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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 34, de 30/11/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 34 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 32
celebrada el martes, 30 de noviembre de 1993
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre comercio interior. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 32.1, de 24
de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000022)
(Página 1534)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre bases
del Estatuto del Contribuyente. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 14.1, de 30 de julio de 1993
(número de expediente 122/000005) (Página 1540)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para garantizar la protección de la juventud y la infancia
frente a la proliferación de películas y series con alto
contenido de violencia, xenofobia y cualquier otro
planteamiento que atente contra la dignidad de la persona, en
la programación de las televisiones públicas y privadas.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 13,
de 4 de octubre de 1993 (número de expediente 162/000032)
(Página 1555)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre el
respeto a la toponimia catalana en la documentación para uso
público del Ministerio del Interior. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 22, de 29 de octubre de
1993 (número de expediente 162/000039) (Página 1563)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas previstas por el Gobierno para poner fin a los
problemas del Sistema Nacional de Salud y para conseguir un
adecuado nivel de calidad y de satisfacción por parte de los
usuarios, y de los profesionales sanitarios, evitando recortes
en las prestaciones a los ciudadanos (número de expediente
173/000015) (Página 1569)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas económicas
y políticas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para
garantizar el futuro de la factoría de SEAT en la Zona Franca
de Barcelona, en el marco de la crisis actual (número de
expediente 173/000013) (Página 1579)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre criterios de política
industrial que piensa adoptar el Gobierno, ante la grave
crisis que afecta al sector del automóvil y, en concreto, a la
empresa automovilística SEAT (número de expediente 173/000014)
(Página 1579)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
los criterios generales de política industrial que tiene
previsto aplicar el Gobierno en el sector de la automoción e
industrias auxiliares, con especial referencia a la situación
de crisis que afecta a la empresa SEAT (número de expediente
173/000016) (Página 1579)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
35, de 1 de diciembre de 1993.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 1534)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre comercio interior (Página 1534)
Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida, el señor Frutos Gras. Comienza aludiendo a la
proposición de ley que hace pocas semanas presentaba el Grupo
Catalán, momento en el que no se aceptó la tramitación
conjunta de ambas proposiciones, que tenían determinadas
coincidencias aunque, naturalmente, también diferencias
importantes. Agrega que la proposición que ahora defiende es
fruto de un trabajo intenso durante muchos años y la justifica
en que la normativa actual sobre el comercio está
absolutamente anticuada, beneficiando predominantemente los
intereses que en este momento defienden el Gobierno central y
Convergència iUnió, pero que no tiene nada que ver con el
pequeño comercio.
La proposición tiene su origen en otra similar presentada en
la III Legislatura y su contenido fundamental consiste en
fomentar principios de igualdad entre los trabajadores del
sector, recogiendo las propuestas de la Mesa del comercio, en
la que están representadas organizaciones de pequeños
comerciantes y también los sindicatos. Igualmente pretenden la
actualización de una serie de normas y la posibilidad de
modernizar los pequeños comercios para favorecer su
competitividad frente a las grandes superficies, avaladas
siempre por compañías transnacionales. Se trata, en
definitiva, de armonizar los intereses del pequeño comercio
con los del usuario y el consumidor.
Otro apartado de la proposición va dedicado al medio ambiente,
avanzando una serie de iniciativas que lo respetan. Por otra
parte, se trataría de garantizar un sistema de créditos, del
cual están prácticamente ausentes los pequeños comerciantes.
Lógicamente pretenden también derogar algo que ha sido
absolutamente perverso para el pequeño comercio y para otros
sectores populares de la sociedad española, como es el llamado
Decreto Boyer, es decir, la Ley 2/85.
Termina señalando que su propósito es contribuir a que desde
el sector del pequeño comercio se creen
numerosos puestos de trabajo, porque es justamente el lugar
donde más empleo puede crearse en nuestro país. Por
consiguiente, piden el voto afirmativo de la Cámara para la
toma en consideración de la proposición de ley y su posterior
tramitación parlamentaria. Para fijación de posiciones
intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto;
Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Molins i Amat, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); Aguirre González, del
Grupo Popular, y Martín Mesa, del Grupo Socialista. Sometida a
votación, se rechaza la proposición debatida por 15 votos a
favor, 142 en contra y 120 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre bases
del Estatuto del Contribuyente (Página 1540)
En defensa de la proposición de ley del Grupo Popular
interviene el señor García-Margallo y Marfil, manifestando a
través de ella que pretenden, en primer lugar, establecer,
garantizar y fijar el principio de seguridad jurídica, que es
fundamental en el Estado de Derecho. En segundo lugar, se
trataría de acabar con el fraude y la emigración fiscal.
Reconoce las dificultades que entraña esta defensa y que
derivan, en primer lugar, del
desconocimiento que la gente tiene de lo que está pasando en
materia de fiscalidad en España.
Recuerda que para que un sistema fiscal sea justo y se acomode
a la capacidad de pago de cada uno es necesario, en primer
lugar, que se administre eficazmente y para ello debe cumplir
cuatro principios, que son la claridad, continuidad, economía
y
conveniencia. Analiza la forma en que dichos principios se
encuentran recogidos en el actual sistema fiscal español,
afirmando que cuando se altera el principio de seguridad
jurídica en los términos en que se ha señalado anteriormente
se cometen aberraciones como el artículo 63 o las resoluciones
sobre la aplicación del tipo reducido del IVA. Cuando se
modifica el Impuesto sobre la Renta muchas veces en menos de
diez años, cuando se tiene la presión fiscal indirecta más
alta de Europa y cuando se agreden los derechos de los
contribuyentes, como aquí se agreden, no es extraño que
florezca el fraude fiscal. No va a sonrojar a los señores
Diputados dándoles las cifras públicas y privadas sobre el
fraude fiscal, que ha batido récords
históricos desde que los socialistas están al timón de la
economía nacional. Tampoco va a leer las listas de empresas
que en los años de bonanza, de 1985 a 1989, prefirieron
emigrar por razones económicas varias, pero también por
razones fiscales. A la vista de la situación existente, el
Estatuto del Contribuyente pretende restablecer un consenso
fiscal que se estableció en 1977, en el clima de las recién
recobradas libertades en España, y que el Gobierno socialista
ha deteriorado con sus actuaciones a lo largo de estos años.
Explica seguidamente el contenido de dicho Estatuto del
Contribuyente, recogido en la proposición de ley, y termina
señalando que el fraude y la emigración fiscal se está
disparando porque el contribuyente no encuentra garantías
jurídicas en el ordenamiento, con lo que se están vaciando las
arcas de la recaudación del Estado. No le basta con que se le
diga que van a traer la Ley General Tributaria, porque se han
perdido los años de bonanza en que el país se ha vendido al
exterior y se han establecido fuera nuestras empresas, por lo
que en estos momentos de crisis, cuando quieran traer esa ley,
probablemente no haya nadie a quien se le pueda aplicar.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor García Ronda, manifestando que, una vez más, van a
debatir con el Grupo Popular sobre aspectos tributarios o
pretensiones de ley tributaria respecto de las que mantienen
discrepancias de matiz esenciales con referencia al
tratamiento que de los tributos se quiere hacer por parte del
Grupo Popular. Es de considerar la intención del Grupo Popular
de mejorar, precisar y equilibrar las relaciones entre la
Administración y los contribuyentes, pues supone que no habrá
ninguna intención de debilitar a la Administración ni de
introducir confusión en esas relaciones. Sin embargo, piensa
que la proposición de ley presentada no sirve para satisfacer
nada, pues es técnicamente incorrecta, fiscalmente
inconveniente para la Administración tributaria, a la que se
debe fortalecer en su lucha contra el fraude y en su capacidad
recaudatoria, y políticamente inoportuna por cuanto el
Gobierno está estudiando el problema. Ese
debilitamiento de la Administración tributaria se daría de
manera objetiva si se hiciera caso de esta proposición de ley.
Desmenuza sintéticamente las bases de la proposición de ley
del Grupo Popular, destacando los numerosos problemas que
plantearía su aplicación en relación con el tema de la
seguridad jurídica, ya que los socialistas son escrupulosos
con cualquier principio que ataña a la misma y, en general, a
las obligaciones de los ciudadanos. El que en ocasiones se
produzcan imperfecciones lo acepta, pero precisamente su
propósito es el de ir mejorando a través de futuras reformas
legales.
En este sentido informa a la Cámara de que el Gobierno
presentará próximamente un proyecto de ley
general tributaria, que es el lugar donde deben incardinarse
estos aspectos de los derechos de los contribuyentes y de sus
relaciones con la Administración pública. Dado que es allí
donde considera que deben discutirse todas las cuestiones
planteadas por el representante del Grupo Popular, anuncia en
este momento que el Grupo Socialista votará en contra de la
proposición de ley, porque no les parece la adecuada ni en
forma, ni en
expresión, ni en momento exacto.
Replica el señor García-Margallo y Marfil, duplicando el señor
García Ronda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
González Lizondo y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones
Sevilla, de Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo
Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular
es rechazada por 127 votos a favor, 168 en contra y seis
abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 1555)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para
garantizar la protección de la juventud y la infancia frente a
la proliferación de películas y series con alto contenido de
violencia, xenofobia y cualquier otro planteamiento que atente
contra la dignidad de la persona, en la programación de las
televisiones públicas y privadas (Página 1555)
Defiende la proposición no de ley, en representación del Grupo
Popular, el señor Fernández-Miranda y Lozana, manifestando que
a través de aquélla intentan proteger a la infancia ante los
contenidos violentos de la programación de las televisiones.
Con esta iniciativa pretenden recoger la preocupación que la
sociedad española está demostrando en torno a este importante
asunto y, en definitiva, tranquilizar la alarma social que
están suscitando acontecimientos tan dramáticos como los
protagonizados por niños dentro y fuera de España, que actúan
como protagonista y como víctimas en episodios escalofriantes.
En la proposición no de ley tratan de la educación de los
niños españoles hasta la edad de doce años y de la tremenda
influencia que la televisión tiene en el hecho educativo. Han
aparecido en los últimos meses con especial intensidad
numerosas opiniones científicas de gran solvencia que afirman
que los niños de esas edades transforman su propia vida y su
propio entorno por lo que ven en televisión. También es
importante considerar que los niños entre los dos y los doce
años ven la televisión de una forma especial y, además,
sumamente intensa, constituyendo su primera actividad de ocio.
Es igualmente importante reflexionar sobre lo que los niños en
esas edades ven en la televisión y los datos proporcionados
son para hacernos reflexionar en torno a esa realidad.
Menciona la existencia de un amplio número de programas y
escenas violentas y su influencia en sucesos recientes que
están en la mente de todos, agregando que lo que el Grupo
Popular pretende a través de esta proposición no de ley es que
por televisión no se emita violencia, no se emita racismo ni
xenofobia. Y, si se hace, cuando se produzca antes de las diez
de la noche, que se avise expresamente que se va a producir
esa emisión para conocimiento tanto de los padres como de los
propios niños.
Termina pidiendo el voto afirmativo de la Cámara como
demostración de que son conscientes del grave riesgo al que
están induciendo a nuestros niños, que acabarán constituyendo
la sociedad del día de mañana.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley del Grupo Popular intervienen los señores Alcaraz Masats,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Recoder
i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores González Lizondo, del Grupo Mixto, y Martínez Martínez
(don Enrique), del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular
en los términos resultantes de la aceptación de diversas
enmiendas, es aprobada por 275 votos a favor, uno en contra y
13 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre el respeto
a la toponimia catalana en la documentación para uso público
del Ministerio del Interior (Página 1563)
La señora Rahola Martínez, del Grupo Mixto, defiende la
proposición no de ley presentada. Pregunta si existe alguna
explicación razonable para que dieciséis años después de las
primeras elecciones democráticas y diez años después de la Ley
de Normalización Lingüística aún tengan que debatir una
proposición no de ley de esta naturaleza. Pregunta
asimismo si consideran razonable que haga perder el tiempo a
la Cámara para reclamar lo que no es sólo un derecho sino un
simple ejercicio de cultura.
Menciona el nombre castellano de numerosas localidades
catalanas, nombres prácticamente irreconocibles para la
inmensa mayoría de los catalanes, pidiendo al Gobierno que
retire esos listados obsoletos que vulneran la legalidad y los
sustituya por otros listados donde la toponimia de
poblaciones, barrios y calles catalanes esté respetada. Dado
que es desde el respeto mutuo, desde el respeto de las
instituciones al carácter pluricultural del Estado donde se
crea un marco de convivencia, apela al sentido común, al
respeto cultural y al respeto al marco legal para que sea
tenida en cuenta su petición.
Aprovecha también para pedir al Gobierno que tramite esta
documentación oficial en catalán, para que los derechos de los
ciudadanos catalanes no se vean conculcados.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley intervienen los señores Marcet i Morera, del Grupo
Socialista; Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Fernández Díaz, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Ribó
1Massó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición debatida, en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos
Socialista y Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 292
votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1569)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
previstas por el Gobierno para poner fin a los problemas del
Sistema Nacional de Salud y Para conseguir un adecuado nivel
de calidad y de satisfacción por parte de los usuarios y de
los profesionales sanitarios, evitando recortes en las
prestaciones de los ciudadanos (Página 1569)
El señor Burgos Gallego defiende la moción del Grupo Popular.
Expone que la moción no contiene un catálogo exhaustivo de
propuestas y ni siquiera han pretendido abordar toda la
variada problemática de nuestra sanidad. Con ella simplemente
desean invertir una tendencia al anquilosamiento del sistema y
a su progresivo deslizamiento por una pendiente de ineficacia,
de escasez de ideas y voluntad de cambios que no pueden
mantener por más tiempo. La sanidad española padece
importantes deficiencias derivadas del agotamiento y las
insuficiencias de un modelo cerrado, burocrático, rígido y
centralizado, basado en
presupuestos irreales. En definitiva, un modelo lastrado de
prejuicios y superado por las necesidades de la sociedad
española.
Añade que el Sistema Nacional de Salud, que todos defienden,
ha demostrado ser un instrumento válido para configurar una
respuesta asistencial y una cobertura de las necesidades de
los ciudadanos. El Sistema no se cuestiona, pero sí su modelo,
y de forma profunda, porque el modelo que se está aplicando es
el que pone en grave riesgo la pervivencia del diseño
asistencial, que comparten a grandes rasgos. Es, además, un
modelo que cuesta demasiado para lo que ofrece, que ha
marginado a los
profesionales sanitarios de la toma de decisiones y que ha
generado discriminaciones, irregularidades, politización en la
gestión, descontrol económico e insatisfacción creciente en
profesionales y usuarios.
Con la moción que ahora defienden pretenden desbloquear la
parálisis actual y superar el marasmo organizativo que les
preocupa extraordinariamente. Termina exponiendo el contenido
de los puntos que integran esta moción.
Para fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Cardona i
Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometidos a votación los diversos apartados que integran la
moción, son rechazados.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas económicas y
políticas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para
garantizar el futuro de la factoría de SEAT en la Zona Franca
de Barcelona, en el marco de la crisis actual (Página 1579)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre criterios de política industrial que
piensa adoptar el Gobierno ante la grave crisis que afecta al
sector del automóvil y, en concreto, a la empresa
automovilística SEAT (Página 1579)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
los criterios generales de política industrial que tiene
previsto aplicar el Gobierno en el sector de la automoción e
industrias auxiliares, con especial referencia a la situación
de crisis que afecta a la empresa SEAT (Página 1579)
En defensa de las respectivas mociones presentadas intervienen
la señora Rahola Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Ribó
Massó, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Sánchez
i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de las enmiendas presentadas a estas mociones
hacen uso de la palabra los señores Milián Mestre, del Grupo
Popular, y Marsal i Muntala, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Mixto, es rechazada
por 18 votos a favor, 250 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya se aprueba su apartado segundo por
270 votos a favor, rechazándose los restantes apartados por 19
votos a favor y 250 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Socialista y una transaccional en relación
con las enmiendas del Grupo Popular, es aprobada por 254 votos
a favor y 17 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PREPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE COMERCIO INTERIOR (Número de
expediente 122/000022)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Federal de
Izquierda Unida-
Iniciativa per Cataluña, sobre comercio interior.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, escasísimos y escasísimas señoras y señores
Diputados. Voy a reiterar brevemente lo que ya fue un anuncio
de presentación con motivo de la proposición de ley de
Convergència i Unió de hace escasamente dos meses. Nosotros en
aquel momento y defendiendo la posibilidad de que ambas
proposiciones de ley fueran tomadas en consideración en el
mismo trámite, planteamos que había determinadas coincidencias
y, naturalmente, también diferencias importantes. Nosotros
partimos en la presentación de nuestra proposición de un
trabajo que hemos venido realizando durante muchos años.
El señor Homs en el anterior debate vino a decir, más o menos,
que se alegraba de que un Grupo como el de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya se preocupara por los temas del
pequeño comercio, la pequeña y mediana empresa, no habiéndose
leído, seguramente, las actas del Parlamento que decían --ya
en aquel lejano 1983, en la III legislatura-- que el grupo que
en aquel momento representaba, junto a otras organizaciones, a
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defendió ya una ley
del comercio que procurara normalizar y democratizar el
conjunto del sector, atendiendo a las reivindicaciones de los
trabajadores, al pequeño comerciante, etcétera. En aquel
momento prácticamente todos los grupos de la Cámara, incluido
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), se inclinaron por
favorecer los intereses de los grandes grupos transnacionales,
de las grandes superficies que,
posteriormente, en Cataluña y en el conjunto del Estado se han
instalado defendiendo los intereses bien concretos. En el año
1993, cuando ya Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya iba a
presentar en esta legislatura la proposición de ley que tenía
pendiente de la anterior legislatura, resulta que el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) presenta la suya. Parece ser que
no fue aceptada a trámite en su momento, y vamos a ver su
posición favorable, neutra o negativa a la propuesta que
hacemos ahora nosotros.
Presentamos esta proposición de ley porque consideramos que la
normativa actual que afecta al comercio en su conjunto está
absolutamente anticuada. Esto beneficia a los intereses que de
forma predominante el Gobierno central y el de las comunidades
autónomas --en concreto, el Gobierno de Convergència i Unió--
han defendido en este momento concreto; intereses que no
tienen nada que ver con el pequeño comercio. Eso sí,
llenándose la boca de hablar bien de los pequeños
comerciantes, pero no poniendo en marcha con tiempo una
iniciativa que hubiera fomentado el asociacionismo del pequeño
comercio, la defensa frente al gran competidor, que viene
normalmente de la gran trasnacional, etcétera.
Nuestra proposición de ley tiene unos contenidos muy claros --
no voy a extenderme mucho en ello--, y
su origen, repito, en nuestra propuesta de la III Legislatura.
Los contenidos fundamentales son fomentar principios de
igualdad entre todos los trabajadores del sector, entendiendo
y recogiendo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya las
propuestas que nos vienen de la mesa del comercio, en la cual
están organizaciones de pequeños comerciantes, pero también
están los sindicatos. Promoción, por tanto, del trabajador y
del conjunto del sector. Actualizar una serie de normativas y
de posibilidades de
modernización de toda una serie de pequeños comercios para su
competición frente a la intervención de las grandes
superficies, avaladas siempre por compañías transnacionales. Y
armonizar, en definitiva, los intereses del pequeño comercio
con los del usuario y consumidor. Democratizar en definitiva,
los órganos decisorios. Por eso pretendemos, cosa que no se
recoge en la preposición de ley de Convergència i Unió, que a
nivel central y a nivel de comunidad autónoma haya comisiones
formadas por sindicatos, empresarios y la Administración, que
puedan atender los problemas que en cada ámbito se puedan
presentar; reglamentar horarios y modalidades de ventas.
Hay todo un apartado dedicado al medio ambiente, porque
pensamos que en la pedagogía que se establece en este pequeño
comercio hacia el usuario y consumidor se puede avanzar en
toda una serie de iniciativas que respeten el medio ambiente.
Garantizar un sistema de créditos, del cual están
prácticamente ausentes los pequeños comerciantes, engullidos
por los tiburones del sector que tienen todas las facilidades
de créditos de que en cada momento quieran disponer.
Naturalmente, derogar algo que ha sido absolutamente perverso
para el pequeño comercio y para otros sectores populares de la
sociedad española, que es el llamado Decreto Boyer, es decir,
la Ley 2/1985.
Nosotros pensamos que en el sector del pequeño comercio, según
la política que se desarrolle, se pueden crear muchos puestos
de trabajo. Oímos de forma reiterativa en los últimos meses
(además creemos que hay una gran presión sobre el Ministro de
Comercio por parte de las grandes superficies) que en las
grandes
superficies se crean muchos puestos de trabajo. Nosotros no
queremos contribuir con ninguna medida a la liquidación de un
solo puesto de trabajo, pero sí deseamos que desde el sector
del pequeño comercio se creen también un montón de puestos de
trabajo, porque, tal como discutimos en su momento en el
debate que hubo sobre la pequeña y mediana empresa, es el
lugar donde más empleo se puede crear en nuestro país.
Por todas estas razones, pedimos su voto afirmativo,
entendiendo que la toma en consideración en su momento de la
proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) no
es motivo para, en este momento, denegar la presentada por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque puede haber
un método muy sencillo, y ya lo dijimos también cuando votamos
afirmativamente la toma en consideración de la proposición de
ley de Convergència i Unió. Dijimos que en el trabajo en
Comisión, a través de una Ponencia, se pueden ver las cosas en
las que se puede avanzar de forma complementaria;
naturalmente, ante las contradicciones y diferencias que haya,
cada uno va a defender sus enmiendas particulares.
Por tanto, señoras y señores Diputados, les rogamos tomen en
consideración nuestra proposición de ley para que podamos
avanzar de inmediato en un trabajo que es absolutamente
necesario para este sector en la actual situación económica
española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Frutos, estoy bastante de acuerdo con usted en
que no es malo que esta proposición de ley se pudiera tomar
también en consideración para poder trabajar sobre ella. Por
ello voy a votar a favor de ella, porque entiendo que esta
proposición de ley contempla una serie de puntos que no están
perfeccionados en la presentada por Convergència i Unió, y, al
mismo tiempo, dentro de todo un montón de enmiendas que
nosotros tenemos preparadas, tampoco habíamos pensado en estos
temas. Hay cosas que nosotros tratamos muy bien, como es, por
ejemplo, el aspecto relativo al urbanismo comercial, pero
ustedes también lo tratán aquí con otra perspectiva que no es
mala, y se podría hablar de ella.
Es importante el tema de los incentivos y fomento de las
agrupaciones y cooperativas de los trabajadores, y asimismo
son importantes las especificaciones que ustedes hacen sobre
aspectos de las grandes superficies comerciales.
Sería bueno que se pudieran aceptar las dos. Unión Valenciana
va a votar afirmativamente. Pero tampoco es ningún problema
que ustedes puedan presentar las enmiendas a la de
Convergència i Unió, y que entre todos podamos llegar a hacer
esa gran ley que --estoy totalmente de acuerdo con usted--está
precisando nuestro pequeño comercio.
En cuanto a esa pequeña, digamos rabieta (perdóneme usted la
expresión) con que usted se despacha, diciendo: la nuestra no
salió, han aceptado la otra, este Diputado también presentó
una, pero como teníamos un cupo tan pequeño nos tuvimos que
aguantar. Es lógico. Pero lo que hace falta, en definitiva, es
que el trabajo salga. Yo creo que este tema preocupa mucho a
todos. Y creo que Convergència i Unió, ha hecho también un
gran despliegue, que perfectamente es compatible, y entre
todos debemos intentar mejorarlo. Por tanto, votaremos a favor
de esta toma en consideración, entendiendo que es posible
homologarlo --todo es posible trabajando en conjunto-- y que
lo que debemos intentar es que haya unión de criterios, unión
de pareceres y que salga lo más rápidamente posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario quiere fijar su posición
ante la proposición de ley sobre comercio interior presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Tanto esta proposición de ley como
la presentada en su día en esta Cámara por el Grupo
Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) intentan acometer, por fin, la
regulación de la actividad del comercio interior, objetivo tan
demandado desde todas las esferas de esta actividad,
empresarios,
trabajadores y usuarios.
La evolución que el tráfico mercantil está teniendo en los
últimos años, junto con las pautas de conducta de los usuarios
y consumidores, obligan a los poderes públicos a garantizar,
por una parte, los derechos y dar cumplimiento, por otra, a
las obligaciones que tienen todos los que intervienen en esta
actividad. Es, además, notorio que este desarrollo del tráfico
mercantil está obligando al pequeño comercio a acometer una
puesta al día de sus estructuras empresariales y de formación
profesional de sus trabajadores, en general muy costosas, lo
que, junto con la competencia de algunas prácticas reconocidas
en el sector, lleva a gran número de pequeños comerciantes a
situaciones que desembocan en numerosos cierres de comercio,
con el consiguiente impacto social que ello conlleva. Es, por
lo tanto, urgente y necesario que se acometa definitivamente
esta regulación, que es además un compromiso político de todos
los grupos, que ya hemos manifestado esta necesidad y es,
asimismo, un mandato constitucional recogido en el apartado 3
del artículo 51 cuando establece que la ley regulará el
comercio interior y el régimen de autorización de productos
comerciales.
Sentadas estas premisas, debo decir que ya en su día nuestro
Grupo Parlamentario dio su voto favorable a la proposición de
ley de comercio, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Estamos, desde luego, a favor de
cualquier iniciativa parlamentaria sobre esta materia, si bien
es cierto que, desde nuestra óptica, es más adecuada, en
principio, la proposición presentada por Convergència i Unió.
Esperamos que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) consideren la conveniencia de unificar
ambas proposiciones de ley.
No hay que olvidar que la Comunidad Autónoma del País Vasco
tiene competencia exclusiva en materia de comercio interior,
según el punto 27 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía,
que establece esta competencia, sin perjuicio de la política
general de precios, la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la
competencia, ferias y mercados interiores, denominaciones de
origen y
publicidad en colaboración con el Estado. Es importante
resaltar este punto en un momento en que la sentencia del
Tribunal Constitucional de 8 de julio de 1993, sobre la ley
del Parlamento valenciano 8/1986, de 29 de diciembre, de
ordenación de la actividad económica, establece la
inconstitucionalidad de regular los horarios comerciales a la
Comunidad Autónoma de Valencia. Si bien no es el momento de
entrar a debatir esta cuestión, sí quiero dejar claro que para
nuestro Grupo Parlamentario es fundamental la derogación del
artículo 5.º del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril,
sobre medidas de política económica, que establece, norma
básica, la regulación de la libertad de horarios y el cierre
de establecimientos comerciales, sobre la cual el Parlamento
vasco se pronunció a través de una proposición no de ley, el
día 29 de octubre de 1993, reafirmándose en la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco
en comercio interior y, consecuentemente, en la regulación de
los horarios comerciales, instando al Estado la derogación del
citado artículo 5.º del llamado Decreto Boyer.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario, como digo, propone la
unificación de las proposiciones de ley presentadas por los
dos grupos parlamentarios y que existen en estos momentos en
la Cámara, para lo cual daría su voto favorable. Mientras
tanto, como nosotros hemos dado el voto favorable a la
proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
mantedríamos esta postura y nos abstendríamos en la votación
de la proposición de ley presentada por Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. La
proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya coincide en muchos de sus puntos con
la presentada, en semanas pasadas, por nuestro Grupo
Parlamentario, tomada en
consideración por el Pleno de la Cámara y en este momento en
tramitación y en plazo de presentación de enmiendas, como
conoce muy bien el señor Presidente. Otras partes de esta
proposición de ley no coinciden con nuestros planteamientos.
Por eso no están contenidos en la proposición de ley de
nuestro Grupo
Parlamentario y, por tanto, no la podríamos apoyar.
Sin embargo, señor Presidente, entendemos --como ya han dicho
otros grupos parlamentarios-- que lo lógico sería aprovechar
la toma en consideración, por parte de la Cámara, de la
proposición de ley presentada en esta Cámara por nuestro Grupo
Parlamentario. Por ello invitaríamos al Grupo Parlamentario
proponente,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a que retirara la
suya y presentara enmiendas dentro de plazo, que se encuentra
abierto hasta el 14 de diciembre, a la proposición de ley que
ya ha sido tomada en consideración por la Cámara. De otra
forma, no vemos la manera de poder votar a favor de esa toma
en consideración, y no haría sino retrasar el proceso de
discusión, insisto, de una proposición de ley que se encuentra
en trámite de presentación de enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Corresponde en este turno al Grupo Popular fijar su posición
en torno a la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo de Izquierda Unida sobre comercio interior. Es una
proposición de ley que viene a sumarse a la ya presentada por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el pasado mes de
octubre, que gozó del voto unánime de esta Cámara. Es una
proposición de ley, señorías, que es en sus objetivos y
también --¿por qué no decirlo?-- en parte de sus contenidos
muy semejante a la que en su día presentó el Grupo
Parlamentario Catalán.
Sin duda, la crisis en que se encuentra sumergida la economía
española viene a dañar de forma muy especial a un tejido muy
frágil, como es el de nuestro pequeño comercio, el conocido
comercio tradicional, de barrio. Estos efectos de la crisis en
el pequeño comercio se ven, a nuestro juicio, agravados por la
aparición de nuevas fórmulas comerciales, que colocan al
pequeño comercio en una situación de crisis; nuevas fórmulas
comerciales que se identifican de una manera que no creo
acertada con la aparición de los efectos de las grandes
superficies; efectos que recaen fundamentalmente en los
horarios comerciales, en las políticas de precios, en las
ventas promocionales, en los plazos de pago, en el urbanismo
comercial y en un largo etcétera. Unas nuevas fórmulas
comerciales que también han puesto al descubierto cierta
antigüedad de nuestro tejido comercial interior y una falta de
especialización de nuestro comercio de barrio; unas nuevas
fórmulas comerciales que también han puesto de manifiesto el
papel que juegan en el comercio interior nuestros
ayuntamientos; unos ayuntamientos que, en unos casos por
egoísmo y en otros casos, fundamentalmente, porque tienen una
necesidad de financiación adicional, están dando una serie de
concesiones, indiscriminadas, de licencias a hipermercados, y
este extremo está contribuyendo, de manera perniciosa, a que
se enrarezca el ambiente en el sector del comercio interior. Y
--¿por qué no decirlo?-- nuevas fórmulas comerciales que
también están poniendo de manifiesto que nuestro comercio
interior se encuentra en una situación de reconversión; una
situación de reconversión que amenaza, claramente, a un tejido
empresarial que es francamente frágil. Sin embargo, señor
Frutos, no neguemos que estas nuevas fórmulas comerciales han
venido a mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores,
así como a mejorar y a estimular la demanda interna.
Las reglas del comercio interior están cambiando, clarísima y
fundamentalmente, y dejando en evidencia que nuestra
legislación, en materia de comercio interior, es centenaria;
es una
legislación que, por el momento, no tiene contemplado cuáles
son exactamente las competencias de las comunidades autónomas
y las de las corporaciones locales en materia de comercio
interior; no tienen contemplado cuál es la legislación
oportuna, o la no oportuna, en el urbanismo comercial; tampoco
están legislados los tipos de venta; no están legislados los
horarios comerciales, de la manera adecuada que requiere en
este momento el comercio; no están legislados los plazos de
pago que se están produciendo entre los proveedores y las
grandes superficies, y tampoco está perfectamente legislado
todo aquello que concierne a la
inspección y a las sanciones necesarias.
Pero no nos engañemos, aunque podrá ser absolutamente
necesaria su puesta en marcha --que lo es y así lo votó el
Grupo Popular con la unanimidad de toda esta Cámara--, una ley
de comercio que se promulgue de manera aislada se va a
declarar claramente insuficiente si al mismo tiempo el
Gobierno no adopta medidas en otro tipo de políticas: en
política fiscal, reformando el Impuesto sobre Actividades
Económicas o la estimación objetiva; en materia de política
laboral; en materia de política
crediticia, destinada fundamentalmente a reforzar y a
especializar nuestro comercio interior; en materia de Ley de
Arrendamientos Urbanos y en materia de política económica. Es
evidentemente, señor Frutos, que es necesario tipificar todos
los tipos de ventas nuevas que han salido al mercado, como
pueden ser la venta por correo o por teléfono,
fundamentalmente porque hay que garantizar la estabilidad y la
credibilidad
del mercado y, por qué no decirlo, porque hay que amparar a
nuestros consumidores.
Es necesario hoy día adoptar alguna medida concreta en materia
de horarios comerciales. Se ha pasado todo el debate de
presupuestos sin poder adoptar alguna medida en este tema.
Creo que se ha pasado conscientemente por parte del Gobierno,
porque lo que quiere es promulgar un decreto-ley. De hecho, si
usted se repasa el contenido de los Presupuestos en la Sección
29, verá, en su página 59, que existe concretamente una
mención a la promulgación de un decreto-ley para regular los
horarios
comerciales.
Pero no nos engañemos, habrá que regularlos con carácter
temporal, no se puede hacer una regulación con carácter
indefinido ni eterno.
Señor Presidente, el Grupo Popular entiende que a la fecha de
hoy la proposición de ley que nos trae el Grupo de Izquierda
Unida es semejante en sus objetivos, prácticamente, a la que
ya aprobó por unanimidad esta Cámara. Creemos que estamos en
el trámite de poder enmendar esta proposición. Entendemos la
iniciativa que quiere tomar Izquierda Unida, pero al mismo
tiempo, señor Frutos, mi Grupo piensa que, estando ya un texto
en la Cámara, deberíamos proceder a enmendarlo, a mejorarlo y
a introducir todas aquellas diferencias que puedan existir
entre los distintos Grupos. Por estas razones, señor Frutos,
nos gustaría poder apoyar su iniciativa, pero lo que vamos a
hacer es no impedirla con nuestros votos. Por ello el Grupo
Popular anuncia su abstención a esta proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida,
entendiendo que es en el trámite de la ya aprobada
unánimemente el pasado mes de octubre donde debemos plasmar
nuestras
iniciativas en torno a la necesaria regulación del comercio
interior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me corresponde exponer la
posición del Grupo Socialista en relación a la toma en
consideración de la proposición de ley de comercio interior
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Con carácter previo a los comentarios que he de
realizar sobre la opinión que nos merecen, en líneas
generales, la proposición de ley de Izquierda Unida, debo
recordar aquí, una vez más, como ya han hecho algunos grupos
que me han precedido, que este Pleno, el pasado día 26 de
octubre --ha transcurrido poco más de un mes--, tomó en
consideración, por unanimidad de la Cámara --recuerdo que
fueron 300 votos favorables sobre 300 votos emitidos-- una
proposición de ley de comercio del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió. Aunque es cierto que las diferencias
entre ambas proposiciones de ley, a nuestro juicio, son
apreciables, sin embargo, ambas pretenden regular la misma
materia, y ambas responden al mismo propósito de cumplir los
preceptos o la previsión del artículo 51.3 de la Constitución,
y a esta
fundamentación constitucional habré de referirme más adelante.
Es obvio que estas coincidencias entre las dos proposiciones
permitirían al Grupo proponente de Izquierda Unida utilizar la
tramitación de la proposición de ley de CiU, que ya ha sido
aceptada por la Cámara, para intentar introducir, vía
enmienda, sus propios criterios sobre el sector que es objeto
de
regulación, sobre el sector del comercio interior, y no venir
a plantear un nuevo debate en un tema respecto al cual Pleno
ya se ha pronunciado con absoluta claridad y de forma tan
inminente, de forma tan cercana en el tiempo, poco más de 34
días.
Decía, y quiero detenerme ahí un instante, que habría que
empezar cuestionando la proposición de ley en la propia
fundamentación que la misma realiza en el artículo 51.3 de la
Constitución, y ello en la medida en que desde el Tribunal
Constitucional se ha interpretado que la competencia de
comercio interior aglutina materias que, en virtud del citado
artículo, han de entenderse reservada a la ley, esto es
cierto, pero tampoco cabe deducir que se trata de un mandato
constitucional del que necesariamente se haya de derivar una
ley de comercio interior.
Señoría, esquematizando la posición del Grupo Socialista debo
señalar que estamos (y voy a devidir mi intervención en tres
claros apartados) en primer lugar, ante una materia compleja;
en segundo lugar, ante un sector que está sometido a una clara
y profunda transformación que incluso nos permitiría
calificarlo, como ha hecho el interviniente del Grupo Popular,
como un sector sometido a un auténtico proceso de
reconversión, y, en tercer lugar, estamos ante una actividad,
la distribución comercial, que, con el resto del sector
servicio, es clave de cara a conseguir dos grandes objetivos
de política económica que pienso que son asumidos por la mayor
parte de esta Cámara, como son: la contención de la inflación,
por una parte, y la mejora de la competitividad y de la
eficiencia de la economía española, por otra, aunque ustedes
me van a permitir que yo no esté
completamente seguro de que estos objetivos sean sinceramente
compartidos por el Grupo proponente. Si me equivoco, ya de
entrada les pido excusas.
Decía en el primer bloque que estamos ante una materia
compleja, y lo estamos fundamentalmente por dos razones. La
primera, porque se trata de una materia multidisciplinar, al
ser muy diversos los aspectos que confluyen en la actividad
comercial. De hecho, leyéndose detenidamente la proposición de
ley de Izquierda Unida, ésta adopta un texto que incide en
distintas regulaciones
normativas, por ejemplo, el Código de Comercio, el Código
Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica de
Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley de Competencia
Desleal, leyes de régimen local, de naturaleza laboral,
creditica, etcétera. En este sentido, señorías, la proposición
no tiene generalmente en cuenta la normativa vigente sobre los
temas que aborda, y en muchos momentos opera en cierto modo
«ex novo», desconociendo, insisto, la regulacion existente. En
segundo lugar, la materia es compleja por la propia
distribución competencial entre el Estado y las comunidades
autónomas. Diversas (y algunas recientes) sentencias del
Tribunal Constitucional han venido a dibujar el panorama
competencial que permite regular el comercio interior. Sin
embargo, con la proposición, señoría, de forma --permítaseme
que lo califique así-- extremadamente simple se despacha el
tema en poco más de tres renglones, exactamente en tres
renglones y medio del segundo párrafo del artículo 1.º
La cuestión, señorías, creo que no es tan simple, si me lo
permiten. Ustedes omiten los títulos competenciales que
facultan al Estado para dictar una ley de comercio cuando
existen
competencias compartidas entre el propio Estado y la comunidad
autónoma, lo que requeriría necesariamente especificar, o bien
el carácter de básico, de total, o bien el carácter parcial de
estas facultades competenciales. De cualquier forma, ustedes
se adentran en su proposición de ley en competencias
constitucionalmente atribuidas al Estado, tanto porque afectan
a la regulación general de la actividad económica como porque
afectan a la libre competencia del mercado, y le puedo
recordar, por ejemplo, el artículo 48 y siguientes, que
regulan los horarios comerciales; el artículo 78, que define
la competencia desleal, o el artículo 86 y siguientes, en los
que se regulan los precios.
En segundo lugar, decía con anterioridad que estamos ante un
sector en plena reconversión. Hay necesidad de corregir
excesos de capacidad instalada... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Martín.
Ruego silencio.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Decía, en el segundo bloque de mi intervención, que estamos en
un sector en plena reconversión. Hay necesidad de corregir
excesos de capacidad instalada; existen establecimientos
obsoletos de verdad; inadaptación de muchos de estos
establecimientos a la demanda actual; problemas de formación y
de readaptación de la mano de obra; fuertes necesidades de
inversión; necesidad de introducir y adaptar nuevas
tecnologías, etcétera. Pero es que, además, este proceso de
reconversión se enfrenta a dos hechos de signo contradictorio:
el sector está constituido por un gran número de pequeños
comercios individuales que no siempre son conscientes de la
necesidad de los cambios, o que incluso, en otras ocasiones,
no tienen capacidad para afrontarlo, porque son pequeños
comercios poco proclives a adoptar fórmulas de cooperación, a
adoptar fórmulas de
integración. Por otra parte, la internacionalización de
nuestra economía está impulsando la introducción de grandes
empresas transnacionales de distribución --los conocidos
hiper-- que están obteniendo especiales ventajas de la
situación existente. Todo esto es verdad y lleva a la
necesidad de plantear, de forma inminente, la problemática del
sector comercial. Ahora bien, hay que distinguir claramente lo
que son aspectos meramente
coyunturales de los aspectos estructurales, y desde luego
cualquier ley del comercio habrá de completarse con una
política de comercio interior que permita afrontar, como digo,
esta amplia problemática.
De cualquier forma, ya el Ministro del ramo, en la Comisión
correspondiente, en la Comisión de Economía, ha puesto
claramente de manifiesto cuáles han de ser las líneas globales
que el Ministerio va a impulsar en una política de comercio
interior, y ustedes, puesto que figura en el «Diario de
Sesiones», me van a evitar tener que repetirlo aquí.
En tercer lugar, decía que estamos ante un sector clave para
alcanzar dos objetivos fundamentales de la política económica:
la contención de la inflación y la mejora de la
competitividad. Pues bien, he de señalar que el estudio
detenido de la
proposición de Izquierda Unida en principio deja claro, por lo
menos a nuestro juicio, su posicionamiento contrario al
objetivo de aumentar la competencia en el sector servicios. La
proposición pretende dar un giro a la tendencia progresivade
liberalización de los mercados que se está produciendo en
nuestro entorno y, por el contrario, plantea un intenso
intervencionismo de la autoridad pública, particularmente de
la autoridad autonómica y de la autoridad local.
El comercio, señorías, es una actividad clave, como recordaba
el pasado día 26 de octubre el señor Roca, por su aportación a
la generación del PIB o por el porcentaje de población activa
que ocupa, pero también lo es --ustedes me permitirán que lo
diga--por su repercusión en la inflación y por su importancia
para la competitividad de la economía española.
Por consiguiente, creemos que potenciar la modernización del
sector, compatibilizar los intereses del pequeño y mediano
comerciante, establecer las condiciones generales en que se
desarrolle el comercio, no debe ni puede, en ningún caso, ser
incompatible con los objetivos de incrementar la competencia y
favorecer la competitividad y la eficiencia de nuestra
economía y, en última instancia, el crecimiento económico y la
creación de empleo.
Por todo ello, señoría, nuestra posición respecto a la
proposición de ley de Izquierda Unida es la siguiente. El
Grupo socialista entiende, con independencia de que cualquier
ley de comercio, como ya he dicho, debe estar completada con
una adecuada política de comerciointerior, que no vamos a
apoyar la toma en consideración de la proposición de ley por
las siguientes razones.
Primera razón...
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya.
El señor MARTIN MESA: Voy terminando, señor Presidente.
En primer lugar, decía, porque el pasado día 26 ya se aceptó
una proposición con idéntico objetivo. Señores de Izquierda
Unida, planteen enmiendas a la proposición ya aceptada, hagan
valer sus criterios, porque a nosotros no nos parece lógico,
en absoluto, que se pretendan acumular las proposiciones, lo
coherente sería actuar de esta forma.
En segundo lugar, la proposición no recoge de formaadecuada,
según nuestro criterio, el reparto de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con las más
recientes sentencias del Tribunal Constitucional. Su contenido
afecta a materias que ya están reguladas por normas
específicas, el texto adolece de imprecisiones conceptuales, e
igualmente tiene omisiones básicas. La proposición no es
innovadora en materias conexas con el comercio interior,
introduce preceptos que ya han sido regulados por normativas
que transponen
directivas de la comunidad, y, a nuestro juicio, tiene efectos
negativos sobre la libertad, la competencia y el crecimiento
económico.
En definitiva, y ya termino, señor Presidente, consideramos el
contenido de esta proposición de ley insuficiente para que
sirva de base a la tramitación parlamentaria, por lo cual
vamos a votar negativamente su toma en consideración. Será en
la tramitación de la proposición de ley de Convergència i Unió
cuando el Grupo Socialista ponga claramente de manifiesto
cuáles son nuestros criterios sobre el contenido que habrá de
tener cualquier ley de comercio interior. También queremos
poner claramente de
manifiesto la existencia de grandes reservas respecto al
contenido de la proposición de Convergència i Unió, por lo que
haremos ejercicios múltiples de nuestros derechos
reglamentarios a través de la presentación de enmiendas al
propio texto de Convergència i Unió, aprobado por esta Cámara.
Esto es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación relativa a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre comercio interior.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 15; en contra, 142; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE BASES
DEL ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE (Número de expediente
122/000005)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular,
sobre bases del estatuto del contribuyente.
En nombre del Grupo Popular, el señor García-Margallo tiene la
palabra. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me toca hoy defender la toma en
consideración de una proposición de ley que lleva por título
«Del Estatuto del Contribuyente».
En la pasada campaña electoral fue gracia recurrente en los
representantes del Grupo Socialista decir que el Grupo Popular
no tenía un proyecto coherente de reforma fiscal. Hoy defiendo
la primera pieza de ese proyecto global de reforma fiscal, que
hace referencia a las garantías y libertades de los
contribuyentes.
Como el que en cualquier foro defiende una pretensión debe
alegar y probar sus alegaciones, quiero empezar diciendo lo
que el Grupo Popular pretende de esta Cámara cuando presenta
esta proposición. Pretendemos, en primer lugar, establecer,
garantizar, fijar el principio de seguridad jurídica, que es
fundamental en el Estado de derecho, y, en segundo lugar,
acabar con el fraude y la emigración fiscal.
Soy perfectamente consciente de las dificultades que entraña
esta defensa, dificultades que derivan de la ignorancia, del
desconocimiento que la gente tiene de lo que está pasando en
materia de fiscalidad en España. El Gobierno socialista se ha
preocupado, a lo largo de los tiempos, de establecer impuestos
anestesiantes, impuestos neutros, impuestos oscuros, y hoy en
España tres de cada cuatro españoles pagan su impuesto sobre
la renta, que es el impuesto transparente por excelencia, por
la vía de la retención. En este terreno, como en otros muchos,
como decía Ortega, lo que España sabe es que no sabe lo que le
pasa.
La segunda dificultad entraña que el pueblo español por
tradición es poco amante de las libertades, poco consciente de
sus garantías y sus derechos frente a lo que significa la
arbitrariedad y el arbitrismo del poder. El Estatuto del
Contribuyente, si con algo encarna es con esa tradición
liberal, minoritaria a lo largo de los
tiempos que hoy encarna el Partido Popular, y que frontalmente
pugna con la ideología que sustenta el Partido Socialista. De
ese desconocimiento y de ese poco apego que tienen los
españoles por lo que significan sus libertades y sus derechos,
surge como una flor silvestre el arbitrismo, el fácil remedio
que en materia fiscal se ha traducido en ir siempre a perforar
la línea de menor resistencia del contribuyente, a recaudar
cuanto más y cuanto antes mejor.
Decía que la primera de las pretensiones que este Estatuto
tiene es el establecimiento del principio de la seguridad
jurídica. Un viejo texto, «La riqueza de las naciones», decía
que para que un sistema fiscal sea justo, para que un sistema
fiscal se acomode a la capacidad de pago, para que un sistema
fiscal grave más al que más tiene, es necesario, en primer
lugar, que se administre eficazmente; y para que se administre
eficazmente, decía entonces Adam Smith, es necesario que
cualquier sistema fiscal cumpla cuatro principios: claridad,
continuidad, economía y
conveniencia.
¿Cómo están estos principios representados en el ordenamiento
fiscal que en estos momentos tenemos? Voy a pasar por los que
aquí me interesan. En primer lugar, claridad. Me van a
permitir sus señorías, los representantes del Grupo Socialista
y de los demás grupos que apoyan al Gobierno, que lea aquí un
artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley que
tienen que aplicar cada año todos los españoles. Dice el
artículo 63: El resultado de las operaciones previstas en el
artículo 61, sumando el saldo positivo que, en su caso, arroja
la prevista en el apartado uno del artículo anterior y el
cociente al que se refiere el párrafo segundo del artículo
siguiente, y minorando en el importe de los rendimientos
irregulares negativos a que se refiere la letra b), del
apartado dos, del artículo 59, constituirá el importe de la
renta regular del sujeto pasivo.
Este artículo, que ingresó en el libro «Guinness», tuvo el
mérito de ser traducido y publicado en una revista humorística
española. Pero si ustedes quieren un ejemplo menos críptico,
más sencillo, tienen la resolución 2/1993, sobre aplicación
del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se plantea el tema de la
tributación de la leche, de la aplicación del tipo reducido en
el Impuesto sobre el Valor Añadido. Dice la resolución que de
acuerdo con el código alimentario sólo se aplicará el tipo del
tres por ciento a la leche natural de vaca, eso sí, siempre
que no se aplique esa leche para la producción de queso, en
cuyo caso se aplicará el tipo del tres por ciento.
He tenido una carta muy reciente de las centrales lecheras en
la que nos dicen: «Aplíquennos ustedes el tipo del seis por
ciento porque esto no hay quien lo entienda: esto nos cuesta
mucho en términos de contabilidad.» Vayan ustedes a una
pequeña
explotación lechera en Galicia, en Asturias, etcétera, y digan
ustedes que tiene que aplicar esto, y verán cómo prefieren que
les apliquen ustedes el tipo mayor antes que hacer toda esta
serie de operaciones.
El segundo de los principios al que se refería Adam Smith es
el de la continuidad. El Impuesto sobre la Renta ha conocido
tres leyes sustantivas, la de 1978, la de 1989 y la de 1991,
un sinnúmero de reales decretos-ley, dos reglamentos,
modificaciones en todos los presupuestos y 500 alteraciones
por orden
ministerial. Por eso, en el Ministerio de Economía y Hacienda
se preocupan de dar a los agentes tributarios y a los
inspectores una plantilla para que puedan ir siguiendo cuáles
son las normas vigentes en todos y cada uno de los ejercicios.
El tercero de los principios, el de economía, es probablemente
el que más vulnerado está en España respecto al resto de los
países de la OCDE. Sorprenderá a SS.SS. que les diga que en el
resto de los países de nuestro entorno la Administración
fiscal, de oficio, sin petición del contribuyente, tiene que
aplicarle siempre el régimen más favorable. Sorprenderá a S.S.
saber que de los 22 países sobre los que se ha estudiado este
tema en la OCDE, España es probablemente uno de los pocos en
que no se aplican las consultas vinculantes, las consultas
obligatorias para la Administración. Sorprenderá a SS.SS.
saber que, en materia de conveniencia, lo que cuesta llevar
los libros, documentos y registros que son necesarios para
aplicar la deuda tributaria, la presión fiscal indirecta, en
definitiva, es la más alta de todos los países de la OCDE. Y
si a SS.SS., como buenos socialistas, les conmueve poco el
principio de seguridad jurídica en cuanto a principio
incardinado y derivado de una tradición liberal que les
extraña, es probable que en términos de recaudación sí sean
más sensibles a lo que aquí estoy diciendo.
Cuando se altera el principio de seguridad jurídica en los
términos que he señalado anteriormente, cuando se cometen
aberraciones como el artículo 63 o la resolución sobre la
aplicación del tipo reducido del IVA, cuando se modifica el
Impuesto sobre la renta 500 veces en menos de diez años,
cuando se tiene la presión fiscal indirecta más alta de Europa
y cuando se agreden los derechos de los contribuyentes como
aquí se agreden, no es extraño que florezcan el fraude y la
emigración fiscal.
Yo no voy a sonrojar a SS.SS. dándoles las cifras públicas y
privadas sobre el fraude fiscal, que ha batido récords
históricos desde que SS.SS. están al timón de la economía
nacional. Tampoco les voy a leer a ustedes las listas de
empresas que en esos años de bonanza, entre 1985 y 1989, por
razones económicas varias, pero por razones fiscales también,
prefirieron emigrar.
Tengo a disposición del representante del Grupo Socialista la
lista de las empresas del sector agroalimentario y del sector
editorial, por citar dos sectores
emblemáticos de la economía nacional, que han pasado de manos
españolas a manos extranjeras, y cuyos cuarteles generales
están hoy fuera de nuestras fronteras.
He dicho antes, y repito ahora, que esa venta masiva, esa
constitución de España como un país de filiales y no como un
país de matrices, no obedece sólo a razones fiscales, aunque
también a razones fiscales, y tan es así que pongo a
disposición de S.S., que sé que quiere reflexionar sobre este
tema que estudie por qué el Consejo de Ministros el 27 de
abril de 1990 avala una decisión del Consejo de Repsol y del
Consejo del Instituto Nacional de Hidrocarburos que permite a
Repsol establecer una sociedad anónima, sus cuarteles
generales, en Holanda para administrar sus participaciones en
el extranjero, porque dice el Secretario General de la Energía
que el clima fiscal español impide
establecer aquí cabeceras de grupo. ¿Son conscientes SS.SS. de
lo que han hecho en ese tema? ¿Son conscientes SS.SS. de hasta
qué punto ese clima de inseguridad jurídica ha propiciado un
fraude histórico y una emigración masiva como los que
padecemos en estos momentos?
Por eso, señores del Grup Socialista y señores que apoyan al
Gobierno, el estatuto del contribuyente pretende restablecer
un consenso fiscal que se estableció en el año 1977 al aire,
en el clima de las recién cobradas libertades en España y que
ustedes con sus actuaciones han deteriorado a lo largo de los
tiempos. El estatuto del contribuyente es algo que se tarda
muy poco en explicar, porque son proposiciones muy poco
técnicas, son proposiciones de puro sentido común.
Dice en la primera de sus bases, en el artículo primero, el
estatuto del contribuyente que el Gobierno deberá aprobar cada
año el texto refundido de todos y cada uno de los impuestos
siempre que se hubiesen producido variaciones.
En el sistema fiscal español la mayor carga administrativa
recae en el contribuyente. Hay que autoliquidar el Impuesto
sobre la Renta. Hay que liquidar el Impuesto sobre Sociedades,
el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Sucesiones, y el Impuesto sobre
Transmisiones. ¿Han valorado ustedes alguna vez lo que supone,
en términos de coste administrativo, esta liberación de
trabajo de la
Administración y el desplazamiento de carga al contribuyente?
¿Han entendido ustedes que si se produce este desplazamiento y
esta consiguiente liberación hay que ser, como mínimo, leal
con el contribuyente y proporcionarle unos textos refundidos
que sea capaz de entender? ¿Creen ustedes que un contribuyente
medianamente constituido intelectualmente puede aplicar un
Impuesto sobre la Renta cuya última guía --en dos idiomas, eso
sí-- pesaba un kilo?
En segundo lugar, decimos, señores del Grupo Socialista, algo
tan elemental como lo que se hace en todos los países de la
Comunidad con excepción de España, que las respuestas a las
consultas vinculantes obliguen a la Administración, que sean
públicas, que sean conocidas. Decimos también que las
resoluciones de los tribunales económico-administrativo
centrales, que hoy forman parte del secreto oficial, de la
materia reservada, sólo apta para los amigos de los amigos,
sean accesibles a los
contribuyentes, que son los que tienen que aplicar la doctrina
fiscal.
Decimos que, en materia de valoración de bienes, no es posible
que un contribuyente modesto tenga, para valorar un piso, que
aplicar índices municipales, si se trata de impuestos de los
ayuntamientos, el valor real, el valor de mercado o
cualesquiera otros valores que en las leyes figuren; que es
necesario que un bien tenga una sola valoración cuando se
trate de tenencia y otra cuando se trate de transmisiones,
para que esto sea posible. Pedimos también, para evitar ese
mercado negro que existe de información confidencial sobre
valoraciones, que cuando la Administración llegue a una
valoración determinada la publique, como en las revistas
especializadas puede conocerse el precio de los coches de
segunda mano.
Pedimos, en la base cuarta, que la Administración, cuando las
sentencias de los tribunales le sean desfavorables, indemnice,
en lo que a gastos se refiere, al contribuyente que ha
obtenido una sentencia favorable.
En estos momentos eso se está aplicando --sé que me lo va a
contestar el representante del Grupo Socialista-- en muy
contadas ocasiones, por aplicación del artículo 106 de la
Constitución y el 40 de la Ley de Régimen Jurídico; se aplica
muy a cuentagotas, muy en contadas ocasiones. Y lo que
nosotros pedimos es que se traslade al terreno tributario el
principio que rige en el proceso civil de condena en costas
cuando hay una conducta temeraria por parte de la
Administración, y conducta temeraria hay hoy cuando la
inspección muchas veces dice al contribuyente: tiene usted
razón, pero yo le voy a hacer un acta de
disconformidad, vaya usted a los tribunales que los tribunales
garantizarán su derecho. Pero, mientras tanto, hay o que pagar
o que avalar, incurrir en unos costes financieros, que son
aquellos que pedimos que se resarzan al contribuyente. Creemos
que con esto se introducirá un principio de responsabilidad
hoy desconocido.
Pedimos que, en materia de ingresos indebidos, la
Administración devuelva pronto, porque si el contribuyente
tiene que pagar anticipadamente, vía retenciones, no parece
exagerado reclamar que la Administración devuelva con
diligencia y prontitud. En reclamaciones, en estos momentos,
se puede tardar entre 9 y 12 años desde que se interpone una
reclamación hasta que es estimada en vía contencioso-
administrativa y nos parece que en un Estado que tiene que
vivir con rapidez, con agilidad, respetar con prontitud
los derechos del contribuyente, éste es un plazo exagerado.
Por eso decimos que instancia única y un plazo de ocho meses.
Y como sabemos que los funcionarios de los tribunales
económico-
administrativos son funcionarios del Ministerio de Economía y
Hacienda que, por su propio bien, su propia seguridad y su
estabilidad en el empleo, tendrán que atender a los
telefonazos y sugerencias que se les haga, decimos que se les
dote de una inamovilidad de siete años, para garantizar su
independencia. Pedimos también que no haya que pagar
previamente o avalar la cuantía correspondiente a la sanción
cuando la controversia, el contencioso, las diferencias entre
la Administración y el contribuyente se refieran
exclusivamente a la interpretación de la norma, cuando no haya
ocultación de hechos, ocultación de patrimonio, ocultación de
datos. Porque no parece, coherente, en 1993, que haya que
avalar la presunción de inocencia. Derecho de sanción, sí,
pero derecho de defensa, sí; derecho de defensa no encarecido
por un aval en materia de sanción.
Decimos, a continuación, que se presuma cierto lo que el
contribuyente dice, salvo cuando haya incumplimiento de las
obligaciones contables o documentalmente no se justifiquen los
gastos o las bonificaciones, exactamente lo mismo que ocurre
en un proceso civil en un conflicto entre partes.
Decimos que hay que reformar el procedimiento sancionador y en
eso está todo el mundo de acuerdo, incluido su nuevo Director
General de Tributos. No es posible, después de haber intentado
ustedes establecer el principio de responsabilidad objetiva,
el principio de responsabilidad sin culpabilidad, seguir
admitiendo que la simple negligencia puede llevar a la
infracción grave; no es posible seguir admitiendo que en los
casos de simple
negligencia se apliquen las agravantes...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García-Margallo,
vaya terminando, por favor.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Termino, señor Presidente.
... y no se apliquen las atenuantes.
En materia de procedimiento ejecutivo, no es posible que se
empiece si no hay procedimiento de apremio, como figuraba en
el reglamento de recaudación antes de que entrasen ustedes, y
no es posible que la suspensión no aplace el ingreso de la
deuda, como se ha hecho siempre en los países civilizados. Yo
entiendo que para ustedes es difícil comprender lo que
significa un estatuto del contribuyente, cuyo valor esencial
es defender la seguridad jurídica como principio básico del
Estado de Derecho, que es difícil entender un ordenamiento
jurídico tributario en que haya un equilibrio entre la
prerrogativas de la Administración y las garantías y derechos
del ciudadano, que es difícil entender que tiene que haber un
juego equilibrado, un principio de lealtad recíproca entre
Administración y
administrado, porque no responde a su proyección filosófica,
pero, créanme, el fraude, que se les está disparando, la
emigración fiscal, que se les está disparando también --porque
cuando el contribuyente no encuentra garantías jurídicas en el
ordenamiento vota con los pies yéndose-- está vaciando las
arcas de la recaudación del Estado. Ni han logrado ustedes un
récord histórico en materia de fraude ni han logrado ustedes
un récord histórico en materia de elusión fiscal.
Termino, señor Presidente. No me diga que ya lo van a hacer
ustedes trayendo una ley general tributaria, porque han
perdido ustedes cuatro años de bonanza en que el país se ha
vendido al exterior y se han establecido fuera nuestras
empresas, están ustedes mal administrando los años de la
crisis y cuando quieran traer ustedes la ley general
tributaria probablemente no haya nadie a quien esa ley se
pueda aplicar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en
contra, tiene la palabra el señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, subo una
vez más a esta tribuna para debatir con el Grupo Popular sobre
aspectos tributarios o de pretensiones de ley tributaria, que,
sin duda, tiene su concomitancia con momentos anteriores, como
es lógico, por otra parte, en cuanto que no cabe duda que
existen unas discrepancias, que yo llamaría no fundamentales,
pero sí de matiz esencial, con respecto al tratamiento que de
los tributos se quiere hacer por parte del Grupo Popular y del
Grupo
Socialista, por no entrar, desde luego, a presumir ninguna de
las posiciones de los demás grupos de la Cámara.
Es de considerar la intención --intención que yo supongo
buena--del Grupo Popular con esta proposición de ley: mejorar,
ajustar, precisar y equilibrar las relaciones entre
Administración y contribuyentes. Supongo que no habrá ninguna
intención de debilitar a la Administración ni de introducir
confusión en esas relaciones ni en las relaciones de la
Administración con
cualesquiera tribunales. Y esa intención, la buena, que yo
presumo que es la de S.S. y la de su Grupo al traer aquí esta
proposición de ley, es también la que vamos a tratar nosotros
y el Gobierno de materializar en breve plazo.
Pero yo pienso que su proposición de ley no sirve para
satisfacer nada. Es técnicamente incorrecta, como trataré de
demostrar de manera breve; me parece a mí que es fiscalmente
inconveniente para la Administración tributaria, a la que
pienso que desde esta Cámara debemos fortalecer, tanto en su
lucha contra el fraude como en su capacidad recaudatoria; y
políticamente inoportuna por cuanto el Gobierno está
estudiando el problema, como S.S. ha anunciado ya, como si ya
lo supiera
--yo supongo que algún barrunto tiene de ello-- y porque, si
bien de manera objetiva, la promulgación de esta proposición
de ley como ley, en su caso, llevaría a eso que ninguno --
pienso que tampoco el señor García-Margallo, que es un buen
funcionario y yo creo que un consciente defensor del Estado--
queremos, ese debilitamiento al que antes he aludido de la
Administración, de la Administración estatal en su sector
tributario e incluso, correlativamente, de administraciones
como la vasca y la navarra, que, de alguna manera, comparten
soberanía con el Estado en este terreno. Ese debilitamiento se
daría de manera objetiva si se hiciera caso a esta proposición
de ley.
Voy a tratar de desmenuzar sintéticamente, a efectuar un
ejercicio tal vez paradójico, pero que se atiene a la doble
necesidad de considerar el tiempo parlamentario disponible y
el debate que se debe a toda proposición de ley. Detallar
excesivamente sería agobiar a SS.SS., dado el carácter
altamente técnico de la proposición, aunque el señor García-
Margallo dice que no, que no tiene carácter técnico; él sabe
que sí, tanto en su expresión como, sobre todo, en su
trasfondo. No responder suficientemente sería descortesía con
un Grupo que ha propuesto una ley cuyo fondo apreciamos que
tiene una gran importancia para el futuro de las relaciones
tributarias: de eso no me cabe la menor duda ni yo se lo voy a
negar al señor García-Margallo. Vamos, pues, a ese breve
análisis.
En su Base 1.ª, a mi juicio, lo que no puede hacer es incurrir
en tiempo indeterminado en lo que pretende, diciendo: durante
el primer trimestre de cada año. Tratándose de textos
concretos --y así lo son los refundidos--, sería excesivamente
indeterminado. Por otra parte, los textos refundidos han de
aprobarse cuando es realmente necesario aprobarlos y no a
tiempo concreto o a Tiempo indeterminado pero por mandato de
cualquier ley. Creo que no es procedente querer eximir por
otro lado al contribuyente de sanción cuando se trata de
conductas culposas, como se dan en ocasiones, no comprendidas
todas en lo que en esa base se relaciona, porque hay muchas
otras.
En cuanto a la Base 2.ª, no me parece necesaria la publicación
de consultas y resoluciones que afectan a contribuyentes
individualizadamente. La práctica es que los órganos de
hacienda realmente no sancionan a quienes se atienen a las
consultas, y S.S. bien lo sabe. Me tendría que dar ejemplos
concretos de algún contribuyente que haya sido sancionado a
pesar de atenerse a lo que el Ministerio de Hacienda ha
contestado a una consulta suya. Del juego con los tribunales
para acomodarse a lo que decidan, ¡hombre!, no pueden
acomodarse precisamente «a posteriori»; eso en cuanto al
afectado. En cuanto a otros contribuyentes, es dudoso que se
pueda ejercer ese acomodamiento general a una sentencia que es
particular y sobre unas circunstancias que son
particularísimas en cada caso. En cuanto a la Base 3.ª, me
parece que tiene una especie de confusión por uniformidad en
la
pretensión de valoración uniforme por cualquier Administración
pública. Su señoría no ignora que no todos los tributos buscan
los mismos efectos ni tienen la misma finalidad, y de ahí
que --al menos hoy por hoy y salvo que fuera un sistema fiscal
el nuestro no solamente integrado sino casi integrista,
podríamos decir-- no se pueda dar una valoración absolutamente
uniforme, como se pretende en esta Base 3.ª.
En la Base 4.ª, en cuanto a decir que si pretende
indemnización --y parece que de eso es de lo que se trata, en
principio-- será aplicable la legislación general, que ya
contempla el cobro del interés legal, como S.S. también sabe.
Y si se pretende más que la indemnización, se crearía un
curioso ámbito de
responsabilidad, ya que queda siempre condenada en costas la
Administración, si se hace lo que pretende la Base 4.ª, y no
el contribuyente, cuando la sentencia le sea desfavorable; ahí
habría un desequilibrio evidente.
En la Base 5.ª, que trata de la reclamación por ingresos
indebidos, esa reclamación está bien resuelta por el Real
Decreto de 21 de septiembre de 1990, donde se prevé el
procedimiento y el contenido del derecho a la devolución e
incluso se habla de tres meses, en lugar de seis, como
pretende la Base 5.ª En algo que es un pleito cuantitativo, no
debe introducirse el silencio positivo que, además, impediría
una resolución posterior; cualquier otra resolución quedaría
impedida. Sí se contempla en sus textos respectivos la
devolución en cada uno de los
impuestos; se habla de seis meses en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el IVA y de un año en el
Impuesto de Sociedades que, como no ignora S.S., es bastante
más complejo. En cuanto a la Base 6.ª, yo creo que supone un
erróneo concepto jurisdiccional de los órganos a que se
refiere --y alude a los tribunales económico-administrativos--
, cuando en realidad son órganos administrativos y no de otra
índole. La realidad nos dice que el Tribunal Central resuelve
en única instancia --que es lo que pretende fundamentalmente
la Base 6.ª-- más de las tres cuartas partes de los asuntos
que recibe. Por otra parte, la posibilidad de la doble
instancia, a mi juicio, refuerza en la práctica las garantías
de los contribuyentes, porque la inmensa mayoría renuncia
después a la vía judicial y se queda en esta otra vía, pero al
menos tiene dos posibilidades. También hay que recordar que la
vía económico-administrativa es gratuita, que es lo que más
interesa al contribuyente, sobre todo al de menor poder
adquisitivo. En cuanto a los nombramientos, tal y como se
pretende, están fuera de los temas que la misma proposición
intenta, son de otra índole, como S.S., sabe.
La Base 7.ª habla de cuándo una reclamación puede considerarse
exclusivamente tributaria. En realidad, sólo lo es cuando se
ha aclarado mediante un recurso y
posterior resolución, con lo cual ya está fuera de lugar
cualquier suspensión. El tribunal tendrá que estudiar a priori
el fondo de la cuestión para ver la procedencia o no de la
suspensión, lo que nos colocaría en una situación contraria a
la que se pretende, o en la que tendríamos que ir hacia el
final para poder encontrar el principio de si es procedente o
no la suspensión.
En la Base 8.ª la inversión de la presunción parece pretender
una especie de deslegitimación de la Administración pública en
el ámbito tributario y creo que pone fuera de la presunción de
certeza a quienes están en régimen de estimación directa, lo
cual, a mi juicio, lleva a un desequilibrio entre unos y otros
contribuyentes. Hay otras excepciones que debieran ser
contempladas también por esa propia base, si hubieran querido
hacerla con más exactitud. Además de los gastos deducibles o
desgravaciones, que es a lo que la proposición se refiere; por
ejemplo, están las exenciones.
En la Base 9.ª, me remito a lo ya dicho para la Base 4.ª,
fundamentalmente. Y quiero poner de relieve a S.S. que las
actuaciones de inspección en un solo acto --S.S. bien lo sabe
porque ha ejercido como inspector, en su momento--, a mi
juicio por economía procesal, comprenden las cuotas y los
otros
conceptos (sanciones, intereses, etcétera). Por otra parte, en
la última frase de la Base 9.ª se pretende algo que pudiera
acabar, si no iniciarse en la propia legislación pretendida
como presión sobre los funcionarios. En realidad, la
responsabilidad personal en estas cuestiones sería altamente
inconveniente para los propios funcionarios del Ministerio de
Economía y Hacienda. En la actualidad existe una graduación de
sanciones en el artículo 82 de la Ley General Tributaria, de
manera general, tal como pretende esta base 9.ª. Sí comparto
con S.S. que puede haber una mejora en esa graduación, estoy
de acuerdo en ello. Creo que es necesario matizar mucho más de
lo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a las graduaciones de
infracciones y sanciones. Estamos en ello y en la ley que en
su momento traiga el Gobierno a esta Cámara, que no tardará
mucho, tendremos ocasión de debatirlo y mejorarlo todo lo que
se pueda.
En la Base 10.ª hay que decir que los premios de cobranza yo
creo que no proceden por el incumplimiento de una obligación
legal. ¿Qué premio de cobranza hay que legislar ahí? Por otro
lado, me parece, como se pretende en el segundo párrafo, que
no se puede dejar en manos de los sujetos pasivos el
cumplimiento de la obligación legal. La obligación legal es la
obligación legal y parece que pretenden de alguna manera
deslegalizar esa
obligación.
En cuanto a la base 11.ª lo que se pretende en el primer
párrafo en realidad ya está en el artículo 97 del Reglamento
General de Recaudación; creo que es el 97, no lo recuerdo en
este momento con exactitud, aunque lo he visto anteriormente.
La normativa vigente contempla una suspensión de
procedimientos recaudatorios cuando existen recursos y
reclamaciones. Eso también lo sabe SS. El recurso y la
reclamación suspenden el procedimiento
recaudatorio. Y se podría, por otra parte, incrementar los
procedimientos ejecutivos de recaudación si hiciéramos caso a
esta base en esta proposición de ley. Probablemente habría un
incremento absolutamente inconveniente. Que puede haber una
mejora en la regulación de los aplazamientos de pago y de
suspensión de actos administrativos, también se lo concedo a
S.S. Puede haber una mejora en ese sentido.
Y, por fin, la base 12.ª Pienso que la regulación de
aplazamientos y suspensiones de pagos no iniciados
ejecutivamente está ya en algunos de los preceptos, los
artículos 48 y
siguientes, del Reglamento General de Recaudación.
El señor García-Margallo, en su intervención, ha hecho una
mezcla, desde luego, de defensa técnica de la proposición de
ley y también un discurso, como no podía ser menos, que nos
acerca más a las cuestiones de tipo político y de tipo
ideológico. Ha dicho que ésta es la primera pieza de todo un
sistema
alternativo fiscal. Me parece que la primera pieza no debiera
ser la de derechos de los contribuyentes. Hay que tener un
cierto equilibrio y repetiré la palabra equilibrio en lo
poquísimo que me queda de intervención. Por otro lado, dice
que con este estatuto que se pretende se quiere acabar con el
fraude. A mí me parece que esto está un poco traído por los
pelos. Y su alegación última de que en España ha crecido el
fraude enormemente poco tiene que ver con esta cuestión. Poco.
Otra cosa es que haya habido un incremento del fraude que, a
mi juicio, se debe fundamentalmente a un incremento de la
propia actividad económica y
--no me voy a recatar en decirlo-- a un incremento de la
actividad fraudulenta, cuando no delictiva, de quienes, en
realidad, debieran más bien colaborar con la Administración en
que se cumpliera la Ley, aun cuando fuera en defensa de los
contribuyentes en todo aquello que les puede afectar
favorablemente. Y, por desgracia, hemos visto proliferar
también asesores poco deseables y hasta entidades o sucursales
bancarias que en nada han ayudado, desde luego, a combatir el
fraude fiscal. No voy a continuar con ello porque tampoco es
éste el debate, pero ahí lo dejo apuntado y, como he dicho, no
me recato en decirlo y, si es preciso, en hablar sobre ello en
debates futuros.
En cuanto a que el pueblo español es poco consciente de sus
libertades, no me diga eso, señor García-Margallo. El pueblo
español es consciente hasta casi la anarquía, en muchas
ocasiones, como usted bien sabe: todos sentimos dentro
seguramente, un poco ese pequeño punto de individualismo
anárquico, que no digo yo que sea totalmente negativo, ni
mucho menos, porque para ciertas cosas puede ser positivo. Por
mi parte, siempre he pretendido claridad en las leyes. Me he
quejado con frecuencia de los juristas que
a veces quieren que sean demasiado oscuras, con demasidados
recovecos e inconvenientes. Lo que pasa es que S.S. lo que ha
hecho es extrapolar ejemplos extremos casi con una intención
pienso que humorística. En efecto, algunos de esos ejemplos se
dan, no sólo en la legislación tributaria. Vamos a ver si la
vamos aclarando también entre todos y con su propia ayuda, por
supuesto.
En cuanto a que somos poco sensibles al principio de seguridad
jurídica...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
vaya concluyendo, por favor.
El señor GARCIA RONDA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Ahora termino.
...que los socialistas no somos sensibles al principio de
seguridad jurídica, los socialistas somos escrupulosos con
cualquier principio que atañe a las libertades y también a las
obligaciones de los ciudadanos. Desde luego que sí. Somos
enormemente sensibles a este principio de seguridad jurídica.
Que no lo hagamos perfectamente en ocasiones, por supuesto.
Vamos a ver también si lo vamos mejorando.
Que los derechos de los contribuyentes han sido agredidos. Un
poco fuerte me parece esto.
Y creo que es impropio de una proposición de ley hablar de
fiscalidad --como se dice en la proposición-- que sólo ha
pretendido una mayor recaudación, que hace peligrar el
principio de seguridad jurídica, que lesiona los derechos a la
presunción de inocencia, a la no indefensión, que ignora el
régimen
sancionador actual la posibilidad legítima de interpretación
dispar. Me parece que son unos cargos en la introducción a la
proposición de ley demasiado fuertes. Pienso que S.S. debe
tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 26
de abril de 1990, que declaró constitucionales todos los
preceptos de la Ley General Tributaria, aquellos que se habían
cambiado, también. Esta intervención mía puede terminar, para
tranquilidad de S.S., diciendo que hay una proximidad de un
proyecto de Ley general tributaria, que lo traerá el Gobierno
en poco tiempo. Creo que ése es el lugar donde deben
incardinarse estos aspectos de los derechos de los
contribuyentes y de su relación con la
Administración Pública. Ahí es donde lo discutiremos, si es
que esta proposición de ley no sigue adelante, como nuestro
Grupo pretende. Esa ley general tributaria será el texto
adecuado, con sus correlacciones en los textos específicos de
los diversos impuestos. Como avanzadilla a esa ley general
tributaria
tendremos, en muy breve tiempo, una ley de modificaciones de
los aspectos de infracciones y sanciones, que contempla
actualmente la propia Ley General Tributaria.
Por todo ello, les anuncio que nuestro Grupo votará en contra
de esta proposición de ley que, si bien se considera que atañe
a un asunto muy importante, no nos parece la adecuada ni en
forma, ni en expresión, ni en momento exacto, dado que,
repito, vamos a tener un texto más importante, más abarcador,
y donde deben quedar incardinadas esas buenas intenciones de
SS.SS.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor García-Margallo.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Decía el señor García Ronda
que le extraña que la primera pieza que mi Grupo Parlamentario
propone, de ese gran conjunto que es la reforma fiscal, sea el
estatuto del contribuyente. Yo entiendo que a S.S. le extrañe,
pero me permitirá que, retomando el hilo de mi discurso
inicial, diga que para un grupo que pretende representar la
tradición liberal española, y lo que ha sido un arroyuelo
convertirlo en gran río, precisamente el tema de los derechos,
garantías y libertades del ciudadano, en este caso en materia
tributaria --y en cualquier otra materia de la misma manera--,
sea el estatuto del contribuyente la primera pieza.
Dice S.S. que al Grupo Socialista no le sale de dentro atentar
contra el principio de seguridad jurídica. Al Grupo Socialista
sólo le sale de dentro atentar contra el principio de
seguridad jurídica. Mire usted, los españoles ni una sola vez
han logrado hacer una declaración del Impuesto sobre la Renta
con la misma normativa que lo habían hecho el año anterior.
Los españoles ni una sola vez han podido estar seguros de que
en un año se les iba a sancionar, se les iba a penalizar con
la misma normativa sancionadora que el año anterior, porque
ustedes han cambiado también en materia de sanciones. Los
españoles en esta materia, como en otras, se han sentido
inermes frente a un Estado
arbitrario y despótico. Y puesto que la materia tributaria no
le sirve de buen ejemplo, tendré que decir que fue mi Grupo
Parlamentario el que tuvo que plantear un recurso ante el
Tribunal Constitucional a la mal llamada Ley de Seguridad
Ciudadana. Cada vez que ustedes utilizan la palabra seguridad,
sea en la llamada Ley Corcuera, sea en términos tributarios,
es para echarse a temblar.
En segundo lugar, dice el señor García Ronda que mi
proposición es técnicamente incorrecta: ni una sola
demostración de una incorreción técnica. Fiscalmente
inconveniente. Acepto que a S.S. no le guste, pero que, sea
fiscalmente inconveniente, cuando estamos batiendo el récord
en materia de fraude fiscal y cuando día a día se están
destruyendo empresas o están pasando las fronteras, realmente
es una licencia literaria que ni siquiera a estas horas de la
tarde le tolero. Me dice S.S. que es
políticamente inoportuna porque la están ustedes estudiando.
¡Si llevan once años en el Gobierno, si
la mayor agresión que ha sufrido la Ley General Tributaria la
hicieron ustedes el año 1985! ¿Hasta cuándo van a estar
ustedes estudiando?
Y, por cierto, le había dicho, señor García Ronda, como amigo
suyo que soy (y es la única vez que desvelo una conversación
de pasillos), que hiciese el favor de no repetirme el informe
que había hecho, a petición del Gobierno, el Instituto de
Estudios Fiscales sobre las demandas del Grupo Popular. Es una
inmoralidad que el Instituto de Estudios Fiscales, que se paga
con los impuestos de todos los españoles, dedique la mayor
parte de su tiempo y su dinero a intentar destrozar, por
cierto,
torticeramente, las proposiciones del Grupo Popular. Eso no
pasaba en Unión de Centro Democrático y no pasa en ningún país
democrático del mundo. Y le había dicho: No mencione usted
eso. Y me lo ha repetido línea por línea, por cierto, no
teniendo en cuenta (lo tengo a su disposición, señor García
Ronda; este es el informe del Instituto de Estudios Fiscales)
que buenos compañeros míos, escandalizados de lo que les
estaban obligando a hacer, han tenido la bondad de
transmitirme. Y no quisiera tener que hablar de eso y no
hablaré si usted no me lo dice. Puesto que lo ha hecho, tengo
que decirlo: es un escándalo político de primera magnitud, y
que ese escándalo no se refleje en esta Cámara, significa, de
verdad, hasta qué punto es cierta aquella afirmación de Azaña,
más veraz hoy que entonces, de que qué poco los españoles
valoran el principio de libertad, y mucho menos en materia
tributaria, en que los españoles se han
resignado a pagar lo que les toca y no a pagar lo que deben. Y
entra S.S. en un análisis pormenorizado de cada una de las
bases, para terminar diciendo que el conjunto no está mal.
Mire usted: me dice que es indeterminado que los textos
refundidos se presenten en el primer trimestre. Póngame usted
una fecha; a mí me parece bastante determinado decir en los
tres primeros meses de cada año tráigame usted el texto
refundido. ¿Cuándo? Cuando sea necesario, cuando hayan hecho
ustedes variaciones en el ordenamiento tributario. Por
desgracia, esa va a ser la regla y no la excepción, aunque,
con un Gobierno normal, esto no sería necesario, porque no se
introducirían variaciones. Ahora, con un Gobierno que el
Impuesto sobre la Renta lo modifica quinientas veces,
naturalmente que vamos a tener mucho trabajo en materia de
textos refundidos.
Por otro lado, me habla usted del tema de consultas
vinculantes. Tengo a disposición de S.S. un informe de la OCDE
sobre las prácticas en 22 países, algunos más desarrollados,
otros menos que España. En casi todos ellos, lo que la
Administración dice, lo que la Administración contesta, les
obliga; sólo en España, y en algún otro país subdesarrollado
en materia fiscal, como nosotros, la Administración puede
sentar una doctrina, en vía contestación a una consulta, y no
sentirse vinculada.
Y me dice S.S. que por qué hablo de las reclamaciones
económico-administrativas. Su señoría sabe igual que yo,
porque es experto en materias fiscales, que esas resoluciones
son vitales cuando uno se enfrenta a un caso. Y no es posible
que en la portada de las resoluciones del Tribunal Económico
Administrativo Central se diga: para uso reservado del
Tribunal Económico-Administrativo Central. Y le digo yo: y
para algunos amigos de los miembros de los tribunales, que
tienen acceso a unas resoluciones que el resto de los
españoles no tienen, y lo que yo pido es que eso se haga en
los quioscos, se abarate la informática, en vez de publicar
artículos absurdos sobre lo que hace el Partido Popular en las
publicaciones que pagamos todos los españoles.
Y me dice S.S. que no entiende...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García-Margallo,
le ruego termine, que ha concluido con creces su tiempo.
El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Terminaré, señor
Presidente. Me decía, en otra de las perlas del señor García
Ronda, que qué tenía que ver el fraude con las sanciones
fiscales. Ayer, en «El País», en primera página, se decía que
ustedes van a bajar las sanciones porque necesitan recaudar
más. De la misma manera que están tardando en devolver a los
españoles lo que han pagado de más en el Impuesto sobre la
Renta. Porque no tienen un duro, porque han sacrificado
ustedes el sistema fiscal, porque tienen ustedes el pozo seco.
Y tienen el pozo seco porque no se puede estar trucando
permanentemente, no se puede estar engañando permanentemente
y, como los españoles lo saben, lo que está ocurriendo --y
tengo aquí la lista de empresas que se han ido--es que están
buscando cuarteles generales fuera, donde las autoridades
financieras sean más serias, más responsables, donde una
consulta les obligue, donde no se castigue más al que retiene,
que es un colaborador de la Administración, que al que tiene
que obligar, en donde el procedimiento sancionador no se
aplique de forma automática en un acta, desconociendo que eso
puede tener consecuencias penales, que eso requiere un proceso
distinto, que no se puede hacer en un proceso escrito, como un
acta, en que se reclama una deuda tributaria, sino que
requiere testigos y aplicar una culpabilidad. Y ha tenido
usted la osadía de citarme la sentencia del Tribunal
Constitucional en materia sancionadora. En el año 1985
establecieron ustedes una
modificación de la Ley General Tributaria, que querían ustedes
que la responsabilidad fuese ajena a la culpabilidad. En
ningún caso se hablaba de voluntariedad y tuvo que ser el
Supremo el que tuvo que decir que, en materia tributaria, para
que hubiese infracción y sanción, tenía que haber
voluntariedad y que tenían ustedes
que aplicar esa norma, y no la aplican. Porque en casos de
simple negligencia, como he dicho antes, se puede producir una
infracción grave, cosa que no ocurre en ningún campo de un
derecho punitivo, y en materia de simple negligencia, es
decir, de culpabilidad mínima, no aplican ustedes jamás las
atenuantes y sí aplican las agravantes y, como he dicho antes,
ustedes castigan mucho más al que colabora con la
Administración pública, liberándole de una obligación de
retener un determinado impuesto sobre rendimientos que van a
pagar a otro, que la defraudación de aquel que es el obligado
tributario. Ustedes tienen una concepción fiscal que es peor
que la Ley General Tributaria, que era una Ley franquista, y
lo que a esa Ley franquista han hecho ustedes en el año 1985
es quitarle los principios mínimos de seguridad que tenía.
Cuando yo le digo que eso es una tarea urgente, por decencia y
por honestidad política y porque estamos perjudicando la
recaudación, alentando y legitimando el fraude y alentando y
legitimando la elusión fiscal en un mundo en el que hay libre
circulación de capitales, me dice usted, como Larra: Vuelva
usted mañana, espere, estamos estudiando, estamos pensando,
después de doce años. Que SS.SS. piensen bien, se vayan pronto
a pensar donde se piensa, que es en los institutos y no en el
Gobierno, en el que lo que hay que hacer es actuar.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
tiene la palabra.
El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor García-Margallo, con su vehemencia que consigue el
aplauso, de su Grupo, por supuesto (Rumores.), quiere que
parezca que lo que dice, además, es verdad, cosa que ya es una
pretensión excesiva. Y es verdad en ciertos aspectos de
presentación o de exposición del tema. Lo que no es verdad, y
en él existe con frecuencia esa dicotomía, es que extrapola
las cuestiones y saca conclusiones que para nada se derivan de
lo que ha expresado o de lo que ha descrito anteriormente. En
cuanto al asunto de sanciones, por empezar por lo último que
ha dicho, quiero decirle algo. Naturalmente que, si se va a
hacer una modificación en el aspecto de infracciones y
sanciones, es porque tratamos de mejorarlas y no solamente por
esa intención poco menos que maligna, que dice S.S., de
recaudar más. No. Yo creo que S.S. debe leer bien y debe
estudiar bien las cosas. Tampoco me enseñe ese periódico como
si fuera algún oráculo, porque, por lo menos para mí, ni para
la inmensa mayoría de mis compañeros y, desde luego, para el
Gobierno, no lo es. Lea bien S.S. y sabrá que de lo que se
trata, que quizá se haya detectado como algo inconveniente, es
que, por la vía judicial del delito fiscal, se retrasa la
recaudación con referencia a que se pudiera sancionar de
manera administrativa y subir los umbrales que hacen caer al
contribuyente defraudador en el posible delito fiscal. Ahí es
donde está la cuestión de que pueda ser más conveniente pasar
algo que, en otro momento o en nuestra legislación actual,
puedan ser niveles de delito fiscal a niveles que conlleven
sanción administrativa.
En cuanto a hablar, y lo ha hecho con una cierta vehemencia
(creo que los miembros de los tribunales económico-
administrativos, si leen el «Diario de Sesiones» de esta
tarde, se van a molestar bastante), ha dicho: y para algunos
amigos de los miembros de los tribunales. Ya sabemos que los
amigos pueden enterarse en ésos y en otros tribunales. Fíjese
si es así que usted, al parecer, por amigos suyos se ha
enterado del estudio que había hecho el Instituto de Estudios
Fiscales, y lo ha confesado paladinamente. Es decir, eso no le
da a usted un ápice más de razón en su alegación, no nos
importa para este debate y únicamente lo he contestado porque
me parecía injusto por su parte.
En cuanto al estudio del Instituto de Estudios Fiscales --que,
en efecto, fuera de la Cámara S.S. me ha insinuado algo sobre
ello--, le puedo asegurar que no lo tengo y que no lo he
leído. Si coincido con algunos de los aspectos de ese informe,
que desconozco, será porque pienso lo mismo y porque creo que
podemos estar en una sintonía similar, en cuanto que estoy, de
verdad, en un intento de equilibrio enorme, mirando también a
la
Administración y considerando lo que puede ser conveniente
para la Administración pública. Además, creo que S.S.
convendrá conmigo en que yo he aceptado algunas de las
cuestiones
desarrolladas en sus bases, que le he dicho que tienen
importancia y que lo vamos a mejorar.
También señala que toda la legislación llevada a cabo en
tiempo del Gobierno socialista es mala, al menos eso ha
parecido decir. Dice: Llevan ustedes 12 años sin hacer nada.
¡Hombre, por Dios!, no llevamos 12 años sin hacer nada;
llevamos 12 años,
naturalmente, modificando, para perfeccionarlas, muchas leyes
y, en otras ocasiones, para ceñirnos a las circunstancias que
en cada momento --como S.S. bien sabe-- son cambiantes, de
forma rápida, en el terreno de lo económico y,
consiguientemente, de lo fiscal.
Creo que no hay perfección --por supuesto que no-- y tampoco
en las leyes promulgadas durante el mandato del Gobierno
socialista; por eso las cambiamos. Pero S.S. tiene muy mala
memoria, porque yo sí me acuerdo que desde hace muchos años, y
por mi oficio, sé que las leyes fiscales se cambiaban con una
continuidad
absolutamente inconveniente --como ha dicho S.S.-- para el
contribuyente. Y he dicho que muchas veces no hay más remedio
que hacerlo, porque es necesario ceñirse a la realidad. Y no
me diga que sólo ha
ocurrido en tiempos del Gobierno socialista. Repito que
recuerdo que desde hace muchos años --todos los que yo tengo
como
ejercicio de mi profesión-- se cambiaban continuamente las
leyes, y, por supuesto, también se hacía cuando S.S.
seguramente, tenía responsabilidades directas en esta
cuestión, en un Gobierno anterior, etcétera.
No nos metamos en ese asunto porque S.S. sabe que las leyes
fiscales, como también las penales, son cambiantes a tenor de
las circunstancias y siempre --por lo menos en los últimos
años, que yo recuerde-- tratando de mejorarlas, aunque en
ocasiones nos hayamos equivocado. Tan es así que nada hemos
dicho respecto a cualquier sentencia de los tribunales que
haya venido a modificar algo que hubiésemos legislado desde
aquí, y nos ha parecido bien no sólo por acatamiento, sino
porque, seguramente, era una mejora de la ley, tanto en el
aspecto de seguridad jurídica como en los aspectos propiamente
fiscales.
Respecto a que el Estado sea arbitrario y despótico, muy bien,
S.S. puede considerarlo así y, desde luego, creo que está más
cerca, como he dicho anteriormente, de lo anárquico --quizá
sea muy racial en ese sentido-- que de lo liberal. Sin
embargo, coincido con usted en que no es extraño que un grupo
que se pretende meramente liberal --y liberal puro-- diga que
tiene que haber un desequilibrio entre la defensa de la
riqueza privada y la pública, porque así es, porque todas sus
proposiciones van en el mismo sentido. Y yo me siento también,
como socialista, obligado --y obligado por la razón, no por el
partido--a mantener un equilibrio entre lo individual y lo
social; un equilibrio, por tanto, entre la defensa de los
derechos y de la riqueza privada y de la riqueza pública, que
aquí tratamos de defender y que el Gobierno, desde luego,
tiene el deber de defender. Le recuerdo que en los liberales
de antaño, al menos, había un grupo moderado y otro
progresista. Desde luego, el grupo progresista está mucho más
en nuestros antepasados, en los antepasados del Grupo
Socialista, mientras que, probablemente, en los antepasados de
S.S. y de su Grupo están los liberales moderados, a los que,
por ese mismo hecho, les importaban mucho más sus caudales
personales que los caudales públicos. Nada más y muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Ronda.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González
Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente. Voy a
compartir el turno con mi compañero de Grupo, señor Albistur.
Señor García Ronda, hay una cosa muy clara en todos sus
argumentos, que es la única que usted no puede utilizar: que
no se puede presentar porque ustedes ya lo tienen en marcha.
Ustedes ya debían haberlo hecho; la realidad es que es
necesario hacerlo. Pero, señor García-Margallo, no creo que
sea la forma, con todos mis respetos; creo que se han pasado
en un par de temas que yo voy a intentar resumir. Primero,
ustedes proponen que, en el plazo de seis meses, a propuesta
del Ministerio de Economía, publique un decreto legislativo
que adecúe las normas generales tributarias a los criterios
establecidos en las bases presentadas en la proposición de
ley. Nuestra opinión sería haber procedido a proponer al
Gobierno un proyecto de ley y no un real decreto-ley. Creo que
los demás Grupos podíamos haber trabajado, haciendo
aportaciones y mejorándolo.
En el primer párrafo hablan ustedes de la realización de un
texto refundido de la legislación reguladora de los impuestos
locales en el primer trimestre de cada año. De acuerdo, tienen
ustedes razón, eso se puede y se debe hacer. Y tenía mucha
razón en la segunda parte de su intervención, cuando en la
réplica le contestaba usted al Partido Socialista, pero, lo
lamento, señor García-Margallo, usted es mucho mejor
parlamentario de como ha estado en esta tribuna, porque,
lamentablemente, esta proposición de ley presentada por
ustedes para que el Gobierno dicte ese decreto-ley tiene una
serie de lagunas muy importantes, y yo me llego a preguntar si
ustedes lo habrían presentado si hubieran estado en el
Gobierno.
También me pregunto si no estamos, a lo mejor, un poquito
cambiados y resulta que el hemiciclo está al revés, porque yo
estoy oyendo de una parte criterios que creo que corresponden
a la otra. La realidad es que, además, esto implica a otras
administraciones autonómicas, y aunque lamentablemente
nosotros no tengamos esas prerrogativas, el sentido
nacionalista de mi Grupo no me permite apoyar este decreto.
Señores socialistas, es necesario que lo hagan ya, porque es
cierto que está hecho un desastre, pero, señor García-
Margallo, lo siento, no podemos apoyarlo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González Lizondo.
Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Simplemente para fijar posición. Estoy de
acuerdo en que debe buscarse, fundamentalmente en todos los
temas, y principios fiscales, la distribución de las cargas
fiscales, un sistema tributario justo y progresivo y no
confiscatorio, porque ciertamente sí puede existir en la
mentalidad, y yo creo que hasta en la vivencia, de los
contribuyentes un sentido de haberse buscado una mayor
recaudación y una cierta
lesión de principios y derechos del contribuyente. Sin
embargo, consideramos que este no es el procedimiento para
buscar el fin que se propone. No estamos de acuerdo con que,
en las bases que se propone, en la propuesta general, se esté
aludiendo a una reforma de tan amplio calado y a la
publicación de un decreto legislativo.
Por otra parte, suponemos, y estamos seguros de poder
afirmarlo, que existe una clara indefensión, como ya se ha
dicho desde esa tribuna, para la Administración, hasta
provocando verdaderas dificultades de tesorería en la gestión
de la propia
Administración. En este caso están implicadas también otras
administraciones, como pueden ser la foral vasca y el propio
Gobierno de Navarra, y opinamos que deberían ser escuchadas
también sus opiniones antes de avanzar en estos temas. Como
está prevista una reforma de la Ley General Tributaria, nos
remitimos a lo que pueda derivarse de esa reforma.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur. Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, por
parte de Coalición Canaria voy a fijar nuestra posición aquí
ante esta proposición de ley que ha presentado y defendido, en
nombre del Grupo Popular, el señor García-Margallo.
Quiero comenzar diciendo que muchos de los argumentos que él
ha empleado aquí los compartos plenamente. Quiero decir
también, en esta misma línea de coincidencias, que muchas de
las bases que en este documento se continen tienen nuestra
tácita aprobación, y las suscribiríamos, pero en otro marco
legal. En lo que no estamos conformes es precisamente en que
una buena letra y un buen espíritu no tenga el marco jurídico
legal conveniente y adecuado; es decir, no estamos de acuerdo
en la forma en que se pretende realizar esto.
¿Por qué digo esto? Lo digo por lo siguiente que voy a
analizar sobre las propias bases de la proposición de ley que
nos permiten fijar la posición.
Nosotros entendemos, como resumen general, que muchas de estas
bases que aquí se contienen donde tienen que encontrar su
engarce y su marco es en la Ley General Tributaria o en el
Reglamento General de Recaudación y, por supuesto, en aquellos
capítulos singularizados que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de cada año le reconozca en la singularidad que
decide.
Ahora bien, de aquí se puede derivar no solamente una
inseguridad jurídica, sino que se puede derivar algo más
grave: el
incumplimiento, vía una normativa interna, por un decreto-ley,
de lo que es el imperativo de la ley. Me explico. Cuando el
artículo primero de esta proposición de ley dice en su base
primera que el Gobierno debe aprobar en el primer trimestre de
cada año el texto refundido de la legislación reguladora de
los impuestos estatales, y se dice seguidamente, en el segundo
párrafo, que el incumplimiento por el Gobierno de este deber
determinará la no imposición de sanción alguna a los
contribuyentes, estamos entrando en un principio de
inseguridad jurídica tremenda. ¿Pero cómo se va a ir, por un
incumplimiento de una norma regulada por decreto-ley con lo
que está diciendo la Ley General Tributaria, el Reglamento
General de Recaudación o la Ley de Presupuestos Generales del
Estado? Esta es una situación, por llamarla de alguna manera,
pintoresca e inédita en este momento en lo que es la
regulación fiscal, en base legal, en nuestro país.
La base segunda dice que los contribuyentes que ajusten sus
actuaciones a la doctrina administrativa que resulte de tales
contestaciones --porque se está codificando la contestación
administrativa pura y simple-- no serán sancionados en ningún
caso. Creo que hay que meditar la repercusión y la
responsabilidad que esto tiene. No sé qué se está pretendiendo
con esta base segunda y este párrafo, pero, desde luego,
entraríamos en un descrédito institucional de nuestras leyes
fiscales. Que las consultas contestadas por la Administración
vayan a constituir una doctrina administrativa es estar en
contra de grandes principios que han regulado las comisiones
de
codificación o los principios que tienen que inspirar un
Estado de Derecho. Esto, desde luego, no tiene sentido.
La base tercera quiere decir que los bienes se valorarán de
forma uniforme en los impuestos que gravan su tenencia o
disfrute, cualquiera que sea la Administración que exija el
impuesto. Apañados estamos, desde una representación del marco
fiscal que existe en el Archipiélago canario en nuestras bases
fiscales y económicas, que no contemplan esta figura. Nosotros
exigimos, y venimos exigiendo desde hace años, que la
legislación fiscal que se emana desde esta Cámara para el
Estado tenga en cuenta la peculiaridad fiscal y económica
canaria. No podemos admitir esto desde una lectura de las
competencias estatutarias y de las competencias legales que
una propia Ley de 1991, aprobada en esta Cámara, de los
aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias
singulariza y señala.
De las bases cuarta, quinta y sexta nosotros diríamos que de
acuerdo, pero que vayan al marco de la Ley General Tributaria,
que sea una proposición de ley o un proyecto de ley, lo mande
quien lo mande, cualquier Grupo Parlamentario o el Gobierno,
que modifique y actualice lo que necesita actualización, que
es la Ley General Tributaria.
Finalmente, señorías, a nosotros lo que nos preocupa aquí, no
solamente ya otras bases que se han señalado por otros
intervinientes, es que en el artículo 2 se
dice, en uno de los tres apartados, que por el decreto
legislativo el Gobierno regulará esto. Si estamos intentando
aquí que el decreto-ley, tan denostado tantas veces por Grupos
de la oposición, quede instaurado periódicamente, es algo
verdaderamente pintoresco.
Yo no sé, como en el apartado c) se dice: dictamen del Consejo
de Estado, qué diría el Consejo de Estado si le mandamos
directamente esta proposición de ley. Verdaderamente a los
letrados del Consejo de Estado supongo que algo les tendrá que
revolver su concepto de la doctrina del Derecho para aceptar
este tema, porque, desde luego, cuando el artículo 86.1 de la
Constitución Española dice para qué casos está indicado el
decreto legislativo, casos de extraordinaria y urgente
necesidad, yo no sé un decreto legislativo, con una
periodicidad del primer trimestre de cada año, en lo que tenga
que intervenir.
Nosotros creemos que una legislación de este tipo (que
consideramos importante que se recojan principios que están en
esta proposición de ley) debe ir a la Ley General Tributaria,
a la Ley de Presupuestos Generales del Estado o al Reglamento
General de Recaudación y cualquiera de las normas que en
comunidades autónomas o a nivel del Estado, como central, sea
de recibo en un marco legal, pero jamás recurrir a la figura
del decreto legislativo.
Por esta razón, señorías, y por un principio de seriedad y
concordancia, nuestro Grupo votará en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en la tercera legislatura nuestro Grupo
Parlamentario presentó una proposición de ley reguladora del
defensor del contribuyente que fue rechazada por esta Cámara;
rechazo mejor o peor argumentado jurídicamente, pero que tuvo
una consecuencia práctica: el contribuyente se quedó ante la
Administración tributaria como estaba antes, indefenso.
Hoy, uno de los Grupos Parlamentarios que rechazaron nuestra
propuesta presenta a esta Cámara una proposición de ley de
bases del Estatuto del Contribuyente, distinta figura, pero
con un mismo objetivo: preservar los derechos básicos del
administrado. La situación desde entonces ha ido evolucionando
hacia posiciones que han reforzado el «status» de prepotencia
de la Administración frente al debilitamiento general de los
mecanismos jurídicos y administrativos del contribuyente. Por
ello, hoy más que nunca, es necesaria una reforma del régimen
de ordenación básica del sistema tributario en cuanto a las
prerrogativas y privilegios de la Administración en los
procedimientos de gestión,
comprobación y recaudación tributaria. Es necesario un régimen
sancionador, proporcionado y acorde con el falseamiento de los
hechos, pero cuidadoso con el nivel técnico que puede ser
exigible al ciudadano, y, desde luego, que no suponga una
carga superior a la que se puede encontrar en los países
europeos de nuestro entorno.
Hay que dotar al contribuyente de los instrumentos necesarios
que le permitan establecer una defensa cómoda y no gravosa
económicamente ante las situaciones producidas por actuaciones
de la Administración que lesionan sus intereses, y me estoy
refiriendo, entre otras, a la recuperación de las
reclamaciones por la vía optativa del recurso de reposición y
la reclamación económico-administrativa, hoy derogada, salvo
en el País Vasco. Señorías, a medida que vamos profundizando
en nuestro sistema tributario, vemos con más necesidad y
urgencia una reforma en profundidad del sistema tributario.
Concretamente, la Ley General Tributaria de 1963, modificada
parcialmente por la Ley 10/1985, ha quedado un tanto desfasada
a partir de la aprobación de la Constitución y del desarrollo
de la implantación de un Estado democrático de economía
moderna y de un sistema tributario de las comunidades
autónomas en España. Por ello, el Gobierno,
consciente de esto, ha preparado varias veces un anteproyecto
de adaptación de la Ley General Tributaria, que por diversas
circunstancias todavía no ha aprobado y presentado a este
Parlamento.
Es preciso señalar que, dentro de la configuración del sistema
tributario español, la Ley General Tributaria es la encargada
de recoger los principios materiales y formales del
ordenamiento tributario definidos en la Constitución española,
tales como los principios de igualdad, progresividad,
capacidad económica, adecuación a los tratados internacionales
y reserva de ley en materia tributaria.
Además, España se ha adherido a la Comunidad Económica
Europea, por lo que está obligada a adaptar a su ordenamiento
interno toda la normativa producida por la misma. No hay que
olvidar que el desarrollo de las autonomías ha supuesto un
nuevo marco jurídico del sistema tributario español. Pues
bien, todo esto exige una reforma urgente de la Ley General
Tributaria y no un parcheo de la misma.
La proposición de ley que presenta el Grupo Popular supone un
conjunto de modificaciones parciales de la Ley General
Tributaria sin conseguir, a nuestro entender, una reforma en
profundidad de la misma, que es lo verdaderamente necesario y
urgente para llevar a cabo. Entendemos que la proposición de
ley, aun con su buena voluntad, enturbiaría más la situación
tributaria actual, ya que se limita a recoger en dos artículos
una serie de
consideraciones que benefician al contribuyente, pero de una
forma parcial y deshilvada, lejos de definir un verdadero
estatuto del contribuyente.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que no aborda en
profundidad y globalidad la situación del ciudadano
contribuyente y las posibles indefensiones en que puede
encontrarse el mismo en sus relaciones jurídico-tributarias
con la Administración. Es indudable la necesidad de regular la
seguridad de la posición del contribuyente en la relación
jurídico-tributaria, sin embargo, esta regulación debe
efectuarse en el marco de una reforma global de la Ley General
Tributaria por las razones ya expuestas. En concreto y por lo
que respecta al contenido de esta
proposición de ley, una premisa básica sería la necesidad de
analizar si una ley de bases como la que nos encontramos
invade competencias de otras administraciones. Salvo este
requisito, podemos decir, entrando ya en el análisis de las
bases, que, por lo que respecta a la base 1.ª, se propone que
el Gobierno apruebe en el primer trimestre de cada año el
texto refundido de la legislación reguladora de los impuestos
estatales en los que se han producido modificaciones en el
ejercicio anterior. Ahora bien, si el Gobierno incumple este
mandato, ello determinará la no imposición de sanción al
contribuyente que no tenga en cuenta las modificaciones
producidas. Esto puede suponer, desde nuestro punto de vista,
una carga excesiva al Gobierno, pues
continuamente se realizan modificaciones tributarias, y en la
Ley de Presupuestos hay modificaciones en casi todos los
impuestos, lo que supondría en muchas ocasiones el
incumplimiento del mandato de esta base al ser los plazos muy
justos y excesivas las modificaciones. Si en los supuestos de
incumplimiento del Gobierno los contribuyentes que no
aplicasen las modificaciones legislativas no son sancionados,
se produciría una injusticia tributaria entre los
contribuyentes cumplidores y los que no son cumplidores.
Esto llevaría, en situaciones de excesivas modificaciones, a
que los contribuyentes no se las tomarían en serio y no se
aplicarían, por lo que resultaría ineficaz la política
tributaria y económica del Gobierno. El Gobierno no podría
utilizar la política tributaria para conseguir objetivos de
política
económica general.
La base 2.ª propone que las consultas administrativas y las
resoluciones de los tribunales económico-administrativos sean
publicadas y que los contribuyentes que ajusten sus
actuaciones a la doctrina administrativa no sean sancionados
en ningún caso. A este respecto hay que señalar que las
consultas actualmente no son vinculantes para la
Administración, salvo en el caso del País Vasco que mantenemos
las consultas vinculantes. Por ello, sería necesario una
reforma de este punto en la Ley General Tributaria, para que
resultase eficaz la propuesta de la base 2.ª Las consultas
vinculantes, en la realidad, sólo vincularán a la
Administración, ya que el contribuyente siempre puede optar
entre lo que le responde a la Administración, o lo contrario,
hacer valer sus derechos en los tribunales.
La base 3.ª propone una uniformidad en la valoración de los
bienes en todos los impuestos, cualquiera que sea la
Administración que exija el impuesto. Esto resulta difícil de
llevar a la práctica, además de la exigencia de la reforma de
la Ley General Tributaria y del sistema tributario, por los
siguientes motivos. En primer lugar, por el principio de
estanqueidad tributaria. En segundo lugar, porque las diversas
administraciones afectadas por los mismos bienes exaccionarán
impuestos distintos. En tercer lugar, porque hay impuestos
concertados, cedidos, estatales y locales, que tienen su
origen de valoración al mismo bien. En cuarto lugar, porque el
valor único a aplicar en todos los impuestos del sistema
tributario puede parecer muy loable pero tendría efectos
contraproducentes. Así, por ejemplo, la utilización del valor
catastral para cualquier incremento o disminución de
patrimonio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas nos llevaría a resultados irreales.
La base 4.ª propoone, en las resoluciones firmes desfavorables
a la Administración tributaria, que ésta habrá de indemnizar
al administrado que haya realizado pago previo o prestado
garantía. Recientemente la sentencia del Tribunal
Constitucional número 206 exige estas indemnizaciones a la
Administración tributaria, por lo que sería más correcto
modificar la Ley General Tributaria para la introducción de
estas indemnizaciones en el sistema tributario español.
La base 5.ª propone que en las reclamaciones por ingresos
indebidos, la Administración tributaria deberá proceder a su
resolución en el plazo máximo de seis meses. Esto sería un
ideal que, de llevarlo a la práctica, haría necesario, además
de reformar la Ley General Tributaria, una reforma de la
propia Administración.
La propuesta de la base 6.ª supone, al igual que otras de esta
proposición, una reforma previa de la Administración, pero
para llevarla a la práctica sería mejor encajarla en una
reforma general de la Ley General Tributaria. De todas formas,
la propuesta acorta el acceso a la vía judicial, lo cual es un
aspecto positivo a tener en cuenta.
La base 7.ª propone la supresión del previo pago o aval de
deudas correspondientes a sanciones de las reclamaciones
económico-administrativas, lo que conllevaría además de la
exigencia de la reforma de la Ley General Tributaria, la
posibilidad, por parte de los ciudadanos, de actuar con cierta
impunidad, ya que no supondría ninguna carga la realización de
actividades
antijurídicas, siempre que se limite a interponer una
reclamación económico-administrativa. Para el razonamiento de
la base 8.ª, que supone la presunción de certeza del
contribuyente, podríamos esgrimir lo mismo que lo apuntado
para la base 7.ª
Por lo que respecta a la base 9.ª, propone un nuevo régimen
sancionador. Opino que sería mejor llevarlo a una reforma de
la Ley General Tributaria. Actualmente
ya se gradúa la sanción en atención a la buena o mala fe del
sujeto infractor, de la capacidad económica, de la reiteración
de la infracción, de la resistencia u obstrucción a la acción
de la Administración, etcétera. La base 10.ª propone un precio
de cobranza del 0,2 por ciento de las cantidades retenidas a
favor de los retenedores.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Zabalía, vaya
concluyendo.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
Esta medida estuvo en vigor en su día y viene a compensar en
cierta manera «el servicio» --entre comillas-- obligatorio que
prestan estas retenciones, es decir, a las empresas
fundamentalmente.
La base 11.ª supone, asimismo, una reforma de la Ley General
Tributaria. La proposición de la Base 12.ª estaría mejor en el
marco de una reforma general de la Ley General Tributaria.
Entendemos que la mera petición de aplazamiento o
fraccionamiento no debe suspender las actuaciones de la
Administración tributaria encaminadas al aseguramiento o cobro
de la deuda a no ser que, al igual que se exige actualmente,
el contribuyente solicite la suspensión de la vía ejecutiva
junto a la petición de
aplazamiento.
En definitiva, nuestro Grupo Parlamentario entiende que esta
proposición de ley debe enmarcarse dentro de un ámbito de
reforma de la Ley General Tributaria, pues una reforma en esta
línea podría añadir confusión a la ya procelosa legislación
tributaria. Es por ello por lo que nuestro Grupo Parlamentario
adelanta que su posición será de abstención en la votación de
esta proposición de ley que presenta el Grupo Popular. Nada
más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La posición de nuestro Grupo en relación con esta proposición
de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se nos
proponen unas bases del estatuto del contribuyente, va a ser
la de no aceptar su toma en consideración.
El Grupo Parlamentario Popular propone a esta Cámara una
iniciativa legislativa de un solo artículo en el que se nos
pide que esta Cámara autorice al Gobierno para que, en el
plazo de seis meses, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, se publique un decreto legislativo que adecue las
normas generales tributarias así como las específicas de cada
tributo.
Pues bien, a nuestro Grupo Parlamentario, señores del Grupo
Parlamentario Popular, no le parece bien revisar todo el
sistema fiscal mediante un decreto legislativo. ¿Que esto es
un mecanismo perfectamente legítimo y constitucional? Es
cierto, pero no nos parecen bien modificar la Ley General
Tributaria, la Ley del Impuesto de Sociedades, la Ley del
Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones,
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, todo ello mediante un
decreto legislativo.
Nuestro Grupo cree que si esta Cámara debe afrontar una
reforma del sistema tributario --que sí estimamos debe
hacerse--, debe ser a través de iniciativas legislativas que
esta Cámara pueda debatir en su seno y contemplar muchas de
las bases, de los criterios que ustedes recogen. Que hoy
adoptemos la decisión de mandatar al Gobierno que lleve a
cabo, mediante un decreto legislativo, la reforma del sistema
tributario, francamente nos parece que es una dejación
legislativa excesiva, que no la desea, en absoluto, nuestro
Grupo Parlamentario.
Tengo que decirle que es cierto que el sistema tributario
español ha estado sometido en los últimos años a numerosas
modificaciones que han incrementado su complejidas y la
inseguridad del
contribuyente ante la Hacienda pública; es cierto. Ahora bien,
nos parece que elaborar unas bases del estatuto del
contribuyente, es decir, una nueva ley, un nuevo texto
legislativo sin derogar la Ley General Tributaria vigente,
sería complicar todavía más el acervo legislativo tributario
hoy existente. No es mediante una nueva ley de bases como
tenemos que afrontar la reforma del sistema tributario, sino
mediante una revisión profunda de la Ley General Tributaria o,
en todo caso, revisar o exigir el desarrollo de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sería mediante esas iniciativas legislativas y las
correspondientes específicas en el Impuesto sobre Sociedades o
en cualquiera de los impuestos hoy vigentes, como esta Cámara
debería revisar el marco tributario. Pero hacerlo con nueva
ley que se superponga a las hoy existentes, no nos parece que
sea un buen mecanismo, porque vendría, en todo caso, a
contradecirse con uno de los argumentos que ustedes han
defendido, que comparto: hoy el sistema tributario ha llegado
a ser muy complejo, hasta el punto de que se hace difícil su
ejecución y cumplimiento. No obstante, añadir una ley más no
va a resolver para nada el problema que están ustedes
denunciando hoy.
Por otro lado, es necesario diferenciar lo que es importante y
lo que no lo es para garantizar la seguridad jurídica del
contribuyente. En eso quiero hacer constar que algunas de las
bases, de las propuestas que el Grupo Popular formula, podrían
encajarse perfectamente en una revisión legislativa de alguno
de los textos
hoy vigentes. Por ejemplo, el que ustedes en estos momentos
soliciten publicar anualmente un texto refundido de todos los
impuestos de ámbito estatal cuando se hayan modificado, aunque
sea mínimamente, no es importante hoy. No tiene ningún sentido
afirmar que si el Gobierno no afronta ese texto refundido, las
sanciones que se deriven del cumplimiento de dichos impuestos
no van a tener vigencia. No es necesario ni importante --en
todo caso, nuestro Grupo no lo puede compartir-- el contenido
de la base 1.ª que ustedes proponen. Hay algunas bases que nos
parecen bien, pero hay otras con las que no estamos de
acuerdo, y una de ellas es ésta. Tampoco nos parece correcto
el que ustedes propongan que se tenga que automatizar el
aplazamiento en el pago a Hacienda, tal como se recoge en la
base 12.ª, hasta que la Administración se pronuncie. El solo
hecho de solicitar el aplazamiento no puede suspender la vía
ejecutiva de los
impuestos. No es posible aceptar como válido ese principio. En
cambio, hay cuestiones que convendría incorporar y nuestro
Grupo cree que deberíamos revisarlas mediante una iniciativa
legislativa. Por ejemplo, su base 7.ª que pretende suprimir el
requisito de pago previo o de garantía de la deuda
correspondiente a las sanciones en las reclamaciones
económico-administrativas cuando la cuestión controvertida
verse sobre cualificaciones tributarias y no se haya producido
ocultación de datos en las declaraciones precedentes. Este nos
parece un buen principio, que debería permitir adecuar
aquellas leyes que hoy no lo contemplan. También la base 11.ª,
en la que ustedes proponen que se revise lo relativo a la
recaudación de los tributos en su fase ejecutiva. Este es un
buen criterio que debería trasladarse a una revisión de la Ley
General Tributaria, pero no mediante un decreto legislativo
que pueda adaptarse a estas bases.
En definitiva, señorías, la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) es que podríamos compartir
algunos puntos de la filosofía de la proposición del Grupo
Popular. No nos parece, en absoluto, acertada la proposición
en su técnica procedimental para revisar todo el sistema
tributario. No es éste un buen procedimiento para afrontar la
revisión del sistema tributario. En absoluto aceptamos que hoy
tengamos que hacer dejación legislativa mediante un decreto
legislativo porque --repito--, aunque es perfectamente
constitucional, políticamente no nos parece adecuado revisar
hoy el sistema tributario mediante esta vía.
Por otra parte, señorías, nuestro Grupo cree que si en su
momento el Gobierno trae a la Cámara la modificación de la Ley
General Tributaria --parece ser que se ha comprometido a
presentarla--, vamos a trasladar algunas de estas bases
mediante enmiendas a dicho texto, si vemos que en él no se
contemplan. Nada más, señor Presidente y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, al Diputado proponente le vendría
bien el verso del «Poema del Mío Cid»: ¡Qué buen vasallo si
hubiera buen señor!
El Diputado proponente es un gran conocedor de los temas
fiscales. Nos ha hecho una brillante demostración desde esta
tribuna --lo hace repetidamente, esto se lo reconocemos todos-
-, pero lo que hay que preguntarse políticamente es si tiene
buen señor. Yo creo, señoras y señores Diputados, que no lo
tiene y es una lástima. Aprecio, como él sabe, al Diputado
García-Margallo, pero no puedo compartir la filosofía política
que hay detrás incluso de algunas de las acertadas bases que
plasma en su proposición de ley.
He de decirle también que nuestro Grupo, que por lo general
siempre tiende a votar favorablemente las proposiciones de ley
de la oposición, en este caso no va a hacerlo, puesto que a
una tradición de cortesía parlamentaria se opone el contenido
político profundo de esta proposición de ley que no comparte
en absoluto. Quiere contribuir con su voto y su posición
política a clarificar un poco en esta Cámara quién está a
favor de los ingresos públicos, quién está a favor de la
redistribución de rentas a través del mecanismo de asignación
del Estado (sólo se puede buena asignación si hay buena
recaudación), y quién está a favor, por los mecanismos que
sea, de recortar la recaudación del Estado, de recortar el
peso del Estado.
Decía lo de «buen señor», porque el Grupo Popular poco puede
decir sobre transparencia, sobre un buen sistema fiscal,
cuando repetidamente nos ha dado muestras políticas de enorme
magnitud de que no está por la labor.
Señorías, recuerden ustedes cuando votamos la no procedencia
de nuevas amnistías fiscales. ¿Quién votó a favor? El Grupo
Socialista y el Grupo de Izquierda Unida. ¿Quién votó en
contra? La derecha: Convergència i Unió y el Partido Popular.
No quiero recordar la posición del Partido Popular en la Ley
del Blanqueo de Capitales; no quiero recordar otra serie de
posiciones políticas del Partido Popular sobre el tema de la
recaudación fiscal. Decir --como hace el señor García-Margallo
y aquí le traiciona la fidelidad a su Grupo no su capacidad
como conocedor de los mecanismos fiscales-- que el fraude
fiscal en este país ha aumentado porque aumenta la inseguridad
jurídica de las leyes (algunas de ellas, he de convenir con
él, mal
redactadas y mal aplicadas), realmente es un eufemismo. Es un
eufemismo decir eso cuando todos sabemos lo que está pasando
en las cesiones de crédito del Banco de Santander, de La
Caixa, cuando todos
sabemos lo que está pasando en el fraude del IVA y cuando si
algo haría falta en esta Cámara, señoras y señores Diputados,
sería un consenso democrático, claro está, para incrementar
las medidas contra el fraude fiscal. Ahí sí que nos
encontrará, señor García-Margallo, porque defendiendo una
buena legislación y una mejor ejecución y persecución del
fraude fiscal estaremos defendiendo el estatuto del
contribuyente, el de la mayoría de españoles que pagan sólo a
través de la nómina, no el de los defraudadores. Sus
propuestas, el repetido posicionamiento político de su Grupo,
aunque no sólo del suyo en particular, no avalan esta
preocupación, sino todo lo contrario. Si estuviésemos hablando
esta tarde aquí de cómo erradicar el fraude fiscal de nuestro
país, de cómo hacer una nueva piña democrática contra el
dinero negro --aquí tanto ustedes como el Grupo Socialista se
opusieron a que en la Ley del Blanqueo de Capitales se pudiese
introducir un cuarto motivo de denuncia ante las autoridades
competentes, esto es el tratamiento del dinero negro, no quiso
el Grupo Socialista introducir este tema--, estaríamos
hablando de otras cosas.
Podemos estar de acuerdo, como ya han dicho algunos oradores
que han intervenido antes que yo, en algunos aspectos técnicos
de las bases que nos ha propuesto el señor García-Margallo.
Con lo que no podemos estar de acuerdo, como decía al
principio, es con lo que se trasluce de esta propuesta, aparte
de ser, como algún diputado ya ha dicho, señor García-
Margallo, tremendamente contradictoria, lo cual, de alguna
forma, facilita nuestra posición de voto. Lo que usted
presenta hoy aquí no es una proposición de ley, es una
proposición no de ley, una especie de moción, es decir: Hágase
eso en la línea que yo quisiera que se haga, porque no
presenta todo un texto articulado. En ese sentido, también nos
va a facilitar que no podamos acompañarle en esa línea.
Para terminar, yo creo que a veces el ardor con que defendemos
cada uno nuestras posiciones nos traiciona, y esta tarde al
señor García-Margallo su ardor también le ha traicionado,
porque, señorías, decir que el Partido Popular es la herencia
de la tradición liberal y progresista española, realmente es
mucho decir.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate
de la iniciativa del Grupo Popular sobre bases del estatuto
del contribuyente, vamos a pasar a su votación. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la proposición
de ley del Grupo Popular sobre bases del estatuto del
contribuyente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 127; en contra, 168; abstenciones,
seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DE LA JUVENTUD Y LA INFANCIA
FRENTE A LA PROLIFERACION DE PELICULAS Y SERIES CON ALTO
CONTENIDO DE VIOLENCIA, XENOFOBIA Y CUALQUIER OTRO
PLANTEAMIENTO QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA, EN
LA PROGRAMACION DE LAS TELEVISIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
(Número de expediente
162/000032)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
proposiciones no de ley: Del Grupo Popular por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para
garantizar la protección de la juventud y la infancia frente a
la
proliferación de películas y series con alto contenido de
violencia, xenofobia y cualquier otro planteamiento que atente
contra la dignidad de la persona, en la programación de las
televisiones públicas y privadas.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Señorías, me corresponde en este momento la
presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de la
presente
proposición no de ley, que va encaminada a proteger a la
infancia ante los contenidos violentos de la programación de
las
televisiones.
Con esta iniciativa, con esta proposición no de ley,
pretendemos recoger la preocupación que la sociedad española
está demostrando en torno a este importante asunto; en
definitiva, tranquilizar la alarma social que están suscitando
acontecimientos tan dramáticos como los protagonizados por
niños dentro y fuera de España, niños que actúan como
protagonistas y como víctimas en episodios que llegan a ser
auténticamente escalofriantes. Esta proposición no de ley fue
presentada por el Grupo Parlamentario Popular por primera vez
en el mes de mayo de la legislatura anterior, pero, como
consecuencia de la disolución de las Cámaras, decayó y es
presentada de nuevo en el mes de septiembre, para debatirla
hoy día. Planteamos, pues, la necesidad de reflexionar en la
Cámara en voz alta y de actuar. Todos somos responsables en
este preocupante asunto y eso es precisamente lo que nos está
diciendo la sociedad y lo que nos están exigiendo los
ciudadanos:
que seamos responsables y que actuemos en consecuencia ante
los hechos que se están produciendo.
Estamos hablando en esta proposición no de ley --y es
importante dejarlo bien claro-- de la educación de los niños y
niñas españoles hasta los 12 años, y de la tremenda influencia
que la televisión tiene, efectivamente, en el hecho educativo;
estamos hablando, por tanto, de su protección, sabiendo,
además, que con esta reflexión y con este intento de
protección los ciudadanos adultos vamos a limitarnos en
nuestros derechos fundamentales, vamos a limitarnos en los
derechos fundamentales que recoge claramente el artículo 20 de
la Constitución, pero destacando también que en el punto 4 de
este mismo artículo los
constituyentes fijaron también, con nítida claridad, sus
propios límites, su mecanismo de autorregulación, precisamente
para proteger a la juventud y a la infancia.
Han aparecido a lo largo de los últimos meses con especial
intensidad numerosas opiniones científicas, de gran solvencia,
que afirman que los niños a estas edades --insisto, niños
menores de 12 años-- transforman su propia vida, transforman
su propio entorno por lo que ven en televisión. Son niños en
unas edades en las cuales es imposible que sepan distinguir lo
que es realidad, lo que es su propia vida y lo que es ficción
a través de lo que perciben, a través de la televisión. Y este
hecho es especialmente importante puesto que pueden llegar a
percibir, y de hecho lo hacen, esas imágenes de forma
prácticamente
subliminal, sin ningún tipo de reflexión ni de barrera ante
esas imágenes que les proporciona la televisión. Es importante
saber que los niños entre los dos y los doce años ven la
televisión de una forma especial y, además, sumamente intensa;
es, sin duda ninguna --y hay también numerosos estudios en
este sentido--, su primera actividad de ocio. El 96 por ciento
de los niños en estas edades ven diariamente la televisión
entre tres y cuatro horas al día; es decir, que pueden llegar
a ver, entre los 2 y los 12 años, una media de 25 horas a la
semana de televisión. Además, ellos mismos seleccionan, según
las edades, los programas que más les apetecen. Así, hasta los
9 años, digamos que fundamentalmente «consumen» dibujos
animados, y a partir de los 9 y hasta los 12 prefieren ya las
películas o las series de televisión.
Es también muy importante analizar --y además lo ha comunicado
en un estudio reciente, importante, la Asociación de
Telespectadores y Radioyentes de España-- qué es lo que ven
los niños en todas esas horas en las que están plantados
delante de la televisión. Y los datos que han proporcionado
son para hacernos reflexionar de nuevo en torno a esta
realidad. En una semana los niños en edad escolar pueden
percibir, pueden ver, pueden asimilar, sin esa barrera que
antes mencionaba, 878 peleas, 670 homicidios, 420 tiroteos, 32
capturas de rehenes, 30 imágenes de secuestros, 30 imágenes de
torturas, 18 episodios de consumo de drogas, 13 intentos de
homicidio, 11 robos y ocho suicidios. Es decir, al cabo de un
año, los niños españoles perciben en torno a 12.000 episodios,
12.000 imágenes violentas. Además, es también importante saber
que el 35 por ciento de los niños ven la televisión solos, sin
la presencia de los padres ni de personas adultas que puedan
en un momento determinado hacerles reflexivo lo que están
viendo, y lo ven desde la más absoluta pasividad, como
auténticas esponjas. El hecho cierto es que en un 25 por
ciento de los casos de estos niños, que pudiéramos llamar
prácticamente teleadictos, la televisión interfiere, de forma
nítida, negativamente incluso en las propias relaciones
interfamiliares. Podemos afirmar que nuestros niños de hoy,
cuando tengan 70 años, habrán pasado siete años de su vida
sentados adelante de una televisión. Y las consecuencias están
también estudiadas. Hace poco más de un año se publicaba por
un Instituto sociológico en Alemania que tras emitir una serie
de televisión, en la cual se describía minuciosamente el
suicidio, tirándose a un tren, de un joven de 19 años, la tasa
de suicidios reales, con el mismo método, de jóvenes entre 15
y 19 años, en los dos meses siguientes a la emisión de esta
película, aumentó en un 175 por ciento. Las consecuencias, por
tanto, están ahí; estamos siendo capaces de estudiarlas y de
objetivarlas
científicamente, y están en toda Europa. No hace falta que les
recuerde en este momento a los niños de Liverpool, ni sus
hechos ni las consecuencias de los mismos; no hace falta que
les recuerde lo que recientemente y no tan recientemente ha
pasado en España entre niños y niñas, víctimas y protagonistas
de episodios auténticamente dramáticos donde la violencia
formaba parte sustancial de esa actuación.
Lo que el Grupo Parlamentario Popular pretende con esta
proposición no de ley es, simple y llanamente, que por
televisión no se emita violencia, no se emita racismo, no se
emita
xenofobia, no se emita en definitiva intolerancia, y que, si
se hace, cuando se produzca antes de las 10 de la noche, se
avise expresamente que se va a producir esa emisión, tanto
para avisar a los padres como a los propios niños, y me dirán
automáticamente SS.SS. pero lo verán. Por supuesto que sí,
porque solamente el hecho del anuncio de lo prohibido va a
atraer a esos niños, pero en ese momento --según afirman las
personas que científicamente están cualificadas para ello--,
la barrera que supone el hecho de ser conscientes de ese
atractivo hacia la prohibición puede ser suficiente para que
la percepción de esas imágenes no sea pasiva, no sea
subliminal, como antes mencionaba.
Queremos, por tanto, que haya una decisión de esta Cámara en
su conjunto, no solamente para decir aquello que no es
deseable o para pedir que no se emitan esas imágenes, sino
para ir un poco más allá, para que a través del Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que es el
organismo encargado de calificar todas las películas y todos
los eventos audiovisuales
en este país, podamos contribuir positivamente desde las
televisiones a la educación de los niños, de tal forma que,
cuando se emita antes de las 10 de la noche, se diga para
quién está indicado ese espacio televisivo, a qué educación va
a contribuir, positivamente hablando, como lo hace ya el
Instituto de Cinematografía citado, de que son espacios
especiales para la infancia, para todos los públicos, para
menores de 7 años, de 13 años o de 18 años; que haya, por
tanto, un movimiento no
solamente de recomendación de no emitir sino un movimiento
positivo de decir: este programa es positivo para esta franja
de edad.
Este es el contenido formal de nuestra proposición no de ley,
en la que queremos matizar, en cuanto a la expresión de la
recomendación que queremos hacer al Gobierno, la distinción
entre televisiones de titularidad pública y las televisiones
privadas. En el caso de las televisiones de titularidad
pública, se pide la modificación del Estatuto de la
Radiotelevisión y de la Ley Reguladora del Tercer Canal, para
que efectivamente aparezcan reflejadas estas dos
recomendaciones: no emitir, antes de las 22 horas, películas
no recomendadas para menores de 18 años; y la obligatoriedad
de recomendar, para las franjas de edad
determinadas a quién le viene bien y a quién le viene mal
desde el punto de vista educativo. En cuanto a las
televisiones privadas instamos al cumplimiento del código
ético que el Ministerio de Educación y Ciencia firmó
acertadamente antes de las elecciones generales para que, en
definitiva, todo el hecho televisivo tenga este doble
componente de renuncia por nuestra parte, como ciudadanos
adultos, a la emisión de ciertos programas violentos,
racistas, xenófobos e intolerantes, como decía anteriormente,
y de ayuda a la educación.
Yo rogaría por tanto a SS.SS. que, en el momento de emitir su
voto --y termino, señor Presidente-- piensen que estamos
hablando de niños menores de 12 años. Esta iniciativa
simplemente quiere hacer un ejercicio de reflexión en voz
alta, pidiendo el apoyo de toda la Cámara, y siendo
conscientes --utilizando un lenguaje habitual cuando hablamos
de consumo-- de que estamos corriendo el serio peligro de
intoxicar a nuestros niños con imágenes violentas, como antes
decía, en su concepción más amplia. No tiene mucho sentido que
todaslas televisiones condenen siempre, condenen
sistemáticamente en sus noticiarios estas actitudes a las que
hago mención cuando informan de ellas, información y condena
que tienen el indudable efecto educativo positivo que pueden
tener en estos niños, para que a continuación, y
precisamente a los más pequeños de sus espectadores, les
lleven, recorriendo el camino inverso con sus dibujos
animados, con sus películas, con sus series, justo al sitio de
donde antes querían sacarlos, en definitiva, a la violencia.
Por todo ello, yo les pido su voto afirmativo para demostrar
que somos conscientes del grave riesgo al cual estamos
induciendo a nuestros niños que sin duda ninguna acabarán
constituyendo la sociedad del día de mañana.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por
parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Cataluña, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, presentamos una serie de
enmiendas, cuatro, de fondo, por el punto de vista del que
parten; punto de vista que va desde el principio a centrar la
intervención y, por lo tanto, más allá, la estrategia del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No
partimos, por lo tanto, del punto de vista de una autocensura
o semicensura ni tampoco hablamos de medidas superficiales,
cosméticas, absolutamente limitadas incluso respecto a lo que
va a ser la trasposición de la Directiva de Televisión sin
Fronteras, como en el caso de la propuesta del Grupo Popular,
que se queda muy por debajo, y que es simplemente una brizna
respecto a lo que es esa directiva de 1989, que está a punto
de llegar a esta Cámara en forma, primero, de Ponencia y que
habrá que discutir en todos los niveles.
Por lo tanto, hablamos, en principio, de orientación cultural
y de intervención en el mercado, de crítica de mercado, por
consiguiente, de cómo tiene que intervenir el sector público
en este tema de enorme importancia y que no se limita al tema
de la infancia sino que también afecta, y aquí está una de las
ampliaciones que introducimos en nuestra enmienda, al tema de
la xenofobia, al tema de la juventud, al tema del machismo y a
otra serie de temas como la falta de solidaridad, la angustia
constante que se interpone a través de la publicidad y de otra
serie de cuestiones que sí vienen recogidas en la directiva
sobre televisión sin fronteras pero en absoluto en la
resolución que hoy aquí nos trae el Grupo Popular, que,
repito, se queda muy por debajo de lo que vamos a empezar a
discutir dentro de muy poco. Estamos discutiendo esto,
efectivamente, en eso coincido, en un momento de grave
escándalo social por lo que se emite y por las consecuencias
en muchos casos de lo que se está emitiendo. Algunos teóricos
en Norteamérica, en la Comunidad Europea están empezando a
hablar de una especie de fascismo blando, de
fascismo cibernético en el seno de un mercado extraliberal que
de pronto documenta que la violencia, la xenofobia, el
sexismo, la morbosidad, fundamentalmente expresada a través de
los niños, vende mucho. Más venta significa más audiencia; más
audiencia significa más publicidad y más publicidad significa
más negocio. Y aquí está un poco la dinámica más o menos
oculta de esta situación.
Y nos referimos también, a la hora de defender nuestras
enmiendas --son cuatro, de calado-- a otro punto de vista, y a
ver si lo explico sintéticamente. Cuando se intentó discutir
en
Norteamérica el tema de la venta o no libremente de armas se
publicó un cartel, en el que aparecía una pistola apuntando al
objetivo, consecuentemente al entrecejo de quien mirase el
cartel. La leyenda del cartel era: Míralo desde este punto de
vista. Pues desde ese punto de vista lo enfocamos nosotros, no
desde el punto de vista del emisor, sino del receptor, desde
el punto de vista del ciudadano o de la ciudadana que ve la
televisión y no desde el punto de vista de la empresa, del
emisor, de la productora. Desde ese punto de vista defendemos,
repito, a los receptores, a los ciudadanos y ciudadanas, a los
que la programación actual está apuntando al entrecejo en un
momento en que se han encendido todas las luces rojas de
alarma. Hay que decir que, efectivamente, al espectador o a la
espectadora los caracteriza fundamentalmente la pasividad ante
algo que se mueve y vive por él o por ella. Cuanto más se
mueve lo otro, más capta la atención, resulta más atractivo, y
el ritmo, la frecuencia de las imágenes es lo que educa de una
determinada manera en la pasividad y, naturalmente, en un
cierto autismo más o menos exagerado, creciente, desde luego,
en el tema de los niños. La hipnosis de los niños ante los
dibujos animados, que se basan en un enorme ritmo, en una
enorme frecuencia, o ante los anuncios, es importante. Los
dibujos animados, los anuncios o los informativos, incluso,
por la enorme frecuencia que tienen en sus imágenes, son los
reyes de la actual televisión, incluso para los niños, porque
se emiten en horas en que los niños ven la televisión. Hablar
de protección de la infancia o de la juventud sin hablar del
conjunto de la programación no sirve para nada. No se pueden
acotar horarios. No es una propuesta
susceptible de ser aceptada desde la izquierda, porque hay que
hablar de la orientación general, de la orientación de los
reyes de la televisión, para los niños los dibujos animados,
pero también los anuncios y los informativos en general. A
partir de los diez años --aquí se ha dicho, y es verdad-- los
niños ven toda la programación y no hay forma de controlar su
tiempo como receptores. Ven la televisión cuatro horas
diarias. Contando las etapas de vacaciones ven más televisión
que tiempo dedican a la escuela.
Por tanto, hablar de una reforma educativa sin hablar de la
reforma de los medios de comunicación, de la televisión
pública y de la privada, es hablar de una falacia, no es
hablar del fondo de la cuestión. Todo está orientado al
espectáculo, sobre todo al espectáculo morboso, y sometido a
ese --permítaseme la metáfora extraña-- dios diabólico de la
captación de audiencia. A mayor audiencia, mayor publicidad,
por lo tanto, mayores ingresos, y aquí es donde interviene la
pérdida absoluta y creciente de valores. Aquí es donde debiera
venir (y ahí está la directiva que habrá que trasponer y
discutir en esta Cámara) la intervención de lo público y la
ejemplaridad del liderazgo que tiene que establecerse, y aún
no se hace, de la televisión pública, de los medios de
comunicación públicos, naturalmente basado siempre en la
primacía del interés ciudadano público. Además, se ha
descubierto, Freud ya lo sabía, que lo que más puede atraer la
atención, lo que más vende --así se dice ahora--es el
sufrimiento humano. Eso es lo que más vende en televisión,
sobre todo si el sufrimiento humano va ligado al sexo y a la
infancia. Es lo que más vende, lo que más audiencia capta, lo
que más publicidad capta, lo que más negocio resulta. Por
tanto, hay que poner pies en pared para defender los valores
democráticos, para defender el Estado social y democrático de
Derecho, en un momento, repito, en que se han encendido todas
las luces rojas de alarma. De ahí que nosotros estemos
defendiendo la financiación pública de televisión pública --
quien paga manda, y en este caso pagaría la defensa del Estado
social y democrático de Derecho-- y estemos defendiendo que se
intervenga deprisa y corriendo en el mercado de la conciencia
en un momento en que el debate social reclama que haya una
respuesta desde lo que debiera ser el centro del debate
político y social de este país, este Congreso de los
Diputados. Existe ese gran debate social y no se pueden seguir
haciendo llamamientos abstractos, cosméticos, superficiales o
tremendamente limitados como el que ha venido hoy aquí a esta
Cámara en vísperas de que se empiece a discutir, por fin,
después de que caducó el plazo en que tenía que haberse
discutido --marzo de 1991-- la Directiva de Televisión sin
Fronteras, la Directiva 89/552. Y hay que decir que están
compitiendo en este terreno, lamentablemente, las televisiones
públicas y las privadas, autonómicas o no. (El señor
Presidente ocupa la presidencia.) Las públicas, sometidas al
principio de la programación y financiación desde el Estado no
debieran en absoluto competir en este terreno. Y ¡ojo!, las
cadenas privadas, como tales, no existen realmente en este
país, son concesiones, son servicios públicos que se ejercen
privadamente en régimen de concesión, con leyes atravesadas
por elementos (que yo aquí estoy desarrollando brevísimamente,
de manera sintética) culturales y de defensa del sentido del
estado social y democrático
de Derecho que, hasta ahora, no se cumplen, y, por tanto, no
puede establecerse, ni siquiera a nivel de esta brizna que se
mete aquí como resolución, ninguna diferencia con respecto a
las televisiones públicas son servicios públicos que se
ejercen en régimen de cesión, nada más, simplemente eso. Se me
puede decir: empresa privada. Pero, entonces, la empresa
privada que, por ejemplo, produzca un bizcocho, ¿puede
producirlo como ella quiera, con independencia de lo que cause
en la ciudadanía? No, no; tiene que producirlo en función de
unos parámetros
higiénicos, de salubridad y en función del bien democrático,
de la defensa del estado social y democrático de Derecho, tal
como viene consagrado en la Constitución española.
Desde ese punto de vista, el Gobierno no ha respondido de
manera clara y a tiempo. En este tema, el Gobierno ha
declarado urgente no hacer nada. El Ministerio de Educación se
ha limitado a sacar a concurso público (y no sé si al final lo
ha hecho) una
investigación sobre la influencia de los contenidos en la
audiencia: una simple encuesta es lo único que ha hecho hasta
ahora el Ministerio, si es que al final ha sacado este tema a
concurso público, y el Gobierno se ha encargado de dilatar
desde 1991 hasta finales de 1993 la Directiva correspondiente
a lo que se está limitando a la intervención en el mercado
publicitario de televisión y de los medios de comunicación,
que se está haciendo en el seno de la Comunidad Europea, y
queremos converger siempre en lo peor, disminuyendo el sentido
de las leyes
europeas, y naturalmente en esta dirección nosotros no vamos a
apostar por la iniciativa que aquí se nos trae.
En ese sentido, presentamos cuatro enmiendas, señor
Presidente, teniendo en cuenta que dentro de unos días vamos a
empezar a debatir una ley muchísimo más amplia que esta
resolución. Repito que esta resolución es un par de líneas de
esa ley que lo toca todo, absolutamente todo, y que, por
tanto, si nosotros aprobamos aquí esto como una especie de
voluntad de este Parlamento, va a ser una voluntad
capitidisminuida que no tiene ningún sentido, porque no afecta
a la programación, a los contenidos, es
simplemente una especie de censura limitada en el tiempo que
no toca nada, excepto una especie de canto, de brindis al sol,
que se puede rectificar en función de que se acepten o no
nuestras enmiendas. No nos negamos de manera frontal y sin
salida; damos una alternativa. Por ejemplo, la de la creación
de una comisión (y no se me diga que ya hay en el Senado, no;
este Congreso tiene que responder a esta situación), no
permanente, para estudiar, con la comparecencia de cuantas
personas, asociaciones y grupos de todo tipo puedan hacer
aportaciones de cara a conseguir una resolución, y dar
respuesta social a este problema. Pero no sólo por esto, sino
porque ustedes sólo tocan el problema de la infancia, que es
muy importante pero no es el único: está el problema de la
xenofobia, el problema del público juvenil, el problema del
machismo; todos estos temas se incluyen y ustedes no los han
incluido.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino de inmediato, señor
Presidente. Las otras dos enmiendas se dirigen a la televisión
pública en el sentido de que se constituya una comisión de
evaluación para que estos programas se evalúen a través de
asociaciones de padres de alumnos, de enseñantes, de
pedagogos, a la hora de prever un daño que realmente se está
haciendo con la emisión de estos programas y de la
programación en general.
También pedimos que anualmente se presente en la Comisión
parlamentaria de Control de Radiotelevisión Española una
evaluación de cómo ha ido el curso de esta situación, a la vez
que, naturalmente, pedimos que en la televisión privada
(veremos qué trasposición se ha hecho), se respete, entre
otras cosas, junto a la Constitución y el resto de las leyes,
la trasposición rigurosa de la Directiva Televisión sin
Fonteras, que hay que discutir dentro de poco.
Por tanto, planteamos la necesidad de que se aprueben estas
cuatro enmiendas, que amplían no sólo el contenido, sino la
posibilidad de que este Parlamento dé una respuesta adecuada
y, naturalmente, esperemos que, a partir de ahí, conjugando
esto con el debate de la ley que pronto va a venir aquí, demos
la
respuesta que merece una situación realmente alarmante. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Enmienda del Grupo Catalán, Convergència i Unió. Para su
defensa, y para fijar la posición de su Grupo, tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías,
nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a la
proposición no de ley que nos ocupa, el contenido de la cual
es muy claro, como lo es su objetivo, que no es otro que el de
acometer los cambios legislativos necesarios para que todas
las televisiones y no sólo las públicas, como parece
desprenderse de la iniciativa del Grupo Popular, tengan la
obligación de respetar la no emisión, en horarios anteriores a
las 22 horas, de las películas y series no recomendadas para
menores, así como la de señalar la franja de edad para la que
está indicada cada emisión, cuando se programe antes de dicha
hora.
Pienso que la proposición no de ley quedaría coja si se
aprobara con la redacción original con la que ha sido
defendida, ya que el objetivo que persigue, y con el cual
coincidimos, sólo se conseguiría a medias. Para subrayar
la importancia del tema que nos plantea hoy el Grupo Popular
en la Cámara, me remito a hechos más que recientes, a un
debate vivo no sólo en los medios de comunicación y en los
ciudadanos especializados en el tema, sino incluso a un debate
que está vivo en el seno de la propia sociedad y, cómo no, a
la intervención del portavoz popular, el señor Fernández-
Miranda, que ha sido suficientemente ilustrativa al respecto.
Es más, quiero recordar, abundando en lo que constituye el
sentido propio de nuestra enmienda, que hace unos meses se
aprobó un documento sobre protección de la infancia, en lo que
se refiere a la televisión, entre el Ministerio de Educación,
las consejerías de las
comunidades autónomas con competencias en materia de educación
y los responsables de las televisiones públicas, Televisión
Española y autonómicas, y también de las televisiones
privadas. Este documento, que ha sido también muy debatido,
incluso hasta ha sido objeto de iniciativas en la Comisión de
control
parlamentario de Radiotelevisión Española, apelaba a la
autorregulación, lo que requiere una actitud decidida y
sincera de los propios medios, que son los que tienen que
aplicar. Tras unos meses de su puesta en práctica, para este
Grupo
Parlamentario, la aplicación del contenido de ese documento
que ha hecho Radiotelevisión Española no constituye el
principal motivo de preocupación, por cuanto consideramos que
la aplicación que ha realizado Radiotelevisión Española y
también el resto de televisiones públicas es y ha sido
básicamente buena; concepto que nuestro Grupo Parlamentario
difícilmente puede extender a todas las televisiones que hay
en nuestro país. Por todo ello, espero que el Grupo Popular
admita nuestra enmienda, porque, como decía antes, considero
que es importante para conseguir el objetivo que nos proponen,
que no sólo nos parece positivo, además, absolutamente
necesario.
En la génesis de esta iniciativa, y muy recientemente, ha
surgido una novedad importante en el panorama televisivo, con
una incidencia muy directa en el problema que hoy nos ocupa,
que es la aprobación por el Gobierno del proyecto de ley que
traspone a nuestro ordenamiento la Directiva 89/552, de
Televisión sin Fronteras. Es sabido que dicha iniciativa
obliga a una serie de adaptaciones legislativas, que son
contempladas en esta
proposición no de ley. Asimismo, como ha sido citado por otros
intervinientes, concretamente por el señor Alcaraz, esta
iniciativa va incluso más allá y extiende la limitación de
contenidos a otros aspectos.
Nuestro Grupo Parlamentario cree que estamoss ante la
inminencia de un debate en profundidad en esta Cámara, con
mucha más profundidad y detalle que el que hoy estamos
manteniendo. Por ello, invito al grupo parlamentario
proponente, el Grupo Popular, a que retire esta iniciativa, en
aras al debate que se producirá en breve en la propia Cámara.
Ahora bien esto es de su exclusiva responsabilidad y, por
tanto, en el caso de que el Grupo Popular opte por mantener la
proposición no de ley, además de solicitar que incluya
nuestras enmiendas, anunciamos nuestro voto favorable a la
misma.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Para su defensa y
fijación de posición del Grupo, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo de Coalición Canaria, a esta proposición no de ley,
presenta tres enmiendas que significan, de entrada, una
aceptación tácita de la iniciativa del Grupo Populr, que nos
parece muy conveniente y muy oportuna.
Quiero recordar que en noviembre de 1992 votábamos en esta
Cámara una moción consecuencia de interpelación, por la
práctica mayoría de los grupos representados en el hemiciclo,
que también se refería a esta cuestión. Posiblemente habían
quedado sin
determinar aspectos concretos, como señalar una hora, que es
lo que trae hoy aquí el Grupo Popular. Dicho esto respecto a
nuestra aceptación por la oportunidad y conveniencia de esta
proposición no de ley, paso a defender nuestras enmiendas, que
hay que situar --la primera de ellas, sobre todo-- dentro del
propio concepto. Dentro del contexto que nos trae aquí la
letra a) de la
proposición no de ley del Grupo Popular, hemos observado que
el punto primero se refiere exclusivamente --y es lo que
impregna de singularidad la proposición-- a reglamentar la
emisión hasta o a partir de las 22 horas, y todo lo que haga
referencia a películas o series. Notros entendemos que es
habitual (a la vista de la programación que realizan los
servicios informativos y las televisiones, tanto públicas como
privadas) el tema referente a la advertencia previa de la
propaganda o publicidad que se va a emitir. Si solamente
reglamentásemos aquí que antes de las 22 horas, en horas de
audiencia juvenil o infantil, no podrían exhibirse películas o
series que hagan una apología de la violencia, de la xenofobia
o de cualquier otro planteamiento que atente contra la
dignidad de las personas (que son tres principios que nosotros
suscribimos y que nos parece oportunísimo que los traiga la
proposición no de ley, para que sirva de punto de referencia
de qué es lo que preocupa, xenofobia, violencia y cualquier
cosa que atente a la dignidad de la persona humana), nosotros
entendemos que si, respetándose este horario, la publicidad de
esa emisora está incluyendo, en horas de audiencia infantil,
avances informativos, se está excitando el morbo del niño, del
joven, para que, salvando la disciplina del hogar, por la
ausencia de los padres o tutores, conecte el televisor, a lo
que ha sido ya previamente incitado y excitado en horas de
audiencia juvenil.
Esto lo estamos viendo en las rejillas de publicidad y en los
cortes que para anunciar programas horarios que van a seguir,
en programaciones nocturnas, hacen cualquiera de las
televisiones. De aquí que nosotros hagamos hincapié en el tema
de la propaganda de publicidad para superar el exigente
horario de las 22 horas, a partir de las cuales sí se pueden
emitir estas otras películas para mayores.
Las otras dos enmiendas traen una causa que supera en gran
medida el marco con que la proposición no de ley está
planteada por el portavoz del Grupo Popular, y se refiere a
las empresas de doblaje --incluso esto ha sido ya motivo de
debate en los periódicos--, en cuanto a lo soez o la
procacidad con que se emplea a veces el lenguaje en las
traducciones o traslaciones que se hacen de cualquier
telefilme de origen extranjero, al vertirlo en una de las
lenguas oficiales del Estado español. Pues bien, nosotros
presentamos una enmienda dedicada a este tema de las empresas
de doblaje.
La tercera y última de nuestras enmiendas se refiere a una
preadvertencia de esta cualificación de todo este tipo de
filmes, de películas o series, en cuanto al mundo de vídeo y
de su venta o alquiler, para que también existiera este
preaviso, dado que es muy frecuente hoy en día que, al
adquirir para un hogar cintas o películas de vídeo, no haya
una calificación previa, y esto queda al uso insicriminado de
los menores que puedan existir en ese hogar.
Por todas estas razones, señorías, y apoyando, como decimos,
la oportunidad de esta proposición no de ley, a la que vamos a
dar nuestro voto afirmativo, pedimos al Grupo Popular la
consideración de estas tres enmiendas, especialmente la
primera, por la necesidad que nosotros vemos de esta cautela
en el mundo de la información. Nada más y muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Gonazález Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
La posición de Unión Valenciana es aceptar y votar a favor de
esta proposición, así como rogar al Partido Popular que tenga
sensibilidad hacia algunas de las enmiendas que se han
propuesto, que entendemos que mejoran esta proposición. Por
tanto, yo espero de su sensibilidad que pueda aceptarlas en su
mayoría. Al mismo tiempo, querría indicar a algún otro Grupo
que no ha estado excesivamente receptivo, porque la ley es
corta, que siempre se puede mejorar y siempre se podrá
alargar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo. Por el
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Señor Presidente,
señorías, permítanme, en relación con el tema objeto de
debate, dos observaciones iniciales. La primera, para
manifestar la coincidencia del Grupo Socialista respecto a la
preocupación de fondo --tan sólo respecto a ella y a algunas
otras
consideraciones que hace el señor Fernández-Miranda-- que ha
dado origen a la iniciativa del Grupo Popular. En segundo
lugar, para decir que, en opinión de nuestro Grupo, sería
urgente que las televisiones de este país, sea cual sea su
titularidad, sean televisiones públicas o privadas, reforzaran
cuanto sea posible las dimensiones culturales y educativas de
estas emisiones, para evitar que se conviertan, como
lamentablemente está sucediendo en la práctica, en agentes
ocasionales de una relativa
primariedad en las conductas, petición que, naturalmente,
subrayamos, por razones que son obvias, en el caso de que se
trate de programas dirigidos especialmente a menores, y no
sólo para que se excluyan de esas programaciones aquellas
ideas, aquellas imágenes o mensajes de violencia gratuita o de
xenofobia, sino también para que, en lo posible, con un
contenido y una perspectiva más positivos, se incluyan
propuestas de paz y perspectivas creativas de los conflictos y
de las situaciones conflictivas, que por otra parte son
inherentes a la vida misma. Dicho esto, señor Presidente,
quiero indicar que mi Grupo se va a oponer a la proposición no
de ley presentada por el Grupo Popular, por dos razones: la
primera, porque entendemos que existe una normativa plural
para regular la situación que nos ocupa, lo que hace falta es
cumplirla; y la segunda, porque, en opinión del Grupo
Socialista, resulta inaceptable la diferencia de trato que el
Grupo Popular propone para las televisiones públicas y las
privadas a propósito de esa protección de los derechos de la
infancia y de la juventud. Las normas que en el ámbito de la
televisión regulan en nuestro país los derechos de expresión y
de difusión (sea, por ejemplo, el Estatuto de Radiotelevisión,
sea la ley que regula los terceros canales o la ley de las
televisiones privadas) establecen unos límites concretos,
meridianos, para garantizar la protección de la infancia y de
la juventud. En este contexto --y se ha hecho ya alusión a
ello--, por iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia
se ha llegado a una fórmula de autorregulación, suscrita por
las Consejerías de Educación de las distintas comunidades
autónomas, por el propio Ministerio y también, por supuesto,
por las televisiones de este país, con la finalidad de evitar
que los mensajes que lleguen a la juventud puedan dañar, desde
el punto de vista físico, moral o mental, esa formación
a la que a veces pomposamente denominamos formación integral
de los jóvenes.
Ha sido necesario hacer ese convenio de autorregulación porque
todos éramos conscientes --el Gobierno y las televisiones
también-- de que en las televisiones, por su propia capacidad
de medio, existe una capacidad enorme en cuanto a agente
socializador y existe también, respecto de los jóvenes, una
situación, en cierto modo, inerme; una situación que no les
permite, a veces, dada su sensibilidad y su vulnerabilidad,
evitar mensajes nocivos que puedan llegar a través del medio.
Se ha dicho que ha habido unos acuerdos en la comisión de
seguimiento de este convenio de autorregulación. Me voy a
referir a uno de ellos para indicar al señor representante de
Izquierda Unida que, en nuestra opinión, no es baladí que el
Ministerio se haya comprometido, no a hacer una simple
encuesta, señor Alcaraz, sino una investigación rigurosa, para
ver el grado de influencia que ejerce la televisión sobre los
menores. Por tanto, a la vista de ese estudio, estaremos en
condiciones de evaluar el grado de repercusión que tienen los
diferentes programas en estos tramos de edad que estamos
considerando.
Se ha hecho también alusión, y por eso paso rápidamente por
este punto, a que el panorama normativo de este país sea
completado, con la iniciativa del Consejo de Ministros último,
a través de la trasposición que se va a hacer mediante un
proyecto de ley de la televisión sin fronteras. Quiero decir
que esa directiva de la televisión sin fronteras contiene, de
modo explícito,
indicaciones que garantizan la protección de la juventud y de
la infancia. Por ejemplo, en el terreno de la publicidad, en
tanto que se analiza y se garantiza qué es lo que los jóvenes
del país tienen que tener como cobertura de garantías en
materia de publicidad en cuanto receptores, y también en
cuanto a
protagonistas de los propios «spot» publicitarios. Por
ejemplo, en materia de horarios o en emisión de programas y de
escenas que puedan dañar, como he dicho antes, la salud, desde
el punto de vista físico, desde el punto de vista mental,
desde el punto de vista moral.
Por último, en lo que se refiere a la propia Televisión
Española, y para puntualizar algunas de las cosas que aquí se
han dicho, quiero indicar que, además del cumplimiento a que
se ve obligada voluntariamente, como el resto de las
televisiones con ese acuerdo de autorregulación que han hecho
con el Ministerio de Educación, TVE está a punto de aplicar un
código interno que va a servir de referencia a los
comportamientos, a la conducta, a la labor de sus
profesionales. Este es un documento en cuyo cuerpo doctrinal
se analizan aspectos tan importantes como la violencia, la
delincuencia juvenil, el consumo de sustancias nocivas, las
minorías, el sexo, el buen gusto y decencia, etcétera.
Respecto a la letra b) de la proposición no de ley, presentada
por el Grupo Popular, en la que pretende, cuando habla de la
protección de los derechos de la infancia y de la juventud,
que las televisiones públicas modifiquen el Estatuto de
Radiotelevisión y la ley que regula los terceros canales, en
tanto que a las televisiones privadas las invita a que, de un
modo voluntario y amable, se someten a un cierto código ético,
tenemos que decir que no podemos estar, en absoluto, de
acuerdo con este tratamiento diferenciado. Nos parece que no
hay base jurídica suficiente para que exista ese doble
tratamiento. No existe, desde nuestro punto de vista, porque
la protección de la juventud y de la infancia es algo que
corresponde absolutamente a todas las televisiones del país,
sea cual sea su titularidad, se trate de televisiones
privadas, se trate de televisiones públicas. Ello, señorías,
por una razón sencillísima, y es que todas ellas, televisiones
públicas y privadas, gestionan directa o indirectamente un
servicio público esencial.
Para terminar quiero anunciar la intención de nuestro Grupo de
votar favorablemente las enmiendas de Convergència i Unió, en
el supuesto de que el Grupo Popular las acepte y retire las
que inicialmente redactó, y también la enmienda de Coalición
Canaria, con una salvedad en la que creo que no habría
dificultad en ponernos de acuerdo, y es que en el primer
renglón de su enmienda sustituya la palabra «propaganda» por
«publicidad».
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
En nombre del Grupo Popular, para fijar la aceptación o
rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la palabra el señor
Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente. Empezando quizá en orden inverso a como se han
producido las intervenciones, en torno a las propuestas del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, en
cuanto a la retirada de la iniciativa, quiero matizar que lo
que pretendemos con ella es una reflexión en voz alta en torno
a este problema
planteándolo como proposición no de ley, conscientes de la
actuación del Gobierno en su momento con el código ético, con
el convenio para las televisiones y con el deseo expresado el
viernes pasado de la trasposición a través de un proyecto de
ley. Por tanto, al ser simplemente esa reflexión en voz alta,
pensamos que es bueno para transmitir a la sociedad, en
definitiva, a todos los Grupos Parlamentarios, la conciencia
de esta Cámara ante este problema.
En cuanto a sus enmiendas, aceptamos el planteamiento que nos
hacen para introducir simplemente la reflexión en los cambios
legislativos, que sin duda ninguna obligarán también a la
modificación de la ley de televisiones privadas. Damos por
buena, por tanto, la
enmienda que plantea este Grupo y proponemos lo que sería una
especie de transaccional al resto de los grupos.
Aceptamos la primera enmienda del Grupo de Coalición Canaria,
en la misma línea que ha marcado el ponente socialista,
cambiando la palabra «propaganda» por «publicidad», para que
figure como el punto tercero de la proposición no de ley,
puesto que a través de la publicidad, no solamente de
productos sino de las propias series, podíamos incurrir en los
errores que hemos expresado. Tanto el doblaje como la
comercialización de las cintas de vídeo tienen importancia,
pero quizá volviendo al primer argumento que manejaba, cuando
le decía al Grupo de Convergència i Unió nuestro
convencimiento de no retirar la iniciativa, la propuesta que
le hago es no aceptarlas en este momento, para ceñirnos a esta
reflexión en voz alta, a esta reflexión sobre el deseo de
poner de manifiesto ante la sociedad que estamos preocupados
por este asunto y que queremos poner remedio a él. Por tanto,
formaría parte de la enmienda propuesta por Convergència i
Unió como un tercer punto, cambiando la palabra antes
mencionada.
En cuanto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, señor
Alcaraz, no podemos aceptárselas, entre otras cosas porque
muchas de ellas son tremendamente contradictorias. No podemos
dar por bueno que usted critique el hecho de la censura y, sin
embargo, plantee como positivo y deseable el eufemismo que
usted utiliza, que es la orientación de la programación; no
podemos dar por bueno el hecho de crear una comisión que ya
está acordada con fecha de 14 de noviembre en el Senado, que
es la Cámara Alta de nuestro país, en donde usted además
pretende concederle una serie de funciones que ya realiza el
Instituto de Cinemeatografía y que, por tanto, creemos que no
tiene sentido. El estudio de las respuestas que hay que dar,
señor Alcaraz, son precisamente las que propone el Grupo
Parlamentario Popular con esta iniciativa. Creemos que las
cosas están sabidas; sabemos lo que pasa; somos conscientes de
la violencia y de las imágenes no deseables que se emiten;
conocemos también las consecuencias dramáticas. Por tanto, yo
creo que la sociedad en este momento, los ciudadanos
españoles, nos están pidiendo que actuemos.
No está de más que esta primera actuación, sabiendo que el
Gobierno va a entrar en mayor concreciones, sea decir en voz
alta que somos conscientes del problema y que queremos poner
soluciones. Por tanto, no aceptamos sus enmiendas porque
desvirtuarían el sentido último de nuestra proposición no de
ley. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Para decir que aceptamos, respecto a nuestra primera enmienda,
la corrección gramatical de sustituir la palabra «propaganda»
por «publicidad». Y recogiendo lo dicho por el señor portavoz
del Grupo Popular, para no romper la unidad temática de la
proposición de dicho Grupo, retiraríamos nuestas enmiendas
segunda y tercera.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del punto
primero de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición
Canaria, que pasa a constituir el apartado tercero del texto
de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, diio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 275; en contra, uno; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE EL
RESPETO A LA TOPONIMIA CATALANA EN LA DOCUMENTACION PARA USO
PUBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (Número de expediente
162/000039)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Mixto,
señora Rahola, sobre el respeto a la toponimia catalana en la
documentación para uso público del Ministerio del Interior. En
nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, si me
lo permiten, quisiera reflejar el estado de ánimo que acompaña
a esta intervención. Me siento políticamente cansada, con esa
fatiga que da tener que defender la obviedad. A veces los
catalanes --quizás también vascos y gallegos-- nos sentimos
como el protagonista del mito griego: permanentemente
obligados a subir la misma piedra por la misma colina. ¿Hay
alguna
explicación política razonable para que 16 años después de las
elecciones democráticas y... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, un momento. (Pausa.)
Cuando quiera.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: ¿Hay alguna explicación política
razonable para que 16 años después de las elecciones
democráticas y 10 años después de la ley de normalización
lingüística aún tengamos que debatir una proposición no de ley
de esta
naturaleza? ¿Les parece razonable que esta Diputada haga
perder tiempo a la Cámara, tiempo a SS.SS. y tiempo a ella
misma para reclamar lo que es no sólo un derecho, por suerte
ya
reglamentado, sino un simple ejercicio de cultura?
Al fin aquí estamos. Cuando se trata de ejercer la naturaleza
pluricultural del Estado --garantizada por el artículo 3 de la
Constitución-- el Estado muestra a veces inercias
inexplicables, ámbitos cerrados casi impermeables. Los hechos
que han motivado esta proposición no de ley, por ejemplo,
resultarían
incomprensibles si no fuera por esta vocación de parque
jurásico, de nostalgia y de concepciones culturalmente
unidimensionales que respiran a veces algunas instancias.
¿Cómo se puede explicar si no, más allá de la falta de
sensibilidad, que en 1993 los ciudadanos de Cataluña no
reciban aún del Ministerio del Interior la documentación
necesaria para tramitar el DNI también en la lengua catalana?
¿Cómo se puede explicar que, vulnerando
claramente el artículo 12 de la Ley 7/1983, del Parlamento de
Cataluña, el Ministerio del Interior no utilice la toponimia
oficial, sino una toponimia arqueológica que sólo responde a
la perversa imaginación que en su momento generó el franquismo
y que lo único notable que ha dado a Cataluña ha sido una
buena colección de chistes?
Señorías, tengo aquí un documento del Ministerio del Interior
comprado ayer mismo en un estanco de Pedralbes. Me remito sólo
a algunos de los ejemplos más notorios, algunos de los
ejemplos más cómicos, si no fuera porque resultan también
penosos. La población de Sant Boi de Llobregat se ha
convertido, en la documentación oficial, en un magnífico San
Baudilio,
irreconocible para la inmensa mayoría de los ciudadanos; la
calle Ample se convierte en una inexistente calle Ancha, y el
Rec Comtal aparece como acequia condal, que nadie puede saber
en Cataluña dónde está ubicada. ¿Continúo? Can Tunis
convertido en Casa Antúnez; Vilanova en Villanueva, pueblo que
quizás está ubicado en algún lugar de la meseta, pero desde
luego no en Cataluña. Sant Adrià en San Adrián, y para
completar quizás la obra de imaginería toponímica, las grafías
utilizadas no son tampoco decepcionantes. La plabra Cerdanyola
contiene, en este documento de la Dirección General de la
Policía, tres faltas de ortografía, Terrassa, dos, Montcada y
Reixach, dos más, Vía Laietana, otras dos, etcétera.
Acabo este esperpéntico recuento, que confieso que me produce
una cierta vergüenza ajena, con dos guindas. Las famosas
Dressanes son, en el texto del Ministerio, las Atarazanas; el
Poble Nou, un Pueblo Nuevo, y el Popular Carrer Major de
Montcada, la calle Mayor.
Señorías, no creo, sinceramente, que se necesiten más ejemplos
para apelar, no al derecho ya legitimado de utilizar la
toponimia oficial, sino la pura razón. Para pedir, pues, al
Gobierno que retire estos listados obsoletos, y que vulneran
la legalidad, por listados donde la toponimia de poblaciones,
barrios y calles catalanas esté respetada. Es desde el respeto
mutuo, desde el respeto de las instituciones al carácter
pluricultural del Estado, desde donde se crea un marco de
convivencia. Apelo, pues, al sentido común, al respeto
cultural y al respeto al marco legal.
Coincidiendo con estos tres fundamentos de respeto, pido al
Gobierno que tramite esta documentación oficial también en
catalán, para que los derechos de los ciudadanos catalanes no
se vean conculcados. Quiero decir, en este sentido, que hay
una notable diferencia de sensibilidad entre algunos
funcionarios de comisarías catalanas, que ya hacen esfuerzos
para atendernos en catalán --aunque parece más fruto de la
buena voluntad personal que no de directrices claras del
Ministerio-- y la documentación oficial, estrictamente
monolingüe.
Por último, quiero dejar constancia de la falta de respecto
con que fue tratada la entidad Omnium Cultural, que envió en
el mes de junio pasado una carta al Ministerio del Interior y
otra al Delegado del Gobierno de Cataluña expresando su
preocupación por este tema --tengo aquí también la copia-- y
que no ha merecido ni siquiera una repuesta.
Señorías, también el Ministerio del Interior es corresponsable
de garantizar los derechos lingüísticos de todos los
ciudadanos, es corresponsable de garantizar el carácter
pluricultural del Estado y corresponsable de respetar el marco
legal, así como corresponsable de tener un mínimo de pudor con
la cultura. Esperemos, pues, que el sentido común se imponga y
que ninguna documentación oficial de este Ministerio sea
protagonista de episodios culturalmente aberrantes y
legalmente irrespetuosos, que los San Baudilio y los
Villanueva entren en el museo de los horrores con todo lo que
han representado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. A esta proposición no de ley se ha presentado, en
primer lugar, una enmienda conjunta de los Grupos Socialista y
Catalán
(Convergència i Unió) y otra del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda conjunta, en primer lugar, y
por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, señorías, señora
Rahola, yo diría que lamentablemente su proposición no de ley
llega tarde, porque en este Congreso
de los Diputados, por parte del Grupo Socialista y de
Diputados de Convergència i Unió, como seguramente después lo
recordarán, ha habido iniciativas, quizá no del mismo calibre
o del mismo tono que la suya, pero sí para que este problema -
-que
efectivamente existe-- se solucione.
Por esta razón creemos que es preciso presentar una enmienda
de sustitución, aun reconociendo el fondo de su argumentación,
es decir, que es cierto que se vienen manteniendo listados que
contienen los topónimos de poblaciones y calles que no se
corresponden con los oficiales --y ahora haré una
argumentación sobre la oficialidad de estas denominaciones--,
pero también es cierto que por impulso, repito, de Diputados
del Grupo Socialista --y de Diputados del Grupo Catalán,
quiero reconocerlo porque hubo concretamente una pregunta del
señor Recoder, del Grupo de Convergència i Unió, en la
legislatura anterior--, se ha avanzado ya de una manera clara
para solventar esta situación que en su proposición no de ley
usted está denunciando.
Decía que haré un «excursus» sobre el tema del carácter
oficial, porque en el texto de su proposición no de ley dice
que se insta al Gobierno a plantear la necesidad de retirar
los listados actuales de direcciones y teléfonos (los
teléfonos, señora Rahola son números y éstos no cambian de
idioma) para la obtención del DNI, y sustituirlos por otros en
los que los topónimos respeten la normativa vigente al
respecto. La normativa vigente al respecto, evidentemente, es
que es competencia de las comunidades autónomas dar a los
municipios la denominación en la lengua propia de cada
comunidad autónoma. Por tanto, la denominación oficial de los
municipios catalanes es la que ha dado la
Comunidad Autónoma de Cataluña; la denominación que tienen las
calles la dan los municipios oficialmente, y la que tienen los
barrios creo que es secundario, porque no entra en los
documentos, aunque en estos listados estén sobre todo los
situados, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona.
Quiero reiterarle que todo esto está en marcha, que en la
Fábrica de Moneda y Timbre están ya confeccionándose los
nuevos impresos que van a hacer posible que el Documento
Nacional de Identidad incluya los topónimos en las
denominaciones oficiales y que incluya las instrucciones --
como se pide en su proposición y en la enmienda de sustitución
que planteamos-- en las distintas lenguas oficiales de cada
comunidad autónoma.
A nuestro Grupo (y como después será evidente también al Grupo
de Convergència i Unió) nos ha parecido que era oportuno que
esta proposición no de ley (en caso de que usted acepte esta
enmienda de sustitución) haga referencia no solamente al
ámbito
lingüístico de Cataluña, sino a los diversos ámbitos
lingüísticos existentes en el conjunto de España, y por esto
se habla dela documentación relativa al DNI en las distintas
lenguas oficiales en cada comunidad autónoma.
Pero lo que me parece más grave es que las instrucciones en
los impresos que se dan estén solamente en lengua castellana,
que no se cumpla, por tanto, la cooficialidad de las lenguas
en estas comunidades, y no la cuestión de los topónimos.
Porque, al final, los ciudadanos, cuando incluyen la ciudad en
la que viven, ponen, por ejemplo, Vilanova i la Geltrú, y no
Villanueva y la Geltrú; esto sin duda. Y en el documento que
tienen los ciudadanos pone también Vilanova i la Geltrú.
Siendo esto grave o, por lo menos, siendo algo a considerar,
me parece de mayor contenido el hecho de que la información a
la que tienen derecho los ciudadanos sea una información que
se les conceda en las dos lenguas
cooficiales, alternativa o conjuntamente, esto es lo de menos.
En cualquier caso, señora Rahola --y termino--, la pretensión
de nuestra enmienda de sustitución --que yo le ruego que tenga
a bien considerar y aceptar-- pretende de alguna forma
constatar que el trabajo se está realizando; que el impulso ha
existido, porque esta preocupación que usted manifiesta ha
existido también por parte de otros Diputados; que con este
nuevo impulso queremos que se culmine, y que sea cuanto antes,
y que pretendemos que se haga extensible no solamente a la
Comunidad Autónoma de Cataluña, no solamente a la
cooficialidad del catalán, sino también a la de las demás
comunidades autónomas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcet.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, la
proposición no de ley que la señora Rahola ha presentado ante
esta Cámara viene a incidir sobre una vieja reivindicación
planteada reiteradamente por la coalición que represento. Me
refiero a la necesidad de normalizar, desde el respeto a la
diversidad lingüística del Estado, la relación de los
organismos del mismo como los ciudadanos de las comunidades
con lengua oficial propia.
En Cataluña, los ciudadanos --repito-- tenemos derecho a ser
entendidos por la Administración también en el idioma que
constituye un patrimonio cultural que se debe proteger y
fortalecer, porque es un derecho constitucional en cuanto a la
protección y a su uso oficial para que nunca más nadie en este
país caiga en el desaguisado de ponerlo en peligro.
Del mismo modo deben ser corregidos hábitos del pasado que
prevalecen, queremos creer que por simple inercia, manteniendo
incorrecciones toponímicas, como olvidando que cada comunidad
ha ido cobrando, en
democracia, los nombres históricos que les fueron sustraídos.
La presencia de aquellos nombres de pueblos y ciudades,
inclusive parajes, en los documentos de algunos ministerios,
recuerdan inevitablemente el pasado con traducciones
sencillamente
ridículas y lamentables.
Es evidente que quienes hemos sufrido los impactos políticos y
sistemáticos de la despersonalización cultural tenemos la
sensibilidad a flor de piel, como se desprende de la
intervención de la Diputada proponente. El estado de ánimo en
defensa de la obviedad ha sido mencionado en su intervención,
pero no es nada nuevo en esta Cámara. El propio portavoz
socialista nos ha hecho mención de algunas de nuestras
intervenciones.
Revisando las actas de las sesiones puede comprobarse cómo mi
Grupo Parlamentario se ha repetido en la defensa de propuestas
más o menos parecidas; defensa que también se ha producido en
el Senado, donde nuestros parlamentarios coleccionan un sinfín
de intervenciones sobre este tema en particular en la línea
del debate de la problemática interterritorial que quisiéramos
para aquella Cámara.
Aquí, en el Congreso, es todavía reciente el acuerdo unánime
de la Comisión correspondiente, que recobró, a propuesta de mi
Grupo --casi es forzoso precisarlo--, los nombres de Lleida y
Girona para las ciudades que lo reivindicaron desde que
recobramos la democracia.
Por cierto, las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en
este caso concreto apuntan hacia la unánime coincidencia que
se produjo en aquel momento, lo cual me parece necesario
destacar. Por nuestra parte recordamos, en esta línea,
intervenciones de los Diputados Durán Lleida, Josep López de
Lerma y del propio Lluis Recoder, como nos ha recordado el
portavoz socialista, que también figura en la colección de
debates de este hemiciclo. Respecto a la normalización
lingüística del Documento Nacional de Identidad, este mismo
Diputado presentó la petición de que fueran corregidos los
programas informáticos de la Policía Nacional con el fin de
incorporar la ce con cedilla, cuestión que puede parecer
anecdótica, pero que afectaba a más de 30
poblaciones y a infinidad de ciudadanos cuyos nombres eran
escritos incorrectamente en sus acreditaciones personales. La
petición fue atendida por el Ministerio del Interior, y
recientemente hemos sabido de su incorporación a los listados
de reclutamiento del Ministerio de Defensa.
Podríamos referirnos a numerosas intervenciones en esta línea,
pero muy especialmente debo citar el debate de la Ley de
Seguridad Ciudadana, en donde Josep María Trías de Bes
reclamaba la normalización lingüística para el Documento
Nacional de Identidad, y extendía su petición a otros
documentos públicos. En aquella ocasión, el Grupo Socialista
nos manifestó su
conformidad con la propuesta y la voluntad de encontrar
elmarco preciso para la normalización que demandábamos.
La enmienda de sustitución que juntos proponemos hoy con el
objetivo de acumular las denominaciones oficiales a los
toponímicos de calles y poblaciones en los listados que se
facilitan para la tramitación del DNI, instando al Gobierno
para que cumplimente la documentación relativa al mismo en las
distintas lenguas oficiales de cada comunidad, es la
consecuencia del compromiso adquirido en aquella ocasión, y
nos parece coherente con el texto de la proposición no de ley
que debatimos, por lo que la aceptación de la misma
representaría culminar el trabajo desarrollado hacia una
normalización que juntos deseamos. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me aceptará la Diputada
proponente, señora Rahola, que podían haber ido todavía peor
las cosas, porque en esa documentación Sant Cugat del Vallés
aparece como San Cugat del Vallés y no como San Cucufate del
Valle, o sea que las cosas podrían haber sido manifiestamente
peores.
A esta proposición no de ley del Grupo Mixto, y en su nombre
de la Diputada señora Rahola, mi Grupo Parlamentario ha
presentado una enmienda dividida en cuatro apartados: tres
afectan a la exposición de motivos y otra al contenido mismo
del texto que se propone como proposición no de ley a aprobar,
en su caso, por este Congreso de los Diputados.
La señora Rahola habrá observado que nuestro Grupo
Parlamentario comparte el fondo de la preocupación que subyace
en el
planteamiento de esta proposición, e incluso comparte, como no
podía ser de otra manera, el que la legislación vigente debe
ser cumplida por la Administración del Estado. Nuestras
enmiendas van en la línea de intentar mejorar técnicamente la
redacción de la exposición de motivos, así como la propia
redacción del texto que se propone a debate y votación. En
cuanto a las enmiendas a la exposición de motivos, diré que
las tres, o una que afecta a tres apartados distintos de dicha
exposición, intenta, por una parte, precisar, en la exposición
de motivos, el ámbito territorial al que se está ciñendo, en
principio, el texto de esta proposición, si bien es cierto que
después hemos visto que hay una enmienda que presentan
conjuntamente el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència y
Unió que intenta generalizar este modelo de desarrollo de la
legislación vigente en materia de confidencialidad en aquellas
comunidades autónomas donde
además del castellano hay otra lengua propia, que,
lógicamente, también es oficial en el territorio de esa
comunidad autónoma. Anticipo ya que, en principio, nuestro
Grupo Parlamentario estaría dispuesto a aceptar este texto si
la Diputada proponente así lo considerara, porque nos parece
que lo que en este caso la ley reconoce a Cataluña, se lo
reconoce, por supuesto, a cuantas otras comunidades autónomas
españolas estén en idéntica
situación, pero es evidente que en la exposición de motivos no
queda claro, en principio, ese problema de la toponimia
catalana, e incluso el reconocimiento del derecho a los
ciudadanos de Cataluña a relacionarse con la Administración
del Estado en las dos lenguas oficiales de Cataluña: catalán y
castellano. Eso no se precisa de manera clara en la exposición
de motivos, y por eso presentamos una enmienda que pretende
aclararlo.
Hay otra enmienda al tercer párrafo, línea quinta, de la
exposición de motivos, que, en definitiva, pretende también
mejorar esa exposición de motivos, evitando interpretaciones e
incluso procurando no herir sensibilidades, que, como sabe
S.S., en el caso de la lengua están a flor de piel en unos y
otros sectores de la sociedad. No hemos de dar motivos para
que, en un tema en el que estamos de acuerdo en la cuestión de
fondo, nos perdamos en discusiones que a mí y a mi Grupo nos
parecen secundarias.
En la exposición de motivos se dice que a los ciudadanos de
Cataluña se les priva del derecho a ser atendidos en su lengua
propia y oficial, dando a entender, en una interpretación
literal y sistemática del párrafo, que la única lengua propia
de los ciudadanos de Cataluña es el catalán. Se sabe que la
lengua propia de Cataluña, según reza el Estatuto, es el
catalán, idioma institucional propio de Cataluña; otra cosa es
la lengua propia de cada ciudadano. Lógicamente, hemos de
entender que la lengua propia de cada ciudadano es su lengua
materna, y en Cataluña, como lengua materna, el 99,99 por
ciento de los ciudadanos tienen el catalán o el castellano.
Por tanto, la redacción que
proponemos pretende salvar esa posible interpretación, que no
se ajustaría a la realidad social de lo que es Cataluña y que,
por otra parte, podría llevarnos a una discusión absolutamente
estéril, ya que, insisto, en el fondo de la cuestión estamos
de acuerdo.
Por último, la tercera enmienda, también a la exposición de
motivos, en la misma línea de precisión técnica que estoy
apuntando y de evitar afirmaciones que pueden llevar a
discusiones no constructivas en el ámbito que estamos
tratando, pretende superar lo que se dice aquí de que se trata
de proteger los derechos lingüísticos de la ciudadanía
catalana,
presuntamente agredidos por la Administración del Estado en
Cataluña, y limitarnos a decir que se trata de superar esas
irregularidades para que la Administración del Estado en
Cataluña cumpla, de forma adecuada, la vigente legislación en
materia lingüística. Me parece que estas fórmulas son mucho
más
pacíficas, no se prestan a discusiones y, repito, en todo caso
salvan el espíritu y el fondo de la cuestión que estamos
debatiendo.
En cuanto a la enmienda con texto alternativo que proponemos,
de sustitución a la propuesta de la señora Rahola, habrá visto
que en el fondo también la respeta, pero nos parece que la
redacción que nosotros ofrecemos es técnicamente más precisa,
ya que no se trata de que este Congreso de los Diputados inste
al Gobierno a que se plantee una cosa, sino que, en todo caso,
le insta a que haga lo que aquí, en su caso, mayoritariamente
se decida, puesto que éstas son las reglas del juego de una
democracia
parlamentaria en la que el Congreso de los Diputados controla
e impulsa la acción del Gobierno.
Bien es cierto que tras la presentación de nuestra enmienda
hemos escuchado la que ha defendido el Grupo Socialista, en
conjunción con el Grupo de Convergència i Unió (como procede
en un gobierno de coalición que en la práctica está
funcionando), y como esa enmienda respeta el fondo de la
propuesta que se ha planteado aquí, que va en la línea también
de nuestra misma enmienda y que lo que hace es generalizarla a
todo el territorio español, insisto en que si la señora Rahola
la aceptara estaríamos dispuestos a asumir ese texto, en el
bien entendido de que mantendríamos las enmiendas a la
exposición de motivos, rogando de la señora Rahola que las
acepte desde el espíritu constructivo que a todos nos debe
animar en un tema como el de la lengua, insisto, de enorme
trascendencia y que ha de ser tratado siempre teniendo muy
presente que el patrimonio fundamental que hemos de preservar
es el de la convivencia y la cohesión social, y que la lengua
debe ser siempre un instrumento de encuentro y
comunicación y nunca barrera de separación, ni entre
ciudadanos ni entre comunidades. Desde este espíritu, repito,
confío en que la señora Rahola acepte nuestras enmiendas a la
exposición de motivos para que podamos encontrar la mayor
unanimidad posible en esta Cámara, que creo irá en favor de
esa convivencia a la que he hecho alusión --otra cosa es lo
que después pueda aparecer en determinados ámbitos--, y que me
consta que es enormemente compartida por lo menos por la
ciudadanía de Cataluña, y estoy seguro que por la ciudadanía
española en general.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández Díaz,
esta Presidencia le recuerda que en las proposiciones no de
ley lo único que se somete a votación posterior es el texto
estricto de la proposición no de ley, es decir, la propuesta
de
resolución, y no la exposición de motivos, con independencia
de que esté bien que S.S. haya defendido unas precisiones en
relación
a esa exposición de motivos presentada por la señora Rahola.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición respecto a la
proposición no de ley del Grupo Mixto, señora Rahola.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente la proposición no de
ley por dos consideraciones. En primer lugar, porque la
Administración central del Estado debe adecuar su actuación al
régimen de cooficialidad vigente en la Comunidad Autónoma
catalana, puesto que así lo establece la Ley de normalización
lingüística catalana. Evidentemente, el Tribunal
Constitucional, en las sentencias de 1986 relativas tanto a la
Ley de normalización lingüística catalana como a la vasca,
determina que el régimen de competencia para fijar la
oficialidad de lenguas distintas del castellano corresponde a
las comunidades autónomas. En este caso sería tanto a la de
Cataluña como a las del País Vasco, Galicia, Baleares y la
Comunidad valenciana. Por todo lo anterior, lo que pide la
portavoz de Esquerra Republicana es algo evidente, y señala
que lo que tiene que hacer la Administración central es
cumplir con la normativa de oficialidad lingüística vigente en
Cataluña. Esto como primera cuestión.
En segundo lugar, para que se produzca esa adecuación del
respeto a la normativa lingüística catalana, lo que los
municipios catalanes han debido hacer, en el ejercicio de sus
competencias determinadas en la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local, es la modificación de su denominación, que si
la han realizado de conformidad con el procedimiento
legalmente previsto, la
aprobación correspondería al Gobierno autónomo --en este caso
al catalán--, y si así está realizada y esa inscripción se ha
hecho en el registro de Administración Local, produciría una
eficacia plena, tendría plenos efectos. Esto quiere decir que
todas las administraciones públicas deben respetar los efectos
que «erga omnes» debe tener la inscripción legalmente
realizada.
Por tanto, lo que está pidiendo la representante de Esquerra
Republicana de Cataluña son cosas obvias, pero son cosas
también de nervio, son cosas importantes, puesto que todas las
administraciones públicas deben cumplir la legalidad vigente,
y el que a estas alturas, desde la entrada en vigor de la
democracia, nos encontremos con disfunciones en el
cumplimiento del régimen de cooficialidad, nos parece que es
una cuestión criticable.
En resumen, estamos completamente de acuerdo con el
planteamiento realizado por la portavoz de Esquerra
Republicana de Cataluña. No obstante, señor Presidente,
nuestro Grupo Parlamentario ve factibles y viables los
planteamientos sensatos que han expuesto los señores Marcet y
Baltá, así como el señor Fernández Díaz, puesto que van en la
línea posibilista de integrar la voluntad de los distintos
grupos parlamentarios. Nosotros, si la portavoz de Esquerra
Republicana de Cataluña está dispuesta a aceptar dichos
planteamientos, apoyaríamos estas enmiendas a la
proposición planteadas por los portavoces antedichos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo también quiero felicitar a la Diputada Pilar Rahola por
haber presentado esta proposición no de ley, que a diferencia
de alguien me ha precedido en el uso de la palabra creo que no
llega tarde; si acaso lo que llega tarde es el cumplimiento
del mandato. La Constitución data del año 1978 y a finales de
1993 nos debería dar vergüenza a todos los Diputados y
Diputadas de esta Cámara tener que estar discutiendo algo tan
sencillo como recoger la toponimia auténtica y única de una
serie de
poblaciones de las diversas nacionalidades del Estado español.
Hay un mandato constitucional que va bastante más allá de la
toponimia; ojalá que también nos dijesen desde el Gobierno que
llegamos tarde a pedir que se cumplan otros apartados del
mismo mandato constitucional, por ejemplo, el que encarga a la
Administración del Estado velar por el avance de todas las
lenguas que hoy conviven en el Estado español.
Yo creo que en la enmienda que plantean el Partido Socialista
y Convergència i Unió hay un aspecto muy positivo que debería
ser aceptado y que nosotros apoyaríamos, y es generalizar el
mandato no sólo para Cataluña, sino para todas las zonas donde
se hable euskera, ya sea en Euskadi o en la parte norte de
Navarra; gallego en Galicia, u otras áreas catalanoparlantes
en sus variedades del País Catalán. Creo que es una enmienda
correcta en esta dirección, aunque tiene eufemismos dignos de
ser
recogidos algún día en los anales de esta Cámara. Se dice en
la enmienda que se pretende culminar los trabajos ya
emprendidos --ojalá no tardemos 15 años más en culminarlos--
para que se acomode la toponimia. ¿Por qué no decimos
claramente que se traduzca y no que se acomode la toponimia?
En esa dirección va el sentido de nuestro voto, repitiendo
nuestra felicitación a la proponente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra la señora Rahola, a los efectos de indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a su
proposición no de ley.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, puesto que
entiendo que las enmiendas presentadas no cambian en absoluto
el sentido de la proposición, que es el de resolver una
irregularidad de orden cultural y lingüístico y el de proteger
el derecho de los ciudadanos a recibir la información en su
propia lengua --por cierto celebro que 16 años después de las
elecciones democráticas empiece a plantearse una solución--,
no tengo ningún inconveniente en aceptar la enmienda conjunta
del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán.
Asimismo, acepto las mejoras técnicas del Grupo Popular
referentes a la exposición de motivos, y no tendría ningún
problema en aceptar también la redacción final de la
proposición, sin embargo, puesto que hay que aceptar una
redacción u otra, opto por la enmienda del Grupo Socialista y
del Grupo
Parlamentario Catalán. Quiero dejar constancia de mi
satisfacción por el clima de consenso y de respeto que se ha
respirado en un tema tan importante --de nervio lo calificaba
el representante del Partido Nacionalista Vasco-- para la
convivencia y el respeto a todas las lenguas y culturas.
Finalmente, quería expresar mi felicitación a las taquígrafas
de este hemiciclo, puesto que, demostrando una gran
sensibilidad, me han pedido mi texto para no cometer ninguna
falta en catalán, cosa que hasta el momento el Ministerio del
Interior no ha hecho. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Pasamos a la votación de esta proposición no de ley.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de
ley del Grupo Mixto, de la señora Rahola. Se somete a votación
en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas
del Grupo Socialista y Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA PONER FIN A LOS
PROBLEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y PARA CONSEGUIR UN
ADECUADO NIVEL DE CALIDAD Y DE SATISFACCION POR PARTE DE LOS
USUARIOS Y DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS, EVITANDO RECORTES
EN LAS PRESTACIONES A LOS CIUDADANOS (Número de expediente
173/000015)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día. Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo
Popular subsiguiente a la interpelación sobre medidas
previstas por el Gobierno para poner fin a los problemas del
Sistema Nacional de Salud y para conseguir un adecuado nivel
de calidad y de satisfacción por parte de los usuarios y de
los
profesionales sanitarios, evitando recortes en las
prestaciones a los ciudadanos.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Popular presenta esta
moción consecuencia de la interpelación urgente sobre
problemas del Sistema Nacional de Salud que tuvimos ocasión de
debatir la semana pasada en esta Cámara. Una interpelación
urgente, porque urgente era entonces, y es ahora, la necesidad
de acometer profundas reformas en nuestro sistema sanitario,
hoy inmerso en profundas dudas e incertidumbres.
Nuestra moción no es un catálogo exhaustivo de propuestas y ni
siquiera hemos pretendido abordar toda la variada problemática
de nuestra sanidad. Queremos con ella, simplemente, invertir
una tendencia al anquilosamiento del sistema y a su progresivo
deslizamiento por una pendiente de ineficacia, de escasez de
ideas y voluntad de cambio, que no podemos mantener por más
tiempo.
La sanidad española, señorías, padece importantes deficiencias
derivadas del agotamiento y las insuficiencias de un modelo,
su modelo, señorías socialistas, que es un modelo cerrado, que
es un modelo burocrático, que es un modelo rígido y
centralizado, basado en presupuestos irreales. Un modelo, en
definitiva, lastrado de prejuicios y superado por las
necesidades de la sociedad española.
El Sistema Nacional de Salud, que defendemos todos, ha
demostrado ser un instrumento válido para configurar una
respuesta
asistencial y una cobertura de las necesidades de los
ciudadanos. El Sistema no se cuestiona, señorías, pero su
modelo sí y de forma profunda, porque el modelo que están
ustedes aplicando es el que pone en grave riesgo la
pervivencia de ese mismo diseño asistencial que compartimos a
grandes rasgos. Su modelo, además, es caro y cuesta demasiado
para lo que ofrece. Su modelo ha marginado a los profesionales
sanitarios de la toma de decisiones. Han aparcado ustedes, a
lo largo de los años, sus demandas más sentidas y han
demostrado en estos años una proverbial incapacidad para
motivar, para comprometer, para involucrar y para
corresponsabilizar a los profesionales. Su modelo y su
política han generado discriminaciones, irregularidades,
politización en la gestión, descontrol económico e
insatisfacción creciente en profesionales y usuarios.
Nosotros pretendemos con esta moción y los puntos en ella
contenidos desbloquear esa parálisis actual, no sé si debida a
la falta de ideas, si debida a su falta de voluntad o peso
político o a los problemas internos del Departamento. Ustedes
han pasado de perder el tiempo desmintiendo a los propios
responsables, que anunciaban recortes importantes de
prestaciones, a ceses fallidos, como el de la Directora
General de Farmacia, o a ceses reales, como el que hoy mismo
se ha producidocon el Director del Plan Nacional del Sida. En
definitiva, están ustedes inmersos en un marasmo organizativo
que a nosotros nos preocupa sobremanera.
Por todo eso, hemos presentado esta moción. En ella les
proponemos una serie de puntos que consideramos prioritarios y
fundamentales para iniciar un nuevo camino para la sanidad
española, un camino donde las administraciones sanitarias
adecuen su planificación, su organización y su gestión a las
necesidades verdaderamente sentidas por la población y los
profesionales, haciendo posible nuevas fórmulas,
suficientemente acreditadas y eficientes, que permitan
aprovechar todoslos recursos existentes, todos los recursos
disponibles, abriendo el Sistema Nacional de Salud y
favoreciendo, de verdad y plenamente, la igualdad real de los
ciudadanos en la libre elección en la provisión de los
servicios sanitarios.
El Gobierno ha modificado recientemente su inicial posición de
disolver la Muface, que permitía y permite disfrutar a unos
ciudadanos de una modalidad de gran aceptación, más barata y
más eficaz. Nos congratulamos en su momento por esa decisión,
porque es una buena medida. Pero, si es una buena medida --y
ustedes han reconocido que lo es--, por qué no hacerla
extensiva también al resto de los ciudadanos, por qué extraña
motivación los funcionarios disfrutan de una posibilidad a la
que no tiene acceso el resto de los ciudadanos. ¿Puede alguien
explicarnos por qué lo que es bueno para algunos funcionarios
en este país no lo es para todos y cada uno de los ciudadanos?
Ese nuevo enfoque, esa nueva demanda es casi palabra por
palabra la misma que defendía ayer, en el «Diario Médico», el
Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ni
yo mismo ni nadie de mi Grupo habría podido defender mejor que
el Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña
la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Ese nuevo camino para la sanidad necesita, además, introducir
libertad y sentido común en nuestro sistema, implica devolver
la confianza en los profesionales y comprometerles a ellos con
el modelo. Señorías, el ambiente entre los profesionales de la
sanidad en España es absolutamente irrespirable; desde la
frustración profesional a la politización de la gestión, desde
los flagrantes incumplimientos que se arrastran a lo largo de
los años hasta las reformas aplazadas día tras día. Hay que
acometer las reformas pendientes como mecanismo para devolver
esa
confianza y esa motivación a los profesionales.
En nuestra moción fijamos en seis meses el tiempo necesario
para traer a esta Cámara una serie de medidas; seis meses es
suficiente, si se tiene voluntad y capacidad, después de
tantos años, para abordar aspectos como la carrera
profesional, como las atribuciones profesionales, o como las
especialidades en
enfermería. Porque, señorías, ¿hasta cuándo vamos a tener que
seguir en este país sin contar con unas normas básicas, como
éstas, que están demandando los sectores correspondientes
desde hace un montón de tiempo? Las especialidades en
enfermería desde el año 1953, señoras y señores Diputados.
Todas ellas necesidades ineludibles para una efectiva
motivación de nuestros
profesionales y, sobre todo, lo que es más importante, para
una verdadera modernización de nuestro sistema sanitario. ¿Y
de qué se trata, al final, con esta moción y su contenido? Se
trata, a grandes rasgos, de devolver el respeto, por parte de
la Administración, a los profesionales, de generar un marco de
estabilidad profesional bien fundamentando, y de
corresponder con eficacia a las demandas de formación y de
homologación europea que tienen esos profesionales sanitarios.
Es inconcebible, señorías, que año tras año y Ministro tras
Ministro hayan quedado en la cuneta aspectos tan fundamentales
como estos. Demuestren ustedes ahora que algo puede cambiar en
el rumbo de la sanidad española, demuestren ustedes ahora que
apuestan de verdad por la profesionalización de nuestros
sanitarios y que dicen no, con claridad, a la manipulación, a
la politización, a la marginación de los profesionales, a la
confrontación entre ellos y al dirigismo autoritario que ha
sido el norte y guía de su gestión. Señorías, la necesidad
también de un marco contractual, de un estatuto que defina la
relación especial de los profesionales con el Sistema Nacional
de Salud, es otro de los aspectos básicos de nuestra moción.
Ese estatuto marco, o como quieran ustedes llamarlo, que no
es, desde luego, el que preveía la Ley General de Sanidad, es
una realidad que hay que hacer efectiva ya, en este momento,
mediante una ley, una realidad que ustedes han estado
rehuyendo durante años y que ya no puede esperar más. Definan,
señorías, de una vez por todas, desde el Grupo Socialista,
cuál es su proyección de futuro. ¿Pretenden
que los trabajadores sigan ligados estatutariamente a la
Administración sanitaria como hasta ahora, pretenden
introducir mecanismos de laboralización progresiva, ya sea
esta parcial o ya sea esta total, o siguen ustedes manteniendo
ese obscuro proyecto denominado contrato-cooperativo, que
nadie sabe muy bien en qué consiste y que nadie sabe muy bien
cómo se a va a plasmar desde su programa electoral a la
realidad?
Señorías, resulta casi vergonzoso tener que traer una moción a
este Parlamento para pedir que se haga cumplir uno de los
supuestos básicos de nuestra Constitución, el que afecta al
artículo 14, el que consagra el principio de igualdad al que
han apelado muchos profesionales demandando una elemental
homologación de retribuciones entre profesionales que
pertenecen al mismo Sistema Nacional de Salud, que tienen
puestos de trabajo de idénticas características, de similares
responsabilidades, pero que en estos momentos están llegando a
cobrar retribuciones con más de 100.000 pesetas al mes de
diferencia entre unos y otros, en función de que trabajen para
una comunidad autónoma o para otra. Esa realidad, que afecta a
muchos profesionales sanitarios, es una realidad indefendible
e insostenible y necesita una respuesta urgente. Incurrir en
discriminaciones retributivas de más de cien mil pesetas por
profesional y por mes, entre profesionales, como decía, de
iguales condiciones de trabajo y de responsabilidad, es algo
que debería avergonzar a la administración sanitaria de este
país y que, desde luego, no ayuda en absoluto a ese compromiso
de los profesionales con el sistema y a esa involucración,
cada vez mayor, que deben mantener y que es bueno que
mantengan con ese mismo sistema.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, le ruego concluya.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Esa obligación de atajar esta situación y de hacerlo cuanto
antes es la que nos guió a traer aquí esta moción. Esa falta
de
adecuación, de coordinación, de consenso y de homologación
interterritorial es un caos añadido, que ustedes tienen la
obligación de corregir. Este es el camino que nosotros hemos
querido marcar con esta moción, un camino que tenemos que
recorrer entre todos, y bien lo encaramos de verdad, sin
demora, desde la reflexión, desde el análisis sosegado, cuando
todavía estamos a tiempo, o tendrán ustedes que encararlo,
puesto que ustedes tienen la responsabilidad superior,
haciéndolo desde el incremento de los costes, desde la
ausencia de recursos, desde el desapego de los profesionales y
desde la huida, y eso es extraordinariamente grave, de gran
parte de los usuarios hacia modalidades, éstas sí
auténticamente privadas, de asistencia sanitaria. Más de cinco
millones de personas, en este país, dicen que el sistema
sanitario público les crea insatisfacción y que prefieren
recurrir a la iniciativa privada. Quiéranlo o no, mantener
esta tendencia por su negativa a introducir las necesarias
reformas, al final, es lo que va a provocar el definitivo
abandono social del sistema y su definitiva pérdida de
credibilidad. Esa es su responsabilidad y la de todos los
grupos de la Cámara. Esperemos que estén a la altura de las
circunstancias para afrontarla.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar, desde el Grupo Vasco, la posición en la
moción del Grupo Popular sobre las medidas previstas por el
Gobierno para poner fin a los problemas del Sistema Nacional
de Salud.
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero señalar
que, aunque el Grupo Popular plantea un conjunto de
actuaciones, algunas de las cuales son oportunas, no
coincidimos con su enfoque. Desde nuestro Grupo, señor
Presidente, consideramos que, antes de abordar las medidas
parciales o individuales en el ámbito sanitario que propone el
Grupo Parlamentario Popular, debemos realizar otra cuestión,
que es fijar los fines concretos. Puesto que el objetivo
general ya está plasmado en la Ley General de Sanidad, que es
la mejora de la salud de los ciudadanos, lo que debemos hacer
previamente es llegar a un consenso sobre los fines concretos
del modelo sanitario público que queremos, hacia dónde debe
caminar este modelo sanitario público, en aras a concretar ese
objetivo general previsto tanto en la Constitución como en la
Ley General de Sanidad.
Señor Presidente, el Grupo Popular plantea un conjunto de
medidas, a nuestro juicio reglamentistas, en distintos ámbitos
sanitarios y estimamos que, en este momento, el debate tiene
que definir esos principios e intentar consensuar, tanto entre
la administración sanitaria central como entre la
administración sanitaria de las comunidades autónomas y las
organizaciones profesionales del sector, el modelo que
queremos y hacia dónde caminamos. Nuestro Grupo entiende que
lo que debemos hacer es fijar ese fin y esos objetivos. Ver
hacia dónde caminamos, qué modelo de sistema sanitario
queremos. Después de tener esto detallado, consensuado,
pactado y elaborado, habrá que abordar algunas de las medidas
que el Grupo Popular sugiere.
En esta fase del debate, entendemos que nos encontramos
todavía sin ese modelo, sin ese consenso suficiente y, por
tanto, iniciar --como el Grupo Popular
dice-- una serie de medidas reguladoras puede suponer un
obstáculo a la hora de llegar a un consenso sobre el modelo
sanitario, puesto que, en definitiva, habremos avanzado un
camino que quizá haya que retroceder. Nuestro Grupo es más
partidario de llegar, primero, a ese consenso y, después,
abordar las medidas que plasmen, apliquen y ponga en práctica
ese modelo consensuado entre los profesionales y las
diferentes administraciones sanitarias.
Al conjunto de actuaciones que propone el Grupo Parlamentario
Popular, hay que, a nuestro juicio, realizar diversas
consideraciones. En primer lugar, habla de la libre elección
en la provisión de servicios sanitarios, a semejanza de la que
tienen los usuarios de entes como la Muface, la Mutualidad
General Judicial o el ISFAS.
Hace unos meses se ha aprobado, por parte del Gobierno
central, un régimen de libre elección de médico que nuestro
Grupo entiende que supone un avance cualitativo importante, en
un Estado social y de Derecho, y que va en la misma línea de
otras comunidades autónomas, como el País Vasco, donde ya
existía libertad en cuanto a la elección del médico de
cabecera o de atención primaria. A nuestro juicio, el actual
sistema de libre elección de médico de cabecera es un avance
importante y positivo, pues tiende a generar la necesaria
confianza que ha de existir entre el médico y el paciente.
Creemos, señor Presidente, que ni el régimen de ausencia de
libertad de elección de médico ni el sistema de completa o
plena libertad de elección son los idóneos; ni uno ni otro. En
este momento, el sistema de libre elección racionalizado, que
es el que existe, nos parece que es sensato, que se adecua a
las necesidades de los pacientes y que se ajusta a las
posibilidades de organización que tiene el Sistema
sanitario nacional. Está en una situación equilibrada.
Evidentemente, si logramos un consenso sobre qué tipo de
modelo sanitario queremos, hacia dónde caminos, podemos
avanzar en la línea que propone el Grupo Popular, pero nos
parece que todavía existe cierta premura para adoptar medidas
de esa índole. El plazo de seis meses que ustedes indican para
poneren marcha un régimen de estas características nos parece
que distorsionaría seriamente el funcionamiento, tanto del
Insalud como de las administraciones sanitarias autónomas, sin
perjuicio de que, como el representante del Partido Popular ha
indicado, haya alguna comunidad autónoma, como Cataluña, que
pueda caminar ya hacia esta vía, puesto que cuenta con una
fuertered sanitaria privada, muy consolidada. Efectivamente,
ha habido unas recientes declaraciones del Consejero de
Sanidad catalán, pero es evidente que en este momento la
situación de las administraciones públicas sanitarias, del
modelo sanitario, no nos permite, con seriedad, con rigor y
con sensatez, avanzar en esa línea, sin perjuicio de que sea
un planteamiento a tener en cuenta en cada caso, por ejemplo
en el caso catalán, porque dispone, como digo, de una red
sanitaria privada potente y consolidada, por lo que puede ser
válido dicho modelo, pero esto no es trasplantable en este
momento, con carácter general, tanto a la red del Insalud como
a la de otras comunidades autónomas.
Señala el representante del Grupo Popular la necesidad de
elaborar un proyecto de ley de atribuciones profesionales que
defina competencias y responsabilidades de estos profesionales
sanitarios. Y estamos de acuerdo con ello, pero siempre que se
cumplan dos premisas. En primer lugar, la delimitación de las
atribuciones profesionales requiere un previo debate entre
todas las organizaciones profesionales que actúan en el ámbito
de la sanidad y las comunidades autónomas. Y eso, señor
representante del Grupo Popular, usted sabe que no se logra en
seis meses, sino que requiere un debate profundo y sosegado
para poner de acuerdo a todos los colectivos profesionales que
actúan en el ámbito de la sanidad y a las diferentes
administraciones públicas.
La segunda premisa es que la determinación de las atribuciones
profesionales no puede crear, a nuestro juicio, compartimentos
estancos entre los profesionales de la sanidad; tiene que
abordar esta definición, esta delimitación funcional desde una
visión dinámica; no pueden existir compartimentos estancos
entre los cuales no haya ámbitos de fluidez, de interconexión.
Propone también el Grupo Popular la regulación legal de la
carrera profesional de los sanitarios. Señorías, nuestro Grupo
entiende que, antes de disciplinar esta cuestión, como decía
anteriormente, debemos fijar esos objetivos del sistema
sanitario, el modelo de gestión que queremos, el sistema de
plantillas que vamos a utilizar, en definitiva, tener una
visión global del sistema sanitario y, en base a ella, en
función de lo que verdaderamente queramos y sabiendo
claramente a dónde vamos, adoptar medidas reguladoras. Pero
quizá este no sea el momento propicio para adoptar este tipo
de medidas reguladoras que ustedes avanzan; posiblemente fuera
andar un camino que en breve plazo habría que desandar.
Hablan asimismo ustedes de la necesidad de regular las
especialidades de enfermería. Tiene razón, pero, a nuestro
juicio, deben soportarse en las consideraciones generales que
antes he expuesto y que no voy a repetir, señor Presidente.
Para ir terminando, la Ley General de Sanidad preveía un
estatuto marco profesional, concebido como un conjunto de
normas
profesionales para el funcionamiento del sistema sanitario. En
este aspecto, desde la entrada en vigor de la Ley General de
Sanidad han pasado suficientes años y quizás deba actualizarse
la regulación que en ella se contiene a la vista del tiempo
transcurrido, de las necesidades que exige la realidad social
y de que es necesario un consenso para planificar y obtener
una programación de la política de personal a realizar en el
ámbito de las administraciones
sanitarias. Por ello, efectivamente, usted tiene razón cuando
dice que se preveía un estatuto marco, pero en este momento
ese estatuto marco quizás no es el que hace falta a la
realidad social de las administraciones sanitarias, que
requieren esa visión global de la política de personal y del
modelo de gestión, tanto de los hospitales como de los centros
de atención primaria, a realizar por las administraciones
sanitarias.
Por último, en materia de retribuciones profesionales, nuestro
Grupo Parlamentario, señor Presidente, no es partidario de que
todos los profesionales sanitarios ganen lo mismo. En este
caso tenemos una discrepancia de fondo con el planteamiento
del Grupo Popular. Un sistema de homologación es un incentivo
para la baja productividad. Señorías, las administraciones
sanitarias, en sus respectivos ámbitos competenciales,
disponen de capacidades normativas y de organización del
régimen retributivo. Por tanto, yo no puedo coincidir con el
Grupo Popular cuando dice que hay una discriminación. No hay
una discriminación y una violación del artículo 14 de la
Constitución, puesto que, como entiende el Tribunal
Constitucional, hay violación cuando, no existiendo una
justificación objetiva y razonable, a comportamientos o
actuaciones iguales ante la ley se les da tratamientos
diferentes. En este caso, la justificación objetiva y
razonable que diferencia normativas y potestades de
autoorganización diferentes es el ámbito competencial, y es
que las comunidades autónomas pueden normar, disciplinar y
actuar, tanto en el ejercicio de sus potestades de desarrollo
legislativo en materia de sanidad como en sus postestades de
autoorganización en el ámbito de la función pública, para
disciplinar el régimen retributivo, sin perjuicio de que
exista, con carácter básico, la retribución básica prevista en
la Ley 30/1984, de Función Pública.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego
concluya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente,
concluyo. Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario entiende
que el sistema de incentivar para originar una mayor
productividad entre los profesionales de la sanidad es muy
válido y en ese aspecto no coincidimos con el Grupo Popular.
Termino, señor Presidente, señalando que, por todas las
consideraciones explicitadas, nuestro Grupo no coincide con
las propuestas que ha efectuado el Grupo Popular, porque nos
llevan a una reforma implícita o soterrada del sistema
sanitario, cuando, a nuestro juicio, lo que precisa, repito,
es una reforma que contenga con claridad esos fines y esos
objetivos, hacia dónde vamos, tanto del Insalud como de las
comunidades autónomas, puesto que es necesaria una
coordinación y una colaboración en esta cuestión, basada tanto
en la realidad social como en la experiencia acumulada y el
debate sereno y riguroso entre todos los sectores afectados de
los profesionales y las
administraciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palagra
el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, antes de entrar a comentar
nuestros puntos de vista sobre cada una de las propuestas que
se nos ofrecen en esta moción, para fijar la posición de
nuestro Grupo hemos de hacer una consideración previa.
Para la Coalición de Convergència i Unió la financiación
sanitaria ha de ser pública, mientras que la gestión puede ser
pública y privada. Es decir que debe de haber una
complementariedad entre la provisión pública y la privada por
medio de los conciertos. En este sentido hemos de significar
que, por encima de polémicas estériles e inútiles ya superadas
entre centros públicos y centros privados y por extensión, por
tanto, servicios públicos y servicios privados, es preciso
mejorar los servicios sanitarios, desde la aceptación de que
todos los centros cumplen con un servicio público, incluyendo
criterios de competitividad y de gestión empresarial en el
momento de
administrar estos centros sanitarios al servicio de los
ciudadanos.
Hemos de recordar que el actual planteamiento de la asistencia
pública sanitaria es uno de los principales problemas que
tienen las administraciones en el ámbito del déficit público.
Por ello creemos llegado el momento de plantearnos cuáles son
los caminos más adecuados para conseguir una sanidad de
calidad y, además, más humanizada, con independencia de que
sea ofrecida por un centro público o por un centro privado.
Dicho esto, entraría ya a analizar cada uno de los puntos de
la moción desde nuestra perspectiva.
Con respecto al punto primero, al programa de actuación que
permite extender la libre elección en la provisión de los
servicios sanitarios, es, a nuestro entender, inviable
económicamente en estos momentos, pues llevaría al sistema
sanitario público a una situación de quiebra. Entendemos que
lo que habría que hacer es ir avanzando en la fórmula que
proponíamos en nuestro programa electoral, en la que, al
final, haré mayor hincapié, si el tiempo me lo permite, que va
en el sentido de que la parte sanitaria de la cotización de la
Seguridad Social pueda ir a las mutuas, a las que buena parte
de la población (un 22 por ciento en Cataluña) tiene
concertada una póliza de asistencia sanitaria.
En cuanto al segundo punto, sí que podíamos estar de acuerdo,
pues entendemos que es positivo que cada actividad sanitaria
esté regulada a nivel de sus atribuciones profesionales.
En cambio, creemos que es totalmente imposible poder afrontar,
con los presupuestos actuales, la iniciativa legislativa que
se nos propone en el tercer apartado.
En cuanto al cuarto, creemos también del todo necesario que se
regulen las especialidades de enfermería, siempre de acuerdo
con la normativa comunitaria. Ello resolvería, entre otras
cuestiones, por ejemplo, el problema de las comadronas.
También podríamos estar de acuerdo en la necesidad de
establecer un estatuto marco de los profesionales sanitarios,
como se propone en el apartado 5.
Finalmente, en cambio, no podemos estar de acuerdo con el
punto 6, pues ello va a en contra de nuestro concepto de la
autonomía y del autogobierno, además de que impediría la
imposibilidad de crear fórmulas más imaginativas, por parte de
las comunidades autónomas, en el campo de la gestión de los
recursos humanos. Como decía antes, permítanme, señor
Presidente, señorías, unas palabras referentes a lo que
nosotros, Convergència i Unió, entendemos que se debe ir
avanzando en el sistema sanitario; es decir, un sistema mixto
de seguro de la sanidad pública,
eliminando la doble cobertura y, por tanto, la doble
cotización. Decíamos la semana pasada que la demanda de
servicios sanitarios no ha dejado de crecer en los últimos
años y la previsión es que siga creciendo en un futuro. El
crecimiento del sector sanitario en el Estado español ha sido
hasta ahora posible por el
incremento de la financiación pública de la sanidad. No
obstante esto, y en el contexto económico presupuestario
actual en el que nos movemos, el presupuesto del INSALUD
difícilmente podrá hacer frente al crecimiento de esta demanda
sanitaria. Esta diferencia entre demanda y recursos económicos
se podría resolver de diferentes maneras. Por ejemplo, en
primer lugar, limitando las prestaciones que ofrezcan los
servicios públicos; en segundo término, introduciendo una
parte de financiación privada más importante que la actual con
tickets moderadores, por ejemplo. Evidentemente, ninguna de
las dos fórmulas que he expuesto, de los dos términos que he
citado, parece adecuada. Nosotros hemos optado por una tercera
vía, consistente en un sistema mixto de seguro de la sanidad
pública eliminando la doble cobertura. Como hemos dicho, es
preciso separar la financiación, que ha de ser, evidentemente,
pública, de la gestión, que puede ser pública o privada. Como
decíamos anteriormente, ha de complementarse, como así lo
indicaba el informe conocido como «Informe Abril Martorell»,
mediante lo que se ha llamado la provisión de servicios.
El usuario en este caso puede elegir libremente entre una u
otra asistencia. Al permitir la posibilidad de escoger, se
reconoce implícitamente que el usuario es quien conoce mejor
sus
necesidades y, por tanto, lo que más le conviene. La
utilización de los servicios privados representaría una
descongestión para el sector público sanitario, congestión que
puede ir en un futuro a la quiebra del sistema en cuanto a su
gestión y su
funcionamiento.
Por tanto, el mecanismo para llevarlo a término sería evitar
la doble cotización, dando opción a este ciudadano a que pueda
escoger entre acogerse a la cotización a la Seguridad Social o
en alguna entidad de seguro libre, que resulta ser frecuente,
por lo menos en nuestra sociedad, sin negar a nadie la
posibilidad de acogerse al sistema de sanidad pública. En este
caso, el importe actual de la cotización a la Seguridad Social
se
trasladaría a la entidad aseguradora, subvencionando la cuota
que el ciudadano paga en concepto de seguro sanitario.
Si la aportación a la financiación a la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social --lo recordaba hace unos días la propia
señora Ministra al presentar los presupuestos de Sanidad--
representa por parte del Estado aproximadamente un 71 por
ciento, mientras que las cotizaciones representan un 27/28 por
ciento, y, por otra parte, los gastos por cada persona son
aproximadamente de 82.000 pesetas por año, de las cuales este
25 por ciento que serían 22.000 pesetas, proceden de estas
cotizaciones, serían estas 22.000 pesetas las que se deberían
destinar en este caso que nosotros proponemos a las personas
que son socios de estas entidades.
A nuestro entender, la libertad de elección implica libertad
de mercado, y ello quiere decir que también lleva consigo
competencia; competencia que siempre se traduce, por una
parte, en una mayor calidad de las prestaciones de la
asistencia, en definitiva, en este caso, pero que, a la vez,
también comporta y representa un menor coste, por tanto, una
disminución del gasto al mejorar su gestión.
La alusión que ha hecho el Diputado... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cardona.
Señorías, ruego guarden silencio, y, además de silencio,
respeto a la Cámara. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente. En
cuanto a la alusión, decía, del Diputado del Grupo Popular, el
señor Burgos, a lo que explicaba el Conseller Trías, no sé si
lo he sabido explicar claramente como él lo hubiera hecho,
pero, en todo caso, sí he querido que quedara constancia en el
«Diario de Sesiones» de la Cámara porque es lo que nosotros
proponemos.
Todo lo que sea por esta línea encontrará nuestra buena
predisposición.
Por todo ello, y desde esta perspectiva, no podemos apoyar la
moción, aun cuando, como hemos dicho, estamos de acuerdo en
algunos puntos. Además, lamentamos sinceramente que al
tratarse de cuestiones tan amplias como las que se han
propuesto en estos seis apartados y al no haber plena
coincidencia en todos los aspectos, no nos queda otro remedio
que optar por el voto en contra. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro Grupo votará negativamente los puntos
primero y sexto de la moción que nos ha presentado el Grupo
Popular, y después daré las razones.
Pero quiero aprovechar esta intervención para fijar nuestra
posición sobre el debate de fondo que subyace en esta moción,
que, como han podido oír SS.SS., el Grupo de Convergència i
Unió, por boca del señor Cardona, nos ha hecho una magnífica
exposición y un magnífico ejemplo de doble lenguaje: el de
Convergència i Unió. Hoy votarán que no con el Grupo
Socialista, pero quieren lo mismo que la moción y van a
intentar practicarlo, señoras y señores Diputados, y me dirijo
especialmente a los Diputados del Grupo Socialista.
¿Qué quiere Convergència i Unió? Lo ha dicho el señor Cardona
muy claro: quiere romper la Seguridad Social, quiere que la
cotización a la Seguridad Social se rompa, se fragmente y vaya
a las mutuas privadas, a La Alianza, al conjunto de mutuas de
Cataluña. Por cierto, una Alianza de Cataluña quebrada, además
de cobrar por dos veces los servicios, en tanto que socios de
La Alianza y con el consiguiente P-10 firmado por los
servicios sanitarios de Cataluña, a pesar de eso, regulación
de empleo, quiebra y aval bancario por parte de la Generalitat
a la Mutua La Alianza.
A pesar de todo, Convergència pide eso, aunque ahora vote que
no con los socialistas, pero quiere lo mismo. Quiere romper el
sistema de Seguridad Social, quiere romper la profesión
pública de servicios sanitarios en toda España y fragmentarla
en un modelo a la belga o a la holandesa, en diversas mutuas
privadas de provisión de servicios sanitarios. Pero no sólo
por la vía del convenio, con la que podríamos estar de
acuerdo, adecuadamente regulada, fijando parámetros máximos y
mínimos. No, señores socialistas; su socio de Gobierno va
mucho más allá, su socio de Gobierno quiere romper la
Seguridad Social. Lo ha dicho el señor Cardona claramente:
¿Por qué no separamos la cotización sanitaria de la Seguridad
Social y se la entregamos a las mutuas privadas? ¿Ustedes
quieren esto, señores del Grupo Socialista? (Varios señores
Diputados del Grupo Socialista: No, no.) Me alegra oírles,
pero tiempo al tiempo.
Yo les advierto de lo que está practicando por vía de
propuesta, por vía de iniciativa política el Consejero de la
Generalitat, señor Trías, gran amigo mío, lo conozco
perfectamente. No comparto sus planteamientos, pero son ésos,
señoras y señores Diputados.
Hay que saber de qué se está discutiendo políticamente en esta
Cámara. No nos escondamos en tecnicismos y sepamos de qué
estamos discutiendo. Un sistema público de recaudación y de
provisión de servicios, que donde no llega puede concertar con
el sistema privado, hasta ahí podemos estar de acuerdo una
amplia mayoría de esta Cámara, o un sistema que se quiere
romper para
fragmentarlo y la fragmentación en sanidad, sus señorías lo
saben, no les voy a cansar con discursos sanitaristas, implica
siempre una cosa: inequidad en el acceso a los servicios,
desigualdad en un tema tan sensible como el acceso a la salud
y el derecho a la salud.
Por lo tanto, todo lo que sea fragmentación de la provisión
del servicio en sanidad --y los sanitaristas lo saben
perfectamente--es un axioma, es desigualdad en materia de
salud. Esto es lo que se quiere probar en Cataluña, aunque
ahora voten que no. Pero el señor Cardona, y en eso ha sido
honrado, ha sido muy claro, ha hecho un discurso de una
posición política, la de la derecha europea: fragmentar la
provisión de servicios. Eso sí --¡faltaría más!--, la
provisión de financiación que sea pública. Los privados no se
arriesgan, no. El dinero que venga de las arcas de los
contribuyentes. Ya lo gastaremos como queramos los privados.
Esta es la filosofía de Convergència, señores del Grupo
Socialista, ténganlo claro cuando están ustedes en comandita
de gobierno con estos señores que tienen toda la legitimidad
de plantear este modelo sanitario que me parecía, hasta hoy,
que no era el del Grupo Socialista de esta Cámara, pero vivir
para ver. De todas formas, hoy votarán que no, en un ejemplo
magnífico de lo que es el doble lenguaje de Convergència i
Unió en Madrid o en la Plaza de Sant Jaume; un ejemplo más.
Respecto al punto 6.º, señorías, es también importante decirle
al señor Burgos que ha equivocado totalmente el tiro. Señor
Burgos, no se puede pedir a las comunidades autónomas que
tienen transferidos los servicios sanitarios que no tengan
capacidad de autoorganización y normativa propia para asignar,
como mejor crean y proceda, los gastos sanitarios y, dentro de
estos gastos, las retribuciones al personal sanitario
profesional de todo tipo. El problema no está aquí, y el
representante del Grupo Vasco ha tenido mucho cuidado en no
mencionar dónde está el problema. Algunos sabemos de qué
hablamos. El problema está, señorías, y en esta Cámara nunca
se ha dicho y hoy se va a decir por primera
vez, en que en la financiación sanitaria a Euskadi y Navarra
se les da más de lo que se les da a las otras comunidades
autónomas. En todas las comunidades autónomas, señorías --
Valencia,
Andalucía, Cataluña, Galicia--, el coste financiero del
servicio transferido es igual al peso poblacional de aquella
comunidad sobre el total español: Cataluña, 16 por ciento, 16
por ciento del INSALUD, Valencia, Andalucía, etcétera.
En los casos de Navarra y Euskadi se da una curiosa
coincidencia. Cuando se hizo el cálculo de cuál era el peso
poblacional de Euskadi sobre el total español o de Navarra
sobre el total español las cifras que salían eran bastante más
bajas. Por ejemplo, en el caso de Euskadi el guarismo del
cupo, era, si no me equivoco --cito de memoria y perdóneme--,
un 6 y creo que el cálculo salía en 4,5. Los negociadores
socialistas y del PNV dijeron: Si el cupo es un 6 os damos un
6, con lo cual están cobrando un punto y medio más respecto a
cualquier otra comunidad autónoma que tenga transferidos los
servicios sanitarios; lo mismo pasa en Navarra.
Señor Burgos, ahí está el problema que a usted le acucia, pero
que no se atrevía a decir, y se lo digo yo; aquí está el
porqué del diferencial en las retribuciones sanitarias. Es un
porqué que nos debe atañer a toda esta Cámara cuando hablamos
de igualdad y de solidaridad y algunos desde perspectivas
demócrata
cristianas hablan muchísimo de eso; deberían acordarse de cómo
está negociado y cómo está fijado no el cupo vasco, sino el
cupo sanitario vasco y navarro. Es algo de lo que algunos que
no hemos participado en ello podemos orgullosamente decir que
no estuvimos en aquello y que no lo hubiésemos sancionado con
nuestros votos. Estas son las razones de fondo, señor Burgos.
La otra es la que le he dicho al principio: que las
comunidades autónomas tienen todo el derecho y el deber de
autorregularse.
Todo esto es para finalizar diciendo que nuestro Grupo votará
en contra de estos dos puntos y se abstendrá en el resto, pero
también, como ha hecho el digno representante de Convergència
i Unió, he querido aprovechar para fijar nuestra inequívoca
posición en favor de un sistema sanitario justo y solidario,
esto es, financiado públicamente y con provisión pública de
los servicios, porque eso quiere decir igualdad en el acceso
de todos los ciudadanos y que si pudiésemos, y si ustedes nos
quieren ayudar, nos gustaría corregir los restos de
insolidaridad que en la asignación de recursos financieros aún
persisten en este tema, sobre todo en lo que se refiere a
Navarra y el País Vasco. Ya saben que cuando quieran nos
tienen a su servicio, señores de la minoría mayoritaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
El señor Cardona tiene la palabra.El señor CARDONA I VILA:
Señor Presidente, por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Cardona, no es por alusiones; tiene
un turno de réplica.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento que el señor Espasa --que, además, es un gran
conocedor de la temática sanitaria por su experiencia y por su
profesión--haya querido caricaturizar nuestra posición antes
de fijar su postura. Lo que he hecho es pintar una posible
solución a la situación actual, y le preguntaría si se puede
prever una solución para evitar el incremento de la demanda,
con los consiguientes incrementos presupuestarios, ¿nos lo
podemos permitir? La subida del déficit público para
solucionar el incremento de las contribuciones, sé que es un
5,6 y se podía gastar más en sanidad. Hemos dicho que para ir
avanzando y para evitar esa quiebra de la Seguridad Social ese
podría ser un sistema y, además, si la gente voluntariamente
va a la doble cobertura y a la doble cotización se puede
evitar, y que sólo vaya a la parte de asistencia sanitaria de
las cotizaciones, así el usuario puede muy bien elegir lo que
él crea más conveniente para sus intereses. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Tiene la palabra el señor Espasa, con la misma brevedad.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Seré aún más breve. En ningún caso he caricaturizado: he
puesto de manifiesto dos modelos profundamente distintos.
Quiero, simplemente, en esta mini-réplica, señalarles un
ejemplo, como puede ser la mutua a la que me he referido
antes. La Provisión Privada de Servicios en Cataluña, que
desde el Gobierno se ha apostado a fondo por ella, está
produciendo graves quiebras financieras (¿quieren mejor
ejemplo que este?) en hospitales estrictamente privados,
Hospital General de Cataluña, y mutuas de previsión social.
Por ahí no está el camino, señores de Convergència i Unió,
honradamente creo que no es éste. Hay modelos internacionales
comparativos que demuestran que no es éste; el modelo inglés
está ahí para cualquier estudioso que quiera verlo. Lo que
pasa es que aquí a cada uno nos tira la ideología, nuestra
ideología; sí, las dos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, utilizo este turno para fijar la posición
del Grupo Socialista de rechazo a la moción presentada por el
Grupo Popular.
Esta moción es consecuencia de una interpelación presentada en
este Pleno la semana pasada, que decía lo siguiente: «¿Qué
medidas pondrá en marcha el Gobierno para poner fin a los
problemas del Sistema Nacional de Salud que está obligando al
Ministerio de Sanidad y Consumo a plantear, después de
recortar las prestaciones en farmacia, la necesidad de
recortar
prestaciones asistenciales?»
Esta interpelación parece que lo que quiere decir es que su
principal preocupación es la situación financiera del Sistema
Nacional de Salud por no haberse propuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, como también señala en su
exposición de motivos, cambios en el modelo de financiación,
mejor asignación de recursos públicos, medidas para el
adecuado control del gasto, etcétera.
Ya el debate producido la semana pasada muy poco tuvo que ver
con la formulación de esta interpelación, pero nosotros
esperábamos que se iba a presentar una moción en la que por
parte del primer Grupo de la oposición iba a haber una
exposición de su propio modelo sanitario que fuera eficaz
contra la ineficacia, que tuviera ideas contra la falta de
ideas y, desde luego, que rompiera este marasmo organizativo
que tenemos en estos momentos, pero resulta que ni modelo de
financiación, ni mejora en la asignación de recursos públicos
ni medidas para el adecuado control del gasto.
La moción que presentan, y utilizando su propio modelo y su
propia lógica, desde luego no soluciona ninguno de los
problemas que plantea en la formulación de la interpelación.
Esperábamos de su propuesta en esta moción que hicieran esa
asignación de recursos públicos, esas medidas de adecuado
control del gasto, en definitiva, esa propuesta suya que
contribuye a hacer más eficiente el gasto sanitario para
salir, como ustedes dicen, de la insostenible situación
financiera.
Pues no; se presenta una moción que no tiene absolutamente
nada que ver. Vamos a ver por qué. El primer punto de su
moción insta a la presentación de un programa de actuaciones
que permita extender a todos los usuarios del Sistema Nacional
de Salud la libre elección en la provisión de servicios
sanitarios.
Permítanme que les señale, señorías, que, efectivamente,
ampliar la libertad de elección dentro del Sistema Nacional de
Salud es un objetivo y está dentro de las líneas de actuación
del
Ministerio de Sanidad, como ya lo ha explicado la señora
Ministra en su comparecencia en Comisión. Se ha hecho a través
del Real Decreto de la libre elección de médico general y
pediatra, se ha anunciado la libertad de elección en el caso
de obstetricia y ginecología, en atención especializada,y
también se ha avanzado en la libertad de elección dentro de
los servicios sanitarios públicos.
Lógicamente, debido a las repercusiones presupuestarias que
esto tiene, no sólo presupuestarias, sino asistenciales y
organizativas, es un proceso que hay que hacer de manera
paulatina y regular.
Señorías, no hay que confundir la libre elección en la
provisión de servicios sanitarios con las peculiaridades de un
determinado modelo de aseguramiento de mutualismo
administrativo. En este sistema, en el del mutualismo
administrativo, los titulares tienen derecho a elegir entre el
Régimen General de la Seguridad Social o bien entre cualquiera
de las entidades de las
aseguradoras privadas concertadas con el mutualismo.
La elección de generalista y de especialista hay que
efectuarla dentro de su cuadro médico. Por tanto, la libertad
de opción es bastante más restringida que dentro del sistema
sanitario público, en el que la libertad de elección, cuando
ésta se haya generalizado, será bastante más amplia.
Nuestro propósito, por tanto, señorías, es ampliar esa
capacidad de elección de los ciudadanos dentro del Sistema
Nacional de Salud, evitando, sin embargo, todos los problemas
derivados de la tendencia a la selección adversa de riesgos
que los sistemas de competencia entre aseguradoras les obliga
a hacer.
Además, hay algunos argumentos más, y es que en este tipo de
sistemas se da la posibilidad de optar entre el Régimen
General a todos los beneficiarios de mayor edad, a todos los
portadores de patologías graves, complejas y, por supuesto,
bastante más costosas. Esto ¿qué significa? Que se quiebra el
principio de solidaridad, principio de solidaridad que es
fundamental en nuestro modelo, señorías. Por tanto, no podemos
aceptar lo que proponen.
Además, esto tiene un riesgo: la quiebra del sistema sanitario
público. Esta es su propuesta efectivamente: quieren la
quiebra del sistema sanitario público. Díganlo tranquilamente.
Esa no es nuestra propuesta.
Este sistema no es eficaz porque no mejora la calidad
asistencial. ¿Por qué no la mejora? Porque es poco viable en
amplias zonas de poblaciones dispersas y, de hecho, ahora
mismo, los residentes en zonas rurales tienen que ser
atendidos en los servicios de atención primaria a través de
conciertos de las mutualidades --léase el caso de Muface-- con
el Sistema Nacional de Salud.
En definitiva --vuelvo a insistir--, estamos por ampliar la
libre elección en la provisión de servicios, pero dentro del
Sistema Nacional de Salud.
Respecto al resto de los puntos, al segundo y tercero, en los
que ustedes propugnan un proyecto de ley de atribuciones
profesionales y un proyecto de ley de carrera profesional, el
Ministerio de Sanidad y Consumo ya hizo público el pasado mes
de mayo un borrador que contenía las bases para la ordenación
de las profesiones
sanitarias. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Seis
meses!) Además, les consta a SS.SS. que la señora Ministra, en
su comparecencia en Comisión y desde esta tribuna, cuando hizo
la presentacion de los presupuestos, habló de la elaboración
del proyecto de ley de ordenación de las profesiones
sanitarias, pero es un proyecto de ley que hay que someter a
discusión y a debate entre las organizaciones y las
asociaciones profesionales. Respecto al punto siguiente, que
es el cuarto, en el que proponen un proyecto de ley de
especialidades de enfermería, sin perjuicio de la inclusión de
este punto en el anterior, en la ley de ordenación de
profesiones sanitarias, siento decirles que han sido creadas y
reguladas en el Real Decreto-ley 992/87, de 3 de julio, por el
que se regula la obtención de títulos de enfermero
especialista.
Respecto al punto quinto, en el que hablan del Estatuto marco
de los profesionales sanitarios, les diré que el objetivo de
un estatuto marco es, desde luego, sentar una serie de
criterios de actuación comunes para todo el personal del
Sistema Nacional de Salud mediante el establecimiento de una
serie de normas básicas. Con este objetivo, el Ministerio de
Sanidad y Consumo ha iniciado ya contactos con el Instituto
Nacional de la Salud y con todos los servicios de salud de las
comunidades autónomas, que son los que tienen que llegar a ese
consenso.
Respecto al punto sexto, de la homologación de retribuciones,
la terminología que se emplea en la moción al hablar de
retribuciones resulta como mínimo poco clarificadora; si no es
que está tratada con una excesiva ligereza, desde nuestro
punto de vista.
El personal al servicio de las diferentes instituciones
sanitarias de la Seguridad Social percibe su remuneración por
retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
Respecto a las básicas, el artículo 84 de la Ley General de
Sanidad prevé la elaboración del estatuto-marco, que contiene
la normativa básica aplicable al personal al servicio de las
instituciones sanitarias. Esto es lo que constituirá la
normativa específica en la materia, una normativa de carácter
básico, pero las comunidades autónomas que han asumido la
gestión del Insalud pueden establecer conceptos y cuantías en
las retribuciones del personal estatutario a su servicio
distintas de las que
establezca en el ámbito del Insalud-gestión directa.
Respetando incluso como básicos los principios establecidos en
la Ley de la Función Pública, esto no impide que las
comunidades autónomas desarrollen y ejecuten una normativa
básica dentro del territorio que a ellas les compete, al tener
competencia por sus propios estatutos de autonomía.
Respecto a los conceptos complementarios el decir que se
homologuen cuando responden a una retribución a las personas,
no tienen mucho sentido porque es legalmente posible que así
sea. Creemos que no puede invocarse nunca la igualdad
estricta. En cualquier caso, si lo que se pretende es evitar
que haya
excesivas disparidades retributivas dentro del Sistema, el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde
están las comunidades autónomas, es donde pueden sentarse
todas las políticas de coordinación. En resumen, señorías, los
puntos primero y sexto son, desde nuestro punto de vista,
totalmente rechazables.
Respecto a los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto,
estamos convencidos de que no es más que una transcripción de
lo que ya las autoridades sanitarias han dicho desde esta
tribuna y en sus comparecencias durante esta legislatura. La
falta de ideas no sé realmente a quién corresponde.
Lo que ustedes plantean, que es una limitación en el tiempo
respecto a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias,
creemos que es un tiempo excesivamente corto, que esta Ley
requiere de un gran consenso por parte de los profesionales
implicados y, por tanto, el compromiso está dentro de la
legislatura, pero no podemos aceptar lo que plantea el Grupo
Popular. La postura del Grupo Socialista, ante esta moción del
Grupo Popular, será de rechazo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Espasa Oliver pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, queremos pedir la
votación separada de los puntos primero y sexto en un bloque y
el resto, en otro.
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a la moción
del Grupo Popular.
Votamos los puntos primero y sexto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292: a favor, 124; en contra, 167; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados uno y
seis. Votamos los restantes puntos de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 122; en contra, 153; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes apartados
de la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS ECONOMICAS
Y POLITICAS QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA
GARANTIZAR EL FUTURO DE LA FACTORIA DE SEAT EN LA ZONA FRANCA
DE BARCELONA, EN EL MARCO DE LA CRISIS ACTUAL (Número de
expediente 173/000013)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS DE POLITICA
INDUSTRIAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO, ANTE LA GRAVE
CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y, EN CONCRETO, A LA
EMPRESA AUTOMOVILISTICA SEAT (Número de expediente 173/000014)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
LOS CRITERIOS GENERALES DE POLITICA INDUSTRIAL QUE TIENE
PREVISTO APLICAR EL GOBIERNO EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCION E
INDUSTRIAS AUXILIARES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACION
DE CRISIS QUE AFECTA A LA EMPRESA SEAT (Número de expediente
173/000016)
El señor PRESIDENTE: Mociones de los Grupos Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Catalán (Convergència i
Unió), subsiguientes a las interpelaciones tramitadas
acumuladamente en la pasada sesión, relativas a los problemas
de la empresa Seat. Vamos a proceder a la tramitación
acumulada de estas mociones. Los portavoces que intervengan en
defensa de las mismas fijarán posición en relación con las
demás y defenderán también las enmiendas que tengan
presentadas a las otras mociones.
Lógicamente, los grupos que no hayan presentado moción fijarán
su posición en relación con todas las mociones en un solo
turno. Moción del Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora
Rahola. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, una
semana después de la interpelación urgente al Gobierno y con
la aparición de nuevos datos en los medios de comunicación,
fruto de las declaraciones de altos ejecutivos, tanto de Seat
como de Volkswagen, Ezquerra Republicana considera que no sólo
está justificada nuestra moción, sino que probablemente se
hace más necesaria. Ahorro a SS.SS. el debate previo a los
puntos de nuestra moción, puesto que fueron el objeto del
debate del anterior Pleno y paso a justificar los tres puntos
de la moción presentada.
En el primer punto pedimos un plan industrial para cubrir las
gamas alta y baja de los fabricados de Seat. Según datos
facilitados por la Confederación Española de Automoción y que
aparecen en la prensa de hoy, el mercado estatal crecerá un 7
por ciento en el año 1994, y la previsión es que crezca un 8
por ciento en 1995 y un 10 por ciento en 1996. Teniendo en
cuenta que estos porcentajes son acumulativos, estos
crecimientos podrían superar la caída del mercado del 24,2 por
ciento del presente año.
Nos preguntamos, con preocupación, ¿cómo podrá participar Seat
en esta recuperación del mercado si no posee gama propia? ¿Qué
interés podría tener Volkswagen en cubrir esta gama si debido
a la apropiación de la red comercial de Seat en la financiera
Fiseat, la podría cubrir con su propia marca? Si no se
potencia Seat como fábrica de automóviles, su desaparición es
una muerte anunciada. Un plan industrial es necesario y
urgente; no podemos renunciar a la única factoría integral que
poseemos.
Quiero además hacer una afirmación que podría resultar
chocante ante el alud de datos contrarios al carácter
competitivo de la marca. Su condición de factoría integral,
con capacidad de diseño y ejecución de proyectos propios, la
sitúan en una posición de ventaja, incluso frente a otras
marcas, puesto que los nuevos vehículos a producir para cubrir
la gama alta y baja que el mercado requiere podrían responder
a la nueva situación económica en Europa, una situación que,
sin duda, modificará las
características de esta demanda.
Todos somos conscientes de que los niveles de consumo, así
como las necesidades a cubrir en un futuro inmediato, exigirán
una nueva y original respuesta por parte de los fabricantes.
Estar en Seat como inversionista y participar en su dirección
podría garantizar la optimización del aprovechamiento de los
recursos humanos que la empresa posee, así como amortizar las
inversiones aún no obsoletas de la Zona Franca.
Respecto al segundo punto, el parque de proveedores, también
fue objeto de presentación en el octavo encuentro de
empresarios de automoción --por cierto, con profusión de
dibujos y esquemas--. Sin embargo, y como ya parece lugar
común en toda esta película, se presentó vacío de los datos
que lo cuantifican, y lo único que deja claro es que un parque
de estas características no se puede llevar a término sin las
ayudas de las administraciones. Incluso anuncia algunas de
ellas. Es curioso, por cierto, que al despido masivo y a la
recolocación del fantasmal parque, el Ejecutivo que lo
presenta lo califique eufemísticamente de trasvase de recursos
humanos cualificados, curiosa manera de narrar lo que es un
despido. Pero hubo más, se prometieron también pedidos de por
vida a aquéllos que se instalen en el parque. Si es de por
vida de Seat no tendrán tiempo ni de amortizar las
inversiones, ya que los síntomas hacen creer que, amortizado
en cinco años Martorell, Seat desaparecerá.
Pero vayamos al tema de las ayudas. Si en un documento que se
hace público aparece la frase: ayudas de las administraciones,
será porque hay un compromiso formal por parte de éstas. Esto
nos lleva a una conclusión francamente esperpéntica: las
mismas Administraciones que se niegan a aportar recursos que
hagan posible la continuidad de Seat y la participación en su
dirección, los aportan, por contra, para facilitar su cierre.
Más prueba de confirmarse hasta qué punto el poder público
está perdiendo su capacidad de decisión en detrimento de los
grandes grupos financieros, una política de ultraliberalismo
nos lleva hacia aquí.
Vuelvo al hecho de la inconcreción del parque. Un aumento de
un 13 por ciento de la nacionalización de componentes no puede
justificar las inversiones necesarias a no ser que las nuevas
empresas que se instalen absorban parte o la totalidad de la
producción de componentes ya nacionalizados y cuyos
proveedores están fuera del parque, en zonas situadas,
mayoritariamente, mucho más cerca de Martorell. (Rumores.)
¿Qué comportaría, pues, esta medida? De hecho, trasladar a
multitud de pequeñas y medianas empresas el problema del
cierre y despidos. Quede claro, además, que si realmente
Volkswagen tuviera la intención de nacionalizar este 13 por
ciento --que no sabemos si corresponde a motores o a
arandelas--, sus actuales proveedores, sin casi nuevas
inversiones, son capaces de darle respuesta. Parece lo
contrario, parece que una vez que Volkswagen consiga el ERE
que propone, olvidará el proyecto del parque de proveedores,
culpando de ello quizás a la intransigencia de los sindicatos,
como ya es recurrente en muchos conflictos laborales.
(Rumores.) No nos engañemos, el anuncio por parte de la
dirección de Seat de aplazar la aplicación del ERE no parece
un aggiornamento para darse tiempo en buscar nuevas
soluciones, sino un paréntesis para poder aprovecharse de las
ventajas que para la empresa va a significar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Rahola. Por favor, señorías, les ruego guarden silencio; es
imposible poder escuchar lo que dice la señora Diputada que
está en el uso de la palabra. Puede seguir, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
No nos engañemos, el anuncio por parte de la Dirección de Seat
de aplazar la aplicación del ERE no parece un aggiornamento
para darse tiempo en buscar nuevas soluciones, sino un
paréntesis para poder aprovecharse de las ventajas que para la
empresa va a significar, con probabilidad, la ley de
modificación del mercado de trabajo que, según parece, va a
aprobar el próximo viernes el Consejo de Ministros y que
abara-tará, facilitará y propiciará las intenciones del Grupo
Volkswagen.
Hay más datos a añadir que han emergido durante esta semana.
El Presidente de Volkswagen, señor Piëch, anunció que las
pérdidas de Seat ya han pasado de los 120.000 millones a
160.000 millones, y que estas pérdidas son la causa de los
resultados negativos del Grupo. Creemos que, antes de que
decidan su posicionamiento los miembros de esta Cámara, es
necesario valorar estas
declaraciones.
Si las causas de las pérdidas son debidas al exceso de
plantilla, cuantificada en 10.000 trabajadores, cada uno de
ellos habría provocado una pérdida de 16 millones de pesetas.
Dato curioso sobre todo si, como es sabido, el coste de la
hora de trabajo en el Estado español es de 1.591 pesetas,
mientras que en Alemania es de 3.386. Como ello parece, pues,
bastante poco creíble, cada vez parece más evidente que el
desplazamiento de las pérdidas de Volkswagen a Seat se debe a
motivos geopolíticos. No olvidemos que el 20 por ciento del
capital de Volkswagen es propiedad del Gobierno del Estadode
la Baja Sajonia y que, en 1994, va a haber múltiples
encuentros electorales en Alemania. Si tenemos presente que
Volkswagen es con mucho la primera fuente de riqueza del Land,
quizá comprendamos la decisión de trasladar el problema lejos
del marco y del paisaje electoral. En Alemania se reduce la
jornada laboral a cambio de mantener los 100.000 puestos de
trabajo con un coste, por parte de los trabajadores, del 10
por ciento de su salario. Esa reducción de 338 pesetas hora
continúa situando al salario alemán en el doble del español.
Lo dijimos en la interpelación y ahora lo ratificamos con
nuevos datos. La decisión sobre Seat no es una decisión
económica, está siendo una decisión geopolítica; intereses
ajenos a los nuestros están decidiendo sobre nuestra economía.
Intervenir es decidir, no intervenir es contemplar cómo una
empresa emblemática de la industria de automoción desaparece,
a pesar de poder ser
competitiva, la única --repito-- empresa integral de
automoción que nos queda. Decidamos pues. O aceptamos la
lógica del
ultraliberalismo y perdemos toda posibilidad de decisión y
pasamos a ser clientes de los grupos financieros, u optamos
por entrar en el accionariado y controlar el futuro de la
empresa. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola. Para la presentación de la moción del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, nos toca
analizar unas mociones que se refieren, como decíamos en la
interpelación con el Ministro, no a una industria emblemática
sino a la industria puntera en
todo el Estado español, que se debería analizar en dos
dimensiones, aunque en esta Cámara, producto del
empecinamiento del Gobierno español, vamos a analizar
principalmente una, si bien deberíamos hablar de la dimensión
industrial y de la dimensión social. Sobre la dimensión
industrial, me temo que hoy vamos a escuchar palabras huecas;
en cambio, sobre la dimensión social, vamos a escuchar unos
compromisos que, en definitiva, es dinero del contribuyente
que, en decenas de miles de millones de pesetas, se deberá
dedicar a expedientes de regulación.
Dentro de la dimensión industrial nadie está planteando, desde
los gobiernos responsables, que se trata de un producto
absolutamente competitivo en el mercado actual. Si hay un
sector de la automoción española, aparte de la industria
auxiliar, que tiene mejores perspectivas, dentro de la crisis,
para ir hacia adelante, es la empresa Seat. De esta dimensión
industrial, en la moción presentada que se va a defender a
continuación y en la enmienda que ha sido presentada también -
-lamento mucho tener que decirlo ahora porque, según las
normas del debate, no puedo fijar posición después de escuchar
sus argumentos-- se llega a afirmar que todo lo que SS.SS. van
a votar se basa en un plan industrial que no existe; es decir,
vamos a decidir unos compromisos en nombre de la ciudadanía
sobre un plan industrial que nadie hasta ahora ha podido tener
en sus manos. Es algo realmente curioso, sintomático y evasivo
sobre cómo vamos a abordar, para tapar las responsabilidades
de los gobiernos, un tema tan preocupante como es el de Seat.
En su dimensión social --ya lo hablamos en interpelaciones y
en comparecencias en Comisión-- existen expedientes que están
pendientes de aprobación, expedientes que incumplen de forma
flagrante lo que manda la legalidad española en cuanto a la
documentación que les debe acompañar. No se conoce la cuenta
de resultados de 1993 y se van a aprobar expedientes que
afectan a miles y miles de trabajadores; promesas, eso sí, de
recolocación de casi 5.000 trabajadores sin precisar
cuestiones tan
elementales, que están pidiendo los empresarios de la
industria auxiliar del automóvil, sobre qué componentes se van
a fabricar en este famoso parque, qué va a suceder con los
terrenos y qué tipo de garantías hay. Son preguntas que se
están haciendo en las jornadas públicas de automoción, y a las
que el Gobierno español, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno
navarro dan el silencio por respuesta. Algo realmente
impresionante.
Nuestra moción, en primer lugar, se refiere a algo que se
deduce de un Libro Blanco que elaboró este Gobierno, el Libro
Blanco sobre política industrial, en el que se recogía la
necesidad de ir a un acuerdo general sobre automoción. Así lo
expresamos en nuestra moción y entramos en aquella concepción,
que defendimos en su día, de que no se puede hablar de Seat
sin hablar en general de la crisis y, muy en concreto, de la
crisis del sector del automóvil.
En segundo lugar, planteamos algo que es obvio y que supongo
que es aceptable por todos: mantener Seat en todas sus
dimensiones, no como, parece ser, pretendía Volkswagen (digo
parece ser porque nada está firmado categóricamente al
respecto), que era mentener Seat sólo como marca. Pedimos que
se dé una solución consensuada al problema no a golpe de
expediente, no a golpe de cerrazón en la negociación. Queremos
que se garanticen los acuerdos que se pudiesen conseguir en la
negociación. Recuerden, señorías, que los acuerdos de abril y
los de septiembre --estamos a muy pocas semanas de los mismos-
- son hoy papel mojado, y que incluso costando al
contribuyente 3.500 millones de pesetas de
expedientes de regulación no sirven para nada. Hemos tirado
por la ventana 3.500 millones de pesetas para unos acuerdos
que ahora no sirven. Pedimos que si se llega a nuevos acuerdos
el Gobierno español se moje garantizando que se van a cumplir,
por un problema elemental no sólo de ahorro sobre el
gastopúblico, sino de credibilidad ante las partes implicadas.
Pedimos en el punto 5 --sabemos que a esto se dirá «vade
retro», será condenado por las concepciones gubernamentales de
Cataluña y de España--una implificación de los Gobiernos en el
tema, como ha hecho el Gobierno holandés en la empresa de
camiones Daf; como ha hecho el Gobierno de la Baja Sajonia en
Volkswagen en
Wolfsburg, donde sí tiene el problema real Volkswagen, el que
en parte nos han trasladado a la empresa Seat, como se ha
hecho en Escandinavia, haciendo algo que hoy es normal en
Europa, en la comunitaria y en la no comunitaria, cuando hay
problemas de este alcance.
Pedimos una implicación, miren ustedes sobre qué: garantías
para que exista un plan industrial. Parece que es una verdad
de Perogrullo pedir que se cumpla la ley, pero aún más lo es
pedir que se cumpla la lógica. Si se debe tomar decisiones tan
contundentes, exista un plan industrial y un plan viable. Si
se quiere aprobar una regulación, se sepa sobre qué bases se
va a fabricar y se va a producir.
Pedimos implicación para conseguir una financiación
concertada. Llamo la atención a SS.SS. sobre cómo está
redactado este punto. Básicamente hay capital privado y, si es
necesario, hágase con la ayuda de capital público, vía aval, o
crédito, o vía inyección directa capital público, como se ha
hecho en otras partes de Europa no hace muchas semanas o
meses.
Pedimos que si se produce esta eventualidad, tercer apartado
del punto 5.º, entonces exista una garantía de a dónde va a
parar ese capital público. En el punto 6.º --diálogo de
sordos, lo sabemos-- pedimos una política industrial activa.
En el punto 7.º pedimos algo tan elemental que se les niega a
todos ustedes, que es conocer los contratos de venta de las
empresas públicas
en plena época de impulso democrático. Sería bueno que el
impulso democrático fuese transparencia para que los diputados
y
diputadas tuviesen acceso a los documentos públicos, pues
desde hace siete años éste es un muro infranqueable para
conocer los famosos contratos, ya no de Seat sino el de Enasa-
Iveco, el de maquinista Alsthom y recuerden ustedes las
secuelas de aquellas ventas, como las que hoy están sufriendo
los trabajadores de las empresas citadas.
Planteamos en un punto 8.º que se pidan responsabilidades de
los incumplimientos que se derivan de los contratos firmados,
como mínimo de los de abril y septiembre. Son flagrantes
incumplimientos de la ley española y ya sabemos que ante
incumplimientos similares el Gobierno nos tiene acostumbrados
a la pasividad.
Por último, pedimos que se impulse en la Unión Europea una
definición de un modelo de empresa comunitaria. El Mercado
Unico vale como normativa para la libertad de capitales, con
las solas barreras para proteger aún los privilegios arcaicos
de la banca española, mientras que el Mercado Unico no vale
para que exista una normativa de obligado cumplimiento a las
empresas que campan a sus anchas por encima de las fronteras.
Aquí tenemos la fácil respuesta del Gobierno: Volkswagen es
una empresa alemana. Lamentando mucho practicar algo que en un
Parlamento a mí me parece improcedente, que es pronunciarse
sobre algo que aún no has escuchado, debo reiterar argumentos
sobre la moción que a va a defender ahora el señor Sánchez i
Llibre, en nombre de
Convergència i Unió, y sobre la enmienda que se va a presentar
a continuación.
La moción tiene un punto absolutamente falaz.
Dice: Seguimiento estricto del cumplimiento por parte de Seat
y de su matriz Volkswagen del plan industrial planteado por la
emprea. Señores de Convergència i Unió, ¿dónde Volkswagen y
Seat han presentado el plan industrial? ¿Dónde? ¿Cuántas
páginas contiene este plan industrial? ¿Cuáles son sus
apartados
principales? ¿Qué opciones se hacen sobre el Toledo? ¿Qué se
prevé para la sustitución de la gama baja? ¿Qué prevé el plan
industrial para lo que es el fomento de la investigación y el
desarrollo? ¿Qué componentes incluye el plan industrial? Me
parecen preguntas sencillísimas de responder por alguien que
se atreve a hacer votar a esta Cámara que vamos a controlar el
seguimiento estricto de algo que, según nuestro conocimiento -
-agradeceríamos mucho que se nos corrigiese--, no existe. Se
dice que se va a mantener la planta Landaben. Deben saber
SS.SS. que en los acuerdos de septiembre se firmó la
segregación de la planta Landaben. Continuamos bailando en la
imprecisión sobre detalles tan pequeñitos e importantes para
el futuro de la empresa como qué pasa con una de sus cuatro
factorías.
Se pide que se consolide Seat como fabricante independiente
dentro del grupo Volkswagen --todo ello deducido del plan
industrial-- y que se mantenga el centro de compras. Deben
saber SS.SS. que, Fiseat, un instrumento importantísimo, más
allá de las compras y de la financiación en Seat, ya es hoy
propiedad de Volkswagen. Ha sido una de las contrapartidas que
Volkswagen ha incorporado directamente en la operación.
Se dice que se exija el cumplimiento de elevar un 13 por
ciento los componentes. Vuelvo a la pregunta, ¿cuáles? Se pide
que se potencie el centro de diseño. Los señores de
Convergència i Unió saben mejor que yo que el centro de diseño
está hoy paralizado. No es que se potencie, es que, si acaso,
debería decirse que se ponga en marcha el plan correspondiente
a partir de la opción industrial para que el centro de diseño
sea algo en lo que valga la pena creer como consecuencia de lo
mismo.
Por si se pudiera derivar que ustedes están pidiendo
intervención pública, dicen que la única intervención pública
que pueden esperar es para ayudar a sufragar los expedientes
de ocupación. Por esto decía al principio que continuaremos
discutiendo con palabras huecas, si ningún tipo de documento
que responda sobre industria. Pero vamos a discutir sobre
cifras concretas, aunque bailen las del señor Ministro, sobre
expedientes.
Y aprovecho, para acabar, anunciando ante la Cámara que el
señor Eguiagaray, que se permitió en la comparecencia en
Comisión decir que lo que se había inyectado en Seat eran algo
más de 200.000 millones y que en la respuesta a la
interpelación incluso reiteraba lo mismo, debe desconocer la
publicación oficial del Instituto Nacional de Industria que
corrobora, con todo detalle, que la inyección de dinero
público en Seat fue de 387.000 millones. Claro que es algo más
de 200.000; es una forma muy eufemística de hablar de cifras.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la presentación
de la moción del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el objetivo fundamental que
persigue Convergència i Unió en esta moción, tal como ya
adelantábamos en nuestra exposición durante la interpelación
que presentamos respecto a la situación de Seat y a la
industria automovilística del Estado español e industrias
auxiliares fabricantes de componentes, es, por una parte,
consolidar la industria Seat como fabricante de automóviles,
manteniendo la competitividad de los cuatro centros de
trabajo, así como potenciando nuevas iniciativas empresariales
alrededor
de Seat que puedan fructificar en la creación de nuevos
puestos de trabajo; y, por otro lado, la puesta en marcha, con
carácter de urgencia, de una política industrial, por parte
del Ministerio de Industria del Estado español, orientada
hacia el sector del automóvil e industrias auxiliares, para
conseguir la
competitividad de las mismas y evitar la desparición de un
sector industrial de pequeñas, medianas y grandes empresas,
que tan importante papel han desempeñando en la última década.
Por este motivo, Convergència i Unió ha basado dicha moción en
las siguientes consideraciones. En primer lugar, es evidente
que uno de los problemas que tiene el presente y el futuro de
la industria del automóvil en el Estado español está,
fundamentalmente, asentado en la permanencia de inversiones
extranjeras en nuestro país y en la existencia de un marco de
competitividad de nuestras empresas, capaz de poder dar
respuestas a las garantías y al mantenimiento de estas futuras
inversiones.
Por otro lado, el sector de la fabricación de componentes de
automóvil está sometido a un importante proceso de cambio
estructural, no solamente a nivel español sino también, como
corresponde a un nivel muy industrializado, a nivel europeo.
Si a la progresiva reducción del número de proveedores, de
suministradores directos de los fabricantes de vehículos, que
son cada vez más suministradores de equipos y subconjuntos
completos y no de componentes aislados; a las mayores
exigencias en cuanto a capacidad de diseño y desarrollo de
productos y a la creciente globalización de las decisiones de
compras de los fabricantes de automóviles, añadimos lo que
representa Seat en particulary la industria del automóvil en
general en su aportación al Estado español, tanto por la
ocupación de puestos de trabajo directos o indirectos como por
su participación al producto industrial bruto del Estado
(cantidades a las que yo ya me referí
detalladamente en mi intervención durante la interpelación de
la últimasesión), pensamos en Convergència i Unió que es
urgente el diseño y puesta en marcha, por parte del Ministerio
de Industria, de un plan de política industrial que cree un
marco favorable de la industria automovilística y de las
industrias auxiliares de componentes en general y de la
empresa Seat en particular, que tenga en cuenta, entre otras
posibles consideraciones, los siguientes aspectos: en primer
lugar, que se contemple la industrialización y la
internacionalización de las empresas fabricantes de
componentes del automóvil; en segundo lugar, que se contemple
la mejora de la capacidad de investigación y desarrollo
tecnológico, así como también el diseño y la calidad de las
empresas de automoción y fabricantes de componentes de
automóvil; en tercer lugar, la potenciación de la
competitividad de todo el sector, y, por último, el desarrollo
y la puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un
ambicioso plan de financiación compatible con las directivas
comunitarias, que potencie, refuerce y ayude a las empresas
del sector para poder estar a niveles competitivos cuando la
coyuntura económica sea más favorable. Todas estas
consideraciones son respecto a nuestro primer punto de la
moción.
Respecto a nuestro segundo punto de la moción, nosotros
pedimos que, por parte de la Administración central, se
dedique el máximo esfuerzo de cara a recabar el máximo de
fondos, orientados a las prestaciones sociales y a las
jubilaciones anticipadas
consiguientes a los expedientes de regulación de empleo que
hoy se están discutiendo. Nosotros pedimos al Gobierno una
actuación rápida y decidida en este punto, para que facilite
que hoy los acuerdos entre la empresa y los sindicatos sean
una realidad. Tengan en cuenta que durante estos días ha
habido informaciones al respecto que nos han preocupado
muchísimo, en las cuales la dirección del comité de vigilancia
de la empresa Volkswagen ha anunciado que no pensaba inyectar
ampliaciones de capital futuras si no había un acuerdo entre
los sindicatos y la dirección de la empresa Seat. Por eso,
nosotros instamos al Gobierno para que, en este sentido,
mejore cuantitativamente todas las cantidades posibles para
poder conseguir este acuerdo con más rapidez y evitar, de
todas maneras, que el socio alemán se nos marche. Por otra
parte, nosotros también pedimos en este segundo punto de la
moción un apoyo decidido, por parte del Gobierno, a todas las
futuras iniciativas industriales que puedan surgir del plan
industrial de Seat, puesto que nosotros creemos que es
importante dar soporte a todos los proyectos marginales que
surjan alrededor de Seat para poder ver cumplida una opción
que para nosotros es muy importante, como es la recolocación
de todos estos excedentes de trabajo que puedan surgir de la
reconversión de Seat.
En el tercer punto de nuestra moción, nosotros instamos al
Gobierno y a las administraciones implicadas en el contexto de
Seat a hacer un seguimiento estricto, por parte de Seat y de
su matriz Volkswagen, de Alemania, del plan industrial y de
los acuerdos planteados en las conversaciones entre estas dos
empresas, así como de las conversaciones que también han
mantenido con el Gobierno, según se desprendió de la
intervención del Ministro de Industria en su comparecencia
ante la Comisión de Industria y ante el Pleno respondiendo a
la interpelación. Para nosotros es muy importante, señor
Ribó --no sé si para usted lo será--, que Volkswagen cumpla el
objetivo de ampliar el capital para compensar las pérdidas del
año 1993. Sin capital y sin aportación de capital, señor Ribó,
es imposible que las empresas pueden funcionar.
También nosotros estamos convencidos de que, por parte del
Gobierno, se debe influir, en todos los aspectos que sea
posible, para que la planta de Landaben no sea segregada de la
estructura de Seat. Nosotros entendemos
que una segregación dificultaría el pasivo y la solvencia de
la industria Seat, y creemos que hay que hacer todos los
esfuerzos posibles para evitar esta segregación de Landaben
como una simple venta de activos y que hay que mantenerla
dentro de la estructura de los activos de Seat.
Nosotros entendemos, y así lo dijimos en nuestra
interpelación, que era importantísimo mantener a Seat como
fabricante
independiente de Volkswagen. Nosotros estamos convencidos de
que esta independencia, de nuevos productos, de nuevas
tecnologías, es la que, en definitiva, le puede dar un
resultado favorable de cara a las expectativas futuras y
económicas. Por tanto, nosotros estimamos que es básico e
indiscutible mantener el centro de compras de Seat, al menos
en los productos que habitualmente vieron orientados a la
fabricación por proveedores españoles. En nuestra
interpelación también exigíamos que, por descontado,
Volkswagen había de cumplir su compromiso de nacionalizar la
fabricación en España de nuevos componentes de automóviles.
Entendemos que este 13 por ciento de nuevos componentes --no
de más componentes sino de nuevos-- es el que, en definitiva,
puede crear un negocio marginal muy importante, que también
puede potenciar estas futuras iniciativas empresariales que,
en su momento, pueden significar una salida importante para
los excedentes de personal que puedan producirse
subsiguientemente a la reestructuración de Seat. Por
descontado, también creemos que la potenciación del centro de
diseño, de investigación y desarrollo de nuevos productos es
importantísima y básica para garantizar esta independencia de
Seat como fabricante de
automóviles, respecto a su matriz de Volkswagen. Entendemos
que sin centro de diseño y sin centro de investigación y
desarrollo es totalmente imposible fabricar y diseñar nuevos
productos, por lo que para nosotros éste es un tema básico e
irreductible. Nuestro cuarto y último punto de la moción está
dedicado, básicamente, a potenciar los centros de diseño,
investigación y desarrollo de las fábricas importantes de
automóviles que hoy existen en España. En este momento, el
Estado español dispone de dos centros de investigación, diseño
y desarrollo importantes, uno ubicado en la planta de
Martorell y otro en la factoría de Nissan. Creemos que esto es
trascendental para potenciar el desarrollo de nuevos
productos, para potenciar la competitividad de estas compañías
y, en definitiva, para también poder así ubicar los centros de
nuevas tecnologías y de nuevos productos cerca de los centros
de decisión de compras. Entendemos que si estos centros de
decisión de compras están cerca y, aún mejor, están englobados
con los centros de investigación y desarrollo, eso será básico
para poder iniciar un nivel de competitividad importante para
la industria automovilística española y para Seat en
particular.
Respecto al posicionamiento de nuestro Grupo con relación a
las mociones que han presentado los grupos de Esquerra
Republicana y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no
vamos a poder favorablemente la moción presentada por Esquerra
Republicana, en ninguno de sus puntos, pues va orientada en
otra dirección, y no converge con la moción que nosotros hemos
presentado. Respecto a la moción que ha presentado el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vamos a votar
favorablemente su número 2, pues entendemos que en él también
queda especificado lo que en el cuerpo de nuestra moción
entendíamos que era interesante para resolver esta difícil
papeleta. Respecto al resto de los puntos de la moción de
Izquierda Unida, en algunos de ellos estamos absolutamente en
desacuerdo. No compartimos la
posibilidad de la penetración de capital público en la empresa
Seat. Respecto a otros, está a disposición de todas las
señoras y señores Diputados de esta Cámara el poder ver los
contratos de las compras o de las transacciones de Seat, tal
como nos dijo el señor Ministro, y por eso los votaremos
negativamente.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Sánchez. El Grupo Popular ha presentado enmiendas a cada una
de las tres mociones que acaban de debatirse. Para su defensa
conjunta, tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente. Señorías,
no vamos a insistir una vez más acerca de la crisis
paradigmática de Seat. Lo hemos dicho casi todo en sendos
debates anteriores, en Comisión y el pasado miércoles en este
mismo pleno. Sin embargo, sí queremos hacer un acopio de
realismo para llegar a entender, de alguna manera, la genuina
dimensión de este problema y, sobre todo, para encontrar
algunos puntos de coincidencia para entre todos los grupos
hallar una vía común de exigencia al Gobierno para que
considere acertadamente la identidad de la crisis y la
dimensión sectorial, y no sólo puntual, con el protagonismo de
Seat, tal como estamos ahora haciendo.
Si el caso Seat es axiomático por su etiología y el
comportamiento de la propia matriz, Volkswagen, no lo son
menos otros casos del sector cuyas empresas ya en su día, y
tal vez con mayor perspicacia --General Motors o Ford, por
ejemplo--, acometieron las necesarias reformas para afrontar
la crisis sin pedir ayudas a la Administración pública, lo
cual, de hacerse ahora, como proponen las mociones de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de la señora
Rahola, del Grupo Mixto, no dejaría de ser una chistosa
situación de agravio para quienes en su día fueron más
avisados, más previsores, más inteligentes y más agudos en la
previsión de
la dimensión real de la crisis que estamos viviendo en el
sector de la automoción en España y de sus consecuencias. De
ahí que en ambas propuestas, muy al contrario de lo que sucede
con la del Grupo Catalán (Convergència i Unió), la filosofía
subyacente en sus planteamientos no concuerde con nuestro
pensamiento y nuestra política industrial, tan poco dada a
intervenciones del Estado y a participación directa en
empresas y accionariado.
Se propende en este momento, entendemos nosotros, a la
desregularización, se postula la privatización de las empresas
públicas y se constata que donde quiera que se haya llevado a
cabo, los resultados han sido altamente insatisfactorios para
el erario público así como para la sociedad. Yo deseo que los
grupos parlamentarios, al igual que las organizaciones
sindicales, que postulan extemporáneamente intervenciones
directas en las empresas y adquisiciones, sin duda con buen
fin, de paquetes accionariales, comprendan a tiempo aquella
astuta afirmación que de los ingleses hacía Voltaire en su
octava Carta Filosófica: «Me parece que se van volviendo
sensatos por experiencia propia y no les creo ninguna gana de
volverse a degollar por silogismos». Es decir, señorías, la
magnitud de la crisis obliga al
entendimiento, a alejarse de filosofías, para poder comer el
pan de cada día, a saber: a superar la crisis, salvar los
puestos de trabajo en su mayor cuantía y conseguir la
supervivencia de las empresas para reconstruir el tejido
industrial después de la tormenta. No nos parece, por tanto,
prudente mantener ahora posturas cerradas por razón de
silogismos, cual dijera sabiamente Voltaire.
Las motivaciones de nuestra aquiescencia con la moción del
Grupo Catalán en su mayor parte, así como la filosofía que
apoya nuestras enmiendas, son las siguientes. Primero, la
generalización de la crisis en el sector de automoción, y
derivadamente en toda la industria que lo soporta, no permite
la casuística discriminatoria sino atender al problema en todo
su conjunto, habida cuenta de que se defiende un volumen de
más de 300.000 empleos inducidos, además de los propios de las
empresas constructoras de automóviles. Todas las empresas
tienen igual derecho a la asistencia gubernamental, sin
interferir en ello lo que pudiera modificar las condiciones
legales de libre
competencia. Por tanto, les asiste la razón y les asistía
anteriormente cuando lo dijeron --y así se manifestaron los
presidentes de Renault y General Motors en España--, al hacer
ciertas advertencias a las posibles ayudas derivadas del
Gobierno a Seat. El señor Sanz decía: las posibles ayudas del
Gobierno a Seat podrían llevar a crear una grave distorsión en
el sector automovilístico español. El argumento del señor Juan
Antonio del Moral era de racionalidad absoluta: no a las
ayudas a Seat, porque --textualmente decía-- otras sociedades
nos hemos gastado mucho en reducir las plantillas.
En segundo lugar, el Gobierno debe actuar ya sin demora ante
la gravedad de la situación, como ya ha hecho en otros países
más avanzados en este mismo sentido, y pongo ejemplos: Estados
Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia y ahora mismo Alemania,
que ha encontrado el buen camino gracias a la nunca
suficientemente ponderada inteligencia de los sindicatos
germanos, que han consensuado con Volkswagen una reducción
salarial equiparable al porcentaje de horas que dejarán de
producir, casi un 20 por ciento de reducción salarial frente a
cuatro días por semana de trabajo. Creemos que ese es un mejor
método que la huelga general.
Tercero, han de adoptarse medidas coherentes que favorezcan
una armónica salida a la crisis del sector de automoción,
fundadas en nuestra propia realidad. Es el caso, por ejemplo,
que se plantea con Nissan Motor Ibérica, la otra gran empresa
del sector en Cataluña y también en regulación de empleo, con
un expediente de eliminación de 1.000 puestos de trabajo en
marcha y que trata de reducir los efectos de la crisis en
aquellas regiones
españolas de menor capacidad industrial y, por ende, de máxima
incidencia, como pudiera suceder en Castilla y León, con cuyo
Gobierno, al igual que con la Administración del Estado, se
está negociando en este momento un plan para renovar la
fabricación de motores que se producen en Avila. Nissan es una
industria absolutamente trascendental para la provincia de
Avila con 750 empleos que dependen de ella; sin el desarrollo
de estos nuevos motores y la continuidad de la fabricación de
los camiones de Avila terminaría en el plazo exactamente de
año y medio, según nuestras noticias. El desarrollo de este
programa supone una inversión de 4.500 millones de pesetas, y
no precisamente para despedir trabajadores ni reducir
plantillas, sino para continuar la fabricación de camiones y
furgonetas en España que supone en este momento el 40 por
ciento de la cuota de mercado.
En cuarto lugar, las ayudas que para ello postulamos son las
idóneas para consolidar la permanencia de nuestra industria de
componentes, más importantes para los puestos de trabajo que
las propias fábricas de montajes de automóviles, como se puede
demostrar fácilmente por los números. Se trataría, entiendo,
de ayudas que trascienden a las empresa como Seat, es decir,
las que favorecen el desarrollo del I+D, las que aportan
renovación tecnológica, las que multiplican el crecimiento del
tejido industrial de la nación. La industria de automoción es
una industria desintegrada, dado que cada una de ellas fabrica
según los componentes que le aportan otros productores. Estas
ayudas, pues, deben potenciar nuestras ingenierías, Seat y
Nissan las poseen en España, reduciendo, a su vez, los
componentes extranjeros, que llevan a encarecer los costes
industriales hasta un 40 por ciento, además de sustraernos los
efectos nocivos que produce la oscilación del valor
de las monedas, que, en el caso de Seat, ha sido uno de los
factores fundamentales de su propia crisis. Endeudarse en
tecnología y en la adquisición de productos que hoy se
fabrican en España en el supuesto que dejaran de hacerlo, es
no menos grave y arriesgado que el endeudamiento en moneda
extranjera, con los riesgos del cambio monetario, pudiendo
llegar a desbaratar los efectos benéficos y el gran sacrificio
que, al propio tiempo, ha supuesto para España con las tres
devaluaciones consecutivas de la moneda.
En quinto lugar, hay que tutelar la industria auxiliar de
España al extremo de que se potencie su capacidad exportadora
hacia otros países productores de automóviles, al tiempo que
se reduce nuestra dependencia del exterior, habida cuenta de
que nuestro país es hoy la quinta potencia mundial en el
sector del automóvil y la tercera de Europa tras Alemania y
Francia. Sin embargo, este sector, lejos de recibir ayudas del
Gobierno o siquiera
atenciones por parte de las administraciones públicas, sufrió
un impacto de la voracidad recaudatoria y todos sus derivados.
De ahí que no fuera baladí la consideración de la fatídica
fiscalidad que en su conjunto soporta el sector de automoción,
lo que produce un encarecimiento del 28 por ciento del
automóvil en el momento de su matriculación. Esta es una de
las causas de la caída de las ventas en España, cuando
justamente en
Inglaterra, por haber desgravado, en parte, la fiscalidad del
automóvil, ha supuesto la excepción en Europa de un
crecimiento de las ventas del 12 por ciento.
Este es, pues, un dato a la vez significativo y paradójico, ya
que la política fiscal española difiere sustancialmente de
aquellas que practican en Europa los restantes países. Veamos.
Primero, la fiscalidad es más alta en los países no
productores de coches, como en Dinamarca. Segundo, es más baja
esta
fiscalidad en los países productores, como en Alemania,
Francia e Inglaterra. En consecuencia, me parece a mí que lo
que nosotros estamos argumentado, y que va introducido en una
de nuestras enmiendas, queda muy claro en su significado y en
sus
consecuencias. Y sexto, el mayor sarcasmo sería el de vincular
la desaparición de nuestra industria de automoción a la sola
rigidez del mercado laboral. No puede aseverarse que sea ésta
la causa exclusiva. Hay bastantes más. Indudablemente la
flexibilidad del mercado de trabajo es una condición necesaria
pero no una condición suficiente. Es cierto que el sentido
común no recomienda el despido libre en momentos de crisis. Se
ha perdido, sin embargo, la oportunidad histórica de reformar
el mercado de trabajo en momentos de auge económico,
teniéndose que hacer ahora en una coyuntura dramática para los
trabajadores y para sus familias. Evidentemente, seguimos en
este país haciendo experimentos con champán y no con gaseosa,
como aconsejaba el sabio e irónico catalán don Eugenio d''Ors.
Las cosas son como son, señorías, y ahí está esta admonición
reciente del embajador norteamericano Mr. Gardner, cuando
decía textualmente que considera que España ha perdido
alicientes y no reúne las condiciones mínimas para traer
capitales foráneos.
Precisamente en Cataluña en el primer semestre de 1993 se ha
perdido el 20 por ciento de las inversiones extranjeras y
precisamente es mucho más grave aún este dato si reparamos en
el hecho de que la inversión foránea acude a Cataluña en el
61,8 por ciento con destino al sector industrial. Causas de
este fenómeno no faltan si reparamos en el hecho de que
durante los últimos cuatro años los precios industriales
crecieron en Cataluña un 8,6 por ciento, en tanto que el coste
laboral de la producción industrial lo hizo un 31 por ciento,
más del 12 por ciento más que la media de la Comunidad
Europea, lo cual sanciona una onerosa pérdida de
competitividad.
Estas son las razones, y yo no voy a pormenorizar ahora las
enmiendas, puesto que son muchas y algunas de matiz, y
simplemente voy a sintetizar. En primer lugar, apoyaremos la
propuesta que hace la moción de Convergència i Unió
introduciendo dos aspectos fundamentales: un punto quinto, que
se refiere precisamente al incremento de esfuerzos del
Gobierno para potenciar los centros de investigación, sobre
todo
universitarios, del área catalana y también de España; y un
punto sexto, que atiende al principio de la fiscalidad al que
me he referido. En cambio, en el supuesto de la moción de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nosotros tenemos que
decir que gran parte de su contenido no nos satisface por
contravenir nuestra propia filosofía en los planteamientos de
economía industrial, como ha quedado patente en mis
argumentos, y, en cambio, el punto segundo lo respetamos, y
otros son cuestionados y algunos de ellos enmendados,
especialmente algunos por
cuestiones puramente formales, como un «y» por «o», etcétera,
a la hora de pedir informaciones al Gobierno respecto a
ciertos contratos.
Por último, en cuanto a la moción de Esquerra Republicana, en
este caso de la señora Rahola, tenemos que decir que aceptamos
el principio de la misma en el punto primero, respetando la
línea inicial del punto primero, solamente la línea inicial y
no las dos consecuentes. Y no aceptamos el resto.
Consecuentemente, esta es nuestra postura y nuestra filosofía.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Milián.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista a la
moción de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como consecuencia del largo e intenso debate de la
semana pasada sobre las tres interpelaciones presentadas, nos
hallamos hoy ante tres mociones que, hemos de decirlo,
contienen en esencia las distintasposiciones que cada uno de
los grupos interpelantesmantuvieron en sus intervenciones.
Hemos realizado un análisis del debate que se produjo la
semana pasada, de las tres mociones que se han presentado y,
también, de la defensa que se ha hecho de ellas hoy. Creemos
que nos encontramos ante dos análisis, ante dos concepciones
distintas de cuál es el problema y, por tanto, también ante
dos concepciones distintas de cuáles deben ser las soluciones
para salir de esta situación.
Dos de las posiciones traducidas en mociones, aunque tal vez
pueda acusárseme de simplificación, aunque no excesiva,
contienen un razonamiento que se basa en cuatro puntos, en
cuatro pasos casi estrictamente lógicos. En primer lugar, el
punto de partida es que no existe la crisis o que esta crisis
es menos aguda o que, al menos en el caso de Seat, es una
crisis --tal como dice una de las mociones-- que ha sido
sobredimensionada. Por tanto, si el punto de partida es que la
crisis no es tan fuerte como se dice, es que alguien nos está
engañando, y así pasamos al segundo punto: ¿Quien nos está
engañando? La empresa. En este caso, Seat y Volkswagen están
engañando, transmitiendo a todos los españoles una idea que no
es real de que existe una crisis.
El tercer paso evidente es que hay que controlar a la empresa
porque trata de engañarnos. Estos elementos se reflejan en las
dos mociones, especialmente en una de ellas, en la cual,
además de pedirnos soluciones para el problema de Seat, se nos
insta también a investigar, a exigir responsabilidades
legales, estcétera.
Esto nos lleva al cuarto paso del análisis. ¿Cuál es la
solución? Solamente hay una: lo público. Las Administracones
públicas tienen que invertir capital, convertirlo en acciones,
y en este caso en una empresa, que ya había sido propiedad
pública y se había privatizado en su momento, hay que volver a
comprar una parte y el sector público tiene que volver a
entrar en ella. Tal vez sea simplificación, pero creo que no
nos equivocamos si éste es el análisis, el discurso lógico que
nos hacen estas dos mociones.
Nosotros no compartimos las premisas y el análisis y, por lo
tanto, las conclusiones a que llegan estas dos mociones.
Frente a ello creemos que hay que analizar lo que nos dice la
realidad: que hay una crisis, que esta crisis afecta al sector
del
automóvil, especialmente con las características propias que
tengan, pero que esto es innegable. Lo que no podemos hacer es
realizar un análisis, no desde la realidad, sino desde
nuestros deseos que, evidentemente, serían que no existiese la
crisis, ni desde ideologías que nosotros no compartimos.
Existe una crisis importante del sector que afecta a la
industria automovilística y tambien a la industria de
componentes. Las soluciones deben darse dentro de las reglas
de juego vigentes, no dentro de un hipotético mundo que ya no
existe, sino de unas reglas de mercado en las que lo público
tiene algo que jugar --y en este sentido no creemos que
siempre lo público funcione peor que lo privado, ejemplos de
todo hay--, pero las reglas que existen son las reglas que
hay. Y desde estas reglas es desde las que tenemos que jugar.
Estas soluciones deben tener un carácter general, no
únicamente para el caso de Seat, sino para todo el sector. No
deben hacerse en perjuicio de ninguna otra zona geográfica y
en el conjunto de España, ni tampoco dentro de Cataluña. Hay
que tener en cuenta que entre estas reglas existen las
normativas fijadas, antes por la Comunidad Europea, ahora por
la Unión Europea, sobre las posibilidades que existen de
ayudas en sectores que no están declarados en reconversión.
¿Cuál es el objetivo final? La moción de Izquierda Unida sí
que lo define. Dice que hay que hacer las gestiones necesarias
para asegurar el mantenimiento de Seat como empresa, con
capacidad propia industrial, tecnológica, comercial,
financiera. Este es el objetivo central y, además, esto hay
que hacerlo con el mínimo coste social posible.
Para conseguir este objetivo central en sus dos aspectos, ¿qué
es conveniente? Desde nuestra perspectiva, en primer lugar, es
conveniente que exista una negociación entre las partes y que
se llegue a la mayor parte de acuerdos posibles. En segundo
lugar, debe existir el compromiso de las Administraciones
públicas en todo aquello que es competencia de ellas, en todo
aquello que es posible que las Administraciones públicas
actúen. En este sentido, en las aportaciones sociales el
Ministro indicaba el coste que va a suponer para la
Administración central, cercano a los 30.000 millones de
pesetas, los expedientes tal como están presentados en este
momento, y junto a las aportaciones sociales, los apoyos en el
marco de los programas horizontales y verticales que existen
en el Ministerio de Industria.
Y también en el marco de aquellas políticas industriales que
pueda realizar la comunidad autónoma competente: ayudas a los
proyectos de inversión que favorezcan la recolocación al
máximo de los trabajadores que se ven afectados por los
expedientes de regulación que están en trámite.
En este sentido, creemos que la moción presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) es la que recoge en mayor medida
este espíritu. Por ello, tomando como base esta moción, hemos
presentado una enmienda al punto segundo que creemos que
precisa y define mejor el marco de estas ayudas sociales, pero
también industriales, que se definen en la moción.
Al mismo tiempo, indicamos que votaremos el punto segundo de
la moción de Izquierda Unida, que corresponde a la parte que
he leído anteriormente y que define el objetivo central de la
actuación que los poderes
públicos deben tener en este momento. Con ello esperamos que
se obtenga lo que creemos mejor para el futuro de Seat y
también para el futuro y los intereses de los trabajadores.
Cuando oigo afirmaciones tan contundentes, tan seguras, de
soluciones tan claras y a veces incluso tan sencillas para
solventar los problemas industriales que afectan a nuestras
empresas, a veces me pregunto cómo podemos ser tan estúpidos
los demás de no ver con la misma claridad qué es lo que hay
que hacer. Por otra parte, cuando vemos la aplicación de
políticas radicales como las que se defienden por parte de
alguno de los intervinientes, y nos damos cuenta de cuál ha
sido el resultado, la verdad es que empiezo a dudar más de que
realmente seamos tan estúpidos de no entender ciertos
argumentos.
Por ello, en este momento más que grandes discursos o grandes
afirmaciones, para el futuro de Seat y para los propios
intereses de los trabajadores, creo que lo más importante es
un acuerdo que cuente con el mayor apoyo posible por parte de
esta Cámara. Por tanto, un acuerdo hecho a partir de la moción
de Convergència, con la enmienda presentada por nosotros, que
creemos que el Grupo de Convergència i Unió aceptará, y con
otra posible inclusión a través de una transaccional con una
de las enmiendas del Grupo Popular y la aceptación de un punto
de Izquierda Unida, nos puede dar una resolución que obtenga
el máximo, por no decir unánime, respaldo por parte de todos
los Grupos y todos los Diputados de esta Cámara, que en este
momento puede ser más útil para Seat y para los trabajadores
de esta empresa. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marsal.
¿Grupos que no hayan intervenido en el debate y que deseen
fijar su posición? (Pausa.)
Señora Rahola, tiene la palabra a los efectos de indicar si
acepta la enmienda presentada a su moción por parte del Grupo
Popular.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, no podemos
aceptar la enmienda del Grupo Popular porque suprime los dos
aspectos fundamentales de nuestra moción: uno, la voluntad de
consolidar la Zona Franca como factoría de producción de
automóviles plenamente competitiva, y el otro, garantizar la
capacidad de decisión a través de la entrada en el
accionariado. Lo digo sin el complejo de ultraliberalidad que
respira, según parece, esta Cámara; un complejo que obliga a
algún otro Diputado a
justificarse incluso con citas literarias. Intervenir como
hacen gobiernos occidentales modernos, que tan a menudo se
usan como ejemplo, con valentía en la intervención y sin com-
plejos, capacidad de decidir como otros gobiernos tienen...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, el
turno es exclusivamente a los efectos de indicar si acepta o
no la enmienda.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: A los efectos que decía, no la
acepto en esos términos, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.
Tiene la palabra el señor Ribó, a los mismos efectos de decir
si acepta o no la enmienda presentada a su moción por parte
del Grupo Popular.
El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, el Grupo Popular nos
presenta siete enmiendas al texto de nuestra moción, que se
dirigen a diversos puntos de la misma y que, en resumen,
nosotros no podemos aceptar porque están basadas en datos aún
no
demostrados, como el mismo hecho de que un aval o una garantía
sea necesaria para la credibilidad de la empresa, cuando de
septiembre a octubre pasamos de 12.000 millones de pérdidas a
120.000 millones de pérdidas, como dijo un dirigente de Seat,
quizá porque alguien se olvidó de un cero. Como puede usted
comprender, si no hay garantía para que no se reproduzcan
argumentos tan absurdos como éste, no podemos ir por esta vía.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, a los mismos
efectos de la aceptación o no de las enmiendas presentadas a
la moción que ha defendido, enmiendas del Grupo Popular y del
Grupo Socialista.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo aceptaría la enmienda presentada por el Grupo
Socialista al punto número dos y también aceptaría la enmienda
presentada al punto número cinco, de adición, del Grupo
Popular, en el caso de que nos aceptara una transaccional a su
enmienda, que quedaría de la siguiente forma. Se trata de
incorporar a nuestro punto cuarto la siguiente frase:
«Asimismo, dedicar especial atención a la posibilidad de que
los centros de
investigación puedan prestar una asistencia técnica a
fabricantes de equipos de automoción y empresas proveedoras.»
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre. Señor Milián, ¿se acepta por parte de su Grupo la
transaccional ofrecida por el Grupo de Convergència i Unió?
El señor MILIAN MESTRE: Aceptamos la transaccional por una
razón muy simple, porque corrobora nuestra filosofía y añade
textualmente, en un apéndice a ese punto cuarto, nuestro
planteamiento en el párrafo cinco. Aceptamos también el
rechazo del punto sexto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Milián.
Finalizado el debate de las mociones de la señora Rahola, de
Izquierda Unida y de Convergència i Unió, vamos a pasar a la
votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 18; en contra, 250; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Votamos a continuación la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. (El señor Caldera Sánchez-Capitán
pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Solicitamos votación
separada del punto segundo de la misma.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, el apartado
segundo de la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 270.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Seguidamente votamos los restantes apartados de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 269; a favor, 19; en contra, 250.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete
a votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas del Grupo Socialista y de la enmienda transaccional
que ha sido ofrecida por el Grupo autor de la moción y
aceptada por el Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, 254; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.