Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 423, de 21/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 423
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 34
celebrada el martes, 21 de febrero de 1995
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca
del río Guadalete. (BOCG serie A, números 96-1, de 23-12-94, 96-2, de
17-2-95 y 96-3, de 17-2-95. Número de expediente 121/000081). (Página 12868)
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del
proyecto de ley de derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río
Guadiaro a la cuenca del río Guadalete. (BOCG serie A, números 96-1, de
23-12-94, 96-2 y 96-3, de fecha 17-2-95. Número de expediente
121/000081). (Página 12868)
Proposiciones no de ley:
--Sobre libre prestación de servicios en el transporte marítimo en el
puerto de Málaga. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG
serie D, número 149, de 17-10-94. Número de expediente 161/000308).
(Página 12881)
--Sobre adopción de determinadas medidas en la ejecución de las obras de
la autovía Adra-Puerto Lumbreras (N-340 de Cádiz y Gibraltar a
Barcelona), a su paso por el municipio almeriense de Vícar. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 142, de
3-10-94. Número de expediente 161/000282). (Página 12886)
Pregunta del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular),
sobre habilitación del horario nocturno en el aeropuerto de La Palma.
(Número de expediente 181/001338). (Página 12890)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos.
El señor presidente: Iniciamos la sesión.
He de anunciar que el orden del día está compuesto por cuatro partes
totalmente distintas, importantes todas ellas, para que se organice cada
uno en función de sus trabajos respectivos en otras Comisiones.
La primera parte está formada por la ratificación de la Ponencia
designada para informar un proyecto de ley; la segunda por la aprobación
con competencia legislativa plena de otro proyecto de ley; una tercera,
debate de proposiciones no de ley, y terminaremos la sesión con una
pregunta. Es decir, hoy tenemos varios aspectos distintos; que cada uno
organice su trabajo y sepa cómo poder acudir a sus compromisos.
Quiero decir que aparte de los ponentes que ratifiquemos, no se votará
nada antes de la una de la tarde de hoy. Aquellos que tengan que defender
propuestas concretas lo podrán hacer, según el procedimiento habitual. Lo
digo porque alguna persona ha pedido alterar un poco el orden del día y
yo en estos momentos no estoy en disposición de garantizar la hora de
finalización de los debates; lo único que digo es que, por acuerdo de la
Mesa y de la Junta de Portavoces, no se votará nada antes de la una.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
DE DERIVACION DE VOLUMENES DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO GUADIARO A LA
CUENCA DEL RIO GUADALETE. (Número de expediente 121/000081.)
El señor PRESIDENTE: Dicho esto, iniciamos nuestro orden del día, con un
poco de retraso, abordando, en primer lugar, la ratificación de la
Ponencia designada para informar el proyecto de ley de derivación de
volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río
Guadalete.
Someto a la Comisión, previa lectura de los miembros de esta Ponencia, la
aprobación de su composición. Me permito leer que los Diputados que
forman parte de esta ponencia son: Don Jenaro García-Arreciado Batanero,
del Grupo Socialista, don Alfonso Perales Pizarro, del Grupo Socialista,
don Ramón Satos Jurado, del Grupo Socialista, doña Teófila Martínez Saiz,
del Grupo Popular, doña Loyola de Palacio Valle-Lersundi, del Grupo
Popular, don Jerónimo Andreu Andreu, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, don Salvador Sedó i Marsal, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del
Grupo Vasco (PNV), don Adán Pablo Martín Menis, del Grupo Coalición
Canaria, y don José María Chiquillo Barber, del Grupo Mixto.
¿Se aprueba la composición de esta ponencia? (Pausa.) Por asentimiento,
queda aprobada la composición de esta ponencia.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, DEL PROYECTO DE LEY DE
DERIVACION DE VOLUMENES DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO GUADIARO A LA CUENCA
DEL RIO GUADALETE. (Número de expediente: 121/000081.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación, con competencia legislativa
plena, del proyecto de Ley de derivación de volúmenes de agua de la
cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete. Existen enmiendas
del Grupo Popular y del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Doy la palabra a doña Teófila Martínez, para defender las enmiendas del
Grupo Popular.
La señora MARTINEZ SAIZ: En nombre del Grupo Popular voy a intervenir
para defender las enmiendas a este importante proyecto para realizar las
obras del trasvase Guadiaro-Majaceite. Las voy a defender todas en bloque
porque todas tienen la misma intención, que es garantizar la ejecución
del proyecto y garantizar de la forma más adecuada la gestión después del
trasvase. Desde hace más de tres años, la zona de la Bahía de Cádiz y de
Jerez de la Frontera viene sufriendo una serie de restricciones en el
suministro de agua muy importantes. Desde ese mismo tiempo también,
distintas fuerzas políticas y distintos sectores sociales y económicos de
la Zona y de la provincia vienen reclamando las medidas necesarias para
aumentar el ahorro, aumentar la capacidad de saneamiento y para que se
tomen las medidas necesarias para acabar de una vez por todas con esas
importantes restricciones que estamos sufriendo y que hipotecan de alguna
forma nuestro futuro económico y social.
En 1992 y a través de un Real Decreto de 22 de mayo se declararon de
interés general las obras de este túnel trasvase
de Buitreras para hacer el trasvase de aguas Guadiaro-Majaceite y desde
entonces en la sociedad gaditana se ha producido y se está produciendo un
debate social bastante importante, porque una zona reclama urgentemente
ese trasvase y la otra zona, la zona del Guadiaro, ha tenido serias dudas
de que ese trasvase se fuese a realizar sin las necesarias garantías para
que se tuvieran en cuenta sus necesidades actuales y futuras con respecto
a los caudales del agua para esa zona. Debido a ese debate social, ha
habido distintas reuniones en el último año con distintos responsables de
la Administración, tanto a nivel de la Comunidad Autónoma andaluza como
del Ministerio de Obras Públicas, y como resultado se ha asegurado a la
sociedad gaditana que este proyecto de Ley iba a contemplar las medidas
necesarias para garantizar el suministro de agua a la zona de la Bahía,
que influye en la vida cotidiana de más de 800.000 habitantes, pero
también para dar tranquilidad y seguridad a la zona de los habitantes que
viven en la cuenca del río Guadiaro, o sea, todo el Campo de Gibraltar.
A la vista del contenido de este proyecto de Ley, el Grupo Popular no se
le escapa que hay algunos aspectos de este proyecto de ley que pueden
mantener en lo sucesivo esa inquietud de los habitantes de la zona del
Campo de Gibraltar, o sea, la Cuenca del Guadiaro. ¿Por qué? Porque
nosotros creemos que hay algunos aspectos y algunos artículos de esta ley
que no reúnen la suficientes garantías. Y en ese sentido van nuestras
principales enmiendas.
En nuestra enmienda número 18 dejamos muy claro que, aunque el proyecto
de Ley indica que en la toma del trasvase el caudal será superior a 5
metros cúbicos por segundo, nosotros queremos que esos 5 metros por
segundo se mantengan después de la toma, es decir, antes de la toma y
después de la toma, para garantizar el mantenimiento del caudal mínimo
del río Guadiaro de forma efectiva y clara.
Con la misma intención, en nuestra enmienda número 19 proponemos que
dentro de ese artículo quede bien claro que el volumen anual derivado no
será mayor a 100 hectómetros cúbicos. Nosotros no creemos conveniente
citar una serie de años para establecer esa media de 100 hectómetros
cúbicos, pero queremos la garantía de que el volumen anual derivado no
será mayor.
Hay otra serie de enmiendas, como es la 20 y la 21, donde proponemos
simplemente sustituir la expresión «período concreto» por «anualidad».
Nos parece que se ajusta mejor a la realidad, puesto que, como somos una
zona de una sequía estructural en los últimos años, es muchísimo mejor
que sea por anualidades que por períodos concretos, porque siempre pueden
distorsionar las necesidades tanto de la zona receptora como de la zona
cedente.
En la enmienda 22 pretendemos que en la Comisión de Explotación estén
representadas las corporaciones locales de dichas cuencas. Aunque el día
que se reunió la Ponencia había opiniones de que esto estaba contemplado
ya en la Ley de aguas, nosotros queremos que se asegure que dentro de los
usuarios van a estar representadas las corporaciones locales de dichas
cuencas.
En nuestra enmienda número 23 --que para nosotros es muy importante--
decimos que las obras de derivación de aguas de la cuenca del río
Guadiaro deben tener la declaración de impacto ambiental aprobada. Por
parte de los responsables del Ministerio se nos ha dicho en numerosas
ocasiones que el estudio de impacto ambiental con respecto a la obra en
sí está realizado y tiene el informe aprobado, pero lo que no se nos ha
dicho todavía --y no sabemos si es así-- es que el estudio de impacto
ambiental sobre los efectos que va a producir ese trasvase en toda la
cuenca tenga el necesario estudio de impacto ambiental aprobado. Nosotros
queremos que lo que diga el estudio de impacto ambiental sea tenido muy
en cuenta a la hora de realizar el trasvase, porque creemos que es una de
las garantías que, además de ser preceptivas para cualquier obra pública,
más tranquilidad va a dar a los distintos sectores sociales de la
provincia de Cádiz; que ese estudio de impacto ambiental sea tenido en
cuenta a la hora de realizar y gestionar posteriormente el trasvase de
las aguas del Guadiaro al Majaceite.
En nuestra enmienda número 24, que es de adición, creemos que es
importantísimo que, al mismo tiempo que se hace esta obra de trasvase,
que ya lleva mucho tiempo de retraso --desde que se aprobó, en 1992, se
están dando vueltas y vueltas y ya llevamos más de dos años esperando que
se empiecen las obras de ese trasvase--, se realicen otras obras de
ahorro de las pérdidas de agua. Desde marzo de 1993 hay un acuerdo de la
Junta de Andalucía y del Ministerio de Obras Públicas para realizar un
proyecto conjunto, a nivel de Andalucía, de obras de saneamiento. Una de
las obras de saneamiento que se contempla en ese proyecto precisamente es
el saneamiento integral del río Guadiaro.
El señor Baltanas, Director General de Obras Hidráulicas, en su
comparecencia en esta Cámara el 13 de marzo de 1994, nos indicaba que
había proyectos pendientes de realizar por un valor de aproximadamente
12.000 millones para obras de ahorro del agua en las conducciones, tanto
de suministro a las ciudades como a los regadíos, obras importantísimas
porque en este momento se calcula que la media de la pérdida de agua que
se está produciendo en esas conducciones puede ser del 40 por ciento.
Vamos a trasvasar una cantidad de agua de una cuenca a otra y resulta que
una parte de ella se va a perder por falta de unas obras muy necesarias o
porque no se realicen al mismo tiempo que las obras del trasvase. Creo
que en este proyecto de ley se deben dar las garantías necesarias para
que durante el tiempo que dure la obra del trasvase, las distintas
administraciones pongan manos a la obra y realicen al mismo tiempo esas
obras importantísimas de ahorro de las pérdidas de agua en las
conducciones y también en las obras necesarias para que en el caudal del
río Guadiaro las aguas no estén contaminadas, o sea, que los 23 pueblos
que vierten las aguas a ese río vean realizadas las obras de saneamiento
y que se terminen las que están pendientes en la cuenca del Guadalete.
Además, nos parece que se deben establecer en el mismo plazo de tiempo
convenios con las comunidades de regantes para que se puedan mejorar los
sistemas de regadío y así aprovechar mejor el agua que se ponga a
disposición de esas comunidades de regantes, porque si no nuestra
agricultura va a pasar unos años, como ha sucedido últimamente, muy
graves para su economía; sobre todo por lo que está pasando últimamente,
que incluso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir quiere cobrar
un canon a algunos por un agua para regadío que no han tenido opción a
utilizar.
Al mismo tiempo, con nuestra enmienda 25 pretendemos que el Gobierno
declare de interés general las obras de construcción de una planta
desaladora destinada a suministrar agua potable a la población de toda la
Bahía de Cádiz. Hacemos esta última petición, aunque hace unos días se
nos ha rechazado en esta Cámara una proposición no de ley en el mismo
sentido. Después de las experiencias de los períodos de sequía de los
últimos años, el trasvase de agua se va a realizar entre dos cuencas y
cuando hay sequía en una en un período largo de tiempo, de cuatro años,
la hay en la otra. Si no llueve en la zona de la Bahía, tampoco llueve en
la zona del Campo de Gibraltar y no habrá agua que trasvasar. Si en un
futuro se van a producir períodos de sequía, como esperan los expertos,
de esta misma duración, con una propuesta de este tipo podremos asegurar
que en años futuros, en esos importantes períodos de sequía en el sur de
España y, sobre todo, en la provincia de Cádiz, por lo menos esté
garantizado el suministro a las ciudades, el suministro de agua de
consumo humano a la zona de la Bahía.
Todas nuestras enmiendas, como decía al principio, están encaminadas a
obtener en un futuro las máximas garantías en el suministro de agua para
todos los habitantes de la provincia de Cádiz, tanto los del Campo de
Gibraltar como los de la Bahía de Cádiz y la zona de influencia de Jerez
y, además, a que se hagan las obras necesarias, con rentabilidad de
futuro y con eficacia, precisamente para garantizar ese consumo y que
tengamos agua suficiente para que nuestra agricultura no sufra los daños
que está sufriendo en los últimos años.
Espero que los Diputados de otras fuerzas políticas, sobre todo los que
apoyan al Gobierno, los del Grupo Socialista, tengan en cuenta alguna de
estas enmiendas que ya digo que, además de intentar garantizar el consumo
de agua en el futuro, quieren dar tranquilidad a los distintos sectores
sociales. Si las cosas se van a hacer bien, ¿por qué no se refleja en los
proyectos de ley? Si se van a dar las garantías, por ejemplo, de que
después de la toma van a circular cinco metros cúbicos de agua por
segundo, ¿por qué no garantizarlo en el proyecto de ley? Si se van a
tener en cuenta una serie de cosas, ¿por qué no garantizarlo en el
proyecto de ley? Si el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía
tienen muy claro, y lo tienen previsto y presupuestado, que hay que hacer
unas obras importantes de ahorro en las conducciones, ¿por qué no
reflejarlo en este proyecto de ley? No reflejarlo sería sembrar las dudas
y nosotros creemos que es una tarea muy importante de los Diputados y de
los distintos grupos políticos que representamos a los ciudadanos que en
los proyectos de ley se den las máximas garantías para los ciudadanos;
también nos obligará en un futuro a cumplirlos. Los proyectos de ley no
están sólo para salir al paso, sino para que luego se cumplan.
Con la intención y con el deseo de que del debate de este proyecto de ley
salga lo mejor para el futuro de la provincia de Cádiz, tanto de la zona
del Guadiaro como de la zona de la Bahía, el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado estas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu para
defender sus enmiendas.
El señor ANDREU ANDREU: Conforme a lo que usted estipuló al principio de
esta Comisión, defenderé las enmiendas que se refieren a la exposición de
motivos, dejando para otros turnos las del articulado.
En la exposición de motivos, quiero dejar, en principio, bien claro que
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha manifestado claramente con
su actitud ante el Congreso de los Diputados que apoya cualquier tipo de
actuación que venga a solucionar el problema de la sequía en la zona
gaditana y, desde luego, no excluye de ninguna de las maneras la
posibilidad del trasvase del río Guadiaro al río Majaceite; y no la
excluye con la condición de que este trasvase se haga con las garantías,
tanto para la población de la zona gaditana como para la de la zona
campogibraltareña, de que se va a hacer en el caso claro de necesidad de
la zona gaditana, en el caso claro de que se demuestre que no hay ningún
tipo de impacto negativo para la zona del Campo de Gibraltar y en el caso
claro de que se asegure que se va a utilizar adecuadamente el agua
trasvasada en un futuro porque supone de alguna manera un gesto de
solidaridad de una comarca con respecto a la otra.
Mi Grupo Parlamentario está convencido de que la actitud inicial entre
las comarcas que trasvasan y la otra que recibe es de solidaridad y
solamente la negativa y obcecada actuación de la Administración en el
transcurso del proceso del trasvase ha llevado a una situación de
crispación que, si se hubieran hecho bien las cosas desde el principio,
no hubiera tenido lugar.
No cabía, como se planteó en un principio, presentar un proyecto de
trasvase de 150 hectómetros cúbicos y la construcción de una nueva presa,
a todas luces innecesaria, que levantó una polémica extraordinaria en el
Campo de Gibraltar, porque su población entendía, con muy buen criterio,
que el río Guadiaro no podía pasar esos 150 hectómetros cúbicos y que
aquella presa era absolutamente innecesaria una vez que existía un azud,
que ya era propiedad de Sevillana, en la propia cabecera del río
Guadiaro.
La Administración tuvo que dar marcha atrás, como suele hacerlo el
Partido Socialista, sin hacerlo bien, sin seguir los procedimientos
adecuados, sino simplemente respondiendo a las medidas de presión que se
ejercieron desde la comunidad del Campo de Gibraltar, pero el mal ya
estaba hecho. El trasvase del río Guadiaro al río Majaceite nacía con el
estigma de que se estaba realizando en contra de una comarca y de que una
comarca entera se había levantado contra él, creando una situación
innecesaria de polémica entre una comarca y otra.
Por otra parte, la zona gaditana lleva tres años con restricciones,
prácticamente se corta el agua 12 horas al día y,
desde luego, es natural que la población exija y quiera una solución al
problema del agua y en muchas ocasiones ya no importa cuál sea, porque
las necesidades son absolutamente perentorias.
Por lo tanto, la exposición de motivos que se haga en este texto para mi
Grupo parlamentario es extraordinariamente importante, porque determina,
ni más ni menos, la actitud con la que este Congreso de los Diputados
enfoca este proyecto de ley y cuáles son las limitaciones, las
correcciones necesarias y posibles a un proyecto de esta naturaleza para
que salvaguarde los derechos tanto de una comarca como de la otra.
Por eso, mi Grupo parlamentario ha tenido especial cuidado en presentar
cinco enmiendas a la exposición de motivos porque considera muy
importante precisar los términos en que está redactada.
La primera enmienda se refiere al párrafo tercero. Este párrafo tercero,
tal y como viene redactado en la exposición de motivos, considera el
trasvase como una situación absolutamente ineludible y pone en un segundo
lugar, independientemente de la voluntad redactora, todas las medidas de
eficacia hidráulica. Para mi Grupo parlamentario es absolutamente
necesario que las medidas de eficacia hidráulica sean el objetivo
fundamental de las políticas de agua en la cuenca del Guadalete. Ello es
así porque no es de ninguna manera defendible que, hoy por hoy, los
municipios de la zona gaditana en muchísimos casos tengan un desperdicio
de agua en sus redes de hasta un 30 por ciento; no es de ninguna manera
de recibo que se siga regando anegando las parcelas, inundando las
parcelas, sin que exista un riego económico y modernizado que ahorre
ostensiblemente el caudal de agua necesario; no es en absoluto admisible
que las canalizaciones de riego sigan encontrándose en la situación en
que están. Y a datos objetivos me remito porque hay incluso un reportaje
hecho por Canal Sur sobre la situación de los riegos de la cuenca del
Guadalete, en el que se puede contemplar cómo las acequias están rotas y
cómo inmensos caudales de agua van directamente al suelo y son
conducciones que implican unos despilfarros extraordinarios de agua de
hasta el 30 por ciento del conjunto del agua que se debe utilizar para el
riego. Teniendo en cuenta que el riego consume el 80 por ciento del agua
que se utiliza en la cuenca del Guadalete, imagínense ustedes lo que
significan las medidas de eficacia hidráulica en esta zona. Por lo tanto,
para nosotros lo fundamental son las medidas de eficacia hidráulica.
En coherencia con esta enmienda al párrafo tercero, la enmienda número 6
pide la supresión del párrafo cuarto, porque, tal y como está redactado
el texto, continúa con la misma idea de la absoluta prioridad del
trasvase sobre cualquier tipo de medidas de eficacia hidráulica dentro de
la zona.
También de acuerdo con esa enmienda número 5 está la enmienda número 7,
que simplemente suprime «en segundo lugar», porque ya, una vez suprimido
el párrafo anterior, quedaría superflua la expresión «en primer lugar».
La enmienda número 8 es asimismo de supresión, porque no se entiende por
qué aparece ahora dentro del proyecto la existencia de una importante
balsa, que se supone que sería para dar agua a los regantes de la zona.
No se entiende para qué es esta balsa, si realmente de lo que se trata es
de crear una división dentro del conjunto de personas que reinvindican
una mejora sustancial de los términos de este proyecto o si es una
pretensión de otra naturaleza.
Por último, la enmienda número 9, que para nosotros es
extraordinariamente importante. Es una enmienda de adición a la
exposición de motivos y una enmienda por la cual se intenta que dentro de
propio texto de esta ley se razone por qué es necesaria la redacción de
un estudio de impacto ambiental, pero un estudio de impacto ambiental
perfectamente regulado conforme al Real Decreto legislativo 1302/1986 y
el Real Decreto que lo desarrolla 1931/1988, es decir, un estudio de
impacto ambiental que requiere la tramitación administrativa contemplada
dentro de estos decretos.
Esto no es por un capricho político de Izquierda Unida, sino que es
porque en la propia Ley de Aguas, en su artículo 90, se manifiesta que,
antes de la realización de un trasvase, hay que realizar la evaluación
para comprobar los efectos que sobre el medio ambiente pueda tener el
trasvase, hay que comprobar los efectos que pueda tener tanto en la
cuenca del Guadiaro como en la del Guadalete, y, una vez dictaminados
estos efectos, debe salir a información pública. Hay que permitir que la
población, que los ciudadanos y ciudadanas, tanto de una comarca como de
la otra, y cualquier otro ciudadano o ciudadana que quisiera hacerlo,
puedan expresar sus opiniones sobre la corrección de ese estudio de
impacto ambiental y sobre las medidas correctoras que en ese estudio se
sugieran.
Este hecho para nosotros es capital cara al posicionamiento de mi Grupo
parlamentario en el dictamen definitivo de este proyecto de ley; nosotros
--insistimos-- hemos mantenido ante él una posición constructiva, aun
sabiendo lo mal que se ha hecho por parte del Gobierno socialista y lo
demagógicamente que se han utilizado en muchísimas ocasiones las
imperiosas necesidades de agua de la zona gaditana, instruyendo un
proyecto francamente deficitario en sus contenidos. Aun sabiendo todo
eso, mi Grupo parlamentario está dispuesto a tener una actitud positiva,
siempre que se garantice dentro de un estudio de impacto ambiental que se
van a corregir todos los defectos, tanto en su tramitación como por su
impacto. Este es el reto fundamental que dejamos en manos del Grupo
mayoritario; a ellos corresponde la pelota de juego en este momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, quiero recordar a S. S. que al
principio del debate he dejado claro y he rogado, porque además así lo
hemos convenido, que se defiendan, al igual que lo ha hecho la señora
Martínez, todas las enmiendas en su conjunto. En el procedimiento de
votación, las enmiendas de la exposición de motivos van a ir separadas
del resto del articulado, pero en el debate hemos acordado hacer la
defensa conjunta, tal como ha hecho --repito-- la señora Martínez, de
todas las enmiendas. Así facilitamos el debate para la posterior
votación, en ese caso sí separadas las de la exposición de motivos y las
del articulado.
Por lo tanto, señor Andreu, le ruego que dedique unos minutos, si quiere,
a defender el resto de sus enmiendas.
El señor ANDREU ANDREU: Disculpe, señor Presidente; me pareció haberle
oído claramente que era el turno de la exposición de motivos. Pero no hay
problema, voy a defender el otro paquete de enmiendas, aunque no lo tenía
preparado en principio.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco su esfuerzo, pero en esta ocasión --si
hubiera un error por mi parte lo reconocería, como otras veces-- sí que
he dicho la globalidad de las enmiendas.
Entiendo que no lo tenga estructurado, pero confío en su capacidad y sé
que lo va a hacer perfectamente.
Luego, ya lo anuncio para todos, habrá un turno de réplica en el cual
podrá cada uno matizar las posiciones que crea más oportunas.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, al artículo 1.º mi Grupo
solicita que se suprima el concepto final que dice que se autoriza la
derivación de aguas también para la Base, puerto y centros y dependencia
de los Ejércitos de Tierra y Aire. Nosotros consideramos que a estas
dependencias (quizá otras también, pero no vienen claramente explicitadas
dentro del articulado y, por tanto, mi Grupo Parlamentario no hace
incidencia sobre ellas) no tiene sentido hacer un trasvase de aguas del
Guadiaro a la zona gaditana para baldear las cubiertas de los barcos,
para limpiar la Base naval de Rota. Sinceramente pensamos que debe haber
otro tipo de medidas de eficacia hidráulica que permitan que estas bases
navales utilicen agua de otro tipo, agua reciclada, etcétera, para usos
como los habituales en esta clase de operaciones.
La enmienda número 11 se refiere al artículo 1.1.a) y en ella mi Grupo
Parlamentario solicita que, donde se dice «un caudal de cinco metros
cúbicos», se diga explícitamente «un caudal superior a cinco metros
cúbicos», para que siempre quede de una forma nítida y clara que
solamente se podría trasvasar agua en el caso de que haya un caudal que
esté por encima de esos cinco metros cúbicos, y que se mantengan de una
forma cotidiana y continua como un caudal mínimo y ecológico para el río
Guadiaro.
En lo que se refiere al artículo 1.1.c), presentamos la enmienda número
12. Nosotros creemos que no debe producirse ningún año un trasvase
superior a los cien hectómetros cúbicos. Tal como está redactado este
artículo, podría darse la situación hipotética (que tampoco creemos que
sea muy real, porque el río Guadiaro tampoco está para muchísimas cosas)
de que un año se pasaran 400 hectómetros cúbicos y el resto de los años
se intentara igualar el exceso a que daría lugar ese primer año. Nosotros
creemos que no sería bueno para el río Guadiaro esta situación
hipotética, pero que es legal, tal y como está redactado hoy el texto del
proyecto de ley y, por tanto, solicitamos que ningún año sea posible un
trasvase superior a los 100 hectómetros cúbicos.
En las enmiendas números 13 y 14 solicitamos que se planteen una serie de
medidas de forma que, tanto los municipios como las comunidades de
regantes que no pongan en marcha las medidas necesarias para el ahorro de
agua y el no despilfarro, dentro de sus redes, del agua que se trasvase,
tengan unos coeficientes de penalización en el precio del agua que estén
dando a los diferentes consumidores. Esto nos parece una medida de
justicia, sobre todo con la cuenca que está aportando agua, porque yo
creo que a la cuenca que es solidaria aportando agua hay que darle la
seguridad de que el agua que está aportando a la cuenca deficitaria no se
está despilfarrando y que aquel que la despilfarra la paga, y la paga con
unos costes importantes, que nosotros no llegamos a evaluar, porque no
nos parecería propio del proyecto de ley que evaluara exactamente cuáles
serían los incrementos de coste, pero sí le daríamos la posibilidad a la
Comisión de Explotación, cuya constitución contempla el proyecto de ley
en artículos posteriores, de que incrementara (y, según nuestro criterio,
de forma considerable) el precio del agua en aquellos lugares en los que,
fehacientemente, se ha constatado que existe despilfarro, ya sean
municipios o comunidades de regantes.
En lo que se refiere al artículo 2.3, mi Grupo Parlamentario presenta una
enmienda de adición. Dicha enmienda de adición hace una apostilla al Plan
de Infraestructuras que se contempla dentro del articulado y nosotros
creemos que ese plan no debería contener ningún nuevo trasvase de la
cuenca del Guadiaro a ninguna otra. Y esto no lo digo por ninguna
situación de insolidaridad con otras cuencas, sino porque realmente la
cuenca del Guadiaro no es un chicle y si ya con serias dificultades puede
soportar, o podría soportar, en el caso de que un estudio de impacto
ambiental lo demostrase, un trasvase a la zona gaditana, desde luego
creemos que difícilmente podría soportar un segundo trasvase a otra
cuenca. Y a nosotros nos preocupa extraordinariamente que, de una forma
solapada, se esté planteando ya aquí institucionalizar un segundo
trasvase desde el Guadiaro. Porque este proyecto de ley se llama
claramente «derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro
a la cuenca del río Guadalete», pero, cuando fue aprobado por el Consejo
de Ministros, ya en la propia reseña del Consejo de Ministros se decía
que se aprobaba un proyecto de ley de trasvase al río Guadalete y a la
provincia de Málaga. La propia reseña, el propio titular del acuerdo del
Consejo de Ministros hablaba de un trasvase a la provincia de Málaga,
algo que nosotros consideramos absolutamente irregular, dentro de la
tramitación de este proyecto, pero que está dentro de la tónica que ha
venido siguiendo hasta ahora el Gobierno en este tema, que es no hacer
las cosas claramente, sino hacerlas solapadamente; dan los hechos por
totalmente consolidados y luego rectificar es mucho más difícil y pone al
resto de los grupos políticos y de los ciudadanos en una situación de
oposición que desde luego parece que es negativa, cuando no debería ser
así, y cuando lo que se quiere es tener una posición constructiva sobre
este asunto.
Por último, nuestra enmienda número 16 propone incluir un nuevo artículo
3-bis, que va en coherencia con la enmienda que defendí en la exposición
de motivos. No voy a repetir los argumentos que planteé en la exposición
de motivos, pero quiero llamar la atención del Grupo mayoritario
en el sentido de que no es posible pasar de puntillas sobre este tema ni
intentar salvar la cara dando coba, como se dice por nuestra tierra, y
presentando una enmienda que pretenda únicamente cubrir las vergüenzas.
En este asunto, también empleando otra expresión de la tierra, hay que
coger al toro por los cuernos, hay que arriesgarse a hacer ese estudio de
impacto ambiental y someterse a sus conclusiones. Desde luego, si las
conclusiones dicen que el impacto ambiental es aceptable, mi Grupo
Parlamentario no pondrá ninguna objeción a ese trasvase. Pero, señoras y
señores del Grupo Socialista, pensamos que hay que hacer valientemente
esto, porque además estamos ante un hecho que va a ser capital para el
futuro de los trasvases en nuestro país. Si no recuerdo mal, éste es el
primero que se encuentra dentro del Plan Hidrológico y que se tramita
como proyecto de ley y, desde luego, los precedentes que creemos aquí van
a ser extraordinariamente importantes.
Concluyo manifestando que la posición de mi Grupo Parlamentario en este
asunto es enormemente constructiva, que ello se demuestra no habiendo
presentado ninguna enmienda a la totalidad, con lo cual no tenemos una
posición negativa de antemano ante este proyecto de ley, pero no podemos
bajar ni un punto en los requisitos mínimos para que una operación de
esta naturaleza se haga con las suficientes garantías para todas las
poblaciones inmersas en este proceso.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, en nombre del
Grupo Socialista, el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, me quería sumar, como no
podría ser de otra manera, a la intervención de la señora Martínez y del
señor Andreu, en el sentido de poner de manifiesto la situación de
gravedad que está afectando a una parte muy importante de la provincia de
Cádiz. Este proyecto de ley tiene o debe tener consecuencias inmediatas
en la situación de la provincia, una vez que el trasvase de aguas, que
está previsto que se pueda hacer, se pudiera llevar a cabo.
Yo quería hacer, en el mismo sentido que el señor Andreu, una explicación
con mucha brevedad de lo que ha sucedido con el proyecto de ley en la
provincia de Cádiz.
No cabe duda, en primer lugar, del ejercicio de solidaridad que hemos
podido ver en la mayor parte de las autoridades del Campo de Gibraltar.
La mancomunidad de municipios, su presidente, la casi totalidad de los
dirigentes locales y comarcales del Partido Socialista, todos, incluidos
los que pueden estar afectados, y de hecho lo están, por esta obra de
infraestructura, han manifestado su solidaridad con el resto de la
provincia de Cádiz; es decir, no ha habido responsable público del
Partido Socialista que ni en los peores momentos se haya opuesto a la
necesidad de ceder el excedente de agua que era necesario para el resto
de la provincia, cosa que, desde luego, no pueden decir otros grupos
políticos, que han mantenido una posición de prejuicio contra este
proyecto de ley y contra esta obra, porque se han opuesto (en el Campo de
Gibraltar hasta hace muy poco tiempo) e incluso algunos siguen
oponiéndose todavía a este proyecto de ley, mientras que --es justo
reconocerlo-- los responsables públicos del Partido Socialista no lo han
hecho a lo largo de este debate que se ha vivido con intensidad en la
provincia de Cádiz.
Lo mismo se podría decir de las autoridades regionales de las distintas
formaciones políticas, donde las del Partido Socialista han apoyado sin
duda la necesidad de este proyecto y lo han defendido en Cádiz, en el
Campo de Gibraltar y en otros lugares. Justo es decir también que en la
provincia de Huelva, que se ha decidido a ceder agua a la provincia de
Cádiz hace muy poco tiempo, también los responsables públicos del Partido
Socialista han tenido que salir a defender la necesidad de la solidaridad
frente a actitudes insolidarias de otros responsables que se han opuesto
a que Huelva cediera agua a la provincia de Cádiz, sin duda más
necesitada. Por consiguiente, es un ejercicio de solidaridad el vivido en
la provincia de Cádiz, digno de respeto y, al mismo tiempo, un ejercicio
de coherencia, en algunos lugares más que en otros, a lo largo de este
proceso.
En segundo lugar, quería dejar claro que, si bien es verdad que las
cabeceras de los ríos Guadiaro y Guadalete son muy próximas físicamente,
el río Guadiaro es más caudaloso, porque recoge la mayor parte de las
filtraciones de la sierra de Grazalema. De todo el conjunto de
aportaciones, el río Guadiaro es el más beneficiado y no el Guadalete y,
consiguientemente, si bien es verdad que las cabeceras son muy próximas,
todo el conjunto de aguas que se recibe en la sierra de Grazalema va en
mayor cuantía al Guadiaro y no al río Guadalete, de tal manera que el río
Guadiaro, nadie puede ponerlo en duda, es un río mucho más caudaloso que
el Guadalete.
Con respecto a las enmiendas, en la exposición de motivos está la número
17, del Grupo Popular, que elimina una referencia. Nosotros estamos en
condiciones de aceptarla; no queremos hacer de ese asunto una discusión.
La enmienda hace referencia a si ya se han iniciado o no las obras
puestas en marcha parcialmente en la cuenca. No queremos hacer una
discusión de esa afirmación, pues no tiene mucho sentido en estos
momentos para el debate del proyecto de ley. Por consiguiente, la
enmienda número 17, del Grupo Popular, la aceptaríamos.
Las enmiendas números 5, 6, 7, 8 y 9, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, son a la exposición de motivos. Nos
parece que es uno de los aspectos fundamentales de este debate. Por parte
del señor Andreu, si bien es verdad que es necesario que la cuenca
receptora, en este caso, la zona bahía gaditana, empiece a ejemplarizar
su comportamiento en relación con el consumo y el gasto de agua, yo decía
hace poco en esta misma Comisión que era necesario crear una nueva
cultura del agua, que en Cádiz, el hombre, en su conjunto, tiene que
aprender a relacionarse con el agua como un bien escaso. Por tanto, estoy
de acuerdo en que hay que disciplinar el consumo de agua en la zona bahía
gaditana, porque no tendría sentido que se hiciera un consumo
despilfarrador y se pidiera agua a otra zona de la provincia de Cádiz.
Dicho lo anterior, tengo que manifestar que, primero --para que quede
claro--, en la zona bahía gaditana no se
riega desde hace tres años. Hace dos años y medio se autorizó un riego
excepcional, pero desde hace dos años y medio no se autoriza riego alguno
derivado de las presas de la zona bahía gaditana. Por tanto, no se gasta
agua de las presas de la provincia de Cádiz para regar. Si bien es verdad
que el riego por hectárea es muy alto, ya que puede estar entre 6.000 y
7.000 metros cúbicos por hectárea, lo cual es un gasto excesivo (se sigue
regando por encharcamiento, etcétera, por lo que conocemos), eso no se
puede afirmar ahora porque ya no hay agua para riego.
En segundo lugar, en la zona bahía gaditana, desde el día 16 ó 19 de
marzo --no estoy seguro--, el agua se corta; todos los días del año hemos
sufrido restricciones para el consumo humano. Por consiguiente, es verdad
que puede haber zonas y actitudes de despilfarro, pero son tres años, día
por día, en los que se han sufrido restricciones. ¿Cómo se puede decir
que se garantice que no se despilfarra antes de autorizar el trasvase?
Llevamos tres años que no se riega, tres años con restricciones y, desde
luego, todas las presas de la provincia de Cádiz están unidas al sistema
de consumo; ya no hay ninguna presa destinada para el regadío. En la
presa de Zahara de la sierra, que se construyó para los riegos de
Villamartín, toda su agua está conectada al consumo; en la presa de
Bornos toda su agua está destinada al consumo; la presa de Guadalcacín 2,
toda el agua está destinada al consumo, y la antigua presa de los
Hurones, que siempre se ha dedicado, exactamente igual, de tal manera que
no es posible que se diga que hay despilfarro --aunque lo haya, sin
duda--. Hay un problema cultural de adecuación. Probablemente el problema
medioambiental más grave que hay en la provincia de Cádiz es el del agua
medioambiental, convencer a la opinión de los gaditanos y sus actitudes
de que el agua es un bien escaso y, por tanto, que hay que acomodarse a
otras medidas, pero, desde luego, no se puede afirmar que sean precisas
muchas más medidas de eficacia hidráulica como condición fundamental para
el trasvase. El trasvase es una necesidad, porque, sencillamente, en la
cuenca del río Guadalete no se puede conseguir agua ni siquiera para el
consumo de la población.
¿Otras medidas que se sugieren? Hay un convenio Junta/Ayuntamiento para
la mejora de las redes de canalización y de abastecimiento. En los
últimos repartos del Plan de Empleo Rural se han destinado ya recursos
para obras municipales de canalización y saneamiento y, desde luego, yo
no puedo compartir que se critique alguna obra de infraestructura, como
la presa que se ha construido para recibir las aguas del trasvase. Sólo
quiero dar un dato en la Comisión: en un día y medio que ha llovido en la
zona bahía gaditana, por tener cinco presas concentradas en ese lugar, se
han podido recaudar 5 hectómetros cúbicos de agua, y, desde luego, eso ha
sido así porque toda el agua que ha caído en la zona bahía gaditana, en
la cabecera de los ríos, se ha depositado en las presas que existen en la
provincia. Por consiguiente, no podemos aceptar las enmiendas de
Izquierda Unida que hacen referencia a la exposición de motivos.
La enmienda número 9, de Izquierda Unida, que se refiere también a la
exposición de motivos, es de adición, en la que se solicita que se haga
una evaluación del impacto medioambiental. Respecto a este aspecto básico
de la posición de Izquierda Unida en el debate del trasvase, hay que
decir que en el proyecto inicial de esa obra estaba prevista la
construcción de una presa para embalsar el agua que se iba a derivar por
el túnel de trasvase. Pues bien, el día 14 de junio de 1993 se decidió
que esa presa, con una inversión de 2.200 millones de pesetas, y con un
gran impacto, no se construyera, y que el agua se tomara de un azud
existente desde hace muchos años en la zona llamada Buitrera, que se
utiliza para canalizar el agua hacia una central hidroeléctrica de
Sevillana. Consiguientemente, se produce un giro radical en el proyecto
de trasvase, ya que se desestima esta obra y no se construye. El azud
existente se va a recrecer, no en exceso, para poder hacer la toma de
agua de derivación en ese punto.
En segundo lugar, hay un estudio de impacto medioambiental (que yo he
solicitado y tengo aquí), del mes de enero de 1994, que está aprobado por
la Agencia de Medio Ambiente y está aprobado también, junto con las
medidas correctoras, por los patronatos de las juntas rectoras, tanto del
Parque Natural de los Alcornocales, como del Parque Natural de Grazalema,
que son atravesado por este túnel. Asimismo, los dos tomos de medidas de
corrección también han sido aprobados por la Agencia de Medio Ambiente.
De tal manera que este proyecto cuenta con un estudio de impacto
medioambiental y, desde agosto de 1994, cuenta también con todo un plan
de medidas correctoras que tienen que ser tenidas en cuenta.
Si bien es verdad --como yo he podido comprobar en algún documento de
algún grupo social importante en la zona-- que este estudio no satisface
a algunos grupos sociales, y, probablemente a algún grupo político, es
muy discutible. De lo que no cabe duda es de que se ha hecho un esfuerzo
haciendo un estudio de impacto medioambiental y se ha adoptado un plan de
medidas correctoras, que habrá que vigilar que se apliquen. Por tanto, no
se puede afirmar, porque no es justo, que no se ha hecho un trabajo sobre
impacto medioambiental.
Por lo que se refiere a la enmienda número 10, al artículo 1, del Grupo
de Izquierda Unida tengo que decir que nosotros aceptamos en la Ponencia
una corrección técnica mucho más clarificadora que la de la redacción
actual, donde se mencionan los términos municipales que serían afectados
por las aguas del trasvase.
Ni yo ni el resto de los ponentes compartíamos la redacción inicial de la
ley porque era la transcripción literal de la Ley de 1945, Ley anticuada
en exceso. Se hizo una redacción nueva, que yo la comparto, pero el señor
Andreu sigue manteniendo que se eliminen las referencias a las
instalaciones militares. Nosotros estábamos de acuerdo en aceptar su
enmienda, pero no nos habíamos percatado de que subyacía la voluntad de
eliminar las instalaciones militares del consumo de este agua que se
trasvasa. Ahí no podemos estar de acuerdo porque los que viven en esas
instalaciones militares son personas que tienen que consumir agua como
los demás y, por tanto, no se puede excluir a las instalaciones militares
del consumo del agua que se trasvase. Además, me parece recordar, que los
barcos militares
se baldean con agua de mar. A lo mejor ha cambiado, pero yo tenía
entendido que el agua que se utiliza para baldear las unidades navales no
es la que se usa para el consumo. No obstante, no podemos aceptar que se
excluya a esas instalaciones militares del consumo del agua que se
trasvase. Compartimos que la redacción del proyecto inicial de la ley era
absolutamente inadecuado para estos momentos. Por tanto, estamos de
acuerdo con la redacción que se decidió en la Ponencia y no podemos
aceptar la enmienda número 10 del Grupo de Izquierda Unida.
Una parte del núcleo de la oposición al proyecto de ley es si el caudal,
en el punto de toma de la derivación de agua, debe quedar como está
redactado en el proyecto de ley o se debe incluir que el caudal sea
superior a cinco metros cúbicos. Esta es una discusión técnica que yo me
he ocupado --como me imagino que los demás-- de estudiar y comprobar. Con
la redacción actual de la ley queda claro que sólo se trasvasará lo que
excede de cinco metros cúbicos, porque el sistema de derivación sólo
permite que los excedentes por encima de cinco metros cúbicos se deriven
y que sólo el caudal que supere los cinco metros cúbicos podrá acceder a
ese túnel de derivación. Esta es una cautela que ha planteado algún grupo
social, y que los grupos políticos Izquierda Unida y Popular también
manifiestan en este momento, pero es una redundancia innecesaria, porque
la obra de derivación sólo permitirá que se derive el agua que exceda de
cinco metros cúbicos por segundo, tal y como se figura en el proyecto de
ley. Se ha estimado por convenio y por acuerdo que esos cinco metros
cúbicos por segundo es el caudal ecológico en ese punto para el río.
Ahora bien, hay un peligro en la redacción del Grupo Popular, ya que pide
que se garantice que, una vez que se supere el punto de toma del agua
también haya cinco metros cúbicos por segundo. Seguro que los portavoces
de Izquierda Unida y del Grupo Popular conocen que el sistema de
filtración en el Guadiaro es muy frecuente y podría darse la
circunstancia de que mil metros más abajo de la azud, de la toma de
derivación, no hubiera cinco metros cúbicos por segundo, no porque se
haya derivado de manera incorrecta, sino porque se filtra en el río; es
muy frecuente que en algunos puntos no haya ni siquiera cinco metros
cúbicos y más abajo haya una toma distinta. Con la redacción actual se
garantiza que el caudal ecológico, como todo el mundo ha convenido, debe
ser de cinco metros cúbicos por segundo y que sólo lo que excediera de
esos metros se derivará por la condición natural de la construcción de la
derivación.
La enmienda número 12, de Izquierda Unida, al artículo 1.1.c) tampoco la
podemos aceptar. Dice que el volumen anual a derivar no podrá ser
superior a cien hectómetros cúbicos. También hay una enmienda del Grupo
Popular en el mismo sentido. Tengo que decir que el río Guadiaro es un
río que tiene agua permanentemente, pero que en anualidades muy húmedas
se nutre de grandes avenidas de agua. Lo que se quiere garantizar es que
en los años muy húmedos, que los ha habido en la cuenca del río Guadiaro
--se pueden comprobar los hectómetros cúbicos en el punto de derivación o
en cualquier otro lugar en que haya alguna medición de aforo--, se puedan
derivar más de cien hectómetros cúbicos. Esto va a ser muy excepcional,
pero es necesario tener algún tipo de garantía para que se puedan
completar años muy secos con años más húmedos.
En este punto se aduce que, si se toman más de cien hectómetros cúbicos
algún año, los acuíferos no se recargarán.
En el artículo 1 del proyecto de ley se dice explícitamente que por
encima de los treinta metros cúbicos por segundo no se tomará ninguna
cantidad de agua. El azud está construido de manera que cuando las
avenidas pasen de los treinta metros cúbicos, superan el azud y no se
deriva agua hacia el río Guadiaro. De tal manera que no se tomará agua de
las grandes avenidas que supere los treinta metros cúbicos por segundo.
Por tanto, las grandes avenidas seguirán recargando. Esperemos que lo
hagan, afortunadamente, todos los acuíferos de la zona, porque las
grandes avenidas de la zona no van a ser derivadas porque lo impide el
texto que estamos aprobando. Hay un mínimo y un máximo que garantizan que
las las grandes avenidas no afectan negativamente a los acuíferos del río
Guadiaro aguas abajo.
La enmienda número 20, del Grupo Popular, propone que se sustituya la
expresión «período concreto» por «anualidad». Inicialmente nos parecía
oportuna, pero no la vamos a aceptar porque es una enmienda técnica que
tiene consecuencias a la hora de programar el trabajo y las necesidades
hidráulicas de la zona. ¿Por qué? Porque antes de prever el volumen a
trasvasar en cada período hay que tener en cuenta las necesidades del río
Guadiaro. Es mucho mejor para la cuenca receptora, y sobre todo para la
cuenca excedente, no establecer una anualidad sino períodos determinados
a lo largo del año. De tal manera que no nos pillemos las manos --es una
expresión vulgar-- a la hora de decidir cuáles son las necesidades de la
cuenca receptora y cuáles las de la excedente. Que se establezcan por
períodos, si es preciso más cortos que la anualidad, y que podamos
modificar las necesidades de uno y otro en un período menos constreñido
que el de una anualidad. Por ejemplo, en el Tajo-Segura se han llegado a
realizar en un año tres programaciones distintas. Se ha programado en el
otoño, en la primavera y en el invierno, y no se han encorsetado a
decidir la programación de un año que hubiera sido inconveniente en ese
caso. Establecer un plazo más corto de programación no dificulta las
necesidades de la cuenca receptora ni de la excedente. Por tanto, no
podríamos aceptar la enmienda del Grupo Popular en lo que hace referencia
a la anualidad.
Al artículo 2.1 existe la enmienda número 13, de Izquierda Unida, que
vamos a aceptar, porque nos parece muy adecuada y necesaria. Aunque es
verdad que en el artículo 2.2 hay una relación en la que implícitamente
se está diciendo lo mismo, nos parece necesario dejarlo con más claridad,
como se hace en la citada enmienda 13 de Izquierda Unida. Habría que
hacer una corrección técnica en la enmienda que esperemos que se acepte.
Se dice en la enmienda: «Los municipios o Comunidades de Regantes con
pérdidas superiores a las que la Comisión de Explotación determine
tendrán asimismo un coeficiente de mayoración en el reparto del canon».
Hay un error porque este agua nunca se va a destinar al regadío porque lo
prohíbe la ley.
Por tanto, no será posible que intervenga la comunidad de regantes porque
nunca se va a beneficiar, de acuerdo con la ley, de ese consumo de agua.
Estamos dispuestos a aceptar la enmienda con la corrección conveniente,
porque no hay regantes que se vayan a beneficiar, de acuerdo con la ley,
del agua que se trasvasa.
El señor PRESIDENTE: ¿Interpreto que es una propuesta de transacción?
El señor PERALES PIZARRO: Espero que se me acepte porque es una
contradicción con el resto de la ley.
El señor PRESIDENTE: Quiero dejar claro que lo que acaba de decir supone
una enmienda de transacción.
El señor PERALES PIZARRO: Así es, señor Presidente.
Estamos de acuerdo con la enmienda 14, pero en el segundo párrafo se
repite el error de la enmienda que acabamos de aceptar. Se habla de nuevo
de: «... Los municipios o Comunidades de Regantes con pérdidas...».
Esperamos que Izquierda Unida corrija la reiteración de este error que
acabamos de corregir en la enmienda número 13.
La enmienda número 15, del Grupo de Izquierda Unida, es de adición. Dice:
«Dicho Plan de Infraestructuras no podrá contener ningún nuevo trasvase
de la cuenca del Guadiaro a ninguna otra cuenca». Vamos a oponernos
porque hay un acuerdo aceptado por casi todos los grupos sociales o
políticos para que se pueda trasvasar agua de la desembocadura del
Guadiaro a Estepona. No sé si se está haciendo en este momento, pero está
previsto hacerlo con la aquiescencia de todos los grupos interesados. Por
tanto, ya se ha aprobado esta derivación de agua a la zona de la bahía
gaditana. Además, está previsto que de la desembocadura del río Guadiaro
vaya agua a Estepona que, como todos sabemos, está en una situación de
necesidad. Por tanto, vamos a oponernos a dicha enmienda.
En la enmienda 22, del Grupo Popular, al artículo 3.3 insiste la señora
Martínez en mencionar la representación de las corporaciones locales en
dichas cuencas. No tenemos ningún inconveniente, pero no podemos
aceptarla porque las corporaciones locales ya están incluidas en los
usuarios, y la única representación institucional que se recoge en todas
las leyes es la que corresponde a las comunidades autónomas.
La enmienda número 16 del Grupo de Izquierda Unida propone un nuevo
artículo 3 bis. Hemos propuesto al señor Andreu --que acaba de
rechazarla-- una enmienda transaccional en la que decimos que se adopte
la siguiente redacción: «Antes de la entrada en servicio del trasvase se
verificará que ha sido ejecutado el plan de medidas correctoras previsto
en el estudio de impacto medioambiental, así como aquellas otras medidas
que puedan surgir como consecuencia de las obras.» Proponemos que antes
de la entrada en servicio del trasvase se compruebe que estas medidas
correctoras, que están aprobadas por la Agencia del Medio Ambiente y por
las juntas rectoras correspondientes, están ejecutadas, y que se tengan
en cuenta todas las medidas que puedan surgir, así como su necesidad de
adopción. Es una obra en la que hay que horadar un túnel en el que por
los muchos estudios a realizar no se pueden calcular las consecuencias
que puede tener. Lo proponemos como enmienda transaccional que ahora haré
llegar a la Presidencia.
La enmienda número 23, del Grupo Popular, está respondida en el mismo
sentido que las que hacen referencia al impacto medioambiental, del Grupo
de Izquierda Unida.
Hay una última enmienda, la número 24, del Grupo Popular, que propone que
el Gobierno, en colaboración con los ayuntamientos, realice obras de
urgencia para mejorar la red de canalización. No vamos a aceptarla porque
eso se recoge en el artículo 3.3, apartado segundo de la ley. Ya existe
un convenio con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos para la
reparación de las redes. No niego la gravedad de lo que se afirma. Me
parece que es uno de los graves problemas que existen, porque es verdad
que todos los responsables públicos --y aquí sin distinción de colores--
no se ocupan de las obras de infraestructura; se ocupan de obras más
visibles, más novedosas, más notorias y más reconocidas que de las obras
de infraestructuras como éstas de canalización, que tienen una gran
importancia pero que no atienden. No obstante, ya está recogido en la ley
y nos parece que existen instrumentos aprobados para ejecutarlos.
La enmienda número 25 del Grupo Popular insiste en instalar una planta
desaladora destinada a suministrar agua potable. Nosotros en esta misma
comisión nos opusimos a una proposición no de ley del mismo Grupo, y sólo
quiero repetir que la desaladora no es una obra de emergencia y no se
puede construir en menos de dos años. Sólo quiero hacer una pequeña
referencia. Para conseguir los cien hectómetros cúbicos de agua que se
pueden derivar con la obra del trasvase se necesitaría una inversión de
50.000 millones de pesetas para construir diez desaladoras, con un coste
de explotación de 600 millones al año. Nuestra posición es decir que no,
aunque no tenemos nada en contra del sistema, ni de la hipotética
instalación de ese sistema, pero consideramos que no es conveniente en
estos momentos ya que tenemos una obra de gran envergadura como es la del
trasvase que no dura menos de lo que va a durar la construcción de una
desaladora como la que ha propuesto el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: A continuación, siguiendo con el mismo orden con el
que habíamos iniciado el debate de este proyecto de ley de derivación de
agua del río Guadiaro al Guadalete, tiene la palabra la señora Martínez,
en nombre del Grupo Popular.
La señora MARTINEZ SAIZ: Ya nos temíamos que en el transcurso de ese
trámite el representante del Grupo Socialista, el señor Perales, iba a
rechazar las enmiendas del Grupo Popular. Pero la verdad es que a mí me
ha extrañado, porque la intención, como he dicho desde el principio, es
devolver la tranquilidad a los distintos grupos sociales porque sí se ha
demostrado, como decía el señor Andreu, que durante estos dos últimos
años todas las medidas, todos los acuerdos, todas las intervenciones de
los representantes
de las distintas administraciones socialistas paso a paso han tenido que
reconocer que lo que ellos preveían al principio iba a causar muchos
problemas a la hora de hacer el trasvase, como se anunció al principio.
Como decía también en mi intervención anterior, los responsables de las
administraciones han tenido que reconducir sus primeras intenciones y sus
primeros acuerdos, y nos tememos que en el futuro muchas de las
propuestas del Grupo Popular van a tener que ser reconocidas por los
socialistas, van a tener que decir que teníamos razón; porque, señor
Perales, nuestra enmienda 18 que dice que «deberá circular un caudal
superior a cinco metros cúbicos por segundo, después del punto de toma de
la obra de derivación, para permitir derivar volúmenes», está clarísima.
Es evidente que con una retención en un azud de agua es muy fácil que
haya más de cinco metros cúbicos por segundo. Evidentemente, sabemos que
hay filtraciones y también sabemos --usted no lo sabe y parece que se
deduce de su intervención-- que en este momento hay muchas partes del
caudal del Guadiaro que no tienen una gota de agua. Vaya usted allí y
dése una vuelta. (El señor Perales Pizarro: Ya he ido.) Bueno, pues ya me
contestará usted en su intervención. Y también sabe usted --o debe
saberlo-- que del acuerdo de la Junta de Andalucía con el Ministerio de
obras Públicas, de marzo de 1993, para ejecutar todas las obras de
saneamiento de las 23 poblaciones del río Guadiaro en contestación a una
pregunta de esta Diputada, tanto el Ministerio de Obras Públicas como la
Junta de Andalucía a mis compañeros en el Parlamento andaluz, dijeron que
la única obra que tiene visos de ponerse en marcha dentro de los próximos
años es la depuración de Ronda, que es la única que tiene en este momento
el proyecto en elaboración. Por tanto, nosotros sí queremos que se
garantice que después de la toma (porque evidentemente que en otros
tramos del río Guadiaro hay muchísimo más que cinco metros cúbicos por
segundo) haya cinco metros cúbicos por segundo.
En cuanto a las enmiendas 19, 20 y 21, es lógico que la propuesta del
Gobierno y del Grupo Socialista no acepte nuestras cautelas porque cuanto
más amplio sea el período que los gestores de ese trasvase puedan tener
para hacer lo que quieran será muchísimo mejor. Nosotros queremos
períodos anuales para que el control y el trabajo de esa comisión sea más
eficaz. Ahora bien, en lugar de poner períodos anuales, pueden ser
períodos de 15 años; en los últimos diez años en la bahía y en la
provincia de Cádiz ha habido un período de sequía de tres años a
principios de los 80, en los que desde la bahía de Cádiz se trasvasaba
agua en barcos a Ceuta y a Tarragona, pero los consumos han ido
aumentando, los períodos de lluvia intermedios no han sido suficientes, y
aun habiendo ahora un año más de sequía tenemos problemas desde hace tres
años, señor Perales, desde el primer momento en que empezó la sequía. En
cambio, en 1983 y en 1984 se llevaba agua desde la bahía de Cádiz a Ceuta
y Tarragona en barcos. Algo muy importante ha pasado para que todas estas
determinaciones de este proyecto de ley tengan las garantías anuales
necesarias para que en próximos períodos de sequía no nos esté pasando lo
que nos está pasando, porque no se están tomando medidas de urgencia; la
urgencia hubiera sido si se hubieran tomado hace tres años. En 1992 ya se
aprobó, como le dije en mi intervención anterior, un decreto para que ese
trasvase se hiciera como una medida de urgencia de lucha contra la sequía
y se declara de interés general; en 1992, señor Perales.
Esta no es una medida de urgencia, porque, además, como usted bien dice,
una medida de urgencia no se puede considerar a una obra que va a tardar
--me lo ha dicho usted en su intervención con respecto a las plantas
desaladoras-- más de dos años en construirse. Y el trasvase va a tardar
mas de dos años, porque usted ya se ha curado en salud y dice que no sabe
lo que se va a encontrar a la hora de realizar la obra del trasvase.
Usted sabe que es muy posible que a la hora de realizar esa obra de
trasvase los técnicos se encuentren con caudales subterráneos que van a
dificultar mucho la ejecución de esa obra de ingeniería.
Esta obra no es de emergencia, porque llevamos desde 1992, han pasado más
de dos años, dos años y medio en la construcción de ese trasvase, si no
ocurre nada de carácter técnico que lo retrase más, y cuando el embalse
del Guadalcacín pueda tener agua de ese trasvase van a pasar de ahora en
adelante, desde que se empiece la obra, más de tres años, porque las
aguas que no caigan no se pueden trasvasar, señor Perales. Cuando no cae
agua en la zona de la bahía, como he dicho antes, no cae en la zona del
Guadiaro; eso es evidente.
Ese trasvase sólo se podrá efectuar siempre que haya agua de sobra y que
haya un régimen de lluvias importante. Nosotros queremos esas garantías.
¿Que ustedes no las quieren? Es su responsabilidad, la misma
responsabilidad que han tenido en estos dos últimos años con tanto ir y
venir, retrasando una obra de esa importancia, porque si se hubiera hecho
rápidamente y con las máximas garantías, en este momento quizá ya estaría
terminándose la obra de ese trasvase.
En cuanto a nuestra enmienda número 23, seguimos manteniéndola. Aunque ya
nos lo explicó muy bien el señor Baltanás en su comparecencia del 15 de
marzo de 1994, a mí me ha sorprendido muchísimo que usted diga en su
intervención que se ha hecho el esfuerzo de hacer un estudio de impacto
ambiental. ¿Cómo es posible que en estos momentos algún responsable de la
Administración o algún político responsable puedan decir que se ha hecho
el esfuerzo de hacer un estudio de impacto ambiental? ¡Pero si es lo
mínimo que se puede hacer! Haya presa o no haya presa, sea obligado o no.
Si no hubiera sido necesario estoy segura de que los responsables de las
distintas administraciones socialistas no se hubieran molestado en
hacerlo. Es impresentable, señor Perales, que ustedes digan que se ha
hecho el esfuerzo de hacer un estudio de impacto ambiental. Eso no tiene
presentación; no es posible que usted diga eso. Creo que ha tenido que
ser un lapsus, porque es imprescindible. Aunque no lo diga la ley, es
imprescindible; no sabemos lo que puede pasar en la cuenca del Guadiaro.
Usted sabe que yo soy de los responsables políticos de la provincia
dentro de mi Partido que he defendido, con las máximas garantías en su
ejecución y en su gestión, ese
trasvase, de una forma inequívoca. Pero lo que nosotros queremos --yo en
particular-- es que no haya el mínimo atisbo de duda en cuanto a las
garantías actuales y futuras de ese trasvase. Creo que eso es bueno para
no sembrar la desconfianza. Y usted sabe, como responsable político de la
provincia, que hay muchas otras cuestiones que hacen que la zona del
Campo de Gibraltar esté en este momento especialmente sensible al
tratamiento por parte de las distintas administraciones. Nosotros tenemos
la obligación de no ahondar en este sentimiento incipiente de la comarca
del Campo de Gibraltar de que no se les está tratando adecuadamente por
parte de las distintas administraciones.
En cuanto a nuestra enmienda 24, lamento que no nos la acepten. El
artículo 3, en su apartado 3 habla del «seguimiento del Plan de
Infraestructuras Hidráulicas del Guadiaro, indicando en el apartado
tercero del artículo 2 y el seguimiento de las medidas para la mejora de
la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Guadalete.» Todo
ello viene en ese sentido, pero de una manera tan especial que no
garantiza nada, y como tenemos el ejemplo de las actuaciones anteriores
de las distintas administraciones, permítame que le diga que el Grupo
Popular y esta Diputada, si no viene de esta forma que nosotros indicamos
o de manera similar, no nos creemos nada, porque hay acuerdos firmados
entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Obras Públicas que no se
están cumpliendo. Resulta que el señor Baltanás, en esa intervención del
15 de marzo, dice claramente que los proyectos necesarios para esa zona
alcanzan los 7.000 millones para la mejora de los sistemas de regadío y
que no se pierda el agua que pasa por los mismos, y de 5.000 a 6.000
millones los destinados a la mejora de los sistemas de abastecimiento.
¿Qué pretenden los socialistas y el Gobierno de la nación, que esas
obras, que ahora son necesarias, las hagan los ayuntamientos que no
tienen ni un duro?
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Obras
Públicas tienen que dar esas instalaciones terminadas y en condiciones a
los ayuntamientos para que éstos sean responsables de esa gestión después
de que esas obras estén realizadas, porque si el Ministerio de Obras
Públicas y el responsable de la Dirección General de Obras Hidráulicas
dicen que eso hay que hacerlo, que digan quién lo tiene que hacer, porque
dan a entender que lo va a hacer el Ministerio a través de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ahora bien, si lo van a
tener que hacer los regantes además de hacer el canon, si lo van a tener
que hacer los ayuntamientos además de pagar los cánones por ese trasvase,
si lo van a tener que pagar los usuarios además de pagar los aumentos en
el coste del agua por el saneamiento y la gestión, díganlo. Si el
Gobierno de la nación, en una zona tan importante como ésa, ha de hacer
un trasvase que cuesta más de 7.000 millones de pesetas y que en el
proyecto inicial costaba, según los técnicos del Ministerio, 14.000
millones, y luego los usuarios y regantes, han de tener garantías de que
ese agua que se trasvasa va a ser bien utilizada (en este caso, como
usted bien dice, no se va a utilizar por los regantes pero sí por los
usuarios) lo menos que pueden hacer ese el Ministerio de Obras Públicas y
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es gastarse esos 5.000 ó
6.000 millones en las conducciones generales, señor Perales.
Los ciudadanos de la bahía de Cádiz ya no pueden pagar más. Estamos
aguantando tres años de restricciones. Díganlo de verdad, digan que van a
ser los ayuntamientos los que van a tener que pagar esos 5.000 ó 6.000
millones, díganlo. Nosotros creemos que el Gobierno de la nación y la
Junta de Andalucía tienen que garantizar esas obras para que cuando los
ayuntamientos se hagan cargo de la gestión del agua de ese trasvase estén
realizadas esas mínimas obras.
Nosotros seguiremos manteniendo nuestra enmienda porque creemos que es
necesaria para que todos sepamos a qué compromisos se obliga cada
administración, porque, señor Perales, el agua que se está perdiendo en
este momento por las conducciones equivale en muchos casos a la que se
podría trasvasar.
Finalmente, lamento que usted diga que las potabilizadoras no son una
obra de emergencia porque su construcción tardaría más de dos años y
porque harían falta más de 50.000 millones para desalinizar el agua
equivalente a la del trasvase. Señor Perales, el Grupo Popular no ha
dicho que la planta desalinizadora necesaria para la bahía de Cádiz y su
entorno tendría que desalinizar el mismo volumen de agua que las del
trasvase. Eso sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Nosotros
pretendemos que esas plantas desalinizadoras de agua sirvan para
garantizar esos posibles problemas que se ocasionan en las horas de
consumo de los habitantes de la bahía de Cádiz, porque, aunque se
trasvase, si dentro de cinco o seis años tenemos un período de sequía, a
pesar del trasvase, no habrá agua que trasvasar. ¿Está usted de acuerdo?
En este momento, desde hace tres años, tenemos más del 50 por ciento de
las horas del día con restricciones. Fíjese usted lo bien que nos hubiera
venido ahora una planta desalinizadora que al menos mejorara nuestra
situación y pudiera hacer frente a ese 50 por ciento de las horas de
restricciones, porque tenga usted en cuenta --y lo repito una vez más--
que si hay período de sequía, en un futuro, de más de tres o cuatro años,
aunque la obra del trasvase esté hecha, a partir del año y medio de
sequía estaremos en la misma situación que ahora.
El señor PRESIDENTE: A continuación, doy la palabra al señor Andreu por
dos motivos, por su turno legal y estatutario de réplica. Además, le
agradecería que se manifestara con respecto a las tres transaccionales
que hemos detectado (ahora lo confirmará el portavoz del Grupo
Socialista), porque yo he interpretado que existen dos transaccionales
«in voce» referentes a las enmiendas 13 y 14 del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y una escrita, transaccional también, a
la número 16.
Le ruego haga uso de su turno de réplica, pero que, simultáneamente,
conteste respecto a la posición de las transaccionales que han sido
ofrecidas por el Grupo Socialista.
El señor ANDREU ANDREU: Espero dar satisfacción a todo lo que usted me
requiere.
En primer lugar, quiero manifestar que lamento que no se acepte ninguna
de las enmiendas a la exposición de motivos
que plantea mi Grupo Parlamentario. Bien es cierto que ha existido una
negativa importante a lo largo de todo este proceso en considerar
prioritarias todas las medidas de eficacia hidráulica sobre el trasvase.
Significaría un cambio importante en la estrategia del Gobierno que se
decidieran a tomar esta posición. Sin embargo, hubiéramos creído más
sensato que se adhirieran a este tipo de posiciones por las que la
eficacia hidráulica sería el componente más importante para solventar los
recursos hidrológicos de una zona y, en este caso, de la zona gaditana.
Lo sentimos mucho porque para nosotros era un tema bastante importante y
hubiera significado una nueva actitud de la Administración, que creemos
mucho más positiva, con los diferentes colectivos sociales implicados en
este asunto.
Quiero manifestar también que, con respecto a la enmienda 10, tiene razón
el ponente socialista en que una vez que se ha modificado el texto en la
Ponencia, esta enmienda no debería estar redactada en los términos con
que figura. Voy a retirar esa enmienda, ironías aparte del señor ponente
socialista, que está en su derecho al hacerlas. Una vez que la Ponencia
ha elaborado un nuevo texto, no tiene sentido la enmienda porque tampoco
hay motivación contra los militares por parte de mi Grupo Parlamentario,
ni se desea que tengan una situación diferente a la del resto de los
ciudadanos. Buscaremos en el Senado la posibilidad de corregir este
texto, pero pensamos que esta enmienda 10 no tiene vigencia tal y como
nosotros la habíamos planteado
Aceptamos las transaccionales a las enmiendas 13 y 14 porque tiene razón
también el portavoz socialista cuando esta corrección sobre el agua de
regadío, ya que efectivamente, dentro del proyecto de ley no se contempla
agua para regadío. Agradecemos que se recoja esta iniciativa de Izquierda
Unida, que es importante, como bien ha reconocido el ponente socialista,
y que puede ser bastante disuasoria para la mala utilización de agua del
trasvase en el caso de que al mismo tenga definitivamente lugar.
Lamentamos que no se haya recogido la enmienda de los cien hectómetros
cúbicos, ya que creemos que hubiera sido una garantía importante para la
zona que en ninguna anualidad se pudiera trasvasar una cantidad superior
a esos cien hectómetros cúbicos. repetimos que no es baladí esta
enmienda, porque traspasar caudales que superaran esta cantidad puede
significar un impacto importantísimo en el conjunto de la cuenca del
Guadiaro, cuyas consecuencias pueden ser absolutamente irreversibles,
pueden significar la desecación de los freáticos de esta cuenca y la no
filtración de agua durante una anualidad entera. Estimamos que el Grupo
Socialista debe pensar sobre este concepto en el trámite parlamentario
que aún queda, porque es sumamente interesante que se recoja una enmienda
de esta naturaleza, como también lamentamos que no se dé una mayor
garantía al volumen de cinco metros por segundo, que no está recogido con
las suficientes garantías en el texto que actualmente tiene el proyecto
de ley.
En lo que se refiere a la enmienda número 15, sobre trasvases a otras
cuencas, he de manifestarle al ponente del Grupo Socialista que si bien
la localidad de Estepona puede estar necesitando ahora agua --y nosotros
no esgrimimos aquí ninguna oposición a un trasvase de urgencia, como
parece ser el que se está haciendo ahora--, no se debe dar por hecho que,
cara al futuro, se van a seguir realizando trasvases a otras cuencas, y
por la interpretación que el Gobierno está dando a este proyecto de ley,
parece que el Guadiaro tiene un caudal sin fin, del que se puede
trasvasar a todas las cuencas que se considere oportuno, cosa que de
ninguna de las maneras debe quedar consolidado en este proyecto de ley.
Esta situación anormal que se está dando en un caso, como es del trasvase
a Estepona, no puede dar pie a que se consoliden situaciones de cara al
futuro. Ante estos hechos que hoy se están dando hay que buscar
soluciones. Es muy negativo que no se acepte esta enmienda de Izquierda
Unida, que daría gran tranquilidad social a la zona. Si el señor ponente
del Grupo Socialista atiende a lo que ha venido pasando en la zona en los
últimos meses, verá que ha habido un gran escándalo dentro del Campo de
Gibraltar en el momento en que se ha podido adivinar que, además del
trasvase a la zona gaditana, se estaban produciendo «de facto», y se
prevé que se sigan produciendo, trasvases a otras zonas, lo que está
ocasionando un gran escándalo. Desde luego, la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida hubiera supuesto --confiemos en que aún
se pueda tomar en cuenta en sucesivos trámites parlamentarios-- un alivio
importante a las expectativas de la zona. Por último, en cuanto a la
enmienda sobre el estudio de impacto ambiental, el señor ponente del
Grupo Socialista ha hecho una hábil manipulación de lo que supone el
estudio de impacto medioambiental del proyecto. Estamos hablando de un
estudio de impacto ambiental del trasvase, no del proyecto de obra del
trasvase, señor Perales. Nosotros nos remitimos claramente el artículo 90
de la Ley de Aguas, que habla de que se contemple el estudio de las
consecuencias del trasvase, no del proyecto de obra del trasvase, que son
dos cosas muy distintas. Nos parece necesario que se haga ese estudio
medioambiental de la obra del trasvase; nos parece absolutamente
necesario porque tenemos serias dudas de que ese proyecto sea el
adecuado, pero no es ése del debate actual. Si usted contempla el estudio
de impacto medioambiental que se ha hecho, verá que se contienen medidas
de corrección de las obras del trasvase, pero hasta ahora no existe
ningún análisis que nos diga cuáles son los efectos que esto va a tener
sobre la zona, sobre el caudal del Guadiaro, sobre el cauce del Guadiaro,
sobre los diferentes usos que se están dando en el Guadiaro, ni los
efectos que va a tener sobre la zona gaditana. Ese es el estudio de
impacto ambiental al que nosotros nos referimos y que usted intenta
confundir. Son dos estudios extraordinariamente diferentes, que no cabe
confundir de ninguna manera: una cosa es el estudio de impacto
medioambiental de las obras y otra cosa es el estudio de impacto
medioambiental del propio trasvase. Ese es el estudio que, hasta el
momento, se niega a hacer el Gobierno y usted apoya esa posición.
Nosotros consideramos absolutamente fundamental este hecho, por eso no
nos vale la enmienda transaccional que usted presenta, ya que es una
enmienda transaccional que confunde los dos conceptos: el estudio de
impacto medioambiental del proyecto de obra con el estudio de impacto
medioambiental del propio trasvase.
Nosotros no aceptamos esta enmienda transaccional y ése es un hecho
fundamental a la hora de la toma de posición de mi Grupo Parlamentario de
cara al dictamen. En cualquier caso, confiamos en que se dé una nueva
vuelta a esta cuestión en el momento en que vaya al Senado y que allí sea
posible mantener otro tipo de debate, que se contemple la existencia de
un estudio de impacto medioambiental para el trasvase en sí mismo. En
consecuencia, mi Grupo Parlamentario rechaza esta enmienda transaccional
que nos propone el Grupo Socialista y anuncia que nuestra posición ante
el dictamen va a ser desfavorable. Con ello queremos dejar muy clara la
posición de Izquierda Unida, que es la de tener una posición constructiva
en este proyecto de ley, respecto al cual manifestamos que estamos en
contra de este trasvase, no del trasvase. Es decir, nosotros no hemos
presentado enmienda a la totalidad porque no tenemos una actitud
preconcebida sobre trasvasar agua del río Guadiaro al río Guadalete. En
el caso de que sea necesario y de que se pueda hacer con todas las
garantías, nuestra posición sería favorable, pero tal y como se plantea
en este proyecto de ley no podemos tener una posición favorable y, por
ello, nuestra posición ante el dictamen va a ser desfavorable.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y espero que finalmente, tiene la
palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: En cuanto a la intervención de la señora
Martínez, tengo que decir que nadie niega --lo reitero de nuevo-- la
necesidad de devolver la tranquilidad a los ciudadanos en la provincia de
Cádiz, al mismo tiempo que hay que hacerles ver la situación de gravedad
en la que nos encontramos en una parte muy importante de esa provincia de
Cádiz. Creo que es necesario insistir en que este proyecto de ley va a
tener consecuencias positivas en los próximos años, una vez que se
terminen las obras de derivación, pero, repito una vez más, es necesario
insistir en la gravedad de la situación de la provincia de Cádiz, que
tiene un déficit estructural; necesitamos adoptar medidas de mucho
calado, no sólo en las obras, sino en la conciencia, en la cabeza de las
personas, para atender esas necesidades.
Sobre la base de los cinco metros cúbicos por segundo de las enmiendas,
tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular, creo que lo que rige
es una situación de desconfianza. Yo no puedo desconfiar previamente de
los redactores de la ley ni de los ejecutores de la obra. Yo he conocido
el proyecto de ley; conozco un documento, que no es oficial, pero que ha
sido elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y en
un plano del proyecto puedo comprobar que sólo lo que exceda de cinco
metros cúbicos por segundo va a ser lo que acceda a la toma de
derivación. ¿Por qué tengo que creer que esto no es lo que está previsto
hacer? Me lo dan como una documentación que, si bien no está registrada
como documento oficial, tengo que creer que es así. En otro estudio,
mucho más agradable desde del punto de vista visual, también veo que sólo
las aguas que excedan de los cinco metros cúbicos por segundo accederán
al túnel de derivación. ¿Por qué no voy a creer que eso es así y tengo
que pensar que no va a ser así todos, los que hacen el proyecto de la
obra y los que redactan la ley y dicen que es así y, como digo, la
documentación a la que he podido tener acceso también dice que es así?
En segundo lugar, la cuenca del Guadalete tiene un déficit estructural,
por tanto, hay que adoptar todas las medidas de eficacia hidráulica
necesarias. Desde luego, aquí toda la Administración, sin colores, no
adopta las medidas necesarias para que mejore la eficacia hidráulica. Por
tanto, en la mayor parte de las ocasiones no se toman las medidas
necesarias. Hay que depurar las aguas y los ayuntamientos no emplean los
recursos que tienen que emplear y hay que mejorar las canalizaciones.
Sólo quiero recordar aquí, con mucha brevedad, que la distribución del
agua en baja es competencia de los ayuntamientos, pero también la
distribución del agua en alta. La ley que regula el suministro de agua en
la zona de la bahía gaditana nunca se ha puesto en marcha, pero la
distribución del agua en alta, desde que se hizo, corresponde a los
ayuntamientos y no a la Confederación ni al Gobierno; corresponde a los
ayuntamientos aunque nunca se haya hecho. Por tanto, es responsabilidad
de los ayuntamientos y existe un convenio firmado, un convenio de la
Junta de Andalucía con los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y su
Diputación para la mejora de las canalizaciones, que hay que ejecutar con
mayor intensidad de lo que se ha hecho hasta ahora.
En cuanto al esfuerzo en el impacto medioambiental (usted decía que era
un lapsus, probablemente lo será, yo no recuerdo haberlo dicho, pero lo
será cuando usted me lo recuerda), de lo que no cabe duda es de que
estamos dispuestos a favorecer todos los medios de corrección de impacto
medioambiental que haya que adoptar y a tomar las medidas que sean
necesarias para hacerlo.
Desde luego --voy a ir terminando--, creo que si la obra del trasvase
existiera en estos momentos, a pesar de la sequía, en los años 1992 y
1993 hubiéramos recibido los hectómetros suficientes, no digo para
eliminar las restricciones, pero sí para mejorar muchísimo la situación
hidráulica de la provincia de Cádiz.
Termino con un dato curioso: se ha aprobado por parte del Gobierno que se
pueda transferir agua en barco de Huelva a Cádiz. Lo máximo que se puede
transferir en un mes entero llevando agua en barco, 50.000 metros
cúbicos, será 1,2 hectómetros cúbicos por mes y con lo que ha llovido en
la zona de la bahía gaditana en un día y medio se han recogido cinco
hectómetros cúbicos. Es decir, un mes entero llevando agua en barco
supone 1,2 hectómetros y con lo que ha llovido en un día y medio son
cinco hectómetros cúbicos los que se han recogido. Vean ustedes las
situación de gravedad en la que estamos en la zona.
No estamos en contra del sistema de la planta potabilizadora, pero
pensamos que en estos momentos la necesidad está en concentrarnos en este
proyecto de trasvase que se ha planteado.
El señor Andreu insiste en las medidas de eficacia hidráulica, a lo que
ya he contestado. Habrá que adoptar todas las que son necesarias y más, y
habrá que convencer a la opinión pública de la provincia de Cádiz de que
el déficit
no es coyuntural sino estructural, y de que es necesario cambiar la
mentalidad de las personas en relación con el agua.
El río Guadiana no es el Amazonas, efectivamente; no es un caudal sin
fin, estoy totalmente de acuerdo con esa expresión, y me parece que habrá
que adoptar las medidas necesarias para que ese caudal ecológico que se
ha establecido en el proyecto de ley se siga manteniendo, a pesar de la
extrema necesidad que se vive en otras zonas, en otros lugares, en
concreto en la provincia de Cádiz, así como en la provincia de Málaga en
lo que afecta a Estepona donde ya se está llevando agua.
Con el impacto medioambiental ocurre lo mismo. Estamos abiertos a
estudiar todos los medios de corrupción y en ese sentido vamos a ser
exigentes en las futuras medidas que haya que adoptar.
Tengo que terminar diciendo que sí ha habido prejuicios con respecto a
este trasvase por parte de algunas formaciones políticas, pero no ha
sucedido lo mismo con el Grupo Socialista. (La señora Martínez Sáez pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dada la importancia de lo que estamos debatiendo hoy
en esta Comisión, que es un proyecto de ley importante y no se trata de
una simple proposición no de ley, excepcionalmente, sin reabrir el
debate, para puntualizaciones muy precisas, tiene la palabra la señora
Martínez.
La señora MARTINEZ SAEZ: Solamente una cuestión, señor Perales, señores
del Grupo Socialista. La desconfianza del Partido Popular en estos
aspectos es la siguiente: desde 1981 la cuenca del río Guadalete está
considerada por las administraciones como prioritaria para el saneamiento
y usted mejor que nadie sabe que hasta el año pasado no se puso en
funcionamiento la depuradora de Arcos, la del Puerto de Santa María, este
año, y la de Jerez. ¿Qué prioridad, señor Perales? Esa es nuestra
desconfianza.
El señor PRESIDENTE: En contrapartida y con la misma brevedad que la
señora Martínez, tiene la palabra el Señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Justamente por la declaración de cuenca
Prioritaria se han podido depurar las aguas de Arcos, Puerto de Santa
María y Jerez, y las de otras cabeceras más arriba. Justamente por esa
necesidad y por esa inversión pública ha sido posible hacer estas obras
de saneamiento que desgraciadamente no existen en otros lugares de la
provincia, del resto de España y de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al segundo bloque de
trabajos parlamentarios que esta Comisión debe llevar a cabo en el día de
hoy, que son las proposiciones no de ley que vamos a debatir y votar con
posterioridad.
Esta Mesa ha recibido la solicitud de intercambiar el orden de
intervención de las dos proposiciones. Es decir, iniciar el debate de la
que figura en el orden del día con el número 4 y seguir con la número 3,
por motivo de coincidencia de determinados ponentes que van a intervenir
en otras comisiones. ¿Algún grupo se opone a que lo hagamos así, es
decir, a que intercambiemos el orden y a que empecemos por la proposición
correspondiente al número 4 del orden del día y sigamos con la
correspondiente a la del número 3?
Según nuestros cálculos, para terminar a tiempo debido, o votar a una
hora aceptable y finalizar con la pregunta --probablemente va a tener que
ser así--, ruego la mayor comprensión a los señores portavoces, para ver
si esto es posible.
Tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, mi Grupo Parlamentario
preferiría que no se alterase el orden del día. No quisiera causar
perjuicio alguno a ningún grupo parlamentario, pero por dinámica interna
de mi Grupo no puede estar presente en este momento quien podría defender
esa proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, si no están todos los grupos de
acuerdo, creo que debe seguirse con el orden del día que se había
establecido.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento por aquellos a los que les crea algún
problema, pero el Reglamento es el Reglamento y es prioritario sobre
todo, además de la eficacia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS EN EL TRANSPORTE MARITIMO EN EL
PUERTO DE MALAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
161/000308.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos a debatir el número 3 del
orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Popular, sobre
libre prestación de servicios en el transporte marítimo en el puerto de
Málaga.
Tiene la palabra el señor Souviron.
El señor SOUVIRON GARCIA: La encuesta de población activa hecha pública
recientemente y correspondiente al último trimestre del año 1994, pone de
manifiesto que la provincia de Málaga es la segunda en número de parados,
hasta el punto de que tiene un 37 por ciento de su población activa en
desempleo. Creo que la cifra se comenta por sí misma.
El puerto de Málaga ofrece unos 15.000 puestos de trabajo,
aproximadamente, entre empleos directos e indirectos. En una reciente
respuesta parlamentaria a este Diputado el Gobierno manifestaba sus dudas
sobre la futura
viabilidad del puerto de Málaga, en cuanto que va a perder a corto plazo
el 80 por ciento de su tráfico de mercancías, debido a la puesta en
funcionamiento del oleoducto entre Puertollano y Cartagena. Esto quiere
decir que es necesario preocuparse especialmente del puerto de Málaga.
Entre las soluciones que el Gobierno ofrecía estaba la de que el puerto
de Málaga se dedicara prioritariamente al tráfico de pasaje y cruceros
turísticos, de forma que eso pudiera paliar el problema del tráfico de
mercancías.
Nosotros estamos de acuerdo con esa teoría siempre y cuando no se pierda
de vista que el puerto de Málaga tiene que seguir siendo un puerto de
tráfico de mercancías y un puerto pesquero importante. Al tiempo que el
Gobierno manifiesta esta solución para el puerto de Málaga, le niega
sistemáticamente su consideración de puesto fronterizo de la Unión
Europea, y eso es tanto como ponerlo a competir con otros puertos con
menores capacidades, puesto que en el momento en que las empresas
navieras eligen algunos de los puertos para sus escalas o para establecer
líneas de tráfico regular, quieren tener a mano todos los servicios
posibles, y entre ellos no hay ninguna duda de que precisamente el poder
tener tráfico con terceros países es una de las más importantes. Es por
eso por lo que nosotros presentamos esta proposición no de ley.
La no consideración como tal del puerto de Málaga, aparte de los
problemas y la discriminación que supone, está contraviniendo normas
comunitarias. El Reglamento comunitario 4.055/86, sobre libre prestación
de servicios al transporte marítimo (reglamento, por cierto, en cuya
discusión el Gobierno español no presentó ninguna norma de salvaguarda,
cuando era ése el momento de haber puesto los peros y no después, en el
funcionamiento del mismo) obliga al Estado español a no limitar en ningún
caso ese tráfico marítimo que, sin embargo, está dificultando con
acciones como no conceder al puerto de Málaga los puestos de control que
son necesarios.
Ese Reglamento, que tiene una primacía absoluta sobre el ordenamiento
jurídico nacional y una eficacia directa, está haciendo, por su
incumplimiento, que el Gobierno español tenga que hacer frente a un
expediente de infracción que puede suponer una multa de 2.000 millones de
pesetas, que tendremos, lógicamente, que pagar todos los españoles, y se
dará la paradoja de que también los malagueños, aparte de ver cómo su
puerto, poco a poco, va desapareciendo del mapa de los puertos útiles,
tendremos que pagarles la parte alícuota.
Frente a estos argumentos, los que se oponen --es simplemente el
Gobierno-- a que se lleve a cabo la puesta en marcha de estos puestos de
control argumentan de forma muy débil. Hay quien dice que primero hay que
pedir la línea, que no tenemos una línea regular pedida, que en el
momento en que se tenga se concederá inmediatamente, pero lo que es
cierto es que esa línea ya estuvo pedida en su momento. Tengo aquí el
documento por el cual se negaba la consideración de que se pudiera abrir
la línea precisamente porque el puerto de Málaga no era frontera. Por
tanto, creo que aquí estamos con maniobras dilatorias intentando ver
quién tiene que actuar primero, si una empresa naviera que pida línea
regular o el Gobierno que debe facilitar que la línea naviera lo pida. Lo
que sí está claro es que ya se ha dado el hecho de que se pidiera por
parte de una empresa naviera y, sin embargo, se haya denegado por parte
del Gobierno. El documento obra en mi poder.
Otro de los argumentos en contra es que hay que esperar a la puesta en
marcha del Convenio de Schengen. Todos sabemos que este Convenio no va a
entrar en vigor de forma inmediata, ni siquiera a medio plazo, y que hay
ya puertos que sí tienen la consideración de puertos de frontera y están
actuando como tales en nuestro país.
También se dijo por el Ministro Belloch, en el Pleno, que se había
concedido ya ese «status» al puerto de Almería y que sería mejor esperar
a ver qué pasa. Como andaluz me alegro enormemente de que tenga esa
consideración el puerto de Almería, pero también está claro que unos
puertos no son iguales a otros y que el hecho de que en un puerto pueda
funcionar una línea no quiere decir que en el otro se produzca lo mismo,
o viceversa. Cada puerto es distinto y entendemos que al puerto de Málaga
se le ha de conceder esa línea, sin atender a otro criterio.
Por tanto, y frente a estos argumentos, proponemos, simple y llanamente,
criterios de racionalidad, que se haga lo que es razonable. Y entendemos
que es razonable que el puerto de Málaga sea considerado como puerto
fronterizo, preparándose los puestos de control que son necesarios, por
las siguientes razones: primero, por la situación geográfica del puerto,
que nadie puede discutir, ya que en cuanto a calificación jurídica sigue
siendo un puerto de primera categoría.
Segundo, porque a ocho kilómetros tiene un aeropuerto internacional que
es un magnífico complemento y podría, sin ninguna duda, dinamizar aún más
y hacer más atractivo el carácter del puerto de Málaga para el objetivo
que pretendemos.
Tercero, porque Málaga es una provincia eminentemente turística;
lamentablemente, casi sólo nos queda el turismo y no podemos desperdiciar
ni una sola posibilidad para que se potencie esta industria.
En cuarto lugar, porque las condiciones de Málaga dan a su puerto unas
expectativas razonables de tráfico.
En quinto lugar, no hay duda de que las comunicaciones y todos los
argumentos que estamos exponiendo hacen ser al puerto de Málaga uno de
los primeros puertos de destino de ese tráfico de pasaje, siempre y
cuando se cuente con los medios necesarios para ello.
Sexto, porque cuenta con instalaciones materiales para ello. Es curioso,
pero en su momento se establecieron las correspondientes garitas y se
acondicionaron, a falta solamente de la terminal informática que el
acuerdo de Schengen exige. Los elementos materiales ya están construidos,
porque ya tuvo en su momento --y este sería el séptimo argumento-- líneas
regulares. En el año 1985-1986 hubo una línea entre Málaga y Génova y en
el año 1979, y luego, durante el período 1980-1985, hubo una línea
regular entre Málaga y Tanger.
Octavo argumento, la evidencia de que algunas navieras quieran establecer
líneas regulares en Málaga quiere decir que considerar que el puerto de
Málaga, por sus condiciones,
es un puerto apetecible para este fin, porque si no, lógicamente, las
empresas navieras no apostarían por un puerto al que no vieran ese
futuro.
Noveno, por la situación socioeconómica descrita. No se puede perder en
Málaga un solo puesto de trabajo, no se puede poner en peligro en Málaga
nada que crea o pueda crear puestos de trabajo.
En décimo lugar, por una razón que nos parece especialmente atendible,
junto a las anteriores, por el Parlamento como órgano de representación:
simple y llanamente porque todas las instituciones, tanto privadas como
públicas, que están cerca de la realidad, que conocen el tema, han
apoyado y han respaldado esta iniciativa. Y cuando hablo de instituciones
hablo de la Diputación Provincial de Málaga, con mayoría socialista, del
ayuntamiento de Málaga, también con mayoría --de momento-- socialista, e
incluso, fuera de los límites provinciales, el propio Parlamento de
Andalucía que por unanimidad ha solicitado la consideración del puerto de
Málaga como puerto fronterizo.
Creo que son argumentos suficientemente fuertes y que ésta es una ocasión
para que el Parlamento, y en concreto esta Comisión, ejerzan las
facultades de control del artículo 66 de la Constitución y sean capaces
de instar al Gobierno para conseguir el fin que pretendemos, entre otras
cosas porque eso sería un signo de coherencia entre lo que se dice en
unas administraciones y lo que luego se intenta defender en un
Parlamento, que si algo tiene que ser es la voz de los ciudadanos y la
voz de los representantes de los ciudadanos.
Por todas estas razones, presentamos la proposición no de ley e instamos
al Gobierno a que en un plazo no superior a un mes considere al puerto de
Málaga como puesto de control para el tráfico marítimo con terceros
países, le dé, así, su carácter de puesto fronterizo y asegure que el
tráfico se realice con todas las garantías relativas al orden público que
hay que preservar en Málaga.
El señor PRESIDENTE: A continuación, dado que existe una enmienda del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Redondo para defenderla.
El señor REDONDO TERREROS: Sí, con mucho gusto.
En nombre del Grupo Socialista quiero participar en ese debate y
establecer la posición de nuestro Grupo que pudiera ser, al final, no tan
incompatible como ha parecido de la intervención del representante del
Grupo Popular.
En primer lugar, también querría decir que ésta no es una preocupación
que se suscite hoy aquí. Ya el año pasado un representante del Grupo
Parlamentario Socialista, Enrique Martínez Martínez, a través de una
pregunta parlamentaria expresó su preocupación por el futuro del puerto
de Málaga y pidió al Ministro correspondiente que le diera las
explicaciones suficientes sobre por qué no se calificaba al puerto de
Málaga como puerto fronterizo de la Unión Europea.
También tengo que decir en esta introducción que probablemente éste no
sea el mejor ambiente para este debate sereno y tranquilo, que parece que
también existe, además, en Málaga sobre la catalogación del puerto de la
ciudad como puerto fronterizo porque puede estar condicionado de forma
extrema por la proximidad de unas elecciones municipales.
En cualquier caso, diré que los socialistas estamos dispuestos, por eso
hemos hecho una enmienda, que esperamos que el Grupo Popular acepte, en
la que no hay ninguna diferencia con la propuesta del Grupo Popular
excepto que proponemos que exista antes la demanda de establecer la línea
para conseguir que se catalogue el puerto como fronterizo. Nos parece que
es suficiente. La enmienda, como apuntaba antes, dice: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que, en el supuesto de que se solicite
en forma el funcionamiento de una línea regular de pasaje entre el puerto
de Málaga y un tercer país no comunitario, adopte las medidas necesarias
para que el puerto de Málaga tenga la consideración de puerto fronterizo
de la Unión con terceros países, autorizando su carácter de puerto de
control para el tráfico marítimo de entrada y salida de pasaje con países
no comunitarios y asegurando las garantías necesarias para que se cumpla
su funcionamiento con eficacia.»
Esa es la enmienda que nosotros presentamos. Y, siendo cierta la
petición, la propuesta y el debate intenso que existe en la ciudad de
Málaga sobre esta proposición no de ley hecha por el Grupo Popular, no
nos cabe ninguna duda de que si el debate culmina en una propuesta formal
al Gobierno, el Gobierno decidiría en consonancia con esta enmienda que
ha hecho el Grupo Socialista.
Además, quisiera decir algunas otras cosas. En primer lugar, debiera
quedar perfectamente claro que el motor que dinamiza un puerto autónomo y
una ciudad son las mercancías, no las líneas de pasajeros. En segundo
lugar, tengo que decir que la definición del puerto de Málaga como puerto
fronterizo o, dicho de otra forma, la inclusión del puerto de Málaga en
la lista de Schengen, tiene algunas modificaciones, pero no muchas. Por
ejemplo, la definición de este puerto como puerto fronterizo no
repercutiría en el tráfico de mercancías de ninguna manera; tampoco
repercutiría, de ninguna manera, en los transportes marítimos turísticos.
Por lo tanto, la única repercusión real que se puede contemplar es la que
tenga el transporte entre Málaga y terceros países y sea un transporte
periódico. En definitiva, viendo la situación geográfica en la que está
en Málaga, la relación con terceros países sería --por eso no es bueno
poner el ejemplo de Génova porque es una ciudad de un país comunitario--
inexcusable y fundamentalmente con los del norte de Africa, como
Marruecos, Túnez y Argelia, que es la zona magrebí.
Para ser prudente también en el análisis, los socialistas hemos intentado
ver, como decía ayer el Ministro en su contestación a mi compañero, la
repercusión que líneas de este tipo han tenido en otras ciudades. No ha
sido posible por la cercanía de la definición desde el puerto de Almería,
pero sí es una ciudad como la de Alicante.
Tengo que decir, después de un estudio minucioso de las repercusiones que
ha habido en Alicante, después de definirlo como puerto fronterizo y por
lo tanto con la posibilidad
de tener relaciones de transporte y de viajeros, cotidianas y habituales
con otros países, fundamentalmente con los del norte de Africa, que todas
las repercusiones no han sido buenas. Por ejemplo, en Alicante se ha
incrementado en los últimos años de una forma considerable la comisión de
delitos, cometidos fundamentalmente por personas que vienen del norte de
Africa. Primer punto.
Segundo punto: se han creado o incrementado muy grandemente las bolsas de
marginalidad en la ciudad de Alicante. Esto es algo que está ahí, que es
así y no de otra forma, y en una ciudad turística como la de Alicante, o
como la de Málaga, ese posible tráfico puede repercutir negativamente.
Fíjense que digo que puede repercutir negativamente, ni siquiera estoy
diciendo que repercuta negativamente; estoy diciendo que hay que
establecer la prudencia necesaria a la hora de definir a Málaga como
puerto fronterizo.
Algunos de los argumentos que ha dado el representante del Partido
Popular no vienen a consolidar su propuesta de cualquier forma. Por
ejemplo, el que hace relación con la soberanía o la competencia para la
decisión de definir el puerto como puerto fronterizo de la Unión Europea.
El mismo Delors reconoce, a petición de algunos parlamentarios, que la
definición de puertos fronterizos y de frontera les corresponde
fundamental, especial y claramente a los Estados miembros de la Unión
Europea, no a la Unión Europea.
En ese sentido, tengo que decir también que en todos los puertos, sean
fronterizos o no, como en todos lo aeropuertos de España, hay una
dotación policial, de la Policía y de la Guardia Civil concretamente, y
durante el año pasado, ha habido tanto en Almería como en Málaga, la
posibilidad de cubrir las vacantes, pero no se han cubierto las vacantes
en Málaga o en Almería, pero no se cubrieron por el hecho de denominar o
poder clasificar al puerto como fronterizo sino porque se cubren
habitualmente en todos los puertos o aeropuertos de España.
En fin, yo quiero hoy llegar con ustedes a un acuerdo suficiente, y por
eso les digo que lo fundamental a la hora de definir, y el Gobierno está
en esa posición, al puerto de Málaga como puerto fronterizo es que exista
demanda. No puede haber opción a que sea una posición artificial;
esperemos a que exista demanda. Es más, es posible desde las
instituciones públicas, como se ha hecho en otras comunidades autónomas.
Yo pertenezco a una Comunidad Autónoma, la del País Vasco, y vivo muy
cerca del puerto autónomo de Bilbao, y desde las propias instituciones
vascas se ha establecido, porque era estrategia realmente muy importante,
una colaboración con determinadas líneas para que esas líneas marítimas
tuvieran la posibilidad de ofrecer al ciudadano, en este caso de la
Comunidad Autónoma Vasca, ese trayecto, ese viaje en este caso a otro
país comunitario como es Gran Bretaña. O sea, es posible de cualquier
forma establecer esa posición. Por eso, creo sinceramente que está
ajustada nuestra enmienda tanto a las necesidades de Málaga como a las
necesidades de consenso en este momento entre todos los partidos
políticos, sobre todo por las características que ha anunciado el
representante del Partido Popular en relación con la ciudad y la
provincia de Málaga. Además, si se aceptara esta posición, que creo que
es muy razonable, llegaríamos entre todos a un consenso, dando la espalda
al conflicto electoral que se nos avecina, y se podrían por encima los
intereses de todos y no los intereses partidistas.
Esta es mi posición y la posición de mi Grupo.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: El puerto de Málaga reúne todas las condiciones
para ser declarado puerto fronterizo de la Unión Europea. Ya se han dicho
algunas, pero yo voy a enumerar las que, en opinión del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, son fundamentales.
Por tradición histórica, por volumen de actividad, por ubicación en el
Mediterráneo, por la importancia turística y el emplazamiento
geoestratégico, por el peso demográfico, político, económico y comercial
de la ciudad de Málaga, la razón esgrimida por el Gobierno del PSOE en su
respuesta parlamentaria, o ahora expuesta por el Portavoz de su Grupo
Parlamentario al plantear que no hay una línea regular de pasajero fija
con un país tercero de la Unión Europea, no se tiene en pie.
Imaginemos que hay una línea comercial dentro de unos meses y deja de
funcionar a continuación; imaginemos que no hay ahora una línea
comercial, pero dentro de unos meses o de un año se pone en
funcionamiento. Este argumento no vale, aquí lo que procede es declarar
el puerto como puerto fronterizo y que la comunidad internacional conozca
este hecho para incluirlo en sus rutas y en sus mapas de tráfico
marítimo.
Hoy, en Málaga, el aeropuerto es frontera de la Unión Europea. ¿Por qué
se le niega al puerto de la misma ciudad esta condición? Es una
contradicción clara. Nosotros consideramos que Málaga sale, sin duda, muy
perjudicada, y no sólo lo consideramos nosotros, lo considera la Cámara
de Comercio y Navegación de Málaga, lo consideran los sindicatos y las
asociaciones empresariales, lo considera la Universidad y todos los
colectivos que se han pronunciado, entre ellos el Ayuntamiento, la
Diputación y el Parlamento de Andalucía.
Por lo tanto, aquí hay un plan estratégico de puertos que contempla dar
importancia a algunos puertos del Mediterráneo, que lo son, sin duda,
como Barcelona, Valencia o Algeciras, y otros puertos situarlos en otro
escalafón o baremo, que también tienen su importancia en Andalucía y en
otros lugares de la ribera Mediterránea de nuestro país. Está claro que
eso lleva aparejadas inversiones, que no vendrán a Málaga si no se
aumenta la capacidad en todos los terrenos y se declara para terceros
países como puerto fronterizo.
El desempleo en Málaga alcanza cifras escandalosas, las inversiones
públicas no han atendido las necesidades más perentorias de Málaga en los
últimos años, o que son vitales para su desarrollo. Málaga, unidas sus
instituciones en este tema, ha planteado esta demanda, y yo mismo he
hecho preguntas al Ministro Belloch sobre este asunto desde hace tiempo.
Creo yo que estos temas tienen importancia para la ciudad, lo mismo que
otros asuntos que afectan al desempleo. Yo estoy muy dolido porque en el
tema de una fábrica que trajimos aquí hace cinco o seis años, cuando no
había elecciones municipales a la vista, cuando un Diputado no era
candidato, se planteaba, una y otra vez, qué iba a pasar con su futuro y
su plantilla, y ahora, cada vez que se aborda un tema de este tipo, se
suscita como un espantapájaros, que las elecciones municipales se
aproximan.
Independientemente de esa circunstancia, este tema, lo mismo que otros,
se ha traído, ahora y otras ocasiones, al Parlamento, que es donde deben
venir, y es legítimo defenderlo a la luz de la propuesta concreta, y cada
grupo tiene su opinión sobre este tema, la defiende y hay que respetarla.
Yo creo que la repercusión real con países del norte de Africa, o de
América, o del Centro y del Este de Europa, será una repercusión de
futuro. Ahora mismo existe una relación periódica y fluida con Melilla,
por ejemplo, a través de la cual tiene acceso población marroquí o
magrebí. También con Ceuta de alguna manera y el paso hacia Algeciras. En
todos los puertos de Andalucía, en lo que significa Málaga, en lo que
significa Algeciras, en lo que significa Almería, está asumida esa
relación, con los problemas que genera cualquier tipo de relación con
cualquier colectividad. Por tanto, creo que no se aísla Málaga de ningún
problema en una urna de cristal, sino que hay que abordarlos todos y que,
a nuestro juicio, corresponde que este tema se plantee.
Independientemente de lo que haga el Partido Popular con esta proposición
no de ley y de si acepta o no esa enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, que creo que ha formado cierto revuelo en las filas de su
Grupo, yo creo que una enmienda de este tipo no soluciona los problemas
que en Málaga hay planteados, porque siempre coloca el asunto como la
pescadilla que se muerde la cola: hasta que no haya línea, no hay puerto
fronterizo y, como no hay línea, el Gobierno no acepta hasta que una
naviera se establezca. Yo creo que eso supone fijar la consecución para
muy largo. Como la vida es larga, veremos este «Diario de Sesiones» y el
reparto de este «Diario de Sesiones» en la ciudad y en las distintas
entidades. Yo creo que de promesas aplazadas está el mundo lleno y que
eso no significa nada. La gente tiene que adoptar su posición con
claridad. Si se está de acuerdo, se está de acuerdo; si no, no. Hoy no
hay línea, mañana puede haberla. Pero que todo se supedite a una
situación para que el Gobierno no acepte su compromiso es tomarle el pelo
a la ciudad y a las instituciones que han tomado una decisión de este
tipo, sin ninguna garantía.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, voy a ser breve y, en
representación de nuestro Grupo, voy a decir lo siguiente.
Si es aceptada la enmienda del Grupo Socialista, en aras del consenso
daríamos nuestro voto afirmativo porque, como es lógico, nos gustaría que
hubiese unanimidad; si no, votaremos en contra, por una razón muy
sencilla. Aunque yo no quería intervenir, he preparado el tema de acuerdo
con el texto de la proposición no de ley, que es la documentación que a
mí me consta. Aquí se han expuesto argumentos fuertes, según ha dicho el
proponente, y también ahora el señor Romero ha expuesto argumentos
considerables, pero lo que yo veo es que si toda la dificultad está en
que le falta el primer punto, y para unos el primer punto es que haya una
línea regular o que se solicite, pero en la exposición de motivos se dice
que «El Puerto de Málaga está perfectamente capacitado..., así lo
reconocen la Autoridad Portuaria de Málaga y el Director General de la
Marina Mercante, se han instalado en su recinto tres garitas...» y se ha
destinado un policía. ¿Declarar un puerto fronterizo europeo es
simplemente esto, con tres garitas y un policía? A mí me parece que aquí
hay algo más. Por lo tanto, con este argumento en la exposición del
texto, no me parece lógico que esto pueda prosperar. Con los argumentos
que han expuesto los intervinientes, tanto el del Grupo Popular como el
del Grupo Izquierda Unida, creo que se le da mucho más contenido. Además,
se aduce que le falta un primer requisito y la enmienda propone que lo
haya. Por lo tanto, nosotros, aunque haya un gran reparto del «Diario de
Sesiones» por Málaga, por derecho municipal, si hay consenso para aceptar
la enmienda socialista entraríamos en dicho consenso.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Popular con
respecto a la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Posada.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
disculpar al señor Souviron, que ha tenido que asistir a otra Comisión y
por ello intervengo en su nombre. Voy a ser brevísimo porque no me parece
apropiado intervenir en una discusión que yo no he iniciado.
Parece ser que hay una desconfianza profunda por parte del Grupo Popular
en que esas, diríamos, promesas se lleven a cabo si se aceptara la
enmienda del Grupo Socialista. Por eso no vamos a aceptar la enmienda del
Grupo Socialista. (El señor Redondo Terreros pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, creo que no procede abrir el debate.
Señor Redondo, si me promete ser breve, le concedo 30 segundos.
El señor REDONDO TERREROS: Lo intentaré, señor Presidente.
Sinceramente, y con la prudencia debida, teniendo en cuenta que no ha
sido el primer interviniente, tengo que decir que la justificación no
sólo no es suficiente sino que se podría catalogar de otra forma. Es
decir, nosotros nos comprometemos con toda la contundencia del mundo a
que, si se aprueba esta enmienda, se lleve adelante. Por lo tanto, no
tiene que haber ninguna suspicacia, La suspicacia no es un argumento para
descalificar la enmienda.
En segundo lugar, en esta situación, en la que no está el ponente, tengo
que decir que el mantenimiento de la proposición no de ley sin enmienda
obedece a una postura muy vertical y muy testimonial del Partido Popular.
Al final, no vamos a conseguir lo que todos queremos por no variar.
Nosotros hemos variado desde el momento en que dijimos que no y ahora
decimos que es posible, y el Partido Popular, una vez más, no varía su
posición en aras al consenso, que beneficiaría sobre todo a los
ciudadanos de Málaga.
En tercer lugar --y termino, señor Presidente--, no querría, de ninguna
manera, que alguien pensara, porque lo ha mencionado el representante del
PP y sobre todo el de Izquierda Unida, que nosotros no estamos tan
preocupados como ellos por el paro y por la situación de las
infraestructuras, en Málaga, en Andalucía y en toda España. No creo que
sea una justificación en relación con esta propuesta, sinceramente. (El
señor Romero Ruiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Voy a fijar las condiciones ya. Va a cerrar el señor
Posada definitivamente y usted tiene 30 segundos, señor Romero,
excepcionalmente y dado el interés que muestran los señores Diputados en
este tema, al que se le da la máxima importancia.
El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente. Antes, nosotros
no habíamos solicitado la palabra. Ha sido el portavoz del Grupo
Socialista en esta proposición no de ley el que la había solicitado para
hacer una aclaración.
Yo no pongo en duda la preocupación de todos los grupos parlamentarios
por los problemas de infraestructura, de desempleo y de dificultades que
atravesamos, no sólo en Málaga sino en otros lugares. El problema aquí es
muy sencillo, y es que la gente no debe distorsionar. Con esto termino:
¿reúne Málaga las condiciones para ser declarado puerto fronterizo y lo
puede hacer el Estado español? Sí, esa es una competencia del Gobierno.
Hay infraestructura necesaria, están las garitas necesarias, se puede
dotar de una unidad policial o de la Guardia Civil, porque hay recursos,
cuando se le encomiende esa misión. Por lo tanto, que no se busquen
excusas para no estar de acuerdo. Si no se está de acuerdo será por otras
razones. Las cosas están muy claras: todo el mundo lo sabe y lo
importante de un Parlamento es que conecte con la sociedad civil. Por
eso, tenemos la obligación de informar de lo que aquí pasa a los
ciudadanos de Málaga, que ellos juzgarán a todo el que aquí ha
intervenido, como es natural en una democracia.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra el señor Posada, para
fijar su última posición.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, debo decir que no me parece
demasiado adecuado, por parte del señor Redondo, que abra una
controversia conmigo, cuando yo he sido exquisito en aceptar o no la
enmienda. Pero ya que la ha abierto, debo decirle que es penoso, y
precisamente eso es lo que demuestra la mala situación en la que está el
Grupo y el Gobierno socialista, que lo que impida un consenso es la
suspicacia de otro grupo, que cree que no se va a cumplir lo que se
promete porque hay muchas promesas incumplidas. Eso es grave porque
impide llegar a consensos que mejoren la vida de los ciudadanos. Deben
ustedes mirar en su interior y ver cómo las promesas incumplidas han
llevado a este resultado tan desastroso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Posada.
--SOBRE ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
LA AUTOVIA ADRA-PUERTO LUMBRERAS (N-340 DE CADIZ Y GIBRALTAR A
BARCELONA), A SU PASO POR EL MUNICIPIO ALMERIENSE DE VICAR. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000282.)
El señor PRESIDENTE: Siguiendo nuestro orden del día, pasamos a debatir
la proposición no de ley sobre adopción de de determinadas medidas en la
ejecución de las obras de la autovía Adra-Puerto Lumbreras (N. 340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona), a su paso por el municipio almeriense de
Vícar, a propuesta del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En nombre de dicho Grupo, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, en esta proposición no de ley
Izquierda Unida desea que este proyecto de autovía de Adra-Puerto
Lumbreras sea reconsiderado por parte de la Administración, porque en él
no se respeta el paso de esta autovía por un medio tan delicado como son
las ramblas que están próximas e insertas en el municipio de Vícar. Las
ramblas suelen tener unos caudales importantísimos de agua de forma muy
irregular. Suelen estar secas, pero, en el momento que llevan agua, la
llevan en unas cantidades impresionantes que pueden producir, en el caso
de que no estén bien encauzadas, inundaciones importantísimas en la zona.
El paisaje de la zona del norte de Almería se encuentra, en gran parte,
determinado por la existencia de estas ramblas, que son unos parajes
bastante únicos y singulares y que tienen unos valores paisajísticos
extraordinarios.
Por tanto, estos motivos hacen especialmente conflictivo que el proyecto
de la N-340, a su paso por Vícar, de la autovía Adra-Puerto Lumbreras, no
haya contemplado con el suficiente cuidado el paso por estas ramblas, y
que este proyecto pueda suponer, al no tener las alcantarillas con las
secciones suficientes --en contra de cómo las tenía la antigua n-340, que
tenía un trazado más acomodado a la propia naturaleza del terreno--,
importantísimos peligros cara al futuro de las zonas que están alrededor
del mismo. Aparte de que puede suponer, además, serios perjuicios para la
agricultura, así como para el acceso a determinadas zonas de Vícar.
Por tanto, mi Grupo Parlamentario llama a la consideración por esta
Comisión de la proposición no de ley, a fin de que se retome ese
proyecto, se reconsidere y se planteen las modificaciones necesarias para
que todo el ecosistema que suponen las ramblas sea contemplado de otra
manera, pueda pervivir y, además, podamos dar las prestaciones necesarias
a las barriadas de Vícar que actualmente, con el proyecto que está en
ejecución, tienen cortado el acceso desde la propia barriada hasta esta
autovía.
Con la petición del voto favorable al resto de los grupos parlamentarios,
nosotros finalizamos la defensa de la proposición.
El señor PRESIDENTE: A continuación, dado que existe una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez
Villaseñor.
El señor MARTINEZ VILLASEÑOR GARCIA: Con fecha 13 de julio de 1994
tuvieron entrada en esta Cámara las preguntas escritas, formuladas por el
Diputado de mi Grupo don Manuel Arqueros, denunciando los errores que se
estaban realizando y que han culminado en la construcción de la autovía
Almería-Adra, a su paso por el término municipal de Vícar, que tenían
como objetivo advertir lo que se estaba haciendo mal, con la pretensión
de evitar perjuicios a los habitantes de Vícar y a los agricultores de la
zona, proponiendo soluciones técnicas y de sentido común, como lo ha
hecho, con fecha 20 de septiembre de 1994, el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en esta proposición no de ley
que ahora debatimos.
Los hechos que se relatan en la exposición de motivos que se hace en la
proposición no de ley son ciertos. El Gobierno, una vez más, ha tratado
de ocultar, dar largas, decir verdades a medias, hacer promesas que han
sido incumplidas. Y digo esto en base a los siguientes hechos: El 24 de
octubre de 1994 el Diputado señor Arqueros tuvo que pedir amparo al señor
Presidente del Congreso para que se requiriera al Gobierno a fin de que
diera contestación por escrito. La respuesta llegó, al fin, firmada por
el señor Ministro el 3 de enero de 1994, respuesta que no satisfizo a
ninguno de los agricultores ni a los vecinos de Vícar más afectados y
próximos a la autovía.
Contrasta la construcción de la autovía a su paso por Vícar, con desagües
insuficientes en las ramblas del Cañuelo, Vícar y Pastor, con lo
realizado en los términos municipales colindantes de Roquetas de Mar y La
Mojonera que sí fueron bien proyectados y ejecutados, a diferencia de lo
que ocurre en el tema que nos ocupa.
Los diferentes criterios utilizados para el cálculo en el proyecto de
desagüe se debe a que fue realizado cada tramo de la autovía por
gabinetes técnicos privados diferentes en la conexión de la barriada de
Los Llanos, la obra de drenaje ejecutada no corresponde con la aprobada
en el proyecto de ejecución de obra. Los caminos agrícolas afectados por
el trazado de la autovía, a su paso por Vícar, son muy importantes ya que
comunican una zona rural dispersa, de una agricultura única y peculiar de
España: cultivos intensivos bajo plástico. Las necesidades de
comunicación son idénticas a las de cualquier industria y no deben ser
obstruidas u obstaculizadas las comunicaciones por la barrera artificial
que constituye la autovía. Las vías agrícolas deben ser paralelas y
conectadas por los distintos pasos superiores e inferiores, asfaltados y
dotados de solera de hormigón.
Se ha de reconocer que el Ministerio, con acertado criterio está
construyendo el paso elevado solicitado para el paraje Los Rincones, en
su conexión con La Gangosa, un barrio de Vícar. Es una realidad que en
las ramblas Cañuelo, Vícar y Pastor se han ejecutado unas obras de
fábrica para desagües, pero que son notoriamente insuficientes y que el
cauce existente se ha rellenado formando una barrera infranqueable para
las avenidas torrenciales. Las obras ejecutadas no se corresponden a las
aprobadas en el proyecto de ejecución de obra por la Confederación
Hidrográfica del Sur de España, y es muy importante significar que no se
ha tenido en cuenta la instrucción 5.2 I. C., drenaje superficial,
apartado 1.4, sobre el riego de obstrucción, habiéndose escogido el
riesgo bajo, en un ejercicio flaco de previsión e irresponsable ante una
no deseada pero sí muy previsible catástrofe, no extraña en la zona
mediterránea propicia a lluvias torrenciales.
En el apartado 5.2.1, generalidades de criterio del proyecto, no se ha
tenido en cuenta esta recomendación que era perfectamente viable. En la
rambla Pastor, apartado 5.2 2.3, respecto a lo reseñado en la
transcripción literal del mencionado apartado sobre la mínima dimensión
de las obras de drenaje, no se cumple. Tampoco se cumple la norma
contenida en el apartado 5.3 2.2, recomendación que, con carácter
normativo, no se ha tenido en cuenta en la rambla Pastor.
Por todo lo expuesto, urge canjear y encauzar con muros de hormigón los
tramos inmediatos aguas arriba y aguas abajo de sección uniforme de las
obras de fábrica y, de no hacerlo así, la población existente en las
inmediaciones, unos 7.000 habitantes, corre el riesgo de desaparecer por
una avenida que no tendrá cauce para llegar al mar, y la responsabilidad
de este previsible y no deseable caso correspondería al actual gobierno
de la nación.
De la prensa de Almería, el 20 de octubre de 1994 el periódico «Ideal»
decía en titulares: El MOPTMA asume las peticiones de los vecinos de Los
Llanos de Vícar en relación con la autovía. Los hechos hasta ahora no han
visto cumplidas las promesas nada más que en una mínima parte: la autovía
Almería-Adra, hasta el término municipal de La Mojonera, pasando por
Vícar, fue inaugurada el pasado día 10 de febrero de 1995 por el señor
Ministro de Obras Públicas con todas las deficiencias citadas. El pasado
día 14 de este mes, en una reunión mantenida con el Director General de
Carreteras, señor Dombriz, con una comisión de seguimiento compuesta por
vecinos y con el alcalde de Vícar, que, a su vez, es Senador almeriense
del Partido Socialista, señor Bonilla, según manifestaciones de alguno de
los asistentes a la reunión, el citado Director General alegó que los
datos que le estaban aportando los vecinos de Vícar referentes a las
anomalías que afectan a 648 agricultores que a diario trabajan en las 890
hectáreas invernadas le eran desconocidos y pedía un plazo para estudiar
la corrección
de los defectos en la construcción de la autovía a su paso por Vícar,
como si las preguntas formuladas por los Diputados del PP, del 13 de
julio de 1994 y 10 de enero de 1995, no hubieran sido conocidas en el
Ministerio, informaciones éstas del Director General que se contradicen
con las respuestas a preguntas de los Diputados firmadas por el Señor
Ministro el día 3 de noviembre de 1994.
Todas las anomalías fueron denunciadas por los vecinos de Vícar desde que
tuvieron conocimiento del proyecto hasta por lo menos dos años y
denunciadas por los Diputados del Partido Popular de Almería el 13 de
julio de 1994, siete meses antes de la inauguración oficial del tramo a
que se hace mención.
Por todo ello, el Partido Popular acepta y apoya la proposición no de ley
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y propone la enmienda de
adición presentada por nuestro Grupo y que consiste en añadir un segundo
párrafo a la proposición no de ley presentada en Comisión por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el
Congreso sobre adopción de determinadas obras de mejora en la ejecución
de las obras de la autovía Adra-Puerto Lumbreras, a su paso por el
municipio almeriense de Vícar, que dice así: «Asimismo, el Congreso de
los Diputados insta al Gobierno para que en dicho término municipal se
respeten las vías agrícolas existentes antes de la realización de la
autovía, permitiendo el acceso fácil a las mismas de los habitantes de la
zona, los agricultores y su maquinaria, los vehículos de transporte que
operan en la actividad de recogida de los productos agrícolas. Dichas
vías agrícolas deben ser paralelas y conectadas por los distintos pasos,
superiores e inferiores, asfaltadas y dotadas de solera de hormigón».
Esta incorporación es la que solicito del Grupo proponente de la
proposición no de ley que acepte y que se someta en su conjunto la
proposición no de ley resultante a votación, que nosotros la apoyaremos
con mucho gusto, siguiendo, en definitiva, un criterio que veníamos
marcando desde hace tiempo en orden a que la realización de esta autovía
respetase los intereses legítimos de la población de la zona.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Catalán quiere intervenir?
El señor SEDO I MARSAL: No, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, tiene la palabra el señor Amate,
del Grupo Socialista.
El señor AMATE RODRIGUEZ: Señor Presidente, la proposición no de ley
afronta dos problemas que efectivamente tenía la construcción de la
autovía Adra-Puerto Lumbreras en el tramo El Parador-Adra, sobre todo en
el término municipal de Vícar. Por una parte, la conexión de algunas
barriadas con la antigua nacional 340. Por otra parte, la seguridad en
los desagües de las ramblas que cruzan la citada autovía.
Es verdad que posiblemente en el momento que se planteó esta iniciativa
por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tuviera alguna
razón de ser, porque efectivamente en aquellos momentos se habían
iniciado una serie de negociaciones entre un grupo de vecinos en
representación de los núcleos afectados, encabezados por el Ayuntamiento
de Vícar.
Ha habido muchísimas reuniones. Se ha estado negociando prácticamente
casi todas las semanas. Se han tenido reuniones con los gobernadores
civiles de Almería, la que había y la que hay ahora, con la Directora
Provincial del MOPTMA, con la Confederación Hidrográfica del Sur, con el
Director de Carreteras de Andalucía oriental y últimamente, como ha
reconocido el representante del Grupo Popular, con el Director General de
Carreteras.
Fruto de todas esas negociaciones, la situación ha ido evolucionando
hacia las posturas que defendían la comisión de vecinos y el propio
Ayuntamiento. Sobre todo la última reunión con el Director General de
Carreteras ha dado unos resultados, que a juicio de esa comisión de
vecinos que estuvo allí, han sido muy satisfactorios.
Hay que recordar que muchas de las obras adyacentes a la propia autovía
de las que estaban en proyecto no se han realizado, puesto que la
carretera se ha adelantado en su ejecución en ocho meses. La autovía
estaba previsto que se terminara para el otoño de este año y se ha
inaugurado, como se ha visto --y lo han reconocido-- hace un mes.
Se han hecho algunas modificaciones en el proyecto original para que las
barriadas de Vícar tengan esa unión con la nacional 340, con la nueva
autovía. Así, también se ha hablado ya de La Gangosa, se ha hecho un paso
alto para vehículos que no estaba en principio en el proyecto. Queda
solamente el Cortijo de Los Llanos de Vícar, que es verdad que tiene una
población de 648 habitantes, y no es que vayan a trabajar todas estas
personas sino que ese número es el total de la barriada y tiene una
superficie invernada de 894 hectáreas.
El compromiso que han sacado del Ministerio de Obras Públicas, a través
del Director General, es que ya se ha encargado un estudio técnico de la
zona, se va a ver si los datos que maneja la comisión y los que obraban
en poder del Ministerio son los reales y qué número de vehículos pasan
diariamente por allí. También se va a ver qué número de vehículos pesados
pasan, porque se utilizan sobre todo mucho los camiones y las furgonetas
para los trabajos agrícolas en aquella comarca. Ver la viabilidad de
estas inversiones suplementarias, que pueden ser entre 150 y 180 millones
de pesetas, y, a la vista de los resultados de ese estudio, se tomarán
las medidas que la situación requiera.
En cuanto a la seguridad de la rambla aquí se han dicho algunas cosas
que, a mi juicio, no son ciertas. Se ha dicho, por ejemplo, que el
tratamiento que han tenido las ramblas en el mismo tramo de autovía, las
ramblas en la zona de Roquete y La Mojonera, son distintos a los que han
tenido en la zona de Vícar. No es cierto, el proyecto es el mismo, se ha
redactado por los mismos, está supervisado todo el trayecto por la
Confederación Hidrográfica del Sur, tiene el visto bueno de la misma y me
imagino que la Confederación, con sus técnicos, no va a firmar o aprobar
proyectos que puedan suponer todo ese peligro para la vida de los
ciudadanos que habitan en la comarca haciendo unas estructuras
que no permitan el desagüe de esas ramblas. A mí me parece que es un
tanto exagerado.
Pero sí es verdad que hay que hacer una serie de obras en aquellas
ramblas que cruzan el campo de Dalías y que ya han sido también
planteadas por parte del Ayuntamiento a la Confederación y a la Dirección
General de Carreteras. Esto está entre las prioridades a las que va a
hacer frente el Ministerio, en un plan que se ha aprobado ya de
inversiones precisamente para la defensa del poniente almeriense que por
un valor de 14.000 millones de pesetas va destinado a la limpieza,
adecuación y proyección de las ramblas, todas esas de que hemos hablado y
unas cuantas más que cruzan el poniente almeriense.
Por tanto, lo que hace unos cuantos meses sí que era un problema que
estaba en el ánimo de todos los ciudadanos de aquella zona, hoy ya es
menos problema porque las vías de solución las están viendo.
Por ello, yo no es que diga que vamos a votar en contra, es que lo que
pediría al representante de Izquierda Unida, que es el que ha planteado
esta proposición no de ley, es que la retirara en base a que
prácticamente lo que él plantea en su iniciativa está en vías de
solución.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición sobre la enmienda del Grupo
Popular tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, en primer lugar, decir que
aceptamos la enmienda de adición que plantea el Grupo Popular
En segundo lugar, manifestar que lo que dice el representante del Grupo
Socialista no es del todo exacto, según las manifestaciones que nos hacen
nuestros compañeros de Izquierda Unida en Almería y que no están
recogidas aún las peticiones que se hacen en esta proposición no de ley
sobre este trazado de la carretera.
Por tanto, mantenemos la proposición no de ley en los términos que
implica la aceptación de la enmienda adicional del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Les tengo que comunicar que vamos a pasar
directamente a la votación tanto del informe de la Ponencia sobre el
proyecto de ley como de las proposiciones no de ley, por un motivo muy
particular: el de optimizar el trabajo de esta Comisión, debido a que el
señor Panadero, Secretario General de Transportes, nos ha comunicado que
no podía llegar antes de la una y media.
En consecuencia, sugiero y propongo a los miembros de esta Comisión que
adelantemos nuestro trabajo votando ahora y cuando venga el señor
Panadero responderá de forma monográfica y puntual a la pregunta del
señor Soriano, sin detrimento de que, lógicamente, tendrá que contestarle
a su pregunta. (El señor Soriano Benítez de Lugo pide la palabra.)
Señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: De la misma forma que nosotros tenemos
esta condescendencia con el señor Panadero, me gustaría que se tuviera el
mismo trato con los Diputados cuando en alguna ocasión llegamos dos
minutos tarde. El señor Vicepresidente sabe por dónde voy.
El señor PRESIDENTE: No conozco la cuestión y ustedes sabrán a qué se
refieren, Lo que sí conozco es que esta Comisión puede terminar su
trabajo fielmente, con eficacia, a una hora aceptable y, en consecuencia,
ése es el programa de trabajo que yo planteo.
Vamos a pasar a la votación según el orden del día y a continuación,
cuando llegue el señor Panadero, le contestará a su pregunta.
Interrumpimos un minuto. (Denegaciones.) Lo siento, pero es necesario
porque el señor Letrado tiene un trabajo que hacer para preparar las
votaciones de la forma más eficaz. (Pausa.)
Señorías, sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas al
articulado. (Rumores.)
Ruego silencio, ya que estamos en la fase más noble del trabajo del día
de hoy. (Asentimiento.)
Someto a votación las enmiendas números 20, 21 y 22, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las tres enmiendas.
Pasamos a votar las restantes enmiendas del Grupo Popular al articulado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 11, 12 y 16 del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 15, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 15, del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas transaccionales «in voce» presentadas por el Grupo
Socialista a las enmiendas números 13 y 14.
Antes de someterlas a votación pregunto: ¿se mantiene la enmienda número
13?
El señor ANDREU ANDREU: Se mantiene en los términos de la transaccional
que hemos acordado con el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 13, en los términos
de la transaccional con el Grupo Socialista, y la enmienda número 14, que
ha sido «in voce» pero posteriormente ha sido presentada por escrito a la
Mesa, voy a leerla para que todos los Diputados conozcan en qué términos
se plantea.
La enmienda transaccional a la número 14 del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya dice: «Se aplicarán coeficientes de
mayoración al exceso del consumo por habitante que determine la Comisión
de Explotación. Los municipios con pérdidas superiores a las que la
Comisión de Explotación determine tendrán asimismo un coeficiente de
mayoración en el reparto del canon».
Esta enmienda, que, repito, ha sido presentada primero «in voce» y
después por escrito, hace referencia a las enmiendas 13 y 14.
Sometemos a votación la citada enmienda.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las enmiendas a la exposición de motivos.
Enmienda del Grupo Popular, número 17.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
números 5 a 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos en
contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar finalmente el texto del informe de la Ponencia respecto a
este proyecto de ley.
Votamos, en primer lugar, los artículos 1.1, 1.2, 1.6, disposición
adicional primera y disposición final.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos a continuación el resto del articulado sobre el texto del informe
de la Ponencia.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. Enhorabuena a los
ponentes (Risas.)
Votamos a continuación la exposición de motivos, párrafos tercero, cuarto
y quinto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Finalmente, votamos el resto de la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación pasamos a votar la proposición no de ley, número 3 en el
orden del día, sobre libre prestación de servicios en el transporte
marítimo en el puerto de Málaga, a iniciativa del Grupo Popular. Dado que
la enmienda del Grupo Socialista no ha sido aceptada, votamos
consecuentemente la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 17; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación vamos a votar la proposición no de ley sobre la adopción
de determinadas medidas en la ejecución de las obras de la autovía
Adra-Puerto Lumbreras, Nacional 340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, a
su paso por el municipio almeriense de Vícar, a iniciativa del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que también tiene una enmienda,
en este caso del Grupo Popular, que ha sido aceptada. En consecuencia,
votamos la proposición no de ley en los términos de la enmienda propuesta
por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 17; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONTESTACION A LA SIGUIENTE PREGUNTA:
--HABILITACION DEL HORARIO NOCTURNO EN EL AEROPUERTO DE LA PALMA.
PRESENTADA POR DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/991338.)
El señor PRESIDENTE: Como veo que está presente en la Sala el Secretario
General, señor Panadero, no suspendemos la reunión y le invito a que
ocupe su sitio en la Mesa para que proceda a contestar a la pregunta del
señor Soriano, en nombre del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo para matizar como crea
oportuno la pregunta que figura como
punto final en el orden del día y que dice así: Habilitación del horario
nocturno en el Aeropuerto de Palma.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar hay que aclarar que se
trata del aeropuerto de la isla de La Palma, en las Islas Canarias, no en
el Aeropuerto de Palma, por si pudiera haber alguna confusión.
El señor PRESIDENTE: Está claro en el orden del día, figura el aeropuerto
de La Palma.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Lo que está ocurriendo con el
aeropuerto de la isla de La Palma es un claro ejemplo de la forma del
actuar del Gobierno y del Grupo Socialista que le apoya, y, si no,
juzguen SS. SS. La primera vez que me interesé por la habilitación del
horario nocturno en el aeropuerto de La Palma fue el 5 de marzo de 1992,
ahora hace tres años. En aquel momento se me contestó, por parte del
Gobierno, con fecha 4 de mayo, que no había motivos por el momento que
aconsejasen abrirlo durante más horas al tráfico. De inmediato, en la
prensa del día 6 de mayo, el diputado entonces al Congreso por la
provincia de Santa Cruz de Tenerife don Alvaro Argany y el senador de la
isla don Manuel Marcos Pérez Hernández manifestaron a los medios de
comunicación, en rueda de prensa, que a partir de octubre próximo, es
decir, del año 1992 se podría operar en el aeropuerto de la Villa de Mazo
desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
A la vista de esta intervención por parte de los parlamentarios, volví a
preguntar de nuevo en el Congreso de los Diputados y se me contesta, con
fecha 17 de julio, diciéndome en síntesis que la ampliación del horario
no estaba justificada en modo alguno dada la demanda existente en el
aeropuerto, además de señalar que dicho aeropuerto arrojó un saldo
negativo tanto en 1990 como en 1991.
Con gran asombro por mi parte, el día 1.º de agosto del mismo año 1992,
se recogen nuevas manifestaciones del señor diputado por la provincia de
Santa Cruz de Tenerife reafirmándose que el aeropuerto de La Palma, entre
comillas, «dispondrá de un horario más amplio al actualmente existente» y
dijo tener para ello el compromiso del Ministro de Obras Públicas y
Transportes don José Borrell. Por si cabía alguna duda añadió: no
engañamos a nadie ni hemos tratado de crear falsas expectativas, la
medida se hará efectiva antes de que finalice el mes de noviembre de
1992, pasando del actual horario a otro que va desde las siete hasta las
veintidós horas. La prensa del día 24 se hacía eco de la visita a la isla
de La Palma del Director General del ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, señor Martínez Sarandeses, anunciando que la fecha del
1.º de noviembre, planteada tanto por el senador de la isla como el
diputado socialista señor Argany para la ampliación de la operatividad
del aeropuerto, había sido aceptada por el Ministerio de Transportes.
Finaliza el año 1992 sin que se cumpliera ninguna de estas promesas
mencionadas y volví a preguntar en el Congreso de los Diputados, el día
29 de enero de 1993. Sorprendentemente, se me vuelve a contestar, el 9 de
marzo, que una ampliación del horario de funcionamiento y las operaciones
nocturnas plantean dificultades por necesidades de personal, control
aéreo, equipamiento técnico, etcétera, por lo que difícilmente se
justifica si no hay una demanda adicional de uso de instalaciones. Y se
añadía: se están llevando a cabo los trámites necesarios para que la
prolongación del horario pueda hacerse efectiva y previsiblemente estarán
concluidas en el mes de marzo de 1993. El día 4 de marzo de 1993 la
prensa recoge una declaración del Director General de AENA en la que se
afirma que la citada ampliación de horario no se producirá hasta finales
de año, en contradicción con lo que me había contestado el Gobierno en
una pregunta en este Congreso de los Diputados.
Se celebran las elecciones del año 1993 y el 1.º de octubre se recogen
nuevas declaraciones del señor Marcos Pérez, senador por la isla de La
Palma, indicando que en los primeros meses de 1994 podrán aterrizar y
despegar aviones en el aeropuerto en horario nocturno. No habían
transcurrido tres meses de las anteriores declaraciones cuando la prensa
del día 22 de diciembre de 1993 se hace eco de nuevas declaraciones del
señor senador afirmando que el aeropuerto será operativo en horario
nocturno hasta las diez de la noche, pero esta vez al final del próximo
año de 1994; y recordó --dice la prensa-- que ésta es una batalla en la
que ha estado desde su elección como senador en la anterior legislatura
junto a otros parlamentarios socialistas por la isla, y a todo esto sin
haber planteado en una sola ocasión en esta Cámara el problema que aquí
se está suscitando.
Ante tanta contradicción, empleando una expresión suave, formulé una
nueva pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras y
Medio Ambiente, el 20 de enero de 1994, hace ahora más de un año. Se me
contestó en nombre del Gobierno por el Secretario General de Transportes
don Manuel Panadero López --que vamos a ver lo que nos dice hoy--, el 5
de mayo de 1994, y leo textualmente: Le puedo decir que en estos momentos
están tomadas todas las medidas y está preparada la plantilla para poder
operar hasta las nueve y media de la noche, hora local, y confiamos en
que este horario pueda ser operativo ya desde la temporada de invierno de
este año 1994. Puedo señalar a S. S. --añadía el señor Panadero-- que es
un compromiso del Ministerio y, en concreto, de mi Secretaría General;
esto se decía en el Congreso de los Diputados.
Después de comprobar que una vez más se incumplen todas estas promesas,
puesto que en la programación de Binter Canarias continúa cerrado el
aeropuerto desde las dieciocho y diez, cuando llega el último avión, no
cabe duda de que, a la vista de lo relatado, los ciudadanos de la isla de
La Palma tienen derecho a pensar que en este asunto alguien les está
engañando, ya que el Gobierno no está diciendo la verdad o son los
parlamentarios palmeros y las autoridades de AENA quienes mienten con
toda desfachatez. Espero que hoy se nos despejen estas dudas, aunque lo
más confortador para mí sería que el señor Panadero entonara el «mea
culpa» y se disculpara ante esta Comisión por las falsas promesas, que
realizadas en el Congreso de los Diputados tienen mayor valor, pero ya
verán SS. SS. cómo una vez más se dará una nueva fecha, una nueva
disculpa
y a capear el temporal que ya quedan pocos días para seguir en el
machito.
Estoy convencido de que aquí alguien toma el pelo a los ciudadanos de La
Palma. Llevamos tres años con promesas reiteradas por parte de las
autoridades del departamento y por parte de los parlamentarios
socialistas, diciéndonos que se va a abrir en horario nocturno el
aeropuerto de la isla de La Palma y esta es la fecha en la que todavía no
se ha abierto, con grave perjuicio para los ciudadanos de la isla de La
Palma y, en general, para todos los ciudadanos que quieren ir a esta
isla.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Panadero.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES (Panadero
López): Simplemente para ratificar el compromiso de la ampliación del
horario nocturno en el aeropuerto de La Palma (después, si me permite, le
explicaré las circunstancias que se han producido) y para señalar que la
única diferencia respecto a mi comparecencia de mayo --me parece que
S. S. ha dicho que fue en mayo-- en la que hablaba de nuestra estimación
y de que, aproximadamente, en la temporada de invierno, sobre
noviembre-diciembre, creo que son palabras casi textuales, esperábamos
que estuviera instalado el balizamiento que permitiese operar a los
aviones de Binter que son, en esencia los que utilizaría el aeropuerto.
Nos hemos encontrado con un problema de disponibilidad de terrenos.
Afortunadamente, el derecho de propiedad está protegido en la
Constitución y, a veces, se presentan ciertos problemas para disponer de
unos terrenos que solamente pueden ser obtenidos por un mecanismo
expropiatorio, que tiene sus plazos. Uno puede hacer previsiones pero no
puede tener la certeza de que esos plazos se cumplan. También se puede
resolver, es lo que estamos intentando, por la vía pura y simple de
comprar los terrenos con objeto de disminuir los plazos y permitir que,
cuanto antes, las balizas estén colocadas y, consecuentemente, el
aeropuerto pueda operar hasta las 21,30, hora local.
Tenemos una serie de problemas de ocupación de estos terrenos: la propia
distribución de la propiedad en ese área, con unos veinte propietarios
con los que es necesario ir negociando para tratar de comprarles el
terreno o los derechos de uso y, consecuentemente, poner en servicio los
aparatos de balizamiento, es lo que nos está deteniendo; es
exclusivamente ese elemento que, desgraciadamente, ha ido más allá de
nuestras previsiones.
Su señoría porque así se ha dicho en esta Comisión, conoce que todos los
proyectos para la puesta en servicio del aeropuerto, la adaptación de los
turnos de plantilla, la dotación de controladores, toda una serie de
problemas operativos, los pequeños, han sido solventados y cuando se dio
cierta fecha, a la que ha hecho referencia S. S. y que ha sido rebasada,
fue sobre la base de que en aquel entonces la compañía Binter nos aseguró
que podría operar con determinadas condiciones. Posteriormente la
dirección de operaciones de la compañía señaló que sin un adecuado
balizamiento y una serie de circunstancias, que hasta ese momento no se
habían planteado, el aeropuerto no sería operable.
Evidentemente, ese replanteamiento por parte de la dirección de
operaciones de la compañía Binter suscitó el necesario aplazamiento de
esta tan deseada apertura, motivado simplemente porque había que realizar
los proyectos de balizamiento a que ha hecho referencia. En este momento,
vuelvo a insistir, el único elemento que está frenando la puesta en
servicio del aeropuerto de La Palma hasta las 21,30, hora local, viene
motivado por la posibilidad de disponer de los correspondientes terrenos.
A la vista de los problemas y de la lentitud del procedimiento de
expropiación, AENA ha optado por la vía de compra como alternativa, pero
no sustitutoria, llegado el caso, al mecanismo expropiador y pensando
--así lo creemos-- que puede ser mucho más rápido disponer de estos
terrenos.
Su señoría ha hecho referencia a una serie de mecanismos, circunstancias
y valoraciones y, evidentemente --ya lo explicaba en una comparecencia
anterior-- los razonamientos profundos que se nos han hecho, entre otros
por los senadores y diputados que S. S. ha señalado y también por él
mismo, nos han llevado en el contexto de la política aeroportuaria de
transportes, en el nuevo marco comunitario, a hacer un replanteamiento de
esa política en el contexto de Canarias. Entre otros aspectos igualmente
negativos, aparte de este compromiso, lamentablemente retrasado en el
tiempo, pero que sigo reiterando es un compromiso absoluto y que sólo
circunstancias no sujetas a un control de fechas por parte de la
Administración están retrasando, y llevó, como S. S. sabe, a una
extensión de vuelos, a una liberalización del espacio aéreo, a la
existencia de un tema tan solicitado por los ciudadanos canarios, y no
materializado hasta hace poco, como era la existencia de una tarifa única
en la conexión de Canarias con la Península, etcétera, etcétera. Espero
que este carácter de prioridad, de servicio público, en definitiva, de
dedicar recursos que obtiene la explotación de aeropuertos a sufragar los
mayores costes operativos por razones de servicio público y evitar muchos
de los inconvenientes que se venían produciendo a los ciudadanos
canarios, en concreto a los de la isla de La Palma, pueda ser pronto una
realidad para beneficio de los ciudadanos. Supongo que S. S. coincidirá
conmigo en alegrarse de que siga este compromiso, deseará, exactamente
igual que nosotros, que de la forma más rápida, bien por el proceso de
compra, bien por el expropiatorio, se puedan resolver los problemas
existentes y todos los ciudadanos de la isla y las autoridades
competentes en el tema podamos celebrar conjuntamente, lo antes posible,
la puesta en servicio de este nuevo horario que, como le he dicho, al
estar sujeto a variables de compra o a la fecha del proceso expropiador,
no me atrevo a darle una fecha. Cualquier ayuda, sugerencia o idea que
pueda servir para acelerar la resolución de estos problemas, será
bienvenida y no tenga ninguna duda de que la utilizaremos con tal de
acortar un solo día el plazo para que este horario, hasta las 21,30, hora
local, entre en servicio en el aeropuerto de La Palma.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Soriano
para puntualizaciones específicas.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Panadero, después de tantas
promesas durante tres años no puedo creerle por enésima vez. Sigo
insistiendo: o usted nos miente aquí o mienten los parlamentarios en
Canarias o nos están mintiendo ambos, pero, indudablemente, aquí ha
habido unos compromisos claros y manifiestos y aquí hay una
responsabilidad política clara y manifiesta por el incumplimiento
reiterado de sus promesas y de las de su departamento. Como ustedes todo
lo fían en una presunción de inocencia, no cabe duda que van a seguir
eludiendo la responsabilidad que tienen por el incumplimiento de sus
promesas.
Usted, señor Panadero (leo literalmente el «Diario de Sesiones» del 5 de
mayo) dijo aquí: Le puedo decir que en estos momentos están tomadas todas
las medidas y está preparada la plantilla para poder operar hasta las
nueve y media de la noche, hora local, facilitando de esta forma,
etcétera, etcétera. Se ha celebrado un concurso, este concurso se ha
resuelto en el mes de diciembre del año pasado por un importe de 126
millones. Confiamos en que este horario, hasta las 21,30, hora local,
pueda ser operativo ya desde la temporada de invierno de este año.
Puedo señalar a S. S. que es un compromiso --la misma palabra que ha
empleado usted ahora-- del ministerio y, en concreto, de mi secretaría
general que pueda ser operativo en invierno de 1994. Estamos en el mes de
febrero de 1995 y como lo mismo nos dijeron en el año 1992, en el año
1993, en el año 1994 y lleva usted diciéndonos lo mismo en el año 1995
--acuda usted al «Diario de Sesiones»-- tengo que decir que usted no va a
cumplir el compromiso con el que se ha comprometido, porque no lo ha
cumplido las veces anteriores. Las excusas que nos está dando son excusas
baladíes, porque si hay que hacer un balizaje hay que expropiar unos
terrenos, esto lo sabían ustedes cuando hicieron la primera promesa de
que el aeropuerto estaría en funcionamiento en horario nocturno en el año
1992. Eso lo sabían ustedes en el año 1992; lo que pasa es que ustedes
tienen una maquinaria administrativa incapaz de funcionar, están
demostrando una incompetencia manifiesta y, además, lo que es más grave,
una voluntad manifiesta de engañar a los ciudadanos de la isla de La
Palma.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Panadero.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES (Panadero
López): Mire usted, ¿qué quiere que le diga? Discrepo de lo que usted
señala y, en todo caso, si usted tiene algún sistema capaz de disponer de
los terrenos... (El señor Soriano Benítez de Lugo: Yo no, usted.) Si
usted se constituye no solamente en juez de la presunción de inocencia
sino también de la inteligencia y, además, en disponibilidad de las
sentencias judiciales para utilización del terreno, será usted. Yo desde
luego le digo que desgraciadamente la Administración no tiene esa
capacidad y lo máximo que puede hacer es instrumentar los procesos y
mecanismos que tiene. Puede poner en marcha sus plazos, sus mecanismos
judiciales y si ve que esos procesos, con los recursos que
afortunadamente existen de defensa de los intereses de los ciudadanos
propietarios de los terrenos no avanzan suficientemente, la única opción
que puede hacer es decir: Oiga, mire, no discutamos, aparte de que siga
el proceso le compro el terreno. Si el señor dice que no vende el terreno
y que además se opone por todos los procedimientos judiciales habidos y
por haber a la ocupación de los terrenos, no sé qué podemos hacer. (El
señor Soriano Benítez de Lugo: ¡No haberse comprometido!)
Nos comprometemos en términos de estimaciones sobre unas decisiones
razonables de tiempo; era la previsión que existía. Le digo que está
absolutamente comprometido el tema del presupuesto, las inversiones y el
dinero y hay un problema jurídico de disponibilidad de terreno. Quizá S.
S. hubiera preferido que yo le hubiera dicho que las circunstancias de no
sé qué tipo hacen imposible lamentablemente la realización de este
proyecto. Yo le digo que seguimos con el mismo énfasis y además
reiterando la urgencia y dedicación prioritarias a este tema, como hice
con carta de fecha 5 de enero al Presidente de AENA, para que se resuelva
a la mayor urgencia posible dentro de los mecanismos legales existentes
que posibilitan la disponibilidad de los terrenos. Con absoluta
sinceridad, no sé qué más podemos hacer. Actuamos dentro de esos
mecanismos y si tiene alguna sugerencia, algo que usted nos pueda indicar
para acelerarlo, se lo aceptamos, porque no tenemos otra urgencia que
cuanto antes, y a la mayor brevedad posible, esté el aeropuerto
funcionando hasta las 21,30 horas.
El proyecto está, el dinero está, la disponibilidad de controladores
está, la adaptación del personal laboral está y no está lo protegido
--insisto-- afortunadamente por una serie de medidas de los derechos de
estos ciudadanos propietarios del terreno que, desgraciadamente en este
caso, nos está retrasando más de lo que quisiéramos.
Creo que su preocupación, que yo comparto y que, en definitiva, es esta
demora, no es de alguna forma imputable a deficiencias de los servicios
propios; si quiere a una buena fe de creer que sería posible disponer de
estos terrenos con fecha anterior a la que desgraciadamente va a ser, y
le reitero que el único elemento que está frenando la operatividad del
aeropuerto es el que he señalado.
Esperemos que cuanto antes esté disponible y podamos celebrar
conjuntamente --discusiones aparte, que yo entiendo que el aeropuerto
esté abierto hasta las nueve y media de la noche, facilite, por tanto, la
utilización de los ciudadanos de la isla de La Palma, les evite pasar
muchas de las noches que tienen que pasar en la isla de Tenerife como
consecuencia de los problemas de limitación de horario y, como digo,
podamos añadir un elemento más a la fluidez, disponibilidad y mejora del
sistema aeroportuario en Canarias.
Esperemos que sea así y lamento no poderle decir que ya está resuelto.
EL señor PRESIDENTE: Con ello terminamos el orden del día de hoy. (EL
señor Martinón Cejas pide la palabra.)
Creo que en este caso queda muy claro que se trata de una pregunta
parlamentaria, dirigida al Gobierno, a través del señor Panadero. El
demandante ha expuesto su pregunta y sus matizaciones y el compareciente,
en nombre del Gobierno, ha contestado según su propio criterio. Por
tanto, esta pregunta no es motivo de debate por los miembros de la
Comisión. Por ello, señor Martinón, lo siento pero no le puedo dar la
palabra.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, por lo menos, déjeme exponerle
y luego decida usted.
El señor PRESIDENTE: Si me lo plantea como cuestión de orden, le escucho;
si me promete que es una cuestión de orden, le escuchamos todos.
El señor MARTINON CEJAS: Me parece que es casi una cuestión de honor. Se
ha hecho alusión a dos personas que no están aquí, a un diputado en la
anterior legislatura, don Alvaro Argany, y a un senador en la anterior
legislatura que también lo es ahora, don Manuel Marcos Pérez Hernández,
que han sido, en mi opinión, atacados. Yo entiendo que la pregunta al
Gobierno debe ser contestada por el Gobierno, y no tiene ningún sentido
que intervengamos los demás grupos parlamentarios; otra cosa bien
distinta es que se ataque a personas que no están aquí. Por eso, me
parece a mí que es más una cuestión de honor que una cuestión de orden.
Desde luego, me parece grave que se aproveche una pregunta al Gobierno
para poner en duda la palabra, las buenas intenciones de personas que no
están presentes y que, por tanto, no pueden defenderse de los ataques de
un parlamentario que se aprovecha de estar aquí y de que los otros no
estén. EL señor Soriano Benítez de Lugo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, dado el contenido de las
manifestaciones del señor Martinón, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente, para indicar, en primer
lugar, que no acostumbro, ni es mi manera de ser atacar a alguien. Me he
limitado a leer literalmente, entre comillas --y tengo aquí los recortes
de prensa--, lo manifestado por el diputado señor Argany y por el senador
actual de la isla de La Palma en diversas ruedas de prensa. Me he
limitado a eso, he dicho que han prometido algo que no han cumplido, y
punto. No he dicho nada más.
El señor PRESIDENTE: Vamos a terminar con una aclaración previa por mi
parte. Que no sirva de precedente para otras reuniones la concesión de
estos dos minutos, en los que no se tenía que haber producido este tipo
de debate. Ha sido puramente excepcional, aceptando el talante de ambos
diputados que han intervenido, que no ha tenido nada que ver con la
intervención de nuestro compareciente en el día de hoy.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.