CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 468
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 28
celebrada el miércoles, 29 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
modernización de las explotaciones agrarias. (BOCG serie A, número 76-1,
de 30-7-94. Número de expediente 121/000061). (Página 14206)
Dictamen, a la vista del Informe de la Ponencia, del proyecto de ley de
modernización de las explotaciones agrarias. (BOCG serie A, número 76-1,
de 30-7-94. Número de expediente 121/000061). (Página 14206)
Ratificación de la Ponencia encargada de informar la proposición de ley
de medidas relativas a la conservación y comercialización de los
productos pesqueros. (BOCG serie B, número 81-1, de 7-9-94. Número de
expediente 122/000067). (Página 14234)
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, a la vista
del Informe de la Ponencia, de la proposición de ley de medidas relativas
a la conservación y comercialización de los productos pesqueros.

Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. (BOCG serie B, número
81-1, de 7-9-94. Número de expediente 122/000067). (Página 14235)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION DE LAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS. (Número de expediente 121/000061.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se inicia la sesión.

En el orden del día de hoy, como saben SS. SS., figuran cuatro puntos,
dos de los cuales son ratificación de sendas Ponencias, y después figura
el debate de los proyectos de ley de modernización de las explotaciones
agrarias y de la proposición de ley de medidas relativas a la
conservación y comercialización de los productos pesqueros.

En primer lugar, ¿ratifica la Comisión la Ponencia del proyecto de ley de
modernización de las explotaciones agrarias? (Asentimiento.) Queda
ratificada.




--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.

(Número de expediente 121/000061.)



El señor PRESIDENTE: Antes de proceder al debate y posterior votación del
proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias, quisiera
solicitar de los distintos grupos su colaboración en el sentido de
establecer un mecanismo que nos permita debatirlo con la máxima agilidad
y claridad, teniendo en cuenta también que, como saben SS. SS., este
proyecto de ley continuará su tramitación con un debate en el Pleno.

Se me ha planteado por parte de algunos grupos el hecho de defender las
enmiendas en un solo bloque, y otros, sin embargo, son partidarios de
hacerlo en dos bloques. A la Presidencia le da exactamente igual, pero
propondría, en todo caso, que, para mayor claridad, los títulos
preliminar y primero, que quizás son los de más contenido, los debatamos
en un bloque, y el segundo y el tercero, relativos a unidades mínimas de
cultivo, reforma de la Ley de Arrendamientos Rústicos y las
transaccionales, en otro, si les parece. Por tanto, y si no hay
inconveniente, lo haríamos en dos bloques. Si algún grupo quiere
intervenir solamente en el primer bloque o defender todas sus enmiendas
en una sola intervención, tampoco habría inconveniente por parte de la
Presidencia. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, en base a los
trabajos que se han realizado en la Ponencia y a los contactos entre los
grupos parlamentarios, este Grupo, por lo menos, va a realizar una
intervención de carácter general de fijación de posición y en defensa de
todas vuestras enmiendas. Luego participaríamos en la réplica, pero vamos
a hacer, repito, una intervención general.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo también hará
una intervención de carácter general.




El señor PRESIDENTE: Si no hay inconveniente por parte de ningún grupo,
haremos una intervención de carácter general y, lógicamente, la
Presidencia será generosa con los tiempos. Si algún grupo quiere
repartirse la intervención, lo haríamos en este sentido.

Se mantienen enmiendas vivas por parte de los Grupos Parlamentarios
Vasco, Izquierda Unida y Popular. El Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria ha anunciado que, dada su imposibilidad de asistir hoy a la
Comisión, mantiene sus enmiendas para votación, excepto la número 2, que
se retira al aceptarse una transaccional a la disposición adicional
sexta, presentada por el Grupo Socialista.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría para defender sus enmiendas.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señorías, el proyecto de ley que en
estos momentos empezamos a debatir en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca es una promesa importante del Gobierno central, lo
anunció el anterior Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, señor
Albero, y también el actual Ministro, señor Atienza, para el que incluso
en su etapa de responsable en la Secretaría de Estructuras Agrarias fue
un elemento importante.

Todos los grupos parlamentarios coincidíamos en la necesidad de que
hubiera una iniciativa de este orden y, por tanto, nos congratulamos de
la presentación del proyecto de ley, en el que se pretende establecer un
marco regulador de la intervención de los poderes públicos sobre la
agricultura española y, en definitiva, fijar un mínimo común denominador
respecto a las políticas agrarias a realizar desde las diferentes
administraciones públicas, incidiendo en cada una de las áreas agrícolas
diferentes que se extienden a lo largo de la geografía española. Nos
parece una iniciativa interesante, insisto, una iniciativa a considerar y
que, verdaderamente, puede ayudar a impulsar las necesidades y el apoyo
que necesita el campo español. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario está
casi totalmente de acuerdo con la iniciativa legislativa. Coincidimos en
sus líneas generales, tal como se ha demostrado en los debates en la
Ponencia y en los contactos entre los grupos parlamentarios.

Señor Presidente, voy a hacer referencia a las enmiendas que tiene en
este momento nuestro Grupo Parlamentario. Empezaría por las números 91,
92, 93 y 107, que las defendería en un bloque, en las que planteamos una
mayor adecuación de la regulación del proyecto de ley a la realidad del
Estado autonómico, sobre todo cuando se está hablando



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de la renta unitaria de trabajo, la renta de referencia. La
reglamentación de la Unión Europea dice que esta renta de referencia se
establecerá para cada ámbito regional o para cada ámbito territorial.

Evidentemente, los reglamentos comunitarios que disciplinan tal cuestión
no especifican cuál va a ser la autoridad administrativa agrícola que va
a determinar la renta de referencia, pero está determinando que habrá
rentas de referencia para cada ámbito regional o territorial dentro de la
Unión Europea.

Es curioso también cómo en un informe reciente, al Tribunal de Cuentas de
la Comunidad Económica Europea le llama la atención que pudieran existir
en España rentas de referencia de carácter homogéneo o unitario. Por
tanto, cada realidad agrícola, a nuestro juicio, tal como lo establece la
reglamentación comunitaria, puede disponer de una renta de referencia
específica. Con esto, señor Presidente, quedan defendidas las enmiendas
91, 92, 93 y 107.

A continuación paso a defender la enmienda número 106, relativa a que las
explotaciones agrarias de zona de agricultura de montaña tengan la
posibilidad de ser consideradas explotaciones prioritarias, bien sea su
titularidad a través de personas físicas o bien sea a través de entidades
asociativas, y que sean reguladas por parte de las comunidades autónomas
en cuanto a la consideración y determinación de los elementos
caracterizadores de la configuración de la prioridad de la explotación
agrícola. Nos parece que se debía posibilitar el que se determinen los
elementos que especifique y configuren la condición de prioritarias de
las explotaciones de agricultura de montaña. Por ello hemos planteado
esta enmienda 106.

La enmienda 105, de naturaleza competencial, lo que pretende es que, de
acuerdo con el régimen específico de financiación de que disponen la
Comunidad foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de
conformidad con la naturaleza de los derechos históricos consagrada en la
disposición adicional primera de la Constitución, se establezca en el
proyecto de ley que dicha materia sea de aplicación directa, en defecto
de legislación propia, bien por la Comunidad Foral de Navarra, bien por
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Con estas enmiendas, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario da por
defendidas las que tiene presentadas al proyecto de ley y retiraríamos el
resto, de acuerdo con la actual configuración del proyecto de ley
elaborado según los acuerdos de la Ponencia entre los diferentes grupos
parlamentarios. Por tanto, señor Presidente, le manifiesto que
retiraríamos las enmiendas números 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 104.

Para finalizar, quisiera referirme a la enmienda 103, en virtud de la
cual pretendemos una modificación del artículo 24.2, respecto a la
catalogación de las explotaciones agrícolas. Ofrecemos una redacción más
acorde con las competencias que tienen las comunidades autónomas en
materia de agricultura y ganadería.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unidad-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Rogaría a la Presidencia que me permitiera
explicar con detenimiento las enmiendas, puesto que nuestro Grupo es el
que más número de ellas mantiene vivas en Comisión, al no haber sido
aceptada la práctica totalidad de las que hemos presentado y que se han
debatido en el trámite de Ponencia.

Nuestro Grupo Parlamentario considera que esta ley, que había despertado
una gran expectativa en los sectores agrarios y ganaderos de nuestro
país, realmente la va a defraudar. Pensamos que, en contra de lo que
decía el dictamen del CES, este proyecto de ley se aleja de lo que
tendría que ser la concentración de las ayudas en aquellas explotaciones
familiares agrarias, ya que empieza por no definirlas claramente y, sobre
todo, por dispersar mucho las ayudas que se establecen en su texto.

Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se le
han aceptado muy pocas enmiendas, concretamente creo que son seis y de
poca entidad, aunque algunas son importantes en el sentido de incorporar,
dentro de lo que se refiere a beneficios fiscales para los jóvenes
agricultores, a los asalariados agrarios. Pero ya digo que el grueso de
las enmiendas no ha sido aceptado en el trámite de Ponencia.

Nosotros pensamos que se está produciendo en este momento en nuestro país
una situación realmente extraña. En relación con la concepción de lo que
ha de ser la modernización y el progreso del campo español, se ve una
coincidencia entre la derecha española, la derecha tradicional, con la
visión que ha tenido siempre sobre lo que es la actividad agraria en
nuestro país, y el Partido Socialista. Esto no deja a nuestro Grupo en
una situación airada, al contrario. Pero pensamos que algo debe pasar
para que el Partido Socialista, que en el año 1981 defendió con tanto
énfasis el modelo de explotación familiar agraria, que se enfrentó
duramente con las previsiones y con los proyectos que planteaba en su
momento la UCD, en este momento dé marcha atrás en cuanto a la concepción
de la explotación familiar agraria y en el tema de arrendamiento rústico,
puesto que las intervenciones de los diputados socialistas, en el momento
en que esa ley se debatió, fueron contundentes y rotundas.

Señorías, pensamos que el campo español --y las estadísticas lo
demuestran-- no ha cambiado tanto, ni en términos porcentuales, ni en
términos de explotaciones agrarias, ni en términos de la situación en la
que se encuentran las explotaciones agrarias, y si ha cambiado tendríamos
que convenir en que ha sido para propiciar una mayor desigualdad.

No necesito recordarles, señorías, que en los Presupuestos Generales del
Estado para agricultura, la Sección 21 se nutre fundamentalmente de las
ayudas comunitarias. De hecho, del billón 200.000 millones de pesetas que
tiene el presupuesto para agricultura, 800.000 millones vienen de la
Unión Europea, y vienen de una forma indiscriminada, no modulan, no
diferencian entre si la explotación es familiar o si se trata de un
absentista; todo el mundo puede cobrar las ayudas por superficie y por
cabeza de ganado.

Por tanto, los recursos estatales que nos quedan, que apenas llegan a los
400.000 millones de pesetas, pensamos



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que deben ir dedicados a cumplir los objetivos de fijar la población que
tiene voluntad de permanecer en el campo, de seguir desarrollando las
actividades agrarias, con lo cual estamos contribuyendo al equilibrio
territorial y a la vitalización del mundo rural. Si esta ley no define
exactamente la explotación familiar agraria, no exige que los trabajos
sean realizados personalmente por el titular y por su familia, estamos
dejando un vacío que lo van a cubrir personas que, no siendo
agricultores, se van a poder beneficiar de estas ayudas.

Quiero citar, a título enunciativo, algunas intervenciones que los
Diputados socialistas hicieron cuando se debatía esa ley, porque me
parece que son muy ilustrativas. Decían, por ejemplo: «Los objetivos de
esta ley no se pueden cumplir si se amplían excesivamente.» Señorías, es
el caso que nos ocupa en este momento.

Se exigía también que los beneficios quedaran circunscritos a las
auténticas explotaciones familiares agrarias; decían que no querían que
esto llegase a empresarios que no necesitasen de estas ayudas, porque los
recursos existentes eran limitados y, por tanto, debían concentrarse en
las explotaciones familiares agrarias. Pues bien, ésos son exactamente
los objetivos que pretende Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el
debate de esta ley.

En previsión de que alguien diga que estamos en otra galaxia, o que
estamos en situación de obsolescencia absoluta, o que somos arcaicos
--que podría ser que escuchásemos estas argumentaciones--, diría que el
informe del CES (del Consejo Económico y Social) va en esta línea. En sus
valoraciones y en sus conclusiones dice, entre otras cosas, que las
medidas previstas deberían dirigirse a la pequeña explotación familiar;
que hay una necesidad de definir en el título preliminar el concepto de
explotación familiar, que no se define; que habrá problemas de
interpretación con toda la gama de definiciones sobre las clases de
agricultores, lo que hará que sea difícil su interpretación. Habla de la
supresión del mínimo del 30 y 40 por ciento de la renta de referencia y
de la imposibilidad de que en la mayoría de las explotaciones familiares
agrarias se alcance una unidad de trabajo agraria o una UTA. Eso, unido
al voto particular que definió la Organización Profesional Agraria (COAG)
y Comisiones Obreras, nos da la idea de que la postura que defendemos en
este momento, señorías, no está lejos de lo que siente una gran mayoría
del campo español.

No voy a ir enmienda por enmienda, señorías, pero las que se refieren al
artículo 2 van encaminadas precisamente a centrar el objetivo de que no
proliferen definiciones sobre clases de agricultores y que con ello pueda
permitirse una ambigüedad del proyecto de ley que deje sin fuerza el
objetivo central, que es el concentrar las ayudas a las explotaciones que
se consideren prioritarias.

Pretendemos con estas enmiendas simplificar la terminología. Consideramos
que el término agricultor, a título principal, no es sino un seguidismo a
la normativa comunitaria, que solamente se recoge en el Reglamento
2328/91, relativo a los jóvenes, y que si en algún momento este requisito
de agricultor a título principal fuera necesario para percibir las ayudas
del Feoga bastaría con un desarrollo reglamentario del mismo.

Las otras enmiendas que se refieren al artículo 2 van encaminadas a
delimitar, en cuanto al nivel de renta, aquellas explotaciones que
necesitan las ayudas. No debemos olvidar, señorías, que este proyecto de
ley se encamina a definir explotación prioritaria y que esa explotación
prioritaria recibirá las ayudas estatales o las ayudas públicas. Por
tanto, nos interesa saber exactamente cuáles son las rentas y sacar la
paja de lo que pueda enturbiar el conocer qué es lo que percibe una
familia por su actividad agraria. Por consiguiente, nuestro concepto de
renta unitaria de trabajo familiar y nuestro concepto de renta global
familiar van dirigidos a que podamos definir claramente --por cuanto
excluimos los salarios pagados; solamente nos atenemos al margen neto
dividido por las unidades de trabajo agrarias familiares, en el concepto
de renta unitaria del trabajo familiar-- cuál es la renta que proviene de
la actividad agraria de esa familia que se dedica a esta tarea.

Por otra parte, sabemos que dentro de las explotaciones familiares hay
rentas que no proceden directamente de la actividad agraria. Podríamos
encontrar a un agricultor o a una agricultora cuya renta por la actividad
agraria sea limitada, pero donde las rentas complementarias de los otros
miembros de la familia sean extraordinarias. Sin embargo, a esa familia
se la consideraría prioritaria en cuanto a las ayudas, y pensamos que eso
sería perjudicial. Tiene que haber un techo de renta para que aquellos
agricultores que se dedican a la agricultura exclusivamente, cuando
tengamos que ver después cuál es la renta de referencia, no queden
perjudicados porque no se hayan tenido en cuenta esos elementos de renta
global.

En relación al artículo 4, las enmiendas que defiende nuestro Grupo nos
parecen muy importantes. Pensamos que las limitaciones que el proyecto de
ley establece en cuanto a que la explotación posibilite la ocupación al
menos de una unidad de trabajo agrario y a la renta que se obtenga de la
misma (en el proyecto de ley se dice que no sea inferior al 40 por ciento
de la renta de referencia, ahora con las transaccionales estamos al 35
por ciento, y el margen superior, también con las transaccionales, ha ido
al 120 por ciento) nos parece que son muy lesivos para los intereses de
las explotaciones que venimos defendiendo.

En primer lugar, rogaríamos que por una mínima coherencia se suprimiera
el término «familiares» del encabezamiento del artículo 4. Señorías,
reconozcan que ustedes con este proyecto, si lo votan favorablemente, no
solamente habrán derogado la Ley del estatuto de la explotación familiar
agraria, sino que no establecerán ningún requisito para que este tipo de
explotaciones sean familiares, y tendríamos que remitirnos a lo que
establecía el artículo 2 de la Ley 49/1981 que sí decía expresamente que
la explotación familiar agraria era aquella en la que el titular y su
familia trabajaban personalmente, lo que significa con sus propias manos
o dirigiendo o manejando sus propios tractores, pero que eran ellos, en
la familia, los que llevaban personalmente la explotación. Ustedes no
hacen ningún tipo de referencia a esto y para lavarse un poco la cara
dicen que hay que añadir: familiares o aquellas cuyo titular sea una
persona jurídica. Bueno, sea una persona jurídica, tenga el pelo rubio,
un metro ochenta centímetros de estatura,



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es igual. Lo que quieran poner, porque se han cargado la explotación
familiar y ya es igual lo que quieran decir. Por tanto, nuestra enmienda
pretende que no figure en el encabezamiento el término «familiares».

A través de las distintas enmiendas al artículo 4 decimos que se tiene
que sustituir la exigencia de una unidad de trabajo agrario y la de la
renta de referencia, en cuanto a los techos mínimos, por un texto que
diría que los trabajos en la explotación sean realizados personalmente
por el titular y su familia, sin que la aportación de mano de obra
externa supere, en cómputo anual, a la familiar en unidades de trabajo
agrario, y que se lleve una contabilidad simplificada. Con esto queremos
garantizar el carácter familiar, la supresión de los límites inferiores,
que de hecho excluirán --además, lo puedo demostrar después
estadísticamente-- a un gran número de explotaciones, y, por otra parte,
establecer que se lleve una contabilidad simplificada. Ustedes que están,
como estamos todos, por una modernización de las explotaciones agrarias,
han de entender que un requisito mínimo para percibir ayudas sería el
que, con ayuda de las organizaciones agrarias o de otras entidades del
Ministerio de Agricultura, los agricultores, poco a poco, introduzcan la
contabilidad simplificada, que es la que nos va a hacer posible conocer,
primero, el control de las ayudas y, después, el nivel de rentas de esos
agricultores.

Señorías, estas enmiendas no son obsoletas. Ya he dicho que en el
dictamen del CES se contemplan y, además, deberían saber que el carácter
familiar lo cumplen la inmensa mayoría de nuestras explotaciones.

Los datos estadísticos de la red contable, de la Recan, del año 1993, en
una muestra de explotación para aquellas explotaciones grandes que son ya
las que superan más de dos UDE --en concreto se ha hecho sobre 6.242
explotaciones de las 514.670 que cumplen esos requisitos de tener más de
dos UDE-- demuestran que el 75 por ciento del trabajo proviene de la
actividad familiar. Por tanto, en nuestro país nos estamos moviendo en
unos niveles en que la inmensa mayoría de las empresas agrícolas son
familiares. Por consiguiente, la mayoría del universo de la Recan no
tiene ningún problema para cumplir este requisito. No entiendo por qué
ustedes no lo introducen con carácter normativo en el texto.

Por otra parte, se me dijo en ponencia que era muy restrictivo que el
trabajo ajeno no supere, en cómputo anual, al familiar. Señorías, más
restrictivo es el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, el
REAS, en el cual están incluidos el 92 por ciento de los agricultores.

Concretamente en el Régimen Especial Agrario, en el año 1993, están
incluidos 456.000, en contraposición al Régimen de Autónomos, que son
42.000, que podrían estar en el Régimen Especial Agrario pero que por
exigencias de la ley no lo están. La normativa específica del REAS
establece que se han de realizar las labores agrarias de forma personal y
directa, sin ocupar trabajadores fijos y sin que el número de
trabajadores eventuales supere lo que perciba un trabajador fijo durante
un año. Señorías, esta normativa que está en vigor es mucho más
restrictiva que la que nosotros estamos estableciendo en nuestra
enmienda.

Con relación a la unidad de trabajo agrario, deben ser conscientes, y
pienso que desde el Ministerio habrán aportado los datos suficientes, de
que con esta exigencia van a quedar fuera, aun con la transaccional del
35 por ciento, muchas explotaciones agrarias. Según el censo agrario, el
promedio de UTA por explotaciones es de 0,6, pero según los datos
estadísticos de la Recan, que se hace, ya se ha dicho, sobre las más
grandes, hay una inmensa mayoría que no alcanza una unidad de trabajo
agrario. O sea, si la media de las grandes que reconoce la Recan es de
1,2 unidades de trabajo agrario, significa, señorías, que dos terceras
partes quedan por debajo de lo que establece el artículo 4 de la ley.

En cuanto a la renta de referencia, no hay ningún reglamento, ni
comunitario ni español, en el que se exija un techo por debajo, y esta
ley lo introduce de manera clara a través de este artículo. Sólo hay una
referencia en las normativas para jóvenes, en las que se exige un techo
por debajo, pero en absoluto en ninguna normativa, ni comunitaria ni del
Estado español. Señorías, don José María Sumpsi, en su libro
«Modernización y cambio de estructura», que es un libro de la serie de
estudios del Ministerio de Agricultura, en la página 329 dice exactamente
que en España solamente el 16,58 por ciento son explotaciones con renta
de trabajo superior al 40 por ciento de la renta de referencia. Se está
refiriendo también a explotaciones que están por encima de la media. El
16,58 por ciento, espero que se queden con este dato.

En relación con la red contable, las más grandes se sitúan en torno al 46
por ciento de las rentas de referencia, pero ustedes saben mejor que yo,
señorías, que los estudios de la red contable se establecen sobre un tipo
de empresas que son ya de las grandes. Si solamente el 46 por ciento
están en la renta de referencia, significa que hay muchas empresas --y
eso lo podremos ver en el momento en que esta ley empiece a
desarrollarse, y me gustaría que esto fuera corregido para que no
tuviéramos que hacerlo con posterioridad-- a las que dejaríamos fuera. Si
se va al estudio sobre macromagnitudes, comparación entre el sector
agrario y no agrario, resulta que la renta por ocupado se encuentra en un
45,7 por ciento. Este requisito, señorías, además, perjudica
especialmente a las empresas familiares, porque la renta de referencia es
más baja que en las no familiares. Hay estudios de la Comisión Europea en
los que se puede ver claramente, si lo encuentro. En todo caso, en la
réplica, señorías, podría aportar el dato, pero hay estudios de la
Comisión Europea en los que se establece que la renta de las
explotaciones familiares es la mitad que la de las explotaciones no
familiares, con lo cual, estableciendo este requisito, estamos
penalizando a las familiares. O sea, que eso que es una virtud, que se
absorba mano de obra, que no se despueble el campo, que la gente se ocupe
en las tareas agrarias, con este requisito se convierte en una
penalización y en un estigma. Por tanto, desde Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya no estamos por los listones por debajo, porque estamos
hablando de subvenciones y estas empresas son las que más las necesitan.

En relación con las situaciones en las que se puede recibir ayuda que se
establecen, pensamos que el artículo 7,



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sobre todo con la enmienda transaccional, es absolutamente restrictivo.

Señorías, si estamos hablando de ayudas, estamos hablando de ayudas para
todo. Estamos hablando de ayudas, y éstas tendrían que ser para las de la
Unión Europea que sean cofinanciadas y para todo tipo de ayudas que se
establezcan a través del Estado. Además, debería exigirse una diferencia
entre lo que percibirá una explotación familiar o una explotación que sea
prioritaria y otra que no lo sea. La normativa comunitaria lo establece
claramente, y el reglamento comunitario --al que antes he aludido-- dice
que las explotaciones no prioritarias recibirán, como mínimo, un tercio
menos que las que sean prioritarias. Pues bien, aquí no se dice
absolutamente nada de eso. Qué diferencias va a haber entre unas y otras,
¿quién lo sabe?
Para terminar, en lo que se refiere al Título III, señorías, a mí me
hubiese gustado oír de boca de Diputados o Diputadas socialistas, de
gente de izquierdas en esta Comisión, algunos de los argumentos que se
esgrimieron cuando se debatió, en su tiempo, la actual Ley de
Arrendamientos Rústicos. Por muy demagógica que yo quiera ser en este
momento, nunca podré llegar --por mi propio estilo-- al nivel de los
argumentos que los Diputados y Diputadas que defendieron esta ley por
parte del Grupo Socialista esgrimieron cuando se debatía la misma. Y
piensen, señorías, que estábamos hablando de un límite de seis años y que
el Grupo Socialista pretendía que fuera de nueve años. Ahora tenemos un
límite de seis años y el Gobierno socialista nos habla de cinco años, sin
derecho obligatorio a prórrogas. Por tanto, en relación con los
arrendamientos nosotros hemos pedido la supresión de este título, porque
están suficientemente bien regulados.

Si se quiere hablar de arrendamientos rústicos, si se quiere hablar de
movilidad de la tierra, señorías vayamos a un gran debate sobre la
propiedad y la movilidad de la tierra; posibilidad de los bancos de
tierra; vayamos a un gran debate sobre cómo podremos hacer que los
absentistas que tienen tierra no la quieran cultivar y se la den a
agricultores que la cultiven, estableciendo tanta diferencia entre los
agricultores de explotaciones prioritarias y de las explotaciones
familiares y las que no lo son que al que tiene tierra no le resulte
rentable llevarla, sino que se prefiera que la lleven agricultores que no
tienen tierra. Pero, para decir lo que nos parece, señorías, en
coordinación con el CES nos parece inoportuna la reforma. Estamos en un
momento en que las ayudas por superficie inducen a aquellos propietarios
absentistas, que hasta ahora dejaban las tierras en arrendamiento, a
llevarlas personalmente, puesto que todos sabemos que sólo es necesario
lanzar la semilla, y ni siquiera recogerla, para tener la prima
comunitaria, por lo que es un momento que incide negativamente en el
mercado de la tierra. Por otra parte, la reforma que se introduce a
través de esta ley reconoce que una mayor duración es mejor, por cuanto
la estimula y dice que podrán darse ayudas para aquellos contratos que
tengan una duración superior a ocho años, con lo cual, implícitamente, se
está reconociendo que es mejor una duración superior en los contratos.

También pensamos que desde el punto de vista ecológico será muy negativa,
porque con pocos años de arrendamiento se va a inducir a unos cultivos
intensivos y poco respetuosos con el medio ambiente. Se intentará sacar
el máximo rendimiento en poco tiempo. Creemos que con otras medidas que
nosotros hemos propugnado a través de enmiendas, como una reducción del
IBI para aquellos agricultores prioritarios, y otras enmiendas como puede
ser la relativa a los bancos de tierras, promoveríamos el hecho de que,
efectivamente, se produjera una mayor movilidad.

Sin embargo, señorías, yo no sé de dónde sacan ustedes los datos del
estancamiento, porque en el informe del CES se habla sobre datos de
porcentaje de tierras arrendadas, y resulta que no ha habido
prácticamente modificación, como se demuestra en un cuadro en el que se
señala que, por ejemplo, en 1962 la superficie arrendada en España era
del 12,28 por ciento, mientras que la superficie arrendada en el último
año del cual tenemos datos, 1989, es del 13,1 por ciento. Por tanto,
señorías, no ha habido un estancamiento en el tema de las superficies
arrendadas, al contrario, ha sido más o menos sostenido, pero se ha
incrementado de 1962 a 1989, desde el 12,28 por ciento hasta el 13,1 por
ciento.

Por último y termino, nosotros habíamos introducido dos medidas que nos
parecían muy importantes, y el Consejo Económico y Social también las
incluye en su dictamen. La existencia de un consejo de política
estructural agraria creemos que es importante por cuanto propicia la
participación de los sectores agrarios. Está claro que con ayudas, con
estímulos, se tiene que ir poniendo al campo en la línea de modernización
y de sostenimiento de rentas agrarias, pero, señorías, señor Presidente,
¿por qué se niega la existencia de un consejo de política estructural
agraria? ¿Por qué se deroga expresamente la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario, en ese artículo que es el que preveía el consejo? Se deroga eso
y, sin embargo, en esta ley no se recoge.

Yo pediría a los grupos mayoritarios en la Cámara que, en relación con la
enmienda 44, referente al consejo de política estructural y agraria, lo
considerasen en este trámite y, si no, en el trámite de Pleno, porque
realmente podría ayudar a una mayor participación de los sectores
agrarios, que son los que tienen que decidir sobre su futuro. Además,
¿por qué se niegan a una función de control importante como es el ver qué
resultados va a tener sobre el campo esta ley de modernización y por qué
se niegan a que anualmente se deba producir un informe sobre cómo van
incidiendo tanto esta ley como las medidas que propugna la política
agraria comunitaria en el objetivo de modernización de las estructuras y
del sector agropecuario español? A nosotros nos parece que esas dos
medidas son importantísimas, tanto la de participación a través del
consejo como la del control a través del informe que preceptivamente --si
se acepta nuestra enmienda-- se debería producir en el Congreso de los
Diputados anualmente.




El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.




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El señor RAMIREZ GONZALEZ: Nosotros haríamos una exposición de carácter
general sobre el contenido de la ley, tal como ha venido de la ponencia,
y en esta primera fase defenderíamos nuestras enmiendas que aún se
mantienen vivas, en relación con el Título preliminar y con el Título I,
capítulo I, exclusivamente, para diferenciar la estrategia y las
posiciones del Grupo Parlamentario Popular en relación con los otros
capítulos sobre los que mantenemos enmiendas vivas.

Señor Presidente, la ley de modernización de explotaciones --y se ha
dicho-- es importante, era esperada, era una vieja promesa incumplida del
Partido Socialista y del Gobierno socialista, que había sido objeto de
oferta electoral en los diversos programas electorales del Partido
Socialista y que, con retraso, había llegado a esta Cámara. Se había
creado una expectación y los diversos grupos parlamentarios,
especialmente el Popular, habíamos manifestado que entendíamos que no
debía ser una ley de confrontación y que debíamos intentar llegar al
consenso suficiente para que pudiéramos aprobar una ley urgente y
necesaria, que el campo precisaba y que permitiera ser un instrumento
para cumplir la determinación de la ley: modernizar las explotaciones y
las estructuras agrarias.

Tengo que reconocer que se ha producido un avance importante en el
trabajo de ponencia y que ha habido una recepción por encima de la media
por parte del Grupo Socialista en las enmiendas que han sido presentadas
por diversos grupos parlamentarios, en especial por el Grupo
Parlamentario Popular, pero bien es verdad que aún quedan elementos
importantes de la ley que no están definidos como desean no ya el Grupo
Parlamentario Popular, sino las organizaciones profesionales agrarias, y
como se recoge en el informe del Consejo Económico y Social.

En primer lugar, señor Presidente, quisiéramos manifestar nuestro rechazo
a la desaparición del capítulo II, el de ayudas económicas. No creemos
que deban desaparecer estas bases en una ley que va a diseñar los
elementos mínimos de referencia sobre los que se tiene que articular la
normativa que se vaya aprobando en comunidades autónomas o por la propia
Administración central, con relación a los apoyos que debe recibir el
sector para modernizar sus explotaciones y para propiciar la aplicación
en España de la normativa comunitaria. No entendemos que se inmiscuyan en
las competencias de las diversas comunidades autónomas, habida cuenta que
no se habla de tantos por ciento, no se habla de cuantías, no se dice
quién tiene que recibirla y quién no; simplemente se establecen las
grandes líneas sobre las que se debe actuar para alcanzar el fin que da
nombre a esta normativa legal: la modernización de explotaciones. Por
tanto, lamentamos profundamente que se haya hecho desaparecer --no
sabemos por qué tipo de presiones-- el capítulo que establecía una
garantía mínima para todos los agricultores españoles, ubicados en
cualquier comunidad autónoma, de que siempre la normativa que se les
aplicara iba a responder a un mínimo, a una base general para todos y
cada uno de los agricultores españoles.

En segundo lugar, señor Presidente, creemos que tal como se ha presentado
el proyecto de ley, cuando tenemos que hacer algún tipo de definiciones o
de afirmaciones, faltan los soportes estadísticos que se nos prometieron
y que hubiera sido conveniente manejar. Incluso en el trámite de ponencia
se recordó a los representantes del Grupo Parlamentario Socialista que
difícilmente podíamos hacer algún tipo de afirmaciones, por ejemplo en
relación a quién afectaban las limitaciones de la renta de referencia, si
el Gobierno había enviado el proyecto de ley sin el básico soporte
estadístico que nos permitiera saber cuántas explotaciones agrarias
alcanzaban los mínimos exigidos en las rentas de referencia. Se nos
prometió en el trámite de ponencia que se haría el esfuerzo para que en
el trámite de Comisión los grupos parlamentarios tuviéramos esos soportes
estadísticos. Pues bien, hoy es la fecha, señor Presidente, en que el
Gobierno ha sido incapaz de dotar a la Comisión de Agricultura del
Congreso de esos datos estadísticos que nos permitieran, cuando hacemos
algún tipo de afirmaciones, basarlas en algunos datos, en algunos
informes, en algunas estadísticas de indiscutible veracidad.

Por tanto, nos enfrentamos a este último y definitivo debate sin que el
Gobierno, sin que el Ministerio de Agricultura haya sido capaz de aportar
los elementos y datos estadísticos que faciliten la labor parlamentaria.

¿Porque no los tienen? Sería grave, con esa burocracia del Ministerio de
Agricultura que no ha hecho nada más que crecer en los últimos 13 años,
que no tuviera esos datos. ¿Porque se los quiere hurtar a la Comisión de
Agricultura? También sería grave que para el debate parlamentario el
Ministerio de Agricultura no haya considerado conveniente aportar esos
datos al órgano legislativo. Pero, sea por una u otra razón, el caso es
que hoy no tenemos los datos estadísticos que fueron reclamados, en un
tono creo que amistoso, en la ponencia. No fueron prometidos --porque
realmente los Diputados del Grupo Socialista no podían prometerlo--, pero
se dijo que se harían las gestiones para que pudiéramos contar con esos
datos estadísticos.

Pues bien, sin esos datos estadísticos, señor Presidente, vamos a
intentar defender nuestra posición, repito, respecto al contenido el
Título preliminar y con respecto al Título I, capítulo I.

Nosotros creemos, en primer lugar, señor Presidente, que es un defecto
importante del proyecto de ley que estamos debatiendo la carencia
absoluta de referencias y de apoyos al mundo asociativo de carácter
cooperativo. La ley ignora este hecho. La ley no establece entre sus
prioridades ni entre sus objetivos ni entre los fines que pretende
alcanzar la potenciación del hecho cooperativo, del mundo cooperativo, de
la agricultura asociada, con carácter más allá del mero hecho productivo,
es decir, agricultura que se asocia para transformar y comercializar sus
productos, de tal forma que en los propios fines que se contemplan en el
artículo 1 no está establecido ese elemento. Se habla de fomentar el
asociacionismo agrario, pero no se dice qué tipo de asociacionismo
agrario. Nosotros proponemos el de producción, transformación y
comercialización --decimos en la enmienda número 50, del Grupo
Parlamentario Popular, que pretendemos que sea debatida aquí otra vez y
sometida a votación--, porque de esta forma sí que creemos que queda
perfectamente definido uno de los fines



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más importantes que la ley pretende alcanzar y que define el marco
operativo de la misma: fomentar el asociacionismo de producción,
transformación y de comercialización.

En segundo lugar, señor Presidente, cuando en el artículo 2, apartado 3,
el gran artículo de las definiciones, aquel artículo que va a condicionar
muy mucho el desarrollo normativo de las diferentes comunidades
autónomas, de la propia legislación de la Administración central a la
hora de aplicar en España la normativa comunitaria de desarrollar el
nonato título de esta ley donde se iba a hablar de las ayudas, se habla
de los elementos de la explotación, señor Presidente, echamos de menos
que no se tenga en cuenta ese pequeño capital mobiliario financiero que
es el producto del ahorro familiar y que está a disposición de la
explotación agraria y que suple en la mayoría de las ocasiones las
circunstancias adversas a que en un momento determinado se puede
enfrentar la explotación. Fijémonos en este momento en la sequía que está
asolando a más de la mitad del territorio peninsular y de las Islas
Canarias y lo que sucedería si no se tuviera en cuenta el pequeño ahorro
familiar de carácter financiero que ha podido asumir la explotación
agraria, si no se considerara elemento fundamental de esa explotación.

Pues bien, el proyecto, en las definiciones del artículo 2, apartado 3,
cuando habla de los elementos de explotación, no prevé que se tenga una
referencia a una cuantía, modesta decimos nosotros, que no sobrepase el
15 por ciento del valor de los inmuebles de la explotación, pero que sí
debe considerarse como elemento de la misma a la hora de establecer los
requisitos que deben reunirse por parte de las explotaciones agrarias
cuando se soliciten las ayudas pertinentes o se entre en las previsiones
que se regulen en la normativa subsiguiente.

Igualmente, señor Presidente, cuando el proyecto de ley, en el apartado 5
del artículo 2, define al agricultor profesional, nosotros no entendemos
por qué se debe variar lo que ya viene establecido en la normativa
comunitaria. Por tanto, cuando se habla del agricultor profesional y del
tiempo de trabajo dedicado a actividades ejercidas fuera de la
explotación, aquí se da una interpretación distinta, una definición
distinta a la normativa comunitaria. Son ganas de ser originales cuando
aquí, cuanto menos originales, mejor, porque mejor atenderíamos la
normativa comunitaria. Si el reglamento comunitario dice textualmente que
el tiempo de trabajo dedicado a actividades ejercidas fuera de la
explotación no sea superior a la mitad del tiempo de trabajo total del
titular, no sabemos por qué aquí se pretende otra definición. Nosotros
pretendemos, a través de la enmienda 52, mantener la definición del
reglamento comunitario, porque creemos que es más útil a los efectos que
perseguimos. Afortunadamente, en la última enmienda transaccional que nos
ha hecho llegar el Grupo Parlamentario Socialista se define el agricultor
a tiempo parcial, un gran defecto que tenía el proyecto de ley, que en
ponencia no se quiso aceptar y que finalmente nos llega a través de una
enmienda transaccional. Es una definición que podría aceptarse. No hace
referencia a la renta, sólo al tiempo de trabajo. Por la misma razón que
antes hemos dicho que habría que hablar en los términos comunitarios, se
podría aceptar esta oferta del Grupo Socialista, y nos gustaría saber por
qué no se ha hecho referencia al concepto renta y sí exclusivamente al
concepto tiempo de trabajo. Una vez que oigamos esa explicación,
podríamos mantener o no nuestra definición de agricultor a tiempo
parcial. Insistimos en repetir la normativa comunitaria, y si en ella se
habla de joven agricultor, no sabemos por qué se quiere hacer aquí un
juego de palabras y hablar de agricultor joven. Por tanto, pretendemos
mantener las definiciones comunitarias.

Posiblemente nuestras enmiendas más importantes son las que hacen
referencia al cálculo de los requisitos que ha de cumplir la explotación
en relación con la renta de referencia para tener acceso a las ayudas,
para ser explotación que pueda considerarse prioritaria. Insistimos en
que carecemos de los prometidos datos estadísticos que nos permitieran
saber y conocer en todo momento el número de explotaciones que, en
función de las definiciones que se hacen en relación a la renta de
referencia, están dentro o quedan fuera de las definiciones que pretende
la ley.

Nosotros creemos que, con carácter general, la ley pecaba de restrictiva
cuando sus primeras definiciones hablaban de un 40 por ciento de la renta
de referencia y hasta un cien por cien de la misma. Posteriores
situaciones, aceptadas por el Grupo Parlamentario Socialista, han llegado
hasta el 35 por ciento de la renta de referencia y el 120 por ciento de
la misma, pero seguimos creyendo que son insuficientes.

Por lo tanto, mantenemos, aquí y a alo largo de todo el proyecto de ley,
nuestra petición de que sean consideradas explotaciones prioritarias,
bien a título individual, bien a título asociativo, aquellas
explotaciones que estén dentro del paréntesis 30 por ciento de renta de
referencia y 125 por cien. Creemos que con esta definición se tiene una
mayor capacidad de mantener un gran número de explotaciones dentro de las
prioridades que establece esta ley.

No comprendemos, señor Presidente --y de ello trata nuestra enmienda
número 57--, que se excluya a los agricultores entre los 60 y los 65
años. Por una parte, aceptamos, y lo ha aceptado el propio Ministerio de
Agricultura, el fracaso de la normativa española que ha incentivado la
jubilación anticipada de agricultores, habida cuenta que el Ministerio de
Agricultura no ha logrado --quizás sí se habría logrado si se hubiesen
aplicado las alternativas del Grupo Popular-- que los agricultores entre
60 y 65 años opten por la jubilación anticipada. También es conocido que
tenemos la población agraria más envejecida de la Unión Europea. La
conclusión es que tenemos un gran número de agricultores entre los 60 y
los 65 años. No es aceptable que en las definiciones que se contienen en
la ley excluyamos a los agricultores entre 60 y 65 años. Entendemos que
es incluso inconstitucional que pudiéramos excluirlos si cumplen los
requisitos de hallarse dentro de la renta de referencia, dedicación
temporal, no alcanzar otro tipo de rentas, etcétera; no nos parece que se
pueda mantener esta exclusión. Por lo tanto, mantenemos nuestra enmienda
intentando que la ley también se aplique a los agricultores de entre 60 y
65 años; no se nos alcanza el porqué de esta exclusión.




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Finalmente, señor Presidente, las enmiendas que se dirigen a las
definiciones que pretenden potenciar la agricultura asociada, la
agricultura de carácter cooperativo.

Señor Presidente, nosotros enmendamos el artículo 7 en un doble sentido.

Cuando en él se definen las situaciones de preferencia, no creemos que se
pueda hacer sin contemplar la agricultura asociada, la agricultura
cooperativa, la agricultura que tiende a aunar esfuerzos y que pretende
superar las circunstancias de limitación a la hora de la transformación y
la comercialización de los productos agrarios. De ahí que a través de dos
enmiendas queramos que se considere la comercialización asociativa como
elemento importante de preferencia a la hora de establecer las
definiciones que se contemplan en la ley.

En primer lugar, nos parece fundamental que se contemplen ayudas a la
comercialización y transformación en aquellos sectores de producción no
incluidos en una ordenación sectorial de carácter comunitario o nacional
o una ordenación territorial específica. Entendemos que precisamente esa
exclusión, ese no contar con un amparo normativo, de carácter comunitario
o nacional, hace necesario que sea contemplado en las situaciones de
preferencia que se establecen en el artículo 7.

En segundo lugar, señor Presidente, creemos que al agricultor que no es
titular de la explotación prioritaria ya definida previamente, pero que
realiza la comercialización de sus productos al 100 por cien en una
entidad asociativa agraria, debe considerársele, a estos efectos, como
titular de una explotación prioritaria para que pueda gozar de los
beneficios que se contemplen en su día por la normativa de una comunidad
autónoma o nacional, siempre y cuando su renta unitaria no sobrepase los
límites establecidos en esta ley. Es decir, a ese agricultor --estamos
hablando del agricultor a tiempo parcial, el que había ignorado el
proyecto socialista-- que está haciendo el esfuerzo solidario de utilizar
la entidad cooperativa, la entidad asociativa, para la comercialización
de la totalidad de su producción, si cumple el requisito de no sobrepasar
la renta de referencia, puede y debe considerársele titular de una
explotación prioritaria a los efectos de las situaciones de preferencia
que se establecen en el artículo 7.

En resumen, señor Presidente, esta parte de nuestras enmiendas, como
habrá podido comprobar, pretenden unos fines suficientemente claros: Uno,
la consideración de las entidades asociativas agrarias de transformación
y comercialización como sujetos activos de la ley; dos, la ampliación del
concepto de renta de referencia a la hora de establecer las definiciones
de los agricultores que van a entrar dentro de estos epígrafes; tres, y
no menos importante, en la situación de preferencia, considerar
nuevamente el hecho cooperativo como un hecho preferente a la hora de
establecer las definiciones de este proyecto de ley.

En último lugar, señor Presidente, lamento que estemos debatiendo esta
ley sin los soportes estadísticos y documentos que el Ministerio de
Agricultura tendría que haber proporcionado a la Comisión de Agricultura
para enfrentarnos con estas definiciones.




El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, en nombre del Grupo
Socialista, el señor San Martín tiene la palabra.




El señor SAN MARTIN SALA: Señor Presidente, señorías, en primer lugar,
tengo que decir que el Grupo Socialista está hondamente satisfecho del
trabajo que se ha realizado en Ponencia respecto a esta ley porque se ha
llegado a un acuerdo importante en lo sustancial, sin deteriorar los
objetivos fundamentales que el Gobierno perseguía a través de esta ley
para dar respuesta a los problemas del sector agrario. Además, es una ley
importante por las circunstancias en las que se encuentra la agricultura,
una ley que viene a actualizar, diría yo, las distintas normativas
vigentes, desde la Ley de explotación familiar y jóvenes agricultores,
Ley de arrendamientos rústicos, Ley de ordenación y desarrollo agrario,
que fueron unas leyes que, en su momento, dieron respuesta a las
necesidades, pero que hoy, por las nuevas circunstancias de la
agricultura, enfocada ya a la agricultura competitiva en el mundo,
necesitan una reforma y adecuación. Así, el reglamento 808, que dio un
buen resultado para la modernización de las explotaciones agrarias, y el
Decreto 1887, que se modifica con esta ley, dieron también respuesta en
su momento, pero hoy es el día en que hay que acelerar el proceso de
modernización de las explotaciones agrarias y de nuestra agricultura en
general y esta ley va a dar respuesta a las necesidades del sector,
aunque no basta que se apruebe una ley por esta Cámara, sino que tienen
que ser los propios sujetos, los propios agricultores, los que, teniendo
el instrumento, pongan en marcha sus iniciativas para esta finalidad.

Sin más, voy a entrar a replicar y a explicar la posición del Grupo
Socialista respecto a cada uno de los paquetes de enmiendas de los
distintos grupos parlamentarios.

Respecto al Grupo Parlamentario Vasco, me satisface que haya tomado esa
actitud de retirar distintas enmiendas, casi todas ellas basadas en una
especie de preocupación sobre el aspecto competencial. El Grupo
Socialista ha querido evitar enfrentamientos en el aspecto competencial,
no solamente en el transcurso del debate sino fundamentalmente en la
aplicación de la ley. Creo que esta ley es en este momento muy respetuosa
con cada una de las competencias de las comunidades autónomas en materia
agrícola, por lo que será más aceptada y se pondrá mejor en
funcionamiento.

Agradezco al Grupo Parlamentario Vasco que haya retirado algunas
enmiendas y voy a contestar a las que mantiene, que fundamentalmente se
basan en diferenciar el tipo de agricultor y la renta en cada una de las
comunidades. Haríamos un flaco favor a lo que es el criterio general de
la definición del agricultor, de lo que es una definición de rentas, si
no establecemos unos criterios generales para todo el territorio
nacional. Pienso que es importante que haya un criterio unánime de
definición, tanto de agricultor como de rentas, y que tiene sentido que,
proyectando un tipo de agricultura, tengamos unas mismas referencias en
este sentido. El Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar estas
enmiendas por estas razones.

Respecto al paquete de enmiendas de Izquierda Unida, tengo que manifestar
que me hubiera gustado admitir muchas



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más, de verdad. Unas se han aceptado y a otras se presentan enmiendas
transaccionales porque creemos que mejoran el texto, pero nos parece que
no aportan ventajas a la ley.

La señora Rivadulla, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, ha dicho que le ha defraudado la ley. Si ha presentado tal
cantidad de enmiendas, no cabe duda de ello. Yo le diría que esta ley
difícilmente puede defraudar porque se ajusta de verdad a la realidad de
la agricultura de hoy y a las necesidades que la agricultura tiene en
estos momentos para adecuarse no solamente a la agricultura europea sino
también, a partir de los acuerdos del GATT, a la agricultura con la que
va a tener que competir en el mundo en cuanto a hacer empresas rentables
y competitivas con el resto de los agricultores del mundo.

Si tenemos que edificar una agricultura moderna competitiva deberá
basarse fundamentalmente en unos principios de empresa que den respuesta
a las necesidades de producción que pueda competir en los mercados. Por
esa razón, aceptar algunas de las enmiendas de Izquierda Unida quizás nos
llevaría a limitar posibilidades reales para crear empresas competitivas.

Yo estoy de acuerdo con que en el año 1981, cuando había que empezar a
modernizar nuestra agricultura, en algunos aspectos hubiera que
fundamentarse en la base familiar. Yo creo que ese concepto no se ha
perdido en esta ley, que en cada uno de los artículos está flotando el
concepto de explotación familiar, lo que pasa es que la explotación
familiar de los años 1970, 1975 ó 1981 nada tiene que ver con una empresa
moderna y competitiva; además la dirige, la trabaja incluso, un miembro
de la familia e incluso la familia entera. En alguna de las enmiendas se
habla de limitar el trabajo a los miembros de la familia. Tenemos que
tener en cuenta que la agricultura de hoy hay que diversificarla y hay
que buscar en cada momento aquellos productos más rentables y
competitivos; hay que acudir a una agricultura más intensiva y
difícilmente los miembros exclusivos de una explotación agraria familiar
van a poder dar respuesta a esas necesidades de producción y de volúmenes
fundamentalmente; hay que acudir en muchos casos a la mano asalariada,
eventual principalmente. Por esa razón, la concepción de explotación
familiar es la de aquella empresa en la que trabajan y dirigen los
miembros de la familia pero que, además, tiene que complementarse en
muchas ocasiones con mano de obra asalariada.

Su señoría ha hecho una afirmación, derecha o izquierda en agricultura.

Para hacer una empresa viable para competir en Europa no se necesita
carné de derecha o de izquierda. Debemos contemplarla desde el puro
pragmatismo. Luego hay otros aspectos que sí se diferencian de derecha a
izquierda, los límites hacia donde van más o menos dirigidas las ayudas,
en el tema fiscal sí hay aspectos que definen o diferencian, pero a una
empresa que tiene que competir en Europa y en el mundo, que tiene que
sacar unos ingresos para que viva la familia, ponerle el cartel o la
denominación de izquierda o derecha creo que no tiene sentido. Tiene
sentido hacer explotaciones competitivas, modernas, que den unas
producciones que se puedan vender en el mercado y que de ellas se saquen
unas rentas para que viva la familia y, si puede ser, para generar mano
de obra en los pueblos y en las comarcas. Esa es la finalidad, ésa es la
derecha y la izquierda en términos agrarios. La derecha y la izquierda se
diferencian en otras políticas fundamentalmente sociales y en otros
aspectos que se refieren a impuestos o a enfoques de ayudas.

Nos ha dado, no cabe duda, una lección de conocimientos de agricultura,
de datos, pero yo creo que fundamentalmente se ha basado en los aspectos
que he comentado.

No voy a entrar a contestar a cada una de las enmiendas, porque nos
llevaría a un largo debate; en términos generales, su argumentación se
basa en estos aspectos.

Ya he dicho que la ley está impregnada de esa concepción familiar y creo
que no hay otra.

Hay algunas enmiendas que aceptamos. Presentamos una transacción con la
enmienda relativa al artículo 2.5 y otra con la enmienda al artículo 4,
que pasaremos a la mesa. En el artículo 4 se habla de explotaciones
familiares y otras cuyos titulares sean personas físicas.

En el artículo 2.10, donde se habla de salarios, vamos a aceptar que se
añada «brutos», porque, aunque se entiende que el salario es bruto, no
pasa nada por ponerlo y creemos que así queda mejor y más concreto,
porque a veces también se puede interpretar salario neto.

Pasando ya al paquete de enmiendas del Grupo Popular, tengo que decir,
señor Ramírez, que nos satisface que reconozca el avance y la aceptación
de esta ley. Como he dicho al principio, es una actitud que ha creído
necesaria el Grupo Socialista de cara a hacer una ley, si podía ser, de
todos los grupos parlamentarios, para que todos los agricultores
entendieran que en el Parlamento se había conseguido un instrumento
adecuado para todos. Ese ha sido el esfuerzo que hemos realizado y por
eso agradecemos que todos hayan colaborado, especialmente el Grupo
Parlamentario Popular.

Ha dicho que todavía quedan aspectos importantes que le hubiera gustado
recoger.

Rechazar el capítulo II. El Grupo Socialista creyó oportuno proponer a la
Ponencia eliminarlo, puesto que era el que más enmiendas había tenido y
el que mayores problemas podría suscitar de cara a la aceptación por las
comunidades autónomas, debido a que se refiere a las ayudas.

Dice el señor Ramírez que le hubiera gustado que ya quedaran reflejadas
las ayudas en la ley y expresa sus temores al respecto. El Grupo
Socialista no tiene esos temores, porque las administraciones públicas,
tanto las comunidades autónomas como el Estado, tenemos la seguridad de
que van a ser lo suficientemente responsables y generosos, todos, con la
situación actual de la agricultura y que las bases que define esta ley y
los marcos de reconocimiento de los agricultores y de las explotaciones
van a hacer el máximo esfuerzo para poner a disposición de todo el sector
las ayudas necesarias, además en función precisamente de las
peculiaridades de cada una de las comunidades autónomas y de cada tipo de
agricultura en ellas ubicada. Por eso creo que va a ser perfectamente
recogido por las comunidades autónomas en los distintos reglamentos o
normas que desarrollen esta ley. Además, no cabe duda de que el Gobierno
va a ser lo suficientemente generoso para,



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como Administración pública, a través del marco que presta esta ley,
canalizar las ayudas necesarias para esta finalidad.

Faltan los soportes estadísticos. Quizá no hayan existido acompañando a
la ley, pero me parece que hoy cada uno de los grupos parlamentarios
tenemos la información, los conocimientos suficientes, y está demostrando
en cada una de las intervenciones en esta Comisión que desde luego no se
carece de datos para argumentar o construir un discurso en cada uno de
los aspectos.

Carencia de referencias al mundo cooperativo de la comercialización.

Señor Ramírez, efectivamente esta ley no hace referencia ni regula las
ayudas al mundo cooperativo de la comercialización, pero no cabe duda de
que la ley recoge amplia y plenamente el desarrollo y el fomento del
cooperativismo, del asociacionismo, en lo que es la producción, y a eso
es a lo que se refiere. Es una ley de apoyo, es una ley orientada
exclusivamente a la modernización de las explotaciones agrarias en cuanto
a producción, de ahí que lo que se refiere a la comercialización y
transformación de los productos no esté recogido.

Sería confundir o mezclar dos aspectos, que, además, están canalizados, a
través de los distintos reglamentos, de forma diferente a lo que son las
ayudas en el reglamento 2328 de la Comunidad Económica, que se refiere a
lo que es la modernización o el desarrollo de los medios de producción
agrarios, y lo que es el reglamento 886, que se refiere precisamente a
las ayudas a la inversión para la transformación y comercialización de
los productos agrarios o agroindustriales. Creemos que sería mezclar dos
aspectos que nada tienen que ver; en la explotación agraria hay unos
aspectos directos en este sentido, pero sería cuestión de otra normativa,
bien de otro rango, o bien de ley, regular las ayudas a lo que es la
comercialización y la transformación de los productos. Creo que están
suficientemente amparadas todas las ayudas a la comercialización y la
transformación de los productos agrarios, y fundamentalmente en el marco
cooperativo, puesto que desde el ministerio de Agricultura
permanentemente ha habido una prioridad en las ayudas canalizadas a
través del reglamento de la Comunidad 886, y en cada una de las
comunidades autónomas han tenido la visión de futuro de , a través de sus
normativas vigentes, canalizar fondos importantes para el desarrollo
cooperativo en coordinación, aumentando o complementando los fondos de la
CEE. Por eso pienso que no están desamparadas, que no están olvidadas las
cooperativas o el desarrollo cooperativo en términos generales, aunque en
el marco de esta ley no se recoja.

En cuanto a la enmienda que presenta con el fin de reconocer el capital
mobiliario, yo creo que no recoge lo que el señor Ramírez piensa o
aquello a lo que él se refería, porque cuando habla en términos
generales, el 15 por ciento puede resultar muy insuficiente; si
entendemos contablemente que capital mobiliario también es todo lo que
comprende tractores, maquinaria, así como el circulante, no cabe duda,
creemos que el texto de la enmienda no lo concreta; aprobada en esos
términos, daría lugar a que no se consiguiera el fin que el señor Ramírez
se propone. Esa enmienda, en el supuesto de que hubiera que contemplarla,
debería ser más concreta, refiriéndose más a lo que verdaderamente ha
dicho el señor Ramírez pero que luego no queda claro en la enmienda.

La enmienda transaccional que hemos ofertado sobre el concepto de
agricultor a tiempo parcial, dice que la aceptará si damos una
contestación sobre por qué no se habla de renta y sí de tiempo. En
principio, la enmienda decía «tiempo parcial». Tal como estaba redactada,
no tiene entidad para, en una ley de este rango y de esta categoría,
contemplar al agricultor a tiempo parcial sin limitar el tiempo, porque
en ese caso, podía contemplarse a un señor que tiene la huerta de ocio,
con 20 ó 30 metros de jardín, como un agricultor. La oferta que hacemos
en la transaccional es poner un límite del 20 por ciento de dedicación de
su tiempo, sin pensar en las rentas. Las rentas pueden ser más, pueden
ser menos, pero creo que, para recoger en una ley la definición de
agricultor a tiempo parcial, por lo menos debe tener una pequeña
dedicación a la actividad agraria; supongamos un trabajador en la
industria o en servicios que tiene una pequeña explotación, un
invernadero, o una pequeña granja, a la que se dedica los sábados o los
domingos; sería algo así como trabajar siete u ocho horas a la semana.

Creemos que tiene una entidad de agricultor, es una persona que se dedica
a la agricultura, que también en el medio rural es útil y es necesario
que se mantengan los ciudadanos.

Por esa razón, creemos que tiene entidad el recoger a tiempo parcial,
pero siempre que tenga una pequeña dedicación que hemos valorado en el 20
por ciento. Si no se hace referencia a las rentas es precisamente porque
es difícil valorar dónde pones el tope, porque, en función de los
ingresos ajenos a la explotación o a los ingresos que adquiere del
trabajo realizado fuera de la agricultura, unos pueden ser importantes,
si son salarios o sueldos importantes, otros pueden ser más pequeños, y
poner el porcentaje hubiera sido muy difícil.

A la enmienda que propone rebajar el 25 y el 30 por ciento de la renta,
hemos presentado una transaccional, tratando de equilibrar la necesidad
actual, y lo hemos dejado en 35 y 120. Entendemos que, tal como venía en
el proyecto, el 100 era una limitación, puesto que hay que hacer unas
inversiones mirando al futuro y teniendo en cuenta que en pocos años se
pueden quedar escasos de rentas porque no cabe duda de que el IPC se va a
ir incrementando. Ojalá fuera sólo el uno o el dos por ciento, pero
aunque fuera el uno, en diez años se quedarían escasos de fondos y hay
que hacer unas previsiones de inversión más a largo plazo. Por eso, hacer
unas inversiones en una explotación para producir el cien por cien
supondría limitar el futuro. No cabe duda que el 40 por ciento quizá se
quedaría alto porque, después de haber estudiado las estadísticas a que
el señor Ramírez se refería, hemos visto que un importante número de
explotaciones podrían quedar sin ser acogidas por las ayudas de esta ley.

Creemos que con el 35 por ciento se podría incluir un número importante
de explotaciones y que, además, el 35 por ciento equivale,
aproximadamente, al salario mínimo interprofesional en cuanto a renta.

Por eso ofrecemos una transaccional, con el fin de establecer la renta de
referencia en el 35 y el 120 por ciento.




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Del resto de enmiendas importantes, quiero destacar aquella que pretende
excluir de las ayudas a los agricultores de 60 años. Yo creo que este
artículo de la ley tiene un sentido práctico puesto que si queremos
forzar el rejuvenecimiento de las titulares de las explotaciones (uno de
los graves problemas que tiene la agricultura en estos momentos), es
necesario mentalizar a los titulares de más edad a que hagan un esfuerzo
de voluntad, diríamos --porque alguna experiencia tenemos y yo
personalmente--, para transferir la explotación a los hijos. En ese
sentido, sería conveniente desincentivar a estas personas para continuar
al frente de la explotación si tuvieran un hijo, como señala el texto,
para que transfiera, siempre que compartan la explotación. No cabe duda
que algunos van a entender que se les discrimina, pero creo que éste es
un aspecto importante de cara a presionar en cierta manera para que haya
rejuvenecimiento en el campo. En este sentido, se están tomando
medidas... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor San Martín, un momento, por favor.

Ruego silencio, señorías. (Pausa.)
Continúe, señor San Martín.




El señor SAN MARTIN SALA: En este sentido, se están haciendo políticas y
ayudas especiales para jubilaciones anticipadas para propiciar la
transferencia de explotaciones, y creo que hay que ser coherentes en
todas estas medidas para llegar a conseguir esos objetivos tan
necesarios. Por esa razón, el Grupo Parlamentario Socialista va a
mantener su posición en contra de esta enmienda.

Por último, en la misma línea, ha defendido la enmienda que se refiere a
exención fiscal en el IRPF sobre aquellas explotaciones que están
comercializando a través de una cooperativa al cien por cien. Ha dicho S.

S. que hacen un esfuerzo y yo creo que no es verdad. Mi experiencia en el
mundo cooperativo me dice que no es un esfuerzo. Yo creo que es una gran
ventaja, para un agricultor y para su explotación, estar en una
organización cooperativa y canalizar toda su producción a través de ella;
todo depende de cómo se mire. Creo que hay que animar y ayudar a la
propia cooperativa para que facilite y mejore las liquidaciones a los
agricultores, pero entiendo que establecer ayudas a través de incentivos
en la declaración de la renta es injusto y discriminatorio con otros
sectores, puesto que los ingresos netos de un agricultor, pequeño o
grande, con unos ingresos, mayores o menores, al final, son los mismos
ingresos y para las mismas necesidades que tienen todos los trabajadores
y todos los ciudadanos que hacen declaración de renta. Si tiene unos
ingresos menores, tendrá que pagar menos impuestos; si son mayores,
tendrá que pagar en función de las normas fiscales. Por eso, creo que es
injusto incentivar en el campo del IRPF puesto que, cuando uno tiene unos
ingresos líquidos, las mismas necesidades tienen los agricultores que el
resto de los ciudadanos. Lo que quiero decir es que un agricultor, una
vez que ha conseguido unas rentas netas, es exactamente igual que todos
los ciudadanos y tiene que ser solidario con las necesidades financieras
que tiene el Estado o las comunidades autónomas, en el caso de Navarra y
País Vasco, para poder dar solución a todas las necesidades sociales con
esos fondos. Insisto en que el agricultor es un ciudadano más, a partir
de que tiene unos ingresos netos y unas rentas netas. Por eso, el Grupo
Parlamentario Socialista no puede admitir esta enmienda, puesto que se
produciría una discriminación con el resto de los ciudadanos, porque ya
no se trata de modernizar las explotaciones. Se podrá ayudar más o menos
a la inversión y a otros aspectos, pero desde luego, una vez que se
adquieren rentas, el Grupo Socialista cree que el agricultor es un
ciudadano más que debe ser solidario, como todos, en el desarrollo de las
políticas sociales y de todas las cargas generales. En este sentido vamos
a ser intransigentes y no vamos a admitir ninguna de las enmiendas que se
refieran a reducir la fiscalidad a través del IRPF, por las razones que
he manifestado.




El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, en relación a las
enmiendas transaccionales que el Grupo Parlamentario Socialista nos había
ofrecido a los diferentes grupos políticos, creo que la enmienda que
propone a la disposición final tercera se mantiene en sus propios
términos y únicamente quería que se me confirmara.

Respecto a la enmienda relativa al artículo 24, queríamos manifestar al
Grupo Parlamentario Socialista que seguimos manteniendo esa discrepancia
y no estamos de acuerdo con ella.

En cuanto al resto de las enmiendas transaccionales, nuestra posición es
favorable y así las votaremos.




El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla.




El señor RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, he dicho en primera
intervención que el texto de este proyecto, tal y como ha salido de
Ponencia y como se está debatiendo ahora, no sólo ha defraudado al Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sino a otros muchos sectores
implicados y que se verán afectados por esta ley, pero es que la
explicación que ha hecho el representante del Grupo Socialista, si cabe
--y con toda amabilidad--, me ha defraudado todavía más. A mí me extraña
mucho que desde el punto de vista de un político (porque se entiende que
todos los aquí estamos somos representantes de la soberanía popular,
somos políticos), se diga que, en relación con el campo, no se puede
hablar de izquierdas y derechas. Pues yo, señorías, pienso que, en
relación con el campo, se puede y se debe hablar de izquierdas y
derechas, porque una política de izquierdas priorizará, tenderá más a
favorecer a la mayoría afectada por la normativa de que se trate.

Con este discurso, yo ya intuía qué estaba en el fondo de este proyecto
de ley; con este discurso que ha sido el que hemos oído en otras esferas
de la actividad económica (en la actividad industrial ha llevado a decir
que la mejor política es la que no existía) por boca del ex ministro
Solchaga,



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la importancia de la economía financiera, el abrir paso a la
modernización a través de los capitales financieros especulativos, yo no
digo exactamente que aquí se pretenda esto, pero el discurso de la
competitividad, el discurso de las empresas rentables y competitivas me
suena a la misma música. Si ahora, el Partido Socialista, en los últimos
años... (Un señor Diputado del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Demagogia!--Rumores.)
Me aceptarán SS. SS. un poco de demagogia, que no pienso sea, porque por
demagogia, si yo tuviera que recitarles lo que en materia agraria se ha
dicho demagógicamente por parte del Grupo Socialista, no acabaría en toda
la mañana, por tanto, ruego a SS. SS. que me dejen continuar.

En ese sentido, hablando con este discurso de empresas rentables y
competitivas, podría ser que nos encontrásemos con que, con este
tratamiento, nos vamos a olvidar otra vez de la economía real. Eso que
ahora tanto buscan ustedes de la economía productiva, en lo que se
refiere al campo, podíamos estar haciendo grandes superestructuras por
arriba, olvidándonos de la economía real.

El representante del Grupo Popular ha dicho --y tiene razón-- que la
Ponencia ha tenido que trabajar sin datos estadísticos. Los datos
estadísticos que yo he aportado, los he tenido que buscar y no han sido
contrastados; nadie me ha contestado y ha dicho que lo que yo he
manifestado no es cierto. Espero que, quizás, en el trámite de plenario,
se pueden confrontar esos datos y lamento mucho que la discusión, que
tendría que haber estado basada en situaciones reales que nos hubiese
aportado la estadística, se nos haya vetado y cada uno hayamos actuado
como Dios nos ha dado a entender, haciendo profesión de fe sobre
cuestiones que se decían en el enunciado de la ley y que, la verdad,
después, yo por lo menos, he podido comprobar que no son ciertas.

Ha dicho el representante del Grupo Socialista que el concepto de
explotación familiar está flotando en toda la ley. Desde luego, está
flotando absolutamente en el aire, no está plasmado; la explotación
familiar está fuera de esta ley. Se podrá interpretar que algunas
explotaciones familiares quedan dentro del contenido de esta ley, pero,
desde luego, la gran mayoría, como he demostrado a través de los datos,
quedará fuera de esta ley.

No es cierto que nuestro grupo limite el trabajo a los miembros de la
familia. Nosotros decimos exactamente que la mano de obra externa no
superará a la de las unidades de trabajo familiar. Señorías, vuelvo a
referirme a la ley de la explotación familiar agraria cuando se debatió
en el año 1981. En ese momento, la Senadora Miranzo --me parece que
era--, cuando se oponía el Grupo Socialista a que se entendiera que la
explotación familiar podía tener hasta dos trabajadores fijos, preguntaba
a quién se dirigía esa ley si solamente el 1,5 por ciento de las
explotaciones agrarias en nuestro país tenían asalariados fijos. Me he
preocupado de saber cómo ha evolucionado esa cifra en el momento actual
(los últimos datos de que disponemos son de 1989) y nos dice que
solamente el 3 por ciento de las explotaciones tienen trabajadores fijos.

Entonces, señorías, no desvirtúen lo que he dicho. Se podrá tener mano de
obra externa, pero en cómputo anual no superará a lo que significa el
trabajo de la explotación familiar, es decir, de los miembros de la
familia. No sé ustedes de qué territorios vienen; yo vengo de Cataluña, y
les diré que a mí eso no me suena extraño y entra dentro de lo normal.

Los que habitualmente llevan las explotaciones, la gran mayoría, el 80
por ciento, son los titulares, son las familias agricultoras, y para la
época de cosecha contratan a trabajadores como mano de obra externa; pero
estoy convencidísima (y espero que esos datos también se puedan aportar)
que el cómputo anual no supera lo que representa el trabajo familiar.

En relación a dos temas que no se me ha contestado directamente, aunque
tengo enmiendas en el mismo sentido, sobre la limitación a los 60 años,
señorías, queremos ser modernos, queremos limitar, queremos forzar,
queremos que se rejuvenezca el campo, etcétera, pero, ¿ustedes quieren
decir que a un señor, una agricultora o agricultor que tengan 60 ó 61
años les vamos a decir que ya no les vamos a priorizar en el tema de
seguros agrarios, que es de las pocas situaciones preferenciales que
contempla la ley? ¿A una persona que tenga 61 años resulta que ya no se
le podrá preferenciar en el tema de seguros agrarios, en las cuotas
lácteas ni en ningún otro tipo de cuotas. Seamos serios, señorías, y si
queremos rejuvenecer el campo hay otros mecanismos, pero no castigando y
penalizando a las personas que en ese momento están trabajando en el
campo, y saben ustedes que los que trabajan en el campo, duran mucho, y
hasta los setenta y tantos años continúan trabajando.

Sobre la injusticia que representaría --como nosotros también habíamos
dicho-- deducir un 10 por ciento en el IRPF, en el IAE y un 25 por ciento
en el IBI; sobre que eso sería injusto, el Grupo Parlamentario Socialista
acordó, en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos para el año 1994
y para éste, medidas, ayudas fiscales, exenciones para los empresarios,
que han supuesto que las arcas del Estado dejen de percibir 700.000
millones de pesetas el pasado año y el presente otros tantos. No lo han
considerado injusto cuando se trata de otros sectores de la producción y,
en cambio, lo consideran injusto cuando se trata de sectores agrícolas,
cuando el único objetivo, sabiendo el proceso de despoblación que tiene
el mundo rural, significa fijar la población agraria. Desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no lo consideramos injusto, sino, por el
contrario, absolutamente necesario, y tendrán que explicar ustedes a qué
viene esta discriminación según se trata de sectores industriales o
agrícolas.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
hacer una consideración respecto a las enmiendas transaccionales que nos
ofrece el Grupo Parlamentario Socialista en relación al artículo 2º.5,
párrafo segundo, y la definición del agricultor a tiempo parcial. En el
artículo 2º.5, señor representante del Grupo Socialista, creo que falta
un y/o órgano de representación, porque parece que unen ustedes la
consideración de titular en instituciones de carácter representativo y
órgano de representación,



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y no habría que confundir las instituciones de carácter representativo
y/o órganos de representación. Falta una «o», para cualquier exacta
interpretación posterior de la ley.

No han querido definir la relación a la renta. En nuestra definición del
tiempo parcial hablábamos de que la renta fuera por encima del 50 por
ciento, y el tiempo --sí que hablábamos del tiempo-- menos del 50 por
ciento; pero, en fin, si ustedes no quieren señalarlo, en honor a que
consigamos una definición del agricultor a tiempo parcial, aceptaríamos
su planteamiento.

Entrando en cuestiones de más calado, señor portavoz del Grupo
Socialista, usted no ha entendido, posiblemente --y así lo hicimos ver en
Ponencia-- nuestra enmienda cuando hablábamos de que se tuviera en cuenta
el capital mobiliario financiero; lo dijimos entonces en Ponencia, ya que
había un error gramatical, e insistimos en que era capital mobiliario
financiero, que no sobrepasara el 15 por ciento del total de bienes
inmuebles de la explotación. Es una pequeña cantidad económica y, por
tanto, creemos necesario que ese ahorro familiar sea considerado a
efectos de lo que es la explotación; por consiguiente, entendemos que esa
referencia agilizaría, clarificaría y tendría importancia capital a la
hora de aplicación de la normativa comunitaria, del desarrollo de la
normativa española, pues nos hemos encontrado actualmente con
dificultades, especialmente en las indemnizaciones compensatorias de
montaña, cuando en una explotación familiar se ha visto, por ejemplo, que
tenía 2 millones de pesetas en certificados del Tesoro, fíjense qué
cantidad tan importante de dinero y, en cambio, se ha considerado que era
un elemento distorsionante a la hora de valorar su situación económica.

Por tanto, le ruego consideren esa especificación de mobiliario
financiero a la hora de entender esa circunstancia.

No he quedado convencido sobre las razones que expone el Grupo Socialista
en la exclusión de los agricultores de más de 60 años. De verdad, si
contáramos con esos datos estadísticos, podría comprobar el representante
del Grupo Parlamentario Socialista la cantidad de agricultores de más de
60 años que no tienen hijo o colaborador joven que apoye su explotación.

Por tanto, a esos agricultores se les está excluyendo, y la representante
de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, no se le
puede ayudar y subvencionar en los seguros agrarios. No tiene hijos, no
tiene quién le ayude ni capacidad de hacer un pacto de colaboración, y a
ese agricultor se le margina y se le dice: lo siento mucho, no puede
usted tener ayudas en las normas generales de la Administración central o
en las normas que aprueben las comunidades autónomas. Creemos que es una
marginación inconstitucional y hacemos la reserva que se contempla en
este concreto aspecto, porque no queremos ser solidarios con esa
marginación.

Seguimos insistiendo en que el sector cooperativo, la agricultura
asociada, la agricultura que va más allá del mero hecho de la producción,
no se contempla en este proyecto de ley. Señor portavoz del Grupo
Socialista, ¿dónde termina la producción y empieza la transformación y
comercialización de los productos? Yo no veo esa frontera tan diáfana que
encuentra S. S. Entiendo que para producir, por ejemplo, hay que unirse y
obtener elementos de compra en «inputs» que favorezcan la producción y la
abaraten. Por tanto, no están ustedes contemplando esa capacidad
asociativa en elementos de comercialización fundamentales para la
producción. Esa frontera no existe, en una agricultura cada vez más
evolucionada los fines, los límites entre producción, transformación y
comercialización se difuminan a una velocidad increíble y, por tanto, no
contemplar en los objetivos, en los fines de la ley, ese tipo de
entidades asociativas creemos que no está dando respuesta a la demanda de
la agricultura de final de siglo.

Se ha confundido el señor portavoz socialista cuando ha hablado de los
beneficios fiscales al agricultor que utilice la cooperativa. No los
habíamos planteado, pero los vamos a plantear. Hicimos primero una
definición y hemos dicho que el Grupo Parlamentario Popular pretende que
el agricultor que no entre en las definiciones de la prioridad
contempladas en el artículo 2.º, pero que haga el esfuerzo --y voy a
definir este esfuerzo-- de entregar toda su producción a una entidad
asociativa, se considere a estos efectos agricultor prioritario. Es
decir, ese agricultor a tiempo parcial, el ejemplo que nos ponía el
portavoz del Grupo Socialista del invernadero de carácter familiar que
complementa rentas de una persona que tiene otro tipo de actividad
profesional, que comercializa a través de su cooperativa, podría ser
contemplado en las definiciones de la agricultura prioritaria.

Cuando hablamos del sacrificio es porque el agricultor que utiliza la
cooperativa siempre y al cien por cien está muchos años, en muchas
ocasiones, muchas temporadas, sin entrar en la agricultura especulativa
ni en los altibajos que se producen en el mercado agrario, renuncia a
enriquecimientos especulativos a corto plazo porque considera que su
obligación está en fortalecer su entidad asociativa, y en ese momento
está haciendo un sacrificio económico importante. Piense usted en este
momento en producciones como la patata, el vino, etcétera, que no estén
utilizando el mercado especulativo que se está produciendo en este
momento alrededor de esos productos y sigan fieles a su entidad
cooperativa. Por tanto, hacemos un llamamiento a esa otra posibilidad de
ser considerados explotación prioritaria a estos efectos.

Como se ha hablado del tema fiscal, señor Presidente, yo voy a defender,
si me permite, esa enmienda. La ley hace una mención especial en
beneficio de las entidades asociativas a la hora de fijar su capital
social, a la hora de regulación del mismo, y estamos entendiendo que el
agricultor fiel a la cooperativa, que es prioritario, que entra dentro de
las definiciones del artículo 2.º y que está realizando el esfuerzo de
sostener, aumentar y engrandecer esa entidad asociativa, sí debe tener un
premio fiscal, como lo tienen multitud de actividades económicas en
España, y podemos hacer la relación de personas y actividades
profesionales y económicas que constantemente están encontrando un premio
fiscal. Nosotros no decimos aquí el tanto por ciento, decimos que
reglamentariamente el Gobierno tendrá que desarrollar ese premio fiscal
al agricultor, a la explotación prioritaria que está utilizando la
cooperativa al cien por cien. Dígase en la ley, establézcase el mandato
al



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Gobierno para que premie esa actividad, y por tanto apostemos desde esta
ley por el engrandecimiento y desarrollo del mundo cooperativo, del mundo
asociativo agrario.

Mantenemos, por supuesto, porque no hemos sido convencidos, que la renta
de referencia debe situarse, en función de la carencia de esos datos
estadísticos, en el 30 y 125 por ciento, para considerar un espectro
mucho más amplio de agricultores que puedan beneficiarse de la
declaración de prioritarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: En primer lugar, pido excusas si a lo mejor
no controlo el volumen de mi voz. La verdad es que tengo un ataque de
otitis, casi no oigo y no sé si hablo muy alto o muy bajo, pero intentaré
que ustedes me puedan entender.

Quiero empezar por decir que este proyecto de ley, efectivamente, es
deseado y esperado por el sector, es un proyecto de ley muy importante,
yo diría que en el sector, probablemente, el más importante en los
últimos años, y así debe serlo. Es un proyecto de ley estructural que
intenta modernizar las explotaciones agrarias, que intenta cambiar, para
mejor, la fisonomía de lo que son las explotaciones agrarias actuales en
España. Es verdad que este proyecto de ley, por tanto, siendo muy
importante, ha suscitado yo creo que sumo interés por parte de todos los
grupos parlamentarios en intentar llegar a acercar posiciones en la
medida que esto fuera posible y que no fuera el proyecto de un grupo o de
unos pocos, sino que fuera, a ser posible, el proyecto de todos. Yo creo
que ese esfuerzo lo hemos realizado todos, unos más que otros sin duda,
pero en general todos hemos puesto interés en hacerlo, y quiero recordar
sólo como muestra el hecho de que hemos trabajado en Ponencia dos días
enteros, con profundos debates sobre el proyecto de ley, sobre lo que
entendemos de cada uno de esos conceptos, y a mí me parece que hemos
avanzado bastante en encontrar posiciones de acuerdo, aunque es verdad
que nunca es posible llegar al cien por cien.

En cualquier caso, quiero resaltar aquí que ese esfuerzo que hemos hecho
todos no se ha visto coronado, sin embargo, por mucho éxito en cuanto se
refiere al Grupo de Izquierda Unida. Lamentablemente para nosotros ha
sido el grupo con el que más discrepancias hemos mantenido al final y
seguimos manteniendo. Después de oír el discurso que ha hecho la señora
Rivadulla aquí hoy, que no es un discurso al que me tenga ella muy
acostumbrado --yo no le he oído muchas veces discursos de la índole del
de hoy--, la verdad es que acaba uno por entender más todavía por qué ha
sido más difícil llegar a un acuerdo. Yo creo, señora Rivadulla, que no
es éste el momento de hacer un debate sobre lo que son las izquierdas y
las derechas en el campo, en la industria ni en lo económico, por tanto
no entraré en él, pero estaré encantado de entrar en cualquier otro
momento. Tampoco creo que sea el momento de resaltar coincidencias del
Grupo Socialista con el Grupo Popular, porque si de coincidencias
hablamos, señora Rivadulla, vamos a tener que repasar las hemerotecas y
vamos a ver quiénes coinciden más y quiénes coinciden menos. A mí la
coincidencia en lo que nos parece razonable no me preocupa con quién sea;
la coincidencia en lo que nos parece importante para el sector agrario no
me preocupa con quién sea. Si quiere usted apuraré un poco más,
preferiría que hubiera sido con ustedes, por qué no decirlo, pero no ha
sido posible yo creo que por una razón muy sencilla, señora Rivadulla.

Usted dice: no me hablen de que estoy en otra galaxia. No está usted en
otra galaxia, yo creo que nadie se lo va a decir. Pienso que ustedes han
querido que esta ley fuera una ley excluyente de todo aquello que no
fuera exclusivamente la explotación familiar agraria, es decir, la
tradicional explotación familiar agraria del sector del campo español, en
la que trabajaban los padres, los hijos y nadie más prácticamente. Como
le ha dicho mi compañero, el señor San Martín, pensamos que la realidad
actual del sector agrario en España no se parece ya casi en nada a eso,
aunque ese tipo de explotación familiar agraria a la que usted se refiere
y que para nosotros también es muy querida existe, como existe está
perfectamente contemplada en el proyecto de ley, y espero demostrárselo a
lo largo de mi intervención. Es algo que usted nos ha querido negar
permanentemente. En Ponencia lo hemos dicho por activa y por pasiva:
díganos usted, señora Rivadulla, qué explotación familiar agraria de las
que usted entiende no está en el proyecto de ley, díganos sólo una que no
esté, y cuando usted me diga las que cree que no están a lo mejor tendrá
que repasarse el proyecto de ley y ver por qué no están, porque yo
también le voy a dar alguna razón --que está en el proyecto de ley, no
son razones que yo me invente-- de por qué no están.

Por tanto, la explotación familiar agraria está en el proyecto de ley;
pero, además, en el proyecto de ley están otro tipo de explotaciones, que
no es la tradicional explotación familiar agraria, que son una realidad
en el campo español, que no podemos ni debemos obviar, porque no
solamente estamos compitiendo en un mercado abierto a nivel de Europa,
sino porque estamos compitiendo en un mercado cada día más abierto a
nivel mundial. Por eso tenemos que conseguir que las explotaciones
agrarias, como tales, sean también empresas competitivas, aunque a usted
le da mucho miedo eso de la empresa competitiva y no sé por qué. Lo que
queremos es que la explotación agraria española sea una empresa
competitiva, que pueda competir con las explotaciones agrarias de otros
países, porque, si no lo fuera, y no lo ha sido durante muchos años,
¿sabe usted lo que íbamos a repartir en el campo español? Pobreza y
miseria. Por tanto, nosotros sí queremos que sean competitivas.

Le voy a decir una cosa más, señora Rivadulla, nosotros no es que
tengamos un concepto distinto al de ustedes de lo que debe contemplar el
proyecto de ley, lo que ocurre es que ustedes se han quedado solos en su
concepción. Ningún otro Grupo de los que hay en este Parlamento sostiene
las mismas teorías que ustedes; luego por algo será.

Dicen ustedes que nos hemos cargado la explotación familiar agraria. Eso
no es verdad. Está la explotación familiar agraria. También dice usted
que cambiamos la Ley de Arrendamientos Rústicos y que no la queríamos
cambiar.




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Usted ha dado el dato definitivo para que sea lógico el cambio que
plantea el proyecto de ley, y es que el año 1962 ahora, en 30 años, el
volumen de arrendamiento de la tierra no ha variado. Usted ha dado el
dato del 12 por ciento en el año 1962 y el trece y pico por ciento en el
año mil novecientos ochenta y tantos. Creo recordar que esto es lo que ha
dicho usted. Yo no tengo ese dato. Lo recojo de su intervención. Pues
bien, precisamente porque el mercado de tierras está perfectamente
cerrado hay que movilizarlo si queremos conseguir explotaciones viables.

Uno de los problemas que tiene nuestro país es que la dimensión de la
explotación agraria media en España es aproximadamente la mitad de lo que
es la explotación media agraria del resto de los países de la Unión
Europea. Ese es uno de los problemas estructurales que tenemos.




El señor PRESIDENTE: Señor Torres, éste es un turno de réplica a las
intervenciones iniciales. Estamos abriendo otra vez un debate que se
debería haber producido en la primera intervención. Lógicamente, si sigue
en este sentido se amplía y alarga el debate. Por tanto, le rogaría que
se ciña a la réplica de las últimas intervenciones porque si no reabrimos
otra vez el debate.




El señor TORRES SAHUQUILLO: De acuerdo, señor Presidente. Intentaré
centrarme en las enmiendas transaccionales que hemos presentado y
aclararé dos o tres cosas que a mí me parecen importantes de las
intervenciones que ha habido por parte de otros Grupos.

Nosotros hemos presentado una transacción al artículo 4.1, en el que se
establecen los límites por debajo y por arriba, de la renta de referencia
para considerarse explotación prioritaria. Esta transacción también
afecta al artículo 5 y a algún otro. Hemos pasado del 40 por 100 de renta
unitaria respecto a la renta de referencia, como mínimo, para ser
explotación prioritaria, al 35 por ciento (estamos hablando de que no
sabemos muy bien a qué nos referimos y parece ponemos cantidades
caprichosamente y no es así) porque, señorías, el 35 por ciento de la
renta de referencia hoy en España es sensiblemente igual al salario
mínimo interprofesional bruto anual de una persona mayor de 18 años. Por
tanto, lo que estamos diciendo, para que se entienda, es que se
considerarán explotaciones prioritarias todas aquellas cuya renta
unitaria de trabajo esté por encima o tenga como tope mínimo el salario
mínimo interprofesional para un trabajador de 18 años en España. ¿Cree
alguien, señorías, que el salario mínimo interprofesional no es una
limitación lógica para considerar que, si en una explotación la renta que
se obtiene está por debajo del salario mínimo interprofesional, haya que
plantearse que esa explotación ha de ser prioritaria? Pues bien, el
proyecto de ley establece métodos y condiciones, bien arrendando tierras
o comprándolas o haciendo un plan de mejora en la explotación, para
conseguir que la renta suba por encima del salario mínimo profesional. No
podemos tener en nuestra agricultura a una familia viviendo por debajo
del salario mínimo interprofesional porque eso es condenarla a la
miseria. Por eso lo que estamos tratando de conseguir es que eso no sea
así. La ley establece una serie de ayudas, y también la reglamentación
que la desarrolle, para conseguir que aquellas familias que no alcancen
ese nivel mínimo de renta lo puedan alcanzar en un plazo de cinco años.

La disposición transitoria única establece que podrán acceder todas
aquellas explotaciones agrarias familiares que estén por debajo del 30
por ciento, no del 35, de la renta de referencia en un plazo de cinco
años.

Hay más inclusiones en la ley. En la disposición final tercera del texto
de la Ponencia se dice, en el apartado 1, que en los territorios con
insuficiencias estructurales se permite a las Comunidades Autónomas no
tener en cuenta el nivel mínimo de renta de referencia a la hora de
considerarlas como explotaciones prioritarias, por ser territorios con
suficiencias estructurales, de tal manera que aquellos agricultores que
están viviendo, ejerciendo y trabajando en su explotación en condiciones
de precariedad por insuficiencias estructurales, puedan acceder a ser
explotaciones prioritarias.

En el apartado 2 de esta misma disposición final se dice que cuando en
una Comunidad Autónoma la mayoría de las explotaciones estén por debajo
del 40 por ciento de la renta --que si se acepta la transacción sería del
35 por ciento--, éstas también puedan ser consideradas explotaciones
prioritarias.

Además, por la transacción que hemos ofrecido y ha aceptado el Grupo
Vasco (PNV) a su enmienda número 106, hemos incluido en esta misma
disposición final tercera otros dos apartados que se refieren a la
agricultura de montaña. De tal manera que la agricultura de montaña, los
territorios con deficiencias estructurales puedan acceder también a ser
explotaciones prioritarias y, por tanto, acceder a la preferencia de las
ayudas que establece esta ley, aunque no alcancen ese nivel de renta.

Con esto ¿qué quiero decir? Quiero decir que claro que está la pequeña
explotación familiar agraria en el proyecto de ley por múltiples días.

Por eso es por lo que hemos propuesto esta enmienda. Sólo se me ocurre
decir --y no quiero volver a reabrir el debate-- que cuando hemos
suprimido el capítulo II, de ayudas, que tanto le preocupa al Partido
Popular, lo hemos hecho porque, después de repasar mucho la ley y de
observar las enmiendas, sobre todo del Grupo Catalán y del Grupo Vasco,
hemos llegado a la conclusión de que podría prosperar perfectamente un
recurso de inconstitucionalidad y dejara absoleta la ley. De ahí que se
decidió en Ponencia que desapareciera el capítulo II, de ayudas, pero no
porque queramos que desaparezca lo que dice el capítulo II. Lo que hemos
dicho en Ponencia es que el capítulo II se va a desarrollar mediante el
reglamento. Por tanto, todas las ayudas y los planes de mejora que se
contemplan en el capítulo II van a estar contemplados en el reglamento de
desarrrollo de la ley. No estarán en la norma legal, pero estarán en el
reglamento que lo desarrolle. Por tanto, yo les diría que no tengan
ustedes esa preocupación, porque eso va a estar.

A mí me preocupa ahora (y haciendo un debate global es imposible hablar
de cada enmienda) referirme a las enmiendas transaccionales para estar
seguros de cuáles han sido aceptadas y cuáles no, ya que yo entiendo que,
procesalmente, si a uno se le ofrece una enmienda transaccional



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y éste no la acepta, esta enmienda no puede ser votada aquí. Si es así,
tendríamos que mantener estas enmiendas de cara al Senado, a no ser que a
los Grupos les parezca bien que se voten, cosa que nosotros
agradeceríamos, porque creemos que mejoran bastante el proyecto de ley
porque, al fin y al cabo, ha sido un trabajo conjunto, no sólo de mi
Grupo, sino del Grupo al que le ofrecemos la transacción.

La primera enmienda transaccional se refiere a la enmienda 52, del Grupo
Popular, al artículo 2.5, párrafo segundo, donde se habla de lo que se
consideran actividades complementarias.

El letrado me dice que cuando se habla de instituciones de carácter
representativo y órganos vinculados, en vez de poner Òy órganosÓ, sería
mejor poner Òu órganos vinculadosÓ. A nosotros esto nos parece bien. Si a
ustedes les parece bien también, lo dejaríamos así. Yo entendería que
ustedes aceptan esta enmienda.

En la siguiente enmienda a la número 15, del Grupo de Izquierda Unida, al
artículo 2.10, cuando hablamos de renta de referencia es el indicador
relativo a los salarios brutos no agrarios de España, ya que la enmienda
de Izquierda Unida y el texto del proyecto de ley coincidían
sustancialmente. Quizá la diferencia fundamental era que no aparecía lo
de salarios brutos. Ofrecemos esta transacción con la esperanza de que
nos la acepten y la podamos votar.

El punto 12 del artículo 2, que es nuevo, se refiere al agricultor a
tiempo parcial. Hemos presentado una segunda transacción que establece el
límite de tiempo por abajo y por arriba. Ya lo ha explicado mi compañero
y no quiero hacer más hincapié sobre el tema. Es a la enmienda número 53
del Grupo Popular. Entendemos que la aceptamos y podría pasarse a
votación.

En el artículo 4 tenemos una enmienda de transacción a la enmienda 18,
del Grupo de Izquierda Unida, al título del artículo, donde, en vez de
que aparezcan explotaciones familiares sin más, como viene en el texto de
la ponencia, proponemos que se llame Òexplotaciones familiares y otras
cuyos titulares sean personas físicasÓ. No sabemos si Izquierda Unida la
acepta o no, aunque parece que no.

Al artículo 4.1, primer párrafo, tenemos una enmienda transaccional a la
56, del Partido Popular, y a la 113, de Convergència i Unió, que hace
referencia a la renta unitaria de trabajo, al límite del 35 por ciento
por abajo y al 120 por arriba. Me gustaría saber si el Partido Popular
acepta o no la enmienda. Parece que no la acepta y dice que se puede
votar. Perfecto, porque Convergència i Unió me consta que sí la acepta y,
por lo tanto, la votaremos.

Al artículo 4.1.e) también hay otra enmienda transaccional a la 116, de
Convergència i Unió, y a la 58, del Partido Popular, que entiendo que sí
se acepta, que es la que considera en la residencia los casos de
necesidad o fuerza mayor.

En el artículo 5, párrafo primero, hay una transaccional a la enmienda
113, de Convergència i Unió, y a la 59, del Partido Popular, que está en
la misma línea que el artículo 4.1, con las proporciones de 35 y 120.

En el artículo 8, antes artículo 15, se propone sustituir «plan de
mejora» por «de planes de mejora». No es una transacción a una enmienda
de un grupo, sino al propio texto del proyecto de la ponencia, por
entender que, como ha desaparecido el Capítulo II, de ayuda, donde se
especificaba qué era el plan de mejora, llamar plan de mejora en singular
le da una sustantividad que ya no tiene en la ley. Por eso preferíamos,
si a los grupos les parece bien que se vote esta enmienda, que se pusiera
«de planes de mejora», en plural, porque le quita sustantividad. No tiene
lógica que, habiendo desaparecido del Capítulo II, permanezca así.

Al artículo 9 de la ponencia, antes 16, tenemos una transaccional a las
enmiendas 122 y 123, del grupo de Convergència i Unió, a la enmienda
número 28, de Izquierda Unida, y a la 71, del Grupo Popular, sobre la
transmisión de la explotación. Si no hay inconveniente, la votaríamos
también.

Al artículo 10 de la ponencia, antes 17 del texto del proyecto de ley,
tenemos una enmienda transaccional a la 72, del Grupo Parlamentario
Popular, donde añadimos lo de «supuestos de fuerza mayor», tal como lo
sugería el propio Grupo. La votaremos también porque veo que es aceptada.

Al artículo 16.2, antes 22.2, tenemos una transacción a la enmienda 103,
del PNV. El señor Gatzagaetxebarría me ha indicado que no pueden aceptar
la enmienda. Su enmienda proponía quitar la palabra «agregada». Me dicen
que no la pueden aceptar y en este momento me atrevo a proponerle a él y
al resto de los grupos, por si lo consideran oportuno, aceptar que
nuestra propuesta alternativa a esta no aceptación sería la supresión del
apartado 2 del artículo 24 del texto de la ponencia, entendiendo que de
esta forma tampoco perjudicamos el nivel de información, ya que, mediante
convenio, el Estado, la Administración central, tendrá que estipular con
las Comunidades Autónomas, como ya lo vienen haciendo habitualmente, qué
tipo de información va a recibir para conseguir que el catálogo pueda
funcionar. Si a ustedes les parece bien, y al PNV le parece oportuno,
podríamos ofrecer en este momento como transacción la desaparición del
punto 2 del artículo 24, y se podría votar.

Al artículo 27 de la ponencia, antes 25, tenemos una transacción al
propio texto de la ponencia que pensamos que lo mejora sustancialmente.

Se refiere a la primera instalación de jóvenes agricultores. Como SS. SS.

conocen la transacción desde hace unos días porque se la entregué, si no
tienen inconveniente, la votaríamos también como transacción al texto de
la ponencia.

En la disposición adicional sexta tenemos una transacción a la enmienda
2, de Coalición Canaria, que es la única que presentó y que, por boca del
señor Presidente de la Comisión, ya sabemos que el Grupo de Coalición
Canaria, que no está aquí, la acepta, y, por tanto, pasaremos a votarla
en el momento oportuno.

En la disposición transitoria única se propone añadir, puesto que hemos
aprobado el texto de la ponencia, que el límite superior ha de ser
inferior al 120 por ciento. Sin embargo, se nos pasó poner en el texto de
la ponencia de la transitoria única el límite del 120 por ciento. Es una
corrección técnica sin más consecuencias, y ya que se ha aprobado el
texto de la ponencia y el límite es inferior a



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120, que también se pusiera aquí. Por tanto, habría que votarla si no hay
inconveniente.

Por último, en la disposición final tercera hay una enmienda
transaccional a la enmienda 106, del Grupo Vasco, sobre la agricultura de
montaña, que el referido Grupo ya nos ha dicho que acepta y que pasaremos
a votación.

Con esto entiendo, no sé si me equivoco, que todas las enmiendas
transaccionales que hemos presentado pueden votarse en la sesión de hoy,
y si fueran aprobadas pasarían a formar parte del texto de la ponencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor San Martín.




El señor SAN MARTIN SALA: Quisiera hacer alguna aclaración, ya que se ha
hecho referencia a mi intervención inicial, de forma brevísima.

La portavoz de Izquierda Unida me ha tocado en mi fibra sensible, en el
sentido de que en agricultura no había ni izquierdas ni derechas. Quizá
no se haya interpretado bien mi referencia, y quiero decir que ser de
izquierda en agricultura quiere decir que todos los agricultores que
estén viviendo de la agricultura tengan suficientes ingresos para poder
vivir dignamente en una sociedad. Para eso hace falta un tipo de
agricultura, y a eso es a lo que me refería. A ese tipo de agricultura
competitiva difícilmente se le puede poner etiqueta.

El Grupo Popular me dice que no hemos entendido. Hemos entendido
perfectamente la enmienda de capital mobiliario. Tal como está redactada
es así y lo que dice está ahí. Si cree que tiene importancia lo
estudiaremos, ya que todavía existe la posibilidad de que en el Senado la
contemplemos en los términos de ese capital inmobiliario que se refiere
al financiero.

Y, efectivamente, se me ha olvidado justificar una enmienda cuya
trascendencia es importante. Es la de poder ser contempladas como
prioritarias aquellas explotaciones por el hecho de estar en una
cooperativa comercializando todos sus productos. En ese sentido
deberíamos intentar, y eso sería lo óptimo, que todos los agricultores se
defiendan a través de una cooperativa, con lo cual ya no habría
definición porque todos serían empresas prioritarias. El hecho de estar
en una cooperativa es suficientemente atractivo para ellas. Contemplar
todo tipo de definición de agricultura deformaría la definición en esta
ley.




El señor PRESIDENTE: Voy a dar un brevísimo turno a los portavoces, en
algunos casos para replicar y en otros para tomar posición respecto a las
enmiendas transaccionales.

Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Aceptaríamos la enmienda
transaccional «in voce» que propone el portavoz socialista, el señor
Torres, y retiraríamos la enmienda que tenemos al artículo 24.2.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, en relación con las
enmiendas, después me referiré a las transaccionales que acepta nuestro
Grupo.

Quisiera --ya que se ha abierto un nuevo turno porque se ha aludido
directamente a mi intervención inicial, cuando se suponía que el Grupo
Socialista debía referirse a los capítulos que no habían sido objeto de
debate-- decir que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiere la
modernización del campo. Nos ajustamos a los datos que estadísticamente
tenemos, en el sentido de que el 75 por ciento de las explotaciones de
nuestro país se nutren de trabajo familiar agrario. No estamos por la
proletarización del campo. Nos tememos que con un proyecto de estas
características podemos ir hacia industrias competitivas, industrias
agroalimentarias rentables y competitivas, pero a través de un proceso de
salarización de los que actualmente son agricultores.

Estamos por ayudar y potenciar, para que se modernicen, las explotaciones
familiares agrarias a través de inversiones que se realicen en ellas, no
de inversionistas que vengan de fuera.

El problema de las coincidencias que el Grupo Socialista tiene con el PP
lo tendría que mirar ese mismo Grupo. No quiero generalizar el debate,
pero hay varias cuestiones en las que se coincide últimamente y es un
problema que no es nuestro, sino del Grupo Socialista.

No estamos con un planteamiento excluyente, señor Torres. Nosotros
pensamos que la explotación familiar agraria, que constituye casi el 80
por ciento de las explotaciones de nuestro país, tiene que ser la
prioritaria, pero no excluimos el que otros tipos de empresas puedan
tener ayudas; lo que decimos, de acuerdo con los reglamentos
comunitarios, es que esas empresas que no sean prioritarias deberán
recibir unas ayudas menores que las que son explotaciones familiares,
menos como mínimo en un tercio, que es lo que dice la normativa
comunitaria en el reglamento que se refiere a mejoras.

Usted me dice que le diga una empresa que no estaría dentro de esto. Se
lo digo clarísimamente: todas las que no tengan una unidad de trabajo
agrario, y ya me he referido a los datos. (El señor Torres Sahuquillo
hace signos negativos.) Sí, sí. El artículo 4, señor Torres, dice: Para
que una explotación cuyo titular sea una persona física tenga la
consideración prioritaria, se requiere que la expropiación posibilite la
ocupación al menos de una unidad de trabajo agrario.

A lo que usted se refiere después, señoría, es a las excepciones
temporales, coyunturales y territoriales, pero la generalidad a la que se
aplica esta ley es la que contempla la limitación del artículo 4.

Entonces, si nos referimos a los datos de la Recan que le he dicho, la
media es de 1,2 unidades de trabajo agrario, pero tenga en cuenta que la
Recan al referirse a empresas grandes, las que tiene más de dos unidades,
resulta que deja a las dos terceras partes de las explotaciones
familiares fuera.

Si se lo digo por territorios, señoría, en Galicia la media de la UTA
(unidad de trabajo agrario) es de 1,2, pero es que, por ejemplo, hay en
cantidad de comunidades donde no se llega o se llega al límite: una en
Rioja, 0,9 en Aragón,



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1 en Baleares, 1,2 en Castilla-La Mancha, al 0,9 en la Comunidad
Valenciana, al 1 en Extremadura, y ya digo que éste es un requisito que
podrán cumplir aquellas que están examinadas y controladas por la red
contable de agricultura, pero desde luego no el resto que queda
absolutamente fuera.

Por último, dice que nos hemos quedado solos en esta Comisión. Ya he
dicho que si usted se repasa el dictamen del Consejo Económico y Social,
cuyo informe no es vinculante, verá que muchas de las enmiendas de peso
que presentamos en esta Comisión se recogen en ese dictamen; por tanto,
no tan solos. Organizaciones agrarias importantísimas como son la COAG y
Comisiones Obreras están también con nosotros. Pero es que, además, no
nos movemos en la órbita española sólo, sino en la Comunidad Europea,
donde el concepto de explotación familiar agraria y su prioridad es
importante, y si nos hemos quedado solos habrá parte de la
responsabilidad que sea nuestra, señor Torres, pero quizás a ustedes les
correspondería estar a nuestro lado y no al lado del Grupo Popular, que
en materia de política agraria nos hemos llenado la boca de decir que
estaba diametralmente opuesto a las concepciones que desde la izquierda
se tienen. Si ustedes están con el Grupo Popular es su problema. Yo estoy
al lado del dictamen del CES y al lado de las organizaciones agrarias.

En relación a la propuesta de transaccionales, nuestro Grupo votará
favorablemente la que se refiere a las enmiendas 15, la 28 y la 36 y
votaremos en contra a la transaccional a la enmienda 18.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.

El señor Ramírez tiene la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, en principio vamos a
pronunciarnos sobre las enmiendas transaccionales del Grupo Parlamentario
Socialista. Hemos indicado, porque recoge nuestra petición, que sí
votaremos favorablemente la enmienda transaccional al artículo 2.5,
respecto a otras actividades complementarias. Votaremos a favor de la
definición de agricultura a tiempo parcial, que se contempla en la
enmienda transaccional. Con carácter general, lo hemos dicho antes,
aceptamos que se sometan a votación todas las enmiendas transaccionales,
aun cuando votaremos en contra, como hemos dicho a través del debate, en
relación a la enmienda transaccional al artículo 4.1, respecto a la renta
de referencia. Votaremos a favor de la del 4.1.e). Creo que sería
conveniente ir sometiendo las diferentes enmiendas transaccionales una a
una a votación para ir pronunciándonos sobre las mismas.

Señor Presidente, a nuestro Grupo le quedaba por defender un segundo
paquete de enmiendas que hacían referencia a otros capítulos de la ley
que muy brevemente, señor Presidente, vamos a defender en un turno.

Creo que hemos hecho un trabajo importante, entre todos, respecto a los
beneficios fiscales que se contemplan en el Capítulo III --y hemos
lamentado la desaparición del Capítulo II--, creo que todos nos podemos
felicitar, porque hemos elevado sustancialmente, con aportación de todos
los Grupos Parlamentarios, las exenciones fiscales en favor de la
transmisión de explotaciones, entre explotaciones prioritarias, la
totalidad o la parcialidad de esas explotaciones, las permutas, etcétera.

Lamentamos que no se considere la oportunidad de un reflejo reglamentario
en la declaración de la renta de los agricultores que utilicen la
cooperativa al cien por cien, como ya hemos debatido.

En relación a los agricultores jóvenes, o jóvenes agricultores, en la
normativa comunitaria, que tan nervioso pone al Partido Socialista,
lamentamos, señor Presidente, la supresión de los artículos 28, 29 y 31
del proyecto. ¿Por qué? Porque en estos artículos se definían las bases
por las cuales el agricultor joven podría tener el estímulo a su primera
instalación, bases que servirían como referencia obligada a las diversas
comunidades autónomas y a la propia legislación de la administración
central a la hora de desarrollar esta importantísima cuestión, como es la
primera instalación de los jóvenes.

Desgraciadamente no sabemos por qué presiones o por qué elementos de
estrategia política ha desaparecido del proyecto de ley esta importante
referencia, cuya salida del proyecto creemos que empobrece y establece
una posible discriminación en el territorio nacional cuando cada
comunidad autónoma provea la legislación que ampara la primera
instalación del joven agricultor. Quizás la carencia de estos tres
artículos, que eran fundamentales en el proyecto de ley, nos pueda
provocar luego determinadas lamentaciones.

En lo que hace referencia al artículo 33, para el que se nos prometió en
ponencia una nueva redacción, que no ha llegado, creemos que la
financiación de las ayudas previstas en la Ley debe ser obligatoria para
la Administración central y posible para las administraciones
autonómicas. En cambio, se sigue manteniendo esa posibilidad tanto para
la Administración central como para las administraciones autonómicas. Si
estamos regulando con carácter general en el Parlamento español una ley
de bases, por lo menos que sea obligatoria para la Administración central
y no dejemos incluso que sea potestativa la financiación de las escasas
ayudas que se contemplan en esta ley, por lo que mantenemos nuestra
enmienda en este sentido.

Recordarán SS. SS. que en el debate de Ponencia había unas enmiendas de
carácter técnico sobre las inscripciones registrales, la aplicación de
los preceptos de la Ley Hipotecaria y la ubicación para litigar en
determinados tribunales. No se nos han aceptado. Dijimos que habíamos
contrastado esa información, que era buena y que se nos recomendaba que
fuera así por los técnicos, por lo que no comprendemos el porqué el Grupo
Socialista, y, en definitiva, el Gobierno, no ha aceptado esas enmiendas.

Entramos en cuestiones más importantes, que son el respeto a la normativa
autonómica, el derecho foral y a aquello que hace específico que una
región, que una comunidad autónoma tenga competencias en materia
agrícola. Nosotros creemos que el derecho foral navarro no queda amparado
en la disposición adicional primera de este proyecto de ley. En su día,
presentamos las enmiendas 81 y 82, en las que hacíamos específica mención
de la capacidad exclusiva que tiene la Comunidad Autónoma de



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Navarra a través de sus dos normas, la Ley de Amejoramiento y la ley de
carácter fiscal, que tienen reconocida competencia exclusiva en esta
materia. Por lo tanto, hacemos expresa mención de estas dos enmiendas a
la hora de redactar el texto de la disposición adicional. Podríamos
incurrir en un defecto de constitucionalidad y no creemos que sea tan
difícil aceptar el planteamiento que estamos haciendo en este momento,
señor Presidente.

Respecto a otra enmienda importante y querida del Grupo Popular, que es
la número 83, contempla la creación de un órgano de participación de las
comunidades autónomas y de los agentes sociales en el seguimiento y
aplicación de las normas españolas que desarrollan en nuestro país los
preceptos comunitarios en cuanto a la reforma y mejora de las
esctructuras productivas, la aplicación de esos fondos estructurales y la
aplicación en general de la política agraria común.

En el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), cuya normativa
se ve afectada por la tabla derogatoria de esta norma, existía un
consejo, bien es verdad que previendo entonces unas participaciones no
constitucionales, no previstas en el ordenamiento constitucional español,
pero la derogación de aquellas normas inconstitucionales no puede crear
un vacío de participación, que es lo que logra este proyecto de ley del
Gobierno socialista, porque aquí nadie participa en nada, aquí nadie
tiene garantizada la presencia en un órgano consultivo, no vinculante,
pero que al menos obligara a la Administración central española a
reunirse con las comunidades autónomas y con los agentes sociales.

Creemos necesario --hago un llamamiento al resto de los grupos
parlamentarios-- contemplar esa posibilidad de participación. La
Constitución Española habla de una administración participada, es un
mandato constitucional, y creemos que no es bueno para el campo español,
en este momento de verdadera reforma, con un frente comunitario cada vez
más cambiante, con unos compromisos internacionales asumidos en el
capítulo agrícola del GATT, que no haya una referencia en un proyecto de
ley de esta importancia a que al menos habrá un órgano en donde podamos
participar y manifestar nuestras ideas.

Igualmente, por respeto a las instituciones autonómicas y a aquellas
reconocidas en la legislación no foral pero sí autonómica, presentamos
nuestra enmienda 84, en relación a la existencia y reconocimiento en esta
ley de la Sociedad Rural Menorquina. Es una institución secular, es una
institución que ha traspasado el tiempo, que tiene su origen directo en
el Derecho romano y que, a pesar de todos los cambios que se han
producido en la reforma de la agricultura española, ha permanecido, ha
sido útil y ha logrado que, por ejemplo, la agricultura menorquina sea
una de las agriculturas más competitivas, más florecientes de la
agricultura española. Está recogida en la compilación del Derecho civil
mallorquín, y no creemos conveniente que este proyecto de ley no haga una
declaración expresa de esta Sociedad Rural Menorquina, que ojalá
contáramos con ejemplos como ella en otros territorios y en otro tipo de
agriculturas.

Finalmente, señor Presidente, hay dos referencias a otros compromisos en
relación a las obligaciones fiscales y al reconocimiento por parte de la
Administración española de lo que hemos regulado en esta ley. En esta ley
acaba de suprimirse una referencia importante a todo el capítulo de
ayudas; en esta ley solamente estamos contemplando unas definiciones y
unas posibles ayudas fiscales cuando se produzca concentración de
empresas, de explotaciones, cambio de titularidad al frente de las
explotaciones agrícolas, etcétera. No hemos querido mantener enmiendas
--porque se nos ha dicho que se nos van a rechazar-- encaminadas a
reconocer un tratamiento fiscal a la hora de la declaración de la renta,
de la explotación prioritaria, etcétera, pero, señor Presidente,
pretendemos que por la enmienda número 86 se haga un mandato al Gobierno
para que en impuestos como el de Bienes Inmuebles o sobre la Renta de las
Personas Físicas se contemplen correcciones favorables a los agricultores
titulares de explotaciones prioritarias, de explotaciones que han sido ya
calificadas en la ley como elementos importantes de apoyo; si no, señor
Presidente, quedaremos exclusivamente en manos de los futuros planes de
mejoras que se puedan, no con carácter obligatorio, llevar a efecto por
las administraciones autonómicas o por la Administración central. Fuera
de este pequeño capítulo fiscal que hemos desarrollado, no hay ningún
otro mandato al Gobierno central que contemple acciones en favor de las
explotaciones prioritarias que acabamos de definir.

Por lo tanto, pretendemos someter a votación estas enmiendas y que queden
al menos vivas, no para el Senado, sino ante el Pleno del Congreso,
porque les recuerdo que esta ley tiene todavía un trámite ante el Pleno
de esta Cámara, trámite que supongo que utilizaremos todos.




El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de estas enmiendas,
tiene la palabra el señor Torres. Brevemente, por favor.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Muy brevemente, señor Presidente.

Para referirme a lo que me ha parecido más destacable en la intervención
del señor Ramírez, independientemente de que todo es importante, pero es
imposible contestar cosa por cosa si queremos ser breves.

Respecto a la enmienda número 77, del Grupo Parlamentario Popular, al
artículo 22 actual, antes 33, donde dice el señor Ramírez que debería
existir la obligación de que la Administración central al menos se
comprometiera a subvencionar, a participar en las ayudas, nosotros no
hemos querido modificar la redacción tal y como está por entender,
primero, que la Administración central está, en todo caso, obligada por
este proyecto de ley a participar en las ayudas que establece, pero,
además, tal y como está el texto en la redacción de la Ponencia, lo que
permite es que haya determinadas medidas que, por acuerdo con una
comunidad autónoma, o con todas, las comunidades autónomas puedan
incidir, ellas solas, sobre un tipo de medida y la Administración
central, ella sola, sobre un tipo de medida distinta, pero por acuerdo.

Nosotros pensamos que la redacción que tiene el texto del proyecto de ley
posibilita eso y lo posibilita mejor que la redacción alternativa del



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Grupo Popular. En cualquier caso, no es más que una opinión distinta de
cómo debe reflejarse lo que en el fondo, probablemente, estamos de
acuerdo. Es por eso por lo que no aceptamos la enmienda del Grupo
Popular.

Respecto a lo que dice de las disposiciones adicionales sobre la
salvaguarda de los derechos forales, nosotros entendemos que en la
disposición adicional segunda quedan perfectamente salvaguardados los
derechos forales de Navarra y también los derechos del concierto
económico del País Vasco, por lo que, tanto en Ponencia --ya se lo
dijimos-- como aquí, manifestamos nuestra oposición a aceptar la
enmienda, por entender que el problema queda resuelto.

Con relación a la Sociedad Menorquina, que a nosotros también nos es
querida, hemos resuelto el problema en el proyecto de ley con las
enmiendas 5 y 6 nuestras, que fueron aceptadas en Ponencia, pero también
con la enmienda 60 del Partido Popular, que también fue aceptada en
Ponencia, y quiero recordar que esas enmiendas, en resumidas cuentas lo
que dicen es que podrán hacerse sociedades de dos socios, que es el
problema de la Sociedad Menorquina, y que, además, la constitución de
capital social no es preceptiva --lo decía también el proyecto de ley y
es la situación de la Sociedad Menorquina. Por lo tanto, consideramos que
está perfectamente resuelto el problema. Yo pensaba incluso
--sinceramente lo digo-- que el Partido Popular iba a retirar su enmienda
84, a la vista de la aceptación de estas enmiendas; de todas formas,
nosotros votaremos en contra por considerar que está resuelto el
problema.

Finalmente, respecto a órganos de participación, cuando se dice que sería
bueno que las comunidades autónomas se puedan reunir con el Gobierno, yo
sólo quiero decir algo que es obvio: que el Gobierno y las comunidades
autónomas se reúnen permanentemente en las conferencias sectoriales, por
tanto no es un problema de esta Ley. El Gobierno y las comunidades
autónomas, en la conferencia sectorial, se reúnen permanentemente,
discuten absolutamente de todo, como debe ser, y tratan de llegar a
acuerdos en las políticas agrícolas, pesqueras, ganaderas o forestales
que hay que poner en marcha en el país. Por tanto, como eso se está
dando, no es necesario crear un órgano especial.

Respecto a lo del IRPF, como SS. SS. saben, la agricultura, el sector
agrario en general, ha sido incluido en la estimación objetiva, en la
fase de módulos, desde el 1 de enero de 1995. Esto hace que sea bastante
ventajosa la declaración del IRPF que, en general, hacen los agricultores
y los ganaderos. Nosotros entendemos que el que una ley establezca
reducciones permanentes del IRPF crearía una discriminación con otros
sectores. Cuando haya que efectuar reducciones del IRPF, éstas deben ser
temporales y sobre causas justificadas. El IRPF se determina sobre las
rentas que cada uno obtiene y, en función de las rentas que cada uno
obtiene, debe contribuir a los impuestos de este país, sea agricultor,
sea pescador, sea ganadero, sea industrial o sea hostelero. Por tanto,
pensamos que las reducciones que plantea la ley son suficientes y que el
haber pasado a módulos es beneficioso para el sector, por lo que en
principio no es necesario hacer más.

Advierto ya, señorías, señor Presidente, dos cosas que he observado en el
trámite del proyecto de ley. La primera es que si la enmienda
transaccional al artículo 4.º.1, en la que la renta de referencia, el
límite, pasa del 40 al 35, fuera aprobada, sería necesario también
modificarlo en la disposición final tercera, me parece que en los puntos
3 y 4, cuando hace referencia a la exención. Habría que pasar también del
40 al 35 por ciento. Esto lo digo a los efectos de que lo podamos
corregir después, si es que es aprobada la transaccional, porque si no no
sería necesario. La segunda es que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995 suprimió las jornadas teóricas y, sin embargo, en el
texto del proyecto de ley, como estaba redactado con anterioridad a que
se aprobara la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tanto en la
exposición de motivos como en una disposición adicional aparece la
supresión de las jornadas teóricas. Quiero decir con esto que habría que
proceder a una corrección técnica, eliminando la referencia que se hace
en el proyecto de ley a las jornadas teóricas, puesto que éstas ya han
sido suprimidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1995. Esto sería una corrección técnica simplemente.




El señor PRESIDENTE: El señor Ramírez tiene la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Estamos de acuerdo con la modificación técnica
que se nos propone, que efectivamente ya queda recogida en la Ley de
Presupuestos. Por lo tanto, no nos vamos a oponer a este tipo de mejora
técnica.

Yo, señor Presidente, simplemente quería hacer una concreta referencia,
no ya a otras cuestiones que están dentro de la filosofía de cada grupo
parlamentario, sino al Derecho foral, a la consideración de Navarra y de
Menorca, y al órgano de participación.

De verdad, las comunidades autónomas acogidas a un Derecho foral especial
no quedan satisfechas en el reconocimiento que se hace de sus
competencias en esa disposición final. Por lo tanto, no creemos que esta
referencia a Navarra y al País Vasco pueda ser un elemento distorsionador
del proyecto de ley. Dando satisfacciones de este tipo no creamos
situaciones de incomprensión. Existe la legislación, existe la
competencia, reconozcámoslo con su nombre y apellidos, que no pasa nada.

Lo mismo sucede con la Sociedad Rural Menorquina. La compilación del
Derecho civil mallorquín hace referencia en su artículo 64 a la
existencia de la Sociedad Rural Menorquina, independientemente de que en
el precepto correspondiente hayamos hablado de que pueda haber una
sociedad civil constituida por dos o más personas y que una de ellas sea
profesional de la agricultura. Esto es un ejemplo para todo el territorio
nacional. Si la compilación del Derecho civil mallorquín alude a la
Sociedad Rural Menorquina, ¿por qué no la recogemos aquí? ¿Por qué ese
interés en no reconocer figuras jurídicas que existen
consuetudinariamente, secularmente, en determinados espacios
territoriales españoles? Vamos a hacerlo, que no pasa nada.




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En cuanto al órgano de participación, señor Torres, no solamente deben
estar presentes las comunidades autónomas, que se reúnen, cuando quiere
el Ministro, en la conferencia sectorial, sino los agentes sociales, que
usted no los ha nombrado. Nosotros pretendemos que en ese órgano de
participación se sienten también los agentes sociales, los sindicatos
agrarios, las cooperativas. Por lo tanto, ese órgano, con las comunidades
autónomas y la Administración, debe ser el órgano de participación que
pueda hacer un seguimiento de la aplicación en España de la política de
mejoras estructurales, de la política agraria común, etcétera. Es decir,
no solamente las comunidades autónomas, que ya se reúnen en la
conferencia sectorial, sino los agentes sociales, que es la diferencia,
señor Torres, entre el planteamiento de ustedes y el nuestro.

Por lo tanto, señor Presidente, nosotros mantendremos nuestras enmiendas
e iremos votando las enmiendas transaccionales que se nos han ofrecido en
función del contenido de cada una de ellas.




El señor PRESIDENTE: El señor Torres tiene la palabra.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Este es un problema de entendimiento.

Nosotros entendemos que con la disposición adicional segunda está
perfectamente recogido el Derecho foral de Navarra. Nadie nos ha
planteado ningún problema en ese aspecto más que la enmienda de ustedes
--es cierto--, pero nosotros creemos que en el espíritu del proyecto de
ley está recogido. No creemos que haya ningún problema en ese sentido,
por lo que no le vamos a aceptar la enmienda.

Respecto a la Sociedad Rural Menorquina, lo que no podemos hacer
--entendemos nosotros-- en un proyecto de ley como éste, que es para todo
el Estado, es recoger todas las figuras jurídicas de Derecho civil o de
cualquier otro tipo que existan en España. Eso nos llevaría a hacer un
catálogo de todas las figuras jurídicas y ver qué respuestas les dábamos.

Lo que hemos pretendido --ustedes y nosotros, porque ustedes con su
enmienda número 60 también lo han pretendido-- es que la Sociedad Rural
Menorquina quede perfectamente recogida en la ley, y lo está aunque sin
nombrarla expresamente. La única diferencia es que no se nombra
expresamente a la Sociedad Rural Menorquina, pero está perfectamente
recogida en la ley. Para eso se presentaron las enmiendas 5 y 6 del Grupo
Socialista y la 60 de ustedes. Las tres están incluidas en el texto de la
Ponencia. Por tanto, no vemos más razones para que tenga que volverse a
incluir.

Respecto a los órganos de participación, he de decirle que sólo le creí
oír --quizás por mi problema de oído de hoy-- lo relativo a las
comunidades autónomas. Los órganos de gobierno de las organizaciones
profesionales agrarias se reúnen permanentemente con el Ministerio.

Nosotros pensamos que no es un problema de crear un órgano. Tenemos
algunas experiencias negativas de órganos que se han creado y que no han
funcionado. Por ejemplo, el Consejo del Iryda, que no ha funcionado, que
ha sido un desastre. Ahí estaban también las organizaciones profesionales
agrarias. Nosotros no queremos crear más burocracia, y no lo digo en tono
peyorativo ni digo con eso que ustedes la pretendan crear. Lo que decimos
es que las organizaciones profesionales agrarias son interlocutores
válidos del Ministerio, que se están reuniendo permanentemente con él.

Las comunidades autónomas se reúnen con el Ministerio de Agricultura en
las conferencias sectoriales. Por tanto, existen los cauces necesarios
para que no haya ningún problema a la hora de opinar, de aportar ideas o
de valorar cuál es el resultado de una determinada ley. Lo mismo ocurre
con las iniciativas que los grupos parlamentarios podemos tomar en el
Parlamento, que son múltiples, para conocer cuál es la evolución de un
determinado sector o la información que nos parezca oportuno solicitar
del Gobierno. Por eso pensamos que la ley está bien tal como está
redactada y no vamos a aceptar la enmienda que nos plantea el Grupo
Parlamentario Popular.

Nada más, señor Presidente. (El señor San Martín Sala pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor San Martín, sólo queda la fijación
de posición por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la
palabra el señor
Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Deseo iniciar mi intervención, en representación
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) manifestando nuestro ferviente
deseo de que este debate, que es la culminación de un gran esfuerzo de
todos los grupos parlamentarios para elaborar de forma constructiva esta
ley de modernización de las explotaciones agrarias, termine con el mayor
consenso posible en la que seguramente es una de la más importantes leyes
de interés agrario que se han tramitado en estas Cortes desde la
recuperación de la democracia. Importante y necesaria para garantizar la
modernización de las explotaciones familiares agrarias, su integridad, su
ampliación y, en definitiva, su competitividad en el contexto europeo
internacional de nuestro sector agrario. Una ley ciertamente reclamada
desde hace mucho tiempo por nuestros agricultores, pero también una ley
compleja, como lo demuestra que seguramente ha batido todos los récords
de tiempo y de anteproyectos en las distintas etapas ministeriales, hasta
llegar a su redacción actual.

Con la voluntad de impulsar, acelerar o, si lo prefieren, provocar su
trámite parlamentario, nuestro Grupo presentó, en septiembre de 1993, la
proposición de ley de establecimiento de incentivos fiscales, para
garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias, cuyos contenidos
han sido incorporados en el capítulo correspondiente de la presente ley.

Nuestro Grupo Parlamentario ha querido participar en esta, repito,
importante ley de forma constructiva y con talante abierto, en
correspondencia al también demostrado por el Grupo que da soporte al
Gobierno, el Grupo Socialista. Lo demuestra el hecho de la presentación
de 34 enmiendas, de las que la mitad han sido asumidas por la Ponencia o
transaccionadas en ella, habiendo retirado, no



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obstante, la otra mitad, también en Ponencia, para así, una vez
establecido lo que, a nuestro juicio, es lo esencial en la ley y no
quedando ninguna enmienda que defender en Comisión, facilitar la
aceptación o tramitación de las aportaciones de los demás grupos
parlamentarios.

Deseamos, señorías, que este esfuerzo de responsabilidad, renunciando al
50 por ciento de nuestras enmiendas, no sea mal interpretado sino
correspondido por un último esfuerzo de todos los grupos para dotar a la
agricultura de la ley que necesita para garantizar su futuro con mayor
esperanza y sosiego. (Las conversaciones de los señores Diputados no
dejan oír al orador.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vidal.

Ruego silencio, señorías, es imposible seguir el debate.




El señor VIDAL I SARDO: Ya hemos dicho que los incentivos fiscales eran y
son, para nuestro Grupo, esenciales para corregir los déficit
estructurales de nuestra agricultura, especialmente los derivados de una
insuficiente dimensión de las explotaciones y de su descapitalización,
debida a los impuestos por herencias y transmisiones, y para fomentar la
incorporación de jóvenes agricultores. Con esta finalidad, la ley propone
la reducción de la base imponible de los impuestos de transmisiones y
sucesiones de las explotaciones agrarias prioritarias, en su integridad,
en un 90 por ciento, y en el 100 por cien, es decir la exención total,
para los jóvenes agricultores. También propone la reducción de un 75 por
ciento de las otras transmisiones de fincas rústicas o de parte de las
explotaciones. Esto, junto con la reducción a cinco años del plazo en que
se prohíbe la venta para gozar de estos beneficios fiscales, pensamos que
tendrá efectos inmediatos y beneficiosos para el sector, incluso haciendo
que muchos agricultores que pensaban cambiar su actividad por otras más
lucrativas permanezcan en sus explotaciones, contribuyendo así a un mejor
equilibrio territorial.

La extensión de estas bonificaciones fiscales a las superficies rústicas
de dedicación forestal --alcanzando incluso un 50 por ciento de
bonificación aquellas no incluidas en los planes de protección natural ni
con plan técnico de gestión, cuya bonificación es del 90 y del 75 por
ciento respectivamente-- pensamos que además de ser un gran acierto de la
ley significa cumplir con un deber de justicia y de reconocimiento de la
función social del bosque y dar a sus propietarios un incentivo para que
lo sigan cuidando. Sin embargo, reconocemos que este importante capítulo
de incentivos fiscales debía estar condicionado al establecimiento de
criterios objetivos de la explotación y subjetivos de los titulares para
alcanzar el carácter de explotaciones prioritarias.

Estas definiciones también colman una lejana aspiración de nuestro Grupo,
defendida por el ex portavoz de esta Comisión, ahora Senador, Manuel
Ferrer i Profitos, de intentar orientar preferentemente los incentivos
fiscales de las ayudas a los profesionales auténticos de la agricultura,
para que la ejerzan de forma directa y personal.

Para nuestro Grupo también era una cuestión esencial que no existiera
colisión de la ley de modernización con el texto constitucional y los
estatutos de autonomía, que atribuyen a las comunidades autónomas la
facultad para legislar y ordenar su propia política agraria, adaptada a
las peculiaridades de su agricultura. Por ello, no podían establecerse
con carácter básico las ayudas concretas a la modernización del sector,
como se hacía en el capítulo II del proyecto inicial. Su eliminación y
sustitución por una relación indicativa es otro gran acierto de la ley
que, además, permite la modulación de estas ayudas de acuerdo con las
directrices de la política agraria comunitaria.

Otros objetivos de nuestro Grupo fueron: primero, que la cualidad de
explotación prioritaria no fuera restrictiva, por causa de la renta
percibida en sus límites inferior o superior y que, en éste, no se
excluyera a las agriculturas intensivas. Esto se logra con el incremento
del límite del 120 por ciento de la renta de referencia y con la
supresión del máximo admitido de cuatro unidades de trabajo agrario que
figuraban en la propuesta inicial; segundo, que se suprimieran los
obstáculos para que se permitiera la incorporación como beneficiaria de
esta ley a la ganadería independiente o integrada; y tercero, que las
explotaciones prioritarias, además de las familiares, incluyeran todas
las formas de cooperativismo, de asociacionismo laboral, civil o
mercantil.

Por lo demás, señorías, la ley fomenta la movilidad de mercado y el
aprovechamiento del suelo agrícola, modificando la ley de Arrendamientos
Rústicos. También merece ser destacada la supresión de la cotización
empresarial de las jornadas teóricas en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social.

Para finalizar, señorías, quiero decir que aceptamos las correcciones de
las enmiendas transaccionales ya ofrecidas por el Grupo Socialista y que
nuestro voto será favorable a todas ellas, porque significan mejoras
importantes, cuya redacción se corresponde con las indicaciones que los
enmendantes hicieron en la Ponencia.

Por tanto nuestro voto es firmemente convencido --y complacido
razonablemente-- al conjunto de la ley de modernización de las
explotaciones agrarias.




El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasaremos a las votaciones.

Como saben SS. SS., en este proyecto de ley han sido suprimidos por la
Ponencia algunos artículos, por lo que habrá alguna variación en el orden
de los mismo. En ese sentido, les ruego a todos la máxima atención y, en
el caso de que la Presidencia se equivoque, ruego a los portavoces que
así se lo indiquen.

En primer lugar y siguiendo un orden lógico, entraríamos en la votación
de la enmienda que queda viva al artículo 1.º, que es la número 50 del
Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a continuación a votar el texto del artículo 1.º del proyecto de
ley.




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El señor TORRES SAHUQUILLO: ¿Es que el PNV ha retirado la enmienda número
89?



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Vasco ha hecho
llegar ya a la Presidencia las únicas enmiendas que mantiene vivas, por
lo que si no se anuncia alguna es que ha sido retirada.

¿Votos a favor del artículo 1.º? (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En el artículo 2.º, si les parece, votaremos en primer lugar las
enmiendas transaccionales.

Votamos la enmienda transaccional del Grupo Socialista a la enmienda 52
del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

A continuación, votamos la enmienda transaccional del Grupo Socialista a
la número 53 del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
que quedan vivas, que son las números 51 y 54.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de la enmienda transaccional del Grupo Socialista a
la número 15 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

A continuación, pasamos a la votación de las enmiendas 12, 13, 14, 16 y
17 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de las enmiendas 91, 92 y 93, del Grupo
Parlamentario Vasco, al artículo 2.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto del artículo 2, con la adición de las
transaccionales que hemos aprobado con anterioridad.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, dos; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 2.

El artículo 3 no tiene enmiendas. Procedemos a su votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el artículo 3.

Al artículo número 4 se han presentado tres transaccionales, una a la
enmienda número 18, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El
Presidente ha entendido que dicho Grupo Parlamentario votaría en contra
de ella, pero que la aceptaba para tramitación.




La señora RIVADULLA GRACIA: No lo he entendido así. No conozco
exactamente el trámite.




El señor PRESIDENTE: El trámite es que si el Grupo Parlamentario que ha
presentado la enmienda no acepta la transaccional, no se puede pasar a
votación. En algunos casos, se acepta y se vota en contra. De todas
formas está en su derecho de no aceptarla.




La señora RIVADULLA GRACIA: No la aceptamos, señoría.




El señor PRESIDENTE: Votamos la transaccional del Grupo Parlamentario
Socialista a la número 56 del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, creo que debo aclararles que, efectivamente, es posible que un
grupo parlamentario acepte a tramitación una enmienda, aunque
posteriormente vote en contra de ella o se abstenga.

Votamos la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la número
58 del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a la votación de las enmiendas números 18, 19, 20, 21, 22 y 23,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32; abstenciones, una.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario Popular, que es la
única que le queda viva.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Al Grupo Parlamentario Vasco le queda viva la enmienda número 94.

Procedemos a su votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto del artículo 4, con la incorporación de las dos
enmiendas transaccionales votadas favorablemente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 4.

Al artículo 5 queda una enmienda transaccional del Grupo Socialista a la
número 59 del Grupo Parlamentario Popular. Procedemos a su votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 24, del Grupo de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar el texto del artículo 5, con la incorporación de la
enmienda transaccional que hemos aprobado.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 12; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 5.

Al artículo número 6 solamente quedan vivas una enmienda del Grupo de
Izquierda Unida y otra del Grupo Vasco. Votamos la número 25 de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 96, del Grupo Parlamentario
Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del texto del artículo 6, con el texto que figura
en el informe de la Ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Al artículo número 7 quedan vivas las enmiendas 63 y 64, del Grupo
Parlamentario Popular. Procedemos a su votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar el artículo número 7, conforme al texto del informe de la
Ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Si les parece, entraríamos en la votación de las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular mantiene al capítulo II, que suprime el informe de
la Ponencia. ¿Podemos votarlas conjuntamente, señor Ramírez?
(Asentimiento.)
Votamos, a continuación, las enmiendas números 65, 66, 67, 68, 69 y 70,
del Grupo Parlamentario Popular, todas ellas al antiguo capítulo II.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A partir de ahora, vamos a utilizar simultáneamente, en los artículos,
los números anterior y actual del informe de la Ponencia. Por ello, ruego
pongan atención los portavoces.

Al actual artículo 8, antes 15, hay una enmienda transaccional del Grupo
Socialista en el sentido de cambiar «plan de mejora» por «planes de
mejora». Como es mejora técnica, si están de acuerdo todos los grupos lo
votamos conjuntamente, es decir, el texto del artículo con la mejora
técnica propuesta. (Asentimiento.) No hay inconveniente.

Votamos el texto del artículo con la mejora técnica propuesta.




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Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 9, antes 16, hay unas transacciones que conocen SS. SS., y
que coinciden con las enmiendas números 122 y 123, del Grupo Catalán,
Convergència i Unió; la 28, de Izquierda Unida, y la 71, del Grupo
Parlamentario Popular. En ese sentido, si les parece votamos la enmienda
transaccional, que es la que coincide con la integridad del artículo que
se propone, y así, si se aprueba la enmienda transaccional,
automáticamente queda aprobado el texto actual del artículo 9.

(Asentimiento.) Así lo hacemos.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el artículo 9, antes
16, con la incorporación de esta enmienda transaccional.

Votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la
número 72, del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, al artículo 10 actual, antes 17.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, el texto del artículo 10, con la incorporación
de la enmienda transaccional.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Los artículos 11, 12 y 13, antes 18, 19 y 20, no tienen enmiendas. Los
votamos a continuación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

Al artículo 20 bis, 3 nuevo, hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida que figuran con los números 30 y 31, que votamos a
continuación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 73, del Grupo Parlamentario Popular, al actual
artículo 14, antes 21.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, el texto del artículo 14 actual.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 14.

El artículo 15 actual no tiene enmiendas. Lo sometemos a votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Al actual artículo 16, antes 24, se mantienen las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida números 33 y 34. El Grupo Parlamentario
Socialista ha ofrecido al Grupo Parlamentario Vasco la posibilidad de
supresión del apartado número 2. En todo caso, lo votaríamos con
posterioridad.

Votamos, pues, las enmiendas 33 y 34, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación votaremos la enmienda transaccional del Grupo Socialista a
la del Grupo Vasco, en la que se suprime el apartado 2 del artículo 16
actual, antes 24.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Seguidamente, votamos lo que queda del texto del artículo 16 actual.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 16.

Al artículo 17 actual hay una enmienda transaccional del Grupo
Parlamentario Socialista a la número 35 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Perdón, señor Presidente. No es tanto una
enmienda transaccional a la número 35, puesto que la 35 propone la
supresión del artículo, sino una enmienda transaccional al propio texto
de la Ponencia, que todos los grupos aceptamos que se pudiera votar
porque lo mejora.




El señor PRESIDENTE: Si no es transacción, mantendremos para su votación
la número 35 de Izquierda Unida.




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Votamos, en primer lugar, la enmienda transaccional propuesta por el
Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 33; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación el artículo 17.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 17.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
mantenía la misma enmienda número 35 para la supresión de los artículos
18 y 19. Dado que ha sido rechazada, pasamos a votar el texto de los
artículos 18 y 19, antes 26 y 27.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Al artículo 20, anteriormente 30, quedan vivas las enmiendas números 37 y
38, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que votamos a
continuación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra 33; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, ¿se ha votado el texto del
artículo 19 actual, antes 27?



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, lo he dicho con anterioridad.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Perdón, es que creía que sólo habíamos votado
el artículo 18, antes 26. De acuerdo, señor Presidente, y gracias.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, yo quisiera que se sometiera
a votación la desaparición de los artículos del antiguo texto, 28, 29 y
31, con lo que no estamos de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Sí, efectivamente, lo tenía anotado.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, estos artículos han sido
suprimidos en el texto de la Ponencia. Yo entiendo que lo que estamos
votando aquí es sobre ese texto de la Ponencia. Si ya no están, no veo
qué sentido tiene esta votación.




El señor PRESIDENTE: Cabía la posibilidad de que el Grupo Parlamentario
Popular --quizás en su momento no lo hizo-- podía mantenerlos como voto
particular. Yo creo que, dado el clima de consenso que existe tanto en la
Ponencia como en la Comisión, si el Grupo Parlamentario Popular lo
mantiene ahora, podemos votarlo. (Asentimiento.)
Hemos votado el artículo 20, antes 30, que ha sido aprobado; pasaríamos,
por tanto, a votación si se mantiene o no el texto de los artículos 28,
29 y 31 del proyecto de ley, que la Ponencia, en principio, suprimió.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

El artículo 21 actual, antes 32, tampoco tiene enmiendas, por lo que lo
votamos a continuación.




Efectuada la votación dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

El actual artículo 22 tiene la enmienda número 77, del Grupo Popular, que
votamos seguidamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación el artículo 22.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a votar los textos de los actuales artículos 23, 24 y 25
actuales, que no tienen enmiendas.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, hay la enmienda número 39,
de supresión del Título II, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; se mantiene a los anteriores artículos 34, 35 y 36.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Si les parece, votamos la enmienda
número 39, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, pasamos a la votación de los actuales artículos 23, 24 y
25.




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El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, si no me equivoco, en el
artículo 24 actual queda viva la enmienda número 78, del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Es una enmienda de adición.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Es una enmienda que propone un nuevo apartado
en ese artículo.




El señor PRESIDENTE: ¿Se mantiene para votación? (Asentimiento.)
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 78, y después votaremos el
texto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Ahora, si no hay inconveniente, votaremos los artículos 23, 24 y 25.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos, seguidamente, a la votación del artículo 26, al que quedan vivas
las enmiendas números 79 y 80, del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, pasamos a votar el texto del artículo 26.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Al artículo 27 no se mantienen enmiendas, por lo que lo votamos a
continuación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Al Título III está la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. ¿Se mantiene para votación?
(Asentimiento.) La votamos a continuación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar el texto de los artículos 28 y 29, antes 39 y 40, que no
tienen enmiendas.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, solicitamos votación separada
de los dos artículos.




El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Votación del actual artículo 28.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a la votación del artículo 29.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

A la disposición adicional primera quedan vivas las enmiendas números 81,
del Grupo Parlamentario Popular, y 105, del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).

Votamos la enmienda número 81, del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Seguidamente, pasamos a votar la enmienda número 105, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la disposición adicional primera.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 13; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A la disposición adicional segunda queda viva la enmienda número 82, del
Grupo Parlamentario Popular, que votamos a continuación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, pasamos a la votación del texto de la disposición
adicional segunda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 13; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar la disposición adicional tercera, que no tiene enmiendas.




Efectuada la votación, dijo:



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, quiero recordar que es aquí
donde dijimos que habría que suprimir la mención a las jornadas teóricas.

Lo digo para que la tenga en cuenta el letrado como corrección técnica.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha
anunciado dos posibles correcciones técnicas: una de ellas es ésta y la
otra incluir la modificación de bajar al 35 por ciento la renta de
referencia, como se ha aprobado, en esta disposición adicional.




El señor TORRES SAHUQUILLO: No, señor Presidente, esta segunda
modificación se refiere a la disposición final tercera.




El señor PRESIDENTE: Sí, sí.

Votamos, a continuación, la enmienda 83 del Grupo Parlamentario Popular a
la disposición adicional cuarta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la disposición adicional cuarta, conforme a las indicaciones que
hemos comentado.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A la disposición adicional quinta, proponiendo una nueva, el Grupo
Parlamentario Popular mantiene la enmienda 84.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esa enmienda.

Pasamos a votar la disposición adicional quinta.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votamos las disposiciones transitorias.




El señor TORRES SAHUQUILLO: La enmienda número 2, de Coalición Canaria,
pedía una nueva adicional. Nosotros lo hemos resuelto con una
transaccional; se convertiría en adicional sexta, nueva. Coalición
Canaria la ha aceptado. Por tanto, votándola se entiende que sería el
texto de la disposición adicional sexta nueva.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha
enviado un escrito a la Presidencia manteniendo para votación sus
enmiendas.

Por tanto, vamos a votar la enmienda transaccional del Grupo Socialista a
la número 2 del Grupo de Coalición Canaria. En caso de aprobarse,
figuraría como adicional sexta.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Disposición transitoria única.

Votamos la enmienda 41, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas 85 y 86 del Grupo Parlamentario
Popular.




La señora URAN GONZALEZ: Pedimos votación separada de las dos enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 85.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 86, del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, el texto de la disposición transitoria única.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, hay una transaccional que
hemos comentado que era una enmienda técnica que trataba de corregir que
el límite superior es inferior al 120 por ciento y no inferior al 100 por
cien, puesto que ya lo hemos aprobado en el artículo 4.1 en el artículo
5.




El señor PRESIDENTE: Si les parece, como corrección técnica se considera
y al votar el texto se incorporaría esta corrección técnica.

Votamos esta disposición transitoria con la corrección técnica.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 11; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Las enmiendas 42, 43, 47, 44, 45 y 46 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que se refieren a las disposiciones finales, yo creo que
se pueden votar conjuntamente.




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¿Hay algún inconveniente por parte del Grupo proponente? (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 29; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se mantiene también la enmienda 87, a la disposición final tercera, del
Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve;
en contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda transaccional a la 106 del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda 107, del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 20; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

¿Se pueden votar conjuntamente todas las disposiciones finales y la
derogatoria?



La señora URAN GONZALEZ: Se pueden votar juntas la disposición
derogatoria y la final primera; por separado la final sexta y el resto
juntas.




El señor PRESIDENTE: Votamos la disposición final primera y la
derogatoria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la final segunda, tercera, cuarta y quinta.

Tiene la palabra el señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Querríamos hacer una salvedad en el nuevo
texto transaccional que se ha ofrecido en relación a la disposición final
tercera, el último párrafo, que consolida la referencia al 120 por ciento
de renta de referencia. Es constante en nuestro Grupo la no aceptación de
ese límite. El resto del texto lo aceptamos. Podríamos votar el último
párrafo aparte, para salvar nuestro voto, o con esta expresión en el
«Diario de Sesiones», aceptaríamos todo el texto, menos la referencia al
límite del 120 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, a los efectos de que conste en el
«Diario de Sesiones», su intervención así lo indica.

Pasamos a la votación de estas disposiciones finales que les he indicado,
con la salvedad expresada por el señor Ramírez.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Nos queda sólo la disposición final sexta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Hay una enmienda viva a la exposición de motivos, del Grupo Parlamentario
Popular. Había dos. La 48 quedó retirada porque parte de su texto se
incorporó.

Votamos la enmienda 49 del Grupo Parlamentario Popular a la exposición de
motivos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Tiene la palabra el señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: A efectos de que conste en el «Diario de
Sesiones», quiero recordar que en la exposición de motivos habría que
suprimir las referencias hechas a las jornadas teóricas. En este caso,
quedaría resuelto con suprimir los tres párrafos en los que viene la
referencia y nada más. Por tanto, se entiende que la votación que vamos a
hacer sería sin la referencia a las jornadas teóricas.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, al haber un acuerdo por parte de toda
la Comisión, son correcciones técnicas. El señor letrado se encargará de
retirar esas expresiones que figuran en el texto de la exposición de
motivos, referidas a las jornadas teóricas.

Pasamos a votar la exposición de motivos con la salvedad que ha indicado
el señor Torres.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos. Y, aprobada
ésta, queda aprobado el texto del proyecto de ley de modernización de las
explotaciones agrarias, del cual se dará cuenta a la Presidencia del
Congreso para su posterior trámite ante el Pleno.




--RATIFICACION DE LA PONENCIA DE LA PROPOSICION DE LEY DE MEDIDAS
RELATIVAS A LA CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
PESQUEROS. (Número de expediente 122/000067.)



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--APROBACION CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE PROPOSICION DE LEY DE MEDIDAS RELATIVAS
A LA CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.

PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 122/000067.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al siguiente punto del
orden del día, que espero que podamos tramitarlo con la mayor brevedad
--creo que en media hora podemos terminarlo--, que es el debate de la
proposición de ley relativa a la comercialización de productos pesqueros.

En primer lugar, ¿se ratifica la Ponencia? (Pausa.)
Por unanimidad, queda ratificada.

A esa proposición de ley mantienen enmiendas el Grupo proponente (el
Grupo Vasco), el Grupo Popular y el Grupo Socialista.

Para defender las enmiendas del Grupo parlamentario Vasco, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: La proposición de ley presentada por
el Grupo parlamentario Vasco el pasado mes de septiembre y que fue tomada
en consideración por el Pleno de la Cámara pretende dar una solución a un
grave problema que existe con la comercialización de túnidos capturados
con redes de volanta en el ámbito del Atlántico y del Cantábrico.

Saben SS. SS. que España mantiene una posición de ir en contra del
mantenimiento de estas redes y para complementar esa posición política
hemos presentado esta proposición de ley.

Lo que pretendemos con ello, junto con las enmiendas que se han
planteado, es que en el mercado español se prohíba la comercialización de
todo tipo de túnidos capturados con redes de volanta, que se encuentran
prohibidas en España. Son redes muy dañinas y perjudiciales. En
definitiva, por la sensibilidad medioambiental que reina en el sector
pesquero español, la administración pesquera española, hace pocos años,
optó por la prohibición de la utilización de este tipo de artes.

Nosotros pretendemos complementar esa prohibición que existe para que la
flota pesquera española pueda navegar con este tipo de artes para que los
comercializadores, los intermediarios españoles comercien con este tipo
de pescados capturados con estas artes en el mercado español. En
definitiva, pretendemos ese equilibrio, esa correspondencia que debe
existir entre la prohibición al sector pesquero español extractivo de la
utilización de este tipo de artes con la prohibición al sector
comercializador español de comercializar en España túnidos procedentes de
capturas con volantes.

En la misma línea, pretendemos prohibir la comercialización de especies
pesqueras. El problema se da fundamentalmente con la anchoa o con el
boquerón. Una vez que países como Francia han agotado sus cupos de
capturas siguen pescando y ese pescado es comercializado en el mercado
español. La medida que queremos tomar es la prohibición de esa
comercialización a ciudadanos que participan en la intermediación del
mercado pesquero en España.

Igualmente planteamos, señor Presidente, la prohibición de que se
comercialice el atún rabil, conocido también como atún claro o
«yellowfin» en el mercado español.

Esta Cámara se pronunció el pasado mes de octubre, mediante una
proposición no de ley, acordada unánimemente, por la cual solicitábamos
la prohibición de comercialización en el ámbito europeo del «yellowfin»,
atún claro o atún rabil. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque este
tipo de túnidos, una de las especies dentro del género del atún, es
capturado por determinadas flotas pesqueras a través de una serie de
artes, que son los lances que, además de la captura de los túnidos,
proceden a la captura de especies protegidas, como son los delfines.

Flotas como las de Panamá, Venezuela y Méjico utilizan este tipo de artes
y posteriormente estos productos han sido comercializados en el mercado
europeo. Eso ha dado lugar a que los Estados Unidos de Norteamérica hace
dos años procedieran como sanción a la Unión Europea, y también a España,
como miembro de la misma, a que se pudiera comercializar en el mercado
americano, no ya estos túnidos capturados con lance, sino también los
túnidos capturados por la flota pesquera española y por la francesa, que
utilizan artes de cerco.

Ese embargo vino originado por una decisión política de los Estados
Unidos al utilizar estos países latinoamericanos un procedimiento
subrepticio de comercializarlo mediante el amparo de los países del Pacto
Andino del SPG-droga. Se logró alcanzar el embargo de segundo grado, que
dicen los Estados Unidos, pero nos encontramos con un desajuste en el
ámbito de la reglamentación extractiva y comercializadora.

¿Por qué? Porque la reglamentación extractiva europea está prohibiendo a
la flota pesquera española la utilización de artes de pesca en lo
relativo a los túnidos mediante lances, pero está ocurriendo que,
mientras la flota europea no utiliza este tipo de artes, la flota de
estos países latinoamericanos está utilizando esas artes, y esos túnidos
son comercializados en el mercado europeo.

Como --y aquí tengo constancia en el acta-- todos los grupos
parlamentarios acordamos por unanimidad la prohibición de la
comercialización del «yellowfin» o del atún claro o rabil capturado con
lances, pretendemos plasmar esa proposición de ley en el texto articulado
de la presente iniciativa reguladora de medidas de conservación y
comercialización de productos en el mercado español.

Las enmiendas números 1 y 4 van en el mismo sentido y, por tanto, las he
defendido en este primer turno de intervención.

En lo que se refiere a las enmiendas números 2 y 3, de lo que estamos
hablando, señor Presidente, es de la prohibición de comercialización en
el mercado español de productos pesqueros que incumplen las tallas
mínimas. También llegamos a un acuerdo político al respecto en una
proposición no de ley aprobada el pasado mes de mayo de 1994 de la
armonización de la legislación en esta materia.




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Con esta enmienda, señor Presidente, pretendemos incluir en el
ordenamiento jurídico positivo español esta prohibición de
comercialización. España tiene una regulación sobre las tallas mínimas;
existen disfunciones sobre especies pesqueras, como ocurre, por ejemplo,
con la merluza, que es un género con diferentes especies. Sobre la
especie «Merlucius, merlucius», por ejemplo, señor Presidente, ocurre que
hay una disfunción de tallas en la pesca del Atlántico o en la pesca por
parte de la flota marroquí, o en la pesca por parte de países terceros;
existen tallajes distintos. En el mercado español, la regulación --y lo
digo a título de ejemplo-- es de 27 centímetros, pero estamos viendo cómo
hay una invasión generalizada de productos pesqueros, fundamentalmente de
pescado blanco y, en concreto, en este caso el ejemplo que he puesto de
la merluza, proveniente de terceros países ajenos a la Unión Europea.

La disfunción que en la práctica origina la aplicación de la normativa
europea es que mientras la flota pesquera española y la flota pesquera
europea disponen de una serie de mecanismos para establecer tallas
mínimas en cuanto a la comercialización de especies pesqueras, hay
productos pesqueros provenientes de otros países. Incluso hay una
reglamentación muy reciente del año 1992, el Reglamento 3.034, que
establece el control de las especies pesqueras provenientes de terceros
países, pero desde el punto de vista higiénico-sanitario. ¿Qué hace
entonces la Unión Europea? ¿Qué hace la Administración pesquera española?
Procede a un análisis de las condiciones higiénicas y sanitarias de los
productos pesqueros provenientes de terceros países, pero no a una
comprobación, a una constatación de si ese producto pesquero se ajusta a
la normativa pesquera española de tallas mínimas.

Y se está produciendo la comercialización de productos pesqueros en el
mercado español cuya captura está prohibida a la flota pesquera española.

Son capturados por flota de terceros países y son comercializados en el
mercado español.

Para evitar esa disfunción importante y ese desajuste que se origina es
por lo que presentamos esta iniciativa y las enmiendas que la
complementan. Señor Presidente, lo que pretendemos es que haya una
correspondencia entre la regulación de carácter general y limitativo que
existe, en cuanto al ejercicio de la actividad pesquera en el sector
extractivo, con el ejercicio de la actividad de comercialización pesquera
en el mercado español. Ese es el sentido, el alcance y el contenido de la
iniciativa y de las enmiendas que hemos presentado.

Hay que recordar, señor Presidente, que diferentes miembros de cofradías
de pescadores españolas han solicitado a los diferentes grupos
parlamentarios, a la administración pesquera española la adopción de
medidas en este sector. En este sentido, don Clemente Jesús Muñiz
Guardado, Presidente de la Federación Nacional de Cofradías, decía en la
ponencia del sector pesquero español hace un mes: «Se deben desarrollar
mecanismos comerciales que traten de garantizar un control total de
nuestro mercado impidiendo que el pescado capturado con artes de enmalle
a la deriva termine en nuestro país.»
Igualmente, las federaciones de cofradías del País Vasco establecían una
propuesta a los diferentes grupos parlamentarios de la prohibición de
comercialización de los productos de pesca capturados con redes de
enmalle a la deriva. Existe un consenso generalizado en el sector
pesquero de bajura español sobre la prohibición de comercialización de
estos túnidos y ello lo queremos plasmar en un texto articulado, en un
texto que constituye el derecho interno español, para que puedan actuar
no sólo el Gobierno central, sino también las administraciones pesqueras
que tienen competencias en temas como comercio interior, consumo, sanidad
y, en definitiva, disponer de un bloque normativo que garantice el buen
hacer y el buen funcionamiento del sector pesquero de bajura del
Cantábrico. Además, con ello pretendemos que haya una reducción
progresiva de la utilización de este tipo de artes por parte del país de
la Unión Europea, principalmente Francia.

Finalmente, señor Presidente, quería hacer una consideración sobre cómo
la normativa de carácter originario, el derecho originario del Tratado de
las Comunidades Europeas, el Tratado de Roma contienen determinadas
regulaciones, en su artículo 36, que habilitan que los Estados puedan
adoptar medidas limitativas, de prohibición, en un mercado como es el
español en este caso, en los productos pesqueros, cuando se pongan en
peligro determinados elementos importantes, como pueden ser la vida de
los animales, el medio ambiente. Eso es, en definitiva, lo que
pretendemos, señor Presidente, con esta iniciativa, que el Parlamento
español tome postura políticamente y que prohíba, como segundo escalón
que falta, la comercialización en este mercado español de productos
pesqueros capturados con redes de volantas. Porque --y con ello termino,
señor Presidente--, si la flota pesquera española tiene prohibido salir a
la mar, circular, en definitiva, navegar con artes de deriva y que se
desembarquen en puertos pesqueros españoles túnidos capturados con artes
de deriva, se produce una disfunción, se está produciendo, de que, por
ejemplo, en puertos como Vigo viene la flota pesquera francesa utilizando
redes de volanta, por supuesto superiores en tamaño a los 2,5 kilómetros,
y está descargando en el puerto de Vigo y está comercializando en el
mercado español.

Esa disfunción la tenemos que corregir a través de un mecanismo legal que
es la aprobación de una ley por parte de esta Cámara y, para lograr esa
correspondencia entre el sector extractivo y el sector comercializador es
necesaria la prohibición en el mercado español de la comercialización de
túnidos capturados con volantas en lo que atañe a comercializadores que
actúan en el territorio español.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para
defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Mantilla.




El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Señor Presidente, la proposición de ley que
trae el Grupo Parlamentario Vasco sin duda tiene toda la buena intención
del mundo y, desde el punto de vista popular, todas las personas que
estamos aquí representando a los distintos partidos estamos



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totalmente de acuerdo con ella. Ahora bien, hay algunos matices que es
necesario puntualizar.

La proposición de ley, tal como nos viene, dice que queda prohibida la
comercialización en todo el territorio del Estado de los productos de
pesca capturados por redes de enmalle a la deriva de superficie,
volantas. En principio, choca un poco con la propia normativa de la Unión
Europea, porque la Unión Europea tiene autorizadas las redes de enmalle a
la deriva de hasta dos kilómetros y medio. Consideramos que sería una
incongruencia, una ilegalidad manifiesta que el Parlamento español tome
una medida que puede ir en contra de la normativa europea.

Hay una enmienda del Grupo Socialista, que supongo que defenderá su
portavoz en el momento oportuno, que más o menos va en la línea que
nosotros queríamos proponer. Pide su modificación en el sentido de que se
prohíba la comercialización en España de aquellas especies capturadas por
redes de enmalle a la deriva prohibidas por la Unión Europea o por
cualquier otro arte prohibido por la Unión Europea. Eso también iría a
favor de la enmienda que el señor Gatzagaetxebarría ha propuesto sobre la
captura de esos «yellowfin» que se capturan con redes, perjudicando a los
delfines.

Nosotros tenemos dos enmiendas que también están en la mente de todos los
portavoces de los grupos. Como el señor Presidente sabe, debatimos todos
estos temas frecuentemente. Sabemos las dificultades que está atravesando
nuestra flota pesquera, sabemos las implicaciones que hay en estos
momentos, cuando tenemos grandes problemas con el fletán negro con Canadá
y ahora se nos avecina otro gravísimo problema, puede ser, con marruecos.

Tanto el uno como el otro están utilizando maniobras ilegales totalmente,
actos de piratería, como el caso de Canadá, para intentar evitar que la
flota pesquera española faene en sus caladeros. Es preocupante, por
tanto, y nuestras enmiendas van en ese sentido, el tratamiento que tiene,
por ejemplo, la flota que está faenando en el caladero de Marruecos. Allí
se nos obliga a tener paradas biológicas, a tener las capturas con los
tallajes mínimos, etcétera, en tanto que somos conocedores de que están
invadiendo los mercados españoles con productos que están capturados en
las paradas biológicas y que no tienen las tallas mínimas. De ahí que
nuestras dos enmiendas, que creo que son del sentir general, van en ese
sentido.

En resumidas cuentas, señor Presidente, señorías, tenemos graves
problemas en la pesca española en este momento; el grave problema de la
pesca de la costera del bonito, que se avecina de momento tal vez de
forma tan complicada como el pasado año; la pesquería de la NAFO y, por
último, el acuerdo que se está intentando, cuya discusión se iniciaba
ayer, entre la Unión Europea y Marruecos. En un medio de comunicación de
hoy se dice que los españoles no confían en la Unión Europea. Se dice que
el 58,7 por ciento de los españoles considera que la Unión Europea no
está defendiendo los intereses pesqueros españoles como mejor debiera.

Por tanto, con la intención de que por el Gobierno se adopten todas las
medidas necesarias para proteger nuestra flota, no solamente dentro del
propio mercado sino en sus caladeros, es por lo que nosotros estamos
totalmente de acuerdo con la intención de la proposición de ley del
Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, sugerimos un añadido a la
propuesta en el sentido de que esas redes de enmalle a la deriva
estuviesen prohibidas por la Unión Europea, es decir, por encima de los
dos kilómetros y medio. Y lógicamente apoyaremos las enmiendas que ha
propuesto el Grupo Parlamentario Vasco.




El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Moragues tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: Brevemente, dadas las horas que llevamos de
reunión en esta comisión, voy a tratar un tema que, como han dicho
anteriores portavoces, ya ha sido tratado con intensidad a lo largo de
los últimos meses.

Como decía al principio de mi intervención, si se tratara sólo de que el
Parlamento se posicionara políticamente acerca de los temas que plantea
el Partido Nacionalista Vasco, este pronunciamiento tendría el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista. Desgraciadamente no es así. El Partido
Nacionalista Vasco no pretende un posicionamiento político sino que lo
que pretende es un posicionamiento legal, y para ello no basta sólo con
la voluntad política sino que hemos de atenernos obligatoriamente al
marco, al contexto legal internacional y comunitario al que está obligado
nuestro país. Voy a recordar a los grupos de la Cámara cuál ha sido la
postura defendida por el Grupo Socialista tanto en Pleno como en
Ponencia, muy rápidamente.

El Grupo Socialista no aceptará el texto de la propuesta puesto que los
productos de la pesca de los Estados miembros de la Unión Europea,
capturados de acuerdo con las normativas comunitarias, gozan del
principio comunitario de libre circulación, y para los productos de
países terceros esta prohibición vulneraría los acuerdos del GATT
firmados hace muy poco tiempo en Marraquech.

En cuanto a la prohibición de comercialización de los productos de la
pesca procedentes de flotas de países que han agotado sus capturas
permitidas, tampoco compartimos la propuesta ya que ésta lleva implícita
la presunción de que el instante de la comercialización coincide con el
de la captura, y esto olvida la posibilidad de que existan stocks
disponibles para comercializar.

En resumen, señorías, el Grupo Socialista mantiene la tesis de que desde
el Parlamento español no pueden prohibirse intercambios
intracomunitarios, amparados por la normativa comunitaria vigente, y
cualquier intento de aplicar una ley del tenor de la que debatimos la
hace firme candidata a comparecer ante el Tribunal de Luxemburgo. Por
tanto, las distintas enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista van
dirigidas a eliminar lo que pensamos es contradictorio con la normativa
comunitaria o a incorporar textos normativos comunitarios.

Quisiera referirme brevemente a las distintas enmiendas que han
presentado tanto el Grupo Popular como el Grupo proponente, el Partido
Nacionalista Vasco. En cuanto al nuevo artículo 2 que presenta el Grupo
Vasco para prohibir la comercialización, dentro del Estado, del



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atún rabil capturado mediante técnicas que impliquen el cerco sobre
delfines, he de decir que cualquier disposición que prohíba la
comercialización de productos de la pesca procedentes de terceros países
supone una infracción de los acuerdos del GATT, que exige que si una
mercancía puede importarse también debe poder comercializarse libremente.

Es evidente que podría prohibirse para el rabil procedente de la Unión
Europea, dado que el Reglamento 3094/92, que ya ha sido comentado por el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, prohíbe expresamente a todo
buque comunitario realizar cualquier maniobra de cerco mediante redes
sobre bancos o grupos de mamíferos cuando el objetivo sea la captura de
túnidos o de otras especies de peces. El Grupo Socialista no dará su
apoyo a esta enmienda porque no está de acuerdo con el contexto legal en
el que quiere introducirse. Entendemos que estas últimas semanas se ha
abierto una nueva vía para intentar lograr un nuevo texto legal, la nueva
ley de pesca, pero mientras no se apruebe esta nueva ley de pesca no se
puede apoyar esta enmienda del Grupo Nacionalista Vasco porque
infringiríamos la normativa europea e infringiríamos también tanto el
acuerdo del GATT como los acuerdos firmados por la Unión Europea en
relación con los países del SPG-droga.

En cuanto al nuevo artículo 3, que intenta introducir el Grupo
Nacionalista Vasco, que quiere prohibir comercializar productos pesqueros
por debajo de las tallas mínimas, lo que está regulado --también lo han
recordado otros portavoces-- por distintos reglamentos comunitarios,
hemos de decir que estamos de acuerdo en la necesidad de homologar y de
armonizar la normativa en cuanto a tallas mínimas de comercialización y
tallas mínimas biológicas, pero esto también debe hacerse en el contexto
legal de la Unión Europea. Homologar y armonizar normativas en la Unión
Europea es algo imprescindible y todos los grupos de la Cámara se han
declarado favorables a esta necesidad urgente. Por tanto, entendemos que
en el contexto de trabajo de la Ponencia de pesca es donde deberíamos
hacer propuestas para que la armonización de tallas fuera realidad en el
plazo más breve posible de tiempo. También quiero recordar que la Unión
Europea, por ejemplo, para explicar la contradicción en que se mueve en
cuanto a tallas comerciales y tallas mínimas biológicas reguladas,
establece 33 especies pesqueras en cuanto a tallas comerciales y 32
especies en cuanto a tallas mínimas biológicas, pero únicamente 11 de
ellas son las mismas en una y otra lista; es decir, que hay especies
comerciales que no se pueden vender pero que sí se podrían pescar. Es
imprescindible, como he dicho antes, señorías, que se produzca una
iniciativa por parte de la Unión Europea, y podría muy bien ser hecha
desde este propio Parlamento, para la armonización de las tallas mínimas,
tanto biológicas como comerciales.

En cuanto al nuevo artículo 3, relativo a las paradas biológicas, es una
iniciativa del Grupo Popular que solicita la prohibición, importación y
comercialización de especies pesqueras procedentes de caladeros en los
que la flota española está obligada a realizar paradas biológicas durante
el tiempo de duración de las mismas. Entendemos, señorías, que es una
iniciativa que nos gustaría muchísimo apoyar, como no podría ser de otro
modo, pero que en el contexto legal en el que nos encontramos, que ha
sido el leitmotiv de toda mi intervención, tampoco podemos darle apoyo.

Entendemos que las paradas biológicas se establecen en el marco de los
acuerdos en materia de pesca entre el país correspondiente y la Unión
Europea, y este artículo propuesto --con el que estamos, como he dicho
antes, completamente de acuerdo-- sólo sería aplicable si fuera asumido
por las partes contratantes y de ninguna manera podríamos aplicarlo
unilateralmente porque supondría una infracción a los compromisos
internacionales asumidos por la Unión Europea y vulneraría las reglas del
GATT. Creo que lo pertinente en este caso sería defender ante la Unión
Europea la inclusión del principio de reciprocidad en las paradas
biológicas cuando se negocien los acuerdos pesqueros con terceros países.

En definitiva, señorías, dada la imposibilidad, por las razones que al
principio he mencionado, de apoyar el texto original de la proposición de
ley y las enmiendas que los distintos grupos han presentado, aunque con
algunas de ellas tenemos un nivel de sintonía suficientemente importante
para poder llegar a acuerdos en otro trámite parlamentario, el Grupo
Socialista votará en contra del texto original y de las enmiendas que
presentan los distintos grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Deseo manifestar que este grupo
parlamentario muestra su preocupación por que nuevamente, este verano, en
la costera del bonito pueda haber incidentes y graves problemas, dado que
los países punteros de la Unión Europea, como Francia, Irlanda, Reino
Unido e Italia, están manteniendo una posición política a favor del uso
de las redes de enmalle a la deriva, de las volantas. La flota pesquera
española, desde Galicia a Asturias, País Vasco y Cantabria, está en
contra de ello y tenemos grandes indicios, señor Presidente, de que
nuevamente se van a originar incidentes. Por ello esta Cámara debería
adoptar una posición sobre tal cuestión. Cuando me refería a este asunto,
por el portavoz del Grupo Socialista se indicaba que lo que planteamos
aquí es un posicionamiento legal. Es lo mismo. Los posicionamientos
políticos se plasman en instrumentos de política legislativa, y la
política, el ideario o la conceptuación de cómo se entiende una
determinada regulación pesquera se plasma en iniciativas no de ley o de
ley. Lo que nosotros planteamos en este momento es el salto cualitativo
de que, aunque todos los grupos parlamentarios hemos estado de acuerdo en
proposiciones no de ley, cuando se quiere hacer una normativa de carácter
vinculante en cuanto a los comercializadores que operan en el mercado
español se manifiesta una voluntad y después se vota en contra. Por
tanto, los posicionamientos políticos en cuanto a la voluntad de hacer
una ley han quedado claros. El sector pesquero español va a conocer con
profundo detalle las posiciones al respecto de cada grupo político.

Nosotros sospechamos que desgraciadamente va a haber de nuevo incidentes,



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señor Presidente, porque no podemos permitir que en España se
comercialice este tipo de artes.

Se dice que puede ser una incongruencia que se prohíba en el mercado
español la comercialización de túnidos capturados mediante la volanta.

Nuestro grupo parlamentario estima que no, por una sencilla razón y por
un esquema de razonamiento lógico, señor Presidente. La reglamentación de
la Unión Europea permite a todos los países que utilicen artes de
volantas. La reglamentación de la Unión Europea permite que las capturas
con artes de volantas se puedan comercializar. Primer escalón. Segundo
escalón: España prohíbe la utilización de artes de volantas para el
sector pesquero que sale a la mar. A continuación España tiene que
prohibir la comercialización en el mercado español, por operadores
comerciales, de productos capturados con volantas. Ese es el segundo paso
que hay que dar. Aquí no estamos diciendo que España haya adoptado una
posición política en contra de la normativa europea. España ya ha
adoptado una postura política con la reglamentación de las artes de
volanta. El Gobierno de España, a través de una norma reglamentaria, ha
prohibido tal cuestión. A continuación, España y las fuerzas políticas
parlamentarias tienen que oponerse a que se comercialice en el mercado
español este tipo de artes. Por tanto, es necesario este segundo escalón,
esta correspondencia.

En relación con el atún rabil o yellowfin se decía que también se
infringía la normativa europea. Estamos con el mismo problema. Yo quiero
recordar aquí las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista señor Moragues, quien el 30 de noviembre de 1994 decía
literalmente: «Es ánimo del Grupo Parlamentario Socialista y de la
Administración pesquera española que se vinculen expresamente las medidas
de conservación con las medidas de mercado, de forma que aquello que no
se pueda pescar tampoco se pueda legítimamente comercializar.» Esa
posición se tiene que plasmar en este momento en un texto articulado. Por
tanto, señor Presidente, mantenemos las enmiendas. Creemos que existe
amparo, creemos que existe soporte por lo menos para poder argumentar la
adopción de alguna de estas medidas. El artículo 36 del Tratado de la
Unión Europea lo permite. Léase la importantísima sentencia 120 de Cassis
de Dijon, del año 1978, que dice --y leo-- que los obstáculos a la libre
circulación comunitaria, resultantes de las disparidades de legislaciones
relativas a la comercialización de un producto, deben ser admitidos
siempre que emanen de la autoridad pública y no por acuerdos entre
operadores económicos.

Señorías, nosotros estamos planteando una iniciativa. Podrán existir
indicios, sospechas de que no se ajuste a un tratado. Para ello existe el
mecanismo de los recursos que prevé el Tratado a fin de que otros Estados
puedan recurrir. ¿Para qué existe el Tribunal de Justicia de Luxemburgo?
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo está conociendo todos los días
medidas que adoptan todos los Estados de carácter restrictivo,
cuantitativo, al comercio. Para eso está el Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, que se pronuncie, que haga jurisprudencia, que aclare esta
cuestión con razonamientos jurídicos de fondo y materiales. Nosotros,
como legisladores, tenemos la obligación de defender a los pescadores
españoles y al medio ambiente. Hay argumentos en la sentencia 120/78, hay
argumentos en el artículo 36 del Tratado cuando se refiere a la
protección del medio ambiente y a la vida de los animales. Por tanto, si
existen indicios, que podrán existir, ya los determinará una autoridad
superior, que es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Porque, señorías,
no olviden una cosa. Cualquier iniciativa que apruebe esta Cámara está
investida de la presunción de legalidad y de legitimidad, salvo que una
sentencia firme de un tribunal declare que es nula. Por consiguiente, no
tengan miedo a eso; no tengan miedo a que otro Estado pueda recurrir
porque los Estados están impugnando constantemente ante el Tribunal de
Justicia de Luxemburgo medidas legislativas, medidas administrativas de
los diferentes Estados. Por tanto, además de todo el soporte político que
hemos expuesto, creemos que existe el soporte jurídico. Léanse bien el
Tratado de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre
este caso y la interpretación que hace del concepto de protección del
medio ambiente.




El señor PRESIDENTE: Señor Mantilla, tiene la palabra. Sea breve también,
por favor.




El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Quisiera decir al portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, señor Gatzagaetxebarría, que da la impresión de que
es el único defensor de que no haya redes de enmalle a la deriva. No
vamos a decir si un grupo ha presentado más iniciativas parlamentarias
que otro grupo sobre este tema. Creo que todos los grupos estamos
convencidos --y no sólo los grupos, sino también muchas instituciones--
de que las redes de enmalle a la deriva son totalmente depredadoras, que
destrozan los caladeros, que capturan especies que están protegidas. Por
tanto, estamos totalmente de acuerdo en que las redes de enmalle a la
deriva hay que suprimirlas. Ya se ha logrado un paso importante. Hay que
recordar que el verano pasado todavía había países que utilizaban redes
de enmalle a la deriva de hasta cien kilómetros de longitud. En estos
momentos están limitadas a dos kilómetros y medio. Posiblemente haya
barcos que utilicen redes de mayor longitud, pero son ilegales. Eso es
cierto. Por tanto, las inspecciones tienen que funcionar.

Le diría al portavoz del Partido Nacionalista Vasco que, lógicamente,
todos estamos sensibilizados con ese tema y sabemos que, como decíamos
antes, se nos avecinan graves problemas, no solamente la costera del
bonito, que sí va a ser conflictiva, también el tema del fletán negro es
tremendamente conflictivo. Todos los días estamos viendo que el señor
Ministro de Pesca canadiense está dejando a Europa en una situación
bastante delicada porque no somos capaces de paliar los efectos que están
utilizando los canadienses contra España. Nuestros gobernantes no tienen
la agresividad suficiente para intentar compensar, de alguna manera, lo
que está haciendo el Ministro de Pesca canadiense. Asimismo tenemos de
forma inmediata el convenio con Marruecos, que también se avecina
extremadamente conflictivo. Todos los grupos de esta Cámara --y creo que
puedo hablar por todos ellos-- estamos muy sensibilizados



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por los tres temas y estamos intentando poner todos los medios para que
nuestros pescadores no se vean perjudicados o lo sean mínimamente.

Por consiguiente, señor Gatzagaetxebarría, estamos totalmente de acuerdo
con la intención de la propuesta, pero hay problemas legales que no son
pertinentes. Mi consejo, que sé que no va a aceptar, es que modificase el
apartado fundamental, el apartado primero del artículo 1.º, en el sentido
de que suprimiese la comercialización de aquellas especies capturadas con
redes de enmalle a la deriva prohibidas por la Unión Europea. Supongo que
todos los grupos de la Cámara lo apoyarían. De todas maneras, el Grupo
Popular va a apoyar la propuesta, pero vuelvo a repetirle que de forma
testimonial, porque en el fondo estamos de acuerdo en que no hay una
legalidad que ampare su proposición no de ley. Por ello reiteramos una
vez más que el tema es suficientemente delicado y que el Gobierno español
debe aportar todos los medios, como decían otros portavoces, no solamente
para intentar que de una vez por todas se eliminen las redes de enmalle a
la deriva, sino que también se normalicen tallas mínimas y una serie de
aspectos que están perjudicando gravemente a la pesca española.




El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: Creo que las últimas palabras del portavoz del
Partido Nacionalista Vasco han dejado meridianamente clara cuál es su
postura. Ha abogado por defender medidas que incluso infrinjan la
legalidad internacional. Lo ha dicho así de claro: Hagamos lo que
tengamos que hacer aunque sepamos que esto puede ir a parar a los
tribunales internacionales. Y esto, señor Gatzagaetxebarría, es lo mismo
que hace el Ministro de Pesca de Canadá, exactamente igual, y le quitamos
permanentemente la razón. ¿Por qué en un conflicto donde nosotros salimos
perdiendo decimos que el Ministro de Pesca del Canadá está obrando mal y
en este conflicto que nos beneficia sí queremos aplicar normas que
sabemos que infringen la legalidad internacional? ¿Por qué, señoría? La
verdad es que no lo entiendo. Intentamos aplicar aquí la legislación de
acuerdo con lo que nos conviene y no con la normativa internacional, la
comunitaria europea o la propia del GATT que, como usted sabe, está por
encima de las normativas nacionales.

El problema más importante --que no lo hemos aclarado en el debate ni en
Ponencia ni ahora en Comisión-- es a quién es de aplicación la ley que
hoy discutimos, porque si pudiéramos contestar a esta pregunta tendríamos
resueltos --creo-- todos los problemas que hoy se plantean. Al entender
del Grupo Parlamentario Socialista solamente es de aplicación a los
buques españoles y al territorio español. Por tanto, no podemos parar, en
ningún caso, importaciones --que ya no son importaciones porque estamos
hablando de un mercado único en Europa-- en lo que antiguamente eran las
fronteras o las aduanas españolas de ningún tipo de producto pesquero que
se haya capturado de acuerdo con las normas comunitarias. Y esto lo sabe
usted tan bien como yo, porque con estas mismas palabras se lo recordaba
el día 18 de marzo de 1994 al portavoz del Partido Popular, cuando
presentó una proposición no de ley muy parecida a la que hoy ustedes
presentan como proposición de ley. Obviamente, de marzo de 1994 a marzo
de 1995 una costera muy complicada en el norte, tanto de bonito como de
anchoa, ha hecho modificar las posturas que usted defendía desde la
racionalidad y el rigor en marzo de 1994, y hoy ya no puede hacerlo
porque tiene que dar satisfacción al electorado del País Vasco,
principalmente a las reivindicaciones que las cofradías tienen
planteadas. Pero, señorías, si hemos de ser serios, si hemos de hacer
realmente un pronunciamiento legal en un acto como el de hoy, no podemos
dar más importancia a nuestras posiciones políticas sino aclamar esta
rigurosidad y esta coherencia con los datos que nos han precedido.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las distintas enmiendas del
texto de esta proposición.

En primer lugar vamos a votar todas las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco que pretenden alguna adición respecto a su propuesta inicial, las
números 1, 2, 3 y 5.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular que pretenden adiciones nuevas, son las números 11
y 12.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que,
aunque no esté presente, su portavoz ha manifestado su intención de
mantenerla a efectos de votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. La primera
de ellas, la número 9, modifica el apartado primero del artículo 1.º y la
segunda, la número 10, suprime el apartado segundo. Si se aprueba esa
enmienda, como es lógico, automáticamente queda modificado el texto de la
proposición.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, uno; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas estas enmiendas, que, lógicamente,
constituyen el texto de la proposición.

Votamos a continuación la disposición final primera y la disposición
final segunda, que no tienen enmiendas.




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Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Pasamos a la votación de las enmiendas a la exposición de motivos. La
número 4 es del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación votamos las enmiendas números 7 y 8, del Grupo
Parlamentario Socialista, que pretenden la modificación del párrafo
cuarto y la supresión del párrafo quinto, respectivamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, uno; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a la votación de la exposición de motivos tal como queda después
de esta modificación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos y con ella
el texto de esta proposición de ley, de la que se dará cuenta al
Presidente del Congreso para su posterior trámite en el Senado.

Agotado el orden del día, antes de levantar la sesión ruego a la Mesa y a
los portavoces que nos quedemos un momento para fijar el orden del día de
la próxima Comisión, que será el miércoles día 5.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.