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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 151, de 23/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 151
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles, 23 de marzo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario General de Estructuras Agrarias
(Carles Genovés), para informar:
--Del contenido, alcance y desarrollo del Real Decreto 378/1993, de 12 de
marzo, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar
inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo
y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000385) (Página 4820)
--De la política general de protección de la naturaleza y Parques
Nacionales. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 212/000438) (Página 4833)
--Comparecencia del señor Director General del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA), para informar sobre el proyecto de
creación de un Parque Nacional en Los Picos de Europa. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000462.) Esta
comparecencia será cumplimentada por el señor Secretario General de
Estructuras Agrarias, según acuerdo de la Mesa de la Comisión en su
reunión del día 10 de marzo de 1994 (Página 4847)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS
(CARLES GENOVES), PARA INFORMAR:
--DEL CONTENIDO, ALCANCE Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 378/1993, DE 12 DE
MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECE UN REGIMEN DE AYUDAS PARA FOMENTAR
INVERSIONES FORESTALES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO
Y APROVECHAMIENTO DE LOS BOSQUES EN LAS ZONAS RURALES. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/000385.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
El primer punto del orden del día es la comparecencia del Secretario
General de Estructuras Agrarias para que informe del contenido, alcance y
desarrollo del Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se
establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en
explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los
bosques en las zonas rurales.
Damos la bienvenida al Secretario General de Estructuras Agrarias, don
José Carles, que tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, si me permite, creo que en
el orden del día hay un error pues en él se menciona como Secretario
General al señor Arango, cuando el Secretario General es el señor Carles.
Por tanto, deseamos que figure la rectificación en el orden del día para
situar la comparecencia entre los asistentes.
El señor PRESIDENTE: Quizá por un descuido administrativo se anotó don
Jesús Arango y, efectivamente, es don José Carles.
El señor Secretario General tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Carles Genovés): En
primer lugar, quiero agradecer al Presidente de la Comisión y a SS. SS.
la oportunidad que me brindan para celebrar esta jornada de mi
comparecencia para hablar de temas de sumo interés para el Ministerio de
Agricultura.
Respecto al Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, constituye uno de los
cuatro ejes de actuación de la estrategia forestal a nivel nacional. Esos
cuatro ejes de actuación podríamos definirlos, brevemente, como programa
de ayuda a las inversiones forestales, que se desarrolla en este Real
Decreto; el plan nacional de control contra la erupción; programa de
prevención y lucha contra incendios forestales y el programa de lucha
contra agentes nocivos para bosques, para el control de plagas y
enfermedades.
La estrategia forestal incluye, además, la elaboración de un proyecto de
ley básica de montes y aprovechamientos forestales, en cuyo borrador
estamos trabajando, y que espero que pronto lo tengan a su disposición.
Asimismo, el Real Decreto viene a desarrollar a nivel nacional una de las
medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, establecidas con
vistas a compensar a los agricultores de las eventuales pérdidas de renta
derivadas de dicha reforma. Se trata del Reglamento de la entonces CEE
2.080/1992.
Por medio del Real Decreto 378, el Gobierno no se ha limitado a aplicar
el régimen comunitario de ayudas a las inversiones forestales a las
explotaciones agrarias, sino que ha aprobado un programa integral de
ayudas, tanto para las inversiones en estas explotaciones agrarias como
para las inversiones en explotaciones forestales, refundiendo e
impulsando otras líneas de ayuda preexistentes en un nuevo marco de
cooperación con las comunidades autónomas y con el objetivo de conseguir
el máximo de financiación comunitaria suficiente mediante los
correspondientes programas operativos, puesto que las actuaciones
forestales hasta el momento no tenían financiación comunitaria en todos
los casos.
El Real Decreto 378, de 12 de marzo, se desarrolla por medio de programas
regionales que fueron en su día redactados y aprobados por las
comunidades autónomas. Dichos programas pueden ser cofinanciados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades
autónomas, o bien por estas últimas exclusivamente en algunos casos, para
lo cual se han firmado los correspondientes convenios de colaboración.
El objetivo del plan de forestación durante el quinquenio 1994-98 está
establecido en un máximo de forestación del orden de las 800.000
hectáreas en tierras agrarias y otras 200.000 hectáreas de mejora de
tierras forestales, con un coste que podríamos cifrar en torno a los
250.000 millones de pesetas.
Yo no sé si es conveniente que entre a formular el contenido del Real
Decreto con amplitud, dado el volumen de trabajo que nos espera esta
mañana, que supongo conocen sus señorías. Baste decir que se establecen
dos tipos de actuaciones dentro del Real Decreto: el subprograma 1,
forestación de superficies agrarias y mejora de las superficies
forestadas, y el subprograma 2, acciones de desarrollo y ordenación de
los bosques en zonas rurales.
Respecto al primero de los subprogramas, pueden solicitar ayudas todos
los titulares de explotaciones agrarias, tanto a título principal como a
tiempo parcial, bien sean personas físicas o jurídicas. Tienen
preferencia, tal como se establece en el Real Decreto, los agricultores a
título principal y, dentro de ellos, tienen preferencia aquellos que se
han acogido a los anteriores programas de abandono de la actividad láctea
y del viñedo. Las entidades públicas, fundamentalmente ayuntamientos,
podrán acceder a la totalidad de las ayudas a excepción de las primas de
compensación de rentas y la prima de mantenimiento. En definitiva, se
conceden una serie de ayudas que podríamos resumir en las siguientes: una
prima para los gastos de forestación, que se produce en el momento en que
la forestación la realiza el agricultor o el actor; una prima de
mantenimiento, que es una ayuda anual por hectárea, también para el
mantenimiento de la superficie repoblada durante cinco años a partir de
la forestación, y una prima compensatoria de pérdida de renta, que es una
ayuda anual por hectárea forestada destinada a compensar la pérdida de
renta durante los siguientes 20 años a establecer la forestación. Se
establece una prima para las primeras 25 hectáreas y otra de cuantía
inferior para las hectáreas que superen dicha cifra en un único actor.
Para la mejora de las superficies forestales se establecen ayudas
destinadas a favorecer las inversiones dirigidas a la mejora de
superficies, trabajos herbícolas, cortafuegos, caminos forestales,
etcétera. Asimismo, existe un subprograma de mejora de alcornocales con
ayudas a las inversiones que se realicen para mejorar este tipo de
plantaciones.
El segundo subprograma de ayudas a las inversiones en explotaciones
forestales, por resumir, se desarrolla, a diferencia del anterior, en el
marco del Reglamento de la CEE 16/1989, por el que se establecen acciones
de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales.
A través de programas operativos, establecidos por las comunidades
autónomas, cofinanciados por la Administración central y financiados
comunitariamente con fondos del Feoga Orientación en este caso, con los
marcos estructurales de apoyo comunitario, se asignan determinados tipos
de ayudas para inversiones en nuevas plantaciones y repoblaciones en
terrenos forestales, creación y mejora de viveros, trabajos herbícolas,
infraestructura en prevención de incendios, reconstrucción de bosques
afectados por depredación o catástrofes naturales, planes de ordenación
de los montes, etcétera.
En el primero de los subprogramas, las explotaciones agrarias, las ayudas
alcanzan el cien por cien, como he dicho, de toda la financiación y la
financiación comunitaria es del 75 por ciento en las zonas de objetivo 1
y del 50 por ciento en las zonas de objetivo 5 B). En este segundo caso,
las ayudas se establecen en un porcentaje de la inversión realizada,
pudiendo alcanzar hasta el 65 por ciento de la inversión. Este segundo
subprograma, como digo, es financiado por el Ministerio y por las
comunidades autónomas con reembolsos del Feoga-orientación.
Un aspecto importante de este programa es la creación de empleo que
produce. Hemos estimado, durante este período de cinco años, que se
pueden emplear más de 38 millones de jornales en las labores de
plantación, mantenimiento y mejora. De estos jornales, podemos estimar,
aunque no deja de ser una previsión, que un 25 por ciento serán
realizados directamente por los propios agricultores propietarios de las
explotaciones y el resto será realizado contratando jornales por los
agricultores o a través de empresas de servicios. El número de nuevos
jornales generados, en consecuencia, es algo menor, lo estimamos en 28
millones, lo que equivale a que cada año, durante estos cinco años como
promedio, 46.000 personas estarán trabajando en el sector durante los
seis meses en que pueden realizarse las labores forestales en el campo,
que precisamente son labores que temporalmente coinciden con los momentos
de mayor paro estacional.
A la vista de la distribución del número de empleos generados por
comunidades autónomas, debemos destacar Andalucía, seguida de Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura y Galicia. Se espera, por tanto, que
estas inversiones contribuyan a paliar uno de los problemas que padece el
campo en estas regiones, cual es el paro estructural.
Ya se ha producido una decisión de la Comisión por la que se ha aprobado
el programa de forestación de tierras agrarias en el marco de las medidas
complementarias de la PAC. En la reunión del Comité Forestal de 15 de
febrero, se aprobó un proyecto de decisión de la Comisión de la Unión
Europea sobre el programa de forestación de tierras agrarias en España.
El programa presentado contempla, tal como se ha señalado, una inversión
total de 276.000 millones de pesetas en el período 1994-1998, con una
participación del Feoga-garantía de 196.000 millones de pesetas, el 75
por ciento en zonas de objetivo 1, como digo, y el 50 por ciento en zonas
de objetivo 5 B). No obstante, teniendo en cuenta las dificultades
financieras de la Comisión para ajustar las dotaciones de fondos para
cada una de las medidas de acompañamiento de la PAC, como la
incertidumbre sobre la acogida de las medidas forestales entre los
agricultores de los diversos Estados miembros y desde una perspectiva
realista para poner en marcha de una manera progresiva las medidas
previstas por el programa español, hasta el momento presente se ha
aprobado una dotación de 430 mecus para el período comprendido entre el 1
de enero de 1994 y el 15 de octubre de 1997, es decir, los primeros tres
años y medio.
Hay que recordar que, comparando la cifra percibida por España con el
montante global asignado por la Comisión a las medidas de forestación
durante este período, hemos alcanzado una participación de la totalidad
de las dotaciones sobre los Estados miembros en torno al 35 por ciento,
cifra considerablemente superior a la habitual. Sabemos que la cuota de
participación española en el Feoga-orientación oscila, entre unos
programas y otros, entre el 18 y el 20 por ciento, y en este caso hemos
obtenido el 35 por ciento, habida cuenta la prioridad que el Gobierno
español le ha dado a este programa.
La decisión, además, incluye un anejo que consideramos importante. En el
texto de la propuesta española con la financiación total del programa se
indica que el importe aprobado sería objeto de una revisión posterior en
función de los gastos efectuados. Asimismo la Comisión prevé que, en la
medida en que los agricultores españoles demanden y que en la agricultura
se pueda producir ese tirón de la demanda que todos esperamos superior al
de otros países de la Unión Europea, la Comisión producirá, a la vista de
la evolución de la demanda, trasvases de fondo, en primer lugar
verticales, de otros países que no se lo hayan gastado hacia el programa
español y, por otra parte, y lo que es más importante porque en cierta
medida solamente depende de nosotros, la posibilidad de transmisión
horizontal, en el caso de que el programa tire suficientemente, de las
otras medidas de acompañamiento hacia el programa forestal español.
Puesto que el volumen financiero global de las tres medidas con cargo al
Feoga-garantía para
el período 1 de enero de 1994 a 15 de octubre de 1997 está en torno
--faltan por cerrar las medidas de acompañamiento que se cerrarán el día
21 de abril-- a 1.150 mecus, estimamos que no habrá limitaciones
importantes de carácter financiero que impidan el desarrollo del programa
por lo que a los fondos de garantía se refiere.
En cuanto al subprograma 2, correspondiente a la repoblación de tierras
forestales, se encuentra actualmente en fase de elaboración por las
comunidades autónomas, en colaboración con la Administración central,
dentro de los marcos comunitarios de apoyo financiados por el
Feoga-orientación, por los fondos estructurales, estando prevista su
puesta en marcha hacia el mes de junio de 1994. Los programas operativos
serán presentados a la Comisión europea con posterioridad a esta fecha
para su aprobación, al objeto de que, una vez aprobada, quede permitida
la financiación vía Feoga-orientación, fondos estructurales.
¿Cuál es el desarrollo actual del subprograma 1? El programa de
forestación de tierras agrarias se puso en marcha el segundo semestre de
1993. A final de dicho año, una vez abiertas las ventanillas de las
comunidades autónomas para la solicitud por parte de los agricultores, se
contabilizaron 8.858 solicitudes presentadas, correspondiendo a un total
de 193.427 hectáreas presentadas para su forestación. Del total de las
solicitudes recibidas dicho año por las comunidades autónomas, se
aprobaron, por parte de las comunidades autónomas, 5.158 expedientes, que
corresponden a una forestación de 76.815 hectáreas, es decir,
aproximadamente una media de 15 hectáreas por agricultor. Entendíamos que
era absolutamente imprescindible atender de una manera rápida los pagos a
ejecutar a los agricultores, al objeto de que el programa arrancase con
suficiente credibilidad para en el futuro continuar con el éxito de
demanda que en un principio parecía haber tenido. Como consecuencia de
ello y para evitar los posibles retrasos en el pago que se producirían,
en primer lugar, por la tardanza de la aprobación del programa en la
Comisión de la Unión Europea, así como por la necesaria lentitud del
proceso burocrático de la transmisión de los fondos del Feoga, para
garantizar, como digo, dicha subvención el Gobierno aprobó, y
posteriormente lo hicieron SS. SS., el Real Decreto-ley 1/1994 --un Real
Decreto-ley madrugador--, de 21 de enero, por el que se autorizó al Iryda
a anticipar los fondos necesarios por una cuantía de 15.000 millones de
pesetas, mediante acuerdos con entidades financieras para la aplicación
de este régimen financiero.
En aplicación de este Real Decreto-ley, el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, en este caso el Iryda, firmó el 2 de marzo un
potocolo con los presidentes de dos importantes entidades bancarias, que
permitió suscribir dos pólizas de crédito de 7.500 millones de pesetas
cada una, entre el Presidente del Iryda y dichas instituciones.
Utilizando este procedimiento, se van a realizar en los próximos días los
primeros pagos, por un importe del orden de los 90 millones de pesetas, a
entre 50 y 100 agricultores de Andalucía y Castilla-La Mancha, e
inmediatamente después se procederá a los pagos en la medida en que vayan
recibiéndose las certificaciones de las comunidades autónomas.
En estas fechas, los agricultores están realizando nuevas solicitudes en
determinadas comunidades autónomas, que han vuelto a abrir ventanilla
para la temporada 1994-1995. Aunque aún no se han cerrado los plazos, es
muy importante el número de solicitudes presentado. La información,
naturalmente, todavía es parcial. En el caso concreto de Castilla-La
Mancha superan las 25.000 hectáreas, lo que nos demuestra que las cifras
de demanda de 1993 se volverán a confirmar durante 1994.
Aunque es pronto para hacer análisis completos, porque el programa acaba
de arrancar, sí puede comprobarse que, de momento, podemos tener un
cierto grado de optimismo en cuanto al cumplimiento de los objetivos
básicos del programa de forestación de tierras agrarias, en el sentido de
que las tierras agrícolas son de poca productividad, las especies que
están demandando los agricultores para forestar son especies autóctonas y
creadoras de ecosistemas y, por otra parte, se está generando el empleo
correspondiente.
Por otro lado, el Real Decreto-ley 1/1994 nos ha permitido asegurar a los
agricultores el cobro de las plantaciones con rapidez, con lo que se ha
conseguido no perder el año 1993 a efectos del plan.
No obstante, será preciso dar un nuevo impulso al programa en los
próximos meses para incrementar la producción de vivero de las plantas
más adecuadas y analizar los puntos, donde sea necesario, para conseguir
asegurar el éxito del programa, incluso con posible modificación del Real
Decreto 318, si fuera preciso, para garantizar los objetivos del programa
de forestación de tierras.
Para finalizar, añadiré que, adicionalmente, se están impulsando las
actuaciones de repoblación en el marco del plan nacional de restauración
hidrológico-forestal, conjuntamente por el Gobierno y por las comunidades
autónomas, que se espera desarrollar, fundamentalmente, sobre las
superficies forestales de propiedad privada que suponen, como ustedes
saben, en torno al 65 ó el 70 por ciento de toda la superficie forestal.
Para este plan se puede contar con la financiación de los fondos de
cohesión que le han sido asignados por la Unión Europea de manera
específica a nuestro país con una componente importante, en torno al 40
por ciento, para inversiones medioambientales. Se espera con ello
alcanzar una repoblación que podría estar en torno a las 30.000
hectáreas-año con lo que el ritmo de repoblación a nivel nacional podría
alcanzar las 230.000 hectáreas-año, multiplicando por más de cinco el
ritmo actual, superando el máximo histórico y, lo que es más importante,
produciendo un cambio cuantitativo, un punto de inflexión en el proceso
de destrucción de masa forestal en que nos encontramos en este momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario General.
La comparecencia está formulada a petición del Grupo Parlamentario
Popular, por lo que el señor Ramírez tiene la palabra, en nombre de su
Grupo.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Carles, por su sucinta
información, que esperamos
sea complementada en su segunda intervención, porque se ha limitado a
explicar --repito, muy ligeramente-- el contenido del Real Decreto objeto
de esta comparecencia, y nosotros entendemos que esta oportunidad debía
ser más aprovechada para hacer un análisis de la política forestal del
Gobierno socialista: dónde estamos, de dónde partimos y hacia dónde
queremos ir.
España es un país acusadamente desertizado. Tenemos 13 millones de
hectáreas de cultivos de herbáceos y barbechos; cuatro millones de
hectáreas de cultivos leñosos, y 15 millones de hectáreas de terrenos
forestales, entre los que destacan más de nueve millones de hectáreas de
arbustos y matorrales.
En los últimos años, hemos tenido una importante reducción de nuestro
esfuerzo por recuperar la cubierta vegetal y la repoblación. De la media
de 80.000 a 136.000 hectáreas de los años 1953 a 1978, se pasó de 60.000
a 100.000 hectáreas en los años 1978 a 1983, y hemos bajado
espectacularmente a una media de 39.000 hectáreas, coincidente con la
presencia de los socialistas en la responsabilidad del Gobierno, unido en
este momento a un aumento de los incendios forestales, con unas pérdidas
acumuladas anuales en el entorno de las 250.000 hectáreas-año, lo que
está provocando un importantísimo déficit forestal español, no solamente
de lo que son ecosistemas, de la protección de la cubierta vegetal, del
valor ecológico del árbol, sino, incluso, desde un punto de vista
comercial. Hay que resaltar en esta Comisión que tenemos un déficit
comercial maderero sobre los 90.000 y 100.000 millones de pesetas-año,
entre la balanza de nuestras exportaciones y nuestras importaciones.
Esto viene a resumir que ha existido una no política forestal del
Gobierno socialista, que incumple, en principio, la obligación
constitucional de remitir un proyecto de ley básica de montes, como
establece el artículo 149.1.23 de la Constitución. Dieciséis años después
de tener aprobado nuestro texto constitucional ignoramos cuál va a ser la
regulación de este importante sector, cumpliendo, repito, ese mandato
constitucional que no conocemos.
Pues bien, dentro de esta situación el Gobierno aprueba el año pasado, el
30 de marzo de 1993, el Real Decreto 378 que es objeto de esta
comparecencia, prácticamente con un año de retraso, desde que se
aprobaron las medidas de acompañamiento de la reforma de la política
agraria común. Se ha hecho referencia al Reglamento 2.080, que tiene
fecha de junio de 1992, y el Gobierno español tarda en ponerlo a
disposición de los agricultores los meses que van desde el mes de junio
de 1992 hasta marzo de 1993.
Este plan --que no es el plan forestal español, repito, sino que es una
adecuación de unas medidas de acompañamiento que eran obligatorias en su
aplicación por parte de los Estados miembros-- contempla la actuación en
ese triple objetivo, que nos señalaba el señor Secretario General: Uno,
los convenios Ministerio de Agricultura-comunidades autónomas, por el que
se pretende la forestación de 434.000 hectáreas agrícolas; otro plan de
responsabilidad directa de las comunidades autónomas, que pretenden
alcanzar 388.000 hectáreas, también de terrenos agrícolas; y un tercer
objetivo, las actuaciones de terrenos forestales, recuperación de masas
forestales, etcétera, que sería responsabilidad directa del Ministerio de
Agricultura a través del Icona, en colaboración con las comunidades
autónomas, con el que se pretende actuar sobre 200.000 hectáreas.
Tendríamos así las famosas un millón de hectáreas --1.022.000 hectáreas--
que fueron objeto de una importante propaganda socialista en la campaña
electoral del pasado 6 de junio.
El coste de este programa --que también fue aireado suficientemente y,
por tanto, es obligatoria su contemplación en esta intervención--
ascendía a 276.000 millones de pesetas. Se pretendía obtener una
financiación Feoga-garantía del orden de 180.000 millones de pesetas y el
resto, los 86.000 millones restantes, serían de aportación en la parte
correspondiente al Ministerio de Agricultura y la parte correspondiente a
los convenios y responsabilidades suscritos con las diferentes
comunidades autónomas.
El tiempo transcurría, no estaba aprobado el plan por parte de la
Comunidad Económica Europea, tuvimos --fue objeto de un debate en el
Pleno de la Cámara-- la presentación de un real decreto solicitando la
autorización para que el Iryda se endeudara hasta 15.000 millones de
pesetas para la financiación de este plan, y posteriormente hemos
conocido cómo la Comunidad Económica Europea ha respondido a la petición
del Gobierno español para la financiación de este plan forestal.
La Comunidad Económica Europea solamente ha aprobado 430 millones de
ecus, lo que supone una aportación financiera de 81.700 millones de
pesetas. Quiere esto decir que arrancamos con un déficit de 100.000
millones de pesetas entre lo solicitado por parte del Gobierno español
para cubrir los objetivos del plan y lo concedido por la Comunidad
Económica Europea, por la Unión Europea en este caso. Se nos habla de la
posibilidad de que al final del período, si existen remanentes en las
dotaciones que la Unión Europea ha aprobado para toda la actuación en
esta medida de acompañamiento, que es de 1.260 millones de ecus, en el
supuesto de que existan remanentes, repito, podrían dotarse peticiones no
sólo españolas sino de otros países, como en el caso concreto de Italia,
habida cuenta que entre Italia y nosotros hemos solicitado prácticamente
el 70 por ciento de las disponibilidades que la Unión Europea ha puesto
al servicio de este fin.
Señor Secretario General, nos tendrá que explicar en su segunda
intervención cómo va a influir este primer déficit de 100.000 millones de
pesetas, cantidad con la que se contaba para la financiación del plan
español. Nos tendrá que explicar si eso va a ralentizar nuestras
posibilidades o si, a pesar de eso, seguimos manteniendo --según estas
constantes apariciones suyas en los medios de comunicación-- el ritmo de
200.000 hectáreas a forestar anualmente, lo que nos llevaría al final del
plan al conocido millón de hectáreas. Por tanto, es conveniente que
sepamos qué vamos a hacer con este déficit de 100.000 millones de
pesetas.
Dicho esto, podemos analizar también sucintamente, como ha hecho el
Secretario General, el contenido del Real Decreto. Efectivamente, el Real
Decreto viene a desarrollar y a poner al servicio de los intereses
forestales
españoles los dos Reglamentos comunitarios: el 2.080/92, fruto de la
reforma de la Política Agraria Común como medida de acompañamiento y un
viejo Reglamento que estaba en vigor desde 1982, el 1.610, y que no había
sido utilizado en España con la capacidad de ayuda que ese Reglamento
preveía. Bien es verdad que el primero se hace con cargo a la política de
acompañamiento de la reforma de la Política Agraria Común y cuenta con
unas mayores dotaciones económicas, el 75 por ciento en zonas objetivo 1
y el 50 por ciento en las restantes; por el contrario, el 1.610, a
diferencia de lo que acaba de decir el señor Carles --supongo que ha sido
un error y figura en el «Diario de Sesiones»--, el segundo Reglamento
financia mucho más débilmente que el primero, habida cuenta que solamente
financia el 50 por ciento en zonas objetivo 1 y el 25 por ciento en el
resto de las zonas, a diferencia del primero que es 75 y 50 por ciento.
En función de las previsiones del Reglamento se establecen una serie de
referencias para que los agricultores que quieran forestar sus tierras
agrarias puedan acogerse a las diversas líneas de ayuda; líneas de ayuda
que se establecían en el Reglamento comunitario 2.080 y que, cuando se
traducen a su posible aplicación en España, reciben una reducción del
orden del 60 ó el 70 por ciento en algunos casos. Habrá agricultores en
el resto de los países de la Unión Europea cuyos Gobiernos aplicarán las
previsiones contenidas en el Reglamento 2.080 y recibirán por la
forestación de sus tierras, o por la prima de mantenimiento, o por la
renta no recibida por prima compensatoria cantidades que serán cuatro y
cinco veces superiores a las que recibirán los agricultores españoles,
porque el Gobierno español ha optado posiblemente por una de las líneas
más bajas o la más baja de la Unión Europea. Bien es verdad que hay unas
importantes declaraciones del señor Secretario General que dice que optan
por esta medida para --entre comillas-- «que los agricultores no ganen
excesivo dinero». Se entiende que en forestar las tierras, recibir una
renta no percibida o por unas primas de mantenimiento, se habían
establecido en la Unión Europea unas cantidades que, a juicio del
Gobierno español, son excesivas y para que no se enriquezcan los
agricultores, hemos cogido la banda más pequeña, la más baja de toda la
Comunidad Europea.
Supongo que nos tendrán que informar de por qué hemos tomado esta opción
y si el Gobierno considera que con estas retribuciones se pueden pagar
los gastos bien de reforestación, de mantenimiento o de pérdida de
rentas, que se contemplan en la realidad económica de los agricultores.
Si, por ejemplo, con 16.000 pesetas se puede pagar la renta no percibida
por una hectárea forestal teniendo en cuenta --y esto es algo
importante-- que esa renta no se enriquecerá en los próximos veinte años
y, por lo tanto, su cuantía es fija, ya que el Real Decreto no contempla
ninguna posibilidad de ir enriqueciéndola en función de elementos
objetivos como podría ser el IPC, la subida de la renta agraria,
etcétera. No hay ninguna posibilidad de enriquecimiento durante este
período tan largo, 20 años, que, a nuestro juicio, empobrece
sensiblemente la prima de compensación que van a recibir los agricultores
por el sacrificio que supone dejar unas tierras fuera de la producción
agraria y dedicarlas a una actividad forestal que no es rentable, ni
mucho menos, en los primeros tiempos.
En segundo lugar, también nos ha llamado poderosamente la atención, no
solamente a nosotros sino también a los expertos forestales españoles,
que el mantenimiento de rentas solamente se haya establecido durante 20
años, habida cuenta de que, en las zonas en donde se están produciendo la
mayoría de las peticiones, dentro de 20 años la masa forestal no será en
absoluto rentable, no habrá producido beneficios, no será maderable, no
se podrán cortar ese tipo de árboles, y difícilmente a los 20 años se va
a poder producir una compensación de rentas cuando desaparezca la
percepción de la prima de compensación.
Nosotros creemos que el Real Decreto nació en su momento --de ahí nuestra
petición de su comparecencia-- con unos objetivos estrechos, pequeños; no
utilizó las cuantías que ponía a disposición del Gobierno español el
Reglamento comunitario referido tantas veces, el 2.080 y se optó por la
banda más baja. Estimamos que se ha perdido una inexcusable oportunidad
para haber atraído fondos comunitarios con destino a nuestros
agricultores, a nuestra agricultura. De ahí nuestra vieja acusación,
contrastada estadísticamente --recientemente ha habido una publicación
oficial que así lo ha recogido--, de que la agricultura española es la
agricultura comunitaria que menos fondos comunitarios recibe, bien se
midan esos fondos por agricultores, bien por hectáreas. Aquí estamos ante
un elemento que hace verdadera esa afirmación. No hemos querido, no hemos
podido o no hemos sabido obtener el máximo de retribución en algo cuya
posibilidad existía. Siempre y cuando el Gobierno español se
comprometiera con su 25 por ciento, que a su vez se reparte al 50 por
ciento en comunidades autónomas y Administración Central, habíamos tenido
una gran oportunidad de obtener estos fondos.
Hay cuestiones que deben ser objeto de debate e incluso debemos intentar
reformar este Real Decreto en la línea que estamos señalando.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Tenemos la aplicación del Real Decreto y tenemos las primeras
solicitudes.
Se nos dice que ha habido peticiones en el entorno de 200.000 hectáreas,
8.000 y pico agricultores, y que las comunidades autónomas han reducido a
76.000 hectáreas la aplicación de este primer año. Nos gustaría conocer,
señor Secretario General --si no es en este momento podríamos recibir la
información por escrito--, la ubicación de esas 76.000 hectáreas y, lo
que es más importante, la identificación de los beneficiarios de las
mismas, para saber lo que son realmente agricultores profesionales, lo
que va a ser con tierras agrarias que se van a transformar en terrenos
forestales y lo que son terrenos municipales o de otras entidades de
derecho público que se puedan acoger. En esa línea de información,
querríamos saber el destino del
dinero que se va a pagar en 1994 con cargo a esos 15.000 millones de
pesetas o, por el contrario, habida cuenta que la Unión Europea ya aprobó
el plan, posiblemente no haga falta la utilización de esos 15.000
millones de pesetas, porque realmente cuando vayamos presentando los
expedientes una vez finalizados, la Unión Europea pagará la parte que le
corresponde que, según tengo entendido, no es más allá de un mes después
de que se le haya presentado el expediente; posiblemente --repito-- no
hará falta utilizar los 15.000 millones de pesetas.
Con lo que sí estamos preocupados --y con esto termino, señor
Presidente-- es con la inexistencia del material vegetal suficiente para
atender nuestra demanda. Conocemos la imposibilidad de los viveros
españoles de dotar mínimamente las demandas que se van a producir en 1994
y se nos dice que vamos a tener que utilizar material vegetal de
importación.
En esta Cámara, señor Secretario General --usted no estaba entonces--, el
Partido Popular, en la primavera de 1992, alertó al señor Ministro de
Agricultura sobre la incapacidad de los viveros españoles, tanto privados
como públicos para atender mínimamente la demanda que se iba a producir a
raíz de la reforma de la Política Agraria Común. Consta en el «Diario de
Sesiones». Esto se hizo en la primavera de 1992. Se nos prometió que se
iba a actuar urgentemente para que cuando en España se aplicaran las
medidas de acompañamiento, hubiera suficiente previsión oficial y pública
para atender la demanda. Parece ser que esto no se ha producido y estamos
en 1994 con un déficit importante de viveros. Se nos dice que
desgraciadamente tendremos que utilizar material vegetal procedente, cómo
no, de Francia que se va a convertir en nuestro principal abastecedor en
los próximos años, porque tardaremos bastantes años en tener el ritmo
suficiente para alcanzar una mínima satisfacción de la demanda.
Señor Presidente, lamentamos el desarrollo del tercer objetivo del plan,
que en las acciones de desarrollo y ordenación en la zona de bosques, las
clásicas forestales nuestras, se haya optado por una cantidad tan exigua,
200.000 hectáreas, repartidas entre todas las comunidades autónomas.
Dicen los expertos que como mínimo necesitaríamos actuar en este sector
concreto en 150.000 hectáreas anuales para recobrar lo que hemos perdido
sólo en incendios durante los últimos seis o siete años y que no se haya
intentado forzar, por parte de las autoridades españolas, que los
beneficios y ayudas a este programa concreto gozaran de la cuantía de la
que lo van a hacer las actuaciones en tierras agrarias.
Para terminar, señor Presidente, no estamos ante el plan forestal que
necesita España porque, tras dieciséis años de vigencia de la
Constitución, el Gobierno socialista no ha creído conveniente desarrollar
el mandato constitucional de tener una ley básica de montes, y el
artículo 149.1.23a) de la Constitución así lo ordena. No tenemos ese
marco legal que permita el desarrollo de una política global forestal que
tanto necesita nuestro país, que ofrece el saldo, tanto forestal como
comercial, más pobre del resto de los países de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Secretario General por su
comparecencia en esta Comisión. Voy a aprovechar esta comparecencia para
explicar, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, algunos de los aspectos que nos preocupan de la aplicación de
este Real Decreto.
Avanzo, en primer lugar, que nos fecilitamos de que el plan esté en
marcha, a pesar de su aplazamiento en un año y de que tuvimos que aprobar
un Real Decreto para adelantar los fondos, precisamente por lo que
nosotros calificamos en el Pleno de improvisación por parte del Gobierno.
Digo que nos felicitamos porque, efectivamente, este plan puede
significar una compensación de las rentas perdidas por los agricultores
en aplicación de la nueva política agraria comunitaria. Empiezo por este
primer punto.
Según los objetivos que establece el Real Decreto en su artículo 3.º, el
primero es disminuir el impacto negativo que pueden producir en las
rentas de las explotaciones agrarias los cambios previstos en el contexto
de la reforma; el segundo es diversificar las actividades de las personas
que se dedican a la agricultura, y el tercero, efectuar una restauración
forestal. Nos preocupa, señor Secretario General, porque nos están
llegando informaciones, que espero que nos pueda confirmar o desmentir en
esta comparecencia --y si no dispone de los datos, le pido que nos lo
remita por escrito--, relativas a que los beneficiarios no son
exactamente los agricultores a los que habría que compensar de la pérdida
de rentas. Es un punto en el que se ha de incidir y se ha de poner mucho
énfasis porque si no se podrían desvirtuar los objetivos previstos en el
Real Decreto.
Por otra parte, nos preocupa también que no se esté reforestando en
aquellas zonas que están sufriendo un mayor proceso de desertización y de
erosión. Pensamos que las comunidades autónomas tendrían que tener un
control exquisito para que estos objetivos contemplados en el Real
Decreto se pudieran cumplir. Por eso le pido que en su respuesta me
aclare estos dos extremos.
Hay otro punto que ya hemos manifestado en varias ocasiones que es objeto
de nuestra preocupación y también solicito que me lo aclare en su
respuesta. En el artículo 9.3 se habla de otras especies que van a ser
objeto de ayuda, especies de crecimiento rápido explotadas en régimen a
corto plazo cuando ésta no supere los 18 años. En el anexo primero del
Real Decreto se especifican una serie de especies, todas ellas de
crecimiento superior a 18 años. Esto hace prever que este apartado 3 del
artículo 9.º incluya especies como el eucaliptus, cuando todos somos
conscientes de que no es una especie adecuada para la reforestación, por
cuanto varios de los objetivos que se pretenden como, por ejemplo,
disminuir el consumo de agua, evitar el riesgo de incendios y hacer que
la cubierta vegetal se incremente, precisamente el eucaliptus como
especie está en contra de cualquiera de estos objetivos. Por tanto, le
pido, señor Secretario General, que me diga si el eucaliptus está
efectivamente contemplado en este apartado 3 del artículo 9.º del Real
Decreto.
Manifiesto también la preocupación respecto a las semillas, plantas y
viveros. Icona ha dado paso a las empresas privadas de viveristas que,
las que ya están constituidas, están mostrando una gran preocupación por
el intrusismo que se puede producir en el sector. Dado el «boom» que se
produce a partir de la promulgación de este Real Decreto, puede dar lugar
a empresas que se instalen rapidísimamente y que no garanticen la calidad
de las semillas. Comparto también la preocupación manifestada por el
portavoz del Grupo Popular en el sentido de que en diversos medios de
comunicación se ha hablado de que vamos a importar semillas francesas.
Aunque se asegura que las semillas serán españolas --irán a Francia,
volverán y, por tanto, serían especies autóctonas--, no acabamos de estar
seguros de que este proceso se pueda producir de esta manera. Es
importantísimo que las plantas sean de calidad porque si no podemos crear
un grave riesgo en las explotaciones de aquellos agricultores que se
acojan a estos programas y que después vean que sus explotaciones no
salen adelante.
Quisiera que me informara, señor Secretario General, de las previsiones
que hay para proveer de suficientes semillas a las plantaciones. También
le pediría que se apoyase a entidades sin afán de lucro, como Adena, que
tienen viveros de especies que normalmente no tienen los viveros
comerciales y que son de plantaciones autóctonas. Sería muy beneficioso
que nuestros campos se poblasen de este tipo de especies.
Por último, avanzo una preocupación que debería ser objeto de mayor
estudio, tanto por parte del Gobierno como de esta Comisión de
Agricultura. Estamos hablando de unas explotaciones que darán su
rendimiento a largo plazo, pongamos 20 años. Estamos a tiempo de hacer
que el valor añadido de esas explotaciones vaya a los productores. Me
estoy refiriendo a la necesidad de potenciar sectores cooperativos
asociativos de los productores forestales que se acojan a este programa
para que puedan transformar la madera. Estoy hablando de empresas
aserradoras. Estas pequeñas empresas aserradoras --ya lo comenté en el
Pleno-- han sufrido un proceso importante de deterioro y muchas han
cerrado en los últimos años. Sería interesante que el Gobierno potenciase
la inversión en tecnología para que estas pequeñas aserradoras pudiesen
transformar los productos forestales de tal manera que, como he dicho
anteriormente, el valor añadido repercutiera en los productores y no en
las empresas que, se supone, van a intervenir cada vez más y con más
fuerza y que, al final, como sabemos, se van a quedar con la mayor parte
de los beneficios. Teniendo en cuenta que somos un país importador de
madera, que la madera de otros países nos viene a precios mucho más
baratos que la que estamos produciendo, pensamos que hay que hacer un
auténtico esfuerzo en la reconversión de las industrias transformadoras
de la madera y en la inversión en tecnología.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I SERIS: Señor Secretario General, una breve intervención
en nombre de mi Grupo para manifestar también unas pequeñas reflexiones
sobre el Real Decreto, que a lo mejor ya se han citado en anteriores
intervenciones.
En primer lugar, la preocupación de que haya una buena articulación para
el desarrollo del Real Decreto entre el Ministerio y las comunidades
autónomas. La fijación de los cupos máximos de inversión y los plazos de
ejecución, que debido a la climatología no pueden ser iguales en todas
partes, puede ser motivo de conflictos, por lo que tendría que buscarse
la articulación suficiente para resolverlo. También creemos que la
dotación global es insuficiente para las necesidades que tiene todo el
sector y que, concretamente, el sector forestal debía haber recibido
mayor dotación económica.
El tema que nos preocupa enormemente es el de las variedades. Aunque en
el Real Decreto ya viene expuesto y se habla de cuestiones técnicas, de
las formas y variedades de plantación, la realidad es que hay que ser muy
rigurosos porque en tiempos pasados se han hecho verdaderos desastres con
las reforestaciones, porque las variedades que se han plantado no se han
adaptado a los territorios. Nos mostramos de acuerdo con otra
intervención en que las variedades autóctonas tendrían que estar primadas
sobre cualquier variedad. Por tanto, la selección de las variedades de
las especies arbóreas tendría que ser algo prioritario en la
reforestación.
Otro aspecto es el relativo a la dificultad de encontrar plantaciones.
Creo que aquí la Administración tendría que hacer un esfuerzo enorme para
controlar la calidad y aplicar el control de plantas certificadas, como
se está haciendo en cualquier viverista frutal.
Es necesaria asimismo la agilización en el trámite del pago. Son dineros
comunitarios, aportaciones de las comunidades autónomas, y hemos visto en
otras actuaciones cómo entre los unos y los otros se retrasa
extremadamente el pago. Aquí también habría que hacer un esfuerzo
razonado para agilizarlo al máximo.
Para terminar, otro aspecto que me gustaría comentar son las medidas de
acompañamiento a las pequeñas industrias madereras. Es cierto, como se ha
dicho antes, que el sector está en crisis desde hace mucho tiempo, que se
está importando madera de otros países, incluido el transporte, que sale
más barato que en nuestro país, pero esto ha llevado al cierre de muchas
pequeñas industrias madereras, y habría que articular para estos próximos
años unas ayudas al sector para ver si lo podemos relanzar nuevamente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Agradeciendo la información que nos ha dado el
Secretario General, yo quisiera hacer, en primer lugar, la siguiente
reflexión y, luego, una serie de preguntas.
Ciñéndome al objeto de la comparecencia --el alcance y el valor del Real
Decreto 378, de 12 de marzo de 1993--, nos ha parecido un decreto bien
estructurado, técnica y científicamente bien concebido, que va a
necesitar, precisamente por lo aleatorio de la materia que contempla, que
es ni más ni menos la reforestación pero en superficies agrarias --es
decir, no en zonas de vocación forestal tradicional--, un seguimiento
para permitir --fue un compromiso del señor Ministro de Agricultura, me
satisface reconocerlo aquí-- una flexibildad en la adaptación de unos
ciclos por propia naturaleza, por lo que hay que hablar por lustros y no
por años agrícolas.
Yo creo, señor Secretario, que el problema va a ser armonizar lo que
trata de atender el Real Decreto que comentamos en su artículo 7.º de
superficies agrarias con la aptitud de los agricultores que van a tener
que sustituir su especialidad profesional de agricultores de cultivos
anuales, agricultura intensiva, con la política que contempla este Real
Decreto, cual es seguir manteniendo una actividad agrario-forestal, por
esas tierras o producciones marginales que las directivas comunitarias
nos obligan a desincentivar, habría que suprimir esas producciones
agrarias por marginales, o por exceso de cuota o de cupo, etcétera. Hay
que tener en cuenta que para el agricultor que ha tenido su especialidad
en huertos familiares, en barbechos, en tierras ocupadas por cultivos
arables, en pastizales, en prados naturales, en frutales, viñedos,
olivar, agrios, etcétera, esa nueva especialidad de atender el monte
requiere también una formación profesional.
Yo le pediría que nos dijera algo sobre expectativas, programas y
proyectos de la formación profesional a través de los servicios de
extensión agraria, sobre la colaboración del Estado con las comunidades
autónomas dado que son las comunidades autónomas las que tienen
competencias en dichos servicios.
Al hilo de esta reflexión me gustaría también obtener alguna valoración
del señor Secretario sobre el grado, no ya de demanda --nos ha dado la
cifra en hectáreas en los expedientes que se vienen recibiendo--, sino
del comportamiento de las comunidades autónomas en este aspecto, porque
si van a tener también que cofinanciar, como dice el Real Decreto, junto
a las ayudas de la Comunidad Europea, la participación en ese 25 por
ciento restante, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas,
habrá que tomarles el pulso a las comunidades autónomas porque van a ser
corresponsables, territorialmente hablando, del programa de forestación.
Me gustaría saber si ustedes tienen ya alguna respuesta de compromiso de
las respectivas consejerías de agricultura o del departmento que vaya a
llevar el asunto de la comunidad autónoma específica.
Finalmente, quiero preguntarle, señor Secretario, con respecto al
artículo 9.º, especies vegetales objeto de la ayuda, si también se
contempla un sentido de flexibilidad respecto a lo que se quiere obtener.
Recuerdo cuando estuvimos discutiendo los Presupuestos Generales del
Estado para 1994, concretamente el programa 533-A, sobre protección y
mejora del medio natural. Al adentrarnos en los subprogramas respectivos,
hablábamos del subprograma 533-A1 o del subprograma 533-A2, referidos
respectivamente al control de la erosión, de la desertificación y de la
ordenación de la actividad forestal. Comprendo que son dos políticas
distintas, quiero dejarlo bien claro porque me congratula. Apoyé en su
momento el programa 533-A, como ahora apoyamos la concepción técnica y
objetivos que comprende el Real Decreto. Pero de alguna manera habría que
armonizarlo porque aquel programa estaba dedicado a tierras forestales
habituales que han quedado desertificadas por efectos climáticos, por
erosión, por incendios forestales; porque hay que hacer obras
hidrológicas de corrección de cuencas, etcétera, y nos vamos a encontrar
con el terreno agrícola que es necesario desincentivar.
¿Hay algún proyecto en el Ministerio, señor Secretario, para armonizar,
en la medida de lo posible y donde se solapen, las actuaciones de los
programa 533-A con el Real Decreto?
Nada más.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Roncero tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Quiero dar las gracias al señor Carles,
Secretario General de Estructuras Agrarias, por su comparecencia y por la
información que nos ha facilitado.
Desde nuestro Grupo vamos a hacer unas breves reflexiones sobre este Real
Decreto en concreto y sobre la política forestal en general, porque es
importante hacer algunas aclaraciones respecto a opiniones que aquí hemos
escuchado por parte de algunos portavoces.
Si hay que hacer alguna autocrítica sobre la política forestal española,
deberíamos hacerla todos. El Grupo Socialista es consciente y el Gobierno
también puesto que en los propios documentos de presentación del Decreto
al que nos estanos refiriendo se hace esa exposición objetiva de los
datos de la política forestal y de su evolución en los últimos quince o
veinte años, donde se reflejan, efectivamente, datos objetivos --como,
por ejemplo, que se han reducido las repoblaciones, en media anual, a la
mitad-- que han sido puestos de manifiesto, pero que hay que enmarcar en
su realidad y en su contexto.
Hay que tener en cuenta de dónde partíamos en esa estrategia forestal (el
portavoz del Grupo Popular ha hecho esa exposición, creía que se iba a
referir a de dónde partíamos, pero sólo ha mencionado las medias
anuales), qué tipo de política forestal había no sólo de media, qué
especies se plantaban, qué prestigio o desprestigio tenía esa política
forestal en la opinión pública y lo que ese desprestigio significó
durante el régimen anterior. ¿Qué es lo que supuso la llegada de la
democracia en la distribución de competencias constitucionales y en
materia forestal concretamente? Supuso esa distribución de competencias a
las comunidades autónomas en la gestión forestal, lo cual ha llevado a
que todos debamos hacernos la autocrítica de que la política forestal no
ha estado entre las prioridades de las administraciones públicas en
general. No digamos de un gobierno de un signo o de otro, sino de las
administraciones públicas en general, donde ha habido gobiernos de
distintos signos políticos. Porque ha habido, durante esa
época de transición democrática, otras prioridades importantes que
atender políticamente por parte de todos.
Por tanto, todos debemos hacer la autocrítica y ser justos a la hora de
evaluar posibles actuaciones que se hayan tenido desde las
responsabilidades que la propia Administración central tenía, por
ejemplo, en temas que también se han citado sobre los incendios
forestales, donde difícilmente la Administración central ha podido hacer
más esfuerzos con los resultados que todos conocemos.
Por otra parte, también es un dato objetivo, que se ha obviado esta
mañana aquí, que, a pesar de todas esas circunstancias, nuestra masa
forestal, nuestra superficie forestal, después de estos 20 años, no es
inferior. A pesar de todos esos problemas y de esas circunstancias, nos
encontramos con una masa forestal que no es inferior. Sí con problemas de
gestión y de ordenación, porque en función de esos incendios y esa
regeneración espontánea en algunas superficies importantes, en muchos
casos es una masa forestal muy joven y necesitada de cuidados y de
actuaciones notables.
Centrándonos en el Real Decreto que nos ocupa y en el Plan de
reforestación de tierra agrarias o de aprovechamiento de bosques, donde
se han refundido en nuestra legislación española los dos reglamentos
comunitarios, debo señalar que nuestro Grupo hace una valoración realista
y positiva de la situación en que nos encontramos. A pesar del tiempo
transcurrido, y precisamente teniendo en cuenta las circunstancias de
alumbramiento de estas medidas de acompañamiento de la PAC y el origen de
la estrategia forestal de la Comunidad, o de la Unión Europea hoy, no hay
que olvidar, cuando se habla de datos objetivos y sin ningún triunfalismo
sino como dato objetivo solamente, que el conocido como paquete forestal
fue impulsado bajo la Presidencia española, y de ahí nacen las
iniciativas de ciertas estrategias comunes por parte de la Comunidad
entonces y de la Unión Europea ahora, y que tienen su mayor reflejo en
estas medidas de acompañamiento de la PAC.
A pesar de todos los problemas que hayan podido presentarse, que son
razonables y naturales, de puesta en marcha de este Real Decreto,
teniendo en cuenta la distribución competencial en nuestro país --vuelvo
a insistir en ello y también ha sido puesto de manifiesto por otros
portavoces-- y el papel fundamental que las comunidades han tenido que
desarrollar en la propuesta de sus programas regionales y sus
aportaciones al Programa nacional, que es suma de esos programas
regionales (bien cofinanciados o bien financiados solamente por ellas); a
pesar de todos estos problemas, repito, yo creo que estamos dentro de
unos plazos absolutamente razonables en la situación en que ahora
estamos, con los reglamentos traspuestos, con el Plan prácticamente en
marcha en esta campaña octubre-marzo 1993-1994, y con cifras de
peticiones y hectáreas como las que nos ha manifestado el señor
Secretario General, que para ser el arranque permiten abrigar fundadas
esperanzas de que la media propuesta, como tal media, pueda ser
conseguida en el plazo de los cinco años de vigencia de un programa de
este tipo.
No hay que olvidar que, a pesar de esos problemas de financiación que
también han sido expuestos, no se puede hablar de déficit totales en el
programa completo, puesto que estamos diciendo que lo que se ha hecho es
un primer acuerdo de financiación inicial para un poco más de la mitad de
la vigencia del programa, para tres años y medio, además con previsiones
en los anejos, como ha sido manifestado, de posibles aumentos o trasvases
de fondos, bien verticales o bien de otras medidas horizontales
agroambientales. Por tanto, creemos que, siendo razonables, hay que hacer
una valoración positiva de la situación en que nos encontramos, sin dejar
de manifestar cierta preocupación por eso que también ha puesto de
relieve el señor Secretario General, que es la necesidad de dar nuevos
impulsos al programa durante este año, hacer evaluación sistemática y
sostenida del mismo y de su aplicación y, en colaboración con las
comunidades autónomas, que es indispensable, promover los cambios que
puedan ser necesarios para la mayor efectividad y la mayor agilidad del
programa.
En nombre de nuestro Grupo quiero volver a defender, como hemos hecho en
muchas ocasiones, este Real Decreto o este programa de forestación,
porque aunque estemos hoy aquí hablando quizá un poco más en profundidad
en esta Cámara, ha sido de los decretos (no como decreto pero sí como
programa) más difundidos, más debatidos por la sociedad española puesto
que, como también ha sido puesto de manifiesto, se sometió a debate
durante una campaña electoral en la que ha sido ampliamente difundido,
criticado por unos y por otros, y defendido por unos y por otros. Sólo me
resta volver a defender aquí este programa y también pedir que se adopten
posiciones razonables con sentido de la responsabilidad cuando valoramos
si las cifras de las primas que se contienen en el Real Decreto por
reforestación o por la primera forestación son razonables o no para
nuestro país. Creo que sólo es preciso que veamos las cifras de las
primas, que puede llegar hasta 440.000 pesetas por hectárea la
implantación únicamente, la forestación; el gasto medio por hectárea
también se puede calcular fácilmente, dependiendo de las pendientes,
etcétera. Se está primando yo creo que muy considerablemente, sobre todo
las especies autóctonas y las que citan los anejos; se está primando muy
por encima del valor real de coste de esa forestación, y en algunos casos
con diferencias que podrían suponer, si de verdad somos realistas y
razonables, superar el valor de la propia tierra que se está
reforestando, según los sitios o según las tierras marginales que se
puedan hacer.
En este sentido también hay que hacer reflexiones, como decía la portavoz
de Izquierda Unida, en la línea de estar atentos y seguir en esa
evaluación sistemática para ver a qué propiedades, a qué terrenos, a qué
agricultores se está beneficiando, o quiénes se están acogiendo a estas
medidas, para que de verdad estemos favoreciendo el mantenimiento y la
compensación de rentas y la reordenación de tierras marginales con
especies vegetales autóctonas y, digamos, permanentes.
Por último, quiero hacer una reflexión por parte de nuestro Grupo
respecto a que también valoramos
positivamente (y parece razonable que deba estar en un Decreto de este
tipo, de fomento, de ayudas a inversiones forestales) las especies de
crecimiento rápido y tratadas como están, con primas mucho menores y sólo
por reforestación, no por mantenimiento o compensación de renta, puesto
que estas especies son necesarias también, ya que, como ha sido puesto de
manifiesto por los portavoces, somos deficitarios en producción maderera.
Por ello es necesario que un Decreto que refunde el conjunto de apoyos
para el fomento forestal recoja ese tipo de ayudas, que evidentemente son
discriminatorias respecto a las demás, que tienen otros objetivos de
mantenimiento de renta y de reforestación de tierras marginales.
Señor Presidente, para concluir debo decir que nuestro Grupo valora
positivamente la situación en que nos encontramos, y hacemos ese
llamamiento, que también han hecho otros grupos, a la colaboración
estrecha con las comunidades autónomas y a la evaluación y seguimiento
sistemático y continuo de la aplicación de este Real Decreto, deseando
que se dé un nuevo impulso durante este año 1994 para conseguir esa media
que todos queremos y que sería lo deseable para el país. (El señor
Ramírez González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Ramírez, qué desea?
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, le rogaría que me permitiera
contestar a una alusión.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, S. S., en su intervención, que en
principio era para fijar su posición, ha hecho unas consideraciones
generales de crítica de determinado tipo de política, que en este caso
han sido contestadas por parte del Grupo Socialista, además con toda la
corrección. No creo que haya habido ninguna alusión personal ni mucho
menos. Ha habido un debate efectivamente político, en el cual se han
contradicho algunas de sus afirmaciones, pero no sé si esto da pie a un
debate. En todo caso, le doy un minuto y le daría también otro minuto al
señor Roncero.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, es simplemente por referir
oficialmente las cifras, porque se hace una especie de antes y después
del Gobierno socialista.
He dicho, soportando datos estadísticos oficiales, período 1953-1978,
período preconstitucional, ritmo de forestación en España, entre 80.000 y
136.000 hectáreas año; período plenamente constitucional, 1978-1983,
ritmo de forestación en España entre 60.000 y 100.000 hectáreas año;
período socialista, 1984-1990, 39.000 hectáreas año. Por tanto, no
hagamos un antes y un después olvidando que había un período plenamente
constitucional, 1978-1983, en el que se alcanzaron años de 100.000
hectáreas.
Finalmente, señor Presidente, yo reconozco la autoridad del señor Roncero
a la hora de hacer la valoración del terreno agrícola y del terreno
forestal, porque él tiene una experiencia personal mayor que la mía
respecto a compraventa de terrenos forestales.
El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Como he dicho, los datos son objetivos, están
en las informaciones del propio Gobierno y en informaciones oficiales y
no lo voy a discutir. Realmente sus propias palabras confirman la
situación en la que estamos.
Respecto a su última alusión, no voy a hacer ningún comentario, porque
desde luego no caigo en las bajezas a las que él ha querido referirse sin
decirlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Carles, tiene la palabra para contestar a las
preguntas formuladas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Carles Genovés):
Como no podía ser de otra forma --perdón, señorías, permítanme la
licencia--, el tema de la forestación en España continúa y continuará
durante mucho tiempo provocando tensiones, lo cual es bueno, porque si
hiciéramos un poco de historia --la historia no puede ser sólo
estadística, no puede centrarse sólo en los números-- veríamos que, al
hacer el análisis estadístico de la evolución de la superficie forestada
en España deberíamos, al mismo tiempo, referirnos a la calidad de las
hectáreas forestadas o a la calidad de la forestación. Yo estoy
absolutamente convencido de que ninguno de los que estamos en la sala
defenderíamos volver a los esquemas anteriores al año 1982, en que se
estaba forestando en torno a las 100.000 hectáreas anuales, pero se
estaba forestando con especies de crecimiento muy rápido, con las
especies que yo --permítanme otra vez la licencia-- llamo malditas,
porque producen y han producido efectos muy nocivos sobre nuestra
superficie forestal.
Creo que las cosas no son exactamente así. Efectivamente, se producía
esta forestación con estas hectáreas, pero también es verdad que se
estaba produciendo un incremento progresivo de la superficie eliminada
como consecuencia de los incendios forestales, y precisamente la política
del Gobierno socialista ha cambiado esa tendencia.
El representante del Partido Popular, señor Ramírez, ha hablado de una
pérdida por incendios forestales de 250.000 hectáreas. La cifra no es
exactamente ésa; ésa es la cifra que nosotros teníamos de incendios
forestales en el año 1982 aproximadamente, del que usted ha hablado, pero
que ha ido descendiendo considerable y progresivamente. En estos momentos
nos encontramos con unas cifras --hablo siempre de memoria-- relativas a
los incendios forestales en torno a las 80.000 hectáreas, de las cuales
cerca de la mitad son arboladas y el resto no; de forma que estas cifras
de 250.000 hectáreas de incendios son las de hace aproximadamente diez
años y las que hoy existen en otros países mediterráneos similares al
nuestro, como por ejemplo en Italia, pero son muy superiores a las que se
producen actualmente en España. Con esto no quiero ejercer ningún
triunfalismo, y lo digo porque tengo mi experiencia en la lucha contra
determinadas catástrofes naturales, como son las avenidas, y ahora con
respecto a los
incendios forestales, y sé que es cierto que la mayor o menor destrucción
del bosque como consecuencia de los incendios forestales está, por muchos
medios que se pongan para evitarlo, tremendamente condicionada a los
cambios climatológicos de ese año, a los usos sociales y al tipo de
especies forestales que se produzcan. No obstante lo cual, hay que
destacar, repito, que esa cifra de pérdida no es de 250.000 hectáreas,
sino que estamos en torno a las 45.000 arboladas y otras 40.000 ó 45.000
de superficie forestal no arbolada.
La política forestal del Gobierno sí existe, y es una política forestal
importante, lo que ocurre es que se está produciendo o se ha producido un
cambio de orientación, sobre todo cualitativo, que naturalmente ha tenido
que producir los necesarios desfases; es decir, que ya nadie desde el
Gobierno ni desde otros muchos grupos puede pensar en volver a promover
una forestación indiscriminada, sino que es preciso discriminar y
contemplar el bosque. Desde luego debemos contemplar su posible
perspectiva de producción, habida cuenta de que tenemos un déficit
maderero del 65 por ciento, que por cierto no es el más alto de la Unión
Europea, que tiene como media un déficit similar, incluso más alto en
algunos países. Tenemos que decir también que, efectivamente, hemos de
discriminar en la forestación, y hemos de discriminar porque hemos de
considerar la masa forestal, no solamente en su función productivista,
sino, y fundamentalmente, en su función de mantenimiento de los
ecosistemas.
Refiriéndonos concretamente al Decreto, hay que reconocer que se produce
un retraso desde que se publica hasta que se comienza a forestar. Sin
embargo, la explicación es evidente y no es justificación. Tenemos que
tener presente, señorías, que es un proyecto tremendamente ambicioso y
con un coste elevadísimo, y difícilmente hubiera sido posible arrancar
con él de no contar con la financiación comunitaria. No es España quien
se retrasa, sino la Unión Europea; es decir, es la Unión Europea quien se
retrasa en aprobar el programa forestal, que no es el programa forestal
español, porque al mismo tiempo aprueba el conjunto de todos los
programas forestales de la Unión Europea. El Gobierno, el Ministro de
Agricultura y yo mismo hemos instado en el Consejo de Ministros a la
Unión Europea, a la Comisión de Agricultura, a que acelerara la
aprobación de las medidas de compensación, y concretamente el plan
forestal. Por tanto, si bien es verdad que en nuestra opinión esa
aprobación se produce tarde respecto al resto de medidas relativas a la
política agraria comunitaria, tiene que quedar constancia de que no es,
en absoluto, responsabilidad del Gobierno español; no ha existido en
ningún país de la Unión Europea un programa aprobado antes que el
español.
Dicen ustedes que hay un retraso y además un déficit. Creo que no han
hecho bien los números al decir que hay un déficit, o al menos el déficit
que se ha estimado de 100.000 millones de pesetas, que supera con creces
la realidad. ¿Por qué? Porque las cifras dadas en el programa español son
para un período de cinco años y, sin embargo, las cifras aprobadas por la
Comunidad no son para cinco años, sino para tres y medio exactamente,
desde el uno de enero de 1994 hasta el 15 de octubre en que acaba el año
presupuestario europeo del Feoga-Garantía. En consecuencia, estamos
hablando de tres años y medio, y además hemos de tener en cuenta que,
como se pagan con primas de compensación, precisamente los últimos años
son los que están más cargados de la componente primas de compensación;
por tanto, haciendo números veremos que el déficit es algo menor. Es
tanto menor ese déficit que con la cláusula adicional que se ha incluido
como anejo a la aprobación del Plan forestal español, que permite tanto
tansferencias verticales entre países como transferencias horizontales
entre programas de compensación, podemos asegurar que prácticamente toda
la demanda que se produzca en condiciones de elegibilidad seremos capaces
de atenderla con financiación derivada del Feoga-Garantía. Por cierto, se
comete un error cuando se dice que al final se verá si se producen esos
ajustes; no es al final, sino año a año. Cada año se pueden producir los
ajustes, tanto vertical como horizontalmente, de forma que no tendremos
que esperar al final, sino que un seguimiento riguroso del programa
permitirá a la Comisión --y así se compromete en la aprobación-- ajustar
la financiación del programa forestal español en función de la demanda
existente.
Me ha dicho que había cometido un error. No he cometido tal error,
porque, aunque hablaba del subprograma 2, en ese momento he hecho
referencia al subprograma 1, y posteriormente al subprograma 2.
Efectivamente, es el 75 por ciento objetivo 1 y 50 por ciento objetivo 2,
en el subprograma 1, y hasta el 65 por ciento en el subprograma 2.
Hay una cuestión que sí es importante y en la que nos podríamos poner
claramente de acuerdo, y es respecto a las cantidades del Real Decreto,
al que se acusa no de timorato, sino de estrecho; se le acusa de estrecho
en cuanto a las cantidades que se aportan a los agricultores españoles,
que son inferiores a las que se aportan a agricultores de otros sitios.
No sé si alguna vez he dicho la frase «para que no ganen los agricultores
excesivo dinero» ¿Que ha aparecido en algunos medios de comunicación?
Habrá aparecido --yo, desde luego, no lo voy a desmentir--, pero me temo
que no la he dicho, porque a mí nunca me parece excesivo el dinero que
puedan ganar los agricultores. Pero llevo muchos años en esto, se pueden
cometer errores y quizás alguna vez haya tenido algún desliz.
Hablemos ya seriamente. ¿Cuáles son las aportaciones que se les dan a los
agricultores? Entre 170.000 y 400.000 pesetas/hectárea en las primas.
Pero por el hecho de que hubiéramos puesto cantidades más altas para que
percibieran los agricultores, en absoluto hubiéramos obtenido más
financiación comunitaria, probablemente hubiéramos obtenido la misma, los
430 mecus, que es el 35 por ciento del conjunto de la Unión Europea. De
esa manera, lo que hubiéramos hecho hubiera sido forestar menos.
Entonces, habría que buscar un equilibrio entre las cantidades que
perciben los agricultores y las hectáras, que serían contradictorias
teniendo en cuenta los techos presupuestarios, y habría que buscar, como
digo, un equilibrio, porque podríamos pagar muy poquito a los
agricultores y hacer muchas hectáreas o pagar mucho a los agricultores y
hacer pocas hectáreas. Creo que hemos encontrado ese
equilibrio, y además bastante razonable en cuanto a los costos de las
operaciones en España y a las rentas de los terrenos que se van a dedicar
a forestar. ¿Por qué digo que es razonable? Digo que es razonable porque
la respuesta del agricultor está ahí; es decir, se abre la ventanilla e
inmediatamente aparecen 9.000 agricultores, en un primer empuje, con
180.000 ó 200.000 hectáreas. Por tanto, la demanda es fuerte.
Evidentemente, el Real Decreto podría modificarse, y es altamente
probable que eso ocurra, porque a lo largo de los cuatro años no vamos a
estar atados con el corsé de un Real Decreto que se hace con un proyecto
muy ambicioso y muy complejo. En consecuencia, hemos de tener la
suficiente flexibilidad para que en cualquier momento podamos modificar
dicho decreto a lo largo de todo el período, para ir corrigiendo las
deficiencias iniciales, más que por falta de previsión, porque creo que
dicha norma tiene una gran previsión de cómo iban a producirse los
fenómenos; sería como consecuencia de que es un programa tremendamente
complejo y que, además, está sujeto a muchas voluntades, fundamentalmente
a que la iniciativa les corresponde a los agricultores y no al Gobierno.
Creo que estaríamos de acuerdo en que hemos conseguido un adecuado
equilibrio entre la retribución de los agricultores y las hectáreas que
se pueden forestar. Si doblamos la retribución de los agricultores --no
sé si es excesiva o no, SS. SS. lo valorarán porque tienen equipos
técnicos que valoran cuáles son los costos y cuáles son las pérdidas de
renta en las superficies que se van a producir en España--; si dobláramos
la retribución, repito, y usted ha hablado de que fueran hasta cuatro o
cinco veces superiores, no tendríamos más remedio que reducir la
forestación. Si los europeos reciben cifras cuatro o cinco veces
superiores, nosotros forestaríamos cuatro o cinco veces menos. Creo que
hemos logrado, insisto en ello, un buen equilibrio, que se traduce en que
se está produciendo una demanda importante, es decir, se está estimulando
al agricultor a solicitarlo.
El señor Ramírez, la señora Rivadulla y varios señores Diputados me han
pedido información sobre el tipo de agricultores, incluso el señor
Ramírez ha pedido nominalmente los agricultores que ha habido. En estos
momentos estamos recibiendo las primeras certificaciones, pero si quiere
le envío las que hayamos recibido ya, aunque son muy pocas; creo que
debemos dejar pasar un poco más el tiempo para tener una base estadística
razonable.
Hay un aspecto importante que también han comentado el señor Ramírez y
varios señores Diputados, que es la inexistencia de material vegetal
suficiente y la posibilidad de que proceda ese material vegetal de
importación. Yo no lo quiero creer así, y las conversaciones con los
viveristas que he mantenido hasta ahora me han producido una muy grata
impresión, porque han visto la previsible demanda que se les viene
encima, lo vieron ya, me parece que creyeron en el programa y,
efectivamente, están incrementando o han incrementado considerablemente
sus producciones. Se están originando determinadas inversiones y entiendo
que el sector español va a dar respuesta y va a tener semilla suficiente,
con independencia de que en ciertos momentos se produzcan algunas
rigideces y deficiencias de algunos tipos, y en algunos períodos, en
consecuencia, podría ser que vinieran de importación. Pero desde la
Administración no se estimula el que venga así; antes al contrario, desde
la Administración se estimula a los viveristas como a una empresa, es
decir, teniendo una demanda razonable durante un período suficiente de
años, y ésta es una demanda razonable durante un período suficiente de
años.
Respecto a la ordenación de bosques en zona privada, me dice el señor
Ramírez que no se ha forzado a la Unión Europea a que reciba un trato
similar al que reciben las explotaciones en tierras agrarias. No es que
no se haya forzado, es que no se puede forzar, es que conceptualmente es
diferente, que no tiene nada que ver. Las medidas de acompañamiento son
política agraria común. ¿Para qué se originan? Para perder producción
agrícola, es decir, para reducir superficies agrícolas, pérdida de
producción agrícola, pérdida de excedentes, y, teóricamente, con los
beneficios de esas pérdidas de excedentes que pudieran obtenerse es con
lo que se puede financiar el programa forestal. No tiene sentido que se
introduzca dentro de las políticas de acompañamiento que tienen esta
concepción.
Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no le demos un tratamiento
especial y nuevo, y he comentado a lo largo de mi exposición el
tratamiento que nosotros, en principio, le vamos a dar, y que estamos
trabajando en ello. Es difícil porque el 70 por ciento de la superficie
es privada y, en consecuencia, pueden primar mucho los intereses
productivistas sobre otro tipo de intereses. Desde luego, estamos por el
cambio de concepción, no obstante lo cual, entendemos que se pueden hacer
esfuerzos importantes, y estamos en vías de conseguir algo que creo que
es sustancial, y es que por primera vez vayan a recibir financiación
europea. Es decir, ¿dónde podemos introducir la financiación europea
importante? Uno de los subejes propuestos por el Gobierno español, de
acuerdo con las comunidades autónomas, es precisamente la inversión
medioambiental. Entre esas inversiones medioambientales estamos
propiciando --naturalmente son las comunidades autónomas las que tienen
que tomar ese tipo de decisiones-- que las comunidades autónomas, en el
eje de desarrollo y medioambiental, promuevan la inversión en tierras
forestales, lo cual puede provocar --y estamos en ello-- un incremento
importante de la inversión dedicada al sector como consecuencia de que
antes prácticamente sólo financiaba la Administración del Estado sin
financiación europea y, sin embargo, ahora financiará la Administración
del Estado, la administración de las comunidades autónomas en los
convenios de colaboración de que disponemos, y el Feoga-orientación.
A la señora Rivadulla le agradezco las palabras de satisfacción por la
iniciación del proyecto. Ha planteado una serie de dudas, muchas de las
cuales compartimos, y algunas creo que se las voy a resolver. Como digo,
estaremos abiertos a la modificación del Real Decreto para flexibilizarlo
en la medida en que no sea adecuado a la evolución del programa.
La primera cuestión que me ha preguntado es si se está haciendo en zonas
de más desertización. Yo le voy a dar
una información al respecto. Más que darle información cuantitativa de
las actuales --al igual que los datos sobre los tipos de agricultores,
que creo que se podrán dar al final de un ejercicio, estamos a principios
del primer ejercicio-- he de decirle que las comunidades autónomas que
más lo han demandado son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y
Aragón, éstas en términos de superficies. Efectivamente, están en áreas
desertizadas, o podríamos decir que todas estas comunidades autónomas
están incluidas en el mapa del plan nacional de la erosión y
desertización, fundamentalmente Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón,
con índices de erosión importantes. Es cierto que no tiene suficiente
éxito el programa en provincias o en comunidades autónomas como la
valenciana o la murciana, en las que existen grandes procesos de
desertización, pero por el tipo de agricultura que se desarrolla allí no
existe suficiente tirón de la demanda, y es cierto que ahí --y contesto
también al señor Mardones del Grupo Canario-- es donde se deberá producir
esa coordinación entre la lucha contra la erosión ejecutada directamente
por el Estado e intensificar las inversiones forestales en esas áreas.
En cuanto a las variedades malditas, los eucaliptos y los chopos, que
tanto daño han hecho en este país aunque no sólo han sido dañinas, debo
decirle que el programa nacional no las financia; es decir, nosotros no
podemos obligar a las comunidades autónomas --es del ámbito de su
competencia-- a que planten eucaliptos o chopos en unos terrenos que no
tengan ninguna declaración o ninguna protección. Sin embargo, sí lo
estimulamos de dos maneras: en el caso del eucalipto y del chopo en los
programas cofinanciados entre la Administración central del Estado y las
comunidades autónomas no se contemplan estas variedades, de manera que
las plantaciones de eucaliptos y chopos que se ejecuten al amparo de este
programa no serán cofinanciadas por la Administración central, sí lo
pueden ser por las comunidades autónomas.
Respecto a viveros y semillas, se ha planteado una cuestión importante,
cual es el tema de control de calidad de las semillas. Estamos trabajando
en ello en contacto con viveristas que también muestran esa preocupación
del control de la calidad de las semillas, y habrá que avanzar en ese
terreno.
Referente a que el valor añadido vaya a los agricultores,
fundamentalmente el valor añadido de la explotación en vía a promover
agrupaciones o asociaciones de industrias de primera transformación, no
sé si es lícito decir esto en esta sala porque no tengo mucha
experiencia, pero yo diría que la industria del aserrado está un poco
fuera de la competencia de la Secretaría General de Estructuras, no
obstante lo cual estoy convencido de que la futura ley de modernización
podrá provocar caminos para que esto sea posible.
El señor Grau, de Convergència i Unió, ha planteado la necesaria
articulación entre el Estado y las comunidades autónomas. Es evidente que
éste, como casi todos los programas de la administración agraria, por la
naturaleza de lo transferido tiene que producir esa necesaria
articulación. ¿Cómo se está produciendo? Se está produciendo mediante
vías de convenios. Nosotros hemos firmado convenios con todas las
comunidades del Estado, a excepción de Navarra y el País Vasco por sus
especiales características, ya que sus programas son regionales, y,
aunque estén incluidos en el volumen global de financiación del programa
nacional, no son cofinanciados por la Administración del Estado.
Se ha dicho que la dotación es insuficiente. Creo que ya he dado
respuesta a este punto. No es insuficiente. Entendemos que con los datos
que hemos ofrecido de la aprobación por la Unión Europea y en la forma en
que se ha desarrollado, creo que estamos en condiciones de decir que
seremos capaces de atender toda la demanda que se produzca financiada con
Feoga-Garantía.
Respecto a variedades de plantación, eucaliptos, chopos y pinos, ya he
dado una explicación suficiente, así como de la cuestión de los viveros.
Ha hecho especial referencia a una preocupación compartida, que es el
control de la planta certificada, y ha mencionado específicamente la
agilidad en el pago. Estamos absolutamente de acuerdo en este punto.
Antes decía el Real Decreto más madrugador, el Real Decreto-ley y primero
elaborado este año en el que precisamente se contemplan una serie de
actuaciones financieras al objeto de poder agilizar el pago al máximo.
El señor Mardones, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, ha
puesto sobre el tapete unos temas importantes, en mi opinión: el problema
de la formación profesional. Icona ha editado un documento destinado
fundamentalmente a los agricultores que tienen que convertirse, en
principio, en plantadores de árboles, es decir, tienen que hacer la
plantación; se ha redactado, decía, un documento que se ha difundido por
todas las comunidades autónomas, y en la conferencia sectorial estamos
iniciando conversaciones con todos los consejeros al objeto de programar
una formación profesional suficiente en esta materia; formación
profesional que podrá verse apoyada por el propio programa de forestación
y por el próximo proyecto --del que hablaremos, espero, en un futuro no
muy lejano-- sobre programas de agricultura compatibles con el medio
ambiente, en los que se contemplan cursos de formación profesional de
agricultores para compatibilizarlo con ese medio ambiente.
El talante de comportamiento de las comunidades autónomas es variopinto,
pero la realidad es que, en general, tengo que decir que la mayor parte
de todas ellas creen en el programa, y a fuerza de ser sinceros he de
manifestar que tenían unas ciertas desconfianzas en el mismo por las
noticias que nos venían de muchas partes de la Unión Europea sobre las
limitaciones financieras que pudieran haberse producido. Sin embargo,
desde el momento en que se aprueba la financiación comunitaria del
programa español y en las condiciones en que se ha aprobado, una vez más,
y a partir de ese momento, las comunidades autónomas han vuelto a
adquirir el entusiasmo que tenían al principio.
Respecto a la flexibilidad de las especies vegetales y el control de la
erosión y la armonización, ya he comentado estos dos puntos. Creo que S.
S. estaba fuera en ese momento, pero he de decir que, efectivamente, las
comunidades autónomas de las que existen más solicitudes son Andalucía,
Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León. De
estas cuatro, tres están entre las de mayor índice de erosión de España,
pero también existen otras con unos altísimos índices de erosión que
tienen una demanda relativamente pequeña por las características de su
agricultura, con unas rentas muy altas y que, desde luego, no van a
disminuir superficies de cultivo. Y precisamente en esta línea de
estimular los planes de lucha contra la erosión y la desertización es
donde incrementaremos o acentuaremos la actuación pública directa en
forestación. (El señor Ramírez González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, ¿para qué desea hacer uso de la
palabra?
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, querría contrastar un dato
con el señor Secretario General respecto a unas afirmaciones mías sobre
pérdida forestal por incendios durante unos años...
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, creo que este punto ya ha sido
suficientemente objeto de debate.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Perdón, señor Presidente. Según los datos
oficiales que tengo en mi poder, la superficie quemada en los seis años
que van de 1985 a 1990 es de 1.651.000 hectáreas, que dividido entre seis
años da una media de 275.000 hectáreas/año, y yo he dicho 250.000. Si el
señor Secretario General tiene otros datos, que los exponga. Yo me he
quedado por debajo de la valoración, según datos oficiales, de 1985-1990.
El señor PRESIDENTE: El señor Carles tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Carles Genovés): Me
temo, señor Ramírez, que no son datos oficiales lo que usted está
leyendo. En el año 1984-1985 se alcanzó el máximo, y estoy hablando de
memoria, del orden de las 200.000 hectáreas, el último año ya ha habido
un descenso progresivo y estamos en torno a las 85.000 hectáreas. De
todas maneras, es un problema de datos que se podrán contrastar en su
momento privadamente.
--DE LA POLITICA GENERAL DE PROTECCION DE LA NATURALEZA Y PARQUES
NACIONALES. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000438.)
El señor PRESIDENTE: Quedan, a continuación, para tramitar dos
comparecencias del Secretario General de Estructuras: una a petición del
Grupo Socialista para explicar la política general de protección de la
naturaleza y parques naturales, y otra del Grupo Parlamentario Popular
para informar sobre el proyecto de creación del parque Nacional de los
Picos de Europa. Propondría a la Comisión, dada la similitud de los
temas, aunque uno sea de carácter general y otro de carácter particular
independientemente de como quieran luego distribuirse los grupos las
preguntas, la tramitación conjunta de ambas comparecencias, de manera que
el señor Secretario General pudiera darnos una visión general del tema de
parques nacionales y luego entrar concretamente en la otra cuestión.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario
solicitaría que se sustanciaran los puntos individualmente, habida cuenta
que son dos temas distintos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, por parte de la Presidencia y por
parte de la Mesa no hay, en absoluto, ningún tipo de inconveniente.
Planteaba esto solamente a efectos de tiempo.
Tiene la palabra el señor Secretario General para informar de la política
general de protección de la naturaleza y parques naturales, a petición
del Grupo Socialista.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Carles Genovés):
Nuestro país, España, ha sido pionero en el continente europeo en la
creación de parques naturales. Efectivamente, en la Ley de Parques
Nacionales, aprobada el 8 de diciembre de 1916, marca el inicio de una
línea tendente a garantizar la protección y conservación de los lugares
emblemáticos de nuestro patrimonio nacional.
La ley 4 de 1989, de conservación de espacios naturales de la flora y
fauna silvestres, en su artículo 22 crea la Red Estatal de Parques
Nacionales, que deberá estar integrada por aquellos espacios que sean
declarados como tales por ley de las Cortes Generales y su conservación
sea también declarada de interés general de la nación. Asimismo, la Ley
determina que dicha declaración de interés general de la nación se
apreciará en razón a que el espacio sea representativo de alguno de los
principales sistemas naturales españoles que se citan en ella, cuyos
sistemas aparecen integrados dentro de tres grandes regiones, que son la
región eurosiberiana, la región mediterránea y la macaronésica.
En estos momentos son nueve los parques nacionales que integran la red
estatal de dichos espacios, que representan a la mayor parte de los
sistemas incluidos en el anejo de la Ley. Con estos nueve parques, cuya
superficie alcanza 122.558 hectáreas, entendemos que hemos conseguido un
muestrario bastante representativo y bien conservado de la diversidad
ecológica de nuestro país, que supone uno de los apoyos fundamentales de
conservación de la biodiversidad, cual es la preservación de los
ecosistemas. No obstante, todavía quedan por representar, en la Red de
Parques Nacionales, algunos sistemas naturales exigidos por la ley.
Básicamente en la región eurosiberiana los sistemas ligados a formaciones
lacustres y rocas de origen plutónico, y en la región mediterránea los
sistemas ligados al bosque mediterráneo, a formaciones esteparias y a
formaciones ripícolas.
El convenio sobre la diversidad biológica, aprobado en la Cumbre de la
tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y suscrito por un elevado
número de estados, entre ellos
nuestro país, es una pieza fundamental y determinante para invertir la
alarmante tendencia de los últimos años.
En este contexto, la Red de Parques Nacionales se configura como uno de
los instrumentos clave y fundamental de esta estrategia en España para la
conservación de los ecosistemas. Completar la Red cubriendo los sistemas
todavía no representados en ellos debería ser, y es, una tarea
prioritaria que ya ha sido iniciada de conformidad con los compromisos
adquiridos en el programa electoral del Gobierno y en el programa de
Gobierno. Identificar los hábitat más relevantes y definir las ZEPA
(zonas de especial protección para las aves) en aplicación de las
directivas comunitarias de hábitat y aves que conformarán la Red Natura
2000 de la Unión Europea, son, asimismo, medidas adoptadas en aplicación
del citado convenio. Se está actualmente procediendo a inventariar las
zonas a integrar en esta red, a la que se incorporarán las ZEPA una vez
hayan sido completadas.
Hasta el momento presente se han designado 139 zonas en nuestro
territorio para ser incluidas en la Red Natura 2000. De manera que la
superficie correspondiente a espacios protegidos en nuestro país, la
declarada a nivel nacional como parques nacionales y la declarada por las
comunidades autónomas, alcanza un total de 2,5 millones de hectáreas; es
decir, el cinco por ciento de nuestro territorio se encuentra bajo alguna
figura de protección.
Pero hecha esta introducción deberíamos de centrarnos fundamentalmente en
lo que entendemos que debe ser la futura Red de Parques Nacionales, y lo
voy a diferenciar básicamente en dos grandes líneas. Por una parte, la
ampliación de la Red y, por otra parte, las modificaciones en los modelos
de gestión de los parques que permitan la disminución de las tensiones
que necesariamente se tienen que producir entre la Administración
conservacionista y los habitantes da la zona.
Respecto al diseño futuro de la Red de Parques Nacionales, se está
avanzando en su ampliación, tal como había anunciado el Gobierno en su
programa electoral, al objeto de completar la misma con los hábitat que
todavía no están lo suficientemente representados.
¿Cuáles son los proyectos de más inmediato futuro? En primer lugar, la
ampliación del actual Parque de la Montaña de Covadonga al Parque de
Picos de Europa, del que tendremos ocasión de hablar con mayor
detenimiento en la comparecencia posterior. En segundo lugar, el Parque
Nacional de Monfragüe, que representaría a la región mediterránea con
sistemas ligados al bosque mediterráneo, fundamentalmente alcornocales, y
con una muy buena representación de fauna autóctona. El correspondiente
PORN (Plan de ordenación de recursos naturales) de Monfragüe está en
preparación en estos momentos, ordenado por el Gobierno, por parte de un
equipo técnico constituido por representantes del Ministerio de
Agricultura y Pesca y Alimentación y por parte de la Comunidad Autónoma
extremeña, y un primer borrador podría estar disponible probablemente a
mediados del mes próximo.
El tercero de los parques que tenemos el compromiso de declarar es el
futuro Parque Roque Nublo, en la Isla de Gran Canaria, que también se
encuentra en fase avanzada de elaboración del PORN. Por parte de la
Comunidad Autónoma se ha encargado al Cabildo el diseño del mismo en
colaboración con el Icona. Con este Parque, que hace el número cinco de
las Islas Canarias, se completaría la representación en la red de los
ecosistemas canarios. Este parque, en particular, representaría a la
región macaronésica, con sistemas ligados a procesos volcánicos y
vegetación asociada al piso basal canario.
El cuarto parque, dentro de este proceso de ampliación de la Red en el
cual estamos comprometidos, es el Parque de Cabañeros. Se encuentra
ultimando la fase de estudio de carácter técnico y trabajando en la
elaboración del PORN (Plan de ordenación de recursos naturales). Este
parque vendría a reflejar, en el contexto de la Red, el ecosistema del
bosque mediterráneo.
El último parque sobre el que hemos iniciado actuaciones es el Parque de
los Monegros, que es muy importante porque es reflejo de los sistemas
esteparios. Sin embargo, en este parque, habida cuenta de las
expectativas que históricamente ha habido de ampliación de regadíos, es
preciso analizar, compatibilizar y llegar a un adecuado equilibrio entre
los regadíos existentes en la zona, o los regadíos que pueden propiciarse
en el área, con los objetivos de mantenimiento y conservación de los
ecosistemas que se pretenden proteger con la declaración de parque
nacional. En estos momentos se han iniciado ya unas conversaciones entre
la Secretaría General, la Comunidad Autónoma aragonesa y los
ayuntamientos de la zona al objeto de estudiar y trabajar en la línea de
delimitación del parque y de los compromisos de regadíos, para
compatibilizar algunos de ellos con la existencia del parque.
Estas son las principales líneas o áreas en las que el Gobierno está
comprometido a proteger como parque nacional, con independencia de
algunas otras áreas que pueden ser protegidas también por la
Administración central, como son determinadas reservas naturales.
Respecto a la segunda de las líneas que he citado, conviene que hagamos
una serie de consideraciones sobre las necesidades de replantear el
modelo de gestión, como consecuencia de la experiencia habida hasta el
momento presente. A nivel internacional existen --haciendo siempre una
simplificación-- dos grandes modelos de parques claramente diferenciados.
Por un lado, nos encontramos con el modelo Estados Unidos-Canadá, llamado
modelo de parques americanos, que se caracterizan porque tiene, en primer
lugar, grandísimas extensiones, impensables para el territorio español;
en segundo lugar, la mayor parte de ellos tienen unos territorios que son
propiedad del Estado y, en consecuencia, se puede producir un aislamiento
prácticamente total de las actividades económicas que se desarrollan en
el entorno, tanto por su lejanía como por el hecho de que la propiedad,
como he dicho, es del Estado.
Por otro lado, nos encontramos con el modelo de parque europeo --me estoy
refiriendo a la Europa central u occidental--, que destaca por su escasa
dimensión y por su absoluta o completa integración y convivencia con las
actividades económicas que se desarrollan en el entorno.
El modelo de parque español hasta la fecha es mixto, no se identifica,
posiblemente, con ninguno de los dos, ya
que, por una parte no alcanza las dimensiones de los parques americanos,
y, por otra parte, la mayoría de la propiedad del territorio de los
parques no es pública, es privada; desde luego no es del Estado, la
participación que éste tiene es mínima. No obstante, si bien mantiene la
naturaleza en estado salvaje, y aunque no está plenamente integrado en el
medio civilizado, sí que está abierto a determinados usos tradicionales
de las poblaciones del entorno.
Nosotros entendemos que la idoneidad del modelo español es posible y que
ha sido reconocido internacionalmente. Sin embargo, también queremos
decir que ese modelo español, en algunos casos, no ha estado exento de
importantes tensiones. Resulta evidente que, en principio, el anuncio de
la creación o ampliación de un parque origina reacciones contrapuestas,
algunas de las cuales aparentemente tienden a su rechazo total por
entender que ello supone, de manera implícita, el establecimiento de
limitaciones a sus actividades habituales. No obstante, sería acertado
subrayar que en los tiempos actuales la diferencia básica entre estar o
no fuera de un parque viene definida por el modo de gestión de los
recursos renovables, lo cual, aunque algunas veces se haya producido, no
tiene por qué suponer necesariamete restricciones insalvables para los
habitantes, especialmente en lo que se refiere a la generación de rentas.
La experiencia de los últimos tiempos y los problemas que se originan
cuando se produce el anuncio de la declaración o extensión de un parque
nos hace pensar en que debemos hacer esfuerzos para completar y mejorar
el modelo español y tratar de eliminar estas tensiones; yo diría más,
para tratar de que los habitantes del entorno se hicieran cómplices de la
existencia del parque, habida cuenta de que el mismo puede producirles
importantes beneficios en su actividad. ¿De qué forma lo podemos
contemplar? Entendemos que de la siguiente manera. Junto al PORN, al
mismo tiempo en que se produce, se publica y se debate públicamente el
Plan de ordenación de recursos naturales, se deben establecer toda una
serie de medidas que en estos momentos entendemos que estamos en
condiciones de promover. Creo que hay dos tipos de medidas que pueden ser
claves para encontrar esa complicidad. En primer lugar, que junto al PORN
se establezca un plan de desarrollo rural sostenible y ligado al elemento
conservacionista del parque. Hoy conocemos que existe financiación
europea para determinados programas de desarrollo rural, para
determinados programas de desarrollo local, fundamentalmente estoy
hablando de los programas Leader. Pues bien, el Gobierno español va a dar
prioridad en sus actuaciones como administración central a la
implementación y desarrollo de Leaders en las comarcas del entorno o de
los municipios incluidos dentro de los planes, al objeto de propiciar
actividades que estén ligadas al elemento conservacionista del plan y
que, al propio tiempo, puedan mantener las rentas, aunque en principio
pensamos generar rentas superiores a las actuales; ello siempre ligado a
promocionar en estos Leader y en estos planes de desarrollo actividades
que estén unidas al elemento estrictamente conservacionista.
Pero hay otra medida que es muy importante y que puede aplicarse
conjuntamente con el PORN y con estos planes de desarrollo rural
sostenible, que es precisamente establecer un plan de prácticas agrarias,
en su sentido más amplio (agrícola, ganadera, forestal, etcétera),
sostenible y compatible con el elemento conservador. Afortunadamente, las
medidas de acompañamiento de la PAC ponen medios financieros a nuestra
disposición para hacer esto posible. El programa nacional, en debate en
estos momentos en la Comisión, de ayudas a los agricultores, compatible
con el medio ambiente, lleva ayudas a los agricultores para la
implementación de técnicas agrarias compatibles con la conservación de
los parques nacionales, de las zonas ZEPA y de las zonas del Convenio
Ramsar. Ello con independencia de que se sigan utilizando en los parques
fondos financieros procedentes de otros sitios, como son los fondos de
cohesión, como son las iniciativas del programa «life», etcétera. Pero
los fondos de cohesión y las iniciativas «life» van a ir orientados
fundamentalmente a hacer posible la labor estricta de conservación del
parque, aunque no pueden ser elementos compensatorios suficientes
respecto a los habitantes de la zona.
Entendemos que si, por una parte, ordenamos los recursos naturales y, en
consecuencia, implementamos determinadas limitaciones, por qué no
decirlo, del uso de esos suelos que son privados, tendremos, al mismo
tiempo que se produce esa ordenación, una planificación que lleve a la
obtención de rentas ligadas a dicho parque superiores a las que tenía
antes, y ello por los instrumentos que he comentado, que son los
programas de desarrollo rural sostenible financiados por iniciativa
comunitaria, por los Leader; y, por otro lado, la concesión de ayudas a
los agricultores para aplicación de técnicas agrarias extensivas
compatibles con el Plan de ordenación de recursos naturales.
Esa sería, en definitiva, la política del Gobierno en el plazo más
inmediato, en el sentido del compromiso, digamos, tanto de la ampliación
de la red de parques como de la modificación de los modelos de gestión
que intentara evitar las actuales tensiones que se producen entre el
parque y sus habitantes.
El señor PRESIDENTE: La comparecencia está solicitada a nombre del Grupo
Parlamentario Socialista y, en su nombre, el señor Moragues tiene la
palabra.
El señor MORAGUES GOMILA: Por adelantado, quiero agradecer la
comparecencia del Secretario General y las explicaciones que nos ha dado
en este tema, que es muy querido para el Grupo Socialista, para el
Partido Socialista en su conjunto, ya que, a mi entender, fue una de las
propuestas electorales, como ha recordado el propio Secretario General,
más importantes que hicimos en la última campaña electoral.
Creo, además, y éste ha sido el motivo de la petición por parte de mi
Grupo de esta comparecencia, que han de ser unas actuaciones y unas
comparecencias reiteradas, no solamente en la Cámara, sino también ante
el conjunto de la opinión pública, porque debe demostrarse que se tiene
una política clara, además una voluntad férrea, diría yo,
para aplicar este conjunto de propuestas electorales del Partido del
Gobierno. Pienso que esto liga estrechamente la actividad política, en
este caso agraria, con la sensibilidad ciudadana. Es absolutamente claro
que la sensibilidad proteccionista de la ciudadanía y, sobre todo, las
capas más jóvenes de la sociedad, ha ido en aumento enorme en los últimos
años y hemos de demostrar esta capacidad de dar soluciones a
problemáticas que son muy sentidas por amplias capas de la población, lo
que va a condicionar de alguna forma la actuación de los responsables de
la política medioambiental, en este caso desde el punto de vista del
Ministerio de Agricultura.
Por supuesto, compartimos ampliamente la exposición del Secretario
General. Yo haría mención breve sobre la modernidad del concepto que ha
explicado el Secretario General en cuanto a la protección de la
naturaleza. Es claro que se produce a principios de los 70 y finales de
los 60 una ruptura en lo que significaba la concepción de la protección
de la naturaleza, que solamente iba a la protección de los ecosistemas
notables, que producía además una expulsión, por decirlo de alguna
manera, de todo lo que significaba el entorno humano de estos sistemas o
ecosistemas. Como digo, a finales de los 60, principios de los 70, sobre
todo desde la Unesco, se produce un gran debate sobre la necesidad de
incluir en la política proteccionista de estos ecosistemas el concepto de
desarrollo sostenible. Es decir, se dan cuenta los responsables de la
protección de que es absolutamente imposible, como también ha reconocido
el Secretario General, la posibilidad de proteger estos lugares de alto
valor ecológico si no hay una implicación de la propia sociedad, de las
propias comunidades o asentamientos humanos en las zonas internas o
próximas al hecho de la protección del ecosistema.
Por tanto, ésta es una idea básica que me parece que se impulsa
correctamente desde la propia Secretaría General, un concepto moderno de
protección que ha superado, o que intenta superar, esta separación
secular y que intenta ligar esos dos conceptos que hasta fechas muy
recientes habían sido antagónicos y que hay que reconocer también que
continúan siendo muchas veces el motivo de los problemas de gestión a los
que ha hecho referencia el Secretario General.
Como he dicho, estas dos razones tienen que ser el «leit-motiv» de la
actuación de la Secretaría General, porque la política de protección
entiendo yo que va a fracasar si no se implica a la gente, a los
asentamientos humanos cercanos a estos entornos de protección y, por otra
parte, porque la gente, los asentamientos humanos, como decía, tienen que
identificarse plenamente para superar esa sensación de expulsión que la
protección puede generar y sin lo cual, naturalmente, es imposible que
esto llegue a buen fin.
Además esta filosofía ya ampliamente compartida, no solamente por todos
los Grupos de la Cámara, sino de forma muy importante por los propios
grupos conservacionistas que actúan a lo largo y ancho del país. Creo que
el Secretario General ha explicado muy bien también la necesidad de que
esto se concrete en actuaciones claras, y absolutamente de acuerdo con
todo el tema de estudiar, conjuntamente con la protección, la necesidad
de contar con planes de desarrollo rural y sostenibles de la población,
que pueden ser financiados por el programa Leader o por cualquier otro
programa de ayudas europeas. Y esto, además, no hace un proceso
absolutamente paralelo con el gran programa de la Unesco al que he hecho
referencia antes, que, como todo el mundo sabe, es el programa Man and
Biosphere, que es el que tira adelante con esta nueva concepción de la
protección de la naturaleza, que son las reservas de la bioesfera y que
gratamente hemos visto aumentadas en los últimos meses en este país con
la declaración como reservas de la bioesfera de las islas de Lanzarote y
de Menorca.
Y enlazo aquí con otro tema. Yo haría la petición al Secretario General
de que ampliase algunas cuestiones que sobre la protección de la
naturaleza creo que han quedado un poco oscurecidas por la importancia
del programa de desarrollo de los parques nacionales, que de alguna forma
son las figuras estelares pero que deben ser complementadas con una serie
de actuaciones que ya se están desarrollando por parte de la
Administración central del Estado, como también por parte de otras
administraciones regionales, en cuanto a nuevas figuras de protección de
la naturaleza que están fuertemente embebidas, a mi entender, de esta
nueva filosofía de protección y desarrollo sostenible.
Por tanto, a mí me gustaría conocer cuál es la postura de la
Administración en cuanto a las reservas de la bioesfera. Creo que es un
digno complemento de esta política de actuaciones estelares, como he
dicho, en cuanto a los parques nacionales y que, además, a mi entender,
deben obligar a una actuación de la Administración central del Estado,
porque, aunque las gestiones de las reservas de la bioesfera no sean
competencia de la Administración central del Estado, está claro que la
declaración de estas zonas por parte de los comités internacionales hace
asumir a las propias autoridades del Estado una serie de
responsabilidades con objeto de que los fines para los cuales fueron
solicitadas esas declaraciones se cumplan.
Por ello, a mí me gustaría, si es posible, que el Secretario General nos
ampliara un poco de qué forma va a coordinar la política en cuanto a las
exigencias que las propias declaraciones de reservas de la bioesfera
conllevan por parte del programa Men and Biosphere, de la Unesco. Y en
ese mismo sentido, cómo está la situación de las zonas húmedas Ramsar y
Cites de especies protegidas que el propio Secretario General ha
comentado. Ha dicho que esto, seguramente, en una priorización de la
protección de la naturaleza estaría por debajo del tema de los parques
nacionales, pero creo que es un complemento indispensable para que esta
protección sea global y merecería, a mi entender, algún tipo de mención
más profunda por parte de la Secretaría General.
En otro orden de cosas, creo que las reservas marinas es uno de los
grandes temas pendientes que tiene la política proteccionista de este
país, aunque entiendo también que no es una actuación que dependa de la
Secretaría General de Estructuras Agrarias. Pero hablando de política
proteccionista creo que se deben hacer presiones desde todos los ámbitos
con responsabilidades o con competencias y
teníamos que hacer una breve referencia a las reservas marinas. Esta es
la gran asignatura pendiente que tiene la protección de la naturaleza en
este país. Creo que es absolutamente indispensable que la Administración
del Estado haga un esfuerzo enorme para clarificar la normativa, porque
la complejidad de la misma, a mi entender, tiene efectos disuasorios
sobre la protección y que por esto hay poquísimas experiencias en cuanto
a protección de fondos o de medios marinos, exceptuando el complejo
insular del archipiélago de La Cabrera, el Parque Nacional
marítimo-terrestre y algunas declaraciones de sistemas insulares, como
Tabarca, Medas o el Cabo de Gata, etcétera.
Creo que debemos extender estas experiencias hacia el máximo posible de
actuaciones en todo el sistema insular costero español y podemos
encontrar muchísimo campo de acción en este aspecto, porque, también a mi
entender, es de una gran importancia por sus valores y por sus difíciles,
a veces, equilibrios ecológicos de estas zonas, que están normalmente
sufriendo una fuerte influencia por parte de los grupos humanos.
Para resolver esta situación --y me gustaría conocer la opinión del
Secretario General-- pienso que se podría hacer algo parecido a lo que se
hizo en su momento con la Ley 4/1989, referida a toda la conservación de
la vida silvestre terrestre. Creo que deberíamos avanzar en el camino de
articular algún tipo de ley que signifique para el medio marino lo mismo
que significó la Ley 4/1989 de Conservación de la Vida Silvestre. Esta
actuación clarificaría bastante la manera de actuar y nos ayudaría a
actuar con cierta urgencia. Como he dicho anteriormente, esta
problemática atañe a la práctica totalidad de sistemas insulares
costeros.
El problema más importante lo tenemos en el Mediterráneo. La gran presión
humana sobre la costa y los sistemas insulares es enorme. Creo que la
presión contaminante y sus propios elementos son mucho mayores en el
Mediterráneo, y tampoco podemos olvidar la repercusión que sobre la
recuperación de las zonas pesqueras tiene en su conjunto. Por ejemplo, en
Canarias --como ocurre en la otra gran zona insular de nuestro país--
sufren otro tipo de problemática, pero una política clara de conservación
de los fondos marinos podría tener una gran repercusión para preservar y
recuperar los valores pesqueros del archipiélago canario.
En cuanto al sistema atlántico o cantábrico, creo que hay un campo de
actuación importantísimo, desde el punto de vista de protección de la
naturaleza, en todo lo que significa la red de estuarios y rías que
tienen valores económicos, como, por ejemplo, la extracción marisquera y
los grandes valores ecológicos.
Antes de concluir, señor Secretario General, me gustaría que me explicara
con mayor profundidad en su réplica la necesidad de coordinar --necesidad
a mi entender imprescindible-- el cumplimiento de la Ley 4/1989 en cuanto
a los distintos grados de protección que establece para las especies con
un nivel de riesgo de extinción que tipifica la propia Ley, no los
catálogos de especies amenazadas de extinción y los correspondientes
planes de recuperación de las poblaciones --que prevé la Ley-- y que, a
mi entender, en muchas ocasiones no se cumplen o se cumplen con enormes
deficiencias por parte de los responsables, que normalmente son las
comunidades autónomas, pero la responsabilidad de coordinar el
cumplimiento de la Ley 4/1989 debería asumirla de forma decidida la
Secretaría General de Estructuras Agrarias.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar en el debate? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, como muy bien
ha puesto de manifiesto el señor Carles, desde el año 1916 hay una
iniciativa en la tradición liberal-conservadora en la defensa de zonas de
especial importancia y necesidad de conservación, y a esta tradición
liberal-conservadora --con la que nos identificamos y reconocemos-- me
remito, de tal manera que el sentido de las palabras que voy a pronunciar
a continuación no tiene por qué ser interpretado como una matización a la
figura de los parques nacionales; bien al contrario, muestran que no hay
que hacer protestas de defensa de lo que es la figura del parque nacional
por cuanto la inmensa mayoría de ellos proceden de esta tradición
liberal-conservadora y de esta Ley de 1916.
Dicho esto, le manifiesto que nos preocupa el presente de los parques
nacionales. Nos preocupa el estado de Doñana y el estado de Daimiel, nos
preocupa la construcción de un parking inmenso en el Parque de la Montaña
de Covadonga, y realmente nos parece que eso debiera ser una atención
prioritaria del Icona, del Ministerio de Agricultura, más allá de un
salto hacia adelante en el establecimiento de nuevas figuras como las que
ustedes proponen.
Si el futuro de los parques nacionales depende del programa socialista,
nuestra preocupación --permítame que le diga-- crece considerablemente.
Porque, una de dos, si realmente lo que tenemos hoy en España son buenas
áreas de conservación, de biodiversidad --sin duda, una de las mejores de
Europa occidental--, ello responde a los usos y actitudes de los
propietarios de esas áreas durante años y siglos. Ahora bien, si lo que
ustedes proponen es responder a los planteamientos de su programa
electoral, no veo la conveniencia de cumplirlo, igual que no han cumplido
otros compromisos electorales. Por ejemplo, en la anterior legislatura
tuvieron ustedes mayoría absoluta y, sin embargo, no se pudo aprobar la
reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y tantas otras cosas. Y no
solamente incumplen su programa electoral, teniendo mayoría absoluta,
sino que incumplen la Ley 4/1989 cuando dice que en el plazo de un año
estarán redactados todos los planes de uso y gestión de los parques
nacionales. Por tanto, no cumplen la Ley, no cumplen su programa
electoral en relación con otros temas, y también es mala suerte que se
empeñen ustedes en cumplir esa parte de su programa electoral en estos
momentos.
Les recuerdo, además, un dato fundamental. A diferencia de las otras
legislaturas, ustedes no tienen mayoría absoluta y tendrán que buscar
apoyos, bien por parte de Convergència i Unió o bien por parte de
Izquierda Unida. En el
primer caso, si cuentan ustedes con la oposición de comunidades autónomas
va a ser realmente interesante ver cómo Convergència i Unió puede
apoyarles a ustedes, que están en contra de la capacidad y las
competencias de las comunidades autónomas, en este planteamiento que
tiene que pasar por el Pleno de las Cortes. Y si ustedes buscan el apoyo
de Izquierda Unida, estaremos entonces en el meollo de la cuestión, que
es el relativo a un planteamiento de tipo --permítame que se lo diga--
casi soviético de expropiación y prohibiciones. (Risas.)
Me parece importante que ustedes aclaren este tema. ¿Van a llevar
adelante estas iniciativas en contra de la opinión de los gobiernos
autónomos, en contra de la opinión manifestada en municipios y en contra
de la opinión de los propietarios? Ustedes tienen que contestar a esta
pregunta porque es clave para saber si estamos en un escenario o en otro,
en el escenario de Izquierda Unida o en el escenario del apoyo de los
nacionalistas catalanes. En este sentido quiero manifestarle algo que me
parece importante. Hay un planteamiento en Europa que gira en torno de la
preponderancia de los derechos, usos y costumbres, del «common law» que
gira en torno a los derechos de propiedad, o bien un planteamiento,
heredado de la ilustración y derivado hacia el socialista, que es la
preponderancia del Derecho público y del Estado sobre los particulares.
Voy a recordar una anécdota que contaba hace poco Norman Stone en un
artículo de «El País» en el que decía que, a diferencia de cómo se había
puesto en funcionamiento el tren de alta velocidad en Inglaterra, que
requería el acuerdo de los particulares, en Francia se había hecho por
decreto. Y preguntado cómo se podía hacer esto, la respuesta del francés
fue muy sencilla. Decía: para desecar una charca, no se pregunta a las
ranas. Esto es un poco lo que ustedes están haciendo con su planteamiento
de duplicar el número de hectáreas con figuras de intervención por parte
del Estado.
En su anterior intervención en el Senado, usted señaló --y lo ha dejado
traslucir ahora también-- que el modelo español de parque nacional se
apoya en unas circunstancias evidentes, como es el hecho de que existe
propiedad privada de esos territorios. Para nosotros eso no es un
problema --como usted señaló en el Senado--, sino, por lo que se ve, un
hecho positivo. Porque precisamente estos propietarios y vecinos han
mantenido esas zonas que ustedes quieren conservar y que ellos han
conservado hasta ahora. Por tanto, la pregunta que hay que formularles,
si ustedes quieren pasar de 100.000 hectáreas a 200.000, es cuánto cuesta
eso al contribuyente español. Se lo digo por la sencilla razón de que
nosotros estamos aquí no sólo para controlar la acción del Gobierno --que
es para lo que nos han elegido los electores-- sino para tratar de
reducir al máximo el volumen de gasto que ustedes efectúen con un sentido
u otro. Esto por un lado y, además, por el hecho de que las
expropiaciones de uso, que están contempladas en el artículo 6 de la Ley
4/1989, consiste --no sé si lo sabrán SS. SS., pero es perverso el
sistema-- en que uno mantiene la propiedad y, sin embargo, le expropian
las capacidades de realizar cualquier cosa en su propiedad. Es como si
una persona viviera en una casa de vecinos en el centro de Madrid que
declaran de interés cultural y, de pronto, aunque siguiera viviendo en
ella, no pudiera cambiar un cuadro de pared, e incluso que se situase un
burócrata en la puerta organizando visitas y se encontrase con 10 ó 12
personas por el pasillo al levantarse por la mañana.
Es un poco la situación a la que ustedes quieren llevar con ese
planteamiento de la Ley 4/89. Y eso --se lo digo al Diputado ministerial
que me ha precedido-- no tiene nada de moderno; lo moderno es justamente
el modelo anglosajón que recoge la Directiva 9.243 relativa a la
conservación de los hábitat naturales y de fauna y flora silvestre que el
Presidente del Gobierno firmó concretamente el 21 de mayo de 1992.
En estos momentos, señorías, tenemos la Ley 4/89, que el Diputado
ministerial reputa de moderna y que yo creo que es francamente antigua, y
esta Directiva firmada por el Presidente del Gobierno lo que hace es un
planteamiento totalmente distinto: no habla de prohibiciones, no habla de
expropiaciones, no habla de derechos de tanteo y retracto sobre las
propiedades que son objeto de intervención por otra parte del Estado,
sino que de lo que se habla --concretamente su artículo seis-- es de un
sentido contractual, que es algo sobre lo que no le oído a usted
manifestarse en ningún momento.
La citada directiva dice lo siguiente: «Con respecto a las zonas
especiales de conservación» --artículo seis--, «los estados miembros
fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su
caso, adecuados planes de gestión específicos a los lugares hoy
integrados en otros planes de desarrollo y las apropiadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las
exigencias de los tipos de hábitat naturales.»
Cuentan ustedes con el plazo de un mes para hacer la transposición de
esta directiva, aunque es bien cierto que son especialistas en firmar
cosas en Europa y no transponerlas en nuestro país, como es el caso del
acceso a la información en materia medioambiental. Nosotros nos
proponemos traerla a esta Comisión para que se transponga y tengamos como
referencia esta directiva, que es mucho más moderna que la Ley 4/89, ya
que lo que hace es buscar acuerdos y transacciones con los vecinos, con
los municipios y con las comunidades autónomas.
Tienen ustedes posibilidades de acceso a la financiación de la Comunidad,
así como a la derivada de los contribuyentes españoles, y yo les sugiero
que, en vez de intervenir en zonas que están siendo debidamente
conservadas, lo dediquen ustedes a un programa de restauración de zonas
naturales degradadas. Tienen ustedes Anchuras, que puede ser
perfectamente recuperado como hoy lo está Cabañeros, y tienen también
Daimiel, con unas necesidades de inversiones terroríficas por el estado
en que se encuentra. Por tanto, parece mucho más inteligente atender las
zonas degradadas que intervenir y oponerse a los vecinos, a los
propietarios y a las comunidades autónomas en las zonas que están
debidamente conservadas. Porque se da la paradoja de que se produce una
expropiación de los derechos de uso, de los planteamientos de las
actividades de uso tradicional y de los proyectos de propiedad dirigida a
aquellos propietarios o a aquellos vecinos que han mantenido
adecuadamente ese entorno, con lo cual se llegaría a la
conclusión de que quien no lo ha mantenido bien sale premiado porque no
se le interviene en absoluto.
En el fondo, señor Carles, señorías, lo que estamos aquí debatiendo
realmente son dos ideas distintas de España. A mi juicio, ustedes tienen
un planteamiento intervencionista, prohibicionista y expropiador y
consideran que los españoles van a ser unos magníficos pensionistas de
los fondos europeos o de los fondos de los vecinos de las ciudades de
esas zonas que ustedes pretenden proteger. Frente a esta visión, que yo
creo que es una visión antigua, y no moderna como la calificaba el
Diputado ministerial, está la nuestra, que es la de creer que lo
importante es el imperio de la ley, los derechos y usos tradicionales,
así como también consideramos muy importante, por supuesto, el hecho de
que los españoles que vivan en esas zonas estén orgullosos y sean
autosuficientes, sin tener que depender del burócrata de turno o de los
fondos que puedan venir de uno u otro lado, si es que vienen.
Recapitulando brevemente mi intervención, le pediría que, por favor, me
diga si van a hacer esos planteamientos, en contra o no de las opiniones
manifestadas por municipios, propietarios y comunidades autónomas, puesto
que es un dato clave. En segundo lugar, ¿cuánto le van a costar al
contribuyente español esas 10.000 hectáreas que ustedes van a expropiar
de hecho a los propietarios? Ya sé que no se expropia la propiedad sino
la posesión y una serie de elementos, pero, en la práctica, caen los
precios absolutamente, puesto que un propietario que no puede colgar un
cuadro en su casa en realidad sólo tiene esa casa de forma nominal. En
tercer lugar, le recuerdo que esa nueva directiva que ha firmado el
Presidente del Gobierno tiene otro planteamiento transaccional y de
acuerdo que es mucho más moderno y adecuado a las necesidades españolas;
además es un compromiso de su Gobierno que intentaremos que se apruebe en
esta Comisión y en el Pleno en su día. Por otro lado, le sugiero que,
puesto que realmente no cuentan ustedes con el acuerdo de comunidades
autónomas y municipios, hagan el favor de retirar el dichoso Plan de
Ordenación de Picos, que ha generado unos terribles problemas y hasta
manifestaciones por parte de los vecinos, y que retomen la vía de
acuerdos, que es la que existía anteriormente hasta que ustedes la
interrumpieron.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Sí, señor Presidente, termino en medio
minuto.
Remitiéndome de nuevo a esa tradición liberal-conservadora en la cual nos
reconocemos, creemos que hay dos elementos esenciales en la vida
política, que sé que no son los suyos, pero sí los nuestros. Esos dos
elementos serían: el sentido común y unos pocos principios. Ya sé que lo
de los pocos principios puede resultar irónico, pero en una época en la
que parece que no hay ninguno, no está mal tener algunos; nosotros por lo
menos tenemos uno que creo que es importante: el principio de
responsabilidad. Usted mismo ha manifestado que desean un planteamiento
de acuerdo y que los vecinos perciban estas iniciativas como un beneficio
y no como un castigo; ése es su planteamiento. Pues bien, alguien tendrá
que responder de que esto no sea así. Tienen ustedes un Director General
del Icona que a mí me parece que es el responsable primero --no el
último, sino el primero-- de que se haya creado una situación de
desasosiego entre los propietarios y entre los vecinos. Y si realmente su
objetivo era buscar acuerdos y apoyos, hay que decir que han conseguido
todo lo contrario. En consecuencia, el principio de responsabilidad
implicaría que ustedes atendieran la demanda de dimisión hecha
recientemente por el Director General a un periódico nacional. Por tanto,
les sugiero que den gusto a este caballero y lo cesen, en función de ese
principio de responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Me van a permitir que, en un primer momento,
haga algunas precisiones al portavoz del Grupo Popular, rechazando, por
ridículas y fuera de lugar, algunas de las imputaciones que ha hecho a
nuestro Grupo.
El Grupo Popular ha de tener muy presente que Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya se situará siempre en defensa de los intereses generales y
en defensa de la preservación del medio ambiente y de la naturaleza, que
no solamente es patrimonio nuestro sino de las generaciones futuras.
Desde luego, no estaremos nunca al lado de los que puedan defender cotos
de caza o intereses especulativos que realmente pensamos que se sitúan
muy lejos de lo que es el interés general. Tenga presente el Grupo
Popular que, efectivamente, ahí no habrá posibilidad de pacto con
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Paso a continuación a centrarme en el tema de parques nacionales.
El señor Humberto da Cruz, Director General del Icona, en su
comparecencia a petición de nuestro Grupo, nos expuso el programa
previsto de parques nacionales. En la actualidad hay nueve; él nos dijo
que había una previsión de 13 más uno. Usted hoy nos ha hablado de cinco
y yo quisiera que en su posterior intervención me concretara cuáles son
esos otros parques en fase de programación. También se refirió al
presupuesto para este año y reconoció que el programa de parques
nacionales había sido de los más afectados por los recortes
presupuestarios de 1994, si bien expresó su convencimiento de que no
habría problemas presupuestarios para los parques actuales puesto que en
años anteriores habían existido inversiones importantes y, por tanto, no
habría problemas.
Antes de entrar en los parques que todavía necesitamos, quisiera
centrarme en la situación de los parques actuales. Conocemos las
condiciones del Parque de Doñana y las situaciones penosas por las que
atraviesa el Acuífero 27 como consecuencia de la extracción de agua por
pozos ilegales. Desearía que el señor Secretario General me dijera cuáles
van a ser las actuaciones decididas para que la situación del Parque de
Doñana reúna las condiciones que
debe reunir. En igual situación se encuentra el Parque de las Tablas de
Daimiel, aunque creo que cuenta con un plan en funcionamiento. Quisiera
que me expresara los avances que ha podido suscitar ese plan, o bien las
medidas que el Ministerio está en condiciones de realizar.
Con respecto a los nuevos parques, desde la promulgación de la Ley 4/89
solamente se ha creado el Parque de Cabrera y, como muy bien ha dicho el
Secretario General, quedan todavía por representar ecosistemas
contemplados en la Ley 4/89, sobre todo aquellos que hacen referencia a
formaciones esteparias y ripícolas, así como también del bosque
mediterráneo. En ese sentido, ha dicho el Secretario General que en el
Parque de Monegros está el plan en avanzado estado; está en estudio y hay
intereses contrapuestos. Desde nuestro Grupo consideramos importantísimo
que haya una campaña exhaustiva de información para los propietarios de
estos terrenos, a fin de que entiendan la posibilidad de compatibilizar
ambas actividades, la cuestión de parque nacional con la puesta en
regadío.
De cualquier manera, quisiera alertar sobre una situación: las
formaciones ripícolas, si el Plan Hidrológico se pone en marcha, podrían
verse seriamente afectadas si es que anteriormente no hay un plan para
protegerlas. Si el Plan Hidrológico se pone en marcha hay formaciones
ripícolas que todavía no tienen ningún tipo de protección y que realmente
podrían resultar afectadas.
En relación con el bosque mediterráneo, el Secretario General solamente
ha explicado plazos para el Parque Nacional de Monfragüe y me parece que
ha dicho que el plan podía estar finalizado para el mes próximo. En
cambio, no ha concretado dos temas: uno, el del Parque Nacional de
Cabañeros, y otro, al cual no ha hecho en absoluto referencia, el Parque
Nacional de El Pardo. Quisiera saber por qué ha estado fuera de su
exposición lo relativo a la solicitud de la Comunidad de Madrid respecto
a que el Monte de El Pardo sea considerado como parque nacional.
En relación con el tema de Cabañeros, aprovechando su presencia en esta
Comisión y dado que desde el 29 de diciembre entró en el Registro una
serie de preguntas sobre este Parque y no han sido contestadas a nuestro
Grupo, quisiera formularle estas preguntas: ¿Tiene previsto el Gobierno
la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley por el que se
declare el Parque Nacional de Cabañeros? ¿En qué plazo lo prevé el
Gobierno? ¿Tiene intención el Gobierno de llevar a cabo una adecuada
campaña de información --y con esto estoy respondiendo al Grupo Popular
también-- que haga llegar al conocimiento de los interesados las ventajas
que la declaración de parque nacional conlleva para el área de influencia
socioeconómica del parque? ¿Ha formulado el Ministerio de Defensa algún
impedimento para la declaración de parque nacional, directamente o por
medio de la gerencia de infraestructura de defensa?
En cuanto a los costes, señor Secretario General, el tema está paralizado
en la Comisión de Subsecretarios y quisiéramos saber qué pasa con el tema
de Cabañeros.
Dos cuestiones más que quería plantear, aprovechando su comparecencia. Me
ha parecido muy interesante lo relativo al establecimiento de planes para
crear alicientes entre los pequeños propietarios que pueden verse
afectados por la declaración de parque nacional. Considero que este
asunto está muy atrasado y quisiera saber cuáles son los planes
inmediatos, no con carácter general, para que esto pueda llevarse a cabo.
Por último, cuáles son los planes para la prevención de incendios, para
que no vuelvan a repetirse situaciones en que parques nacionales quedan
muy arrasados, como fue el caso del Parque de Ordesa.
El señor PRESIDENTE: A efectos de precisión: su señoría ha planteado que
tenía presentadas unas preguntas concretas sobre el Parque de Cabañeros.
En el Registro de esta Comisión no figuran, pues de figurar se habrían
tramitado.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la
palabra el señor Grau.
El señor GRAU I SERIS: Señor Secretario General, señorías, una breve
intervención, en primer lugar, para agradecer en nombre de mi Grupo los
últimos acuerdos de traspasos de la titularidad que correspondía al
Gobierno central, al Estado, en el Parque Nacional de Aigües Tortes, Sant
Maurici, en Lleida. Esto ya cierra, por tanto, la titularidad de
traspasos en el tema de parques naturales, en principio, en Cataluña.
En segundo lugar, quiero manifestar nuestra satisfacción por el
desarrollo de este programa, de esta política general de protección de la
naturaleza porque enlaza perfectamente con lo que es la política de
preservación de la naturaleza por parte del Gobierno de Cataluña y por
parte de la legislación propia del Parlamento catalán. Por tanto, creemos
que tienen todo nuestro apoyo, con los matices necesarios de que se
cumplan los objetivos por los cuales tiene que trabajarse tanto en la
política general de protección de la naturaleza como de los parques
nacionales. En primer término, creo que la finalidad es obvia para todos:
garantizar la conservación y la protección, por consiguiente, del medio
natural. En segundo, hay que garantizar el disfrute ordenado por parte de
la ciudadanía de este medio natural, para lo cual hace falta una gran
sensibilidad educativa, con campañas de conocimiento de especies e
incluso de enseñar cómo hay que disfrutar la naturaleza. Aquí también hay
que garantizar el disfrute ordenado y la actividad económica de la zona
afectada, y hay que hacerlo pensando en los ciudadanos de la zona
afectada y teniendo en cuenta que hay que garantizar las actividades
económicas naturales, como puede ser la agricultura o cualquier otra
actividad complementaria, si bien preservando el entorno del patrimonio
arquitectónico en cuanto a la proyección del crecimiento urbanístico que
se puede dar en determinadas zonas anejas a los parques naturales y a las
propias actividades que se pueden generar gracias precisamente por la
creación de estos parques naturales y actividades complementarias
turísticas, en algunos casos ordenadas, que permitan la reactivación
económica de las zonas afectadas.
Esta comparecencia, señor Secretario General, hace referencia a la
política general de protección de la
naturaleza, no sólo de los parques naturales, que es muy importante, sino
también a aquellas actuaciones como pueden ser los planes sobre espacios
de interés natural, es decir, las actuaciones más pequeñas que afectan al
conjunto del territorio; no solamente a algunas zonas aisladas como
pueden ser los parques naturales, sino también a zonas mucho más próximas
a los asentamientos urbanos, cuando se conjugan asentamientos urbanos con
unas zonas rústicas. En esto también creo que tendría que matizar un poco
más la actuación del Ministerio en dicha actividad. No obstante, por
nuestra parte, son competencias transferidas a la Comunidad Autónoma que
las vamos desarrollando precisamente en los PEIN, los Planes de Espacios
de Interés Natural, conflictivos siempre son los propietarios, pero
creemos que necesarios para regular, preservar y conservar los espacios
de interés natural que podamos tener en el territorio.
Me gustaría que ampliara un poco más la política a seguir por parte del
Ministerio.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo parlamentario de Coalición
Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Secretario General, gracias por la
información sobre este importante y amplísimo campo de los parques
nacionales y de los espacios naturales protegidos, del que podíamos estar
hablando en régimen de seminario para tratar de acotarlo.
Siempre digo que cuando una administración o un político no tiene
problemas, no tiene más que intentar tomar la iniciativa de crear un
parque nacional para que le surjan problemas por todos lados,
precisamente dentro de los contextos de territorialidad que existen en
toda Europa cuando se trata de adquirir propiedad, delimitar usos,
establecer restriccciones y de imponer un sistema de disciplina sin el
cual no puede funcionar ningún parque nacional, ni en el modelo
Estadounidense-Canadá, ni en el modelo europeo con todas las
servidumbres, porque, desde luego, hay que ver cuál es el tipo de
legislación estatal y federal que tienen los parques nacionales de
Estados Unidos para darse cuenta de lo que es una verdadera disciplina en
cualquier plan de uso, de gestión y de acceso al público a los recursos
naturales que allí existen.
Nosotros en los Presupuestos Generales del Estado para 1994 hablamos del
presupuesto por programas del Ministerio de Agricultura, de su programa
para la conservación de la biodiversidad, donde se enmarcan como
programas presupuestarios los parques nacionales y los espacios naturales
protegidos. Con la información que nos ha dado el señor Secretario
General veo que se han concretado determinadas inconcreciones que había
en ese momento, como la afirmación que se hacía en ese subprograma 533
A.4 que dice: Unas inversiones con los objetivos siguientes: entre ellos,
atender la eventural ampliación (señalo y subrayo eventual ampliación) de
la Red Estatal de Parques Nacionales. Me congratulo de que el señor
Secretario General nos haya confirmado de una manera testimonial, para el
«Diario de Sesiones», la iniciativa sobre estos cinco parques nacionales
nuevos, entre los que quiero destacar el que afecta a mi Comunidad
Autónoma, el del Roque Nublo, en la isla de Gran Canaria.
Se está trabajando en el PORN, en el Plan de Ordenación de Recuros
Naturales, en colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria y con
el Icona. Deseo únicamente que por parte del Ministerio, de parte de su
autoridad y del director General del Icona, se estimulase a terminar,
cuanto antes, el PORN correspondiente.
Por lo que respecta a la cuestión de los planes de uso y gestión
(efectivamente el señor Secretario General ha distinguido los parques
nacionales que afectan a la región macaronésica, que es donde está
incluida Canarias, y por razones obvias voy a hacer la mayor parte de mi
intervención y preguntas sobre estas zonas de la comunidad autónoma de
Canarias), nos damos cuenta inmediatamente de que de estos cuatro hay dos
puramente volcánicos en que el tema forestal o el tema competitivo es
muchísimo menor, que son Timanfaya, en Lanzarote, y Teide en la isla de
Tenerife, y en cambio sí tienen el componente forestal el de la Caldera
de Taburiente, en la isla de La Palma, y el de Garajonay, en La Gomera.
Yo creo que sí hay un sentido de ponderación y de responsabilidad en los
planes de uso y gestión, dado que dentro de ellos no hay una tremenda
competitividad agrícola sino acaso algún intento de aprovechar algún
recurso de aplicación agraria, como pueden ser las cenizas volcánicas, la
allí denominada zahorra para los enarenados y jables del sistema de
cultivo que se emplea en la isla de Lanzarote. Por lo demás, digamos, la
problemática está dada por el acceso de visitantes. En relación con esto
quería yo hacer la primera pregunta al señor Secretario General.
En nuestro programa 533 A-4, de conservación de la biodiversidad, en el
primer renglón, atender las actividades de uso público de los parques
nacionales, entre los indicadores de las inversiones aplicadas se
señalaba el atender la demanda de uso público y la creación de centros de
visitantes y administración. Yo le pediría al señor Secretario General
que se preste enorme atención a este problema. Después hablaré de cuándo
entramos en competitividad, como usted decía acertadamente antes, y
buscamos la complicidad con ese entorno perimetral de los agricultores o
ganaderos que pueden verse agredidos o entienden que existe un
antagonismo y producen un rechazo, por tanto, a veces violentamente
erosivo del patrimonio del parque. Ahora me voy a referir a los
visitantes que llegan.
Hemos de tener un exquisito cuidado, y el Icona tiene directrices muy
claras, sensatas y responsables, para que predomine una cosa que me ha
gustado de su intervención, en el punto anterior, cuando hablábamos de la
política forestal en esa directiva comunitaria: si el criterio
economicista o el criterio productivista ha de estar sobre el criterio
ecológico. La administración de un parque nacional no puede caer en un
criterio económico y que por la recaudación de entradas de visitantes se
pueda producir la alteración del propio ecosistema. Me estoy refiriendo a
las grandes zonas de aparcamiento de vehículos. Este fenómeno, con
tolerancia del Icona, se ha dado y se está dando en el Parque Nacional de
Timanfaya, en la isla de Lanzarote. Se
llega a producir gran concentración de vehículos automóviles y autobuses,
de los visitantes al parque. La administración del parque entiende que es
mejor tener muchos visitantes que pagan su entrada y obtener así unos
recursos económicos, pero este elevado número de visitantes va en
detrimento del parque por la tremenda alteración que se está haciendo del
mismo. Hemos de tener una sensibilidad sobre este no ya uso sino abuso de
utilización por parte de los visitantes.
Cuando se presentó el plan de presupuestos, sabe el señor Secretario
General --y aquí paso a otro orden de preguntas-- que para la
financiación de los parques nacionales se habló fundamentalmente de que
para las regiones objetivo 1 y objetivo 5 había programas operativos del
Feoga-Orientación y en las regiones de objetivo 1 había confinanciación
por FEDER, e incluso ha habido modificaciones en el presupuesto del
Ministerio de Agricultura por los instrumentos de financiación de
cohesión de las inversiones en parques nacionales.
Le voy a hacer una pregunta por si nos la puede responder; si no, le pido
que nos facilite a la comisión los datos por ser ya materia muy
detallada.
En este momento, como ha habido modificaciones en el instrumento
financiero de cohesión, sobre todo con respecto al Reglamento de la
Comunidad Económica Europea número 792/93, ¿qué perspectivas hay en la
actualidad para contribuir a la financiación del mantenimiento de los
parques nacionales con los instrumentos financieros de cohesión o los
fondos FEDER, que en este momento están también contemplados para la
financiación de los parques nacionales?
Segundo, querría saber si en estos momentos hay una potenciación abierta,
señor Secretario General, precisamente en las inversiones aplicadas a
atender la demanda de uso público y en la creación de nuevos centros de
visitantes y su administración. En esto quiero coincidir con la segunda
parte de su intervención cuando dice usted que es necesario --y lo
comparto-- replantear el modelo de gestión, sobre todo cuando ya hay la
iniciativa del aumento de cinco parques nacionales nuevos y nos
encontramos precisamente con muchas comunidades autónomas que dentro de
sus competencias tienen ésta. Quiero señalar aquí a la comunidad autónoma
canaria, que recientemente ha elaborado y ha llevado al Parlamento
autónomo todo el índice, amplísimo, isla por isla, comarca por comarca,
localidad por localidad, de los espacios naturales protegidos en el
archipiélago canario.
Quisiera que eso no se quedara sólo en una competitividad con el
urbanismo, sino que tuviera también las protecciones necesarias. Pero
para no perdernos y como vuelvo a compartir su idea, que me parece muy
acertada, de replantear el modelo de gestión, ¿está contemplado en este
modelo de gestión algo sobre la limitación de visitantes a los centros?
Ahora paso a otra pregunta que le había anunciado: la complicidad con el
entorno perimetral, con los agricultores que realizan actividades y que
es preciso armonizar --yo creo que aquí es donde debemos encontrar el
equilibrio-- de modo que ellos puedan mantener sus rentas agrarias, pero
en producciones ligadas al conservacionismo medioambiental que tiene que
haber en el entorno perimetral del parque. Porque usted sabe que, hoy
día, en la doctrina de parques nacionales no se concibe un entorno
jurídico propio, en el sentido estricto de lo que es parque nacional, sin
el entorno perimetral de una serie de agricultores o de otras actividades
agrarias o industriales que ejercen su actividad y necesitan hacer
compatible el uso del parque en esta medida.
Termino, señor Secretario, señalándole si por parte del Ministerio de
Agricultura, a través de su Secretaría o del Icona, en la representación
que tengan que tener distintas instituciones en este modelo nuevo de
gestión se contempla que haya nuevas figuras institucionales de personas
físicas o jurídicas, o eso se va a dejar como está, y si se contempla
también para incentivar la complicidad --voy a emplear su terminología--
que haya instrumentos legales que ya ha habido en años pasados, como
usted recuerda, tales como decretos que se sacaron por parte del
Ministerio de Agricultura para subvencionar obras en los ayuntamientos,
obras de empleo comunitario, etcétera, que iban a una dotación de
infraestruturas y que han tenido altibajos en la vida presupuestaria del
Ministerio de Agricultura y del Icona; decretos que incluso había puesto
ya en marcha el Gobierno de UCD en su momento, allá por los años ochenta
aproximadamente, para disminuir el impacto sobre las poblaciones, como
ocurrió en Doñana, donde se producía una agresión tanto con la
penetración de ganados para aprovechamiento de pastos como cuando se
llegaba a las irritaciones finales con el incendio forestal intencional y
provocado.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y observaciones
formuladas, el señor Carles tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Carles Genovés): En
primer lugar voy a contestar al señor Moragues, del Grupo Socialista.
Ha planteado tal cantidad de temas que podríamos --como nos ha dicho el
señor Mardones-- celebrar no una sino diez comparecencias parlamentarias,
o bien, incluso, un seminario al respecto.
Pregunta nuestra opinión sobre las reservas de la biosfera. Naturalmente,
mi opinión es la misma o muy parecida a la que usted ha expresado y, en
definitiva, nosotros tenemos varios parques nacionales en estos momentos
que están declarados ya reserva de la biosfera. Ampliar más o menos el
número de parques que puedan ser reserva de la biosfera tiene
determinadas ventajas, pero yo creo que no resuelve la problemática con
que nosotros nos encontramos tanto en la ampliación de los parques como
en el establecimiento de modelos de gestión que eviten las tensiones en
los parques. Yo creo que una declaración como reserva de la biosfera, sin
más, es bueno, pero --insisto-- aporta poco respecto a los problemas que
cualquier parque nacional tiene.
Me va a permitir S. S. que diga que la presión sobre un parque no se
disminuye decretando y legislando. La
presión sobre un parque se disminuye estableciendo, como decía antes, una
política de desarrollo sostenible paralela al elemento conservacionista
del parque o de cualquier otro espacio natural protegido. No obstante,
hoy hablamos de parques nacionales y le corresponde a la Administración
central del Estdo y al Ministerio de Agricultura la gestión de los
parques nacionales.
Por eso a lo largo de mi intervención he planteado el objetivo del
Ministerio de --decía antes-- buscar la complicidad de los actores de la
zona. Me extenderé después cuando conteste al señor Gortázar al respecto,
pero yo creo que lo que es importante a corto plazo es pecisamente buscar
ese necesario equilibrio, porque de lo contrario sí que nos podemos
encontrar con fuertes tensiones y oposiciones que realmente en algunos de
los casos no se oponen realmente a que se produzca la protección y a que
se produzca el espacio protegido, ni a que se produzcan los elementos
fundamentales para la coservación de los ecosistemas, sino que se oponen
de una manera razonable --entiendo yo-- a determinadas pérdidas o
limitaciones a la actividad sin ningún tipo de planificación posterior.
Además, quiero juntar la contestación a la del señor Gortázar, cuya
intervención ha sido muy política y en la que ha habido menos gestión y
más política. Me ha acusado, o nos ha acusado, de «burócrata de turno».
Eso no me gusta a mí personalmente. Recuerdo que cuando pasamos de la
dictdura a la democracia, al hablar del Gobierno de entonces, de la UCD,
cuando respondiendo a sus obligaciones de Gobierno legislaba, en los
debates de determinadas leyes siempre surgía alguien que decía «el
político de turno» o «el ministro de turno» o «el Gobierno de turno». No
es de turno; aquí no hay turnos. El Gobierno lo elige el pueblo, se elige
por votacion, está perfectamente legitimado y no creo que sea razonable
calificarlo con una expresión tan dura como la de «burócrata de turno».
Ha sido un conjunto de expresiones no demasiado afortunadas, en mi
opinión --tampoco pongo ninguna acritud en el tema--, como que frente a
la opción liberal-conservadora nos encontramos con otra opción --no hay
otra intermedia--, que es de corte soviético, del burócrata de turno de
corte soviético. Pues no. Evidentemente eso es una simplificación muy
grosera de la realidad y hay posturas intermedias. ¿Y por qué hay
posturas intermedias? Afortunadamente las hay porque precisamente la
posición liberal-conservadora atiende fundamentalmente a las fuerzas del
mercado. Es evidente que el mercado tiene claras imperfecciones, y entre
las imperfecciones, aceptadas prácticamente de forma universal, salvo
posturas tremendamente conservadoras, está precisamente que las funciones
de producción de las empresas no contemplan precisamente el deterioro
medioambiental.
Nosotros entendemos que, como el mercado no resuelve el problema de la
competencia, la Administración debe actuar activamente corrigiendo
precisamente esa imperfección del mercado porque el mercado puede tener
muy buena vista a corto plazo y resolver muy bien los problemas a corto
plazo, pero desde luego yo no diría que el mercado es miope sino
prácticamente ciego respecto al largo plazo.
Hechas estas manifestaciones de corte teórico, porque usted ha hecho
muchas y ruego a S. S. que me permita que yo también las haga, me
gustaría saber y que me dijera con precisión, para poder contestarle,
porque yo lo he entendido así, si realmente su Grupo está en contra de la
figura del parque nacional. Evidentemente no estarán en contra de la
conservación de la naturaleza, pero sí que me ha parecido entender que
hablaba de otras alternativas como mucho más modernas y mejores y, sin
embargo, me parecía entender que estaban en contraposición de la figura
del parque nacional. Tanto es así, que casi nos ha pedido que no
cumplamos con nuestro compromiso electoral de completar la red de parques
nacionales. Pues bien, yo conozco a muchos compañeros suyos, de su
partido político, que defienden la figura del parque nacional. Me
gustaría saber si la posición es personal o del Grupo.
Respecto al tema de expropiación versus contrato, yo creo que estamos
otra vez frente a una simplificación similar a la de soviético-burócrata
versus liberal-conservador. Otra vez un planteamiento extremo de las
posiciones.
En la conservación de hábitats naturales de flora y fauna silvestre, en
la directiva de conservación que firma el Presidente del Gobierno,
efectivamente se hace referencia a medida contractual, pero no sólo a
medida contractual, sino a medidas administrativas --usted mismo lo ha
leído-- y contractuales.
El modelo que yo le expreso de parque precisamente es un avance. Nuestros
actuales parques ya tienen determinados elementos contractuales, pero el
modelo de gestión que yo le planteo de cara al futuro avanza precisamente
en el logro de esas medidas contractuales. No se expropia. Ha puesto un
mal ejemplo cuando ha dicho que si a un vecino de la Gran Vía o de la
calle Serrano le catalogan su casa y dicen que es cultural no puede
cambiar un cuadro. No ha puesto un buen ejemplo. Yo diría que el ejemplo
más razonable sería precisamente el del planeamiento urbano: un señor
tiene un solar con unas expectativas económicas o tiene unas determinadas
viviendas en una determinada zona y el Ayuntamiento declara unas zonas
urbanizables, otras no, etcétera, igual que se limitan las alturas, los
volúmenes, etcétera. Se está haciendo una ordenación, no una prohibición.
Esa ordenación, naturalmente, conduce a limitaciones.
Entonces, en el análisis de nuestro anterior modelo de gestión de parque,
probablemente la ordenación iba más bien acompañada de compensaciones que
de planificación, y precisamente ése es el planteamiento que nosotros
hacemos. Por una parte, ordenamos, y esa ordenación, naturalmente,
implica la existencia de determinadas limitaciones. Por supuesto, no
expropiamos y, en consecuencia, al propio tiempo planificamos para
minimizar el costo e incluso para incrementar la generación de rentas.
Es bastante cierta la afirmación que usted ha hecho de que los
agricultores de la zona, los habitantes de esas zonas rurales de nuestros
hábitats, que todavía están conservados, han estado históricamente
integrados en ese hábitat y lo han conservado hasta un determinado nivel.
Pero también es cierto que eso se ha producido por un retraso histórico y
atávico de esas poblaciones del medio rural español
y porque generaban unas rentas no comparables a las europeas. Yo no creo
que el agricultor español sea diferente al europeo y, sin embargo, en
Europa no quedan prácticamente hábitats conservados o quedan muchos menos
que en España.
En la medida en que se incrementa la población urbana, en la medida en
que se incrementa la propia presión urbana, en la medida en que se
generan más rentas en la agricultura y en la medida en que las áreas
rurales empiezan a acercarse a las pautas de comportamiento de las áreas
urbanas, cosa que no sé si es deseable o no pero que se produce, en esa
medida empieza la agresión. Podría poner dos ejemplos en que los
agricultores efectivamente están muy ligados al entorno y, sin embargo,
las condiciones del mercado han sido tales que bien agricultores o bien
agentes externos no agricultores han perturbado esos ecosistemas. Le voy
a poner dos ejemplos que tenemos en dos parques naturales. Uno es
precisamente el de Picos de Europa. Hay que visitar la parte oriental de
Picos de Europa para ver el tipo de instalaciones que en estos momentos
se pueden estar poniendo allí: infraestructuras, etcétera, y naturalmente
habrá que ordenar la actividad, que no prohibir, para mantener ese área
en su hábitat natural.
Otro ejemplo es el de las Tablas de Daimiel. Es claro que en la medida en
que se ha pasado de una agricultura extensiva que, efectivamente,
conservaba ese espacio; en la medida en que el mercado ha propiciado el
interés económico a corto plazo de pasar de esa agricultura extensiva a
una agricultura intensiva de regadío, se ha producido una expansión de la
superficie de regadío que ha tenido efectos positivos en las economías de
las explotaciones agrarias; ha producido una sobreexplotación
considerable del acuífero que ha tenido, por el contrario, un efecto muy
negativo en el mantenimiento de las Tablas de Daimiel y que ahora a la
Administración le va a costar mucho recuperar.
Hubiera sido bueno que hace tiempo, mucho tiempo, se hubieran establecido
elementos de protección en las Tablas de Daimiel para evitar los efectos
de una situación acompañada por el mercado y con muy buena lógica, sin
echar responsabilidades a nadie, ni a ningún ciudadano ni a ningún
agricultor, porque, como cualquier otro ciudadano, está en su perfecto
derecho, cuando el mercado le haga señales, a obtener los máximos
beneficios de sus capitales y de sus trabajos. Pero, evidentemente, el
mercado es ciego a largo plazo y, en consecuencia, produce unos efectos
porque no introduce en las funciones de producciones el coste
medioambiental.
De manera que entendemos nosotros que el cumplimiento del compromiso de
la ampliación de la red de parques es bueno para la nación y actuaremos
con energía.
¿Qué ocurre? Ya lo decía antes: lo que ocurre es que cuando se declara un
parque, naturalmente se producen unas tensiones y lo que hay que hacer es
intentar evitar esas tensiones y hacer cómplices a estos señores mediante
la adecuada planificación.
En estos momentos, afortunadamente, podemos ver recursos concretos que
podemos aplicar a esa planificación, recursos concretos que graviten lo
menos posible sobre nuestro déficit público, porque también es verdad
--quiero dejar constancia-- que difícilmente se puede llevar una política
activa de protección si esperamos que esté financiada exclusivamente
tirando del presupuesto. Ustedes, señorías, tienen la palabra en la
discusión de los próximos presupuestos.
También es cierto que hay que buscar instrumentos financieros. Ahora
hemos visto que la Unión Europea nos lo ha permitido, no de una manera
directa, sino como consecuencia de un proceso de reflexión al objeto de
obtener los máximos fondos posibles que no vinieran del presupuesto, que
no tiraran de déficit.
En consecuencia, creo que estamos en condiciones de ofrecer en el próximo
marco comunitario de apoyo, a partir del año próximo o finales de este
año, unos planes de desarrollo sostenible con recursos que no graviten en
su totalidad sobre los presupuestos.
Me dice también: intervención, prohibición, etcétera. No es eso. Es
ordenación y planificación.
Que no existe acuerdo con las comunidades autónomas: a veces se producen
algunos desacuerdos, pero no existe un desacuerdo genérico entre la
Administración central del Estado y las comunidades autónomas en cuanto a
los parques nacionales. Hagamos una lista de las solicitudes de las
Cámaras autonómicas respecto a la solicitud al Gobierno central de
declaración de parque de interés general del Estado y, en consecuencia,
parque nacional.
Tenemos acuerdos en Extremadura, tenemos acuerdos con Andalucía, tenemos
acuerdos con Castilla-La Mancha, tenemos acuerdos con Asturias, tenemos
acuerdos con Cataluña. Tenemos muchos acuerdos, incluso --perdón por
decir incluso-- con Castilla y León, sobre la conveniencia de hacer un
parque nacional y en la comunidad un parque natural en el entorno. Hemos
tenido muchas reuniones --después hablaremos de ello--, en las que se han
ido limando todas aquellas diferencias de criterio para alcanzar un
mínimo grado de acuerdo.
Ha hecho referencia a una posible dimisión del Director General del
Icona. No sé qué información tiene usted, pero yo, desde luego, no he
recibido ninguna petición de dimisión por parte del Director del Icona y
me consta que el Ministro tampoco la ha recibido.
La señora Rivadulla, de Izquierda Unida, me ha planteado una serie de
problemas concretos y algunos un poco más genéricos.
El tema de Doñana sería muy discutible. Podríamos empezar a discutir
incluso problemas técnicos. Nuestros técnicos y los técnicos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir me aseguran que el problema
de las marismas de Doñana no se debe al acuífero 27, sino que
históricamente las marismas han estado alimentadas fundamentalmente por
recursos superficiales.
Permítame que conteste así de rápido: no es el acuífero 27 el
responsable, sino la sequía de unos determinados años en el Guadalquivir.
Ya existe un plan de regeneración, como usted sabe, que está en
implementación con unas medidas que están funcionando y otras que no
están funcionando y están sometidas a debate técnico para su resolución.
Siempre teniendo presente que un plan de
regeneración es a largo plazo: se hacen unas obras y se actúa a largo
plazo.
El tema de Daimiel nos preocupa a todos muchísimo, supongo. Ha hecho unas
consideraciones de las razones fundamentales de la pérdida de recursos
hidráulicos de las Tablas. ¿Cuáles son las actuaciones básicas que se
están llevando a cabo? Se están llevando a cabo unas actuaciones en las
cuales se espera una respuesta a largo plazo y unas actuaciones de choque
a corto plazo que a algunos parecerán insuficientes, pero, desde luego,
no están exentas de muchas dificultades.
Entre las medidas a largo plazo --no voy a ser muy preciso, me va a
permitir que hable de memoria-- existe, como usted sabe, un plan de
regeneración de las Tablas, con un conjunto de inversiones de obras de
regulación para proveer de recursos hidráulicos al Parque. Había tres
presas que podían ser utilizadas para ello. Están licitadas o en
construcción. Lo que ocurre es que el período de maduración de estas
obras hidráulicas es largo.
Por otra parte, existen dos programas, uno a corto plazo, que es el
transporte de caudales del Tajo a través del Tajo-Segura a Daimiel, que
se está produciendo a ritmo diferente unos años de otros. Este año se han
suministrado 15 hectómetros cúbicos a Tablas, pero bien es verdad que
estamos evaluando la eficacia de esa medida, habida cuenta de que el
elevado grado de sobreexplotación del acuífero implica que probablemente
no sea todo lo eficaz que desearíamos.
Otra actuación que se está llevando a cabo en Daimiel, de la que también
cabe esperar una respuesta únicamente a largo plazo, como sabe, es la
declaración de sobreexplotación del acuífero y, en consecuencia, la
ordenación y la disminución de las extracciones, que se están produciendo
de manera considerable.
Por último, uno de los dos programas medioambientales que en estos
momentos la Unión Europea ha aprobado es precisamente el de Tablas de
Daimiel al objeto de hacer extensivo el regadío para reducir la
superficie de regadío y para reducir, en consecuencia, las extracciones.
Creo recordar --hablo de memoria-- que en el último año se están
produciendo del orden de los 180 hectómetros cúbicos menos.
Me hablaba también del Plan de Monegros y lo voy a ligar con el nueve más
cinco, nueve más tres más uno, el trece más uno, nueve más cinco. ¿Por
qué trece más uno y por qué nueve más cinco y ahora trece más uno? Trece
más uno son catorce y nueve más cinco son catorce, pero dicho de otra
manera. Precisamente por el tema de Monegros. El tema de Monegros lleva
más retraso en la elaboración del plan de ordenación de recursos
naturales que el resto de los parques que yo he nombrado, precisamente
por la grave dificultad de compatibilizar regadíos y conservación y
porque Monegros puede ser, afortunadamente para él, uno de los parques
donde el plan de desarrollo rural sostenible pueda estar pactado con los
ayuntamientos y con los agricultores quizás incluso antes de la
preparación del propio PORN o en paralelo al propio PORN, porque, de lo
contrario, las tensiones --y serían justas-- se producirían y nos
encontraríamos en dificultades.
Temas Cabañeros y Pardo. No tengo conocimiento --no me consta-- que haya
formulado el Ministerio de Defensa ninguna observación al respecto. A mí
personalmente no me consta. Tenemos previsto, efectivamente, declararlo
parque nacional y se está ultimando el PORN. Hay diversos ritmos, tanto
técnicos como presupuestarios, y llevan su tiempo, pero a mí no me consta
que haya habido ninguna formulación de este tipo.
Respecto al tema de El Pardo, que me dice usted que no lo he nombrado, no
lo he hecho porque estoy hablando de la ampliación de la red de parques
nacionales y El Pardo puede tener soluciones diferentes a la del parque
nacional. En El Pardo se da la circunstancia de que, en el caso de
declararlo parque nacional, confluirán dos leyes encargadas de la
gestión. Como usted sabe El Pardo pertenece al Patrimonio Nacional y la
gestión está encomendada por una ley --la del Patrimonio Nacional-- que
aprobaron SS. SS. por unanimidad, que le encarga la gestión al Patronato
y entre ellos especialmente al monte de El Pardo. Por otra parte, los
parques nacionales declarados de interés general de la nación le encarga
la gestión a la Administración central del Estado, a Icona.
En estos momentos estamos en conversaciones Patrimonio Nacional y
Ministerio de Agricultura para buscar una adecuada fórmula que haga
compatibles esas dos leyes no compatibles que confluirían en el caso de
declararlo parque nacional. Lo que sí puedo decir es que sea cual fuere
la solución que se le dé, no parque nacional, sería la de la máxima
protección con un elemento de gestión tan responsable como puede ser
Icona, Patrimonio o una mezcla de las dos.
Planes y plazos. Son los de la legislatura los parques que yo he dicho.
Esperamos que podamos cumplir el de Monegros. En la legislatura yo me
atrevería a decir que Roque Nublo, Monfragüe, Cabañeros y ampliación de
Picos.
Respondiendo al portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tengo
que manifestar mi satisfacción por el hecho de que hayamos podido llegar
a unos recientes acuerdos entre la Generalitat catalana y el Ministerio
de Agricultura en el proceso de transferencia de los territorios
incluidos dentro del Parque de Aigüestortes, propiedad de la
Administración del Estado e incluidos dentro de su parque.
Política a seguir diferente en los parques nacionales. Yo he hecho una
ligera referencia a ello y yo creo que tampoco debemos extendernos más,
no sólo por la hora. Básicamente nosotros vamos a actuar en la misma
línea en la que he hablado de los parques nacionales en cuento a su
modelo de gestión, en cuanto al entorno, vamos a actuar en las zonas
ramsar y en las zonas ZEPA; en definitiva, en la directiva de hábitats y
en la directiva de aves, en ZEPA y ramsar y, en consecuencia, en todos
los hábitats españoles de la Red Natura 2000 europea, en cuanto a los
programas medioambientales de agricultura compatible con el medio
ambiente.
Al señor Mardones, de Coalición Canaria, quiero agradecerle muchas de sus
sugerencias porque veo que conoce
muy bien los problemas, y concretos, en la búsqueda de soluciones, que a
veces no la tienen con facilidad.
Una observación en la que quizá no coincidamos mucho es la diferencia
entre el modelo americano y el europeo. El modelo americano,
efectivamente, está absolutamente protegido, pero tiene unas dimensiones
incalculables y entonces se da la circunstancia casi estadística de que
cuanto mayor es el parque menor presión tiene del entorno o, al menos,
dentro del parque se pueden buscar áreas de reserva o zonas de
prohibición y se pueden delimitar mucho más zonas cuando no vive nadie en
el parque, que es el caso de la mayor parte de los parques del Canadá, en
los que no existe una población.
El problema más grande que tienen los parques nacionales o el único desde
el punto de vista de la presión del entorno es precisamente el de la
afluencia de visitantes y resulta más sencillo llegar a ese adecuado
control que no cuando la ordenación del parque puede entrar en
competencia con actividades económicas previas y anteriores.
Estoy absolutamente de acuerdo en que el acceso de los visitantes o
cualquier otra actuación no debe de romper el esquema conservacionista;
entender que el elemento clave fundamental es el conservacionista. A
veces se ha interpretado mal cuando yo hablo del plan de desarrollo rural
sostenible o prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y se me
ha acusado de que con eso peligrará, en consecuencia, la conservación. Yo
creo que no. Considero que es fundamental y por eso utilizaba la palabra
«cómplice», porque realmente tanto el plan de desarrollo sostenible,
comarcal, rural, como la de agricultura compatible con la conservación
del medio ambiente en el parque, ambos deben estar enfocados precisamente
a que el parque conserva exactamente la naturaleza. En el momento en que
el parque se debilitara y, en consecuencia, perdiera afluencia turística,
los elementos de conservación fundamental, perdería los dos elementos
claves, tanto en el plan de desarrollo como de las ayudas compatibles con
el medio ambiente.
¿Qué perspectivas existen en el mantenimiento de la financiación
cohesión-Feder? Los parques están financiados por fondos de cohesión y
por fondos estructurales, llámese Feder o Feoga-Orientación, dentro del
marco comunitario de apoyo. Los parques van a continuar siendo
financiados por el Feoga-Orientación y van a continuar siendo financiados
por los fondos de cohesión, no en la medida, probablemente, menos a corto
plazo, del primer año, que, como todas SS. SS. saben, los fondos de
cohesión se añadieron con créditos extraordinarios al presupuesto, cosa
que este año, hasta el momento, no lo es.
Control de los visitantes en los parques canarios. Está en el PRUG de
Timanfaya, el Plan de Regulación de Uso y Gestión, el control de los
visitantes, si bien es cierto y ya sabe que en gran medida es una
actividad que la desarrolla el propio cabildo y de la cual obtiene
importantes ingresos. En estos momentos termina la primera fase del PRUG.
Entendemos que hay deficiencias en el control de los visitantes y
tendremos que mejorar ese aspecto.
La armonización de la agricultura yo creo que es un elemento clave en
aquellos parques donde hay presión agraria, donde hay presión de los
agricultores. Es decir que los agricultores puedan seguir desarrollando
su actividad, pero con unas técnicas blandas y respetuosas, de acuerdo
con el plan de ordenación de recursos naturales, creo que es fundamental,
porque es la única manera de tener asegurado que exista una importante
población interesada en conservar el parque.
En cuanto al modelo de gestión y representación --y con esto termino--,
quisiera hacer unas consideraciones que están actualmente en estudio,
pero yo creo que debemos establecer una clara diferencia entre lo que es
la pura gestión del parque como elemento conservacionista, con su
patronato y con la representación que éste deba tener en cuanto a
institución asesora en materia de conservación, y, por otra parte, la
gestión del plan de desarrollo sostenible, que, en mi opinión, no debería
ser el propio patronato quien lo gestionara, sino que tendrían que ser
precisamente, como funcionan los programas líder, los actores de la zona:
Comunidades Autónomas, ayuntamientos y otros agentes locales, en función
de las propias iniciativas locales que pudieran producirse, con
independencia de que también estuviera representada la Administración del
Estado, en la medida que cofinancia parte de él, pero entiendo que
debería diferenciarse en la gestión de los recursos los estrictamente
conservacionistas --y para ello está el patronato-- y los del plan de
desarrollo sostenible, que deberían ser fundamentalmente los actores. (El
señor Gortázar Echeverría pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gortázar, su señoría ha hecho, efectivamente,
unas incursiones de filosofía política que han sido contestadas por otros
grupos, pero le han hecho una pregunta concreta y a esos solos efectos le
daría la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Carles Genovés): He
hecho una pregunta concreta, porque yo quisiera saber si es personal o de
Grupo la postura.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que como recurso dialéctico lo ha utilicado
S. S., y a estos aspectos le daría la palabra, no para entrar en debate.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: En el interés del debate está hacer una
breve contestación. Si me permite dos o tres minutos, incluyo la
respuesta a la pregunta que me hace el señor Carles. Apelo a su
generosidad.
El señor PRESIDENTE: No tengo inconveniente, señoría, pero tenemos un
orden del día apretado que no vamos a poder terminar. En todo caso, le
ruego mucha brevedad.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Lamento que le haya molestado la cuestión
de la burocracia, pero no he dicho yo lo del político de turno, no han
sido mis palabras, he dicho burócrata de turno, porque creo que es así.
De alguna manera, si es usted socialista o está en un gobierno
socialista, no entiendo cómo le puede molestar, porque es propio del
socialismo la intervención, y la intervención la hacen los burócratas, de
manera que es una cosa que está un poco en el guión... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gortázar, le ruego que no dé pie a otro tipo
de contestaciones que van a alargar el debate.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Sólo era por hacer una introducción un poco
jocosa, porque sé que al ala izquierda le hacen mucha gracia este tipo de
cuestiones.
El señor PRESIDENTE: A todos nos gustan mucho, pero yo creo que el tiempo
no da para más.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Primera cuestión. Señor Carles, el liberal
conservadurismo es quien ha mantenido la naturaleza en Europa occidental
y en América, y no lo ha hecho el socialismo en la Europa oriental, por
una sencilla razón, no por un problema ideológico, sino de eficiencia
económica. El liberal conservadurismo es muy eficiente económicamente e
incluía la preservación del medio ambiente, mientras que el comunismo y
el socialismo no lo eran y, en consecuencia, han destruido el medio
ambiente en Europa oriental.
Segunda cuestión. Mi ejemplo de casa privada es mejor que el de la
planificación urbanística, por la sencilla razón de que eso ya está hecho
y hay gente viviendo ahí; se trata de una iniciativa, según el artículo
10.3 de la Ley 89/4, en la cual se expropia. Concretamente dice lo
siguiente: la declaración de un espacio como protegido --además, ¡vaya
redacción!-- lleva aparejada la de utilidad pública a efectos
expropiatorios de los bienes y derechos afectados y la facultad de la
Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto en las transmisiones onerosas ínter vivos de terrenos situados
en el interior del mismo. Es decir, eso está en la ley y se practica así.
Si usted se pregunta por qué esos rechazos, yo creo que no solamente
forma parte de la poca habilidad del señor De la Cruz; hay unos rechazos
porque hay este artículo en esta Ley y hay unos planes de uso y gestión
que son terriblemente temidos por los habitantes de la zona. En
consecuencia, esto es lo que está mal, y lo que realmente plantea una
solución más moderna y acorde con el espíritu liberal conservador es la
directiva que nuestro Grupo ha presentado ya hoy, la trasposición por el
vencimiento del plazo en mayo de 1994.
A la pregunta concreta, señor Presidente, sobre si estamos en contra de
la figura del parque nacional y si es una cuestión personal o no, a esto
le digo que yo soy el portavoz del Grupo Popular en medio ambiente y no
es una posición personal. La respuesta a esta pregunta es que nosotros
estamos a favor de los parques nacionales, los hemos iniciado y
desarrollado en la tradición liberal conservadora desde el año 1916 y nos
preocupa su presente y futuro. Realmente creemos que esto hoy no pasa por
este planteamiento que hacen ustedes de expropiación, sino por utilizar
la directiva, que hace un planteamiento de transacción, de negociación,
de acuerdo y de premio a la gente que ha conservado adecuadamente el
medio natural.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por espacio de un minuto y
ruego a la Mesa y los portavoces que nos reunamos un momento para
organizar el resto del orden del día. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA
CONSERVACION DE LA NATURALEZA (ICONA), PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE
CREACION DE UN PARQUE NACIONAL EN LOS PICOS DE EUROPA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/000462.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de tramitar la tercera de las comparecencias, anuncio a la Comisión
que, por acuerdo de la Mesa y de los portavoces, dejaremos en suspenso
los cuatro puntos siguientes, que eran cuatro preguntas, y los fijaremos
en el orden del día de otra reunión de la Comisión, dado que hoy
prácticamente no tendríamos tiempo para tramitarlos.
Entramos en la tercera de las comparecencias, pedida por el Grupo
Parlamentario Popular, para informar sobre el proyecto de creación del
Parque Nacional en los Picos de Europa.
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Carles Genovés): Con
fecha 22 de junio de 1988, se acordó un protocolo entre las comunidades
autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León y la Administración
central del Estado, sobre medidas para la protección del espacio natural
de los Picos de Europa que rebasase ampliamente el actual Parque de
Covadonga.
Por otra parte, el Decreto 225/1989, de 21 de septiembre, de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, estableció un régimen de protección
preventivo de los Picos de Europa, y el 24 de febrero de 1992, en el
Boletín de la Junta General del Principado de Asturias, se publicó el
proyecto de proposición de ley en base al artículo 87.2 de la
Constitución, de creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga
y de Picos de Europa. Parece que las tres comunidades autónomas y la
Administración del Estado estaban de acuerdo en que había que establecer
un régimen de protección de un área de ampliación del actual Parque de
Covadonga al conjunto de Picos de Europa (acuerdo que se manifiesta en
ese Protocolo, firmado en 1988, sobre medidas para protección del espacio
natural de Picos) y, posteriormente, el Principado de Asturias solicita
la creación de Parque Nacional a la Administración central.
Desde marzo de 1992 se han venido celebrando una serie de reuniones, la
mayor parte de ellas de carácter
técnico, pero una buena parte de ellas también de carácter institucional,
con las tres comunidades autónomas del territorio del futuro Parque y con
la Administración del Estado, al objeto de definir cuál sería la
superficie a proteger y cuáles serían los elementos fundamentales del
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del mismo.
En 7 de mayo de 1993, el Consejo del Ministros acordó el inicio del
procedimiento de la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Picos de Europa. El proyecto del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Picos de Europa redactado incluye en su contenido
una serie de puntos que conviene al menos enumerar: la delimitación del
ámbito del Plan de Ordenación de Recursos, es decir, la delimitación del
ámbito del futuro parque; la descripción y el estado de conservación de
los recursos existentes en el territorio; el diagnóstico de determinadas
unidades ambientales dentro del entorno de determinadas zonas;
zonificación, regímenes de protección en cada una de las zonas; criterios
orientadores de las políticas sectoriales, simplemente orientadores, como
no puede hacer otra cosa el PORN; actividades agrícolas, ganaderas y
forestales; infraestructuras; actividades turísticas y recreativas;
actividades industriales y extractivas; actividades de conservación del
medio natural y la vida silvestre; urbanización y ordenación del
territorio; tratamiento de residuos y educación ambiental.
Durante los meses de octubre y noviembre se han mantenido diversas
reuniones entre el Icona, la Secretaría General y los consejeros de Medio
Ambiente de las comunidades autónomas implicadas. En base a estos
contactos se realizaron algunas modificaciones al texto del PORN
elaborado por el Icona, que, una vez revisado, fue remitido a estas
comunidades autónomas aproximadamente en el mes de diciembre último.
Por resolución de 27 de diciembre de 1993, el Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza dispone someter a información pública el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Picos de Europa, y, ante la
demanda social existente, posteriormente se produjo una nueva resolución,
el 14 de enero, del propio Icona, mediante la cual prorrogaba el plazo de
información pública del Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
Concluido el plazo de información pública el 11 de mayo, el número total
de alegaciones presentadas al Plan de Ordenación de Recursos Naturales ha
sido de 43 escritos (naturalmente el número de alegaciones lo supera) y,
básicamente, esas alegaciones las podíamos dividir en tres grupos: el
primero, respecto a precisiones sobre los límites del parque; el segundo,
consideraciones en torno a la zonificación y a la ordenación de las
actividades, fundamentalmente caza y pesca, en las diversas zonas; y un
grupo tercero que diríamos que es de orden estrictamente técnico.
El conjunto de las alegaciones están siendo revisadas y hemos vuelto a
mantener alguna reunión con alguna comunidad autónoma, al objeto de
obviar las dificultades en las dos primeras, que están prácticamente
resueltas. Ello nos hace pensar que en un plazo relativamente breve
podremos llevar al Consejo de Ministros la aprobación del PORN con el
adecuado consenso.
Resulta evidente que existe, como hemos visto, un cierto consenso
producto probablemente de muchas y variadas reuniones y conversaciones
entre la Administración central y las comunidades autónomas sobre la
necesidad de establecer una regulación de los recursos naturales de la
zona en una perspectiva más amplia que la del actual Parque Nacional de
Covadonga. Este es un hecho y los acontecimientos más recientes lo
corroboran, lo cual, evidentemente, no quiere decir que dicho consenso
sea total, cualitativamente, respecto a las características del PORN, ni
total en cuanto a todos los actores existentes en la zona. Somos
conscientes de que el anuncio del PORN, en un principio firmado el
protocolo que he nombrado por las tres comunidades autónomas, ha podido
originar unas importantes tensiones en la zona que pensamos que en el
futuro podremos resolver.
¿Por qué es necesario un parque nacional en este caso concreto? Se trata
de una extensa área que abarca territorios de tres comunidades autónomas
y resulta conveniente garantizar que las medidas de ordenación y
conservación de los recursos naturales que se encuentran en el territorio
del parque sean suficientemente homogéneas, yo diría que únicas, en
función de determinadas zonas que no sean establecidas de acuerdo con
criterios técnicos, sino administrativos y que las medidas se apliquen de
manera uniforme. Me estoy refiriendo únicamente a medidas de
conservación, ya que el parque nacional debe ser uno de los instrumentos
fundamentales para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y
permite contribuir a que nuestro país cumpla con los compromisos
adquiridos al respecto tanto a nivel internacional como en el seno de la
Unión Europea, aparte de atender las peticiones de la comunidades
autónomas.
Tal como he señalado anteriormente, nos encontramos en un punto de
inflexión en lo que a política de parques nacionales se refiere El caso
de Picos de Europa entendemos que puede ser la punta de lanza, el primer
parque, la primera zona donde implementemos el modelo de gestión que he
citado en la anterior comparecencia.
En cuanto a la dimensión, cuanto más pequeño es un parque más sensible
resulta a las inevitables presiones del entorno y más intensas han de ser
las medidas correctoras a adoptar para garantizar su conservación. Desde
un punto de vista práctico, es más eficaz gestionar en un contexto más
amplio, contemplando una parte sustancial, ya que no la totalidad, de las
poblaciones que se desarrollan en la zona. El futuro Plan de Picos
mejorará, sin duda, la gestión de los recursos naturales.
En cuanto a las diferentes áreas y actividades en el parque, en el futuro
Parque de Picos deberá haber zonas diferenciadas según la fragilidad de
las existencias y el mayor o menor grado de imbricación del medio natural
y el entorno civilizado, de tal manera que paulatinamente se pueda ir
avanzando hacia una toma de conciencia generalizada sobre la necesidad de
compatibilizar las actividades económicas del entorno con el ineludible
objetivo principal que se persigue con la creación del parque nacional,
cual es la conservación de los ecosistemas.
El PORN de Picos establece las condiciones necesarias para garantizar la
conservación del medio natural, que es el objetivo primordial. Por medio
del mismo se puede lograr, a medio y largo plazo, una gestión más eficaz.
No obstante, el proyecto de Picos, como les decía hace un momento, deberá
completarse de manera inmediata con un plan o planes de desarrollo rural
sostenible en las tres comunidades autónomas que, en base al modelo de
desarrollo sostenible, sea aplicable a todo el entorno del parque. Para
esta tarea será preciso continuar aunando las voluntades del Gobierno
central, comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones,
agricultores, ganaderos, organizaciones ecologistas, etcétera. Entendemos
que el reto es importante, pero desarrollar, junto al propio PORN, los
dos instrumentos a que he hecho mención a lo largo de la mañana: el
establecimiento de un plan de desarrollo rural con financiación de la
Comunidad Europea y el pacto con agricultores y ganaderos en cuanto a la
práctica de una agricultura compatible con la conservación del parque, es
suficiente para que podamos pensar que, si no a muy corto plazo, en un
plazo razonable podamos llegar a determinados acuerdos o pactos.
El procedimiento del PORN de Picos de Europa sigue su curso. Las
alegaciones presentadas se están teniendo en cuenta, como hemos
comentado, en la medida en que, como muchas de ellas son técnicas,
entiendan los equipos técnicos que son razonables y hayan sido
debidamente justificadas y, desde luego, que no distorsionen el objetivo
básico que motiva la creación de un parque nacional.
En consecuencia, el PORN, presentado a información pública, está siendo
debidamente adaptado y pensamos presentarlo para su aprobación al Consejo
de Ministros, como digo, en fecha muy próxima, como requisito para la
declaración de Parque Nacional de Picos de Europa.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
peticionario de la comparecencia, el señor Martínez Sieso tiene la
palabra.
El señor MARTINEZ SIESO: Señorías, creo que, una vez que hemos escuchado
las diversas posiciones de los grupos parlamentarios en cuanto a lo que
puede ser un debate general sobre protección de la naturaleza, en
concreto en relación con los parques nacionales, donde han quedado
patentes y claras las diferencias radicales que hay, como no podía ser de
otra forma, entre nuestro Grupo Parlamentario, el Gobierno y el Grupo
mayoritario que sustenta al Gobierno, el proyecto de los Picos de Europa
nos permite bajar al suelo, olvidarnos de una serie de planteamientos,
quizá excesivamente teóricos, y comprobar, en alguna medida, si las
afirmaciones que el Secretario General ha realizado hoy aquí, y hace bien
pocos días en su comparecencia en el Senado, se están produciendo en
relación con ese proyecto de ampliación de Picos de Europa o si, por el
contrario, no es así.
Usted ha mencionado que se han presentado tres tipos de alegaciones al
Plan de ordenación de Recursos Naturales de la zona, un grupo de ellas
tendría por objeto delimitar el parque. En este sentido quería hacerle la
primera pregunta: ¿En qué medida los términos municipales de Peñamellera
Alta y Baja en Asturias están incluidos o excluidos de los límites del
parque?
Una segunda serie de alegaciones estaría relacionada con la prohibición o
permisividad de ciertos usos tradicionales en la zona. Usted se ha
referido fundamentalmente a la caza y la pesca, sobre lo que quisiera
hacerle una segunda pregunta: ¿En qué medida van a estar permitidas la
caza y la pesca en el ámbito del parque y su zona de influencia y cuáles
son las limitaciones que se van a imponer respecto a este tipo de
actividad?
Finalmente, usted decía que había un tercer tipo de alegaciones de orden
técnico. He visto algunas de las alegaciones que no se refieren a asuntos
de caza y pesca y que no se refieren a los límites y sí al tema
fundamental: a quién compete la gestión, la declaración, o incluso la
figura jurídica de parque nacional o parque natural o regional.
Quisiera centrar, si es posible, la información del señor Secretario
General fundamentalmente en torno a dos asuntos y que nos aclarase el
debatido tema de la pretendida supremacía de la figura de parque nacional
sobre parque regional o natural. El primero de estos asuntos sería la
supuesta cooperación con las comunidades autónomas, con los
ayuntamientos, como instituciones más próximas a los ciudadanos que
permiten, de alguna forma, canalizar mejor el diálogo con estos
ciudadanos. Creo que ustedes tienen un instrumento legal, perfectamente
definido en la Ley 4/1989, que es la Comisión Nacional de Protección de
la Naturaleza, que prevé la creación de dos comités, el Comité de
espacios naturales protegidos y el Comité de flora y fauna silvestres.
Este es el instrumento que proporciona la Ley al Gobierno para lograr
efectivamente esa cooperación entre instituciones y, sin embargo, el
Gobierno, transcurridos cinco años desde que se ha publicado la Ley, ni
siquiera ha puesto en marcha esa Comisión, ni que decir ya del Comité de
espacios naturales protegidos.
Me temo que, en este tema de espacios naturales protegidos --la prueba
está en que no se ha puesto en marcha esa Comisión--, al Gobierno no le
interesa establecer un marco de cooperación con las comunidades
autónomas, porque estaríamos hablando de un problema de supervivencia
incluso del propio Icona; en tanto en cuanto Icona defienda sus
competencias sobre los parques nacionales, tendrá una razón de existir,
cuando deje de tenerlas, Icona no tendrá razón de existir.
En relación con esa Comisión que prevé la propia ley, también le
preguntaría si tienen intención de crearla y para cuándo.
También ha hecho alusión a que ha habido una serie de reuniones entre
representantes del Icona y de comunidades autónomas, tanto técnicas como
de carácter político, y en base a esto pretende justificar un supuesto
proceso de colaboración y de cooperación. Lo que no dice es que en esas
reuniones se ha llegado a acuerdos puntuales, antes del acuerdo del
Consejo de Ministros, sobre la iniciación de los trabajos relativos al
Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona, acuerdos que han
sido posteriormente incumplidos por parte del Icona y del Gobierno.
Eso usted lo podrá llamar como quiera, no me lo niegue con la cabeza,
porque uno de los acuerdos, por ejemplo, era la inclusión en el PORN de
un apartado especial, un análisis socioeconómico de la zona afectada y
cuáles eran las medidas a tomar para compensar las limitaciones que se
establecían en el área a proteger, y eso no está incluido en el PORN y yo
creo que probablemente sea la razón fundamental del rechazo que se está
produciendo ahora mismo entre la población de Picos de Europa. Además, la
prueba palpable de que no ha habido ningún tipo de cooperación y de
colaboración la tenemos en el resultado de la reunión que pretendió
celebrar el 25 de febrero pasado el Icona con los 22 alcaldes afectados
por la ampliación del parque nacional, a la que solamente acudieron
cuatro alcaldes, y de esos cuatro, uno de ellos, el de Amieva
concretamente, declaró que venía a decir que los vecinos de su municipio
se oponían a la declaración de parque nacional, y el de Cangas de Onís
vino a decir que no estaba de acuerdo con los límites que se pretendían
establecer en el parque. Yo creo que este hecho define perfectamente y
resume mejor que cualquier otra cosa que no ha habido ningún tipo de
colaboración ni de cooperación.
Otra de las cuestiones que pretendía que el Secretario General de alguna
forma nos aclarase o nos diese más información, y a la que ye he hecho
alusión con anterioridad, es el tema del estudio socioeconómico y de las
compensaciones o de las ventajas o de los instrumentos financieros que se
van a poner en marcha a favor de los municipios y de los vecinos
afectados. Ayer mismo, el Director General del Icona declaraba en
Santander que en un plazo de cinco años se iba a producir un nivel de
ayudas en torno a los 90.000 millones de pesetas para los municipios
afectados. La primera pregunta que quisiera hacerle es si usted está en
disposición de confirmar esta cifra o no. Además, en relación con el
estudio socioeconómico y con el plan de desarrollo, usted ha planteado
hoy aquí, como ya planteó en la comparecencia que tuvo en el Senado, la
necesidad de que cualquier plan de ordenación de recursos naturales fuese
acompañado de un plan de desarrollo local, comarcal, territorial o zonal
de los municipios que se ven afectados y del entorno del parque. Es
evidente que para elaborar un plan de esas características se impone un
estudio socioeconómico previo, realización respecto a la cual se había
llegado a un compromiso en esas reuniones con comunidades autónomas. Yo
le preguntaría si existe ese estudio y si pretenden hacerlo público.
Respecto de los instrumentos que ha mencionado usted de carácter
financiero, aparte de la cifra de los 90.000 millones de pesetas, yo
también quisiera plantearle algunas dudas sobre la operatividad de dichos
instrumentos. Aquí tengo el Plan de Desarrollo Regional-Nacional. Usted
sabe que tanto Cantabria como Asturias como Castilla y León son regiones
de objetivo I de cara a los fondos estructurales comunitarios; el Plan de
Desarrollo Regional contempla las actuaciones prioritarias que se van a
acometer en el período 1994/1999, los ejes de actuación, los proyectos
más importantes, y en ese Plan de Desarrollo Regional no se menciona para
nada el asunto de Picos de Europa o el asunto de los municipios que se
van a ver afectados por la ampliación del parque nacional.
En cuanto a los programas Leader, quisiera plantearle que en estos
momentos en Cantabria existe ya un programa Leader en marcha, en el que
están incluidos una serie de municipios que no tienen nada que ver con
los municipios que se van a ver afectados por la ampliación del parque, y
quisiera saber si existe un proyecto de los municipios, no sólo de
Cantabria, sino de todas las comunidades autónomas afectadas por la
ampliación del parque que van a estar incluidos en un proyecto de este
tipo, para cuándo y cuáles serán las características del programa.
Finalmente, respecto de la pretendida controversia entre parque nacional,
parque natural o regional, no se puede atribuir al Grupo Parlamentario
Popular que esté a favor o en contra del parque nacional. Yo creo que la
figura de parque nacional, tal como está contemplada en la Ley 4/1989,
plantea un problema de participación de las comunidades autónomas en la
gestión de los parques y, probablemente, la figura de parque natural
plantea un problema de coordinación de actuaciones, como en este caso en
que se ven comprendidas tres comunidades autónomas. Ambas cuestiones creo
que son solucionables. Usted mismo, en la comparecencia en el Senado,
dijo que no había ninguna diferencia de carácter jurídico entre una
figura y otra, excepto aquellas de carácter administrativo. Yo creo que
no hay que dramatizar las diferencias entre parque nacional o parque
regional. Usted ha hecho referencia antes al Parque de Aigües Tortes,
donde se producía el traspaso de la titularidad a la Comunidad Autónoma
de Cataluña. ¿Por qué esto vale para Cataluña y no para otras comunidades
autónomas?
Desde el punto de vista de gestión, yo creo que la figura de parque
nacional, como le he dicho, tiene el problema de la participación de las
comunidades autónomas, porque el artículo 22 de la Ley, tal como está
redactado, no olvidemos que atribuye con carácter exclusivo, diría yo, la
gestión de los parques nacionales al Icona, y es conocido, porque es una
demanda constante, que las comunidades autónomas quieren participar en la
gestión de los parques nacionales. Tendríamos un procedimiento, que es
modificar ese artículo 22 de la Ley 4/1989, y en ese sentido quisiera
preguntarle si están dispuestos ustedes a hacerlo para, de alguna forma,
reafirmar la posibilidad de la cogestión de las comunidades autónomas en
los parques nacionales o, en el caso de los parques naturales, para
superar esa deficiencia en cuanto a la coordinación entre las diferentes
comunidades autónomas. También tenemos otro procedimiento, que sería que
cada una de las comunidades autónomas declarasen su parque natural o
regional, se produjese un acuerdo de cooperación, previsto en los
estatutos de cada una de ellas y fuese ratificado posteriormente por las
Cortes Generales. Este segundo camino puede producir ciertos rechazos o
ciertas reticencias en cuanto que podría demorarse excesivamente en el
tiempo. Yo creo que ambas figuras tienen sus pros y sus contras, pero en
cuanto a la figura de parque nacional, el problema fundamental, sigo
insistiendo, es la cogestión o la participación directa en la
gestión de los parques por parte de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos afectados.
Para concluir, quisiera decir que, por supuesto, el Grupo Parlamentario
Popular está a favor de la protección de los Picos de Europa, sin ningún
tipo de duda; que, por la información que tengo, las comunidades
autónomas están más a favor de la figura de parque natural o de parque
regional que de la de parque nacional; que, sin duda, la inmensa mayoría
de los ayuntamientos están a favor de la figura de parque natural; que
los ciudadanos de los municipios están a favor de la figura de parque
natural. Quisiera preguntarle si van a seguir adelante desoyendo todos
estos planteamientos que están haciendo ayuntamientos, comunidades
autónomas y vecinos. Tienen una oportunidad perfecta para buscar de nuevo
una senda de cooperación que ya estaba establecida entre la
Administración central del Estado y las comunidades autónomas y solventar
los problemas que se están planteando de cara a los vecinos y a los
ayuntamientos afectados, retirando el actual plan de ordenación de
recursos naturales de la zona y haciendo público ese estudio
socio-económico y la compensación que van a recibir los municipios
afectados. Si lo hacen público y si son ciertas las cifras que ha dado
ayer el Director General del Icona, avanzaríamos muchísimo en dar una
figura definitiva de protección a los Picos de Europa.
El señor PRESIDENTE: Grupos que quieran intervenir en el debate. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Agradezco la presencia del señor Secretario
General para, en este caso como portavoz de mi Grupo, manifestar cuáles
han sido y siguen siendo las posiciones de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya con relación al tema de los Picos de Europa.
Permítaseme antes hacer un breve comentario al portavoz en temas de medio
ambiente del Grupo Popular. Yo no me hubiera dado por aludido si él
hubiera hablado del modelo soviético, lo que pasa es que no ha hablado
del modelo soviético --y por muy críticamente que lo hubiera hecho, digo,
no me hubiera dado por aludido-- sino que ha imputado a mi Grupo en el
modelo en cuestión, y no sólo lo ha imputado, sino que lo ha hecho casi
de forma acusatoria. Simplemente, señor Presidente para tranquilizar y
refrescarle un poco la memoria, le diré que mientras la gente de mi Grupo
estábamos desde hace muchos años trabajando por aquello que resumíamos en
el eslogan de «Libertad, amnistía, estatuto de autonomía», fundadores de
su Grupo estaban cantando aquello de «Por el imperio, hacia Dios...»
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, no entre en otros debates.
El señor GARCIA FONSECA: Que se tranquilice en ese aspecto, que como
paladines de la democracia estamos todos; que el grupo Popular no intente
tener la exclusiva en ese tema que no es particular sino que es de todos,
porque, si no, tanta doblez puede romperles la cintura.
Yendo al tema que nos ocupa, mi Grupo presentó en esta misma Comisión,
hace ya varios meses, un proposición no de ley donde decíamos claramente
cuál era nuestra postura --tendría que limitarme a releerla--,
congratulándome de que algunos de los puntos que entonces planteábamos y
que no fueron aprobados por esta Comisión, sin embargo, posteriormente
por parte de las autoridades competentes del Gobierno parece que están
llevando a efecto algunos de esos puntos. El primero que planteábamos era
que por parte del Gobierno central fuera sometido a información pública
el plan de ordenación de los recursos naturales de los Picos de Europa.
Nos congratulamos de que esto sea así, aunque entonces se le dijera que
no.
En esa misma proposición insistíamos en que en el menor plazo posible
hubiera un proyecto de ley en las Cortes Generales del Estado para
declarar el Parque Nacional de los Picos de Europa. Aquí hay dos temas:
que se le declare parque nacional y en el mas breve plazo posible. El
tema de la urgencia es algo bastante obvio --y algo indicó el señor
Secretario como uno de los dos ejemplos que puso de las degradaciones que
se estaban dando en algunos de los parques--. No quiero entrar en
pormenores --me basta con lo que usted ha dicho--, pero si entrásemos en
pormenores, veríamos de forma mucho más gráfica cómo desde un año hasta
ahora se ha ido degradando; simplemente se observa contabilizando las
agresiones que están teniendo los Picos de Europa, y, una de dos, o
actuamos con rapidez o luego no habrá nada que proteger. Con esto
argumento una de los dos propuestas que hacíamos, lo relativo a la
urgencia.
En cuanto a que sea parque nacional, mi Grupo no lo propone por ningún
apego mágico a las palabras. Creemos que está claro que los Picos de
Europa son un espacio único, un espacio integrado, integral; por tanto,
lo que nos parece lógico es que la gestión también lo sea. A un espacio
único conviene darle una gestión unificada, con los mismos criterios, con
las mismas referencias organizativas. Además --sin apurar el
razonamiento--, creemos que se podrían dar otras muchas razones en favor
de la declaración de parque nacional para el conjunto de los Picos de
Europa, porque es la figura de protección más cualificada en relación a
su reconocimiento por las instituciones internacionales, lo cual,
lógicamente, nos abre las puertas a un mayor apoyo económico, financiero,
etcétera, de todas las administraciones públicas, empezando por las
autonómicas y acabando, sobre todo, por la estatal y la comunitaria. Nos
parece que incluso, en relación con estos otros planes de desarrollo
sostenible, etcétera, evidentemente en estas zonas, que por definición
son de alta montaña, intentar buscar su futuro compitiendo con la
agricultura tradicional europea, es decir agricultura intensiva, es dar
palos de ciego, dar palos al agua. Por el contrario, nos parece que hay
que buscar otro tipo de soluciones económicas, que empalman con las
soluciones tradicionales de estas zonas, como una agricultura extensiva,
un turismo seleccionado que favorezca a los vecinos potenciando las casas
de aldea, u otro tipo de medidas, como dar una auténtica prioridad al
pastoreo, como uno de los elementos adecuados de conservación de lo que
hemos recibido, tal y como es hoy el espacio maravilloso de los Picos de
Europa. Todo esto unido a la figura de parque nacional, que potenciaría
el renombre de los productos de calidad, que es a los que tenemos que ir,
artesanales, etcétera, haría que esta figura de parque nacional no
solamente no fuera en detrimento de las aspiraciones lógicas
socioeconómicas de la zona, sino que podría ser quizá la única salida que
podrían tener; es decir, sería una figura que incluso desde el punto de
vista del futuro económico de estas zonas, repito, podría asegurarles un
futuro más adecuado y más digno.
En relación al plan de ordenación de recursos naturales, como en su día
se van a seguir discutiendo las alegaciones, en ese momento las podremos
explicitar de manera mucho más específica, mucho más concreta.
Simplemente queremos señalar --puesto que usted entró también en ellas de
forma general-- algunas alegaciones. Nos parece que el plan de ordenación
tiene una serie de defectos importantes. El primero de ellos es que
cumple escasamente los contenidos mínimos de la propia Ley 4/1989; por
ejemplo, en el tema de los objetivos que la Ley asigna a estos
instrumentos de planificación, concretamente leo: «... la delimitación
del ámbito territorial objeto de ordenación y descripción e
interpretación de sus características físicas y biológicas, y la
definición del estado de conservación de los recursos naturales, los
ecosistemas y los paisajes que tengan..., etcétera, formulando un
diagnóstico del mismo y una previsión de su evolución». Esto está casi
ausente en el plan de ordenación, o de manera muy insuficiente, tanto en
cuanto a la definición del ámbito territorial --y de ahí, incluso,
algunas de las preguntas que se formulan--, cuanto al diagnóstico sobre
el estado de conservación y, por tanto, también en cuanto a las
previsiones que se puedan establecer sobre el futuro del parque.
Hay otra serie de temas en los que, repito, no voy a entrar de manera
pormenorizada, pero sí quiero señalar algunos porque me parecen de mayor
relieve. Nos parece que desde luego hay dos aspectos que tampoco nos
quedan claros en la actual redacción del plan, del Porn, en su contenido.
Yo creo que no está claro, que es ambiguo, pero, además, en todo caso, es
insuficiente. Uno es la delimitación propia de cada una de las zonas que
debieran resultar de ese estudio que se hiciera. Otro, la unificidad de
la normativa a seguir, es decir, que no quedara lugar a dudas de que iba
a haber una unidad de criterio y una unidad normativa en cuanto al tipo
de regulación que se estableciera para el parque y que no se diera el
caso --que rompería el criterio fundamental de principio al que me he
referido al apoyar la figura del parque nacional-- de que distintas
comunidades pudieran llevar a cabo sistemas proteccionistas distintos,
repito, en un espacio que es único e integrado.
Por último --repito una vez más que no quiero entrar en más pormenores,
puesto que va a haber ocasión de hacerlo en los trámites pertinentes del
proceso que sigue el propio plan--, nos parece importante que se
introduzca algún otro criterio orientador, aparte de los que existen, y
uno de ellos es la revitalización --en algunos casos, incluso
recuperación-- de instituciones tradicionales como pueden ser, por
ejemplo, el caso de consejos de pastores y de juntas vecinales. Además
sería una manera de integrar desde ya en el debate del propio plan de
ordenación --y, por supuesto, nuestro Grupo entiende que también luego en
la gestión del mismo-- a los más directamente implicados --porque
implicados somos todos en la medida en que es un bien de interés general.
En este sentido quiero decirle simplemente que nuestro Grupo considera
que desde ya debe haber el máximo de información, el máximo de apertura a
las propuestas y a los mecanismos de participación que pudiera haber
tanto de parte de las instituciones locales o autonómicas como de los
propios vecinos u otras asociaciones interesadas. Nosotros creemos que es
perfectamente compatible. Desde luego no soy un experto en temas de
leyes, pero incluso, con la actual redacción de la ley, concretamente con
el artículo 22, no queda excluido el que pueda darse una cogestión en la
gestión --valga la semirredundancia-- del parque.
En todo caso, mi Grupo aboga claramente porque en la gestión del parque,
además de estar el organismo competente de la Administración central, lo
estén también las comunidades autónomas, los ayuntamientos y, como decía
antes, otras instituciones a revalorizar o incluso a recuperar, que
representan de una forma mucho más directa a los usuarios por razones de
trabajo, etcétera, de la zona acotada en el parque.
Estos son un poco los criterios de mi Grupo. Repito, mi Grupo aboga
claramente por la figura del parque nacional. No repito las razones. Sí
que insisto en la urgencia de que esta ley se traiga al Parlamento. Creo
que, incluso, si apuramos el tema legal, no sería incompatible que se
produjera esta declaración aunque todavía estuviera sin terminar el plan
de ordenación, que tiene que ver más con el plan de uso y gestión que con
la propia declaración de la ley. Desde luego mi Grupo cree que en el
propio plan actual debieran incluirse una serie de especificaciones,
algunos criterios nuevos y sobre todo el tema del modelo de gestión del
parque al que aludí finalmente.
Por mi parte nada más.
El señor PRESIDENTE: El señor Gortázar tiene la palabra a los únicos
efectos de la alusión de la que ha sido objeto.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor García Fonseca, siento realmente que
le haya molestado el apelativo de soviético. Me refería simplemente al
hecho del parecido que tiene con el socialismo en cuanto a la
expropiación y a la prohibición de los derechos de propiedad y de uso.
Quiero decirle que coincido con usted. Efectivamente, yo conozco bien la
tradición de los últimos años del Partido Comunista, entre los años
1970-75, porque fui miembro del Partido Comunista (Una señora Diputada:
¡Qué salto!), de manera que tengo los mismos planteamientos suyos en
cuanto a la lucha por la libertad. Ahora bien, le digo que en continuidad
con esos planteamientos de lucha por la libertad, yo me reconozco hoy por
hoy en la tradición de quienes han construido esta casa, que es el
liberal-conservadurismo, de quienes han permitido constituciones y
libertad durante años en este país. Y, por supuesto, no me reconozco en
otra tradición; me reconozco en la tradición de Jovellanos, de Cánovas,
de Sagasta, de Dato, etcétera, y, sin embargo, ustedes vienen de donde
vienen; vienen de un sitio en que no han permitido eso y además les
encanta un señor como Fidel Castro, cosa que a mí me repele. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Voy a ser breve, dada la hora y dada la altura
del debate que seguramente se plantea en alguna de las intervenciones (El
señor García Fonseca: Lo de Fidel Castro que se lo diga a Fraga.--Risas.)
y dada la crispación también que introducen algunas de las intervenciones
del portavoz popular en medio ambiente. Haré, como digo, una intervención
breve que es seguro que SS. SS. me agradecerán. Pero me gustaría hacer
además una intervención rotundamente clara en cuanto a la declaración del
Parque Nacional de los Picos de Europa, que ampliará el actual Parque
Nacional de Covadonga, que es una iniciativa que cuenta con el apoyo del
Grupo Socialista, porque es uno de nuestros compromisos de la última
campaña electoral, que, además, está en íntima coherencia con la postura
que desde siempre hemos mantenido referente a la declaración del parque y
además en una estrecha coincidencia y colaboración con los grupos
institucionales de los parlamentos regionales implicados y de los
ayuntamientos de la zona.
Somos muy conscientes de que, de una vez por todas, debía afrontarse la
cuestión de forma global, y así lo pudimos explicitar en la proposición
no de ley que discutimos en esta misma Cámara hace algunos meses, a
iniciativa de Izquierda Unida. Y también somos absolutamente conscientes
de que afrontar esta cuestión iba a conllevar una serie de problemas,
dada la complejidad del proceso, pues los valores naturales, ecológicos,
culturales, económicos, etcétera, que rodean el futuro parque así lo
hacían prever, como naturalmente ha sido.
Nosotros nos felicitamos de que la tramitación ya haya pasado incluso la
fase de exposición pública. Entendemos muy bien resumidas, por parte del
Secretario General, cuáles han sido las preocupaciones de los ciudadanos
de la zona, y queremos decir también muy claramente que el Grupo
Socialista va a seguir impulsando, como hasta ahora, buscar la
complicidad de los asentamientos humanos de la zona, tal como hemos
tenido ocasión también de discutir hace algún tiempo en cuanto a la
política general de parques nacionales. Hemos dicho ya, y repito ahora,
que sin la implicación de los asentamientos humanos es imposible pensar
en una política de protección de la naturaleza. Y, por supuesto, estamos
en absoluto y total desacuerdo con las estrategias que están lanzando
otros grupos políticos de la zona y que solamente han llevado a una
política de confrontación o de enfrentamiento entre distintos
asentamientos o colectivos humanos que están dificultando el acuerdo
político para la declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Por supuesto, no compartimos algunas de las cuestiones que ha expuesto el
portavoz del Grupo Popular; nuestro Grupo no apoyaría una coordinación
entre los distintos grupos parlamentarios regionales para una posible
cooperación, de acuerdo con la Ley 4/1989, pero no porque éste sea un
proceso más lento necesariamente, porque son procesos más complicados,
sino porque tenemos una total y rotunda discrepancia por la forma en que
se gestiona el medio ambiente en algunas de las comunidades autónomas
implicadas. A nosotros no nos duelen prendas en aceptar procesos
complicados, si tuviéramos un acuerdo inicial y unos objetivos
compartibles y compartidos con los grupos políticos regionales, pero nos
separan de estos deseos unas diferencias yo creo que insalvables en
cuanto a lo que significa la gestión del medio ambiente que ha efectuado,
por ejemplo, el Ejecutivo regional de Cantabria (y digo bien, Ejecutivo,
porque entendemos que no es un gobierno regional, sino que es un
ejecutivo), cuyas gestiones en cuanto a la defensa del medio ambiente han
tenido resultados que, desde nuestro punto de vista, son absolutamente
criticables.
Para finalizar, señor Presidente, quiero hacer también una manifestación,
lo más rotunda posible, a favor de la declaración del Parque Nacional de
los Picos de Europa. No compartimos la posibilidad de declaración de tres
parques naturales. Los parques naturales son instrumentos de protección
de la naturaleza de corte autonómico, de corte regional. Entendemos que,
en el momento en que los intereses son intereses comunes de varias
comunidades autónomas, el interés superior de la defensa de este
patrimonio natural corresponde a la Administración central del Estado.
Por tanto, damos nuestro apoyo total y absoluto a la línea que está
llevando el Gobierno de la nación y la Secretaría General de Estructuras
Agrarias en concreto a la declaración de los Picos de Europa como se ha
llevado hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas y observaciones
formuladas, el señor Carles tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Carles Genovés): En
respuesta a los planteamientos del señor Martínez Sieso, del Grupo
Popular, antes de contestar algunas preguntas concretas o algunas
aclaraciones, quisiera hacer también alguna pequeña y breve observación
respecto a la conveniencia o no de declarar parque nacional sobre los
parques regionales o naturales, así como a estos diferentes modelos que
nos ha planteado como posibles, incluso utilizando la Ley 4/1989.
Comparto con S. S. que la declaración de parque natural y parque nacional
son los instrumentos de protección que podrían ser igualmente eficaces.
No dije que no había ninguna diferencia legal, porque diferencia legal sí
que existe en tanto en cuanto los parques nacionales son declarados de
interés general del Estado y los parques naturales no lo son; pero sí que
digo, insisto, que, en principio, no tendría
por qué haber diferencias entre la protección que se suscitara en un
parque nacional o la que se suscitara en un parque natural. Lo que no
comparto es que se pudiera establecer algún modelo de gestión declarando
tres parques naturales, que se integrarían en uno solo y la
Administración central haría... no sé qué haría en ese planteamiento que
usted hace. ¿Por qué no lo comparto? Este es un caso claro, si hay
alguno, que yo creo que todos los casos que hay, los trece más uno, y
quizá alguno más, para completar las regiones mandatadas por el
Parlamento, y en el futuro irán desarrollándose, están claros, pero,
señoría, si hay uno que está claro, es éste, que está a caballo entre
tres comunidades autónomas, con gobiernos diferentes, necesariamente, con
actuaciones diferentes y con intereses diferentes, cuando no encontrados.
Un parque tiene que tener, evidentemente --y lo comparto con el Grupo de
Izquierda Unida y con el Grupo Socialista--, una unidad de gestión, y yo
no me imagino lo que podría ser --no veo lo que podría ser-- un parque
nacional que estuviera integrado por tres parques naturales, cada uno con
su gestión individualizada; no veo cómo la Administración central podría
coordinar esa gestión para unificar, con criterios básica y
fundamentalmente técnicos, que no políticos. De manera que si algún
parque ha de declararse parque nacional, e insisto en que todos los de la
red de parques son muestrario suficientemente representativo, pero si hay
alguno al que a las razones administrativas se le añadan otras razones,
es éste. En consecuencia, debo decir que estoy absolutamente convencido
de que la única solución que tiene la protección de la zona es la
declaración de parque nacional, estoy convencido desde un punto de vista
personal, está convencido el Gobierno y así lo manifestó en su compromiso
y en su programa de gobierno.
Dice S. S. que hay una pretendida cooperación con los ayuntamientos, que
hay una pretendida cooperación con las comunidades autónomas y que hay
una pretendida cooperación con las instituciones, pero que esa
cooperación no ha existido. Lo que no ha existido ni puede existir en
ningún proceso de negociación de una sociedad democrática es un acuerdo
absoluto. Los acuerdos absolutos prácticamente no existen, son
entelequias teóricas; lo que sí hay son acuerdos parciales.
Concretamente, con Asturias hay acuerdo, hay algunos desacuerdos y se
están limando esos desacuerdos. Con Castilla y León yo le diría que
básicamente hay acuerdo, se están limando algunos desacuerdos. Castilla y
León está de acuerdo en que se declare un parque nacional y que la
frontera del parque nacional sea un parque regional. Con ese
planteamiento está de acuerdo y nosotros también estamos de acuerdo en
que la frontera del parque nacional esté protegida con un parque natural,
si la comunidad autónoma lo quiere así. Hay algunos desacuerdos que, en
definitiva, los tiene que resolver quien los tiene que resolver, de
acuerdo con la legislación vigente.
El PORN está en marcha. Insisto en que estamos flexibilizando las
posiciones del PORN, fundamentalmente en cuanto a límites y también en
cuanto a la ordenación de caza y pesca y algunas otras cosas, y creo que
al final --lo veremos-- no habrá importantes desacuerdos. Otra cosa
distinta es el conflicto con los ayuntamientos de la zona. Es lógico que
este conflicto se produzca, porque cualquier modelo de protección no es
un conflicto administrativo sino económico, es un conflicto que genera
haber introducido en un área, con una determinada estructura económica y
social, un elemento que impone una ordenación y, en consecuencia, impone
determinadas limitaciones. Creemos que ese conflicto lo podremos
resolver. Usted me pregunta: ¿Cuándo? Y me dice que mañana, que junto al
PORN tiene que salir el plan de desarrollo regional. En política se
buscan soluciones posibles, nunca soluciones imposibles. Usted me
pregunta: ¿Cómo dice usted eso, si no aparece en el plan de desarrollo
regional? ¿Pero cómo van a aparecer los Leader en el plan de desarrollo
regional o cómo van a aparecer las medidas de Feoga-garantía en los
planes de desarrollo regional? No, no pueden aparecer. El Leader es una
iniciativa comunitaria, son fondos estructurales de iniciativa
comunitaria, y no aparece ningún Leader en España porque no hay
absolutamente ningún programa Leader aprobado y no estará aprobado hasta
finales de año. Los Leader comunitarios en el nuevo marco comunitario de
apoyo arrancarán el año que viene; digo del nuevo marco, porque del
antiguo marco sí que hay Leader aprobados en España y se acaban ahora,
entre abril y junio, pero los nuevos Leader arrancarán a funcionar a
partir de enero, porque es una iniciativa comunitaria del 9 por ciento y
en dicha iniciativa es donde el Gobierno español presentará los Leader de
los términos municipales influidos por los parques nacionales.
Tampoco puede figurar en el plan de desarrollo regional la financiación
del Feoga-garantía, nunca ha figurado ni puede figurar, son dos
instrumentos distintos. Tampoco figura la superficie de oleaginosas que
se pone en Castilla y León o en Andalucía en el plan de desarrollo
regional. El segundo instrumento financiero que nosotros ponemos a
disposición del parque se está negociando en este momento, me estoy
refiriendo el programa nacional y a los programas regionales y locales.
Yo espero que el día 21 de abril estará aprobado por la Comisión el
programa nacional. A partir de ese momento podremos instrumentar en
concreto los programas concretos de las zonas concretas, no pidamos
imposibles. El imposible sería: retrasemos el PORN y hagamos el PORN
cuando esté todo perfectamente pergeñado. Esa solución yo no la veo, creo
que muchos elementos sociales se detendrían, creo que no es así, y estoy
absolutamente de acuerdo en la urgencia de la aprobación del parque,
porque no hay más que visitar la parte oriental del parque para ver el
grado de agresión al que está sometido.
Me pregunta si es cierta la cifra de 90.000 millones de pesetas. El
Director de Icona no sé si ha dado esa cifra. En la rueda de prensa
celebrada en el Senado yo di una cifra parecida pero no ésa, y dije que
para el conjunto de los planes de ayudas compatibles con el medio
ambiente estimábamos que podríamos obtener una cifra en torno a los 400
mecus, que nos daría una cifra similar a los 90.000 millones de pesetas.
Eso no quiere decir que esos 90.000 millones de pesetas se vayan a
dedicar exclusivamente a los parques. (El señor Martínez Sieso muestra un
periódico.) Es malo poner en contraposición, ante un argumento
técnico incontestable --porque es incontestable-- una nota de prensa.
Me dice que se había llegado a un acuerdo de hacer un estudio
socioeconómico, y si existe el PORN --el Plan de Ordenación deRecursos
Naturales--, por definición no lleva un estudio socioeconómico. El PORN
está hecho para algo, y si quiere le repito lo que dice. Lo que sí le
digo es que en estos momentos estamos ya trabajando en la definición de
las zonas Leader y la definición de las actividades a desarrollar en el
Leader; estamos ya trabajando y, sobre todo, se trabajará cuando se
declare el parque y se definan los elementos conservacionistas en el
apoyo a los agricultores para que hagan una tecnología compatible con el
medio ambiente.
Si me permite S. S., no voy a entrar en más debate, salvo que S. S. lo
quiera, sobre si se ha dicho alguna vez que son 90.000 millones para los
parques. Cualquier división que se hiciera de 90.000 millones para los
agricultores afectados por los parques nacionales españoles, si eso fuera
así, me temo que todos los agricultores españoles demandarían pasado
mañana, a esa renta per cápita, la declaración de parque nacional de su
propia explotación, incluidas las extensivas de regadío. No; son 400
mecus, en torno a los 90.000 millones de pesetas, para todo el conjunto
de ayudas a la agricultura compatible con el medio ambiente, dentro de
los cuales estarán priorizadas las medidas dirigidas a los agricultores
de los entornos de los parques, las Zepa y Ransar.
Hablando del problema de la cogestión --y de alguna manera contesto a las
dos formulaciones realizadas por el señor García Fonseca--, diré que no
me sorprende que el señor García Fonseca, habida cuenta del debate que se
ha producido aquí, hable de cogestión. Lo que sí me sorprende es que se
hable de cogestión desde otras posturas ideológicas. Fue una idea del
comunismo yugoslavo, recordemos, pero supongo que no se referirán a esa
cogestión. En cuanto al problema de la cogestión diré que hay que
diferenciar la gestión técnica conservacionista del parque y la gestión
--así lo entiendo yo-- del parque y su relación con el entorno. En cuanto
a la gestión del parque en su relación con el entorno, no solamente no
hay ningún problema en que se produzca esa cogestión --ya lo he explicado
antes--, sino que desde la Administración central se propiciará. Nos
parece interesante, conveniente y, además, necesario en el desarrollo de
las competencias de las comunidades autónomas. Pero en cuanto al elemento
estrictamente conservacionista del parque, con unos criterios unificados
para todo el conjunto de la red de parques nacionales, creo que la
gestión debe ser única, con una participación consultiva a través de los
patronatos. Es un instrumento que en algunos parques está funcionando muy
bien, en otros no tan bien y en otros mal, pero creo que es un
instrumento que se puede mejorar: el patronato como elemento asesor. Hay
que diferenciar claramente lo que es la gestión de la conservación del
parque natural, con su patronato en el que participan comunidades
autónomas, ayuntamientos, etcétera, de la gestión de los programas de
desarrollo y de los programas de desarrollo económico del entorno. Ahí sí
va a haber un comité de gestión donde incluso la participación del
Estado, en mi opinión --que es una opinión muy personal--, debe ser
mínima y deben gestionarlo las comunidades autónomas en el uso de sus
competencias y los ayuntamientos en el uso de las suyas, y voy a más,
incluso determinados actores privados interesados en la gestión de ese
plan de desarrollo sostenible.
Señor García Fonseca, quiero agradecerle su exposición. Coincidimos en
muchos puntos, coincidimos en la necesidad de la unicidad en la gestión y
en la necesidad de urgencia y rapidez en la finalización del proceso. En
cuanto al tema de la cogestión le diré que, como siempre, a estos
conceptos hay que darles contenido y yo le he dado el que yo entiendo.
Quizá ahora sería demasiado largo empezar a debatir sobre qué tipo de
cogestión habla cada uno.
En cuanto al plan de ordenación, hace una valoración de la calidad del
documento perfectamente respetable, si bien la nuestra es diferente y
cumple con unos mínimos requisitos para poder ser aprobado. En cualquier
caso, se encuentra en fase de trámite y podrá ser modificado antes de su
aprobación definitiva.
Estoy de acuerdo en el tema de la rehabilitación o recuperación de
instituciones tradicionales como el Consejo de Pastores --que, por
cierto, no ha desaparecido sino que sigue existiendo--, y lo que quizá
podría ser interesante es dar entrada a esas instituciones tradicionales
en los órganos consultivos.
Respecto a las observaciones hechas por el señor Moragues, poco hay que
añadir puesto que coincidimos plenamente en todas las que ha realizado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carles.
Agotado el orden del día a una hora prudente, quiero recordarles que,
aunque en principio habíamos quedado en que habría una reunión de la Mesa
y Portavoces para fijar el próximo orden del día, dado que tanto el
portavoz del Grupo Socialista como el Vicepresidente están en la Ponencia
especial del PER y debemos compaginar también sus trabajos, esa reunión
podría celebrarse mañana al finalizar el Pleno, por la tarde, para fijar
ya definitivamente el orden del día de la siguiente Comisión, en función
también de la ordenación de los trabajos de la propia Ponencia.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.