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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 37, de 14/12/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 37 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 35
celebrada el martes, 14 de diciembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
reforma del Código Penal. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 27.1, de 14 de septiembre de 1993
(número de expediente 122/000017) (Página 1674)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, reguladora de la publicación de las
Leyes aprobadas por las Cortes Generales en las Lenguas
Españolas Oficiales. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 23.1, de 14 de septiembre
de 1993 (número de expediente 122/000013) (Página 1687)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se insta al Gobierno a revisar su política de cooperación de
forma que incluya sistemáticamente en los Acuerdos que firme
con terceros países la «cláusula democrática». «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 11, de 27 de
septiembre de 1993 (número de expediente 162/000026) (Página 1687)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se insta al Gobierno a actualizar los límites de las
prestaciones económicas de las Mutualidades de Previsión
Social en la previsión de riesgos sobre las personas. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 6, de 14 de
septiembre de 1993 (número de expediente 162/000016) (Página 1695)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general para poner fin a la actual
masificación de los centros universitarios y atajar los
problemas que sufre el profesorado universitario, así como
para facilitar que los estudiantes puedan cursar los estudios
de su elección (número de expediente 173/000017) (Página 1699)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
38, de 15 de diciembre de 1993.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 1674)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reforma
del Código Penal (Página 1674)
En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley el
señor Padilla Carballada. Expone que la pretensión de esta
iniciativa es la de reformar el Código Penal, incorporando al
mismo los nuevos preceptos que determinen que los autores de
delitos de terrorismo y narcotráfico cumplan íntegramente las
penas que se les impongan en las sentencias por las que
resultaren condenados. Señala que es la quinta vez, desde
septiembre de 1986, que el Grupo Popular presenta una
proposición de ley con idéntica finalidad, aunque con
contenido y técnica distintos a los de la presente iniciativa.
Recuerda que en 1990 el entonces Ministro de Justicia solicitó
que fuera retirada una proposición similar a la que ahora
defienden, dando su garantía personal y la del Gobierno de que
en el transcurso del año 1991 se remitiría a la Cámara el
nuevo Código Penal conteniendo disposiciones que garantizarían
el cumplimiento íntegro de las penas para narcotraficantes y
terroristas. Sin embargo, el Proyecto de Código Penal no llegó
a la Cámara hasta finales de 1992 y la posterior disolución de
las Cortes determinó que decayera, demorándose una vez más
esta pretensión.
Recuerda asimismo que el Presidente del Gobierno, en su
discurso como candidato en el debate de investidura celebrado
en 1989, asumió un compromiso explícito de acometer las
reformas legales necesarias para que las sentencias
relacionadas con estos delitos fueran cumplidas en su
integridad, pero lo cierto es que este objetivo de política
criminal sigue sin ser una realidad en este momento, como no
lo son tantos compromisos formales y
solemnemente asumidos por los gobiernos que don Felipe
González ha presidido desde 1982.
Sin embargo, la falta de fortuna de las anteriores iniciativas
no les impide volver a someter a la consideración de la Cámara
una iniciativa con idéntica finalidad, seguros como están de
la bondad y conveniencia del fin perseguido y conscientes de
que la sociedad española lo quiere.
Justifica seguidamente por qué razón se presenta esta
proposición de ley una vez más a la Cámara y por qué en este
momento y en los términos en que viene formulada. Respecto al
motivo de su presentación recuerda que en todos los debates
habidos en torno a esta cuestión los grupos parlamentarios han
coincidido en su importancia y la gravedad de los hechos que
configuran los delitos a que se refiere la proposición. Por
otro lado, el Grupo Popular tiene el propósito de cumplir los
compromisos que formula en sus programas electorales. En
cuanto a la oportunidad de la iniciativa considera que se
trata de una demanda enérgica de la sociedad española, como se
pone de relieve en un reciente estudio sociológico de la
Universidad Complutense. Sucede también que en el Derecho
comparado europeo el tratamiento de estos fenómenos delictivos
es mucho más grave del que se contiene en nuestro
ordenamiento, y el propio Fiscal General del Estado, en las
memorias presentadas desde 1990 con ocasión de la apertura del
año judicial, somete a la consideración del Gobierno
y del Jefe del Estado una reiterada petición de modificación
de la legislación vigente, suspendiendo ciertos beneficios
penitenciarios para estos delitos. En cuanto a los términos de
la proposición, habla de la proporcionada reacción de la
sociedad frente al que la hiere, la daña y la lesiona. Se
trata, por otra parte, de un texto idéntico al que el Gobierno
remitió en la pasada legislatura en el proyecto de Código
Penal, que estimaron los grupos parlamentarios, de forma casi
pacífica, como razonable y asumible. Piensan que es un buen
instrumento para alcanzar el fin perseguido.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría
Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Camp i Batalla, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); señora Aguilar Rivero, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y señor De la Rocha Rubí, del Grupo Socialista.
Replica el señor Padilla Carballada, duplicando los señores
Olabarría Muñoz y De la Rocha Rubí.
Sometida a votación, es rechazada la proposición de ley
debatida por 131 votos a favor, 153 en contra y 15
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, reguladora de la publicación de las leyes
aprobadas por las Cortes Generales en las Lenguas Españolas
Oficiales. (Orgánica) (Página 1687)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, la señora Rivadulla Gracia retira la
proposición de ley para permitir que sea debatida en esta
Cámara otra proposición de ley que su grupo presentó en el
Parlamento de Cataluña y que fue aprobada unánimemente. Espera
que cuando dicha proposición llegue a esta Cámara tenga una
acogida tan favorable como la que tuvo en el Parlamento
catalán.
Proposiciones no de Ley (Página 1687)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta al Gobierno a revisar su política de cooperación de
forma que incluya sistemáticamente en los acuerdos que firme
con terceros países la «cláusula democrática» (Página 1687)
En representación del Grupo Parlamentario Popular defiende la
proposición no de ley el señor Rupérez Rubio. Comienza
aludiendo al texto aprobado de manera unánime por esta Cámara
el 26 de noviembre de 1992 sobre objetivos y líneas generales
de la política española de cooperación y ayuda al desarrollo.
Para poner en práctica algunos de los aspectos contenidos en
aquella declaración comienzan por la llamada «cláusula
democrática», cuyo sentido y finalidad última es procurar que
en todas aquellas relaciones de cooperación al desarrollo que
España mantenga con terceros países se incluya en los
correspondientes acuerdos una alusión explícita a la «cláusula
democrática». Formula diversas consideraciones en torno al
texto aprobado el año anterior y termina expresando su
esperanza de que la proposición no de ley que ahora presentan
encuentre el apoyo de la Cámara, a ser posible de manera
unánime, como ocurrió en el texto anterior.
El señor Yáñez-Barnuevo García defiende la enmienda presentada
por el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; Molins i Amat, del Grupo
Catalán
(Convergència i Unió), y Vázquez Romero, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda presentada por el Grupo Socialista, es aprobada por
300 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se insta al Gobierno a actualizar los límites de las
prestaciones económicas de las mutualidades de previsión
social en la previsión de riesgos sobre las personas (Página 1695)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Homs i
Ferret, solicitando que se inste al Gobierno para actualizar
los límites de las prestaciones económicas de las mutualidades
de previsión social en la previsión de riesgos sobre las
personas. Se trata de una medida dirigida a un colectivo de
entidades, las
mutualidades de previsión social, que son entidades sin ánimo
de lucro y que desarrollan prestaciones complementarias a las
que realiza con ámbito y carácter general la Seguridad Social.
A través de la proposición no de ley pretenden, sencillamente,
que los límites que hoy se aplican a estas prestaciones
económicas de las mutualidades de previsión social sean
actualizados
como, por otra parte, ya se intentó en la legislatura anterior
y que no pudo llevarse a la práctica por la disolución de las
Cámaras. La proposición no de ley plantea la elevación de los
límites fijados en el año 1990 elevándolos mediante la
aplicación de la inflación anual que ha experimentado nuestra
economía durante ese período, a fin de poder actualizar a
nivel monetario los límites que se establecían en el año en
que fueron aprobados. Expone que, de no adoptarse esta
decisión, estarían manteniendo un criterio limitativo que
gravitaría negativamente sobre la posibilidad de expansión y
de realización de estas entidades, que no tienen ánimo de
lucro y que reitera que realizan una función social
complementaria a la de la Seguridad Social. Sucede, además,
que, al no poder ver actualizados esos límites de las
prestaciones, estas entidades están sufriendo el
desplazamiento de los afectados por la cobertura de estas
prestaciones hacia otras entidades.
Termina dando lectura al texto concreto de la proposición,
esperando que en torno a la misma puedan alcanzar un acuerdo
unánime de la Cámara, que redundaría en beneficio de los
ciudadanos que, mediante sus aportaciones a estas mutualidades
de previsión social, complementan con sus prestaciones las que
desarrolla y aplica en general en nuestra sociedad la
Seguridad Social.
El señor Neira León defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria, y la señora Montseny Masip, del Grupo
Popular. Sometida a votación la proposición no de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos
resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, es aprobada
por 293 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1699)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general para poner fin a la actual masificación de
los centros universitarios y atajar los problemas que sufre el
profesorado universitario, así como para facilitar que los
estudiantes puedan cursar los estudios de su elección (Página 1699)
Defiende la moción en nombre del Grupo Popular el señor Ollero
Tassara, afirmando que sería interesante que en esta Cámara
aprovecharan este momento con la serenidad que da el
funcionamiento cotidiano de la vida universitaria para
intentar aprobar algunas resoluciones constructivas que les
pusieran de acuerdo a la hora de abordar los problemas que
afectan a la Universidad. Su Grupo ha elaborado esta moción
con un ánimo manifiestamente constructivo, estudiando con
detalle las
intervenciones de los grupos intervinientes en el debate de la
interpelación para, en lo posible, ofrecer un campo de
encuentro y de diálogo que consiga unir planteamientos.
Expone seguidamente el contenido de los puntos que integran la
moción, formulando diversas consideraciones respecto de los
mismos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción
intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria, y González Blázquez, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores López de Lerma i López, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Nieto González, del Grupo Socialista.
Sometidos a votación, se aprueban los apartados primero y
segundo de la moción por 308 votos a favor, rechazándose los
restantes apartados de la misma.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos
de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
REFORMA DEL CODIGO PENAL (Número de expediente 122/000017)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre
reforma del Código Penal.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, señorías, en
nombre del Grupo Popular, presento hoy ante el Pleno de la
Cámara una iniciativa dirigida a reformar el Código Penal,
incorporando al mismo dos
nuevos preceptos que, en definitiva, determinen que los
autores de delitos de terrorismo y narcotráfico cumplan
íntegramente las penas que se les impongan en las sentencias
por las que resultaren condenados.
Desde septiembre de 1986, es ésta la quinta vez que el Grupo
Popular presenta en esta Cámara una proposición de ley con
idéntica finalidad, aunque con contenido y técnica distintos a
la de la presente iniciativa. En 1990, el entonces Ministro de
Justicia solicitó --era la tercera vez que se presentaba--que
fuera retirada una proposición similar a la que ahora
defendemos, dando su garantía personal y la del Gobierno de
que en el transcurso del año 1991 y, a ser posible, en los
tres primeros meses, se remitiría a la Cámara el nuevo Código
Penal, que contendría disposiciones que garantizarían el
cumplimiento íntegro de las penas para narcotraficantes y
terroristas. Pero el proyecto de Código, señorías, no llegó
hasta finales de 1992, y la disolución de las Cortes en abril
del presente año determinó que decayera, demorándose una vez
más la consecución del objetivo de política criminal, que
entendemos inaplazable, respecto del que, como he dicho, viene
prodigando el Grupo Popular, con constancia y firmeza
reiteradas, iniciativas.
Si desde 1986 se viene planteando la oportunidad y
conveniencia de que los terroristas y narcotraficantes cumplan
íntegramente sus condenas y desde 1989 el Partido Socialista
viene expresando su coincidencia al recoger en su programa
electoral --el de 1989, en su página 58-- un compromiso en
similares términos; si ya el actual Presidente del Gobierno en
su discurso como candidato en el debate de investidura
celebrado en 1989, al comienzo de la IV Legislatura, asumió un
compromiso explícito en términos tan claros como los que se
contienen en las siguientes palabras: Propondremos a la
Cámara, respetando el consenso conseguido por el bloque
democrático en la lucha por la erradicación del terrorismo,
las reformas legales necesarias para que las
sentencias relacionadas con estos delitos sean cumplidas en su
integridad; si pese a todas esas circunstancias lo cierto es
que este objetivo de política criminal no es aún una realidad,
como no lo son tantos compromisos formal y solemnemente
asumidos por los gobiernos que don Felipe González ha
presidido desde 1982, nadie podrá afirmar en esta Cámara que
esto haya sucedido por razones directa o indirectamente
imputables al Grupo Popular. Pero la falta de fortuna de las
anteriores iniciativas no nos arredra y, con tenacidad y
constancia, seguros como estamos de la bondad y conveniencia
del fin perseguido, conscientes de que la sociedad española lo
quiere y ajenos a cualquier tibieza, volvemos a someter a la
consideración de la Cámara esta
proposición de ley con idéntica finalidad, si bien
técnicamente con una estructura distinta a las anteriores.
Para presentar una iniciativa como ésta, señorías, cuyos
antecedentes históricos son los que brevemente he apuntado,
entiendo que hay que responder a tres cuestiones que paso a
enunciar. La primera de ellas, por qué se presenta esta
proposición de ley una vez más a la Cámara. La segunda, por
qué ahora, por qué en este momento del inicio de la V
Legislatura. Finalmente, por qué se hace en los términos en
que viene
formulada.
¿Por qué se presenta? Señorías, a estas alturas debería ser
ocioso, pues en todos los debates que en torno a esta cuestión
han tenido lugar los grupos parlamentarios han coincidido en
su importancia, la valoración de la misma y la gravedad de los
hechos que configuran los delitos a los que se refiere esta
proposición. Nadie ha negado la precisión de una medida de
política criminal propia y específica para este tipo de
hechos, pero lo cierto es que pasan los años, pasan ya las
legislaturas en esta Cámara y las cosas siguen igual. Y ya en
el inicio de esta legislatura tuvimos que ser testigos de
varios
acontecimientos terroristas por los que hubo que lamentarse en
el propio debate del candidato entonces a la Presidencia del
Gobierno.
El Grupo Popular no ha sido un testigo mudo hasta ahora y,
desde luego, no quiere serlo tampoco, en modo alguno hacia el
futuro ni en ningún otro momento, respecto de estos
acontecimientos. Por eso aquí está, una vez más, esta
propuesta, que ha figurado en nuestro programa en las
elecciones de 1993 pasadas y en los anteriores del Grupo
Popular, atendiendo siempre, como es natural, a nuestro
propósito de cumplir los compromisos que en nuestros programas
electorales se formulan. Lo de los quince días para prometer y
la legislatura para incumplir lo dejamos para otros.
Entendemos que es oportuna esta iniciativa porque lo demanda
enérgicamente la sociedad española. Un reciente estudio
sociológico de la Universidad Complutense, titulado «La
sociedad española 1993-1994», revela que más de la mitad de
los españoles quieren la penalidad más grave para los autores
de atentados terroristas. Todavía ayer el señor Ministro de
Justicia, en una audiencia que concedía a determinadas
víctimas de delitos de especial gravedad, manifestaba su
compromiso de que en el estudio del Código Penal en curso se
garantizaría un tratamiento más riguroso de tres categorías de
delitos: los de terrorismo, los de narcotráfico y las
agresiones sexuales con resultado de muerte. En todo caso,
decía el Ministro, respetando el marco constitucional.
También creemos que es oportuna esta iniciativa porque estimo
que hay que asomarse al panorama europeo, que entiendo
elocuente. En el Derecho comparado europeo el tratamiento de
estos fenómenos delictivos es mucho más grave que el que se
contiene en nuestro ordenamiento. Dicho tratamiento es el de
reclusión perpetua, como un instrumento específico de política
criminal para este tipo de delitos, y tiene el referente más
próximo en los artículos 22 y 421 del Código penal francés que
establecen, respectivamente, para los supuestos
más graves de delitos de narcotráfico y terrorismo, pena de
reclusión perpetua.
Como resumen hay que afirmar, como mantienen eminentes
juristas, que para que en la población se establezca la
conciencia del derecho y el sentimiento de seguridad jurídica,
es precisa la existencia de un repertorio de penas más graves
que una privación de libertad temporal. Mediante su previsión
en la ley, su imposición por el tribunal y su ejecución
penitenciaria, queda patente a los ojos de todos que existen
bienes jurídicos del más alto rango, cuya vulneración dolosa
representa un delito
especialmente grave. Así, la comunidad jurídica ante estos
supuestos reacciona como debe reaccionar, con la exclusión
permanente de la colectividad de las personas libres, y que en
el caso de extraordinario contenido del injusto y de la
culpabilidad de un delito, las consideraciones humanitarias
ceden paso a la prevención general.
Es oportuna esta iniciativa en este momento porque, desde
1990, está en las memorias del Fiscal General del Estado en
las que, con ocasión de la apertura del año judicial, somete a
la
consideración del Gobierno y del Jefe del Estado una reiterada
petición de modificaciones en la legislación contra el
terrorismo, esbozada ya en 1990 en los siguientes términos:
Parece evidente que las actuales penas impuestas por delitos
terroristas no se cumplen en su totalidad. Los cientos de años
de privación de libertad, que teóricamente se imponen en la
sentencia, quedan reducidos automáticamente por la regla
segunda del artículo 70 del Código Penal a un máximo de 30
años. A partir de ese máximo se descuentan los diferentes
beneficios que la legislación actual concede al penado
(redención de penas por el trabajo, permisos de salida,
redenciones extraordinarias, libertad condicional), con lo que
el tiempo que en realidad se cumple queda reducido a 16 o 17
años, como máximo. Sería
conveniente, decía el Fiscal General del Estado, que al
condenado por actos terroristas se le suspendieran ciertos
beneficios penitenciarios, como la redención de penas por el
trabajo, la libertad condicional... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Padilla. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Como consecuencia de ello las penas realmente cumplidas se
acercarían más a las penas impuestas.
Hemos de llamar la atención sobre el segundo punto, lo que
podríamos denominar el porqué de este planteamiento en este
comienzo de la V Legislatura, que obedece a que el fin
primario de la pena no es sólo, que lo es, su orientación,
sino que no puede realmente ser otro que la proporcionada
reacción de la sociedad frente al que la hiere y la daña, ante
quien la lesiona. Cuando esta lesión es tan despiadada, como
en los casos de terrorismo o estos de narcotráfico que atentan
indiscriminadamente contra todos los elementos del cuerpo
social --los del narcotráfico además dañando corporal y
psíquicamente a tantos--, la redención social no puede
mantenerse en los términos en que está en nuestro Código. Hay
que intentar cada vez más reprimir con mayor eficacia esa
delincuencia. Así debe hacerse.
La segunda cuestión que adelantaba en el enunciado de los
puntos que yo entendía que debían abordarse era por qué ahora.
Entendemos que debe ser ahora porque, como ha dicho un
reciente lema electoral del Partido del Gobierno, los tiempos
son
llegados, y esperamos que sea así. Lo fueron, entendemos
nosotros, hace ya mucho tiempo y consideramos que las
objeciones que una y otra vez se han planteado no justifican
más demoras en abordar esta cuestión.
Una y otra vez se ha dicho, en el estudio del Código Penal,
que era el momento de abordar esta reforma, pero hace ya seis
meses que comenzó esta legislatura, y en la comparecencia que
el señor Ministro de Justicia llevó a cabo ante la Comisión de
Justicia e Interior manifestó que, por lo que se refiere al
ámbito de la legislación penitenciaria, el dato esencial que
quería transmitir a la Cámara era la necesidad de que el
proceso de reformas en este campo se desarrollara de manera
paralela y coordinada al nuevo Código Penal. Es en este campo,
decía el señor Ministro de Justicia, donde debía residenciarse
el cumplimiento efectivo de las sentencias, sin mengua de los
artículos 14 y 25 de la Constitución, y donde debían tener
cumplida respuesta.
En relación al proyecto del Código Penal, adelantaba el señor
Ministro de Justicia que el objetivo no era otro que presentar
un texto que contara con el máximo consenso posible en el
ámbito científico y, si pudiera ser, político. Sólo así se
haría posible --pensaba-- su aprobación pacífica a lo largo de
la legislatura y se facilitaría también considerablemente su
tramitación.
Respecto al Código Penal en general, agradeció el Ministro al
conjunto de la Cámara que no hubiera entrado en detalles sobre
el mismo, precisamente porque estaban tratando de crear un
Código Penal que tuviera mayor grado de consenso; que ya
tendríamos ocasión, y amplísima, de debatirlo cuando el texto
empezara a tener cara y ojos y cuando el proyecto estuviera
cerrado.
A ello debemos añadir las cautelas del Consejo General del
Poder Judicial, en la Memoria de 1992, y dentro de la relación
circunstanciada de las necesidades que la Administración de
Justicia para el año 1993 hacía al Gobierno, al manifestar
que, por las razones que exponía, relativas a la incidencia
que iba a tener en la estructura judicial la entrada en vigor
de un Código Penal de nueva planta de las características que
tenía el anteproyecto remitido a dicho órgano de gobierno del
Poder Judicial por el Gobierno, entendía que, de aprobarse por
completo durante esta legislatura --se refería a la
legislatura anterior--, sería recomendable establecer un largo
período de «vacatio», quizás en torno a dieciocho o
veinticuatro meses, que permitiese abordar las demás reformas
que hubieran de acompañarlo, normalizar la situación de la
Justicia penal e ir creando un cuerpo de doctrina,
absolutamente indispensable, para mejor aplicación del nuevo
texto.
Tales consideraciones --decía el Consejo General del Poder
Judicial-- se revelan esenciales en torno a un futuro proyecto
de Código Penal.
Quisiera poner de relieve por qué formulamos esta propuesta en
los términos en que viene concretada. Lo hacemos porque hemos
querido someter a la Cámara un texto idéntico al que el
Gobierno remitió en la pasada legislatura, recogido en el
proyecto de Código Penal, que estimaron los grupos de forma
casi pacífica como razonable y asumible. Nosotros, como quiera
que lo
entendemos un buen instrumento para alcanzar el fin
perseguido, lo aceptamos y ahora también lo proponemos porque
nunca hicimos cuestión del cómo y sólo hemos insistido en el
fin que orienta esta iniciativa.
Señorías, tres han sido las razones fundamentales por las que
se ha objetado esta proposición en todas las ocasiones en que
se ha presentado a la Cámara. La primera, ya la he analizado,
ha sido que debía ir incorporada a un texto de Código Penal;
la segunda, a unos determinados defectos en los términos de
las
proposiciones, unas veces de ley y otras no de ley, con que
este asunto ha sido una y otra vez traído a la Cámara por el
Grupo Popular y, la tercera, por parte de algún Grupo
parlamentario, alguna sospecha de inconstitucionalidad.
Pues bien, quisiera decir, en cuanto a la idea de remitir esta
reforma al texto de un nuevo Código Penal, que por las razones
que he expuesto pudiera ocuparnos acaso más de dos años,
tiempo que entendemos que la sociedad española no debe ni
tiene por qué esperar para la respuesta legislativa a este
fenómeno delictivo tan grave, que dentro de nuestro
ordenamiento jurídico tiene un tratamiento mucho más venial,
mucho más leve que en los
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno.
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.
El señor PADILLA CARBALLADA: Concluyo, señor Presidente.
La segunda, que se refiere a los defectos en la forma de
perfilarla, naturalmente tiene corrección, porque para eso
está el debate legislativo en su tramitación en la Cámara; y
la tercera, que es la constitucional, reiteradamente tiene
manifestado el único intérprete auténtico de la Constitución,
el Tribunal Constitucional, que el artículo 25 de la
Constitución establece que las penas deben orientarse a la
reinserción y a la reeducación, pero desde luego las penas no
pueden quedar
embargadas por esos fines de reinserción y de reeducación. En
uno de los procesos penales más importantes a los que he
tenido la oportunidad de concurrir, terminaba el abogado
defensor diciendo de forma enfática que España no necesitaba
ni rigor ni benevolencia. Parafraseando esa afortunada
expresión, quisiera decir que la sociedad española nos demanda
una reforma en este punto del Código Penal que no sea hacia el
rigor ni hacia la benevolencia; que sea una reforma para que
el tratamiento jurídico-penal de estos delitos sea el
proporcionado y el adecuado para los mismos, de acuerdo con la
autoridad, con el impulso, con la fortaleza con que un Estado
de Derecho debe dar respuesta a estos fenómenos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, uno de los reproches que con
bastante razón se ha hecho en los últimos años a los sucesivos
gobiernos socialistas, y del que no está exento tampoco el que
gobernó en la I Legislatura, es el de que pese a la
transformación social y política que se operó en España, sin
embargo no se ha producido paralelamente la reforma penal que
caracterizó a todas las transformaciones que se habían
producido a partir del año 1822: En 1822, en 1848, en 1850, en
1870, en 1928, en 1932 e incluso con el texto refundido, que
realmente no fue una reforma integral del Código Penal, pero
sí una
transformación penal a la sociedad de entonces, desde 1948.
Nosotros comprendemos la desazón del Grupo Popular, habida
cuenta de que, además, quien ostentaba las máximas
responsabilidades en el Ministerio de Justicia en el año 1990
se comprometió a traer a esta Cámara el proyecto de ley de
reforma del Código Penal en el año 1991 y, sin embargo, no se
dio cumplimiento a tal compromiso. No cabe duda de que con una
tenacidad digna de mejor causa, por quinta vez trae el Grupo
Popular esta reforma, si bien adobada con una serie de mejoras
técnicas indiscutibles para la toma en consideración por esta
Cámara. Y hay que reconocer, igualmente, que tanto el
Presidente del Gobierno, como el Fiscal General, y, en
definitiva, en diversas instituciones se ha abogado por la
necesidad de que una serie de delitos, entre los cuales se
encuentran los que traen hoy aquí la preocupación del Grupo
Popular, a buen seguro
compartida por los restantes Grupos Parlamentarios, tienen que
ser objeto de un especial rigor en la imposición de las penas
correspondientes; de un rigor y de una preocupación que, en
definitiva, se tiene que extender a otros delitos que producen
una evidente alarma social, como es la violación,
fundamentalmente con resultado de muerte. ¿Por qué excluirlo
también de estapreocupación? Nosotros, que vemos con ciertas
dificultades la transgresión del artículo 25.2 de la
Constitución Española (no hay duda que caben opiniones para
todos los gustos, porque ahí se establece que las penas tienen
que orientarse a la reeducación y a la reinserción social, que
el penado tiene derecho a un trabajo remunerado y esa
remuneración no tiene por qué ser necesariamente, como se
establece en el artículo 100 del Código Penal, a base de
eliminar días de prisión por días de trabajo realizado), sin
embargo, consideramos que es inoportuno. Y creemos que es
inoportuno traer esta cuestión hoy... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Olarte.
Ruego silencio a sus señorías.
El señor OLARTE CULLEN: Creemos que es inoportuno traer hoy
esta cuestión a la Cámara (entre otras razones y desde la
perspectiva de Coalición Canaria hay que tenerlo bien
presente) porque existe un compromiso --a nosotros no es que
nos tenga sin cuidado, pero no nos afecta por igual el que ese
compromiso se hubiese
verificado por otro Ministro en otra legislatura-- en esta
legislatura por el actual Ministro de Justicia de presentar en
la Cámara el proyecto de ley de reforma del Código Penal. A
esa oferta que nos hizo en su primera comparecencia ante la
Comisión nosotros, en nombre de Coalición Canaria, extendimos
no un cheque en blanco, obviamente, a los compromisos del
señor Ministro, pero sí coincidimos en esa preocupación por el
pacto de Estado que él mismo expresaba. Nosotros sí creemos
que en esta legislatura va a venir a la Cámara el proyecto de
reforma del Código Penal, y ahí es donde nos parece que está
el encaje preciso para estudiar en su globalidad y en toda su
dimensión las reformas penales precisas, las de estas
cuestiones que tanto preocupan y a cuya preocupación a buen
seguro que ningún Grupo de la Cámara se sustrae.
Por ello, Coalición Canaria, lamentando ir contra su principio
de dar luz verde a las iniciativas que se traigan a esta
Cámara, en este caso va a votar negativamente su toma en
consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Padilla, ustedes son pertinaces en este ámbito, realmente; es
la quinta vez que presentan una proposición de esta
naturaleza. Pretende regular lo mismo, y es la quinta vez que
nosotros, por pura congruencia también, vamos a decirles que
no, y además por las mejores razones, señor Padilla, sobre las
cuales usted seguramente será especialmente sensible: razones
de estricta constitucionalidad.
Mi Grupo Parlamentario, señor Padilla, y lo hemos comentado
así en debates anteriores de naturaleza afín, cree que ustedes
han redactado ahora de forma diferente esta proposición de
ley; el tenor literal es diferente, pero lo que se regula es
lo mismo, materialmente es lo mismo, de facto es lo mismo. Le
hemos comentado que entendemos que contradice dos preceptos de
la Constitución, el artículo 14, en primer lugar --importante
artículo 14 que proclama el principio de igualdad--, y el
artículo 25.2 al que usted se ha referido prolijamente. Ha
hecho una hermeneusis parcialmente adecuada, no completamente
razonable, utilizando los criterios hermenéuticos que usa el
propio Tribunal Constitucional.
El artículo 25.2, efectivamente, indica que las penas de
privación de libertad, también las medidas de seguridad, se
deben orientar a la reeducación y reinserción social de los
delincuentes, pero eso no es una orientación en el sentido
eficacista que usted proponía. Esta es la legitimación
teleológica, finalista en nuestro ordenamiento jurídico, de
las penas privativas de libertad. Nosotros entendemos
contradichos en esta proposición de ley los dos preceptos
constitucionales que proclaman derechos de ámbito de
naturaleza privilegiada, dada la ubicación sistemática en el
propio texto constitucional de ambos preceptos.
Usted sabe que tanto el artículo 14 como el 25 están ubicados
en el Título I, Capítulo Segundo, cuyo rótulo general es «De
los derechos fundamentales y de las libertades públicas», y la
propia Constitución atribuye a los derechos y libertades
públicas proclamadas por estos preceptos un rango jurídico
formal
privilegiado. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden
relativizar bajo ningún concepto, ni se puede tampoco excluir
o proveer a la interdicción del disfrute de la titularidad de
estos derechos a ningún colectivo ni persona individualmente
considerada, salvo por las razones expresamente indicadas por
estos mismos preceptos, por las razones expresamente
consignadas por la propia Constitución.
Usted sabe perfectamente, señor Padilla, como yo (no se lo
tengo que explicar), que la Constitución no legitima ningún
tipo de discriminación en materia de cumplimiento de penas de
privación de libertad. La Constitución, en el artículo 25.2,
no se refiere a terroristas; la Constitución, en el artículo
25.2, no se refiere a narcotraficantes, no se refiere a
violadores, no se refiere a estafadores y no se refiere a
comitentes de delito de prevaricación, sino que lo que hace el
artículo 25.2
es determinar enfática, expresamente atribuyendo a esta
caracterización un rango constitucional privilegiado dada su
ubicación sistemática, lo que hace es catalogar la propia
esencia finalista, teleológica de las condenas que supongan la
privación de libertad de las personas. Esta discriminación,
extrayendo del disfrute de la titularidad de estos derechos
también los
beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de
condena, no son más que extrapolaciones que pretenden
vehicular,
materializar esta consagración constitucional.
De hecho, usted sabe también perfectamente cómo los beneficios
penitenciarios que suponen acortamiento de condenas no son
otra cosa más que una garantía para conseguir la eficaz
reeducación y reinserción social de los penados, o una
consecuencia de la reinserción cuando ésta se produce
eficazmente. La Constitución no legitima ningún tipo de
discriminación, la Constitución no legitima (por tanto, esta
proposición resulta inconstitucional por esta razón) la
exclusión del disfrute de estos derechos, de esta esencialidad
de las penas privativas de libertad para ningún colectivo de
penados, para ningún tipo de personas sometidas a penas de
privación de libertad, ni terroristas, ni
narcotraficantes, ni de ningún otro tipo delictivo.
Pensar lo contrario, pensar que el ejercicio, el disfrute de
los derechos constitucionales se puede parcializar sin que
esta parcelación esté legitimada por la propia Constitucional,
es entrar por derroteros terriblemente peligrosos, es atribuir
la interpretación, la hermenéutica de los preceptos
constitucionales a reflexiones de puro decisionismo político,
y esto usted, como jurista --y S.S. lo es y de prestigio--, lo
tiene que repudiar intensa y enfáticamente.
Lo que ustedes pretenden con esta proposición --lo dije con
claridad en las veces anteriores en las que he tenido yo la
desgracia o la buena suerte de tener que debatir con los
portavoces que le han precedido siempre en el uso de la
palabra en esta materia-- es incorporar al ordenamiento
jurídico español una vieja institución del Derecho germánico,
el derecho de escarmiento. Eso es lo que pretenden ustedes
introducir en el Derecho punitivo español, el derecho de
escarmiento, que era aquel que consistía en afirmar que las
penas se justifican por sí mismas, que el objetivo de la pena
es la pena misma, que el objetivo de la pena es castigar, que
la punición se justifica por sí misma, y no regenerar,
prescindir de todo elemento
regenerativo en el cumpimiento de las penas privativas de
libertad. Y nosotros no estamos dispuestos, por razones de
estricta constitucionalidad --no estoy haciendo reflexiones de
naturaleza política ni de ningún tipo-- a prescindir del
efecto regenerativo que la Constitución Española atribuye,
como esencia legitimadora de las mismas, a las penas de
privación de libertad. Nosotros no vamos a admitir que se
introduzca en el Derecho español el derecho de escarmiento,
como ustedes pretenden. Porque el propio profesor Kelsen, en
su conocida obra «Teoría general del Derecho y del Estado», y
en el capítulo relativo a la imputación al orden, al Derecho y
a la ley, ya deslegitimó, ya deshomologó el derecho de
escarmiento germánico, esa
justificación, esa esencia teleológica para las penas de
privación de libertad. Obra que no le aconsejo leer, señor
Padilla, porque le presumo perfectamente conocedor de la
misma. Pero no sólo se contradice el artículo 25.2 de la
Constitución, se contradice otro importante precepto
constitucional --el artículo 14-- que proclama el derecho de
igualdad. Otro precepto consagrado cuya ubicación sistemática
en el texto constitucional le otorga derecho prevalente, rango
jurídico-formal privilegiado; se consagra el derecho de
igualdad ante la ley. Y ustedes están previendo una forma de
cumplimiento de las penas para unos condenados y no están
previendo ese mismo sistema de cumplimiento de las penas para
los demás. Yo he estado indagando, he estado leyendo
detenidamente su proposición de ley y, señor Padilla, salvo
que usted me lo aclare, no he sido capaz de descubrir cuál es
el elemento que permite dicriminar a unos condenados a penas
de privación de libertad respecto a los demás. Porque usted
sabe que el artículo 14 de la Constitución ha dado lugar a la
más fértil y prolija jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Prolija y fértil jurisprudencia que se puede
condensar con la siguiente afirmación: está vetado, se produce
a través de la jurisprudencia la interdicción de cualquier
discriminación que no sea objetiva y razonable. Yo he
pretendido buscar la objetiva, he pretendido buscar, en el
tenor literal de su proposición, la razonabilidad de estas
discriminaciones en materia de
cumplimiento de penas que ustedes incorporan, y la única que
induzco, porque nada dicen al respecto, al menos expresamente,
la única que puedo deducir en la exégesis, en la
interpretación de los dos preceptos de su proposición, es que
para ustedes estas conductas delictivas que son objeto de
interdicción, o respecto a las cuales se produce una
interdicción de derechos
constitucionales, son especialmente repulsivas, especialmente
repugnantes o generan especial y significativa alarma social.
Y yo le pregunto, señor Padilla, ¿por qué no producen la misma
repugnancia social, el mismo repudio social o la misma alarma
social otro tipo de conductas delictivas diferentes? Ahí
podrían estar la violación con asesinato, por ejemplo, el
parricidio o el secuestro; es decir, podría ser muy prolija,
muy larga esta relación.
Lo que ocurre, y lo más perverso de este tipo de proposiciones
de ley, señor Padilla, ya ha sido indicado con lucidez por
Gimbernat, uno de los máximos exponentes de la doctrina
científica penalista del Estado español. Este tipo de
proposiciones siempre provocan un perverso, un nocivo efecto
expansivo. Primero se pide el cumplimiento íntegro de las
penas a los terroristas;
después se pide el cumplimiento íntegro de las penas a los
narcotraficantes; después se pide para los violadores; después
--como ha hecho el Partido Andalucista-- se pide para los que
cometen incendios forestales y, al final, lo que resulta es un
vaciado absoluto de contenido en nuestro ordenamiento jurídico
del artículo 25 de la Constitución y una especie de
relativización constitucional absoluta también de la propia
esencialidad, de la propia legitimación finalista del
cumplimiento de las penas de privación de libertad. Y
nosotros, por razones de estricta constitucionalidad --no por
razones políticas--, tampoco vamos a tolerar esto.
Señor Padilla, lo que nosotros decimos está homologado --usted
dirá que no, quizá, pero sabe que es cierto en su fuero
interno--por la doctrina penalista, por la doctrina
criminalista y por la doctrina penitenciaria más cívica y la
abrumadoramente
mayoritaria también, por Debruisse, por Jean Constant, por
Enrico Fermi, que repudió --y ya en este momento el Estado
italiano lo repudia absolutamente-- prácticas similares a
éstas que se aplicaron en tiempos para las Brigadas Rojas y
para la mafia, y que en ese momento se han considerado
absolutamente ineficaces e incluso contraproducentes, y por la
doctrina del Estado español también, por Gimbernat, por Ruiz
de Asúa, por Rodríguez Devesa, por todos los que usted pueda
imaginarse. La doctrina es en esta materia abrumadoramente
mayoritaria.
Señor Padilla, nos da la impresión de que con este tipo de
proposiciones ustedes pretenden garantizar un falso eficacismo
penitenciario, por no decir una razón de imagen. Es una
propuesta que pretende sólo generar cierta imagen de dureza,
de actuación beligerante ante determinadas conductas que les
repugnan, pero nos repugnan a nosotros tanto como a ustedes,
por lo menos. Señoría, para acabar con fenómenos como el
terrorismo o como el narcotráfico no hay que relativizar los
derechos
constitucionales, no hay que relativizar las libertades
públicas que proclama el texto constitucional, y menos los del
Título I y su capítulo segundo. Lo que hay que conseguir es
eficiencia, eficacia policial, eficacia judicial, eficacia
penitenciaria, y profundizar e intensificar los valores
convivenciales de la democracia. Lo contrario, la vindicación,
la venganza, el histerismo, la punición, relativizando
derechos constitucionales, eso precisamente es lo que quieren
los terroristas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp i Batalla.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no por ser breve voy a dejar de ser explícito en la
fijación de la intención de voto de mi Grupo Parlamentario, y
ello por dos cuestiones. En primer lugar, referente al tema
que se plantea, hay coincidencia con lo que postula el Grupo
Popular, y así lo ha venido manteniendo nuestro Grupo
Parlamentario desde hace años, incluso hicimos planteamientos
más genéricos que el que hoy se nos expone en la reforma del
Código Penal que se tramitó en la anterior legislatura, ya que
defendimos la
generalización de esta medida a todo tipo de delitos, con lo
que se pretendía establecer un cumplimiento más efectivo de la
pena que inicialmente fije el tribunal al dictar sentencia,
evitando con ello que, por la aplicación y combinación de
determinados beneficios penitenciarios, la pena pueda quedar
reducida de forma incomprensible para la sociedad. Aquí se
hace mención no sólo a los delitos a que hace referencia la
proposición de ley, sino también a otros delitos que crean
especial alarma social, como delitos sexuales con resultado de
muerte.
El segundo aspecto en el cual se basa la fijación de posición
de nuestro Grupo Parlamentario en este tema es el trámite
parlamentario actual. Hay una diferencia sustancial respecto a
las veces en que esta cuestión ha venido a la Cámara, a los
diferentes momentos en que se han tramitado iniciativas
coincidentes con la actual, que es la existencia en la
anterior legislatura de un proceso avanzado de reforma del
Código Penal. Hay en este momento un antecedente muy
importante, que es el proyecto de reforma del Código Penal que
se presentó, insisto en la anterior legislatura. Este proceso,
cuya existencia no puede ser ignorada ni por sus contenidos ni
por la expectativa que representa para esta Cámara, puesto que
nos hace pensar en una inexcusable nueva presentación de este
proyecto de reforma del Código Penal, es importante, en primer
lugar, porque la reforma en trámite en la anterior
legislatura... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Camp. (Pausa.)
Cuando quiera puede continuar, señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Decía, señor Presidente, que el
antecedente de la reforma iniciada en la anterior legislatura
tiene su importancia en el debate que hoy tenemos, puesto que
contemplaba, en sus artículos 94 y 364, lo que la iniciativa
del Grupo Popular pretende. Por consiguiente, había una
manifestación de voluntad política de los grupos
parlamentarios y del propio Gobierno en un sentido coincidente
con la iniciativa del Grupo Popular. En segundo lugar, porque
esta introducción de la reforma que hoy se pretende se
realizaba en un contexto de reforma global del Código Penal,
en la que esta medida se entroncaba con otras, todas ellas
tendentes a la aplicación de un nuevo sistema de penas basado
en el principio de adecuar el período de cumplimiento efectivo
de condena al fijar la sentencia,
y también, por qué no decirlo, reduciendo de un modo general
la duración de las penas.
Señorías, éste es un antecedente que para nuestro Grupo
Parlamentario es clave, puesto que, si existiese un compromiso
de poder discutir este tema en el contexto de un nuevo
proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Código
Penal, nos parecería razonable esperar a ese momento para
impulsar la propuesta que hoy debatimos. Por consiguiente,
nuestro Grupo esperará a oír al portavoz del Grupo Socialista
o al propio Gobierno --que no creo, porque no está presente el
señor
Ministro-- para ver si asume el compromiso de presentar
rápidamente el nuevo proyecto de ley de reforma de la Ley
Orgánica del Código Penal. En este supuesto, nuestro voto
sería de abstención, puesto que quedaría garantizada
sobradamente la pronta discusión de este tema en el contexto
global de la reforma del Código Penal, que creemos que sería
mucho más provechosa. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en relación con la proposición de ley que plantea
hoy ante esta Cámara el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiere exponer,
inicialmente, una cuestión tremendamente importante desde
nuestro punto de vista, y es que nosotros consideramos que la
actividad de bandas terroristas y de las organizaciones
dedicadas al tráfico de droga constituyen dos formas de
criminalidad
especialmente graves. Pero en relación con la proposición
propiamente dicha, creemos que el momento en que se presenta
es inadecuado e inoportuno, porque lo cierto y verdad es que
estamos en puertas de efectuar en esta Cámara un debate sobre
el proyecto de ley de nuevo Código Penal, así lo manifestó en
su
comparecencia inicial en la Comisión de Justicia e Interior el
señor Ministro de Justicia, y así le consta a nuestro Grupo
que está previsto realizar en cuanto se reanude el período de
sesiones en el próximo año.
En este sentido, a nadie se le escapa que esta proposición
afecta a elementos esenciales, como es el de los fines de las
penas; elementos, desde nuestro punto de vista, fundamentales,
que deben ser discutidos en ese futuro proyecto de ley de
nuevo Código Penal, y es en ese momento cuando creemos que
debe ser
contemplado este tema, y no de forma parcelada en la
actualidad, porque estamos ante un debate importante que hay
que realizar con suma responsabilidad. Por tanto, no pensamos
que sea este el momento de responder a esta cuestión de forma
parcial, sino que debemos producir un debate en relación con
la misma, pero desde la perspectiva global del proyecto de ley
del nuevo Código Penal.
En segundo lugar, la proposición de ley que presenta el Grupo
Popular es de dudosa constitucionalidad, ya lo han manifestado
desde esta tribuna otros Grupos Parlamentarios, y nosotros
coincidimos plenamente con ellos. En nuestra Constitución, el
artículo 25.2 dice que las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y
la reinserción social. Este artículo ha sido invocado
reiteradamente en otros debates parlamentarios por el propio
Grupo Popular, y hay que ser por ello coherentes; debe servir
no sólo de marco en los debates sobre instituciones
penitenciarias, sino también en el debate de modificación del
Código Penal. En este sentido, creemos que la redacción de la
propuesta, tal y como está presentada y planteada, pudiera
estar colisionando con el principio penal de rango
constitucional establecido en el artículo al que he hecho
referencia anteriormente en mi
intervención.
Además, nosotros pensamos que la propuesta que realiza el
Partido Popular, en el fondo, lo que pretende es un cambio en
la política penal en lo que a los fines de las penas se
refiere. Desde nuestro punto de vista, el fin de las penas no
es sólo
disuasorio, como pretende el Grupo Popular, sino también
rehabilitador y dirigido fundamentalmente a la integración del
delincuente en la sociedad. Es decir, estamos plenamente de
acuerdo, desde el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con lo planteado en nuestra propia Constitución.
Están ustedes operando en su proposición al margen del texto
constitucional, fuera de la Constitución. Incluso el portavoz
del Grupo Popular ha hecho alusión en su intervención a que,
efectivamente, esta proposición viene a copiar la última
redacción que quedó en el borrador del proyecto de Código
Penal, que no tuvo su debate en esta Cámara como consecuencia
de la disolución del Parlamento y la convocatoria de
elecciones generales.
Para decir toda la verdad hay que manifestar que el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en su día, y en
relación a ese proyecto de Código Penal que no fue debatido,
ya presentó, en su fase correspondiente, una enmienda de
supresión precisamente por los mismos motivos a los que
aludimos ahora: su inconstitucionalidad. Desde esa perspectiva
nosotros planteamos la supresión de un artículo que chocaba
frontalmente con los objetivos marcados en la propia
Constitución.
Por último, quiero decirle al Grupo Popular que en Izquierda
Unida creemos que estamos ante un tema que hay que tratar
desde la responsabilidad colectiva de este Parlamento.
Lógicamente, todos los grupos parlamentarios sabemos que en un
corto espacio de tiempo vamos a tener la oportunidad de
producir un debate global sobre el proyecto de reforma del
Código Penal. Por eso hay que poner por delante, precisamente
en temas
tan graves y tan importantes como éste, el interés general
sobre la oportunidad de una propuesta en el ámbito de un grupo
concreto. Nosotros pensamos, desde esa perspectiva, que no se
debe jugar con la sensibilidad social, que no se debe hacer
demagogia política con estos temas, sino que se debe ejercer,
desde este Parlamento, una responsabilidad colectiva a partir
del diálogo necesario a nivel político de los grupos
parlamentarios, para darle una respuesta adecuada y
constitucional en el marco del proyecto del nuevo Código
Penal.
También es inoportuna su propuesta porque han querido correr
demasiado en un tema que, lógicamente, debe tener un
tratamiento de todos los grupos parlamentarios, ya que todos
conocemos la sensibilidad social que hay en torno a él, y
desde esa
responsabilidad colectiva debemos dar la respuesta adecuada a
nivel político. Nosotros, por consiguiente, vamos a votar en
contra de la toma en consideración de la proposición de ley
que presenta el Grupo Popular.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la
Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Socialista no quiere dejar de iniciar su
intervención recogiendo algunas valoraciones que sobre la
materia objeto de esta proposición se han hecho desde esta
tribuna. El Grupo parlamentario Socialista quiere reiterar su
firme actitud de rechazo y de condena de unas ciertas formas
de delincuencia especialmente graves y execrables, tanto por
la naturaleza misma de las acciones y de los objetivos en que
se desarrollan, de carácter indiscriminado y generalizado,
como por el impacto social que producen. Estas formas de
delincuencia son el
terrorismo, el narcotráfico, incluso otras especialmente
graves, y recientemente el señor Ministro de Justicia ha
señalado también la oportunidad de abordar el tratamiento de
violaciones con resultado de muerte, después de un amplio
movimiento social reclamando una actuación contra ese tipo de
delito.
Pero la especial delicadeza de estos temas, de los que muchas
veces se ha dicho, como en el caso del terrorismo y del
narcotráfico, que son temas de Estado, que se prestan a
consideraciones y a veces a reacciones cargadas de emotividad,
no pueden hacer llevar al legislador, y también a los jueces,
en su caso, a abandonar la racionalidad y, sobre todo, el
rigor constitucional, el rigor político, el rigor jurídico en
el tratamiento penal de estas conductas.
El Partido Socialista ha venido manteniendo, en la materia
objeto de esta proposición, una postura claramente favorable a
incorporar a la legislación penal y a la legislación
penitenciaria medidas más rigurosas para los autores de estos
delitos, de forma que se garantice el cumplimiento efectivo de
las condenas en el sentido de acercar el tiempo real de dicho
cumplimiento al que se fija en las sentencias, pero, al mismo
tiempo, sin eliminar o excluir de manera tajante y definitiva
todos los beneficios penitenciarios. El rigor jurídico no
puede estar exento de rigor constitucional, porque, como se ha
dicho --y se ha dicho correctamente--, el artículo 25.2 de la
Constitución es un mandato a todos los poderes públicos,
también al Parlamento --desde luego al Gobierno y a los
responsables penitenciarios--, para que todas las penas, junto
a otras finalidades disuasorias, etcétera, incluyan la
finalidad de la orientación de reinserción social, de
reeducación de los penados.
Precisamente por eso, precisamente por el rigor que entendemos
que ha de tener una materia de este tipo, que no puede
despacharse --analizaremos brevemente el texto que se nos
ofrece-- de una manera rápida, de una manera global, de una
manera coherente; precisamente por eso, repito, en su programa
electoral el Partido Socialista se comprometió a que en el
ámbito de esta legislatura se presentará un proyecto de Código
Penal, el Código Penal de la democracia, que contemplará
también un tratamiento más grave a los delitos cometidos por
bandas de delincuentes organizados, narcotraficantes y
terroristas, que serán también objeto de medidas particulares
de orden penitenciario para garantizar el cumplimiento
efectivo de las penas. Compromiso electoral que también se
recogió en el discurso de investidura del Presidente del
Gobierno, pero compromiso que en la anterior legislatura se
cumplió, y ahí está ese proyecto de Código Penal que vino a la
Cámara, ese proyecto de Código Penal que recogía el
tratamiento de esta materia, pero lo hacía, no como venía
haciéndolo el Partido Popular, sobre la perspectiva, el
objetivo de excluir radicalmente la aplicación de todo
beneficio
penitenciario a los penados por este tipo de delitos (a eso se
refiere esa expresión que todavía se encuentra en los textos
del partido Popular de cumplimiento íntegro sin beneficios
penitenciarios), sino que lo recogía y lo recoge en los
términos que se produzca --como he dicho hace un momento-- un
acercamiento, un mayor rigor entre la pena que efectivamente
se cumple y la que ha sido impuesta por los Tribunales en la
sanción de este tipo de delitos.
Se nos presenta ahora por el Grupo Parlamentario Popular una
propuesta que pretende la modificación parcial del Código
Penal vigente, y se hace --así se nos explica-- extrayendo dos
artículos del proyecto de Código Penal que fue presentado por
el Gobierno en la anterior legislatura, concretamente los
artículos 94 y 364. El problema, señorías, es de rigor
jurídico, es un problema de oportunidad, es un problema en el
que debemos ser conscientes de que el legislador, cuando
sanciona --y sanciona penalmente temas de la envergadura que
tienen este tipo de delitos--, lo tiene que hacer con
coherencia, con rigor, y no lo puede hacer con simples
parcheos, ni siquiera con soluciones, veremos en seguida, que
tienen mucho --
permítaseme una expresión, y lo digo en tono cariñoso porque
creo que la intención es correcta-- de una cierta chapuza
jurídica.
No es posible encajar en el Código Penal vigente la propuesta
que se nos hace, porque a esa propuesta, el texto del que
viene intenta darla una definición en un marco nuevo de penas,
con el establecimiento de una arquitectura global, unas penas
basadas en el principio de que el cumplimiento de las mismas
se acerque más, coincida más con la que expresamente ha sido
puesta por los Tribunales, y, al mismo tiempo, unas penas que
se rebajan para acercarlas también en su contenido, en su
cuantía, a las que figuran en otros ordenamientos europeos.
Al mismo tiempo, en ese proyecto de Código Penal se aumentaba
la pena en grado cuando se trataba de delitos de bandas
armadas y terroristas. Pero lo que buscaba el antiguo artículo
94 y el artículo 364 del proyecto de Código Penal era
precisamente evitar la ampliación de la libertad condicional
sobre la penalidad resultante de aplicar las reglas de la
acumulación jurídica en el concurso real de delitos. Por el
juego de la acumulación, por el juego del concurso real de
delitos, personas, terroristas, narcotraficantes que tenían
penas enormemente altas en la práctica tenían un cumplimiento,
como se veía, bastante menor.
Pero la incorporación del texto de esos dos artículos con esa
estricta literalidad al Código Penal vigente probablemente
traería una consecuencia o un fin distinto del pretendido, por
ese juego, que no se incluye en el Código Penal vigente, de
disminución de las penas y de acercamiento de su cumplimiento
a las que se aplican.
En ese proyecto de Código Penal precisamente se intentaba
evitar el automatismo de los beneficios penitenciarios y eso
incluía, por ejemplo, señorías, la eliminación del Código
Penal del artículo 100, actualmente vigente, la redención de
penas por el trabajo. Sin embargo, la premura, quizá la
facilidad con que se ha hecho la propuesta que ahora es objeto
de debate, lleva a plantear algunos problemas de encaje y
probablemente su solución sería profundamente
contraproducente, en todo caso distinta de la buscada por el
proponente.
¿Qué ocurre con la redención de penas por el trabajo? Que
sigue figurando en el Código Penal vigente, que está en una
sección distinta de la que se pretende incluir el artículo 99
bis que figura en la proposición del Grupo Popular. ¿Se
entiende que también se elimina la aplicación de la técnica de
la redención de penas por el trabajo en estos supuestos? En el
proyecto de Código Penal era así porque el proyecto
globalmente regulaba de nuevo la totalidad de las penas y de
sus efectos, pero no en éste. Probablemente se puede afirmar
que no parece que tenga cabida la total eliminación de hecho
del beneficio de redención de penas por el trabajo mientras
subsista en el Código Penal y mientras el nuevo artículo se
intente aplicar en una sección distinta.
Qué decir del sistema progresivo de aplicación de las penas,
que está en la Ley General Penitenciaria. Una reforma de este
tipo no puede hacerse sin abordar también la reforma de la Ley
General Penitenciaria, que ha sido obviada y olvidada.
¿Qué más, señorías? Hablemos de que el artículo 99 bis que se
pretende incorporar se refiere a actividad de bandas armas,
organizaciones o grupos terroristas, que no es la terminología
conceptual, que no es el concepto al que se refiere el Código
Penal vigente, que habla de bandas armadas o elementos
terroristas o rebeldes, porque hay un cambio cualitativo en el
proyecto de Código Penal.
¿Qué ocurriría si se aprobara tal como está esta propuesta? Se
crearían problemas de inseguridad jurídica, de interpretación
que probablemente significarían también una fisura en la
firmeza y el rigor que tiene que tener la normativa penal en
esta materia. Incluso, para abundar más, el artículo 334 bis
l) que se nos propone se refiere a una serie de artículos del
código Penal vigente y ni siquiera algunos de ellos regulan
tipos penales. Hay, por tanto, una imposibilidad de encajar lo
pretendido en el actual Código Penal.
Lo que hay que hacer, señorías, como se ha dicho con
anterioridad, es, para evitar esos defectos no queridos,
incluir esta reforma en la globalidad de una reforma del
Código Penal, que no es un compromiso incumplido, ahí está el
de la anterior legislatura, que es un compromiso adquirido por
el Partido Socialista en su programa electoral y por el
Gobierno. Ahí está la declaración del Ministro de Justicia de
que en los primeros meses del año 1994 se presentará en esta
Cámara el proyecto de Código Penal de la democracia.
Concluyo con dos afirmaciones. La primera es el compromiso
firme del Partido Socialista, que asumimos en nuestro programa
electoral, de abordar sin dilación este tema, introduciendo,
por tanto, medidas de orden penitenciario para garantizar el
cumplimiento efectivo de las penas en el caso de terroristas y
narcotraficantes, y quizás también en otros supuestos, en el
marco de la reforma general del Código Penal, garantizando,
por tanto, también el principio constitucional de que la pena
debe estar orientada a la reinserción y reeducación de los
penados, de los delincuentes, y, por tanto, sin excluir de
manera tajante y radical los beneficios penitenciarios. Este
compromiso lo mantenemos; ese es nuestro compromiso electoral,
que va a ser concretado en un plazo inmediato. Pero ese
compromiso no conlleva hacerlo sin rigor, con parcheos, con el
riesgo de objetivos no perseguidos.
En segundo lugar, una reflexión. La lucha contra el
terrorismo, contra la acción de las bandas terroristas tiene
un indudable aspecto político sustancial, el consenso
democrático, la necesaria acción unitaria de todas las fuerzas
democráticas. Se concretó en los pactos de Ajuria Enea y en
los acuerdos de Madrid. Mi Grupo lamenta que en este tema se
haya producido, quizá por motivos de imagen, un corte en esa
acción unitaria que no entendemos justificado. En esta
materia, como en todas las que afectan a la lucha contra el
terrorismo, que es un tema de Estado, creemos que todas las
fuerzas del arco parlamentario deben actuar unidas, deben
actuar juntas.
Por tanto, termino reiterando nuestro compromiso de incorporar
estas materias, de hacerlo en el marco de la reforma global
del Código Penal y hacerlo en breve plazo. Su presentación no
es un problema de dos años, sino de pocos meses. Con el
trabajo ya realizado en esta Cámara, en Ponencia y en
Comisión, y con el esfuerzo de todos los Grupos de la Cámara,
sin duda ese nuevo Código Penal podrá ver la luz, estar en
vigor en un plazo razonablemente breve.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Padilla Carballada
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, como ha habido
contradicciones a los argumentos de la proposición de ley,
solicitaría un breve turno exclusivamente para precisar
algunos aspectos, como ha ocurrido, además, en otras ocasiones
y
precedentes. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a sus señorías.
Efectivamente, alguna de las intervenciones se ha ajustado más
a las características de un turno en contraque de una fijación
de posición. Con la excepcionalidad que su señoría acaba de
reconocer, tiene la palabra para un breve turno de réplica,
que le ruego se ciña a aquellos aspectos que han significado
contradicción con su exposición.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Yo no quiero hacer al señor Olarte, portavoz del Grupo
Canario, ningún tipo de precisión, porque prácticamente lo que
ha hecho es una manifestación de confianza y de credibilidad
en el compromiso del señor Ministro de Justicia y,
naturalmente, no somos nosotroslos que vamos a medir la
oportunidad y la
conveniencia de su credibilidad, que la dejamos, naturalmente,
en sus manos.
El representante del Grupo Parlamentario Vasco ha hecho un
discurso de carácter jurídico. Tengo que decir que no he
escuchado ningún razonamiento político. Naturalmente, negamos
cualquier signo de histerismo en nuestra propuesta. Nuestra
propuesta es sensible a la voluntad de la sociedad española.
Naturalmente, la sensibilidad de cada fuerza política es la
que es y nosotros tenemos la nuestra. Pero, mire, señor
Olabarría, yo le quisiera decir dos cosas. La primera, que
después de bastante tiempo tengo la impresión de que cuando se
está en un debate político en el que se acude a un debate
jurídico-
constitucional es que no hay razones políticas para oponerse a
una iniciativa política.
El derecho que recoge el artículo 25.2 de la Constitución no
es porque lo diga yo, es que el Tribunal Constitucional lo ha
dicho expresamente en la sentencia 580/87, en la que se
reproduce una doctrina reiteradamente recogida entre otras,
por ejemplo, en el auto 25/84, en el que se manifiesta que el
artículo 25.2 no contiene un derecho fundamental, sino un
mandato del
constituyente al legislador para orientar la política penal y
penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos
subjetivos. Y ha dicho más el Tribunal Constitucional respecto
de los fines de la pena, a ellos me he referido en mi
intervención primera y a ellos, por tanto, me remito.
Fundamentalmente ha dicho que el objetivo de la pena no es
exclusivamente esa reinserción, sobre todo en el sentido que
yo creo que habría que decir, que es que la reinserción no es
cuánto antes la libertad, sino cuánta más reinserción y cuánta
más reeducación, de tal suerte que podríamos llegar a la
conclusión --y no quiero, por la seriedad del asunto, aludir a
un argumento jocoso-- de que cuanto más tiempo estén
reeducándose y reinsertándose, más reinsertados y más
reeducados estarán. Evidentemente, no se trata de este juego
de palabras; quiero decir sólo que el examen constitucional
que ha hecho el señor diputado en modo alguno coincide con el
del intérprete de la Constitución, que es el Tribunal
Constitucional.
Nosotros hemos sido fielmente cumplidores de los pactos de
Ajuria Enea y no hemos tenido ahí ninguna vacilación. Otros
sabrán, efectivamente, cuál ha sido su postura al respecto.
En cuanto al Grupo Catalán (Convergència i Unió), a mí me
sorprende, sencillamente, que después de haber apoyado esta
iniciativa en todas las ocasiones en las que ha venido a esta
Cámara, tanto en el Senado, la semana pasada, como hoy aquí,
se cambia el criterio. Supongo que será lo que anunciaba el
señor Roca de que preferían el riesgo de decidir que la
comodidad de criticar. No sabemos si están criticando o
decidiendo.
Ciertamente, al servicio de la sociedad española están
dediciendo poco.
Respecto a la intervención de Izquierda Unida, he de decir que
no hay más que ese canto rutinario ya de esperar a la llegada
del Código Penal. Yo creo que hemos hecho un examen razonable
de por qué debía adelantarse
esta iniciativa a la del Código Penal. El año pasado, cuando
el proyecto anterior de Código Penal estaba aquí, se aprobó la
Ley 8/1992, de 23 de diciembre, porque se decía, además,
expresamente en la exposición de motivos que se introducía una
regulación que ya se encontraba incorporada al proyecto de ley
del nuevo Código, adelantando así la entrada en vigor de estas
medidas penales por cumplir compromisos internacionales con
pactos suscritos por España, concretamente con la Convención
de Viena y con algunos Acuerdos de Schengen.
Yo quiero decir que, naturalmente, tenemos compromisos más
importantes con la sociedad española y con la responsabilidad
de un ordenamiento jurídico punitivo, serio y riguroso en este
punto.
Para concluir, al portavoz del Grupo Socialista quisiera
decirle que esperaba al menos que el discurso que hoy trajera
a esta Cámara no fuera la reproducción del que se produjo en
el Senado por parte de su colega de Grupo allí, el señor
Arévalo, la semana pasada, porque nos ha repetido el discurso.
Señor De la Rocha, la tramitación parlamentaria de los
proyectos de ley están para que todos los Grupos, entre otros,
naturalmente, el que S.S. ha representado en este acto,
incorporen las enmiendas y mejoren los textos. Sencillamente,
el Grupo Socialista en este momento no quiere, no tiene
voluntad política de asumir este compromiso con la sociedad
española y creo que éste es un momento de medidas de
responsabilidad.
Nosotros no hemos venido a hacer aquí electoralismo ni
oportunismo. El oportunismo será el de ustedes, será el de
Izquierda Unida, será el de los Grupos que nos hablan de que
será otro el momento de planear este debate. Este debate no
puede esperar veinticuatro meses más, porque después de quince
años de régimen democrático, después de quince años de azote
efectivo de estos procesos delictuales tan graves, no hemos
sabido dar respuesta a los mismos.
Quiero terminar sólo con una cita general. En primer término,
decir que en la Europa democrática no se ha vacilado respecto
de los instrumentos para combatir este tipo de acciones
delictivas y no se ha vacilado y no se vacila sobre la
posibilidad de poner y de mantener la pena de reclusión
perpetua. Y no se ha vacilado porque, efectivamente, la pena
tiene todos los fines que tiene, pero tiene naturalmente
también ese fin represivo de previsión o defensa de la
sociedad. Ese es el que nos han pedido los españoles, con ése
es con el que nos habíamos comprometido en nuestro programa
electoral y exclusivamente cumpliendo esa obligación, sin
oportunismos ahora porque otras veces nos han dicho: «Es que
ustedes traen esto aquí...»
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.
El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.
Traen ustedes esto aquí porque se ha producido este evento
triste, este evento que ha conmocionado a la sociedad
española. Ahora no se ha producido ninguno, pero ahora está
ahí el problema que sigue con toda su crudeza, por lo que, si
no se resuelve, nosotros poco tendremos que ver porque en todo
caso no sólo ha estado nuestra iniciativa, sino nuestra
persistencia en buscar una solución. La responsabilidad es de
ustedes. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
El señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Padilla, he comprendido perfectamente el contenido de su
primera intervención. Tengo que reconocer honestamente que
comprendo mucho menos el contenido de su segunda intervención.
Ha introducido un elemento de confusión para mi Grupo
Parlamentario realmente notable. Tendremos que hacer un
esfuerzo de exégesis verdaderamente profundo durante el resto
de la tarde con toda seguridad, porque, señor Padilla, ha
empezado usted con una de esas paradojas a las que tan
aficionado era Unamuno, pero que él mismo las reconocía como
paradojas insolubles, paradojas sin sentido.
Me imputa que ha hecho un discurso de naturaleza jurídica y
luego, a continuación, comenta que no ha escuchado en mi boca
ningún argumento de carácter jurídico. En fin, seguramente
usted tendrá capacidad para ilustrarme sobre tautología o
paradoja de tal magnitud unamuniana.
En segundo lugar, señor Padilla, yo sí que he hecho
reflexiones de naturaleza jurídica porque entendemos que son
las pertinentes, sobre todo de naturaleza constitucional. A mí
me resulta
tremendamente complicado en términos conceptuales separar las
argumentaciones constitucionales de las argumentaciones
denominadas políticas. O nos referimos a argumentaciones
políticas en el sentido aristotélico del término o todo es
político y, sobre todo, las reflexiones de naturaleza
constitucional, que son la norma básica del ordenamiento
jurídico español, donde se contienen los principios políticos
máximos que organizan nuestra convivencia, que organizan la
convivencia del Estado español. Luego éstas son reflexiones de
naturaleza política de la máxima magnitud, de la máxima
dimensión, y ésas son las que he hecho, y además las he hecho
poniendo de relieve lo que a usted le molesta seguramente: que
esta proposición contradice dos preceptos constitucionales que
consagran dos derechos de rango privilegiado: el principio del
derecho de igualdad ante
la ley y el derecho a la esencialidad constitucional, que
justifica, que legitima la existencia de penas privativas de
libertad en el ordenamiento jurídico español.
Evidentemente, la orientación, el concepto orientar indica una
previsión constitucional que no constituye en sí mismo un
derecho subjetivo. Lo dice la jurisprudencia constitucional,
yo lo sé. Lo que usted no me puede discutir es que la esencia
que justifica, que legitima la existencia de penas de
privación de libertad es sólo --estamos hablando de la
esencia, no de la orientación-- la reeducación y la
reinserción social de los condenados a penas de privación de
libertad. Esta parcialización que usted hace, esta
parcialización que consiste en atribuir esta esencia en el
cumplimiento de las penas de libertad a unos y privársela a
otros --a narcotraficantes y terroristas--, eso es lo que no
es constitucionalmente admisible; eso es lo que contradice el
artículo 25.2 y lo que contradice el artículo 14, que proclama
el derecho de igualdad o el principio de igualdad. Eso
seguramente es lo que a usted le molesta, porque lo único que
puede regenerar, señor Padilla, la inconstitucionalidad de
esta proposición es una demostración que es imposible
metafísicamente. Para que sea constitucional esta proposición,
usted me tiene que demostrar que todos los terroristas, todos,
y todos los
narcotraficantes, todos, son no reinsertables y, además, por
la naturaleza del delito cometido, y eso es materialmente
imposible, porque esa comprobación no se puede hacer de forma
colectiva, sino de forma individual (habrá que ver si cada uno
de ellos es individualmente considerado reinsertable) y, en
segundo lugar, esa comprobación o esa demostración tampoco se
puede hacer de forma apriorística, sino «a posteriori». Eso
sólo se puede comprobar en el discurrir del cumplimiento de la
pena de
privación de libertad. Lo demás es una presunción, y una
presunción no justifica, no legitima la relativización de un
derecho constitucional.
Fíjese, señor Padilla, si le estoy dando yo argumentos de
naturaleza jurídica. Le voy a dar uno de naturaleza política,
especialmente directo para nuestro Grupo Parlamentario. Si el
señor Jaime Mayor Oreja en la Mesa de Ajuria Enea dijera las
cosas que usted ha dicho aquí, seguramente tendría que
abandonar la Mesa de Ajuria Enea inmediatamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
El señor De la Rocha tiene la palabra.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Señor Padilla, tres puntos o tres cosas muy breves quiero
señalar sobre su última intervención.
Dice usted que hemos repetido en esta Cámara los argumentos
que se habían dado por el Grupo Socialista del Senado.
Evidentemente. Evidentemente porque ustedes lo que han hecho
en esta Cámara y en el Senado es presentar dos proposiciones
tan absolutamente idénticas, tan absolutamente literales que
quizá el copista, por pudor, ha cambiado tres o cuatro
palabras, por cierto, una de ellas, la palabra de
«cumplimiento efectivo» por la de
«cumplimiento íntegro», con las consecuencias de
inconstitucionalidad que sin duda tiene. Advierto a la Cámara
que hay todavía otra proposición no de ley, otra iniciativa
del Grupo Popular en la misma fecha que la que en este momento
estamos debatiendo, que es también literalmente idéntica.
Lógicamente, los argumentos, por activa o por pasiva, deberán
ser idénticos mientras ustedes mantengan un texto de ordenador
al que le dan a una tecla, lo sacan y lo pasan por el
registro.
Ha dicho usted también, en segundo lugar, que han traído aquí
una propuesta que, si podía tener algún defecto, el trámite
parlamentario es el que tendría que completarla o
perfeccionarla. Pero, señoría, el problema no es que tenga
algún defecto; el problema es que para que el articulado que
ustedes nos proponen sea incorporado al Código vigente, es
necesario cambiar entre quince y veinte artículos tanto del
Código Penal como de la Ley General Penitenciaria. ¿De manera
que ustedes hacen una
iniciativa y proponen que se modifique un artículo y esa
iniciativa conlleva otros quince o veinte artículos? Esa es
precisamente la reforma global del Código Penal; ésa es
precisamente la posición de este Grupo; ésa es precisamente,
además, la posición del resto de los Grupos de esta Cámara
que, con sentido jurídico común, entienden que una
modificación de este tipo ha de hacerse en un ámbito más
amplio.
En tercer lugar, dice usted que sus compromisos electorales
están claros; que qué pasa con los nuestros; que falta
voluntad política... No, señoría. La voluntad política del
Grupo
Parlamentario Socialista y del Gobierno es nítida. En la otra
legislatura se trajo el proyecto de reforma del Código Penal y
tuvo aquí largos meses de debate, en una parte sosegada, en
otra parte, quizás, más rápida; pero estaba aquí, en esta
Cámara.
Nuestro compromiso electoral, el compromiso del que tenemos
que responder ante nuestros electores es traer este asunto en
el marco de la reforma del Código Penal; y lo vamos a traer en
los próximos meses. Pero ustedes es que no dan ni tiempo a
incumplir los compromisos. Dice usted, lo dijo en su primera
intervención, que habían paado seis meses. Pero es que esta
iniciativa no es de ahora; es que esta iniciativa la
presentaron ustedes en el mes de julio, cuando todavía no
estaba ni constituido el Gobierno. Pretenden ustedes jugar con
las palabras, jugar con la dialéctica y decir: Presentamos una
iniciativa cuando el Gobierno ni siquiera está constituido
para decir que ese Gobierno ya está incumpliendo sus
compromisos.
No, señor Padilla. El Grupo Socialista y el Gobierno van a
cumplir sus compromisos. El proyecto de reforma del Código
Penal estará en esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre reforma del Código
Penal. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 131; en contra, 153; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, REGULADORA DE LA PUBLICACION DE LAS
LEYES APROBADAS POR LAS CORTES GENERALES EN LAS LENGUAS
ESPAÑOLAS OFICIALES (ORGANICA.) (Número de expediente
122/000013)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la publicación
de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en las lenguas
españolas oficiales.
Por el grupo proponente, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya retira hoy esta proposición de ley
reguladora de la publicación de leyes aprobadas por las Cortes
Generales en las lenguas españolas oficiales, y lo hace para
permitir que sea discutida y debatida en esta Cámara la
proposición de ley que nuestro Grupo presentó en el Parlamento
de Cataluña y que fue aprobada. Esperamos que cuando dicha
proposición llegue a esta Cámara tenga una acogida tan
favorable como la que tuvo en el Parlamento de Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR SU POLITICA DE COOPERACION DE
FORMA QUE INCLUYA SISTEMATICAMENTE EN LOS ACUERDOS QUE FIRME
CON TERCEROS PAISES LA CLAUSULA DEMOCRATICA (Número de
expediente 162/000026)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones
no de ley.
Proposición del Grupo Popular, por la que se insta al Gobierno
a revisar su política de cooperación de forma que incluya
sistemáticamente en los acuerdos que firme con terceros países
la cláusula democrática.
En nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor
Rupérez. (Rumores.) Un momento, señor Rupérez.
Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hace poco más de un año, el 26 de noviembre de 1992,
esta Cámara aprobaba el texto de la Ponencia sobre los
objetivos y líneas generales de la política española de
cooperación y ayuda al desarrollo. Al hacerlo, además de
manera unánime, ponía en movimiento, ponía en acción un texto
cuya relectura nos hemos propuesto realizar de forma
sistemática, de modo que ante esta Cámara aspectos parciales o
aspectos generales de aquella Ponencia sean puestos de relieve
de manera concreta para que el Gobierno y la acción exterior
del Estado se vea comprometida por la decisión de esta Cámara
para poner en práctica algunos de dichos aspectos.
Hemos comenzado --nos ha parecido oportuno hacerlo-- con la
llamada cláusula democrática. La proposición no de ley que en
este momento sometemos a la consideración de SS.SS. tiene como
sentido y como última finalidad procurar que en todas aquellas
relaciones de cooperación al desarrollo que España mantenga
con terceros países incluya, en los correspondientes acuerdos,
una mención explícita a la cláusula democrática, precisamente
en aquellos términos en que fue descrita y aprobada por esta
Cámara, a cuya aprobación antes me he referido.
Sería conveniente hacer una brevísima relectura de aquellos
textos, porque, recordar lo que supusieron, nos sitúa
perfectamente en la dimensión en que esta cláusula democrática
debe ser entendida en la medida en que los acuerdos de
cooperación deban reflejarla.
Decíamos ayer, repito, con el consenso de esta Cámara, que
España respeta la capacidad de cada pueblo para determinar el
modo de impulsar su propio desarrollo, pero España puede y
debe
manifestar su propia concepción del proceso hacia el
desarrollo al diseñar y aplicar las ayudas que conceda y exige
de los países beneficiarios la utilización convenida para
éstas, así como un compromiso firme y efectivo por parte del
Estado ayudado en favor de la democracia y en el respeto de
los derechos humanos. Esa concepción genérica, explicitada
como uno de los objetivos básicos de la cooperación al
desarrollo por parte de España, venía a ser traducida de una
manera explícita en ese concepto, ya acuñado hoy por la
doctrina y la práctica internacionales, que es el de la
cláusula
democrática. Decía también la ponencia aprobada: La
cooperación para el desarrollo no es neutral ni indiferente
ante el nivel de democracia de un país y debe actuar con una
permanente referencia a la ya conocida como cláusula
democrática. Añadía el texto: La cláusula democrática no debe
entenderse como requisito previo inexcusable o como demanda
absoluta de una perfecta y
preexistente democracia, dado que es posible que en esos
términos no existieran márgenes para la cooperación por los
que
actualmente la necesiten, pero sí como una regla que facilite
elementos razonables y posibles de juicio. La cooperación no
se realiza con los países bajo régimen dictatorial y son
claros los ragos que los caracterizan. El principio no debe
admitir
derogaciones, salvo para lo que se refiere a la ayuda
humanitaria o de urgencia. España no debe nunca caer en la
tentación de cerrar los ojos ante situaciones dictatoriales de
cualquier signo porque sus protagonistas hablan español. Por
el contrario, España cooperará con países dotados de regímenes
políticos en donde la forma democrática otorgue un mínimo de
garantías representativas y en los que, de palabra y de hecho
se respeten los derechos humanos básicos.
Ese es nuestro entendimiento de la llamada cláusula
democrática, entendimiento matizado. No se trata de ir con
nuestra cooperación al desarrollo como si fuera un propósito
fundamentalista, repartiendo certificados de bondad o de
maldad a unos y a otros, pero sí se trata de adoptar a nuestra
cooperación al desarrollo, que, al fin y al cabo, es una de
las partes fundamentales de nuestra acción exterior, ese
sentido ético, ese sentido moral que supone la cooperación en
función de una evolución democrática, de una estabilidad
democrática, de una ayuda que no sea
únicamente al desarrollo económico, sino también al desarrollo
democrático.
Por otra parte, nos ha parecido que en los términos de la
ponencia sobre las líneas generales de la política española de
cooperación al desarrollo, éste debía ser por el que
comenzáramos de una manera más sistemática. Nos parece que
abonan esta posición razones evidentes de oportunidad. Estos
días nos vemos confrontados, de nuevo, con los dilemas, a
veces agónicos, de lo que suponen nuestras relaciones con
Guinea Ecuatorial, que es uno de los casos típicos y,
desgraciadamente, tópicos, en donde una determinada concepción
de la ayuda al desarrollo no siempre funciona como nosotros
quisiéramos y donde, precisamente esos términos de una ayuda
al desarrollo, concebida también y además en función de un
desarrollo democrático, tiene su manifestación más patente y a
veces más sangrante.
Asimismo hemos observado, y lo hemos puesto de relieve en el
Grupo Popular, sistemáticamente, cómo, en alguno de los casos
en donde se producía esa ayuda al desarrollo, las
manifestaciones de esa misma ayuda nosiempre consideraban la
necesidad de tener en cuenta el apoyo al desarrollo de los
regímenes democráticos.
Por otra parte, nos parece que toda la cooperación al
desarrollo requiere una atención constante por esta Cámara,
para que sus objetivos básicos no sean distorsionados en la
práctica diaria. También nos ha parecido muy importante que,
frente a esa
consideración de tipo ético y moral que lleva a hacer de la
cooperación al desarrollo una cooperación al desarrollo
democrático, se tuviera en cuenta, si no quieren ser
considerados esos datos morales, una cuestión no menos
importante.
Al fin y al cabo ¿qué es la democracia? La democracia es,
entre otras cosas, un signo de estabilidad. Y en unas
relaciones que tienen un contenido también económico, ¿qué es
lo que significa la estabilidad de la relación? Significa,
entre otras cosas también la rentabilidad de la relación.
Mantener relaciones de cooperación con regímenes que no son
democráticos, que no quieren serlo o que no tienen voluntad de
estar en situación de serlo, es tanto como exponerse a perder
de manera sistemática la misma capacidad de desarrollo, la
misma capacidad de actuación, de esa cooperación al
desarrollo; es tanto como despilfarrar la ayuda al desarrollo.
Por razones éticas, por razones de oportunidad y también por
razones de eficacia y de pragmatismo en la concepción de la
política exterior española, nos parece que esa cláusula
democrática debería figurar en el frontispicio de todas
nuestras acciones que se realizaran en el contexto de lo que
son las obligaciones españolas para la cooperación al
desarrollo.
Desde ese punto de vista, nos parece que no cabe absolutamente
ningún tipo de contraposición, como si por un lado tuviéramos
la eficacia de la acción cooperadora y, por otro lado,
tuviéramos la consideración de los derechos humanos, como si
cualquier acción de cooperación al desarrollo que tuviera en
cuenta esa cláusula democrática estuviera automáticamente
condenada a la falta de eficacia. No son esos los términos que
nosotros
entendemos; no se puede contraponer, como hacen algunos, una
especie de cultura de la cooperación con una cultura de los
derechos humanos o con una cultura de la cláusula democrática;
no se puede derogar la cláusula democrática si queremos no ya
únicamente hacer caso a lo que esta misma Cámara ha marcado
como signos diferenciadores de nuestra política de ayuda al
desarrollo, sino también si no queremos ser en cierto sentido
traidores a la misma eficacia que el pueblo español nos pide
en la realización de esa política de cooperación al
desarrollo.
Por eso, también nos parece importante que, frente a esas
tentaciones un tanto mecanicistas, excesivamente pragmáticas,
que tienen sobre todo relación con el marco de nuestras
relaciones en el contexto de la comunidad iberoamericana,
donde se producen esas tentaciones,
afirmemos la cláusula democrática; que afirmemos, como hace el
texto de la ponencia aprobada en su momento por esta Cámara,
que queremos que la ayuda al desarrollo por parte española
tenga también un sentido finalista donde estén los derechos de
la persona, donde estén los derechos de las comunidades, donde
esté, en definitiva, una cierta pedagogía democrática,
absolutamente inseparable de esa ayuda al desarrollo.
Nos ha preocupado en estos últimos días contemplar cómo, en un
dato directamente relacionado con las actividades españolas de
ayuda al desarrollo, en el contexto de la Comisión Mixta
Congreso-Senado en torno al Tribunal de Cuentas, a algunas de
las propuestas de resolución que nuestro Grupo había
presentado precisamente para mejorar el tono y la calidad de
la ayuda española al desarrollo, se han producido
manifestaciones contrarias que han impedido el progreso de
esas resoluciones, algunas de ellas, por cierto, inspiradas y
dictadas directamente por los mismos textos aprobados que se
encuentran en la ponencia, algunos relacionados con una
consideración que a nosotros nos parece absolutamente
elemental y es que todos aquellos fondos que lleven el
apellido, el adjetivo de fondos dedicados a la ayuda al
desarrollo no puedan ser nunca utilizados para la adquisición
de elementos armamentísticos.
Y así, nos vamos a permitir, no únicamente en esta ocasión,
sino en ocasiones sucesivas, someter a la consideración de
SS.SS. aspectos concretos de lo que es la filosofía y la
práctica de la cooperación española para el desarrollo. En
este momento
sometemos a la consideración de SS.SS. esta proposición no de
ley para que, como digo, en el frontispicio de la actividad
española bilateral o multilateral de cooperación al
desarrollo, figure el respeto a la cláusula democrática, el
entendimiento de la cláusula democrática, como uno de los
factores fundamentales que debe regir el entendimiento y la
puesta en práctica de esas actividades por parte de España.
Sinceramente esperamos encontrar favor en el parecer de SS.SS.
a la hora de considerar esta proposición no de ley, que abre
el camino para una consideración más profunda de lo que son
las actividades de desarrollo llevadas a cabo en el contexto
de nuestra política exterior y que nos parece que es el primer
y digno remate de aquella ponencia que en su momento recibió
la consideración unánime de esta Cámara. Nos gustaría poder
encontrar esa misma unanimidad a la hora de considerar esta
proposición no de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Rupérez.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, la
proposición no de ley que presenta hoy el Grupo parlamentario
Popular, en su literalidad, podría haber sido innecesaria,
aunque no me parece inoportuno, sino todo lo contrario,
oportuno y muy oportuno, el debate sobre la cláusula
democrática y más allá de la misma sobre la cooperación al
desarrollo, la evolución de su concepto, el debate que hoy se
produce en todo el mundo, especialmente en la Comunidad
Europea y en la OCDE sobre ese mismo tema.
Empiezo por decir que la proposición no de ley en su
literalidad insta al Gobierno a revisar --demostraré ahora que
no es preciso una revisión, de ahí el contenido de nuestra
enmienda-- la inclusión sistemática de la cláusula democrática
en los acuerdos a firmar con países terceros, sin aclarar --en
la literalidad, insisto, de la proposición-- si es con todos
los países con quienes se tiene que firmar esa cláusula
democrática, porque si se aplicara de manera literal tal
proposición no de ley, caso de ser aprobada tal como se
presenta, habría que negociar y firmar con países de
democracia estable, consolidada e incluso con acuerdos
científicos o tecnológicos con países desarrollados.
Ya sé que ésa no es la intención del proponente, conozco su
pensamiento, pero hay que decir, con arreglo a la forma, que,
tal como está presentada, podría inducir al Gobierno o a
gobiernos futuros a su aplicación excesiva. Por eso hemos
presentado una enmienda que habla de avanzar en la política de
cooperación al desarrollo, de manera que continúe incluyendo
en los acuerdos la cláusula democrática con una salvedad, a la
que luego haré referencia, sobre la ayuda humanitaria y de
emergencia.
En la segunda mitad de los ochenta, como saben SS.SS., se
produjo un salto cualitativo en las estrategias de cooperación
y comenzó a hablarse del desarrollo participativo, uno de
cuyos pilares efectivamente es la llamada cláusula
democrática, que empezó a ser incluida en los acuerdos de
cooperación con los países en desarrollo. Partimos de la idea
de que un indicador --en eso creo que coincidimos todos-- del
verdadero desarrollo es la existencia de sistemas
democráticos, de sistemas respetuosos con los derechos del
hombre, con los derechos humanos y que no debería tenderse
sólo, aunque ése es el objetivo fundamental, a la mejora de
los índices macroeconómicos, al desarrollo socioeconómico de
los países.
Hay que decir también que España fue uno de los países
pioneros en la puesta en marcha de esta política. Desde 1987
(se puede comprobar en los mismos antecedentes de esta Cámara)
comienzan a aparecer referencias al marco democrático en los
acuerdos y tratados de cooperación que se firman con terceros
países, especialmente con los países iberoamericanos con los
que, como es lógico, tenemos una relación mayor en cantidad y
en calidad. Así, hay acuerdos con Chile,
con Uruguay, con Argentina, con Venezuela, con Brasil, con
muchos países iberoamericanos que justamente, además, en esos
años recuperaban la democracia perdida en golpes de Estado, en
retrocesos, en involuciones en años anteriores. De tal manera
que aquellos acuerdos con la cláusula democrática, dicho así o
dicho de otra manera, garantizaban, contribuían o ayudaban a
disuadir posibles retrocesos democráticos en esos mismos
países; eran nuestros mismos interlocutores los que deseaban
la inclusión de referencias a la democracia y, en algunos
casos incluso, los acuerdos y tratados quedaban
automáticamente en suspensión si se producían retrocesos
graves en la democracia e involuciones en los sistemas de
pluralismo democrático.
Usted ha hecho referencia a la ponencia aprobada en esta
Cámara por unanimidad el año pasado y que nos obliga a todos;
nos obliga porque estamos convencidos, por eso fue aprobada
por unanimidad, de su bondad, de su aplicación y de su
desarrollo por parte del Gobierno en la aplicación práctica de
la política de cooperación al desarrollo. Con anterioridad, en
honor a la verdad hay que recordarlo, el hoy Diputado Rafael
Estrella, entonces Senador, fue el ponente de una resolución,
también acordada por
unanimidad, sobre cooperación al desarrollo. En esa misma
época el Gobierno aprobó una resolución gubernamental, un
acuerdo de Gobierno sobre los principios, objetivos y límites
conceptuales, políticos y programáticos de la cooperación al
desarrollo. Este enfoque fue tomando cuerpo en la Comunidad
Europea, en cuyo Consejo de Ministros se aprobó una resolución
en 1991 relativa a derechos humanos, democracia y desarrollo,
donde se establecen unos principios que la propia Comunidad,
hoy Unión Europea y sus estados miembros deben seguir en esta
materia. Estos principios han pasado a ser elementos
esenciales ya del diálogo entre donantes y receptores de
cooperación al desarrollo.
No fueron ajenos a esa resolución los debates que con
anterioridad se habían producido y los distintos enfoques de
unos y otros. Recuerdo un importantísimo debate, no exento de
cierta crispación, entre el Comisario Natali, en ese momento
responsable por la Comisión de la Cooperación al Desarrollo, y
el Ministro Patten, del Gobierno conservador británico, sobre
el alcance de la cláusula democrática, entonces no se llamaba
cláusula
democrática sino de aplicación de los principios democráticos,
en el tema concreto de la ayuda alimentaria a Etiopía, con un
régimen marxista-leninista, por tanto, exento de libertades.
Luego me referiré a ello. Pero uno de los mayores aciertos,
por eso no hay que desviarse de las líneas básicas que este
concepto ha tenido en los últimos años, uno de los mayores
aciertos de la aplicación correcta de la cláusula democrática
es el enfoque positivo, que la cláusula democrática sirva para
estimular el respeto de los derechos humanos, el
fortalecimiento de las instituciones democráticas y que
aquellos países que adopten medidas en esta dirección se
beneficiarían con un mayor apoyo institucional, con un mayor
flujo de recursos de la comunidad de donantes. Así, tenemos un
conjunto de países del mundo en desarrollo, fundamentalmente
iberoamericanos, con los que España ha firmado a lo largo de
estos años muchos tipos de acuerdos en esa dirección positiva,
con Bolivia, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Panamá, de implantación de sistemas de censo, de modernización
de asambleas legislativas, de apoyo a procuradurías de los
derechos humanos, donación de bibliotecas jurídicas, acuerdos
jurídicos, envíos de expertos en temas electorales, políticos
y de censo, etcétera; ha ayudado en esa dirección que se llama
positiva de la aplicación de la cláusula democrática.
Lo que llamaríamos aplicación negativa es mucho más peliagudo,
aunque también hay que avanzar en esa dirección. Cuando se
produzcan violaciones reiteradas de los derechos humanos o
graves interrupciones de los procesos de democratización se
adoptarán las medidas que se consideren adecuadas, hasta
llegar incluso al fin de la suspensión de la cooperación con
el Estado infractor. Usted ha citado Guinea Ecuatorial. Esa es
la situación en la que estamos; ayer hubo una reunión del
Consejo de Dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores con
el Ministro para estudiar las medidas a tomar en este caso
concreto, por la expulsión de un cónsul, pero sobre todo las
medidas a tomar por la evidente ausencia de voluntad
democratizadora por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Esta aplicación hay que tomarla caso por caso, como indican
las orientaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo, del CAD
de la OCDE en el informe llamado Buen Gobierno y
Desarrollo Participativo.
En cualquier caso, y esa es la última parte de nuestra
enmienda, en cualquier circunstancia la ayuda humanitaria de
emergencia y a través de las ONG deberá mantenerse con el fin
de que la población más desfavorecida no resulte doblemente
penalizada. Si aplicamos rígida y mecánicamente de una manera
rotunda y
genérica, sistemática, la cláusula democrática podemos llegar
al absurdo de penalizar a la población que está sufriendo un
régimen despótico, una tiranía, que está sometida a la
represión; además, le quitamos la cooperación internacional de
tipo humanitaria, alimentaria, de medicamentos, de ayuda de
emergencia,
sometiéndola, por tanto, a un doble castigo por parte incluso
de los países donantes.
En esos temas --y con esto termino, señor Presidente-- hay que
mantener un cierto sentido de la responsabilidad y del
equilibrio. No caer, y ése es un peligro que siempre corremos
todos --no acuso a S.S., sino en general--, en una mentalidad
eurocentrista; que, por tranquilizar nuestra conciencia,
estamos llevando a objetivos distintos a los que nosotros,
todos, incluyo, por supuesto, a S.S., queremos conseguir.
En definitiva, el objetivo es loable. La cláusula democrática
debe aplicarse, pero hemos presentado esta enmienda porque
ello permite una aplicación flexible y no rígida que lleve a
objetivos que no son los que perseguimos ni usted, ni yo, ni
creo que ninguno de los miembros de esta Cámara.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que el tema de los créditos FAD seguramente
merecería, y yo creo que merecerá, una serie de sesiones
bastante más importantes, en cuanto a audiencia y a cantidad
de argumentos a esgrimir. No estamos exactamente en eso, pero
habrá que averiguar dónde, cómo y por qué, ya que,
efectivamente, en determinados momentos estos créditos no
cumplen, según mi opinión, la finalidad que tenían.
Estamos totalmente de acuerdo con la proposición presentada
por el Grupo Popular, pero esperamos que acepte la enmienda
del Grupo Socialista, que es la que le da completa realidad.
Estamos de acuerdo con la cláusula democrática pero también en
que hay que salvaguardar las ayudas humanitarias; por ejemplo,
a un disidente democrático de un régimen totalitario. Sobre
todo, estamos identificados con que no se puede penalizar
doblemente a una población; tener un régimen antidemocrático y
encima no poder recibir ayudas puntuales en cuestiones
concretas.
Espero del Grupo Popular que acepte esta enmienda del Grupo
Socialista, con lo cual desde Unión Valenciana votaremos a
favor de esta proposición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria se congratula de que el Grupo Popular, y a
través de su portavoz, el señor Rupérez, haya traído esta
proposición no de ley. Los tiempos que corren, de tanta
incertidumbre e inseguridad en el campo de la democracia y de
los derechos humanos, y los compromisos que pueden derivarse
para los países signatarios, en este caso España, de tratados
o acuerdos internacionales que contemplen precisamente líneas
de cooperación, hace necesaria esta reflexión, que se tome por
el Parlamento, y que el mensaje que reciba el Gobierno,
concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, sea lo más
nítido posible.
Dicho esto y por coincidir en la intención, conociendo
perfectamente la sensibilidad política, profesional y personal
del señor Rupérez, yo desearía que hubiera un consenso y un
acercamiento a la posición que viene a reflejar la enmienda
que ha presentado, por boca del señor Yáñez, el Grupo
Socialista.
¿Por qué digo esto? Porque precisamente cuando estamos
cuestionándonos hasta la Carta de las Naciones Unidas, la
necesidad de reformar las Naciones Unidas, cuando en el
Derecho Internacional se ha dado introducción a un concepto
tan
importante y delicado como es la no injerencia en los asuntos
de otro país, cuando ya vemos una predisposición para que
cuando en aquellos países donde se conculquen los derechos
humanos no haya un respeto a las reglas democráticas, que
organismos
supranacionales puedan intervenir, dando fin al tradicional y
sacrosanto principio de la no injerencia en los asuntos
internos de un país, cuando estos asuntos internos afecten y
conculquen las libertades democráticas y los derechos humanos,
nos vamos a encontrar dentro de poco porque se va extendiendo
este principio de conciencia internacional y cuestiones como
la cláusula democrática tienen que estar relacionadas con
ello.
No se nos oculta lo delicado que es, en un tratado, decir al
otro país que sea democrático. Lo es o no lo es en ese
momento. Quiero referirme aquí a los debates que tuvimos
durante la III
legislatura, en la Comisión de Exteriores, cuando en el año
1988 aprobamos el Tratado de Cooperación y Amistad entre
España y Argentina. Acababa Argentina de salir del régimen
militar, antidemocrático y antiderechos humanos de los
militares y cuando con el Presidente Alfonsín se llegó a
establecer las bases de este Tratado se señaló bien en su
preámbulo o considerandos la valoración que hacíamos de esto
que hoy con buen sentido usted, señor Rupérez, trae aquí como
cláusula democrática, es decir, estimando que la defensa de
los derechos humanos es preocupación prioritaria para los
gobiernos que consideren la democracia como único camino
viable para lograr la satisfacción plena de las legítimas
aspiraciones de los pueblos. Esa línea, que se
introdujo por primera vez en el Tratado de Cooperación y
Amistad entre España y Argentina, se continúa magníficamente
también en sus considerandos en 1991, cuando aprobamos, ya en
la IV
legislatura, en el mes de febrero de 1991, el Tratado de
Cooperación y Amistad entre España y Chile, que también
acababa de salir --no de una manera tan rotunda como
Argentina, pero sí de una manera fehaciente y constitucional--
de la dictadura militar del General Pinochet como Presidente
de la República de Chile. La necesidad de la cláusula de
salvaguardia, condicionando en el espíritu y en la letra de
los considerandos que --sobre todo dirigido para Chile-- era,
en su artículo primero de la disposición preliminar, el
derecho humano que tiene todo Estado
para garantizar también a terceros lo mismo y la firme condena
de toda forma de violencia, autoritarismo o intolerancia. Esto
debe ser el nuevo espíritu para hacer los tratados y convenios
de cooperación económica, científica, técnica y cultural que a
todos nos debe animar. Cuando discutimos el Tratado con Chile
hubo que hacer verdaderamente un juego diplomático en el
apartado primero del artículo 1, que era la libre
determinación de los pueblos y el principio de la no
intervención, porque si no hubiera sido muy difícil, por las
reservas y la propia presencia del anterior Presidente de la
República chilena, el General Pinochet, como jefe supremo de
las Fuerzas Armadas. Tuvimos que hacer ese juego, había que
hacer ese juego inteligente de diplomacia, y así se mantuvo
por este Congreso, pero eso no ha quitado un ápice que
mantengamos la exigencia para que en cualquier momento la
cláusula democrática esté presente en la decisión de un Estado
democrático, como es actualmente España.
Quiero decir esto también porque la propuesta que trae aquí el
texto de la proposición no de ley del Grupo Popular vendría a
significar, en primer lugar, que el principio todavía vigente
en el Derecho internacional de la no injerencia podría ser
aquí, de alguna manera, violentado con terceros países que no
tuvieran estas garantías y por entender yo que el segundo
punto,
«Suspender toda actividad y distribución de ayuda con aquellos
países que no guardan un resepeto por las libertades y
derechos fundamentales...», es en verdad una cláusula
condicional, coyuntural o temporal, porque cualquier Estado
con el que tengamos en este momento suscrito un tratado,
acuerdo o convenio de cooperación, que entrase en una recesión
democrática y pasara a un régimen de dictadura o de negación y
conculcación de los derechos humanos, está en la propia
iniciativa parlamentaria y política y en la iniciativa del
Gobierno el adoptar las medidas adecuadas, desde romper sus
relaciones diplomáticas hasta tomar aquellas otras medidas
propias del Derecho internacional y de los principios de
soberanía. Por tanto, sin esta disposición en este texto, no
pasaría absolutamente porque estaríamos siempre en la
situación en que el Gobierno es soberano, y este Congreso de
los Diputados también es soberano, para insistir, presionar o
votar con el Gobierno medidas que permitan la interrupción
desde las relaciones diplomáticas hasta la ayuda y la
cooperación. Ahora bien, ¿qué pasa con este principio de
solidaridad cuando el régimen político autoritario,
dictatorial y contrario a los derechos humanos, se instaura en
un país? ¿Qué hacemos con el resto de sus ciudadanos?
Imaginemos un país que, con un régimen de este tipo, sufre una
catástrofe natural, un terremoto, una gran epidemia. ¿Es que
no podemos entonces hacerles llegar a esas víctimas, tanto de
aquellos regímenes como de los accidentes naturales, nuestra
ayuda humanitaria, expresada en términos económicos,
sanitarios o culturales? Estaríamos entonces
precisamente cerrándonos el buen principio.
Por esta razón, nosotros quisiéramos, desde Coalición Canaria,
comprendiendo y alegrándonos de esta iniciativa de la
«cláusula democrática», que nosotros no solamente creemos que
debe de estar en un documento, en un texto, en un tratado o en
un acuerdo, sino en el propio espíritu de todas las decisiones
que tomen esta Cámara y el Gobierno en la asignación y en la
signatura de toda firma de tratados y convenios
internacionales, para ir generando esta pedagogía de las
libertades, esta pedagogía de la
democracia, pero al mismo tiempo el sentido de solidaridad.
Cuando avancemos en la reforma de la Carta de las Naciones
Unidas --si eso se consigue pronto--, veremos precisamente
reflejada la «cláusula democrática». Lo que yo no quisiera, en
este momento, es dejar privadas de ayuda a las poblaciones que
sufren, por las razones que sean, que no les pudiera llegar
por una imposición de la letra de la ley. Con este deseo,
nosotros quisiéramos votar afirmativamente, en el marco de la
filosofía que ha expuesto el señor Rupérez, la enmienda del
Grupo Socialista, que es lo que pensamos hacer.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente, y
con toda brevedad.
Nuestro Grupo Parlamentario ha expresado ya en repetidas
ocasiones, ante el Pleno de la Cámara, en Comisión y ante la
Ponencia, a la que ha hecho referencia también el señor
Rupérez en su intervención, nuestra opinión respecto de la
necesidad de que los países con los que firmamos acuerdos
estén inmersos en un régimen democrático. Por tanto, nuestra
actitud hacia la propuesta que realiza el Grupo Popular ante
el Pleno de la Cámara en esta proposición no de ley no puede
ser otra que la del acuerdo y la aquiescencia. De todas
maneras --y ya se ha señalado por anteriores intervinientes--,
la inclusión de la palabra «sistemáticamente» en el primer
párrafo parecería no dar opción al Gobierno signante de los
acuerdos de incluir la cláusula, incluso cuando no es
necesaria por cuanto el país con el que se esté firmando el
acuerdo de cooperación no ofrezca ningún tipo de duda respecto
al sometimiento de sus reglas del juego político a la
democracia. Parecería obligar a que, en cualquier caso, deba
ser incluida esta «cláusula democrática», incluso cuando,
insisto, ni en el ánimo --estoy seguro-- del Grupo
Parlamentario proponente ni en el de los restantes grupos de
la Cámara pueda caber duda alguna respecto al régimen
democrático del país con el que se firma el acuerdo.
Por otra parte, una lectura conjunta de los apartados primero
y segundo podría hacer pensar --y estamos seguros de que
tampoco está en el ánimo del Grupo proponente-- que en ningún
caso en los países que no tengan un régimen democrático,
podría establecerse ningún tipo de ayuda, no directamente con
los países, sino humanitaria o a través de las organizaciones
no gubernamentales. Excluir la posibilidad de este tipo de
ayuda sería una sanción a los ciudadanos de esos países, que
en ninguna forma merecen.
Señor Presidente, queremos expresar nuestra opinión respecto a
que estando de acuerdo con el contenido de la propuesta, la
enmienda presentada por el Grupo Socialista recoge esas dudas
que a nosotros también nos plantea la redacción concreta de la
proposición no de ley, y nos complacería extraordinariamente
que esa enmienda fuera aceptada por el Grupo Proponente, lo
que nos permitiría votar en el sentido en que lo han expresado
los grupos que han fijado su posición anteriormente al
nuestro, de forma unánime por parte de toda la Cámara, que me
parece que es la voluntad expresada por el Grupo proponente en
la defensa de su proposición no de ley.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Molins. Para fijar la posición del Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Rupérez, yo también espero de su reconocido buen
criterio que acepte la enmienda que se le ha presentado por
parte del Grupo Socialista, y en eso me sumo a las peticiones
de la totalidad de los grupos parlamentarios, por algunas
razones que seguramente compartimos. Siempre es oportuno
hablar de «cláusula democrática» en todo lo que significa en
materia de colaboración, de cooperación de España con
cualquier país del tercer mundo o en vías de desarrollo, pero
la literalidad de la proposición no de ley que ustedes nos
presentan podría dar lugar a algunas contradicciones notables.
Si todos entendemos que el estímulo al desarrollo económico de
un país, al que puede contribuir España con su política de
cooperación, va a ser una vía de llegada o de ampliación de
los contenidos democráticos de ese país, entramos en
contradicción si cortamos la ayuda o la cooperación al
desarrollo económico de ese país, que de forma indirecta va a
significar una dificultad de extender los criterios
democráticos en el mismo. Esa es una primera contradicción que
nos parece que se desprende literalmente de su texto.
Hay que tender a la aplicación positiva de la conocida
«cláusula democrática», a que la cooperación que desde nuestro
país se haga signifique un estímulo para alcanzar mayores
niveles de
democracia y de desarrollo, que generalmente van parejos.
Usted cita el texto del informe sobre política de cooperación,
aprobado en noviembre del año 1992, cuando habla de que la
cooperación para el desarrollo no es neutral e indiferente
ante el nivel de democracia de un país. No acabamos de definir
nunca qué es eso: el adecuado nivel democrático de una país.
Yo me quedaría con la declaración firmada por todos los Jefes
de Estado y de Gobierno de todos los países latinoamericanos,
entre ellos nuestro país, cuando se dice, en el mismo punto en
el que se estimula a respetar el Derecho internacional, que
uno de los objetivos de esa Declaración de Guadalajara
es promover el fortalecimiento de la democracia y del
pluralismo en las relaciones internacionales con pleno respeto
a la soberanía, la integridad territorial y la independencia
política de los Estados, así como a la igualdad soberana y a
la autodeterminación de los pueblos.
Caso de no entender en esa dirección nuestra ayuda a la
democracia podríamos incurrir en un defecto relativamente
frecuente, que también ha sido citado hace un momento en esta
tribuna, que es esa concepción muy cerrada de Europa o de la
idea que en Europa se tiene de la democracia, esa tendencia a
expandir el eurocentrismo por todos lados, despreciando en la
práctica otras culturas, otras formas de organización social,
otros niveles de desarrollo y diferentes enfrentamientos ante
la sustancia de la democracia, la propia organización social.
Finalmente, llevando su proposición literalmente a la
práctica, aunque puedo compartir, el espíritu, significaría
que estaríamos penalizando --como también se ha dicho-- a los
pueblos que a su vez están sufriendo alguna de las condiciones
o regímenes que no pretendemos apoyar, sino todo lo contrario.
Esa paradoja de que negando la cooperación con algunos países
lo que estamos
castigando no es al régimen de esos países, sino precisamente
al pueblo que está sufriendo ese régimen, es altamente
conocida. Por ejemplo, ahora mismo, después de los tres años
de bloqueo económico en Irak, se han disparado las tasas de
morbilidad y mortalidad hasta niveles difícilmente
soportables. ¿Es el régimen de Sadam Husein quien está
recibiendo en su propia estructura la presión internacional?
¡No! Es la población iraquí la que está sufriendo las
consecuencias de esa política, en este caso a instancias de
Naciones Unidas, de bloqueo económico. Lo mismo ocurre con
Cuba. ¿Es que el objetivo de los Estados Unidos con el bloqueo
económico a Cuba es llevar la libertad o más libertad y más
democracia a Cuba? Obviamente, no. (Un señor Diputado del
Grupo Popular: ¡Sí, señor!)
Si fuera ese realmente el objetivo y fuera honesta la posición
de ese gran país respecto a ese pequeño país, establecería los
cauces económicos suficientes como para que, haciendo caso de
esa Declaración de Guadalajara
que acabo de leer, ese país pudiera evolucionar en sus niveles
democráticos. Lo que se pretende no es llevar democracia y
libertad a ese país. Lo que se pretende es rendirlo por
hambre, como se ha hecho en otras ocasiones. (El señor Robles
Fraga: Es intolerable.)
¿Me permite que acabe señor Robles? Son criterios que, con
frecuencia, confundimos; que, con frecuencia, si no somos muy
cuidadosos a la hora de aplicar criterios que en abstracto
todos podemos compartir, lo que acabamos consiguiendo es
justamente lo contrario de lo que pretendemos. Con dificultar
o impedir la cooperación de nuestro país con determinados
países no estamos favoreciendo a los pueblos que habitan en
esos países sino, más bien al contrario, estamos reforzando
mecanismos que tienen fácil y, a veces, difícil
interpretación, que significan el
reforzamiento de los propios regímenes, como acabo de
demostrar con dos ejemplos que para mí son bastante evidentes.
Termino señor Presidente. Yo espero, señor Rupérez, de su
reconocido buen criterio, que acepte la enmienda del Grupo
Socialista que, desde nuestro punto de vista, podemos
compartir todos en esta Cámara, y salva las dificultades que
la literalidad de su proposición podría producir en la
política de cooperación española.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A los efectos de
indicar la aceptación o no de la enmienda presentada, tiene la
palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista en la primera parte de su enmienda, aunque
formulada de manera ligeramente diferente, viene a insistir
sobre el mismo propósito, lo que forma la sustancia de nuestra
proposición no de ley; es decir, que la «cláusula democrática»
siga figurando en todos aquellos acuerdos que se refieran a la
cooperación al desarrollo que España mantenga con terceros
países. Desde ese punto de vista, nosotros la recogemos porque
el espíritu del Grupo Popular al presentar esta proposición no
de ley no es tanto el de reabrir de manera conflictiva un
debate, sino, más bien al contrario, seguir buscando las
mismas razones que en su momento posibilitaron el consenso de
la Ponencia sobre cooperación al desarrollo que aprobamos el
año pasado. De manera que lo vamos a aceptar en su
literalidad. No tenemos ningún inconveniente en aceptar la
segunda frase de la enmienda porque esa propuesta está también
recogida en la Ponencia originaria que sirve de referencia y
de base para nuestras reflexiones y propuesta.
Quiero, de todas formas --no pretendo abrir un debate, aunque
pudiera hacerlo, que no puedo ni quiero--, recordar a todos
los grupos que se han manifestado --a cuyos portavoces quiero
agradecer sus manifestaciones-- que no podemos tampoco olvidar
el efecto perverso que tendría y que está teniendo el que
ayudas de emergencia y humanitarias no lleguen a los
destinatarios de las mismas, a los pueblos, precisamente por
la subsistencia de regímenes dictatoriales. Todos los
portavoces que han tenido ocasión de manifestarse en este
sentido saben que en muchos casos es precisamente la
subsistencia de esos regímenes la que impiden la llegada a esa
población necesitada de las ayudas, con lo cual estamos en un
círculo vicioso. Tenemos el caso de la Nicaragua somocista, en
donde en una ocasión especialmente dramática...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rupérez,
aténgase a la manifestación de aceptación o no, porque si no,
aunque usted no lo pretenda, está rozando los términos de una
contradicción que podría lógicamente dar pie a que algún Grupo
solicitara la palabra. Este es un debate, como S.S. bien sabe,
tasado, y su intervención es a los efectos de manifestar la
aceptación o no de la enmienda, y no la posición señalada por
otros grupos.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente. No era
ciertamente mi intención la de reabrir ningún tipo de debate,
aunque pudiera hacerlo. Repito que ni puedo ni quiero.
En tercer y último lugar, con la venia del señor Presidente,
quería recordar y citar literalmente un párrafo también de la
Ponencia aprobada por unanimidad: La política española de
cooperación al desarrollo, pues, utilizará también como
instrumento el fomento democrático. No podrá ser calificada
como arma para la injerencia en asuntos internos de otros
países, pero tampoco como elemento pasivo e inerme ante una
situación
internacional que exige la relativización de ciertos
principios, como el de la no intervención, y la puesta de
relieve de otros, como el del respeto a los derechos
fundamentales de la persona.
Quería simplemente decir que en estos términos recogemos
favorablemente la propuesta de enmienda del Grupo Socialista.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Rupérez.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación de esta
proposición no de ley.
Se somete a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a
revisar su política de cooperación de forma que incluya
sistemáticamente en los acuerdos que firme con terceros países
la «cláusula democrática», en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 300; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Queda aprobada la
proposición no de ley debatida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ACTUALIZAR LOS LIMITES DE LAS
PRESTACIONES ECONOMICAS DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISION
SOCIAL EN LA PREVISION DE RIESGOS SOBRE LAS PERSONAS. (Número
de Expediente 162/000016)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debate de
proposición no de ley, presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a
actualizar los límites de las prestaciones económicas de las
mutualidades de previsión social en la previsión de riesgos
sobre las personas.
Para su defensa, el señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de mi Grupo Parlamentario para defender
la proposición no de ley que solicita que el Gobierno
actualice los límites de las prestaciones económicas de las
mutualidades de previsión social, en la previsión de riesgos
sobre las personas.
Señorías, traemos otra vez a esta Cámara la propuesta de
adoptar una medida que va dirigida a un colectivo de
entidades, las mutualidades de previsión social, que son
entidades sin ánimo de lucro y que desarrollan prestaciones
complementarias a las que realiza con carácter general la
Seguridad Social.
¿Qué planteamos con esta proposición no de ley? Los límites
que hoy se aplican a estas prestaciones económicas de las
mutualidades de previsión social se establecieron por Ley
33/1984, de 2 de agosto, en las cuantías de 1.200.000 pesetas
como renta anual y en 5 millones de pesetas como percepción
única de capital.
Posteriormente al citado año 1984, estos límites se
actualizaron en dos ocasiones: la primera, mediante el Real
Decreto 312/1987, de 9 de enero, por el que estos límites se
fijaron en 1.400.000 pesetas en el primer concepto y 5.850.000
pesetas en el segundo; es decir, en renta y capital
respectivamente. La segunda
actualización, hace cuatro años o un poco más, mediante el
Real Decreto 1079/1989, de 1 de septiembre, donde se
establecían estos límites hoy vigentes en 1.600.000 pesetas
para renta y 6.500.000 pesetas para capital.
Posteriormente, señorías, en el año 1990, la Ley de Ordenación
del Seguro Privado, en el artículo 16.3, limitaba las
prestaciones económicas máximas que las mutualidades de
previsión social pueden garantizar a esas cuantías que he
citado
anteriormente (la de 1.600.000 pesetas como renta anual, o
6.500.000 pesetas como percepción única de capital) y
autorizaba a que estos límites pudieran ser actualizados
perídicamente por el Gobierno a propuesta del Ministerio de
Economía y Hacienda, de acuerdo con lo que se establece en esa
misma ley.
No obstante, señorías, más recientemente, en la anterior
legislatura, el proyecto de ley que trajo a esta Cámara el
Gobierno, de modificación de la legislación reguladora de
seguros privados, establecía la posibilidad de que las
mutualidades de previsión social que reunieran determinados
requisitos, pudieran actualizar sin sujeción a límites
económicos preestablecidos estas cuantías. Esta modificación,
que también hubiera permitido elevar los límites máximos de
estas prestaciones económicas, no pudo aplicarse porque dicha
ley, como saben sus señorías, no pudo terminar su trámite
parlamentario al disolverse las Cortes Generales.
Estamos suscitando una cuestión, cual es el instar al Gobierno
a que actualice unos límites, que ya ha sido objeto de
consideración dos veces por el Gobierno, cuando, además, muy
recientemente esta Cámara iba a adoptar una decisión al
respecto, pero al darse por decaída la ley que debía
contemplar esa posibilidad, no se llegó a adoptar dicha
decisión. Transcurridos estos años desde 1990 hasta 1993 sin
que se hubieran actualizado estos límites, nuestra proposición
no de ley solicita elevarlos aplicándoles la inflación anual
que ha experimentado nuestra economía durante este período
para poder actualizar a efecto monetario los límites que se
establecían en el año en que fueron acordados y aprobados.
Señorías, en estos años transcurridos desde la entrada en
vigor de la Ley 33/1984, que reordenaba el seguro privado,
hasta la fecha los límites de prestaciones han aumentado en un
30 por ciento. No obstante, esta cifra es notoriamente
inferior a la evolución que ha experimentado el índice de
precios al consumo en este mismo período. Por consiguiente, la
proposición no de ley propone que esta Cámara asuma la
decisión de instar al Gobierno a que actualice esos límites
para permitir la correspondiente actualización de las
prestaciones que estas mutualidades de previsión social deben
dar a las personas que tienen suscritos derechos con ellas,
tanto en el concepto de renta como en el de capital.
De no adoptarse esa decisión, señorías, estamos manteniendo un
criterio limitativo que gravita negativamente sobre la
posibilidad de expansión y de realización de estas entidades
que, repito, son entidades sin ánimo de lucro que realizan una
función social de complementariedad a la Seguridad Social y
que al no poder verse actualizados esos límites de
prestaciones están sufriendo el efecto competencia que
desplaza el interés de la sociedad en la cobertura de esas
prestaciones por parte de estas entidades.
Señorías, nuestra proposición no de ley se justifica por sí
misma porque es absolutamente lógica. Es más, el Gobierno
tenía mecanismos para adoptarlo y en dos ocasiones lo afrontó,
pero en la tercera, casi por coyuntura parlamentaria, quedó
interrumpida esta decisión. Creemos que debe ser tomada en
consideración por parte de esta Cámara para facilitar el
proceso de adaptación de estos límites a estas entidades.
Por eso, señorías, y muy concretamente, la proposición no de
ley que presentamos a su consideración, dice textualmente lo
siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
actualizar, antes del 31 de diciembre de 1993 y para su
vigencia para el ejercicio de 1994 y siguientes, los límites
máximos de las prestaciones económicas que pueden garantizar
las
Mutualidades de Previsión Social en la previsión de riesgos
sobre las personas, a que se refieren los artículos 16.3 de la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, y 22.3 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, fijándolos
en
2.500.000 pesetas como renta anual y 9.000.000 de pesetas como
percepción única de capital.»
Como he dicho anteriormente, estimamos justificada esa
propuesta y, en todo caso, sabemos que con ella permitimos una
consolidación de la función que desarrollan esas entidades,
función tremendamente importante y complementaria a la que
desarrolla la Seguridad Social y que debería ser aceptada por
parte de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Señor Presidente, nuestro Grupo conoce la voluntad que a este
respecto tiene el Grupo Parlamentario Socialista, así como
algunos otros grupos, de buscar en torno a esta proposición no
de ley la unanimidad de los grupos de esta Cámara. Espero y
deseo que esto pueda ser posible y que en todo caso de la
sesión de esta tarde pueda salir, con carácter unánime, este
acuerdo que formularíamos y que en todo caso revertiría sin
duda en beneficio de los ciudadanos que, mediante su
participación y sus
aportaciones a estas mutualidades de previsión social,
complementan con sus prestaciones las que desarrolla y aplica
en nuestra sociedad la Seguridad Social.
Nada más, señor Presidente y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
A esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha presentado
una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Neira.
El señor NEIRA LEON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender la
enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista a
la
proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
por la que se insta al Gobierno a actualizar los límites de
las prestaciones económicas de las mutualidades de previsión
social en la previsión de riesgos sobre personas.
De la lectura de nuestra enmienda se desprende nuestra
coincidencia con la propuesta del Grupo Catalán (Convergència
i Unió). Consideramos que, tal y como ya preveía la Ley
33/1984 los topes en las prestaciones, que se justifican por
los menores niveles de solvencia que se les exige a estas
entidades respecto de las compañías de seguros, deben ser
actualizados anualmente para corregir el efecto de la
inflación. Esta operación, como aquí ha quedado ya puesto de
manifiesto, no se ha hecho
regularmente hasta la fecha, y así hoy estos topes son
inferiores en pesetas constantes a los establecidos en el año
1984, con lo que esto significa de merma en la competencia con
las empresas del seguro en la captación de mutualistas.
Estamos básicamente de acuerdo con la proposición no de ley de
este Grupo, incluso estamos de acuerdo en los topes precisos
nuevos que proponen, porque son el resultado del proceso de
cálculo de la inflación perdida hasta la fecha, y con nuestra
enmienda en realidad sólo pretendemos concretar el medio a
través del cual al Gobierno debe dar respuesta a este mandato
del Parlamento y que debería ser, en nuestra opinión, el
futuro proyecto de modificación de la legislación reguladora
del seguro privado, de forma que incluyese estos nuevos topes
actualizados. Hay también una modificación simplemente de
matiz en lo que hace referencia a que se haga con anterioridad
al 31 de diciembre de 1993. No es previsible que este proyecto
de ley esté en el Parlamento con anterioridad a fin de año,
pero sí se espera que esté en los primeros meses del año
próximo y, por tanto, el resultado final, la eficacia final
del tema sería exactamente la misma: que para el año 1994
entrasen en vigor estos topes.
En el paso de este proyecto por las Cámaras, nuestro Grupo va
a procurar que se resuelva no sólo este problema, que preocupa
a los sectores vinculados a este tipo de entidades, sino otros
que han llevado a estos sectores a una cierta desorientación y
a una cierta confusión, no tanto por falta de un planteamiento
teórico que los compatibilice con una Seguridad Social con
prestaciones universalizadas y cotizaciones obligatorias y con
unas ofertas de seguros privados relativas a fondos y planes
de pensiones en condiciones ventajosas, sino porque el marco
legal, que ha jugado un importante papel en orden a la
racionalización de este sector, es hoy insuficiente para
resolver los problemas del futuro. Nosotros entendemos que
este tipo de entidades, caracterizadas por la ausencia de afán
o de ánimo de lucro, en unos sectores como la salud o la
previsión social, donde el lucro no debiera ser un elemento
significativo, y garantizadas asimismo por la gestión
democrática, aunque mejorable, por parte de sus miembros,
representan experiencias de fuerte tradición y arraigo
en determinadas zonas del país, perfectamente viables y de
gran utilidad para el conjunto del sistema de protección
social, si somos capaces de configurar un marco normativo que
les permita competir con eficacia con las demás compañías
privadas en sus objetivos de acción protectora complementaria
de la Seguridad Social; un marco normativo que haga una
lectura positiva de la ausencia de afán de lucro, ello sin
perjuicio de las exigencias de las ratio y capital precisos
que garanticen su solvencia.
Estos son, señorías, los elementos básicos que nos animan hoy
para dar el apoyo a esta proposición no de ley a través de
nuestra enmienda, que no la desvirtúa en absoluto sino que la
confirma en todos sus extremos, y también los que nos van a
mover, en la discusión en los meses próximos del proyecto de
ley del seguro privado, a darles a estas entidades un espacio
eficaz que les permita cumplir con una misión importante en
beneficio de las clases sociales, muchas de ellas poco
favorecidas. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Neira.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Como siempre, muy rápido, para decir que desde Unión
Valenciana, yo diría que más bien desde prácticamente todo el
Grupo Mixto, vamos a apoyar esta proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Al mismo
tiempo, en cuanto a la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, que no deja de ser prácticamente lo
mismo, únicamente con la
modificación de que lo hará a través de una ley, yo opino que
el Partido Socialista podría también, si quiere, por qué no,
introducirlo en la ley que a continuación vendrá a discutirse
en esta Cámara, con lo que podríamos ganar un tiempo. No
obstante, será el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el que
decidirá si acepta o no esta enmienda. Por nuestra parte,
desde luego, vamos a votar a favor y nos gustaría que la
aplicación fuera inmediata y que, por lo tanto, saliera
triunfante la proposición tal como viene.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de
Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Para Coalición Canaria conviene en primer lugar dejar clara la
necesidad de la actualización que plantea la proposición no de
ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de estas
prestaciones para las mutualidades. Cuando se hizo la última
de ellas, a raíz de la base legal que daba la Ley 33/1984, la
última precisamente hecha por el Real Decreto 1079/1989 --es
decir, hace apenas cuatro años--, no se había puesto en el
horizonte ni en ninguna directiva comunitaria, pero ya se
estaba estudiando, la necesidad de establecer una ley general
del seguro. Como bien ha dicho el propio portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), la disolución de las Cortes en
esta pasada legislatura dejó varada la aprobación definitiva
de la ley del seguro. Ahora bien, si hay este compromiso que
el propio Grupo Socialista trae en su enmienda, que nos parece
acertada, en la medida en que reconoce dos hechos
fundamentales que trae la razón de la propuesta del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), que es, por un lado, la
necesidad de actualizar y, en segundo lugar, que actualiza con
las propias cifras que también se contemplan en la proposición
no de ley del Grupo proponente, ese compromiso implícito y
explícito en la enmienda del Grupo Socialista de que el
Gobierno traerá la ley reguladora del seguro privado en 1984
es para nosotros razón suficiente para, apoyando el fondo de
la propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió), querer y
desear votar la enmienda propuesta por el Grupo Socialista.
Porque no creemos que fuera en este momento --digamos-- muy
recomendable sustraer de la propia letra del anterior proyecto
de ley del seguro privado que se había presentado por el
Gobierno en la anterior legislatura (y habíamos tenido ocasión
de discutir y debatir en los trámites correspondientes, una
vez que se abrió el período de presentación de enmiendas) a
estas mutualidades de previsión social, sustraerlas del marco
legal donde deben estar
contempladas, que es precisamente la ley del seguro. Cuando se
ha utilzado el argumento de decir que las prestaciones de las
mutualidades de previsión social, al estar desfasadas, no son
competitivas con las de las compañías de seguro por razones de
inflación o del aumento del índice del coste de precios al
consumo, nosotros tenemos que retrotraernos a lo que acabamos
de decir. Si el Gobierno trae en 1994 la ley del seguro
privado, sería el momento adecuado de engarzar, porque sería
malo para el mundo del derecho en este momento con respecto a
las entidades de seguros que separásemos, utilizando la vía de
actualización por real decreto, el asunto de las mutualidades
de previsión social de las otras previsiones de riesgo sobre
las personas que cubren las compañías de seguros.
Por tanto, nosotros nos inclinamos, como digo, señor
Presidente, a votar la enmienda presentada por el Grupo
Socialista en estas condiciones. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo Parlamentario siente también, al igual que
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una
especial inquietud y preocupación por el futuro de las
mutualidades de previsión social. Estas entidades, de notable
arraigo en Cataluña, encuentran el origen en los gremios
artesanales y en las cofradías de la Edad Media, hasta llegar
a las sociedades de socorros mutuos en el siglo XIX, que ya
tienen como finalidad esencial la previsión social y marcan la
tradición en el sentido asociativo del pueblo de Cataluña para
buscar soluciones a problemas planteados por hechos y
circunstancias que pueden poner en peligro la vida de las
personas o sus recursos. Así se desprende de la propia
exposición de motivos de su ley reguladora, de 13 de diciembre
de 1991.
En la actualidad, como saben SS.SS., las mutualidades de
previsión social son entidades privadas que operan a prima,
fija o variable, sin ánimo de lucro, fuera del marco de los
sistemas de previsión que constituyen la Seguridad Social
obligatoria, y ejercen una modalidad aseguradora de carácter
voluntario encaminada a proteger a sus miembros o a sus bienes
contra circunstancias o acontecimientos de carácter fortuito y
previsible, mediante aportaciones directas de sus asociados o
de otras entidades o personas protectoras.
Dado, pues, el carácter social y mutualista que tienen este
tipo de entidades, la ley limita muchísimo tanto el tipo de
riesgos que puedan asegurar como las cuantías máximas de las
prestaciones económicas que garantizan, como así se desprende
del artículo 16, apartado 3, de la Ley de ordenación del
seguro privado, de 19 de diciembre de 1990, legislación a la
que están sometidas en esta materia, máxime cuando la
requerida limitación no pudo ser subsanada en determinados
supuestos por no ser aprobada la ley modificadora de la
ordenación del seguro privado en la anterior legislatura.
Por todo ello, es necesario subsanar toda esta problemática
que coloca a las mutualidades de previsión social en una
situación difícilmente competitiva con otras modalidades de
seguro, como puedan ser los planes y fondos de pensiones, al
tener limitada la cuantía de las prestaciones que garantizan,
en el caso de riesgo sobre las personas, en 1.600.000 pesetas
como prestación de renta anual y en 6.500.000 pesetas como
percepción única de capital, por lo que mi Grupo comparte el
objetivo que pretende esta proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
coincide en instar al Gobierno a que actualice antes del 31 de
diciembre los límites máximos de lasprestaciones económicas en
las cuantías mencionadas en la misma.
En cuanto a la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, y puesto que mi Grupo va a votar favorablemente la
proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), estará a la espera, pero no nos parece
que la aceptación de la misma pueda ser contraria a los
objetivos de mi Grupo. Por todo ello, quedamos a la espera de
la decisión del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Montseny Masip.
A los efectos de indicar la aceptación o no de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Sólo a esos efectos, quiero manifestar que esta enmienda viene
a ubicar la instancia que hacemos al Gobierno en un trámite
distinto al que contemplaba nuestro proposición no de ley. Se
trata simplemente de que en los escasos 16 días que quedan
hasta final de año parece casi imposible poder adoptar por
parte del Gobierno un decreto y realizar esta actualización de
límites, con lo cual, la reordenación que se hace en ese
extremo, de procedimiento, se hace referida a la ley de
seguros que el Gobierno va a presentar --que nos parece muy
acertado-- para que en el año 1994 esta decisión de
actualización pudiera aplicarse con la aprobación de dicha ley
cuando esta Cámara la debata. Por tanto, señor Presidente, mi
Grupo acepta esa enmienda, que no la vemos de sustitución sino
de aclaración en los aspectos más procedimentalees de este
compromiso que adoptamos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a
actualizar los límites de las prestaciones económicas de las
mutualidades de previsión social en la previsión de riesgos
sobre las personas, en los términos que resultan de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 293.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Queda aprobada la
proposición no de ley en los términos indicados anteriormente.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PARA PONER FIN A LA ACTUAL
MASIFICACION DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y ATAJAR LOS
PROBLEMAS QUE SUFRE EL PROFESORADO UNIVERSITARIO, ASI COMO
PARA FACILITAR QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN CURSAR LOS ESTUDIOS
DE SU ELECCION (Número de expediente 173/000017)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto tercero del
orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas
de política general para poner fin a la actual masificación de
los centros universitarios y atajar los problemas que sufre el
profesorado universitario, así como para facilitar que los
estudiantes puedan cursar los estudios de su elección.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, pasados
ya los momentos de atención, un poco traumática si se quiere,
sobre los problemas universitarios, que desgraciadamente sólo
consiguen atraer la atención de la opinión pública cuando las
fuerzas del orden están por en medio (El señor Valls García:
Cuando tú hablas.), sería interesante que en esta Cámara
aprovecháramos, ahora ya con la serenidad que da el
funcionamiento cotidiano de la vida universitaria, para
intentar algunas resoluciones constructivas que nos pusieran
de acuerdo a la hora de abordar los problemas que afectan a la
Universidad.
Nuestro Grupo ha esbozado esta moción, consecuencia de la
interpelación presentada en el último Pleno, con un ánimo
manifiestamente constructivo, estudiando con detalle las
intervenciones de los grupos que tomaron posición en aquella
ocasión para, en lo posible, ofrecer un campo de encuentro y
de diálogo que consiguiera unir planteamientos. Prueba de ello
es el primer punto de nuestra moción en la que planteamos al
Grupo Socialista, como Grupo mayoritario de esta Cámara, algo
que no dejará de considerar razonable y constructivo y es que
se cumpla una ley, socialista por más señas, puesto que fue
iniciativa del Gobierno socialista traerla a esta Cámara y fue
fundamentalmente votada por ellos; además, que se cumpla un
extremo que figura en esa ley con una clara intención de
marcar una diferencia neta y drástica con lo que venía siendo
el funcionamiento de la
Universidad hasta ese momento. Se trata sin duda de uno de los
aspectos más positivos de la LRU. En la LRU hay dos intentos,
más o menos afortunados en su realización, pero que reflejaban
ese deseo de decir: hasta aquí hemos llegado a partir de ahora
esto será distinto. Uno era sin duda al que me refiero: acabar
con el espectáculo de centros universitarios que acogían
teóricamente, porque en la práctica es imposible, a más
alumnos de los que su capacidad física les permitía. De ahí
que en un texto legal se haga una afirmación tan llamativa,
por lo obvio, como asegurar que los centros no admitirán a más
alumnos de los que permitan su capacidad. El otro extremo
similar fue acabar con la
lamentable situación de los llamados «penenes» a través de un
procedimiento, el de la idoneidad, que no voy a entrar ahora a
valorar porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones.
Nosotros lo que pretendemos es algo tan simple como que esta
Cámara, una vez más, porque ya lo hizo en otra ocasión, se
dirija al Gobierno para que urja al Consejo de Universidades,
presidido por el señor Ministro de Educación, hoy ausente --
que, desde luego, no se caracteriza por su brega parlamentaria
precisamente (El señor Valls García pronuncia palabras que no
se perciben claramente.), como ha demostrado esta misma mañana
en una intervención por omisiones, sin precedentes en sus
antecesores--, a que lleve de una vez a la práctica algo que
se estableció por ley hace diez años.
En eso coincidimos, entre otras autoridades, con el propio
Defensor del Pueblo que, en su último informe, acusando recibo
de un gran número de quejas de alumnos que no encuentran
acomodo en los centros universitarios, señalaba que, respecto
a esta exigencia de la LRU, respecto al primero de los
mandatos que el mencionado artículo impone y dirige a las
universidades, «una vez más, el Defensor del Pueblo debe
denunciar su incumplimiento a través del informe anual, como
lo viene denunciando sucesivamente en todo lo anterior». Sería
realmente llamativo que el Defensor del Pueblo, que es un
comisionado de esta Cámara, se mostrará más celoso que la
Cámara misma a la hora de exigir que se cumplan las leyes que
de esta Cámara han salido.
Por tanto, estimamos el primer punto razonable y de fácil
acogida por parte del Grupo mayoritario.
El segundo punto no se refiere a un afán de reforzar elementos
positivos de la LRU incumplidos sino, por el contrario, a la
necesidad, reconocida por el propio Gobierno al final de la
pasada legislatura, de corregir problemas añadidos por la LRU
que la Universidad no sufría con anterioridad a ese texto
legislativo. Nos referimos a problemas de profesorado, como la
famosa endogamia en la selección del mismo, suscitada por la
LRU y sin precedente previo, e igualmente al renacimiento de
la figura de los «penenes», que pretendía erradicar la LRU,
como ya acabamos de decir, mediante otras figuras desacertadas
como los asociados a tiempo completo, contemplados, previstos
erróneamente por la propia ley. En este sentido, queremos
recordar que las palabras del ausente señor Ministro en el
Pleno anterior no dejan de ser significativas. En primer
lugar, al tomar posesión, él había prometido que consensuaría
con los diveros grupos parlamentarios ese proyecto. Pues bien,
en sus palabras del último miércoles en que hubo Pleno, no
aludió para nada a ningún consenso con grupos parlamentarios;
aludió a todo tipo de instituciones, muy especialmente al
Consejo de Universidades, que él mismo preside, pero en ningún
caso a los grupos parlamentarios, a los que por lo visto ha
excluido de toda negociación previa. Pero, es más, debo añadir
que, ya que el señor Ministro aludió repetidamente al Consejo
de Universidades, este Diputado se ha tomado la molestia, en
los quince días transcurridos, de contactar con varios
rectores de Universidad y --señores, esto me parece grave--
debo afirmar ante este Pleno, para que conste en el «Diario de
Sesiones», que el señor Ministro faltó a la verdad, y siento
que no esté aquí para desmentirme, pero es culpa de él, faltó
a la verdad al afirmar que estaba tratando en el Consejo de
Universidades de la reforma de esa ley. Varios rectores me han
asegurado que ni en el Pleno del Consejo de Universidades ni
en la Comisión Académica del citado Consejo, de la que forman
parte, como es sabido, todos los rectores, en ninguno de estos
dos órganos se ha planteado en ningún momento, desde la pasada
disolución de las Cortes, esa reforma. Por tanto, no es verdad
que el señor Ministro esté hablando con los
rectores. De ahí que urjamos a que este proyecto llegue a esta
Cámara de una vez para que, ya que no hay ningún intento de
consenso previo, por lo menos haya el adecuado debate y no nos
veamos ante el bochorno de tener que recurrir a un nuevo
decreto-ley para evitar que se produzca la jubilación
prematura de los profesores, como ya se ha hecho en una
ocasión, frustrando así la rectificación sabia del Grupo
mayoritario y del Gobierno al que apoya.
En tercer lugar, la moción recoge una fórmula para facilitar
el acceso de los alumnos a los estudios que desean en primera
opción; aspecto que sin duda es decisivo para la propia
motivación del alumnado y para el rendimiento que pueda
obtener de sus estudios. En un momento en que Europa difunde
su programa Erasmus de movilidad de los estudiantes, debemos
desterrar el «mongolismo» jurídico y universitario que estamos
imponiendo en nuestros centros. Por referirme a la última
universidad
existente, pretendemos acabar con la idea de que la
Universidad de Huelva es para los onubenses. No nos parece que
eso sea un contexto europeo.
Lo que proponemos es muy simple. En primer lugar, un
mantenimiento para evitar toda ruptura; un mantenimiento del
sistema actual de acceso, pero sólo para el 25 por ciento de
las plazas de los centros universitarios. Por tanto, no
pretendemos ningún tipo de convulsión perturbadora. El 25 por
ciento de las plazas seguirán por el conducto actual. Un 25
por ciento
adicional, sin embargo, se reservaría para aquellos alumnos
que las han solicitado en primera opción, sin que puedan verse
desplazados por alumnos con mejor expediente, pero que
realmente deseaban estudiar otra carrera.
En el distrito universitario de Madrid, por ejemplo, alumnos
que querían estudiar telecomunicaciones acaban estudiando
ingenierías de minas, desplazando a los que querían estudiar
ingenierías de minas, que acaban estudiando químicas,
desplazando a los que querían estudiar químicas. Nos parece
que ésa es una ceremonia que conviene terminar cuanto antes.
Por último, y este es el aspecto más audaz sin duda de nuestra
propuesta, pretendemos multiplicar por diez el distrito
compartido, con la posibilidad simplemente de que los centros
puedan utilizar ese 50 por ciento de las plazas realizando un
examen adicional, lo cual ya ocurre en bastantes centros de
otras universidades. Esto permitiría de manera fácil que el 75
por ciento de las plazas sean ocupadas por alumnos que están
estudiando lo que desean en primera opción. La fórmula, por
otra parte, parece que tendrá fácil acogida por el Grupo
Socialista, ya que no solamente el Defensor del Pueblo, una
vez más, se refería a la dimensión excesivamente restrictiva
del distrito compartido, por el limitado porcentaje de plazas
que permite ofertar a los estudiantes de cualquier universidad
y por los inconvenientes de carácter económico que aún
conlleva su utilización, debido a la ausencia de ayudas
económicas
específicas, sino que el señor Paniagua (a quien recuerdo por
cierto en este momento y lamento que no esté entre nosotros,
aunque espero que vuelva pronto con cualquier ocasión por su
aire constructivo) ante este mismo Pleno hace cinco años
decía: Los socialistas apostamos claramente por la extensión
de los estudios superiores para todos aquellos que tengan
capacidad. Resulta más razonable estimar que una parte
importante de los que superan el bachillerato están
capacitados para acceder a la universidad, pero no
necesariamente habrán de cursar la carrera cerca de casa,
decía el señor Paniagua. Es necesario, señorías, realizar una
mejor distribución, y ello tiene que ir acompañado de una
fuerte expansión del número de becas.
El señor Paniagua decía que los socialistas pedían que cada
cual estudiara donde quisiera con becas. Es lo que proponemos
precisamente aquí: becas también para hacer factible en la
realidad ese distrito compartido multiplicado por diez.
El punto cuatro propone la realización de una evaluación de
las universidades, algo en que, según la intervención del
señor Ministro, no había especiales inconvenientes por su
parte. Lo que pretendemos es acabar con la peor de las
desigualdades, que es la que se camufla debajo de una igualdad
meramente formal. Hoy día formalmente todas las universidades
españolas son iguales, facilitan los mismos 4 títulos y el
ciudadano no cuenta con ninguna medida que le permita
identificar la valía de esos títulos, salvo anécdotas como las
que se han dado en algunos momentos históricos
de anuncios por palabras en los periódicos donde ruegan a los
alumnos de determinadas promociones, de determinados centros,
que se abstengan de presentar solicitud porque entienden que
no garantizan esa calidad. Pero, salvo esa denuncia traumática
y comercial, no existe otra. Lo que pretendemos, por tanto, es
acabar con la desigualdad clandestina de nuestras
universidades para que salga a la luz.
Los socialistas tuvieron especial empeño en su día en la LRU
en dejar bien claro que entendían que la universidad era un
servicio público. No voy a discutir ahora esa postura. Lo que
sí les pediría es que fueran coherentes. Hoy día a algo que
sirve al público no se le permite la clandestinidad en su
oferta. Hoy día no se permite que ningún ciudadano vaya a un
hotel --y la comparación, evidentemente, es chocante-- sin que
sepa lo que va a encontrar, sin que se le garanticen unos
mínimos dada la categoría que se le supone a ese
establecimiento; lo contrario sería una estafa. Cobrar lo
mismo en todos los hoteles de España sería una estafa y no se
hace. Sin embargo, en el servicio público de la universidad se
hace. Y queremos acabar con eso, no porque seamos partidarios
de universidades de cinco estrellas --para eso con la Carlos
III es suficiente por el momento--, sino porque queremos que
sepa el ciudadano a dónde va y qué
profesorado va a encontrar, si tiene sitio o no para sentarse,
en qué condiciones va a recibir la enseñanza, y así podrá
elegir. Como hemos abierto un sistema de distrito compartido
amplio mediante un simple examen, el que quiera elegir elegirá
y por su sólo esfuerzo de haber hecho un examen ya tiene el
mérito adquirido para conseguir una beca si la necesita.
Por tanto, lo que queremos es que se identifique con claridad
qué es lo que ofrece cada universidad, con lo cual se
estimulará a los propios protagonistas de la actividad
universitaria, que hoy día no están muy estimulados por una
noche donde todos los gatos son pardos, donde todas las
universidades son iguales y donde, además, el alumno no tiene
la oportunidad, mediante su elección, de señalar cuál es la
que se está prestigiando, porque es imposible moverse. Que por
cierto, el señor Ministro, hoy ausente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya
terminando.
El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor Presidente.
Decía que de las 10.000 plazas del distrito compartido sólo se
habían utilizado 3.000, lo cual es un argumento más en favor
de nuestra propuesta, porque quiere decir que no se va a
producir ningún cataclismo en principio, y a lo mejor si
solamente 3.000 han pedido alguna de esas 10.000 plazas se
debe a dos cosas: primero, a que saben que son plazas que no
existen, que no tienen un sustrato físico como ya dijimos el
día anterior, pero también a que dan por descontado que no se
les van a atribuir y se produce el círculo vicioso de la
retracción en la demanda. Ofrezcamos el 50 por ciento, todas
las que sobren irán a engrosar el sistema habitual y, por
tanto, no habrá ningún problema.
Pedimos un plan específico de financiación de las
universidades, en lo cual parece también que el señor Ministro
está de acuerdo. Nos anunció que el Consejo, su amado Consejo
de Universidades iba a comenzar a estudiarlo, pero hay un
aspecto que sí hemos incluido en la moción y nos parece
decisivo: el compromiso por parte del Gobierno de que no se
subirán las tasas universitarias en aquellos centros que no
cumplan esos requisitos mínimos a los que nos referimos, que
implica evidentemente --puesto que esos centros se van a ver
castigados con menos tasas-- el compromiso moral por parte del
Gobierno, que es el responsable del estado de esos centros,
por su falta de inversiones, por su modo de escatimar la
subvención para gastos de funcionamientos; es decir, que sea
el propio Gobierno el que relance esos centros de manera
inmediata en vez de intentar mantenerlos en pie con unas tasas
que no se corresponden con el servicio que ofrecen.
Conviene observar, y con esto termino, que en un momento en
que se anuncian las transferencias universitarias de modo
inmediato, sería muy interesante que se haya hecho de manera
previa esta evaluación para que lo que desde el Gobierno
actual se esté transfiriendo sean de verdad universidades en
condiciones de funcionar. Porque claro, transferir situaciones
absolutamente inviables, como consecuencia de la falta de
inversión durante años y como consecuencia del
estrangulamiento presupuestario, sería un mal regalo para esas
autonomías. Por tanto, esa
evaluación sería también un servicio para un mejor
funcionamiento de ese estado de las autonomías por el que
todos estamos
colaborando.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A esta proposición no
de ley se han presentado enmiendas por parte de los Grupos
Parlamentarios de Coalición Canaria y de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Para la defensa de la enmienda del
Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria ha presentado dos enmiendas a esta moción
consecuencia de la interpelación que nos trae el Grupo
parlamentario Popular. Estas enmiendas van dirigidas a los
puntos 4 y 5 de la misma.
La valoración que hacemos de la moción la consideramos
pertinente y acertada, fundamentalmente en los tres primeros
puntos. Los puntos 1 y 2 para nosotros
no han merecido ninguna enmienda y los vamos a apoyar. El
punto 3, si en términos generales estamos de acuerdo con lo
que plantea, únicamente la duda --aquí estaría nuestra reserva
de voto-- estaría sobre el «multiplicando por diez el número
de plazas». Yo no sé si eso es factible en muchas de las
universidades españolas para generar el distrito compartido.
Mantenemos nuestra reserva, por tanto, en este punto número 3.
No hemos querido enmendarlo porque tampoco teníamos el dato
exacto, distrito universitario por distrito universitario, de
si multiplicando por diez el número de plazasactualmente
incluidas en el llamado distrito compartido se podía
garantizar lo que aquí pretende el Grupo Popular. Tenemos
nuestras serias dudas. En los números 4 y 5, a los que hemos
presentado las enmiendas concretas, entendemos que tanto en lo
que se propone en uno y otro punto debe ser llevado al marco
competencial del Consejo de Universidades.
Cuando el Grupo Popular en su punto 4 habla de una evaluación
de las condiciones de espacio físico, proporción alumnos-
profesores y titulación de éstos y la garantía de cómo se
realiza la oferta de las plazas universitarias y con la vía de
generar un requisito mínimo de calidad exigible, nosotros
entendemos que esa no es una competencia del Departamento
ministerial, que hay que valorar la competencia del Consejo de
Universidades como órgano colegiado y, al mismo tiempo,
respetar el principio constitucional de la autonomía de cada
universidad. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Y es
cada universidad la que tiene, dentro del Consejo de
Universidades, que solicitar la creación de una especie de
libro blanco o libro informativo de las condiciones en que se
realiza la oferta de las plazas universitarias, pero no
solamente en cuanto al espacio físico de una manera
indeterminada. Y creo --ya lo ha dicho el señor Ollero y yo lo
comparto-- que ese espacio físico se ve en la forma en que una
universidad, por ejemplo, norteamericana, oferta plazas
universitarias, junto al enriquecimiento que da la calidad del
profesorado, las horas docentes etcétera, tiene la
contraoferta, por llamarlo de alguna manera, de aquellas otras
cuestiones de servicios sociales, deportivos etcétera, que va
desde las instalaciones de campos, gimnasios, comedores
universitarios, residencias --colegios mayores en nuestro
lenguaje-- etcétera que condiciona el «modus vivendi», el
ecosistema en que está inserta una universidad determinada
para que aquellos alumnos que no tienen su residencia en ese
propio distrito universitario puedan también saber en qué
condiciones de alojamiento universitario, de asistencia social
etcétera pueden ver arropada la calidad de la docencia.
Por otro lado, con esto termino señor Presidente, la enmienda
al punto número 5 vuelve a traer al seno del Consejo de
Universidades el estudio y propuesta de los posibles planes y
formas de financiación de las universidades. Debido a las
competencias que tienen las universidades por el principio de
autonomía y, por otro lado, las que tienen las comunidades
autónomas, al reflejarse en sus presupuestos la financiación
de las mismas (estoy en este momento pensando en que se están
debatiendo en el Parlamento autónomo de Canarias capítulos
presupuestarios destinados a las dos universidades canarias,
de La Laguna y de Las Palmas), nosotros en estos momentos no
podemos sustraer a estas universidades, para que lo lleven
ellas al marco colegiado del Consejo correspondiente, las
propuestas de
financiación, excluidas aquellas que no tengan nada que ver
con los fondos recaudados vía tasas universitarias. Queríamos
también haber hecho --y la hemos hecho-- la matización en las
dos enmiendas de que nos estamos refiriendo a las
universidades públicas y no a las privadas, que no sería
cuestión de ponerles aquí las condiciones para tener una
enseñanza que reúna los requisitos mínimos de calidad
exigibles.
Por estas razones, señorías, proponemos al Grupo Popular que,
dentro del margen de su filosofía y que nosotros compartimos,
tenga en cuenta la consideración de estas dos enmiendas que
han tratado, sencillamente, de complementar y perfeccionar las
distintas ofertas, opciones o modos que hay tanto en la oferta
universitaria de calidad, de espacio y de profesorado, como en
otras coincidentes, concordantes o complementarias igual que
con el complicado y complejo tema de la financiación por
universidades.
En un sistema libre --porque hay una especie de libertad de
mercado-- que genera esa propia autonomía universitaria, los
costes de su propia enseñanza a través de los presupuestos de
comunidad autónoma, de los presupuestos del Estado o de los
ingresos por tasas u otra vía de programas concertados con las
industrias privadas de investigación y tecnología, pueden
venir a contribuir en el fondo común, como le llamaríamos, la
financiación de estos centros.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa y para fijar la posición de su
Grupo, tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, como
ya manifestábamos en la interpelación urgente, que trae como
consecuencia esta moción, coincidíamos, en parte, en el
análisis de la problemática que afecta a las universidades
públicas en este momento: falta de financiación, masificación
y problemas del profesorado.
Poníamos de manifiesto, además, otra cuestión para nosotros
muy importante y relativa a la falta de participación de todos
los interesados afectados, en este caso, en la problemática
universitaria. Constatábamos,
como decía antes, un creciente abandono presupuestario por
parte de los sucesivos gobiernos, que se traduce en un
decremento de más de 24 puntos porcentuales de las
transferencias en los últimos años y, como decíamos también
antes, se padecía una masificación creciente.
Las pruebas de selectividad, a pesar de los débiles retoques
en el Consejo de Universidades, son todavía una respuesta
anacrónica dadas las dificultades de que adolece la
universidad, incapaz de seleccionar de una forma adecuada y
que genera la imposibilidad de cursar los estudios, en primera
opción, a un porcentaje de alumnos que se acerca al 50 por
ciento. Ello genera también, como es obvio, frustración y
abandono escolar.
La elaboración de los planes de estudio, que conducen al
nacimiento de las nuevas titulaciones, no se han realizado con
la transparencia necesaria ni tampoco con la necesaria
participación. Falta de participación social que genera,
lógicamente, disfuncionalidades en la vida universitaria. Ante
este estado de cosas, parece conveniente abrir un debate. Las
movilizaciones estudiantiles, el posicionamiento de algunas
fuerzas políticas y sindicales y otras organizaciones
sociales, el disgusto y la preocupación de una gran parte de
los sectores, han situado sobre el tapete todos estos
problemas cuya solución no se puede obviar. Ya nadie duda
tampoco de la urgencia de una ley de financiación de la
universidad. Es necesario que el Gobierno siente las bases
para que se realice un diálogo social que conduzca en un
tiempo razonable a la consecución de este objetivo.
Evidentemente, hay que modificar la LRU para hacer que sea un
instrumento de mejora y no una nueva cara renovada de los
viejos defectos que ha tenido y tiene la universidad. Hay que
conseguir, en suma, que la bonita poesía que precedía a la LRU
se concrete, en la práctica, en el desarrollo de sus
principios.
No comprendemos, señorías, cómo todavía permanecen las
actuales pruebas de selectividad, que es un sistema de acceso
que la mayoría, la sociedad estudiantil, reprueba y que la
propia Administración considera un mal menor. Nos parece
auténticamente positivo que las universidades, en aplicación
de las competencias que la legislación les otorga, propongan y
pongan en práctica nuevas titulaciones que adecuen la oferta
universitaria a la auténtica demanda, pero desde una amplia
participación social en su elaboración, con el fin de reducir
al mínimo los componentes de la pequeña pelea
interdepartamental. En este sentido, y de acuerdo con estas
premisas, van nuestras enmiendas a los puntos 1 y 2. Nosotros
únicamente proponemos, en cuanto a esos puntos, que es verdad
que se debe urgir al Consejo de Universidades a establecer los
diferentes módulos, cuya fijación fue atribuida por la Ley de
Reforma Universitaria, pero después de que sea debatido y
negociado con los distintos componentes de la
comunidad universistaria. O sea, reclamamos lo que todos
estamos reclamando, pero después de un amplio debate y
negociación.
Al punto 2 presentamos también una enmienda de similar
condición. Introducimos, entre «el más breve plazo» y «un
proyecto de ley», la siguiente frase: una vez negociado con
las distintas partes integrantes de la comunidad
universitaria, es decir, Consejos de Universidades,
sindicatos, estudiantes y Consejo Social.
Nosotros no vamos a votar, de ninguna manera, el tercer punto
de la moción porque hemos dejado claro que las actuales
pruebas de selectividad lo mejor sería que no existieran, y no
nos vale ni siquiera como mal menor. Después de la
intervención del señor Ollero, nos queda alguna duda con el
apartado 4, porque nosotros consideramos necesario que haya
una evaluación de las condiciones de espacio físico, pero
¡ojo!, porque somos partidarios de que las universidades
públicas estén dotadas de mayores
infraestructuras. No queremos ver una lectura --y ahora lo
dirá el señor Ollero-- que pretenda ni siquiera el
desprestigio de la universidad pública en este punto. Y no hay
ningún problema con el punto número 5.
En consecuencia, creo que aceptar nuestras enmiendas, que
suponen, evidentemente, mayor participación en la negociación
de las leyes y una clarificación sobre el apartado número 4,
nos facilitaría también caminar en ese acuerdo y consenso que
es necesario siempre en todos los problemas relacionados con
la educación, y especialmente con la universidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) respecto de esta moción
consecuencia de interpelacion urgente, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
La moción, a juicio de este Grupo Parlamentario, es muy
congruente con el desarrollo de la interpelación de hace ya
algunos días; congruente incluso con la forma, que es una
forma más apropiada para obtener el no del Grupo Parlamentario
de la mayoría que para obtener el sí de la Cámara, con lo cual
uno empieza a dudar si lo que interesa es que se apruebe la
moción y si lo que se persigue es el voto contrario de la
Cámara. El texto de la moción es congruente con el ir y venir
de lo abstracto a lo concreto de la interpelación, y
congruente también con esa vuelta desde lo utópico a lo
posibilista en que se expresó el representante del Grupo
Parlamentario Popular, desde esta tribuna, cuando se trató de
la interpelación urgente.
Nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo en que el Consejo
de Universidades debe establecer los módulos objetivos de
capacidad de los centros universitarios y que, como decía el
digno representante del Grupo Parlamentario Popular, no es de
recibo que el artículo 26.3 de la Ley de Reforma Universitaria
aún esté por cumplimentar. Por tanto, nos parece correcto que
esta Cámara hoy dé su apoyo a instar al Consejo de
Universidades a cumplir con lo que está ya en el «Boletín
Oficial del Estado». Nuestro Grupo Parlamentario también está
de acuerdo en instar al Gobierno a presentar ante esta Cámara
un proyecto de ley que modifique la vigente Ley de Reforma
Universitaria, entre otras cosas porque este proyecto de ley,
como ya ha sido repetido por otros
intervenientes, ya fue traído por el Gobierno al Congreso de
los Diputados en la pasada legislatura, y además ha sido
anunciado no sólo en el programa electoral del Partido
Socialista Obrero Español, sino por el propio Ministro de
Educación y Ciencia en esta misma Cámara. Por consiguiente,
estamos de acuerdo, como propone el Grupo Popular, en instar
al Gobierno a presentar en esta Cámara, cuanto antes mejor, el
proyecto de ley que reforme la reforma universitaria, y valga
la redundancia.
Nuestro Grupo Parlamentario estaría igualmente de acuerdo, en
potencia, con otros aspectos de esta moción, como por ejemplo
la oportunidad de emprender una reforma del actual sistema de
acceso a la universidad --es cierto que debe preverse esa
reforma y debe proveerse a la sociedad de otras formas de
acceso a la
universidad--; estaríamos de acuerdo en incrementar el número
y la dotación de becas, en la línea que ha expuesto el Grupo
Parlamentario Popular, también en revisar los requisitos de
acceso del profesorado universitario, en dotar de mejores
medios materiales y económicos a las universidades, etcétera.
Es decir, estaríamos de acuerdo con algunos conceptos que se
vierten en esta moción consecuencia de interpelación, pero
nuestro Grupo Parlamentario entiende que ello es materia
propia de una
actualización de la Ley de Reforma Universitaria y, por tanto,
nos parece mucho más apropiado esperar --por eso instamos al
Gobierno-- a que el Gobierno traiga aquí la reforma de la
reforma universitaria para introducir los mecanismos legales
pertinentes que modifiquen el acceso a la universidad, que
revisen los requisitos de acceso al profesorado, etcétera.
Por otra parte, algunos de los conceptos que se vierten en la
moción consecuencia de interpelación corresponden a los
Presupuestos Generales del Estado --por ejemplo la dotación
para becas, la dotación económica de las universidades-- o
bien de algo propio, como es el concepto de autonomía
universitaria que la Constitución proclama y garantiza. En
consecuencia, nuestro Grupo Parlamentario está en disposición
de dar su apoyo a los puntos 1 y 2 de esta moción y de
rechazar los restantes, no porque conceptualmente estemos muy
distantes de las propuestas que nos hace dicho Grupo, sino
porque entendemos --repito-- que esas propuestas tienen otras
formas de vincularse, sea a través de la reforma de la vigente
Ley de Reforma Universitaria, sea a través de los Presupuestos
Generales del Estado, sea a través de los órganos que aseguran
la autonomía universitaria de acuerdo con la Constitución y
las leyes vigentes.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir en este turno, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, para fijar la posición del Grupo
respecto al contenido de la moción que hoy presenta el Grupo
Popular y que es consecuencia de la interpelación que tuvo
lugar hace quince días en relación con ciertos aspectos de la
política universitaria, de la universidad en general.
Quiero agradecer al Portavoz del Grupo una relativa moderación
en los planteamientos, y sobre todo en el lenguaje que ha
tenido en la intervención de hoy con respecto a la que se
produjo hace quince días en el debate de la interpelación. Nos
hubiera gustado, además, que el contenido y el fondo del
conjunto de la moción hubiera ido también en esa línea. No es
así, aunque sí lo es en parte, y queremos reconocerlo.
En la moción aparecen cinco propuestas. Algunas de ellas el
Grupo Socialista las considera muy razonables, y así lo quiere
reconocer; le diré que estamos de acuerdo y que las votaremos
favorablemente.
El Grupo Popular plantea que se urja al Consejo de
Universidades a establecer los módulos objetivos de capacidad
de los centros universitarios, de acuerdo con el artículo
26.2, no del 26.3, como aparece en el texto redactado; debe
ser un error. Vamos a dar nuestro voto favorable a este punto
porque aquí el Grupo Popular también se ha enmendado respecto
a posiciones que ha manifestado en momentos anteriores. Sin
embargo, quisiera aclarar dos cuestiones.
Primero, se produce, como SS.SS. saben, una iniciativa de la
Secretaría General del Consejo de Universidades para poner en
marcha los módulos objetivos de capacidad de los centros, y es
la propia Comisión Académica del Consejo la que remite este
acuerdo al curso 1994-1995. Por tanto, hay una iniciativa, una
reflexión en el Consejo de Universidades, y se pospone al
próximo
curso la puesta en marcha de este contenido del artículo 26.2
de la Ley de Reforma Universitaria.
En segundo lugar, también quiero decirle a S.S. que en estos
momentos se está trabajando, en todo este tema por parte del
Consejo de Universidades, de las propias universidades, del
Ministerio de Educación, de las consejerías de educación de
aquellas comunidades autónomas que tienen competencia en
materia universitarias, y nos parece, como fruto de este
trabajo, que al comenzar el próximo curso puede ser posible
desarrollar el artículo 26.2 de la LRU. Por tanto, la
propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular en esta
moción es una propuesta que viene a reforzar, desde nuestro
punto de vista, lo que se está haciendo, y por ello sea
bienvenida, bien recibida y en lo que se refiere a este punto
número uno va a contar con el voto favorable del Grupo
Parlamentario Socialista.
En el punto dos se plantea en la moción el envío a esta
Cámara, en el más breve plazo de tiempo, de un proyecto de ley
de reforma de la Ley de Reforma Universitaria.
Quisiera, en este sentido, recordarle, señor Ollero, que no
solamente ustedes consideran necesaria la actualización de la
LRU, nosotros, los socialistas, también lo estimamos así, como
otros grupos de la Cámara que ya lo han expresado. Es más, en
la pasada legislatura, el Gobierno envió a esta Cámara un
proyecto de ley de actualización de la Ley de Reforma
Universitaria. Este proyecto de ley recorrió todos los
trámites parlamentarios del Congreso y del Senado, y quedó
sólo a falta de la última votación en esta Cámara, que no se
pudo realizar por su disolución para la convocatoria de nuevas
elecciones. Por consiguiente, decae aquella iniciativa, que
fue del Gobierno, pero decayó por disolución de las Cámaras,
repito, y a continuación el Partido Socialista lo incluyó en
su programa electoral. Es decir, es un compromiso electoral
del Partido Socialista el actualizar la Ley de Reforma
Universitaria de acuerdo con los criterios que había mantenido
el Gobierno en el texto que decayó como consecuencia de la
disolución de las Cámaras, y es un compromiso que desde
nuestro punto de vista mantenemos. Además, esto lo ha
anunciado el Ministro de Educación en su primera comparecencia
ante la Comisión de Educación de esta Cámara, y en ello
estamos. Es cierto que está en una fase de consultas con una
serie de instancias que no son las parlamentarias --los
acuerdos en la instancia parlamentaria se producirán cuando el
texto del proyecto de ley venga a este Congreso--, pero no se
preocupe, señor Ollero, que también se producirá ese
acercamiento, esas conversaciones, esos acuerdos, si son
posibles, entre los grupos parlamentarios cuando el proyecto
venga del Gobierno. El Grupo Socialista considera que este
texto debe ser remitido a esta Cámara con tiempo suficiente
para que esté aprobado antes delcomienzo del próximo curso
escolar 1994-1995, y en ese sentido apoyaremos el punto número
2 de su moción.
Me gustaría decir lo mismo de los puntos 3, 4 y 5, pero no
puedo hacerlo. En estos puntos de la moción puedo coincidir --
como decía el portavoz del Grupo Catalán-- con algunos de los
problemas que ustedes plantean, sin embargo, no podemos
coincidir en nada con las soluciones que aportan en esos
puntos para resolver dichos problemas. ¿Qué es lo que
proponen? Proponen multiplicar por diez el número de plazas
actualmente incluidas en el llamado distrito compartido, y
pretenden que con ello se favorezca la libre movilidad de los
estudiantes universitarios. Es una propuestaque nosotros
creemos que está dirigida --y perdóneme, señor Ollero--
exclusivamente a la galería; si quiere que lo apure un poco
más, está dirigido a la galería
universitaria, pero que, desde luego, no tiene ningún efecto
sobre la realidad que pretende mejorar.
La verdad es que yo me he quedado un poco sorprendido cuando
le oía, pues he leído el texto de la interpelación para
preparar lógicamente esta moción, y en su intervención de hace
quince días dijo que iba a hacernos una propuesta muy
imaginativa, una gran propuesta respecto a lo que llamamos el
distrito compartido. Lo cierto es que he estado intentando ver
cuál es esa propuesta imaginativa y no la he encontrado,
porque usted lo que pretende exclusivamente es multiplicar por
diez el actual porcentaje de plazas que se reservan para el
distrito compartido.
Yo creo, señor Ollero, que esta propuesta suya es poco
imaginativa, y además poco efectiva, perdóneme que se lo diga
así, porque en el actual curso escolar, como usted sabe, el
porcentaje mínimo de plazas del distrito compartido ha sido
del cinco por ciento del total, con un máximo de diez plazas
disponibles cuando se rebasaba este cinco por ciento. Pero
usted sabe que, por acuerdo del Consejo de Universidades, de
fecha 28 de junio de 1993, dichas universidades pudieron
elevar el número de enseñanzas a un porcentaje que podría
llegar hasta el diez por ciento del total de plazas ofertadas,
con un máximo de 30 alumnos. Por tanto, estamos hablando en
estos momentos no del cinco, sino realmente del diez por
ciento en muchas de las enseñanzas.
Permítame que le dé dos datos para confirmar esta aseveración
que estoy haciendo. Durante el curso 1991-1992, que es el
primer curso en que funciona el distrito compartido, el número
de plazas ofertadas es de 5.341, de las cuales se conceden
3.764, no se cubre el cupo; en el curso 1992-1993, de las
6.910 plazas ofertadas se cubren 3.415, menos incluso que el
curso anterior; en el curso 1993-1994, de 8.225 plazas se
conceden 3.373, menos que en los cursos anteriores. No parece
muy razonable, señores del Grupo Popular, la propuesta de
moción que pide pasar de una reserva del cinco al 50 por
ciento, que es lo que usted hace teniendo en cuenta los datos
que acabo de darle. Estarán conmigo en que
es una propuesta exclusivamente dirigida a la galería, nada
efectiva.
En cuarto lugar, y voy terminando, señor Presidente, proponen
evaluar las condiciones de espacio físico, proporción
alumno/profesores, titulación del profesorado, en relación con
la oferta de cada una de las plazas universitarias, para ver
cuáles reúnen los requisitos mínimos de calidad. Señor Ollero,
esto ya se está haciendo; no sé si se habrá usted enterado,
pero se está haciendo. Se lo voy a contar por si,
efectivamente, no se ha enterado usted.
Existe en estos momentos un programa experimental de
evaluación institucional de las universidades que está
llevando a cabo el Consejo de Universidades. Este es un
programa que se aprobó por el Pleno del Consejo con fecha
septiembre de 1992. A través de este plan --le digo de una
forma muy resumida en qué consiste porque veo que no lo
conoce-- se pretende --insisto en que es un plan experimental-
- conseguir la elaboración de una metodología de evaluación
institucional de las universidades que permita sistematizar y
homogeneizar el proceso de evaluación. Persigue este plan
experimental un objetivo muy claro, cual es la mejora de
calidad del sistema universitario. El programa tiende a la
evaluación de tres cuestiones: la docencia, la investigación y
la gestión y organización de los servicios universitarios. Se
realiza en tres niveles distintos, y están acogidos a él 17
universidades. Por tanto, este plan, señor Ollero, no podemos
insistir en que se ponga en marcha, puesto que ya se está
realizando, y creemos que de una forma seria.
Para terminar, usted hace una quinta propuesta con la que
tampoco vamos a poder estar de acuerdo para abordar un plan
específico de financiación de las universidades. Dicen ustedes
que este plan debe servir para no incrementar las tasas en los
centros o titulaciones que, según usted, están en estado de
excepción, que es la terminología que utilizaba el otro día en
la interpelación.
Nosotros, señor Presidente, consideramos que el debate sobre
la financiación universitaria tiene que ir más allá, y en esto
estamos. ¿En qué estamos, señor Ollero? Estamos poniendo en
marcha un acuerdo, que se produjo el día 2 de diciembre (hace
quince días) en la Comisión de Coordinación y Planificación
del Consejo de Universidades, y a propuesta del Ministro de
Educación, a través del cual se abre un amplio debate sobre la
financiación del sistema universitario, y en él van a
participar todas las administraciones educativas competentes:
Ministerio de Educación y consejerías de educación con
competencias en materia educativa, los consejos sociales de
las universidades y los expertos en materia universitaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego concluya.
El señor NIETO GONZALEZ: Concluyo, señor Presidente.
Además, se pretende trabajar en este debate sobre la
financiación universitaria en cinco grandes capítulos:
análisis de la demanda universitaria, coste de los estudios
universitarios, modelos de financiación, política de becas y
fórmulas para mejorar la gestión del gasto universitario.
Señorías, por estas razones y otras más que podía darle --pero
creo que son suficientes y no tengo más tiempo--, votaremos
favorablemente los puntos 1 y 2, ya que los vemos razonables y
creemos que se han enmendado ustedes respecto a posiciones
anteriores, y no podemos votar favorablemente los contenidos
de los puntos 3, 4 y 5.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero para
expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero, ante todo, agradecer la atención que los diversos
grupos han prestado a nuestra moción, materializada en algunos
casos en unas propuestas de enmienda, y tanto por lo matizado
de las enmiendas, que en el fondo respetan siempre el
contenido de la moción, como por los puntos que ni siquiera
han sido enmendados, debo expresar ese agradecimiento inicial.
Respecto al primer punto de nuestra moción, el Grupo de
Izquierda Unida, si no hemos entendido mal, plantea que la
fijación de los módulos objetivos de capacidad previstos en la
LRU se vean anticipados por un debate general dentro de la
comunidad
universitaria. Nos parece enormemente positivo porque, además,
contribuirá a que salga a la luz, que es en lo que hemos
insistido, cuál es la situación real de los centros
universitarios. Por tanto, no hay ninguna objeción que oponer.
Sobre el punto segundo, coincidimos también en la filosofía
que lo anima, que es la de la negociación. Propone que antes
de que se produzca el envío del proyecto de actualización de
la LRU a esta Cámara, tenga lugar una negociación con todos
los
implicados. Compartimos esa filosofía, el problema es que lo
que no compartimos es el calendario, eso se debería haber
hecho ya, y supondría alejar excesivamente el momento del
envío con un peligro, incluso, de que nos veamos fuera de
plazo en momentos decisivos.
El punto tercero de nuestra moción supone, como ya se ha
dicho, una reforma del acceso a la universidad bastante
imaginativa, pasar de 30 alumnos en el distrito compartido a
600, por ejemplo, en una facultad que
tenga 1.200 alumnos en primero. Evidentemente mantenemos esa
propuesta.
Al punto cuarto ha planteado una enmienda el Grupo de
Coalición Canaria, en la que se proponía que esa evaluación de
las universidades se haga a través del Consejo de
Universidades. Ya hemos expresado nuestra opinión sobre la
labor del citado Consejo y el peligro de clandestinidad que
lleva consigo, que se ha puesto de relieve cuando el portavoz
socialista nos asegura que ya están trabajando en eso y no lo
sabe nadie. No nos parece mal, ni lo excluye nuestro texto,
que sea a través del Consejo de Universidades como se realice
esa evaluación.
Por último, respecto al punto quinto, hay otra enmienda,
también de Coalición Canaria, que insiste en la intervención
del Consejo de Universidades a la hora de estudiar la
financiación. Tampoco nos parece mal, aunque quizá
involuntariamente han excluido un pasaje de nuestra moción en
el que, en concreto, se indicaba que no se subieran las tasas
en los centros que no reunieran los requisitos mínimos, lo
cual nos llevaría a no aceptar este punto.
En todo caso, señor Presidente, como la mecánica que se sigue
en esta Cámara impide la votación separada de una moción en el
caso de que el Grupo proponente acepte alguna enmienda, y se
ha anunciado incluso que el Grupo Socialista va a votar
favorablemente dos puntos, creo que el señor Nieto atribuiría
a falta de sentido constructivo por mi parte que aceptara
alguna de dichas enmiendas, por lo cual no voy a aceptar
ninguna, para que todos los Grupos puedan definirse sobre cada
uno de los cinco puntos y así sirva un poco también para
pulsar cuál es la actitud de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Vamos a proceder a la votación. (El señor González Blázquez
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, simplemente para
pedir la votación separada de algunos puntos.
Los puntos uno y dos se pueden votar conjuntamente, desde
nuestro punto de vista, y el punto tres separado del resto.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor González, quiere decir que
solicita la votación separada de los puntos tres, cuatro y
cinco?
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Me explico, señor Presidente.
Los puntos uno y dos se pueden votar conjuntamente; no hay
ningún inconveniente. El punto tres por separado. Los puntos
cuatro y cinco se pueden votar también conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Votación correspondiente a los apartados primero y segundo de
la moción del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los apartados primero y
segundo.
Votación del apartado tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 135; en contra, 167; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado tercero.
Votación de los apartados cuarto y quinto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 135; en contra, 158; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados cuarto y
quinto.
El Pleno se reanudará mañana, a las diez de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la noche.