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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 77, de 24/11/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 77
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles, 24 de noviembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Ramírez González (Grupo Parlamentario Popular), sobre
posición del Gobierno ante la anunciada reforma de la Organización Común
de Mercado del Vino. (BOCG, serie D, número 17, de 8-10-93. Número de
expediente 181/000075.) (Página 2446)
--Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
garantías de la calidad de la carne importada en Canarias sin estar
homologada por los mataderos comunitarios europeos, en virtud del régimen
transitorio de aplicación hasta finales del año 1993. (BOCG, serie D,
número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000078.) (Página 2450)
--Del mismo señor Diputado, sobre valoración del régimen especial de
importación de carnes en Canarias desde el 1 de julio de 1992. (BOCG,
serie D, número 17, de 8-10-93. Número de expediente 181/000081.)
(Página 2450)
--Del mismo señor Diputado, sobre resultado y perspectivas del futuro de
la Organización Común de Mercado para el plátano canario desde su
implantación el 1 de julio de 1993. (BOCG, serie D, número 20, de
25-10-93. Número de expediente 181/000122.) (Página 2453)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para impedir la competencia del
tomate marroquí con el español, y en especial, el canario, en el Mercado
Comunitario Europeo. (BOCG, serie D, número 20, de 25-10-93. Número de
expediente 181/000123.) (Página 2457)
--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular),
sobre actuaciones previstas para la flota congeladora de España. (BOCG,
serie D, número 20, de 25-10-93. Número de expediente 181/000137.) 2462
Comparecencia del señor Subsecretario de Agricultura (Casado González),
en su calidad de Presidente de ENESA, para informar sobre el desarrollo
de la actual campaña de seguros agrarios en España. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/000011.) (Página 2468)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
Como todas SS. SS. conocen, en el orden del día de hoy figura la
tramitación de seis preguntas, y luego la celebración de una
comparecencia del Presidente de ENESA, Subsecretario de Agricultura, para
informar sobre la actual campaña de seguros agrarios.
De las preguntas, cinco las va a contestar el Secretario General de
Producciones y Mercados Agrarios, señor Barreiro, y la sexta el
Secretario General de Pesca Marítima, señor Loira.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE POSICION DEL GOBIERNO ANTE LA ANUNCIADA REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DEL MERCADO DEL VINO. FORMULADA POR EL SEÑOR RAMIREZ
GONZALEZ (GP). (Número de expediente 181/000075.)
El señor PRESIDENTE: La primera pregunta, que es la formulada por el
señor Ramírez, la va a exponer el señor Isasi, y es sobre posición del
Gobierno ante la anunciada reforma de la Organización Común del Mercado
del Vino.
Para exponerla, tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Secretario General, desde hace años se viene
hablando, no solamente desde el propio sector vitivinícola sino desde las
distintas instituciones tanto nacionales como europeas, de la necesidad
de reformar la Organización Común del Mercado del Vino.
Ya en la exposición de motivos de la última reforma de la PAC, de mayo de
1992, se hacía alusión a este tema, y se ponía de manifiesto de alguna
manera la incapacidad que habían tenido las propias instituciones
europeas y los distintos gobiernos para ponerse de acuerdo en un tema tan
importante como la solución del sector vitivinícola, en el que yo creo
que todos estamos de acuerdo que la actual Organización Común de Mercado
ha fracasado en sus objetivos reales.
Por eso nos preocupa al Grupo Popular no sólo la evolución de las
negociaciones en las instituciones europeas, sino, en concreto, la
postura que va a mantener o que está manteniendo ya el Gobierno respecto
del documento que la propia Comisión ha enviado al Consejo de Ministros,
y éste lo incluyó y lo vio en su reunión de 21 de septiembre pasado.
Parece ser que en ese Consejo de Ministros había una especie de
unanimidad, salvo algunas pequeñas matizaciones, en ese documento que la
Comisión presentó, y que nosotros, tras un repaso del mismo, vemos
bastantes puntos con una gran preocupación, porque a nuestro entender, si
ese documento se firmara finalmente, no resolvería absolutamente nada y
seguiríamos prácticamente igual.
Por ello nos interesa, señor Barreiro, saber, «a priori», la postura que
va a mantener el Gobierno español en este tema.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta tiene la palabra el
señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Efectivamente, como su señoría acaba de exponer, en el Consejo
de Ministros de Agricultura del mes de septiembre pasado la Comisión
presentó un documento de reflexión sobre la reforma de la Organización
Común del Mercado en el sector vitivinícola. Era un documento de
reflexión que dio lugar a una primera intervención en una ronda de los
doce Ministros, en donde --yo disiento en principio de lo que su señoría
acaba de exponer-- no hubo ni mucho menos unanimidad ni conformidad por
parte de ninguna delegación, cosa que suele ser bastante habitual en los
debates comunitarios, sobre todo en su primera fase.
Antes de nada quiero decir que la peor situación es la actual, como su
señoría ha reconocido. La reforma de la OCM del vino era absolutamente
necesaria, y en ese
sentido el Ministro de Agricultura expuso su satisfacción porque por
primera vez hubiera un documento de debate sobre la reforma de esta
Organización Común de Mercado, lo cual no implica una aceptación de la
totalidad de los elementos que existen en ese documento de reflexión,
aunque algunos puedan ser positivos. Trataré de una manera muy
esquemática de recoger lo que fue el contenido de la intervención del
señor Ministro en el citado Consejo.
España señaló como principales problemas que le planteaba la reforma que
se proponía, en primer lugar --decir en primer lugar es meramente desde
el punto de vista de la exposición, no es que sea un punto más importante
o menos--, el tema de la financiación.
Como sus señorías saben, la Organización Común del Mercado del Vino es la
única organización común de mercado en la que la financiación no es al
cien por cien comunitaria; hay una parte de ella que corresponde a los
Estados miembros. Desde ese punto de vista, para España es una cuestión
prioritaria que la financiación de esta Organización Común de Mercado se
haga al cien por cien por parte de la Comunidad Económica Europea, y ello
tanto en relación con las medidas que se refieren a la regulación del
mercado, que son las destilaciones, como en relación con las medidas que
se refieren a la limitación del potencial de producción, ya sea arranque,
ya sea el establecimiento de lo que se ha llamado la recolección en verde
o viñedo ecológico, etcétera. Nosotros queremos que la financiación sea
al cien por cien comunitaria y, por supuesto, como lo es en otras
organizaciones comunes de mercado, por parte del Feoga-Garantía.
Hay un segundo elemento de preocupación para la delegación española. Como
sus señorías saben, en el documento comunitario parte de algunos de los
costes de esa OCM son financiados íntegramente por la Comunidad, pero
otros son financiados o cofinanciados por los Estados miembros.
Otro elemento en relación con el cual la delegación española manifestó su
enorme preocupación es la manera en que se ha plasmado el tema de la
chaptalización. Nosotros seguimos creyendo que la chaptalización es una
práctica enológica que puede ser perfectamente sustituida, en aquellas
regiones en donde por las condiciones climáticas los vinos no alcanzan la
graduación mínima, por otros métodos y por otros productos que proceden
del propio sector. En ese sentido se reitera, una vez más, que la
chaptalización en todo caso tiene que hacerse con mosto concentrado
rectificado, lo cual ya no sería una chaptalización. Como sus señorías
saben, la chaptalización se realiza añadiendo sacarosa al vino.
Dicho esto, hay otros elementos del documento de reflexión que, en cierta
medida, han sido apreciados positivamente por parte de la delegación
española. Por ejemplo, el tema de que se haya incluido --en su momento
esta idea fue lanzada por la delegación española antes de que la Comisión
hubiera aprobado su documento de reflexión-- lo que se llama el viñedo
ecológico, es decir, recolección de la uva para la fabricación del vino.
Otra idea que consideramos acertada es que los planes de abandono del
viñedo no sean planes individuales, sino que sean planes regionales.
Nosotros creemos que eso es muy positivo desde el punto de vista del
equilibrio territorial, desde el punto de vista de preservación del medio
ambiente, etcétera. Por considerar únicamente los grandes epígrafes de
ese documento de reflexión que no tiene un texto normativo, he de señalar
que lo que lanza es una serie de ideas para debate.
En lo que se refiere a las destilaciones, nosotros creemos que es un
avance en relación con la situación actual en el sentido de que por
primera vez se comunitariza el excedente comunitario de vino. El
excedente de vino no se calcula, como se podría y fue la tentación por
parte de algunos servicios de la Comisión en un principio, diciendo: cada
país produce tanto y consume tanto, ése es su excedente, arréglelo usted
mediante destilaciones, arranques, etcétera. No, el excedente de vino no
se calcula así. El modelo que se ha hecho es un modelo como tendría que
ser en una Comunidad Económica Europea donde nosotros hemos repetido
hasta la saciedad que los excedentes no son españoles ni franceses, los
excedentes son comunitarios; y los déficit tampoco son españoles o
franceses, los déficit son comunitarios, en el sentido de que el
excedente, lo que no se consume en la Comunidad una vez que se ha
deducido de la producción el consumo interior y las exportaciones o el
consumo aparente, la diferencia entre importaciones y exportaciones, se
reparte proporcionalmente a la producción de cada Estado miembro. Eso
supone la aceptación de un excedente de tipo comunitario.
Nosotros hemos solicitado, y seguiremos insistiendo en ello, el ir más
allá, es decir, que no se tome como referencia la producción histórica
española, sino la producción que España podría tener si hubiera utilizado
las mismas prácticas culturales y enológicas que otros Estados miembros;
esa es la demanda que tenemos planteada. Hay otros aspectos positivos en
la propia OCM, yo me he referido únicamente a los básicos, y hay aspectos
positivos en cuanto se trata de fomentar el consumo y la producción de
los productos de la vid, con una financiación comunitaria que nosotros
entendemos que es muy positiva.
Estas son las grandes líneas de la intervención española sobre un
documento de reflexión que presentó la Comisión por medio de una
intervención de todos los miembros de la Mesa con un tiempo hasta cierto
punto controlado. Son las líneas básicas manifestadas por el Ministro
español.
Después de ese Consejo de septiembre no ha habido ningún progreso a nivel
de debate en el seno del Consejo, en lo cual han podido influir dos tipos
de factores: unos de tipo material en el seno de la Comisión, donde ha
habido un cambio en, digamos, la jefatura de la división de vinos y una
carencia de personal en esa división para hacer progresar los trabajos.
También puede haber factores de otro tipo, no de carácter instrumental
sino político, en cuanto al análisis de cuál es la presidencia más
apropiada para aprobar una OCM como la del vino.
Nosotros siempre hemos dicho, y es una pena que no
haya sido así, que a lo mejor una buena presidencia hubiera sido la
presidencia británica, en parte, no desde el punto de vista de la
financiación, pero sí desde el punto de vista de que es un país no
comprometido porque no es país productor; sin embargo, es un país que
sabe apreciar y que es un importante consumidor de vinos. La Presidencia
belga ya es imposible, y en el Consejo de diciembre no está previsto que
se debata nuevamente el tema. Las próximas presidencias son, en 1994,
para Grecia y Alemania, y en 1995 para Francia y España. Todos podemos
especular sobre cuál sería la mejor presidencia o cuál podría ser la peor
para aprobar una OCM de este tipo. En todo caso, nosotros entendemos que
es necesario abordar el tema cuanto antes, primero, para despejar
incertidumbres a nuestros productores de vinos, a nuestros agricultores
y, segundo, porque el coste presupuestario que desde el punto de vista
nacional, y máxime en una circunstancia como la actual, está suponiendo
esta Organización Común de Mercado es difícilmente sostenible.
El señor PRESIDENTE: El señor Isasi tiene la palabra.
El señor ISASI GOMEZ: Señor Barreiro, efectivamente, usted ha destacado
algunas de las partes positivas que pueda tener el documento y con lo que
nosotros estamos de acuerdo. ¡Cómo no vamos a estar de acuerdo! Estamos
defendiéndolo y solicitándolo a través de esta Comisión en reiteradas
iniciativas parlamentarias, como es el tema de la chaptalización y otras
cuestiones que comentaré más tarde.
El documento presentado de alguna forma manifiesta la incapacidad que han
tenido los organismos y los gobiernos comunitarios para que la OCM
resolviera los problemas que tiene planteados el sector, y yo creo que,
en gran medida, por el comportamiento egoísta de muchos de los países del
centro y norte de Europa. Ha habido una incapacidad para poder
convencerles por parte de los principales países productores y, sobre
todo, por parte de España, porque no ha habido ningún inconveniente o,
por lo menos, ha habido un consentimiento tácito en invertir, en gastar
miles de millones de pesetas (se calcula que alrededor del billón de
pesetas en los últimos cinco años) en destilaciones en un sector que, al
final, con unos mecanismos que supuestamente tenían que haber resuelto el
problema del vino, se encuentra lejos de haber solventado dichos
problemas, ya que han ido empeorando cada vez más. Hay un descenso en el
consumo del vino de más del 50 por ciento en los últimos años y, por
contra, los rendimientos en las producciones va aumentando.
Entrando más concretamente en las propuestas que enumera el propio
documento, para nosotros es importante el hecho de que prácticamente no
tenga en cuenta la grave incidencia que va a tener, si se firma al final
en las condiciones previstas, el tratado «Blair House» del GATT. Yo creo
que tanto en un documento como en otro hay que prever claramente y sin
tapujos esas incidencias, que van a ser graves no solamente para Europa,
aunque fundamentalmente para nuestro país como uno de los más importantes
del mundo en producción de vino y el más importante del mundo en
superficie dedicada al cultivo de la vid.
Se ha puesto de manifiesto cómo la Comunidad Económica Europea ha sido
incapaz de montar un servicio comunitario de control de inspección
vitivinícola y de elaboración del registro vitivinícola. En los últimos
siete años, desde que España pertenece a la Comunidad Económica Europea,
es un tema del que se ha hablado siempre, se presupuestan dotaciones
económicas, y en este fin de siglo, en el momento de las grandes
decisiones informáticas, resulta que hablamos de oído, no sabemos todavía
cuáles son las características concretas de superficie que cada país
dedica al cultivo del vino.
En relación con las medidas propuestas en el documento, como el arranque
definitivo del viñedo, nosotros estimamos positiva, en principio, esa
posibilidad, sobre todo con la protección al medio ambiente y desarrollo
rural, pero la incompatibilidad para dedicar esos terrenos libres con las
subvenciones de los cultivos herbáceos no es igualmente positiva y, por
tanto, creemos que el Gobierno debería solventarlo.
En el capítulo de la reducción de rendimientos, la recolección verde, el
aclareo de racimos, es, efectivamente, una de las partes positivas que
nosotros aplaudimos y que por múltiples razones en estos momentos no
tenemos tiempo para explicar, pero que a nadie se le escapan. El fomento
a la comercialización es algo que venimos demandando en los últimos años
desde la posición española, desde los presupuestos españoles, desde las
acciones que el propio Gobierno español puede hacer, pero hemos fracasado
en nuestros intentos año tras año.
Me voy a referir ahora al tema de la chaptalización, de la graduación
alcohólica, de lo que en los países del centro y norte de Europa llaman
vino, que es un producto obtenido de la uva con una graduación alcohólica
inferior al 9 por ciento. El viticultor español, la sociedad española y
nosotros mismos no entendemos cómo se puede mantener en la nueva reforma
de la OCM que en el resto de Europa se consienta que ese producto entre
seis y diez grados se siga considerando como vino y luego se hable de
excedentes, se paguen miles de millones de pesetas, se pretenda que los
viticultores españoles destilen vino natural, vino de 10, 12 ó 13 grados,
y además se utilice el procedimiento de la chaptalización, lógicamente
para poder introducir estos vinos en el mercado, provocando unos
excedentes, un aumento de la producción en torno a los 20 millones de
hectolitros, a través de esta práctica, repito, de chaptalización. Esto
es un cinismo por parte de los dirigentes europeos que para nosotros es
inadmisible. No se puede hablar de que los españoles producimos
excedentes, cuando a pesar de tener la mayor superficie dedicada al
viñedo de todo el mundo los rendimientos de España están en torno a un
tercio de los rendimientos del resto de la media comunitaria.
Además, estos países del centro y norte de Europa están introduciendo en
el mercado estos 20 millones de hectolitros de «vino», entre comillas,
que están camuflando de alguna manera como si fuera vino natural. Esto
está suponiendo, en realidad, un auténtico fraude al
consumidor. Cuando no se identifica, cuando el consumidor acude al
mercado a comprar una botella de vino, no sabe si ese vino está
chaptalizado o es un vino natural, y entendemos, desde el Grupo Popular,
que eso es un fraude e invitamos al Gobierno español a que en sus
conversaciones, a que en sus negociaciones en la Comunidad Económica
Europea a la hora de establecer la definitiva reforma de la OCM, no deje
pasar este tema.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Nosotros vamos a pedir, y si hace falta lo
exigiremos al Gobierno español, que lidere esta reforma de la OCM del
vino. Y es hora de que por lo menos en algún sector (y tenemos elementos
suficientes para tener en éste esa preeminencia dentro de la Comunidad
Económica Europea) el Gobierno de España lidere esta reforma, no estemos
a la sombra y a la espera de los documentos que nos presentan otros
gobiernos u otros organismos. Tenemos que tomar la iniciativa, plantar
cara y hacer valer nuestra preeminencia en el sector vitivinícola
español. Por eso le vamos a pedir al Gobierno español en estas
negociaciones que, si hace falta, haga uso del derecho al veto por una
vez (yo creo que por primera vez) en el tema de la chaptalización,
exigiendo que la mínima graduación alcohólica para que se considere vino
sea lo que establece nuestro estatuto de la viña, el vino y los
alcoholes, que son nueve grados. Por debajo de esos nueve grados no puede
tolerarse que en la nueva reforma de la política agraria común se
considere como vino para luego utilizar, insisto, la chaptalización. Y,
por supuesto, el control...
El señor PRESIDENTE: Por favor, acabe, señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Voy acabando.
Decía que es necesario el control más absoluto a todo el desarrollo que
se haga de la nueva reforma de la OCM, y el control, por descontado, en
las destilaciones, que hasta ahora ha sido una de las batallas que
llevaba este Grupo en los últimos años, ya que habían llegado a nuestros
oídos posibles fraudes que se estaban cometiendo y no se ha querido tomar
cartas en este asunto.
Por ello, señor Barreiro, nosotros le alentamos a que sean ustedes, a que
sea el Gobierno español, que es nuestro Gobierno, el que --insisto una
vez más-- lidere esta reforma en el seno de la Comunidad Económica
Europea.
El señor PRESIDENTE: El señor Barreiro tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Señor Presidente, yo quisiera, primero, señalar que gran parte
de los análisis que hace el representante del Grupo Popular los comparto,
como visión española de lo que desearíamos que fuese la nueva
organización común del vino.
Por lo que se refiere al reforzamiento de todos los sistemas de control,
estoy totalmente de acuerdo. He visto que S. S. comparte lo que he
señalado en principio sobre el valor positivo que supone que el arranque
sea a través de planes regionales, como la nueva medida introducida para
controlar el potencial reproductor de lo que llamamos el viñedo
ecológico.
En cuanto a la posibilidad de que las tierras arrancadas de viñedo puedan
ser incluidas entre las elegibles en el reglamento de cultivos arables,
es una omisión que he tenido antes, pero quiero ratificarle que, tanto en
la intervención del Ministro en el debate sobre el documento de reflexión
del vino y en el debate que en estos momentos estamos teniendo para la
reforma del Reglamento 17/1965, de cultivos arables, la delegación
española está insistiendo en que las tierras que hayan estado sujetas al
arranque del viñedo sean elegibles, a efectos de poder gozar de las
ayudas por hectárea que se aplican en virtud de ese reglamento.
Desde el punto de vista de la filosofía, yo comparto absoluta y
exactamente lo que S. S. acaba de decir en cuanto a chaptalización y
graduación mínima. Yo creo que todos los españoles tenemos que compartir
eso, porque el vino es algo con una enorme tradición, con una vocación
productiva muy grande en nuestro país, donde se produce sin necesidad de
añadidos externos al propio sector.
Es cierto que el documento --y en eso me remito a lo que decía en mi
primera intervención-- tiene avances sobre la situación actual. Por
ejemplo, en materia de chaptalización los límites que se pueden añadir
son inferiores a los que se aplican actualmente. Para los países del
norte, hasta dos grados, y para los países del sur, 1,5; es decir, se
abre por primera vez para los países del sur. Es este un elemento de
reflexión que yo quisiera dejar en el seno de esta Comisión, para ver si
jugamos todos, a lo mejor si empezamos a chaptalizar hay que romper la
baraja --por así decirlo, si me permiten la expresión coloquial-- en el
sentido de que a lo mejor generamos todos tal cantidad de excedentes que,
al final, tenemos que suprimir radicalmente toda la chaptalización. En
esa línea, y admitiendo que el debate de tipo intelectual lo perdemos,
quizá el debate pragmático lo ganamos. Este es un elemento que someto a
la reflexión de todos los que podemos tener un interés en este sector.
Hay otras acciones para devaluar, por así decirlo. Hasta técnicamente
está demostrado que el mosto concentrado y rectificado permite alcanzar
esa graduación mínima sin que se produzca ningún deterioro en la calidad
del producto, ni mucho menos, si se exige exactamente. Yo creo que
tenemos mucho que hacer en esta materia para conseguir algo. Por lo menos
que lo que es la práctica cultural se refleje en el propio etiquetado de
la botella, lo que es un tema muy difícil; incluso se le ha pretendido
dar la vuelta: de decir vino chaptalizado a decir vino sin chaptalizar,
lo cual es también muy difícil de aceptar.
Hay otra reflexión para hacer, y en el debate
comunitario está presente. Esos vinos desgraciadamente se consumen; es
decir, esos vinos no se destilan, no tienen que ir a la destilación,
repito, se consumen. Es mucha labor ante el consumidor, de una enorme
tradición también en esos países, Francia, que es una nación intermedia
en el debate, y de hecho yo he visto manifestaciones de los viticultores
del sur en la línea de los viticultores españoles, al final, su posición
la han hecho prevalecer los viticultores del norte. Esto es así. Hace ya
más de un año, en reuniones de todas las organizaciones vitivinícolas y
cooperativas del Mediterráneo comunitario, de Francia, de Italia, de
Grecia, de Portugal y de España, se hizo un comunicado conjunto
pronunciándose en contra de la chaptalización. Al final, el Gobierno
francés se ha pronunciado a favor, no en los límites actuales, sino que
ha prevalecido el peso de los países del norte. El debate está abierto.
Para nosotros es un tema enormemente importante, como señalaba al
principio de mi exposición y, desde luego, le puedo garantizar que el
sector tiene tal importancia en la agricultura española que el Gobierno
va a pilotar el asunto y no va a estar a remolque de los acontecimientos.
Se lo puedo garantizar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreiro.
--SOBRE GARANTIAS DE LA CALIDAD DE LA CARNE IMPORTADA EN CANARIAS SIN
ESTAR HOMOLOGADA POR LOS MATADEROS COMUNITARIOS EUROPEOS, EN VIRTUD DEL
REGIMEN TRANSITORIO DE APLICACION HASTA FINALES DEL AÑO 1993. FORMULADA
POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/000078.)
--SOBRE VALORACION DEL REGIMEN ESPECIAL DE IMPORTACION DE CARNES EN
CANARIAS DESDE EL 1 DE JULIO DE 1992. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO
BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/000081.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a las siguientes preguntas.
Yo solicitaría del señor Soriano si, dado que tienen prácticamente el
mismo carácter, podría agrupar las preguntas segunda y tercera, referidas
a la carne importada en Canarias. ¿Las acumula, señor Soriano?
(Asentimiento.)
Muchas gracias, señor Soriano. Tiene la palabra para formularlas.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, a finales de la
anterior legislatura, este Diputado había formulado una pregunta del
mismo tenor de las ahora presentadas, y que, como es obvio, por la
disolución de las Cámaras no tuvo respuesta. En todo caso, con fecha 24
de marzo comparecía en esta Comisión el Ministro de Agricultura, con
motivo de una petición de comparecencia, para explicar precisamente la
situación de la entrada masiva, y posiblemente ilegal, de carne destinada
al consumo humano en las Islas Canarias.
El Consejero de Agricultura de la propia Comunidad Autónoma --resumiendo
muy brevemente lo dicho en aquella sesión-- había manifestado en los
medios de comunicación que han producido beneficios incalculables las
importaciones de carnes en las Islas Canarias a simples especuladores
dispuestos a comprar a cualquier oferta en los mercados internacionales.
Es de sobra conocido que están entrando en Canarias carnes procedentes de
Zimbawe, Brasil, Polonia, Checolovaquia, incluso algunas carnes
procedentes de territorios en los que existe la sospecha de que se
encuentren afectados por la catástrofe nuclear de Chernobyl. Entran en
Canarias animales vivos que son puestos en cuarentena para venderse
después como carne fresca al consumidor canario. Casualmente, o
curiosamente, como el Ministerio de Agricultura no tiene lugares para
recibir este ganado, lo tienen los propios importadores en fincas de su
propiedad, con escaso control por parte del Ministerio de Agricultura.
Incluso se puso de manifiesto en aquella ocasión cómo una empresa,
Sercan, de la que forma parte como asesora la esposa de un alto cargo del
Ministerio de Agricultura, participaba en este asunto, y el Consejero de
Agricultura manifestó entonces en la prensa el fraude comercial en los
muelles de las islas, que se han convertido en una especie de cloaca
donde han metido productos de alcantarilla, y cito palabras textuales.
Responsables de la Consejería de Agricultura de Canarias entienden que el
actual sistema de competencias en este ámbito resulta poco transparente,
genera fricciones entre ambas Administraciones y adolece de falta de
coordinación.
El Director territorial del Ministerio dice que la Consejería no tiene
competencias; la Directora General de Producción y Capacitación Agraria
mantiene que realizará el análisis y el diagnóstico de posibles
enfermedades del ganado que entró en determinada fecha en los muelles de
Canarias, puesto que existe la sospecha de que no estén vacunados contra
la glosopeda. El Director territorial del Ministerio afirma que la
Consejería se extralimita, ya que la carne procede de terceros países.
Aduanas también tiene participación en el asunto y hay disparidad de
criterios entre Aduanas, que lo considera ganado de engorde, y la propia
Consejería, para la cual es ganado de abasto.
Yo no voy a hacer referencia aquí a las múltiples noticias de prensa en
las que se señala con exactitud los barcos que han entrado con partidas
de ganado del que se sospecha que venga con enfermedades, y supongo que
el señor Secretario General tendrá datos concretos sobre la producción
que ha entrado en Canarias. No voy a hacer referencia aquí a una serie de
cartas de la Jefa de la Inspección Veterinaria de Sanidad Animal y de la
Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Virginia Vigo, que
remitió en agosto y septiembre del pasado año a sus superiores en
relación con la importación de carnes procedentes de terceros países,
mostrando
su extrañeza porque las solicitudes individuales de cada importador
vienen acompañadas de certificados zoosanitarios que no se han tramitado
a través de la Inspección Veterinaria, como es habitual, sino que vienen
directamente de la Subdirección General de Sanidad Animal, firmados por
Hilario Vallejo. En el oficio remitido a la Dirección Provincial,
Virginia Vigo aseguraba haber constatado que ambos mataderos no están
facultados por la Comisión Europea para autorizar la exportación de carne
fresca de porcino a territorio comunitario.
El Ministro, en definitiva, a todas estas afirmaciones nos vino a indicar
en aquella sesión que el problema deriva de que Canarias entra en el
Poseicán y el régimen que se aplica es una orden del año 1989, de acuerdo
con la cual hay homologación de mataderos nacionales, y que a partir
--decía el Ministro-- del 1 de julio de 1992, automáticamente se
consideran homologados todos aquellos mataderos que homologa, a su vez,
la Comunidad. Decía el Ministro que la Consejería de Agricultura de
Canarias --recordemos que en aquella fecha estaba gobernando en Canarias
el Partido Socialista en coalición con las Agrupaciones Independientes de
Canarias-- pedía un régimen excepcional entre el 1 de julio de 1992 y el
31 de diciembre de 1993. De ahí que una de las preguntas vaya encaminada
a la valoración del régimen especial de importación de carne de Canarias
desde el 1 de julio de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1993, en que,
como digo, acaba este régimen transitorio, según nos explicó el Ministro
en aquella comparecencia.
Decía el Ministro, asimismo, que hubo incluso peticiones de comerciantes
y transformadores canarios para que se mantuviese el régimen excepcional
que existía anteriormente, que el Consejero de Agricultura había
solicitado que se suprimiese el período transitorio y que el Ministerio
de Agricultura estaba dispuesto a suprimirlo, con lo cual no se
producirían este tipo de importaciones atípicas. La conclusión a la que
finalmente llegó el Ministro es que era incorrecto el sistema de
autorizaciones telefónicas de los servicios centrales hacia la Directora
Provincial de Agricultura y que lo lógico era que las autorizaciones se
hicieran por escrito; en todo caso, el Ministro decía que se iba a
vigilar la existencia de estas irregularidades. Después de la
comparecencia, a lo largo de todos estos meses --y mi pregunta fue
formulada en el mes de septiembre, nada más iniciarse la legislatura--,
se vienen denunciando con frecuencia.
Así, en el mes de junio se denuncia un foco de leucosis (leucemia bovina)
en Vecindario, localidad de Las Palmas de Gran Canaria, con ganado
procedente de Lituania. En el mes de junio llegan a Santa Cruz de
Tenerife 117 toneladas de carne congelada de porcino procedente de
Brasil, en unas extrañas circunstancias de las cuales se hizo eco la
prensa, y ante el conflicto que planteó aquella importación de ganado,
Sanidad Exterior da orden de paralizar la expedición de esta carne
congelada de cerdo procedente de Brasil, pero ni los compradores en las
islas ni los intermediarios se hacen cargo de la mercancía. Los
importadores de las islas no acuden a retirarla ante la imposibilidad de
introducirla en territorio comunitario y los intermediarios tampoco. Se
cuenta en la prensa cómo, puestos en contacto los periodistas con la
representante de «Tenfoods» en Madrid, que era la empresa de referencia,
atendió al teléfono una mujer llamada María del Carmen, quien dijo que la
mercancía viene consignada a la orden, y únicamente como dato de
notificación aparece la empresa panameña, que está perfectamente
constituida y registrada. Al preguntársele sobre su relación con esta
compañía, afirma que «el frigorífico» --refiriéndose a la empresa
brasileña-- «cargó este tipo de mercancía notificada a nosotros. Yo
simplemente hago una representación comercial a esta gente».
En otro momento de la conversación se refirió a Pelagrao Trading Limitada
de Brasil, que fue quien cargó este embarque bajo su propia iniciativa.
Para no cansar a SS. SS., digamos que, al final, no hay quien recoja esta
carne, y de los documentos que se acompañaban a la misma aparece el
número de registro sanitario 4007384 GC, lo cual significaba que la
mercancía pudiera estar producida anteriormente al cambio de la
normativa, según explicaciones al respecto. Consultado el Registro
General Sanitario del Ministerio de Sanidad, resultó que ese número se
corresponde con Cárnicas Guanche, empresa radicada en Las Palmas de Gran
Canaria. Al final de toda esta historia, esta carne no puede entrar en
Canarias, puesto que hubo esta serie de denuncias, parece que se encamina
hacia Suecia y sigue pendiente el problema de saberse dónde ha ido,
porque no hay garantías de que en las Islas Canarias no esté entrando,
como digo, carne en las peores condiciones.
En el mes de julio se amplían denuncias que se habían presentado ya en
los juzgados sobre la presunta importación de carne porcina procedente
del Brasil; se denuncia también que dieciséis contenedores se encuentran
en paradero desconocido; se anuncia la entrada de jamones procedentes de
Hungría, país no comunitario y del que está expresamente prohibida por la
Comunidad Europea la adquisición de carne de porcino; tanto Hungría como
Bulgaria están en la lista negra de la Comisión de la Comunidad Europea
por las afecciones que produce su cabaña ganadera, enfermedades que son
fácilmente contagiosas al ganado de las islas una vez que la carne entra
en las Islas Canarias...
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, vaya concluyendo, por favor.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Sí, señor Presidente.
Resulta, por consiguiente, inexplicable que no se revisen los manifiestos
de carga de los buques --y comprendo que aquí hay varias administraciones
interviniendo en el asunto--, única forma, en definitiva, de conocer la
procedencia de las mercancías, puesto que los consignatarios fácilmente
pueden alterar en sus documentos el puerto de origen y declarar otro
distinto sólo por el hecho de que el barco haga escala en algún puerto
comunitario; es decir, se puede dar la circunstancia de que barcos
procedentes de países no comunitarios y con estos problemas en el
ganado, toquen en puerto comunitario, de allí vayan a Canarias e indiquen
como procedencia ese último puerto comunitario. Por supuesto es Sanidad
Exterior quien puede exigir estos manifiestos, y al parecer este
organismo está bajando la guardia en las barreras sanitarias.
A la vista de todas estas irregularidades que muy sucinta y rápidamente
he tratado de exponer, me gustaría que el señor Secretario General de
Producciones y Mercados nos diese garantías de que la calidad de la carne
importada en Canarias sin estar homologada por los mataderos comunitarios
europeos, en virtud del régimen transitorio actualmente en aplicación, es
una carne perfectamente apta para el consumo humano, y al propio tiempo
me gustaría saber qué cantidades de carne han entrado en este período,
desde el 1 de julio, en Canarias y qué valoración hace el Ministerio --o
el Gobierno en definitiva, porque, como digo, éste es un asunto que
afecta a distintos Departamentos-- del régimen especial de importación de
carnes en Canarias desde la indicada fecha del 1 de junio de 1992.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Voy a contestar a la pregunta, y la pregunta oral es: ¿Garantiza
el Ministerio de Agricultura la calidad de la carne importada en Canarias
sin estar homologada por los mataderos comunitarios europeos en virtud
del régimen transitorio de aplicación hasta finales de 1993? Sí. Como S.
S. conoce --y en la comparecencia del anterior Ministro de Agricultura,
don Pedro Solbes, en marzo de 1993, se contestó a esto--, en Canarias las
organizaciones comunes de mercado no eran aplicables cuando España entra
en la Comunidad Económica Europea; sí la política de estructura, pero no,
repito, la política de mercado. Entonces se establece un régimen
específico, porque a esos efectos Canarias es un país tercero dentro de
la Comunidad, y un decreto español autoriza que, aparte de los mataderos
homologados por la Comunidad Económica Europea, los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo tienen capacidad
legal, en virtud de un decreto, para homologar determinados mataderos, y
esa es la realidad que ha estado vigente hasta la entrada en vigor del
Poseicán. Al entrar en vigor el Poseicán el 1 de julio de 1992, la
aplicación general es la comunitaria, y se abre un período transitorio
que va a durar hasta el 31 de diciembre de 1993, durante el cual sigue
vigente el decreto español. Primera pregunta respondida.
Segunda pregunta que hace S. S.: ¿Qué valoración hace el MAPA del régimen
especial de importación de carnes en Canarias? Lo valoramos como muy
positivo. Según el régimen específico de abastecimiento, se deciden las
cantidades a importar, que son sometidas a revisión; son propuestas por
el Gobierno central de conformidad con las autoridades de la Junta de
Canarias y aprobadas en los correspondientes comités de gestión. El
sistema no difiere tanto del que estaba vigente antes de la incorporación
de Canarias a la política agrícola común, es decir, se puede seguir
abasteciendo a precios del mercado mundial o de producto comunitario, con
unas ayudas que son las contempladas en el REA, que sustituyen a las
antiguas restituciones que existían, porque entonces Canarias, a estos
efectos, era país tercero.
Ciñéndome a la carne de vacuno, a la que se ha referido S. S., las
cantidades que se fijaron en el primer período que iba del 1 de julio de
1992 al 30 de junio de 1993, fueron 9.000 toneladas, posteriormente
ampliadas a petición de las autoridades canarias en 1.200 y, por
supuesto, de los operadores canarios; carne congelada, 27.000; preparados
y conservas, 2.500; reproductores de raza pura, 4.300. Se expidieron
certificados por las siguientes cantidades: de la carne fresca, que eran
10.200 en total, 10.199; de la carne congelada, 27.000 en total, 26.815;
de los preparados sin conservas, que eran 2.500 en total, 1.722, y de los
4.300 reproductores de raza pura, equivalente en toneladas, 4.212. Eso
fue el primer año.
El segundo año aún no está culminado. Se ha comenzado el 1 de julio y las
cantidades iniciales fueron: 12.000 toneladas de carne fresca (se han
incrementado ligeramente con relación al año anterior); carne congelada,
las mismas 27.000; 2.800 en preparados y conservas y en animales de raza
pura, 4.300. Hasta el mes de septiembre (son los últimos datos que en
este momento tengo disponible) de carne fresca se han importado 4.000
toneladas; de carne congelada, 7.837; de preparados y conservas, 597; de
animales vivos, 600. Esto es la aplicación del REA.
Sobre lo demás que ha dicho S. S., me va a permitir que le recuerde una
frase del Ministro Solbes, y persona tan moderada como él es difícil de
encontrar: calumnia que algo queda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Aquí nadie ha pretendido calumniar, por
consiguiente, no queda nada. Lo único que he dicho son unos hechos
incontestables de una correspondencia de la Directora Provincial del
Ministerio de Agricultura con sus superiores, indicando que estaba
recibiendo instrucciones por teléfono, y el propio Ministro Solbes
reconoció que en lo sucesivo se habían dado instrucciones para que eso se
hiciera por escrito. De manera que aquí, repito, nadie ha calumniado.
Aquí lo único que hemos hecho es constatar una realidad que se ha puesto
de manifiesto en todos los medios de comunicación de Canarias e incluso
de ámbito nacional. Insisto, nadie ha pretendido calumniar.
Indudablemente, aquí no se nos ha dicho nada de una serie de
circunstancias donde ha habido denuncias muy concretas. Leo en la prensa
que, a causa del insoportable hedor que emana desde hace unos meses de la
granja de engorde de ganado vacuno «La Vereda», situada en el término del
Camino del Verdugo en la localidad de Vecindario de Gran Canaria, ha sido
detectado por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería del Gobierno autónomo un
foco de leucosis (leucemia bovina) en un número considerable de las reses
allí estabuladas, unas 1.300, procedentes de Lituania. Esto tampoco es
calumniar; éstos son hechos que han sido denunciados en la prensa. Y como
éste le podría citar muchos que ahorro a S. S. reproducirlos, puesto que
se están denunciando por la propia Consejería y se están recogiendo todos
los días en los medios de comunicación de Canarias.
De manera que sobre la calidad y las garantías de esta carne sólo ha
dicho el señor Secretario General que las hay, pero no nos ha demostrado
ninguna prueba.
Yo comprendo que hubiese sido una fácil salida para el señor Secretario
General decir que no todas las competencias están en el Ministerio de
Agricultura, y que desde su perspectiva la realidad es ésta. Pero es que
mi pregunta no va formulada al Ministerio de Agricultura. Yo la formulé
al Gobierno, precisamente porque sabía que aquí intervenía Sanidad
Exterior, Aduanas y Comercio Exterior, es decir, una serie de organismos
entre los que yo denuncio que en esta materia hay escasa coordinación, y
puede ocurrir que alguno de ellos esté actuando de conformidad con la
ley, pero no en todos los casos existe esta conformidad.
Insisto, todos los días están saliendo en la prensa de Canarias hechos
concretos y constatados de carnes en malas condiciones que son
denunciados ante los medios de opinión, pero no se adoptan medidas, y a
eso el señor Secretario General no me ha contestado. Por tanto, aquí
nadie ha calumniado; he citado, repito, hechos concretos, y el señor
Secretario General no ha respondido con realidades concretas a estos
hechos denunciados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Yo me he limitado a transcribir lo que en la comparecencia de
marzo de 1993 el entonces Ministro de Agricultura dijo como conclusión de
su intervención, porque S. S. está volviendo a los hechos, básicamente,
de diciembre de 1992, donde el Ministro de Agricultura de entonces, señor
Solbes, ordenó una investigación en base a las noticias que habían
aparecido. Como resultado de esa investigación (porque S. S. ha salpicado
todo de muchas insinuaciones) los inspectores del Ministerio dicen lo
siguiente: No procede iniciar ninguna actuación disciplinaria puesto que
del estudio de los expedientes y de toda la información complementaria
recabada no procede hacerlo, al no haber encontrado pruebas o fundados
indicios de ilegalidad o irregularidades que lo justifiquen. Esta es la
conclusión básica.
Sobre las competencias yo le podría decir muchas cosas. Usted manifiesta
que las competencias existen porque hay un funcionario que dice que las
tiene Canarias. Las competencias en materia de inspección las pueden
tener tanto las autoridades del Ministerio de Agricultura, que están en
Canarias, como los propios servicios centrales. Las precisiones que hizo
el Ministro Solbes eran en cuanto al método de traspaso de la información
entre Madrid y Canarias. Pero esos defectos que existían se han ido
subsanando.
En cuanto a las manifestaciones, que una vez son a favor y otras en
contra, que tenía la Junta de Canarias, yo me voy a permitir leerle una
carta que el Viceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, señor
Arroyo Alonso, me dirige con fecha 23 de diciembre, como Secretario
General, entonces, de Producciones y Mercados Agrarios. Dice: Adjunto
para tu conocimiento el comunicado oficial que hemos enviado al periódico
(no procede decir cuál es) para su publicación. Lamento este incidente y
deseo que la guerra entre funcionarios no empañe las relaciones
institucionales entre las dos Administraciones. Aprovecho esta ocasión
para agradecerte el gran esfuerzo que estás realizando en esa Secretaría
General en el desarrollo del Poseican y de la OCM del plátano.
El comunicado oficial que remitió el Gobierno de Canarias dice: Ningún
órgano político ni unidad técnica de este Departamento ha realizado las
manifestaciones que se atribuyen a responsables de la Consejería de
Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, por lo que ésta no asume ni
se hace responsable de las referidas manifestaciones. La Consejería de
Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias no tiene ninguna constancia
de actuaciones irregulares llevadas a cabo por los servicios de Sanidad
Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las competencias en
materia de sanidad animal con países terceros son de la Administración
central del Estado, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 3.538/81,
de 29 de diciembre, por el que se transfieren competencias en materia de
agricultura a la Junta de Canarias. La Consejería de Agricultura y Pesca
en ningún momento ha solicitado la ampliación de sus competencias en
materia de sanidad animal. La actual distribución de competencias está
claramente definida, por lo que nunca ha habido conflicto competencial
entre las dos Administraciones, manteniéndose una relación armoniosa
entre la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, la
Dirección territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en Canarias, y la Consejería de Agricultura y Pesca del
Gobierno de Canarias. Tenerife, 23 de diciembre de 1992. Rosario Fresno
Baquero, Directora General de Producción y Capacitación Agraria. (El
señor Soriano Benítez de Lugo: Se nota que el PSOE gobernaba entonces.)
--SOBRE RESULTADO Y PERSPECTIVAS DEL FUTURO DE LA ORGANIZACION COMUN DE
MERCADO PARA EL PLATANO CANARIO DESDE SU IMPLANTACION EN EL 01/07/93.
FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000122.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la
cuarta pregunta, formulada por el señor Soriano, sobre resultado y
perspectivas del futuro de la Organización Común de Mercado para el
plátano canario desde su implantación el 1 de julio de 1993.
Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Desde el 1 de julio de 1993 ha entrado
en vigor la Organización Común de Mercado del plátano, que entonces fue
vendida como un éxito y así se entendió en general en Canarias, pero que
los resultados prácticos distan mucho de aquella realidad. Digamos que
los objetivos de esta Organización Común de Mercado, en síntesis,
consisten en una preferencia comunitaria para garantizar que los países
productores de plátanos puedan comercializarlos en el mercado europeo en
condiciones que resulten rentables para el agricultor y el respeto a las
obligaciones internacionales de la Comunidad Europea, manteniendo las
corrientes tradicionales con terceros países. Se han aprobado ya dos
reglamentos, quedan pendientes todavía otros dos, según tengo entendido,
y la realidad es que en estos momentos la zozobra está muy extendida
entre los agricultores plataneros, que no saben si el plátano se va a
poder seguir manteniendo como un cultivo rentable o si, por el contrario,
habrá que ir pensando en arrancar la platanera.
La realidad es que la producción platanera en Canarias está disminuyendo
de forma alarmante (el plátano canario representa en la actualidad el 50
por ciento de la producción comunitaria y el 12 por ciento del total del
consumo de plátanos en la Comunidad Europea) y a partir del 1.º de julio
pasado se crea una situación nueva con la entrada en vigor de la
Organización Común de Mercados, que si bien restringe el 20 por ciento la
entrada del plátano-dólar latinoamericano en la Comunidad Europea vía
contingentación, al mismo tiempo libera el mercado peninsular, cautivo
hasta entonces para el plátano canario.
El consumo actual de plátanos en la Comunidad Europea, según las últimas
informaciones que poseo, asciende a tres millones y medio de toneladas al
año, de las cuales el 24 por ciento corresponden a la producción
comunitaria, el 18 por ciento a producciones de los países ACP y el 58
por ciento restante a producciones de la zona dólar. El subsector
platanero como es conocido, ocupa en las islas unas 9.000 hectáreas de
superficie, con una producción que ronda las 365.000 toneladas anuales en
la actualidad (cuando se discutió la Organización Común de Mercados se
situaba en las 400.000 toneladas, con lo cual hay un descenso
considerable) y una facturación del orden de 40.000 millones de pesetas.
En estos momentos se están observando grandes descensos en la producción
y en la exportación, y la reestructuración del sector pasa sin duda
alguna por la calidad de la fruta enviada y por la mejora de las
estructuras comerciales, de tal forma que, según las noticias que
tenemos, sólo las calidades extra y los cultivos de invernadero podrán
ser rentables en lo sucesivo.
El problema fundamental se presenta a efectos de obtener en el mercado
unos ingresos suficientes, de tal forma que no se coloque a los
agricultores canarios en peor situación de la que tenían en los
organismos nacionales de mercado donde se establece una ayuda
compensatoria para ellos que cubra las pérdidas de ingresos que puedan
derivarse de la aplicación de la Organización Común de Mercados. Como
consecuencia de la situación estructural «sui generis» de la producción
canaria, con costes de producción no competitivos y con el fin de
mantener para el productor unos ingresos adecuados, el artículo 12 del
Reglamento 404/93 de la OCM, establece la ayuda compensatoria por la
pérdida de ingresos y estima mantenerla durante el tiempo que las medidas
de ayudas estructurales no lleguen a ajustar la situación actual de
costes con un aumento de la productividad y mejora de las calidades.
Me ahorro indicar exactamente cuál es el precio garantizado al
agricultor, aunque tengo realizados los cálculos, pero la realidad es que
existen una serie de preguntas concretas cuya respuesta conviene conocer
en estos momentos. Si se da el supuesto --casi probable-- de que el
precio medio comunitario con que se compense al agricultor canario y la
ayuda por pérdida de renta sea aún inferior a dicha media en determinadas
zonas de la isla, ¿se defenderá una ayuda compensatoria conforme
determina el artículo 12, apartado 6, del Reglamento 404/1993, del
Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se establece la OCM en el
sector del plátano?
Tengamos en cuenta además --y esto es muy importante-- que las empresas
importadoras de plátano del área dólar, al haber perdido una cuota de
mercado (con todo el problema pendiente del GATT, etcétera, como de sobra
se conoce), están provocando la distorsión de los mercados, de tal forma
que se inunda el mercado peninsular de plátanos al objeto de que los
precios bajen y, por el contrario, en países como Holanda o Alemania, se
restringe la importación del plátano, al objeto de que en esos países se
encarezca la producción y se combata el actual sistema.
Tenemos noticias de que la fruta importada que llega a los muelles
peninsulares procedentes de países del área dólar están entrando con un
sobrepeso de unos dos kilos por caja (según rumores en este sentido,
aunque no lo puedo afirmar) y por tanto sin declarar ni pagar el
correspondiente arancel. ¿Cuál es el control que se está ejerciendo sobre
este particular teniendo en cuenta que puede significar un aumento de
200.000 toneladas más dentro del contingente? ¿Se está ejerciendo el
suficiente control en los puertos peninsulares para que todos los
plátanos que entren del área del dólar vengan amparados por su licencia
correspondiente y por tanto estén dentro del contingente? ¿Se está
controlando por el organismo competente los plátanos que entran en
Europa, en tránsito hacia otros países, y el que éstos lleguen a buen
fin? Estas son preguntas que es preciso responder para la tranquilidad de
los agricultores.
Por otro lado --y como supongo que de sobra conocerá el Secretario
General--, el problema fundamental que se presenta en este tema es el de
las licencias. Hay que
conseguir la modificación de los criterios de distribución de los
certificados de importación (vulgarmente conocidos como licencias)
contemplados en el Reglamento de la CEE 1442/93, de 10 de junio. La nueva
Organización Común de Mercados debe permitir que tanto los plátanos
producidos por la Comunidad como los procedentes de los estados ACP, que
son los tradicionales abastecedores de aquélla, tengan salida al mercado
comunitario, proporcionando unos ingresos adecuados a los productores y a
precios equitativos para los productores y consumidores.
La situación actual en la distribución de licencias es la siguiente: el
57 por ciento para las empresas comercializadoras de plátanos, el 28 por
ciento para los almacenistas y el 15 por ciento restante para los
receptores. Dicha distribución, aunque sea legal y acorde con los
reglamentos comunitarios, está produciendo graves problemas que estoy
seguro de sobra conoce el Secretario General. Sin duda, la asignación de
licencias, según el sistema actual, es fruto de una interpretación
restrictiva de la Dirección General de Comercio Exterior, y sorprende
que, al contrario que en otros países comunitarios productores como
Francia (sabemos que la producción comunitaria procede fundamentalmente
de Martinica y Guadalupe), Portugal o Grecia, sea el Ministerio de
Comercio y no Agricultura el Ministerio encargado de elaborar la lista de
operadores y de cantidades comercializadas.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Acabo enseguida, señor Presidente.
Parece que en nuestro país se prima más la comercialización que la
producción, y éste es un tema que resulta necesario resolver. Se abre la
posibilidad de convertir al productor en operador y por tanto
beneficiario de unos derechos que hoy están sólo en manos de los
intermediarios pero que en justicia le corresponden al productor. No es
tampoco lo más deseable ya que la concesión de licencias a los
agricultores favorecería sin duda la formación de organizaciones de
productores, objetivo claro perseguido por la OCM. La designación de
licencias, según el sistema actual, está dificultando la creación
inmediata de organizaciones de productores plataneros puesto que los
exportadores poseedores de las licencias amenazan a los agricultores con
privarles de los beneficios de las mismas si dejan de entregarles los
plátanos para su comercialización. A mí me gustaría saber cuál es la
postura del Ministerio de Agricultura. Insisto en que la competencia en
España la tiene atribuida el Ministerio de Comercio mientras que en otros
países está en el de Agricultura. Tal vez el Secretario General va a
decirnos que esto no compete a su departamento, pero la pregunta iba
dirigida al Gobierno.
Nosotros proponemos la creación de una comisión mixta, con representantes
de los agricultores, del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de
Agricultura del Gobierno de Canarias, con el fin de que solucione con
urgencia este problema de vital importancia para la continuación del
cultivo del plátano. Espero y deseo que el Secretario General nos dé
respuesta a un asunto de la máxima actualidad en estos momentos y que
preocupa a los agricultores plataneros porque no saben si el plátano va a
tener futuro o si, por el contrario, hay que empezar a pensar en
arrancarlo ya que, hasta la fecha, los resultados de la Organización
Común de Mercados dejan mucho que desear.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el
señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Su señoría me va a permitir que le diga que la cosa va tan mal
que, como usted mismo ha dicho, hay bofetadas por hacerse con las
licencias. (El señor Soriano Benítez de Lugo: No los agricultores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, le ruego que no interrumpa.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): La Organización Común del Mercado para el plátano, como S. S.
muy bien conoce, entró en vigor el 1.º de julio de 1993, es decir, han
transcurrido cuatro meses y veinticuatro días desde su implementación, y
hacer una valoración definitiva sería absolutamente prematuro dado el
poco tiempo que ha transcurrido. Incluso una serie de elementos que han
aparecido en esta primera fase, en buena lógica, serán corregidos de una
manera natural, no por necesidad de cambios en la normativa nacional de
desarrollo de la reglamentación comunitaria, sino porque se asienten un
poco las cosas a una nueva realidad, y nuestros productores y nuestros
operadores comerciales sepan actuar en un nuevo marco. Pasar de un
mercado cautivo, en poder de determinados productores y determinados
operadores comerciales, a un sistema que está más abierto a la entrada de
productos de fuera de la Comunidad y como actuación de operadores no
españoles sino operadores internacionales o comunitarios, supone un
período de adaptación que ha llevado a cierta incongruencia en algunas
situaciones que se han planteado, que, en parte, S. S. las ha señalado,
pero la motivación no es la que S. S. ha tratado de explicar.
Paradójicamente, el mercado español ha bajado el 10 por ciento, más o
menos, no mucho, y, por contra, el mercado del plátano-dólar en el
mercado comunitario, es decir, en los países no productores, ha aumentado
el 30 ó 40 por ciento, lo cual es un tema que nos preocupa si hubiera una
estabilización, porque induciría a Alemania (lo que ya ha hecho) a
plantear dos veces en el Comité de gestión que las cantidades del
contingente de dos millones es insuficiente y hay que ampliarla.
La realidad, como S. S. sabe, no es ésa, la realidad es que los
operadores españoles que tienen el 30 por ciento de participación en ese
contingente comunitario no se
han adaptado aún a la nueva situación, es decir, no han sabido encontrar
los canales adecuados para colocar ese 30 por ciento en el mercado
comunitario y en cierta medida lo han entregado en parte en el mercado
español. Yo creo que eso será corregido en breve plazo.
La competencia es de la Dirección General de Comercio Exterior (yo no voy
a eludir imputándole a otro departamento ministerial el tema), pero,
desde el punto de vista de la organización del Estado español, el
comercio exterior es competencia del Ministerio de Comercio y Turismo. En
este caso, no es una competencia del Ministerio de Agricultura el
comercio exterior con países terceros, para las importaciones de
plátano-dólar.
Otra cosa sobre si la calificación de esos operadores tienen derecho a
ese 30 por ciento del contingente (reparto que se hizo, como S. S. sabe
muy bien, en Comité de gestión) es el más apropiado o no, ese es un tema
en que yo no me manifesto absolutamente cerrado, y desde luego le
garantizo el interés del Ministerio de Agricultura porque las cosas se
desarrollen con la máxima normalidad. Así lo haremos saber y lo estamos
haciendo tanto cara al propio sector como cara al propio Ministerio de
Comercio, porque una cosa es que la competencia de decisión sea del
Ministerio de Comercio, pero el Ministerio de Agricultura ha estado
siempre presente en todas las conversaciones que ha habido en el sector.
Como, en su caso, cuando se debatió la Organización Común del Mercado
para el plátano, que era una competencia básicamente del Ministerio de
Agricultura, sí hubo una colaboración muy estrecha tanto por parte del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Me va a permitir S. S. que como reflexión final le diga que aún es
prematuro hacer una valoración de los pequeños accidentes de recorrido
que ha podido haber en estos cuatro meses y que el sistema en cuanto a
uno de los pilares básicos que tenía la OCM que eran las ayudas está
funcionando perfectamente. Como usted sabe, hay una ayuda que se puede
estimar inicialmente por pérdida de renta, del orden de 36 pesetas por
kilo y que la ayuda se da en seis avances. El primer avance ya se ha
pagado, con lo cual los productores de plátano del avance julio y agosto
han recibido 1.335 millones de pesetas (la sexta parte de lo que van a
recibir); el avance correspondiente a los meses de septiembre y octubre
no lo hemos pagado, no hemos remitido el dinero a la Junta de Canarias
porque aún no nos ha remitido la documentación. El plazo para la
solicitud del avance era hasta el día 10, aún no han pasado ni dos
semanas, pero en cuanto se reciba será pagado.
Creo que en la reforma de la OCM hay que hacer una valoración muy
positiva. Incluso le diría, a fuerza de ser sincero, que yo tenía mis
dudas de que el resultado final del debate sobre la OCM del plátano fuera
del tenor de lo conseguido. Lo digo sinceramente. Es cierto que del lado
de los países productores había un peso específico importante, porque
estaban países como el nuestro, estaba Francia, estaban también Portugal
y Grecia en menor medida, estaba el Reino Unido, que, por el tema de los
países ACP, se puso del lado de los países productores de plátanos, pero
enfrente teníamos a Alemania con lo que todos sabemos significaba la
comercialización de ese producto en el mercado alemán y en el de los
países del Benelux.
Hemos conseguido una OCM que tiene tres componentes básicos del tenor
siguiente: Primero, una ayuda por pérdida de renta. Le decía que el
cálculo del primer año son unas 36 pesetas por kilo. A S. S. que sabe muy
bien los kilos que se producen en una hectárea de platanera le rogaría
que haga en su casa el cálculo de los miles, los cientos de miles y casi
de millones de pesetas que supone esa ayuda por hectárea, que no tiene
parangón en ninguna ayuda por hectárea que existe en las organizaciones
comunes de mercado de otros sectores. Haber conseguido una ayuda por
pérdida de renta, haber conseguido que el contingente sea de dos millones
de lo que tiene, por así decirlo, un «prélèvement», un arancel cero o
reducido, de dos millones, por debajo incluso de lo que se estaba
comercializando en ese momento en el mercado de los países comunitarios
no productores del plátano, pero es que, además, encima, para garantizar
la comercialización de los plátanos comunitarios y entre ellos el plátano
canario se estableciera un sistema de partenariado en donde la
participación en ese nivel de comercialización de dos millones sea para
los operadores de plátanos comunitarios del 30 por ciento. Realmente, le
tengo que confesar que, en un principio, nunca pensé que el resultado
final pudiera llegar a esa cifra, porque ese 30 por ciento, en base a que
los productores canarios han comercializado en los últimos años 387.000
toneladas, ha supuesto que puedan importar de ese 30 por ciento de dos
millones, que son 600.000, 172.000 toneladas, es decir, les permite
comprar cuarenta y cuatro kilos y medio de plátano-dólar por cada cien
kilos de plátano comunitario comercializados anteriormente. Yo creo que
es difícil no hacer una valoración positiva del resultado de esta OCM.
Las otras cuestiones --muchas las comparto-- que ha señalado S. S., yo
creo que son accidentes de recorrido en la fase de despegue de esta
Organización Común de Mercados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano. Brevemente, por
favor.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente. Yo estoy de acuerdo en
que la Organización Común de Mercado ha sido la única solución posible y,
en principio, planteada tal como lo ha hecho el señor Secretario, estamos
de acuerdo. Sin embargo, yo no soy tan optimista. He realizado ya los
cálculos que el señor Secretario ha hecho y no me salen exactamente
igual.
Fijados por la Comisión en 49,1 ecus los cien kilos comercializados en
1991 (ya sabemos que se pagan en función de la producción de años
anteriores), al cambio de 190,38 pesetas/ecu, después de las sucesivas
devaluaciones y estoy hablando en términos de hoy, resultan 93,47
pesetas/kilogramo a la puerta del almacén del empaquetado, según se
establece en el artículo 2.º 2 del
Reglamento 1858/93, de 9 de julio de 1993, que fijó la Comisión. Si a
este precio garantizado al agricultor a la puerta del almacén del
empaquetado, le descontamos 20 pesetas en que se calculan los gastos de
recogida y empaquetado, el agricultor debe percibir en teoría, como
mínimo, por toda la fruta que comercializa sin distinción de calidades,
73,47 pesetas kilogramo. Si a este importe le añadimos el valor de las
licencias, que al fin y al cabo lo percibirá el agricultor, obtendrá al
final del año agrícola de 80 a 82 pesetas por toda la fruta.
Al precio obtenido por el agricultor --y aquí está la clave del asunto--
hay que descontarle las 60 pesetas del cultivo. Es decir, no tenemos en
cuenta que en Canarias el territorio agrícola es limitado, que la mano de
obra es cara, que el agua es carísima, que los abonos son carísimos, que
las tierras están sobreexplotadas y que, en consecuencia, al precio que
de esas 80/82 pesetas que toda la fruta alcanza hay que descontar la
cifra de 60 pesetas, que es el coste del cultivo; si ponemos ahí todas
las cargas sociales, mano de obra, agua, abonos, etcétera, entonces
resultan no las treinta y tantas pesetas que decía el Secretario de
Estado, sino que a mí no me llegan más allá de 20 ó 22 pesetas de
beneficio por kilogramo de plátano producido y comercializado.
En cualquier caso, yo no digo que en teoría los precios sean medianamente
rentables. Por supuesto, hay que partir de la base de que tienen que ser
fincas de óptima calidad y que corresponde mucho al agricultor canario
optimizar al máximo su producción. Yo creo que el Gobierno tiene que
estar ojo avizor, que existe el problema de las licencias que comprendo
que no es competencia del Ministerio de Agricultura, aunque sí lo es en
otros países de la Comunidad Europea y es preciso resolver este punto y
que, sobre todo, el Gobierno tiene que estar muy pendiente de las
presiones que está habiendo por los países procedentes del área del
dólar, sobre todo a través de países como Holanda y Alemania, para
modificar la Organización Común de Mercado, sin decir ahora lo que podría
suceder en el supuesto de que el GATT se encamine por otros derroteros.
En definitiva, en líneas generales yo estoy de acuerdo con lo que ha
dicho el Secretario General, pero entiendo que mis cálculos no son tan
optimistas como los suyos y entiendo que, en todo caso, corresponde a la
Administración estar vigilando el desarrollo de la Organización Común de
Mercado y, sobre todo, orientando al agricultor canario en relación con
las posibilidades de mejorar los cultivos y, en definitiva, con el
objetivo de sacar la máxima rentabilidad.
El señor PRESIDENTE: El señor Barreiro tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Señor Presidente, voy a ser muy breve. No le quepa la menor duda
que las autoridades del Ministerio de Agricultura harán un seguimiento
permanente y con detalle de todas las incidencias o de todo el recorrido
de esta implantación de la nueva OCM del mercado del plátano. Yo se lo
puedo garantizar no solamente a nivel de la Administración
correspondiente al Ministerio de Agricultura, sino a nivel de la
Administración española en general.
Respecto a las tres patas que tenía esta OCM, insospechado en otras
organizaciones comunes de mercado, responde, como S. S. ha dicho, a las
características especiales que esta producción tiene en nuestro país o a
las que tiene en otros países comunitarios productores de plátano como
pueden ser Portugal y Francia. Usted ha definido una serie de condiciones
específicas, la mera condición de la insularidad ha hecho que haya habido
por parte de la Comunidad una respuesta tan favorable a este tema.
De la misma manera que haremos el seguimiento --es un reto que todos
tenemos y el sector productor de plátanos el primero-- yo insto a S. S. a
agruparse. Como S. S. sabe muy bien, se consiguió que las ayudas por
pérdida de rentas se aplicaran con carácter transitorio por dos años a
los productores individuales, y transcurrido ese plazo de dos años, los
agricultores para poder recibir esa ayuda (esa ayuda que está evaluada,
me voy a permitir reiterárselo a S. S., en 36,5 pesetas kilo por los
servicios de la Comisión) en el momento que los agricultores no estén
agrupados dejarán de percibirla. Creo que entre todos tenemos que hacer
un gran esfuerzo de concienciación no solamente porque la agrupación o la
no agrupación hace perder esa ayuda, sino porque agruparse es la mejor
manera de defenderse de esa confrontación que siempre existe en el mundo
agrícola entre el que produce un producto y el que lo comercializa. Es
más, una vez que estén agrupados, probablemente ellos mismos puedan
iniciar de una manera mucho más importante que en el momento actual la
propia comercialización del producto.
--SOBRE MEDIDAS PARA IMPEDIR LA COMPETENCIA DEL TOMATE MARROQUI CON EL
ESPAÑOL, Y EN ESPECIAL EL CANARIO, EN EL MERCADO COMUNITARIO EUROPEO.
FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ DE LUGO, GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 181/000123.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la quinta pregunta,
formulada por el señor Soriano, relativa a medidas para impedir la
competencia del tomate marroquí con el español, y en especial con el
canario, en el Mercado Comunitario.
El señor Soriano tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Esta misma pregunta la tenía formulada
en la legislatura anterior y debido a la disolución de las Cámaras no fue
respondida entonces, pero entiendo que la oportunidad de las
circunstancias que concurren en estos días hace conveniente su
contestación en el día de hoy.
En estos días los tomates canarios están sufriendo la mayor competencia
de su historia. En sólo tres semanas desde que comenzó la campaña
1993-94, los productores marroquíes han introducido en los mercados
comunitarios más de dos millones de bultos, frente a la evolución normal
de los canarios, con sólo 691.000 bultos; tengamos en cuenta que cada
bulto equivale a seis kilogramos. Las cifras ofrecidas por Bruselas, a
las que he tenido acceso, han provocado la alarma entre los agricultores
canarios: la totalidad de las organizaciones agrarias han comunicado la
gravedad de la situación a las distintas administraciones, tanto central
como autonómica. La clave de esta superexplotación marroquí está en la
permisividad de la Comunidad Europea. Hasta la tercera semana de zafra,
Marruecos ha experimentado incrementos permanentes: en la primera semana
(tengamos en cuenta que la zafra ha comenzado a principios de noviembre o
finales de octubre) Marruecos exportó 213.667 bultos, mientras que en la
zafra anterior, el pasado año había exportado sólo 6.000; en la segunda
semana ha exportado 605.883, mientras que el año pasado sólo exportó
50.600; y, en la tercera semana, 1.200.200, mientras que el año pasado
sólo había exportado 959.333.
Nos encontramos, pues, ante una situación insostenible. Si las
administraciones no adoptan en breve medidas urgentes, las producciones
canarias estarán al borde de la ruina. Una evolución como la desarrollada
por Marruecos es imposible de soportar durante más tiempo, ya que no se
están cubriendo los costes.
El Estado alauita supera en diez puntos el abaratamiento de sus cargas
sociales. Los inversores agrícolas disfrutan de exenciones fiscales hasta
el año 2002; el agua apenas representa carga económica alguna y las
perspectivas de desarrollo son amplias ante el futuro acuerdo de libre
comercio entre la Comunidad y el Magreb.
El doble de bultos enviado por Marruecos ha saturado los mercados
comunitarios, con lo que el precio ha caído considerablemente dado que en
esta época del año compiten con Canarias, la mayor productora hasta
ahora, no sólo la península sino también Marruecos, país no comunitario.
En medio de esta crisis el señor Ministro de Agricultura se permitía
decir hace poco en Canarias que en la zafra anterior no les fue tan mal a
los productores tomateros canarios porque crecieron las exportaciones de
tomate pese a la competencia marroquí y las duras condiciones del
mercado. No hace falta decir que los tomateros canarios han expresado su
rechazo a esas manifestaciones del señor Albero al que han acusado de
tener un desconocimiento total de la realidad del sector.
En esta situación se viene pidiendo desde hace tiempo la ampliación del
calendario de los precios de referencia, que se aplican a las
producciones de tomate que llegan a la Comunidad Europea procedentes de
terceros países, a fin de proteger la producción comunitaria. Y si esta
modificación no llega antes de que finalicen las negociaciones sobre el
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, a mediados de
diciembre, el asunto será todavía más complejo y difícil, y la fecha del
15 de diciembre está tocando a las puertas.
Los agricultores canarios están cansados de tantas promesas y lo que hace
falta es que la Comisión Europea cumpla de una vez con el mandato del
Consejo de Ministros, que ya se pronunció sobre el asunto. El próximo 2
de diciembre se reunirá el Consejo de Asuntos Generales de la Unión
Europea y allí es preciso defender con toda energía la modificación
urgente de los calendarios comunitarios de protección en frontera de
frutas y hortalizas antes de que se cierre la Ronda Uruguay del GATT
prevista, como digo, para el próximo 15 de diciembre. Es preciso aclarar
de una vez por todas si este subsector agrícola tiene futuro en Canarias
o si, por el contrario, es preciso ir pensando en abandonarlo. La
existencia de intereses contrapuestos en el seno de los Doce provoca que
las producciones holandesas y británicas, en los meses de primavera y
verano, a que corresponde su zafra, gocen de protección con contingentes
y precios de referencia frente a los cultivos extracomunitarios. Estas
ventajas no las tiene el tomate canario, que tiene que competir durante
su campaña exportadora, de noviembre a mayo, sin precios de referencia,
en igualdad de condiciones con Marruecos, terrible competidor del tomate
canario. La entrada de Canarias en la Comunidad Europea y en la PAC no ha
cambiado nada la situación; Canarias ahora es tan territorio comunitario
como Holanda o Inglaterra y, sin embargo, no se protege de igual manera
el tomate canario.
En el terreno político, nos encontramos con la actitud comunitaria de
privilegiar aún más las relaciones políticas y económicas con Marruecos,
principal socio no europeo de la Comunidad Europea, y la diplomacia
española participa plenamente en la potenciación de esas ayudas al vecino
país, propiciando el desarrollo de una región, el Magreb, política con la
que no estamos de acuerdo; pero es preciso, no cabe duda, tener en cuenta
que no sólo la amenaza de que se incremente la «exportación» --entre
comillas-- de emigrantes norteafricanos a Europa debe ser suficiente para
con esto perjudicar la exportación tomatera canaria.
En las islas ya se oyeron voces, cuando era Presidente el actual Ministro
señor Saavedra, instando a los empresarios a que inviertan en Marruecos,
y también el Comisario señor Marín se ha manifestado favorable a un trato
privilegiado con Marruecos, lo que sin duda alguna supone un grave
perjuicio para el tomate de las Islas Canarias. Mientras tanto, Madrid
parece jugar a dos bandas, asegura que velará por el futuro de las
producciones tomateras y critica el acoso alauíta pero no se manifiesta
con claridad en lo que respecta a lograr la preferencia comunitaria
también para el tomate nacional. Esta reivindicación es requerida con
urgencia por los productores tomateros canarios ante el peligro de que la
firma de los acuerdos del GATT «institucionalice» --entre comillas--, de
un modo difícilmente subsanable, el libre comercio de este producto.
Si las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre aranceles aduaneros y de
comercio se concretan en un
acuerdo el próximo 15 de diciembre y el tomate canario se queda sin
herramientas comerciales de defensa, el fin del tomate canario estará
próximo. Por ello, la indefinición de que ha hecho gala el Gobierno hasta
la fecha, con disparidad de criterios entre los distintos ministerios a
la hora de plantear este asunto, es francamente censurable. Esta actitud
contrasta con la del Gobierno español para impedir la importación masiva
en la Comunidad Europea de ajos procedentes de China ante la competencia
que suponía para los cultivos de esta producción. España pidió en uno de
los últimos Consejos de Ministros de Agricultura de la CEE, según tenemos
entendido, que la Comunidad realizase un estudio para analizar la
posibilidad de ampliar a todo el año el calendario de los precios de
referencia a imponer a los tomates marroquíes, y estamos ya en el mes de
noviembre, en plena zafra, y todavía no se sabe nada sobre si se va a
adoptar esa decisión o no.
En consecuencia, a la vista de la grave situación, a tres o cuatro
semanas de haberse iniciado la zafra, con precios ruinosos para el
agricultor español, nosotros pedimos saber qué actuaciones está haciendo
el Gobierno español para ampliar el período de los contingentes y precios
de referencia a todo el año y no sólo a la parte del año en que el tomate
marroquí entra en competencia más directa con el tomate peninsular y con
el tomate de Holanda y de Inglaterra. También queremos saber cuál va a
ser la postura del Gobierno español ante la Comunidad Europea exigiendo
esta ampliación de los períodos de precios de referencia al objeto de que
el tomate canario no se vea gravemente perjudicado por un país tercero
como es Marruecos. Pensemos que Canarias en un primer momento no estaba
plenamente integrada en el Tratado Europeo y que tras la modificación de
este Tratado se integró plenamente con un «status» privilegiado, se nos
decía entonces, pero la realidad es que en estos momentos Marruecos, un
país extracomunitario, se encuentra compitiendo con Canarias, que forma
parte de un país comunitario, con claras ventajas y beneficios para
Marruecos.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Soriano.
El señor SORIANO Y BENITEZ DE LUGO: Yo quisiera oír en este sentido unas
palabras de esperanza por parte del Secretario General y, sobre todo, la
petición más importante, la ampliación del período de los precios de
referencia, a que me he referido.
El señor PRESIDENTE: Señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Quiero señalar a S. S. que el tema de los calendarios ha sido
planteado por el Gobierno español desde hace largo tiempo. Me remito en
primer lugar, y por hacer referencia a las fechas más recientes, a que en
el Consejo de Agricultura del mes de diciembre de 1992, y al hilo de una
reforma del Reglamento 1.035, del sector de frutas y hortalizas, la
delegación española hizo una declaración para que constase en el Acta del
Consejo, del siguiente tenor: Se solicitaba de la Comisión que presentara
al Consejo a la mayor brevedad propuestas para la oportuna adaptación de
los calendarios, de los precios de base y de compra en el sector de
frutas y hortalizas; que revise también los calendarios de precios de
referencia, de manera que se contemple la protección de la totalidad de
la producción comunitaria, todo ello a la luz del establecimiento del
Mercado Unico y de la incorporación plena de España en este sector.
Como sabe S. S., en el mes de diciembre de 1992 se avanzó en tres años lo
que era la finalización del período transitorio para el sector de frutas
y hortalizas. Nosotros siempre hemos defendido que los calendarios
establecidos en su día, cuando se implanta en el año 1962 la Organización
Común de Mercados en el sector de frutas y hortalizas, eran unos
calendarios hechos para proteger la producción comunitaria de los seis
países originarios de la Comunidad y que ese calendario tenía que haberse
modificado a la luz de las posteriores ampliaciones que tuvo la
Comunidad, y muy especialmente a raíz de la incorporación española. Es
una demanda permanente de las autoridades españolas.
En el propio debate del paquete de precios de la campaña 1993-1994, y a
solicitud de la delegación española, ya no se introduce en el acta del
Consejo una declaración de la delegación española, sino un compromiso del
Consejo y la Comisión. Leo a su señoría: El Consejo toma nota de que la
Comisión está realizando una revisión de la OCM de frutas y hortalizas
desde la que dará informe de sus conclusiones. En este contexto, el
Consejo solicita a la Comisión que examine la posibilidad de proceder a
un ajuste de la estacionalidad del régimen de importación comunitaria y
de la ayuda interna en este sector, sin perjuicio de la posición de la
Comunidad en el GATT. Posteriormente, se celebró un Consejo jumbo en el
mes de septiembre, creo recordar, con asistencia de los Ministros de
Agricultura, Exteriores y de Comercio de cada uno de los Estados
miembros; no tengo el texto, pero se lo puedo decir de memoria, hay una
referencia explícita de que el Consejo y la Comisión se comprometen a que
para aquellos sectores que no han sido aún objeto de reforma, y entre
ellos básicamente está el sector de las frutas y hortalizas, se seguirían
los mismos criterios que para los sectores ya reformados, es decir, el
respeto de la preferencia comunitaria y la garantía de asegurar las
rentas a los productores. Creo que en ese contexto nos hemos movido
siempre, no como ha dicho S. S., un ministerio por un lado y un
ministerio por otro; yo creo que todos los ministros han actuado de una
manera conjunta. Le repito que en ese Consejo jumbo la decisión que toma
el Consejo es en base a las intervenciones de la delegación española, en
la cual intervinieron los tres ministros que he citado anteriormente, lo
que muestra la unidad de criterios, que se muestra igualmente al abordar
el tema de Marruecos. Indudablemente, en un contexto político general, lo
que en su día abordó o planteó el Ministro de Asuntos Exteriores en
aquella época, Francisco Fernández
Ordóñez, era desde el punto de vista político global absolutamente
acertado y no tenía por qué presuponer un menoscabo en la defensa de
intereses sectoriales específicos españoles. Es decir, abordar una
ampliación, un reforzamiento de los vínculos entre la Comunidad y los
países del Magreb, contribuir al desarrollo de esos países creo que es un
factor político de estabilidad de primer orden para nuestro país y no es
incompatible, en absoluto, con la defensa de intereses específicos de
determinadas producciones españolas. En ese sentido quiero matizar a S.
S. que lo que se llama zona de libre comercio es para productos
industriales. Es indudable que sí habrá una profundización en la
liberalización del comercio de productos agrarios, pero no una zona de
libre comercio de productos agrarios.
Hay una propuesta de la Comisión según la cual para determinados
productos, y entre ellos el tomate, se propone la consolidación de las
ventajas que tanto en el mercado comunitario como en el mercado
específico francés tenía el tomate de Marruecos, y un incremento del 3
por ciento de esos contingentes en un período que va a empezar a contar a
partir del 1.º de enero de 1997.
Quiero señalar, y probablemente S. S. lo conoce, que el Gobierno español
ha presentado un memorándum, que ha sido presentado en los servicios de
la Comisión, debatido en una reunión específica que ha habido con un
grupo de alto nivel, es decir, los niveles 2 del Consejo de Ministros de
Agricultura, que se celebró en el mes de octubre, en donde la delegación
española tuvo, una vez más, oportunidad de defender su posición en cuanto
al problema de Marruecos. La posición española --me va a permitir que se
la resuma muy brevemente-- va en la línea, por supuesto, de favorecer al
autoabastecimiento de Marruecos en productos básicos, como una manera de
contribuir al desarrollo del país, en azúcar, en cereales, etcétera; una
diversificación de las ventajas en determinados sectores agrarios, una
diversificación de las ventajas en las exportaciones marroquíes de
diversos sectores agrarios y el mantenimiento del «statu quo» actual para
productos muy sensibles en el mercado comunitario y, específicamente, en
el mercado español. En ese sentido, quiero señalar a S. S. que hay dos
productos en los que España ha dicho que no deben darse más concesiones;
estos productos son la patata temprana y el tomate, tanto el tomate
canario, evidentemente, como el tomate peninsular. Esa posición no es
posición única del Ministerio de Agricultura. Esa posición fue transcrita
literalmente por el Ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, en un
reciente viaje que ha hecho a Marruecos; es decir, es una posición del
Gobierno español de centrar --si S. S. me permite la expresión-- la línea
de defensa en los productos más sensibles que, a nuestro juicio, son el
tomate y la patata temprana.
Sobre los calendarios, le reitero, una vez más, que está repetidamente
planteada y presentada en Bruselas la reforma de los calendarios de una
serie de productos (el tomate, el pepino, etcétera), y en ese sentido, la
propuesta española concreta, la que interesa a S. S., es que la
aplicación del sistema de precios de referencia se extienda al período,
que ahora no se aplica, del de 20 de diciembre hasta el 31 de marzo, como
S. S. muy bien conoce. Eso está dicho por activa y por pasiva.
Efectivamente, hay una referencia, que es el 15 de diciembre, de un
eventual cierre de la Ronda Uruguay, en la que todos tenemos puesta
nuestra atención. Yo espero que en el Consejo de asuntos generales que se
celebrará el próximo mes de diciembre, por lo menos podamos tener una
respuesta favorable en algún producto muy sensible; o en la reunión del
Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, brevemente, por favor.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Lamento decirle, señor Secretario
General, y se lo digo en la mejor de las formas, que su contestación en
modo alguno puede satisfacer al agricultor canario.
Hay un hecho evidente. En estos momento, la producción marroquí está
inundando los mercados europeos, bajando los precios sin que exista la
más mínima limitación a esa introducción del tomate marroquí. No me vale,
porque nadie se cree --ya nos lo dijo el Ministro en la anterior
legislatura en varias ocasiones-- que la zona de libre comercio con
Marruecos se refiera sólo a productos industriales. Pero, ¿qué industria
tiene Marruecos? Marruecos pretende el libre comercio, para dar entrada a
su producción agrícola en Europa; no nos engañemos. Aquí no se trata de
decir a los agricultores canarios que el libre comercio no va a afectar a
la producción tomatera, puesto que ésa es la mayor fuente de ingresos del
Gobierno marroquí. Aquí hay una cuestión política con Marruecos que el
Gobierno no se decide a resolver. Al agricultor canario no le vale que le
digan que el Gobierno español está haciendo esfuerzos para la ampliación
del calendario de los precios de referencia; lo que vale es decir que se
ha obtenido esa ampliación, batalla en la que se está insistiendo desde
hace ya muchísimo tiempo, que cada año se complica más y que, como digo,
si antes del 15 de diciembre no se resuelve este asunto y el GATT sale
por otro lado, me parece que las consecuencias van a ser irreversibles.
Por ello, agradecería al señor Secretario General que transmita al
Gobierno la conveniencia de aprovechar la última oportunidad que quizás
tenemos antes del 15 de diciembre, que es la reunión del Consejo de
asuntos generales de la Unión Europea, que se reúne el próximo día 2 de
diciembre. Allí es preciso defender con la mayor energía la modificación
urgente de los calendarios comunitarios.
En estos momentos, el agricultor canario está cansado de buenas promesas,
de decir que el tema está en vías de solución, de decir que el tratado de
libre comercio con Marruecos no va a afectar a la agricultura; pero la
realidad es que los hechos están desmintiendo continuamente estas
afirmaciones. La realidad es que la producción tomatera de Marruecos hoy,
en estos momentos, está duplicando la producción del año anterior, está
inundando el mercado europeo sin la más mínima limitación en los
contingentes y que esto está hundiendo los precios de la producción
canaria, que es una producción de invierno, y que afecta casi en
exclusiva a la producción canaria, porque la producción europea y la
producción peninsular todavía no está introduciéndose en Europa. Mientras
al agricultor canario no se le diga que el hecho de estar España
integrada en la Comunidad Europea le da un trato de privilegio sobre
Marruecos, que no lo está, hasta que eso no se produzca, el agricultor
canario no creerá en las medidas, en las promesas y en las buenas
intenciones que el Secretario General nos ha indicado esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Señor Presidente, una vez que he dicho, porque es una realidad,
la sensibilidad que tenemos hacia el producto, también tengo que poner
las cosas en sus justos términos.
Me va a permitir S. S. que le lea las cifras de evolución de las
exportaciones de Marruecos y de España a la CEE en el período
enero/marzo, que es el período sensible para las exportaciones canarias
y, en general, para las exportaciones españolas, en los años 1986/1993.
En el año 1986, en el período enero/marzo, Marruecos exporta al mercado
comunitario, 43.134 toneladas; en el año 1993, exporta, en el mismo
período, 88.314 toneladas; se incrementa la exportación en 45.184
toneladas. En ese mismo período, las exportaciones españolas pasan de
169.030 a 247.588 toneladas; se incrementan en 72.528 toneladas, es
decir, un incremento en valor absoluto. En términos porcentuales,
evidentemente, puede ser mayor el marroquí, pero en valor absoluto es el
español. Tampoco vamos a minimizar la capacidad de exportación y la
capacidad de producción que tiene el productor de tomate, tanto canario
como peninsular. (El señor Soriano Benítez de Lugo pronuncia palabras que
no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, le ruego que no interrumpa al
compareciente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Su señoría está hablando en nombre del Grupo Popular, supongo.
Por eso me ha sorprendido que no esté de acuerdo con lo de la cláusula de
salvaguardia de los ajos; me ha sorprendido.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Perdón, no he dicho que...
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, no interrumpa al Presidente ni al
compareciente.
Continúe, por favor.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Dichas estas cifras de exportación, le reitero que el Gobierno
español tiene la máxima atención y la máxima preocupación por conseguir
la modificación del calendario de producción, de precios de base de
compra, de precios de referencia, de precios de retirada en el sector de
frutas y hortalizas. Le voy a asegurar una cosa: si tuviéramos que elegir
entre todo el paquete del sector de frutas y hortalizas qué modificación
queremos, puedo garantizar a S. S. que el Gobierno español elegirá el
tomate.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreiro. (El señor Soriano
Benítez de Lugo pide la palabra.)
Señor Soriano, sabe perfectamente que no tiene derecho a réplica.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Por alusiones, sí.
El señor PRESIDENTE: No. Señor Soriano, en la respuesta del señor
Secretario General no hay alusiones que impliquen algún demérito hacia su
persona ni...
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Me ha desmentido una afirmación.
El señor PRESIDENTE: No. El único tema es sobre si representa o no al
Grupo Popular en el asunto de los ajos.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Perfecto. Nada más para eso.
El señor PRESIDENTE: A esos efectos, tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Yo no he dicho en ningún momento que el
Grupo Popular y, por supuesto, este diputado, estemos en contra de las
medidas adoptadas en relación con la importación de ajos de China.
Lo que he dicho, y lo leo porque lo traigo por escrito, es que la actitud
adoptada por el Gobierno con el tomate de Canarias contrasta con la
actitud adoptada con los ajos. No quiero decir que no estamos de acuerdo
con lo de los ajos; digo que de la misma forma que el Gobierno español se
ha preocupado por los ajos, que se preocupe por el tomate de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS (Barreiro
Seoane): Hecha esa precisión, que no pone en causa lo que acabo de
señalar, le voy a contestar técnicamente.
Usted sabe que los ajos no tienen precio de referencia. Hay que hablar
con cierta base técnica, independientemente de las consideraciones de
tipo político. Los ajos son un producto absolutamente desprotegido, y si
la
mano de obra es barata en Marruecos, imagínese cómo debe ser en China. Es
un producto absolutamente desprotegido en todo el año; por eso, el
Gobierno español, ante un tema importante y con una incidencia enorme en
determinadas regiones muy específicas y en determinadas localidades (en
concreto, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha), solicitó,
conjuntamente con el Gobierno francés, porque se hizo a la par, cada uno
de una manera coordinada, la aplicación de la cláusula de salvaguardia
hasta el 31 de diciembre del presente año. Lo solicitó a finales del mes
de agosto. La casuística es absolutamente diferente; el ajo es un
producto absolutamente desprotegido.
El problema del tomate no es un problema de solicitar una cláusula de
salvaguardia. El tomate, en deteminado período, tiene un sistema de
precios de referencia que, si las exportaciones son más bajas, se
penaliza con la tasa compensatoria --todos los españoles sabemos muy bien
lo que significa eso--; y lo que nosotros, en definitiva, estamos
planteando es lo racional, no la cláusula de salvaguardia, sino la
extensión del período de aplicación del sistema de precios de referencia
a los meses donde puede estar afectada la exportación española, que es el
período de enero a marzo. Esa es nuestra propuesta --se lo repito una vez
más, por activa y por pasiva-- la que tenemos planteada ante las
instancias comunitarias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreiro, por su comparecencia
en el día de hoy.
Suspendemos por espacio de un minuto la sesión.
Se reanuda la sesión.
--SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA FLOTA CONGELADORA DE ESPAÑA.
FORMULADA POR EL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000137.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto sexto del orden
del día, que es la pregunta formulada por el señor Fernández de Mesa, que
en este trámite será sustituido por el señor Mantilla, relativa a
actuaciones previstas para la flota congeladora de España.
Para exponerla, el señor Mantilla tiene la palabra.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del Secretario General de Pesca, don José Loira y, en
segundo lugar, desearía que me respondiera a una pregunta referente a la
flota congeladora.
Como sabe el señor Secretario, la flota congeladora tiene varias
características, una de ellas es que desarrolla su actividad en caladeros
lejanos, bien en aguas jurisdiccionales de terceros países o bien en
aguas internacionales. También sabe el señor Secretario que Galicia es
propietaria de una gran mayoría de esa flota pesquera, fundamentalmente
Vigo, que era el puerto más importante del mundo, posiblemente, en el
comercio de la pesca y digo era porque, como usted también sabe, señor
Secretario, el tema de las sociedades de estiba y la antigua OTP está
perjudicando notoriamente al puerto de Vigo.
La importancia de esta flota es de todos conocida. Hay 183 barcos de gran
porte, más de 30 metros de eslora, que pueden llegar hasta 70 metros, los
cuales supone en principio 143.000 toneladas de registro bruto, que da
una media de 800 toneladas por buque, y capturan 250.000 toneladas de
merluza, cefalópodos y otras especies afines, lo cual representa,
aproximadamente, 1.350 toneladas por buque. Esta flota en gran parte es
muy reciente, muchas veces tiene menos de diez años, y aquí tenemos que
hacer una grave acusación a los Gobiernos, fundamentalmente al
socialista, porque ha permitido la construcción de numerosos buques
pesqueros que no han sido sustituidos por ninguno. Ya sabe usted, señor
Secretario, que el anterior Director General de Ordenación Pesquera había
permitido la construcción de barcos, aportando para ello desguaces de
barcos que estaban hundidos hacía mucho tiempo --el Sil, por ejemplo-- o
barcos que habían sido desguazados con anterioridad, por ejemplo, el tema
Cares.
La mala suerte es que ha venido mucho capitalista inexperto en el tema a
esta actividad pesquera en momentos de euforia económica, y la crisis los
ha cogido en mala situación, por lo que en este momento están atravesando
por una gravísima situación de la que es difícil salir. Esa grave crisis
se ha acentuado, fundamentalmente, por dos aspectos. El señor Secretario
bien sabe que en el sector se considera que la adhesión a la Comunidad
Económica, al Mercado Común, ha sido negativa para sus propios intereses,
aunque yo estoy totalmente convencido de que el señor Secretario
intentará persuadirme de lo contrario.
También hay otros aspectos a considerar, y es que nos han ido echando de
los caladeros tradicionales: primero fue Boston con el calamar y,
posteriormente, Namibia. El tema de Namibia se veía venir, y por el
sector se venía indicando al Gobierno, tanto socialista como de la UCD,
la necesidad imperiosa de intentar contactar con el Swapo. Se suponía que
iba a gobernar Namibia en aquel momento y nos hemos encontrado con que,
efectivamente, así ha sucedido, y lo primero que ha hecho el Swapo cuando
ha llegado al Gobieno ha sido echarnos de ese caladero, en el cual
llegaba a haber 143 buques pesqueros faenando. Por tanto, vuelvo a
repetir que eso ha sido un grave problema que estaba cantado. Así, usted,
señor Secretario, en los paseos que hace de vez en cuando por la veiga do
mar de Vigo, verá que hay decenas de barcos atracados sin tener caladero
donde faenar.
Es cierto que, por parte de la Secretaría General de Pesca, se ha puesto
en práctica un programa de actuación, en septiembre de 1992, que consta
fundamentalmente de una subvención de 7.000 millones de pesetas de ayuda
a la flota pesquera congeladora y que tiene cinco objetivos
fundamentales. Por tanto, la pregunta que queremos hacer al señor
Secretario es qué actuaciones tiene previstas el Gobierno, dentro de ese
programa, de cara a la flota congeladora.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, el señor Secretario
General de Pesca tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA (Loira Rúa): No puedo dejar de dar
cumplida respuesta a una serie de planteamientos que aquí se han
suscitado esta mañana. En primer lugar, de las palabras de S. S. podría
inducirse que ha habido renovación de flota española sin cumplirse las
reglamentaciones vigentes en su momento. En ese sentido, quiero decir que
la flota ha sido renovada, y esas operaciones se han realizado en cada
momento, en base a las normas en ese momento en vigor. Esta fue una
cuestión que en algún momento, allá por el año 1988, se suscitó también
por parte de la Comunidad Europea, y tuvo cumplida y documentada
respuesta en relación con este tema. Como ha habido muchos dimes y
diretes en esta cuestión, quiero dejarlo muy claro: en todo momento, por
parte de la Administración española, se ha cumplido la normativa en ese
momento en vigor. Primera cuestión que tenía mucho interés en dejar
clara.
Cuando hablamos de flota congeladora, como muy bien decía S. S., no
estamos hablando de una flota concreta y determinada; como muy bien usted
introducía, estamos hablando de seiscientos y pico de buques de la flota
española, lo que hace que la flota de nuestro país sea una de las más
importantes en lo que a pesquerías lejanas se refiere, y en ese sentido
podemos hablar de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer con
todas y cada una de esas flotas. Voy a dar una pequeña pincelada y luego
me voy a centrar en el tema de fondo; esa flota congeladora que venía
pescando tradicionalmente en aguas de Atlántico norte, del Atlántico
occidental, y en aguas del Atlántico sur, tanto oriental como occidental,
y lo que ha pasado en todo este tiempo. Creo que debemos refrescar la
memoria sobre este tema.
Usted ha entrado en el tema del Swapo y otra serie de cuestiones, y
gustosísimo voy a explicar aquí hoy cosas que quizá no sean conocidas por
la gran opinión pública y por esta Cámara, pero usted me lo ha planteado
y yo tengo que ser claro y rotundo.
En cuanto a las grandes flotas, quiero decir que la flota marisquera, que
en número es quizá la más importante, no tiene ningún problema de
caladeros; si cabe, tiene algún problema de mercados, como hay para toda
la situación de mariscos, que está en recuperación en este momento.
La flota pesquera, esos 55 grandes congeladores cerqueros, está pescando
en el Atlántico, en el Indico o en el Pacífico sin ningún problema. Por
dar una cifra, hemos pasado de 170.000 toneladas hace dos años, a cerca
de 300.000 toneladas de capturas. Creo que esto habla por sí solo de la
evolución de esta flota.
En relación con la flota palangrera congeladora de gran altura, que
prácticamente no existía en el año 1982, hoy tenemos una flota moderna.
Ahí está La Guardía y ahí está Ribeira, que básicamente viven de la
actividad de esta flota nueva que en 1982 no existía, y donde no hay
ningún problema de caladeros en este momento.
Al Pacífico no se había ido nunca, y hay también barcos en el Atlántico,
respetando todas las recomendaciones de ICCAT, como he tenido oportunidad
de manifestar últimamente tanto en la Conferencia de dicha Institución
como en la rueda de prensa posterior. Al igual que Estados Unidos somos
los dos únicos países que estamos cumpliendo las recomendaciones de
ICCAT. Y aquella reducción que se nos enmarcaba, en base al año 1988, en
un 15 por ciento, quiero decirles que la hemos reducido en un 38 por
ciento. ¿Cómo ha sido esto? Pues diversificando la actuación de nuestra
flota: barcos en el Pacífico y barcos en el Indico. En ese sentido le voy
a decir una cosa novedosa, y usted habrá tenido oportunidad de verlo a
través de los medios de comunicación, y es que en este momento tenemos
una gran campaña en el Indico; seis barcos palangreros gallegos están
allí prospectando nuevas posibilidades y nuevos caladeros.
Otra gran flota es de Anacef, que es la flota congeladora que dedica su
actividad básicamente al cefalópodo. Del resultado de la misma ahí están
las paradas biológicas tan criticadas en ciertos momentos, que han
llevado a que haya habido una recuperación importantísima del caladero
marroquí y a que hayamos diversificado actuaciones de esta flota en otros
caladeros internacionales. Y en este momento, como S. S. conoce bien,
tampoco hay problemas en relación con la actividad de esta flota.
Me reuní hace unos días con el señor Freire y con el señor Fontán,
Presidente y Gerente de la Asociación, para hablar de todas estas
cuestiones. Ellos están pensando en este momento en rentabilidad
comercial. Saben que hay un acuerdo con mauritanos y con marroquíes para
la oferta de precio a Japón, que es el gran consumidor del producto y
donde van la mayoría de nuestras capturas. En ese sentido quiero recordar
que en la negociación del Poseican, y posteriormente, conseguimos lo que
parecía imposible, y es esa ayuda que sabe S. S., esos 3,87 mecus que se
negociaron para compensar, ante la plena adhesión de Canarias, el sistema
de preferencias generalizadas con Japón.
Luego está la flota que se dedica a la merluza, al cefalópodo, que
básicamente es donde está centrada su pregunta. Pues está mal informado.
Desde el año 1983 el Gobierno que preside Felipe González ha dado un
trato muy especial a los «swapos». Aun cuando no eran gobierno en
Namibia, quiero decirle a S. S. que aquí, en nuestro país, en nuestras
escuelas de formación profesional náutico-pesqueras, estábamos sembrando
para el futuro. Acogimos a gente de la tribu a la que pertenece el actual
Presidente de Namibia, Sam Noujoma, y les hemos estado formando en
nuestras escuelas. Yo mismo, cuando era miembro del Gabinete del Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y posteriormente, como Secretario
de Pesca, tuve la oportunidad de reunirme con muchas delegaciones
namibias, y con el propio Sam Noujoma, tanto aquí como en Galicia, y el
planteamiento ha estado muy claro en todo momento: si había un país que
tenía vocación para pescar era Namibia, y para capturar esa merluza, como
se están haciendo, ese país era España. Esto lo tenía muy claro el
gobierno namibio.
Con motivo de los actos de la independencia, en un
viaje en el que tuve la honra de acompañar al entonces Ministro de
Asuntos Exteriores, señor Fernández Ordóñez, tuvimos una reunión, pero no
como se ha dicho en la prensa gallega y a través de algunos medios, una
reunión de cinco minutos, sino de más de quince minutos, y con el que iba
a ser Presidente Noujoma. Después, una reunión que tuve yo personalmente
con el actual Embajador español en Namibia, estuvimos hablando cerca de
dos horas y pico del futuro, y el futuro estaba sembrado y preparado para
que los barcos que pescasen en Namibia fueran los barcos españoles. Eso
sí, había que ver aquel Estado mientras se arriaba la bandera de
Suráfrica y mientras se elevaba luego la bandera de Namibia, lo que era
aquel fervor popular. Pero había dos elementos que nos había citado muy
claramente Sam Noujoma: uno los minerales y otro la pesca. Estos eran dos
símbolos para aquel país que nacía. Y había ese compromiso, porque ¿quién
paga la merluza como la pagamos nosotros?, ¿quién consume la merluza como
nosotros? Nadie. Eramos nosotros, como así está ocurriendo, los
destinatarios de ese caladero.
Después me vine a Vigo, me reuní el 26 de marzo con todos los sectores y
les recomendé unidad, ya que de hacer las cosas de una manera a hacerlas
de otro podía variar mucho la situación. Al mismo tiempo habilitamos para
los armadores la posibilidad de inactividad temporal y para los
trabajadores la posibilidad de ayuda, y lo cumplimos, no como otros, que
prometieron y luego no concedieron. Nosotros lo que prometimos lo
cumplimos, o al menos lo pusimos a disposición de los trabajadores, que
luego no tuvieran necesidad de ello, ya que no se acogieron porque hubo
trabajo; pero, repito, pusimos a disposición de los empresarios y de los
trabajadores esas posibilidades.
¿Y qué aconteció? Pues aconteció, y se lo digo con toda claridad a SS.
SS., que el día 28 de marzo recibo una llamada de nuestro Embajador en
Namibia, que me dice: «¿Os habéis vuelto locos?» A lo que yo le respondí
preguntándole qué sucedía. Y me dijo: «Pues que me acaban de llamar los
namibios para decirme que habéis mandado una oferta cuantificada para
continuar pescando.» «¿Qué me estás diciendo?», le contesté.
Inmediatamente me puse en contacto con Vigo y no había nadie. Llamé al
Gobierno Civil y me dijeron que era la fiesta de la Reconquista; era el
28 de marzo. Cuando localicé a uno de los responsables me dijo: «Sí,
mandamos un papel.»
¿Qué había acontecido? Pues que en ese tiempo, desde el dia 26 hasta el
día 28, incluso en un programa de la televisión autonómica, la máxima
autoridad pesquera de Galicia les había inducido a eso, a tratar de
buscar un acuerdo privado, cuando yo había explicado con toda claridad al
sector cuál era el plantemaniento de Namibia. Namibia quería hacer una
valoración del estado de los recursos, y lo primero que decretaba era,
bajo ningún tipo de condición, que las flotas debían de abandonar aquel
caladero.
A partir de ahí este Secretario no se pasea; este Secretario, eso sí,
procura estar encima de las situaciones y de las realidades, y hubo
incluso alguna excursión (ya que al no ser un viaje privado y al no tener
competencias me permito decir que fue una excursión) de máximos
responsables de alguna comunidad autónoma a Namibia. Lo que no hubo fue
otro tipo de cuestiones y de cumplimientos en base a cosas que se habían
dicho. Hubo más. Hubo un intento ciudadano, a través de una no nacida
plataforma ciudadana, de hacer una gran movida en Vigo que no sé adónde
nos hubiera llevado.
¿Qué ha acontecido en este tiempo? Pues en este tiempo ha acontecido que
aquello que este Secretario de Pesca le venía diciendo a la gente de esta
flota sobre que había que diversificar actividades, se logró. Se logró
una campaña experimental para el fletán negro, y apareció el fletán
negro. Eso nos permite hoy que 24 de esos grandes grupos estén dedicando
su actividad a la captura de dicho pescado, a lo que contribuyó la
rotación de los propios empresarios con la administración pesquera
española, eso sí, después de comprobar (a pesar de que compañeros de su
Grupo me hicieron muchas preguntas en aquel momento para que
autorizásemos, sin más, su captura) durante todo un año el ciclo de
fletán negro y evitar que se dieran situaciones de quiebra de pesquería.
Estamos, repito, justamente con 24 barcos fletaneros y tenemos once
barcos platuxeiros que están pescando fletán en esas aguas (a pesar de
todo lo que se ha dicho previo a la reunión de Nafo de este año) y otra
especie apreciada, como es el camarón en este momento.
De aquella flota que estaba encerrada en el área Nafo-Boston y algo en el
área de Malvinas, y fuera de aguas argentinas y en Namibia; de aquellos
barcos, repito, que estaban ahí centrados en este momento tenemos barcos
de esta flota en más de 16 caladeros si no, no hubiésemos podido llegar a
esta situación. Hemos ido abriendo puertas. Cuando tuvo lugar la
negociación del gran acuerdo 3944 conseguimos introducir en él las
sociedades mixtas, salvando así esa dura situación que se nos había
planteado, porque, efectivamente, el área de Namibia era el último gran
caladero en el que no había que pagar un canon o un peaje, en el que no
había que llegar a un acuerdo, era un área libre. Y de aquella situación
conseguimos llegar a esta otra, precisamente a iniciativa mía y no a
iniciativa de otros, que como el cuco después, en base a los trabajos que
uno había solicitado al sector, han presentado por ahí planes que menos
mal que no fueron arriba.
El señor PRESIDENTE: Señor Loira, vaya concluyendo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Menos mal que,
de una manera mucho más racional, hemos ido a un programa de actuación
que, a iniciativa mía, repito, como reconocen los propios armadores de
Vigo, ha significado la puesta en marcha de ese plan.
Hace unos días tuve la honra de firmar en Vigo con todos, absolutamente
con todos (con Anamer, con Anabac, con Anac y con Aspe) el acta de lo que
han supuesto en este primer año esos 3.500 millones que hemos
dedicado a esta flota, a pesar de que, como usted sabe muy bien, por
parte de diversos responsables de su grupo político se puso en todo
momento en duda que estos fondos iban a ser asignados a esta flota. Sin
embargo, lo primero que ha hecho nuestro nuevo Ministro, Vicente Albero,
ha sido precisamente garantizarles, en su reunión con los responsables
del sector, ante las posibles dudas que pudiese haber, que para el
próximo año habrá otros 3.500 millones de atención a esta flota. ¿Y qué
se ha hecho durante este tiempo? Usted ha realizado alguna alusión a
capitalistas de fuera del sector que se habían acercado al mismo; yo no
sabía que existiese una tradición histórica o algún hecho, no sé si
genético o digamos familiar, para poder dedicarse, en un país libre como
el nuestro, en un país de economía libre de mercado como el nuestro, a
una u otra actividad económica, pero tomo muy buena nota de ello. Pero
volviendo a lo anterior, ellos, de una manera libre --que es lo más
importante para un gestor en un tema de esta envergadura como es la
distribución de unos recursos económicos-- y voluntaria, han llegado a
ese acuerdo que tuvimos la oportunidad de firmar en Vigo y que supuso la
realización de siete desguaces (no lo que marcaba el plan de otros),
cinco exportaciones, 10 campañas de reorientación y la constitución de un
número muy importante de sociedades mixtas.
También, como les he dicho antes, la flota va a poder continuar faenando
al fletán, al camarón y a la platuxa, y va a poder continuar haciéndolo
en esos 17 caladeros en los que lo venía haciendo hasta ahora, aunque se
han ido buscando otros como Senegal, Mauritania y Marruecos; se han ido
buscando posibilidades para la actuación de esta flota y también está ese
acuerdo con Argentina que S. S. bien conoce. Es cierto que con Namibia no
ha sido posible un acuerdo por todas las piedrecitas que nos hemos ido
encontrando en el camino, pero lo que sí quiero decirle es que nuestra
flota es la que está pescando la merluza en Namibia.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Hay más. Se
han abierto mercados, señorías, para esta flota, que tradicionalmente
venía planteando una serie de demandas. Hemos conseguido, finalmente, que
la merluza esté en el anexo II, que esté protegida, y hemos conseguido
que una especie nueva, como es el fletán, casi directamente pase de ser
incluida en el TAC comunitario a estar en el anexo II; son cosas de las
que no se ha hablado lo suficiente y que seguramente no conocen. Lo que
sí saben SS. SS. es que, desde marzo o abril de este año, precisamente la
merluza, el rape y el bacalao tienen un precio de entrada igual al precio
de referencia comunitario, mecanismo que hasta ese momento no se había
puesto nunca en marcha.
Pero hay más. A iniciativa española se ha establecido un reglamento en la
Comunidad para controlar los productos que procedan de la captura de
barcos de terceros países; hay también un proyecto de reglamento que va
más allá y que propone que el producto lo traigan los mismos barcos que
lo capturan o bien otros buques, como pueden ser los mercantes. Hay un
gran trabajo en este sentido, a pesar de todos los obstáculos, y menos
mal que al final se impuso la racionalidad en aquel acto de la Casa del
Mar de Vigo, y aquella plataforma ciudadana no llegó a constituirse.
El sector, a partir de un cierto momento, y ante todos los planteamientos
que se hacían desde otras áreas, ha venido trabajando hombro con hombro
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ha venido
luchando por su futuro. En ese sentido tengo que agradecer la seriedad a
todas las asociaciones que están trabajando con nosotros absolutamente en
todos los foros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Cariñosamente he de decirle, señor Loira,
que, con el beneplácito de la Presidencia, nos ha contado usted una
película de sesión continua.
Señor Secretario, si yo voy a Vigo y digo lo que usted nos ha contado, me
preguntarán si me ha convencido, y si les digo que sí lo ha hecho, me
corren a gorrazos, no le quepa la menor duda.
Hace poco le escuché en otra sesión de la Comisión de Agricultura y Pesca
y casi se me caían las lágrimas, pero no de emoción por sus palabras, ni
mucho menos, sino porque realmente la situación es diametralmente opuesta
a como usted la cuenta. Por tanto, le digo y le repito que se pase usted
por Vigo y verá las decenas de buques congeladores que están allí
amarrados porque no tienen donde dirigirse.
Usted dice que ha tenido contactos con el «swapo»; es cierto que los pudo
tener, yo no puedo desmentirlo, pero está usted hablando de 1983, y en
1993 todavía no hay acuerdo bilateral con Namibia, luego algo pasa. Sin
embargo, usted bien sabe que hay empresas privadas que, desde el primer
momento, cuando tomó el gobierno el «swapo», tienen convenios y pueden
capturar en Namibia libremente, cosa que hasta el momento no ha
conseguido el Gobierno español. Usted dice que Anacef no tiene problemas;
no tendrá problemas ahora porque se ha venido forzosamente dimensionando
a las capturas que pudieran efectuar, ya que, como le dije antes, nos
echaron de Estados Unidos por diversas cuestiones, pero también por la
mala gestión del Gobierno español; y vuelvo a repetirle que el Gobierno
español es cierto que ahora es socialista, pero también hubo otros
gobiernos anteriores que tampoco nos protegieron.
Usted ha hecho mucho hincapié en un tema, pero si quiere vuelvo a dejar
tres nombres encima de la mesa: Sil, Piris y Cares. ¿Sabe usted bien lo
que son? Si no lo sabe le vuelvo a repetir que le puedo traer los
expedientes. Usted dice que tiene expedientes, nosotros también tenemos
los expedientes de esos tres barcos; barcos que estaban hundidos, barcos
que estaban desguazados y que se aportaron para la renovación de la
flota.
Es cierto también que la flota pesquera, secularmente,
pasa de familia a familia; usted sabe que el 90 por ciento de la flota
pesquera congeladora está agrupada en 10, 12 ó 15 firmas importantes, y
lo que yo decía era que, gracias a Dios, había un dinero excedente en
determinados gremios que ha ido a parar a la pesca tal vez en momento no
oportuno.
Por tanto, yo le rebato sus alegatos. Como usted bien dice estoy
centrándome más en el tema de la pesca congeladora de los cefalópodos y
de la merluza que de otra en concreto.
Si quiere también hablamos de las palangreras que están en el Océano
Pacífico. Hay una pregunta que espero que me responda para así saber cuál
es el tratamiento que están dando ustedes al gobierno chileno, que nos
está maltratando y al que, sin embargo, el Gobierno español le está dando
2.000 millones de pesetas, supongo que para que nos siga maltratando,
porque, como usted sabe, no nos dejan desembarcar nuestra pesca en Chile,
pero ustedes y el Gobierno español le siguen ayudando. Señor Secretario,
yo no niego que se haya mejorado algo en algunos aspectos, pero usted
tampoco me negará que es el sector el que está haciendo verdaderos
esfuerzos para ir adecuándose a esa pérdida de mercado que estamos
teniendo.
Se da la circunstancia de que en la Comunidad Económica Europea somos el
único país que tenemos ese tipo de flota, y a ninguno le interesa que
nosotros tengamos esa flota tan potente; por eso todas las medidas están
encaminadas a ir eliminándola paulatinamente, y así se está haciendo.
Claro está, por eso las ayudas son fundamentalmente para el desguace o la
exportación, o sea, que es una solución coyuntural. ¿Qué va a ser de esos
trabajadores que estaban antes faenando nuestros barcos? ¿Qué va a ser de
esos puestos indirectos que están generando esos trabajadores de esos
barcos? Porque en la pesca bien sabe usted que hay una proporción casi de
uno a siete de puesto directo a puesto directo. Más o menos estamos en
esa proporción. ¿Qué va a ocurrir? Porque el desguazar un barco es una
solución momentánea, una solución posiblemente financiera para una
empresa determinada, pero eso no arregla el problema de ese sector. La
riqueza que desembarcábamos, día a día, en nuestros puertos españoles,
fundamentalmente en los gallegos, se está perdiendo.
Yo no quisiera hablar del tema de Argentina, me refiero al tema de la
exportación, no quiero ni hablar, porque a lo mejor incluso perjudico a
los intereses del Gobierno o a los intereses del sector. Yo quiero pensar
como persona individual, y voy a analizar o voy a seguir puntualmente la
evolución de esas empresas mixtas que se están creando con Argentina.
También le recuerdo una cosa, que tiene una pregunta hecha sobre qué está
pasando con el acuerdo de la Comunidad Económica con Argentina, ya que
por tercera vez el Senado argentino ha pospuesto su ratificación, y
posiblemente no entre en vigor hasta el próximo mayo. Por tanto, es otro
problema grave que ustedes siguen sin resolver.
En resumen, ustedes no están resolviendo el tema de Chile, no están
resolviendo el tema de Namibia, no están ustedes ayudando a que se
resuelva el tema de Argentina. Yo me he tomado la libertad de escribir
una carta personal al señor Ménem, que no sé si me hará algún caso, pero
por lo menos me he atrevido a hacerlo, ya que posiblemente por parte del
Gobierno no se haya hecho.
Señor Loira, le digo que hay una serie de temas que ustedes no están
haciendo; ustedes, lógicamente, no están tratando con Estados Unidos para
ver si somos capaces de recuperar el caladero que teníamos en aquel
entonces principalmente de cefalópodos, a pesar de que era importantísima
la flota que allí había. Hay una serie de temas que --repito-- están
ustedes olvidándose, y el sector se los está recordando puntualmente y lo
están haciendo a usted directamente.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Ya termino. Tenía mucho más que decir, pero
ya que no tengo tanta facilidad como el señor Secretario, intentaré
limitarme al horario previsto. Voy a rematar.
Le vuelvo a repetir que hay que reordenar el mercado, hay que tener unas
encuestas y una información totalmente fiable, hay que intentar que la
Comunidad Económica Europea nos respete en el tema pesquero, porque día a
día estamos viendo que tenemos mayores complicaciones. Hacen falta ayudas
financieras y usted bien sabe que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha
algunas que están dando muy buenos resultados, que es la reconversión de
pasivos; es decir, la reconversión de pasivos a corto plazo transformados
a largo plazo con ayudas al tipo de interés. Usted bien sabe que los
7.000 millones de pesetas que no van a ser suficientes para la lista de
espera que tiene pendiente para el desguace o para la «exportación», y
digo exportación entrecomillado.
Hacen falta ayudas sociales, y esas ayudas sociales es necesario
recogerlas en un Reglamento, que no sean ayudas coyunturales ni
puntuales, porque las empresas no saben, en definitiva, a qué santo
quedarse en cada momento. No es lógico que un acuerdo puntual, que unas
elecciones más o menos próximas puedan crear ayudas de un determinado
tipo.
Por tanto, señor Secretario, yo le digo que lamento discrepar
frontalmente de su planteamiento. El problema de la pesca no está, ni
muchísimo menos, solucionado. Todavía hay que poner muchos medios, tanto
por el Gobierno como por el propio sector para que esto se solucione.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Loira.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): En la parte
final estoy totalmente de acuerdo con usted. La pesca no la tendremos
solucionada nunca. Con veinte mil buques en este país y dependiendo como
dependemos de caladeros de otros, nunca tendremos toda la flota en una
situación de total tranquilidad; ahí, repito, coincido completamente con
usted.
Por eso toda nuestra actividad internacional tan importante. Pero voy a
entrar más.
En relación con lo que usted me ha planteado de la modernización de la
flota congeladora, me ratifico en lo que he dicho antes; quizá hay alguna
norma que S. S. no conoce. Tenemos un libro azul que abarca un compendio
de legislaciones, y lo que sí puedo hacer es enviárselo, matizando
claramente donde tienen encaje esos temas a los que usted antes hacía
alusión. De manera muy clara ésta es una cuestión que justamente nos
planteó en el año 1988 --insisto en lo del año 1988-- la Comunidad
Europea, hoy la Unión Europea.
Sobre algunas de las cuestiones que usted ha planteado le tengo que decir
que yo el día 11 de octubre de este año estuve en Vigo, y no sé lo que a
S. S. le han contado, pero tuve una asamblea general con los armadores, y
quienes hablaron después a los medios de comunicación libremente
expresaron su sentir en relación con lo que había sido y con lo que es la
evolución de esta flota. Quien hablaba de que, por ejemplo, en este
momento el cefalópodo está más de un 40 por ciento por encima del precio
al que estaba el año pasado no fue el Secretario de Pesca, fueron los
propios armadores. Quienes valoraron en ese momento que las medidas que
se están poniendo en el mercado nos parecen pocas todavía, y a mí y al
Gobierno español los primeros, pero que han logrado contenerlo y
flexionarlo en sentido contrario, tampoco fui yo. Y desde luego, respecto
a frases como «devastación de stocks» y otras que aquí se han plantedo
esta mañana, yo nunca las he pronunciado. Lo que sí quiero decir a S. S.
es que hubo un momento dado en que se decía que en el Imperio español no
se ponía el sol, en tiempos de Felipe II, creo recordar. Desde entonces
ha transcurrido mucho tiempo, y hay un nuevo Derecho del mar que asigna
zonas económica y exclusivas a los distintos países y donde hay que
negociar muy duramente.
Sí quiero decirle que tanto nos interesan todos los caladeros que en una
zona, en un área y en un país que cada vez consume más pescado, como es
Estados Unidos, donde es un tanto difícil que te dejen pescar cuando
ellos son los grandes importadores a nivel mundial, juntamente con Japón
y Francia (después venimos nosotros), donde es tan difícil conseguir
algo, España sigue manteniendo la oficina que tenemos precisamente para
estos temas pesqueros; participamos en todas las reuniones que hay en
relación con este tema, porque, lógicamente, nunca renunciaremos a poder
pescar en cualquier caladero del mundo. Pero eso no quiere decir que el
tema de Boston sea una cuestión vital para esta flota. Ese era el
soniquete de hace unos años, ese era el lugar común de hace unos años,
donde se aprobaba cualquier informe, pero ahora ni eso, ya ha dejado de
sonar incluso para todo el sector. Hay que ponerse un poquito más al día
de lo que suena hoy.
Después usted ha tocado el tema de la pesca, que como otras actividades
económicas está cada vez más internacionalizada, y precisamente (y esto
no ha sido en este momento sino que fue con administraciones anteriores)
este país tuvo bastante agilidad, ante la necesidad de las fórmulas de
sociedades conjuntas o sociedades mixtas, para tratar de lo que, de otra
manera, era muy difícil acceder a ello. Nosotros hemos luchado por eso en
la Comunidad, y hoy está en marcha. Desde luego, es difícil mover un gran
barco con todo lo que lleva desde el punto de vista tecnológico, pero ahí
está. No ha habido toda esa gran quiebra de empleo de la que se hablaba
hace dos años y pico en la zona de Vigo, en la zona de El Morrazo, en la
zona básicamente provincia de Pontevedra y parte sur de la provincia de
La Coruña.
En relación con algún otro tema que usted ha planteado, le quiero decir
que justamente he estado con el responsable de pesca argentino hace diez
días, coincidiendo con los temas de FAO, y a todos los niveles --y eso lo
conoce muy bien el sector--, a los máximos niveles en este país y en la
Comunidad Europea, precisamente se está urgiendo en la ratificación por
parte de las cámaras argentinas. Ha habido un proceso que ustedes conocen
y hay otros constitucionales en marcha en Argentina. Eso nos lleva, y en
eso coincido con usted, a la situación de tener un cierto tacto en el
momento que estamos viviendo por los procesos políticos que allí están
aconteciendo. Pero ese acuerdo sí es una realidad, y como es una realidad
ya hay dieciséis sociedades en relación con el mismo y ya hemos tenido
recepción de ellas en la Secretaría de Pesca, porque continuamos
trabajando a nivel nacional y a nivel comunitario, precisamente en toda
esa labor que hay que hacer por debajo para, llegado el momento, tenerlo
todo hecho y tenerlo todo preparado.
Entonces, en síntesis...
El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo, señor Loira.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA (Loira Rúa): Concluyo ya,
señor Presidente. En síntesis, lo hemos pasado muy mal, coincido con
usted. Lógicamente, no están todos los temas resueltos, pero, desde
luego, se ha avanzado mucho, y si a cualquiera le hubieran preguntado en
abril de 1990 cuál iba a ser el desarrollo de los acontecimientos yo creo
que nadie, quizá yo y algún otro --el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación español y muy pocos más-- hubiésemos mantenido, como dije en
aquel momento y figura en las actas de mis comparecencias, que la
película se iba a desarrollar como se desarrolló. Lo de Namibia se lo
digo: no hemos tenido acuerdo porque en el proceso ha habido todo tipo de
interferencias, algunas públicas y otras privadas, y alguna excursión por
medio. Así de claro y de rotundo quiero ser; repito, así de claro y de
rotundo quiero ser. Lo que también quiero decir muy claramente es que los
barcos que están pescando la merluza en Namibia son españoles, y ha
habido algunas exportaciones y ha habido alguna asociación temporal en
relación con el caladero namibio, pues aunque no haya acuerdo, sí hay
otra serie de actuaciones.
Se ha hecho referencia a otro tema: a Chile. También hemos tratado con el
Gobierno chileno, y, lo que es la vida, ayer mismo coincidiendo con su
paso por Roma me
llamaba desde allí el señor Couve, el Secretario chileno, precisamente
para tratar estos temas. Lo he tratado con él en Roma hace unos días y
hemos quedado en vernos, allí, en Santiago para hablar de esa cuestión y
de otra serie de temas, pero ahí la Comunidad está decidida, trabajando
en el tema y es conocido todo lo que está haciendo el Gobierno español y
otras entidades españolas muy importantes. Es un problema complicado con
la propia ordenación chilena, el tamaño de las flotas y demás, pero sí
quiero decirle que encontraremos una salida para esa flota.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Loira. Suspendemos la sesión
por espacio de un minuto. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE DE ENESA, PARA QUE INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTUAL
CAMPAÑA DE SEGUROS AGRARIOS EN ESPAÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000011.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al séptimo y último punto
del orden del día: comparecencia del Subsecretario de Agricultura, en su
calidad de Presidente de Enesa, ante la Comisión de Agricultura, para
informar sobre el desarrollo de la actual campaña de seguros agrarios en
España, a petición del Grupo parlamentario Popular.
Sin más, y dado lo avanzado de la hora, doy la palabra al señor
Subsecretario en su calidad de Presidente de Enesa para informar sobre
este tema.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y PRESIDENTE DE ENESA (Casado
González): Señorías, trataré de ser breve ya que los calendarios y
horarios se han ido dilatando a lo largo de toda la mañana.
Tal y como solicita el Grupo Parlamentario Popular, querría exponer lo
que han podido ser los resultados de la campaña 1992 y la parte que
llevamos de 1993, en lo que se refiere a los seguros agrarios. Para
realizar una valoración de la campaña actual de seguros agrarios, a pesar
de que aún falta un mes para terminar el año y de que contamos con datos
provisionales, creo que hay que hacer referencia a lo que, en principio,
se declaraba en el plan trienal de seguros agrarios vigente en los años
1991, 1992 y 1993. Había una serie de objetivos básicos que voy a resumir
en cinco principales que consisten en lo siguiente: el primero era el
mantenimiento del crecimiento en la contratación de seguros agrarios. Más
adelante daré las cifras, creo que esto se ha mantenido, porque vamos a
terminar la campaña aproximadamente con un crecimiento del 1 por ciento
en las pólizas suscritas. Otro de los objetivos era la consolidación de
las líneas actuales, 42, para ser exactos, y que, además, pueden reflejar
lo que es la potencialidad de cobertura que tiene el seguro agrario en el
sector agrícola y ganadero español. Si todo el mundo asegurara, podríamos
tener una cobertura que alcanzase el 90 por ciento de la productora final
agrícola y un 50 por ciento de la ganadera. Por tanto, las ventanillas y
las puertas están completamente abiertas en lo que se refiere al seguro
agrario. El tercer objetivo era alcanzar el equilibrio financiero del
sistema, objetivo que, a pesar de las condiciones excepcionales que
sufrimos por la sequía en los dos últimos años, con un crecimiento
espectacular de la siniestralidad, sobre todo en algunas zonas, todas
estas circunstancias nos han llevado a reconsiderar algunos de los
aspectos y de las medidas que se reiteraron durante 1992 y que son
objetivo de explicación en esta comparecencia. De todas maneras, creo que
estamos en la típica situación de ir intensificando y profundizando en
los estudios técnicos para el establecimiento de una mayor
diversificación de riesgos y, en particular, para estratificar más
adecuadamente el tipo de subvenciones en función de la política agraria
con el objetivo final de primar a aquellos agricultores a título
principal, favoreciendo, en definitiva, la viabilidad de nuestras
explotaciones. Objetivo fundamental de esta línea de seguros agrarios es,
desde su inicio, el mantenimiento de rentas del sector frente a las
situaciones adversas. De hecho, aunque veremos las cifras concretas más
adelante en mi exposición, tengo que avanzar que durante los años 1991 a
1993 el Gobierno, a través del presupuesto del Ministerio de Agricultura,
ha hecho un esfuerzo, cuantificado en 40.000 millones de pesetas de
subvención, y las indemnizaciones que ha recibido el sector se aproximan
a los 90.000 millones de pesetas en este trienio. Por último, y en quinto
lugar, otro de los objetivos que planteaba el plan de seguros agrarios
1991-93 era dotar de mayor agilidad y eficiencia en la gestión al
conjunto de agentes que intervienen en el sistema, empezando
evidentemente por la Entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, que
presido.
Voy a detenerme un momento en este aspecto porque creo que obtener una
mayor agilidad y eficiencia en el funcionamiento es uno de los objetivos
básicos en el que vamos a hacer hincapié durante los próximos años. El
sitema de seguros agrarios, como SS. SS. conocen, presenta una
peculiaridad porque intervienen en él muchos agentes de distinta
naturaleza: por una parte, está la Administración a través de la Entidad
estatal de seguros agrarios, la Dirección General de Seguros y el
Consorcio, a través del Ministerio de Economía y Hacienda; en segundo
lugar, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas y,
por último, el sector asegurador privado a través de Agroseguro. Quiero
decir que esta complejidad se aprecia claramente en la mera enunciación
de los agentes que intervienen en este sistema.
Para abordar esta problemática, y ya en la actualidad, se ha creado un
grupo de trabajo interno, dentro de la Administración, en el que van a
estar representados el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y presidido y dirigido
por el Ministerio para las Administraciones Públicas, para simplificar el
proceso de elaboración de la normativa aplicable a los seguros agrarios.
Como dato significativo tengo que señalar que tenemos que elaborar al
cabo del año 70 órdenes ministeriales para la aplicación del plan de
seguros y es obvio que se necesita alguna racionalización en este
impresionante aparato jurídico simplificándolo y garantizando una mayor
agilidad. Al mismo tiempo (y ya son hechos virtuales puesto que están en
marcha estas distintas medidas) hemos consultado con asociaciones
profesionales agrarias y están de acuerdo, en general, en encargar un
estudio, que se ha empezado a realizar con una consultora privada
externa, para que nos dé su opinión sobre lo que puede ser una auditoría
de gestión de todo el sistema de seguros agrarios. Espero que a finales
de año podamos tener este estudio y podremos exponerlo en esta Comisión,
o donde ustedes juzguen conveniente y, desde luego, lo tendrán en su
poder en cuanto tengamos los datos de las organizaciones profesionales
agrarias para ver las medidas que nos recomiendan y aquellas que tengan
alguna viabilidad de implantación.
Entrando en lo que es la comparecencia solicitada por el Grupo Popular,
quiero analizar el desarrollo de la campaña, aun cuando he dicho que los
datos son provisionales ya que no hemos terminado todavía el año. La
contratación del seguro agrario ha aumentado, como decía al principio, el
1 por ciento, y se han suscrito aproximadamente 290.000 pólizas frente a
280.000 del año anterior, que eran las contratadas en la pasada campaña
en estas mismas fechas. Esto supone, efectivamente, un aumento no
demasiado significativo, pero creemos que el número total de pólizas
podría estar por encima de las 300.000 cuando termine la campaña, que
será por los meses de abril o mayo del próximo año. El volumen de primas,
es decir, el coste que ha desembolsado el agricultor, ha descendido el 8
por ciento respecto a la pasada campaña; esto es consecuencia lógica de
la disminución de los capitales asegurados. En esta campaña estimamos que
haya un volumen de primas de 30.000 millones de pesetas, frente a los
32.700 del año anterior. Las subvenciones que el Ministerio de
Agricultura concede a la contratación como consecuencia de la disminución
del capital asegurado han bajado y estimamos que puedan estar en el orden
de los 13.000 millones de pesetas para este año 1993. Las líneas de
seguro que presentan un volumen de primas inferior a la campaña pasada
son: cítricos, frutales, cereales de primavera, algodón, tabaco, plátano
y algunas hortalizas como el melón y el tomate de invierno. En cuanto a
las líneas que han aumentado la contratación en volumen, cabe destacar el
complementario integral de cereales, cereales de invierno en su modalidad
de pedrisco e incendio, cereza, tomate y girasol.
Referente a los datos de siniestralidad, para todas las líneas de seguro
hasta la fecha, hasta 20 de noviembre aproximadamente, se han presentado
109.000 casos de siniestro, produciéndose una disminución del 20 por
ciento respecto a la campaña pasada, que se destacó por una gran
siniestralidad y en la que hubo exactamente 137.092 siniestros
comunicados.
Las comunicaciones de siniestros, por hacer una panorámica global por
productos, se han incrementado este año en cifras cercanas al 40 por
ciento aquellas referentes a manzana, melocotón, pera y cereza, y
destacamos como cifra significativa el descenso en la comunicación de
siniestros en el integral de cereales. La campaña de 1992 tuvo unos
60.000 siniestros comunicados y en la campaña de 1993 estaremos rondando
la cifra de 28.000, es decir, menos de la mitad, el 52 por ciento menos.
En cuanto a valoración estimada de la siniestralidad, probablemente se
sitúe por encima de los 20.000 millones de pesetas. Los pagos que se han
efectuado, hasta el 11 de noviembre, ascienden a 11.000, es decir, hemos
pagado ya el 54 por ciento del total.
Quiero destacar, porque es verdad que han surgido opiniones o críticas
por los retrasos, sobre todo en el pago de siniestros por sequía, los
datos de esta modalidad de seguro. Los siniestros por sequía corresponden
esencialmente al seguro integral de cereales, y de los 28.437 siniestros
en esta línea, 16.000 corresponden a daños por sequía, es decir, el 60
por ciento del integral de cereales son referidos a siniestros de sequía.
Las comunidades autónomas más afectadas han sido Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha y Extremadura, con 15.500 siniestros aproximadamente,
que sobre los 16.000 declarados como consecuencia de la sequía,
representan el 92 por ciento del total; es decir, ha sido en estas
comunidades autónomas donde se ha concentrado esa siniestralidad. La
superficie asegurada por el integral de cereales ha sido de 2.100.000
hectáreas y algo más de 500.000 presentan daños por sequía.
En el número de siniestros, también por valorar lo que ha sido la
distribución geográfica, destaca Andalucía con aproximadamente unos 5.000
siniestros; seguida de Aragón, con 4.837 siniestros, y, después,
Castilla-La Mancha, con 4.608. No voy a dar datos por hectáreas, pero en
cualquier caso se puede hacer una comunicación a esta Comisión para no
aburrir a SS. SS. sobre lo que ha sido la valoración económica y física
de estos daños.
La valoración total de los siniestros dclarados en esta línea de sequía
asciende a 7.500 millones de pesetas y hasta el 11 de noviembre se habían
pagado 6.715; es decir, el 90 por ciento, repartidos, como es lógico y
por la mayor siniestralidad, en Andalucía, con 3.700 millones de pesetas;
Aragón, con 1.103; siguiendo después la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, con 683 millones de pesetas. Por tanto, quiero destacar que a 11
de noviembre, es decir, hace aproximadamente diez días, llevábamos
pagados el 90 por ciento de los daños por esta eventualidad.
Por otra parte, reconozco que se han producido algunos retrasos en el
pago de las indemnizaciones. El artículo 30 del Reglamento que desarrolla
la Ley de Seguros Agrarios establece que las indemnizaciones por los
siniestros ocurridos deben ser abonadas dentro de los 60 días siguientes
a la terminación de la recolección de las cosechas. Para el seguro
integral de cereales la fcha del 15 de agosto es la de terminación de las
cosechas en Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias, y el 30 de
septiembre para el resto de las comunidades autónomas. En consecuencia,
los plazos límite de pago de indemnizaciones se sitúan en el 15 de
octubre, para las comunidades autónomas que he citado, y en el 30 de
noviembre, para el resto.
Andalucía y Extremadura, que son las zonas más afectadas por la sequía,
que tienen fecha límite de indemnizaciones del 15 de octubre, han sido
las primeras en recibirlas, y quiero destacar que en Andalucía hemos
pagado ya el 96,86 por ciento de las indemnizaciones y en Extremadura el
89,69 por ciento, es decir, prácticamente el 90 por ciento.
En cuanto a los siniestros pendientes de abonar por problemas en su
póliza al detectarse que existen más parcelas declaradas en la
documentación, que me imagino que luego comentaremos, debido a las
solicitudes de ayudas de cultivos herbáceos de la PAC, en las que tienen
póliza de seguro quedan por resolver aproximadamente unos 1.100 casos en
toda España, con una valoración de 330 millones de pesetas. Las
reclamaciones o diferencias entre estas superficies declaradas en la PAC
y las que en principio se habían asegurado vienen a ser principalmente en
Andalucía y Aragón. Andalucía tiene 142 casos pendientes, con una
valoración de 119 millones de pesetas, y Aragón tiene 411 casos, con 92
millones de pesetas.
Por tanto, quiero destacar que en cuanto a estos datos, las diferencias
de criterio entre Agroseguro y los asegurados suponen el 1,8 por ciento
del total de declaraciones del seguro integral de cereales. Como he dicho
anteriormente, las reclamaciones no pasan dee unos 1.130 casos
actualmente, y el conjunto de declaraciones del seguro integral de
cereales había sido de 62.000. Vuelvo a repetir, porque creo que debo
hacer hincapié, que estamos hablando de unos porcentajes del 1,8 por
ciento aproximadamente.
Se me pregunta en esta comparecencia cuáles son los requisitos exigidos
para el pago en el seguro integral de cereales y tener derecho a la
percepción de las indemnizaciones. Debo decirles que la normativa vigente
establece con total claridad la obligación de asegurar, como SS. SS.
saben, la totalidad de las producciones de la misma clase que el
asegurado posea en todo el territorio nacional, determinando, además,
taxativamente que en caso de incumplimiento se perdería el derecho a la
indemnización. La práctica aseguradora de todas las líneas y de todos los
ramos establece el carácter imprescindible de la identificación de forma
inequívoca del bien asegurado; es otro de los requisitos que establece la
norma vigente. Por su parte, la Entidad estatal de seguros agrarios ha
venido introduciendo mejoras técnicas del seguro integral de cereales.
Dichas actuaciones, al igual que el conjunto de procesos de trabajo que
desarrolla habitualmente Enesa, se han realizado siempre con la
participación de las organizaciones agrarias y con las cooperativas, con
las entidades aseguradoras y con los organismos competentes tanto en el
Ministerio de Economía y Hacienda como en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Las modificaciones que se realizaron en su época, allá por el otoño de
1992, se referían al ajuste de los rendimientos máximos asegurables y a
la reducción del rendimiento correspondiente al trigo duro (con el que ha
habido algún problema en la zona de Andalucía y más concretamente en
Sevilla, en el que luego podemos entrar), y el establecimiento de unas
condiciones más restrictivas para definir aquellas zonas marginales
objeto de aseguramiento referentes a pendientes del terreno, profundidad
del suelo, etcétera. Se han fijado nuevos criterios para ajustar la
producción asegurada en función de las características agronómicas de la
parcela, y también se ha establecido la obligatoriedad de incluir en la
declaración del seguro la identificación catastral de las parcelas
aseguradas en las comarcas de mayor índice de siniestralidad. Todo este
conjunto de medidas intenta como último fin asegurar la viabilidad del
seguro agrario, evitar que haya zonas donde lo que más se siembren sean
pólizas y que, por tanto, tengan una siniestralidad absolutamente
exagerada y fuera de lo normal respecto a las primas que se han fijado.
No cabe duda que en la aplicación de seguros se venían detectando ciertas
deficiencias que afectan a un número muy reducido de explotaciones, pero
es verdad que influían negativamente en la cuantía de las importantes
indemnizaciones que se han venido pagando. Se generaban situaciones tales
como el fraccionamiento de las explotaciones cerealistas e inclusión de
la explotación en diversas pólizas de seguro, supuesto que no estaba
permitido. Tampoco se aseguraba la totalidad de las parcelas que componen
la explotación, y existían parcelas y explotaciones en las que, con una
gran frecuencia, se registraban pérdidas incluso de producción. Para
evitar este tipo de anomalías, y de esta manera definir el desequilibrio
actuarial como obligación de los responsables de esta línea de política
agraria, se consideró necesario adoptar algunas decisiones que tuvieran
como punto de referencia la nueva situación de la agricultura originada
en 1992, a raíz de la aplicación de la reforma de la PAC. Cumplíamos
también el acuerdo marco del plan de modernización de nuestra
agricultura, que se firmó con las organizaciones profesionales agrarias.
Se introdujeron las siguientes modificaciones en el condicionado del
seguro: se modificaron los estratos de subvenciones, favoreciendo la no
división de explotaciones; se otorgaron mayores subvenciones a los
agricultores a título principal, así como también a las SAT y a las
cooperativas de explotación en común de la tierra, y, por otra parte, se
obligó a consignar en la documentación del seguro los números o letras
catastrales de polígono y parcela correctos del Catastro de rústica de
Hacienda para todas y cada una de las parcelas que componen la
explotación. En caso de incumplimiento, se podía llegar a perder hasta el
40 por ciento de la indemnización. Asimismo, se obligó a permitir a los
peritos de Agroseguro el acceso a la documentación relacionada con las
cosechas aseguradas, incluyéndose expresamente entre éstas la
documentación y la solicitud de ayudas compensatorias a la Comunidad
Europea correspondiente a la superficie de cereales de invierno y de
trigo duro.
El proyecto de nueva normativa que incluía estas
modificaciones fue presentado a las organizaciones profesionales agrarias
y cooperativas en el seno de la Comisión General de Enesa, que se reunió
el 22 de septiembre de 1992.
Vuelvo a recordar que, además, los plazos del seguro integral de cereales
para ese mismo año se prorrogaron hasta el 21 de diciembre de 1992 en
todas las zonas, es decir, que desde el 22 de septiembre, que se tuvo la
reunión con las OPA, con la Comisión General de Enesa y con las
cooperativas, hubo dos meses exactos para establecer la nueva normativa,
para publicarla y hacerla llegar a los afectados. Por tanto, yo creo que
era conocida suficientemente por las organizaciones profesionales
agrarias y fue publicada en el «Boletón Oficial del Estado». Además, en
el momento de contratación del seguro, el agente que formaliza la póliza
hace entrega al tomador del seguro, firmando este último la recepción, de
una copia de esa normativa al seguro que suscribe, razón por la cual,
desde el momento de la contratación, el asegurado conoce los criterios
por los que se regirá el contrato de seguro.
Es evidente que los requisitos exigidos en el seguro integral de cereales
para tener derecho a la percepción de indemnizaciones lógicamente
responden a criterios técnicos y objetivos, que sólo pueden beneficiar al
sector en la medida que impiden actuaciones, como las señaladas
anteriormente, de no aseguramiento de la totalidad de la explotación.
Hay que recordar, por último, que las discrepancias, a las que antes
hacía referencia, escasas en valores absolutos y relativos, como hemos
visto entre los datos contenidos en la póliza y los de la solicitud de
ayudas compensatorias, no implican la pérdida del derecho de
indemnización si es suficientemente justificada. Nos hemos dirigido a
todos aquellos agricultores que tenían problemas por no concordar la
superficie asegurada con la que habían declarado para las subvenciones de
la PAC y estamos recibiendo contestaciones; aquellas razonadas, son
atendidas en su práctica totalidad, y prueba de ello es que frente a los
9.000 expedientes que al final de la campaña presentaban discrepancias en
los datos del seguro y los de las declaraciones de ayudas compensatorias,
hemos pasado a mantener sólo 1.130 en este momento. Por tanto, esas 7.870
reclamaciones han sido atendidas positivamente. Creemos, pues, que con la
debida justificación en cada caso, este número puede seguir descendiendo
en las próximas fechas.
Termino, señor Presidente, porque no querría ser demasiado exhaustivo en
dar un torrente de cifras que, al final, si no están sobre un papel, son
difíciles de explicar, haciendo una reflexión sobre la campaña próxima de
seguros agrarios y qué nos proponemos realizar.
Como decía al comienzo de mi comparecencia, hemos iniciado una serie de
estudios tendentes a mejorar la organización y agilizar los
procedimientos y la elaboración de la normativa; en definitiva, hacer más
eficaz la gestión de los seguros agrarios.
Soy consciente también de que, más allá de estos elementos
instrumentales, es necesario analizar y modificar aspectos tan
importantes como las condiciones técnicas de aseguramiento o el sistema
de subvenciones, que debe responder no sólo al criterio de mantenimiento
de rentas, que es el fin último del seguro agrario, sino también al de
una política agraria que favorezca las rentas que se originen en el
sector y las discrimine positivamente de acuerdo con sus diferentes
niveles.
Creo que además va siendo hora, después de trece años --diez más
intensos-- de vida del sistema de seguros agrarios, de hacer un balance,
una reflexión conjunta con todos los agentes que intervienen en él. En
consecuencia, y como también he anunciado, hemos iniciado unas reuniones
de trabajo con representantes de las OPA, de las cooperativas y las
entidades aseguradoras, para introducir aquellos cambios que permitan una
mejor adecuación de las condiciones actuales. Ello ha obligado --y así lo
vamos a mantener-- a prorrogar por un año el plan vigente de 1993. De
acuerdo con las conclusiones obtenidas en estos grupos de trabajo,
presentaremos al Gobierno, en una fecha ya fijada y obligatoria para no
alargarla durante más tiempo, un plan plurianual de seguros agrarios
antes del próximo 1.º de mayo de 1994, que afectará a los años 1995 y
sucesivos.
A lo largo de este proceso, lógicamente, estaré a su disposición para
informarles de cuantos avances se produzcan y recibir --y así se lo
ruego-- las iniciativas que considere oportunas proponer esta Comisión y
conseguir, entre todos, un mejor funcionamiento del sistema.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo peticionario de la
comparecencia, el señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Subsecretario, muchas gracias por
asistir a esta comparecencia pedida por el Grupo Parlamentario Popular
hace ya tiempo, a finales del pasado verano, porque creo que es objetivo
reconocer que las noticias que se habían producido durante todo el verano
no eran muy halagüeñas en relación a la deseable buena integración entre
la entidad Agroseguro y los agricultores. Creo que ha sido un verano
lleno de noticias, de colisiones, de retrasos, de incidentes que en su
mayoría no se han explicado. Usted mismo no ha hecho referencia a la
crisis de Agroseguro, los ceses que se han producido en la entidad y que,
de alguna forma, demostraban que el sector estaba reaccionando mal
respecto al tratamiento que recibía de las entidades y organismos
encargados de la administración del seguro agrario. De ahí nuestra
petición de comparecencia; de ahí la necesidad de conocer el informe que
nos ha ofrecido, del que se desprende ya alguna cuestión: que estamos
estancados, crecemos muy limitadamente, el 1 por ciento, muy poco;
estamos también sospechosamente estancados en un seguro que tenía que
estar muy extendido en todo el territorio nacional, como es el integral
de cereales. Las cifras que nos ofrece el señor Subsecretario nos
demuestran que escasamente el 25 por ciento de la superficie de cereales
española se asegura. Le recuerdo que llegamos a tener 3.600.000 hectáreas
en el seguro integral de
cereales al segundo año de ponerse en vigor (recordará esa cifra;
compruébela) y que, efectivamente, esa caída y esa congelación en la
caída, de alguna forma, tendría que llamar la atención a la
Administración de que algo está sucediendo en el seguro integral de
cereales.
Dice el señor Subsecretario que están prácticamente despachadas todas las
cuestiones, que quedan exclusivamente 800 ó 1.000 expedientes por
despachar; pero expedientes que tienen su influencia y su incidencia muy
locales y que, de alguna forma, ponen de manifiesto que algo está pasando
entre la entidad Agroseguro y los agricultores. Tenemos, al menos,
información de muchos expedientes en Andalucía, en Guadalajara, en
Toledo, en Aragón, concretamente, en Teruel, donde hay una dificilísima
relación entre agricultores y Agroseguro. Asimismo, nos llega información
de que en los seguros tomados a través de las organizaciones agrarias se
resuelven más fácilmente los incidentes que se provocan que aquellos que
se han practicado a través de entidades de crédito, que luego se
«despreocupan» --entre comillas--, en el seguimiento de la vida del
seguro y de los incidentes que se producen. Estas cuestiones --y yo me
alegro de que estemos en ese nivel de solución-- no parecen
satisfactorias por parte de las organizaciones agrarias cuando se les
pregunta.
Pero vamos a plantear en esta comparecencia, que espero que no sea la
última para hablar de seguros agrarios, qué va a pasar en el futuro con
esta institución, que tiene una filosofía en su nacimiento, y es
garantizar rentas a los agricultores; por tanto, el equilibrio
financiero, en el que tanto énfasis ha puesto el señor Subsecretario, no
creemos que sea un objetivo a perseguir de una forma inmediata. Toda
garantía de rentas en un sector que percibe la mitad de esas rentas que
el resto de los activos que se dedican, en otros aspectos de la economía
española, al trabajo y a la profesión, no debe ser, a nuestro juicio, un
objetivo prioritario; sí, por el contrario, garantizar estas rentas a la
hora de enfrentarse con las diversas circunstancias meteorológicas.
En cambio, nos preocupa cuál va a ser el futuro de la institución. Se nos
ha dicho: «Hemos tenido que repetir el plan, o mantenerlo, para el año
que viene, porque no hemos podido avanzar en su acomodación a las nuevas
realidades.» Por ejemplo, yo le digo que en este momento no tenemos en el
plan cobertura para el incendio en las masas forestales que se
establezcan de conformidad con la aplicación de las medidas de
acompañamiento de la política agraria común, y es causa de pérdida de las
subvenciones la desaparición de esa masa forestal por parte del
agricultor, no habiendo, repito, cobertura de seguro para ella. Hemos
repetido el plan, y un elemento fundamental de las medidas de
acompañamiento de la política agraria común se queda sin cobertura de
seguros. Entiendo que esa repetición pone de manifiesto, posiblemente,
que en el Ministerio de Agricultura, en Enesa, en Agroseguro y, en
definitiva, en los responsables que ha habido durante este tiempo en los
seguros agrarios, no se ha tenido a la institución a la altura que las
circunstancias exigían.
Señor Subsecretario, nos preocupa en este momento el aumento de primas
que se está exigiendo a los agricultores --léase la contratación del
integral de cereales en Andalucía--, difícilmente justificado. Nos
preocupa que se hayan pedido documentos que jamás se habían pedido
anteriormente, a pesar de que haya intentado justificar que en la
disposición aprobada a finales de septiembre ya se preveía esa exigencia
documental de la superficie acogida a las subvenciones de la PAC, pero
jamás se había pedido anteriormente. Ha habido sorpresa por parte de los
agricultores, y posiblemente esos 1.100 expedientes que están sin
resolver tengan justificación en esa documentación que se ha pedido. Yo
espero que tengan ustedes la benevolencia de estudiar la casuística que
se encuentra detrás de eso. Se ha pedido superficie subvencionada de la
política agraria común de tierras que no son propiedad del agricultor y
que eran de parientes que no tenían titularidad agraria y, por tanto,
difícilmente se podían introducir en la cobertura del seguro. Por
consiguiente, esperamos que el análisis individualizado de esos
expedientes permita llegar a la justicia en la administración del mismo.
La repetición del plan, señor Subsecretario, nos deja sin líneas sobre
cuya viabilidad se habían prometido estudios que iban a ser remitidos a
la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, y hay acuerdos
a este respecto. Se nos prometió la remisión de los estudios de las
líneas en relación al viento y a la lluvia en hortalizas; sabemos que ese
estudio ha terminado y no ha sido remitido, repito, al Congreso de los
Diputados, a la Comisión de Agricultura. Se nos prometió la remisión de
los estudios del seguro que permitiera otorgar la cobertura del mismo a
los frutos secos; sabemos que esos estudios se encargaron y se han
terminado o se han debido terminar, porque el encargo era para un plazo
ya caducado, y no han sido remitidos a la Comisión de Agricultura del
Congreso de los Diputados. Existe un mandato que surgió de esta Comisión
en relación a la administración de seguros, y vemos que la prórroga del
plan para el año que viene dejará estas líneas sin cobertura. Por tanto,
nosotros no somos tan optimistas como ha sido usted en su exposición al
analizar el presente y el futuro de los seguros agrarios.
Se nos dice cuál es la subvención que existe en los Presupuestos
Generales del Estado --que, por cierto, se ha repetido este año, no ha
crecido para el año 1994--, y aplicando una mínima devaluación de lo que
significa la pérdida del poder adquisitivo de la peseta, inmediatamente
convendrá usted con nosotros que para el año que viene vamos a tener
menos dinero en los Presupuestos Generales del Estado destinado a la
subvención de esta importante institución, que, repito, viene a
garantizar rentas para hacer frente a las realidades meteorológicas,
porque luego usted sabe que, repetidas veces que hemos pretendido traer
al Congreso de los Diputados la declaración de zona catastrófica de
alguna comarca afectada por una meteorología muy dura, inmediatamente el
Partido que apoya al Gobierno nos ha remitido a los seguros
agrarios y ha votado en contra de esas pretensiones. Por consiguiente, no
somos optimistas.
Las cifras que usted ha puesto de manifiesto nos demuestran que el seguro
no penetra entre los agricultores, estamos estancados, pues un
crecimiento de un uno por ciento no creo que sea para echar las campanas
al vuelo, y si analizamos algún tipo de seguro --en concreto el integral
de cereales--, vemos que estamos ahí y no alcanzamos ni las cifras que
obtuvimos en su momento. Bienvenido sea ese tipo de análisis que están
ustedes realizando con las organizaciones agrarias. Me constan las
reuniones que ha habido en Segovia y nos gustaría rapidez en esa línea,
porque la repetición es negativa para el sector, deja fuera --como lo ha
hecho-- a frutos secos, a hortalizas y a masas forestales que surjan como
producto de aplicación de las medidas de acompañamiento de la política
agraria común, por citar tres que en este momento me llegan a la memoria.
Para resumir, señor Subsecretario, me gustaría saber, primero, qué ha
pasado este verano en Agroseguro, cuya situación tan crítica ha provocado
ceses que no se han explicado, y rogar que las relaciones de Agroseguro
con los asegurados, a través de los inspectores y técnicos que visitan
las parcelas, sean fluidas y educadas y con el trato que todos pedimos
entre administrados y Administración.
Segundo, analicemos en profundidad por qué estamos estancados en el
crecimiento de los seguros, y especialmente por qué no crecemos en la
línea de los integrales de cereales.
Tercero, que en cuanto a documentos que jamás se habían pedido no nos
quedemos satisfechos con que la norma ya lo establecía el día 22 de
septiembre, sino que tengamos la buena voluntad de estudiar la casuística
individual para intentar no dejar a esta gente sin la cobertura del
seguro.
Finalmente, señor Subsecretario, hay que tener presente que la
meteorología española es muy dura, durísima, posiblemente la más dura de
toda la Comunidad Económica Europea, y que la institución del seguro
agrario es la única que podrá hacer superar estas realidades a los
agricultores. Por tanto, debemos tener menos en el frontispicio de
nuestras actuaciones el equilibrio financiero y más la superación de
rentas perdidas por parte de esta meteorología.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Desde mi Grupo quisiera agradecer el no
excesivo triunfalismo por parte del Subsecretario en un tema como el que
tratamos; esto hay que destacarlo de forma positiva. El Subsecretario ha
reconocido las carencias del sistema y la falta de extensión, y ha habido
una frase que comparto totalmente: «Si todo el mundo asegurara.» Quisiera
centrar mi intervención en este punto.
Pensamos que en un momento de la historia de la humanidad en que temas
tan aleatorios como la vida y la muerte casi todo el mundo los tiene
asegurados, una cuestión como la de los seguros agrarios debería estar
prácticamente resuelta. Sabemos que no lo vamos a resolver al cien por
cien, pero tendría que ser un tema en el que, por lo menos, todo
estuviese más avanzado. Pensamos que, en el camino emprendido, las
consultas con las organizaciones profesionales agrarias y con las
cooperativas deberían ser el camino a desarrollar. El seguro agrario
tiene que hacerse atractivo para los agricultores; éstos deben estar
convencidos de que tienen que asegurar sus cultivos y sus explotaciones,
y es a través de las cooperativas donde los agricultores tienen la
posibilidad de reunirse. Por ello, los fondos de formación cooperativa
tendrían que dedicarse a cosas tan importantes como éstas y poder
explicar las ventajas que tiene el asegurar los cultivos. Tenemos que
incidir en estas cuestiones. Por tanto, mi Grupo solicita que se dote de
mayores ayudas e información a las cooperativas y a las OPA, para que
realmente puedan realizar esta función.
Por otra parte, también sería muy importante que a las organizaciones
profesionales agrarias se les diese una mayor posibilidad de gestión,
dentro de lo que es el tema de seguros, para que estuviesen más
implicadas y pudiesen implicar también a sus asociados.
Respecto a los problemas que se han suscitado con Agroseguro, aparte de
que mi Grupo está absolutamente a favor de que cualquier situación de
fraude o desconocimiento sea combatida, quizá es importante tener en
cuenta que las medidas nuevas que se introduzcan con anterioridad
suficiente por los colectivos para que éstos puedan tener los medios para
ponerlas en práctica.
Creemos que hay, como usted dijo en su comparecencia, un tema importante
que yo planteé, sobre todo para una comarca (desde Lleida nos lo
comunicaron a los grupos políticos), y es el que se refiere a la
inclusión del riesgo del viento en la fruta dulce, que todavía no está
cubierto. Usted me habló de que no querían arriesgarse con nuevas líneas,
puesto que el déficit era de 9.000 millones de pesetas. Nosotros pensamos
que es una gran injusticia que esta línea no está cubierta, y por eso
creemos que tendríamos que ir a lo que ya en otros sitios está
implantado, que es el seguro integral en otras producciones, al seguro
integral de explotaciones, con lo cual la fruta dulce tendría el riesgo
de viento cubierto. Por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
pensamos que Enesa no debe limitarse a la función consultora, sino que
también debería tener competencias en materia ejecutiva.
Esta diputada no sabe si el tema del encarecimiento de las primas se ha
resuelto para este año. Efectivamente, los 14.000 millones de pesetas que
contempla el plan de seguros agrarios, ya lo dijimos en su comparecencia,
consideramos que no llegarán, porque tendríamos que deducir, por lo
menos, el 3,5 por ciento de inflación. Por tanto, este año contaremos con
menos dinero para
subvenciones, y me gustaría que el señor Subsecretario, aprovechando esta
comparecencia, nos explicase cómo está este asunto.
Pensamos que deberíamos acercarnos al equilibrio del sistema, aunque
siempre serán fundamentales las subvenciones. Si conseguimos la mayor
extensión en la utilización por parte de los productores del sistema de
seguros, podría llegar un momento en el que esos seguros agrarios no
estuviesen en esta situación de excesivo déficit que podría poner en
peligro, no digo su existencia, pero sí las prestaciones que nosotros
pensamos que son las necesarias.
En definitiva, nos parece que entre todos debemos hacer un gran esfuerzo
para la extensión del seguro agrario, para que sea asumido por el
conjunto de los agricultores, y estamos dispuestos a participar en el
debate que sobre este tema ponga en marcha el Ministerio.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I SERIS: Quiero agradecer, en primer lugar, la exposición
que ha hecho sobre la actual campaña de Agroseguro. En nombre de mi
Grupo, y al hilo de sus últimas palabras, quiero decirle que nosotros
también creemos que hemos avanzado muchísimo en este plan trienal, sobre
todo en el primero y segundo año, pero hemos de reconocer que en este
momento estamos un poco estancados. Por tanto, lo que tendríamos que
procurar entre todos es hacer propuestas razonables --y algunas ya se han
planteado aquí por otros portavoces-- para ver cómo mejoramos y ampliamos
la línea de cobertura que existe en este momento.
Hay poco crecimiento por varias razones. Nosotros creemos que una de
ellas es porque, aunque tengamos una climatología muy adversa, muchas
veces hay poco riesgo en algunas zonas y productos concretos, por eso la
desidia del agricultor en no asegurarse. Otra razón también pueden ser
las condiciones en que se materializa el seguro, ya que cuando ha habido
riesgos concretos en algunos años, la forma en que éste se ha tratado,
cómo se han hecho las valoraciones o cómo se ha pagado ha descorazonado a
algunos agricultores. No olvidemos tampoco que el seguro, en un momento
en que la renta agraria es baja, es pobre, representa un coste adicional
importante, aunque me podrá decir que está subvencionado y que además
tiene un plazo alargado para el pago. Creo que estas tres condiciones
hacen que no haya más contratación de seguros agrarios.
Nuestro Grupo quisiera hacer algunos comentarios sobre la campaña actual,
y de alguna forma, al hilo de sus últimas palabras, sobre propuestas de
futuro.
En cuanto a la campaña de frutales, entendemos que deben adecuarse las
normas de calidad en la peritación por pedrisco en frutal a las normas de
mercado. La fruta se queda golpeada, aunque sea mínimamente, no puede ir
al mercado en las condiciones y con las exigencias habituales, por tanto,
su valoración tiene que ser muy por debajo de ese precio de mercado.
Además, respecto a la fruta dañada que tiene que ir a la industria
transformadora, en algunos casos, si se tiene en cuenta que, a veces,
zonas de pedrisco en frutal cogen una superficie de terreno muy amplia,
los peritos tardan muchos días en hacer la valoración, y esta fruta queda
deteriorada y no puede ir ni siquiera a la industria. Aquí habría que
hacer una revisión de esa valoración, ya que no es la exacta a precio de
mercado de industria transformadora.
Por lo que se refiere a frutales, está cubierta la helada y el pedrisco,
y además es opcional. Nosotros pedimos que entre también la tempestad y
el viento, porque en la mayor parte de los casos el pedrisco viene
acompañado de una tormenta con vientos fuertes. Entonces, es una
incongruencia que tengamos cubierto el pedrisco y no la tormenta, que
hace tanto o más daño que el pedrisco.
Relacionado con el frutal está también la identificación del daño causado
por heladas, y sabe usted perfectamente que a veces es muy difícil
evaluar si el daño es por una helada tardía o por una mala polinización;
los técnicos de Agroseguro lo achacan a una u otra causa, por tanto, hay
diferencias de criterios. Yo pienso que aquí tendríamos que ser un poco
más rigurosos.
Estoy de acuerdo también con otro portavoz en el tema de la exigencia
documental. Este año pasado se ha dado la paradoja de que cuando se
contrataron los seguros no se necesitan tantos documentos; en cambio, a
la hora de plantear el siniestro y preparar la valoración para el cobro,
han salido un montón de exigencias documentales que han hecho muy
difícil, en muchos casos, acceder al pago de la cuota que le correspondía
por el contrato que tenía con Agroseguro. Hay que tener en cuenta,
además, que nuestras propiedades agrícolas en muchos casos y en muchas
zonas tienen verdaderos problemas de herencias.
Otro aspecto relacionado con los frutales es el de los viveristas,
especialmente los de frutal, que hasta este momento no tiene ninguna
línea de seguro de pedrisco. Aquí todos los productos se mueven con unos
altos costes, que en el caso de Cataluña, por ejemplo, vienen, además,
incrementados por un certificado de calidad. Certificado de calidad
necesario, tremendamente necesario, pero que provoca que los precios sean
enormes. Me consta que los sectores productores se han puesto en contacto
con Agroseguro para plantear este tema y que han presentado un estudio de
los costes, e incluso han evaluado cuánto costaría por planta esta nueva
línea. Por eso le pedimos, señor Subsecretario, que estudie esta
propuesta.
Hay otra cuestión relacionada también con la fruta, y es el seguro que ya
se puso en funcionamiento dirigido a las asociaciones, cooperativas u
organizaciones de productores que tengan centrales frigoríficas, para que
cuenten con un seguro de cobertura los años en que no pueden llenar sus
centrales frigoríficas debido a los daños ocasionados en la fruta por el
pedrisco. El seguro está bien, pero existe un problema, y es que obliga a
que el total de los asociados tengan el cien por cien de su parcela y
producción asegurada, sin embargo, a veces, por la cabezonería del uno o
del dos por ciento del número total de asociados, resulta que la central
pierde la posibilidad de contar
con ese seguro. Creo que habría que buscar alguna fórmula complementaria
que desbloqueara esta situación que obliga a que muchas centrales no
puedan hacer lo que quisieran, que es asegurar su volumen de frío
agrícola, por la tozudez e incluso por la insensatez de ese uno o dos por
ciento de sus asociados.
Otro producto que, como ya se ha dicho anteriormente, debería tener una
línea de seguro es el de los frutos secos, y me remito especialmente al
de la almendra, tanto en lo relativo a las heladas como al pedrisco.
Tenga en cuenta que ésta es una producción de secano en la mayor parte de
los casos, que se da en zonas normalmente deprimidas que no permiten una
transformación a otros productos y que, por tanto, no tienen ninguna
cobertura. Por ello, para conseguir que Agroseguro funcione y que
realmente garantice la renta agraria de la mayor parte del sector
productor de todo el Estado, nosotros le pedimos, señor Subsecretario,
que no solamente realicen estudios sobre este tema, sino que intenten
poner en marcha esa nueva línea de seguros que es realmente necesaria.
En el sector del olivo, la cobertura del seguro incluye los daños
ocasionados por el pedrisco, sin embargo, creo que debería ampliarse
también a los efectos de la sequía y el viento, puesto que este año ha
habido amplias zonas que se han visto muy afectadas por estos tres
fenómenos atmosféricos. Pienso que el Presidente de la Comisión
compartirá mi opinión al respecto, puesto que su municipio se encontraba
entre los afectados por uno de los pedriscos que cayó este verano en la
zona de Lleida.
Nuestro Grupo habló con el Gobierno de Cataluña sobre la línea de
subvenciones que aporta el Gobierno central y las comunidades autónomas,
y nos dijo que está dispuesto a colaborar en lo necesario para que esas
nuevas líneas pudieran ampliarse. Nosotros creemos que hay que hacer un
nuevo esfuerzo para readaptar a las diferentes líneas la realidad actual
de funcionamiento; que todo el papeleo exigible, de acuerdo con la
normativa comunitaria, tendría que ser mucho más fácil; que tendrían que
amplicarse, vía enmiendas o vía modificaciones de crédito, las
subvenciones a Agroseguro para que en el año 1994 pudiera haber nuevas
líneas de ayudas, y, por último, creemos que habría que volver a las
campañas anteriores de promoción de las líneas de seguros que se
promovieron desde el Gobierno central (en nuestro caso desde la comunidad
autónoma), desde la Administración local, desde las organizaciones
profesionales y desde todos los sectores implicados.
Tenemos que plantear el problema como la mejor garantía en este momento
para las rentas agrarias, al lado de los precios y de todo el
proteccionismo que queramos en el futuro, y lo que sí es necesario, señor
Subsecretario, es que se haga un replanteamiento del tema, porque
Agroseguro, primero, tiene que ser rentable, y, segundo, tiene que dar
garantías suficientes a todos sus asegurados. Sólo conseguiremos ampliar
el número de contratos y el número de agricultores asegurados si
trabajamos con rigor y con seriedad y si, además, lo hacemos con
propuestas, yo diría que unitarias, de todos los grupos y de todas las
administraciones implicadas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señor Subsecretario, nosotros hemos seguido
con atención la exposición que ha realizado en su calidad de Presidente
de Enesa y realmente nos produce una satisfacción tremenda ver que
aquellas medidas tan cuestionadas en el año 1993, vistas ya desde su
aplicación, han dado unos resultados positivos, a pesar de algunos
pequeños problemas que se han suscitado. Realmente eran unas medidas
necesarias para dar ese primer paso en algo en lo que todos los grupos
coincidimos, que es en la consolidación del sistema de seguros agrarios.
Como saben SS. SS., el Partido Socialista, desde 1982, en sus programas
electorales, en el apartado correspondiente a la agricultura, siempre ha
puesto en lugar preferente el tema de los seguros agrarios, y yo creo que
hoy, después de diez años de su puesta en marcha, se ve cómo va calando
en la sociedad y en el sector, aunque lógicamente con problemáticas y con
análisis diferentes, ya que los riesgos no son iguales en todos los
sectores ni en todas las provincias, de ahí que haya agricultores que, en
determinados cultivos, se muestren reacios a plantear estos riesgos, si
bien habría que hacer un esfuerzo para ampliarlos, puesto que, en la
medida en que haya un mayor número de seguros, se está garantizando de
una manera decisiva el que funcionen en su conjunto.
Yo creo que después de estos diez años de su puesta en práctica, sobre
todo de uno de los seguros que más importancia tienen dentro del paquete
global de los mismos, que es el seguro integral, ya se puede hacer una
evaluación. Realmente habría que decir que, salvo en el año 1983, las
zonas aseguradas se han mantenido, aunque este año han crecido un
poquitín. Como todos sabemos, en España, sobre todo en el cultivo de
cereales, la climatología afecta de manera más decisiva a unas regiones
que a otras, y ahí están los datos y los resultados que el señor
Subsecretario ha expuesto. Pero yo creo que cualquier analista imparcial
que hiciera un estudio de estos diez años concluiría diciendo que ha sido
uno de los elementos más importantes que el agricultor ha tenido para
garantizar sus rentas agrarias ante las inclemencias climatológicas, que
yo creo que es el factor fundamental que hay que deslindar; es decir, hay
una serie de políticas y una de ellas es garantizarlo.
Al hilo de esa cuestión, puesto que ha habido una intervención en ese
sentido, se ha hablado de las causas o de los riesgos a veces no
previstos. Hay un dictamen del Comité Técnico y Social de la Comunidad
Europea donde se hace una serie de recomendaciones y se deja una vía
abierta para que se pueda ampliar y se pueda llegar a lo que denomina el
seguro agrícola comunitario; fundamentalmente aparecen elementos
importantes y se habla de factores que creo que trata con una exquisitez
extrema, llamándolo calamidad agrícola bien por la naturaleza o bien por
la extensión. Yo creo que en muchas ocasiones nos encontramos con
problemas de esta envergadura que no están recogidos dentro de los
propios seguros
agrarios y en los que habría que profundizar, y lo que el Grupo
Socialista pide al Subsecretario es que se profundice en ese dictamen
para que se pueda llevar a cabo, dado que el Gobierno socialista español
tiene una amplia experiencia en esta cuestión, puesto que sería un buen
motor de impulso a medio plazo que daría unos rendimientos absolutamente
positivos para el sector agrario.
Quiero destacar en esta intervención el posicionamiento de los distintos
grupos políticos. Valoramos muy positivamente el tono y la profundidad
con que se hacen los análisis. Yo creo que en esa línea podemos seguir
trabajando y, dado que este año se va a prorrogar y se queda como un año
puente para fijar lo que pueda suceder en el próximo trienio, estamos en
condiciones óptimas para, conjuntamente con todos los sectores implicados
que, como se ha dicho, son bastantes, tengan también una participación
real y clara esta Comisión y todos los grupos políticos.
Creo que la situación y el posicionamiento es claro y concreto, y se debe
aprovechar para que esta Comisión participe muy activamente en todos
estos trabajos y elabore el mejor plan, sobre todo el plan que garantice
la consolidación del sistema que, en última instancia, es lo que más nos
interesa.
Haciendo un análisis de la campaña de este año, nosotros destacaríamos
que el resultado ha sido altamente positivo. No hay que ser pesimistas.
Cuando se ponen unas medidas nuevas, hay su propio período de adaptación,
y eso genera siempre unos problemas complementarios. Yo creo que el
tratamiento que se está haciendo --las cifras lo están demostrando--, de
9.000 expedientes que suscitaron problemas se ha pasado ya a 1.000 y se
está haciendo un trabajo individualizado, resulta positivo, creo que es
como se debe trabajar y, en la manera en que estos problemas se resuelvan
también el agricultor va a entender que hay una comunicación directa
entre Agroseguro y los propios afectados. Repito, creo que es un elemento
positivo.
Este año se debe intentar ser un poquitín más flexible de lo que sería
una situación normal puesto que hay que aceptar que es el primer año y
hacer advertencias correspondientes para próximas campañas, a través de
las organizaciones agrarias, de que se va a ser absolutamente restrictivo
para evitar esos pequeños casos de fraude que tenemos que perjudican
realmente la imagen del sector. Me parece que se están resolviendo bien y
por eso lo valoramos positivamente.
Por parte del Grupo Socialista manifestamos que cuenta con todo nuestro
apoyo para este trabajo, que queremos participar y garantizar nuestro
compromiso electoral de que el sistema sobre el seguro agrario se
consolide y agradecerle sinceramente esta comparecencia en que ha
proporcionado, cómo podremos seguir a través del «Diario de Sesiones»,
una serie de datos, documentos y cifras, que nos dicen que,
efectivamente, vamos por el buen camino y que la excepción de las cosas
se están haciendo bien, y sepamos también que en un volumen tan amplio y
con un sector tan complejo, en el que, como antes se comentaba, el
pedrisco sucede a veces casi en fechas de recolección, siempre vamos a
tener problemas. También es obligación de todos que estos problemas sean
mínimos y que sean los lógicos, pero yo creo que se está dando una
respuesta adecuada al problema y que deberemos intensificar este sistema.
También estamos de acuerdo, como han dicho otros grupos, en que se apoyen
campañas a través de las organizaciones profesionales, para que se amplíe
al máximo el seguro porque eso va a garantizar, como hemos dicho antes,
la propia viabilidad del seguro en su conjunto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Velasco.
Para contestar a las preguntas y observaciones formuladas tiene la
palabra el señor Casado.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y PRESIDENTE DE ENESA (Casado
González): Voy a tratar de englobar algunas respuestas porque yo creo que
han salido temas recurrentes de los distintos grupos parlamentarios.
Empezaré por cuestiones generales que han tocado prácticamente todos los
grupos parlamentarios para intentar contestar una a una, en la medida de
lo posible, según el conocimiento que en este momento tengo, a otras
cuestiones que han salido.
En primer lugar, la bajada, no es bajada sino subida del 1 por ciento en
la contratación de pólizas para esta campaña respecto a la anterior, hay
que tener en cuenta que, después de un mal año, casi siempre suelen bajar
los seguros, es decir, si ha habido una siniestralidad muy elevada, como
hubo en los años 1991 y 1992 por temas de sequía, los agricultores,
porque sus rentas han disminuido o por lo que sea, en sus planteamientos
de gasto a veces eliminan el seguro, tal vez porque no esté demasiado
implantado; en eso le puedo dar la razón a algún diputado que lo ha
cuestionado.
De todas formas, lo que está ocurriendo en la actualidad es que tenemos
asegurado lo peor. Creo que eso significa un colchón; generalmente, hay
zonas donde la siniestralidad es muy pequeña y donde lógicamente las
pólizas se contratan bastante menos, pero hay zonas de alto riesgo donde
prácticamente llegamos a contratar pólizas por el 50 y el 60 por ciento
de la producción agrícola. Esto como cuestiones generales.
Se piden en general más líneas. Yo, en esto, primero, sería prudente. Es
verdad que se han estado estudiando, y yo me comprometo a que cuando esos
estudios estén terminados vengan a Comisión, como, lógicamente, es
nuestra obligación por el mandato que se nos hizo, pero de todas formas
sería prudente por una cosa. Sabemos y saben SS. SS. también o mejor que
yo, que al fin y al cabo llevo tres meses en este negociado, que las
subvenciones medias a las pólizas son en general algo elevadas, y digo
algo elevadas, porque, por ejemplo, en el seguro integral de cereales, no
siendo agricultor a título principal se llega a veces hasta el 65 por
ciento, y nos encontramos con casos en que es bueno que los agricultores
aseguren, pero lo que no es tan bueno es que se asegure por la certeza de
cobrar la indemnización. Me explico. El señor Ramírez hacía referencia a
los incrementos que se han producido en pólizas en el seguro integral de
cereales, concretamente en algunas zonas de Sevilla, etcétera. Vamos a
ver si consideramos que en esta revisión que yo propongo hacer y que,
además pido la colaboración de todos, debemos intentar introducir mayor
racionalidad de la que hasta ahora se ha estado manteniendo. No cabe duda
que es desde el año 1983 cuando prácticamente se hace el relanzamiento
del seguro agrario, por otra parte, con la voluntad decidida del Gobierno
socialista (yo creo que ha quedado demostrado que así ha sido y así
será), y le voy a dar algunos datos que pueden centrar lo que yo me
refiero de revisión.
La provincia de Sevilla, en el tema del seguro integral de cereales.
Desde el año 1983 hasta el año 1992 --estoy hablando de nueve años-- se
han recaudado en primas de riesgo 692 millones de pesetas. Lógicamente,
de esos 692 millones el Gobierno, el Estado en este caso, ha aportado
casi el 50 por ciento y el 50 por ciento los agricultores. Las
indemnizaciones que se han pagado durante ese mismo período han sido
3.763 millones de pesetas; es decir, un 544 por ciento más de las primas
recaudadas. Yo no sé si esto es lógico; es una política de rentas, le
sale más barato al Gobierno que declarar zonas catastróficas, etcétera;
pero no cabe duda que un sistema financiero como el seguro, que al fin y
al cabo es financiero, tiene que tener cierta racionalidad, y estas
deficiencias de exceso de siniestralidad las están pagando los demás
agricultores.
Si nosotros asegurásemos toda la agricultura, la producción agrícola y
ganadera --yo he hecho un cálculo un poco a ojo de buen cubero--,
tendríamos que dotar, con el mismo nivel de subvenciones actual, por
encima de los 100.000 millones de pesetas anuales. No sé; el Parlamento
es el que decide los presupuestos; a lo mejor, ahora tal vez estemos
dando una cobertura social al cien por ciento en política de rentas,
indiscriminadamente, en algunos casos no se discrimina, a toda una
población dedicada a la agricultura. Es como si a todos los asalariados
les garantizáramos el salario para siempre. No sé, son cuestiones que,
desde luego, podemos discutir; pero cualquier gestor, tanto público como
privado, en este caso de Agroseguro, yo creo que debe revisar las primas
de aquellas zonas que ni siquiera contribuyan al 5 por ciento o al 10 por
ciento de las indemnizaciones.
Concretamente, en el caso de Sevilla --al que el señor Ramírez ha hecho
hincapié, y yo lo tengo preparado porque sabía que iba a salir--, los
incrementos, el coste por hectárea para el seguro integral de cereales,
pueden haber pasado el año 1992, con subvención, de 1.145 pesetas por
hectárea asegurada a 1.408 pesetas. Es verdad, son incrementos medios del
40 por ciento, pero es que hay zonas en España donde están pagando una
prima que se sitúa en media nacional en el 3,3 por ciento mientras que en
la provincia de Sevilla estaban en el uno y el 1,1. Ahí dejo los datos
para que por lo menos nos sirvan de reflexión.
Se ha producido también incremento en estas pólizas porque los precios
del año 1993, respecto al año 1992, han subido y, como S. S. conoce, para
un rendimiento asegurable de trigo, por ejemplo, de 3.750 kilos por
hectárea en la zona de Sevilla, el año 1992 tenía un precio garantizado
de 19,50 pesetas, y en el año 1993 lo tiene de 21 pesetas. No hay que
lanzar determinadas valoraciones que muchas veces no están debidamente
calibradas y que, además, contribuyen a desprestigiar el sistema de
seguros. Creo que se reconoce y me vanaglorio de que se reconozca por
todos los grupos parlamentarios --pienso que la unión hace la fuerza--
que durante el Gobierno socialista uno de los mayores éxitos en política
agraria ha sido la consolidación del sistema de seguros agrarios, aunque
todavía queda más por consolidar, pero, por otro lado, se continúa
bombardeando con noticias de todo tipo diciendo que esto no funciona, que
hay problemas. No hay que magnificar el 1,8 por ciento de reclamaciones
sobre un total de sesenta y una mil y pico pólizas, como he dicho en mi
intervención anterior, es algo a perfeccionar, pero creo que estamos
dentro de los límites razonables. Hay que destruir un poco los mitos. En
España vengo oyendo, lo oímos todos y, además, hemos participado de esa
mitología, que los bancos nos roban el dinero, los seguros no funcionan,
la letra pequeña no se la lee nadie y los médicos son un desastre y nos
matan a todos los españoles. Considero que hay que derribar ese tipo de
mitos. Creo que el seguro agrario funciona bien, yo no voy a decir que
perfectamente, pero funciona bien. En definitiva, creo que hay que darle
la magnitud que tiene y no exagerar porque se nos vuelve también contra
nosotros si queremos potenciar este sistema de apoyo a la política de
rentas.
Entrando en cuestiones puntuales, el señor Ramírez habla de ceses en
Agroseguro. Yo no sé, Agroseguro es una entidad privada como él conoce
perfectamente. Tal vez se refería a los ceses en Enesa, no en Agroseguro,
pero, al fin y al cabo, son las compañías aseguradoras las que eligen a
sus profesionales, etcétera. He de decir que no se ha producido ningún
cese en Agroseguro.
En cuanto a los incendios forestales he de manifestar que yo soy
partidario de establecer un seguro y nuevas líneas de seguro siempre que
valoremos económicamente el lío en el que nos metemos; es decir, no
podemos caer en la tentación de intentar poner en práctica nuevas líneas
de seguro para que aseguren zonas marginales que son imposibles de
cumplir en un equilibrio financiero o presupuestario. Me refiero a
aquellas líneas que tengan racionalidad económica con una excepción: si
no hubiese subvención yo sería partidario de abrir todas las líneas del
mundo, porque se calcularían actuarialmente los costes que suponen esas
pólizas y, por tanto, podríamos tener la posibilidad de asegurar a quien
quisiera, pero hay una cuestión y es que se pide la subvención. Como
digo, muchas veces el equilibrio que debe mantener Agroseguro, en este
caso, y las entidades que están participando en este sistema es,
lógicamente, el equilibrio financiero. Otra cosa es que desde el
Presupuesto del Estado decidamos apoyar esas líneas, pero abrir nuevas
líneas significa nuevas subvenciones. Abrir nuevas líneas experimentales
para alguna vez (hay algunas de las 42
que tienen cuatro o cinco pólizas; no sé por qué se han abierto en
determinados productos y en determinadas zonas); mantener unas líneas de
seguro abiertas para cuatro o cinco pólizas yo lo veo irracional. Por
tanto, a veces no es una cuestión de extensión, sino que la gente no
considera que ese riesgo supone ese pago o no calibra suficientemente el
riesgo.
Digo que todo este tipo de cuestiones se van a ir desarrollando con
prudencia, y estoy de acuerdo tanto con la representante del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida como con el representante del Grupo de
Convergència i Unió en que, verdaderamente, si no nos metemos en
demasiados riesgos algunos de los estudios que están avanzados deberíamos
estar implantádolos en los próximos años. Eso queremos hacer ahora, y
vamos a estudiarlo para 1995. El plan trienal que se hace ahora podríamos
hacerlo cuatrienal, quinquenal, siempre que sentásemos las bases de
ordenación del seguro. En otro caso, nos vamos a meter en algo que pueda
ser inmanejable.
Con referencia a la PAC, a las superficies y los papeles que se han
pedido --creo que ha habido más de un grupo parlamentario que ha sacado
este tema-- quiero decir que, efectivamente, quedan 1.000 casos,
empezamos por 9.000, y estamos en contacto con ellos personalmente. Ha
habido gente que ha arrendado tierras a familiares, etcétera, y les
decimos que nos den un papel del familiar que le ha arrendado la tierra y
con eso se obvia la conflictividad que puede haber, pero lo que no
podemos permitir --y estoy seguro que tampoco los grupos parlamentarios
aquí presentes-- es encontrarnos con casos en los que se ha asegurado una
superficie de 100 hectáreas y, luego, en las declaraciones de la PAC, se
presentan 300 ó 400. Creo que hay cierta intencionalidad en aprovecharse
de irregularidades. No cabe duda de que es imposible que cualquier
sistema contemple toda la casuística, pero, en definitiva, creo que no
habría que dar una respuesta positiva a este tipo de casos sino todo lo
contrario, porque se ve claramente que de alguna forma están
aprovechándose de esa casuística que no contempla la normativa, aunque sí
la contemplaba y, además, con conocimiento de organizaciones
profesionales agrarias y del tomador del seguro o, mejor dicho, del
asegurado, en el momento en que suscribía la póliza. En fin, yo creo que
ése es un problema que en esta campaña 1992/93 ha quedado resuelto no muy
negativamente; estamos en vías de solución y creo que en un par de meses
puede quedar totalmente resuelto. El asegurado que presente una
superficie un 2 por ciento mayor, de dos, tres o cuatro hectáreas, se ve
claro. En los otros casos quiero que caiga toda la reglamentación sobre
su economía.
El tema de los incendios forestales lo estamos estudiando y vamos a
continuar haciéndolo, pero también aquí hay una incongruencia. Como sabe
el señor Ramírez, hay una serie de seguros que cubren vidas de personas o
daños materiales en las personas que los realiza el Consorcio de
compensación. En cuanto a las masas forestales, repito, lo vamos a
estudiar. Tenemos un plan de forestación con compromiso electoral y,
además, se va a llevar a cabo por mucho que siembren dudas algunos
diputados de la oposición diciendo que no se va a llevar a cabo. Se va a
realizar, pero vamos a darnos tiempo, no vamos a empezar a asegurar los
plantones en los viveros; vamos a hacerlo poco a poco. Digo y mantengo
que eso habría que verlo en el tiempo y, además, estudiándolo muy
claramente, porque vamos a estar incentivando que determinadas masas
forestales se empiecen a quemar más deprisa de lo que se están quemando.
Hay que tener cierta prudencia en lo que se hace.
Creo que no he dejado de contestar a ninguna de las preguntas que me ha
planteado el Grupo Parlamentario Popular, por lo menos de las que he
apuntado.
Con referencia a Izquierda Unida agradezco su intervención constructiva
en la problemática de este mecanismo de mantenimiento de rentas. Vamos a
reforzar la información a través de cooperativas y de las OPA porque son
los que están más pegados a la realidad. No vamos a hacer campañas
publicitarias en televisión que son carísimas y muchas veces tienen una
efectividad poco real puesto que, al final, el agricultor quiere conocer
las condiciones, y en una campaña no podemos estar dando tanta
información como para que se sienta cómodo en la suscripción del seguro.
Comparto, como no podía ser de otra forma, que hay que combatir el fraude
en todas sus maneras y extensiones. Creo que todos estaremos de acuerdo
en este punto en esta Comisión, y sí le digo que tenga un poco de
paciencia en el seguro de viento en fruta dulce porque, tal y como dije
con motivo de mi comparecencia en la Comisión de Presupuestos, lo estamos
estudiando, pero queremos ver que los cálculos no salgan excesivamente
elevados para los agricultores en el sentido de que si las primas de
riesgo son muy elevadas, podemos abrir la ventanilla pero, luego, no
tener a ningún agricultor que se acerque porque puede ser rechazado el
seguro al ver el incremento o el coste de la póliza que tenga que
suscribir. Estamos en ello y le aseguro que en un breve período de tiempo
podrá tener una respuesta tanto el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió como el Grupo de Izquierda Unida, que lo habían planteado, así como
el Grupo Parlamentario Popular, en lo que se refiere a este tipo de
apertura de nuevas líneas.
El representante de Izquierda Unida me preguntaba cómo se había planteado
el encarecimiento de las primas y el presupuesto para 1994. Como no era
objeto de esta comparecencia, no he hecho referencia a ello, pero he de
decir que queremos mantener catorce mil cuatrocientos y pico millones de
pesetas que están presupuestados para esta campaña, porque en el juego de
predicciones que hemos hecho hay algunos productos que suben de precio
pero otros bajan, por tanto los capitales asegurados son menores, y en
caso de siniestralidad las indemnizaciones son menores en las
producciones en las que han bajado los precios. Por eso yo creo que en
ese plan --además, se veía hoy en la Comisión General de Enesa-- no se
abren nuevas líneas, como he dicho anteriormente, pero se mantienen
prácticamente igual todas las subvenciones que están establecidas en la
actualidad. En este punto quería hacer un inciso: yo creo que debemos
ponernos
más de acuerdo con las comunidades autónomas (aprovechando uno de los
asuntos que ha expuesto el representante de Convergència i Unió), porque
a veces nos hacemos un flaco favor entre unos y otros. Me explico. Hay
determinadas líneas que algunas comunidades autónomas subvencionan
adicionalmente en sus respectivos territorios. Por ejemplo, en el seguro
integral de cereales llegamos a cubrir hasta el 65 por ciento en el caso
de un agricultor a título principal y ha habido comunidades autónomas que
han completado eso hasta llegar al 80 y el 85 por ciento en el año
1992/93. Yo creo que se hace un flaco favor, porque no es una cuestión de
poner el seguro muy barato para que todo el mundo lo suscriba, sino que
yo creo que devaluamos un poco la concepción del seguro. La contribución
del agricultor tiene que ser algo que le cubra del riesgo y le asegure
las rentas perdidas por una siniestralidad, pero no puede ser algo que
sea como una especie de lotería; es decir, yo no pongo aquí prácticamente
nada y voy a ver si tengo una mala cosecha, me viene un pedrisco o un
incendio, porque, en definitiva, asegurando el 100 por ciento de los
daños, llegando, en teoría, al 100 por ciento de los daños, las
tentaciones a veces pueden ser bastante grandes para incentivar fraude e
incluso provocar siniestralidad.
En eso sería prudente. Entonces, lo que tenemos que hacer, y en eso sí me
comprometo, es que en la próxima conferencia sectorial que convoque el
ministro estudiemos este tema junto con las comunidades autónomas para
que intentemos canalizar nuestras subvenciones conjuntamente, incluso en
las nuevas líneas de seguro que se puedan poner en práctica en el futuro,
porque si no estamos haciendo un juego que no beneficia a nadie y
perjudica al sistema en general.
Los presupuestos de 1994, como he dicho, se presentan equilibrados. Creo
que al final no vamos a engrandecer ese agujero de 9.000 millones de
pesetas; en todo casi, si se estiman esas previsiones, pueden ser 300
millones más de lo presupuestado, pero depende también de la acogida que
tengan determinadas líneas en determinadas zonas. No se pueden hacer
predicciones, pero intentamos que sea equilibrado, lógicamente, porque no
podemos en teoría gastarnos más de lo presupuestado. Esta misma semana,
probablemente mañana jueves, lo va a estudiar la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos y, si las cosas no van mal, probablemente esté
aprobado el nuevo plan de seguros agrarios para 1994 este viernes no, el
siguiente en el Consejo de Ministros. Podemos mandar información
exhaustiva de nuestras previsiones de líneas de seguro, de extensión,
etcétera.
Pasando al Grupo de Convergència i Unió, estoy absolutamente de acuerdo
en adecuar las normas de calidad al seguro, vamos a intentar equilibrar
más ese aspecto. A alimentos frutales ya me he referido anteriormente.
En el tema de la peritación, hemos tenido reuniones el otro día con las
organizaciones profesionales agrarias en Valsaín; por cierto, la verdad
es que las tres que estaban allí, COAG, UPA y ASAJA, no detectaron graves
problemas en el seguro agrario. Decían: cuidado, no nos vayamos a meter
en una revisión total de este sistema y nos lo carguemos; es decir,
fueron incluso más prudentes que yo mismo. Yo dije: éste es un
intercambio de ideas, al que se le ocurran, sean o no barbaridad, que las
exponga. En definitiva, mi impresión, y la de los demás asistentes con
los que hablé, fue que habíamos sido casi todos muy prudentes, como
diciendo: no nos metamos en berenjenales muy grandes que al final esto no
funciona tan mal. En eso hubo cierta unanimidad. Me refería a la cuestión
porque se habló del tema de peritaciones. Alguien propuso, y creo que eso
deberíamos estudiarlo, que probablemente lo que se tuviese que hacer era
enviar a los peritos de Agroseguro en el momento mismo, a la mayor
brevedad posible, en el caso de producirse un siniestro; que luego más
adelante valorase los daños globalmente y todavía más adelante fuese
particularizando en aquellos agricultores. Yo creo que es un sistema que
podría funcionar, tal vez podríamos hacer la experimentación en alguna de
las zonas porque incluso podría ser una solución no total pero sí
evitaría diferencias de criterio en esas peritaciones. Estamos abiertos,
por supuesto, a cualquier modificación en ese sentido y así lo haremos.
De cualquier forma, quiero aclarar que el Consorcio de compensación de
seguros es el que tiene mayor responsabilidad que la Entidad estatal de
seguros agrarios para revisar esas peritaciones y aprovecho para decir
que estoy de acuerdo en que tenga más competencias que las que tiene en
la actualidad.
En cuanto al tema de nuevas líneas, sobre todo de frutos secos, quiero
poner encima de la mesa un tema de reflexión como es que en las nuevas
líneas tenemos que hacer un esfuerzo para dejar fuera determinadas zonas;
es decir, todos sabemos que en este país, con una climatología bastante
adversa en alguna zonas para cualquier cultivo agrícola, se están
renovando especies no autóctonas sino variedades modernas, que es muy
difícil que se adapten a determinadas zonas. Hay que tener cierto cuidado
porque al final lo que estamos haciendo es asegurando catástrofes
certeras. Por tanto, en frutos secos, por ejemplo, yo estaría
absolutamente de acuerdo en declarar zonas de no aseguramiento, porque si
aseguramos zonas que sabemos que indefectiblemente van a tener
siniestralidad, van a encarecer en exceso las primas del resto de los
agricultores cuando en definitiva la siniestralidad se va a llevar en
gran parte de esas zonas que son absolutamente marginales.
Podemos estudiar también el sector del olivo en cuanto a sequía y viento.
Como siempre, con prudencia, vuelvo a repetir que es una de las cosas que
nos están preocupando en exceso, porque, por qué no decirlo, ha habido
líneas de estas 42 que están en vigor que se han puesto en marcha a veces
por presiones locales, regionales, incluso personales y de todo tipo, y
la verdad es que yo creo que deberíamos hacer menos líneas más integrales
pero no tan particularizadas. Si podemos ir haciendo seguros integrales
determinados cultivos, yo estaría más contento que no haciendo seguros
especiales que al final tenemos un «totum revolutum» en el que no se sabe
muy bien cuáles son los rentables, cuáles los no rentables porque
incluso en las mismas explotaciones que tengan varios cultivos se mezclan
unos con otros.
Agradezco por último al Grupo Parlamentario Socialista su solidaridad con
los temas de renovación y de apuesta, como no podía ser de otra forma,
por el futuro del sistema de seguros agrarios. Coincidimos en que se va a
mantener, incluso a reforzar esta política en la que nos hemos empeñado
todos, y agradezco también que haya sacado un tema que nos preocupa, que
puede ser también muy interesante, y es establecer en la Comisión algún
tipo de negociación para arbitrar medidas para paliar esas calamidades a
que antes hacía referencia.
En el programa electoral del Partido Socialista queda reflejado eso.
Somos pioneros en Europa en el establecimiento de este sistema y creo que
podemos aprovechar, como ya estamos haciendo, algún contacto con países
de Iberoamérica para ir extendiendo este sistema e incluso conseguir que
la propia Comunidad pudiese subvencionar en alguna parte este tipo de
actuaciones.
Creo que he contestado en líneas generales a todos los diputados. Si se
me ha olvidado alguna cosa, les ruego me disculpen.
El señor PRESIDENTE: Terminada la intervención del señor Casado, no creo
que haya alusiones, pero dado que tenemos todavía un tiempo prudente, si
hay algún grupo que quiera hacer algún turno de precisiones muy breves y
rápidas, se lo agradecería.
El señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a intervenir brevemente, señor Presidente.
Creo, señor Subsecretario, que cuando relea su intervención no va a ser
solidario con lo que ha dicho. Por tres o cuatro veces usted ha lanzado
un mensaje de absoluta certidumbre de que el agricultor defrauda. ¿Y qué
hace el seguro para defraudar? Lea después su intervención; la
taquigrafía del Congreso suele ser espléndida. Incluso acaba usted de
comentar la introducción del seguro para garantizar las masas forestales
que surjan de la aplicación de las medidas de acompañamiento, dice, y la
tentación del incendio. Lo acaba de decir. Por tanto, si rectifica, quede
dicho, y si no, señor Subsecretario, nosotros no estamos de acuerdo con
el espíritu que se mantiene en su intervención. Nosotros no creemos que
el agricultor sea un defraudador nato y que utilice el seguro para
defraudar, como se desprende de las intervenciones.
Por otro lado, no me ha contestado, aunque yo me haya equivocado en la
exposición, a la crisis de los ceses que se han producido en Enesa este
verano, y nos hubiera gustado conocer por qué se han producido esos
nombramientos, ceses, etcétera, si respondían a la crisis de
funcionamiento de la entidad o, por el contrario, es normal que se
produzcan esos ceses.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau.
El señor GRAU I SERIS: Voy a hacer unas breves precisiones después de su
segunda intervención.
¿Para qué sirven los seguros agrarios? ¿Para qué están creados? Están
creados para garantizar la renta agraria. Usted dice que las subvenciones
pueden ser demasiado elevadas. Garantizar la renta agraria es una
obligatoriedad de cualquier Gobierno, del Gobierno Central y de los
gobiernos autonómicos también; por tanto, hay que mirarlo desde este
punto de vista. Usted dice que, además, las subvenciones son altas de
acuerdo con el número de asegurados. Si nosotros consiguiéramos sembrar
la confianza suficiente en la línea de Agroseguro, creo que el número de
agricultores y el número de superficie asegurada iría en incremento. Por
tanto esto es un pez que se muerde la cola; es decir, si hay poco
asegurado y hay mucho riesgo, pues hay poco dinero. Esto es lo más
normal.
Lo que yo creo tenemos que hacer entre todos, señor Subsecretario, es
hacerlo bien, mejorar lo mejorable, porque hay líneas actuales
mejorables, en la línea que he mantenido en mi primera intervención. Por
tanto, mejoremos lo que es mejorable y sembremos la confianza suficiente
en todas las líneas de Agroseguro, y luego creemos nuevas líneas para
aquellos productos que les son extremadamente necesarias. Usted me dice
que se plantan variedades que son más propensas al riesgo, por ejemplo,
de las heladas. Yo le diría que en el caso de los almendros es al revés,
en la mayor parte de los casos lo que se planta en este momento son
variedades que tienen la fecha de floración más tardía, precisamente para
evitar ese riesgo de heladas.
Señor Subsecretario, puede contar con nuestro Grupo, y nos gustaría
colaborar incluso con nuestros técnicos para que se pudieran abrir nuevas
líneas, al mismo tiempo mejorar las existentes, y ello con una única
finalidad: sembrar la confianza suficiente entre los agricultores
--repito-- para que entiendan que tienen que ser más empresarios que
agricultores y que, por consiguiente, forma parte de los costes de
producción hacer el seguro, no en la línea de defraudar --como he dicho
anteriormente aquí--, sino en la de asegurar la renta de todos los
agricultores en todo el Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, quiero hacer solamente tres
precisiones.
Primera, que creo que, efectivamente, debe de haber una mayor
coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración central.
No puede ser que haya líneas que no estén cubiertas y que haya otras que
tengan una cobertura del 80 por ciento. Me parece que eso es una gran
injusticia que se tendría que regularizar. Esto por una parte.
En mis intervenciones algunos me han tachado de intervencionista --valga
la redundancia--, pero siempre he dicho que más vale prevenir que curar.
Yo no entiendo cómo, por parte del Ministro de Agricultura, no se dan
algunas orientaciones a título indicativo. Por ejemplo, a plantaciones
que no son autóctonas y que se sabe que no
van a ir adelante, se les debe dar la máxima información para que esto no
suceda. Esta es la segunda precisión. Por último, en plan absolutamente
jocoso me gustaría que el Subsecretario me dijera cómo puede un
agricultor provocar la catástrofe de helada, vendaval, pedrisco o
cualquier otra de los que son siniestros. Lo digo sólo, repito, con
«animus jocundi».
El señor PRESIDENTE: El señor Velasco tiene la palabra.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presidente, sólo un minuto para
agradecer nuevamente las explicaciones. En una de las intervenciones
anteriores se citó a Teruel como una de las problemáticas específicas que
había. Yo estoy representando a esa circunscripción y quería hacer una
pequeña matización, independientemente de que hayamos estado doce años
haciendo valoraciones.
Efectivamente, la aplicación este año de las nuevas medidas en aquellas
provincias donde las explotaciones son muy pequeñas y las parcelas
también porque la concentración se ha dado menos, se ha originado por el
mayor número de parcelas que existen. Pero, como digo, se está
solventando el problema, creemos, de una manera bastante positiva. De ahí
también nuestra intervención para que nos aclarara el Subsecretario, ya
que esas cuantías eran pequeñas, si este año se estaba siendo un poco más
flexible con las explotaciones más pequeñas, y que normalmente obedecen
--como digo-- a disparidad, dada la diversificación a lo largo del
territorio.
El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y PRESIDENTE DE ENESA (Casado
González): Señor Presidente, quisiera empezar por lo último que ha
planteado el señor Ramírez, sobre los ceses y fusilamientos, casi, que
hemos debido hacer en Enesa. Le diré que ha sido la Directora nada más.
Sólo hay allí 35 personas, y yo considero conveniente, y el Ministro
también, porque él es quien acepta el cese, que tal vez para hacer una
revisión del sistema de funcionamiento de seguro agrario, esta persona,
que ha hecho una labor que yo tengo que reconocer absolutamente
fantástica con la difusión de dicho seguro agrario durante los últimos 10
años, no era tal vez la indicada para someter a revisión este tipo de
funcionamiento. Estaba cansada y, por tanto, solicitó ella misma el cese,
la dimisión en este caso. Esa ha sido la única modificación que se ha
producido. Sigue todo el mundo en la entidad estatal de seguros agrarios,
aunque no sé si algún ordenanza se ha despedido, pero eso ya no lo
controlo.
Referente a la segunda puntualización, yo no sé, señor Ramírez, si ha
querido usted coger el rábano por las hojas. Tal vez como ha sido una
intervención en la que yo me he sentido abierto a dar los datos tal como
están y, por tanto, he intentado ser objetivo, usted tiene que subir
siempre, al final, un poco el tono. Yo no he dicho nada sobre que los
agricultores sean defraudadores. Yo digo y mantengo que igual que en el
desempleo puede haber defraudadores, igual que en Hacienda pública puede
haber defraudadores, habrá agricultores (o no agricultores que también es
el caso) que puedan defraudar; por tanto, yo lo que digo en este tipo de
cosas es que habrá que atajarlo, pero no he calificado, ¡Dios me libre!,
a un colectivo íntegro de defraudadores. No lo haría nunca, y usted lo
que quiere es sacar un poco de contexto este tipo de cuestiones. En fin,
yo creo que no merece la pena el comentario. Pero si quiere, repito, que
subamos el tono, pues subamos el tono, aunque me parece que no tiene
sentido.
Respecto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), yo
quisiera matizar que tal vez me haya explicado mal. Me refería a nuevas
variedades no en la almendra sino en frutales; es decir, eso sí que se
está haciendo. En algunas zonas con riesgo de heladas se están poniendo a
veces algunos frutales que no son demasiado adaptados a esas regiones.
Yo no soy tan intervencionista como la Diputada de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y la verdad es que es difícil prohibir a
un productor que siembre o plante determinadas cosechas. Se puede
aconsejar, pero no se puede prohibir.
Sobre la broma, no le puedo decir cómo se puede defraudar en el seguro
agrario, porque me la lían. (Risas.) Particularmente puedo decir algún
método de los que se utilizan.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casado.
Yo creo que antes de finalizar la sesión, y recogiendo tanto de la
intervención del señor Casado como la de todos los grupos parlamentarios
la voluntad de la Comisión de participar y colaborar en los trabajos
previos a la redacción del próximo plan trianual de seguros agrarios, y
durante este año que se ha marcado el Ministerio de reflexión, le rogaría
al señor Presidente de Enesa que estableciera algún tipo de mecanismo,
que igual no es la reunión en pleno de esta Comisión, ya que lógicamente
no es tan factible poder establer mecanismos de intervención en estos
temas, pero sí algún tipo de reuniones con los portavoces que permitan
canalizar las iniciativas de los grupos, y aunque se materialicen con una
puesta en común de la Comisión, a lo largo de este tiempo se podrían
establecer algún tipo de mecanismo de manera que los portavoces de los
distintos grupos puedan participar conjuntamente con el Ministerio en la
redacción y en los trabajos previos y aportar las sugerencias que están
dispuestos a hacer.
El señor Casado tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y PRESIDENTE DE ENESA (Casado
González): Por
parte del Ministerio, desde luego, estaríamos encantados de que se
participase también desde esta Comisión. Propongo --no sé si al
Presidente le parece bien y a los grupos parlamentarios-- que, una vez
que tengamos el informe de auditoría de gestión que está haciendo la
empresa Arthur Andersen, podamos tener una reunión para, sobre bases de
propuestas de reforma, poder discutirlas entre todos. Este compromiso
sería, aproximadamente, para la primera quincena de enero.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.