CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 178
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 7
celebrada el lunes, 25 de abril de 1994



ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas
(Saavedra Acevedo), para informar sobre el Plan de Modernización de la
Administración del Estado, en su segunda fase, y sobre la situación del
Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos. A petición propia.

(Número de expediente 214/000050) (Página 5580)
Preguntas:
--Del señor Núñez Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre estado de
elaboración en que se encuentra el proyecto de un sistema general de
indicadores capaces de medir y valorar periódicamente la evolución de los
servicios públicos considerados de mayor importancia para los ciudadanos.

(BOCG serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente 181/000639)
(Página 5580)
--Del mismo señor Diputado, sobre fecha prevista para el desarrollo de
las normas relativas a certificaciones de actos presuntos, así como a la
generalización del criterio de acto presunto estimatorio, en cumplimiento
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOCG
serie D, número 76, de 22-3-94. Número de expediente 181/000637) (Página 5601)

Página 5580



--Del mismo señor Diputado, sobre balance del programa de reducción del
número actual de procedimientos administrativos y su adecuación a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOCG serie D, número
76, de 22-3-94. Número de expediente 181/000638) (Página 5601)
--Del mismo señor Diputado, sobre plasmación del compromiso asumido por
el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura en relación con
un esfuerzo mayor de transparencia. (BOCG serie D, número 76, de 22-3-94.

Número de expediente 181/000640) (Página 5604)



Se abre la sesión a las cinco de la tarde.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(SAAVEDRA ACEVEDO) PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN DE MODERNIZACION DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO, EN SU SEGUNDA FASE, Y SOBRE LA SITUACION DEL
OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. A PETICION PROPIA.

(Número de expediente 214/000050.)



--PREGUNTA SOBRE EL ESTADO DE ELABORACION EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO
DE UN SISTEMA GENERAL DE INDICADORES CAPACES DE MEDIR Y VALORAR
PERIODICAMENTE LA EVOLUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONSIDERADOS DE
MAYOR IMPORTANCIA PARA LOS CIUDADANOS. FORMULADA POR EL SEÑOR NUÑEZ PEREZ
(GP). (Número de expediente 181/000639.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Se abre la sesión.

Dando la bienvenida, una vez más, al señor Ministro, vamos a tratar del
orden del día, consistente, en primer lugar, en la comparecencia, a
petición propia, del Ministro para las Administraciones Públicas, para
informar sobre el Plan de modernización de la Administración del Estado
en su segunda fase y sobre la situación del observatorio de calidad de
los servicios públicos, para entrar posteriormente en el capítulo de
preguntas, del Grupo Parlamentario Popular.

Para iniciar el primer punto del orden del día, tiene la palabra el señor
Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tengo el honor de
comparecer ante esta Comisión atendiendo al compromiso que el 29 de
septiembre de 1993 contraje con sus señorías: ofrecerles un balance
completo de la primera fase del Plan de modernización de la
Administración General del Estado y exponerles los objetivos y contenidos
de los proyectos que hemos ido incorporando a la segunda fase de este
importante Plan.

Como sin duda recordarán, en abril de 1992, después de un intenso trabajo
de preparación y coordinación interministerial, se puso en marcha el Plan
de modernización de la Administración General del Estado. Consistía en
204 proyectos concretos de mejora, cuyo principal objetivo era
incrementar la calidad y la eficiencia de nuestros servicios. Queríamos
conseguir, mediante actuaciones sucesivas y resultados igualmente
concretos, que la Administración General del Estado funcionara cada vez
mejor y con el menor coste posible. Recordarán asimismo SS. SS. que esos
204 proyectos se enmarcaban en un triple ámbito de actuación: mejora de
la información y atención personalizada a los ciudadanos, incremento de
la calidad de los servicios y, por último, aumento de la eficacia de la
gestión.

Dos años de experiencia en el desarrollo del Plan nos permiten, de
acuerdo con el calendario previsto, efectuar un balance sobre los
resultados obtenidos en esta primera fase y, sobre todo, reflexionar a
partir de los mismos sobre la utilidad del instrumento de modernización
que el Gobierno puso en marcha hace ahora dos años.

Comenzaré, por tanto, expresando a SS. SS. los datos globales que arroja
la evaluación de esta primera fase del Plan de modernización: 143
proyectos finalizados, 34 en ejecución y 27 retirados nos indican un
grado de cumplimiento del 70 por ciento de las previsiones del Plan. Si
tomamos como referencia el número de actividades concluidas, la tasa de
ejecución aumenta algo más al haber sido realizadas 1.384 actividades
sobre un total de 1.929 actuaciones programadas, lo que representa el 72
por ciento del conjunto del Plan. Estas cifras nos permiten afirmar que
el plan se ha desarrollado satisfactoriamente.

Pero con ser significativos los datos que acabo de anticiparles, es el
balance de resultados concretos obtenidos el que nos permite valorar más
adecuadamente el impacto que ha tenido en la Administración estatal. Más
aún, creo sinceramente que los resultados que me propongo exponer a
continuación despejarán las dudas que en el momento de su aprobación
plantearon algunos Grupos políticos respecto a la utilidad de una medida
semejante.

En primer lugar, y por lo que respecta al área de comunicación y atención
a los ciudadanos, el desarrollo del Plan ha comportado mejoras evidentes.

Citaré las de mayor interés. En el Ministerio para las Administraciones
Públicas



Página 5581



hemos puesto en funcionamiento un centro de información administrativa
sobre servicios y asuntos gestionados por la Administración general. Este
centro ha recibido en un año más de 75.000 visitas y ha atendido 350.000
consultas telefónicas en este mismo período de tiempo.

El Ministerio del Interior ha creado asimismo un primer centro de
información administrativa integrada y ubicada en la ciudad de Granada,
que proporciona a los ciudadanos información referente a las
Administraciones local, autonómica y estatal.

En la Seguridad Social también han sido creados 110 nuevos centros de
atención al ciudadano. Estos centros, conectados informáticamente, han
atendido en tiempo real 500.000 consultas anuales sobre prestaciones. Y
en Defensa contamos ya con 25 nuevas oficinas de información a soldados y
marineros, lo que ha permitido atender 237.000 consultas anuales. Hemos
comenzado la implantación de las primeras oficinas de información al
ciudadano en centros de reclutamiento, registrándose en un año más de
400.000 peticiones de información y más de un millón de consultas
telefónicas, que han sido atendidas por estos centros.

Otros servicios de información al ciudadano se han visto igualmente
potenciados bien como consecuencia de la ampliación de sus prestaciones,
bien como resultado de sus mejoras. Así, el desarrollo por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de un programa informático ha
permitido resolver en el acto el 99 por ciento de las consultas
efectuadas en 1992 por 375.000 contribuyentes y el 92 por ciento de las
realizadas en 1993 por 1.833.000 ciudadanos. En la misma línea, el Plan
de información empresarial, acometido por el Ministerio de Industria y
Energía, ha comportado la puesta en marcha de 16 bases de datos que
cuentan ya con 900 suscriptores comerciales, y el programa de
colaboración de la Secretaría General de Turismo, con 14 comunidades
autónomas, se ha traducido en la implantación de un servicio permanente
de información telefónica que ha dado respuesta, en 1992, a 15.000
consultas. Por tanto, no puede caber la menor duda de que la comunicación
con los ciudadanos es mejor ahora y alcanza a más ciudadanos que antes de
que se acometieran los proyectos contenidos con esta finalidad en el
Plan.

En esta misma área han sido acometidos otros proyectos que han mejorado
sustancialmente el trato que los ciudadanos reciben en sus relaciones con
la Administración General del Estado. En unos casos, lo que se ha buscado
y se ha conseguido de forma satisfactoria es acercar la red física de
servicios a los usuarios. En otros supuestos, hemos ampliado el horario
de consulta y atención al ciudadano. Y en otros, en fin, lo que se ha
pretendido, y en buena medida se ha conseguido, es personalizar el trato
y hacer más simple la tramitación.

Resulta de este modo evidente que la implantación del horario de tarde en
32 ciudades y la creación de 55 equipos rurales están ya facilitando a
los correspondientes ciudadanos un trámite por el que todos hemos de
pasar: la renovación del Documento Nacional de Identidad; que la
ampliación del horario del servicio de información del Ministerio de
Educación y Ciencia está permitiendo atender mejor las consultas de los
profesores, padres y alumnos; y que las medidas adoptadas para que los
pacientes hospitalizados conozcan a su médico es un paso importante, que
a buen seguro están valorando ya positivamente los usuarios internados en
estos centros hospitalarios.

La reducción a dos del número de documentos exigidos por el Inserso a los
usuarios de sus centros; la implantación del documento único de
minusvalía; la puesta en marcha, en un 92 por ciento de los centros de
atención primaria del Insalud, de la citación previa para el médico
especialista sin que el paciente tenga que desplazarse, o la asunción por
estos mismos centros de la gestión para la asignación de médico,
reintegro de gastos y acceso a otras prestaciones, han supuesto también
mejoras palpables que con toda certeza están ahorrando tiempo y molestias
a los ciudadanos.

En segundo lugar, y por lo que respecta a la mejora de la calidad de los
servicios, los resultados como consecuencia del Plan son bastante
satisfactorios. En unos casos, porque hemos conseguido una reducción
significativa de los plazos de tramitación administrativa; en otros,
porque el Plan ha acarreado mejoras en el propio servicio, y en el resto
de los supuestos porque lo que se ha producido es pura y simplemente la
puesta en marcha de un nuevo servicio.

Me permitirán que les exponga algunos de los resultados concretos. Hemos
reducido en un 50 por ciento el plazo de tramitación de las pensiones
gestionadas por el Ministerio de Defensa, lo mismo que el plazo de las
pensiones de jubilación voluntaria e incapacidad dependientes del
Ministerio de Economía y Hacienda. Hemos informatizado 90 consulados y 76
secciones consulares, con consecuencias ciertamente positivas en la
tramitación de pasaportes, que en la actualidad se expiden en el día.

Igual ha ocurrido con las inscripciones en el Registro Civil, que ahora
pueden realizarse también en el día. Además, en materia de servicios
sociales hemos conseguido dejar en 35 días el plazo para la gestión de
ingresos en centros, que antes del Plan era de 120 días, y en 75 el de
calificación de la condición de minusválidos, que con anterioridad era de
105 días. En Educación, hemos logrado reducir en dos meses el plazo para
la autorización de centros privados, y en Administraciones Públicas hemos
acortado en dos meses el tiempo de percepción por las corporaciones
locales de las subvenciones estatales para la cooperación económica
local. En otro orden de servicios, Correos ha mejorado notablemente todos
sus plazos de entrega. Prueba de ello es que la tasa de cartas entregadas
dentro de los plazos ofertados ha pasado del 80 al 93 por ciento. Por
último y en lo que atañe a nuevos servicios, contamos en nuestro haber,
como consecuencia de los proyectos desarrollados, con un nuevo centro de
publicaciones seriadas y un centro nacional de documentación, que han
permitido incrementar en un 900 por cien el número de usuarios de la
Biblioteca Nacional; un servicio de videotex del Instituto Nacional de
Estadística, con actualización inmediata de los datos de sus
estadísticas; y un nuevo sistema de información y venta de localidades
que, entre otras cosas, permite la adquisición de entradas en cualquier
punto de la red del



Página 5582



Ministerio de Cultura y para cualesquiera de sus espectáculos.

En tercer lugar y en lo que se refiere al área de gestión interna, el
Plan ha supuesto resultados positivos que conviene no minusvalorar.

Obviamente, se trata de mejoras procedimentales, aplicaciones
informáticas, formación de empleados o actuaciones internas, que no son
percibidas por los ciudadanos más que de forma indirecta. Con todo,
citaré algunos resultados. En el Ministerio de Sanidad y Consumo han sido
centralizadas en una única base de datos todas las notificaciones sobre
reacciones adversas a medicamentos, con un total de 46.000 casos
detectados. En Industria y Energía ha sido creada una única base de datos
sobre la gestión de nueve programas de ayudas a empresas, con
consecuencias ciertamente positivas en la tramitación de 5.500
expedientes anuales, que representan un volumen de ayuda de 22.000
millones de pesetas. Y en materia de formación, el INAP ha impartido
cursos, en el marco del Plan de modernización, acerca de 50.000
funcionarios y casi mil directivos y predirectivos, lo mismo que la
Seguridad Social, que también ha desarrollado cursos de formación que han
afectado a otros 50.000 funcionarios. Además, como saben SS. SS., hemos
desarrollado, dentro de este mismo capítulo de mejora de la gestión,
algunos proyectos para la racionalización y simplificación de las
estructuras de la Administración General del Estado. Entre ellos, cabe
destacar la supresión o, en su caso, reorganización de 179 órganos
provinciales y territoriales del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, más de 14 de la Secretaría General de Pesca y cuatro del
INIA, con una redistribución en estos dos últimos supuestos de 488
empleados públicos.

Por consiguiente, el balance de la primera fase del Plan de modernización
es que hemos obtenido resultados positivos en todas las áreas de
actuación contempladas en el Plan. Entiendo por ello que, sin caer en
excesos de euforia, debemos felicitarnos por el esfuerzo realizado. En
primer lugar, porque hemos conseguido romper la actitud de resistencia al
cambio que caracteriza a la Administración, mediante la asunción de
compromisos concretos y perfectamente susceptibles de medición. En
segundo término, porque esos resultados son mejoras que los ciudadanos
efectivamente pueden constatar. En otras palabras, por primera vez los
hechos han primado sobre los buenos propósitos, aun cuando esta primera
fase del Plan de modernización no sea más que el inicio de un proceso
ciertamente más complejo. Esta consideración es la que nos ha empujado a
seguir impulsando un plan que, como las señoras y señores diputados
recordarán, fue concebido por el Gobierno como una experiencia dinámica,
desde el convencimiento de que la Administración en general, y la
Administración General del Estado en particular, no se cambia sólo por
decreto. No quiero decir con ello que las reformas legales no sean
necesarias o incluso, en muchas ocasiones, imprescindibles. Lo que estoy
afirmando es que esas reformas no nos parecen suficientes y que, a la
vista de esta experiencia, nos parece del todo pertinente seguir
comprometiéndonos con los ciudadanos en el desarrollo de una nueva fase
del Plan de modernización.

Es sabido, por otra parte, que todos los servicios contenidos en la
primera fase no eran la totalidad de posibles servicios estatales
susceptibles de ser mejorados. Como es conocido también que, aun cuando
hubiéramos tenido medios suficientes para mejorar la calidad y la
eficiencia de todos y cada uno de esos servicios, la elasticidad de la
propia demanda social hubiera desaconsejado un enfoque estático del Plan
de modernización.

En definitiva, la modernización no es sino una puesta al día de la
Administración General del Estado, esto es, un esfuerzo permanente para
dotarla de capacidad de respuesta frente a la propia evolución de la
sociedad. Esto, desde luego, nos obliga a huir de toda retórica,
encarando con soluciones concretas los viejos y, cómo no, los nuevos
retos de eficiencia y calidad de los servicios, entre ellos, el de
contribuir a una recuperación económica que exige un esfuerzo colectivo
al que la Administración General del Estado no puede en modo alguno
sustraerse.

Es precisamente ésta última reflexión la que nos ha aconsejado ampliar
los objetivos generales del Plan de modernización, incorporando a su
segunda fase una específica estrategia de reducción de costes e
incremento de la productividad; una estrategia a la que, a su vez,
tampoco resultarán indiferentes los demás objetivos asumidos en el Plan.

Más sencillamente, lo que ahora nos hemos propuesto es seguir avanzando
en la calidad de otros tantos servicios, reduciendo incluso los costes de
la gestión. Esta filosofía impregna, por tanto, no sólo los proyectos que
específicamente se encaminan a la reducción de costes, sino también los
que persiguen mejorar la comunicación, incrementar la calidad y aumentar
la eficiencia de la gestión; objetivos todos ellos que siguen teniendo
una presencia ciertamente importante en esta nueva etapa del Plan de
modernización. A éste se han incorporado --segunda fase-- un total de 165
proyectos, que fueron aprobados en el Consejo de Ministros del pasado
viernes. De ellos, un 24,8 por ciento se encaminan, como en la fase
anterior, a mejorar la información y a acercar la Administración General
del Estado a los ciudadanos. Estos proyectos, en total 41, han sido
diseñados por los correspondientes departamentos teniendo en cuenta la
situación actual de sus servicios, el perfil de sus usuarios y las
demandas de éstos en tanto que clientes de los mismos. Ello explica el
abanico de objetivos y actuaciones que tales proyectos se plantean dentro
de la finalidad común de mejora de la comunicación, a la que acabo de
referirme.

La creación de un sistema de información sanitaria para el ciudadano, la
implantación de cinco oficinas de información integrada para atender las
consultas sobre servicios o asuntos gestionados por las administraciones
públicas, la puesta en marcha de 23 oficinas más de información en
centros de reclutamiento, la simplificación de los 57 impresos que han de
utilizar más de 500.000 pensionistas de clases pasivas para que éstos no
se vean obligados a aportar más que los datos imprescindibles, la puesta
en marcha de un sistema de correo electrónico entre el Instituto Nacional
de Estadística y las grandes empresas e instituciones informantes, el
establecimiento de un nuevo procedimiento para el ejercicio conforme la
Ley 30/1992 del



Página 5583



Derecho de Petición, la implantación de un sistema de videotex con
información sobre altos cargos, directivos y predirectivos de la
Administración General del Estado, o la elaboración de un programa de
preguntas y respuestas más frecuentes en el servicio de información del
Ministerio de Educación y Ciencia son, entre otros, algunos de los
resultados que esperamos obtener en esta segunda fase del Plan de
modernización. A ellos hay que añadir los servicios telefónicos o
telemáticos que nos proponemos implantar o, en su caso, mejorar en áreas
de indudable interés para los ciudadanos, como la asistencia tributaria,
servicio de tele-ruta, consumo, prestaciones por desempleo y gestión
ocupacional, por no citar también los proyectos que tienen como eje
central la información al ciudadano en asuntos económicos y sociales, que
están preocupando a la sociedad como la inmigración o el problema del
sida.

En cuanto al área de calidad de los servicios públicos, puedo
anticiparles que en esta nueva fase acometeremos 47 proyectos, en los que
participarán el 94 por ciento de los ministerios. Estos proyectos suponen
el 28,5 por ciento del total. Se trata, sin lugar a dudas, del bloque con
mayor impacto en la percepción que los ciudadanos tienen de la
Administración General del Estado y, consiguientemente, entiendo que
debemos prestar a estos 47 proyectos la atención que deben merecernos
desde esta perspectiva. En este sentido, el Plan contempla un proyecto
cuyo desarrollo habrá de constituir en el futuro un obligado punto de
referencia para establecer mejor las prioridades en todo lo relativo a la
calidad que exigen los usuarios de los servicios que les presta la
Administración General del Estado. Me refiero, señorías, a la puesta en
funcionamiento del observatorio de calidad de los servicios públicos, una
novedad con la que daremos cumplimiento al compromiso que expresamente
recogió el programa electoral del Partido Socialista.

Si no diagnosticamos bien los problemas, si no hacemos un esfuerzo por
conocer los actuales niveles de calidad de los servicios que presta la
Administración, difícilmente podremos ni mejorarlos ni hacer de ellos lo
que nos hemos propuesto: servicios de calidad en todo comparables, o
incluso mejores, que los prestados por el sector privado. Para ello hemos
establecido en el correspondiente proyecto 75 indicadores, que resultan
expresivos de la calidad que los diferentes servicios ofrecen a los
usuarios. Con esta misma finalidad hemos seleccionado los servicios que,
según la opinión expresada por los propios ciudadanos, tienen para ellos
mayor importancia. Están, por tanto, en el proyecto de observatorio los
servicios de Correos; Documentación y Registros; Tráfico; Educación;
Gestión tributaria; Pensiones; Sanidad; Servicios sociales y Teléfonos.

Como es natural, en el futuro podrán ir incorporándose tanto nuevos
indicadores como, desde luego, nuevos servicios. Durante 1993 hemos
aplicado en fase experimental el sistema de indicadores diseñado a los
diez servicios que les he citado. Esta experiencia nos permite vislumbrar
con optimismo la puesta en marcha, conforme al calendario previsto, del
observatorio de calidad.

En cuanto a los 46 proyectos restantes, les referiré algunos supuestos
que pueden resultar expresivos de los compromisos que hemos asumido en el
capítulo dedicado a la calidad. Valladolid, Murcia y Madrid conocerán,
como consecuencia del Plan, experiencias pilotos para que las personas
mayores con enfermedades crónicas puedan ser trasladadas desde los
hospitales a centros residenciales. Con esta medida esperamos conseguir
dos cosas: mejorar la calidad de vida de estas personas en un entorno más
adecuado, y racionalizar al mismo tiempo el uso de plazas hospitalarias.

Además, amortizaremos 8.533 plazas penitenciarias en 44 centros obsoletos
y las sustituiremos por seis nuevos centros, actualmente en construcción,
más funcionales, seguros y mejor dotados. Extenderemos la implantación de
juicios rápidos a nuevas localidades. Pondremos en marcha una oficina de
asistencia inmediata a las víctimas por comisión de delitos.

Proporcionaremos a los pacientes, al mismo tiempo de su alta, el
correspondiente informe clínico mejorando su percepción de calidad
asistencial, los plazos de espera y los posibles errores en la asignación
de los historiales. Posibilitaremos la elección libre de tocoginecólogo.

Estableceremos un sistema integral de organización y gestión de los
parques nacionales. Mejoraremos, en el área de Cultura, las relaciones
con los niños y los mayores del Centro de Arte Reina Sofía; el sistema de
circulación de información entre las bibliotecas del Estado y la
comunicación de la Biblioteca Nacional que, además, pondrá en marcha
nuevos servicios de reprografía y distribución.

En otro orden de servicios, proseguiremos con el Plan de Correos y
Telégrafos, mediante una mayor atención a los puntos en los que
actualmente se detecta una menor calidad. De ello se beneficiarán
1.227.368 habitantes repartidos en 1.716 núcleos, 102 polígonos y 5.442
empresas. La regularidad en los envíos con una tasa del 94 por ciento en
plazo; la implantación de un servicio de giro por teléfono en todo el
territorio nacional con atención las veinticuatro horas; la agilización
de los trámites de ventanilla y la extensión a 1.169 oficinas postales de
la prestación de servicios financieros son igualmente resultados que
obtendremos como consecuencia de esta segunda fase del Plan.

Hay finalmente un bloque de proyectos en este apartado encaminados a la
reducción de plazos y al incremento de la comodidad de los usuarios. A
título de ejemplo citaré dos que, a mi entender, van a ser valorados muy
positivamente por los ciudadanos: primero, la implantación de la cita
previa en el 50 por ciento de las 36.000 peticiones diarias que se
producen para análisis clínicos, radiografías y pruebas similares. Estas
citas podrán concertarse con las unidades administrativas de los centros
de asistencia primaria. Segundo, el pago, en un porcentaje similar al
anterior, de las prestaciones por desempleo, mediante ingreso en la
cuenta corriente del titular.

En cuanto a los proyectos enmarcados en la estrategia de mejora de la
gestión interna, en total 38, intentaré ser muy breve con el fin de no
aburrir a SS. SS. con proyectos cuyo impacto, desde el punto de vista de
los ciudadanos, ciertamente es menor que los que he comentado con
anterioridad. Todos se concretan en medidas instrumentales: técnicas de
gestión, aplicaciones informáticas, procedimiento de racionalización de
estructuras y similares.




Página 5584



En el capítulo de técnicas de gestión se contemplan proyectos muy
diversos: desde la implantación progresiva del sistema de dirección por
objetivos en las federaciones españolas deportivas, hasta el
establecimiento de una contabilidad analítica para organismos autónomos,
pasando por el plan integral de control de eficacia en los centros
penitenciarios, o la mejora de la coordinación institucional para el
equipamiento en un Estado descentralizado.

En materia informática también es la diversidad la nota que caracteriza
esta segunda fase. La información sobre cine, la gestión económica de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, o las
relaciones financieras España-Unión Europea se beneficiarán, por citar
algunas áreas concretas, de este tipo de aplicaciones.

Por último, y en lo que respecta a estructuras administrativas, el Plan
incluye proyectos que en general pretenden su adelgazamiento y adecuación
funcional. La reorganización tanto de estructuras, como de efectivos del
Ministerio de Cultura; la reunificación de los laboratorios
agroalimentarios; la adaptación de la estructura del Ministerio de
Defensa, como consecuencia del Real Decreto recientemente aprobado; la
ordenación funcional y orgánica del Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente en el área de vivienda, urbanismo y cultura,
así como la realización de algunos análisis encaminados a futuros planes
de empleo, agricultura y justicia, son alguno de los proyectos
contemplados en esta segunda fase.

No quisiera dar por finalizada esta parte de mi comparecencia sin prestar
alguna atención a los 39 proyectos encaminados, bien a conseguir
reducciones de costes, bien a incrementar la productividad de los
servicios seleccionados. Estos proyectos representan el 23,6 por ciento.

Dentro de este capítulo hemos contemplado los planes de empleo, cinco en
total, que ya están en condiciones para su implantación. Los organismos
que se han incorporado a estos planes son: el Ministerio de Defensa, el
Ministerio del Interior, el Centro de Investigación Energía y Medio
Ambiente (CIEMAT), el «Boletín Oficial del Estado» y el INEM.

Como SS. SS. conocen perfectamente, todos estos planes se encaminan a la
optimización de los recursos humanos disponibles mediante reasignaciones
que evitarán contrataciones que, en otro caso, resultarían necesarias
para la prestación de nuevos servicios o la cobertura de bajas. No
necesito, por tanto, insistir en el hecho de que el desarrollo de estos
proyectos supondrá importantes ahorros para la Administración estatal.

Dentro de este mismo apartado nos hemos propuesto también reducir el
gasto corriente. Los Ministerios de Agricultura, Administraciones
Públicas, Cultura, Comercio y Turismo, Educación y Ciencia, Presidencia,
Trabajo y Seguridad Social, Asuntos Sociales, Economía y Hacienda,
Industria y Energía, han previsto para ello medidas de diversa índole
como son la racionalización de uso de fotocopiadoras, la reducción de las
comunicaciones telefónicas o la racionalización de la política de
compras. Todo ello por no citar expresamente otros proyectos que,
mediante medidas de racionalización del uso de la informática o mejoras
en la gestión inmobiliaria y energética, comportarán disminuciones de los
correspondientes gastos. No faltan, en fin, proyectos de indudable
repercusión social, como el proyecto de control de las prestaciones
económicas de la Seguridad Social, ni por supuesto otros tantos
encaminados a aumentar los ingresos en algunos servicios de carácter
comercial, recaudación de la Seguridad Social, productos cartográficos,
que son susceptibles de ser gestionados mediante técnicas empresariales
en términos de mejora de canales de comercialización, gestión de cobros,
etcétera.

En definitiva, dos palabras podrían resumir, a mi juicio, el contenido de
esta nueva fase del Plan de modernización: continuidad e innovación. La
experiencia de desarrollo, con buenos resultados, de la primera fase nos
ha permitido, sobre todo, verificar su utilidad para alcanzar los
objetivos que en su momento nos fijamos. Ha supuesto un esfuerzo de todos
los organismos y del personal que en ellos prestan sus servicios, y desde
esta perspectiva merece ser valorado también positivamente. Pero, sobre
todo, lo que nos ha permitido esta primera fase es afianzarnos en nuestra
voluntad de seguir adelante, fase que esta tarde he tenido el honor de
presentar en esta Comisión. Una fase que no contempla, como tampoco lo
hacía la anterior, todos y cada uno de los servicios públicos estatales,
ni se compromete a resolver todos los problemas, pero que es un paso más
del que habrán de derivarse mejoras muy significativas, similares a las
que ya se han obtenido en los servicios que en esta ocasión se han
considerado prioritarios; unas mejoras que, en todo caso, serán
diferentes porque diferentes son también los problemas y alternativas
reales para su solución.

Esta es la idea central de todo el Plan y, desde luego, también la de
esta segunda fase: pasar al terreno de lo concreto para incrementar con
economía de costes la calidad de los servicios. Consecuentemente, esta
fase tampoco será la última; antes bien, representa un compromiso de
modernización de la Administración General del Estado con la sociedad
española, un compromiso que tiene vocación de renovarse y desarrollarse
en un permanente esfuerzo de mejora y de perfeccionamiento en su
servicio.

Quedo ahora a la espera de los planteamientos y sugerencias de los grupos
de la Cámara respecto a esta segunda fase del Plan de modernización.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Se abre un turno de intervenciones. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor
Núñez, por un tiempo de diez minutos.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señorías, señor Ministro, comenzaré pidiendo un
poquito más de tiempo por una razón: tengo varias preguntas, una de
ellas, la tercera, está en estrecha relación con el observatorio de
calidad y, por tanto, voy a unirla a mi intervención. Por eso pido que se
me dé el tiempo necesario para, sumadas las dos, poder



Página 5585



hacer una intervención que comprenda todos los extremos que quiero
exponer.

En todo caso, procuraré ser breve.




El señor PRESIDENTE:Señor Núñez, esta Presidencia entiende que queda
retirada la pregunta número 4, o integrada.




El señor NUÑEZ PEREZ: La integro en la intervención que a continuación
voy a exponer.

Señor Ministro, aquí estamos hablando de fases, y a mí esto me recuerda a
la electricidad; no sé por qué cuando le oía hablar me daba la sensación
de que se le estaban fundiendo los plomos. ¿Cómo es posible que nos dé
una relación de actividades, un inventario de actividades de todo el
Gobierno, que en algunos casos pueden estar bien, en otros pueden ser
mejores, pero que son sencillamente el inventario de una gestión normal y
corriente, que podría ser mucho más eficaz y mejor? Cómo se puede
englobar en un plan de modernización tan ampuloso que evidentemente
tendría que ir encaminado justamente a modernizar la Administración, a
hacerla más eficaz y eficiente, a simplificarla, a reducir el gasto, con
términos claros y concretos que se deriven, como conclusión general del
análisis que usted hubiera hecho, de todos esos proyectos, los 204, que
dice usted que ha realizado con éxito 143 y que otros se han retirado;
1.384 actividades sobre 1.900 programas, en fin, cosas que los ciudadanos
entienden muy poco.

Voy a pasar al terreno de lo práctico, al terreno diario, a comentar,
como usted dice muy bien, y a darle sugerencias y valoraciones de lo que
ustedes llaman la segunda fase. No puedo entrar a fondo ni muchísimo
menos, aunque tengo aquí papeles para dar y tomar que, efectivamente,
contradicen o, por lo menos, ponen en cuestión determinados resultados
que usted nos ha dado.

Cuando habla de la mejora en Correos, los ciudadanos le mirarían con ojos
de perplejidad, porque, efectivamente, Correos no ha recuperado, ni
muchísimo menos, la calidad y la eficacia de servicio que tenía sin ir
más lejos, en 1983, y las cifras están ahí. Por citar un último dato,
diré que UGT-Correos denuncia en Palma la acumulación de 100.000 objetos,
esto es de ayer. Tengo miles de datos que lo pueden atestiguar pero
repito que no vamos a estar tirándonos datos y cifras. Tendremos que
analizar y valorar lo que son propósitos y fines de un plan de
modernización tal y como ustedes lo plantean cada día.

Verá usted, señor Ministro, año tras año --no es de ahora--, con una
insistencia y una machaconería digna de mejor causa, vienen presentando
ustedes planes de modernización, de reforma o de reestructuración, con
distintos títulos, eso sí, pero siempre con el mismo mensaje y con la
misma intención propagandística. ¿Cuáles son los elementos de juego de
esta propaganda? Son cuatro y se los voy a decir a usted.

Primero elaboran un documento y luego editan de ese documento costosas
publicaciones. Del plan anterior, cinco, y lo que te rondaré morena.

Segundo elemento propagandístico: una rueda de prensa, siempre tres días
antes del día en el que nos reunimos aquí, en la que el Secretario de
Estado de turno, el señor Zambrana, presenta a los medios de comunicación
la criatura. Tercer elemento de propaganda: una comparecencia del señor
Ministro, que con mucho gusto estamos celebrando --lo digo por su
presencia--, en la que nos cuenta las virtudes y ventajas de la cosa.

Cuarto elemento: un mensaje, repetido hasta la saciedad: lograr una
Administración que funcione mejor, cueste menos y esté más próxima a los
ciudadanos. Eso es lo que usted ha dicho.

Con esta parafernalia, ¿sabe cuánto llevamos, señor Ministro? Casi doce
años. En cada uno de ellos nos han querido vender ustedes la misma burra
o, como dicen los chavales de ahora, la misma moto. Así lo hicieron sus
predecesores señores Moscoso, Almunia y Eguiagaray; este último, el
pasado 24 de febrero de 1993. Lea usted, señor Ministro, el «Diario de
Sesiones» de aquella fecha y seguro que le suena la música y la letra. Lo
que debería ser considerado como una labor diaria de mejora de la
Administración en cada uno de los servicios públicos y en cada uno de los
organismos, lo agrupan ustedes con la ingenuidad o con la ilusión --por
no decir otras cosas-- de un coleccionista de sellos o de búhos, y lo
presentan como el talismán o el elemento mágico que curará de todos los
males a nuestra maltrecha, destartalada y caótica Administración.

Pues bien, lo de ahora --es decir, lo que ha presentado usted esta tarde,
y lo que presentó el señor Zambrana, repito, hace tres días-- lo llaman
ustedes segunda fase del Plan de modernización y ponen el énfasis en
varios proyectos de los que yo voy a comentar solamente dos, porque no
puedo extenderme en el tiempo, si no, el señor Presidente me llamará al
orden en seguida, que son: la reducción de los gastos corrientes y la
reasignación y reducción de recursos humanos en la Administración; dos
buenos elementos que podrían, bien tratados, servir de base para la
modernización.

Si no fuera por cortesía parlamentaria, señor Ministro --se lo digo con
todos los respetos--, deberíamos dejarles solos con esta colección suya
de vanidades y contradicciones. ¿Cómo puede usted hablar de reducción de
gastos corrientes y pretender que le creamos cuando año tras año han
rechazado nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que
solicitaban precisamente eso? Le recuerdo, señor Ministro, nuestra
enmienda 416 a los Presupuestos Generales del Estado de 1994. La tengo
aquí. Decía lo siguiente: Durante el ejercicio presupuestario de 1994 no
podrán autorizarse, con cargo al capítulo de gastos corrientes en bienes
y servicios, gastos por encima de 434.000 millones de pesetas, que
equivalen al 70 por ciento de lo presupuestado por este capítulo para el
Estado, organismos autónomos y entes públicos. Se autoriza al Gobierno
para reajustar la distribución de esta cantidad entre distintos artículos
y conceptos del Capítulo II, en función de la necesidad del servicio,
siendo obligatorias, como mínimo --y lo dábamos como pista-- las
siguientes reducciones..., que afectaban a arrendamientos, reparaciones,
publicaciones, publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos,
atenciones protocolarias y representativas, teléfono, mobiliario,
enseres, indemnizaciones y transportes.




Página 5586



Ustedes votaron en contra de dicha enmienda y, entre otras cosas,
manifestaron para justificar su negativa que queríamos, desde la
demagogia --son palabras textuales--, paralizar el funcionamiento de los
ministerios.

Tres meses después vienen ustedes con una propuesta de reducción que
recoge nuestra idea, pero que la traduce en puras recomendaciones a los
ministerios. En síntesis, les viene a decir que los funcionarios hablen
menos por teléfono, que apaguen antes las luces. Me acuerdo que cuando yo
propuse la reducción del 50 por ciento de los gastos de luz en el
Ministerio de Sanidad (que, por cierto, recogen en el mismo porcentaje de
reducción en su plan) me decían que si quería dejar a oscuras los
quirófanos. Eso fue lo que me contestaron. Cuando yo dije esto, repito,
votaron en contra. Cuando se le dicen con puras recomendaciones estas
cosas, la gente se lo cree poco. A los resultados nos atendremos, no a
los que usted cuenta aquí, sino a los resultados con datos y cifras.

En este asunto de la reducción de gastos corrientes, la segunda fase del
Plan de modernización no pasa de recomendaciones y buenas intenciones. De
recomendaciones y buenas intenciones estamos, señor Ministro, hartos.

La reducción de gastos corrientes debe hacerse sobre los presupuestos de
cada ministerio, de cada organismo autónomo, de cada ente público,
señalando de manera clara y concreta en cada centro directivo lo
siguiente: «Ustedes tenían para esto, en 1994, 100 millones; en 1995
tendrán ustedes 50. Y punto. Así se hace un plan, la reducción de gastos,
y así es creíble.

Mañana defenderé --fíjese usted, mañana--, en nombre de mi Grupo, una
moción consecuencia de la interpelación sobre medidas que tiene previstas
el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la Administración
General del Estado, como de los organismos autónomos. Y en uno de sus
puntos solicitamos precisamente eso, la reducción concreta de los gastos
de funcionamiento de la Administración General del Estado. Espero que
ustedes voten afirmativamente, porque si votan que no, esta segunda fase
quedará completamente fundida y sin credibilidad a la primera de cambio.

En un momento de crisis como el que estamos padeciendo, con el paro donde
está, con el déficit público en más del 7 por ciento y una deuda pública
cuyos intereses superan la cantidad destinada por el Estado a
inversiones, suena bien lo de la reducción de gastos corrientes. Ustedes,
sin duda, por eso, nos copiaron descaradamente la reivindicación, pero yo
les sugiero que lo hagan en serio y no para la galería y que lo hagan en
todos los gastos corrientes, es decir, teniendo en cuenta aquellos a los
que se refiere la enmienda número 416. Y no olviden, sobre todo, los
informes de asistencia técnica, que sólo para cinco ministerios suponen
un gasto anual de más de 17.000 millones de pesetas.

Les recuerdo a estos efectos que en el informe del Tribunal de Cuentas,
en 1990, figura que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes abonó
más de 4.000 millones de pesetas a consultoras privadas, y también nos
hemos enterado en estos días de que el mismo Ministerio otorgó un
contrato de asistencia técnica para elaborar el Plan Hidrológico
Nacional, acudiendo al procedimiento de reconocida urgencia, por un
importe de 204 millones de pesetas, además de otro contrato del mismo
Ministerio a la misma consultora y por el mismo asunto de 273 millones de
pesetas.

¿Para qué quiere, señor Ministro, la Administración los funcionarios?
¿Para qué quiere los cuerpos especiales, los ingenieros, todos los demás
titulados superiores? ¿No cree usted, señor Ministro, que en un plan de
modernización, segunda fase o tercera --tómelo usted como una observación
o sugerencia--, debería atenderse a la auténtica formación de estos
funcionarios si fuera preciso --que yo creo que no--, con cursos serios y
no con esas martingalas de cursitos, de los que usted ha presumido esta
tarde, que ustedes se montan para que unos pocos, siempre elegidos entre
los fieles, acumulen méritos para los concursos? ¿No cree usted, señor
Ministro, que este esfuerzo por evitar la dependencia de los ministerios
de las consultoras y empresas privadas debería figurar en el frontispicio
de un verdadero plan de modernización de Administración del Estado?
Le doy una joya. El mismo Ministerio al que antes hemos aludido pide un
informe a una empresa consultora, por valor de 72 millones de pesetas,
para que le calcule la productividad y la retribución de la productividad
en la Dirección General de Carreteras. Sin comentarios.

El segundo aspecto a destacar en la segunda fase del Plan de
modernización se refiere a los planes de empleo y a la reasignación de
efectivos. Ahora que ya consiguieron ustedes, estos días, unos buenos
titulares en los periódicos de esta semana: Reduciremos 15.000
funcionarios... --y tengo aquí los recortes--, debemos hablar en serio de
esta cuestión para que sepamos de una vez por todas cuántos funcionarios,
cuántos recursos humanos se necesitan en cada unidad administrativa y
cuántos medios materiales hay que destinar a la misma.

¿No cree usted, señor Ministro, que lo primero de todo, lo esencial, el
presupuesto básico de la modernización sería la definición clara y
precisa de las funciones y competencias que corresponden a cada una de
las unidades administrativas? Lo hemos pedido cien veces en esta Cámara,
también lo solicitamos en el debate de la Ley 22/93 que acompañaba a los
Presupuestos Generales del Estado para 1994, y siempre hemos recibido la
callada por respuesta.

A nuestro entender, señor Presidente, señorías, nada se avanzará en la
modernización si no se elabora un organigrama en el que se vea, después
de once años de transferencias a las comunidades autónomas y después de
consolidado el estado autonómico, en qué sitio, en qué centro, en qué
organismo reside cada función, cada competencia; un organigrama en el que
se vea con claridad que se han eliminado de verdad las duplicidades que
todavía existen; un organigrama que refleje los centros directivos que ya
no tienen nada que hacer, tanto en la Administración Central como en la
periférica; y, a partir de ese organigrama general, serio, preciso y
cuantificado, que nos diga dónde estamos hoy. Se podría montar una eficaz
e inteligente reasignación de efectivos; si no, estaremos en el parcheo,
como



Página 5587



siempre, de algunos ministerios y de algunos organismos como los cinco
ejemplos que usted ha puesto.

Por citar uno --no puedo analizar todos--, el Inem, al que se refiere el
último de los planes de empleo que usted ha mencionado. Por cierto, en
relación con este organismo yo le quiero hacer una pregunta. El Gobierno
--repito palabras textuales del Secretario de Estado-- pretende optimizar
el rendimiento de la plantilla actual del Inem mediante la
homogeneización del personal que lo integra. ¿Qué entiende el señor
Ministro por homogeneizar? ¿Hacer a todos funcionarios de un plumazo y
por el artículo 33? ¿Sabe el señor Ministro cuántos funcionarios
laborales fijos y laborales eventuales había en el Inem en 1985? 10.667.

(Tengo aquí los cuadros a su disposición y la evolución año por año.)
¿Sabe el señor Ministro cuántos hay en 1993? 15.850. El incremento es de
un 48,58. ¿Y cómo se justifica el incremento? ¿El número de parados
quizás? Porque las funciones son las mismas, y las mismas e ineficaces y
carísimas gestiones, según reconoció el propio Ministro de Economía
cuando en el debate de Presupuestos de 1992 pretendió liquidar el Inem y
traspasar la gestión de las prestaciones por desempleo al INSS.

Pero siguiendo con su Plan de modernización, el objetivo del plan del
Inem es conseguir --también cito palabras textuales-- una adecuada
distribución de los recursos humanos en función de las cargas de trabajo
y las nuevas actuaciones que se demanden. (El verbo, como ve usted, está
en subjuntivo, señor Ministro.) ¿Saben ustedes cuáles son las nuevas
actuaciones que se van a demandar? Y si no las saben, ¿cómo pueden
cuantificar las necesidades de personal que configuran el plan de empleo?
Ya sé que éste es un ejemplo que a usted le cae a trasmano y que habría
que preguntarle por él, con pelos y señales, al Ministro de Trabajo. Ya
se lo preguntaré. No se preocupe que le voy a preguntar por esto. Le
vamos a traer para que nos lo explique. Pero como --repito-- figura en
todos los planes de empleo y usted lo citó, creo que está plenamente
justificado que yo analice lo que significa la segunda fase del plan de
modernización en cuanto a planes de empleo se refiere.

En el debate de investidura que siguió a las elecciones de 1992 --fíjese
dónde me remonto--, don Felipe González se planteó como una de las
grandes tareas --voy a hablar un momento de la calidad de los servicios y
de ese observatorio que no sé si es un minarete o una atalaya desde donde
otear, como el Gran Hermano de Orwell, todo lo que pasa en la
Administración y en el Estado-- de su Gobierno introducir reformas para
liberar a la Administración de trabas heredadas de procedimientos
anticuados y de corruptelas poco tolerables, a fin de que se convierta en
un eficaz ejemplo de servicio. Estas palabras las repite casi
literalmente en el debate de investidura de 1993. No voy a caer en la
tentación --fíjese señor Ministro-- de la glosa facilísima de estas
palabras a raíz de los acontecimientos que estamos viviendo, pero sí
quiero decir que, a pesar de los planes de modernización, la
Administración del Estado sigue arrastrando una estructura y unos
sistemas de actuación desfasados y anacrónicos, que no tienen nada que
ver con la modernidad, y mientras esta situación se mantenga, la
Administración entorpecerá la competitividad y el dinamismo social,
cultural y económico.

La Administración no funciona, señor Ministro, y no quiero decir que de
manera total. Hay islotes y organismos que sí funcionan, pero, en líneas
generales, es un viejo trasto que ustedes han utilizado a su antojo. No
tengo tiempo --tampoco creo que sirva de mucho-- para demostrarle qué
anticuados son los sistemas que utilizan, pero para que no se diga que
hablamos por hablar, sí quiero referirme a dos o tres ejemplos de
actualidad de los que yo he sido testigo, señor Ministro, y también tengo
pruebas aquí, como éstas, a su disposición. El primero se refiere, como
usted habló de reducir o simplificar los impresos que tienen que rellenar
los pensionistas, a los pensionistas y jubilados. Para perseguir el
fraude en la Seguridad Social, cosa que nos parece muy bien, ustedes
quieren saber el nivel de bienes y rentas de cada pensionista y jubilado
y quieren saber también si todos los que perciben pensión viven o si
alguno cobra por el difunto. ¿Y qué se han inventado para conseguir estos
datos? (Esto es de hoy, de estos días; tendría que estar resuelto en el
anterior Plan de modernización, en la primera fase, y mucho antes.) ¿Qué
métodos ágiles y modernos han utilizado como corresponde a estos años ya
cercanos a final del siglo X? Los métodos antidiluvianos. Ha escrito dos
cartas a todos los pensionistas, a todos y cada uno de los pensionistas,
pidiéndoles el certificado de bienes y rentas y otros certificados de
vivencia, y para eso les obligan ustedes a ir a las oficinas del INSS de
su provincia donde se forman colas desde las ocho de la mañana, que ríase
usted de las colas de pan de Bosnia. Allí están los propios jubilados
muertos... (Risas.) ¡Yo las he visto! Le cito: las últimas que vi fue en
Salamanca el viernes, y le puedo dar más ejemplos. Ahí están los propios
jubilados muertos de frío y miedo, pensando que un complicado trámite
burocrático puede dejarles sin pensión. Cuando en mis viajes por
provincias he visto con mis propios ojos estos problemas, se me ocurrió
llamarle por teléfono desde allí, para preguntarle si la Administración
no tenía otro medio para enterarse de cuántos y quiénes viven en este
país más que presentándose cada uno ante el funcionario de turno para que
le vea su cara y su Documento Nacional de Identidad. (Un señor Diputado:
¡Qué barbaridad!) ¿Es que el Registro Civil del Ministerio de Justicia no
tiene medios informáticos para dar pruebas fehacientes de estas
supervivencias a la Seguridad Social? ¿Es que las agencias tributarias de
las que usted ha hablado esta tarde, esa hermosura de modernidad que
inventaron ustedes hace dos años, no son capaces de cruzar sus datos con
los de la Seguridad Social para conocer los bienes y rentas de cada
pensionista? Eso está ocurriendo hoy, señor Ministro, cuando estamos
bautizando la segunda fase del Plan de modernización.

Otro ejemplo. ¿Usted sabe, señor Ministro, lo que son las Caiss? (El
señor Ministro para las Administraciones Públicas, Saavedra Acevedo, hace
signos negativos.) Dígame que sí, porque, si no, le voy a decir que no ha
leído el anterior Plan de modernización. (Risas.) Son centros de
asesoramiento e información de la Seguridad Social, que se apoyan en
utilizar correctamente la informática



Página 5588



y ponerla al servicio de los ciudadanos, esas palabras que dicen ustedes:
información, eficacia, etcétera. La idea está muy bien, señor Ministro,
lo que está muy mal es su realización. Desde que ustedes crearon estos
centros en el papel, me parece --repito, que figuraban en la otra fase
del Plan de modernización-- que no han conseguido que funcione casi
ninguno. En Salamanca --cito de nuevo el lugar porque lo vi-- compraron
ustedes los locales y cuando fueron a meter las máquinas los locales no
se adaptaban a las mismas o éstas a los locales y, por lo tanto, las
Caiss no se pueden abrir.

Tengo un montón de ejemplos de la Administración de justicia, pero no
quiero abrumarle con ellos. Todo el mundo sabe que en el año 1994 tenemos
más de tres millones de causas pendientes ante los tribunales de
justicia. Seis veces más que en el año 1982. Todo el mundo sabe que uno
de cada tres jueces no procede de la carrera judicial. No creo que la
Administración de justicia se haya beneficiado de los saludables efectos
de su Plan de modernización.

No sé si se verán todas estas cosas desde el observatorio de calidad; no
lo sé. ¿Usted las ve o no funciona todavía el observatorio de calidad?
¿Funciona? ¿Y las ve? ¿Ve todas estas cosas? Yo veo todo esto que le
estoy diciendo, evidentemente.

La formulación de un método para medir la calidad de los servicios no es,
sin duda, algo fácil. Yo entiendo que la idea y el esfuerzo es bueno y
loable. Al Grupo Popular se le ocurrió en su día, con motivo de una
interpelación sobre el Plan de modernización --que también fue presentada
por mí, señor Ministro, por eso lo sé-- presentar una moción pidiendo la
realización de auditorías de funcionamiento en la Administración pública,
con objeto de evaluar el grado de eficacia y eficiencia en la prestación
de servicios públicos. Como viene siendo habitual, el Grupo Socialista
dijo que no. Y no pasó mucho tiempo, y desde el propio Gobierno se
adelantó la conveniencia de esas auditorías de funcionamiento. Tengo que
cobrarle muchas veces muchos derechos de autor; no sé cuándo le haré la
cuenta, pero alguna vez se la haré. La imperiosa necesidad de reducir el
déficit presupuestario y controlar el gasto público hicieron decir sí al
Gobierno cuando antes había dicho que no.

Yo creo que la tercera pregunta que corresponde al punto 4.º del orden
del día ya queda así formulada. En todo caso, sí quiero añadirle que en
el programa electoral del Partido Popular --ya que dice que esto estaba
en su programa, quizá nosotros lo adelantamos con motivo del programa de
Gobierno que aprobamos en el congreso del Partido Popular, celebrado en
febrero de 1993-- se contempla un plan de calidad de los servicios
públicos con la finalidad de analizar y evaluar el grado de eficacia y
eficiencia de su prestación. La idea se parece tanto que no les voy a
acusar de plagio, pero bien está que la tengan ustedes en la segunda
fase. Lo que yo les pido es que la pongan en marcha con eficacia.

Voy terminando, señor Presidente. Voy a ahorrarles otra serie de
consideraciones y concluyo. Podría ponerle muchos más ejemplos del mal
funcionamiento de la Administración y de algunos servicios públicos. En
el debate que tuve con su antecesor en esta Comisión, el día 24 de
febrero de 1993, utilicé datos y palabras muy duras del Defensor del
Pueblo, que concluía en su informe diciendo que la Administración
desprecia al administrado. Son palabras del anterior Defensor del Pueblo.

Hoy no voy a utilizar esos datos, señor Ministro. Me basta con los míos,
me basta con los datos que les he dado y con otros que tengo para
preguntarle si usted cree que para superar estas situaciones son
suficientes estos planes que de vez en cuando nos presentan como una
pancarta de modernidad. Y aun cuando me había prometido no preguntarle
por las promesas de las que usted ya se ha constituido garante, sí quiero
hacerle una pregunta que se refiere a un elemento básico de la
modernización de la Administración del Estado al que usted no ha hecho
referencia. Usted prometió en el Pleno del Congreso de los Diputados, el
día 15 de septiembre, a preguntas del Diputado don Federico Sanz, que nos
está escuchando --y no me dejará por mentiroso--, que en breve plazo
tendríamos el proyecto de ley de organización y funcionamiento de
Administración del Estado. Sólo nos quedan dos meses para que finalice
este período de sesiones y el proyecto no lo vemos. ¿Sería capaz el
Gobierno --fíjese qué pregunta más sencilla-- de enviar a esta Cámara un
proyecto de ley que ya nos debe desde hace once años? Sea usted moderno,
señor Ministro, y envíelo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez.




El señor MARTINEZ BLASCO: Proyecto 110: Agilización de expedición de
licencias de transporte. Proyecto cancelado por restricciones
presupuestarias.

Viene a cuento esto, señor Ministro, para dar pie al análisis de la
primera fase. No sé si decir: ¡Menos mal que no hicieron el proyecto!, o
pensar que porque no hicieron el proyecto ha ocurrido lo que ha pasado en
estos últimos días. Yo no sé si tendrá que ver. El otro elemento que me
da pie es el de las restricciones presupuestarias. ¿De verdad cree, señor
Ministro, que se puede hacer una evaluación de la primera fase
simplemente narrándonos los miles de administrados que han llamado por
teléfono? Supongo que antes también llamarían, ¿o llaman sólo ahora por
teléfono? Desde que hay teléfonos, supongo que llaman, ¿o es que se han
presentado «in situ»? ¿Es eso una evaluación de un programa? Porque no
nos ha dicho cuánto ha costado, cuando éste es uno de los elementos de
evaluación. ¿Cuánto ha costado el primer Plan de modernización de las
administraciones públicas?
La otra razón por la que le he recordado la anécdota del Proyecto 110
(hay otra también sobre los programas no realizados que se refieren a la
agilización de la justicia, a la que ya ha hecho referencia el señor
Núñez y que sería muy interesante comentar) es por lo que se refiere al
tema del contexto. ¿Ustedes creen que esta relación de temas que nos
traen aquí para el segundo plan o incluso para el primero, son los
problemas reales de la Administración



Página 5589



española? Lo digo por lo de las tarjetas de transporte. ¿Es eso lo que en
estos momentos está en el candelero? Se ha mencionado aquí el tema de las
asistencias técnicas, así como las obras que se adjudican por cien
millones y después valen doscientos cincuenta. ¿No cree el señor Ministro
que realmente esos son problemas?
Usted, señor Ministro, no se ha referido a cuánto va a costar el segundo
Plan, pero su Secretario de Estado comenta en la prensa de ayer que la
Administración se ahorrará cuarenta mil millones con su modernización.

Cuarenta mil millones son muchos millones. ¿Quiere que analicemos lo de
las obras, los desvíos de las adjudicaciones, adjudicar contratos de
asistencia cuando se tienen funcionarios, etcétera? ¿Realmente ustedes
están en la realidad cuando presentan el Plan de modernización de las
administraciones?
Señor Ministro, yo creo que hay que hacer una modernización de las
administraciones, una puesta al día --usted ha hablado de la
modernización como una puesta al día-- porque teníamos una Administración
de antes de que existiera el Estado de bienestar y, efectivamente, la
Administración en muy pocos años en nuestro país ha crecido con técnicas,
con instrumentos, con organización, que corresponde a fases anteriores
cuando el Estado, la Administración pública, era otra cosa. Ahora los
problemas son diferentes y hay que hacer una puesta al día. ¿Cree, señor
Ministro, que con todas las cosas que nos está diciendo se pone realmente
al día la Administración en cuanto al servicio de los ciudadanos? ¿Hay un
«leitmotiv» en lo que nos propone: la reducción de costes y aumento de la
productividad? Ya le he dicho que, en mi opinión, esos cuarenta mil
millones con los que pretenden reducir costes, con la racionalización de
las fotocopiadoras y demás, me parecen muy bien, pero los otros sí que
son grandes agujeros, las desviaciones que se producen. Por tanto, habría
que empezar --creemos nosotros-- por el principio; por definir el papel
de la Administración, de cada uno de los niveles de Administración, con
sus programas, sus objetivos y, en función de eso, dimensionar la
Administración y los procedimientos.

El señor Núñez ha hecho alusión a algo que en estos momentos sí inquieta
a los ciudadanos, y es la mistificación entre los políticos y los
administradores. Esos puntos en los que existe la confluencia de que un
órgano político unipersonal hace de funcionario y lleva a cabo la
tramitación de los expedientes de contrataciones de obras y ese tipo de
cosas, es lo que realmente preocupa, y eso es lo que no se resuelve con
las 204 medidas anteriores, ni por supuesto con éstas. Porque ustedes no
le hincan el diente a los problemas que realmente pueda tener la
Administración.

Obsesionados por reducir los costes de las fotocopiadoras y aprovechando
que el Ebro pasa por Zaragoza, los planes de empleo; ya han aparecido
aquí los planes de empleo.

Le dijimos con ocasión de los planes de empleo, y se lo repetimos en
estos momentos, que esto es empezar la casa por el tejado. Si sobran
funcionarios en Defensa, por redistribución de los efectivos militares, o
si sobran en el BOE, porque se ha informatizado, faltarán en otros
sitios. Lo conveniente sería que, por lo menos en el inicio, hubiese,
como nosotros decíamos, no planes de empleo parciales que, a veces, como
ya se nos ha señalado en estos cinco primeros, ni siquiera afectan a un
ministerio globalmente sino a diferentes organismos de la Administración.

Por lo menos en el inicio debería existir un plan racionalizador global
de la Administración, e incluso de las diferentes administraciones,
porque, señor Ministro, por una parte va el mensaje de que hay que
resolver los problemas de competencias entre las diferentes
administraciones y, por otra parte, aquí cada uno hace de su capa un sayo
y actúa como quiere. Usted ha dicho que éste es un programa de
continuidad e innovación, menos mal que no ha utilizado esos otros
eslóganes que yo creo emplean por publicidad, eso del cambio del cambio y
del impulso democrático; son palabras que suenan muy bien, se venden
bien, pero yo creo que realmente no van a resolver ninguno de los
problemas, salvo algunos de los que tenían planteados con los
funcionarios en el tema de los planes de empleo. Por eso, aparte de que
nos diga cuánto nos va a ahorrar, en términos de Subsecretario de Estado,
este otro plan de los 165 proyectos, ¿podría decirnos cómo se elaboran
estos planes? El plan primero, el de 1992, fue precedido por un acuerdo
del Consejo de Ministros, del día 15 de noviembre, y por un acuerdo con
los sindicatos, el día 16 de noviembre. ¿Estas cosas las hablan ustedes
con los sindicatos, e incluso con los propios servicios implicados? ¿Cómo
se ha hecho esto? Menos mal que nos ha dicho --porque a mí me cabía la
duda-- que el pasado Consejo de Ministros le dio el visto bueno. En todo
caso (y con esto termino, señor Presidente, porque creo que esta primera
comparecencia sobre el tema no da para mucho más), yo creo que el señor
Ministro no pensará --por lo menos en lo que afecta a nuestro grupo no
debe ser así-- que esto sirva para cubrir el expediente igual que en el
Consejo de Ministros, es decir, que el Congreso de los Diputados ha
discutido y debatido.

El señor Ministro ha terminado diciendo: Estoy a disposición de SS. SS.

para que me hagan planteamientos y sugerencias. Si todo lo que hacen, si
toda la metodología de planificación es ésta, es decir, traer aquí, a las
cinco y cinco en punto de la tarde --hora taurina-- un documento de 100
folios que el señor Ministro resume y termina diciendo, después de su
lectura, que ahora los grupos se pronuncien, opinen sobre el plan de
modernización segunda fase y den sugerencias... Yo ya sé que al señor
Ministro le debe gustar mucho esto porque lo hizo ya con la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado en su reunión con
los sindicatos a finales de septiembre, que puso los papeles encima de la
mesa y les dijo: Esto es lo que pensamos llevar al Consejo de Ministros,
¿qué os parece? Claro, todo el mundo alucinaba. Pues algo parecido es lo
que ha ocurrido aquí: nos ha soltado 100 folios para que opinemos. Pues
sepa, señor Ministro, que, por lo menos por parte de nuestro grupo, éste
no es ningún trámite en el que el Congreso de los Diputados opina. Si S.

S. quiere, otro día con más calma, cuando lo hayamos podido estudiar,
podremos opinar con más razón, pero estas ideas, un poco deslavazadas,
como consecuencia de que,



Página 5590



efectivamente, la metodología seguida por el ministerio, que primero
vendió a la prensa lo que le importaba, que eran los titulares, en el
sentido de que se iba a seguir modernizando, que iba a haber muchos
ahorros y cosas de ese tipo, ha hecho que no haya sido capaz de poder
referirme a todos y cada uno de los puntos a que aluden esos 165
proyectos que parece ser que el pasado Consejo de Ministros aprobó.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mauricio
tiene la palabra.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Gracias por su comparecencia, señor
Ministro. Intentaré ser muy breve.

Estaba comparando la comparecencia del Ministro de Administraciones
Públicas de hace seis meses con la que ha tenido lugar esta tarde. Creo
recordar que en esta Comisión se hizo un buen debate hace unos meses, en
donde se enmarcaban los objetivos de este Gobierno respecto al gran tema
de la reforma política y administrativa en su sentido y en su vertiente
más amplia, más allá del puro e interesante tema de la modernización de
la Administración Pública, que es el tema que nos trae hoy, así como las
relaciones existentes entre la modernización, la reforma de la Función
Pública, incluso la descentralización, como elemento concatenado, dentro
de un esfuerzo importante que había que hacer y que era uno de los
grandes retos de este Gobierno. Quiero recordarlo porque ello me sirve
para enmarcar mi opinión y mis observaciones sobre la intervención del
señor ministro y, por tanto, mis preguntas.

En aquel momento, la impresión que daba el nuevo Gobierno que había
salido de las elecciones y, por tanto, sus ministros, era la idea de que
había retos clave a los que se enfrentaba la sociedad española en estos
años 1993, 1994 hasta 1997) y se fijaban, en mi opinión, objetivos
ambiciosos e interesantes que yo apoyé en la intervención que hice, si
bien expresando mis dudas sobre la fuerza y el vigor de este Gobierno
para hacer frente a esos retos con todo el alcance y dimensión necesaria.

Planteaba incluso dudas sobre si habría el equilibrio de fuerzas
necesario, tanto a nivel político como a nivel de lo que yo en aquella
reunión denominaba los mandarines (la Administración del Estado, los
grandes poderes públicos, los grandes poderes burocráticos), que
dificultaría la modernización y reforma de la Administración Pública. En
definitiva, lo que se nos presenta hoy aquí es la segunda fase del Plan
de Modernización de la Administración general del Estado, que cumple
precisamente ahora dos años, y la evaluación o la reflexión que se hace
sobre la experiencia de la primera fase yo creo que nos coloca en el
terreno excesivamente pragmático, muy a ras de tierra, simplemente de los
problemas de las mejoras administrativas, de la modernización de la
Administración general del Estado, pero supongo que todo el mundo
coincidirá en que el esfuerzo por la modernización de la Administración
del Estado es un esfuerzo permanente y constante que siempre hay que ir
haciendo, pero hay un momento en que el retraso, el desfase crónico entre
una Administración que no responde a los retos de una sociedad moderna,
exige una gran respuesta, un proyecto ambicioso de reforma urgente, o,
por el contrario, ese continuo intento de ir mejorando, reduciendo
costes, mejorando servicios, etcétera, y da la impresión de que el
Gobierno va perdiendo fuerza, ahogándose y quedándose reducido
simplemente a los programas de modernización administrativa, entendidos
en el sentido más limitado.

Aquí se dice --y no quiero hacer una crítica radical-- que en estos dos
últimos años se han aprobado unos proyectos para los dos siguientes en
los que se recogen una serie de mejoras interesantes que se evalúan en
servicios tales como Correos, sanidad, educación, Tráfico, etcétera, en
un sentido muy genérico. Yo creo que hoy día, por ejemplo, el servicio de
Correos y de teléfonos, aunque todavía no tiene resultados óptimos, ha
mejorado algo la gestión de su servicio en los últimos tiempos. Pero ha
mejorado porque desde el nivel del que partíamos la situación tenía que
mejorar porque, si no, entrábamos en una fase catastrófica.

Lo que pasa es que posteriormente, en todos esos proyectos en los que se
cuantifican las mejoras no se dice qué reducción de costes se ha
producido y si dicha reducción de costes y de mejora del servicio va
realmente en la dirección que nos habíamos planteado inicialmente. Esto
se relaciona con la segunda cuestión que yo planteo: me refiero a la
reforma de la Función Pública. En aquel debate se plantearon objetivos
ambiciosos, y creo que se da la impresión de que el Gobierno
prácticamente ha declinado y ya no está interesado; simplemente se
conforma con las medidas que tomó en la Ley presupuestaria y ahí se
queda, porque no ha recibido una gran presión de la Administración del
Estado, de los grandes poderes burocráticos, y yo creo que tampoco tiene
clima en el equilibrio de fuerzas parlamentarias, que ha ido reduciendo
el margen de acción de este Gobierno en ese equilibrio; es decir, parece
que este Gobierno se ha debilitado, los últimos acontecimientos le siguen
debilitando y ya está perdiendo objetivos a medio plazo. La diferencia
entre un Gobierno fuerte y un Gobierno débil que empieza a tener la
sensación de transición es la diferencia entre gobernar o administrar. El
objetivo de gobernar era cómo modernizar la Administración Pública
ligándolo a la reforma de la Fundación Pública --la palabra reformar-- y
a la descentralización del Estado, y donde habría que plantearse temas
tan importantes como la ley de contratos del Estado, que ahora está en
fase de presentación de enmiendas pero que en mi opinión resulta muy
tímida, y hay que plantearse el proyecto de ley, que ya ha sido señalado
aquí, de organización y funcionamiento de la Administración del Estado,
que se anunció que se nos presentaría.

En definitiva, termino preguntándole al señor Ministro ¿qué perspectivas
tienen desde el Gobierno para la reforma de la Función Pública en el
llamado giro autonómico y pacto local que se nos anunció estaría
concluido en junio? ¿Va a estar concluido en junio? Si está concluido
¿qué objetivos y qué ambición tiene el Gobierno para la
descentralización? ¿No es la reforma de la Función Pública y la
descentralización del Estado un componente importante, también, para la
modernización de la Administración del Estado en la línea que se nos ha
presentado hoy? Si es así, se



Página 5591



siguen manteniendo los objetivos de hace seis meses, o hemos entrado en
una fase de administración desde el Gobierno y no en la función
importante de gobernar, que pasaba porque en 1994 íbamos a dar el gran
salto histórico de la reforma, modernización y descentralización del
Estado de las autonomías, y se nos equiparaba casi a la reforma que se
insinuaba en aquellos meses en Estados Unidos, que presentó el
Vicepresidente de los Estados Unidos, señor Gore. ¿Nos hemos limitado?
¿Nos hemos reducido? ¿Seguimos manteniendo los mismos objetivos? Si los
seguimos manteniendo ¿qué plazos tenemos? ¿Qué calendario tenemos?
¿Siguen siendo válidos los que se anunciaron hace unos meses o se han
reducido ahora? El cuadro político nuevo que tenemos en estos momentos
¿va a ser el gran obstáculo o, por el contrario, este Gobierno va a tener
nuevas energías para afrontar lo que es un reto realmente importante de
la Administración Pública española en el año 1994?



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, el señor Sanz tiene
la palabra.




El señor SANZ DIAZ: El Grupo Socialista, señor Ministro, agradece su
presencia en la Comisión y la solicitud que el propio señor Ministro ha
hecho para comparecer en ella, porque consideramos que es muy útil
informar a esta Cámara tanto del balance, que es una obligación del
Gobierno, como de las propuestas nuevas que se realizan y que aprobó el
Consejo de Ministros el pasado viernes. También nos parece útil que los
ciudadanos las conozcan por otros medios como son los medios de
comunicación. Por tanto, esta sesión es útil en el doble sentido de
recibir una primera información directa del señor Ministro, de tener un
primer cambio de impresiones y, posteriormente, en todo caso, los grupos
parlamentarios tendremos ocasión de presentar las iniciativas, las
propuestas o las sugerencias que creamos convenientes cuando examinemos
con más profundidad los documentos y los hayamos estudiado en relación
con nuestro propio grupo.

La reforma de la Administración, tarea que el Gobierno emprendió desde
1982, es una tarea muy amplia, no se refiere sólo al plan de
modernización que estamos contemplando sino que precisamente parte de las
leyes principales que desarrollan la Constitución y que han modificado no
sólo el esquema mismo del Estado con el Estado de las autonomías y las
transferencias de servicios, de funcionarios y de medios materiales, con
todo lo que eso ha supuesto de reestructuración y de modernización de la
Administración del Estado en el sentido que propugna la Constitución,
sino también mediante leyes específicas, tanto las que se refieren a los
funcionarios, a la organización del Estado, al régimen jurídico de las
administraciones públicas, que aprobamos al final de la legislatura
pasada, a la ley de contratos de las administraciones públicas que vamos
a ver inmediatamente, en definitiva, existe una reforma de fondo de gran
alcance de la Administración del Estado mediante un complejo de leyes de
gran trascendencia y que, a juicio del Grupo Socialista, están
produciendo una mejora muy sustancial del esquema general de la
Administración del Estado.

Sin embargo, mucho más recientemente que esos doce años, en abril de
1992, el Ministerio de Administraciones Públicas se propuso dar un paso
más: el plan de modernización que ahora estamos examinando en lo que se
refiere al balance de su primera fase y a la segunda fase. El plan de
abril de 1992 constituía un compromiso público que se basaba --desde
luego, nosotros apoyamos este criterio-- en que junto a lo que son
medidas generales, que afectan a lo que es la organización legal del
Estado, tanto a nivel de leyes como de decretos y de otros instrumentos
jurídicos, junto a esto debía existir una serie de actuaciones concretas
que se basen en el funcionamiento real que se observa en cada uno de los
servicios. Quiero decir que hemos llegado a la convicción de que en una
administración tan compleja como es la Administración del Estado, que,
además, no se refiere sólo a lo que tradicionalmente se ha entendido
desde el siglo IX como la Administración, que era fundamentalmente la
Administración burocrática, es decir, una serie de servicios muy
concretos y más referidos a lo que se entiende por burocracia, sino que
con el Estado del bienestar y en los últimos años la Administración
afecta a tantos otros servicios que tienen no sólo matices nuevos, sino
incluso características muy diferentes de lo que es la naturaleza
administrativa tradicional de los servicios, esto nos obligaba a hacer un
estudio concreto de cada uno de estos servicios y ver cuál era el
funcionamiento de cada uno de ellos, ver cuáles eran los problemas que
presentaban y, mediante este diagnóstico, hacer un planteamiento
concreto, emanado de propio organismo, pero que, al mismo tiempo, quedara
sistematizado en un plan general, que es el que se presentó en 1992.

A nuestro juicio, junto a las medidas de carácter general de tipo
legislativo, estaba el análisis de cada uno de los sectores, porque
consideramos que sólo analizando cada sector en concreto podemos ver
cuáles son las soluciones que podemos dar para ese caso concreto. En ese
sentido, yo creo que la primera fase da un buen resultado. En lo que se
refiere a dicha fase los señores diputados sí tenemos su información
desde hace aproximadamente un mes en el folleto que nos remitió el
ministerio, y en el mismo hemos podido ver cómo ese 70/72 por ciento de
realización es un dato positivo. Como en todas las cuestiones que se
refieren a reformas de estas características algunos proyectos no han
podido culminar, el propio ministerio --esto es muy positivo-- lo valora,
valora cuáles son las realizaciones completas, qué otros proyectos ha
habido que descolgar o no han tenido un resultado tal y cómo se deseaba
y, por tanto, ha habido que reformarlos. A nuestro juicio, esto supone ir
pegados al suelo, es decir, según como son las cosas, planteamos unas
medidas concretas para cada sector, y en los casos que sea preciso las
rectificamos; para eso estamos aquí, para recibir cada cierto tiempo,
cada año aproximadamente, una información del ministerio y examinar junto
con el ministerio cómo se han ido realizando estas medidas concretas. La
idea de romper la resistencia al cambio, que ha señalado el señor
ministro, y que considera se ha conseguido, que justamente era uno de los
defectos



Página 5592



no sólo de nuestra Administración sino de las administraciones
tradicionales, como mejoras constatables por los ciudadanos, usuarios de
los servicios, creo que son dos cosas muy positivas.

En este sentido, yo diría que de lo que estamos hablando es de algo que
se transfiere a la opinión pública mucho más lentamente. Es decir, la
mejora de la Administración es algo sobre lo que el ciudadano termina
teniendo opinión genérica en el medio y largo plazo, pero, sin embargo,
los usuarios de cada servicio sí se dan cuenta de cómo ha mejorado ese
servicio. Por eso, incluso en lo que hace referencia a nuestra
experiencia cotidiana hablando con los ciudadanos, nos encontramos con
que se puede dar simultáneamente la opinión de que la Administración
funciona mal o deficientemente y, sin embargo, tengan una excelente
opinión sobre un determinado servicio, justo el que ese ciudadano ha
utilizado el mes anterior.

Por tanto, yo creo que el plan de modernización hay que verlo desde esta
perspectiva de mejora en servicios concretos y de que, en definitiva,
este es un esfuerzo permanente que tiene que dar respuesta a las demandas
sociales que son cambiantes y a las nuevas técnicas que se van
incorporando.

Nuestro grupo considera que los resultados de la primera fase son
positivos y en lo que se refiere a la segunda fase yo destacaría dos
cuestiones. En primer lugar, que son muy numerosos los proyectos que se
incorporan. Basta recordar que en la primera fase eran 204, en el año
1992, y ahora se incorporan 165 nuevos. Por tanto, casi estamos
duplicando, por lo menos incrementando de manera muy sustancial, el
número de proyectos. En segundo lugar, un aspecto que yo no estoy seguro
de que económicamente afecte a las macrocifras, es el tema de la
reducción de costos, pero que es algo necesario y, a nuestro juicio,
ejemplificador. Este planteamiento de reducción de costos mediante
medidas para reducir el gasto corriente, aunque sólo afecta al 3,9 por
ciento de lo que es el presupuesto general, y sobre esto es sobre lo que
se hace el ahorro, sin embargo, nos parece que sí es ejemplificador que,
en definitiva, ningún derroche, por pequeño que sea, puede consentirse en
la administración pública y, por tanto, debe adoptarse medidas en este
sentido.

Por último, el tema del incremento de la productividad, que es
evidentemente algo que está incluso en la retina de los ciudadanos. El
ciudadano entiende que el servidor público debe ser un servidor que sea
productivo; es decir, que aquello que le pagamos los ciudadanos mediante
los Presupuestos del Estado debe ser correspondido con una actividad ágil
y una actitud eficaz de cara al servicio.

El Observatorio de Calidad de los servicios públicos es una novedad
también que incorpora el Gobierno. Es útil que se haga precisamente en
aquellos servicios que los ciudadanos consideran como más importantes. En
definitiva, lo que diría es que nos va a ser muy útil la lectura, tanto
de los resultados de la primera fase como de las propuestas concretas,
medida por medida de la segunda fase y del Observatorio de Calidad. Yo
creo que es una cuestión de Estado y que todos debemos apoyarlo
ofreciendo nuestras ideas y, evidentemente, también, no lo niego, las
críticas cuando sean pertinentes, puesto que es interés de todos los
grupos parlamentarios que el Estado funcione bien y que los administrados
se sientan debidamente atendidos por el Estado mediante una actuación que
les considere ya como clientes, que es el nuevo concepto que ha
introducido la Ley que aprobamos recientemente en esta Cámara y, por otro
lado, que la Administración sea accesible, que sea funcional, que sea
barata en relación con los servicios que proporciona y, en definitiva,
que viendo el ciudadano que su Administración funciona cada vez mejor,
partiendo de niveles que no eran buenos, se legitime de manera más clara
el sistema democrático.

Desde nuestro grupo el señor Ministro puede contar con nuestro apoyo, con
nuestra colaboración, y le animamos a seguir por este camino.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, cuando guste.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Agradezco la intervención de los distintos portavoces, y no sé si me voy
a alargar demasiado si entro punto a punto, frase a frase, porque tengo
todo anotado. Voy a centrarme en lo que considero más importante.

El señor Núñez, portavoz del Grupo Popular, hace un planteamiento en
torno a dos proyectos que pone como ejemplos, y me voy a centrar en
ellos: reducción de gastos y estudios y proyectos. Creo que ponía estos
dos en particular.

Sobre la reducción de gastos dice que cómo podemos hablar de esa
reducción ahora si no aceptamos las enmiendas del Grupo Popular que
proponían la reducción del 30 por ciento en el Capítulo 2; me parece que
es eso lo que ha dicho el señor Núñez.

En la segunda fase que he presentado, no para ratificación sino para
reflexión y seguir un debate cuando ustedes lo estimen más oportuno, se
señala que en el bienio 1994-95 la reducción será del 10 por ciento. Por
consiguiente, si la proposición del Grupo Popular se aproxima a la cifra
que contiene esta segunda fase, no creo que haya inconveniente en
demostrar que, efectivamente, no es una cifra para la galería, estos
40.000 millones que representa el 10 por ciento en la reducción de los
gastos, sino que se trata de un empeño real de reducir gastos por parte
de la Administración. Ahora bien, lo que no podemos admitir es la fórmula
tan simplista que acaba de mencionar diciendo: si los Presupuestos dicen
100 millones, pues, pongamos 50. Usted sabe perfectamente, señor Núñez,
que es imposible aplicar el criterio del menos 30 por ciento o menos 40
por ciento que usted propone, porque no es lo mismo aplicarlo al
Ministerio para las Administraciones Públicas, que puede hacer un
esfuerzo superior al de otros ministerios, que al Ministerio del
Interior, porque si usted tiene 100 millones de pesetas en gasolina para
funcionamiento de los coches de la Policía (y no mire hacia el tendido
porque ésa es la realidad; no me refiero a S. S., señor Núñez, sino a la
señoría que le es próxima), o tenemos seguridad ciudadana o la reducimos
a la mitad y tenemos los coches parados



Página 5593



porque no hay dinero para pagar la gasolina. Por citar dos ministerios
bien diferentes, otra es la partida para los comedores escolares, que
constituye parte del Capítulo 2 de esos Ministerios. Por consiguiente,
seamos realistas y asumamos que este esfuerzo de reducir 40.000 millones
de pesetas debe valorarse positivamente.

En cuanto a los estudios y proyectos, si me lo permite, usaré su
argumento frente a la pretensión de algún ministro que dice tiene pocos
funcionarios, pocos ingenieros y que, dado el volumen de contratación que
tiene y los proyectos que hay que poner en marcha, si no le damos más
funcionarios, necesita recurrir a contratación externa. Usted mismo ha
incurrido en una contradicción cuando, hablando del Observatorio, dice
por qué hacemos este Observatorio, que lo mejor es encargar auditorías
externas --lo ha dicho, quiero recordar--, con lo cual, en qué quedamos:
¿tenemos funcionarios para hacer estudios y proyectos? ¿Tenemos
funcionarios para hacer el Observatorio o hay que recurrir a auditorías
externas? El Observatorio a que se refiere la pregunta tercera que usted
me formula, a la que luego responderé en particular, está hecho por
funcionarios, por la propia Administración, sin necesidad de acudir a
contratar a expertos en organización, en modernización o como lo queramos
llamar.

Por ejemplo, me hace la propuesta de definir las tareas de cada unidad.

Eso forma parte del abecé de organización de cualquier empresa, y yo
quisiera que la Administración fuese una empresa, una gran empresa. Pero
usted sea sincero. Con 400.000 ó 500.000 funcionarios de la
Administración general del Estado vaya usted a valorar las tareas de cada
unidad, la carga de trabajo de cada unidad para fijar la plantilla. A lo
mejor resulta que aquellos que critican los planes de empleo, diciendo
que ya supone el despido y la reducción de plantilla de los funcionarios,
se llevaría las manos a la cabeza. Es imposible aplicar el mismo criterio
de organización a una empresa de 10.000 trabajadores y a la
Administración general del Estado. Conocer perfectamente el trabajo de
cada unidad y de cada departamento puede llevar varios años, o sea que el
desiderátum, efectivamente, es que sepamos cuánto es lo que debe hacer
cada unidad, cada sección, cada departamento y atribuirle el número
necesario de funcionarios para hacer frente a esa carga de trabajo, pero
tenemos que actuar con mayor realismo.

En cambio, es mucho más fácil hacer el organigrama central y periférico,
que tienen que contener cada uno de los planes de empleo a los que he
hecho referencia, que son cinco y ya se ha sumado algún ministerio más.

En esos planes de empleo se pone de manifiesto que hay ministerios y
organismos en los que sobran funcionarios y otros en los que faltan. ¿Por
qué presumen que un plan de empleo necesariamente tenga que llevar a la
conclusión de que sobran funcionarios en un departamento? (El señor Núñez
Pérez: Porque no lo hemos visto.-- Rumores.) ¡Acabamos de llegar!



El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, tenga usted paciencia y ahora escuche.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Hay un compromiso con los ministerios y con los organismos
correspondientes que han introducido este aspecto en la segunda fase y, a
partir de ahora, entramos en contacto con los sindicatos para la
negociación de ese plan de empleo y veremos si sobra o no personal. Lo
más probable es que sobre en algún lado pero falte en otro, porque así
nos lo están indicando distintos departamentos.

No sé lo que significa efectivamente el término homogeneizar, porque
puede referirse a homogeneizar económicamente, a homogeneizar en grupos o
categorías. Por eso le digo que en este momento no le puedo contestar al
alcance que le da al término homogeneizar, porque tiene también distintos
criterios de organización de empresa o de Administración pública.

Homogeneizar u homologar se pueden entender como lo mismo; no es lo
mismo, son primos hermanos. En fin, como ha quedado en hacerle la
pregunta correspondiente al responsable de ese departamento, me remito a
la respuesta que le dará. Tenga en cuenta que el número de funcionarios
del Inem y de trabajadores con relación laboral que ha mencionado aumenta
porque ha aumentado el número de oficinas del Instituto Nacional de
Empleo. Esto es una realidad. Pregunte provincia por provincia y verá que
se han abierto oficinas y se han descentralizado las oficinas centrales
del Inem, con el fin de aproximar más al trabajador o a las demandas de
las empresas en cada zona o comarca y esa creación de oficinas,
lógicamente, habrá generado normalmente un incremento del personal,
mayoritariamente laboral, del Instituto Nacional de Empleo.

El caso de los certificados de vivencia, que ha mencionado, como sabe S.

S., se deben a la necesidad de controlar los fraudes porque,
desgraciadamente, no se conoce, se oye, se habla, se comenta que hay
personas que han muerto y que siguen cobrando la pensión, por los motivos
que sea, bien porque no están cruzados esos datos informáticos, como
usted señala, o porque hay voluntad de defraudar. Todos sabemos lo que
supone ir a una persona que a lo mejor no sabía la obligación de dar de
baja al familiar fallecido --que es mucho presumir ¿no?-- y que seis
meses más tarde reciba la reclamación para que devuelva lo indebidamente
cobrado. Son situaciones muy desagradables y, por consiguiente, no creo
que haya interés por parte de nadie en que estas situaciones se
mantengan.

Acepto su sugerencia y voy a enterarme del caso particular que menciona
en Salamanca, sobre esas colas que ha generado en las oficinas del Inem,
porque efectivamente eso no es lo que deseamos al hablar de modernización
de la Administración.

Paso a hablar del Observatorio. Yo creo que está en disposición de SS.

SS. (El señor Núñez Pérez: Hace cinco minutos.) Bien. Como no es una
cuestión que nos hayamos inventado, ahí tienen ustedes --y tendrán tiempo
de verlas y analizarlas-- las tablas, con una serie de índices o
indicadores que se han hecho en torno a diez servicios, que no se han
elegido por comodidad sino porque a los ciudadanos --antes hablaba S. S.

de las desviaciones de los contratos-- parece que no les importa tanto,
en cambio, el



Página 5594



servicio del DNI, el pasaporte o los servicios sociales. Este
Observatorio se ha derivado de una encuesta y en función de las
prioridades establecidas por los ciudadanos en esa encuesta que se han
fijado los indicadores que en él se contienen. Se puso en funcionamiento,
como han visto SS. SS., en el año 1992 en algunos casos y en otros en
1993, por lo cual en estos últimos supuestos no hay datos de base para
permitir saber si ha habido mejora o no, pero, desde el momento en que
esto lo hemos incorporado con carácter obligatorio en la segunda fase del
Plan, ya se tienen unos datos importantes a la hora de evaluar el
funcionamiento correcto o incorrecto, la evolución hacia mejora o hacia
empeoramiento de los distintos servicios que aquí se recogen, y hay
algunos datos muy significativos en cada uno de los capítulos señalados.

Voy a referirme --lo tenía recogido en la respuesta a su pregunta-- a
algunos de ellos, que podrán ser ampliados en cada uno de los puntos. Por
ejemplo, en Correos tienen lo que se llaman distintos flujos locales,
provinciales, interprovinciales, y lo que se entiende, por término de
base, como normal funcionamiento del servicio. Aquello que cumple esa
línea básica es lo correcto y, por consiguiente, el número de paquetes
postales o cartas que no se entregan dentro de ese plazo es lo que
permite saber el acertado o desacertado funcionamiento de ese servicio.

En función de esa aproximación a la totalidad se establece si se ha
cumplido o, por el contrario, ha fallado mucho la calidad de ese
servicio. Ahí verán como ha habido una mejoría notable en los servicios
de Correos. Yo no sé cuál era la situación del servicio de Correos en el
año 1982, pero aquí tenemos los datos del año 1993 comparado con 1992. Es
la primera vez que tenemos estos elementos que nos permiten tener una
visión del funcionamiento real de los servicios. Otra cuestión es valorar
si el ciudadano percibe eso que hemos comprobado con estos indicadores
desde dentro de la Administración. Para saberlo hay que recurrir a
encuestas y no vamos a contratar ningún estudio, proyecto o empresa
consultora, sino que vamos a utilizar al CIS para que elabore las
encuestas correspondientes que nos digan en qué medida llega el mensaje
al ciudadano o, por el contrario, si la imagen tópica --en algunos casos
no tópica--, defectuosa de la Administración se mantiene a pesar de que
la Administración mejora en puntos concretos.

Por lo que se refiere a documentación ciudadana, pueden ver ahí el
acortamiento del plazo de expedición del documento nacional de identidad,
que desde la formalización de la solicitud hasta la expedición del
documento se ha reducido a siete días, en 1993, cuando en 1992 eran doce
días. Estos son datos objetivos, de los que yo creo que debemos
alegrarnos todos, porque supongo que algún día, señor Núñez, usted
deseará encontrarse con una mejor Administración, si le toca ocupar este
departamento, que encontrársela desastrosa y tumbada totalmente. Por
consiguiente, no seamos tremendistas y, si esto funciona y son datos
objetivos positivos, aceptémoslos y alegrémonos todos de que el ciudadano
tenga unos servicios que funcionan mejor de como funcionaban
anteriormente.

Por ejemplo, en Educación puede señalarse el aumento de la tasa de
escolarización en centros públicos de la población de tres años respecto
de la demanda esperada, que ha pasado de ser satisfecho el 27,5, en 1992,
al 45,1, en 1993. También en materia educativa, el porcentaje de
institutos de enseñanza con departamento de orientación ha crecido y ha
pasado del 14,50 por ciento, en el año 1992, al 25,94, en el año 1993.

En pensiones, aquí no se recogen datos de tiempo atrás pero, ya que S. S.

mencionaba antes del año 1982 para otras cosas, conviene también que
saquemos algunas cosas negras en el año 1982. (El señor Núñez Pérez
pronuncia palabras que no se perciben.> Recuerde que la tramitación de
las pensiones de jubilación estaba entre cinco y seis meses. Así de
realista era el funcionamiento de las pensiones entonces. Pues hoy
tenemos que, partiendo de una mejora notable, en el año 1992 el plazo de
tramitación de expedientes de jubilación duraba veintiún días y en el año
1993 ha pasado a dieciséis días. Ya estamos a un nivel cuasi óptimo,
porque la bajada probablemente en el año 1994 no debe interpretarse
negativamente, sino que estamos funcionando ya a un nivel prácticamente
satisfactorio.

En sanidad, podrá decirse que no todos los indicadores revelan el buen o
mal funcionamiento de la sanidad, pero los que están aquí indican
mejoras, algunas notables, para el usuario, como por ejemplo el dato de
crecimiento del porcentaje de población atendida por equipos de atención
primaria, que ha pasado del 57,60 por ciento, en el año 1992, al 69,09
por ciento, en el año 1993. Todo esto requiere unas inversiones
importantes en construcción de centros de salud, etcétera, como usted
sabe perfectamente, e incluso también en materia de personal. Ha
aumentado, igualmente, el porcentaje de facultativos que pasan consulta a
partir de las 15 horas, pasando del 15 por ciento, en el año 1992, al
23,40 por ciento, en el año 93.

En servicios sociales, ocurre algo similar a lo que decía de las
pensiones. Hay un buen nivel de gestión y destaca el avance en el tiempo
medio de tramitación de los expedientes de ingresos en centros de tercera
edad y minusválidos, que ha disminuido de 63 días, en el año 1992, a 37,2
días, en el año 1993.

En cuanto a registros, hablaba del Ministerio de Justicia como
Administración, no ya como funcionamiento, que es una materia que escapa
a la competencia de este Ministerio, y, como saben, se está tramitando la
modificación de la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, en la que
en gran medida pasa al control de dicho organismo el funcionamiento de
los tribunales de justicia. En este rótulo de registros se incluyen los
servicios registrales directamente dependientes del Ministerio de
Justicia: registros de la propiedad y mercantiles, registros de actos de
última voluntad y registro central de penados y rebeldes. Pues bien, se
han reducido los porcentajes de inscripciones y de expedición de
certificaciones, que pasan de un tiempo estándard, establecido en el 30
por ciento, al 6 por ciento para el primer caso, y del 2 por ciento al 1
por ciento para el segundo caso; me estoy refiriendo a porcentajes de
inscripciones, primer caso, y expedición de certificaciones, segundo
caso.

En definitiva, lo importante es que SS. SS. disponen con este
Observatorio de un dato importante para valorar



Página 5595



positivamente, y también para valorar negativamente, los dos aspectos,
porque si el año próximo, cuando se facilite este Observatorio, se acusan
y se registran empeoramientos en determinados servicios, habrá
responsabilidades o habrá que buscar explicaciones para permanecer en
esta batalla por la modernización de la Administración general del
Estado.

¿Son suficientes estos planes para modernizar, se pregunta? No entro en
problemas de plagios y de plan de calidad, porque en ese caso, si
mencionó también el discurso de investidura del Presidente González en el
año 1982, y ya hablaba de la modernización, me parece que quien plagia
será el último programa electoral del Partido Popular, que ha introducido
el plan de calidad. (El señor Núñez Pérez pronuncia palabras que no se
perciben. (Yo lo he entendido así. O sea, que no se entusiasme tanto con
sus programas electorales y con los problemas de derechos de autor,
porque a veces esos derechos ya estaban registrados con anterioridad.

Tenemos asumido el compromiso de una ley de organización, es cierto,
antes de que acabe este período de sesiones, es decir, antes del 30 de
junio, y también tengo ya encargados los estudios internos --subrayo,
internos-- en relación con dos alternativas. Una, global, un estatuto de
la función pública para hacer frente al compromiso constitucional que
nunca se ha hecho realidad para los funcionarios públicos, o bien una
modificación parcial en aquello que tanto me preocupa, que es el régimen
sancionador de los funcionarios, sin miedo, porque el tema está asumido
por los sindicatos, y lo que quiero es simplemente ponerlo, no en cuanto
a estabilidad en el empleo, que es un tema que no le va a afectar lo más
mínimo, dado que el procedimiento de un despido improcedente, por hablar
en términos laborales, generaría, en el supuesto de un funcionario
público, la readmisión obligatoria, y no habría, por consiguiente,
problemas de inseguridad para el funcionario. Lo que yo no quiero es que
las cosas continúen como en la anécdota que les voy a referir, y que me
parece escandalosa, llevando como acuerdo de Consejo de Ministros el
pasado viernes la separación del cargo de un funcionario interino del
Inserso, en la provincia de Cádiz, cuyo expediente de separación se
inició el 5 de octubre de 1989. Una persona que se separa, porque se la
da de alta en una invalidez provisional, no se reincorpora en aquella
fecha y hasta ahora, hasta este viernes, no ha habido un acuerdo de
separación, después de imagínese la cantidad de papeles, cambios de
instructor del expediente, paraderos desconocidos, edictos en el
ayuntamiento, en el boletín oficial correspondiente, y al final páginas y
páginas que necesitaron, cuando llegaron al Ministerio de
Administraciones Públicas para llevar este expediente al Consejo de
Ministros, casi veinte días de estudio y de análisis. Esto,
evidentemente, no tiene nada que ver con la Administración, y yo espero
que cuando abordemos esto haya un consenso de todos, porque esto no tiene
nada que ver con perseguir a nadie; simplemente, no podemos seguir
funcionando con este tipo de expediente administrativo que nada tiene que
ver con la seguridad y estabilidad del empleo, que están garantizadas a
todos los funcionarios públicos.

El señor Martínez, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
menciona un proyecto, el 110, que es uno de los del 17 por ciento. No
hemos ocultado nada, hemos dicho aquello que ha fracasado y además se
dice por qué no se llevó adelante. ¿Cuánto ha costado? No ha costado nada
la elaboración de estos proyectos. Aquellos que costaban, por problemas
presupuestarios, son los que han caído en el camino; por el contrario, en
esta segunda fase, ya ven que no sólo no cuesta, sino que se produce un
ahorro de 40.000 millones.

En cuanto al coste de desviaciones de obras y los estudios, tiene esta
Cámara un proyecto de ley y está en manos de SS. SS. enmendar, discutir,
aprobar o rechazar; no es, pues, un problema de incumplimiento por parte
del Gobierno en esta fase de modernización, en este proyecto global de
modernización, sino que se está cumpliendo.

Existe mezcla de funcionarios con administradores. Es cierto que se
producen confusiones y que no hemos logrado precisar con exactitud dónde
concluye la carrera administrativa y dónde se inicia la tarea de
administrador o de político; es algo que habrá que abordar en ese
estatuto de la función pública o en la ley de organización a que antes he
hecho referencia.

No desprestigie o descalifique los planes de empleo diciendo que a los
sindicatos se los pusimos encima de la mesa y al día siguiente fueron al
Consejo de Ministros. Estuvieron tres semanas en manos de los sindicatos,
y un proyecto de ley, que afectaba en esta materia me parece que no más
allá de diez o doce folios, se puede estudiar con tiempo suficiente en
quince o en veintiún días y dar las alternativas; pero no sólo no se
agotó ahí el proceso de negociación, sino que se incorporaron enmiendas,
tanto en la fase del Congreso de los Diputados como en el Senado, y
estamos empezando ahora a aplicarlo y a desarrollarlo, siempre con la
participación de los sindicatos para su elaboración y posterior puesta en
funcionamiento. Repito que los planes de empleo darán el resultado de que
sobran en un departamento y de que faltan en otro, y para ello
precisamente está la técnica de la reasignación.

Está claro que la frase final no ha sido muy afortunada, porque yo no
venía aquí a que ustedes improvisaran sobre la marcha nuevos planes,
proyectos o iniciativas, aunque naturalmente agradeceré enormemente que
los grupos parlamentarios soliciten incorporar nuevos proyectos a este
plan, que ya indica es flexible, que es dinámico y que lo permite.

Ustedes saben que esta segunda fase del proyecto se ha elaborado mediante
una reunión. Primero se pedía a cada uno de los subsecretarios de los
distintos departamentos que elaborasen nuevos proyectos para esta segunda
fase; posteriormente se discutieron, se vieron las dificultades y los
costes que podrían suponer para el Ministerio de Economía y Hacienda, se
aprobaron en comisión de todos los subsecretarios, que yo presidí, y a
partir de ahí se integraron ya en esta segunda fase, que fue aprobada por
el Consejo de Ministros el pasado viernes.

El señor Mauricio, portavoz de Coalición Canaria, ya habrá deducido por
mis respuestas anteriores que yo no estoy escurriendo el bulto a los
planteamientos globales que expuse en mi comparecencia del mes de
septiembre. En



Página 5596



aquella ocasión hacía un planteamiento global y evidentemente no para
seis o siete meses transcurridos sino para una legislatura. A pesar de
eso que él denomina el nuevo cuadro político que cree percibir, ni a mí
ni a los demás miembros del Gobierno nos falla ahora la voluntad ni
sentimos ningún tipo de depresión para seguir aplicando las medidas a las
que nos comprometimos en el programa electoral y en el discurso de
investidura del Presidente. O sea, que todos los compromisos asumidos
entonces ya he ido dando respuesta, tanto en materia de función pública,
como de Ley de Organización de la Administración Central y periférica,
proyectos de ley de contratos del Estado, etcétera.

Por último, en cuanto a la referencia al giro autonómico, hoy no era el
momento de hablar de él, por cuanto que en mi anterior comparecencia, a
solicitud del Grupo Popular, hablé del mismo y mañana se dará información
de los acuerdos de la Comisión Delegada para Política Autonómica, que
tuvo lugar después de mi comparecencia ante esta Comisión. Será en el
Senado donde el Vicepresidente del Gobierno exponga los criterios, las
prioridades, tal como se votó --será la primera resolución votada en el
Pleno del debate sobre el estado de la nación que se dará cumplimiento, y
que fue una propuesta del Grupo Nacionalista Vasco. En consecuencia, el
calendario y las energías siguen siendo las mismas que el primer día --y
salió en verso--. (Risas.)
Yo no sé si la pregunta que me hacía el señor Núñez y que ha quedado
integrada aquí con el Observatorio que le he entregado, supongo que dará
lugar a preguntas para el futuro y que se las ahorrará en este momento
para poderlas reflexionar mejor.




El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno de intervenciones, el señor
Núñez tiene la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Con mucha brevedad, pero sobre todo para desfacer
entuertos o disipar el humo de los botes de incoherencia con que nos ha
acusado el señor ministro, con toda cordialidad, pero así ha sido.

No confunda simpleza, iba a decir con elocuencia, no; usted ha dicho que
nuestra propuesta es muy simple, la de la reducción del gasto corriente.

Pues no es tan simple; tiene un planteamiento muy razonable y muy
fundamentado. En primer lugar, supongo sabe usted que en el capítulo de
gastos corrientes en bienes y servicios, los llamados gastos de
funcionamiento, son exactamente para el año 1994, en el que estamos,
620.000 millones de pesetas, el 10 por ciento más que los del año pasado,
a pesar de ser unos presupuestos restrictivos y estar en austeridad. Si
ustedes aplicaran el 10 por ciento no ahorrarían 40.000 millones;
ahorrarían 62.000 para empezar. Por tanto, no me creo el 10 por ciento.

Pero hay otra cosa. Nuestras cuentas dicen que la reducción del gasto
corriente en nuestra enmienda supone 183.000 millones, lo cual,
evidentemente, es una reducción del 30 por ciento, pero en la misma
enmienda decimos al Gobierno que tiene libertad para hacer esa
distribución por los distintos ministerios. En algún sitio los contratos
de alquiler tendrán que rebajarse el 10 por ciento, y en otros tendrán
que rebajarse el 30. Por tanto, no se encorsete usted en una encorsetada
propuesta, porque es muy ágil, muy flexible, muy razonable y la pueden
ustedes aceptar mañana perfectamente votando a favor de ese punto de
nuestra moción.

Dice usted que me contradigo entre la asistencia técnica pedida a
empresas consultoras privadas o a otras empresas y nuestra petición de
auditorías externas para conocer la situación de cada ministerio. No hay
ninguna contradicción. Cuando nosotros queremos erradicar la
proliferación de contratos de asistencia técnica, estamos apuntando a los
50.000 contratos de asistencia técnica --digo una cifra absolutamente
redonda y quizá exagerada-- que se producen en los ministerios todos los
días, pero no exagero nada el importe total de lo que dije antes, que
para todos los ministerios me parece que en los Presupuestos Generales
son 36.000 millones de pesetas; 17.000 para cinco, que tengo aquí
exactamente controladas las partidas.

Las auditorías externas hacen referencia a que sean procedimientos que,
con conocimientos técnicos, empresas especializadas ayuden a ustedes a
hacer un punto de partida claro y concreto. No le voy a recordar las
famosas auditorías de infarto --no sé si las hicieron-- con que ustedes
amenazaron a los Gobiernos de UCD cuando terminó nuestro mandato en el
año 1982. Supongo que a lo mejor las hicieron, pero son de esa
naturaleza, es decir, una sola vez utilicen ustedes los procedimientos
que quieran para que esa ingente labor que usted ha confesado que es un
desiderátum hacerla en no sé cuántos años --en todo caso llevan ustedes
once años largos--, que les ayuden a hacerlas una sola vez.

Por tanto, no hay ninguna contradicción entre nuestras propuestas de
auditorías externas para conocer la definición exacta o actualizada de
las competencias, funciones y servicios asignados a las unidades
contempladas en cada plan de empleo, pero no ponga usted la carreta
delante de los bueyes. Primero es eso y luego los planes de empleo. Usted
dice: en cada plan de empleo ya se contempla la definición. No, es al
revés, el plan de empleo sirve a la definición de competencias, funciones
y servicios de cada unidad administrativa, no al revés. Me parece que ése
es el razonamiento, iba a decir torcido por el hecho de no ser recto, no
por otra cosa, que ha hecho usted.

Hay una serie de cuestiones que me ha planteado y que en el poco tiempo
que tengo para contestarle no puedo hacerlo, pero sí quiero decirle dos
cosas. El Inem tiene unos índices insoportables de costes de gestión, con
independencia de que los funcionarios hayan tenido que ser contratados
para servir a determinadas oficinas de empleo que no se sabe si eran
necesarias. No voy a darle mi opinión, le voy a dar la opinión (iba a
decir del señor Solchaga, también de otra persona más cercana en cuanto a
las responsabilidades de gestión del Inem del Secretario de Estado de
empleo y Relaciones Laborales, señor Arango, que en noviembre de 1993
dijo exactamente en esta Cámara que los gastos de gestión de las
prestaciones por desempleo eran insoportables para lograr una eficiencia,
es decir, una rentabilidad en la inversión que en los Presupuestos
Generales



Página 5597



del Estado estaba señalada para esas prestaciones por desempleo.

Por tanto, no se trata, ni muchísimo menos, de nuestra sola apreciación.

El señor Solchaga lo citó como argumento para justificar la necesidad de
reformar el Inem, y el señor Arango señaló que las prestaciones por
desempleo tenían que pasar al INSS, porque los gastos de gestión actuales
eran insoportables. Palabras textuales.

Sobre las pensiones dice usted que en el año 1982 no soportamos la
comparación. En todo caso están diciendo una cosa que don Felipe
González, Presidente del Gobierno, está negando; por lo menos las
pagábamos en el año 1982, porque incluso se ha puesto en tela de juicio
que las pagáramos. La tramitación de las pensiones de jubilación de los
funcionarios (las cosas hay que decirlas como son y como se han dicho,
que se han dicho esas barbaridades y más) se ha reducido de 152 a 104
días --figuran los datos en sus papeles, no me los invento--, y cabe
preguntarse, yo me lo pregunto ahora, según estaba oyendo a usted hablar,
si con los nuevos sistemas informáticos, en los que el Gobierno ha
invertido grandes cantidades de dinero, resulta razonable esperar más de
tres meses, y si el ciudadano se siente satisfecho con esta espera. Eso
es lo que yo le pregunto.

En todo caso piense que la cobertura de pensiones, en el año 1982, era
prácticamente redonda; las pensiones no contributivas han venido a
sustituir a las asistenciales, que ya estaban en marcha, y las de
beneficencia, y en aquellos años crecieron, según un libro editado por
ustedes en el año 1982, que siento no haber traído aquí, muchísimo más
que en este año. Pero en fin, ésos son temas que no vienen a cuento y que
únicamente cito de pasada.

En cuanto al plan de calidad, no se lo inventó don Felipe González. Don
Felipe González dijo lo que dijo, le recité palabras textuales, y ni
siquiera hablo de plan de modernización, entonces se llevaba la reforma
del señor Moscoso. Del plan de calidad, como tal plan de calidad, se
habla por primera vez en nuestro programa de febrero de 1993; si usted me
trae otro texto anterior que lo diga así, estoy dispuesto a rectificar.

Termino con una consideración...




El señor PRESIDENTE: Termine, señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Esta segunda fase del plan de modernización peca de
los mismos defectos --y estoy con mis compañeros en que no podemos en
estos momentos, sería una barbaridad, calificarlo, juzgarlo con precisión
y hacer las correspondientes enmiendas, porque, incluso, una parte del
mismo acabamos de recibirlo en este instante--, lo digo a vuela pluma,
que tenía el primer plan de modernización o la primera fase; defectos
estructurales y defectos de procedimiento.

Los defectos estructurales se refieren al marco legislativo. Usted acaba
de decir que falta, evidentemente, la ley de organización y
funcionamiento de la Administración del Estado, que falta la ley del
Gobierno, que falta el estatuto de la función pública, que vamos a ver si
usted, efectivamente, da respuesta al artículo 103 de la Constitución,
después de la cantidad de veces que hemos solicitado que se envíe el
estatuto de la función pública, a lo mejor se lo encuentra aquí hecho y
tendrán que debatir sobre textos nuestros.

Dentro de estas objeciones de carácter estructural hay una que no me
resisto a callar, y es la indolencia del Gobierno ante la drástica
reducción necesaria de organismos públicos. Usted ha citado unos
«organismillos» del Ministerio de Agricultura. Vaya usted a los 70
organismos, que también figuran en nuestra enmienda, que pertenecen a la
Administración General del Estado y que, según el Plan de convergencia
que ustedes presentaron en marzo de 1992, tendrían que haberse reducido,
porque hablaban de una drástica reducción de organismos públicos para
modernizar la Administración y converger con lo que nos exigía Europa.

En cuanto a las objeciones de procedimiento, tampoco me equivoque aquí
ahora. Si yo le digo que el plan es endogámico y que no cuenta con
instituciones externas a la propia Comisión que usted preside junto con
los Secretarios de Estado y los Subsecretarios, no diga usted que ya
estoy pensando en la colaboración de empresas privadas. No, estoy
pensando en esta Cámara, estoy pensando en el Senado, estoy pensando en
los sindicatos, etcétera. Esta segunda fase no sé si la han pactado
ustedes con los sindicatos, no me suena, no lo sé, pero no me suena. Lo
que sí está claro es que este plan no ha tenido en cuenta el papel de los
funcionarios, a pesar del acuerdo de la administración con los
sindicatos.

Esta endogamia del plan es una objeción estructural que, así a vuela
pluma, sobre su exposición --que efectivamente agradezco, con
independencia de que no esté en absoluto de acuerdo con ella-- me sale.

Termino mi intervención diciéndole que una vez que hayamos estudiado esta
segunda fase del plan y de verdad hayamos comparado con datos y cifras,
con presupuestos, con estudios (nosotros no nos podemos subir a ese
observatorio, además no sé dónde está; cuando habla usted del
Observatorio me recuerda «El pirulí» o alguna cosa así), efectivamente,
con la responsabilidad de nuestro Grupo Parlamentario y de la oposición
que hacemos, le volveremos a llamar para tener una nueva comparecencia o
realizar una interpelación en la que podamos seguir debatiendo sobre
estos temas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez.




El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Ministro, seguro que esta segunda fase
del plan de modernización ni moderniza ni va a ahorrar costes, salvo los
de las plazas amortizadas, porque esos son matemáticos.

El problema de reducir costes está en función de los objetivos, de los
resultados. Señor Ministro, a estas alturas, como ha dicho antes el señor
Núñez, no nos quiera vender la moto. Simplemente por la introducción de
la informatización en la Administración se incrementa la productividad.

No nos venda esto como un logro de la modernización, porque lo que hay
que pensar es que ha habido un



Página 5598



incremento de la productividad en todo el sector servicios de este país.

A mí me hubiera gustado ver una evaluación comparando elementos de la
Administración con la empresa privada en cuanto a aumentos de la
productividad; ahí sí. Para tanto de gasto de informatización, para tanto
de gasto de determinadas modificaciones, ¿cuánto ha supuesto de
incremento de la productividad, en comparación con...? Ahí sí, porque el
incremento de la productividad se ha elevado «per se», digamos que por la
evolución de las fuerzas productivas, por la informatización. No nos
venda el incremento de la productividad. Es una relación entre costes,
resultados y objetivos.

Con esto paso al Observatorio. Señor Ministro, aquí están unos
indicadores del Observatorio de Sanidad o de Educación. ¿De qué me sirve
que este año haya 28 alumnos y el año pasado hubiese 29 alumnos, si el
objetivo de la LOGSE es que hubiera 25? Usted se ha dejado la parte más
importante. Efectivamente, ha bajado un alumno, pero el objetivo de la
Ley era bajar tres alumnos. ¿De qué me sirve que me diga que ahora
tenemos el 79 por ciento cubierto por la asistencia primaria si el
objetivo de la Ley General de Sanidad era que estuviera el 100 por
ciento? ¿De qué me sirve?
Por tanto, el incremento en la productividad o el incremento de los
costes es una relación que hay que poner con los resultados y con los
objetivos.

Le he criticado la metodología y he hecho mención, efectivamente, a lo de
la Ley de Acompañamiento que, insisto, señor Ministro, es como yo he
dicho y no como ha dicho usted. Se les dijo: «Esto es lo que hay;
efectivamente, irá a un Consejo de Ministros de principios de octubre, y
si lo queréis bien y si no ahí está.» Mire usted, los subsecretarios se
reúnen, hacen un documento y lo llevan al Consejo de Ministros. Ya se ha
hecho referencia al acuerdo de noviembre de 1991 de la Administración con
los sindicatos para administrar. Aquí lo que se dice es que se hablará
antes «previamente», dice esta palabra, y el señor Ministro lo ha dicho,
y constará en el «Diario de Sesiones» --espero que para vergüenza del
señor Ministro--: «Ahora veremos si sobra o falta y negociaremos con los
sindicatos.» O sea, nos dice que hay cinco planes de empleo y ahora
veremos si sobra o falta; ni siquiera sabemos si el resultado es suma
cero; por tanto, no sabemos si va a haber salidas o no del sistema de
empleo público. Lo ha dicho textualmente y figurará en el «Diario de
Sesiones»: «Ahora veremos si sobra o falta y en esa fase negociaremos.»
Eso no era lo que se decía en 1991 y lo que firmaron los sindicatos.

Que la primera fase no ha costado nada. Eso también, señor Ministro,
figurará en el «Diario de Sesiones»; espero que lo rectifiquen. Le puedo
decir que hasta una de las medidas, que por cierto se repite en la
segunda fase, lo del plan de amortización de los centros penitenciarios.

Si no ha costado nada ahora nos enteramos, con muchísima satisfacción; la
primera fase del plan de amortización de los centros penitenciarios, que
era una de las medidas de la primera fase que continúa en la segunda, no
ha costado nada. Yo no me creo que no haya costado nada en cuanto a
modificaciones en oficinas (por cierto, algunas hechas con mármoles,
ónices y cosas de esas, algunas del INEM en Zaragoza, de escándalo, con
fuentes luminosas y cosas de esas), obras de construcción de algunas
oficinas, la recolocación o reclasificación de algunos de los
trabajadores. ¿Qué no ha costado nada? ¿Cómo es posible que la primera
fase no haya costado nada? Creo que estamos hablando lenguajes
diferentes.

Termino con otra objeción. Estas cosas tan elementales de que hay que
racionalizar el uso de las luces o que hay que racionalizar el uso de las
fotocopiadoras, como si de eso dependiera la Administración pública...

Entre paréntesis, señor Ministro, si a usted le sirven las encuestas para
que los ciudadanos le digan que prefieren que se rebaje el tiempo de
espera para obtener el Documento Nacional de Identidad de 25 a 15 días,
en lugar del despilfarro en las contratas públicas, despida a la empresa
que le hace las encuestas. Estoy de acuerdo en que, efectivamente, los
ciudadanos prefieren que se rebaje de 25 a 15 días el tiempo para obtener
el Documento Nacional de Identidad, pero no quiera poner eso en
comparación con el despilarro de una obra o de un contrato que se
adjudica en 563 millones de pesetas --le estoy citando uno concreto-- y
que ha tenido de complementarios 593. Se adjudicó en 563 y ha tenido
complementos por importe de 593. Eso produce escándalo. No quiera decir
que los ciudadanos prefieren lo otro a que se resuelva este tipo de
cosas.

Cuando le he dicho que había que empezar por el principio, racionalizar
las estructuras, no sólo dentro de la Administración central, sino en el
conjunto de las funciones de las diferentes administraciones que siguen
duplicándose, con los correspondientes problemas, ha dicho el señor
Ministro --se lo ha dicho al señor Núñez-- que cómo sería posible conocer
una plantilla de 400.000 funcionarios. Eso también figurará en el «Diario
de Sesiones». Yo no tengo relación con la General Motors, por ejemplo,
que es una empresa que conozco porque la tengo cerca, pero esta empresa
tiene perfectamente calibrada su plantilla y tiene ese volumen de
trabajadores. Pero, además, hay una cosa más importante todavía que la
General Motors, y es que estaba en la Ley 30. No estamos hablando de los
años 1985 ó 1986, nada más empezar a rodar la Ley, estamos en 1994, diez
años después de la Ley, y ése era el principio, el comienzo: hay que
saber qué tiene que hacer cada uno para poder saber si efectivamente son
necesarios dos funcionarios, uno y medio o medio. Eso estaba en la ley.

Me ha sonado también a escándalo que el Ministro diga: ¿Cómo vamos a
conocer lo que tienen que hacer 400.000 funcionarios? Señor Ministro, si
no es capaz de hacerlo, dimita, porque eso estaba en la Ley 30. Es una
cosa absolutamente elemental. Entonces sí que me creo que le da lo mismo
400.000 que 800.000 que 200.000 funcionarios. Como eso es ahorro de
coste, y la moda ahora es que se ahorre el coste de la Administración,
empezará a cortar, porque le da lo mismo muchos funcionarios que pocos.

Hay que hacer un plan serio, global de las administraciones, de las
funciones, racionalizar las duplicaciones que existen, los problemas
competenciales, etcétera. Hay que ver cada uno de los servicios. Eso,
insisto, no es algo utópico, estaba en una ley del año 1984, y a partir
de ahí es



Página 5599



cuando hay que hacer un plan global y no estos planes sectoriales que
ahora no sabemos si sobrarán o faltarán. Se han incorporado cinco, podían
haber incorporado tres y supongo que entonces los resultados serían
diferentes. Resulta que puede salir de aquí que sobran, los echan a la
calle y dentro de dos meses viene uno que dice que le faltan. No sé,
cosas de esas que pueden ocurrir. Ya sé que no se les echa a la calle,
que hay un procedimiento más lento que todo eso.

Yo creo, señor Ministro, que, efectivamente, está muy bien que se lo
hayan dado antes a la prensa. El portavoz del Grupo Socialista decía que
es lógico. Sí, es lógico, pero tiene un efecto diferente. La prensa ya ha
hecho mención al plan de modernización y es muy difícil que recoja ahora
las críticas, pues, ¡hombre!, todos sabemos cómo funcionan los medios de
comunicación. (Risas. Rumores.)
El tema ya ha estado en el Parlamento. Va a ser muy difícil que
cualquiera de los Grupos pida una comparecencia dentro de dos semanas
sobre el mismo tema, porque supongo que dirá el Ministerio que ya ha
estado aquí para hablar del plan de modernización. Ese debate se debe
producir con serenidad, con seriedad y, por lo que respecta a mi Grupo,
con participación de todos los afectados y sobre todo de los sindicatos,
que, señor Ministro, los tiene usted poco contentos porque firmaron con
el Ministerio --no con usted, pero sí con el Ministerio-- en 1991 un
acuerdo con mucho coste para ellos.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Blasco, concluya, por favor. (Risas.)



El señor MARTINEZ BLASCO: Los sindicatos pagaron un alto coste con la
firma del convenio. Ese coste no ha sido premiado por una participación
en este tipo de debates, en este tipo de elaboraciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Voy a ser breve, porque me parece que ya me
avisó que tenía que terminar. (Risas.)
El señor Ministro me ha contestado brevísimamente y yo también lo voy a
hacer. Me parece que ha dicho: voluntad y energía como la del primer día.

Ha hecho usted una especie de pareado que también rima con utopía. Es un
pareado un poco a lo Cyrano de Bergerac, diría yo, que dice que las
batallas más hermosas son aquellas que sabe uno que va a perder.

Lo digo porque tengo una cierta sensación. No quisiéramos que se perdiera
esta batalla, señor Ministro. Nos gustaría que la ganara, pero ya
conocemos los tiempos en política. Dice usted que tiene el plazo de la
legislatura. Ha delimitado el debate en esta Comisión, su propia
comparecencia, al terreno de las técnicas administrativas para la
modernización de la Administración pública.

Las técnicas administrativas para nosotros son muy importantes, pero en
este momento la modernización de la Administración pública está ligada a
la reforma de la función pública y también al problema de la
descentralización administrativa.

Por eso, aunque ha elegido usted ese territorio, para evitarle una nueva
comparecencia, le formulé algunas preguntas que no me contestó. Si quiere
las responde en la próxima comparecencia.

En definitiva, usted nos ha entregado el documento sobre la mejora de la
Administración pública con unas ratios que yo comparto. Por eso dije, a
pesar de que no me haya entregado lo del observatorio minarete en el
momento de mi intervención, que no es casualidad que nos lo haya
entregado a las seis y cuarto.

Yo me he adelantado a decirle que, efectivamente, en correos, en
documentación ciudadana, en el documento nacional de identidad, etcétera,
hay unas mejoras. Sirvió para su réplica. Pero me parece que estas
mejoras de las técnicas administrativas tienen un límite si no se ligan a
reformas de la Administración. Por ejemplo, en un problema básico, si las
reformas de la Administración consisten en que responden más rápidamente
--es decir, información-- y reducen los calendarios de los plazos de las
entregas de los documentos, lo único que hacemos es que se vayan más
contentos porque se les contesta antes diciendo que no hay empleo o que
la pensión no la cobran o cualquier otra exigencia.

Hay que entender la Administración pública como un elemento activo. En
esa dirección, cuando hoy se habla del INEM, está clarísimo que por mucho
que se mejore necesita dos cosas: una, un estatuto de función pública que
permita que la reasignación de recursos --lo que usted ha dicho-- se
pueda hacer no en los límites rígidos de la actual Ley de la Función
Pública. Por tanto, hay que traer el estatuto de la Función Pública
pronto. Yo le pedía que me dijera cuándo. El señor Núñez le ha adelantado
que lo va a presentar él, o algo así he oído. (El señor Núñez Pérez: Como
se descuide.) Por tanto, no hay mucho tiempo. Yo coincido en que sería
bueno que lo discutiéramos lo antes posible con los sindicatos.

Segundo. El otro tema es la organización de la Administración del Estado.

Y tercero, ligado a todo eso, la descentralización, porque si el INEM no
se descentraliza, difícilmente sirve para casi nada. Sólo sirve para que
antes se pague un seguro de desempleo. No se trata sólo de pagar el
seguro de desempleo, sino de crear políticas activas de empleo desde la
Administración. Como usted tuvo recientemente una reunión, presidida por
el señor Serra, de la Comisión de Asuntos Económicos, donde se habló de
la posible descentralización del INEM y de otros centros de la
Administración pública, por eso también le preguntaba sobre esa cuestión
porque me parece que el tiempo se agota, la legislatura a lo mejor no va
a ser muy larga y sería bueno que tuviéramos el estatuto de la Función
Pública y tuviéramos una idea de cuándo vamos a tener el pacto local,
porque el pacto local, en definitiva, también es una distribución de
competencias --por tanto, una descentralización--. Cuando sepamos todas
estas cosas, habrá que articularlas, porque, en nuestra opinión,
modernización, reforma y descentralización son tres palabras que en este
momento para la Administración española están absolutamente ligadas.




Página 5600



Si no las vemos en conjunto, no haremos reformas parciales, aunque los
ciudadanos se enteren un poco antes, aunque reciban una carta un poco
antes. Y a lo mejor la carta lo que les dice es que no hay empleo o que
se les va a reducir las pensiones o que van a tener unos servicios
sociales más limitados de los que tienen hasta este momento.

Le he hecho unas preguntas. Si me las quiere contestar el señor Ministro,
me las contesta. Yo no le apuro a que me las conteste. Si quiere, lo
dejamos para una próxima comparecencia porque, en cualquier caso, el
debate es lo suficientemente interesante como para que ocupe una nueva
reunión de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Señor Núñez, usted está siempre mosqueado ante el uso de cualquier
término. (Risas.) «Simple» no es lo mismo que «simpleza» o, en término
canario, «simplonería» o «simplón»: «simple» en el sentido sencillo,
breve, pero no en el sentido peyorativo. Bien.

Me pregunta que si satisface al ciudadano el hecho de que haya pasado el
plazo de determinado número de días a otro menor para el reconocimiento o
el pago de determinadas pensiones. Evidentemente que no, pero algo
importante es que tiene que esperar menos de lo que esperaba antes. Es el
mismo planteamiento que hacía el señor Martínez, que tiene un maximalismo
--la LOGSE, ya; no sé qué otra cosa, ya; al cien por cien, la ley de
Sanidad Pública--, pero ignora lo que son recursos presupuestarios,
coyunturas económicas, etcétera. (El señor Martínez Blasco: Es el
problema.) El problema de la sociedad, supongo, porque, claro, los
recursos los paga el ciudadano en impuestos y más cosas.

El plan de calidad lo ha usado en el programa, pero, en fin, espero que
no tenga que reconocer haber llamado a esto observatorio de calidad. La
verdad es que no habíamos usado el programa del Partido Popular.

El «organismillo» (Risas.)... Tampoco era cuestión... Hemos suprimido 17
direcciones provinciales o territoriales del Ministerio de Asuntos
Sociales, por citar un ejemplo. Podríamos traer ahora a colación la
reducción de las direcciones generales que suponen los directores de
gabinete o de secretarías de Estado y algunas otras que se han ido
suprimiendo. O sea, no reduzcamos el esfuerzo que está haciendo la
Administración porque es cuantificable.

En cuanto a la elaboración del plan, se ha dicho que si es endogámico,
que si sólo se ha hecho por los subsecretarios y el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya dice lo mismo, coinciden.

Aquí, por lo visto, frente al principio básico de toda empresa, que es
que el empresario tiene el monopolio de la organización, se apuntan
ustedes a la cogestión o a la autogestión más radical de la noche a la
mañana. Es admirable esta transformación porque cuidado que llevo yo años
defendiendo la cogestión en algunos organismos en los que he participado
y siempre no, no, no, y ahora aquí, las críticas a la elaboración de esta
segunda fase porque está hecha por los subsecretarios, está hecha por la
Administración, es endogámico y los sindicatos no han tenido
participación.

Me parece que estas cosas tan elementales son atribución de la
Administración pública, de la dirección política, estableciendo los
planes de mejora de cada uno de los servicios que tiene y posteriormente
en lo que afecte a sindicatos, intervenir los sindicatos. Sin embargo, si
no afecta a sindicatos, no veo por qué tienen que intervenir los
sindicatos en la informatización o en otras múltiples cosas que en nada
afectan a las relaciones del personal.

El concepto de productividad que tiene el portavoz de Izquierda Unida yo
no lo comparto. Es de una rigidez tremenda, porque dice: «Si se
informatiza, la productividad aumenta.» El concepto de productividad es
mucho más complicado. La productividad enlaza también con el número de
trabajadores que hay y lo que producen. Por consiguiente, no vamos a
entrar ahora aquí en un debate académico sobre el concepto de
productividad.

No entiende lo que son los planes de empleo porque probablemente, como la
tiene tal odio, no ha leído la Ley aprobada y hoy vigente. Digo y repito,
para que conste, que los planes de empleo saldrán al final de su
elaboración porque no están hechos. He dicho que se van a hacer cinco
planes de empleo con la negociación sindical. Al final se verá que en
este organismo sobra y en este otro organismo faltan, y se producirán las
asignaciones. Ese es el mecanismo, cosa que deduzco que no ha llegado a
entender. (El señor Martínez Blasco: Que no comparto.) Bien, no lo
compatirá.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, por favor.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
En cuanto a los criterios de la plantilla de General Motors,
verdaderamente sorprende que piense --no sé si estará pensando en la
planta de Zaragoza-- que sean 400.000 en todo el mundo y seguro que le
han ido elaborando según ha ido abriendo las plantas de producción. Y que
la Ley 30 lo haya dicho... Pues, mire, después del 6 de junio, me
permito, como Ministro, decir que en las leyes, aunque hayan sido
socialistas, ha habido cosas buenas y cosas malas, y que en esa Ley 30
hay cosas buenas que nadie discute y hay otras cosas malas.

Ese es un planteamiento utópico y teórico absolutamente, porque
cualquiera que conozca de organización de personal y de relaciones
humanas sabe que era imposible establecer complementos retributivos en
función de los criterios que se aplican al sector privado a una empresa
que tiene una plantilla, o que tenía entonces, de a lo mejor 800.000
trabajadores. Ni siquiera las comunidades autónomas, que han tenido la
ocasión de montar nuevas estructuras y aplicar esos criterios, han sido
capaces de ello. Ni una de las comunidades autónomas, ya que no han hecho
otra cosa más que repetir los errores y los vicios que tiene la
Administración central del Estado, lamentablemente. O sea que aunamos
entre todos la culpa que nos corresponde a cada uno allí donde gobierne.

Todos, porque tienen la



Página 5601



responsabilidad. Y lo mismo los ayuntamientos, que no se salen de los
criterios rutinarios y han establecido criterios retributivos que han ido
encareciendo la gestión de personal sin racionalizar la estructura de
personal en cada uno de los órganos públicos.

Al portavoz paisano, señor Mauricio, le repito que si lo que quiere es
una fecha para el Estatuto de la Función Pública como tal o si las
dificultades en la negociación con sindicatos superan lo previsible, por
todas las rutinas que tengan, pero hay rutinas, defensa de intereses
corporativos y tantas cosas más, optaríamos por una reforma parcial en el
sentido que he mencionado al principio del régimen disciplinario de los
funcionarios.

En cuanto al pacto local, que no entraba en el tema de hoy, ya sabe que
está entregado a todos los Grupos parlamentarios y que hemos dado todo el
mes de abril. Hasta ahora no ha contestado ninguno, ni la FEMP, y será en
el mes de mayo cuando empecemos de nuevo los contactos para conocer sus
opiniones sobre las propuestas de delegación en favor de los municipios
que ahí se contienen.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (CONTINUACION):



--FECHA PREVISTA PARA EL DESARROLLO DE LAS NORMAS RELATIVAS A
CERTIFICACIONES DE ACTOS PRESUNTOS, ASI COMO A LA GENERALIZACION DEL
CRITERIO DE ACTO PRESUNTO ESTIMATORIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 30/1992,
DE 26 DE NOVIEMBRE, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN. FORMULADA POR EL SEÑOR NUÑEZ
PEREZ (GP). (Número de expediente 181/000637.)



--BALANCE DEL PROGRAMA DE REDUCCION DEL N--MERO ACTUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y SU ADECUACION A LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMUN. FORMULADA POR EL SEÑOR NUÑEZ PEREZ (GP). (Número de
expediente 181/000638.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Agotado el trámite reglamentario de la comparecencia, pasamos al bloque
de preguntas. En primer lugar, la número 637, sobre actos presuntos. Para
formularla, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, si me permite también le voy a
plantear una cuestión de orden. Querría agrupar las dos primeras
preguntas que figuran en el orden del día porque ambas se refieren la Ley
30/1992.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez ¿se está refiriendo a las 637 y 638?
(Asentimiento.) No hay ningún inconveniente por parte de esta Presidencia
y supongo que por parte del compareciente tampoco.

Adelante, señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Es para ahorrar tiempo. Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, considera
como novedad principal de la misma la regulación del silencio
administrativo. Digo que la considera. La exposición de motivos proclama
que el silencio administrativo, positivo o negativo, será en el futuro la
garantía que impide que los derechos de los particulares se vacíen de
contenido cuando la Administración no atienda eficazmente, con la
celeridad debida, las funciones para las que se ha organizado.

El silencio de la Administración, una vez agotado el plazo hábil para
dictar resolución expresa es, por lo tanto, fuente de producción de actos
administrativos, como se desprende del propio tenor literal de la Ley,
que en el artículo 44 dice: los actos administrativos presuntos.

Una pieza de especial relieve en el nuevo régimen del silencio
administrativo es, por tanto, no sólo el concepto de acto presunto, sino
también su materialización mediante la certificación que debe expedirse
como instrumento único para acreditar su eficacia. Con eso se cierra la
facultad y el deber de la Administración de emitir resolución expresa y
se pone fin a la incertidumbre del administrado sobre el destino de las
solicitudes y peticiones formuladas a la Administración. Creo que ése es
el planteamiento en el que todos estamos de acuerdo. A partir de ahora me
parece que no lo vamos a estar tanto. ¿Por qué? Porque esto plantea la
necesidad de limitar, sin posibilidad de duda, hasta dónde se extiende la
facultad de dictar resolución expresa por parte de la Administración. Si
la Administración dispone sólo del plazo legal o reglamentario
establecido para dictar la resolución o, por el contrario, pueda hacerlo
mientras no se solicite la certificación del acto presunto e, incluso,
una vez solicitada, hasta que transcurra el plazo de veinte días
establecido para su expedición.

Una norma clara sobre estas cuestiones --es por la que pregunta nuestra
pregunta, y perdón por la redundancia-- contribuirá a modernizar la
Administración --volvemos otra vez a la modernización de la
Administración-- y a garantizar los derechos de los ciudadanos.

El citado artículo 44, de cara a que el acto presunto desestimatorio o
estimatorio no suponga desamparo y excesivo aplazamiento del ejercicio de
posteriores actuaciones, prevé justamente el mecanismo de las
certificaciones de actos presuntos que no pueden ser herramientas de uso
caprichoso por la Administración. (El señor Vicepresidente, Sanz Díaz,
ocupa la Presidencia.)
Efectivamente, al ciudadano le basta con presentar la solicitud de
certificación para que, incluso si la certificación no se extiende, pueda
presentar o entablar los recursos administrativos y los
contencioso-administrativos, pero



Página 5602



¿por qué se le va a tener en ascuas, en dudosa espera, al ciudadano? El
último apartado del artículo 44.2 señala a este respecto que la no
emisión, cuando proceda, de la certificación será considerada como falta
muy grave. ¿Sabe usted cuántas faltas muy graves se están cometiendo en
todas las administraciones por este motivo? ¿Las ha calculado usted,
señor Ministro?
Los aspectos reseñados de esta cuestión, como otros muchos e importantes
que tuve ocasión de exponer en el debate de la ley y en la convalidación
del Decreto-ley 14/1993 --tuve el honor de debatirlo con usted, era
Ministro entonces--, sobre todo el que se refiere al punto 5 del artículo
43, sobre la publicación de la relación de procedimientos en que la falta
de resolución expresa produce efecto estimatorio o desestimatorio según
qué entidad local, autonomía, etcétera, son un buen punto de referencia,
repito otra vez, para enjuiciar la eficacia de los planes de
modernización en primera, en segunda y en tercera fase y en todas las que
usted quiera traernos y el propósito tantas veces declarado y frustrado
de apuesta por la transparencia, la información a los ciudadanos y la
exigencia de responsabilidades a las autoridades y demás personal al
servicio de las Administraciones.

Lo que tiene mayor trascendencia, sin duda, es, repito, la eliminación de
las áreas de inseguridad jurídica; por eso le hago la pregunta que figura
en el orden del día y que, por lo tanto, no creo necesario leerla aquí
ahora.

En relación con esta pregunta está la siguiente, la que se refiere al
balance del programa de reducción del número actual de procedimientos
administrativos y su adecuación a la citada Ley 30/1992. En el debate de
convalidación del Real Decreto-ley 14/1993, repito, tuve ocasión creo que
de demostrar la ineficacia de los gobiernos socialistas para desarrollar
reglamentariamente la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. El propio Decreto-ley
era la prueba más clamorosa de esta ineficacia o, si quieren, de la
pasividad y desidia de un Gobierno que precisa de una ampliación de 6 a
18 meses para desarrollar un mandato legal en el plazo que se autoimpuso,
a pesar de las observaciones que nosotros le hicimos desde estos bancos
cuando debatimos el proyecto de ley. El Gobierno se enteró, por lo visto,
después de publicada la Ley 30/1992 en el «Boletín Oficial del Estado»,
que existían 1.893 normas que contenían reglas procedimentales. Un alumno
de tercero de Derecho, no muy aventajado, sabría más o menos que ése era
el número de leyes que habría que adecuar a la ley de 1992 y que, por lo
tanto, repito, hubiesen precisado de una memoria, de un adelanto de
trabajos del Gobierno antes de enviar la citada Ley a esta Cámara. Le
recordaré, señor Ministro, que en aquella ocasión --en la ocasión del
debate del Decreto-ley-- le manifestaba serias dudas o reservas acerca de
la capacidad del Gobierno para cumplir con su compromiso prorrogado de 6
a 18 meses y le advertí que en próximas comparecencias y mediante
preguntas como ésta, me interesaría por la marcha de estos trabajos y
también por si la prórroga les es suficiente o tendrán que solicitar
alguna más. Esto preocupa a mi Grupo parlamentario y, por supuesto, a
todos los ciudadanos.

El señor Ministro en el citado debate advirtió a la Cámara que se trataba
en rigor de un plazo máximo --son palabras textuales--, dentro del cual
el Gobierno espera culminar, sin agotarlo, el proceso de adecuación de
procedimientos. ¿Sigue estando el señor Ministro en disposición de
mantener ese compromiso? ¿Está ya culminado el proceso? ¿Le bastarán los
cuatro meses --sólo quedan cuatro meses y yo no dejaré pasar ni un día,
se lo advierto, señor Ministro-- que restan para agotar los 18 meses de
la prórroga?
Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Díaz): Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Respecto a la primera pregunta, como sabe, el artículo 44 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común regula de forma detallada el contenido, requisitos,
plazos para su emisión, consecuencias, etcétera, de la certificación de
actos presuntos. Dado que el precepto anterior es suficientemente
preciso, el Gobierno no tiene previsión concreta de desarrollar las
normas de fijación de criterios sobre la forma y contenidos del sistema
de certificaciones de actos presuntos. Cualquier interesado cuya
solicitud no haya sido atendida en plazo, puede obtener la certificación
de este extremo apoyándose exclusivamente en el texto de la Ley.

En cuanto a la generalización del criterio del acto presunto estimatorio,
entiendo que hay que distinguir entre dos planos diferentes: el legal y
el reglamentario. Por una parte, el artículo 43, párrafo segundo, de la
citada Ley 30/1992, establece determinados supuestos de silencio
positivo, solicitud de concesión de licencias y, en general, las
solicitudes cuya estimación permitiría al solicitante el ejercicio de
derechos preexistentes. Estas previsiones legales son, a nuestro juicio,
plenamente operativas y no precisan de ulterior desarrollo reglamentario.

Desde el punto de vista reglamentario, la generalización del acto
presunto estimatorio se está efectuando a través del desarrollo de la
Ley, que, si bien no está completo, no podemos olvidar que el plazo aún
no ha concluido, como nos lo ha recordado hace un momento. Por otra
parte, la misma norma legal consagra el silencio positivo como regla
general supletoria en defecto de previsión legal en contrario. A título
de ejemplo: el proyecto de reglamento de procedimientos para la
autorización de actividades --actualmente en fase de dictamen por el
Consejo de Estado-- establece, de acuerdo con el criterio legal, el
principio general del acto presunto estimatorio, con excepciones tasadas.

Por consiguiente, el criterio rector que se está siguiendo en la
regulación de esta materia es, de acuerdo al espíritu que anima la ley,
atribuir efectos estimatorios al silencio administrativo. El Ministerio
detenta el control del incumplimiento de esta directiva a través del
trámite de aprobación previa de las disposiciones que versen sobre
materias procedimentales, y puedo asegurarle que sólo excepcionalmente



Página 5603



se ha estimado el silencio negativo en supuestos plenamente justificados;
por ejemplo, actas de otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas,
aquellos que tengan contenido económico o que inciden en seguridad o
sanidad pública, protección de consumidores y usuarios, etcétera. Ha
habido supuestos en que, por la complejidad de la materia, se ha
considerado necesario incluir normas sobre la notificación del acto
presunto en la norma reguladora del procedimiento; por ejemplo, el
reglamento que regula los procedimientos relativos a la concesión,
mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial.

En cuanto a la segunda pregunta, el balance del programa de reducción del
número actual de procedimientos administrativos y su adecuación a la Ley
30/1992, puedo decirle lo siguiente. Siguiendo las directrices marcadas
en el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de enero de 1993 sobre las
condiciones en que debía producirse la adecuación de los procedimientos a
la Ley 30/1992, la Administración General del Estado inició el proceso de
la adecuación de procedimientos habiendo sido identificados en una
primera fase, como ya lo dije en el Pleno en defensa del decreto-ley de
convalidación, 1.893 normas procedimentales, de las que más de la mitad
correspondían a las áreas de autorizaciones, subvenciones y
procedimientos sancionadores. Esta ingente cantidad de normas en
presencia obligó al Gobierno a proponer al Parlamento que se prorrogara
el plazo inicial.

En el ámbito de la Administración General del Estado --la Ley 30 también
obliga a efectuar este proceso a las comunidades autónomas, pero no es
materia nuestra-- se ha seguido una doble metodología de trabajo: por una
parte, se han identificado determinados grupos de procedimiento que por
plantear problemas de tramitación similares son susceptibles de ser
reconducidos a un procedimiento tipo de carácter general; así, las normas
procedimentales relativas a la autorización de actividades o al
otorgamiento de subvenciones. Para estas categorías se ha optado por
elaborar un reglamento general de procedimiento en el que se recoja el
armazón fundamental de actos y trámites administrativos que lo componen,
procurando, sin embargo, evitar una excesiva rigidez en su diseño para
permitir el engarce o conexión con las normas de un procedimiento
particular.

De acuerdo con este planteamiento, el Consejo de Ministros aprobó el
reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas,
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y se ha elaborado un
reglamento del procedimiento para la autorización de actividades, que ya
ha sido remitido, como acabo de decirles, al Consejo de Estado para su
dictamen. La simplificación procedimental que se logrará a través de los
mismos puede ser justamente apreciada si se tiene en cuenta que las
normas procedimentales en materia de subvenciones y autorizaciones
superan el 50 por ciento de las examinadas. En el mismo sentido, y aunque
no pueda considerarse propiamente como norma de adecuación a la Ley 30,
sino de desarrollo de la misma, cabe señalar que las normas afectadas por
la promulgación del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, supone un 9,5 por ciento del total. El resto,
aproximadamente un 30 por ciento, se refiere a procedimientos en materia
de personal y de reconocimiento de derechos económicos que se están
elaborando en estos momentos.

Estos reglamentos deben contemplarse como disposiciones dotadas de una
doble funcionalidad: en primer término, realizan la rápida adecuación de
los procedimientos administrativos más atomizados y dispersos
normativamente, dando cumplimiento al mandato legal y, en segundo
término, establecen un régimen procedimental general que, por una parte,
sirve para disciplinar o encauzar la actividad normativa posterior y, por
otra parte, permite a los interesados tener un conocimiento preciso de la
tramitación a seguir.

Para las restantes materias no susceptibles de integrarse en categorías
procedimentales superiores se ha optado por realizar una adecuación
particularizada de las mismas. Como ejemplo de este grupo de
procedimientos podemos citar el reglamento de procedimientos de
concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad
industrial (Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo) o el del procedimiento
sancionador en el ámbito del control de cambios (Real Decreto 1392/1993,
de 4 de agosto).




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Díaz): Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Brevemente y, además, muy preocupado. ¿Cómo es
posible que diga usted que no es necesario desarrollar los artículos que
regulan los actos presuntos? ¿Usted sabe el lío que se está armando en
todos los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera?
Tengo que recordarle, porque de verdad me ha asombrado su rotunda
negativa a que sea necesario desarrollar reglamentariamente esta norma,
pero tengo que recordarle que la disposición adicional tercera, al tiempo
que establece la obligación de adecuar los procedimientos vigentes,
dispone que en esa adecuación se hará específica mención de los efectos
estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa
produzca. Pero vamos mucho más lejos, porque esta prevención aparece
ratificada en el punto 5 del artículo 43 de la Ley, que dispone lo
siguiente: Cada Administración, para mejor conocimiento de los
ciudadanos, podrá publicar una relación de procedimientos en que la falta
de resolución expresa produce efectos estimatorios y de aquellos que los
produce desestimatorios.

Recuerdo que en el debate hablamos --usted incluso asentía y creo
recordarlo con palabras suyas, y siento no tener aquí el texto para
leérselas-- del efecto metralla o del efecto peligroso que esta
disposición puede producir, porque nada impide que una comunidad autónoma
A regule esta manera de forma diferente de la B, al igual que puede
ocurrir con el ayuntamiento X y el Z, o con el organismo autónomo M y P,
y que unas determinadas faltas o unos determinados silencios para unas
mismas cuestiones se consideren estimatorios en un sitio y en el
ayuntamiento de al lado desestimatorios. Y el ciudadano, que conoce por



Página 5604



vecindad, incluso, lo que pasa en un sitio, creerá que con su acto va a
ocurrir lo mismo que con el del vecino del pueblo de al lado, y resulta
que no. Y todo esto, señor Ministro, aunque sólo sea para darle seguridad
jurídica a los ciudadanos, necesita de unas normas reglamentarias que lo
desarrollen, y necesita unas normas reglamentarias que pongan coto a la
anarquía, digamos, que cada Administración hace con su obligación de
certificar, de evacuar la certificación solicitada. Porque, si no, ¿cómo
se entiende que en la propia Ley, cuando no se expide, cuando no se
otorga, cuando no se da la certificación solicitada se considere una
falta muy grave? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que es igual, que da lo
mismo, que el silencio administrativo ya produce los efectos que tiene
que producir y que, por tanto, no se produce indefensión? Claro que se
produce, se produce por un montón de circunstancias que no es del caso
señalar ahora porque no vamos a hacer aquí ni usted ni yo --y usted que
tiene una fina sensibilidad jurídica conoce muy bien lo que estoy
diciendo-- un dictamen sobre esta cuestión, pero sí apuntar, ¡cómo no!,
la necesidad de un desarrollo reglamentario de estas disposiciones que
han constituido un verdadero semillero de follones en todas las
Administraciones públicas. Y es tan evidente el asunto que basta con que
se dirija usted a cualquier colegio de abogados para que le den pelos y
señales de los problemas que está produciendo esta falta de normas que
aclaren y desarrollen la norma madre de la Ley 30/1992.

No quiero entrar en los detalles de la adecuación y de los plazos
necesarios para ello. Tan importante es lo otro que esto me parece un
tema menor, pero usted no me ha contestado con claridad a la pregunta que
yo le hago: ¿En los cuatro meses que faltan darán ustedes toda la
adecuación que falta, sí o no? Dígamelo usted. ¿Sí o no? (El señor
Ministro para las Administraciones Públicas, Saavedra Acevedo: Sí.) ¿Que
sí? ¡Ah, muy bien!, tomo nota.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Díaz): Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Usted acaba de señalar que éste es un problema de debate jurídico, aunque
las repercusiones que tiene para el ciudadano lo convierte en un problema
político. Esta misma discusión la he mantenido en el Ministerio con
abogados del Estado, con subsecretarios, con miembros del Consejo de
Estado, y no todos coinciden en la solución ni todos señalan la inquietud
que tiene, por ejemplo, en relación con la certificación de actos
presuntos que usted mencionaba en su pregunta, porque el artículo 44, en
sus apartados 3, 4 y 5, lo determina perfectamente, y únicamente cabe la
interpretación de cuándo se computa el plazo para los recursos, es decir,
si esos 20 días que tiene la Administración para extender la
certificación deben paralizar o retrasar la interposición del recurso.

Nosotros entendemos que no --así aparece reflejado en el procedimiento
que se encuentra en el Consejo de Estado en materia de autorizaciones--,
creemos que debe ser al cumplirse el plazo estricto, sin que exista
ninguna prórroga en favor de la Administración, porque, si no ha
contestado la Administración en ese período, el tiempo que tiene para
extender la certificación no es un beneficio para la Administración ni
puede convertirse en un fraude para el ciudadano. Esto en cuanto a la
certificación.

Con respecto al tema del apartado 5 del artículo 43, efectivamente, es un
tema polémico, no lo dudo; es un problema que trataremos de resolver, al
igual que otros existentes, porque, al margen de que sea una ley vigente
que contiene muchos aspectos positivos, como usted sabe perfectamente,
sin embargo, tiene otros aspectos que preocupan a los técnicos, tanto los
especialistas en Derecho Administrativo, como distintos ayuntamientos,
que me han expresado su inquietud en relación con el recurso de
reposición y con otras materias que requieren una modificación (El señor
Presidente ocupa la Presidencia), modificación que estamos preparando.

En cuanto al tema del plazo, insisto en que cumpliremos el plazo del 27
de agosto del presente año.




--PLASMACION DEL COMPROMISO ASUMIDO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN SU
DISCURSO DE INVESTIDURA EN RELACION CON UN ESFUERZO MAYOR DE
TRANSPARENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR NUÑEZ PEREZ (GP). (Número de
expediente 181/000640.)



El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta 640, en relación con un
esfuerzo mayor de transparencia, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Ministro, voy a ver si soy más breve de lo
que he sido en otras ocasiones, porque creo que ya están todos un poco
cansados de oírnos a usted y a mí; a usted a lo mejor no, pero a mí,
seguro que sí.

En el debate de investidura que siguió a las elecciones de 1982 decía el
señor Presidente, don Felipe González, lo siguiente: La competencia
profesional, el espíritu de servicio y la ética han de erigirse, por
todos los medios, en los principales inspiradores de los organismos
públicos. Y añadía: La austeridad, el rigor y la transparencia --de ahí
mi pregunta, la pregunta queda enganchada en esta frase, como es lógico--
en el empleo de los caudales públicos será así un criterio tajantemente
exigido.

No parece que en esa rotunda manifestación de buenos propósitos se
mostrara a la postre muy profeta el señor González.

En la comparecencia del señor Ministro en esta Comisión, el 29 de
septiembre de 1993, para exponer las previsiones y las líneas generales a
desarrollar por su Departamento, recordó que en el discurso de
investidura del Presidente (ya estamos en 1993) se asumió un compromiso
por un esfuerzo mayor de transparencia --otra vez el denominador común de
la transparencia--, tanto de las políticas que acometemos como del propio
funcionamiento de la Administración pública. Dicho compromiso fue asumido
y reiterado en frases posteriores muy elocuentes y muy puestas en razón,
aunque no muy puestas en la práctica. Porque



Página 5605



pronto hubo ocasión de comprobar que ese propósito declarado era, una vez
más, incumplido.

En el campo de la política general baste recordar --y no quiero reabrir,
ni muchísimo menos, el debate que tuvimos la semana pasada-- la
transparencia del Gobierno del PSOE a la hora de investigar y esclarecer
las numerosas denuncias de casos de corrupción y las rocambolescas
argucias para cerrar el camino a propuestas de resolución claras y
diáfanas encaminadas al esclarecimiento de casos de presunta corrupción
que están en el ánimo de todos los ciudadanos.

Pero en el campo estrictamente administrativo y de la competencia de su
Ministerio, hablar de transparencia cuando aún están pendientes las
respuestas a preguntas sobre cuestiones variadas, como los nombres,
apellidos, etcétera, de las personas que están beneficiadas de contratos
blindados, la percepción de indemnizaciones de altos cargos con ocasión
de su cese, que han obligado a este modesto Diputado a pedir el amparo al
Presidente de las Cortes, suena, la verdad, a sarcasmo. He tenido, señor
Ministro, que presentar un recurso de amparo, muy conocido, por otra
parte, al Presidente de esta Cámara porque están pendientes de
contestación unas cuantas preguntas que no sé si le habrán llegado a su
Ministerio o a qué ministro se le ha encargado la contestación. Le puedo
recordar unas cuantas, pero no solamente de este Diputado, sino del Grupo
Parlamentario Popular, que está haciendo un estudio para formular una
interpelación sobre las faltas de respuesta, es decir, de transparencia
del Gobierno a la labor de control que estamos obligados a hacer, por un
lado, o bien de respuestas evasivas que no contestan prácticamente a
nada. Hace poco --le voy a poner un ejemplo-- preguntaba por los
empleados eventuales de confianza nombrados en los distintos ministerios,
de acuerdo, me parece con una norma de finales de diciembre de 1982.

¿Sabe cómo me contestan en la pregunta? Literalmente lo siguiente:
existen los que permite el Decreto de 1982. Si usted cree que eso es
transparencia, que baje Dios y lo vea.

Por lo tanto, si no existe transparencia en relación con la
constitucional facultad de los parlamentarios para ejercer el control del
Gobierno, ¿qué se puede esperar en relación con el común de los
ciudadanos?
Lo mismo cabe decir, pero no voy a entrar en ello, no se preocupe, con la
adjudicación de contratos del Estado, porque los informes últimos del
Tribunal de Cuentas me ahorran otros comentarios.

En la función pública, en materia de retribuciones, de concursos
específicos, etcétera, ¿dónde está también la transparencia?
Esa es la pregunta que, con la mayor cordialidad, pero también con la
mayor contundencia, le tengo que hacer esta tarde como final de mis
intervenciones.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Yo, señor Núñez, le agradecería, para poder responder a cada una de las
cuestiones que me ha planteado, que en la pregunta se me precisaran todos
estos temas, porque a mí me consta que la pregunta es plasmación del
compromiso asumido por el Presidente del Gobierno en su discurso de
investidura, en relación con un esfuerzo mayor de transparencia. He ido,
además, al «Diario de Sesiones» relativo al discurso de investidura del 8
de julio de 1993, número 2, y remite a la exigencia de modernización de
la Administración en una triple faceta: lograr una eficiencia elevada que
mejore la relación entre los costes y los beneficios en su
funcionamiento, mejorando la calidad y la eficacia de los servicios que
se presta a los ciudadanos y flexibilizando las rigideces de su
funcionamiento, aumentando la transparencia, haciéndose más accesible e
incorporando tanto en las normas jurídicas que lo regula como en la
práctica diaria una cultura de servicio a los usuarios.

Efectivamente, está en su legítimo derecho de entender la transparencia
con todo el alcance político que acaba de expresar, pero no había
entendido el alcance tan variado del término transparencia y como tal le
contesto en el sentido de calidad y transparencia del servicio ante los
ciudadanos. En todo lo demás, formúleme de nuevo la pregunta.

Y en cuanto a los temas que están pendientes de respuesta, tampoco puedo
contestarle. Simplemente debo decirle que me informaré. Si corresponde a
mi Ministerio, me extraña que no haya habido respuesta, por cuanto que
tema tan polémico, como bien sabe, hoy en Comisión, como es la
declaración de registro de bienes, formulada por el ex Director General
de la Guardia Civil, fue extendida sin ninguna reserva por parte de los
servicios dependientes de mi Ministerio. Además, no era precisamente
positiva para el afectado, por cuanto no había formulado tal declaración
en tiempo y forma.

Señor Presidente, contesto en lo relativo a la transparencia como valor
vinculado a la modernización administrativa y en este marco se han
llevado a cabo numerosas actuaciones, de las que cabe destacar como más
relevantes las siguientes: En primer lugar, la nueva Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones, la tan mencionada Ley 30/1992,
incorpora el valor de la transparencia a las actuales administrativas,
formulándose en un Título IV los derechos de los ciudadanos en los
procedimientos administrativos, lo que implica aumentar la transparencia
de las administraciones mediante acciones tales como identificación de
las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramitan los
procedimientos; el derecho del ciudadano a conocer en cualquier momento
el estado de tramitación de los procedimientos en que actúe como
interesado y a obtener copia de los documentos contenidos en ellos; el
derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase
del procedimiento anterior al trámite de audiencia; el derecho a
presentar sus escritos, solicitudes y comunicaciones en los registros de
cualquier órgano administrativo de la Administración del Estado o de las
comunidades autónomas; el derecho a no presentar documentos no exigibles
por las normas de procedimiento de que se trate o que ya obren en poder
de la Administración: el derecho de acceso a archivos y registros; el
derecho a exigir responsabilidades a la Administración por cualquier



Página 5606



anomalía en la tramitación; el reforzamiento de la obligación de resolver
expresamente por la Administración las solicitudes que se le formulen.

Estas y otras medidas, derivadas de la citada Ley, son la demostración
fehaciente de una mayor transparencia de la Administración en sus
relaciones con el ciudadano y responden al criterio constitucional de una
administración de carácter instrumental puesta al servicio de los
intereses y necesidades de los ciudadanos.

En segundo lugar, he de referirme al nuevo proyecto de ley de contratos
de las administraciones públicas, que en la actualidad se encuentra en
tramitación en esta Cámara, una vez aprobado por el Consejo de Ministros.

En su exposición de motivos se pone expresamente de manifiesto el
criterio del Gobierno acerca de la necesidad de garantizar plenamente la
transparencia de la contratación administrativa como medio para logar la
objetividad y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación
y libre concurrencia de la actividad administrativa en ese campo. Dicha
voluntad de transparencia informa todo el texto legal y se concreta en
numerosos aspectos, que suponen un avance muy importante en relación con
la legislación preexistente, en lo que se refiere a la búsqueda de la
máxima transparencia en la actuación administrativa.

Entre otras medidas, me voy a permitir destacar al repecto las amplias y
detalladas normas de publicidad que se establecen, tanto en las fases de
licitación como en las de adjudicación de contratos, y la regulación
expresa y precisa de las causas que costituyen prohibición de contratar y
las que determinan la suspensión de las clasificaciones de contratistas,
así como sus respectivos efectos. Mención especial debe hacerse al
registro de contratos, que se configura como un eficaz medio de
información general, por lo que se le da un caracter público, de forma
que cualquier persona pueda tener acceso y conocimiento exacto de todos
los contratos celebrados por las administraciones públicas, así como las
empresas con las que se celebran aquéllos.

El principio de publicidad y los de concurrencia, igualdad y no
discriminación se definen como los rasgos esenciales a los que deberán
ajustarse los contratos de las administraciones públicas, y se concretan
en una serie de previsiones, junto a las ya vistas. Una, registro oficial
de contratistas, de acceso público. Dos, remisión al Tribunal de Cuentas
de los contratos de importe superior a determinadas cuantías. Tres,
remisión de los anteriores contratos a la junta consultiva de
contratación administrativa en que se anotarán las modificaciones,
prórrogas y extinción normal o anormal de los mismos. Cuatro, publicación
en el BOE de todos los procedimientos de adjudicación de contratos, así
como de las adjudicaciones cuando la cuantía sea superior a cinco
millones. Cinco, obligación anual de dar a conocer los contratos
superiores a determinadas cuantías que cada órgano de contratación
proyecte realizar en los 12 meses siguientes.

En definitiva, el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes
acentúa la publicidad y transparencia en la contratación administrativa,
con una serie de medidas que permitirán lograr la máxima objetividad de
la actuación administrativa en este campo, así como el respeto a los
principios de igualdad y no discriminación que, proclamados a nivel
constitucional, tienen adecuado reflejo en el de libre concurrencia,
básico en la contratación administrativa.

En tercer lugar, los proyectos de mejora de la información y comunicación
al ciudadano, incorporados al plan de modernización al que hoy he hecho
referencia, ponen de manifiesto que la sensibilidad y apertura de la
Administración al ciudadano constituyen uno de los ejes estratégicos del
plan de modernización. En este sentido, me gustaría cocnretar que de los
204 proyectos de la fase inicial del plan 60 estaban dirigidos a este
objetivo y que la segunda fase, que acabo de presentar, contiene
alrededor de 40 nuevos proyectos que continúan en la línea de mejorar la
información, la accesibilidad y la transparencia de la Administración en
sus relaciones con los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Ministro. Me ha leído usted
muy bien los textos de ley que tengo en mi poder. Ha caído usted en la
manía de contestar leyendo textos legales, y éstos ya los conocemos. Yo
sé perfectamente lo que dice la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sé
también lo que dice el proyecto de ley de contratos.

Simplemente por referirme a esto último, señor Ministro, al margen de que
nuestro Grupo Parlamentario presentará dentro de plazo las
correspondientes enmiendas --para eso tenemos ya constituida la Ponencia
y nombrados los compañeros que se van a ocupar de estudiar este proyecto
de ley--, le voy a decir una cosa, para subrayar la opacidad y los cauces
de irregularidades abiertos: la Ley no se aplica a los entes públicos del
artíulo 6.º de la Ley Presupuestaria, que huyen de manera desesperada al
Derecho Privado para desde, digamos, las ventajas que tienen como entes
de derecho público, por otra parte, tener la mayor capacidad de maniobra
y de opacidad en la realización de determinados actos. Le pongo este
ejemplo para que cuando se nos contesta presumiendo del proyecto de ley
de contratos de las Administraciones Públicas, se haga, por lo menos, un
ejercicio de humanidad y se pongan en tela de juicio las posibles
transparencias que se vayan a derivar de esa ley. Por otro lado, al
leerme la parte del texto que me ha leído, indudablemente están
reconociendo ustedes que en estos doce años determinadas publicidades y
transparencias no se han ejercitado o, por lo menos, las normas que había
posibilitaban determinadas opacidades.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Con el señor Núñez es imposible entrar en el terreno de esta legislatura
porque siempre se remonta al año 82. Yo estoy hablando



Página 5607



de lo que me corresponde a mí, y empiezo apelando al discurso de
investidura. Por consiguiente, ése es el punto de arrancada de las
preguntas y de las respuestas correspondientes a las preguntas.

Dice que le he leído la Ley. ¿Quiere que le lea alguno de los proyectos
relacionados con la información y la transparencia al ciudadano, aparte
del proyecto de ley de contratos que están ustedes analizando y
enmendando? El tema de la opacidad de los entes públicos yo no lo sé, no
lo conozco al detalle, doy por supuesto que es cierto lo que acaba de
decir, pero también lo es que en los periódicos pueden encontrarse
normalmente anuncios de contratación si no de entes públicos, cuasi entes
públicos --ese es otro de los temas propios de la futura ley de
organización de la Administración General del Estado-- que acuden a la
publicidad a la hora de contratar aunque no estén obligados por la ley.

Por consiguiente, la huida hacia el Derecho Privado, que tanto preocupa a
los administrativistas, por algo se producirá, pero no es por perversidad
de los administradores, porque es extraño que en esa huida hacia las
sociedades anónimas coincidan comunidades autónomas y ayuntamientos a la
hora de gestionar determinados servicios. ¿Por qué será? Preguntémonos si
no tenemos una normativa muy rígida, pero el que una administración, del
nivel que sea, se someta al Derecho Mercantil, se someta al Derecho
Laboral no se debe, repito, a mala fe o a intencionalidad de corruptelas,
porque en ese caso tendríamos aquí millares y millares de
administraciones locales y autonómicas que tendríamos que someter a
juicio por acudir a estas figuras que se están dando, eso que se denomina
por los administrativistas la huida hacia el Privado. Es un tema de
reflexión mucho más amplia, e insisto en que la transparencia tal como la
entendía y la he leído en el discurso de investidura se está respetando,
se está ampliando a través de una serie de proyectos que se incluyen en
el plan de modernización y también a través de ese proyecto de ley de
contratos del Estado que se perfeccionará, como supongo, en el debate en
esta Cámara y en el Senado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Habiendo quedado integrado el punto cuarto del orden del día en el
primero de la comparecencia, se ha agotado la totalidad del orden del día
de esta sesión. Esta Presidencia comunica a SS. SS. que la Mesa tiene
prevista la convocatoria de nueva reunión el próximo día 12 de mayo a las
16,30. Consecuentemente, agradeciéndoles su atención y amabilidad,
muchísimas gracias y buenas tardes.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y cinco minutos de la tarde.