, y como
tal no quiere tener ese estatuto de la empresa pública.
Marquemos la diferente filosofía de privatización que implica
lo que acaba de ocurrir con poner en venta un tramo de ENDESA
para pagar los gastos de funcionamiento de Teneo, que se
suponía que debía tener superávit. Completamente al contrario
de la filosofía del Partido Popular, y es que las
privatizaciones deben ser dedicadas, no como decía otro
Ministro, a vender las joyas de la abuela para fulminar ese
dinero, para fundirlo, sino que debían servir para disminuir
el endeudamiento y sanear las finanzas españolas.
Acabo, señor Presidente, recordando una frase que alguna vez
he utilizado, pero que aquí viene casi como anillo al dedo. Un
economista que ya no gusta mucho citar, un tal John Maynard
Keynes, cuando le preguntaban cómo veía el futuro decía que el
futuro no se ve, que el futuro se hace. Señorías, hay dos
formas de hacer el futuro en la industria española: la que
propone el Partido Popular que implica un enfoque
industrialista, con un nuevo rumbo de las políticas
macroeconómicas horizontales, sectoriales de pymes y de
privatizaciones; y también hay otro futuro, el futuro
continuista del Gobierno socialista que implica crisis como
las de Suzuki, Seat, Puleva, Gillette, Ebro,
Ebro-Kubota, y tantas otras que van estallando cada día.
Señorías, con sus votos, elijan ustedes cuál de los dos
futuros consideran más adecuado para la industria española.
Muchas gracias. (Algunos señores Diputados del Grupo Popular:
¡Muy bien, muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A esta moción se ha
presentado una enmienda conjunta por parte del Grupo Vasco,
(PNV), y del Grupo Mixto, señor Albístur.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Lo
más brevemente posible porque ya las meninges y los ánimos
están decayendo. Aunque el tema es importante, le ha tocado el
último punto del orden del día.
Consideramos, en representación del Grupo Vasco al que en este
caso tengo el honor de representar --personalmente es mi
propia posición-- que toda política industrial debe ser
general, debe tener un carácter general en sus planteamientos
y tratar de abarcar todos los temas que puedan comprender la
dimensión bastante polivalente que el problema pueda tener.
Pero hace falta un debate sobre esta política industrial,
porque sigue siendo un debate pendiente después de un proceso
largo de cesión de la actividad industrial a grupos con
decisión en el exterior, a competidores externos por abandono
de la actividad industrial en nuestro propio territorio; la
aparición de un cierto menosprecio social y económico a la
gestión empresarial industrial, que
ha evitado el que se canalizaran recursos, que se produjeran
verdaderas descapitalizaciones en las empresas y una política
financiera restrictiva en cuanto a lo que podía ser apoyo a la
propia gestión empresarial industrial.
Es un problema verdaderamente grave que ha acabado
desertizando zonas de pleno empleo, con reducción del peso
económico de sectores que antes eran activadores de
determinadas zonas, dejando sin alternativas económicas serias
a estas mismas zonas donde antes se implantaban sectores que
fueron boyantes y generadores de empleo, con una aparición de
cierto abandonismo empresarial que hace necesaria, pues, una
política de reindustrialización, y en algunos casos empezando
desde cero y buscando incluso nuevos empresarios.
No niego que no haya un política industrial y que esta moción
venga a decir que no existe una política industrial, pero es
más una suma de parches, como antes decía también a propósito
de la propuesta de Convergència i Unió respecto a las medidas
del automóvil, que ya han sido citadas aquí, y junto a ello
sigue sin liberalizarse, por ejemplo, el mercado de
comunicaciones. Se toman medidas, se toman decisiones que
solamente son parciales, se ponen parches pero nos falta una
política general.
Nos encontramos ante un documento que intenta que estos
objetivos sean los que se puedan cumplir, precisamente al
iniciar un debate sobre política general industrial. Quizás
este documento resulte difuso, quizás resulte general, quizás
resulte también ambicioso en su afán de abarcar todos los
problemas. No los abarca todos, me parece que quedan
pendientes bastantes cuestiones relacionadas con temas
fiscales y financieros: Podemos disentir del método utilizado,
una moción no es un planteamiento ajustado a la hondura,
gravedad y urgencia conclusiva que tiene el problema de la
aplicación de una política industrial, pero, como decía, es el
único documento que tenemos en mucho tiempo delante para tener
la oportunidad de iniciar un debate global y por ello lo vamos
a apoyar, más por iniciar la ruptura de una inercia que
verdaderamente por su contenido, aunque con ello no quiero en
absoluto desmerecerlo.
No podemos resignarnos a permanecer en la inoperancia en la
que estamos actualmente, tanto este Parlamento como el propio
Gobierno, dejando que sea el mercado o las fuerzas del mercado
quienes aporten soluciones. Por supuesto que no se trata de
intervenir, sino de crear aquellos instrumentos que animen a
recuperar la inversión en el sector industrial, en la
ampliación y renovación de las empresas existentes y en la
aparición de nuevas empresas.
Las enmiendas que hemos presentado pretenden simplemente
colaborar a complementar este debate. Hemos presentado una
primera enmienda que trata, precisamente, de que el Ministerio
de Industria y Energía inicie una política de colaboración con
los gobiernos de comunidades autónomas que tienen competencias
de ejecución en materia de reestructuración de sectores
industriales. Consideramos que debe producirse en toda
política industrial esta actuación de forma coordinada, sobre
todo de los recursos y planes de unas y otras
administraciones, que por desgracia marchan demasiado
separadamente.
Una segunda enmienda pretende precisamente algo que se ha
debatido en la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y que está relacionado precisamente con
la ampliación de las medidas fiscales a la inversión
productiva, a la creación de empleo, a la reforma tecnológica,
a la inversión destinada a la reforma y modificación de la
estructura financiera de la empresa, a las acciones de
cooperación y asociación empresarial, tanto productivas como
comerciales, pero indicando que estas medidas tengan un
carácter general en su aplicación, tanto a las empresas
actualmente existentes, como a las de nueva creación,
ampliando la limitación que las denominadas vacaciones
fiscales han podido tener sólo para las empresas de nueva
creación.
Finalmente, dentro de este primer apartado de enmiendas,
también proponemos que el Ministerio de Industria y Energía
colabore con las comunidades autónomas con competencias en
materia de
desarrollo y ejecución de los planes de reestructuración
sectorial, en terminar las políticas de reordenación de
sectores que iniciaron un proceso de reestructuración y que
todavía no lo tienen terminado o incluso no lo tienen
iniciado, aunque haya habido mucho trabajo y muchas, diríamos,
conversaciones previas a la realización de su propia
reestructuración. Hay determinados sectores que son todavía
claves en la economía industrial española que siguen
precisamente pendientes de unos acuerdos interempresariales
entre el Ministerio de Industria y las propias comunidades
autónomas. Pedimos, precisamente, que en una política
industrial sean consideradas estas colaboraciones como una
medida eficaz para poner en orden estos sectores pendientes.
Como la moción, finalmente, hace referencia a los temas de
privatización, lo que sí consideramos es que el estatuto que
se propone para el tratamiento de la privatización se haga
también en colaboración con las comunidades autónomas donde
las empresas públicas están implantadas. Hoy día las
comunidades autónomas no son ajenas ni a la gestión ni a las
consecuencias precisamente de las crisis que el sector público
empresarial está
manifestando. Esperamos que sean acogidas estas enmiendas que,
a nuestro modo de entender, completan el buen hacer que ha
habido por parte de la iniciativa del Grupo Popular y que esta
moción sirva para iniciar un debate de política industrial
serio, global, que verdaderamente comprometa a este Parlamento
y a los grupos aquí representados en un compromiso de impulsar
lo que ha sido la base económica de muchas zonas de nuestro
territorio y, sobre todo, la base de la generación de empleo;
empleo que hoy día está, diríamos, en precario y respecto al
que hay verdaderas dificultades para prever su nueva creación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albístur. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha analizado detenidamente la moción
presentada por el Grupo Popular y nos gustaría hacer las
siguientes consideraciones.
En primer lugar, lo que ustedes plantean en esta moción es un
programa electoral de política económica y financiera basado
en 42 propuestas, en ámbitos tan amplios como determinados
aspectos de política macroeconómica relacionados con los tipos
de interés, tipos de cambio de la peseta, déficit público,
etcétera. También políticas orientadas hacia zonas
horizontales relativas a las pequeñas y medianas empresas y al
campo de la investigación y el desarrollo; políticas concretas
orientadas a determinados sectores, como el ramo del automóvil
y el textil; y también políticas de privatizaciones. Por la
amplitud y la magnitud de las mismas, posiblemente algunas de
ellas, básicamente las relacionadas con política
macroeconómica, tendrían que ser tratadas en el debate
presupuestario, en el cual nuestro Grupo introdujo medidas
correctoras importantes orientadas al tema de la política
industrial, de la economía productiva del Estado español.
Algunas de sus propuestas ya se han puesto en marcha con los
mecanismos parlamentarios necesarios para poder conseguir
estos objetivos.
En segundo lugar, también hay algunas iniciativas
parlamentarias que ha presentado este Grupo que están en lista
de espera para entrar en esta Cámara y poderlas debatir en el
Pleno o en la Comisión correspondiente. En tercer lugar, hay
algunos objetivos que ustedes nos plantean en esta moción que
ya se han conseguido. Estando de acuerdo en el fondo de la
mayoría de sus propuestas, nosotros no podremos votar
favorablemente esta iniciativa parlamentaria por los
siguientes motivos.
En el ámbito de la política macroeconómica y en las políticas
horizontales, he de recordar que nuestro Grupo ya hizo en su
momento unas importantes consideraciones. Nuestro Grupo ha
venido impulsando desde el inicio de la crisis económica y en
esta legislatura en determinados campos medidas de
reorientación en la política económica. Cabría recordar, en
primer lugar, que desde las elecciones pasadas en esta
legislatura, la peseta mantiene un tipo de cambio realista que
ha permitido un aumento muy importante de las exportaciones y
que ha reducido, tanto en el año 1993 como en lo que llevamos
de 1994, parte de nuestro déficit comercial exterior.
Durante los últimos 12 meses, y especialmente desde las
elecciones, los tipos de interés españoles se han reducido en
unos cinco puntos, reducción muy superior a la que han
experimentado las economías de la Unión Europea y que
contribuye muy positivamente a poner las bases para el inicio
de un ciclo de crecimiento económico y de creación de empleo.
He de decir aquí que lo importante en este campo es el
diferencial de tipos de interés del Estado español respecto a
los demás países de la Unión Europea, pero también hay que
añadir que nosotros vamos a incidir directamente para
disminuir
drásticamente este diferencial para que nuestras empresas sean
más competitivas.
En el debate parlamentario de los presupuestos para el año
1994 nuestro Grupo introdujo medidas correctoras importantes
para las cuales se congelaron los impuestos directos que
afectan a la industria y se redujeron todos aquellos impuestos
orientados a inversiones en investigación más desarrollo, así
como los derivados de los gastos de las empresas en el año
1994 y de todos aquellos destinados a la internacionalización
de las compañías. En el ámbito de las políticas horizontales,
sería interesante esperar el cumplimiento del compromiso que
nos anunció el Ministro aquí en su intervención cuando ustedes
presentaron la interpelación sobre política industrial y ver
cuál es el
resultado del plan de 40.000 millones de pesetas que el
Gobierno está negociando con las comunidades autónomas,
orientado a cinco campos básicamente: la cooperación
empresarial; los soportes financieros; el diseño industrial;
la constitución de redes de ayuda a las pequeñas y medianas
empresas y, lógicamente, el perfeccionamiento financiero de
las pequeñas y medianas empresas en el campo de la Ley de las
sociedades de garantía recíproca, que también contó con el
apoyo de su Grupo Parlamentario. También quiero dejar
constancia aquí en esta intervención de que el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) va a hacer un seguimiento muy riguroso y
exhaustivo del plan de política industrial en materia
tecnológica que el Ministerio ha puesto en marcha para los
años 1994-1997 y que asciende a 180.000 millones de pesetas,
que también lo está haciendo en colaboración con las
comunidades autónomas.
Respecto a las pequeñas y medianas empresas, no me voy a
extender, porque, por una parte, hoy, con el apoyo
de su Grupo Parlamentario y otros grupos de la Cámara, hemos
aprobado una proposición no de ley orientada básicamente a
ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Pero quiero
recordarles que, a través de iniciativas de nuestro Grupo,
hemos incorporado medidas importantes en este sector tan vital
para la competitividad y el aumento de la ocupación en nuestro
país y que aunque no estamos satisfechos con estos objetivos
conseguidos, vamos a continuar incidiendo mucho más para dar
soporte a una estructura tan importante como las pequeñas y
medianas empresas, que proporcionan un elevado número de
puestos de trabajo en nuestro país.
Respecto al sector del automóvil y al sector textil, al igual
que ha hecho usted en su intervención, hemos de felicitar al
Gobierno por las medidas aprobadas en este último Consejo de
Ministros, porque pensamos que van a ser un incentivo
importante para la renovación de las flotas de coches de más
de 10 años de
antigüedad. También he de decirle que con estas declaraciones
que hace su Grupo Parlamentario en cuanto a crear expectativas
relativas a que los impuestos han de bajar en cuanto a
matriculación, manifestaciones que se ven reflejadas en
diferentes medios de comunicación, no le estamos haciendo
ningún bien al sector. Estas medidas se han de tomar de hoy
para mañana como se hizo en los incentivos aprobados para
renovación de la flota de más de 10 años. Si nosotros creamos
expectativas de que vamos a rebajar los impuestos, como es el
caso del impuesto de matriculación, lo que va a pasar es que
no se van a vender coches. Pensamos que con esto estamos
haciendo un flaco favor al sector. Creo que nuestro Grupo, el
suyo y seguramente también los demás grupos de la Cámara,
estamos interesados en el sector del automóvil, sector que da
ocupación a muchísimas personas. En esta Cámara hemos expuesto
problemas importantes de diferentes factorías relacionadas con
este sector, y todos estaremos de acuerdo en que hay que
adoptar estas medidas con el máximo sigilo; que, nos gusten o
no nos gusten, el Gobierno las ha de aprobar precipitadamente
y sin dar publicidad a los medios de comunicación con
antelación, porque estamos perjudicando al sector.
Respecto al sector textil --usted hace una serie de
consideraciones y de propuestas importantes que nosotros ya
asumimos y presentamos en la interpelación que trajo nuestro
Grupo Parlamentario a esta Cámara, defendida brillantemente
por nuestro Diputado, señor Joaquim Molins, respecto al
impacto que tenía la política económica del GATT y a la
incidencia que podía tener en los diferentes sectores de la
economía española--, hay un compromiso del Gobierno español de
explicar todas estas consideraciones en las diferentes
Comisiones de Industria y Agricultura para debatirlas y
acometerlas con la máxima fuerza posible. También quiero
decirles aquí que hay un compromiso por parte del Gobierno
español en defender los acuerdos del GATT en el ramo textil
del principio de reciprocidad respecto a los productos
procedentes de países terceros de la Unión Europea y en
mejorar los controles de fraude.
Respecto al sector de las privatizaciones, quiero decirle al
señor Gamir que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha presentado una iniciativa parlamentaria, una
proposición no de ley, que se verá el próximo mes de mayo en
la Comisión de Industria y Energía, en la cual recogemos
cuáles han de ser los mecanismos necesarios para racionalizar
el sector público empresarial español, fijar las bases y los
criterios por los cuales es necesario que existan empresas
públicas y, en donde no exista, la necesidad de que haya
empresas públicas, ir
privatizando paulatinamente.
En esta iniciativa que hemos presentado en la Comisión de
Industria también proponemos la creación de un estatuto de la
empresa pública y estudiamos la posibilidad de proponer un
plan de competitividad para mejorar su eficiencia y
competitividad en el sector público.
Por todos estos motivos, señoras y señores Diputados, no vamos
a votar favorablemente su iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, muy esquemáticamente y sintiendo tener que serlo
por mor y por fuerza del tiempo y de la hora en que estamos.
Pero lo que sí quiero asegurar al Portavoz del Grupo Popular,
señor Gamir, que mi Grupo ha estudiado con detenimiento sus
mociones, no se las ha tomado en absoluto a la ligera.
Si me permite una valoración global tanto de la forma como del
fondo, empezando por la forma, encuentro sus mociones, que son
muchas, un tanto farragosas. Desde luego, la capacidad de
síntesis no es su fuerte, como tampoco es, quizás, el mío. Son
ambiguas --este es un calificativo que me parece más
importante--porque muchas de sus proposiciones, dicho en el
sentido
gramatical del término, valen tanto para un roto como para un
descosido, son formuladas de tal manera que con ellas se
pueden hacer cosas, si no contradictorias, muy diferentes. Por
último, señor Gamir, el conjunto de sus mociones, a mi juicio,
no expresan, al menos de manera sistemática, coherente,
integrada, una verdadera política industrial. Ganas no le
faltan. Usted ha insistido mucho en calificativos al respecto,
pero, si me atengo a lo escrito, sinceramente se lo digo, creo
que
no. Y si hablamos de una política industrial activa, todavía
su proposición no lo logra, aun reconociendo toda su
intención. No lo logra porque son pocas las propuestas
positivas que establece. Son muchas las propuestas que tienen
un carácter, repito, o muy genérico o muy de intenciones, pero
sin especificar procedimientos ni formas concretas. En todo
caso --y entro en el tema de fondo--, en todas ellas hay una
filosofía macroeconómica y una filosofía, incluso, de política
industrial sobre la que, en los temas fundamentales, mi Grupo
discrepa de ustedes. Creo que es difícil, además, que ustedes
mantengan la posibilidad de definir una política industrial
activa cuando, al mismo tiempo, en la práctica, la mayor parte
de las medidas que ustedes establecen en relación a la función
del Estado, a la función del Gobierno, se limita a medidas de
tipo desreguladoras,
desgravadoras, muchas veces de forma tan genérica que no se
sabe muy bien desregular que o al menos no se sabe desregular
hasta cuándo.
Como le dije en el debate de la interpelación, en el trasfondo
de sus planteamientos macroeconómicos (que a mi Grupo le
cuesta a veces diferenciarlos de los que plantean otros grupos
como Convergència i Unió y el propio Grupo Socialista) sí hay
algunos puntos con los cuales coincidimos, incluso creo que
coincide la mayoría de la Cámara, al menos la que se ha
expresado en temas de política industrial de forma continuada,
y es que,
efectivamente, aquí se han sacrificado los sectores
productivos a la política macroeconómica. Coincidimos en que
la política que se ha seguido respecto a los tipos de interés,
los tipos de cambio, ha sido muy perjudicial no sólo para la
política
industrial, sino para todo nuestro tejido productivo. En eso
estamos de acuerdo. Pero a nosotros nos parece que ustedes son
incongruentes, porque entendemos que no son sólo estos dos
aspectos, que es el conjunto de la política macroeconómica del
Gobierno la que ha sido, en la práctica --creo que también en
la teoría--, que es lo que más radicalmente pone a prueba una
teoría, radicalmente lesiva para los sectores productivos,
tanto otros como el que ahora técnicamente discutimos, que es
el industrial.
Esta política macroeconómica es la que, de una forma plástica,
de una forma global, está plasmada en lo que es el Plan de
Convergencia, que casi todos ustedes han aceptado. Un Plan de
convergencia, con todo el tema de Maastricht --en el que
nuestro Gobierno ha intentado ser más papista que el Papa--,
que en la práctica se ha mostrado (a estas alturas esto es
algo obvio, no hace falta insistir en lo mismo) como irreal --
ya se reconoce que es prácticamente irrealizable, al menos en
las etapas, en las fechas, en los calendarios previstos-- y,
además, pernicioso. Es decir, ha traído consecuencias
perjudiciales serias.
En el fondo de este Plan de Convergencia y en el fondo de su
política macroeconómica --y ahí no la distingo de la del
Gobierno-- ustedes hacen pivotar todo el tema de la
competitividad sobre dos ejes fundamentales, que son la
reducción drástica del gasto público indiscriminadamente, a mi
entender no discriminan de manera clara y suficiente, y
también está la reducción de los costes salariales tanto
directos como
indirectos, tanto inmediatos como diferidos. Incluso cuando
ustedes hablan del gasto público lo hacen de forma
especialmente genérica, que, repito, se presta a políticas que
pueden ser muy diferentes e incluso contradictorias. Por
ejemplo, ustedes dicen en el punto 3.4: En el gasto público
tendrán prioridad las infraestructuras y el capital humano.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
García-Fonseca. Por favor, señorías, es imposible poder
escuchar lo que dice el señor Diputado interviniente.
El señor GARCIA FONSECA: No será porque no doy voces y,
además, en este caso funcionan los altavoces.
Ustedes hablan de dos cosas que, dichas así, son obviedades y
dicen todo o no dicen nada. Se refieren a infraestructuras,
pero ¿qué tipo de infraestructuras?, ¿qué prioridades hay ahí?
Invertir en capital humano, pero ¿con qué prioridades? Por
ejemplo, nosotros señalamos que es necesario dar prioridad al
tipo de infraestructuras que creen más empleo, menos impacto
medioambiental, que aborden los desequilibrios territoriales,
etcétera. Esto son criterios básicos, porque, si no, repito,
una política de infraestructuras puede resultar absolutamente
contraria a unos intereses generales o a unos intereses que
pueda defender un grupo determinado o a los planteamientos de
un partido o de otro.
Yendo brevísimamente a las políticas industriales específicas
que ustedes indican más que diseñan, las políticas
horizontales y las políticas sectoriales, en cuanto a las
políticas horizontales hay una serie de puntos que si se
votasen por separado no tendríamos ningún inconveniente en
votar --posteriormente indicaré cuáles--, porque, repito, nos
parece que estos puntos ya casi son de cultura común, son casi
lugares comunes en los cuales podemos coincidir, sobre todo
porque, además, están redactados de una manera excesivamente
genérica.
Hay otro tipo de medidas un poco más específicas; por ejemplo,
cuando, en relación con las pymes, habla de las medidas
fiscales, prácticamente son las que detalla de manera más
específica, algunas de ellas podríamos compartirlas, pero,
desde luego, otras nos parece que son claramente rechazables,
al menos desde la óptica de nuestro Grupo, bien porque son
inadecuadas, bien porque son indiscriminadas o bien porque son
inconcretas.
En cuanto a las políticas sectoriales, he de decir que,
efectivamente, creo que en todo caso la interpelación
de ustedes y esta moción tienen una virtualidad, que es
reabrir o relanzar un debate sobre política industrial que en
nuestro país ha tenido una ausencia clamorosa. Lo que pasa es
que creo que es una pretensión excesiva, que no se compagina
con la moción presentada, tener como objetivo que esta moción
cierre ese debate o sea un marco de conclusiones válido para
un desarrollo del mismo. Estamos en desacuerdo con los puntos
fundamentales, con la filosofía de fondo y por las demás
razones señaladas en cuanto a forma, inadecuación, etcétera.
Creemos que el debate hay que continuarlo muy a fondo, y uno
de los puntos es precisamente el tema de las políticas
setoriales, porque ustedes, por ejemplo, se centran en dos
cuando hablan de sectores concretos, el de la automoción,
fundamentalmente en la automoción privada, o se centran en el
tema textil. Nos parece que el tema de las
políticas sectoriales, una vez que su Grupo admite que, además
de las políticas horizontales, hay que hacerlas también
sectoriales, como admite también el señor Ministro, nos parece
que hay que hacerlo con una perspectiva de futuro y buscar
cuáles son aquellos sectores en los que, dada nuestra
capacidad, dadas nuestras situaciones en todos los sentidos,
tanto en los mercados como en nuestra capacidad de
investigación y desarrollo, en nuestro nivel tecnológico, en
nuestro tipo de redes de
comercialización, etcétera, nosotros podemos tener unas
mayores posibilidades de futuro.
Desde luego, más que estos dos sectores que usted apunta, me
atrevería a apuntar otros nichos industriales, como puede ser
toda la industria que tiene que ver con las energías
renovables, no solamente por lo que tenga de ahorro
energético, sino en el aspecto estrictamente industrial, o
todo lo que tiene que ver con las tecnologías
medioambientales, que creo que es un nicho muy oportuno y
adecuado para nuestro país.
Creo que éste es un debate para hacer. Desde luego, una vez
que el Ministro lanzó el guante, mi Grupo lo ha recogido de
inmediato y creo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca,
termine, por favor.
El señor GARCIA FONSECA: Termino ya, señor Presidente.
... que, desde luego, no se puede cerrar en absoluto con estas
mociones cuya filosofía de fondo, repito para terminar, mi
Grupo no comparte; admite varios puntos que luego voy a
enumerar si se votasen por separado, pero, en todo caso,
considera que ni mucho menos puede ser un programa que reúna
un mínimo común denominador para elaborar una política
industrial activa en esta Cámara. Por último, sobre las
privatizaciones, señor Gamir, voy a leerle simplemente la
última moción que ustedes plantean, y con esto termino, señor
Presidente. Cuando dicen que se utilice la política
privatizadora para incrementar la eficacia y
competitividad, disminuir la deuda y el déficit público y para
desarrollar el accionariado popular y la masa crítica de
nuestros mercadosfinancieros, por fin, aunque sea al final de
su moción, yo leo las razones que motivan a su Grupo a pedir
un plan de privatizaciones.
Mire usted, ninguna de estas razones se mantiene en pie,
ninguna de estas razones es sostenible. Un plan de
privatizaciones no es bueno para incrementar la eficacia y
competitividad, porque van a privatizar precisamente las
industrias estatales competitivas en sectores donde hay muchas
privadas no competitivas. Un plan de privatizaciones tampoco
va a ser eficaz para disminuir la deuda y el déficit público,
y analistas de reconocimiento general lo afirman cada vez más
explícita y rotundamente porque, en el mejor de los casos,
sería pan para hoy y hambre para mañana. Desde luego, esto del
accionariado popular, señor Gamir, es una falacia; el menor
análisis demuestra que a nivel práctico no significa
absolutamente nada en cuanto a reparto económico y mucho menos
de poder.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en representación del Grupo Socialista, voy a
consumir un turno en contra del contenido de esta moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sáenz Lorenzo,
en las mociones no hay turnos en contra, sino turnos de
fijación de posición.
El señor SAENZ LORENZO: Voy a fijar una posición de mi Grupo
para votar en contra de la moción que propone el Partido
Popular. Propone una moción en un momento yo diría que algo
oportunista, porque, efectivamente, estamos soportando una
crisis industrial profunda, que ha sido particularmente dura
en el año 1993. Algunos de los efectos de esa crisis
industrial se están notando más hoy en la opinión pública; hay
algunas empresas en crisis que ha citado el Portavoz del Grupo
Popular, pero también es verdad que en estos momentos las
expectativas industriales han mejorado y que los índices más
significativos respecto de la evolución del sector industrial
son en estos momentos positivos. Se ha mejorado la
productividad, han mejorado las encuestas sobre la coyuntura
industrial, se recupera la cartera de pedidos, hay una mejora
en el grado de utilización de la capacidad productiva, incluso
hay una mejora en la producción industrial en los últimos
meses; discretamente, pero, desde mi punto de vista, de una
forma significativa, se está produciendo un cambio en el signo
de la evolución de los acontecimientos desde el punto de vista
industrial.
Ustedes eligen este momento para hacer un planteamiento que,
desde mi punto de vista, es sumamente contradictorio y que no
plantea realmente una alternativa a la política que está
llevando a cabo el Gobierno. Los elementos básicos de su
análisis vuelven a la política económica y nos plantea
elevados tipos de interés, elevados tipos de cambio e
incremento de la presión fiscal. Señor Gamir, van a tener
ustedes que cambiar el discurso en algún momento, porque,
claro, los tipos de interés se han modificado sustancialmente.
Hemos pasado del 13,75 por ciento al ocho por ciento. Ha
disminuido el diferencial con la Comunidad Económica Europea y
con los países de nuestro entorno. Está disminuyendo el
diferencial. Por tanto, ya se han producido modificaciones
significativas a ese respecto.
Lo mismo podemos decir de los tipos de cambio. Hoy la paridad
de la peseta es una paridad razonable para las exportaciones y
lo está demostrando justamente el sector industrial y el
comportamiento de las exportaciones en el sector industrial.
No estamos de acuerdo con que la presión fiscal de nuestro
país sea inadecuada. Estamos por debajo de la media de la
Comunidad Económica Europea y por debajo también, lógicamente,
de la OCDE, si consideramos nuestro entorno europeo. Estamos
bastante por debajo y no pensamos que nuestro país deba tener
planteamientos de política económica que conduzcan a
situaciones de
subdesarrollo, sino a situaciones de bienestar.
Usted en la propia mención dice explícitamente que la política
industrial por sí sola, ni aun queriendo, podría hacer algo.
Usted no cree en absoluto en la política industrial y, sin
embrgo, hay que decir que, hoy por hoy, cada vez más, todos
los países desarrollados piensan en que el papel de la
política industrial es creciente.
Yo tengo que mostrarme en desacuerdo con este planteamiento,
con esto que dicen ustedes textualmente en su moción de que,
por sí sola, ni aun queriendo. Ustedes piensan que solamente
los elementos de política macroeconómica son los que van a dar
competitividad y yo pienso que no, porque si solamente el
coste de los factores (del factor trabajo, del factor capital
y de las materias primas) fuera lo que influyera en la
competitividad, los países desarrollados lo tendrían difícil.
Afortunadamente existen otros elementos de competitividad, y
de una forma creciente la innovación como elemento de
competitividad, que deben
promocionarse justamente a través de una política industrial
que no está presente, desde mi punto de vista, en la moción
que ustedes presentan. Está presente, una vez más, la política
macroeconómica, los tipos de interés, los tipos de cambio,
etcétera.
Tienen contradicciones flagrantes. Primero plantean reducir
ingresos, reducir impuestos directos, reducir la matriculación
de los automóviles, reducir cuotas sociales de la Seguridad
Social. Además, hay que reducir el déficit público y hay que
aumentar los gastos de infraestructura y de recursos humanos.
Este rompecabezas no se puede casar: reducir ingresos, reducir
el déficit y aumentar gastos. Eso no lo puede hacer nadie. Es
una contradicción. ¿Dónde se disminuyen los gastos? ¿Es en las
pensiones? ¿En las prestaciones sociales? ¿En la política
social? ¿En la educativa? ¡En ninguna! En los debates en esta
Cámara ya vemos que en ninguna, ni siquiera en la empresa
pública. Ustedes piden que a la empresa pública se le dé más
dinero en cada una de las provincias donde hay problemas con
alguna empresa pública. Por tanto, no puede casar, es
contradictoria en el fondo, en su planteamiento político, en
su planteamiento macroeconómico, esta política que se plantea
en la moción.
Después, en el desarrollo de la moción se ve que no creen
ustedes en la política industrial. Enumera una serie de
actuaciones y con algunas de ellas estamos de acuerdo porque
son las que se están haciendo. ¡No dirán ustedes que este
Gobierno no ha tenido preocupación por la pequeña y mediana
empresa! Yo creo que ha sido una preocupación constante en los
últimos meses. Las enmiendas a la ley de presupuestos y el
debate presupuestario lo ponen de manifiesto.
¿Mejoras fiscales a la pequeña y mediana empresa? Le voy a
enumerar unas cuantas: incremento de los coeficientes máximos
de amortización del Impuesto sobre Sociedades, aumento del 35
por ciento del límite de deducción por inversiones, deducción
del cinco por ciento de gastos de formación de personal en el
impuesto sobre sociedades, mejora del régimen especial de
tributación para las transmisiones de empreas, modificación
del Impuesto sobre Actividades Económicas, reducción de los
rendimientos declarados en estimación objetiva por índices,
signos o módulos, incentivo a la creación de empresa,
incentivo de inversión, creación de una línea de 150.000
millones de crédito en el ICO de créditos subvencionados,
apoyo a la
financiación a través de la aprobación de la Ley de Sociedades
de Garantía Recíproca, etcétera.
El Gobierno acaba de presentar el Plan marco para la Pequeña y
Mediana Empresa en la Conferencia Sectorial de Industria y
algunos de los elementos de ese plan marco están presentes,
efectivamente, en la moción que usted plantea. En ese Plan
marco está la creación de redes financieras para la pequeña y
mediana empresa, la difusión de la información, la cooperación
interempresarial y apoyos a las redes tecnológicas. Hoy mismo
hemos aprobado en esta Cámara la eliminación de la doble
imposición de los dividendos y la mejora del tratamiento
fiscal de la I+D.
Por tanto, en algunas cosas sí que nos parece que hay una
cierta convergencia, pero son cosas que ya se están haciendo,
que se han hecho en la Ley de Presupuestos, en la Ley
financiera que ha acompañado los Presupuestos, que está en
marcha en ese Plan marco para las pequeñas y medianas
empresas. Pero no coincidimos, en absoluto, en las prioridades
y en los acentos.
Para nosotros el elemento de competitividad que debe enmarcar
una política industrial es la innovación en la empresa. Eso
apenas aparece en su moción. Hacen, eso sí, mucho hincapié,
como siempre hace S.S., en el papel del sector público y en
que, por lo visto, el déficit público de este país se va a
eliminar vendiendo empresas públicas. Estamos en radical
desacuerdo con ese planteamiento, como lo estamos con que se
disminuya el Impuesto de Matriculación en el sector del
automóvil, pero sí estamos de acuerdo con medidas que
pretendan reactivar el sector y, al mismo tiempo, modernizar y
renovar el parque, y esa es la medida que ha tomado el
Gobierno; es esta medida que necesariamente se tiene que tomar
por sorpresa, señor Gamir, si se quiere que sea eficaz y que
no perjudique al sector. Por tanto, no se extrañe, no busque
fantasmas, sino aplauda una actuación del Gobierno que yo creo
que es positiva para el sector del automóvil, que es un sector
que tiene problemas y que está en competencia en nuestro país.
Y cuando un sector tiene estas características, yo creo que un
gobierno tiene que estar alerta para ver las posibles medidas
que favorezcan su actividad. Yo creo que es lo que ha hecho el
Gobierno y, por tanto, está en la línea que preconizamos de
política económica y de política industrial, diría, de
política industrial activa. Y yo creo que lo estamos
demostrando.
En el sector público empresarial vuelve a plantear el tema del
plan de privatizaciones, un estatuto de la empresa pública. Yo
no sé cómo se puede plantear un estatuto de empresa pública
desde la derecha. No lo sé, no lo acabo de entender.
Desde luego, es radicalmente contrario a nuestro
planteamiento. Nuestro planteamiento es que la empresa pública
y la empresa privada funcionen en igualdad de derechos y de
obligaciones, en competencia, sin privilegios y sin corsés que
a la empresa pública le impidan un funcionamiento en el
mercado. Lo que pretendemos es que la empresa pública sea tan
eficiente como la empresa privada y que la diferencia entre
empresa pública y empresa privada no esté en cuál es el
propietario del capital, sino en la eficiencia en ambos
sectores.
¿Pero qué empresa puede privatizarse? Señores Diputados, las
que pierden dinero no pueden privatizarse o, si se privatizan,
hay que sanearlas y, por tanto, cuestan dinero a los
Presupuestos. Por consiguiente, ésas difícilmente pueden
privatizarse. Se podrá privatizar las que ganen dinero, y las
que ganen dinero se pueden privatizar de dos formas: una, como
se está haciendo, sacando a Bolsa algunas participaciones,
pero sin perder en ningún momento el control, y otra, buscando
que esas empresas públicas sustenten, sostengan en cierta
medida el tejido industrial de este país.
Yo creo que eso es importante, porque cuando se está hablando
de política industrial lo que no se puede es hacer propuestas
alegremente que supongan el desmantelamiento del sector
público empresarial y el desmantelamiento, por tanto, de una
parte significativa de nuestro tejido industrial.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sáenz Lorenzo,
vaya terminado.
El señor SAENZ LORENZO: Termino enseguida, señor Presidente.
La alternativa que ustedes plantean es la venta total. La
venta total podría aliviar en un momento determinado el
déficit público. Yo no sé cómo podrían funcionar algunos
complejos empresariales, algunos «holding» si lo que hacemos
es quitarles las empresas que dan beneficios y las que
permiten sostener otras empresas importantes para este país y
que, desde luego, nuestro Grupo no está dispuesto a dejar caer
porque nosotros pensamos que su política supondría el
desmantelamiento del sector público empresarial.
Por tanto, estamos en desacuerdo en el fondo. Su planteamiento
es excesivamente macroeconómico. Ese planteamiento tiene
contradicciones de fondo. Nosotros creemos en una política
industrial, en una política industrial activa y, además,
estamos en desacuerdo total con el planteamiento que hacen
respecto de la empresa pública.
Todo ello nos lleva a fijar la posición de nuestro Grupo en el
sentido de que vamos a votar en contra de esta moción y a
pedir a SS.SS. que, si les hemos convencido, voten también en
contra. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz
Lorenzo.
Señor Gamir, tiene la palabra a los efectos de indicar si
acepta las enmiendas defendidas por el señor Albistur y
presentadas por él y por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor GAMIR CASARES: Sí, señor Presidente, nada más para
decir que aceptamos dichas enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Todas las enmiendas,
el conjunto de ellas? (Asentimiento.)
Pasamos a la votación señorías. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular que se somete a
votación en los términos resultantes
de la aceptación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Vasco, PNV, y el señor Albistur.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:votos
emitidos, 281; a favor, 122; en contra, 158; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez de la noche.