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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 524, de 14/06/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 524
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 44
celebrada el miércoles, 14 de junio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
arrendamientos urbanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(BOCG serie D, número 216, de 10-4-95. Número de expediente 161/000437).
(Página 16050)
--Relativa a la potenciación y transformación de las comunicaciones de
las comarcas interiores de Cataluña. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC, (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número
de expediente 161/000371). (Página 16050)
--Relativa a la construcción de unas plantas potabilizadoras de agua de
mar en Almería. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG
serie D, número 206, de 17-3-95. Número de expediente 161/000425).
(Página 16054)
--Sobre creación del Laboratorio Técnico Central Medioambiental y
coordinación con las Comunidades Autónomas para el establecimiento de
Laboratorios Técnicos Autonómicos de Control Ambiental en cada una de las
mismas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D,
número 222, de 26-4-95. Número de expediente 161/000473). (Página 16061)
--Por la que se insta al Gobierno a mantener como propiedad pública, y al
servicio de los ciudadanos y ciudadanas, el edificio y los espacios
aledaños de la estación de Córdoba, enclavada en la plaza de Armas de
Sevilla. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie
D, número 225, de 28-4-95. Número de expediente 161/000474). (Página 16065)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA MODIFICACION DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE
ARRENDAMIENTOS URBANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000437.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Iniciamos la sesión número 44 de la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente, en la que el orden del día es monográfico sobre proposiciones
no de ley.
Tengo que anunciar a las señoras y señores Diputados con antelación que
hemos recibido una comunicación del Presidente del Congreso de los
Diputados, don Félix Pons, en la que se nos informa que ha sido
solicitada la retirada del punto 3 del orden del día, mediante escrito
con el número de registro 39087, de 12 del presente mes de junio. Por
tanto, procedemos a su retirada.
--RELATIVA A LA POTENCIACION Y TRANSFORMACIONES DE LAS COMUNICACIONES DE
LAS COMARCAS INTERIORES DE CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000371.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, iniciamos el debate y votación, en
su caso, de la proposición no de ley relativa a la potenciación y
transformación de las comunicaciones de las comarcas interiores de
Cataluña. El autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, nuestro Grupo presenta esta
proposición no de ley que ya tiene una cierta historia en esta Comisión.
Yo les haría un poco la secuencia de la misma.
Esta proposición no de ley que hoy presentamos sobre la mejora de la
línea férrea Barcelona-La Tour de Carol fue presentada por unanimidad de
todos los grupos políticos del Parlament de Cataluña en junio de 1994 y
con el mismo texto que el que hoy traemos aquí fue aprobada por la
totalidad de esos grupos representados en el Parlament.
En el mes de diciembre el Grupo Mixto, concretamente la Diputada Pilar
Rahola, presentó otra proposición no de ley que se alejaba del texto
consensuado por los distintos grupos políticos del Parlament de Cataluña,
que no tuvimos ocasión de debatir, puesto que la proposición decayó, ya
que la Diputada Rahola no estaba en esta Comisión para defenderla. De
cualquier manera, nuestro Grupo había presentado una enmienda de
sustitución a la proposición no de ley del Grupo Mixto que recogía los
mismos términos que hoy vamos a debatir, y que no son otros que aquellos
que fundamentaban la proposición no de ley del Parlament de Cataluña.
Entrando ya en lo que es el contenido de la misma y en su exposición de
motivos, quiero decirles, señorías, que todos los grupos coincidimos en
que esta línea férrea Barcelona-La Tour de Carol ha sido durante muchos
años una arteria de comunicaciones que ha vertebrado a varias comarcas
catalanas, concretamente las de la Cerdanya, el Ripollès, Osona y el
Vallès Oriental con Barcelona, teniendo las dos primeras comarcas, la
Cerdanya y el Ripollès, grandes problemas de aislamiento debido a las
dificultades orográficas. Esta línea de tren facilita el reequilibrio
territorial y, sobre todo, garantiza una vía internacional alternativa al
corredor del litoral que se verá complementado por el TAV, y eso debe
tenerse en cuenta.
Quisiera decirles al respecto que esta Diputada participó, conjuntamente
con organizaciones de usuarios y con ayuntamientos por los cuales
discurre esta línea férrea, en una iniciativa propiciada por el sindicato
de Comisiones Obreras, que, alquilando un Talgo demostró que este tren
puede discurrir por esta línea y que con el acondicionamiento de las vías
podría conectar perfectamente España con Francia. Les diré que el Talgo
que fue alquilado por Comisiones Obreras para esta demostración durante
todo su recorrido fue vitoreado y agasajado por las poblaciones, y cuál
no sería nuestra sorpresa que cuando llegamos a Puigcerdà y después
pasamos, junto con los concejales del Consistorio de La Tour de Carol,
vimos clarísimamente que en La Tour de Carol había un Talgo que era Talgo
La Tour de Carol-París, o sea, un pueblecito diminuto al sur de Francia
conectado directamente con la capital, con París.
El hecho de que nosotros planteemos esta proposición no de ley tiene dos
connotaciones. En primer lugar, habilitando esta línea estaríamos
garantizando el reequilibrio territorial
y la comunicación entre varias comarcas y también sería una buena línea
de comunicación internacional con Francia. Pensamos, al igual que los
Diputados que presentaron esta misma proposición al Parlament de
Cataluña, que para que las inversiones en el TAV y en la línea de la
costa Barcelona-Cerbère no aceleren el desequilibrio territorial de las
comarcas interiores de Cataluña es necesario que se potencie esta línea
sobre la que estamos debatiendo.
La línea Montcada-Puigcerdà-Toulouse constituye un elemento importante en
las relaciones ferroviarias entre el Estado español y el resto de Europa.
Presenta además un gran potencial turístico dado el gran número de
comarcas que atraviesa, todas ellas con un gran interés paisajístico,
natural y cultural. Esto ha dado lugar a la reivindicación de un servicio
Talgo de ejes variables entre Barcelona y Toulouse, proyecto de convenio
establecido pero sin determinar aún el plazo de ejecución. El tramo
Ripoll-Puigcerdà ha sufrido, por otro lado, un grave proceso de
degradación. Su velocidad comercial no sobrepasa actualmente los 36
kilómetros/hora, por precaución, dada la situación precaria en la que se
encuentra dicha infraestructura. Señorías, si las dificultades de estos
tramos que se marcan no se arreglan, no se solventan y no se da a la
línea una velocidad que la haga rentable y compatible con las necesidades
de los usuarios, está claro que, sin propiciar directamente el cierre de
la misma, haremos que prácticamente la gente la deseche como vía de
comunicación por cuanto no atenderá a las prestaciones que se espera de
un medio de transporte público.
Quiero decirles, señorías, que esta línea, a pesar del escaso
mantenimiento que ha tenido durante los últimos años, concretamente en el
tramo Barcelona-Vic, tiene una media de 5.000 pasajeros diarios, lo que
significa que es una línea absolutamente útil en ese primer tramo y
también en el posterior, aunque con las dificultades que ya he dicho, por
la escasa velocidad a la que se ven obligados a discurrir los trenes.
Señorías, presentamos esta proposición por todas estas razones y porque
es insuficiente la financiación que se ha dado en los presupuestos de
1995, que pasó de 2.000 millones de pesetas previstos --habiéndose
pactado entre los distintos grupos políticos 2.000 millones de pesetas en
1995 y 3.000 millones de pesetas en 1996-- a 300 millones de pesetas para
1995. Y todavía hay otro problema y es que esos 300 millones de pesetas
no se han invertido en 1995. Concretamente el Secretario de Estado de
política Territorial y Obras Públicas, en respuesta a una pregunta del
Diputado Rafael Ribó, de 17 de mayo de 1995, dijo que, efectivamente,
esos 300 millones de pesetas aún no se habían invertido en 1995, pero que
esperaba que hasta finales de año se pudiera realizar. Pero lo cierto es
que a las alturas del año que estamos los proyectos no están terminados
ni las plicas ni las actuaciones ni las licitaciones que se tenían que
dar y, por tanto, nos tememos mucho que, incluso con la mínima
financiación de la que fue dotada, esta línea no pueda beneficiarse con
las obras porque no se vayan a llevar a cabo este año.
Señorías, de cualquier manera yo voy a pasar ahora a enunciar los puntos
de la proposición no de ley y espero que tenga la misma unanimidad que
obtuvo en el Parlament de Cataluña y que se atiendan presupuestariamente
las necesidades de esta línea para el año 1996.
Los puntos de la proposición no de ley son los siguientes: Que se incluya
la línea Montcada-Puigcerdà en el Plan Director de Infraestructuras en el
período 1993-2007. En segundo lugar, instamos al Gobierno a solicitar el
establecimiento de doble vía hasta Vic. Tercero, facilitar la firma del
convenio de colaboración que permita la creación del servicio
Barcelona-Toulouse o Valencia-Burdeos con material Talgo de ejes
variables. Cuarto, evaluar la posibilidad de cambiar la infraestructura
de la línea para transformarla en anchura internacional de manera que se
cumpla la Real Orden de 18 de julio de 1928. Quinto, que se inicien de
manera inmediata los trabajos de renovación imprescindibles para que la
velocidad del tramo Ripoll-Puigcerdà se pueda incrementar hasta que sólo
la limite el trazo de la línea y no el mal estado de la misma. Sexto,
dado el carácter internacional de la línea y su servicio transfronterizo,
que se incluya su mejora, potenciación y transformación dentro de los
próximos planes de los fondos comunitarios.
Señorías, ésta es la proposición no de ley. Ustedes se verán
absolutamente identificados con la misma, puesto que la presentaron sus
distintos grupos representados en el Parlament de Cataluña y la votaron
por unanimidad, y como consideramos que no se han dado los pasos
oportunos para que se garantice el arreglo de la línea Ripoll-Puigcerdà,
para lo cual se necesita presupuesto, cosa que no se ha cumplido en 1995,
esperamos, señorías, que la voten favorablemente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
con respecto a esta proposición no de ley? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Verdaderamente ésta es una proposición no de ley
que tiene cierta historia en cuanto a su titulación, no en cuanto al
contenido exacto que en estos momentos viene aquí, pero nuestro Grupo no
la va a apoyar. ¿Por qué no la va a apoyar? Precisamente voy a
explicarlo.
En primer lugar es una realidad que este texto fue votado prácticamente
por unanimidad en el Parlamento de Cataluña por todos los grupos allí
representados y que lo están también prácticamente en esta Cámara, pero
si ya fue aprobada allí nosotros creemos que el trámite que le dé el
Parlamento de Cataluña no tiene que ser duplicado por el Parlamento
nacional, porque tendríamos que hablar de soberanías de parlamentos
autónomos. Por tanto, no entenderíamos para qué se presentó allí, si
después aquí tenemos que estar luchando otra vez con el mismo texto.
Nosotros creemos que la proposición aprobada por el Parlamento de
Cataluña tiene que seguir su camino, que será el de instar a quien
corresponda a la realización de lo que se contiene en los puntos que allí
se aprobaron.
Por otra parte, entrando en el texto de la proposición no de ley,
nosotros creemos que hay que analizarlo. La representante
del Grupo proponente nos dice que ellos consideran que el acuerdo no se
ha cumplido. Nosotros en estos momentos no estamos en esa posición.
Quedan cosas por cumplir, quedan muchas cosas por decir todavía, pero se
está trabajando ya y, por lo tanto, está en marcha toda la realización de
lo que se pide.
En el punto 1 se pide incluir la línea Montcada-Puigcerdà en el Plan
Director de Infraestructuras. Prácticamente los que hemos trabajado en
toda la temática del Plan Director de Infraestructuras sabemos que este
punto ya queda incluido en dicho plan en todo el amplio campo de
desarrollo que tiene que venir. Respecto a la solicitud que se hace en el
punto 2 del establecimiento de la doble vía hasta Vic, si hubiera
votación separada de los puntos de la proposición --que no la voy a
pedir-- la apoyaríamos.
Vemos mucho más difícil facilitar el convenio. Sí, ha pasado un Talgo y
hay otro Talgo en Francia, pero cuando verdaderamente la línea esté en
condiciones, la circulación de trenes Talgo ya será una cosa normal en
dicha línea.
En el cuarto punto nos habla de evaluar la posibilidad de cambiar la
infraestructura. Aunque nuestros compañeros del Parlamento de Cataluña
hayan votado a favor de esto, desde el punto de vista técnico creemos que
es difícil cambiar la infraestructura de la línea para transformarla en
ancho internacional. Esto está en todo caso dentro del esquema, cuando se
intente --si se intenta algún día, cosa que veo muy difícil--, de
transformar el ancho español en ancho internacional.
El punto 5 es el que nosotros consideramos que es más importante y
tendría que considerarse prácticamente resuelto, porque en el presupuesto
de 1995 ya figuran 300 millones de pesetas --por cierto, fue una enmienda
presentada a los presupuestos por nuestro Grupo, que solicitó 500
millones de pesetas, que después quedaron reducidos a 300 millones de
pesetas--, que abren el camino a la consideración presupuestaria
plurianual. Estamos de acuerdo en que 300 millones de pesetas parece que
no son suficientes para realizar la renovación imprescindible en todo el
tramo Ripoll-Puigcerdà, que precisamente es uno de los tramos donde más
difíciles la realización de las obras. El tramo por el que ha de circular
la línea es muy angosto, pero estos 300 millones de pesetas eran para el
inicio de todo el proyecto que debía realizarse en un plazo de dos o tres
años. Por tanto aquí queda cubierta la plurianualidad; en el presupuesto
del año 1996 tiene que haber una cantidad continuadora de los 300
millones de pesetas. Lo que sí es lamentable es que se haya retrasado el
inicio de todas estas obras, pero también sabemos comprender que lo más
complicado a veces es tener resueltos con rapidez los proyectos y las
soluciones de una zona tan difícil. Tenemos la seguridad de que dentro de
este año se iniciarán las obras, de que se gastará parte de estos 300
millones de pesetas y de que en los presupuestos se consignará la partida
correspondiente para que después haya dotación en las anualidades que se
precisen.
Por tanto, nuestro Grupo, como ya he dicho al principio, cree que esta
proposición no de ley no debe aprobarse aquí, porque muchas cosas de las
que se solicitan están en fase de realización, y además no nos convence
el hecho de que porque haya sido aprobada por el Parlamento de Cataluña
la tengamos que aprobar aquí, precisamente porque respetamos mucho más la
aprobación que ya ha hecho el Parlamento de Cataluña y creemos que no
hace falta que esta proposición venga aquí cuando el Parlamento catalán
tiene soberanía en este aspecto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Es obvio que tras lo que acaba de decir mi
compañero, nuestro colega, sobre el Parlament de Cataluña, nuestra
postura sea la misma, la de respeto a la iniciativa tomada por aquel
Parlament. Sin embargo, antes de aclarar nuestra posición, debo añadir
que en una votación anterior sobre un tema parecido, el Grupo Popular ya
votó negativamente en un Pleno de esta Cámara. Dicho lo cual, quisiera
subrayar algunos aspectos de esta iniciativa.
En primer lugar, es evidente que lo que se plantea en la misma es un tema
de interés, porque mejorar las infraestructuras en la conexión con
Francia y Europa entendemos que de algún modo significa un hecho
prioritario en la cuantificación de los intereses económicos de nuestro
propio país. Es cierto que sobre algunas de las peticiones que se
formulan, cual es la revisión del ancho de vía, hace ya tiempo,
exactamente, si no recuerdo mal, unos seis o siete años, se planteó en
España una fuerte discusión al respecto en los medios de comunicación, y
algunos grupos económicos importantes presionaron al Gobierno en este
sentido por entender que éste era uno de los elementos de retracción de
las ventajas o desventajas que pueda tener la economía española a la hora
de exportar y competir en Europa. Por tanto, hay aspectos que son
positivos.
En segundo lugar, el hecho también de que se trate de unas
infraestructuras de la zona interior de Cataluña que en cierto modo están
en depresión progresiva justificaría esta iniciativa, puesto que la
desindustrialización ha sido una constante en los últimos cinco o seis
años, exactamente en la Plana de Vic, en el textil, y en el Ripollès en
lo metalúrgico. Por tanto, habría que hacer algún esfuerzo por impulsar
factores que coadyuven a la mejora de las condiciones económicas e
industriales de esa región.
En tercer lugar, se trata de una zona de alto interés turístico, en
potenciación creciente, cual es la Cerdanya, la Plana de Vic, el
Ripollès, etcétera, con estaciones invernales y zonas residenciales que
exigen evidentemente una mejora de las infraestructuras, como el eje
transversal de Cataluña, las autovías en programación o los túneles,
algunos de ellos ya terminados, como el del Cadí, que demuestran
fehacientemente cuál es la importancia económica que supone cada una de
estas mejoras.
En cuarto lugar, se trata ciertamente de una zona de expansión económica
de alto interés por su conexión con el ángulo mediterráneo, por una
parte, y por la proximidad al área industrial de Toulouse, una de las más
avanzadas e importantes de Francia, por otra. En consecuencia, como usted
verá, aquí hay aspectos que por nuestra parte consideramos claramente
favorables y positivos en relación con
el espíritu y la filosofía de la iniciativa por entender que hay
elementos que la justificarían de alguna manera. Sin embargo, nuestro
Grupo entiende que en este momento hay que priorizar dos clases de
criterios. Primero, el de rentabilidad y segundo, en coherencia, el de
prioridad.
El problema de las comunicaciones interiores de Cataluña es importante
también para el Grupo Popular. Esto se puso de manifiesto ya en su día
cuando en el debate de presupuestos nuestro Grupo Parlamentario presentó
una enmienda en el Senado para que se remodelase la infraestructura y se
mejorasen los equipamientos del eje ferroviario
Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà-La Tour de Carol-Toulouse, tramo
Ripoll-Puigcerdà. Por eso compartimos, como he dicho antes, su
planteamiento global y su filosofía, ya que entendemos que de alguna
manera está justificada, aunque pudiera ser reiterativa de la iniciativa
tomada unánimemente en el Parlament de Cataluña.
Parece razonable que el estudio sobre mejora de la línea
Montcada-Puigcerdà se incluya en el Plan Director de Infraestructuras y
entendemos que todas las líneas ferroviarias que vayan a tener algún tipo
de tratamiento deben quedar incorporadas a este plan director. Otra cosa
es el detalle de ese tratamiento, circunstancia que debe quedar siempre
reflejada en los estudios de periodificación y desarrollo del mismo.
En cuanto al establecimiento de la doble vía hasta Vic, entendemos, por
nuestra parte, que al igual que el relativo al convenio para la creación
del servicio Barcelona-Toulouse con material Talgo de ejes variables, la
modificación del ancho de vía y la puesta en marcha de los trabajos de
valoración para que la velocidad del tramo Ripoll-Puigcerdà quede sólo
limitada por el trazado de la vía, es decir, los puntos 2 a 5 ambos
inclusive de la proposición no de ley, es preciso encuadrarlo dentro de
la Directiva 440/91, que constituye un auténtico desafío para las redes
ferroviarias. Ahí está uno de los criterios fundamentales de nuestro
planteamiento. De acuerdo con dicha directiva, los servicios públicos a
prestar por las empresas ferroviarias deben generar los recursos
necesarios para asegurar su propia continuidad. Por tanto, hay un
criterio de rentabilidad establecido. Ello quiere decir que las ofertas
de servicios, habida cuenta de lo precarios que son los recursos
existentes, deben presentar aquellas características de calidad y precio
que puedan competir ventajosamente con los restantes modos de transporte,
lo que significaría que es preciso asegurar «ab initio» su propia
rentabilidad. En consecuencia, las infraestructuras pueden cumplir la
función de canalizar las densidades de tráfico precisas para rentabilizar
y justificar su existencia. Los servicios regionales, como es el caso que
nos ocupa en este momento, será necesario analizarlos individualmente
para optar por su potenciación o por su sustitución, según su posibilidad
de proporcionar más calidad a un coste inferior. Antes de embarcarnos en
un proceso de mejora es preciso conocer la realidad de la línea en
cuestión, lo que requiere un proyecto previo que recoja las incidencias
de las mejoras con detalle de los costes y potencialidades futuras, al
objeto de no dilapidar recursos en corredores que posteriormente puedan
quedar infrautilizados, como también en Cataluña hay más de uno y son
hartos conocidos. En ese sentido, Renfe ha tenido larga experiencia de
desinversión en redes de infraestructuras, por ejemplo, la que va a
Zaragoza pasando por Tortosa, que lamentablemente han quedado
inutilizadas.
Como estamos de acuerdo, ya lo he dicho antes, con la filosofía de
mejorar las comunicaciones internas de Cataluña, no nos parece oportuno
oponernos a la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pero en tanto no se conozcan los estudios de oportunidad para
mejorar tales líneas dentro del contexto global de la red y desconozcamos
si existe también algún compromiso de la Generalitat de Cataluña para
cooperar económicamente en las operaciones de mejora y potenciación, no
nos parece prudente apoyar la proposición no de ley, razón por la que la
vía más razonable, a nuestro parecer, sería la de la abstención. No
podemos embarcarnos en un proyecto de potenciación y mejora sin conocer
sus costes ni las perspectivas que, una vez mejorada, la línea pueda
ofrecer. El enorme déficit y el endeudamiento de Renfe exigen actuar con
gran prudencia y sopesar cada peseta que se aplique al ferrocarril. En
tanto se desconozcan los datos a que se ha hecho referencia
anteriormente, deberán únicamente aplicarse los recursos necesarios para
mantener la seguridad de la línea.
En consecuencia, las dos razones --rentabilidad y prioridad-- son las que
nos mueven a la abstención en este caso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Nosotros tampoco vamos a poder apoyar esta
proposición no de ley, porque algunas de las cuestiones que se plantean
ya se están cumpliendo y otras son de difícil o incluso imposible
cumplimiento, por ejemplo la sexta, como tendremos ocasión de analizar en
el curso de nuestra intervención.
Antes permítame, señor Presidente, que respecto a la conexión con París,
tal como dijo el Secretario de Estado de Política Territorial en su
reciente comparecencia en esta misma Comisión el pasado mes de mayo, en
concreto el día 17, nos parece una cuestión anecdótica. Es cierto que
todos los caminos pueden conducir a un mismo punto, pero lo importante en
este tipo de líneas ferroviarias, y en ésta en concreto, como recordaba
el Secretario de Estado, es el carácter de capacidad de movimiento en un
«hinterland» amplio, que en este caso abarca el sur de Francia y
Cataluña, que es donde tiene la justificación una línea de este tipo, y
por eso el Gobierno decidió ya hace años, en contra de las perspectivas
que se habían anunciado de cierre, la continuación de esta línea.
Obviamente, dentro de una malla de red se puede llegar por esta línea
hasta París, pero nunca sería el itinerario más corto, dada la tecnología
que se está implantando. Por tanto, no encontramos justificación en el
hecho de que sea un eje que pueda conectar París con Barcelona, sino en
el hecho de que es un tipo de ferrocarril de zonas montañosas que permite
la conexión entre vertientes próximas, conectadas cultural y
económicamente y que en absoluto debe cerrarse.
Pasando ya a los puntos que se contienen en la proposición no de ley, por
lo que se refiere al primero tenemos que reiterar una vez más, tal como
ya anunciaron el Secretario de Estado y el mismo Ministro en una reciente
respuesta al Diputado señor Carrera, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), que ya está en el Plan Director de Infraestructuras. La línea
Montcada, bifurcación Puigcerdà, está incluida en el programa denominado
conservación y mantenimiento.
En cuanto al segundo, solicitar el establecimiento de doble vía hasta
Vic, no está prevista la duplicación de este tramo, dado que la vía única
electrificada existente es por el momento suficiente para atender la
demanda existente del servicio de cercanías con Barcelona, aunque, si la
futura demanda así lo requiriera y si se sobrepasara la capacidad el
tramo, estaríamos dispuestos a considerar la duplicación del mismo.
En cuanto al tercero, la única posibilidad de incluir trenes Talgo en el
citado trayecto sería la de realizar un servicio directo
Barcelona-Puigcerdà-La Tour de Carol-Toulouse, pero la directiva
comunitaria 91/440 establece que servicios como los de largo recorrido
han de obtener el equilibrio económico en 1988, al no existir respecto a
estos tráficos obligaciones de servicio público. El plan estratégico para
el período 1994/98, en lo referente a los servicios de largo recorrido,
contempla que al final del citado período no puede haber ningún tren con
déficit de explotación, exigencia que habría de cumplir el mencionado
servicio Barcelona-Toulouse. Por otro lado, para la realización de este
servicio, Barcelona-Toulouse, sería condición imprescindible construir un
intercambiador de ejes de rodadura desplazable en La Tour de Carol para
que el material Talgo pudiera circular por las líneas de Renfe y la
Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, que son de diferente ancho.
Hay que tener en cuenta además la infraestructura ferroviaria, pues en
esta línea habría que realizar inversiones muy costosas no previstas en
el PDI, en el Plan Director de Infraestructuras, para diseñar un tren con
un mínimo de garantía de ser atractivo para los posibles clientes. En la
actualidad no es posible, ni técnica ni comercialmente, la realización de
un servicio directo con Talgo-Barcelona-Toulouse. En caso de que dicho
servicio se quisiera implantar serían las comunidades y regiones
francesas interesadas las que deberían asumir, mediante las negociaciones
pertinentes con Renfe, los costes del mismo.
Por lo que se refiere al cuarto punto, el plan Director de
Infraestructuras no contempla la transformación de esta línea a ancho
internacional, sino que seguirá siendo explotada en ancho Renfe. En este
sentido, coincidimos con la intervención del representante del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) en que realizar dobles anchos en nuestro
país sin tener en cuenta la globalidad del problema es, desde nuestro
punto de vista, imposible.
En cuanto al quinto, los Presupuestos Generales del Estado para 1995,
como ya se ha reiterado en intervenciones anteriores y como dijeron el
Ministro y el Secretario de Estado en su comparecencia, contemplan una
partida presupuestaria --es de todos conocido, por otra parte-- para el
inicio de trabajos de rehabilitación de la línea en su tramo
Ripoll-Puigcerdà, cantidad que nosotros esperamos que se pueda gastar en
el curso de este ejercicio económico. Aunque sabemos que son
insuficientes todavía los 300 millones que figuran en los Presupuestos
Generales del Estado, estamos en condiciones, por las conversaciones que
hemos mantenido con el Ministerio, de asegurar que hay un 90 por ciento
de posibilidades de que por lo menos estas obras puedan licitarse antes
del 31 de diciembre, y estamos abiertos y nos comprometemos a que en los
próximos ejercicios se consignen nuevas cantidades, nuevos recursos para
la mejora de esta línea.
Finalmente, en cuanto al sexto punto al que aludíamos al iniciar nuestra
intervención y del que decíamos que era de imposible cumplimiento,
debemos manifestar que, al no estar la línea incluida en la red
transeuropea, no resulta posible realizar inversiones en la misma con
financiación comunitaria. En consecuencia, nosotros vamos a tener que
rechazar esta proposición no de ley, aunque sí estamos dispuestos, como
hemos dicho antes, a que en el marco de los próximos Presupuestos
Generales del Estado se puedan incorporar nuevos recursos para completar
la rehabilitación de la línea. No estamos cerrados a otras posibilidades
que en el futuro nos pueda deparar esta adecuación en la medida en que se
produzcan estas mejoras ya en curso y la disposición de la Generalitat a
que se abran nuevas perspectivas de futuro.
--RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE UNAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DE
MAR EN ALMERIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000425.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de la primera proposición no de
ley, antes de empezar el debate sobre la segunda, quiero recordar a las
señoras y señores Diputados de esta Comisión que, como es habitual y por
acuerdo de la Mesa y portavoces, de fecha 1 de junio de 1995, las
votaciones de todas las proposiciones no de ley no tendrán lugar antes de
la una.
Pasamos, pues, a debatir la segunda proposición no de ley, relativa a la
construcción de unas plantas potabilizadoras de agua de mar en Almería.
El autor de dicha proposición no de ley es el Grupo Parlamentario
Popular. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señorías, intervengo para exponer y defender la
proposición no de ley que el Grupo Popular ha presentado en el Congreso,
relativa a la construcción e instalación de unas plantas potabilizadoras
o desaladoras de agua de mar en la provincia de Almería.
Además de las razones expuestas en la proposición no de ley, es
conveniente que los señores comisionados tengan un mayor conocimiento de
las necesidades y de la realidad de Almería y su provincia. Almería es
actualmente deficitaria de recursos hidráulicos. La mayor parte del agua
que se consume tiene una procedencia subterránea. El incremento del
consumo debido al fuerte crecimiento
económico experimentado en los últimos años, con un aumento del producto
interior bruto entre 1981 y 1991 superior al 238 por ciento, está
produciendo una sobreexplotación de sus escasos recursos acuíferos
subterráneos --estimados en unos 80 hectómetros cúbicos/año--, provocando
una pérdida de sus reservas, descenso de sus niveles y su salinización
con intrusiones marinas.
El déficit de agua previsto para el año 2010 se estima en 250 hectómetros
cúbicos/año. Esta escasez de recursos hidráulicos pone en peligro el
presente y futuro del importante desarrollo económico ya mencionado de
Almería, que tiene en los sectores agrícola y turístico como los más
importantes generadores de su producto interior bruto por el volumen de
las exportaciones, empleo que generan y llegada de divisas, vitales para
la economía no sólo provincial, sino autonómica y nacional.
Desde el año 1990, Almería no recibe agua del trasvase Tajo-Segura. El
envío de agua del trasvase autorizado era de 15 hectómetros cúbicos, más
5 de socorro normalmente --total, 20 hectómetros cúbicos--, y la media de
envío desde 1985 a 1990 es tan sólo de 7 hectómetros cúbicos/año.
Finalmente, si SS. SS. observaran las actuaciones, tanto del Plan
Hidrológico Nacional como del Plan Hidrológico de Cuenca, solamente se
tiene en cuenta al río Andarax y la zona de influencia del embalse de
Cuevas del Almanzora, y no toda ella, quedando el resto de la provincia
prácticamente sin actuación.
Ante esta grave situación de necesidad de nuevos recursos hidráulicos,
los problemas de los trasvases de agus desde otras cuencas, por su alto
coste socioeconómico y largo plazo de ejecución, se están planteando en
los últimos años, desde diferentes entidades públicas y privadas, como
una posible solución que cubra en forma parcial o total el déficit de
recursos hidráulicos la desalinización del agua de mar que, junto a otras
medidas de reducción de pérdidas, reutilización de las aguas residuales
una vez tratadas y una política de precios adecuada a la realidad de los
costos, logre la mayor eficacia y racionalidad en los consumidores, tanto
urbanos como industriales y agrícolas, produzca el necesario equilibrio
entre producción y consumo y el excedente necesario para la paulatina
recuperación de los acuíferos.
En los acuíferos sobreexplotados del Campo de Dalías, los resultados no
pueden ser más desalentadores, ya que las extracciones pasaron de 97
hectómetros cúbicos/año en la campaña 1981-1982, a 125 hectómetros
cúbicos/año en la campaña 1991-1992. Pero es que, además, desde el año
1992 hay que detraerle al Campo de Dalías 23 hectómetros cúbicos/año que
se exportan hacia Almería capital para consumo de su población (170.000
habitantes).
Las ventajas comparativas de la agricultura intensiva almeriense frente a
los otros regadíos españoles, queda de manifiesto considerando lo que
sigue: mantiene la agricultura intensiva almeriense una estabilidad en el
empleo a lo largo del año de más de 1,5 personas/hectárea; produce
divisas --cerca del 40 por ciento de la cosecha se exporta al mercado
exterior--, y obtiene una alta rentabilidad y todo ello sin haber sido
subvencionada. En relación con la productividad de los invernaderos en
los otros países de la Unión Europea, la mayor competitividad de la
agricultura intensiva almeriense viene marcada por sus costes de
inversión y sus calendarios de producción, que pueden extenderse a todo
el año.
Pues bien, dada la probada competitividad de los regadíos almerienses, de
los que el Campo de Dalías es el núcleo más representativo e importante,
unas 15.000 hectáreas invernadas, además de la Vega de Almería y del
Campo de Níjar, así como la parte correspondiente al término municipal de
Adra, en total unas 25.000 hectáreas invernadas en la provincia, parece
claro que estas zonas se presenten como una de las más propicias para
utilizar los posibles excedentes de otras cuencas. Es evidente que, si se
quiere utilizar la potencialidad que ofrece la agricultura de Almería
para competir con la agricultura comunitaria, se necesita importar agua
de otras cuencas a fin de romper la congelación de poner nuevas
superficies en riego, motivada por la declaración de acuífero
sobreexplotado, o producir agua potable con la creación de plantas
desaladoras de agua de mar en el litoral provincial, debiendo obtener
para ello subvenciones a tales fines, que pueden ser de la Unión Europea
o del mismo MOPTMA, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
Entre las soluciones propuestas para la producción de agua, mediante
desalinización de agua del mar, existen varias iniciativas privadas para
la instalación de plantas mixtas de evaporación multiefecto, en ciclos
combinados con generación eléctrica, utilizando como combustible
fuel-oil, BIA --que significa bajo índice de azufre--y gas natural.
Existe un proyecto de Sevillana de Electricidad que incluye el gaseoducto
necesario para traer el gas natural desde Cartagena o desde Granada para
una producción de agua desalinizada de 20 hectómetros cúbicos/año y una
instalación de 250 megavatios en régimen de cogeneración.
Teniendo en cuenta el déficit de recursos hidráulicos y que en Carboneras
existe una central térmica de Endesa, con una unidad de 550 megavatios en
explotación y una segunda unidad de la misma potencia en construcción,
incluida en el Plan Energético Nacional 1991-2000, para su puesta en
servicio en 1997, que dispone de la infraestructura necesaria,
combustible, electricidad, espacio, vapor y personal, parece lógico
plantear la instalación en esta central térmica de una planta de
desalinización de agua de mar que por su capacidad podría cubrir parte
--la mitad-- del déficit hidráulico provincial, ampliable en el futuro.
Las ventajas que tiene esta solución, por los siguientes motivos, es por
lo que también proponemos su puesta en marcha lo más urgentemente
posible.
Menor volumen de las inversiones necesarias, estimadas para una planta de
45.000 metros cúbicos/día y 200 megavatios, con relación a un nuevo
emplazamiento en unos 14.000 millones de pesetas, utilizando carbón
importado como combustible principal.
La utilización del carbón importado, en lugar del gas natural, para una
potencia de 200 megavatios y una utilización de un 90 por ciento
representaría un ahorro de 1.500 millones de pesetas al año.
La actividad de desalinización en la central térmica de Carboneras se
produciría con una importante reducción de sus costos de operación y
mantenimiento, al coordinarse con el proceso ya en explotación de
generación de electricidad.
En relación al medio ambiente, no se crean nuevos impactos ambientales a
los ya producidos por la central térmica. La situación de la central
térmica de Carboneras, es la adecuada, aislada y separada de su núcleo
urbano por barreras físicas que eliminan los posibles impactos visuales y
de ruidos producidos por la actividad de la industria.
La Red de Vigilancia Ambiental de la central térmica de Carboneras
dispone de los medios necesarios, sin recursos adicionales de inversión y
de explotación, para el control ambiental. Las normas y controles a que
está sometida la central térmica de Carboneras garantiza la calidad
ambiental del proceso industrial de desalinización en este emplazamiento.
Por todo lo expuesto, creemos que la utilización de la central térmica de
Carboneras para la producción de agua desalinizada, como aportación a la
reducción del déficit de recursos hidráulicos en la provincia de Almería,
es una buena solución técnico-económica y sin impacto adicional al medio
ambiente.
Las necesidades hídricas del levante almeriense podrán verse resueltas
también con la creación e instalación de desaladoras en Pulpí, en
Villaricos, donde hay un proyecto de Sevillana de Electricidad, junto con
una factoría que hay allí --Villaricos está en Cuevas del Almanzora--,
Carboneras, central térmica de Endesa, término municipal de Almería y en
el poniente de la provincia, en el término municipal de Roquetas de Mar,
en la Mojonera, y el término municipal de El Ejido, cada uno de estos
últimos con dos grupos motor-alternador de 2 por 14 megavatios
eléctricos.
En cuanto al turismo y al desarrollo de la industria turística en la
provincia de Almería, es muy importante y vital que se tenga el agua
suficiente para que progrese y no se estanque el desarrollo del turismo,
ya que Almería cuenta con núcleos de turismo importantes, como son, en el
Levante: Vera, Garrucha, Mojácar, Carbonera y, en el término municipal de
Níjar, San José. Es importante el turismo en Almería capital y en el
poniente: Aguadulce, Roquetas de Mar y Almerimar en el término de El
Ejido.
Todas las fuerzas políticas almerienses, asociaciones empresariales y
sindicatos claman por la solución del problema hidráulico en Almería que
es, sin duda, el más importante y vital de la provincia. No debemos
olvidar que Almería es la provincia más seca y más desértica de la
Península Ibérica. El 20 por ciento de su superficie ha dejado de ser
fértil y el 80 por ciento sufre un proceso de desertización de alta
intensidad.
Es también especial y preocupante la inquietud de un amplísimo sector de
la población que piensa en el medio ambiente, en la repoblación forestal
y en evitar la contaminación, sobre todo, en los núcleos de población.
Es por ello --termino, señor Presidente--, por lo que como Diputado
almeriense y muy preocupado por el grave problema hidráulico de la
provincia, solicito a SS. SS. voten a favor de la proposición no de ley,
que transcribo: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
tras realizar los estudios correspondientes que valoren, entre otras
cuestiones, los costes económicos, ecológicos, las posibles
externalidades y las distintas alternativas en el plazo de dos meses y
con criterios objetivos, proponga la creación de plantas desaladoras en
el litoral almeriense que cubran el déficit hídrico actual y previsible
en el futuro. Al menos deberá de estudiarse su posible ubicación en
Carboneras y en el término municipal de Almería capital. En cualquier
caso, la construcción de estas plantas no deberá comprometer el
crecimiento urbanístico de las ciudades en que se enclaven.»
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
sobre esta proposición no de ley?
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Quisiera fijar la posición de nuestro Grupo sobre
esta proposición no de ley y hacer un par de reflexiones. Primera, el
problema de la sequía es más que evidente en Almería y en otras muchas
zonas, desde hace años, y hemos de trabajar para evitar que dure muchos
años.
Después de la extensa exposición del portavoz del Grupo Popular y
teniendo en cuenta que hace unos días aprobamos un tema similar respecto
a Málaga, a través de enmiendas, matizando palabras y conceptos, mi duda
en estos momentos es por qué no pueden aprobarse las potabilizadoras que
se piden para Almería.
El texto de la proposición no de ley me induce a pensar que debería
votarse favorablemente, pero variando unas palabras que no me convencen.
El texto empieza diciendo: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que tras realizar los estudios correspondientes que
valoren...» Por tanto, se pide que se hagan unos estudios respecto a si
deben construirse las potabilizadoras en Carboneras y Almería. No
obstante, después añade: «y con criterios objetivos, proponga la
creación...» Entonces, ¿para qué hacer estudios? En realidad, el texto
debería haber dicho: Proponemos que se construyan las dos desaladoras.
Aquí está mi duda. Quiero escuchar los argumentos del portavoz socialista
--tengo entendido que se va a oponer a que prospere la proposición no de
ley-- para ver si me convencen, porque me parece lógico que se realicen
estudios para construir algo que supere el problema de la sequía en la
zona de Almería, lo cual desde mi punto de vista, se puede votar
favorablemente. Además, tengo otra reflexión que añadir. Yo dudaba y
quería que me convencieran ya que parece ser que esto está en vías de
realización, pero quisiera que mi Grupo no se quedara inmerso en un
esquema que no me gusta nada. El señor Ministro, en Luxemburgo, en el
Consejo de Ministros de Telecomunicaciones que se celebró ayer, hizo las
siguientes declaraciones: «La gobernabilidad no es decir siempre amén a
CiU.» ¡Claro! Después añadió: «¿La gobernabilidad consiste en decir sí a
todo lo que plantea CiU?» Yo pregunto por pasiva: ¿La gobernabilidad
consiste en decir sistemáticamente
que no a todas las cosas que el Grupo Socialista quiere? En este momento
estoy en la gran duda de que quisiera ver cómo prospera la proposición no
de ley, pero me tienen que convencer. No estoy convencido de que mi voto
tiene que ser negativo a que prospere la proposición no de ley. Por
tanto, no voy a definir mi voto en este momento, sino que voy a escuchar
al portavoz del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede interpretar esta Presidencia que el señor
Sedó, en nombre de CiU, ha propuesto una enmienda «in voce» respecto a
eliminar la expresión «estudios» para que sea sustituida por
«proponemos»?
El señor SEDO I MARSAL: En todo caso, sería al revés. La propuesta sería
la de que se realizasen los estudios y que con criterios objetivos se
proponga o no la construcción de las desaladoras, porque si los estudios
dicen que no debe realizarse, ¿qué ocurre con el texto de la proposición?
No sé cuál tiene que ser la palabra.
El señor PRESIDENTE: Es una reflexión en voz alta.
El señor SEDO I MARSAL: Reflexión que podría ampliar, si hubiese
posibilidad, a enmienda «in voce». Pero lo dejo pendiente.
El señor PRESIDENTE: La conclusión es que no hay enmienda «in voce».
El señor SEDO I MARSAL: De momento, no.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a profundizar en esa duda metódica en la que
se movía el portavoz de Convergència i Unió sobre si apoyar o no en este
caso una iniciativa, no al Gobierno, porque no sé cómo puede la oposición
hacer frente a la sequía.
Hay dos limitaciones que me gustaría plantear «a priori» con la
propuesta, reconociendo que está hecha desde una profundización de los
obstáculos que pueden tener las desaladoras como solución. Creo que
todavía hay muchas limitaciones para realizar esta experiencia técnica,
por el alto consumo de energía que tienen algunas de las fórmulas de
desalación, pues el costo de la energía para evaporar el agua y quitar la
sal es elevado.
Al margen de esa realidad hay dos consideraciones que me gustaría hacer
previamente. Una, si nosotros, como fuerza política, ante una realidad
que va a ser permanente en los próximos años --no creo que el tiempo
anuncie muchas lluvias, va a haber una gran sequía, hay una zona en
nuestro país que es deficitaria en recursos hídricos, en la que se
incluye Almería y otros lugares de la costa y del sureste español,
Murcia, Alicante, incluso Castilla-La Mancha--, ante ese problema y ante
una demanda ansiosa de la gente para solucionarlo en el próximo futuro,
nos convertimos en estimuladores de una fórmula para hacer frente a la
obtención de agua, que es la desalación.
No estoy de acuerdo en que ésa sea la única solución. Creo que hay que
hacer las cosas de forma más global, dentro de un plan de cuenca, dentro
del Plan hidrológico en su conjunto, y dentro de un estudio de
racionalización del uso del agua y de los sistemas de regadío que
tengamos.
La proposición no de ley del Grupo Popular plantea dos problemas en la
exposición de motivos. Uno, una zona que es rentable económicamente por
la experiencia y la capacidad productiva que tiene a nivel de
invernaderos y, otro, el turismo y las necesidades que va a tener para
mantenerse en el próximo futuro. ¿Cómo suministramos a esas dos grandes
potencialidades de esa zona suficiente cantidad de agua para no perder
rentabilidad en el futuro?
En cuanto a la segunda, a mí no me gusta la política de parches. Después
de escuchar la intervención del portavoz del Grupo Popular, aunque aquí
se habla de que se estudie cuál va a ser el número de desaladoras,
siguiendo su exposición, a lo mejor solamente para Almería el número de
desaladoras que hay que poner es excesivo o muy alto. Lo mismo ocurre si
lo hacemos en Málaga, Huelva, Murcia o Alicante. Así podemos estar
planteando soluciones como --y es algo de tal limitación que en la parte
resolutiva después me referiré a ello-- fórmula para cubrir el déficit
hídrico. Yo no estoy de acuerdo en que la solución para hacer frente al
déficit hídrico sea la instalación de plantas desaladoras exclusivamente,
conforme viene dicho aquí. Yo creo que debiéramos abordarlo desde otra
óptica. Es más, cuando hablamos de desaladoras debiéramos ver cuáles son
las ofertas. En Almería, por ejemplo, está funcionando una planta
desalinizadora que emplea energía solar y que produce unos 3.000 metros
cúbicos/día de agua potable; eso sí, el precio es muy caro, son 300
pesetas/metro cúbico, porque estamos en una situación complicada, hay que
amortizar el coste de los paneles y los paneles son caros. Pero hay otra
posibilidad, y es la de poner una planta utilizando, por ejemplo, la
energía eólica, no solamente el fuel. En suma, no está suficientemente
claro y plasmado qué tipo de planta desaladora, qué tipo de experiencia
es la que queremos poner, combinada con qué figura, con qué experiencia,
con qué iniciativas para de verdad cubrir el déficit hídrico, porque la
única solución no puede ser ésta.
Por tanto, la posición de nuestro Grupo no es a favor de esta iniciativa
si no se precisan dos cosas en la parte definitoria de la proposición no
de ley. Primera, cuando dice que se realicen los estudios
correspondientes, valoren, entre otras cuestiones, los costes económicos,
ecológicos, etcétera, queremos que se diga que se opte por la figura
desaladora menos agresiva ecológicamente, combinando costes y acción. Y
segundo, cuando dice: la creación de plantas desaladoras en el litoral
almeriense que cubran el déficit hídrico actual y previsiblemente el
futuro, que se diga: como una de las ofertas posibles y dentro de una
actuación global planificadora, porque si no lo estamos diciendo aquí es
que una vez hechos los estudios, como conclusión, se pongan en marcha
plantas desaladoras en el litoral para cubrir el déficit hídrico que
ahora mismo hay y
el que se pueda producir en los próximos diez o veinte años. Entraríamos
en una contradicción tremenda.
Me imagino que hay condiciones para hacer frente a la sequía no solamente
desde esta perspectiva. No va a ser la panacea. Es verdad que cuando uno
tiene la angustia de perder su producción o cuando tiene que ahorrar y
apretarse el cinturón en el sentido de economizar agua, lo tiene
complicado. Se lo dice uno que vive en una región en la que se está
acostumbrado a vivir con esa limitación. Yo creo que no podemos jugar con
esa ansia de agua y esta experiencia técnica que puede ser un parche. Yo
no estoy de acuerdo con la política de parches. Yo veo la propuesta
--igual que dije en su día con la de Málaga-- como un parche, y no es
bueno. No es bueno en el tema del agua ir a parchear o utilizar una
situación complicada sin abordarla en su conjunto. En ese sentido yo
demandaría una respuesta en su conjunto: esperar que se tramite cuanto
antes el Plan hidrológico y, mientras se tramita, que las actuaciones en
la sequía sean consensuadas entre las distintas administraciones y las
fuerzas políticas, para evitar que el agua sea un instrumento de
partidización de la acción pública; digo partidización que no
politización, porque todo el mundo hace política. Se hace política hasta
cuando uno dice que no está de acuerdo con otro. En este sentido, yo iría
a racionalizar este tipo de iniciativas, y me gustaría que se precisaran
esos dos términos. Si no se precisan esos dos grandes objetivos de la
proposición no de ley, nosotros no la podremos votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, dada su manifestación condicionada,
¿puede suponer esta Presidencia que se trata de una enmienda in voce o de
una reflexión por su parte dentro del contexto de su toma de posición
respecto a la proposición no de ley?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, es una exposición con un
comentario que se podría concretar en esas tres precisiones que he dicho
y que podrían ser tenidas en cuenta en la redacción oportuna por el
proponente. En ese sentido serían aportaciones in voce para la mejora del
texto.
El señor PRESIDENTE: O sea, que las consideramos como aportaciones in
voce. Se pueden aceptar sus enmiendas in voce siempre que las facilite
por escrito y, en consecuencia, el portavoz proponente pueda manifestarse
con claridad respecto a las mismas. Si se presentan durante este debate,
la Presidencia las tendrá en cuenta; si no es así, lamentablemente no
podremos tenerlas en cuenta.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Amate.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Como ha recordado algún interviniente
anteriormente, ésta es la tercera proposición no de ley que se presenta
de similar característica. La primera que tuvimos ocasión de debatir fue
la instalación de una planta desaladora en Cádiz. Hace muy poco tiempo se
presentó otra propuesta que debatimos en esta misma Comisión de una
planta desaladora en Málaga. Y esta tercera es la de Almería, pero que
tiene una diferencia sustancial con las otras dos. Mientras en las de
Málaga y Cádiz se pedía una planta desaladora para abastecimiento de la
ciudad, si mis cuentas no me fallan y por lo que ha dicho el portavoz del
Grupo Popular aquí se piden más de siete plantas desaladoras: en Pulpí,
Cuevas del Almanzora, Carboneras, Almería, Roquetas, El Ejido, etcétera.
Es decir, prácticamente ha cogido la costa entera y ha ido poniendo en
cada pueblo por donde ha ido pasando una planta desaladora.
A mí me parece que es muy difícil, tal y como está planteada la
proposición no de ley, poder aceptarla. Difícil en cuanto a los tiempos,
porque dice que en el plazo de dos meses se hagan los estudios de coste
económico, ecológico, el informe del impacto medioambiental, las posibles
externalidades, las distintas alternativas, etcétera. Se podría poner a
todos los técnicos de la Dirección General de Obras Hidráulicas a
trabajar exclusivamente para estas siete o diez plantas desaladoras que
propone el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y, a lo mejor, en dos
meses daba tiempo a terminarlas. Desde luego está muy mal formulada la
propuesta porque, como ha recordado el señor Sedó, dice que se hagan los
estudios y da la solución también, no espera el resultado de esos
estudios. Dice que se tienen que hacer estos estudios pero que se creen
las plantas, no que se construyan; que se creen, como si las plantas
desaladoras salieran por arte de magia con gran facilidad. Por tanto, yo
creo que está muy mal planteada. Habría que hacer primero los estudios de
los que habla la proposición no de ley, y ver después la solución que dan
esos estudios, qué se desprende de ellos, si hay que hacer o no las
plantas desaladoras.
Pero en el fondo de la cuestión yo creo que sí lleva razón la proposición
no de ley. Almería es una ciudad en la que falta agua. Yo creo que es la
provincia más seca de toda España. Por tanto, que falta agua en nuestra
provincia es una realidad palpable, máxime cuando llevamos unos cuantos
años de sequía. Pero aunque no estuviéramos pasando esa sequía, Almería
es una tierra seca, es una tierra en la que falta agua. El mayor problema
que tenemos los almerienses, que tiene Almería para su desarrollo es la
falta de agua. Por tanto, es imprescindible tomar medidas de tipo
coyuntural que palien temporalmente las consecuencias de la sequía, de
esa situación que estamos padeciendo. Pero que a nadie le quepa la menor
duda de que no es ésta la solución definitiva. Las soluciones
coyunturales son para una época determinada. La solución para Almería
sólo podría venir --como decía el señor Ríos-- con la aprobación del Plan
hidrológico y, por consiguiente, con la política de trasvases, con las
aportaciones de otras cuencas a nuestra provincia. Todos los estudios que
se puedan hacer en Almería sobre el déficit hídrico tienen que ser
puestos en cuarentena porque apenas hay aguas superficiales --tenemos el
pantano de Beninar, el pantano de La Almanzora--, todas son aguas
subterráneas. Por tanto, lo que hay son estimaciones y tampoco se pueden
hacer de toda la provincia de Almería. En lo que en Confederación se
llama el subsistema cuarto, que es el que abarca desde Adra hasta el
Almanzora, dicen los técnicos que hay unos recursos
disponibles de alrededor de 237 hectómetros cúbicos y que hay una
demanda, que en este caso es igual al consumo, de alrededor de 412
hectómetros cúbicos. Por tanto, nada más en la costa hay un déficit de
alrededor de 175 hectómetros cúbicos, lo que supone el 75 por ciento del
agua disponible. El 80 por ciento del agua que hay en Almería se utiliza
en la agricultura y el 20 por ciento para consumo humano. Pero Almería es
la primera provincia de España en la que el ciclo del agua --captación,
utilización, depuración y vuelta a utilizar-- se va a poner en marcha
prácticamente al 100 por ciento. Con la depuradora de Almería, la nueva
depuradora, y la planta de ozonización. La planta de ozonización ya se ha
puesto en funcionamiento, la depuradora se va a poner, las depuradoras
del levante están en funcionamiento y las del poniente están en
construcción, de forma que todo el agua que se utilice para consumo
humano en la costa de Almería se va a volver a reutilizar mediante
infiltración en los acuíferos, mediante ozonización, para la agricultura.
El que nosotros aceptáramos la proposición tal y como viene planteada no
sería la solución para Almería. Ahora mismo se está planteando --está en
los medios de comunicación-- la posible construcción de una serie de
plantas desaladoras; fundamentalmente se ha hablado de Almería capital y
de Carboneras, utilizando, en una, la central térmica que está en
funcionamiento y, en la otra, una central térmica que hubo allí y que
ahora mismo está en desuso. Pero solamente podría utilizarse para consumo
humano, nunca para paliar el déficit que tiene la provincia de Almería.
El déficit que tiene la provincia de Almería es de agua para la
agricultura y un agua desalada, aunque fuera por cogeneración, y, por
tanto, subvencionado el kilovatio, con lo que se abarataría el agua, sale
por encima de las 100 pesetas el metro cúbico. El señor Ríos ha recordado
que hay una planta desaladora que funciona por energía solar. Tenemos
otra en Cabo de Gata por ósmosis inversa, y sale a 130 pesetas el metro
cúbico, cuando los agricultores que más están pagando para regadío en la
provincia de Almería han pagado a 30 pesetas el metro cúbico. ¿A qué
precio se tiene que poner el agua desalada a los agricultores para que
les sean rentables sus explotaciones? La proposición es una auténtica
barbaridad si lo que pretende es que el agua desalada se utilice en la
agricultura. Para consumo humano sí, porque el ciudadano puede pagar el
metro cúbico a 120, 130 ó 140 pesetas porque no supone un descalabro para
su economía, ya que los consumos son mucho más pequeños, pero si ese agua
se tuviera que utilizar para regadíos, las explotaciones dejarían de ser
rentables, como lo son en la actualidad, ya que tendrían que pagar el
agua a tres o cuatro veces más de lo que la están pagando. Por tanto, al
agricultor no se le hace ningún favor diciendo que con la desalación van
a resolverse todos sus problemas, porque eso es falso, es querer
engañarlos. Así no se soluciona ningún problema y sí se puede crear otro:
que no nos venga el agua de otras cuencas, que es lo que necesitamos en
la provincia de Almería, para regadío.
El portavoz del Grupo Popular dice que se subvencione la construcción de
estas plantas desaladoras. Señor Presidente, hemos tenido a Sevillana de
Electricidad solicitando la instalación de una planta desaladora durante
un año, corriendo ellos con todos los gastos de inversión, sin tener que
ser subvencionada por el Gobierno ni una peseta, y no se ha podido llevar
a la práctica porque los concejales del Partido Popular se han negado
sistemáticamente y el Grupo Socialista se ha quedado solo en el
Ayuntamiento de Almería diciendo sí, pero no teníamos la mayoría
suficiente para sacarlo adelante. Ahora no pueden decir que vengan las
plantas desaladoras subvencionadas por el Estado, cuando una central como
Sevillana de Electricidad ha estado queriendo instalarse en Almería y no
ha sido posible porque el Partido Popular, entre otros, se oponía a ello.
En la actualidad tienen mayoría suficiente para retomar la cuestión; a
ver si son capaces de aceptar eso, que es bueno para paliar ligeramente
los desajustes, el déficit hídrico que hay en el Campo de Dalías, porque
sería bueno que no se tuvieran que extraer los 20 hectómetros cúbicos
para consumo de Almería capital y que ese agua se pudiera sacar mediante
la desalación, pero nunca para riego, porque el precio sería imposible de
pagar por los agricultores almerienses.
El señor PRESIDENTE: Han llegado a esta Mesa, por escrito, dos enmiendas
in voce: una del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y otra del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Si ningún grupo se
opone, paso a leer en qué consisten dichas enmiendas, para que las
tengamos en cuenta en el momento de la votación. (Pausa.)
Dado que no hay ninguna oposición a estas enmiendas in voce, paso a leer
la propuesta transmitida a esta Mesa por el Grupo Catalán, que dice que
el plazo de dos meses pase a ser de seis meses. La segunda modificación
pretende que la proposición no de ley se redacte de la siguiente forma.
Donde dice ``proponga la creación...'' se sustituya por ``se decida la
conveniencia de construcción...''.
El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene cuatro
puntos a matizar respecto a la proposición no de ley. Primero, añadir
detrás de ``plantas desaladoras'' la frase ``con bajo impacto ambiental,
con fuentes energéticas renovables en la medida de lo posible''. El
segundo punto es que detrás de ``cubran'' diga ``coyunturalmente y
mientras se aprueba el Plan Hidrológico Nacional''. El tercer punto
propone el siguiente texto: ``... con esta técnica entre otras medidas o
actuaciones para hacer frente a la sequía''. El punto cuarto trata de
suprimir los tres últimos renglones, detrás del punto y seguido. Dado que
se trata de subenmiendas a un mismo grupo, ¿debo entender que se trata de
puntos de enmienda complementarios o separados?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, las tres primeras son
aportaciones de adición en distintos puntos del texto, si las acepta el
Grupo proponente. La primera iría después de ``plantas desaladoras''; la
segunda después de la palabra ``cubran'' y, donde habla del déficit
hídrico actual y previsible en el futuro, añadir la frase relativa a
otras medidas. Esas son las aportaciones de adición, y en el
último punto hay una que es de supresión. Nuestra posición estará en
función de que se acepte una parte o todas las aportaciones. No es o todo
o nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, por favor, precise el contenido de la
enmienda.
El señor RIOS MARTINEZ: Una modificación sería, detrás de la palabra
``cubran'', añadir ``coyunturalmente y mientras se hace el Plan
Hidrológico, el déficit hídrico actual y previsible en el futuro...''
Después de la precisión anteriormente mencionada se añadiría lo
siguiente: ``...entre otras medidas, para hacer frente a la sequía...''
Es decir, que puede ser la desaladora o pueden ser otras medidas que
hagan frente a la sequía. (El señor García-Arreciado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Comprendo la urgencia con la que se ha redactado la
enmienda, pero comprenda también que tal como ha sido transcrita la
Presidencia tenía dudas al respecto.
Creo que el señor García-Arreciado, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene alguna matización que hacer que considero cuestión de
orden.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Más que para una cuestión de orden
quiero intervenir para colaborar al buen entendimiento de todos. Yo
valoro muy positivamente este mecanismo excepcional de presentar
enmiendas de transacción durante la votación. Creo que es sumamente útil.
Lo único que quiero es saber exactamente lo que voy a votar, pues no lo
tengo claro. Por tanto, ruego a los grupos que han formulado esas
enmiendas me hagan llegar el texto literal de lo que proponen someter a
votación, con el fin de emitir un juicio en relación con ellas.
El señor PRESIDENTE: Me parece totalmente correcta su observación y se
producirá lo que S. S. solicita después de escuchar al portavoz del Grupo
Popular, que es el proponente, porque en el caso de no aceptarlas,
huelga. Por tanto, el compromiso de esta Presidencia es que después de
escuchar al portavoz del Grupo Popular se procederá a facilitar por
escrito --y ruego a los dos grupos enmendantes que vayan preparando el
texto-- la redacción exacta para que se sepa lo que se va a votar, pero
escuchemos primero la posición del señor Arqueros con relación a estas
enmiendas in voce. Tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, me gustaría matizar algunas
de las cuestiones que han plateado los portavoces de los otros grupos
porque no son exactas. Me gustaría dejarlas claras para bien de la
Comisión y para la transparencia del debate que se establece en el
Congreso.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy voluntarioso su planteamiento, pero en
el ordenamiento del trabajo de esta Comisión lo normal es que en estos
momentos usted, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se
manifieste respecto a las enmiendas in voce propuestas y nos limitemos
exclusivamente a ello. Lo lamento pero es el procedimiento habitual y
vamos a seguirlo, como es lógico.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, en la propuesta que ha hecho
el Grupo Popular se hace referencia a unas plantas desaladoras; unas
pueden ser dos. Se han enunciado los diversos pueblos de la provincia que
las han solicitado, pero yo hago referencia a unas que pueden ser dos. He
hecho hincapié en cuáles eran estas dos: en el término municipal de
Almería y en Carboneras. Pero no quiero abusar de la benevolencia del
señor Presidente.
El portavoz del Grupo Socialista, don José Antonio Amate, el 5 de marzo
considera excelentísima la idea de desalar agua de mar en la central
térmica. Lo dice aquí en este diario. O sea que una cosa se dice en
Almería y otra en Madrid. Y así ocurre con todos los representantes del
PSOE en Almería. El Delegado de la Junta de Andalucía dice: Con la
desaladora la capital se juega algo más que su desarrollo: agua para
beber. Don Juan Callejón.
Tengo que decir que, efectivamente, en el Ayuntamiento de Almería el
Partido Socialista tenía mayoría en el período municipal que acaba de
terminar y que el Partido Popular nunca se ha negado a poner una
desaladora en el término municipal de Almería.
Concretando, señor Presidente, el Grupo Popular acepta las enmiendas que
ha formulado tanto Convergència i Unió como Izquierda Unida. (El señor
Amate Rodríguez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo que ha habido una alusión directa al señor
Amate y que tiene perfecto derecho, en un minuto, a expresar lo que crea
oportuno.
El señor AMATE RODRIGUEZ: El problema del portavoz del Grupo Popular en
este caso es que traía leído su discurso, lo ha estado repasando y no ha
oído nada de lo que he dicho. Yo digo aquí lo mismo que en Almería.
Estamos hablando de que las plantas desaladoras pueden ser buenas para el
consumo humano, para el consumo de Almería capital, pero que no es
rentable para la agricultura. Un agricultor no puede pagar a más de 100
pesetas el metro cúbico cuando está pagando ahora 18 ó 20 pesetas. Eso es
lo que yo estoy diciendo, y lo digo aquí, en Almería y donde sea. Para la
agricultura, no. No se puede engañar a los agricultores creyendo que es
la panacea el agua desalada cuando no la van a poder utilizar porque no
van a poder pagar el costo de ese agua. Eso es mentir a los agricultores,
es falsear la realidad. Lo que le estoy diciendo al señor Arqueros es que
está mintiendo a los agricultores, falseando la realidad y, por tanto,
haciendo demagogia con el tema del agua, que es preocupante. (El señor
Arqueros Orozco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Ante esta réplica, el señor Arqueros, por alusiones
también directas, tiene un minuto para contestar.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, Manuel Arqueros jamás miente,
y menos a los agricultores almerienses. Cuando yo digo una cosa en la
prensa la vuelvo a repetir aquí. Y es más, si el agua desalada es para el
consumo humano, y si esa agua que es para el consumo humano se utiliza
para regadío, lógicamente aumentarán los caudales para el regadío de las
mismas aguas que se están regando ahora, sólo que aumentarán los caudales
porque serán muchos hectómetros cúbicos --solamente Almería capital
consume 23 hectómetros cúbicos-- los que tendrá de más anualmente el
Campo de Dalías.
Nunca he mentido y no consiento que se me diga que yo miento. Y que no
piense el ladrón que todos son de su condición.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, ruego que se retire
la última frase que ha dicho el Diputado Arqueros.
El señor PRESIDENTE: Si algún Diputado a algún portavoz de un Grupo
Parlamentario quiere pedir la palabra, ruego que antes de intervenir se
dirija a esta Presidencia para solicitar el uso de la misma.
Dadas las alusiones últimas realizadas por los distintos portavoces,
último turno de intervenciones a este respecto. El señor
García-Arreciado, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Para una cuestión de orden.
Los miembros titulares de esta Comisión mantenemos una exquisita relación
de cortesía. Creo que debemos de hacer todo lo posible por mantenerla. El
ímpetu vencedor en el que se hallan algunos partidos de esta Cámara no
debe de justificar, desde ningún punto de vista, frases como la última
formulada por el señor Arqueros, al que le ruego cariñosamente que retire
del «Diario de Sesiones» esas palabras.
El señor PRESIDENTE: Señor Arqueros, ¿puede acceder a la petición que se
le ha solicitado, matizando la palabra o como crea oportuno?
El señor ARQUEROS OROZCO: En aras de la armonía, eso último que he dicho,
«piensa el ladrón que todos son de su condición», lo retiro. Pero también
me gustaría que se retirase el que yo miento, porque eso es incierto. (El
señor Amate Rodríguez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Esta es una Comisión, como siempre, con una gran
armonía, con una gran sinceridad, con una gran claridad y que obliga a
veces a que esta Presidencia tenga que tener un límite en cuanto a la
flexibilidad, y el límite se acaba con la intervención del señor Amate.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Estoy dispuesto a retirar todas las palabras
que hayan sido pronunciadas por mí que hayan producido cualquier tipo de
ofensa en cualquier miembro de esta Comisión.
Solamente le propongo a la Presidencia que ella misma juzgue si cuando se
dice que la creación de plantas desaladoras en el litoral almeriense que
cubra el déficit hídrico actual y previsible del futuro, y ese déficit
hídrico se produce exclusivamente en la agricultura, se va a poder cubrir
con agua desalada, que no la pueden pagar los agricultores. Entonces, la
interpretación de qué es eso ante los agricultores, hágala usted mismo,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias por sus atribuciones, pero esta Presidencia
no juzga.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Se inhibe.
--SOBRE CREACION DEL LABORATORIO TECNICO CENTRAL MEDIOAMBIENTAL Y
COORDINACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CONTROL AMBIENTAL EN CADA
UNA DE LAS MISMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000473.)
El señor PRESIDENTE: Con ello, concluido el debate del punto 2 del orden
del día, pasamos al debate de la proposición no de ley número 4, sobre
creación del Laboratorio Técnico Central Medioambiental y coordinación de
las Comunidades Autónomas para el establecimiento de Laboratorios
Técnicos Autonómicos de Control Ambiental en cada una de las mismas.
El autor es el Grupo Parlamentario Popular, y para defender dicha
proposición no de ley tiene la palabra el señor Gortazar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, retomando la
tradicional concordia de esta Comisión quiero hacer una breve
intervención en relación a un tema sobre cuyo diagnóstico existe un
acuerdo generalizado, no así, como parece ser, en los temas de agua, pero
sí en los temas de residuos. Es más, mi proposición no de ley tiene como
origen los mismos documentos que elabora el Ministerio de Obras Públicas
y Medio Ambiente, de tal manera que, en cuanto a la caracterización y a
la urgencia de enfrentarnos a este tipo de problemas, creo que podemos
tener un punto de partida común: el Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, que establece en su artículo 45 y siguientes los requisitos de
inspección y control de las muestras necesarias para caracterizar y
calificar adecuadamente un residuo industrial.
La situación objetiva en España, hoy, es la siguiente. En el Páramo de
Masa o en cualquier otra región española la Policía Municipal o la
Policía de Tráfico encuentra depositados unos bidones, sin
caracterización, habida cuenta de que, según la documentación que nos ha
facilitado el mismo Ministerio de Obras Públicas, tan sólo un 20 por
ciento de los residuos tóxicos y peligrosos reciben un adecuado
tratamiento.
Señorías, estamos hablando de que un 80 por ciento de los residuos
tóxicos y peligrosos de nuestro país no están bajo control, no reciben
tratamiento o son almacenados indebidamente o, la mayor parte de las
veces, son arrojados a los bordes de la carretera. Ese es un problema
objetivo, cuantificado, en la medida de lo posible, e insisto que me
muevo con los datos que nos facilita el mismo Ministerio de Obras
Públicas en su último Plan Nacional de Residuos Industriales. Lo dice así
en su página 8: Se estima que sólo existe actualmente capacidad global
para tratar el 20 por ciento del volumen de los residuos peligrosos que
no reciben tratamiento en sus plantas de origen, aunque la situación es
muy diferente por comunidades autónomas.
Efectivamente, estamos ante un 80 por ciento de residuos tóxicos y
peligrosos fuera de control. Siguiendo con el ejemplo concreto o
práctico, hay unos bidones grises, muchas veces con productos mezclados
entre sí, algunos de ellos humeantes; llega el Agente de la autoridad,
hay que acordonar la zona y no se sabe muy bien qué hacer con esos
bidones porque en esa comunidad autónoma no hay medios; incluso en Madrid
tampoco se sabe muy bien dónde llevarlos, porque no hay una
responsabilidad directa a estos efectos. En muchas ocasiones, si los
residuos no son aparentemente inquietantes, pueden abordar su
caracterización --que es el primer paso a dar en estos casos-- unos
laboratorios municipales o, eventualmente, una universidad que se preste
a ello, pero normalmente, salvo excepciones en algunas comunidades
autónomas, no hay un sistema de concertación o de control establecido de
una manera sistemática. Tan es así que lo reconoce expresamente el
diagnóstico de la situación actual que hace el Ministerio de Obras
Públicas, cuando dice que hay dos problemas detectados: en primer lugar,
una ausencia de un marco normativo suficientemente eficaz; y, en segundo
lugar, ausencia de medios adecuados de control e inspección en las
comunidades autónomas, aunque la situación difiere mucho entre unas y
otras.
Por eso, nuestro Grupo ha tenido una preocupación a la hora de proponer
una solución a este problema, que es simplemente la caracterización. Ya
no hablamos del tratamiento y de qué hacer con esos residuos, sino por lo
menos saber qué es lo que se tiene entre manos en el conjunto de la
geografía nacional cuando aparece ese 80 por ciento de residuos que los
industriales no saben qué hacer con ellos y, en muchas ocasiones, se
arrojan sin control por el territorio español.
Habida cuenta de las conversaciones que he tenido previamente, estoy
dispuesto a modificar su redacción a través de una autoenmienda del texto
que nosotros proponemos como proposición no de ley.
El texto definitivo quedaría de la siguiente manera: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones precisas y apoyos
para facilitar la caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos
mediante concertación con los laboratorios especializados existentes o,
en su caso, mediante el establecimiento de las medidas subsidiarias
oportunas.
Sustituyo la idea de creación por una idea de adaptación de los recursos
existentes, por una idea de aprovechamiento de los recursos existentes,
ya sea en universidades, ya sea en los laboratorios municipales, ya sea
en los laboratorios de las industrias que tengan cualificación para ello,
que sean caracterizados, por supuesto, y también la idea de la
concertación, ya sea con laboratorios públicos y privados,
establecimiento de convenios, etcétera, un poco para sustituir la idea de
creación por la idea de utilización de los recursos disponibles. Y, en su
caso --digo en la última parte de mi autoenmienda--, mediante el
establecimiento de las medidas subsidiarias oportunas.
Quiere decirse que si en una comunidad autónoma tradicionalmente agraria
no hay procedimientos de caracterización, que son muy costosos y que la
economía de escala sugiere que tienen que hacerse más allá de una sola
comunidad, salvo en aquellas que son muy intensamente industrializadas o
que producen muchos residuos, es responsabilidad del Gobierno de la
nación el cubrir las deficiencias que el mismo Plan del Ministerio de
Obras Públicas establece en el enunciado que acabo de leer.
Por tanto, la proposición no de ley quedaría en los términos que he leído
recientemente y el segundo párrafo quedaría igual que viene en el texto
inicial, es decir: Estos laboratorios tendrían, entre otras, la función
de caracterizar y calificar los residuos industriales para definir
adecuadamente las medidas de seguridad a las que deben ser sometidos y
los tratamientos de eliminación apropiados, unificando los procedimientos
de análisis, asegurando la calidad de éstos y optimizando los medios de
todo tipo, tanto materiales y técnicos como humanos.
Señor Presidente, comprendo un poco lo irregular que puede ser esta
modificación pero, en cierta medida, es producto de las conversaciones
que posteriormente he mantenido con los grupos parlamentarios. Yo creo
que va en la dirección del interés de la Cámara, del interés de esta
Comisión por poner los medios para resolver problemas que, día a día,
tiene nuestro país en materias tan sensibles como este 80 por ciento de
residuos tóxicos y peligrosos que están fuera de control y que no han
recibido hasta este momento la fase inicial del tratamiento, como es
saber qué es aquello que se encuentra en un barranco, en una ladera de
una carretera, etcétera.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Interpreto, pues, al igual que en el caso anterior,
que usted suministrará a esta Mesa el texto por escrito de la
autoenmienda, e interpreto que ningún Grupo Parlamentario se opone a esta
autoenmienda en plan constructivo. (Pausa.) Gracias.
¿Grupos parlamentarios que en estos momentos desean intervenir para fijar
su posición con respecto a esta enmienda? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Quiero realizar una breve intervención para
fijar mi posición sobre esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular. Al respecto quiero decir, como muy bien se señala
en la exposición de motivos de la propia proposición no de ley, haciendo
una referencia al Real Decreto 833, de 20 de julio de 1988, que la
autoridad competente autonómica en cada caso es la que tiene la
obligación de realizar todas las funciones que corresponden para la
aplicación de lo que se dispone en dicho Real Decreto que aprueba el
Reglamento de ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos. En consecuencia, y en aplicación de esta norma, son muchas
las comunidades autónomas que han dictado sus normas de desarrollo e
incluso son muchas las comunidades autónomas que han adoptado sus propias
medidas de ejecución, bien sea creando sus propios laboratorios, bien sea
concertando con laboratorios de tipo privado o propiedad de otras
instituciones de carácter público, como podrían ser las universidades.
Quiero decir con ello que las posibilidades de ejecución de lo que
dispone dicha ley y dicho reglamento son suficientemente amplias y cada
comunidad autónoma las ha desarrollado como mejor le ha parecido. Puedo
poner como ejemplo la experiencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
por la que soy Diputado, donde la actitud que se ha adoptado desde hace
años por parte del Gobierno autonómico y de la Consejería de Medio
Ambiente es principalmente la de concierto con laboratorios privados o
dependientes de las universidades y la constitución de un laboratorio
mínimo --de unas dimensiones muy reducidas-- al cual se le encomiendan
exclusivamente las actuaciones de urgencia que, por cuestiones diversas,
no pueden ser desarrolladas por otro tipo de laboratorios. Ello se
realiza a través de un proceso que viene desarrollado en las propias
normas de desarrollo de la legislación básica del Estado de homologación
de estos mismos laboratorios. Quiero decir con ello que las comunidades
autónomas tienen un amplio margen de actuación en ejecución de lo que
aquí se establece.
Lo que no parece mal a nuestro Grupo Parlamentario, y entendemos que
entra de pleno en lo que constituyen las competencias y la actuación que
debe tener la Administración central en esta materia, es que en aquellas
comunidades autónomas, bien sea por ausencia de medios o bien sea por la
ausencia incluso del desarrollo de unas instituciones públicas o de
carácter privado que puedan desarrollar esta actuación en concierto con
la propia comunidad autónoma --es decir, laboratorios dependientes de
universidades o laboratorios privados-- se pudieran poner los medios por
parte de la Administración central para que, a su vez, se pudiera dar
cumplimiento a lo que establece la ley; es decir, que las comunidades
autónomas voluntariamente pudiera recurrir a este apoyo que se le ofrece
desde la Administración central. Lo que no vemos en absoluto claro es que
este apoyo deba pasar necesariamente por lo que se establece en la
proposición no de ley. El señor Gortazar insiste en la creación de un
laboratorio técnico central. Yo le digo sinceramente, señor Presidente,
que soy incapaz de asegurar en este momento que sea imprescindible la
creación de este laboratorio técnico central. Quizá podríamos llegar a la
conclusión de que sí que lo es, pero creo que en nuestro país existen
suficientemente instituciones con un grado de desarrollo tecnológico y de
conocimiento importante como para, a través de los acuerdos que sean
convenientes con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, ofrecer esta colaboración a aquellas comunidades que no
disponen de sus propios medios.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Dávila, don Carlos.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señorías, comienzo por reconocer paladinamente
que es cierto que hay una gran coincidencia entre los grupos respecto de
las filosofías generales del tema que nos ocupa. Es difícil discrepar,
incluso hasta en matices, sobre si el problema de caracterización y
clasificación de residuos peligrosos, o industriales en un aspecto más
restringido, es absolutamente paso previo y fundamental a cualquier
gestión de residuos que pueda abordarse --es obvio que es una cuestión
fundamental y previa-- y a su vez, que los resultados de esa
caracterización y clasificación, incluso con los procedimientos que se
hacen, condicionan sustancialmente cual sea la selección de las
tecnologías y los procedimientos con los cuales se aborda la gestión de
esos residuos. Tampoco puede ignorarse --antes al contrario, criterios de
ahorro y de racionalidad lo aconsejan-- que las tecnologías analíticas y
de todo orden que se implican en este proceso de caracterización y
clasificación son enormemente complejas en muchos casos, que tienen
requerimientos no ya sólo de procedimientos sino hasta de instrumentación
muy sofisticada y, en consecuencia, muy costosa, cuya utilización, como
se dice también en uno de los párrafos de la proposición no de ley, es
infrecuente, por lo que se aumenta el costo de inmovilización de
instrumentación analítica disponible. Es absolutamente difícil no
coincidir en esto todos los grupos, y así lo reconozco de entrada en
nombre del Grupo Socialista también. Ahora bien, esta coincidencia en el
planteamiento y en la filosofía no puede ocultar que, en cambio, cuando
llega el momento de fijar nuestra posición ante esa situación con medidas
concretas y prácticas, la coincidencia no pueda ser la misma. En
concreto, esta proposición no de ley, en su versión tal como se presentó
e incluso en la versión modificada por la enmienda «in voce» presentada
por el portavoz del grupo proponente, a nuestro Grupo le crea dos o tres
dificultades que voy a enumerar.
En lo que respecta al texto, hay una discrepancia en lo relativo a los
requerimientos que se hacen al Gobierno. Uno de ellos creemos que es de
imposible cumplimiento --por lo tanto, es obvio que, más allá de
cualquier consideración, no podemos seguirlo-- y, en cambio, otro es una
diferencia de posicionamiento político entre el grupo proponente y el
Grupo Socialista. La que considero de imposible cumplimiento es cuando se
le pide a la Administración central que coordine la creación de
laboratorios técnicos por las comunidades autónomas. No sé si es un
problema de redacción, pero es evidente que incluso si fuese simplemente
coordinar el funcionamiento de dichos laboratorios autonómicos, cosa que
se podría expresar mejor con alguna otra forma más comprensiva de nuestra
realidad autonómica, lo que desde luego no puede coordinarse es la
creación por las comunidades autónomas de unos entes concretos, como son
los laboratorios técnicos autonómicos, para la caracterización de
residuos. Consideramos, además, que no hay duda posible. El propio
Reglamento que se ha invocado aquí, el que se expresa en el Real Decreto
833/88, lo dice taxativamente. Todas las actividades e instalaciones
relativas a la producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos
estarán sometidas al control y vigilancia del órgano ambiental de la
administración pública competente. Pues bien, no hay más administración
pública competente en la gestión de residuos que cada una de las
comunidades autónomas en el ámbito en que les corresponde su actuación.
Por tanto, creemos que no es posible requerir al Gobierno una
coordinación en la creación de los laboratorios autonómicos, cuando esa
competencia se reconoce a las comunidades autónomas.
Por el contrario, nada impide el requerimiento de la creación de un
laboratorio técnico central, y sería una posición política como otras,
pero nuestro Grupo Parlamentario tiene ya la experiencia derivada del
Plan Nacional de Residuos Industriales del año 1989. Allí ya propusimos
nosotros la existencia de un centro de caracterización de residuos --se
llamaba entonces--, que es exactamente la misma figura y con las mismas
finalidades con las que está contemplado en esta proposición no de ley.
Nuestra experiencia de aquel Plan Nacional de Residuos no nos aconseja
presentarlo a estas alturas como un modelo a desarrollar. Aquel Plan
Nacional, por muchas razones, pero entre otras por su planteamiento
--digamos-- todavía con demasiado ramalazo jacobino e ignorancia de lo
que era la realidad autonómica de nuestro Estado en aquellos momentos,
suscitó en la conferencia sectorial correspondiente las suspicacias y las
críticas de las comunidades autónomas respecto de esa pretensión de un
centro de caracterización de residuos centralizado. Sin excluir el
planteamiento jacobino, creo que también fueron las inercias de las
políticas de los grupos de funcionarios y de los grupos empresariales
implicados en este sector las que condujeron a lo que hoy reconozco
paladinamente como un error de planteamiento en el año 1989, cuando
propusimos ese centro de caracterización de residuos o lo que en la
proposición no de ley actual se denomina laboratorio técnico central
medioambiental.
Respetamos que otros grupos parlamentarios vayan por un camino que
nosotros ya hemos verificado como incorrecto e inadecuado, pero
evidentemente no podemos seguirles. Además, a mayor abundamiento y ahora
voy a lo que significa la enmienda «in voce», tan recientemente como
febrero de este año, el Gobierno ha aprobado un Plan Nacional de Residuos
Peligrosos donde nuestra filosofía es absolutamente diferente y producto
de la experiencia de no demasiado éxito del anterior Plan Nacional de
Residuos. Ahora comprendemos que todo aquello no se haga a través de los
convenios de colaboración entre la Administración central y las
comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de
gestión, es ir por un camino inadecuado. Es decir, imaginamos que en
España podrán aparecer --y aparecerán o, de hecho, ya están en
funcionamiento-- centros creados por cada una de las comunidades
autónomas con las características que sean, e imaginamos --y aquí hay una
gran diferencia-- que podrán actuar como centros de referencia para otras
comunidades autónomas, como está contemplado en el Plan Nacional de
Residuos. No hay que olvidar, señorías, que la gestión de residuos
industriales en España y su generación tiene una concentración muy
específica tanto geográfica como sectorial. No todas las comunidades
autónomas tienen la misma intensidad en el problema de generación de
residuos, ni todos los sectores industriales lo tienen igual. Por tanto,
una economía de esfuerzo aconsejaría que empezasen a surgir centros
especializados en aquellos sitios y respecto de aquellos sectores que lo
aconsejen y que éstos puedan ser utilizados por las restantes comunidades
autónomas en sus problemas y en su gestión de residuos. Sin embargo, para
nosotros, desde el Plan Nacional, es obvio que no puede ser más que
promovido, apoyado y fomentado, pero nunca impuesto de ninguna otra
manera. Por tanto, señor Presidente, señorías, nosotros creemos que la
política que podría recoger lo que proponen las frases de la enmienda «in
voce» presentada por el Grupo proponente sería exactamente el
reconocimiento de que el Plan Nacional de Residuos Peligrosos, tan
reciente como del mes de febrero, recoge todas y cada una de sus
pretensiones.
Por cortesía parlamentaria, si es que fuese ése el caso del Grupo
proponente, nosotros estaríamos en condiciones de proponer una enmienda
«in voce», que leo antes de pasársela y que sería simplemente la
explicitación de que todo lo que como requerimientos, como procedimientos
y hasta como filosofía hace el Grupo proponente en su enmienda «in voce»
está recogido en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. El texto que
les ofrecemos es el siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que en el marco del Plan Nacional de Residuos Peligrosos y con
los procedimientos en él previstos apoye las políticas y los medios de
caracterización y clasificación de residuos industriales que conduzcan a
una más segura y eficaz gestión de los residuos peligrosos.»
Si este texto pudiese recoger las modificaciones introducidas por el
Grupo proponente, nosotros estaríamos en condiciones de apoyarlo y, en
caso contrario, lo que sí desearíamos al Grupo proponente es que no
cayera en los mismos errores que nosotros hemos tenido que rectificar, al
tiempo que recuerdo que el gran timonel ideológico de su partido, señor
Fraga, decía que los socialistas acertamos cuando rectificamos. Este es
uno de los casos. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila, por aportar por escrito la
enmienda «in voce».
Para fijar su posición con respecto a la enmienda «in voce» presentada
por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: En primer lugar, quiero decir al señor
Recoder y al Grupo Catalán, que la enmienda que yo había propuesto
eliminaba el párrafo primero, con lo cual no había objeto de discusión
sobre el tema del laboratorio central, ya que desaparece en el texto
de la enmienda el primer párrafo, de tal manera que queda como lo he
leído anteriormente.
Lo que sí se mantiene es el segundo párrafo de: «Estos laboratorios
tendrían...» Son los laboratorios concertados. De manera que no hay lugar
a discusión en relación a lo del laboratorio central, al menos en la
proposición no de ley tal como ha quedado en el texto final.
En relación a la enmienda «in voce» que ha hecho el Grupo Socialista, no
la puedo aceptar por la sencilla razón de que, como él mismo dice, no
debemos caer en el error de repetir las mismas situaciones anteriores, y
la confianza que nos da el nuevo Plan que ha elaborado en febrero el
Ministerio de Obras Públicas es resultado de la experiencia derivada del
anterior Plan, también elaborado por dicho Ministerio, donde reconoce
paladinamente que había fracasado frontalmente. De tal manera que para
nosotros no es posible --y así se lo hice ver al Ministro de Obras
Públicas el miércoles pasado-- apoyar un plan que, a nuestro juicio, no
es específicamente un plan, sino un desiderátum, una consideración de
problemas existentes, pero no es un plan operativo, práctico, en el que
nosotros podamos mostrar nuestra confianza.
Nuestro Grupo simplemente ha constatado un problema en el que hay un
acuerdo absoluto sobre su generalización y caracterización y dice que lo
que hay que hacer es poner en marcha los medios cuanto antes. En este
sentido, no creo yo que el plan del Partido Socialista, como no lo fue el
anterior, sea la solución al problema grave de los residuos tóxicos y
peligrosos, de los cuales el 80 por ciento, como digo, no reciben no sólo
la caracterización, sino ni siquiera el tratamiento posterior.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que es rechazada la enmienda «in voce» del
Grupo Socialista.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Efectivamente.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MANTENER COMO PROPIEDAD PUBLICA, Y AL
SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS, EL EDIFICIO Y LOS ESPACIOS
ALEDAÑOS DE LA ESTACION DE CORDOBA, ENCLAVADA EN LA PLAZA DE ARMAS DE
SEVILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (número de expediente 161/000474.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a debatir el último punto del orden
del día, el punto 5, proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a mantener como propiedad pública y al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas el edificio y los espacios aledaños de la
estación de Córdoba, enclavada en la plaza de Armas de Sevilla. El Grupo
proponente es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y para defender dicha proposición no de
ley tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Esta proposición no de ley se hace en función de
los planteamientos públicos, en algunos casos rumores que se están
difundiendo, en torno a la posibilidad de una cesión, incluso de una
posible privatización, de esta antigua estación de ferrocarril. Se trata
de la estación de Córdoba, enclavada en la plaza de Armas, y se trata en
estos momentos de un gran espacio que está siendo utilizado públicamente,
a través de actos públicos, exposiciones, etcétera. El rumor apunta a la
cesión o privatización a favor de compañías de seguros u otras empresas
privadas. Nosotros pensamos que la estación de Córdoba, con los espacios
internos aledaños, es una auténtica seña de identidad histórica y
cultural de la ciudad, una seña de identidad arquitectónica, sin duda,
una seña de identidad urbanística.
La utilización que se está haciendo en estos momentos es de un gran
interés, incluso se ha utilizado en actos políticos, actos siempre, por
tanto, públicos y de utilización social en muchas ocasiones, y queremos
que permanezca con este carácter en el próximo período. Por tanto,
pensamos que sería de muchísima utilidad el voto favorable a esta
proposición no de ley, en función de las pretensiones que desde la
dirección de Renfe parece haber en el sentido de cederlo para uso
privado, incluso de intentar un proceso de privatización de toda esta
antigua estación de ferrocarril enclavada en el mismo centro de Sevilla.
Por tanto, pedimos el voto favorable. No aceptaríamos que se nos dijera
simplemente que son rumores, puesto que ya hay propuestas hechas públicas
bastante concretas y, por tanto, queremos evitar este proceso, primero de
cesión a una empresa privada y posiblemente de inauguración de un proceso
de privatización.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
sobre la presente proposición no de ley? (Pausa.) Tiene la palabra, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Calderón.
La señora CALDERON PEREZ: El Grupo Popular comparte la preocupación del
señor Alcaraz con respecto a la conservación de la antigua estación de
Córdoba como seña de identidad arquitectónica de la ciudad de Sevilla,
pero entendemos que esa preocupación está perfectamente a salvo con el
plan especial de la plaza de Armas redactado y aprobado por el
Ayuntamiento de Sevilla. Por tanto, si bien estamos de acuerdo con el
fondo de la proposición, no podemos estarlo con la forma, porque
entendemos que esta proposición no de ley es una clara injerencia en la
autonomía municipal en cuanto a materia de urbanismo, puesto que es el
Ayuntamiento de Sevilla y en todo caso la Comunidad Autónoma andaluza los
que son competentes en esta materia, y en absoluto lo es el Estado.
Además, en dicho plan, a nuestro entender, se recoge perfectamente la
conservación del edificio, dándole el carácter de patrimonio histórico de
la ciudad y obligando a la
conservación intacta de todos sus elementos arquitectónicos. En cuanto al
uso, entendemos que, al estar calificado por el plan como de uso
terciario, para comercios, espectáculos, salas de reuniones, etcétera, el
uso y disfrute de estas instalaciones beneficiarían a la mayoría de los
ciudadanos de Sevilla, que dispondrían de unos servicios que les son
necesarios, a la vez que les permitirían disfrutar de la utilización de
un edificio que indudablemente es seña de identidad en la ciudad de
Sevilla.
Con respecto a la propiedad, existe un convenio entre Renfe y el
Ayuntamiento de Sevilla, el cual propicia el plan especial ya mencionado
y en el que se mantiene la titularidad de Renfe y, por tanto, su opción
de poder vender a cambio de otras compensaciones y cesiones, por todo lo
cual volvemos a insistir en que en materia urbanística es competente el
Ayuntamiento de Sevilla y no el Estado, considerando fuera de lugar esta
proposición no de ley, que pretende, desde nuestro punto de vista,
interferir gravemente en la autonomía municipal, por todo lo cual nuestro
voto será en contra.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: El Grupo Socialista, ante esta proposición no de
ley, tiene que manifestar lo siguiente. Primero, nosotros no tenemos
ninguna preocupación por el mantenimiento de este edificio como un
edificio emblemático, porque está protegido y es un edificio que está
perfectamente catalogado, y además, como ya se ha dicho aquí, está dentro
de un plan que se aprobó en el Ayuntamiento de Sevilla, y también Renfe
tiene plena capacidad de utilización del edificio. Más bien habría que
preocuparse si el edificio se mantuviera tal como está ahora, o sea, sin
ningún uso definido, sino totalmente en desuso. Yo creo que eso sí puede
preocuparnos, porque los edificios, si no se usan, también se deterioran.
En ese sentido, no entendemos para nada la motivación de esta
proposición, porque evidentemente hay un plan especial aprobado en el que
se recoge y se protege no solamente el edificio, sino que cuando se habla
de las zonas aledañas cualquiera que viva en Sevilla o que se haya pasado
por allí ve que hay una plaza pública que no tiene nada que ver con el
edificio, que está al lado, que hay un edificio que ahora mismo está
vacío, como he dicho, que tiene valores arquitectónicos notables, pero
que el recinto que ocupaba antes la estación está absolutamente vacío y
hay una plaza aledaña que no tiene ninguna actuación prevista, que va a
seguir manteniéndose como zona pública. Es más, yo creo que Renfe, en uso
de sus atribuciones, porque es la dueña de este edificio, lógicamente
tiene que buscarle utilización, porque si queremos --y luego
presentaremos proposiciones en otro sentido-- que Renfe siga siendo una
empresa pública rentable, le exigiremos que dé rentabilidad a los bienes
que posee. En eso está Renfe, en intentar tener una rentabilidad
manteniendo el uso. ¿Qué uso? Pues el que está definido en el
planeamiento, señor Alcaraz, no es ningún otro: el uso --se ha dicho
aquí-- como centro de servicios terciarios, que puede albergar en su
interior actividades comerciales, de agrupaciones o de espectáculos,
salas de reunión, etcétera. Eso también forma parte del servicio público,
¿o es que servicio público es sólo que Izquierda Unida contrate la cesión
de este edificio (El señor Alcaraz Masats: o el PSOE), o el Partido
Socialista o cualquier grupo político para dar un mitin o para hacer una
exposición? No, eso será un uso público de un grupo político, pero yo
creo que con esto lo que se pretende es que sea un uso público abierto a
los ciudadanos, que lo puedan utilizar, y lógicamente usted comprenderá
que no se puede abrir sin más, porque allí no hay absolutamente nada, y
abrirlo sin más sería un absoluto absurdo.
Por tanto, nosotros no entendemos el sentido de esta proposición, porque
no tiene nada que decir en este caso el Parlamento, en el sentido de que
ya está definido que es propiedad de una empresa pública, ya hay un plan
aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla, que es el competente, como aquí
se ha dicho, y para terminar quiero decir que Renfe es dueña en pleno
dominio de los inmuebles de la antigua estación de Córdoba enclavada en
la plaza de armas. Por tanto, corresponde a Renfe gestionar su patrimonio
inmobiliario desafectado del servicio público. Los usos y destino final
del inmueble son los actualmente definidos en el planeamiento
urbanístico, y Renfe tendrá que actuar de acuerdo con su criterio y el
contrato-programa que tiene con el Gobierno. Así que no solamente no lo
entendemos, sino que animamos a Renfe a que cuanto antes le busque una
utilidad de uso a ese edificio que, en otro caso, se deterioraría, porque
un edificio, como he dicho antes, de esas características, no puede estar
obsoleto. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Reglamentariamente este debate ha terminado. No
obstante, dado que nos quedan veinte minutos para la votación, que se
producirá a la una, si los miembros de esta Comisión autorizan a la
Presidencia, dado que no se trata de ningún tipo de debate especial sino
de una matización y estamos bien de tiempo, excepcionalmente tiene la
palabra el señor Alcaraz por un minuto para matizar lo que crea oportuno.
El señor ALCARAZ MASATS: Medio minuto, señor Presidente, para aclarar que
el uso público al que se hace alusión en la proposición no de ley se
refiere, por ejemplo, a que, dentro del uso terciario o de la utilización
comercial de la antigua estación de Córdoba, Renfe puede decidir la
entrega permanente a una o varias empresas, con lo cual quedaría cerrado
el uso público, que tiene ese sentido en castellano, no a uso comercial o
terciario sino a uso público. Por lo tanto, ése es el sentido de la
proposición no de ley. Renfe puede entregarlo en uso permanente, dentro
del uso terciario y comercial --que es lo que se está rumoreando y hay
una propuesta ya casi en firme--, a una empresa o empresas, con lo cual
quedaría cerrado a exposiciones, a una utilización social, en el marco
del uso público que planteamos. Por lo tanto, la propuesta es diferente.
Es decir, en nuestra propuesta cabe que, de manera no permanente, se
pueda entregar a exposiciones comerciales, como
la que ha habido hace poco de antigüedades, pero no cabe que se entregue
de manera permanente a un uso comercial. Esa es la diferencia entre la
proposición no de ley que planteamos y la posición conjunta del Partido
Popular y del Partido Socialista Obrero Español. (El señor Cuevas Delgado
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Excepcionalmente y con ello concluimos.
Tiene medio minuto, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: En el mismo sentido, porque he entendido
perfectamente la propuesta del señor Alcaraz, pero él no ha entendido la
posición del Grupo Socialista. Nosotros estamos absolutamente en
desacuerdo con lo que usted plantea. Nosotros estamos de acuerdo en que
Renfe es la dueña de ese edificio y, en consecuencia, Renfe tiene
perfecta libertad para explotar o para utilizar ese edificio de acuerdo
con los usos definidos en el planeamiento vigente. No sé si esos usos
pueden ser la cesión o la venta a una empresa privada; son los usos
previstos en el planteamiento vigente. Esa es nuestra posición,
radicalmente distinta a la suya, que es encorsetar a Renfe para que haga
esto o no pueda hacer otra cosa. Estamos absolutamente en desacuerdo.
Renfe es la dueña de ese edificio y tiene absoluta libertad para, de
acuerdo con los usos definidos en el planeamiento urbanístico,
rentabilizar ese edificio como estime conveniente. Nosotros le animamos a
que lo haga cuanto antes, porque ahora mismo no se usa para nada, está
permanentemente cerrado desde las 12 hasta las 12, día tras día. Nosotros
animamos a Renfe a que, cuanto antes, le busque una salida a ese edificio
que, efectivamente, tiene que tener una utilización.
El señor PRESIDENTE: Con ello terminamos el debate del orden del día de
hoy e interrumpimos la sesión hasta la una, momento en el que iniciaremos
las votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Tal como está previsto en el orden del día, pasamos a la votación de las
proposiciones no de ley debatidas durante esta mañana en la Comisión.
Someto a votación la proposición no de ley relativa a la potenciación y
transformación de las comunicaciones de las comarcas interiores de
Cataluña, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Amate Rodríguez pide la
palabra.)
¿Es una cuestión de orden?
El señor AMATE RODRIGUEZ: En aras de que pudiera haber unanimidad en la
votación de la siguiente proposición no de ley, ¿sería posible, después
de las modificaciones que ha hecho Izquierda Unida, cambiar una palabra
nada más?
El señor PRESIDENTE: La voy a leer antes de la votación.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Cuando usted quiera. Se trata de cambiar sólo
una palabra y así nosotros estaríamos en disposición de votarla
favorablemente también.
El señor PRESIDENTE: Me lo dice ahora, por favor.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Donde dice: «... que cubran coyunturalmente,
mientras se aprueba el Plan Hidrológico Nacional...», debería decir: «...
que palien coyunturalmente...». De otra forma, no se podría cumplir la
proposición no de ley porque son casi 200 hectómetros cúbicos de agua lo
que habría que desalar.
El señor PRESIDENTE: No reabramos el debate, por favor.
Simplemente es cambiar la palabra: «cubran» por «palien».
Desde el punto de vista lingüístico, la capacidad de afinación, por parte
del señor Dávila que es experto en la materia, cunde en esta Comisión.
¿Hay algún inconveniente por parte de los grupos proponentes de las
enmiendas? (Pausa.)
Sabiendo que los grupos autores de las enmiendas «in voce» no tienen
inconveniente, pregunto al señor Arqueros si acepta el cambio de
palabras.
El señor ARQUEROS OROZCO: Lo acepto, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Someto a votación la proposición no de ley relativa
a la construcción de unas plantas potabilizadoras de agua de mar en
Almería, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular, en los términos en
que ha sido enmendada «in voce» por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
con la posterior enmienda del Grupo Socialista, que han sido aceptadas
por el señor Arqueros, que dice así: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que tras realizar los estudios correspondientes que
valoren, entre otras cuestiones, los costes económicos, ecológicos, las
posibles externalidades y las distintas alternativas en el plazo de seis
meses y con criterios objetivos, decida la conveniencia de la
construcción de plantas desaladoras con bajo impacto ambiental y fuentes
energéticas renovables, en la medida de lo posible, en el litoral
almeriense que palien coyunturalmente, mientras se aprueba el Plan
Hidrológico Nacional, el déficit hídrico actual y previsible en el futuro
con esta técnica, entre otras medidas o actuaciones para hacer frente a
la sequía.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Someto a votación la proposición no de ley número cuatro del orden del
día sobre creación del laboratorio técnico central medioambiental y
coordinación con las comunidades autónomas para el establecimiento de
laboratorios técnicos autonómicos de control ambiental en cada una de las
mismas.
Existe una autoenmienda presentada, por escrito, por el señor Gortázar,
en nombre del Grupo Popular y que se va a votar en los términos de la
proposición no de ley y de la enmienda del Grupo proponente, que dice
así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las
actuaciones precisas y apoyos para facilitar la caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos, mediante concertación con los laboratorios
especializados existentes o, en su caso, mediante el establecimiento de
las medidas subsidiarias oportunas.
El segundo párrafo queda tal cual está reflejado en el texto de la
proposición no de ley.
Someto a votación la mencionada proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Someto a votación la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a mantener como propiedad pública, y al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas, el edificio y los espacios aledaños de la
estación de Córdoba, enclavada en la plaza de Armas de Sevilla, cuyo
autor es el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.