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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 588, de 17/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 588
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 38
celebrada el martes, 17 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto por el
que se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en
materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la
persistencia de la sequía (procedente del Real Decreto-ley 6/1995, de 14
de julio). (Número de expediente 121/000110). (Página 17954)
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del
proyecto de ley por el que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abastecimiento de la sequía
(procedente del Real Decreto-ley 6/1995, de 14 de julio). (Número de
expediente 121/000110). (Página 17954)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a las ayudas a conceder a las empresas auxiliares pesqueras
que se ven afectadas por la parada de la flota en aguas de Marruecos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
161/000536). (Página 17957)
--Por la que se insta al Gobierno a la renovación y modernización de la
flota pesquera atunero-congeladora. Presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV). (Número de expediente 161/000572). (Página 17962)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre al sesión.
Antes de empezar la tramitación del orden del día, quería notificar a la
Comisión que por acuerdo de la Mesa, reunida ayer, se ha retirado de la
tramitación del orden del día de hoy el proyecto de ley procedente del
Real Decreto-ley 4/1995.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, EXCEPCIONALES Y URGENTES
EN MATERIA DE ABASTECIMIENTOS HIDRAULICOS COMO CONSECUENCIA DE LA
PERSISTENCIA DE LA SEQUIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1995, DE 14
DE JULIO). (Número de expediente 121/000110.)
El señor PRESIDENTE: De todas maneras, procede, en primer lugar, la
ratificación de las ponencias nombradas para el estudio del proyecto de
ley procedente del Real Decreto-ley 4/1995 y del proyecto de ley
procedente del Real Decreto-ley 6/1995.
¿Se ratifica el nombramiento de los ponentes? (Asentimiento.)
--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, DEL
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS,
EXCEPCIONALES Y URGENTES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTOS HIDRAULICOS COMO
CONSECUENCIA DE LA PERSISTENCIA DE LA SEQUIA (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 6/1995, DE 14 DE JULIO). (Número de expediente 121/000110.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate y votación del
proyecto de ley por el que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos como
consecuencia de la persistencia de la sequía.
Antes de iniciar la tramitación, rogaría de la Comisión y de los
portavoces una cierta atención en el procedimiento de esta tramitación.
Como saben SS. SS., la Ponencia encargada de elaborar el Informe,
suprimió, por mayoría de miembros de la Ponencia, los artículos 2 y 3 de
este Real Decreto. El Grupo Socialista presentó un voto particular
manteniendo el texto del proyecto procedente del Real Decreto-ley. En
este sentido, si les parece, daría en primer lugar la palabra al portavoz
del Grupo Socialista para defender el voto particular, ya que, en función
del resultado de esta primera decisión, se van a tramitar con
posterioridad las restantes enmiendas que se han presentado a este
proyecto de ley. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, pido la palabra para una
cuestión de orden o, al menos, de una corrección.
Usted, al decir lo que nos acaba de comentar, da las cosas por sentadas y
no debe ser así. Quiero decir, en primer lugar, que usted señala que la
Ponencia suprimió dos artículos. Esto no es verdad. La Ponencia aceptó
unas enmiendas; o sea, que la Ponencia no suprimió artículos, aceptó
enmiendas y, por lo tanto, el informe de la Ponencia viene tal y como
quedó por mayoría después de la votación en la Ponencia. En todo caso,
existe el voto particular del Grupo Socialista, que quiere cambiar otra
vez al texto.
Yo quisiera que, como dice incluso el Reglamento, por parte del señor
letrado se nos explique, exactamente, si se va a votar este voto
particular y el resultado es positivo, cómo queda la votación, cómo
quedan las enmiendas que fueron aceptadas, si quedan anuladas o no, o si
este voto particular puede llevarnos a una nueva votación de todas las
enmiendas del texto.
No puede ser que por una vez que en una ponencia --parece ser que no ha
sucedido otras veces-- el texto del Gobierno pierde en las votaciones
aquí armemos triquiñuelas o burla al Reglamento --no diré fraude de ley,
pero casi-- para que se vuelva a lo que quería el Gobierno.
Yo quisiera que el señor letrado nos dijera exactamente cómo va a ir eso
y, en todo caso, nuestro Grupo pide en este momento un dictamen a la Mesa
o a la Presidencia y al señor letrado para actuar en consecuencia. En
estos momentos, haciendo uso del voto particular que se ha hecho en
Ponencia y que según parece se presentó en su momento --digo según parece
porque a los grupos no nos ha llegado el voto particular--, se quiere
cambiar otra vez el texto. Yo creo, señor letrado, señor Presidente, que
esto debe aclararse mucho antes de que expliquemos el voto particular y
entremos en discusiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, el procedimiento que se utilizó en la
Ponencia es un procedimiento
excepcional que no se ha utilizado en ninguna otra ocasión, porque las
ponencias, según consulta efectuada al Secretario General del Congreso,
no pueden suprimir artículos, porque normalmente en todas las ponencias
se incorporan solamente aquellas enmiendas que tienen el consenso de
todos los grupos para ser incorporadas. Por la misma razón --supongo que
S. S. ha participado en otras muchas ponencias-- aquellas enmiendas que
fuesen rechazadas en la Ponencia no podrían con posterioridad tramitarse
en una comisión, cosa que es absurda y que S. S. conoce perfectamente. En
ese sentido yo creo que el resultado de la Ponencia fue más allá de lo
que era la práctica parlamentaria, y no sólo la prácticamente
parlamentaria, sino incluso los propios usos de los que normalmente se ha
dotado esta Cámara a lo largo de su tiempo de funcionamiento.
En aquel momento el Grupo Socialista ya anunció que presentaría un voto
particular --y S. S. estaba en aquella reunión-- solicitando volver al
texto inicial del Gobierno. No hay ningún tipo de triquiñuela
reglamentaria, porque sabe perfectamente S. S. que en todas las ponencias
las enmiendas que no son incorporadas porque no tienen el consenso,
automáticamente y sin más son votadas y son tramitadas en la posterior
Comisión. En ese sentido, es lógico que el primer trámite sea la
discusión de ese voto particular, porque en función del resultado de este
voto particular quedan vivas o no las enmiendas a los restantes
artículos.
Este tema se ha consultado con el letrado y con la Secretaría General de
la Cámara. Parece ser que la decisión que tomó en aquel momento la
Ponencia no fue una decisión totalmente acertada. Con el afán lógico, que
nunca se había producido, de plasmar en un resultado concreto una
determinada mayoría en aquel momento, fuimos más allá de lo que
reglamentariamente debe permitirse. Por tanto, yo creo que es una
decisión correcta el tramitar, en primer lugar, el voto particular y,
lógicamente, en función del resultado de este voto particular, quedarán
vivas o no las enmiendas que se han presentado. Parece ser que no tiene
otro sentido, porque si no, en el fondo, el órgano que tiene capacidad de
manifestarse, que es la Comisión, no podría hacerlo y lo que debe hacerse
es respetar la mayoría, la que salga, de la votación de esa Comisión, que
es la soberana. No tendría sentido hacerlo de otra manera.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, entonces cojamos el Reglamento
y tirémoslo a la alcantarilla, porque todo lo que dice de las ponencias,
de las comisiones y de los trabajos no sirve para nada.
Además usted sigue hablando de supresión de artículos cuando el informe
de la Ponencia dice otras cosas. En todo caso, yo siento muchísimo que el
letrado no lo haya recogido en el informe o que el informe haya sido
redactado o dictado. Porque dice: «En cuanto al artículo segundo se
acuerda incorporar la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Popular y
la número 14 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ambas
coincidentes en el sentido de proceder a la supresión del citado
precepto.» Muy bien. Si se aceptan las enmiendas, están aceptadas y el
texto que después nos dan como anexo figura con la supresión de estos
artículos. ¿Por qué? Porque es aceptación de enmiendas, no simplemente
tachar artículos. Incluso el informe que había hecho el señor letrado
aconsejaba el posible desglose de esta ley en dos. Aquí está la primera
parte del desglose que pide el señor letrado. Si hay variaciones en la
Ley de Aguas, que el Gobierno presente una proposición de ley referida a
la Ley de Aguas.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, no entre en el fondo de la cuestión. El
fondo de la cuestión lo vamos a debatir. Ahora estamos en un trámite de
orden en el sentido de si lo que debemos hacer ahora es votar o no el
voto particular. No tiene sentido entrar en el fondo de la cuestión, que
vamos a hacerlo después.
El señor SEDO I MARSAL: En todo caso, solicito que por parte de la
Presidencia o del letrado se me diga el proceso a seguir: ahora vamos a
votar el voto particular. El voto particular, lógicamente va a tener los
votos suficientes para salir, ya lo sabemos. El otro día, en Comisión, no
prosperó porque faltaban unos votos, pero hoy los hay y, por tanto,
prosperará. Y, entonces, ¿qué pasará con las enmiendas que fueron
aceptadas? Hace unos momentos se nos decía que las enmiendas que ya se
habían incluido en el informe no entran en el nuevo debate, que sólo
quedarán vivas las enmiendas que aquel día no se defendieron, porque
estaba ausente el señor que las tenía que defender. Además, el voto
particular de volver al texto lo presenta un Grupo que no tenía
presentadas enmiendas. Que quede constancia de ello.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, creo que conviene una
reflexión serena y una intervención por parte de nuestro Grupo, desde la
buena fe con que hemos abordado la tramitación de este proyecto. Y digo
lo de la buena fe subrayado, porque aquí, hablando de triquiñuelas y de
fraudes al Reglamento, lo que se está poniendo de manifiesto es una
intransigencia, una intolerancia y una avaricia oportunista increíbles. Y
desde esa buena fe es desde donde creo que hay que enfocar este problema.
Este es un hecho sin precedentes, excepcional por tanto, y anómalo en su
tramitación, en opinión de nuestro Grupo. Efectivamente, no se puede
hurtar por una ponencia la tramitación de un texto proviniente del
Gobierno, convertido en su tramitación en proyecto de ley, o de otro
grupo parlamentario, como proposición de ley, la tramitación al órgano
soberano, sea Comisión o sea Pleno, que tiene la competencia legislativa
plena. No se debe hurtar la discusión de ese texto, que es el que al
final se debe decidir, simplemente porque en una ponencia se produce una
votación circunstancial en un momento determinado, como muy bien ha dicho
la Presidencia.
Por tanto, desde esa buena fe y por cierta analogía con el funcionamiento
de los dictámenes de comisiones respecto al Pleno --no a los informes de
ponencia, que eso no está
previsto en el Reglamento, sino a los dictámenes de comisiones, que es
donde se presentan los votos particulares para mantener enmiendas a los
plenos-- es como hemos abordado el problema. Por esa analogía, repito,
presentamos de forma cautelar --y lo decíamos en el escrito-- un voto
particular sobre ese extremo para, en esa analogía, intentar llegar,
desde la buena fe, al consenso de una tramitación adecuada de este ya
proyecto de ley proveniente de un Decreto-ley, el número 6, del Gobierno.
Repito, hemos hecho eso desde la buena fe, para intentar tramitarlo
adecuadamente y desde el punto de vista del debate parlamentario sereno,
sosegado y donde operen los consensos posibles, las mayorías y los
acuerdos que se puedan producir. En ese sentido, hemos presentado ese
voto particular. Como muy bien ha dicho la Presidencia, también podría
llegarse al extremo de las interpretaciones que hace el Grupo
Parlamentario Catalán sobre el Reglamento, por sus analogías
interpretativas respecto a lo que dice el Reglamento --que no dice nada,
repito, en este tema de las ponencias--, por su afán o su celo
interpretativo de que, efectivamente, las enmiendas que no se votan por
mayoría en una ponencia son hurtadas a sus trámites si no se presentan
votos particulares por los grupos. Y eso no ocurre así desde que yo soy
parlamentario de esta Cámara ni desde nunca.
Desde luego es un hecho sin precedentes, repito, por tanto excepcional, y
en este momento anómalo, y no se trata sólo de que el Grupo Parlamentario
Catalán debería tender a que se pronuncie la Mesa y se produzca una
resolución interpretativa, incluso, de la Presidencia de la Cámara, es
que nuestro Grupo lo va a proponer. Además de ese voto, nuestro Grupo va
a seguir --independientemente de que ahora explicaré por qué queremos
esta tramitación de una manera sensata-- pidiendo esa interpretación para
que este hecho no sea un precedente que se pueda volver a producir.
Nuestro Grupo también va a hacer eso.
Sin embargo, en este caso, y volviendo a lo que pedía el Grupo
Parlamentario Catalán de cómo será el trámite subsiguiente, repito, desde
la buena fe, creo que hay que entender --y nuestro Grupo está dispuesto
entenderlo así-- que en este momento estaría vivo todo el proyecto de ley
y estarían vivas todas las enmiendas de todos los grupos, por lo que
podemos tramitar todas las enmiendas con el texto del proyecto de ley. Si
los demás grupos están de acuerdo y ese voto particular se vota, nosotros
estamos de acuerdo en que no se produzca la falta de debate de enmiendas
que podrían ser contradictorias con el voto particular, porque la lógica
cartesiana y jurídica nos llevaría a que si el voto particular se
aprobase las enmiendas contradictorias con ese voto particular quedarían
rechazadas automáticamente. Pues bien, nuestro Grupo, en ese afán de
buena fe, de hacer un debate sensato, está dispuesto a que sigan vivas. Y
ya que estamos en la interpretación de un hecho sin precedentes y anómalo
estamos dispuestos a que el debate se produzca en la totalidad de las
enmiendas que se han presentado al proyecto, así como en la totalidad del
texto del proyecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señorías, creo que se ha producido una situación
de duda profunda, de duda razonable, y, desde luego, este portavoz y su
Grupo no lo tienen claro.
Sin tratar de señalar responsabilidades ni culpabilidades, lo cierto es
que desde la Presidencia no se ha hecho llegar a los grupos, para su
conocimiento, el texto del voto particular que anunció en su momento, en
Ponencia, el Grupo Socialista.
Sigue también la duda, tal como ha expresado el portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), de en qué situación procesal nos
encontramos en este momento, porque parece ser que la aceptación o no del
voto particular que anuncia el portavoz del Grupo Socialista va a
introducir nuevas modificaciones en la tramitación de este proyecto de
ley.
Siguen las dudas en cuanto a esas consultas que anuncia la Presidencia
que se han hecho a la Secretaría de la Cámara y al propio letrado, puesto
que no se nos han transmitido esas consultas y el dictamen jurídico que
al respecto habrán emitido el letrado de la Comisión y la Secretaría de
la Cámara.
Siguen las dudas en qué es lo que hay que debatir aquí. El señor
Presidente nos ha dicho hace unos minutos: No entremos a debatir el
fondo. Pero ¿qué fondo vamos a debatir, señor Presidente?
En este momento, siguen las dudas, y no por desconocimiento del
Reglamento sino porque todavía la confusión aumenta más cuando el
portavoz del Grupo Socialista dice que, por su parte, nos retrotraigamos
a la situación inicial de la Ponencia, y que se debata todo. Pero, una
vez aceptado el voto particular, ¿es posible debatir todas las enmiendas?
Me parece que el Reglamento es taxativo y dice que no. El portavoz del
Grupo Catalán, señor Sedó, lo ha dicho bien claro, una vez aceptadas
ciertas enmiendas que están en contradicción con el proyecto de ley
presentado en su día en el Pleno de la Cámara, las enmiendas que sean
contradictorias al texto de ese proyecto de ley, una vez aprobado el voto
particular --eventualmente aprobado-- que plantea el Grupo Socialista, no
pueden ya ser debatidas ni votadas posteriormente, a pesar de la buena
voluntad --también supuestamente-- expresada por el portavoz del Grupo
Socialista de que se debata y se vote todo y entremos en el fondo de
todo. ¿Es posible reglamentariamente?
Creo que son demasiadas las dudas reglamentarias y de procedimiento en
estos momentos y mi Grupo incluso abogaría por la suspensión temporal de
esta Comisión; por una reunión serena y tranquila de la Mesa con los
portavoces, con la asistencia del letrado y de quien se estime oportuno,
para que el procedimiento sea absolutamente correcto, transparente y que
no haya dudas posteriores que den lugar a reclamaciones y a
interpretaciones --bienintencionadas pero indudablemente sustentadas
sobre las dudas que en estos momentos este portavoz, en nombre de su
Grupo, está expresando-- y abogo, precisamente por el buen funcionamiento
de la Comisión, porque aclaremos con el tiempo suficiente estas dudas y
la situación procesal en que nos encontramos, para actuar, en
consecuencia, de manera correcta.
El señor PRESIDENTE: Creo que estamos en un trámite de orden que creo que
nos va a llevar demasiado tiempo. Después de oír a los distintos
portavoces, propondría, si les parece, continuar con la tramitación de
las dos proposiciones no de ley; que se reúnan los portavoces, con el
letrado obviamente, por si hay posibilidad de llegar a un acuerdo sobre
un tema que es totalmente novedoso, porque no se ha producido en ninguna
otra ocasión en este Parlamento, en una situación que quizá requiere de
alguna actuación especial que deberá ser consensuada por parte de todos
los grupos. En ese sentido, para no retardar el trámite y que podamos
continuar con los distintos temas que tenemos previstos en el día de hoy,
continuamos con las dos proposiciones no de ley. Después, si existe
acuerdo para continuar con esta tramitación, lo hacemos, y si no lo
dejamos para otro momento, que tampoco pasaría nada, en absoluto.
Ahora, brevísimamente, tiene la palabra el señor Roncero.
Señor RONCERO RODRIGUEZ: Muy brevemente, señor Presidente. Sólo para
decir una cosa, en función de la intervención que ha tenido el portavoz
del Grupo Popular. Nuestro Grupo ha hecho ese ofrecimiento en el sentido
de intentar hacer el debate de la totalidad del proyecto y de la
totalidad de las enmiendas. ¿Qué significaría eso en términos reales? Que
la Comisión ejerza su soberanía. La Comisión aquí va a hacer un dictamen
--debe hacerlo cualquier Comisión-- sobre los informes de la Ponencia y
sobre los proyectos de ley que tramita. Es un dictamen, en este caso, con
competencia legislativa plena. La Comisión puede ejercer su soberanía
--démosle el sentido que le demos, también interpretativamente-- y si la
Comisión acepta debatir la totalidad del proyecto y de las enmiendas, lo
que está haciendo, de entrada, es rechazar ese informe de la Ponencia que
se ha producido de forma anómala, excepcional, sin precedentes y, por
tanto, lo que hace es un dictamen directamente, casi en lectura única, en
esta Comisión ejerciendo su soberanía. Esa era la propuesta, pero en este
caso aceptamos lo que propone la Presidencia de que debatan las dos
proposiciones no de ley y podamos establecer el diálogo con el letrado y
las interpretaciones subsiguientes, aunque nuestro Grupo cree que esto se
debería tramitar en este momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sedó, solamente para
entrar en este tema.
El señor SEDO I MARSAL: Telegráficamente.
Quede bien claro que nuestro Grupo no ha recibido el voto particular;
quede bien claro que a nosotros no se nos ha pasado ninguna información
de las consultas que se hayan podido hacer a la Mesa del Congreso, a la
Presidencia o a la Secretaría General.
Además, el Reglamento es el Reglamento y se aplica de esta forma para
poder introducir un voto particular, pero el Reglamento puede ser de otra
manera si el Grupo mayoritario está dispuesto a seguir el debate. O sea,
en unos momentos el Reglamento es duro para nosotros, pero es benévolo
para otro Grupo y se está dispuesto a admitir otra cosa. Si el Reglamento
dice que nuestras enmiendas quedan anuladas al aceptar el voto
particular, que queden anuladas y que conste en Acta. También se nos
habla de que la Ponencia elaboró un informe de forma anómala y eso no es
verdad. Hay un informe de Ponencia, estaba usted, señor Presidente,
estaba un representante del Grupo Socialista, estaban representantes de
todos los grupos, aunque faltaba uno, y el informe no es anómalo, se
produce una circunstancia que es anómala porque no ha sucedido nunca...
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, no debatamos más este tema porque no nos
vamos a poner de acuerdo.
El señor SEDO I MARSAL: Estoy de acuerdo en que no nos pondremos de
acuerdo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, no quiere este portavoz
expresar acuerdos o desacuerdos, simplemente quiere que se aclaren dudas.
Efectivamente, cuando falta documentación, cuando falta el conocimiento
del texto del voto particular que ha presentado el Grupo Socialista, creo
que es buena la solución que S. S. ha aportado.
Si se me permite, muy brevemente, y con esto termino, me parece loable la
buena voluntad que expresa el portavoz del Grupo Socialista, pero la
buena voluntad a veces no solamente no es suficiente para poder actuar
sino que no vale para nada ante lo que dice el Reglamento. Aunque el
Grupo Socialista quiera que se debata todo, si el Reglamento dice que no,
no se puede debatir todo. Por eso, me parece que la opinión de la
Presidencia de que se debata posteriormente y, mientras tanto, aclaremos
la compleja situación procesal en la que nos encontramos, me parece una
idea aceptable. En ese sentido, agradezco la postura de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Creo que estamos todos de acuerdo en que
efectivamente se ha producido una situación anómala y quizá deberíamos
buscar una solución que incluso pueda servir si se produce en otras
ocasiones. En ese sentido, propondría continuar con la tramitación de las
proposiciones no de ley y que los portavoces puedan reunirse con el señor
letrado para aclarar esta situación.
¿Les parece bien? (Asentimiento.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LAS AYUDAS A CONCEDER A LAS EMPRESAS AUXILIARES PESQUERAS
QUE SE VEN AFECTADAS POR LA PARADA DE LA FLOTA EN AGUAS DE MARRUECOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000536.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos, pues, con el debate y votación de las
proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario
Popular, relativa a las ayudas a conceder a las empresas auxiliares
pesqueras que se ven afectadas por la parada de la flota en aguas de
Marruecos.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: No creo necesario tener que insistir
excesivamente por ser de todos conocida la difícil situación por la que
está atravesando el sector pesquero en nuestro país, afectado por las
largas negociaciones del convenio pesquero con el Reino de Marruecos.
En diferentes ocasiones, hemos tenido ya la oportunidad de debatir en
este mismo Parlamento sobre las graves repercusiones que la parada de
nuestra flota... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández, por favor.
Señorías, ruego silencio.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Decíamos, señor Presidente, que ya en
diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de debatir en este mismo
Parlamento sobre las graves repercusiones que la parada de nuestra flota,
desde el pasado día 1 de mayo, está produciendo tanto a los pescadores
como a los armadores que faenaban en los caladeros marroquíes. Incluso
debemos de reconocer que, aunque de forma insuficiente, algo se ha hecho
por el Gobierno para aliviar con una serie de ayudas económicas estas
graves repercusiones que está padeciendo el sector, pero no es menos
cierto que desde el Gobierno no se ha dado ningún tipo de respuesta a
otro grupo de afectados por este conflicto, al que llamaremos de forma
genérica el sector no extractivo, compuesto por esa serie de empresas
auxiliares que se ubican y desarrollan su actividad en tierra y que, en
base a sus propias organizaciones, acotamos y definimos como las
siguientes: empresas que transportan el pescado a los mercados nacionales
e internacionales, vendedores y exportadores que comercializan las
capturas en las lonjas, fabricantes de embalajes del pescado, fabricantes
de la nieve para conservación y empresas de mantenimiento de los equipos
de los barcos. En definitiva, una serie de empresas que dan empleo a la
nada desdeñable cifra de cuatro o cinco trabajadores en tierra por cada
uno que faena en el mar y que se ven hoy en una situación absolutamente
insostenible, pues su actividad depende casi por completo, al menos en
los puertos andaluces de la situación de nuestra flota en los caladeros
marroquíes.
A modo de ejemplo, en el caso de Algeciras, la lonja de dicho puerto,
desde el pasado 1 de mayo al 1 de octubre de este año, ha dejado de
ingresar más de 2.000 millones de pesetas, lo que representa el 90 por
ciento de la facturación normal que suele obtenerse en la citada lonja
algecireña. Ello nos da una idea bastante elocuente de la situación de
inactividad en que se encuentra este sector, que engloba sólo en dicha
localidad a un total de 86 empresas con 437 trabajadores.
No voy a cansar a SS. SS. con más datos y cifras de otros puertos, pero
evidentemente la situación es igual de grave en Cádiz, Barbate, Málaga,
Almería o cualquier otro puerto donde la repercusión de la parada de
nuestra flota es casi absoluta, y es que efectivamente el ciclo
productivo de la pesca no se agota con la captura de especies en alta mar
sino que, a mayor abundamiento, en su preparación, venta, manufactura y
puesta en destino interviene una amplia franja de industriales y
comerciantes que determinan y facilitan la actividad pesquera, hasta el
punto de que su mera ausencia entrañaría la paralización productiva de la
flota.
Por lo tanto, entendemos necesario, yo diría que imprescindible, que si
no queremos asistir a una verdadera catástrofe en este sector y al
consiguiente cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo, hemos de
arbitrar una serie de medidas como las que se contemplan en la
proposición no de ley que hemos presentado; medidas que se han visto, en
cierto modo, desfasadas por la duración y las dimensiones del conflicto.
De ahí que vayamos a solicitar la cortesía de la Presidencia de esta
Cámara para introducir una enmienda «in voce» en el punto primero de
nuestra proposición, en el sentido de sustituir una sola y única palabra:
donde dice «moratoria», queremos decir ahora «condonación». Se trata de
una condonación en las cotizaciones a la Seguridad Social, que deberá
entenderse con carácter retroactivo desde el pasado 1 de mayo, día de
paralización de nuestra flota pesquera, y que deberá extenderse a todo el
tiempo de duración del conflicto, que nuestro Grupo desea, evidentemente,
que sea el más corto posible, siempre, claro está, que se garantice un
acuerdo pesquero con el Reino de Marruecos razonable y equilibrado.
El resto de las propuestas lo vamos a mantener en sus justos términos,
toda vez que lo que se pretende fundamentalmente es hacer una llamada de
atención al Gobierno sobre la problemática de este sector, pero debe ser
el propio Gobierno el que con su actuación, día a día, venga a subsanar
en lo posible la grave crisis creada, facilitando la presencia del sector
en los foros, nacional o europeo, donde se debatan cuestiones que le
afecten, o concediendo moratorias en el pago de los préstamos oficiales
pendientes o permitiendo, en su caso, el acceso de estas empresas a las
ayudas o fondos estructurales, de la misma forma que son percibidas por
el sector extractivo. En definitiva, se tiene que demostrar por ese
gobierno una sensibilidad hacia este sector, que, desde luego, hasta el
momento ha brillado por su ausencia; una sensibilidad que se demostró en
el Parlamento de Andalucía el pasado 14 de septiembre cuando por
unanimidad de todos los grupos de aquella Cámara se aprobó una propuesta
idéntica a la que ahora estamos debatiendo y que, evidentemente, nos
gustaría ver también reflejada en esta Cámara.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar su posición respecto a
este tema? (Pausa.)
En representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
el señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Nosotros vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley, aunque la consideramos insuficiente porque, aun
siendo mejorada al admitir la exención de cuotas y no simplemente lo que
era una moratoria, todavía hay algunas lagunas que no están recogidas. En
ese sentido anunciamos la presentación de una proposición no de ley, en
la que se recoja el conjunto de reivindicaciones de este sector, que van
desde impulsar la presencia del sector extractivo en todos los foros
autonómicos, nacionales y europeos hasta instar a las distintas
administraciones con el fin de que se contemple a este sector dentro de
las previsiones de Administración pública para que, en caso de
reconversión del sector, puedan beneficiarse de las ayudas
correspondientes.
Vamos a votar que sí porque, aunque limitada, nos parece un avance, y
repito el anuncio de la presentación de la proposición no de ley por
parte de nuestro grupo político.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Quisiera iniciar nuestra intervención afirmando
que nuestro Grupo no es partidario de la generalización de las ayudas y
subsidios sino de la excepcionalidad de éstas y aún en casos muy
justificados y limitados en el tiempo. Lo contrario denunciaría que la
política sectorial afectada necesitada de ayudas sería errónea y debería
ser, por lo tanto, modificada.
Para nuestro Grupo también está claro --y ciñéndonos ya al problema
planteado en la proposición no de ley-- que el amarre indefinido de la
flota que faena en aguas de los caladeros canario-saharauis, de soberanía
marroquí, ha causado graves perjuicios al conjunto del sector que, hasta
ahora, ha contado con el apoyo del Gobierno con el acuerdo también de
todas las fuerzas políticas de esta Cámara, pero simplemente limitado al
sector extractivo --o sea, a pescadores y armadores--, habiendo sido
excluidas de estas ayudas todas las empresas auxiliares y complementarias
dependientes del sector extractivo. La falta total tan prolongada de
materia prima ha llevado a muchas empresas, pequeñas y medianas, de este
sector al borde de la quiebra por no poder hacer frente a las
amortizaciones, a las inversiones y a los gastos, por ejemplo, de
personal.
Las propuestas concretas contenidas en la proposición no de ley --o sea,
moratorias de pagos a la Seguridad Social, exención del pago de cánones
portuarios, líneas de créditos blandos y que estas ayudas se detraigan de
los pagos que efectúa la Unión Europea o nuestro propio país por
utilización de caladeros-- nos parecen correctas, aunque totalmente
insuficientes en el bien entendido que algunas de ellas han sido ya
acordadas por la Administración central o por las administraciones
autonómicas. Pero la excepcionalidad de la situación en que se encuentran
muchas de estas empresas requerirían medidas mucho más contundentes para
reflotarlas. Por ejemplo, coincidimos en que precisan exenciones o
condonaciones en lugar de moratorias en las cuotas de la Seguridad Social
y en las cuotas de los autónomos; en que precisan líneas de créditos
excepcionales para refinanciar el pasivo y el circulante del sector no
extractivo, y, al igual que el sector no extractivo, precisan de
subvenciones a fondo perdido para reflotar las empresas afectadas por el
paro durante estos siete u ocho meses en que han permanecido forzosa y
totalmente inactivas, y todo ello, señorías, con cargo a las ayudas
previstas, o por lo menos anunciadas por la señora Bonino, para el sector
no extractivo, igualmente --insisto-- afectado por el amarre de la flota
que sí está recibiendo este tipo de ayudas.
Nuestro Grupo solicita a los proponentes la introducción de estas
modificaciones que acabo de formalizar aquí en la Comisión y, en todo
caso, nuestro voto será favorable a la proposición no de ley a sabiendas
de que no es suficiente para hacer frente a la grave problemática que
aqueja a las empresas auxiliares dependientes exclusivamente del sector
extractivo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el
señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro Grupo Parlamentario va a
apoyar la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario
Popular y, al igual que decía el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en este momento nos parece insuficiente el grupo de
medidas o de propuestas que plantea el Grupo Popular en el sentido de que
ha transcurrido bastante tiempo desde la presentación de la misma y,
evidentemente, algunas actuaciones o cometidos que se especifican en la
parte resolutiva de la proposición no de ley ya han perdido su
virtualidad, no porque «per se» o en sí mismas no sean buenas las
iniciativas, sino porque ya están en práctica, ya se han puesto en
funcionamiento. Por ello, efectivamente, vemos que es loable la
proposición no de ley porque se ha originado un problema importante con
toda la cadena de distribución de los productos pesqueros --es decir,
toda la cadena de valor de los productos pesqueros--, empezando por el
sector extractivo, siguiendo el comercializador y el transformador, y
complementariamente con todas las industrias auxiliares y puestos de
trabajo inducidos que genera la actividad pesquera portuaria en los
puertos afectados por la paralización, de conformidad con el convenio
entre la Unión Europea y Marruecos. Eso, evidentemente, como se decía,
implica a todo el sector comercializador --tanto mayoristas en origen,
mayoristas en destino, asentadores, minoristas-- puesto que, en
definitiva, han tenido que efectuar regulaciones de empleo al no disponer
de la materia prima para poder ejercer la actividad empresarial, el
objeto de su comercio, que es la compraventa, la comercialización y la
distribución de mercados del pescado. Por lo tanto, ahí se están
produciendo una serie de inactividades, de regulaciones de empleo, en
definitiva, que trabajadores de estas zonas pesqueras españolas de
Levante, de Andalucía, de Galicia, de Canarias hayan ido al desempleo.
Juntamente con ellos está toda la industria auxiliar como pueden ser
--bien se dicen en la proposición no de ley-- todas las industrias de
reparación naval, las industrias de mantenimiento de los buques, las
industrias de elaboración de envases, de cajas para la comercialización
del pescado, etcétera, todo ese cúmulo de trabajo inducido que se genera
en los puertos españoles dependientes de la actividad pesquera.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario en líneas generales está de
acuerdo con el posicionamiento político que plasma en su proposición el
Grupo Parlamentario Popular pero, reitero nuevamente, señor Presidente,
nos parece insuficiente porque quizás cuando se habla de líneas de
créditos blandos para financiar los pagos a los proveedores y
trabajadores pues prácticamente eso ya está en marcha. Por ello, hubiera
sido oportuno --y quizá en este momento haya dificultades reglamentarias
para ello, pero nuestro Grupo Parlamentario lo plantea-- hacer referencia
a una línea de crédito excepcional para la refinanciación de la deuda del
pasivo que tiene el sector no extractivo, porque todas las acciones, las
estrategias y acometidas de la Unión Europea para hacer frente a los
perjuicios derivados de la inactividad van dirigidas al sector
extractivo, pero toda la cadena de valor y todo el empleo inducido que se
genera en las industrias auxiliares queda al margen de las ayudas de la
Unión Europea, y evidentemente el Gobierno central se encuentra limitado
también por esas políticas fijadas de conformidad con la Unión Europea
por parte de la Comisaría de Pesca. En segundo lugar, cuando esta Cámara
se ha pronunciado políticamente hace ya un año de que se compense al
sector pesquero extractivo de los costes sociales derivados de
inactividades provenientes de acuerdos pesqueros dimanantes por razones
biológicas de las paradas, evidentemente, estamos adoptando una medida
insuficiente puesto que la compensación de costes sociales afecta a una
parte de la cadena de valor, que es al sector extractivo; no está
afectando al sector comercializador, al transformador o a la industria
auxiliar. Por lo tanto, había que hacer extensivo el espíritu de la misma
a la proposición no de ley. Por eso plantearíamos el otorgamiento de
subvenciones o compensación de costes para hacer frente a los gastos que
se originan con ocasión de la regulación de empleo, todo ello derivado de
la regulación que la Ley reguladora de las prestaciones por desempleo
realizó en mayo de 1992, de obligar a cotizar a la Seguridad Social aun
en los supuestos de fuerza mayor. Por tanto, para corregir esa disfunción
existente en el ordenamiento jurídico, y respecto a la cual esta Cámara
ya se pronunció políticamente en cuanto al sector extractivo, e incluso
jurídicamente el Gobierno ya ha adoptado alguna medida a través de una
disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero, como
digo, exclusivamente para el sector extractivo, hay que hacerla extensiva
al resto de las empresas, de la cadena de valor y del empleo inducido que
se genera en los puertos pesqueros españoles.
Por ello, y para finalizar, diré que nuestro Grupo Parlamentario va a
apoyar esta proposición no de ley. Además, nos gustaría que en el punto
1.º también se hiciera referencia a las moratorias en el pago de créditos
oficiales, dimanantes, por ejemplo, del Instituto de Crédito Oficial, en
definitiva, del Grupo Teneo, puesto que, tal como está en este momento
planteada la proposición no de ley, queda insuficiente, ya que hace
referencia a aspectos que son obvios, que ya están puestos en práctica, y
lo que faltaría para su efectiva aplicación sería el punto 4.º de la
proposición no de ley. Los tres primeros, evidentemente, están puestos en
marcha, pero me parece que las medidas que se plantean para el sector
extractivo y la industria auxiliar son insuficientes.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Coalición Canaria, el señor Mardones
tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: El Grupo de Coalición Canaria se siente
profundamente preocupado por el negro panorama, por el horizonte de
futuro inmediato del sector pesquero español, sobre todo después de las
últimas noticias que nos llegan, tanto de Marruecos como de Bruselas, en
esta última ronda negociadora.
Para la Comunidad Autónoma de Canarias, como para otras que se han
señalado aquí, el sector pesquero tiene una especial relevancia y, por
tanto, nosotros, por un principio de apoyo y de solidaridad, vamos a
votar favorablemente esta proposición no de ley. Con nuestro voto
queremos significar tanto este principio de solidaridad como la
preocupación por lo que se le avecina al sector pesquero español. Es
necesario que el Gobierno tenga una política verdaderamente congruente;
en el sector pesquero español no se puede hacer un tratamiento diferente
en todos los órdenes --Seguridad Social, crediticio, de moratoria,
etcétera--, como si el sector extractivo fuera algo desconectado de las
empresas auxiliares pesqueras. El sector extractivo está en íntima
conexión con las empresas auxiliares pesqueras y viceversa; la razón de
ser de uno y otras está perfectamente concadenada, como dos eslabones de
una misma cadena, que no se pueden separar. De aquí que, si existen
medidas como las que propone esta proposición no de ley para el
subdirector de las empresas auxiliares pesqueras que se están aplicando
en el sector extractivo, por esta razón que he dicho de conexión íntima y
absoluta, que se hagan extensivas a este subsector de las empresas
auxiliares pesqueras.
Si hay reticencias por parte del Gobierno con respecto a distinguir y no
aplicar condonaciones o exenciones en los pagos a la Seguridad Social,
como nos ha dicho reiteradamente en debates en Pleno sobre cuestiones
similares el portavoz del Grupo que sustenta al Gobierno, nosotros, en
principio, sin entrar en más disquisiciones sobre este tema, apoyaríamos
la condonación, tal como viene en la proposición no de ley, con la
enmienda «in voce» propuesta por el portavoz del grupo proponente
relativa a la condonación o exención en los pagos a la Seguridad Social.
Si el Gobierno no estuviera dispuesto a ir por esta línea, tendría que
hacer las compensaciones más favorables posibles a todas las otras
propuestas que se hacen, tanto en cuanto a líneas de refinanciación como
en cuanto a líneas de moratoria a créditos que tenga en este momento en
el Instituto de Crédito Oficial sobre este subsector o cualquier otra
actividad financiera que pueda compensar y sacar al subsector de lo que
se le avecina.
Quiero hacer una referencia especial a lo que se dice en el punto 4.º de
la proposición no de ley, que se refiere a la
gestión oportuna ante la Comisión de Bruselas, ante la Unión Europea, en
relación con las ayudas que se puedan conseguir tanto por el sector
extractivo como por las empresas auxiliares pesqueras, que quiero
significar que en el Archipiélago canario tienen un reflejo de ubicación
física, fundamentalmente en industrias auxiliares pesqueras alrededor de
una economía de escala en los puertos de la Luz y de Las Palmas, en el
puerto de Arrecife, de Lanzarote, y en el puerto de Santa Cruz de
Tenerife. Es necesario que se haga saber, y que se haga toda la gestión
política y diplomática española ante la Unión Europea, que en lo que es
actualmente la cuenta de abono en concepto de utilización de caladeros
hay que cargar --y esto tiene que ir ya formando un cuerpo de doctrina--
el coste de la no utilización de caladeros.
Es muy discutible en Derecho internacional el que Marruecos se arrogue la
absoluta administración y dependencia del caladero canario-saharaui, que
no se reconoce que son de plena soberanía marroquí ni en los acuerdos de
Madrid de 1975, sino todo lo contrario: son una reserva para que cuando
de una vez se efectúe el referéndum de autodeterminación del Sáhara
Occidental --si a Naciones Unidas o a las grandes potencias no se les cae
la cara de vergüenza--, esas aguas, si de ahí sale un nuevo Estado, sean
de la soberanía de ese nuevo Estado saharaui. Por tanto, Marruecos no
puede arrogarse esa facultad ni la señora Bonino puede aceptar en las
negociaciones que Marruecos ponga encima de la mesa que eso es soberanía
plena marroquí. Si encima a Marruecos se le paga una sustanciosa
cantidad, que SS. SS. conocen bien, en concepto de utilización de los
caladeros, la Unión Europea debe entender que en los países que son parte
del sector extractivo y de las industrias auxiliares se introduzca el
concepto de coste de no utilización de los caladeros, de la misma manera
que años atrás en la Unión Europea se extendió el concepto de no
agregación, es decir, cuando se estaba discutiendo Maastricht sí,
Maastricht no, el coste del no Maastricht.
Nosotros estamos a favor de que el Gobierno español impulse que el
concepto de utilización de los caladeros --por activa-- se deduzca de esa
cuota, vamos a llamarle así, a los países que permiten la utilización de
los caladeros y se traslade al sector que está en situación de crisis.
Por todas estas razones, nosotros vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley en la forma en que se ha planteado por el grupo
proponente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Moragues
tiene la palabra.
El señor MORAGUES GOMILA: El Grupo Socialista también va a añadirse a
esta postura unánime que han explicitado los portavoces de los grupos
parlamentarios. Está claro que coincidimos con el planteamiento del grupo
proponente y de los distintos portavoces; la prolongada inactividad de la
flota pesquera que faena en aguas del caladero marroquí ocasiona
perjuicios no sólo a los armadores, a los buques y a los tripulantes,
sino también, como es lógico, a las empresas que desde tierra prestan un
servicio de apoyo complementario y continuo a la actividad pesquera.
Estas empresas, llamadas auxiliares, por primera vez son objeto de debate
en esta Comisión como susceptibles de percibir ayudas por parte de las
administraciones, en este caso de la Administración General del Estado.
Está claro que las propuestas del Grupo Parlamentario Popular se
encaminan justamente a evitar estas consecuencias negativas y sugieren la
adopción de algunas medidas técnicas costeadas con cargo a los fondos
comunitarios, que, estando previstos para el abono de los caladeros,
mientras duran las negociaciones se encuentran inaplicados. En este
contexto general de la proposición no de ley, el Grupo Socialista va a
dar el apoyo a todos sus puntos, incluida la sustitución de la palabra
«moratoria» por la palabra «condonación». Está claro que para conceder la
moratoria no es necesaria una proposición de ley, porque la propia ley de
la Seguridad Social ya tiene previstos los aplazamientos y las moratorias
en sus textos normativos; por tanto, es lógico que se cambie moratoria
por condonación y que no se utilicen expresiones como exenciones,
etcétera, que están explícitamente prohibidas por la misma legislación de
la Seguridad Social de este país.
Para no extenderme en los posicionamientos del Grupo Socialista,
posicionamientos que, en general, comparten todos los grupos políticos de
la Cámara, sólo diré que el Grupo Socialista va a aceptar la literalidad
de la proposición no de ley.
En el primer punto hemos explicado que nos parece correcto el cambio del
término «moratoria» por «condonación». En el punto segundo, que solicita
que se deje sin efecto el pago de canon por ocupación de las empresas en
espacios portuarios, hay que decir que también la propia Ley de Puertos
prevé esta posibilidad, que además se está utilizando en un puerto como
el de Algeciras, que ha mencionado el propio portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Por tanto, tampoco nos causa ningún tipo de
problema apoyar su propuesta.
También vamos a apoyar que se habilite una línea de créditos blandos. El
único problema que podría haber sería el subsiguiente de la lucha contra
el déficit público en la que están embarcadas todas las administraciones
públicas de este país. Debería hacerse una valoración del costo de estas
operaciones, pero en principio la idea nos parece aceptable y la
compartimos con el resto de las fuerzas políticas.
El cuarto punto, el de realizar gestiones oportunas ante la Unión Europea
para que sea ella la que se haga cargo de los costes de estas
operaciones, está claro que también lo compartimos. Las dificultades las
tienen las empresas por el retraso en la firma del nuevo convenio, y
parece lógico que si ese nuevo convenio no se firma por cuestiones de
negociación con la Unión Europea, ésta haga un replanteamiento para
combatir las consecuencias negativas para las empresas auxiliares. Hay
que recordar que en los primeros meses, cuando discutíamos las
consecuencias para la propia flota, las tripulaciones y los empresarios
del sector extractivo, la Unión Europea no quería participar en la
financiación de estas ayudas. Hay que decir que después la
propia Unión Europea cambió su doctrina y aceptó que estos pagos fueran
hechos a cargo del IFOP. Yo creo que la presión del Parlamento español,
otra vez, ante las autoridades comunitarias puede hacer cambiar de
opinión a la Unión Europea y aceptar este planteamiento, que vale la pena
recordar aquí que ya se ha producido en alguna ocasión en el Parlamento
Europeo y que ha sido denegado a petición expresa de algunos Grupos
Parlamentarios, pero yo creo que la insistencia debe producirse de nuevo
para intentar que el paquete de medidas que presenta el Grupo
Parlamentario Popular sea tenido en cuenta por la Unión Europea y
financiado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes.
Para terminar, señorías, quiero explicitar que yo creo que esta
proposición no de ley está henchida de buenas intenciones, pero va a
tener dificultades a la hora de su aplicación, pues determinar con
exactitud qué empresas son en puridad auxiliares de las pesquerías será
fácil en algunas situaciones y en otras no, porque una empresa que
paraliza su actividad en función de que la ha paralizado el sector
extractivo, está claro que es una empresa auxiliar de dicho sector, pero
algunas empresas no solamente dedican su actividad a atender facetas de
la actividad extractiva, sino que comparten su actividad industrial con
muchísimos otros sectores industriales. Por tanto, la definición de
empresa auxiliar y la aplicación de los supuestos beneficios que de la
proposición no de ley podemos esperar yo creo que van a suponer una
dificultad a la hora de la aplicación de estos beneficios. Sin embargo,
entre tanto esto no se produzca, vaya por delante el apoyo del Grupo
Socialista a esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. (El señor Fernández Rodríguez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, hay acuerdo por parte de todos los
Grupos, han aceptado la enmienda transaccional y tampoco ha habido
contradicciones entre las posiciones de los Grupos. Creo que no procede
otro turno.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Simplemente iba a usar el turno para
agradecer a la Cámara su receptividad y la aceptación de nuestra
propuesta.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA RENOVACION Y MODERNIZACION DE LA
FLOTA PESQUERA ATUNERO-CONGELADORA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000572.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la segunda de las
proposiciones no de ley, que es del Grupo Parlamentario Vasco, por la que
se insta al Gobierno a la renovación y modernización de la flota pesquera
atunero-congeladora.
Para defenderla, el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El Grupo Parlamentario Vasco presenta
esta proposición no de ley dirigida a que el Gobierno autorice, a través
del ejercicio de su potestad reglamentaria, la construcción de buques
atunero-congeladores mediante la aportación de bajas a la exportación.
Debemos tener en cuenta que en estos últimos años se ha producido una
crisis de la flota atunero-congeladora europea, principalmente
constituida por la francesa y la española, que se dedica a la pesca a
través de la técnica del cerco de túnidos y que en la mayoría de los
casos no tiene los problemas que padecen las otras flotas. Es decir,
opera sobre especies que son migratorias y que no están circunscritas a
plataformas continentales, a zonas económicas exclusivas de pesca, en la
mayoría de los casos, sino que al ser una especie altamente migratoria,
como la de los túnidos, no se originan esos problemas de contingentación
de caladeros, de cierre de pesquerías, de fijación de TAC, de
distribución de cuotas... Nada de eso existe cuando estamos hablando del
sector pesquero atunero-congelador, la pesca de los túnidos es una
pesquería libre, y nos referimos ahora a modo de ejemplo a lo que regula
la Unión Europea para poder operar en el caladero europeo, y por tanto
nos encontramos con una flota que no tiene todas las limitaciones,
restricciones o constricciones que afectan al resto de las flotas
pesqueras españolas, por un hecho natural, como es que nos encontramos
ante la captura de una especie migratoria y no una especie demersal que
tiene su vida, su base, en una plataforma continental, en un fondo marino
estable.
La flota atunera-congeladora española es la tercera del mundo, después de
la japonesa y de la estadounidense, y España, junto con el mercado de la
Unión Europea, es uno de los mayores consumidores de túnidos del mundo,
también después de los Estados Unidos y de Japón en el lejano Oriente.
Consideramos que éste es un tema de interés general y que es necesario
disponer de una flota congeladora competitiva, más moderna, ya que no es
lo suficientemente moderna, por lo que habría que mejorar tal cuestión.
La administración pesquera central, el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, desde el año
1988 ha roto una trayectoria tradicional dentro del sector pesquero
español, y principalmente dentro de la administración pesquera central,
que es la de autorizar la construcción de atuneros congeladores aportando
como baja de otro buque la exportación de un buque español a un tercer
país. Esta trayectoria se rompió con la regulación efectuada por parte
del Gobierno central en 1988, y entendemos que la regulación europea y la
regulación del IFOP están dando un margen de maniobra a las autoridades
de cada Estado para que puedan regular tal cuestión. Lo decimos porque la
regulación de los subsectores pesqueros en la Unión Europea se realiza a
través de un instrumento de planificación que se denomina el POP, el
Programa de Orientación Plurianual. Este instrumento de planificación,
dirigido al subsector atunero-congelador, establece dentro del espacio
temporal de los años 1993 a 1996, la posibilidad de aumentar la flota
pesquera europea, y en concreto en lo que atañe a la española, el número
de toneladas de registro bruto, pasando de
las actuales, que son 50.669, incluso hasta las 67.718. Es decir, si en
este momento el sector atunero-congelador español está constituido por 43
unidades pesqueras podría, con una construcción de carácter estándar,
alcanzar hasta las 58 unidades, todo ello de conformidad con los
parámetros que establece la Unión Europea y con el Plan de Orientación
Plurianual que la Unión Europea ha aprobado y que permite dicha
construcción.
No se van a producir todas esas construcciones de quince nuevas unidades
atunero-congeladoras, evidentemente, pero sí hay interés por parte del
sector pesquero español en proceder a una renovación por lo menos
parcial, pues estamos hablando de seis o siete unidades
atunero-congeladoras que se harían nuevas por parte del sector español.
Por ello queremos instar a la administración pesquera central a que
corrija ese criterio administrativo que tiene de que en sus normas no
prevea tal cuestión de admitir la baja por exportación, rompiendo con la
línea tradicional que mantenía hasta el año 1988.
Además se produce otra consideración, y es que cuando se procede al
desguace de un buque se recibe una prima por desguace, pero en el caso de
la venta de ese buque o en el caso de la exportación no percibe el
titular del mismo esa prima, y son fondos que se ahorra la administración
pesquera, que no tiene que gastar de los Presupuestos Generales del
Estado. En definitiva, el titular del buque que se vende o que se
exporta, en este caso es lo que planteamos, podría construirlo, pero sin
que la Administración desembolsara esa prima por desguace. Por ello tiene
también incidencia sobre el gasto en los presupuestos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Además, señor Presidente, hay otra consideración, y es que
fundamentalmente la flota más competidora con la española en Europa es la
francesa, y Francia está permitiendo, dentro de los límites del Plan de
Orientación Plurianual para el sector, en lo que atañe a su país, la
construcción de buques atuneros mediante la exportación a terceros
países.
Entendemos que se debe quitar esa discriminación y corregir ese criterio
administrativo que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, teniendo en cuenta que en este momento en el mercado no hay
unas bajas a precios asequibles, los precios están a 150.000 pesetas por
tonelada de registro bruto y se puede suscitar, y todos sabemos cómo se
suscita, el mercado de las bajas negras. En definitiva, a través de esta
vía podemos dar al sector pesquero atunero-congelador español la
posibilidad de poder renovarse.
Como decía anteriormente, no se van a producir, como autoriza la Unión
Europea, esas nuevas construcciones, porque quince construcciones no se
van a originar, pero sí quizá media docena de ellas que hay ya
proyectadas en los diferentes astilleros españoles. Por cierto, son los
astilleros españoles los que en este momento están padeciendo una crisis
industrial fortísima, con la puesta en práctica de un plan estratégico
para la competitividad de los astilleros públicos, y los que están
interesados en que esto salga adelante, en que se puedan construir estos
buques atuneros-congeladores, de conformidad con los criterios de la
Unión Europea, además por la seguridad, el trabajo y la actividad que va
a originar a los diferentes astilleros españoles.
En ese sentido, señor Presidente, fíjese la paradoja que se está
produciendo, y es que si no se toman medidas correctoras como las que
planteamos en nuestra proposición, se irá a mecanismos fraudulentos, a
que un armador español tenga que ir a Angola, a Mozambique o a
Seychelles, para que estos países en vías de desarrollo, que reciben
ayudas para el desarrollo de la Unión Europea y de los créditos FAD
españoles, financien con sus banderas la construcción de buques. Se
negocia con el Gobierno de ese país y se obtiene un crédito a interés
blandísimo.
Estamos haciendo el mundo al revés, señor Presidente, porque financiamos
desde Europa, y desde España en la parte proporcional, a los países en
desarrollo, cosa que es necesaria, pero estamos propiciando que el sector
pesquero español tenga que acudir a argucias o a mecanismos subrepticios
de aprovecharse de esos presupuestos europeos en países en desarrollo. No
es ése el espíritu, ni la finalidad, ni el alcance, ni el contenido de la
ayuda al desarrollo que se da a estos países necesitados. Eso es lo que
está ocurriendo, que se están construyendo buques en Mozambique o en
Camerún con las ayudas de los Presupuestos Generales del Estado y con las
ayudas de la Unión Europea.
Para evitar toda esa cuestión, vamos a establecer un mecanismo más
transparente y que el Gobierno pueda fijar un criterio de autorización de
la baja por exportación o, alternativamente, que una tonelada desguazada
equivalga a dos toneladas. Es indistinto, aunque nos parece mejor que sea
la exportación para evitar todos estos mecanismos que se están
produciendo. En definitiva, estamos pidiendo una medida que ya existe en
el país competitivo por antonomasia en el subsector pesquero, que es
Francia, cumpliendo la legalidad, porque no estamos pidiendo nada que no
esté dentro de la legalidad de los planes de orientación plurianual.
Principalmente, y termino con ello, señor Presidente, porque la Comisaría
de Pesca ha establecido, dentro del común denominador sobre la política
pesquera, un margen de maniobra, un margen de decisión política a cada
Estado miembro, para que sea cada uno de ellos el que pueda fijar las
condiciones del desarrollo del Plan de Orientación Plurianual para cada
uno de los subsectores.
Aquí, señor Presidente, falta una decisión política, y es que en una
norma se establezca una cosa u otra. No estamos pidiendo nada ilegal,
sino voluntad política. Ese es el contenido de nuestra proposición no de
ley, porque pretendemos hacer una flota atunera congeladora más
competitiva, teniendo en cuenta que el sector de astilleros españoles
está completamente de acuerdo con la iniciativa por la rentabilidad, por
la actividad y por la generación de puestos de trabajo que se originaría
en el mismo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mantilla tiene la
palabra.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Como no podía ser menos, vamos a apoyar la
proposición no de ley del
Grupo Vasco. El sistema ya se ha debatido y se ha comentado en distintas
reuniones que hemos tenido en la Comisión de Agricultura e incluso en la
propia Ponencia de Pesca.
Se da la paradoja, como decía el señor Gatzagaetxebarría --dicho sea de
paso, ya ha comentado todos los aspectos que se pueden debatir sobre esta
proposición no de ley--, de que el subsector atunero, dentro del sector
pesquero, es uno de los que tienen mayores ventajas. De momento no está
condicionado a ninguna limitación de los países ribereños. Así como
estamos observando en el tema de Marruecos que parece ser que se llega a
un mal acuerdo (según las últimas noticias por fin Marruecos va a
conseguir que se descargue parte de la pesca en sus puertos, lo cual es
tremendamente peligroso), el subsector atunero tiene la gran ventaja de
que no está supeditado de momento a ningún condicionamiento de los países
ribereños; y también tiene la gran ventaja de que, como el señor
Presidente sabe, y los representantes de este subsector que han pasado
por nuestra ponencia lo han dicho, es tal vez uno de los poquísimos que
es capaz todavía de admitir un incremento en la flota pesquera. Este
incremento se fija entre doce y quince unidades más, más todas las demás
que en este momento tienen más de veinte años de antigüedad, y de las
cuales algunas de ellas están en plan obsoleto.
Señor Presidente, éste es un tema que el Gobierno debería tomar en
consideración, porque, como también decía el portavoz del Grupo Vasco
(PNV), en estos momentos nuestros astilleros están pasando por una
situación muy crítica. Estamos viendo que los astilleros públicos tienen
una reconversión salvaje una vez más, y que los privados tienen que
reconvertirse. Por tanto, si en estos momentos hablamos de entre doce y
quince unidades más en la construcción, estamos ante una inversión que
puede superar los 25.000 millones de pesetas. Eso sin duda daría una
capacidad de trabajo a estos astilleros, de la que tan necesitados están.
Por tanto, reiterando una vez más que es una incongruencia que nuestros
armadores tengan que recurrir a otras banderas de conveniencia para poder
construir sus barcos; reiterando y argumentando que el subsector atunero
no tiene ningún tipo de implicación de momento con respecto a los países
ribereños, y argumentando y haciendo hincapié en que todo el subsector
está totalmente convencido no solamente de que hay que renovar las
unidades que están ya obsoletas y que tienen mucha antigüedad, lo que
supone, entre otras cosas, poca seguridad en el mar, sino que está
capacitado para aceptar un incremento en su número de unidades entre doce
y quince, lo cual, repito, daría importante trabajo a nuestros astilleros
del que están tan necesitados, por todo ello reiteramos que la postura
del Grupo Popular va a ser apoyar la proposición no de ley del Grupo
Vasco.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, el señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: El Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar también esta proposición no de
ley, porque consideramos que la flota atunera necesita una amplia
remodelación y una actualización del conjunto de sus buques. En ese
sentido nos parece que esta proposición no de ley ayuda a que esta
renovación de los buques se pueda producir con una mayor celeridad y a
que se haga creando puestos de trabajo en toda la industria naval, que se
ve francamente necesitada, como ha demostrado la crisis que últimamente
hemos padecido.
Por estas consideraciones, y teniendo en cuenta que el tonelaje de
nuestra flota atunera no está al límite del que aún permite el Programa
de Orientación Plurianual de la Unión Europea, nosotros consideramos que
hay motivos suficientes para que esta proposición no de ley se vea
apoyada por el conjunto de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
el señor Vidal tiene la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Catalán (Convergència i Unió) votará
favorablemente esta proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV), por la
que se permitirá y se incentivará la construcción de nuevos buques
atunero-congeladores, con el objetivo de fomentar la renovación y
modernización de esta flota, sustituyendo progresivamente a la actual
mediante su exportación a terceros países, distintos de la Unión Europea,
o bien procediendo a su desguace o hundimiento. Nuestro voto es favorable
porque consideramos necesaria la modernización de esta flota y porque al
tratarse de una pesca muy especializada no le afectan los problemas de
sobredimensión, ni las dificultades de acceso a los caladeros de otros
países, ni el agotamiento de los nacionales o las limitaciones de
licencias o capturas que aquejan a otras especialidades pesqueras.
También lo consideramos necesario para situar a esta flota
atunero-congeladora y a la industria naval que fabrica estos buques en
condiciones idénticas de competitividad a las de otros países
comunitarios que utilizan ambos métodos de baja de buques, exportación y
desguace, para fomentar nuevas construcciones.
Por otra parte, la construcción de nuevos buques en ningún caso
significará, por aplicación de esta proposición no de ley, que se puedan
superar ni los buques ni las toneladas contenidas en el programa de
orientación plurianual que la Unión Europea autoriza para nuestro país;
buques que no han sido construidos hasta ahora, a pesar de existir esta
facultad, por faltar el estímulo económico que se desprende de los dos
métodos de baja que contiene la proposición no de ley.
Por todo ello, y no queriendo abundar en los argumentos ya expuestos por
el Diputado, señor Gatzagaetxebarría, votaremos favorablemente esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor
Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: La iniciativa de esta proposición no de ley
que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) está en una línea de
congruencia
con otras anteriores que también Coalición Canaria ha votado
favorablemente, por entender que reunía, junto a planteamientos de amplio
sentido común y de lógica empresarial y comercial, cuestiones que afectan
fundamentalmente también --en una conexión o interrelación entre ambos--
al sector extractivo pesquero, al sector industrial transformador y
fundamentalmente también al sector de la construcción de buques. Sería de
muy difícil explicación en foros internacionales que, ocupando España el
lugar que tiene actualmente en capacidad y tecnología de flota
atunera-congeladora de pesca al cerco, donde nos codeamos con las dos
superpotencias, Estados Unidos y Japón, abandonáramos una línea de
investigación y desarrollo de alta tecnología para que los astilleros
españoles y los técnicos españoles de diseño de estos buques y de toda la
logística que llevan dentro, perdieran esta posibilidad mundial, pero no
solamente para abastecer de estos buques, que son la última palabra en
tecnología, a la flota pesquera atunera española, sino a la de otros
países que necesitasen también barcos de este tipo.
Por tanto, yo creo que aquí tenemos un reto, y la Administración española
no puede seguir varada y anquilosada en su disposición restrictiva de
1988, en que solamente, como bien se ha señalado aquí por el portavoz
proponente, el desguace del buque correspondiente atunero-congelador
autoriza otra construcción. Pero ¿es que no existe un punto de mentalidad
empresarial, de proyección de tecnología española punta para la
fabricación en nuestros astilleros de buques atuneros congeladores, que
favorezca esta medida, o es que no se está pensando en eso? Creo que es
uno de los puntos neurálgicos fundamentales para entender que el apoyo de
nuestro voto a esta proposición no de ley del Grupo Vasco lo debemos dar
con este sentido de consecuencia.
El Programa de Orientación Plurianual que tenemos actualmente debe ser
entendido también como un aprovisionamiento no solamente en tecnología,
sino en el número de buques --todavía nos quedan doce o quince por cubrir
del cupo asignado-- ante la demanda que se viene produciendo en toda la
Europa comunitaria por parte del sector industrial en cuanto a túnidos
capturados en aguas internacionales, tropicales o subtropicales. Pues
bien, si el sector de la conserva de túnidos en Europa, tanto de
Portugal, de España, de Italia, de Francia, como de otros países, está
demandando precisamente la captura de esta especie, que, además, a la
Unión Europea no plantea graves problemas de litigios contenciosos con
otros países del área circundante por el uso de sus caladeros, dado que
esta flota es de altura, la está extrayendo de aguas internacionales
fundamentalmente, o con convenios no conflictivos ni contenciosos con la
Unión Europea, vamos a favorecerlo, porque esta línea de entendimiento se
puede hacer así. De las dos alternativas que señala conjuntamente la
propia iniciativa, bien la exportación de buques atuneros a terceros
países, bien el hundimiento o desguace de un atunero-congelador, nosotros
apoyaremos siempre con mayor énfasis la primera, es decir, la que
favorezca, porque es más consecuente con nuestra línea de argumentación,
la exportación de buques atuneros a terceros países.
Por esta razón, señor Presidente, y sin más profundidades en el
argumento, vamos a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Méndez
tiene la palabra.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Es cierto que esta no es la primera vez que
debatimos en esta Comisión una proposición de carácter similar. Si no me
fallan mis datos, es la tercera proposición a lo largo de este año y el
segundo debate. Yo creo que se trata de un empeño posiblemente digno de
mejor causa, ya que, compartiendo entre todos el deseo de potenciar y
facilitar la actividad de esta flota como un empeño loable, no lo puede
ser en la forma que se propone, porque resultaría totalmente
contradictoria y profundamente incoherente con lo que los mismos grupos
proponentes de esta y de anteriores iniciativas que han ido interviniendo
defienden cuando se habla de la política pesquera con carácter general o
de los problemas y soluciones que afectan a otras flotas y a otros
subsectores. Por todo ello, debo anticipar que la posición del Grupo
Socialista será la de votar en contra de esta proposición.
¿Cuál es el centro de esta proposición? Nos dicen que existe margen para
el crecimiento de esta flota y que parece posible y hasta aconsejable,
dada su rentabilidad, que crezca y que se construyan más buques. En
puridad de conceptos, al día de hoy nada lo impide. Se trata, además, de
unas flotas más industriales y avanzadas de nuestros sector pesquero,
tienen una buena cuota de mercado potente, atractivo, buenos precios y
faenan, además, sin notables limitaciones. Por otra parte, el marco
comunitario, el marco español para su modernización y para su renovación
tampoco contiene limitaciones que no se basen en las reglas generales
aplicables a toda la actividad pesquera y, especialmente, al deseo y la
necesidad de que exista, en todo caso, para este subsector y para
cualquier otro, un permanente equilibrio con el esfuerzo pesquero
posible.
Por tanto, no estamos ante un problema de limitaciones, sino ante la
pretensión de un tratamiento excepcionalmente favorable. ¿Qué tratamiento
excepcional se solicita? Hay dos propuestas al respecto. Primero, la
posibilidad de exportar a terceros países y, segundo, considerar que cada
tonelada de registro bruto sirva como baja equivalente a dos toneladas.
Si aceptáramos la petición, yo creo que caeríamos en el contrasentido que
antes anunciaba. Me explicaré, señorías, señor Presidente. En primer
lugar, considerar la exportación del buque como baja para la construcción
fue eliminado como pauta que preexistía en nuestro ordenamiento del año
1988, yo creo que con buen criterio y en alguna ocasión en esta Cámara
así se ha dicho por parte de los mismos grupos hoy proponentes. Además,
ello nos debe llevar a reflexionar sobre que el motivo por el que esa
consideración de la exportación como baja fue eliminado en el año 1988 se
basa en que la exportación no siempre reduce el esfuerzo pesquero, ya que
suele suceder --lo sabemos, señorías-- que es la misma empresa la que
abandera ese buque la que continúa faenando y compitiendo, y por ello se
suele producir sobreesfuerzo pesquero, además
de competencia desleal. Sería algo así como que cada vez que exportamos
un buque nos ponemos la venda ante los ojos y además miramos hacia otro
lado. Esta situación es tanto más grave e incoherente, si pensamos que
ese buque ahora exportado suele terminar también bajo bandera de
conveniencia, situación que, por otra parte, en los debates que se han
producido en esta Comisión, todos los grupos hemos contribuido a
denunciar y contra la que luchamos por entender que esa competencia, bajo
pabellón de conveniencia, de buques exportados termina siendo una
competencia injusta para aquellos que faenan bajo pabellón nacional.
En segundo lugar, señor Presidente, pedir, como se pide para esta flota,
el tratamiento de un criterio mediante el cual por cada tonelada de
registro bruto que se aporte se consideren dos a efectos de la
construcción, no creo que sea otra cosa que un criterio puramente
clientelar para este subsector, lo que, por otra parte, contradice
formalmente nuestra política pesquera en general y, además, produciría
tremendos agravios en otras flotas.
Debo recordar que el desguace de excedentes y de buques obsoletos es un
buen objetivo general y ese esfuerzo de abandono y de renovación de la
flota debe ser asumido como criterio por todos los subsectores. Esta
flota, además, puede aportar bajas procedentes no sólo del subsector
atunero-congelador, sino de otras flotas afectadas por sobredimensión y
necesitadas, por tanto, de readaptación al esfuerzo posible.
Quisiera también, al tiempo, contestar a tres de los argumentos que he
escuchado en boca del portavoz del Grupo Vasco. Se dice, como argumentos
que apoyen la excepción que se ahorra al no abonar la prima. Creo que es
un argumento mal traído. El objetivo para la Administración pesquera no
puede ser el de ahorrar, sino el de invertir a través de las primas, con
un objetivo claro, que es estimular con esas primas precisamente los
objetivos de renovación y de modernización, en general, del sector.
En segundo lugar, se dice que eso afecta positivamente a la política de
construcción naval. Creo que no debería recordar a SS. SS. que nos
encontramos en la Comisión de Agricultura y Pesca y no en la Comisión de
Industria. Consiguientemente, nos debe preocupar marcar las orientaciones
y los criterios en materia pesquera, con independencia de tener,
evidentemente, sensibilidad para aquello que afecte a los ámbitos de la
construcción naval.
En tercer lugar, se dice que debemos alertarnos frente al peligro de que
países del Tercer Mundo estarían incluso construyendo buques para esta
flota. Creo que no debe ser un argumento que pese sobre SS. SS. el
reproche a aquellos países que en el ámbito del Tercer Mundo tratan de
desarrollar sus economías.
En conclusión, señor Presidente, señorías, no me parece que aporte nada
nuevo respecto a anteriores debates en esta Comisión, me parece una
proposición contradictoria con esos debates y esas posiciones mantenidas
aquí no hace tantos meses; nos parece una proposición incoherente. Creo,
además, que marginamos las recomendaciones producidas por el Icaat, que
aquí hoy no se han mencionado, pero que cuando sí ha interesado se citan
como criterios expertos en relación a la situación de los caladeros de
los túnidos. Creo, además, que abandonaríamos el marco del propio
Programa de Orientación Plurianual, que aquí sí ha sido citado, pero
precisamente para indicar solamente que contiene no limitaciones, yo digo
que contiene orientaciones aparte de no limitaciones, y, por tanto, si
queremos estar en el POP debemos aceptar las reglas que desde el propio
POP se dictan en el ámbito de interés general de las flotas.
Creo también, señor Presidente, que no podemos pedir, como se ha hecho
sistemáticamente en esta Comisión, control de los buques de bandera de
conveniencia y luego, sin embargo, desde esta proposición, facilitar su
aparición en el futuro. Y si es cierto que efectivamente debemos evitar
las restricciones a las iniciativas que se plantean en el sector, también
tenemos que mantener un marco coherente y equilibrado para la política
pesquera. En suma, desarrollar la actividad bajo el paraguas del programa
de orientación plurianual y en el marco de sus ayudas creemos que exige
también contribuir a los objetivos generales de la política dibujada en
ese programa, y ello no puede ser un «tomo aquello que me interesa, pero
no contribuyo a los objetivos generales de nuestro país en materia
pesquera».
Apoyo a esta flota, sin duda. Pero nuestro Grupo piensa que ese apoyo no
es el que en esta proposición se propone.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: No es para entrar en debate, porque
no procede y porque no vamos a entrar en otro tipo de consideraciones.
Simplemente es para hacer referencia a nuestra enmienda, en la que se
pretende hacer una corrección. Añadir «autorización reglamentaria»,
porque es obvio que el Gobierno tiene que hacer las cosas
reglamentariamente, y fijábamos únicamente el plazo de dos meses. Es lo
que añadíamos mediante la enmienda a lo que contiene la proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, procedemos a la votación de estas dos
proposiciones no de ley y luego les voy a anunciar una modificación en el
orden del día.
Votamos, a continuación, la primera de las proposiciones no de ley,
relativa a las ayudas a conceder a las empresas auxiliares pesqueras que
se ven afectadas por la parada de la flota en aguas de Marruecos. Se ha
aceptado por parte de todos los Grupos la propia enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, en el sentido de modificar «moratoria» por
«condonación».
En estos términos, se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la segunda de las proposiciones, por la que se insta al Gobierno
a la renovación y modernización de la flota pesquera atunera congeladora,
con la inclusión de la
propuesta que el propio Grupo Parlamentario ha introducido.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, con anterioridad a esta sesión se han reunido los portavoces.
La Presidencia, después de oírlos, propondría una modificación del orden
del día, que debe aprobar esta Comisión, en el sentido de excluir de la
tramitación del orden del día de hoy el proyecto de ley que se deriva del
Real Decreto 6/95, ya que existe la voluntad por parte de todos los
Grupos Parlamentarios de solicitar de la Mesa del Congreso un informe
para aclarar los términos en los cuales debe ser sometido a tramitación
este proyecto de ley, dado que, como conocen SS. SS., se produjo en su
momento, durante la tramitación en Ponencia, una situación que por
primera vez se ha conocido, como la introducción de enmiendas que
suprimían determinados artículos.
En ese sentido, creo que hay un acuerdo por parte de todos los Grupos
para solicitar de la Mesa un informe. Por tanto, propondría, si se
acuerda, la modificación del orden del día de hoy para excluir del mismo
la tramitación de este proyecto de ley.
¿Así se acuerda por parte de la Comisión? (Asentimiento.)
Queda acordado.
Agotado el orden del día, antes de levantar la sesión quiero recordar a
los señores miembros de la Mesa y portavoces que a las trece horas
tenemos una reunión con representantes del Parlamento de Ucrania.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.