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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 398, de 21/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 398
REGIMEN PARA LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 21 de diciembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
previsiones acerca de transferir a la Comunidad Valenciana la ejecución
de la legislación del Estado en relación con las industrias y
espectáculos pirotécnicos. (BOCG serie D, número 137, de 23-9-94. Número
de expediente 181/000956) (Página 12278)
--Del señor Núñez Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre viviendas
pertenecientes a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE), así como ocupación de las mismas. (BOCG serie D, número 142, de
3-10-94. Número de expediente 181/000991) (Página 12280)
--Del mismo señor Diputado, sobre altos cargos y puestos directivos que
ocupan viviendas de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado
(MUFACE). (BOCG serie D, número 142, de 3-10-94. Número de expediente
181/000992) (Página 12280)
--Del mismo señor Diputado, sobre altos cargos a los que se refiere la
disposición adicional sexta del Real Decreto 236/1988, así como otros
directivos que ocupan viviendas de titularidad pública. (BOCG serie D,
número 142, de 3-10-94. Número de expediente 181/000993) (Página 12280)
--Del mismo señor Diputado, sobre viviendas de titularidad pública
ocupadas por altos cargos y otros puestos directivos que son propiedad
del Estado. (BOCG serie D, número 142, de 3-10-94. Número de expediente
181/000994) (Página 12280)
--Del mismo señor Diputado, sobre gasto anual en concepto de
arrendamiento de viviendas con destino a altos cargos y puestos
directivos de la Administración General del Estado. (BOCG serie D, número
142, de 3-10-94. Número de expediente 181/000995) (Página 12280)
--Del mismo señor Diputado, sobre cantidad a que asciende la pérdida del
poder adquisitivo de los funcionarios durante los años 1993 y 1994. (BOCG
serie D, número 142, de 3-10-94. Número de expediente 181/000996) 12285
Comparecencia de don Jacinto Pellón Díaz, ex Consejero Delegado de la
Sociedad Estatal EXPO-92, para informar sobre la contratación de las
empresas del Grupo Control y Aplicaciones (CAE) con el sector público
entre los años 1989 y 1992, período durante el cual don Francisco
Palomino trabajó como alto directivo para dicho Grupo. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 219/000715) (Página 12289)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--PREVISIONES ACERCA DE TRANSFERIR A LA COMUNIDAD VALENCIANA LA EJECUCION
DE LA LEGISLACION DEL ESTADO EN RELACION CON LAS INDUSTRIAS Y
ESPECTACULOS PIROTECNICOS. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA. (Número
de expediente 181/000956.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión para desarrollar el orden del día
que figura en la convocatoria.
Por parte del Ministerio para las Administraciones Públicas, y dentro del
apartado de contestación a las preguntas, se ha recibido en esta
Presidencia escrito en el cual se manifiesta que la pregunta número 1
será contestada por el Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales, don José Francisco Peña Díez, a quien damos ya la
bienvenida, y las restantes preguntas, números 2 a 7, por el Secretario
de Estado para la Administración Pública, don Constantino Méndez
Martínez.
Entrando ya en el orden del día, y para formular la pregunta número 1,
sobre previsiones acerca de transferir a la Comunidad Valenciana la
ejecución de la legislación del Estado en relación con las industrias y
espectáculos pirotécnicos, tiene la palabra, por el Grupo formulante, don
Ricardo Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias al Secretario de Estado de
Administración Territorial, señor Peña, por su comparecencia.
Señor Peña, conoce usted perfectamente que en los últimos meses la
Generalitat Valenciana ha elaborado un catálogo de posibles
transferencias a recibir por la misma, en la línea de ir completando las
previsiones estatutarias, que como conoce perfectamente el señor Peña se
trata de un Estatuto especial distinto al del artículo 151 y, a su vez,
distinto al del 143.
En esa línea de completar las previsiones estatutarias y en ese catálogo
aparece la posible transferencia de la competencia de actividades de
ejecución de la legislación del Estado sobre industrias y espectáculos
pirotécnicos. Es de todos sabido que los productos pirotécnicos tienen
una relevancia y una incidencia especial en la Comunidad Valenciana.
Tanto porque forman parte de la cultura, están muy enraizados con todo
tipo de fiestas en esta Comunidad, como precisamente por la existencia de
ese mercado, la Comunidad Valenciana es el principal centro productor de
productos pirotécnicos en el ámbito del Estado.
Esta ubicación preferente de las industrias pirotécnicas en la Comunidad
Valenciana lleva como consecuencia también que sufre especialmente el
elevado índice de siniestros que hasta la fecha han caracterizado este
tipo de actividades, no sólo por razones de mercado, de seguridad
laboral, sino también, insisto, por razones culturales. En estos momentos
un tema conflictivo en nuestra Comunidad es la autorización del empleo en
las fiestas emblemáticas de nuestra Comunidad, en las fiestas falleras,
de un determinado producto pirotécnico.
Todas estas razones sin lugar a dudas son las que fundamentan esa
petición que se ha formulado por parte de la Generalitat Valenciana de
que se transfirieran a la misma no las competencias de producción,
comercio, tenencia o uso de explosivos, que se reconoce que es una
competencia propia del Estado, pero sí actividades de ejecución
directamente relacionadas con lo que puedan ser productos pirotécnicos,
en que quizá su calificación genérica como
productos explosivos no corresponde a una realidad cultural determinada
como es en el caso de la Comunidad Valenciana. En este sentido se ha
planteado ese catálogo, y nos gustaría saber cuál es la previsión del
Gobierno en orden a transferir a la Generalitat Valenciana las
actividades de ejecución de la legislación del Estado, en concreto las
actividades de autorización, inspección e incluso sanción en relación con
industrias y espectáculos pirotécnicos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): Voy a intervenir brevemente para aclarar algunas cuestiones
sobre esta pregunta. Cuando se plantea una cuestión relacionada con la
pretensión de ejercer una competencia, ocurre con alguna frecuencia que
hay que proceder a una tarea de corte jurídico según la cual hay que
acabar precisando qué es lo que se pretende de verdad. Porque los títulos
genéricos, con mucha frecuencia, inducen a confusión o simplemente
encubren muchas actividades, algunas de las cuales ya han sido
realizadas.
Me explico. La Comunidad Valenciana tiene competencias ya transferidas
para la autorización, la inspección y sanción de industrias y de
espectáculos en general y, por tanto, pirotécnicos. Es decir, que la
Comunidad Valenciana tiene ya, bajo los títulos competenciales de
industrias y espectáculos, amplias facultades para la acción
administrativa en esa materia. Supongo que no ignora que hay un Decreto
de nada menos que del año 1984, por el que se traspasaron las
competencias en materia de industria, que en su apartado b), funciones
del Estado que asume la Comunidad Autónoma, dice textualmente: «La
Comunidad Valenciana asume las funciones que actualmente ejerce el
Ministerio de Industria y Energía en materia de autorización e inspección
de talleres de pirotecniaÉ» Es decir, que aquí ya hay una transferencia
realizada.
Algo similar ocurre en materia de espectáculos, como sucede con todas las
comunidades autónomas a las que se les ha transferido esta materia, y
actualmente se está haciendo a las del 143.
De modo que la Comunidad Valenciana tiene una amplia función que
realizar. También la Comunidad Valenciana tiene competencias en materia
de seguridad laboral y de seguridad e higiene en el trabajo, por lo que
con esas competencias la Comunidad Valenciana puede inspeccionar y hacer
lo que crea oportuno en relación con esas materias que tienen que ver con
aspectos laborales en general y de seguridad e higiene en el trabajo, en
que el Estado no se ha reservado prácticamente ninguna función.
Dicho esto, hay que añadir que lo que el Estado ejerce en estos momentos
en esa materia es lo que le viene atribuido haciendo uso de la
competencia que le da el artículo 149 de la Constitución en materia de
producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos, así como en
materia de seguridad pública. En ese sentido, la Ley de Seguridad
Ciudadana, del año 1992, establece en su artículo 6 que, en el ejercicio
de la competencia que le reconoce el artículo 149.1.26, la Administración
del Estado establecerá los requisitos y condiciones de fabricación y
reparación de armas, sus imitaciones y réplicas de sus piezas
fundamentales, explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos, así
como su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y
enajenación, su tenencia y utilización. Del mismo modo, podrá adoptar las
medidas de control necesarias para el cumplimiento de dichos requisitos y
condiciones.
Estas facultades del artículo 6 de la Ley de Seguridad Ciudadana están
atribuidas evidentemente a las fuerzas de seguridad del Estado y,
evidentemente, no están disponibles para su traspaso, porque son
funciones ejercidas por el Estado al amparo del artículo 149 de la
Constitución y atribuidas a unos servicios públicos, como son las fuerzas
de la seguridad del Estado, que son las que las ejercen.
El hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado ejerzan esta
competencia no impide --insisto--, ni muchísimo menos, que la comunidad
autónoma ejerza, como todas las comunidades autónomas, amplias facultades
en materia de inspección y autorización de talleres pirotécnicos, por su
competencia de industria, y en materia de autorización y control,
etcétera, de seguridad en espectáculos públicos y también pirotécnicos.
Este es el deslinde competencial. De modo que ya hay una parte muy
importante de competencias que ejerce la Comunidad Valenciana y otras que
ejerce la Administración estatal a través de sus fuerzas de seguridad del
Estado y que evidentemente no están disponibles para su transferencia.
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Peña, por su contestación.
Efectivamente, tal como usted indica, el problema, desde el punto de
vista jurídico, no deja de plantear complejidad. En ocasiones resulta
difícil deslindar competencias, aunque podamos llegar a conclusiones
determinadas. Más complicado aún resulta traducir esas previsiones
jurídicas al terreno de la realidad, porque resulta difícil deslindar lo
que es la inspección de las instalaciones e industrias pirotécnicas por
parte de una Administración y el traslado a continuación de los productos
pirotécnicos por parte de otras. Se producen acontecimientos graves en
esa maraña en la que se mueven con absoluta libertad y falta de
previsiones quienes se dedican a estas actividades. En la industria
pirotécnica se han producido accidentes graves, no sólo en el proceso de
producción, sino también en el de transporte. En Alicante hubo un
gravísimo accidente con motivo del transporte de productos pirotécnicos.
Precisamente por el deslinde de competencias, que puede ser factible,
aunque complejo, en el terreno jurídico, resulta luego muy difícil
hacerlo operativo en el terreno de la realidad.
Creo que la voluntad de la Generalitat Valenciana es alcanzar, bien sea
por la vía de normativa jurídica, bien sea
por la vía del acuerdo operativo, una unificación de criterios que
permitan que una actividad que es peligrosa, como la fabricación de
material pirotécnico, traslado y empleo --en el caso de la Comunidad
Valenciana plantea unas características especiales, tanto por la
ubicación preferente de la industria de producción como por el carácter
masivo del traslado del mismo y su empleo indiscriminado en cientos de
actividades culturales, recreativas, etcétera--, que permita que esas
funciones que se irroga la Administración pública, bien sea la
Administración central, bien sea la autonómica, precisamente por la
dispersión de competencias, no facilite que se puedan producir
acontecimientos desgraciados que en definitiva pagan los ciudadanos, que
es a los que tiene que servir la Administración. Yo creo que esa voluntad
la tiene la Generalitat Valenciana y la comparte, estoy convencido de
ello, la Administración central, porque en definitiva la comparte toda la
Administración.
Estimo que sería bueno que, con independencia de las previsiones legales,
en la línea de lo que se ha dicho por parte del Secretario de Estado, se
atienda, se asuma y se lleve a la práctica ese necesario acuerdo
operativo entre las dos administraciones que permita que esas
competencias realmente se ejerzan, y no por reservárselas una
Administración al final resulte que en la práctica no se ejercen. Eso es
lo que se trata de evitar y estoy convencido de que eso lo comparten las
dos administraciones.
Yo animaría al Secretario de Estado de Administraciones Territoriales, en
la medida de su competencia, a que haga efectivo ese acuerdo para que
realmente los ciudadanos puedan disfrutar mejor de sus fiestas, de su
vida normal y corriente y de su trabajo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Peña Díez): Simplemente deseo agradecerle sus palabras y su tono a S.
S., Diputado Peralta, y decirle que recojo su inquietud y su petición de
fomentar una mayor colaboración y acuerdo en esta materia, así como
expresarle también que en este momento estamos ultimando con el Gobierno
autónomo de la Comunidad Valenciana un paquete de transferencias --entre
las que no se ha abordado ésta--, alguna de ellas tan importante como la
de la Administración de Justicia. En el seno de esas reuniones que hemos
de celebrar próximamente en la Comisión mixta probablemente saquemos este
asunto y trataremos de ver cuál es el mejor camino para una mayor
colaboración y coordinación y que esa doble administración que actúa
sobre un material que, por una serie de razones, es peligroso y por otra
parte forma parte de un espectáculo popular, todas las Administraciones
que tienen competencia en esa materia actúen con la suficiente
coordinación como para que se garantice la seguridad y lo que haya que
garantizar.
De modo que recojo sus palabras, recojo su inquietud y lo trataremos con
el Gobierno autónomo valenciano.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales.
--VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS
CIVILES DEL ESTADO (MUFACE), ASI COMO OCUPACION DE LAS MISMAS. FORMULADA
POR EL SEÑOR NUÑEZ PEREZ (GP). (Número de expediente 181/000991.)
--ALTOS CARGOS Y PUESTOS DIRECTIVOS QUE OCUPAN VIVIENDAS DE LA MUTUALIDAD
GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE). FORMULADA POR EL
SEÑOR NUÑEZ PEREZ (GP). (Número de expediente 181/000992.)
--ALTOS CARGOS A LOS QUE SE REFIERE LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL
REAL DECRETO 236/1988, ASI COMO OTROS DIRECTIVOS QUE OCUPAN VIVIENDAS DE
TITULARIDAD PUBLICA. FORMULADA POR EL SEÑOR NUÑEZ PEREZ (GP). (Número de
expediente 181/000993.)
--VIVIENDAS DE TITULARIDAD PUBLICA OCUPADAS POR ALTOS CARGOS Y OTROS
PUESTOS DIRECTIVOS QUE SON PROPIEDAD DEL ESTADO. FORMULADA POR EL SEÑOR
NUÑEZ PEREZ (GP). (Número de expediente 181/000994.)
--GASTO ANUAL EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS CON DESTINO A
ALTOS CARGOS Y PUESTOS DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
ESTADO. FORMULADA POR EL SEÑOR NUÑEZ PEREZ (GP). (Número de expediente
181/000995.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 2, dando la bienvenida
al Secretario de Estado para la Administración Pública, don Constantino
Méndez Martínez.
Para formular la pregunta sobre las viviendas pertenecientes a la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, así como ocupación
de las mismas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor Núñez Pérez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, voy a solicitar de la
Presidencia la agrupación de los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 porque se refieren
al mismo asunto. De tal manera es así que, cuando formulamos la pregunta,
venía en el mismo texto y eran apartados de una sola pregunta. Supongo
que la escrupulosidad reglamentaria ha hecho que tengan que dividirse
todas y cada una de las cuestiones, pero, si me lo permite el señor
Presidente, las podemos
agrupar para dar mayor rapidez al trámite e incluso para aclarar mejor la
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, no hay ningún inconveniente, tanto por
parte de esta Presidencia como por parte del señor Secretario de Estado.
El señor NUÑEZ PEREZ: Así lo haré.
Señor Presidente, señorías, señor Secretario de Estado, como sabe muy
bien, el sistema y la estructura de las retribuciones públicas deben
responder a criterios estrictos de legalidad, objetividad y
transparencia. De no ser así, principios básicos de nuestro ordenamiento
constitucional, como el de igualdad ante la ley y los de capacidad y
mérito en el acceso y promoción en la función pública, etcétera, pudieran
verse afectados negativamente.
En defensa de estos principios, hemos presentado, a lo largo de esta
legislatura y de todas las legislaturas anteriores, preguntas,
interpelaciones, iniciativas, enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado, a determinados proyectos de ley que hacen referencia a la función
pública, solicitando, por lo que a estos temas se refiere, la eliminación
de todo tipo de impurezas en el sistema retributivo, no sólo de los
funcionarios sino fundamentalmente de los puestos directivos y de los
altos cargos de la Administración.
Hay, como sabe el señor Secretario de Estado, una variada y múltiple gama
de retribuciones atípicas, discrecionales, opacas, que a nuestro entender
deben desaparecer cuanto antes del sistema retributivo o, al menos,
algunas de ellas tienen que ser conocidas y controladas en sus últimos
detalles no sólo por estas Cámaras, el Congreso y el Senado, sino por la
opinión pública. Me estoy refiriendo a cosas tan conocidas como
determinadas indemnizaciones o «bufandas», gastos de representación de
difícil control, retribuciones por pertenencias a consejos de
administración de las empresas públicas y --aquí viene la madre del
cordero-- retribuciones en especie, como puede ser el uso de viviendas
propiedad del Estado o cuyo alquiler se paga con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, que vienen siendo ocupadas por altos cargos o
puestos de alto nivel que, de acuerdo con la legislación vigente, no
tienen derecho a ocuparlas.
Hace unos meses salió en los medios de comunicación un caso concreto y
espectacular, al que se refirió el señor Aparicio Pérez, diputado de mi
Grupo, que se refería a las viviendas del Fondo de Garantía Salarial. Se
llamó a comparecer aquí a determinadas autoridades del Ministerio de
Trabajo, incluso se le hizo una pregunta oral al Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, si no recuerdo mal el 28 de septiembre de este año. La
respuesta no aclaró prácticamente nada y desde luego lo que sí dejó claro
es que no estaba cumpliendo la ley.
Señor Secretario de Estado, nosotros tenemos conocimiento de otros casos
distintos del de Fogasa y queremos simplemente que nos informe, sin
necesidad de entrar en un cruce de cifras ni debatir nada, porque
seguramente en los principios estamos completamente de acuerdo, sobre la
situación con datos y cifras, que hagan que esta Comisión, en definitiva
esta Cámara, conozca el número de viviendas pertenecientes a la
Mutualidad General de los Funcionarios Civiles del Estado, así como quién
ocupa en estos momentos las mismas, cuántos altos cargos y puestos
directivos ocupan viviendas de la Muface, cuántos altos cargos a los que
se refiere la disposición adicional sexta del Real Decreto 236/1988, así
como otros directivos, ocupan viviendas de titularidad pública, sean o no
de Muface; cuántas viviendas de titularidad pública, ocupadas por altos
cargos y otros puestos directivos, que son propiedad del Estado, podrían
destinarse a otros fines, puesto que, en nuestro análisis y aplicando la
ley, no tendrían que ser ocupadas por estos altos cargos que hoy las
ocupan; cuál es el gasto anual en concepto de arrendamientos de viviendas
con destino a altos cargos y puestos directivos de la Administración
General del Estado, gasto a anual para todos y cada uno de los
Ministerios, por supuesto.
Creo que ésas son, señor Presidente, las seis cuestiones. No quisiera
entrar en consideraciones de más calado porque, repito, lo que nos
importa ahora es tener perfectamente dibujado el problema y saber que en
la voluntad del Gobierno está el superarlo cuanto antes, justamente para
llegar a lo que dije al principio, eliminar impurezas del sistema
retributivo, que están haciendo mucho daño ante la opinión pública en lo
que es el prestigio y la credibilidad de quienes dirigen la
Administración del Estado.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado para la Administración Pública.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Gracias, señoría, por sus preguntas. Espero darle cumplida
satisfacción con mis respuestas. En todo caso, debo agradecerle la
agrupación de las mismas porque nos va a permitir evitar los
solapamientos. Yo desconocía que estuvieran agrupadas en su origen y
efectivamente son apéndices de una misma; al formularlas de forma
separada, a mí me suponía alguna dificultad de contestación progresiva a
cada una de ellas sin solaparlas con las anteriores. De este modo, aunque
la sistemática que vaya a seguir guarda relación con los epígrafes, creo
que podremos dar una visión del tratamiento general del tema; seguramente
eso es lo que estaba buscando según he entendido de sus palabras.
Decía el señor Núñez, con carácter previo, que efectivamente hay
componentes en materia retributiva que deben ser siempre objeto de una
contemplación objetiva, transparente y reglada, en lo que coincidimos
plenamente, y que aquello que no estuviera avalado por lo objetivo, lo
reglado y lo transparente deberíamos de corregirlo y, en todo caso,
volver a regularlo. También en ese objetivo podemos coincidir y si alguna
información que manejo le parece insuficiente le agradecería mucho que me
lo dijera, porque nada más lejos de ese sentido de transparencia que
evitar unos datos que puntualmente le sirvan para sentirse bien informado
y para, siguiendo el sentido de sus palabras, hacer las propuestas que
considere más oportunas para el futuro.
Respecto de lo primero, lo que afecta a un conocimiento mucho más
exhaustivo y directo por parte del Ministerio de Administraciones
Públicas, las viviendas pertenecientes a la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado, Muface, así como ocupación de las mismas, le puedo
decir lo siguiente. El número de viviendas que forma parte de ese
patrimonio inmobiliario del fondo especial de Muface en la actualidad es
de 1.127. Su señoría debe saber que estas viviendas proceden de las
antiguas mutualidades de trabajo, agricultura, policía, enseñanza
primaria, obras públicas, un conjunto de diversas mutualidades que se
integraron en el fondo especial de Muface siguiendo la normativa y lo
previsto en la Ley del año 1975.
En relación con este conjunto de viviendas al que me refiero debo decirle
que fueron recibidas en el momento de la integración con contratos de
arrendamiento en vigor por parte de sus usuarios y se estima en estos
momentos que el 95 por ciento de aquellos que ya las ocupaban en los
momentos de la integración permanecen como arrendatarios.
Ni se conocían las actividades profesionales de sus titulares cuando
fueron integradas ni Muface tiene ningún interés en conocer la
circunstancia profesional de los titulares de estas viviendas. La gestión
de ese patrimonio --lo digo porque a veces puede dar origen a confusión--
es, como parece obvio, de naturaleza privada; por tanto, sometida a la
Ley de Arrendamientos Urbanos.
Por lo que afecta a aquellas viviendas que van quedando libres, existe
una norma específica de la dirección general de Muface que las hace
objeto de convocatorias públicas perfectamente regladas. Se pueden
discutir sus términos, pero es una convocatoria normalizada, con
publicidad, con baremación y es objeto de adjudicación a favor de
aquellos funcionarios que, de acuerdo con el baremo que se publica en la
convocatoria, tienen la mayor puntuación.
Debo decirle que --y ya se solapa de alguna manera con el párrafo final
de su pregunta y posiblemente también en cierto modo con el segundo
epígrafe que usted planteaba-- entre los documentos que se solicitan a
los adjudicatarios finales de esas viviendas --las pocas que pueden
suponer la reposición de ese 5 por ciento--, jamás se hace constar el
nivel del puesto de trabajo, sino la condición de funcionario de aquel
que la solicita. A eso se añade, lógicamente, el certificado de la unidad
de personal correspondiente; localidad de destino, que es determinante,
efectivamente, para dar por ubicada en la misma localidad en la que
concurre la vivienda que solicita, y también la situación de activo, que
es otro de los requisitos que se piden por parte de Muface.
Por tanto, en el momento concursal y en la adjudicación Muface ignora
cualquier dato que afecte a la situación profesional, fuera de éstos que
he citado, del funcionario que la solicita. No se sabe si es directivo,
no se sabe si es funcionario raso, porque ésa no es una circunstancia que
deba ser tenida en cuenta por Muface a la hora de adjudicar la vivienda.
Es la condición de funcionario la que da derecho al concurso y no, en
absoluto, si el mismo es jefe de servicio, es director provincial o es
funcionario del nivel mínimo en el grupo de que se trate.
Le decía que se solapa con el segundo epígrafe de su pregunta, referido
también a Muface. El número de aquellos que son funcionarios sí se
conoce; el número de las viviendas que están desocupadas en cada momento
sí se conoce; pero el rango, el nivel no forma parte de los datos que
interesa conocer a la Mutualidad.
En el tercero de los epígrafes, señor Núñez, quizá SS. SS. no sepan
exactamente los términos en los que la pregunta se realiza, por lo que me
gustaría, a efectos de una buena información, aclarar la pregunta. A los
altos cargos a que se refiere la disposición adicional sexta del Decreto
236/1988 se añade un segundo epígrafe que dice: así como otros directivos
que ocupan viviendas de titularidad pública. Yo quisiera separar los
términos de este extraño epígrafe, que inducen a confusión. Son dos
situaciones diferentes. La primera se referiría a aquellos que, estando
en el supuesto de la adicional sexta, están en el uso de vivienda de
titularidad estatal. Sus señorías deben saber que esa disposición
adicional sexta se refiere a aquellos altos cargos u otro personal de esa
situación que tiene en origen residencia fuera del lugar de destino, no
solamente Madrid. En este supuesto se encuentran, por tanto, algunos
funcionarios del ámbito de Hacienda, de Transportes, de Interior, pero
también de Justicia si habláramos en un sentido más extenso del orden
jurisdiccional. Por tanto, aquellos altos cargos que en origen tienen su
residencia fuera de la localidad en la que van a ocupar su puesto y son
objeto de regulación en la disposición adicional sexta, que prevé tres
mecanismos para no discriminar a aquellos que queriendo acceder al
servicio público por vía de un alto cargo no pueden hacerlo en la medida
en que la dificultad económica fuera un imponderable. Desde esa
perspectiva, el Decreto del año 1988 prevé tres supuestos. Uno de
desplazamiento familiar y, por tanto, incorporación al lugar de
residencia del trabajo, con una indemnización de instalación, por
llamarlo de esa manera, del 10 por ciento del sueldo anual. El segundo
supuesto es el abono de los gastos de desplazamiento a su lugar de
residencia familiar y el tercer supuesto --que supongo que es al que
usted se refiere-- es el acceso a vivienda condicionado al cargo mientras
éste dure.
El MAP no tiene una información directa de estos supuestos. No se
practica un seguimiento a partir del cual cada vez que un supuesto de
este tipo se produce el MAP tenga una información directa. No hay un
registro de estas situaciones, por decirlo de una manera más clara. ¿Por
qué? Porque están perfectamente regulados y porque la aplicación de esos
supuestos obedece a la norma de 1988 y porque ésta exige un procedimiento
perfectamente reglado de acceso de estas personas a esa situación, que
aplica cada departamento en función de una norma de carácter general. No
obstante, por intentar aproximar una respuesta y no dejar lugar a dudas,
le puedo decir que he rastreado todos los Ministerios que se encuentran
en esta situación. A este respecto, estamos hablando de siete supuestos
excepcionales y 54 más. ¿Por qué le digo 54 más? Porque son los que
afectan al Ministerio del Interior, donde globalmente se recogerían las
viviendas puestas a disposición de delegados de gobierno y gobernadores
civiles. Por tanto, yo puedo referir
las situaciones de altos cargos globalmente. Son 61, de las cuales 54
pertenecen al Ministerio del Interior y las siete restantes a los demás
departamentos.
Globalmente --y con esto intento contestar el resto de las preguntas--,
incluyendo estas 61 que le cito, son 359 situaciones. En éstas se
encuentran supuestos muy diferentes, incluyendo los directores de los
museos nacionales, no solamente los de Madrid; también, lamentablemente,
en la cifra que yo manejo --y digo lamentablemente porque induce a
confusión-- se encuentra aquel personal subalterno que Museos Nacionales
presta y accede a la vivienda, porque por parte de Cultura también se nos
ha dado la información agregada cuando nos transmite la correspondiente
al supuesto de viviendas ofertadas a altos cargos, personal directivo u
otro personal que presta servicios de forma específica. Con esos
elementos de corrección que pueden inducir a error, todos los supuestos,
insisto, son 359, de los cuales altos cargos son 61; de ellos, 54
pertenecen a Justicia e Interior. En las otras situaciones se
encontrarían, por tanto, 298. Ahí hay residencia a favor de distintos
colectivos. Le cito ejemplos: el Instituto Nacional de Estadística
dispone de un bloque de 25 viviendas destinadas a sus directores
provinciales; en Trabajo y Seguridad Social se produce una situación
parecida, con 17 para sus directivos periféricos y alguna otra más en el
ámbito de Economía y Hacienda o en el de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente.
Genéricamente se trata de situaciones residuales que están perfectamente
reguladas en sus Ministerios y cuyo número, además, viene retrocediendo
históricamente, porque cada vez son menos los directivos o altos cargos
que manifiestan esa situación de necesidad de utilización de la vivienda
oficial.
Señor Núñez, respondiendo al por usted denominado epígrafe sexto,
relativo al concepto anual de arrendamiento, voy a dar por contestada
esta batería de preguntas.
Respecto al tema del arrendamiento he realizado un rastreo y en la medida
en que le pueda ser útil, le enviaré una nota. Creo que el dato no le va
a ilustrar demasiado por lo siguiente. Usted debe saber que no existe un
concepto específico dentro del Capítulo II, relativo a arrendamientos,
donde se esté efectuando una consignación singular de aquel arrendamiento
que de forma excepcional haya tenido que ser efectuado, histórica o
recientemente, para disponer de una vivienda en los supuestos en los que
usted me plantea la pregunta. No hay ese desagregado en los
departamentos, no hay un concepto presupuestario que arrastre la partida
de arrendamientos de viviendas con destino a altos cargos, pero en la
medida en la que le estoy haciendo notar que la situación es
absolutamente excepcional y los supuestos están perfectamente reglados,
insisto en que no ha habido ninguna necesidad presupuestaria de tratar
este concepto de forma separada. No obstante, si S. S. desea obtener una
información mucho más rigurosa de la que se dispone en el Departamento,
como consecuencia de rastrear la información de que disponen los
Ministerios y que han puesto a nuestra disposición, estaría encantado.
Aunque creo que a efectos del sentido general en el que me formula la
pregunta, no es excesivamente útil.
Señor Presidente, creo que con esta contestación a la batería de
preguntas puedo haber cumplido el primer trámite, a expensas de aclarar
cualquier información adicional que desee el señor Núñez.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Secretario de Estado por su
información que, efectivamente, no es completamente satisfactoria. Me ha
facilitado algunos datos que le agradezco y que, en una parte, coinciden
con los nuestros, pero en otra no, sobre todo en la parte en la que usted
no nos ha dado información.
Volviendo de nuevo al tema relativo a la utilización de pisos del Fondo
de Garantía Salarial por altos cargos y directivos del Ministerio de
Trabajo, se intentó entonces confundir a la opinión pública minimizando
el problema y viniendo a decir, como prácticamente ha dicho usted hoy,
que dichos altos cargos que ocupan estas viviendas tienen derecho a uso
de vivienda oficial. Nosotros entendemos que son supuestos muy claros y
concretos los de funcionarios que por el desempeño de su cargo tienen
derecho a utilización de vivienda oficial. Quizá esos 61 funcionarios a
los que usted aludía, mejor dicho los 54 --esos otros 7 excepcionales no
lo son tanto, aunque nosotros hemos detectado más de esos 7 excepcionales
y no tengo ningún inconveniente en cruzar nuestros datos con los suyos--,
en todo caso si nos vamos a la cifra de los 359, entonces sí que hay unos
cuantos supuestos de funcionarios, puestos directivos, altos cargos sobre
todo, que no tienen derecho a ocupar la vivienda oficial.
Cuando salió a la luz el tema relativo al Fondo de Garantía Salarial, el
Gobierno pretendió, para dar una explicación a aquella irregularidad --y
quiero ser hoy muy moderado en la utilización de las palabras--, sembrar
la duda acerca de qué funcionarios tenían derecho a vivienda oficial. Yo
creo que hoy tendría que aclararse esto como punto de partida. Para ello,
efectivamente, se echó mano de la disposición adicional sexta del Real
Decreto 236/1988, sobre indemnizaciones por razón de servicio, que antes
he citado. Usted me ha explicado esta disposición y yo le voy a dar
nuestra interpretación, porque usted no solamente la ha explicado,
también la ha interpretado.
La mencionada disposición regula la indemnización por gastos de
instalación con motivo de nombramiento por el Consejo de Ministros o por
el Ministro, previo acuerdo del Consejo. Nosotros nos hemos encontrado
con que para que tengan derecho determinados funcionarios a ocupar
viviendas oficiales, algunos nombramientos que no tendrían que realizarse
por Consejo de Ministros se hacen precisamente por Consejo de Ministros
para aplicar la disposición adicional sexta.
Dicha indemnización no se percibe cuando tengan en el lugar de destino
alojamiento oficial o residencia a expensas del Estado. La interpretación
lógica de esta disposición es que cuando se tenga derecho al alojamiento
oficial o la residencia a expensas del Estado, no se percibe la
indemnización, y no que ésta pueda ser sustituida --y éste es el
caso-- a discrecionalidad del Gobierno, por alojamiento oficial o
residencia a expensas del Estado. Similar interpretación abusiva se viene
haciendo del párrafo de dicha disposición referido al supuesto de
residencia en término municipal distinto del de destino. En este caso el
Real Decreto 236/1988 estableció el derecho a ser resarcidos de los
gastos de viaje a dicha residencia. El propio Ministerio para las
Administraciones Públicas fue protagonista de abusos en aplicación de
este apartado. Quienes no reunían los requisitos de nombramiento fijados
por la disposición adicional sexta, disfrutaban de derecho a ser
resarcidos de los gastos de viaje. Aquí hemos tenido hace poco un
planteamiento de unos supuestos relativos a su Ministerio que no son del
caso mencionar ahora. Igual abuso se comete cuando, sin venir a cuento,
el Consejo de Ministros da su conocimiento a nombramientos --repito-- que
por su rango no requieren su intervención. Así se les aplica la
disposición adicional sexta.
Por todas estas razones, nosotros hemos formulado unas preguntas. Creemos
que conviene poner en orden un tema como éste que, si bien parece menor,
señor Secretario de Estado --sobre todo ante lo que está cayendo estos
días--, representa un síntoma de una manera de actuar sin sujeción a la
norma y con claro desprecio de la transparencia y el control exigidos en
el manejo de los asuntos y de los caudales públicos.
Mi Grupo cree que es urgente que el Gobierno ponga claridad en esta
cuestión y considera que debe empezar por informar --repito-- de la
realidad presente, con todos los detalles, señor Secretario de Estado. Yo
creo que debo formularle estas preguntas por escrito para darles tiempo a
chequear todos y cada uno de los Ministerios. Hoy --repito-- no quiero
cruzar datos, aunque tengo cifras y nombres de altos cargos que están
ocupando viviendas a las que no tienen derecho de acuerdo con lo que
establece la disposición adicional sexta. Voy a hacer las mismas
preguntas para darle tiempo, sobre todo, a considerar el tema de los
arrendamientos, que usted considera un supuesto excepcional y sobre el
que no me responde porque, según sus palabras, no hay concepto
presupuestario desagregado y, por lo tanto, no hay seguimiento. Eso es lo
que yo he entendido. Pues bien, haga usted el seguimiento, señor
Secretario de Estado, porque de su Ministerio dependen todas estas
cuestiones que --repito-- entran --quiérase o no se quiera-- a formar
parte del sistema retributivo como impurezas del mismo.
Las 359 viviendas que están ocupadas por funcionarios de la
Administración en algún caso están plenamente justificadas --en muchos
casos, no quiero ahorrar ni una sola palabra, no quiero excederme, ni
mucho menos, en la crítica, precisamente para que tenga credibilidad el
resto--, pero en muchos otros casos, no, y los funcionarios que lo
conocen muy bien, porque entre ellos conoce todo el mundo lo que perciben
todos y los privilegios de que disfrutan algunos, esos funcionarios son
los que reclaman la eliminación de estas impurezas. Las reclaman con toda
justicia y nosotros no sólo nos hacemos portavoces de estos funcionarios,
que se sienten discriminados; nos hacemos portavoces --repito-- y
defensores de un sistema retributivo como el que hemos defendido con
motivo de las distintas iniciativas que hemos presentado. Hemos tenido la
ocasión de estudiar el sistema retributivo parcialmente, a través de las
medidas presupuestarias, sobre todo de las leyes de Presupuestos, pero
estamos deseando poder hacerlo a través del estatuto de la función
pública, que no sé si cumplirán ustedes los plazos prometidos, porque me
da la sensación de que son ustedes tercos en el incumplimiento de
promesas. La LOFAGE ya no viene en el año 1994 a esta Cámara, y todavía
están por aquí recientes las voces y las promesas últimas de usted y del
señor Ministro --se podrían recoger seguramente en algún receptor
modernísimo-- diciendo que estaría aquí antes de que terminara este año.
Pues no está; no sé si porque no se han puesto ustedes de acuerdo sobre
el concepto de gobernadores civiles que tiene el Ministro de Justicia e
Interior y el suyo o porque no se han puesto de acuerdo con el señor
Pujol; no lo sé, no me importa, además esto no viene al caso. Perdone el
señor Presidente y perdonen SS. SS., lo que viene al caso es, repito, que
es necesario establecer un claro sistema retributivo, donde todas estas
cuestiones no ofrezcan ni la menor duda ni nos hagan perder el tiempo tan
precioso que tiene usted, señor Secretario de Estado, y que tenemos
nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION PUBLICA (Méndez
Martínez): Señor Núñez, sinceramente, yo le agradezco el buen tono de su
aproximación a este tema, que además creo comprender dentro de un enfoque
muy general de la cuestión.
Por lo que afecta a la información de la que dispone directamente el
Ministerio, referida a las viviendas de su titularidad, he intentado
darle el dato cierto, dato cerrado, dato meticuloso, y le indico que
dispongo de la información del resto de los ministerios cuyo agregado es
complejo en la medida en que el tratamiento de la materia que nos afecta
es un tratamiento en parte, a veces, histórico y es un tratamiento que,
en todo caso, ha sido regulado por cada uno de los distintos
departamentos. Citábamos una norma general, el Decreto de 1988, pero la
regulación específica del acceso a vivienda --usted lo sabe bien porque
ha tenido responsabilidades-- es un tema históricamente tratado por cada
uno de los Departamentos.
Dicho esto, debo decirle que, con carácter general, yo no puedo compartir
su apreciación de qué está justificado y qué no lo está, y menos si lo
concretamos sobre el terreno de lo inmediato, como usted ha hecho,
diciendo: estas 54, sí; estas siete, no. Yo creo que eso es tanto como
obviar problemas en la regulación de ese tipo de situación, problemas tan
reales como los siguientes. Le voy a citar tres. Hay supuestos de uso de
pabellón. Se puede entender discutible o no, pero el uso de pabellón es
un hecho relevante a efectos de un muy alto cargo o la situación de un
ministro en particular que, viniendo de la provincia que sea, accede a su
vivienda-pabellón propiedad del Estado. Yo creo que, más que producir
trastornos, todo lo contrario, los
evita. Ese es un supuesto en el que se encuentran algunos de los siete
casos de los que ha hablado y, por tanto, creo que están justificados.
Puede haber el supuesto de algunos otros altos cargos en el uso de este
tipo de situación, que es un supuesto de seguridad. Básicamente, en este
caso comparto con usted el criterio respecto de lo que afecta al ámbito
de Interior; no solamente al ámbito de Interior, sino que hay otros
ámbitos en los que seguridad y protección son elementos a tener en cuenta
a la hora de regular convenientemente el acceso a esa vivienda, por
razones de seguridad y por razones de protección de la persona.
También hay otros supuestos igual de sensatos y normales, entre los que
incluyo el sentido del Decreto de 1988, que es para un cargo de
naturaleza temporal y, por tanto, sometido a la duración de la
eventualidad de ese nombramiento. Los supuestos que se prevén ahí son de
acceso a una vivienda, que lo que pretenden es evitar que una persona en
la periferia del Estado no pueda acceder a un alto cargo por razón de no
ser rico de familia o tener su domicilio en Madrid, por citar un ejemplo
más concreto. Por tanto, en ese supuesto y en algunos otros más, no
podría compartir su criterio respecto de qué está justificado y qué no
está justificado.
Creo que lo esencial de lo que estamos discutiendo, señor Núñez, es
establecer si finalmente tenemos bien normadas las situaciones, si esas
situaciones obedecen a criterios que podamos entender que son criterios
generales, son criterios que se puedan compartir, son criterios
objetivables, medibles en todos sus términos, incluyendo el factor coste;
si es un tema relevante a efectos de decir que esa política determinada,
que entendemos objetiva, bien regulada, comporta o no un alto o un
pequeño coste para la cuenta del Estado.
Comparto con usted que, si efectivamente desea conocer la situación con
detalle, el trámite parlamentario mejor es seguramente la pregunta de
respuesta escrita. A usted le va a dejar sin duda más satisfecho, podrá
hacer su actividad de control de una forma más rigurosa que la que pueda
hacerse al preguntar en esta comparecencia, que está sometida a la
capacidad de cruzar datos entre usted y yo, que veo que no lo juzga ni
siquiera conveniente.
Termino diciéndole dos cosas muy rápidas. Una es que yo creo que
deberíamos de hacer un esfuerzo de regulación general. En ese sentido, he
entendido el mensaje que S. S. emite y por nuestra parte no hay ningún
reparo en hacer un esfuerzo de regulación general, me parece lo más
sensato. Por tanto, vamos a progresar en un esfuerzo de concreción de una
norma que regule todos los supuestos, no de forma específica en cada una
de las situaciones, como es el caso del Decreto 88 o las regulaciones
ministeriales, sino una norma, que puede ser posiblemente un Real
Decreto, que regule todas las situaciones. Desde esa perspectiva, yo
estoy seguro que S. S. y su Grupo Parlamentario se sentirán más
satisfechos porque verán más reflejado ese sentido de la política que
podemos aplicar en estos supuestos. Este es un compromiso que le puedo
avanzar.
Por último, quiero decirle, en la medida en que lo cita --yo sé que no es
el motivo de esta comparecencia--, que tenemos la intención de traer aquí
ese estatuto de la función pública. Su señoría sabe que hemos cumplido
esa primera fase de trabajo con las centrales sindicales y que, además,
esa fase ha estado abierta a un buen montón de asociaciones profesionales
que han estado participando, incluso activamente, en los debates y, por
lo tanto, esperamos cumplir. Respecto de otros cumplimientos, le recuerdo
a S. S. que también me ofreció un estatuto de la función pública
presentado por su Grupo aquí antes del final del año. No soy yo quien
para pedirle que lo traiga, sino que simplemente quiero recordarle que
compromisos asumimos todos, algunos se cumplen, otros se cumplen más
lentamente.
--CANTIDAD A QUE ASCIENDE LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS
FUNCIONARIOS DURANTE LOS AÑOS 1993 Y 1994. FORMULADA POR EL SEÑOR NUÑEZ
PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/000996.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 7, tiene la palabra
el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Secretario de
Estado, ¿cuántos días quedan todavía para terminar el año? Nosotros vamos
a traer el estatuto de la función pública. (El señor Secretario de Estado
de Administración Pública (Méndez Martínez): ¿Es ésa la pregunta?) No,
como un preliminar, como un entremés.
El señor PRESIDENTE: Aténgase a la cuestión, señor Núñez, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Estamos dándole tiempo al Gobierno para no volver a
ponerle colorado. Ya lo pusimos con la ley del Gobierno y la
Administración y podemos ponerlo colorado ya; le estamos dando un poco de
tiempo. En fin, vuelvo a la pregunta, sin ánimo más que de unas pequeñas
variantes, que yo creo que son no sólo amenas sino simplemente
recordatorias de compromisos incumplidos. Repito, yo lo siento mucho,
pero el calendario al que ustedes hacen siempre referencias no les
favorece y esta vez tampoco. Yo lo siento, pero no les favorece.
La pregunta hace referencia al acuerdo de Consejo de Ministros por el que
se aprueba el acuerdo Administración-sindicatos para el período 1995-97,
sobre condiciones de trabajo en la función pública. Con motivo de la
firma de este acuerdo con los sindicatos, el Gobierno reconoció, de
manera expresa --a lo mejor ahora usted también lo niega--, que durante
1993 y 1994 los funcionarios habían experimentado una pérdida en el poder
adquisitivo de sus retribuciones del orden de siete puntos. Esta pérdida
se corresponde con el incremento del 1,8 en 1993 y del cero en 1994
frente a un IPC estimado en unos nueve puntos para el conjunto de los dos
años.
A la vista de tal situación y de la declaración un tanto gaseosa, como
viene siendo habitual por parte del Gobierno, poniendo de manifiesto su
voluntad de confesar la
pérdida de poder adquisitivo de 1993 y 1994, en función del cumplimiento
de una serie de objetivos de política económica, y mediante una fórmula
un tanto confusa, plasmada en el Capítulo III del Título I del acuerdo,
que hace referencia a una serie de datos que darían pie a esta aplicación
de la fórmula para recuperar el poder adquisitivo, es decir el
crecimiento del PIB, la reducción del déficit público del conjunto de las
Administraciones Públicas, etcétera; a la vista de esto parece lógico
hacerse algunas preguntas.
En primer lugar, nos gustaría saber, ya se lo dije en una de sus primeras
comparecencias, en cuánto estima el Gobierno el alcance global de la
pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en 1993 y en 1994. En
segundo lugar, si el Gobierno tiene la firme voluntad de proceder a
compensar dicha pérdida y en qué medida. Finalmente, nos gustaría saber
cuáles son las previsiones de orden presupuestario al respecto. Es decir,
si estamos ya en una franca recuperación económica. No son palabras que
yo acepte, sino que ustedes dicen en estos tiempos con relativa
frecuencia y con mucho énfasis, sobre todo por parte del Presidente del
Gobierno y del señor Solbes. Supongo que tendrán previstas las
consecuencias de esta pérdida para la recuperación del poder adquisitivo,
así como la fórmula presupuestaria, es decir un crédito extraordinario,
de qué cuantía, etcétera.
Esa es mi pregunta y espero su respuesta, señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Méndez
Martínez): Señor Núñez, su pregunta se refiere a la pérdida de poder
adquisitivo de los funcionarios durante los años 1993 y 1994. Debo
decirle, y no es filibusterismo parlamentario, que en la medida en que el
año 1994 no está cerrado en términos de la evolución del IPC, y los
deslizamientos de este año tampoco se pueden medir en la fecha en la que
nos encontramos, no podré darle el dato de 1994. Le daré el de 1993 como
un dato cerrado.
Desde esa perspectiva, me gustaría aclararle también --creo que lo he
hecho en una comparecencia, en todo caso se lo repito ahora-- que las
retribuciones de los funcionarios no son homogéneas y la comparación de
datos no siempre es fácil. Su evolución y negociación se lleva a cabo
bajo distintos procedimientos, en distintas mesas de negociación y bajo
diferentes administraciones públicas. Si tomáramos como referencia el
bloque en el que yo sí puedo manifestar nuestro nivel de conocimientos de
datos, que sería el de la mesa general de negociación, cuyo control,
evolución y deslizamiento sí es posible para nuestro Ministerio, podría
aproximarle esa respuesta que usted me pide referida al año 1993.
Los deslizamientos del año 1993, incluyendo la antigüedad, la
reclasificación, los ascensos y alguna otra medida de naturaleza
retributiva que, de forma excepcional, había sido tomada en años
anteriores y cuyo cumplimiento, en el caso de la docencia y algún otro
sector, se produjo todavía con efectos del año 1993, supusieron el 1,6
por ciento de crecimiento de la masa salarial, que, sumado al 1,9, nos da
como crecimiento medio de las retribuciones en el año 1993 el 3,5.
Repito, crecimiento medio de retribución, año 1993, el 3,5, referido al
conjunto de datos del que yo puedo hablar, que es el de la mesa general
de negociación que queda en manos de nuestro Ministerio.
Si tenemos en cuenta que el IPC real y cerrado del año 1993 fue del 4,9,
hay una pérdida retributiva en ese año del 1,4 por ciento. Esa pérdida
retributiva puede ser más alta o menos alta en función de los distintos
sectores de actividad. En términos individuales ha de ser tomada con
mucha delicadeza, en la medida en que, insisto, esas retribuciones son
heterogéneas, se conducen de forma sectorial y, por tanto, estamos
hablando de masa global y de crecimientos medios. Insisto, año 1993, por
deslizamientos y por incrementos 1,6/1,9, lo cual da un 3,5; pérdida
retributiva de ese año, 1,4 por ciento.
En la medida en que hace dos consideraciones más, se las voy a contestar
y voy a introducir una mía, ya que dichas consideraciones no están en los
términos de la pregunta, pero forman parte del sentido de la misma. El
dato es el que le he dado. El escenario de recuperación será el que tenga
que ser. Lo que prevé el acuerdo son los mecanismos para establecer en
qué momento y en qué condiciones se puede considerar la revisión de las
retribuciones. Usted debe recordar que se vincula a dos datos: que el IPC
real sea distinto del previsto y que los objetivos macro, que son
objetivos programa de convergencia vinculados al presupuesto de 1995 o a
años sucesivos porque el mecanismo es el mismo, se vayan cumpliendo. De
entre esos objetivos macro destacan el déficit público, que S. S. sabe se
está comportando razonablemente bien en lo que es el término del año; la
evolución del IPC, que tiene un comportamiento estable con una tendencia
a su reducción; y están otros indicadores de ganancia, de productividad,
como hemos llamado a esos capítulos. Esperamos que en los términos en los
que fueron incluidos en el acuerdo se vayan cumpliendo.
La fórmula presupuestaria en la que sería necesario incidir para revisar
si hay desviación procede el incremento año por año, la que tenga que ser
será, y haremos la revisión. Por tanto, el comportamiento de indicadores
del año 1995 no se podría efectuar antes de principios de 1996. En ese
momento, si ha habido esa desviación y se han cumplido los objetivos
vinculados al acuerdo, tendremos que introducir la fórmula presupuestaria
necesaria para hacer efectivo ese fondo retributivo que se crea año tras
año.
Al término del período está prevista una nueva recapitulación que afecta
a lo que podríamos llamar la recuperación global de las retribuciones de
los funcionarios. Siguiendo en ese orden de cosas, sí debo insistir --de
ahí que le dijera que le iba a dar un dato más-- en que el comportamiento
del año 1993, y lo que haya de ser en 1994, va a determinar una pérdida
retributiva con la que se puede estar de acuerdo o no, pero va a suponer
en 1994 --en el año 1992 ha supuesto una pérdida retributiva del 1,4,
como le señalé-- una pérdida de poder adquisitivo, lo sabemos «a priori»,
cuya determinación la podré hacer en su momento, que convive con otras
ganancias retributivas producidas a lo largo del período anterior. Yo
suelo utilizar el período 1988-1993, como un dato de cómo han ido
evolucionando. Tomo el período más reciente para que vea que no se trata
de hurtar cifras. Si tomamos la evolución desde el año 1990, que es la
última que he considerado, los incrementos de retribución media son del
6,56 por ciento, y el incremento anual medio del IPC en ese mismo período
hasta el presente es del 5,14. Por lo tanto, incluyendo esos dos años que
considerábamos de congelación salarial y de pérdida de poder adquisitivo,
en el período medio de estos cinco años --tome otro período y será más
ventajosa la media--, con carácter interanual, la ganancia de poder
adquisitivo es del 1,42 por ciento. Sin embargo, sigo pensando que la
congelación salarial fue necesaria. Era un elemento más de moderación del
gasto público, era también una política de gesto delante de la sociedad
por parte del sector público y específicamente de los funcionarios. El
dato es el que le he dado al señor Núñez.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Secretario de Estado, no sé si ha hecho
filibusterismo o no; en todo caso lo ha hecho bien, porque casi nos
induce a creer que no conoce usted las cifras de la pérdida de poder
adquisitivo en 1994. Creo que las conoce todo el mundo e incluso salvo
estos diez días que faltan para terminar el año, ya sabemos cómo se va a
comportar el IPC. Lo sabemos tanto, que para otras cuestiones ya han
aplicado ustedes la compensación de la pérdida de poder adquisitivo a los
pensionistas, y lo han pregonado a los cuatro vientos, por ejemplo, pero
no voy a entrar en esas cuestiones. Vamos a hablar de lo que nos ocupa,
de esas cuestiones nos preocuparemos en otra Comisión.
Con motivo de la firma del acuerdo con los sindicatos y en la
presentación del proyecto de presupuestos de 1995, el Gobierno reconoce
claramente que ha existido una pérdida real de poder adquisitivo para los
funcionarios en 1993 y en 1994. El Gobierno, del que usted forma parte,
no tiene ningún inconveniente en reconocerlo por escrito, página 221 del
libro amarillo. Lo dice con toda claridad. Esta constatación no es
obstáculo para que en el mismo documento se afirme, como usted ha hecho
al final con mucha habilidad, que de 1990 a 1994 las retribuciones de los
funcionarios han experimentado un crecimiento interanual del 6,56. Lo ha
hecho usted con mucha habilidad, al final, como lo hace el documento,
teniendo en cuenta que el IPC durante dicho período experimentó un
incremento medio del 5,14. De ahí deduce la clara diferencia de que los
funcionarios, a pesar de la congelación, etcétera, han mejorado su poder
adquisitivo durante ese período en un 1,42. Creo que ésas fueron sus
últimas palabras, que son las que están escritas en el libro amarillo de
presentación de los presupuestos.
El Gobierno y usted utilizan para llegar a esta sorprendente conclusión
el truco de las medias retributivas y, además, no hacen ustedes
comparaciones en términos de homogeneidad. Lo que se deduce de las
sucesivas leyes de los Presupuestos Generales del Estado es claro y
terminante: los incrementos retributivos han sido del 6,5 por ciento en
1990; del 5,5 en 1991; del 5,3 en 1992; del 1,8 en 1993 y del cero en
1994. Esto da una media del 3,8, muy lejos del 6,56 manejado por el
Gobierno. Esta es la realidad. Pero si hacemos la comparación con la
evolución de otros indicadores, como el salario mínimo, el IPC y la
evolución de los salarios medios en España, la conclusión a la que
podemos llegar es la misma o peor. Si el salario medio creció de 1985 a
1995 en un 110 por ciento, el salario mínimo un 63 por ciento y el IPC un
74 por ciento, los sueldos de los funcionarios, en base a lo previsto en
las sucesivas leyes de presupuestos, crecieron un 50 por ciento.
Esto quiere decir que ni en el período 1990-1994, ni en el conjunto del
período 1985-1995, que dice usted que les favorece más, las retribuciones
de los funcionarios han evolucionado al ritmo del IPC y lo han hecho en
un sentido más negativo que el conjunto de los salarios del país. El
truco --repito-- utilizado por el Gobierno consiste en dividir la masa
salarial por el número de funcionarios. Ese es un truco que todo el mundo
sabe que no tiene sentido ni explicación. Tiene una magnífica
presentación, pero no tiene explicación. Esto puede estar bien en
términos estadísticos. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios se
encuentran con que perciben sus retribuciones en los términos exactos que
señala la ley de presupuestos. ¿Qué ocurre con la desviación del
crecimiento de las retribuciones medias frente a la evolución de las
retribuciones fijadas en los presupuestos? Sencillamente, que son
innumerables las vías utilizadas por el Gobierno para mejorar
sustancialmente las retribuciones de determinados grupos, particularmente
de los altos cargos y niveles superiores de la Administración del Estado.
Ha sido a través del abuso de las modificaciones de las RPT, de las
relaciones de puestos de trabajo, incluso de las modificaciones
extemporáneas e inútiles de la organización de determinados ministerios,
como se ha logrado que, si no a través de las RPT, se consiga por medio
de la reorganización de nuevos puestos de alto nivel. Es así como se ha
inundado la Administración de puestos directivos, pero, sobre todo, de
complementos específicos, de complementos de productividad, de
gratificaciones y otros mecanismos menos ortodoxos de retribución de los
que no ha participado el conjunto de los funcionarios. Esta es la clave
de la cuestión, señor Secretario de Estado. Estamos hablando en serio. Yo
no traigo esta pregunta para hablar del mar y de los peces y para
cruzarnos unas simples cifras. Estamos diciendo, de verdad, cómo afecta
la recuperación del poder adquisitivo a unos funcionarios y a otros.
La situación descrita ha tenido, como consecuencia, que el abanico
salarial en la Función Pública se haya ampliado. Si bien el artículo 24
de la ley famosa, la 30/1984, señala que el sueldo de los funcionarios
del Grupo A no podrá exceder en más de tres veces al sueldo de los
funcionarios del Grupo E, esto no puede ser llevado a sus últimas
consecuencias; sí debiera servir de pauta para que tal abanico no llegara
a los extremos actuales situándose, fíjese lo que le digo, en 1 a 8.
Con motivo del debate presupuestario, el Grupo Popular presentó una
enmienda muy elemental y con incidencia económica perfectamente asumible
que fue rechazada, como todas. Dado que el concepto de antigüedad se
incluye entre
las retribuciones básicas y está estrechamente relacionada con el sueldo,
se trataba de que para todos los grupos representara el mismo porcentaje.
fíjese qué cosa tan sencilla. En algún momento algún portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, creo que sensible al planteamiento de justicia
retributiva, dijo que la consideraría. Luego, en el último momento, la
rechazaron, como todas. Es un dato. Lo cierto es que en la actualidad los
grupos con sueldo más alto cuentan con un porcentaje para el cálculo de
la antigüedad más elevado, hasta el extremo de que la antigüedad del
Grupo A supera más de tres veces a la del Grupo E.
No quiero alejarme de la cuestión. En realidad nosotros entendemos que la
moderación salarial era una medida absolutamente necesaria y que tenían
que soportarla los funcionarios, como el resto de los trabajadores, pero
no más; que la congelación fue una medida brutal y que excedía con mucho
a la moderación salarial, que necesariamente habría que imponer debido a
la situación económica, de la que era responsable el Gobierno, y que esto
ha producido una pérdida de poder adquisitivo cuya recuperación debe
hacerse en tiempos de bonanza económica.
Yo le he preguntado, sencillamente, tres cosas: si estamos en esa bonanza
económica --nosotros entendemos que no--, es decir, si va a ser una
realidad en 1995, cómo se recuperaría lo que han perdido los funcionarios
y cuánto supondría esa pérdida --ya me lo ha dicho usted, pero no estamos
de acuerdo-- y qué procedimiento presupuestario utilizarían. Esa era la
cuestión; cuestión que, como partimos de un análisis, de una conclusión y
un diagnóstico distintos, no estamos de acuerdo en la solución final.
Me gustaría que usted recapacitara sobre estos datos y de una vez por
todas no volviéramos a mezclar a Judas con los pobres, ni a tratar de
utilizar la masa salarial y el monto total de la masa, por motivos
difícilmente justificables, con lo que de verdad ha subido el sueldo
medio de todos y cada uno de los funcionarios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Méndez
Martínez): Me cita un supuesto de aplicación referido al año 1994, de las
previsiones que afectaban a los pensionistas. Debo insistirle, señor
Núñez, en que no es el mismo caso, porque estamos hablando de años
completos, a 31 de diciembre, y el ámbito de pensionistas sí está cerrado
porque se ha hecho noviembre sobre noviembre. Consiguientemente, la
evaluación de si ha habido --que sí ha habido-- desviación entre el IPC
real y el previsto sí ha sido posible en el caso de los pensionistas
porque se dispone del IPC, noviembre sobre noviembre, mientras que en el
otro caso deberíamos esperar al 31 de diciembre a que se nos anuncie el
IPC real de 1994. En ese caso le fijaré con detalle cuáles han sido los
deslizamientos, los crecimientos y finalmente las desviaciones.
La cifra que yo he manejado del 1,42 no quiero que se interprete mal. Es
un crecimiento interanual. No es un resultado final del proceso, sino
interanual. Se puede discutir si esa cifra tomada como media de
retribuciones es un indicador o no lo es o si la cifra ha de ser
reponderada en términos de tantas cuantas fracciones de salario mínimo o
con cualquier otro indicador. Pero en la medida en que usted lo
establezca como elemento de comparación estable a lo largo de un período,
esa medida sirve igual que si la comparáramos con el kilo de garbanzos
que citaba como medida retributiva un parlamentario de su partido, hoy
Presidente de la Xunta. (El señor Núñez Pérez: don Manuel Fraga.)
Por tanto, cualquier medida será buena si la mantenemos establemente. Yo
le indico que la cifra de comparación que nosotros utilizamos, que es el
incremento medio, es una buena cifra porque supone promediar el conjunto
de la masa salarial por el número de efectivos. Ambas cifras se pueden
manejar; ambas cifras se encuentran en el presupuesto; ambas cifras se
encuentran en el seguimiento de la ejecución presupuestaria y son
elementos que se pueden comparar. Que sean mejores o peores a efectos de
una determinada tesis política en relación con este tema, será también
razonable discutirlo, pero es una medida objetiva que ya he utilizado en
otra comparecencia y cuyo resultado final se refiere a este período más
cercano, al período de crisis, que son los cinco años que yo he tomado.
Cualquier otro que usted tome de lo que ha sido nuestra responsabilidad
política al frente de la Función Pública da un balance positivo, más alto
cuanto más se aleje en el tiempo hacia atrás.
Consiguientemente a eso me remito, a un crecimiento interanual del 1,42.
No obstante, hemos convenido en el acuerdo que ha habido un importante
sacrificio salarial de los funcionarios, de los empleados públicos en los
años 1993 y 1994, y que hay voluntad de resarcir ese sacrificio, que
suponemos que también lo ha entendido la ciudadanía, en el contexto de lo
que era una mala situación global para el país, de la que no podía estar
exento el sector público y los empleados públicos en particular, que
también se puede discutir. En todo caso, ése era el objetivo que
perseguíamos y convinimos en el acuerdo esa voluntad de recuperar ese
poder que se había perdido, en la medida en que el conjunto de variables,
que no le voy a repetir, se vayan comportando correctamente.
En relación con sus sugerencias sobre la mayor o menor amplitud del
abanico salarial, habría discusión para mucho tiempo. Sin duda tendremos
oportunidad de revisarlo en lo que sea la formulación del estatuto de la
Función Pública, y estoy seguro de que en ese momento sus sugerencias,
las de su Grupo, señor Núñez, serán bien venidas.
Entiendo que usted lo haga, pero no puedo compartir que cada vez que
hablamos de pérdida de poder adquisitivo el colofón de la comparación se
establezca respecto de altos cargos, porque si todo el mundo ha tenido su
salario congelado, los altos cargos no han sido una excepción. Y cuando
nos referimos a altos cargos --se lo voy a repetir-- hablamos siempre de
una cifra inferior a las 450 personas que, incluso en el supuesto máximo
de que no fueran retribuidas a lo largo del año, es el chocolate del loro
en cuanto a lo que usted está diciendo. Los altos cargos no suponen un
elemento de tensión retributiva, usted lo sabe bien; tratar
de presentarlos como un elemento al margen de la política de congelación
me parece, en términos políticos, justificable, como casi todo, pero en
términos de mi juicio personal, considero que es un uso demagógico el
tema de la retribución de los altos cargos.
Me insiste en dos aspectos de su pregunta y voy a tratar de contestarle.
¿Vivimos un momento de bonanza como para pensar que, efectivamente, se va
a producir en el futuro esa recuperación? Yo no soy una autoridad
económica ni soy conocido como tal autoridad económica. En lo que conozco
--que supongo que es más o menos lo que usted conoce-- puedo decir que
estamos en un momento de recuperación económica. Hay un crecimiento
global de la economía. Los indicadores que hemos tomado como referencia
de futuro para el acuerdo se están comportando bien, lo cual permite
suponer que no van a ser esos indicadores los que distorsionen, los que
hagan difícil la ganancia de retribuciones de futuro de los funcionarios.
Da la impresión de que esos indicadores (estoy pensando en el crecimiento
económico, en el crecimiento del producto interior bruto, en el déficit
público y en el IPC) se comportan en estos momentos francamente bien y en
el futuro se va a mantener esa situación de expectativa razonablemente
optimista.
Su señoría me pregunta cómo se recuperaría. Me remito al acuerdo, tal y
como está previsto en el acuerdo. Año tras año se revisará la desviación
posible entre IPC previsto e IPC real. Si los mecanismos se han cumplido,
se entrará en el proceso de fondo que está previsto ahí y, por tanto,
será una pieza presupuestaria para incrementar las retribuciones, tal y
como se dice en el acuerdo. Al final del período se hará la
recapitulación del mismo y nada deseo yo más que esas retribuciones
puedan crecer en los términos previstos por el acuerdo. Habrá significado
dos cosas: la primera, que la situación general del país es buena, es muy
buena, y, la segunda, que la voluntad de que en esa buena situación del
país participen muy activamente los empleados públicos también se hayan
producido. Consiguientemente, nada deseo yo más que esos indicadores se
comporten, de modo que año tras año y al final del período la
recuperación del poder adquisitivo se produzca y el incremento adicional,
que también está previsto en el acuerdo, de las retribuciones por mejora
de productividad también se produzca, señor Núñez.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Estando prevista para las 12 horas la comparecencia de don Jacinto
Pellón, se suspende la sesión hasta dicha hora.
Eran las once y treinta minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las doce del mediodía.
--COMPARECENCIA DE DON JACINTO PELLON, EX CONSEJERO DELEGADO DE LA
SOCIEDAD ESTATAL EXPO-92, PARA INFORMAR SOBRE LA CONTRATACION DE LAS
EMPRESAS DEL GRUPO CONTROL Y APLICACIONES (CAE) CON EL SECTOR PUBLICO
ENTRE LOS AÑOS 1989 Y 1992, PERIODO DURANTE EL CUAL DON FRANCISCO
PALOMINO TRABAJO COMO ALTO DIRECTIVO PARA DICHO GRUPO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
219/000715.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión y damos la bienvenida en este
momento a don Jacinto Pellón, ex-Consejero Delegado de la Sociedad
Estatal Expo-92, ante esta Comisión --al parecer, no es la primera vez
que comparece ante ella--, a efectos de tratar el punto octavo del orden
del día, que es la solicitud de comparecencia formulada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Consultados los miembros de la Mesa, esta Presidencia, con el fin de
agilizar la comparecencia, concede un breve turno para concretar el
objeto de la solicitud de comparecencia del ex Consejero Delegado. A tal
efecto, tiene la palabra el señor Fernández de Troconiz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Difícilmente en esta casa se puede
concretar, porque aquí venimos a debatir, a parlamentar y la concreción,
créame, señor Presidente, que es ciertamente difícil.
Señor Pellón, muchas gracias por comparecer ante esta Comisión de
Administraciones Públicas, a instancias del Grupo Popular, para aclarar
en la medida de sus posibilidades por supuesto, lo que se ha venido en
denominar caso Palomino, en aquello que pueda afectarle y que afectó, en
su caso, a la Sociedad Estatal Expo-92.
En primer lugar, señor Presidente, he de manifestar, además de las
gracias a don Jacinto Pellón, las gracias a la Mesa de la Cámara, que ha
tenido a bien que comparezca don Jacinto Pellón, ya que no es autoridad
ni funcionario ni miembro del Gobierno; lógicamente es otra persona que
encaja en el número 4 del artículo 44 del Reglamento, a cuyo amparo
nosotros también solicitamos las comparecencias de los señores Palomino y
Alcalde. Por la misma razón que usted comparece y la Mesa ha tenido la
benevolencia y la gracia de acceder a ello, sin embargo, no lo ha hecho
con los señores Palomino y Alcalde; por ello, he de partir del principio
de que su comparecencia queda desvirtuada porque nosotros la pedimos como
tercer punto y a celebrar con posterioridad a las que tendría que
realizar los señores Palomino y Alcalde, para que aclarasen asuntos
concretos y determinados y la suya, para aclarar lo que pudieran haber
dicho estas dos personas, con lo cual he de decirle de antemano que tengo
puestas pocas esperanzas en lo que se pueda dilucidar hoy aquí. Sin
embargo, nosotros solicitamos su comparecencia a efectos de aclarar o que
nos cuente, además en su doble posición de ex Consejero Delegado de la
Sociedad Estatal Expo-92 y, a su vez, en la medida en que usted
perteneció antes y pertenece ahora al Grupo Dragados y Construcciones,
actualmente de Intecsa y Geocisa, si no me equivoco, las relaciones
existentes en su día entre CAE y Dragados y Construcciones. Por una
parte, qué sucedió con la compraventa --si usted lo conoce,
por supuesto-- de Control y Aplicaciones, S. A., a Dragados y
Construcciones y unas posteriores diferencias que existieron entre don
Roberto Alcalde y el señor Durán, en lo que se refiere a la
materialización y pago de la compraventa. También quisiéramos conocer
acerca de las relaciones que usted tenía con don Francisco Germán
Palomino Romera con anterioridad a la compraventa de su empresa Talleres
Palomino, S. A., por Control y Aplicaciones, S. A.; si usted conocía si
Talleres Palomino estaba en venta en el mercado y en ese momento Control
y Aplicaciones accede a su compraventa o no. Y, por supuesto, que nos
aclare el asunto, la contratación, de las pérgolas de la Expo-92;
contratación que en un principio se realiza vía concurso, por 398
millones de pesetas y, posteriormente, arroja un saldo final de 613
millones de pesetas. En todo caso, aclárenos qué empresas intervinieron.
Evidentemente, si lo recuerda, porque han pasado cinco años y comprendo
perfectamente que es mucho tiempo para recordarlo, sin perjuicio de que,
si quiere, se lo recuerdo yo. Las empresas que concursaron fueron
Talleres del Zuya, S. A., Orona, Perfrisa y Pomasa UTE, es decir, la
empresa del señor Palomino que estaba en una unión temporal de empresas,
con mantenimiento y montajes industriales; a su vez, con la colaboración
importante del arquitecto don Félix Escrig, que fue quien realizó el
diseño de las pérgolas de la Expo-92. Por cierto, encontramos algo
curioso porque, si este arquitecto es el que hace el diseño de las
pérgolas, la oferta pública de contratación se publica el 21 de junio de
1989 y la fecha límite de presentación de ofertas es el 14 de julio
siguiente, ¿cómo se explica que en tan corto lapso de tiempo se pueda
llevar a efecto el diseño, montaje técnico, en definitiva, realizar todos
los aspectos técnicos necesarios previos a una adjudicación, que
posteriormente son 613 millones de pesetas, en quince días escasos?
Nada más, señor Presidente. Estamos a la espera, lógicamente, de sus
gratas noticias respecto a lo que le acabo de preguntar, señor Pellón.
El señor PRESIDENTE: Señor Pellón, cuando guste.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE LA SOCIEDAD ESTATAL EXPO-92 (Pellón
Díaz): Usted me ha hecho una serie de preguntas sobre diferentes temas.
Hay algunas a las que le voy a poder contestar porque he pedido
información; sobre otras le daré alguna impresión y a otras quizá no
pueda contestarle, pero a lo largo de mi intervención saldrá.
Antes de esta comparecencia, yo me planteé cómo podía contestarles a los
dos años largos de estar fuera del puesto ejecutivo de la Expo. Leyendo
las referencias de prensa, porque me interesó más en ese momento, entendí
que había un tema muy concreto, como es el de las pérgolas, y sobre ése
creo que le voy a poder contestar con toda precisión. Respecto a los
demás, también, pero creo que ése es el tema que mejor he preparado
porque creía que podía ser el objeto importante de la comparecencia. Como
les decía, no dispongo de ningún documento o información. No sería legal
--ustedes lo saben-- ni justificable que hubiera sacado de la Sociedad
estatal copia alguna de documentación que sólo a ella pertenece, y he
solicitado a las personas que actualmente gestionan lo que fue Expo-92 la
información que a continuación expondré, con objeto de ayudar a SS. SS. a
esclarecer los temas sobre los que me han preguntado. Lamentaría que esta
información que les voy a comunicar no fuera toda la que ustedes desean
recibir, pero pueden estar seguros de que es toda la que creí
correspondía a esta comparecencia y es la que, en consecuencia, solicité.
Si desean alguna más --tienen ustedes derecho a pedirla--, creo que
deberían dirigirse a otras personas que estén en condiciones de poder
facilitársela.
Voy a empezar por el contrato de Talleres Palomino con Expo-92. Hay cosas
que no tenía preparadas, pero cuando usted lo ha mencionado, lo he
apuntado. Tengo un guión escrito porque no querría decir ninguna
inexactitud ni improvisar. Ha mencionado usted el tiempo corto y tengo
que decirle que en la Expo todo el tiempo fue corto; he coincidido con
algunos de ustedes en otras comparecencias y hemos comentado ese
problema. Uno de los problemas de esa escasez de tiempo era que cuando
hacíamos el concurso o hacíamos la petición de ofertas, a veces ni
nosotros mismos --y lo confieso con toda claridad-- sabíamos exactamente
cómo se iba a producir el desarrollo del trabajo. Concretamente con
relación a estas pérgolas, sobre cuyo contrato les daré cuenta de todo lo
que tengo en este momento --creo que será bastante--, la propia Sociedad
estatal introdujo modificaciones posteriores, cambió algunas partes del
diseño, del desarrollo, etcétera, para ajustarse a lo que el proyecto
posterior nos exigía. Tengan ustedes en cuenta que estoy hablando, me
parece, de un contrato del año 1989 y yo diría que, si la Expo se
inauguró el 20 de abril, las pérgolas se debieron colocar en su sitio
definitivo como el 15, el 10 ó 1.º de abril de ese mismo año.
No sé si alguno de ustedes conoce --sería interesante que lo conocieran--
cuál fue el proceso y qué representaron las pérgolas en la Expo. El único
contrato formalizado antes de marzo de 1991, fecha de salida de Francisco
Palomino, entre Talleres Palomino y Expo-92 se realizó con la empresa
Masa, como usted ha dicho, del grupo CAE, en agrupación al 50 por ciento,
con nombre Pamasa. El contrato se llamó suministro y montaje de la
estructura de las pérgolas. Fue un concurso abierto, sin trámite de
admisión previa, en el que el concursante debía presentar la solución de
diseño, cálculo, fabricación, suministro y montaje de las pérgolas en el
área de los aparcamientos. Pasado un largo período de tiempo, en el que
las plantas que se habían colocado sobre estas pérgolas estuvieron
creciendo (era necesario que las plantas que sirvieron de sombra a toda
la Expo crecieran para que dieran sombra en el año 1992, pero no podían
estar en un sitio definitivo, por lo que se plantaron sobre los
aparcamientos y cuando las plantas estuvieron crecidas, se trasladaron),
el contratista debía hacer el transporte y montaje de las pérgolas en su
ubicación definitiva. Le voy a dar la relación del expediente completo.
Tengo todos los documentos; si alguno quieren, se lo leo completo. La
autorización para iniciar este expediente fue del 15 de junio de 1989, el
concurso apareció en prensa
el día 21 de junio de 1989, en los siguientes periódicos: «ABC», «Diario
16», «Correo de Andalucía» y «El País». Las empresas, como usted bien ha
comentado, fueron Talleres Zuya, S. A., Orona, Perfrisa y Pamasa UTE.
Pamasa contrató a Félix Escrig, como usted conoce, que diseñó y calculó
la solución presentada por estas empresas. Le quiero decir que lo que se
hizo, evidentemente, era un anteproyecto.
Presentaron dos soluciones diferentes de soportes. La fecha de
presentación de ofertas fue el 14 de julio de 1989. La Comisión
administrativa de contratación (luego les leeré cómo se realizaban las
contrataciones) se reunió el 17 de julio de 1989, abriéndose en ese acto
las ofertas presentadas. Se produce un informe técnico (lo comprenderán
bien cuando posteriormente les explique cómo es el proceso de
contratación) con fecha 1.º de agosto de 1989, y el día 3 de agosto de
1989 se reúne la Comisión de Contratación que estaba formada por: don
Ginés Aparicio Soto, Director de la División de Proyecto y Construcción
que actúa como Presidente; don Francisco Hidalgo Alvarez, Director del
Departamento de Contratación; don Manuel Navarro Palacios, Jefe de la
Asesoría Jurídica de Expo-92; don Rodolfo Vicente Bach, Director del
Departamento de Construcción; don Javier Garrido Lagunilla, Director del
Departamento de Diseño y Coordinación de Proyectos, y don Antonio Palomo
Lara, Director del Programa de Contratación de Obras y Proyectos, que
actúa como Secretario.
Estudiada la documentación administrativa y el informe técnico, la
propuesta de adjudicación provisional
--les aclararé luego que en la Expo las adjudicaciones las hacía siempre
la mesa de contratación-- concluye textualmente, les puedo leer el acta
entera: se propone a Pamasa-UTE por ser la mejor oferta en solución y
precio.
El 4 de agosto de 1989 se produce la adjudicación provisional, cuyo texto
dice textualmente: visto el expediente incoado para el suministro y
montaje de las estructuras de las pérgolas, estructuras metálicas para
sombra, de conformidad con la propuesta --de conformidad con la
propuesta, repito-- adoptada por la Comisión de Contratación de esta
Sociedad estatal, en su sesión celebrada el 3 de agosto de 1989, en uso
de sus facultades que me fueron delegadas, en aplicación de la norma de
contratación, vengo a adjudicar provisionalmente, etcétera. Firmado por
el Consejero Delegado.
Se firma el contrato el 28 de agosto de 1989. Este contrato, como todos
--luego lo comentaré--, es enviado a Comisaría y el Consejo de
Administración lo conoce el 28 de septiembre de 1989. Para que no haya
ninguna sombra (si algún dato falta luego lo comentaremos) sobre la
transparencia de esta información, quiero que sepan que hubo otro
contrato entre Talleres Itálica, nombre que tomó después Talleres
Palomino --en octubre de 1991 cambió de nombre-- y fue con Expo-92. El
contrato es del 26 de febrero de 1992, en esta fecha creo con toda
seguridad que no estaba don Francisco Palomino en Talleres Palomino, y su
importe fue de 11 millones de pesetas.
Tengo que confesarles que debido al importe, las fechas --quiero
recordarles que ese contrato está ahí y se puede pedir documentación-- y
la situación de que el señor Palomino ya no estaba en estas empresas, no
he solicitado información relativa al mismo.
Como verán SS. SS. este contrato tuvo publicidad, transparencia y fue
gestionado en todos sus pasos estrictamente y de acuerdo con la normativa
de Expo-92. Por otro lado, quiero que sepan que el contratista cumplió en
calidad, plazo y precio el compromiso adquirido al firmar dicho contrato.
Usted me ha preguntado --parece que tiene S. S. más información que yo--
por qué ese contrato tuvo incremento de precio. Usted tendrá también
seguramente las cifras de oferta de las otras compañías, pero le voy a
dar las razones y los adicionales, el expediente por el cual ese contrato
tuvo incremento de precio.
Hay un primer adicional que son los apoyos provisionales, con objeto de
ubicar las pérgolas en la banqueta. Llamábamos banqueta a las zonas donde
luego estuvieron los aparcamientos; las pérgolas estaban hechas para una
situación definitiva y en un momento determinado se decide
estratégicamente, para que aquello estuviera a tiempo, ponerlas en otro
sitio. Tienen que estar año y pico o dos años en otro sitio creciendo las
plantas y hay que hacer unos apoyos provisionales a la altura apropiada
para su mantenimiento y en cuya operación tenían que cuidarlas los
jardineros. Esa parte tiene un adicional de 18 millones diecinueve mil y
pico pesetas. Está el expediente, el informe técnico, etcétera.
Después se hace necesario realizar una serie de trabajos de soldadura
para mejorar la dotación y su ubicación definitiva. De esto por supuesto
en la Expo tienen todo el expediente, proyecto visado por la dirección
facultativa, el contratista y el director del proyecto. Se amplían los
ganchos de soporte, reforzándose los iniciales, y se incluye el
transporte, descarga y la colocación de dados de apoyo de los soportes de
las pérgolas. Es la nueva cimentación que se pone después. Y son 113
millones de pesetas. Aquí tengo una serie de datos, si quiere se los leo:
soldadura de mesa y apoyo tal, soldadura de pérgolas, apilar sobre
soporte incluyendo limpieza y soldadura de pintura. Es lo clásico y
normal en un proyecto de este tipo. Después hay una partida, para que le
cuadre, que es la revisión de precios que el contrato preveía.
De todas maneras quiero decirle que he traído estos datos, pero si usted
necesita más, aunque no los tengo, el expediente completo sí le aseguro
que está en la Expo.
Usted ha preguntado de pasada o no de pasada sobre las empresas del Grupo
CAE con Expo-92. Le voy a hacer una aclaración, no porque sea fundamental
en el tema, pero hay algo que, conociendo el tema, a mí me gustaría dejar
constancia. Don Francisco Palomino Romera, hijo. Yo creo que toda la
información que se ha manejado por lo menos a nivel de medios de
comunicación se ha confundido muchas veces a don Francisco Palomino
Cantarell con don Francisco Palomino Romera, que son padre e hijo, don
Francisco Palomino Romera nunca fue --que yo sepa-- alto directivo de
CAE; don Francisco Palomino Romera, que yo sepa, fue Presidente, creo que
era Presidente, no me acuerdo bien, de Talleres Palomino en los dos
años escasos en que Talleres Palomino perteneció al Grupo CAE. Nunca fue
un alto ejecutivo de CAE.
No tengo las cifras, pero le podría decir para su idea que creo que la
facturación de Talleres Palomino respecto al Grupo CAE --si me equivoco
ustedes me disculparán-- es algo así como el 4 por ciento. Era Presidente
de una pequeña sociedad dentro del grupo ubicada en Andalucía, de un
grupo de empresas que trabajaba, como ustedes también saben, en toda
España, y con otro tipo de especialidades.
He preparado unas notas sobre CAE que se las voy a leer: De la
información recibida --la que he pedido-- he podido conocer que las
sociedades del grupo CAE firmaron varios contratos (fueron bastantes
contratos, algunos muy pequeños, de millón y pico, etcétera). Todas las
empresas del Grupo CAE, quitando este contrato de las pérgolas que he
analizado, por valor de 208 millones de pesetas en el período que va de
1989 a 1993, ambos inclusive, están referidas fundamentalmente a equipos
de control de accesos al recinto y señalización. En el mismo período de
tiempo las empresas de este grupo contrataron dentro del recinto 1.614
millones de pesetas, con clientes que son como Pabellón de Venezuela,
Méjico, Italia, Francia, Japón, Compañía Sevillana de Electricidad,
etcétera.
Le diría que no sé el número de contratos, pero le digo que este grupo
contrató con Expo Sociedad estatal 208 millones de pesetas y con el
resto, ya le digo pabellón de Francia, Japón, etcétera, 1.614 millones.
Esto da las cifras relativas siguientes: con Expo-92 contrató cerca del
14 por ciento y con otros clientes contrató alrededor del 89 por ciento.
Creo que esto significa bastante. No parece que las gestiones comerciales
del grupo CAE con la Sociedad estatal fueran un gran éxito ni tuvieran un
gran apoyo. No hay indicios ni datos que lleven a sospechar que hay
supuesto tráfico de influencias. Si quisiéramos ser objetivos, se podría
concluir que las empresas del grupo CAE tuvieron en la Sociedad estatal
el cliente más difícil dentro del recinto de la exposición.
Quiero decir que el grupo CAE era un grupo que estaba trabajando en toda
España. Fíjese que estoy hablando de lo que hicieron dentro del recinto:
con la Sociedad estatal, el 14 por ciento, y con otros clientes, el 89.
Le voy a decir algo más: la Sociedad estatal facturó bastante más en su
conjunto en este tipo de soluciones, es decir, la contratación que
realizó la Sociedad estatal en volumen total era superior a la que
hicieron en este tipo de aplicaciones el resto de los grupos que estaban
dentro.
Me ha preguntado de pasada, y no me gustaría dejarlo sin contestar para
que no pareciera que no quería afrontarlo, por el tema de Dragados y
Expo-92. Sinceramente, creo que no es de esta comparecencia, pero le voy
a dar dos o tres cifras. El tema es algo parecido. Dragados, como todos
ustedes saben, ha sido la primera empresa de este país y hasta el año
1991 --le estoy hablando desde el año 1941, no estoy hablando desde el
año 1982-- facturaba con las administraciones públicas algo más del doble
que la siguiente. Esa cifra se alteró porque en el año 1991, creo
recordar, se fusionaron dos empresas constructoras y en este momento esa
fusión hace que estén más o menos niveladas. Vuelvo a decir que es una
empresa que está en el mercado, contrata con todo el mundo y también con
la Expo. Le puedo dar la cifra de contratación, pero para que tenga una
idea relativa del gran tráfico de influencias que pudo suponer mi
presencia concretamente en Expo-92, le voy a decir que si entre el
período 1985 y 1991 tomamos como referencia los contratos con la
Administración central y eso le damos peso uno, con el Ministerio de
Obras Públicas específicamente --está contado dentro de la Administración
central-- hubiera hecho 1,02, es decir, un poquito más de incidencia con
el Ministerio de Obras Públicas que con la Administración central.
Con la Junta de Andalucía, por darle otro ejemplo, fue el 0,52. Con otros
clientes dentro del recinto, entre los cuales hay algunos que no tienen
ninguna sospecha de tráfico, como el pabellón de Castilla y León, el de
Galicia, etcétera, tuvo el 0,55. Con sociedades estatales como Expo-92
(estoy hablando del volumen de contratación, es decir, son porcentajes
homogéneos), el 0,33. Esto quiere decir que Dragados y Construcciones en
estos cinco años, no en un año concreto, contrató aproximadamente el
tercio que contrató una Administración pública cualquiera dentro de toda
España.
Me ha hablado de mis relaciones con don Francisco Palomino. Yo conocí a
don Francisco Palomino Cantarell, a su padre, en diciembre de 1962. Su
empresa venía trabajando desde el año 1951 --no estamos hablando de los
años 1989 y 1990-- con Dragados y Construcciones, empresa a la que me
incorporé siete meses antes. Me incorporé en verano de 1962. El comienzo
de mi relación con la familia Palomino fueron precisamente los trabajos
que estaba realizando Talleres Palomino con Dragados y Construcciones.
Posteriormente, conocí a su hijo, Francisco Palomino Romera, que en
aquella época era estudiante y empezaba a llevar algunas gestiones de la
empresa familiar. Desde el año 1951, Dragados y Construcciones ha venido
trabajando de forma ininterrumpida con Talleres Palomino, habiendo
realizado esta empresa trabajos de gran responsabilidad e importancia de
forma muy satisfactoria. En otro caso, pueden estar ustedes seguros, no
habría permanecido tan largo tiempo como subcontratista de una empresa
privada competitiva. Me honro con la amistad de esta familia y, si tengo
que ser sincero, me honro de forma especial con la amistad de don
Francisco Palomino Cantarell, hombre serio, trabajador y honesto en todas
las facetas de su vida personal y profesional. No sé cómo estará
soportando a su edad lo que en este momento está sucediendo.
Con relación a la venta de Talleres Palomino al grupo CAE, tuve
conocimiento de que se estaba produciendo la negociación. En aquella
época le aseguro que estaba muy ocupado, pero fue de forma muy genérica.
Deben comprender --quizás hoy cueste entenderlo, pero les pongo en
aquella situación-- que antes de mi vuelta a Dragados y construcciones
--volví casi en otoño de 1993-- CAE, como grupo empresarial, para mí era
un grupo más del mercado, no era un grupo que pertenecía a Dragados y
Construcciones. Hubo una cuestión que sí recuerdo que me fue consultada
en aquellos días por don Francisco Palomino
Romera. Me comentó --lo recuerdo perfectamente-- si era habitual que en
la operación de venta de una empresa el comprador pidiese al anterior
gestor su permanencia y continuidad durante algún tiempo. De alguna
manera, los conocimientos empresariales de don Francisco Palomino Romera
estaban reducidos al entorno de su empresa familiar. Le comenté --y
ustedes pueden comprobarlo-- que ésta era una práctica habitual --yo lo
he visto presentado como un contubernio-- en muchos casos, con objeto de
asegurar la continuidad en la gestión laboral, cuenta de deudores,
proveedores, clientes, etcétera. Creo que esta relación no duró los dos
años.
Sólo como detalle aclaratorio, porque creo que hay algunas dudas sobre el
tema, les voy a decir que no conozco personalmente a don Roberto Alcalde,
no le conozco ni le identificaría directamente. Tengo que aclarar algo
más que también he visto publicado o insinuado. Francisco Palomino Romera
nunca ha pertenecido a Dragados y Construcciones, como he visto
frecuentemente publicado, y sus única relación con esta empresa ha sido
la de subcontratista. Lo que les puedo decir, por lo menos es lo que
pienso, es que Talleres Palomino nunca necesitó de mi amistad para
contratar con otras muchas empresas ni con Dragados y Construcciones --ya
les he dado la información-- y, por supuesto, tampoco con Expo-92.
No me lo han preguntado, pero en todas las comparecencias que he tenido
con motivo de mi trabajo en Expo-92, que ya son bastantes, ha planeado
siempre el tema de las contrataciones directas. Creo que en cada momento
he contestado como creía que tenía que contestar, pero veo que se sigue
insistiendo. Voy a hacer un esfuerzo (espero que por mi parte sea el
último, no porque no quiera hacer más, sino porque espero que valga) y,
aunque creo que lo conocerán les voy a relatar con todo detalle --y lo
digo porque se refiere a todo lo anterior-- cómo era, cómo se
desarrollaba, qué sistemas teníamos, etcétera, en la contratación de
Expo-92. Me da la impresión, leyendo algunas informaciones, de que se ha
vendido una imagen extraña en la que había un consejero delegado, luego
presidente, que se levantaba por la mañana y decían que tenía un dedo, yo
nunca he usado el dedo para eso, y decía: esto para tal y esto para cual
y se suponía que detrás siempre había algunaÉ
Creo que les ayudará a comprender lo que he dicho de Talleres Palomino,
lo que he dicho de CAE y lo que he dicho de Dragados. Perdónenme ustedes,
pero lo he escrito porque no quiero decir nada que no sea por lo menos
reflexionado, meditado y concreto. Si no acierto a explicarlo, será un
error personal. Me permitirán SS. SS. que haga una reflexión, pasados ya
más de dos años desde que la exposición cerró sus puertas.
Lamento el ánimo que a lo largo de siete años se ha tratado de crear y
dejar en el aire un cierto tono de sospecha e incertidumbre sobre la
gestión de Expo-92. Que yo sepa --repito, que yo sepa--, nadie ha
detectado nada irregular ni probado ninguna corrupción y puedo decir que
no van a lograrlo porque no lo hubo. Estoy aquí, hoy de nuevo, para de
nuevo ser preguntado sobre supuestas irregularidades, parece ser, como
única razón, por ser amigo de Francisco Palomino, porque de lo que se ha
dicho y escrito, a mi entender, no hay motivos ni siquiera indicio alguno
en que basarse, como se desprende --y ustedes lo entenderán-- del
análisis que hemos hecho de las fechas anteriores.
Reiteradamente se nos ha acusado de no saber lo que se iba a hacer en el
proyecto Expo-92, de que no llegaríamos a tiempo, de que la Expo no
funcionaría y que, además, no vendrían visitantes. También se ha hablado
de comisiones, irregularidades, de extrañas y oscuras cuentas. De nada ha
valido que los hechos hayan ido corrigiendo estos malos augurios y
tampoco ha servido de nada, y a mí me choca, de nada ha valido, que las
auditorías independientes anuales, y muy especialmente la de marzo de
1993, sobre las cuentas de Expo-92 hayan sido totalmente limpias.
Muy recientemente he visto en manos de un periodista las cuentas de la
Expo correspondientes a diciembre de 1992; les he visto el informe de
gestión y he visto que tenían en sus manos el informe de la auditoría
independiente. Pues bien, en ese mismo momento --me era difícil
entenderlo-- se me estaba hablando de cuentas oscuras, de cuentas
ocultas. No sé qué tendríamos que hacer en Expo-92, que no tenga que
hacer otra sociedad pública o privada, para que no se diga que sus
cuentas, que figuran en cualquier registro y las tienen los periodistas
en sus manos, con toda la información, son ocultas. Ahí están las cuentas
y el que quiera que las consulte.
Quizá hoy estoy un poco sensibilizado porque --hoy concretamente, ayer y
anteayer-- me consta que hay instrucciones claras, que hay varios
equipos, de esos que se llaman de investigación, tratando de encontrar
por todos los medios algo que puedan presentar como irregular dentro del
proyecto Expo-92. Tratando, en definitiva, de encontrar lo inexistente.
Expo-92, se quiera o no --tengo que decirlo--, fue un gran éxito mundial
de nuestro país y así ha sido reconocido por todo el mundo, pero Expo-92,
además, ha sido un proyecto gestionado honestamente. Sin embargo, por
parte de los que no han querido aceptarlo así no se han escatimado
esfuerzos para denunciar irregularidades, para intrigar, conspirar e
intentar montar algún escándalo de corrupción que arroje dudas y
sospechas sobre el proyecto y, de forma prioritaria, sobre la persona que
tuvo la responsabilidad. Creo que pocas veces se ha abusado más de la
presunción de culpabilidad.
Les voy a hablar claro. No es posible, no lo es, que una sola persona --y
me refiero al Consejero Delegado--, rodeada de un equipo que se supone
inteligente, competente, trabajador y honesto, como se supone que era
--con toda la razón-- el resto de las personas que estaban allí
trabajando, pudiera, en un proyecto que se gestionó como Expo-92,
concitar todas las perversiones y todas las corrupciones que se intentan
atribuirle. Y para confirmar lo que estoy diciendo quiero recordarles
--creo que a esta altura lo conocen-- cómo era, quiénes eran, cómo
participaban y con qué responsabilidad lo hacían en el proceso de
contratación de Expo-92.
No se puede hablar del proceso de contratación de Expo-92 sin mencionar a
don Francisco Hidalgo Alvarez. Quiero dejar aquí constancia de su gran
capacidad, su profesionalidad,
su honradez y fidelidad al proyecto y creo que también a mi persona. Fue
una de las personas claves en el desarrollo de los trabajos y a él ha de
agradecerse la instrumentación, organización y puesta en marcha de todo
el proceso de contratación, así como su desarrollo y correcta ejecución,
habiendo prestado un gran servicio al proyecto Expo-92.
Tampoco sería justo olvidar a todo un conjunto de personas, a todo un
equipo, que fue capaz de llevar con rigor y pulcritud, en unas
circunstancias tan especiales como fueron las de la Expo-92, todo este
proceso de contratación. Ellos fueron una parte importante de todo aquel
equipo que, aunque parece que a algunos les duele y debieran explicar por
qué --deberían explicarlo claramente--, fue capaz de trabajar con rapidez
y eficacia dentro de la legalidad más estricta.
Acabo de leer alguna entrevista de personas con responsabilidades
políticas importantes --les estoy hablando de la semana pasada, si no no
estaría yo diciendo esto-- hablando de este tema.
El proceso de contratación estaba reglamentado por una norma de
contratación de obras elaborada por el Director --y vayan recordando
quién estaba en cada sitio-- del Departamento de contratación, aprobadas
por el Consejero Delegado y posteriormente por el Consejo de
Administración. Todos los contratos efectuados por la sociedad estatal
Expo-92, en sus diferentes tipos, se realizaron cumpliendo estrictamente
la normativa vigente. Las ofertas pasaban por la Comisión de contratación
que tenía, a su vez, dos órganos: administrativo y técnico. Sus funciones
eran análisis, informe de las ofertas y propuestas --recuérdenlo-- de
adjudicación provisional que elevaban al Consejo de Administración, único
órgano en Expo-92 con capacidad para formalizar los contratos y asumir
obligaciones contractuales. El Consejo podía delegar esta función y en
este caso estaba delegada en el Consejero Delegado.
De ambos órganos, el técnico y el administrativo, formaba, naturalmente,
parte el Director de contratación.
En el estudio específico de las ofertas de la División de proyectos y
construcción, como el que hemos estudiado anteriormente, formaba parte,
con voz y voto, el director del área técnica de la Oficina del Comisario.
En ningún caso, repito, en ningún caso, el Consejero Delegado cambió o
alteró la propuesta de adjudicación provisional de la Comisión de
contratación. Nunca --repito, nunca-- el Consejero Delegado estableció
contacto directo ni negociación alguna con los contratistas, ni antes, ni
en la adjudicación, ni posteriormente en la liquidación, y lo que estoy
diciendo es muy fácil de contrastar.
La relación de todas las adjudicaciones era remitida mensualmente al
Consejo de Administración para su conocimiento y se analizaban en la
reunión de dicho Consejo. El Consejo de Administración, como todos
ustedes saben, supongo, se reunía bajo la autoridad del Comisario General
y también asistían el secretario general de la Oficina del Comisario y el
director del área técnica de la misma Oficina. Le voy a decir más; todos
los consejeros, hasta julio de 1991, fueron nombrados a propuesta del
Comisario General. Se remitía por el Departamento de contratación a la
Comisaría General, a la atención del jefe de gabinete del Comisario
General, copia de todos los contratos para su conocimiento en detalle. Le
estoy hablando de eso que se llama transparencia.
La cabeza jerárquica y organizativa de la exposición, como ustedes
conocen, en las fechas de los contratos que estamos analizando, por
riguroso orden, eran: el Comisario General, el Secretario General de la
Comisaría, el Presidente del Consejo de Administración y, en cuarto lugar
--se lo aseguro--, el Consejero Delegado. Además, evidentemente, existían
un Secretario del Consejo y un Jefe de la Asesoría Jurídica, que era un
abogado del Estado, y el Director del Departamento de contratación que
--como les decía-- era don Francisco Hidalgo Alvarez.
Como ustedes saben, en julio de 1991, creo que el día 17, cambió el
Comisario General y el Secretario General de la Oficina del Comisario y
poco después el Director del Departamento de contratación. En cualquier
caso, los sistemas y los procedimientos no cambiaron. Y les voy a decir
quiénes son algunas de las personas.
Don Francisco Hidalgo Alvarez, la persona que he dicho que con toda
fidelidad gestionó el tema de contratación (si a ustedes les parece que
este tema no es importante, para mí sí lo es, porque creo que es la
novena vez que comparezco en estas comisiones y siempre, hoy también, se
me ha preguntado por contratación. Yo quiero que la próxima vez que
ustedes tengan algún problema de contratación sepan a quién dirigirse
para pedir las aclaraciones), era la persona de total confianza del
Comisario General; provenía de su despacho jurídico, fue propuesto por el
Comisario General para este trabajo y se reintegró al mismo despacho mes
y medio después del cese del Comisario General. El Director del
Departamento de contratación era responsable al 100 por cien de su
departamento y la única persona de toda la organización que despachaba
con el Consejero Delegado los temas relacionados con contratación. Era la
persona que debidamente presentaba los contratos para su firma al
Consejero Delegado y estos contratos eran redactados por el Departamento
de contratación y recogían todas las circunstancias y observaciones que
se producían a lo largo del proceso.
También quiero decirles que con fecha 14-10-1991, estuvo contratado para
el Departamento de contratación, y trabajó incluso seis o siete meses más
que yo mismo en la Expo, don Juan Moya Sanabria.
Parece que no les interesa a ustedes mucho, a mí sí me interesa mucho,
pero lo voy a dejar. Si quieren les puedo contar también cómo era la
adjudicación directa, pero parece que no es objeto de la comparecencia.
He terminado.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo solicitante, tiene la palabra el
señor Fernández de Troconiz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Efectivamente, como le dije al
comienzo de la intervención, le llamamos para pedir aclaraciones. No le
hemos llamado a usted para que nos diga si ha habido o no tráfico de
influencias en la sociedad estatal Expo-92; no le hemos
llamado para que usted realice alegatos acerca de su bondad y de su
equipo, en absoluto, don Jacinto, nosotros le hemos llamado para aclarar
una serie de cuestiones; algunas las ha contestado y otras, no.
En concreto, a mí hay algo que no me cuadra, aunque es un dato que es
ciertamente difícil de explicar y además tenemos el privilegio en esta
Comisión de contar --por vía de la fortuna, en este caso-- con el señor
Andreu, que es arquitecto y podrá aclararnos --si lo tiene a bien, por
supuesto-- en su intervención, si es o no posible esto.
Señor Pellón, hay un contrato vía anteproyecto de unas pérgolas de
diseño, por un importe de 400 millones de pesetas, que sale publicado el
21 de junio de 1989 y el plazo final para presentación de plicas concluye
el 14 de julio siguiente, es decir, en 20 días. No me explico cómo se
puede proceder a realizar un anteproyecto completo de diseño y
presupuestado para poder hacer una oferta en ese sentido.
Señor Pellón, ignoro cómo usted puede conocer los datos comparativos de
Control y Aplicaciones. En lo que se refiere a la sociedad estatal, por
supuesto, pero no en relación al resto de los posibles contratantes
dentro de la Exposición. O bien usted indicaba a los demás a quién debían
contratar, cosa perfectamente lícita, por otra parte, porque me imagino
que ante tal demanda y tan poca oferta, ciertamente sería difícil llevar
a efecto las contrataciones en tiempo.
En definitiva, encontramos situaciones raras. Ya le dije de antemano que
difícilmente usted nos podría aclarar algo si los principales
protagonistas de la historia no lo aclaraban con anterioridad. Sacamos
una serie de conclusiones importantes.
Usted dice que no conoció de la venta de Talleres Palomino a CAE sino
indirectamente y puede que por su amistad con don Francisco Palomino
Romera. Por cierto, que no le he preguntado en ningún momento sobre la
amistad de usted y don Francisco Palomino padre, don Francisco Palomino
Cantarel. No se lo he preguntado.
Le he preguntado --y no me ha respondido-- si conocía de las incidencias
surgidas en la compraventa de CAE a Dragados. Tampoco me ha respondido. Y
en su doble condición, le dije, en este caso privilegiada, de haber
participado tanto en la Expo 92 como posteriormente en Dragados y
Construcciones. Nada más, señor Pellón. Ni más ni menos pero ni menos ni
más.
En todo caso, señor Presidente, me gustaría volver a insistir en aquellas
preguntas a las que usted no me ha respondido con anterioridad. Es decir,
cómo es posible publicar una oferta un 21 de junio y que el 14 de julio
siguiente venga la fecha de presentación de plicas y de un anteproyecto
de algo que es diseño, algo que es difícil y algo que, como usted dice,
se hace en 1989 y sin embargo se colocan en abril de 1992 y la demora
simplemente se debe a un crecimiento de las plantas, que bien pueden
esperar las plantas y más en el tiempo en que se realiza, en agosto. Por
cierto, y hablando de horticultura, podemos decirle que en verano no se
puede realizar ningún tipo de plantaciones, sino que es necesario esperar
hasta el otoño o a la primavera siguiente. Por todo ello, señor Pellón,
difícilmente me podrá convencer en relación con los plazos cuando los
plazos no concuerdan en absoluto con las realidades posibles de la
contratación a realizar.
Nada más, señor Pellón. Le agradezco sinceramente las explicaciones que
ha dado a lo que le he preguntado y también le agradezco sinceramente las
explicaciones que ha dado a lo que no le he preguntado, para satisfacción
suya las ha dado a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pellón.
El señor EX CONSEJERO DE LA SOCIEDAD ESTATAL EXPO-92 (Pellón Díaz): No he
leído todo. Les pido disculpas. Es un tema que es muy sensible para mí
porque en el fondo, y ustedes lo comprenderán, todos tenemos nuestro
corazoncito, como se dice vulgarmente. Siempre que yo me he sentado en
esta Comisión, he tenido la impresión de que detrás está el sistema de
contrataciones. No se lo he leído completo a ustedes pero les hubiera
ayudado a comprender; algunas de las explicaciones que no les he dado,
aunque me hubiera gustado, les hubiera ayudado a comprender parte de ese
proceso de Expo-92 que creo que a muchos les preocupa, si no no le
estarían dedicando tanto interés y estudio. En cualquier caso, pido
disculpas.
Le voy a contestar a lo que no le he contestado, si puedo. Si no, les
diría de verdad, sin ánimo de salirme del tema, que también pueden
preguntar ustedes a otras personas. Si quieren conocer más expedientes,
pregunten a las personas que los tienen.
Me habla de las pérgolas y le tengo que decir que me asombra que me haga
esta interpelación. Usted no sabe nada del proyecto de las pérgolas. Si
usted estuvo en la Expo, debería recordar las pérgolas. Le voy a decir lo
que pasaba. Las pérgolas se contrataron me parece que en el verano de
1989. No soy horticultor, pero creo recordar que la jardinería de la Expo
es una de las cosas que se reconoció que funcionó. Parece que lo de las
plantas en la Expo funcionó. Allí había gente que sabía de eso y supongo
que las plantarían en la época adecuada. Yo no planté las plantas. El
Consejero Delegado no plantaba plantas. Yo me imagino que sí supieron
cuándo las plantaban. (Risas.) Le voy a contar cómo se hizo. Las pérgolas
eran una estructura modular sencilla. Eran unos módulos de 6 por 6 y de 6
por 12 y tenía una estructura triangular ligerísima, sencillísima (La
señora Fernández González: ¡Y carísima!) y clarísima. (El señor Núñez
Pérez: No, carísima.) Bueno, carísimaÉ Ese es un problemaÉ La estructura
es muy sencilla. El señor Andreu lo sabrá. Con un pequeño ordenador se
pueden introducir tres o cuatro modelos y tener el cálculo definido.
Había un problema que era de estética. Como me lo han preguntado me
extiendo. No sé si ustedes saben que en la Expo-92 hubo una imagen de
espacios exteriores que yo creo que es la que todo el mundo reconoció.
Hay una imagen exterior y toda la imagen exterior tenía una serie de
triángulos, etcétera. La estructura de las pérgolas se calcula en una
tarde, se lo aseguro. Si usted no es profesional, comprendo que no lo
entienda. Las pérgolas se empezaron a fabricar y las
plantas no se podían plantar en otro sitio y luego ponerlas. Las plantas
estaban encima de las pérgolas. Había un problema y es que queríamos que
hubiera sombra para los visitantes, pero las plantas --usted lo sabe
porque sabe de horticultura-- necesitan dos años o algo así para crecer.
En la Expo se hicieron cosas muy raras. Nosotros no podíamos poner las
pérgolas en las calles hasta que las calles estuvieran terminadas, y las
pérgolas iban altas, a seis u ocho metros de altura, no sé si lo
recuerdan ustedes; si las plantábamos después de ponerlas no hubieran
estado crecidas. Así pues, hicimos algo que se nos ocurrió, posiblemente
podría haber habido otras soluciones mejores, y es que en un espacio muy
grande que teníamos, que eran los futuros aparcamientos, que ustedes
recordarán, se pusieron en el suelo en esos soportes que les he contado,
se llenaron de tierra, se plantaron, se regaron, se podaron todos los
años y las enredaderas se tupieron y después, cuando las calles
estuvieron terminadas, pavimentadas y todo limpio, con unos soportes
distintos se cogieron con una grúa y se pusieron encima de las calles.
Ese es el proceso que parece que usted no conocía y me imagino que la
próxima vez que hable de las pérgolas lo preguntará usted mejor y además
lo conocerá mejor.
Cuando yo le he contestado sobre los contratos de CAE le he dicho que no
los conozco. No conozco los contratos que en aquella época tuviera CAE
con otros clientes y que yo le recomendara. Le aseguro que no. Le vuelvo
a decir que no sabía ni quién era CAE. Sabía quién era CAE como grupo
industrial. Es más, CAE como grupo industrial es más conocida por el
nombre de muchas empresas que sí son conocidas y que no voy a mencionar
aquí, pero como tal grupo no es conocido. Yo lo conozco porque, por
deferencia y cortesía con ustedes, antes de venir he preguntado a los
actuales dirigentes de CAE, que ahora sí les conozco, que me dijeran qué
habían contratado dentro de la Expo con otros clientes, igual que les he
preguntado --lo he hecho por el camino del mínimo esfuerzo-- cuáles eran
los contratos que Talleres Palomino tenía con la Expo, porque me era más
fácil preguntárselo a la gente que está trabajando cerca de mí. Por eso
le he dado ese contrato, que no figura en otro sitio, de Talleres
Itálica, de 11 millones de pesetas. He hecho un esfuerzo de ser
transparente con ustedes.
Usted dice que no me ha preguntado por la amistad, pero yo quiero hablar
de la amistad. Yo creo que una de las razones de estar yo aquí, si no me
equivoco, es mi amistad, porque en la Expo había mucha más gente. Ustedes
sólo quieren saber mi nombre, pero había mucha más gente. Es más, quiero
dejar claro que estoy orgulloso, se diga lo que se diga en los medios de
comunicación, de esa amistad.
Y en cuanto a la venta ya le he contestado, no diga que no le he
contestado. No sabía nada ni de diferencias, ni de condiciones ni de
condiciones de pago. Además, Dragados es un grupo muy grande. En este
momento soy director de Dragados, pero hay un grupo industrial con el
cual no tengo nada que ver y mañana estarán contratando o vendiendo una
empresa en la cual yo no participo. De lo que estoy seguro es de que no
sé ni incidencias ni nada.
Créanme --sé que hay gente que lo ha insinuado y por eso lo he sacado--
que no conozco personalmente a don Roberto Alcalde, que creo que era el
dueño de CAE y el que compró Talleres Palomino.
Si hay algo que no le haya contestado es que no lo he apuntado, pero he
tratado de contestar a todo lo que usted me ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Trocóniz, ¿quiere hacer alguna
puntualización?
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ Y MARCOS: Señor Pellón, en relación a las
pérgolas estamos creando un mar de dudas y de confusiones permanentes.
Vamos a ver, si las pérgolas son tan simples, ¿por qué se pide un
anteproyecto previo de diseño y no se diseñan previamente? Si las
pérgolas son tan simples, ¿por qué no se hace una simple adjudicación y
se adjudica al mejor postor y, sin embargo, se exige un previo diseño y
un concurso de proyectos? Esto es algo que no llego a entender.
Comprendo que han pasado cinco años y es mucho tiempo. Acudiremos al
expediente administrativo y recogeremos todos los datos que usted
evidentemente hoy no puede facilitarnos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pellón.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE LA SOCIEDAD ESTATAL EXPO-92 (Pellón
Díaz): Le he dicho que si quiere le leo todas las actas y todas las
aperturas, el informe técnico, etcétera.
¿Por qué se pide un anteproyecto? En la Expo no hacíamos nada, se lo
aseguro, por lo menos nuestra capacidad de trabajo estaba saturada con lo
que hacíamos. Tratábamos de apoyarnos en el trabajo de fuera.
Voy a hacer una referencia, y que me perdone el señor Andreu, porque
seguramente se la sabe. Cuando usted habla de las pérgolas, no sabe
seguramente quién es Orona. Hay casas especializadas, lo que pasa es que
luego no han competido en precio. Usted lo verá en exposiciones, en
aeropuertos, etcétera; hay sistemas patentados de unión de estructuras
metálicas, fundamentalmente trianguladas ligeras, que no se pueden
emplear si no se pasa por esa patente. Hay que pedir a esas casas
especializadas que si tienen alguna idea brillante la aporten con sus
propios sistemas. Esa es la razón y lo hicimos también con otras cosas.
Cuando uno hace lo que sabe, está muy limitado. Cuando uno elige entre lo
que le ofrecen, las posibilidades crecen muchísimo. En la Expo lo hicimos
así. Pedíamos a los demás y elegíamos lo que creíamos mejor. Pero si
usted tiene alguna duda sobre alguno de los documentos, se lo puedo leer.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
El señor Andreu, en nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra. Le
recuerdo que no es el compareciente. (Risas.)
El señor ANDREU ANDREU: Aunque se me ha nombrado, no voy a ejercer esa
condición profesional; no viene al caso, porque ahora ejerzo de político.
Cuando ejercía de profesional ni el PP ni el PSOE consideraban que era un
profesional, sino que era un comunista. Ahora, curiosamente, soy un
profesional. Son las vueltas que da la vida. (Risas.)
En lo que es el motivo exacto de su comparecencia, que no ha pedido mi
Grupo parlamentario, señor Pellón, las explicaciones que usted ha dado no
parecen dar pie a que, por lo menos en principio, se observe ninguna
irregularidad en la contratación concreta de las pérgolas. Muchas de las
cosas que usted narra parece que se deben más a las premuras y al tipo de
contratación de obras que se realizaron en la Expo. Independientemente de
lo que nos pueda parecer la racionalidad con que todo aquello se realizó,
de las explicaciones que usted da no observo mayores irregularidades.
Esto no quiere decir que demos un visto bueno a toda su gestión, como
usted podrá comprobar, por un mínimo rigor, no por otro motivo.
Como usted bien sabe, porque en otras muchas comparecencias yo intervine
en representación de mi Grupo parlamentario y creo que somos veteranos en
este tipo de debates, la naturaleza de las objeciones que mi Grupo
parlamentario ponía al desarrollo de la Expo-92 y a su concepción eran de
otro tipo, sin presuponer gestión irregular o corrupta, sino que aquel
proyecto tenía serios problemas en cuanto al desarrollo de la Comunidad
andaluza y en cuanto al desarrollo de la propia ciudad de Sevilla.
Yo no voy a abundar en aquello. Creo que la posición de mi Grupo
parlamentario y la mía propia continúan en esa senda, aunque yo creo que
esto ya lo podrán determinar tesis doctorales más que discursos
políticos. Tampoco pienso que tenga mucho sentido que yo abunde en ese
tipo de cuestiones. Por tanto, en lo que a nosotros respecta, el objeto
de esta comparecencia está resuelto, independientemente de que no demos
una carta de naturaleza a que la gestión haya sido correcta ni haya
dejado de serlo. Eso tendrá que determinarse por otro tipo de controles,
terminadas las auditorías y cualquier tipo de contabilidad sobre la
Expo-92.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pellón.
El señor EX CONSEJERO DELEGADO DE LA SOCIEDAD ESTATAL EXPO-92 (Pellón
Díaz): Muchas gracias, señor Andreu. Somos no muy viejos, pero sí
conocidos comparecientes en estas comisiones. Tras sus palabras quiero
decirle: muchas gracias. No sé decirlo de otra manera.
Entiendo que la obligación de todos ustedes es comprobar, investigar y
poner incluso el parche antes de que aparezca la herida en la gestión de
los que tenemos que desarrollar trabajos públicos.
Quiero recordar también --lo decía antes de entrar-- una comparecencia a
petición suya en la que sentí la necesidad o la obligación de decir que
todas sus solicitudes de comparecencias habían tenido siempre un tono
constructivo que me parecía muy correcto. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Pellón, por su
comparecencia entre nosotros.
Aquí ha pasado una cosa extraña en nueve días. Hemos partido de una
declaración de un conocido aspirante a líder andaluz diciendo que la Expo
es una segunda Filesa y que hay que reabrir las oscuras cuentas de la
Expo y, en el plazo de nueve días, hemos llegado a que lo único que
preocupa a su Grupo es conocer cómo se diseña una maceta --que una
pérgola no es más que una maceta-- en 15 días y si se puede o no hacer un
trasplante de plantas en cierta estación del año.
Esta es la última de una serie de comparecencias que mi impresión
particular es que nos han hecho perder el tiempo a los Diputados de esta
Cámara, a los comparecientes, por supuesto, y al país en su conjunto,
comparecencias que se producen obligadas por el crédito que un grupo
parlamentario de esta Cámara da al capricho de un medio sensacionalista
de este país que ha decidido poner bajo sombra de sospecha las relaciones
entre el grupo CAE y el sector público en su conjunto, sin más fundamento
que una relación de parentesco que parece especialmente molesta.
Así como en el caso de las comparecencias producidas en Renfe tuvimos
ocasión de saber que la contratación de Renfe en los últimos seis años
con el grupo CAE era de unos 4.000 millones, en seis años, es decir, algo
menos del uno por ciento de inversión de Renfe --en AENA no llegaba al
tres por ciento y en FEVE no llegaba al dos por ciento--, aquí hemos
tenido ocasión de saber que, en una muestra en la que supongo que se
habrán movido centenares de miles de millones de inversión, la relación
del grupo CAE con esa sociedad estatal que ha gestionado esa ingente
cantidad de dinero se reduce a 400 millones de unos contratos para
construir unas pérgolas, contratos que han tenido absoluta información
pública, que han sido publicados en la prensa. Hay cuatro empresas que
hicieron esa heroicidad que no entienden algunos grupos de esta Cámara de
diseñar una pérgola en 15 días. Concurso abierto, concurso donde
interviene la comisión de la contratación de la sociedad estatal con
arreglo a unas normas previamente establecidas, controlada la aplicación
de alguna de esas normas por quien hoy es senador del grupo que ha pedido
esta comparecencia. Con intervención del Consejo de Administración, con
intervención del Comisario General, con intervención de un grupo de gente
cuya honestidad a mí me parece que no se puede poner en duda. Mucho menos
el conjunto de todos ellos, salvo que hubiéramos estado en una verdadera
conjura de necios, que no es el caso. Justificar hoy aquí que se trae al
señor Pellón desde la buena fe sólo para preguntarle lo que ha pasado, la
verdad es que a mi grupo le parece un poco extraño de creer; casi más
difícil de creer que la capacidad, como digo, de diseñar una pérgola en
quince días.
Nos parece que algunos se empeñan en buscar algo que no van a encontrar.
La Expo transformó 215 hectáreas
de marjales ruinosos, de terrenos encharcados y empantanados en algo que
con el esfuerzo de todos los españoles se convirtió, según mi criterio,
en la mejor tarjeta de presentación que ha tenido jamás España en la
sociedad internacional. El mérito es compartido por muchos españoles o
por todos, pero en ese mérito tiene un papel especial una persona que
comparece sistemáticamente ante esta Cámara, el Congreso de los Diputados
de España, no para recibir las felicitaciones, los parabienes que su
excelente gestión merece, sino para responder a insidias, a calumnias a
historietas que circulan por ahí por algunos medios y que, como digo,
desgraciadamente algún grupo importante de esta Cámara les da crédito
suficiente para forzar la comparecencia reiterada en esta Cámara.
Nos alegramos de que la comparecencia haya sido inútil, porque quiere
decir que no había fundamento alguno para ella. La Expo por todos sus
gestores, y en especial por quien hoy nos acompaña en esta Comisión, fue
no sólo un brillante ejemplo de gestión eficaz, sino que al menos mi
grupo tiene el convencimiento pleno de que se gestionó por todos, y por
el compareciente, con honestidad absoluta.
El señor PRESIDENTE: Señor Pellón, ¿desea añadir algo más?
(Denegaciones.)
Agotado el orden del día, agradeciendo la presencia del señor Pellón ante
esta Comisión y felicitando a SS. SS. por el próximo año nuevo, se
levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.