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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 31, de 23/11/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1993 Núm. 31 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. DON FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 29
celebrada el martes, 23 de noviembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
Fundaciones. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
B, número 16.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente
122/000007) (Página 1411)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
incentivos fiscales al mecenazgo y a las fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 11.1, de 26 de julio de
1993 (número de expediente 122/000003) (Página 1411)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se insta al Gobierno a revisar su política de cooperación de
forma que incluya sistemáticamente en los Acuerdos que firme
con terceros países la «cláusula democrática». «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 11.1, de 27
de septiembre de 1993 (número de expediente 162/000026)
(Página 1416)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a
tomar las medidas pa Oficial de las Cortes Generales», Serie
D, número 8, de 17 de septiembre de 1993 (número de expediente
162/000023) (Página 1416)
Inclusión de un nuevo punto en el orden del día:
--Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
criterios de política industrial que piensa adoptar el
Gobierno ante la crisis que afecta al sector del automóvil y,
en concreto, a la empresa SEAT (número de expediente
172/000019) (Página 1422)
En su caso, tramitación por el procedimiento de lectura única
de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley por la que se prorroga el plazo para ejercer
la opción por la nacionalidad española, establecido en la
Disposición Transi Serie A, número 30.1, de 2 de noviembre de
1993 (número de expediente 121/000016) (Página 1422)
--Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la
protección jurídica de programas de ordenador. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 31.1, de 2
de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000017) (Página 1422)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno
respecto de las competencias y financiación de las
Corporaciones Locales en el marco de la construcción del
Estado descentralizado que contempla nuestra Constitución
(número de expediente 173/000011) (Página 1422)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general previstas por el Gobierno para
hacer frente a los graves problemas presentes en la realidad
de nuestro sistema penitenciario y para conseguir que éste
responda efectivamente a los fines previstos en el
ordenamiento vigente y a la orientación de principios dada por
la Constitución al cumplimiento de las penas privativas de
libertad (número de expediente 173/000012) (Página 1431)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
32, de 24 de noviembre de 1993.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 1411)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Fundaciones
(Página 1411)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
iniciativas fiscales al mecenazgo y a las fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro (Página 1411)
El señor Presidente informa a la Cámara que se procederá a la
tramitación acumulada de las dos proposiciones de ley que
figur En defensa de la proposición de ley del Grupo Popular
interviene el señor Cortés Martín, señalando que son varias
las veces que él mismo y otros compañeros de su Grupo han
intervenido en relación con el tema de las fundaciones, por la
convicción que tienen de que España necesita una ley de
fundaciones. Sin embargo, el Partido Socialista se ha opuesto
tenazmente mientras ha podido, pero felizmente ya no puede
hacerlo puesto que el pasado viernes el Consejo de Ministros
acordó remitir a este Congreso un proyecto de ley sobre esta
materia. Mirando al futuro, nunca es tarde si la dicha es
buena y, ya sea por necesidad, ya por virtud, observa, en lo
que conocen del proyecto de ley del Gobierno, una voluntad de
acercamiento. En aras de ese acuerdo que desea el Grupo
Popular y que también desean las fundaciones anuncia la
retirada de la proposición de ley, para no entorpecer la
tramitación del proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Anuncian asimismo que aprovecharán la tramitación de éste para
enmendarlo con propuestas recogidas en la proposición de ley.
En representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el
señor Roca i Junyent manifiesta que el azar ha hecho posible
que escasos días antes de esta sesión el Consejo de Ministros
aprobase un proyecto de ley regulador de la misma cuestión.
Ante dicha coincidencia, es voluntad de su Grupo no someter a
votación la proposición de ley, si bien cree que algunos
aspectos contemplados en la misma deberían servir para
complementar el proyecto del Gobierno. En este sentido, le
gustaría que existiese por parte del Grupo Socialista, en
justa correspondencia a la posición del Grupo Popular y del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), una especie de compromiso
para estudiar las enmiendas que en su momento presenten, con
voluntad de aproximar simplemente posiciones, ya que sería
bueno para el país que una ley de tanta trascendencia pudiese
contar con un apoyo muy amplio de la Cámara.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz
Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y El señor Presidente expone que, a la vista de las palabras
de los representantes del Grupo Popular y del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) no procede la votación de estas
iniciativas.
Proposiciones no de ley (Página 1416)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
insta al Gobierno a revisar su política de cooperación, de
forma que incluya sistemáticamente en los acuerdos que firme
con terceros países la «cláusula democrática» (Página 1416)
El señor Cortés Martín, en nombre del Grupo Popular,
manifiesta que el que se hayan acumulado los dos debates
anteriores y la brevedad de las intervenciones, les aconsejan
retirar esta proposición no de ley, que será sometida a un
próximo Pleno.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a tomar las
medidas para prohibir totalmente la publicidad del tabaco
(Página 1416)
El señor Espasa Oliver defiende la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone
diversas consideraciones en torno a lo que se ha dado en
llamar drogas institucionalizadas y drogas no
institucionalizadas, afirmando que algunas de ellas forman
parte de la cultura de la humanidad, siendo la pretensión de l
proposición no de ley que ahora defiende la de limitar la
publicidad del tabaco, limitando en lo posible la difusión del
hábito de fumar, naturalmente salvando siempre la libertad de
la decisión individual.
En defensa de las enmiendas presentadas y para fijación de las
posiciones de sus respectivos grupos intervienenn el señor
Cartagena Travesedo, del Grupo Popular; la señora Frías
Navarrete, del Grupo Socialista, y el señor Cardona i Vila,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Completa el turno de
fijación de posiciones el señor Gatzagaetxebarría Bastida, del
Grupo Vasco (PNV).
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley
debatida por 291 votos a favor y dos en contra.
Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Página 1422)
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.1 del
Reglamento, la inclusión en el orden del día de la presente
sesión de una interpelación urgente formulada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre criterios de
política industrial que piensa adoptar el Gobierno ante la
crisis que afecta al sector del automóvil y, en concreto, a la
empresa SEAT.
La Cámara acuerda por asentimiento dicha inclusión en el orden
del día.
En su caso, tramitación por el procedimiento de lectura única
de iniciativas legislativas (Página 1422)
El señor Presidente propone a la Cámara, de conformidad con lo
acordado por la Mesa, y oída la Junta de Portavoces, la única
de los proyectos de ley siguientes:
Proyecto de ley por el que se prorroga el plazo para ejercer
la opción por la nacionalidad española, establecido en la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 18/1990, de 17 de
diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de
nacionalidad (Página 1422)
Proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la
Directiva 91/250/CEE,
de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de
programas de ordenador (Página 1422)
El Pleno acuerda la tramitación directa y en lectura única de
dichos proyectos de ley.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1422)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las
competencias y financiación de las Corporaciones locales en el
marco de la construcción del Estado descentralizado que
contempla nuestra Constitución (Página 1422)
La señora Aguilar Rivero defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, moción que contempla
una serie de medidas urgentes y necesarias para que los
ayuntamiento y corporaciones locales puedan comenzar a salir
de la crisis económica en la que se encuentran, como
consecuencia de la política del Gobierno, y se puedan
redefinir las competencias desde la premisa de que las
corporaciones locales son Estado y forman parte del Estado.
Señala que, con posterioridad al debate de la interpelación
correspondiente, se ha celebrado la Asamblea extraordinaria de
la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que
los municipios han solicitado lo que es suyo, lo que les
pertenece y lo que hasta ahora el Gobierno de la nación, con
su política de desequilibrios en la construcción del Estado,
les ha negado. Esperan que hoy, desde el Parlamento, se ponga
definitivamente fin al doble lenguaje que el Gobierno ha
tenido para con los ayuntamientos. Concretamente se refiere a
la respuesta a la interpelación por parte del Ministro de
Economía y Hacienda, señor Solbes, manifestándose de forma muy
distinta a lo que dijo el Ministro de Administraciones
Públicas, señor Saavedra, ante la Asamblea extraordinaria de
la Federación Española de Municipios y Provincias. Esperan y
desean que el doble lenguaje finalice y que puedan acometer
convenientemente, de una vez por todas, la problemática de los
municipios españoles. En este sentido, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya expresa su voluntad política de
propiciar, no con meras declaraciones de intenciones, una
nueva política en relación con las corporaciones locales, y a
ello tienden las medidas que proponen en la moción y que
exponen seguidamente.<ð Termina expresando la necesidad de
que el Congreso de los Diputados haga el gesto político
suficiente para que los municipios sepan que a ahora va a
haber soluciones a los graves problemas que están viviendo, de
índole económica y de índole política, y para ello instan al
conjunto de la Cámara a conseguir el máximo consenso para
empezar a cambiar las cosas y que de verdad llegue la era de
los ayuntamientos, construyendo un Estado social y
políticamente equilibrado.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Moreno Monrove, del Grupo Socialista, y Mañuec Sometida a
votación la moción debatida en los términos resultantes de la
enmienda aceptada a lo largo del debate es aprobada por 279
votos a favor y 16 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general previstas por el Gobierno para hacer
frente a los graves problemas presentes en la realidad de nues
penitenciario y para conseguir que éste responda efectivamente
a los fines previstos en el ordenamiento vigente y a la
orientación de principios dada por la Constitución al
cumplimiento de las penas privativas de libertad (Página 1431)
El señor Gil Lázaro defiende la moción del Grupo Popular,
manifestando que a través de la misma pretenden, sobre todo,
motiven un cambio sustancial y urgente en la política
penitenciaria del Gobierno, que existe en sí como mera
apariencia, pero no como un cuerpo político dotado de la
cohesión y efectividad necesaria para dar cumplimiento a los
fines que nuestra Constitución prevé como propios del sistema
de penas privativas de libertad.
Ese cambio sustancial y urgente de la política penitenciaria
tiene sus cimientos en cinco presupuestos básicos, que están
presentes en el espíritu y la letra de la moción que pasan a
exponer seguidamente, resaltando las propuestas concretas que
pretenden a través de ella.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora
Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Casas i Bedos, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Pérez Mariño, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción debatida, es rechazada por 136
votos a favor, 156 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y veinte minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE
FUNDACIONES (Número de expediente 122/000007)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO Y A LAS FUNDACIONES Y
ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO (Número de expediente
122/000003)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley.
Vamos a proceder a la tramitación acumulada de las dos
proposiciones de ley que figuran en el orden del día. En
primer lugar, proposición del Grupo Popular, de Fundaciones.
Tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, presento a la
Cámara, en nombre del Grupo Popular, una proposición de ley
que desarrolla el derecho de fundaciones. Es la tercera vez
que lo hago y en ocasiones anteriores lo hicieron otros
representantes de mi Grupo. Tanta insistencia, señor
Presidente, se debe tanto a nuestra convicción de que España
necesita una ley de fundaciones, no sólo por exigencia de la
Constitución, como a la tenacidad del Partido Socialista en
impedirlo mientras ha podido. Felizmente, ya no puede hacerlo
y, haciendo de la necesidad virtud, el pasado viernes el
Gobierno ha acordado remitir al Congreso un proyecto de ley
que, en un mismo texto, regula el derecho sustantivo de
fundaciones y los incentivos fiscales a todas las actividades
de interés general sin ánimo de lucro, ya vengan éstas por vía
de fundaciones, de asociaciones o incluso de particulares.
Pensamos que ésta es una confusión que se podría haber evitado
y, a nuestro juicio, señor Presidente, es equivocado regular
en un mismo texto dos cuestiones distintas; por mucho que sin
duda alguna están relacionadas entre sí, son netamente
diferentes, y conceptualmente distintas. Sería mucho más claro
que se regulasen en dos textos distintos, como se intentó en
la legislatura pasada, incluidos en los propios proyectos del
Gobierno.
Ahora bien, como el Partido Socialista no sólo ha impedido una
ley de fundaciones durante estos once años, sino que ha
impedido también que haya una ley de mecenazgo, sospechamos
que deben querer evitar la ración doble del mal trago que
tiene que suponerles, no sólo que se les recuerde su
responsabilidad en el retraso de España en este terreno --que
eso sospechamos que produce en las filas socialistas poco
rubor--, sino que lo que de verdad tiene que molestarles es
ver cómo se amplía la libertad que han querido y logrado
restringir y cómo se les escapan parcelas de poder y
mecanismos de control que han usado en provecho propio y en
perjuicio de la sociedad durante más de una década. Perder ese
control tiene que ser, para el Gobierno y el Grupo Socialista,
como para el rey moro perder Granada, pero es una cosa buena
para la sociedad, y lo celebramos.
Mirando al futuro, señor Presidente, aunque sin olvidar quién
es quién, decimos que nunca es tarde si la dicha es buena. Ya
sea por necesidad, ya por virtud, observamos, en lo que
conocemos del proyecto del Gobierno, una voluntad de
acercamiento. Se han incorporado artículos de textos que
presentaron otros grupos
--muchos de ellos de textos nuestros--, y hemos observado,
también que se excluyen apartados de los que el Grupo
Socialista hacía cuestión de gabinete en la pasada
legislatura. Nosotros, señor Presidente, queríamos entonces y
queremos ahora que las fundaciones en España dispongan de un
marco estable, un marco holgado, incentivador y generoso para
que puedan, con libertad, participar en tareas de interés
general. Lo queremos porque así lo quiere la Constitución,
que, como hemos dicho en tantas ocasiones, configura el
derecho de fundación como un derecho de libertad: y lo
queremos porque forma parte de nuestras más profundas
convicciones de confianza en la libertad de los individuos,
solos o agrupados, capaces de contribuir libremente al interés
general. El marco estable hace falta porque las fundaciones
tienen vocación de permanencia y su actividad se verá muy
favorecida si saben que las normas que las regulan no van a
cambiar en los próximos años ni para mejor ni para peor. Digo
bien, tampoco para mejor, porque si no hay un acuerdo básico
sobre las normas que regulan las fundaciones y el mecenazgo y
se piensa que estas normas pueden cambiar en el caso de que se
produzcan cambios políticos, habrá --como hay hoy, lo estamos
viendo todos los días--personas y entidades dispuestas a
fundar, dispuestas a hacer donaciones o fundaciones, pero que
no lo hacen a la espera de que vengan tiempos mejores.
En aras de ese acuerdo que deseamos, de ese acuerdo que
también desean las fundaciones (la expresión a través de una
benemérita
institución que las agrupa, que es el Centro de Fundaciones,
creo que es clara y manifiesta también) anuncio que, cuando
terminen las intervenciones de todos los grupos que quieran
hacerlo, retiraremos la proposición de ley, para que, en el
caso de que fuese tomada en consideración por la Cámara, no
entorpeciese la tramitación del proyecto de ley presentado por
el Gobierno.
Aprovecho el trámite, señor Presidente, para anunciar que
enmendaremos ese proyecto planteando como alternativas en los
distintos puntos lo que son hoy los artículos de las dos
proposiciones que el Grupo Popular ha presentado en la Cámara
en esta nueva legislatura, una, sobre el derecho de
fundaciones, y otra, sobre incentivos fiscales a las
actividades de interés general. Y queremos dar la oportunidad
a todos los grupos no retirando ya esta proposición de ley
porque nos parece que es el más elemental gesto que debemos
tener hacia grupos que en las pasadas legislaturas aprobaron y
apoyaron, todos ellos sin excepción, aun manifestando
diferencias y aun anunciando que enmendarían, en el caso de
que se tomaran en consideración, nuestros textos.
Si en España hoy no hay una ley de fundaciones, si en España
hoy no hay una ley de incentivos fiscales es, única y
exclusivamente, porque el Partido Socialista disponía de
medios para impedirlo y los ha usado. Parece que ahora han
cambiado --nos alegramos de que así haya sido-- y, por lo
tanto, esperamos que en esta tramitación del proyecto de ley -
-nosotros hemos manifestado nuestra voluntad-- ellos tambi
manifesten sino que trasladen a hechos, como se deben hacer
las cosas en el Parlamento, es decir, a enmiendas, a votación
y a aceptación de las mismas, esa voluntad de acercamiento con
la que hoy el Grupo Parlamentario Popular queda comprometido
para que el marco legal y fiscal de las fundaciones, las
entidades sin ánimo de lucro de interés general, sea generoso
y estable a fin de que la sociedad en España pueda contribuir
a mejorar una situación que necesita de la yuda de todos y
hasta ahora no se les ha dejado hacerlo suficientemente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Para presentar la proposición del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), sobre incentivos fiscales al mecenazgo y a las
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, tiene la
palabra el señor Roca.
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, simplemente el azar ha hecho posible que escasos
días antes de la sesión de hoy elConsejo de Ministros haya
aprobado un proyecto de ley regulador de la misma cuestión.
Esto, obviamente, nos plantea una necesidad, y es la de
adelantar a la Cámara, en la misma línea que acaba de apuntar
el representante del Grupo Parlamentario Popular, que es
intención de nuestro Grupo defender en este acto nuestra
proposición, pero sin que se someta a votación porque creemos
que, introducido un proyecto de ley respecto del que nuestro
Grupo debe formular el reconocimiento de que en relación con
la posición mantenida en la anterior legislatura, se ofrecen
cambios importantes que representan un avance singular en
cuanto a la posición defendida por el propio Gobierno y el
Grupo Socialista en esta misma y en la anterior legislatura,
no obstante quedan algunas cuestiones que deben ser mejoradas
durante la tramitación de esta proposición de ley.
En este sentido es por lo que nuestro Grupo quiere adelantar
desde este mismo momento cuáles deberían ser, a nuestro
entender, los aspectos que religasen la iniciativa del
Gobierno con la proposición de ley presentada por nuestro
Grupo Parlamentario. Por un lado, hay un primera cuestión y es
que, si bien es cierto que desde un punto de vista
metodológico tratar en un solo cuerpo legislativo el aspecto
sustantivo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Roca, un momento. (Pausa.)
Continúe cuando quiera.
El señor ROCA I JUNYENT: Decía que tratar en un solo cuerpo
legislativo el aspecto sustantivo regulador de las fundaciones
y, por otra parte, los aspectos adjetivos desde el punto de
vista de su trato fiscal, es quizá más completo, puede ello
minimizar aspectos que rodean toda esta problemática y que, en
cambio, tienen igual, tanta o más trascendencia.
Estoy haciendo referencia al trato fiscal que deben recibir
las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, que es
un aspecto que debería contemplarse de una manera mucho más
amplia a como se regula hoy en el proyecto de ley; o todo lo
que hace referencia a donaciones, legados y actividades de los
particulares en colaboración con las fundaciones (aportaciones
de éstos a las fundaciones o a las asociaciones) que pueda
permitir, por parte de las personas físicas, una actividad que
venga a complementar los objetivos que esta legislación
pretende.
Hay aspectos fiscales que no tienen hoy en el proyecto de ley
del Gobierno una solución satisfactoria, al entender de este
Grupo Parlamentario. No lo tiene, por ejemplo, toda la
problemática relativa a la deducción de los gastos generales
de las fundaciones que, al no estar contemplada podría dar
lugar a que para algunas fuese más cómodo sujetarse al
Impuesto sobre
Sociedades, puro y neto, que no al trato que ahora en este
caso se establece; podría ser más cómodo para ellas si no se
contemplase --insisto-- la deducción de los gastos generales.
O, segundo punto, ¿tenemos que establecer un incentivo
específico para las donaciones delegadas, porque ésta es una
figura moderna, nueva e interesante desde la
perspectiva del interés general, que no encuentra su acomodo
perfecto en el proyecto de ley del Gobierno? ¿O hemos de
clarificar los beneficios fiscales que están previstos en este
proyecto de ley para las aportaciones en concepto de las
cuotas de afiliación a las asociaciones de interés cultural o
social? Son diversas cuestiones que deberían complementarse y
que deberían ser objeto de las enmiendas pertinentes.
Nos gustaría que por parte del Grupo Socialista, en justa
correspondencia a la posición que tanto el Grupo Parlamentario
Popular ha defendido anteriormente, como a la que estamos
defendiendo el Grupo Parlamentario Catalán en este caso,
existiera el compromiso de estudiar, con voluntad de aproximar
seriamente posiciones, estas posturas distintas que se han
explicado en este acto. Sería muy bueno para el país que una
ley de tanta trascendencia como la de fundaciones, de
mecenazgo, de trato fiscal de las entidades sin ánimo de
lucro, pudiera contar con un apoyo muy amplio de esta Cámara;
que no fuera el resultado de una mayoría estricta o de una
mayoría muy simple, sino que fuera el resultado de un
amplísimo consenso para que todas las fuerzas políticas
pudieran sentirse identificadas en un proyecto de modernidad.
Hoy hemos de entender que todo lo que hace referencia a los
temas que estamos tratando son cuestiones que afectan al
progreso del país, afectan a una nueva concepción de lo que
deben ser ciertas intervenciones de los particulares en
funciones sociales, benéficas, culturales, deportivas, de toda
índole. Es algo que nos permitiría entrar con mayor fuerza en
un campo nuevo, en un campo para innovar en España y del que
seguro que podían tener importantes beneficios toda una serie
de actividades que hoy, de una manera muy inicial, muy tímida,
están prosperando.
Es un campo nuevo, por explotar, y de la generosidadde esta
Cámara, de la generosidad de todos nosotros al regular sobre
todo estas cuestiones fiscales, depende que seamos capaces de
definir un instrumento útil para esta sociedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Estamos en un trámite que va a terminar, por lo que parece,
con la retirada de las dos proposiciones de ley, un trámite
que en todo caso nosotros hubiéramos votado a favor, con
independencia de las enmiendas que posteriormente hubiésemos
presentado. Ya en su momento, en marzo de 1993, hablamos de
que, en todo caso, estábamos más cerca de las posiciones
expuestas por el Gobierno que las del Grupo Parlamentario
Popular. El texto actual, aprobado en el Consejo de Ministros,
no lo conocemos todavía. Según la prensa, ha habido una serie
de contactos con el Grupo Catalán; no lo sabemos. En todo
caso, en función del texto que se nos presente ya veremos la
nueva distancia que se establece respecto a la proposición
actual del Gobierno.
Nosotros, en todo caso, tal como dijeron los Diputados del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Pablo
Castellano y José Luis Martínez, comprendíamos la necesidad de
que este protagonismo lo llevase adelante el Gobierno, a
través de la iniciativa que le corresponde, y así lo han
entendido también, al retirar estas dos proposiciones de ley,
tanto el Grupo Catalán cuanto el Grupo Popular.
Pensamos que el proyecto de ley que va a entrar en esta Cámara
es absolutamente adecuado --ya veremos después los contenidos-
- al momento que estamos viviendo, un momento de crisis
económica profunda, un momento de túnel sin salida cierta
todavía, que es precisamente cuando los poderes públicos
tienen que dedicar mucha mayor atención a la cultura y tienen
también que estimular, promover las respuestas, las
potencialidades de la sociedad civil y de sus iniciativas
propias.
Nosotros en aquella ocasión dijimos, y esperamos poder decirlo
también en función del texto definitivo que aquí se remita,
que no se debe contraponer de manera anarquista sociedad civil
y poderes públicos, sino que hay que relacionarlos
dialécticamente haciendo una sociedad civil fuerte, cuanto más
fuerte mejor, para unos poderes públicos fuertes en el sentido
de que representen a esa sociedad civil de manera adecuada, y
como camino de vuelta ayuden a incentivar, a promover, como
locomotora pública, las potencialidades más o menos internas o
externas de esa sociedad civil.<ð Dijimos entonces, y
volvemos a decir ahora, que los poderes públicos, el Estado,
entendido como representación de la sociedad civil, no puede
dimitir de la capacidad de propulsión democrática de esa
sociedad civil ni de las iniciativas que haya que tomar en
este sentido. Por eso el que este proyecto de ley se meta,
como usualmente decimos, en el Registro de esta Cámara en
estos momentos, con independencia del texto que tenga, que ya
veremos, es un poco contradictorio, por así decirlo, con la
Memoria, con la estructura interna de los Presupuestos
Generales del Estado que aquí se nos han presentado, en los
que el Gobierno, teniendo en sus manos la mitad del producto
interior bruto, 29
billones de pesetas aproximadamente, dimitía de la capacidad
de propulsión, dimitía del protagonismo e incluso llegaba a
decir que no era el responsable de la creación de empleo. A
través de esta ley se mantienen contenidos esenciales que en
marzo de 1993 se discutieron. El Estado renuncia a una serie
de gastos, mejor dicho, renuncia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor ALCARAZ MASATS: Esta ley supone una serie de gastos
fiscales, una disminución en la recaudación en los ingresos.
Es decir inversión indirecta del Estado en cultura, en una
cultura que a través de los Presupuestos Generales del Estado
hemos visto que era, desde la ideología dominante en esta
Cámara, un bien prescindible, puesto que los presupuestos de
cultura solamente tenían un monto del 0,25 por ciento respecto
al total de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo
tanto, el tema de mecenazgo y la ley de fundaciones, que
aparecen refundidas en el nuevo texto, según parece, son
absolutamente necesarias en todo momento, pero mucho más ahora
en que hay que elevar el tono cultural de un país en el que la
cultura parece que es algo superfluo, prescindible, que es un
lujo desde la ideología dominante, en función de la aritmética
electoral de esta Cámara.
Nosotros pensamos que, sin afectar a los contenidos, aquí no
vale lo de: quien paga, manda, porque quien paga es siempre la
sociedad civil. Lo que pasa es que paga a través de Hacienda,
pero quien paga realmente siempre es la sociedad civil, y no
entendemos que se presupuesten o se programen iniciativas o
prioridades como un intervencionismo del Estado. Hay que
proteger la cultura, y mucho más en función de lo que se nos
viene encima tras la iniciativa que ha tomado el señor
Clinton, y aquí me refiero específicamente al tema del GATT,
que posiblemente se termine de redactar y de firmar o de votar
el 15 de diciembre. Porque no nos encontramos --y éste era el
debate ante 1993-- ante un problema de libertad, de mercado
libre, sino de proteccionismo desleal y desigual y, por lo
tanto, el Estado tiene que intervenir. Si esta ley mantiene
los mismos principios que entonces y no interpone con
enmiendas neoliberales otra serie de giros, de sesgos que no
podríamos apoyar, nosotros estaríamos de acuerdo con esa
iniciativa, que en absoluto supone intervencionismo por parte
del Estado, sino que, en todo caso, cuando deja de recaudar,
establece sin duda obligatoriamente un cierto control
democrático.
En este sentido entendemos que en los Presupuestos Generales
del Estado, cuando llegue el momento, se debería señalar
cuáles son los programas, las iniciativas prioritarias que
llevarían a una fiscalidad especial.Termino, señor Presidente,
retomando también unas palabras de don Pablo Castellano,
Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la
anterior legislatura, cuando hablaba de que, efectivamente, la
ley de fundaciones era fundamental, que las fundaciones se
seguían rigiendo por la ley de beneficencia de mediados del
siglo pasado y que en la actual ley (no conocemos el texto)
también tendrían que tener su regulación, desde la óptica de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, las fundaciones de
los partidos políticos y de los sindicatos.
Desde nuestra óptica, el protectorado, en cuanto fuerzas del
arco parlamentario se entiende, debían ser estas mismas Cortes
Generales.
A la espera del proyecto de ley, reconociendo que el
protagonismo del Gobierno en este tema debe ser fundamental, y
así también lo han entendido los Grupos Popular y Catalán
(Convergència i Unió), de que no haya un sesgo excesivamente
liberal en función del texto anterior que conocemos, o de las
intenciones anteriores que conocemos, en un momento de crisis
como este, en un momento malo para la cultura, que siempre se
posterga, se reduce, nos parece oportuno que, con
independencia de las enmiendas que presentemos, se discuta
esta ley refundida de fundaciones y mecenazgos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER I PRESA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervengo en relación con la proposición de ley
que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Posteriormente mi compañero de Grupo señor García Ronda se
referirá a la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre incentivos fiscales el
mecenazgo.<ð Señor Presidente, mi Grupo venía aquí dispuesto
a votar en contra de la toma en consideración de la
proposición de ley que ha sido defendida por el señor Cortés.
Y estamos dispuestos a votar en contra, por supuesto, por
razones de fondo, razones de contenido, pero también, y sobre
todo, por razones de oportunidad.
Yo no voy a extenderme sobre ellas, porque la verdad es que la
posición que aquí ha sido adoptada por el Grupo Parlamentario
Popular (se ha hablado de la posible retirada de la
proposición, posición que creo muy razonable) hace innecesario
que yo ahora haga una intervención en este sentido. Además, no
sería posible, porque el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular no ha defendido realmente su
proposición, sino que más bien ha hablado del proyecto del
Gobierno o de lo que ha hecho, o ha dejado de hacer, el Grupo
Parlamentario Socialista.
Sólo diré, respecto a este punto, que, por supuesto, mi Grupo
mantiene reservas importantes con relación a muchos de los
aspectos incluidos en la proposición de ley del Grupo Popular
pero, sobre todo, señor Presidente, las razones por las cuales
nosotros votaríamos en contra, en el caso de que hubiese
votación, son conocidas, son muy lógicas. La realidad es que
la semana pasada el Gobierno, en Consejo de Ministros, aprobó
un proyecto de ley relativo a esta misma materia, y no tendría
mucho sentido que nosotros aquí tomásemos en consideración una
proposición de ley que se refiere a esta misma cuestión. Más
aún si tenemos en cuenta que el proyecto aprobado por el
Gobierno da un tratamiento mucho más globalizado a estos
temas; no solamente se refiere al régimen jurídico de las
fundaciones, sino también al problema de los incentivos
fiscales y, por tanto, ciertamente, no creo yo que sorprenda a
nadie que nosotros digamos que preferimos el texto del
Gobierno y no el de la proposición de ley que aquí ha sido
defendedia y presentada.
Dos cosas para terminar, señor Presidente. La primera de ellas
es que no voy a responder aquí a las imputaciones, a las
críticas que ha realiz Diputado representante del Grupo
Popular en relación con mi Grupo y con el Gobierno. Se ha
dicho que el Grupo Socialista ha impedido que este tema se
tratase; se nos ha equiparado al rey moro de Granada, o algo
así, si no me equivoco; se ha dicho, además, que el Grupo
Popular está en desacuerdo con el tratamiento globalizador. Me
sorprende porque la pasada legislatura ustedes eran de los que
pedían que los dos textos se tramitasen conjuntamente y en una
sola Comisión, por así decirlo; o sea, que el tratamiento
globalizador yo creo que es absolutamente indispensable. Pero,
sobre todo, señor Presidente, no voy a responder a esas
críticas, porque lo único que hacen es poner todavía más de
manifiesto un hecho incontrovertible, a saber: que ha sido el
Gobierno socialista, apoyado por una mayoría parlamentaria
socialista, el que ha traído a esta Cámara una regulación en
profundidad del derecho de fundaciones y un sistema de
incentivos fiscales a las actividades de interés general, al
mecenazgo, que nunca antes se había hecho. Se hizo ya en la
pasada legislatura, no ahora, no por fin; no, por fin, no. En
la pasada legislatura ya estaba esto aquí, ya se empezaba a
discutir. El problema viene muy de lejos, ciertamente. La
propia disposición derogatoria del proyecto del Gobierno, por
ejemplo, nos dice que derogamos leyes de finales del siglo
pasado y de mediados del siglo pasado. Desde entonces aquí ha
habido muchos gobiernos, señor Cortés, no todos socialistas;
muchos ministros de cultura, no todos socialistas. Ninguno se
había planteado este tema. Ha sido un gobierno socialista el
que, afortunadamente, va a dar respuesta a este tema, y eso
para nosotros es lo único importante y, por tanto, para
nosotros es un gran motivo de satisfacción.
Señor Presidente, para acabar quiero decir que mi Grupo hace
suyas todas las ofertas de colaboración que aquí se han hecho.
La verdad es que aquí tendremos que trabajar con tres textos:
hay un proyecto de ley del Gobierno, pero también hay dos
proposiciones de ley que, aunque se retiren ahora, van a estar
presentes, y yo digo aquí y ahora que los tres textos no son
tan incompatibles entre sí, no están tan alejados entre sí
como para que no sea posible el acuerdo. Creemos que es
posible, creemos que es necesario. Nosotros siempre lo
creemos, pero, en casos como éste, que es más posible que en
otros, creo yo que tenemos que esforzarnos mucho más por ello,
porque, de esta manera, los proyectos que se aprueben aquí
tienen mucha más legitimidad.
Por todo ello, señor Presidente, quiero afirmar, una vez más,
que espero que ese acuerdo se traduzca tanto en Ponencia como
en Comisión y, finalmente, en las votaciones generales que
hagamos respecto a esta materia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover. (El señor Cortés
Martín pide la palabra.) ¿Señor Cortés?
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, para anunciar, en
nombre del Grupo Popular, que renunciamos a someter a votación
la toma en consideración de nuestra proposición de ley de
fundaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Entiendo, señor Roca, que de sus palabras se desprendía la
misma intención respecto a la iniciativa de su Grupo.
(Asentimiento.)
No procede, por tanto, votación sobre estas iniciativas.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR SU POLITICA DE COOPERACION DE
FORMA QUE INCLUYA SISTEMATICAMENTE EN LOS ACUERDOS QUE FIRME
CON TERCEROS PAISES LA «CLAUSULA DEMOCRATICA» (Número de
expediente 162/000026)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del
día: proposiciones no de ley.
Proposición, del Grupo Popular, por la que se insta al
Gobierno a revisar su política de cooperación de forma que
incluya sistemáticamente en los acuerdos que firme con
terceros países la «cláusula democrática». (Pausa.)
Señorías, disculpen un momento. Vamos a ver si podemos
continuar con la tramitación del orden del día en la forma que
conocen. (Pausa.--Rumores.)
¡Silencio, señorías; silencio! (El señor Cortés Martín pide la
palabra.)
¿Señor Cortés?
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, el que se hayan
acumulado los dos debates anteriores y la brevedad de las
intervenciones nos aconsejan que retiremos la inclusión en el
orden del día de esta proposición no de ley, que será sometida
en un próximo pleno.
Gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
TOMAR LAS MEDIDAS PARA PROHIBIR TOTALMENTE LA PUBLICIDAD DEL
TABACO (Número de expediente 162/000023)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se
insta al Gobierno a tomar las medidas para prohibir totalmente
la publicidad del tabaco.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Espasa. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio en consideración al orador,
que está aguardando su colaboración para iniciar su
intervención.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, esta proposición no de ley sobre
publicidad del tabaco puede adentrarnos en una revisión y yo
creo que consolidación de la opinión mayoritaria de esta
Cámara sobre lo que se ha dado en llamar drogas
institucionalizadas y drogas no institucionalizadas. Saben
ustedes que determinadas drogas --el tabaco, el alcohol--
forman parte de la cultura de la Humanidad. Incluso antes de
que las constituciones democráticas incorporasen como objetivo
fundamental de los Estados democráticos el objetivo de
defender y promocionar la salud de los ciudadanos, estas
drogas ya venían siendo utilizadas por la Humanidad. No en
vano vale la pena recordar que el sacrificio más central de
una de las religiones milenarias y más seguidas en el planeta
se celebra con vino; imaginen ustedes si esta droga es
antigua. Es también cierto que, después del descubrimiento del
Nuevo Mundo, el tabaco es una dogra comúnmente utilizada por
los ciudadanos y últimamente también por las ciudadanas.
El problema reside en que estas drogas llamadas
institucionalizadas, es decir que forman parte ya del acervo
cultural de la Humanidad, que con de sus ritos más
importantes, el religioso, por ejemplo, no pueden, de forma
simplista, como a veces se argumenta, ser erradicadas, ser
prohibidas, incluyendo la publicidad, y de ahí esta
proposición no de ley, del uso y costumbre de las sociedades
civilizadas avanzadas, más aun cuando se trata de sociedades
democráticas, libres, donde, en definitiva, la voluntad de
individuo de incorporar o no a su organismo más o menos
cantidad de droga debe preservarse, incluso en las drogas no
institucionalizadas. ¿Y cuáles son éstas, señorías? Son las
drogas que se conocen en el mundo después de tener
conocimientos científicos para saber que son perniciosas a la
salud y que por eso, y desde una perspectiva constitucional,
no religiosa ni mojigata, sino constitucional, los estados
democráticos luchan contra la droga no institucionalizada,
puesto que se sabe hoy, se conoce, que esas drogas afectan
directamente a la salud de los ciudadanos. Y en función del
bien jurídico superior que se proclama en los primeros
artículos de todas las constituciones, esto es, en la defensa
y la promoción de la salud, en virtud de esta proclamación,
del conocimiento científico que se tiene del daño que producen
estas sustancias --cocaína, heroína, LSD, etcétera--, porque
son sustancias más recientes y, sobre todo, de uso social
mucho más reciente, de uso social inducido por los mercaderes
de la droga, no de demanda, como se dice, es por lo que hay
que diferenciar, tanto en el tema de la prohibición o de la
lucha contra ellas cuanto en el tema de la publicidad y de la
posible legalidad, drogas institucionales o drogas no
institucionales.
Esta es la explicación, señorías que, al menos a nuestro
Grupo, al Diputado que les habla le permite, no en solitario,
ni mucho menos, sino de acuerdo con la comunidad científica y
cultural internacional, separar y posicionarse de forma
diferente.
Decía antes que, incluso en el caso de las drogas no
institucionalizadas, de las drogas perseguidas por el
ordenamiento constitucional, en base al principio de promoción
y defensa de la salud, no por ninguna otra razón, incluso en
este caso, el consumo individual no puede ni debe ser penado.
Es la posición de esta Cámara, es la posición de mi Grupo
Parlamentario, también del Grupo Parlamentario Socialista. En
esto estamos de acuerdo. Y nos satisface este acuerdo de
mantener este principio de inviolabilidad de la decisión
personal del consumo, después de las consabidas y necesarias
advertencias sobre su nocividad.
Hecha esta presentación, a modo de preámbulo, se entenderá
perfectamente (y SS.SS. conocen, estoy seguro, la proposición
no de ley del Grupo que represento como yo mismo) la razón, y
podrán e proposición no de ley, que no viene más que a limitar
la publicidad del tabaco, una droga institucionalizada de uso
habitual y masivo por la Humanidad, antes de la aparición de
las constituciones democráticas, que incorporan el principio
de defensa de la salud, limitando, en lo posible, la difusión
de este hábito, el hábito
de fumar, naturalmente, salvando siempre la libertad de la
decisión individual. Pero no es menos cierto que la poderosa
fuerza de los medios de todo tipo --audiovisuales,
radiofónicos y publicitarios, en general-- es un elemento de
primera magnitud para inducir o desincentivar el consumo de
esta droga. Es en este sentido en el que el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presentó esta proposición no de ley y que hoy he tenido yo el
enorme orgullo de poderla defender ante ustedes.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Enmiendas del Grupo Popular.
Para defender la enmienda del Grupo Popular y fijar la
posición en relación con esta proposición, tiene la palabra el
señor Cartagena.
El señor CARTAGENA TRAVESEDO: Gracias, señor Presidente.
El señor Espasa, en un magnífico esfuerzo, nos ha introducido
en esta proposición no de ley por la que el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos plantea la
prohibición total de la publicidad en tres epígrafes y
relativa siempre al tabaco.
Evidentemente, que el tabaquismo es hoy un fenómeno de salud
pública es indiscutible. Sería acientífico sería, por tanto,
ajeno a cualquier in medio siquiera, no considerar que es un
factor de riesgo trascendente en procesos cancerígenos,
cardiocirculatorios, etcétera. No es menos cierto que estamos
hablando de un hábito social, disfrutado de forma individual,
pero de manera también difusa y condicionada a lo que se llama
la pasividad, a esos fumadores pasivos que hacen que formemos
todo un cuerpo como fumadores voluntarios unos e involuntarios
otros. Pero la proposición no de ley atiende a la publicidad,
publicidad que tiene unas características hoy
transfronterizas, que es un elemento importante del mercado,
sin ninguna duda, en nuestra relación con los socios europeos,
un elemento económico importante, y de derechos también en el
tránsito. Estaríamos introduciendo implicaciones hacia un
sector agrícola industrial con ciertos matices autóctonos y
que, en definitiva, podíamos dibujar --por ir de manera
rápida-- una especie de correlación que sería el tabaco, la
publicidad de ese mismo tabaco y lo que en torno a él s de
comunicación y los patrocinios. Sobre estas ideas gira en
realidad la propuesta.
Hay una cosa que debo decir en nombre de mi Grupo y con
claridad y rotundidad: el objetivo compartido en la lucha
contra el tabaquismo. Sobre esto no tenemos ningún tipo de
duda. La actitud lógicamente gradualista, pero enérgica, los
fenómenos de prevención, de educación, la limitación, como ya
se está haciendo, en centros públicos, en determinados
servicios, son útiles y necesarios para, como digo, de manera
gradual
conducirnos a la meta de la lucha enérgica y decidida contra
el tabaquismo.
Pero hay elementos de normativa que deben ser referidos aquí.
La Ley General de Publicidad de noviembre de 1988 ya
establecía una serie de con la publicidad del tabaco, ya
entonces --y estamos hablando de hace bastantes años, más de
cinco-- se decía que el tabaco debía tener un tratam
Determinada normativa autonómica, concretamente de la
Comunidad Catalana, ya establecía también en su normativa
propia del 10 de mayo de 1991 unas precisiones que avanzaban
un grado en lo que sería el desarrollo de ese objetivo que ya
he definido como común; ya se hablaba ahí de publicidad
estática, de la inducción o no inducción al consumo, de la
restricción de los medios oficiales dependientes de aquellos
organismos de la Generalidad Catalana.
Hay, por tanto, algo que no se debe desconocer y que, a modo
de carpa, a todos nos envuelve, y es el debate abierto a
partir de que Europa contra el cáncer promovió aquel programa
que ya decía, en el año 1986, no a la publicidad, prohíbase la
publicidad del tabaco.
Sucesivas actuaciones de los organismos de las Comunidades
Europeas han puesto el acento en una tendencia, que se adivina
tan clara como contr la prohibición total desde la
controversia. Las dos propuestas de directiva han sido
reiteradamente bloqueadas por el régimen de mayorías
cualificadas y sigue abierta la polémica de hasta dónde se
debe llegar.
Ahí se matizan dos posiciones: la prohibición total tal como
prácticamente venía en la proposición no de ley que da lugar a
esta intervención, como los que plantean una filosofía
distinta: hágase una armonización a mínimos y queden en
libertad los Estados de profundizar en razón de sus
peculiaridades en las prohibiciones.
Nuestra enmienda, señor Presidente, lo que pretende es,
siguiendo el camino, acentuando el camino hacia la limitación
de la publicidad, sencil Gobierno cumpla con una de sus
obligaciones, cual es el desarrollo de las normas legislativas
que de él mismo han emanado. Por eso nos referimos a la Ley
34/1988, específicamente al artículo 8.º, en su título II,
donde ya se enunciaba que era necesario un desarrollo
reglamentario que estableciera con precisión los límites a la
publicidad en relación con el tabaco.<ð Lo hacemos, además,
en la enmienda poniendo el acento en la preocupación
fundamental que debe conducirnos a todos, cual es proteger a
la población juvenil de los influjos de esa publicidad del
poder del marketing frente a la conformación de su propia
voluntad ante el tóxico, que eso es el tabaco. Y lo hacemos en
nuestra enmienda señalando que debe ser explícita la
nocividad, la peligrosidad, si cabe y si me permite
la expresión, que el tabaco supone individual y socialmente.
Hay muchos interrogantes sobre las ventajas y los
inconvenientes de la prohibición total. Lo que hay es una cosa
clara, en nuestra opinión: que de manera gradual hay que ir
aportando elementos que sirvan para defender, como fenómeno de
salud pública que es, a la población del tabaquismo y de las
influencias y del entorno que el tabaco supone, sobre todo
para la población joven.
Conocida nuestra posición, conocida, imagino, por el Grupo
proponente nuestra enmienda, nosotros estamos abiertos, como
siempre, a que, en caso de que se aceptara, apoyar lo que
fuera este tránsito en positivo, este gradualismo aplicado a
un paso más para la resolución del problema que nos ha traído
aquí. La limitación total hoy es un debate abierto. El hacerla
nosotros, como ya lo hicieran hace algunos años otros países
(Noruega, Finlandia o Francia), sería pensar que nuestra
sociedad, nuestra economía, nuestros hábitos de consumo, en
definitiva, nuestra sociedad, es idéntica a aquélla. Parecería
prudente seguir caminando en el tránsito hacia la limitación,
siempre de la mano y como referente la directiva en lo que va
a ser fenómeno común para los miembros de nuestra sociedad: la
Comunidad Económica Europea.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cartagena.
Enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora
Frías para defender la enmienda y fijar la posición del Grupo
Socialista.
La señora FRIAS NAVARRETE: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista comparte el objetivo que pretende esta
proposición no de ley, cual es la prohibición total de la
publicidad de los product prohibición se basa en el derecho a
la protección de la salud pública, recogido en el artículo 43
de nuestra Constitución, y del deber de tutelarlo a través de
medidas preventivas, así como en el derecho de los niños a la
protección de la salud.
No voy a insistir en los riesgos que para la salud entraña el
hábito del consumo del tabaco, pero sí quiero recordar a
SS.SS. que existe un acuerdo unánime en toda la comunidad
científica sobre el efecto patológico del tabaco y sobre la
influencia de la publicidad en el mantenimiento de su consumo.
Efectivamente, la publicidad crea un clima favorable de
aceptación social al consumo del tabaco, presentándolo como
una conducta aceptable, especialmente ante los colectivos más
sensibles a ella, como son los jóvenes y los niños.
Según estadísticas del Ministerio de Sanidad, el 90 por ciento
de los fumadores adquirieron el hábito antes de los 20 años, y
la edad media en que se entra en contacto con el tabaco por
primera vez ha bajado de los 16 a los 12 años. A este sector
de la población, el de la juventud, va fundamentalmente
dirigida la publicidad.
Si bien es difícil encontrar una conexión directa entre el
consumo de tabaco en jóvenes y la publicidad, sabemos
estadísticamente que un joven europeo sobre cuatro es capaz de
citar una marca cuya publicidad le haya gustado.
Aunque la publicidad de los productos del tabaco no es el
único factor que impulsa a fumar, está demostrado que juega un
papel fundamental en estimular su consumo, especialmente entre
los jóvenes, y, sobre todo, contribuye atraer a nuevos
fumadores.
Además, señorías, la publicidad contrarresta las actuaciones
que llevan a cabo las administraciones públicas y otros
organismos no gubernament encaminados a reducir el consumo de
tabaco y a promover hábitos saludables de vida... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Frías, un momento. (Pausa.)
Cuando quiera.
La señora FRIAS NAVARRETE: Toda la labor de formación, de
sensibilización en los centros docentes sobre los riesgos
derivado con los padres y con el propio personal docente se ve
contrarrestada por la publicidad del tabaco. En nuestro país,
la publicidad está regulada en múltiples normas. De ellas la
más importante es la Ley General de Publicidad, que la prohíbe
en la televisión pública y privada y en aquellos lugares donde
esté prohibida su venta o consumo. Esta Ley faculta al
Gobierno para limitarla reglamentariamente, al establecer, en
su artículo 8,5, que la forma, contenido y condiciones de la
publicidad de tabaco serán limitadas reglamentariamente en
orden a la protección de la salud y seguridad de las personas,
teniendo en cuenta los sujetos destinatarios, la no inducción
directa o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención
a los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos.
El Gobierno pretende, además, la inmediata incorporación a
nuestro ordenamiento jurídico de la directiva 92/41, de 15 de
mayo de 1992, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros, en materia de etiquetado de los productos del
tabaco, que permitirán mejorar las advertencias sanitarias de
obligada incorporación en labores diferentes a los
cigarrillos, y prohibirá la incorporación de nuevas formas del
tabaco oral, como es el tabaco de mascar, con el que se ha
intentado atraer a los jóvenes en otros países europeos.
El proyecto de real decreto que traspone la citada directiva
se encuentra en estos momentos en fase de recepción
de informes, trámite tras el cual será remitido al Consejo de
Estado. El Gobierno está analizando también un anteproyecto
que traspone la Directiva 89/552, de las Comunidades Europeas,
sobre coordinación de disposiciones de los Estados miembros,
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva, cuyo artículo 10 prohíbe, en los más estrictos
términos, cualquier forma directa o indirecta de publicidad de
cigarrillos y demás productos del tabaco.
En la Comunidad Europea esta materia ha sido objeto de una
propuesta de directiva, que lleva en discusión dos años,
respaldada, además, mayori por el Parlamento Europeo, que,
basándose en que la protección de la salud de las personas
debe ser el criterio prioritario respecto a todos los demás a
la hora de establecer normas relativas a la publicidad de los
productos del tabaco, propone la armonización de las
legislaciones nacionales, vetando todo tipo de publicidad,
tanto directa como indirecta, y extendiendo esta prohibición
al patrocinio de actividades culturales o deportivas por parte
de las industrias tabaqueras. Sólo dos países --Italia y
Portugal-- tienen prohibida totalmente la publicidad del
tabaco; en el resto está regulada con bastante rigor. España
es está en peor situación, respecto a Europa, en este
problema. Según palabras de la Ministra de Sanidad, en
contestación a una pregunta oral en este Pleno hace pocos
días, España no ha adoptado antes medidas más restrictivas
porque se esperaba que la Comunidad Europea adoptara una
posición común, posición común que quizá se adopte en la
próxima reunión del Consejo de Sanidad comunitario el próximo
día 13 de diciembre.
Una armonización completa de las legislaciones nacionales en
este tema es necesaria y urgente, no sólo para el buen
funcionamiento del mercado interior, sino, sobre todo, porque
la publicidad hoy día traspasa las fronteras y más ahora con
los nuevos medios de comunicación de masas, como la televisión
por cable y por satélite. En tanto esta posición común no se
lleve a cabo, procede, señorías, actuar en la misma dirección
que el resto de los países comunitarios y, en consecuencia,
prohibir de forma gradual la publicidad del tabaco,
extendiendo esta prohibición a todos los medios de
comunicación hablados o escritos, estableciendo un período
transitorio de adaptación
que permita su entrada en vigor de forma progresiva. Procede,
asimismo, impedir el patrocinio de actividades relacionadas
con la juventud que puedan tener como efecto la promoción del
tabaco.
En cuanto al patrocinio de las actividades deportivas, nos
parece conveniente instar al Gobierno a que evalúe y estudie
el impacto económico de las actividades relacionadas con el
tabaco en el patrocinio deportivo antes de tomar una decisión
al respecto.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta al Grupo proponente la siguiente enmienda de
sustitución: «El Congres insta al Gobierno a: 1.º Prohibir la
publicidad directa del tabaco en medios de comunicación
hablados o escritos, así como en vallas publicitarias,
estableciendo un período transitorio de adaptación que permita
su entrada en vigor de forma progresiva, de acuerdo con los
criterios de las directivas comunitarias que afectan a esta
materia. 2.º Impedir el patrocinio de actividades relacionadas
con la juventud que tengan como efecto la promoción del
tabaco. 3.º En relación con los puntos anteriores y para el
proceso de adaptación material y temporal a las actividades
específicas de patrocinio deportivo, se informará a la Cámara
sobre el impacto económico en dichas actividades, siempre a
los efectos de establecer las limitaciones oportunas.»
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Frías.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, para fijar la posición de nuestro
Grupo, quisiera expresar de entrada la coincidencia con el
Grupo proponente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
en el sentido de...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cardona. Para evitar la
confusión de SS.SS., va a fijar la posición del Grupo. ¿Otros
Grup posición en relación con la proposición no de ley?
(Pausa.)
Adelante, señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Decía que estamos de acuerdo y
coincidimos con el grupo proponente en el fondo de la
cuestión, pero no tanto en la forma, es decir, en las medidas
que se instan al Gobierno en esta proposición no de ley sobre
la publicidad del tabaco. Por tanto, coincidencia y
preocupación por las consecuencias nocivas para la salud de la
población por el hábito del consumo del tabaco. Bien es cierto
también que el Parlamento Europeo se ha manifestado
recientemente a favor de prohibir la propaganda del tabaco,
pero no es menos cierto que estamos aquí a la espera, como se
ha dicho, de una directiva comunitaria al respecto, y tampoco
se trataría de adelantarnos a los acontecimientos y, por
decirlo de alguna forma coloquial --permítaseme la expresión--
, de ser más papistas que el Papa.
Si vamos al texto literal de las tres medidas que se proponen,
hemos de decir que nada tenemos en contra del primer punto,
aunque sí hemos de manifestar que nos satisface más el texto
alternativo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista,
que prevé, como acaba de decir su portavoz, un período
transitorio de adaptación
que permite una entrada en vigor de una forma mucho más suave.
En cuanto al segundo punto, sinceramente nos parece un poco
indeterminado al proponer impedir el patrocinio de actividades
que tengan como efecto tanto directo como indirecto la
promoción del tabaco. Porque, cuantas actividades pueden tener
un efecto más o menos concreto para poderse decir que
estimulan e incitan o
favorecen el consumo del tabaco? Mucho más concreto nos
parece, por otra parte, el punto segundo del texto alternativo
en el sentido de impedir el patrocinio de actividades
relacionadas con la juventud que tengan efecto de promoción
del tabaco.
En relación al tercer punto, la verdad es que acertamos a
comprender con dificultades el beneficio para el tabaco en
relacion a otras marcas utilizadas para productos distintos y,
en cambio, nos parece muy oportuna, por las connotaciones con
las actividades de patrocinio, sobre todo deportivo, la
información a esta amara sobre el impacto económico, a los
efectos de establecer las limitaciones oportunas. A nadie de
ustedes, señoras, señor Presidente, escapará la importancia de
esta relación.
Por todo ello, nuestro Grupo apoyará la proposición de ley,
caso de que se acepte el texto alternativo presentado por el
Grupo Socialista.
Por último, señor Presidente, señoras, para terminar, déjenme
hacer una reflexión, y es que, a mi
entender, lograr un denominador común entre todos los grupos
parlamentarios, aunque fuere un acuerdo de mínimos, en un tema
que tiene una importancia sanitaria evidente pero que también
tiene unas connotaciones sociales que tampoco debemos obviar,
será bueno y motivo de congratulación para todos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona. Por el Grupo
Vasco PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Para fijar la posición del Grupo Vasco en la proposición no de
ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en
relación a la prohibición del tabaco, respecto de la cual
nuestro Grupo parlamentario está de acuerdo, porque va en la
misma línea de la legislación existente en el marco de la
Comunidad...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gatzagaetxebarría.
(Pausa.)
Cuando quiera.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Decía, señor Presidente,
que la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya va en la línea de la regulación
existente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en cuanto a
la prevención, la asistencia y la reinserción en materia de
drogodependencias. Por ello, nuestro Grupo está de acuerdo con
el punto primero, que plantea su prohibición en los medios de
comunicación hablados o escritos. Efectivamente, el artículo
13 de la ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco contiene
una regulación idéntica a la del punto primero de la
proposición no de ley. Pero cierto es que la enmienda
presentada por el Grupo Socialista tiene un fundamento
importante, a nuestro juicio, y es que fija un período
transitorio. Nos parece interesante porque la experiencia
acumulada en el caso del País Vasco ha originado diferentes
controversias y enormes problemas a la hora de la ejecución,
de la puesta en marcha, de la aplicabilidad de esta
disposición legislativa autonómica. Desde la experiencia,
podemos decir que una regulación aprobada con carácter
inmediato que sea restrictiva, como debe ser, puede originar
esta distorsión en determinados medios de comunicación, tanto
hablados como escritos, y por lo tanto, estando de acuerdo con
el planteamiento que ha hecho el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Espasa, vemos
que también es razonable y sensata la enmienda del Grupo
Socialista encaminada a establecer un derecho transitorio, en
el cual se procederá a la adaptación de la actuación de estos
sectores de los medios de comunicación a la normativa que se
aprobara. La cuestión está en determinar que período
transitorio se fija y que dicho período transitorio sea justo
y que se ponga en práctica; que no lo convirtamos en un
círculo vicioso y que, por no poder aplicar la medida en este
momento, mediante la remisión a una disposición transitoria,
originemos la misma situación.
Decía también el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que tenemos que ser conscientes de lo dañino que es
el tabaco para la salud humana. Efectivamente, el 13 por
ciento de las causas de muerte derivan de patologías
provenientes del consumo de tabaco. Además, el tabaco implica
para todos los ciudadanos una peor calidad de vida, una mala
calidad de vida, puesto que aunque no origine directamente la
muerte, indirectamente está induciendo a una serie de
enfermedades y patologías en las personas. En tercer lugar
está el coste sanitario, tanto del Insalud como de los
servicios sanitarios de las comunidades autónomas, ya que el
coste sanitario derivado del consumo de tabaco que afecta a la
salud de las personas es digno detenerse en cuenta. Por lo
tanto, todas estas circunstancias, a las que también ha hecho
referencia el portavoz del grupo proponente, hacen que sea
necesaria la adopción de estas medidas restrictivas. Nos
parece también razonable el segundo punto relativo a impedir
el patrocinio de actividades que tengan como efecto directo o
indirecto la promoción del
tabaco. Efectivamente, en el País Vasco se ha producido ya una
restricción de estas características y la experiencia es que
no se está controlando la aplicación de tal normativa. Si
nosotros hemos prohibido en un determinado ámbito territorial
el que, a través de una actividad educativa, cultural, social
o deportiva, se pueda promocionar, bien el tabaco o bien las
bebidas al alcohólicas, queda bien como declaración normativa
y de principios en un texto legislativo, pero lo que a
continuación hay que realizar es la aplicación, el control, la
puesta en marcha. Y en esto, señorías, la experiencia de mi
Comunidad Autónoma demuestra que se está fracasando, porque es
muy difícil en el día a día establecer la cortapisa de que una
determinada entidad cultural o un determinado club deportivo
puedan ser patrocinados por una empresa de tabaco o por una
empresa de bebidas alcohólicas, puesto que si no es gracias a
esa inyección económica que recibe, quizás esa actividad
social, educativa, cultural o deportiva no existirá.
Por tanto, señorías, desde el Grupo Vasco quiero transmitir la
sensibilidad que existe sobre esta cuestión, pero también la
experiencia que ha supuesto la puesta en marcha de este tipo
de medidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por
tanto, pedir que seamos consecuentes y que realicemos la
normativa de tal cuestión con delicadeza y moderación, puesto
que podemos convertir tanto la resolución que esta Cámara
pueda aprobar como el consiguiente cumplimiento de esta
resolución, plasmada en una disposición reglamentaria o legal
por parte del Gobierno, en papel mojado. Por ello, y termino
señor Presidente, creo que con ese objetivo que también ha
expuesto la portavoz del Grupo Socialista, que indicaba que la
señora Ministra de Sanidad y Consumo había dicho que,
efectivamente, en la cultura latina vamos un poco a remolque
de otros países anglosajones o, incluso, de los Estados Unidos
tenemos que modular, por una parte, la protección de la salud,
puesto que es un objetivo primordial, consagrado en la
Constitución Española, pero, por otra, debemos ponderarlo con
que haya actividades patrocinadas tanto por los fabricantes de
tabaco como por los de bebidas alcohólicas. En su caso,
nuestro Grupo Parlamentario entiende que a través de un
mecanismo de disposición de derecho transitorio se puede
modular de mejor manera que mediante una prohibición inmediata
y efectiva, que se realice bien por parte del Gobierno, a
través de una disposición reglamentaria, o bien por parte de
esta Cámara. Termino, señor Presidente, indicando que nos
parece que el planteamiento del Grupo Popular va en la misma
línea, puesto que utiliza como instrumento una legislación
sectorial, la ley de publicidad y el régimen jurídico
específico que en la misma se prevé a través de
reglamentaciones técnicas adicionales sobre determinados
servicios o productos que puedan ser dañinos tanto para la
salud como para el medio ambiente. En definitiva, lo que
pretende es lo mismo que lo que la iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista desean conseguir de los poderes
publicos. Por tanto, nuestro Grupo estará dispuesto a apoyar
las enmiendas de uno y otro grupo si el Grupo autor de la
iniciativa las aceptase. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
defendidas, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Si los clásicos decían que de la discusión nace la luz,
también debería nacer en este hemiciclo. Se ha puesto de
manifiesto, señor Presidente, el reconocimiento del retraso
español en la trasposición de las directivas al
efecto, así como la necesidad de armonizar, en el marco del
Tratado de la Unión Europea, las propuestas que afectan a la
salud pública, y en esta línea se han pronunciado todos los
portavoces, incluidos los de los grupos que han presentado
enmiendas a nuestra proposición no de ley. Nosotros, que
creemos que quien quiere lo más también debe querer lo menos,
vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista, puesto
que, aunque rebajan de forma importante los planteamientos que
hemos presentado a la Cámara, van en la buena dirección. En
definitiva, creemos que sacamos algo adelante en la
preocupación que a todos nos une y ésta es la razón por la que
vamos a aceptar estas enmiendas. No podemos aceptar, sin
embargo, las enmiendas del Grupo Popular, aunque también van
en la misma dirección, puesto que, en la tesitura de escoger,
este Diputado, aunque le gustan los tonos más altos, entre el
rosa y el amarillo, aún prefiere el rosa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Sometemos a votación la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a tomar las
medidas para prohibir totalmente la publicidad del tabaco, en
los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 291; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la
proposición no de ley.
INCLUSION DE UN NUEVO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:
--INTERPELACION URGENTE FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE
CRITERIOS DE POLITICA INDUSTRIAL QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO ANTE LA CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y,
EN CONCRETO, A LA EMPRESA SEAT (Número de expediente
172/000019)
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, se somete al
Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del día de la
presente sesión de la interpelación urgente, formulada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre criterios de política industrial que piensa
adoptar el Gobierno ante la crisis que afecta al sector del
automóvil y, en concreto, a la empresa SEAT. ¿Lo acuerda la
Cámara? (Asentimiento.) Queda acordada la inclusión de esta
iniciativa que se
debatirá con las otras de la misma
naturaleza, que tienen el mismo objeto, en la tarde de mañana,
en la sesión dedicada a interpelaciones urgentes.
EN SU CASO, TRAMITACION DIRECTA Y POR EL PROCEDIMIENTO DE
LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PRORROGA EL PLAZO PARA
EJERCER LA OPCION POR LA NACIONALIDAD ESPAñOLA, ESTABLECIDO EN
LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 18/1990, DE 17 DE
DICIEMBRE, SOBRE REFORMA DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA DE
NACIONALIDAD (Número de expediente
121/000016)
-- PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA
DIRECTIVA 91/250/CEE, DE 14 DE MAYO DE 1991, SOBRE LA
PROTECCION JURIDICA DE PROGRAMAS DE ORDENADOR (Número de
expediente 121/000017)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la
aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura
única por el propio Pleno de los proyectos de ley de
incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250 de la
Comunidad Económica Europea, de 14 de mayo de 1991, sobre la
protección jurídica de programas de ordenador, y del proyecto
de ley por la que se prorroga el plazo para ejercer la opción
por la nacionalidad española, establecido en la disposición
transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre,
sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad.
¿Acuerda el Pleno la tramitación directa y en lectura única de
estos proyectos de ley? (Asentimiento.) Queda acordada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO
RESPECTO DE LAS
CORPORACIONES LOCALES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DEL
ESTADO DESCENTRALIZADO QUE CONTEMPLA NUESTRA CONSTITUCION
(Número de expediente 173/000011)
El señor PRESIDENTE:
Entramos en el punto tercero del orden del día: mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde debatir
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política del
Gobierno respecto de las competencias y financiación de las
corporaciones locales en el marco de la construcción del
Estado descentralizado que contempla nuestra Constitución.
Tiene la palabra la señora Aguilar. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños y guarden silencio para que la señora Diputada pueda
iniciar su intervención. Tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya trae hoy a esta
Cámara una moción que contempla medidas urgentes --necesarias
diría yo-- para que los ayuntamientos, las corporaciones
locales, puedam comenzar a salir de la crisis económica en la
que se encuentran como consecuencia de la política del
Gobierno y se puedan redefinir las competencias desde la
premisa de que las corporaciones locales son Estado,
conforman, pues, el Estado.
Desde la interpelación de nuestro Grupo Parlamentario hasta
este momento, se ha celebrado la Asamblea extraordinaria de la
Federación Española de Municipios y lo cierto y verdad es que
en ella los municipios han hablado, se han manifestado y, lo
que es más, han solicitado lo que es suyo, lo que les
pertenece, que hasta ahora el Gobierno de la nación, con su
política desequilibrada de construcción del Estado, les ha
negado. Esperamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya que hoy, aquí y ahora, se ponga
definitivamente fin al doble lenguaje que el Gobierno ha
tenido para con los municipios. Me estoy refiriendo a que el
señor Solbes, Ministro de Economía, cuando respondió a la
interpelación de este Grupo Parlamentario, se manifestó de
forma muy diferente a como lo hizo el señor Saavedra, Ministro
de Administraciones Públicas, ante la Asamblea extraordinaria
de la Federación Española de Municipios. Para corroborar las
palabras que acabo de manifestar, basta poner un ejemplo. El
señor Solbes planteaba en esta Cámara, en el debate de la
interpelación, que la deuda de los municipios en la
actualidad, en término medio, era bastante satisfactoria, que
se venía liquidando a los ayuntamientos en tiempos bastante
aceptables y que, por consiguiente, eran dos elementos que no
había que corregir en relación a las corporaciones locales.
Por contra, el señor Saavedra, en el discurso que en nombre
del Gobierno de la nación emitió entre los ayuntamientos
reunidos en la Asamblea extraordinaria de la Federación
Española en La Coruña, planteaba, frente a lo que había dicho
en esta Cámara el señor Solbes, que la deuda municipal
necesitaba, por su importancia, una respuesta urgente y que
había que solventar la falta de agilidad en las transferencias
y en la liquidación de la Administración central para con las
corporaciones locales. Dos discursos distintos para dos foros
diferentes: la Cámara del Congreso de los Diputados y la
Asamblea extraordinaria de la Federación Española de
Municipios cuando el Ministro de Administraciones Publicas se
puso frente a los ayuntamientos. Ciertamente, ante la Asamblea
extraordinaria de la Federación Española de Municipios era
difícil mantener la posición que el señor Solbes había
mantenido en esta Cámara. Lo que realmente esperamos y
deseamos es que este doble lenguaje finalice y en el hoy, aquí
y ahora, a partir de esta moción de nuestro Grupo
Parlamentario, se pueda acometer convenientemente, de una vez
por todas, la problemática de los municipios españoles. En ese
sentido, nosotros hemos dicho que íbamos a propiciar, con
voluntad política, no con declaraciones de intenciones, una
nueva política en relación a las corporaciones locales. Para
ello precisamente son las medidas que proponemos en nuestra
moción. Señorías, tenemos la oportunidad política, a partir de
esta iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, de propiciar una
nueva etapa en la construccion de un Estado equilibrado y
solidario, institucional y socialmente hablando. Para ello,
hemos de partir de un convencimiento profundo e
incuestionable: que las corporaciones locales son y forman
parte del Estado, y como tal hay que considerarlas. Desde esta
premisa parte nuestra moción para proponer medidas en torno a
los temas esenciales que afectan a las corporaciones locales;
medidas que son coincidentes con las que los municipios, de
todos los signos políticos, han demandado en la Asamblea
extraordinaria de la Federación Española de Municipios, y a
las que el Gobierno, en cierto modo, ante ellos se ha
comprometido. Otra cosa --esperamos que no sea así es que,
finalizada la Asamblea, en esta Cámara vengan de nuevo a
romper el compromiso político que tienen contraído con los
municipios, hecho este que, lógicamente, nuestro Grupo espera
que no se dé por el propio bien de las corporaciones locales,
por el propio futuro de los ayuntamientos, porque a Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya lo que le interesa por encima
de todo son los propios ayuntamientos, ya que, desde nuestro
punto de vista, son la institución más cercana a los
ciudadanos, la institución base del sistema democrático, donde
se pueden dar unos mayores niveles de participación social.
Desde esa perspectiva promovimos la interpelación. Creemos que
ha llegado el momento de los ayuntamientos. No de decirlo,
sino de hacerlo. En ese sentido, dijimos en el debate político
de la interpelación que por parte de nuestro Grupo lo que se
pretendía era concitar el máximo consenso posible, el máximo
acuerdo posible de esta Cámara para que, realmente, nos
pusiéramos manos a la obra y acometiéramos desde el Congreso
las dificultades que tienen en estos momentos el conjunto de
nuestros ayuntamientos. Propusimos, y volvemos a reiterar
ahora, nuestra actitud abierta a nivel político para buscar
ese máximo de consenso posible en esta Cámara en torno a la
moción que hoy presenta nuestro Grupo Parlamentario; moción en
la que, por nuestra parte, corresponsables con los resultados
de laAsamblea celebrada en La Coruña y conocedores suficiente
y convenientemente de la realidad municipal, hemos planteado
los temas cruciales, los temas esenciales que hoy afectan a
las corporaciones locales. Por una parte, la necesidad de
refinanciación de la deuda municipal. La situación económica
de los municipios es insostenible. Por consigueinte, hay que
dar una respuesta desde el Congreso, desde el propio Gobierno,
para hacer posible una fórmula de refinanciación de la deuda
municipal, que se ha convertido en una rémora no sólo
económica, puesto que políticamente merma la capacidad en el
ámbito municipal. Hemos propuesto, por otra parte, algo
absolutamente imprescindible como es la redefinición del marco
competencial. Nosotros creemos que se ha estado trabajando en
todo lo que es el desarrollo autonómico, pero se ha olvidado
trabajar el
ámbito municipal. Por eso decíamos que es el momento de
acometerlo, que este ámbito municipal no puede esperar más y
que hay que propiciar, desde el equilibrio
necesario del Estado, esa redefinición competencial para
asignar a cada administración sus competencias y, por
consiguiente, su financiación adecuada para ejercerlas.
Estamos propugnando, porque es necesario, un nuevo modelo de
financiación unido al concepto de mayor participación de los
municipios en los ingresos del Estado. Hemos planteado
también, lógicamente, que el modelo de financiación actual,
que hasta ahora no seha venido cumpliendo por parte del
Gobierno, se cumpla y se haga frente a las posibles
liquidaciones complementarias correspondientes a los
municipios a los que, en su caso, pertenezcan. Hemos
solicitado también, como no podría ser de otra forma, la
reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas, algo que mi
Grupo ya ha formulado en esta Cámara en otro marco en otro
momento pero que ahora, como afecta muy directamente a los
ayuntamientos, lo presentamos en el marco de la moción de las
corporaciones locales. Hemos planteado también en esta moción
la financiación de los servicios que los ayuntamientos están
realizando en suplencia de la Administración central. Hay
competencias que son de la Administración central, pero los
servicios los están prestando los ayuntamientos. Para ello no
se les está dando financiación alguna y nosotros creemos que
es justo financiar esos servicios que de manera sustitutoria
están realizando las corporaciones locales. También
propugnamos en la moción la financiación específica del
transporte urbano, de áreas metropolitanas, de situaciones
peculiares que se dan en el ámbito municipal y que hay también
que acometerlas y además de manera inmediata, a partir de ya.
Y, junto a todo ello, hemos propuesto la creacón de un fondo
de solidaridad municipal. Frente a algún intento de algunos
municipios de buscar fórmulas exclusivamente para ellos, de
manera insolidaria, olvidándose de la mayoría de los
municipios que conforman el conjunto del Estado español,
nosotros creemos que hay que responder con propuestas de
solidaridad, y por eso hemos apuntado la necesidad de un fondo
que atienda a los grandes, pero que también tenga en cuenta a
los medianos y a los pequeños, es decir, un fondo solidario.
Vamos a aprovechar esta primera intervención nuestra para
decir que vamos a retirar, el punto 8 de nuestra moción, toda
vez que vamos a traer a esta Cámara de forma inmediata una
iniciativa antes de traer la cual, por la importancia que
tiene, vamos a producir el diálogo suficiente entre los grupos
parlamentarios para intentar afrontar con seguridad, con
firmeza desde esta Cámara y con el máximo acuerdo político, un
problema importante que afecta al sector público del ámbito
municipal y al que la realidad nos exige dar una respuesta
inmediata. Para concluir, señorías, diremos que nos parece
fundamental una cuestión. En política el fondo es muy
importante, y en la moción que hemos presentado hemos recogido
todos y cada uno de los aspectos que en estos momentos afectan
directamente y preocupan al conjunto de los municipios. Pero
además de ser importante el fondo, en política también son
importantes las formas. Por eso éste es el momento adecuado a
nivel político de responder en positivo desde esta Cámara al
conjunto de los municipios y a la Federación Española de
Municipios y Provincias. Es necesario que el Congreso de los
Diputados haga el gesto político suficiente para que los
municipios sepan que a partir de ahora va a haber soluciones a
los graves problemas que están viviendo, de índole económica y
de índole política, y para ello, lógicamente, nosotros --y con
esto finalizo, señor Presidente-- queremos instar al conjunto
de los Grupos de la Cámara a conseguir el máximo consenso
posible, porque será la forma de cumplir este objetivo
esencial, esa respuesta en positivo a los municipios de que es
posible, con la voluntad expresada a través de la moción, con
las propuestas concretas contempladas en ella, empezar a
cambiar las cosas para que de verdad venga la era de los
ayuntamientos y construyamos un Estado social y políticamente
equilibrado. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la moción de
Izquierda Unida se han presentado enmiendas por parte del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Socialista y
del Grupo
Popular. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente. Las
enmiendas que se han presentado han sido como consecuencia del
análisis que se ha realizado de la moción presentada por el
Grupo de Izquierda Unida. La verdad es que el intento de esta
representación del Grupo Catalán no es otro que el de tratar
de conceder a los ayuntamientos, dentro del marco en que
desenvuelven sus respectivas actuaciones, una responsabilidad
y un reconocimiento sobre sus posibilidades de negociación y,
sobre todo, sobre sus posibilidades de cara el futuro. Creemos
que la cuestión no está tanto, como establece Izquierda Unida,
en el qué y en el cómo de la solución momentánea de los
problemas que se plantean en estos momentos en las haciendas
locales, sino que la solución reside más en establecer
definitivamente cuáles son los criterios que rigen la vida
municipal. Yo le tengo ya aburrido, señor Ministro para las
Administraciones Públicas con el discurso reiterativo sobre la
necesidad de establecer y delimitar el campo
de las respectivas competencias. El Grupo de Izquierda Unida
presenta la posibilidad de iniciar, con las fuerzas políticas,
las administraciones correspondientes u organizaciones que
representan, un diálogo durante el año 1994 para lograr la
redefinición. Señor Ministro, esto va a ser un diálogo que,
como mínimo, tendría que ser a cuatro partes: administraciones
locales, fuerzas políticas, Gobierno y el resto de los
elementos. Puede ser positivo y lo podríamos aceptar todos; lo
que ocurre, señor Ministro, es que, antes que nada, tendría
que haber un posicionamiento por su parte en el que se
estableciera finalmente el reconocimiento de la entidad
municipal; negociar con las organizaciones municipalistas, no
ceñirse a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Existen otras dentro de ese campo en Aragón, dentro de
Cataluña, dentro del País Vasco, y espero que acepten los
Diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el hecho
de que la Asociación Catalana de Municipios pueda participar.
Señor Ministro, nosotros no estamos de acuerdo, con el punto
de la moción relativo al IAE, y por eso planteamos una
enmienda de totalidad. No creemos prudente que el Impuesto
sobre Actividades Económicas tenga una relación con el
beneficio que obtengan las empresas; será entrar en un campo
de cierta dificultad. Tampoco creemos aceptable que la
financiación de las haciendas locales venga determinada por el
simple hecho de unas liquidaciones a realizar por los
Presupuestos Generales del Estado. Ya sé que es un tema que
usted tiene claro, pero me gustaría reiterarlo. Si los
ayuntamientos tenemos que contratar o realizar un convenio con
el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, el Ministerio de
Obras Públicas nos exige un aval, pero no pasa lo mismo con
las comunidades autónomas; es decir, el Ministerio de Obras
Públicas dice: vamos a realizar una reforma en una playa...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Nadal, un
momento, por favor. (Pausa.) Puede continuar.
El señor NADAL I MALE: Gracias, señor Presidente. Cuando se
conviene la realización de un proyecto sobre una playa, por
ejemplo, se convienen los porcentajes del Ministerio de Obras
Públicas y el porcentaje del ayuntamiento. A partir de este
convenio, cualquier rebaja que se produzca en la licitación
será siempre en favor del Ministerio de Obras Públicas, y a
partir de este momento, para poder contratar, cosa que no se
plantea ni en la Ley de Haciendas Locales ni en la Ley de
Régimen Local, los ayuntamientos tendrían que otorgar a favor
del Ministerio un aval. ¿Sería posible o planteable a la
inversa pedirle a usted, señor Ministro para las
Administraciones Públicas, que nos concediera un aval a
nosotros por las cantidades que están pendientes de
liquidación del año 1992? ¿Sería concebible que los
ayuntamientos le exigieran a usted un aval por las cantidades
que se retrasan de los Presupuestos Generales del Estado? Esto
no cabe dentro de la lógica administrativa, pero es que la
lógica administrativa en la función municipal pasa de la
posibilidad de utilizar el diálogo equiparado entre las dos
administraciones a la de utilizar el diálogo entre la superior
y la inferior. Señor Ministro, evidentemente, el IVA no puede
capacitarse con cero como impuesto, pero sí se pueden plantear
ciertos IVA reducidos o superreducidos, y esperamos que este
debate tenga lugar en esta Cámara, aunque Izquierda Unida haya
retirado el punto de la moción que hace referencia a ello.
Pero es que, en todo caso, señor Ministro, la obligación que
compete a su Ministerio y que se plantea dentro de la enmienda
en nuestro apartado sexto, de unificar los criterios en cuanto
al transporte urbano para todos los municipios, para las
actividades que realicen los municipios entre comarcas, es
asunto que necesita tener el debido cumplimiento. Señor
Ministro, yo creo que la obligación de que cada uno de
nosotros no es tanto la de presentar ante esta Cámara una
moción o unas enmiendas a la totalidad o parciales. Yo creo
que la obligación de todos nosotros consiste en movernos en el
campo del consenso. De poco servirán los acuerdos de la
Federación Española de Municipios y Provincias, tan llevados y
traídos en estos momentos y tan escuchados por todos en estos
momentos si no se lleva a cabo un auténtico consenso. En la
última oportunidad que yo tuve de intervenir precisamente
sobre el mismo tema le estuve diciendo, señor Ministro: en la
actuación que tiene que realizar en La Coruña lo tiene usted
difícil, y recordé que el Vicepresidente del Gobierno, señor
Serra, nos había dicho que los municipios eran las fuerzas
políticas que tenían que recibir un trato especial. Usted
estuvo allá, usted dio la cara. Le felicito, señor Ministro.
Creo que el camino tiene que ser éste, pero solamente el
camino que lleva al consenso y al reconocimiento podría ser
válido. Creemos que sería oportuno que Izquierda Unida
aceptara las enmiendas que presentamos alternativamente a su
moción, porque sería dar un paso adelante en el tema del
consenso general. Por otra parte, creo que es evidente que
cuando se presentan unas enmiendas en los términos en los que
lo estamos haciendo nosotros, y cuando no intentamos plantear
en estos momentos el necesario pago de los famosos 43.000
millones de pesetas, diferencia entre los 117.000 y los 70.000
pagados, es para intentar poner el listón lo suficientemente
bajo para que se obtenga una cualificación general en los
acuerdos. Pero no se olvide, señor Ministro, que desde el
punto de vista de Cataluña hay cuestiones que tienen que estar
correctamente reconocidas: primero, el asociacionismo catalán;
segundo, el que la Generalitat de Cataluña tiene algo
que decir en el planteamiento de las competencias municipales,
y esto es aceptado; y, tercero, muy importante, que no es
justo, desde un ayuntamiento, tener que pedir a sus acreedores
que esperen para cobrar cuando desde el Ministerio, desde
cualquiera de los ministerios, se está intentando pagar con
más puntualidad. Y se paga con mucha más puntualidad no en
función de otra cosa sino de que los pagos que se tienen que
realizar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas se
difieren en el tiempo. Es muy fácil centrifugar el déficit, y
es muy fácil que te venga un Ministro a la Comunidad Autónoma
o a un ayuntamiento y te diga: No entiendo cómo este
ayuntamiento no paga a sus acreedores dentro de los límites
normales. No les pagamos, señor Ministro, y usted se puede
permitir el lujo de decir que está pagando con mayor
efectividad y eficacia que los ayuntamientos porque usted lo
que está haciendo es detraer las cantidades que nos tiene
comprometidas presupuestariamente, retrasándolas en el tiempo
para que así usted pueda lucirse y nosotros pasar
dificultades. Pero no hemos querido entrar en todos estos
temas, porque tenemos el convencimiento de que la cuestión
radica en un consenso general y, sobre todo, radica en que
usted finalmente tome la iniciativa en el planteamiento
municipal. Si no existe, como no ha existido hasta ahora, una
iniciativa del Ministro, como no ha existido hasta ahora,
insisto, volveremos aquí sobre las mismas cuestiones con
mociones más duras en las que a partir de aquel momento ya no
será posible el consenso. Señor Ministro, de verdad, no haga
usted como sus antecesores en el cargo. No vale la pena. No
vaya a las asambleas generales de la Federación Española de
Municipios y Provincias a prometer lo que posteriormente no se
cumplirá. No lo haga porque usted ha entrado en una asamblea
de la Federación con un cierto prestigio personal. Usted en
aquel momento salió aplaudido, después de un largo discurso de
la representante del Partido Popular. Usted salió aplaudido,
se le dio un voto de confianza. Tenemos la esperanza de que
usted sea capaz de entrar en la cuestión y replantearla
definitivamente. Pero, señor Ministro, si no coge usted
finalmente las riendas del caballo y nos conduce a la solución
final, volveremos a estar durante toda la legislatura en las
mismas condiciones que estuvimos en la pasada. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nadal.
Para la defensa de las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moreno Monrove.
El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, señorías, la
interpelación que Izquierda Unida presentó en esta Cámara --
hace tres semanas, creo-- sobre la política del Gobierno
respecto a las competencias y la financiación de las
corporaciones locales y la moción que hoy estamos debatiendo
como consecuencia de aquella interpelación ponen de
manifiesto, a la luz de las intervenciones que hasta ahora
hemos tenido la ocasión de escuchar, que estamos ante un
problema de enorme envergadura, de enorme importancia para la
vida local y, por tanto, que requiere soluciones que en ningún
caso sean coyunturales, porque la problemática que estamos
analizando incide de manera directa en el marco competencial
de las administraciones públicas, hace referencia al peso
relativo del gasto público de las distintas administraciones
en el proceso descentralizador del Estado y a los principios
básicos de autonomía y suficiencia inspiradores de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales. Estamos, pues, más allá de
posibles soluciones concretas a problemas muy específicos,
frente a una idea general de pacto municipal, frente a una
idea general de la necesidad de conformar un gran pacto
municipal, fundamentado en un acuerdo entre instituciones,
fuerzas políticas y representantes municipales, con dos
elementos de fondo: las competencias y la financiación de las
corporaciones locales. Por tanto, éste y no otro va a ser,
señorías, el sentido de la intervención y de la posición
política de nuestro Grupo Parlamentario, que va a confirmar, y
que confirma, la voluntad del Gobierno, expresada en la FEMP
por el Ministro que nos acompaña hoy, y, por tanto, en sentido
de las enmiendas que hemos realizado a la moción defendida por
la señora Aguilar, en representación de Izquierda Unida;
enmiendas todas ellas que están dirigidas a, sin discrepar
globalmente con el contenido de la moción defendida por la
señora Aguilar, ir matizando o concretando algunos aspectos
que, aunque fuera de manera no fundamental, conforman la
posición más específica de nuestro propio Grupo. Por tanto,
señor Presidente, voy a defender las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista sin más preámbulos, para explicar el
fundamento de cada una de ellas. Al punto 1 de la moción hemos
presentado una redacción alternativa que, sin discrepar, como
decía antes, con la de Izquierda Unida, completa, desde
nuestro punto de vista, lo que para el Partido Socialista, lo
que para el Gobierno, lo que para el Grupo Parlamentario
Socialista es una pieza fundamental en el problema de la
refinanciación de la deuda, como es la búsqueda del equilibrio
financiero. El Gobierno tiene abiertas vías de diálogo con la
FEMP y ahora se iniciarán las negociaciones correspondientes
en dos mesas de trabajo que conocen SS.SS., abiertas a partir
del acuerdo de la Subcomisión de Régimen Financiero y Fiscal
de la Comisión Nacional de Administración Local. Una de esas
mesas, la del segundo grupo de trabajo que decimos, se tendría
que ocupar 'aparte del nuevo modelo de financiación y, por lo
tanto, la posible reforma de la tributación local y tendría
que extender su actuación al
estudio de la refinanciación de la deuda municipal,
cuantificando su impacto en los Presupuestos Generales del
Estado. Como dijo el Ministro para las Administraciones
Públicas en la Asamblea de la FEMP --lo recojo de manera me
parece que casi literal--, el Gobierno se ofrece a analizar
conjuntamente con la FEMP el problema de la «onerosidad» de la
deuda a corto plazo contraída por las corporaciones locales.
Esta reflación planteará el posible reescalonamiento de la
deuda a corto plazo y la búsqueda de mecanismos que permitan
una mejora de los tipos de interés, teniendo en cuenta que se
está produciendo una mejoría general en el mercado financiero,
por tanto, en el mercado de los tipos de cambio. El segundo
punto de la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
cuenta con nuestro acuerdo. No vamos a proceder a ninguna
modificación, pero sí queríamos decir que coincide básicamente
--y ésta es nuestra propia argumentación para apoyarlo-- con
la conclusión número 4 de la asamblea extraordinaria de la
FEMP en cuanto a la necesidad de reformar el marco
competencial. Aquí hay que decir que la inmensa mayoría o la
casi totalidad de las competencias que las corporaciones
locales consideran como asumibles en la nueva etapa que se
debe abrir en la vida local no están residenciadas en el
ámbito competencial de la Administración central del Estado
sino en el de las comunidades autónomas, por ser éstas
materias ya transferidas a las mismas con los consiguientes
traslados de servicios y de medios financieros necesarios. Por
tanto, y desde el punto de vista de lo que es el peso relativo
del gasto público, que tan traído es en casi todas nuestras
intervenciones por parte de todos losÉgrupos parlamentarios,
podríamos decir que, una vezÉefectuadas esas transferencias
que el acuerdo del pacto autonómico consolidará a corto plazo,
estaríamos con un Estado gastador de aproximadamente el 50 por
ciento del gasto publico, lo cual coincide con ese marco
referencial, algunos dicen que utópico pero acercándose a la
realidad, que hará que el Estado hubiera pasado en sólo diez
años de más del 80 por ciento del gasto píblico a tener ya un
peso relativo sólo aproximadamente igual al 50 por ciento,
mientras que las comunidades autónomas, con un incremento
espectacularen la asunción de gasto público, podrían quedar
aproximadamente en el 34 por ciento, lo cual quiere decir que,
si el 16 por ciento, pertenece ya, desde el año 1991, como
peso del gasto público a las corporaciones locales, es en el
ámbito de la negociación que estamos apoyando de las
competencias que en este momento han sido ya asumidas y
atribuidas a las comunidades autónomas donde se puede seguir
buscando el reequilibrio competencial, el nuevo marco
competencial que nos podría ir acercando a ese horizonte que
estamos todos defendiendo. Nuestro Grupo ha presentado,
señorías, al punto 3 de la moción, también una redacción
alternativa, en la que trata de precisar uno de los elementos
más determinantes del modelo de financiación de las haciendas
locales, aunque dicha redacción alternativa tampoco entra para
nada, desde nuestro punto de vista, en contradicción con la
que presenta IU. Efectivamente, los problemas financieros
están ligados a los competenciales, a los que se refiere el
punto 2 de la moción, en el sentido de que no es posible
ejercer las competencias sin la financiación correspondiente
que además venga a consolidar uno de los principios
inspiradores básicos del régimen local como es la suficiencia
financiera. El proceso de diálogo abierto en el seno de la
representación municipal con el Ministerio de Economía y
Hacienda y para las Administraciones Públicas tiene que dar
cumplimiento, por tanto, en este sentido, a lo dispuesto en
los artículos 112 y 125 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales en lo que se refiere a municipios y provincias y, en
consecuencia y básicamente, tendrá que dar cumplimiento a los
siguientes elementos: los porcentajes de participación de los
municipios y de las provincias; cómo pueden variar y
evolucionar esos porcentajes de participación y la
distribución de la participación entre los municipios y entre
las provincias. En este punto, señorías, yo quisiera destacar
y recordar que las previsiones de participación --lo digo
entorno al tema de cómo van a generarse más recursos
financieros para las corporaciones locales-- de los flujos
comunitarios para el nuevo período 1994/99 van más que a
duplicar anualmente los recursos hacia los ayuntamientos,
diputaciones y cabildos. Dichos flujos comunitarios, además,
serán cofinanciados en mayor porcentaje por la Comunidad y,
por tanto, requerirán de menos recursos propios por parte de
las corporaciones locales, manteniendo como siempre el Estado
su participación en esos niveles de cofinanciación. En el
punto número 4, señoras, nuestro Grupo ha planteado
básicamente un inciso in fine a la moción de Izquierda Unida,
añadiendo «en su caso». Estamos involucrando y no cerrando la
posibilidad de que en el proceso de negociación se puedan
producir liquidaciones adicionales correspondientes al
ejercicio cerrado y, por tanto, estamos abriendo la
posibilidad de que se pueda llegar, en la negociación
correspondiente, que también está planteada en las mesas de
trabajo a las que antes estaba haciendo referencia, al
elemento tan traído y llevado de la participación en los
tributos del Estado para las corporaciones locales en el ao
1992. En cuanto al quinto punto, que se refiere a la reforma
de la imposición local, nuestro argumento se centra en el
sentido de instar al Gobierno a reformar el IAE, una vez
discutido con la representación municipal, sin entrar a
definir el contenido de la reforma, porque, tal como, por
ejemplo, ha expresado en esta tribuna el representante de
Convergència i Unió, hay elementos
en los que discrepar y sobre los que discutir acerca de si los
criterios de beneficios o del volumen de negocios tienen que
ser los elementos que exclusivamente atiendan a la reforma del
IAE y, por tanto, es preferible, desde nuestro punto de vista,
dejar abiertos los elementos que van a definir la negociación
para decir exclusivamente y como marco general que instamos al
Gobierno a que modifique el Impuesto sobre Actividades
Económicas. Coincidimos con el punto número 6 de la moción, en
el cual se solicitan subvenciones específicas para cubrir el
coste de los servicios provistos por los ayuntamientos en
suplencia de la Administración central, coincidiendo
básicamente con la necesidad de estudiar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Moreno, vaya
terminando, por favor.
El señor MORENO MONROVE: Sí, señor Presidente, voy terminando.
Coincidiendo básicamente, digo, con la necesidad de estudiar
estos servicios. Creemos que queda recogido por nuestra
redacción y que ya se estudiaron, cuando hicimos la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, situaciones parecidas y
que creemos que deben ser contempladas en el nuevo marco
negociador. Agradecemos a Izquierda Unida que haya retirado el
punto número 8 de su moción, al que nosotros habíamos
presentado una enmienda de supresión. Para terminar quisiera
decir que la situación planteada por las corporaciones locales
en su asamblea de hace muy pocos días puede tener en este
momento una respuesta positiva en sede parlamentaria si, como
nosotros deseamos, se produce un alto grado de conseno en
torno a las propuestas presentadas. Yo entiendo que en este
momento no parece que haya niveles de discrepancia importantes
en cuanto que el hilo conductor de las intervenciones que yo
hasta el momento he venido escuchando gira en torno a la idea
de un gran pacto municipal. Por tanto, existe materia para el
acuerdo. Nuestro Grupo ha realizado un importante esfuerzo de
aproximación al texto presentado por la señora Aguilar en
nombre de IU y espero, por tanto, la aceptación de las
enmiendas que ya conoce S.S., agradeciéndole la retirada del
punto 8 y el apoyo de SS.SS. para conseguir impulsar desde
esta Cámara ese pacto municipal; que todos hemos coincidido en
calificar como muy importante para el futuro de las
corporaciones locales. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moreno.
Finalmente, para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Mañueco.
El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Señoras y
señores Diputados, el Grupo Popular ha presentado tres
enmiendas a esta moción presentada por Izquierda Unida, que ha
defendido la señora Aguilar. Tengo que decir que, aunque en el
fondo, en el contenido, estamos de acuerdo, como no podía ser
de otra forma, porque ambos estuvimos presentes en la Asamblea
de la Federación Española de Municipios y Provincias y es
parte del acuerdo que allí suscribimos públicamente todos con
las corporaciones locales. Tengo que felicitar y felicitarme.
Felicitar y agradecer al señor Ministro que esté en este
momento con nosotros y felicitarme por tener la oportunidad de
que el señor Ministro en esta ocasión me escuche, porque el
día que yo intervenía en La Coruña era el momento en el que el
señor Ministro tenía que salir de la asamblea para tomar el
avión y no tuve oportunidad de decirle lo que en aquel momento
creía conveniente que conociera la Asamblea en relación on su
ministerio. Sobre la intervención del Grupo Socialista en la
defensa de sus enmiendas me hubiera gustado conocer dónde
quieren llegar para saber si nosotros retirábamos las nuestras
en beneficio de las suyas y todos apoyar conjuntamente la
moción de Izquierda Unida. Me da la impresión que el portavoz
del Partido Socialista conoce muy bien la teoría, se ha leido
la Ley de Bases de Régimen Local, conoce también la Ley de
Haciendas Locales, ha hablado con los compañeros
municipalistas que están en la FEMP, ha hecho una recopilación
de las cosas que todos queremos decir y parece que estamos en
el buen camino; pero algo no va bien, y lo que no va bien son
las corporaciones locales. Las corporaciones locales necesitan
soluciones concretas y esta moción viene en un momento muy
adecuado y muy oportuno, porque nos comprometimos a que antes
del día 15 de enero los municipalistas españoles iban a tener
una solución a varias cosas. En primer lugar, a la liquidación
del año 1992, la liquidación del año de 1992 sólo se puede
llevar a cabo con voluntad y la voluntad se demuestra con la
aprobación de un crédito extraordinario para pagar la cifra
que la Federación Española calcula en 47.000 millones de
pesetas, como consecuencia de la diferencia entre lo que se ha
liquidado, como liquidación definitiva, que nosotros
entendemos que no es así, y las cuentas del resultado de lo
que nos correspondía. Esto no puede quedar de forma ambigua en
esta moción, en una declaración de intenciones y de buena
voluntad porque nadie duda, de las buenas intenciones, ni de
las buenas voluntades de los grupos de la Cámara, pero
fundamentalmente es una realidad la situación que planteaban
los municipalistas españoles en La Coruña. Diría, señor
Ministro, que esto que hoy vamos a hacer, que esta moción que
vamos a aprobar, que el impulso que todos vamos a dar para
sacar a las corporaciones
adelante es bueno, pero no va a ser suficiente. Con esto no es
que el Grupo Popular le quiera pedir más de lo que usted tiene
que hacer en este momento. Mire usted, señor Ministro, estamos
hablando de solucionar situaciones pasadas; estamos hablando
de dar solución a la problemática actual que tienen las
corporaciones locales, como consecuencia de muchas cosas que
hay que arreglar. Yo vengo participando en la Federación
Española de Municipios y Provincias desde 1979 y en su
Ejecutiva desde 1982. He tenido oportunidad de negociar con el
señor Ministro de Economía y Hacienda y con el señor Ministro
de Administraciones Públicas tres señores ministros de
Administraciones Públicas la Ley de Haciendas Locales, la ley
de Bases de Régimen Local y la financiación de las
corporaciones locales cada uno de los años. Siempre ha habido
buena voluntad, pero, al final, siempre ha habido pocos
resultados económicos, pocos resultados competenciales, pocos
resultados de lo que se ha venido comprometiendo
sistemáticamente por parte del ministerio. Esta moción puede
dar pequeñas soluciones a las corporaciones locales pero,
señor ministro, necesitamos que quien gobierna defina y
determine, y quien gobierna es el Partido Socialista. Ese
Libro Blanco de las corporaciones locales tiene que salir a la
luz pública; tienen que saber los municipalistas españoles
cómo queda la Administración periférica del Estado en cuanto a
corporaciones locales; qué competencias van a tener; cómo se
van a distribuir; cómo se van a administrar; cómo se van a
agrupar; qué va a pasar con las comarcas; qué va a pasar con
la comarcalización de servicios. No se puede mantener la misma
estructura que tenemos ni que las pequeñas modificaciones que
hagamos sean dejar como concejos abiertos aquellos
ayuntamientos que no lleguen a 50 habitantes. En un
ayuntamiento, en una junta vecinal, en una pedanía de 50, de
80, de 180 o de 380 habitantes, no se puede plantear, según
dice la Ley, que tiene que prestar determinados servicios por
sí o en colaboración con las diputaciones provinciales, porque
es gastar dinero multiplicado. Hay que acometer esa reforma y
tenemos que saber cuál es. De momento, no conocemos por dónde
va a ir la reforma ministerial en cuanto a las corporaciones
locales; cómo se van a aglutinar; cómo se van a resumir; cuál
va a ser su nivel de competencias. Eso es lo que a nosotros
nos hace decirle, señor ministro, que será importantísimo que
ese Libro Blanco aparezca; que existan no solamente
conversación y diálogo, sino acuerdos con la Federación, y
acuerdos que se cumplan después por el Gobierno, porque ha
habido acuerdos que se han planteado en la Federación
Española, que han quedado como resueltos por la Federación
Española y que después no han sido tramitados por el Grupo
Socialista en esta Cámara. Nosotros esperamos y deseamos que
no sea así a partir de ahora. Por eso en esta moción nosotros
presentamos tres enmiendas, porque creemos que, siendo buena
la moción de Izquierda Unida, debe profundizarse más en ella.
Hacemos una síntesis, una recopilación en la enmienda que
presentamos al punto número 2, y decimos que debiera crearse
una Comisión integrada por todos los Grupos Políticos de la
Cámara, y que en el primer trimestre de 1994 y de acuerdo con
la Federación Española de Municipios y Provincias, se
propongan determinadas medidas. Quiero aclarar aquí que
decimos crear una comisión Integrada por todos los grupos
políticos de la Cámara y no decimos por los grupos
parlamentarios, es decir, la representación política, no
parlamentaria de aquellos grupos que están aquí en la Cámara,
para que ellos, con la Federación, sean los que estudien y
debatan determinadas cuestiones que nosotros decimos en
nuestra enmienda, que agradecemos sea escuchada y asumida, y
que son: «Determinación de las competencias locales y su
financiación, así como las prestadas que corresponden a otras
Administraciones y su contraprestación económica». Hay que
determinarlo, hay que evaluarlo, hay que garantizar el
servicio y hay que pagarlo. «Modificación de la ley de
Haciendas Locales para el quinquenio 1994-1998 y forma de
participación en los Presupuestos Generales del Estado».
También abrir la vía para la participación de las
corporaciones locales en los presupuestos de las comunidades
autónomas. «Modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles»,
que es un compromiso que hemos adquirido entre todos.
«Modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas», y
«Determinar las deudas con las corporaciones locales del
ejercicio económico de 1993 y liquidarlas en el primer
semestre de 1994». Ha dicho el portavoz del Grupo Socialista,
que a partir de 1994 la participación económica de las
corporaciones locales en las distintas subvenciones vía
Estado, otras administraciones, se duplicará. Difícilmente se
puede duplicar si no figura como consignación presupuestaria;
difícilmente se puede llegar a ello. Yo me imagino que desde
el Ministerio de Economía y Hacienda no se puede hacer como
los magos, de una misma manga sacar seis conejos a la vez. El
dinero está contado y una vez distribuido no da más de ssí. No
se puede decir que se va a duplicar porque no hay cuantía
suficiente. Es más, 1994 recoge la liquidación del 100 por
ciento que es menos, a su vez, que el 95 por ciento que
recogía en 1993. la cantidad global de 1994, que se recoge
como aportación, es menos que la correspondiente a la
liquidación de 1993. En cuanto a la modificación del punto
número 8, que se ha retirado por parte de Izquierda Unida,
nosotros también mantenemos que no se puede defender el tipo
cero en el IVA; es decir, un IVA reducido para las
administraciones locales y para aquellas empresas que están
prestando servicios en relación con conciertos, convenios,
sociedades mixtas, pero no IVA cero sino un IVA lógicamente
reducido, como va a venir de forma independiente.
Por último, tenemos una enmienda de adición que trata de
aclarar y de ajustarnos al acuerdo que tenemos con la
Federación Española. El día 15 de enero hay que dar respuesta
al municipalismo, porque si no el municipalismo ha mandatado
al Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y
Provincias para que convoque una nueva asamblea. Y yo digo:
¿Para qué? ¿Para qué una nueva asamblea? Si hay voluntad,
soluciónese y el primer paso es la liquidación de los 47.000
millones.
Nosotros proponemos en una enmienda adicional que se incorpore
al texto y que sea aceptado por Izquierda Unida presentar una
ampliación presupuestaria, antes del día 30 de diciembre, para
liquidar la deuda con las corporaciones locales
correspondiente al ejercicio de 1992, según lo cuantificado
por la FEMP, en la medida que el Ministerio considere
oportuno, y liquidarla, en cualquier caso, en el primer
trimestre de 1994.
Con nuestra enmienda hemos pretendido puntualizar bastante más
lo que entendemos es bueno y necesario: aunar criterios y
esfuerzos para sacar
la situación en que vive el
municipalismo. En cualquier caso, éste será un primer paso
para acciones sucesivas como la determinación, tras el Libro
Blanco, de lo que han de ser las corporaciones locales en la
configuración de la administración periférica del Estado y,
desdeluego, dar soluciones a los ayuntam de si son el arma más
importante del sistema democrático, de si son la garantía y el
soporte del funcionamiento de las instituciones. Los alcaldes
pasan muchos problemas porque no pueden pagar los servicios,
porque no los tienen determinados, porque los ciudadanos se
los demandan y porque la Administración del Estado no
corresponde económicamente en relación con las necesidades que
ellos mismos tienen.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mañueco.
Grupos que deseen fijar su posición. (Pausa.) ene la palabra,
a efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas
que han sido presentadas a la moción que S.S. ha defendido.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Como nuestro grupo parlamentario es coherente y hemos
planteado que el objetivo político de nuestra moción era
concitar el acuerdo y el consen desde la cultura del diálogo
que proponemos desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y como quiera que las enmiendas presentadas por los distintos
grupos parlamentarios no desvirtúan el fondo de la moción de
Izquierda Unida, vamos a aceptar la enmienda presentada por el
Partido Socialista Obrero Español, entendiendo que en ella
están subsumidas las presentadas por Convergència i Unió. En
relación a las enmiendas presentadas por el Partido
Popular, vamos a proponer una transaccional en relación a la
primera enmienda que presentaba el Partido Popular que
incluiría, en el punto segundo de nuestra moción, lo
siguiente: Iniciar con las fuerzas políticas con
representación parlamentaria, las
administracionescorrespondientes u organizaciones que las
representen, un diálogo para que, durante el año 1994, se
realice la redefinición del marco competencial en base al
principio de subsidiariedad, y la financiación correspondiente
en aras a la configuración de un pacto institucional para el
ámbito local, así como la modificación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Los otros temas que planteaba el Partido
Popular en su primera propuesta están prácticamente integrados
en la moción y en la otra enmienda.
Como quiera que hemos retirado el punto octavo para discutirlo
con tranquilidad en una proposición que este grupo traerá a
esta Cámara con el resto de los grupos parlamentarios, no ha
lugar a esa enmienda.
En relación a la enmienda de adición que plantea el Grupo
Popular, que nosotros, en su contenido, compartimos, creemos
que este momento no es el adecuado para incluirlo en la
moción, toda vez que quizá hay que dar una oportunidad a la
Federación Española de Municipios para que desde el diálogo,
la reivindicación, la exigencia y el planteamiento se lo
plantee, valga la redundancia, al propio Gobierno, y hay que
dar también una oportunidad para que haya una manifestación de
voluntad positiva a nivel político por parte del propio
Gobierno y del señor ministro, que se comprometió en el marco
de la asamblea extraordinaria de la FEMP.
Esas enmiendas, y la transaccional que ofrecemos al Partido
Popular, irían en el ánimo de concitar, vuelvo a reiterar, el
máximo acuerdo posible en torno a nuestros municipios.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Aguilar.
Señor Mañueco a efectos de indicar si acepta la enmienda
transaccional planteada.
El señor MAÑUECO ALONSO: Señor Presidente, aceptamos la
modificación que hace al punto número 2 que proponía el Grupo
Popular. Igualmente aceptamos la transaccional a la enmienda
de adición que nosotros hacíamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora
Aguilar, la Presidencia no ha podido tomar nota de la
transaccional a la adicional, ¿quiere repetirla, por favor?
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, no ha habido
transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha habido
transacción a la adicional, señor Mañueco.
El señor MAÑUECO ALONSO: Señor Presidente, decía que estaba de
acuerdo con la propuesta que nos hace a la transaccional que
dice q que da una oportunidad a la Federación para que negocie
con el Gobierno. Por eso decía que estaba de acuerdo, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mañueco.
Finalizado el debate de esta moción, vamos a pasar a la
votación correspondiente. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.--El señor Nadal i Malé, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, ¿podríamos pedir
votación separada del punto 1 y del punto número 7?
El señor PRESIDENTE: Señor Nadal, habiéndose aceptado
enmiendas de distintos grupos, como S.S. sabe no puede
procederse a la votación separada de las distintas partes de
la moción.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que se somete a votación, en los términos resultantes de las
enmiendas aceptadas, con las rectificaciones y transacciones
resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 289; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA
HACER FRENTE A LOS GRAVES PROBLEMAS PRESENTES EN LA REALIDAD
DE NUESTRO SISTEMA PENITENCIARIO Y PARA CONSEGUIR QUE ESTE
RESPONDA EFECTIVAMENTE A LOS FINES PREVISTOS EN EL
ORDENAMIENTO VIGENTE Y A LA ORIENTACION DE PRINCIPIOS DADA POR
LA CONSTITUCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE
LIBERTAD (Número de expediente 173/000012)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas de
política general previstas por el Gobierno para hacer frente a
los graves problemas presentes en la realidad de nuestro
sistema penitenciario y para conseguir que éste responda
efectivamente a los fines previstos en el ordenamiento vigente
y en la orientación de principios dada por la Constitución al
cumplimiento de las penas privativas de libertad.<ð En
nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro. (Varios señores Diputados abandonan el salón de
sesiones.--Rumores.) Un momento, señor Gil. (Continúan los
rumores.) Señorías, guarden silencio. (Prosiguen los rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Gil.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, la moción que sometemos hoy a la
consideración de la Cámara pretende establecer sobre todo un
contenido de principios que motiven un cambio sustancial y
urgente en una política penitenciaria, la del Gobierno, que
existe en sí como mera apariencia, pero no como un cuerpo real
dotado de la cohesión y de la efectividad necesaria para dar
cumplimiento a los fines que nuestra Constitución prevé como
propios del sistema de penas privativas de libertad.
co presupuestos básicos que sin duda responden al
planteamiento de alternativa de este grupo parlamentario,
conscientes de que el ejercicio de nuestra responsabilidad
total consiste no sólo en denunciar y plantear en el debate
aquellas situaciones que creemos que no funcionan, sino
también ofrecer a las mismas unos puntos de partida, unos
puntos de inicio, que pretenden y que consigan su inmediata
remoción.
Por eso, nosotros decimos, en primer lugar, que la política
penitenciaria que reclamamos ha de partir de la aceptación del
papel subordinado que corresponde a la Administración respecto
de los órganos jurisdiccionales en todo aquello que haga
referencia a cumplir y a hacer cumplir lo juzgado, de manera
que la Administración no puede tratar de suplantar la función
de dichos órganos ni puede tampoco tratar de eludir su control
efectivo por parte de los mismos.
En segundo lugar, la política penitenciaria que reclamamos ha
de garantizar no sólo el pleno equilibrio entre los factores
reeducacionales y d también el valor de seguridad que el
cumplimiento de la pena privativa de libertad tiene para el
conjunto social,
y ello implica, entre otros extremos,
perfilar y acentuar el papel que corresponde al ministerio
público como garante y actor principal en la determinación de
esa procura.
En tercer lugar, en la política penitenciaria que reclamamos
ha de actuarse desde el más estricto respeto a los principios
de legalidad y de s de manera que el ejercicio de la potestad
legítima de autoorganización, por parte de la Administración,
no se convierta nunca en excusa para la vertebración de un
ordenamiento paralelo ni se convierta tampoco en herramienta
para aumentar de manera arbitraria los límites de
discrecionalidad en la acción y en la decisión de esa misma
Administración.
En cuarto lugar, la política penitenciaria que reclamamos ha
de garantizar absolutamente que en la ejecución de la pena
privativa de libertad
alguno de carga aflictiva añadida al contenido estricto de la
pena legalmente impuesta, puesto que, de lo contrario,
solamente se está consiguiendo una
deslegitimación intelectual, jurídica y moral del sistema amén
de acentuar, tanto en el interno como en el conjunto de la
sociedad penitenciaria, todas las connotaciones de la
marginalidad.
Por último, la política penitenciaria que reclamamos ha de
vertebrarse desde un compromiso cierto de transparencia,
objetividad y diálogo en la gestión interior, para evitar
desmotivaciones y conflictos y para, desde esa plataforma,
poder acentuar mucho más el compromiso de comunicación entre
sociedad penitenciaria y sociedad, a los efectos de implicar
directamente al conjunto social en las tareas de reeducación y
de reinserción del penado.
Para comenzar a crear las condiciones que puedan llegar a
hacer efectiva esa nueva política penitenciaria, planteamos en
nuestra moción un conjunto de propuestas que demandan del
Gobierno, sobre todo, ante todo y como punto de partida, la
promoción inmediata de los cambios necesarios en el
ordenamiento vigente, a efectos de terminar con la actual
disociación entre norma y realidad, con las graves
disfuncionalidades que todo ello conlleva; cambios que han de
fundamentarse esencialmente en las propias demandas de la
experiencia, en las demandas constantemente reiteradas por
todos los sectores profesionales vinculados al hecho
penitenciario y, desde luego, en la propia declaración de
voluntad emitida por esta Cámara, en su sesión plenaria de 9
de febrero de 1993, cuando llegó incluso a establecer un plazo
temporal de dos meses para el inicio de ese proceso de
reforma, sin que hasta la fecha nada se haya hecho al
respecto.
Pedimos, igualmente, que el Gobierno, a través de un conjunto
de informes específicos que le solicitamos, evalúe cuál es la
dimensión real de los principales problemas que hoy, en el
interior de las prisiones, en el día a día cotidiano en
prisión, ponen en quiebra el fin de ese modelo reeducacional y
que, al mismo tiempo, desde la fijación de ese diagnóstico
oficial, se nos diga cómo piensa el Gobierno vertebr atención
a las necesidades sanitarias generales de la población
penitenciaria, con especial referencia, cómo no, a fenómenos
tan preocupantes como el sida, las enfermedades infecto-
contagiosas y como el de las toxicomanías.
Estamos pidiendo que el Gobierno nos diga también cómo piensa
vertebrar definitivamente una política educativa extensiva e
integral en el interior de las prisiones. Cómo piensa
vertebrar definitivamente que el valor establecido en nuestro
ordenamiento jurídico como pauta esencial en la tarea
ocupacional del interno en la prisión, esto es, la relación
derecho-deber en virtud de la cual se concibe ese valor de
trabajo, sea una realidad efectiva. Estamos, en definitiva,
pidiendo que el Gobierno nos diga cómo piensa vertebrar
definitivamente un programa global de atención resocializadora
sobre los jóvenes reclusos, con una especialísima referencia a
un programa de alfabetización.
Pedimos que se acometa una acción rápida, urgente e integral,
orientada a crear unidades de tratamiento de toxicomanías en
todos los establecimientos penitenciarios y, a la vez, desde
otra vertiente, que se establezca con urgencia un plan de
lucha contra el tráfico y consumo de drogas en el interior de
las prisiones, por entender que sin la vertebración de este
elemento de control no se va a poder lograr nunca la plena
efectividad de los esfuerzos que en este sentido se realicen
desde una naturaleza puramente asistencial.
Pedimos que se redimensionen los equipos de observación para
poderles dar el papel angular que tienen en el ejercicio de la
política de tratamiento; que se les dote de los elementos
materiales y técnicos precisos para que puedan desburocratizar
su función actual, pasando a tener una relación y un contacto
directo con el interno.
Y pedimos, naturalmente, porque nos parece de especial
urgencia, que se dote a esos equipos de los elementos
especializados precisos a efectos un seguimiento científico de
aquellas personalidades que presentan caracteres psicopáticos
y que precisamente por tal condición son las más abocadas a
poder reincidir en la comisión del delito.
Pedimos, en definitiva y, desde luego, que se resuelvade una
vez por todas el gravísimo problema del hacinamiento en el
interior de las prision de amortización y de creación de
nuevos centros, precisamente por lo que ya señalamos en el
trámite de la interpelación; esto es, porque consideramos que
ese plan es un instrumento en crisis. Por eso, desde hoy mismo
anunciamos que en el próximo período de sesiones propiciaremos
un amplio debate sobre el presente y la viabilidad futura de
ese plan.
Sin embargo, nuestra moción no es ajena a la proposición de un
conjunto de medidas orientadas tanto a resolver ese problema
del hacinamiento en prisión como a garantizar, a través de
ello, la salvaguarda de los derechos fundamentales de los
internos como seres humanos, como personas, puestos sin duda
en entredicho en base a esa situación de hacinamiento. Por
eso, nuestra moción insta al Gobierno a que ponga fin a la
práctica de utilización de dormitorios colectivos o de
cualquier otra que pueda suponer situación de hacinamiento en
el interior de las celdas, por entender que esa situación de
hacinamiento sólo está motivando, por una parte, la generación
de una serie de condicionamientos negativos en el orden
emotivo y psicológico que redundan en negativo favor de los
niveles internos de violencia y de tensión contenida en el
interior de las prisiones y, por otra parte, naturalmente,
está vulnerando ese derecho sagrado a la intimidad que tiene
que considerarse necesariamente esencial, como punto de
partida, para poder vertebrar adecuadamente una política de
tratamiento.
Instamos al Gobierno a que remedie las insuficiencias
materiales que se aprecian en los centros y módulos de
población penitenciaria femenina; penitenciaria que en los
últimos años ha tenido un aumento considerable que se prevé,
según datos del propio Gobierno, que continúe en aumento.
Además, sobre la propia situación estricta de las reclusas
media, en muchos casos, el hecho, que hay que considerar, de
la presencia de niños en prisión junto a sus madres.
Instamos al Gobierno a que facilite a los órganos
jurisdiccionales los elementos materiales precisos para la
resolución de las causas penales pendientes, a efectos de la
liberación, precisamente de la carga que supone el alto grado
de población reclusa preventiva, la más alta de Europa, que
según datos oficiales del propio Gobierno, a mediados de
septiembre de este año, se cifraba en 12.676 personas.
Instamos al Gobierno a que a través de los mecanismos
establecidos en el ordenamiento vigente y con todas las
garantías legales --y subrayamos esto: con todas las garantías
legales-- aplique esos mecanismos a los efectos de la
reducción del número de ciudadanos extranjeros que cumplen
penas de prisión en establecimientos españoles y que al
finalizar el año 1992 alcanzaban la cifra de 6.021 personas,
con un coste aproximado a los 15.000 millones de pesetas.
Recordamos que en este sentido la propia Cámara, en febrero de
1991, ya instó al Gobierno a hacer efectivas estas situaciones
de liberación de ese cómputo de la población penitenciaria
extranjera, y que el propio Secretario de Estado reconocía
recientemente que en esto ha habido un retraso notable que se
proponía intentar remediar.
Por último, señor Presidente, señorías, consideramos que esta
nueva política penitenciaria que reclamamos no puede
vertebrarse sin recuperar previamente la adecuada relación
entre Administración y funcionarios; no puede vertebrarse sin
antes mejorar los mecanismos de atención social al interno, a
sus familiares y al ex penado, precisamente por considerar que
esos mecanismos de solidaridad son una pauta esencial para
evitar la reincidencia en el delito. Y desde luego, señorías,
entendemos que esta política penitenciaria que reclamamos
exige abrir la realidad interior de las cárceles a la sociedad
y a las instituciones. Por eso, el último punto de nuestra
moción insta al Gobierno a que ponga fin al régimen
restrictivo, de hecho, que afecta a las posibilidades de
visita de los parlamentarios nacionales a los establecimientos
penitenciarios, puesto que entendemos que ha de ser el
parlamentario, en virtud de la representación que ostenta, un
agente principalísimo en esa comunicación entre recluso y
sociedad. Entendemos que esa comunicación se ha de poder
realizar de forma ágil y espontánea y no, como hasta ahora, a
través de permisos lentos y visitas organizadas que
distorsionan la realidad que se pretende conocer. No existe, a
nuestro juicio, razón alguna que justifique el que se esté
privando a los parlamentarios nacionales de un acceso sin
trabas a establecimientos dependientes de la Administración
pública y, por tanto, sometidos también al control del Poder
Legislativo.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente.
Somos los primeros en reconocer y en afirmar un posible
régimen de excepcionalidad, desde luego y por razones obvias,
en los casos que afectan delitos de terrorismo, pero no
podemos seguir aceptando el vigente régimen general que, de
hecho, pretende sustraer el día a día de la realidad de las
prisiones al conocimiento directo por el Parlamento.
Y concluyo, señor Presidente, diciendo que nuestra moción
ofrece un punto de partida para vertebrar una política de
diálogo siempre que el Gobierno esté dispuesto a poner fin a
la ficción de que el actual estado de cosas funciona conforme
al objetivo resocializador que da sentido al sistema de penas
privativas de libertad. La realidad, señor Presidente, señoras
y señores Diputados, es la que es, tal y como recordaban esta
semana pasada las Audiencias de Bilbao y de San Sebastián al
afirmar textualmente que las cárceles, hoy por hoy, siguen
siendo nidos formativos de delincuencia violenta antes que
centros con función de reinserción social. Por eso, señoras y
señores Diputados, dar el apoyo a esta moción será empezar
entre todos, sin lugar a dudas entre todos, a corregir las
causas y los efectos de esa cierta y dolorosa sentencia. Al
menos desde la vertiente de mi Grupo Parlamentario, nosotros
sentimos que hemos cumplido con nuestro deber para que también
las personas que cumplen penas privativas
de libertad en
prisión puedan tener su voz representada en esta Cámara.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se ha presentado una enmienda a esta moción. Para su
defensa y para fij
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya dejó ya claro en su intervención en relación con la
interpelación origen de esta moción que creemos firmemente
desde la izquierda que hay que operar sobre la realidad de
nuestro sistema penitenciario para cambiarlo, lógicamente.<ð
Señoras y señores del Partido Socialista Obrero Español, el
cambio del cambio, ya que han renunciado globalmente a
realizarlo, debieran al men entre otros, al sistema
penitenciario. La realidad de las prisiones españolas viene
determinada hoy básicamente por el hacinamiento, por la
problemática de la droga que hay en el seno de las cárceles
españolas, por el incumplimiento del reglamento en términos
generales y básicamente en cuanto a actividades educativas,
por el avance de las enfermedades infecto-contagiosas: Sida,
hepatitis, tuberculosis, etcétera, por la falta de diálogo con
los representantes sindicales de los funcionarios, elemento
fundamental y esencial para transformar de forma real el
sistema penitenciario, por el interés que hay por parte del
partido del Gobierno de conformar funcionarios militarizados,
e incluso por la decisión de marginar de su labor habitual a
las Fuerzas de Seguridad del Estado y crear un cuerpo de
seguridad diferenciado. Este, quieran o no, señores del
Partido Socialista Obrero Español, entre otros, a muy grandes
rasgos es el devenir cotidiano de las prisiones españolas y
las condiciones de las personas que en ellas ejercen su
trabajo habitual, y respecto de las cuales hay una escasa
voluntad política para iniciar un proceso de diálogo
constructivo que permita esa transformación necesaria del
actual sistema penitenciario.
En cualquier caso, hay una cuestión clara hasta ahora, que por
parte del partido del Gobierno han decidido mantener tal cual
el sistema penite es peor, crear un plan de amortización que,
aunque ha fracasado, ni siquiera han decidido reconsiderarlo,
ni siquiera plantear la disposición a dialogar para
reconsiderarlo globalmente o renovarlo, sino que simplemente
deciden mantenerlo, a pesar de que conocen sufi- cientemente
que el plan aprobado incumple la Ley Orgánica General
Penitenciaria y, lo que es más importante, imposibilita el
objetivo esencial y fundamental de la reeducación y de la
reinserción social. No hay voluntad de diálogo para cambiar,
para mejorar, para transformar el sistema penitenciario; no
hay voluntad de diálogo dentro de esta Cámara, en el Congreso
de los Diputados; tampoco hay voluntad de diálogo con las
partes que conforman el conjunto del sistema penitenciario.
Con la realidad actual y, por consiguiente, con la negativa
expresa del Gobierno a incidir sobre ella para, desde el
diálogo, desde el acuerdo, modificarla y mejorarla es por lo
que en el marco de la interpelación dijimos --y lo reiteramos
hoy--, por que, aunque desde visiones y opciones diferentes,
íbamos a favorecer todas aquellas medidas que nos permitieran
continuar en el debate sobre la reforma penitenciaria, por un
lado, e intentar propiciar dichas reformas desde esta Cámara,
por otro. Es por ello por lo que hemos presentado las
enmiendas a la moción que plantea el Partido Popular.
Esperamos que exista la sensibilidad suficiente para
aceptarlas, en aras justamente a estos dos objetivos que nos
parecen fundamentales, hablar en torno a la realidad
penitenciaria para propiciar el cambiarla, el modificarla, el
reformarla desde esta Cámara, algo que nosotros consideramos
no sólo necesario sino prácticamente imprescindible para el
propio sistema democrático.
Con ese objetivo presentamos nuestras enmiendas, seis en
concreto, que inciden en algunos de los puntos de la moción
que plantea el Partido Popular. Creemos sinceramente que con
ellas se viene a mejorar el conjunto de la moción. No se
cambia cualitativamente la moción, pero creemos que
completamos la misma y hacemos que se mejore en algunos de sus
puntos. Concretamente, cuando había una inconcreción en
relación al diálogo que se planteaba en la moción del Partido
Popular con profesionales, sin determinar con quiénes se
debería de tener la interlocución, el diálogo en el ámbito de
la institución penitenciaria, desde Izquierda Unida hemos
querido concretar la necesidad de establecer ese diálogo
permanente con la representación sindical de los funcionarios,
que es la representación legítima. Por consiguiente, tenemos
que propiciar que se dialogue con ella para intervenir desde
su participación en lo que debe ser el cambio, la
transformación del sistema penitenciario. Desde la izquierda
queremos transformar las instituciones penitenciarias y
cambiar esa realidad actual en relación al plan de
amortización, a la propia Ley Orgánica General Penitenciaria,
a la participación que debe haber entre los distintos agentes
que han de intervenir en la transformación del sistema
penitenciario español, lógicamente teniendo como mira --lo
decía antes en mi intervención-- y como objetivo fundamental
la reeducación y la reinserción social, dos objetivos que
ahora mismo d elementos esenciales que vinieran a favorecer
una política de progreso en el ámbito de las instituciones
penitenciarias.
El Partido del Gobierno se ha instalado en una
política que deja mucho que desear y que, desde luego, se
aleja del objetivo fundamental y esencial de la reeducación y
de la reinserción.
Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos
convencidos de que es posible hacer una transformación a fondo
del sistema penitenciari política de progreso, como estamos
proponiendo. Lo que nos extraña sobremanera es que desde el
partido del Gobierno, con la realidad que hoy se vive en el
seno de nuestras cárceles, haya una negativa permanente a
realizarlo. Por esa negativa desde el partido del Gobierno es
por lo que nosotros, en el hoy, en el aquí y en el ahora,
desde nuestras enmiendas a la moción que presenta el Partido
Popular, vamos a favorecer que se propicie desde esta Cámara
esa reforma necesaria, que ustedes están negando, de las
instituciones penitenciarias.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Como ya dijimos en la presentación de la interpelación, nos
parece que esta ha sido oportuna porque, de alguna manera, lo
que ha hecho ha sido reabrir un debate celebrado durante la
anterior legislatura sobre la situación penitenciaria.
Evidentemente es un problema complejo, un problema que
preocupa a todos los grupos parlamentarios, y a algunos más
porque damos soporte a un Gobierno, como es el caso de
Convergència i Unió en Cataluña, que es competente en todo lo
que hace referencia a la administración penitenciaria.
Decíamos en el debate de la interpelación que hay que
reconocer de entrada, para situarnos y entender cuál va a ser
nuestra posición hoy, que la situación penitenciaria española,
en cuanto a su gestión desde el punto de vista de la
Administración, ha mejorado desde la creación de la Secretaría
de Estado. Evidentemente existe un grave problema de
masificación, problema que no es imputable en su totalidad a
la administración penitenciaria, pues de todos es conocido el
aumento que hay a diario de la población reclusa por el
incremento de los delitos y por la eficacia, entre otras
cosas, de la actuación policial. Dicha masificación dificulta
enormemente las políticas que han de llevarse a cabo para
terminar con ella, que es la que hace difícil, a su vez, que
se puedan aplicar con toda su extensión los programas de
reinserción. Pero para que pueda ser posible empezar a sentar
las bases que permitan acabar con la masificación --que entre
otros problemas significa una importante dotación
presupuestaria--, es imprescindible alcanzar un amplio
consenso político. Esto lo dijimos en la fijación de posición
cuando se presentó la interpelación. También decíamos y nos
quejábamos de que el mismo tono que el Grupo Popular el día de
la presentación de la interpelación --y que ha utilizado hoy--
era utilizado también en el Parlamento de Cataluña por el
Partido Socialista, lo que dificultaba enormemente lograr el
consenso mínimo necesario que haga posible que todas las
administraciones que tienen que estar comprometidas para
intentar resolver estos problemas --porque aquí también entra
en juego la Administración municipal-- participen de un amplio
consenso que debe empezar en esta Cámara.
Por esta razón es por la que he de decir que si bien nos
hubiese gustado --y así lo dijimos en la interpelación-- votar
afirmativamente con el conjunto de la Cámara esta moción, nos
va a ser muy d la situación penitenciaria, que implica otras
cuestiones además de lo que es pura y simplemente la
administración penitenciaria (habría que hablar de reformas de
textos legislativos como podría ser la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, o habría que hablar, como de hecho dijimos en el
debate, de la reforma del Código Penal, mecanismos a través de
los cuales hay que introducir políticas activas que ayuden a
un tratamiento distinto de delitos de menor cuantía), digo que
para conseguir este consenso político nos parece que no es el
método más adecuado presentar una moción de tantos puntos que
intenta resolver, en un debate de un cuarto de hora, un tema
tan complejo como el de la masificación, que para nosotros es
el fundamental de los que existen hoy en nuestras cárceles. Es
difícil en un debate tan corto poder introducir toda una serie
de aspectos, que habrá que introducir cuando se debata el
Código Penal (ya se había hecho en la anterior legislatura en
el trámite de Ponencia), de políticas más activas en el campo
de la reinserción, del tratamiento de menores, por ejemplo, o
de la redención de penas por el trabajo. Insistimos en que, en
una moción tan corta, dejar el tema en que se inste al
Gobierno a que en tres meses haga una serie de cosas dificulta
alcanzar un consenso político que es, repito, imprescindible
para sentar las bases para una dotación presupuestaria
suficiente a fin de cumplir el plan de amortización y creación
de nuevos centros, que, a nuestro juicio, es un buen plan que
hay que terminar y en el que hay que seguir insistiendo. Sin
este consenso político --repito-- va a ser muy difícil que
podamos comprometer tanto a las fuerzas parlamentarias como a
las demás administraciones implicadas para sentar las bases
que nos ayuden a resolver un grave problema, como es el de la
masificación, que va a más, porque el incremento de la
población reclusa no sólo no disminuye sino que aumenta.
Por tanto, insistimos en que desde nuestro punto de vista el
debate es oportuno. Hemos situado de nuevo en esta legislatura
el debate del tema penitenciario. Espero
que cuando el
Gobierno presente el nuevo proyecto de Código Penal sigamos
con este debate. Pero, por supuesto, sin un mínimo de sosiego,
sin un mínimo de buscar puntos de coincidencia entre todas las
fuerzas parlamentarias va a ser difícil que podamos, entre
todos, intentar sentar las bases para resolver este problema.
Entendemos que hoy no se ha dado un buen paso para lograr este
consenso y por esa razón nuestro Grupo Parlamentario votará
que no a la moción porque, por otra parte, las enmiendas que
hasta ahora hemos escuchado tampoco van en la línea de buscar
este amplio consenso que facilite --repito-- comprometer a
todas las fuerzas políticas para abordar este grave problema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pérez
Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, estaba yo sin saber cuál era la razón por la que el
Grupo Popular había presentado esta moción y la intervención
del Diputado señor Gil Lázaro lo ha aclarado al decirnos que
se debe fundamentalmente al texto de una sentencia, acabada de
dictar, que califica a alguna prisión como un nido formativo
de delincuencia violenta. Supongo que esto será una mera
justificación porque ustedes han venido presentando, a lo
largo del tiempo, distintas mociones o interpelaciones sobre
estos temas penitenciarios.<ð A mí me parece intolerable --
dicho en términos parlamentarios-- que se aproveche el tema
penitenciario para hacerlo objeto de discusión política, ya
que está especialmente bien tratado en nuestro país. Es una
desgracia que toda sociedad tiene y que no debe ser objeto de
discusión política, sino que toda Administración debe poner
las bases par sobrellevarlo de la mejor manera posible. Eso es
lo que ocurre en nuestro país.
El primer planteamiento que tenemos que hacernos es a quién
introducimos en prisión. En España existe un índice de
delincuencia, por el que nos vemos obligados a introducir a
gente en prisión, especialmente bajo. Actualmente existen
46.000 personas en prisión, es decir, aproximadamente un 1,1
por cada 1.000 ciudadanos. En Estados Unidos, por ejemplo, se
ha pasado ya del millón de presos; o sea, que hay un preso por
cada 250.000 ciudadanos. Es decir, que la cifra que tenemos es
especialmente baja, lo mismo que ocurre si, comparamos nuestro
número de presos con el de cualquier país europeo. Por eso la
situación, desde ese punto de vista, no es negativa.
Manejaba usted el dato erróneo de que hay 12.000 presos
preventivos. Hay más de 12.000 presos preventivos. Hay una
ratio de dos presos en cumplimiento de condena por un preso
preventivo. Pero usted debía saber, señor Gil Lázaro, que hace
20 años la hipótesis era absolutamente la contraria: había dos
presos preventivos por cada preso cumpliendo condena. Y
gracias a las modificaciones legislativas en materia procesal
penal y en materia sustantiva penal, gracias a la entrada en
vigor de la Constitución y la presunción de inocencia y
gracias a la práctica judicial, en este momento existe un
número pequeño de presos preventivos. Este número
probablemente no se puede bajar porque hay personas
presuntamente culpables de delito que, con arreglo a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 503 y 504, el juez
instructor no tiene más remedio que internar en una prisión
con anterioridad a la fecha de su juicio. Quiero decirle,
además, que la modificación de esta ratio ha sido posible en
parte debido a la modificación procesal penal efectuada en la
llamada reforma Múgica, que puede tener otros problemas pero
que sin duda ha aligerado, ha posibilitado que los
procedimientos puedan llevarse con bastante rapidez.
Preguntaba usted qué hacíamos con los presos extranjeros. Pues
se lo voy a decir. En España hay unos 6.000 presos
extranjeros. El Fiscal General del Estado va a dictar las
oportunas circulares para tratar de lograr que la Ley de
Extranjería se lleve a la práctica. Sí, señor Gil Lázaro, lo
va a tratar de hacer, pero no se olvide que no lo tiene que
hacer el Fiscal General del Estado sino que lo pueden hacer
los tribunales, los magistrados y los jueces, y lo pueden
hacer ya, pero se va a tratar de que se haga para conseguir,
además, un objetivo fundamental, porque si la reeducación
entendemos que es uno de los fines primordiales de la pena,
qué duda cabe que el que un preso esté cerca de su familia, en
su contexto social en definitiva, ayudará a esta función de
reeducación, y por eso creemos que si los extranjeros
estuvieran en prisiones de su país podrían reinsertarse mejor
en la sociedad. Pero no olvide una cosa, que la mayor parte de
los presos de países pobres no quieren cumplir las penas en
sus propios países, a veces por las condiciones de sus
prisiones y a veces porque están comprendidos en más hechos
delictivos en sus países. Esta es la razón por la que muchos
de ellos prefieren cumplir las penas en España, porque las
prisiones españolas son mejores en ese aspecto que las
prisiones extranjeras. Por eso, a pesar de todo, el Fiscal
General del Estado va a tratar en una circular, de que los
fiscales en sus escritos de acusación y de conclusiones
definitivas, o posteriormente en la fase de ejecución de las
penas, insten al Tribunal a que recoja la expulsión para el
cumplimiento de la pena en el país de origen. Además, existen
convenios con otros países para el cumplimiento de la pena,
incluso en penas graves, no en penas menos graves, penas
superiores a seis años para que puedan cumplirlas en sus
países de origen. En definitiva, es un problema que vamos a
tratar de solucionar en lo posible.
Se ha referido usted después a algo que deja caer con mucha
facilidad y que recogía también la representante
de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya: el hacinamiento en las
cárceles. Es una especie de tópico que se deja caer para hacer
una especie de incendio. El problema del over booking en las
cárceles, de más personas que las que están pr países
occidentales con más gravedad que en España. En España la Ley
General Penitenciaria estableció que debe hacer una celda
individual para cada persona. En estos momentos tenemos
aproximadamente unos 130 presos por cada 100 plazas de
ocupación en celda individual; es decir, tenemos un déficit de
30. Eso se quiere subsanar de una determinada forma con el
plan de amortización y creación de nuevas plazas, que usted ha
dicho que le parece un plan que está en crisis y que en el
próximo período de sesiones va a solicitar su modificación.
Mientras no nos digan ustedes qué modelo quieren, resulta que
el modelo que está llevando a cabo en este momento la
Administración central ha sido recogido también por la
Generalitat catalana, que está haciendo el mismo plan, y ha
sido recogido también por infinidad de países porque es un
plan que abarata los costes, aligera la seguridad, mejora los
servicios hospitalarios, educativos, de reinserción que se
pueden dar, y ya nos gustaría que usted nos hubiera dicho otro
modelo. Si nos hubiera dicho otro modelo, podríamos llegar a
pensarlo. Lo que no se puede es seguir manifestando ese tópico
incendiario del hacinamiento porque nunca en las prisiones
españolas, señor Gil Lázaro, nunca se estuvo con menos over
booking, con menos número de presos por p ha podido aligerar.
Ahora no quiero mencionarle las declaraciones que han hecho
miembros de su Grupo porque tendría que hacer una enumeración
«in extenso», pero sabrá usted perfectamente que muchos
ayuntamientos están poniendo trabas y dificultades para la
creación de las cárceles. Esto es lo que ha evitado que vaya
el plan un poco más rápido. Le diré a usted que desde el año
1991 se han creado y se han puesto en funcionamiento prisiones
en Navalcarnero, en Valdemoro, en Picasent, la segunda fase,
en Villabona y en Melilla. El plan pretende la creación de 18
nuevos centros. Se dispone ya de terrenos en Dueñas y en
Curtis. No le quiero leer todos porque si no agotaría mi
tiempo, que ya es escaso.
En definitiva, creemos que con su ayuda, con la ayuda de su
Grupo en los ayuntamientos tendríamos menos dificultades para
conseguir licencias
arreglar este problema un poco mejor. Si le leyese las
declaraciones que han hecho miembros de su Grupo oponiéndose a
la creación de cárceles, tendría que poner el calificativo de
los culpables, en este caso sí, de ese hacinamiento.
Dice usted después en varias ocasiones que los presos, en
definitiva, hay que tratarlos bien, hay que proponer medidas
de reeducación y de rei Efectivamente.
Señala en su primer punto de la moción, de los catorce que hay
que tiene que haber intervención judicial. Pues hay
intervención judicial en este momento: sobre la duración de la
condena, artículo 76 c), que la establece el juez de
vigilancia penitenciaria; sobre paso de los reclusos al
régimen cerrado, que lo establece la Ley General Penitenciaria
en su artículo 76.j); sobre las reclamaciones de los internos
ante sanciones disciplinarias, artículo 76 e); sobre los
recursos referentes a la
clasificación inicial y progresiones, artículo 76 f); sobre
las peticiones y quejas de los internos, juez de vigilancia
penitenciaria, artícu de las sanciones de aislamiento,
artículo 76 d). No le leo más por no cansarle.
En definitiva, convendrá usted conmigo en que pocos regímenes
penitenciarios están tan controlados por el juez de vigilancia
penitenciaria como es el caso español.
Posteriormente señala usted que por parte del Gobierno se
presenten una serie de informes, y nos da dos, tres, cuatro
meses. Para su tranquilidad le voy a anunciar que en el plazo
de 24 horas se va a traer por parte del Gobierno a esta
Cámara, a través del Registro General, los informes que usted
solicita en su moción, en los puntos 2, 3, 8, 9 y 10. No será
en los plazos de tres o cuatro meses, sino en 24 horas tendrá
usted a su disposición, tendrá toda la Cámara a su disposición
los informes que solicita.
Los puntos 11 y 12 de su moción se refieren a los
funcionarios. Debo decirle se han incrementado, según los
datos que se tiene en Instituciones penitenciarias, los
«ratio» de juristas y psicólogos. En 1992 se incorporaban 19
psicólogos y 27 juristas. En 1993 está en estudio incorporar
13 psicólogos y 8 juristas. Para 1994 se pretende seguir así,
con la autorización del Gobierno.
Y posteriormente, para arrimar el ascua a la sardina, en el
punto 12 hace una afirmación que se convierte en un sofisma
que usted deja caer di funcionarios están desmotivados. No sé
de dónde saca usted que los funcionarios están desmotivados.
Eso me supongo que es una especie de «obiter dicta» que lanza
a la Cámara para ver qué pasa. No están desmotivados, o por lo
menos nosotros creemos que no están desmotivados.
Existe una importante relación con los funcionarios, con sus
representantes, con los sindicatos que, dado lo que me excedo
del tiempo, no se lo voy a poder enumerar.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Mariño, le ruego concluya.
El señor PEREZ MARIÑO: Termino.
Por último, señala usted --quedan dos-- que remitamos un
programa global de acuerdo con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. A esto no nos
podemos comprometer porque suplantaríamos la voluntad de estos
órganos.
Por último, sobre lo que solicita usted de los permisos para
visitar prisiones, sepa que tiene todos los permisos que
quiera. Tenemos aquí la
miembros de esta Cámara del Partido Popular que en los años
1991 y 1992 visitaron prisiones. Son escasos. Le puedo
facilitar la relación de todos ellos. Son unas 10 personas y
unas 15 visitas aproximadamente. Por tanto, si no establecemos
un régimen más abierto es porque
probablemente, señor Gil Lázaro, pudiera ser aprovechada esta
concesión o esta apertura para que justamente se realizasen
visitas por parte de algunos parlamentarios que no vienen con
asiduidad a esta Cámara y que, sin duda, usted habrá entendido
quiénes son.
Señor Gil Lázaro, un paisano suyo, en 1834, el Coronel
Montesinos (debía usted conocerlo, porque es de su tierra, de
Valencia), cuando le nombraron Comandante de la prisión de
Valencia, creó el primer régimen de apertura en prisiones.
Nosotros, aunque han pasado ciento y pico años, seguimos con
aquel método que él puso en práctica en el Convento de San
Agustín, y que es un método que trata de cumplir dos o tres
objetivos fundamentales: que la sociedad introduzca en prisión
el menor número posible de personas, que se las trate, una vez
allí, de la mejor manera posible, que se cumpla la función de
reeducación y reinserción y que, en definitiva, trate de
recuperar las conductas desviadas que toda sociedad genera.
Pero no nos eche a nosotros la culpa de que la sociedad genera
conductas desviadas, porque eso es realmente un
aprovechamiento político de lo que debería ser un acuerdo
entre todo el mundo. No discutamos aquí, con grandes
algarabías, este problema penitenciario, cuando no es un
problema que vaya a más y cuando el tratamiento que se le da
al problema penitenciario desde el Gobierno socialista es el
más adecuado de los posibles en las condiciones actuales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Mariño.
A los simples efectos de expresar la aceptación o rechazo de
la enmienda defendida por el Grupo de Izquierda Unida.
Tiene la palabra, señor Gil Lázaro.
Le repito, señor Gil Lázaro que no es un turno de réplica a
las intervenciones.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente, a los solos
efectos señalados por su señoría.
En relación con las enmiendas que formula el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, nosotros tenemos que decir que, evidentemente,
tanto la señora Aguilar, como yo, como su Grupo y el mío,
debemos estar fuera de la realidad.<ð Dicho esto, en virtud
de que no podemos tratar aquí políticamente determinados
temas, según se nos dice, tenemos que señalar que al punto 2
de nuestra moción vamos a aceptar la enmienda de supresión que
nos propone, aunque, señora Aguilar, en el sentido de ese plan
de lucha contra el tráfico y consumo de droga en el interior
de las prisiones, nosotros lo entendemos vertebrado desde un
punto de vista preventivo, efectivamente, para que pueda
cumplir esa finalidad. No obstante, hecha esta precisión de
sentido, admitimos la enmienda de supresión.
Vamos a admitir también la enmienda al punto 4, entendiendo
que la expresión que consigna la propuesta de Izquierda Unida
refuerza el sentido de nuestra propuesta inicial.
También vamos a admitir la enmienda al punto 8, bien entendido
(o al menos nosotros así lo entendemos) que su enmienda sí que
mantiene la referencia «in fine» que nosotros hacemos a ese
valor derecho-deber del trabajo en el interior de los
establecimientos.
Vamos a aceptar también la enmienda al punto 11 en cuanto a
las sustituciones que usted propone en el texto, diciendo lo
mismo que antes señalábamos: que nos parece indispensable,
dada la realidad interior de nuestras prisiones, dotar a los
equipos de observación y tratamiento de esas plazas de
especialistas en el seguimiento de determinadas personalidades
de carácter psicopático. Su señoría propone la su referencia y
nosotros vamos a aceptarlo, entendiendo que esa solicitud de
que se cubran las plazas de especialistas, todavía vacantes,
va a incluir, en una referencia de sentido, a estos
especialistas que nosotros señalamos, por cuanto su necesidad
es obvia.
Y, desde luego, vamos a admitir también la enmienda al punto
12, cuando usted hace referencia a que nuestra expresión
«diálogo permanente con est nosotros vertebrábamos una
acepción mucho más amplia, en la que, desde luego, y con
carácter protagonista--cómo no-- está incluida, en primer
Hemos dejado para el final la enmienda de modificación que
S.S. y su Grupo nos propone al punto 1. Nosotros no podemos
admitir esta enmienda en los términos estrictos de enmienda de
modificación, por cuanto que cambiaría sustancialmente el s
moción. Nosotros ya dijimos en el trámite de la interpelación,
y hemos recordado hoy aquí, que, desde nuestro punto de vista,
el inicio, el punto de partida tiene que ser una revisión del
ordenamiento general penitenciario en aquellos aspectos que
aconseja la experiencia, que aconsejan las demandas de los
profesionales y retomando, además, el sentido de la moción
aprobada unánimemente en esta Cámara, en la sesión del 9
de febrero de 1993, por cierto, como consecuencia de una enmienda
del Grupo Socialista, en donde se instaba al Gobierno a que se
iniciara este proceso de reforma en el ordenamiento general
penitenciario y, como he recordado antes, establecía además un
plazo de dos meses para el inicio de este proceso de reforma.
Sin embargo, señora Aguilar, nosotros entendemos, y se lo
ofrecemos transaccionalmente, que su enmienda llamada de
modificación al punto 1, nosotros la podríamos aceptar, sin
lugar a dudas, porque no variaría el sentido de nuestra
moción; podríamos aceptarla como enmienda de adición, como
enmienda originadora de un nuevo punto en esta moción, porque
habría una plena relación de sentido entre esa necesidad de
proveer cambios en el ordenamiento general penitenciario, que,
insisto, esta misma Cámara aprobó hace unos meses, y al mismo
tiempo, esta situación que usted afirma de principios en la
orientación de la actuación de la administración penitenciaria
precisamente dirigida a preservar, como también es nuestra
intención, ese modelo reeducacional.
Yo creo, señora Aguilar, que, efectivamente, como usted y yo
decíamos, hemos hecho un esfuerzo por acercar posiciones y
creo que las hemos acercado. No estamos haciendo un discurso
estrictamen de lo que se trata es, en definitiva, de atender a
una realidad doliente que está muy viva en el tejido
penitenciario. Querer disfrazar otras consideraciones para
descalificar estas propuestas, es, en todo caso, como yo estoy
seguro que S.S. y yo coincidimos, intentar nuevamente dar la
espalda al problema. Pero esa será responsabilidad de otro
Grupo; ni la suy Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
¿Señora Aguilar? ¿Acepta la transacción al punto 1?
(Asentimiento.) Por tanto, se entenderá como una enmienda de
adición a este punto 1.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
¿Señor Gil Lázaro?
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, entonces entiendo que
la señora Aguilar acepta nuestra transaccional como enmienda
de adici nuevo punto en la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo
Popular en los términos resultantes de la aceptación parcial
de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 136; en contra, 156; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.