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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 484, de 27/04/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 484
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 31
celebrada el jueves, 27 de abril de 1995
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley
por la que se declara reserva natural las Salinas de Ibiza («Ses
Salinas»), las Islas des Freus y las Salinas de Formentera. (BOCG serie
B, número 64-1, de 4-3-94. Número de expediente 122/000052). (Página 14740)
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a la vista
del informe elaborado por la Ponencia, sobre proposición de ley por la
que se declara reserva natural las Salinas de Ibiza («Ses Salinas»), las
Islas des Freus y las Salinas de Formentera. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie B, número 64-1, de 4-3-94.
Número de expediente 122/000052). (Página 14740)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la modificación de la forma de participación de la Unión
Europea (UE) en el seno de la Organización de las Pesquerías del
Atlántico Noroccidental (NAFO). Presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco, PNV. (BOCG serie D, número 217, de 10-4-95. Número de expediente
161/000440). (Página 14744)
--Relativa a las medidas a adoptar en favor del sector apícola nacional.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 216,
de 10-4-95. Número de expediente 161/000433). (Página 14748)
--Relativa a rectificación de las bases comarcales de las zonas
cerealistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie
D, número 216, de 10-4-95. Número de expediente 161/000444). (Página 14752)
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY
POR LA QUE SE DECLARA RESERVA NATURAL LAS SALINAS DE IBIZA («SES
SALINAS»), LAS ISLAS DES FREUS Y LAS SALINAS DE FORMENTERA. (Número de
expediente 122/000052.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión. Ya conocen SS. SS. el
orden del día para hoy. El primer punto es la ratificación de la Ponencia
encargada de informar la proposición de ley por la que se declara reserva
natural las Salinas de Ibiza («Ses Salinas»), las islas des Freus y las
Salinas de Formentera.
¿Ratifica la Comisión esta Ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.
--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA
VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE: PROPOSICION DE LEY
POR LA QUE SE DECLARA RESERVA NATURAL LAS SALINAS DE IBIZA («SES
SALINAS»), LAS ISLAS DES FREUS Y LAS SALINAS DE FORMENTERA, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 122/000052.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, la
aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, de esta misma proposición de ley. Como saben
SS. SS., en los trabajos de Ponencia se incorporaron las únicas enmiendas
que se presentaron a la misma, y quizá sea la primera vez que nos llega a
la Comisión un texto sin enmiendas para su aprobación. Por tanto, en este
trámite, y antes de pasar a la votación, voy a dar un turno de palabra a
todos los grupos parlamentarios para fijar su posición; en primer lugar,
si les parece, al grupo proponente de la proposición, Izquierda Unida, y
después a los demás grupos de menor a mayor.
Señor Alcaraz, tiene la palabra para fijar su posición respecto al
informe de la Ponencia.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, tras la toma en consideración
de la proposición de ley, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre la declaración de reserva natural de las Salinas de Ibiza, las
islas des Freus y las Salinas de Formentera y el debate correspondiente
en la Ponencia, donde sintetizamos las enmiendas del Grupo Socialista
junto con el texto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pasamos
hoy a la aprobación en esta Comisión de la proposición de ley citada.
Para nosotros es un momento importante, no sólo por la lucha
parlamentaria que ha supuesto esta proposición de ley, que por fin --a lo
que parece-- será aprobada a partir de hoy, sino también por la lucha
social que ha tenido lugar en el territorio correspondiente. Se abre, por
tanto, hoy una brecha muy positiva, muy esperanzadora, en esta batalla de
casi veinte años, batalla que expresaba una convergencia social y
política de una serie de organizaciones ecologistas respecto a las cuales
Izquierda Unida no sólo era un elemento más, sino también un instrumento
constante, político y parlamentario, a la hora de transmitir, de
defender, de luchar por, de proponer el sentir y las elaboraciones de la
plataforma cívica constituida al efecto.
Con la aprobación de esta proposición de ley se supera también una
situación histórica que, a nuestro juicio, era injusta y que hasta cierto
punto estaba enquistada en la memoria colectiva de Ibiza, de Formentera,
etcétera, ya que esta zona, que era propiedad pública en principio, pasó
posteriormente a propiedad de la salinera y finalmente a manos privadas.
Existía, como dije en el Pleno, una especie de cicatriz histórica que
sólo ahora se ve curada, hasta cierto punto, cuando se aprueba la
declaración de reserva natural, y se ve ecológicamente superada esta
cicatriz para las Salinas de Ibiza y Formentera y las islas des Freus.
Por tanto, sólo una protección ecológica del equilibrio medioambiental
real, como se plantea en el texto de la proposición de ley, podía superar
esta cicatriz histórica. Al mismo tiempo, conseguimos invertir una
tendencia política que a lo largo de una serie de años, a partir de 1977,
intentaba sistemáticamente bajar el posible techo de protección
medioambiental, reducirlo e incluso anularlo. En 1977 se habló de la
necesidad de declarar toda esta zona parque natural; en 1982 se habló de
reserva natural; hubo una reducción a través de la Ley de Espacios
Naturales, y en 1992 Izquierda Unida presentó por primera vez este
texto de proposición de ley que después ha seguido perfeccionando. Cuando
el Partido Socialista estaba en la oposición también presentó, antes de
1982, un texto de proposición de ley parecido en muchos de sus términos
al que ahora se va a aprobar, pero posteriormente el Partido Socialista
--creemos-- no insistió lo suficiente en este tema, al que ahora se
incorpora. Pensamos que el Partido Socialista acierta cuando se separa en
esta cuestión de Convergència i Unió y del Partido Popular, porque estos
dos grupos mantienen en ésta y en otras --ya lo vimos en la referida a
Cabrera-- una política que, a nuestro juicio, puede conducir a una
desprotección medioambiental real de toda la comunidad autónoma. Por
tanto, a partir de hoy puede empezar una nueva fase política desde la
izquierda, desde los intereses ecológicos, que supera el intento de, so
capa de la autonomía balear, so capa de los intereses del Parlamento
balear, proteger una política que no es de defensa del equilibrio
medioambiental y que, a nuestro modo de ver, está impulsada por otros
intereses de «desarrollismo» a ultranza y por intereses que rozan lo
especulativo.
En la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y
de la Fauna Silvestres, se contempla la competencia del Estado para
desarrollar reservas naturales, máxime cuando en este caso estamos ante
un auténtico monumento cultural y natural; cultural porque se trata de un
caso concreto de desarrollo sostenible, donde se conjuga el desarrollo
natural de la economía de la zona con el mantenimiento de la protección,
también natural, del equilibrio ecológico. La industria de la sal, su
trabajo y la economía concreta de la zona no han entrado nunca en
contradicción con este equilibrio, un hecho muy infrecuente de
integración de actividades humanas con el medio ambiente que, por tanto,
había que proteger también de una manera singular y a partir de una
iniciativa política indeclinable y que ahora va a tener, por decirlo así,
su triunfo en esta sesión de la Comisión de Agricultura. Efectivamente,
el área de las Salinas de Ibiza y Formentera constituye uno de los
sistemas naturales más ricos y diversos de la Comunidad balear, incluso
del Mediterráneo español. Contribuye a esto de forma decisiva la
insularidad, que acelera los procesos de microevolución, dando lugar a
variedad de formas endémicas únicas en el mundo y que justifican aún más
esta política de protección y esta política ecológica de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Esperemos, señor Presidente, señorías, que no se interponga ninguna
dilatación artificial en el Senado ni ningún intento de veto --yo creo
que no-- y que, en todo caso, cuando vuelva aquí el texto de la
proposición de ley lo recobremos en su actual virtualidad. En cualquier
caso, nosotros pensamos que hasta que se apruebe definitivamente este
texto la gente en Ibiza y en Formentera no debiera desmovilizarse,
teniendo en cuenta una serie de obstáculos que hasta ahora ha habido que
superar y que todavía queda la recta final en la que es importante no
bajar la guardia.
En definitiva, con independencia de las posiciones legítimas de los
grupos que se oponen, nosotros pensamos que objetivamente no son los
intereses de la soberanía popular de Baleares ni los intereses del
Parlamento los que se pueden oponer a este intento por ahora, pero casi
alcanzado, de protección de las Salinas de Ibiza y Formentera, sino que
fundamentalmente se oponen intereses económicos. Intereses económicos que
a veces se ha dicho que se señalan desde la representación, a través de
la mayoría absoluta, del pueblo de las islas Baleares. Pensamos que no
hay realmente mayoría absoluta y que, en todo caso, para ver la opinión
real de los habitantes --los ciudadanos y las ciudadanas-- de las islas
Baleares habría que organizar un referéndum para saber si efectivamente
--y pensamos que sí-- el texto de nuestra proposición de ley se
corresponde o no con la conciencia colectiva de la zona. Por tanto,
saludamos en esta iniciativa el apoyo del Partido Socialista Obrero
Español, cuyas enmiendas nos parecían plenamente concordantes con la
lógica interna del texto que hemos presentado. Repito que nos parece un
momento muy importante, incluso --no sé si decirlo-- histórico, teniendo
en cuenta los problemas culturales, políticos e históricos que salda la
aprobación de esta proposición de ley con respecto a los intereses
ecológicos de la zona.
Señor Presidente, quiero terminar diciendo de nuevo que Izquierda Unida
ha servido de instrumento político y parlamentario a toda la lucha
social, tal como se ha tejido, tal como se ha coordinado, de estos
últimos 20 años y que, desde ese punto de vista, nuestro protagonismo
aparece muy en concordancia con toda la lucha que hasta ahora se ha
mantenido por los distintos grupos ecologistas de la zona.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Simó.
El señor SIMO Y BURGUES: He de comenzar manifestando que nuestro Grupo
suscribe en su totalidad las razones que se dan en la exposición de
motivos de esta proposición de ley. El área de las Salinas de Ibiza y
Formentera constituye, ciertamente, uno de los sistemas naturales más
ricos y diversos de la Comunidad balear y, como se dice en el citado
preámbulo, la integración entre las actividades humanas tradicionales y
el medio ambiente natural alcanza la categoría de modélica. No
quisiéramos, por tanto, que la oposición de nuestro Grupo al texto legal
que hoy nos ocupa se interpretase erróneamente, buscando en nuestra
actitud una falta de sensibilidad ante las medidas tendentes a la
conservación de los parajes naturales, como son los que en esta
proposición de ley se consideran y se trata de preservar.
Nuestra oposición, como ya dijimos en el momento de admitirse a trámite,
se basa en un principio que el Grupo Catalán ha venido respetando y
ateniéndose desde siempre: la no injerencia en las competencias propias
de las comunidades autónomas. Si aceptamos el Estado de las Autonomías y
el reparto de poderes que comporta debemos ser rigurosos. La Comunidad de
las islas Baleares, en concreto su Parlamento, tiene su propia capacidad
legislativa, derivada de la correspondiente transferencia de competencias
en esta materia. Este ha sido siempre el comportamiento de nuestro Grupo
cuando se ha presentado un caso de invasión de competencias,
independientemente del fondo de la cuestión de que se trate, en la cual
nosotros no
entramos. Compartimos la bondad y el buen fin que la presente proposición
de ley persigue --como he dicho anteriormente-- pero nos opusimos a su
tramitación primero y a su aprobación ahora por seguir fieles a esa norma
de conducta a que me he referido. Cierto es que en el artículo 1.º de la
proposición se dice que esta declaración de reserva natural de las
Salinas de Ibiza y Formentera se basa en lo establecido en los artículos
14 y 21 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de espacios
naturales, pero, como saben SS. SS., tenemos impugnada esta ley y nos
hallamos pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que
añadiría una contradicción más si nuestro Grupo diese su aprobación al
texto que nos ocupa. Por tanto, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señoras y señores Diputados, a nadie de
los que asistieron al Pleno que se celebró el pasado 14 de noviembre va a
extrañar, en la tarde de hoy, la postura del Partido Popular con respecto
a esta proposición de ley. En coherencia con la postura que ya
adelantamos en el debate sobre esta proposición de ley, mantenemos que el
Parlamento nacional no tiene competencias para debatir, para estudiar ni
para aprobar la ley que hoy se tramita. En consecuencia, así hicimos
constar nuestra postura en el informe de la Ponencia que acaba de
ratificar esta Comisión.
¿Cuáles son los motivos que justifican nuestra postura? Nuestros motivos
son no sólo de índole jurídica sino también de índole política. La razón
jurídica es que la proposición de ley que hoy debatimos se basa, según su
artículo 1.º, en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, concretamente en su
artículo 21.3. Pues bien, señorías, sepan que ese artículo está recurrido
ante el Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas del País
Vasco, de Andalucía, de Canarias, de Cataluña y de Galicia, por
considerar todas ellas que conculca el artículo 148 de la Constitución
Española. ¿Qué dice ese controvertido artículo 21.3, base, como he dicho,
de la proposición de ley que ha presentado Izquierda Unida? El artículo
21.3 atribuye, con carácter general, la competencia para declarar parques
y reservas naturales a las comunidades autónomas en cuyo ámbito
territorial se encuentren ubicados. Pero observen, señorías, que esta
regla tiene dos excepciones: cuando el espacio natural se encuentre
situado en el término de dos o más comunidades autónomas o cuando el
espacio natural tenga por objeto la protección de bienes de los señalados
en el artículo 3.º de la Ley de Costas, es decir, bienes de dominio
público. Y es en esta excepción en la que no están de acuerdo las
comunidades que antes he mencionado y que han interpuesto recurso de
inconstitucionalidad.
Este artículo 21.3, al atribuir la declaración y gestión de los espacios
protegidos al Estado, por el mero hecho de tratarse de bienes de dominio
público, vulnera, además del artículo 148 de la Constitución, el artículo
10 del Estatuto de autonomía de las islas Baleares y la jurisprudencia
constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 148 de la Constitución
reconoce que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en
materia de ordenación del territorio. ¿Y en qué concepto pueden
asumirlas, señorías? en el concepto que determinen sus respectivos
estatutos de autonomía. ¿Y qué dice el Estatuto de autonomía de las islas
Baleares? Les leo, señorías, el contenido del artículo 10.3 de nuestro
Estatuto, que dice: La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva
--repito, exclusiva-- en ordenación del territorio, litoral incluido
--insisto, litoral incluido--, urbanismo y vivienda. He dicho también que
va en contra de la jurisprudencia constitucional porque como ustedes
saben la sentencia 149/91 de 4 de julio, declaró inconstitucional y nulo
el artículo 34 de la Ley de Costas, que otorgaba competencias a la
Administración del Estado para dotarse de normas de protección,
invadiendo competencias de las comunidades autónomas en materia de
ordenación del territorio. Creo pues, señorías, que el tema, a la vista
de la Constitución, del Estatuto de autonomía de las islas Baleares y de
la jurisprudencia constitucional, está bien claro.
Además, fíjense ustedes que ese artículo 2.º, que sorprendentemente en la
fase de enmiendas no ha sido enmendado por ninguno de los grupos,
establece una zona periférica de protección en base al artículo 18 de la
Ley 4/89. Esto sí, señorías, con todo respeto, me atrevería a decir que
es una aberración jurídica. Porque aunque diéramos por bueno --que no lo
damos-- ese artículo 21.3, que antes les comentaba y que está recurrido
por seis comunidades autónomas, aun en ese hipotético y negado caso, sólo
resultaría aplicable a los bienes de dominio público, por lo que en
ningún caso, por descontado, tendría el Estado competencia para
establecer la zona periférica de protección, a que se refiere el artículo
2.º de la proposición de ley, por exceder de dicho ámbito.
En cuanto a las razones políticas, señorías, es curioso observar que
cuando suenan los tambores electorales cada territorio denota unos
síntomas. Cada vez que suenan los tambores electorales en las islas de
Ibiza y Formentera o, mejor dicho, en la Comunidad Autónoma de Baleares,
hay partidos políticos que se apresuran a desempolvar el tema de las
Salinas de Ibiza y Formentera. Así ocurrió en las elecciones municipales
y autonómicas del año 1991; así ocurrió en las elecciones generales del
año 1993; así ocurrió en las elecciones europeas del año 1994 y,
lógicamente, no podía faltar ahora en puertas de unas elecciones
autonómicas y municipales. Una cosa he de decirles, y es que hay que
reconocer que tienen ustedes más moral que el Alcoyano, porque a pesar de
que en todas las elecciones lo están ustedes intentando no han conseguido
jamás ganar unas elecciones. ¿Por qué se saca siempre usted tema en época
electoral? Ya lo dijo el portavoz del Grupo Socialista en una anterior
intervención con motivo de una proposición no de ley que presentó ese
grupo. Textualmente dijo: Señorías, no estaríamos aquí hablando de las
Salinas de Ibiza y Formentera si no fueran propiedad de la familia
política del Presidente de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares,
señor Cañellas. (Rumores.) Yo añado, señorías,
que hoy tampoco estaríamos aquí hablando de las Salinas de Ibiza y
Formentera si no fuera por esa misma circunstancia. Esa es la única y
triste razón de esta proposición.
El Parlamento de las islas Baleares, mediante la Ley 5/1985, de 2 de
mayo, declaró las Salinas de Ibiza y Formentera e islotes adyacentes como
área natural de especial interés. Esta ley fue posteriormente subsumida
en la Ley de espacios naturales de 1991. Con ello quiero decirles que las
Salinas de Ibiza y Formentera están suficientemente protegidas a juicio
de quien ostenta la voluntad mayoritaria del Parlamento de las islas
Baleares. Pero, ¿qué ocurre, señorías? Resulta que partidos políticos que
en Baleares jamás han tenido representación, como Izquierda Unida que no
tiene ni un solo concejal, ni un solo diputado en el Parlamento balear, o
partidos políticos que no han alcanzado jamás cuotas suficientes de
representación para decidir en el Parlamento balear, acuden ahora al
Parlamento de la nación para conseguir aquí lo que el pueblo de Baleares
ha rechazado. Así entienden lamentablemente algunos el Estado de las
autonomías, secuestrando la voluntad del pueblo balear, puenteando al
Parlamento de las islas Baleares y buscando un título competencial
estatal que permita regular las Salinas de Ibiza y Formentera de forma
distinta a la voluntad mayoritaria del Parlamento de las islas Baleares.
Hoy, señorías, hay quien por un pobre interés electoralista ha hurtado
competencias al Parlamento de una comunidad autónoma. Esa comunidad
autónoma es la de las islas Baleares. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, en este último trámite
de esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados quisiera
iniciar mi intervención explicando a SS. SS. la división que dos actos
que coinciden hoy en el tiempo produce en mí. Por un lado, la deseada
celebración de este acto, debatir para su aprobación la ley que permita
proteger las Salinas de Ibiza y Formentera definitivamente y, por otra
parte, la concesión del título de doctor honoris causa al insigne poeta y
escritor ibicenco Mariá Villangómez, cuya obra ha sido ya reconocida
dentro de todo el ámbito de la lengua catalana. Ruego a todos los
presentes que desconocen la relación entre ambos actos que me disculpen,
pero es que el poeta Villangómez ha basado la mayor parte de su obra en
la naturaleza del entorno en que vive y las Salinas tienen una presencia
importante en la misma. Por ello, señorías, y como homenaje a una persona
dedicada a lo largo de su vida a la literatura y cultura catalanas, me
van a permitir en esta casa de todos citar aquí un fragmento de uno de
sus versos. (El señor Costa Costa da lectura a unos versos en catalán.)
Llegados a este punto, señorías, es el momento de recordar quién y desde
cuándo quiere proteger Ses Salinas. El 28 de abril de 1982, el Diputado
socialista y hoy candidato a presidir la Comunidad Autónoma de las islas
Baleares, Francesc Triay, comparaba con acierto la lucha por proteger Ses
Salinas con el suplicio de Sísifo. Hacía con ello referencia a que en
cada ocasión en que las Salinas parecían protegidas ocurría algún hecho
que provocaba que todo tuviese que empezar de nuevo. La lucha por la
protección de las Salinas de Ibiza y Formentera había empezado hacía ya
años, en la segunda mitad de los años setenta, en plena transición
democrática, cuando ante el intento de los propietarios de urbanizar esa
importante área natural la sociedad pitiusa se reveló constituyendo la
plataforma Salvem Ses Salinas y protagonizando la manifestación más
numerosa de toda la transición democrática en las islas de Ibiza y
Formentera.
La protección de las Salinas ha canalizado desde sus inicios la
confrontación izquierda derecha en las islas Pitiusas, ha supuesto la
división entre los depredadores de la naturaleza y los conservacionistas,
la separación entre los defensores de lo público y lo privado
respectivamente. Retornando a la mitología griega, cada vez que parecía
que lo público, lo de todos, triunfaba, la derecha conseguía imponer sus
tesis y retrotraía otra vez la gestión al principio. No en balde la
derecha ha tenido aliados y cómplices con un gran peso específico en la
política y en la economía de las islas Baleares, como el propio
Presidente del Partido Popular y de la Comunidad Autónoma de las islas
Baleares, señor Cañellas, que yo cité como responsable de que
estuviéramos debatiendo todavía hoy este tema, porque si no hubieran sido
suyas, evidentemente, las Salinas estarían protegidas ya hace más de un
decenio. (Rumores.) Sólo la propiedad de parte de este territorio de
parientes muy cercanos, de la esposa del señor Cañellas ha hecho que
todavía estemos discutiendo la conservación de esta importante área
natural, un humedal de los de mayor importancia en todo el Mediterráneo
occidental. He dicho que estas personas, importantes económica y
políticamente, no han dudado en la utilización de los medios públicos
para asegurarse sus intereses privados. El lúcido análisis de Norberto
Bobbio sobre izquierda y derecha podría haberse inspirado perfectamente
en este conflicto de intereses que seguramente no acaba hoy aquí y del
que tendremos futuras entregas si las coyunturas políticas lo permiten.
Hoy aquí en este momento, seguramente en este último trámite en el
Congreso de los Diputados, una vez más quiero recordar que el
protagonismo de mi grupo, el protagonismo del PSOE sólo quiere ser el
protagonismo de una voz, de la voz de toda una generación de personas
que, avanzadas a su tiempo, lucharon hace ya quince años por la
protección de este importante espacio natural. Quiere ser la voz de todos
los ibicencos y formenterenses, de todos los baleáricos, de todos los
españoles que creen en la conservación de la naturaleza, que creen en
dejar a futuras generaciones aquel patrimonio sobre el que se sustenta la
economía y el hacer de la humanidad. Queremos en estos momentos
simplemente hacer oír su voz, que no está aquí presente, en este trámite
y, por tanto, convertirnos en su voz sabiendo que tenemos para ello su
conformidad.
Sin embargo, la proposición de ley que hoy tratamos tiene elementos que
debemos considerar. En primer lugar, ha sufrido importantes
modificaciones en su tramitación; modificaciones que afectan a todo su
contenido, al conjunto
de sus artículos, incluida la exposición de motivos que se adecua al
nuevo texto. En el artículo 1 se acerca más al objeto de la protección,
especialmente en lo que se refiere a contribuir al desarrollo del
estudio, la difusión y la investigación de todos los valores naturales.
En el ámbito territorial de la reserva se amplía a una importante zona de
Formentera, cuya protección está amenazada por intereses de los
propietarios que quieren urbanizarla. Se crea un área de influencia
socioeconómica en un nuevo artículo, el 2 bis, que permite compensaciones
a los dos municipios afectados por esta ley, el de Formentera y el de San
José; se mejora sustancialmente el régimen jurídico de protección,
especialmente en dos aspectos, en las transacciones intervivos, por
tanto, el derecho de retracto de la Administración; se declara de
utilidad pública todo el espacio protegido; se mejoran los órganos de
gestión y se da participación a todos los sectores implicados en la
protección de este importante espacio natural en la composición de su
Patronato; se especifica claramente cuáles son los instrumentos de
programación y planificación; se establece un régimen económico que
mejora sensiblemente el previsto en la anterior proposición de ley de
Izquierda Unida; se establece asimismo un régimen sancionador y se
mejoran las disposiciones adicionales y las disposiciones finales.
En conjunto, tenemos el instrumento que concita la voluntad de la mayoría
de esta Cámara, que concita sin duda una muy amplia mayoría de los
ciudadanos de Ibiza y Formentera detrás de lo que hoy aquí se aprueba: la
protección definitiva de las Salinas de Ibiza y Formentera. Por esto mi
Grupo siente una especial satisfacción; una satisfacción que queremos
compartir con todos los ibicencos y formenterenses que han luchado para
que esta protección sea hoy realidad.
El señor PRESIDENTE: Dado que no se han presentado enmiendas, si los
Grupos no solicitan lo contrario votaríamos en bloque el texto del
articulado y después la exposición de motivos.
El señor COSTA COSTA: Para una cuestión de orden.
Hay una nota del letrado de modificaciones gramaticales básicamente al
texto, que no afecta a su contenido. Pediría que fuese incorporado al
dictamen de la Comisión.
El señor ALCARAZ MASATS: Queremos manifestarnos en el mismo sentido,
puesto que nos parece que mejora bastante la estructura gramatical y
semántica del texto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación en estos términos.
Votamos el texto articulado de la proposición de ley y después la
exposición de motivos. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia.
Votamos, a continuación, la exposición de motivos. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Con esta aprobación, dado que esta Comisión tenía competencia legislativa
plena, se dará cuenta al Presidente del Congreso para su posterior
traslado al Senado.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA MODIFICACION DE LA FORMA DE PARTICIPACION DE LA UNION
EUROPEA (UE) EN EL SENO DE LA ORGANIZACION DE LAS PESQUERIAS DEL
ATLANTICO NOROCCIDENTAL (NAFO). PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV).
(Número de expediente 161/000440.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de la proposición no de ley,
relativa a la modificación de la forma de participación de la Unión
Europea en el seno de la NAFO.
La proposición es del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra para
defenderla el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: La proposición no de ley que hoy
debatimos, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, figura en el
contexto de los diferentes debates que hemos tenido a lo largo de las
últimas semanas. La semana anterior tuvimos dos debates con el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y con el Ministro de Asuntos
Exteriores. La semana anterior hubo una interpelación. En el día de ayer
hubo otra interpelación. En definitiva, son cuestiones que han surgido a
lo largo de debates anteriores planteadas por diferentes grupos
parlamentarios, donde se plasmó una propuesta respecto de la cual hay una
gran coincidencia entre los grupos políticos de la Cámara y el Gobierno,
tal como el señor Solana, Ministro de Asuntos Exteriores, dijo en su
comparecencia el pasado día 4, en el sentido de que era necesario caminar
hacia una modificación del sistema de toma de decisiones de la NAFO.
Teniendo en cuenta, señor Ministro, que la política pesquera comunitaria
es una de las materias más comunitarizadas, junto con la agricultura,
desde el Tratado de Roma el año 1957, en la medida en que eso supone la
existencia de un mínimo común denominador en materia de estructuras, de
mercados, de recursos, lo que eso implica es el establecimiento de un
marco de autonomía, de un ámbito de desarrollo por parte de cada Estado,
de las diferentes políticas de desarrollo de las mismas. No obstante, a
la hora de la representación y participación de la Unión Europea en foros
internacionales, ésta es una de las materias exclusivas
de la Unión. Mientras que en estructuras o mercados se producen
disgregaciones o repartos competenciales en función del ámbito de los
mismos, en materia de representación la competencia es exclusiva y, por
lo tanto, los Estados miembros de la Unión no son competentes en base al
Tratado de Roma y la posterior modificación del Acta Unica y el Tratado
de Maastricht.
Es por ello por lo que a veces se han producido disfunciones, desajustes
importantes a la hora de la toma de decisiones en organismos pesqueros
internacionales; o últimamente en NAFO, donde la realidad pesquera, la
realidad política, la trascendencia, el peso político-pesquero de la
Unión Europea no se ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones en
la medida en que la reglamentación, el sistema de estatutos de NAFO
establece una representación a través de entes únicos. En este sentido,
la Unión Europea es considerada como un único ente, con personalidad
jurídica internacional a la hora de la representación. Eso ha supuesto
que se le atribuya la condición de parte contratante y, por lo tanto, en
el mecanismo de toma de decisiones se haya producido ese desfase, esa
disfunción y una desprotección de los intereses pesqueros europeos e,
inducidamente, de los intereses pesqueros españoles.
No voy a recordar las reuniones que ha habido a lo largo de los últimos
años con los diferentes problemas que se ocasionaron en la década de los
años ochenta, de 1985 a 1988, y que la Unión Europea puso de manifiesto.
En definitiva, trascienden al debate de hoy, señor Ministro, los
intereses que estaban en juego en dichas tomas de decisiones en el foro
de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental.
Quiero manifestar, señor Presidente --y me remito a los últimos acuerdos
de la NAFO--, que ha sido muy llamativo el caso de países miembros de la
Europa moderna, como pueden ser Noruega o Dinamarca. En el caso de
Dinamarca llama más la atención, porque es miembro de la Unión Europea,
pero participa como parte contratante distinta de la NAFO y aparte del
resto de la Unión Europea en la Organización de Pesquerías del Atlántico
Noroccidental, en la medida en que defiende intereses concretos de zonas
geográficas o regionales bajo su jurisdicción, como pueden ser las islas
Feroe o Groenlandia. Es como si España tuviera una doble representación
como unión en defensa, por ejemplo, de una zona geográfica específica,
como pudieran ser las Islas Canarias. En ese caso, Dinamarca se alió con
una posición favorable a las tesis de Canadá, absteniéndose en la
votación cuando es miembro de la Unión Europea.
También llama la atención la postura de Noruega, que se alía
llamativamente con Canadá, que, siendo miembro del Espacio Económico
Europeo, vota favorablemente los intereses canadienses cuando este país
goza de todas las preferencias arancelarias que la Unión Europea le ha
otorgado y, correspondientemente, también el Estado español, y cuando sus
productos pesqueros, tanto los propiamente noruegos como los de Rusia
descargados en Noruega, entran como productos noruegos con todas las
preferencias arancelarias.
Para evitar estos desfases y que el peso político y pesquero de la Unión
Europea no sea tenido en cuenta en esta toma de decisiones --aunque
existe una representación política de quince Estados por parte de la
Comisión Europea, el peso pesquero está representado por lo menos por el
Reino Unido, Alemania, Francia, España y Portugal--, consideramos que el
mismo debe ser tenido en cuenta, sobre todo si tenemos presente que en
los antiguos países miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, al disgregarse dicho Estado, tienen votos separado los países
bálticos: Letonia, Lituania y Estonia.
Lo que pretendemos, señor Presidente, es la corrección de esa disfunción,
ya que a lo largo de los debates los diferentes grupos, junto con el
Gobierno, hemos mostrado la necesidad de proceder a un ajuste de la
misma. En ese sentido, hemos presentado hoy una enmienda de corrección en
la que expresamos nuestra postura, que también expuso el Grupo Socialista
el martes pasado y que coincide con nuestra visión de esta cuestión,
favorable a la posible modificación de la ponderación de los intereses
pesqueros y políticos europeos eliminando la referencia a la diversidad
de voto, porque eso puede originarnos dificultades e incluso
imposibilidad en la medida en que la personalidad jurídica única, el ente
único, no va a poder desaparecer y, por tanto, la voz tiene que ser en
ese caso reflejo de dicho ente y de los acuerdos de toma de decisiones.
Por ello, no podría plasmarse ese voto separado del resto de los países
en función de los intereses que defiendan.
Nuestra enmienda va en ese sentido. Veo que hay enmiendas de otros grupos
que van en la misma línea, y con ello, termino, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición se han presentado
dos enmiendas. En primer lugar, daría la palabra al representante del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor
Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Como muy bien ha manifestado el portavoz del
Grupo proponente, el señor Gatzagaetxebarría, partimos de un acuerdo
básico entre el conjunto de los grupos parlamentarios de que el sistema
de toma de decisiones en NAFO debe ser cambiado. El objetivo que se
persigue con esta proposición no de ley y con las enmiendas subyacentes
es definir cómo debe ser ese sistema de toma de posición.
También compartimos la opinión, que ha manifestado el señor
Gatzagaetxebarría, de que debe haber una única voz que represente a la
Unión Europea en la NAFO, como en cualquier otro organismo en el que
estuviera representada la Unión Europea como bloque político, máxime en
una formación como la nuestra que es claramente europeísta y que si algo
tiene que achacar a la situación en que se encuentra la unidad europea es
precisamente la falta de contextura y de armazón política. En
consecuencia, reivindicamos que la Unión Europea tenga mayor contenido
político. Por todo lo expuesto, nos parece consecuente que haya una única
voz de la Unión Europea.
Ahora bien, defendido esto, el sistema de votación por el cual la Unión
Europea debería tener tantos votos, a la hora de contabilizarlos, como
número de países con intereses pesqueros a los que representa, a nuestro
juicio no debe dar una libertad de voto a los diferentes países
pesqueros. La única posibilidad que se abre ante una propuesta de esta
naturaleza es la del voto ponderado. Consideramos que hay razones
políticas más que suficientes para que esto sea así. En primer lugar,
porque si el voto es ponderado viene a ratificar, a incrementar la unión
política de los países que están representados y que tienen como portavoz
a un único representante de la Unión Europea. En segundo lugar, no he de
ocultar a SS. SS. la profunda desconfianza que le merecen a mi Grupo
Parlamentario las actitudes que han tenido algunos países en el conflicto
sobre el fletán. Políticamente nos parecería un error que desde este
Parlamento se presentara una propuesta que en su momento pudiera dar vía
libre a que Gran Bretaña ejerciera su voto en contra de los intereses de
España, en contra, incluso, del discurso que hubiera implementado el
representante de la Unión Europea, y nosotros no vamos a caer en dicho
error.
Por tanto, la enmienda que presenta mi Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya va en el sentido de que únicamente se
plantee el voto ponderado y que, en consecuencia, queden completamente
adscritos al discurso del representante de la Unión Europea en NAFO la
totalidad de los países de la Unión Europea que tienen intereses
pesqueros.
Como SS. SS. pueden imaginar, esta desconfianza que nosotros manifestamos
sobre la actitud de Gran Bretaña no es gratuita sino que se basa en
discursos de carácter xenófobo que se han venido realizando en el
Parlamento de este país incluso por altos responsables del Gobierno de
este país; discursos xenófobos y de desprecio a las posiciones españolas
y nosotros no queremos contribuir a que terminen transformándose en un
voto en contra de los intereses de España y, en última instancia, en
contra del proceso de unidad política en Europa.
Por tanto, solicito a los diferentes grupos parlamentarios y al propio
Grupo proponente que tengan en consideración la enmienda que presenta mi
Grupo Parlamentario en la creencia de que presentamos la posición más
correcta en cuanto a cómo debe ser el criterio de votación en NAFO.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista también ha presentado una
enmienda. El señor Moragues tiene la palabra para defenderla.
El señor MORAGUES GOMILA: Una vez que el Grupo Parlamentario proponente
autoenmienda su propuesta de resolución, las enmiendas que han
presentado, tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida, carecen de la
contundencia argumental que podrían tener al principio del debate.
Obviamente, la postura del Grupo Socialista en contra del texto original
que presentaba el Grupo Parlamentario Vasco de solicitar el cambio del
sistema de votación en la NAFO mediante la fórmula de voto ponderado y
con diversidad de voto para los países miembros de la Unión, era algo que
no podía tener el respaldo del Grupo Socialista.
Una vez que el Grupo proponente presenta la autoenmienda, hemos de decir
que sin que nos satisfaga totalmente, sí va a contar con el apoyo del
Grupo Socialista. Y digo que no nos satisface totalmente porque insiste
en la disposición de la fórmula de voto ponderado y creo que esto
constriñe excesivamente las alternativas que debería estudiar la Unión
Europea sobre el sistema de voto actual en el organismo de gestión de las
pesquerías de la NAFO. Así y todo, sustancialmente el texto que ha
presentado es igual al de nuestra enmienda y vamos a darle el apoyo a la
autoenmienda del Grupo Nacionalista Vasco.
No estoy absolutamente convencido de que el fallo en el funcionamiento de
la NAFO se deba tanto al reglamento que regula las votaciones de ese
organismo como a fallos en cuanto al trabajo, al papel que deben
desarrollar los representantes de la Unión Europea cuando se debate en el
seno de la NAFO cualquier decisión que en este caso compete a Estados
miembros. Está claro que estas decisiones competen principalmente a
Portugal y a España, y mi impresión es que los servicios diplomáticos de
la Unión Europea que representan los intereses globales de la Unión
Europea en este caso no se han tomado las cosas con la responsabilidad
que requerían los cambios introducidos en la última reunión de
septiembre. Como ya han comentado los portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra, no se puede tolerar que países que están
representados en el voto único de la Unión Europea, como Dinamarca, a la
hora de votar por territorios extracomunitarios, se abstengan. A mi
entender, esto es absolutamente intolerable. No es explicable que países
que participan con nosotros del Espacio Económico Europeo como Islandia y
Noruega puedan votar en contra de las decisiones que la Unión Europea
adopten, y me estoy refiriendo a Noruega y a Islandia en concreto. Es
bastante incomprensible que países como Rusia, que tienen un trato de
favor enorme desde la Unión Europea, también puedan votar en contra de
las decisiones defendidas por la Unión Europea.
Como he dicho antes, y acabo ya, señorías, a mi entender no falla tanto
el Reglamento que regula el funcionamiento de la NAFO como los servicios
diplomáticos, los representantes diplomáticos que la Unión Europea tiene
destacados en este organismo multilateral.
Sin ser excesivamente optimista en cuanto a la necesidad y a la
conveniencia de modificar el sistema de toma de decisiones, sí quiero
decir que el Grupo Socialista va a votar favorablemente y pedir --si
sirve para algo esta toma de postura desde el Parlamento español-- a los
representantes de la Unión Europea que en el organismo de gestión de la
NAFO dediquen mayor atención a los temas, aunque sólo se ciñan a los
intereses de dos países del sur. Hay que intentar cortar la supremacía
permanente de los intereses de los países del norte sobre los intereses
de los países de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muy brevemente quiero decir que también nuestro
Grupo considera injusto el sistema de representación existente
actualmente en el seno de la NAFO y que, por tanto, es preciso
modificarlo teniendo en cuenta la potencialidad pesquera de la Unión
Europea en estas aguas, coincidente con la que tiene cada uno de los
países con intereses pesqueros en la zona.
Así nos hemos pronunciado en los diferentes debates que han proliferado
en estos últimos meses con motivo del conflicto de Canadá y, en
congruencia con ello, votaremos favorablemente la resolución final que
nos ofrece el portavoz del Grupo Vasco y en la que propone el voto
ponderado, término que no sé si se acuñó durante estos días, pero que en
principio fue muy bien aceptado por nuestro Grupo en cuanto apareció en
esta Comisión o en el Pleno.
Lo votaremos favorablemente, además, con la esperanza de que sea aceptado
en la Unión Europea y también en el seno de la NAFO, para que de ahora en
adelante la propia NAFO sea un organismo auténticamente representativo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Digo Presidente porque durante esta tarde han intentado ascenderle de
categoría, a Ministro nada más y nada menos.
El señor PRESIDENTE: Por mí encantado. (Risas.)
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Sí, ya supongo. Además, no tengo la menor
duda de que defendería mejor los intereses pesqueros que el actual
Ministro. Estoy totalmente convencido.
El señor PRESIDENTE: Eso tampoco. (Risas.)
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: La propuesta que trae el señor
Gatzagaetxebarría, en representación del Grupo Parlamentario Vasco, está
llena de buenas intenciones y como tal, lógicamente, la vamos a apoyar.
Digo buenas intenciones porque sería deseable que la Unión Europea
tuviera un voto cualificado en los organismos a los que pertenece. Ya
sabemos que nos podrán decir que en la OTAN, la ONU o cualquier otra
institución internacional, la Unión Europea está representada como tal
organismo y que tiene sólo un voto único. Está claro.
Hasta ahora se decía que había un voto único de la Unión Europea en los
organismos a los que pertenecía, debido a que existía un «fair-play», que
había un juego limpio, que estaba todo más o menos consensuado. Sin
embargo, el tema del fletán ha descubierto que hay intereses ante la NAFO
que en algunos casos podríamos calificar de bastardos, en los cuales unos
países están incidiendo en busca de su propio beneficio, lo cual hasta
cierto punto también es lógico y razonable.
Decíamos que esta propuesta tiene buenas intenciones, como es llevar al
seno de la Unión Europea la idea de que tenga un voto ponderado, pero
también es cierto que dentro de la propia Unión Europea tenemos que
insistir en que este voto ponderado exista dentro de ella misma, no como
al principio pretendía la propuesta del Grupo Vasco, que pudiese tener
distintos votos dentro de un organismo, porque eso sería inviable. Repito
que dentro de ella misma tendrían que tener relativa importancia los
intereses que se están debatiendo en cada tema. No es lo mismo que se
debata el tema pesquero, en el cual dos de los países de la Unión
Europea, Portugal y España, tienen intereses importantes, cuya renta en
determinadas regiones está vinculada a la pesca, que otros temas que
pueden tener más importancia para Italia, Francia o Alemania.
La propuesta del Grupo Vasco se debe a que la Unión Europea en un momento
determinado se abstiene cuando se fija el TAC para la NAFO en 27.000
toneladas. Si en ese momento la Unión Europea se hubiese opuesto, la
cuestión posiblemente sería distinta a la que estamos tratando en este
momento.
Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha insinuado
algo. No es tan importante que la Unión Europea tenga un voto ponderado
en las decisiones de los organismos internacionales a los que pertenezca,
sino que nuestros diplomáticos, nuestros representantes ante la Unión
Europea tengan en cuenta lo que se va a debatir en cada momento y en cada
organismo.
Es increíble que nuestros diplomáticos, por lo menos hasta el momento
--no sabemos si lo han hecho o no--, no hayan protestado o no hayan hecho
hincapié en la negativa o en la abstención a la aceptación de las 27.000
toneladas del TAC famoso de la NAFO, porque, señorías, había otros
informes científicos en los cuales se podía fijar el TAC en 40.000
toneladas, con lo que todas las discusiones y el aburrimiento que hemos
dado a SS. SS. con el fletán no hubiese sido tal si en lugar de fijarse
el TAC en 27.000 toneladas, se hubiese fijado en 40.000.
Eso yo no lo imputo al voto ponderado de la Unión Europea sino,
fundamentalmente, a que nuestros representantes ante la Unión Europea o
nuestros diplomáticos no han estado, como se dice vulgarmente, al loro en
este tema y no han tenido en cuenta la repercusión que podía tener para
los intereses españoles.
Por eso digo que la propuesta del Grupo Vasco, que se ha autoenmendado,
va a ser apoyada por nuestro Grupo, pero, repito, que tiene buenas
intenciones. Como, sin duda, es que a nuestros diplomáticos y a nuestros
representantes en la Unión Europea se les tenga que indicar o exigírseles
que defiendan los intereses españoles en cada momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quizás el subconsciente nos traicione
a algunos portavoces en algunas ocasiones, pero creo que sería del gusto
de
todos los grupos parlamentarios que usted, señor Presidente, hubiera
llegado a ser Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la medida
en que tiene usted una gran sensibilidad agrícola, una acelerada
evolución hacia el interés pesquero y, en definitiva, una enorme
sensibilidad autonómica.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, a la cuestión.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, tomando el hilo de
mi compañero, señor Mantilla, me congratularía, junto con él, si algún
día usted puede llegar a esas instancias. (Risas.)
Entrando en serio, señor Presidente (Risas.), el sentir de la Cámara, la
simpatía que usted genera, ha trascendido en esta ocasión. (Rumores.)
Entrando en el fondo de la cuestión, quiero decir que nuestro Grupo
Parlamentario agradece la posición adoptada por cada uno de los grupos
parlamentarios --Socialista, Popular, Izquierda Unida y Catalán-- y
quería recordar que la iniciativa en esta Cámara sobre tal cuestión fue
efectuada por el portavoz del Grupo Catalán, señor Vidal, que fue el
primer parlamentario que propuso en la Cámara la ponderación del voto.
Nos felicitamos de que podamos conseguir un consenso sobre esta cuestión.
También quiero indicar al portavoz de Izquierda Unida que, como recogemos
con nuestra autoenmienda el interés y la filosofía que pretendían con la
suya, entendemos que es la nuestra la que debe someterse a votación. (El
señor Moragues Gomila pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, ¿entiendo que retira la enmienda?
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, es por la cuestión colateral
del Ministerio y su posible ascenso. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Es sólo para decir que el Grupo Socialista se
siente muy bien representado por el Ministro que tenemos, aunque, por
supuesto, nos gustaría mucho tener dos ministros y usted podría ser
tranquilamente el segundo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No insistan. Creo que es mejor que no continuemos en
esta dirección.
¿El Grupo de Izquierda Unida acepta la proposición no de ley, con la
autoenmienda del Grupo Vasco, tal como ha indicado el señor
Gatzagaetxebarría? (Asentimiento.)
Votamos la proposición no de ley autoenmendada, del Grupo Vasco.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN FAVOR DEL SECTOR APICOLA NACIONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000433.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las medidas a adoptar
en favor del sector apícola nacional.
Para defender dicha proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, vamos a hablar ahora
de abejas, de colmenas y de apicultura, pero como cuestión previa
quisiera decir, no en nombre de mi Grupo, sino a título personal, que
aunque el señor Pau fuera también ministro estoy seguro de que no nos
llovería. (Risas.)
Entrando ya a comentar el sector apícola y precisamente como
justificación de la defensa que haré de la proposición no de ley que
presenta mi Grupo, debo decir que de las cifras que nos facilita el
Ministerio de este subsector hay aproximadamente tres millones de
colmenas, con una producción estimada de unas 50.000 toneladas de miel y
unas 2.000 de cera. En cuanto al valor de la producción, hay una
estimación de unos 10.000 millones de pesetas que, tras la nuda
producción --aparte del sector elaborador y todos los procesos de
comercialización--, la cifra final de facturación de este subsector esté
en una estimación final de unos 20.000 millones de pesetas, que de por sí
justifican el que desde aquí intentemos mejorar todas aquellas medidas
que inciden en la apicultura.
Hay que tener en cuenta esta cifra, al margen de la producción,
comercialización y elaboración puesto que existe, además, una industria
colateral para la fabricación de colmenas y material en general para la
apicultura porque, además --y esto es lo realmente importante,
señorías--, la apicultura está asentada en toda España, con una especial
importancia en las dos Castillas, en Extremadura, Andalucía y Comunidad
valenciana. Dentro de estas regiones, hay que señalar que tiene una
especial importancia en algunas comarcas que producen una miel con una
calidad contrastada, con unas propiedades características y muy
específicas que han acreditado sus productos melíferos en todos los
mercados, españoles, europeos y mundiales.
La apicultura, como es sabido, es la actividad de miles de profesionales
a la que se dedican, a tiempo parcial, miles de agricultores que ven en
ella un complemento económico a su actividad agraria. Hay que destacar
algunas comarcas como, por ejemplo, la Alcarria, a caballo entre las
provincias de Guadalajara y Cuenca, que son ejemplos de tecnología y
manejo de colmenas, que han unido sus esfuerzos en la comercialización y
que, en definitiva, han apostado por una actividad arraigada
secularmente, como una de las formas de desarrollo endógeno y sostenible,
llegando, incluso, a comercializar la miel con denominación de origen.
En este estado de cosas, el principal problema de la miel en la Unión
Europea es la masiva importación de países
terceros de una miel que aunque ciertamente es muy barata, es muy mala;
la podíamos calificar, sencilla y llanamente, de pésima. Esta miel no
tiene el debido contraste de calidad. Estas importaciones han hundido los
precios de nuestro mercado y están haciendo que la cabaña apícola y el
número de colmenas descienda en España, y en general en Europa, de una
manera notable y progresiva. Todo ello está perjudicando de una manera
muy sensible a los apicultores españoles que, como hemos dicho, o bien
viven de su actividad apícola en exclusiva o bien obtienen unos ingresos
adicionales en la unidad familiar dentro de su dedicación a la
agricultura o a la ganadería. Pensemos, además, que este perjuicio
económico se está produciendo en aquellas zonas que son ya de por sí muy
deprimidas y que, además, tienen un alarmante descenso de la población.
Quisiera, asimismo, señorías, señor Presidente, citar otro tema no menor
que conviene recordar cuando se habla de apicultura, cual es el de la
polinización. Es sabido que muchas especies vegetales, tanto cultivadas
como silvestres, son entomógamas, es decir, para la propagación y
mantenimiento de la especie requieren la polinización mediante los
insectos y, especialmente, a través de las abejas. Pues bien, la notable
disminución del número de abejas se ha traducido paralelamente en una
disminución en las cosechas --en el caso de plantas cultivadas--, y en la
regresión de numerosas especies y familias vegetales silvestres. Esta
habiendo, por tanto, una progresiva degradación de los ecosistemas al
romperse la cadena atrófica, con la casi desaparición de algunas plantas
que requieren el efecto polinizador de las abejas para su multiplicación.
Como bien saben SS. SS. y, si no, modestamente yo lo cito, en algunas
comarcas españolas ha descendido de manera alarmante la flora
perteneciente, sobre todo, a especies y familias como las rosáceas, las
labiadas, compuestas o cistáceas, con el consiguiente desequilibrio
ecológico que afecta a insectos y aves. En definitiva, la disminución de
la cabaña apícola incide en la misma proporción en una regresión, no
deseada, de la biodiversidad en nuestros ecosistemas.
Con esta situación y para evitar el deterioro de nuestra economía así
como de nuestra biología, entendemos que desde aquí debemos apoyar --y
así lo hacemos-- la apicultura, de manera genérica, con medidas concisas
y urgentes que la dinamicen. En concreto en nuestra proposición no de ley
pedimos que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación solicite y
obtenga de las pertinentes instancias de la Unión Europea un apoyo a la
mejora técnica de las explotaciones apícolas; un apoyo a la mejora
genética de la cabaña apícola, así como una sanidad adecuada, con
especial mención a la eliminación de la varroasis; un apoyo a la
comercialización, de tal manera que las importaciones deben quedar total
y absolutamente eliminadas mediante la correspondiente cláusula de
salvaguardia. Al menos y en todo caso, la miel procedente de países
terceros debería sufrir unos controles sanitarios que en la práctica
impidan su entrada, porque nos está viniendo miel de países que no
ofrecen ninguna garantía sanitaria, con lo cual posiblemente estemos
contaminando nuestra propia cabaña apícola. Una especial protección a la
miel con denominación de origen y un mecanismo comunitario para que el
sector sea debidamente defendido, propiciando un progreso que no se
produce --y, sin embargo lo deseamos-- y evitando la línea decadente en
la que se encuentra. Para fomentar esa diversidad biológica y producirse
la polinización adecuada mediante las abejas, se debería fomentar e
instaurar, donde no lo esté, la llamada prima de polinización que los
apicultores tantas veces han reclamado y muchas veces no han obtenido, al
menos en la cuantía que lo deseaban.
Por todo lo anteriormente expuesto, pido en esta Comisión el voto
favorable para la proposición no de ley que he presentado en nombre del
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a
esta proposición. Para su defensa, tiene la palabra el señor Soto.
EL señor SOTO MARTIN: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista considera positiva y constructiva la proposición no de ley
relativa a las medidas a adoptar en favor de la apicultura, que ha
presentado y defendido con bastante erudición el representante del Grupo
Popular.
Estarán de acuerdo conmigo en que yo economice tiempo y energía a la hora
de señalar la importancia ecológica y la incidencia socioeconómica del
sector apícola. Es cierto que tanto en España como en el conjunto de la
Unión, la apicultura no va bien. Esta crisis tiene como elementos
fundamentales --como ya se ha dicho-- las importaciones de mieles de baja
calidad y los problemas de sanidad animal, en concreto la varroasis.
A juicio de nuestro Grupo, las propuestas deben incluir normas de
calidad, mecanismos de conocimiento del mercado, una compensación de la
pérdida de renta mediante una ayuda directa, así como ayudas al
asociacionismo para mejorar la estructuración del sector y facilitar la
acción comunitaria en la lucha contra las enfermedades, la colaboración
entre los centros apícolas de la Unión y la promoción y mejora en la
calidad de la miel.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que para vencer los obstáculos
todavía existentes para lograr esas ayudas deberíamos continuar en la
dirección que ya viene trabajando la Comisión Europea, a propuesta del
Consejo de Ministros de Agricultura de los días 23 y 24 de octubre de
1994, o sea, en el esfuerzo por dotar a la apicultura de un reglamento
específico. Ahora mismo se está a la espera de un proyecto de reglamento
que está elaborando la Comisión para su discusión y aprobación posterior
en su caso. La situación actual, en particular con la entrada en vigor
del GATT, hace muy difícil o prácticamente imposible conseguir una
organización común de mercado para este producto.
Estas son las razones que consideramos de peso como para que propongamos
seguir incidiendo en la línea de conseguir la aprobación de un reglamento
específico para la apicultura, de un reglamento de ayuda a la apicultura
que contenga básicamente los componentes que hemos venido enunciando. Por
ello, aun coincidiendo plenamente
con el contenido de la proposición no de ley del Grupo Popular, hemos
presentado una enmienda de sustitución al apartado 1 de dicha proposición
que literalmente dice así: La aprobación de un reglamento específico y de
ayudas al sector apícola, cuyo objetivo sea la defensa de la importancia
económica y ecológica del mismo.
Señorías, insistimos en la vía del reglamento, por lo que significa de
camino abierto ya en gran medida por los mecanismos comunitarios.
Estimamos que un acuerdo ampliamente mayoritario de nuestra Comisión de
Agricultura, empujando en el mismo sentido, sería muy positivo para
lograr cuanto antes ayudas para la apicultura española, que es de lo que,
en última instancia, trata la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar su posición respecto a
este tema?
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, quiero, en primer
lugar, dar mi opinión con respecto a la proposición no de ley presentada
por el Grupo Popular, y vaya por delante mi apoyo absoluto a esta
iniciativa por su oportunidad y por el contenido de la misma en defensa
del sector apícola nacional, que tiene más importancia de lo que muchas
veces se puede llegar a pensar dentro del conjunto de la agricultura
española.
El sector de la apicultura es un sector de nuestra agricultura cuyas
funciones principales son la actividad de producción, la contribución al
equilibrio ecológico, a la economía y al desarrollo rural. la función de
producción y el papel positivo para el entorno son interdependientes en
razón de la actividad polinizadora de las abejas.
Unión Valenciana va a apoyar esta proposición no de ley en defensa del
sector apícola por cuanto, al igual que otros sectores de nuestra
agricultura, ganadería y pesca, atraviesa un difícil momento. La actual
situación de la apicultura española y europea aconseja una profunda
reflexión, así como la adopción de medidas decididas en apoyo de tan
delicado sector. A pesar de que su contribución a la producción final
agraria no es muy importante, sí que tiene que ser considerada, por
cuanto que para aquellas comunidades o comarcas que se dedican a esta
actividad supone un importante revulsivo económico.
El sector apícola en el contexto de la Comunidad Valenciana (primera
productora de miel del Estado español), al igual que en otras comunidades
del Estado, tiene una importancia económica y social muy relevante; la
Comunidad Valenciana produce alrededor de 10.000 toneladas de miel, con
unas 400.000 colmenas, aunque los datos oficiales de la Consellería las
cifran en algo más de 300.000, y junto con otras producciones de
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura y
Galicia conforma un importante sector para la actividad agrícola y
ganadera.
Recientemente se han reunido en Don Benito (Extremadura) los responsables
de apicultura de las administraciones autonómicas donde se llevan a cabo
actividades relacionadas con la miel. Como han comentado los
representantes del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario
Socialista, la problemática es muy amplia y variada y requiere de
actuaciones urgentes, firmes y decididas, algunas de las cuales se
recogen en la iniciativa acertada del Grupo Parlamentario Popular.
Unión Valenciana no quería dejar pasar esta ocasión, además de adherirse
a todos y cada uno de los puntos que se proponen y, aunque consideramos
oportuna la enmienda del Grupo Socialista por cuanto puede ser más ágil y
más importante el que en estos momentos se adopte un reglamento más que
una OCM, proponemos que se intente llegar al fondo de los verdaderos
problemas del sector de la apicultura y, por ello, proponemos que se
realicen verdaderos esfuerzos en lo referente a la sanidad apícola y la
trashumancia.
Los responsables de apicultura de las administraciones autonómicas han
propuesto diversas iniciativas de las que quiero hacerme eco para que
consten en la Comisión de Agricultura y nos sirvan de reflexión para que
no sea hoy el único día que se hable del sector apícola nacional y sean
motivo de discusión en sucesivas comisiones. Pensamos que, en el tema de
la sanidad apícola, la Administración central debe regular la
trashumancia en el territorio nacional para que se permitan realizar los
traslados de las colmenas con garantías, así como que se incida en la
creación de un programa sanitario común para luchar contra la varroasis,
enfermedad que está ocasionando graves perjuicios al sector apícola.
Solicitamos, en consonancia con la enmienda del Grupo Socialista, la
reglamentación del sector por parte de la Unión Europea, por cuanto deben
garantizarse las rentas de los apicultores y sobre todo debe defenderse
con firmeza este sector ante las importaciones masivas de países
terceros; para ello deben incluirse las cláusulas de salvaguardia para
evitar perjuicios de importaciones anormales y masivas de miel. Baste
decir, por si alguno de los miembros de esta Comisión no lo conoce, que
las importaciones de China están siendo masivas, pero el problema va aún
más allá, porque tengo que decirles que mucha de la miel que entra de
China contiene residuos con veneno. Aunque esto parezca una alarma, no lo
es, puesto que se han hecho análisis, y, en el puerto de Valencia,
recientemente, se prohibió la descarga de unas grandes cantidades de miel
procedente de China por no cumplir los requisitos sanitarios para su
consumo humano. Por tanto, yo quiero advertir que ya no es sólo que las
importaciones masivas de miel de China, Argentina, Méjico o Japón estén
poniendo en peligro el sistema de producción apícola español, sino que
alguna de esta miel que entra de países terceros no reúne los requisitos
sanitarios que la sociedad española tiene que exigir a los productos para
consumo humano.
Asimismo, quiero hacer hincapié en que deben arbitrarse ayudas y
subvenciones en régimen de igualdad, tales como prima a la polinización,
prima al mantenimiento del censo y primas a la formación. Y quiero
resaltar aquí un tema que quizá desconozcan SS. SS. --el señor Madero me
comentaba esta mañana que lo desconocía-- y es que existe discriminación
respecto a apicultores de distintas
comarcas del Estado español. Quiero hacer hincapié en ello, puesto que
mientras que en Guadalajara cada apicultor cobra 2.300 pesetas por
colmena y recibe a fondo perdido hasta el 75 por ciento, con créditos a
un 4 por ciento de interés para maquinaria o utillaje, otras comunidades
del Estado español no reciben las mismas ayudas ni las mismas ventajas, a
pesar de que también son comunidades del Estado español. Quiero llamar la
atención sobre la discriminación existente entre los apicultores de las
distintas zonas del Estado español. Los apicultores valencianos han
denunciado en la reunión de Don Benito que no existe igualdad de trato
entre las distintas zonas productoras de miel. Las diferentes comunidades
autónomas productoras de miel (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Extremadura y Galicia) reciben ayudas destinadas al sostenimiento
de las rentas, mientras que este tipo de subvenciones no están
contempladas para la Comunidad Valenciana.
Quiero asimismo llamar la atención de los miembros de la Comisión en el
sentido de que hay que ampliar las indemnizaciones compensatorias a las
zonas de montaña donde hay colmenas, zonas eminentemente desfavorecidas y
que viven única y exclusivamente de la actividad apícola. Y sobre todo
quiero poner de manifiesto una de las principales demandas del sector,
aunque quizá sería más propio de otra comisión, naturalmente relacionada
con el sector agrícola; lo que solicita el sector es una reforma de la
Seguridad Social agraria y su inclusión en el régimen especial agrario
por cuenta propia, a fin de que, a nivel nacional, se encuadre a los
apicultores en el régimen especial agrario de forma análoga al del resto
de agricultores y ganaderos.
Hay que hacer una política firme y decidida en las denominaciones de
origen genéricas del sector de la miel y para ello podía ser oportuno la
creación de una comisión apícola nacional, por cuanto este sector precisa
de un estudio a fondo de las necesidades y problemas que hoy en día le
afectan. Sobre todo, yo quiero remarcar esas ayudas al sector de la miel
para hacer frente a la competitividad de las importaciones procedentes de
terceros países.
Espero que la de hoy no sea la única Comisión donde se hable del sector
apícola y que después del consenso que estoy seguro que se va a obtener
en esta proposición no de ley sigamos hablando del sector apícola
nacional, porque es muy importante para muchas comunidades, en particular
muchas poblaciones valencianas (Montroy, Real de Montroy, Montserrat,
Carcaixent) y otros municipios de Castellón, que viven única y
exclusivamente de la actividad de la miel. Por lo tanto, apelo a esta
sensibilidad para que en lo sucesivo se empiece a hablar del sector
apícola nacional con la misma intensidad con que se ha hablado del sector
pesquero o del sector agrícola en general.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VIDAL I SARDO: Celebro poder anunciar el voto favorable de
nuestro Grupo a la proposición no de ley del Partido Popular, tan
convincentemente defendida por su portavoz don José Madero, especialmente
después de conocer que se aceptará la enmienda al punto primero del Grupo
Socialista, en el sentido de corregir la creación de una hipotética OCM
por un más factible reglamento europeo.
He dicho que celebraba la aprobación de la proposición no de ley también
como símbolo de que esta Comisión es sensible a todos los problemas de
todos los sectores, independientemente de su ubicación o su importancia
económica, ecológica o social. Esto es especialmente válido en estos días
en que parecemos concentrados en los grandes problemas del sector
pesquero y el vitivinícola, y es bueno que la apicultura tenga también
aquí un lugar y una atención preeminente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero para decir si
acepta o no la enmienda.
El señor MADERO JARABO: Quiero agradecer las palabras amables y el tono
de los señores Soto, Vidal y Chiquillo. Unicamente y hablando de abejas,
quisiera decirle a este último, a mi entrañable compañero de Unión
Valenciana, que lo que no podemos hacer aquí en esta normativa es poner
aguijones a lo que hacen en cada comunidad autónoma. Yo no sé si el señor
Bono es más apícola que el señor Lerma y no sé si cobran más, no sé que
prima, los de Carcaixent que los de Pastrana o Don Benito o Tordesillas.
Dentro de lo que nos corresponde en esta Comisión y al hilo del texto de
la proposición no de ley que presenta mi Grupo y que he expuesto en mi
primera intervención, sí quisiera decir que me parece oportuna la
enmienda que el Grupo Socialista, a través del señor Soto, presenta al
texto de la proposición no de ley, y efectivamente, en vez de una OCM nos
parece más prudente en los tiempos que corren y más asequible en la
situación actual que se pida un reglamento específico de ayudas al sector
apícola, con los mismos objetivos que habíamos planteado al otro
mecanismo. En todo caso, quiero que quede bien claro --y creo que es el
espíritu de esta Comisión-- que en ese reglamento se incluyan, como se ha
dicho repetidas veces, cláusulas de salvaguardia en evitación de
importaciones, un control estricto de la sanidad de esas importaciones,
una prima de polinización y que luego cada comunidad autónoma suplemente
con las cantidades que entienda oportunas; una ayuda a la sanidad, ayudas
a la renta, incluido --y me parece muy oportuno--el fomento que se está
haciendo del asociacionismo y que podría recogerse perfectamente en este
reglamento que aquí se solicita en esta proposición no de ley. En general
creo que dentro de este reglamento se justifica pedir medidas de apoyo en
defensa del medio ambiente, tal como todos hemos expresado, puesto que
traducido en esa cláusula de polinización los apicultores realmente están
contribuyendo de manera importante al sostenimiento y mejora de los
ecosistemas y del medio ambiente en general. En definitiva, además, son
medidas que deben estar contempladas en este reglamento y que no
contradicen lo más mínimo los acuerdos del GATT, pero sobre todo hay que
incidir en la eliminación, a ser posible
de raíz, de importaciones de miel que yo he llamado de mala calidad y que
efectivamente quizá requieran una investigación más a fondo para ver qué
es lo que estamos importando.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a la votación de esta
proposición no de ley con la enmienda incorporada del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--RELATIVA A RECTIFICACION DE LAS BASES COMARCALES DE LAS ZONAS
CEREALISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000444.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos finalmente al último punto del orden del
día, que es el debate de la proposición no de ley relativa a la
rectificación de las bases comarcales de las zonas cerealistas. La
proposición es del Grupo Popular. Para defenderla, tiene la palabra el
señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Yo creo que es oportuno, señor Presidente, que
a finales del mes de abril, antes de que la Unión Europea finalice los
trabajos anunciados después de tres años de aplicación de la reforma de
la política agraria común, trabajos por los que, se nos informó, se iban
a realizar importantes modificaciones en la regulación de las bases
regionales (cantidades máximas garantizadas, rendimientos de cereales en
las distintas unidades territoriales), es bueno --repito-- que en el seno
de la Comisión de Agricultura y como un intento de aportar nuestro
trabajo a las decisiones y a las representaciones que el Gobierno y el
Ministerio de Agricultura español tendrá que llevar a efecto en el seno
de esas anunciadas convocatorias en la Unión Europea, pudiéramos hacer la
consideración de lo que han significado los tres años de aplicación de la
reforma a la política agraria común en el sector de cultivos herbáceos y
lo que ha supuesto en demérito de nuestros intereses más inmediatos.
No creo que sea necesario recordar en la Comisión la importancia de los
cultivos herbáceos en España. Cerca de nueve millones de hectáreas en
todo el territorio nacional están dedicadas al mismo. Hay una realidad
productiva en todas y cada una de las regiones españolas. Ninguna
comunidad española, ninguna región, ninguna provincia española carece de
superficie de cultivos herbáceos. El valor de la misma sobrepasa el medio
billón de pesetas. Estamos hablando, por tanto, de cerca del 20 por
ciento de la producción final agraria. Estamos hablando igualmente de
productos que significan monocultivo y de infinidad de regiones españolas
que no tienen otra alternativa, por las limitaciones de clima y suelo, y
donde toda su economía agraria gira alrededor de los cultivos herbáceos.
España es deficitaria de cereales. Somos importadores netos de cereales
procedentes de la Unión Europea e incluso de terceros países. Tenemos un
déficit estructural y, por lo tanto, somos el primer país que favorece la
desaparición de los stocks y de los excedentes comunitarios. Ningún país
como España en el contexto comunitario absorbe excedentes de cereales,
absorbe excedentes de productos de oleaginosas, y además,
desgraciadamente, somos deficitarios en nuestra normalización en la
alimentación ganadera, y ahí están las cifras de las importaciones de
productos sustitutivos de cereales, derivados del maíz, etcétera. Por lo
tanto, no somos favorecedores ni creadores de excedentes comunitarios y
es conveniente que tengamos clara esta afirmación a la hora de valorar
cómo fue tratada España, cómo fue tratada su cultura cerealista, cómo
fueron tratadas en el año 1992 las expectativas de producción, de lo que
se desprenderá la filosofía que se contiene en nuestra proposición no de
ley.
Nosotros entendemos que en 1992 se adoptaron decisiones que no se
ajustaban a la realidad productiva española. En 1992 hubo un ajuste desde
arriba a la hora de asignar las cantidades máximas garantizadas y los
rendimientos que se asignaban a las distintas comarcas en las que se
dividió la cultura cerealista española. El haber aceptado el tope máximo
de 20 millones de toneladas, que por lo tanto tenía que traducirse en
ocho millones de hectáreas de cultivo de secano, más el millón de
hectáreas de oleaginosas que después de los compromisos del GATT hemos
podido rescatar, ha limitado fuertemente nuestra capacidad productora. De
ahí que los rendimientos asignados a las diversas comarcas hayan
provocado desde el principio una reacción muy negativa por parte de los
agricultores.
No creo que sea necesario recordar en este momento los distintos
planteamientos que se han hecho públicos con movilizaciones e incluso con
entrevistas con las autoridades del Ministerio de Agricultura o con
planteamientos en esta Cámara en la Comisión de Agricultura. Los casos de
las comarcas de Azuaga, Cuenca, Soria, La Mancha, Aragón, etcétera,
ilustran el que la práctica totalidad de las comarcas cerealistas y de
cultivos herbáceos españoles han rechazado las asignaciones, los
rendimientos comarcales que se establecieron en la normativa por estar
muy alejados de la realidad, y esa realidad, señores Diputados, señores
miembros de la Comisión, está a punto de modificarse durante este verano
según los trabajos que se llevan a efecto y que están muy adelantados, en
el seno de la Unión Europea.
¿Qué pretende el Grupo Parlamentario Popular a través de esta iniciativa?
Pretendemos que nuestro Gobierno (y creo que hemos dado muestras a lo
largo de estas últimas semanas de que lo que pretendemos es apoyar al
Gobierno español a la hora de los planteamientos que en defensa de
nuestros intereses debe hacer en el seno de la Unión Europea, y los
ejemplos de la pesca o del vino hoy en el debate de este mediodía pueden
ilustrar nuestros planteamientos), con el apoyo de la Cámara, lleve a
efecto la defensa de nuestros intereses en las líneas que hemos plasmado
en nuestra proposición no de ley y que entendemos se ajustan a la
realidad que está siendo demandada por la inmensa mayoría de los
protagonistas de esta actividad agropecuaria.
Creemos, señorías, que debemos unificar las superficies máximas
garantizadas de cultivos herbáceos en regadío, no en tanto superficies
--las conocidas 410.000 hectáreas de maíz y las ochocientas y pico mil
hectáreas de otros herbáceos de regadío, unificación que se ha obtenido
en algunas circunstancias con motivo de la sequía--, sino, lo que es más
importante, la unificación de las toneladas que se producen en ambas
divisiones y jugar, por tanto, en el trasvase de toneladas, no solamente
de hectáreas, a la hora de las circunstancias adversas --léase sequías--.
No es de recibo, señorías, que, no habiendo sembrado el año pasado
160.000 hectáreas reservadas en el epígrafe maíz, hayamos entrado en
penalización en cultivos herbáceos de regadío y que los agricultores
cultivadores de oleaginosas en regadío en España hayan tenido que hacer
frente a un suplemento de sanción del 11 por ciento porque se había
superado la cantidad máxima garantizada, cuando todos sabemos que la
superación se había producido porque la carencia de agua en las cuencas
fluviales y en los acuíferos había recomendado obtener cierta
rentabilidad a la hora de explotación de la tierra en aquel cultivo
refugio que suponen las oleaginosas, y mientras, repito, no habíamos
utilizado 160.000 hectáreas de maíz que, a un rendimiento medio de siete
toneladas y media, nos daban un margen de garantía de más de un millón de
toneladas sin utilización.
En segundo lugar, creemos --y es el clamor general en toda España-- que
se tienen que elevar los rendimientos medios asignados a las hectáreas de
cereales en todas y cada una de las comarcas españolas. Ninguna comarca
está de acuerdo con el rendimiento asignado, todas las comarcas pueden
demostrar, bien en referencias a sus seguros agrarios, los rendimientos
garantizados en las propias pólizas de los seguros agrarios, bien por los
datos estadísticos del Senpa, en las oficinas del antiguo Servicio
Nacional del Trigo, en cualquier dato que se quiera manejar, que el
tratamiento, la limitación, la cantidad garantizada, queda muy por debajo
de su potencial productor, y además las cantidades asignadas están
incentivando la desprofesionalización. Al agricultor cuyo potencial
productor le permitía alcanzar los 2.000 ó 2.200 kilos y se le han
asignado 1.200 ó 1.400 kilos se le está invitando a que se
desprofesionalice, a que no tenga interés alguno en superar su actividad
y que tenga esa situación de atonía que tanto hemos criticado en el seno
de la Comisión.
Por tanto, pretendemos que, aprovechando la renegociación a la que se va
a hacer frente durante este próximo verano, el Gobierno plantee
urgentemente la necesidad de aumentar los rendimientos medios por
hectárea, y además e íntimamente ligado con lo anterior se aproveche la
no solicitud, la no utilización de cerca de 500.000 hectáreas que
determinadas comarcas, regiones y, en definitiva, agricultores españoles
no han utilizado durante los tres últimos años y que han provocado que
perdamos dinero, ayudas directas del fondo comunitario por encima de los
10.000 millones de pesetas, o lo que es igual, que no hayamos podido
utilizar un potencial productor de más de 1.250.000 hectáreas. No vamos a
entrar en el fondo de la cuestión, por qué figuraron esas 500.000
hectáreas y por qué no las utilizan los agricultores. Quizás estén
dedicadas a otras actividades productivas, quizás estén transformadas en
pastos o quizás estén en superficie forestal, lo que demuestra de alguna
forma que los datos estadísticos españoles no estaban ajustados y que se
repitieron algunos guarismos que figuraban en anteriores anuarios
estadísticos, pero que no se correspondían con la realidad, y
desgraciadamente estamos perdiendo esa gran oportunidad de atraer los
fondos y las ayudas correspondientes a esas 500.000 hectáreas no
utilizadas.
Finalmente, señorías, creemos que lo que ha sucedido durante estos dos
últimos años, que hayamos sido penalizados por superar determinadas
cantidades máximas en cuanto al número de hectáreas, nunca en cuanto al
número de toneladas que potencialmente podían producirse en esas
hectáreas, ese sistema tiene que cambiarse. Desgraciadamente, nuestro
clima está como está; desgraciadamente, no tenemos una normalidad
pluviométrica que nos permitiera decir «tantas hectáreas igual a tantas
toneladas» y con escasísimos márgenes de error; desgraciadamente,
nuestras circunstancias climáticas nos llevan a la paradoja de tener unas
expectativas este año --ya se han medido por algunos agentes sociales--
de obtener unos rendimientos de cereales próximos a los diez millones de
toneladas, cuando el potencial productor español, de conformidad con las
cantidades asignadas teóricamente a la hectárea española, nos hubiera
permitido acercarnos a los veinte millones de toneladas, y quizá,
produciendo el 50 por ciento de nuestro potencial productor, entremos en
sanción. Posiblemente, algunas bases regionales, algunas bases de
comunidades autónomas de cantidades garantizadas se sobrepasen, y podría
producirse la paradoja de que, produciendo la mitad de las toneladas,
entremos en sanción en algunas comunidades autónomas. Creemos que esa
situación de cálculo debe cambiarse y que, por tanto, lo que tiene que
hacer nuestro Gobierno, con el apoyo de esta Cámara, es que en todo
momento la cantidad máxima garantizada, la que se obtenga después de la
reelaboración que se va a realizar este verano, se traduzca en toneladas
y que esas toneladas sean las que sirvan para medir si la agricultura
española se ha pasado o no, si ha sido solidaria con el resto de las
agriculturas comunitarias o, por el contrario, hemos pagado, como
siempre, por nuestras dificultades climatológicas, en solitario las
circunstancias adversas que impiden las producciones que teníamos
teóricamente garantizadas.
En definitiva, señorías, lo que pretendemos es que esta Cámara se
pronuncie en relación a instar al Gobierno a que asuma la gravedad del
momento cerealista y de los cultivos herbáceos que en España existe, que
tenga conciencia de la importancia social y económica de estos cultivos
en amplísimas comarcas españolas, que sea solidario con las reacciones y
con las protestas que se han producido en todas y cada una de las
comarcas españolas, algunas con cortes de carreteras, como la
protagonizada últimamente en Extremadura, algunas que se han traducido
aquí en instancias
parlamentarias por compañeros de mi Grupo Parlamentario, otras con
encierros en delegaciones de agricultura... En definitiva, no hay ninguna
comarca española que haya asumido pacíficamente las asignaciones que se
nos han hecho y, por tanto, creemos que estamos ante una oportunidad que
no deberíamos desaprovechar.
Yo conozco, señor Presidente, porque así se me ha hecho llegar, la
enmienda que el Partido Socialista nos hace a los puntos segundo y
tercero de nuestra proposición. En aras a intentar obtener un documento
solidario de toda la Cámara, nosotros asumimos el texto que para los
puntos 2 y 3 de nuestra proposición supone el nuevo texto que nos propone
el Partido Socialista, y por tanto la defensa de nuestra proposición
quedaría circunscrita a los no menos importantes puntos 1 y 4 de la
misma.
El señor PRESIDENTE: Como S. S. ha indicado, hay una enmienda presentada
por el Grupo Socialista que ha sido entregada a esta Mesa y que creo que
con la aceptación de todos los grupos se puede defender. Para defenderla,
la señora Sánchez tiene la palabra.
La señora SANCHEZ DIAZ: Como bien decía el portavoz del Grupo Popular,
todos los grupos tienen una enmienda parcial que presenta el Grupo
Socialista relativa a la sustitución de los puntos 2 y 3. Esta
sustitución la hacemos en base a que somos conscientes, al igual que
decía el portavoz del Grupo Popular, de que, tras tres años de aplicación
de la reforma de la política agraria comunitaria, en relación con los
cultivos herbáceos, nos encontramos con la aparición de unos desajustes
estructurales en las superficies de base establecidas para el regadío y
para el secano. En el caso del regadío, suponen un rebasamiento
sistemático, no siempre debido a los efectos de transferencias de
cultivo, sino más bien están motivados por el bajo nivel de agua
disponible para el riego, y suelen alcanzar, como bien decía el portavoz
del Grupo Popular, unas 150.000 hectáreas. Sin embargo, en el secano nos
encontramos con varios desajustes, quizá tan importantes o más que los
anteriores. Hay un conjunto de regiones donde los agricultores no han
solicitado ayudas para la superficie de base de que disponen; hay otras
regiones en las que los agricultores han solicitado ayudas para una
superficie superior a la base de la que disponen, y estos dos motivos han
dado como resultado que haya unas 500.000 hectáreas que no se hayan
beneficiado de su inclusión en el sistema de ayudas. Tenemos un tercer
aspecto, sumamente importante, que afecta a los rendimientos asignados a
determinadas comarcas agrarias, que tienen que ser eliminados mediante el
ajuste adecuado con su capacidad productiva.
Por ello, conscientes de esta problemática y sabiendo que los primeros
tres años de la reforma de la PAC siempre suelen traer estas
modificaciones, hemos propuesto esta enmienda parcial que viene a decir,
textualmente, que en un período máximo de cuatro meses se ponga en marcha
la resolución aprobada por esta Comisión de Agricultura el pasado 30 de
noviembre, en especial la modificación de la superficie máxima
garantizada, así como el ajuste de los rendimientos medios por hectárea
de cereal de secano, de acuerdo con la realidad productiva española.
Sin embargo, no podemos aceptar los puntos 1 y 4 de esta proposición no
de ley, sobre la base, el primero, de que no creemos conveniente la
igualación de las superficies para el regadío del maíz con otros
cultivos, y el último punto porque la Unión Europea tiene asignado un
rendimiento a las hectáreas en general. Por tanto, en principio, creemos
conveniente que se mantenga así.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en este debate?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Vidal tiene
la palabra.
El señor VIDAL I SARDO: La Comisión de Agricultura aprobó el pasado mes
de noviembre una iniciativa parecida a la que hoy debatimos, para que
fueran las comunidades autónomas quienes pactaran entre ellas y con el
Ministerio una propuesta de rectificación de las bases comarcales en las
zonas cerealícolas. Hemos conocido que se hallan muy avanzadas estas
negociaciones y que, en todo caso, deberían finalizar con el tiempo
suficiente para que los nuevos rendimientos y cupos asignados a cada una
de ellas puedan ser aprovechados antes de la próxima campaña de
sementera. Al decir esto ya nos posicionamos en contra del punto 1,
anunciando, en cambio, nuestro voto favorable al texto aceptado por el
portavoz del Grupo Popular, de sustitución de los puntos 2 y 3.
La excepción que se pide en la enmienda de adición o punto 4, a nuestro
juicio, es bienintencionada, pero la creemos poco defendible en la Unión
Europea, y también creemos que podría interferir en los resultados
factibles de lo que se acuerda hoy en Comisión, en sustitución de los
puntos 2 y 3.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzaetxebarría.
El señor GATZAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro Grupo Parlamentario también
quiere manifestar que no está de acuerdo con el planteamiento que se hace
en el punto 1 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular. Entendemos que ese planteamiento de la unificación de las
superficies máximas no es acorde con el modelo de gestión que existe en
cuanto a la regionalización de los cereales, de los cultivos herbáceos,
y, por tanto, nuestro Grupo Parlamentario no lo va a apoyar.
En relación a los puntos 2 y 3 hay una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, respecto a la cual nuestra opinión es que pretende aproximar
lo que en la misma se solicita con el planteamiento del Grupo Popular.
Esto nos parece oportuno y estaríamos dispuestos a apoyar las
pretensiones que se contienen en los puntos 2 y 3 del texto del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramírez, brevemente.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Simplemente, señor Presidente, porque creo que
de las intervenciones de los representantes del Partido Nacionalista
Vasco y de Convergència i Unió se desprende un error, independientemente
del juicio que les merezca nuestro posicionamiento.
La superficie máxima garantizada de cultivos herbáceos en regadío no está
regionalizada, es una base nacional y, por tanto, difícilmente podríamos
interferir con nuestra pretensión la competencia de las comunidades
autónomas, como parece que se ha desprendido de algunas intervenciones.
Es una base nacional que está artificialmente dividida entre tanto número
de hectáreas de maíz y tanto de otros cultivos herbáceos de regadío, pero
no hay una base regional. Lo único que hemos pretendido es que se puedan
trasvasar no sólo hectáreas sino toneladas. Yo me felicito, por ejemplo,
señor Presidente, de que Cataluña haya obtenido, a diferencia del resto
de España, un aumento de rendimiento en su hectárea de maíz de 2.000
kilos, aunque no se haya beneficiado el resto de las hectáreas de maíz de
España, pero ése es un éxito de Convergència, de Cataluña, de la
Generalidad, y quizá un fracaso de las otras comunidades autónomas
españolas que no han podido aumentar de 6.800 a 8.800 kilos el
rendimiento por hectárea. Pero nadie está pretendiendo inmiscuirse en la
vida de cada una de las comunidades autónomas, que sí, en cambio,
participan en la base regional de los cultivos de secano, que tienen en
sí una base de cada comunidad autónoma. Hemos pretendido hacer que se
pudieran trasvasar hectáreas y kilos, para evitar las sanciones --las
vergonzosas sanciones-- que hemos sufrido recientemente. Por tanto, señor
Presidente, aclarada esta cuestión y aceptando el texto que nos propone
el Partido Socialista para los puntos 2 y 3 de nuestra proposición,
solicitamos votación separada, para poder identificar una y otra postura.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente quería plantear a todos los grupos la
posibilidad de hacer esta votación por separado. Como saben SS. SS.,
normalmente, excepto que haya un acuerdo por parte de todos los grupos,
no lo hacemos así. Por consiguiente, si hay un acuerdo procederíamos a la
votación de los puntos 1 y 4 de la proposición y después procederíamos a
la votación de la enmienda del Grupo Socialista que sustituye los puntos
2 y 3 de la proposición del Grupo Popular.
¿Hay acuerdo en este sentido? (Asentimiento.)
Votamos los puntos 1 y 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos a continuación la enmienda del Grupo Socialista que sustituye los
puntos 2 y 3 de la proposición del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada esta propuesta.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde.