CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 268
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 14 de septiembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Debate y votación, en su caso, de las propuestas de resolución
presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios a la comunicación
relativa a la incidencia de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre
los Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT) en los sectores agrario y
pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca. (Número de expediente 200/000005.) (Página 7968)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la renegociación de la situación del sector ganadero
español, en general, y lácteo, en particular, ante la Comisión de las
Comunidades Europeas. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (BOCG, serie D, número 100, de 20-5-94. Número de expediente
161/000211) (Página 7985)
--Sobre cuotas lácteas a establecer por la Comunidad Europea, CE.

Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. (BOCG, serie D, número
121, de 4-7-94. Número de expediente 161/000248) (Página 7985)
--Relativa a las medidas a tomar en favor del sector productos de
espárragos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie
D, número 103, de 27-5-94. Número de expediente 161/000219) (Página 7997)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




--DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION
PRESENTADAS POR LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A LA COMUNICACION
RELATIVA SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS Y EL COMERCIO (GATT) EN LOS
SECTORES AGRARIO Y PESQUERO, PARA SU DEBATE EN LA COMISION DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. (Número de expediente 200/000005.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión. Antes de
entrar en la tramitación del orden del día quiero desearles a todos una
feliz «rentrée» en el trabajo parlamentario y comentarles, aunque sea
brevemente, los acuerdos de la Mesa y los portavoces de esta mañana en el
sentido de establecer un calendario de trabajo para este período de
sesiones, que será bastante intenso. Como todas SS. SS. conocen, en este
período de sesiones, aparte de tramitar los Presupuestos tenemos, en
principio, cinco proyectos de ley, más una proposición, que ayer se
aprobó en el Pleno, y eso obligará a todos a trabajar más intensamente.

En este sentido les anuncio que el miércoles 28 la Comisión se reunirá
para la tramitación de todas las proposiciones no de ley que nos quedan
pendientes y durante la primera semana o quincena del mes de octubre el
señor Ministro comparecerá con carácter general. A continuación, durante
aquellos días y fijadas por la Comisión de Presupuestos, tendrán lugar
las comparecencias de Presupuestos y también la tramitación del primer
proyecto de ley, que sería el de las interprofesionales agrarias. En este
sentido solicito a todos los grupos nombren los distintos ponentes de los
proyectos de ley que se van a tramitar durante este período de sesiones.

Pasamos a la tramitación del orden del día, cuyo primer punto es la
presentación, debate y votación de las propuestas de resolución
presentadas por los grupos a la comunicación del Gobierno relativa a la
incidencia de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre los Aranceles
Aduaneros y el Comercio (GATT) en los sectores agrario y pesquero, que
son fruto del debate que ya tuvo lugar en esta Comisión de Agricultura el
pasado período de sesiones. Por acuerdo de la Mesa y los portavoces,
empezaremos con la presentación de las propuestas de resolución y las
intervenciones de los grupos se harán de menor a mayor. A continuación
daríamos un breve turno a los grupos para rectificaciones o aclaraciones.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones, en nombre de
Coalición Canaria.




El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria, a este documento de los
Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT en los sectores agrario y pesquero,
ha presentado dos propuestas de resolución que pretenden en estos
sectores agrícolas fundamentales de la producción, en el caso concreto
del plátano, con la exclusiva en el territorio español del archipiélago
canario y, dentro de él, de algunas islas determinadas, y otro que
también afecta a los productos en el campo agrícola --me refiero al
tomate-- que no sólo se cultiva en el archipiélago canario, sino en
provincias andaluzas y del Levante español.

Tengo que decir que en este campo del comercio del tomate las
organizaciones productoras importadoras de tomate de Canarias han estado
en estrecha colaboración y concordancia de criterios con los productores
y exportadores de tomate de las áreas andaluza y del Levante español. Por
tanto, hemos querido recoger en nuestra propuesta lo que beneficia a
todos estos territorios de las diferentes comunidades autónomas
españolas.

En nuestra primera propuesta de resolución referida al comercio del
tomate nosotros pretendemos que en el nuevo régimen comercial de
protección exterior que señala el Acuerdo del GATT se especifiquen con
claridad las garantías financieras necesarias por parecernos que no se
concretan. Por eso proponemos en la resolución que se explicite como
principio fundamental de comercialización, primero, que el precio de
entrada del tomate entre en vigor el 1 de enero de 1995; si no, no hay
manera de garantizar ninguna supervisión del cultivo, ni una producción
ni toda la inversión que el agricultor tiene que hacer en estas
producciones. En segundo lugar, que este acuerdo sea vinculante para
terceros países productores. Nosotros hemos querido tener un trato
exquisito en la redacción de esta propuesta de resolución para no citar a
ninguno de los países competidores, aunque estén en el ánimo de todos
aquí por la vecindad, etcétera, que al mismo tiempo son productores y
tienen regímenes especiales, vamos a llamarles muy benevolentes, por
parte de la Unión Europea en su condición de países exportadores hacia
los mercados tradicionales de consumo de tomate en la Europa continental.

Con ello se pretende al mismo tiempo evitar que el principio de
preferencia comunitaria, que está bien señalado en los Acuerdos del GATT,
quede desvirtuado.

Por tanto, volviendo la oración por pasiva, si nosotros tenemos que
ratificarnos en lo que es un acuerdo del GATT, que es el principio de
preferencia comunitaria, que está en todos los grandes documentos del
Derecho de la Unión Europea, del Tratado de Roma, sobre todo en la
política agrícola común, para que eso no quede desvirtuado por prácticas
comerciales es necesario que el principio de preferencia comunitaria se
mantenga ante terceros países, obligatoriedad en este caso, y, en segundo
lugar, señalarles que, dado que la competencia está muy vinculada a la
climatología, las producciones españolas, y sobre todo más cuanto son más
meridionales, tengan el acceso a estos mercados, porque da la casualidad
climatológica y geográfica que estos países competidores están, vamos a
decir, por debajo de nuestros paralelos climáticos en el aporte
americano.

Paso seguidamente a la segunda y última propuesta de resolución que hemos
presentado por parte de Coalición Canaria y que se refiere al comercio
del plátano, que está afectando ya tan sólo a la comunidad autónoma de



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Canarias. Saben SS. SS. que nosotros tenemos que congratularnos de que en
las resoluciones del documento del GATT se habla de la consolidación de
la OCM, de la Organización Común de Mercado del plátano. Se ha conseguido
por parte del Gobierno español y de los representantes tanto de la
Administración económica española y agraria como de la Comunidad Autónoma
de Canarias, que han trabajado conjuntamente al unísono en Bruselas, se
ha conseguido una magnífica OCM del plátano.

Ahora bien, encontramos una presión interna por parte de algunos países
de la Unión Europea, como es Alemania, y por parte de los países
productores de centro y Suramérica, sobre todo el grupo encabezado por
Ecuador, primer exportador mundial de plátanos que tratan de conseguir
unos aumentos en las exportaciones fuera de contingente, a mejores
precios en mercados europeos. ¿Qué hace esto? Que tres países productores
del área de la Unión Europea (España, en primer lugar, con el
archipiélago canario; en segundo lugar, Francia, con los territorios de
Martinica y Guadalupe, y, en tercer lugar, Portugal, con los territorios
de Madeira y Azores, productores de plátanos) se encuentran
fundamentalmente en una desventaja de competencia por los costes de agua,
los costes de cultivo y, sobre todo, los costes de mano de obra. El coste
de la mano de obra en la política salarial y laboral española, que
beneficia fundamentalmente al agricultor y al recogedor canario, no tiene
similitud de competencia con los salarios miserables que se pagan en
varios de los países centroamericanos, y sus propias producciones también
están al amparo de determinadas multinacionales norteamericanas en este
mercado de exportación. Si les digo, además, lo que es el coste del flete
para llevar plátanos canarios al territorio peninsular español o al
territorio europeo en posibilidad de aumentos de mercados sobre su techo
de 400.000 toneladas anuales de producción, con lo que son los fletes, en
que barcos de conveniencia fruteros transportan el banano desde
Centroamérica o Suramérica a los mercados alemanes, por poner un ejemplo,
veríamos que estábamos en una situación de una competencia auténticamente
de «dumping».

Por tanto, en nuestra propuesta de resolución pedimos que para el
comercio del plátano se establezca un sistema de criterios objetivos para
la concesión de licencias, concretándose en el Reglamento de la OCM un
período preferencial para el cálculo de aquiescencia del último año
anterior. Esto también nos permitirá, señorías, que una nueva OCM, que ha
conseguido el Gobierno y las administraciones autonómica y central
española, y de la que nosotros volvemos a felicitarnos y mantenemos
nuestro apoyo al Gobierno y al Ministerio de Agricultura en esta línea de
negociación, sea desvirtuada por una picaresca de unos mercados oscuros.

Voy a decir, más que ostentadores voy a emplear la palabra correcta en
castellano, detentadores de una licencia de importación de plátanos que
no sean en verdad productores de plátanos o hayan dejado de serlo y, por
tanto, que en mercados clandestinos --en Madrid, en determinados sitios--
se estén revendiendo estas licencias a exportadores del área de las
multinacionales centroamericanas. La OCM y el GATT quisieron beneficiar a
los productores españoles del componente que hay de licencias, un
componente para productores-agricultores, otro componente para
distribuidores en Península y otro para importadores. Pues resulta que se
están vendiendo en vía de fraude estas licencias y los beneficios no los
perciben los agricultores canarios, sino figuras que han dejado de ser
agricultores. Entonces estamos en un mercado verdaderamente opaco.

Por tanto, nuestra propuesta de resolución viene a corregir este asunto
de las licencias para que vayan los beneficios al agricultor.

Quiero adelantar, señor Presidente, que he recibido una citación del
señor Presidente del Congreso de los Diputados para las 11 y me tendré
que ausentar, y habiéndome sido facilitado por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista las enmiendas que presenta a estas dos
propuestas de resolución y conociéndolas --nos parecen perfectamente
encajables y asentables y dan un principio de formalidad a nuestras
resoluciones en su introducción--, las aceptamos plenamente. Le digo esto
al señor Presidente para que quede constancia, a los efectos de la
votación, que doy por aceptadas las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista a estas dos propuestas de resolución.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarria para defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Vasco (PNV).




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Realizando previamente una
consideración general, diríamos que la Ronda Uruguay del GATT, en lo
relativo al capítulo agrícola, nos preocupa la reducción del volumen de
dotaciones subvencionadas en un 21 por ciento y en un 36 por ciento las
ayudas a los productos, en la medida en que esta decisión puede tener
incidencia en productos como el azúcar, la leche y las oleaginosas y
originar un incremento de la oferta en el mercado agrícola de la Unión
Europea, en el sentido de que, al reducirse las exportaciones, ello va a
conllevar una reducción de los precios en la leche y en la carne. Por
ello creemos que la política agrícola comunitaria, al seguir después de
la entrada en vigor del acuerdo, tendrá que compensar mediante ayudas
directas a los productores que van a reducir sus precios tanto en la
carne de vacuno como en la leche.

También quiero manifestar, señor Presidente, que el acuerdo de la Ronda
Uruguay contempla la reducción en cuanto al apoyo interno a la
agricultura respecto al período de referencia 1986-88. A nuestro juicio,
el acuerdo no limita ni afecta a las nuevas medidas directas previstas en
la reforma de la PAC, y así nos pareció que era correcto el sistema por
el que se optó de reformar primero la política agrícola comunitaria para
que Europa tuviera ya un modelo previo con el cual negociar políticamente
en el ámbito del GATT y fundamentalmente con los Estados Unidos. En ese
sentido, nuestro Grupo parlamentario es favorable a la política que desde
el Gobierno se ha mantenido de impulsar y de apoyar la reforma de la PAC,
que debería ser previa a la firma de los acuerdos de la Ronda Uruguay del
GATT.




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Quiero indicar también que la preferencia comunitaria ha sido uno de los
tres principios fundamentales de la Política Agrícola Comunitaria y
continúa siendo un requisito indispensable para impulsar el desarrollo
del mercado único agroalimentario, así como para garantizar la
competitividad de la agricultura europea, el desarrollo del medio rural y
la conservación de la naturaleza.

Señor Presidente, en Europa existen dos modelos de agricultura claramente
diferenciados: por una parte, la agricultura familiar de carácter
tradicional, extensivo y de pequeña dimensión, emplazada en zonas rurales
y de montaña, garante de los recursos naturales, protectora del medio
ambiente y ofertante de productos de calidad genuina; y, por otra parte,
una agricultura de corte industrial, con un modelo intensivo de
producción, de gran dimensión empresarial, ubicada en zonas periurbanas y
generadora de una calidad esterilizada.

Esta agricultura de corte industrial, que tiene más dimensión y una
estructura empresarial equiparable a la de terceros países, no necesita,
por tanto, de las grandes ayudas para competir de igual a igual y, sin
embargo, constituye menos del 20 por ciento de las explotaciones y
obtiene el 80 por ciento de la financiación de la política agrícola
comunitaria, y es que sólo el 6 por ciento de los productores de cereales
y el 13 por ciento de los productores de leche generan el 50 por ciento
de las respectivas producciones a nivel europeo. Por ello vemos que hay
este desajuste interno de apoyo de la PAC, que ha sido consecuencia de la
vigencia de un modelo basado en el producto y no en el productor.

Por ello, las propuestas de resolución que nuestro Grupo parlamentario
plantea son las siguientes: en primer lugar, una orientación de la PAC
dirigida hacia el productor, en lugar de hacia el producto; dirigida
hacia la calidad, en vez de la cantidad; dirigida a la protección del
medio ambiente, en lugar de los métodos intensivos de producción. También
somos partidarios de la discriminación positiva en las medidas de apoyo
interno, susceptibles de control por parte de la Organización Mundial de
Comercio --organismo creado fruto de la firma de los acuerdos del GATT--,
con arreglo a las propias normas de que se ha dotado dicho organismo
internacional y que controle las ayudas directas previstas en la reforma
y todos los mecanismos de control en favor de la agricultura familiar, de
pequeña dimensión, emplazada en zonas de montaña.

En tercer lugar, nosotros somos partidarios de fijar un nuevo modelo de
cuotas de producción en Europa en productos como la leche, la remolacha,
la patata, que flexibilice el funcionamiento e incremente el nivel de
dichas tasas de producción y para dicho tipo de agricultores dentro de
los límites globales fijados en la Ronda Uruguay del GATT.

Así, señor Presidente, nosotros insistimos primero, dentro de la
propuesta de resolución, en la ordenación necesaria del mercado de la
patata. Saben sus señorías que éste es un producto que se caracteriza por
la inelasticidad de la demanda en cuanto que el consumo es muy
insensible, pero, en cambio, las pequeñas variaciones de producción hacen
que sea muy sensible la oscilación de los precios y, por lo tanto, los
últimos problemas que ha habido el año pasado en cuanto a la bajada de
precios por pequeñas variaciones de producción en el norte de Europa hace
necesario que se cumpla esa resolución parlamentaria que abordamos todos
los grupos el pasado mes de febrero de una organización común de mercado
que camine hacia un sistema de cuotas de producción regionalizadas y que
en este momento está en trance de debate en el ámbito de la Unión
Europea.

En último lugar, señor Presidente, agruparía las propuestas cuarta y
quinta, donde lo que nosotros planteamos es una ampliación del límite que
se fija para la utilización de tierras agrícolas con una finalidad no
alimentaria. Entendemos que ello va a originar, aparte de un efecto
inducido favorable a la agricultura tanto española como la de la Unión
Europea, un apoyo a una industria complementaria que puede surgir en
materia de biocarburantes y suponer una mejora sensible --sensibilidad
que existe en el ámbito español y en el ámbito europeo-- de la protección
del medio ambiente. Por lo tanto, nosotros defenderíamos que pudiera
fijarse para Europa, dentro del ámbito de la Ronda Uruguay del GATT, una
ampliación del límite que se ha fijado para la utilización de las tierras
agrícolas con una finalidad no alimentaria.

Paso a continuación, señor Presidente, a hacer referencia a las
propuestas de resolución que tenemos presentadas en el ámbito pesquero.

En el ámbito de la comercialización o del mercado mundial pesquero, en lo
que atañe a la Unión Europea, apreciamos que el mercado se encuentra muy
abierto debido a los acuerdos preferenciales, que primeramente España y
luego, a través de la Unión Europea, con la entrada de nuestro país en la
Unión ha realizado con terceros países, y, por tanto, estos acuerdos
preferenciales han supuesto ya una importante, una gran liberalización
del mercado pesquero mundial. No obstante, a pesar de ello, sí queríamos
señalar que las políticas de protección del medio ambiente y de
conservación de los recursos pesqueros, así como la necesidad de proteger
un modelo de sociedad, un modelo de bienestar social, de política de
protección social que los europeos nos hemos dotado a nosotros mismos,
hacen que los costes de producción en la actividad pesquera de Europa y
de España sean muy superiores a los que soportan la mayor parte de las
flotas de terceros países. De hecho, algunos costes de producción llegan
a ser 40 veces más altos dentro de la Unión Europea que fuera de ella,
mientras que su eficiencia productiva puede ser mucho más pequeña como
consecuencia del empleo de artes más selectivas que impone la política
pesquera común.

Es evidente que mantenemos una contradicción tanto en cuanto al modelo de
política de protección social como en cuanto a garantía de los
trabajadores, así como en cuanto a la utilización de artes más
selectivas, lo cual nos supone una discriminación en cuanto a
determinados países de otras zonas del mundo que no tienen ese nivel de
protección social y que hace que, en definitiva, entremos en la dinámica
de la competitividad con la política de protección social a los
trabajadores y, en segundo lugar, que se



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vaya a una mayor rentabilidad a costa de terminar con la fauna marina.

Este estado de cosas está propiciando que las importaciones de pescado al
mercado de la Unión Europea se hayan incrementado en los últimos tres
años en un 128 por ciento, mientras que los intercambios
intracomunitarios han aumentado de forma muchísimo más débil.

Así, entre los años 1986 y 1992 la tasa de cobertura del mercado español
ha descendido del 55 al 25 por ciento. Por ello vemos en peligro el
principio fundamental de la preferencia comunitaria, puesto que en el
sector de la pesca se ve todavía con mayor crudeza esta gran implantación
de un mercado liberalizado, de una política liberal, que está originando
verdaderamente un gran desastre en cuanto que afecta a los pequeños
productores, a las pequeñas industrias pesqueras tanto del sector
estractivo como comercializador de nuestro país. Por ello vemos una
brusca internacionalización de los mercados pesqueros sin atender a las
diferencias que existen en las condiciones, repito, sociales,
productivas, medioambientales que hay entre los diferentes países
relacionando a la Unión Europea con países latinoamericanos, con países
asiáticos.

Por tanto, lo que nuestro Grupo Parlamentario plantea en las tres
propuestas de resolución sería lo siguiente: que Europa vaya a una
política de defensa de la preferencia comunitaria y que a través de la
Ronda Uruguay del GATT se establezca una cláusula social, porque los
europeos lo que podemos exportar es una política de protección social, un
bienestar social para las capas sociales más desfavorecidas. En
definitiva, aparte de que eso lo podamos hacer los europeos y los
españoles, la Unión Europea --y España debe defenderlo-- necesita
establecer unos aranceles adicionales para que no nos veamos sujetos a
una política por terceros países cuyas condiciones sociales, laborales,
medioambientales son muy diferentes y que hace que la dinámica
competitividad-bienestar social se balancee más hacia la competitividad
que hacia el bienestar social.

Nosotros creemos que sería oportuno fijar mecanismos reguladores
variables, unas exacciones reguladoras variables, puesto que lo que la
Comunidad ha venido haciendo en los últimos años ha sido insuficiente. Se
han fijado unos precios de referencia en cuanto a la entrada de productos
pesqueros de terceros países pero son verdaderamente inexactos y no
ajustados a la realidad de los precios en el mercado europeo y por ello
nosotros creemos que sería oportuno fijar unas exacciones reguladoras en
función de cómo se encuentre el mercado europeo pesquero en cada uno de
los productos, de forma que la exacción que fijara la Unión Europea
pudiera variar al alza o a la baja en función del precio existente en el
mercado europeo y, asimismo, garantizar la preferencia comunitaria
respecto a terceros países.

Nos parece oportuno también el que se impida la comercialización en el
mercado de la Unión Europea de especies y de productos pesqueros que
hayan sido capturados por flotas de terceros países incumpliendo los
acuerdos internacionales en materia de conservación de «stocks»
pesqueros. Por ello iría en la línea de la proposición de ley que ayer
planteamos, pero con un carácter más general atañente a todo el comercio
mundial, de impedir la comercialización a aquellos países que no respetan
los acuerdos internacionales en cuanto a los totales admisibles de
captura (TAC) y las cuotas adjudicadas a cada uno de los estados, dado
que los excesos que en ellos se produzcan impiden el que Europa se pueda
proteger, y por ello proponemos sancionar con la prohibición de
comercialización de las importaciones cuando se produzcan dichos
incumplimientos.

Por último, señor Presidente, quiero manifestar que nuestro Grupo
Parlamentario en la tercera propuesta de resolución reitera una cuestión
que ya ha aprobado esta Cámara en una proposición no de ley que se
debatió el pasado mes de junio, en la que lo que pretendemos es
establecer un mínimo común denominador, una homogeneización de la
normativa en cuanto a las tallas, en cuanto a las condiciones
técnico-sanitarias, las condiciones de presencia, de frescura, etcétera,
que han de tener las especies, los productos pesqueros que se van a
comercializar en el mercado de la Unión Europea, puesto que,
evidentemente, vemos que países que, repito, tienen otras condiciones
sociales, otras condiciones medioambientales, utilizan artes de pesca que
están prohibidas en el ámbito de la Unión Europea y ese pescado que no
puede ser capturado por parte de la Unión Europea ni puede ser
comercializado en la Unión Europea por parte de las flotas europeas es
comercializado en el mercado europeo cuando proviene de terceros países.

Por tanto, es necesario complementar la preferencia comunitaria con el
establecimiento de un mínimo común denominador en el ámbito de la Unión
Europea en cuanto a tallas y condiciones técnico-sanitarias.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, el señor don Pere
Vidal, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor VIDAL I SARDO: Permítanme hacer también una breve introducción
general antes de entrar en la defensa de nuestras propuestas de
resolución.

El día 23 de septiembre de 1993, recién iniciada la legislatura, todos
los Grupos parlamentarios, entendiendo que el futuro de nuestra
agricultura dependía en buena medida del resultado final de los Acuerdos
del GATT, hicimos un esfuerzo por consensuar una moción en torno a una
propuesta inicial de nuestro Grupo parlamentario con abundantes --sea
todo dicho tal como sucedió-- incorporaciones de todos los demás Grupos,
de modo que las resoluciones acordadas adquirían así y debido a esto
fuerza de directrices o de exigencia mínima al Gobierno y a nuestros
negociadores comunitarios para garantizar la defensa de los intereses de
nuestro sector agrícola y pesquero.

Buena parte de aquellos objetivos generales que contenía la moción, junto
con el memorándum del Gobierno español y francés, sirvieron sin duda para
mejorar y modificar los Acuerdos de Blair House, logrando que estos
acuerdos finales del GATT respetaran mejor la nueva política agraria
común incorporando importantes mejoras, como la ampliación de
calendarios, para el ejercicio de la preferencia



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comunitaria y una aplicación más ventajosa respecto a los productos que
carecían y que carecen de OCM reformada. Se logró el incremento de
duración de las cláusulas de paz, etcétera, y la aceptación de los
compromisos adquiridos en el Consejo Jumbo de Ministros, como los de
solidaridad financiera en las OCM pendientes de reforma, incluida la del
vino, compromisos y mejoras de los que pienso que debemos felicitarnos,
pero cuyo cumplimiento deberá ser exigido escrupulosamente por nuestros
representantes en las instituciones europeas, para lo que, a nuestro
juicio, es imprescindible reinstaurar aquel consenso parlamentario para
que actúe de nuevo de reforzamiento de las posiciones españolas frente a
posibles recortes presupuestarios europeos y respecto a las OCM
pendientes de productos mediterráneos y respecto a la adaptación de las
OCM reformadas.

Por lo tanto, respetando las valoraciones positivas de las consecuencias
del GATT emitidas por la propia Unión Europea y en el comunicado que ha
emitido el Gobierno, podemos afirmar que determinados sectores tendrán
dificultades en competir en los mercados internacionales, que el impacto
del GATT sobre el sector agrario se prevé más grave por causa del
incremento de las importaciones que por disminución de las exportaciones
y todo en su conjunto significará o significa ya un cambio radical en los
modelos de las explotaciones agrarias, lo que obligará al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, también a las demás administraciones y
al conjunto del sector agrario y pesquero, a redoblar sus esfuerzos de
ajustes estructurales, de competitividad, de eficacia y de calidad.

Por otro lado, podemos afirmar que tan importantes para nuestra
agricultura serán las repercusiones de los compromisos del GATT como
aquellas medidas que seamos capaces de arbitrar en nuestra política
agraria, así como aquellas que se concerten mediante la negociación en el
seno de la Unión Europea. Es imprescindible definir y concertar los
objetivos prioritarios de modernización del sector que permitan su
viabilidad económica, social y de equilibrio territorial. Asimismo, es
imprescindible la información permanente a estas Cortes para hacer un
seguimiento de las negociaciones que nos facilite arbitrar las
directrices oportunas. Este importante esfuerzo de información es
necesario que llegue también a los agricultores y que comprenda los
efectos previstos en los acuerdos del GATT sobre cada una de las
producciones agrarias, la modificación de la PAC, las nuevas líneas de
ayuda y subvención y los mecanismos de penetración de nuestros productos
en todos los mercados no comunitarios. Este esfuerzo de información está
contemplado en nuestra primera propuesta de resolución, la número 22 del
conjunto de todas las resoluciones.

La resolución número 23 insta al Gobierno a defender íntegramente
aquellos compromisos acordados en el Consejo de Ministros que hubo
respecto a la reforma de las OCM pendientes y referidas a los productos
mediterráneos, aplicándoles los mismos principios que rigen para las ya
reformadas. En la relación de producciones que citamos en el texto que
obra en poder de SS. SS. solicitamos que se añada también el arroz.

La número 24 propone potenciar la modernización de las estructuras
agrarias, incidiendo en las técnicas de producción de calidad y de
comercialización, para lo que se propone que se incrementen las
dotaciones presupuestarias, frase esta última que sustituiríamos por
«promover líneas de acción destinadas a incrementar la competitividad».

La resolución número 25 propone compensar el coste que deba pagar la
agricultura española por causa de las exigencias del GATT, actuando sobre
el marco fiscal y legislativo, que impida el progresivo abandono de la
actividad agraria y favorezca su modernización, adecuándola a las
estructuras comunitarias. Nuestro Grupo considera esencial esta propuesta
para garantizar el futuro del sector, pero, al hallarse incluida en
iniciativas parlamentarias --por ejemplo, en la Ley de Modernización de
Estructuras Agrarias, que se halla en trámite--, hacemos un voto de
confianza y la retiramos, con la esperanza de que será ampliamente
contemplada y consensuada en las citadas leyes.

La resolución número 26 pretende que se garanticen las rentas agrarias,
compensando las posibles reducciones de algunas producciones que se nos
exijan, pero que se compensen garantizando también el desarrollo rural y
las explotaciones competitivas.

La resolución número 27 propone el apoyo al desarrollo del sector
transformador y comercial y su vinculación con el sector productor.

La resolución número 28 requiere --dice el texto «de la Comisión
europea», que pedimos sea sustituido por «las instituciones europeas»--
de las instituciones comunitarias que se incrementen los recursos del
FEOGA para compensar los efectos del GATT.

La resolución número 29 defiende la inclusión en la OCM de frutas y
hortalizas de la resolución del Parlamento europeo que defiende las zonas
productoras de frutos secos de la Unión Europea.

La resolución número 30 propone defender la ganadería intensiva --en
concreto la avícola--, en la que modificaríamos la parte dispositiva, en
el sentido de instar al Gobierno, con el texto de la transaccional que ha
ofrecido el Grupo Socialista, que dice: «Promover las medidas oportunas
al objeto de facilitar la modernización del sector, así como, en el marco
de sus competencias, el traslado de instalaciones por razones sanitarias
de...». El resto igual que el texto.

En la resolución número 31 se defienden los controles sanitarios, la
identificación individualizada y el origen de los productos cárnicos.

La resolución número 32 propone la modificación, adaptación e incremento
de las ayudas a la exportación.

La resolución número 33 propone que se incremente la colaboración con las
comunidades autónomas durante las negociaciones en el seno de la Unión
Europea, especialmente con aquellas comunidades autónomas en cuyo
territorio predominan ciertas producciones que puedan resultar afectadas
por acuerdos comunitarios posteriores; por ejemplo, naranjas, pesca,
plátanos, frutos secos, etcétera, que afectan prioritariamente más a unas
comunidades autónomas que a otras.




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Respecto a las propuestas de resolución de los demás Grupos
parlamentarios, votaremos favorablemente aquellas que son coincidentes
con las de nuestro Grupo y aquellas que, de alguna forma, las
complementan y que diremos en el momento que se nos indique por parte de
la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vidal.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a través de las propuestas
de resolución que plantea en el día de hoy a esta Cámara, refleja también
la preocupación de nuestro Grupo en relación a las repercusiones que los
acuerdos firmados en Marraquesh pueden tener para los sectores agrícola,
ganadero y pesquero de nuestro país.

Creo que los representantes de los distintos Grupos parlamentario, hoy,
en esta sesión de la Comisión de Agricultura del Congreso, estamos, de
alguna manera, reflejando la inquietud de todo el sector respecto a las
repercusiones que estos acuerdos tendrán sobre nuestro mundo rural.

Pensamos que la preocupación viene dada, fundamentalmente, porque si bien
la reforma de la PAC ha garantizado y garantiza hasta el momento actual
que las producciones continentales son objeto de ayudas directas, de
mantenimiento de la renta y otras medidas de acompañamiento, por el
contrario las producciones mediterráneas todavía no han sido objeto de
reforma, lo que hace que para grandes sectores de nuestro país exista
esta gran preocupación.

De cualquier manera, creemos que hay margen para compensar los
sacrificios que puedan producirse en la Unión europea, de tal forma que
estos costes sean repartidos equitativamente entre los distintos
territorios y sectores. Por ello nuestra principal preocupación y la
instancia que hacemos al Gobierno es la de que ese margen que existe sea
aprovechado al máximo.

Nos preocupa fundamentalmente que de estos acuerdos firmados en
Marraquesh no resulte otra vez lo mismo, es decir, que se incremente la
distancia entre aquel modelo de agricultura que se basa en la explotación
familiar agraria, que sobrevive penosamente y con muchas dificultades, o
sea, que cada vez se haga más evidente la diferencia que hay entre ese
modelo de producción y otros modelos que son mucho más intensivos y
basados en la agricultura más industrial.

Pensamos que el objetivo de la PAC, entre otras cosas, era asentar a la
población en el territorio, conseguir un equilibrio territorial y que la
renta de los agricultores, los que tienen vocación de continuar en este
sector, puedan hacerlo, ya que de estos acuerdos no pueden salir
perjudicados, sino que, en todo caso, los máximos esfuerzos tienen que ir
dirigidos a que ese tipo de agricultura pueda ser fomentada.

Del estudio de nuestra resoluciones se puede también entrever nuestra
preocupación por los países pobres del tercer mundo, que, según los
distintos estudios --está manifiestamente comprobado--, van a salir
perjudicados, por cuanto son importadores netos de alimentos. En tal
sentido, una de nuestras resoluciones va encaminada a que el Gobierno
español haga también los máximos esfuerzos a nivel internacional para que
estos países puedan salir adelante después de los acuerdos firmados en
Marraquesh.

Paso, a continuación, a exponer las resoluciones que plantea Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

La primera resolución es la de instar al Gobierno para que, antes del 30
de noviembre del presente año, nos proporcione un informe en el que, con
profundidad y detalle, por sectores, tanto agrario, ganadero como
pesquero, se especifiquen las previsiones que el Gobierno español tiene
sobre las repercusiones que en cada uno de los sectores van a tener los
acuerdos firmados en Marraquesh. Este informe debe incluir también las
diferentes alternativas existentes para la implementación de los
acuerdos, así como las diferentes medidas de acompañamiento posibles,
tanto a escala comunitaria como estatal.

En segundo lugar, instamos al Gobierno para que abra, a la mayor brevedad
posible, un proceso de información y de debate político y social. En ese
sentido, nosotros tenemos la pretensión de que el debate que hoy estamos
realizando en esta Cámara sea el inicio de un amplio debate que se lleve
a cabo entre los sectores agrario, pesquero y ganadero de nuestro país,
para que los sectores implicados puedan conocer con profundidad las
repercusiones que van a padecer esos distintos sectores y, por otra
parte, puedan ir, asimismo, preparándose, planificando y programando sus
producciones para aquellas alternativas que les puedan ser más rentables
en su actividad.

Como he manifestado en la intervención preliminar, si por alguna cosa
estamos preocupados es por el tema de que hay organizaciones, como hemos
debatido intensamente durante el anterior período de sesiones, las
organizaciones comunes de mercado del vino, del azúcar, de frutas y
hortalizas, que no han sido modificadas, que el presupuesto comunitario,
al parecer por la propuesta que hay de la Comisión sobre la reforma del
vino --que es la primera que tenemos entre manos, después tenemos también
la de frutas y hortalizas, pero está fundamentalmente la del vino--, ha
quedado muy escaso con las medidas que se han adoptado con los productos
continentales, y en ese sentido podemos prever que habrá una lucha fuerte
por parte del Gobierno español, a la cual estamos dispuestos a colaborar,
para que haya presupuesto con fondos comunitarios para que todos esos
sectores puedan tener las mismas ayudas que han tenido los de las
organizaciones comunes de mercado ya reformadas.

En tercer lugar tenemos una propuesta de resolución que va encaminada a
que todas las medidas de ayudas, subvenciones y mejoras se modulen de tal
manera que vayan a favorecer fundamentalmente a las explotaciones
familiares agrarias, que se las incentive, que se proporcione las
condiciones para que puedan ser rentables y que de esa manera se
garantice el que aquellos que tienen vocación de



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continuar con su trabajo profesional en el mundo agrario puedan hacerlo.

En ese sentido pensamos que la ley de modernización es fundamental para
que entre todos los Grupos Parlamentarios podamos aportar lo mejor para
que las políticas vayan encaminadas a la potenciación de ese modelo de
explotación familiar agraria, que de hecho es el que va a dar y está
dando vida al mundo rural y puede posibilitar el que continúe.

La siguiente proposición va encaminada a lo que he dicho anteriormente de
que el Gobierno español sea solidario. Nosotros vamos a tener problemas
como país para que nuestras producciones, para que nuestros profesionales
del campo puedan tener explotaciones rentables, pero hemos de pensar que
si a alguien va a afectar negativamente va a ser a los países pobres del
tercer mundo. En este sentido instamos al Gobierno a que, en primer
lugar, adopte medidas compensadoras, a través de acuerdos con organismos
internacionales, para que se avance hacia un nuevo orden comercial en el
que estos países del tercer mundo puedan tener voz propia y puedan entrar
en el camino del desarrollo. En segundo lugar, contribuir a que,
progresivamente, los trabajadores de países del tercer mundo puedan
acceder a los derechos sociales plasmados en las leyes laborales a las
que los países desarrollados hemos ido accediendo a lo largo de los años.

La mejor manera de luchar contra el «dumping» social será contribuir por
parte de nuestro Gobierno para que se implementen políticas
sociolaborales en la misma línea en los países del tercer mundo, pero,
como somos conscientes de que este es un largo camino, instamos al
Gobierno a que en los Presupuestos Generales de este año ya se vaya hacia
el 0,7 por ciento del producto interior bruto para destinarlo como
recurso público a la solidaridad con los países más pobres de la tierra
para contribuir a proyectos de transformación, y en ese sentido queremos
decir que saludamos muy satisfactoriamente las declaraciones del
Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura que ha dicho que en su
comunidad estarían dispuestos ya en los presupuestos de este año a
cumplir el 0,7 para solidaridad con el tercer mundo.

Finalmente, señor Presidente, señorías, la última resolución es la que
quiere incidir en que nuestra industria agroalimentaria sea potenciada
por parte de las instituciones públicas. Pensamos que nuestra industria
agroalimentaria está llevada ahora fundamentalmente por empresas
multinacionales. Nosotros no compartimos la opinión del anterior Ministro
de Agricultura, en el sentido de que le es igual una empresa española que
una empresa alemana, ya que todas somos comunitarias. No estamos en
absoluto de acuerdo. Pensamos que es importantísimo fomentar, impulsar e
incentivar la industria agroalimentaria propia de nuestro país, porque
genera puestos de trabajo estables en nuestro país, porque tienen más
voluntad de permanencia en un territorio y porque puede incrementar la
renta de los agricultores en el sentido de contribuir a que el valor
añadido se quede en nuestro territorio y no vaya hacia otros países.

Somos comunitarios, pero está clarísimo que cada país está luchando para
tener una industria agroalimentaria fuerte y nosotros también.

La última parte de la resolución va encaminada a que haya un impulso
decidido a fortalecer las cooperativas de transformación y
comercialización. Esto se propone en el mismo sentido y con el mismo
objetivo que lo anterior, que este valor añadido que se le da a los
productos agroalimentarios vaya encaminado al profesional de la
agricultura, y en este sentido pensamos que debe haber un esfuerzo
importante en la formación, en el reciclaje de los agricultores y en la
posibilidad de que puedan comercializar y transformar sus propios
productos.

Nada más, señor Presidente. Solamente quiero añadir que nuestro Grupo
espera que después de este debate que estamos celebrando hoy aquí en el
Congreso el Gobierno pueda, quiera llevar a cabo lo que nosotros
planteábamos en nuestra primera propuesta de resolución, en el sentido de
que a partir de ahora se inicie un debate político y social con las
organizaciones profesionales agrarias, con todos los sectores implicados
para que haya en todo esto un proceso de gran transparencia y para que
todos los sectores implicados puedan estar en el día a día completamente
informados sobre las repercusiones que va a tener la aplicación de esos
acuerdos y puedan planificar y programar sus actividades.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Ramírez
para presentar las propuestas del Grupo Popular.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, posiblemente este sea el
debate más importante que la Comisión de Agricultura del Congreso pueda
realizar en el transcurso del año 1994. Estamos intentando hacerle llegar
al Gobierno y a la opinión pública, a la sociedad a la que pretendemos
representar, y de hecho creo que representamos, cuál es la posición de
los Grupos Parlamentarios en relación a un elemento trascendental que se
ha incorporado en la vida económica de la agricultura española, cual es
la aplicación sobre nuestro sector de los acuerdos adoptados en el seno
de la Ronda Uruguay que por primera vez aborda en el GATT el sector
agrario mundial.

Estos acuerdos --hay que tenerlo presente-- hacen referencia a una
reducción importante de las ayudas materiales, las ayudas internas de la
Comunidad Económica Europea en relación con el sector, hacen referencia a
la apertura de los mercados comunitarios a productos procedentes de
terceros países y, finalmente, establecen unas limitaciones importantes
en nuestra capacidad de vender productos agropecuarios con ayudas o con
subvenciones, con restituciones a la exportación.

Por tanto, señor Presidente, nos encontramos ante unas nuevas reglas de
juego que van a cambiar sustancialmente aquellas a las que hacíamos
referencia cuando España negociaba su integración en la Comunidad
Económica Europea, cuando planteamos el hecho comunitario como un
referente constante y permanente en los anhelos de la agricultura
española. Han cambiado sustancialmente las reglas de juego y es natural
que pretendamos adecuar este cambio a la realidad agraria española,
exigir al Gobierno un cambio sustancial en la estrategia de nuestra
defensa de intereses



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y en la ubicación de la agricultura española, la difícil y compleja
agricultura española, en las instituciones comunitarias.

El documento del Gobierno que sirve a este debate, creo que la mayoría de
los Grupos Parlamentarios lo han calificado ya previamente, es un
documento insuficiente. Realmente es inexplicable que el Gobierno, en
escasamente catorce páginas, nos remitiera su voluntad, su juicio, sus
elementos de análisis de lo que significa el acuerdo adoptado en el seno
del GATT para la agricultura española.

Es natural, por tanto, señor Presidente, que este debate, en algunos
Grupos Parlamentarios, en concreto en el mío, haya suscitado importancia,
haya merecido análisis y trabajos importantes y se haya transformado en
unas propuestas de resolución abundantes, expresas, explícitas y llegando
a detalles, porque entendemos que con la solución de los detalles
alcanzaremos la plenitud del ejercicio de nuestros derechos en el
interior de las instituciones comunitarias.

Nuestras propuestas de resolución, señor Presidente, tienen nueve puntos
de carácter general, porque entendemos que la agricultura es una faceta
importante de la economía española, y nada avanzaríamos en la defensa de
nuestros intereses concretos de carácter agropecuario si no planteáramos
en paralelo elementos obligatorios que, a nuestro juicio, exigen que la
economía española, la dirección política económica, cambia
sustancialmente para adecuar a esta nueva realidad competitiva el tejido
productivo español.

Por tanto, hay ocho puntos iniciales de carácter general que hemos
repetido en todas las comisiones sectoriales del Congreso de los
Diputados como una referencia constante al quehacer del rotundo cambio
que, a nuestro juicio, exige la política económica española, desde el
cambio del modelo económico a las cotizaciones a la Seguridad Social, la
promoción del comercio exterior, del que tanto se abastece la economía
agraria, formación profesional y elementos que restringen la competencia.

Pero a partir del punto nueve nuestro Grupo ha hecho un esfuerzo
importante por establecer un debate, a través de nuestras propuestas de
resolución, en relación a lo que entendemos debe llevarse a efecto en el
seno de la agricultura y de la ganadería españolas. Por tanto, señor
Presidente, en el punto nueve hay unas referencias de carácter vertical
que afectan al sector y que hacen referencia al IVA que en este momento
grava la alimentación. Hemos tenido un proceso inflacionario importante
el pasado mes de agosto; uno de los elementos que se han barajado como
culpables del mismo ha sido la alimentación, y este país sigue
manteniendo un IVA, posiblemente el más alto de la Comunidad Económica
Europea, que grava el consumo alimentario español. Ahora que tiene que
liberalizarse ese intercambio y entrar en una más libre competencia con
otros sectores productivos, tenemos una fiscalidad que grava nuestros
aprovisionamientos, que aleja la productividad de nuestro sector en
relación a aquellos con los que inmediatamente tiene que entrar en
colisión. Tenemos una fiscalidad que grava la capacidad productiva de
nuestra tierra que en nada se parece a la nueva realidad establecida en
la reforma de la política agraria común y a la realidad subyacente de los
acuerdos del GATT.

Tenemos problemas sanitarios, carecemos de un programa de formación
profesional y en las instituciones comunitarias carecemos de una
declaración general de un objetivo, cual es el de que la superficie
agraria española, bien en el sur, bien en el centro o bien en el norte,
pero sistemáticamente todos los años, tiene un problema de sequía que es
desconocido en la realidad normativa comunitaria. Acaba de incorporarse
Finlandia al contexto comunitario y ha obtenido que la zona ártica sea
reconocida como objetivo estructural a la hora de confeccionar los
programas de aplicación de las políticas agrarias, y en cambio España ha
sido incapaz hasta ahora de plantear seriamente y de lograr de las
instituciones comunitarias que se reconozcan que la sequía es algo
consustancial a la realidad geográfica y climática española. De ahí los
elementos que luego se derivan de la aplicación del día a día en nuestra
política agraria. La sequía, señor Presidente, debe ser un elemento se
referencia a la hora de establecer las políticas agrarias.

Como el Gobierno, en su breve documento, también entró en análisis
sectoriales, es natural que nuestro Grupo haya intentado plantear, no de
una forma exhaustiva pero sí de una forma indicativa, cuáles serían
nuestras alternativas sectoriales para entender que nuestra nueva
situación en el marco comunitario, producida no solamente por el GATT
sino también por la reforma de 1992, exige en favor de la agricultura
española una nueva ubicación que permita adecuar esta realidad productiva
a la nueva realidad normativa.

En cereales, señor Presidente, es sabido --y los hemos defendido en esta
Cámara el Grupo Parlamentario Popular-- que no estamos ubicados en
función de nuestra realidad productiva. Los pesos específicos exigidos en
la normativa comunitaria son imposibles de alcanzar por la gran mayoría
de las producciones de cebada del interior español. No tenemos suficiente
superficie de trigo duro, cuando ahora hemos visto con admiración cómo
países como Francia han obtenido un considerable aumento de su superficie
y, en cambio, la realidad española, desgraciadamente, se ha tenido que
compensar con escasas 20.000 hectáreas que no vienen a resolver la
vocación agraria de trigo duro que tiene gran parte de la superficie
española. Echamos de menos que la sequía --y vuelve a parecer este
sistema-- está contemplada a la hora de poder cambiar superficies,
destinos, regadíos, tierras que están bajo un soporte normativo y que
desgraciadamente la sequía hace imposible su continuación, y ese elemento
de falta de estructura normativa vuelve a replantearse en el tema de los
cereales.

Necesitamos aumentar y desdogmatizar dentro de la política agraria común
el tema de nuestra siembra de leguminosas, y finalmente tenemos que
controlar de una forma estricta el régimen de perfeccionamiento activo de
la importación de arroces, que está provocando una grave distorsión en
nuestro mercado.

En relación a frutas y hortalizas, la futura reforma anunciada y ya
conocida en parte de este sector exige que nuestro Gobierno tenga
constancia de que no se puede llevar a



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efecto la reforma aunque significara el más mínimo retroceso de la
realidad actual española, y dentro de esa reforma se tienen que
actualizar elementos como los calendarios, siendo mucho más tempranas las
producciones españolas, lo cual no estaba contemplado en la antigua
reforma que estaba en vigor antes de la incorporación de la agricultura
española a la Comunidad. Tenemos que aprovechar la reforma para aprobar
una OCM específica para los frutos secos, vieja reivindicación española y
vieja reivindicación del Grupo Parlamentario Popular y de otros grupos
parlamentarios que hemos demostrado en esta Cámara que no podemos tener
marginada una parte de la agricultura española, que es la de los frutos
secos, sin tener un entronque en una normativa comunitaria. Hemos de
aprovechar la reforma de la OCM de frutas y hortalizas para eliminar la
marginación de seis productos españoles que no son comunitarios en estos
momentos.

Finalmente, en relación a los frutos tropicales, que reciben un magnífico
tratamiento por parte de los compromisos del GATT, de tal forma que
países productores de frutos tropicales van a encontrar una sensible
rebaja arancelaria en su circulación comercial hacia los consumidores
comunitarios, hay que recordar al Gobierno español que tenemos cuatro o
cinco provincias en el sur de la Península en las que se producen frutos
tropicales y, por tanto, esa nueva situación arancelaria va a perjudicar
muy directamente nuestros intereses.

En relación a las grasas vegetales, y en especial al aceite de oliva,
vamos a esperar a conocer la posición del Grupo Parlamentario Socialista,
que ha anunciado una enmienda a los puntos que se contienen en las
propuestas de resolución, y en función de esa enmienda plantearíamos el
mantenimiento de nuestro texto o, por el contrario, la aceptación de las
propuestas alternativas.

En vinos, señor Presidente, es conocida la posición del Grupo
Parlamentario Popular, defendida en esta Comisión. Gracias a la
generosidad del resto de los grupos parlamentarios, logramos una posición
unánime de la Comisión de Agricultura en relación al vino. A ese debate
nos remitimos, pero en relación con las competencias internas exclusivas
del Gobierno español creemos necesario, a la vista de la liberalización
que se contiene en los acuerdos del GATT, hacer un esfuerzo importante en
relación a la fiscalidad que grava el vino. Hemos contemplado todos cómo
se ha reducido el consumo de vino, todos hemos buscado las causas de esa
reducción del consumo, y posiblemente --no exclusivamente, pero sí
posiblemente-- una de las causas que están coadyuvando a esa reducción
del consumo en el comercio interior español sea la alta fiscalidad que el
vino tiene a efectos de la contemplación de su consumo como elemento de
lujo. Es inaceptable que tengamos una IVA del 15 por ciento y, en cambio,
los hoteles de cuatro y cinco estrellas estén solamente sujetos a un IVA
del 6 por ciento. Es una vieja aspiración del Grupo Parlamentario Popular
que el IVA que grava el consumo del vino se reduzca a los elementos que
contienen en nuestra proposición.

En el algodón, señor Presidente, es conocida nuestra postura. Tenemos que
desligarnos de una cuota de producción europea que compartimos
exclusivamente con Grecia. Todos sabemos el fraude que existe en las
producciones griegas, que por no tener no tienen ni catastro de rústica.

Por tanto, difícilmente podemos tener unas referencias objetivas en
relación con superficies, rendimientos, etcétera. Esta falta de cupo
español está sancionando directamente los intereses españoles, a los
productores de algodón ubicados en el sur de la Península. Es hora de que
exijamos de una forma clara y fuerte, en el seno de las instituciones
comunitarias, un cupo de producción de algodón en la cifra que figura en
nuestra proposición.

En relación con el azúcar, el informe del Gobierno habla de que
posiblemente se tenga que afrontar una reforma de esa OCM. Por eso hemos
hablado nosotros de la aparentemente necesaria reforma de la OCM del
azúcar. Si esa reforma se lleva a efecto, señor Presidente, entendemos
que con el texto que planteamos como propuesta de resolución
garantizaríamos la defensa de los intereses españoles, especialmente de
los agricultores de remolacha ubicados en las mesetas del interior, que
no tienen alternativas productivas.

En relación con la carne de vacuno, señor Presidente, tenemos que obtener
la reducción, en el plazo temporal que tienen los machos de vacuno, a la
hora de cobrar la subvención. El alargamiento en el tiempo para poder
cobrar la subvención va contra los intereses españoles. Solamente estamos
logrando con esos plazos actualmente en vigor la existencia de ganado que
se está alimentando en el norte de Europa con destino a la intervención,
animales de mil kilos de peso cuyo destino exclusivo es su sacrificio y
pase a los almacenes de la intervención. La estructura productiva
española, nuestras razas, la adecuación pastos-alimentación artificial
nos permiten exigir una sustancial rebaja en el plazo máximo temporal
para recibir la ayuda, así como revisar el censo a la hora del cálculo de
la prima de sacrificio, habida cuenta del esfuerzo que hemos tenido que
realizar para adecuarnos a la nueva normativa comunitaria.

En cuanto a la carne de porcino --y, efectivamente, nos habíamos
equivocado a la hora de poner carne de cerdo en el encabezamiento de
nuestra propuesta de resolución--, hay un elemento importante, señor
Presidente. ¿Por qué se ha excluido la ganadería extensiva de cerdo
ibérico español de la posibilidad de percibir ayudas a la ganadería
extensiva que reciben los otros grupos ganaderos? Hay una ayuda al ovino,
hay una ayuda al bovino y, en cambio, algo característico de nuestra
ganadería, algo consustancial a la geografía ganadera española que
participa de nuestro paisaje, está excluido de la percepción de estas
ayudas. Entendemos que, a la vista de las nuevas circunstancias del GATT,
a la vista de los nuevos aprovisionamientos a que ha obligado la
Comunidad Económica Europea y que el informe del Gobierno valora como
importantes y que pueden desestabilizar en algunos momentos la cresta de
la ola de los precios ganaderos de porcino en el interior de la
Comunidad, si ahora nos obligamos a recibir esas cantidades, es obvio,
señor Presidente, que debemos de plantear seriamente la percepción de la
ayuda directa a la cabeza de porcino extensivo que tenemos pastando en el
territorio.




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Hemos de luchar urgentemente por la eliminación de nuestras fronteras y
exigir un mayor control sanitario en las fronteras españolas para
garantizar que el importante esfuerzo que hemos hecho en todas las
regiones en favor de la sanidad del porcino español no se desbarate por
algunas debilidades a la hora de exigir controles sanitarios.

Respecto a la leche, señor Presidente, es conocida la postura del Grupo
Parlamentario Popular. Hemos rechazado sistemáticamente desde 1986 la
cuota de leche asignada a España por insuficiente, por marginadora, por
insolidaria, por condenar a la pobreza a las regiones productoras de
leche españolas. Es consecuente con nuestra política, es consecuente con
los nuevos compromisos del GATT y es consecuente con la lucha en favor de
las explotaciones familiares de las zonas marginales, de las zonas de
montaña. Es natural, señor Presidente, que el Grupo Parlamentario Popular
y esperemos que el resto de los grupos parlamentarios, colaboren y
apuesten porque el Gobierno español plantee enérgica y urgentemente el
aumento de la cuota lechera española, de tal forma que alcancemos entre
750.000 y un millón de toneladas, un nuevo marco de referencia que
permita que las zonas productoras encuentren un elemento normal de
continuidad en su actividad económica.

Y algo importante respecto a los derivados de la leche, especialmente el
queso. El acuerdo del GATT reconoce un sustancial aumento en los
aprovisionamientos, procedentes de terceros países, de productos
derivados de la leche, especialmente del queso y, en paralelo, se exige
una sustancial modificación de nuestras exportaciones subvencionadas,
reduciendo la cantidad a la que normalmente nos habíamos acostumbrado
como elemento de referencia de eliminación de nuestros excedentes. Eso
exige, señor Presidente, a nuestro juicio, que las autoridades
comunitarias, instadas por las autoridades nacionales, pongan en marcha
un plan que permita educar a los consumidores en el consumo de los
derivados de la leche, especialmente queso, algo fundamental en los
gustos y en la gastronomía española, pues no tenemos los estándares de
consumo de queso que tienen otros países comunitarios.

Respecto al sector pesquero, señor Presidente, nuestros puntos son
conocidos, han sido defendidos sistemáticamente en las intervenciones,
comparecencias e iniciativas parlamentarias que mi Grupo ha defendido en
el Congreso.

Nosotros no estamos de acuerdo con la marginación española hasta el año
2002 de la política pesquera común. Creemos que ha llegado el momento de
dejarnos de individualidades, de marginaciones. El Gobierno tiene que
exigir la plena incorporación de España a la política azul e impedir la
marginación de que estamos siendo objeto. Cuando se negocien tratados con
terceros países no podemos seguir tan marginados como hemos estado hasta
ahora en la política y estrategias comunitarias. Somos la primera
potencia pesquera de la Comunidad y, por lo tanto, nuestra presencia en
las instituciones comunitarias, desde el comisario correspondiente hasta
las direcciones generales, a la hora de tomar decisiones en el seno de la
Comunidad, se tiene que reforzar. No podemos seguir con la marginación de
que hemos sido objeto.

No creemos que los sistemas de primas al almacenamiento sean los mejores
en este momento. Además, creemos que para medir el esfuerzo pesquero
español y para velar por la recuperación biológica de caladeros y la
fijación de objetivos de mortalidad las licencias deben de tener una
orientación individual, más que globales de carácter nacional, ya que así
podría prevalecer el esfuerzo pesquero español. De ahí que exijamos su
modificación.

Finalmente, señor Presidente, y en coincidencia con otros grupos
parlamentarios, creemos que se deben fortalecer en el interior de la
Comunidad los sistemas de control, investigación, penalización; en
definitiva, la facultad sancionadora de las instituciones comunitarias,
que se ha echado de menos en los recientes conflictos de los que hemos
sido testigos en el último verano.

En resumen, señor Presidente, termino como empecé. Ha cambiado
sustancialmente el marco de referencia de la política agraria común
después de los compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay y en el acuerdo
alcanzado en diciembre de 1993. Nada va a ser como antes. Nuestra
agricultura se va a tener que abrir a los abastecimientos de terceros
países, se tiene que limitar en su salida al exterior y el montante de
las ayudas comunitarias, el esfuerzo presupuestario comunitario, tiene
que bajar sustancialmente en los próximos años.

España, la agricultura española, la ganadería española, no pueden
contemplar estos cambios desde una posición de un idealismo moderado o
decir, como dice el Gobierno en su informe que aquí no pasa nada y hemos
salido muy beneficiados con estos acuerdos. Nosotros creemos que esta
realidad ha cambiado sustancialmente y estamos en un momento procesal
oportuno, como dirían los técnicos, de plantear las reivindicaciones
españolas y de efectuar los cambios que la agricultura española exige. De
no llevarse a efecto, señor Presidente, lamentaríamos que dentro de unos
meses todos echáramos en falta las circunstancias que ahora estamos en
condiciones de plantear.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para presentar las propuestas de resolución del
Grupo Socialista, el señor Roncero tiene la palabra.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: En primer lugar, quisiera manifestar en
nombre de mi Grupo nuestra satisfacción por el clima en que se está
desarrollando este debate y en el que también se han desarrollado los
anteriores que hemos tenido sobre los aspectos que introduce el GATT en
la realidad agraria y pesquera española. Por tanto, nos felicitamos y
esperamos que ese clima de consenso, que algunos portavoces ya citaban
que se inició ahora hace prácticamente un año con aquella moción que
aprobamos en septiembre de 1993 y a la que dieron su apoyo todos los
grupos, continúe y lo veamos reflejado también hoy aquí, que seamos
capaces de renunciar a lo accesorio que pueda separarnos y buscar lo
esencial que pueda unirnos, para continuar con esas resoluciones con la
mayor unanimidad para que puedan dar la mayor fuerza y el mayor apoyo a
nuestro Gobierno y a nuestro país en las



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futuras negociaciones y en la futura andadura de la adecuación, yo diría,
no del cambio introducido por el GATT en la realidad agraria española
sino al revés, la adecuación de nuestra realidad agraria a los cambios
que introducen los acuerdos del GATT.

Nuestro Grupo ha planteado las propuestas de resolución con ese espíritu,
propuestas de resolución de tipo general, de fondo, sin entrar en
problemas concretos o sectoriales, sino que los hemos pretendido abarcar
con esas resoluciones de tipo general. Solamente hay una, que se refiere
a un sector concreto, el sector del plátano, que la hemos introducido por
la preocupación que también tiene nuestro Grupo sobre los aspectos del
reparto y distribución de licencias y su regulación. Desde luego,
compartimos esa inquietud y esa preocupación con el portavoz de Coalición
Canaria, que inició las intervenciones de este debate, y nos congratula
que acepte nuestras pequeñas correcciones a sus propuestas sobre el
tomate y sobre el plátano. Asimismo, agradecemos al portavoz de Coalición
Canaria el reconocimiento de los esfuerzos realizados por el Gobierno
para la creación y consolidación de esa OCM del plátano. El resto, como
digo, son propuestas de tipo general en las que instamos al Gobierno a
que no abandone las exigencias del cumplimiento de los acuerdos que
dentro de la Unión Europea se han reflejado tanto en la Comisión como en
el Consejo referentes al mantenimiento de los principios de la política
agraria común, de la PAC, y, por tanto, hacemos llamadas a la defensa y a
la garantía del mantenimiento de la preferencia comunitaria, de las
rentas, sin que ello pueda ser afectado por dificultades financieras. Nos
referimos a estas cuestiones en nuestra primera propuesta de resolución.

También nos referimos a los principios o a las nuevas condiciones de
acceso al mercado, a las de redistribución de la ayuda interna y a la
reducción de las exportaciones subvencionadas. Todos debemos apoyar a
nuestro Gobierno para que exija en representación de nuestro país la
introducción de nuevos mecanismos que permitan que esas modificaciones se
realicen equilibradamente en la adecuada defensa del sector agrario
español.

Después nos referimos en dos resoluciones a los sectores que pueden verse
favorecidos por un incremento o por un mantenimiento de sus exportaciones
de acuerdo con la nueva situación creada por los acuerdos, y a aquellos
otros que puedan tener dificultades por la reducción de exportaciones
subvencionadas o por el posible aumento de las importaciones. En cuanto
al incremento o al mantenimiento de las exportaciones solicitamos que el
Gobierno establezca medidas de apoyo para esos sectores que tengan esas
posibilidades, teniendo en cuenta las nuevas reglas que van a regir en el
comercio internacional en los próximos años. Respecto a aquellos que
pueden tener problemas por la reducción de exportaciones subvencionadas o
por el aumento de importaciones pedimos al Gobierno como principio
general que promueva medidas tendentes a incrementar una mejora de su
productividad, una mejora de la competitividad de esos sectores. También
pedimos y exigimos al Gobierno que utilice de forma activa, en defensa de
nuestros productos y nuestros productores, los mecanismos de la cláusula
de salvaguarda especial previstos en el Acuerdo de la Ronda Uruguay.

En cuanto a los procedimientos de adaptación de las OCM existentes, no ya
sólo de los productos mediterráneos sino de todas las OCM de los
productos agrarios, también solicitamos que se agilicen al máximo los
trámites y los procedimientos de adaptación de dichas OCM a las nuevas
exigencias derivadas de los Acuerdos de la Ronda.

Finalmente, hacemos un llamamiento al establecimiento de un mecanismo de
fiabilidad para los precios declarados en frontera de las importaciones
de productos hortofrutícolas a la UE con vistas a garantizar el correcto
funcionamiento del sistema de precios de entrada previstos.

Señorías, éstas son nuestras resoluciones que, como decía al principio,
son de tipo general, que pretenden instar al Gobierno a que afronte y
estudie las soluciones para la mejora tanto de los sectores afectados de
manera positiva o que se mantienen como para procurar eliminar los
problemas negativos que pueden afectar a los sectores que van a tener
problemas con esa reducción de exportaciones subvencionadas o con el
aumento de importaciones.

Como señalaba, no hemos entrado en el detalle de resoluciones
sectoriales, aunque sí lo hemos hecho al estudiar con detenimiento las
propuestas que han presentado los demás grupos parlamentarios a esta
comunicación del Gobierno sobre los Acuerdos del GATT.

Respecto a las propuestas de Coalición Canaria nuestro Grupo ha
presentado esas enmiendas transaccionales a sus dos propuestas que han
sido aceptadas y, por tanto, no me referiré más a ellas, ya que
entendemos que serán apoyadas por todos los grupos al ser retiradas como
tales propuestas y al aceptar las pequeñas enmiendas transaccionales que
introducíamos.

También hemos ofrecido alguna transacción al Grupo Parlamentario Vasco,
PNV, en relación con sus propuestas y vamos a aceptar en sus justos
términos algunas de ellas. Vamos a aceptar la propuesta de resolución
número 1 que se refiere a la orientación general de la PAC; vamos a votar
favorablemente esa propuesta en sus propios términos. En relación con sus
propuestas de resolución números 2 y 3 solicitaríamos del Grupo Vasco
que, al igual que ha manifestado el Grupo Catalán en otra suya referente
también a temas cuyo debate ya se inicia en la Cámara (me refiero a los
proyectos de ley que tenemos pendientes y, en especial, el de
modernización de explotaciones agrarias) pospusiera, al igual que ha
hecho el Grupo Catalán, el debate de esas iniciativas de sus puntos 2 y 3
al debate o a las enmiendas y a los posibles acuerdos y consensos que
pudiéramos buscar en esa ley de modernización de las explotaciones
agrarias.

Las propuestas de resolución números 4 y 5 pueden verse reflejadas en la
propuesta de enmienda transaccional que ofrecemos a esas propuestas del
Grupo Vasco y también a otra propuesta del Grupo Popular, que se refieren
a cultivos no alimentarios. De hecho, ya ha habido iniciativas por parte
del Gobierno en ese sentido y creo que incluso están a punto de ser
tratados por la propia Comisión delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos los



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temas de la ampliación de las superficies para productos no alimentarios.

En cuanto a los temas pesqueros que plantea el Grupo Vasco, PNV, nuestro
Grupo le ha ofrecido una enmienda transaccional a su propuesta número 7,
que esperamos que pueda ser aceptada. Por tanto, quedaría retirada esa
propuesta número 7 si se aceptaran nuestras correcciones y admitiríamos
en sus justos términos las propuestas números 6 y 8. Creo que con esto
hemos buscado el máximo acercamiento a las posiciones manifestadas por el
Grupo Nacionalista Vasco.

Respecto al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió aceptamos
sus propuestas números 22, 26, 27, 31, 32 y 33 en sus justos términos.

Hay alguna corrección que creo que ha sido introducida también por el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en cuanto a la propuesta número
23 consistente en incluir el arroz en la relación de productos que se
indica en dicha propuesta; también hay una corrección en la propuesta
número 24 consistente en sustituir «aumente las dotaciones
presupuestarias» por «promueva líneas de acción destinadas a la
potenciación», que creo que también puede ser aceptada por el Grupo
Parlamentario Catalán. En relación con la propuesta número 28 ha hecho
una manifestación que compartimos como corrección en el sentido de
dirigirse la instancia a la defensa de las instituciones comunitarias.

Respecto a la número 30, creo que ha manifestado la aceptación de nuestra
transacción que hemos presentado por escrito.

Respecto a la número 29, quisiera hacer una mención a la cita que se hace
de la resolución del Parlamento Europeo sobre el mercado y la situación
actual de los frutos secos en la Unión Europea. Quisiera aquí dejar
constancia --y creemos que será entendido por el Grupo Catalán y por
todos los grupos-- de que nos referiremos a esa resolución del Parlamento
Europeo, que es anterior a los acuerdos del GATT, en aquello que sea
compatible con el espíritu y con lo firmado en los acuerdos. En nuestra
opinión, el punto 1 de aquella resolución del Parlamento Europeo no es
compatible con la firma de los acuerdos. En el entendimiento de que nos
referimos a que se defienda aquella resolución en los aspectos que sean
compatibles con los acuerdos ya firmados con el GATT por la propia Unión
Europea y nuestro país, nuestra posición es afirmativa a la votación de
esa propuesta.

Quisiera hacer una mención que puede referirse tanto a la propuesta
número 9 de Izquierda Unida como a alguna otra del Partido Popular sobre
la petición de mayor información o de apertura de debates, que yo creo
que ya están abiertos en nuestros sectores agrarios y pesqueros. Hay
también una propuesta del Grupo Catalán, que ya hemos anunciado que
apoyaremos, que se refiere precisamente al mantenimiento continuo de un
nivel de información adecuado para los sectores y los productores que
permita su transformación y su adaptación a esta realidad que yo llamaría
interactiva. Es decir, no puede preverse, no es una foto fija el análisis
que puede hacerse de los sectores, sino que va a ir cambiando día a día y
a grandes velocidades de acuerdo con los propios cambios que se puedan ir
introduciendo para mantener y defender las producciones y los sectores en
cada país ya que se van a ir produciendo readaptaciones progresivas y
continuas. Por tanto, la información debe ser fluida pero continua, no se
puede mantener como una foto fija. Por eso nos parece bien que pueda ser
la propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió), relativa a la
información continua de los sectores, la que refleje el espíritu de la
petición de informes que hacía tanto el partido Popular como Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Desde luego, estaríamos de acuerdo en que
pueda ser de alguna manera instrumentado o llevado a cabo en las
relaciones con el Gobierno, con el Ministerio, en las comparecencias o,
de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, en cualquier momento en que
los grupos parlamentarios crean oportuno plantearlo. En ese sentido,
apoyaríamos ésa que hemos reflejado del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) y creemos que las otras dos relativas a la petición de informes
podrían estar reflejadas en ese marco de problemas de información
continua.

En cuanto a la propuesta número 10 de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, la aceptamos en sus términos en su párrafo primero: «En el
ámbito de la Comunidad Europea habrá que garantizar un reparto
equilibrado, etcétera», hasta terminar con «... no deberían lesionar de
forma injustificada los intereses generales de los agricultores
españoles»; éste sería el párrafo primero.

En cuanto al párrafo segundo, hacemos el llamamiento (el propio Grupo
Catalán, sin hacérselo, ya lo había manifestado) que hemos hecho al Grupo
Vasco de que ese debate pueda ser pospuesto a los posibles acuerdos,
principios, enmiendas concretas y mejoras que podamos introducir en la
ley de modernización, para lograr una mayor rentabilidad y apoyo a las
explotaciones familiares agrarias. Estamos de acuerdo totalmente con la
filosofía de las explotaciones prioritarias, que presentan, pero
remitamos ese debate al que ya tenemos en ciernes en la Cámara y que
debemos abordar de inmediato.

Igual puedo decir sobre el párrafo final. También tenemos a punto de ser
presentado por el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado para el
año 1995. En ese momento podremos debatir e intentar acercarnos a
acuerdos que nos permitan el incremento de nuestros presupuestos de
cooperación para ayudar a los países más pobres de la tierra y mostrar
nuestra solidaridad con ellos, como manifiesta Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Yo, particularmente, tengo que agradecer la mención que ha
hecho al gobierno autónomo de Extremadura y a su Presidente en cuanto al
deseo de introducir en nuestros presupuestos regionales la cifra del 0,7
para la ayuda al tercer mundo. La propuesta número 11 la aceptamos en los
términos en que ha sido formulada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

El portavoz del Grupo Popular ha hecho la diferencia entre cierto tipo de
propuestas y otras. Creemos que el primer bloque de propuestas de tipo
general, no sólo agrario sino desde el punto de vista de la política
económica, ha sido ampliamente debatido y votado en la Cámara en
comisiones anteriores, incluso en plenos, y en comisiones de Industria y
Economía donde también han sido tratados



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exhaustivamente con comunicaciones del Gobierno los acuerdos del GATT.

Por tanto, no apoyaríamos ahora en esta Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca esas resoluciones que pretende introducir el Grupo
Popular que ya han sido debatidas, digo, en otras comisiones.

Viendo lo más rápidamente posible el resto de proposiciones a las que
podemos ofrecer algún tipo de transacción, diríamos, como he mencionado
al principio, que las números 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 no serían
apoyadas --constituye ese bloque inicial que se refiere a temas que ya
han sido tratados. La propuesta número 20, que tiene varios apartados, yo
la enumeraría de forma diferente para entendernos mejor y facilitar las
labores de los servicios. La propuesta número 20, de acuerdo con el orden
de presentación, tiene apartados que empiezan con el número 9 y luego
9.1, 9.2, 9.3. Propongo que sea la 20-9, 20-9.1, 20-9.2, 20-9.3,
etcétera. Me referiré entonces en esos términos, No apoyaríamos la
propuesta número 20-9, apartados 1, 2 y 3. Se refieren también a temas de
fiscalidad relacionados con temas agrarios, que también pueden ser
tratados en los debates que vamos tener inmediatamente en la Cámara con
las iniciativas que hay pendientes.

En cuanto a la propuesta 20-9.4, creemos que hay una propuesta que hemos
dicho que apoyaremos, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que refleja
perfecta y ampliamente la petición de intensificación del máximo de los
controles fitosanitarios, etcétera. Creemos que podemos todos darnos por
satisfechos apoyando esa propuesta que hacía el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). No apoyaríamos la 20-9.3 ni la 20-9.5. La 20-9.4
creemos que está incluida en otra, pero podríamos votarla conjuntamente
si los servicios hacen una redacción que subsuma todo y se refiera a lo
mismo. Lo que quiero expresar es que todos tenemos ese mismo espíritu de
apoyar la intensificación de esos controles y la propuesta que tenga una
redacción más amplia y refleje mejor ese espíritu creo que es la que
debería ser apoyada por todos. Puede ser buscada, incluso, por los
propios servicios de la Cámara.

La propuesta número 20-9.5 se refiere a la formación profesional, que es
competencia de las comunidades autónomas. El Gobierno tendrá que trabajar
con las comunidades autónomas pero la responsabilidad fundamental es de
las comunidades autónomas. En ello se está trabajando y, de hecho, ahí
están los propios acuerdos a los que se puede llegar o que se están
negociando en cuanto al plan de empleo rural o subsidio agrario. Se está
incidiendo mucho en esos temas que, como digo, son competencias de las
propias comunidades autónomas en muchos casos.

A la propuesta número 20-9.6 hemos presentado una enmienda de transacción
que se refiere a los problemas de la sequía pero ampliado a temas de
catástrofes naturales, por entender el instrumento permanente de ayuda a
las catástrofes naturales como definición de carácter general que
esperamos que pueda ser apoyada por todos.

Entramos en la propuesta número 21 donde no apoyaríamos, dentro del
primer apartado de cereales, ni la 21-10.1 ni la 21-10.2 ni la 21-10.4 y
sí tendríamos un texto transaccional para la 21-10.3.

Aceptaríamos en sus términos las referentes a las importaciones de
arroces, la 21-10.1.5; votaríamos favorablemente en sus términos esa
propuesta.

Respecto a frutas y hortalizas, que es la 21-10.2, en sus distintos
apartados, votaríamos favorablemente la 21-10.2.1, la 21-10.2.2 y la
21-10.2.4, y no aceptaríamos la 21-10.2.3 y la 21-10.2.5, ofreciendo una
transacción a la 21-10.2.6, referente a los productos tropicales y las
provincias de Murcia, Almería, Granada y Málaga.

En cuanto al aceite de oliva, antes, en la reunión de portavoces y la
Mesa, he comentado que si todos los grupos llegamos a un acuerdo --al que
parece que podemos llegar-- en esta transacción que hemos presentado a la
propuesta 21-10.3.1, del Grupo Popular, podríamos retirar nuestra
proposición no de ley que debería ser vista posteriormente.

Si nuestra transacción es aceptada como párrafo 21-10.3.1 votaríamos
favorablemente también el 21-10.3.2 y 21-10.3.3, que se refieren también
a temas olivareros y de aceites.

En cuanto a los temas del vino, nuestro Grupo ha manifestado
reiteradamente la posición de que mantengamos al máximo el consenso que
habíamos alcanzado. Nos remitimos a ese consenso en sus términos. Creemos
que las cosas no van mal tal como se están planteando y tal como van las
negociaciones y como se están produciendo los pronunciamientos de
instancias previas a tomar las decisiones definitivas por parte de la
Comisión y del Consejo Europeo. Por tanto, mantenemos la posición, que
creemos que es unánime de todos los Grupos, que se está defendiendo por
el Comité de las Regiones con apoyo unánime de todas las regiones
españolas y de todos los grupos políticos y que será defendida por el
Gobierno español; ya ha habido declaraciones firmes del Gobierno español
en el sentido de dar apoyo a esos acuerdos que tuvimos y a los propios
acuerdos de la Mesa de defensa del vino y de la viña. Por tanto, nuestro
Grupo preferiría no hacer en este debate ninguna mención a los problemas
del sector del vino.

En cuanto al algodón ofrecemos una transacción de redacción alternativa,
que ya ofrecimos en su día a una proposición no de ley que el Grupo
Popular planteó también en esta Comisión.

Igualmente planteamos una pequeña transacción, que es una pequeña
corrección, a la 21-10.6 referente al azúcar.

En cuanto a la carne de vacuno, ofrecemos transacciones a la 21-10.7.1 y
a la 21-10.7.2, que están en poder de los grupos y de la Mesa, y no
apoyaríamos la 21-10.7.3.

En cuanto a la carne de porcino, hacemos simplemente una corrección del
texto del título de la 21-10.8. Se trata de hacer una pequeña corrección
en la 21-10.8.2. Creemos que la 21-10.8.3, la genérica que aprobaríamos
todos respecto a controles fitosanitarios, etcétera, que apoyamos,
estaría incluida en ese texto general, que podría ser todo lo amplio que
los servicios de la Cámara puedan considerar, recopilando lo que hablamos
de controles y, por tanto, creemos que está incluida en las que ya hemos
mencionado anteriormente. Por otra parte, no apoyaríamos en estos
momentos la 21-10.8.1.




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En cuanto a la leche, ofrecemos un texto a la 21-10.9.2. Como luego vamos
a debatir temas de cuotas lácteas y temas lecheros, no apoyaríamos en
este momento la 21-10.9.1 y en el debate posterior ofreceríamos algunas
redacciones que tienen que ver con la adaptación de las cantidades
asignadas a nuestro país con nuestra realidad, como es el espíritu que
parece animar la propuesta 21-10.9.1, en este caso del Grupo Popular.

En cuanto al sector pesquero, ya hemos manifestado nuestra posición
respecto a la propuesta del Grupo Vasco. Respecto al Grupo Popular en
relación a la 21-10.10, con sus diferentes subapartados, ofrecemos textos
transaccionales en concreto a la 21-10.10.3, 21-10.10.5, a la 21-10.10.6
y a la 21-10.10.7, y no votaríamos las restantes propuestas, como la
21-10.10.4, por ejemplo, porque el objetivo IFOP y la iniciativa de pesca
están ya contemplados o porque la integración de la flota pesquera
española se ha adelantado seis años y no será en el 2002 sino en 1996, de
acuerdo --valga la redundancia-- con los acuerdos de la propia
ampliación.

Creo que no me he dejado de pronunciar sobre ninguna. Las otras a las que
no me he referido ni como transacción ni como votación afirmativa sería
que no las apoyaríamos.

Por parte de nuestro Grupo sólo queda el solicitar de los demás grupos un
esfuerzo de aproximación para que podamos entre todos sacar el máximo
consenso y la máxima uniformidad de criterios para apoyar al Gobierno en
las gestiones y en las medidas que tenga que tomar para adecuar --vuelvo
a repetir-- nuestra realidad a los cambios que sobre esa realidad se van
a ir produciendo no lenta sino progresiva y rápidamente.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Señorías, he dicho que daría un breve turno para
rectificaciones, aclaraciones o para citar las enmiendas. Yo creo que el
debate se ha producido con toda corrección. Todos los grupos han
presentado sus propuestas de resolución. No he visto ningún motivo por el
que tengamos que dar la palabra para réplica, pero, en todo caso, rogaría
que se pronunciasen sobre las transacciones que se han formulado. En este
sentido les daría la palabra a los grupos para que fijen definitivamente
su posición respecto a las transacciones y para indicar si quieren que se
planteen o si retiran algunas de sus propuestas.

El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Intervengo muy brevemente para
manifestar que nos congratulamos, en primer lugar, de la postura que
mantiene el Grupo Parlamentario Socialista en relación a las
transacciones que nos ha ofrecido y, en segundo lugar, respecto a las
propuestas de resolución que va a votar favorablemente presentadas por
nuestro Grupo. Por lo tanto, aceptamos las transacciones.

En relación a la posposición del debate que planteaba el portavoz
socialista respecto a dos propuestas de resolución nuestras, nuestro
Grupo Parlamentario aceptaría la posposición de la propuesta de
resolución número 2 en materia agrícola, en la medida en que,
efectivamente, tiene una interconexión directa con el debate que pueda
haber en la ley de modernización de las estructuras agrarias y el modelo
de agricultura que se vaya a potenciar por parte de los poderes públicos,
pero mantendríamos la 3. Por tanto, aceptaríamos la posposición de esa
propuesta de resolución, pero mantendríamos la otra, en la medida en que
creemos que no afecta al diseño que pueda salir del proyecto de ley que
aquí vayamos a debatir, sino que es una cuestión que en este momento ya
se está debatiendo en la Unión Europea; incluso sobre la patata hay una
propuesta aceptada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el
pasado mes de febrero.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, don Victoriano Roncero, en
representación del Grupo Socialista, nos ha ofrecido una enmienda
transaccional a nuestra propuesta de resolución número 30, que en mi
intervención ya había aceptado, referida textualmente a promover las
medidas oportunas para facilitar la modernización del sector ganadero,
especialmente al avícola, así como, en el marco de sus competencias, el
traslado de instalaciones por razones sanitarias. Nos parece que es una
transacción que nosotros debemos aceptar por cuanto hay muchas
instalaciones ganaderas que, por motivos de residuos o de densidad de
población avícola o de otras ganaderías, precisan un traslado y que en
estos momentos sufren muchas dificultades. Por tanto, aceptaríamos
textualmente la propuesta transaccional.

En cuanto a la 29, que hace referencia a los frutos secos, se nos ha
ofrecido la posibilidad de entender que lo que pedimos, que es que en la
Resolución del Parlamento Europeo se incluya la OCM de frutas y
hortalizas, en el aspecto de defender las producciones de frutos secos en
los países de la Unión Europea, se entiende por descontado que es en
aquellos aspectos que no colisionan con el espíritu de los acuerdos del
GATT, por lo que, con este añadido, que coincide con el espíritu de lo
que ha dicho el señor Roncero, nosotros también lo aceptaríamos.




El señor PRESIDENTE: La señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, creo que no ha habido
ninguna transaccional a nuestras dos propuestas de resolución.




El señor PRESIDENTE: No. Se han dicho las que se van a aceptar y las que
no.

El señor Ramírez, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, nosotros anunciamos el voto
favorable a las propuestas de resolución planteadas por todos los grupos
parlamentarios, excepto a las planteadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las que nos abstendremos, habida cuenta del carácter
generalista e indefinición que de su texto se deriva.




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En relación con las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha
planteado a nuestras propuestas de resolución, no aceptamos la enmienda
propuesta a nuestro apartado 9.6, por entender que la sequía es necesario
que se contemple como una definición, independientemente de otras
catástrofes naturales (incendios, etcétera). Por tanto, esa falta de
concreción sobre la sequía cambiaría la filosofía de la propuesta que
nosotros defendemos. Lo mismo sucede en relación al peso específico de la
cebada, porque no nos consta la presencia y la petición del Gobierno
socialista y, por tanto, entendemos que hay que hacer esa referencia
concreta al peso específico de nuestras cebadas.

Respecto a la enmienda planteada a la propuesta de resolución 10.1.3, la
aceptaríamos, porque, en definitiva, viene a decir lo mismo que nosotros
decíamos, y si ello supone un mayor consenso, aceptaríamos este nuevo
texto.

No aceptaríamos la modificación que se propone a la 10.1.4, porque no es
la filosofía que nosotros defendemos. Nosotros pretendemos que la siembra
de leguminosas no esté incluida en el epígrafe «Tierras. Política agraria
común (PAC)» y, por consiguiente, el texto que nos propone el Partido
Socialista no está en consonancia con nuestra estrategia.

Agradecemos el planteamiento de aceptación de las referencias que hacemos
al arroz.

En relación con frutas y hortalizas, nos anuncia el voto favorable a la
10.2.1, 10.2.2 y 10.2.4. Aceptamos los textos; mantenemos la referencia a
los frutos secos; mantenemos la referencia a la eliminación de los MCI
para seis productos, y nos extraña que no se haga un esfuerzo por parte
de los grupos parlamentarios para que ese planteamiento sea exigible a la
estrategia negociadora del Gobierno socialista. Por tanto, aceptamos las
enmiendas a estos textos, manteniendo aquellos textos que no han sido
enmendados y que reflejan la estrategia del Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, en la 10.2.6 hay una transaccional.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Sí. La enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista dulcifica un poco nuestra expresión y la aceptamos.

En relación al aceite de oliva, señor Presidente, aceptamos el texto que
ha sido consensuado por representantes de ambos grupos parlamentarios en
cuanto al punto 10.3.1, manteniéndose, como se van a mantener y por lo
visto van a ser apoyadas, la 10.3.2 y 10.3.3.

En relación al vino hay una referencia general a los acuerdos de esta
Cámara, pero mantenemos el segundo párrafo, ya que es de una exclusiva
competencia del Gobierno español la fiscalidad que grava el consumo del
vino y, por tanto, no hay que pedir permiso a nadie para entender que uno
de los elementos que desfavorecen el consumo del vino es su alta
fiscalidad.

Aceptamos la eliminación de esa expresión de toneladas en el algodón, con
espíritu de consenso, habida cuenta de que parece ser que vamos a
plantear que la cantidad máxima garantizada de algodón se divida entre
Grecia y España, y esperemos que ha habilidad negociadora del Gobierno
socialista nos permita alcanzar la cantidad que debemos defender.

Lo mismo ocurre con el azúcar. Aceptamos esa pequeña modificación de
estilo.

En relación a la carne de vacuno, aprobamos el aumento hasta diez meses,
puesto que es una cantidad aceptable la que se contiene en la enmienda
del Grupo Socialista a la propuesta de resolución 10.7.1, así como a la
10.7.2. Mantenemos viva nuestra propuesta de resolución 10.7.3, porque
entendemos que es una garantía que exige la ganadería española ubicada en
las zonas objetivo 1 y 5 B, porque va a haber una reducción de la
capacidad de producción en la Unión Europea del 5 por ciento, y creemos
que en estas zonas debíamos de defender el mantenimiento de su potencial
ganadero con esta propuesta de resolución como un mandato al Gobierno.

Por tanto, mantendremos el texto para su votación.

En relación a la carne de porcino, estamos con el espíritu de la
propuesta de enmienda de la 10.8.2 y 10.8.3, en ese ánimo de defensa
sanitaria de nuestra frontera y de la eliminación de las fronteras
interiores, pero mantenemos en toda su integridad la propuesta de
resolución 10.8.1, por las razones que se han expuesto en nuestra
intervención. Hay una ganadería extensiva característica de inmensas
regiones del interior español; es una raza insustituible para los
ecosistemas en donde está ubicada y nos caracteriza como elemento de
diferencia con el resto de las ganaderías de porcino europeo, por lo que
creemos que debe de recibir una ayuda directa, por cabeza, como premio a
esa labor importante que se está realizando.

Mantenemos en su integridad la propuesta de resolución 10.9.1, respecto a
aumentar el cupo de leche española y aceptamos la modificación de la
10.9.2, en relación a la promoción e intensificación de las campañas en
favor del consumo de derivados de la leche, especialmente el queso.

Aceptamos la enmienda a la propuesta de resolución 10.10.3. No aceptamos
la 10.10.5; creo que no tiene en cuenta el espíritu de nuestra propuesta.

No aceptamos la 10.10.6 y sí aceptamos la propuesta a la 10.10.7 y
mantenemos vivas el resto de las propuestas de resolución en relación al
sector pesquero.




El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a la votación. Rogaría a
todos los portavoces que estén atentos a las indicaciones de la
Presidencia intentando que votemos correctamente en el sentido que lo
deseen SS. SS.

En primer lugar, si les parece, entraríamos en la votación de las
propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Canario. El señor
Mardones ha manifestado la imposibilidad de asistir en este momento a la
votación, pero, lógicamente, mantiene sus propuestas de resolución y
acepta plenamente la modificación propuesta por el Grupo Socialista.

Votamos, pues, a continuación, las propuestas del Grupo Canario, con las
enmiendas aceptadas por el propio Grupo del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Pasamos a continuación a la votación de las propuestas del Grupo
Parlamentario Vasco. Creo que será mejor que las votemos individualmente.

Votamos la propuesta de resolución número 1.




Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

A continuación votamos la propuesta de resolución número 3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 17; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Seguidamente votamos el resto de resoluciones, las números 4 y 5, con la
aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista, y las números 6, 7 y 8.




Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

A continuación pasamos a las del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió.

Si se retiran por parte del Grupo Parlamentario Catalán se pueden votar
conjuntamente. Lógicamente, se han aceptado por parte del Grupo Catalán
de Convergència i Unió las enmiendas transaccionales y la modificación
respecto a la inclusión de «salvo lo dispuesto en el acuerdo del GATT en
el tema de frutos secos».




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Queda retirada la 25.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, pedimos votación separada
de la número 32.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las restantes propuestas de
resolución y a continuación votaremos la número 32.




Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la número 32, del
Grupo de Convergència i Unió.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, dos; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas del Grupo de Izquierda Unida.

El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado la intención de votar a
favor de la 10.2, apartado 1, y de todo el 11. Entonces, si les parece,
votamos la propuesta de resolución número 10, el primer párrafo que
empieza: «en el ámbito de la Comunidad Europea», hasta «los intereses
generales de los Agricultores», y luego la número 11 íntegramente.




Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

A continuación votamos la propuesta número 9, los restantes puntos de la
10, el segundo y el tercero.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, pediría votación separada
del punto 9 de los que quedan de la 10.




El señor PRESIDENTE: Votamos el punto 9.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

A continuación votamos los apartados 2 y 3 del punto número 10.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

A continuación votamos las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, pediría votación separada
de las resoluciones números 14 y 19. También el punto 5.4 de la
resolución 16.




El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.)
Votamos, si les parece, para que quede claro, la resolución 14, la 19 y
el punto 5.4 de la resolución 16.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votamos los puntos 12, 13, 15, el 16 en los restantes puntos, 17 y 18.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

A continuación pasamos a votar la propuesta de resolución número veinte.

La 9.4 es la que había propuesto el Grupo Parlamentario Socialista si se
entiende que se ha



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aceptado en el momento de votar la del Grupo Parlamentario Catalán.

Votamos el punto veinte íntegramente, si le parece bien al Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se entiende que al punto número 9.4 se le va a buscar una redacción
conjunta con la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

Pasamos a la propuesta número veintiuno, en su apartado de cereales. En
este sentido, si les parece, vamos a votar el 10.1.3, al que se ha
aceptado la transacción, y el 10.1.5, y los restantes --el 1.1, 1.2 y
1.4-- los votaríamos posteriormente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

A continuación votamos el 1.1, 1.2 y 1.4



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Seguidamente votamos el 10.2, frutas y hortalizas, así como el 2.1, 2.2,
2.4 y 2.6, al que se ha aceptado una transaccional.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

Votamos los puntos 2.3 y 2.5



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Pasamos a la votación del 10.3, aceite de oliva. En el primer punto se ha
aceptado la transacción del Grupo Socialista y, por tanto, si les parece,
se puede votar conjuntamente todo el bloque, con la transacción del Grupo
Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobado.

En el vino no se acepta la transacción y se mantiene para votación.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Aceptaríamos una votación separada del primer
párrafo del 10.4 con el segundo párrafo, por comodidad de algunos Grupos
Parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: Votamos el primer párrafo del vino.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Votamos, a continuación, el segundo, referente a la fiscalidad.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

A continuación, si les parece, votamos el 10,5 y el 10.6, a los cuales se
han aceptado, tanto al algodón como al azúcar, dos transaccionales del
Grupo Socialista. Los votamos conjuntamente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: : Quedan aprobados por unanimidad.

En carne de vacuno se han aceptado dos transaccionales a los puntos 7.1 y
7.2. El 7.3 se votará aparte. Votamos, pues, carne de vacuno, puntos 7.1
y 7.2, con las transaccionales aceptadas por el Grupo Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

A continuación votamos el 10.7.3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

En el punto 10.8, carne de porcino, vamos a votar, si les parece, en dos
bloques; el primero sería el 10.8.1 y el segundo, con la transaccional
incorpora por parte del Grupo Socialista. El tercero se hará en el
sentido en que se han pronunciado de buscar una redacción conjunta
respecto a los temas de censo del mercado sanitario.

Votamos el punto 10.8.1, de porcino.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

A continuación votamos el 8.2 y el 8.3.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

En el 10.9, relativo a la leche, también votamos separadamente el 9.1 y
el 9.2.

Votamos, en primer lugar, el 9.1



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 9.1.

A continuación votamos el punto 9.2, en el que también se acepta la
transaccional del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

En cuanto al sector pesquero, si les parece vamos a votar, en primer
lugar, el 10.1 así como el 10.2, 10.4, 10.5 y 10.6. La tres y la siete
las vamos a votar conjuntamente porque se ha aceptado la transacción; a
las restantes no se ha aceptado la transacción, por tanto, en principio
parece que no hay inconveniente en que se voten el 1, 2, 4, 5 y 6. El 3 y
el 7 los votamos separadamente.

En primer lugar votamos los números 1, 2, 4, 5 y 6.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votamos los números 10.3 y 10.7.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueban por unanimidad. A continuación pasamos a
votar las presentadas por el Grupo Socialista.

¿Algún grupo prefiere votación separada o se pueden votar conjuntamente.

(Pausa.) Las votamos conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas estas propuestas de resolución.

Solicito de todos los grupos que autoricen, pues creo que así debemos
hacerlo, a los servicios de la Comisión para que redacten y ordenen
correctamente los distintos puntos que hemos aprobado de estas propuestas
de resolución.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, quería aclarar a la Mesa
que el texto consensuado sobre el olivar tiene alguna pequeña
modificación sobre el texto que se entregó anteriormente a la Mesa, pero
que ha sido acordado por los grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A LA RENEGOCIACION DE LA SITUACION DEL SECTOR GANADERO
ESPAÑOL, EN GENERAL, Y LACTEO, EN PARTICULAR, ANTE LA COMISION DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000211.)



--SOBRE CUOTAS LACTEAS A ESTABLECER POR LA COMUNIDAD EUROPEA (CE).

PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000248.)



El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos ya al segundo punto del orden
del día, que es el trámite de las distintas proposiciones no de ley.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, desearíamos modificar el
orden de las proposiciones, ya que nuestro representante se tiene que ir
a otra Comisión.




El señor PRESIDENTE: Yo personalmente no tengo ningún problema. El
problema es si los distintos grupos lo aceptan.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, nuestro grupo
parlamentario retira la proposición no de ley, a la luz del debate que
mantuvimos ayer en el Pleno, al aceptarse una iniciativa parlamentaria de
mayor entidad política y de mayor incidencia, a efectos administrativos y
legales, como es la aceptación a trámite de una proposición de ley. Por
tanto, la proposición no de ley que hoy se iba a debatir, como la
autoenmienda que nuestro grupo había formulado, trasladando otra
proposición no de ley posterior, se dan por retiradas, en la medida en
que lo que haya que decir sobre tal cuestión se dijo en el debate de
ayer, al que me remito en bloque.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasaríamos a debatir las
proposiciones no de ley que hemos acordado que se tramiten conjuntamente,
tanto del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
como por parte del Grupo Vasco, relativas a la reordenación del sector
ganadero y lácteo en España.

La relativa al olivar ya ha manifestado el Grupo Socialista que, al
aceptarse la propuesta de resolución, la retiraría.

Tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo ha planteado el debate de esta
proposición no de ley en la Cámara para el día de hoy, aunque entró en el
registro con fecha 8 de mayo de 1994, y con sentido de la responsabilidad
solicitamos de la Mesa de la Comisión que el debate de esta proposición
fuera aplazado, a efectos de que el Consejo Europeo pudiese haber
consolidado la cuota de ampliación establecida para el Gobierno español.

Posteriormente a este aplazamiento, en el Parlament de la Generalitat de
Cataluña fue aprobada por unanimidad una



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proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que se
solicitaba una ampliación de la cuota.

De hecho, creo que la proposición no de ley que traemos hoy a debate en
esta Comisión refleja la preocupación del sector ganadero español, que
está pasando por un momento de dificultad, de incertidumbre, en relación
con la escasez de la cuota establecida para nuestro país y de
dificultades, imprevisiones y mala gestión realizadas en cuanto a la
distribución individual de la cuota y a la asignación a cada ganadero de
la cuota que le correspondía.

Por eso nuestra proposición no de ley recoge varios aspectos. Por una
parte, instar al Gobierno a que negocie ante la Comisión de las
Comunidades Europeas una cantidad de referencia superior a la que
actualmente está asignada a España.

Pensamos que con el potencial productivo derivado de las reformas que, en
instalaciones y en mejora genética, han realizado los ganaderos
españoles, la cuota asignada hasta el momento, incluso con la ampliación
de la misma, es absolutamente insuficiente. Las organizaciones
profesionales ganaderas la estiman entre 750.000 y un millón de
toneladas.

No podemos caer en el error de pensar que este año solamente ha habido
una supertasa de 37.000 toneladas, por cuanto todo el mundo es consciente
de que muchos ganaderos no tenían la cuota suficiente como para hacer
rentables sus instalaciones.

Planteamos en segundo lugar el tema de la revisión del pago de la
supertasa, y lo hacemos aun siendo conscientes de que esto afecta a
normativa comunitaria de obligado cumplimiento. Lo hacemos trayendo aquí
la voz de las organizaciones profesionales ganaderas, en el sentido de
que no están dispuestas a pagar la supertasa, por cuanto que, de la forma
como se ha gestionado durante esta última campaña, ha hecho prácticamente
imposible que los ganaderos pudiesen conocer si habían superado o no sus
cuotas individuales de referencia. Por otra parte, ha habido una total
opacidad por parte de las industrias compradoras, en el sentido de
informar a los ganaderos si esta tasa había sido superada o no. La
normativa vino con mucho retraso y por esta razón ha habido una total
incertidumbre. Pensamos que el pago en este momento de la supertasa es
una penalización absolutamente injusta y que, en todo caso, tendrían que
corresponder al Gobierno español y no a los ganaderos, que son los que
las van a tener que pagar.

En el tema de la supertasa pensamos que también hay que hacer una
consideración, que es importante. Y es que el poder que se le ha dado a
la industria para gestionar el cobro de la supertasa ha hecho que, dado
que no ha habido una acción de control ni de participación de las
organizaciones profesionales agrarias, la industria ha actuado conforme a
su libre arbitrio. De hecho, se han dado circunstancias, que pueden ser
probadas, de un tratamiento injusto respecto de algunos productores, que
porque están situados en zonas alejadas y de más difícil transporte, han
sido obligadas, por parte de las industrias, a cumplir exactamente la
cuota, cuando a otros se les ha dicho que siguieran tirando, que después
se les compensaría.

Sabemos que la normativa impide este tipo de arbitrariedad por parte de
las industrias, pero habría que exigir que el Gobierno ejerciera una
tarea de clarificación sobre lo que ha sucedido y de control, sobre todo
de ahora en adelante.

Nuestra proposición no de ley solicita que no se penalice a los ganaderos
con la supertasa, que las industrias devuelvan a los ganaderos aquellas
cantidades que han retenido en concepto de superación de cuota, pues
consideramos que esto es absolutamente indispensable. Sabemos, como he
dicho al principio, que la normativa comunitaria es la que es, pero de la
forma en que se ha procedido en nuestro país hace absolutamente injusto
que corran con las consecuencias de esas imprevisiones los afectados, que
son los ganaderos.

El punto número 4 de nuestra proposición no de ley se refiere al libre
mercado de cuotas. En la comparecencia del Ministro dijimos que nos
opondríamos a que hubiese un libre mercado de cuotas. Pensamos que eso
significa abrir el camino a la especulación, pensamos que es abrir el
camino a que los grandes ganaderos y los grandes productores ejerzan la
ley del más fuerte y creemos que es absolutamente contrario a los
principios que deben inspirar nuestro ordenamiento económico en relación
con la ganadería, en el sentido de hacer que aquellos pequeños ganaderos
que tienen voluntad de permanecer puedan realmente hacer que sus
explotaciones sean rentables, por lo que no deben caer en manos de los
especuladores que accedan a un mercado libre de cuotas, sobre todo si
tenemos en cuenta las movidas que hay actualmente en la Unión Europea.

Parece ser que hay propuestas para que esta transferencia, libre de
cuotas, no solamente se pueda dar dentro de una misma nación, sino que
incluso se pueda dar entre distintas naciones. Si ésa es la tendencia,
anunciamos que nuestro Grupo está absolutamente en contra.

Pensamos que el desarrollo del Decreto 324/94 se ha pospuesto en demasía,
lo cual está generando una situación de angustia y de incertidumbre.

Exigimos en nuestra proposición no de ley que se desarrollen los aspectos
relativos a cesiones y transferencias de cuota, gestión de la reserva
nacional, traspase de cuota de venta directa a venta industria.

En sexto lugar --éste es un punto al cual damos muchísima importancia--,
propugnamos la necesidad de que se constituya una mesa para la gestión,
seguimiento y control de la aplicación del sistema de cuotas en la que,
desde luego, participen las organizaciones profesionales agrarias para
conseguir que precisamente todo lo que hemos estado observando en estos
momentos no se vuelva a repetir y, por tanto, se dé en todo este trámite
una gran transparencia.

En el texto que todavía yo tengo en mis manos dice «transparencia y
arbitrariedad». Como pueden imaginar SS. SS., esto es un error que
nosotros hemos enmendado. Supongo que la Mesa tendrá la enmienda en su
poder, ya que debería decir «y objetividad», en lo que se refiere a todo
el sistema de compensaciones, transferencias y cesiones en las que
intervengan las industrias lácteas. Este es un punto importantísimo que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tenemos a gala defender, en todo
lo que hace



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referencia a la implementación de políticas, y pensamos que una parte
importante en la delimitación de esas políticas tiene que ser la voz de
las organizaciones profesionales agrarias.

Por otra parte, se contempla en nuestra proposición no de ley la urgencia
en resolver a la mayor brevedad posible los recursos que se plantearon y
que en este momento todavía no sabemos si ya se han resuelto, pero el
número de los recursos planteados, que fueron en cantidad de 50.000, nos
puede dar una idea del nivel de inseguridad jurídica en el que se ha
movido todo el sistema de cuotas en la anterior campaña.

En el punto número 8 instamos a la apertura de un período que sirva para
actualizar el contenido de materia grasa que fue asignado y que no se
corresponde con el real. Esta es una exigencia reiterada por parte de las
organizaciones de ganaderos y que contribuye a que todavía sea más
precaria su capacidad de producción por cuanto esa materia grasa no se
ajusta a la real. De hecho, sabemos que el SENPA está haciendo unas
asignaciones arbitrarias en cuanto a materia grasa y pensamos que eso se
tendría que ajustar a la realidad.




El señor PRESIDENTE: La Mesa y los portavoces acordamos que tramitaríamos
conjuntamente las dos proposiciones no de ley. En este sentido, le daría
la palabra al representante del Grupo Parlamentario Vasco para defender
su proposición no de ley y, a continuación, los restantes grupos pueden
fijar la posición respecto a ambas.

El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Intervengo para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Vasco en relación con la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, a su
vez, como habíamos quedado en el trámite previo de reunión de la mesa con
los portavoces de los grupos parlamentarios, para hacer defensa de la
proposición no de ley presentada por nuestro Grupo Parlamentario.

Primeramente voy a señalar que mi intervención se va a dirigir a la
defensa de nuestra proposición no de ley y, a continuación, me referiré a
la de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Señorías, la configuración del modelo de gestión del régimen de las
cuotas de leche es un asunto de gran importancia por diversas
consideraciones. En primer lugar, porque se trata de una cuestión que
puede afectar directamente al reparto territorial dentro del Estado de
una fuente de recursos económicos de la que viven decenas de miles de
explotaciones familiares agrarias. Además, la producción láctea es para
muchas zonas del Estado, básicamente para las zonas de agricultura de
montaña de toda la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y el
País Vasco), una actividad económicamente importante y con escasas
alternativas, suponiendo el principal mantenimiento de su sociedad rural.

En tercer lugar, lo que estamos tratando es en gran medida tan sencillo
como plantearse si la Administración debe regular el uso de una concesión
administrativa o permitir el más puro librecambismo en la transmisión de
esos derechos. El modo en que se va a aplicar el régimen de cuotas
lácteas es, por las razones que señalo, un tema de gran importancia que
tenemos que debatir y analizar con sumo cuidado.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vasco estimamos que se debe
establecer un sistema de aplicación del régimen de cuotas lácteas que se
caracterice por ser intervencionista y no librecambista. Es necesario que
el poder público intervenga a la hora de la ordenación del mercado lácteo
puesto que, en definitiva, la resolución administrativa que adjudica a un
ganadero es un derecho de producir, pero un derecho que no puede estar
sujeto al librecambio del mercado, puesto que es un derecho que nace de
un acto de un poder público, es un derecho que nace en base a un interés
público que existe por parte de las instituciones comunitarias y
españolas de tutelar una producción de leche en el mercado español y, por
tanto, creemos que tiene que haber una tutela, una intervención por parte
de los poderes públicos, no pudiendo dejar el librecambismo como
planteamientos políticos que existen.

También creemos que es necesario el apoyo al mantenimiento de las
exportaciones en las zonas de producción tradicional y, a su vez,
permitir una intervención efectiva y eficaz de las comunidades autónomas
con el fin de que éstas, que son competentes en materia de agricultura,
puedan intervenir a la hora de reordenar el sector lácteo. estimamos que
un modelo de gestión de las cuotas lácteas que liberalice la transmisión
de derechos administrativos, que lo da un poder público que es la
Administración comunitaria y luego la española, distorsionaría el sector
productor de leche de vaca, propiciando que algunas personas sólo porque
antes producían leche y poseen un papel, un documento concedido por la
Administración, puedan obtener importantes rentas de alquiler o de venta
del derecho para la producción de leche. Nos encontraríamos ante unos
rentistas de la cuota que cargarían con importantes costes añadidos a los
ganaderos que continúan desarrollando su actividad y que para mejorar la
situación y rentabilizar su trabajo necesitan incrementar su cuota. Esta
situación es especialmente difícil para las explotaciones agrarias
familiares pequeñas de las zonas de montaña y otras zonas desfavorecidas
españolas que por sus «handicaps» naturales trabajan con rentabilidades
menores que los grandes productores. Unicamente puede ser atendida la
transmisión de los derechos de cuota cuando es definitiva la transmisión
y si se efectúa bajo control de los poderes públicos, si es con el fin de
propiciar la reestructuración sectorial, apoyando especialmente el
desarrollo de las explotaciones familiares en las zonas de producción
tradicional que no disponen de otros mecanismos y de otras soluciones
alternativas como medio de vida. Si se produjera de otra manera, la
compraventa de cuotas, en lugar de colaborar en la reestructuración
sectorial del sistema de la leche española, creando una sola base de
explotaciones familiares rentables, nos encontraríamos con meras
operaciones especulativas que van a distorsionar las estructuras
productivas y financieras del sector.

La transferencia, el régimen de intercambio de cuotas, además de cumplir
las condiciones que señalo, se debe



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circunscribir al territorio de cada comunidad autónoma con el fin de
evitar desequilibrios territoriales en la redistribución de cuotas, las
cuales son ocasionadas a menudo por la aparición o cierre de grandes
empresas productoras intensivas. De hecho hay planteamientos diferentes
de los diversos partidos políticos de esta Cámara entre comunidades
autónomas regidas por el mismo partido político (entiéndase
Castilla-León, Galicia), que tienen planteamientos similares en cuanto a
optar por un sistema librecambista u optar por un sistema más protegido o
tutelado y por ello, nos da miedo, nos preocupan experiencias como las
que se han producido en Holanda o en Dinamarca, que han establecido el
libre mercado de cuotas, pues si analizamos cómo se encuentra el sector
productor vemos que ha ido perdiendo posición progresivamente y en muchos
casos todo ha quedado en manos de grandes multinacionales. Me refiero a
la transformación y a la comercialización. En cambio, Francia, que es un
país de corte centralista, que no dispone de poderes autónomos
territorializados, ha optado por un modelo de gestión de las cuotas
lácteas territorializado, de manera que toda compraventa o toda
transmisión de la cuota vaya ligada a la tierra, de forma que no pueda
producirse una transferencia de la cuota de producción de leche de una
zona de la geografía francesa a otra, en la medida en que una quedaría
sin producción, y no es sólo la pérdida de la producción, sino también
que el ganadero, el agricultor es el que protege el medio ambiente y, en
definitiva, se producen dos efectos perjudiciales para la economía en
general y el medio ambiente.

Por ello, nosotros somos partidarios de optar por el sistema alemán o por
el sistema francés de delimitar territorialmente para proteger al
agricultor, en definitiva al ganadero, que produce leche en su
determinado ámbito territorial, y no, como existen, otros planteamientos
de establecer un ámbito liberalizado en un Estado, o incluso
planteamientos políticos, que ya existen, de fijar a nivel de la Unión
Europea un mercado liberalizado de manera que existiera una cuota a nivel
de la Unión Europea. Así podría realizarse perfectamente toda
transferencia, bien en compraventa, bien en régimen de alquiler, de un
Estado a otro, que es el planteamiento que en este momento están
manteniendo en la Unión Europea los daneses y los holandeses.

Señorías, estimamos también que las comunidades autónomas tienen que
participar además intensamente en la gestión de la aplicación del régimen
de cuotas lácteas porque son las administraciones públicas que mejor
conocen y mejor pueden intervenir en el ámbito de su territorio, sobre
todo teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen competencia
exclusiva en materia de agricultura y ganadería.

Evidentemente, en el tema de las cuotas lácteas hay un determinado marco,
establecido además dentro de la normativa comunitaria y del Tribunal
Constitucional. Viene a decir el Tribunal Constitucional que en la
aplicación de las ayudas y de los fondos comunitarios dimanantes del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, cuando exista una
contingencia, un límite a las ayudas, a pesar de que las comunidades
autónomas tengan la competencia exclusiva para la gestión los poderes
centrales del Estado, siempre que exista esa contingencia --y en la leche
existe una cuota asignada para el Estado-- lo que pueden establecer es
únicamente un marco general que, en definitiva, lo que hará es adjudicar
a cada ganadero la cuota, pero el resto de la gestión administrativa, el
resto de la gestión de la política agrícola relativa a la ganadería en
cuanto a la producción de leche corresponde a las comunidades autónomas.

Este es el marco establecido entre la Comunidad Europea y el Tribunal
Constitucional en los diferentes conflictos de competencia; en la medida
en que existe en la leche una contingencia, la intervención de los
poderes centrales del Estado queda limitada a ello, a que se establezca
un marco general y a la adjudicación, pero el resto de la gestión
corresponderá a las comunidades autónomas.

Voy finalizando, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Vasco (PNV)
entiende que el modelo de aplicación del régimen de las cuotas debe
basarse en los siguientes principios de actuación, principios que tienen
que quedar plasmados en la normativa general que tienen que establecer
los poderes centrales del Estado --el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación-- en base al sistema de distribución de competencias y a la
jurisprudencia, al que he hecho referencia. A nuestro juicio, esa
normativa general se debe inspirar en lo siguiente: la regulación y
control de las transmisiones de cuotas lácteas, circunscribiéndolas por
ámbitos territoriales, de forma que, encontrándonos en un Estado de
composición de poder político compartido, sean las comunidades autónomas
las que puedan intervenir limitando en casos muy justificados el alquiler
de cuotas y regulando la compraventa de las cuotas lácteas con el fin de
obtener una reestructuración equilibrada del sector de producción de
leche; en segundo lugar, un tratamiento que discrimine en favor de las
zonas de agricultura de montaña puesto que son pequeños ganaderos que por
la orografía de las zonas geográficas en las que viven no tienen otra
alternativa que la producción de la leche, puesto que no pueden dedicarse
a otros cultivos agrícolas, y en tercer lugar, como decía, la
participación de las comunidades autónomas, por las consideraciones que
anteriormente he realizado.

Quería terminar, señor Presidente, indicando que es necesario, sin
perjuicio del esfuerzo que han realizado los poderes centrales del Estado
en iniciar un plan de cesación y constituir una reserva nacional, que
nosotros instemos desde esta Cámara a las comunidades autónomas para que
inicien programas de abandono, de cese en la actividad de producción
lechera, de forma que aquello que abandonen, lo que ha obtenido el poder
público de capacidad de producción de leche y que luego vaya a adjudicar
el Estado, sea en base a las propuestas que aquellas comunidades
autónomas que han comprado esas cuotas lácteas hagan al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Es de señalar que la Comunidad Autónoma Navarra ha sido pionera, como lo
ha sido la Comunidad Autónoma del País Vasco y también la Comunidad
Autónoma Andaluza. Sin perjuicio de los problemas suscitados por la
compra de cuotas lácteas a Puleva y su posterior adjudicación, así como
los que ahí se hayan podido originar, sí consideramos que la Cámara
debería recomendar, incluso a comunidades autónomas como la gallega, que
tiene un problema



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importante de falta de cuota láctea, iniciar un programa de abandono para
la adquisición de cuotas lácteas.

Termino, señor Presidente, indicando que me voy a posicionar respecto al
planteamiento de la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Nuestro Grupo Parlamentario coincide con la filosofía que ha
expuesto la señora Rivadulla en cuanto al planteamiento que debe inspirar
la regulación que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haga
sobre la regulación del mercado de las cuotas, desarrollando el Decreto
aprobado el pasado mes de febrero, el Decreto 324. Por ello, nosotros
coincidimos con el planteamiento general que se hace en la proposición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nos parece también novedoso el
punto octavo, donde plantea la apertura de un período para actualizar el
contenido de materia grasa. Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario va
a apoyar la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco); Para exponer la
posición sobre esta proposición no de ley tiene la palabra el portavoz
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Todos los grupos parlamentarios, en alguna
ocasión desde nuestra entrada en el Mercado Común, hemos coincidido en la
crítica al Gobierno por la aceptación de una cuota nacional de leche que
era muy inferior a la producción real del país o a la potencial, pues el
sector estaba inmerso en fases no muy avanzadas de saneamiento.

Todos en algunos momentos hemos criticado la exigencia del pago de una
supertasa en base a unas producciones no concretadas a cada ganadero y
reales e insuficientes como base para establecer la producción nacional.

Pero es cierto que a partir de entonces, y reconociendo la propia
Comisión Europea los errores estadísticos en los que se tramitó la tasa
inicial, ha concedido a España unos incrementos de cuota global de
650.000 toneladas, que hubieran seguido siendo insuficientes si no se
hubiese acompañado de un importante esfuerzo de retirada definitiva de la
producción de muchos de nuestros ganaderos, sin que ello signifique que
con esta cantidad se satisfacen las necesidades actuales de cuota de los
ganaderos y de producción del país.

La verdad es que, de la misma forma que el Gobierno negoció a ciegas una
cuota nacional insuficiente hasta este último ejercicio --yo diría que
incluso hasta este último mes--, no hemos sabido la producción real del
país. Por lo tanto, pedimos entonces a la señora Rivadulla --y nos lo
concedió-- que aplazara el trámite de su proposición no de ley hasta
estar más documentados y hasta que el Consejo de Ministros de la Unión
Europea hubiera consolidado la cantidad de cuota global asignada
provisionalmente entonces a nuestro país, consolidación que exigía el
control real de la producción y el pago de la supertasa en el año
1993-94. Ahora sabemos que la producción ha sido sólo del 0,7 por ciento
superior a la cuota láctea global. Sabemos que se han producido 36.000
toneladas más de cuota estatal y que habrá que pagar unos 2.000 millones
de pesetas de supertasa.

Todo este esfuerzo de control impuesto por la Comisión Europea era
necesario para obtener la consideración de esta cuota complementaria de
650.000 toneladas y, a la vez, ofrecer datos fiables para seguir
insistiendo en que si España continúa teniendo un déficit de 1.000
millones de toneladas que tiene que importar, que corresponde a entre un
15 y 20 por ciento de las necesidades totales y, a la vez, sin aspirar al
total autoabastecimiento, prohibido por la Comunidad Económica Europea,
sí deberíamos tener argumentos suficientes para seguir negociando con la
Comisión Europea una nueva ampliación de la cuota estatal que permitiera
a muchas granjas tener ocupadas sus actuales instalaciones con el número
de cabezas suficientes para ser rentables y poderlas amortizar.

Respecto al punto primero de la proposición no de ley, se afirma en ella
que es necesario proceder a una renegociación. Nosotros estaríamos de
acuerdo en justificar con los datos reales de producción y de retirada
definitiva este déficit de producción, de la relación producción-consumo,
y, en cumplimiento de la estricta normativa comunitaria, justificar la
petición de una ampliación de la cuota complementaria más que abrir una
renegociación de cuyas consecuencias no estamos seguros.

El Real Decreto 324/94 establece un régimen bastante racional para
redistribución de la reserva nacional, con el que nuestro Grupo está
bastante de acuerdo, con las prioridades, y pensamos que su desarrollo
para temas como las transferencias de cuotas, cesión, alquiler o venta
entre ganaderos debería dejar un amplio margen de decisión y gestión a
las comunidades autónomas para adaptarlo a las peculiaridades distintas
de cada una de ellas. En algunos de los planteamientos de la proposición
no de ley coincidimos con la filosofía general; en otros, sin embargo,
manifestamos nuestra respetuosa discrepancia, como, por ejemplo, con el
punto dos de obligación de pago de la supertasa, que no se puede condonar
por imperativo de las exigencias comunitarias. Pensamos que los propios
ganaderos consideran que con las cantidades actuales que han resultado
del balance definitivo de producción en relación a las tasas concedidas a
algunos de ellos les resultan unas cantidades bastante asumibles.

Tampoco estamos de acuerdo con el punto 4 que impide la libre
transferencia de cuotas con restricciones.

Por todo ello rogaría a la señora Rivadulla que aceptara la enmienda de
sustitución del Grupo Socialista, que se corresponde mejor con los
problemas y con la situación actual del sector y con el estado de trámite
de las mejoras administrativas pendientes que el sector precisa para
garantizar su estabilidad.

Respecto a la proposición del Partido Nacionalista Vasco, que es
reproducción de la enmienda de sustitución que presentó al texto idéntico
de la proposición no de ley del Partido Popular debatida el 12 de abril y
aprobada sin votos contrarios, nuestro Grupo votó a favor de la
proposición no de ley del Partido Popular y afirmó, respecto a la
enmienda de sustitución del PNV, su disposición a votar



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favorablemente, si se pudiera, en este trámite que estamos en este
momento, modificar unos puntos concretos de su proposición no de ley,
concretamente el 2.c) y el 3, ya que el punto primero, referido a la
obtención del reconocimiento definitivo del complemento de cuota asignado
por la Comisión a España, me parece que ya está cumplido.

Los puntos 2.c) y 3, relativos respectivamente a la reasignación
preferente de las cantidades de referencia no utilizadas en un año a cada
comunidad autónoma y la asignación de cuotas en cada comunidad según
criterios, propiedades y modelos de producción de cada zona, son
conceptos, señorías, que coinciden con los objetivos de mi Grupo para un
mejor y más justo equilibrio entre las retiradas de producción y el
destino de sus cuotas dentro de los propios esquemas productivos de cada
comunidad.

Estos apartados --digo-- serían votados favorablemente por nuestro Grupo.

Respecto al resto, ya nos pronunciamos conjuntamente con la proposición
no de ley del Partido Popular debatida el 12 de abril.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Para exponer la
posición del Partido Popular tiene la palabra la señora doña Elvira
Fernández.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señorías, en representación
del Grupo Popular me corresponde fijar la posición de las enmiendas
presentadas por nuestro Grupo en lo referente a la proposición no de ley
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Señorías, que el Partido Socialista en el año 1985 realizó unas
negociaciones nefastas para el sector lácteo, al acordar en el ingreso de
España en la CEE concretamente 1.500.000 toneladas aproximadamente por
debajo de la producción real, es algo conocido y reconocido por todos.

Por tanto, y a pesar de la estimación de cuota para la campaña 1993/94,
que aparece publicada en el Diario Oficial de las Comunidades, en el
Reglamento CEE número 1.560/93, que modifica o complementa el Reglamento
CEE número 3.950/92 y establece las nuevas bases del régimen prorrogado
de cuotas, fijando para la campaña 1993/94 las cantidades globales
garantizadas para los Doce, y que para el Estado español son las
siguientes: leche para venta a industria, 5.200 millones de kilos; leche
para venta directa, 336,95 millones de kilos; total cuota de referencia,
5.566,95 millones de kilos y que en julio de 1993 los comisarios
europeos, de acuerdo con las tesis españolas ratificaron el acuerdo para
aplicar con carácter retroactivo desde el año 1969 la ampliación de
650.000 toneladas, 500.000 procedentes de la subestimación de la cuota
española de 1985 y 150.000 adicionales procedentes de la venta directa a
industria, hemos de reconocer que, como dice Izquierda Unida en su
proposición no de ley, seguimos muy por debajo del potencial productivo
del sector y del propio autoconsumo.

El Partido Popular, en la comparecencia que se celebró en el mes de abril
con el Ministro Albero, al frente del MAPA, asignaba un período
transitorio y fijaba el umbral mínimo en el consumo interno.

En este momento, después de realizadas investigaciones dentro del sector
y documentarnos ampliamente, consideramos que habría que renegociar, como
mínimo, de 750.000 a 1.000.000 de toneladas. Nuestro Grupo ha registrado
una proposición no de ley con un único punto para su debate en el Pleno y
cuyo título genérico es «La renegociación de la cuota».

Estamos de acuerdo, según se deduce de nuestra justificación, con el
punto primero en su totalidad. Nadie que gobierne este país debe
renunciar a la renegociación o al aumento de cuota, me da igual; tampoco
claudicaron otros países: por poner un ejemplo, Italia.

En cuanto al punto segundo, si hacemos un somero repaso por la historia
de la implantación de las cuotas, nos encontramos con que con la entrada
en vigor del Tratado de Adhesión España-CEE el 1 de enero de 1986, la
normativa comunitaria se hace extensiva a España, que firma un compromiso
de contingentación de la producción de leche por un volumen garantizado
de 5.400 millones de kilogramos, de los que 4.650 millones corresponden a
leche para venta a industria.

En noviembre de 1986 aparece publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el Real Decreto-ley número 2.466 por el que se establece el procedimiento
para determinar las cuotas de referencia a los productores y la
aplicación, en definitiva, de la OCM para el sector lácteo en España.

Posteriormente, en enero de 1987 se publica la Orden por la cual se
instrumenta la presentación de las declaraciones obligatorias para todos
los productores que comercializan leche. Inicialmente, el proceso de
declaraciones resultó prácticamente controvertido al ser rechazado por la
totalidad del sector, que a través de grandes movilizaciones manifestaba
su rechazo en la medida que condenaba la mayoría de las explotaciones a
la más pura marginalidad dado el enorme atraso en que se encontraban. No
obstante, unos titulares efectuaron sus declaraciones de producción en el
SENPA y otros en las comunidades autónomas.

Durante 1987 los productores que efectuaron sus declaraciones en el SENPA
recibieron unas comunicaciones de distribución de la llamada cuota
provisoria, quedando excluidos los ganaderos que efectuaron sus
declaraciones en las comunidades autónomas.

Cumplimentada esta fase de aplicación, el régimen de cuotas se paraliza
totalmente, limitándose la actividad del MAPA a la adaptación y
desenvolvimiento de legislación propia a partir de los reglamentos
comunitarios que progresivamente iban conformando un acervo legislativo
que respondiera a la evolución del sector.

En España, a efectos prácticos, el sistema de cuotas no operaba. Este
hecho obligó a la Comisión Europea en 1991 a tomar la iniciativa de
reclamar al Estado español, en concepto de supertasa, una cantidad
próxima a los 200.000 millones de pesetas como consecuencia de los
excedentes estimados.

El MAPA, sometido a esta presión, decide acordar con las autoridades
comunitarias la puesta en marcha del sistema de cuotas a condición de que
se revisase la cuota española de venta a industria, ya que a tenor de los
datos de



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las declaraciones de los productores en 1987 fuera subestimada en 500.000
toneladas.

El 2 de enero de 1992 se publica el Real Decreto 1.888/91 por el que se
establece un plan de reordenación del sector de la leche y de los
productos lácteos que continúe el marco básico que va a regular el sector
en los próximos años y que establece de forma genérica los objetivos
fundamentales del mismo, tanto los relativos a la creación de la reserva
nacional como los programas de abandono voluntario de la producción de
leche, reglamentación de las transferencias de cuotas en sus diversas
modalidades, reasignación de las cantidades de referencia de la reserva
nacional, normas de aplicación del régimen de la tasa suplementaria,
mejora de las condiciones de la producción y venta de los productos de
las explotaciones lecheras, así como el desenvolvimiento de las
relaciones interprofesionales, modernización de las explotaciones,
etcétera.

De forma consecutiva, pero con considerable retraso, salen los sucesivos
decretos que todos conocemos. Aún falta por regular la distribución de la
reserva nacional, con lo cual el Gobierno vuelve a incumplir puesto que
en abril se aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular, que daba
cuatro meses de plazo y ya estamos en septiembre. Tampoco salió publicado
el proyecto de orden por el que se establecen normas para la
transferencia de cantidades de referencia. Pero tal vez lo más notable
sea el retraso en la resolución de los recursos de alzada presentados por
los ganaderos a las asignaciones de cantidades de referencia comunicadas
por el MAPA, de tal forma que, al día de la fecha, algunos ignoran su
cuota, y esto no es un invento de la oposición. Aquí tengo una respuesta
a una pregunta escrita que avala lo que digo. Sobran, por tanto, razones
de peso para que los ganaderos justifiquen el no pago de la supertasa.

Pero también es obvio, aunque nos guste o no, que estamos inmersos en una
normativa de obligado cumplimiento, con una prórroga de régimen de cuotas
por otros siete períodos consecutivos de 12 meses a partir del primero de
abril de 1993.

El Partido Popular entiende que esto se tiene que resolver al margen del
Parlamento, con un acuerdo bilateral en el que participen todas las
partes afectadas, y para velar por un acuerdo equitativo puede haber un
representante de cada grupo político, sin perder de vista que no es tan
importante el cómo como el cuánto.

Por lo que se deduce de mi intervención, lógicamente, pediríamos a la
proponente que retirara lo de la supertasa porque creo que estamos ante
una normativa de obligado cumplimiento que ahora no queda más remedio que
negociar, pero al margen de lo que se pueda legislar aquí; así lo
entiende nuestro partido.

En cuanto al punto 3, hay que decir que lo permite la normativa europea,
y en una sociedad de libre mercado no vemos en qué forma puede intervenir
el Gobierno. Creo que no puede pasar de una simple recomendación a las
industrias, y lo que habría que recomendar a los ganaderos es que no
firmasen ningún tipo de contrato, que como principio rechazaran las
industrias, porque sí existe constancia de que esto ocurre. Aquí tengo un
modelo de contrato de una empresa que pueden ver los señores diputados;
reconozco que los contratos pululan por ahí, pero tampoco creo que sea
una cuestión que se pueda legislar aquí sin que pase de ser una simple
recomendación.

Las enmiendas «in voce» que nosotros presentamos quedarían de la
siguiente forma. Aceptamos íntegramente el primer punto, no tenemos
inconveniente en cambiar renegociación por un aumento de cuota; a los
puntos segundo, tercero y cuarto presentamos una enmienda de supresión en
su totalidad; y en el punto quinto podríamos salvar las cesiones y
transferencias de cuota, que también lo propone el Partido Nacionalista
Vasco, porque, efectivamente, ese proyecto de orden no ha salido.

En cuanto a la distribución de la reserva nacional, como decía antes,
existe una proposición no de ley del Grupo Popular, aprobada por mayoría
y refrendada por los Grupos Socialista y Partido Comunista-Iniciativa per
Catalunya (Rumores), aunque creo que no fue apoyada por el Partido
Nacionalista Vasco. Entiendo que habría que atenerse a esa proposición y
a esos criterios.

Por lo que respecta a la constitución de la mesa, propondríamos la
siguiente redacción: Promover la constitución de una mesa en la que
participen las organizaciones profesionales agrarias para efectuar el
seguimiento y control de la aplicación del sistema de cuotas para
conseguir transparencia y objetividad en lo que se refiere a
compensaciones en las que intervengan las industrias lácteas. Ahí también
hubo una corrección por parte del Partido Comunista (Rumores.), de
Izquierda Unida, perdón.

En el punto séptimo proponemos fijar como fecha tope para la resolución
de los recursos formulados como consecuencia de la asignación de la cuota
el mes de septiembre, siempre antes de la reasignación de las cuotas.

Quiero que quede claro, de una vez por todas --creo que todos los grupos
me secundarán en esto--, que los agricultores, en el mes de septiembre,
tienen que saber lo que han de hacer con su producción, comprar, vender,
reasignar..., todo lo que sea, pero ellos tienen que conocer su cuota,
tienen que disponer de los datos suficientes. Respecto al punto octavo,
que cuando se reasignen las cantidades de referencia procedentes de la
reserva nacional, que debería ser en septiembre u octubre, a más tardar,
en ellas ya figure el contenido de materia grasa real, previa apertura de
un período para que los ganaderos puedan formular sus solicitudes. En
cuanto a la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, esto es todo lo que tenemos que decir.

Ahora, paso a fijar las posiciones en relación con la proposición no de
ley del Partido Nacionalista Vasco. Trataré también de hacerlo,
desglosando, punto por punto, lo mismo que en la anterior. En el punto 1,
referido a la distribución geográfica de las cuotas, que prohíbe la
compra-venta de cantidad de referencia entre particulares cuando no vaya
acompañada de la base territorial de la explotación ganadera, quiero
manifestar que la experiencia europea nos demuestra que ligar la cuota a
la base territorial en las transferencias a través del mercado actuó como
freno en la mayor parte de los países de la CEE, salvo en el Reino Unido
y Holanda, en donde esta acción de transferencia desenvolvió un mercado
muy floreciente a pesar de los



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precios elevados, alcanzando hasta 82 pesetas/kilo en el Reino Unido y
269 pesetas/kilo en Holanda. La razón estriba en que, por un lado, ambos
países vulneraron la normativa comunitaria mediante un subterfugio que
consiste en la retrocesión o reventa, un año después de la compra, de la
base territorial transferida.

En Inglaterra en concreto se autorizó la transferencia permanente de la
cuota a través de un arrendamiento temporal, de diez a doce meses de
duración, de la base territorial correspondiente. Al final de este
período, la superficie transferida, que no puede ser usada para la
reproducción de leche por el comprador de la cuota, retorna a su
propietario y la cuota queda en poder del comprador.

Por otra parte, tanto en uno como en otro país disponen de buenas
estructuras productivas con explotaciones bien dimensionadas, eficientes
y de alta rentabilidad económica que están en condiciones de asumir como
un coste la cuota comprada y rentabilizarla. Así, en Holanda, durante la
campaña 86-87, el 43 por ciento del volumen de cuota fue comprada por
productores que disponían de una cantidad de referencia superior a los
500.000 kilos, a lo que ya hacía referencia el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco. En esto estará de acuerdo conmigo, lo que pasa es que
yo encuentro ahí una determinada laguna.

Explotaciones de 75.000 kilos, que son las que necesitan reestructurarse,
que abundan en nuestro país, no podrán permitirse la compra de cuotas a
los precios que posiblemente van a alcanzar en el mercado. En las
cesiones temporales se pagaron a 30 pesetas/kilo, serán las prioritarias
en el reparto de la reserva nacional. Y yo me pregunto, si no pueden
comprar cuota, ¿cómo van a comprar una explotación? Cuando, además, lo
que necesitan en muchos casos es cuota para rentabilizarla y
reestructurarla.

Se pueden aceptar perfectamente las transferencias de cantidad de
referencia sin la correspondiente transferencia de la explotación cuando
el objeto de la misma sea mejorar la viabilidad de la explotación y se
compruebe realmente que el adquirente de la cuota ha realizado un plan de
mejoras con financiación propia o dinero procedente de las
administraciones públicas.

Las cantidades de referencia transferidas sin base territorial se
encuentran limitadas al ámbito de las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, vaya concluyendo.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Sí, muchas gracias.

Los supuestos de fuerza mayor en un mercado de cuotas entendemos que
serían difícilmente controlables y nos parece más lógico que los
arrendamientos se hagan por períodos largos de tiempo, probablemente
entre seis y ocho años, unidas a la explotación transferida. Se considera
prudencial teniendo en cuenta que una pradera artificial tiene una
duración en plena producción de unos cuatro años, y que en ese período se
habrá amortizado la inversión por fijar un baremo. Se pueden tener en
cuenta otros criterios, tales como la lactación de las vacas y otros más.

El punto 3 está perfectamente regulado en el artículo 10 del Real Decreto
324/1994, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas
reguladoras del sector de la leche y los productos lácteos y del régimen
de la tasa suplementaria, que prevé en el artículo 10 la posibilidad de
elaborar, con cargo a los recursos financieros de las comunidades
autónomas, cantidades de referencia para, a través de la reserva
nacional, ser asignados o reasignados a propuesta de las comunidades
autónomas. Concretamente, Galicia acaba de aprobar un plan de abandono,
basándose en este decreto, por un volumen de 35.000 toneladas.

En cuanto al apartado b), el Partido Popular, en la proposición no de ley
de la distribución de la reserva nacional, contempla un tratamiento
prioritario a los agricultores situados en zonas de montaña,
desfavorecidas o con limitaciones específicas.

El apartado c) se corresponde con el punto 3 del apartado a). Por lo
anteriormente expuesto y por otras consideraciones tales como la fijación
de unos criterios de estricta eficiencia económica por encima de
cualquier tipo de consideración de carácter estructural, como se deduce
en su exposición en la defensa de la proposición no de ley, aun
lamentándolo, votaremos en contra de todos estos puntos y exceptuaremos
el que se refiere a las comunidades autónomas, en donde se recuerda que
con sus fondos propios financien los planes de abandono para que
contribuyan a la reestructuración del sector.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Con la venia de S. S., empezaré por fijar la
posición del Grupo Socialista, en primer lugar, respecto a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Vasco y lo haré después sobre la de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Respecto a la del PNV, debo decir que mi intervención necesariamente ha
de ser breve, puesto que esta proposición no de ley es exactamente igual
a la enmienda de sustitución que el PNV planteó a la proposición no de
ley del Grupo Popular en el Pleno del Congreso el día 12 de abril de
1994. Sólo tiene un último punto distinto en la recomendación que pide
que haga el Parlamento a las comunidades autónomas para que pongan en
marcha planes de mejora y abandono de explotaciones.

Al ser idénticas, habría que remitirnos al debate que se produjo en el
Pleno del Congreso. No es necesario que lo repitamos aquí.

No obstante, muy brevemente, quiero hacer dos o tres consideraciones a la
proposición no de ley. Esta proposición no de ley, en líneas generales,
viene a decir que la cuota se compartimente en las comunidades autónomas.

Esta filosofía no es posible llevarla a cabo, puesto que sabemos todos
los grupos parlamentarios, por las comparecencias anteriores de los
sucesivos ministros de Agricultura, que el propio Gobierno español quiso
que la reserva nacional pudiera subdividirse a su vez en reservas de las
comunidades autónomas y esto fue taxativamente impedido por la Comisión
Europea, puesto que la reglamentación



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comunitaria no la posibilita. La reglamentación comunitaria nos obliga,
nos guste o no, a que sólo exista una reserva nacional y un solo
organismo competente y responsable del control y de la gestión de esta
reserva, esto es, el Estado español. Por tanto, no es un capricho del
Gobierno ni del Grupo Socialista que algunas peticiones que hace el Grupo
Parlamentario del PNV no las podamos aceptar. Simplemente es una
imposición comunitaria que tenemos que aceptar, porque al estar en ese
club hay que aceptar las reglas del juego o no hay más remedio que
salirse. Como ningún Grupo plantea aquí --eso lo sé bien-- que España
salga de la Comunidad Económica Europea, lo que tenemos que hacer es
aceptar la reglamentación que tiene el club, que tiene la Comunidad. Otra
cosa es que intentemos, y eso se va haciendo paulatinamente, que todo
aquello que nos parece que no es correcto se vaya cambiando, pero
mientras exista hay que aceptarlo. El principal argumento que emplea el
PNV no es posible aceptarlo por lo que acabo de exponer.

Las cesiones temporales, que es otra de las cuestiones sobre las que se
hace hincapié en la proposición no de ley del PNV, como sabe el portavoz
del PNV, son obligatorias por el artículo 5.º del Reglamento 3.950/92 de
la Comunidad Europea. Finalmente, el tratamiento diferencial que solicita
para las zonas de montaña ya se ha tenido en cuenta; se tiene en cuenta
en el Decreto 1881/91, de la reserva nacional y, además, le puedo decir
que en la reciente reasignación todavía provisional que se ha hecho de
las cuotas lácteas se ha tenido en cuenta precisamente esas situaciones
de zonas desfavorecidas y zonas de montaña para favorecerlas, valga la
redundancia, a la hora de la asignación de las cuotas por entender que,
efectivamente, son zonas que exigen una mayor atención para conseguir que
no se despueblen. Creo que debe dejar esa preocupación que expone.

Termino diciendo que hay determinadas gestiones que son de
responsabilidad exclusiva del Estado y que, aunque quisiera, éste no
puede traspasar a las comunidades autónomas, por imposición de la
reglamentación comunitaria, pero las comunidades autónomas pueden y deben
--además lo están haciendo, me consta-- colaborar con el Estado en otras
muchas cosas, como puede ser, por ejemplo, la tramitación de cesiones
temporales y abandonos nacionales, la recepción y comunicación a la
Administración central de los actos de transferencia de cuota que se
realicen y la información de la evolución de las estructuras de
producción, por efecto de la aplicación del régimen de cuotas. Esto me
consta que se está haciendo.

Respecto a la reasignación de la cuota de la reserva nacional, también me
consta que se van a mantener los criterios que se han expuesto
reiteradamente en la Comisión de Agricultura, que yo no quiero repetir
porque han sido expuestos ya por otros portavoces que me han precedido y,
entre ellos, está tener muy en cuenta la opinión de las comunidades
autónomas. La conferencia sectorial está funcionando afortunadamente bien
y lo que puedo decirle para tranquilizar al portavoz del PNV es que se
está atendiendo, prácticamente al cien por cien las peticiones que las
comunidades autónomas han hecho de reasignación de cuotas.

Finalmente, una cuestión de forma, si el Pleno del Congreso de los
Diputados, en abril, alcanzó un tan amplio consenso como para votar
favorablemente una proposición no de ley del Grupo Popular enmendada por
los Grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
consiguió que de 307 diputados votaran a favor de la misma 288 y sólo
hubo 19 abstenciones, me parece que es bueno que ese consenso se
mantenga. Por cierto que en ese debate esta misma proposición no de ley
que plantea hoy el PNV no fue aceptada por el resto de los grupos.

Tampoco parecería lógico que ahora la Comisión de Agricultura fuera a
enmendarle la plana al Pleno de la Cámara. De ahí que nuestra posición
respecto a la proposición no de ley del PNV será la de votar en contra.

En cuanto a la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, debo anticipar ya que hemos presentado una enmienda de
sustitución que consta de cuatro puntos en la que hemos tratado de
reflejar los que a nuestro juicio son los puntos fuertes de la
proposición que hace el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Hemos presentado un primer punto que se corresponde con el
punto primero de la proposición no de ley, en el que se habla de la
renegociación de la cuota en la proposición. Nosotros decimos que se ha
consolidado ya la ampliación de 650.000 toneladas que se consiguieron en
el año 1982. Me felicito de que así sea porque debo añadir a continuación
que no han conseguido lo mismo ni Grecia ni Italia. Sus señorías, sin
duda, conocen que Grecia e Italia no tienen consolidada su cuota y eso no
es, ni más ni menos, que como consecuencia de la buena gestión que se ha
realizado en España, del esfuerzo, a reconocer por el propio sector
ganadero español. Nos debemos felicitar, repito, de que la ampliación y,
por consiguiente, la cuota final española esté consolidada por la
Comunidad Europea y no así por otros países que tendrán que hacer los
esfuerzos que nosotros hemos hecho ya para conseguir la consolidación.

Pues bien, en el punto primero, consolidada ya la cuota, de lo que se
trata ahora es de instar a la Comunidad Europea a una nueva ampliación de
la misma porque nosotros consideramos también que es todavía insuficiente
la cuota asignada. Para ello, lo que proponemos es que con los datos que
ya empezamos a obtener de la última campaña lechera --que es, por cierto,
la primera en la que se ha aplicado el sistema de cuotas y de supertasa--
el Gobierno pueda ya iniciar el trámite para solicitar a la Comunidad
Europea la ampliación de la cuota a España.

Nuestro segundo punto corresponde exactamente con el punto 6 de la
proposición no de ley. Aceptamos que se cree una mesa para el seguimiento
y control. Decimos para el seguimiento y control y no para la gestión,
que es lo que suprimimos de lo que añade la proposición no de ley, puesto
que la cuota no puede ser gestionada por esa mesa, exclusivamente por
estricto cumplimiento de la reglamentación comunitaria. Por tanto, sí
aceptamos la constitución de la mesa para el seguimiento y control de la
aplicación del sistema de cuotas en la que decimos expresamente,



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igual que lo hace Izquierda Unida, que estén participando las
organizaciones agrarias para dar transparencia y objetividad en lo que se
refiere a compensaciones en las que intervengan las industrias lácteas.

Nuestro punto 3 se corresponde con el punto 7 de la proposición no de
ley. Lo que hacemos es reflejar el mismo texto que la proposición no de
ley de Izquierda Unida contempla. Por tanto, aceptamos el punto 7, que se
transforma en el punto 3 de nuestra enmienda. El punto 4 de nuestra
enmienda se refiere al punto 8, relativo a la actualización del contenido
en materia grasa.

Aquí quiero decir, simplemente, que no puede el Estado español, por su
cuenta y riesgo, establecer el índice de materia grasa. Lo que sí puede y
debe hacer (es lo que nosotros también proponemos en la enmienda de
sustitución), es solicitar a la Unión Europea la actualización del índice
de contenido en materia grasa, para que se ajuste a la realidad española.

Debo decir que este índice todavía no es conocido con exactitud, ya que
se están recibiendo ahora los últimos datos de la campaña. Lo que
nosotros pedimos al Gobierno es que en cuanto se tengan los datos ponga
en marcha esa petición.

Lo que nuestra enmienda propone es la supresión de los puntos 2, 3, 4 y 5
de la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
por considerar en el 2 que la obligación del pago de la supertasa es
ineludible --lo ha explicado bien la portavoz del Grupo Popular y no me
extenderé más en el tema--, y por estimar que en el punto 3, que pide que
se tomen las medidas necesarias para la devolución por parte de las
industrias de la tasa, ésta se va a producir en el momento en que se haga
la liquidación. En el momento en que se haga la liquidación y se sepa
exactamente cuál ha sido el exceso de producción que hemos tenido,
entonces las industrias tendrán obligatoriamente que devolver a los
ganaderos el exceso de supertasa que hayan abonado y, por tanto, no es
necesario decirlo en la proposición no de ley puesto que esto ya está en
marcha.

Respecto al punto 4, que se refiere a revisar el actual planteamiento
--dice aquí-- del MAPA respecto del mercado libre de cuotas, debo decir
que ya en agosto se ha publicado la orden ministerial que regula, en este
caso exclusivamente, lo que llamamos el alquiler de cuotas, donde además
se especifica que habrá un límite temporal de un año; no se podrán ceder
por más de un año, aunque luego podrá ser prorrogable, pero nunca se
podrá hacer por más de un año, precisamente para evitar la especulación.

En cuanto al resto del desarrollo del Real Decreto 324/1994, va a hacerse
de manera prácticamente inmediata --nos consta-- en cuanto sea posible
reasignar de manera ya definitiva la reserva nacional que de momento
todavía lo es de manera provisional.

En cuanto al punto 5, también proponemos su supresión cuando se habla del
desarrollo del citado Real Decreto 324, sobre cesiones y transferencias
de cuotas que estuvieran en la reserva nacional, porque, como acabo de
decir, esto se va a regular de forma inmediata en cuanto la reserva
nacional se haya considerado como definitiva y se puedan asignar, por
tanto las cuotas individuales de manera definitiva, por lo que tampoco
vemos razón alguna para instar a que eso se haga, puesto que está en
marcha.

No obstante, debo añadir, para conocimiento de SS. SS., que hoy mismo el
Secretario General de Producciones y Mercados del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación español está en Bruselas en una reunión
donde está precisamente intentando actualizar el índice de materias
grasas y otros temas pendientes respecto a las cuotas lácteas. Se trata
de una reunión en la que está solicitando, en resumidas cuentas, es lo
que todos estamos aquí proponiendo.

Con esta enmienda de sustitución a la de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya pensamos que se da satisfacción a las principales
preocupaciones del Grupo proponente y, por tanto, le rogaríamos que las
aceptara para votar nuestra enmienda de sustitución que podría recoger,
además, un amplio consenso de la Comisión, lo cual siempre es beneficioso
para el sector.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla, para expresar
la aceptación o no de la enmienda formulada.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, en primer lugar, quisiera
posicionarme respecto a la proposición del PNV.

Como previa puntualización, y con toda simpatía, quería decir que me he
visto muy sorprendida por el jaleo que las señoras y señores Diputados
organizan con el nombre de nuestra coalición. He visto que se ha
corregido. Efectivamente, es compuesta, pero ruego que se tenga en cuenta
que el nombre es Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

En relación con la proposición no de ley del PNV, quiero decir también
que no será esta Diputada la que se rasgue las vestiduras porque un tema
se ha visto en Pleno o en Comisión, dos veces en Pleno desde distintas
perspectivas, ya que la economía parlamentaria, desde luego, no es la
tónica en nuestras actuaciones. Por tanto, me voy a posicionar respecto a
esta proposición no de ley. Ya que la filosofía y la letra coinciden con
el espíritu de nuestra proposición, voy a decir brevemente que vamos a
votar favorablemente la proposición no de ley del PNV, por cuanto en los
primeros apartados del grupo a) se establece la obligatoriedad de que la
cuota vaya ligada al territorio. Cuando yo he explicado nuestra
proposición no de ley he aclarado el concepto que nosotros tenemos de la
función social que debe realizar la cuota. En ese sentido, estamos en
disposición de votarlo favorablemente.

Respecto a la reasignación dentro de cada comunidad autónoma, ya en la
propia comparecencia del Ministro se dijo que una parte podría ser
reasignada a la comunidad autónoma. En el Real Decreto 324 también se
especifica y, por tanto, no vemos mayor oposición a votar a favor.

También compartimos el punto b) respecto al trato diferencial de las
zonas de agricultura de montaña. Pensamos que en todos los procesos de
regulación de las políticas agrarias y ganaderas se tiene que tener en
cuenta los agricultores que están en esas zonas y que, por tanto, debe



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haber medidas de discriminación en positivo para que puedan seguir
funcionando. Pensamos que este punto recoge esta filosofía.

Respecto a que las comunidades autónomas participen y se
corresponsabilicen en la gestión y el régimen de cuotas y puedan aportar
a la Administración central aquellos criterios para la asignación, nos
parece correcto. También nos parece correcto el último punto, que se
refiere a que las comunidades autónomas incentiven los planes de abandono
propios y que sean reasignados después en su propio territorio. Es por
eso que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará a favor en su
conjunto, a excepción del punto primero, por cuanto pensamos que ya está
conseguido y sería en los restantes puntos en los que nos posicionaríamos
a favor.

En relación con las enmiendas «in voce» que ha defendido la portavoz del
Grupo Popular, quisiera decirle que aun compartiendo muchos de los puntos
de su exposición --que, por otra parte, ha sido muy brillante--, nuestro
Grupo está ahora mismo en disposición de, aun no compartiendo la práctica
parlamentaria del Grupo Socialista, que tiende siempre a ir hacia
enmiendas de sustitución en vez de enmiendas de adición o de sustitución
parcial, cosa que en este caso era absolutamente posible, en aras de que
haya una unanimidad en cuanto a instar al Gobierno para que se tienda a
una ampliación de la cuota, estamos en disposición de aceptar la
transaccional con una enmienda «in voce» al punto número 1 donde dice:
«Consolidada ya la ampliación de la cuota láctea de España, solicitar a
la Unión Europea una nueva ampliación que ajuste a la realidad española
la cantidad de referencia asignada a la vista de los datos reales de la
última campaña...» No se puede decir: «A la vista de los datos reales de
la última campaña lechera, porque los datos no se corresponden con las
necesidades reales de producción». Al contrario, aceptaríamos que ese
punto número 1 quedase redactado de la forma siguiente: «Consolidada ya
la ampliación de la cuota láctea a España, solicitar a la Unión Europea
una nueva ampliación que se ajuste a las necesidades reales de
producción, que permita la rentabilidad de las explotaciones ganaderas en
la cantidad de referencia asignada.» Pensamos que esto, unido al punto
número 2, que también es aceptado en la enmienda de sustitución del
Partido Socialista en el sentido de que haya una mesa para el seguimiento
y control en la que participarán las organizaciones agrarias, podría ser
aceptado.

En relación con la supertasa, he dicho que nuestro Grupo era consciente
de que al plantear esto no estábamos ajustándonos a la normativa
comunitaria. En el punto número 2 pedimos la revisión de la obligación
del pago de la supertasa a cargo de los ganaderos. Como ha sugerido la
representante del Grupo Popular, que en vez de ser en la proposición no
de ley se establezca a través de negociaciones, cómo se va a pagar esa
supertasa, estimo que en el espíritu de los grupos parlamentarios debería
estar el que se llegase a un tipo de negociación para que no fuesen los
ganaderos los que tuvieran que hacerse cargo de la supertasa.

En relación al planteamiento del Grupo Popular, respecto al desarrollo
del Decreto 324, le felicito por la información de que dispone su Grupo
Parlamentario, pero, desde luego, de esa información no disponemos los
distintos grupos parlamentarios ni las asociaciones profesionales
agrarias. De ahí se deriva toda la incertidumbre y la inseguridad y de
ahí venía nuestro punto número 5 de la proposición no de ley.

Ahora, públicamente y en esta Comisión, el portavoz dice que este
desarrollo del Decreto 324 está a punto de producirse. Yo doy por buenas
sus palabras y, por tanto, dado que también ha recogido el punto número
4, que hace referencia a la actualización de la regulación sobre la
materia grasa, nuestro Grupo está en condiciones de aceptar la enmienda
de sustitución que ha presentado el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría. Le
ruego brevedad.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, quiero hacer tres
pequeñas consideraciones.

En primer lugar, manifestar al portavoz del Grupo Socialista que,
evidentemente, nuestro Grupo Parlamentario --quizás él no se ha dado
cuenta-- tenía presentada esta misma proposición no de ley con fecha
anterior al 12 de abril para su debate en el Pleno, que es al que se ha
referido, concretamente el día 7 de abril.

Obviamente, este Grupo Parlamentario, por su dimensión, no tiene acceso a
presentar en el Pleno proposiciones no de ley con esa periodicidad y se
ha trasladado a la Comisión. Lo que se produjo en el Pleno fue un debate
sobre las cuotas lácteas, pero con un diseño planteado por el Grupo
Popular y que nosotros no pudimos, por nuestra dimensión, más que
enmendarlo.

Ahora hemos tenido oportunidad de presentar como cuestión de debate
nuestra proposición, pero no en el debate que tuvo lugar el 12 de abril.

De la intervención del señor Torres se deducía que se había debatido. Se
discutió el modelo del Grupo Parlamentario Popular, que nosotros,
complementariamente, enmendamos, pero, evidentemente, la fijación de las
posiciones fue sobre el otro modelo. El debate del 12 de abril tenía como
soporte previo la proposición del Grupo Popular, pero nosotros el día 7,
como consta en el Registro de la Cámara, ya habíamos presentado la
proposición no de ley. Por eso quería hacer esta pequeña puntualización.

En segundo lugar, efectivamente, el señor Torres decía que no pueden
constituirse reservas autonómicas. Si se fija, nuestra proposición no de
ley no habla de eso en ningún momento. Estoy de acuerdo en que el
Ministerio de Agricultura ha realizado una gestión dirigida a ese
reconocimiento, pero le repito que nuestra proposición no de ley no habla
en ningún momento de eso. Habla siempre de que haya una mayor
participación en la gestión, pero no de la constitución de reservas
autonómicas, sino de recomendar a las comunidades autónomas la puesta en
marcha de planes.

Por último, quería indicar que el acuerdo de la Unión Europea de
consolidar el incremento de las 15.000 toneladas



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deja en este momento sin eficacia y sin sentido el punto 1 de nuestra
proposición no de ley. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario lo
retiraría.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, ya en mi intervención me había
referido a la solicitud de votación separada de los puntos 2 c) y 3 de la
proposición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




El señor TORRES SAHUQUILLO: Lamento no haberme enterado muy bien al
final. No me ha quedado claro si retiraba o no la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Vasco. Me ha parecido oír algo de retirada.




El señor PRESIDENTE: Retirada del punto 1.




El señor TORRES SAHUQUILLO: De acuerdo, señor Presidente.

Quiero hacer una pequeña consideración al Grupo Parlamentario Vasco por
la alusión que me ha hecho en un tono cordial.

Yo, por supuesto, no he puesto en duda la legitimidad del Grupo
Parlamentario Vasco para presentar ésta y cualquier iniciativa que crea
oportuna. Lo que he dicho ha sido una argumentación para explicar por qué
nuestro Grupo no iba a apoyar la proposición no de ley. Naturalmente que
está legitimado para presentar iniciativas cuando lo considere oportuno.

En cuanto a la mención que ha hecho a la reserva nacional, que se
pretendía que fuera también autonómica, lo he dicho también como
argumentación de nuestra negativa. No he dicho en ningún caso que usted
cite en su proposición no de ley que han de hacerse reservas autonómicas.

Finalmente, la señora Rivadulla ha planteado a su vez una modificación a
la enmienda de sustitución que presentamos al punto 1, que debo decir, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que la aceptamos.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que lógicamente, al aceptar
la transacción que se ha presentado por parte del Grupo Socialista, el
texto que votamos sería la enmienda de sustitución que globalmente ha
representado el Grupo Socialista, con las modificaciones que ha hecho la
señora Rivadulla.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, ¿sería difícil que se leyera
textualmente cómo ha quedado redactado el punto? Porque ha habido
transacción y un segundo texto.




El señor PRESIDENTE: La señora Rivadulla tiene la palabra para leer el
punto 1, porque el 2, el 3 y el 4 ya los conocen sus señorías.




La señora RIVADULLA GRACIA: Consolidada ya la ampliación de la cuota
láctea a España, solicitar a la Unión Europea una nueva ampliación que
ajuste a las necesidades reales de producción que permite la rentabilidad
de las explotaciones ganaderas la cantidad de referencia asignada.




El señor PRESIDENTE: ¿Exacto? (Asentimiento.)
Votos a favor de la proposición no de ley con la enmienda del Grupo
Socialista. (Pausa. La señora Fernández Díaz pide la palabra.)
Estamos votando.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Perdón, es que nuestro Grupo quería pedir
votación separada.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, no es posible. Saben que la
práctica parlamentaria, además del Reglamento, no permite la votación
separada de las proposiciones no de ley que han sido enmendadas.

Reglamentariamente no es posible. Lo siento.

Pasamos a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad esta proposición no de
ley, con la enmienda de sustitución del Grupo Socialista.

A continuación pasamos a votar... (El señor Torres Sahuquillo pide la
palabra.)



El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, se me olvidó antes comentar
algo sobre la proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV). Antes de que
se vote y, con su permiso, quisiera hacerlo brevemente.




El señor PRESIDENTE: Adelante.




El señor TORRES SAHUQILLO: Nosotros estaríamos también en disposición,
como Grupo Parlamentario, al votar separadamente la proposición no de ley
de Grupo Vasco (PNV), de aceptar el punto 2 c) y 3, siempre y cuando ese
Grupo acepte en el punto 2 c) retirar la palabra «gestión», porque eso lo
prohíbe la Comunidad Europea. Simplemente. Se trata de no aprobar algo
que no se va a poder cumplir. Cuando habla de «posibilitar la
corresponsabilidad y la cooperación de las comunidades autónomas en la
gestión del régimen de cuotas lácteas», es que no es posible que
participen en la gestión puesto que lo prohíbe la reglamentación
comunitaria. Si se eliminara la palabra «gestión», como estamos
perfectamente de acuerdo en la colaboración y en la corresponsabilidad y
participación de las comunidades autónomas en todo lo que se refiere al
sector lácteo, estaríamos de acuerdo en votar favorablemente también,
como otros grupos han anunciado, el punto 2 c) y el 3. Diría lo mismo,
pero sin la palabra «gestión». Lo digo a los efectos de que no aprobemos
algo que luego es de imposible cumplimiento.




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El señor PRESIDENTE: ¿Cómo quedaría?



El señor TORRES SAHUQUILLO: La corresponsabilidad y la coparticipación de
las comunidades autónomas en el establecimiento... --o algo así, no
gestión-- ...del régimen de cuotas lácteas mediante la creación... Todo
igual.

Si el portavoz del Grupo Vasco está de acuerdo, nosotros podríamos votar
a favor del punto 2 c) y del punto 3.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, mejor que en «es
establecimiento» sería en «la aplicación». El régimen está establecido.

Sería la aplicación de lo establecido.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Retirado el punto número 1, votamos el punto 2, excepto en el apartado
c), que votaríamos conjuntamente con el punto 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 2, en sus apartados a) y
b).

Votamos, a continuación, el apartado c) del punto 2 y el punto número 3
de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobados el apartado c) del
punto 2 y el punto número 3 de la proposición no de ley.




--RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR EN FAVOR DEL SECTOR PRODUCTOR DE
ESPARRAGOS PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.

(Número de expediente 161/000219.)



El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir la siguiente
proposición no de ley, que es la relativa a las medidas a tomar en favor
del sector productor de espárragos.

Para defenderla, el señor Isasi tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor ISASI GOMEZ: Señorías, el período de sesiones anterior lo
acabábamos con un gran debate sobre el tema del vino y en esta ocasión lo
comenzamos, de alguna forma, por lo menos por mi parte, debatiendo la
crisis y los problemas que padece el sector del espárrago en nuestro
país. Sector que, en esta ocasión, no afecta al resto de los países de la
Unión Europea de una forma importante, puesto que España ha sido hasta
hace unos años el suministrador dijéramos de más del 50 por ciento del
consumo de espárragos dentro de la Comunidad; sí les afecta de alguna
manera, ya que no consienten la defensa por parte de España de los
intereses de los productores de espárragos en nuestro país, puesto que,
para beneficiarse de la venta de los bienes de equipo a terceros países,
prefieren importar los espárragos de países terceros, de países de fuera
de la comunidad. Esto está haciendo que el sector del espárrago en
España, un sector importantísimo para muchas regiones de nuestro país,
como son La Rioja, Navarra, Aragón, el eje del valle del Ebro,
Extremadura o Andalucía, que es el principal productor de espárragos en
los últimos años en nuestro país, atraviese una crisis importantísima y
dramática.

Señorías, en el año 1989 el precio del espárrago se pagó, como media, en
torno a las 335 pesetas. A partir de ese año fue cayendo en cascada hasta
las 240, 250, 280 ó 210 que se ha pagado este año, precios auténticamente
ruinosos para el sector productor de espárragos en nuestro país.

El Grupo Popular cada legislatura, al menos, trae a esta Cámara para su
debate la problemática del sector y propone medidas coyunturales para que
se soliciten por el Gobierno a la Comunidad Económica Europea en defensa
del mantenimiento de este producto que, en palabras socialistas en otras
ocasiones, era un sector en alza, que cada año iba aumentando la renta.

Sin embargo, los hechos son contundentes y se ha venido demostrando que
es todo lo contrario.

Nada más que en jornales el secto productor de espárragos generaba en el
año 1992 alrededor de 20.000 millones de pesetas. Ya en la presente
campaña descendió a 17.000 millones de pesetas. Al ritmo en que vienen
sucediéndose las campañas últimas, nadie que conozca mínimamente el
sector duda de que va a desaparecer de la faz de la tierra española la
producción de espárragos.

¿Cuáles son las causas más importantes de esta crisis? Lógicamente que la
Unión Europea ya no importa espárragos de su socio respetando el
principio de preferencia comunitaria. Ya en la primera parte de la sesión
todos los grupos hemos hablado de defender dicho principio, que además
está en todos los tratados, desde el de Roma hasta los documentos
posteriores, sobre todo los que hablan de agricultura dentro de la Unión
donde siempre se habla del principio de preferencia comunitaria. Miren
por donde en esta ocasión, una vez más, se quiebra radicalmente este
principio porque no afecta a los principales países de la Comunidad, o a
los llamados países poderosos de la Unión Europea. Eso sí prefieren, como
decía al principio, comprar al mejor postor, a terceros países, pero no
solamente por el hecho de comprar a mejor precio, a pesar de provocar
unos precios de dumping social, sino porque, egoístamente, de esa manera,
ellos van a vender los bienes de equipo, los tractores, la maquinaria,
las lavadoras o los televisores a esos países terceros sin importarles
absolutamente nada que un socio de la Unión Europea sea el principal
productor de espárragos dentro de la misma. Por eso se impuso hace unos
años de una forma un tanto cínica, aquella ayuda a los países andinos
para comprarles espárragos con arancel cero para que pudieran producir
espárragos en sustitución de la coca, cosa que ha resultado totalmente
inadecuada por no emplear otras palabras más duras, puesto que la coca se
produce a una altitud en aquellos



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países donde el espárrago es imposible que se produzca. La alternativa es
totalmente inexistente en esos países.

Sin embargo, hemos visto cómo en el seno de la Unión Europea se están
importando de Perú más de 30.000 toneladas de espárragos procedentes de
dicho país, entre comillas, porque las fronteras de aquellos países
también han servido como colador para que las producciones de otros
países --al margen de las de los países andinos-- se colaran por éstos
hacia la Unión Europea.

Hay que decir asimismo que desde China se están importando en la Unión
Europea más de 60.000 toneladas anuales de espárragos. En España, esa
balanza comercial con el resto de la Unión Europea se ha invertido,
lógicamente. De consumir en el resto de los países comunitarios en torno
a las 11.000 toneladas de espárrago español, hemos pasado a consumir
5.500 toneladas. El consumo del espárrago español ha descendido en torno
al 50 por ciento en el seno de la Unión, en nuestro club, en nuestra
Unión Europea a la que pertenecemos, donde no se respeta ese principio de
preferencia comunitaria.

En cada campaña, entre el sector industrial y el sector producto se forma
un gran debate para establecer los precios que debe percibir el
agricultor, pero el sector transformador o industrial juega con las
cartas marcadas, porque sabe que en última instancia puede recurrir a
comprar espárrago fresco a Perú, a China o a cualesquiera de esos países
terceros productores en el resto del mundo que lo van a conseguir a
precios muchísimo más baratos, a pesar del coste del transporte, que el
precio que ofrece el productor español en la puerta de casa. Por ello,
después de ese tira y afloja, el productor español tiene que agachar la
cabeza y aceptar el precio que se le impone desde el sector productor que
puede comprar en otros países.

Señorías, se está produciendo un auténtico fraude al consumidor. Este
diputado se molestó la semana pasada en coger de la estantería de una
gran superficie comercial --previo pago, lógicamente-- unas latas de
espárragos en las que con marcas españolas, marcas tradicionalmente
conocidas por el ama de casa que, lógicamente no repara en determinados
detalles, porque, por otra parte tendría que ir acompañada de una lupa
--yo casi no lo veo-- para poder leer que estos espárragos (El orador
exhibe unos envases de conserva a la Comisión), que tienen la razón
social producida en la ribera del Ebro, donde tradicionalmente se
producen los mejores espárragos --yo no sé si de España, de la Comunidad
o del mundo-- (Risas.) son un producto de Perú. (Risas.) Esto no ocurre
en una marca concreta, yo he conseguido cuatro marcas distintas de
espárragos, marcas conocidas por todo el mundo, especialmente por las
amas de casa, que se producen en Perú.

Nosotros, señorías, como representantes de los ciudadanos españoles, del
consumidor y, sobre todo, del productor, tenemos la obligación de ser
sensibles a este problema, intentar poner los remedios para su solución y
que sean compatibles con el GATT, con la Unión Europea y con todos los
tratados internacionales. No podemos consentir que desaparezca un
producto como éste de la faz de la tierra española. (Rumores.) Por ello
tenemos la responsabilidad de buscar las mejores soluciones.

Por ello, en nuestra proposición no de ley, que consta de tres puntos,
pretendemos la creación de una organización común de mercado, específica
para el espárrago, la aplicación inmediata de la cláusula de salvaguardia
a la campaña a la que nos estábamos refiriendo cuando se redactó esta
proposición y que las vicisitudes de calendario de esta Comisión, el
verano y otras cuestiones, como la campaña electoral, etcétera, han hecho
que la estemos viendo en septiembre. Pero no importa, porque la campaña
se sucederá y llegará la del próximo año.

Y al mismo tiempo, en el punto 4 insistimos sobre el cumplimiento real
del etiquetado, al que me refería hace un momento. No es admisible que
bajo el pretexto de que, el etiquetado está realizado en el Perú o se
entala en el Perú, se haga en estas condiciones y con estas
características. Por eso, como representantes de los ciudadanos, tanto
del consumidor como del sector productor, insisto, señorías, una vez más,
nosotros tenemos la obligación esta mañana y aquí de ponernos de acuerdo
e intentar conseguir un texto, cuando menos para la próxima campaña, en
el que se modifiquen las reglas del juego de forma que el sector
productor español pueda permanecer en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate de esta
proposición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Baltá tiene la palabra.




El señor BALTA I LLOPART: Bien es cierto, señorías, que el sector
agrícola productor de espárragos viene sufriendo últimamente una
situación que pone en peligro las explotaciones agrarias dedicadas a
dicho cultivo, lo que conlleva un impacto desestabilizador de la
industria conservera y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. La
causa no es otra que la llegada al mercado español de importaciones de
países comunitarios cuyo origen real no es precisamente algún país de la
Unión Europea, como nos ha demostrado el portavoz Popular, señor Isasi,
sino terceros países cuyas circunstancias de producción agrícola e
industrial los hacen extraordinariamente competitivos, si se obvian las
exigencias de calidad que caracterizan la producción de las áreas
españolas del espárrago donde especialmente los costes salariales son muy
superiores a los de China y el Perú, países de donde proceden los
espárragos de bajo precio, cuestión escasamente novedosa por cuanto
también la padecen otros sectores.

Las cifras que contabilizan la penetración en el mercado europeo
procedentes de Perú, beneficiada por la supresión de aranceles que,
buscando paliar el problema de la droga en un caso, en su día acordó la
Unión Europea, y de China, a pesar del gravamen del 22 por ciento que se
les aplica, son verdaderamente espectaculares.

En la propia España se ha pasado de no importar nada a ver la
introducción en el mercado de más de 3.000 toneladas anuales, al tiempo
que las 11.000 que se exportaban se han reducido a menos de la mitad. Es
un auténtico



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descalabro para el sector y, además, se ha producido precipitadamente.

Los agricultores españoles no pueden competir porque, efectivamente, los
precios con que los espárragos importados llegan al mercado son
claramente inferiores a los costes de producción. Por si fuera poco, se
ha extendido una práctica fraudulenta en el etiquetado de unas conservas
que el consumidor compra creyendo que se trata de un producto nacional.

De ahí la intervención del portavoz Popular con toda la razón del mundo.

Ante este fraude coincidimos con el Grupo proponente en la necesidad de
que se exija el estricto cumplimiento de la legislación comunitaria sobre
el etiquetado, que también recoge la enmienda «in voce» que nos ha
anunciado el portavoz socialista. Y nos parece correcta la precisión de
que los envases indiquen el origen del contenido.

El portavoz socialista también nos hablaba, en la conversación sostenida
anteriormente, de la posibilidad del envío, por parte del Gobierno
español al pertinente organismo de la Unión Europea, de un documento de
reflexión sugiriendo la conveniencia de dar soluciones al problema
surgido a través de la opción de un conjunto de apoyos y medidas, de
ayudas comunitarias que, en su momento, palien la situación creada en
busca del reequilibrio del sector; acción, la de remitir el documento del
Gobierno a la Unión Europea, que se ha producido simultáneamente a la
tramitación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.

Y, lógicamente, crea un nuevo punto de partida o de apoyo del debate que
ahora mismo sostenemos y que nos hace sugerir la conveniencia de que el
Grupo que sustenta al Gobierno y el que ha presentado la proposición no
de ley lleguen a un acuerdo para que juntos podamos plantear la cuestión
con la energía, con la indignación, en cierto sentido, que el tema
requiere, por cuanto afecta sensiblemente a amplios sectores de la
producción agrícola.

La posición de mi Grupo ha quedado expuesta: hay que encontrar un acuerdo
que consideramos que sería constructivo en este caso.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baltá. Aunque el orden lógico
sería la intervención del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, lo
siento, señor Baltá, pero conocido que por parte del Grupo Socialista se
ha presentado una enmienda, lógicamente debería haber intervenido
anteriormente.

Si le parece, tiene la palabra el señor San Martín, del Grupo Socialista,
para presentar la enmienda y fijar su posición respecto a la proposición.




El señor SAN MARTIN SALA: Señor Presidente, señorías, me corresponde a mí
hacer de portavoz del Grupo Socialista en este momento para fijar la
postura de mi Grupo ante la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular.

Como Diputado de una región donde el producto del espárrago tiene una
gran incidencia, tanto en el sector agrario como en el industrial, me
satisface el debate de este tema, fundamentalmente en un momento en que
el sector del espárrago está atravesando una crisis que no es novedosa
hoy en el sector agrario, sino que es la crisis estructural que han
padecido ya muchos productos de la agricultura.

Y no es por las importaciones (yo ahí discrepo de sus apreciaciones), no
es por la caída de precios desde el año 1989 que relacionaba, porque si
quiere le doy los precios desde el año 1960, que se pagaron a 10 pesetas
el kilo; el año 1978, 105; el año 1982, 230 (por el tema de los
mundiales); el año 1983, 175 (por efectos de los stockages que hubo); el
año 1985, 150; el año 1987, 190; y así hasta el año 1988; el año 1989,
335, quizá por una postura descabellada y de falta de visión por parte de
los industriales subió a 335; al año siguiente, 240, etcétera. Es decir,
que el precio del espárrago se mantiene en una línea, pero no es ese el
problema de la importación, porque cuando el año 1985 se pagó a 150 no
había importaciones en España y pocas en Europa. Es otra la razón que
están padeciendo distintos productos en una economía de mercado, en una
economía que evoluciona hacia otros países, donde los costes de
producción siguen siendo mucho menores, y también en una economía de
mercado mucho más amplia, mucho más internacional, donde los consumidores
tienen derecho también a tener los mejores productos y a los mejores
precios.

Por eso el problema no es de importaciones o no, es de costos de
producción en una sociedad desarrollada y en una sociedad en la que en
todos aquellos productos que llevan mano de obra va a ser difícil
competir con terceros países; esa es una realidad a la que nos tenemos
que acostumbrar; pero, efectivamente (y esto me satisface por venir de
una zona donde estamos viviendo desde hace muchos años este problema),
todos los grupos parlamentarios hemos de tener la voluntad de buscar
soluciones para resolver este problema estructural para éste y otros
productos que, poco a poco, han ido dejando paso, muchos de ellos, a
otros mecanizables; éste no lo podemos abandonar, porque tiene una
incidencia muy importante, como he dicho, en el aspecto social así como
en los aspectos económico e industrial.

Respecto a la proposición no de ley, tengo que decir al Grupo
Parlamentario Popular que mi corta experiencia en el Pleno me lleva a
observar, más que a intervenir, cómo, a veces desde ese planteamiento de
oportunidad política, fue presentada en plena campaña electoral (y,
además, en plena campaña del espárrago, no nos olvidemos) una proposición
de ley que quizá llegaba ya, en sus términos de redacción, tarde y puede
que desajustada a lo que verdaderamente se necesitaba en ese momento. Y
digo tarde porque ya el 28 de abril el Gobierno de España presentó un
documento de reflexión a la Comisión de Agricultura para que, dados los
problemas del sector hortícola ante la nueva reglamentación y ordenación
de mercados de frutas y hortalizas, se pudieran incluir algunos aspectos
interesantes para nuestros productos. En ese documento ya se pedían
claramente ayudas de protección al espárrago y a otros productos,
fundamentalmente porque ya es irreversible que este producto no tenga una
competencia de terceros países y que no se puedan reducir los costos de
producción. Por esa razón, se creía más pragmático el ir por la vía



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de ayudas a las rentas y ayudas directas que por otros aspectos que la
proposición no de ley pretende. Como he dicho ya, también nos parece
ineficaz puesto que ya se estaban pidiendo ayudas en una línea más
avanzada que la que plantea la propia proposición no de ley.

Por lo que se refiere a la cláusula de salvaguardia, efectivamente, si
pensamos como se ha expresado, sería lógico establecer una cláusula de
salvaguardia para no importar y para que subieran los precios, pero
tenemos que tener en cuenta que eso no va a suceder cuando hay una
importante demanda de espárrago en Europa y los espárragos de España no
pueden abastecer la demanda de Europa. Es más, el Gobierno de España, en
reiteradas ocasiones, en muchas --y me consta porque he estado detrás del
tema--, desde que se produjo el incremento de las importaciones hace tres
años, ha solicitado la cláusula de salvaguardia aplicando los cauces que
establece en ese sentido el Reglamento 426/86 o el 3833, donde se limitan
las importaciones, y siempre ha sido contestado de la misma forma. De
acuerdo con la realidad, que es terca, los precios no caían, las
importaciones no originaban excedentes y tampoco existía una competencia,
porque tengamos en cuenta, señor Isasi, que venimos siguiendo esos botes
en los establecimientos con las organizaciones agrarias de Navarra y
hemos podido comprobar que así como hace tres y cuatro años las
cantidades eran mínimas, hoy ya son masivas, pero no están bajando los
precios, venden al mismo precio, y esa es la estrategia empresarial de la
empresa que más importa. No tira los precios en el mercado, ocupa un
nicho, pero al mismo precio que se vende el espárrago de aquí, y la
prueba es que no han bajado los espárragos debido a eso. Por esa misma
razón, la Comunidad Económica, en varias ocasiones, no ha creído oportuno
establecer la cláusula de salvaguardia. Por tanto, creo que hay que ir
tomando medidas más pragmáticas para ir asumiendo lo que es la realidad
del mercado, porque tengamos en cuenta que los consumidores quieren el
precio mejor y, como es un producto de gran incidencia social, hay que ir
por la vía pragmática y, si es necesario, presionar a nuestro Gobierno
para que plantee en Bruselas esas medidas que el Gobierno español ya
solicitó a través del documento de reflexión, que ya han sido recogidas
en el último documento que la Comisión de Agricultura redactó hace un
mes, todas ellas, a través de una serie de fondos canalizados por las
organizaciones interprofesionales, y que van a dar mejor resultado para
el futuro del espárrago que pedir la cláusula de salvaguardia, puesto
que, en definitiva, va a ser difícil conseguirla desde aspectos
objetivos.

Por eso el Grupo Socialista, siendo consciente del problema que tiene el
espárrago y que va a tener en el futuro como otros productos, pretende
ser más práctico y pragmático y, en vez de crear una OCM del espárrago,
queremos, y así lo refleja también el documento, incorporarlo en una
organización común de mercado que abarque o agrupe todos los productos y
fundamentalmente los pequeños, porque una OCM del espárrago o de un
producto pequeño tendría una serie de inconvenientes importantes. No
tendría viabilidad porque sería un pequeño producto en todo un conjunto
de naciones de poca trascendencia y sería desconsiderado. No sería útil
porque quién se iba a interesar por una cuantía económica que, dentro de
toda la macroeconomía de la Comunidad Económica, supone muy poco, y lo
que no tendría es capacidad de negociación. Eso es lo importante. Todos
los pequeños productos están incluidos. Esto lo recoge el documento de
reflexión de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea cuando dice
que habrá que buscar o llevar a cabo programas específicos para estos
pequeños productos. Luego quiere decir que se podrán negociar ayudas
específicas para el espárrago, otro las pedirá para el ajo, otro para el
kiwi y otro las pedirá, no cabe duda, para otros productos. Por eso
creemos más importante y con más capacidad de maniobra, a la hora de
negociar, que esté englobado con todos los pequeños productos para poder
conseguir mejores ayudas o mejores aportaciones.

Estamos totalmente de acuerdo en lo que es el etiquetado. Indudablemente
tenemos el Real Decreto 212/1992 que como consecuencia precisamente de
las anomalías que se estaban dando en aquella época aprobó el Ministerio
por el cual homologaba la normativa comunitaria y, además, daba un aviso
en una serie de inspecciones sobre lo que estaba pasando. No cabe duda
que hay que ser exigente en esa materia. Hay que avanzar en el sentido de
que todos los productos de terceros países no nos pueden hacer la
competencia, poniendo como muy bien dice, unas letras pequeñas que hay
que ponerse las gafas para leerlas y en definitiva se está defraudando al
consumidor.

Por eso nuestra propuesta a esta Cámara es la de una enmienda alternativa
a la proposición no de ley, más actualizada, más pragmática, más acorde
con la realidad según la cual se diría: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que la propuesta española de incluir el espárrago
fresco y transformado en la nueva OCM de frutas y hortalizas, una vez
recogida en el documento de reflexión de la Comisión, sea defendida ante
la Unión Europea, a fin de lograr el máximo de apoyo y medidas en
beneficio de la renta de los productores. Asimismo, insta al Gobierno a
que, con base en el Real Decreto 212/1992 intensifique las medidas de
control sobre el etiquetado de los productos originarios de terceros
países, en beneficio de los consumidores españoles.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Compartimos la preocupación manifestada por
el señor Isasi, portavoz del Grupo Popular en esta propuesta. También
compartimos la necesidad de protección que tiene el sector productor de
espárrago, al igual que hemos defendido para otros productos pequeños
como champiñón, el ajo, los frutos rojos, que, si bien no representan una
cantidad importante a nivel de producción de la Unión Europea, tienen una
gran importancia social regional en determinados territorios del Estado
español.

Una vez escuchada la enmienda in voce que ha realizado el representante
del Grupo Socialista, pensamos que



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por lo que se refiere al criterio que teníamos respecto a la propuesta
del Grupo Popular, estamos en mejores condiciones de aceptar la propuesta
de enmienda del Grupo Socialista, por cuanto no vemos nada claro que una
OCM específica para el sector del espárrago tenga la suficiente fuerza.

Entendemos que las necesidades del sector podrían ser mejor defendidas en
la OCM conjunta de frutas y hortalizas.

Efectivamente, el espárrago, en la actualidad, igual que las sandías y
otros productos, no goza de preferencia comunitaria. Experimentará una
reducción arancelaria del 36 por ciento, que en otros productos
hortofrutícolas solamente será del 20. Estará en una difícil situación al
aplicar los acuerdos del GATT, y pensamos que es en ese ámbito de la OCM
de frutas y hortalizas donde se deben recoger todas aquellas garantías
que permitan el mantenimiento de la renta de los agricultores no
excluyendo el principio de la cláusula de salvaguardia cuando así sea
necesaria.

Compartimos el segundo punto, que sería prácticamente el mismo que
presenta el Grupo Popular, respecto a la aplicación correcta y con
control exhaustivo del Real Decreto en materia de etiquetado. En suma,
señorías, nos definimos por la propuesta de enmienda del Grupo
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a fijar brevemente la posición de
nuestro Grupo.

La intervención del señor Isasi me ha parecido exhaustiva, densa y propia
de quien conoce la situación. La exposición de motivos de la proposición
no de ley diseña un planteamiento muy realista que nos hace conocer a
primera vista lo que está ocurriendo en determinadas zonas de la
geografía española. Evidentemente, si extrapolamos la problemática de lo
que se señala en la parte expositiva, apreciamos cómo nos encontramos
ante el problema que con ocasión del debate del GATT hemos visto con
anterioridad y que otros portavoces también han mencionado cuando han
hecho uso de la palabra, que es el referente a las diferentes condiciones
de competitividad y al bienestar social que Europa tiene en relación a
terceros países. En ese sentido la dinámica competitividad bienestar
social se refleja también ahí; es decir, las condiciones laborales, las
condiciones de los agricultores de la Unión Europea para poder trabajar
no son las mismas que tienen agricultores de países asiáticos o de países
latinoamericanos, y eso está induciendo a factores de competitividad
quizá desleal. Sería un dumping social, y en definitiva, repito, lo que
Europa tiene que hacer es trasladar esa cláusula social que en la Ronda
Uruguay de los acuerdos del GATT quedó pendiente, la cláusula social y la
cláusula medioambiental que los países quizá menos desarrollados no
quisieron a última hora incluir, pero la Organización Mundial de
Comercio, como órgano dimanante de los acuerdos de la Ronda Uruguay del
GATT, ha asumido que la cláusula social y medioambiental pase también a
formar parte en su día, a través de la negociación política
correspondiente, de la parte vinculante de los acuerdos del GATT.

No obstante, me parece también rigurosa y acertada la exposición que ha
hecho el portavoz socialista, conocedor de la problemática del espárrago
en la Comunidad Autónoma de Navarra, y nuestro Grupo Parlamentario
estaría dispuesto a apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
en la medida en que también da una solución al planteamiento que la parte
expositiva de la proposición del PP plantea y, por tanto, mostramos
nuestra disposición favorable, siempre que sea aceptada por el Grupo
Popular.




El señor PRESIDENTE: El señor Isasi tiene la palabra.




El señor ISASI GOMEZ: En principio para justificar la posición final del
Grupo Parlamentario respecto al planteamiento fundamentalmente del
portavoz del grupo socialista que, entre otras cosas, empezaba diciendo
que el problema o la crisis que padece el sector no viene a cuento por
las importaciones que se hacen en la Unión Europea del espárrago. Yo creo
que sí, que hemos demostrado precisamente que la consecuencia final es
ésa. ¿Por qué se hacen estas importaciones? Porque el agricultor
productor de Perú cobra 100 pesetas/día y en España está entre 6 y 8.000.

Ese es el fondo de la cuestión y es lo que estamos diciendo todos de una
u otra forma, por esos bajos costes de producción en otros países y esas
facilidades que pone la Unión Europea, a la que también pertenece en sus
decisiones el Gobierno Socialista, a disposición de los industriales
españoles para que puedan comprar a Perú o a China en lugar de a los
productores que tiene en la puerta de casa. Esa es la cuestión. Señor San
Martín, comprendo que usted es nuevo en esta casa y seguramente habrá
sido por eso, pero este Diputado y algún compañero de su circunscripción
venimos planteando esta cuestión todas las legislaturas que yo conozco,
que por mi parte ya son tres y por la de su compañero, dos. Todas las
legislaturas hemos traído a debate este asunto entre los miembros de la
comisión.

Respecto de la cláusula, no existe ningún interés electoralista. Por
supuesto que a todos se nos enciende la luz roja en plena campaña del
espárrago, claro que sí, porque conectamos con los productores, con los
industriales y con el sector en general y planteamos en esta Cámara esas
cuestiones. ahora estamos fuera de campaña y puede ser un momento
interesante de cara a la próxima. No nos tache de electoralismo u
oportunismo en esta ocasión porque no le es, aunque no sería ningún
disparate que lo fuera.

Respecto de algunas ayudas de protección para el espárrago, no se trata
de eso. Vamos a defender los intereses españoles con toda la
contundencia. Es un sector que puede desaparecer, y no es una opinión de
este Diputado. En cinco años y a este ritmo no habrá ni una sola
plantación en el territorio español, porque no tendrá razón de ser. Si
nos circunscribimos a intentar conseguir alguna ayudita que otra, son
sólo parches y se necesitan medidas importantes.

Señores socialistas, este Diputado y este Grupo no tiene ninguna
reticencia a la hora de aceptar la enmienda en su punto principal con el
fin de que el espárrago esté integrado en la nueva organización común de
mercado de



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frutas y hortalizas, pero de verdad de una forma clara y contundente, no
por la puerta falsa, no en la letra pequeña para conseguir alguna ayuda
alguna vez como decía al principio.

Me decía que se ha solicitado la cláusula de salvaguardia. En esta Cámara
se ha debatido infinidad de veces por este Grupo Parlamentario y se le ha
echado en cara al Gobierno socialista que no haya hecho nunca uso de esta
cláusula de salvaguardia para los productos españoles, salvo en alguna
ocasión para los fertilizantes, a la hora de pagar costes los
agricultores, entonces sí. Creo que este verano se ha pedido para el ajo,
pero nada más. Usted que ha sido Consejero de Agricultura debía saberlo.

Por lo tanto, señores Diputados, señor Presidente, este Grupo sí va a
aceptar esa enmienda, pero dejando claro que no nos conformamos con una
ayudita a la renta. Queremos que el sector productor tenga posibilidades
de futuro. En cuanto a los precios que usted ha dado, efectivamente, en
1989 fueron de 335 y de ahí fueron bajando en cascada hasta llegar a 210,
cifras que no son rentables para sufragar los costes que tiene el
producto español. Habría que garantizarles una media de estos últimos
seis años para que el sector productor tuviera un mínimo futuro.

Respecto del segundo punto, aceptamos esa enmienda, pero nos gustaría que
nos admitieran una enmienda transaccional en el segundo punto referente a
la cláusula de salvaguardia, que diría lo siguiente: «En cada campaña que
los precios del espárrago al agricultor sea inferior a la media de los
últimos seis años, el Gobierno español solicitará la aplicación inmediata
de la cláusula salvaguardia para esta producción que impida las
importaciones a mínimos precios de espárragos procedentes de terceros
países, mientras se consigue la integración clara y específica en la OCM
de frutas y hortalizas.» Damos por bueno el primer párrafo. Lo que
pretendemos con esta proposición es salir de aquí con un acuerdo lo más
unánime posible. Por lo tanto, les invitamos a que reconsideren esta
postura intentando llegar a un acuerdo entre todos.

El señor PRESIDENTE: Señor San Martín, ¿se acepta esta transacción a la
transacción?



El señor SAN MARTIN SALA: No hay ningún inconveniente en las condiciones
que ha expuesto el señor Isasi.




El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Isasi haga llegar a la Mesa el texto
literal de su transaccional. En ese sentido, si les parece, votaríamos la
proposición no de ley que en su redactado final sería la propuesta del
Grupo Socialista más el añadido que ha formulado el señor Isasi y que
consta en el escrito que ha presentado a la Mesa.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Antes de levantar la sesión y dado que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ha dejado para otro trámite parlamentario el debate de la
proposición no de ley relativa a las aves silvestres, quisiera comentar a
la Comisión que ha anunciado su renuncia como Diputado el señor Grau, por
lo tanto, lógicamente también en su condición de Vicepresidente de la
comisión de Agricultura. Quiero, en nombre de la Mesa, de la Comisión y
del mío propio, agradecerle su colaboración durante este año en que ha
estado entre nosotros y desearle los mayores aciertos en sus otras
responsabilidades públicas al servicio de los ciudadanos de nuestro país.

Muchas gracias, señor Grau.




El señor GRAU I SERIS: Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.