CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 634
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 51
celebrada el jueves, 30 de noviembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Debate y aprobación, en su caso, del Informe de la Ponencia encargada de
abordar el estudio y seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos
en carretera por la práctica del ciclismo, sus causas y recomendaciones
para la prevención y corrección de los mismos, haciéndola extensiva a
otros elementos débiles del tráfico. (Número de expediente 154/000016)
(Página 19172)
Proposiciones no de ley:
--Sobre medidas organizativas y presupuestarias en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000661) (Página 19177)
--Sobre el servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos.

Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000589) (Página 19183)
--Sobre patrimonio cinematográfico español. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000632) (Página 19187)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




--DEBATE Y APROBACION, EN SU CASO, DEL INFORME DE LA PONENCIA ENCARGADA
DE ABORDAR EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO
OCURRIDOS EN CARRETERA POR LA PRACTICA DEL CICLISMO, SUS CAUSAS Y
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION Y CORRECCION DE LOS MISMOS, HACIENDOLA
EXTENSIVA A OTROS ELEMENTOS DEBILES DEL TRAFICO. (Número de expediente
154/000016.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Vamos a comenzar la sesión de hoy, que tiene dos partes. En primer lugar,
el debate y votación del informe de la Ponencia encargada de abordar el
estudio y seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos en carretera
por la práctica del ciclismo; en segundo lugar, el debate y votación de
unas proposiciones no de ley.

De acuerdo con la petición formulada por alguno de los grupos, propongo a
la Comisión que las votaciones se realicen todas después de agotar el
orden del día. ¿Hay algún inconveniente?



El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, ¿el informe de la Ponencia
también se vota al final de todas las proposiciones?



El señor PRESIDENTE: La propuesta que hacía era realizar todas las
votaciones al finalizar el orden del día.




El señor RIOS MARTINEZ: De acuerdo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para presentar el informe de la Ponencia, tiene la
palabra el señor Martín del Burgo.




El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a informarles de cuál ha sido la cronología de esta
iniciativa parlamentaria tan singular como necesaria y apropiada. El 21
de septiembre de 1994, el Grupo Parlamentario Socialista presentaba en el
Registro de la Cámara una proposición no de ley relativa a la
constitución de una ponencia para estudiar los accidentes de tráfico
ocurridos por la práctica del ciclismo. El 13 de diciembre de 1994 el
Pleno de la Cámara, por unanimidad, acordaba la constitución, en el seno
de la Comisión de Educación y Cultura, de una ponencia encargada de
elaborar el estudio y seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos
en carretera por la práctica del ciclismo, sus causas y recomendaciones
para la prevención y corrección de los mismos, haciéndola extensiva a
otros elementos débiles del tráfico. Esta última incorporación, ampliando
el campo de actuación política de la ponencia, surge como fruto de una
enmienda transada entre el Grupo Parlamentario Catalán y el Grupo
Parlamentario Socialista, autor de la iniciativa primigenia.

La Ponencia celebró su sesión constitutiva el 21 de febrero del año en
curso, estando integrada por todos los grupos parlamentarios
representados en la Cámara. Asimismo, la Ponencia en su primera reunión,
y por unanimidad, acordó designar a este Diputado como
relator-coordinador de la misma. Quede constancia del reconocimiento de
mi grupo, y el mío propio, por la confianza depositada, el apoyo recibido
y la colaboración a lo largo de casi un año de denso trabajo. Mis mejores
palabras para el Letrado que asistió a la Ponencia en los aspectos
jurídicos, el señor Arnaldo Alcubilla.

Metodología y áreas por objetivos. El informe que hoy presentamos,
señorías, para dictamen favorable, si procede, de la Comisión de
Educación y Cultura, ha sido vertebrado en función de tres vertientes:
una fase informativa, un examen de documentación y bibliografía y visitas
como trabajo de campo. Casi un centenar de personalidades y
representantes directos o afectados del sector deportivo --léase ciclismo
y de la seguridad vial-- ha ilustrado a los parlamentarios de la
Ponencia. Así, desde autoridades de las distintas administraciones hasta
lo más sobresaliente del pelotón español, que también lo es en el
concierto internacional, pasando por cualificados profesores
universitarios, representantes de empresas públicas, medios de
comunicación, clubes y peñas cicloturistas, por citar a algunos de los
comparecientes. Mención especial, no obstante, por lo que de exponente
genuino de conexión entre sociedad, sus intereses y preocupaciones, y
Parlamento, merece la entrega personal de 27.800 firmas de adhesión que
doña María Teresa de Palacios Salvador, viuda de cicloturista fallecido
en accidente de tráfico, realizó a la Ponencia y al Presidente de la
Comisión de Peticiones. La señora De Palacios ha sido promotora en
solitario de una campaña digna de encomio, a nivel nacional, bajo el
epígrafe y lema de «Basta de muertos en carretera», campaña en la que
solicita medidas para la protección de los ciclistas.

Presentado el borrador del informe por este Diputado, según es preceptivo
por el Reglamento de la Cámara, el citado documento, como columna
vertebral de las actuaciones que proponemos, ha sido objeto de
incorporaciones motivadas por los miembros de la Ponencia que, sin duda,
han matizado, perfilado y completado este ambicioso paquete de
recomendaciones que tienen por objeto, primero, frenar y, segundo,
reducir y paliar la siniestralidad del ciclista en su discurrir por vías
urbanas e interurbanas.

Señorías, los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico
reflejan el siguiente balance, nada halagüeño. Desde enero de 1990 a
agosto de 1995, arroja un total de 747 muertos y 16.192 heridos, todos
usuarios de bicicleta.

Vamos a entrar en el resumen de las recomendaciones que se proponen.

Pretendemos conformar la arquitectura de la seguridad vial, objeto de la
Ponencia, desde la ingeniería de la eficacia y la eficiencia a través de:
primero, una educación vial más acorde según cuatro bloques de actuación
y su desarrollo concreto, atinentes al sistema escolar y a la formación
de autoescuelas.




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Segundo, nuevos comportamientos viales en carreteras y vías urbanas, en
la perspectiva y horizonte de una seguridad vial del siglo XXI,
desarrollando cinco programas para subvertir la inapropiada, por superada
en el tiempo, cultura vial de nuestro país, que data de los años treinta,
fecha en la que se aprobaba el extinto, en parte, Código de Circulación y
que viene a decir algo así como que la carretera está diseñada para los
automovilistas y el resto de los que discurren por ella son considerados
como elementos extraños. Por tanto, proclamamos la necesidad de adaptar
el Real Decreto legislativo sobre Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial de 1990 y el Reglamento de
circulación a esta realidad emergente de la práctica del ciclismo.

Supone, señorías, este apartado varias decenas de medidas, entre ellas
las campañas divulgativas y disuasorias, la circulación en paralelo, la
protección con vehículos de las marchas cicloturistas, las tutelas del
menor o la nueva distancia de seguridad que se propone.

Tercero, un capítulo dedicado a las infraestructuras y las acciones
pertinentes para adecuar y mejorar nuestras vías y, en su caso,
complementarlas con itinerarios y carriles propios para la práctica del
ciclismo. Se persigue diseñar paulatinamente itinerarios más seguros para
ciclistas y, por ende, para automovilistas o motoristas. Aproximadamente
hay una quincena de recomendaciones concretas. Entre ellas citamos la
utilización de vías en desuso de ferrocarril --hay más de 3.000
kilómetros de esta naturaleza que pueden ser puestos a disposición de
esta modalidad deportiva mediante convenios con las distintas
administraciones--, o las carreteras preferentes, fundamentalmente las
secundarias, para los fines de semana, como contrapartida a, quizá, la
prohibición de que los ciclistas deambulen y discurran por determinadas
carreteras que soportan tráficos pesados y tráficos muy densos.

Cuarto, unas medidas de seguridad y de garantía como cobertura y
cauciones para el deportista practicante del ciclismo, el seguro para
ciclistas, el uso del casco protector, la seguridad pasiva de la
bicicleta, indumentaria, licencias federativas, la guía del ciclista,
identificación, etcétera.

Quinto, la participación de representantes genuinos del sector en el
Consejo Superior de Tráfico y sus homónimos territoriales para una mejor
seguridad vial desde una perspectiva más amplia y más completa.

Sexto, como paquete de desarrollo, el uso de la bicicleta en otros
espacios, la modalidad del ciclismo por caminos y zonas de montaña como
uso alternativo y complementario al tradicional.

Séptimo, la protección del peatón y, octavo, la presencia de patinadores
en zonas urbanas.

El informe, señorías, va acompañado de una introducción, de un análisis
de la situación actual y de una serie de cuadros y gráficos ad hoc
solicitados por la Ponencia y facilitados por la Dirección General de
Tráfico, entre ellos la cuantificación por provincias del número de
accidentes y sus víctimas mortales, referidos a usuarios de bicicleta
desde 1990 a agosto de 1995, y otros relativos a indicadores en la
materia. Todo ello, señorías, respetando en todo momento el principio
básico de que la carretera es de todos, de automovilistas y de ciclistas,
protegiendo al más débil, al ciclista, por aquello de que el ciclismo es
duro y el ciclista frágil en su pedalear.

Más de 80 comparecientes, señorías, también en esta dirección, han
asistido a ilustrarnos con sus comentarios, con sus diálogos, con sus
opiniones y casi un centenar de recomendaciones que son las que
presentamos hoy en esta Comisión parlamentaria de Educación y Cultura.

Este trabajo, señorías, hace historia en el Parlamento dentro de los
trabajos de la Cámara al tratar de situar en la avanzadilla de
iniciativas similares --muy escasas, por cierto, en los países de nuestro
entorno-- la seguridad vial en su dimensión deportiva, la del ciclismo.

Ciclismo español que vive sus años dorados y más brillantes con un efecto
estimulador hacia el deporte base.

Termino, señorías, señor Presidente. Los aproximadamente 700.000
practicantes de esta bella y esforzada modalidad deportiva de ocio y
locomoción que en fines de semana deambulan y discurren por las
carreteras de nuestro país nos inducen a manifestar aquello de que las
bicicletas en España han dejado de ser un vehículo estacional y, por
tanto, las bicicletas no solamente son para el verano.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Al informe de la Ponencia ha sido presentado un
texto con seis enmiendas por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Con fin de que después los grupos, al
fijar su posición sobre el informe, puedan también hacerlo en relación
con las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, en
primer lugar tiene la palabra el señor Ríos, tanto para defender las
enmiendas como, si quiere, consumir ya el turno de posicionamiento
general sobre el informe.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que la voluntad del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, más
que enmendar un trabajo en el que hemos sido copartícipes, es precisar
algunos de los temas que plantea el texto. Por tanto, voy a hacer uso de
la recomendación que me ha hecho el Presidente y referirme a estas
enmiendas, muchas de ellas meramente de redacción, algunas de mayor
precisión, que ya he comentado con el propio Presidente en el trabajo de
la Ponencia. Estoy convencido de que llegaremos a un consenso sobre
ellas. No tienen, por tanto, la finalidad de enmendar un trabajo del que
hemos sido copartícipes en el sentido de invalidar el esfuerzo común
realizado; al revés, simplemente ultimar la precisión que no pudimos
hacer en trámite de Ponencia, puesto que no pudimos asistir a esa fase.

En todo caso, señor Presidente, me gustaría hacer dos comentarios previos
a lo que ha sido el trabajo prolijo de una ponencia que ha contado con
más de cien comparecencias. Tengo que reconocer, señorías, que esta gente
que no pertenecía al mundo en el que yo me he movido --la actividad
parlamentaria o la propia personal-- y me ha llevado a simpatizar con un
medio de transporte como es la bicicleta, cuyo uso cada vez es más
importante en los sectores jóvenes, tanto a la hora de moverse en la
ciudad como entre las ciudades y también para su ocio personal. También



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me ha permitido acercarme a los profesionales. Para mí ha sido muy grato
compartir tres sesiones con profesionales y con directores de los grupos
de profesionales, pues al final los ídolos que aparecen en la pantalla de
televisión son normales, de carne y hueso como nosotros, y tienen los
mismos problemas que nosotros estábamos discutiendo. La verdad es que en
todas y cada una de las aseveraciones y propuestas que nos iban haciendo
a lo largo de la ponencia eran reincidentes, lo que luego desembocó en la
propuesta de un texto que nuestro Presidente fue haciendo y en el que
coincidimos todos. Es verdad que algunos temas fueron controvertidos y no
quiero pasar por encima de ellos.

El tema más grave fue el crecimiento de los accidentes. En una etapa
determinada fueron decreciendo, pero a primeros de año se han
incrementado. La Ponencia recoge toda una serie de datos que nos acercan
al modo en que se producen los accidentes, a la manera en que se ven
afectadas las personas que van en bicicleta, víctimas en la carretera o
en la ciudad. No es que sea --cómo diría yo-- gratificante, pero el
volumen mayor que se detecta no es por infracción del ciclista. El
problema que se presenta es la manera de compartir las infraestructuras
por las que circulamos todos juntos, los que en un momento determinado
vamos en bicicleta y en otro momento vamos en coche. La mayoría de estos
accidentes no han sido provocados por la acción del ciclista, sino más
bien por ser un objeto extraño en la carretera.

Los siguientes motivos que han provocado los accidentes son la conducción
distraída o desatenta y el desconocimiento de las normas de tráfico. El
mayor porcentaje de accidentados son personas menores de 17 años.

Lógicamente, el conocimiento de las normas de tráfico no es lo más
importante. Al producirse una colisión con vehículos de tracción mecánica
siempre paga el más débil, y el más débil es el ciclista. Esta es una
realidad que yo viví en mi etapa municipal del 1979 a 1983. Mi
responsabilidad fue de tráfico y transporte, y me ha servicio para
recuperar una discusión importante que entonces teníamos: que el sector
más débil de los accidentes de tráfico son los peatones y los ciclistas
en volumen importante.

¿Cuál ha sido la voluntad de Izquierda Unida en el trabajo de la
Ponencia? Lograr un informe bueno y efectivo para comprometernos a todos
en cuatro grandes medidas, a las administraciones públicas y a la
ciudadanía en general. Tienen que tomar conciencia de esto no sólo las
administraciones públicas. No es cuestión de pedir las comunidades
autónomas al Gobierno que lo solucione a nivel central, desde la
Dirección General de Tráfico, sino que nos tenemos que implicar todos los
ciudadanos que circulamos por las carreteras. Nuestra voluntad, por
tanto, fue la de llegar a unas conclusiones comunes.

Nuestras enmiendas van dirigidas a precisar algunos términos. Por ejemplo
en el apartado c), que habla de las infraestructuras, pedimos dar
prioridad a unas actuaciones sobre otras; cuando intentamos buscar la
financiación necesaria, precisamos que las obras nuevas de carreteras que
se vayan a acometer ya recojan esas previsiones en el futuro y cuando se
diseñe una carretera se piense que no solamente los coches van a pasar
por ella, sean autovías, carreteras de primer orden o de segundo orden.

Pretendemos obligar a las administraciones a que, cuando se plantee, haya
la posibilidad de un uso compartido o facilitar ofertas que puedan ir
separadas, puesto que hemos comprobado que el uso compartido, si en la
medida de lo posible está diferenciado y separado, aunque no sea con
elementos excesivamente agresivos, favorecería la disminución de los
accidentes. La cuarta enmienda hace referencia a la conservación y a la
limpieza de los arcenes. Reiteradamente todos nos han venido a decir en
la Ponencia que ellos pueden circular mejor o peor, ir en paralelo,
llevar casco o no llevar casco, pero el problema es que cuando se meten
en un arcén, más que un arcén se encuentran un camino de obstáculos con
vidrios, piedras, etcétera. Por ello, invertir en limpiar y en conservar
es rentable, y en nuestro país ya empieza a ser una realidad. Hemos
construido muchos kilómetros de carretera. Ahora hay que conservarlos.

Sobre esto hay que hacer un llamamiento a todas las administraciones
afectadas. Todas las administraciones deben comprometer sus recursos en
partidas de conservación. La enmienda número 5 hace referencia a la
confección por las federaciones de una guía. Nosotros nos hemos
encontrado con una guía del ciclista que se repartía en el año 1983,
editada por la Dirección General de Tráfico, donde se recogían las normas
fundamentales de circulación del ciclista, las condiciones de la
bicicleta, algunas normas de tráfico. Creemos que esto obliga también a
la Administración, no solamente a las federaciones. Y como hay un pulso
respecto a si las federaciones tienen recursos o no, comprometamos a las
administraciones: la Dirección General de Tráfico a nivel central y las
comunidades autónomas a nivel de la responsabilidad que pudieran tener.

La última enmienda se refiere a la no reiteración del tema del
carril-bici en ciudad.

En suma, como se darán cuenta el señor Presidente y SS. SS., no son
enmiendas que entren en el fondo, sino que simplemente continúan la
reflexión que tuvimos en Ponencia. ¿Qué nos gustaría resaltar?
Fundamentalmente que las conclusiones de la Ponencia tienen la voluntad
de dirigirse, primero, a medidas de educación vial. No hemos ido a lo
fácil, a las actuaciones que deben tener los ciclistas o a las
actuaciones que debe tener la Administración. Toda la sociedad debe
mejorar su conducta en la propia carretera: los parques infantiles, el
concepto de la seguridad vial de forma transversal en el sistema
educativo, las campañas de información. El Presidente ha insistido a los
comparecientes, sobre todo las personas que pueden ser un ídolo, un
líder, para que se comprometan en campañas de difusión, puesto que
siempre ayuda su participación. Pedimos también que en las autoescuelas
no sólo se enseñe a conducir coches, también bicicletas.

El segundo gran compromiso de la Ponencia ha sido la seguridad vial, las
campañas divulgativas, la bicicleta en el medio urbano. Hay que reconocer
que aquí están implicadas todas las administraciones, no solamente la
Administración central. Por tanto, nuestras recomendaciones van dirigidas
también a los ayuntamientos, respecto a cómo debe producirse el tránsito
urbano, una cultura vial, etcétera.




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En las páginas 36 y 37 del informe de la Ponencia podemos ver con mucho
detalle las características de la salida en grupo de ciclistas, la salida
individual, los grupos reducidos, etcétera. En suma, hemos bajado a un
detalle importante. La Ponencia no se ha quedado sólo en declaración de
intenciones. Hemos ido a precisar nuestros compromisos, algunos de ellos
controvertidos. En algunos temas como el del casco, el de la circulación
en paralelo, hemos intentado consensuar para no entrar en colisión,
porque no se puede imponer una norma. Mala norma es la que se impone por
decreto porque luego no es efectiva. Hemos visto cómo incluso el tiempo
ha ido haciendo normal las cosas que en principio no lo parecían.

En relación con las infraestructuras hay dos grandes compromisos: que las
nuevas recojan determinadas actuaciones y que las viejas se dediquen a
conservación.

Por último, las medidas de seguridad. La verdad es que ya hay mucho
camino hecho. Se han ido indicando unas reglas de oro para sobrevivir en
carretera dirigidas a los profesionales. Pero yo quiero decir que en la
Ponencia hemos trabajado muchísimo pensando no sólo en los profesionales,
sino en los no profesionales del ciclismo. Los ciclistas nos decían que
ellos, aunque vayan solos y sean muy conocidos los accidentes que tienen,
dominan la máquina, saben conducirla y funcionarla, incluso cuando van en
grupo; que precisamente los que no dominan la máquina son los que más
riesgos tienen. Por tanto, las reglas u orientaciones para circular las
hacíamos pensando en lo que los profesionales llaman entrenamiento, en la
actuación individual, pero también pensando en los que no son
profesionales.

Termino, señor Presidente. El objetivo de nuestro grupo no es ni más ni
menos que constatar una cosa con la que me gustaría terminar mi
intervención. Yo creo que el parlamentarismo futuro va a empezar a jugar
un papel importante en la medida en que se conecte en directo con la
sociedad. El trabajo de esta Ponencia es uno de los ejemplos del trabajo
parlamentario no sólo en cuanto al impulso de leyes concretas o de
medidas de control del Gobierno, sino que, conectando con la sociedad y
la realidad que tenemos en la calle, desarrollando una investigación
exhaustiva de los elementos que pueden mejorarla y traducirla en
orientaciones o indicaciones a las distintas administraciones. Muchas de
estas indicaciones terminarán en reformas más o menos legales o
reglamentarias, otras con compromisos presupuestarios de las distintas
administraciones, pero yo creo que es un ejemplo a seguir esta iniciativa
parlamentaria que surgió de un grupo, el socialista, y que ha encontrado
el eco unánime de todos los grupos. Yo creo que esta experiencia abre un
camino positivo en el trabajo parlamentario, nos ha dado oxígeno en el
trabajo diario que, por regla general, no vemos en los despachos y que sí
hemos encontrado en la gente que ha comparecido ante la Ponencia. Y estoy
convencido de que las bicicletas van a ser para todo el año.




El señor PRESIDENTE: Una vez defendidas las enmiendas y fijada la
posición del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre el informe de la
Ponencia, ¿desea intervenir algún grupo parlamentario? (Pausa.)
Intervendrán los grupos de menor a mayor. En primer lugar, tiene la
palabra el señor Baltá, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor BALTA I LLOPART: Seré muy breve, señor Presidente.

El ponente de mi grupo que estuvo presente en la Ponencia, debido a que
un familiar muy cercano fue víctima precisamente de uno de estos
accidentes de carretera que queremos evitar, no puede hoy asistir a la
Comisión. Disculpado el señor Simó, paso a resaltar un trabajo muy
considerable, importante, singular, necesario y apropiado, como ha dicho
el señor Martín del Burgo, a quien felicito cordialmente porque sé el
interés que ha puesto en este tema.

Destacando el consenso que se ha producido en este informe, quisiera
concretar algunas cuestiones. Se ha dicho aquí que se debería incorporar
la enseñanza de la circulación en las escuelas, pues al observar las
estadísticas prácticamente la mitad de los accidentados son menores de 20
años. Por tanto, sería importante que en el mundo escolar se introdujera
algún tipo de enseñanza, sobre todo teniendo en cuenta que las
estadísticas ponen de manifiesto que la bicicleta es un vehículo que se
utiliza cada vez más, tanto en nuestras ciudades, donde la instalación
del carril para bicicletas es cada vez mayor, como en otras ciudades
europeas donde ya es una realidad incuestionable, casi un derecho
adquirido por la ciudadanía.

Señor Presidente, poco más quiero decir, simplemente reiterar la
complacencia con que hemos estudiado este informe y desear que se ponga
en práctica cuanto antes, sobre todo porque al observar los datos veo que
la comunidad que represento es donde se produce el mayor número de
accidentes. Comprenderá, señor Presidente, el interés de mi grupo, que
sería también el mismo aunque no ocurriese así.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Sanz.




El señor SANZ ESCALERA: El Grupo Parlamentario Popular quiere mostrar su
satisfacción tanto por la constitución de la Ponencia como por el trabajo
desarrollado y sus conclusiones. Nosotros estamos satisfechos porque en
el desarrollo de la Ponencia el coordinador, señor Martín del Burgo, ha
tenido siempre la flexibilidad y la tolerancia de admitir nuestras
sugerencias y, por consiguiente, incorporarlas al texto final. Por tanto,
no tenemos que hacer enmienda alguna al texto. Pensamos que las que
presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida son atinadas porque corrigen
aspectos gramaticales de las conclusiones y subrayan cuestiones que ya
están contempladas, aunque con menos precisión, y esperamos que también
sean aceptadas.

Esta Ponencia se constituyó como consecuencia del fallecimiento de un
deportista de elite del ciclismo al recibir un golpe con el espejo
retrovisor de un camión. Curiosamente los trabajos de la Ponencia han
terminado con la noticia del fallecimiento de otros dos ciclistas en el
carril para



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bicicletas de Alcobendas hace escasamente dos días. Las conclusiones de
los trabajos de la Ponencia creo que son un homenaje a lo que nosotros
llamamos los globeros. Es un homenaje porque es una preocupación del
Congreso de los Diputados hacia un hecho importante: la concurrencia de
ciclistas en la carretera cada fin de semana. Son casi quinientas mil
personas las que pedalean por las carreteras comarcales y nacionales de
nuestra patria. Los éxitos de nuestros deportistas han movido a un enorme
contingente de la población a lanzarse a la calle para hacer deporte o
turismo, también por otros motivos, y a esta preocupación concurre la
Ponencia. El desarrollo de sus trabajos ha sido acorde con esta
preocupación. Han acudido a la Ponencia autoridades importantes,
deportistas, periodistas, incluso usuarios y fabricantes de bicicletas. A
través de sus comparecencias hemos recibido una visión universal de lo
que es el mundo del ciclismo.

La aparición del automóvil ha significado un cambio sustantivo y
fundamental en la vida de la humanidad. Es cierto que ello ha permitido
una mayor circulación de mercancías y una mayor comunicación de los
hombres, pero también es cierto que junto con el vehículo propulsado por
un motor ha aparecido una ingeniosa máquina de sólo dos ruedas que parece
ser antitética con los vehículos de motor y que la colisión de ambas en
la misma plataforma de circulación ha producido, singularmente en los
últimos tiempos, un número muy elevado de víctimas que ha movido
justamente al Congreso de los Diputados a la creación de esta Ponencia.

Es posible que el número de víctimas tenga su razón de ser en el hecho de
que ha aumentado extraordinariamente el número de bicicletas que circulan
por las vías públicas. No es menos cierto que tenemos que paliar, en la
medida de lo posible, la sangría de vidas y las consecuencias económicas
que se producen por los accidentes. Nos han explicado que el casco
protector, si bien no es un elemento disuasorio, de alguna manera puede
paliar los resultados lesivos de los accidentes. Nos han dado una
instrucción precisa y clara de cómo es necesario que las bicicletas
tengan elementos retrorreflectantes que adviertan su presencia
inmediatamente. Y hemos llegado a la conclusión de que la vieja norma de
que los ciclistas deben circular en fila india quizá no sea muy acertada.

En este sentido, la Ponencia propone y sugiere al Congreso de los
Diputados para que éste inste a la modificación de la Ley de Seguridad
Vial y del Código de Circulación para que puedan circular en paralelo.

Posiblemente el volumen de los ciclistas disuada a los automovilistas a
adelantarles sin las precauciones necesarias.

Creemos que las conclusiones a las que ha llegado la Ponencia ponen de
manifiesto un problema que existe en nuestras carreteras, un problema que
hemos abordado con inteligencia, tolerancia y comprensión, y, por
consiguiente, podemos aportar un instrumento que lo resuelva. Los tres
elementos que componen el tema de la circulación --el hombre, la máquina
y las infraestructuras-- están abordados en sus resoluciones. En cuanto
al hombre, ponemos de manifiesto el hecho de que el que circula en un
vehículo de motor, consciente o inconscientemente, desprecia al que
circula en bicicleta. En cuanto a la máquina, hemos comprendido la
necesidad de que las bicicletas, tan frágiles, tengan los resortes
necesarios para producir una conducción más segura. Y en cuanto a las
infraestructuras, con las recomendaciones y sugerencias que se hacen
respecto a la limpieza de los arcenes, y a la existencia de éstos en la
construcción de las próximas carreteras, se prevé, dentro de las
posibilidades económicas de nuestro presupuesto, que los ciclistas puedan
circular. Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario va a votar
favorablemente las conclusiones de la Ponencia en cuestión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Soler.




La señora SOLER NOMDEDEU: Voy a fijar la postura del Grupo Socialista,
que, como es lógico, será favorable a los trabajos desarrollados por esta
Ponencia. Quiero señalar que, aunque ésta fue en sus comienzos una
iniciativa socialista, el desarrollo de sus trabajos y de sus
conclusiones ha sido una tarea conjunta y asumida por todos los grupos
parlamentarios con idéntico interés y esfuerzo.

Señorías, los miembros de la Ponencia han tenido un objetivo común:
averiguar las causas del incremento de la accidentabilidad en la práctica
del ciclismo y proponer medidas efectivas para erradicarla al máximo. En
todo momento se ha antepuesto el interés en solucionar este problema, que
es emergente en la sociedad española. Para ello, la Ponencia ha
profundizado en el conocimiento de la realidad y en su seno se ha
propiciado la discusión abierta, sin perjuicios ni apriorismos
interesados.

El método de trabajo seguido ha sido muy sencillo, pero extensivo, con el
fin de conocer la realidad desde todos los puntos de vista y con todos
los datos disponibles. Del estudio de los trabajos de investigación
existentes, de la recogida de datos y de la contrastación de opiniones y
experiencias plurales queda constancia documentada en la Ponencia. Sobre
todo, se ha intentado elaborar un trabajo que, partiendo del conocimiento
de la realidad del modo más exacto posible, sirviera como instrumento
para luchar contra la accidentabilidad del ciclismo.

En resumen, creemos que esta Ponencia ha estado cercana a la preocupación
por solucionar un problema claramente definido: el excesivo número de
accidentes debidos a la práctica del ciclismo. Quizá ésta sea la causa de
la expectativa social que ha suscitado este modesto trabajo
parlamentario, cosa que, al menos a algunos miembros de la Ponencia, nos
ha sorprendido. Según mi punto de vista, esta experiencia debería
servirnos de elemento de reflexión sobre la realidad de la vida
parlamentaria, pues muchas veces se habla de un alejamiento social de la
vida parlamentaria.

Las expectativas suscitadas, que son muchas y buenas, sin embargo sólo se
verán satisfechas si de este trabajo surgen recomendaciones que, además
de ser sensatas y realistas --creo que lo son--, sean fáciles de llevar a
la práctica y susceptibles de ser controladas y evaluados sus resultados.

Para ello es imprescindible que su difusión sea tal que lleguen a
penetrar y a formar parte de los comportamientos



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no solamente de quienes practican el ciclismo, sino de los que habitual u
ocasionalmente compartimos el territorio que también usan los ciclistas.

Por ello, este trabajo es sólo el inicio de otra serie de tareas futuras
que han de llevarse a cabo conjuntamente con las instituciones, pero no
solamente con las instituciones públicas, sino también con la familia,
con los medios de comunicación, con los profesionales y las empresas,
que, en honor a la verdad, tengo que decir han colaborado muchísimo en
los trabajos de esta Ponencia. A todos ellos debemos los resultados
obtenidos y, por tanto, tenemos que agradecerles su colaboración.

En consecuencia, la posición de mi grupo es favorable a los trabajos de
la Ponencia y, para finalizar, solamente quiero decir al señor Ríos,
respecto a las enmiendas de su grupo, que aceptamos las números 1, 2 y 3,
tal como han sido presentadas, y en cuanto a las números 4, 5 y 6, le
proponemos unas transacciones.

En relación con la enmienda número 4, proponemos que se suprima la
palabra «generales», por cuanto los presupuestos no son en todos los
casos presupuestos generales; hay otro tipo de administraciones que no
tienen presupuestos generales.

En cuanto a la enmienda número 5, la aceptamos, con el ofrecimiento de
añadir el siguiente texto: «en colaboración con la autoridad competente
en materia de tráfico». Supongo que entenderá el porqué.

En el caso de la enmienda número 6, añadiríamos un apartado b), que
dijera: «carriles bici interurbanos».

Gracias.




El señor PRESIDENTE: A efectos de que después se pueda producir la
votación en sus justos términos, el señor Ríos tiene la palabra con el
fin de que dé su opinión sobre las transaccionales a las enmiendas 4, 5 y
6.




El señor RIOS MARTINEZ: Nosotros aceptamos las tres precisiones que ha
expuesto la portavoz del Grupo Socialista en sus propios términos, puesto
que obedecen a la realidad de distribución competencial que existe entre
las administraciones.




El señor PRESIDENTE: Por tanto, cuando después se someta a votación el
informe, se hará en los términos resultantes de la incorporación de las
enmiendas 1, 2 y 3; en cuanto a las 4, 5 y 6, en los términos señalados
por la señora Soler y aceptados por el señor Ríos.




DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PRESUPUESTARIAS EN EL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 161/000661.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de las proposiciones no
de ley.

El portavoz del Grupo Popular ha solicitado que se debata en primer lugar
la proposición no de ley sobre medidas organizativas y presupuestarias en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Algún grupo tiene
inconveniente en que sea así? (Pausa.) Entiendo que no hay inconveniente.

Para defender la proposición no de ley sobre medidas organizativas y
presupuestarias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
propuesta por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Palacios.




El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
voy a dar por conocidas cuantas referencias se hacen a estos aspectos en
la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función Pública, tanto en su
artículo 33 como en el 1.º2, y voy a centrarme fundamentalmente en los
fines, objetivos y garantías que la proposición no de ley de nuestro
grupo trae consigo, en espera de que el buen hacer de los parlamentarios
pueda permitir que la proposición no de ley siga adelante.

Me parece que los fines de esta proposición no de ley son de una enorme
altura de miras y de gran utilidad social. Mi grupo cree sinceramente --y
en esto coincidiremos todos-- que un país no puede renunciar a sus
científicos, reconocidos nacional e internacionalmente, en plena
capacidad creativa de investigación. Nos parece que en nuestro país hay
un buen número de investigadores en esta situación en lo que concierne al
CSIC, por lo que, teniendo en cuenta la especificidad de sus cometidos,
proponemos su contratación, una vez jubilados, en los términos que
establece la proposición no de ley.

Por otra parte, creo que es de enorme importancia el hecho de que en la
proposición no de ley se exija publicidad y conocimiento de los criterios
de selección --no discriminatorios y previamente conocidos y
publicitados-- por los cuales se establezcan estos contratos.

Termino diciendo que esto permitirá que el propio Consejo Superior de
Investigaciones Científicas no recurra a sus presupuestos para poder
mejorar las contrataciones con personal joven y facilitar que aquellas
personas que vienen realizando su trabajo de forma acreditada y a plena
satisfacción y que, por supuesto, como decía, puedan ser contratados en
los términos que aquí planteamos en beneficio de la sociedad española a
la que pertenecen.

Señor Presidente, como ha sido presentada una enmienda por el Grupo
Popular, si he de hacer referencia a la misma tengo que decir que la
rechazamos, y lo hacemos en función de la propia enmienda y, si se me
permite, también en razón de ...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Palacios, debe esperar a que el señor
Ollero al defienda; todavía es posible que la retire.




El señor PALACIOS ALONSO: Perdón, señor Presidente.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Efectivamente, ha sido presentada una enmienda por
el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Aunque ya se ha visto que la capacidad del
portavoz socialista de atender los argumentos con la que voy a defender
va a ser moderada, no renuncio a ello.

En efecto, hemos presentado una enmienda en la que se dice que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dicte las medidas
precisas, de rango normativo oportuno, para poner fin a la actual
discriminación de los miembros de los diversos cuerpos de investigadores
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en relación a los
miembros de los cuerpos de personal universitario, en lo relativo a la
edad de jubilación forzosa, extendiéndola hasta los 70 años, así como la
extensión a los ya jubilados de la figura del investigador emérito en las
mismas condiciones que sus colegas que desarrollan en la universidad su
tarea investigadora. La verdad es que quizá para justificar esta enmienda
lo mejor que podría hacer sería reproducir las palabras que acaba de
pronunciar el señor Palacios, porque con arreglo a todos y cada uno de
los argumentos que ha expuesto parece de sentido común aceptar la
enmienda.

Hay unas personas que se dedican a la investigación en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, otras que se dedican a la
investigación, con más o menos docencia --lo sabemos los que conocemos
bien ese ambiente--; últimamente desde que se han puesto en marcha los
sesenios de investigación cada vez con menos docencia y con más
investigación. Algunos incluso están trabajando en las mismas cosas, sin
embargo, mientras que a los de la universidad se les reconoce la
jubilación voluntaria a los 65 años y se aplaza la forzosa a los 70, no
se sabe por qué, ni lo ha dicho el señor Palacios, a todas estas personas
de las que ha hecho merecido elogio en cuanto a sus condiciones, no se
les permite la posibilidad de continuar en tan interesante tarea, que,
además, ha supuesto una gran inversión de dinero público para su
formación. Estamos a la espera de que nos dé alguna razón al respecto.

Por otra parte, al presentar esta enmienda el Grupo Popular no solamente
es coherente con lo que viene siendo su postura sobre ese particular
desde hace mucho tiempo, que es la equiparación absoluta entre los
miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los
profesores universitarios. Seguimos sin entender a qué se debe, por
ejemplo, que mientras a la hora de organizar los concursos para acceso a
las plazas de la universidad se busca cierto automatismo, hay sorteos,
etcétera, a la hora de hacer eso mismo en el Consejo se hace a puro dedo
y, al final, resulta que el que más veces ha sido designado digitalmente
se convierte en Secretario de Estado, con lo cual se da la feliz
circunstancia de que a unos méritos científicos, de los que nadie duda,
se une la confianza política que era de esperar. No se entiende esa
asimetría. Tampoco se entiende la asimetría, a la que ahora nos
referimos, de la jubilación, puesto que si se supusiera, como a veces ha
afirmado aquí el Presidente del Consejo Superior, que una persona en la
investigación lo que tenía que aportar prácticamente lo ha aportado a los
45 años y a partir de ese momento se dedica más o menos a vivir de la
inercia, salvo algunos casos muy particulares a los que, al parecer, se
refiere esta proposición, eso mismo habría que aplicarlo a la universidad
donde, insisto, hay bastantes personas cuya única diferencia es que dan
tres horas de clase a la semana, pero que, por lo demás, hacen
absolutamente lo mismo que están haciendo estos investigadores del
Consejo. No entendemos esa diferencia. Tampoco entendemos que, por
ejemplo, en la universidad, a los que se habían jubilado a los 65 años se
les haya ofrecido la posibilidad de convertirse en eméritos, incluso
fuera del cupo habitual que la propia normativa contemplaba, y esa
figura, sin embargo, no se extienda al Consejo Superior.

Pero, aparte de nuestra coherencia con la postura que venimos
defendiendo, esto es lo que piensan esas personas. El señor Palacios,
cuya buena voluntad está fuera de toda duda porque ha dedicado a esto
horas y hablado con ellas, como ha hablado este parlamentario y su grupo
en general, sabe perfectamente la postura de estas personas. Algunas de
ellas se entrevistaron en junio con él y le entregaron un papel firmado
por tres personas, una de ellas en concreto premio Príncipe de Asturias,
pero que a su vez acompañaban una carta con la firma de miembros de la
Asociación de personal investigador del Consejo. En ese papel, como muy
bien sabe porque lo recibió, se alude a lo que le plantearon, que fue la
conveniencia de promover la edad de jubilación a los 70 años para el
personal investigador, de conformidad con lo realizado para el personal
docente universitario, dada la similitud en cuanto a formación y
funciones que existen de ambos colectivos, la equiparación en los modos
de evaluación, sesenios y quinquenios, y su compensación económica; la
conveniencia de dicha prórroga de vida activa para no producir falta de
rendimiento innecesario en los distintos grupos de investigación, cuyo
investigador responsable haya cumplido 65 años, y para aprovechar la
experiencia acumulada en un trabajo altamente especializado y creativo,
como es la investigación científica. Denunciaban la discriminación que
actualmente afecta al personal investigador del Consejo, dado que la
jubilación a los 70 años es ya en estos momentos una realidad para
profesores universitarios, jueces, magistrados y secretarios judiciales
por las peculiaridades de las funciones que desarrollan. Al escrito
adjuntaban esa carta que el señor Palacios conoce perfectamente.

Por ello, pensamos que no tiene mucho sentido hacer esta propuesta que,
además, curiosamente, va a ser debatida días después de que, en la
referencia del Consejo de Ministros que está a disposición de los
diputados en la mesa del pasillo de la popularmente llamada M-30 de esta
Cámara, hemos visto cómo el 17 de noviembre se ha dictado un decreto por
el Consejo de Ministros sobre jubilación de los profesores eméritos,
donde, entre otras cosas, se explicaba que, en aplicación de la ley, se
procedía a llevar a la práctica todo lo que acabo de referir.

Además, resulta que la proposición no de ley del Grupo Socialista deja en
evidencia por partida doble a su Gobierno. Quizá es uno de los méritos
que tiene y demuestra



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la sinceridad con que ha sido hecha. Hay en ella tres aspectos que
conviene resaltar. El primero de ellos deja en evidencia al Gobierno
porque en el punto 2 dice que los criterios de contratación serán
homogéneos y en función de un baremo previamente conocido. Como muy bien
sabe el señor Palacios --y creo que casi todos los presentes--, a
nosotros se nos propone hoy que pidamos al Gobierno algo que el Gobierno
ya hace; o sea, que nadie piense que estamos pidiendo que se hagan unos
contratos que hasta ahora no han existido. No. Estos contratos han
existido ya. Por lo menos yo sé de uno seguro, que se otorgó a una
investigadora de las que ocupaban puestos más altos en el «ranking» de
designación digital en concurso, no tan alto como el señor Banda, pero
creo que estaba la segunda o la tercera, y casualmente a ella se le ha
dado el contrato porque sí, sin baremo objetivo alguno y sin criterio
objetivo alguno. Al pedir con gran honestidad el señor Palacios que se
fijen unos criterios homogéneos de contratación y un baremo, está dejando
en evidencia a un Gobierno que ha hecho estas mismas contrataciones por
las buenas, sin baremos y sin criterios objetivos. Por tanto, es un
primer aspecto que creo conviene tener en cuenta.

En el punto 6 se dice que para las contrataciones de los años venideros
se incorporarán las disposiciones pertinentes a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o a la Ley de acompañamiento correspondiente, con la
previsión de una dotación económica, tanto para los investigadores ya
contratados, según establece la proposición no de ley --que reconoce que
los hay-- como para los que se correspondan con cada ejercicio
presupuestario anual. Aquí nos encontramos igualmente con que se deja en
evidencia al Gobierno. Es decir, el fondo de esta proposición de ley es
una doble enmienda, es una enmienda a la Ley de Presupuestos de 1995, que
no contemplaba una peseta con este fin, y una enmienda a los nonatos
presupuestos de 1996, que tampoco contemplaban una peseta con este fin,
con lo cual, quizá, como ya ese trámite ha pasado se está aprovechando
ahora para presentar enmiendas el proyecto del Gobierno desde su propio
grupo parlamentario, lo cual, al fin y al cabo, no demuestra sino la
situación política tan peculiar que vivimos en esta Cámara en días como
el de hoy, en que el Gobierno esta mañana acaba de ver rechazado también
un proyecto de ley.

Por último, el punto 4 de la proposición no de ley afirma que el contrato
--se supone que quiere decir el contratado--, renunciará a la percepción
de la pensión en tanto dure el contrato. Pues a mí por escrito los
propios interesados --que han venido a pedirme que no me oponga a esta
norma-- me dicen que no saben por qué se plantea esa exigencia, ya que si
no hubiera que renunciar a la percepción de la jubilación, como ocurre
con los profesores eméritos de universidad, con el mismo dinero habría
posibilidad de hacer más contratos. Por tanto, es otra previsión que no
se acaba de entender, salvo que el Gobierno tenga ya muy claro cuántos
son los contratos que quiere hacer, y me temo que a quién, porque
últimamente vivimos aquí una serie de normas de despedida que parece
realmente una especie de colofón final donde hay caramelos para los que
tiene que haber.

En resumidas cuentas, después de todo esto, creo que es bastante lógico y
coherente que presentemos, como hemos hecho, una enmienda donde pedimos
que, en razón de los argumentos que ha esgrimido el señor Palacios, se
ponga fin a la discriminación de los miembros del Consejo que, como él
mismo ha demostrado, está totalmente falta de fundamento objetivo y
razonable y, en consecuencia, se les trate igual que a los de la
universidad.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición en esta
proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria va a votar favorablemente,
apoyando así con nuestro voto esta proposición no de ley que trae el
Grupo Parlamentario Socialista, y lo hace por las siguientes razones.

Cuando en el año 1984 la Ley 30, de Reforma de la Función Pública,
estableció la edad de jubilación obligatoria a los 65 años, este Diputado
tuvo ocasión de intervenir en la misma mostrando una serie de reservas al
respecto. Efectivamente, el tiempo vino a solucionar las situaciones que
obligaban por esta ley a la jubilación a los 65 años como límite; en
primer lugar, al colectivo de jueces y magistrados y, en segundo lugar,
al de catedráticos, profesores de universidad.

Se alegaron unas razones que no habían sido contempladas en la ley de
1980, no pareciendo a Coalición Canaria de recibo para velar por un
caudal, por un patrimonio intelectual extraordinario, pues al menos la
ley de 1984 no suponía, en principio, agravio comparativo. En cuanto se
levantó la limitación para los funcionarios del Estado en la
Administración de Justicia --jueces y magistrados, como he señalado--,
así como para los catedráticos de universidad, el agravio comparativo
estaba servido, porque los cuerpos superiores de la Administración Civil
del Estado, desde Letrados de Cortes, por empezar hablando de nuestra
casa, hasta todos los funcionarios de los niveles superiores a los que se
han exigido títulos de licenciado o doctor por universidad española, o de
doctor ingeniero para el acceso a determinadas oposiciones a cuerpos del
Estado, aquellos ministerios donde haya departamentos de investigación (y
estoy pensando, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones
Aerodinámicas, en el Centro de Investigaciones Hidrodinámicas del
Ministerio de Obras Públicas o los centros de investigaciones agrarias
del Ministerio de Agricultura, con un personal de altísima cualificación
en la investigación específica) se van a encontrar también en esta
situación de agravio comparativo, participando del gran acervo de
patrimonio intelectual en la investigación científica española, de la que
no estamos sobrados.

Si por otro lado nos encontramos con las medidas de austeridad del gasto
público, como se nos había señalado incluso en la presentación del no
aprobado proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
1996, y la tremenda reducción de la oferta pública de empleo, sería
necesario empezar a levantar las restricciones que la ley de



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1984 había establecido para estos cuerpos de funcionarios. Porque ¿con
qué nos podemos encontrar? Con un empobrecimiento de todo ese patrimonio
intelectual.

Nosotros hemos defendido siempre en este Parlamento --creo que todos
hemos ido al unísono-- los proyectos de I+D, y cuando hemos venido a
incentivar todo proyecto de investigación, olvidamos a veces que
incentivar la investigación de un proyecto en I+D en cualquiera de los
departamentos o actividades industriales que lo realizan no es solamente
una cuestión de estímulo presupuestario, sino que hay que tener el
sustrato fundamental, que son los investigadores, porque si no hay
investigaciones ya podemos aprobar todos los proyectos de I+D que no
habrá ese acervo.

Por esa razón nosotros entendemos que toda medida, como esta proposición
no de ley, que en campos específicos y por la vía que sea vaya a
solucionar este problema tendrá nuestro apoyo, aunque posiblemente no
será el desiderátum. He escuchado con mucha atención la defensa de la
enmienda que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y
coincido plenamente en la misma, porque sería ir a la homologación por la
ley general; no obstante, lo que se pretende en la proposición no de ley
es la fórmula del investigador contratado «ad honorem» para el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, instrumento verdaderamente
señero, y faltarán siempre palabras de elogio por la gran deuda que tiene
contraída la investigación española con este Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Debemos hacer todo lo que podamos en favor de ese tremendo cúmulo de
investigadores, de ese patrimonio intelectual, porque la aplicación de la
Ley 30/1984 les puede condenar a una vida pasiva en la que no podamos
beneficiarnos nacional ni internacionalmente; y cuando digo la palabra
internacionalmente hemos de tener también sumo y exquisito cuidado porque
el gran investigador español tiene permanentemente una proyección al
exterior.

En estos días se están conmemorando, señor Presidente, los 50 años del
fallecimiento de uno de los investigadores españoles más prestigiosos que
hemos tenido en el campo de la física; el investigador canario Blas
Cabrera. El exilio político, por haber sido persona comprometida, como lo
fue en su día el gran filólogo pasado a la política, el doctor don Juan
Negrín, nos privó de tenerlos entre nosotros, pero su proyección en los
foros internacionales de investigación científica, como en el caso de
Blas Cabrera en la física teórica, ha sido verdaderamente espectacular.

Su ausencia, el no tener una presencia activa en esos foros
internacionales de investigación, como consecuencia de la aplicación de
una ley interna, sería un verdadero demérito.

Tampoco nos cansaremos de pedir a través de estas palabras --porque vamos
a apoyar esta proposición no de ley--, empleando el dicho popular de que
menos aceite da un ladrillo, que sea consciente el Ministerio de Economía
y Hacienda, ya algunos de sus altos cargos lo son, de que va a ser muy
difícil mantener la política de derechos pasivos, sin que haya quiebra
económica, manteniendo la edad de jubilación a los 65 años. Teniendo una
expectativa de vida en España actualmente sobre los 67 años en ese
segmento entre los 70, 67 y 77 años, si se cuenta hacia abajo, estamos
metiendo en clases pasivas del Estado a poblaciones que, aparte de su
valor científico, aparte de su valor profesional como servidores de la
función pública del Estado (porque no habrá Gobierno que se atreva a
elevar el descuento en el salario de los funcionarios para contribuir a
los derechos pasivos) va a ser imposible pagar unos decorosos derechos
pasivos por falta de tesorería. Es preferible, por tanto, mantener la
vida activa de ese funcionario hasta los 70 años para evitar también este
efecto actuarial negativo sobre los derechos pasivos de los funcionarios
que están afectados por la ley 30/1984.

Por respecto a este planteamiento, por coincidir en el fondo con lo que
plantea la proposición no de ley que tan acertadamente y con la
voluntariedad que le caracteriza ha defendido el portavoz del Grupo
Socialista doctor Palacios, nosotros la vamos a votar favorablemente,
pensando que, frente a las críticas que ya hemos hecho a la forma, en el
fondo para no perder este extraordinario patrimonio que tanta honra da a
la ciencia española desde la proyección del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, donde siempre hubo una ósmosis y un
equilibrio entre los que tenían la categoría de investigador y los
catedráticos de universidad que llevan los departamentos de
investigación, así como con aquellos cuerpos de funcionarios de la
Administración Civil del Estado que en ministerios donde hay centros de
investigación, como los que he citado y otros más, están dando un
prestigio extrapresupuestario a la ciencia y a la investigación española.

De aquí el sentido de nuestro voto positivo a esta proposición no de ley.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor
Baltá tiene la palabra.




El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, este Diputado, tras escuchar
la exposición que el portavoz del Grupo Popular ha hecho de su enmienda,
que recoge el sentimiento de generalizar los beneficios que pudieran
surgir del acuerdo que esta Comisión va a adoptar; después de escuchar la
documentadísima exposición que el portavoz del Grupo de Coalición
Canaria, como siempre, ha hecho, defendiendo con muchas palabras que uno
se hubiera puesto en la boca la proposición, en concreto desde su
perspectiva; después de escuchar también, por otra parte, la exposición
del doctor Marcelo Palacios, que tiene una especial sensibilidad, como
viene demostrando en la Presidencia de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, por estos hechos concretos, porque en cierta medida le
afectan personalmente y los conoce en profundidad, mi grupo va a mantener
las posiciones que ha venido sosteniendo históricamente, desde la
existencia del Congreso, que es favorecer para que no se pierda la
inteligencia que existe acumulada en estas personas que a los 65 años la
ley de 1984, como ha dicho el señor Mardones, les obligaba a retirarse,
como es el caso de los investigadores.

Mi Grupo también planteó este tema mediante la presentación de
proposiciones no de ley que afectaban a los cuerpos universitarios y
judicial y, cómo no, cree que también



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ha de ampliarse al sector de la investigación puesto que la jubilación de
muchos de estos investigadores supone una importante pérdida de
inteligencia para el país.

Es cierto que en la evolución de la demografía se están produciendo
situaciones que nos hablan cada vez con más razón de aquellas personas
que han cultivado su inteligencia a niveles tan meritorios que la
sociedad, en beneficio propio, tiene que darles la posibilidad de que no
se jubilen para que puedan seguir aportando su capacidad en beneficio del
desarrollo de la propia sociedad. Por tanto, mi grupo se acogerá al
pragmatismo de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, desde mi perspectiva bien construida, en la que se concreta
exactamente cómo se tiene que ir produciendo, eso sí con la esperanza de
que ese pragmatismo que se plantea en la misma se vaya aplicando a otros
sectores que también merecen idéntica atención. Por ello, el voto de mi
grupo será favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Cruz.




El señor CRUZ ORIVE: Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
también somos sensibles que no se dilapide un caudal intelectual que
puede ser muy aprovechable y que es muy interesante, pero creemos que
esas reflexiones en el sentido de que no se pierda la inteligencia,
etcétera, habría que hacerlas en el contexto global de la política de
contratación de plantillas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Yo creo que este tema lo estamos tratando de forma muy
coyuntural y muy tangencial, aun reconociendo, por supuesto, lo
interesante de la proposición no de ley, que evidentemente responde tanto
a los intereses generales de la sociedad como de un colectivo de
jubilados que se sienten en disposición de desarrollar una actividad
fecunda para la ciencia y la investigación.

Sin embargo, en ese intento de no mirarlo desde una perspectiva
unilateral, yo querría hacer algunas consideraciones que, como ustedes
comprenderán, no son individuales sino que precisamente responden al
colectivo de investigadores en activo, a los sindicatos de clase que se
hallan ubicados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que están formulando propuestas y están diciendo cómo debe desarrollarse
la política de investigación y la política de personal.

Querría decir que en los cinco últimos años ha habido una reducción del
cinco por ciento en la plantilla de investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y que el propio Consejo, a través de sus
autoridades, en el plan de empleo que se está negociando con las
confederaciones de sindicatos, ha puesto sobre la mesa una perspectiva
bastante negra que significa la reducción del 15 por ciento de la
plantilla de aquí al año 2000 a través de jubilaciones. Por tanto,
nuestra posición es que se debería incrementar la plantilla y regularla,
dando salida al personal científico formado, que se está desaprovechando
e infrautilizando. Nosotros contemplamos con auténtica preocupación el
actual abandono de los jóvenes investigadores y creemos que ésa debería
ser la preocupación básica de esta Comisión, aunque no quiero decir que
no lo sea; ya sé que estamos tratando otro tema pero yo le hubiese dado
un tratamiento conjunto. Por ejemplo, no ha habido contratación de
personal investigador, no se prevén oposiciones, y nosotros nos
preguntamos qué va a pasar con esos investigadores ya formados que
quieren formar parte de la plantilla regular del Consejo si no se prevén
oposiciones. Sí ha existido, sin embargo, una especie de relación laboral
atípica de manera incontrolada y además denunciada por los propios
investigadores. Ha habido designaciones personales del Presidente del
Consejo, me imagino que concretando las iniciativas de la Junta de
Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no creo que
haya sido una decisión personal, pero por supuesto ha sido el portavoz de
esa Junta de Gobierno el que ha realizado contrataciones cuyos criterios
se desconocen. Parece ser que ha habido entre 20 y 30 contrataciones
atípicas sin que se sepan los criterios y parámetros que se han seguido
para ello y sin que se conozcan los baremos aplicados. Por ejemplo se
sabe que se ha contratado al Presidente del CIS, o al señor Castell, por
gestión directa del Presidente del Consejo de la Junta de Gobierno del
CSIC. Evidentemente, ello hace que la situación del Consejo no sea el
terreno más abonado para ir con estas propuestas desde esta Comisión; no
creo que con estas iniciativas consigamos alcanzar un clima de
tranquilidad y de receptividad por parte del personal del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, puesto que, como decía
anteriormente, son iniciativas que, por su unilateralidad, tal vez no
sean contempladas en el aspecto positivo que pueden entrañar.

No cabe duda que somos reticentes y no muy favorables a la fórmula
expuesta en la proposición no de ley; ahora bien, volviendo a insistir en
que somos sensibles a que no se dilapide ese caudal intelectual
aprovechable y puesto que la proposición no de ley establece mecanismos
que pueden mejorar el actual funcionamiento de las contrataciones,
resulta indudable a través de la lectura de los seis puntos de la
proposición no de ley que establecen criterios mensurables que pueden ser
más controlables, criterios homogéneos, parámetros que se pueden
preestablecer de cara a las contrataciones, aparte de establecerse que se
afronte el pago con partidas excepcionales, es decir que no sean del
presupuesto regular del Consejo, que para nosotros eso sí que sería
grave, es indudable que ello nos decanta hacia una posición más matizada,
más moderada, y si bien nuestra posición apriorística era emitir un voto
negativo, nos vamos a abstener porque evidentemente la proposición no de
ley tiene su parte positiva y además creemos que puede resolver una
situación de hecho que contemplamos como negativa.

Por todo lo anterior, nuestro grupo se va a abstener en la votación de
esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Palacio para expresar su
posición en relación con la enmienda presentada por el Grupo Popular. (El
señor Ollero Tassara pide la palabra.)
Señor Ollero, ¿pide la palabra por alguna cuestión especial?



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El señor OLLERO TASSARA: Sí, por una cuestión de orden. Creo que no se ha
concedido lo que me temo va a tener lugar ahora, que es un turno en
contra.




El señor PRESIDENTE: No hay turnos en contra de las proposiciones no de
ley. Su señoría ha defendido la enmienda y ahora voy a preguntar al señor
Palacios si acepta o no la enmienda; no es un turno en contra de la
enmienda, en las proposiciones no de ley no es tan extenso el
procedimiento. La pregunta concreta al Grupo Socialista, que es el
proponente, es si acepta o no acepta la enmienda.

Tiene la palabra el señor Palacios.




El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, vamos a rechazar la enmienda
y espero que me permita decir en dos segundos las razones por las que no
podemos aceptarla.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no tiene inconveniente en que
exponga las razones, con la advertencia de que en ese momento S. S. abre
un turno porque el señor Ollero querrá replicar.




El señor PALACIOS ALONSO: Se lo agradeceré, señor Presidente, porque creo
que conviene aclarar algunas cosas que quedaron en el aire.

En principio he de decir que no vamos a aceptar la enmienda por sus
propios contenidos, en tanto en cuanto al centrar el Grupo Popular la
presentación de la misma exclusivamente en condenar nuestra proposición
no de ley y se buscan argumentos que hacen que la enmienda se condene a
sí misma puesto que en realidad está censurando una actuación sobre un
colectivo concreto cuando lo que en realidad pide es que la extensión de
la jubilación se haga también a un solo colectivo concreto que son los
investigadores del CSIC, pero el señor Ollero sabe que existen muchos
otros investigadores --algunos de ellos fueron citados por el señor
Mardones--, que evidentemente estarían en la misma situación, por lo
cual, al menos, hay un cierto tratamiento de complacencia del señor
Ollero a esta cuestión a través de la enmienda presentada.

En segundo lugar, porque el apartado 2 de su enmienda establece que los
jubilados tengan la condición de emérito que la Ley de 1984, de Reforma
de la Función Pública, establece, pero con la coincidencia de que no pone
ningún tope al tiempo en el cual ese meritaje se pueda plantear, con lo
cual estamos pensando que a lo mejor el señor Ollero plantea que pueda
ser indeterminadamente, incluso hasta cuando la ancianidad sea poco
soportable.

Señor Presidente, yo hice una intervención muy ponderada en principio, y
voy a seguir haciéndola --creo que lo hemos hecho todos--, porque me
parece que el tema es de un contenido tal que debiéramos de procurar no
involucrar al propio colectivo de investigadores en nuestros debates.

El señor Ollero ha dicho ciertas cosas, sin duda está en su derecho a
hacerlo, pero las ha contado en parte. Estas personas me vinieron a ver,
pero estas personas conocen perfectamente la redacción de esta
proposición no de ley, precisamente porque en representación de esos
cientos de firmas que usted dice que traían cuando vinieron a verme
acordaron que la formulación en este momento mejor para satisfacer sus
demandas era el planteamiento de esta proposición no de ley en los
términos en que está confeccionada. Por lo tanto, usted seguramente no
habrá podido encontrar en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas a nadie que estuviese contra esta formulación.

Por otra parte, hay un hecho que es fundamental. Yo he pretendido dar
tres claves en mi breve intervención, que son, en primer lugar, la clave
de: aquellos --tal y como dice la proposición no de ley-- investigadores
jubilados del CSIC que lo deseen voluntariamente. Es el primer elemento
clave y fundamental que contesta a su pregunta de por qué no están en su
globalidad igual que lo están los otros.

Segundo elemento clave de la situación: aquellas personas que así lo
acepten voluntariamente después de jubilarse siendo investigadores
tendrán que someterse a un baremo de cualificación. Con lo cual establece
el criterio de todas las intervenciones en el sentido de potenciar la
inteligencia creativa. Es decir, habrá muchos jubilados, señor Ollero,
que quieran continuar en la situación que están; habrá otros que optarán
posiblemente por alcanzar este nivel de contratación. Pero si los baremos
que se establecen, en los cuales sin duda espero que ellos tengan mucho
que decir, son de la calidad exigible por los de más alto nivel, creo que
estaremos potenciando la permanencia en nuestro país de auténticos
investigadores de reconocimiento no sólo nacional, como decía, sino
también internacional.

En algunas otras comisiones hemos tenido la ocasión de enfrentar nuestros
criterios y sabe usted que yo no soy muy dado a los juicios de valor, no
me gusta decir quién enchufa a quién, porque todas esas cosas son muy
relativas y muy aleatorias y son también muy peligrosas. Yo,
generalmente, cuando digo esas cosas las digo concretando y aportando
datos, pero, en cualquier caso, lo que sí quiero decirle para su
tranquilidad es que cuando estos científicos, no sólo el Premio Príncipe
de Asturias, sino el Premio Wallrass y el Premio Princesa Sofía y otros,
avalados por ese montón de firmas, vinieron a verme, ni me dijeron de qué
grupo político eran ni me interesó un pepino de qué grupo político
pudieran ser. Ante mí se presentaron una serie de investigadores que
venían a plantear unas demandas legítimas, que a mí me parecían en
consonancia con lo que deben ser los intereses de un país que se entienda
moderno y protector de sus valores intelectuales y creativos. Esa es la
cuestión. Yo creo que si llega el momento en que haya que contratarlos, a
lo mejor a usted se le ocurre plantear a los que se contrate que no
quería molestarles al decir eso. Ellos no vinieron a decirme de qué grupo
político eran, ni yo además lo hubiera admitido. No necesito que nadie,
al exigir unos derechos que considera puede tener u ofrecer una
contribución que considera que puede ser útil al país, tenga que decirme
a qué grupo político pertenece.

En este sentido, y esto estoy seguro que lo entenderá usted porque el
ámbito de discusión en el que nos estamos moviendo es absolutamente
pacífico, tranquilo y, además, razonable, estoy seguro que lo entenderá
usted, no desmerecemos al Gobierno por el hecho de que en uno de los
puntos de la proposición nosotros interpretemos que ha de



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establecerse un criterio de baremación, es decir, establecer un dintel de
calidad. El que se repita una y otra vez no daña en absoluto ni pone en
demérito lo que haya podido hacer el Gobierno con anterioridad.

Voy a terminar, señor Presidente, manifestando que, en términos generales
y en lo que fundamentalmente afecta al sentido y a la intención de esta
proposición no de ley, todos los señores portavoces de los distintos
grupos políticos han dado en la diana, porque realmente aquí no debemos
plantearnos ninguna intención discriminatoria de nadie, ni tampoco
suscitar ninguna suspicacia. Unica y exclusivamente avanzar en la línea
de proteger aquello de valioso que en el ámbito científico tengamos en
nuestra sociedad.

Cierto es, señor Ollero, que vinieron a verme con aquella carta, pero
hablamos muchas veces más y he de decirle que al final han visto bien los
términos en que la proposición no de ley se redactó. Yo les dije, además
no podía ser de otra manera, que nosotros no podíamos contribuir a ningún
enfrentamiento entre los propios científicos, cosa que quienes
representaban a los demás garantizaron que no sería así. Por lo tanto, si
ellos están satisfechos y nosotros podemos dar solución a un problema que
en definitiva dignifica nuestra investigación científica, yo creo que
todos habríamos de sentirnos satisfechos con ello, y por eso, cualquiera
que sea su posición --las otras ya las conozco--, yo creo que todos
debemos sentirnos satisfechos porque, en definitiva, estamos
contribuyendo con un hecho positivo a la investigación en nuestro país.

(El señor Ollero Tassara pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, he explicado antes, y reitero ahora,
que el reglamento para las proposiciones no de ley prevé una defensa de
las enmiendas, pero no así un turno en contra y uno de réplica. Pero como
S. S. ha reclamado las razones para desestimar la enmienda, y las razones
ya han sido expuestas, le ruego brevedad en este turno fuera de
reglamento que estamos utilizando ahora.




El señor OLLERO TASSARA: Me esforzaré en ello, señor Presidente, y
seguiré una línea de telegrama.

Señor Palacios, usted no es jurista pero es un parlamentario. Si usted
hace una proposición no de ley sobre el Consejo, lo lógico es que yo haga
una enmienda sobre el Consejo. Por tanto, aquí debe preguntarse por qué
no ha planteado la situación de los investigadores de esos organismos que
usted dice. La proposición la ha hecho usted, nosotros nos limitamos a
enmendarla, y sería absurdo que la enmendáramos ocupándonos de colectivos
de los que no se ocupa usted. Por consiguiente, ése es su problema.

Primer punto.

Segundo punto. Eméritos sin tope. ¿Cómo que sin tope? Con el mismo tope
que los de la Universidad. Está muy claro en la enmienda. Si no los
conoce usted, vaya a la normativa y los encuentra fácilmente.

Dice usted que el colectivo está a favor. El colectivo está a favor en
estos términos textuales: «Al parecer, con este Gobierno resulta
imposible conseguirlo en lo que falta de año y, como mal menor, el señor
Palacios ha conseguido que su grupo parlamentario acceda a esta
solución.» Como muy bien ha dicho el señor Mardones, menos aceite da un
ladrillo. De acuerdo, no están en contra. Le diré más, nuestro grupo
tampoco va a estar en contra porque, así como usted no ha dado ni un
argumento para no apoyar nuestra enmienda, a pesar de su gran serenidad y
dominio de la situación, ni uno solo porque no lo tiene, y eso le honra
porque hubiera sido peor que hubiera intentado simular que lo tenía,
nuestro grupo, como entiende que menos aceite da un ladrillo, como ya se
ha dicho, va a abstenerse, no va a votar en contra. Por tanto, en eso
vamos a estar igual.

Dice usted que esto se aplica a los que lo deseen. Claro, como en la
Universidad. Por supuesto, en la Universidad, el que se quiere ir a los
65 años, se va. Por tanto, estamos de acuerdo una vez más en eso.

Usted dice que pone un baremo, y yo le pregunto dos cosas: primero, ¿por
qué un señor del Consejo, al cumplir 65 años, tiene que se propuesto por
la dirección de un instituto, tener aprobados tres tramos o sexenios,
incluido el anterior a la jubilación, someter su producción científica de
los últimos cinco años a evaluación, que el informe sea remitido a la
vicepresidencia y que ésta solicite un informe al coordinador de área del
Consejo para que del área recabe el informe correspondiente? Y, por fin,
si en la Universidad un señor a los 65 años dice que se quiere quedar y
se queda, ¿por qué no me explica usted qué fundamento objetivo y
razonable --utilizó términos de la jurisprudencia constitucional--, qué
fundamento objetivo y razonable hay para que dos situaciones idénticas
sean tratadas de un modo desigual? Quizá que, como usted ha dicho, es muy
moderno. Sí, debe ser muy moderno.

Dice usted que los juicios de valor son arriesgados. En efecto, a mí ese
deporte me encanta, y comprendo que a veces uno puede fallar, pero mire
usted por dónde en este caso yo he presentado un «hit parade» de señores
designados a dedo para formar parte de tribunales del Consejo, sugiriendo
que a lo mejor la afinidad política contaba, y, casualmente, al que
estaba de número uno lo han hecho Secretario de Estado. Fíjese usted qué
bien me ha salido, y no soy yo el que lo ha nombrado para quedar bien.

Dice usted que esto no va en demérito del Gobierno. Sí va en demérito del
Gobierno, afortunadamente, porque va en beneficio de estos señores a los
que aludimos, pero va en demérito del Gobierno por dos cosas muy claras,
porque su proposición deja de relieve dos cuestiones; primero, que hasta
ahora se ha hecho esto mismo con absoluta arbitrariedad, a capricho.

Segundo, usted aquí, con muy buen criterio, dice, primero, que haya una
cantidad de dinero, con lo cual el número de contratos no dependerá del
humor del Presidente del Consejo, y, segundo, que haya unos criterios
objetivos que hasta ahora no ha habido, cosa que le alabo, y en razón de
lo cual nos vamos a abstener.




--SOBRE EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000589.)



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El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de ley,
retomamos el orden del día que estaba inicialmente previsto y pasamos a
la proposición no de ley sobre servicio de comedor escolar en los centros
docentes públicos. Ha sido presentada por el Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Permítame, señor Presidente, antes de presentar
la proposición no de ley, que felicite al portavoz del Grupo Popular ya
que celebra su santo en el día de hoy. Creo que hoy es la Cruz de San
Andrés.




El señor OLLERO TASSARA: Detalle litúrgico-cívico, en su caso, que le
agradezco. (Risas.)



El señor NIETO GONZALEZ: Por tanto, le felicito, señor Ollero, en la
celebración de su santo el día de la Cruz de San Andrés.

Dicho esto, paso a presentar brevemente el contenido de la proposición no
de ley que el Grupo Socialista trae al debate en esta Comisión para su
aprobación, si fuera posible, en relación con el servicio de comedor
escolar en los centros docentes públicos.

La proposición no de ley pretende, como SS. SS. habrán comprobado después
de la lectura de la misma, que el Gobierno ponga en marcha una serie de
medidas con el objeto de extender y mejorar este importante servicio
complementario de la escuela y pensamos que ello debe ser así por varias
razones.

Creemos que el servicio complementario del comedor escolar facilita a las
familias una ayuda social muy importante al garantizar la atención de los
niños en aquellos tiempos anteriores y posteriores a los propiamente
lectivos, evitando con ello, en primer lugar, el desplazamiento de los
alumnos de la escuela a su domicilio, a su hogar, en el período del
mediodía, y también la necesidad de la presencia de los padres,
familiares u otra persona que tuviese que atender en este período de
tiempo en el hogar a estos alumnos que, si están en el comedor escolar,
tienen una atención en dicho recinto.

Al mismo tiempo, y por otra parte, en los últimos cursos, especialmente
en los dos últimos cursos escolares, se ha puesto en práctica una nueva
experiencia consistente en la prestación de tareas de atención, cuidado y
vigilancia de los alumnos en las primeras horas de la mañana, las horas
anteriores a la iniciación de las clases; esta atención ha estado
complementada con el servicio de desayuno a los alumnos que lo solicitan,
con lo cual también se contribuye a liberar el tiempo necesario para
cumplir el horario laboral de los padres y madres que tienen que acudir
al trabajo y que de esta forma pueden hacerlo sin tener que recurrir a
terceras personas.

En segundo lugar, creemos que con esta medida --lo decimos así también en
la exposición de motivos de la proposición no de ley-- se facilita
también el acceso de forma gratuita o semigratuita a un importante número
de escolares procedentes de familias que carecen de suficientes recursos
económicos a poder recibir en el recinto escolar la comida del mediodía.

En tercer lugar, creemos que al facilitar este servicio, también de forma
gratuita, a aquellos alumnos del mundo rural que reciben sus enseñanzas
fuera de su municipio de residencia se está poniendo en marcha una medida
de carácter compensatorio en relación con este tipo de alumnos.

Finalmente, pues estas razones que acabo de dar son de tipo social,
permítanme que dé una razón de tipo educativo. Creemos que el comedor
escolar proporciona información importante sobre los fundamentos de una
sana alimentación y sobre la administración de dietas nutricionales
equilibradas por parte de aquellos alumnos que asisten a este servicio
escolar; fomenta el desarrollo de actitudes y hábitos alimentarios
correctos y también de hábitos de convivencia en esa etapa del mediodía,
entre la jornada de la mañana y la jornada de la tarde; y constituye,
desde nuestro punto de vista, un marco a partir del cual se pueden
desarrollar actividades de ocio dirigido que pueden contribuir a
complementar la formación de los alumnos, actividades que se
desarrollarían en ese tiempo libre que queda a mediodía cuando los
alumnos asisten al comedor escolar.

Por todas estas razones y otras más que podríamos enumerar, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley a través de
la cual se insta al Gobierno a tres cosas fundamentales. En primer lugar,
a la ampliación de la red de comedores escolares, de forma que los
ciudadanos que lo necesiten puedan encontrar próximo a su domicilio un
colegio público para sus hijos y puedan, por tanto, utilizar este
servicio. En segundo lugar, extender o ampliar el servicio de desayuno
con acogida de alumnos en horario previo al de las actividades docentes,
es decir, la ampliación de este servicio que se ha puesto en marcha en
los últimos dos cursos escolares. Y, en tercer lugar, pedimos también que
se realicen los estudios necesarios para la posible extensión del
calendario de prestación del servicio de comedor escolar a los días
iniciales y finales del curso. Es decir, en estos momentos, en los
primeros y los últimos días del curso escolar normalmente no funcionan
los comedores escolares. Creemos que se causa un perjuicio a un
importante número de padres y también de alumnos por no estar funcionando
ese servicio en esos períodos y, por tanto, pensamos que sería
conveniente la ampliación del calendario escolar a estos períodos.

Este es el contenido de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Socialista, que pretende fundamentalmente ampliar y mejorar, como decía
al principio, un servicio complementario de la escuela que a lo largo de
los últimos años se ha ido mejorando y ampliando de una forma importante.

Creemos que con esta medida complementaríamos la acción que el Gobierno
ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos años en relación con la
mejora y extensión de este servicio. Pedimos a los grupos parlamentarios
presentes en esta Comisión el apoyo a una iniciativa como ésta que, sin
lugar a dudas, va a redundar en la mejora de la calidad del conjunto de
los centros escolares públicos de nuestro país.




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El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas
tres enmiendas por el Grupo Federal de Izquierda Unida.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Cruz.




El señor CRUZ ORIVE: Nosotros, estando de acuerdo con la iniciativa que
ha presentado el Grupo Socialista, queremos profundizar al menos en tres
aspectos en los que creo que habría que pararse, aunque fuera un breve
tiempo, al realizar cualquier análisis sobre el servicio de comedor
escolar.

Un primer aspecto sería la regulación de la participación del profesorado
en las tareas del comedor. El Ministerio de Educación y Ciencia ha
propiciado en su última regulación una participación del profesorado en
el comedor escolar que, lejos de su consideración como actividad
educativa, soluciona problemas de simple intendencia alejados de la
cualificación profesional docente. Los maestros piden que sea otro tipo
de profesionales, monitores, etcétera, los que asuman la tarea de
asistencia social, de asistencia al comedor.

Hay un segundo aspecto que está muy relacionado con el tema del comedor,
que es la reducción que existía en el año 1995 respecto al año 1994, en
los que se proponía una reducción presupuestaria del 3,3 por ciento del
importe de la cuantía de becas; es decir, en los presupuestos aprobados
hace un año.

Y hay un tercer aspecto al que creo que la comunidad educativa es muy
sensible. La Educación Secundaria Obligatoria se va a poner en marcha,
sobre todo en su primer nivel, y los alumnos que antes estaban cubiertos
por el servicio de comedor, de 7.º y 8.º de EGB y que ahora pasan a 1.º y
2.º de ESO, se encuentran con que en los centros educativos no tienen
servicio de comedor. Creemos que están en edades críticas, y los padres
se quejan de que en los institutos o en centros de enseñanza media no
esté contemplada la atención a este colectivo de jóvenes. No creo que
sean buenas para estos niños de entre 11 y 13 años las jornadas continuas
hasta las tres de la tarde, como se está haciendo ya en muchos sitios,
sin servicio de comedor.

Estas tres reflexiones, sobre la base de apoyar la iniciativa que ha
presentado el Grupo Socialista --quiero dejarlo claro--, dan pie a
nuestras enmiendas, que creemos que podrían corregir el texto de la
proposición no de ley que estamos debatiendo.

La primera sería una adición al final del punto 1. Aquí tendría que hacer
una corrección, pues debe entenderse que el término «cuantía» no se
refiere al importe medio de las becas por alumno, sino al presupuesto
dedicado a becas. Quedaría, si se me admite esta corrección: Para la
mejora del servicio de comedor es fundamental también incrementar el
presupuesto dedicado a las becas.

La segunda enmienda propone la adición de un nuevo punto 4 que diría:
Extender asimismo el servicio de comedor a los alumnos del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria.

Recogiendo la preocupación del profesorado, planteamos una tercera
enmienda de adición de un nuevo punto 5 con el siguiente texto: La
participación del profesorado en el comedor escolar debe potenciar su
papel en los aspectos educativos de esta actividad.

Incluso el señor Nieto hablaba de que el servicio de comedor --al que
nosotros damos la importancia que indudablemente tiene-- puede ser
educación sobre hábitos alimenticios, aspectos convivenciales, etcétera.

Yo creo que el profesor no debe simplemente cumplir el papel de un
monitor y un guardián para que exista disciplina en el comedor, sino que
hay aspectos pedagógicos muy importantes durante ese tiempo, desde
hábitos gastronómicos, conocimiento de los alimentos, etcétera, a la
propia convivencia con el resto de los niños en ese espacio diferente al
de las clases, al de la enseñanza reglada.

Lo propuesto no entra en contradicción ni con el fondo ni con la forma de
la proposición no de ley que estamos debatiendo y esperamos de la
sensibilidad del grupo proponente poder, como digo, complementar esta
iniciativa.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición?
El señor Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria va a apoyar con su voto esta
proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista, que
nos parece sensata, de sentido común y de altísimo, por no decir total,
grado de aceptación por parte de las familias de la población
escolarizada.

En la Comunidad Autónoma de Canarias es materia fuera del ámbito del
Ministerio de Educación y Ciencia, pues la tiene transferida desde hace
años y la viene ejerciendo a través de la correspondiente Consejería de
Educación.

Nos parece que los tres puntos de la proposición están en estas
coordenadas de sentido común y de lógica, tanto el referido a la
extensión y al mantenimiento del servicio de comedor escolar como el
referido al desayuno escolar, así como la extensión a esos períodos.

Resaltamos que, afortunadamente, en la iniciativa socialista no se habla
de cocinas escolares. Ya la Comunidad Autónoma de Canarias se encontró
con un problema de inversiones en la construcción de los centros debido a
que el proyecto de obra tenía que contemplar no ya solamente la
superficie del comedor para que los escolares dispusieran de una mesa
para realizar la colación correspondiente, sino, lo más complicado, la
cocina, con las molestias de olores, etcétera, que ocasionaba.

En Canarias encontramos una solución ofertada por la empresa turística
privada. Los servicios de «catering» de los aeropuertos vienen preparando
más de 20 millones anuales de menús para los pasajeros de los vuelos
charter y regulares de las compañías aéreas en Canarias. Se optó por la
solución más lógica, que ahorra en el diseño del proyecto arquitectónico
las instalaciones de la cocina, ahorra la contratación de personal no
docente --de limpieza, cocineros, camareros, etcétera--. La contratación
del menú --desayuno o almuerzo-- a las empresas de «catering» que existen
en el archipiélago canario ha resuelto el problema de una manera rápida,
económica, eficiente, normalizada,



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controlable por las autoridades competentes en el diseño de los menús, el
servicio de los mismos, el estricto cumplimiento de las normas de higiene
alimentaria, los controles sanitarios, los controles dietéticos,
etcétera.

Llega el camión de la empresa de «catering», trae diariamente cubiertos
para los niños que comen o desayunan en el centro y se efectúa el
servicio con la mejor racionalización de los medios económicos. Hoy día
está extendido este servicio de comidas escolares a través del
«catering». La autoridad escolar puede ampliar el servicio de desayunos,
almuerzos y meriendas a los calendarios pertinentes, porque, desde luego,
supera todos los inconvenientes que implicaba un personal fijo en los
centros escolares para la preparación de las comidas.

Como no se menciona esto, sino que es el servicio de comedor en sentido
estricto, nos parece muy oportuna la iniciativa y en esta línea de
consenso, señor Presidente, la vamos a apoyar con nuestro voto.




El señor PRESIDENTE: Espero, señor Mardones, que les cambiarán el menú y
la cantidad. (Risas.)
Tiene la palabra el señor Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: Aun conociendo que la proposición no de ley se
concreta al ámbito MEC, considero que mi grupo debe apoyarla por cuanto
en ella existe una sensibilidad en el ámbito educativo y social. Incluso
nos parece justo que aquellos alumnos de enseñanzas obligatorias que
deban desplazarse tengan esta, en cierta medida, compensación.

Decimos en el ámbito educativo especialmente porque soy conocedor de
áreas donde el comedor juega un papel educativo y social, como ha
expresado el portavoz socialista, señor Nieto. Areas donde se sirve la
comida adecuada a los alumnos de la edad a que se refiere la proposición
y donde el comedor escolar es un mecanismo de educación muy importante.

Desde esta perspectiva esencialmente, mi grupo va a apoyar esta
iniciativa parlamentaria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Intervengo para fijar la posición de mi
grupo en la iniciativa que debatimos. En este sentido, el Grupo Popular
comparte en esencia el espíritu que inspira esta iniciativa, es decir,
que la actividad de los comedores escolares es un servicio complementario
de carácter voluntario en los centros escolares que persigue paliar, de
una parte, los problemas de atención que puedan darse en algunas
familias, bien sea por la distancia del centro con respecto al domicilio
del alumno, bien sea para salvar las dificultades que pudieran surgir por
el horario de trabajo de los padres para atender a sus hijos o, por
último, otras causas familiares de naturaleza muy diversa que hacen
aconsejable el uso de estas instalaciones escolares.

En segundo lugar, compartimos que complementan el aspecto educativo al
permitir instruirles en el uso de la dieta adecuada y, por último, ayudan
a solucionar ciertos problemas sociales para aquellas familias que puedan
tener carencias esenciales.

En este contexto, todo lo que sea mejorar este servicio en calidad,
cantidad y ampliación del horario será apoyado por mi grupo. Sin embargo,
entendemos que este servicio debe ser cuidado con especial atención para
que el centro escolar no sea un lugar de aparcamiento y llegar en este
caso a un fin totalmente distinto del que se persigue con esta
iniciativa.

Mi grupo entiende que en esta proposición no se ha elaborado un estudio
previo para determinar el coste que significa extender la red de
comedores escolares y ampliar el servicio de desayuno con acogida de
alumnos en horario previo a las actividades docentes, teniendo en cuenta
que se deberían incorporar a los centros a primera hora profesores y
cuidadores educativos. En segundo lugar, resultaría necesario también
establecer un mapa de comedores escolares que incluya todos los centros
educativos que prestan este servicio de forma que cualquier ciudadano
pueda conocerlos a lo largo del curso académico, así como los días
iniciales y finales del mismo. En tercer lugar, el horario del
profesorado de estos centros debería ser modificado para poder atender a
esta demanda, lo que debería conllevar las correspondientes reuniones con
sindicatos para atender este servicio que se quiere prestar, así como la
modificación del correspondiente convenio colectivo.

No se especifica para qué nivel educativo se ha de aplicar esta medida.

¿Solamente para la educación infantil, o también para la Educación
Primaria y para la Educación Secundaria Obligatoria? De ahí la
importancia de calcular su coste, que sería bastante elevado y que, por
cierto, no se contemplaba en el proyecto de presupuestos que hoy
precisamente se ha rechazado. Esto nos hace pensar que esta proposición
no de ley, aun compartiendo el espíritu, de alguna forma tiene un
carácter electoralista dada la imprecisión con que se presenta.

Se pueden dar otras consideraciones también como el hecho de que el
personal, las instalaciones, los medios deben ser cuidados con esmero y
con especial atención, y no siempre se cumplen estos requisitos. No es
difícil encontrar comedores en lugares como gimnasios, bibliotecas, en
los que la función del centro queda desdibujada en un afán de facilitar
unos servicios que no estaban previstos con anterioridad. Incluso el
tiempo anterior y posterior a la comida de los alumnos debe contar con
locales y personal adecuado. Consideramos que cada medida que tienda a
ampliar el horario de estancia de un niño en el centro escolar, sobre
todo en edades tempranas, debe ser estudiada minuciosamente y
desarrollando los aspectos reglamentarios pertinentes para que no pueda
ser perjudicial en ningún caso.

Por estas razones, aunque nuestro grupo se muestra partidario de la
aprobación de esta medida, entendemos que no se plantean en la misma
todas las consecuencias que de su aplicación se podían derivar y, en
consecuencia, y reiterando las razones que acabo de exponer, nuestro
grupo se va a abstener. (El señor Nieto González pide la palabra.)



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El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, a los únicos efectos de decir si acepta
o no las enmiendas propuestas por el Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra.




El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, intervengo para decirle al
portavoz del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que nos
parece bastante razonable el contenido de las tres enmiendas que presenta
--la exposición que ha hecho su portavoz lo ha dejado claro--, sin
embargo creemos que dos de ellas sí aportan algo al texto de la
iniciativa del Grupo Socialista pero una tercera, no. Por lo tanto,
pensamos que no tiene mayor interés incorporarla. Aceptamos la
incorporación al texto de la enmienda de adición al punto 1, con la
corrección que sobre la marcha ha hecho el portavoz de Izquierda Unida,
que añade al final del punto 1 el texto siguiente: Para la mejora del
servicio de comedor es fundamental también incrementar el presupuesto
dedicado a las becas. En esos términos aceptaríamos esa enmienda para
incorporarla como adición al punto número 1 de nuestra propuesta.

También aceptamos la de adición de un punto nuevo, que en este caso sería
un punto 4, aunque en la enmienda de Izquierda Unida aparece como un
punto 5, que se refiere a la participación del profesorado en el comedor
escolar. Dice: La participación del profesorado en el comedor escolar
debe potenciar su papel en los aspectos educativos de esta actividad.

Creemos que es muy razonable el planteamiento que ha hecho el portavoz de
Izquierda Unida al explicar el contenido de esta enmienda. Decía en mi
intervención, y lo dice la exposición de motivos, que nos parece que el
comedor no solamente debe cumplir un papel social, sino también
educativo, y creemos que la pieza esencial para que cumpla ese papel el
comedor escolar es el profesorado, el profesor o los profesores que están
atendiendo este servicio.

La enmienda de adición que pretende añadir un punto nuevo, el número 4,
pide la extensión del servicio de comedor a los alumnos del primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria. Creemos que la propia proposición
no de ley lo contempla de una manera genérica en el punto 1 al hacer
referencia a colegios públicos en general. Por lo tanto, creemos que
solamente crearía confusión, teniendo en cuenta que se refiere a los
alumnos que están en un primer ciclo de la etapa de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria; podría crearse cierta confusión si añadiéramos
este punto. Creemos, por otro lado, que lo que plantea Izquierda Unida
queda incluido con la referencia genérica que hacemos a colegios
públicos.




--SOBRE PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 161/000632.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre
patrimonio cinematográfico español, que ha sido presentada por el Grupo
Popular.

Ruego a SS. SS. la mayor brevedad posible. Hemos perdido el quórum.

Espero que lo recuperemos antes de la votación. Si no, será baldío el
intento de votar.

Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el señor Gómez-Alba.




El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señorías, esta proposición no de ley que hoy
traemos aquí es una de esas iniciativas parlamentarias constructivas y
amables que es un placer defender porque no van contra nada, sino a favor
de algo en lo que, en principio, todos podemos estar de acuerdo y, por
tanto, apoyar: la conservación del patrimonio cinematográfico español
como parte integrante del patrimonio histórico español, que habrá de
permitir su estudio, difusión y conservación en mejores condiciones que
las actuales.

La intención que nos ha guiado al presentar esta proposición no de ley,
como decimos en su introducción, no es otra que la de querer sumarnos de
esta forma --y creemos que es la mejor forma en que podemos hacerlo desde
el Parlamento-- a la conmemoración del centenario del nacimiento del
cine, aportando al mismo tiempo nuestra contribución a la protección y al
reconocimiento de la historia del cine español, cuyo gran mérito no
siempre ha sido justamente valorado.

Aunque es el Grupo Popular el que presenta esta iniciativa, renunciamos
desde ahora al protagonismo de la misma. Quisiéramos que fuese asumida y
apoyada por todos los grupos, por lo que desde ahora nos declaramos
abiertos a toda sugerencia. Sería espléndido que se convirtiese en una
resolución institucional unánime del Congreso de los Diputados, una
especie de regalo de cumpleaños que el Parlamento ofrece, con sus mejores
deseos, a todas aquellas personas que han hecho posible el cine español a
lo largo de su historia en justo reconocimiento.

El petitum de la proposición es algo sencillo. Se trata de instar al
Gobierno, a cualquier gobierno, a éste y al que le suceda, a que adopte
las medidas necesarias, en primer lugar las normativas y después las
administrativas, para que el depósito legal de las cintas
cinematográficas se realice efectivamente, cosa que no se hace en la
actualidad, y se destine al mejor sitio posible para su conservación,
estudio y posterior difusión, que es la Filmoteca Española. Actualmente,
las cintas van a la Biblioteca Nacional.

Como pueden comprobar SS. SS., algo muy simple: se intenta subsanar
ciertas disfunciones y ciertas lagunas que se dan en las normas
existentes actualmente en materia de depósito legal, así como corregir
ciertas malas prácticas derivadas de una normativa defectuosa.

Para no extenderme en la descripción jurídica del problema que se puede
encontrar en los cinco puntos de la introducción de la proposición no de
ley, muy detallados allí, con toda intención, para evitar a SS. SS., y a
mí mismo, un farragoso discurso en un momento en el que sólo debe haber
manifestación de buenas voluntades hacia el cine, tan sólo diré que, por
una regulación reglamentaria del depósito legal de 1971, actualmente
vigente, el depósito de las cintas cinematográficas se realizaba muchas
veces --cuando se realizaba-- mediante la entrega, no de un



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ejemplar de la película, sino de un informe técnico de la misma, que
incluía la ficha artística, el guión literario, unas cuantas fotos de las
principales escenas y, en los pocos casos en los que se depositaba un
ejemplar de la película, se remitía todo ello, no a la Filmoteca
Española, que parecería lo lógico, sino a la Biblioteca Nacional, por una
vis atractiva que ha ejercido el depósito legal de las publicaciones, el
primero que se reguló.

Se trata de realizar tan sólo unos pequeños retoques en la actual
normativa del depósito legal y hacer luego que se cumpla, con el fin de
que las cintas cinematográficas queden depositadas en la Filmoteca
Española y ésta pueda cumplir los importantes fines de investigación,
recuperación, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico
español que la Ley le encomienda y respecto de los cuales viene
realizando una valiosa labor, pese a las deficiencia jurídicas y
carencias materiales.

Ya sabemos que el Gobierno está trabajando desde hace tiempo en un
proyecto de ley de depósito legal en el que seguramente se contemplará
esta cuestión, junto a otros problemas generales del depósito legal o
particulares de otros soportes y productos. Ello no obsta --creemos
nosotros-- para que el Congreso apruebe hoy esta proposición, que en
ningún caso debe entenderse como crítica a lo que se está haciendo, sino
como estímulo para que se avance en esa línea, teniendo el valor añadido
de que, si se aprueba por unanimidad, comprometerá, no sólo a este
Gobierno --al que con toda seguridad no le dará tiempo a tramitar este
proyecto de ley--, sino también al futuro Gobierno.

Esta no es una petición del Partido Popular. Se trata de una de las
peticiones que, reiteradamente, han hecho llegar a los partidos políticos
las distintas instituciones del cine español, Academia, filmotecas,
entidades de gestión, así como las asociaciones y federaciones
profesionales, directores, guionistas, actores, productores,
distribuidores, exhibidores, con apoyo de instituciones internacionales,
europeas, de la Unesco y de la Asociación Española de Historiadores de
Cine. Esta petición quedó recogida, con el punto 3, en el llamamiento
para la recuperación del patrimonio cinematográfico español, que se hizo
público el pasado 17 de octubre y para el que ahora solicitamos su apoyo.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no han sido presentadas
enmiendas.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Cruz.




El señor CRUZ ORIVE: Muy brevemente quiero manifestar que vamos a votar a
favor de esta proposición no de ley, puesto que del análisis realizado y
tras el contacto con colectivos que pertenecen al mundo del cine,
directores, guionistas, etcétera, he podido comprobar que compartían esta
preocupación.

Nos parece muy correcta la detallada exposición de motivos, así como los
términos específicos de la proposición no de ley.

Por estas razones, vamos a votar a favor de esta iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Señorías, la proposición no de ley presentada
por el Grupo Popular que estamos debatiendo insta al Gobierno a que tome
las medidas necesarias para que el depósito legal de las cintas
cinematográficas se produzca mediante la entrega por parte de las casas
productoras de al menos un ejemplar de las mismas, que se destinará a la
Filmoteca Española para el cumplimiento de sus fines de investigación,
conservación y difusión del patrimonio cinematográfico español.

Coincidimos con el Grupo Popular en que es necesario tomar medidas para
que el depósito legal de las cintas cinematográficas se efectúe en la
Filmoteca Española. El Grupo Socialista considera que los mecanismos
normativos existentes en esta materia no son suficientes para que esto se
produzca con normalidad, puesto que se trata de una legislación bastante
antigua y dispersa. La institución del depósito legal en España quedó
establecida en el siglo XVIII. Como ocurría en muchos países europeos, el
depósito legal tenía la finalidad de fomentar el tesoro cultural de la
nación, estableciendo la obligación de entregar gratuitamente los autores
o editores de obras impresas un número de ejemplares determinado a la
Biblioteca Nacional. La obligación de depositar obras cinematográficas es
un añadido posterior --como decía anteriormente el señor Gómez-Alba-- al
depósito legal de libros, cuando por Orden de 30 de octubre de 1971 se
aprueba el reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico, Instituto
que posteriormente se integra, a partir de 1985, en la Biblioteca
Nacional. Sin embargo, el organismo encargado de velar por la
conservación del patrimonio cinematográfico español es la Filmoteca
Española, desde la Ley 1/1982, de 24 de febrero, pero en esta Ley no se
estableció directa y claramente que el depósito legal de obras
cinematográficas debería efectuarse en la Filmoteca Española. Sin
embargo, posteriormente hay disposiciones reglamentarias que se producen
bajo el criterio de que es en la Filmoteca donde se debe realizar el
depósito.

A estas disposiciones dispersas les falta la norma básica y principal que
reconduzca el depósito legal cinematográfico directa y exclusivamente a
la Filmoteca. Habitualmente se viene aplicando la Orden de 1971, a la que
antes me he referido, modificada en el año 1973, en virtud de la cual las
películas, en lo que se refiere al depósito legal, se siguen considerando
libros y se depositan en la Biblioteca Nacional, en la que se integró el
Instituto Bibliográfico Nacional. Creemos que el órgano adecuado --y
coincidimos con el Grupo Popular-- para el archivo y conservación del
patrimonio cinematográfico es la Filmoteca, pero, para que esto sea así,
hay que desarrollar la normativa precisa que canalice el depósito legal a
la Filmoteca, y no son eficaces las disposiciones reglamentarias.

La doctrina del depósito legal que configura a éste como una figura
cercana a la prestación obligatoria de carácter



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patrimonial y de contenido real, se contempla en la Constitución en el
artículo 31.3, donde se dice que sólo podrán establecerse estas
prestaciones personales o patrimoniales de carácter obligatorio con
arreglo a la ley. De todo esto se deduce que las medidas que ustedes
proponen --y que compartimos, no lo dude, señor Gómez-Alba; decía S. S.

al principio de su intervención que se trataba de una proposición no de
ley y que lo normal sería que hubiera un acuerdo entre todos los grupos--
deben ser contempladas dentro del marco genérico de la regulación de la
institución del depósito legal, al que usted ha hecho referencia. Si a
estas medidas no les damos el marco legal que requieren, en la práctica
continuaremos con las mismas dificultades que está creando la normativa
dispersa que cada uno interpreta --seguro que con la mejor voluntad--
como buenamente puede.

Por otra parte --y S. S. también lo ha dicho--, sabemos que el Ministerio
de Cultura es consciente de esta insuficiencia normativa y tiene muy
avanzada la elaboración de un anteproyecto de ley del depósito legal en
el que dará adecuado tratamiento a la obligación concreta de la entrega y
destino de las cintas cinematográficas a las que se refiere su
proposición no de ley.

Por las razones expuestas, el Grupo Socialista va a votar a favor de la
iniciativa del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las proposiciones no de ley,
vamos a pasar a la votación de todos los puntos del orden del día.

Realizaremos las votaciones en el mismo orden que han sido debatidas las
proposiciones.

En primer lugar, vamos a votar el informe de la Ponencia encargada de
abordar el estudio y seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos
en carretera, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas propuestas por el Grupo Federal de Izquierda Unida.

Como cuestión previa, ruego que manifiesten las sustituciones a alguno de
los miembros de la Mesa, a los efectos de las votaciones. (Pausa.)
Señorías, ha habido tres sustituciones en el Grupo Popular; una, en el
Grupo de Coalición Canaria, y cuatro, en el Grupo Socialista.

Producidas las sustituciones, comenzamos las votaciones.

Votos a favor del informe de la Ponencia en los términos que he señalado,
con la incorporación de las enmiendas de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Proposición no de ley sobre medidas organizativas y presupuestarias en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presentada por el Grupo
Socialista. Se vota en sus propios términos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de ley sobre el servicio de comedor escolar en los centros
docentes públicos, presentada por el Grupo Socialista. Se vota en los
términos resultantes de la aceptación de dos de las enmiendas que habían
sido propuestas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con la corrección que se ha producido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Proposición no de ley sobre el patrimonio cinematográfico español, que ha
sido presentada por el Grupo Popular y a la que no se han formulado
enmiendas.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión hasta el día 13.




Eran las seis y veinte minutos de la tarde.