CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 308
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 19
celebrada el jueves, 13 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna), para informar sobre las líneas generales de la política
de su Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000066)
(Página 9118)
Comparecencia de autoridades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. (BOCG, serie A, número 80-1,
de 1-10-94. Número de expediente 121/000067) (Página 9149)
--Del señor Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación (Castro
Fernández). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Mixto-UV (número de
expediente 212/000975); Popular (número de expediente 212/001096) y
Federal IU-IC (número de expediente 212/001157 y 212/001162) (Página 9149)
--Del señor Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios
(Barreiro Seoane). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Vasco-PNV
(número de expediente 212/000962); Coalición Canaria (número de
expediente 212/001024); Popular (número de expediente 212/001097) y
Federal IU-IC (número de expediente 212/001148) (Página 9162)

Página 9118



--De la señora Secretaria General de Alimentación (Revilla Pedreira). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Vasco-PNV (número de expediente
212/000963) y Popular (número de expediente 212/001099) (Página 9168)



Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna), PARA INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA POLITICA
DE SU DEPARTAMENTO. A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000066.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.

En el orden del día de hoy figura únicamente un punto, que es la
comparecencia, a petición propia, del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ante la Comisión, para informar sobre las líneas generales
de la política de su Departamento.

Damos la bienvenida en la Comisión al señor Ministro y le concedemos la
palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, hace escasamente cuatro meses, el pasado 15 de junio, expuse en
esta Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca las iniciativas en las
que estaba trabajando el Ministerio y que venían a constituir las líneas
básicas de política agroalimentaria. Hoy, sin pretender ser reiterativo,
voy a profundizar en las diferentes medidas que vamos a impulsar para la
consecución de aquellas iniciativas.

Asimismo, el día 14 de septiembre debatimos en el Pleno del Congreso una
interpelación sobre política pesquera que dio lugar, posteriormente, a la
aprobación de una moción creando una ponencia para el análisis y
posterior elaboración de recomendaciones al Gobierno en materia de pesca.

Por ello, considero oportuno no concretar hoy las medidas para obtener
los objetivos pesqueros que expuse en mi anterior comparecencia, pues
estimo más adecuado analizar la materia de pesca en el marco decidido por
esta Cámara. Quiero, en ese sentido, ofrecer a esa ponencia, tan pronto
se constituya, la máxima colaboración del Ministerio, y la mía propia. Si
ustedes lo creen oportuno, cuando la ponencia inicie sus trabajos me
comprometo a comparecer monográficamente para completar el debate que
iniciamos en el Pleno del pasado día 14 de septiembre. No obstante,
responderé a las cuestiones que en materia de pesca quieran plantearme en
mi segunda intervención.

A partir de este momento procuraré dar una visión rápida de la realidad
que atraviesa la cadena agroalimentaria española mediante ciertos
indicadores que ayuden a explicar su evolución más reciente. Con
posterioridad identificaré lo que considero que son las carencias,
deficiencias o dificultades que deben tener una pronta y eficaz respuesta
para avanzar hacia la modernización del sector y, por fin, en la tercera
parte de mi intervención expondré las soluciones que el Ministerio, con
todo el equipo que lo dirige y que hoy me acompaña, cree apropiadas para
superar las mencionadas carencias, así como los instrumentos con que
contaremos en un futuro inmediato para abordar esta, sin duda,
apasionante tarea.

En la pretensión de realizar un análisis del sector agroalimentario no
pueden obviarse algunos hechos, situaciones y cifras que resultan
determinantes para reflejar con exactitud la realidad que viven hoy los
eslabones que intervienen en la producción de los bienes
agroalimentarios. Los datos y las cifras que voy a ir desgranando son
conocidos, pero creo que es inevitable exponerlos si se quiere conocer de
una manera nítida y precisa, siempre en la medida en la que lo permiten
los indicadores disponibles, cómo está evolucionando nuestra agricultura
y nuestra industria agroalimentaria.

Para comenzar, nada mejor que encajar nuestro sector agroalimentario
dentro de la actividad económica nacional. En este sentido he de decir a
SS. SS. que la contribución de la actividad agroalimentaria al producto
interior bruto español, según el Instituto Nacional de Estadística, fue,
en 1973, del 7,7 por ciento, dividido entre el 3,4 por ciento generado
por las ramas agraria y pesquera, y el 4,3 por ciento generado por la
industria de la alimentación. He de destacar el hecho de que como
corresponde a un país que va modernizando su sector agroalimentario, la
industria agroalimentaria ha pasado ya a las ramas agraria y pesquera en
su contribución a nuestro producto interior bruto siguiendo la senda que
han seguido otros países desarrollados.

Por lo que respecta al empleo, la tasa de población activa agraria en el
segundo trimestre del 94, de acuerdo con la encuesta de población activa,
fue del 9 por ciento. Las personas que trabajan en la agricultura,
ganadería, silvicultura, caza y pesca, totalizaron 1.163.000 personas, lo
que representa, en términos de ocupados, el 9,9 por ciento. Por tanto,
tenemos un sector agrario que representa el 9 por ciento de la población
activa agraria, pero, en términos de ocupados, es el 9,9 por ciento, como
consecuencia de que la tasa de paro en el sector agrario es más baja que
en la del resto de la economía. Así, la tasa de paro relativa a las ramas
agraria y pesquera se sitúa en el 16,5 por ciento y la correspondiente a
la industria alimentaria en el 18,8 por ciento. Ambas, distanciadas en
más de cinco puntos de la



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tasa de paro del conjunto de la economía. La población ocupada en la
industria alimentaria se eleva a 370.000 personas. El peso del sector
agrario pesquero en el conjunto de la economía y también la tasa de
población activa agraria pueden empezar a considerarse ya muy cercanas al
entorno comunitario, ya que las medias de la Unión Europea,
exclusivamente referidas al sector agrario y no a la industria
agroalimentaria, se sitúan en el 3,1 por ciento del producto interior
bruto y en el 5,7 por ciento para la población activa dedicada a dicha
actividad.

Me gustaría hacer un comentario respecto a lo que ha sucedido con la
renta agraria desde nuestra adhesión a la Comunidad Europea, es decir,
entre el período 1985 a 1993. En este período, la renta por ocupado, en
términos reales, ha aumentado un 49,5 por ciento, por tanto descontado el
efecto de la inflación, y un 121,7 por ciento en pesetas corrientes; es
decir, se ha multiplicado por 2,2 entre 1985 y 1993, lo que refleja una
evolución netamente más favorable que la del sector agrario en la Unión
Europea en su conjunto. Así lo podrán observar en los cuadros que se van
a distribuir.

Otro de los indicadores importantes lo constituye el comportamiento del
comercio exterior. El comercio agroalimentario ha presentado, en los
últimos años, unas cifras que reflejan la apreciable capacidad de
penetración de nuestras empresas agrarias y agroalimentarias. Es cierto
que en esta materia tenemos que continuar mejorando, especialmente los
aspectos, relativos al establecimiento de redes comerciales fuertes y a
la exportación de productos de mayor valor añadido, pero también es
verdad que, a pesar de la práctica supresión de las barreras
arancelarias, España ha mejorado, por término medio, las tasas de
cobertura logradas en los tiempos en los que nuestro país estaba mucho
más cerrado a los intercambios comerciales, es decir, antes de nuestro
ingreso en la Unión Europea.

Algunos datos ilustran esta afirmación. El peso del comercio agrario y
pesquero en 1985, dentro del comercio exterior total español, era del
15,9 por ciento; en 1993, la contribución de ambos sectores al valor de
nuestros intercambios se elevó al 17 por ciento. El crecimiento, por
tanto, de las exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios
se ha realizado de manera acompasada con el de otros sectores
contribuyendo, en gran medida, a la recuperación económica.

En 1993 nuestros envíos al exterior de productos agroalimentarios
alcanzaron el billón y medio de pesetas. La tasa de cobertura, el 87,1
por ciento, se elevó en más de doce puntos porcentuales sobre la
registrada el año anterior.

Si examinamos el dato correspondiente al comercio agrario sin incluir la
pesca, vemos que la tasa de cobertura sobrepasó el 100 por ciento y si
nos ceñimos al subsector alimentario vemos que la tasa de cobertura llegó
al 107,8 por ciento.

Me parece relevante el hecho de que la tasa de cobertura media en el
período 1980-1985 para nuestro sector agroalimentario fue del 98,3 por
ciento, mientras que la tasa de cobertura media --la relación entre
nuestras exportaciones y nuestras importaciones--, en el período
1986-1993, fue del 109,1 por ciento; es decir, que nuestra tasa de
cobertura ha mejorado 10,8 puntos en el conjunto del período considerado
desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea. De mantenerse todo el año
1994, el ritmo de envíos al exterior registrado en los primeros siete
meses, el total de nuestras exportaciones agroalimentarias, con un
crecimiento en torno al 20 por ciento, se situará por encima de un billón
750.000 millones de pesetas, siendo probable que las ventas al exterior
se sitúen ya por encima del 50 por ciento de la producción final agraria.

Los avances que he subrayado han sido posibles, obviamente, en base a la
mayor capitalización del sector, y en este tema también voy a entrar a
continuación. Entre los recursos financieros con los que el sector ha
contado todos estos años se hallan los procedentes de las ayudas
comunitarias. Las transferencias que tienen su origen en el
Feoga-garantía han sido sin duda las de mayor importancia, totalizando
los 3,6 billones de pesetas entre 1986 y 1994. El crecimiento acumulado
de estos fondos del Feoga-garantía viene reflejado por el hecho de que en
1994 se estén produciendo unas transferencias del Feoga-garantía que
representan veinte veces las correspondientes a 1986; solamente en 1993,
con respecto a 1992, el aumento fue del 40 por ciento. Este dato, sin
duda, habrá acallado aquellas voces agoreras cuya clarividencia y visión
de futuro pronosticó el desastre sin paliativos de las rentas de nuestros
agricultores y ganaderos al reformarse la política agrícola común. La
conclusión inmediata es que nuestros profesionales han sabido aprovechar
las oportunidades. Es más, la adaptación de los diferentes mercados e
industrias a la revolución comunitaria, ha resultado a todas luces
notable, tanto en eficiencia como en rapidez.

En 1994 esperamos que el sector agroalimentario reciba del Feoga-garantía
el 13 por ciento de sus fondos, es decir, 700.000 millones de pesetas,
con lo cual España pasará a ocupar el tercer lugar entre los países
perceptores de estos fondos, inmediatamente detrás de Francia y de
Alemania y por delante de Italia. Esta posición se consolidará a lo largo
de 1995, superando con creces los 800.000 millones de pesetas. A estas
aportaciones han de añadirse las correspondientes al Feoga-orientación,
que constituyen la parte que la PAC destina a la mejora de las
estructuras agrarias y que desde 1986 ha supuesto unos reembolsos
superiores a los 300.000 millones de pesetas. Como SS. SS. saben, en este
tipo de fondos estructurales España ocupa también los primeros lugares,
cuando no el primero, alternándose con Francia en esta cabeza de lista.

Voy a exponer brevemente la evolución de los presupuestos del Ministerio
durante estos últimos años, pues entiendo que son una medida importante
del esfuerzo que hace la sociedad española para elevar el nivel de renta
de los agricultores y para la modernización de los sectores agrario y
alimentario, sin olvidar los resultados obtenidos en nuestra balanza
comercial agroalimentaria.

Si analizamos el período 1985-1995, tenemos que se pasa de una cifra de
212.000 millones de pesetas a un billón 114.000 millones. Estas cifras
absolutas suponen un incremento del 375 por ciento, lo que equivale a un
crecimiento medio anual del 42 por ciento. Las aportaciones del



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Feoga-garantía, partiendo de 1986 y hasta los presupuestos de 1995, se
multiplican por 21. Estas fuertes aportaciones benefician claramente a
los consumidores españoles, ya que el sector agroalimentario actúa
conteniendo las sucesivas elevaciones del índice de precios al consumo
--IPC. En este sentido, quiero reflejar el cambio estructural que se está
produciendo en el mecanismo de apoyo a la renta de los agricultores, que
está permitiendo hacer compatible un incremento en la renta real de los
agricultores de un 49 por ciento desde nuestro ingreso en la Unión
Europea con una contribución de los precios percibidos por los
agricultores a la lucha contra la inflación que hace que los precios
percibidos por los agricultores hayan subido en este período un 15 por
ciento frente a un crecimiento de la inflación acumulada en este período
del 47 por ciento. La diferencia que ha permitido precisamente este
incremento en las rentas de los agricultores es el crecimiento de las
transformaciones directas, de las ayudas directas a los agricultores,
como consecuencia de este cambio estructural en el mecanismo de apoyo a
las rentas de los agricultores, en el que pierde importancia el apoyo
mediante el sostenimiento de precios altos y lo ganan las ayudas
directas, ya sean ayudas por hectárea, primas por cabeza u otras.

Es todavía más espectacular la evolución seguida por los gastos
presupuestarios directamente canalizados al sector, que han pasado de
suponer 328.500 millones de pesetas, en 1991, a 858.000 en 1995, lo que
significa que las transferencias directas al sector se han multiplicado
por más de 2,6 en cuatro años. Son también significativas las cifras que
expresan la participación relativa de la actividad presupuestaria del
Ministerio en la economía del país y en la inversión nacional. Partiendo
de las previsiones contenidas en el escenario macroeconómico de los
Presupuestos Generales del Estado se observa que la actividad económica
del Ministerio de Agricultura aumentará su participación en producto
interior bruto, pasando del 1,02 por ciento del PIB en 1991, a
representar un 1,63 por ciento en 1995.

También es creciente la participación de los gastos de capital del
Ministerio en la formación bruta de capital fijo total del país, es decir
la contribución de los presupuestos del Ministerio a la inversión
nacional, pasando el porcentaje del 1,02 por ciento al 1,24 por ciento.

No querría cerrar estas referencias presupuestarias sin exponer el
esfuerzo adicional realizado por las comunidades autónomas para apoyar a
sus sectores agroalimentarios, pues si se consideran los presupuestos del
conjunto de las administraciones públicas, se pasa de una cifra de
757.000 millones de pesetas a más de 1,4 billones en 1995. Como ratio de
medida del esfuerzo realizado, me gustaría resaltar que en el presupuesto
de 1988 se gastaban 335.000 pesetas por ocupado en la agricultura y en
1995 se superará el millón de pesetas por ocupado.

Quiero aclarar, para que nadie se llame a engaño, que no se trata de que
cada ocupado en la agricultura reciba un millón de pesetas del
presupuesto, sino que eso refleja el conjunto del gasto de todas las
administraciones públicas en el sector agrario, no solamente en rentas al
sector, sino también en inversiones, en ayudas a la modernización y en
inversiones en infraestructuras de diferente tipo.

Hemos visto, de manera esquemática, la evolución del sector
agroalimentario desde nuestra incorporación a la Comunidad Europea y
hemos constatado, mediante un conjunto de indicadores, los avances que se
han producido tanto como consecuencia de nuestra integración en la
política agraria común, como del esfuerzo presupuestario realizado. No
obstante lo anterior, es necesario continuar en esta línea y, en algunos
casos, modificar el marco legal para que permita impulsar la
modernización del sector y, en consecuencia, seguir mejorando las rentas
y ganar competitividad en el nuevo marco internacional dibujado como
consecuencia de los cambios introducidos en la Unión Europea (acuerdos
del GATT, reforma de la política agrícola común, mercado único,
ampliación de la U. E. y futuros acuerdos de asociación).

Para adaptar nuestros sectores productivos al nuevo marco internacional,
el Ministerio ha diseñado un conjunto de medidas que posteriormente les
expondré, pero quisiera antes resaltar los rasgos y aspectos menos
favorables, más preocupantes del sector y sus deficiencias estructurales
sobre las que es necesario incidir. Empezaré el análisis por el sector de
la producción agraria y en él me referiré concretamente a la población,
el tamaño de las explotaciones y a la eficiencia económica de las mismas.

A pesar del ligero rejuvenecimiento producido durante los últimos años en
la población activa agraria en su conjunto, que se deriva del
rejuvenecimiento que se ha producido en la estructura general de la
pirámide de población española, existe un alto grado de envejecimiento de
los titulares de explotaciones agrarias, máxime si se compara la edad
media del sector agrario con la de otros sectores económicos,
característica que también coincide con la de otros países comunitarios.

Así, en los empresarios agrarios, según el censo agrario de 1982, la edad
media era de 55,5 años, y en el de 1989 la edad media se ha elevado a
57,1 años, habiendo más del 58 por ciento de los titulares de explotación
agraria con una edad superior a los 55 años.

Lo mismo ocurre cuando se analiza el tamaño económico, pues se observa un
predominio de las de menor dimensión económica, y, además, en este
aspecto estructural nuestra situación es más desfavorable que la media
comunitaria al no tener un grupo importante de explotaciones de dimensión
mediana de tamaño familiar capaces de generar una renta suficiente a esas
familias equiparable a la de otros sectores de la economía. Los datos del
tamaño de las explotaciones dan idea de la trascendencia y la necesidad
de la ley de modernización de explotaciones agrarias como instrumento
para aumentar la dimensión física y económica de las explotaciones y
conseguir su viabilidad futura.

Relacionados con los problemas estructurales, existen en nuestras
producciones una serie de limitaciones que dificultan su viabilidad y que
es necesario reformar para garantizar en el futuro su presencia
competitiva en los mercados.

Como ejemplo de cultivo con limitaciones indicaré el de la remolacha,
cuya competitividad se ve afectada por la desfavorable estructura de las
explotaciones y por la



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necesidad permanente de mejorar la tecnología de producción para reducir
sus elevados costes. Respecto a las producciones ganaderas, podría citar
como ejemplo las explotaciones lecheras y las de vacuno de carne, cuyos
sistemas de producción generan unos costes que es preciso reducir
mediante los correspondientes planes de reestructuración sectoriales que
permitan obtener la necesaria mejora productiva. Luego me referiré más en
concreto a algunos de estos planes de reestructuración.

Paso ahora a describir la problemática de la industria agroalimentaria,
que en nuestro país contribuye con un 21 por ciento al producto interior
bruto industrial. Estamos hablando, por tanto, de nuestro más importante
sector industrial, el sector industrial de más peso en nuestra estructura
industrial, que ocupa, además, el 17 por ciento de la población
industrial. Es, sin duda, la gran consumidora de productos agrarios y
pesqueros porque hay que tener en cuenta que el 80 por ciento de nuestra
producción agraria es transformada por nuestra industria y solamente el
20 por ciento restante tiene un destino de consumo en fresco.

Al igual que ocurría con las explotaciones agrarias, los 40.000
establecimientos industriales agroalimentarios tienen un marcado carácter
dual. Basta para evidenciarlo indicar que el 33 por ciento tiene menos de
20 empleados y, por otro lado, el 75 por ciento de la facturación está
realizada por 500 empresas. Las características anteriores dificultan a
las empresas realizar actividades de I + D, mantener una continua
modernización del equipo productivo y crear marcas y redes comerciales
propias. Nuestra industria agroalimentaria adolece, sin duda, de falta de
penetración internacional, y prueba de ello es la excesiva concentración
de nuestras exportaciones en el sector de frutas y hortalizas frescas,
que viene a representar más del 40 por ciento del total de nuestras
exportaciones. Asimismo, es preocupante la escasa inversión en I + D por
unidad de producto, inferior a la del conjunto de la industria
manufacturera e inferior a la media comunitaria del sector alimentario.

Otro factor limitante viene derivado del hecho de que, a pesar de ser la
industria agroalimentaria el primer sector industrial en cuanto a volumen
de empleo generado, no tiene una formación profesional específica. Siendo
como es la formación un instrumento básico para la competitividad,
difícilmente se podrán implantar las innovaciones tecnológicas, las
políticas de gestión de calidad total, las estrategias de
comercialización, etcétera, sin unos recursos humanos capaces y
motivados.

Analizadas las limitaciones estructurales en general, querría matizar
algunos problemas específicos de la industria azucarera, la cual ocupa un
lugar importante dentro de la industria alimentaria española ya que
aporta el 3 por ciento del valor añadido y gira en torno a cuatro
empresas que necesitan llevar adelante un importante plan de inversiones
para racionalizar los costes industriales, incentivando las medidas
tendentes al ahorro energético, a la depuración de residuos y al
abaratamiento del producto final.

El azúcar es la materia prima fundamental de una serie de industrias con
acentuado carácter marquista, como son las elaboradoras de chocolates,
confitería, turrones, etcétera, de las que existen quinientas industrias
en el país que utilizan el 70 por ciento del azúcar producido. Los
factores limitantes de este grupo de industrias han venido siendo la
pequeña dimensión, la dificultad para su especialización y el elevado
precio de su materia prima, en particular del azúcar.

En el ámbito de la calidad agroalimentaria existen todavía diferencias
para poder competir en el mercado internacional, con lo cual habrá que
hacer un importante esfuerzo para mejorar la calidad y para ello se
requiere una cooperación conjunta de los sectores de producción y
transformación que permitan alcanzar esa calidad e imagen de marca para
poder competir cualitativamente.

Hemos venido exponiendo los problemas del sector agroalimentario desde un
punto de vista exclusivamente productivo y quiero también reflexionar
sobre la agresión que determinadas prácticas agrícolas y ganaderas
suponen sobre el medio ambiente: uso deficiente e inadecuado de
pesticidas, contaminación de los acuíferos por filtraciones de abonos
nitrogenados y purines, laboreo excesivo que intensifica la erosión,
sustitución de razas ganaderas autóctonas, desecación de zonas húmedas,
etcétera, aunque quiero destacar también que esta agresión medioambiental
se sitúa, a pesar de todo, lejos de la que se deriva de la agricultura
intensiva de nuestros competidores europeos.

Las prácticas agrícolas y ganaderas producen no solamente estos efectos
indeseables. En efecto, como SS. SS. saben --ha sido un tema de
permanente actualidad este verano--, los incendios forestales que
sistemáticamente se producen en nuestro país destruyen la cubierta
vegetal y dejan el terreno en disposición de ser sometido posteriormente
a los procesos de erosión y desertización.

En cuanto a la conservación de la naturaleza, quiero hacer referencia a
las vías pecuarias y a los espacios protegidos, áreas fundamentales para
mantener la biodiversidad y que se ven sometidas a una fuerte presión no
solamente por actividades productivas, sino también por actividades
especulativas o de usos alternativos que producen en ocasiones daños
irreversibles en estos ecosistemas.

He querido resaltar algunas de las debilidades y potencialidades de
nuestra agricultura, ya que aceptándolas estaremos en disposición de
defender nuestros flancos más vulnerables y de impulsar aquellas áreas en
las que concurran condiciones favorables para convertirlas en punta de
lanza de nuestro sistema agroalimentario. Por otra parte, la culminación
del proceso de transferencias a las comunidades autónomas conducirá a que
sean las ejecutoras y gestoras de la política agrícola común, teniendo
este Ministro un decidido propósito de impulsar la coordinación con los
gobiernos autonómicos a través de la conferencia sectorial
Las comunidades autónomas no sólo participarán --como ya viene ocurriendo
desde hace años-- en el diseño de las líneas maestras de nuestra política
agraria, sino que serán corresponsables en la aplicación de los
instrumentos que se acuerden para el desarrollo de tal política, así como
de los medios financieros que la sustenten. Los protagonistas de
cualquier política agraria deberán ser, una vez más, los agricultores que
son los encargados de producir las materias primas en las condiciones y
con las



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características que demande el mercado. Ello requiere que actúen como
verdaderos empresarios agrarios para buscar la mayor rentabilidad de sus
explotaciones, encontrando y poniendo en práctica todas las alternativas
posibles sin confiar exclusivamente en las subvenciones, por muy
importantes que éstas sean. Por ello, el mejor marco que puede
ofrecérseles es la posibilidad de mejorar su competitividad por la vía de
la modernización de las explotaciones. En este sentido, es necesario
contemplar los diferentes medios que podrán utilizar: reestructuración de
producciones, reducción de producciones excedentarias buscando otras
alternativas de mayor productividad, desarrollo del asociacionismo para
comercializar en común y compartir medios de producción, mejora de su
formación profesional, diversificación de los ingresos de la explotación
familiar, etcétera. Como en este momento se trata de exponer las
actuaciones prioritarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en los próximos años, para su mejor comprensión voy a
dividir el programa enunciado en cinco grandes áreas, todas con un
importante reflejo presupuestario en 1995. Estas son las siguientes:
Modernización de las explotaciones agrarias. Mejora de la competitividad
de las producciones agrarias. Modernización de la industria alimentaria y
esfuerzo en formación e investigación. Conservación del medio natural.

Revitalización del mundo rural.

Uno de los pilares básicos de la modernización de las estructuras
agroalimentarias lo constituyen las explotaciones agrarias, a cuyas
actuales deficiencias estructurales me he referido en la primera parte de
mi intervención. El proyecto de ley de modernización de las explotaciones
agrarias responde al objetivo de estimular la constitución y el
mantenimiento de explotaciones de dimensión suficiente para asegurar su
viabilidad, con propietarios más jóvenes y dinámicos para adaptarse al
mercado y más activos para participar solos o asociados en la cadena
agroalimentaria. Por estar actualmente en fase de discusión en esta
Cámara, es conocido sobradamente por sus señorías.

Quiero mencionar ahora los mecanismos a través de los cuales se pretende
alcanzar los objetivos propuestos, que son los siguientes: la movilidad
del mercado de la tierra, el fomento del asociacionismo agrario, la
concesión de ayudas económicas y las inversiones para mejorar
explotaciones y la instalación de jóvenes como agricultores a título
principal. El proyecto de ley contiene asimismo la definición de las
explotaciones prioritarias que recibirán un trato preferencial y la
supresión, como ustedes ya saben, de la cotización empresarial por
jornadas teóricas del régimen especial agrario de la Seguridad Social,
que también se han incluido en el proyecto de ley de Presupuestos para
1995 para garantizar su entrada en vigor el primero de enero de 1995.

La reforma de la política agrícola común y los recientes acuerdos del
GATT conllevan a que nuestra agricultura, respetando las normas
contenidas en la citada reforma, realice un esfuerzo que permita la
mejora competitiva en los mercados internacionales especialmente en
aquellos productos en los que disponemos de condiciones naturales
ventajosas, tales como el trigo duro, leguminosas, forrajes desecados,
frutas y hortalizas, vino o aceite de oliva. Asimismo, será necesario un
mayor aprovechamiento de las posibilidades de diversificación de
producciones que la nueva política agrícola común ha introducido
(oleaginosas para usos no alimentarios, leguminosas específicas para
secano, aprovechamiento de las condiciones de ganado ovino y su
adaptación al secano español, etcétera).

Otra cuestión fundamental es la necesidad de consolidar aquellas
producciones sometidas a sistemas de cuotas o que están en cierta
desventaja comparativa respecto de las obtenidas en otros países, por
ejemplo el algodón, remolacha azucarera, leche, carne de vacuno, etc.

Para el conjunto de actuaciones en el ámbito de las producciones
agrícolas y ganaderas los Presupuestos de 1995 cuentan con una dotación
de 811.000 millones, con un crecimiento relativo del 20,1 por ciento;
siendo una de las líneas prioritarias de actuación en este ámbito la que
se refiere a las modificaciones de las organizaciones comunes de mercado
de los productos que en su día no fueron incluidos en la reforma de la
PAC y están, por tanto, pendientes de dicha reforma.

Como SS. SS. conocen, existe ya una propuesta para la reforma del sector
vitivinícola que hemos rechazado con contundencia todos los grupos
parlamentarios, los agentes económicos y el propio Gobierno. Esperamos
que en los próximos meses pueda ser objeto de las necesarias
modificaciones que eliminen su carácter de inaceptable para el conjunto
de la sociedad española. El sector vitivinícola contará en los
Presupuestos de 1995 con una dotación de 62.236 millones de pesetas.

Otro sector que próximamente será objeto de reforma es el de las frutas y
hortalizas. Disponemos de un documento de reflexión de la Comisión que
contiene una serie de orientaciones de la futura organización común de
mercados, pero con numerosas lagunas e imprecisiones. Se han comenzado a
contrastar opiniones con las comunidades autónomas e interlocutores
empresariales, con objeto de conformar la postura española. En el
documento de reflexión se concede una importancia esencial a las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas, tanto en la gestión
del mercado como en las intervenciones de regulación. España ya ha
realizado un esfuerzo para la constitución de estas organizaciones, que
es necesario redoblar para conseguir mayores coberturas de
comercialización de la producción a través de las mismas. Se va a poner
en marcha un plan de consolidación de las actuales organizaciones de
productores de frutas y hortalizas y la importancia que el Gobierno le
concede a este sector queda demostrada por el hecho de que la partida que
se destina a esta materia en los presupuestos para 1995 se eleva a 4.215
millones de pesetas, duplicando la cantidad correspondiente al ejercicio
actual.

Dentro del sector hortofrutícola merece especial atención el tomate, para
el que en las próximas semanas someteré al Consejo de Ministros un
proyecto de real decreto que permitirá aprobar un plan de
reestructuración del tomate para consumo en fresco. Si bien la producción
española de este producto presenta importantes ventajas comparativas,
también existen problemas o desventajas en el



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momento de acudir a unos mercados competitivos como son los europeos. Las
ayudas previstas en este plan se destinarán a bonificar el interés de los
créditos necesarios para abordar la modernización y las inversiones
precisas, en colaboración con las comunidades autónomas, que permitan
reducir los costes generales y de infraestructura, racionalizar el
aprovisionamiento y empleo de los medios de producción --prioritariamente
con ahorro de energía y de agua--, mejorar el nivel fitotécnico de las
explotaciones e incorporar nuevas tecnologías.

Otro sector de interés para nuestro país es el de la patata. El Consejo
de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrado en junio de
1994, adoptó el acuerdo de continuar sus deliberaciones sobre la creación
de una OCM de la patata, con vistas a adoptar una decisión antes del
primero de julio de 1995. España, junto con otros países mediterráneos,
está defendiendo una postura tendente a crear una OCM que proporcione un
grado suficiente de protección al sector.

En relación con el plátano, la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia rechazando el recurso alemán contra la OCM, que entró en vigor
el primero de julio de 1993, elimina definitivamente las dudas que se
planteaban sobre el futuro de este producto, confirmándose la protección
que proporciona la OCM, concretamente la garantía de comercialización del
plátano de Canarias y de las rentas de los agricultores. La sentencia,
sin duda, ha producido una fuerte confianza en su futuro y una
revitalización del sector, pero ello no debe hacernos olvidar la
necesidad de continuar su reestructuración y la defensa de este cultivo,
para lo cual no va a faltar el apoyo del Ministerio.

El algodón es otro producto que requiere una modificación de su actual
reglamentación comunitaria, que maximice sus beneficios para la
producción española. España va a presentar próximamente un memorándum a
la Comisión que facilite la comprensión de nuestra posición, en la línea
de defensa de una superficie estable para España, exponiendo también los
problemas de la recesión del cultivo, en los últimos años, derivados de
la sequía que han padecido las regiones productoras.

Otro sector pendiente de reforma es el del arroz para el cual, como
consecuencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay, será preciso revisar su
actual OCM y, en su caso, establecer un sistema de ayudas compensatorias
semejantes a las de los cultivos herbáceos.

También el azúcar es un sector en el que muy próximamente deberemos
afrontar una reforma de su OCM. Está previsto iniciar los debates antes
de finalizar el año actual. Aunque todavía no hay propuesta de la
Comisión, nuestra postura es considerar prioritario el mantenimiento del
actual régimen de cuotas nacionales, los precios derivados y el mecanismo
de traslados de «reporte» del azúcar de una campaña a la siguiente, que
es de especial importancia en España para paliar nuestras difíciles
condiciones meteorológicas. Por otra parte, la desfavorable situación de
competitividad del sector remolachero-cañero español respecto a la de los
de la mayoría de los países comunitarios, aconsejan, como he mencionado
antes, acelerar las mejoras de la reestructuración de estas explotaciones
que permitan rebajar sus costes de producción y, con ello, asegurar la
viabilidad del sector y el mantenimiento de las rentas de los
agricultores.

En relación con los cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas y
proteaginosas), ante la entrada en velocidad de crucero de su reforma,
resulta conveniente analizar en profundidad la experiencia acumulada
durante las dos primeras campañas en que se ha aplicado dicha reforma. El
análisis se contemplará tanto a efectos de balance (precios,
producciones, superficies retiradas del cultivo), como a la máxima
utilización del margen de maniobra que la reglamentación comunitaria
permite a los Estados miembros (plan de regionalización, definición de
las superficies de base, índice de barbecho, gestión administrativa,
etc.). Todo ello nos permitirá, después de un debate interno, presentar a
la Comunidad Europea las modificaciones y propuestas que más favorezcan a
los intereses españoles.

Dentro de los cultivos herbáceos merece una mención especial el trigo
duro. España dispone de una cuota de producción de 570.000 hectáreas de
trigo duro en zonas tradicionales, con ayudas muy generosas. Se considera
necesario para este producto garantizar una producción de calidad, para
asentarse en los mercados y abastecer a los operadores europeos,
manteniendo los mercados tradicionales de países terceros al mismo
tiempo, para lo cual un instrumento fundamental serán los acuerdos
interprofesionales.

En cuanto a la utilización de las tierras retiradas del cultivo, el
Gobierno ha tomado ya una decisión política, incluida en el proyecto de
ley de acompañamiento de los Presupuestos de 1995, renunciando al 90 por
ciento del impuesto especial sobre el biodiesel procedente de oleaginosas
que en el futuro se siembren en las tierras retiradas de cultivo. Ello
permitirá ofrecer una nueva alternativa a los agricultores, con un
objetivo de 150.000 hectáreas para esta próxima campaña de siembra, lo
que reportara unos ingresos extraordinarios de 7.500 millones de pesetas
para los agricultores.

Otra línea importante de actuación se refiere a las leguminosas
específicas españolas (lentejas, garbanzos, yeros y vezas) para las que
se ha incrementado sustancialmente la ayuda comunitaria, posibilitándose
su cultivo hasta 400.000 hectáreas. Paralelamente vamos a elaborar, con
los diversos sectores implicados, un plan de actuación que permita el
mejor aprovechamiento de las ayudas para asentar el cultivo en las zonas
más adecuadas y consolidar canales de comercialización para estas
producciones.

En relación con los cultivos herbáceos, quiero referirme a los sistemas
extensivos en tierras cerealistas o lo que se viene en llamar el barbecho
ecológico. Este barbecho agronómico tradicional no ha sido contemplado en
la superficie de base de los cultivos herbáceos del plan de
regionalización, realizado como consecuencia de la reforma de la PAC. Por
tanto, se trata de un barbecho independiente del obligatorio o voluntario
que se contemplan en dicha reforma. En concreto, la actuación va a
consistir en un programa del que se podrán beneficiar 2,5 millones de
hectáreas de barbecho agronómico, con ayudas iniciales de en torno a
5.500 pesetas por hectárea y año.




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Mención especial merece la agricultura ecológica para la que se
establecerá un programa de ayudas tendentes a la introducción de
prácticas de cultivo respetuosas con el medio ambiente, dirigidas al
abastecimiento de un mercado potencialmente importante y a la consecución
en dicho mercado de un equilibrio oferta-demanda que permita una
rentabilidad adecuada para el productor.

Entrando en los productos ganaderos, quiero referirme, en primer lugar, a
las cuotas lácteas. Con el fin de cerrar la primera fase del plan de
reordenación de la producción láctea, es necesario regular tanto las
transferencias de cuotas entre particulares, como el reparto y gestión de
la reserva nacional. Teniendo en cuenta la experiencia de otros países
comunitarios, el sistema a implantar en España establecerá los casos en
los que la cuota se pueda transferir sin vincularla a la explotación.

También con carácter inmediato vamos a proceder a la regulación de la
gestión de la reserva nacional y de la parte de cuota de venta directa
que será transferida a venta industria. Por otra parte, teniendo en
cuenta las características de nuestro sector productivo, se prevé el
establecimiento de un plan de mejora de las condiciones de producción y
venta de productos procedentes de las explotaciones lecheras. Dicho plan
comprenderá medidas adecuadas para aumentar la eficacia de las
explotaciones, la mejora de las condiciones sanitarias y la
racionalización de la recogida de la leche.

En cuanto al sector de carne de vacuno, la Comisión Europea deberá
presentar, antes de finalizar el actual año, un estudio sobre el reparto
de la cuota para terneros machos con derecho a ayuda, en particular en
aquellos Estados miembros --como España-- en que la relación
cuota-sacrificios sea muy inferior a la media comunitaria. Nuestro
objetivo es que el informe sea acompañado de una propuesta de incremento
sustancial de la cuota global española.

En el sector de la carne de ovino, resulta necesaria una mejora de la
organización comercial y productiva. Para ello, se va a establecer un
programa cuyos objetivos fundamentales serán la concentración y
homogeneización de la oferta mediante la promoción de centros de
recogida, clasificación y acabado de los corderos, fomento de las
denominaciones específicas para el cordero de raza y tradicional español,
así como la clarificación y regulación del mercado mediante la reducción
de los eslabones de la cadena de comercialización que permita la
penetración en el mercado de exportación. Tenemos también previstas otras
actuaciones, que no voy a describir para no alargar más esta intervención
y que se refieren a regulación específica sobre la miel, al control de
los productos químicos aplicados a la industria y el buen uso de los
residuos agroindustriales, la mejora de la organización productiva del
vacuno de carne de razas autóctonas en explotaciones extensivas, el apoyo
a las razas ganaderas en peligro de extinción, la recuperación y fomento
de las trashumancia, la catalogación de las razas ganaderas autóctonas e
integradas, la actualización de las reglamentaciones específicas de los
libros genealógicos, y el programa de erradicación de la peste porcina
africana, a los que me, puedo referir, si así lo desean, en una posterior
intervención. No quiero acabar este apartado sin referirme a la revisión
del sistema de seguros agrarios. Aunque el Subsecretario del
Departamento, que también me acompaña hoy, tendrá ocasión de explicar con
detalle, en una próxima comparecencia, las líneas generales el Plan
trienal de seguros agrarios aprobado ya por el Gobierno, quisiera exponer
los principios que van a regir las actuaciones del Ministerio en este
tema.

El sistema español de seguros agrarios es un instrumento de apoyo a la
política de rentas de los agricultores. Sin embargo, sería una
irracionalidad plantear que los riesgos inherentes a la actividad agraria
deban ser cubiertos en su práctica totalidad por la Hacienda Pública. La
propia reglamentación comunitaria al respecto considera el sistema de
seguros agrarios como una ayuda nacional incompatible. Por consiguiente,
la actuación que está siguiendo el Ministerio ante la Unión Europea
consiste en plantear el sistema de seguros agrarios como una alternativa
a otros tipos de ayudas para conseguir su compatibilidad, permitiendo el
mantenimiento indefinido de las ayudas nacionales en los porcentajes
máximos actuales, y que el seguro agrario sea integrado en la política
agraria común y subvencionado por ésta como ayuda que permite mantener
unos ingresos mínimos en casos de inclemencias meteorológicas.

La adaptación a la normativa comunitaria y los desequilibrios financieros
tradicionales han aconsejado una revisión a fondo del actual sistema de
seguros agrarios combinados, en el cual se está trabajando en estrecha
colaboración con las compañías aseguradoras y los representantes de los
agricultores. Se introducirá una serie de medidas cuyo fin último es la
mayor racionalidad, así como la estabilidad de todas y cada una de las
líneas de seguros existentes.

El nuevo Plan trienal de seguros agrarios combinados para el período
1995-1997 incluye como novedades más importantes las siguientes: el
estudio de zonas con problemática específica; la introducción de un
conjunto de medidas técnicas de aseguramiento, tales como el sistema
conocido como «bonus-malus», el establecimiento de pólizas plurianuales y
de policultivo, la racionalización en los sistemas de contratación; el
tratamiento preferencial para el agricultor a título principal de acuerdo
con lo que se prevé en el proyecto de ley de modernización de las
explotaciones agrarias; la adecuación de los porcentajes de subvención
según una clasificación de cultivos o clases de ganado realizada
considerando los riesgos fundamentales de nuestra producción agraria.

En el Plan trienal se incluirán las siguientes nuevas líneas de seguros
agrarios: el seguro combinado de viento y pedrisco en aguacate; el seguro
combinado de helada, pedrisco y viento en kiwi; el seguro de riesgos
climáticos en piscifactorías de truchas; el pedrisco para todos los
cultivos, combinado con otros riesgos; estructuras de invernaderos y el
caprino y sistema de protección frente a otros daños causados por
catástrofes naturales.

Finalmente, quiero resaltar que la reforma de los elementos clave en el
funcionamiento del seguro agrario incluirá la elaboración de nuevas
normas de peritación y la modificación de las actuales para dotarlas de
agilidad y de eficacia; la actualización del funcionamiento de la



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comisión general de ENESA y el establecimiento de mecanismos para la
participación de las comunidades autónomas, así como la potenciación de
los sistemas de control del Consorcio de Compensación de Seguros. En
cualquier caso, no quisiera zanjar la materia sin mencionar el embrión de
una idea que se está planteando estos días a las compañías aseguradoras
para establecer un nuevo sistema de arbitraje, distinto del previsto en
la normativa actual de seguros agrarios.

La industria agroalimentaria se ha consolidado en los últimos años como
un sistema económico fundamental, que juega un papel irremplazable para
la animación económica en las áreas rurales, directamente o a través del
incremento del valor añadido de los productos agrarios. El sector tiene
que superar ciertas insuficiencias estructurales, derivadas de su tardío
desarrollo, ya que de una manera general nuestra industria de segunda
transformación, caracterizada por la venta de productos con fuerte valor
añadido, está poco desarrollada en comparación con la industria de los
países de nuestro entorno. La potenciación de esta industria permitirá
aumentar la valoración de los productos agrarios y pesqueros y disminuir
la dependencia del exterior, con la mejora consiguiente de la balanza
comercial y la generación de empleo.

La internacionalización de las empresas se convierte en factor cada vez
más importante debido a la integración económica de nuestro país en
esquemas supranacionales, que hace necesario un aumento de la presencia
de las empresas españolas en los mercados exteriores, tanto a través de
un incremento de las inversiones productivas o de estructuras comerciales
como en lo que se refiere a un incremento de los volúmenes de
exportación. La tecnología de nuestra industria y el conocimiento del
mercado que tienen puede ser de enorme importancia para potenciar su
presencia en el exterior.

El Ministerio de Agricultura prevé intensificar su apoyo a la industria
alimentaria mediante dos instrumentos básicos. El primero es el plan
sectorial para la industria agraria y alimentaria, que ya se ha
presentado a la Comisión Europea, y que prevé en sus seis años de
duración, con una dotación de 200.000 millones de pesetas, incluir la
práctica totalidad de los subsectores y su aplicación deberá traducirse
en la percepción de ayudas directas a la inversión a través del
Feoga-Orientación. Los proyectos a subvencionar serán prioritariamente
aquellos que tengan una notable incidencia sobre el sector productor y
presten mayor atención a zonas de menor desarrollo y a las entidades
asociativas agrarias.

El segundo instrumento será un nuevo Real Decreto que modifique el actual
1462/1988, así como la orden ministerial de asistencia técnica que lo
desarrolla. Las ayudas estarán dirigidas a reducir los costes financieros
de las inversiones que realicen, principalmente, los subsectores no
incluidos en el Plan Sectorial, que son fundamentalmente industrias de
segunda transformación. Este nuevo Real decreto fomentará e impulsará las
acciones que realicen las empresas en las áreas de cooperación
empresarial, I+D, mejora de la gestión y de la competitividad, medio
ambiente y fomento de la calidad y del diseño.

Dentro de la mejora de la industria, un subsector a considerar es el de
la reestructuración de la industria azucarera que actualmente se está
llevando a cabo con ayudas a las inversiones por parte del Ministerio de
Agricultura, que deben proporcionar avances a dichas industrias en la
mejora de las condiciones medioambientales, en el ahorro energético, en
los procesos tecnológicos y en la mejora de las instalaciones de
recepción y almacenamiento. El volumen máximo de ayudas con que podrá
contar la industria azucarera durante las tres campañas que dura el plan
de reestructuración es de 38,7 millones de ecus, que financiará a partes
iguales el Feoga-Garantía y el Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación.

Dentro de esta área de actuación, merece especial atención el proyecto de
ley reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias,
que ya es conocido por SS. SS., que tiene como objetivo fundamental
fortalecer nuestra cadena agroalimentaria, estimulando la estabilización
de las relaciones entre los productores, los industriales y los
comercializadores.

En relación con el apoyo a la calidad, se promocionarán los productos con
denominación de origen, los componentes de la dieta mediterránea, los
productos con etiqueta ecológica, los alimentos que reducen el riesgo de
enfermedades cardiovasculares, los productos tradicionales españoles, los
elaborados por procedimientos y marchamo artesanal, etcétera.

Para finalizar este apartado creo necesario referirme a la formación e
investigación agroalimentarias. La investigación pública agroalimentaria
se viene realizando, coordinadamente a través de cuatro instrumentos. En
primer lugar, programas nacionales de ciencias agrarias, de tecnología de
los alimentos, de biotecnología, medio ambiente y recursos naturales,
financiados por el fondo nacional de investigación científica y técnica.

En segundo lugar, el programa sectorial de I+D agrario y alimentario
financiado por el Ministerio de Agricultura en base a los presupuestos
del INIA. En tercer lugar, los programas de las comunidades autónomas.

Por último, las investigaciones realizadas por otros organismos públicos,
universidades y comunidades autónomas, financiados por la Unión europea u
otras instituciones internacionales.

El programa sectorial de I+D agrario y alimentario del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación contiene proyectos sobre investigación,
demostración, conservación y recursos fitogenéticos, así como
infraestructura y formación de personal investigador. Constituye el
programa marco para las actuaciones del INIA y establece las normas para
la coordinación con las comunidades autónomas en materia de I+D. Se
publicará mediante orden ministerial durante el primer semestre de 1995.

Quiero destacar que la investigación absorbe en el presupuesto de 1995
una dotación de 3.373 millones de pesetas, lo que supone un crecimiento
del 19,8 por ciento respecto a 1994. Lo anterior quedaría incompleto si
no se consigue la transferencia de los resultados de la investigación a
los medios interesados. En este sentido, vamos a poner en marcha una
nueva iniciativa para regular y potenciar la transferencia de tecnología
del INIA y de las



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comunidades autónomas al empresario potencialmente interesado.

Por otra parte la modernización y mejora de la competitividad de la
cadena agroalimentaria se convertiría en una pura declaración de
intenciones si los principales actores, empresarios y agricultores, no
poseen una mínima cualificación profesional. Para evitarlo, el MAPA, en
colaboración con las comunidades autónomas, ha establecido un plan de
formación, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que contempla la
formación de especialistas; la puesta en marcha de un sistema de becas
para los alumnos de los centros de capacitación agraria de toda España;
el mantenimiento de un programa de formación permanente para técnicos que
realicen funciones de desarrollo rural; un programa de formación y
reciclaje para el personal docente de centros de formación profesional
agroindustrial que permita su adaptación a las exigencias de la
implantación de la LOGSE; la formación continuada de agricultores y
profesionales de la industria agroalimentaria mediante ayudas para los
planes de formación realizados por organizaciones y cooperativas
agrarias.

Otra área importante de actuación es la formación agroambiental. Las
ayudas están concebidas para capacitar tanto a directivos, gerentes y
personal técnico como a los propios agricultores, para que desarrollen y
apliquen prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y
participen en el futuro en los programas agroambientales o de mejora
forestal. En este sentido se podrán financiar cursos para que las
comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales participen y
formen a los agricultores en las prácticas agrarias compatibles con el
medio ambiente. Las previsiones en este área de la formación
medioambiental son de poder formar a unos 20.000 agricultores en un plazo
de cinco años.

En lo que se refiere a la conservación del medio natural, como ustedes
saben, por el número de especies y de endemismos presentes actualmente en
España, y porque aquí encuentran su refugio algunas especies ya
desaparecidas en otros lugares del continente, se puede afirmar que
España posee la mitad de los valores naturales de la Unión Europea. En
consecuencia, el principal objetivo es alcanzar un desarrollo sostenible
basado en la utilización racional de los recursos naturales,
considerándolo el mejor camino para el mantenimiento de la biodiversidad
que permite garantizar la persistencia a medio y largo plazo de nuestra
actual civilización.

En este orden de ideas, vamos a poner en marcha en las próximas semanas
una estrategia nacional para la conservación integral de la naturaleza
(Encina), lo hemos bautizado con el nombre de un árbol tan emblemático en
nuestros bosques y en nuestra superficie. Consiste en un conjunto
programado de actuaciones encaminadas a potenciar la conservación del
medio natural mediante un desarrollo equilibrado y dinámico de las zonas
rurales españolas en el que se conjuguen las funciones productiva, social
y ecológica del medio natural. Los fines que orientan esta estrategia son
la conservación del medio natural como sistema, la protección de los
recursos en riesgo y la racionalización de su utilización, así como
inducir la generación de empleo rural estable, mejorar la calidad de vida
y complementar la renta de la población rural.

En relación con el medio natural los objetivos perseguidos son reducir
los riesgos de su degradación por fenómenos naturales, mantener la
diversidad biológica a través de la conservación y el uso sostenible de
sus componentes singulares y corregir los efectos de la degradación
producida por las actividades humanas. Para ello, trabajaremos sobre
cuatro líneas de actuación prioritarias: control de la erosión y
desertificación, plan nacional de forestación, mantenimiento de la
biodiversidad y defensa de la degradación del medio natural.

En relación con las prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente,
el ministerio y las comunidades autónomas van a emprender un régimen de
ayudas que consta de dos elementos fundamentales: por un lado, unas
medidas horizontales, que comprenden programas para el fomento de la
agricultura ecológica; la extensificación de las producciones cerealistas
(el barbecho agronómico al que he hecho referencia en otra parte de mi
intervención); la protección y conservación de razas en peligro de
extinción y formación agroambiental, y, por otro lado, unos programas de
zona, que comprenden un conjunto de 60 programas regionales con
actuaciones concretas que se ejecutarán en zonas seleccionadas en función
de la gravedad de los problemas, el riesgo medioambiental y el objetivo
de conservación de los recursos naturales. Actualmente están ya
funcionando, como ustedes saben, dos programas de zona: el de la
recuperación de los acuíferos 23 y 24, en los que se encuentra el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, y las Lagunas de Ruidera y otros
humedales de interés, y el de recuperación de aves esteparias en tierras
cerealistas de Castilla y León, dotados conjuntamente con unas ayudas
totales de 40.000 millones de pesetas, durante 5 años.

Por otra parte, se hace necesaria una nueva estrategia forestal para
España para proteger la cubierta vegetal contra la erosión, recuperar los
bosques autóctonos, reducir nuestro déficit maderero, impulsar la
reutilización forestal del suelo agrario excedentario y favorecer la
generación de empleo y el mantenimiento de la población en el mundo
rural.

Hay que señalar que a las comunidades autónomas les corresponden las
competencias exclusivas en montes, aprovechamientos y servicios
forestales, así como la prevención y lucha contra incendios, vías
pecuarias y pastos y espacios protegidos. Sin embargo, corresponde al
Estado la competencia de dictar la legislación básica sobre montes,
aprovechamientos forestales, vías pecuarias y protección del medio
ambiente. Por tanto, una vez en vigor la Ley 4/1989, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y estando en
discusión ya el proyecto de ley de vías pecuarias, en este Parlamento,
falta por completar con una ley básica sobre los montes y su
aprovechamiento, por lo que el Gobierno aprobará en los próximos meses el
correspondiente proyecto de ley.

Las principales líneas de actuación en materia forestal que deben ser
impulsadas --la mayoría de las cuales están ya en marcha, aunque de forma
insuficiente-- son: la



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restauración forestal; la regeneración de la cubierta vegetal; la
prevención y lucha contra incendios forestales; el impulso del
asociacionismo de los propietarios forestales; y el fomento forestal,
desarrollo sostenible y medio ambiente.

En los próximos cinco años se realizarán esfuerzos, nunca igualados en
nuestra historia reciente, para forestar o actuar para la mejora de una
cifra total de 2,2 millones de hectáreas.

Las regiones españolas consideradas como zonas de objetivo número uno
muestran unas características preocupantes: baja densidad de población;
excesiva dependencia de los ingresos de procedencia agraria; bajo nivel
de desarrollo económico general; escasa productividad de la agricultura;
elevadas tasas de subempleo, etcétera.

La estrategia para el desarrollo de las zonas rurales debe ir dirigida,
de forma preferente, a conseguir una serie de objetivos primarios: el
asentamiento de la población juvenil; la diversificación del tejido
económico y las posibilidades de empleo (lo que favorecerá la obtención
de ingresos alternativos o complementarios); la dotación de servicios y
equipamientos básicos de apoyo a las empresas agroalimentarias (lo que
constituye, sin duda, una labor interministerial) y la renovación y el
desarrollo de los pueblos, la protección y conservación del patrimonio
rural, incluida la mejora de la vivienda rural.

En el marco comunitario de apoyo para el período 1994-99 y las
intervenciones de los fondos estructurales en las regiones españolas de
objetivo número uno fueron aprobadas por la Decisión de la Comisión de
las Comunidades Europeas de 29 de junio de 1994. Las aportaciones
comunitarias, subvenciones nacionales y del sector privado, totalizan
para el período citado la cantidad de 7,7 billones de pesetas. Como
complemento, se ha propuesto a la Comisión Europea un programa operativo
para el desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales de
las regiones objetivo número uno, que será aplicado siguiendo y
complementando las pautas del programa Leader II, mediante iniciativas
locales (públicas, privadas o mixtas) y para promover el desarrollo
endógeno y la diversificación en dichas zonas durante el período 1995-99.

Con este programa se pretende atender la alta demanda registrada por los
grupos de acción local, que movilizará unas inversiones superiores a
86.000 millones de pesetas y que beneficiará a aquellos agricultores que
diversifiquen sus actividades o generen rentas complementarias o
alternativas fuera del sector agrario. Las subvenciones podrán alcanzar
el 50 o el 70 por ciento según que las inversiones sean productivas o no
productivas, respectivamente.

En cuanto al desarrollo de las zonas rurales del objetivo 5 b), el
programa tiene un enfoque integrado con participación de los Fondos
Estructurales, con posibilidades de intervenir en todas las actividades
susceptibles de contribuir al desarrollo rural: agricultura, actividad
forestal, pequeñas empresas, turismo, medio ambiente y formación. La
estrategia de desarrollo de estas zonas tiene como objetivo prioritario
el mantenimiento del tejido económico y social, mediante la dotación de
infraestructuras de base; la diversificación económica; la mejora del
hábitat rural; la protección de los recursos naturales; y el acceso a la
formación por parte de los recursos humanos. Los tres fondos
estructurales y las administraciones españolas realizarán un esfuerzo
conjunto en el período 1994-99 que se materializará en una inversión
próxima a los 285.000 millones de pesetas, con unas subvenciones públicas
de 171.000 millones.

Mención especial merece el plan agrario de regadíos, que deberá tener en
cuenta la nueva situación de los mercados agrarios. Este Plan establecerá
las pautas de actuaciones futuras en materia de consolidación de los
regadíos existentes, mejora de la eficacia en el uso del agua para riego
y la explotación futura de la superficie regable. En cuanto a las nuevas
transformaciones en regadío, debo decir que el MAPA no renuncia al
crecimiento de la superficie regada, pues el regadío, además de
constituir una fuente para el sostenimiento de las rentas, constituye una
actuación importante para la fijación de la población en el territorio.

He ido desglosando las distintas actuaciones que el ministerio va a poner
en marcha en los próximos meses. Algunas de ellas requerirán un nuevo
marco legal. Por ello debo, en este momento, recordar el programa de
iniciativas legislativas, que se encuentran en trámite parlamentario: el
proyecto de ley reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias; el proyecto de ley del Parque Nacional de Picos de
Europa; el proyecto de ley de vías pecuarias, y el proyecto de ley de
modernización de explotaciones agrarias.

En mi anterior comparecencia, el 15 de junio, me comprometí en nombre del
Gobierno, a la aprobación inmediata de estos dos últimos proyectos de ley
que ya están en el Parlamento. La moción del Senado, de 14 de junio del
presente año, instó al Gobierno a elaborar en 1995 un proyecto de ley de
bases sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los
productos agrarios y agroalimentarios, que me comprometo a elaborar una
vez aprobada la nueva OCM del vino en la Unión Europea. Asimismo, deberá
modificarse o derogarse la Ley 25/1970, del Estatuto de la viña, del vino
y de los alcoholes.

De acuerdo con nuestro compromiso electoral, se encuentran en fase de
elaboración dos Proyectos de Ley declarando parques nacionales Monfragüe
y Cabañeros, en colaboración con la Junta de Extremadura y la de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para finalizar, considero que conseguir los objetivos marcados, y lo he
indicado repetidamente a lo largo de mi exposición, necesita la
colaboración de las distintas fuerzas políticas y de los agentes
económicos y sociales relacionados con el sector. Por ello, quiero
reiterar que el Ministerio de Agricultura va a mantener una actitud ante
esta Cámara abierta y transparente, de diálogo, con los interlocutores
profesionales, comprometiéndome a mantener una estrecha colaboración con
esta Comisión de Agricultura para que, entre todos, consigamos las
mejores respuestas a los problemas de conjunto del sector agrario y yo
diría que del conjunto del sector agroalimentario español.

En los próximos días voy a presentar al sector agroalimentario, y a las
comunidades autónomas, un documento de reflexión sobre la
agroalimentación española ante el



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futuro. Algunas de las líneas de este documento son las que acabo de
exponer a SS. SS., que recogen recomendaciones efectuadas por el
Parlamento y que pueden ser complementadas en los próximos días. Con este
documento de reflexión pretendemos disponer de un marco estable de
actuaciones a medio plazo que permitirá al sector adoptar decisiones con
un horizonte temporal más amplio, así como servir de base para la
actuación de las diferentes administraciones públicas.

Insertar nuestros criterios y prioridades en las reformas de la política
agrícola común, impulsar la modernización estructural de la actividad
agraria y de la industria agroalimentaria, poner en marcha la estrategia
nacional de conservación integrada de la naturaleza (Encina) y
desarrollar la política de desarrollo rural, son los importantes retos,
junto con la preparación de la Presidencia Europea, a lo que nos
enfrentamos en el inmediato futuro.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. ¿Grupos que quieren
intervenir en el debate? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ramírez tiene la
palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Ministro, por la larga y
compleja exposición que nos acaba de hacer, de donde se desprende,
primero, una voluntad de intentar traer aquí el debate presupuestario
cuando no es objeto de esta comparecencia. Tendremos ocasión de hablar en
profundidad del presupuesto del Ministerio de Agricultura de 1995 en el
trámite parlamentario oportuno. Por tanto, no me voy a referir a ese
presupuesto ni a las cifras que constantemente el señor Ministro ha
intentado traernos, quizá buscando algunos titulares de prensa, pero no
me resisto, señor Ministro (y me he reído cuando lo ha dicho, porque es
la segunda vez que lo he oído por una autoridad del ministerio) a esa
adecuación simplista de: tantos millones recibimos de la Unión Europea,
del Feoga, tantos agricultores hay, salimos a tanto. Ya se ha dicho dos
veces en esta casa que salimos a un millón de pesetas por agricultor. Si
es cierto, señor Ministro, yo le recomiendo que cierre el Ministerio de
Agricultura, pague el millón de pesetas a cada agricultor y nos quitamos
de problemas. Sabe perfectamente que no es así. Por tanto, hay ahí
circunstancias de localización, extensión de tierra, número de cabezas,
etcétera, para negar rotundamente la simplista contabilidad que está
llegando desde el Ministerio de Agricultura a determinadas creaciones de
voluntad.

Tampoco me parece, en una cuenta muy rápida, decir que la renta agraria
ha subido tanto. ¿Cuántos agricultores han desaparecido? ¿Qué pérdida de
población hemos tenido? No me diga que la renta agraria de tal a tal
fecha ha subido el 49 por ciento. ¿Cuántos agricultores hay de menos? Esa
adecuación se verá haciendo la adscripción de la renta si se hubiera
mantenido igual la variable de población; como la población ha
disminuido, efectivamente salimos a más, pero no me haga usted tampoco
esas cuentas tan simplistas.

Ha hablado profundamente, señor Ministro, de su programa agroindustrial,
que será el segundo que el ministerio nos trae, porque el primero se ha
saldado con un fracaso absoluto al acumular una deuda cuya cuantía aún no
sabemos, de conformidad con las previsiones del decreto 1.462, deuda que
se nos dijo iba a liquidarse en el año 1994 y no se ha liquidado. En el
presupuesto para 1995 se contiene un aumento considerable para liquidar
esa bolsa de endeudamiento que se había creado en el sector
agroindustrial. Repito, será la segunda vez que autoridades y
responsables del Ministerio de Agricultura nos hablan de un amplio
programa de desarrollo de la industria agroalimentaria. Lo tendremos que
coger entre comillas y aceptarlo con la falta de confianza que nos dan
sus promesas. Por ejemplo, yo tengo aquí una muy concreta de su anterior
en el cargo, señor Albero, cuando dijo textualmente en el mes de marzo:
Necesitamos tener un gran grupo multinacional español de grasas
vegetales; si se hiciera la fusión --estábamos hablando de Koipe--, me
gustaría que se respetaran dos principios básicos: una empresa sólida y
gestionada por capital español.

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y, por tanto,
cualquier situación que usted nos diga que no parta de un hecho concreto;
desde 1992, el 40 por ciento de la venta del sector alimentario español
pertenece a las industrias multinacionales. Cuando hablamos de esa
hipoteca de falta de dirección española en el sector agroindustrial,
posiblemente podríamos entender lo que va a suceder. Por tanto, entre
paréntesis y entre comillas, señor Ministro, aceptaremos ese plan que, en
definitiva, intentará saldar la deuda acumulada en el sector, deuda que
veníamos señalando desde el Grupo Popular hace años y que era negada en
estas comparecencias por las autoridades del ministerio.

Usted ha puesto énfasis en la modernización. Tenemos un proyecto de ley
aquí en la Cámara. Por cierto, no ha querido usted venir a presentarlo.

No había enmienda a la totalidad, pero nadie impedía al Ministro de
Agricultura traer el proyecto y presentarlo en un Pleno si tan convencido
está de sus resultados. Se ha entrado a discutir de forma silenciosa,
discreta, pero sin que el Gobierno haya apostado públicamente en su
presentación y en las cuestiones con las que pretende resolver los
objetivos o las grandes cuestiones que se plantean en él. El proyecto es
malo, señor Ministro. Hemos intentado enmendarlo profusamente. Es malo
desde el momento, por ejemplo, que no contempla las entidades asociativas
de carácter agrario destinadas a la transformación y a la
comercialización. Ignora el mundo asociativo en ese sentido y hemos
intentado remediarlo con nuestras enmiendas. Esperemos que haya voluntad
de recibirlas.

Habla satisfactoriamente de las circunstancias que concurren en nuestras
exportaciones. Seguimos teniendo saldo negativo, señor Ministro;
solamente cubrimos el 87 por ciento. No tengo que decírselo, pero, por lo
menos, que conste en el «Diario de Sesiones». ¿Sabe cuál es nuestro saldo
con Francia? En el año 1986 teníamos un saldo positivo de 38.000 millones
de pesetas; en 1993, un saldo negativo de 117.000 millones de pesetas;
eso con Francia, en



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agroindustria, en agricultura, en la pesca; en el sector alimentario.

Esta es nuestra situación. Hemos exigido aquí desde el Grupo
Parlamentario Popular el cambio del organismo dinamizador de nuestras
exportaciones, del Icex; hemos intentado que se traigan a España
instituciones como las que existen en Francia, en Alemania, en Holanda,
corporaciones de derecho público donde participan la Administración y los
administrados para acometer, gestionar y protagonizar el hecho
exportador. Ustedes no han querido. Pues mientras no lo hagamos, señor
Ministro, nuestras exportaciones, nuestro comercio exterior
agroalimentario seguirá teniendo la situación desgraciadamente negativa
que tenemos en estos momentos.

Ha hablado, señor Ministro, rápidamente, sobre las medidas de
acompañamiento de la reforma de la política agraria común, de la
forestación. No ha hablado de la jubilación anticipada. El señor
subsecretario de su ministerio hace diez días dijo en esta Cámara que la
jubilación anticipada había sido un fracaso. No se ha referido usted a
ella. Eso merecería, señor Ministro, a nuestro juicio, estudiar las
causas de ese fracaso y modificar la norma. La norma está haciendo
imposible el rejuvenecimiento de la población agraria española; la norma
está haciendo imposible que nos beneficiemos de los fondos comunitarios
«ad hoc» existentes para ese fin. Está fracasando y tenemos la población
agraria más vieja de la Unión Europea. El señor subsecretario reconoce
aquí hace días que es un fracaso. No nos pudo dar cifras, no las tenía en
ese momento, luego no me las ha remitido, aunque me las prometió; pero la
realidad es que esa institución la tenemos cerrada, no está siendo
aprovechada por nuestro sector agropecuario.

Lo mismo me temo, señor Ministro, que pueda suceder con las medidas
medioambientales y de forestación. Nos habla de la posibilidad de
utilizar medidas medioambientales en 2.500.000 hectáreas de barbecho. ¿Y
por qué 2.500.000, señor Ministro, si tenemos 3.500.000? ¿Por qué
marginamos un millón de hectáreas? ¿Por qué marginamos el 30 por ciento
de la superficie de barbecho obligatorio y blanco? ¿Por qué razón? No nos
lo explica nadie. Tenemos derecho todos. ¿Por qué 2.500.000 si hay
3.500.000 hectáreas? ¿Por qué en su momento se hizo la cuenta de
9.200.000 hectáreas de superficie básica de producción de herbáceos
dejando fuera y consolidando 3.500.000 hectáreas de barbecho, y ahora, en
función de su promesa, solamente van a poder recibir ayudas 2.500.000?
Señor Ministro, vamos a perfilar entre todos esas expresiones, esas
cifras, y vamos a intentar no producir marginaciones.

Hemos pedido datos sobre el plan de forestación de tierras agrarias. Nos
ha dicho S. S. en otras instancias parlamentarias que 15.000 agricultores
han solicitado acogerse a la medida y 300.000 hectáreas. Señor Ministro,
sin entrar en sospecha de que quizá esa globalización no sea exacta,
comprométase a mandarnos la relación por provincias y por superficies.

Comprométase para que podamos saber cuántas peticiones hay, cuántas han
autorizado y qué superficie corresponde, porque se están globalizando y
nos tenemos mucho, señor Ministro, que la realidad no se corresponda
directamente con los datos.

Por tanto, la aplicación del paquete de medidas medioambientales,
aquellas 65 medidas que se remitieron en su día a la Comunidad, están
llegando muy lentamente, muy fraccionadamente al sector y no están
alcanzando aquellos objetivos que tenían cuando se aprobaron:
complementar, paliar la dureza de las reformas de la política agraria
común.

Aquí vamos a entrar en el fondo y de lleno en nuestra intervención. Señor
Ministro, en este momento la agricultura española tiene planteadas unas
reformas realmente importantes que van a condicionar el futuro inmediato
de grandes regiones españolas y de grandes sectores de la población
agraria española. Para qué vamos a insistir en lo que significa para
España la reforma del sector vitivinícola. Esta Cámara se ha pronunciado,
esta Comisión se pronunció, a instancias del Grupo Parlamentario Popular
y --como recordó el otro día nuestro portavoz del sector vitivinícola--
no creemos que usted haya utilizado toda la energía que se le suponía en
los primeros debates que ha habido en el interior de la Comunidad. Hay
argumentos que no han sido utilizados aún por S. S. y espero que en las
sucesivas instancias y reuniones comunitarias los utilice.

A nosotros, señor Ministro --no sé si lo recordará usted, porque entonces
no estaba en el sector agropecuario--, cuando España se incorporó a la
Comunidad en el sector lechero nos prohibieron utilizar la caseína como
elemento fundamental en la elaboración de quesos. Dijeron que era una
actuación artificial e inexplicablemente dijimos no a la utilización de
la caseína. Lo mismo sucede con la «chaptalización»; es lo mismo
«chaptalizar» con azúcar que introducir caseína en la elaboración del
queso. Dijimos no a la caseína, porque se nos impuso, exijamos que se
diga no a la «chaptalización» en este sector.

Como usted bien ha dicho, el tema relativo a frutas y hortalizas está
abierto. Señor Ministro, infórmenos en este momento cómo está la
negociación con Marruecos. La información que obra en nuestro poder es
que el comisionado de la Unión Europea se ha comprometido a que 134.603
toneladas de tomate marroquí no van a estar sujetas a precios de entrada
ni a calendario. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que 134.603 toneladas de
tomate marroquí no van a ajustarse a los establecimientos del GATT, no
van a ajustarse al calendario y, por tanto, a partir de noviembre --o
antes-- van a poder entrar en el mercado comunitario sin tener que hacer
frente a ningún tipo de tasa compensatoria? Esto puede condicionar el
futuro total de la producción tomatera española, canaria y del sur de la
Península. Dígase esto, porque la información que tenemos es que esa
oferta ha sido hecha el pasado día 4 de octubre y que, por tanto, está a
punto de aprobarse. Esa circunstancia puede condicionar toda la reforma
de la OCM de frutas y hortalizas y puede condicionar --repito-- el futuro
del sector. Igualmente ocurre con las reformas que ha mencionado S. S. en
relación a la remolacha, arroz, algodón y olivar.

Me agrada, señor Ministro, que en este momento por boca del máximo
representante de la política agraria socialista se diga que vamos a
luchar por un cupo de algodón nacional. ¿Sabe S. S. que en dos ocasiones
su Grupo Socialista ha votado en contra de tal proposición hecha en



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esta Cámara por el Grupo Popular? Dos veces la ha rechazado el Grupo
Socialista; en dos ocasiones diferentes que esta cuestión ha sido traída
a esta Cámara por nosotros, instándole al Gobierno que planteara un cupo
de algodón diferente del griego y por dos veces se nos ha dicho que no,
que estábamos equivocados, que era una barbaridad, que eso suponía romper
la estrategia comunitaria. Me agrada oírle en ese sentido, señor
Ministro; de alguna forma en algunas de las cosas que vamos diciendo
vamos teniendo razón.

Le falta añadir, señor Ministro, el cupo nacional de aceite de oliva.

Tenemos que romper la dinámica actualmente existente de estar unidos en
la producción y en el cupo comunitario con nuestros más directos
competidores que, por cierto, sus empresas controlan el sector español.

Por tanto, no nos conviene estar ni un minuto más unidos especialmente a
Italia en el diseño del cupo máximo de aceite producible en el interior
de la Comunidad Económica Europea.

Vamos a hablar a continuación de temas nacionales. Se ha referido a los
seguros agrarios. Es cierto, señor Ministro, no podemos seguir un minuto
más en la circunstancia de ser Agroseguro y sus técnicos los enemigos
número uno del campo español. No podemos seguir un minuto más con esas
tensiones que se están generando cada vez que hay un siniestro, cada vez
que llega el técnico de Agroseguro, cada vez que perita y cada vez
intenta engañar al agricultor. No podemos seguir un minuto más y, por
tanto, eso hay que cortarlo de raíz. No creo que con las indicaciones que
ha hecho S. S. sea suficiente; esto hay que cambiarlo. Me agrada que
nuevamente el Ministro de Agricultura hable del seguro agrario como
política de rentas. Aquí se ha dicho de todo --claro, ha habido cuatro
ministros en tres años--; se dijo primero que sí, que era política de
rentas; luego dijeron que no, que no era política de rentas y ahora
nuevamente dice el señor Ministro que es política de rentas.

Efectivamente, el Grupo Popular siempre ha entendido el seguro agrario
como política de rentas, y en esa línea vamos a continuar.

Se ha referido el señor Ministro a la urgente reasignación de la cuota
procedente de la reserva nacional de leche y la transferencia de la
cantidad de referencia. Rápidamente, señor Ministro, porque ya estamos en
otra campaña, por tanto, no dejemos que se pudran las cosas; reasignemos
y permitamos las transferencias de una forma urgente. Por cierto, un dato
al que no he hecho referencia, señor Ministro. ¿Cuánto es el montante de
la multa? Hay declaraciones de sus antecesores: no vamos a pagar ninguna
multa; esto lo dijo el señor Solbes. Este año en los Presupuestos
Generales del Estado --a los que tantas veces se ha referido-- aparecen
ya 14.000 millones de pesetas para pagar la multa, aunque no con estas
expresiones. ¿Cuánto es el montante de la multa y cuánto tenemos que
pagar al año? No lo sabemos. Dígase. ¿O nos quedamos solamente con lo que
dijo el señor Solbes, que no íbamos a pagar? ¿O solamente con lo que
aparece en el presupuesto de este año, donde se dice que vamos a pagar
14.000 millones de pesetas? Dígase cuál es la cuantía. Por tanto, a la
hora de repartir generosamente los millones del Feoga entre todos los
agricultores, digamos, señor Ministro, que 14.000 millones de pesetas no
van a ir a los agricultores o a los ganaderos, porque se destinan a pagar
la multa y, por ejemplo --que tampoco se dice en los presupuestos--, si
con cargo a ese dinero comunitario vamos a pagar la deuda de Merco de
5.900 millones de pesetas a la que ha condenado el Tribunal Superior de
Justicia al Gobierno español para su devolución. Por tanto, no entremos
en las cuentas del Feoga-garantía y sus repartos generosos porque nos
queda por saber cuánto va para la multa del lácteo y cuánto va para la
devolución de las ampliaciones de capital ilegales --como advertía el
Grupo Popular en esta Comisión-- que constantemente su organismo, el
Forppa, hacía en relación al capital de Merco.

Cultivos herbáceos. Señor Ministro, regulación de campaña. ¿Usted sabe
que ya se están sembrando cereales en las tierras altas, no hay marco
legal y la gente no lo sabe? Por tanto, regúlese la campaña. Hay cultivos
--como ocurre con la colza en Andalucía, que tenía que estar ya
sembrada-- en los que se necesita saber si tenemos referencia
territorial, etcétera. Las semanas pasan, el calendario avanza y
burocráticamente no se puede paralizar; por tanto, es urgente la
regulación de campaña. Se prometió el pago adelantado de las primas de
cereales con ocasión del Real decreto de la sequía. No se ha pagado nada.

Se adelantó oleaginosas, pero cereales no. Por tanto, hay que
comprometerse con lo que se dice en el Real decreto, porque ya estamos
prácticamente en fechas del pago normal y habrá que pagarlo.

Hablando del Real decreto de sequía, señor Ministro, al que usted se ha
referido, ¿por qué se excluyeron los cultivos leñosos? Es normal que en
la primavera, cuando se publicó el Real decreto, solamente se
contemplaran los cultivos herbáceos, ¿pero es que no pueden ustedes
rectificar? ¿Es que no pueden ustedes contratar en los meses de
septiembre y octubre que los cultivos leñosos, la vid y el olivar, no han
alcanzado el 50 por ciento de su rendimiento normal? ¿Por qué el
agricultor de herbáceos va a tener unas ayudas y el agricultor de leñosos
no? Hemos solicitado en la Cámara modificar el Real decreto y ampliar sus
objetivos, pero tiene usted la oportunidad de hacerlo antes de que el
Partido Popular debata esta cuestión. Es de justicia, señor Ministro, que
los propietarios, los agricultores de cultivos leñosos también
introduzcan sus producciones en las previsiones del Real decreto.

Señor Ministro, nuevos rendimientos de cereales por regiones. Se lo
acaban de recordar de forma casi violenta los agricultores de Badajoz
cuando le han apedreado con garbanzos y con maíz en Zafra. Por tanto, no
podemos aceptar aquel reparto regional que está mal hecho y que está
sancionando a los agricultores, máxime, señor Ministro, teniendo en
cuenta que hay tensiones en el interior del país y en el interior de la
Comunidad de falta de cereales. Por tanto, aquellas previsiones de
rendimiento por hectárea están mal hechas y hay que retocarlas y
modificarlas al alza en muchas regiones --repito--, como violentamente se
lo han recordado los agricultores de Extremadura, aunque nosotros no nos
sumemos a esa violencia, pero posiblemente no se habían enterado del
aumento de la renta y



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del millón de pesetas que les iban a llegar de los fondos comunitarios y
por eso manifestaron de esa forma su actuación ante usted.

Leguminosas. Señor Ministro, lo acaba de decir, pero me gustaría que lo
reafirmara. ¿Es cierto que ya están consolidadas las 400.000 hectáreas
para España? ¿Es cierto que hemos pasado de la ayuda de 130 ecus por
hectárea a 150? No tengo esas noticias. Usted acaba de decir que sí, y me
alegro, pero que conste en el «Diario de Sesiones»: 400.000 hectáreas
para España de superficie de leguminosas y el paso de 130 ecus a 150.

Sería una noticia muy positiva, señor Ministro, especialmente de aquellas
tierras procedentes de los arranques de viñedos que podrían tener ahí una
vocación.

Trigo duro. Señor Ministro, ¿20.000 hectáreas más? ¿Dónde?
¿Exclusivamente a los históricos? ¿Por qué solamente 20.0000 hectáreas
cuando Francia ha crecido espectacularmente? ¿Se ha sentido satisfecho
con esas 20.000 hectáreas cuando tenemos demandas en las zonas objetivo 1
realmente importantes? Por tanto, mucha más superficie y, señor Ministro,
derogar urgentemente la normativa para esta campaña. ¿Cómo puede
pretender el Ministerio pedir unas densidades de siembra y un tipo de
calidad de la simiente cuando no hay simiente certificada para garantizar
ese abastecimiento? ¿Cómo puede pretender que con tres meses el sector
tuviera esa previsión? Hemos pedido --y el día 19 se va a debatir en esta
Cámara-- la derogación de la norma y sería una gran noticia para el
sector que hoy saliera el compromiso del Ministerio de derogar la norma,
negociarla con los sindicatos agrarios y el año que viene habrá otro
nuevo marco de referencia. No puede pedir una densidad de semilla más
alta que en Italia, no puede usted pedirla y no puede condenar a los
agricultores a utilizar una semilla que no tiene garantías de su origen,
como demostraremos en su momento en el debate.

Porcino. Hay que retirar urgentemente esas 50.000 toneladas de ibérico de
las zonas afectadas por los focos. Rápidamente, señor Ministro, y no
cuando esté empezando la montanera. El precio se hunde ahora y no se
recupera en toda la campaña; por tanto, rapidez en la actuación.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, vaya concluyendo.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a terminar, señor Presidente. No llevo ni
media hora respecto a la hora y cuarto que ha estado el señor Ministro.

(Varios señores Diputados: ¡Muy bien! Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, sabe que el tiempo reglamentario son
diez minutos y le he dado el doble.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Sabemos el Reglamento y conocemos su
benevolencia. De ahí nuestro intento de utilizar cinco o seis minutos
más.

En cuanto al ovino, señor Ministro, la reserva nacional, distribución de
la reserva nacional, censos actualizados. Estamos sin un censo de ovino
prácticamente desde el año 1990 y no conocemos nada al respecto. Por
tanto, reserva, distribución, censos regionales e individuales.

Ha hablado de la fiscalidad simplemente para anunciarnos que se contiene
en la Ley de Presupuestos el 90 por ciento de exención fiscal a las
siembras no alimentarias y las modificaciones que se contienen en la
Seguridad Social agraria también en el proyecto de ley de modernización.

Señor Ministro, ¿sabe cómo repercute, cómo se beneficia el sector agrario
de los IVA que paga? ¿Lo recuerda? El 4 por ciento. ¿Sabe desde cuándo
está establecido el 4 por ciento? Desde que el IVA medio era el 12 por
ciento. El año que viene, el IVA medio, señor Ministro, es el 16 por
ciento y el agricultor sigue condenado a repercutir, a beneficiarse, a
trasladar ese IVA que soporta con el conocido 4 por ciento. No hay una
norma que le permita enriquecerse en ese IVA. Por tanto, cuando tenía que
hacer frente a un IVA del 12 por ciento, la ley consideró conveniente que
se repercutiera en el 4 por ciento; el año que viene va a ser del 16 y
seguimos con el 4. Ha habido un aumento del 34 por ciento, señor
Ministro, y la Ley de Presupuestos no prevé que se repercuta el aumento
que esa cadena de nuevo IVA supone al agricultor. Como mínimo, tendría
que ser el 5,5 por ciento para mantener la capacidad que tenía cuando el
IVA estaba en el 12 por ciento.

Finalmente, señor Ministro, no ha hecho referencia a las transferencias a
las comunidades autónomas. Está aprobada la transferencia de las
corporaciones de derecho público, cámaras agrarias, en la Ley de 1992. No
ha firmado aún convenio con alguna comunidad autónoma. Hay fuertes
dificultades en su Ministerio a la hora de evaluar nóminas, funcionarios,
etcétera. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional que le dice
que, además, las comunidades autónomas, especialmente las históricas,
pueden protagonizar la aplicación de la política agraria comunitaria.

Quiere decir que gran parte del SENPA ubicado en ese territorio tenía que
ser transferido. Tampoco ha avanzado usted por ahí, ni lo ha mencionado
en su intervención. Posiblemente, no le da importancia, como no da
importancia a la participación de los agentes sociales y de las
comunidades autónomas en el diseño de la política agraria. Por ejemplo,
en la ley de modernización, usted no ha previsto un órgano de encuentro
donde se hiciera el seguimiento y el grado de aplicación de la política
de estructuras --no lo prevé la ley--; donde pudieran participar los
agentes sociales y las comunidades autónomas. Nosotros hemos enmendado la
ley en este sentido de propiciar la participación de las comunidades
autónomas y de los agentes sociales. Su Ministerio no preveía tal
participación. Haga las transferencias que le vienen dadas
obligatoriamente por ley o por sentencias. Apueste usted decididamente
porque la política agraria, la aplicación de la política agraria en el
territorio sea obra exclusiva de las comunidades autónomas. Limítese, que
es bastante, a defender nuestros intereses en las instituciones
comunitarias, a aclarar qué va a pasar en las grandes reformas
pendientes, a diseñar una política fiscal favorecedora del sector, a
modificar nuestros sistemas complejos de comercio exterior, a diseñar una
gran política de industria agroalimentaria, verdadero sostén de nuestra
agricultura. Compra, como usted



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bien ha dicho y nosotros veníamos recordando hace mucho tiempo, más del
80 por ciento de nuestra producción final agraria, ahí está la base del
desarrollo regional y humano de las regiones menos favorecidas, pero le
recuerdo --usted sabe ese dato-- que más del 40 por ciento de esa
industria agroalimentaria ya no es propiedad española y cada vez vamos
adelantándonos más, a pesar que el anterior Ministro de Agricultura
apostara en un sector estratégico por la españolidad del mismo.

Señor Ministro, desgraciadamente, con los antecedentes de su partido y de
su Gobierno, difícilmente podemos creernos las maravillas que se
contienen en su programa. Tenemos antecedentes, tenemos experiencias que
demuestran todo lo contrario. En el día a día de lo que haga S. S. y de
lo que haga su Gobierno veremos su capacidad, y le adelanto que con el
Presupuesto --y no es hora de debatirlo-- que nos ha remitido a la Cámara
no puede hacer, en el año 1995, mínimamente lo que ha pretendido
exponernos en su presentación.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Ministro, lamento haberme perdido gran
parte de su exposición debido a un error que ha habido en la transmisión
de telegramas, en los que se establecían y comunicaban las
comparecencias.

De cualquier manera, señor Ministro, comparecencias como la suya, que se
enmarca dentro de la política de Gobierno que puede ser de propaganda
política, se han producido en todas las Comisiones y, a nuestro juicio,
son innecesarias por cuanto tenemos las comparecencias normales de
Presupuestos en las cuales se hubiese podido avanzar la política, pero,
en fin, es una opción del Gobierno y con mucho gusto voy a exponerle la
posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

He dicho que me he perdido gran parte de su comparecencia, pero usted es
prolijo en declaraciones públicas y a través de varios medios de
comunicación he podido comprobar en los últimos tiempos manifestaciones
que ha hecho usted, señor Ministro, y creo que algunas de ellas no podrán
menos que crispar al sector. Cuando en medios de comunicación se dice que
el Gobierno destinará casi un billón a aumentar la renta de los
agricultores, sabe usted, señor Ministro, que esto no es cierto y,
además, cuando se dice que cada ocupado del sector agrario recibirá este
año un millón de pesetas en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura,
MAPA, quería preguntarle, señor Ministro, si aquí incluye también su
sueldo, el de los altos cargos y el de los funcionarios del Ministerio,
porque ha hecho una división que no se acaba de entender. Le ruego que
explique eso de que cada ocupado recibirá un millón y que intente con
esta explicación calmar un poco al sector, porque realmente estas
declaraciones crean confusión, sobre todo si las unimos a otras en las
que parece que el mundo agrario esté viviendo en el reino de Jauja, a
base de subvenciones estatales y comunitarias, cuando sabemos que gran
parte del sector agrario está pasando por problemas graves de
incertidumbre, de angustia en relación a cuál será el futuro, de
envejecimiento del sector. Muchos jóvenes ante la incertidumbre no se
atreven a hacer nuevas inversiones, no se atreven a hacer cambios
tecnológicos importantes e inversiones necesarias para la mejor
rentabilidad de sus explotaciones. Por eso digo, señor Ministro, que
explique lo del millón y que explique lo del billón.

También quería decirle que en el tema de lo que recibe el sector agrario
es el dicho de si tú te tomas un pollo y yo no me tomo nada del pollo,
resulta que tú y yo nos hemos tomado medio pollo cada uno. Esa es la
estadística, y nuestro grupo conjuntamente con las organizaciones
profesionales agrarias hemos sido muy críticos en el sentido de denunciar
que las ayudas se están repartiendo de una forma absolutamente
discriminatoria. Hay sectores, concretamente los herbáceos, que están
recibiendo mucha ayuda y hay otros sectores como son los de los productos
mediterráneos que no la están recibiendo. Esta es una situación que nos
viene de las OCM comunitarias reformadas, pero lo cierto es que su
ministerio incide todavía más en la discriminación. El borrador de
decreto sobre el tomate viene a incidir también en esta discriminación.

Señor Ministro, teniendo como tiene presentada en esta Cámara una ley de
modernización en la que se tiende a establecer cuáles van a ser las
explotaciones prioritarias y cuáles van a ser los agricultores objeto de
las ayudas preferentes, usted se salta esto a la torera y tiene un
proyecto de Real decreto en el que los cuatro «ítems» que se contemplan
allí para la preferencia en absoluto tienen en cuenta lo que contempla la
Ley de modernización. ¿Qué pasa? ¿No tenemos que ir avanzando en el
sentido del proyecto de ley, o es que esa ley no va a incluir lo que a
nuestro juicio debería incluir que es el fomento de aquellas
explotaciones de las que vive la gente en el campo, en la comarca donde
tiene explotaciones y, además, su renta proviene principalmente de ellas?
Esta es la situación que tenemos, hay datos, hay estadísticas sobre cómo
se han repartido los cultivos herbáceos, el 20 por ciento se lleva el 80
por ciento, y esto queda absolutamente plasmado con números y con cifras
que lo demuestran muy claramente.

Señor Ministro, en relación con los sectores de productos mediterráneos,
¿cuál va a ser su postura? En la organización común de mercado del vino
usted hizo declaraciones muy duras, no sé si fue en dicha organización o
en la de la pesca en la que usted dijo que era el Gary Cooper, pero
realmente no fue tal Gary Cooper cuando se tenía que demostrar donde se
tenía que demostrar. Ahora usted dice que esto está en un proceso de
modificación pero, realmente, señor Ministro, se está trabajando sobre el
mismo articulado de esta propuesta de la Comisión. En la Fira de Lleida
dijo usted que llegaría hasta el final. ¿Podría decir a esta comisión hoy
hasta dónde es ese final? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar usted y
su Gobierno en el caso de que continuase con la barbarie que significa la
propuesta de la Comisión Europea en relación con la OCM del vino?
El proyecto de decreto del tomate nos deja en la duda de si ustedes
realmente ya están renunciando a una correcta reforma de la organización
común de mercado de frutas y



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hortalizas, conforme a los intereses de los productores de los países
mediterráneos. Esta salida de emergencia que ustedes hacen con ese Real
decreto sobre el tomate ¿qué significa? También quiero preguntarle, en la
misma línea que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, y que nos
explique en qué situación están las negociaciones con Marruecos. Parece
que se están barajando varias posibilidades y pienso que ninguna de ellas
sería favorable para los productores españoles. Señor Ministro, le ruego
que nos lo explique en su respuesta.

En relación con la cuota láctea esta Comisión aprobó una proposición no
de ley, a instancias de nuestro grupo, fue aprobada por unanimidad, en la
que se instaba al Gobierno --por tanto, es un mandato que tiene su
ministerio de esta Cámara-- para que se solicitase ampliación de la cuota
láctea --éste era uno de los puntos--, y el otro era que se crease una
mesa de seguimiento en la que las organizaciones ganaderas estuviesen
presentes en todo el proceso de reordenación de las cuotas del sector.

¿En qué situación está? ¿Qué medidas piensa tomar el señor Ministro en
relación con esta proposición no de ley y qué pasos se han dado para la
constitución de la mesa de seguimiento para la reordenación del sector
lácteo?
Hay un problema, señor Atienza, que a nuestro grupo le preocupa
especialmente. También hemos leído declaraciones suyas en la prensa en
las que empieza a poner en duda la viabilidad de la explotación familiar
agraria, cuando la política agraria deba estar basada fundamentalmente en
hacer viables esas explotaciones familiares agrarias. Parece ser que se
está entrando en una dinámica, de la misma forma que se hizo en el sector
industrial, en el que la modernización venía a través de las grandes
empresas, grandes superestructuras basadas en capital especulativo
financiero; yo no sé si el modelo que usted está planificando también es
olvidarse de aquellas explotaciones familiares agrarias que, según usted,
no van a ser rentables. Pues mire, señor Ministro, hay algunas que si no
son objeto de ayuda preferente no lo van a ser, pero lo que nosotros
estamos diciendo es que se tenga en cuenta que esas explotaciones
familiares agrarias son las que están incardinadas en el mundo rural. Si
no lo pagamos antes para hacer que esas explotaciones puedan ser
rentables y puedan dar vida a las familias que viven de ellas, lo
pagaremos de otra manera. Lo pagaremos con éxodo a las ciudades, lo
pagaremos con paro urbano, lo pagaremos con marginación, desertización y
despoblación de grandes núcleos rurales. Por tanto, aclare también esto,
porque yo tengo declaraciones suyas hechas en revistas, me estoy
refiriendo en concreto a una de la Unió de Pagesos, en la que dice que no
podemos mantener este concepto de explotación familiar en el sentido de
explotación mínima para subsistir; habría que ir a un concepto de
explotación familiar. Aquí, señor Ministro, está mostrándose muy ambiguo.

Este era uno de los problemas que nosotros veíamos en la ley de
modernización, que otros grupos también han observado y tienen enmiendas
en ese sentido, pero para la tranquilidad al menos de esta Diputada, del
grupo al que representa y de las organizaciones profesionales agrarias le
pediría que lo explicase hoy.

También se ha manifestado rotundo en la necesidad de tener un diálogo
permanente y fluido con las organizaciones profesionales agrarias y los
agentes sociales. Yo le diré, señor Atienza, que no es la mejor manera
tal y como ustedes han actuado en relación con el nombramiento de los
representantes de las OPA en el CES, en el Consejo Económico y Social
europeo. Ustedes han prorrogado el mandato de representantes de
organizaciones agrarias sin consultar con las organizaciones agrarias.

Este es un modelo realmente antidemocrático, implica una falta absoluta
de transparencia, y en ese sentido me gustaría saber qué criterios han
utilizado. ¿Es éste el diálogo que quieren ustedes tener con las
organizaciones profesionales agrarias? ¿Cómo puede ser que el
representante de organizaciones agrarias no sea el que elija la propia
organización para que actúe en el Consejo Económico y Social europeo? Es
absolutamente increíble pero así se ha producido.

Por último, está claro que cualquier política, también la agraria, debe
tener una traducción presupuestaria, y yo, después de un primer avance,
de una primera aproximación a los presupuestos, me ha parecido bastante
sorprendente que a pesar de que hemos tenido un año en el que ha habido
desastres múltiples, sobre todo en la cuenca mediterránea, incendios en
verano, grandes riadas que han causado daños catastróficos en otoño, en
materia de infraestructuras vemos unos presupuestos en los que no hay un
avance cualitativo; muchos regadíos han sido destruidos por incendios y
por riadas y no se incrementa el presupuesto. La partida destinada a
reparación y prevención de daños catastróficos no solamente no aumenta
sino que disminuye de forma escandalosa; en el presupuesto de Icona hay
un incremento de 4.000 millones que supongo se dedicarán a inversiones de
reposición de infraestructura, supongo que serán medios aéreos, pero
disminuyen 51 millones las compensaciones socioeconómicas en las áreas de
influencia de los espacios naturales protegidos y eso se contradice
flagrantemente con lo que usted ha dicho en relación con los parques
nacionales. Para el tratamiento preventivo en la lucha contra incendios,
señor Atienza, hay la misma cantidad que el año pasado. Si esto es ir a
una nueva política, si esto es corregir errores del pasado, ya nos lo
explicará. Se reducen también las transferencias corrientes a
corporaciones locales, a particulares por pérdida de renta en parques
nacionales, cosa que es realmente preocupante puesto que, si no
implicamos a la población limítrofe con los parques nacionales, no
avanzaremos en la política de protección del medio ambiente.

En relación al tema de estructuras productivas, es un año perdido. Yo no
sé si ustedes estarán esperando a la promulgación de la ley, pero
realmente en materia presupuestaria es un año perdido. Lo mismo ocurre
con lo relativo a la modernización de estructuras agrarias. La dotación
para compensación de rentas por limitaciones naturales en las zonas
desfavorecidas disminuye y la dedicada a promoción y diversificación de
la economía rural disminuye también.

Esta es la traducción presupuestaria de una política. La inmensa mayoría
del presupuesto continúa siendo fondos comunitarios, que van a ayudas de
rentas, que van a las



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medidas de acompañamiento de la PAC, pero el esfuerzo presupuestario del
Estado español en relación con el mundo rural y con el sector agrario
continúa siendo absolutamente, yo diría, mezquino, puesto que nos
hallamos en una situación en la que el sector agrícola y ganadero tiene
que dar un salto, como usted ha dicho, cualitativo, y eso requiere fondos
y requiere una política que esté definida, para que sepamos exactamente
qué tipo de explotación vamos a favorecer y acabemos de una vez por todas
con las ambigüedades.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención
agradeciendo al señor Ministro su comparecencia y recordando --ya lo ha
hecho la señora Rivadulla-- que Cataluña está padeciendo en este momento
una de las más trágicas inundaciones, de cuyas consecuencias SS. SS. se
han enterado por los medios de comunicación, en las que ya hay que
lamentar por lo menos cuatro muertes, cinco desaparecidos y también
cuantiosos daños causados en todos los sectores, industriales, servicios,
comunicaciones, pero también son muy importantes las destrucciones en el
sector agrícola, ganadero y pesquero, lo que seguramente hará necesario
que su Ministerio y la Consellería de Agricultura coordinen esfuerzos y
sumen las ayudas a los damnificados, para reparar en lo posible las
consecuencias de este desastre, con el fin de que cuanto antes se puedan
emprender las actividades en muchas explotaciones agrarias. La propia
situación geográfica de Cataluña hace que esté expuesta periódicamente a
este tipo de desastres, tanto incendios forestales como lluvias
torrenciales, pero jamás con esta intensidad. No quisiera que se me
interpretara como fatalista porque seguramente es perfectible la
previsión y evitable en parte la magnitud de las catástrofes, pero de la
misma forma que las altas temperaturas, la sequía, las bajas humedades y
los vientos fuertes hacen que proliferen los incendios y que aumenten,
por lo tanto, su magnitud, las altas temperaturas de las aguas próximas a
la costa mediterránea --este año cuatro grados, señor Ministro, por
encima de la más alta jamás registrada en esta época-- provocan la
formación de violentos temporales de lluvia, que descargan en unas zonas
más intensamente que en otras. Se ha producido lo que se temía después de
nueve meses de sequía total y llovió en un día 400 litros por metro
cuadrado, que es toda el agua caída en un año. En mi comarca, la del Bajo
Ampurdán, sin ser la más perjudicada, llovió 200 litros/metro cuadrado en
dos horas. Los más viejos del lugar aseguran que ni en los últimos cien
años se recuerda que los ríos de la zona hubieran llevado tal caudal de
agua y alcanzado tanto nivel.

He sentido la necesidad de hacer este preámbulo para recabar la
solidaridad de SS. SS., y la de usted, señor Ministro, y también para
censurar a aquellos insensatos que se apresuran a culpar de las
catástrofes naturales que aquejan a Cataluña a los gobernantes, mientras
que las mismas catástrofes, cuando aquejan a otras zonas, son sólo
calamidades de la naturaleza.

Entrando ya en el contenido de su comparecencia, quiero recordar que en
la que celebramos en junio, después de su nombramiento, nos habló usted
de la política que pensaba realizar. Hoy, además, podemos contrastar ya
algo de lo que se está haciendo, y debo manifestarle, de entrada, mi
comprensión por la forma en que se están afrontando las muchas
dificultades que se le han acumulado desde su nombramiento. Pienso que en
estos pocos meses está usted librando simultáneamente importantes
batallas que, independientemente de los resultados finales, tienen un
buen planteamiento, coincidiendo en la mayoría de los casos con las
directrices emanadas de este Congreso y de esta Comisión, especialmente
haciendo posible el acceso de nuestros agricultores a todos aquellos
fondos estructurales europeos, tarea prioritaria en la que las
comunidades autónomas están realizando un importante esfuerzo de
cofinanciación. En la batalla por la nueva OCM del vino se le exige a
usted la máxima firmeza en la defensa del sector vitivinícola, que es más
que un sector autonómico, social o medioambiental, porque es el sector
vital para el equilibrio territorial y para la imprescindible permanencia
de agricultores en amplias zonas de nuestro territorio. El país no se
puede permitir la reducción significativa de este sector ni que se nos
inflija tamaña injusticia. Tampoco deberá transigir en la posición
española que le demanda el sector pesquero hasta obtener la equiparación
de las artes de pesca y el mantenimiento del convenio con Marruecos.

Respecto a los acuerdos del GATT y sus previsibles consecuencias sobre
nuestra agricultura dispone usted de una herramienta en que apoyarse, que
es el catálogo de resoluciones adoptadas en este Congreso, tanto respecto
a la política agraria interna como las resoluciones que le obligarán a
permanecer en constante vigilancia en el cumplimiento estricto, por parte
de todos los países de la Unión Europea, de las reglas que limitarán las
importaciones, especialmente, de productos sensibles mediterráneos. Yo
diría que nuestro sector agrario está más que preocupado por la extensión
de los acuerdos comerciales preferenciales bilaterales entre países de la
Unión Europea y terceros países, así como por la ineficacia de los
mecanismos intracomunitarios para limitar las importaciones,
especialmente en frutas y verduras, de terceros países. A nuestro juicio,
señor Ministro, no está suficientemente calibrada la gran repercusión de
las importaciones de frutos tropicales sobre las variedades de frutas
cultivadas en Europa. Será responsabilidad especialmente de usted, señor
Ministro, tener en cuenta todas estas circunstancias en la elaboración de
la OCM de frutas y hortalizas, para que este sector tan importante de
nuestra agricultura, de nuestra producción agraria, no resulte
irreversiblemente perjudicado en la elaboración de una OCM que, al
parecer, pretende aplicar discriminaciones desfavorables comparadas con
otras OCM ya vigentes. Nos referimos concretamente a la presumible
exclusión de la comunitarización de la solidaridad financiera y a la
disminución de las restituciones a la exportación a terceros países. No
debe permitirse que los intereses de las grandes redes de comercio
mundial de productos



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agroalimentarios sean a expensas de los productores de los países
mediterráneos. La OCM de frutas y hortalizas parece que debe estar
aprobada antes de finalizar el año, su borrador no invita al optimismo y,
al igual que respecto a la OCM del vino, su máxima firmeza será
imprescindible para garantizar la rentabilidad y el futuro del sector
hortofrutícola español.

Señor Ministro, usted ya ha comprobado cómo la fuerza de las razones, más
esta firmeza, da resultados favorables, por ejemplo, la reciente
convalidación del reglamento que regula las importaciones de plátano, que
Alemania había recurrido, o el haber logrado la incoación de un
expediente a Francia por los ataques de sus agricultores a las
exportaciones españolas. Le pedimos que siga usted con esta firmeza y la
aumente si es necesario.

Me referiré, a continuación, a un problema sobre el que este Congreso
también ha manifestado reiteradamente su preocupación, preocupación que
en nuestro caso se transformaría en alarma si usted nos confirmara los
supuestos que al parecer baraja el Ministerio en la redistribución de la
cuota láctea de la reserva nacional. Nuestro Grupo se ha manifestado de
acuerdo en las prioridades fijadas en el Real Decreto 1888/1991,
equilibradas, pero con el compromiso adquirido por su Ministerio de que
un mínimo del 30 por ciento de las cantidades rescatadas por los
abandonos voluntarios de la producción, en cada comunidad autónoma,
serían adjudicadas por los mismos organismos de las comunidades autónomas
y en su propio territorio. Este equilibrio, respetuoso con los diversos
sistemas de producción de cada zona, habría sido eliminado, al parecer,
por imposición de unos criterios o puntuaciones restrictivas de carácter
general, que discriminarían a las explotaciones y zonas más competitivas
y a las asociaciones de ganaderos. La absurda discriminación empezaría,
señor Ministro, a partir de ganaderías de unas doce vacas, con
producciones de alrededor de 100.000 kilos, rebajando la puntuación por
cada tramo de producción de 25.000 kilos, o sea, por cada tres vacas.

Esto nos lleva a que, excluidas las ganaderías de seis a siete vacas, las
más favorecidas por el proyecto de reparto de cuotas serían las que
tienen entre seis y doce vacas. De ser esto así, se daría una triste
imagen de lo que su Ministerio entiende por lo que es ganadería
competitiva, ganadería de rentabilidad o de calidad, por lo que son
ganaderías prioritarias, vaya, en las antípodas de lo que, a nuestro
juicio, se entiende en Europa.

Usted tomó posesión del Ministerio con el tiempo suficiente como para
influir en la aprobación de unos presupuestos par 1995, y vemos que
efectivamente ha logrado un importante incremento de alrededor del 20 por
ciento respecto al del año pasado. Nunca las partidas presupuestarias
individualmente consideradas son suficientes o satisfactorias en la
totalidad, pero al dar nuestro inicial apoyo al conjunto presupuestario,
también lo haremos inicialmente al de su Ministerio.

No obstante, tengo que pedirle que me aclare una duda. Está previsto un
conjunto de beneficios fiscales y tributarios o incrementos de
deducciones para los agricultores, tanto en los propios presupuestos como
en importantes leyes, como la de la modernización de estructuras
agrarias, ahora en trámite en el Congreso. Por ejemplo, se contempla una
importante reducción de los módulos para la tributación del IRPF; la no
tributación de las subvenciones de los agricultores que se acojan a la
jubilación anticipada; la supresión de las cotizaciones empresariales de
la Seguridad Social por jornadas teóricas; la autocompensación del tipo
reducido del IVA adeudado por el Ministerio de Hacienda; y todo un
conjunto de desgravaciones y exenciones, como, por ejemplo, las
transmisiones patrimoniales en sucesiones y en concentraciones
parcelarias, todo un conjunto de beneficios fiscales para los
agricultores, algunos de los cuales tienen su origen en los presupuestos
y lógicamente entrarán en vigor a partir del 1 de enero; pero los que
tendrán su origen en las leyes de modernización en trámite me ha parecido
entender que tienen prevista su aplicación también durante este año 1995,
aplicación esta que tendrá importantes implicaciones presupuestarias,
pensamos nosotros, más allá del presupuesto del año 1995, y que se tendrá
que extender a otros presupuestos.

También estoy seguro de que el señor Ministro podría ampliar cuál va a
ser el destino y la cuantía de estas aportaciones y cómo repercutirá en
la mayoría de los ingresos y los impuestos transferidos que serán
anulados, especialmente en las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el
señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quería empezar, señor Ministro,
agradeciendo la densísima intervención que usted ha tenido, en la que ha
planteado innumerables temas en los que en este momento el Ministerio que
usted dirige está trabajando, y, como se ha dicho también por algún otro
portavoz, usted está en este momento en una situación política
controvertida, ha tomado posesión este mismo año y, evidentemente, le ha
tocado lidiar con unos toros muy bravos.

Señor Ministro, desde el Grupo Parlamentario Vasco, sin perjuicio de que
tengamos nuestras diferencias, queremos manifestarle, como cuestión de
orden general, la colaboración para la labor que su Ministerio tiene en
estos momentos en relación a temas importantes, como a continuación
analizaremos. Por tanto, nosotros ofrecemos la posibilidad del juego
político de nuestro Grupo Parlamentario, en la medida en que tengamos esa
coincidencia de intereses, y deseamos que, como usted también ha dicho al
final de su intervención, haya unas relaciones fluidas de su Ministerio
con los grupos políticos representados en esta Cámara.

Respecto a las cuestiones a las que usted se ha referido, yo abordaría,
en primer lugar, que hay una coincidencia, con el planteamiento que ha
hecho, en cuanto al tema de la reforma de la organización común de
mercado del vino, y, en segundo lugar, en cuanto al documento relativo al
análisis sobre la situación de las frutas y hortalizas. Por tanto, lo que
sí le pediríamos, señor Ministro --y yo creo que quizás antecesores suyos
en el cargo pecaban de no tener una política en este tema--, es que tenga
una colaboración



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con los grupos de esta Cámara, que nos informe. En definitiva, yo creo
que la política real y sensata es que cuando usted tenga un planteamiento
a realizar lo someta a la consideración de la Cámara y sin perjuicio de
que reciba matices u opiniones favorables o desfavorables, en definitiva,
que pulse usted cuál es la opinión del Parlamento. Yo creo que es una
política que quizás el Ministerio, a través de sus antecesores, no ha
culminado y no ha llevado a la práctica. Vemos, por el poco tiempo que
usted lleva, que usted tiene una mayor capacidad de interlocución, de
conexión con determinados sectores, y nos parece que debería ahondar
también en esta línea de relación con los grupos parlamentarios. Por
tanto, en estos temas, en cuanto al vino y a las frutas y hortalizas,
vemos que, en líneas generales, es correcta la política que usted está
manteniendo.

Sí quería que nos diera información de en qué estado se encuentra en este
momento en la Unión Europea la estructuración de una organización común
de mercado sobre la patata. Sabe usted que se aprobó una proposición no
de ley por unanimidad donde, como punto primordial de la misma, se
instaba al Gobierno a que defendiera ante la Unión Europea que una
organización común de mercado de la patata fuera a través de cuotas de
producción regionalizables. Ese es el punto principal que el Parlamento
instó a que ustedes defendieran en la Unión Europea. Y sé cómo está con
carácter, general la OCM de la patata, pero quisiera saber cómo está en
concreto este punto, que era el núcleo esencial de la iniciativa política
que aprobó por unanimidad esta Cámara, el tema de las cuotas de
producción regionalizables.

En otro orden de cosas, quería referirme también al tema de la industria
láctea española. Recientemente la Secretaría General de Alimentación, a
través de su titular, anunció que estaba de acuerdo en una política de
constituir unos grupos industriales lácteos potentes, fuertes, que
tuvieran su origen y su base en las industrias del Cantábrico de carácter
asociativo. Yo quería saber, señor Ministro, qué planteamiento político
tiene sobre la hipotética privatización de La Lactaria Española en manos
de sociedades de base cooperativa de los ganaderos españoles, es decir,
la viabilidad de este proyecto. Yo sé que ha habido conversaciones con el
señor Pérez, Presidente de Tabacalera, y quería conocer el
posicionamiento político, es decir, que en vez de tender hacia una mayor
participación de capital foráneo, que los propios ganaderos tuvieran, a
través de sus cooperativas lácteas, una participación, tendiendo hacia la
eliminación del capital público, directa o indirectamente, en cuanto al
mercado lácteo.

Señor Ministro, quizá tengamos discrepancias con algunos enfoques que se
están realizando por parte del Ministerio sobre el tema de lo que usted
denomina las políticas de desarrollo rural. Nosotros tenemos una
disparidad de pareceres en cuanto a determinados programas que ustedes
han presentado a la Unión Europea, mejor que programas serían planes,
como puede ser el plan sectorial de industrias agroalimentarias o el plan
sectorial de pesca, y donde vemos que se ha ido a un modelo uniforme de
presentar un plan único para todo el Estado. Usted cuando estaba en la
Secretaría General de Estructuras incluso tenía esa sensibilidad y
admitió la posibilidad de presentar programas regionales, y así está
reconocido en el tema de la reforestación, en el tema del abandono de la
actividad agrícola. Nos ha llamado la atención que no ocurra otro tanto
con las industrias agroalimentarias, donde se presenta un plan único, con
la pesca, a través del IFOP, cuando los reglamentos reguladores admiten
la posibilidad de que no se presenten por las autoridades competentes a
nivel regional o nacional. Sabe, señor Ministro, que los dos reglamentos
reguladores del IFOP, el 2080/1993, y el de aplicación, el 3699, se
circunscriben a materias fundamentalmente de competencia autonómica.

Tenemos, en primer lugar, el ajuste del esfuerzo pesquero. Evidentemente,
ahí podemos determinar que nos encontramos ante una materia de pesca y no
de ordenación del sector pesquero. Pero tenemos en estructura la nueva
construcción, tenemos la modernización, tenemos la acuicultura, tenemos
el equipamiento de puertos pesqueros. Evidentemente, son materias de
gestión ordinaria transferidas a las comunidades autónomas.

Por tanto, nosotros preguntamos a qué motivo o planteamiento político
obedece el que no se hayan podido presentar programas que algunas
comunidades autónomas, como en el caso del País Vasco, han presentado al
Ministerio que usted dirige. Evidentemente, el mismo reglamento admite
expresamente la posibilidad --cito literalmente-- de que sean presentados
y tramitados al nivel geográfico que se considere más adecuado. Por
tanto, es una cuestión de valoración política, puesto que el determinar
dentro de un Estado quién va a ser el órgano legitimado o con capacidad
para la presentación correspondía al Gobierno central. Nos ha llamado
poderosísimamente la atención esta cuestión.

Ha hecho usted una referencia muy vaga también al tema de las
transferencias a las comunidades autónomas. Yo creo que a usted se le ha
olvidado decir que se ha producido un avance en los últimos tiempos. Se
está acordando transferir a las comunidades autónomas la política de
fraude agroalimentario, lo cual me parece importante. Evidentemente, el
Ministerio al final no podía controlar esta cuestión, puesto que el cruce
competencial en cuanto al control y la calidad, bien por comunidades
autónomas, bien por corporaciones locales, bien por el Ministerio, es tan
grande y se produce tal mare mágnum que al final nadie ejercía la
competencia. Por tanto, se había empezado a alegar por parte de algunos
infractores de la normativa que efectivamente se estaba ejerciendo por
quien no era competente, pues lo eran las comunidades autónomas de
conformidad con lo que establecen los estatutos de autonomía.

No obstante, creo, señor Ministro, que sin perjuicio de que aquí se haya
producido un avance, estamos en la misma situación --creo que también
algún otro portavoz ha hecho referencia-- en cuanto a la transferencia en
los pagos. Tenemos un marco clarísimo, el establecido por el Tribunal
Constitucional, que dice que cuando las ayudas estén contingentadas y
limitadas corresponderá realizar el pago a la Administración central,
pero toda la gestión anterior al pago corresponderá a las comunidades
autónomas. Y cuando las ayudas no estén contingentadas por parte de la
Unión Europea, tanto el pago como la resolución



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y toda la tramitación corresponderá a las comunidades autónomas. Por
tanto, el modelo está claro. Otra cosa es que falte voluntad política.

Evidentemente, lo reconocía en su día el señor Blanco-Magadán, hoy en día
Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda: supone una crisis de
identidad en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, puesto
que si desaparece eso, quizá nos quedamos sin una carga importante a la
hora de la gestión de los presupuestos. Quisiera saber por qué existen
problemas a la hora de transferir esa cuestión a las comunidades
autónomas. Sería, en definitiva, la transferencia del SENPA, la
transferencia del FORPPA.

Señor Ministro, quería referirme también a los fondos de cohesión,
aunque, si no me equivoco, no ha hecho referencia a ellos, ligándolos con
la conservación del medio natural. Me parece correcto que vayan a poner
en marcha --me gustaría tener más información-- el programa que usted ha
denominado Encina, programa nacional para la conservación integral de la
naturaleza. A usted, efectivamente, se le están imputando
responsabilidades políticas sobre temas en los que no es competente, y es
justo reconocerlo, se le está imputando negligencia a la hora de prevenir
los incendios forestales en España, cuando usted únicamente dispone de
unas avionetas y de una maquinaria, y la competencia está residenciada en
las comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que el escenario ha de ser
claro. También le ocurre a un compañero de Consejo de Ministros, que la
semana pasada lo decía en la mesa: Tenemos la representación general del
Estado, tenemos la coordinación general, pero el día a día, la gestión,
corresponde a las comunidades autónomas. Lo decía el señor Borrell, en
materia de medio ambiente. Evidentemente, ese mismo esquema es
trasladable al medio natural, porque nos encontramos en la materia de
medio ambiente. Es necesaria una colaboración, una coordinación con las
comunidades autónomas, pero teniendo claro quién es el responsable
político de cada uno de los temas y quizás ahí sí vemos claro que a usted
se le han imputado algunas responsabilidades de las cuales no es titular
y sobre las que usted no debe ser objeto de ese reproche.

Entro en otra cuestión a la que usted no se ha referido. Quizás haya
hecho alguna mención genérica al principio, pero yo no he podido llegar
al comienzo de la sesión. Es el tema de la pesca. En primer lugar, quiero
preguntarle si se mantiene el planteamiento que en su día el señor Albero
hizo de iniciar en esta legislatura la tramitación de la ley general de
pesca, si están trabajando en ella o no. Evidentemente, la Secretaría
General de Pesca tiene en este momento una gran carga de trabajo, temas
de enorme envergadura para la política pesquera española. Quizá no sea un
tema de primer orden, pero quería saber qué magnitud y qué relevancia dan
a la elaboración de una ley de pesca en el ámbito español.

Paso a referirme a las ayudas compensatorias a los costes sociales. Sabe
el señor Ministro que se han aprobado dos proposiciones no de ley por
unanimidad en esta Cámara. Una el pasado mes de marzo, relativa al
otorgamiento de ayudas compensatorias a la flota pesquera española que
faena en caladero marroquí. Recientemente, también por unanimidad, el
pasado mes de septiembre, otra referente a la flota pesquera española que
faena en aguas de la Unión Europea. La pregunta es concreta: ¿qué medidas
normativas y qué dotaciones presupuestarias tienen en estos momentos para
cumplir estos dos mandatos adoptados por la Cámara, tanto para la flota
que faena en Marruecos como para la que faena en aguas de la Unión
Europea?
Por último, señor Presidente, voy a referirme a dos cuestiones. En este
momento sabe usted también, y creo que ha hecho referencia en los medios
de comunicación recientemente, que la flota pesquera francesa sigue
capturando anchoa en aguas de la Unión Europea, anchoa que es
comercializada en el mercado español. Obviamente, la cuota que tiene
asignada Francia, las 3.000 iniciales más las 6.000 a que se llegó en el
acuerdo político que usted suscribió con su homónimo francés, es de 9.000
toneladas, que ha sido superada con creces. Nosotros creemos, señor
Ministro, que se tienen que adoptar medidas y así está en trámite en este
momento en esta Cámara una proposición de ley, cuya toma en consideración
fue aprobada por unanimidad, para evitar las importaciones de la anchoa
francesa en lo que exceda las 9.000 toneladas a que está autorizado el
país vecino. Es necesario intervenir, porque Francia lo incumple y no
ocurre absolutamente nada. No se toma ninguna medida sancionadora
respecto a esa flota pesquera francesa.

Para terminar, señor Presidente, una cuestión de enorme importancia, la
plena integración en la Unión Europea. La semana pasada esta Cámara
aprobó una iniciativa no de ley por la cual se instaba al Gobierno a que
no entregara el instrumento de ratificación hasta que se produjera la
plena integración. El problema está, y así lo hice constar en el debate,
en qué se entiende por plena integración. Tiene que quedar claro, señor
Ministro, que no es únicamente la flexibilidad en el esfuerzo pesquero,
que es lo que se está negociando en este momento y que son las
conversaciones que ustedes están teniendo con el sector. Evidentemente,
esa es una parte de la plena integración en el sector pesquero. Está el
tema del box irlandés, al que se va a poder acceder, pero hay dos
cuestiones muy importantes: la eliminación de los dos reglamentos
discriminatorios, la posibilidad del doble régimen sancionador a la flota
pesquera española --quería conocer su opinión al respecto-- y el
reglamento de comunicaciones continuas sobre el acceso a los caladeros,
el inicio de la actividad pesquera, la terminación de la actividad
pesquera, la salida de los caladeros a los que está sujeta la flota
pesquera española. Y, sobre todo, está la modificación del principio de
estabilidad relativa. Si no se modifican estas cuestiones, señor
Ministro, evidentemente no hay plena integración. Lo demás creo que es un
puro engaño a la flota pesquera española. El tema está en que a la flota
pesquera española no le vale que le digan: no, no, tiene mayor
flexibilidad --flota de los 300-- en cuanto a la simultaneidad de las 150
licencias para pescar. Pero, ¿para qué vale si no puede pescar más que 7
de las 27 especies? Pregunta: ¿se va a modificar la estabilidad relativa?
¿Vamos a poder pescar las 27 especies a las que está autorizado el resto
de los países. Esa es la plena integración. Señor Ministro, le rogaría



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energía, contundencia, por una razón. Puesto que el planteamiento de los
países de la Unión Europea es: si España no acepta el reglamento de
esfuerzo pesquero, ustedes continúan así hasta el 2003, lo que España
tiene que decir es: si España continúa así, Noruega, Austria, Finlandia y
Suecia se quedan fuera, y no pasa nada, porque Francia vetó la entrada de
España en la Comunidad Europea siempre que no se estableciera un período
transitorio. Francia también quería vetar la ratificación por la Unión
Europea del GATT porque no estaba de acuerdo con determinados aspectos.

Por tanto, señor Ministro, va a tener el apoyo de nuestro Grupo. Sé que
usted va a tener presiones por infinidad de sitios, pero manténgase con
firmeza. El sector en este momento sabe que la flexibilización del
esfuerzo pesquero no es la plena integración de la flota pesquera
española. La clave está en la desaparición de los reglamentos
discriminadores y en el principio de estabilidad relativa, de forma que
nosotros podamos pescar las veintisiete especies como el resto de los
países. Le sugiero que usted que conoce la realidad, que se ha reunido
recientemente con el sector y que sabe cuáles son las claves, ahí no
tiene que ceder. Por ello le daría un margen de confianza, pero no nos
defraude señor Ministro y vayamos a una integración de la flota pesquera
española que no sea real sino que sea meramente ficticia. La real es la
que tiene los contenidos que anteriormente he expuesto.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia para exponer las bases fundamentales de la política de su
Departamento.

Por las razones de la representación política que ostenta mi Grupo
territorialmente en el Estado español mi intervención va a
circunscribirse --resulta obvio, pero lo tengo que decir-- al tema de la
política agraria, tanto compartida por el Estado como por la Comunidad
Autónoma de Canarias en el Archipiélago, por todas las peculiaridades
específicas.

Comienzo, señor Ministro, por mostrarle mi reconocimiento --creo que
todos debemos felicitarnos y yo le felicito para que lo traslade al
Gobierno-- por la consecución, por la labor coordinada que su
Departamento ha hecho, junto con otros del Gobierno español y con la
Consejería de Agricultura del Gobierno autónomo de Canarias, para obtener
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo,
de 5 de octubre pasado. Creo que es un triunfo político y diplomático en
materia agraria, que es necesario reconocer aquí. Por esta vía podemos
tener y dar a los agricultores una confianza y una credibilidad en las
instituciones, en cualquiera de sus niveles.

Quiero resaltarlo porque de aquí se va a derivar una exigencia de
política agraria para el Archipiélago Canario y lo que pueda ser también
de aplicación en cualquier otra producción de la agricultura peninsular
que nosotros por solidaridad apoyaremos. Ese es el principio que ha
sentado la sentencia del Tribunal de Luxemburgo fijando la prioridad
absoluta de las preferencias comunitarias (después hablaremos del tema
del tomate, porque esto está referido, como sabe el señor Ministro, al
plátano, tanto a la organización común de mercado como al régimen de
importación) al recurso contencioso presentado por Alemania con el apoyo
de Bélgica y de los Países Bajos. Punto primero.

Además, hay que destacar, señor Ministro --y creo que esto debe ser un
punto de apoyo a la política agraria-- que junto a que Alemania no ha
conseguido que el Tribunal le aceptase ni una sola de sus propuestas
sobre la base del Derecho comunitario invocado por su representación,
está el hecho de que se ha de sentar el principio, junto a la preferencia
comunitaria de los productos agrícolas, de que ningún país de la Unión
Europea puede ir en contra de los propios reglamentos de la Unión
Europea, de la antigua Comunidad Económica Europea, porque creo que es
muy importante. Y, sobre todo, que se le diga de una vez por todas --en
este caso a la República Federal de Alemania-- que no se pueden invocar
las disposiciones del GATT para cuestionar la legalidad de determinadas
disposiciones de los reglamentos comunitarios, en este caso del
Reglamento 404, de 1993, que fijaba la organización común de mercado del
plátano. Prevalece siempre el Derecho comunitario, salvo que el GATT
hubiera tenido un acuerdo en razón de él.

De aquí viene mi primera cuestión que le planteo después de lo que he
dicho. Solicitarle que bajo ningún concepto se acepte que Alemania o
ningún otro país traten de modificar el Reglamento del Consejo 404/1993,
de la organización común de mercado del plátano. Creo que es
importantísimo en estos momentos porque si a partir del 1.º de enero
Alemania se va a encontrar con nuevos asociados del área
nórdico-germánica, de los cuatro países que entren en la Unión Europea
--Finlandia, Noruega, Austria y Suecia--, no vayan también estos señores,
debido a que en su estructura de consumo y de mercado de importación
tienen problemas similares a Alemania, a intentar modificar el documento
de oro de la OCM del plátano, que es el Reglamento 404 del Consejo. Lo
que se quiera adaptar en contingentes arancelarios por vía de reglamentos
de la Comisión, estúdiese y debátase. Se fijan para España las 420.000
toneladas para las Islas Canarias como producto exclusivo del plátano, en
el artículo 12 del Reglamento invocado, y en el artículo 18 se fija el
contingente arancelario de los dos millones de toneladas, con las
modificaciones que paulatinamente se puedan hacer, y qué duda cabe que a
lo mejor presionarán los cuatro nuevos países, también consumidores de
plátanos del área dólar, del área Caribe, para hacerlo así. Hágase, pero
con este sentido de no mover ni una coma de los contingentes que se
señalaron precisamente en la organización común de mercados del plátano
por el Reglamento 404 invocado.

En esta misma línea, señor Ministro, le voy a hacer unas peticiones que
sé que no están administrativamente en el campo de su Departamento en
este momento, pero es que hablar de la agricultura canaria, por este
sistema específico de legislación, es hacer las imputaciones al
Ministerio de Comercio y Turismo en este caso y al Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en lo que le voy



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a decir. En primer lugar, está el dichoso tema de las licencias y lo que
se regula a través del REA. Señor Ministro, nosotros pedimos su apoyo
para que las producciones agrícolas canarias no se vean perturbadas por
el sesgo que el Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General
de Exportación, está dando al asunto del Régimen Especial de
Abastecimiento, que incide netamente en una situación perjudicial para el
sector productor agrario, tanto en productos no transformados como en
productos transformados dentro del Archipiélago Canario. El Ministerio de
Comercio tiene que tener un sentido de responsabilidad solidaria con el
Departamento de Agricultura y con la política agraria en lo que afecta al
Archipiélago Canario.

En segundo lugar, está el tema de las licencias de importación de
plátanos procedentes del área dólar, del área del Caribe. Aquí su
Departamento ha de mantener una postura muy firme frente al Ministerio de
Comercio, porque la intencionalidad que tuvo siempre la Unión Europea,
tanto el Consejo como la Comisión, fue que al final las licencias de
importación sean un instrumento coadyuvante a la renta de los
agricultores productores de plátano. Se ha reconocido que hay unos
intermediarios que son el sector de maduración y el sector de
distribución que, como usted sabe, tienen su cuota de licencias en estos
momentos. Nosotros pedimos que por parte del Departamento de Agricultura
y de usted como Ministro haya una postura muy clara ante el Ministerio de
Comercio en el sentido de que estas licencias estén preferentemente en
manos de agricultores y que éstos sean agricultores plataneros reales, no
ficticios, que han desaparecido y que están actuando especulativamente
con las licencias de importación de plátano Caribe o del área dólar.

Y sigo, señor Ministro. Está el tema del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. La semana pasada hice una pregunta al
Ministro del ramo, señor Borrell, sobre por qué los exportadores
agricultores canarios no han cobrado las subvenciones al transporte de
mercancías desde los años 1992 y 1993. El señor Ministro en su
contestación, que consta ya en el «Diario de Sesiones» del pasado Pleno
del día 5 de octubre, viene a reconocer esto y dice, ni más ni menos, que
con respecto a 1992 se prevén pagos de subvenciones al sector agrario
exportador por un total de 501 millones de pesetas, de los cuales las
propuestas de gastos remitidas ya a la Intervención suponen en estos
momentos 272 millones y están pendientes de tramitarse documentalmente
229 millones (es decir, que los agricultores no han recibido un duro de
esto), y que para 1993 la previsión de subvenciones pendientes es de
481,7 millones de pesetas, que están en situación de espera para ser
pagados.

Fíjese, señor Ministro, que en el año 1993 --y en todo lo que va de año
hasta este momento-- la Federación Provincial de Asociaciones de
Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas y de Tenerife, en
envíos de productos hortofrutícolas --tomates, pepinos, pimientos,
berenjenas, etcétera-- transportados por vía marítima desde Canarias a
los Puertos del Reino Unido y Rotterdam, sólo estos dos destinos,
mercados por supuesto preferenciales, lleva pagados del orden de los
8.000 millones de pesetas, en fletes marítimos, y el importe de la
subvención ascendería a 2.699 millones de pesetas, en cifras redondas,
solicitándose una subvención que supondría un 33 por ciento. Pues bien, a
este mes, y como ha corroborado el señor Borrell, no se ha recibido la
subvención de estos dos años ni por parte de los exportadores
hortofrutícolas de Las Palmas ni de los de Santa Cruz de Tenerife. Le
pedimos, señor Ministro, su apoyo para que esta ayuda sobre la renta de
los agricultores sea eficaz. Esto viene a incidir en el problema del
endeudamiento de los agricultores canarios y en un problema en el que
usted sí entra ya directamente, que es el asunto referido a las ayudas
compensatorias del plátano. El Ministerio de Agricultura es competente en
esta materia, y en virtud de ello dictó la Orden Ministerial de 19 de
agosto de 1993, por la que se establecen las normas específicas para la
gestión, control y pago de la ayuda compensatoria y los anticipos a la
misma por pérdidas de ingreso de comercialización en el sector del
plátano canario. Quería hacerle una petición, señor Ministro, y es que su
Departamento tratara con la máxima diligencia estas ayudas
compensatorias, cuando los precios estén por debajo, en una doble
vertiente. Sabe usted, señor Ministro, que para obtener la ayuda
compensatoria se exigen avales, lo cual supone un encarecimiento de los
costes financieros a que se ve abocado el agricultor. Habría que ver de
qué manera, manteniendo la armonía --que quiero reconocer también aquí
del señor Ministro y felicitarnos por ello-- de relaciones que vienen
existiendo entre su Departamento y la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias, por vía de convenios, etcétera, estos avales no
tuvieran unos costes financieros que incidieran negativamente en el
endeudamiento de los agricultores canarios, y que al mismo tiempo se
puedan hacer las adaptaciones crediticias con la máxima agilidad posible.

Un segundo problema añadido es que usted sabe, señor Ministro, que se
están produciendo unos diferenciales de costes y de productividad muy
fuertes entre la producción del plátano canario del sur de las islas con
las producciones del norte, concretamente en la Isla de Tenerife sucede
así. Habría que ver qué ayudas, vía fondos estructurales, se pueden dar a
las producciones, en este caso menos competitivas situadas en la Isla de
Tenerife, para no perder la cuota; no digo esto por otra razón que no sea
el artículo 12 de la organización común de mercado del Reglamento 404,
porque al señalar la cuota de plátanos que España da para Canarias es
importantísimo que la complementemos y la mantengamos ahí. En este
momento existe el criterio, por nuestra parte, de apoyar incluso las
producciones de Madeira, porque todo lo que sea mantener el contingente
Europa de plátanos, asociados con Francia y con Portugal, será siempre
bueno, porque es donde podremos obtener las ayudas compensatorias en el
volumen adecuado y hacer frente a las competencias del plátano Caribe.

Termino, señor Presidente, haciendo referencia a la preocupación que ya
ha sido esbozada anteriormente, creo que por el portavoz del Grupo
Popular, por el asunto del tomate y la exportación de Marruecos en los
contingentes, incluso fuera de calendario. En esta Comisión de
Agricultura presenté una iniciativa, en nombre de Coalición Canaria,



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que, junto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, fue
apoyada por todos los grupos parlamentarios cuando discutimos los
acuerdos del GATT con respecto al tomate y las preferencias comunitarias,
porque desde luego la penetración de esa forma del tomate marroquí en los
mercados europeos es que nos hunde. Yo quería trasladarle esta
preocupación, señor Ministro, para que se mantengan unas líneas de apoyo
y colaboración mutua, porque creo que defender la agricultura canaria en
estos casos es defender la agricultura española, y en el caso del tomate
hacemos causa de solidaridad con la zona sur y del levante español,
también productores del mismo.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia.

En primer lugar, nuestro Grupo debe felicitarle por la magnífica
exposición que ha realizado sobre un auténtico programa de trabajo para
los próximos tres años, que no es sino la confirmación de ese programa
que presentamos hace algo más de un año en las elecciones del año 1993.

Creo que debemos felicitarle porque ha sido una exposición bien
estructurada que parte de un análisis realista de la situación del sector
y de la evolución que en estos años ha tenido y que detecta las
deficiencias estructurales que todavía permanecen en el sector, y que
deben ser atajadas, proponiendo líneas de actuación para eliminar esas
deficiencias y continuar con la modernización que se ha venido
produciendo en el sector. Creemos también que esta comparecencia es
políticamente muy oportuna porque contribuirá a despejar posibles dudas
que alguien pudiera tener sobre la voluntad y la firmeza del Gobierno y
de este Grupo Parlamentario de llevar adelante ese programa electoral y
esas medidas para la mejora de los sectores agrarios y pesqueros de
nuestro país. Además, en esta época de debate presupuestario, estamos en
un momento en el que se ha plasmado de nuevo un elemento de confianza
parlamentaria en la actividad del Gobierno, con amplios acuerdos de apoyo
a estos presupuestos de 1995. Consideramos que, realmente, es muy
oportuno plantear en estos momentos la reafirmación de ese programa
político de actuación no de un año, no de seis meses, no de este período
de sesiones o del próximo, sino un programa de actuación del Gobierno,
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo que resta de
legislatura.

Llevamos un año de legislatura. Hace poco más de un año presentaba el
Gobierno su programa de trabajo, concretamente en esta Comisión de
Agricultura se hacía el 21 de septiembre del año pasado. Hace cuatro
meses el señor Ministro volvía a presentar, con motivo de su toma de
posesión, las líneas maestras de ese programa de trabajo del Gobierno, y
hoy, como decía anteriormente, vuelve a ser presentado.

Durante este año han ocurrido hechos muy destacables en el mundo agrario
y pesquero, no sólo en nuestro país sino también en el exterior, que
tienen relación y que pueden afectar a nuestras actividades agrarias y
pesqueras. Han ocurrido cosas tan importantes como ser el primer año --es
un hecho que merece destacarse-- de aplicación de la reforma de la
política agraria comunitaria, lo que ha supuesto un fuerte incremento de
la renta agraria y un fuerte incremento de las ayudas de la Unión
Europea; es el primer año en que las ayudas son directas a la renta,
sustituyendo a las políticas de precios, una reivindicación de nuestro
país desde nuestra integración en la Comunidad Europea entonces y ahora
en la Unión Europea. Por tanto, ese año 1993 ha sido un año importante en
ese plano externo por ser el primer año de aplicación de la política
agraria comunitaria. Además, los datos de ese año vienen a confirmar algo
que está siendo continuamente discutido --el señor Ministro también se ha
referido a ello-- y que viene a desechar esas ideas preconcebidas de
algunos y a confirmar que el acuerdo de nuestra incorporación a la
entonces Comunidad Económica Europea en 1986 resultó ser un acuerdo
equilibrado, teniendo en cuenta los intereses globales en juego, que ha
supuesto un gran avance en la modernización de nuestro sector agrario,
que el señor Ministro ha descrito exhaustivamente, tanto en términos de
evolución de rentas como en términos de apoyos presupuestarios al sector
en estos años.

Por cierto, sin querer entrar en debate con ningún Grupo Parlamentario,
sí me gustaría llamar la atención sobre algunas interpretaciones de las
cifras. Se ha calificado de simplista algún tipo de contabilidad
presentada por el señor Ministro respecto al aumento de las
transferencias de renta por ocupado o al aumento de la renta agraria por
unidad de trabajo/año, y habría que recordar que no se deben utilizar
varas de medir diferentes según las ocasiones. Efectivamente, quizá pueda
resultar simplista, pero no somos el Grupo Socialista y el Gobierno los
primeros en utilizar esa vara. El Grupo Popular la ha utilizado
reiteradamente para encontrar argumentos sobre los supuestos malos
efectos de la adhesión comunitaria, en el sentido de decir que la renta
por ocupado y las transferencias de renta por agricultor o por hectárea
eran menores que en otros países, etcétera. Realmente no es así como se
debe manejar. Si queremos hacerlo de verdad y equilibradamente,
hagámoslo, pero hagámoslo todos utilizando los mismos parámetros, y desde
luego un parámetro objetivo es ver si esas transferencias y ese aumento
de la renta por ocupado está en consonancia con nuestra producción
agraria en relación con las producciones agrarias de los países socios
comunitarios. Por otra parte, tampoco se diga que ha disminuido la
población ocupada porque, evidentemente, uno de los objetivos de la
modernización de este sector no sería, suponemos nosotros, mantener un 20
por ciento de población activa en el sector agrario en una economía que
queremos sea moderna. Por tanto, creemos que los indicadores de
participación, que también han sido puestos de manifiesto en la
exhaustiva información del señor Ministro, en el producto interior bruto
de la renta agraria o de la producción final agraria y de la población
activa en el sector se están moviendo ya en los parámetros de una
economía moderna, en los parámetros de los países avanzados de nuestro
entorno en sus economías no sólo industriales sino también agrarias.




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Por lo tanto, creemos que éste es un hecho importante, el primer año de
aplicación de la reforma, que viene a confirmar esa buena incorporación a
la entonces Comunidad Económica Europea. Desde luego, sería inaudito
pensar en una agricultura española en las circunstancias en que estaba en
el año 1986 y sin habernos integrado, con esos intereses globales en
juego, en la Comunidad como nos integramos y con aquel acuerdo tal como
se gestó.

También en el plano externo, con incidencia sobre nuestra agricultura y
sobre nuestro sector, ha habido otro hecho importantísimo, que ha sido el
acuerdo final del GATT, que ha tenido un resultado razonable para la
agricultura de la Unión Europea y para la agricultura española en su
resultado final. A pesar del catastrofismo con que algunos habían
alertado de los efectos inmediatos y perniciosos del acuerdo, parece que
los objetivos globales que la Unión Europea y nuestro país se habían
planteado están resultando razonables y equilibrados, como decíamos
entonces y como parece que empieza a demostrar la realidad.

Los objetivos de la Unión Europea, muy globalmente, eran la integración
de la agricultura por primera vez en el comercio mundial, en el GATT, la
compatibilidad de nuestra política agraria común con el GATT y la
ampliación de la cláusula de paz, que evita el cuestionamiento de la
política agraria comunitaria al menos durante nueve años. Y objetivos
concretos de España defendidos en esa negociación y que han sido
conseguidos han sido la exclusión de las ayudas por hectárea y por cabeza
de la reducción de las medidas globales de ayuda, el trato más favorable
a las producciones mediterráneas, con reducciones arancelarias menores
que las globales, el mantenimiento de la preferencia comunitaria y de las
rentas agrarias en las OCM pendientes --hay que recordar en ese sentido
el acuerdo jumbo de aquel Consejo de Ministros--, la modificación de los
calendarios de precios de las frutas y hortalizas, la consolidación de la
OCM del plátano, hoy aquí reiteradamente citada. En definitiva, creemos
que estos dos aspectos del plano externo han tenido efectos destacables
y, en general, positivos, sobre la agricultura española y para el futuro
de la agricultura española.

Otro hecho importante también de ámbito externo ha sido que gracias a la
tenacidad del Gobierno español --y especialmente de su Presidente Felipe
González-- en el año 1993 se puso en marcha el instrumento financiero de
cohesión de manera transitoria hasta la aprobación de los fondos de
cohesión, que fueron aprobados por la iniciativa española y por esa
tenacidad del Gobierno español. De hecho, este año el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha participado en alrededor del 10 por
ciento de esos fondos en este período transitorio, lo cual es un hecho
también destacable, con un 85 por ciento de financiación comunitaria.

Y en el plano interno también han sucedido cosas en este año de
legislatura que convendría destacar, en opinión de nuestro Grupo. Ha
habido grandes acuerdos parlamentarios, creemos que importantes, y es de
agradecer las posturas dialogantes que se han mantenido por los grupos en
algunos temas de vital importancia --el GATT, ya citado, ha sido uno de
ellos; hemos llegado a acuerdos importantes de fondo, en el momento de
las negociaciones y después del acuerdo final en resoluciones e
instancias al Gobierno--, y hemos llegado a un amplio acuerdo en la
postura parlamentaria de apoyo al Gobierno en las negociaciones sobre la
reforma de la OCM del vino. Creo que aquí también hay que hacer justicia
y honor a la verdad. Es cierto que el Grupo Popular tomó la primera
iniciativa en este Parlamento, pero no es menos cierto que el Partido de
los Socialistas Europeos en el Parlamento Europeo tomó la iniciativa, con
el informe del Diputado Mateo Sierra, en la legislatura anterior, que fue
el primer informe contrario a la reforma tal como se planteaba. Y tampoco
es menos cierto que la iniciativa del Grupo Popular aquí ha sido
modificada con grandes dosis de sentido común por parte de todos los
grupos. Creo que eso también es de justicia destacarlo, si queremos hacer
honor a esa verdad.

En este período, además de esta actividad parlamentaria de amplios
acuerdos en temas de vital importancia, también ha habido actividad de
Gobierno que también merece destacarse por parte de nuestro Grupo. Esa
actividad ha ido encaminada, como decía al principio, a cumplir ese
programa electoral de esta legislatura 1993-97. Tenía cinco grandes
líneas, que han sido repetidas hoy aquí prácticamente en su literalidad
por el señor Ministro, que eran los objetivos globales de más rentas y
más desarrollo, con cinco grandes objetivos: de modernización, de mejora
de la competitividad, de mejora y modernización de la industria
agroalimentaria, de conservación del medio natural y del desarrollo
rural. Han sido ampliamente expuestos por el señor Ministro en las líneas
de ese programa electoral del año 1993. Tenemos actividad legislativa en
trámite, fruto de esa actividad del Gobierno, como la ley de
modernización, la ley de vías pecuarias, la ley del parque de los Picos
de Europa, la ley de organizaciones interprofesionales; es decir, que
estamos en un momento de actividad parlamentaria consecuencia de esa
actividad del Gobierno en el cumplimiento de su programa electoral de
aquellas elecciones.

También quisiera, sin ánimo de entrar en ningún debate, puntualizar, a
efectos del «Diario de Sesiones», alguna afirmación que se ha hecho sobre
algunos supuestos.

En el tema del algodón se ha manifestado que el Grupo Socialista se había
opuesto en dos ocasiones a la aprobación de una superficie estable para
España. No es cierto. Bastará leer el «Diario de Sesiones». Hubo una
iniciativa del Grupo Popular en el sentido de establecer un número de
hectáreas determinadas, fue presentada una enmienda del Grupo Socialista
en aquel momento, que fue rechazada por el Grupo proponente y, por tanto,
se rechazó la proposición no de ley, que venía a decir lo que el señor
Ministro ha expresado: luchar por una superficie estable española, sin
decir ninguna cantidad en principio. Aquella misma enmienda prácticamente
ha sido aprobada en las resoluciones del GATT, con el acuerdo de todos
los grupos, cuando hemos hecho referencia a la superficie de algodón en
nuestro país. Por tanto, no debe decirse --y ahí están los «Diarios de
Sesiones»-- que el Grupo Socialista se ha opuesto al principio de
establecer una superficie estable de algodón para nuestro país. A eso no
nos hemos opuesto nunca. Nos



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hemos opuesto a propuestas de superficies concretas que se habían
planteado en algún momento por el Grupo Popular. Esto sin ánimo de ningún
debate, sino simplemente de que quede constancia en el «Diario de
Sesiones», lo cual puede ser visto en los «Diarios de Sesiones»
anteriores.

Y finalmente, en este campo, quiero hacer una sola referencia respecto a
reclamar seriedad y rigor en las propuestas que podamos hacer y en los
acuerdos a que podamos llegar. Me refiero en este caso, por ejemplo, al
trigo duro. Aquí se han oído manifestaciones contra el señor Ministro,
contra el Ministerio, etcétera, por los problemas del trigo duro en
Extremadura. Se dice que eso hay que cambiarlo ya. Yo creo que,
conociendo el tema, si hay que cambiar eso ya cogiendo el lápiz para
poner más aquí y más aquí y más aquí, habrá que coger la goma para quitar
algo aquí, algo aquí y algo aquí. Si hay que hacer propuestas, habrá que
hacerlas con rigor y seriedad. La propuesta inmediata de coger el lápiz
para aumentar aquí, aquí y aquí no es viable. La propuesta de coger
conjuntamente el lápiz y la goma deberá estudiarse, no es una solución
inmediata. Por tanto, tenemos que entrar con sensatez y responsabilidad a
estudiar a fondo los problemas del trigo duro en nuestro país, pero desde
luego no con soluciones de simplismo --en este caso sí que valdría la
expresión-- de cambiar solamente en un sentido o en una situación
concreta.

En resumen, señor Ministro, no nos cabe más que felicitarle de nuevo a
usted y al Gobierno por la diligencia y la firmeza con que están
afrontando la defensa del sector en los foros internacionales y también
por la diligencia con la que están instrumentando las medidas tendentes
al cumplimiento de nuestro programa electoral.

Por último, señor Presidente, señor Ministro, reiteramos nuestro
llamamiento al diálogo, siempre necesario, y al consenso, siempre
deseable, para, entre todos, Gobierno, comunidades autónomas,
organizaciones profesionales y sociales, fuerzas políticas, continuar
hacia la modernización de un sector vital y hacia la mejora de la calidad
de vida de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y del mundo rural
en general.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Ministro
para contestar las preguntas y observaciones que se han formulado
respecto a su intervención.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Agradezco las múltiples muestras de apoyo que se han producido en las
diferentes intervenciones, y tengo que reconocer que con un cierto rubor
en algunos casos, y en particular ante el reconocimiento de las
«maravillas» del programa que he expuesto que ha hecho el representante
del Grupo Popular. Agradezco ese reconocimiento de esas «maravillas» del
programa. Yo, efectivamente, creo que es un buen programa, como usted
mismo ha reconocido. Pone en duda que lo vayamos a cumplir. (El señor
Ramírez González hace signos afirmativos.) Yo estoy seguro que lo vamos a
cumplir. Desde la última comparecencia se han cumplido todos y cada uno
de los compromisos que manifesté en aquella comparecencia, entre ellos la
presentación de dos proyectos de ley en este Congreso.

No era mi intención en la comparecencia hacer una exposición detallada de
los presupuestos. He hecho alguna referencia en la medida en que servían
precisamente para respaldar un programa ambicioso a medio plazo --yo creo
que el que necesita nuestra agricultura-- y precisamente para hacer
frente a este comentario de que «es un programa maravilloso que ustedes
no van a poner en marcha porque les va a faltar voluntad política o apoyo
presupuestario». Este es un buen programa que tiene toda la voluntad
política detrás y tiene un apoyo presupuestario importante, como se
refleja en que los recursos presupuestarios del Ministerio de Agricultura
consolidados, incluyendo el Feoga-Garantía, aumenten un 20 por ciento. Le
acepto que del billón 114.000 millones de pesetas descontemos 14.000
millones de pesetas para pagar la multa de la leche. Por tanto, estoy
perfectamente satisfecho con que discutamos solamente sobre el billón
100.000 millones de pesetas. Pero le podría decir más: le podría añadir
otros 15.000 millones de pesetas que no están en el presupuesto y que,
sin embargo, sí están en el articulado de la ley, al permitir generar el
crédito con los fondos de cohesión para el desarrollo del programa de
conservación del medio natural, que nos volvería a situar en la misma
cifra. Vaya lo que no está puesto en cifras en el presupuesto de los
fondos de cohesión por lo que sí está puesto en cifras y que no van a
recibir los agricultores sino que es la multa de la lecha, multa
correspondiente al ejercicio de 1990. En estos momentos, como ustedes
saben, la vuelta del ejercicio de 1989 se destinó al programa del
abandono de la producción láctea, y la de 1990, que tiene una cifra total
de 29.000 millones de pesetas, es algo más de 14.000 millones de pesetas
lo que aparece en los presupuestos. Son las cifras definitivas. Por
tanto, no podemos pronunciarnos sobre lo que pueden ser las sanciones
correspondientes a los ejercicios siguientes porque no se ha realizado la
liquidación de esos ejercicios.

Respecto a si es correcto o no reflejar un millón de pesetas por ocupado,
lo único que he querido reflejar con esa expresión --quizá parece que
gana más fácilmente el titular que el conjunto del razonamiento que le
acompaña-- es el hecho de que se está produciendo un incremento
importante en las transferencias presupuestarias hacia el sector agrario,
de las que más del 80 por ciento se destina directamente a las rentas de
los agricultores. Lo único que está reflejando es que las ayudas se están
canalizando de forma importante, que están permitiendo un incremento de
la renta real de los agricultores muy considerable y, al mismo tiempo,
una contribución notable de la producción agraria a la contención de los
precios. Es decir, que los consumidores se están beneficiando de una
contribución de las producciones agrarias a la contención de la
inflación, los precios percibidos por los agricultores han aumentado sólo
un 15 por ciento cuando el IPC desde nuestro ingreso en la Comunidad
Europea ha aumentado casi un 50, y, sin embargo, lo que han dejado de
percibir por la vía de los precios los agricultores han pasado a
percibirlo por la vía de las ayudas directas. Esto es solamente lo que se
quería reflejar con la totalidad del razonamiento. Se trataba de



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poner de relieve la importancia que tienen las ayudas directas para los
agricultores en la línea actual pero, al mismo tiempo, poner de
manifiesto ante todos los consumidores españoles el hecho de que ese
esfuerzo fiscal que es necesario realizar en favor de nuestra agricultura
tiene una contrapartida: pagan menos por los productos agrarios que les
entregan los agricultores. Lamento reiterarle que la renta agraria por
ocupado ha subido un 49 por ciento en estos últimos ocho años; lo lamento
porque creo que no le gusta, y tengo que reiterarlo. Y le digo más: A mí
me parece todavía insuficiente porque yo soy muy ambicioso en los
objetivos para los agricultores, y me parece que estamos recuperando un
retraso histórico respecto de la agricultura europea y respecto de otros
sectores de la economía. Y como yo quiero ser muy ambicioso, hasta que no
superemos la media del resto de la economía, yo creo que todavía
tendremos que seguir contribuyendo a incrementar esta renta modernizando
nuestra agricultura y realizando las transferencias presupuestarias que
sean necesarias para sostener la renta de nuestros agricultores. También
siento que le duela, seguramente también le duele que las ayudas a la
industria agroalimentaria vayan a aumentar un 53 por ciento en el
presupuesto para 1995. Es decir, refleja que nuestros planes para hacer
competitiva a nuestra industria agroalimentaria no son solamente
literatura, sino que tienen cifras detrás y cifras importantes. Una parte
servirá para pagar algunas ayudas que ya están comprometidas, pero
también servirá para comprometer otras ayudas hacia el futuro. Y diría
más. Teniendo en cuenta que se está produciendo desplazamiento de ayudas
directas en mayor medida hacia bonificaciones de los tipos de interés,
ello nos permite movilizar más inversión por cada peseta que destinamos
en los presupuestos.

Su señoría ha hecho referencia al carácter nacional o internacional de
nuestra industria agroalimentaria. Si hay alguien que ha hablado sobre la
necesidad de reivindicar un cierto nacionalismo industrial y, en
particular, para la industria agroalimentaria he sido yo, pero tengo que
decirle que en estos momentos un tercio de nuestra industria
agroalimentaria está en manos de empresas internacionales, y que no hay
que hacer un balance negativo de muchas de las inversiones de nuestra
industria agroalimentaria que han contribuido a modernizarla y a hacerla
más presente en los mercados internacionales. A veces no es suficiente el
voluntarismo para consolidar grupos industriales nacionales, sino que
también es necesario que haya buenos mimbres, que haya voluntad por parte
de los inversores nacionales a la hora de hacerse cargo de proyectos
empresariales que tienen que ser competitivos, tienen que ser capaces de
competir en el mercado abierto. Y en el sector de grasas vegetales, que
usted ha mencionado, ha habido múltiples intentos a lo largo de los
últimos años para consolidar un grupo nacional competitivo a nivel
internacional que no ha tenido todo el éxito que deseaban y que se han
traducido en la consolidación de un grupo de carácter internacional en el
que la preocupación fundamental del Ministerio ha sido garantizar que la
orientación básica de ese grupo, las decisiones de carácter estratégico
supusieran una potenciación de nuestro sector del aceite, y yo creo que
eso está razonablemente recogido en los acuerdos que se han desarrollado
entre la representación de la parte pública en ese grupo y la parte
privada.

Todavía no conozco la posición de su Grupo sobre el proceso de
intercambio de participaciones que en estos momentos está en debate en el
sector del azúcar, y me gustaría conocerla. Ya he tenido oportunidad de
expresar la posición del Ministerio. Estamos trabajando con las
restricciones que se derivan de que son participaciones privadas para
intentar consolidar una opción nacional para nuestra industria azucarera
que contribuya a la reestructuración del sector, por tanto un esfuerzo
que contribuya a la reestructuración del sector, pero que contribuya
también a preservar a corto, a medio y a largo plazo la producción
remolachera en nuestro país.

Su señoría ha hecho un comentario en el sentido de que no he presentado
el proyecto de ley de modernización. No es habitual que se presente un
proyecto de ley cuando no hay enmienda a la totalidad. Por tanto, yo he
seguido las normas generales de la casa. Seguramente, si lo hubiese
presentado hubiese dicho que aprovecho cualquier tribuna para hacer una
exposición, una vez más, de las iniciativas del Ministerio y para hacer
propaganda, etcétera. Con mucho gusto lo hubiese hecho, ya lo he hecho en
muchos foros. Ha sido un proyecto de ley en el que he trabajado desde
hace más de dos años y, por consiguiente, he tenido oportunidad de
expresarme en reiteradas ocasiones. Creo que es un buen proyecto, estoy
seguro de que se mejorará en el trámite parlamentario, como corresponde,
pero creo que es un buen proyecto que va a sentar las bases de la
modernización de nuestras explotaciones agrarias.

Sobre la balanza agroalimentaria acepto que me diga que cuando he dicho
que el gasto agrario es un millón por ocupado se está simplificando en
una cifra que refleja una realidad muy heterogénea. En el caso de la
balanza agroalimentaria he hablado de toda nuestra balanza
agroalimentaria y usted solamente me ha hablado de la balanza con
Francia. Efectivamente, la balanza con Francia ha tenido un deterioro --y
hay que reconocerlo-- que ha sido compatible con una mejora de la balanza
agroalimentaria global del país. Por tanto, acepto su comentario, pero el
mío es más global que el suyo.

Respecto al barbecho agronómico usted ha planteado que por qué habíamos
previsto solamente 2,5 millones de hectáreas. El barbecho agronómico
español representa en torno a 3 millones de hectáreas, y las razones por
las que se han previsto 2,5 millones es porque estas ayudas
agroambientales son incompatibles entre sí. Por tanto, las que se acojan
al problema de las aves esteparias en Castilla y León no se pueden acoger
a este programa de apoyo al barbecho agronómico. Esa es la única razón,
la incompatibilidad de las ayudas.

Yo y el Ministerio en su conjunto estamos a su disposición para darle
todos los datos sobre el plan de forestación de tierras agrarias. Quiero
decirle que los datos individualizados seguramente no estarán disponibles
en ningún caso, porque tendría que perdírselos a las comunidades
autónomas y supongo que no se los darán individualizados. Pero quiero
ratificar que las solicitudes de las que tenemos



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conocimiento, a partir de su notificación por las comunidades autónomas,
que son las que gestionan este programa, suponen 15.000 agricultores y
330.000 hectáreas. Esa es la realidad y le puedo dar el desglose en
cualquier momento por comunidades autónomas. Ya le voy a decir a mi
servicio de prensa que lo haga público porque no hay ninguna reserva en
esa información.

Sobre el acuerdo con Marruecos, en el tema del tomate en particular, yo
comparto la sensibilidad y la preocupación que pueden tener por unas
conversaciones en las que a veces se trasladan algunas informaciones que
inducen a confusión. Usted se ha referido a las 134.603 toneladas como
contingente comunitario libre de derechos arancelarios. Quiero decirle
que esta cifra es sensiblemente inferior al contingente actual libre de
derechos arancelarios, que es la suma de dos contingentes, el comunitario
y el francés. El contingente comunitario era de 96.300 toneladas y el
francés de 120.000 toneladas. Por tanto, el contingente comunitario total
es de 216.300 que, de acuerdo con esas cifras que usted maneja, pasaría a
134.603. Por otro lado, quiero decirle que, como usted y yo sabemos, no
es precisamente el arancel el mecanismo de protección más importante para
el tomate, no es relevante para el tomate y, por tanto, creo que es una
discusión en la que no merece la pena avanzar mucho más. Lo que sí quiero
decirle es que en las discusiones que se mantengan sobre él la adaptación
a los acuerdos del GATT, en lo que se refiere a la preferencia
comunitaria, y el trato que se pueda conceder en el marco de los acuerdos
con Marruecos en ningún caso va a suponer una vulneración de los derechos
de nuestro sector del tomate, y no está en cuestión nada que signifique
algo más allá de las importaciones tradicionales de Marruecos que se han
producido. Por tanto, no va a haber, en absoluto, concesiones
adicionales.

En lo que se refiere a seguros agrarios, agradezco el apoyo a la línea,
que creo que es compartida por todos, de conseguir progresivamente que
mejore la relación entre los gestores de la política de seguros agrarios
y los agricultores, que se eviten las indefensiones en que a veces se
sienten nuestros agricultores, que se establezcan unas normas de conducta
actualizadas en las relaciones entre las compañías de seguros y nuestros
agricultores y que, como ya he adelantado, se pueda avanzar hacia un
sistema de arbitraje para las peritaciones.

En lo que se refiere al pago de las ayudas directas correspondientes a
los cereales de secano (porque para los cereales de regadío todos estamos
arrastrados por la comunidad autónoma última a la hora de proporcionar
los datos), mis previsiones son que se cumpla el compromiso que se
estableció en su momento y que, por tanto, el próximo lunes se pueda
proceder al pago en unas cuantas comunidades autónomas. Quiero decirle
también que esto es consecuencia de un esfuerzo que ha desarrollado el
Ministerio de Agricultura, pero que también han desarrollado las
comunidades autónomas afectadas que son las gestoras de las ayudas. Por
tanto, no hay ni un solo día de retraso que sea responsabilidad de la
gestión del Ministerio de Agricultura en ninguna comunidad autónoma.

Además, estoy convencido de que en lugar de pagar en la segunda quincena
de diciembre, como se produjo el año pasado, estaremos en condiciones de
pagar no el día 16, que nos habíamos puesto como objetivo hace varios
meses, porque es domingo, pero sí podremos librar los fondos el día 17.

Se ha hecho un comentario al problema de la adaptación de la reforma de
la política agrícola común en lo que se refiere a los cultivos herbáceos.

He expuesto en mi intervención que soy partidario de aprovechar, en un
debate sosegado, la experiencia de funcionamiento en los dos últimos años
para realizar una serie de ajustes dentro del margen de maniobra de que
disponga España en su conjunto. También se ha hecho una referencia a la
manifestación que se produjo en la inauguración de la feria de Zafra. Yo
quiero comentarles que efectivamente se produjo una manifestación y, de
acuerdo con las declaraciones de muchos habitantes de Zafra que me
transmitieron su enfado y su incomodidad por esta manifestación, supe que
en ella se encontraban conocidos militantes del Partido Popular en la
zona. También quiero comentar algo que seguramente no saben, que no sólo
se produjo una manifestación y un abucheo sino que incluso se me cantó el
«Cara al sol», lo que por otro lado es una clara invitación a la
nostalgia.

En lo que se refiere a las leguminosas, las 400.000 hectáreas están
consolidadas y la ayuda podrá ser de hasta 150 ecus por hectárea en
función de lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo de las 400.000
hectáreas.

En el tema del trigo duro sí me gustaría hacer algún comentario porque me
parece particularmente relevante. En primer lugar, en la decisión del
paquete de precios para la próxima campaña, decisión que se adoptó en el
mes de julio, en España se incrementaron 20.000 hectáreas de trigo duro
para las zonas tradicionales y a Francia se le aumentaron 50.000
hectáreas para zonas no tradicionales. Quiero decir --usted no lo ha
comentado pero quizá sea importante para todos-- que la ayuda de las
zonas tradicionales es más de dos veces y media que la de las zonas no
tradicionales y que, por tanto, el incremento en términos de ayuda para
el trigo duro en España es ligeramente superior al incremento en términos
de ayuda que se le ha concedido a Francia. Primer dato. De los dos únicos
países --porque hubo un pequeño incremento para Italia y para Portugal--
para los que se produjo un incremento notable, el que salió más
beneficiado en términos de ayuda fue España. Pero hay otro elemento que
me preocupa de la campaña que está realizando alguna gente sobre la no
utilización de la semilla certificada en el trigo duro. Mire usted, la
derogación de esa orden sería la mejor noticia que le podríamos dar a
quienes desde Francia y desde otros países estaban cuestionando la ayuda
al trigo duro. ¿Por qué? Porque están aduciendo, y en algunas ocasiones
no les falta razón, que hay una parte de la producción de trigo duro que
se está destinando a la alimentación animal. Y están diciendo que se está
desabasteciendo en algunos casos nuestros mercados en terceros países y
nuestros mercados europeos para pasta, como consecuencia de que no
alcanzamos los rendimientos suficientes y la calidad necesaria teniendo
en cuenta que es una producción con un nivel de ayuda muy elevado. Quiero
decirle, por tanto, que la introducción de la semilla certificada, la
exigencia en esta materia se dirige



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fundamentalmente a consolidar la defensa del trigo duro hacia el futuro;
se dirige fundamentalmente a que al trigo duro, que es un producto con el
que podemos mejorar nuestra presencia en mercados europeos y en mercados
de terceros países, se le saque todo el partido que se le puede sacar en
su producción en España.

Sobre la peste porcina africana, como usted sabe, el Comité de gestión ha
aprobado, en su reunión del martes, una intervención para la compra de
60.000 cabezas en España, intervención que comenzará el día 24 de
octubre. Por tanto, la intervención se va a producir con una gran
celeridad y estamos trabajando para que se produzca una concentración en
la zona, una focalización en la zona andaluza que puede no están
completamente liberada, como puede verse Extremadura previsiblemente en
el mes de noviembre.

Sobre las transferencias a comunidades autónomas se sigue avanzando en
las ponencias sobre cámaras agrarias, grandes alimentarios, etcétera. Se
va a plantear, en los próximos meses, una reestructuración del sistema de
gestión y de pago de todas las ayudas del Feoga-Garantía; en este momento
estamos funcionando con un sistema de convenios. Hay en este momento en
discusión un reglamento financiero del Feoga que puede permitir el
reconocimiento como organismo pagador de una entidad en cada una de las
comunidades autónomas, y eso nos puede conducir a la transferencia de la
práctica totalidad de la responsabilidad, no solamente de la gestión de
las ayudas sino del pago de las ayudas del Feoga-Garantía, que va más
allá --y con esto respondo a una parte de la pregunta del señor
Gatzagaetxebarría-- de la propia sentencia del Tribunal Constitucional
que establece que el Estado puede reservarse el pago de las ayudas
contingentadas. Estaríamos hablando de la transferencia de la práctica
totalidad de las ayudas del Feoga-Garantía para que puedan ser
gestionadas administrativamente, incluido el pago, por parte de las
comunidades autónomas. Yo espero que en este tema podamos avanzar
sustancialmente a lo largo de los próximos meses, pero al mismo tiempo
que avanzamos en esa transferencia y en la definición definitiva de la
estructura periférica del Ministerio de Agricultura, también tenemos que
avanzar a la hora de instrumentar los mecanismos de corresponsabilización
de las comunidades autónomas en las consecuencias que se derivan de sus
propias decisiones de gestión.

En lo que se refiere a la participación de las comunidades autónomas,
como usted sabe, existe una conferencia sectorial que funciona con una
periodicidad aceptable, aunque seguramente puede ser mejorable. Yo no soy
partidario de mezclar la cooperación entre administraciones, entre
comunidades autónomas y Ministerio de Agricultura con las organizaciones
sociales. Las relaciones entre administraciones para coordinar la
política agraria son privilegiadas, tienen que tener su propio foro y no
tienen que colocarse al mismo nivel que las relaciones con las
organizaciones profesionales agrarias, con la industria agroalimentaria o
con los sindicatos de la industria agroalimentaria. Son relaciones de
cooperación y de coordinación entre los responsables de la política
agraria que tienen que definir, en conjunto, la política agraria y
encontrar mecanismos de coordinación y de cooperación con ella. Yo creo
tanto en los mecanismos de cooperación que he constituido la Conferencia
Sectorial de Pesca, como usted ya sabe, el pasado 29 ó 30 de septiembre,
que ha tenido unos primeros resultados en sus trabajos muy apreciables,
entre otros --y con esto también contesto a una observación del Diputado
del Grupo Nacionalista Vasco-- la aprobación por todos de un mecanismo de
gestión del instrumento financiero para la ordenación pesquera que
establece una coordinación de los planes de cada una de las comunidades
autónomas con los planes de la política pesquera en su conjunto, con una
asignación financiera para las comunidades autónomas que ha alcanzado yo
creo que un sorprendente y al mismo tiempo positivo consenso de todas las
comunidades autónomas.

A la Diputada Rivadulla quería decirle que no creo que se esté
produciendo en estos momentos incertidumbre en el sector agrario, y que
al menos el ritmo de inversión, tanto en el sector agrario como en la
industria agroalimentaria, es muy positivo. El ritmo de inversiones en
estos momentos por parte de nuestros agricultores es, sin duda, positivo,
lo que quiere decir que se están despejando algunas incertidumbres que
hace algún tiempo todavía existían, pero en estos momentos los
agricultores empiezan a percibir que existe un marco estable en el que es
posible tomar decisiones a medio plazo, y lo están reflejando en
decisiones de inversión importantes.

Sobre el programa de reestructuración del tomate y la ley de
modernización, yo defiendo que es necesario concentrar una parte
importante de nuestros apoyos a las explotaciones agrarias en lo que
hemos considerado la explotación preferente, que apuesta fundamentalmente
--y hay que hacer una lectura muy tergiversada de cualquier declaración
que yo haya realizado a los medios de comunicación-- por una explotación
familiar, pero que no puede tener como objetivo la mera subsistencia,
sino una explotación familiar de dimensión suficiente para dar a esa
familia una renta equiparable a la de otros sectores de la economía. Ese
es mi sentido de la explotación familiar agraria. Pero le decía que eso
no tiene que ser óbice para que necesitemos apoyar complementariamente la
reestructuración de algunos sectores que son importantes para garantizar
la competitividad en mercados crecientemente abiertos en los que la
estructura, a veces, no permite que aportar sólo por la explotación
familiar agraria o por las explotaciones consideradas preferentes nos
conduzca a una modernización suficiente del sector. Por tanto, no
discutimos el carácter preferente del apoyo a las explotaciones
familiares agrarias, pero hay que tener en cuenta que en algunos casos es
necesario apostar por modernización de sectores que tienen una estructura
diferente pero que son vitales para el mantenimiento de rentas y de
empleo en zonas importantes del país.

Sobre la OCM del vino, la posición del Gobierno sigue siendo la misma. En
estos momentos en el grupo de expertos todavía no se han producido
avances y que, por tanto, no se ha modificado esta posición. Yo estoy
encantado de recibir del señor Ramírez y de cualquier otro argumentos
adicionales que se puedan utilizar en este debate. Creo



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haber hecho una intervención exhaustiva, pero es muy posible que algunos
argumentos no hayan sido suficientemente utilizados. Yo los aprecio todos
porque creo que ésta es una pelea en la que hay que estar muy unidos y en
la que hay que aprovechar todos los argumentos y toda la fuerza que da,
por otro lado, sentirse fuertemente respaldado, y en este tema yo me
siento fuertemente respaldado por esta Cámara y por el conjunto de la
sociedad española.

En lo que se refiere a la OCM de frutas y hortalizas, la posición del
Gobierno no tiene dudas. No se ha presentado todavía la propuesta
concreta de la Comisión, estamos empezando a aportar, junto con las
comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, los criterios sobre
lo que debe ser la concreción de algunas ambigüedades o de algunos
elementos que nos preocupan en el documento de reflexión de la comisión
en lo que se refiere a la preferencia comunitaria, a la discriminación
financiera, a la reducción de los precios de intervención, a la
regulación de las organizaciones de productores y a la normalización, a
todos estos elementos, pero yo quiero decirles a todos, porque se ha
planteado en múltiples intervenciones, que no vamos a aceptar en ningún
caso una organización común de mercado de carácter discriminatorio.

Se va a proceder, a lo largo de este mes de octubre, tanto a la
aprobación de la orden de transferencias de cuota, que yo coincido en que
es urgente hacerlo, como a la convocatoria para el reparto de la reserva
nacional.

No voy a entrar más en los detalles de los comentarios que ha realizado a
los presupuestos, porque va a haber unas comparecencias, no sé si entre
hoy y mañana, para explicar esos presupuestos y seguramente será el
momento adecuado para hacerlo.

Al representante de Convergència i Unió quiero manifestarle toda mi
solidaridad con la situación que se ha producido como consecuencia de los
daños causados por las inundaciones, que además, efectivamente, se
producen después de un duro verano en el que se han alcanzado
temperaturas récord con un resultado desastroso en materia de incendios.

Yo quiero manifestarle mi disposición a coordinar todos los esfuerzos,
como pide, con la Consejería de Agricultura y a analizar las vías por las
cuales se pueda contribuir a restablecer la normalidad en el ejercicio de
la actividad agraria en esas zonas.

Creo que he respondido ya al tema de la OCM de frutas y hortalizas. Le
agradezco el reconocimiento de la labor que se ha realizado en lo que se
refiere a la OCM del plátano y la apertura del expediente de frutas y
hortalizas. Tenemos en estos momentos muchos frentes abiertos y espero
que, a lo largo de las próximas semanas, vayamos consiguiendo avances en
todos ellos.

Sobre la redistribución de la cuota láctea se ha realizado una propuesta,
que se ha sometido a discusión con las comunidades autónomas y con las
organizaciones agrarias, sobre cómo concretar los criterios de
distribución previstos en el decreto. Tienen que ser criterios de
distribución de carácter homogéneo. Es una reserva láctea de carácter
nacional que se dirije a nuestro sector lácteo en su conjunto. Pero sigue
siendo válido el compromiso político que se estableció con todos los
consejeros para que esos criterios homogéneos pudiesen ser compatibles
con el hecho de que el 30 por ciento de la cuota que había sido
abandonada en cada una de las comunidades autónomas revirtiese, pero por
aplicación de esos criterios de carácter homogéneos y no por la
asignación de una cuota global que pudiese ser distribuida por cada una
de las comunidades autónomas.

Sobre los temas fiscales que se derivan de la ley de modernización y de
una de las medidas introducidas en la Ley de Acompañamiento en cuanto que
puedan tener incidencia para los ingresos por competencias transferidas a
las comunidades autónomas, es un tema que le corresponde al Consejo de
Política Fiscal y Financiera decidirlo y no al Ministerio de Agricultura.

Por tanto, es el Ministerio de Economía y Hacienda el que dará cumplida
respuesta a una reivindicación razonable por parte de las comunidades
autónomas en esta materia.

Le agradezco al representante del Partido Nacionalista Vasco la
colaboración, tanto en lo que se refiere a la OCM del vino como en
frutas, hortalizas y otras materias en las que se han realizado. Le
agradezco también el reconocimiento a mi actitud abierta a la
interlocución, no sólo con los grupos de esta Cámara sino con todos los
sectores. Estoy dispuesto a ir a todos los foros, aunque me abucheen, y
hasta a que me canten el «Cara al sol», a discutir... (Un señor Diputado:
O La Internacional.) En ese caso con más facilidad y con más placer, para
que no los coloquemos al mismo nivel. Supongo que S. S. no quiere
colocarlas al mismo nivel.

En lo que se refiere a la OCM de la patata, el Consejo de Ministros al
analizar el paquete de precios estableció el compromiso de aprobar la
organización común de mercado de la patata antes del uno de julio de
1995. Nosotros estamos defendiendo una OCM con contenidos. Tengo que
decirle también que esa propuesta que forma parte de nuestros deseos, en
los debates que se están produciendo en los grupos de trabajo no tiene un
respaldo por parte de otros países. En cualquier caso, vamos a discutir
hasta el final para dotar de contenido a esta organización común de
mercados, para conseguir que se dote a este sector de un mecanismo de
protección equiparable al que se está produciendo en otros sectores.

Sobre los grupos industriales lácteos y la privatización de Lactaria
Española, la Secretaría General de Alimentación y yo mismo hemos hecho
algunas declaraciones sobre la necesidad de reestructurar el sector
industrial lácteo español. Es un sector fuertemente atomizado que puede
conseguir ganancias notables en un proceso de integración, en la recogida
láctea, en el aprovechamiento de la capacidad productiva, en la
especialización y diversificación de sus producciones y en la mejora de
su capacidad de negociación respecto de las empresas de distribución.

Todas estas sinergias se pueden conseguir en un proceso de integración
que puede realizarse a geometría variable, por múltiples vías. Puede ser
un proceso de fusión, de integración de determinadas actividades
conjuntas, etcétera. También es deseable que pueda contribuir a
fortalecer la relación entre los grupos industriales y los productores.

Yo soy firme partidario de que se produzca un fortalecimiento de la
relación entre nuestros grupos industriales y nuestros



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productores de las materias primas que en un 80 por ciento se destinan a
esta industria agroalimentaria. Y que se consiga esa mayor participación
por la vía de las relaciones interprofesionales o por la vía de la
participación efectiva en los grupos industriales por diferentes vías. El
problema es la reestructuración del sector lácteo y no la privatización
de LESA.

Lo que espero que comparta es que es necesario modernizar nuestro sector
lácteo, colocarle en beneficios en algunos casos en los que todavía se
encuentra en pérdidas y aprovechar todas esas sinergias, en recogida, en
modernización, en ahorro de costes, en mejora en estructuras de
comercialización, etcétera. Por lo tanto, no lo reduzcamos a que es
necesario privatizar LESA y vendérselo al movimiento asociativo que
exista en ese sector. Habrá que hacer un proyecto industrial serio y
sólido en el que, a lo mejor, puede participar LESA, pero también otros
grupos industriales, algunos asociativos y otros no; no nos pongamos
demasiado límites a la hora de avanzar en este trabajo.

No ha estado S. S. al comienzo de mi intervención. He dicho que no iba a
realizar una exposición sobre los temas pesqueros porque me reservaba
para hacer una exposición de carácter general sobre la política pesquera
en la constitución de la ponencia que se decidió en la moción que se
aprobó después del debate en el Pleno sobre la política pesquera. Espero
hacerlo en ese entorno. Sí quiero reiterarle, como ya he comentado, que
en las últimas semanas se han producido algunos avances notables en la
línea que usted ha comentado. Entre otros, la conferencia sectorial ha
fijado ya un marco para la gestión del instrumento financiero para la
ordenación pesquera. En estos momentos estamos trabajando a través de la
Comisión Europea, que es a quien le corresponde defender los intereses de
la flota española que trabaja en los caladeros de Marruecos, para que se
produzca una rápida entrega de esas licencias y una recuperación de la
normalidad en el ejercicio de la pesca, requisito imprescindible para que
se pueda empezar a hablar de futuro. Lo primero es que se recupere la
normalidad en el ejercicio de la pesca y que se entreguen las licencias
en este último trimestre. Sólo entonces consideramos, con el resto de la
Unión Europea, que es posible empezar a hablar del futuro de la pesca en
el caladero de Marruecos más allá de 1995, compartiendo el objetivo de
dar estabilidad al ejercicio de la pesca en ese caladero y en ir más allá
del plazo previsto en el acuerdo actual que terminaba en 1996 y hablar de
un nuevo acuerdo de pesca para el período 1995-1998 ó 1999.

Le ratifico el compromiso de presentar en esta legislatura una ley
general de pesca. Como usted mismo ya comenta no es la prioridad
inmediata. Tenemos otros muchos elementos que constituyen en estos
momentos nuestra preocupación como es el proceso de integración plena de
nuestro sector pesquero en la política pesquera comunitaria. Estamos
trabajando para que en el Consejo de Pesca del mes de noviembre, con la
presidencia alemana, se presente una propuesta de compromiso que pueda
alcanzar el consenso suficiente.

Hemos notificado a la Comisión los datos de los que disponíamos y los
comentarios y aportaciones realizadas por las cofradías de pescadores
sobre el ejercicio de la pesca de la anchoa en Francia, porque es a la
Comisión a quien le corresponde tomar la decisión sobre el cierre de la
pesquería. No le corresponde al Gobierno español, ni sobre el cierre de
la pesquería, ni sobre las fronteras intracomunitarias, que, como saben,
no son fronteras ya.

Respecto a la intervención del sector Mardones, en lo que se refiere a la
OCM del plátano tenemos que felicitarnos todos, aunque seguramente este
Ministro muy poco porque ha llegado muy tarde a toda la estrategia de
defensa de la OCM del plátano ante el Tribunal de Justicia. Sin duda, el
Ministerio de Agricultura, con Consejería de Agricultura y con el
Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, han
realizado una buena labor. Yo les felicito a ellos porque no quiero
atribuirme ningún mérito en esta materia. Quiero decirles que no está en
cuestión la modificación del reglamento que regula la OCM del plátano más
allá de los ajustes que se puedan realizar de carácter técnico. El
mensaje que hay que lanzar al sector es de total tranquilidad, al mismo
tiempo que el de seguir avanzando en la modernización y reestructuración
del sector para seguir mejorando su competitividad.

Apoyo que las licencias beneficien a las organizaciones de productores en
su mayor parte. Esta es la línea que estamos sosteniendo con el
Ministerio de Comercio.

Tomo nota también de sus reivindicaciones al Ministerio de Obras Públicas
y Transportes sobre las ayudas al transporte para transmitírselas en su
momento.

Estudiaremos con la Consejería de Agricultura, ya que no lo conocía en
detalle, el problema de los avales y de su coste financiero para las
ayudas compensatorias del plátano, así como de diferenciales de coste
--de lo que tomo nota-- y de la productividad de las producciones del
norte y del sur.

Termino agradeciendo a todos los grupos su apoyo. Reitero que creo que he
expuesto un programa que seguramente a fuer de querer ser concreto ha
sido extenso, prolijo, pero me parece que era importante realizar una
exposición --seguramente era importante para conseguir los elogios que le
ha proporcionado el Diputado Ramírez-- y agradezco el apoyo de todos los
grupos a este programa, que yo creo que es un buen programa para nuestro
sector agrario, que va a garantizar la modernización del sector, la
mejora de la competitividad de nuestras producciones, que va a contribuir
a potenciar no solamente la modernización de nuestras industrias
agroalimentarias, sino también su presencia exterior y que, además, va a
contribuir sin duda a la potenciación de nuestro patrimonio natural y al
desarrollo rural, porque este Ministro se considera no solamente de
agricultura, pesca y alimentación, sino también ministro de la
conservación de la naturaleza y ministro del desarrollo rural y, por
tanto, que quiere contribuir y que quiere impulsar no solamente las
tareas del Ministerio de Agricultura, sino las tareas de otras áreas del
gobierno y de otras administraciones, que quiere contribuir firmemente al
desarrollo rural, al desarrollo de nuestros pueblos. (El señor Ramírez
González pide la palabra.)



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El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, tiene la palabra para un brevísimo
turno de aclaración. Ya sabe que en estos debates normalmente no hay
citas que impliquen juicio de valor. Lógicamente, en todos los debates
hay contradicciones entre las distintas posiciones. Le ruego que sea
breve, sin reabrir el debate.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muy breve, señor Presidente, porque ha habido
unas alusiones directas y se han expuesto algunos juicios de valor que
creo que deben aclararse.

Señor Ministro, cuando hablo de una manifestación no he hecho ninguna
mención a lo que cantaban o no cantaban o si había ahí militantes del
Partido Socialista o del Partido Popular. Usted ha hecho una acusación
clara de que había militantes del Partido Popular que estaban cantando no
sé qué. Eso es una forma de intentar salirse de un hecho que ha
protagonizado S. S., que es que lo han apedreado los agricultores. (El
señor Roncero Rodríguez: Eso sí que es mentira. Rumores. Risas.)
Por tanto, no intente usted tapar una cosa con otra. Eso sí que es real,
que lo han apedreado. Por tanto, no intente salirse de ahí.

Segunda cuestión: ¿que me duele que aumente la renta? Le recuerdo que, a
diferencia de S. S., yo también soy agricultor, lo que no es usted. Por
tanto, me interesa que suba la renta. Lo que le niego es que haga una
cuenta simplista sin deflactar la pérdida de población activa que hemos
tenido. Por tanto, no me diga que por persona ocupada ha subido tanto.

Dígame usted: deflactando la pérdida de población activa. Ese sería el
dato real. A mí no me duele que suba la renta, me duele que suba tan poco
y que estemos al margen de los incrementos de renta de otros agricultores
europeos, que también están subiendo y estaban por encima de nosotros.

Tendríamos que crecer mucho más deprisa.

Deuda con la industria agroalimentaria. Usted no ha entrado en ese
concepto. Dígase que el aumento de los presupuestos de 1995 es para pagar
la deuda que habían consolidado ustedes con el sector agroindustrial, el
Decreto 1.462, que no habían pagado, y que había un 808 y que se estaba
formando una deuda tan importante como la del 808, como reconoció la
semana pasada aquí en este Parlamento su Subsecretario.

Temen que aún no puedan pagar las deudas contraídas de proyectos
terminados, hace tiempo documentados y que estaban pagando intereses por
los préstamos solicitados. Eso no lo ha evaluado S. S. en la
intervención. Por tanto, dígase que el aumento es exclusivamente para
pagar la deuda contraída.




El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Perdón, señor Presidente. He sido excitado por
el señor Ministro a que contestara concretamente algunas cuestiones.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, no había alusiones que impliquen
juicios de valor. Es un debate y, como en todos, lógicamente hay
contradicciones. Le he dado un turno para aclaraciones, pero con toda
brevedad.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Se nos ha pedido que fijáramos criterios
respecto a la industria azucarera. Señor Ministro, nosotros optamos por
una solución nacional, igual que lo intentamos con Koipe y no pudo ser:
una opción nacional, que quede aquí y que se gestione aquí y con
participación de mucha gente. Esta es, muy claramente, la postura del
Partido Popular, muy claramente y sin que, esperemos, se intente
manipular esta información y esta posición. Opción nacional muy clara.

Trigo duro, señor Ministro. La Orden de la campaña es de imposible
aplicación. Ese temor que usted resalta es el que estamos denunciando: no
hay semilla certificada, hay fraude en la oferta que se vaya a hacer de
semilla certificada, no hay producción, no había plantones, no había
superficie suficiente para atender esa demanda en la densidad de siembra.

Lo que quiere usted evitar y nosotros queremos evitar lo va a propiciar
usted con la Orden. Derogue la Orden y negóciela con los interlocutores
sociales. Tal como está la Orden, propicia el fraude, ese fraude que
usted tema que nos echen en cara, lo que nosotros tememos que se va a
producir. Además, en paralelo puede haber enriquecimientos injustos de
concretas personas y entidades que van a hacer el agosto en noviembre con
ocasión de la siembra del trigo duro.

Finalmente, señor Ministro, Marruecos. Diga usted a las entidades
canarias, diga al gobierno canario, diga a las administraciones públicas
canarias, diga a todos los partidos políticos canarios que lo que he
dicho no tiene importancia, que el intento de modulación por parte de
Marruecos de todo ese cupo que se enriquecerá el tres por ciento anual
hasta el año 2001, no es salirse lisa y llanamente de las exigencias que
contiene el acuerdo del GATT, dígaselo, porque le han recordado todas las
entidades canarias que esto es absolutamente en contra de nuestros
intereses.

Finalmente, me hubiera gustado, señor Ministro, oírle pronunciarse sobre
la repercusión del IVA de los agricultores. De eso no ha querido hablar.

El cuatro por ciento, cuando el IVA general era el 12 por ciento. El IVA
general a partir del 1 de enero va a ser el 16 por ciento y los
agricultores seguirán recibiendo exclusivamente el cuatro por ciento, y
de eso S. S. no tiene juicio y no se pronuncia. Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla. Brevemente,
por favor.




La señora RIVADULLA GRACIA: Muy brevemente, señor Presidente, sólo para
recordar al señor Ministro que no me ha dado respuesta a la pregunta que
le he formulado en relación con los criterios que ha seguido el
Ministerio para elegir a los representantes de las organizaciones
agrarias en el CESE y por qué el Ministerio ha nombrado «motu proprio» a
estos representantes, sin consultar y sin que sean las propias
organizaciones agrarias, como es



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normal, las que elijan a sus representantes en el Consejo Económico y
Social Europeo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Lamento decir al señor Ramírez, en lo que se refiere a los incidentes en
la inauguración de la Feria de Zafra, que no me tiraron piedras (el señor
Ramírez González: Piedras no, garbanzos.) Sin embargo, sí le confirmo que
me cantaron el «Cara al sol». (El señor Hernández-Sito García-Blanco: Y
«Los pajarritos» también. ¡No vamos a ser responsables de lo que cante un
millón y pico de personas! No se puede andar jugando.--Risas.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, le llamo al orden.




El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Me siento en los bancos y pido la
palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Yo creo que en esa manifestación --que me temo que no he sacado yo, sino
que ha sacado el señor Ramírez en esta Comisión-- había mucha gente bien
intencionada y con una reivindicación legítima y otra gente que quería
manipular esa reivindicación desde el punto de vista político y que la
instrumentaba con arrojo de maíz o con canciones, nada más.

En lo que se refiere a la evolución de la renta, le confirmo que es un 49
por ciento. Dice que en otros países europeos también ha seguido
creciendo. Desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, la renta real
media por ocupado en la Unión Europea ha aumentado un siete por ciento en
ocho años. En ocho años, la renta en términos reales, descontando la
inflación, por persona ocupada ha subido un siete por ciento en el
conjunto de la Unión Europea. En España, un 49 por ciento. Por tanto,
estamos recuperando retraso y hemos pasado a unos cuantos países en este
período.

Sobre la deuda de la industria agroalimentaria, efectivamente, no tengo
los datos, pero una parte importante es para pagar subvenciones
concedidas. Al mismo tiempo, éste es un proceso en el que se producen
pagos de subvenciones que se conceden al mismo tiempo que se comprometen
inversiones que se desarrollan en los próximos años.

Tomo nota de su apoyo a la solución nacional para la Sociedad General
Azucarera. Yo creo que todos tenemos que trabajar en la misma dirección,
que estamos jugándonos mucho en esta materia a medio plazo, no ya tanto a
corto plazo.

En lo que se refiere al trigo duro quiero decirle que no son ésos los
datos de los que yo dispongo en lo referente a que no haya semilla. Hay
semilla suficiente y es importante porque hay un frente demasiado fuerte
a nivel europeo pretendiendo la generalización de las ayudas al trigo
duro, por lo que creo que es de interés para los productores de trigo
duro el pagar una semilla certificada que le va a costar un poquito más
que la normal pero que le va a dar la seguridad de que no se le cuestione
ese derecho a producir en el futuro.

Sobre el tema del tomate yo de nuevo reitero que los elementos a los que
está haciendo referencia es al contingente libre de derechos
arancelarios, pero que es un elemento de protección que no tiene
significación en relación con el auténtico mecanismo de protección, que
son los precios de entrada.

Sobre el tema que plantea la señora Rivadulla de los representantes en el
CES tengo que decir que no son representantes de las organizaciones
agrarias; lo son del sector agrario nombrados por el Gobierno. Lo que ha
hecho el Gobierno, antes de que ninguna de las organizaciones agrarias le
haya podido comunicar lo contrario, de que ninguna expresase que querían
que se cambiase a los representantes, ha sido ratificar a esos
representantes, porque no había ninguna razón de fondo que aconsejase la
puesta en cuestión de unos representantes que habían venido trabajando
bien durante los últimos años. Con posterioridad a esa ratificación de
los representantes actuales por parte del Ministerio de Agricultura y del
Gobierno, se ha producido la petición de alguna organización agraria para
que se cambie a alguno de los representantes y se nombre a uno de su
organización agraria. Ni el número de representantes permitía la
presencia de todas las organizaciones agrarias ni se ha realizado en el
plazo oportuno para que hubiese podido ser considerado por parte del
Ministerio de Agricultura.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Antes de levantar la sesión les recuerdo a SS. SS. que esta tarde se
inicia una nueva sesión con las comparecencias de presupuestos, que
continuarán mañana por la mañana.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.




Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--COMPARECENCIAS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995. (Número de expediente
121/000067.)



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (CASTRO
FERNANDEZ), A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO-UNION
VALENCIANA (número de expediente 212/000975),



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POPULAR (número de expediente 212/001096), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (número de expediente 212/001157 y número de expediente
212/001162).




El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión. Quisiera empezar disculpándome
por el pequeño retraso que se ha producido, pero ha coincidido el tiempo
entre la Comisión de la mañana y la de la tarde con una reunión de la
ponencia de la ley de interprofesionales agrarias y ha terminado ahora
mismo sus trabajos.

Si les parece, pues, vamos a iniciar esta sesión de comparecencias de los
altos cargos del Ministerio de Agricultura para informar en relación con
el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en su
Departamento para 1995.

En primer lugar, comparece ante la Comisión el Subsecretario de
Agricultura, Pesca y Alimentación, excelentísimo señor don Santos Castro
Fernández, a quien, siendo ésta la primera ocasión en que comparece ante
la Comisión de Agricultura del Congreso, le felicitamos por su
nombramiento y le deseamos los mayores éxitos en su responsabilidad al
frente de esta Subsecretaría.

Como saben SS. SS., el trámite de este tipo de comparecencias lo
iniciamos con una breve exposición por parte del cargo compareciente
respecto a los distintos aspectos relacionados con el Departamento, y con
posterioridad damos la palabra a los Grupos Parlamentarios que así lo han
solicitado. En este caso, y comentándolo también con la representante del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que había solicitado para el día
de mañana la comparecencia del Director General de la Entidad de Seguros
Agrarios, coincide la Presidencia de esta Entidad con el Subsecretario, y
en ese sentido, en el marco de la comparecencia del Subsecretario de
Agricultura, se pueden formular las preguntas referidas a la Entidad
Nacional de Seguros Agrarios.

Si les parece, pues, y sin más preámbulos, damos la palabra al señor
Castro Fernández.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Fernández): Muchas gracias, señor Presidente, por la felicitación
deseándome éxito en la responsabilidad que me corresponde como
Subsecretario del Departamento, y para mí es una satisfacción comparecer
por primera vez en esta Comisión de Agricultura. Espero que sean otras
muchas y siempre para presentar aspectos positivos del sector de la
Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya responsabilidad me corresponde.

En esta primera ocasión lo hago para presentarles a SS. SS. el proyecto
de presupuesto del Ministerio de Agricultura. Lo voy a hacer, como de
sobra conocen, utilizando en algunas ocasiones los datos que presenta el
presupuesto consolidado y en otras ocasiones los datos correspondientes
al subsector Estado, del que tenemos la responsabilidad directa, así como
también unas comparaciones entre la evolución de uno y otro.

Por lo que respecta al presupuesto consolidado, para situar en el marco
general cuáles son las cifras que vamos a desarrollar en el próximo
ejercicio, asciende a 1,11 billones de pesetas. Tiene un crecimiento de
181.652 millones, y ello representa un 19,5 por ciento con respecto al
año 1994. Por lo que se refiere al subsector Estado, ha crecido en 39.553
millones, pasando de 159.000 a 199.427 millones; es decir, un crecimiento
del 24,7 por ciento.

Voy a hacer la presentación utilizando los dos criterios clásicos: la
clasificación económica en el presupuesto consolidado y los programas y
líneas de actuación del presupuesto por programas del Departamento.

En la clasificación económica del presupuesto consolidado, en el Capítulo
I, correspondiente a los gastos de personal, incluye dotaciones que
ascienden a 39.304 millones de pesetas, lo cual supone en la práctica una
contención respecto al presupuesto del año 1994, ya que el crecimiento no
llega al 0,1 por ciento. Las dotaciones del Capítulo II destinadas a
gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 10.000 millones, lo
que representa un descenso del 0,4 por ciento respecto al año 1994. Y por
lo que respecta al Capítulo III, que comprende los gastos financieros, la
cifra prevista para 1994 era de 9.318 y para el año 1995 de 9.165.

¿Qué comentario corresponde a estos primeros capítulos? Es indudable que
en gastos de personal se pagará el crecimiento que tienen las
retribuciones del sector público para funcionarios y contratados, pero no
es necesario un incremento del 3,5 por ciento, porque el Capítulo I tiene
capacidad para soportar el incremento salarial que se producirá en el
próximo año para los funcionarios públicos.

Por lo que se refiere al Capítulo II, como he dicho, tiene una contención
o incluso una ligera minoración, poniendo de manifiesto las medidas de
contención de ahorro que en el caso del Ministerio de Agricultura se han
plasmado en asistencias de un programa especial que se enmarca dentro del
plan general de modernización de la Administración del Estado.

Particularmente importante es el volumen y la evolución de los gastos
incluidos en el Capítulo IV, transferencias corrientes. En él se incluyen
los recursos destinados a la política de rentas del sector agrario
básicamente. Este capítulo asciende en el proyecto de presupuesto a
848.906 millones, es decir, las tres cuartas partes del presupuesto
consolidado total del Departamento. Su crecimiento respecto al
presupuesto inicial del pasado año ha sido, en términos absolutos, de
151.456 millones, es decir un 21,7, en términos relativos. También es
significativa la evolución que han registrado las inversiones reales, el
Capítulo VI, que asciende en el proyecto a 45.093 millones, cifra que
supera en un 15,8 la inicial del presupuesto de este año 1994.

El Capítulo VII, en el que se incluyen las transferencias de capital,
refleja en gran parte el esfuerzo presupuestario destinado a las diversas
políticas de modernización del sector e incluye dotaciones
presupuestarias por valor de 124.098 millones, y en porcentaje de
crecimiento es el que presenta una cifra más alta: aumenta un 2,5 frente
a 1994.




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La adquisición de activos financieros recogida en el Capítulo VIII
asciende a 1.079 millones; es un uno por ciento más que en el pasado año
1994, y las operaciones financieras del pasivo supondrán en el Capítulo
IX del proyecto 36.528 millones, cifra que representa un 3,9 por ciento
más que en 1994.

El análisis por capítulos de las cifras absolutas y de las evoluciones
relativas que se acaban de expresar proporcionan una interpretación muy
positiva del proyecto considerado en su globalidad. Se advierte en las
partidas que los crecimientos que absorben el mayor esfuerzo son las de
transferencia de capital, las transferencias corrientes al sector y las
inversiones reales.

Por otro lado, las dotaciones para gastos de funcionamiento experimentan
una contención o incluso una ligera reducción; disminución en compra de
bienes y servicios y gastos financieros y estabilización en la partida
personal, a pesar del 3,5 previsto para las remuneraciones de los
empleados públicos.

Trasladando a cifras este fenómeno se observa que el crecimiento total de
181.652 millones que supone este presupuesto, la práctica totalidad, el
99,3 lo absorben los crecimientos de los Capítulos IV, VI y VII. En
definitiva, el ahorro en gastos de funcionamiento permite que el esfuerzo
presupuestario que se realiza se dirija íntegra y directamente a la
mejora de los sectores agrario y pesquero.

Concluida esta presentación, desde el punto de vista de la clasificación
económica, debo situar el proyecto de presupuesto dentro del marco de los
objetivos básicos que persigue la política del Departamento. Como han
tenido ocasión de escuchar en la intervención del Ministro esta mañana, y
sintetizando rápidamente los objetivos básicos que presentan las líneas
maestras del Ministerio para los próximos años, estos objetivos los
concretamos en la intensificación de la política de mejoras de rentas del
sector agrario y pesquero, en el reforzamiento de la competitividad del
sector agroalimentario y en la conservación y restauración de cubierta
vegetal, y, en conjunto, los planes de reforestación y lucha contra
incendios.

El primero de ellos, el de mantenimiento y mejora de las rentas del
sector, tiene una política que se instrumenta, desde el punto de vista
presupuestario, a través de las subvenciones derivadas de la PAC, el
Feoga-garantía, que tiene una variación importante: crece 135.722
millones, alcanza la cifra de 811.114 millones. Estas sí son percepciones
directas que se distribuyen por los diversos sectores. Quizás voy a
destacar sólo las más relevantes, porque algunas ya son conocidas y ya
han sido objeto de comentario esta mañana. Los cultivos herbáceos
percibirán 265.000 millones; el aceite de oliva, él sólo, porque en la
cifra del año pasado estaban también el resto de las oleaginosas,
percibirá 153.555 millones; el sector hortícola percibirá 77.000
millones, el sector vitivinícola 62.000 millones; la carne de vacuno,
ovino y caprino, 139.000 millones.

En esta misma política de mejora y sostenimiento de rentas incluimos la
política del seguro agrario. En ella tenemos un esfuerzo presupuestario
muy importante, un crecimiento de 2.270 millones. La aportación del
programa en el año 1994 era de 15.599; pasará a ser en el año 1995 de
17.869 millones. Ha crecido, por lo tanto, un 14,6 por ciento.

La segunda línea que persigue el presupuesto del Ministerio es potenciar
la competitividad y modernizar el sector agroalimentario. Para ello
destacaré las políticas más importantes. En la línea de fomentar la
industrialización y la mejora de la competitividad, tenemos en el
Programa 712.E un crecimiento de un 56,2. Pasa de una dotación de 8.523
millones a 13.310 millones. Crece 4.787 millones.

En lo que calificamos de vertebración del sector y donde destacamos el
fomento del asociacionismo agrario, en el Programa 712.A, cuyo
instrumento ejecutor es el IFA, tenemos un crecimiento en la potenciación
de las agrupaciones de productores agrarios que es el más significativo
de este programa. En el año pasado la dotación era de 1.960 millones y
pasa a ser de 4.215; una variación positiva de 2.255 millones.

Las subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y fomento de
formación de cooperativas tienen un crecimiento del 3,4 por ciento; pasa
de 887 millones en el pasado año a 917 millones en 1995.

Por último, dentro de este capítulo de fomento del asociacionismo
agrario, las subvenciones a corporaciones públicas y a ayuntamientos
disminuyen ligeramente debido a las transferencias que se están
realizando a las comunidades autónomas y a las cámaras agrarias, tema por
el que esta mañana se hacía alguna de las preguntas y que tendré ocasión
posteriormente de ampliar la información. La dotación del pasado año era
de 1.005 millones; baja a 880 millones; tiene una disminución de un 12,4
por ciento.

El Programa 712.C, mejora de la producción y de los mercados agrarios, se
incrementa en 1.175 millones --un 7,9 por ciento--. Pasa de 14.869
millones a 16.044 millones.

Dentro de este programa de mejora de la producción y de los mercados
agrarios debo destacar los planes de mejora de la competitividad, como
son reestructuración de cultivos, que crece un 18,6 por ciento --pasa de
4.325 millones a 5.129, un crecimiento, por tanto, de 804 millones--; hay
que destacar el crecimiento de las aportaciones destinadas al sector
hortícola intensivo y hortofrutícola, que pasan de 500 a 1.000 millones,
así como las dirigidas a la reconversión varietal de frutos secos, que
pasan de 1.850 millones a 2.352 millones, un crecimiento del 27,2 por
ciento. Sin embargo, las aportaciones para la reestructuración del viñedo
descienden de 1.000 millones a 803 millones al haberse cumplido los
objetivos marcados en este programa de actuación.

Igualmente se incrementa en las líneas destinadas a la defensa de las
razas autóctonas y a la reproducción y selección animal, que pasan de 590
millones a 1.087 millones en el próximo ejercicio. Se mantiene, a su vez,
el esfuerzo presupuestario con objeto de proseguir la reestructuración
del sector lácteo y con el fin de mejorar la eficacia de las
explotaciones ganaderas, adaptándolas al régimen de cuotas comunitario.

Se continuará con el programa de abandono de la producción lechera,
asignando a esta finalidad la misma cifra



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--6.200 millones-- que estaba consignada en el presupuesto en vigor, en
el del presente año.

Se destinarán también 762 millones de pesetas a las ayudas a los
ganaderos para fomentar que las hembras de ganado vacuno lleven a cabo la
alimentación de sus crías, el llamado programa de vaca nodriza, y
mantener los niveles de renta de dichos ganaderos. Esta línea de
actuación ha tenido oscilaciones y variaciones presupuestarias desde su
origen y la prueba de ello es que tuvo una consignación en el año 1993 de
sólo 184 millones; este año ha tenido una cifra muy superior --1.350
millones-- y para el próximo año hemos previsto 762 millones. Podemos
suponer que con esta cifra presupuestada para 1995 vamos a estar en la
velocidad de crucero adecuada para este programa.

En la línea de reforzar la capacidad productiva del sector agrario, se
mantiene el esfuerzo presupuestario en los Capítulos IV y VII destinado a
las campañas de saneamiento ganadero y fitosanitario, el Programa 712.B,
que gestionaba la Dirección General de Producción Agraria, concretándose
este esfuerzo en una cifra en torno a 8.388 millones; es una cifra que
casi repite la consignación del año 1994, pero, afortunadamente, no
podemos decir que tengamos una peor situación, sino todo lo contrario.

Mantenemos una cifra que nos permite creer que estamos en la línea de
actuación adecuada en los temas de sanidad animal.

Para seguir impulsando el proceso de modernización de nuestra agricultura
y el desarrollo del mundo rural se asignan recursos en diversos
programas: en primer lugar, en el Programa 531.A, que gestiona el IRYDA,
el dedicado a la mejora de la infraestructura agraria, que en inversiones
contará con una consignación de 13.464 millones --prácticamente una cifra
similar a la del año 1994, que era de 13.757 millones--. Su desglose, que
nos interesa quizás más conocer, presenta el siguiente detalle. En
infraestructura y equipamiento mantenemos 4.377 millones; en
transformación en regadío repetimos la cifra del presente año --6.307
millones-- y en mejora y racionalización de regadíos, que consideramos
prioritaria, hacemos un crecimiento, pasando de 1.980 a 2.200; por lo
tanto, 220 millones. Hemos preferido hacer el esfuerzo de una
racionalización que en otras de las líneas de actuación de este programa.

En cuanto a la mejora de la estructura productiva y desarrollo rural, el
Programa 712.D, igualmente del IRYDA, la aportación del Estado es de
25.249 millones, muy similar a la cifra del año 1994, que era 25.350. No
obstante, hay que destacar que los recursos comunitarios que se generan a
través de las medidas de acompañamiento de la PAC tendrán un crecimiento
espectacular, pasando de 23.000 millones a 40.000 millones en el año
1995. Por lo tanto, el conjunto de las operaciones de capital presupuesto
del Estado, más fondos comunitarios que este programa va a poder
movilizar, pasará de 48.000 a 65.474 millones, lo que representa 17.000
millones de crecimiento y en porcentaje un 35 por ciento.

Las medidas de acompañamiento de la PAC --financiación de ayudas
dirigidas a la jubilación anticipada de los agricultores, forestar
tierras agrícolas y otras medidas orientadas a la conservación del medio
natural-- tendrán en la contribución del Feoga-Garantía un crecimiento de
17.132 millones --por lo tanto, un 74,2 por ciento-- y en aportación del
presupuesto del Estado, una variación al alza de 1.045 millones --un 29,5
por ciento--. En total, la variación es de 18.000 millones y el
crecimiento porcentual es de un 68,2.

Por último, en la estrategia de modernización y competitividad del sector
agrario y pesquero quiero destacar el papel que ocupa el fomento de la
investigación, que contará en los Capítulos VI y VII con los siguientes
recursos: en el Instituto de Administraciones Agrarias, un crecimiento de
un 3,2 por ciento --pasa de 2.000 a 2.100 millones-- y en el IEO, el
Instituto Nacional de Oceanografía, pasa de 761 millones a 1.273, un
crecimiento muy significativo: 492 millones; un 63 por ciento. En total,
todo el bloque de la actividad de recursos destinados a la investigación
pasa de 2.816 millones a 3.373, crecimiento de 557 millones y
porcentualmente un 19,8.

Por lo que se refiere a las políticas de conservación y restauración de
cubierta vegetal, que se instrumentan básicamente en el Programa 533.A,
gestionado por el ICONA y que se concreta en la defensa de medio ambiente
y lucha contra la erosión, desertificación, etcétera --programa al que el
presupuesto del Estado destinaba en el presente año 1994 18.560
millones--, pasará en el próximo ejercicio de 1995 a una cifra de 23.449
millones, es decir, 4.889 millones adicionales, que representa un
crecimiento del 26,3 por ciento. Ello se hará realidad a través del plan
de apoyo a las comunidades autónomas para la protección de la cubierta
vegetal que tiene como objetivos reforestar 450.000 hectáreas de zonas
erosionadas y regenerar la cubierta vegetal de 400.000 hectáreas
afectadas por el fuego, que puede ser prácticamente la cifra con la que,
por desgracia, se cierre el período de incendios de este trágico verano.

La financiación es de 220.000 millones en los próximos cinco años y es
compartida por el Estado, las comunidades autónomas y la Unión Europea, a
través del Fondo de Cohesión, que, como saben SS. SS., tiene una
financiación del 85 por ciento de la inversión. Para el año 1995, y ya
incrementándose el esfuerzo en los próximos cinco años, el coste total de
este programa ascendería a 33.317 millones, de los cuales serían por vía
del Fondo de Cohesión, subvención comunitaria, 26.550 millones; la
Administración central del Estado aportaría 3.883 millones y las
comunidades autónomas, 2.883 millones. Ya digo que es un programa muy
ambicioso a cinco años que movilizaría al término del mismo un montante
total de 2.220 millones, de los cuales serían aportados por fondos
comunitarios 174.750 millones, el Estado habría aportado 25.000 millones
y las comunidades autónomas, 20.000 millones.

La lucha contra la erosión y los incendios forestales con la inversión
adicional indicada en estas cifras de los presupuestos del Estado tendrá,
además, el incremento de 4.746 millones, que representan un 39,2 por
ciento.

Por último, en cuanto a las líneas de actuación dirigidas a la
conservación del medio ambiente, en particular a los recursos destinados
a los parques nacionales, se incrementan



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en un 6,7, aumentando 262 millones, con lo que la inversión final del año
1995 alcanzará la cifra de 4.160 millones.

En cuanto al presupuesto para el sector pesquero, la entrada en vigor que
se nos anunciaba esta mañana en la comparecencia del Ministro en relación
al instrumento financiero de orientación pesquera, el IFOC, va a suponer
un incremento muy considerable de los recursos que se destinan a este
programa. Del presupuesto asignado en los Capítulos VI y VII para el año
1994, a la mejora de las estructuras pesqueras, Programa 712.H, y la
regulación y reorganización del mercado pesquero que se instrumenta a
través del FROM en el Programa 715.A, por valor de 16.618 millones,
pasará en el próximo año 1995 a alcanzar la cifra de 41.809 millones, de
los que 26.845 corresponden a aportaciones comunitarias. Ello
representará un crecimiento de 25.191 millones de pesetas.

Por último, hay que destacar que en el proyecto de presupuestos para el
año 1995, en el subsector Estado, existen algunas partidas que también
tienen un crecimiento considerable y que no tienen encaje en las tres
grandes líneas de actuación del Departamento, que hasta este momento he
venido utilizando como eje de la presentación del presupuesto por
programas. Se trata de aportaciones necesarias para corregir algunas
insuficiencias en asignaciones a determinados organismos autónomos o para
hacer frente a obligaciones derivadas de nuestros compromisos financieros
con la Unión Europea.

Ha sido objeto de explicación muy detallada esta mañana por parte del
señor Ministro la dotación de los 14.234 millones para hacer frente a las
correcciones financieras impuestas por la Comisión Europea al haber
sobrepasado España en los años anteriores el cupo de la cuota láctea que
nos había sido asignado; con ello, como se anunciaba, cubrimos hasta el
año 1990, que ha sido hasta este momento la liquidación elevada a
definitiva. En los próximos ejercicios tendríamos que ver la parte
correspondiente que puede estar pendiente de liquidación. Por lo tanto,
el presupuesto de 1995 tiene una dotación de 14.234 millones para hacer
frente a esta corrección financiera por el exceso de la cuota láctea.

El presupuesto tiene también un incremento de 3.500 millones para
transferencias al IFAS como consecuencia de haber sido cancelado el
convenio con la Seguridad Social para la prestación de determinados
servicios que habían servido hasta este momento de su denuncia para
financiar los gastos de personal del Instituto y que ahora deben ser
soportados con el presupuesto del departamento.

Hay, por fin, una transferencia de 9.053 millones de pesetas al SENPA
para cubrir gastos de funcionamiento, cuyo coste venía siendo afrontado
hasta el momento con las reservas generadas por la actividad comercial
que desarrolla el organismo y por las facilidades y posibilidades de
acceso que tenía al mercado de capitales de una forma ventajosa.

Aportamos al SENPA 9.052 millones en el presupuesto del próximo año.

Si se me permite, una vez analizado el presupuesto, tanto desde su
clasificación económica como el presupuesto por programas y los objetivos
que se persiguen dentro de nuestras políticas prioritarias, me gustaría
enmarcar el presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura en el
conjunto del presupuesto de gastos del Estado, en sus organismos
autónomos y en la Seguridad Social, para ver en qué medida nuestro
presupuesto del Departamento de Agricultura está acorde con las líneas
generales del presupuesto del Estado, marca sus líneas, está en sintonía
o se aleja de ellas.

El Capítulo I, gastos de personal, recordaba al principio de mi
intervención, crece un 0,1; el del Estado crece un 4 por ciento. Con ello
lo que hacemos simplemente es que tenemos capacidad, no necesitamos el
incremento, podemos hacer efectiva la mejora retributiva, el incremento
previsto de 3,5 para los funcionarios del Estado, pero no necesitamos el
crecimiento que presenta el conjunto del presupuesto del Estado en este
Capítulo I.

En el Capítulo II, el presupuesto del Estado disminuye un 0,2; el
presupuesto del Ministerio de Agricultura disminuye un 0,4. Los gastos
financieros en el Estado crecen un 3 por ciento; en el Ministerio de
Agricultura descienden un 1,6. Las transferencias corrientes en el Estado
crecen un 6,5; en el Ministerio de Agricultura crecen un 21,7. Creo, por
lo tanto, que en el apartado de operaciones corrientes el Ministerio de
Agricultura no sólo refuerza, sino que intensifica las líneas maestras
del presupuesto del Estado haciendo un esfuerzo de contención en los
Capítulos I, II y III y, en cambio, siendo muy importante su crecimiento
en las transferencias corrientes.

Por lo que se refiere a operaciones de capital, en el Capítulo VI,
inversiones reales, el presupuesto del Estado crece un 2,3; el
presupuesto de Agricultura crece un 15,8. Y en transferencias de capital
el presupuesto del Estado crece un 16,2; el Ministerio de Agricultura
crece un 22,5. Haciendo ya la unión de las operaciones de capital en su
conjunto, el Estado en su presupuesto global crece un 7 por ciento; el
Ministerio de Agricultura crece un 20,7. Igualmente, yo creo que dirige
muy bien sus esfuerzos el Ministerio de Agricultura en su crecimiento
presupuestario, situando un crecimiento tanto en el Capítulo VI como en
el Capítulo VII.

En lo que se refiere a las operaciones financieras, Capítulos VIII y IX,
no presentamos una comparación tan favorable. En el presupuesto del
Estado los activos financieros --Capítulo VIII-- disminuyen un 12,9; el
Ministerio de Agricultura crece un 1 por ciento. En pasivos financieros
--Capítulo IX--, el presupuesto del Estado ha hecho su gran esfuerzo
presupuestario, disminuyendo un 24,1; el Ministerio de Agricultura crece
un 13,9.

En conjunto el presupuesto del Estado, como SS. SS. conocen, crece un
3,4; el presupuesto del Ministerio de Agricultura crece un 19,5. Haciendo
una unión de gastos de funcionamiento, Capítulos I y II, podría concluir
diciendo que el Ministerio de Agricultura ha congelado sus gastos en este
presupuesto, mientras crece un 3,1 el presupuesto del Estado.

En los Capítulos IV, VI y VII, transferencias corrientes e inversiones,
el Ministerio de Agricultura ha tenido un crecimiento espectacular: un
21,5, frente a un 6,6 que tiene el presupuesto del Estado, y en gastos
financieros



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--Capítulos III, VIII y IX-- el Ministerio de Agricultura crece un 2,7,
frente a la disminución de un 7,8 que presenta el presupuesto del Estado.

Por último voy a realizar una muy breve comparación de algunos de los
aspectos económicos más relevantes del proyecto de presupuestos del
Ministerio de Agricultura. Si ponemos en relación el volumen de recursos
presupuestarios de que el Ministerio ha dispuesto en los últimos años,
con la población ocupada de los sectores agrario y pesquero, descubrimos
que el presupuesto por ocupado ha pasado de 394.100 millones en el año
1991 a 939.000 en el año 1995, estimando esta última cifra a partir de
las extrapolaciones de la ocupación para el año 1995.

Más espectacular es todavía la evolución seguida por los gastos
presupuestarios directamente canalizados al sector, transferencias de
renta y operaciones de capital. Con ello, por tanto, no estoy
considerando otros apartados o capítulos que, lógicamente, no son
transferencias de renta al sector, lo que alguna de SS. SS. preguntaba
esta mañana al Ministro, si eran descontadas de este cálculo que se hace
de un billón cien, dividido entre un millón cien mil; total, el millón
que me corresponde. No, evidentemente no es así. Hacemos otra
comparación, qué son transferencias de renta y operaciones de capital, y
ésas sí que han pasado de 328.000 millones por ocupado en el año 1991 a
858.400.000 en el año 1995. Lo que significa que la cifra se ha
multiplicado por más 2,6 en cuatro años. Y estoy hablando exclusivamente
de transferencias de renta y operaciones de capital.

Son también significativas las cifras que expresan la participación
relativa de la actividad presupuestaria del Ministerio en la economía del
país y en la inversión nacional en su conjunto.

Partiendo de las previsiones contenidas en el escenario macroeconómico de
los Presupuestos Generales del Estado, se observa que la actividad
económica del Ministerio de Agricultura aumentará su participación en el
producto interior bruto, pasando su presupuesto de suponer el 1,45 del
PIB de 1994 al 1,66 en el PIB de 1995. También es creciente la
participación que en la inversión total tendrá la inversión directamente
generada por el presupuesto del Ministerio, ya que los gastos de capital
del departamento, que en el año 1994 tienen un peso del 1,11 en la
formación bruta de capital fijo, alcanzará en el año 1995 1,24 de esta
magnitud.

Además de atender a esos objetivos primarios de carácter sectorial, el
presupuesto del Ministerio de Agricultura para el año 1995 tendrá, por
tanto, y así lo esperamos, un efecto reactivador sobre el conjunto de la
economía, que contribuirá al aumento de la actividad y el empleo en el
país.




El señor PRESIDENTE: Han solicitado la comparecencia del señor
Subsecretario los Grupos Parlamentarios Popular, Izquierda Unida y Grupo
Parlamentario Mixto, Unión Valenciana, que creo que no asiste esta tarde
en la Comisión.

En nombre del Grupo Popular, el señor Ramírez tiene la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Independientemente de unas consideraciones de
carácter general sobre el contenido del presupuesto, nuestra intención es
que el señor Subsecretario, al que saludamos en esta Comisión, aunque ya
habíamos tenido oportunidad de saludarle en la Comisión de Presupuestos
hace dos semanas, nos aclare cuestiones muy concretas en los
departamentos y entidades administrativas que dependen de él
directamente, porque para otras unidades administrativas y otras
Secretarías Generales hemos solicitado otras comparecencias. Por lo
tanto, no vamos a entrar en cometidos de la Secretaría General de
Producciones, que va a comparecer el titular inmediatamente, o la
Secretaría General de Alimentación, Pesca o de Estructuras. Nos vamos a
limitar exclusivamente, aparte de esas consideraciones generales, a
hablar de las unidades administrativas que dependen directamente de la
Subsecretaría.

Señor Subsecretario, el presupuesto crece en la medida que usted ha
señalado, pero crece porque aumentan los pagos procedentes de la
aplicación en España de la política agraria común. Porque, como vamos a
demostrar, el aumento del subsector Estado es escaso y condicionado a
obligaciones que no van a repercutir en la renta de los agricultores. Los
aumentos se producen sustancialmente en los fondos procedentes del Feoga.

Porque el aumento del subsector Estado, que es de 39.553 millones de
pesetas, efectivamente, señor Subsecretario, 14.234 millones son para el
pago del primer plazo de la multa. Segundo, 9.158 millones son para el
SENPA, para obligaciones de deudas anteriores y, por lo tanto, que no van
a tener su aplicación en 1995. Deudas contraídas hace varios años al
amparo de la normativa del Real Decreto 1.462, en favor de la
agroindustria y que, por lo tanto, tampoco van a tener una aplicación en
1995. Se debe ese dinero a los industriales que invirtieron, a los que se
les prometió la subvención y se va a tardar en pagar cuatro o cinco años
y están pagando intereses desde entonces. Luego analizaremos con la
Secretaría General de Alimentación la cuantía de esa deuda. Y deuda
también contraída con actuaciones de Reales Decretos de sequía
anteriores, etcétera.

Por lo tanto, señor Subsecretario, los famosos 39.553 millones de pesetas
quedan francamente condicionados. El aumento del subsector Estado en 1995
no va directamente a los agricultores.

Además, señor Subsecretario, ustedes gastan mal. Habla del aumento
sustancial de las inversiones reales (Capítulo VI). Dígase en paralelo:
el Capítulo VI, inversiones reales, 1995, es el 70 por ciento de la
cuantía de la misma inversión real en 1990. No hemos alcanzado 1990. Año
1990, 45.093 millones, frente a los 38.954 millones de 1994. En el año
1990, 64.585. Estamos en el 70 por ciento de las inversiones de 1990.

Puede comprobar ese dato, lo tengo a su disposición.

Luego, además, está la distribución del gasto. Dice: aumentan
sustancialmente los Capítulos IV, VI y VII, inversiones reales,
transferencias del sector. Señor Subsecretario, estamos cansados de
demostrar en estas comparecencias que en el Capítulo VI, por la vía de
las inversiones inmateriales, tapan y ocultan inversiones que no van al



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sector, que van al Ministerio y a actuaciones burocráticas. Pero para que
se sepa lo que lleva usted este año en el presupuesto, lleva 160 millones
de pesetas en publicidad y propaganda, 438 millones de pesetas en
estudios y trabajos técnicos a través del artículo 22; 4.679 millones de
pesetas en estudios, a través del artículo 64; 238 millones de pesetas a
través del artículo 77 en evaluaciones; 335 en vigilancia; 505 en
adquisición y dotación de equipos informáticos; 1.238 en vehículos y
medios de transporte; 1.017 en construcción, modernización y equipamiento
de edificios administrativos; 455 en publicaciones y 215 en
gratificaciones. Y como verán en muchos de ellos, están (Capítulo IV,
Capítulo VI) teóricamente donde dice el señor Subsecretario: hemos
crecido porque eso va a ser destinado a la inversión. Eso se queda en
gastos que deberían de figurar, para un seguimiento normativo claro, en
el Capítulo II, y que no figuran en el Capítulo II e intentan camuflar
por la vía de incorporarlo como inversiones inmateriales en el Capítulo
VI.

Pero vayamos a actuaciones concretas de unidades y programas de esa
Subsecretaría. Este año dedica en el Programa 711.A 63.600.000 pesetas a
actuaciones en edificios administrativos dependientes de esa
Subsecretaría. En 1994 gastó 70 millones y medio; en 1993, 150 millones,
y en 1992, 175 millones. ¿Cuál es el destino este año de esos 63.600.000
pesetas, que van, ¡cómo no!, a inversiones de reposición, artículo 63?
Díganos el destino exacto de esos 63.600.000 pesetas.

Secretaría General Técnica, Programa 711.A. Aumentan funcionarios. De 97
millones en 1994 a 107 millones en 1995. ¿Dónde está esa reducción que
decía el Subsecretario? ¿Por qué crece la Secretaría General Técnica en
el Programa 711, en retribuciones a funcionarios? ¿Cómo puede pasar en
gastos de material y suministros de dos millones que tenía en 1993, a
cinco millones en 1994 y a 16.300.000 pesetas en 1995? ¿Cómo puede
justificarse pasar de cinco a 16 millones en un solo año en material y
suministros? ¿A qué se dedican?
En publicaciones, en el artículo 24, la Secretaría General Técnica tenía
en 1994 17 millones. ¿Sabe lo que tiene este año, señor Subsecretario?
Doscientos noventa y tres millones de pesetas. ¿Nos quiere hacer el
desglose, Programa 711.A, gastos de publicación, artículo 24, de los 293
millones de pesetas de la Secretaría General Técnica, y cómo puede pasar
de 17 millones de pesetas del año pasado a los 293 citados? ¿Cómo puede
multiplicar por 20 en un solo año una unidad administrativa los gastos de
publicación?
Programa 711.A. Funcionarios. Dice el señor Subsecretario: No crecemos.

Pues el 711.A, y de una manera sustancial: novecientos diez millones en
1994, 968 en 1995. ¿Es que aumenta la plantilla? ¿Cómo puede crecer
58.300.000 pesetas el Capítulo 1, Programa 711.A? Pero es que viene
creciendo esta partida. En 1992 creció 742 millones de pesetas; en 1993,
884; en 1994, los citados 910, y ahora los citados 968. Díganos cómo
puede crecer el 711.A en esa cuantía si es que no crecen los
funcionarios.

Análisis e información: 138 millones de pesetas. El artículo 77.1 pasa de
90 millones en 1993 y 108 en 1994 a 138 millones en 1995. Necesito una
explicación, señor Subsecretario. Repito lo que decía antes con carácter
general: es que estamos multiplicando las cifras prácticamente por dos.

Insisto, por si tiene alguna dificultad de localización, es el Programa
711.A, con 138 millones de pesetas en análisis e información.

También están las famosas inversiones inmateriales. ¡Cómo no iban a
aparecer también aquí! Son 136 millones de pesetas, en el Programa 711.A.

¿En qué quedamos? ¿Crecemos los funcionarios, como lo demuestra el
Capítulo 1? ¡Será para realizar trabajos! ¿O seguimos contratando y
aumentando las dotaciones para trabajos externos de la unidad
administrativa? ¿Cómo puede destinar esta unidad administrativa 136
millones de pesetas? ¿Y a qué? En concreto, ¿a qué? Nos interesa
conocerlo exactamente.

Dirección General de Servicios. Con carácter orgánico de ubicación de
esta unidad administrativa, ¿cómo puede aparecer exclusivamente en dos
programas con Capítulo 2? Aparece en el 126.F y en 712.E. Solamente
participa en esos programas en Capítulo 2, en uno con 17 millones de
pesetas y en otro con 124 millones de pesetas.

Ante esa declaración «urbi et orbi» que acaba de hacer el señor
Subsecretario de que no crece el Capítulo 1, le tengo que decir que aquí
crece en personal laboral. De 812 millones de pesetas pasa a 833. Pero es
que en 1992, señor Subsecretario, el personal laboral de la Dirección
General de Servicios suponía 431 millones de pesetas. En tres años han
multiplicado ustedes por dos el personal laboral de esta Dirección
General de Servicios. Eso es a base de contrataciones, señor
Subsecretario. Por tanto, no lance usted esos mensajes de austeridad
porque realmente no se obtiene esa conclusión cuando se analizan los
presupuestos de algunas unidades que dependen directamente de esa
Subsecretaría.

En arrendamientos, de 250 millones de pesetas en 1994 se pasa a 320
millones de pesetas en 1995. ¿Cómo pueden crecer los arrendamientos en
esa cuantía? ¿Es que aumentamos edificios? ¿Se sigue produciendo en una
expansión incontrolada de la burocracia? Si no, explíquenos y díganos
exactamente dónde va la partida de 320 millones de pesetas y por qué
aumentan 70 millones de pesetas --que no es una cifra vana-- los
arrendamientos en la Dirección General de Servicios correspondiente al
presupuesto de 1994.

Reparación, mantenimiento y conservación aumenta el 20 por ciento. De 179
millones de pesetas se pasa a 206 millones de pesetas.

Material y suministros. De 767 millones de pesetas en 1993 ya se pasó a
1.252 en 1994 y se pasa a 1.371 en 1995. Es decir, el mismo organismo o
unidad administrativa que estamos comprobando, Dirección General de
Servicios, en el Capítulo 2 --en el que decía el señor Subsecretario que
se está haciendo un esfuerzo impresionante, no crecemos--, en material y
suministros ha multiplicado por dos desde 1993. Hemos pasado de 767
millones de pesetas a 1.371. Necesitamos que se nos justifiquen estos
aumentos, pues no entendemos cuál es la razón de ser de ese aumento.




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Le voy a dar un dato. De 51 millones de pesetas de energía eléctrica se
pasa este año a 283 millones. ¿Cómo puede justificarse ese aumento dentro
de esos 1.371 millones de pesetas que veo que está usted buscando con
ahínco? ¿Cómo puede multiplicarse la factura del consumo eléctrico por
seis? Me lo tiene que explicar.

Por tanto, no aceptamos esa elaboración de esa presentación del
presupuesto. Porque estamos hablando del subsector Estado, estamos
hablando de dinero y decimos que ha aumentado el esfuerzo solidario de
los Presupuestos Generales del Estado. No estamos hablando de los pagos
automáticos que merecen la agricultura, la ganadería y la pesca españolas
por el hecho de nuestra incorporación y permanencia en la Unión Europea.

Estamos hablando del esfuerzo del dinero español.

¿Y qué me dice de los 72 millones de pesetas destinados a equipamiento
informático? ¡Si todos los años hemos comprado! Mire, en 1993 hemos
destinado 160 millones de pesetas a equipamiento informático; en 1994, 80
millones, y en 1995, otros 72 millones de pesetas. ¿No le parece mucho
equipamiento informático para la Dirección General de Servicios?
¿Y en seguridad? ¡Se destinan 60 millones de pesetas a seguridad! ¿Pero
no estamos en el Ministerio de Agricultura? No custodia ese edificio la
Guardia Civil? ¿Pero cómo podemos gastar 60 millones de pesetas en la
Dirección General de Servicios en seguridad?
ENESA. ENESA está ubicada, como usted sabe, señor Subsecretario, en un
piso en la calle de Miguel Angel. Trabajan unas cuarenta personas. La
retribución es de 142 millones de pesetas. ¿Sabe lo que gasta ENESA en el
Capítulo 2? Tanto como en retribución de personal: 138 millones de
pesetas es lo que gasta ENESA en el capítulo 2, material y suministros.

Imagínese una empresa que se gastara más en material y suministros que en
su personal. Esa es la cifra que presenta ENESA, aparte de que repara el
edificio todos los años y es un edificio moderno y con buenas moquetas y
con buen mobiliario. Este año se gasta en eso 16 millones de pesetas,
pero todos los años destina varios millones ENESA a invertir en
reparaciones de ese edificio, y este año, ¡cómo no!, 16 millones de
pesetas. En cambio, para el plan de seguros se destinan 16.065 millones
de pesetas, solamente 1.603 millones de pesetas más que el año pasado.

Gastamos todo eso en el Capítulo 2, donde S. S. decía que este año iba a
ser un presupuesto muy restrictivo y, en cambio, tenemos serias dudas que
con el pequeño aumento del plan de seguros podamos hacer frente a
nuestras obligaciones. Luego pasa lo que en esta mañana denunciábamos:
los peritos de agroseguros aparecen como los enemigos número uno de los
agricultores.

Instituto de Fomento Asociativo Agrario. Crecen los arrendamientos: 136
millones en 1993, 143 millones en 1994 y 186 millones en 1995. ¡Pero si
aún no ha entrado en vigor la modificación de la Ley de Arrendamientos,
señor Subsecretario! ¡Si los arrendamientos están incluso a la baja, ya
que ha habido una situación de crisis importante! ¿Pero cómo pueden
crecer los arrendamientos? ¿Qué justificación tiene? ¿Cómo podemos pasar
de 136 millones de pesetas hace dos años a 186 para el año 1995? No tiene
explicación y, por lo tanto, a nosotros no nos convence esta realización
del presupuesto.

Destinan 15 millones de pesetas para mobiliario. ¡Eso sí, mobiliario no
falta en ningún departamento del Ministerio de Agricultura! El
enriquecimiento de mobiliario es importante.

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria. Mire, señor
Subsecretario, esto lo tienen que explicar, ya que decía usted que no
crecía el Capítulo 2. El Programa 126.F de este organismo tenía en
publicaciones el año pasado 297.000 pesetas. Yo no sé si eran suficientes
o insuficientes. Era una cantidad que libremente ustedes presupuestaron.

¿Sabe cuánto tiene este año? 23 millones y medio. ¡De 297.000 pasa a
23.411.000 pesetas! Supongo que eso exige una justificación y una
aclaración, porque no comprendemos --quizá en nuestra ignorancia de cómo
funciona la Administración y el Ministerio de Agricultura-- cómo un
organismo que el año pasado tenía 297.000 pesetas en publicaciones este
año aparece con 23.411.000 pesetas.

Crece también el personal laboral de una forma importante; de 385
millones de pesetas a 425 millones de pesetas, que es una subida
considerable. ¿Seguimos contratando? ¿Seguimos aumentando plantillas?
Díganoslo, porque, si no, las cifras... Y lo mismo ocurre con los gastos
sociales. En 1994 fueron 324 millones de pesetas; en 1995, 458 millones
de pesetas. Una subida importante, de 134 millones de pesetas, una subida
del 40 por ciento en gastos sociales. Necesitamos una aclaración del
alcance y objetivo de esta subida para poder comprender el presupuesto de
las unidades administrativas, señor Subsecretario, que dependen de su
Ministerio.

Una cuestión final. ¿Sabe lo que empiezo a sospechar, señor
Subsecretario, después de ver durante muchos años el presupuesto del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? Que ustedes hacen
figurar partidas que luego no gastan; que están artificialmente dotadas,
porque eso les permite aparecer ante la opinión pública diciendo: vamos a
gastar tanto. Y, luego, no se lo gastan. Por tanto, necesitamos una
aclaración exacta de los conceptos que he pedido.

Y con carácter general, quiero decir y afirmar para que figure en el
«Diario de Sesiones» que el esfuerzo del subsector Estado, los famosos
39.553 millones de pesetas, van a consumirse, como he dicho al principio,
en la multa de la leche, en la dotación al Senpa de obligaciones pasadas,
en la dotación a la Dirección General de Industrias Agroalimentarias de
obligaciones contraídas en años anteriores, y que inversiones reales, las
inversiones que realmente necesita el sector --señor Subsecretario, le
recuerdo el dato--, a pesar de que aumentan en 1995 para la cubierta
vegetal, ustedes no alcanzan ni el 70 por ciento de las inversiones
reales que el presupuesto de su Ministerio tenía en 1990.




El señor PRESIDENTE: La señora Rivadulla, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.




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La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, gracias señor Subsecretario
por su comparecencia.

Quisiera decir, de forma muy breve, señor Subsecretario, que usted ha
vuelto a insistir en el mismo argumento que el Ministro esta mañana en
relación con la renta agraria. Del millón presupuestado se sabe que se
reparte de forma muy desigual, que esto incluye a propietarios que no lo
son a título principal y que tienen otras fuentes de ingresos y que, por
tanto, los agricultores, no todos, han recibido este millón que citaba el
Ministro. Hay unos estudios hechos en la Comunidad de Aragón sobre cómo
se reparten las tres cuartas partes del presupuesto agrícola y ganadero
--esa parte correspondiente al Feoga-garantía-- que indican que 17
propietarios recibieron la misma cantidad que 12.000 pequeños y medianos
agricultores de herbáceos; que se recibe una media de 33 millones, cuando
el agricultor a título principal solamente recibe 50.000 pesetas. A mí me
gustaría que estos estudios fuesen tenidos en cuenta por el Ministerio,
para que cuando se hagan los estudios macroeconómicos se tuviese en
cuenta las repercusiones que tienen sobre el mundo rural, puesto que este
incremento de renta es recibido de forma muy desigual por el conjunto de
los agricultores. Y es más, los agricultores que se dedican a la
explotación agraria de forma directa no son los que están recibiendo la
mayor parte de las ayudas que proceden de los fondos comunitarios.

También se ha dicho aquí que el Estado sólo aporta 199.000 millones, de
los cuales, 14.000 están ya destinados al pago de anticipos de la reforma
de la PAC, o sea, a compromisos contraídos, y que se refieren a la cuota
láctea.

Yo esta mañana he tenido oportunidad de decirle al Ministro --sabía que
no era el turno, pero tenía interés en decírselo-- que la parte
correspondiente al gasto del Estado es una parte muy reducida y que,
además, usted mismo, al hacer un repaso de los programas destinados a
infraestructuras agrarias y también sobre Icona, sobre todo el programa
de mejora de infraestructuras agrarias, ha reconocido que no crece, sino
que se mantiene más o menos igual, con lo cual, deflactando el IPC, está
clarísimo que no crece sino que decrece.

En relación con el Icona, quería hacerle una pregunta. Los
aproximadamente 4.000 millones que crece el capítulo 6, inversiones de
reposición en infraestructuras, ¿a qué se dedicarán? Usted ha hablado de
cubierta vegetal, ha hablado de otras actuaciones, pero me gustaría que
lo especificara.

Hay otra cuestión que nos preocupa y es el incremento que experimenta el
Instituto de Fomento Asociativo Agrario, aproximadamente en 2.000
millones, pero que se destinan fundamentalmente a ayuda al fomento del
asociacionismo para la comercialización de los productores, o sea, a las
organizaciones de productores. Sin embargo, ustedes continúan con la
misma tónica de disminuir o mantener igual las aportaciones que hacen a
las organizaciones profesionales agrarias. ¿Usted cree que es normal,
señor Subsecretario, en un momento en que necesitamos fortalecer las
organizaciones agrarias, por cuanto vamos hacia unas elecciones
sindicales, por cuanto se necesita que tengan fuerza y puedan organizarse
y estructurarse, para que puedan tener el papel que les corresponde en
las interprofesiones y para que puedan ser interlocutores válidos y
tengan todos los medios a su alcance para que sean interlocutores válidos
ante la Administración, ante los distintos proyectos de ley que ya
tenemos en esta Cámara, usted cree que es normal que durante dos años
consecutivos ocurra esto --el año pasado decrecieron y este año se
mantienen iguales-- con las ayudas para que han recibido de las
organizaciones profesionales agrarias?
En cuanto a las ayudas a las organizaciones de productores, me gustaría
que me dijera a qué van a ir destinados estos 2.000 millones de
incremento, exactamente, y a qué tipo de organizaciones de productores.

En relación con el Senpa, hay un incremento de 9.053 millones. Hace
tiempo que he hecho varias preguntas al Senpa, porque observo que hay una
actuación que no acabo de comprender, por cuanto hay personal, hay
instalaciones suficientes del Senpa y, sin embargo, hace unos años que
para el proceso de intervención se está contratando a empresas
exteriores, con lo cual estamos infrautilizando los bienes públicos, que
los tenemos ya; hay funcionarios que no saben qué hacer, hay laborales
que no saben qué hacer y, sin embargo, se está contratando y estamos
haciendo un gasto absolutamente innecesario, pero, a lo mejor, con una
perspectiva de privatización del servicio que no se acaba de decir, pero
que podría ser que estuviese dentro de los proyectos del Ministerio. Por
ello, señor Subsecretario, me gustaría que me explicara, por favor, a qué
van a ir esos 9.053 millones de incremento que experimenta el Senpa.

En relación con los seguros, quisiera preguntarle si se van a proponer,
de una vez por todas, acabar con los déficit de Enesa, y si se van a
incorporar los déficit que llevamos acumulados en los presupuestos para
años posteriores, aunque no en éste; pero, en algún momento, tendremos
que acabar con la dinámica de que los déficits no se terminan de cubrir.

Quisiera preguntarle también sobre las repercusiones que usted cree que
van a tener las restricciones que va a haber en algunas líneas de
contratos --sobre todo, en el de cereales--, qué repercusiones va a tener
la extensión de este tipo de contrataciones.

Por último, quisiera que me informara, porque no he tenido tiempo de
verlo, si se ha incrementado con las nuevas líneas de viento que habíamos
citado para los sectores de la fruta.




El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas formuladas, tiene la
palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Fernández): Señor Presidente, voy a ir contestando a las preguntas que se
me han formulado con el máximo nivel de concreción y de detalle, aunque,
inevitablemente, deberé hacer consideraciones de carácter general que me
resultan imprescindibles para enmarcar mi respuesta y para que realmente
el debate avance y sirva para comprender el fondo de los problemas y no
entrar en una maraña de cifras que no nos aclararían



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especialmente lo que nos interesa, que es efectivamente qué se hace con
el dinero público que recoge el presupuesto del Estado.

Señor Ramírez, le he oído reconocer que el presupuesto del Ministerio
crece; se lo agradezco, y la verdad es que me hubiese resultado difícil
no oír de usted otra cosa distinta. Crece y crece en 39.000 millones. A
partir de ese momento, empiezan sus discrepancias, pero creo que hay que
reconocer que el Ministerio ha cambiado. No voy a exhibir gráficos,
cuadros sobre cómo ha ido evolucionando el presupuesto, tanto del
subsector Estado como del consolidado, a lo largo de la década. Pero es
indudable que ese crecimiento se produce, y ahí creo que estamos todos de
acuerdo y nos satisface. (El señor Ramírez González: No estamos de
acuerdo.) La discrepancia la tiene cuando su análisis lo dirige diciendo
que el crecimiento del subsector Estado es escaso. Pues esa afirmación
que usted ha hecho, y ahí figura, lógicamente no la puedo compartir, sino
todo lo contrario: tengo que decir que es profundamente errónea. El
crecimiento del subsector Estado no es en absoluto escaso. No voy al
consolidado; voy al subsector Estado y me encuentro un crecimiento de un
29,5 por ciento, casi un 30 por ciento. Afirmar que el crecimiento del
subsector Estado es escaso es no querer leer las cifras. Ya podemos
coincidir en que no es escaso el crecimiento.

Vamos a ver ahora a qué se destina. El señor Ramírez comienza a hacer ahí
su minoración que creo que no la hace él, se la he hecho yo, y la he
hecho muy fácil, porque al término de mi intervención he dicho: hay otras
cosas aparte. Lo voy a repetir porque aunque pueda resultar un poco
pesada esta reiteración, aclara enormemente este punto y nos evita volver
a plantear esta discusión vana.

He dicho expresamente que en el presupuesto de 1995 existen algunas
partidas, y he reconocido que no respondían a ninguna de esas grandes
líneas políticas que había marcado en mi presentación y que con más
amplitud, mayor detalle y de una manera muy clara el Ministro nos ha
presentado esta mañana. He hecho yo mismo esa suma y he dicho: 14.234
millones, para, entre comillas, «correcciones financieras», dicho para
que todos nos entendamos, multa de la leche. No hace falta que me lo
recuerde. Yo la reconozco, la afloro, es nuestra obligación. Estamos en
este club y hay que pagar esa deuda. ¿A qué responde, a qué año? También
le he dicho cuál es la situación en la que estamos, y le contestó el
señor Ministro esta mañana. No hay que ser reiterativo en algo que de una
manera explícita, el Ministro por la mañana y el Subsecretario por la
tarde, han reconocido.

Incremento de 3.500 millones al IFA. Lo he dicho y cuál es la finalidad.

¿Qué hay detrás de ello? Muy sencillo, lo voy a explicar. Esta mañana se
ha hecho también la pregunta al señor Ministro. ¿Por qué tenemos que
consignar 3.500 millones al IFA para las cámaras agrarias? Porque las
vamos a transferir en el próximo año. El martes se ha firmado, con
acuerdo satisfactorio, la transferencia a la Comunidad de Galicia, que
era una de las que estaba pendiente, atrasada y tenía algunos problemas
históricos que se habían venido arrastrando. Se ha hecho la transferencia
al País Vasco, que fue la primera de las que se hizo a comunidades
históricas, de las cámaras agrarias; se hizo luego a Cataluña, a Valencia
y a Andalucía. Se ha hecho ahora a Galicia. Vamos a hacer un bloque
completo de las cámaras agrarias para el próximo año. Puedo adelantar que
esa es la vocación de este equipo ministerial.

Aprovecho para hacer una inevitable referencia a mi antecesor, hoy
subsecretario de Economía, que manifestó que era difícil el proceso de
transferencias en el Ministerio de Agricultura. Yo no quiero decir que
sea difícil o no. Lo que sí digo es cuál es la voluntad que tiene este
equipo en el Ministerio de Agricultura, y es avanzar muy rápido en el
proceso de transferencias. Una de ellas serán las cámaras agrarias y
consumen estos millones. Efectivamente, hay una transferencia del
subsector Estado al Senpa de 9.053 millones, y he dicho para qué: para
cubrir gastos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque es mejor eso que no
seguir endeudándose. Si esa política de endeudamiento la hizo el Senpa en
unas condiciones de acceso al mercado que podían ser ventajosas, no
discuto la responsabilidad de los gestores anteriores, pero sí digo que
ahora es una buena política hacer esa transferencia de 9.000 millones al
Senpa. Dicho eso, lo demás reconózcase, porque es así de evidente, que
son recursos que están en las diversas líneas, como hemos visto algunas
de ellas, y podemos repasarlas, y cada uno de los responsables de las
secretarías generales irán concretando.

Concluyo respecto a esta primera afirmación general del señor Ramírez. No
es escaso el crecimiento del subsector Estado. Creemos que están muy bien
destinados los crecimientos que se hacen y cómo se han repartido esos
39.000 millones ¡Ojalá! hubiesen sido más, no lo discuto; tampoco digo
que esté satisfecho. Posiblemente en el Ministerio de Economía y Hacienda
estaban ya hartos del Subsecretario de Agricultura discutiendo el
presupuesto de 1995, y cuando hubo que cerrarlo estuvieron muy contentos
porque dijeron: el Subsecretario de Agricultura deja de darnos la lata
pidiendo más dinero. Pero no es pedir más dinero porque sí; es pedir más
dinero para hacer políticas agrarias. No puedo reconocer que se gaste
mal, ni que se haya gastado mal por mis antecesores, ni que lo esté
gastando mal yo que llevo sólo cuatro meses, desde el mes de mayo, con el
Ministro Atienza. Lo que sí es verdad es que le hemos hecho una trampa,
señor Ramírez. No es una trampa mía, la ha hecho el Gobierno y en parte
la ha hecho el Ministerio de Agricultura a la hora de hacer este
presupuesto. Es verdad que todos nos volvemos locos buscando esas
partidas, y dice: ¿cómo es posible que ese presupuesto haya crecido de
200.000 pesetas a 23 millones? ¿Qué es lo que hay? Dos cosas que son una
gran modificación que afecta a los capítulos 2 y 6, que el señor Ramírez
ha estado estudiando con mucho detalle y afectan al programa de
publicaciones. Efectivamente, el programa de publicaciones, a raíz de un
decreto del pasado mes de abril de 1993, ha tenido con carácter general
para toda la Administración unas correcciones muy importantes, porque el
Gobierno consideró que los gastos de la Administración del Estado en
publicaciones eran excesivos. Una de las razones que posibilitaban ese
exceso de gasto era su enorme dispersión. En eso sí le doy la razón.




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A lo largo de muchas partidas presupuestarias de los años anteriores los
gestores podían encontrar dinero fácil para hacer publicaciones. Además,
los departamentos no tenían un plan de publicaciones, o lo tenían pero
era muy fácil modificarlo porque era una decisión interna y no era
decisión del Gobierno. A partir del Decreto del pasado año, cada
Ministerio tiene un plan de publicaciones anual que aprueba el Gobierno.

Eso presupuestariamente se ha traducido en agrupar y concentrar esos
recursos que estaban dispersos en múltiples partidas. Por eso se
presentan estas anomalías. Por lo tanto, no es la ocasión de hacer este
detalle partida por partida, cifra a cifra, peseta a peseta, pero sí le
digo que este Ministerio y todos los demás están destinando desde el
pasado año muchos menos recursos a publicaciones, y en concreto algún
tipo de publicación de carácter más suntuario está expresamente reservada
a una aprobación especial muy selectiva que se reserva el Ministerio de
la Presidencia a través de la comisión central que coordina la política
de publicaciones. Es verdad la dificultad que tiene el señor Ramírez para
encontrar esta identificación de partidas y eso le ha llevado a afirmar
que gastamos mal.

Sobre las gratificaciones en el capítulo 6 también son una sorpresa, pero
yo tengo plena confianza en que la Intervención del Estado no permite lo
que no es correcto. Por lo tanto, no hay interventor que autorice con su
firma el pago de gratificaciones que no estén consignadas en su capítulo
correspondiente. No tengo temor de que el capítulo 6 de inversiones esté
desviándose hacia gratificaciones. De verdad tengo que decir que no
podría ser así y los interventores del Estado no lo permitirían en ningún
caso. Por lo tanto, no es una mala burocracia, no es un mal gasto, sino
que se trata de algunos cambios de política general que afectan a estas
partidas. La de publicaciones es la más cara, pero lo que sí tengo que
decirle también es que hay unos incrementos significativos en el capítulo
2 que responden a una concentración de partidas presupuestarias, de
gastos de funcionamiento de los organismos que se centralizan en el
Programa 711.A, y que responden a un interés, como en el caso de las
publicaciones, de hacer una política en una sola mano, gestionada con
mano férrea y que posibilite un ahorro en el capítulo 2 de
funcionamiento. Pensábamos que había que solucionar esa dispersión, esa
pluralidad de gastos que estaban en los organismos y que convenía
concentrarlos y hacerlo aflorar todo en el Programa 711.A.

Le preocupan si aumentan, disminuyen o qué pasa con los funcionarios y
qué vamos a hacer con ellos. Tengo que decir que disminuirán y creo que
ya están disminuyendo los funcionarios del Ministerio de Agricultura. En
diciembre de 1992 era 13.118, de los cuales 9.081 eran funcionarios,
4.037 eran laborales. Un año después, en diciembre de 1993, esos 13.118
descendieron a 11.106, de los cuales 7.500 son funcionarios y 3.600 son
laborales. En diciembre de este año 1994 los efectivos previstos, a
partir de los datos actuales, serán 10.419. Las dos son cifras reales:
13.000 y 11.000, 1992 y 1993, y 10.000 una previsión.

La pregunta sigue en pie y lo comprendo. ¿Qué piensa el Subsecretario de
esa situación? No entro en el detalle de cómo se distribuyen, pero si
quiere se lo digo, por unidades y por organismos. Efectivamente, por
unidades y por organismos, algunos de ellos tienen una cifra que
consideramos muy importante. Por escoger los más significativos, esos
10.000 funcionarios se distribuyen de la siguiente manera. El Instituto
de Fomento Agrario, el IFA, tiene efectivamente 2.000 funcionarios,
básicamente las cámaras; los queremos transferir. El Senpa, del que se ha
hablado, también tiene la cifra más elevada y significativa, 3.367. El
Ministro ha anunciado esta mañana que la intención del Departamento es
que los pagos del Senpa se realicen por las comunidades autónomas. Bien
es verdad que alguna comunidad no está en disposición, no tiene una
voluntad decidida de recibir algunas de las transferencias. Lo hemos
planteado en la conferencia sectorial, tuvo una acogida favorable,
queremos ir muy deprisa, pero no hemos confirmado en algunas de las
comunidades una voluntad de recibir esas transferencias. A lo que tampoco
estamos dispuestos es a una política de pruebo, veo, elijo; este
funcionario me lo quedo y éste no. Tienen que ser cometidos, funciones,
contenidos y bloques de funcionarios. No me quedo con uno o lo pruebo o
lo devuelvo. En el Senpa hay 3.367, que será también uno de los
organismos que tenga en este proceso de transferencias mayor
protagonismo.

Me voy a atrever a hacer una previsión. El Ministerio cambiará
sensiblemente en el transcurso de un año porque va a tener un proceso
acelerado de transferencias que afectarán a estos grandes colectivos --he
mencionado dos IFA y Senpa--, pero también a otros organismos, como Iryda
e Icona. Ya sé que son emblemáticos y se ha dicho esta mañana que un
antecesor mío había afirmado que había determinados pilares que eran
intocables en el Ministerio de Agricultura. Reitero que no es ésa la
consideración del equipo actual.

Los funcionarios disminuyen, señor Ramírez. Soy funcionario público, de
lo cual me siento orgulloso, creo que usted lo es, no tengo nada contra
los funcionarios y creo que son excelentes los que he tenido ocasión de
conocer desde mi incorporación al Ministerio de Agricultura. Llevo veinte
años en la Administración, he sido funcionario docente y funcionario en
la Administración Civil del Estado y estoy muy satisfecho con los
funcionarios del Ministerio de Agricultura, pero creo que, como decíamos
esta mañana, su sitio está en otra administración; si la Administración
del Estado es de planificación, de coordinación, de diseño de estrategias
y no de ejecución material, el día a día no le corresponde. Luego ¿quién
va a ser el pagador de esas ayudas? Ese Senpa con esos 3.000 funcionarios
debe estar en la Administración autonómica. Ahora bien,
corresponsabilidad de las comunidades, porque a quien le van a pedir
cuentas de cómo se pagan esas ayudas es al Estado.

Por tanto, ¿aumentan los funcionarios y crece la Secretaría General
Técnica y depende del Subsecretario? Es una mera operación interna. La
Secretaría General Técnica sí es columna vertebral de un departamento. La
Secretaría General Técnica sí tiene soporte jurídico, sí tiene estudios,
sí tiene la vicesecretaría, si tiene una actividad creciente, y yo
siempre la defenderé --no porque sea una unidad que



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depende de mí ni porque yo haya sido Secretario General Técnico del
Ministerio de Defensa--, siempre defenderé la Secretaría General Técnica
de los departamentos frente a otras ideas que en algún momento también se
han planteado sobre el futuro de las mismas. Indudablemente, las
defiendo.

Tranquilidad. También hay que dar a los funcionarios un mensaje de que no
se trata de darle la patada a nadie, sino de poner las cosas en su sitio,
y algunas de esas transferencias se van a ejecutar de inmediato. Lo digo
con satisfacción, en los pocos meses que llevo he cerrado tres paquetes
de transferencias en diálogo con tres comunidades autónomas de distinta
responsabilidad política y de una manera muy satisfactoria, y con otra de
ellas, que es la Comunidad de Castilla y León, está a punto de
concluirse, pero por desgracia todavía no hemos podido firmar el
convenio. Pero sí hemos llegado a un acuerdo con la Comunidad Valenciana
en el tema de los fraudes, con Andalucía o con Galicia, respecto a las
cámaras agrarias, y todo ello en el transcurso de este difícil verano de
1994.

Enesa, plan de seguros agrarios. Efectivamente, yo creo que hay un claro
esfuerzo y no se puede decir que 2.000 millones no sean nada; depende,
2.000 millones no son nada, pero de lo que estamos hablando es de un
esfuerzo que supone un 14,6 y de que, en conjunto, el plan de seguros
agrarios de una dotación del propio plan de 14.622 millones el pasado año
pase a 16.066 millones, lo que supone una diferencia de 1.444, y la
aportación al Consorcio pasa de 977 a 1.800 millones, en total de 15.599
a 17.869 millones, un 14,6 por ciento. Búsquese en las etapas anteriores
a ver cuándo el plan de seguros agrarios ha tenido un crecimiento tan
espectacular.

Sí tengo que decir, y ya lo expuse ante las organizaciones agrarias en la
negociación que mantuve a lo largo de los meses de junio y julio, que
tenían que hacerse las dos cosas, hacer este esfuerzo presupuestario,
añadiendo 2.000 millones para corregir esos déficit que se venían
arrastrando, y, al mismo tiempo, abordar las causas de esos déficit
financiero y presupuestario. Efectivamente así se ha empezado a hacer,
porque no sólo es poner dinero. Es una política de renta, lo comparto, y
así se ha planteado esta mañana en el debate sobre si el Ministerio de
Agricultura ha tenido una posición de ida y vuelta respecto a cuál es su
consideración sobre el seguro agrario. Es una política de rentas, y la he
presentado intencionadamente en mi intervención dentro del conjunto de
las medidas de política de rentas. Sin embargo, insisto en que es
política de aseguramiento. Por tanto, hay que respetar también las
condiciones técnicas de lo que es una póliza de seguros, y lo que no se
puede hacer tampoco es tirar un grano para cobrar el seguro. Por tanto,
si había picaresca, había que corregirla. Si había rendimientos que no
respondían en absoluto a la realidad, porque jamás se había producido un
rendimiento de esa magnitud, había que corregir los techos se
rendimiento, pero corregirlos de una manera selectiva, en comarcas en las
que de una manera muy concreta estuviesen identificados esos «abusos»
--dicho entre comillas-- o, dicho de una manera técnica, excesos de
rendimiento máximo asegurado.

¿Podemos decir que el IFA está llamado a desaparecer? Yo creo que sí. Por
tanto, tranquilidad, señor Ramírez. Los arrendamientos del IFA no sé para
quién serán, serán para aquel para el que los destinemos. No creo que
vayamos a hacer un uso de nuevos arrendamientos. Lo puedo prometer.

Tranquilidad, señor Ramírez, que no haremos arrendamientos adicionales
porque el IFA está llamado a ser transferido.

Ya he explicado que las publicaciones del INIA realmente lo que tienen es
una presentación presupuestaria distinta. Comprendo que su comentario
sobre la anomalía de la cifra le haya producido todas las dudas del
mundo. Cómo puede un programa cualquiera, en este caso son las
publicaciones del INIA, lo mismo me da, pasar de 200.000 pesetas a 23
millones. El INIA, tiene un marco propio, tiene un programa de
publicaciones propio, cosa que no tenía antes. Antes hacía las
publicaciones del cajón general de las publicaciones del Ministerio.

Ahora el INIA va a tener específicamente un programa de publicaciones,
como lo tiene también, si no recuerdo mal en este momento, el Instituto
para la Conservación de la Naturaleza.

Por último, señor Ramírez, efectivamente, dos semanas, y seguimos
debatiendo usted y yo sobre si gastamos mal o no gastamos. Unas veces
gastamos mal y otras no gastamos, siendo su afirmación final que no
gastamos. Me insiste en este momento en que las dos cosas: que no
gastamos y, si gastamos, gastamos mal. Desde luego, lo que sí le digo es
que gastamos. La prueba es que el pasado día lo vimos en la ejecución del
presupuesto. Ya veremos las cifras de cierre de 1994, no se preocupe. Yo
le dije que en 1993 hemos ejecutado un 98 por ciento, ¿recuerda?, y su
silencio habla tanto como sus afirmaciones. Hemos ejecutado ese 98 por
ciento del año 1993. En la comparecencia que se me solicitó me preguntaba
cómo iba la ejecución en junio de 1994, y en todos los programas
encontrábamos una mejora con respecto a 1993, ergo, conclusión: vamos a
ejecutar del orden de un 98 por ciento. Yo no digo que todas esas cosas
sen siempre un bien; lo que pasa es que es verdad que tenemos un
presupuesto ajustado, no hay holguras y, efectivamente, se ejecutará en
esa magnitud.

Con respecto a la representante de Izquierda Unida, es retomar el debate
del millón. Efectivamente, recojo los comentarios que se han hecho sobre
esos estudios mucho más finos. Es verdad que, a veces, las visiones macro
no dan la realidad, sobre todo la realidad del agricultor individual que
tiene unas características determinadas en su explotación y que,
lógicamente, verá las ayudas en función de unos parámetros que pueden
darse o no en su caso; por consiguiente, es un ejercicio de análisis y no
de otra la pretensión. Quizá sí es más importante, como afirmó el
Ministro esta mañana, ver la evolución de renta del sector agrario desde
nuestro ingreso en la Comunidad Europea y compararla con la de los países
de la Unión Europea; ahí, efectivamente, como él afirmaba, el crecimiento
en los demás países ha sido de un 7 por ciento --bien es verdad que se
puede afirmar que desde un punto superior del nivel de renta-- y el
nuestro casi llega al 50 por ciento. Esa sí que es realmente una
afirmación que yo creo que nos da una buena visión de cómo ha
evolucionado la renta del sector.




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Vuelve a hacer un comentario sobre la multa de la leche. Ya he dicho que,
efectivamente, consume parte de esos 199.000 millones del subsector
Estado; es verdad, por tanto, que minora en esa cifra.

Ha manifestado también que le preocupa el Iryda y el Icona, cómo se
recogen sus previsiones y el que no tengan unos crecimientos
espectaculares. Sí lo tienen si contamos lo que pueden generar. Los 3.800
millones del programa del Icona de cubierta vegetal generarían del orden
de los 17.000 millones de fondos europeos. Es verdad que se necesitan
proyectos, no es automático, sino que se necesitan proyectos que llevar a
Bruselas para que sean aprobados y producir ese efecto. Luego con 2.800
millones tenemos capacidad para movilizar 17.000 millones de fondos de
cohesión. Una vez más es un ejercicio de corresponsabilidad; son
proyectos que no nos lo podemos inventar. En la Conferencia sectorial
hemos planteado a las comunidades autónomas que hay que empezar a tener
preparados cuanto antes esos proyectos para que en enero estén en
condiciones de ser aprobados. ¿Adónde se destina el crecimiento de esos
4.000 millones? Básicamente se destina a este programa de cubierta
vegetal.

Me pregunta a qué se destina el aumento de los 2.000 millones en el IFA.

Se destina a las organizaciones de productores, básicamente a las OPCH.

¿Disminuyen o no las transferencias a las organizaciones agrarias, a los
sindicatos agrarios? No, es la misma cifra, pero mire un año antes,
porque me parece que hubo una bajada; por lo menos hemos cambiado el
signo. Efectivamente, no tienen minoración, cosa que sí tuvieron en el
ejercicio presupuestario precedente.

Comparto su preocupación en lo relativo al Senpa. En muchos funcionarios
del Senpa puede existir esa duda sobre cuál es su situación futura. Creo
que todos debemos clarificar ese futuro y debemos decir que depende de la
función que realice ese funcionario del Senpa, pero no se trata de
ninguna privatización, se trata de poner las cosas en su sitio, en la
Administración que consideramos que es la más adecuada para cada función.

¿A qué se destinan, por tanto, esos 9.000 millones? A sus gastos de
funcionamiento y para ponerlo en condiciones, al igual que antes decía
respecto al IFA, para que se pueda llevar adelante el proceso de
transferencias del Senpa y para que no tenga que acudir al endeudamiento
a las entidades financieras para su funcionamiento.

Por último, si no recuerdo mal, me preguntaba sobre los seguros agrarios,
sobre el déficit de Enesa y en qué medida, con esta inyección
presupuestaria de 1995, queda solucionado. Queda solucionado con el
conjunto de medidas que consideramos que deben restablecer el equilibrio
de futuro. Retomo mi argumentación. Si no se va a las causas, el
desequilibrio financiero y presupuestario volverá a producirse en el
futuro. Por tanto, no es sólo un problema de que le demos 2.000 ó 4.000
millones. Es un problema de que la política de seguro sea auténtico
aseguramiento y política de renta, sobre todo política de aseguramiento.

Me hablaba de nuevas líneas, como puede ser la del viento. En la reunión
de Enesa se tomó en consideración para efectuar el estudio de viabilidad.

Ahora bien, no está dentro de las de 1995. Como afirmaba el Ministro esta
mañana, son el aguacate, el kiwi y las piscifactorías las tres líneas
nuevas. ¿Cuál es la voluntad de futuro? Cubrir la totalidad de los
riesgos en todas las producciones agrarias, ésta es la perspectiva, pero
para ello no puede quebrar el sistema, tiene que tener robustez y solidez
financiera y presupuestaria para cubrir nuestro objetivo final de tener
todas las líneas de producción dentro del sistema de seguros agrarios.

(El señor Ramírez González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, brevísimamente.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Una pequeñísima precisión, señor Presidente.

Comprenderá el señor Subsecretario que no me he quedado satisfecho cuando
me ha justificado algunos incrementos de laborales y demás, y al final
dice: concentración. En el «Diario de Sesiones» figuran las peticiones
concretas que le hemos solicitado. Si puede nos las envía y, si no, no
quedará clara esa cuestión. Por tanto, dígase aquí que no han quedado
justificado, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, los incrementos
habidos en los capítulos 1 y 2, en las unidades dependientes directamente
de la Subsecretaría.

Y cuando se refiera al aumento de Enesa, señor Subsecretario, no
redondee, por favor. Diga que el aumento ha sido de 1.605 millones de
pesetas, no redondee a 2.000 millones de pesetas, porque si no después
aparece una información que no es la exacta. El aumento es de 1.605
millones de pesetas exactamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Fernández): Señor Ramírez, creo que sí es mi obligación darle detalle
sobre los cambios que ha habido en los capítulos 2 y 6. En cuanto al tema
de publicaciones, con esa nueva política marcada en el decreto del pasado
año que afecta a todos los ministerios --posiblemente esto mismo se
producirá en los presupuestos de otros departamentos--, en estos momentos
me doy cuenta que requería un apéndice explicativo sobre ese cambio de
imputación de unos capítulos a otros. Eso lo hemos hecho (y de una forma
que también puede producir confusión, y eso es a título individual en el
Ministerio de Agricultura) porque considerábamos que era positivo.

Tenemos muchos organismos administrativos y comerciales (10 en total) que
todos los que conocemos el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación estamos de acuerdo en que ya no tienen el fundamento de su
creación y que yo creo que, en breve plazo, están llamados a desaparecer
muchos de ellos, aunque algunos sean emblemáticos, y lo que hemos hecho
con su funcionamiento y sus gastos del capítulo 2 es concentrar recursos.

Por ello el 711.A crece, pero también es un cambio de imputación; está
haciéndose en este caso un presupuesto para 1995 con unos criterios



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distintos de los de 1994 y eso es lo que produce las anomalías que S. S.

advierte.

En cuanto a Enesa tengo que decirle que las dos cosas son presupuesto de
Enesa, también el consorcio de Compensación de Seguros, que se lleva un
buen pellizco, porque ahí hay un reaseguro y una siniestralidad que hay
que cubrir y eso también es política de aseguramiento.

Muchas gracias, señor Subsecretario.

Suspendemos la sesión por espacio de un minuto para recibir al segundo
compareciente.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS. A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS (V-PNV 212/000962) (CC
212/0001024) (P 212/0001097) y (IU-IC 212/0001148).




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Continuamos con la segunda de las comparecencias, que es la del
Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios, señor Barreiro.

Antes de darle la palabra para la primera intervención, se han formulado,
como siempre en este tipo de comparecencias de presupuestos, algún tipo
de peticiones de información por escrito. Como saben SS. SS., el
compareciente tiene la obligación de contestar por escrito a las 48
horas, se cumplen el sábado por la tarde, yo creo que en este caso deben
entenderse hábiles y, por tanto, propondríamos todo el día del lunes. En
este sentido, tanto el señor Secretario General de Producciones y
Mercados como el Secretario General de Alimentación, en el caso de algún
tipo de información que deban facilitar por escrito, tienen de tiempo
hasta el lunes por la tarde para enviar dicha información.

Si les parece, damos la palabra al señor Barreiro para una primera
intervención para situar el contenido del presupuesto en la parte que
dirige del Ministerio de Agricultura, y posteriormente daríamos la
palabra al Grupo Parlamentario Popular que ha solicitado su
comparecencia.

El señor Barreiro tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Voy a intervenir de una manera muy esquemática y lo más breve
posible dentro de la intención de ser claro.

De los programas competencia de esta Secretaría General y su distribución
por unidades en primer lugar voy a hacer referencia al Programa 712.C,
que se titula mejora de la producción en los mercados agrícolas, y al
712.B que es el relativo a la sanidad de la producción agraria, que son
programas desarrollados, el primero, por las dos direcciones generales,
tanto la de Producciones y Mercados Agrarios como la Dirección General de
Producciones y Mercados Ganaderos, y el segundo por la Dirección General
de Sanidad de la Producción Agraria.

El presupuesto global de esas tres unidades tiene un incremento en 1995
con relación a 1994 de un 5 por ciento. Por direcciones generales, la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios tiene un incremento
--me refiero a lo sustantivo, que son los capítulos 6 y 7-- del 15,7 por
ciento; la de Producciones y Mercados Ganaderos del 3,4 por ciento y la
de Sanidad de la Producción Agraria prácticamente está estabilizada. En
cuanto a la primera de ellas, Producciones y Mercados Agrícolas, los
incrementos más significativos están en los capítulos relativos a la
reestructuración y reconversión de cultivos. Hay una mayor dotación en el
capítulo relativo a la reconversión de los frutos secos. Disminuye
ligeramente el relativo a la reestructuración del viñedo. Se mantiene el
de la reestructuración del sector remolachero-azucarero, así como el del
lúpulo. Se incrementa la dotación para la reestructuración del sector del
tomate y aparece un nuevo capítulo de 200 millones relativo a nuevas
reestructuraciones en el sector hortofrutícula. El 15,7 por ciento de
incremento, al que me refería anteriormente, está concentrado
fundamentalmente en la reestructuración de estos sectores a que he hecho
referencia.

En el sector ganadero el incremento global es del 3,4 por ciento. Los
cambios más significativos son en el capítulo de reproducción y selección
animal, donde hay un incremento de unos 200 millones de pesetas para las
acciones relativas a mejora genética y a razas selectas. Asimismo, hay un
capítulo prácticamente inexistente anteriormente y que creo que tiene una
dotación importante, 300 millones de pesetas, que es el de aquellas
producciones extensivas, acciones de mejora de la producción de
determinados productos cárnicos, estímulo o ayudas para la trashumancia,
etcétera. En el capítulo lácteo la dotación es la misma para atender las
obligaciones derivadas de los abandonos lácteos iniciados hace dos años.

Hay una disminución del capítulo correspondiente al pago de la ayuda
financiada por el presupuesto español a las vacas nodrizas, como
resultado de que la dotación del año pasado se había hecho en previsión
de que la normativa obligase a pagar no solamente la ayuda de 1993 sino
la mitad de la ayuda del 94. Eso no ha sido así y lo que se ha hecho para
el próximo año 1995 ha sido fijar una dotación de 700 millones que cubre
exactamente la ayuda que tenemos que pagar, que es la del año 1994. Se
incrementa la dotación para los gastos ocasionados por la sequía que
cubre tanto los remanentes que aún permanecían del Real Decreto-ley
3/1992, y se afrontan las obligaciones derivadas del Real Decreto-ley
6/1994.

En sanidad de la producción agraria el presupuesto es prácticamente
estable. Lo único que hay es una cierta reordenación, se incrementa el
capítulo dedicado a la lucha contra la peste porcina, esta mañana el
señor Ministro ha hecho referencia a ello, a que ya estamos en la recta
final de la erradicación de la peste porcina africana en nuestro país.

Esto se ha hecho en detrimento --ya digo que el presupuesto global en
materia de sanidad es el mismo del pasado año-- de disminuir las
dotaciones para otro tipo de



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enfermedades cuya problemática no es tan acuciante en este momento.

En cuanto al Programa 715.A, que cubre lo que se llama regulación de
producciones y mercados y que hace referencia a los dos organismos
autónomos que dependen de esta Secretaría General, tanto el Forppa como
el Senpa, las modificaciones más substantivas --repito, que todo esto
señalado de una manera muy esquemática-- son las siguientes: en el
capítulo del Forppa he de señalar como más significativo que lo
presupuestado este año en materia de subvenciones procedentes del
Feoga-Garantía supone un incremento, una variación al alza de un 20 por
ciento; es decir, frente a los 675.000 millones presupuestados el pasado
año --la ejecución posterior fue mayor, me referiré a ella
posteriormente--, este año se hace una previsión de presupuesto de gastos
del Feoga-Garantía de 811.000 millones de pesetas. Tengo el detalle por
productos de lo que se ha presupuestado y con mucho gusto lo pondré a
disposición de SS. SS. si les interesa. En cuanto al capítulo del Senpa
el presupuesto es muy similar al del año pasado. Unicamente he de
consignar que en materia de transferencias para gastos de funcionamiento
--he oído al Subsecretario hacer referencia a ello-- hay una dotación que
va de los servicios centrales al Senpa por gastos de funcionamiento de
unos 9.000 millones de pesetas.

En nuestras líneas los gastos son prácticamente similares a los del año
pasado. Hay ciertas partidas que se reducen debido a determinados
procesos de integración de unidades del Senpa en los servicios
periféricos del Ministerio, y determinados gastos que antes estaban
asumidos directamente por el Senpa ahora han pasado a la Dirección
General de Servicios como organismo responsable de la coordinación de las
actuaciones de los servicios periféricos del Ministerio.

Asimismo, he de consignar que el Programa 712.D --finalizo mi
intervención con esto--, sobre mejora de la estructura productiva, de
unos 40.000 millones de pesetas, se refiere a las medidas de
acompañamiento de las política agrícola común. Presupuestariamente se ha
incluido en el presupuesto del Forppa; otros años aparecía en el
presupuesto del Iryda, que es el organismo que va a pagar, pero este año
por técnica presupuestaria y de igual manera que los gastos del
Feoga-Garantía en materia de intervención de mercados los abona el Senpa
pero figuran en el presupuesto del Forppa, se ha puesto en el presupuesto
del Forppa esa medida, aunque la ejecución de la misma le corresponde al
Iryda como organismo pagador.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreiro.

Por el Grupo Popular, el señor Ramírez tiene la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Como hemos dicho antes con ocasión de la
comparecencia del señor Subsecretario, no vamos a entrar en el análisis
de las cantidades que figuran en el presupuesto procedentes de los pagos
automáticos de la reforma política agraria común y de otras obligaciones
que se contienen en los organismos Feoga-Garantía, Feoga-Orientación.

Vamos a hablar, exclusivamente, del dinero subsector Estado que maneja
esta Secretaría General, a cuyo titular expreso mi agradecimiento por su
comparecencia en este momento, y al que voy a solicitar unas aclaraciones
muy concretas.

Su Secretaría General aparece solamente con capítulo 1, gastos de
personal, y 2, gastos corrientes y bienes de servicio, y luego la
transferencia corriente de la famosa multa de la que hemos estado
hablando, de 14.234 millones de pesetas, de la cuota láctea. Por tanto,
el resto de la aplicación va en las direcciones generales que controla,
así como en los organismos autónomos.

A nuestro juicio, el presupuesto de 1995 era una gran oportunidad para
haber unido en un único organismo el Forpa y el Senpa. Ustedes aún
mantienen esa dualidad que solamente genera gastos, y especialmente,
después de oír al señor Subsecretario, con el ánimo de transferencia que
afortunadamente les va a imbuir en el año 1995, difícilmente tiene una
justificación la existencia de los dos organismos. Pero vamos a
concretarnos en la Secretaría General, capítulo 1.

Siguen aumentando laborales en su Departamento, señor Barreiro: 649
millones de pesetas en 1994, 663 en 1995, y venimos de 36 millones en
1992 y de 210 en 1993. Laborales, artículo 13. No lo justificó el año
pasado. Esperemos que lo justifique ahora. No le pido ahora la
concreción. Tenemos tiempo suficiente para que nos lo mande por escrito.

¿Por qué crece el capítulo 13 de su Departamento? Igualmente, ¿por qué
crece el personal funcionario, que pasa de 126 millones a 146 en el año
1995? No es ése el crecimiento de la masa salarial de los funcionarios.

Por tanto, usted va a tener más funcionarios. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué
causas lo justifican? No viene en la escueta explicación que ustedes
remiten con los presupuestos.

Sigue gastando la Dirección General de Producciones y Mercados, en el
Programa 712.C, 200 millones de pesetas en estudios y evaluaciones y no
se justifican, teniendo funcionarios como tiene y teniendo esa obligación
de coordinación, etcétera, que le viene asumida por la nueva política
agraria comunitaria y española. No entendemos por qué seguimos gastando
dinero cuando tenemos cualificados funcionarios que, como se ha dicho en
otra comparecencia, no estamos utilizando en sus posibilidades técnicas.

Nos gustaría conocer qué se va a hacer con esos 200 millones de pesetas
que aparecen en inversiones inmateriales, artículo 64, en la Dirección
General de Producciones y Mercados, Programa 712.C.

Antes había en esa Dirección General transferencias a empresas privadas
destinadas al fomento de la producción forestal. Han desaparecido.

Supongo que contestará que porque viene un programa de forestación. Pero
el programa de forestación, señor Barreiro, va a venir mayoritariamente,
según han explicado en diversas comparecencias anteriores y cuando el
señor Ministro explicó el plan forestal, hacia terrenos de carácter
público. Por lo tanto, ¿usted cree que no debía haber esas transferencias
a empresas privadas que se contenían anteriormente en el artículo 77,6 de
la Dirección General de Producciones y Mercados? Entendemos que no
justifica la desaparición o la disminución, que se contiene también en
esa Dirección General, de



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la utilización de semillas y plantas de vivero de calidad. Teníamos 250
millones en el 92, en el 93 pasó a 230, en el 94 a 175 y en el 95
ligeramente se aumenta a 205, pero no alcanzamos la cifra que en su
momento tuvimos en el 92, siendo insatisfactoria, de 250 millones de
pesetas. ¿No cree que en este momento sería un elemento importante de la
orientación de la política agraria la utilización de semillas y plantas
de vivero?
Se destinan 50 millones de pesetas, en el artículo 77 --seguimos en la
Dirección General de Producciones y Mercados--, Programa 712.C, a
evaluaciones de recursos agrarios y de sistemas de producción, junto con
los 200 millones de pesetas a los que antes me he referido de estudios y
evaluaciones. ¿No le parece, de verdad, mucho dinero para este tipo de
actuaciones? Como he intentado demostrar antes con la comparecencia del
señor Subsecretario, nos gastamos lo que no tenemos en estudios fuera del
Ministerio, infrautilizando, repito, señor Barreiro, a los grandes
cuerpos y a los grandes técnicos que tenemos en ese Ministerio.

Usted mismo en su comparecencia ha intentado justificar el destino de los
5.129 millones de pesetas para reestructuración y reconversión de
cultivos. No creo que estén totalmente justificados. Nos gustaría que nos
remitiera la justificación del dinero del presupuesto del año 1994, que
se contenía en esta partida para reestructuración y reconversión de
cultivos.

Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, Programa 712.C:
100 millones de pesetas a estudios y evaluaciones, ¡cómo no! Todos
estudiamos, todos dedicamos dinero fuera del Ministerio. Seguimos pagando
en esta Dirección General, por lo que antes decía el señor Subsecretario,
de inversión del aumento del presupuesto subsector Estado 1995,
obligaciones contraídas en el año 92 con cargo a la sequía y a la sequía
del 94, 1.645 millones de pesetas. Es decir, lo que va a hacer este
Ministerio este año, entre la liquidación de la deuda a la agroindustria,
la liquidación de la multa ante las instituciones comunitarias, la
liquidación de las obligaciones financieras del Senpa, etcétera, es,
simplemente, liquidar el pasado, pero ni un duro de inversiones para el
presente y para el futuro, porque aquí hay otra perla de cómo 1.645
millones de pesetas, el famoso aumento de los 39.000 millones de pesetas,
van a ir destinados al pago de obligaciones contraídas hace mucho tiempo.

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria crece en el
capítulo 1, artículo 2, funcionarios. Por tanto, no sabemos por qué surge
ese aumento cuando todos estamos diciendo --y el señor Subsecretario lo
ha dicho-- que el capítulo 1 va a bajar. En cambio, en inversiones
inmateriales, la actualización de registros de productos zoosanitarios se
encarga fuera y no se realiza por los funcionarios. Se encarga, ¡cómo
no!, fuera del Ministerio con un presupuesto de 28 millones de pesetas.

No encontramos esa justificación.

Ustedes han considerado conveniente bajar la lucha, presupuestariamente
hablando, de planes de erradicación de enfermedades animales. Lo acaba de
decir. Efectivamente, la baja sustancialmente. Para el año 95 la
disminuye y quedamos en 5.220 millones de pesetas. Hemos bajado
sustancialmente de dotaciones presupuestarias anteriores. Por recordar,
7.130 millones de pesetas en el 93, bajamos en el 94 y hemos bajado en el
95, pero seguimos con los focos, seguimos con una España dividida en dos.

Hemos hecho un esfuerzo entre todos, hay una moción de la Comisión de
Agricultura del Congreso, ya no queremos la España dividida, vamos a
«focalizar» la actuación, pero ustedes en esa lucha bajan en solamente
dos años 1.910 millones de pesetas. ¿Lo considera conveniente? ¿Cree que
no ponemos en riesgo la situación sanitaria española? Nos tememos, señor
Barreiro, que es muy arriesgado hacer esa deducción.

En el Senpa, en el Programa 715.A, señor Barreiro, seguimos manteniendo
prácticamente las mismas obligaciones en el capítulo 1, artículo 2,
funcionarios. Ahí no se reduce nada. En el 92 teníamos 5.424 millones de
pesetas, en el 95, 5.375. Pero ¿no hemos quedado en que los funcionarios
periféricos de Senpa han pasado al Ministerio? ¿No han pasado al
Ministerio? ¿No han dejado de depender del organismo? ¿No hay
jubilaciones ahí? ¿No hay movimiento de plantillas, ni tenemos la misma
nómina: 5.375 millones de pesetas y ha habido dos años de congelación de
retribuciones? Señor Barreiro, en laborales pasa otro tanto, 3.300
millones de pesetas en 1992; 3.094 millones de pesetas en 1995. No hay
ninguna minoración. No vemos ningún esfuerzo.

Los intereses de los préstamos del Senpa aumentan, señor Barreiro. En
1995 pasan a 1.403 millones de pesetas. En 1993 teníamos 1.132 millones.

Esta cantidad se repitió en 1994 y en 1995 pasamos a 1.403 millones de
pesetas. Pero ¿por qué? ¿No hay una reducción de los intereses? ¿No hay
una propaganda oficial de que los intereses han bajado sustancialmente?
¿Es que se endeuda más el Senpa?
En resumen, señor Barreiro, ¿cuál es la deuda exacta del Senpa y cuáles
son sus obligaciones financieras de la deuda? ¿Cómo puede resultar que
tengamos un incremento de 274 millones de pesetas con respecto a los
costes financieros de 1994? ¿Es que aumenta esa cantidad y con qué
destino? Infórmesenos porque no lo vemos claramente. Teníamos 1.000
millones de pesetas en 1993 en el artículo sesenta y cuatro, Senpa,
inversiones y materiales para control de empresas privadas. En 1994 le
dieron una vuelta al concepto, 964 millones de pesetas, y nos dijeron que
era para el instrumento de aplicación de la reforma de la PAC. Está en
750 millones de pesetas. Díganos claramente dónde van esos 750 millones
de pesetas. Qué hay debajo de ese epígrafe, porque no viene en los
objetivos; cuáles son esos instrumentos y con quién se hace; no se hace
con funcionarios, se hace fuera de la casa; exactamente cuál es el
objetivo que se oculta debajo de esos 750 millones de pesetas.

Regulación de la campaña de aceite de oliva. En los presupuestos no
viene, señor Barreiro, pero en los objetivos y en los indicadores de
seguimiento del Programa 715.A vienen 2.500 millones de pesetas de
catastro oleícola. Pregunte el dato, si no quiere lo buscamos aquí. ¿Con
cargo a qué partida va este concepto que sí que figura en el



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Programa 715.A, 2.500 millones de pesetas, catastro oleícola? Y nuestra
vieja pregunta: ¿Por qué no se hace el catastro con los funcionarios del
Ministerio, con los funcionarios del Senpa que aún tiene usted repartidos
por toda la geografía nacional, etcétera? No lo encontramos justificado.

Forppa. Seguimos creciendo en funcionarios. No solamente el 3,5 por
ciento del Forppa, sigue creciendo esa dotación. En los últimos años, con
una congelación salarial, los gastos del Capítulo 1 han crecido el 30 por
ciento. No creemos que en este momento el Forppa esté en condiciones de
aumentar sus gastos del Capítulo 1 en un 30 por ciento, y no lo ha
justificado usted nunca. Le doy el dato: en 1992, 88 millones; en 1993,
98; en 1994, 113, y eso que había una congelación salarial; es decir,
aumentamos plantillas y no tiene ninguna justificación. Nos gustaría que
nos lo explicara.

Seguimos creciendo en el Capítulo 2, en el artículo veintidós, material,
suministro y otros, con unas oscilaciones que no tienen justificación. En
1993, 656 millones de pesetas; en 1994, 322; y en 1995, 318. Cómo podemos
hacer estas oscilaciones, qué estrategia presupuestaria se esconde detrás
de esto cuando somos capaces en un mismo concepto pasar de 56 millones de
pesetas que tuvimos en un año a 656, bajar a 322 y subir otra vez. Es
imposible hacerles a ustedes un seguimiento en una racionalidad
presupuestaria. Lo hacen absolutamente imposible. Díganos exactamente qué
hay detrás del artículo veintidós, material, suministro y otros, y por
qué se producen esas oscilaciones.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, vaya concluyendo.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, es que es un presupuesto muy
grande.

Con 40 personas que tiene el Forppa, en material y suministros va a
gastar este año 1.300 millones de pesetas. Por tanto, nos gustaría
conocer qué está pasando ahí. Hay mobiliario y un dato, señor Barreiro,
que nos alarma profundamente. La política del Forppa ha sido sancionada
pública y notoriamente por la Unión Europea, no solamente en la Comisión,
sino en el Tribunal Superior de Justicia, que son las ampliaciones de
capital con cargo al presupuesto del Ministerio. Nuevamente el Ministerio
aparece este año con 1.000 millones de pesetas de compra de acciones.

Esto nos ha costado un serio disgusto (Merco, 5.900 millones de pesetas
que hay que devolver; por cierto ¿quién lo va a devolver? Hay una
sentencia que obliga a devolver la ampliación de capital declarada
ilegal) y nuevamente usted vuelve a presupuestar 1.000 millones de
pesetas en 1995. Nos gustaría saber qué acciones se van a comprar y, por
supuesto, la ejecución del presupuesto 1994. ¿Qué compró el Forppa con
los 2.000 millones de pesetas presupuestados en 1993 y con los 1.000
millones de pesetas de 1994? ¿Cómo se gastaron esas ampliaciones de
capital, esa compra de acciones? Es absolutamente fundamental conocerlo,
porque, si no, estamos provocando indefensión a la hora de conocer la
política de ese departamento.

Gastos financieros. El Forppa vuelve a aumentar los gastos financieros:
700 millones de pesetas en 1991; 2.200 millones en 1992; 2.500 millones
de pesetas en 1993, y en 1995 se mantienen esos 2.500 millones de
pesetas. ¿Cuáles son esas obligaciones financieras del Forppa? ¿Cómo
pueden aumentar estos años? ¿Cuál es la deuda total del Forppa?
Finalmente, señor Barreiro, para que vea cómo están hechos los
presupuestos. Yo no sé si tiene usted esta publicación, supongo que la
reconocerá, de programas y memorias por objetivos. Dice en la página 348:
Centro gestor Forppa, medidas de acompañamiento. Es la política de
acompañamiento de retirada de tierras, jubilación anticipada, repoblación
forestal potable --dice--, se habrán equivocado, es un error, pero bueno,
nadie revisa lo que se escribe. La publicación del Ministerio dice:
repoblación forestal potable y medio ambiente. La suma de estos cuatro
conceptos de política de acompañamiento, centro gestor Forppa, según la
página 348, asciende a 40.225 millones de pesetas. Si tiene usted la
amabilidad de seguirnos a la página 423, los mismos conceptos: órgano
gestor, Forppa, retirada de tierra, jubilación anticipada, aquí la
repoblación forestal ya no es potable, ya es solamente repoblación
forestal y medio ambiente, suman 56.000 millones de pesetas. ¿Cuál es la
cifra exacta, señor Barreiro, los 40.000 de la página 348 o los 57.000
prácticamente de la página 423? Es el mismo Programa 715.A. Es el mismo
órgano gestor, Forppa. Son las mismas políticas de acompañamiento,
derivadas de la aplicación en España de la política agraria común. En una
página dice 40.000 millones y en otra 57.000 millones. Le voy a dar el
dato exacto: 56.470 millones. He redondeado. Es la misma tentación del
señor Barreiro de redondear. Y en la primera, si quiere usted saber el
dato con exactitud, 40.225 millones. ¿Quiere usted explicarnos esa
diferencia, señor Secretario General?



El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la
palabra el señor Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios.




El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Trataré de explicar las cuestiones que S. S. ha planteado.

Con motivo del nuevo sistema de financiación de la política agrícola
común que se está debatiendo, probablemente haya que proceder a un
reajuste en la estructura organizativa del Forppa-Senpa. Es algo que está
en el ánimo de la casa y no le puedo garantizar en qué momento se
abordará, pero como modificación de la reglamentación comunitaria
probablemente sea el momento. Así, como en la otra óptica, enormemente
importante también, de la configuración de nuestro Estado de las
autonomías y el proceso de transferencias hacia las comunidades
autónomas. En eso puede tener la garantía de que comparto el análisis o
la oportunidad de la reordenación y fusión que S. S. ha planteado.




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Entrando ya dirección general por dirección general, primero me ha
planteado el tema de los gastos de personal laboral de la Secretaría
General. Esto me lo preguntó el año pasado y se lo aclaré. Se lo vuelvo a
repetir: el salto de 1993 a 1994 se debe a que todo el personal laboral
que estaba distribuido en las tres direcciones generales --producciones y
mercados agrícolas, producciones y mercados ganaderos y sanidad de la
producción agraria-- este año se fusionó. Por eso se dio ese salto de los
36 a los 649 millones de pesetas. Esa es la razón. Respecto al salto de
649 a 663, que son 14 millones, que no es ni el dos por ciento, la verdad
es que en este momento no dispongo de los datos. A lo mejor por simple
deslizamiento se ha producido.

El elemento sustantivo que preocupaba a S. S. y que le aclaré el año
pasado, porque lo recuerdo perfectamente, es la razón fundamental del
salto que hubo de 1993 a 1994. Es un problema de técnica presupuestaria,
no tiene otra finalidad distinta. Se integró el presupuesto de las tres
direcciones generales del personal laboral en la Secretaría General de la
cual dependen esas tres direcciones generales.

Ha hecho varias referencias a los gastos en estudios. Primero, las cifras
no son tan importantes. Además, le quisiera aclarar, tanto lo que hace
referencia a la Dirección General de Producciones Agrícolas como a la de
Producciones y Mercados Ganaderos, que no entendamos que se contratan
estudios cuando, como dice usted, los funcionarios están capacitados. Se
hacen desde programas de colaboración con determinadas empresas agrarias.

Es el programa de las fincas colaboradoras. No sé si lo que quiere decir
S. S. es que compramos fincas para nosotros hacer nuestros propios
estudios. No creo que esté en su ánimo. Hacemos una serie de contratos
con una serie de fincas en el país para tener un conocimiento de la
realidad productiva agraria.

En ese programa de gastos, que es un tema muy importante, hay muchas
veces contratación de servicios. Por ejemplo, el control serológico de la
peste porcina africana lo hacemos a través de esas contrataciones a las
que usted ha hecho referencia y para atender a las preocupaciones
sanitarias que me alegro que S. S. comparta.

Ya me referí el pasado año al tema forestal. La dotación de aquellos
cerca de 2.000 millones pasó al programa del IRYDA y yo creo que en su
comparecencia el Secretario General de Estructuras le dirá con mayor
detalle que yo cuál es la utilización que se ha hecho de este dinero.

Usted se queja, por otro lado, de la insuficiencia de las semillas y
plantas de vivero de calidad. Lo comparto. Supongo que lo dirá por su
preocupación por la semilla certificada de trigo duro, que es un tema que
nos preocupa. Comparto su preocupación. Los recursos, como se dice
siempre, son reducidos, pero nos gustaría tener un mayor nivel de ellos
para atender el material de base que sirve para nuestras producciones
agrícolas y con objeto de que los productos finales sean de calidad, que
es lo que todos pretendemos, que en los productos de base se puedan hacer
las inversiones mayores posibles para el fomento de estas semillas de
calidad.

Respecto a los programas de reestructuración, a que me refería al
principio de mi intervención. La dotación que hay este año para los
frutos secos es de 2.350 millones de pesetas; para el viñedo son 802
millones de pesetas; para la reestructuración del sector remolachero son
900 millones; para la reconversión de las variedades de lúpulo
existentes, 75 millones; para el tomate hemos presupuestado 300 millones
y para otros cultivos hortícolas, 200 millones.

Algunas de las dotaciones que teníamos el año pasado no las hemos
utilizado. En concreto, el programa de remolacha ni el programa del
tomate, porque la aprobación definitiva por parte de Bruselas --como
saben SS. SS., está enmarcada en los programas operativos y tiene una
parte de financiación comunitaria-- no llegó a tiempo para que lo
hubiéramos atacado adecuadamente.

Respecto a la sequía, es historia lo de 1992. Lo de 1994 yo le diría que
es historia muy reciente. Es para el futuro. Hay unos plazos de
financiación durante una serie de años de esos tipos de intereses y
mientras estén vivos los plazos para abonar la bonificación de esos tipos
de intereses lo tenemos que tener presupuestado.

Lo de 1992 aún no se ha agotado, hay un pequeño remanente, y lo de 1994
prácticamente lo estamos iniciando.

Respecto a la sanidad, ya lo dije el pasado año. Tuvimos unos
presupuestos muy restrictivos, como S. S. conoce; hubo necesidad de
reducir los presupuestos --eso fue una obligación-- de todos los
departamentos ministeriales. Y, como se dice siempre, se reduce de allí
donde hay; donde no hay, no se puede reducir.

Es cierto que eso, unido a una mejora de la situación general de la
cabaña española, nos llevó a que, concretamente en lo que se refiere a
las competencias de esta Secretaría General, uno de los presupuestos que
sufrió cierto retoque fue el de la lucha contra las enfermedades del
ganado.

Este año el presupuesto global no se ha modificado, viene a ser el mismo.

Pero se ha dedicado más a la lucha contra la peste porcina que a la lucha
contra otras enfermedades. Lo decía anteriormente, estamos en la recta
final, y S. S. lo conoce perfectamente. Su señoría sabe que no hace mucho
se liberó Salamanca, que era zona de vigilancia, y es zona libre de la
enfermedad. Su señoría sabe, porque lee los periódicos y está bien
informado, que el Ministro anunció públicamente, con ocasión de la Feria
de Zafra, que en el próximo mes de noviembre el comité veterinario va a
liberar Extremadura como zona libre de la peste porcina.

Probablemente en diciembre se pueda atacar un nuevo modelo final --y sabe
S. S. que mido las palabras que digo--, probablemente se pueda atacar la
solución final planteando una filosofía de focalización para resolver el
problema en parte del territorio nacional, en determinadas partes de
provincias andaluzas.

Yo creo que a principios del próximo año, en todo caso a lo largo del
primer trimestre, tendremos definitivamente erradicada la enfermedad de
la peste porcina africana en nuestro país.

En relación con el Senpa, si S. S. me lo permite, le doy los datos que
tengo. En el Capítulo 1, que es el de personal, el presupuesto del Senpa
del pasado año era 11.541 millones de pesetas. Este año es de 11.325
millones de pesetas. Una diferencia a la baja de 260 millones de pesetas.




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En todo caso, si fueran 10 millones más o 10 menos, no tendría
importancia. Lo que sí le quiero aclarar es que el hecho de haber
integrado el Senpa, los servicios periféricos, en las unidades de
regulación o de intervención de mercados --no recuerdo exactamente el
nombre-- en las direcciones provinciales no quiere decir que el pago del
presupuesto de ese personal se efectúe a través de la Dirección General
de Servicios. Si está presupuestado aquí es que es el Senpa el que
continúa pagando a este personal. Otra cosa es otro tipo de gastos, por
ejemplo, determinados gastos del Capítulo 2, que han bajado sensiblemente
y a los que anteriormente hice referencia; por ejemplo, gastos de dietas,
de teléfono que sí están encuadrados en la Dirección General de
Servicios. Pero el gasto del personal lo sigue haciendo el Senpa y por
ello las modificaciones podrían ser al alza o a la baja, pero dentro de
unos límites razonables. En este caso --como decía anteriormente-- están
en una baja de cerca de 200 millones de pesetas.

Intereses de los préstamos. Naturalmente varían, como todo. Cuando uno
tiene suscrita una póliza de crédito, depende del nivel de utilización de
esa póliza que gaste más o menos, y en función de eso los intereses
financieros son distintos. No hay ninguna filosofía por la que los
intereses financieros tienen que ser fijos al alza o a la baja. Si uno
tiene una póliza, dependerá del grado de utilización que uno pague más o
pague menos intereses financieros.

Gastos de 762 millones de inversión de carácter inmaterial. En este
capítulo están los gastos derivados de la aplicación de la política
agrícola común, muy en concreto de la aplicación del sistema de gestión y
control integrado en inversiones de tipo inmaterial, etcétera. Yo le
puedo facilitar cómo se ha llegado a esa cifra de 762 millones, así como
cuánto se gastó realmente el pasado año. Quiero que sepa S. S. que no hay
nada oculto, ésta es sencillamente la plasmación, en términos
presupuestarios, de unas obligaciones derivadas del cumplimiento de la
política agrícola común.

En cuanto a la regulación de la campaña oleícola y el catastro oleícola,
no sé dónde S. S. hace referencia. Dice S. S. que en el presupuesto del
Senpa. Yo no lo veo aquí y créame que cuando repaso estos temas para
tener las intervenciones en este Parlamento las cifras de 2.500 millones
no se me escapan, mejor dicho no es que no se me escapen a mí, es que mis
colaboradores no me dejan que se me escapen. Yo tengo entendido que el
catastro oleícola está contratado, no lo hace directamente el Ministerio.

Creo que está contratado y no puedo decirle a cuánto asciende el coste.

En todo caso tomo nota de lo que S. S. acaba de señalar y le enviaré una
respuesta por escrito lo más precisa posible.

Finalmente, en cuando a los presupuestos del Capítulo 1 y al resumen de
dicho Capítulo, el presupuesto del Forpa aumenta un 5 por ciento en el
año 1995 respecto a 1994. Este dato no coincide con las cifras que S. S.

ha señalado. Igualmente el capítulo 2 no solamente no aumenta, sino que
baja un 0,75 por ciento.

Ampliaciones de capital: 1.000 millones. El año pasado no se utilizaron
estos 1.000 millones. Este año se han presupuestado también 1.000
millones y no le puedo contestar exactamente qué cantidad se va a
utilizar. Mi idea es que probablemente no se tengan que utilizar. Es
mejor tener esa cantidad presupuestada, que no hay que gastar
necesariamente, y si hay que gastarlo tener la suficiente dotación.

Usted sabe que la empresa Merco ha sido liquidada, que la participación
del Forpa en el capital social era muy minoritaria y que las ampliaciones
de capital que se pudiesen contemplar serían para aquellas empresas en
las que hay un capital del Forpa, que en estos momentos son Mercosa,
Alimentos y Aceite, etcétera.

Gastos financieros, Capítulo 3. El total de gastos financieros decía S.

S. que eran 2.500 millones de pesetas. Me va a permitir S. S. que le
repita lo mismo que le dije el pasado año y el anterior, y no recuerdo si
hace tres. ¿De dónde vienen esos 2.500 millones? Son dos tipos distintos
de interés; 400 millones vienen de los intereses de la utilización de la
póliza que el Forpa tiene suscrita por importe de 1.500 millones de
pesetas. Eso es lo presupuestado, la misma cantidad que se gastó el
pasado año. Los otros 2.100 millones de pesetas son los intereses de los
gastos financieros de lo que se llaman las intervenciones de segunda
categoría, es decir, aquellas intervenciones que no son ayudas directas,
que son derivadas de las compras que hace el Forpa por cuanta del
Feoga-garantía, que el Tesoro nos lo adelante a nosotros, el Feoga
comunitario-garantía nos lo remite y en el momento que nos lo remite,
como es un dinero que nos ha adelantado el Tesoro, se lo devolvemos al
Tesoro. Ello corresponde a los intereses de los gastos financieros de las
intervenciones que se llaman de segunda categoría en términos más
vulgares, las compras de intervención.

Ha hecho referencia a las páginas 348 y 423. No voy a entrar en
disquisiciones de una u otra página. Evidentemente, si S. S. dice que en
una página pone una cifra y en otra una diferente, no lo voy a negar. Yo
le voy a decir cuál es la cifra buena. Medidas de acompañamiento de la
PAC, Capítulo 7, artículo 7, concepto uno: transferencias de capital. A
continuación tiene como transferencia a empresas privadas, porque, como
le dije anteriormente, viene en el presupuesto del Forpa y no en el del
IRYDA. Transferencias al IRYDA para las medidas de acompañamiento de la
PAC. Las medidas de acompañamiento de la PAC son: la reforestación, la
jubilación anticipada y las medidas medioambientales --no sé si está el
«set aside» quinquenal de cinco años, pero es una cifra menor--, pero la
cifra es de 40.225 millones de pesetas. Si la cifra se refiere a otro
epígrafe, la desconozco en este momento. (El señor Ramírez González pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramírez. Brevemente, por
favor.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Una pequeñísima precisión, señor Barreiro.

Cuando el Tesoro le adelanta dinero, ¿le cobra intereses?



El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS (Barreiro Seoane):
No.




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El señor RAMIREZ GONZALEZ: Acaba de decirlo.




El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS (Barreiro Seoane):
No, no me cobra. El sistema comunitario --algún día lo tengo que
explicar-- introdujo en un momento dado una forma de pago a los dos meses
de los gastos de los Estados miembros. Hay cuatro países miembros que
tenemos unas determinadas tasas, no porque seamos ni más altos ni más
rubios o más bajos y más morenos, sino porque tenemos unos tipos de
interés superiores a otros países miembros. El Feoga hizo un sistema de
subvencionar determinados puntos de tipo de interés a cuatro países:
Grecia, Portugal, España e Irlanda, y eso en general para todas las
medidas de financiación de la política agrícola común. Lo que hace el
Tesoro es adelantarnos ese dinero sin cobrarnos intereses. Pero cuando se
hace una operación de compra y de venta, los intereses que ha llevado esa
operación nos los abona el Forpa.

Cuando yo le he hecho la previsión al Feoga de que me va a mandar una
cantidad determinada de dinero, yo lo hago vía del Tesoro, le pido el
dinero y los gasto van incluidos. Cuando me hace la liquidación, lo que
yo hago es devolvérselos al Tesoro. El Tesoro no me cobra nada. El Tesoro
ha adelantado un dinero y el que paga esos intereses es el Feoga
comunitario, no el Tesoro ni el Forpa. Lo que ocurre es que, como yo lo
he recibido antes, vía anticipo, cuando se hace la liquidación lo vuelvo
a recibir y se lo entrego al Tesoro. ¿Está aclarado?



El señor RAMIREZ GONZALEZ: No. En absoluto, señor Barreiro.




El señor PRESIDENTE: Yo creo que algún extremo en particular pueden
concretarlo después.

Suspendemos la sesión por un minuto para dar paso a la siguiente
comparecencia. (Pausa.)



--DE LA SECRETARIA GENERAL DE ALIMENTACION (Revilla Pedreira). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PNV (número de expediente
212/000963) Y POPULAR (número de expediente 212/001099).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la tercera y última de las
comparecencias de la sesión de esta tarde.

Comparece para explicar el presupuesto que gestiona su Secretaría General
la Secretaria General de Alimentación.

Siendo ésta la primera ocasión en que comparece ante la Comisión la
señora Revilla, Secretaria General de Alimentación, la felicitamos por su
nombramiento y le deseamos los mayores éxitos en su responsabilidad. Le
damos, pues la palabra y con posterioridad se formularán las preguntas
por parte del Grupo Parlamentario Popular, peticionario de su
comparecencia.

La señora Revilla tiene la palabra.

La señora SECRETARIA GENERAL DE ALIMENTACION (Revilla Pedreira): Gracias
por darme la palabra, señor Presidente, gracias también por darme la
bienvenida y gracias a ustedes, señorías, por solicitar esta
comparecencia.

Convocada por esta Comisión de Agricultura para la presentación de los
presupuestos correspondientes a la Secretaría General de Alimentación y
para someterme a las aclaraciones que SS. SS. estimen pertinentes, sí
quisiera, si me lo permiten, hacer unas puntualizaciones previas sobre
los objetivos que esta Secretaría tiene planteados a corto y medio plazo,
que obviamente tienen su correspondencia en las distintas partidas
presupuestarias. Aunque con ello, estoy segura, no daré respuesta a las
cuestiones que SS. SS. tengan previsto plantearme, lo entiendo como
necesario para ganar en claridad expositiva, y más teniendo en cuenta la
fría estructura de los Presupuestos Generales del Estado.

Nuestro objetivo fundamental es la mejora de la eficacia productiva de la
industria agroalimentaria, como ya ha sido expuesta esta mañana por el
Ministro Luis Atienza.

En este sentido, conocen SS. SS. el enorme peso específico que tiene esta
industria en el conjunto de la actividad económica española, tanto en
términos de producción, como en empleo, como en valor estratégico de cara
al consumo y por lo que supone de papel insustituible en el mantenimiento
económico en las áreas rurales directamente o a través del incremento del
valor añadido de los productos agrarios.

A estos datos hay que añadir que ha sido el único subsector industrial
con variaciones positivas durante la crisis económica de 1992 y 93, tanto
en producción bruta como en inversiones, que se ha mantenido constante en
los últimos años en torno a los 200.000 millones de pesetas. Y a pesar de
este esfuerzo inversor, como ustedes saben muy bien, y ha sido expuesto
esta mañana, la industria agroalimentaria tiene que seguir superando las
insuficiencias estructurales que todavía tiene. En el marco de las
competencias de esta Secretaría General de Alimentación, éste va a ser
nuestro objetivo fundamental y así lo van a ver reflejado en los
presupuestos de este año.

Aparte de esto, creo que es muy importante aprovechar la situación que en
este momento está teniendo lugar, tanto en la economía española como en
la economía europea. El hecho de estar despegando desde el punto de vista
económico es un factor fundamental que nos permite no perder este tren,
uno de los más importantes que tenemos como reto en estos momentos y en
los próximos años. Acabada la crisis, como hemos visto después de la
reunión del Fondo Monetario Internacional, a nivel europeo, también
parece que va a empezar un período más expansivo, que nos permitirá
también poder competir mucho más activamente, si es que somos capaces de
llevar a cabo el proyecto que tenemos planteado.

En efecto, el sector agroalimentario debe seguir realizando esfuerzos
importantes de inversión para mejorar la eficiencia productiva y de
costes, adecuarse a las normativas sanitarias. Saben SS. SS. que éste es
uno de los problemas más imperiosos que tenemos a corto plazo en este



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momento. Nos queda sólo un año y medio, aproximadamente, para cumplir con
las normativas higiénico-sanitarias de muchas de las empresas de nuestro
sector, que nos exige tomar medidas, en colaboración con las comunidades
autónomas, con ánimo de poder corregir las deficiencias que en este
momento todavía existen y poder dar el salto competitivo que requerimos.

También tenemos que corregir los efectos medioambientales. Saben SS. SS.

que es necesario, a raíz de la normativa que en este momento está
entrando en vigor, hacer un esfuerzo enorme, que incide muy directamente
en las industrias agroalimentarias y que requieren unas inversiones
importantes y una colaboración con los otros departamentos, tanto
centrales como autonómicos de los otros ministerios que tienen
competencias en estos temas de tecnologías medioambientales, para poder
dar respuesta a nuestras empresas y que puedan realizar las inversiones y
ponerse en línea con las exigencias que en este momento tienen que
cumplir.

También es necesario mejorar la estructura empresarial, innovar en
productos y procesos, ampliar mercados, es decir, competir más
activamente.

El plan sectorial para la industria agroalimentaria es uno de los ejes
principales en los que vamos a dedicar nuestra actividad. En él, como
saben SS. SS., están incluidos la casi totalidad de los subsectores. Su
aplicación deberá traducirse en la percepción de ayudas directas a la
inversión procedentes del Feoga-orientación, que ya ha explicado esta
mañana el Ministro cómo han ido evolucionando en los últimos años.

Este plan sectorial tendrá una duración de seis años, con una dotación
aproximada de 200.000 millones de pesetas a cofinanciar entre el Feoga y
las distintas administraciones del Estado español.

Los proyectos a apoyar prioritariamente serán aquellos que tengan una
notable incidencia sobre el sector productor y presten mayor atención a
zonas con menor grado de desarrollo y a entidades asociativas agrarias.

Este esfuerzo inversor permitirá también abordar algunos de los puntos
débiles de la industria agroalimentaria. Pero cuando hablamos de la
necesidad de incrementar la competitividad, ello debe pasar por
incorporar a las estrategias empresariales otros aspectos estructurales.

Ya no se puede competir exclusivamente vía costes y precios, sino que hay
que pensar en la organización, en los recursos humanos, la gestión
comercial, la innovación de productos y procesos, etcétera.

En definitiva, y según se deduce de las conclusiones del plan estratégico
alimentario, realizado el pasado año, la actuación de la Secretaría
General de Alimentación debe tener en cuenta, por una parte, los puntos
débiles de la industria agroalimentaria: dimensión empresarial --ya lo
hemos estado comentando esta mañana--, imagen de marca, innovación
tecnológica, formación, exigencias medioambientales, presencia exterior
y, por otra, nuevos elementos de competitividad distintos a los
tradicionales. Se trata, por lo tanto, de introducir un nuevo concepto,
la denominación de política de lo intangible, para potenciar todos
aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados fácilmente, pero que
cada día tienen una mayor influencia en la actividad y resultados de las
empresas. A este respecto, quizás, uno de los datos que se ha manejado
esta mañana, por ejemplo, es el de las exportaciones del sector. En
conjunto, hemos estado viendo el grado de cobertura de las mismas. Pero
quizás lo que sea muy significativo es que la calidad de estas
exportaciones se han mantenido en una cobertura aproximadamente del 89
por ciento, como hemos visto. Pero lo que es importante es que en los
últimos años se ha dado un salto importante en exportación de productos
de alto valor añadido. El volumen en cobertura quizá sea parecido a los
anteriores, pero no en lo que respecta al tipo de producto. Y ahí es
donde queremos incidir muy activamente. Se está pasando de exportar, por
ejemplo, graneles, tanto de aceites como de vinos, a productos con
denominación de origen; productos elaborados ya no sólo de primera
transformación, sino incluso de segunda transformación, que están
compitiendo en mercados de alto valor añadido y mercados de difícil
penetración. Y es ahí donde queremos hacer un esfuerzo muy importante.

Con estos objetivos, la Secretaría General de Alimentación está
elaborando un nuevo real decreto que modificará al Real Decreto 1462/86 y
que recogerá el fomento e impulso de las acciones que realizan las
empresas en los siguientes campos: en el campo de la cooperación
empresarial, donde se plantea la cooperación financiera con las empresas
en las inversiones y gastos que éstas realicen para superar los límites
que les impone su dimensión. Se hará especial hincapié también en los
temas de investigación y desarrollo, ayudando a gastos e inversiones en
todo lo que suponga la incorporación, el desarrollo y la integración del
sistema de investigación y desarrollo y de las nuevas tecnologías en las
empresas.

Aunque aquí no me quisiera extender mucho más, quiero decir que estamos
trabajando también en colaboración con el INIA, con el Plan Nacional de
Investigación Científica y Técnica, con las comunidades autónomas y con
el Cedeti en intentar arrastrar otro tipo de fondos. Pretendemos
conseguir un plan de investigación mucho más dirigido a las necesidades
de las industrias agroalimentarias movilizando todos los recursos que
están en juego para este fin.

En cuanto a la mejora de la gestión y de la posición competitiva, se
apoyarán las inversiones que realicen las empresas en la innovación de
los instrumentos de gestión, desde la formación de su personal (hemos
visto esta mañana también la importancia que tiene un personal
cualificado en la industria agroalimentaria) hasta los esfuerzos por
internacionalizarse, realización de estudios de mercado ligados a la
exportación, la elaboración de planes estratégicos, etcétera. En este
sentido, también en colaboración con el ICEX, estamos intentando aumentar
la participación de España en la inversión, la promoción y la presencia
en todos los mercados, tanto en los desarrollados como en los emergentes,
con ánimo de poder competir, al igual que están haciendo otros países de
nuestro entorno.

Pretendemos también el aumento de la calidad industrial y el diseño
apoyando las inversiones necesarias para el desarrollo e integración de
tecnologías de diseño y de



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sistemas de gestión de calidad de las empresas. En este sentido, yo creo
que es de destacar la labor que se realizó ya durante el año pasado con
la puesta en marcha de un plan de calidad en el cual se celebraron más de
17 mesas redondas en todas las comunidades autónomas, eligiendo los temas
relacionados fundamentalmente con cada una de las comunidades autónomas,
eligiendo los temas relacionados fundamentalmente con cada una de las
comunidades autónomas en cuanto a los sectores y subsectores que tenían
más presencia en las mismas. A estos cursos asistieron cerca de 800
personas y en ellos el concepto de calidad está penetrando a nivel
industrial, no sólo a nivel de producto. Nos cabe la satisfacción de que
el próximo día 25, cuando se entregan las certificaciones de empresas
registradas ya con aseguramiento de la calidad, ya habrá dos empresas
alimentarias que estarán certificadas como aquellas que ya han conseguido
la marca de aseguramiento de la calidad contrastada. Hay varias en este
momento que están preparándose, haciendo sus manuales de calidades. Es un
tema al cual queremos dedicar también una acción muy específica y un
esfuerzo grande.

En el ámbito de la actuación de la Dirección General de Política
Alimentaria, las prioridades serían las siguientes: aumentar las
relaciones entre los integrantes de la cadena alimentaria. Esto también
lo ha destacado esta mañana el Ministro. Las actuaciones de la Dirección
General en esta materia estarán centradas fundamentalmente en lo que es
el otro gran objetivo de la Secretaría General para el año próximo, que
es el proyecto de ley regulador de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias. Nuestro objetivo en este tema es buscar el mayor nivel
de consenso con las organizaciones profesionales y cooperativas agrarias.

Estamos, asimismo, intentando --también se ha visto esta mañana--
terminar ya el traspaso de medios y funciones a las comunidades autónomas
en materia de calidad agroalimentaria, proceso que, como saben SS. SS.,
ya se ha iniciado con Cataluña, Galicia, comunidad valenciana, Canarias y
País Vasco.

Además, y como consecuencia del proceso de traspasos descrito y en base a
las competencias de exclusiva responsabilidad del Estado, se creará la
red básica de laboratorios agroalimentarios que estará integrada por el
laboratorio unificado de Madrid (vamos a unificar los dos laboratorios
que el Ministerio tiene en Madrid), el de Santander, que se especializará
en laboratorio de referencia para el sector lácteo, y el de Santa Fe
(Granada), que se especializará en laboratorio de referencia para aceites
y otros productos grasos de origen vegetal. Los cometidos de estos
laboratorios serán, además de la colaboración con los pertenecientes a
las comunidades autónomas, el apoyo a los sectores o entidades
industriales que lo soliciten, mediante la suscripción de los oportunos
convenios, el desarrollo de nuevos métodos y la existencia de otros
organismos públicos o del propio Ministerio.

Además, queremos incrementar nuestra participación con nuestros expertos
y técnicos en los foros internacionales. Queremos participar en la
elaboración de las normas técnicas a niveles del CEN y organizaciones
comunitarias o del futuro Codex alimentario, que serán los que definan
los criterios básicos y las normas estrictas que de alguna manera
condicionarán el libre mercado de una serie de productos agroalimentarios
y que en este momento se están utilizando como barreras técnicas.

Incluso habíamos pedido la presidencia de tres grupos técnicos, con ánimo
de que nuestra voz, nuestros temas, nuestros productos y nuestro
conocimiento esté representado y no seamos los que tengamos que poner en
marcha aquello que deciden otros, sino que nosotros seamos un agente
activo impulsor de aquellas normas técnicas que favorezcan a nuestros
productos e incluso discutir aquellas otras que puedan de alguna manera
lesionar nuestros productos por incumplimiento o por posible discusión de
niveles máximos alcanzados en estos temas.

Al mismo tiempo, queremos que éstos sean los laboratorios de referencia
que cumplan las normas comunitarias, que sean los de garantía de calidad
que puedan certificar otros laboratorios y que puedan actuar en este
sentido de acuerdo con los requerimientos que en este momento se están
pidiendo a nivel internacional.

También estamos dispuestos a promover y defender los productos de calidad
agroalimentarios en base a la promoción de productos alimentarios con
calidad contrastada. Este es un tema que ya saben ustedes que se está
desarrollando desde hace ya varios años, en especial los productos con
denominación de origen, los componentes de la dieta mediterránea, los
productos con etiqueta ecológica, los productos tradicionales, los
elaborados por procedimientos con marchamo artesanal, etcétera.

En ese sentido, también tenemos que, a corto plazo, trabajar en la
modificación de la legislación vigente en materia de denominación de
origen a través de dos proyectos de ley que también ha anunciado el
Ministro esta mañana: la modificación de la Ley 25/1970, que es el
Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, muy afectada por la OCM
del sector vitivinícola y que, una vez que éste se resuelva, tendríamos
que, en función de los acuerdos que se tomen, poner en marcha la
modificación de la misma, así como el nuevo proyecto de ley de
denominación de origen de productos agroalimentarios, compromiso que ya
estaba establecido desde hace unos meses.

Estos objetivos se llevarán a cabo a través de una serie de proyectos y
programas que ustedes ya conocen y que no quisiera desarrollar, porque
creo que no es el objeto de esta intervención.

Me someto, si quieren, a sus preguntas al respecto, puesto que, como han
visto muy bien, nos hemos centrado fundamentalmente en el tema que
creíamos que era básico para el año que viene, que es el tema de la
mejora de la competitividad de las industrias agroalimentarias, con el
desarrollo, además, en conjunción con el plan sectorial y con el proyecto
comunitario Feoga, del nuevo decreto para poder atender todas las
necesidades, incorporando todos los intangibles en los programas
horizontales al desarrollo de la competitividad de la industria
agroalimentaria y, por otra parte, el proyecto de ley regulador de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias.




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Sólo a modo de resumen quería comentarles --ya lo saben ustedes porque ya
se lo ha comentado el Subsecretario esta tarde-- que, para 1995, el
Programa 712.E, que es el relativo a la Secretaría General de
Alimentación (comercialización, industrialización y ordenación
alimentaria), crecerá en total un 39,4 por ciento, lo que supone 4.789
millones de pesetas, pasando de 12.153 millones, que era de lo que
disponíamos en 1994, a 16.939,8 millones, que es de lo que dispondremos
en 1995, de los cuales el incremento mayor, como saben muy bien, un 53
por ciento, será para dar respuesta a los compromisos y a los nuevos
planes relacionados tanto con el plan sectorial de la industria
agroalimentaria como a todos los programas horizontales que de una manera
muy somera les he querido presentar con ánimo de poder dar este salto
cualitativo y cuantitativo que necesitamos para no perder la oportunidad
de los próximos años para nuestra industria agroalimentaria.




El señor PRESIDENTE: El señor Ramírez tiene la palabra, por el Grupo
Popular, para formular las preguntas.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, me quiero unir a la
felicitación y deseo de éxito de la nueva Secretaria General de
Alimentación, al ser la primera vez que visita esta Comisión, y decirle,
señora Secretaria General, que nosotros dudamos de la eficacia de la
Secretaría General. Nosotros entendemos que no debe de existir, porque un
alto organismo que solamente participa en las dos direcciones generales,
y a través de un solo Programa, el 712.E, tiene escasa justificación su
existencia. Si tuviera más programas, si tuviera una actuación horizontal
más importante en el Ministerio... Pero no entendemos la existencia de la
Secretaría General, como intentaré demostrar a lo largo de nuestras
preguntas, no de debate político, respecto al alcance del presupuesto.

Repito que solamente participa la Secretaría General en el Programa
712.E.

Este presupuesto, señora Secretaria General, por ejemplo, durante los
años 1990 y 1991 tenía una dotación de 3.330 millones de pesetas para
fomentar entidades asociativas para el desarrollo de la agroindustria;
fíjese qué título más bonito. Pues ha desaparecido y no hay un epígrafe,
por tanto. La Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias
--que, por cierto, acaban de cambiar su titular y cambia con frecuencia
el titular en esa Dirección General y estuvo en su momento sin ocupar
durante mucho tiempo; entendería el Ministro de Agricultura que no hacía
falta ocupar la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias--
tenía un epígrafe que estaba destinado a fomentar entidades asociativas
para el desarrollo de la agroindustria. Hace años que ha desaparecido y
este año también. Nosotros no justificamos su desaparición.

Vamos a hablar del presupuesto para ordenación y fomento de la
industrialización agroalimentaria, el famoso Real Decreto 1462. Aparece
este año con una dotación de 13.723 millones de pesetas; el año pasado
teníamos 8.918, y en el año 1993, 8.893. ¿Cuánto se debe, señora
Secretaria General? ¿Qué se debe del 1462? ¿Vamos a saber la cifra
exacta? Porque, hasta que descubrimos que el famoso Real Decreto 808
había embolsado 50.000 millones de pesetas de deuda, nos costó mucho
tiempo y, por fin, se descubrió la cantidad que anunciaba el Partido
Popular. ¿Cuánto se debe del 1.462? Y con cargo a esos 13.723, ¿vamos a
liquidar la deuda que tenemos contraída? Si hay suficiente y, por tanto,
si vamos a poder atender durante el año 1995 a nuevos compromisos, dígase
definitivamente. ¿En qué nos hemos gastado --si no tiene el dato, sabe
que nos lo puede mandar-- los 8.918 millones de pesetas de 1994, porque
no conocemos la liquidación?
Por tanto, preguntamos sobre la deuda; si son suficientes los 13.723; si
vamos a poder hacer frente a nuevas obligaciones en 1995 o vamos a seguir
embolsando deuda, y cómo hemos gastado los 8.918 millones de pesetas de
1994.

También tenemos interés, en esta Dirección General de Industria, en saber
dónde van a gastarse los 102 millones de pesetas que en el artículo
sesenta y cuatro --¡cómo no!-- aparecen para realizar estudios. ¿Qué
estudios son éstos? ¿Cuál es la cuantía? ¿Cuál es el objetivo? Es
fundamental conocerlo para aprobarlo en esta estrategia presupuestaria o
enmendarlo, porque, insisto, en este Departamento, igual que hemos dicho
antes, tenemos a los funcionarios infrautilizados.

En la Dirección General de Política Alimentaria, Programa 712.E, había
una transferencia antiguamente a empresas privadas --artículo cuarenta y
siete-- para mejorar la calidad de los productos alimentarios. Se ha
suprimido esa transferencia. Ha estado usted hablando mucho tiempo de una
política de calidad. Fíjese, había un apartado presupuestario que preveía
esa transferencia a empresas privadas y no solamente la aumentan, sino
que desaparece.

Desde el año 1991 se estableció una dotación en esta Dirección General de
600 millones de pesetas --artículo sesenta y cuatro-- como inversión
destinada a la orientación del consumo alimentario, de los cuales, 300
--y estoy hablando de 1991-- eran para orientar el consumo de productos
alimentarios, 100 para analizar el mercado alimentario a través de
paneles y 200 para promocionar el consumo de productos de calidad. Han
desaparecido los productos de calidad. Desde el año 1992 estamos
englobando, y hablamos de 230 millones de pesetas de orientación de
consumo indiscriminado, y 270 millones para analizar el mercado. En 1993,
al igual que en 1994, se dedicaron 295 millones, de los que 135 tenían un
destino a las campañas de orientación de consumo de productos
alimentarios genéricos y 160 al análisis del mercado alimentario a través
de paneles de consumo y de otras modalidades. En 1995 aparecen 96
millones para campaña de orientación de consumo genérico --no hablamos de
productos de calidad-- y 169 millones para análisis del mercado
alimentario. Si no me equivoco, prácticamente, desde 1991, llevamos
dedicados cerca de 1.000 millones de pesetas a analizar el mercado
alimentario a través de paneles de consumo y otras modalidades. Nos
parece mucho dinero, y además nos parece una duplicidad, señora
Secretaria General. Usted sabe que, mes a mes, el Instituto Nacional de
Estadística nos da ese dato; nos dice dónde los españoles nos gastamos el
dinero en la alimentación y en qué productos alimentarios. Porque, luego,
cuando sale el dato del IPC, nos dicen: Es



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que han subido espectacularmente las patatas o ha subido el pollo --el
pollo es el gran culpable del IPC español-- y, por tanto, sabemos en qué
se gasta la sociedad española el dinero en la alimentación. ¿Para qué nos
estamos gastando en paralelo cerca de 1.000 millones de pesetas en su
Departamento en los últimos cuatro años para hacer los mismos análisis
que mes a mes nos da el IPC? Luego, la publicación, lujosamente
presentada, que hace su Departamento nos dice: Los españoles gastan tanto
en alimentación en fresco, en alimentación en conservas, en
alimentación..., etcétera. ¡Si eso ya nos lo da el IPC! ¡Si nos lo da
gratuitamente el Instituto Nacional de Estadística! Y, en cambio, un
epígrafe que teníamos para promocionar el consumo de productos de
calidad, ha desaparecido en su Secretaría General. Fíjese qué paradojas
produce la política presupuestaria y, en definitiva, la política de este
Departamento.

Hay, señora Secretaria, un punto sobre el que tenemos una serie de dudas
importantes, y espero que sea clara, al igual que le he pedido claridad
en las deudas del 1.462: registro vitivinícola. Usted misma ha dicho:
Estamos abocados a una reforma de la OCM. Del vino, ¿para qué vamos a
hablar? ¿Sabe cuánto tiempo llevamos haciendo el registro vitivinícola?
¿Y sabe el dinero que nos hemos gastado? ¿Y sabe que sus previsiones aún
hablan de llegar hasta 1998 gastando dinero? ¿O sea que su Departamento
no piensa terminar el registro hasta 1998? Hay dotaciones plurianuales;
este año, 465 millones de pesetas; 488 en 1996, 513 en 1997 y 538 en
1998; es decir, el Ministerio de Agricultura español no piensa terminar
el registro vitivinícola hasta 1998, y estamos con él desde 1990. Si
quiere le doy los datos: 1.453 en 1990, 1.250 en 1991, 298 en 1992, 696
en 1993 y 517 en 1994. ¡Y hasta el año 1998 no terminamos! Nos gustaría
saber por qué no acabamos con el registro vitivinícola en 1995. ¿Por qué
no utilizamos a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de las
comunidades autónomas que están en el territorio y conocen como nadie la
realidad de la propiedad, la identificación, la extensión, variedades,
etcétera? Necesitamos conocer --y espero que nos lo dé o nos lo
proporcione por escrito-- cuáles son las empresas adjudicatarias de los
trabajos de confección del registro vitivinícola.

¿Por qué no se está utilizando en los vuelos y en la elaboración de los
planos cartográficos el Servicio Cartográfico del Ministerio de Defensa,
que dicen los técnicos que es uno de los mejores del mundo? ¿Por qué
estamos contratando estos levantamientos cartográficos fuera de
organismos públicos que tienen marchamo de calidad en el mundo, y el
Ministerio de Agricultura está contratando, no sabemos con qué empresas
--esperemos que nos lo proporcione, señoría--, estos trabajos en los que
llevamos desde el año 1990 y que según las previsiones del Ministerio no
acabaremos hasta el año 1998, con una reforma de la OCM que posiblemente
el año que viene esté en vigor? Mientras, lo acaban de decir sus
compañeros, dos mil y pico funcionarios del Senpa en el territorio; dos
mil y pico funcionarios de cámaras agrarias en el territorio, y son los
que mejor conocen la realidad física del territorio. No le va a enseñar
usted a un director de un centro del Senpa o a un secretario de una
cámara agraria local, en su municipio, quién es el propietario de los
viñedos, la extensión del mismo, variedades, etcétera. Pero eso sí,
llevamos ocho años con algo que todos los años tiene una importante
dotación económica y que es adjudicada a determinadas empresas, que
esperemos que S. S. nos las dé a conocer, así como la cuantía de los
concursos, etcétera. Y, en paralelo, no estamos utilizando los servicios
cartográficos oficiales.

Finalmente, hay un concepto presupuestario que era incentivar, con
transferencias de capital a empresas privadas, el fomento del régimen
contractual y de la presencia a nivel mayorista de productos
promocionados. ¡Fíjese qué título más bonito! Era el artículo 77.2, cuya
dotación presupuestaria ha venido bajando desde el año 1990
inexorablemente. Hemos pasado de los 315 millones de pesetas que tuvimos
en 1990 y en 1991, para bajar, en un deslizamiento imparable, hasta los
actuales 192 millones de pesetas en 1995, ahí donde realmente
necesitábamos hacer la promoción.

En resumen, debemos no sé cuánto del Real Decreto 1462, que esperemos que
nos lo diga. Hemos abandonado la línea del fomento del cooperativismo
industrial, con tres mil y pico millones de pesetas. Abandonamos esta
línea. Seguimos gastando un dinero injustificable en los paneles de
alimentación y en el estudio de consumo español, cuando mes a mes el IPC
nos lo proporciona gratuitamente el Instituto Nacional de Estadística, y
según la previsión de su Ministerio, vamos a tardar ocho años en hacer el
registro vitivinícola, con unas importantes dotaciones económicas.

Como comprenderá, señora Secretaria General, no podemos estar satisfechos
del funcionamiento del organismo del que acaba usted de tomar posesión.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y observaciones, la
señora Revilla tiene la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ALIMENTACION (Revilla Pedreira): Muchas
gracias, señor Ramírez. Voy a intentar dar satisfacción a la solicitud de
su información y aquello de lo que no disponga en este momento con mucho
gusto se lo haré llegar.

No voy a entrar en el primer punto, su opinión sobre la necesidad o no de
la existencia de una Secretaría General, porque no ha sido una pregunta,
ha sido una afirmación. Espero demostrarle con el trabajo que vamos a
realizar que por lo menos tiene carta de naturaleza y que merece la pena
que se esté gastando el dinero en esta Secretaría General, a pesar de
que, como usted dice, es pequeña, tiene sólo dos direcciones generales
(El señor Ramírez González: Y un solo programa.), y un solo programa,
pero espero demostrarle que verdaderamente somos capaces de, con esta
pequeña unidad, hacer grandes cosas.

No sé por dónde empezar a contestarle. Si usted quiere, empiezo por las
entidades asociativas. Usted me dice que no están contempladas. Sí lo
están, lo que pasa es que lo están en un solo concepto. O sea, antes
estaban desglosadas, y lo que hemos hecho ha sido en el capítulo 7 no
desglosarlo y darle un solo concepto, con ánimo de que sea



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mucho más fácil después la gestión del mismo y evitar la rigidez. Ya sabe
usted que cuando un concepto se encuadra bajo un epígrafe, después es muy
difícil utilizarlo si hay que hacer unas transferencias entre ellos.

Cuando está en dos epígrafes diferentes incluso induce a una serie de
confusiones, porque podía usted preguntarme que por qué figura en dos
sitios diferentes. Hemos creído que era mucho mejor reflejarlo bajo un
solo epígrafe.

Por no saltar al tema del decreto, que ahora mismo se lo voy a explicar,
pero antes me dice usted que en el capítulo 6, inversiones reales de la
Dirección General de Industrias Agrarias, hay 101 millones de pesetas que
son para estudios, y me pregunta que qué vamos a hacer con ese dinero,
como es lógico. Lo tenemos desglosado en cuatro actividades. Vamos a
dedicar 32 millones de pesetas para el desarrollo de acciones de carácter
formativo. En este sentido usted no ha visto precisamente el tema de la
promoción de la calidad, como usted me ha dicho también. Lo voy a
englobar todo junto. Con este capítulo es con el que hicimos el año
pasado las 17 sesiones de fomento de la calidad, en las cuales, además,
para arrastrar fondos de otras entidades, lo hicimos en colaboración con
las escuelas de ingenieros agrónomos y con las cámaras de comercio. De
esta manera, con un gasto de veintitantos millones de pesetas pudimos dar
respuesta a 17 cursos especializados, con 800 alumnos.

En este sentido también, en el tema que me dice usted del fomento de la
calidad, nosotros queremos utilizar el plan nacional de calidad
industrial puesto en marcha por el Ministerio de Industria, como usted
sabe muy bien, y las ayudas que para este plan existen, par lo cual ya
hemos tenido distintas reuniones con dicho Ministerio. Aparte de esto,
nosotros vamos a firmar un convenio con AENOR, a través de la FIAB, en el
cual incluso vamos a hacer una experiencia piloto; no vamos a aportar
fondos, para ver si verdaderamente pueden responder al importante reto
que para nosotros supone el desarrollo de la calidad en España utilizando
este organismo de carácter privado y nacional. En este sentido ya le he
explicado que había dos empresas que ya se iban a certificar y vamos a
empezar un trabajo importante en este campo.

También sabrá usted que hace sólo un mes y pico se ha creado una ponencia
para la industria agroalimentaria, que no existía hasta este momento,
producto de la acción que estamos teniendo. Yo creo que es muy importante
que, dado que hay muchos recursos en este momento en distintos
departamentos, sepamos recurrir a todos ellos con ánimo de sacarle el
mejor beneficio para poder hacer una política global.

Aparte de esto, señoría, vamos a dedicar 10 millones a una cosa que a mí
me parece que es importante. Nosotros tenemos una información y tenemos
unos recursos humanos importantes, pero no estamos elaborando lo que
podríamos llamar un cuadro de mando en la industria agroalimentaria o un
estado de coyuntura del sector día a día, fundamentada sobre todo en
datos económicos que nos permitan hacer llegar a todos los sectores
información puntual desde el Ministerio. Eso lo pensamos hacer utilizando
los funcionarios que, como usted dice muy bien, son muy cualificados, ya
que en este momento tenemos que reconvertir los excedentes en los
laboratorios al hacer la unificación de los mismos y dedicarlos a las
otras actividades que está demandando la sociedad en este momento en vez
de aumentar con otros recursos.

También hay un tema, señoría, que creemos de extraordinaria importancia.

Respecto al plan estratégico que se hizo del sector agroalimentario, este
año vamos a poner ya en marcha todas las recomendaciones que se hicieron
en el mismo. Yo quisiera llevarlo a la realidad, y en eso estamos ya
trabajando con los sectores implicados. Hubo un sector que no se estudió
como plan estratégico y que tiene una importancia trascendente en nuestra
economía, es el sector de frutas y hortalizas. Si usted ha repasado los
22 subsectores que se analizaron, falta éste. Es una demanda del sector y
una demanda de los agricultores en toda la cadena agroalimentaria que
estudiemos con seriedad y que hagamos un plan estratégico para el sector
de frutas y hortalizas, y a eso es a lo que vamos a dedicar los 40
millones restantes, y quedarían otros 20 más, que van a ser para empezar
a poner en marcha las primeras organizaciones interprofesionales. Hay
otro capítulo en la otra Dirección General, pero no hemos querido de
momento pedir más, porque creemos que es un tema que requiere ir con
prudencia. Ya estamos trabajando en ello, y a eso vamos a dedicar esos
otros 20 millones, utilizando los recursos que nos hagan falta para que
nos puedan orientar en la puesta en práctica de una nueva actividad que
requiere una asesoría con la que en este momento es importante que
contemos.

Paso al tema que le preocupa mucho, al igual que a nosotros, tanto es así
que precisamente hemos centrado el presupuesto en conseguir una partida
que nos permita clarificar algo que usted ya ha expresado esta mañana y
lo ha puesto como punto clave, yo creo, de la Secretaría. De los otros
temas que ha planteado, me parece que el que más le ha preocupado, si no
he entendido mal, es éste junto al del registro vitivinícola.

Me pregunta en qué situación estamos, cuánto debemos, cuántos proyectos
hay, qué vamos a hacer con los fondos con que este año nos ha dotado el
presupuesto, si esto va a ser suficiente para atender todos los
compromisos o no. Voy a intentar explicárselo y darle, además, todos los
datos, porque precisamente era un objetivo para mí prioritario y a ello
he dedicado, junto al tema de la fruta, para intentar poner en marcha el
plan estratégico y avanzar en la ley de organizaciones
interprofesionales, estos 100 días. Como ya se me han acabado, ya veo que
ni siquiera me da el beneficio de permitirme por lo menos demostrar lo
que yo pienso que somos capaces de hacer.

El Real Decreto 1462, como usted sabe --permítame que me extienda un
poco, porque creo que es importante el tema--, ha sido sustituido por
otro Real Decreto, el 59/1994, porque necesitábamos de alguna manera
evitar que se generara una demanda superior a la oferta, al no tener un
período de cierre para admitir los expedientes, durante un período
determinado, en unas condiciones determinadas. No estaba acompasada la
demanda que se estaba generando con los recursos que se tenían para
corresponder a esa demanda. Era necesario tomar una medida que de



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alguna manera pusiera al día la situación que se había generado. Por
tanto, se deroga y, además, se aprueba el Decreto 59/1994. No hemos
querido ampliar el plazo de presentación de solicitudes precisamente para
poder resolver mientras negociábamos una ampliación de un presupuesto en
el cual se contemplara este capítulo, con ánimo de poder dar una
respuesta a las solicitudes que estaban pendientes. En este momento le
puedo decir, señoría, que hay 1.428 expedientes con las inversiones ya
finalizadas, por un importe total de inversión de 90.000 millones de
pesetas, que está sin resolver. Están aprobados, pero sin resolver.

Con la dotación presupuestaria prevista para el próximo ejercicio, que
son 8.309 millones para atender los compromisos del anterior Decreto
1462, vamos a resolver prácticamente la totalidad de estos 1.428
expedientes ya terminados. Pero esto no soluciona el problema, porque,
como usted sabe muy bien, señoría, aparte de estos 1.428 expedientes
terminados, hay otros 1.500 que están en este momento en curso, todavía
sin terminar. Por eso los he querido separar en dos bloques diferentes y
he presentado un programa a tres años. De momento sólo me han dado la
primera dotación para este año; espero conseguir que los dos años
próximos podamos tener los presupuestos correspondientes para que
conforme se vayan terminando las 1.500 solicitudes restantes, podamos
darlas cumplimiento. No hemos querido utilizar sólo este presupuesto para
cumplir con el pasado y de alguna manera cortocircuitar el futuro, sino
que, como usted ha visto en los presupuestos, se suman a los proyectos
para la puesta en marcha del plan estratégico y del plan Feoga con ánimo
de que podamos atender las dos situaciones al mismo tiempo. El año que
viene por estas fechas tendremos que mantener la misma batalla que este
año. Espero que tengamos los mismos resultados y podamos conseguir
también un presupuesto de las mismas características con ánimo de poder
dar respuesta a todas esas solicitudes de quienes desde este momento
hasta el final del año que viene hayan ido terminando sus inversiones y
estén en condiciones para recibir la subvención que en este momento está
concedida pero no pagada.

Si quiere detalles, tengo por comunidades autónomas el número de
expedientes, tengo cada una de las inversiones, los que han dado
positivo, los que han dado negativo y la situación en que se encuentran.

Tengo todos los datos que, con mucho gusto, pongo a su disposición porque
lo que yo quiero precisamente es clarificar este tema. Además, creo que
es muy importante, si se quiere hacer una política agroindustrial o
industrial, que el sector sepa con un horizonte determinado cuál va a ser
la situación tanto desde el punto de vista de posibles ayudas que va a
tener como de las posibles orientaciones que se van a seguir en cada uno
de los sectores y subsectores de las distintas políticas, para que pueda
establecer su estrategia, puesto que no es fácil crear un departamento de
investigación ni una red comercial ni una asociación si no se tiene
verdaderamente un horizonte en el cual, por lo menos a cuatro o cinco
años, se sepa por dónde van a ir los tiros.

Señoría, su preocupación es la mía. En este momento estamos hablando con
todas las comunidades autónomas con ánimo --seguramente algunas pueden
habérselo comentado ya-- de que ellas también prioricen a ser posible el
orden por el cual quieren que todos los expedientes que están en este
momento pendientes puedan ser empezados a pagar inmediatamente y estudiar
con ellas cuál es la situación e ir preparando el futuro, porque me gusta
discutir ante todo lo que se va a poner en marcha en un futuro inmediato
con ánimo de llegar al máximo consenso posible en un tema de estas
características, en el cual, además, yo creo que es importante que haya
una comunicación, puesto que, como usted sabe muy bien, la política
nacional en la industria agroalimentaria tiene que tener en cuenta las
distintas características de todas y cada una de las comunidades
autónomas con ánimo de poder estimular en aquellas áreas que en este
momento, por lo que sea, no han podido ser más activas la implementación
de los recursos necesarios para que pueda mejorar su cadena
agroalimentaria.

En el nuevo Real Decreto, no sé si quiere que le diga cómo vamos a
repartir los fondos... (Denegaciones.)
Un tema que le preocupa, señoría, es el del panel alimentario y la
promoción de productos de calidad. Tengo muy claro cuál es la política de
calidad que quiero desarrollar para el sector, quizá porque siento que
tengo la formación suficiente para ello porque, como sabe S. S., el
primer plan de calidad industrial que se hizo en el Ministerio de
Industria se realizó cuando era Directora General de Política Tecnológica
y he dedicado muchos años al fomento de la calidad industrial en nuestro
país en distintos sectores. Aunque sé que éste es un sector diferencial,
creo que las bases son suficientes para saber exactamente cuáles son los
temas que quisiera desarrollar en este sentido. Sé que las situaciones
son muy diferentes. Tenemos tres grandes áreas, si quiere que se lo
explique. En primer lugar, aquellas empresas que en este momento no
cumplen ni siquiera la reglamentación técnica sanitaria, que tiene un
período muy corto para cumplirla, son empresas muy pegadas a distintos
centros de producción, que son interesantes porque crean, además, una
riqueza y utilizan los productos. Tienen un mercado, quizá regional o
limitado, pero están dando empleo a un sector importante de la población.

Quisiéramos ayudar a esas empresas para que cumplan en el plazo más corto
posible, antes del 1 de enero de 1996, que es el que marca la
reglamentación técnica sanitaria. En este sentido, como no me quiero
extender mucho, a no ser que usted quiera, por ejemplo en el sector
cárnico usted sabe que hay más de 4.000 empresas y en este momento no
está cumpliendo la reglamentación ni el 10 por ciento. Hay que hacer un
esfuerzo muy importante. Habrá unas empresas que ya no seguirán adelante
porque son de personas mayores cuyos descendientes ya se van a dedicar a
otras actividades, pero hay otras que con ayuda en este sentido sí
seguirían y que es importante conservar. Igual sucede con el sector
lácteo. Es un tema que se ha tratado esta mañana. Como usted sabe, hay
una reglamentación que hay que cumplir y si nosotros no hacemos un
esfuerzo en ese sentido, nos podemos ver abocados a que dentro de dos
años no cumplamos las normas que nos exigen y podamos



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tener, si las condiciones económicas son favorables para los otros
países, un incremento en la importación de leche. Yo creo que es muy
importante en sectores de esas características que tengamos una visión
global. Así podría extenderme a otros sectores que puedo explicar a S. S.

cuando lo desee.

Hay otro gran grupo de empresas, de las 40.000, que son, digamos, la
parte más ancha de la curva de Gauss, que no tienen un producto
suficientemente diferenciado pero que son muy importantes porque captan
la mayoría del mercado y necesitan una calidad contrastada. Son este
grupo de empresas que a nosotros nos gustaría que tuvieran entrada en los
programas de aseguramiento de la calidad o de calidad contrastada, para
lo cual queremos ayudarlas y para lo cual quisiera dar esa nueva
orientación a los laboratorios (dado que ya los fraudes no son
competencia nuestra y sólo nos quedaría dirimir los problemas que hubiera
entre distintas comunidades, con terceros países o con la Comunidad) para
dedicarlos a temas técnicos de mucha más altura y ahí haríamos una acción
específica.

Luego está la promoción de los productos de calidad. Este sería el tercer
punto que yo creo que se está haciendo, a pesar de que, permítame que se
lo diga como lo pienso, no hay muchos fondos. Yo creo que muchas veces,
además de fondos, hace falta la creatividad, el esfuerzo, el trabajo,
etcétera. No por gastar más se hacen las cosas mejor, como usted sabe muy
bien señoría. En los dos últimos años, por ejemplo, el incremento de
exportación de los productos con denominación de origen se ha duplicado.

Hay unos 400.000 millones, y en los últimos años, como le decía, se ha
pasado de exportar graneles a exportar productos con denominación de
origen. Yo creo que es un gran esfuerzo y estamos intentando hacer lo
mismo que le comentaba en los otros temas horizontales, absorber recursos
de otros organismos, que los tienen, entre otros, para este tipo de
asuntos.

La promoción exterior no deberíamos hacerla sólo con nuestros fondos,
puesto que hay un Instituto, que es el de Comercio Exterior, que es el
que se dedica a este tipo de promoción exterior, independientemente de
que no vayamos a abandonar el tema, pero hay un organismo en el cual,
como sabe, más o menos el 30 por ciento de su presupuesto es para eso. Si
conoce el nuevo equipo, sabrá que tenemos un grupo de trabajo con el
ánimo de fomentar todo este tipo de actividades y lo llevaríamos en parte
por esta vía, independientemente de todas las cosas que estamos haciendo,
que yo creo que son muchas. Si quiere tengo en un cuadro todas las
actividades que se están haciendo. Se están haciendo, por ejemplo con las
escuelas de hostelería para enseñar a todos los alumnos. Hay 33 escuelas
de hostelería que pertenecen, como sabe al Ministerio de Educación. Por
ejemplo en estos momentos hay 300 alumnos en la Escuela de La Rioja;
también están las de Madrid, la de Sevilla, etcétera. Esos alumnos que
salen de las escuelas de hostelería en estos momentos están aprendiendo
con productos que les están dando otras empresas multinacionales; les dan
un curso sobre los quesos franceses, sobre los quesos suizos, los vinos
franceses o alemanes o se les enseña a hacer productos de chocolate. Este
es un tema que nosotros queremos retomar para nosotros, porque es muy
importante, igual que la educación del gusto de los niños o del consumo
--ahora entraré en el tema del panel--, para que aprendan a utilizar
nuestros productos. Es como hacer una inversión para que ellos puedan
promocionar nuestros productos dentro y fuera.

Podríamos hablar de muchas otras cosas, como la asistencia a ferias.

Usted sabe que estamos trabajando con distintas asociaciones para
promover dentro de España todos los productos de calidad. Hoy tiene usted
la «semana del corazón». Se ha inaugurado hoy con la dieta
cardiosaludable. Tenemos un stand y estamos haciendo desayunos para
educar a los niños; estamos haciendo promociones en los restaurantes de
todos los productos de calidad. Estamos haciendo muchas cosas que si
quiere se las envío para que vea todas las aciones, dentro y fuera de
nuestro país, que estamos realizando para promocionar todos los productos
de calidad.

Eso lo uno con el panel de consumo. En el panel de consumo se contempla
un número muy reducido de productos. No diferencian la calidad de los
mismos ni el tipo de consumo que se hace. Simplemente es global, ni
siquiera es ni por tramos de edad, ni sociológicos, etcétera, en el
sentido de que se pueda saber en un momento determinado si una familia
está consumiendo un producto que compra en el mercado, en una gran
superficie, si lo va a tomar fuera en un restaurante, etcétera. Hay
muchos temas, pero le voy a poner un ejemplo. En los últimos años y
debido quizás a la incorporación de la mujer al mundo de trabajo de forma
masiva están cambiando los hábitos alimenticios en nuestro país. No
tenemos casi tiempo y en este momento se está recurriendo a la fast food.

Esto tiene una repercusión muy importante en dos temas, primero, en que
no estamos consumiendo nuestros propios productos y, segundo, en que
estamos consumiendo unos productos que son menos saludables: por ejemplo,
ha aumentado bastante el índice de colesterol en los niños, porque están
tomando otra serie de productos preparados que tienen conservantes,
grasas artificiales, etcétera. Esa especie de diferenciación que nos
permitirá tomar unas medidas para orientar el consumo, para orientar una
serie de actividades de promoción no la podemos obtener a través de unos
índices de consumo: si se consume más pollo, patatas, etcétera.

Necesitamos la cualificación del producto si queremos hacer una política
de orientación al consumidor.

Perdone que me extienda porque me apasiona el tema. Si me tiene que
cortar, me corta. (El señor Ramírez González: El Presidente.)
He estado el otro día analizando el tema con el presidente de la
Asociación de Productores del Dulce, que como sabe es un sector que está
creciendo y exportando muchísimo, es un sector extraordinariamente
creativo y al que no se le da mucha importancia en nuestro país, porque
como le va muy bien no hace ruido, pero está exportando mucho. Me decía
que quería conectar con el panel de consumo porque le importaba mucho y
quería ofrecernos otra cosa. Nos decía que para entrar en distintos
mercados necesitaban saber cuál era el gusto del consumidor en ese
mercado determinado, y, por ejemplo, estudiaban los diez



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productos más vendidos equivalentes en cada uno de los mercados, en
Alemania, Francia, etcétera, para intentar, dentro de la Asociación,
orientar el mercado exterior hacia el producto que más se ajusta al gusto
del consumidor en ese país determinado. Todo este tipo de cosas permite
el diseño de nuevos productos, de nuevos alimentos, de nuevas estrategias
alimentarias que puedan competir con mucho más valor añadido.

Esto es lo que quisiera sacarle al campo, a los agricultores, a los
pescadores y a los ganaderos, muchísimo más valor añadido a sus
productos. Me da mucha rabia ver, cuando voy por ahí, cómo productos de
otros países --no quiero nombrar ningún país-- están captando no sólo
mercados que debían se nuestros, sino que además nos impiden que nosotros
estemos con productos que desde el punto de vista de materia prima son
mucho más interesantes que los de nuestro entorno, están captando
nuestros mercados y nos están impidiendo conseguir los suyos. Para eso
hay que hacer un diseño, tanto del producto, del alimento, como del
embalaje, de la etiqueta para hacerlo atractivo y poder competir por
precio, por calidad y por diferenciación de producto. En el tema del
embalaje uno de los temas que me preocupan mucho y no le he comentado y
es una de las actividades que quisiéramos poner en marcha es ver cómo
abordamos los problemas de medio ambiente, el reglamento que nos viene
sobre embalaje en el sector agroalimentario. Usted sabe que va a ser un
problema muy serio en los próximos años y yo quiero abordarlo ahora antes
de que se apruebe el reglamento, porque después vamos a tener que ir
siempre corriendo contra el tiempo, y en estos temas no se puede
improvisar.

Otro problema que a usted le preocupa mucho es el del registro
vitivinícola. Voy a ver si encuentro el papel que he traído al respecto.

Señoría sé que usted lo ha seguido desde hace mucho tiempo, así que
leerle el pasado quizás sea una tontería. (El señor Ramírez González: Es
mejor no llorar.) ¿Por qué no? Yo creo que es mejor discutir las cosas.

Es mejor la claridad en los temas. Si los tenemos claros, todos podemos
buscar las soluciones.

Usted sabe muy bien señoría que en los reglamentos comunitarios el 2392
del 86, del Consejo, del 24 de julio, y el 649/87 de la Comisión, del 3
de marzo, estableció que todos los Estados miembros con una superficie de
viñedo superior a 500 hectáreas --en España como usted sabe muy bien hay
1.300.000-- están obligados al establecimiento de un registro vitícola
comunitario. La Comunidad, como sabe también muy bien, participa con la
financiación del 50 por ciento de este registro y como también sabrá muy
bien S. S. en este momento España es uno de los países que tiene más
avanzado este estudio con referencia a los países de nuestro entorno.

Esto nos obliga como sabe, a establecer el registro y también a hacer las
inversiones en material informático que sean necesarias para la gestión
del registro. No sólo es el establecimiento del registro, sino también
hacer las inversiones que nos permitan después, de alguna manera,
gestionar este registro.

En el Reglamento 649/87 se determinan las modalidades de aplicación
relativas al establecimiento del registro fijando las condiciones mínimas
que debe tener y también sus plazos de ejecución.

Para poder cumplir con este mandato, usted considera que sí hay medios
propios. Es verdad que tenemos muchos funcionarios y muy cualificados,
pero también es verdad que una tarea de estas características tiene que
llevarse a cabo, como muy bien sabe S. S., de acuerdo con una gestión y
una organización que es difícil hacer con los recursos que tiene la
Administración. Puedo darle los datos puntuales, puesto que se está
trabajando y colaborando en este sentido pero la organización total del
trabajo aquí es mucho más difícil, aunque se ha hecho desde el punto de
vista más transparente y más serio posible, como usted sabe muy bien. Lo
que se ha hecho es contratar con empresas especializadas; al no existir
ninguna que pudiera dar todo el servicio, ha tenido que haber una unión
temporal de empresas especializadas en estos campos. Esto se ha realizado
a través de concursos públicos, cuya convocatoria no sólo se ha publicado
en el «Boletín Oficial del Estado», sino también, como sabe muy bien S.

S., en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», así como en
anuncios de prensa, y se ha invitado a participar a todas las empresas
especializadas.

Para la evaluación de las solicitudes presentadas del informe técnico se
ha contado siempre con la participación de técnicos de diversas
dependencias, tanto de este departamento como del Centro de Gestión
Catastral del Ministerio de Economía y Hacienda. No se ha utilizado el de
Defensa, como usted dice, sino el de Economía y Hacienda.

Dado que el proyecto está cofinanciado, este plan se ha sometido no sólo
a las opiniones de nuestros expertos, sino a la de la Dirección General
de Agricultura, de la DG VI, que es el órgano responsable de la
implantación del registro a nivel comunitario, y tanto por parte de la
Dirección General VI, como por parte del Feoga se viene realizando un
estricto control de la calidad de los trabajos. Creo que esto es muy
importante porque, como usted sabe, recibimos, de tiempo en tiempo,
distintas inspecciones, tanto de funcionarios comunitarios como de los
nuestros, para ver la marcha de los trabajos y la evaluación de la
calidad de los mismos. Incluso en algunos casos ha tenido que rehacerse
el trabajo porque, en algunas partes, no estaba correctamente bien hecho,
o por lo menos no satisfacía los requerimientos que nosotros
considerábamos. Además, se han llevado controles por parte de los
técnicos de las administraciones central y autonómicas, es decir, se
están poniendo en marcha los recursos existentes de los técnicos que
tenemos, que son los que en estos momentos están incluso inspeccionando y
ayudando a participar en este registro.

Debido a que para la ejecución del proyecto se requiere la obtención de
una cartografía informatizada de utilidad, no sólo para el registro sino
para todas las administraciones del Estado, en junio de 1988 se firmó un
protocolo de cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el Centro de Gestión Catastral del Ministerio de Economía
y Hacienda para el uso conjunto de la cartografía obtenida, evitando de
ese modo repetición de trabajos, con el consiguiente ahorro del gasto
público.




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La evaluación y situación actual --usted lo sabe muy bien, pero si quiere
la contrastamos-- de los trabajos es la siguiente. Al día de hoy están
finalizados los correspondientes a las provincias de Albacete, Badajoz,
Ciudad Real, Cuenca, Huelva, Tarragona, Toledo, Valencia y Zamora, con
823.000 hectáreas de cultivo. Habíamos dicho al principio que el total
era de 1.300.000 hectáreas. En fase de finalización (será para los
últimos días del presente ejercicio, es decir, antes de que finalice
diciembre), los correspondientes a otras 20 provincias, con 350.000
hectáreas de cultivo, aproximadamente el 85 por ciento del total de la
superficie cultivada de viñedos. En fase de contratación, pendiente de
adjudicar el concurso que se convocó, como sabe S. S., el pasado 14 de
junio, son los correspondientes a 11 provincias que suman 74.000
hectáreas de cultivo, que es lo único que quedaría en este momento por
hacer el registro.

Así pues, para poder finalizar los trabajos de implantación de todo el
territorio nacional antes de 1998, que es el plazo que nos da la Unión
Europea, independientemente de la agilidad o no con que se discuta el
tema --espero que nosotros lo tengamos incluso antes--, sería necesario
contratar, en el ejercicio de 1995, los trabajos correspondientes a las
10 provincias que restan para cubrir todo el territorio nacional, que
serían 43.000 hectáreas de viñedo.

Para intentar ser lo más clara posible y que pueda ver que damos todos
los datos que usted solicita, nosotros requeriríamos, para 1995, una
dotación para este concepto de 1.050 millones de pesetas. ¿Cómo las
utilizaríamos? Primero, financiaríamos la anualidad correspondiente a los
trabajos contratados en 1994, relativos a las provincias de Alava,
Almería, Cádiz, Gerona, Lérida, Orense, Palencia, Salamanca, Segovia,
Sevilla y Soria. Esto conllevaría un gasto de 399 millones de pesetas.

Nos falta por finalizar la liquidación del contrato firmado con Arbe 90,
correspondiente a los trabajos de implantación del registro en las
provincias de Alicante, Avila, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón,
Córdoba, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga,
Murcia, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, que finalizan, como he dicho
anteriormente, en diciembre de 1994. Para esto necesitaríamos 150
millones de pesetas. Además, necesitaríamos adquirir el «software»,
gráfico necesario para la gestión y actualización del registro en las
provincias de Alicante, Avila, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón,
Córdoba, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga,
Murcia, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, que tiene un costo estimado de
46 millones de pesetas. Financiaríamos después la anualidad
correspondiente a la contratación de los trabajos de implantación del
registro en las provincias de Baleares, Cantabria, La Coruña, Guipúzcoa,
Asturias, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y
Vizcaya, que supondrían los 455 millones restantes. En total, serían
necesarios los 1.050 millones que están previstos en el Presupuesto. (El
señor Ramírez González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Alguna aclaración, señor Ramírez?



El señor RAMIREZ GONZALEZ: Una aclaración, muy rápidamente.

No me ha dicho la deuda consolidada del 1.462. Me ha dicho que hay mil y
pico proyectos coterminados que se debían, pero díganos la deuda
consolidada de subvenciones prometidas, por parte del Ministerio de
Agricultura, a inversiones realizadas al amparo del 1.462, que se deben
desde hace tiempo, y díganos el término medio de esa deuda.

En segundo lugar, creo que está usted manejando dobles conceptos, porque
me ha dicho que con cargo a los paneles de consumo se van a hacer una
serie de actuaciones y con cargo a los 102 millones de pesetas del
artículo 64 otra serie de actuaciones, que se han duplicado, según su
expresión. Incluso ha llegado a hablar de actuaciones de cara a la
aplicación de la ley de interprofesionales. Nos acaban de decir que eso
va a ser del IFA, que lo va a hacer el Instituto de Fomento. ¿También lo
va a hacer la Secretaría General? No estemos duplicando. Eso se hace en
un solo organismo. O lo hace el IFA, o lo hace la Secretaría General,
pero no participemos todos porque entonces es imposible controlar el
gasto público. Es imposible. El artículo 64 de la Dirección General de
Industrias Agrarias habla de estudios para empresas privadas, y en cambio
los paneles de la Dirección General de Política Alimentaria hablan de
esos cursos, esas celebraciones, etcétera. Por tanto, no mezclemos cuando
nos interesa.

Dice usted que ahora al sector privado le gusta las publicaciones del
consumo. No fueron las voces primeras que se elevaron cuando empezaron a
publicarse los distintos volúmenes, aquellos en papel azul que publicaba
la Secretaría General; el sector afectado dijo que no tenían valor, que
no significaban nada, etcétera. Yo creo que usted hace justicia a la
verdad y que no ha manipulado, pero el sector, hasta ahora, no se había
pronunciado favorablemente respecto al contenido. E insisto, los técnicos
nos han confirmado que con los datos del IPC sería suficiente para
alcanzar los mismos objetivos. El IPC nos dice si es un alimento
conservado o no, si es industria o es en fresco, si se hace en el
restaurante, si se hace fuera de casa o en la casa, etcétera; si está
bien hecho el IPC. Y como creemos que tenemos un buen IPC y un buen
Instituto Nacional de Estadística, los técnicos nos confirman que son los
mismos datos duplicados por su departamento, y en estos momentos de
situaciones presupuestarias difíciles no estamos para hacer duplicidad de
gastos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Revilla.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ALIMENTACION (Revilla Pedreira): Señoría,
quizá no me he explicado bien, pero yo creo que también usted ha mezclado
los conceptos. A lo mejor he dicho tantas cosas que no las he ido
situando en cada uno de los epígrafes. Ahora le explicaré lo de los
valores porque los tengo aquí y se los puedo dar.

Hay que distinguir entre lo que es el plan estratégico, que eran los 22
volúmenes, y lo que es el panel de



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consumo, porque no tiene nada que ver. El plan estratégico era un estudio
de diseño del sector en el cual se hacía un análisis de los siguientes
subsectores, pero no proponía ninguna solución. Era un análisis de la
situación del sector agroalimentario, por subsectores. Y este plan
estratégico --ya lo he comentado al principio de mi exposición-- lo que
queremos es ponerlo en marcha, por lo que nos estamos reuniendo con los
sectores para, en función de un análisis en que simplemente dicen lo que
pasa --y como dice muy bien ¿y ahora qué?--, ver qué hacemos. Si
integrarlo precisamente en las actividades de desarrollo de este nuevo
Real decreto, en el cual lo que queremos es dedicar nuestros esfuerzos a
poner en situación competitiva todos y cada uno de los sectores. Todos no
podremos porque los 22 es imposible; hay que priorizarlos, porque creo
que priorizar es gobernar. No se puede hace todo, es una tontería
pretenderlo y yo no voy a hacer todo porque no puedo. Quisiera
simplemente hacer lo que puedo y, en lo que pueda, dar respuesta, pero no
tendríamos ni dinero para todo.

Son dos temas diferentes: plan estratégico y priorizar por sectores son
los que hemos seleccionado de aquellos que en este momento están más
ligados a problemas que hay que resolver. ¿Y cuáles son los problemas que
hay que resolver en este momento? Tenemos el problema del azúcar, donde,
como saben SS. SS., hay que hacer la reestructuración del sector; tenemos
el problema de la leche; tenemos el problema de los productos cárnicos,
que, además, tienen que adecuarse; tenemos el problema de frutas y
hortalizas y todo lo que tiene que ver con las conservas vegetales. Y hay
muchos más, pero creo que nos debemos centrar en aquellos que podemos
atender.

En el tema de frutas y hortalizas ni siquiera tenemos el estudio de la
situación, que es una demanda del sector, y en los otros tenemos esos
libros azules de los que usted habla. Además tengo que decir que en este
momento estamos sentándonos con los representantes de todas las cadenas
agroalimentarias para ver cómo implementamos y llevamos a la práctica lo
que es una política alimentaria en cada uno de los subsectores que
queremos que sean competitivos.

En cuanto al panel de consumo, es otra cosa. En el IPC ¿cuántos productos
tiene usted reseñados, dígame cuántos? Porque en la cesta de la compra lo
que se hace es tomar una serie de productos, que son los que tienen más
incidencia, para saber la evolución del índice de precios al consumo,
pero eso no da una orientación --con todos mis respetos y si quiere lo
discuten sus técnicos con los míos-- de cuál es el tipo de consumo, la
demanda del consumidor, el tipo de características y hacia dónde debe
orientarse la política alimentaria, tanto para la formación de las nuevas
demandas del consumidor como para la orientación de los nuevos productos
y la competitividad en distintos mercados. Con todos mis respetos,
repito, si quiere me pongo a su disposición para discutirlo entre sus
técnicos y los míos, y si podemos gastar mejor nuestros fondos será
muchísimo mejor. Son dos temas que yo creo que son diferentes.

En cuanto al tema de las ayudas a las organizaciones profesionales, se
trata de 10 millones de pesetas. Ya comprenderá usted que lo que
pretendemos es estudiar y que nos asesoren y ayuden para ver cómo se
implementa y cómo se ponen en marcha las organizaciones
interprofesionales. ¿Y qué queremos hacer? Una vez que SS. SS. aprueben
la ley, que la semana próxima pasará a la Mesa del Congreso y después
falta el Senado, tenemos que ver cómo las ponemos en marcha. Hay algunos
gérmenes que son los contratos agrarios, de los que también hemos hablado
y que usted me ha preguntado qué son; y lo puedo decir también lo que
conllevan, etcétera. Como sabe, son muy concretos y para algunos
productos específicos, no es algo intensivo, pero quizá es un germen para
una interprofesión.

Queremos poner en marcha aquellas organizaciones que consideremos más
maduras e incluso ya estamos trabajando en ello. La semana pasada, no sé
si S. S. pudo leer en la prensa, tuvimos una reunión entre dos
comunidades autónomas productoras de champiñón, con los productores --y
esas dos comunidades autónomas deben representar el 90 por ciento, más o
menos, de la producción total del champiñón en España--, con los
transformadores, comercializadores, exportadores, con ánimo de ver si
podíamos empezar a trabajar. Y así lo estamos haciendo con el cerdo
ibérico, con la fresa de Huelva y con algunos productos que pensamos que
en este momento están ya establecidos unos regímenes contractuales que no
están en los contratos agrarios, por ejemplo, porque éstos ya están
establecidos de otra manera. Ese tipo de actividades depende de la
madurez del sector al que va dirigido.

Lo que estamos intentando es que nuestro sector agroindustrial alcance la
mayoría de edad, pero lo que le interesa es arrastrar otros fondos, como
subvenciones, primas, el contrato agrario, la organización
interprofesional, para competir en mercados internacionales. Y eso es lo
que estamos intentando hacer, darle carta de naturaleza para que pueda
competir. Por eso le digo que en esto necesitamos arrancar; y para hacer
una serie de cosas, incluso reuniones, etcétera, necesitamos dotarlas,
aunque sea con una cantidad mínima, para poder tener ese tipo de
actividades. Y eso son 10 millones de pesetas, señoría; no estamos
intentando duplicar esfuerzos, sino trabajar todos con una sola voz, con
una sola política, en un plan que ha presentado esta mañana el Ministro y
que, además, vamos a consensuar lo más que podamos con todos los agentes
que intervienen en la cadena agroalimentaria.

Respecto a lo que está comprometido, tengo los datos a 30 de junio de
1994. Y los tengo a esa fecha porque después no hemos resuelto más porque
se acabó el presupuesto, tanto de lo que está resuelto como de lo que
está sin resolver. Tengo los datos a 30 de junio de 1994. No hemos
resuelto más porque se ha acabado el presupuesto. A 30 de junio de 1994
había 7.938 expedientes, por un valor total de inversión de 757.609,6
millones de pesetas, de los cuales se habían resuelto favorablemente
3.233, por un valor total de inversión de 286.422.574.841 pesetas y una
subvención concedida de 44.563.437.504 pesetas. Desfavorablemente se
resolvieron 1.765, por un valor de inversión de 164.797.831.478 pesetas.




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Este es el total de expedientes. De éstos, ¿cuántos están con obra
terminada y cuántos no? Con obra terminada hay 1.428 expedientes, por un
valor de inversión de 92.087.575.024 pesetas y en ejecución los 2.512
restantes, por un valor de inversión de 195.626.335.214 pesetas. Estos
incluso los tengo, además, clasificados por sectores y subsectores y por
comunidades autónomas, incluso por años, como usted me ha dicho. Hay
algunos pendientes de los años 1987 y 1988, pero es porque no ha acabado
la inversión. Se han pagado hasta el año 1990. Los que han acabado la
inversión, han presentado la documentación y están todavía sin resolver
son a partir del año 1991. Hay algunos anteriores, pero es porque no han
acabado la inversión, no han presentado la documentación y por eso están
todavía pendientes. En general, se han resuelto todos hasta el año 1990.

Quedan 1991, 1992, 1993 y 1994.

Con los fondos que se han solicitado en este momento, como sabe S. S., la
subvención es de un 10 por ciento aproximadamente, con lo cual de los
92.000 millones que le he comentado son unos 8.000 millones, con lo cual
con este presupuesto adicional se podrían resolver todos los expedientes
pendientes hasta el 30 de junio de 1994 presentados hasta el momento en
que se cerró el plazo de presentación de expedientes y quedarían
pendientes todos los que todavía no han terminado la obra. Así pues,
nosotros pensamos que nos hacen falta otros dos ejercicios más para
cerrar el total de todos los expedientes que están pendientes. Al mismo
tiempo tendríamos la dotación adicional, similar a las anteriores, para
poder responder a todos los proyectos del plan estratégico Feoga y a las
nuevas acciones que queremos desarrollar para dar un impulso hacia la
mejora de la competitividad agroindustrial.

No sé si le he contestado, pero tengo todos los datos y todos lor
proyectos.




El señor PRESIDENTE: Agotado el orden del día previsto para hoy,
suspendemos la sesión hasta mañana, a las 10 de la mañana.

Muchas gracias.




Eran las ocho y veinte minutos de la noche.