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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 119, de 23/02/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 119
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles, 23 de febrero de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe), para:
--Dar a conocer su opinión respecto de la mecánica y criterios para la
elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000105)
(Página 3794)
--Dar cuenta de las gestiones llevadas a cabo ante las autoridades belgas
para solicitar la extradición de Luis Moreno Ramajo y Raquel García
Aranz. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000143) (Página 3798)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre uso
de las autorizaciones concedidas por los números 1 y 2 de la Disposición
Adicional Segunda del texto articulado de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril.
(BOCG, serie D, número 29, de 22-11-93. Número de expediente 181/000224)
(Página 3802)
--De la señora Aguilar Rivero (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
valoración de la no oposición del Ministerio Fiscal a la autorización de
abandonar el territorio español concedida a Monzer Al Kassar. (BOCG,
serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente 181/000408) (Página 3804)
--De la misma señora Diputada, sobre valoración de la autorización
concedida por la Audiencia Nacional a Monzer Al Kassar para abandonar el
país. (BOCG, serie D, número 48, de 7-2-94. Número de expediente
181/000410) (Página 3804)
--Comparecencia del señor Director General de Asuntos Religiosos y
Objeción de Conciencia (Santolaya Machetti), para exponer la actualidad
de la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia y los
planes futuros para su gestión. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000397) (Página 3807)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe),
PARA:
--DAR A CONOCER SU OPINION RESPECTO DE LA MECANICA Y CRITERIOS PARA LA
ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 213/000105.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
El orden del día lo componen una serie de comparecencias solicitadas al
señor Ministro de Justicia, que está con nosotros y al que damos la
bienvenida una vez más a la Comisión, con el fin, en la primera de ellas,
de que informe acerca de su opinión respecto de la mecánica y criterios
para la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. El
autor de esta solicitud de comparecencia es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor
Presidente.
La verdad es que en este primer turno, sin perjuicio de contestar
posteriormente a las precisiones que me hagan SS. SS., he de manifestar
que el sentido de la propia petición se me escapa en alguna medida. Si
alude a qué criterios deben utilizarse en la elección de los cinco
vocales actualmente pendientes, me parece que es manifiesto y obvio que
el Ministro de Justicia no es quien para hablar de qué criterios o pautas
deben seguir precisamente SS. SS. para ir a ese proceso de designación de
candidatos. Supongo que no se referirá a eso, pero los términos en los
que está planteada la primera cuestión tampoco son suficientemente
explícitos como para saber cuál es el alcance concreto. Respecto a este
primer tema, es obvio que la posición no puede ser otra que la de que el
Gobierno respeta escrupulosamente la separación de poderes, que eso es
competencia del Poder legislativo y, por tanto, no podemos decir nada. Si
por el contrario alude al problema de los criterios que se pueden adoptar
para una eventual reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre esa
materia, en el curso de la propia comparecencia, si ustedes formulan
sugerencias, con mucho gusto expondré mi propia forma de ver el tema.
De momento, no diría nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir, aparte del
proponente? (Pausa.)
Por izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra la señora
Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Seré muy beve, toda vez que lo que nos gustaría
oír del Ministerio es su opinión sobre la posibilidad de la modificación
de la Ley orgánica y, por consiguiente, ir a un método explícito en la
propia modificación de la ley.
Independientemente y al margen de las circunstancias que están
concurriendo a la hora de cubrir las cinco vacantes actuales del Consejo
General del Poder Judicial, como no podía ser de otra manera la solicitud
de comparecencia de nuestro Grupo va mucho más allá. No la concretamos al
hecho específico que está en estos momentos concurriendo, que parece que
ninguno de los dos partidos mayoritarios es capaz de gestionar para hacer
posible que efectivamente se cubra la vacante del Consejo General del
Poder Judicial y tener unos órganos constitucionales en pleno
funcionamiento y, por consiguiente, impedir que circunstancias como las
que en estos momentos vienen concurriendo sitúen en precariedad al propio
Consejo General del Poder Judicial.
Al margen de esa circunstancia concreta y específica que acaece en estos
momentos, nuestro planteamiento y nuestra solicitud de comparecencia iba
más allá: a conocer si efectivamente por parte del Ministerio se está
dispuesto a ir a una modificación de la lay y, por consiguiente,
introducir en la misma algún método de elección que impida que continúen
concurriendo todas y cada una de las circunstancias que actualmente
vienen acaeciendo. Y es que el cuoteo es el elemento que define la
conformación de un órgano tan importante como el Consejo General del
Poder Judicial. Incluso la propia mayoría cualificada que es necesaria
para la elección de los miembros del Consejo puede suponer en un momento
determinado, como el que estamos viviendo ahora, el que un partido pueda
ejercer --permítanme la expresión-- el derecho de veto, porque no se
puede alcanzar esa mayoría cualificada para cubrir las vacantes del
Consejo General del Poder Judicial. Se trata, por nuestra parte, de
buscar los métodos adecuados para legitimar suficientemente los órganos
que tienen que trabajar en tan importantes cuestiones como las que trata
el Consejo General del Poder Judicial.
Por consiguiente, quisiéramos conocer la opinión del Ministerio en torno
a la modificación de la ley, a la búsqueda de un método; incluso la
opinión del Ministerio en cuanto a la posibilidad de ir a otras reformas
que impidan que ningún grupo político pueda vetar, pueda llevar al
Consejo General del Poder Judicial a la situación de precariedad en que
está en la actualidad.
Estos son los elementos concretos de la solicitud de comparecencia. Con
posterioridad, lógicamente, haremos algunas propuestas al respecto una
vez hayamos escuchado al señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Más que propuestas, solicitud de información, porque
si no lo va a tener difícil de acuerdo con el artículo 203 del
Reglamento. Tenían que haber redactado la comparecencia --es una
sugerencia mía-- de forma que hubiese sido más fácil para el debate.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Anómala resulta, en efecto, la
comparecencia que a este efecto se ha solicitado por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida del Ministro de Justicia, porque
coincidimos con el señor Ministro en que la renovación del Consejo
General del Poder Judicial no es competencia del Ministro, ni del
Gobierno en cuanto a tal, fuera de los cauces que el propio Gobierno
tiene en el Parlamento para establecer conversaciones o negociaciones con
los grupos parlamentarios que, de acuerdo con el sistema legalmente
vigente, han de elevar las propuestas de nombramiento de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial a Su Majestad el Rey.
En consecuencia --lo decimos con todo respeto por el Grupo proponente--,
no nos parece una comparecencia regularmente planteada, ni siquiera
oportuna, porque el segundo aspecto, el que suscita ahora «ex novo» la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida tras la primera intervención del
Ministro, tampoco es adecuado, como se entrevé en las palabras últimas
del señor Presidente, para la comparecencia del Ministro.
Si se trata de hablar del futuro del sistema de provisión de los miembros
o vocales del Consejo General del Poder Judicial, se trata de un problema
de «lege ferenda» sobre el que, además, en este momento pende un debate
en el Pleno de la Cámara, que mañana justamente se va a sustanciar y al
que no debemos hurtar el conocimiento general de un tema de tanta
trascendencia cual es el que afecta a la articulación de uno de los
grandes poderes del Estado.
En consecuencia, señor Presidente, nosotros coincidimos en que, llegados
a este punto, el primero del orden del día, debiera ser zanjado sin más.
Pero permítame, señor Presidente, que no sin antes decir, sobre el
primero de los aspectos que parecía motivar la comparecencia, la posición
de los distintos grupos respecto de la renovación actual del Consejo
General del Poder Judicial, que el Grupo Parlamentario Popular no está
efectuando derecho de veto alguno, porque en ese caso el veto no sería un
derecho, sería simplemente la obstrucción de la constitución de un órgano
constitucional que nosotros deseamos ver constituido cuanto antes.
En segundo lugar, que eso no significa que pueda afirmarse que ese
Consejo General, el que está actuando, esté en precario. El Consejo
General está compuesto por 20 miembros, de los cuales 15 están ahora en
activo, están actuando y sus acuerdos son plenamente legítimos. Sobre
esto creo que no debe quedar ninguna sombra de duda. No hay, por tanto,
precariedad en la actuación actual del Consejo.
En tercer lugar, sin entrar en el problema que, insisto, creo que debe
debatirse en otro foro, con arreglo a la sentencia de 26 de julio de 1986
del Tribunal Constitucional, en la que hay argumentos para todos los
gustos y que es la que marca probablemente constitucionalmente el
problema que suscita el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, nuestro
Grupo está haciendo en esa renovación un desarrollo de las posibilidades
que la propia sentencia abre al decir que en la elección de los doce
vocales o sus vacantes no corresponde forzosamente a las Cortes o a
cualquier otro órgano constitucional la posibilidad de propuesta, sino
que puede buscarse en otras instancias sociales la elaboración de tal
propuesta.
Combinando ese fundamento de derecho, ese considerando en términos
clásicos, con la realidad social del mundo judicial, nuestro Grupo --y me
consta que otros grupos parlamentarios también lo han hecho así-- ha
consultado con las asociaciones profesionales tanto de carácter judicial
como las que agrupan legítimos intereses corporativos, como pueden ser el
Consejo General de la Abogacía o los colegios de abogados, a fin
precisamente de integrar sin veto alguno las cinco vacantes que
actualmente se han producido en el Consejo General del Poder Judicial.
Finalmente, respecto del problema general, que en segunda vuelta parece
haber abierto la representante de Izquierda Unida, nos reservamos para lo
que entendemos que debe ser el debate de «lege ferenda» en el Pleno de
esta Cámara, anunciando que para nosotros el sistema vigente no es el
idóneo, como el propio Tribunal Constitucional reconoció al recomendar su
sustitución, y que para nosotros la fórmula idónea de esa sustitución
sería el sistema corregido que estuvo vigente a partir de 1980 y hasta
1985.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Efectivamente, parece
que hay una coincidencia en todos los intervinientes en que la postura
del Ministro es la única posible en un tema como éste porque la
competencia de los nombramientos está en los grupos políticos
representados parlamentariamente y, por tanto, en los parlamentarios.
Sin embargo, decir eso sería de alguna forma encubrir alguna de las
realidades que están ahí, porque yo creo que no estaría de más, dado que
aquí hablamos no solamente entre nosotros sino para transmitir a la
opinión pública algunos de los mensajes, el que fuéramos capaces también
de reconocer, para modificar, la incapacidad que los grupos políticos
hemos tenido hasta ahora y después de varios meses para ponernos de
acuerdo en unos nombramientos, lo que si bien no impide el funcionamiento
normal --normal en el sentido de eficaz-- de los órganos constitucionales
y en concreto del Consejo General del Poder Judicial, no es menos cierto
que no está así modulado el número de miembros que debe tener y que lo
ideal sería que se cumpliesen las previsiones establecidas en la
Constitución y en la propia Ley que rige el Consejo General del Poder
Judicial y que ya estuvieran nombrados los miembros.
Los grupos parlamentarios, incluido el de Izquierda Unida, todos en
definitiva, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo aún en los
nombramientos. Eso no es culpa del Gobierno, porque en este caso el
Gobierno tiene un escaso margen de maniobra. Sí es más culpa del grupo
que sustenta al Gobierno, el Grupo Socialista, y de todos los grupos de
la Cámara, incluido el Grupo Popular. No querría hacer nunca una
recriminación de que es más culpa de unos que de otros. Creo que es una
culpa colectiva por una cierta incapacidad en ponernos de acuerdo.
A partir de ahí, el Grupo Popular, como no solemos estar habituados a
ello, aprovechando la ocasión plantea el tema que parece que para ellos
es la causa de todas las desdichas de la Administración de Justicia y la
solución a las mismas. Por ello, nos vuelve a sacar la sentencia del
Tribunal Constitucional del año 1986, en la que, como ese Grupo sabe
mejor que nadie, cabe todo, y se ha hecho una opción política concreta
basada en el ejercicio que dan los votos, mayoritarios en este caso, de
que la elección de la totalidad de los componentes del Consejo General
del Poder Judicial sea por las Cortes Generales.
¿Puede ser de otra forma? Indudablemente lo puede ser, pero yo creo que
ya lo hemos discutido muchas veces. Sabemos que al Grupo Popular le
gustaría volver al sistema de los años 1980-85, que para nosotros no ha
supuesto ninguna panacea, e imagino que comparativamente tampoco el Grupo
Popular ha encontrado que ahí haya un punto de inflexión en la mejora de
la Administración de Justicia en ese año. Pero, en fin, como aquí se
puede decir de todo, confío en que el Grupo Popular nos lo dirá cientos
de veces; desde luego mañana nos lo va a volver a repetir aprovechando la
reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y estamos ya no
sólo bastante acostumbrados sino resignados a que nos lo vuelva a
plantear reiteradamente.
Es posible que hubiera otros temas en los que nos pudiéramos poner de
acuerdo sobre la reforma de la Administración de Justicia, pero parece
que el Grupo Popular tiene más interés en decirnos que en ése no está de
acuerdo. Yo creo que, para no consumir mucho tiempo, sería bueno que
pudiéramos hacer una especie de declaración de principios: Ya lo sabemos,
ya sabemos que el Grupo Popular está en esta tesis, y sabemos que el día
en que pueda pretenderá cambiarla, ya sabemos que nosotros creemos que la
representación popular está mucho mejor representada en el órgano de
gobierno de los jueces con un control parlamentario y que el Grupo
Popular piensa que el sistema más corporativo de abogados, etcétera,
puede ser una fórmula mejor.
Nosotros tenemos nuestros apoyos, Izquierda Unida está más de acuerdo con
nuestra fórmula que con la suya y, en definitiva, hay una cierta
representación en la Cámara más importante que sostiene la tesis
contraria a la del Grupo Popular. Pero como la vida es muy larga es
posible que haya un día en que el Grupo Popular pueda volver al año 1980.
Nosotros creemos que hay que seguir avanzando y ellos creen que hay que
seguir regresando.
Así quedan las cosas y yo creo que el Ministro ha contestado, en la forma
sincera, eficaz y parca que le caracteriza, diciéndonos que éste no era
un tema de su incumbencia.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Respecto del primer
aspecto, evidentemente me reitero en lo que he dicho.
En cuanto al segundo, por pura cortesía hacia el Grupo que lo ha
planteado, Izquierda Unida, y como ya los señores Trillo-Figueroa y Pérez
Mariño han anticipado ambos parte de lo que nos van a decir mañana, desde
ese punto de vista, y también de manera muy escueta, haré lo mismo.
Todos saben en esta Comisión que creo que es preferible el sistema
parlamentario. Creo que no era un tema urgente para plantearlo en este
momento, por la simple razón de que, efectivamente, al no haber una
posición de consenso era inviable, y así lo calculó el Ministerio de
Justicia, lograr el consenso en este tema. Debido a eso no se contempla
la reforma urgente.
Además, a lo expuesto habría que añadir una tercera cuestión. En la
reforma ordinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial el Ministerio de
Justicia intentará de nuevo lograr un consenso, ahora sí también sobre
ese mismo tema, con la calma que da tener todo el año por delante,
porque, según mis compromisos, esa revisión general se presentaría sólo
en los primeros meses del año siguiente. Durante este período de tiempo
creo que se debe hacer un esfuerzo para encontrar una fórmula que nos
satisfaga a todos y que evite esta polémica, sobre la que a mí también
personalmente en ocasiones me sabe mal hablar porque llevo hablando
quince años del tema en diversas situaciones, como juez, como presidente,
como miembro de una asociación judicial, como vocal y ahora como
Ministro. Yo creo que todos conocemos los argumentos y me recuerda la
célebre discusión, con argumentos a favor y en contra, sobre la pena de
muerte. Aquel tema era más dramático, pero realmente llegó un momento en
que todos repetíamos todos los argumentos y el tema se agotó.
Me parece que repetir argumentos no es útil. Coincido con el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Conocemos todos los argumentos de todas
las partes. Sí me parecería interesante que a lo largo de este año se
hiciera un esfuerzo, partiendo del sistema parlamentario, para encontrar
fórmulas que mejoren el sistema y que garanticen, junto a la legitimidad,
una mayor legitimación.
En esa línea, cualquier sugerencia que pueda hacer ahora Izquierda Unida,
como cualquier sugerencia que haga cualquier Grupo parlamentario, el
Ministerio de Justicia la tendría en cuenta en el proceso prelegislativo.
El señor PRESIDENTE: En atención a lo singular de la comparecencia y con
el fin de que SS. SS. no se sientan indefensos y sí suficientemente
informados, quizá fuera de aplicación el apartado 3 del artículo 203. En
todo caso así lo considera el Presidente, por lo que vamos a hacer un
turno brevísimo de aclaración, con un tiempo de tres minutos por Grupo,
si lo consideran oportuno.
La señora Aguilar tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente por su benevolencia.
Con absoluta brevedad plantearé tres cuestiones.
En primer lugar, recogemos la propuesta del señor Ministro en el sentido
de adquirir un compromiso en el marco de la Comisión para ir a buscar, en
la revisión general de la Ley, una fórmula nueva, consensuada, que parta
del sistema parlamentario actual. Nosotros tampoco queremos volver atrás
y, por consiguiente, no coincidimos con el Grupo Popular. Creemos que
sería necesario, por razones obvias y de oportunidad, que, aunque la
revisión general de la ley no se prevea hasta primeros del año que viene,
después del verano, cuando se reinicie el período de sesiones se pudiera
empezar a dialogar entre los grupos parlamentarios en la búsqueda de una
nueva fórmula, toda vez que la actual no satisface a nadie. Por eso
algunos grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que, partiendo de lo
que tenemos, hay que buscar una regulación mucho mejor y una fórmula
absolutamente nueva que nos permita, a través del consenso, legitimar aún
más la elección de los órganos constitucionales.
En segundo lugar, con absoluta brevedad, quisiera reiterar mis palabras
del principio, en el sentido de que, efectivamente, en estos momentos las
circunstancias que concurren en torno a cubrir las vacantes que hay en el
Consejo General del Poder Judicial han llevado, por razones de
oportunidad política, de coyuntura política, dada la proximidad de las
elecciones europeas y de las elecciones autonómicas andaluzas, al Grupo
Popular a ejercer --y lo reiteramos-- ese veto que supone una obstrucción
política a la solución de un problema que es absolutamente urgente y
necesario solucionar.
Usted sabe perfectamente, señor Trillo-Figueroa, que el Consejo General
del Poder Judicial, al no quererse cubrir las vacantes que hay
actualmente, algunas de las cuales datan de hace más de dos años, está
quedando en una situación de total precariedad, siendo imposible incluso
en algunas ocasiones llegar a celebrar la reunión del Consejo General del
Poder Judicial. Desde la responsabilidad que ustedes tienen como segundo
Grupo de la Cámara debieran propiciar, no en función de la coyuntura
política, sino de la realidad concreta del órgano del que estamos
hablando, el que se cubrieran las vacantes que en la actualidad hay.
En relación a nuestro Grupo, quiero decirle, señor Ventura, que hemos
ejercido la responsabilidad que nos corresponde en este tema en función
de los dieciocho diputados que tenemos; no nos cabe más responsabilidad
que la representación real que tenemos en la Cámara. Hemos mostrado
nuestra disposición a colaborar para que se solucione este tema de manera
inmediata, porque nos preocupa muy mucho el que órganos como el Consejo
General del Poder Judicial se encuentren en la situación actual y,
lógicamente, estén sometidos a los vaivenes de la coyuntura política en
función de que haya o no elecciones, y ello por razones de oportunidad
que a veces no llegamos, ni mucho menos, a comprender.
Por eso hemos planteado también en la primera intervención que desde
nuestro Grupo, y desde esa responsabilidad justa que tenemos y no más,
también estaremos dispuestos a auspiciar otra fórmula que permitiera el
desbloqueo de la situación en que nos encontramos, aunque sabemos que son
fórmulas complejas y no a solucionar de manera inmediata, sino a largo
plazo, pero no tendríamos inconveniente en abordarlas con tal de no
vernos más en la situación en la que estamos en la actualidad, con un
veto que obstruye e impide la solución final para cubrir las vacantes del
Consejo General del Poder Judicial.
El señor PRESIDENTE: El señor Trillo, del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Con la brevedad requerida por su
amable invitación a cerrar este punto del orden del día y la contundencia
que exige la intervención de la representante del Grupo que ha pedido la
convocatoria, que ya queda claro que no tenía mucho más sentido que
imputar, sin ningún fundamento, al Grupo Parlamentario Popular el atasco
de las conversaciones en torno a la renovación del Consejo General del
Poder Judicial y crear, al hilo de ello, una incertidumbre, no
precisamente recomendable, sobre la legitimidad y la eficacia del actual
Consejo General del Poder Judicial, al que se insiste en dejar en una
precariedad que nosotros rotundamente negamos.
Nosotros creemos que no es bueno que con las instituciones del Estado,
con los órganos institucionales que están actuando, se juegue para decir
que están actuando en precario. Si nosotros tenemos una concepción
distinta
de la articulación del tríptico orgánico máximo del Estado, de las
relaciones entre el Poder Judicial y su órgano de gobierno y el
Parlamento, es algo que pertenece al legítimo pluralismo de los modelos,
por decirlo de una manera resumida, que pueden aplicarse a la
construcción del Estado social de Derecho, pero en modo alguno significa
que eso cuestione la legitimidad ni la fortaleza de los órganos que están
legítima y legalmente constituidos y que están actuando.
En consecuencia, permítame, señor Presidente, reafirmar que el Consejo
General del Poder Judicial actual (no entro en cuestiones de prestigio en
cuanto a su origen, en cuanto a su independencia o en cuanto a la virtud
del sistema por el que fueron investidos) y legalmente vigente tiene toda
la fortaleza de las instituciones de un Estado democrático y que además
no está, como ha afirmado la representante de Izquierda Unida, en
precariedad de funcionamiento, porque no ha habido ni una sola vez, que
yo conozca, en que no haya podido reunirse el Pleno del Consejo por falta
de quórum, porque el quórum, señora Aguilar, es de catorce, y actualmente
yo he dicho que hay quince miembros, y lo sostengo, pero con el
Presidente, que se nombra como uno más, son dieciséis, y no ha existido
esa precariedad que S. S. señala.
En segundo lugar, hecha esta defensa del Consejo General del Poder
Judicial actual, que a mi Grupo no le entusiasma en su configuración, le
diré que, respecto de la renovación de esas cinco vacantes, el Grupo
Parlamentario Popular no está ejercitando ningún derecho de veto, porque
no lo tiene. Podrá S. S. hacer un juicio de intenciones basado en no se
sabe qué datos e ir más allá de lo que todos sabemos, que es que ha
habido unas conversaciones que han quedado suspendidas, interrumpidas,
que no cerradas, entre los dos Grupos mayoritarios de la Cámara; podrá S.
S. conocer datos que fundamenten esa ruptura e imputar la suspensión al
Grupo Parlamentario Popular. Yo le puedo garantizar que eso no es así, y
si S. S. consigue demostrar otra cosa habrá descubierto, probablemente,
lo que ambos Grupos, los mayoritarios de esta Cámara, están buscando, que
es por qué no ha habido un entendimiento hasta el momento, pero no hable
de derecho de veto, porque eso es un juicio de intenciones. Nosotros
estamos defendiendo exactamente lo contrario al derecho de veto, que es
nuestro derecho de propuesta por representar numéricamente lo que
representamos en esta Cámara, que no es otra cosa que lo que los
españoles nos han atribuido, y como eso supone la necesidad de
entendimiento para cubrir los órganos constitucionales con quienes tienen
la mayor representación, otorgada también en las urnas, hemos intentado y
vamos a seguir intentando llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario
Socialista sobre este punto.
Si S. S. añade también a ese juicio de intenciones ciertos deseos de
estar presente en esas conversaciones es un problema de S. S. y de su
Grupo, pero eso no lo vuelque contra la actuación, de cuya intención no
puede dudarse, salvo que aporte algún dato, de grupos parlamentarios que
ejercen legítimamente aquello que los españoles les han atribuido en las
urnas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Ninguna aclaración, señor Presidente.
--DAR CUENTA DE LAS GESTIONES LLEVADAS A CABO ANTE LAS AUTORIDADES BELGAS
PARA SOLICITAR LA EXTRADICION DE LUIS MORENO RAMAJO Y RAQUEL GARCIA
ARANZ. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000143.)
El señor PRESIDENTE: Punto número dos del orden del día, a solicitud del
Grupo Parlamentario Popular: Comparecencia del Ministro de Justicia para
dar cuenta de las gestiones llevadas a cabo ante las autoridades belgas
para solicitar la extradición de Luis Moreno Ramajo y Raquel García
Aranz. El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): En este caso voy primero a
tratar de exponer el esquema conforme al cual funcionan los mecanismos de
extradición, para que después tengan SS. SS. elementos de juicio sobre
cómo ha actuado el Ministerio de Justicia respecto a ese esquema.
Como saben SS. SS., la iniciativa corresponde a los jueces y tribunales,
a quienes corresponde requerir, en definitiva, la extradición respecto de
personas contra las que hayan dictado ya sea una sentencia, ya sea un
auto de procesamiento o equivalente, y hayan adoptado la medida de
prisión. Previamente, es necesario un dictamen del Ministerio Fiscal.
Cuando la Audiencia o el tribunal correspondiente adopta esa decisión
dicta un auto y su contenido o su parte dispositiva es un suplicatorio
que dirige al Ministerio de Justicia, a través del presidente del
correspondiente tribunal. Una vez que llega a Justicia, hay un informe
del servicio correspondiente, que es la Subdirección General de
Cooperación Jurídica Internacional, que valora si concurren o no en la
petición de extradición los requisitos que en términos generales se
exigen en el marco de los convenios de extradición y que en particular
puedan afectar al país concreto respecto del cual va a ser requerido de
extradición. Básicamente los requisitos son precisamente la existencia de
una resolución judicial de esa naturaleza, la exposición de los hechos
por los cuales se solicita la extradición y, en algún caso de relación
bilateral --es el caso belga--, se exige también la identificación de las
personas concretas contra las que se solicita esa medida de extradición y
la cita expresa de textos legales aplicables.
El paso siguiente es un informe de la Secretaría General Técnica y
finalmente el Ministro de Justicia que llevar al Consejo de Ministros el
acuerdo concreto de continuación en el procedimiento de extradición. Si
el Consejo de Ministros acuerda continuar el trámite, el paso siguiente
es enviar el conjunto del expediente, con los documentos
correspondientes, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Este lo remite a
su vez a la Embajada española correspondiente del país del que se
solicita la extradición y esa Embajada acude, a su vez, a la vía
diplomática del Ministerio de Exteriores correspondiente y al órgano
judicial. Este es el mecanismo más complejo, cuando no hay marcos
bilaterales o plurilaterales concretos con determinados países en que
existen mecanismos simplificados de extradición, pero a los que no vale
la pena para la comparecencia presente hacer alusión. Este es el caso
general cuando no hay marcos específicos y es, desde luego, el caso
concreto que concurrió en el supuesto belga.
Pues bien, la actuación de los tribunales y del Ministerio de Justicia,
partiendo de este esquema general, es la siguiente. El 20 de mayo de 1993
es cuando uno de los órganos de la Audiencia Nacional, el Juzgado de
Instrucción Central número 2, dicta el auto de procesamiento y prisión.
Previamente el Ministerio Fiscal había tenido conocimiento y emitido el
correspondiente dictamen el 14 de mayo de ese mismo año. A raíz de la
petición concreta del Ministerio Fiscal se dicta la correspondiente
resolución judicial, acordando el suplicatorio el 26 de mayo de 1993, es
decir, seis días después del auto de prisión. Esa resolución implica
además librar una orden internacional de detención preventiva que tiene
eficacia pocos días después y provoca la detención de los dos acusados de
terrorismo en Bélgica. El día 10 de junio --el 26 de mayo se había
dictado la orden internacional de busca y captura-- entra en el
Ministerio de Justicia el correspondiente expediente y el conjunto de la
tramitación a que he aludido se realiza en quince días. Concretamente el
25 de junio llega ya la propuesta al Consejo de Ministros, y ese 25 de
junio de 1993 se aprueba por el Consejo de Ministros a continuación del
procedimiento de extradición, con tres consecuencias inmediatas: informe
al presidente del tribunal que lo ha solicitado, informe a la Dirección
General de Policía, más concretamente al servicio de Interpol, y
finalmente traslado material del expediente y documentos al Ministerio de
Exteriores para que siga el trámite que hemos dicho.
En resumen, la primera resolución judicial es de 20 de mayo de 1993 y el
procedimiento está tramitado íntegramente el día 25 de junio de 1993.
Desde luego, es una tramitación particularmente diligente.
Desgraciadamente, no todas tienen esta diligencia; en este caso es
espectacularmente rápido el proceso, pero las fechas son exactamente las
que les he dicho.
Ya saben ustedes que la decisión sobre la extradición depende de los
sistemas. Concretamente existe el sistema administrativo, en el que es un
órgano administrativo el que decide, aunque frecuentemente en estos casos
previo un «avis» judicial en los países francófonos, es decir, un
asesoramiento o consulta del órgano judicial. Existe, por otro lado,
mecanismos en que es la autoridad judicial de los países quien decide. El
caso belga es el caso mixto, en definitiva es necesario el «avis» o el
consejo de un órgano judicial, pero la decisión está situada en el
Gobierno.
El tema en este caso, y dentro del conjunto de la legislación belga, se
complica de muy diversas maneras. En primer lugar, porque se interpone
una demanda de asilo por parte de las dos personas acusadas de
pertenencia a banda armada y de cooperación en temas de terrorismo. Se
interpone ese recurso y como consecuencia del mismo se suspende el
procedimiento de extradición. Efectivamente, conforme al sistema jurídico
belga, una vez que se ha admitido a trámite la demanda de asilo es
forzoso suspender el procedimiento de extradición hasta el momento en que
la resolución, en su caso denegatoria, sea firme. Sin embargo, es cierto
que ahí media un período de tiempo en el que el Gobierno belga podría
haber tomado decisiones sobre la extradición y no las tomó. Este es el
primer reproche que en la relación bilateral España-Bélgica planteó el
Gobierno español.
El segundo reproche es que no recurrió la admisión a trámite por parte
del Comisario belga. Esos fueron los dos motivos concretos de la actitud
particularmente dura de España en el marco de la relación bilateral con
Bélgica, porque considerábamos que había habido posibilidad de conceder o
denegar la extradición antes de la interposición de la demanda de asilo
y, en segundo lugar, porque no se recurrió la inadmisión a trámite de esa
demanda de asilo. También es cierto que en la tradición jurídica belga el
Gobierno nunca había recurrido una admisión a trámite en el caso de una
demanda de asilo. Hay que que ser objetivos: constituía una actuación que
hubiera sido manifiestamente excepcional. Pese a lo cual el Gobierno
español entendía que el supuesto, al tratarse de terroristas, merecía
hacer uso de esa extradición. Pero no deja de ser cierto lo anterior.
Por si faltaba poco (ya tenemos dos procedimientos en marcha), a la
extradición suspendida como consecuencia de la interposición de la
demanda de asilo se incorpora un tercer procedimiento más, ya que como
consecuencia del retraso exceden los plazos de prisión preventiva máxima
previstos en la legislación belga. Entra en funcionamiento un tercer
procedimiento judicial, que se acumula a los otros dos procedimientos,
que, para simplificar, equivaldría a nuestro «habeas corpus»
aproximadamente, con sus matizaciones, pero que, en definitiva, supone
una consideración, ya en sede jurisdiccional ordinaria, en que el
tribunal exclusivamente atiende ese factor, el factor de que la detención
es ilegal por exceso en el plazo. Además, respecto a esta resolución el
Gobierno español no hizo protesta de clase alguna, porque evidentemente
se trataba de una decisión judicial, sin más, y como todas las decisiones
judiciales las respetamos, no sólo las dictadas por los órganos
judiciales españoles, sino también las dictadas por cualquier país
miembro de la Unión Europea. Lo cierto es que produce el efecto negativo
de que salen en libertad.
A partir de ese momento la presión del Gobierno español no se dirige,
como es obvio, al órgano judicial sino al Gobierno para garantizar que
asegure medidas de custodia y vigilancia durante el tiempo en que se
encuentran en esa situación de libertad. El Gobierno belga reacciona
positivamente y, efectivamente, establece esas medidas.
A partir de ese momento se produce el momento
cumbre de la crisis. Ya se habían realizado toda clase de conversaciones
en los diversos niveles y organismos dentro del marco de la Unión
Europea, pero se produce el momento seguramente clave de la actuación
española, que se refiere a los días 29 y 30 de noviembre con ocasión de
la primera reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior, ya de
la Unión Europea, no de la Comunidad. En ella, España, como consecuencia
del planteamiento de admisión a trámite por parte del Comisario,
considera oportuno formular reserva general sobre todos y cada uno de los
puntos del orden del día afectantes precisamente a la regulación del
asilo, y considera que al hacerlo actúa de manera congruente y respetuosa
con el ordenamiento judicial interno belga. La posición española no es
reprochar nada al Comisario, no es reprochar nada a los órganos
judiciales que han actuado razonablemente, sino limitarnos a afirmar que
un país miembro de la Unión Europea debería tenerlo resuelto en términos
legislativos, si fuere preciso, si la simple costumbre institucional no
funciona, como pasa en la mayor parte de países europeos que no tiene
resuelto el problema y, sin embargo, de manera automática no se admiten a
trámite demandas de asilo de países miembros de la Unión Europea; pero
si, en definitiva, tenían un sistema en que esa costumbre institucional o
constitucional no funcionaba, tenía, como Estado, la responsabilidad de
establecer los mecanismos normativos que en el futuro lo impidieran.
El planteamiento desde un punto de vista jurídico es complejo e
interesante, porque aparentemente podría hablarse de una cierta
contradicción con la propia Convención de Ginebra. No es ése el
planteamiento del Gobierno español sino que entiende que no es posible
aplicar los parámetros de la Convención de Ginebra en el marco limitado
de los países miembros de Maastricht y, en definitiva, de la Unión
Europea. Respecto de esos países supondría tanto como erosionar uno de
los fundamentos del propio marco de la Unión Europea el que se pusiera en
cuestión la legitimidad del sistema judicial, la legitimidad de las
garantías de la existencia, en definitiva, de procedimientos que puedan
hacer resplandecer la verdad dentro del propio ordenamiento jurídico
interno.
No se discute, ni se valoraba en modo alguno, si existieron o dejaron de
existir uno u otro tipo de conductas dentro de las denunciadas por estos
presuntos terroristas. En cualquier caso lo que se discutía es que nadie,
dentro de la Unión Europea, pudiera arrogarse el papel de árbitro
respecto de la actuación de órganos judiciales de otro país perteneciente
a la Unión Europea.
Como consecuencia de esa reserva --insisto en que previamente, en los
meses anteriores, se había realizado ese mismo tipo de actuación en
comités previos dentro del marco de la Unión Europea-- se acelera la
presión política española. El Jefe de Gobierno belga se compromete a
recurrir una eventual concesión del derecho de asilo. Lo hace
precisamente en España con ocasión de una visita al Presidente del
Gobierno. Los parlamentarios españoles representados en el Parlamento
Europeo logran una resolución fundamental, desde el punto de vista del
resultado final de la actuación, una resolución del Parlamento Europeo en
la que se mantiene y recoge la tesis que había sostenido el Gobierno de
España sobre la imposibilidad de admitir a trámite una demanda de asilo
entre países de la Unión Europea.
El resultado final ya lo conocen ustedes. El 14 de febrero, hace unos
días me parece, si no podría consultar el dato, el Comisario ha denegado
la admisión a trámite de la demanda de asilo.
¿Cuál es la situación actual? El Gobierno belga todavía no puede decidir
sobre la extradición porque, de manera inmediata, los dos demandantes de
asilo han interpuesto, a su vez, recurso ante una comisión permanente de
naturaleza esencialmente administrativa, no judicial. En consecuencia,
mientras no es firme la resolución, el Gobierno belga sigue teniendo
legitimidad para no pronunciarse sobre la concesión o no de la
extradición.
Terminada esa fase, si se confirma en definitiva el acuerdo del Comisario
(en este caso lo excepcional sería lo contrario, nunca esa comisión ha
modificado un acuerdo del Comisario, por lo tanto, en los terrenos de la
prognosis jurídica, que es un terreno un tanto resbaladizo, hay que
suponer que esa resolución se va a confirmar), a partir de ese momento,
en el supuesto de que el Gobierno belga concediera la extradición,
todavía tendrán derecho a acudir al Consejo de Estado correspondiente
antes de que el tema se resuelva.
En definitiva, les he intentado contar el proceso, bastante complejo,
pero quería que lo conocieran en su totalidad. Me parece evidente que el
Gobierno español en este tema ha mantenido en todos los planos, tanto en
el de la relación bilateral, en el marco de la Unión Europea y con sus
socios, como a través de los grupos parlamentarios en el Parlamento
Europeo una postura sorprendentemente de fuerza en términos diplomáticos,
nos decían el resto de colegas Ministros de Justicia e Interior en la
reunión, que de hecho compartían nuestra opinión. Creo que ha dado sus
frutos razonables y sensatos, aunque todavía el proceso esté pendiente.
Esta es la información de carácter general que me creía obligado a dar
ante la petición de SS. SS.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, autor de la solicitud de
comparecencia, señor Baón, tiene la palabra.
El señor BAON RAMIREZ: Señor Ministro, mi Grupo había solicitado esta
comparecencia precisamente para que S. S. diese la explicación que ha
dado y que lo hiciese con el rigor y la minuciosidad con que lo ha hecho.
En ese sentido debo calificar inicialmente su intervención de manera
elogiosa, porque entiendo que en ese proceloso y complejo trámite de
petición de extradición han actuado con toda escrupulosidad y con todo
rigor. Entendemos el sistema legal que rige en la nación amiga y socia de
la Unión Europea, que es Bélgica, pero de todas maneras esto denuncia la
carencia de armonización legal que hay. Resulta increíble que se pueda
tratar a España como si fuésemos un país deficitario en la
garantía de los derechos democráticos, de los derechos constitucionales.
Evidentemente se trata de dos presuntos etarras, pertenecientes a bandas
armadas, suficientemente conocidos, con un cúmulo de indicios racionales
para proceder. Prueba de ello es que la Audiencia ha procedido y por el
trámite legal correspondiente, también mixto, judicial y administrativo,
a solicitar la extradición. Resulta increíble, repito, que Bélgica se
haya comportado así.
En ese sentido, mi Grupo lo que quiere es ratificar y apoyar la conducta
que han tenido dos miembros del Gobierno, y el mismo Presidente, en la
Cumbre que se celebró los días 10 y 11 de diciembre en Bruselas, de no
ceder en absoluto en este planteamiento hasta que sean extraditados estos
dos presuntos terroristas. Lo digo así, lamentando que ese tercer pilar
de Maastrich dé pruebas de su debilidad, de su raquitismo y de su falta
de eficacia; lo prueba precisamente porque establece un cúmulo de
garantías, aunque sea respetuoso con el ordenamiento jurídico belga, de
todo punto incongruente con esa pretensión de unidad a la que queremos
llegar.
Evidentemente, creo que ha funcionado, por otra parte, la cooperación
judicial y policial. El señor Ministro decía que le habían dado la razón
cuando habían opuesto las reservas generales al orden del día de aquella
reunión de Ministros de Justicia e Interior, y entiendo que deben
proseguir en ese camino, toda vez que ésa será la demostración de que se
nos reconoce con la autoridad y con los valores democráticos que
ciertamente tenemos en este país, consagrados en la Constitución y en
todo el Estado de Derecho positivo que lo desarrolla.
Quiero invitarles a que no cedan en este punto, porque ya he dicho que en
este aspecto el Grupo Popular les brindará todo el apoyo que necesiten.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la
palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Intervengo únicamente para manifestar que, en
opinión de mi Grupo Parlamentario, señor Presidente, señor Ministro, la
actuación del Gobierno ha sido correcta y absolutamente regular.
Si acaso, quiero manifestar cierta sorpresa por la naturaleza de la
iniciativa presentada por el Grupo Popular, porque eso sí que vulnera las
tradiciones de ese Grupo. Presentar una iniciativa y pedir la
comparecencia del Ministro para tener que reconocer la regularidad formal
de esta iniciativa, parece que acredita un talante diferente a otros que
hemos podido apreciar en las iniciativas de dicho Grupo.
Una vez manifestada esta sorpresa, poco más hay que añadir, señor
Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nuestro Grupo Parlamentario comparte las actuaciones del
Gobierno en este importante asunto. Creemos que han actuado ustedes
correctamente, y así lo reconocemos a la hora de fijar nuestra posición
en el desarrollo de esta iniciativa, porque no se puede construir un
espacio judicial y policial europeo, no se puede caminar hacia la unión
europea si no hay una lealtad básica de los países democráticos que
caminan hacia la Unión.
Ahí se ha trabajado bien, porque en España se pueden defender las ideas
políticas que cada Grupo considere oportunas con la total garantía que
emana de nuestra Constitución y del Estado de Derecho y no se puede
permitir ni tolerar que se aplique el derecho de asilo a dos presuntos
terroristas en Bélgica. Se ha actuado bien, se ha puesto en marcha con
fuerza el peso diplomático de nuestro país; es lo que corresponde en este
caso. Nosotros, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, saludamos y reconocemos que el Gobierno
ha actuado como corresponde en este asunto.
Entendemos que las iniciativas parlamentarias en una Comisión de control
pueden tener el carácter de control permanente o de oposición a lo que el
Gobierno haga mal, pero también se pueden pedir aclaraciones, con todos
los detalles que el Ministro ha planteado, y felicitar al Gobierno cuando
lo hace bien. En este caso, que lo diga yo puede resultar incluso
bastante extraño, pero le digo que no se haga ilusiones en relación con
los puntos que vienen, porque ahí no coincidiremos en valorar su
actuación como positiva, aunque en este caso sí.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: Agradezco al señor Ministro que haya recordado al
señor Baón la existencia del Convenio Europeo de Extradición, que es
donde se recoge el marco estricto en el que se mueven las peticiones de
extradición, complementadas, como ha dicho el señor Ministro, con los
tratados bilaterales. Sabe el señor Baón que ahí los gobiernos tienen muy
poco que decir, que la petición de extradición surge y emana cuando
existe una orden de detención o procesamiento de un órgano judicial; que
los gobiernos, en este caso el español, sólo pueden cursarla y no
inmiscuirse, porque no estamos hablando, en la pregunta del señor Baón,
de asilo, como le he entendido al representante de Izquierda Unida, sino
de la extradición, que es tal como viene en el orden del día.
En la extradición hay que decir que los gobiernos no se pueden inmiscuir.
Por tanto, voy a tratar de complementar esta información, si me lo
permite el señor Ministro, y le voy a regalar al señor Baón el Convenio
Europeo de Extradición, porque de haberlo tenido usted se hubiera evitado
tener que solicitar esta comparecencia, ya que es un tema estrictamente
judicial.
Para que tenga algunos datos más, le diré que con Bélgica se conceden más
de 50 extradiciones al año, es decir, que es un mecanismo que funciona
con
normalidad, y que el tiempo que lleva pedida la extradición es mucho
menor que el que se tiene normalmente en España. En España, como usted
sabe, se instruye por los juzgados centrales de la Audiencia Nacional;
posteriormente se ve por una de las salas, ha lugar un recurso de súplica
ante el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y,
posteriormente, hay la última decisión administrativa, que corresponde al
Gobierno de la nación, pero no ha llegado aún el momento. El término
medio de lo que se tarda es mucho más de lo que están tardando las
autoridades belgas.
En definitiva, creo que el Ministerio de Justicia lo que ha hecho
exclusivamente es cursar la petición de extradición que se había hecho
desde los órganos judiciales españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Unicamente quiero dar las
gracias a los grupos parlamentarios por sus intervenciones y, al mismo
tiempo, indicar que ciertamente no es lo mismo la problemática del asilo
que la de la extradición. Es decir, mientras que el asilo cuestiona,
creo, los parámetros básicos de un Estado de Derecho, la extradición
puede no cuestionarlos.
Independientemente de las aclaraciones que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, quiero aludir a que, además, desde el punto de
vista técnico, la concesión o denegación de una extradición puede estar
motivada por otra serie de cuestiones perfectamente legítimas que para
nada ponen en entredicho nuestro papel como Estado de Derecho. (El señor
Baón Ramírez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Baón, ¿para qué solicita la palabra?
El señor BAON RAMIREZ: Tan sólo para decir que hay portavoces de grupos
parlamentarios...
El señor PRESIDENTE: Señor Baón, le voy a dejar tiempo...
El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, he sido aludido.
El señor PRESIDENTE: Sin duda alguna, con una intervención de carácter
pedagógico por parte del señor Pérez Mariño y con el ofrecimiento del
regalo de un convenio para que si usted quiere...
El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, está usted interpretando...
El señor PRESIDENTE: En estos dos sentidos tiene usted la palabra.
Aproveche, señor Baón, que tiene dos minutos.
El señor BAON RAMIREZ: Muchas gracias.
Quiero decir que para una vez que un representante de la oposición dice
que pide la comparecencia para provocar la información, para que no haya
ningún átomo de duda, otros portavoces le hacen reproches. Si lo quiere
así, lo retiro.
El representante del Grupo Vasco dice que contrasta con otras
actuaciones. Lógicamente, porque la oposición que hace el Grupo Popular
no es sistemática y unas veces tiene que reconocer, como en este caso,
que se ha actuado correctamente. No nos duelen prendas reconocerlo.
Respecto al señor Pérez Mariño, evidentemente le agradezco la didáctica.
Prefiero que me la dé en el pasillo y le discutiré algunas cosas, pero
que no se constituya en defensor del sistema belga cuando yo estoy
poniendo a bajar de un burro, por decirlo con una expresión coloquial,
cómo no funciona la Unión Europea, ni el tercer pilar, ni los sistemas de
cooperación judicial y policial. Por lo demás, me parece fuera de lugar
esa intervención del señor Pérez Mariño.
Sólo quería hacer esas puntualizaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Mariño.
El señor PEREZ MARIÑO: En quince segundos quisiera decir al señor Baón
que el sistema belga es, en lo sustancial, estrictamente igual al
español.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ¿para una intervención de réplica,
pedagógica?
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Pedagógica, señor Presidente. Relativa a los
principios axiológicos de los sistemas de control parlamentario, bien
apuntado por el portavoz de Izquierda Unida.
El señor Baón se ha sentido injustamente ofendido. El ha confundido dos
conceptos antitéticos, contradictorios, el de reproche con el de
felicitación. Yo le recuerdo, señor Presidente --seguramente constará en
acta así--, que le he felicitado por articular un sistema de control
parlamentario al que no es muy proclive habitualmente el Grupo Popular,
lo cual no quiere decir que no sea legítimo hacerlo de otra manera.
Sencillamente quería contextualizar el sentido exacto de mis palabras en
estos términos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas. Las números 4 y 5 se van a
debatir de forma acumulada.
PREGUNTAS:
--SOBRE USO DE LAS AUTORIZACIONES CONCEDIDAS POR LOS NUMEROS 1 Y 2 DE LA
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DEL
PROCEDIMIENTO LABORAL, APROBADA POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 521/1990, DE
27 DE ABRIL.
FORMULADA POR EL SEÑOR ORTEGA (CIU-IC). (Número de expediente
181/000224.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 3, cuyo autor es el señor Peralta
Ortega, dice lo siguiente: Uso de las autorizaciones concedidas por los
números 1 y 2 de la disposición adicional segunda del texto articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo
521/1990, de 27 de abril.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Ministro, conoce usted perfectamente que
el vigente texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto Legislativo de 27 de abril de 1990, establece como
norma general la posibilidad de recurso en suplicación de aquellas
reclamaciones cuya cuantía exceda de 300.000 pesetas. La misma Ley de
Procedimiento Laboral en su disposición adicional segunda prevé la
posibilidad de que el Gobierno, previo informe del Consejo General del
Poder Judicial y con audiencia del Consejo de Estado, pueda modificar la
cuantía de la procedencia del recurso de suplicación. Eso no ha ocurrido
hasta la fecha, señor Ministro, como usted conoce perfectamente, y han
pasado ya prácticamente cuatro años desde la fecha en que se estableció.
Lógicamente durante estos cuatro años se ha producido un deterioro
importante en la trascendencia que tenía la cuantía de 300.000 pesetas
como consecuencia de la inflación, de la subida retributiva que se ha
establecido durante este período de tiempo. (El señor Vicepresidente,
Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.)
Paralelamente a este proceso se ha producido una acumulación de recursos
de suplicación en las distintas salas de lo social de los tribunales
superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas del Estado.
En esta situación una posible solución sería que por parte del Gobierno
se hiciera uso de esa autorización prevista en la disposición adicional
segunda del texto articulado y mi pregunta, señor Ministro, sería la de
si tiene previsto el Gobierno hacer uso de esa autorización.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Ministro para contestar.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del
Presidente.
En los términos de la pregunta no sabía si se refería solamente al tema
de las cuantías por suplicación --efectivamente es el caso--, pero quizá
sus observaciones podrían extenderse también al artículo 97.3, cuando
fija las multas pecuniarias de 100.000 pesetas; podría también extenderse
a los depósitos para recurrir, del artículo 226 y seguramente también a
los honorarios y costas del artículo 232.
Como ciertamente no sabía cuál de los aspectos, aunque seguramente su
observación puede ser válida para el conjunto de ellos, porque alude,
supongo, fundamentalmente a un puro problema de apreciación del valor de
la peseta, desde ese punto de vista, lo que hemos hecho, a raíz de su
pregunta, es preguntar informalmente al Consejo General de la Abogacía y
al Consejo General del Poder Judicial; informalmente, porque no ha habido
tiempo para más, nos comentan que no consideraban el tema urgente pero
yo, después de su pregunta, lo que voy a hacer es formalmente solicitar
del Consejo General del Poder Judicial que me dictamine sobre este tema,
porque ha sido simplemente una consulta con los vocales que, por tener
especialidad laboral, podían conocer más este tema, pero dado que S. S.
lo pregunta y que me parece razonable el planteamiento, me comprometo a
hacer una consulta formal al Consejo General sobre esta materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Peralta por cinco minutos.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Ministro, por su respuesta.
Quiero decirle, en primer lugar, que efectivamente me he centrado en mi
intervención en lo que sería el apartado uno de la disposición adicional
segunda, donde se hace referencia a la modificación de la cuantía de
procedencia del recurso de suplicación, pero también es verdad, como
usted precisamente ha puesto de manifiesto, que el texto de mi pregunta
hacía referencia al apartado 1 y al apartado 2, donde se contiene otra
serie de aspectos de la Ley de Procedimiento Laboral que son afectados
por el mismo problema de fondo, que es la inflación, en el caso concreto
de la procedencia de los recursos, los incrementos retributivos,
etecétera y, por tanto, le agradezco que efectivamente haya generalizado
en ese sentido la respuesta.
De la misma manera le agradezco que reconozca que, a raíz de esta
pregunta formulada por este Diputado, ha hecho esas gestiones informales.
Entiendo que esas gestiones informales hayan respondido en el sentido de
que no es urgente el tema. Evidentemente, no lo es, porque la
problemática de la justicia social es, desgraciadamente, mucho más
importante que esto, pero esto también forma parte de esa problemática.
Esto también forma parte de esta problemática y en este sentido sería
bueno que lo que se pretende con una justicia ágil y eficaz en el terreno
social se puede ver lógicamente afectada por la posibilidad de que se
pueda establecer recurso contra todo tipo de sentencias. No se
conseguiría precisamente uno de los objetivos de la justicia social si
esa posibilidad de recurso se generalizara.
Somos partidarios de que exista recurso en los temas que justifican esa
existencia de la posibilidad de recurso, pero donde no se justifica
creemos que no debe existir. Y lo que está ocurriendo es que las
previsiones legales que se establecieron en el año 1990, como
consecuencia de su no actualización, están quedando auténticamente
desfasadas y se está produciendo una vulneración de lo que se pretendía
en aquel momento determinado. Por tanto, señor Ministro, como una medida
concreta, posiblemente no urgente, seguramente no la más importante, pero
ésta forma parte de esas medidas y, en ese sentido, creemos que sería
oportuno que por parte del Gobierno se
iniciaran los trámites para la actualización completa de esas
autorizaciones que le conceden, tanto el apartado 1 como el 2 de la
disposición adicional segunda.
Insisto en que es verdad que no es la única ni la más importante. Habría
que abordar otros temas en relación con esta materia, incluso con la de
la acumulación de recursos en las salas de lo social de los tribunales
superiores de justicia.
Brevemente y con celeridad se me ocurriría sugerir al señor Ministro la
posibilidad de que negociara con las asociaciones profesionales de la
Magistratura la revisión de los módulos de productividad establecidos en
estos momentos y que, al menos mientras se mantengan las plantillas
actuales, difícilmente permiten atender el volumen creciente de recursos
que se está produciendo. Caben dos posibilidades: incrementar las
plantillas o incrementar los módulos. Debería abordarse la posibilidad de
las dos medidas, de cara a conseguir que, efectivamente, una de las
características importantes que debe tener la justicia social, que es su
celeridad, se haga realidad y no volvamos, un poco, a la situación yo
creo que lamentable en el aspecto concreto de demora que sufrió en su día
el extinto Tribunal Central de Trabajo.
También habría quizá otras medidas puntuales, técnicas que se podrían
abordar como, por ejemplo, establecer un mecanismo claro, no sujeto a la
discrepancia judicial que existe en estos momentos sobre cuantificación
de las pensiones, que, en la anterior Ley de Procedimiento Laboral, era
objeto de un artículo específico, que en ésta no está prevista y ha dado
lugar a una discrepancia judicial sobre cómo se cuantifican las
prestaciones, si con cómputo anual, con cómputo superior al año,
etcétera. Eso puede dar lugar a que las previsiones del texto del año
1990 no se corresponden con lo que realmente es la realidad.
Por tanto, estos apartados --insisto, reconociendo que son puntuales, no
urgentes ni seguramente los más importantes-- sí pueden contribuir a que
efectivamente las previsiones legislativas que en su día se tenían cuando
se abordó el texto del año 1990 sean realidad en este año y en años
sucesivos.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Además de volver a
agradecer esa sugerencia, que nos permitirá revisar el tema, respecto de
los dos temas puntuales que ha mencionado tengo que decirle que de hecho
está trabajando el grupo de reforma procesal civil, el grupo de reforma
penal, el grupo de reforma procesal contencioso-administrativa y también
hay un grupo de aspectos laborales. De hecho, en mi comparecencia inicial
no sé si estaba S. S., no hice alusión a que en este campo fuera
necesario abordar grandes reformas procesales en lo laboral; sin embargo,
sí aspectos puntuales. Así como en el ámbito civil parece evidente que ha
llegado el momento de abordar esa reforma integral, también en el ámbito
laboral está creando ya un grupo de trabajo que inicialmente planteará
propuestas concretas. Yo, desde luego, voy a trasladar las sugerencias
que usted me ha hecho a ese grupo de trabajo. Sin duda, la forma de
operar de esos grupos de trabajo es precisamente las asociaciones y, en
definitiva, se llega a una conformación de criterios delante del
Gobierno.
Le reitero mis gracias y recojo sus sugerencias.
--SOBRE VALORACION DE LA NO OPOSICION DEL MINISTERIO FISCAL A LA
AUTORIZACION DE ABANDONAR EL TERRITORIO ESPAÑOL CONCEDIDA A MONZER AL
KASSAR, FORMULADA POR LA SEÑORA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000408.)
--SOBRE VALORACION DE LA NO AUTORIZACION CONCEDIDA POR LA AUDIENCIA
NACIONAL A MONZER AL KASSAR PARA ABANDONAR EL PAIS. FORMULADA POR LA
SEÑORA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000410.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para formular las preguntas
números 4 y 5, de doña Rosa Aguilar, por el Grupo Parlamentaro de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Antonio
Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señor Ministro, hemos formulado
estas dos preguntas, respecto a las que le hago una primera exposición.
Queremos saber en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya cómo valora usted la no oposición del Ministerio Fiscal a
la autorización de abandonar el territorio español concedida a Monzer Al
Kassar para viajar a Siria y, al mismo tiempo, qué opina usted de esa
autorización y de todas las circunstancias que han concurrido en lo que
podríamos denominar el culebrón Al Kassar y la alarma social generada. Ha
habido participación de otros Ministerios, del Estado, han hecho
gestiones en torno a la autoridad judicial y ha habido los
comportamientos legítimos de la independencia de los tribunales,
etcétera, sobre este asunto, pero al mismo tiempo ha actuado el
Ministerio Fiscal. Queremos saber su opinión, porque, de todas las
opiniones que ha ido conociendo la sociedad española, la suya es la única
que no se conoce respecto a la situación creada por este hecho, que
nosotros consideramos especialmente grave en cuanto a las circunstancias
que le han rodeado.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra el señor
Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señor Romero, supongo que
se refería a esto cuando me
señalaba que el resto de la mañana no sería tan pacífico.
La verdad es que ha ido a preguntar a un miembro del Gobierno que en este
tema tan difícilmente le va a poder satisfacer, porque la postura
institucional del Ministerio de Justicia es sobradamente conocida: no
valoro actuaciones del Ministerio Fiscal ni de los jueces; no lo valoro.
Sólo cuando hay una sentencia judicial firme, como cualquier otro
ciudadano, entro en una valoración, si me parece necesaria, e incluso en
ese caso lo hago con extraordiarias restricciones.
Considero, de manera general, que el papel institucional del Ministerio
de Justicia, como preservador del sistema jurídico, debe caracterizarse
por tener un particular y exquisito cuidado en no valorar nunca, ni para
elogiar ni para criticar, actuaciones del Ministerio Fiscal ni respuestas
o actuaciones concretas de los jueces, cuando estas actuaciones, insisto,
están vivas, para aclararnos en sentido coloquial. Esa es mi postura
institucional y a ella me debo. No pienso hacer excepciones, no es falta
de deseo de contestar, es que ésa es la postura institucional del
Ministerio de Justicia, reiteradamente sostenida.
En este caso, un hecho objetivo sí está ahí, y es que el 1 de febrero el
señor Al Kassar cumplió su obligación de presentarse.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para turno de réplica, tiene
la palabra el señor Romero por tiempo de diez minutos.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, la posición del Ministerio de
Justicia en torno a este asunto es una posición institucional y política.
Usted debe saber que ya no es magistrado juez, que es un Ministro del
Gobierno de Felipe González, y, por lo tanto, que comparece ante el
Parlamento del Estado a través de la Comisión de Interior y Justicia y
que se le exige que usted opine sobre una serie de temas para conocer su
opinión y la responsabilidad política suya como titular del Departamento
y como miembro del Consejo de Ministros.
Si usted dice que las sentencias judiciales están ahí, no le falta razón
al decir que se pueden valorar, como cualquier ciudadano, sus
conclusiones, pero no en el apartado del Ministerio Fiscal, el Estatuto
del Ministerio Fiscal determina con claridad que el Gobierno puede o debe
dar instrucciones al Ministerio Fiscal cuando considere que, en el marco
de sus actuaciones, no ha tenido el celo suficiente y se ha generado una
alarma en la sociedad española. Eso no es atentar contra la independencia
y la autonomía de los estamentos judiciales, en este caso del Ministerio
Fiscal. Y ahí, cuando se produce los siguientes hechos: el Ministerio del
Interior, desde la Dirección General de la Policía, visita a los
tribunales, a la sala competente y se dice a los magistrados que el señor
Al Kassar va a cumplir una misión de Estado y sería conveniente que le
autorizaran el viaje que ha solicitado. Desde el Cesid se hacen gestiones
en esta misma línea. Por tanto, son dos ministerios del Gobierno del que
usted forma parte los que están tomando decisiones y haciendo llegar a
los jueces la necesidad de que le concedan la autorización para abandonar
territorio español, alegando que cumple una misión de Estado. Una persona
que se encuentra en libertad bajo fianza de mil millones de pesetas,
relacionada con atentados gravísimos, en un sumario instruido que sigue
su curso normal en los tribunales de Justicia de nuestro país. Es muy
grave la situación creada desde el punto de vista de que, al final, se
argumenta que no se trata de una misión de Estado, sino de la visita a un
hermano, gravemente enfermo, que reside en Siria. Se produce un debate
legítimo, autónomo, independiente, entre los tres magistrados y, por dos
votos a uno, se le concede un permiso temporal para ese desplazamiento.
Si interviene el Ministerio del Interior y la Dirección General de la
Policía, si interviene también en torno a los Tribunales el Centro
Superior de Información de la Defensa, el Cesid, ¿usted no tiene nada que
decir? ¿En el suelo del Ministerio de Justicia no entra una opinión sobre
una situación que pone en entredicho ante la sociedad española, la
autonomía y la independencia del Poder Judicial por una serie de
intromisiones del Poder Ejecutivo del que usted forma parte, que se ha
considerado por la sociedad española, y nuestro Grupo lo considera, como
una presión hacia la decisión que toman los magistrados?
Nosotros consideramos que las razones de Estado o las posiciones
institucionales no deben hacerle actuar a usted como una estatua del
Museo de Cera, señor Ministro del Interior (El señor Ministro de
Justicia, Belloch Julbe: Del Interior, no.), señor Ministro de Justicia.
En la Comisión de Interior no puede usted actuar así. Usted ha dicho que
no es del Interior; claro, usted no ha mandado a la policía a que hable
con los magistrados, no le veo en ese papel, aunque todo se andará; la
vida es muy larga. (Risas.)
Quiero terminar esta exposición diciéndole que considero especialmemnte
delicada la situación creada, muy delicada, y a esta Comisión de Interior
y Justicia hay que venir a hablar. El oficio de un político, señor
Ministro de Justicia, es hablar y escribir; ese es el oficio de un
político, y callar cuando hay una situación de alarma tan grande,
siguiendo la política del avestruz, no le va a conducir a usted a ninguna
parte, Y esa idea de que los jueces son independientes y toman su
decisión es una idea clara y así funciona el Estado de Derecho. Yo
valoraré cuando la sentencia sea firme; aquí tiene ya una decisión firme.
Se ha autorizado a salir de España a Al Kassar. Hemos quedado, señor
Ministro del Interior, como una república bananera a nivel europeo con
este tema. Porque yo, que pago mis impuestos en este país, no quiero que
el señor Al Kassar cumpla misiones de Estado en mi nombre ni en el nombre
de los ciudadanos de la democracia española; no quiero que se le asignen
misiones de Estado a un señor de estas características y acusado de los
gravísimos delitos de los que está acusado.
Por tanto, pido que no se esconda usted detrás de esa idea de que el
Ministerio Fiscal actúa de acuerdo con su Estatuto, que el Gobierno no
tiene nada que decir, porque no es verdad; el Gobierno sí puede
intervenir ante el Ministerio Fiscal, y debe hacer esa intervención, y
debe
decir a la sociedad española que los jueces tomarán la decisión última de
autorizar o no, pero que el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos
que tiene a su alcance, se ha dirigido al Ministerio Fiscal, el
Ministerio Fiscal ha reunido a los fiscales de sala, ha dado
instrucciones para que se actúe en este caso pidiendo al Tribunal que no
conceda esa autorización. Y no se ha hecho eso, se ha hecho todo lo
contrario por parte del Gobierno de Felipe González, del que usted forma
parte.
En este caso es necesario que sepa usted que no es independiente de la
tarea que tiene asignada, no lo es. Usted no es independiente de todo,
incluso del cargo de Ministro de Justicia que actualmente ocupa, porque
podríamos estar en un desdoblamiento de la personalidad bastante extraño.
Por tanto, tendrá que asumir esa responsabilidad y explicar aquí por qué
no se ha actuado de esa forma. ¿O es que usted no ha hablado con el
Ministro del Interior y con el Ministro de Defensa para pedirles
información de por qué se encomendaba esta entrevista y esas visitas de
miembros del Cesid y de miembros de la Dirección General de la Policía a
la sala que usted tenía que autorizar a Al Kassar a viajar a Siria? Este
es un tema de una gran delicadeza. Repito, no me satisface la idea de que
usted se envuelva en una capa de que los jueces deciden, el Ministerio
Fiscal decide, yo no comento nada, porque creo que sinceramente que no
corresponde al Ministro de Justicia de un Gobierno democrático en un país
donde el Parlamento ejerce sus funciones de control de dar una espantada
de estas características.
El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): El señor Ministro tiene la
palabra. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): En dos ocasiones distintas
me ha llamado usted Ministro del Interior. Yo creo que no ha sido un
lapsus, sino que seguramente la pregunta era más lógico que se la hubiera
dirigido al Ministro del Interior y no al de Justicia, porque alude a
actuaciones, en definitiva, que en su caso serían de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, respecto a los cuales quien debería responder a S.
S. sería el responsable de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero en
los aspectos que sí que me atañen, en los aspectos estrictamente
judiciales, yo comprendo que usted tenga una visión de cómo debe ser un
Ministro de Justicia, pero tendrá que permitir que yo tenga mi propia
visión de cómo debo serlo. Esto es así. En principio, no hay un código
escrito sobre cuál debe ser la función del Ministro de Justicia. Usted
tiene unos criterios, que yo respeto, y le pediría que también respetara
lo que yo entiendo que es la función del Ministerio de Justicia. Pero, en
fin, ésa es una discrepancia de modelo de cómo debe ser un Ministro de
Justicia en un sistema democrático.
Hay alguna cosa que me interesa aclarar. Efectivamente, la presencia de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la autoridad judicial, ante el
Ministerio Fiscal, planteando un tema, el que fuere, puede tener dos
sentidos distintos: un primer sentido, que sea, como parece que usted ha
indicado, perturbador de la independencia de sus órganos, que sería una
de las posibilidades. Una segunda posibilidad es que, por el contrario,
tuviera el carácter de dar información para permitir mejor un proceso de
toma de decisiones. El problema, desde el punto de vista mío, es que
dilucidar si es una actividad o es la otra, sólo incumbe, en nuestro
sistema jurídico, al propio juez, al propio tribunal. Es más, cuando el
juez o tribunal, como consecuencia del artículo 14 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se considera inquietado o perturbado en su independencia,
que es lo que usted alude, tampoco sería ni el Ministro de Justicia ni el
Gobierno de la nación los que deberían velar por esa inquietud o
perturbación de su independencia, sino que es una de las funciones
atribuidas de manera exclusiva al Consejo General del Poder Judicial.
Yo comprendo que cuando le doy este tipo de argumento diga: ahora se
esconde en otro sitio. No. Yo tengo una concepción de cómo es el Estado
de Derecho, de cuál es la función que compete a cada uno de los que
trabajamos al servicio de ese Estado de Derecho. Trato, evidentemente, de
comprender y de respetar plenamente la que usted tiene como
parlamentario, pero yo tengo la mía. Yo creo que jamás debo entrar ni
invadir competencias de nadie. Si hay problemas de que algún juez o
tribunal se hubiera sentido inquietado o perturbado, lo hubiera puesto en
conocimiento del tribunal. La sospecha razonable es que si no lo puso en
conocimiento del Consejo General es porque no se sintió inquietado o
perturbado, sino que simplemente, en el marco del tipo de actuación que
realizan los jueces de la Audiencia Nacional, es muy conveniente en
muchas ocasiones tener información por parte precisamente del Estado, de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para tener mayor número de datos. Si
se hubieran sentido inquietados, deberían haber acudido al Consejo. En
ningún caso sería función del Ministro de Justicia entrar a resolver el
problema de su inquietud o perturbación, sino que la función
institucional para ese cometido está atribuida al Consejo General del
Poder Judicial.
Respecto al Ministerio Fiscal y la versión perfectamente razonable que
usted tiene de su estatuto, yo tengo otra, tengo matices. Mi tesis
central --y la vengo sosteniendo de manera reiterada-- es que aunque
existe la posibilidad de que el Gobierno interese la actuación del
ministerio público en casos concretos, que interese, que no sería el
caso, porque en ese supuesto ya había una actuación en marcha, sería
poner en funcionamiento, por ejemplo, la investigación sobre un
determinado tema «ex novo». Eso podría encajar en la lectura del estatuto
de autonomía del ministerio público, que no son independientes, pero sí
autónomos. Sin embargo, eso, que sí que es posible, no tiene nada que ver
con la actuación ordinaria de los fiscales en el ejercicio de su vida
profesional. En esa materia, como en el ejercico de acciones penales
singulares, desde que yo soy Ministro de Justicia, no se ha dado una sola
indicación ni una sola instrucción al Fiscal General del Estado sobre el
ejercicio de acciones penales particulares; ninguna. Y no pienso darlas.
Se lo digo con toda claridad:
no pienso darlas. Otra cosa es que haga uso de lo que creo que es una
responsabilidad del Gobierno, que es dar instrucciones generales en
materia de política criminal, eso sí. Instrucciones generales en materia
de política criminal, en más de una ocasión he tenido la oportunidad de
decir cuál es el alcance de esa materia; la política criminal sí que es
responsabilidad del Gobierno. Decir que los esfuerzos o los recursos, que
siempre son escasos, se dediquen fundamentalmente a un tipo de actividad
u otra y hacer indicaciones precisas en ese sentido, que el Fiscal
General del Estado debe asumir, es lo que corresponde realmente al
Ministro de Justicia. En ese plano de instrucciones generales de política
criminal, naturalmente que he hecho uso, y seguiré haciéndolo, mientras
sea Ministro de Justicia, porque lo respalda el estatuto del Ministerio
Fiscal.
Respecto del ejercicio singular de acciones penales, tal como concibo yo
mi trabajo, creo que lo razonable es que todos debemos constribuir a que
el valor de la autonomía del Ministerio Fiscal sea realmente creído por
el conjunto de la sociedad. Desde mi Ministerio, desde luego, no haré
nada que pueda poner en duda ese principio, que me parece esencial y que,
sin embargo, en muchas ocasiones está, en mi opinión, injustamente
valorado y cualificado por la sociedad. Ese es, en mi opinión, mi
trabajo.
El trabajo, por otro lado, como Ministro de Justicia, supone, en
ocasiones, hablar, en ocasiones, explicar, en otras ocasiones, también
callar. También callar forma parte de las obligaciones de un político
cuando, hablando, no arregla ningún tema, sino que crea innecesariamente
tensiones al invadir competencias de otros ámbitos institucionales. Yo,
desde luego, que no me gusta que nadie entre en mis competencias, jamás,
en la medida en que pueda, entraré en otras competencias.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, deseo hacer una aclaración
formal. No se trata de una petición de palabra por alusiones, sino para
informar al Ministro de una apreciación que ha hecho en relación con una
pregunta al Ministerio del Interior sobre este asunto.
Tengo que decirle que ya está formulada, se verá en esta Comisión y se
verá ese apartado. Pero ésta era para usted. Otra cosa es que le
descuenten el sueldo como a los huelguistas del día 27-E por lo que me
acaba de responder, ya que no me ha respondido nada. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Siento insistir: no le he
respondido nada de lo que usted quería oír, que es otra cosa. He
respondido lo que yo consideraba que me corresponde como Ministro de
Justicia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, además, por
su comparecencia y por la información dada a esta Comisión.
Señorías, a la vista de que la siguiente comparecencia es a las 12,30,
vamos a suspender la sesión hasta esa hora. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y OBJECION DE
CONCIENCIA (SANTOLAYA MACHETTI), PARA EXPONER LA ACTUALIDAD DE LA
PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA Y LOS
PLANES FUTUROS PARA SU GESTION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente 212/000397.)
El señor PRESIDENTE: Comparece ante la Comisión el Director General de
Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia, a quien en nombre de la
Comisión doy la bienvenida. Lo hace por primera vez, a solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán, para informar acerca de la actualidad de la
prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia y los
planes futuros para su gestión.
Tiene la palabra el señor Director General de Asuntos Religiosos y
Objeción de Conciencia.
El señor DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y OBJECION DE CONCIENCIA
(Santolaya Machetti): Buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a
esta Comisión, y en particular al Grupo Parlamentario Catalán, la
oportunidad que se me brinda para someter a su consideración la
actualidad de la prestación social sustitutoria y los planes futuros que
en el Ministerio de Justicia tenemos para su gestión, mediante una
comparecencia que, efectivamente, es la primera que realizo y que se
produce apenas cinco meses después de mi nombramiento como Director
General de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia. (La señora
Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la Presidencia.)
Me gustaría empezar por centrar el marco de mi intervención. Tengo
encomendada, efectivamente, la gestión político-administrativa de la
objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, y la tengo
encomendada a partir de un determinado marco legal que está representado,
como SS. SS. saben, por la Ley de Objeción de Conciencia, la Ley del
Servicio Militar y, en alguna medida, el Código Penal. Los límites de mi
gestión son, en consecuencia, como no podría ser de otra forma, los
referidos textos legales, cuya modificación en forma alguna me compete,
sino que obviamente forma parte del monopolio de las Cortes Generales.
En definitiva, hay un marco legal en el que se ha de mover mi gestión,
marco que contiene una serie de decisiones centrales para la organización
de la vida de un país, que abarca, por ejemplo, el tipo de prestaciones
personales que el Estado, un estado social, puede y debe imponer a los
ciudadanos como contraprestación a las ventajas que los ciudadanos
obtienen precisamente por
la ciudadanía, que también se refiere al modelo del ejército que deseamos
para España, al punto exacto de equilibrio entre las necesidades de
defensa y el ejercicio individual de la objeción de conciencia, a los
requisitos objetivos y subjetivos necesarios para ese ejercicio, al
castigo penal --o absolución-- que se debe de derivar para aquellos que
incumplan estas obligaciones constitucionales, y otros muchos aspectos
que, desde luego, inciden sustancialmente sobre mi gestión, pero que
básicamente no son mi responsabilidad, sino que son un conjunto de
decisiones previamente adoptadas y sancionadas como leyes, en relación a
las cuales no podría sino expresar mi opinión personal, en el mejor de
los casos.
Además, como sin duda SS. SS. conocen, en fecha muy próxima, esta Cámara
va a tener ocasión de pronunciarse sobre todos esos temas mediante la
discusión sobre la admisión a trámite, y eventualmente la posterior
tramitación, de dos proposiciones de ley que se refieren al tema. La
primera de ellas, aunque no cronológicamente --la última presentada--, es
una proposición del propio Grupo Parlamentario Catalán en la cual se
propone la modificación de determinados artículos de la Ley de Objeción
de Conciencia. Es una modificación relativamente menor en cuanto a su
entidad, pero la segunda de ellas, presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, sí pretende una modificación más en profundidad de la
Ley. Es, sin duda, a lo largo de la toma en consideración y de la
eventual discusión posterior de estos proyectos, cuando tendrán ocasión
de entrar en una discusión en profundidad sobre los elementos esenciales
de la normativa legal que hoy rige la objeción de conciencia en España.
Por ello, considero que mi papel en esta ocasión, ahora y hoy, debe ser
más limitado. Me centraré en tratar de ofrecerles una panorámica
absolutamente realista, con datos completamente actualizados, del alcance
del problema y les expondré las líneas generales de las soluciones de
gestión que se trata de poner en marcha desde el Ministerio de Justicia,
en la esperanza de contribuir con los datos y con las soluciones que se
pretende aportar a que SS. SS. tengan una visión más exacta del alcance
del problema y, en consecuencia, puedan colaborar también en buscar una
solución más adecuada y global si ello es considerado necesario por parte
de la Cámara.
A partir de estas consideraciones, mi intervención, que pretendo que sea
breve para después responder a las preguntas que me quieran plantear, va
a dividirse en dos apartados. En primer lugar, les voy a ofrecer una
serie de datos, que creo que es conveniente que los conozcan, sobre la
situación actual del problema y, en segundo lugar, les presentaré las
líneas fundamentales de un plan para la normalización de la gestión
administrativa de la objeción de conciencia que está en estos momentos en
fase de elaboración en el Ministerio de Justicia (que, en alguna medida,
ustedes conocen porque fue anticipado en la comparecencia que realizó
ante esta misma Comisión la Subsecretaria del Departamento) y que en
fecha muy próxima será elevado al Gobierno para su aprobación.
En cuanto a los datos sobre la situación actual, el punto de partida para
la comprensión del alcance del problema creo que debe de ser el que me
refiera al número de solicitudes de objeción de conciencia que se han
producido en España a partir del año 1985, que, adelanto, no tiene
parangón con lo que sucede en ningún otro país, no sólo de la Unión
Europea sino en ningún otro país, al menos de los que yo he podido
constatar datos. No tiene en absoluto parangón. Este es un fenómeno que
alcanza unas dimensiones en España que no las tiene en ningún otro país.
En concreto, el número de solicitudes es el siguiente. Como saben, la
objeción arranca en 1985, y ese año, recogiendo todos los objetores que
hasta este momento no habían podido ejercer su derecho, fueron 12.170
solicitudes. El año siguiente, 1986, bajó a 6.407. En 1987 fueron 8.897,
por tanto, empezó un leve ascenso. En 1988 fueron 11.094. En 1989 fueron
13.130; en 1990, 27.398, se produce el primer salto importante en cuanto
al número de solicitudes; en 1991, más o menos, se estabiliza, son
28.051, y a partir de ahí las cifras de crecimiento de las solicitudes de
objeción de conciencia aumentan muy considerablemente. En 1992 fueron
42.454; en 1993 fueron 68.209 y a fecha de anteayer, a 21 de febrero,
había registradas 10.782 solicitudes, lo que supone un crecimiento
aproximadamente del 56 por ciento en relación al mismo período del año
1993. Es decir, considerando el período, que puede que sea aleatorio, que
puede que no sea significativo, del 1.º de enero al 21 de febrero, el
crecimiento este año, con relación a las cifras que tenemos del año
pasado, es del 57 por ciento. De continuar en la actual línea --lo que no
deja de ser un futurible difícil de prever--, daría una cifra final, por
una aplicación puramente matemática y, por tanto, sometida a todas las
reservas que ustedes quieran, aproximadamente de 106.000 solicitudes de
objeción de conciencia a final de año, aunque esto, insisto, es
aleatorio.
A partir de estas cifras, que son las que hay y en torno a las que no
podemos hacer nada, hay que referirse a los reconocimientos de la
condición de objetor de conciencia por parte del Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia. El Consejo Nacional, como ustedes saben, es un
órgano que funciona autónomamente, presidido por un magistrado del
Tribunal Supremo y que actúa con absoluta independencia en la concesión y
denegación de la condición legal de objetor. Quiero aclarar que yo, como
Director General, ni siquiera formo parte de este órgano ni participo en
las reuniones que realiza con frecuencia quincenal.
Pues bien, en este sentido, y lo digo como puro dato, el tanto por ciento
de reconocimientos de la objeción en España tampoco tiene parangón con
ningún otro país. En una palabra, resumiendo las cifras, en España se
reconocen más del 96 por ciento de las solicitudes que reúnen los
requisitos formales. Respecto a estos objetores así reconocidos, de
continuar la actual tendencia, habría que calcular --insisto en que sigo
haciendo cálculos-- que, de las 100.000 solicitudes que eventualmente
pueden producirse este año en el plazo de seis meses desde la
presentación de la solicitud (puesto que es un mecanismo de silencio
positivo y si en seis meses no hay una respuesta por parte del Consejo se
entiende automáticamente concedida la objeción de conciencia), a final de
año, podremos contar en torno a 96.000, 97.000 personas más en
condiciones de realizar la prestación social sustitutoria. Todos estos
objetores han de ser llamados al cumplimiento de la prestación social
sustitutoria.
En este sentido, su gestión presenta dos problemas: uno, en su origen
histórico, que reconozco que aunque está superado sigue teniendo sus
secuelas, y otro de carácter permanente. El primero de ellos, el de
origen histórico, hace referencia a un dato que, sin duda, SS. SS.
conocen y es que el reglamento de la prestación social sustitutoria
estuvo suspendido en su aplicación entre el año 1985 y el año 1988. Como
consecuencia de un problema puramente formal del reglamento de la
prestación social sustitutoria, hubo una suspensión cautelar en un
procedimiento de la ley 62/1978 y esta suspensión acabó alargándose tres
años hasta que al final el reglamento fue declarado perfectamente acorde
a la ley. Sin embargo, lo que sucedió es que, entre 1985 y 1988, es
decir, en el momento en que todo este sistema tenía que haberse puesto en
marcha, no pudo hacerse la más mínima gestión para que estos objetores
empezaran a realizar la prestación social sustitutoria. Nace, por tanto,
con un cierto vicio de origen que llevó a que en el año 1988 hubiera una
especie de exoneración de la prestación social sustitutoria de
aproximadamente 25.000 objetores que se habían ido acumulando durante
estos años. Exoneración que, no les oculto, produjo una serie de
repercusiones porque era el momento mismo en el que el sistema tenía que
haber sido puesto en marcha y no pudo realizarse.
Por otra parte, la prestación social requiere, y voy a decir una
obviedad, plazas donde realizarse. Estas plazas tienen una doble
exigencia legal que consiste en que, por un lado, sean de utilidad social
--no se trata de que estos objetores realicen cualquier cosa, no creo que
sea ese el espíritu de la ley--, pero al mismo tiempo no pueden suponer,
también por imperativo legal, cubrir puestos de trabajo. Se trata, en
definitiva, de plazas o de ocupaciones que sirvan para la sociedad y que,
sin embargo, no se hayan cubierto nunca como puestos de trabajo, no
sustituyan a ninguna de las plazas que se vienen ocupando mediante un
contrato laboral o actuación de funcionarios, etcétera. A pesar de todas
estas dificultades, la verdad es que se ha conseguido aumentar
significativamente el número de plazas existentes y el número de
objetores llamados a realizar la prestación social sustitutoria.
También, por mostrarles una secuencia histórica, los primeros llamados en
el año 1988 fue un número relativamente reducido, 647, pero este número
pasó a 2.910 en el año 1989, a 4.166 en 1990, 5.750 en 1991, 17.589 en
1992 y 26.778 en 1993.
A pesar de este considerable aumento de las plazas efectivas de
prestación social sustitutoria el sistema no ha sido capaz de absorber el
número creciente de objetores de conciencia. En la actualidad, anteayer,
existen 115.779 objetores pendientes de realizar la prestación social
sustitutoria. Lo que, inevitablemente, desde el punto de vista de gestión
administrativa, genera un retraso mayor del deseado en el llamamiento a
cumplir la prestación social de los declarados objetores de conciencia.
Tal situación requiere, desde el punto de vista del Ministerio de
Justicia, una actuación tendente a mejorar la gestión administrativa. En
consecuencia, estamos elaborando un plan cuyo objetivo es la plena
normalización de la gestión administrativa de la objeción de conciencia a
lo largo del período 1994-1996, entendiendo por normalización de la
gestión el que el reconocimiento de la condición de objetor se produzca
en un plazo menor de tres meses y que el llamamiento para cumplir
efectivamente la prestación social sustitutoria se realice en el plazo de
un año desde que la persona es declarada objetor de conciencia, plazos
que entendemos que normalizarían la gestión administrativa de la
objeción. Este plan se encuentra aún en fase de elaboración y será
sometido próximamente a la aprobación del Consejo de Ministros. No es, en
consecuencia, aún definitivo, por lo que me voy a limitar en estos
momentos a exponerles sus líneas esenciales, sin perjuicio de que me
brinde, desde ahora mismo, para efectuar una nueva comparecencia en esta
Comisión, para explicarlo con todo detalle en el momento en que se
produzca la aprobación por parte del Consejo de Ministros. Sin embargo, y
por razones que espero que entiendan, en estos momentos voy a exponer las
líneas generales, pero sin bajar a un exceso de detalles, reiterando que
me presto a volver a comparecer dentro de dos semanas, en cualquier
momento, cuando el plan sea aprobado.
El contenido del plan se estructura en un conjunto de actuaciones
clasificadas en cuatro apartados. En primer lugar, hay una primera serie
de medidas de personal y coordinación administrativa. En segundo lugar,
hay una serie de modificaciones reglamentarias. No está prevista, ni se
está trabajando en estos momentos en la hipótesis de modificación de la
Ley de Objeción de Conciencia, al menos dentro de este plan; dentro de
este plan nos quedamos en modificaciones reglamentarias. En tercer lugar,
queremos emprender una nueva vía que entendemos posible y fructífera de
descentralización de determinadas funciones en comunidades autónomas. Por
último, estamos desarrollando un programa de aumento de plazas
concertadas y, paralelamente, de inspección de esas plazas.
En relación al primer apartado, entendemos que es absolutamente necesario
un considerable aumento del personal administrativo que está destinado
tanto en el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia como en la Oficina
para la Prestación Social Sustitutoria, porque es evidente que ambas
estructuras no se encuentran dotadas de los medios materiales y
personales necesarios para el desarrollo de sus funciones con el número
de objetores que se está produciendo en estos momentos. En consecuencia,
entendemos que cualquier solución del problema pasa, en primer lugar, por
colocar esas estructuras en
condiciones para desarrollar su función de manera adecuada. En ese
sentido las medidas que se adoptan son las siguientes. En primer lugar,
hay un incremento significativo de la relación de puestos de trabajo
tanto en el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia como en la Oficina
de la Prestación Social Sustitutoria, mediante la modificación que está
ya elaborada de la correspondiente relación de puestos de trabajo de
estos organismos y que sufrirán un aumento considerable en sus efectivos;
un aumento, en líneas generales, cercano al 80, al 90 por ciento, que es
lo que hemos calculado después de haber sufrido una inspección operativa
de servicios que sería el número de personas suficiente para responder a
los objetivos del plan. También esto, por supuesto, requiere una
transferencia de crédito para el programa de objeción de conciencia que
se valora en torno a unos 3.000 millones de pesetas en los distintos
aspectos que comprende.
Ahora bien, junto a este necesario aumento de medios materiales y
personales, entendemos que se hace también necesario asegurar la
coordinación adecuada en el funcionamiento del Consejo Nacional de
objeción de Conciencia y la Oficina para la Prestación Social
Sustitutoria que, hasta la actualidad, eran dos organismos que actuaban
de forma relativamente separada. Creemos que hay que crear un área de
actuación administrativa común, que evite la actual duplicidad y que
agilice el tratamiento de las solicitudes. De forma que el reconocimiento
de la objeción de conciencia y el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria se desarrolle sin ninguna solución de continuidad,
conformando así el contenido íntegro del derecho a la objeción de
conciencia. Probablemente, esta idea provocará la modificación de la
actual estructura del Ministerio de Justicia en lo que se refiere a estas
sociedades.
En cuanto a las medidas reglamentarias, el plan requiere igualmente la
modificación del Reglamento del Consejo Nacional de Objeción de
conciencia y del Reglamento de la Oficina para la Prestación Social
Sustitutoria, en el marco de la Ley 48/1986, de Objeción de Conciencia,
de la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militart y de la Ley 30/1992,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las modificaciones reglamentarias pertinentes se encuentran en una fase
muy avanzada de realización, estando prevista su aprobación definitiva
por el Consejo de Ministros, tras haber superado los dictámenes del
Consejo de Estado, etcétera, en el mes de junio de este año.
Las líneas generales de esta reforma reglamentaria pueden
esquemáticamente ser condensadas en los siguientes puntos: en primer
lugar --y ya me he referido a ello--, un tratamiento unitario de la
objeción de conciencia. De manera que formalmente se elaborará un solo
reglamento, no habrá ya dos reglamentos distintos, sino un texto único de
desarrollo de la Ley de Objeción de Conciencia. En segundo lugar, una
adecuación y simplificación de todos los procedimientos. Y en tercer
lugar, pretendemos introducir mecanismos de garantía del cumplimiento
efectivo de la prestación social sustitutoria en un tiempo mucho menor
que el actual y con un control mucho más eficaz de la seriedad de las
plazas. Estas son las líneas generales del reglamento que, insisto, podrá
estar aprobado en el mes de junio.
El tercero de los sectores en los cuales incide el plan es la
descentralización de determinadas funciones en comunidades autónomas. El
plan prevé parte de la consideración de que el mantenimiento de la unidad
en el cumplimiento del deber constitucional en todo el territorio
nacional y la existencia de determinadas competencias intransferibles en
materia de reconocimiento, clasificación de objetores e, incluso, en
algunos aspectos de inspección del cumplimiento de la prestación social
sustitutoria, es perfectamente compatible con la encomienda de
determinadas gestiones en la materia a las comunidades autónomas, que son
materialmente las competentes, todas ellas, en asistencia social, área en
la cual se desarrolla la mayor parte de las plazas de prestación social
sustitutoria. En este sentido, se han iniciado contacto con distintas
comunidades autónomas, empezando por aquéllas donde el número de los
objetores de conciencia era mayor, y esperamos que en breve plazo, antes
también del mes de junio, tengamos definido una especie de convenio marco
aceptable para todas las partes, para que se realice una gestión directa
de algunas de las fases de la prestación social por las comunidades
autónomas que estén interesadas en la materia mediante la firma del
oportuno convenio.
Por último, el plan se completa con un programa que haga posible al mismo
tiempo la creación de un significativo número de plazas y un mayor
control sobre las características de estas plazas. En este sentido, hemos
empezado ya la firma de determinados convenios marco con algunas
instituciones. Ayer mismo se firmó un convenio con el Insalud, como
habrán podido ver en la prensa de hoy; hace apenas un mes se firmó un
convenio potencialmente muy importante con la Iglesia Católica; está
previsto para la semana que viene un convenio con el Ministerio de
Educación, que también va a significar un importante número de plazas;
está en marcha, a punto de ser firmado, otro con Protección Civil, que
amplía el actualmente existente; y también se está trabajando en la línea
de aumentar la cooperación con las corporaciones locales en este aspecto
de la prestación social.
La previsión sobre la que estamos trabajando es ambiciosa, pero creemos
que es posible que este año haya disponibles cerca de 28.000 plazas de
prestación social más de las que hubo en 1993. Naturalmente, somos
conscientes de que este aumento de las plazas debe ir unido a un control
de las condiciones en las que se desarrolla la prestación social
sustitutoria, y en este sentido el plan prevé también un significativo
incremento del número de actividades inspectoras, que este año pasarán a
ser aproximadamente unas 2.000 aperturas de diligencias, lo que significa
un análisis directo sobre el terreno de la actividad de en torno a 5.600
objetores; cifras que se multiplicarán por dos a lo largo de la vigencia
del plan.
He tratado de exponerles los datos sobre la realidad de la objeción de
conciencia y las líneas esenciales de un plan destinado a lograr una
mejora sustancial en su
gestión administrativa. Me gustaría, de alguna forma, terminar como he
empezado, tratando de responder a dos preguntas que pueden flotar en mi
intervención. En primer lugar, considero que si conseguimos llevar
adelante este plan y se realiza adecuadamente, se va a producir una
mejora significativa en la gestión de la prestación social solucionando
muchas de las actuales deficiencias que son apreciables. Sin embargo, y
me adelanto con ello probablemente a algunas de las intervenciones de SS.
SS., creo que este plan puede resultar por sí mismo insuficiente a la
hora de reconducir el fenómeno de la objeción de conciencia en las
actuales dimensiones que ha adquirido en España. Este último aspecto
escapa, sin embargo, a mi responsabilidad administrativa, e incide sobre
un conjunto de trascendentales decisiones que deben ser abordadas por la
sociedad española a través de sus legítimos representantes. A pesar de
ello, resulta también evidente que incluso para que tal adopción de
decisiones sea posible, se hace imprescindible la mejora de la actual
gestión, como primer paso que condiciona decisivamente cualquier decisión
que modifique el actual marco normativo.
Muchas gracias, y quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier
pregunta que quieran realizarme.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El señor Recoder, del Grupo
solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Quiero agradecer, en primer lugar, al señor
Director General su primera comparecencia en esta Comisión y, por tanto,
darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Catalán.
Veo que usted llega a la Comisión en un momento bastante transcendental,
en tanto en cuanto nos anuncia la aprobación inmediata del plan. Cuando
usted nos lo comentaba --yo desconocía que fuera tan inminente--, se me
planteaba la duda de si no hubiera sido mejor realizar esta comparecencia
dentro de unas semanas. Nuestro Grupo Parlamentario, como Grupo
solicitante de la comparecencia, no tiene ningún tipo de inconveniente,
pero ya que está usted aquí, y sin renunciar a que comparezca
posteriormente para explicarnos exactamente el contenido del plan
aprobado, sí creo que hay algunos temas que se pueden poner encima de la
mesa y, evidentemente, le vamos a suscitar algunas cuestiones que se nos
plantean como consecuencia no sólo de su intervención, sino como
consecuencia, sobre todo, de lo que es la práctica de la prestación
social sustitutoria y del ejercicio del derecho a la objeción de
conciencia en nuestro país.
En primer lugar, quiero decirle que nuestro Grupo Parlamentario siempre
ha considerado el tema de la objeción de conciencia y la gestión que se
pudiera hacer desde el Ministerio de Justicia en la actualidad, o el
Ministerio de la Presidencia en su momento, como algo sumamente
importante y, lamentablemente, no hemos tenido siempre la seguridad de
que el Gobierno se tomara el tema de la objeción de conciencia con el
interés que realmente merecía. Le traslado una opinión muy personal de
este Diputado, y es que he tenido muchas veces la sensación de que el
Ministerio de Justicia recién nombrado aterrizaba en un Ministerio con
grandes problemas --lógicamente el problema de la justicia en España no
es un problema baladí-- y, de golpe y porrazo, le aparecía en medio de
sus competencias algo que se denominaba objeción de conciencia y, de
entrada, el Ministro recién nombrado tenía que documentarse exactamente
sobre cuál era la problemática del tema, aunque generalmente son señores
que tienen un buen conocimiento previo de la problemática de la justicia.
Ello a veces ha hecho que desde el Gobierno no se le haya dado al tema de
la objeción de conciencia, muchas veces, la importancia que realmente
tenía y la importancia que se preveía que podía adquirir, como realmente
está sucediendo en este momento.
Celebro, si realmente se acaba aprobando el plan que usted propone, la
manifestación, ya plasmada en un acuerdo del Gobierno, de la voluntad
política de realizar una inflexión en el tratamiento de este derecho,
incrementando el número de funcionarios que están al servicio de la
gestión --una mejor gestión-- y, en definitiva, incrementando el
presupuesto destinado al ejercicio de este derecho.
A continuación, quisiera formularle una serie de cuestiones sobre lo que
ha sido su intervención. Nos encontramos con una realidad que usted ha
plasmado muy claramente, es decir, con un volumen creciente de
declaraciones que, según sus palabras, puede llegar a ser, a final de
año, en una aproximación, de unos 106.000 objetores de conciencia nuevos,
jóvenes que se declaran o que acceden a este derecho constitucional,
durante el año 1994. A esta realidad, a la cual vamos a llegar a final de
año, habrá que sumar un número importante de objetores de conciencia que
se han declarado en los años anteriores y que no han realizado la
prestación social sustitutoria. Cuando le pida que nos diga algo más
sobre esos convenios importantes que está realizando con algunas
instituciones, quisiera que usted abundara --e insistiré en ello-- si
cree que los convenios que se van a realizar van a ser suficientes para
absorber el número total de objetores que existen en el país.
Otra cuestión que me parece importante es que a finales de 1991 esta
misma Comisión aprobó, creo que por unanimidad de todos los grupos de la
Cámara, una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario --la
tengo a la vista--, en la que se introdujo una enmienda del Grupo
Socialista, que instaba al Gobierno con la mayor urgencia a agilizar los
trámites a fin de acelerar el proceso de distribución de los efectivos
anuales de objetores reconocidos y de eliminar la incertidumbre en la
fecha de incorporación a la realización de la prestación social
sustitutorial. Supongo que el Director General tiene presente este
mandato del Parlamento.
El planteamiento en ese momento era el siguiente: Desde que un joven se
declara objetor de conciencia hasta el momento que se incorpora a
realizar la prestación social sustitutoria puede transcurrir
perfectamente un plazo que puede oscilar entre dos años y medio y tres
años y él
no tiene seguridad de cuál va a ser este plazo. Quisiera que el señor
Director General me dijera si ha habido una mejora en la gestión que
repercuta directamente en una agilización de estos plazos y, sobre todo,
si esa mejora ha repercutido en eliminar lo que a este grupo preocupaba,
que preocupa a la Cámara, y es la incertidumbre del joven que se declara
objetor y que no sabe en qué momento va a poder incorporarse a realizar
la prestación y, por tanto, no puede planificar su vida en un momento que
es trascendental para él; un momento en el cual hay que tomar decisiones
importantes de estudios, trabajo, formación de una familia, etcétera.
Otra pregunta que quisiera formular al Director General es el número de
objetores que están realizando la prestación social sustitutoria en este
momento, si me lo pudiera facilitar. También quisiera saber cuántos
objetores de los llamados en la bolsa número siete, que creo es la última
llamada que se ha realizado, se han incorporado y cuántos no se han
incorporado, si es que tiene ese dato a su disposición en este momento y,
si no, me lo facilita por el conducto normal, a través de la Presidencia.
Nos ha hablado del número de plazas, del incremento que se ha producido
en el número de plazas, en el año 1993; pero tengo una duda que, si me la
pudiera aclarar, podríamos hacernos una composición de lugar bastante
aproximada. ¿Cuántas plazas de han creado en España para realizar la
prestación social sustitutoria desde el momento en que el derecho se
empieza a ejercitar? Es un dato que si lo comparamos con el número total
de objetores de conciencia, creo que va a ser muy indicativo para poder
situar a la Cámara ante la magnitud del problema o la magnitud de la
realidad de la prestación social sustitutoria.
Hay otra cuestión que creo es importante, es que los objetores de
conciencia, en el momento de formular la solicitud de plaza, pueden
escoger tres destinos, si no recuerdo mal y quisiera saber, si el
Director General nos lo puede decir, cuántos objetores se incorporan al
primer destino que han solicitado. Si es posible, porque veo que pone
cara un poco de sorpresa. (El señor Director General de Asuntos
Religiosos y de Objeción de Conciencia: Me temo que esto no.)
Quizás son preguntas para nota.
Otra cuestión también quisiera plantearle, y creo es importante de cara
al futuro. He notado en algunas entidades colaboradoras cierto cansancio
hacia el acogimiento de objetores de conciencia por las responsabilidades
que les tocan directamente como entidades que están acogiendo a los
objetores, pero también cierto cansancio porque a la entidad que acoge
objetores de conciencia el hecho de convertirse en entidad colaboradora
de la Administración le supone unos costes directos. No sé si ustedes han
pensado en ello y si también tienen pensada alguna medida para corregir
este problema que no sé si usted comparte su diagnóstico.
También quisiera formular una serie de preguntas respecto de lo que es la
práctica de la prestación social sustitutoria. Son temas más mundanos,
más de diario, pero para nosotros son importantes. En primer lugar,
existe un problema real y que no es nuevo, porque lo arrastramos desde el
año 1989 en que se incorporan los primeros objetores de conciencia, y es
el tema de las revisiones médicas. Pasan meses desde el momento que un
objetor de conciencia solicita una revisión hasta que realmente se
realiza. No sé cuántos médicos trabajan al servicio de la oficina y
quisiera saberlo. También quisiera que me dijera si es suficiente el
número de médicos que hay, y si piensan hacer algo para resolver el
problema.
También enmarcado dentro de este diagnóstico global de cierta falta de
medios y quizás un interés de los poderes públicos en general hacia el
desarrollo de este derecho, está el tema de los permisos. Es decir, en
este momento un objetor de conciencia solicita un permiso, acogiéndose a
las posibilidades que le permite el reglamento, y muchas veces el permiso
se otorga cuando el objetor ya ha disfrutado dicho permiso. No sé si
usted lo sabe. Supongo que sí, que es consciente de ello. (El señor
Director General de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia: Sí lo
sé.) ¿Qué piensa hacer para resolverlo y si lo prevén en ese plan?
Otra cuestión doméstica, de práctica diaria de la prestación. Desde el
mes de marzo del año 1993 no se han satisfecho las pagas a los objetores
incorporados; el haber en mano y el vestuario, ¿cuándo lo van a hacer? Y
también si se contempla la agilización en la realización de estos pagos.
Después hay otra cuestión que también considero importante, que en su
momento se resolvió para el servicio militar y que, en cierta forma, la
iniciativa que usted citaba de nuestro grupo parlamentario creo que puede
contribuir a resolverlo en el caso de que sea aprobada, y es si han
pensado en encontrar una fórmula para que los objetores de conciencia que
estudian o trabajan en el extranjero puedan realizar la prestación social
en el sitio donde residen. No sé si le estoy apuntando un problema nuevo.
En cualquier caso, si es novedad para usted, tome nota de ello y, si ha
pensado en ello, déme alguna solución.
Un par de cuestiones para terminar con este capítulo.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Perdón, señor Recoder, para
terminar con su intervención, porque ha consumido ya el tiempo
reglamentario.
Vaya concluyendo, por favor.
El señor RECODER I MIRALLES: Tres preguntas más y me dejaré unas cuantas
para la réplica.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la rentabilidad social del trabajo
que realizan los objetores de conciencia? Señor Director General, ¿cuándo
van proceder a nombrar el vocal objetor del Consejo Nacional de Objeción
de Conciencia, que compete al Ministerio de Justicia?
Por último, ¿nos podría ampliar algo más de la reforma reglamentaria que
tienen prevista? Me refiero a la reforma del Reglamento de la Ley
reguladora de objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
González, por el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de diez minutos.
El señor GONZALEZ PEREZ: Intentaré ajustarme al tiempo que la Presidencia
estipula.
En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del Director General
de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia, su primera comparecencia
ante esta Comisión, darle la bienvenida a la Comisión, en nombre del
Grupo Popular, y anticipar a la señora Presidenta que en la última parte
de mi intervención, si así lo estima oportuno, cederé la palabra a mi
compañero de grupo, don Ignacio Gil Lázaro, que quiere hacer un par de
preguntas referentes al tema que conlleva la comparecencia del Director
General.
Despúés de haber oído muy atentamente a los hasta ahora dos
intervinientes, en este caso el Director General y el portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), refiriéndome en primer lugar a la
intervención del Director General, quisiera hacer dos reflexiones. La
primera reflexión vendría como consecuencia de que, efectivamente, él ha
hecho una exposición de esa bola, de ese problema que plantea el tema
abordado en esta Comisión. La segunda reflexión es que estoy empezando a
notar (después de la exposición de los problemas, no solamente en este
caso, sino en algunos otros) la parte que yo determino como fábula,
porque todos los problemas conllevan a una solución pero la solución --no
sé por qué-- nunca se llega a concretar; nos quedamos a mitad de camino y
esas soluciones no se llegan a aplicar.
La gestión de la prestación social sustitutoria constituye, sin ningún
género de dudas, yo creo que el mejor ejemplo de la ineficacia,
imprevisión y caos que ha caracterizado a la administración socialista en
los últimos años. El colapso en que hoy se encuentra la prestación social
sustitutoria no sólo está causando graves perjuicios a los jóvenes que
declarándose objetores se encuentran pendientes de cumplir con su
prestación sustitutoria, sino que está minando el necesario consenso
social para mantener un servicio obligatorio, sea éste de carácter civil
o de carácter militar, aquí en nuestro país.
La objeción de conciencia --como bien ha dicho en su anterior
intervención el Director General--, ha tenido en España un crecimiento
auténticamente espectacular; ha sido un desbordamiento total y absoluto,
en buena medida también hay que reconocer que anómalo, en los últimos
años, por no decir en los dos últimos, en que se ha producido este
aumento espectacular. El número de solicitudes y los números los ha
marcado el señor Director General, aunque quizá el resumen es que del 21
al 28 de este mes de febrero podemos encontrarnos con unos 15.000
objetores de conciencia, en la medida que el día 21 había 11.000 y van
aumentando de una forma generalizada, no coincidiendo con esas
previsiones de 106.000 que ha mencionado el Director General para final
de año, sino que, posiblemente, supere esa cifra.
Este tremendo crecimiento de la objeción en nuestro país es un caos
peculiar por su intensidad en el contexto europeo. Ya lo ha manifestado
el propio Director General; no hay parangón con ninguno de los países en
este sentido. El incremento de la objeción de conciencia comienza a ser,
además, un elemento preocupante en la medida que afecta a la capacidad
que tiene el Estado para dotar de tropa y marinería en el reemplazo a
nuestras Fuerzas Armadas, que aunque no sea un tema de esta Comisión, sí
era necesario puntualizarlo. Actualmente un tercio de nuestros jóvenes se
están declarando objetores y hay comunidades autónomas como el País Vasco
o Navarra, en la que el porcentaje alcanza el 70 por ciento. Aunque este
tema sea colateral a la cuestión que nos ocupa, vuelvo a insistir, es
necesario señalar que todos estos datos ponen de manifiesto, de forma
contundente, que la modernización del servicio militar obligatorio
intentada por el Ministerio de Defensa, está resultando un auténtico
fiasco o fracaso, puesto que cada vez es menor el número de jóvenes que
están dispuestos a cumplir el mismo.
Como siempre ocurre con el Gobierno socialista este Director General
--además, en eso le lleva el cargo-- trata de anteponer los deseos que
parece se van a poner en práctica a partir de ahora o por lo menos las
actitudes y «soluciones» --entre comillas-- que se pretenden y el
propósito de enmienda a la cruda realidad que, además, ha sido de
agradecer la contundencia con la que el propio Director General ha
expuesto estas cifras, que indudablemente superan con creces las
previsiones que se tuvieron. Sin embargo, en este caso, como en otros
tantos, el Gobierno llega un poco tarde. Llega tarde porque ya se ha
manifestado que hubo un parón de tres años, acumulándose un buen número
de objetores de conciencia para realizar su prestación de servicio social
sustitutorio y hemos tardado demasiado tiempo en tomarnos quizá en serio
esta objeción que ahora se encuentra con el fenómeno más grave, fenónemo
de desobediencia civil y lo estamos leyendo continuamente en los medios
de comunicación: la insumisión. No hay que andarse por las ramas.
Esto demuestra que, a la vez, la bola se ha hecho ya demasido grande como
para poder ingerirla, Así, de los 150.00 objetores, y por ahí viene la
discrepancia de cifras, que tienen actualmente relación con la prestación
social sustitutoria, 20.000 están exentos; 30.000, están en el período de
reservas; 15.000, realizan la prestación en estos momentos; 6.000, son
menores de 19 años; y al menos 80.000 se encuentran aún pendientes de ser
llamado. Es decir, más del 50 por ciento del total de objetores
reconocidos se encuentran aún pendientes de que se le asigne un puesto
para realizar la prestación social sustitutoria.
El esfuerzo de generación de plazas que está realizando el Ministerio de
Justicia, resulta claramente insuficiente, aun cuando ya se ha
manifestado la posibilidad de llegar a acuerdos en algunos casos ya
efectivos y en otros posibles, como Iglesia, Insalud, protección civil o
incluso con corporaciones locales. Es difícil que se lleguen a cubrir
esas plazas después de la intervención del portavoz de Convergència, que
ha hecho un exhaustivo repaso a toda la problemática que nos preocupa a
los grupos en
relación con este tema, pero creo que aún así no se atendería ni a una
cuarta parte de las solicitudes pendientes, lo que significa que la lista
será cada vez mayor. Esto tiene un efecto doble e inverso. Por un lado,
crea un grave perjuicio para el objetor que debe esperar --como se ha
manifestado aquí-- a veces hasta más de dos años para solucionar su deuda
con el Estado; y, por otro, está generando una sensación, muy extendida
entre los jóvenes, en el sentido de que hacerse objetor es el mejor modo
--y perdonen la expresión-- de escaquearse de cualquier servicio al
Estado. Como destaca un importante dirigente socialista en el informe que
preparó en el Parlamento Europeo sobre la cuestión dice textualmente: El
gran número de objetores reconocidos y la insuficiencia de la
Administración española para hacer frente a esta demanda ha supuesto una
grave discriminación que ha perjudicado notoriamente a multitud de
objetores. El período de espera que se produce, desde el momento de la
disponibilidad hasta la incorporación para la realización del servicio
civil, es indeterminada --ya no hablamos de fechas, sino de
indeterminación--, produciendo una grave inseguridad jurídica.
Hay una parte, que ya ha sido apuntada por el Director General, en la que
a nosotros nos gustaría reincidir y en algunos casos innovar o proponer
para que se tengan en cuenta y que deje de ser esa fábula para pasar a
ser una auténtica realidad. En primer lugar, nosotros entendemos que es
necesario prestigiar, modernizar y mejorar el servicio militar
obligatorio si no queremos comprometer en mayor medida a las Fuerzas
Armadas, que ya tienen una situación deteriorada en este aspecto, y
mantener el colapso en que se encuentra sumida la objeción de conciencia.
Hay que agilizarla. Hay que mejorar urgentemente la gestión tanto de la
Oficina de la Prestación Social Sustitutoria como del Consejo Nacional,
adecuando los medios y las demandas y agilizando, consecuentemente, la
comunicación con la respuesta al ciudadano, como ha manifestado el
Director General. Hay que concretar nuevos convenios con todo tipo de
instituciones --también lo ha manifestado--, públicas y privadas. En este
caso también sería necesario que la prestación social sustitutoria tenga
realmente una utilidad social que --vuelvo a insistir-- ha manifestado
con anterioridad.
Hay que crear mecanismos de control en el cumplimiento de la prestación
social sustitutoria que garanticen la calidad, la intensidad y dedicación
necesarias por parte del objetor para el correcto desempeño de su función
y sin ningún género de dudas, hay que dar una respuesta satisfactoria y
consensuada al fenómeno de la insumisión que provoca, quizá, parte de ese
retardo o gran bola que se ha creado.
Con esto, señora Presidenta, si así lo estima, dejo la palabra a mi
compañero Ignacio Gil Lázaro.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Señor González, ha consumido S.
S. el turno reglamentario y el tiempo reglamentario; sin embargo, no voy
a tener inconveniente en conceder dos minutos al señor Gil Lázaro para
que formule escuetamente alguna pregunta al señor Director General.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señora Presidenta por su benevolencia,
porque efectivamente voy a ser muy breve.
En el retrato que el señor Director General ha hecho de la situación echo
de menos una referencia mucho más en profundidad a un informe de la
Oficina de la Prestación Social Sustitutoria, que tuvimos ocasión de
conocer el verano del pasado año y que plantea una situación realmente
preocupante.
En aquel informe se mencionaban una serie de cuestiones que nosotros
tuvimos ocasión de plantear a la señora Subsecretaria del Ministerio de
Justicia, en la comparecencia que tuvo lugar el pasado período de
sesiones, pero necesariamente tengo que volver a plantear hoy --en
relación con ese informe-- algunas cuestiones muy concretas.
En aquel informe se decía que el problema que supone la creación de
plazas y los convenios que se estaban desarrollando, especialmente con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Insalud, no estaban dando de sí
todo lo que inicialmente se pensaba que podían dar. Por tanto, quiero que
el señor Director General nos hable específicamente de esa cuestión.
El informe decía también que la oferta de plazas por parte de comunidades
autónomas y ayuntamientos era limitada. Por tanto, queremos que el
Director General nos hable sobre esta cuestión.
En ese informe se decía que se estaban produciendo casos de abandono de
la prestación social sustitutoria como consecuencia de que el Estado no
estaba cumpliendo con sus obligaciones presupuestarias o económicas con
esos objetores, advirtiendo el informe que, de continuar esa situación,
podría llegarse a abandonos masivos. Querría que el señor Director
General se refiriese a esa situación concreta de cumplimiento de las
obligaciones presupuestarias con los objetores.
En dicho informe se señalaba también la necesidad de disponer de una
mayor dotación presupuestaria precisamente para desbloquear la situación
de saturación existente en algunas comunidades autónomas en
contraposición con otras que aún podían tener capacidad para ofertar
plazas. Quiero que me diga en qué términos se encuentra la movilidad de
esos objetores, sobre todo en términos presupuestarios.
Por último, el aludido informe planteaba la posibilidad de que, de no
adoptarse medidas urgentes, se pudiera llegar a una situación de absoluto
colapso en la organización y ejecución de la prestación social
sustitutoria mucho más grave de la que en estos momentos se plantea. Por
tanto, querríamos saber si ese plan que, según el señor Director General
nos ha dicho, va a ser sometido próximamente al Consejo de Ministros,
efectivamente parte del análisis de situación que hacía ese informe de la
Oficina de la Prestación Social Sustitutoria, ya que, por lo que hemos
podido conocer, parece ser que era muy realista.
Finalmente, en un aspecto muy concreto, quiero que me diga si existe
algún inicio de conversaciones con la Administración penitenciaria para
que, dentro de las características de las plazas que tienen que tener un
interés
social y que, efectivamente, no tienen que sustituir a ningún puesto de
trabajo específico, puede llegar a haber una situación de oferta de
plazas en el ámbito penitenciario, directo o indirecto, para el
cumplimiento de esta prestación social sustitutoria.
Hay muchas otras cuestiones que evidentemente no podemos plantear;
algunas de ellas han sido expuestas muy inteligentemente por el portavoz
del Grupo Catalán y a las que nosotros nos sumamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Finalmente tiene la palabra la
señora Rodríguez, en nombre del Grupo Socialista.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Quiero iniciar mi intervención dando la
bienvenida al Director General de Asuntos Religiosos y de Objeción de
Conciencia, deseándole todo tipo de éxitos en el desarrollo de su
actividad que, ciertamente, no es nada fácil.
Quiero resaltar que me ha parecido muy positivo el tono de su
intervención reconociendo de una forma realista cuál es la situación
actual de la cuestión. A ese tono realista es al que me voy a referir en
mi intervención, sin acudir en absoluto a ese tono catastrofista o
alarmista en el que se puede caer en ciertas ocasiones al hablar de un
tema, como la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria,
que goza ya de cierta tradición tanto en esta Comisión de Justicia como
en la propia Cámara. Además, quiero poner de manifiesto que el Grupo
Socialista es coherente con la línea iniciada en anteriores
intervenciones en las que siempre ha defendido unos planteamientos que
van dirigidos en dos direcciones; por una parte, que se consiga la
normalización y la consolidación del derecho a la objeción de conciencia
y, por otra, que se siga trabajando para que la propia gestión, el día a
día de la prestación social sustitutoria, se agilice cada vez más y goce
de eficacia, tanto en los órganos responsables de llevarla a cabo como en
aquellos objetores que están realizando la prestación social sustitutoria
durante en período de 13 meses.
Para hacer realidad esas dos prioridades que mi grupo parlamentario sigue
manteniendo, creo que se han adoptado una serie de medidas y, lo que es
más importante, se cuenta con voluntad política y con capacidad de
gestión, por parte del Ministerio de Justicia, para abordar el derecho a
la objeción de conciencia y para gestionar debidamente la prestación
social sustitutoria. En ese sentido, hay varias muestras a las que me
referiré en mi intervención. La primera de ellas es la creación, en marzo
de 1992, de una dirección general específica para abordar el tema de la
objeción de conciencia, lo que yo creo prueba que es un tema que interesa
y que preocupa, como no podía ser de otra forma, al propio Ministerio de
Justicia. Además, en estos dos años de vigencia de la Dirección General
de Asuntos Religiosos y de Objeción de Conciencia se ha dado un impulso
importante a todo el tema de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria que, aunque por supuesto no es suficiente y se
necesita avanzar en esa línea, yo creo que es de justicia reconocer.
Entiendo también que habrá que abordar los problemas y situaciones de
mejora que se vienen planteando y en los que ya han incidido otros grupos
parlamentarios. Sin embargo yo creo que la visión de la realidad sería
ciertamente parcial si nos refiriésemos únicamente a los temas que tienen
que ser mejorados --idea que compartimos en mi grupo parlamentario-- sin
ser capaces de reconocer los avances de los últimos años. Además yo
entiendo que el tema de la objeción de conciencia no es solamente un
problema o un reto para el propio Ministerio de Justicia sino que también
debe existir una corresponsabilidad entre distintas entidades, tanto
públicas como privadas, que están gestionando la propia prestación social
sustitutoria y que están participando en el día a día de esa gestión.
El Director General se ha referido a algunas cifras y a algunos datos que
realmente nos revelan cuál es la situación en que nos encontramos en
estos momentos. El mismo se ha referido a cómo ha evolucionado, desde el
año 1989 hasta 1993, la incorporación de jóvenes, habiendo pasado de
2.800 a 26.000, en 1993; yo creo que ése es un esfuerzo que habrá que
reconocer si queremos abordar en su totalidad este aspecto. Existe otro
dato que me parece también especialmente significativo, y son las
previsiones con las que está trabajando ahora mismo la Oficina para la
Prestación Social Sustitutoria en lo que se refiere a este año 1994, con
la incorporación de 35.000 objetores más a los que ya están realizando la
prestación social sustitutoria; es decir, en los dos llamamientos que se
vienen realizando desde los dos últimos años, en los meses de mayo y de
noviembre, se podrán incorporar hasta 35.000 objetores. Es una cifra que
hay que tener en cuenta porque, si únicamente nos referimos a los que
están pendientes de ser incorporados o a los que han sido reconocidos
como objetores y damos esa cifra (más de 100.000) sin matizar y
puntualizar, después, que en torno al 50 por ciento de esos jóvenes
solicitan algún tipo de aplazamiento (prórroga por estudio, por
enfermedad o sencillamente porque no han cumplido aún los 19 años de
edad), evidentemente estaremos dando una cifra que puede alarmar pero que
no responde a las propias necesidades de incorporación que va a tener que
asumir y a las que se va a tener que enfrentar la oficina. Por tanto,
también tenemos que manejar las cifras con rigor y objetividad en estos
temas. Entiendo que hay un número importante de jóvenes que están
esperando ser llamados próximamente, pero tendremos que valorar este
punto en sus justos términos.
Los datos, en mi opinión, ponen de manifiesto algunos temas que son
especialmente significativos. En primer lugar, se ha hecho un esfuerzo
importantísimo en los últimos años para agilizar esa incorporación y,
sobre todo, el flujo anual de jóvenes que se incorporan a la objeción ha
ido aumentando hasta llegar, en este año 1994, a la cifra de 35.000, que
me parece especialmente significativa. Un segundo aspecto a destacar es
que, junto a ese aumento de la incorporación, se produce también un
incremento especialmente significativo, a ritmo bastante acelerado, de
jóvenes que van solicitando su reconocimiento y tendrán que incorporarse
en algún momento a la prestación social. Hay también un tercer aspecto
derivado de los dos anteriores y que nos sitúa en la necesidad de seguir
abriendo el abanico de conciertos, el abanico de oferta de plazas con las
distintas administraciones.
Según mis datos, en estos momentos hay unas 1.000 instituciones
reconocidas como entidades colaboradoras, de las cuales, un porcentaje
elevado --creo que más de 400-- son entidades privadas sin ánimo de
lucro. Aquí también ha habido un cambio sustancial y es que, si en
principio eran los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las
comunidades autónomas las que ofertaban más plazas de concierto al propio
Ministerio de Justicia, ahora también son otras entidades las que se
incorporan a esta labor importante. Hay un dato significativo que yo
quisiera destacar porque el señor Recoder hacía antes referencia a un
aspecto, como es saber cuántos de los objetores consideran satisfecha su
primera opción, en cuanto a la solicitud de plaza. La información que yo
tengo es que prácticamente el 94 ó 95 por ciento de objetores está
realizando la prestación social sustitutoria no en este caso en la
primera opción sino en el municipio incluso en el que reside, lo cual es
una ventaja. Es un trato que les resulta positivo y esto se debe al
esfuerzo de las corporaciones locales y de las distintas
administraciones.
El hecho de que se esté firmando un convenio con el Ministerio de
Sanidad, próximamente con el de Educación, también con Cruz Roja está
pendiente la firma de un número importantísimo de plazas y, por qué no
resaltarlo, con la Iglesia católica me parece que representa una
colaboración solidaria de todas estas administraciones, garantizando por
supuesto --me refiero en este caso a la Iglesia católica--, los
principios de libertad ideológica y de neutralidad de la prestación
social sustitutoria.
No me voy a extender, pero sí quisiera destacar la firma del programa
para ayuda humanitaria --y así se amplía uno de los aspectos que yo creo
que era deficitario en la prestación social, que era el programa de
cooperación internacional-- para realización de tareas humanitarias en
Bosnia, que son situaciones que suponen un mayor riesgo para los
objetores y para las que, incluso, se han desbordado las previsiones que
se tenían, pues se están produciendo muchas más solicitudes que las
plazas ofertadas. Por tanto, eso implica una selección. Es un dato
positivo para los jóvenes objetores.
Señora Presidenta, mi Grupo Parlamentario entiende que es necesario
seguir manteniendo este ritmo de crecimiento en la creación de plazas,
apoyamos todas las medidas que ha destacado el Director General y
contará, por supuesto, con el apoyo de mi Grupo Parlamentario para
llevarlas a la práctica, en el sentido de refuerzo de personal, de
aumento de los medios materiales y de los medios humanos, de una mayor
modernización en cuanto a toda la gestión de la prestación social, sobre
todo en el tema de la descentralización de algunas funciones. Creo que es
prioritario y urgente que las comunidades autónomas asuman competencias,
que pueden acercar mucho más el reconocimiento de la objeción de
conciencia y la gestión de la prestación social sustitutoria.
Para terminar, señora Presidenta, quiero tomar la palabra y el
ofrecimiento del Director General para decir que desde el Grupo
Parlamentario Socialista solicitaremos de nuevo, en su momento,
comparecencia para que aborde temas puntuales y concretos de ese plan y
de ese programa de modernización y de mejora de la prestación social
sustitutoria, que entiendo que debe ser el objetivo que realmente nos
acerque a los distintos grupos parlamentarios, pues, desde luego, siempre
ha estado en el ánimo y en los trabajos que hemos realizado desde mi
Grupo Parlamentario.
El señor GIL LAZARO: Si me permite, señora Presidenta, quería hacer uso
de la palabra para una cuestión de orden.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, deseo volver a agradecer la benevolencia de la que ha
hecho gala la Presidencia y, en segundo lugar, plantearle que en el
esfuerzo de síntesis que hemos hecho anteriormente ha habido una cuestión
que para nosotros es fundamental. En virtud de ese esfuerzo, señora
Presidenta, quería pedirle permiso para, sin ninguna justificación ni
argumentación por nuestra parte, poder formular el interrogante escueto,
siempre y cuando lo crea oportuno la señora Presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Señor Gil Lázaro, conoce S. S.
el Reglamento, sabe que ésa es una petición absolutamente anómala; la
vida parlamentaria no se acaba aquí, señor Gil Lázaro, y el Reglamento
permite a S. S. formular con rapidez y agilidad cuantas preguntas crea
oportuno. Sabe, además, que tiene el anuncio del Director General de
comparecer en esta Comisión una vez que se apruebe el plan. Yo le rogaría
que remitiera esa petición a otro cauce parlamentario, a efectos de que
podamos terminar esta sesión informativa en hora prudente, como habíamos
acordado en la anterior reunión de la Mesa.
Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y OBJECION DE CONCIENCIA
(Santolaya Machetti): Quiero agradecer las intervenciones, que he
escuchado con mucho interés. Realmente, tienen ustedes un notable caudal
de información sobre la gestión y los problemas de la prestación social
sustitutoria y quizá no haya aportado mucho a lo que todos ustedes
sabían.
Me gustaría contestar a una serie de cuestiones sobre las que se me ha
preguntado directamente en este mismo momento, a algunas haciendo
referencia --y entrando en algunos temas que se me han apuntado-- a las
modificaciones reglamentarias, porque afectan a algunos aspectos
sobre los que se me ha preguntado, y sobre otras, lamentándolo mucho, no
tengo el dato concreto aquí pero lo haré llegar por escrito a la
Presidencia de la Mesa, como creo que es práctica habitual.
Empezando por el representante del Grupo Parlamentario Catalán, señor
Recoder, y por la pregunta fácil, que es una de las últimas, ¿cuándo se
va a nombrar el vocal objetor? Cuando lo publique el «Boletín Oficial del
Estado» porque la orden está ya mandada anteayer. La próxima sesión del
Consejo Nacional de Objeción de Conciencia contará ya con un vocal
representando al colectivo de personas que han cumplido ya la prestación
social sustitutoria.
En cuanto a algunas otras de las preguntas formuladas, voy a
distinguirlas un poco por apartados. En cuanto a si entendemos que el
número de plazas es o no suficiente, creemos que hay que seguir
trabajando en este sentido, es decir, tenemos que procurar los acuerdos
necesarios con instituciones públicas y privadas para que haya un mayor
número de plazas disponibles, y, con relación a las plazas, entramos en
un problema que sí va a ser objeto de acción directa. Hasta ahora, es
verdad que en torno al 98 por ciento de las personas que realizaban la
prestación social sustitutoria la realizaban en su propio municipio. Yo
no puedo contestar ahora en estos momentos cuántos de ellos en su primera
plaza de opción pero sí en su propio municipio, lo cual provocaba un
desequilibrio en algunas zonas del territorio nacional, donde el número
de plazas no era suficiente para el número de objetores que se estaba
produciendo, y un número muy reducido de plazas eran de las que en la
jerga administrativa que manejamos en la Dirección General, incluía
alojamiento y manutención, es decir, se trasladaba de municipio y como
nosotros no tenemos cuarteles donde poner a vivir a los objetores en
paralelo al servicio militar, hay que garantizar que esa persona que está
cumpliendo un deber constitucional por lo menos se pueda mantener. Son
plazas sustancialmente más caras y, como tales, hasta ahora se aplicaban
muy pocas, teníamos muy pocas plazas que incluyeran alojamiento y
manutención. Una parte importante de la cantidad que hemos hablado del
plan es precisamente para hacer posible un mayor número de plazas que
lleven aparejados alojamiento y manutención, porque, de lo contrario, nos
encontraríamos con que, particularmente en algunas zonas del territorio
nacional, no podríamos cubrirlos con plazas allí mismo, con el riesgo,
como todos ustedes saben, que se deriva de la Ley y del Reglamento del
Servicio Militar, de que a los treinta años se extingue la obligación, es
decir, las personas que a los treinta años no hayamos conseguido que se
incorporen a una plaza de prestación social directamente no cumplen
prestación social alguna. Como entendemos que esto es algo indeseable, el
programa incluye un aumento considerable en el número de plazas con
alojamiento y manutención.
En este mismo sentido, se explican algunas de las diferencias que se
producen en las cifras entre el número de plazas que se ponen a
disposición de los objetores que existen y el número de plazas
disponibles, porque tenemos un fenómeno, hasta ahora ciertamente
paradójico, por el cual nos sobran y nos faltan plazas al mismo tiempo;
por un lado, sobran plazas en determinadas zonas, en determinados
municipios, donde no hay objetores suficientes par cubrirlas y faltan
plazas, por otro. El fenómeno de la objeción (yo no soy sociólogo, debo
aclararlo de entrada) tiene sus datos sociológicos. Como ustedes saben
sin duda, el fenómeno de la objeción es un fenómeno de clase urbana,
clase media relativamente acomodada, universitarios, y se produce en
centros industriales básicamente. Es en esas zonas donde hay una mayor
carencia de plazas. Los convenios que estamos tratando de firmar intentan
incidir precisamente sobre estas zonas, porque no queremos tanto un
aumento indiscriminado del número de plazas, porque hay plazas que luego
no se podrán cubrir, sino un aumento en aquellas zonas donde son precisas
realmente las plazas, y estamos tratando de hacer una mayor selección en
cuanto al número de plazas que se nos ofertan. Tenemos
presupuestariamente previsto el traslado de objetores de aquellas zonas
en las cuales las plazas no sean suficientes a sitios donde sí tengamos
esas plazas que llevan aparejados alojamiento y manutención. Por tanto
hay una diferencia, es cierto, entre el número de plazas de que
disponemos y el número de plazas que en este momento serán cubiertas. El
ideal sería no desperdiciar ni una sola plaza; eso va a ser sumamente
difícil, pero, en cualquier caso, sí queremos que aumente esa relación.
Y hablando del último llamamiento, cuántos se han incorporado y cuántos
no, es una cifra que, en estos momentos, no le puedo dar, pero no se la
puedo dar porque no está disponible. Y no está disponible porque, como
saben, a partir del momento en que a alguien se le llama hay un período
de seis meses en el cual puede elegir el momento de la incorporación. Por
ello, todavía no han acabado de incorporarse todos los que han sido
llamados. Es más, los primeros se están incorporando ahora, por lo que en
estos momentos esa cifra no sería significativa. Si quiere, cuando acabe
el proceso de incorporación, y sería aproximadamente dentro de tres
meses, sí podríamos tener esta cifra, que pudiera resultar significativa.
En cualquier caso, esto --adelantando e incidiendo un poco en las
reformas reglamentarias-- es una de las cosas que queremos tratar en el
nuevo reglamento. Por seguridad jurídica de los objetores queremos
establecer que los llamamientos se produzcan en las misma fechas todos
los años, y en el «Boletín Oficial del Estado», es decir, que se sepa ya
que el primer «Boletín Oficial del Estado» de los meses de abril y
noviembre contendrá un llamamiento a un número concreto de objetores, y
con la publicación de la bolsa de plazas que hay disponible para ese
concreto número de objetores, con lo cual se irán regularizando poco a
poco los llamamientos y será posible incorporarlos en fechas
preestablecidas.
En cuanto al tiempo de demora, en estos momentos, desde el reconocimiento
de la condición de objetor hasta que alguien es llamado, es cierto --y yo
lo he reconocido-- que es muy amplio. No hay una mejora en este sentido,
lamento decirlo. En estos momentos y según las zonas del
territorio nacional la demora oscila entre 24 y 36 meses --es así--, y
éste es uno de los problemas centrales del plan, cuyo objetivo es
precisamente éste. Esto es lo esencial, que se incorporen en el plazo de
un año, y eso es lo que creemos que podemos lograr.
También me han preguntado --y es otro de los aspectos que inciden sobre
las preguntas de dos grupos parlamentarios-- una cosa relativamente
anecdótica: cuántos médicos hay en la Oficina para la Prestación Social
Sustitutoria para realizar las revisiones. Voy a ser absolutamente claro:
hay uno y se incorpora otro el mes que viene, dos, o uno y medio, como
quiera calificarlo. ¿Qué pone esto de manifiesto? Pone de manifiesto un
factor que incide sobre toda la prestación social sustitutoria de manera
muy negativa y que es el objetivo central a corregir en la reforma de los
reglamentos que vamos a llevar a cabo.
El Reglamento de la prestación social sustitutoria se redactó por alguien
que tuvo al lado el Reglamento del servio militar, y se redactó con un
mimetismo que llega a unos extremos realmente excesivos. (El señor Gil
Lázaro: Esa era la cuestión.) Se partió de la declaración --que desde
luego yo comparto, en cuanto a su finalidad-- de la igualdad de derechos
y deberes de los españoles que optan por prestar el servicio militar o la
prestación social sustitutoria, pero esa igualdad de derechos y deberes
se llevó punto a punto, epígrafe por epígrafe, de cada uno de los
elementos administrativos, sin considerar --que es muy importante--
varias cosas. En primer lugar, que la estructura que tiene a su
disposición del Ministerio de Defensa y la que tienen, primero, el
Ministerio de la Presidencia y, luego, el Ministerio de Justicia para
esta gestión no tienen, en absoluto, parangón, como todos ustedes son
conscientes. En segundo lugar, que el Ministerio de Defensa --aunque no
lo parezca-- al menos en este aspecto es profundamente descentralizado.
Hay muchísimas cosas que se hacen directamente en los cuarteles y que,
sin embargo, nosotros tenemos que hacer desde la Oficina para la
Prestación Social Sustitutoria. Hay otra cosa que puede ser anecdótica.
Es cierto que objetores y soldados tienen derecho a permisos, y,
efectivamente, es un ejemplo de disloque administrativo que esos permisos
se tengan que conceder por la Oficina, todos y cada uno; es decir, el
objetor que está cumplimiendo su prestación social cuidando montes en la
isla de Gomera, que los tenemos, si quiere asistir a la boda de un
familiar, por ejemplo, tiene que escribir a la Oficina para que se le
tramiten los dieciocho días a los que tiene derecho, en peticiones de uno
a uno, al estilo de los días moscosos en la Administración, por
entendernos todos. En consecuencia, es cierto que es muy difícil dar una
respuesta administrativa en tiempo útil para la boda, esto es verdad. Es
verdad y yo reconozco que esto de hecho no se está produciendo, pero,
directamente, con las cifras de las que estamos hablando, considero que
es un dislate que estas peticiones, estas concesiones de días de permiso
se tengan que realizar por una oficina centralizada en Madrid. Es uno de
los aspectos que va a ser corregido en el Reglamento.
Otro de los aspectos que va a ser corregido en el Reglamento y que incide
también sobre lo mismo, es decir, sobre el mimetismo llevado a unos
extremos increíbles, es el referente al vestuario de los objetores.
Supongo que todos ustedes saben que a los objetores no los vestimos de
nada, supongo que esto es evidente y está claro; es decir, no hay un
uniforme de objetor, y dudaría mucho que ellos lo aceptaran, ni siquiera
en su faceta civil. Así como hay un uniforme militar o varios uniformes
militares claramente identificables y todo el mundo en sus cuarteles está
uniformado, en los centros de prestación social sustitutoria, donde
realizan su labor, nadie está uniformado. Es más, así como en el servicio
militar todos los ejércitos del mundo van uniformados si es necesario, en
el 99 por ciento de los casos no hace ninguna falta ninguna asignación de
vestuario destinada a los objetores para el cumplimiento de sus
funciones. En algunos casos sí, como, por ejemplo, los que están en Cruz
Roja en carretera, evidentemente; incluso a los que están en un programa
de bosques o en un programa de calidad de aguas, incluso a los que
tenemos en Bosnia en estos momentos se les ha dado un vestuario, porque
entendemos que las condiciones para cumplirlo y el tipo de prendas que se
utilizan no las tiene con normalidad el ciudadano español por la
situación climática, pero en muchos casos de oficinas en Madrid o en
Barcelona u oficinas en cualquier ciudad donde los objetores van a
cumplir su horario por la tarde van vestidos de calle, no van
uniformados.
Este es uno de los aspectos que se va a tocar en la reforma
reglamentaria, sin perjuicio de que hay una deuda, hay una deuda de 900
millones de pesetas en vestuario; es verdad y es cierto que ayer mismo se
transmitió el expediente al Ministerio de Economía y Hacienda para cubrir
esa deuda del año pasado. Es verdad y se va a pagar, pero entendemos que
es uno de los aspectos que hay que tocar, como el de revisiones médicas,
porque tampoco entendemos que se tengan que realizar las revisiones
médicas por la prestación social sustitutoria, modelo que incluso el
ejército está abandonando, y se van a hacer los reconocimientos del
ejército no en los tradicionales centros médicos militares, donde yo me
lo hice, sino en las estructuras del Insalud o en las estructuras
descentralizadas de las comunidades autónomas allá donde la sanidad ha
sido transferida. Tenemos uno y vamos a poner otro, pero no creemos que
sea uno de los campos donde haya que incidir en gestión. Creemos que lo
que hay que hacer es firmar los oportunos convenios para que el Insalud
se encargue de realizar este tipo de reconocimientos médicos que haya que
hacer, porque, entre otras cosas, con absoluta seguridad estará mucho
mejor dotado de medios personales y materiales, y no que nosotros
crezcamos por nuestra cuenta en el establecimiento de una fastuosa
organización médica para esto, cuando entendemos que el ejército, que la
tenía, ya está reduciéndola.
Hay muchos aspectos que tocar. El defecto fundamental del Reglamento es
su mimetismo del reglamento del servicio militar, sin tener en cuenta que
son dos realidades completamente distintas en cuanto a su gestión y,
también, es verdad, en cuanto a los poderes coercitivos que tiene el
ejécito de los que esta modesta Dirección General carece.
En cuando al cansancio de las entidades colaboradoras y a los costes para
dichas entidades, he de manifetar que mi experiencia no es ésa, salvo
quizás en entidades colaboradoras muy pequeñas. Entiendo por entidades
colaboradoras muy pequeñas a las que tienen menos de diez objetores de
conciencia, algunas de las cuales sí me han mostrado su inquietud y
pretenden en algunos casos una colaboración directa en forma de pagar
determinadas cosas por parte del Ministerio de Justicia para que esos
objetores cumplan su labor. Sin embargo en entidades más grandes no sólo
no pretenden eso, sino que en muchas ocasiones consideran de gran
utilidad el programa de objeción de conciencia y, de hecho, dan a los
objetores una serie de ventajas que no tendrían por qué dárselas desde el
punto de vista legal. No estoy hablando de dinero, no hemos permitido ni
un solo caso de entidades que paguen a objetores, a pesar de que alguna
entidad se ha ofrecido; no hemos consentido ni uno. Sin embargo, hay un
programa de guardería de ríos, muy importante, con el Ministerio de Obras
Públicas y, en Madrid, pueden ver cómo todas las mañanas sale un autobús
que traslada a todos los objetores de la zona y les va colocando en las
cuencas de los ríos donde son necesarios. Aparte del vestuario que
nosotros les damos, las entidades entienden que tienen que llevar botas
de agua, etcétera, con un cierto gasto que cubren sin problemas. En
general, las entidades grandes no sólo no plantean problemas sino todo lo
contrario. En entidades muy pequeñas es posible que surja este problema,
pero entendemos que no podemos ir más allá de lo que hacemos, más allá de
ponerles una persona para que cubra una finalidad que desde luego es
social e interesa a toda la sociedad, pero también interesa a la entidad
que la está proponiendo y les soluciona papeletas. Entendemos que lo que
hacemos es más que suficiente.
Temo que estoy contestando a todos a la vez porque el asunto está
complicado.
En cuanto a la previsión de 106.000, la he dado por decir algo, o sea, la
he obtenido sencillamente. La cifra real es la del número de objetores
que se ha producido entre el 1 de enero y el 21 de febrero, 10.782
solicitudes. La cifra de 106.000 es simplemente la aplicación de una
sencilla regla de tres matemática, nada más, no tiene ningún otro valor.
Es posible que sean más, que sean menos, hay meses mejores y meses peores
a estos efectos, no se sabe muy bien por qué. Es un sector muy sensible,
es decir, si tuvieran delante la lista mes a mes, es curiosa la
influencia directa de la ocupación de Kuwait en la objeción de
conciencia. Parece que es un fenómeno que no tiene que ver, pero el 31 de
agosto tiene lugar la ocupación de Kuwait e inmediatamente salta el
número de objetores. Cuando se decide la intervención militar española,
con el envío de las fragatas, que como recordarán en alguna medida
resultó polémico, salta espectacularmente. Como en estos momentos tenemos
otro conflicto internacional cerca, la situación en la antigua
Yugoslavia, es posible que esté saltando ahora. Es un fenómeno
curiosamente muy sensible a todo este tipo de cosas.
La incidencia en el servicio militar, evidentemente nos preocupa, pero
tampoco quiero ser alarmista en esto. Muy recientemente, un medio de
comunicación, con ocasión del sorteo del servicio militar, de 120.000
soldados de cupo, y de que salía por aquel momento una cifra en torno a
unos 40.000 objetores durante el año, hizo una sencilla regla de tres y
dijo que la objeción de conciencia representaba un tercio de los jóvenes
que se incorporaban al servicio militar, lo cual no es cierto, es una
operación muchísimo más complicada de hacer. La objeción de conciencia,
como ustedes saben, en la actualidad se puede ejercer desde antes de los
diecisiete años hasta el momento último de incorporarse al servicio
militar, agotadas todas las prórrogas habidas y por haber, en definitiva,
hasta los veintiocho años, incluso algo más, hasta el momento mismo de
tener que ir al cuartel. Entonces esa cifra abarca a muchos más
ciudadanos que las que se refieren al sorteo de un año determinado, donde
se cogen básicamente los que en ese año cumplen 19 años. La cifra es muy
alta, pero no es la cifra que periodísticamente se está dando en estos
momentos. Es muy difícil de calcular, porque hay que ver una secuencia
muy larga en años y con resultados muy inciertos en la medida en que es
un fenómeno relativamente reciente.
En cualquier caso es un tema que nos preocupa a todos. Es un tema
auténticamente de Estado, porque ustedes hace muy poco aprobaron un
modelo de servicio militar por unanimidad, que se supone que es el que
tenemos vigente, y es posible que en el futuro --yo no quiero ser en
absoluto tremendista en este sentido--, dentro de unos años --no sabría
decirles cuándo porque si ni siquiera sé decirles cuántos va a haber este
año, eso es aún mucho más complicado-- estas cifras choquen. Es posible
que cuando se fijen las necesidades anuales de defensa haya problemas
para encontrar el número suficiente. Por tanto, es un tema en el que
todos tenemos que colaborar de alguna forma. Desde la Dirección General
se trata de agilizar lo máximo posible y con las debidas garantías y de
dotar a la prestación social sustitutoria de la seriedad que creo que
requiere en relación con la alternativa o subsidiariedad al servicio
militar que supone en estos momentos.
Me ha preguntado una serie de cosas concretas, por ejemplo, me ha
parecido, sobre una valoración negativa del convenio con Asuntos
Exteriores y con el Insalud. ¿No era Asuntos Exteriores e Insalud? (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro a los solos efectos de aclarar al señor Director General esta
cuestión.
El señor GIL LAZARO: Simplemente decía que el informe de la Oficina de
gestión decía que el acuerdo con el Insalud y con Asuntos Exteriores no
estaba dando el
resultado apetecido. Eso es lo que decía el informe de gestión y a eso me
remitía y quería su valoración.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y OBJECION DE CONCIENCIA
(Santolaya Machetti): De acuerdo.
Yo me temo que en cuanto a Asuntos Exteriores no puedo tener ninguna
valoración porque, que yo sepa, en estos momentos no hay ningún acuerdo
con Asuntos Exteriores (El señor Gil Lázaro: Lo decía el informe de la
Oficina), salvo que a lo que se refiera sea a un intercambio de
información de aquellos objetores que están cumpliendo la prestación en
el extranjero, le adelanto que puedo estar equivocado y puede que haya
alguna, pero desde luego Asuntos Exteriores no es un ministerio ni un
centro característico de plazas de prestación social sustitutoria.
Insalud, sí lo es. Ayer por la tarde se firmó un convenio para 604
plazas, que yo creo que son en un campo de gran utilidad. Es la primera
plasmación de verdad en este asunto. Creo que son de gran utilidad porque
se refieren a un campo que no está cubierto por la sanidad, que es el
campo de la atención domiciliaria de enfermos y de familias de enfermos.
Por ejemplo están muy interesados los responsables del desarrollo del
programa de enfermos de sida, pero también se va a atender a ancianos que
no tienen por qué estar en el hospital y que, sin embargo, sí merecen una
atención domiciliaria. Es este tipo de plazas las que se han creado.
Personalmente creo que son plazas muy serias y muy útiles y espero que se
desarrollen con absoluta normalidad.
En atención penitenciaria, que es otra de las preguntas concretas,
estamos trabajando en el mismo sentido. La Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios depende del propio Ministerio, con lo cual las
cosas están ciertamente facilitadas. Está aún sin definir la idea, aunque
en algún caso concreto pueda haber alguna atención dentro de las
cárceles, pero entendemos que el papel fundamental de los objetores puede
ser más bien en el medio social: gente que está en tercer grado,
familiares de gente que está en la cárcel, etcétera; se va a trabajar en
ello.
No sé si hay alguna pregunta más que no haya contestado. Han sido muchas
las que me han hecho. Si falta alguna trataré de contestarla. En
cualquier caso, yo insisto en que me comprometo a volver aquí en cuanto
se produzca la aprobación definitiva de este plan por parte del Consejo
de Ministros y les aseguro que vendré más pertrecho de datos de lo que en
estos momentos he venido, quizá como consecuencia de mi carácter de
novato en estas comparecencias. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): No hay trámite, señor Gil
Lázaro.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.