CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 605
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 53
celebrada el miércoles, 25 de octubre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de Ley de
telecomunicaciones por cable. (Número de expediente 121/000086). (Página 18401)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley de telecomunicaciones por
cable. BOCG serie A, números 102-1 y 102-16, de 6-2-1995 y 9-10-1995.

(Número de expediente 121/000086). (Página 18402)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY
DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE. (Número de expediente 121/000086.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, iniciamos la sesión de
trabajo de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, con el orden
del día que todos

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ustedes disponen. (Rumores.) Rogándoles silencio para poder iniciar los
debates adecuadamente, les anticipo el orden del día, aunque SS. SS. lo
conocen.

En primer lugar, ratificación de la Ponencia del proyecto de ley de
telecomunicaciones por cable, expediente número 121/000086, «Boletín
Oficial de las Cortes Generales» serie A, número 102-1, de 6 de febrero
de 1995, y «Boletín Oficial de las Cortes Generales» serie A, número
102-16, de 9 de octubre de 1995. En segundo lugar, aprobación, con
competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la
Ponencia, del proyecto de ley de telecomunicaciones por cable, expediente
número 121/000086, y «Boletín Oficial de las Cortes Generales» que
anteriormente he mencionado.

En primer término, quiero someter a la Comisión la ratificación de la
Ponencia, constituida como sigue: por el Grupo Socialista, don Víctor
Morlán Gracia, don Jenaro García-Arreciado Batanero y don Antonio
Martinón Cejas (Rumores.)
Perdón, no estoy pasando lista; simplemente, estoy comunicando, para su
ratificación, los miembros que han trabajado en la Ponencia del proyecto
de ley, que ha sido remitido a esta Comisión con carácter de urgencia, y
del que tenemos la responsabilidad de sacar hoy las conclusiones de cara
a la opinión pública y, por supuesto, de cara al Senado, que tiene que
continuar su procedimiento parlamentario.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Mato Adrover y don
Luis de Grandes Pascual; por parte del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, don Felipe Alcaraz Masats; por parte del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), don Lluis Recoder i Miralles; por
parte del Grupo Vasco (PNV), don Joxe Joan González de Txabarri Miranda;
por parte del Grupo de Coalición Canaria, don Adán Pablo Martín Menis, y
por parte del Grupo Mixto, doña Pilar Rahola i Martínez.

Esta es la composición de la Ponencia y pido a SS. SS. que, si consideran
a bien, ratifiquen la misma, que ha trabajado intensa y aceleradamente
para tratar de darnos el informe que luego va a ser motivo de debate en
esta Comisión y posterior aprobación. ¿Ratifican la Ponencia designada
para informar el proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable?
(Pausa.)
Por asentimiento queda ratificada.




--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE TELECOMUNICACIONES POR
CABLE. (Número de expediente 121/000086.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al debate, con competencia legislativa
plena, del citado proyecto de ley. En primer lugar debo informar a SS.

SS. que existen dos errores en el texto del informe de la Ponencia, que
ha sido distribuido ayer a las cinco y media de la tarde a los portavoces
de la Comisión.

En la disposición adicional segunda, apartado 5, primer párrafo, donde
dice: «A esa sociedad le será de aplicación lo previsto en el apartado 3
del artículo 4 de la presente ley», debe decir: «A esas sociedades les
serán de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la
presente ley.» Es decir, del singular pasamos al plural.

La segunda modificación es que la disposición transitoria quinta debe
considerarse en realidad como disposición adicional sexta. Esa es la
segunda modificación prevista en el informe de la Ponencia.

Creo que SS. SS. han tomado buena nota de estas dos modificaciones.

Quiero explicar también con antelación cómo se va a estructurar el debate
de esta tarde. Intervendrán en primer lugar, en turno de defensa de sus
enmiendas, los portavoces de los grupos parlamentarios que mantienen
enmiendas vivas para el debate en Comisión. Por supuesto, se ha hecho un
buen trabajo en la Ponencia y, concretamente, los Grupos Vasco, Federal
de Izquierda Unida y Socialista han retirado sus enmiendas durante el
proceso de elaboración del informe de la Ponencia. Por tanto, en estos
momentos solamente quedan vivas las enmiendas de los Grupos Popular y
Catalán (Convergència i Unió). Por el orden de afectación de dichas
enmiendas al texto articulado del proyecto de ley, procederemos a
organizar el debate.

«A posteriori» de la intervención de los portavoces de los Grupos
Parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), intervendrán los
distintos grupos para fijar su posición sobre las enmiendas y sobre el
informe de la Ponencia. El tiempo de duración de las intervenciones que
he mencionado será de quince minutos máximo por cada portavoz.

Finalmente, las votaciones no tendrán lugar antes de las 18,30 horas de
esta tarde. Esto es lo que acordamos la Mesa y portavoces en la pasada
semana y, en consecuencia, lo vamos a cumplir.

Con estas informaciones previas y con la explicación de cómo se va a
desarrollar el debate de esta tarde, pasamos ya a conceder la palabra a
los portavoces de los grupos parlamentarios que mantienen enmiendas vivas
después del trámite de Ponencia. En primer lugar, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ana Mato.




La señora MATO ADROVER: Señoras y señores Diputados, quiero consumir un
turno global para explicar la posición de mi grupo parlamentario.

Intentaré con suma brevedad explicar la trayectoria de nuestro partido en
materia de cable, así como también cuál ha sido nuestra actitud,
responsable en todo momento, sobre esta legislación que afecta al futuro
de un sector clave, como es el de las telecomunicaciones. Finalmente, voy
a defender nuestras enmiendas, puesto que les anticipo vamos a mantener
todas para votación y exponer cuáles son nuestras posiciones alternativas
frente a este pacto contra natura que se ha producido en torno a este
proyecto de ley.

Digo, señorías, pacto contra natura porque me reconocerán que
encontraremos pocos precedentes en esta legislatura sobre leyes que
conciten el acuerdo o el apoyo de grupos con ideologías tan dispares y
estrategias tan contradictorias como las del Grupo Socialista, el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa



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per Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Hago esta afirmación,
lamentando profundamente que estos grupos hayan tenido una voluntad
claramente excluyente para que este proyecto no se aprobase también con
el apoyo del primer grupo de la oposición y, en consecuencia, del que
tiene legítimas aspiraciones de gobernar en el futuro en las tan
anunciadas elecciones generales del mes de marzo, aunque ya después de la
votación de esta mañana creo que la mayoría están dando por concluida
desde ya esta legislatura.

Créanme si les digo que lamentamos profundamente que no estemos todos en
el acuerdo, sobre todo porque pensando en los intereses generales de
España en el futuro de las telecomunicaciones, en la creación de empleo y
riqueza, resulta básico que los posibles inversores tengan confianza y
reglas estables para sus apuestas económicas. Muchos son los que quieren
intervenir en las telecomunicaciones por cable en España, tanto desde el
ámbito público como desde el privado, y estoy segura de que en ambos
casos se desearía un texto consensuado en el que estuviera el Partido
Popular que, junto con el PSOE, disputará la victoria en las próximas
elecciones generales.

En estos diez meses (porque, señorías, diez meses lleva este proyecto en
la Cámara, aunque ustedes, tras el pacto contra natura del que estoy
hablando, quieran solventarlo en menos de un mes) siempre hemos estado
dispuestos y abiertos a dialogar con el Gobierno, a dialogar con el Grupo
Socialista, pese a tener que soportar desplantes, posiciones
contradictorias en el Gobierno y, la mayor parte de las veces, opiniones
distintas del Gobierno y del grupo parlamentario que lo soporta a estas
alturas de legislatura.

Quede claro que en menos de un mes, y con un pacto no a favor de las
telecomunicaciones, sino en contra del Gobierno que venga, ustedes
quieren establecer unas reglas de juego que no frecen confianza a los
inversores, entre otras cuestiones porque esas reglas de juego pueden
verse modificadas con una nueva mayoría parlamentaria.

Ahora resulta que la pelea competencial entre Borrell y CiU era falsa; en
pocos días ustedes se han puesto de acuerdo. Resulta también que el
ataque frontal de Izquierda Unida al proyecto del Gobierno, que le llevó
incluso a mantener una proposición de ley propia de dicho grupo, cuando
al mismo tiempo se tramitaba este proyecto, era también ficticia. Al
final, en la conducta de determinados grupos han primado dos fechas: la
de marzo de 1996, posible fecha de elecciones generales, y la del 28 de
mayo de 1995 en que hubo elecciones municipales. Parece que algunos
grupos quieren resolver todo, dejar todo atado y bien atado antes de que
se pueda producir la alternancia. Por eso todas las prisas son válidas;
no sólo que la ley se apruebe en esta Cámara en el plazo de un mes --de
dos meses en el Senado--, sino que el reglamento que la desarrolle y la
adjudicación se realicen antes de que un futuro Gobierno, sea el que sea,
tome posesión tras las próximas elecciones generales. Este criterio tan
partidista ha hecho --insisto-- que el Gobierno quiera resolver en menos
de un mes lo que lleva prometiendo años y años.

Les hablaba de dos fechas. La segunda, a la que me refería, era la de las
pasadas elecciones municipales. Hay grupos, que están en este pacto
contra natura, que se declaraban absolutamente municipalistas en materia
de cable. Ha bastado que la mayoría de los españoles den el poder al PP
en los ayuntamientos para que se les olviden sus principios sobre la
autonomía local y se presten a esta estrategia de Gobierno.

Señorías, se produce un acontecimiento importante en materia de
telecomunicaciones, criticado con oposición virulenta por algún grupo de
esta Cámara --grupo que hoy está en este acuerdo--, que fue el movimiento
que hizo Telefónica pactando con una empresa privada gran parte del
futuro desarrollo de las telecomunicaciones por cable de España. Este
acuerdo, al margen de la legislación vigente y de las reglas de juego
--simplemente porque todavía no existían esas reglas-- provocó la
reacción airada de una amplia representación del Congreso de los
Diputados. Sin embargo, no se produjo una reacción en la búsqueda de
acuerdo por parte de los grupos parlamentarios. Es muy lamentable, sin
embargo, que horas después de que nuestro partido, el Partido Popular,
anunciara su decisión de ir a un proceso público, transparente y en
igualdad de condiciones mientras no hubiera ley --un proceso abierto a
través de los ayuntamientos-- es cuando se produce el acuerdo
precipitado, presuroso de todos ustedes reaccionando no contra el PP,
sino contra una decisión que anuncian alcaldes legítimos de muchas
ciudades de España que pretenden, como digo, claridad, transparencia e
igualdad de oportunidades en materia de cable.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, para una cuestión
de orden.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría, vamos a dejar que termine la
ponente y a continuación, si existe algún motivo especial para pedir la
palabra por cuestión de orden, con mucho gusto le atenderé.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Es para saber si estamos en el turno
de líneas generales.




El señor PRESIDENTE: Pienso que debemos dar, como es lógico, la soberanía
a cada uno de los portavoces para que utilicen sus quince minutos de
intervención en defensa de las enmiendas de la forma y manera que crea
más oportuno cada uno de los portavoces.




La señora MATO ADROVER: Muchas gracias, señor Presidente. Continuaré
utilizando el turno de intervención de defensa de mis enmiendas en la
manera que crea más conveniente para nuestro grupo.

Decía que ha sido y es casualidad que el acuerdo de los grupos
parlamentarios se produzca horas después de que los alcaldes anunciaran
su decisión de convocar concursos transparentes. En cierto modo su
acuerdo va, por tanto, contra la concurrencia y contra la igualdad de
oportunidades que defienden los alcaldes.




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Ustedes, señores que respaldan al Gobierno, nunca han visto la ley de
telecomunicaciones por cable como instrumento para desarrollar un sector
estratégico en España, siempre la han visto como un instrumento de poder
en torno a la comunicación, en torno a lo audiovisual y tienen unos
aliados que han compartido esa visión olvidándose de lo que suponen, en
términos objetivos, las telecomunicaciones en España.

Concluyo, señor Presidente, esta primera parte diciendo que mantengo
nuestras enmiendas por los siguientes motivos: En primer lugar, el
acuerdo del resto de grupos parlamentarios es improvisado, se ha hecho
con toda premura y, desde luego, ofrece un texto, como demostraré
después, lleno de parcheos y lleno de componendas. En segundo lugar, el
acuerdo establece discriminaciones clarísimas, como también demostraré
después, para el sector privado en el futuro de las telecomunicaciones
por cable en España. En tercer lugar, es un acuerdo contra la
concurrencia y la claridad de las reglas de juego del cable. En cuarto
lugar, es francamente impensable que ese acuerdo signifique una ley
perdurable ya que el mismo tiene su origen en el oportunismo. En quinto
lugar, lamentamos que el mismo no se haya producido como reacción a la
actitud de una compañía de control público, sino como reacción a demandas
legítimas en materia de cable, que realizan los alcaldes recientemente
elegidos en las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

Señorías, sobran las visiones partidistas que les han conducido a ustedes
en esta materia. Sobran los análisis que han hecho ustedes
concienzudamente sobre quién manda en cada institución. Han tomado
decisiones pensando quién manda y quién mandará en el Gobierno Central.

Quién manda y quién mandará en las autonomías, y quién manda y quién
mandará en los ayuntamientos.

No se dan cuenta que cuando se hacen estos análisis uno puede sentirse
satisfecho, desde la óptica partidaria en el momento presente; sin
embargo, puede estar condenando absolutamente el futuro. Hemos tenido, y
vamos a seguir teniendo, un comportamiento absolutamente coherente. Hemos
defendido el peso municipal en la toma de decisiones; hemos reconocido el
peso de las autonomías cuando se supera este ámbito y se pasa al papel
supramunicipal y, sobre todo, hemos reconocido la clave que los
ayuntamientos siempre significan cuando de espacios de dominio público
estamos hablando.

Señorías, hemos mantenido nuestra oferta de diálogo ante los siguientes
acontecimientos: El Presidente del Gobierno anunciando esta ley de
diversas maneras en cada momento e incumpliendo permanentemente los
plazos, incluso ante las cámaras de televisión. El señor Borrell, que una
mañana defendía la televisión por cable, junto con el satélite, al día
siguiente, pasa a guardar en un cajón el cable y trae al Congreso
solamente el satélite. Pero, no se lo pierdan, porque no acaba aquí la
cosa, al día siguiente, el señor Borrell defendía la televisión por cable
para, poco después, decir que no a la televisión por cable que eran
telecomunicaciones por cable. Pero tampoco termina ahí la historia. Hemos
vivido los ataque furibundos del Ministro Borrell a Convergència i Unió
por las pretendidas competencias de las comunidades autónomas en materia
de telecomunicaciones por cable; afirmaciones por activa y por pasiva de
que no era negociable la competencia del Estado en materia de cable.

Permítanme el remate. No ha habido en los últimos tiempos conversaciones
entre Pujol y González o González y Pujol en que no se situara la ley de
telecomunicaciones por cable como un problema y también como una
compensación para que los convergentes mantuviesen su apoyo al Gobierno
socialista; en este marco, los inversores asistiendo impasibles y
sorprendidos a un debate que nadie puede entender.

Pero, además, señorías, cómo es posible que se ataque con toda la
virulencia del mundo a la petición de concursos de alcaldes del PP,
cuando el Gobierno y los alcaldes socialistas están encantados con lo que
se ha hecho, por ejemplo, en Barcelona, que incluso han ratificado con un
convenio las decisiones del señor Maragall que las ha tomado --si
nuestros datos concuerdan-- sin que esta ley estuviera todavía aprobada.

Sólo la clave partidista puede explicar esta cuestión.

Cómo es posible que Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, enérgica
defensora de los poderes municipales, al parecer cuando tiene buenos
resultados en las elecciones en estos ámbitos, sacrifique su posición y
apoye un proyecto que discrimina positivamente a Telefónica, cuando hace
pocas fechas con toda energía criticaban los excesos de esta compañía.

Cómo es posible que, a pocos meses de las elecciones generales, con
precipitación, ante el sector que más se va a desarrollar en los próximos
años en España, alcancen este acuerdo sin oír a los ayuntamientos, sin
oír a las comunidades autónomas y, sobre todo, que es lo más importante,
introduciendo todos los elementos de inseguridad en torno a la viabilidad
del mismo. No hubiese sido nada chocante, sino todo lo contrario, muy
positivo, que se hubiera suscrito un acuerdo entre todas las fuerzas
políticas, entre comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno
central en torno a esta ley. Reconozco que éste es un esfuerzo
difícilmente solicitable a un Gobierno en precario, mucho más preocupado
por aguantar a trancas y barrancas hasta el mes de marzo, que por
solventar los problemas de España.

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, este conjunto de razones,
junto a las que ahora voy a exponer, son las que justifican el
mantenimiento de nuestras enmiendas, tanto en el Congreso como en el
Senado, sin perjuicio de las posibles transaccionales a que podamos
llegar en el transcurso de los debates.

Expondré, a continuación, con brevedad, para no aburrirles en exceso y
agradeciendo a la Presidencia su benevolencia, el contenido de los
bloques de enmiendas que sustentan nuestra contradicción con el texto
pactado por el Gobierno socialista, Partido Nacionalista Vasco,
Convergència i Unió e Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña.

Seguimos manteniendo, en primer lugar, la supresión del concepto de
servicio público; hace mucho tiempo que está superado que el conjunto de
lo audiovisual sea un servicio público esencial Si se analizan las
ofertas, si se analizan las otras modalidades de televisión, si se
analizan las



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programaciones y, sobre todo, si se tiene en cuenta la televisión por
satélite, resulta impensable jurídica, social y políticamente mantener
ese concepto que, más que una concepción ideológica, esconde una
concepción de poder por el poder, en definitiva, no renunciar a las
concesiones.

Expliquen por qué la televisión por satélite ya no está concebida como
servicio público, sujeto a concesión, según el texto remitido a esta
Cámara por el Gobierno y sí lo está la televisión por cable. Expliquen a
los ciudadanos qué servicios, como por ejemplo Telepizza o Teletienda,
son servicios públicos esenciales.

Mi grupo mantiene que, cuando más, estaríamos hablando de una actividad
de interés público, una actividad que debe entenderse no sujeta a
concesión, sino simplemente a autorización y que las puertas al campo las
ponga la capacidad técnica de nuestro espacio audiovisual. En
consecuencia, mantenemos todas las enmiendas que se refieren a la
desaparición del concepto «servicio público».

En segundo lugar, y al final, han intentado ustedes un pasteleo en torno
a las competencias de las diversas administraciones: central, autonómica
y local en el marco del Estado. Digo pasteleo y no me podrá corregir, por
ejemplo el Ministro Borrell que ha estado siempre negando el pan y la sal
a las comunidades autónomas en este sentido.

Nos parece mucho más sensata nuestra propuesta que atribuye la máxima
decisión a ayuntamientos en su ámbito; la decisión definitiva a las
comunidades autónomas cuando se superen ámbitos municipales y siempre un
poder ordenador regulador a lo que significa el Gobierno central, la
Administración central. Por eso mantenemos nuestro texto. El suyo
pretende que, si antes del mes de marzo se cumplen los plazos que han
pactado decidir todo, sin contar con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, a través del voto de calidad del Presidente, sin que en
este juego se pueda descartar que antes de las próximas elecciones
generales haya gobiernos de comunidades autónomas que sindiquen su
posición con la del Gobierno.

Señor Presidente, otro bloque de enmiendas se refiere a las
demarcaciones. La posición del Gobierno ha variado sustancialmente en lo
que significa la delimitación de las demarcaciones. Si se analiza
municipio por municipio de España, incluidas capitales de provincia,
resulta increíble que se establezca un mínimo de 50.000 habitantes para
desarrollar las telecomunicaciones por cable de forma autónoma. Esto
constituye una perfecta insensatez. Hay demarcaciones que son
perfectamente viables con menos de 50.000 habitantes; el Gobierno lo
tenía claro, porque su tope eran 20.000 habitantes. Supongo que tendrán
que explicar las razones inconfesables que les han llevado a este cambio
de postura.

De la misma forma, si se pretende la pluralidad en la participación, nos
parece excesivo que se ponga un límite máximo de dos millones de
habitantes. Creemos que es una manifestación más de este pacto contra
natura que en otro artículo que comentaremos después, pretende impedir la
concentración pero permite, sin embargo, que haya demarcaciones de hasta
dos millones de habitantes, con el agravante de que, por decisión del
gobierno de una comunidad autónoma, se puede modificar esa demarcación
ampliándose sin ningún tipo de límite, por ejemplo, a todo el ámbito de
la comunidad autónoma. Al parecer, ha sido otra claudicación ante los
intereses nacionalistas. En doble dirección, nos parece mucho más
coherente que pueda existir una demarcación de 20.000 habitantes hoy
impedida por este nuevo proyecto que ustedes han pactado, y que se rebaje
el tope máximo por demarcación. No deben existir operaciones de cable en
comunidades autónomas por encima del millón de habitantes.

El Gobierno y el Partido socialista deben explicar cuáles son los motivos
que han existido para que hagan este cambio, y, como hasta ahora no han
dado esas explicaciones, mantenemos nuestras enmiendas en ese sentido.

En tercer lugar, señorías, hay quien ha acusado a Telefónica de
prepotencia y de intentar mantener privilegios. Los mismos que formulaban
esos ataques hoy ofrecen un texto consensuado que otorga todos los
privilegios del mundo a Telefónica, que no tendrá que esforzarse en
absoluto por competir si prospera esta ley y podrá introducirse en el
campo de la televisión cuando lo estime conveniente, sin que sin embargo
tenga que competir en el marco de la telefonía con otros inversores.

Nuestra posición es clarísima; que Telefónica, aunque parte de una
situación de privilegio y de monopolio, compita en igualdad de
condiciones, por lo que posibilitará dos redes de cable por demarcación.

Si de verdad se quieren inversiones que creen empleo y riqueza, si de
verdad se quiere crear un marco de competitividad que Telefónica pueda
operar en televisión cuando los demás que compiten puedan hacerlo en
telefonía nos parece una posición sensata y equilibrada. Tampoco descubro
nada nuevo si digo que el Gobierno compartía en parte esta posición y que
también intereses partidistas parecen haberla modificado.

Señor Presidente, nos resulta chocante la vergonzante defensa que se hace
del pluralismo informativo y también que se intente subsanar ésta con un
principio de anticoncentración. Los mismos que privilegian la Telefónica,
que dejan a esta compañía de control público campar por sus respetos,
luego intentan cubrirse con que ningún concesionario pueda asumir mayor
negocio que el que se refiere a millón y medio de abonados, probablemente
sea una concesión o una condición sine qua non de Izquierda Unida, porque
ni en el PSOE ni en Convergència i Unió se han caracterizado por poner
frenos a que la información esté en pocas manos. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Mato.

Ruego a SS. SS. silencio porque, de lo contrario, no vamos a poder oír la
defensa de las enmiendas realizadas por la ponente del Grupo Popular, y,
en consecuencia, perdemos un tiempo importante.

Silencio, por favor.




La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.

Fíjense, señorías, en la contradicción que se produce: se da patente de
corso a Telefónica en telecomunicaciones por cable y, a la vez, se le
dice que está limitado a millón y



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medio de abonados, una prueba más de la endeblez de este pacto, de su
premura y de su análisis poco riguroso. Analicen si está poco estudiado
que no se ha aceptado una enmienda de nuestro grupo que proponía que un
mismo operador de cable no pueda operar en simultáneas demarcaciones de
una misma ciudad, y es claro que me refiero a las grandes ciudades de
España.

Señor Presidente, mantengo todas nuestras enmiendas que se refieren a las
carencias de este pacto. En primer lugar, nosotros regulamos
exhaustivamente los principios inspiradores de la programación
audiovisual; en segundo lugar, defendemos a los programadores
independientes y establecemos los derechos y obligaciones de los mismos,
pero sobre todo defendiendo la libre concurrencia; garantizamos con
nuestras enmiendas que siempre los terceros tengan acceso a un volumen
del 15 por ciento de servicios de telecomunicaciones por cable y a una
cuantía del 40 por ciento de la televisión que se emita por cable. Esto
significa defender al máximo un sistema abierto para garantizar la
pluralidad y la inversión y que no haya arbitrariedad en los procesos de
autorización ni en las actitudes de los operadores de cable, una vez
adquirida la licencia.

Ya concluyo, señor Presidente, de la siguiente manera. En primer lugar,
destacamos que llevamos años de retraso en el desarrollo de las
telecomunicaciones y que ese retraso sólo es imputable al Gobierno. En
segundo lugar, señalar que se han producido contradicciones graves en el
seno del Gobierno, en las posiciones del mismo y del Grupo Socialista. En
tercer lugar, se ha producido un pacto de poder pensando en los
resultados de las elecciones municipales pasadas y teniendo presentes los
próximos resultados de las elecciones generales que se avecinan. En
cuarto lugar, las características ideológicas y estratégicas de los
grupos que han suscrito este acuerdo impiden un texto coherente, que
ofrezca garantías a los inversores. En quinto lugar, hay que lamentar que
este acuerdo se produzca cuando alcaldes deciden procesos transparentes y
en concurrencia. En sexto lugar, es previsible un cambio legislativo de
esta ley tras las elecciones generales, al no tener la misma el consenso
básico de la primera fuerza política de la Cámara. En séptimo lugar, se
privilegia a Telefónica que no compite en igualdad de condiciones. En
octavo lugar, se intenta, de forma vergonzante, evitar la concentración.

En noveno lugar, el texto pactado no garantiza adecuadamente el derecho
de acceso de terceros a las redes de cable. Y, en décimo lugar, el pacto
no ofrece un sistema de igualdad de oportunidades, de concurrencia y de
transparencia, que fomente la dinamización del sector de las
telecomunicaciones en España.

Señor Presidente, agradezco su benevolencia y espero que comprenda la
extensión de mis palabras al ser el único grupo que, al parecer, va a
mantener las enmiendas. Conservo, en todo caso, la esperanza de que
alcancemos entre todos un acuerdo que impulse la creación de empleo, la
creación de riqueza y la posición estratégica de España a través de esta
Ley.




El señor PRESIDENTE: A continuación, antes de dar la palabra al portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tengo que anunciar
que también existen enmiendas vivas por parte del Grupo de Coalición
Canaria, que serán defendidas, a continuación, por su portavoz.

Tiene la palabra el señor Recoder, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro grupo parlamentario mantenía hasta
el momento todas sus enmiendas vivas, pero ya anuncio que en este momento
formalizo la retirada de todas ellas menos de dos, las relativas al
artículo 2.3 y 2.4. Es obvio el motivo por el cual nosotros retiramos
dichas enmiendas, por tanto, no me voy a extender al respecto, aunque sí
haré una breve valoración de lo que representa para nosotros el acuerdo
que se ha llegado.

Antes, voy a defender estas dos enmiendas de forma muy breve, como decía
hace un momento, porque su concreción es muy obvia. Me parece que
simplemente pretende abundar en el sentido más amplio del pacto al cual
la mayoría de fuerzas políticas de la Cámara hemos llegado alrededor de
esta Ley.

Concretamente, nuestras enmiendas al artículo 2.3 y 2.4 pretenden
concretar quién es la Administración pública que tiene que aprobar de
forma definitiva la alteración del ámbito de las demarcaciones ya
constituidas y en las que existan las concesiones otorgadas. Se establece
en el proyecto de Ley que debe ser el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, previo informe vinculante de la comunidad o
comunidades autónomas. Nuestro grupo parlamentario piensa y así lo
defendía en la enmienda que planteó en su momento, como consideran otras
fuerzas políticas de la Cámara, que deben ser las comunidades autónomas
quienes deben efectuar esa aprobación cuando la misma se refiera a
municipios de una misma comunidad autónoma.

Dicho esto, con la brevedad anunciada, sí quisiera manifestar, señor
Presidente, nuestra satisfacción por el acuerdo a que se ha llegado
alrededor de esta ley. Ya hemos manifestado nosotros reiteradamente, y
así lo hicimos en la rueda de prensa que celebramos conjuntamente el
Partido Socialista, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco y nosotros mismos, que
debíamos lamentar porque era un acuerdo que llegaba tarde; si hubiéramos
encontrado en el Grupo Socialista con anterioridad la misma disposición
al diálogo que encontramos en el mes de septiembre, haría meses que esta
ley estaría aprobada. La realidad es la que es y, por tanto, debemos
celebrar que, aunque haya llegado tarde, finalmente, ha llegado este
pacto que permite desencallar una ley importantísima, una ley fundamental
para el desarrollo de las telecomunicaciones y para el desarrollo
económico de nuestro país y un pacto alrededor del cual a nuestro grupo
parlamentario sin lugar a dudas le sería fácil efectuar un discurso
catastrofista, efectuar un discurso negativo, como el que ha realizado la
señora Mato, en nombre del Partido Popular. Al fin y al cabo, cuando se
llega a un acuerdo, y un acuerdo tan amplio, quiero señalar, señor
Presidente, señoras y señores Diputados,



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que las fuerzas políticas que lo hemos suscrito hemos mantenido en muchos
temas a lo largo de esta legislatura posiciones concretas frente a los
distintos proyectos de ley, algunas muy alejadas, incluso en nuestra
relación con el Partido Socialista y el Gobierno socialista.

Por tanto, ha habido una serie de renuncias en beneficio del acuerdo y es
sencillo realizar el discurso en relación a todo aquello que la ley no va
a decir. Nosotros preferimos ser positivos, preferimos ver la botella
medio llena, en lugar de verla media vacía, y destacar que éste es un
acuerdo que, en primer lugar, va a permitir un desarrollo armónico del
cable y de las telecomunicaciones en general en nuestro país. En segundo
lugar, es un acuerdo que se realiza en base al respeto de las
competencias de las distintas administraciones públicas; se establece un
proceso de codecisión en cuanto a la determinación de las demarcaciones y
en cuanto a los concursos, acuerdo en el cual participan la
administración central, la autonómica y la local, que es a quien
corresponde la iniciativa, y, a la vez, se reconocen las competencias
derivadas del artículo 149.1.27 de la Constitución, que establece que las
comunidades autónomas tendrán las competencias de desarrollo en materia
de medios de comunicación social. En tercer lugar, pensamos que es un
acuerdo que permite avanzar, no de forma inmediata, porque es evidente
que ello no es posible, pero sí a medio plazo, en conseguir una cierta
universalización del servicio del cable, lo cual a nuestro Grupo
Parlamentario le parecía fundamental. Es asimismo un acuerdo que permite
desarrollar las telecomunicaciones por cable en un marco de competencia
que también nos parecía fundamental.

Es evidente que la ley concede un papel muy importante a la Compañía
Telefónica. Quiero subrayar que el proyecto de ley determinaba un papel
muy distinto a Telefónica que el que finalmente la ley que vamos a
aprobar va a acabar concretando y que, creo yo, es digno de subrayar.

Por último, quiero decir, señor Presidente, que el Partido Popular si no
está en este acuerdo supongo que es porque no ha querido o porque no le
ha interesado a su estrategia política, porque oportunidad tuvo; la
posibilidad de sumarse al mismo la tuvo; la posibilidad de cerrar el
acuerdo sin la participación de otros grupos parlamentarios, como el que
yo represento, la tuvo el Partido Popular; no le interesó, es una
posición muy legítima, pero, en cualquier caso, lo que no se puede hacer
desde esta fuerza política es cargar las tintas en aquellas otras fuerzas
que hemos primado el consenso por encima de los intereses particulares de
todos y cada uno de nosotros.

Por tanto, reitero, señor Presidente, lo que he dicho inicialmente:
retiro todas nuestras enmiendas, salvo aquellas referidas al artículo 2.3
y 2.4 del proyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, entiendo que las enmiendas que
mantiene son las números 32 y 33. (Asentimiento.)
A continuación, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, que ha
mantenido vivas también sus enmiendas, tiene la palabra el señor Martín
Menis, para proceder a la defensa de las mismas.




El señor MARTIN MENIS: Coalición Canaria tenía dos enmienda, la segunda,
que era al artículo 7, se ha contemplado en el texto que elaboró la
Ponencia y, por tanto, queda retirada en este momento.

La primera es al artículo 2.3, aunque no coincide porque era al texto
original. Quería exponer un problema, pequeño quizás, pero de gran
especificidad en el caso canario, y es que las competencias para la
fusión de ayuntamientos o creación de nuevos municipios, las competencias
sobre las administraciones de los municipios están transferidas a los
cabildos insulares; por tanto, parecía lógico que la delimitación de las
demarcaciones, cuando están fueran dentro de una isla, la resolviera el
cabildo insular por transferencia de la competencia de la comunidad
autónoma o que se requiriera el informe previo al cabildo insular cuando
se propusiera una demarcación por los ayuntamientos.

La situación es compleja porque, como digo, la enmienda, tal como está,
no procede someterla a votación pues lo único que haría sería interferir
en el texto. La única posibilidad es un acuerdo con aquellos grupos que
en estos momentos conocen la situación de la isla e introducir alguna
pequeña frase que posibilite ese informe previo. Lo dejo pendiente de
aquí a que se proceda a la votación y si no retiraría la enmienda.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir para
fijar posición sobre las enmiendas y sobre el informe de la Ponencia?
(Pausa.)
Según ha sido solicitado, doy la palabra al representante del Grupo Vasco
(PNV), señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Voy a intentar fijar la posición
del Grupo Vasco en relación al informe de la Ponencia y a las enmiendas
que han defendido el Grupo Popular, el Grupo Catalán de Convergència i
Unió y el Grupo de Coalición Canaria.

En su conjunto, en el Grupo Vasco entendemos que el texto que se recoge
en el informe de la Ponencia, que sustancialmente es distinto al que se
remitía por parte del Gobierno a esta Cámara, es un proyecto de ley que
se encuentra en el punto justo de equilibrio, tanto en la materia que nos
ocupa, de telecomunicaciones, como de las competencias que están
dispersas y que son complejas en el orden del Estado autonómico en que
nos encontramos. Debemos manifestar nuestra satisfacción por haber
encontrado, tras un largo debate entre los distintos grupos
parlamentarios que han querido entrar en el consenso, manteniendo cada
uno sus posiciones, que, en principio, son todas dignas y legítimas, ese
punto de equilibrio y de consenso.

Desde esta perspectiva, entendemos que el informe que la Ponencia
presenta a esta Comisión en el día de hoy supone un notable avance en lo
que respecta a las bases de una sociedad moderna en un tema tan
importante como el de las telecomunicaciones y también respecto a los
intereses que legítimamente defienden cada una de las instituciones, los
ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado a través del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.




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Entendemos que se ha encontrado un punto de equilibrio y que esas
materias objeto de regulación en esta ley, como el tema competencial, se
encuentran, por lo menos desde nuestra opinión, bien redactadas en el
informe que se presenta a esta Comisión.

El escenario de partida no era, sin embargo, tan halagüeño, al optar el
Estado por una estrategia en la cual no tenían cabida las comunidades
autónomas, al quedar éstas preteridas en favor de los municipios y del
propio Gobierno central, en una postura que hemos visto que coincidía
sustancialmente con la que el Grupo Popular manifestaba a través de sus
enmiendas.

Desde el Grupo Vasco, señor Presidente, entendemos que esta postura
responde al interés de atomizar el mercado, esgrimiendo para ello una
falsa bandera de autonomía local, con el fin de que Telefónica no tuviera
competencia real y monopolizarse una actividad vital para el futuro.

Estas posiciones se pueden embalar, se pueden vender con argumentos
jurídico-constitucionales que pueden avalar tal proceder, pero, en el
fondo, en una materia competencial tan importante como la de las
telecomunicaciones, encierran una postura clara: un modelo estatal de
telecomunicaciones y, un modelo, al lado, en un sistema independiente,
que no tenga competencia real con el gran operador estatal, modelo que no
compartíamos en el Grupo Vasco y del cual discrepamos sustancialmente.

Nosotros siempre hemos sostenido que la infraestructura del cable no era
un tema ajeno a las comunidades autónomas, a sus ámbitos de interés y de
competencia, ya que incide en cuestiones básicas, como medios de
comunicación social, ordenación del territorio, cultura y todo lo
relativo a la promoción, desarrollo y planificación de la actividad
económica de cada una de las autonomías, o, lo que es lo mismo, en la
mejora de las condiciones de vida y trabajo de nuestros conciudadanos.

Pretender, en un tema tan clave para el futuro de nuestros conciudadanos,
una ley de telecomunicaciones en la que se margina completamente a las
comunidades autónomas es, señor Presidente, un sinsentido constitucional,
un sinsentido estatutario y un sinsentido que la misma lógica de la vida
va a poner en su sitio. Además, manteníamos en nuestras enmiendas que
dichas infraestructuras de telecomunicaciones eran básicamente de ámbito
infraestatal --dejando aparte la cuestión de Telefónica en cuanto a
primer operador, que nunca hemos discutido--, y así se entendía en la
Unión Europea al otorgar el Tratado de la Unión al Comité de las Regiones
una serie de funciones respecto de las redes transeuropeas en los
sectores de las infraestructuras de los transportes, de las
telecomunicaciones y de la energía, precisamente en función de su
carácter o incidencia netamente regional.

En estas coordenadas se ha movido este debate en torno a lo que se ha
llamado la ley del cable, cuya tramitación, por defenderse modelos muy
contradictorios, ha estado bloqueada cerca de un año en sede
parlamentaria al no poder conciliarse posturas tan alejadas.

Entendemos, señor Presidente, que ha sido un debate en preponencia, y
también en la misma ponencia, muy interesante; un debate que ha permitido
que cada uno defendiera las posturas que entendía legítimas, que nos
hayamos escuchado los distintos grupos parlamentarios y que estemos en
este momento en condiciones de poner en vigor un proyecto de ley que
satisface básicamente los intereses del sector, que puede promover una
gran aportación económica y de inversión y de generación de empleo en un
tema de futuro tan delicado y tan importante como el de las
telecomunicaciones. Desde esta Cámara podemos activar los mecanismos
institucionales para que las demás instituciones, a partir de aquí, las
comunidades autónomas y los municipios, puedan ahora abordar las
funciones de su competencia.

Entendemos que no es de recibo que grupos que están todo el día
defendiendo la Constitución mantengan las posturas que se están
defendiendo en esta ley. No se pueden estar defendiendo aspectos
constitucionales para, cuando hay que entrar en materias sectoriales,
olvidarse de los propios ámbitos constitucionales que se recogen en
relación a dichas materias.

Anuncio, pues, que vamos a votar en contra de las enmiendas del Grupo
Popular, que en nuestra opinión no ha querido sumarse a la discusión que
se ha fomentado en relación a este proyecto de ley de telecomunicaciones;
que compartimos las enmiendas 32 y 33 que mantiene vivas el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y que entendemos que la enmienda de Coalición
Canaria en relación a su ámbito insular debería merecer una consideración
por parte de los demás grupos.




El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Voy a intentar explicar lo que ha ocurrido,
desde mi punto de vista, con respecto a la situación anterior a la
aprobación del texto que hoy ha venido, el debate mantenido para que se
logre la síntesis y la situación en la que nos encontramos en este
momento, en que, a mi juicio, el Partido Popular ha cambiado abruptamente
de postura, dando un puntapié al acelerador, yo creo que excesivo, e
incluso en ciertos aspectos los ha sacado del propio texto
constitucional. (Rumores.) Ahora intentaré demostrarlo.

Antes de que entráramos en fase de posible acuerdo, estábamos en un
estancamiento real. Más de un año esta ley ha dormido en la Cámara el
sueño de los justos. Sólo había una sentencia del Tribunal Constitucional
que, al mismo tiempo que hablaba de la irresponsabilidad del legislador
al no haber emitido un texto legal, decía que no se podía evitar una
situación de libertad de expresión y, por tanto, permitía el cableado y
que se emitieran medios de comunicación a través del cable.

Yo creo que el Grupo Popular, al situarse aquí, simplemente se ha
olvidado de que podemos aprobar esta ley en el plazo de un mes y que, por
tanto, esta laguna legal se estaría cubriendo y no se podría ya retornar
a este vacío que se describe en la sentencia del Tribunal Constitucional.

Esta sentencia tenía como gran virtud que nadie pudiera impedir la
libertad de expresión --una gran crítica al legislador--,



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pero, al mismo tiempo, abría el terreno de una especie de escenario
ultraliberal de la ley del más fuerte, en el sentido de que el que más
corriera a partir de ahí, más cable o más licencias podría obtener y se
podría empezar a cristalizar una realidad que, andando el tiempo, si no
había ley, al final condicionaría de manera determinante el propio texto
de la ley a partir de una situación configurada de manera no justa, no
equilibrada.

Esto hubiera permitido a ciertos operadores, en la vía del que más puede,
más corre y de la ley del más fuerte y, en definitiva, la ley de la
selva, descremar la parte más importante del mercado de las
telecomunicaciones por cable, tendiéndose, por tanto, al final, a una
situación injusta que podría conducir, por decirlo rápidamente, a una
telecomunicación para ricos y otra para pobres en este país, a
territorios donde habría cables en todas las zonas, incluso dos, y
territorios donde no habría ni una sola red de cable, muchos de ellos
periféricos, los más pobres, o los que tuvieran menos densidad de
población.

En este marco de estancamiento y sin ley es donde se produce el acuerdo
Telefónico-Canal Plus, acuerdo que hemos criticado profundamente y
seguimos criticando. Por eso vamos a votar esta ley, porque lo corrige en
gran medida. El primer título habilitante que se da a Telefónica a partir
de esta ley, en función de los acuerdos anticoncentración que contiene,
en absoluto afectan de la misma manera a Canal Plus a través de la
empresa Cablevisión. Eso es lo que no se quiere ver en la posición del
Grupo Popular.

A la vez, en esta situación se produce esta especie de OPA, más que nada
psicológica, no legal, que lanza el Grupo Popular en el sentido de sacar
a concurso de inmediato las licencias, para así no solamente meter redes
en zanjas, sino conceder las licencias. Y es en este momento cuando se
lanza esta carrera. En este momento en que la sentencia del Tribunal
Constitucional lo permitía, pero sin darse cuenta el Grupo Popular de que
dentro de un mes habrá ley y que, sin embargo, la resolución de los
concursos se hará dentro de cinco meses.

Por tanto, no es cierto que las empresas más serias vayan a concursar
--yo creo que no--, porque se encuentran en un marco total de
indefensión, si esta ley se aprueba, en el seno de lo que pedía una
sentencia del Tribunal Constitucional al criticar la irresponsabilidad
del legislador.

Hemos evitado con esta ley, en principio, que se cristalice una realidad
de manera injusta, de manera desequilibrada y que, andando el tiempo,
pudiera determinar una ley, consecuentemente, también injusta, dentro de
año y medio, dos o tres años. A partir de la aprobación de la ley, todos
tienen que volver a la parrilla de salida en las mismas condiciones y a
partir de aquí, naturalmente, tiene que hacerse en el marco
constitucional.

El 20 de septiembre, en esta misma Comisión, con la comparecencia del
señor Borrell, tanto el Grupo Popular --cuya propuesta en absoluto se
separa en temas fundamentales de la que hemos aprobado, fundamentalmente
en ciertos aspectos a los que ahora me referiré-- como Izquierda Unida
dijimos al señor Borrell que nos ofrecíamos a un consenso --y consta en
el «Diario de Sesiones»-- para aprobar de inmediato, por la vía de
urgencia, la ley de telecomunicaciones por cable. Esto fue hace un mes y
cinco días, el 20 de septiembre. Izquierda Unida lanzó este envite
diciendo al señor Borrell --que acababa de decir en la prensa, cinco o
seis días antes, que ya no era posible la ley de telecomunicaciones por
cable, que no había tiempo, que la legislatura se iba a disolver-- que sí
era posible y que esta ley había que hacerla en función del descreme del
mercado que podía producirse, de las consecuencias de todo tipo para el
servicio universal de telecomunicaciones por cable. Y el Partido Popular
participaba plenamente de esta inquietud y su portavoz en aquel momento,
la señora Mato, ofreció un consenso el 20 de septiembre al señor Borrell;
incluso hubo reuniones que de inmediato se abortaron, según nuestras
noticias.

Nosotros lanzamos la necesidad de aprobar esta ley una vez rotas las
negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Convergència i
Unió. Lanzábamos nuestra oferta sobre un texto legal que nosotros hemos
defendido en el Pleno del Congreso como proposición de ley y después lo
hemos presentado como texto alternativo plenamente articulado. Y si la
señora Mato se preocupa de ver la ley que ha salido de este texto que
nosotros hemos presentado, verá que no hay tanta diferencia como ella ha
evocado aquí. Porque hasta cierto punto, nosotros dijimos a Borrell que
haciendo un giro autonomista en su ley y un giro de izquierda, podíamos
aprobar un proyecto. Esto ha sido así. Hay un giro autonomista y ello ha
permitido que nos encontremos Izquierda Unida, el PNV, Convergència i
Unió y también el Partido Socialista Obrero Español.

De cara a la no concentración y de cara a asegurar el servicio universal
del cable en España, nosotros hemos encontrado un texto que sintetizaba
todas estas aspiraciones, no hay más secretos. Simplemente ahora hay que
leerse la ley, ver cuáles son las competencias que establece la
Constitución en los artículos 149.1.21 y 149.1.27 y, en función de ello,
hablar de esas competencias y no lanzar Opas de tipo legal que dentro de
un mes no tendrán sentido. Y si no tienen sentido dentro de un mes, antes
de que se resuelvan los concursos, difícilmente se podrá asegurar ninguna
inversión ni ninguna presentación seria ante este tipo de concursos que
se están presentando de manera tremendamente rítmica.

A nosotros nos gusta cómo ha quedado el texto legal. Nos gusta mucho el
papel de Telefónica. Ahí sí había una gran diferencia entre el texto del
Partido Popular y el texto de Izquierda Unida. Siempre la ha habido. Por
lo tanto, nosotros podemos aprobar este texto porque se parece mucho más
al texto de Izquierda Unida que a la posición del Partido Popular. Para
nosotros el papel de Telefónica es importantísimo. Una empresa con un
sector público importante en su interior, por así decirlo, cuyo director
nombra el Gobierno, con 70.000 trabajadores, no hay que olvidarse de
esto. Porque cuando el señor Aznar, hace poco --el día 20 de octubre--,
dice que hay que privatizar de inmediato Telefónica, privatizar no es
sólo cambiar de titularidad; privatizar significa acabar con el 30 ó 40
por ciento de los empleos. (Rumores.) Hasta ahora siempre ha ocurrido
así. Nuestra defensa de Telefónica también pasa por la defensa



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de los 70.000 trabajadores de Telefónica. Pero no es sólo esto.

Primero, tal y como figura en la ley, asegurar el servicio universal del
cable a medio plazo pasa, fundamentalmente, por el papel que se le
concede a Telefónica como título habilitante primero, con independencia
de que después pueda ser empresa con Canal Plus en cablevisión, pero ya
tienen un límite de millón y medio de abonados. Esto es otro problema.

Nosotros estamos hablando de las redes del cable. Actualmente el Plan
Fotom llega a siete millones de hogares, 25 millones de ciudadanos y
ciudadanas. Eso, junto a cómo se señalan las demarcaciones --que tiene
que haber muchas de 50.000 habitantes por el sur--, teniendo en cuenta
también la creación de un fondo de cohesión, que se contempla en la ley o
la intervención del Estado cuando no se marcan en su momento las
demarcaciones correspondientes, genera un servicio, a medio plazo que, a
nuestro juicio, produce una extensión grande que de ninguna otra manera
se hubiera conseguido. Si se quita ese papel a Telefónica en los términos
en que se establece en la ley, a nuestro juicio la ley hubiera sido
inaceptable, porque hubiera establecido una telecomunicación para ricos y
otra para pobres en este país, de manera clarísima. Teniendo en cuenta
que hay unos cuantos núcleos muy habitados y el resto está relativamente
deshabitado, es discontinuo o es bastante marginal. Ese es un problema
muy serio desde el punto de vista de la rentabilidad social de un
proyecto y consecuentemente desde el punto de vista de la izquierda.

El mismo tiempo, a Telefónica se le obliga a dar el mismo servicio en
igualdad de condiciones --transparentes y democráticas-- a todos los
operadores, a través de sus redes. Esto también figura en el texto de la
ley y, por lo tanto, el papel de Telefónica se parece a lo que nosotros
planteamos desde el principio, junto a otros partidos --también hay que
decirlo--. Y por eso nos parece bien y lo hemos votado, no porque
nosotros hayamos cambiado de filosofía.

Por otro lado está el tema de los ayuntamientos y de las comunidades
autónomas. Obtienen el protagonismo constitucional necesario. Este
planteamiento se parece mucho al nuestro a la hora de señalar las
demarcaciones y a la hora de establecer las concesiones. Se parece mucho
--me va a permitir, señor Mato, que haga este comentario, puesto que
usted ha sido bastante dura--, como una gota de agua a otra, lo que usted
dice en las enmiendas 82 y 84 del Partido Popular. Un discurso es el que
usted ha hecho hoy aquí y otro el que se contiene en sus enmiendas 82 y
84. Ustedes han roto su discurso, lo han cambiado después de la propuesta
que usted hizo en la Comisión ante el señor Borrell. Voy a leer las
enmiendas. Enmienda número 82, sobre las competencias del Estado. En el
punto 7 dice: Otorgamiento de las autorizaciones para la prestación de
los servicios básicos de telecomunicaciones por cable. Hay otros puntos
que también van en esa dirección, como es constitucionalmente necesario,
conveniente y adecuado. No podía ser de otra manera. Enmienda 84. Se
propone añadir un nuevo artículo con cuatro apartados. Competencias de
los municipios. Si lee S. S. detenidamente las competencias de los
municipios de la enmienda del Partido Popular verá que no vienen las
concesiones de licencias, tal y como se está estableciendo en los
concursos; ya están en nuestro poder muchos pliegos y resultan
absolutamente inaceptables, señor Mato. Y no sólo para nosotros, sino
para las propias empresas que pretendan concursar. Se lo digo seriamente.

Vamos a ver si las empresas serias de verdad concursan con ustedes en
Cádiz, en Granada, etcétera.

Le repito que el discurso que usted ha hecho aquí es una cosa, es el
cambio de fase, el apretón al acelerador a partir del 20 de septiembre, y
las enmiendas que usted ha presentado, en función del texto de su
proposición de ley, es otro discurso, esta vez sí constitucional, en
función de las competencias que le asigna la Constitución conforme a los
artículos 149.1.21 y 149.1.27, que he citado anteriormente en relación a
la competencia exclusiva del Estado y a las de los ayuntamientos.

Señora Mato, un partido que pretende gobernar a partir de marzo debiera
cuidar mucho más los planteamientos públicos que está haciendo en estos
momentos. Desde ese punto de vista, el tema de las competencias de las
comunidades autónomas para señalar demarcaciones, nos parece muy bien, ha
mejorado muchísimo. El tema de la regulación, ejecución y desarrollo de
las competencias en contenidos de medios de comunicación social, como
dice también la Constitución.

Las medidas anticoncentración nos parecen absolutamente adecuadas; ya
sabemos que el señor Aznar... no, perdón, dice un miembro del Partido
Popular, en la convención sobre la comunicación celebrada por el Partido
Popular, dijo que también se iba a abolir las medidas de contención de
cara al dominio abusivo que se puede producir, a nuestro juicio, de
1.500.000 abonados. Esta medida de anticoncentración, que puede afectar a
un ámbito de 4.800.000 habitantes de varias demarcaciones, nos parece
absolutamente adecuada, que, unida al tema de que hay que reservar el 40
por ciento de capacidad a programadores independientes, configura un
marco absolutamente equilibrado y adecuado de la situación, máxime si en
el Senado conseguimos que ese 40 por ciento de programadores
independientes pueda constituir empresas para difundir sus contenidos
independientes, ocupando el 40 por ciento del espacio que tienen que
cederle los operadores correspondientes en cada caso.

Esta es la posición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señora Mato. Al mismo tiempo he contestado a su enmienda y a
su discurso, en el que ha hecho varias referencias a nuestras posiciones,
que, en absoluto, han cambiado, señora Mato, ni con respecto a Telefónica
ni con respecto al papel de ayuntamientos y comunidades autónomas ni
mucho menos --puesto que en el proyecto de ley no se contenía nada,
excepto el tema del 40 por ciento de programadores independientes--
respecto a una política anticoncentración y, como consecuencia, de
respeto del pluralismo y de la diversidad informativa.

A nuestro juicio, señora Mato, y termino, la propuesta que ustedes hacen
no está bien medida ni teniendo en cuenta que hay una sentencia del
Tribunal Constitucional marcando un vacío, pero a partir de ahí se va a
producir una ley en un mes de plazo; no han medido eso. En segundo



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lugar, quizá creyendo que en precampaña electoral puede valer todo o casi
todo a nivel de información, a nivel de titulares, no han medido cuáles
son las competencias de cada nivel en la propia Constitución, tal y como
lo ha dicho el mismo representante, y en esto no es sospechoso de ningún
tipo de limitación, del Grupo Vasco, del PNV. La Constitución es como es
y si ustedes dicen, en función de la apuesta que hacen, que el PP
cambiará la Ley del cable, cambiará la LOT y cambiará el Estatuto de
Radiotelevisión Española, si ustedes siguen por ese camino, también
tendrán que decir que deberán cambiar la Constitución.




El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Voy a iniciar mi intervención haciendo referencia
a las enmiendas que han formulado el señor Martín Menis y el señor
Recoder.

Respecto a la enmienda 130 de Coalición Canaria, en principio, nosotros
entendemos que la estructura del proyecto que viene recogido en el
informe de la Ponencia está perfectamente definida en cuanto a quién
tiene las competencias para fijar las demarcaciones. Si aceptáramos el
texto de la enmienda, nos encontraríamos con que las diputaciones
provinciales también tendrían que emitir su informe preceptivo o su
informe para determinar la demarcación. Nosotros pensamos que en modo
alguno obsta --sin perjuicio de que se estudie con un poco más de
detenimiento-- para que la petición hecha por el ayuntamiento o por los
ayuntamientos afectados, cuya demarcación tiene que fijar la comunidad
autónoma, sea previamente informada, porque así lo quiere la comunidad
autónoma, tanto por el cabildo como por la diputación provincial o por
cualquier otra institución de carácter infraprovincial o infrainsular.

Tal y como está estructurado el proyecto, nos parece que se recogen
perfectamente todas aquellas propuestas o afirmaciones que puedan hacer
los distintos ayuntamientos o las distintas instituciones respecto a la
configuración de la demarcación. Por esta razón, en este momento
rechazaríamos la enmienda de Coalición Canaria.

Sobre las enmiendas del señor Recoder al artículo 2, números 3 y 4, he de
manifestar que sí es cierto que existe una disfunción entre el resto del
artículo y el conjunto de estas enmiendas; se ha hablado de estos temas
en los debates que hemos tenido con anterioridad y, por tanto, me
gustaría ofrecerle una enmienda transaccional, que vendría a modificar
los números 3 y 4 en el sentido que indico a continuación y cuyo texto
pasaré a la Mesa para que se someta a votación en el momento oportuno. En
el número 3, después de medio ambiente, previo informe vinculante de las
comunidades autónomas a las que pertenezcan dichos municipios. Es decir,
habría un informe de las comunidades autónomas que informarían sobre la
posibilidad de que esa demarcación se constituyera con arreglo al
planteamiento que las mismas hicieran. Respecto al número 4, los términos
de la propuesta serían los siguientes: La aprobación del nuevo ámbito
corresponderá a la comunidad autónoma a la que pertenezcan dichos
municipios. Si la demarcación incluyera municipios de distintas
comunidades autónomas, la aprobación corresponderá al Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, previo informe vinculante de las
comunidades autónomas a las que pertenezcan los ayuntamientos afectados.

Estos serían los textos de las dos enmiendas, que pasamos a la Mesa.

Y, señorías, ahora me gustaría hacer referencia a la intervención que ha
tenido la señora Mato, en representación del Grupo Popular. Yo creo que
su intervención ha tenido dos partes: una de carácter histórico parcial,
en la que nos ha dado la visión de lo que ha sido todo este proceso; como
es lógico lo ha hecho con el tono crítico a que nos tiene acostumbrados
en muchos casos, y nos da la impresión de que es una especie de pataleta
infantil. No han sabido aceptar que haya habido cuatro grupos de la
Cámara que se hayan puesto de acuerdo, cuatro grupos que han estado
durante un tiempo discutiendo sobre un proyecto de ley que considerábamos
importante para el desarrollo económico de un sector estratégico de
nuestro país, cuatro grupos con los que no ha podido llegar a acuerdos el
Partido Popular por diversas circunstancias en las que no quiero entrar,
porque creo que en esta Comisión de lo que tenemos que hablar es del
texto actual del proyecto, de las enmiendas al mismo y de por qué razón
hemos llegado a este entendimiento.

De todas formas, sí les querría decir una cosa a los representantes del
Grupo Popular: hay que aprender a quedarse solos, y nosotros hoy nos
hemos quedado solos. (Risas.) Pero parece que ellos no aprenden a
quedarse solos. Esto me recuerda un chiste. Decía una madre a una vecina,
cuando estaba participando su hijo en un desfile militar: ¡Mira qué listo
es mi niño! Todos los demás llevan el paso cambiado. Algo así por el
estilo ha pasado en la intervención que ha tenido hoy la señora Mato.

En absoluto se trata de un pacto «contra naturam». A lo mejor el pacto
«contra naturam» hubiera sido que únicamente hubiéramos llegado a un
acuerdo con el Partido Popular sobre un proyecto que adolece de muchos
defectos, de muchas anomalías, con los que el Grupo Socialista no está de
acuerdo; sin embargo, sí se ha llegado a un acuerdo con los otros grupos
parlamentarios en todo el debate de este proyecto de ley. Es un pacto de
cuatro grupos políticos, me imagino que tan respetuoso como el que ha
tenido el Partido Popular con otros grupos políticos de la Cámara en
otros momentos y que a lo mejor ha tenido de «contra naturam» lo mismo
que ha tenido el suyo en otros casos. Pero, después de analizar la
posición del Grupo Popular, no sabemos a qué atenernos con el Grupo
Popular en este caso concreto, en otros también, pero en este caso
concreto, porque entendemos que no son de fiar ni en lo que se dice, ni
en lo que se expone ni en cómo se expone. Creo que las intervenciones de
los anteriores Diputados portavoces de los distintos grupos políticos han
tenido la virtualidad de poner de manifiesto algunas de esas
contradicciones que tienen mucho que ver con el planteamiento del Grupo
Popular hasta un momento determinado, con el planteamiento del Grupo
Popular en las enmiendas que ha defendido, en teoría, la señora Mato y
con el planteamiento



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que después, de hecho, ha realizado el Grupo Popular con esa convocatoria
masiva de concursos públicos sobre la adjudicación de televisión por
cable y de otros servicios en diversos ayuntamientos de este país.

Y quiero decirles que lamento que esta ley no salga por la unanimidad que
todo el mundo pensamos que debía existir. Desde luego, no es una ley
hecha con la finalidad de ir contra el gobierno que venga, porque, en
principio, nosotros esperamos seguir gobernando, como es lógico. ¿O no
tenemos derecho a pensarlo y a plantearlo sin ningún tipo de
dificultades? Me imagino que como todo grupo político de esta Cámara y en
mejores condiciones que muchos, desde luego.

En todo este proceso hemos observado que el Grupo Popular sigue
confundiendo algunos elementos importantes de lo que son las
telecomunicaciones y en la intervención de la señora Mato he visto cómo
confundía televisión por cable con telecomunicación por cable, al hablar
de por qué razón se ha actuado de una manera con el satélite y por qué
razón se actúa de otra manera con las telecomunicaciones por cable. Decir
que hay razones inconfesables es acusar porque no hay otra manera de
enjuiciar la labor de cuatro grupos de la oposición y, desde luego, de
enjuiciar la labor y el debate que han tenido los mismos durante todo un
proceso singular y todo un proceso que me gustaría que se repitiera en
otros momentos.

Entrando en lo que son las enmiendas, yo creo que tenemos diferencias
sustanciales y hay puntos de acuerdo entre las enmiendas del Grupo
Popular y el texto de la Ponencia. Desde luego tenemos una diferencia en
lo sustancial. Nosotros estamos hablando de concesiones administrativas y
el Grupo Popular, en las enmiendas, está hablando de autorización
administrativa. Cuando se llega a los concursos nos encontramos con algo
curioso, que la relación jurídica que se establezca entre el ayuntamiento
y el concesionario será de naturaleza administrativa y de carácter
concesional. ¿Qué hay que creer? ¿Lo que dice un concurso convocado por
el ayuntamiento --estoy seguro de que las bases para todos los concursos
han sido iguales, solamente con unas matizaciones respecto al nombre del
ayuntamiento que lo ha convocado-- o lo que dicen las enmiendas del Grupo
Popular respecto a que tiene que ser concesión o autorización? Porque no
se está hablando solamente de concurso para conceder la ocupación y el
uso de dominio público municipal. Es que hay que leerse todas las bases.

y es que se está hablando de servicios de telecomunicación y ahí los
ayuntamientos no tienen ningún tipo de competencia. Esa es una diferencia
sustancial porque nosotros entendemos que tiene que ser concesión
administrativa, porque, además, se está tratando de un tema que, desde
nuestras perspectivas, debe seguir definiéndose como servicio público.

Si hay que mantener el servicio hay que hacerlo, como así lo defendemos
nosotros en todo momento, porque es la forma de garantizar que los
servicios de telecomunicación por cable tengan la proyección de públicos
y puedan llegar al conjunto de la sociedad. Y sabemos todas las
dificultades que tenemos para para que eso sea así, pero también sabemos
que la defensa que se ha hecho de Telefónica como el operador importante,
al que se le han exigido, se le exigen y se le exigirán obligaciones, que
tendrá como consecuencia la universalización de prestaciones de los
medios de telecomunicación, nos garantiza que esta ley tiene que tener
una vocación de cobertura universalizada y generalizada en el proceso que
sea.

Cuando el teléfono surgió en este mundo, al principio sólo era un
instrumento de comunicación utilizado por aquellas personas, por aquellas
sociedades que tenían un nivel de renta importante, pero poco a poco fue
adquiriendo una categoría de necesidad primaria de la sociedad, y desde
hace algunos años estamos defendiendo, y queda en la legislación actual
sobre telecomunicaciones, que la telefonía es telefonía básica y es
telefonía de servicio público fundamental, esencial. ¿Por qué razón hemos
de evitar que el conjunto de los ciudadanos de este país no tengan
derecho a recibir a través del cable servicios que van a configurar lo
que ha de ser su estructura, su cultura, su forma de trabajo, su forma o
su calidad de vida en los próximos años? ¿Qué derecho tenemos nosotros a
limitar en estos momentos los servicios al decir que son servicios y no
públicos? ¿No estamos contribuyendo a que haya ciudadanos de primera y
ciudadanos de segunda?
Estos dos aspectos son fundamentales: la concesión en lugar de
autorización, que tiene mucho que ver, a pesar de que sea una discusión
excesivamente jurídica; y la consideración como públicos o no de los
servicios de telecomunicación que se prestan. Y no debemos referirnos
solamente, como ha dicho la señora Mato, a la Telepizza. Si quieren el
cable únicamente para Telepizza no hace falta, porque yo creo que los
servicios que se pueden dar a través de un cable son importantes para
muchas actividades profesionales, familiares, económicas, industriales,
empresariales y no tienen que ser, de alguna manera, minimizados con ese
tipo de calificativos cuando se trata de acudir en contra de los
planteamientos de la oposición.

El acuerdo al que hemos llegado los cuatro grupos recoge con mayor
nitidez todo lo concerniente al ámbito territorial y respeta las
competencias de cada administración. Y aquí, en el informe de la
Ponencia, distinguimos tres aspectos fundamentales: uno, en base a lo que
es concesión y autorización. Decimos que el órgano que ha de decidir
sobre la concesión es el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, la Administración central. Espero que el Grupo Popular
cuando escriba, escriba bien. En su enmienda número 82 habla de
competencias del Estado. El Estado somos todos: ayuntamientos,
comunidades autónomas, Administración central. El Estado no es únicamente
la Administración central, como pudiera decirse. Y lo que escrito está,
escrito queda, y la interpretación que se haga de eso puede traer consigo
interpretaciones que a veces pueden saltarse a la torera el espíritu de
una determinada norma. Desde esa perspectiva, nosotros entendemos que
tienen que ser los ayuntamientos los que inicien este proceso. Esté
tranquila la señora Mato, son los ayuntamientos afectados los que quieren
constituirse en demarcación. Si la demarcación es de un mínimo --en estos
momentos está recogido en el texto de la Ponencia-- de 50.000 habitantes,
es ese ayuntamiento el que



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tiene que aprobar en su propio pleno el deseo de ser demarcación. Si son
dos ayuntamientos tendrán que ser los ayuntamientos afectados los que
inicien ese trámite para que la comunidad autónoma les diga que pueden
ser demarcación. Si son ayuntamientos de distintas comunidades autónomas
tendrá que ser la Administración central del Estado la que diga que puede
ser demarcación. Es un proceso que no tiene que ver ni con las elecciones
del mes de marzo ni con ninguna cosa que se le parezca. No hay ningún
intento de hacer un planteamiento partidista de lo que es el conjunto y
el desarrollo de este proyecto de ley. Lo que hay es un intento loable de
cuatro grupos parlamentarios que han conseguido ponerse de acuerdo en
muchos temas. Algunos o todos habrán cedido parte de sus pretensiones
--casi seguro que todos si nos pusiéramos a relatar los planteamientos de
cada cual--, y lo que sí es cierto es que han conseguido tener un punto
de encuentro, que, indudablemente, va a venir muy bien para la defensa
del sector.

En las enmiendas del Grupo Popular se observan algunas anomalías que me
gustaría que se corrigieran en lo sucesivo como cuando se haga referencia
a que hay que adoptar algún tipo de norma en algún artículo concreto. Por
ejemplo, en la enmienda número 82 se dice: 6. El otorgamiento de las
autorizaciones para la instalación de redes de cable de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9.2. Hay una enmienda posterior que dice que
el artículo 9 se suprime. Me gustaría saber si eso es así, a qué se debe.

Y no digo que esté bien o esté mal. Lo único que estoy diciendo es que
quiero que lo expliquen. No planteo ninguna cosa anómala.

El Grupo Popular plantea otras enmiendas, concretamente respecto a
Telefónica, que es uno de los aspectos que también ha tenido un lugar muy
importante dentro de nuestro debate entre los cuatro grupos
parlamentarios. Hemos llegado a un entendimiento que tiene algunas
modificaciones sustanciales respecto a la posición del Grupo Popular.

Desde luego, mantenemos el espíritu y el texto de la Ponencia porque,
como es lógico, responde al esquema inicial del proyecto de ley en cuanto
a defender esa posición preeminente de Telefónica respecto a otros
operadores. Lo que sí es cierto es que se han introducido una serie de
limitaciones, de condicionantes que lo sitúa en una posición no tan
ventajosa como parece desprenderse de las intervenciones del Grupo
Popular. Si bien le basta a Telefónica con solicitar solamente el título
habilitante para que le sea concedida en cada demarcación una concesión,
se establecen una serie de mecanismos que garantizan la presencia de otro
operador. Pues bien, fijada la demarcación, se pedirá a Telefónica si se
va a solicitar el título o no en esa demarcación. Si Telefónica dice que
no, hasta el 1 de enero de 1998 no podrá entrar Telefónica en esta
demarcación. Se establece también que, obtenido el título, no se podrá
prestar el servicio hasta nueve meses después de la resolución del
concurso de concesión, lo cual supone una garantía para el otro operador.

De cualquier manera, lo que se garantiza es que Telefónica, si el otro
operador está funcionando, empezará a funcionar después o al mismo tiempo
que funcione el segundo operador. Se declara la neutralidad, la
transparencia y la no discriminación de Telefónica en el suministro de
infraestructuras. Se limita el número de abonados. Es decir, se adoptan
una serie de medidas encaminadas a intentar que Telefónica, con su título
habilitante, pueda prestar este servicio de telecomunicaciones por cable
y sus propias infraestructuras para que las use otro operador al que le
sea adjudicada otra concesión.

Del resto de las enmiendas a que hace referencia el Grupo Popular, me
gustaría hacer mención a una en especial, que es la relacionada con los
programadores independientes. Aquí se plantea la supresión de los
programadores independientes y se subsume en otro texto de la propuesta
del Grupo Popular, en los prestadores de servicio. Creo que son dos
figuras absolutamente distintas y que no tiene que ir subsumida la una en
la otra. Nosotros lo entendemos así. Se ha pretendido regular --y creo
que se ha conseguido-- que sean una serie de figuras gestoras de las
telecomunicaciones por cable, donde es conveniente hablar no solamente de
prestadores de servicio y de operador de cable, sino de aquellos
programadores que, con cargo a esa cuota que se les reserva en el propio
proyecto de ley, tienen la posibilidad de acceder al uso de esas
infraestructuras para extender, hacer valer o formular aquellas
actuaciones o programas que estimen oportunos y que no tengan que estar
sometidos a la disciplina de una cadena. Incluirlo en la figura del
prestador de servicio condiciona la existencia de ese programador
independiente desde el momento en que se tendrá que atener a las
condiciones que le plantee el prestador de servicio. Por ello, pensamos
que es mejor mantener esta figura de los programadores independientes
como una figura separada del prestador de servicio y, de esa manera,
articular el proyecto de ley en torno a tres gestores de los servicios de
telecomunicación, como son los operadores de cable, los prestadores de
servicio y los programadores independientes.

Me imagino que alguna enmienda del Grupo Popular me habré dejado por
contestar. Sin embargo, quiero decirle al Grupo Popular que estas
enmiendas, en su conjunto o parcialmente, no pueden ser incorporadas,
mediante transacciones, en estos momentos, al texto de la Ponencia que
han configurado los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y Socialista, que es un texto
que responde a las expectativas de los propios grupos y del sector.

Asimismo, quiero decirle al Grupo Popular, siguiendo con mi intervención
inicial respecto a que exista esa coherencia que a veces a nosotros se
nos echa en falta, que la tengan a la hora de diseñar las enmiendas y de
cómo se tienen que llevar a cabo los concursos; que se aclaren. Porque,
con ganas de alegrar un poco la tarde, me gustaría contar algunas perlas
que trae consigo la lectura pormenorizada de estos pliegos de condiciones
técnicas que han elaborado, en teoría, los distintos ayuntamientos, pero
que me imagino que habrán venido perfectamente teledirigidos. (Rumores.)
Por ejemplo, en la base 14 de una concesión de uso del dominio público,
se dice que al término de la concesión --quince años--, la totalidad de
las obras e instalaciones revertirán al ayuntamiento y se entregarán
libres de gravámenes y cargas. (Rumores.)



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Es bastante sorprendente que alguien que no tiene derecho a otorgar este
tipo de concesiones --no de uso del dominio público, no para cavar la
zanja, sino para que se presten unos determinados servicios--, pueda
tener derecho a recuperar esas inversiones. Entiendo que este
planteamiento va un poco en contra del manifestado por la señora Mato
cuando habla de lograr beneficios para las empresas, de la amortización,
de la garantía empresarial, etcétera. En fin, una serie de
pronunciamientos muy pomposos pero que, sin duda, cuando uno lee lo que
se publica y a lo que se tienen que someter las empresas, se produce una
situación curiosa. El chiste está en que esto es una confiscación sin
ningún tipo de problemas. (Risas.) Lo que sí les garantizo a ustedes es
que, si estos concursos salen tal y como están, ofrecen unas
posibilidades de futuro a las empresas que acudan que se lo van a pensar
dos veces, porque la precariedad en la que se encuentran, y se van a
encontrar, va a ser de las que no han tenido lugar en este país durante
los últimos años.

Podríamos entrar a evaluar si es constitucional o no este tipo de
concursos, pero creo que ya lo ha dicho antes el señor Alcaraz en su
intervención. Sí que es cierto --coincido con su criterio-- que son
claramente inconstitucionales, o al menos rozan la inconstitucionalidad,
para que no se me achaque de evaluar de una manera bastante frívola la
configuración de estas bases.

Los señores del Grupo Popular --y acabo-- tienen que empezar a distinguir
lo que son servicios de telecomunicación de lo que son infraestructuras.

Tienen que empezar a distinguir lo que son servicios de telecomunicación
por cable de lo que es televisión por satélite. Tienen que empezar a
distinguir muchos conceptos, que no me extraña que quieran incluirlos en
el proyecto de ley, porque indudablemente adolecen de falta de percepción
y de falta de criterio cuando se define este tipo de figuras, que tanta
trascendencia está dando al conjunto de este sector de las
telecomunicaciones.




El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate referente a la fijación de
posiciones, pero en el Reglamento existe la posibilidad de réplica. Les
ruego que sus intervenciones tengan una duración máxima de cinco minutos,
para poder controlar el tiempo y acabar adecuadamente las votaciones.

Para un turno de réplica, tiene la palabra al señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, mi intervención será muy breve,
menos de cinco minutos.

En primer lugar, siente haber comprobado --aunque no lo tenía que
comprobar-- que este consenso apresurado y contra natura --sigo
manteniendo que lo es--, que se ha hecho para realizar este acuerdo
respecto a la ley de telecomunicaciones por cable, ha venido motivado
únicamente por los nervios y la preocupación que les ha entrado a ustedes
porque los ayuntamientos hayan decidido convocar concursos absolutamente
enmarcados dentro del ámbito constitucional y basados en las competencias
que tienen los propios municipios.

En cuanto a las concesiones, como ustedes comprenderán, las concesiones
demaniales son competencia de los propios ayuntamientos y a eso se
refieren las autorizaciones. Lógicamente, los servicios que se van a
ofrecer por los ayuntamientos son de televisión por cable, que son de su
competencia, no de telecomunicaciones, que son competencia estatal.

En cualquier caso, estábamos hablando de un acuerdo que se ha propiciado
con prisas, con tantas prisas que se impide que incluso algunas de las
enmiendas del Grupo Popular, que el propio portavoz socialista ha
reconocido que pudieran tener alguna aproximación a la propuesta del
informe de la Ponencia, puedan ser tomadas en consideración porque no hay
tiempo para ello. Y no hay tiempo para ello porque tenemos un plazo para
aprobar la ley. La ley tiene que estar aprobada ya. Y tiene que estar
aprobada ya porque si no, en dos meses, a lo mejor, algún ayuntamiento
convoca un concurso y empieza a ejercer alguien en cable. Parece que la
única obsesión de los cuatro grupos que han llegado a este acuerdo contra
natura es impedir que haya posibilidades de que el cable discurra por
unas líneas distintas a las pretensiones del propio Gobierno. Es decir,
que Telefónica siga manteniendo una situación de monopolio en base a unos
privilegios que se le consolidan en el propio texto del Gobierno,
consensuado por los cuatro grupos parlamentarios, impidiendo que concurse
en igualdad de condiciones con otros empresarios y con otros inversores
que están dispuestos en estos momentos a invertir en España en cable y
que probablemente vean mermadas sus posibilidades precisamente por los
privilegios que se le otorgan a Telefónica.

En cualquier caso, nosotros no hemos accedido a ese consenso
fundamentalmente porque en él ha primado el componente partidista por
encima de los intereses generales de los españoles. Por tanto, es
imposible que nosotros hayamos accedido a este texto que, desde luego, no
beneficia ni a los intereses de las telecomunicaciones en España ni
siquiera a los intereses de los propios ciudadanos en materia de
telecomunicaciones por cable.

En cuanto a los prestadores de servicios, es un tema que quiero destacar.

Nosotros hemos dedicado varios artículos a los prestadores de servicios
--además creo que Izquierda Unida debe estar bastante de acuerdo con
ellos--, que se refieren fundamentalmente a lo siguiente: fijamos
derechos para los prestadores de servicios y otro capítulo sobre acceso y
garantía de libre concurrencia, porque creemos que las redes deben estar
abiertas para todos. Lo que queremos destacar es que las redes sean
libres, sean abiertas y que haya posibilidades de pluralismo y
competencia, porque la competencia, al final, a quien beneficia es a los
ciudadanos, pero el monopolio no. Lo que nosotros pretendemos es creación
de riqueza y de inversión en España.

Por último, sólo quiero reiterarle, en el tema competencial, que nosotros
mantenemos que los ayuntamientos tienen competencias cuando la
demarcación es de su ámbito municipal. Creemos que no es conveniente, es
innecesario y absolutamente absurdo que se plantee que un municipio de
35.000, de 40.000, de 45.000 habitantes no pueda tener una red de cable
autónoma de otros municipios. Pensamos



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que hay capacidad y solvencia económica suficiente de algunas empresas
para que puedan invertir en una red de cable únicamente para un municipio
que tenga 20.000, 30.000, 40.000 ó 45.000 habitantes. Creemos que el tope
de 50.000 habitantes que se ha puesto se debe a algún motivo que ustedes
no nos han explicado, pero que tiene que haberlo.

En cuanto a la concentración, fijar un límite de demarcación de 2.000.000
de habitantes nos parece demasiado alto para evitarla. Le reitero que
ustedes no han tenido en cuenta que en varias demarcaciones de un mismo
municipio pueda haber varios o diferentes operadores de cable. Pretenden
que en una misma ciudad los cuatro operadores de cable puedan ser la
misma sociedad o el mismo operador de cable. Nosotros creemos que se
podría hacer de otra forma para evitar la concentración, de una manera
más lógica, más real y, sobre todo, sin ningún tapujo de los que ustedes
están buscando para justificar no sabemos qué intereses, aunque nos
imaginamos que en muchos casos serán intereses de partidos nacionalistas.

Señores del PSOE, ustedes le están haciendo una buena campaña a
Convergència i Unió de cara a las elecciones catalanas, están cediendo
mucho en estos últimos meses de agonía de legislatura a cambio de
mantenerse en el poder unos cuantos meses más.

Creemos que el acuerdo logrado es malo para las telecomunicaciones en
España. Por tanto, mantenemos nuestras enmiendas.

Me alegro de que el señor Alcaraz haya leído las declaraciones de
ofrecimiento de consenso, porque no ha sido con el Ministro Borrell, no
ha sido con el Grupo Parlamentario. En multitud de ocasiones y desde hace
ya varios años, hemos ofrecido consenso para elaborar una ley de
telecomunicaciones por cable. Volvemos a ofrecerles ese consenso. Y le
recuerdo, señor Morlán, que no somos nosotros los que equivocamos
telecomunicaciones con televisión, más bien es el Partido Socialista, el
Grupo Socialista, el Ministro Borrell. El propio Presidente del Gobierno,
en sus últimas declaraciones en televisión, ha equivocado televisión con
telecomunicaciones o ha variado su posición al respecto según la
conversación anterior mantenida con el señor Pujol.

Repito que mantenemos nuestras enmiendas. Espero que, si las prisas no
son tantas y al final ustedes piensan que merece la pena estudiar un poco
más el proyecto, acepten discutir con el Grupo Popular estas enmiendas.

En cualquier caso, reiteramos que este texto, si llega a aprobarse como
está, no garantiza inversiones para España, ni garantiza un futuro
estable y unas reglas de juego estables. Por tanto, es posible que haya
que modificar esta ley cuando haya otro grupo parlamentario que pueda
gobernar después de las próximas elecciones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martín Menis, igualmente
por cinco minutos.




El señor MARTIN MENIS: La posición de Coalición Canaria en este Congreso
siempre intenta ser pragmática a fin de contribuir a resolver los
problemas políticos y técnicos que se presentan.

La situación de alegalidad en la que hemos vivido en las redes de cable
ha impedido el desarrollo de las citadas redes, y ésa creo que es una
afirmación objetiva. Los riesgos que correría una empresa que necesita
inversiones fuertes han impedido que esas redes de cable se hayan
realizado hasta hoy y ha habido intentos claros durante los últimos ocho
años en diferentes sociedades españolas con muy poco éxito. Por tanto, la
necesidad de un marco legal que dé cobertura jurídica y que nos permita
crear redes de cable es un tema que no hay ni que discutir. Por eso y
porque la competencia es necesaria y se precisan redes alternativas a
Telefónica, es por lo que Coalición Canaria va a apoyar la propuesta que
hace la Ponencia.

En cuanto al caso específico canario, tengo que decir aquí que cuando el
régimen económico y fiscal ya intentamos que nuestro caso fuera aparte,
porque la problemática es diferente. Entiendo lo que decía el portavoz
del Grupo Socialista en el sentido de que si introdujéramos a los
cabildos insulares habría que hacer lo mismo con las diputaciones y se
crearía una situación compleja. Es lo que pasa siempre en el caso
canario, entre otras cosas porque los cabildos insulares son
instituciones totalmente diferentes, son de elección directa, tienen un
territorio muy definido y un marco jurídico distinto. En este caso tienen
la competencia, por ejemplo, para la creación y unión de municipios y las
diputaciones no lo tienen. Siempre nos encontramos con ese problema e
intentamos resolverlo introduciendo algún tipo de disposición que permita
que cuando se vaya a hacer un desarrollo en la comunidad autónoma no nos
encontremos con impedimentos de una ley estatal, como nos pasa muchas
veces. Vamos a retirar la enmienda porque entiendo que con voluntad
política lo podremos resolver en el caso canario.

Fíjense la diferencia que existe cuando hablaba la portavoz del Grupo
Popular de ayuntamientos con menos de 40.000 habitantes. Por ejemplo, en
el caso de una isla como Hierro --donde ya se exceptúa el límite de los
50.000 habitantes-- nos encontramos con que en su demarcación existen dos
ayuntamientos, cada uno de ellos con 3.000 habitantes. Su capacidad
técnica y jurídica para buscar un operador sigue siendo muy pequeña y un
ente como el cabildo territorial podría sustituirlo.

Entiendo que eso complica la legislación del Estado y lo único que quiero
destacar con ello es que cuando se legisla para un territorio continental
las cosas son de una forma, y cuando se trata de territorios insulares
fragmentados y alejados a mil kilómetros, las cuestiones son otras.

Muchas veces no podemos dar una solución introduciendo unos párrafos,
sino que lo que hay que hacer es dejar, en los casos de islas, que una
legislación específica desarrollada por la comunidad autónoma pueda
resolver este problema.

En resumen, retiramos la primera enmienda --la segunda habíamos anunciado
que la retirábamos porque se ha recogido en el informe de la Ponencia-- y
anunciamos nuestro apoyo a dicho informe con la esperanza de que las
redes de cable en España (en el caso de las islas es todavía



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más necesario porque las comunicaciones son un problema vital para
nosotros) se desarrollen a la mayor velocidad, con pluralidad y con
competencia, para mejorar el servicio en calidad y en precio.




El señor PRESIDENTE: También para turno de réplica, tiene la palabra el
señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Ya que las posturas defendidas por
los cuatro grupos que manteníamos el informe de la Ponencia han sido
duramente criticadas por la portavoz del Grupo Popular, quisiera
contestar a dos acusaciones que considero graves. Se dice que este texto
es un pacto contra natura. He tenido ocasiones en alguna otra comisión de
intentar explicar a la señora Mato que no existe en estos casos pacto
contra natura, que es una constante histórica en este país este tipo de
pactos y que haríamos bien en recordar la historia en lo referente a
estas materias que tienen un fuerte componente social y autonómico. Yo
creo que si algo no se puede decir de un pacto de estas características,
con un fuerte componente autonómico y social, es que es un pacto
antinatura. En la historia de este Estado esto ha sido así, por lo menos
en los últimos ciento cincuenta años. Difícilmente se puede hablar de un
pacto contra natura.

Pero se dice más, y me parece muy grave, por eso quería contestar. Se
dice que es un pacto que está en contra de los intereses de España, lo he
recogido textualmente de la intervención de la señora Mato. Pero ¿de qué
España, señor Presidente, de la España una, grande y libre? (Risas.) Pues
ciertamente sí, pero de la España autonómica, no; no de la España
constitucional. El proyecto que recoge el Partido Popular es una postura
legítima... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor González de Txabarri. Estamos
terminando. Ruego a todos el máximo respeto por el portavoz que en cada
momento está hablando, en este caso el señor González de Txabarri.

(Rumores.) El señor González de Txabarri sabe defenderse perfectamente
con su léxico y su estilo habituales y, por tanto, no necesita de coro
adicional.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente, aunque
agradezco el coro. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Pero no lo desea, porque esta Presidencia no lo va a
consentir.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Y también las manifestaciones de
la Presidencia, evidentemente.

Quiero decir que las posiciones del Grupo Popular son legítimas,
respetables y manifestadas respetuosamente en esta Comisión, pero son
conservadoras en lo social y no tienen ningún componente autonómico, ante
lo cual es normal que los demás grupos se posicionen en contra y que no
compartan un proyecto que, como digo, tiene esos dos componentes: que es
muy conservador en lo social y que no es autonomista, que no responde a
los contenidos de lo que es la España constitucional. Convendrá con
nosotros la señora Mato que en todos los proyectos, en todas las
manifestaciones y en las enmienda que recoge el Grupo Popular no se
reconoce en ningún momento que las competencias de los medios de
comunicación social corresponden a las comunidades autónomas, título
competencial que está claramente reconocido en la Constitución. Existen
otros títulos competenciales, como el de la ordenación del territorio, la
cultura, la promoción y desarrollo económico, la planificación de la
actividad económica... Señor Presidente, con esos títulos competenciales
no se pueden presentar los proyectos que defiende el Grupo Popular,
aunque legítimamente los pueda presentar. (El señor Alcaraz Masats pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Recoder, en nombre
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), para fijar su posición respecto
a la enmienda transaccional que le ha sido ofertada in voce por parte del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Alcaraz, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida.




El señor ALCARAZ MASATS: Para contestar brevísimamente a la segunda
intervención de la señora Mato.

El texto original del Gobierno experimenta, a nuestro juicio, un giro a
la izquierda, un giro a la realidad autonómica del país. Quizá por esto
no se comprenda desde puntos de vista que no son sensibles a estas dos
consideraciones, a estas dos velocidades que marca la Constitución y que
puede marcar la alianza en un momento determinado de algunos partidos o
grupos parlamentarios. Por tanto, no es posible hablar dentro del
Parlamento de un pacto antinatura.

Como decía Marx, me refiero a Groucho Marx (Risas.), la política nunca
hace extraños compañeros de cama. Quien los hace, y más después de la
última sentencia, es el matrimonio no la política. Por tanto, no hay
ningún pacto antinatura posible, sino que en función de unos contenidos
se unen unos u otros, como ustedes, por ejemplo, se unieron al Partido
Socialista Obrero Español en la contrarreforma laboral. Depende de los
contenidos.

Señora Mato, este acuerdo, a nuestro juicio, teniendo en cuenta de donde
partíamos, beneficia bastante a los ciudadanos. Una de sus matrices
fundamentales es la rentabilidad social en el marco de un Estado
autonómico, dándole el protagonismo necesario a comunidades autónomas y
ayuntamientos.

Esa rentabilidad social, para conseguir a medio plazo el establecimiento
universal del servicio, sólo se puede alcanzar a través del papel que le
asignamos a Telefónica de España Sociedad Anónima, en función de lo que
representa esta empresa y de su tecnología, de su servicio dentro del
sector público, del criterio de servicio público esencial y de una serie
de enmiendas que la obligarán, en caso de baja rentabilidad económica, a
tener que invertir para que no haya ciudadanos de primera y de segunda
división. Lo contrario será llegar a un paisaje absolutamente neoliberal



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donde la rentabilidad económica prime totalmente sobre la rentabilidad
social y los operadores descremen el mercado de las poblaciones más
cercanas a los beneficios y que, por tanto, el resto del país se quede
absolutamente descolgado.

Desde ese punto de vista, tanto el anuncio de la privatización, como el
anuncio de no aceptar los límites de la concentración, como el anuncio de
no aceptar el papel de las comunidades autónomas y del Estado en la
concesión de licencias, nos parece que no es adecuado, no está bien
medido y supone, un criterio inmaduro que no se adecua a las condiciones
actuales.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra don Victor Morlán,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor MORLAN GRACIA: Señora Mato, he empezado mi intervención diciendo
que la suya tenía dos momentos: una la histórica y otra que no he dicho,
que es la que está relacionada con esa crítica tan acerba que tiene
contra este pacto contra natura que, no sé por qué, le ha incomodado
tanto.

Lea usted la historia de España y verá cómo los pactos que usted dice que
son contra natura, son pactos que han tenido siempre una fluidez
importante en el devenir histórico.

Hablando de pactos contra natura, puesto que el señor Alcaraz está
diciendo que si nosotros hemos pactado con ustedes, ustedes han estado
unos cuantos años colocándonos a nosotros entre la espada y la pared en
muchas situaciones.

Vamos a ver si somos capaces de hablar. Estamos en una Cámara en la que
se llega a acuerdos, en la que hay disensiones, entendimiento, diálogo y
debate y en unos momentos se negocia con unos grupos determinados y en
otros, con otros.

En este momento surge un acuerdo, acuerdo que creo que va a ser
beneficioso para el conjunto de este sector, y que todo el mundo lo
tenemos que ver con buenos ojos, aunque desde su perspectiva, pueda ser
criticable en alguno de sus puntos.

Ha vuelto usted a hablar otra vez de las concesiones y los ayuntamientos.

Le pido, por favor, que se lea usted el texto de la ponencia, sus
enmiendas y los concursos convocados y verá usted cómo en los concursos
convocados, en el de concesión para utilización del dominio público para
construcción y explotación de una red de cables, en el pliego de
cláusulas administrativas particulares del 19 de septiembre, ustedes
dicen: Características de la red de cable. Entre otros puntos, recogen.

Tipos de servicios que se han ofrecido y sus planes de introducción en el
tiempo, tipos de equipamiento de usuarios que se han soportados, sus
interfaces y protocolos de señalización.

Es decir, ustedes están hablando en estos concursos de algo más que del
uso y el dominio público, de construir una zanja o de pasar un tubo.

Están hablando de algo más serio. Por tanto, no es competencia municipal.

En segundo lugar, y volviendo un poco a la lectura de todos sus
documentos, ustedes dicen que las comunidades autónomas son las
competencias para aprobar los proyectos técnicos. Ustedes, en los propios
concursos, en el pliego de condiciones técnicas, que se adjunta al otro
pliego que he citado anteriormente, dicen: una vez formalizada la
concesión --y digo concesión, no autorización-- el con concesionario
deberá presentar el proyecto técnico definitivo de la red. El
ayuntamiento deberá aprobar este proyecto. El ayuntamiento, no la
comunidad autónoma.

Ustedes tienen que aclararse sobre qué modelo de regulación de las
telecomunicaciones quieren para este país. En estos momentos ustedes no
lo tienen claro, y es una pena, porque, indudablemente, en ese afán de
llegar a un entendimiento, si hubieran variado su posición algo más de lo
que estaban dispuestos a hacerlo, estoy seguro de que todos los grupos
políticos hubiéramos llegado a un acuerdo.

Nada más, y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Recoder i
Miralles pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, ¿quería
utilizar el turno de réplica opcional y no manifestar su posición con
respecto a la enmienda transaccional? (Asentimiento.)
Está en su perfecto derecho. Tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, con la brevedad requerida,
puedo aprovechar la circunstancia de que estoy en el uso de la palabra
para retirar las enmiendas números 32 y 33, en beneficio de la enmienda
transaccional que ha sido ofertada por el señor Morlán en nombre del
Partido Socialista.

Además de ello, permítame, señor Presidente, que me refiera también a la
segunda intervención de la señora Mato, para decirle, en primer lugar,
que si el Partido Popular no está en el consenso es porque no ha querido.

Yo recuerdo perfectamente la indescriptible cara de alegría del Ministro
Borrell el día que en la Comisión le fue ofertada por Izquierda Unida la
posibilidad de ponerse de acuerdo para sacar adelante esta ley y de
integrar al Partido Popular en este consenso. Creo que la disposición era
total para llegar a este acuerdo y si no se llegó fue porque al Partido
Popular no le interesó, por motivos externos a lo que la propia ley ha
acabado diciendo.

En segundo lugar, señora Mato, es muy difícil que ustedes y nosotros nos
podamos poner de acuerdo en relación a esta ley; no ahora, nunca, es muy
difícil. Ustedes mantienen una posición que ignora total y absolutamente
el papel de las comunidades autónomas en este ámbito. Como ha dicho el
representante del Partido Nacionalista Vasco, no hemos de olvidar que las
telecomunicaciones por cable tienen un componente muy importante de
vertebración del territorio, y aquí juegan las competencias de ordenación
del territorio, que recaen en las comunidades autónomas. Es la posición
que ha defendido el Partido Nacionalista Vasco, la posición que ha
defendido Convergència i Unió y la posición que ha defendido también
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a través de sus enmiendas.




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En tercer lugar, usted en la segunda intervención, ya se va de lo
fundamental a aspectos absolutamente colaterales, porque ha centrado una
parte de su discurso en si los 50.000 habitantes como tope mínimo para
poderse constituir un municipio en demarcación era admisible o no. Esta
es una cuestión absolutamente secundaria del proyecto de ley . Han sido
50.000, como inicialmente eran 20, como podían ser 100 ó 35. Si ustedes
hubieran estado en las reuniones que mantuvimos al respecto, seguramente
podían haber aportado su criterio, y si consideraban que éste era un tema
«casus belli» para ustedes, seguro que nos hubiéramos puesto de acuerdo.

En cuarto lugar, ustedes han centrado su oposición al proyecto de ley en
dos cuestiones: la primera, la defensa a ultranza de las competencias
municipales; la segunda, el defender un papel nulo de Telefónica en el
desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país. (La señora Mato
Adrover: Eso es falso.) Yo les emplazo a que si dentro de unos meses
ustedes se hacen con el poder democráticamente, a ver si mantienen
ustedes exactamente la misma posición que están manteniendo ahora. Me
gustará ver qué papel mantienen ustedes el día en que el 37 por ciento
del capital de Telefónica esté controlado por el Partido Popular o por un
Gobierno controlado por el Partido Popular, o el día que no deba el
Partido Popular refugiarse en el poder local porque mande en el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Les emplazo y
ya veremos qué defienden ustedes en ese momento, si es que llegan a
gobernar.

Por último, permítame que le diga una cosa, señora Mato, no equivoque su
discurso, no hable a estas alturas de cesiones a Convergència i Unió, de
cesiones a Cataluña, porque la posición que hemos mantenido nosotros en
cuanto a dar un giro y un matiz autonómico a la Ley es la misma que ha
defendido también el Partido Nacionalista Vasco e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y usted se refiere sólo a nosotros.

Sinceramente, a mí este discurso ya me va bien; seguramente, a ustedes
les va bien en Valladolid, les va bien en Madrid, les va bien en
Andalucía, mantener este discurso. En Cataluña, les aseguro que les
sienta fatal, y, como continúen manteniéndolo, Cataluña será por mucho
tiempo la asignatura pendiente del Partido Popular, y a nosotros, le digo
muy sinceramente, que ya nos va bien.




El señor PRESIDENTE: A continuación, la señora Mato, para cerrar este
turno de réplicas.




La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, empezando...




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, para una cuestión
de orden.

Para cerrar, ¿qué turno?



El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Dado que el turno de réplica se ha
iniciado con la señora Mato, han intervenido todos los portavoces...

(Rumores.)



El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: De ninguna manera, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Entonces, lógicamente, han intervenido todos los portavoces de los grupos
parlamentarios que lo han solicitado y, en consecuencia, señor
García-Arreciado, efectivamente, damos por cerrado el debate.

Dando por cerrado el debate y esperando la comunicación de ustedes, se
interrumpe la sesión durante dos minutos. (Pausa.) El señor PRESIDENTE:
Señoras y señores Diputados, reanudamos la sesión con el ruego a SS. SS.

de que tomen sus asientos para proceder a la votación inmediata, que me
parece que todo el mundo está deseándola.

Señorías, someto a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 25.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, someto a votación la enmienda transaccional presentada
por el Grupo Socialista a las enmiendas números 32 y 33 del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), matizando que una es de adición al final del
segundo párrafo del artículo 2.º 3, y la segunda es de sustitución del
párrafo segundo del artículo 2.º 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Seguidamente someto a votación el informe de la Ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.




Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.