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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 128, de 02/03/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 128
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles, 2 de marzo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro del Interior (Asunción Hernández), para
informar:
--De las líneas generales a desarrollar en su Departamento, así como
sobre su nueva reestructuración orgánica y funcional, la futura
coordinación en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la
aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana después de
la sentencia del Tribunal Constitucional y la incidencia presupuestaria
de las distintas actuaciones previstas en este área. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular (número de expediente 213/000170), y a
petición propia. (Número de expediente 214/000041) (Página 4036)
--De la violenta e injustificada carga policial contra los estudiantes al
final de la manifestación celebrada en Madrid el 1 de diciembre de 1993
contra la política universitaria del Gobierno. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000142) (Página 4050)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Se abre la sesión.
Tenemos con nosotros, para informar sobre una serie de comparecencias
solicitadas por los distintos grupos parlamentarios, a don Antonio
Asunción, Ministro del Interior, a quien damos la bienvenida, y que
comparece por primera vez en su condición de Ministro del Interior en
esta Comisión.
La Mesa de la Comisión, celebrada en el día de ayer, adoptó por
unanimidad el acuerdo de retirar del orden del día las comparecencias
números 2, 3 y 5, toda vez que el objeto de la comparecencia es el mismo
que el que tiene la Comisión de investigación especial para los temas de
gestión de presupuestos de don Luis Roldán. Consecuentemente, esta
Comisión avoca como competencia propia todas aquellas comparecencias que
tengan como objeto algún tipo de análisis o de información sobre la
gestión de don Luis Roldán durante su paso por la Dirección General de la
Guardia Civil.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya retiró la comparecencia que aparece con el número 1 en el
orden del día de la sesión del día de hoy y solicitó que la comparecencia
del Ministro del Interior que aparece con el punto número 7 fuera
pospuesta.
Resumiendo, señorías, la comparecencia del Ministro del Interior se
limita a informar sobre dos asuntos: el primero, las líneas generales de
su Departamento, que va a ser el primer punto que vamos a debatir en el
día de hoy, punto número 6 del orden del día, y, en segundo lugar, la
comparecencia que se refiere a la carga contra estudiantes en la
manifestación celebrada en Madrid el primero de diciembre de 1993.
COMPARECENCIAS DEL MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández):
--PARA INFORMAR DE LAS LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO,
ASI COMO SOBRE SU NUEVA REESTRUCTURACION ORGANICA Y FUNCIONAL, LA FUTURA
COORDINACION EN MATERIA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, LA
APLICACION DE LA LEY DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DESPUES DE
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y LA INCIDENCIA PRESUPUESTARIA
DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES PREVISTAS EN ESTE AREA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente
213/000170) Y A PETICION PROPIA DEL GOBIERNO. (Número de expediente
214/000041.)
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno, por
iniciativa propia, solicitaron la información sobre las líneas generales
a desarrollar por el Departamento. Hay que entender, por tanto, que se
acumulan ambas iniciativas: la del Grupo Parlamentario Popular, que tiene
entrada en la Comisión con anterioridad, y la del Gobierno, a iniciativa
propia.
Para hablar de ello, el señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señoras y señores
Diputados, en primer lugar, quiero pedirles disculpas anticipadamente en
la medida en que aunque he tratado de comprimir la comparecencia, es muy
extensa. Para mi gusto es excesivamente extensa, pero me resultaba
difícil comprimirla en menos tiempo. Por tanto, rogaría a SS. SS.
paciencia, en principio, a la exposición de lo que es el marco de
actuación del Ministerio del Interior.
A finales de septiembre del año pasado comparecía ante esta misma
Comisión el entonces titular del Ministerio del Interior, para informar
de las líneas básicas de actuación al frente del citado Ministerio. Lo
hace hoy un nuevo Ministro, pero representando al mismo Gobierno. En
consecuencia, la primera afirmación que quiero hacer ante esta Comisión
es de continuidad e impulso en la acción de Gobierno.
Decía el Ministro Corcuera, en septiembre del año pasado, que eran cinco
los objetivos fundamentales previstos para la presente legislatura:
consolidar el impulso a las áreas del Departamento no vinculadas
directamente con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
garantizar un adecuado nivel de seguridad ciudadana manteniendo e
intensificando, entre otras acciones, la lucha contra el tráfico de
drogas, entendiendo bien que hay dos poblaciones con planes
diferenciados: la población que está asentada en el llamado medio rural,
el 25 por ciento, y la que está asentada en lo que sería el medio urbano,
que representa el 75 por ciento de la población de nuestro país
aproximadamente. Continuar con la política diseñada de lucha contra el
terrorismo, tanto desde el punto de vista policial y de colaboración
internacional como de consenso con las fuerzas políticas, sobre las bases
de los Pactos de Ajuria Enea y Madrid. Eso es fundamental en la medida en
que repetidas veces se ha podido ya constatar y, al mismo tiempo, tener
cambios de impresiones con los diferentes partidos políticos, y tenemos
convocada la Comisión del pacto contra el terrorismo en los próximos
días. Consolidar el proceso de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y dedicar una especial atención a la política de
extranjería.
Pues bien, como no podía ser por menos, estos objetivos básicos se
mantienen. Sin perjuicio de que después entremos más en detalle, se
podrían citar, para corroborar lo que digo, la integración de la
Secretaría de Estado para el Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio
del Interior, la creación de una nueva Dirección General de Extranjería y
Asilo, o los contactos renovados y permanentes con las
fuerzas políticas firmantes de los Pactos de Ajuria Enea y Madrid.
Dicho esto, pasaré a exponer a SS. SS. las medidas que me propongo
adoptar para llevar a la práctica esos objetivos. Debo referirme, en
primer lugar, al modelo policial como instrumento para mejorar la
respuesta de los poderes públicos a la demanda de seguridad de la
sociedad española. En nuestro ordenamiento, el modelo policial es el
diseñado por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que
responde al mandato de la Constitución y contempla la distribución de
competencias que en materia de seguridad viene establecida por el
conjunto normativo, tanto de la propia Constitución como de los distintos
estatutos de autonomía con su diferente distribución competencial:
aquellos que van por el artículo 151, que tienen posibilidad de
desarrollar policías autónomas, y los que no la tienen; algunos ya la
tienen prácticamente en funcionamiento, como es el País Vasco, y en otros
está en estos momentos en el marco normativo, por ejemplo en el
Parlamento de Cataluña. También tenemos, como es lógico, en la
intervención normativa, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Bases de Régimen Local.
La distribución territorial. Cualquier consideración global de la
seguridad en su más amplio sentido debe partir de la distribución
territorial del poder político establecida en el bloque de la
constitucionalidad y en el resto del ordenamiento jurídico, y así lo hace
la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta distribución territorial
es el marco en el que se establecen los tres niveles básicos de
prestación de servicios de seguridad por los poderes públicos:
Administración central, administraciones autonómicas y administraciones
municipales. Bien es cierto que en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no hay distinciones, como sí las hay en los
diferentes estatutos en cuanto a marco normativo, y hay una tabla rasa,
diríamos, en lo que es la actuación de las policías locales, siendo muy
diferenciadas unas corporaciones locales de otras.
La Constitución atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la
dependencia del Gobierno la misión de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La Ley de
Fuerzas y Cuerpos consagra el sistema tradicional español de dos cuerpos
de seguridad del Estado: uno, de carácter civil --Policía-- y otro, de
carácter militar --Guardia Civil--. Este sistema, por otra parte, es
frecuente en los países de nuestro entorno y debe mantenerse con la
distribución de funciones llevada a cabo por la Ley citada.
Por lo que se refiere a la seguridad en el ámbito autonómico, conviene
recordar que el Estado de las autonomías se configuró no tanto como un
modelo cerrado de distribución del poder político, sino como un proceso a
través del cual las diferentes nacionalidades y regiones españolas
acceden a diversas cotas de autonomía en virtud de mecanismos
establecidos igualmente en la Constitución. Por tanto, en conjunto, nos
encontramos con distintos niveles competenciales, distintos niveles de
desarrollo de policías autónomas en aquellas comunidades donde los
estatutos permiten su creación, e igualmente distintos niveles en las
diferentes comunidades que han optado por un mecanismo alternativo, como
son las unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía, convenios
previos establecidos con el Ministerio del Interior, entre las que
podemos contar las Comunidades de Galicia, Andalucía y Valencia.
En el ámbito municipal, hemos asistido en los últimos años a un
crecimiento considerable pero muy desigual de las policías locales. Como
es natural, el nivel de desarrollo de estas policías es enormemente
desigual. Desiguales son también su grado de preparación y los sistemas
de formación y reciclaje, su organización interna, el número de efectivos
dedicados específicamente a tareas de seguridad en sentido estricto,
etcétera.
Por último, España, como miembro de la Unión Europea, asume un conjunto
de obligaciones y responsabilidades frente a la propia Unión y a los
Estados miembros, que orientan de manera fundamental la actuación
política y administrativa en materia de seguridad. Basta recordar a este
respecto la supresión de fronteras interiores y el consiguiente
reforzamiento del control de la frontera exterior de la Unión, la
política común en materia de asilo, el sistema de información de
Schengen, Europol, el sistema de información en materia de drogas,
etcétera, y los convenios bilaterales que tiene España con Francia y
Portugal, países fronterizos.
Este es un escenario territorialmente complejo y con atribuciones
competenciales que no siempre están claramente definidas y en ocasiones
se solapan. La cooperación y la coordinación entre distintos cuerpos y
escalones policiales se ha mostrado relativamente eficaz hasta ahora. Sin
embargo, no es suficiente. Estos mecanismos tienen un techo a partir del
cual la coordinación no basta, es necesario mejorar en la armonización de
las normas y de la actuación de cada uno de ellos. Quizás el ejemplo más
significativo sea la dificultad de establecer sistemas de información
compartidos, coordinados y compatibles. Y si este sistema va a ser
posible a nivel de la Unión Europea, tiene que serlo también, como es
lógico, con la hipotética configuración del marco policial que se pueda
desarrollar en nuestro país. Es, por tanto, una mejora sustancial que
cabe introducir.
En el mapa delincuencial, por otra parte, teníamos la mejora de la
definición de lo que sería el modelo policial, que viene determinado
ineludiblemente por lo que podríamos llamar el mapa de la delincuencia en
España. Los cambios de la estructura social española produjeron en su
momento cambios en las pautas delictivas y a ello vinieron a añadirse las
lacras, desgraciadamente ya antiguas, del terrorismo y las redes del
narcotráfico. Junto a estos fenómenos relativamente antiguos, vemos
surgir en toda Europa otros nuevos igualmente graves, como la
delincuencia organizada no ligada directamente al tráfico de drogas, la
delincuencia económica, la violencia urbana, los brotes de xenofobia y
racismo, la violencia en espectáculos deportivos, etcétera. Por otro
lado, se producen cambios acelerados en la sociedad, en las relaciones
internacionales e, incluso, en las tecnologías disponibles, que tienen
como consecuencia lógica la aparición de fenómenos relativamente nuevos,
como son el desplazamiento de
poblaciones producido por conflictos armados o que simplemente huyen de
situaciones de pobreza, y el aumento de zonas en las que se aprecian
señales inequívocas de la aparición de sociedades duales con su correlato
de instalación en la marginalidad. Estos fenómenos en sí mismos no están
ligados a la delincuencia, pero hacen que la delincuencia se transforme
de manera tan profunda como la misma sociedad.
Por tanto, es necesario definir lo que he llamado un nuevo mapa
delincuencial que, junto a la distribución de competencias ya citadas,
constituyen los dos elementos para mejorar y adaptar el modelo policial
español. En consecuencia, es propósito del Ministerio preparar la
actualización de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el fin de
dar respuesta a todas estas cuestiones, lo que sin duda supone una
reforma en profundidad.
Policía judicial. Un último punto me gustaría destacar en relación con el
modelo policial, se trata de la Policía judicial. Es éste un extremo
delicado de confluencia entre varios departamentos del Gobierno, de un
lado, y del Poder Judicial, de otro. Sentada esta premisa básica, que
lógicamente orientará cualquier actuación del Gobierno, creo que desde el
Ministerio del Interior deben hacerse algunas consideraciones. La
Constitución establece que la Policía judicial depende de los jueces,
tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del
delito y aseguramiento del delincuente. Este mandato constitucional ha
sido luego desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En desarrollo de esta
legislación se dictó el Real Decreto del año 1987 sobre regulación de la
Policía judicial, que delimita sus funciones en sentido estricto y crea
órganos de coordinación, tanto en el nivel provincial como en el
nacional. Transcurridos siete años desde la promulgación del Decreto
citado, tenemos ya una cierta experiencia del funcionamiento de las
unidades de Policía judicial y de los mecanismos de coordinación
--comisión nacional y comisiones provinciales, principalmente--. Por
ello, creo que estamos en condiciones de abordar una regulación más
eficaz de la que ahora tenemos y que evite los problemas que han surgido.
Teniendo en cuenta también todo el mapa policial y todo el mapa
hipotético que se puede desarrollar en nuestro país en base a las
posibles competencias, el Ministerio del Interior, en colaboración con el
de Justicia, tras las necesarias consultas con el Consejo General del
Poder Judicial, se propone llevar a cabo los estudios correspondientes
que permitan elaborar una nueva normativa sobre esta materia, que vendría
a ser la llamada ley de Policía judicial.
Entrando ya en el detalle de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en lo que concierne a la Guardia Civil, a corto plazo, es decir,
a lo largo del presente año, se trata de seguir completando los servicios
y especialidades puestos en marcha en los últimos años para atender las
nuevas necesidades y exigencias de nuestra sociedad: Servicio de
protección a la naturaleza y Guardia Civil del Mar. No es necesario
insistir en la importancia de ambos servicios desde todo punto de vista.
Junto a ello, se hace especialmente necesaria la potenciación de otros
dos: Policía judicial y Agrupación de tráfico, dadas, de una parte, las
nuevas modalidades de delincuencia y, de otra, la necesidad de atender
mejor la seguridad en las carreteras. La reestructuración orgánica y
estatutaria del Cuerpo, establecida en el proyecto de ley, por la que se
completa el régimen de su personal.
En cuanto al despliegue territorial, se pretende una redistribución de
efectivos que permita hacer operativos todos los puestos. Y en cuanto a
la reestructuración orgánica y estatutaria del Cuerpo, descansa sobre dos
pilares fundamentales: un nuevo marco estatutario y una mejora en los
procedimientos de selección y formación de personal. Ambos propósitos se
recogen en el proyecto de ley por el que se completa el régimen de
personal de la Guardia Civil, en tramitación en las Cortes en la
actualidad.
En cuanto al despliegue territorial, aspecto que me parece
importantísimo, sería conveniente --ya el anterior Ministro lo expuso en
esta Cámara-- tener un detallado conocimiento de cuáles son las causas,
cuál es el desarrollo exactamente por el que se tiene que ir a un nuevo
despliegue, pudiéramos exponerlo de una forma monográfica en esta Cámara
ya que es complejo, amplio, pero me parece de mucho interés en la medida
en que tenemos que llegar a convencer también a ayuntamientos,
corporaciones locales, comunidades autónomas y, cómo no, a todos aquellos
que se puedan ver afectados por las modificaciones que supone el nuevo
despliegue.
Señorías, yo emplazaría, para la explicación de este despliegue, a una
Comisión dedicada monográficamente a esta cuestión, donde pudiéramos
discutir con tranquilidad todos y cada uno de los aspectos variables que
concurren en ese despliegue que es altamente positivo, que tiene como
objetivo la eficacia y, por otra parte, la adecuación de los costes, dos
cosas que han de ser compatibles con un objetivo común que yo creo que
puede llegar a obtener un alto consenso, en la medida en que podamos
explicarlo en esta Cámara.
En cuanto al Cuerpo Nacional de Policía, tendríamos ya la creación de
brigadas centrales operativas que tienen como finalidad la investigación
de aquellos delitos de difícil esclarecimiento en el nivel local,
provincial o regional, sea por la complejidad del delito, su gravedad en
el ámbito territorial, o bien por las organizaciones que lo cometen.
También está contemplado que puedan ser unidades mixtas, si bien estarán
adscritas al Cuerpo Nacional de Policía.
En la reciente reforma del catálogo de puestos de trabajo se han aprobado
cuatro nuevos servicios, cinco secciones y 16 grupos operativos dentro de
la Comisaría General de Policía Judicial. Estas unidades irán a engrosar
principalmente el área de estupefacientes que, como es sabido, constituye
una preocupación prioritaria debido a la importancia que tiene esta
especialidad delictiva por su organización, montante económico, etcétera,
y que genera una gran alarma social.
Por otra parte, se pretende potenciar la brigada de régimen interior,
encargada de perseguir las conductas delictivas de los funcionarios
policiales, dotándolos de los medios materiales y personales necesarios
para que pueda desarrollar con eficacia sus cometidos en todo el
territorio
nacional, dotándola naturalmente de nivel y rango y, al mismo tiempo, de
una dependencia directa del Director General, a fin de poder tener una
mayor movilidad en lo que es la actuación de esta brigada de régimen
interior.
Al mismo tiempo, se pretende intensificar las tareas de inspección y
control, y para ello se ha creado el puesto de inspector de servicios en
cada una de las jefaturas superiores. Se trata de ir adaptando a lo que
es la tarea y la gestión policial de la auditoría del sistema en el
objetivo prefijado, de analizar su funcionamiento y cómo no, de analizar
si sus costes son los adecuados.
En el área de documentación se trata de evitar la inmigración clandestina
y mejorar el control de los extranjeros residentes. Con esta finalidad se
va a crear una brigada central de extranjeros con ámbito de actuación en
todo el territorio nacional, dotada con los medios técnicos necesarios y
con un personal formado específicamente en los problemas que se plantean
a estos colectivos.
Igualmente, y en estrecha relación con lo anterior, debe darse
cumplimiento a los compromisos adquiridos por España al firmar el Acuerdo
Schengen. Esto supone la dotación de medios técnicos y personal
especializado en nuestras fronteras para cumplir con eficacia esta tarea.
Se trata, sin duda, de tener también una policía especializada en
fronteras, una policía que tenga un nivel de formación, y de ir formando,
para las tareas muy concretas y específicas, a las diferentes unidades
que tienen que desarrollarlo. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco,
ocupa la Presidencia.)
En el área de prevención y seguridad ciudadana se continúa en la labor de
persecución de la pequeña delincuencia que, como es sabido, genera una
gran alarma social y se pretende descentralizar estas tareas que pasarán
a ser desempeñadas por los servicios periféricos: jefaturas superiores y
comisarías provinciales.
Para conseguir los objetivos que he mencionado, se dispone de los
siguientes instrumentos. En primer lugar, el establecimiento de un
sistema formativo unitario y continuado. Se trata de conseguir, de un
lado, la actualización permanente de los conocimientos policiales y, de
otro, la especialización en áreas concretas: terrorismo, delincuencia
organizada, delincuencia económica, nuevo tráfico, fronteras, etcétera.
Antes especificaba ya que, aparte de la general, conviene tener después
la especialización concreta en cada una de las materias.
No quisiera concluir este apartado, que como ven sus señorías voy
tratando de comprimir para no alargarme demasiado en el tiempo, sin dejar
de referirme a dos cuestiones de carácter normativo de indudable interés.
La primera consiste en la adaptación de la ley de Seguridad Ciudadana a
la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la nulidad del inciso
final del apartado j) del artículo 26, ya que la ley no puede remitir al
Reglamento para la configuración «ex novo» de obligaciones o
prohibiciones, y me propongo elevar al Gobierno para su remisión a las
Cortes el correspondiente texto. Se trata de incorporar al citado
artículo 26 cuatro nuevos apartados a fin de tipificar como infracciones
leves determinadas conductas previstas en el Reglamento de Armas.
Por otro lado, la reciente Ley 23/1993, de 30 de julio, de Seguridad
Privada, ha reunido en un solo texto legal los aspectos más relevantes
del ámbito de la seguridad privada. Teniendo en cuenta que la disposición
final primera de la citada Ley prevé que el Gobierno dictará las normas
reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en la misma, estamos tramitando el proyecto de reglamento de
seguridad privada que desarrolla todos los aspectos en los que la Ley
prevé expresamente la necesidad de dictar normas reglamentarias y regula,
además, las medidas de seguridad obligatorias en determinadas entidades
por su especial incidencia en la seguridad ciudadana.
Como ustedes ya conocen por el Real Decreto 2.314 del pasado año, el 29
de diciembre se adscribe al Ministerio del Interior la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y por Real Decreto 2.322,
del año 1993, de la misma fecha, se amplían las competencias de dicho
órgano en el ámbito de la coordinación, tanto en el orden interno como en
el internacional. En el orden interno, el Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, por delegación del titular del Departamento
de Interior, podrá asumir competencias de coordinación de la actuación de
unidades o respecto de determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estdo relativas al tráfico de drogas. Igualmente, podrá
participar en las reuniones de los organismos internacionales
correspondientes e intervenir en aplicación de los acuerdos que de estas
reuniones se deriven, en especial en aquellas que se desarrollen en el
marco de la cooperación en el seno de la Unión Europea.
La adscripción de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas al Ministerio del Interior es fruto de una profunda reflexión
respecto a la evolución de sus funciones y a la incidencia de las mismas.
Hay que tener en cuenta las resoluciones de la Comisión Mixta
Congreso-Senado del año 1991, a las que se ciñe exactamente lo que
actualmente es el Plan Nacional sobre Drogas.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tenía, y
sigue teniendo, importantes competencias de coordinación de las
diferentes administraciones públicas y de los diferentes órganos de la
Administración central en el ámbito de la prevención y reinserción. Sin
embargo, tras la experiencia de estos años y los distintos estudios
realizados, se ha llegado a la conclusión de que la necesaria política
unitaria y global frente al problema de la droga debía incluir igualmente
la posibilidad de coordinar este otro importante campo de la lucha contra
la droga, que es el de la represión del narcotráfico y que ésta
únicamente puede llevarse a cabo de una forma eficaz integrando en el
órgano correspondiente también los aspectos de la cooperación
internacional.
Para que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
pueda asumir la función de promoción y cooperación global en la lucha
contra la droga en los aspectos que la integran: preventiva, asistencial
o de reinserción y represiva, era absolutamente precisa su integración en
el departamento donde esa coordinación global y,
por otra parte, compleja, pueda efectuarse de la forma más eficaz. La
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas será, pues, el
órgano coordinador y de impulso de toda la política en esta materia que,
a partir de ahora, podrá integrar todos los aspectos de la misma.
Como ustedes también conocen, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la
Guardia Civil cuentan con su propia estructura operativa para la
represión del tráfico de drogas y será uno de los cometidos del Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por delegación del
titular del Departamento, coordinar esas estructuras en determinados
servicios relativos precisamente al ámbito de la represión del tráfico.
Por lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, cuenta como órgano
principal con el Servicio Central de Estupefacientes, integrado en la
Comisaría General de Policía Judicial, que tras un período de ampliación
de su infraestructura, cuya primera fase ya se ha llevado a cabo, se
subdivide en dos brigadas: la de investigación, o área operativa, y la de
inteligencia, o área de información. La primera cuenta con cuatro
secciones operativas especializadas por tipos de drogas --opiáceos,
cocaínicos, cannábicos y sintéticos-- y dependen de cada una de ellas
tres grupos operativos altamente especializados en la investigación del
tráfico ilícito organizado.
Esta brigada de investigación cuenta además con un grupo de investigación
internacional y dos grupos de apoyo operativo. La brigada de inteligencia
está integrada por la sección de estudios y documentación, que dispone de
tres grupos técnicos encargados de la confección de informes sobre
situaciones del tráfico ilícito. Esta reestructuración llevada a cabo del
Servicio Central de Estupefacientes ha supuesto ya un notable incremento
de personal.
Al hablar anteriormente del Cuerpo Nacional de Policía, me he referido a
las previsiones de seguir aumentando los efectivos humanos de este
servicio, cuyo ámbito de actuación es todo el territorio nacional.
En cuanto a la organización periférica, cada comisaría provincial cuenta
dentro de su respectiva brigada de Policía judicial con uno o varios
grupos especializados en investigación y persecución del tráfico
organizado, que trabajan coordinadamente con el servicio central.
Del mismo modo, las comisarías locales cuentan con una brigada local de
Policía judicial y también con el apoyo, por tanto, de un grupo
especializado en estupefacientes.
Debo decir finalmente, por lo que al Cuerpo Nacional de Policía se
refiere, que integrado por el momento en la sección de blanqueo y fraude
fiscal de la Brigada de Delincuencia Económica del Servicio Central de la
Policía Judicial, hay cuatro grupos operativos: tres dedicados al
blanqueo de capitales y uno al fraude fiscal.
Por lo que se refiere a la Guardia Civil, les informo que la Dirección
General estudia actualmente un proyecto de reestructuración del servicio
fiscal que dejará las unidades operativas de la siguiente forma. En el
nivel central existirá un departamento antidroga y fiscal, dividido en un
órgano de inteligencia y otro de investigación con ámbito de actuación
nacional. En el nivel periférico, además de las unidades de especialistas
fiscales que actúan como resguardo fiscal del Estado, se pretende que los
grupos operativos periféricos se estructuren en secciones y grupos de
investigación, con ámbito de actuación regional los primeros y provincial
los segundos, distribuyendo sus efectivos con arreglo a las
características que presente el tráfico de drogas de cada región o
provincia.
Otra innovación en la organización periférica antidroga de la Guardia
Civil consistirá en la creación de patrullas móviles dependientes de las
unidades territoriales del Cuerpo situadas en el litoral, encargadas de
la vigilancia de los puertos deportivos y pesqueros que carezcan de
vigilancia, de resguardo fiscal.
Aún debo referirme al despliegue de la Guardia Civil, en este caso de la
Guardia Civil del Mar, creada por el Real Decreto 246/1991 y que ejerce
en las aguas marítimas españolas hasta el límite exterior del mar
territorial y excepcionalmente fuera del mismo todas las competencias que
la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye en el ámbito de la
seguridad pública y muy especialmente en el control de tráfico de drogas
en colaboración, como es lógico también, con el Servicio de Vigilancia
Aduanera.
Los objetivos y actuaciones prioritarias de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas en el área de las relaciones
institucionales son reforzar la participación de las comunidades
autónomas en el desarrollo del Plan y, muy especialmente, potenciar a
través de las distintas plataformas interautonómicas la política de
consenso imprescindible para cumplir los objetivos del mismo.
Como es lógico, al ser planes regionales --es la piedra angular del
sistema-- se construye lo que es el Plan nacional. Los diferentes planes
van configurando el Plan nacional y naturalmente supone lo que en otro
ámbito más experimentado viene a ser la Comisión interterritorial de
Sanidad, con lo cual conviene coordinar las políticas. Igualmente, la
participación de las organizaciones sociales configura el Plan nacional.
Para cumplir estos objetivos, los programas más relevantes son la
coordinación interautonómica, la cooperación con organizaciones no
gubernamentales y la distribución del porcentaje correspondiente al IRPF.
Finalmente, dentro de los convenios bilaterales, deben destacarse las
relaciones con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con la que
se ha entablado una estrecha colaboración en materia de educación y
prevención escolar, en el entendimiento de que la mejor prevención a
largo plazo es la dirigida a la población escolar y que es preciso
unificar los mensajes del sector público y del sector privado en esta
área, aglutinando los esfuerzos en la consecución de una verdadera
educación para la salud que permita incluso convivir con las drogas sin
necesidad de acudir a ellas.
Los programas más importantes a desarrollar, dentro del área de
información en el presente año, están dedicados a programas de prevención
y concienciación social, en cuyo marco se desarrollarán acciones en la
Segunda Semana Europea de Prevención, que se inaugurará en Aquisgrán, y
el debate nacional sobre el Plan Nacional sobre Drogas, que, por otra
parte, de cara al estudio de la
evolución de los diferentes problemas y a la alarma social que puedan
provocar, continuará mejorando los sistemas de información que se han
puesto en marcha y las encuestas sobre drogas entre la población general
y escolar, además de la realización de estudios específicos sobre drogas
de diseño.
Dentro de las responsabilidades de la Dirección General del Plan Nacional
sobre Drogas se encuentra la de cooperación técnica para el desarrollo de
programas de prevención en drogodependencias, tanto en las áreas de
prevención y asistencia como de incorporación social.
En materia de intervenciones asistenciales se están reforzando nuevos
dispositivos, entre los que se encuentra la creación de centros de día.
Igualmente destinada a mejorar la atención sanitaria a los
drogodependientes, se está produciendo la implicación del Insalud como
una mera fase de atención en las redes normalizadas del Sistema Nacional
de Salud.
Se intentan potenciar los programas de asistencia en los centros
penitenciarios, que se consideran prioritarios. Con ello se pretende,
cómo no, la extensión de los programas básicos a todos los centros y la
extensión de programas con sustitutivos, así como la creación de espacios
terapéuticos que se hacen, como es lógico, con los planes regionales que
pueden tener una diversidad de resultados en la medida en que tienen
también independencia en la planificación dentro de las propias
comunidades autónomas.
En materia preventiva se están desarrollando programas de intervención
destinados al ámbito laboral a través de la colaboración con los agentes
sociales, incluyéndose en este aspecto la creación de una comisión
nacional para la prevención de consumos en la empresa y el convenio con
el INI. En el mismo sentido aparece el esfuerzo de prevención específica
de consumo de alcohol, tanto a través del control de la oferta como de
reducción de la demanda, con una educación para la salud.
Con relación a la incorporación social, destaca la reelaboración del
convenio con el INEM, propiciando nuevas fórmulas en la formación
profesional.
Destaca, por último, una serie de programas de atención social en
relación con otros Ministerios para la formación de cuerpos de seguridad
para intervenciones urgentes relacionadas con el consumo y prevención en
la población en situación de cumplimiento del servicio militar.
Con relación a los planes de actuación normativa para el año 1994 en
cuanto a la competencia de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, han de destacarse los siguientes proyectos. En
primer lugar, está prevista la ampliación del grupo de coordinación
interministerial para la ejecución del Plan Nacional sobre Drogas, con la
que se intenta incluir en dicho grupo a los Ministros de Asuntos
Exteriores, Economía y Hacienda y de la Presidencia, para mejorar los
niveles de coordinación para la ejecución de dicho Plan en lo referente a
la Administración central del Estado. Dicha inclusión, además, viene
motivada por la necesidad de hacer partícipes en la coordinación a los
ministros que de alguna manera se ven afectados en sus competencias por
los problemas de la drogodependencia, como son la internacionalización y
la mayor cooperación internacional en la materia, así como el uso del
sistema financiero para el blanqueo de capitales. El proyecto está
únicamente pendiente del informe del Ministerio para las Administraciones
Públicas.
En segundo lugar, está previsto el desarrollo normativo de una ley en
materia de sustancias químicas catalogadas para evitar el desvío de las
mismas a la fabricación ilícita de drogas tóxicas. Dicha norma supondría
la transposición de la directiva comunitaria que viene a exigir la
creación de obligaciones para los sujetos intervinientes en los procesos
de fabricación, transformación y comercialización de dichos productos, de
comunicación de operaciones e identificación de clientes y del producto.
En tercer lugar, se está ultimando una normativa para que los bienes
encautados procedentes de delitos de tráfico de drogas o relacionados
sirvan para la financiación en las diferentes actuaciones que se están
llevando a cabo en esta materia de prevención, asistencia, represión y
cooperación internacional en la materia. El objetivo del mismo es, por lo
tanto, que los bienes que se incautan de dichas conductas sirvan para
financiar los programas del Plan Nacional sobre Drogas.
Por lo que se refiere a la cooperación dentro del marco de la Unión
Europea, deben destacarse las relaciones en materia de drogas con tres
países, Portugal, Francia y Alemania, con convenios bilaterales. La
importancia de los acuerdos bilaterales con Francia y Alemania es,
además, la de suponer un reforzamiento de la cooperación con países de la
Unión Europea más allá de los propios mecanismos comunitarios, la que se
deriva del hecho de que las tres presidencias consecutivas de Francia,
Alemania y España en la Unión, en el segundo semestre de los años 1994 y
1995, va a mejorar estas relaciones. Esta circunstancia, sin lugar a
dudas, agilizará y facilitará toda la cooperación.
En extranjería, debemos responder a los nuevos retos planteados diseñando
políticas de planificación de la inmigración, con sus implicaciones de
control de flujos y de integración de los extranjeros en nuestra
sociedad. Conscientes de la importancia de la exigencia de una unidad
específica en el Departamento, responsable del desarrollo y puesta en
práctica de la política de extranjería y asilo, a las pocas semanas de
tomar posesión propuse al Consejo de Ministros la creación de la actual
Dirección de Extranjería y Asilo, cuyo proyecto ya había anunciado a SS.
SS. mi antecesor. Las orientaciones básicas sobre las que se asientan las
políticas de inmigración y asilo que el Ministerio tiene previsto
desarrollar en la presente legislatura son las siguientes. En primer
lugar, las líneas de actuación trazadas por la proposición no de ley del
Congreso de los Diputados de 20 de marzo de 1991, aprobada por la
práctica totalidad de la Cámara. En segundo lugar, los imperativos
asumidos en el Tratado de la Unión en cuanto a la configuración
comunitaria de una política de inmigración y asilo. Por último, la
actuación del Departamento debe ir dirigida a posibilitar la libre
circulación de las personas, con la supresión de las fronteras
interiores, en cuanto a los objetivos que suponen los acuerdos de
Schengen.
Inicialmente hice referencia a la importancia esencial, en materia de
extranjería, de la organización y el control de
los flujos migratorios, para lo que se debe contar con los instrumentos
adecuados de regulación de la entrada de extranjeros, que permitan a su
vez la puesta en práctica de políticas efectivas de integración. En tal
sentido, conforme a lo establecido en los acuerdos de Schengen, se ha
impulsado, y me propongo continuar impulsando, la puesta en marcha del
sistema de información SIS, constituido por una base de datos común en la
que se integra el sistema de información español, denominado SIE, y que
va a posibilitar el efectivo control de nuestras fronteras exteriores. La
aplicación del acuerdo de Schengen, que esperamos pueda ser efectiva en
los próximos meses, significará, asimismo, la supresión de los controles
fronterizos entre los países fundadores, es decir, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Francia, Alemania, Portugal y España.
En lo relativo a la situación de los inmigrantes en España, quiero hacer
referencia a la creación de las oficinas únicas de extranjeros,
propuestas por SS. SS. en la anteriormente citada proposición no de ley,
que permitirá unificar la tramitación administrativa correspondiente a
los distintos departamentos competentes en la materia. Hasta el momento
se encuentran en funcionamiento cuatro oficinas de este tipo y nos
proponemos continuar trabajando en esa línea, teniendo el proyecto de
abrir próximamente las oficinas únicas de Madrid y Barcelona, que
consideramos de importancia básica dada la relevancia de ambas ciudades.
En esta misma línea de impulsar y posibilitar la integración, considero
un avance importante la reciente instrucción dictada por este
Departamento, junto con el de Trabajo y Seguridad Social y el de Asuntos
Sociales, sobre reagrupación familiar. Con ello se permite a los
inmigrantes que cuenten con medios suficientes reunir a la familia
evitando, a la vez, situaciones de ilegalidad y la aparición de núcleos
de marginación e infravivienda. En paralelo a los desarrollos de los
mecanismos de integración se deben tomar medidas para el control de los
extranjeros ilegales con situación de empleo irregular, evitando los
riesgos de explotación que suelen conllevar estos fenómenos. En este
sentido, recientemente hemos dictado, junto con el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, una instrucción sobre el control de empleo irregular
que articula la cooperación entre la Inspección de Trabajo y las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia.
En lo que se refiere a la política de asilo, quiero hacer hincapié en la
necesidad de evitar que el asilo sea utilizado como vía para encubrir
emigración de carácter económico, desnaturalizando la figura del asilo. A
este respecto, el proyecto de ley de asilo establece garantías para una
efectiva protección de los perseguidos por las razones que contempla la
Convención de Ginebra y cuenta con el apoyo y participación del Alto
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que en este
momento me parece que se está discutiendo en una Comisión en otra sala.
Lo que la nueva ley pretende evitar es que puedan admitirse a trámite
solicitudes completamente infundadas y que se produzcan situaciones
absurdas o de difícil persecución, como la reciente experiencia de los
presuntos etarras solicitantes de asilo en Bélgica o delincuentes
internacionales que, al amparo de esta vía, pretenden burlar la legítima
acción de la justicia.
Otro aspecto que nos preocupa a todos profundamente es el de los
incipientes brotes de racismo y xenofobia, alguna de cuyas
manifestaciones ha tenido nefastas consecuencias. La sociedad en su
conjunto, los medios de comunicación, las fuerzas políticas, el Gobierno
y las instituciones democráticas debemos luchar para evitar, sin duda,
esta lacra. Por mi parte, señorías, estén ustedes seguros de que, desde
el Ministerio del Interior, vamos a luchar contra estos fenómenos con
toda la fuerza de que disponemos.
En materia de protección civil, una de las principales características de
un país moderno y desarrollado es la capacidad de prever y prevenir, por
tanto minimizar, las consecuencias de las catástrofes naturales o
derivadas del desarrollo industrial. La política del Departamento en
materia de protección civil se enfoca, fundamentalmente, hacia la
profundización en el concepto de prevención, sin olvidar, obviamente, el
de reparación del daño una vez producido y conocido éste. En este
sentido, la colaboración con las administraciones autonómica y municipal,
que se articula en el seno de la Comisión Nacional de Protección Civil,
es pieza clave y fundamental de la política del Departamento. Los
aspectos participativo, social y educativo deben ser, asimismo, elementos
esenciales inspiradores de nuestra actuación en materia de protección
civil. Participación en el sentido de fomentar la cooperación directa de
los ciudadanos en situaciones de emergencia, que pretendo abordar a
través de la regulación del actual voluntariado colaborador de protección
civil y del fomento del ejercicio de la prestación social sustitutoria
del servicio militar en este ámbito, tomándose ello en consideración en
la ley reguladora del servicio civil actualmente en preparación. Carácter
social en cuanto a la política redistributiva de recursos, ya que
habitualmente viene a paliar situaciones de necesidad de los
económicamente menos favorecidos, que son los que están expuestos con
mayor debilidad a situaciones de emergencia. Carácter educativo en el
sentido de que es imprescindible crear, desde la infancia, una cultura de
protección civil para lograr la efectividad de las políticas preventivas
y coadyuvar e incentivar la participación de los ciudadanos. Sus señorías
ya conocen la creación de una Escuela Nacional de Protección Civil, cuya
primera fase de construcción está prácticamente concluida, estando
prevista su puesta en funcionamiento a lo largo del presente año. La
escuela se configura como un proyecto estatal al que se encomiendan
tareas de investigación, estudio, información, formación y capacitación
en la materia, siendo esencial la colaboración entre las distintas
administraciones públicas de cara a conseguir la armonización de la
formación de los directivos, técnicos, expertos y actuantes que
participen en todo el sistema de protección civil. Asimismo, se
configurará como foro de encuentro y órgano de enlace con las
instituciones universitarias y centros de investigación actuantes en esta
materia y, naturalmente, con aquellos que suponen también la colaboración
con el Ministerio de Justicia en materia de prestación social
sustitutoria. Las bases sobre las que descansan los planes de protección
civil,
elaborados por las diferentes administraciones, fueron establecidas por
la norma básica de protección civil aprobada en el año 1992, estando
pendiente en estos momentos el desarrollo de los planes específicos sobre
los riesgos de inundación, los derivados del transporte de mercancías
peligrosas y del riesgo sísmico, desarrollo este que me propongo impulsar
dada su gran importancia y potencial incidencia sobre la población.
En cuanto al riego nuclear, aprobados ya el plan básico y los planes
provinciales, se ha iniciado la implantación de la denominada red de
alerta a la radiactividad, consistente en un sistema de control
informatizado a través de 902 puntos de sensualización distribuidos a lo
largo de la geografía nacional, que permitirá el conocimiento exacto de
los niveles de radiación gamma, así como de las tendencias anormales que
en ellos se detecten. La total implantación y puesta en funcionamiento
del sistema está previsto que concluya a lo largo del año 1994, con lo
cual considero que estaremos dando una respuesta adecuada.
En lo que se refiere a la seguridad vial del tráfico, como SS. SS.
conocen, porque así ha venido siendo informada esta Cámara, llevamos
cuatro años consecutivos en los que van descendiendo los índices de
siniestralidad, descenso que se cifra en torno al 25 por ciento,
aproximadamente, y que adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta
que, en paralelo, se ha incrementado el parque automovilístico. Estando
aún pendientes de conocer las cifras del resto de los países europeos en
el año 1993, los datos de que disponemos nos indican que estamos en un
nivel de seguridad similar a países que nos superan en tradición
automovilística, como Francia o Bélgica. Las causas del aumento en los
índices de seguridad son varias y van desde la patente mejora de la red
viaria a la renovación del parque automovilístico español y a los efectos
positivos de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Vial, de marzo de
1990, y del Reglamento de circulación, de junio de 1992, unido al
importante esfuerzo inversor realizado desde este Ministerio y las
administraciones públicas en su conjunto, para mejorar aspectos claves
como la regulación y control de tráfico en accesos a las grandes
ciudades, en las travesías peligrosas y en los medios materiales puestos
a disposición de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sin
olvidar un elemento esencial: cual es la progresiva sensibilización de
los ciudadanos respecto a las causas de producción de los accidentes y
sus dramáticas consecuencias.
No obstante todo lo anterior, los datos sobre accidentes de tráfico
siguen siendo alarmantes y así lo prueba el hecho de que durante el año
pasado se produjeran 4.735 víctimas mortales en nuestras carreteras,
cifra que por sí misma justifica que la seguridad vial continúe
constituyendo una de las preocupaciones fundamentales de este
Departamento y una de nuestras prioridades políticas vaya dirigida a la
disminución de accidentes de circulación y a la minimización de sus
consecuencias. Todo esto, como ya se ha establecido, se realiza en el
ámbito de consenso
interadministrativo, dada la multiplicidad de causas que influyen en los
accidentes de tráfico y la amplia participación de otras administraciones
que no son meramente la central, sino también la local y la autonómica.
Como ya he dicho, me propongo incrementar los efectivos de la Guardia
Civil de Tráfico y su presencia en las carreteras. En la actualidad,
contamos con una plantilla de 7.400 efectivos, que en el presente mes
pasarán a ser 7.750, en el marco de un programa del incremento de
plantillas que llegará a los 12.000 hombres en los próximos cinco años. A
ello contribuirá la puesta en funcionamiento, prevista para el año 1995,
de la Academia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida,
que aumentará y mejorará las posibilidades de formación y especialización
de los grupos de tráfico.
Asimismo, nos proponemos potenciar la eficacia de su actuación en las
carreteras, intensificando el control de las vías secundarias y dotándola
de medios técnicos que aumenten la eficacia y eficiencia de su actuación,
vigilancia y control. Si bien es cierto que toda la red secundaria --que
es tres veces superior a la red primaria-- es una competencia radicada en
las corporaciones locales, provinciales concretamente, tal vez necesite
impulsos inversores para que pueda adecuarse a las exigencias que estas
medidas de control requerirían. Ello significaría, en lo que concierne a
los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que, sin merma de su
reconocida actividad de auxilio y ayuda al automovilista, seguirá
centrando su atención en el control de los comportamientos que tienen
mayor incidencia en la producción de accidentes o en el agravamiento de
sus consecuencias, tales como exceso de velocidad, drogas, alcohol,
utilización del cinturón de seguridad o casco, etcétera. Todo ello se
hará, como es lógico, con una prioridad en cuanto a medios técnicos
necesarios, sin olvidar el control de cuestiones tales como inspección
técnica de vehículos, seguro obligatorio y demás documentación relativa
al automóvil y al automovilista.
Quiero destacar también, señorías, la incidencia positiva que están
teniendo todas las campañas de sensibilización realizadas a través de los
medios de comunicación, campañas diseñadas con gran realismo y crudeza y
que, en vista de su impacto y resultados, nos proponemos intensificar. No
obstante, la toma de conciencia del ciudadano debe realizarse a todos los
niveles, comenzando por la educación vial infantil a través de programas
de formación del profesorado, diseño de material didáctico, concursos
incentivadores, y continuando con actividades de formación dirigidas a
colectivos específicos tales como la tercera edad, así como lo que se
llamaría el reciclaje del conductor. Nos parece también materia
importante que las campañas incidan continuamente sobre las novedades, lo
que en síntesis vendría a ser el reciclaje del conductor. Asimismo se van
a mejorar los procedimientos de examen para la obtención del permiso de
circulación, adaptándolos a la directiva comunitaria que regula este tipo
de permisos.
En el marco de la actividad de estudio e investigación, tenemos prevista
la creación del Instituto Nacional de Investigación, dirigido a fomentar
el estudio en profundidad de los temas más importantes de la seguridad
vial, sirviendo como instrumento para planificar y desarrollar una
política efectiva contrastada de seguridad vial. Anteriormente hice
referencia al desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Vial
respecto de la que me gustaría recordar
el amplio consenso con el que en su día esta Cámara aprobó dicha Ley;
consenso que se ha mantenido en los cuatro últimos años en las materias
relativas a la seguridad vial y que espero y deseo se mantenga en la
presente legislatura. Habiendo sido aprobados los reglamentos de
funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial y el
Reglamento General de Circulación en la presente legislatura, vamos a
continuar el desarrollo de la Ley reglamentando lo relativo a vehículos,
permisos de conducción, usos excepcionales de la vía pública y régimen
sancionador. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de implantación
del denominado permiso de conducir por puntos cuya regulación requeriría,
en su caso, la modificación de la Ley de Seguridad Vial, para lo cual
buscaríamos el consenso entre los diferentes grupos políticos que, como
queda dicho, entiendo que debe presidir las relaciones en esta materia.
Otro de los aspectos que en este Ministerio hemos realizado es el
electoral. En lo que se refiere a la organización y gestión de procesos
electorales, la misión del Ministerio del Interior consiste en poner a
disposición de la administración electoral los medios personales y
materiales necesarios, así como hacer posible que el Gobierno proporcione
información provisional sobre los resultados con la mayor celeridad
posible. Así se hará, como es lógico, y según el grado de actuación
requerida en los procesos previstos para este año: elecciones a los
Parlamentos europeo, andaluz y vasco. En este punto considero importante
hacer referencia a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, en tramitación en las Cámaras actualmente, que incide más
directamente en la actividad de este Departamento. Por primera vez en
nuestra historia podrán votar y ser votados extranjeros procedentes de
países comunitarios residentes en España. Asimismo, se amplía el número
de diputados en el Parlamento Europeo en representación de nuestro país,
que pasará a ser de 60 a 64.
Especialmente quiero hacer hincapié en las posibles reformas relativas a
la reducción de gastos electorales y más, en concreto, a las referidas a
la campaña institucional. Este es un límite que va a informar sobre la
fecha de la votación, el procedimiento para votar, la posibilidad de
votar por correo y que la difusión de la propia campaña se realice
únicamente en los espacios gratuitos por los medios de comunicación de
titularidad pública. Estas enmiendas que han obtenido un alto grado de
consenso nos llegarán a plantear un nuevo esquema en los aspectos
creativos de la campaña, teniendo en cuenta sus objetivos y el soporte en
el que se difundirán. Puedo garantizarles, señorías, que la reducción del
gasto será considerable, aun con respecto a la campaña institucional de
las elecciones generales de 1993, en las que se limitó puramente a los
aspectos informativos, siguiendo el contenido de la proposición de ley de
reforma que decayó al disolverse las Cámaras, consiguiéndose un ahorro
casi del 50 por ciento respecto de las inmediatas anteriores.
En cuanto a la administración periférica, quisiera hacerles partícipes de
otra cuestión que es preocupación permanente de este Departamento y
enlaza con lo que al principio mencioné respecto del proceso autonómico:
la coordinación de la actuación de los delegados del Gobierno y
gobernadores civiles en cuanto a representantes del Gobierno de la Nación
en las comunidades autónomas y provincias. Es sabido, asimismo, que
ejercen la dirección de los servicios de la Administración general del
Estado y que les corresponde la coordinación de ésta con administraciones
autonómicas y locales respectivamente. La conclusión del nuevo mapa
autonómico llevará consigo una reorganización de los servicios
periféricos de la Administración del Estado y la consiguiente
redistribución interna de efectivos, todo ello con el objetivo de lograr
la racionalización de los servicios de acuerdo con los principios de
eficacia, economía, modernización y coordinación. En suma, quiero
decirles que el Estado autonómico exigirá la adecuación y
dimensionamiento de la Administración periférica del Estado de cara a
lograr el equilibrio entre las estructuras comunes de dirección y las
estructuras diferenciadas de carácter sectorial que deban mantenerse
conforme a la distribución competencial.
Hay un último aspecto referido a la información al ciudadano, una
organización como el Ministerio del Interior que presta un gran número de
servicios de tipo administrativo y que ha de tener incorporados a sus
principios generales las relaciones y la información al ciudadano como
una tarea primordial. Así, durante el año 1993 la Oficina de Información
y Atención al Ciudadano atendió 268.234 consultas relativas a asuntos de
las competencias atribuidas al Ministerio. Este servicio funciona desde
las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche de modo
ininterrumpido. La misma estructura de información atiende las peticiones
de cita de los solicitantes de asilo, que el año pasado supuso un volumen
de llamadas de unas 25.000. También se han aprobado, con buena aceptación
por parte de los usuarios, unos terminales desde donde se pueden realizar
las denuncias más comunes, con lo que las oficinas de denuncias de la
Dirección General de la Policía donde se han experimentado han visto
reducida su atención a los asuntos de menor importancia para poder
dedicar más recursos a los temas de mayor trascendencia humana o
policial. Dentro de poco la experiencia se extenderá a unos quince puntos
más y, si se confirma la valoración actual, se irá implantando a medida
de las disponibilidades presupuestarias.
Otra de las áreas en las que se ha trabajado es la de los responsables de
contactos ciudadanos de la Policía, lo que se ha venido llamando policía
de enlace. La importancia de estos funcionarios, que se relacionan con
centenares de colectivos a los que trasladan las iniciativas de la
Dirección General de la Policía y de los que recogen valiosa información
de carácter operativo, es inestimable.
La formación, de cara a conseguir un alto nivel de atención al ciudadano
ha sido uno de los grandes objetivos en este terreno y durante cuatro
años se ha formado este tipo de técnicas que mejora las relaciones con
los ciudadanos a más de 5.500 funcionarios de los que una buena parte
corresponden a los destinados en oficinas de expedición del documento
nacional de identidad y pasaporte, aunque las restricciones
presupuestarias también han limitado fuertemente este tipo de iniciativas
que siempre son gratas
naturalmente en cuanto funcionan para el ciudadano pero que también
tienen unos costes muy elevados.
De todas formas, es nuestra intención seguir desarrollando esta tarea y
estamos convencidos de que el camino que hemos iniciado contribuirá no
sólo a una mejora de la percepción que los ciudadanos tienen de los
servicios que se les prestan sino a una más eficaz gestión, ya que en la
medida que avancemos en la confianza de los ciudadanos aumentará su
colaboración imprescindible para consolidar un buen nivel de seguridad
ciudadana. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Finalmente, he de destacar la consolidación del libro de atención al
ciudadano, que es una versión modernizada y eficaz de las antiguas hojas
de reclamaciones que en número de más de 3.000 están disponibles en todas
las dependencias que el Departamento tiene abiertas al ciudadano y que
permiten una radiografía permanente y exacta del modo de funcionar de
cada una de ellas.
He intentado, señorías, pasar revista a todos y cada uno de los aspectos
fundamentales de este departamento. Soy consciente, sin embargo, que
algunas cosas, como la conclusión del proceso de transferencias en
materia de juego, los espectáculos taurinos o la violencia en el deporte
no han sido tratados. Me referiré a ellos, si SS. SS. me lo indican en
sus respectivos turnos de intervención.
Para concluir --sin prolongar más mi intervención--, he de insistir en
algo que se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones a lo largo de
mi intervención: el alto grado de consenso entre los distintos grupos
parlamentarios que han presidido las actuaciones objeto de la competencia
de este Ministerio, como la lucha antiterrorista, la seguridad vial o la
política de extranjería.
Me propongo continuar en esa misma línea, haciendo todo lo posible para
que, sin perjuicio de la labor típica y control de la actuación del
Gobierno, que compete a esta Cámara, el diálogo y el consenso presidan
nuestras realizaciones.
Por ello, porque en definitiva buena parte de estas cuestiones se pueden
considerar como política de Estado, quiero pedirles disculpas de nuevo,
señorías, por la extensión de mi intervención, que sin duda podrá ahora
ampliarse a cuantos requerimientos e intervenciones naturalmente ustedes
precisen.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
El señor Baón tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor BAON RAMIREZ: Empezaría con una anécdota de Eugenio D'Ors que,
en una ocasión, en que fue a un acto público, lo fueron desplazando,
hasta que tuvo que decir: me parece que las autoridades están repetidas.
A este respecto, sí debo decir después de haber leído --la tengo aquí
delante-- la comparecencia del 29 de septiembre del señor Corcuera, y
atendiendo también a que el señor Asunción, al acceder al cargo titular
del departamento de Interior, dijo que iba a presidir su actuación la
línea de continuidad de su predecesor, con independencia de que pueda,
posteriormente, comentar algunos de los aspectos abordados por el señor
ministro, sí me gustaría, como premisa, como primera pregunta principal,
me gustaría dijese a la Comisión en qué va a diferir la política del
Ministro Asunción respecto a su predecesor, el Ministro Corcuera, con
independencia del énfasis que ha puesto en el Plan Nacional sobre la
Droga (ésta sí es una novedad, porque afecta a la reestructuración del
Ministerio), que veremos con posterioridad en el punto tercero del nuevo
orden del día. Ignoro los propósitos, aunque sí he visto un afán
creativo, innovador, menos inercial en el aspecto policial, que yo podría
resumir otra vez que ésta es una improvisación porque es la primera
audición que tenemos del ministro que nos ha leído el largo informe.
Por lo que respecta a la organización policial, yo creo que preside un
principio de descentralización, otro de especialización, con especial
atención a la delincuencia organizada, y un mayor control interno. Yo
creo que esos son los tres ejes en los que el ministerio, con su nuevo
equipo, piensa actuar.
Doy por muy bien recibido, señor ministro --ya es hora--, el anuncio que
ha hecho de que el despliegue, que yo diría repliegue, de la Guardia
Civil se va a estudiar aquí en sede parlamentaria. Este tema ha sido
objeto de una política opaca o de hechos consumados y nos hemos enterado
en el Parlamento a través de los medios de comunicación conforme iban
cerrándose cuarteles.
Doy también por bien recibida la adaptación que ha anunciado y tiene que
hacer de la Ley de Seguridad Ciudadana y su proyección reglamentaria,
lógicamente como consecuencia de la sentencia del Tribunal
Constitucional.
Me ha sonado a novedad --y eso rompe con lo inercial-- la
reestructuración que pretende hacer en la Guardia Civil y en la Dirección
General de la Policía. Por lo que respecta a la Guardia Civil, en orden a
una reestructuración del servicio fiscal, a poner énfasis también en la
delincuencia ecológica, etcétera.
Respecto al Plan Nacional de la Droga, no quiero decir nada porque no
quiero consumir los argumentos del tercer punto del orden del día.
Sí debo elogiar, y es en cualquier caso un principio de continuidad de su
predecesor, que se haya constituido la Dirección General de Extranjería y
Asilo. Entiendo que en la reestructuración del ministerio esto responde a
unos problemas reales que nos afectan en tanto en cuanto estamos
vinculados a los tratados y acuerdos de la Unión Europea.
Ahora bien, respecto de Schengen, no ha sido muy explícito que digamos,
es decir, Schengen, ¿cuándo? ¿Cuándo, si está aplazado «sine die»? Me
parece muy bien que el servicio de información de Schengen vaya
aumentando su infraestructura informática para ese control de extranjería
y de delincuencia, etcétera.
Una pregunta concreta sí le voy a hacer, sobre todo porque ese debate se
ha suscitado en los medios de comunicación. ¿Qué tesis va a prosperar en
el tema de asilo la del señor Garzón o la que ya había pactado su
predecesor en esta Cámara antes de que decayese el correspondiente
proyecto de ley?
Me parece muy bien que se siga la línea de continuidad, no puedo hacer
otra cosa en materia de relaciones, como ya se ha denunciado aquí por su
predecesor también en esta Comisión, en comparecencias recientes del año
pasado.
Por lo que respecta a xenofobia, lo mismo.
En Protección Civil, celebraremos muy mucho que llegue al fin la Escuela
de Protección Civil, que ha prometido para este año.
Respecto al tráfico, como quiera que va a ser también objeto de algún
debate singularizado y específico en esta Cámara, no quiero nada más que
apuntar mi disentimiento respecto a las manifestaciones que ha hecho S.
S. Es cierto que estamos reduciendo el número de víctimas año tras año,
ahora también debe tener S. S. presente que el consumo de gasolina se ha
reducido el 25 por ciento, lo que quiere decir que el número de
kilómetros circulados por parque nacional de vehículos también se ha
reducido el 25 por ciento, y que, por otra parte, nos corrigen las
estadísticas en la Comunidad Europea aplicándole un coeficiente
multiplicador de 1,2 respecto de siniestralidad. Pero eso ya lo
trataremos en su momento.
Veo que difícilmente se puede atender por Tráfico la red principal o la
red nacional, e impulsar ahora el control con la misma Agrupación de
Tráfico. Aunque veo que pretende aumentar el número en plantilla de
quienes se dedican al control del tráfico, llevarlo a la red secundaria
me parece un propósito no diría que utópico pero sí distante de la
realidad.
También le pregunto en qué medida va a proponer usted la variación del
presupuesto que ya está aprobado por esta Cámara para su departamento,
con el fin de aplicarlo a los objetivos que ha enunciado en esta
comparecencia, ya que no se ha referido, para nada, al aspecto económico.
Asimismo, me pareció columbrar que anunciaba la concepción del modelo
policial (que no he oído, lo que sí me ha parecido oír es que lo apuntaba
al señalar las normas legales que hay en juego y se lo pregunto para que
me lo confirme) que va a suponer la alteración de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y le pregunto en qué términos
se va a modificar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: En primer lugar, quisiera saludar al señor
Ministro en esta su primera comparecencia, y desearle éxito en el
desarrollo de su labor, aunque en la exposición que ha hecho de las
tareas que piensa realizar a lo largo de su mandato en el ministerio, no
hemos visto quiebras en la continuidad con el anterior mandatario, lo
cual nos preocupa, en cierto sentido, porque consideramos que la dimisión
del anterior Ministro, a causa del dictamen del Tribunal Constitucional,
debería haber tenido una lectura política superior al mero hecho formal
de que el Tribunal Constitucional consideró que determinados artículos de
la Ley de Seguridad Ciudadana no eran constitucionales.
Consideramos que durante el anterior período el modelo de seguridad del
Estado se iba deslizando hacia un modelo cada vez más autoritario y, en
este sentido, es donde enmarcamos políticamente tanto aquella ley de
Seguridad Ciudadana como muchas de las acciones policiales que se venían
produciendo en la anterior gestión. Respecto a ese modelo no hemos
observado crítica alguna, ni siquiera ningún distanciamiento por parte
del nuevo Ministro, con lo cual tenemos cierta preocupación sobre la
continuidad de ese modelo.
Hubiéramos oído con agrado que se producía una inflexión política en la
gestión de la Seguridad del Estado, que se iba a alejar el Gobierno del
modelo anteriormente en ejecución y que se iba a plantear otro tipo de
actitudes.
También echamos en falta un análisis más profundo sobre el futuro de los
Cuerpos de Seguridad, concretamente sobre la Policía Nacional, en la cual
creemos que hay factores profundamente autoritarios y hay que plantear
otros vectores, otras direcciones, así como sobre las relaciones internas
y laborales, dentro de los Cuerpos de Seguridad, concretamente en el
Cuerpo Nacional de Policía y en el de la Guardia Civil.
No esperamos de una comunicación como la que hace el señor Ministro --ni
creemos que ése sea exactamente el objetivo-- una relación absolutamente
pormenorizada del programa de actividades para los próximos cuatro años.
Creo que eso no es una narración política y aunque, por supuesto, está en
absoluta libertad de hacerlo, hubiéramos preferido una intervención más
en el sentido de cómo iban a variar las políticas, si es que iban a
variar.
En cualquier caso, para entrar en algunos de los aspectos que preocupan,
además del que le he manifestado anteriormente de los Cuerpos de
Seguridad, quisiéramos que usted planteara de una manera un poco más
explícita cómo iba a ser la relación entre el encargado del Plan Nacional
de Lucha contra la Droga, el señor Garzón, y el propio señor Ministro:
cómo iban a repartirse funcionalmente estas actuaciones dentro del
ministerio.
Por otra parte, también quisiéramos hacerle notar que, según nuestro
criterio, las medidas de seguridad vial no llevan el ritmo que
consideramos oportuno; ni siquiera las indicaciones que adoptó en su día
la Comisión del Senado sobre seguridad vial creemos que tengan un reflejo
suficiente, hoy por hoy, en la Administración. Consideramos que van por
una vía demasiado lenta y creemos que deben ir más rápidas las medidas,
aunque no deben ir más rápidos los coches y habría que plantearse
mecanismos de control de velocidad más rigurosos que los actualmente
vigentes.
Por último, quisiera hacerle notar que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida cuenta en esta Cámara y que no son iguales los consensos
que se alcanzan en esta Cámara sobre terrorismo y seguridad vial que
sobre extranjería; no son los mismos consensos. No creo que quepa hablar
de consenso en la Cámara cuando un grupo parlamentario como Izquierda
Unida no comparte las posiciones sobre política de extranjería que llevan
el resto de grupos. Creo que sí es justo hablar de consenso en los otros
dos aspectos, no es así en este último, y es importante porque la misma
palabra tiene un contenido considerable.
Nada más, señor Ministro, sino repetirle nuestro deseo de que tenga éxito
en su gestión, pero también nuestro deseo de que derive hacia otros
derroteros de los que derivó en la anterior gestión del Ministro
Corcuera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Pérez Mariño tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Siempre es complejo para el portavoz del Grupo
Socialista plantearse qué le ha de decir a uno de los ministros a los que
ha apoyado --y apoya-- por obligación y devoción; obligación porque apoya
al Gobierno y, por tanto, a sus ministros, y devoción porque está de
acuerdo con las políticas que enumera.
Antes de entrar en esa enumeración, en primer lugar, quisiera felicitarle
por el feliz éxito de la operación del secuestro del avión de Alicante.
Estamos acostumbrados a una sociedad en la que, en general, si hubiera
salido mal el secuestro tendría usted una losa de críticas, justas o
injustas, a su actuación, pero como ha salido bien pasa desapercibido. En
esa medida, me gustaría expresarle que estamos satisfechos, incluso, de
que se haya convertido en lo habitual no felicitarle, pero sepa usted que
todo el país, lógicamente, debe estar contento de que el asunto tuviera
el final que tuvo.
En segundo lugar, me debo unir al casi coro de felicitaciones del señor
Baón, representante del Grupo Popular, así como a las del representante
de Izquierda Unida, porque nadie ha hecho aquí una crítica a su política.
No podía ser menos, porque los límites de actuación de un Ministro del
Interior, a pesar de que el señor Baón quería que usted se distinguiese
de su antecesor en las líneas maestras, efectivamente, son unas y pocas
más se pueden hacer. En esa medida estamos absolutamente de acuerdo tanto
con lo que eran las líneas maestras como con las actuales, con las
modificaciones que se van a efectuar en toda la problemática de la droga
y que usted ha enunciado.
Sin embargo, nos parece que la política del Ministerio de Interior debe
procurar distinguirse, más que por esas líneas generales de actuación por
sus haceres prácticos, y porque sabemos que ése es su talante, sabemos
que ésa es su aspiración nos gustaría que su presencia sirviera para
convertir su ministerio, no en un ministerio represor, como parece que
inevitablemente tienen que ser los Ministerios de Interior, sino en un
ministerio de salvaguardia de los derechos de las minorías; en un
ministerio garantista de los derechos de la sociedad; en definitiva, en
un ministerio que, siguiendo las pautas constitucionales, sirviera para
arreglar los conflictos que toda sociedad genera inevitablemente. Sabemos
que ésa es su ilusión y a ese quehacer que no se ve, a ese quehacer que
probablemente no está en las leyes, no dudamos que dedicará usted la
mayor parte de su tiempo.
El señor Baón no se puede contener y poniendo los dedos en la boca decía:
por fin, ¿qué se va a seguir, lo del antecesor suyo, la Ley del Asilo, o
lo del señor Garzón? Su grupo lo sabe muy bien porque ha pactado ayer por
la tarde la enmienda que se va a presentar por unanimidad, lo que pasa es
que quizá el señor Baón no lo sabe o no lo quiere saber, pero su grupo la
pactó ayer por la tarde, y su grupo es un todo; o sea que pregunte usted
a sus portavoces y sabrá lo que se pactó. Se pactó lo que ha parecido que
era mejor para solucionar el problema de asilo y para poner en conjunción
dos elementos fundamentales: por un lado, el legítimo derecho,
constitucionalmente reconocido, que tienen todas las personas que buscan
asilo o refugio en nuestro país; y, por otra parte, la evitación de que
por esa vía entren personas que no deben acogerse. Eso es lo que ha dicho
el señor Ministro hace un ratito de una forma clara. Por eso sepa usted
que no ha ganado nadie; ha ganado la sensatez, que es lo que hemos
procurado, y por eso su grupo --no sé si por devoción o por obligación--
se subió también ayer al carro de esa enmienda; a última hora, pero
también se subió.
Los éxitos parece que no se pueden tener en este país. La siniestralidad
está bajando en el problema de seguridad vial, pero dice usted que se
gasta menos en gasolina y se conduce menos. Yo no sé la cifra del 25 por
ciento que usted sacó de la gasolina, ésa no la sé, pero la que dijo
después es falsa. Dice usted: los niveles estadísticos en Europa nos los
corrigen. Claro que nos los corrigen, pero qué más da que nos los
corrijan; lo que dice el señor ministro es que la siniestralidad está
bajando respecto a nuestras cifras del año precedente, con lo cual es
absolutamente igual que nuestras cifras o nuestra forma de hacer la
estadística de siniestralidad esté adecuada a la europea o no; lo que él
ha dicho es que baja respecto a nuestras propias cifras de años
anteriores, de los últimos cuatro años. ¿Que no se puede hacer ninguna
cosa bien? Acepte usted que, por primera vez, está bajando. Le podríamos
decir al señor ministro: esfuércese usted en que baje mucho más; pues
claro. Supongo que él no estará contento con que haya el 25 por ciento
menos de siniestralidad. Le gustaría no que bajara el 25, sino la
totalidad; en fin, algunas cosas ha de hacer bien el señor Asunción.
Confío, por tanto, señor ministro, en que usted, conociéndole, se
convierta en un ministro de garantía de todos aquellos derechos de las
minorías, que suelen ser los que no tienen derechos, y que eso marque su
función en el cargo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señorías, trataré de
clarificar algunos aspectos que han expuesto en sus intervenciones.
En primer lugar, señor Baón, el Gobierno es el mismo, el ministro ha
cambiado pero el Gobierno es el mismo; el programa es el programa del
mismo Gobierno; por tanto, no puede haber diferencias, no debe haberlas,
y se lo dije al principio de mi intervención. Sólo me cabe aquí ahora
elogiar a mi antecesor que hizo una magnífica gestión, una gran labor al
frente del ministerio y fue un gran ministro. Por tanto, yo voy a
continuar la tarea que él emprendió, cogiendo el testigo, que es lo que
hacemos las personas
frente a los proyectos: continuar, prolongar, desarrollar, ejecutar.
He tratado de exponer un tema que a mí me parece muy importante. Tal vez
es uno de los últimos aspectos que usted me indicaba, pero casi hay que
ponerlo al principio, yo lo expuse al principio.
Necesitaríamos adaptar la Ley de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, a lo que es ya el principio de lo que puede ser el Estado en
cuanto al concepto de seguridad que podamos tener en nuestro país en los
próximos 15 años. En este momento, dentro del marco competencial de los
diferentes estatutos, el Gobierno Vasco ha desarrollado ya su capacidad y
también ha desarrollado una policía autónoma, con una singularidad,
expresada ya en su propio Estatuto; el Parlamento catalán discute en
estos momentos una ley de la política autónoma; la Comunidad Autónoma de
Navarra tiene ya un despliegue hecho también por una policía autónoma.
Tenemos varias comunidades con convenios, lo cual quiere decir que sería
nuestra responsabilidad, y lo es, tener una visión de futuro a medio
plazo que vaya a configurar y corrija los problemas que puedan surgir
dentro de ese marco competencial amplio, descentralizado, que es nuevo y
diferente. No tenemos modelo referencial, no tenemos el modelo
estadounidense, no tenemos el modelo alemán, no tenemos ningún modelo
sobre el que basarnos como guía referencial, porque es muy singular, como
lo es también el Estado de las autonomías. Es muy singular el modelo
administrativo y, por tanto, el modelo de la seguridad de nuestro Estado
es singular. Conviene corregir ahora algunos de esos aspectos en la
medida que tiene que adecuar la eficacia de la policía judicial y la
coordinación adecuada dentro de ese marco, que se tiene que desarrollar,
que está todavía por desarrollar, pero conviene que esto lo recoja. Es un
tema que va a exigir, sin duda, reflexión, consenso, discusión, porque es
muy delicada la reforma que se trata de llevar a cabo, pero necesaria. Un
marco también adecuado, cómo no, es el del Tratado de la Unión. Poner en
práctica todo lo que es el contexto de los acuerdos dentro del Tratado de
la Unión es el mejor contexto que podríamos encontrar para adecuar
también lo que es la correcta coordinación de todo lo que sería el
abanico policial español.
Sobre si esto es posible que lo hagamos con los acuerdos de Schengen,
¡cómo no va a ser posible! Que mejoremos nuestro nivel de cooperación
interno, es obligatorio, nuestro mandato constitucional así nos lo dice.
Por tanto, es conveniente en aspectos que puedan producir disfunciones
por el propio desarrollo, como sería no contemplar en la ley la
singularidad de las corporaciones locales dentro de lo que es el Plan de
seguridad local, la importantísima intervención de la policía local en
ciudades grandes, en ciudades como Madrid o Barcelona, no son
equiparables a ciudades de 500 habitantes, de 1.000 o incluso de 20.000
habitantes. Por tanto, el nivel de intervención en la seguridad de las
policías locales de las grandes ciudades, es otro.
Hay experiencias ya. Barcelona tiene un modelo de coordinación, muy
basado en la voluntad que existe entre el ámbito judicial policial y el
ámbito de la policía local, pero que con eficacia está llevando adelante
los programas de seguridad local.
Este es un modelo que, con su experiencia, se puede trasladar a una
normativa que conjugue todos estos aspectos. Es lógico que dentro de los
planes de seguridad tengamos que ir mirando también el ámbito
competencial que hay que trasladar de las unidades adscritas a las
diferentes comunidades autónomas. De lo contrario iríamos mermando
efectivos, con las mismas competencias tendríamos que hacer una
sincronización. En cualquier caso, este tema, al igual que el nuevo
despliegue de la Guardia Civil, requiere un detenido estudio de
conocimiento, porque si se produce, se eliminan muchas dudas y
suspicacias. Con el nuevo modelo de despliegue de la Guardia Civil
podemos explicar a los ciudadanos que a veces se resisten y que en
algunas ocasiones se han manifestado frente a la situación de cuarteles
en pésimas condiciones de habitabilidad y en nulas condiciones de
eficacia en cuanto a lo que es la prevención y la intervención contra el
delito y la persecución de los delincuentes, si fuéramos capaces --y eso
es responsabilidad del Ministerio-- de trasladar esa explicación, sin
duda tendrían que aplaudir que pudiéramos tener esa concentración porque
se gana en eficacia. La prueba evidente es que donde se ha desarrollado
ya, la provincia más singular en cuanto a la mejora de lo que es el
índice de delitos cometidos y el descenso notabilísimo que ha existido,
ha sido Burgos donde ya se ha desarrollado el nuevo modelo de despliegue
de la Guardia Civil, dicha provincia ha experimentado un descenso del 20
por ciento en lo que se refiere al índice de delincuencia. Donde menos se
ha notado ha sido en la provincia de Valencia, que ha tenido un descenso
del 5 por ciento aproximadamente; pero debido a diversos factores hay
provincias donde es muy difícil deslindar y decir dónde acaba la
delincuencia urbana y dónde empieza la delincuencia en el medio rural,
porque es muy difícil acotar todo este tipo de delincuencia.
Naturalmente, en la medida que mejoren las vías de comunicación, mejoran
las infraestructuras, mejora todo lo que es la comunicación entre las
diferentes ciudades y no existen núcleos aislados. Por tanto, tampoco la
delincuencia está acotada ya. Sin duda, esto tiene que mejorar en
eficacia, está mejorando. Hay que explicarlo más. Lo que suponen las
reformas que hay que introducir en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado tenemos que discutirlo, tenemos que ponernos de
acuerdo en una materia que yo la calificaría como de Estdo porque es el
modelo policial de futuro, y conviene que lo hagamos ahora para no tener
problemas después y que el ciudadano perciba que las administraciones son
medios, son instrumentos de la sociedad y no son un fin en sí mismo. Por
tanto, tenemos que ir a esa adecuada cooperación. Si delegamos en la
voluntad de quienes se puedan sentar en una junta de seguridad, siempre
vamos a estar sujetos a la buena o mala voluntad de aquellos que se
puedan poner de acuerdo, pero quienes tenemos la responsabilidad tanto de
gobierno como de legislar, el legislador, tenemos que mirar más allá de
lo que pueda ser tener buena voluntad de coordinarse y establecer unos
cauces de obligado cumplimiento en cuanto a intercambio de información.
Si es posible
Schengen, ¿cómo no va a ser posible aquí? Esos son los aspectos que
creemos hay que mejorar y para eso exigen unas modificaciones.
Schengen ¿para cuándo? Me preguntaban. Yo espero que para pronto.
Nosotros tenemos los dispositivos preparados. Sabe S. S. que se ha
aplazado en dos ocasiones pero no por un condicionamiento de España a la
puesta en marcha de los acuerdos; son otros países los que han tenido
dificultades y quienes tenían la responsabilidad de desarrollar el
sistema informático han tenido unos retrasos, pero en este caso no era
España. España está dispuesta a incorporarse; incluso, es más, trata de
ayudar a que Portugal se incorpore también a la misma velocidad que
España, porque para nosotros también es muy importante y fundamental que
Portugal se incorpore a Schengen al mismo tiempo que España, dado que es
un país fronterizo. Tenemos convenios bilaterales y, de hecho, con
Francia y con Portugal ya tenemos controles móviles y existen tres o
cuatro puntos de frontera que hay que desmontar. Los países fronterizos
estamos ensayando la posibilidad de Schengen, pero lo que es la base de
datos, la base de información cabe ampliar y mejorar mucho en este campo.
La puesta en funcionamiento de la base de lo que es el sistema
informático de Schengen tiene que abundar en una mayor eficacia en cuanto
a los aspectos policiales y de control.
Respecto al terrorismo agradezco a SS. SS. que «a priori» demos por
sentado el tema. Hay silencio, luego hay consenso. En ese sentido,
agradezco enormemente que reunamos la Comisión para hablar de este asunto
en próximos días.
En cuanto a protección civil me parece que el programa expuesto tiene la
virtualidad de poder llegar a firmar acuerdos con el Ministerio de
Justicia, que puede incorporar un buen número de plazas al servicio
social sustitutorio, ya que en estos momentos el Gobierno tiene
dificultades para desarrollarlo. En cooperación y colaboración con las
comunidades autónomas y las corporaciones locales podemos establecer
niveles de prestación de servicios, que se hace en otros países, con
personal, con voluntariado que pueda realizar ese servicio social
sustitutorio. Por tanto, creo que tenemos un buen instrumento para, por
una parte, contribuir a resolver un problema, y, cómo no, a dotar de unos
servicios que actualmente se podrían incorporar en muchas comunidades.
En cuanto al Plan Nacional contra la Droga, señorías --ya lo dije en mi
exposición--, la propuesta expuesta hace unos minutos se basa en lo que
es el eje de las resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado de
1991, que tienen una concepción integral del Plan Nacional contra la
Droga. Ahora el plan está estructurado orgánicamente en dichas
resoluciones. Hay una buena parte de cumplimiento normativo de esas
resoluciones y ahora se pone en marcha el organigrama, naturalmente como
un objetivo prioritario del Gobierno en lo que es, por una parte, el
campo asistencial y preventivo y, por otra, la vía represiva en todo lo
que es la delincuencia organizada y la lucha contra el narcotráfico.
En lo que concierne a la continuidad ya dije antes que el modelo del
ministerio, el modelo de política a seguir es el mismo. Por tanto,
lamento discrepar de ese tono que S. S. tildaba de autoritario. Yo
discrepo, creo que nunca lo ha sido, no lo va a ser, pero, aunque sea
flexible, aunque pueda ser tolerante, va a ser inflexible en algunas
materias, naturalmente va a ser rígido en muchos aspectos, como tiene que
ser una política de un Ministerio del Interior que tiene que velar por el
derecho de los ciudadanos, que tiene que velar para que ciertos derechos
que vulneran algunas personas no se produzcan, y tiene que velar por la
seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, es el eje básico, es el eje
del Gobierno y no puede cambiar. Es el único que, como decía el portavoz
del Grupo Socialista, tiene pocos márgenes de actuación dentro de un
modelo democrático que exige respeto a las libertades y servicio a los
ciudadanos. Ese es el objetivo fundamental. Por tanto, colisiona con
aquellos que quebranten esas normas, colisiona con aquellos que chocan
con el sistema, pero no puede colisionar con los ciudadanos que hemos
elegido un modelo de convivencia en democracia y en paz.
En cuanto a los factores sobre el modelo de policía y guardia civil mi
opinión, la del Ministro del Interior, es que en estos momentos tenemos
unos estupendos Cuerpos de Seguridad del Estado que están desarrollando
una magnífica labor. Yo quiero elogiar desde aquí la función que están
desarrollando sin dejar de tocar, aunque sea muy de pasada, que cuando
hay conductas que se deben aislar y hay que reprobar, naturalmente, hay
que condenar, hay que hacerlo, y en ese sentido también se va a ser
inflexible. Por consiguiente, la compatibilidad entre el apoyo y el
elogio a la labor bien hecha, como es la de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, no obvia el que cuando haya una conducta aislada que hay que
reprobar haya que hacerlo y, naturalmente, hay que separarlo de una
misión que no es digno de desarrollar. Hemos tenido algún caso, y en ese
sentido creo que las decisiones que se han tomado son las adecuadas. De
esta manera se refuerzan los sistemas de control y de inspección y se
centraliza en la dirección general para una mayor movilidad y una mayor
independencia de los funcionarios que están dedicados a estas tareas.
En cuanto a las medidas de seguridad vial, señorías, tengo que agradecer
el consenso que anteayer mostraban los diferentes grupos políticos en el
Senado y he de decir que tendríamos que continuar, y tendríamos que
continuar porque en las Cámaras estamos los diferentes partidos políticos
que prácticamente podemos representar a la totalidad de las corporaciones
locales, incluidas diputaciones y comunidades autónomas. Por tanto, si en
las Cámaras (Congreso y Senado), tenemos consenso respecto a los
programas que hay que desarrollar, naturalmente el deseo de celeridad es
compartido. Otra cuestión es la probabilidad de que esto pueda
producirse, lo que ha de ser explicado. Mi impresión, aunque no pude
acabar de celebrar la Comisión en el Senado porque tuvimos un problema,
como apuntaba el portavoz del Grupo Socialista, fue una aceptación alta,
de consenso respecto a las medidas que se están utilizando y, sobre todo,
a las propuestas de futuro que tengamos que hacer, independientemente de
las medidas que pueda tomar el Ministerio del Interior, además de
aquellas que tengan que incorporarse que competen, sin
duda, a las corporaciones locales y comunidades autónomas. Tal vez, como
dije en aquella Comisión, debería ser la Cámara, en este caso el Senado,
quien debería lanzar algunas propuestas concretas desde los partidos allí
representados ya que, sin duda, si había acuerdo, tenían que celebrarse.
Por tanto, podríamos acelerar, podríamos mejorar los niveles sobre la
multiplicidad de factores que inciden, naturalmente, en los accidentes de
carretera, pero en esa mejora, hay sin duda aspectos de infraestructura y
aspectos que tienen dificultad a la hora de coordinación que con el
acuerdo, con el consenso político sí es posible llevar a cabo y no es
posible llevar a la práctica si no es así.
En cuanto a materia de extranjería, durante la mañana --no sé si la
Comisión acabó ya o no acabó-- y no sé si su grupo se sumará al consenso
del resto, pero debería analizar también qué ocurre con esa singularidad,
si es solamente un grupo el que no está de acuerdo cuando todo el resto
de la Cámara cree que ésa es la medida. Naturalmente todas las posturas
son respetables pero, en cualquier caso, me parece que el portavoz del
Grupo Socialista dejó clara cuál es la posición del Gobierno y también
del Grupo Socialista en este caso.
Por lo demás, señorías, quiero agradecer el apoyo explícito que manifestó
el portavoz del Grupo Socialista. Quiero decir que naturalmente vamos a
trabajar duro en el programa político expuesto para el Ministerio del
Interior y, aunque se ha trasladado aquí en una hora aproximadamente,
desarrollar el contenido de esto nos va a llevar mucho tiempo, mucho
esfuerzo y, sin duda, mucho sacrificio. Para eso voy a requerir y vamos a
necesitar, tanto los funcionarios del ministerio como los responsables
políticos, de la ayuda y el empuje que esta Cámara pueda prestar a este
programa y al Ministerio del Interior.
Muchas gracias.
--PARA DAR CUENTA DE LA VIOLENTA E INJUSTIFICADA CARGA POLICIAL CONTRA
LOS ESTUDIANTES AL FINAL DE LA MANIFESTACION CELEBRADA EN MADRID EL DIA
1.º DE DICIEMBRE DE 1993, CONTRA LA POLITICA UNIVERSITARIA DEL GOBIERNO.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000142.)
El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día de la sesión de
hoy solicita, por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la comparecencia del Ministro del
Interior para dar cuenta de la violenta e injustificada carga policial
contra los estudiantes al final de la manifestación, celebrada en Madrid
el 1.º de diciembre de 1993, contra la política universitaria del
Gobierno.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señor Presidente,
señorías, antes de entrar a valorar si la actuación policial que se
produjo al final de la manifestación de estudiantes celebrada en Madrid
el pasado día 1.º de diciembre, fue violenta e injustificada como ustedes
señalan o bien fue correcta y adecuada a las circunstancias que la
motivaron, creo que debo informar a SS. SS. sobre los antecedentes de esa
manifestación, cómo discurrió la misma y las circunstancias en las que la
policía tuvo que intervenir.
La manifestación había sido convocada y comunicada, de acuerdo con el
procedimiento legalmente establecido a la Delegación del Gobierno en
Madrid, por la Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes-Sindicato de Estudiantes y a ella se unieron también los
convocados por la Coordinadora de Estudiantes que habían pretendido
realizar otra a la misma hora con un itinerario diferente y que, a
instancia de la Delegación del Gobierno, se unieron a ésta.
Hay que tener en cuenta que era la tercera manifestación de estudiantes
contra la política universitaria del Gobierno y que en las dos
anteriores, celebrados los días 17 y 25 de noviembre, a la misma hora y
con el mismo itinerario, grupos reducidos de personas habían mantenido
una actitud violenta lanzando piedras y otros objetos contra los
funcionarios policiales y habían ocasionado daños en diversos
establecimientos comerciales, así como en el mobiliario urbano. Esta
manifestación debía discurrir por la calle Princesa, ocupando ambos
sentidos de circulación de la calzada, comprometiéndose los organizadores
a dejar libres las aceras y establecer un servicio de orden de unas 1.000
personas para evitar incidentes. Tenía una duración prevista de tres
horas, comenzando a las 12 del mediodía en el Arco de Triunfo y
comprometiéndose igualmente a que, llegados a la Plaza de España,
celebrarían un acto en el interior de la misma instando después a la
disolución pacífica de los concentrados.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid, de acuerdo con la Delegación
del Gobierno, estableció un dispositivo de seguridad que tenía las
siguientes instrucciones, según consta por escrito: asegurar el libre y
pacífico ejercicio de manifestación de los concentrados y ante
situaciones de tensión emplear la megafonía para reconducir cívicamente
la situación; detectar grupos que pudieran ser contrarios a los intereses
de los estudiantes, como cabezas rapadas o integrantes de grupos
radicales y evitar que se introdujeran en la manifestación; asegurar las
libertades y derechos de los ciudadanos y, en caso de alteraciones graves
del orden público, detener inmediatamente a los autores de la misma.
También tenían instrucciones de evitar cualquier intento de llegar al
Ministerio de Educación y Ciencia que era otro de los itinerarios
propuestos y que había sido desautorizado por la Delegación del Gobierno
en Madrid. Esta última instrucción venía determinada porque la Policía
conocía que en algunas asambleas informativas de la Coordinadora de
Estudiantes, celebradas a finales de noviembre en relación con la huelga
y manifestación del 1.º de diciembre, se había tratado, entre otros
asuntos, que la manifestación no tendría sentido si no llegaba hasta el
Ministerio de Educación y Ciencia, proponiendo diversas formas para
lograrlo, tales como que una vez acabada la manifestación cada cual
intentara pasar por sus medios y llegar al Ministerio o avanzar por Gran
Vía hasta encontrar el cordón policial, realizar una sentada para avocar
su intervención y aprovechar el desconcierto para acercarse al
Ministerio.
La manifestación comenzó a las doce de la mañana en la Plaza del Arco de
Triunfo llegando a concentrar a unas 7.000 personas aproximadamente. En
el centro de la manifestación se advirtió, desde el principio, la
presencia de grupos potencialmente violentos provistos de objetos
contundentes y cubiertos con pasamontañas, que fueron objeto de especial
atención policial. Sobre la una, los manifestantes alcanzaron la Plaza de
España haciendo un intento de dirigirse hacia la Gran Vía lo que evitó la
presencia del dispositivo policial. La mayor parte de los manifestantes
permaneció en la calzada frente al hotel Plaza y sólo unos pocos se
dirigieron al interior de la Plaza de España, donde estaba previsto que
finalizara el acto con varias alocuciones de los representantes de las
organizaciones convocantes.
En ese momento un grupo de manifestantes, que alcanzaría según la Policía
la cifra de 300, inició un ataque con piedras, botellas y otros objetos
contra los cordones policiales, y, aun cuando resultaron lesionados
varios policías, trataron de mantener la situación sin intervenir,
mientras que otros funcionarios intentaban detener a los agresores.
Al mismo tiempo, otros funcionarios policiales solicitaron reiteradamente
a los concentrados que se disolvieran, optando éstos por efectuar una
sentada en la vía de circulación situada frente al hotel Plaza. El jefe
de la unidad dio instrucciones de aguantar al máximo y no responder a la
provocación. Mientras, por megafonía, se instaba a los concentrados a
deponer su actitud con las cintas que ya hay para estos efectos. No hace
falta que hagamos una transcripción de las cintas, pero están a
disposición de SS. SS., si así lo creen conveniente.
La situación de corte total de la circulación en el eje Princesa-Gran Vía
permaneció una vez finalizada la manifestación, desde las 13,27 horas
hasta las 14,50, momento en el que, tras innumerables llamadas a la
reflexión y a la disolución, la Policía, previo conocimiento del Delegado
de Gobierno, tomó la determinación de intervenir, dado que se estaba
originando un grave problema circulatorio, puesto que se trataba de un
día laborable y la hora de finalización de la jornada de mañana.
La actuación se efectuó, según la Policía, internando columnas policiales
en el grupo concentrado por las zonas periféricas hasta llegar al centro
sin utilizar la violencia, repeliendo únicamente las agresiones,
produciéndose incidentes de escasa importancia, salvo una persona que
resultó herida en la cabeza por el lanzamiento de una piedra que iba
dirigida a la policía.
La actuación policial quedó grabada en vídeo y todas las órdenes y
comunicaciones cursadas durante los hechos han quedado registradas. Como
consecuencia de los incidentes se efectuaron 42 detenciones, resultando
lesionados 10 funcionarios de Policía. Cinco de los detenidos fueron
acompañados a centros asistenciales diagnosticándoles lesiones únicamente
a dos de ellos.
De los detenidos, 29 fueron puestos en libertad, pasando los 13 restantes
a disposición judicial. A algunos de los detenidos se les ocuparon los
siguientes efectos: varias cadenas metálicas, navajas, tijeras, tubos
metálicos, piedras, palos, puños de pugilato y un pasamontañas. En la
Comisaría de Tetuán se instruyó el atestado que fue remitido a la
autoridad judicial y a cuya disposición pasaron los 13 detenidos.
Quiero hacer alusión igualmente, señorías, a la circunstancia de la
detención de un joven, por agresión e insulto a un policía, que tuvo que
ser reducido, dado que opuso resistencia a su detención. En el registro
personal efectuado, le fueron ocupados un pasamontañas, una llave
metálica y puños de pugilato. Cuando estaba siendo detenido, se
presentaron dos personas que se identificaron como parlamentarios de
Izquierda Unida; una de estas personas requirió a los policías la razón
de la detención y su número de identificación personal, que le fue
facilitado. Tanto el policía que había resultado agredido como el
detenido, fueron trasladados a la Casa de Socorro de Tetuán, donde al
policía se le apreció contusión con hematoma en región metacarpiana
derecha, y al detenido, dolores y signos de contusión en zona tibial
anterior e inferior de la pierna izquierda.
Varios diarios del día siguiente informaban que una senadora, y portavoz
de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, había explicado que vio cómo
dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía golpeaban brutalmente en
un portal a un joven de unos 18 años. Resulta claro que no ya la versión
de los policías, sino el propio parte facultativo extendido por el médico
que atendió al detenido, parecen desmontar las afirmaciones vertidas en
aquel momento.
Quiero también referirme a la visita que representantes de la oficina del
Defensor del Pueblo efectuaron a la Comisaría de Tetuán, en la que se
encontraban los detenidos, prestándoles toda la colaboración que
solicitaron e informándoles sobre cuantos extremos plantearon. De esta
visita, los representantes de la oficina del Defensor del Pueblo
levantaron el acta correspondiente, en la que dejaron constancia, entre
otras apreciaciones, de las correctas condiciones de la detención, así
como de alguna queja puntual formulada por los detenidos y por alguno de
sus familiares.
Merecen también especial comentario las observaciones que alguno de los
detenidos hicieron relativas a la alimentación que se les sirvió durante
la detención, circunstancia que fue explicada en el acto a los
representantes del Defensor del Pueblo y, asimismo, en un informe
posterior detallado que se remitió a la citada institución en respuesta
al acta levantada por sus representantes.
Debo informarles, señorías --por último--, que la Jefatura Superior de
Policía de Madrid ordenó la instrucción de dos informaciones reservadas;
una, sobre la actuación policial en la manifestación; y, otra, sobre las
condiciones en las que permanecieron los detenidos en la Comisaría de
Tetuán, ambas encaminadas a determinar la existencia o no de
responsabilidades disciplinarias de los funcionarios policiales. Dichas
informaciones han sido archivadas al no
apreciar, en principio, indicios de responsabilidad que pudieran dar
lugar a la incoación de expediente disciplinario.
En todo caso, es preciso, señorías, tener en cuenta que todas las
diligencias policiales abiertas por estos hechos han sido remitidas a la
autoridad judicial, a quien corresponde resolver si ha existido posible
ilicitud penal en la actuación de los funcionarios de policía. La
resolución que en este ámbito se adopte condicionará, obviamente, las
actuaciones que deberán seguirse en el ámbito administrativo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
el señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Ya que el Ministro decía que tiene grabado en vídeo la actuación
policial, yo le voy a ofrecer también mi testimonio, que fue
absolutamente personal, ya que era uno de los dos parlamentarios que se
personó ante la Policía Nacional, a quien les presenté --como usted bien
ha narrado-- claramente mi carta de identificación como Diputado y pude
observar un hecho concreto que creo es bastante delator de la actuación
policial.
El señor Ministro ha relatado una versión de cómo se produjo la
manifestación, cuál era la intención de los manifestantes, etcétera.
Sobre eso no tengo nada que decir, porque desconozco cuál era la
intencionalidad de los manifestantes, si existían o no grupos más o menos
violentos; lo desconozco. Es una versión que, en cualquier caso, merece
respeto, aunque creo habría que contrastar con otras versiones en la sede
que hubiera lugar para hacerlo.
Sin embargo, lo que, desde luego, considero es que, sea cual sea la
actitud de los manifestantes, la actuación de la policía será la de
reducir a los manifestantes y, si hay alguno que ha cometido un acto
violento, una vez reducido, introducirlo en el furgón policial y enviarlo
a comisaría. Lo que de ninguna manera comprendo es que, incluso aunque
hubiera alguna actitud violenta --que lo desconozco--, se produzca el
derribo de un manifestante, se oculte el manifestante de la visión
pública y se golpee a patadas a un manifestante por parte de la Policía
Nacional. Aunque un manifestante haya actuado violentamente, para mí es
absolutamente incomprensible e injustificable esa actuación. Eso es lo
que yo, personalmente, vi ese día, a las tres de la tarde, en los
alrededores de la Plaza de España. Efectivamente, íbamos la Senadora
Vilallonga y yo en el coche de la señora Vilallonga. De pronto, yo, que
estaba en el asiento de atrás, vi algo que, al principio, me pareció
increíble y sorprendente, por lo que bajé para comprobarlo; no podía
tener certeza de lo que estaba viendo en ese momento. Vi, en el portal de
un local --que creo era una discoteca--, cómo un Policía Nacional tapaba
la visión de ese portal y desde el coche se adivinaba la existencia de
otro Policía Nacional que estaba haciendo movimientos que parecían
violentos, pero que no sabía cuáles eran. Al identificarme ante los
policías, se quedaron desconcertados, porque el Policía Nacional que
estaba tapando el portal, en realidad, tapaba a otro Policía Nacional que
golpeaba a patadas a un ciudadano que se encontraba tumbado en el suelo,
y eso lo puedo constatar perfectamente, porque yo fui testigo presencial
en ese asunto.
Cuando ellos comprobaron que era diputado --estaban desconcertados--,
inmediatamente se produjo allí una situación que, como usted se puede
imaginar, fue bastante tensa, hasta que aparecieron mandos de la Policía
Nacional, que tardaron no sé si segundos o minutos en comprobar la
veracidad de mi identificación y, tras un pequeño forcejeo dialéctico
--que no pasó de dialéctico--, conseguí que me dieran los números de
identificación de los policías nacionales, que usted tiene en una
pregunta escrita que yo le mandé, el día 3 de diciembre de 1993, y a la
que aún no he obtenido respuesta parlamentaria.
Por tanto, señor Ministro, creo que, por una parte, pueden ser juzgados
administrativamente, judicialmente o de la forma que sean los actos que
puedan haber realizado los manifestantes y que no puedo hacer constar
cuáles hayan sido; pero, por otra parte, esa actuación de la Policía
Nacional al golpear en el suelo a un ciudadano que en ese momento se
encontraba indefenso y que yo no sé si había hecho algo o lo había dejado
de hacer, pero que en ese momento se encontraba indefenso, me parece una
actitud absolutamente desmesurada, desproporcionada y que,
desgraciadamente, sólo había observado cuando era yo participante en las
manifestaciones contra el franquismo. Solamente había visto yo eso
entonces; no lo había vuelto a ver personalmente desde el año 1976, en el
que se producían aquellas manifestaciones por la petición de amnistía,
pero no siendo esta vez manifestante ni recibiendo yo los golpes, pude
comprobar que se estaba dando en la persona de un ciudadano que estaba
allí tumbado.
Si usted ha abierto una información reservada, por lo pronto le puedo
anunciar que sabiendo el ministerio, como sabía, que había sido testigo
presencial de aquel hecho, yo no he sido llamado y, según mis noticias,
tampoco la Senadora Vilallonga; por tanto, es una información reservada
que, permítame le diga, no tiene elementos que yo creo importantes.
Desde luego, a mí me parece muy preocupante que ustedes no hayan llegado
en el plazo de tres meses --que es el plazo transcurrido desde que se
produjeron aquellos hechos-- a una detección clara y definida de
responsabilidades en este asunto. Me parece grave, porque si eso no se
hace, podríamos pasar de estar ante un hecho puntual a estar ante un
hecho de mayor magnitud, un hecho al que se da cobertura desde el
Ministerio del Interior y que puede ser bastante explícito sobre cómo es
en muchos casos la actuación policial en este país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Pérez Mariño tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Señor Presidente, no era nuestra intención
intervenir en este momento; pero, a raíz de lo que ha dicho el
representante de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y con el fin de que no pudiera parecer --porque no nos lo
creemos-- que nuestra intervención anterior quedaba vacía de contenido,
quisiéramos unirnos a algunas de las cosas que ha dicho el representante
de Izquierda Unida. Indudablemente, no podemos poner en esta sede en tela
de juicio las palabras que ha manifestado sobre lo que él ha visto.
Creemos que el Ministerio y el señor Ministro tienen que hacer un
esfuerzo de clarificación de lo que ha ocurrido, que deben tener en
cuenta el testimonio de lo que aquí ha manifestado sobre su presencia y
darle participación, porque no deja de ser un testigo privilegiado;
privilegiado porque lo ha visto con sus propios ojos y porque entre
nosotros, entre los que estamos aquí, goza de toda nuestra credibilidad.
En esa medida, yo le pediría al señor Ministro un esfuerzo en la
clarificación y en la participación del Diputado de Izquierda Unida en
ese expediente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Sin duda, el
Ministerio ha hecho un esfuerzo y lo está haciendo, y yo le rogaría al
señor Andreu que no hiciera tanto esfuerzo por traer símiles del pasado
al presente, porque no son siquiera de apunte. El que un Ministro esté
aquí dando explicaciones ahora sobre ese hecho no requiere el símil ni el
apunte. Sé que ha hecho un esfuerzo para trasladar esto y sembrar la duda
sobre la pasividad del Ministerio o sobre el presente y el pasado. Quiero
dejar claro --aquí tengo que ser muy tajante-- que rechazo todo símil en
cuanto a las dudas que se hayan podido sembrar... así de pasada. De
pasada, pero yo diría que malintencionadamente, porque los cauces
previstos en este momento en una sociedad de Derecho y democrática como
ésta permiten actuaciones que, hace años, cuando usted presenciaba estos
hechos, no se hubieran permitido. La primera, que esté un juez
investigando --que, sin duda, le llamará a declarar-- y, la segunda, que
es el procedimiento administrativo: se paraliza la investigación cuando
hay un juez actuando. Eso se prevé en la Ley 30/1984 de medidas para la
reforma de la Función Pública; hay cantidad de procedimientos
administrativos que tienen que paralizarse porque un juez investiga.
Señoría, quede con la absoluta seguridad de que la intención del
Ministerio --con esto recojo también la sugerencia del portavoz del Grupo
Socialista-- es llegar siempre hasta el final en estos extremos que
puedan suscitar dudas. Hasta ahora, la actuación es la descrita en el
informe policial, pero hay algo que es garante y siempre invocamos: si en
este caso no es así, esa conducta sería tipificable en el Código Penal
como rigor innecesario, como desmesura en las medidas utilizadas. Eso
está tipificado y tiene otros elementos correctores, que podrían derivar
a lo administrativo si el juez considerara que no ha existido delito.
Quiero decirle, señoría, que aunque ha invocado tanto al pasado, el
presente es muy diferente y que si ha existido una actitud reprobable,
será castigada por la parte que al juez y a la Justicia le competen y por
la parte administrativa, en lo que compete al Ministerio. En ese sentido
quede tranquilo, en la medida en que me tiene usted aquí, dispuesto a
darle todo tipo de explicaciones y a atender todo lo que usted requiera
para clarificar los hechos. Entenderá también la posición del Ministerio
en cuanto a la dificultad de establecer una discusión sobre los informes
policiales y un testigo presencial. Está en manos del juez, que la
Justicia dirima y, naturalmente, después, el Ministerio obrará en
consecuencia. Recogiendo las sugerencias de ambos grupos, queden
tranquilas SS. SS., pero tengo que matizar que, como digo, esa similitud
a estas alturas no sería deseable que se repitiera. No debería ni
apuntarse, aunque, naturalmente, yo respeto todo cuanto ustedes digan.
(El señor Andreu Andreu pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor ANDREU ANDREU: A efectos de replicar al señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Esto no es un debate, es una comparecencia que da
lugar a una información dada por el Ministro.
El señor ANDREU ANDREU: Pero el Ministro ha calificado de malintencionada
mi exposición.
El señor PRESIDENTE: A esos efectos, tiene la palabra durante un minuto,
señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Simplemente quería decir al señor Ministro que no
acepto esa calificación. Creo que he sido ponderado a la hora de expresar
los hechos, que no he hecho una generalización de la actuación policial
y, en cualquier caso, lo manifiesto que mi deseo es que esta policía no
se parezca a la anterior; ése es mi deseo. Si planteo que ese hecho en
concreto se parecía a hechos concretos que ya he visto, lo único que
usted debe sacar en conclusión es que se producen hechos concretos
similares, no que la situación política es similar. Lo que usted debería
sacar en conclusión es que sería bueno que se evitara que ni siquiera en
los hechos, aunque sean puntuales, una administración del Estado se
parezca a otras administraciones predemocráticas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Tengo que repetir
que usted sigue sembrando la duda. Sepa S. S. que los mecanismos actuales
impiden cualquier similitud. Si usted, en esos límites, se siente más
seguro... ¡qué quiere que le diga! Yo creo que he sido explícito a la
hora de determinar con claridad que nuestra actual Policía no tiene nada
que ver con la que sibilinamente se hacía planear en la Cámara. Si hay
hechos delictivos se tienen que castigar: la Justicia los castiga y la
Administración, naturalmente, tiene que actuar en consecuencia, dentro de
los marcos legales. Esa es la gran diferencia que existe. Si desde el
principio hemos aceptado la actuación individual --he dicho al comienzo
de mi exposición que en esos casos hay que actuar con energía y con
inflexibilidad hacia conductas que no sean dignas de decoro en lo que son
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado--, volver a insistir y a
sembrar la duda no es bueno. Podemos estar hasta mañana incidiendo en la
misma temática, aunque yo no quisiera, porque me parece que el hecho es
aislado y porque, además, está en un juzgado. Por tanto, el procedimiento
administrativo está paralizado hasta que el juez decida y, naturalmente,
el juez nos dirá. Supongo, señoría, que tendrá que ir a declarar y tendrá
que contribuir a clarificar esto.
Le repito que estoy dispuesto a abundar en la información, pero le ruego
que, para condenar una actitud determinada, si es condenable --cosa que
todavía no sabemos--, no haga planear continuamente ese tipo de
sugerencias, porque me parece que es falta de recursos políticos,
simplemente. En un momento como el actual hay que llamar a las cosas por
su nombre y decir exactamente cómo son y, si lo merecen, serán
castigadas, no le quepa a usted la menor duda, porque esto no es lo que
usted conoció hace años, que también conocí yo. No tiene nada que ver en
nada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por la información
dada a esta Comisión en su primera comparecencia como Ministro del
Interior.
Señorías, gracias por su presencia, así como a los medios técnicos por su
asistencia y a los medios de comunicación por la presencia que han tenido
en la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.