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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 65, de 10/11/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 Núm. 65 V Legislatura
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 6
celebrada el miércoles, 10 de noviembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia urgente del señor Ministro de Industria y
Energía (Eguiagaray Urcelay) para informar:
-- Sobre la negociación del Plan siderúrgico español en la
Comunidad Económica Europea (CEE). A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
(número de expediente 213/000075) (Página 1882)
-- De las expectativas, condiciones e incidencias al momento
actual en relación con la aprobación por las Instituciones
comunitarias del Plan de Siderurgia Integral referido a la
Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. (ENSIDESA) y Altos Hornos
de Vizcaya, así como de las gestiones realizaba para
garantizar la financiación y viabilidad de la minería de
Sestao. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular (número de
expediente 213/000083) (Página 1882)
-- Sobre la crisis por la que atraviesa la empresa Seat. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya (número de expediente 213/000075)
(Página 1907)
-- Acerca de la situación creada por la crisis de la empresa
Seat, así como de las negociaciones que se están llevando a
cabo en busca de una solución y los efectos que esta crisis
pueda tener en el conjunto del sector español de la
automoción. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular
(número de expediente 213/000094) (Página 1907)
-- Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas que garanticen el futuro de
la minería. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya («B.O.C.G.», Serie D,
número 13, de 4 de octubre de 1993) (número de expediente
161/000022) (Página 1933)
Preguntas:
-- Del señor Ríos Martínez (Grupo Parlamentario Federal IU-
IC), sobre futuro del sector de fertilizantes en Cartagena
(Murcia), así como situación de la inversión de la empresa
americana «FRYPOR» («B.O.C.G.», serie D, número 11, de 27 de
septiembre de 1993) (número de expediente 181/000015) (Página 1939)
-- Del Señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-
IC), sobre declaración de la caducidad de la concesión para la
explotación de de la Frontera, Cádiz («B.O.C.G», Serie D,
número 13, de 4 de octubre de 1993) (número de expediente
181/000023) (Página 1942)
-- Del señor Ríos Martínez (Grupo Parlamentario Federal IU-
IC), sobre inversiones realizadas por la Compañía Repsol en
Cartagena (Murcia) de las comprometidas en el protocolo
firmado con la Consejería de Economía y Hacienda de la Región
de Murcia («B.O.C.G.», Serie D, número 13, de 4 de octubre de
1993) (número de expediente 181/000035) (Página 1944)
-- Del mismo señor Diputado, sobre futuro real de la planta
Repsol de Cartagena, Murcia («B.O.C.G.», Serie D, número 13,
de 4 de octubre de 1993) (número de expediente 181/000036)
(Página 1944)
-- Del mismo señor Diputado, sobre razones del incumplimiento
por la empresa pública Repsol del convenio firmado en abril de
1992 con la Consejería de Fomento y Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Murcia («B.O.C.G.», Serie D, número 13, de 4 de
octubre de 1993) (número de expediente 181/000038) (Página 1944)
-- Del mismo señor Diputado, sobre cierre provisional de la
planta de envasado y mezcla de aceite en Repsol Cartagena,
Murcia («B.O.C.G.», Serie D, número 13, de 4 de octubre de
1993) (número de expediente 181/000037) (Página 1947)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la
mañana.
COMPARECENCIA URGENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y
ENERGIA (EGUIAGARAY URCELAY) PARA INFORMAR:
--SOBRE LA NEGOCIACION DEL PLAN SIDERURGICO ESPAÑOL EN LA
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Número de expediente 213/000075)
--SOBRE LAS EXPECTATIVAS, CONDICIONES E INCIDENCIAS AL MOMENTO
ACTUAL EN RELACION CON LA APROBACION POR LAS INSTITUCIONES
COMUNITARIAS DEL PLAN DE SIDERURGIA INTEGRAL REFERIDO A LA
EMPRESA NACIONAL SIDERURGICA, S.A. (ENSIDESA) Y ALTOS HORNOS
DE VIZCAYA, ASI COMO DE LAS GESTIONES REALIZADAS PARA
GARANTIZAR LA FINANCIACION Y VIABILIDAD DE LA MINIACERIA DE
SESTAO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 213/000083)
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Buenos días, señoras
y señores Diputados.
Vamos a iniciar la sesión de acuerdo con el orden del día, con
la única salvedad de que, de conformidad con la Mesa, primero
sustanciaremos la comparecencia en relación con el Plan de la
Siderurgia Integral referido a la Empresa Nacional Siderúrgica
(Ensidesa) y a Altos Hornos de Vizcaya, que trataremos en su
totalidad, de acuerdo con la tradición de la Comisión, y
luego, en otro momento de la sesión, trataremos la crisis de
la empresa SEAT, para lo cual también se ha solicitado la
comparecencia del señor Ministro.
Por tanto, refiriéndonos a la solicitud realizada por el Grupo
Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre el Plan de la
Siderurgia Integral, vamos a conceder la palabra al señor
Ministro para que haga la exposición que considere oportuna.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Urcelay):
Voy a proceder a darles cuenta a SS.SS., en el orden que me
indica la Presidencia de esta Comisión, de la situación,
expectativas, condiciones e incidencias en el momento actual
en relación con la aprobación por las instituciones
comunitarias del Plan de la Siderurgia Integral referido a la
Empresa Nacional Siderúrgica, S.A., y Altos Hornos de Vizcaya,
así como de las gestiones realizadas para garantizar la
financiación y viabilidad de la miniacería de Sestao, que es
exactamente lo que figura en el texto de la demanda de
comparecencia instada por el Grupo Popular --sobre este tema
también hay una solicitud del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya-- para, posteriormente, hacer
referencia a la situación de la empresa SEAT.
Como saben SS.SS., en abril de 1992 el Gobierno español
notificó a la Comisión de la Comunidad Europea, para dar
cumplimiento a lo establecido en el denominado Código de
Ayudas a la Siderurg competitividad conjunto de Altos Hornos
de Vizcaya y Ensidesa, preparado por la Corporación de la
Siderurgia Integral y el Plan Estratégico Sidenor, S.A., para
las empresas Acenor y Foarsa. Estos planes requieren una
movilización de recursos, incluyendo en parte una intervención
financiera del Estado, que sólo pueden ser autorizados si la
Comisión adopta una decisión de excepción conforme al artículo
95 del Tratado CECA, lo que exige, en consecuencia, la
aprobación unánime del Consejo de Ministros de la Comunidad.
Me permito recordar a SS.SS. que para decidir si debe
realizarse una propuesta con arreglo al artículo 95 CECA, la
Comisión tiene que tener en cuenta, en primer lugar, si la
financiación propuesta por el plan constituye una ayuda
estatal y hasta qué punto las ayudas son compatibles con las
directrices sobre ayudas a la siderurgia. En segundo lugar, si
las medidas contenidas en el plan pueden garantizar la
viabilidad de las nuevas empresas. En tercer lugar, que las
ayudas se limiten a lo estrictamente necesario y, por último,
que se establezca, además, una contrapartida adecuada en forma
de disminución de la capacidad de producción, en este caso de
laminado en caliente.
La Comisión y el Gobierno español encargaron conjuntamente a
sendos consultores independientes, en mayo de 1992, tras la
correspondiente petición de ofertas y selección de las mismas,
el examen de la viabilidad de ambos planes (me refiero al Plan
de la CSI y al Plan de Sidenor). Este examen se basó en unos
criterios idénticos a los impuestos por la Comisión en
anteriores casos de reestructuración del sector siderúrgico
comunitario, criterios que se pueden resumir en los
siguientes: una reducción de la relación precios-costes del
2,5 por ciento, un nivel de amortización mínimo del 7 por
ciento para garantizar la sustitución de las actividades que
fundamentan la viabilidad de las empresas al ritmo de sus
competidores, un nivel de gastos financieros no superior al
4-5 por ciento del volumen de negocios, un rendimiento mínimo
del 1 al 1,5 por ciento de la facturación sobre el capital
propio y unas previsiones realistas de ventas teniendo en
cuenta las difíciles condiciones por las que pasa el mercado.
Una vez obtenidos los informes de los consultores
independientes, la Comisión aprobó los documentos
correspondientes que debían presentarse al Ministros de
Industria del 24 de noviembre de 1992 (estoy hablando, en este
momento, de hace prácticamente un año). El documento sobre
Sidenor era una comunicación de la Comisión al Consejo para
solicitar el dictamen conforme, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 95 del Tratado CECA. En el documento se imponían
ciertas condiciones que, en líneas generales, el Gobierno
español considera aceptables. Por el contrario, el documento
sobre la CSI no era una comunicación con vistas a que el
Consejo diera su dictamen, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 95, sino únicamente una comunicación informando al
Consejo que los efectos del calendario de cierres y del
volumen de ayudas debían examinarse en el contexto de la
situación crítica de la industria siderúrgica comunitaria y
que aunque el Plan de la CSI era viable y reflejaba, por
decirlo en palabras textuales, un planteamiento constructivo y
valiente para encarar el proceso de reestructuración de la
siderurgia española, la Comisión, a la vista de las
dificultades por las que pasa el mercado comunitario,
consideraba imprescindible mejorar la relación entre la
intensidad de las ayudas y el alcance de dicho proceso. Es
decir, que había que hacer una de estas cosas: o disminuir el
volumen de ayudas o/y aumentar la reducción de capacidad
prevista, pero sin definirse la Comisión en cuanto al alcance
de esta mejora en ese ratio entre las ayudas y la intensidad
del proceso de reestructuración.
Ante esta incertidumbre, y teniendo en cuenta que el Gobierno
español consideraba que la Comisión había sobrevalorado el
volumen de ayudas, al considerar, entre otras cosas, no
compatibles con el Código de Ayudas todas las ayudas sociales,
consiguió incluir entre la documentación oficial al Consejo un
memorándum en el que se explicaba a los Estados miembros que
la ayuda que la Comisión estimaba como en un máximo de 558.000
millones de pesetas resultaba ser en realidad, también como
máximo, de 381.600 millones de pesetas, hechas las cuentas
exactamente en los términos que al Gobierno le parecían
relevantes desde el punto de vista de la legislación
comunitaria.
Con una disminución del 32 por ciento del volumen máximo de
ayudas estimado por la Comisión, se mejoraba así, de manera
sustancial, la relación entre la intensidad de la ayuda y la
importancia de las medidas de reestructuración. Sin embargo,
en el Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 1992 los
ministros no se mostraron a favor de aceptar las propuestas de
ayuda incluidas en los planes y se decidió que se suministrara
más información y se presentaran de nuevo a examen en la
próxima sesión del Consejo. Este examen debería realizarse en
el contexto de la respuesta a los problemas de la industria
del acero en Europa. Pues bien, esa próxima sesión fue la del
25 de febrero de 1993, sesión que se dedicó íntegramente a la
reestructuración de la industria europea, incluyendo en ella
la reestructuración española, sin que pudiera avanzarse en la
aprobación de los planes ni de CSI ni de Sidenor, al no haber
cambiado la Comisión su postura a pesar de los esfuerzos
realizados por el Gobierno español.
En las reuniones informales de 19 y 20 de marzo de 1993, la
Comisión informó al Consejo que tenía en estudio cinco
«dossiers» en materia de control de ayudas de Estado y
reconoció que existía una divergencia entre España y la
Comisión respecto al «dossier» CSI en el que, según su
opinión, continuaba sin existir un equilibrio satisfactorio
entre el importe de la ayuda pública y las reducciones de
capacidad. Los otros «dossiers» que la Comisión ya tenía en
estudio en esta fecha eran los de las empresas alemanas
Freistahe y Ekosthal y el de la italiana Ilva.
Finalmente, y después de numerosas reuniones con los servicios
de la Comisión, se consiguió que ésta reconociera los
argumentos que se habían mantenido por el Gobierno español
desde el principio y que a finales de septiembre de 1993
aprobara el Plan de CSI y preparara la comunicación al Consejo
con arreglo al artículo 95 del Tratado CECA. Por otra parte,
un mes ante ya había aprobado la Comisión la modificación de
la comunicación que a este mismo fin había preparado en
relación con Sidenor en noviembre de 1992, referida en este
caso al importe total de las ayudas sociales.
En ambos documentos se han tenido en cuenta las ayudas
sociales que son compatibles con el Código de Ayudas,
aumentándose la intervención financiera inicialmente prevista
con la necesaria, para compensar las pérdidas sufridas por las
empresas como consecuencia del retraso en la puesta en marcha
de ambos planes, así como las nuevas necesidades derivadas de
los nuevos condicionamientos impuestos por la Comisión y que
debieran ser aceptados por España para su aprobación. En el
caso de la CSI, la Comisión ha reconocido que de los 236.000
millones de pesetas de ayuda social solamente 54.519 millones
de pesetas no son compatibles con el Código y es preciso, en
consecuencia, autorizarlos, de acuerdo con el artículo 95, por
acuerdo unánime del Consejo de Ministros.
Por otra parte, al condicionar la aprobación a la
privatización de la acería compacta de Sestao, el cierre de
capacidad a tener en cuenta para la Corporación de la
Siderurgia Integral no es ya de 1,3 millones de toneladas sino
de 2,3 millones de toneladas. Estas modificaciones, en
consecuencia, producen, automáticamente, una mejora sustancial
en la ratio entre la intensidad de la ayuda y el alcance de la
reestructuración, relación que, en opinión de la Comisión --
cito textualmente su última comunicación al Consejo un buen
equilibrio». Las modificaciones incluidas en la comunicación
al Consejo y que se han tenido en cuenta para el cálculo de
las ayudas necesarias son que el tren de laminación de Ansio
se cierre, como mucho, 18 meses antes de la fecha señalada en
el Plan y que se apruebe que la participación mayoritaria del
sector privado en la inversión de Sestao sea real.
Les señalo que estas modificaciones se han producido a
instancia de la Comisión, con independencia de cuál fuera o
siga siendo la voluntad y el deseo del Gobierno.
La Comisión presentó estas dos propuestas favorables para CSI
y Sidenor conjuntamente con otra, también favorable, para la
empresa alemana Fre el último Consejo de Ministros de
Industria que tuvo lugar el 21 de septiembre de 1993. Además,
la Comisión informó al Consejo sobre la situación de los
expedientes de Ilva, Ekostahl y Siderurgia Nacional de
Portugal. En ese Consejo del 21 de septiembre se concluyó que
debían estudiarse todos los expedientes de ayudas estatales de
conformidad con los criterios habituales y se consideró
urgente que se adoptasen las decisiones durante la Presidencia
belga, esto es, antes de fin de año. Por otra parte, el
Consejo consideró que se daban las condiciones para aprobar en
una próxima reunión del mismo los proyectos de
reestructuración de las empresas Sidenor y Freistahl
propuestos por la Comisión y una vez ultimadas determinadas
disposiciones jurídicas y técnicas, en particular las
relativas a las reducciones reales de la capacidad de
producción. Los Estados miembros opinaron --y les recuerdo que
siguen manteniendo la misma actitud-- que deberían aprobarse
conjuntamente y de forma global estos expedientes
dentro del contexto de la reestructuración de la siderurgia
europea y que, por tanto, no tenía demasiado sentido que se
produjese una aprobación separada de los diferentes «dossiers»
presentados.
Durante estos días se están manteniendo numerosas reuniones de
los diferentes grupos de trabajo (Grupo de cuestiones CECA,
Grupo de directores generales de industria, etcétera), así
como de la Comisión y del Comité de Representantes
Permanentes, preparatorias del próximo Consejo de Ministros de
Industria que tendrá lugar el día 18 de este mes. Aunque en
estos momentos la Comisión sólo tiene aprobados, como ya les
he recordado varias veces, los expedientes del CSI, de Sidenor
y de Freistahl, se estima que antes del Consejo se aprobará
también los de Ekostahl (Alemania), Ilva (Italia) y Siderurgia
Nacional de Portugal y que los mismos podrán ser discutidos
por el Grupo CECA y los directores generales de Industria
antes del Consejo.
Respecto a los tres expedientes para los que ya existe
petición formal de la conformidad del Consejo, la situación,
después de las reuniones d cuestiones CECA de los días 6, 11,
15 y 20 de octubre de 1993, es la siguiente. En el caso de
Sidenor y de Freistahl, hay seis delegaciones (la belga, la
alemana, la española, la italiana, la irlandesa y la
portuguesa) que están a favor de los dos expedientes. La
delegación española ha expresado claramente que no podrá
aceptar condiciones suplementarias e incluso ha manifestado
sus reservas sobre las ya expresadas por la propia Comisión en
relación con su propio «dossier». La delegación griega ha
presentado una reserva general y las restantes delegaciones se
pronuncian por un trato global de todos los casos de ayudas de
Estado. Además, las delegaciones danesa, francesa,
neerlandesa, luxemburguesa y del Reino Unido han formulado
dudas sobre la viabilidad del plan Sidenor e incluso
peticiones adicionales en cuanto al desmantelamiento total de
la planta de Larrondo en el caso de Sidenor.
En relación con la CSI, además de la reserva general expresada
por Grecia existen en este momento siete delegaciones que
desean (posición que algunas de ellas ya expresaron en la
última reunión del Consejo de Ministros) adicionales cierres
de capacidad o el adelantamiento todavía por encima de las
exigencias establecidas por parte de la Comisión en cuanto al
cierre del tren de laminación de bandas en caliente de Ansio,
petición a la que naturalmente el Gobierno español no
solamente no ha accedido sino que no tiene la menor intención
de acceder.
Por todo ello, y especialmente teniendo en cuenta que existen
aún tres expedientes sin aprobar por la Comisión, les debo
decir, con toda la prudencia que exige el caso y con la
necesidad de que comprendan que estamos en un proceso intenso
de negociación multilateral con vistas a hacer posible, si
fuera el caso, la aprobación unánime de todo el conju
presentados a la Comisión, que en el momento presente (lo digo
con toda reserva y con la misma prudencia con la que me
gustaría que lo interpretasen) resulta poco probable que el
próximo día 18 el Consejo se pueda pronunciar de manera
unánime favorable a la aprobación de los planes de Sidenor,
CSI y Freistahl, basándose especialmente en que deben ser
considerados î--y esa ha sido la posición más general en el
Consejo de Ministros de Industria-- globalmente con el resto
de expedientes y que estos últimos, aunque pudieran ser
aprobados por la Comisión en los próximos días y ser
presentados al Consejo en fecha oportuna, no habrán podido ser
estudiados de una manera suficientemente intensa ni examinados
en los grupos de trabajo o en el Comité de Representantes
permanentes por falta de tiempo. Se espera, sin embargo, que
los planes españoles puedan ser aprobados sin más cambios
durante la Presidencia belga, esto es, antes de fin de año.
Quiero señalarles con esta descripción prolija y pormenorizada
en qué momento estamos de la discusión y cuál es la
complejidad de la aprobación de nuestro propio «dossier» en
función de los intereses, de las demandas y del retraso que
llevan otros «dossiers» igualmente importantes y complicados,
notablemente el de Ilva y el de Ekostahl, sobre el que
exclusivamente tenemos en este momento noticias preliminares
sobre lo que está teniendo lugar, así como sobre un proceso
avanzado de discusiones tanto de Ekostahl como en Ilva que ya
ha llegado a la Comisión y que podría dar lugar a esa
aprobación por parte de la Comisión, que todavía no nos
consta, y, en consecuencia, la probabilidad alta de que, no
existiendo posibilidad de aprobación conjunta de todos los
planes, el Consejo de Ministros de Industria de este mes
pudiera necesitar realizar una nueva convocatoria si se quiere
seguir manteniendo el horizonte de la aprobación de la
reestructuración de la siderurgia europea durante el período
de la Presidencia belga, como fue la posición señalada por el
Consejo en su última sesión.
Dentro de este marco, que como comprenderán es un marco
complejo que exige toda la decisión del Gobierno, así como
toda la prudencia y me atrevo a decir que también la
cooperación de los diferentes grupos políticos, teniendo en
cuenta la importancia de este tema para nuestra industria
siderúrgica y para la industria española en general, sí quiero
hacer alguna referencia, tal y como me lo solicitaban en la
instancia de comparecencia, a la acería de Sestao.
En cuanto a la viabilidad de la acería compacta de Sestao hay
que señalar que el proyecto de esta acería ha sido estudiado
en sus dos vertientes, en la técnica y en la económica, tanto
por la propia Corporación de la Siderurgia Integral como por
diferentes consultores internacionales, por encargo, primero,
de la propia empresa y, segundo, del Gobierno y la Comisión de
la Comunidad,
y que en ambos casos ha obtenido dictámenes positivos de todos
ellos.
El proyecto se ha abordado en dos fases. Por un lado, está en
fase de constituirse una sociedad promotora de la acería
compacta de Sestao, con mayoritariamente privado y con el
objeto de preparar en una segunda fase el lanzamiento
definitivo de la futura sociedad propietaria y exploradora de
la acería compacta de Sestao. La participación accionarial de
la sociedad promotora va a estar formada, además de por la
propia CSI, por socios preferentemente financieros, con los
que se están manteniendo las oportunas conversaciones al
respecto. La propia dinámica de las negociaciones, y espero
tener en este sentido una cierta complicidad por su parte,
hace imposible, en todo caso profundamente desaconsejable en
el marco en el que nos estamos moviendo de negociaciones a
nivel europeo, desvelar en este momento ni el número ni la
condición de todos los accionistas ni la participación final
de todos ellos mientras no tengamos la seguridad de que el
Plan será definitivamente aprobado.
Por lo tanto, estos son los datos que quería aportarles en
relación con la marcha del Plan de Sidenor, por un lado, de la
CSI, por otro, la complejidad de la situación en la que
estamos y la decidida lucha que todavía tenemos que seguir
llevando a cabo de cara al próximo Consejo, y eventualmente,
si en este Consejo no consiguiéramos los objetivos, como
parece que por los datos podría ser posible, garantizar que
dentro de este año un plan que fue presentado, les recuerdo,
en abril de 1992, pueda ser finalmente puesto en marcha sin
incurrir en ulteriores deterioros financieros de las empresas,
en ulteriores incertidumbres, de carácter industrial y de
carácter regional, que de una manera tan intensa están
afectando no solamente a nuestra industria sino, sobre todo,
al horizonte económico y social de nuestro país.
Señor Presidente, no sé si procede que en este momento entre
también en la siguiente solicitud de comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Ministro,
vamos a proceder ahora a la intervención de los grupos, y el
tema, en cambio, de Seat lo veremos en trámite posterior.
Muchas gracias, señor Ministro.
Corresponde ahora la intervención de los grupos, comenzando
por aquellos que solicitaron la comparecencia del señor
Ministro. Tiene, por tanto nombre del Grupo Parlamentario
Popular, el señor Peón.
El señor PEON TORRE: En cualquier caso, sí quiero recordar a
la Presidencia que compartiré mi tiempo con mi compañero señor
Landeta, que hará una reflexión más detallada sobre el
problema de Ensidesa.
Para comenzar, señor Ministro, yo tengo que decirle que
desgraciadamente he escuchado lo que pensaba que podía
escuchar en esta Comisión. Hace muy pocos días, en la prensa
local del País Vasco, tuve ocasión de leer unas declaraciones
suyas en las que ya aventuraba las incertidumbres que se
cernían sobre el Plan de la CSI. De alguna forma esa
declaración pública venía a suponer un giro, una inflexión
respecto a otras quizá de tono más optimista que se habían
realizado en el mes de septiembre y que, además, dio lugar
precisamente a la petición de comparecencia que hoy estamos
celebrando.
La verdad es que el Plan, tal y como fue ideado en sus
inicios, creo que no me equivocaré si afirmo que no satisfizo
a nadie en principio. Ese Plan era un poco salvar los restos
de un naufragio, de una situación de deterioro industrial ya
muy acusada, y realmente tuvo una gran contestación por parte
de los agentes económicos y sociales implicados en el mismo.
Pero lo cierto es que, después de los dieciocho meses
transcurridos, ya es difícil pensar en que haya una
posibilidad de recuperación, de supervivencia, si cabe, del
sector siderúrgico español si no es mediante la aprobación del
Plan presentado. Han pasado muchos meses y digamos que el
retraso nos ha llevado a una situación donde ya es difícil
cuestionar la viabilidad de presentación de otro plan
diferente.
La verdad es que tenemos que coincidir con la preocupación que
usted expone por el retraso acumulado en la aprobación de ese
Plan, pero no sólo porque se hayan acumulado dieciocho meses,
que resultan ya realmente injustificables, sino por las
consecuencias tan dramáticas, tan injustificadas y tan
negativas que se están produciendo para el conjunto del sector
siderúrgico español.
Quiero recordarle que las pérdidas que se vienen acumulando en
la Corporación de la Siderurgia Integral son, según datos
ofrecidos por el propio Presidente, en reciente comparecencia
en la Comisión, de 50.000 millones en el año 1991 y de 100.000
millones, si tenemos en cuenta el año 1992, sin que nos
pudiera determinar exactamente cuáles eran las previsiones de
pérdidas para los años 1993 y 1994, que él calculaba en
cantidades similares a las de 1992. Estamos hablando de más de
250.000 millones de pesetas de pérdidas que no han podido ser
afrontadas en cuanto a su solución por el retraso acumulado en
la aprobación del Plan por la Comisión Europea.
Además, a estas pérdidas hay que añadir el impacto de
incertidumbre que causa en cuanto a la actividad concreta
industrial a desarrollar por las instalaciones y también en
cuanto a la incertidumbre de los trabajadores y los cuadros de
las empresas, poniendo en peligro, además, señor Ministro, la
propia competitividad del Plan por cuanto que demora, no
sabemos hasta cuándo, la aportación financiera de recursos
propios.
Por lo tanto, tenemos que coincidir en esa preocupación que
expone el señor Ministro, pero la cuestión es: ¿qué podemos
hacer para que esa situación cese? Está muy bien decir que es
intolerable el retraso, pero ¿qué va a hacer el Gobierno para
que deje de producirse ese retraso, en principio en este
último año y medio imputable a la Comisión Europea? Primera
pregunta, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno para que se
ponga fin a esa situación?
En segundo lugar, hay que hacer dos puntualizaciones al
argumento de que hay un gran retraso que es intolerable y que
eso ha supuesto un deter siderúrgico español. Dos
puntualizaciones: primera, no todo el retraso es imputable a
las instituciones comunitarias y, segunda, la situación de
deterioro no es sólo consecuencia del retraso en la aprobación
del Plan. No vayamos ahora a extraer la confusa conclusión de
que el sector siderúrgico español atraviesa el momento que
atraviesa porque no se ha aprobado el Plan por la Comisión
Europea. No es ése el problema; se ha presentado un plan
porque la situación siderúrgica española ya era bastante
lamentable.
En este segundo punto habría que ver cuáles son las razones de
que el sector siderúrgico español se encuentre en el momento
en que se encuentra. Desde luego, nuestro Grupo cree que no se
trata de una cuestión a la que sean ajenas las políticas
gubernamentales desarrolladas en los últimos años. Hay que
pensar que si hace poco tiempo el Presidente de la Corporación
Siderúrgica Integral decía que el principal problema de
nuestro sector siderúrgico, y concretamente el perteneciente
al sector público, era la incapacidad para competir en costes,
y fijaba incluso en un coste superior en un 25 por ciento de
nuestros productos respecto a los productos de los
competidores europeos, hay que decir que en esa dificultad de
competir en costes algo habrá tenido que ver la política
gubernamental en los últimos años, algo habrán tenido que ver
los tipos de interés que se han aplicado en este país en los
últimos años, algo tendrá que ver el costo de la energía
eléctrica, que es consecuencia de un mercado energético,
digamos, excesivamente intervencionista y casi, casi, tendente
a monopolio; algo tendrá que ver también el tipo de cambio que
hemos tenido en nuestro país en estos años. No caigamos ahora
en la conclusión de que estamos como estamos porque la
Comisión Europea no nos aprueba el Plan. No es así, señor
Ministro, y por lo tanto hay que dejar las cosas en su sitio.
En segundo lugar, hay muchas incógnitas sobre el Plan de la
CSI. Hace poco me refería a sus declaraciones públicas. Hay
muchas incógnitas sobre el Plan de la CSI y, además, en
palabras suyas también, sería un fracaso para la propia
Comisión no aprobar el Plan. Nosotros creemos que, en primer
lugar, sería un fracaso del Gobierno antes que de la Comisión
Europea. Parece ser que, según sus propias palabras, el Plan
no se va a aprobar en el próximo Consejo del día 18. Usted
manifiesta ahora que cree que hay probabilidades de que sea
antes de fin de año, pero no tenemos datos concretos para
creer que vaya a ser así, porque también hace poco se nos
decía que iba a ser prácticamente un simple trámite la
aprobación en el día. Sí, sí, hace muy poco tiempo se decía, a
nivel de opinión pública, que ya se había aprobado el Plan,
por la Comisión, que ya no tenía ningún tipo de impedimento
técnico y que, como mucho, en el peor de los casos, en el mes
de noviembre el Plan sería aprobado. Bueno, ya estamos en el
peor de los casos y ya estamos con que en el mes de noviembre
no se aprueba el Plan.
En ese sentido nos gustaría que nos aclare alguna de las
incertidumbres, porque ha citado algunas de las posiciones que
se producen por parte de algunas de las delegaciones de los
Estados Miembros, pero no ha citado con el detalle que
hubiéramos deseado las condiciones que, a nivel de opinión
pública, se han barajado como exigidas por la Comisión Europea
para la aprobación del Plan. Nos gustaría saber, con el mayor
detalle posible, cuáles son esas condiciones.
Yo le citaré algunas de ellas para que me confirme si es así,
si es cierto que estas condiciones están sobre la mesa, o no
es así. Por ejemplo, se dice --usted se ha referido a ello--
que hay una exigencia de adelanto en el cierre de la fábrica
de Ansio, aunque usted también ha dicho ahora --yo no sé si lo
he entendido bien-- que además del cierre por adelantado en
dieciocho meses prácticamente, que ya impone la Comisión
Europea, hay otros Estados miembros, he creído entender, que
imponen un cierre aún más adelantado, o sea, no sólo en
dieciocho meses sino antes. Me gustaría que me concrete en qué
términos exigirían esas delegaciones el cierre de la fábrica
de Ansio y que explicite no sólo cuál es la posición del
Gobierno respecto a esa petición de las delegaciones sino en
cuanto a la condición impuesta por la Comisión. Porque usted
ha manifestado, públicamente también, que el Gobierno entiende
y que usted entiende, señor Ministro, que es una imposición de
la Comisión Europea que no tiene gran justificación sino que
solamente parece pretender beneficiar a terceros países y que
a usted no le parecía que eso fuera asumible.
Quisiera saber si van a mantener una negativa a aceptar ese
cierre, no sólo en cuanto a la petición de las delegaciones
sino en cuanto a la propia condición impuesta por la Comisión
Europea. Además, le tengo que decir que para nuestro Grupo es
la hora de la firmeza. Usted ha dicho que el retraso es
intolerable y que dependemos del voto unánime de las demás
delegaciones, pero también se necesita el voto español para
aprobar los demás planes y en el voto unánime entra asimismo
el voto español. Creemos que ya es momento de sostener
posiciones de firmeza y de exigir a la Comunidad Europea que
apruebe un Plan que lleva presentado ya
dieciocho meses y cuya demora y retraso nos está costando
muchos miles de millones de pesetas a todos. No nos quedemos
con el fatalismo inevitable de que si parece ser que no se
aprueba en noviembre ya se aprobará a finales de año. ¡No!
Creemos que ya hay que tener y desarrollar una posición de
auténtica firmeza, haciendo comprender a los socios
comunitarios que no se puede demorar ni un momento más la
aprobación de nuestro Plan.
En cuanto a las incógnitas a las que me refería antes y que a
mí y a mi Grupo nos gustaría que nos despeje en lo posible, le
voy a citar algunas de ellas. Me he referido al cierre de la
fábrica de Ansio. También nos gustaría que nos dijera si es
cierto que se exige que las instalaciones que se van a cerrar
no puedan ser vendidas a empresas extranjeras o nacionales, en
Europa en general, para que puedan se puestas en explotación,
aunque sea mediante la iniciativa privada. Si se exige algún
tipo de prueba o de compromiso para que la participación
mayoritaria del sector privado en la inversión de la
miniacería de Sestao sea real, permanente y condicional, de
forma que quede garantizada la nueva aportación o de la no
mayoría de la Administración pública en esa miniacería; si
exigen algún tipo de prueba, y de qué manera se va a hacer,
por parte de la Comisión Europea, de que el proyecto de
miniacería queda totalmente desvinculado de las ayudas del
plan de reestructuración a nivel nacional y, en relación con
esto mismo, díganos en qué situación se encuentran las
negociaciones que, al parecer, se están desarrollando para
captar capital privado a fin de h miniacería de Sestao.
Usted nos ha dicho que no sería prudente entrar ahora en
detalle. Quizá podamos compartir que no se ha podido entrar en
gran detalle, pero sí podría indicarnos al menos si se está
pensando en contar con capital extranjero y qué cuantía puede
suponer aproximadamente esa participación.
Sería igualmente importante que nos dijera, por ejemplo, si no
se consiguen esas ayudas, qué va a ocurrir. Tenemos aquí una
referencia de unas manifestaciones en las que se dice que, en
el caso hipotético de que no se consiguieran esas ayudas, se
podían contemplar otros cierres. ¿Eso es así? Esos cierres,
¿en qué medida afectarían a nuevos excedentes laborales y
cuánta sería la reducción de la capacidad que se derivaría de
esos nuevos cierres?
En cuanto al tema concreto de AHV, tengo que decirle que me
preocupa que se ponga el acento en las entidades financieras
para tratar de bucar capital privado, porque de los
setecientos setenta y pico mil millones de pesetas que parece
ser que va a costar el Plan, en su conjunto, no hay que
olvidar que 300.000 millones de pesetas son para hacer frente
a pasivos, y de ellos una cantidad muy importante a pasivos de
naturaleza financiera. Quizá habría que tratar de contar más,
y desde el principio, con el sector privado siderúrgico
español y me preocupa que hace poco tiempo en esta misma
Comisión el Presidente de la Corporación de la Siderurgia
Integral dijera que no iba a contar con los socios de
Siderinsa, con el sector siderúrgico español. Dijo que no iba
a contar con ellos porque no creían en el proyecto. Me
preocupa, primero, porque si realmente no creen en el
proyecto, porque no es rentable, podemos echarnos a temblar
todos, pues pueden ser muy buenos los estudiosos y los
técnicos que hagan los planes de viabilidad del Gobierno, pero
también habrá que reconocer alguna capacidad a quienes viven y
explotan el negocio siderúrgico desde el sector privado. En
segundo lugar, creo que aunque hubieran echo esa manifestación
en una dinámica de más o menos presión o rifirrafe por tratar
de defender intereses propios, no puede quedar nunca fuera de
una operación de participación de capital privado en la acería
de Sestao el sector siderúrgico español; nunca puede quedar
fuera, y nos parece grave que en principio se esté apartando a
este sector siderúrgico español de esa negociación, incluso a
la propia sociedad promotora.
No hay que ocultar tampoco el malestar que se produjo en esa
patronal, en Siderinsa, cuando en el mes de septiembre, como
le refería antes, se hablaba de la facilidad con que se
esperaba contar para la aprobación del Plan y de cómo la
posibilidad de contar con capital privado estaba absolutamente
garantizada, e incluso se daban nombres de socios. Esto motivó
una reacción del Presidente de Siderinsa que ponía de relieve
que no era cierto, que no estaba contando con ellos y que
mostraba su indignación, además, porque estas manifestaciones
se estaban haciendo sin contar con su opinión.
Para terminar, queremos decirle, señor Ministro, al margen de
las manifestaciones que mi compañero le hará sobre el tema
concreto de la gestión de Ensidesa, que le deseamos mucha
suerte. Usted ya nos ha adelantado que tiene realmente pocas
esperanzas para la reunión del Consejo de Europa del día 18,
pero le deseamos suerte en cualquier caso. Lo que ocurre es
que, una vez que sepamos en qué va a quedar el Plan, vamos a
pedirle cuentas y que haga un balance de lo que ha sido la
gestión del Gobierno en el sector siderúrgico español para que
sepamos cuánto nos hemos gastado los españoles en ese Plan de
reconversión, en el primero y en el segundo, y para que los
españoles puedan saber cuál ha sido la utilidad de esos miles
de millones de pesetas que se han empleado en esa
reconversión.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Dentro del turno
correspondiente al Grupo Popular tiene la palabra el señor
Landeta, pero me permito recordarle que el tiempo
correspondiente, desde el punto de vista reglamentario, está
ampliamente superado, lo cual supongo que tendrá en cuenta el
señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, quiero
agradecer al señor Ministro la comparecencia ante esta
Comisión para info cuestión trascendental para dos regiones
españolas, el País Vasco y Asturias: los temas siderúrgicos,
que son los que están contemplados en el orden del día de esta
sesión de la Comisión.
En primer lugar, tengo que decir que suscribo íntegramente lo
alegado por el señor Peón y quiero transmitir al señor
Ministro la idea general que existe en Asturias sobre el Plan
de Competitividad. Es una idea clara en el sentido de que
consideramos que es un mal plan, que ha habido un rechazo
generalizado a sus contenidos, expresado no sólo por actos --
podemos decir--verbales, sino también por acuerdos de la Junta
General del Principado de Asturias en una moción especial, la
13-3, el 30 de abril de 1992, llegando a solicitar del
Gobierno la retirada del mismo de los órganos comunitarios y
la presentación de un nuevo plan que asuma lo manifestado por
la Junta y que se abra un nuevo proceso de negociación ante
las propias instancias comunitarias. Sé perfectamente que
desde el 30 de abril de 1992 en que se llevó a efecto esta
moción hasta el momento actual no se ha avanzado y realmente
podemos considerar que la situación actual es irreversible y
hoy día nos encontramos con un plan del que en modo alguno
estamos satisfechos.
Consideramos que España no ha negociado con la fuerza que
realmente merecía esta cuestión siderúrgica. Además, está
reconocido, precisamente por el señor Ministro, en la
comparecencia que tuvo en esta Comisión el día 6 de octubre,
que España tiene una capacidad de producción de acero integral
de un cuatro por ciento de la entidad comunitaria, con lo cual
resulta a todas luces descompensada la propuesta de reducción
de capacidad que se hace a nuestro Gobierno y la aceptación de
mayores reducciones en la Comisión. Creo que esto fue admitido
por el señor Ministro en la comparecencia que he citado en el
sentido de que España daba más, incluso, de lo que están dando
otros países que se encuentran en situaciones semejantes.
En segundo lugar, nosotros consideramos que debieran
potenciarse las instalaciones rentables infrautilizadas y cuya
productividad fuera claram con algunas inversiones. Nos
estamos refiriendo, indiscutiblemente, a la Acería de Avilés y
a la LD-III, una de las más modernas de Europa y que ha
recibido una fuerte inversión del Estado en los últimos años.
Nosotros consideramos que las pérdidas de Ensidesa son
alarmantes, pues de 17.000 millones en 1985 --aunque hubo años
en los que gracias a la venta de activos se niveló el
presupuesto-- se ha pasado en el momento actual a unas
pérdidas de 65.000 millones. En igual sentido, de 24.560
operarios en 1985 ha pasado en el momento actual a 17.625; se
nos anuncia un nuevo ajuste de 7.000 nuevos operarios, por lo
que consideramos que lo que trae consigo el nuevo plan es una
muerte por entregas, porque tenemos el convencimiento de que
ésta no será la última reestructuración que afecte a esa
empresa.
Respecto a Veriña, quedan todavía por llevar a efecto en la
última fase la inversión de 3.000 a 8.000 millones y ahora se
pretende reducir su capacidad a una cuarta parte de
producción. La idea generalizada que existe en el pueblo
asturiano es que Ensidesa está al borde de la quiebra técnica,
que la reducción de plantilla no resuelve el problema que
viene generado por la frágil o nula dirección existente al
privar los criterios políticos sobre los criterios
empresariales y que la aprobación del Plan, con la reducción
de la empresa, supone a corto plazo la liquidación de
Ensidesa, ahora precisamente agravada por ese nuevo retraso en
la aprobación que se pensaba que iba a ser el 18 de noviembre
y en el momento actual ya nos anuncian que será a primeros de
año, cuando realmente parece que las negociaciones que se
están llevando a efecto, con la intervención de los diferentes
países, están muy verdes y muy indecisas para lograr ese
acuerdo unánime necesario para la aprobación del Plan y no
pueden sacar de la duda que tiene todo el mundo sobre la
viabilidad o no de la siderurgia española.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Pasamos al siguiente
Grupo solicitante de la comparecencia del señor Ministro, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. En su nombre, tiene la palabra el señor García
Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Quiero agradecerle al señor Ministro
esta nueva comparecencia ante la Comisión para debatir sobre
el tema de la siderurgia integral y específicamente la
situación a partir de las negociaciones del Plan de
reconversión de esta siderurgia en Bruselas. Yo quisiera
empezar repitiendo algunas de las palabras del señor Ministro
en relación al entorno y a la significación que tiene
precisamente la negociación en Bruselas, el posicionamiento de
la Comisión, etcétera, y los márgenes de maniobra que puedan
existir o no en esta situación.
Usted decía que la Comisión ha establecido unas condiciones,
decididas por la Comisión --decía literalmente--, con
independencia de la volun Son palabras textuales de las que he
tomado nota. Señor Ministro, mi Grupo piensa --y a la larga
experienciadel proceso comunitario se remite-en la CEE, todo
es negociable y siempre es negociable; todo. Por tanto, nos
parece pernicioso que de una forma más o menos directa o
indirecta, más o menos clara o sibilina, se responsabilice a
la Comisión Europea o a las instituciones europeas del
resultado de una negociación y de un plan que aquí todos los
grupos que han intervenido califican como un plan malo.
Creemos
que es simplemente lanzar balones fuera y hacer un europeísmo
de la peor especie, porque significa sembrar ante la opinión
pública la idea de que los responsables de nuestros desastres
son precisamente las instituciones europeas. Digo que todo es
negociable, y tenemos casos globales como puede ser el de
Dinamarca, que ha quedado en una situación tan particular, o
como puede ser el caso de Francia ante temas mucho más
globales y que apela al acuerdo de Luxemburgo para poder
incidir sobre las posturas a tomar por parte de la Comisión en
el seno del GATT. Hay ejemplos más específicos en el tema de
la reconversión siderúrgica: tiene usted el caso de la
reestructuración siderúrgica italiana, que parece un culebrón
de nunca acabar, porque sabe usted que años atrás negocian el
cierre en Turín y a los dos años, cuando se le piden cuentas,
solicitan sustituir ese cierre, el que se produce entonces en
Turín, por el tren número 1 de Cornigliano y por parte de otra
instalación en el Grancognini, y le cito textos de la Ponencia
Europea, el Servicio de Estudios Comunitario de 1991. Es
decir, creo que está claro que todo se puede negociar en
Bruselas, que nunca se puede dar una negociación por
irreversible, eso sí, siempre que acudamos a ella con sólidas
razones, con planes sólidamente establecidos, tanto desde el
punto de vista financiero cuanto desde el punto de vista de
racionalidad técnica. Y éste no es el caso, señor Ministro;
éste no es el caso.
En cuanto a las condiciones que le pone a usted la Comisión,
ha citado algunas y otras no, por las cuales alguno de los
intervinientes anteriores le han preguntado, pero la respuesta
ya está escrita. El 29 de septiembre de 1993, la primera
propuesta de la Comisión, además de las dos que usted había
señalado, dice que todas las reducciones de capacidad sean
reales e irrevocables, y esto responde a una de las preguntas
hechas anteriormente. Y la tercera, que las instalaciones
cerradas no se vendan para ser utilizadas nuevamente en
Europa, además de la que usted dijo de que el tren de
laminación de felgues en caliente de Ansio se cierre a más
tardar en 18 meses, antes de la fecha señalada en el Plan, con
lo cual ya responderá usted un poco más claramente que lo hizo
el Presidente de la CSI sobre qué van a hacer mientras tanto
si efectivamente esto terminara así. El hablaba de traer
entonces bobina caliente o, en todo caso, el «input» necesario
de dentro o de fuera de nuestro país. No dio más
explicaciones, pero las condiciones son draconianas. Darlas
por irreversibles cuando parece --y el Grupo Popular así
también lo ha manifestado-- que este Plan no es un plan de
futuro, que éste es un plan mal hecho, a nosotros nos parece
que no es de recibo. Nuestro Grupo, desde luego, se resiste a
ello y, por tanto, sigue planteando que hay que renegociar en
Bruselas y que hay que hacerlo sobre bases mucho más sólidas,
y para eso, señor Ministro, tendríamos que aprender, y años
hemos tenido para ello, puesto que si una desventaja tiene
empezar tarde alguna ventaja tiene también si somos capaces de
aprender de los que nos precedieron; alguna ventaja tendría si
aprendiéramos realmente de la experiencia europea.
Si coge usted cualquier reconversión siderúrgica que en Europa
haya sido, simplificando, pero yendo a lo esencial, verá que
se ha basado sobre tres ejes: primero, concentración de
empresas o de grupos siderúrgicos dispersos, tanto integrales
como no integrales. Por ejemplo, nosotros hemos saludado que
se hiciera una corporación con las dos siderurgias integrales,
pero también habíamos apuntado, vanamente, a juzgar por la
práctica, que el Plan, para ser coherente con esta primera
condición o, mejor dicho, con esta primera práctica
fundamental de las reconversiones europeas, sería necesario
también que englobara la siderurgia no integral y los aceros
especiales.
Una segunda enseñanza que teníamos que sacar de las
reconversiones europeas es que toda siderurgia que se precie
hoy y que pretenda tener algún tipo de viabilidad futura se
nuclea en torno a un tren de bandas en caliente del ancho
adecuado, es decir, al menos de 2.000 milímetros. Esta es una
pieza fundamental, sin la cual los planos, que son los
productos que incorporan o que puede incorporar más valor
añadido, quedan tocados de ala, tanto en conjunto, por la
calidad, cuanto específicamente, porque un tren como los que
tenemos, no puede dar el ancho que requiere, por ejemplo, la
chapa del automóvil, que es uno de los mercados más golosos
para cualquier siderurgia. Esto, señor Ministro, se lo hemos
dicho ya a su antecesor en su momento. Y, ¿qué hicieron? Han
remodelado, gastando prácticamente la misma cantidad, los dos
trenes que había, para, a continuación, uno de ellos cerrarlo
ahora, sin más, el de Ansio; y el otro, queda realmente con
los handicaps a que acabo de aludir. El tercer punto en el que
han incidido todas las reconversiones de Europa es en el
alargamiento de los productos aguas abajo, la única forma de
competir con las siderurgias emergentes que, en cuanto a
materias primas, de obra, etcétera, nos llevan ventaja. De
estas tres condiciones, señor Ministro, la primera se ha hecho
tarde, mal e incompleta; la segunda no se ha hecho en absoluto
y en la tercera apenas se ha avanzado.
Señor Ministro, para nosotros es fundamental el plan que
incorpore un tren de bandas en caliente, de banda ancha de
2.000 milímetros, al menos; unos altos hornos adecuados y, por
supuesto, ello unido a una acería adecuada, como la que
tenemos. Resulta absolutamente incomprensible para cualquiera
que lo mire objetivamente desde fuera, es decir, desde fuera
de los intereses múltiples que se puedan mezclar que son
espesos, que no se puedan dilucidar, que teniendo una acería
como la LD-III, con lo que puede significar en precios, en
calidad, en extensión, teniéndola ya, con una inversión mínima
que no alcanzaría los 22.000 millones de
pesetas, ustedes hagan un plan y que lo nucleen --y ahí están
sus propias palabras, que reconocen que es el tema crucial en
la discusión europea-- en torno a una miniacería o una acería
eléctrica que la adornan con palabras como compacta, nuevas
tecnologías, etcétera, cuando eso supone utilizar un hábito
nuevo para cubrir un fraile que es el de siempre.
Señor Ministro, en cuanto a tema de la miniacería, que yo no
sé exactamente cuánto va a suponer, pero se habla entre
50.000, 60.000, 70.000 millones de pesetas, el propio alcalde
de Bilbao, en un artículo publicado en un periódico estatal de
larga tirada en 1992, decía: Una miniacería funciona con
chatarra, energía eléctrica y mano de obra. La energía
eléctrica es, según datos del Gobierno vasco en septiembre de
1992, un 21 por ciento más cara que la media europea; un 40
por ciento superior a Francia; un 30 por ciento más que
Italia; un ocho por ciento superior al Reino Unido. Y la única
planta que en estos momentos funciona en Estados Unidos, lo
hace con 400 trabajadores. La miniacería que se pretende
vender como compensación al cierre total de Altos Hornos de
Vizcaya va a emplear 300 trabajadores. Continúa diciendo: La
chatarra que habrá que importar se cotiza en el mercado
internacional... etcétera. En estas condiciones, ¿cómo se
pretende que tenga rentabilidad? Esas condiciones eran hace
dos años. ¿Qué diría si supiera las de ahora?
Señoría, Mr. Stone, director de un consulting de Chicago, en
el «Steel Times International», decía, en septiembre de 1992:
Las min eléctrica barata, un mercado local para sus productos
y, lo más importante, un buen suministro de chatarra para
reciclar por medio de sus hornos eléctricos y coladas. Hace
una larga exposición que me voy a saltar y continúa: En la
actualidad, los procesadores de chatarra no pueden hacer nada
para reducir el cobre, estaño, níquel y otros elementos
incluidos en el acero cuando éste ya está hecho. Para la
purificación del metal, habría que introducir un gran avance
en las técnicas metalúrgicas básicas, hoy explorándose. ¿Y
saben una de las condiciones por las cuales, por ejemplo, esta
miniacería que funciona en Estados Unidos es efectivamente
rentable allí? Porque tienen chatarra a punta de pala y
barata, pero, además, porque han conseguido que la Nukor quede
fuera de cualquier acuerdo sindical; es decir, en las
miniacerías no se admiten los sindicatos. Esto que lo sepa
todo el mundo para conocer qué es lo que está defendiendo.
Pero es que ya se ha aludido aquí que el propio presidente de
Siderinsa decía que la miniacería no era rentable, no era
válida ni desde el punto de vista técnico ni desde cualquier
otro punto de vista, y él entendía que únicamente por razones
«políticas» --entre comillas-- se podía plantear tal tema.
La última cita, señor Presidente, señor Ministro --voy a
tardar dos minutos, por favor, aunque éste es un tema
tremendo--,...
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Continúe, señoría.
El señor GARCIA FONSECA: El número de «Metales y Metalurgia»
del 14 al 21 de octubre recoge el resumen de la reunión
celebrada en París por el Instituto Internacional del Hierro y
del Acero, reunión de la que usted no sé si tiene información,
aunque supongo que sí, pero, desde luego, ahí estuvieron
presentes las más altas jerarquías de la CSI, presididos por
el señor García Hermoso.
El Presidente del Instituto Internacional del Hierro y del
Acero decía que las miniacerías no pueden desarrollarse en las
condiciones actuales por falta de chatarra, por el
encarecimiento de la misma y por la carestía y el
encarecimiento de la energía; que las miniacerías no pueden
dar las calidades y los anchos que da el proceso integral y
que éste continuará en las calidades más finas y de más valor
añadido sin competencia ninguna por parte de aquéllas y
hablaba en inglés de que tenía vida sobreabundante --casi
hacía una cita bíblica--. No podemos entender, señor Ministro,
cómo ustedes siguen erre que erre, pensando en dilapidarahí
70.000 millones de pesetas, 50 una miniacería, cuando
--repito-- un tercer convertidor en la LD-III supondría 22.000
millones de pesetas; y un tren de bandas en caliente como es
debido supondría 70.000 millones de pesetas. Y repito la cifra
porquela he estudiado, señor Ministro, e de la Corporación
Siderúrgica Integral.
Por tanto, señor Ministro, nuestro Grupo piensa que no es a la
Comunidad a la que hay que responsabilizar de lo que suceda
con este plan; que nunca es tarde para revisar y retomar la
negociación; que tenemos muchamás fuerza si esto lo hacemos
sobre bases técnicamente sólidas y, además, con apoyos mucho
más fuertes de los que hoy tiene el Gobierno, tanto en
sindicatos como en el Parlamento. Por último, quiero decirle,
señor Ministro, que, además de todo esto, o ustedes revisan la
gestión a fondo de la siderurgia integral y de la CSI o no hay
plan que la salve. No se puede admitir que el señor García
Hermoso diga
tranquilamente que el sobrecosto de la bobina caliente es un
25 por ciento; que diga eso inmediatamente después de que se
ha hecho una reconversión que ha supuesto más de medio billón
de pesetas y que, al mismo tiempo, tome la decisión de cerrar
instalaciones enteras, toda la cabecera de Altos Hornos de
Vizcaya, en la cual se invirtieron 85.000 millones de pesetas
hace dos años. Una de dos, o fue un disparate invertirlos, y
para ser creíbles ustedes tienen que exigir responsabilidades
y ahí están los mismos que han hecho ese disparate, o lo
disparatado era que esa cabecera desaparezca. En todo caso,
señor Ministro, se van ustedes a ver muy mal para poder
justificar las pérdidas brutales de la Corporación Siderúrgica
Integral, en la que no solamente no han mejorado en absoluto
las situaciones anteriores sino que las han agravado hasta
límites insostenibles.
Un último apunte. Señor Ministro, la cuestión es urgente,
efectivamente. Pero lo urgente no es que se apruebe o no se
apruebe un plan, sobre t mal hecho. Lo urgente es que se
negocie un plan bueno y que se negocie con rigor y con fuerza.
Y, mientras tanto, hagan ustedes algo. No se limiten a hacer
algo, que tampoco estaría dentro de los cánones estrictos
comunitarios, a nivel social, a nivel de jubilar gente. Hagan
ustedes ya inversiones. Hay algunas que en cualquiera de los
planes esbozados o estudiados previamente figuran en todos y
no son contestadas. Empiécenlas y vayan negociando al mismo
tiempo en Bruselas. Esto es perfectamente posible. En todo
caso es urgente porque, si no, cuando terminen de negociar lo
van a hacer sobre un cadáver.
Esta es la urgencia, señor Ministro, este es el planteamiento
que nuestro Grupo cree que es necesario hacer. En ese
planteamiento estaríamos a dispuestos a trabajar con ustedes.
Fuera de ello, no, señor Ministro. No crea que es por llevarle
la contraria, sino porque si esto fracasa, cae sobre nosotros,
y no tengo ningún interés en que me caiga la casa encima.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Pasamos a los grupos
no solicitantes que deseen intervenir.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Catalán de Convergència i
Unió, el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: En primer lugar, quisiera, como debe
ser, agradecer la información que nos ha facilitado el señor
Ministro. De entrada, quiero hacerle un comentario. Las veces
en que en esta Comisión se ha tratado este tema de la
siderurgia integral y del sector siderúrgico en general se nos
vienen dando desde el Gobierno más datos respecto a las
negociaciones en Bruselas del plan que del propio plan. Se nos
ha informado hoy nuevamente, aunque ya lo hizo el señor
Ministro el primer día que compareció ante la Comisión para
explicar los planes del Departamento, así como lo hizo el
Presidente de la Corporación Siderúrgica Integral, más que de
un proyecto industrial, del estado de unas negociaciones. Da
la sensación, y en nuestra forma es comprensible, que el señor
Ministro, que ha llegado a la responsabilidad del Ministerio
en julio de este año, cuando el plan ya llevaba, como
recordaba el señor Ministro en su intervención, dieciocho
meses ante la mesa del Consejo para ser aprobado, no se
plantea tanto el contenido del plan como la necesidad de tener
un instrumento para poder actuar en un sector que obviamente
lo necesita. Y no se entra en profundidad en la discusión del
contenido del propio plan. Yo no he conseguido saber qué
pretende el plan, ni con la información que se ha dado en la
Comisión ni con los papeles con los que cada cual intenta
hacerse. El más claro que tengo es un documento de la Comisión
de la Comunidad al Consejo --no sé si a través de espionaje
industrial--. Es un documento que dice: Reestructuración de la
empresa siderúrgica integral española. Corporación de la
siderurgia integral. Comunicación de la Comisión al Consejo,
de 5 de noviembre de 1992 --vea usted que tampoco trabajamos
con documentos demasiado recientes--. Es una comunicación de
la Comisión al Consejo, no es lo que dice el Gobierno español
pretende. Todavía, como decía, no he conseguido saber qué
pretende el plan; quizá sí qué se pretende en cuanto a grandes
números y grandes cifras, pero no sé ver, a partir de aquí,
qué se pretende, cómo se pretende que quede el sector, ni qué
viabilidad tendrá el sector. Y recuerdo, como ya hicimos en la
primera intervención en esta Comisión días pasados, que es un
sector que no está formado sólo por la Corporación Siderúrgica
Integral, que no está formado sólo por Ensidesa y Altos
Hornos, sino que hay otras muchas empresas con muchos
trabajadores. Por tanto, es el conjunto del sector el que debe
interesarnos, no sólo, insisto, la Corporación Siderúrgica
Integral. No conozco ni el contenido del plan ni si ese plan
hará competitivo el sector. Eso es lo que debe preocuparnos,
señor Ministro. El tema de la competitividad es un factor del
trabajo admitido en los países que conformamos la Unión
Europea, admitido en esta Cámara teóricamente por todos los
grupos, aunque a unos, desde la oposición, les lleve a no
pensar en el mismo o actuar de otra manera; otros quizás no
creen tanto, pero nosotros sí creemos, nosotros somos un grupo
predispuesto a entender que las cosas hay que hacerlas, nos
gusten o no, porque no hacerlas es peor. Por lo tanto, estamos
muy abiertos a saber qué es lo que se pretende con el plan y
no conseguimos saberlo.
Rebuscando entre los datos de este documento que le comentaba,
y también lo ha dicho el señor Ministro en parte, parece que
en cuanto a la reducción de capacidad, hablando sólo de la
Corporación Siderúrgica Integral, será de 2,3 millones de
toneladas a partir del cierre del tren de laminación de Ansio,
que esta reducción de capacidad vendrá compensada al alza con
el millón de toneladas que se producirán en la nueva unidad
compacta de Sestao. Por tanto, parece que la reducción neta de
capacidad sería de 1,3 millones de toneladas. En la reducción
de las ventas se habla de un millón de toneladas. Hay una
reducción de capacidad de 1,3 millones; en cambio, de ventas
parece que sólo un millón de toneladas, pasando de los 5,3
millones de toneladas de 1991 a 4,3 millones de toneladas en
1996. En cuanto a reducción de empleo parece que de los 24.489
trabajadores en 1991 se pasa a 14.782 en 1998, con una
reducción del 40 por ciento, es decir de 9.707 personas. En
los costes de reestructuración figuran unos costes sociales de
236.000 millones, que si se dividen, haciendo una simple
división --tampoco es tan sofisticado el mecanismo--, por los
9.700 empleos reducidos resultan
24 millones de pesetas por empleo, cifra que nos parece poco
acorde con lo que son en la realidad las reducciones de empleo
y el coste social que comportan. Se habla de una cancelación
de deudas de 226.000 millones, pero además de una nueva
cancelación de deudas por capital de 126.000 millones. Se
explica que estas acciones saldrán a la venta y que hay un
compromiso del Gobierno de que si no se compran en el mercado,
las compraría el propio Gobierno. Sería un poco como emitir
unos «papelitos» y después quedárselos uno mismo.
Nosotros no somos capaces de entender el plan financiero,
quizás por nuestra poca capacidad, aunque creo que no. En
definitiva no sabemos cuál es el proyecto industrial de
futuro. Eso es lo que ansiosamente venimos buscando tanto en
el ámbito de las sesiones de la Comisión como en cualquier
otro --estamos a su disposición--, porque si cree que el marco
no es éste, podemos abordarlo en el que crea que es oportuno
para intentar entender un plan cuyo objetivo estoy seguro --y
lo decía un interviniente hace un momento-- compartiríamos
todos, que es el de hacer competitivo un sector que hoy no lo
es y que no tiene visos de serlo, y no estamos nada seguros
que empecinarnos en intentar hacer aprobar un plan sea la
solución del sector; no estamos nada seguros quizá por
desconocimiento. El señor Ministro insinuó el primer día, lo
hizo también el Presidente de la Corporación Siderúrgica
Integral y no exactamente de buenas forma ante la Comisión,
que se nos pide a los distintos grupos parlamentarios una gran
solidaridad con el Gobierno y poco menos que no interceptemos
con nuestras opiniones una negociación que en Europa es muy
dura --lo sabemos-- y que casi comulguemos con lo que se está
pretendiendo desde el Gobierno. Estamos más que dispuestos a
hacerlo, señor Ministro, a través de un mecanismo: entenderlo.
No pedimos nada más. Que no se nos pida el silencio si es
sobre el desconocimiento de lo que se quiere hacer. Estamos a
su disposición para, con toda la razonabilidad, de la que
nuestro Grupo y muchos otros grupos de la Cámara --no es
exclusiva del nuestro-- ha dado ya repetidas pruebas, hacer
las cosas con toda la seriedad que requiere el tema, pero,
insisto, no desde el desconocimiento, no desde un silencio por
unos intereses de Estado que primero queremos que nos sean
demostrados. Queremos saber cuál es el proyecto industrial,
porque, por más que lo hemos intentado discernir en las
informaciones hasta ahora dadas a la Comisión y en los
documentos que se nos han facilitado al margen de la propia
Comisión, no vemos cuál es el proyecto industrial de este
sector, que, insisto, no está formado sólo por la Corporación
Siderúrgica Integral sino por muchas otras empresas. No vemos
la viabilidad no sólo de su aprobación en Europa, sino de que,
una vez aprobado, sea posible llevarlo a la práctica y con
éxito y que sea la solución para el sector.
Tenemos, insisto, la mejor de las disposiciones y quedamos a
la espera de su información, si es posible que nos la
proporcione.
El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Dávila): Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Ministro, por
su comparecencia, importante por el tema que nos trae aquí,
sobre el que esperamos recibir información y manifestar
nuestras posiciones.
Voy a ser breve porque las preguntas que quería plantear ya
han sido formuladas por el señor García Fonseca y parte por el
señor Molins. Sigui tres son los temas que voy a tratar de
precisar.
En primer lugar, da la sensación --y quiero utilizar este
término, aunque sea así de genérico-- de que la negociación
del no posible cierre del tren de bandas de Ansio no ha sido
llevada con la suficiente firmeza por parte de la
Administración. No se trata de un tema de responsabilidades.
Es una opinión planteada al actual Ministro de Industria
dentro del contexto que ya le indicaba el señor García Fonseca
de tratar de renegociar, si no el plan en su conjunto, algunas
de sus partes. Por otra parte, también da la impresión de que
mantener el tren de bandas de Ansio, mejorarlo, adecuarlo con
tecnologías más modernas a las necesidades del mercado y a la
calidad requerida supone revisar el plan, y esta alternativa
parece que no se ha contemplado o por lo menos no se ha
expuesto suficientemente.
En segundo lugar, respecto a la composición del accionariado,
usted nos ha hablado de la presencia de la Corporación de la
Siderurgia Integral y de posibles socios financieros. En la
línea de la pregunta que le han planteado anteriormente y
teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, que uno de los
factores de la reconversión podría ser la concentración, ¿se
está hablando con profesionales del sector, con empresas o
empresarios del sector, que han demostrado, en concreto en el
País Vasco, una gran capacidad para gestionar sus propias
empresas dentro de un subsector de la siderurgia y cuyas
empresas hoy en día todavía tienen una discreta rentabilidad,
pero rentabilidad, y no están experimentando reconversiones
fuertes? ¿Se ha intentado conectar con ellos, implicarlos en
el proyecto? Existe la impresión de que la gestión de Altos
Hornos de Vizcaya, y de la siderurgia en general está llevada
por políticos o representantes políticos más que por expertos
en producción y en mercado. En el futuro plan, además de la
presencia de la Corporación y de los financieros que usted ha
dicho, ¿se intenta integrar a empresarios del sector?
Finalmente, en la línea de la pregunta que le formulaba el
señor Molins de cuál es el proyecto industrial de futuro que
quisiéramos todos conocer y respecto del que yo al menos
comparto esa misma duda, me gustaría saber por usted mismo
cuál es la evaluación de las consecuencias de la aplicación
del plan, si es que finalmente
llega a aplicarse. Quedan incógnitas por despejar dentro de
este plan, sobre todo respecto al futuro. En primer lugar
estaría el impacto en el entorno. Así como el sector del
automóvil tiene una repercusión en toda la industria auxiliar,
en este caso concreto el impacto en el entorno industrial
directo puede ser en la margen izquierda del río Nervión o en
otras empresas derivadas que trabajan para Altos Hornos o para
las diferentes empresas siderúrgicas. ¿Cuál va a ser realmente
la capacidad de atender la demanda interna y la capacidad de
competencia con el exterior? Son temas que por muchas vueltas
y análisis que hemos hecho no acaban de estar definidos.
Y una última duda que nos da vueltas en la cabeza: las
perspectivas de este plan. ¿Es realmente un plan con
posibilidades de desarrollo, de mantener una presencia
relativamente importante dentro de la siderurgia europea, o
estamos abocados en los próximos cinco años a una nueva
reconversión, no dependiendo solamente de la crisis o de la
situación del mercado o del consumo de acero en el futuro,
sino abordando unas inversiones y unos costes que nos sitúen
con solidez en Europa?
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Finalmente, por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Sáenz.
El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Ministro, por su
información y por su comparecencia.
Entramos en un viejo debate en esta Comisión. Llevamos muchos
años, varias legislaturas, hablando de los planes de
reconversión de la siderurgia. Algunos grupos piden más
información. Yo quiero recordar que en la legislatura pasada
vino aquí el Presidente del Consorcio de la Siderurgia
Integral y explicó el contenido del plan. Yo creo que es bueno
que esa información se vuelva a dar y se reitere todo lo que
haga falta. Hubo un debate y una interpelación en Pleno
respecto de este misto tema, con propuestas de resolución. Por
tanto, no es un tema ni mucho menos desconocido, sino que ha
supuesto una serie de actuaciones. Es un elemento básico del
proceso de reconversión industrial que se inicia en los años
1983 y 1984 en nuestro país con la aprobación de la ley de
reconversión y que ha tenido distintas fases. Ha habido alguna
fase en la cual la situación de la siderurgia europea ha sido
más relajada, pero normalmente las dificultades tremendas de
la siderurgia europea para competir en costes en el mercado
internacional han sido una constante a lo largo de estos años
y eso nos lleva a sucesivas reducciones de capacidad de la
siderurgia europea que hay que pactar en el seno de la
Comunidad, puesto que tienen que hacerse con ayudas públicas y
de forma que esas reducciones sean equilibradas
territorialmente. Esa es la situación a la que estamos
abocados en la Comunidad.
En todos estos debates, señoras y señores Diputados, ha habido
siempre una constante, y es la crítica de los grupos de la
oposición planteando que se reduce demasiado, que había que
mantener más capacidad y una mayor presencia en el sector. Yo
creo que la historia está demostrando el realismo del Gobierno
a la hora de afrontar estos planes. Yo no quiero recordar aquí
la gran batalla política que se produjo sobre el cierre o no
cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo. Sagunto supuso
una batalla política de primer orden y en esta Comisión este
Grupo Parlamentario se vio solo a la hora de apoyar al
Gobierno. Lo que han demostrado los hechos es que aquella
decisión fue correcta y que incluso ha habido que dar pasos
más allá de aquella decisión que se tomó en su momento.
Parece que hay alguna coincidencia entre todos los grupos
parlamentarios al pedir al Gobierno firmeza; lo que pasa es
que no se puede pedir al mismo tiempo firmeza en la
negociación y que además vaya rápida, porque, evidentemente,
hace falta la aprobación de la Comunidad. Yo supongo que
ningún Grupo propone que nos salgamos del marco comunitario
para llegar a los acuerdos, para tomar decisiones de
inversión. Yo creo que tenemos que acogernos al marco
comunitario, en el que hace falta la unanimidad. Nuestro Grupo
piensa que el plan que se ha presentado es bueno y que está en
el límite respecto de las capacidades y en el límite de lo que
es admisible por la Comunidad Económica Europea, lo que se
demuestra por el hecho de que haya un forcejeo negociador que
dura más de un año. Yo creo que ese forcejeo significa que el
Gobierno español ha presentado un plan en el límite de lo que
podría ser admisible por la Comunidad Económica Europea, ha
mantenido una posición de firmeza en esta negociación,
negociación que solamente podrá salir adelante cuando salga la
de unos cuantos más, para que no se vean favorecidos solamente
los intereses españoles sino también, al unísono, los de otros
países.
Nuestro Grupo lo que quiere aquí manifestar es que pensamos
que el plan es bueno; que apoyamos el proceso negociador y la
firmeza negociadora del Gobierno y que además pensamos que
sería bueno que el tema se resuelva lo antes posible y que a
lo largo de este mandato en la Comisión de la Presidencia
belga pueda salir adelante. Yo creo que se han dado pasos muy
significativos e importantes a lo largo de este año. Ha sido
un forcejeo negociador en el cual se ha logrado que la
Comisión esté sustancialmente de acuerdo con los
planteamientos básicos del plan, cosa que no ocurría hace un
año, que ya se ha producido y, por tanto, hay una expectativa
razonable de que, en definitiva, los elementos básicos de este
plan salgan adelante. Quisiera señalar que al señor García
Fonseca --aunque quizás es mejor no decir los nombres-- le
venimos oyendo desde hace muchos años, en los sucesivos planes
de reconversión, que habría que mantener más capacidad, pero
cada plan tiene que dar pasos adelante justamente en la
dirección contraria de la que plantea el señor García Fonseca.
Lo que nuestro Grupo quiere plantear es que pensamos que el
plan es bueno, apoyamos al Gobierno en su negociación,
pensamos que ha mantenido la firmeza necesaria como demuestran
lógicamente los hechos y nos gustaría que se pudiera llegar a
un acuerdo lo antes posible en el seno de la Comunidad, para
lo cual le animamos a que siga manteniendo esa tensión
negociadora como ha hecho hasta ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Tiene la palabra el
señor Ministro para responder a los planteamientos que ha
escuchado de los distintos grupos parlamentarios.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Urcelay):
Quiero agradecer en primer lugar a todos sin excepción sus
comentarios, aunque sí me gustaría, antes de responder
pormenorizadamente a todos y cada uno de los que han
intervenido en este turno, expresar una cierta sorpresa por
que se solicite la comparecencia del Ministro para explicar el
proceso de negociaciones y después, analizando el proceso de
negociaciones, se quiera que volvamos a la situación de hace
dos años, a qué plan había que hacer, a si ese plan era bueno
o no era bueno, o a poner en este momento dudas sobre la
viabilidad, la factibilidad y la plausibilidad de ese plan.
Es obvio que podemos hacer una discusión como la que
correspondía hace dos años, y naturalmente les quiero decir a
todos que siempre estaré dispuesto --al Presidente se lo digo
de una manera incluso formal-- a que si esta Comisión no tiene
un conocimiento suficiente de cuál es el contenido del plan,
no obstante las explicaciones que en el pasado se dieron, las
sucesivas comparecencias, los documentos que desde el Gobierno
se han remitido y los que, evidentemente, se podrían todavía
remitir, que se disponga lo necesario para hacer una
explicación, por lo menos, de cuál es el contenido del plan,
cuál es el contenido en términos técnicos, qué es lo que es
posible esperar de un plan en el supuesto de que se apruebe --
de este plan en concreto en el supuesto de que se apruebe--
para que al menos tengamos un criterio común, pero sí tengo
alguna dificultad --lo reconozco abiertamente-- para hacer un
proceso de discusión en el que, por un lado, se exige al
Gobierno la máxima firmeza para sacar adelante este plan, no
obstante algunas intervenciones que pretenden cuestionar la
viabilidad, la racionabilidad y la conveniencia de este plan
para España. Naturalmente el Gobierno por estas dudas no va a
modificar sus posiciones, pero señoras y señores Diputados, sí
les quiero decir que encuentro, desde el punto de vista de la
Comisión de Industria --no lo entiendan naturalmente como una
admonición-- , una cierta contradicción. El Gobierno y en este
caso el humilde titular del Ministerio de Industria desearía
sentirse más amparado de lo que se ha sentido en esta
comparecencia en relación con la necesidad de mantener una
actitud de firmeza, que es difícilmente compatible con el
hecho de que la Comisión de Industria que controla el Gobierno
manifieste semejantes dudas, algunas dudas o incluso serias
críticas sobre la conveniencia, el futuro, o el pasado
incluso, de lo que se ha venido haciendo en esta materia, en
un momento en el que, les hablo con toda sinceridad --quizá
con demasiada--, el problema no está en las dudas sobre el
plan, sino en cuál es el proceso de negociación, la
multilateralización de la negociación del plan de la
siderurgia integral que se ha convertido en un proceso en el
que, naturalmente, la aprobación de nuestro plan será una
llave para la aprobación de todo el proceso de
reestructuración de la siderurgia europea, pero en el que,
naturalmente, lo mismo que decimos nosotros, esto es los
españoles, dicen exactamente el resto de los países, con lo
cual es bastante fácil pensar que todo se tiene que deteriorar
un poco, como en este momento está sucediendo, esto es, un
buen número de incertidumbres, aproximadamente doce
incertidumbres en relación con las posiciones de los
diferentes países, antes de que finalmente todo se prueda
aprobar, porque cada uno de los países está defendiendo no
solamente un proyecto europeo, sino al mismo tiempo sus
propios intereses nacionales.
Realizado este desahogo que supongo que entenderán en el
sentido más amable por otro lado, y espero que puedan ustedes
comprender la impresión que he recibido y esto que les acabo
de decir, sí quiero contestar obviamente a algunas de las
intervenciones de los señores Diputados.
El señor Peón, del Grupo Popular, ha manifestado no sé si una
decepción o simplemente una enorme capacidad de previsión
sobre lo que podía esperar de una comparecencia en la que se
me solicitaba que hablara del proceso de negociación y,
naturalmente, he hablado del proceso de negociación. Y decía
el señor Peón: he escuchado lo que pensaba que podía escuchar.
Me alegro de que tenga por lo menos esa satisfacción de que no
se haya equivocado en sus pronósticos, y únicamente le quiero
decir que no hay una contradicción entre lo que yo he
expresado en el pasado y lo que expreso o he expresado con una
gran sinceridad hoy. Yo no hice declaraciones optimistas en
septiembre; por el contario, ante los medios de comunicación y
también ante esta Comisión expresé la preocupación que tenía
el Gobierno por el proceso de discusión de la reestructuración
de la siderurgia en Europa. ¿Qué es lo que ocurrió en
septiembre que no había ocurrido en el transcurso de un año
atrás? Que la Comisión, finalmente, había dado su visto bueno
en líneas generales a lo que era el plan español y había
reconocido una parte de los esfuerzos
que mi antecesor y yo mismo hemos hecho para hacer factible la
aprobación de este plan. Ese es un dato absolutamente
significativo y es obvio que generó una expectación que no
siempre va unida al conocimiento de las dificultades que
todavía quedan por superar, pero es verdad que en septiembre
había razones para sentirse, de alguna manera, satisfechos,
porque la Comisión en ese momento es un proceso de
reestructuración de la siderurgia que afecta aproximadamente a
30 millones de toneladas de acero líquido y del orden de unos
20 millones de toneladas de laminados en caliente, no tenía
otra cosa que hacer, en un proceso que se había acordado que
tuviera que ser de nivel europeo, que la aprobación del plan
español como una vía para invitar a que otros países siguieran
el precedente y para que incluso algunos de los que no estaban
pendientes de ayudas de Estado produjeran también las
correspondientes reducciones de capacidad.
El señor Peón decía también que el plan no satisfizo en su
momento. Yo no sé si ésta es la posición que sigue
manteniendo. Es posible que sea la misma posición crítica que
en el pasado mantuvo, aunque ahora reconocía que hay que
aprobarlo y parece que ésta es la posición del Grupo Popular,
que yo le agradezco si efectivamente es así. Lo que no sé es
si es compatible estar defendiendo por un lado las dudas o la
inadecuación del plan, y por otro la necesidad de que hay que
aprobar ese plan; plan que, repito, se afirma que no es un
plan conveniente. Me parece que hay que tener cuidado con este
tipo de contradicciones, con esta especie de juego a las dos
bandas, porque si uno está convencido de que algo no se debe
hacer, seguramente lo que tiene que hacer es criticarlo y
decir que el Gobierno de España se está equivocando
presentando este plan. Lo que no se puede al mismo tiempo, a
medida que la opinión pública está deseosa de que se apruebe
definitivamente el plan, es decir: ahora sí habría que
aprobarlo, aunque el plan no nos gusta. Me temo que ahí hay
alguna contradicción, señor Peón.
¿Qué podemos hacer, se plantea el señor Peón, y sobre todo qué
va a hacer el Gobierno? Yo creo que algo podemos hacer entre
todos: primero, desde luego, clarificar un poco cuál es el
contenido del plan, y en ese sentido reitero mi invitación al
Presidente, porque si fuera necesario hacerlo, sería bueno
para que no habláramos de memoria o estrictamente en términos
de lo que pueden ser discusiones de medios de comunicación, a
veces publicaciones en esos mismos medios, muy dignas todas
ellas, pero que quizá no den cuenta suficientemente de cuál es
el contenido, las perspectivas, el horizonte del plan al que
se refería también el representante del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Esto podríamos hacerlo, pero me parece
que estamos en un momento procedimental diferente. Estamos
obviamente ante la necesidad de que todas SS.SS. y todo el
país conozca qué es lo que queremos hacer y cuáles son estas
perspectivas, pero, sobre todo, ante la necesidad de aprobar
un plan y un plan que se viene dilatando demasiado tiempo, y
no ha sido, mi intención responsabilizar de la situación de la
siderurgia en España a la Comunidad, sería bastante absurdo.
La situación de la siderurgia en España, como en otros países,
ha sufrido un proceso doloroso y difícil en el que, antes de
entrar en la Comunidad, ya tuvimos que hacer un ajuste y una
reestructuración, insuficientes a la vista de la evolución de
las circunstancias del mercado en nuestro país y en el
conjunto de Europa, y, por otro lado, es un proceso al que
tampoco han sido ajenos otros países que estaban anteriormente
en la Comunidad. Seguramente, si algo define en términos
económicos la historia de Europa, es el proceso permanente de
reestructuración de dos industrias, la del carbón y la del
acero. Así se forma históricamente la Comunidad y el paso del
tiempo no ha hecho sino reafirmar que éstos son sectores
básicos, pero aquejados de cambios tecnológicos, económicos,
de evoluciones de mercado, etcétera, y, en consecuencia,
afectados de medidas permanentes de reestructuración. Por
ello, no es en absoluto vano señalar que son dos de los
sectores que están regulados por normas específicas, con
derogaciones parciales de las normas generales de la
competencia que, por otro lado, existen en otro tipo de
sectores. Por ejemplo, esto no es el sector del automóvil sino
otra cosa completamente diferente en términos de normas de
competencia. ¿Qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer en
este momento es trabajar juntos. Yo les invito a que, no
obstante las diferencias que puedan legítimamente seguir
manteniendo con el Gobierno, hagan en este caso alguna
reflexión sobre el interés general de este país, en el que me
parece que, más allá de las discrepancias, tenemos que hacer
un esfuerzo conjunto por sacar este plan adelante.
Por tanto, todo no es imputable a la Comisión, pero no es
menos cierto, señor Peón, que dieciocho meses, reconocida una
situación difícil en el sector siderúrgico, reconocida una
situación difícil en el mercado pero también en las empresas
desde el punto de vista financiero, significan un enorme
deterioro en esa misma posición, sobre todo cuando hay cosas
que forman parte del plan que no se pueden hacer, precisamente
porque no cuentan con la autorización. Entre la primera
valoración de la Comisión y la segunda ha sido necesario, para
actualizar los datos del plan, incluir 61.000 millones de
pesetas más aproximadamente de costes, fundamentalmente de
carácter financiero, que incrementa el coste del plan y que la
propia Comisión reconoce en su dictamen que son el fruto del
retraso en la aprobación del plan; aproximadamente 61.000
millones en los que este país hubiera debido aspirar a no
incurrir, aunque en este momento ya no tiene demasiado
sentido. Es verdad que esto no es algo imputable al Gobierno
o a las empresas sino a un sistema de decisión del cual nos
sentimos globalmente satisfechos, que es el de formar parte y
compartir nuestra soberanía con otros países, pero que a veces
lleva a estos resultados. Saben que el proceso de la
aprobación de nuestro plan ha estado afectado por la
coincidencia de una crisis general de la siderurgia. Cuando
nosotros presentamos este plan no existía todavía la
conciencia que sí tenía lugar un año después de que no se
trata solamente de que los españoles tengamos un problema,
sino de que casi todos los siderúrgicos europeos tienen un
problema: que tuvo lugar la caída del Muro de Berlín, que ha
habido un proceso de entrada de productos siderúrgicos de
otros países, que ha habido una caída de los precios muy
importante, que ha habido un deterioro financiero de casi
todas las empresas, que una buena parte de ellas tienen
pérdidas y, en d con los datos del informe Braun que les
comentaba hace un momento, que hay un exceso de capacidad en
la industria. De ahí que la pretensión inicial del Gobierno,
que era que nuestro plan de aprobara en solitario, fuera una
pretensión que después se confirmó demasiado optimista en este
sentido, puesto que la situación general de la siderurgia en
Europa forzó a que todos los países quisieran considerar los
planes específicos de cada país en un marco más amplio y con
una política comunitaria de reducción global de la capacidad,
en la cual a todo el mundo se le quiere pedir su cuotaparte y,
naturalmente, tanto más a aquellos países que necesiten hacer
un proceso de reestructuración con ayudas de Estado. Por
tanto, no creo que aquí tengamos que hablar de un fracaso del
Gobierno. Me parece que de lo que tenemos que hablar es de un
orden serio. Si siguen ustedes la información de lo que viene
ocurriendo en otros países, verán que Italia, Alemania u otros
países que en este momento no tienen programas o dossiers
específicos de ayudas de Estado tienen un serio problema con
la evolución de sus siderurgias.
Yo no he dicho nunca, señor Peón, que esto sea un mero
trámite, sino al contrario, siempre he hecho una afirmación
responsable. Nada me gustaría más que decir, como Ministro de
Industria, lo siguiente: señores Diputados, tengan ustedes la
seguridad de que en el Consejo de Ministros del día 18 esto lo
vamos a sacar, porque para eso tienen ustedes un Ministro que
va a pelear con todas sus fuerzas. La segunda parte, lo de la
pelea, lo tienen ustedes garantizado; lo que no pueden tener
ustedes, salvo que quieran que les engañe, es exclusivamente
una visión en términos optimistas, y al margen de la realidad
de que hay no menos de siete países en este momento que tienen
posiciones reticentes en relación con el problema, lo cual no
significa que no se puedan aprobar los planes, sino que éste
es el estado de la cuestión en este momento.
Me preguntaba después, señor Peón, por algunas de las
condiciones que se han impuesto. No sé si usted pensaba que yo
trataba de hacer algo así como un ejercicio de ocultación.
Nada más lejos de mi intención. En todo caso, les supongo
enterados --los documentos de la comunicación de la Comisión
son documentos públicos; no tienen ustedes más que consultar
el Boletín de las Comunidades Europeas-- de qué es lo que dice
la Comisión; no se trata de ningún acto de espionaje, sino de
consultar los documentos oficiales de este país, como los de
la propia Comunidad Europea, y ahí encontrarán las condiciones
que la Comisión señala para que el Consejo pueda establecer un
dictamen conforme y, por tanto, aprobar definitivamente el
plan por unanimidad. Para no interpretar a la Comisión,
permítanme que se lo lea, y de esta forma sabrán ustedes qué
dice exactamente la Comisión; insisto, no qué dice el Gobierno
español, sino qué dice la Comisión. La propuesta de la
Comisión, de acuerdo con la comunicación al Consejo, dice: A
juicio de la Comisión, las modificaciones expuestas mejoran la
relación entre la intensidad de la ayuda y el alcance de la
reestructuración, relación que ahora guarda un buen
equilibrio.
Este había sido --les recuerdo-- el argumento formal o real
que había significado el retraso en la proposión de dictamen
conforme por parte de Y sigue diciendo: En consecuencia, la
Comisión propone que el Consejo acceda por unanimidad, con
arreglo a lo previsto en el artículo 95/CECA Comisión autorice
ayudas por un total de 2.817 millones de ecus, sujetas a las
siguientes condiciones: a) Que todas las reducciones de
capacidad sean reales e irrevocables. b) Que el tren de
laminación de flejes en caliente de Ansio se cierre a más
tardar dieciocho meses antes de la fecha señalada en el plan.
c) Que las instalaciones cerradas no se vendan para ser
utilizadas nuevamente en Europa. d) Que se pruebe que la
participación mayoritaria del sector privado en la inversión
de ese Estado será real, permanente e incondicional y no
contará con la ayuda del Estado. Asimismo habrá de probarse
que el proyecto se desvincula realmente de las ayudas al plan
de reestructuración. e) Que todos los ingresos procedentes de
la venta de acciones se destinen al pago de las deudas
pendientes de las empresas inactivas Altos Hornos de Vizcaya y
Ensidesa, tal y como se prevé en el plan de reestructuración
de CSI. f) Que la nueva empresa no tenga derecho a
desgravaciones fiscales por pérdidas anteriores que puedan
beneficiarse de la ayuda prevista en la presente decisión. g)
Que las autoridades españolas informen periódicamente a la
Comisión de la situación, de manera que esta última pueda
verificar que el plan se lleva a la práctica
satisfactoriamente, comprendida la financiación de los costes
de inversión y el proyecto de Sestao.
Esto es lo que dice la Comisión. Como saben, no ha sido
todavía objeto de aprobación por el Consejo y, naturalmente,
este país y este Gobierno tienen que valorar
si esas condiciones son aceptables, a despecho de cuáles sean
las que a este Gobierno y a este país, en análisis de sus
exclusivos intereses como país, les pueden interesar.
Naturalmente, las que nos podían interesar y las que hemos
venido defendiendo eran exactamente las que figuraban en el
plan inicial, no en las modificaciones a que nos insta la
Comisión.
Me pide usted firmeza y firmeza ha habido. El portavoz
socialista se refería antes a ese proceso de tensión y de
firmeza que, naturalmente, a veces es incompatible con el
proceso de celeridad. Sin duda alguna, el Gobierno podía, hace
un año y pico, haber accedido a las presiones que venían de
otros países y de la propia Comisión para modificar
sustancialmente las condiciones del plan; no garantizo que en
ese marco se hubiera podido aprobar, pero, en todo caso,
hubiera sido más probable que hace un año se hubieran podido
tomar otras decisiones diferentes si este país y este Gobierno
hubieran aceptado esas presiones. No las ha aceptado y, sin
embargo, ha conseguido desbloquear esta discusión, es verdad
que con un proceso de condiciones como el que ha planteado la
Comisión.
Me preguntaba, finalmente, señor Peón, si no he entendido mal,
por los problemas de la acería de Sestao. Decía que entendía,
y yo se lo agradezco, la inconveniencia de hacer una
pormenorización no solamente de todas las gestiones sino de
todas las negociaciones que se vienen haciendo con eventuales
promotores de la acería de Sestao. Espero que lo entiendan y
que no sea solamente una declaración formal la que ustedes
hacen. Todos los países están en este proceso, que es una
lucha de intereses, no un proceso de proclamación europeísta
de ninguno de los países, sino una lucha intereses, como
corresponde a un tema como éste, naturalmente analizando con
lupa los esfuerzos de cada país, los intereses y la mejora o
empeoramiento de la posición relativa de cada una de las
industrias siderúrgicas europeas. Por lo tanto, no debiéramos
caer en la ingenuidad de pensar que desvelar alguna
información que otros no desvelan significaría precisamente un
proceso de contribución a la solución; por el contrario, es
una cuestión de prudencia. En todo caso, se interesaba usted
por la participación de capital extranjero. En este momento,
la constitución de la sociedad que lleve a cabo la
construcción y la explotación de la acería de Sestano tiene
dos fases. Una primera fase, es la creación de una promotora:
fase en la cual estamos y que, naturalmente, no es la última
ni la que va a dar cuenta o explicar cuál es la composición
definitiva del capital de esa empresa. Con esto quiero tratar
de responder a otra cuestión que estaba en su planteamiento:
¿Qué hacemos con los aceristas privados en este país y hasta
qué punto éste es un proceso en el que exclusivamente se
contempla la participación pública? La promotora es un proceso
inevitable. Espero, además, que en breves fechas pueda ser
conocido quiénes la componen y que inicie algunas de las
cuestiones importantes que tiene que inicar, como es, entre
otras, la contratación de los hornos eléctricos de la acería
de Sestao para el primer trimestre de 1994, que para cumplir
el cronograma del plan debe hacerse en esa fecha, así como que
se puedan empezar a tomar otro tipo de decisiones en el ámbito
de lo que seguiría siendo fundamentalmente público, no la
acería de Sestao, sino el resto de la sociedad que se
constituirá como consecuencia de la segregación de los activos
de Altos Hornos de Vizcaya y de Ensidesa. Pues bien,
inicialmente estamos contemplando un proceso de participación
en esa promotora de distintos agentes, pero ninguno de ellos,
básicamente extranjero, salvo que pudieran tener que ver con
la tecnología utilizada dentro de esa planta. En segundo
lugar, no quiero de ninguna manera cerrar, sino, por el
contrario, abrir las posibilidades de configuración en ese
capital de la acería de Sestao de otros intereses, incluso de
intereses de los que actualmente forman parte de la siderurgia
privada. Con esto creo que contesto tanto a usted, como al
señor Albistur, como al propio Presidente de la Comisión, en
este momento no en ejercicio, al representante de Convergència
i Unió. En el futuro hay que hacerlo, y lo he dicho, en este
como en otros sectores, por una mayor interacción de intereses
públicos y privados. Espero que puedan entender que si un
grupo o un pool de siderúrgicos privados se asocian
precisamente para crear dificultades al plan, como ha año,
para acudir a Bruselas a generar dificultades al plan y para
proponer un plan que constituye un beneficio privado para ese
grupo, pero que, al mismo tiempo, significa un ajuste laboral
mucho más intenso y encima con unas consecuencias, desde el
punto de vista industrial, mucho más dudosas y, en todo caso,
un no plan en términos técnicos, el Gobierno y este Ministro
hayan sido especialmente cuidadosos en no mezclar una fase en
la que lo fundamental es garantizar la puesta en marcha del
plan con unos intereses que estaban jugando en contra del plan
y contribuyendo, quizás en legítima defensa de sus intereses
propios, a dificultar la puesta en marcha del plan de la
Corporación de la Siderurgia.
Dicho esto, señor Peón, no tengo ningún inconveniente, sino
todo lo contrario, en decir que me parece que en el futuro
tiene que haber una mayor convergencia de intereses públicos y
privados, porque va a seguir siendo necesario configurar en
sucesivas fases una industria siderúrgica en nuestro país en
la que no exista por un lado solamente lo público y por otro
lo privado, sino que va a haber que utilizar las sinergias
posibles para seguir configurando, no tanto en planos pero sí
en productos largos, sinergias importantes con los aceristas
privados del País Vasco, de Cataluña o de otros lugares de
España.
El señor Landeta creo que insistía fundamentalmente
en las propias ideas del señor Peón. Le tengo que recordar que
la idea general que usted dice que existe en Asturias es que
éste es un mal plan y que incluso lo que había que hacer era
retirarlo y renegociarlo. Ha recordado una decisión, que me
parece que en este momento no se adoptaría en la Junta del
Principado, de 30 de abril de 1992, y no sé si usted la
sostiene en este momento. Me gustaría saber, definitivamente,
cuál es su posición como Grupo Popular y si está en contra, no
vaya a ser que cuando se apruebe resulte que usted también se
apunta a la configuración de este plan que, finalmente, sirve
para salvar instalaciones y crear una industria competitiva
tanto en Asturias como en el País Vasco. Me gustaría --se lo
digo amablemente-- que no jueguen a todas las bazas a la vez:
a que éste no es un buen plan pero naturalmente estamos muy
contentos de que se apruebe, porque es bastante
contradictorio.
No puedo aceptar, señor Landeta, que diga que España no haya
negociado con firmeza, con dureza, naturalmente en el ámbito
de las condiciones. Le recuerdo que no somos el único país que
decide en la Comunidad, sino que, además de nosotros, hay
solamente once más. En cambio, le quiero decir, en relación
con un argumento que le ha parecido que podía volverse contra
mí o contra el Gobierno, que nuestra reducción de capacidad,
la reducción a que instamos en el plan y que producimos, no es
algo sobre lo que saquemos el pecho especialmente sino que lo
hacemos no porque esto signifique una mayor facilidad para la
aprobación del plan en Europa. Le recuerdo que hay muchos que
quisieran que hiciéramos muchas más reducciones de capacidad y
que, teniendo que pasar por las horcas caudinas de la
aprobación unánime del Consejo, algunos podrían tener el deseo
de que redujéramos más la capacidad, lo cual tampoco le
agradaría al señor García Fonseca. No es eso lo que estamos
haciendo. Si lo hemos planteado así es porque creemos que ésa
es la reducción de capacidad compatible con la competitividad
del plan y de nuestra siderurgia integral. Por eso lo hemos
hecho. Esto es lo que les pareció no solamente a quienes lo
confeccionaron desde la Corporación Siderúrgica, sino a los
analistas independientes que contrató conjuntamente el
Gobierno con la Comisión y a los que, no tan conjuntamente con
el Gobierno, sino por decisión unilateral de la Comisión, se
les hizo evaluar el plan. Estos llegaron unánimemente a la
conclusión de que era un buen plan, desde el punto de vista
técnico, que podría conducir --estoy hablando del momento en
que se presentó-- a la puesta en a la viabilidad garantizada
de la siderurgia para el año 1996, si se cumplían las
perspectivas de evolución de demanda que había en ese momento.
Por lo tanto, ni técnica ni industrial ni financieramente
mereció objeciones, sino, por el contrario, plácemes en el
sentido de que, de todas las alternativas posibles, ésta era
precisamente la más plausible, la más adecuada.
Por lo tanto, sé por lo menos tan bien como usted, señor
Landeta, que hay incertidumbres en este momento. Me parece que
tenemos una principal incertidumbreque es en qué momento se
pone en marcha posibilidad de adoptar un buen número de
decisiones industriales, financieras, laborales, etcétera, que
están todavía pendientes de ser adoptadas aun cuando el
horizonte es conocido para todo el mundo, pero éste es el
momento del disparo, por así decirlo, de salida. Eso no
significa que no se estén haciendo ya cosas, pero es obvio que
con la limitación que significaría la no aprobación por parte
de la Comunidad.
La eliminación de esa incertidumbre es, por tanto, un factor,
un elemento fundamental del interés nacional de España, a
juicio del Gobierno, clave también para evitar el deterioro
financiero adicional de las empresas del sector siderúrgico y
naturalmente clave para hacer posible una siderurgia
competitiva en nuestro país en los próximos años, sin pensar -
-quizá en algunas de las intervenciones latía la idea-- que
tenemos capacidad para prever el horizonte de los próximos
cinco o diez años con absoluta exactitud y que lo que hoy
hacemos no exigirá algún tipo de modificación en el futuro. No
hay ningún plan, ninguna previsión, nada que garantice que en
el futuro no tengamos que seguir reconsiderando en la
siderurgia, como en cualquier otra empresa, adaptaciones al
mundo en que vivimos.
El señor García Fonseca ha hecho una intervención a la que, en
parte, yo creo que he contestado. Tengo la sensación, señor
García Fonseca, a juzgar por la última frase de su
intervención al decir que si esto fracasa cae sobre nosotros,
que usted está en la más rotunda de las contradicciones. Si
esto fracasa cae sobre nosotros, pero si no fracasa es posible
que usted tenga éxito, porque usted está defendiendo que éste
es un mal plan y me gustaría que usted salga de esa
contradicción, pero no porque salga usted de ella, sino porque
eso contribuye a generar un ambiente diferente. No creo que se
puedan defender dos cosas contradictorias a la vez; desde
luego yo no trato de defender dos cosas contradictorias a la
vez. Si usted está convencido de que el interés de España en
este momento es defender no solamente la capacidad que está
incluida en el plan, sino incluso un aumento de capacidad de
producción, defiéndalo. Me temo que se va a quedar más solo
que la una, señor García Fonseca, pero no en España, en
Europa, porque en el conjunto de Europa no se está
contemplando eso en ningún país y vamos exactamente en la
dirección contraria. Ahora bien, si usted cree que eso es lo
que tiene que defender, defiéndalo.
Naturalmente yo estoy dispuesto con absoluta humildad --no soy
un técnico del sector siderúrgico-- a aceptar bastantes
lecciones sobre cómo se produce un plan, cuál tiene que ser el
tamaño de los laminados, la anchura
de las planchas y todo lo que definitivamente garantizaría la
competitividad de nuestra siderurgia.
Es posible que tenga usted razón. Si usted la tiene,
seguramente la va a tener frente a otra mucha gente, gente que
a mí me merece, desde luego, bastante respeto técnico,
económico y político.
En todo caso acepto que pueda usted tener una parte de razón,
pero no me diga usted que todo es negociable en la Comunidad.
Es negociable, sí, quiere decir que cuando uno quiera
negociarlo todo (por ejemplo, un aumento de capacidad o una
modificación del plan en el sentido que usted parece propugna)
yo pudiera aconsejar al Gobierno que entablase una
negociación. Me temo que sería apostar (no sé si eso es lo que
usted desea, supongo que no, no lo considero tan mal
intencionado) por un fracaso rotundo y por una imagen de
absoluta falta de seriedad de este país.
No sé si otros países están dispuestos o en el pasado han
hecho --digamos-- algunas prácticas no especialmente ortodoxas
en el sentido de cumplimiento de las condiciones europeas. No
aspiro a que este país sea un país que diga una cosa y quiera
hacer una cosa diferente, tampoco en industria ni, por
supuesto, en siderurgia.
No trato de ser ingenuo en este mundo y, desde luego, trato de
que, en el marco de las limitaciones que impone la Comisión,
juguemos nuestro p defendamos nuestros propios intereses, pero
es obvio que no tengo ninguna intención de hacer un
planteamiento distinto de modificación del plan en el sentido
que usted propugna y, muchísimo menos, de condicionar algunas
de las instalaciones que a usted la parecen especialmente poco
adecuadas, como es la miniacería de Sestao que, por cierto, es
la que suscita más reticencias en este momento en una parte de
nuestros competidores europeos y, desde luego, no por falta de
rentabilidad sino seguramente por las posibilidades de una
rentabilidad y de una tecnología moderna dentro del sector
siderúrgico.
Usted ha dicho cosas que yo no puedo compartir, algunas en
sentido contrario a las que decía el señor Peón, lo cual no es
nada extraño. A propósito de la miniacería decía que no es
rentable ni viable y citaba usted al Presidente de Siderinsa.
El señor Peón, por el contrario, parecía defender a Siderinsa
y no sé si a su Presidente en concreto o, en todo caso, a las
industrias ahí agrupadas que parece estaban expresando un gran
interés por entrar en la miniacería. Por tanto, me parece que
hay dos disposiciones en las cuales no quiero entrar. Digo lo
que pienso y me parece que son bastante contradictorias.
Nunca es tarde para revisar, sin duda alguna, pero yo creo que
es muy tarde para revisar cosas que nunca se han compartido;
yo no las comparto con usted, no las he compartido en el
pasado ni las comparto ahora. Me gustaría, sin embargo, señor
García Fonseca, que, con independencia de sus dudas técnicas,
con independencia de algunos planteamientos que sin duda deben
ser tomados en consideración, más allá de esta actitud de que
lo que hay que hacer es echarlo todo por la borda y ponerse a
hacer una cosa diferente, pudiéramos recorrer juntos por lo
menos una parte del camino. Recorrer juntos una parte del
camino significa en este momento poner el énfasis en aquello
que es posible, y es posible aprobar el plan; hacerlo viable,
y es posible hacerlo viable; garantizar el futuro de la
siderurgia en Asturias y en el País Vasco en estas condiciones
y, sobre todo, garantizar que vamos a tener una siderurgia en
nuestro país respetable, más respetable en términos económicos
de lo que lo ha sido en el pasado.
Señor Molins, creo que en parte mi primera intervención casi
estaba sugerida por sus comentarios. Yo se lo agradezco. Sé
que su grupo, igual que los demás grupos, está queriendo
mantener una actitud responsable en este tema. Lo digo porque
en sus palabras decía que querían expresar una solidaridad con
las actitudes del Gobierno en un tema que es difícil, que es
complicado para este país en su conjunto, para el Gobierno en
particular, pero me rogaba que no se les pidiera el silencio o
la falta de conocimiento sobre el contenido del Plan.
Creo que no sería hoy el momento adecuado para hacer un
análisis otra vez de todos los planteamientos técnicos, los
parámetros fundamentales, el porqué se han tomado determinadas
opciones dentro del plan. Sí le quiero reiterar que me parece
especialmente útil que haya un conocimiento lo más amplio
posible de qué significa el plan, no solamente en cuanto a las
dificultades de la negociación, sino en cuanto a cuáles son
las previsiones en todo tipo de términos y especialmente en
algo por lo que usted se ha interesado y que coincide, por lo
menos en parte, con lo que yo pienso.
No creo que debamos aspirar a que la industria siderúrgica en
el futuro sea solamente una industria mayoritariamente
pública. Nada me agradarí crear condiciones para que el sector
público pueda ser un partícipe de la industria siderúrgica,
pero no el único partícipe.
Creo que como consecuencia de exigencias del plan y si sale
todo bien --como espero-- se puede producir en la acería de
Sestao el avance en la participación de intereses públicos y
de intereses eventualmente privados es un modelo que no
debiéramos rechazar y ciertamente hay un proceso de
reconfiguración de la competencia, también dentro del sector
siderúrgico, que forma parte de una etapa posterior a la
aprobación del plan. Por tanto, eso está contemplado. Estamos
en conversaciones para avanzar en esa dirección, naturalmente
dentro de las limitaciones que impone ya que es difícil en
este momento, cuando por un lado se tiene la incertidumbre de
la propia aprobación del plan, encima dar la razón o atender a
intereses de quienes están
tratando o han tratado, por lo menos, de hacer inviable el
plan. Esto no significa naturalmente una posición definitiva,
significa que, puesto en marcha el plan, tendremos que ver de
qué manera es posible producir mayores alianzas de intereses,
mayores sinergias también con el sector privado.
Quiero ofrecerme en todo caso, señor Molins, a aportarle
personalmente, o si quieren colectivamente a toda la Comisión,
la documentación que l oportuno recibir sobre el contenido del
plan y todos los documentos que en este momento están
contemplándose, con independencia de una posible comparecencia
en la que podamos hacer lo que ya se hizo hace algo más de un
año, que es explicar el contenido y la lógica técnica,
económica, financiera y política, si cabe, del plan.
El señor Albistur se planteaba algunas cuestiones que en parte
han ido saliendo, como por ejemplo el tren de Ansio. Creo,
señor Albistur --me consta-- que usted conoce bastante bien
cómo se producen las discusiones en el ámbito europeo y en qué
consiste mantener una posición de firmeza y, a la vez,
mantener también una posición de realismo. Por decirlo de una
manera más clara, cabe la postura numantina y uno podría decir
que salvo que el plan se apruebe en las condiciones en que fue
inicialmente aceptado, el Gobierno no va a ofrecer ningún
factor de flexibilidad. Eso cabe y cabe que el Gobierno
mantuviera esa actitud, pero no es una actitud que yo
recomendaría al Gobierno, pues me parece que esa actitud
conduciría finalmente al fracaso.
Le recuerdo, señor Albistur, algo que ocurrió en la última
reunión del Consejo de Ministros y que alguna vez he dicho en
público con la discreción necesaria, pero creo que los
miembros de la Comisión lo deben saber. No citaré el país,
pero un Ministro de uno de los países de la Comunidad, cuando
se habló del plan de la CSI, exigió no ya el adelantamiento
del cierre del tren de bandas en caliente de Ansio, sino el
cierre de ese tren inmediato con fecha del último Consejo de
Ministros. Es una posición que interesa a todos quienes están
defendiendo sus propios intereses siderúrgicos de país.
Significa que este país tendría que importar eventualmente más
laminados y que, en consecuencia, podría tener un marco mayor
para su propio mercado. No es, obviamente, una cuestión que el
Gobierno vaya a defender ni vaya a aceptar. Incluso le diré y
reiteraré algo que he dicho ya en repetidas ocasiones: el
Gobierno no ha aceptado el adelantamiento de cierre del tren
de bandas en caliente de Ansio, y el Gobierno tiene la
intención de seguir batallando para que se mantengan en los
términos anteriores. Honestamente, creo que no podría
decirles, sin embargo, que tenga la seguridad de que esa
posición, si queremos que el plan se apruebe, pueda ser
llevada hasta el final; pero, déjenme, por lo menos, el margen
de libertad para seguir luchando hasta donde sea posible. Sé
que eso genera algunos problemas derivados, naturalmente, del
solape entre cierre y apertura de instalaciones, que se están
contemplando en términos técnicos para minimizar, en el peor
de los casos, los impactos, sin haber aceptado la mayor, que
es el dictamen de la Comisión, por un lado, que está en esos
términos, pero que no significa un compromiso previo del
Gobierno con la Comisión en esa dirección.
Creo que le he contestado ya, señor Albistur, en mis
referencias al posible proceso de concentración de productores
y a posibles alianzas con el sector privado. Pienso que ése es
un problema que es necesario analizar y hacerlo con alguna
calma después del proceso de aprobación del plan. Se está
hablando con siderúrgicos privados, se viene hablando desde
hace mucho tiempo, con unos con más facilidad, con otros,
obviamente, con menos facilidad, dependiendo de sus propias
posiciones e intereses y, naturalmente, del hecho de que
también son competidores.
Me parece que usted hacía una pregunta que a mí me parece
relevante; creo que, responsablemente, cualquier Gobierno la
tiene que hacer. Cuando se hizo la reconversión del sector en
siderúrgico, en los años 1975 y 1980, naturalmente, España
todavía no formaba parte de la Comunidad. Tuvimos que hacer
esa parte de reconversión en solitario, sin las ayudas que
tuvieron otros países de la Comunidad para hacer sus
reconversiones. Ahora estamos dentro de la Comunidad, exigimos
un apoyo al proceso de reconversión comunitaria del que
algunos países se beneficiaron en el pasado, con ayudas
importantes. Lo que ningún Gobierno y nadie puede decir, a la
vista de la evolución de la industria siderúrgica en el mundo,
es que dentro de unos años no tengamos también que adoptar
nuevas medidas, como las que están adoptando los franceses,
pero también los británicos y los alemanes, y no son
precisamente de los que tengan industrias siderúrgicas menos
eficientes. Por tanto, éste es un proceso en el que se abren
nuevas expectativas, se quieren crear condiciones para la
consolidación de una industria siderúrgica competitiva en los
términos establecidos en el plan que, naturalmente, no cierra
el futuro y nadie puede excluir que lo que ocurrió hace unos
años no tenga que ocurrir también ahora.
Agradezco, finalmente, al señor Sáenz, con quien me une la
mayor de las sintonías, su valoración de los esfuerzos que el
Gobierno está haciendo en relación con el plan. Creo que tiene
razón el representante del Grupo Socialista y ya lo recordaba
yo también. El plan no es un gran desconocido sino, por el
contrario, es un plan que ha sido ampliamente publicitado,
comentado, analizado, también dentro de esta Cámara. Sin
perjuicio de la necesidad de que tengamos que poner al día
algunos de los elementos y de su significación, le agradezco
el impagable impulso que significa la solidaridad del Grupo
Socialista a esa tarea, que tiene que ser la de la firmeza, la
de la tensión, pero, al mismo tiempo,
con la mira puesta en que el plan, finalmente, salga adelante,
como espero acabará por ocurrir dentro de este año.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Muchas gracias,
señor Ministro por su intervención y, en especial, por esa
oferta de plena disponibilidad para contribuir a que el
conocimiento del plan por parte de los grupos sea el máximo
posible en esa actualización que usted ha suscitado en el
último momento. En la junta de la Mesa y de portavoces de esta
Comisión ya veremos la manera en que podamos hacer más eficaz
ese incremento de información en el que estamos seguros que,
tanto por su parte como por la de todos los grupos, cualquier
esfuerzo es del máximo interés.
Vamos ahora a hacer un respeto a la tradición de esta Comisión
y, en consecuencia --como se decía siempre dentro de esa
tradición-- voy a abr excepcional de portavoces, y estoy
seguro de que estos portavoces también respetarán la tradición
de que ese turno sea tan lacónico como para permitir, en un
par de minutos, que esas precisiones o esos complementos de
información a requerir del señor Ministro, sean expresados por
los portavoces.
En consecuencia, por el Grupo parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Señor Presidente, procurando ceñirnos al
tiempo que se nos facilita, quiero dar las gracias también al
señor Ministro por las aclaraciones que realiza a nuestra
intervención y a la de los demás grupos y decirle que no
estamos de acuerdo con algunas de las manifestaciones y
valoraciones que realiza.
En primer lugar, le diré que yo no me alegro de haber acertado
en lo que esperaba iba a ser cierta rectificación ante la
opinión pública de un quizás excesivamente optimistas, en el
mes de septiembre. Lo lamento; me hubiera gustado que hubiera
sido de otra forma.
En segundo lugar, no hay contradicción en la posición que
mantiene el Partido Popular. Usted, con habilidad dialéctica,
pretende hacernos a no coautores del plan; pero no es así.
Nosotros hemos dicho al principio de nuestra intervención que
pedíamos firmeza al Gobierno y celeridad en la aprobación del
plan, pero del plan que ha elaborado y presentado el Gobierno,
que no es el nuestro. Ya hicimos en su día las matizaciones y
la crítica al plan presentado por el Gobierno; pero no es
óbice para que, en el trámite en el que nos encontramos ahora,
exijamos del Gobierno la máxima celeridad en que se cumpla su
propio plan. En ese sentido, le exigimos también la máxima
firmeza para que haga valer las condiciones y los fundamentos
que tiene el Gobierno para entender que su plan es viable,
pero no nos haga a nosotros corresponsables del plan puesto
que han sido ustedes los que lo han elaborado y los que lo han
presentado ante la Comisión Europea, con todas las críticas
que el Partido Popular ya hizo en su día al contenido concreto
de ese plan.
En tercer lugar, hay que decir que la situación de la
siderurgia en España es mala. También ha reconocido que no se
debe, lógicamente, toda ella, toda la situación al retraso en
el plan. Dice también que como en toda Europa. En toda Europa
es mala, pero bastante menos mala que aquí. El otro día en
esta misma Comisión se hacía referencia a las cifras de
pérdidas de unas y otras empresas en Europa. En España, de
cada 100 pesetas, 43 eran pérdidas y en otras empresas
europeas, la que más perdía era una holandesa, que de cada 100
pesetas perdía 7,8. La situación, por tanto, no es idéntica.
Aquí ha habido unos problemas concretos, específicos de la
economía española y, entre ellos, a nuestro entender, de forma
clara, la política gubernamental, que nos ha hecho ir peor que
en otros sitios.
En cuanto a las condiciones que impone la Comisión, yo sigo
sin ver por su parte, señor Ministro, una valoración clara de
si aceptan o no las condiciones, porque ha dicho
textualmente.: El Gobierno tiene que valorar si son
aceptables. Pero, ¿hasta cuándo va a estar valorándolo? ¿No lo
ha valorado ya? ¿No podemos saber si el Gobierno tiene una
opinión clara sobre esas condiciones? Usted dice: Yo no voy a
recomendar que se acepte el adelanto del cierre de la fábrica
de Ansio, pero tampoco puedo creer que vaya a ser posible
mantener eso si pone en riesgo de fracaso el propio plan. Pero
es que el problema es que aceptar el adelanto del cierre de la
fábrica de Ansio igual es un fracaso ya del plan. Eso es lo
que ustedes tienen que valorar como Gobierno.
Desde luego hay voces en el sector privado que dicen que sería
un suicido pasar por ese adelanto de la fábrica de Ansio por
el peligro que supondría de pérdida de mercado en tanto se
termina la construcción de la nueva instalación de la
miniacería de Sestao. Pero eso lo tienen que valorar; deben
valorar si aceptar esa condición puede suponer en sí misma un
fracaso o una pérdida de posibilidades de viabilidad muy
importante. Eso es lo que tienen que valorar, pero tienen que
decirlo ya, no van a estar valorándolo hasta el día 17 de
noviembre. Tendríamos que saber ya si el Gobierno lo ha
valorado y en qué sentido lo ha hecho.
En cuanto al problema concreto de la incidencia de capital
privado --y terminando-- nos parece bien que se exponga que
hay que tener reservas y le aceptamos su agradecimiento por
nuestro compromiso en ese sentido, pero nos gustaría que fuera
con todos, porque en ocasiones algunos Diputados y alcaldes de
su partido tienen esa información y los demás no la tenemos.
Nos gustaría que esa reserva, que quizás pueda ser necesaria,
sea extensible a todos o en cualquier caso la confidencialidad
sea también extensible a todos.
Nosotros no vamos a defender a Siderinsa ni los intereses
privados de Siderinsa, no es eso, ni tampoco entramos en
contradicción con lo que ma representante de Izquierda Unida
cuando decimos que hay una preocupación en el sector
siderúrgico español por la situación global de dicho sector y
porque también debe implicarse a ese sector privado en lo que
es la miniacería de Sestao. Esa miniacería debe contar con
mayoría de capital privado, como ya todos sabemos; pero eso es
una cosa y otra cosa es decir que la patronal o el sector
siderúrgico privado está yendo en contra de los intereses del
Gobierno y casi de España. No es eso. El problema es que
ustedes no contaron con el sector siderúrgico español privado
para elaborar el plan. Ese es el problema, ese es el quid de
la cuestión y por eso luego han tenido que ir a Europa a decir
lo que les parecía mal del plan, pero no pongamos ahora como
malos de la película a los empresarios españoles que también
defienden los intereses de los españoles y crean riqueza en
España en ese sector concreto. Parece que aquí siempre hay que
buscar un malo fuera de la responsabilidad del Gobierno, sin
ver los errores propios del Gobierno en esa cuestión.
Termino con el problema de Siderinsa y con lo que ya antes le
había insistido, debe contarse con el sector siderúrgico
privado, porque sin ellos es imposible garantizar viabilidad
al sector siderúrgico español, y concretamente a la miniacería
de Sestao menos todavía cuando tiene que tener mayoría de
capital privado. Entonces esos rifirrafes que hayan podido
tener con el sector siderúrgico español por el bien de todos
esperamos que desaparezcan y haya lugar a un nuevo clima de
relaciones para que sea posible, como usted ha dicho, sumar
las fuerzas de todos en función del cumplimiento de su propio
plan, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor García
Fonseca tiene la palabra.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Ministro, una vez más usted
utiliza una argucia que me parece había que desterrar de los
hábitos parlamentarios, y es responder y refutar obviamente
con más facilidad aquello que uno no ha dicho. Usted empieza
diciendo que terminé diciendo que si esto fracasara caería
sobre nosotros, etcétera. Cuando digo fracasara --y usted no
me ha atendido-- en ningún momento me refería al plan concreto
que ustedes han presentado. Obviamente en el contexto que lo
dije era ante algunos gestos que hacía usted sobre la
colaboración de mi grupo si se modificara en algunos aspectos
sustanciales este plan y usted hacía gestos de duda sobre la
lealtad y sinceridad de la colaboración de mi grupo en ese
caso.
Contradicción, señor Ministro, por nuestra parte creo que
ninguna. Nunca hemos defendido este plan y no nos convence;
por tanto, no estamos de acuerdo con este plan, señor
Ministro. Creemos que para asegurar un plan de futuro es
necesario hacer modificaciones sustanciales. Si se puede
hablar de contradicciones sería, en todo caso, en cosas que
usted dijo, porque al final usted decía que no hay ningún plan
que no pueda exigir nuevas adaptaciones en el futuro. Si esto
es así --y efectivamente es así--, si un plan aprobado puede
ser modificado en el futuro, ¿con qué lógica niega usted a mi
grupo que se puedan introducir modificaciones antes de que sea
aprobado el plan?
Por otra parte, no acabo de entender su posición. Usted de las
condiciones que plantea aquí la Comisión --al principio dijo
algunas y al final las leyó todas-- dice que ésas son, y lo
subrayó siempre, las condiciones de la Comisión, y no
significa un compromiso del Gobierno, dijo usted literalmente.
En todo caso, aclárelo, porque de haber alguna contradicción
puede haberla ahí en ustedes, que nadan y guardan la ropa.
Vamos a ver, lo que plantea mi grupo, señor Ministro, en
cuanto a la capacidad, y no se salga usted de nuevo por los
cerros de Ubeda, que esto los montes de Asturias. No decimos
que se incremente esa capacidad, sino una alternativa: que se
defienda la actual capacidad (que además hay argumentos
comparativos de sobra para poder hacerlo y podía dar datos,
pero no tengo tiempo, pero usted me admitirá que los hay,
serán discutibles, pero los hay y bastante sólidos) o, en todo
caso y si se reduce la capacidad, desde luego no se puede
reducir el 25 por ciento como dice el informe Braun al menos
en la respuesta que ustedes me han dado por escrito de que las
capacidades detectadas e inmediatamente a cerrar o las que se
cerrarán antes de 1997 al 25 por ciento son de las nuestras.
Eso dicen en respuesta a una pregunta mía por escrito. Si
ustedes reducen capacidad y si hacen este «mix» y este plan
industrial, se junta el hambre con las ganas de comer, señor
Ministro. Es decir, estando ya en el plan reducida la
capacidad en el límite de tal capacidad de subsistir --y eso
lo admitía el Ministro anterior, que era una situación límite,
aunque sostenible-- se podrá sostener si se dan otras
condiciones: si se da un plan industrial adecuado y si se da
una gestión adecuada y ambas cosas son las que mi grupo pone
en cuestión.
Señor Ministro, no son cuestiones de tecnología raras y
complejas. Yo le digo que es absolutamente incomprensible y
difícilmente defendible en gasten menos en utilizarla
produciendo a más bajo coste y más calidad y en cambio opten
ustedes por una alternativa más cara y peor. Esto usted lo
podrá discutir, pero no es ningún arcano tecnológico que se
pueda escapar a esta Cámara.
Nosotros, señor Ministro, decimos: una de dos, si ustedes
reducen la capacidad redúzcanla menos, aunque no habría por
qué reducirla. Segundo, si la reducen, tienen que cambiar el
plan industrial en el aspecto estrictamente siderúrgico y en
el «mix» de productos de la
Corporación Siderúrgica Integral. Con el actual «mix» y
reduciendo la capacidad, señor Ministro, este plan no tiene
futuro, dentro de cuatro años estamos en las mismas y esto es
lo que mi grupo no puede aceptar. En esto, señor Ministro,
entiéndalo como usted lo quiera entender, nosotros creemos que
al menos somos coherentes; digo que al menos porque creemos
que desde el punto de vista de la racionalidad técnica y de
los intereses generales desde luego lo que planteamos es
bastante más sólido que lo de ustedes.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Molins
tiene la palabra.
El señor MOLINS AMAT: Muy brevemente, una pequeña respuesta al
desahogo del señor Ministro del principio. Pues de desahogo
han sido sus palabras.
Ha utilizado el señor Ministro una técnica, que es la del
tótum revolútum, de acernos decir a todos lo que ha dicho uno
y se quejaba de la incongruencia de pedir la defensa de un
plan y luego discutirlo. Después en su intervención se ha
visto la verdad, y la verdad es que unos defienden el plan y
otros piden firmeza en la negociación, y en eso no hay
contradicción, es decir, puede haber contradicción si fueran
sumables los componentes de esta Comisión que no lo son, señor
Ministro, y usted lo sabe. Esa técnica del tótum revolútum que
todos hemos utilizado y que en algunos momentos puede ser de
gran utilidad, lo es sobre todo cuanto se tiene mayoría
absoluta, pero no lo es tanto cuando no se tiene, señor
Ministro, porque lo que hay que buscar es acuerdos con todas
las fuerzas; no sólo con algunas y para conformar a una
mayoría, sino con todas, señor Ministro.
Ya se lo hemos dicho, no conocemos el plan y no somos, por
tanto, capaces de juzgar si es bueno o es malo. Hay otros que
quizás lo pueden juzg hemos sido capaces de conocer el plan
porque no hemos sido capaces de que nos lo expliquen aunque lo
hemos pedido, señor Ministro, y usted lo sabe.
No conocemos cómo se está debatiendo hoy el plan y, sobre
todo, lo que no conocemos es el proyecto industrial de futuro
que con ese plan se puede conformar, ni la viabilidad de
futuro del resultado que la aplicación de ese plan da en el
sect porque insisto en lo que le dije al principio --y se ha
dicho aquí también por otros Grupos-- es un plan que sólo
afecta a la siderurgia integral en manos públicas y deja de
lado me parece que son 6.000 empleos en manos privadas en el
sector, 24.000 en manos públicas, 6.000 en manos privadas. Los
intereses y los beneficios de los privados creo que también
debería ser nuestro interés defenderlos, pero seguro que lo
que sí debe ser nuestro interés defensor son los 6.000 puestos
de trabajo privados por lo menos tanto como 6.000 públicos.
El señor Ministro en su intervención ha dado cierto palo,
probablemente quizá merecido, a los privados. Si los privados
se asocian para boicotear el plan, el Gobierno debe ser muy
duro con esa posición, me parece que ha dicho más o menos
textualmente. Como sabe el señor Ministro, mi intervención
tiene una antigüedad de tres meses en este tema. Lo que sí le
puedo decir es que si los privados han sido tratados durante
los dos años que se lleva negociando el plan como lo han sido
en presencia mía en estos últimos tres meses, no me extraña su
actitud, señor Ministro. Creo que deberíamos intentar
precisamente acabar con esa situación.
Usted sabe, señor Ministro, que yo me interesé por una
situación que acaba como la pescadilla que se muerde la cola.
Desde el Ministerio no se negocia, ni se habla con los
privados porque desde el Ministerio se está quejoso,
probablemente --insisto-- con razón, porque los privados han
acudido a Bruselas y han boicoteado el plan de Bruselas. Eso,
por interés de todos, hay que romperlo y usted sabe, señor
Ministro, que yo personalmente he intentado romperlo, con un
éxito perfectamente descriptible. Le puedo decir que, por mi
vivencia personal --insisto en lo que he dicho antes--, que si
a los privados se les ha tratado durante estos dos años de
negociación del plan en la forma que yo he vivido cómo se les
ha tratado durante estos últimos tres meses, no me extraña su
actitud y así no arreglaremos nada.
Quiero acabar como antes. Nuestro grupo tiene el máximo
interés en conseguir la aprobación de un plan en Bruselas que
sea la solución del sector y quiere ser defensor convencido
del plan que el Gobierno tiene presentado ante Bruselas para
conseguir el objetivo de sanear el sector y hacerlo viable en
el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): El señor Ministro
tiene la palabra para cerrar el debate sobre este tema.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Urcelay):
Con brevedad ya, porque me parece que está casi todo dicho y
por lo menos mis posiciones creo que han sido también bastante
bien reflejadas, incluso en las réplicas, en este turno
excepcional de todos los portavoces. Unicamente por
clarificar, porque yo creo que no tiene mucho sentido
entretenernos en aspectos dialécticos.
Señor Peón, nunca les he considerado coautores del plan, no lo
han sido, ni en este momento manifiestan voluntad de serlo.
Podría ser una opción sumarse a un proyecto que puede tener
interés, pero en todo caso quieren mantener ustedes su reserva
y su crítica no sólo sobre el pasado, sino eventualmente
también sobre la incertidumbre en este momento. En fin, es una
opción libre y en todo caso no es mi intención señalarles como
lo que no son.
Me pide máxima firmeza. Sabe que no me va a dar
lecciones sobre la firmeza en la defensa de los intereses de
España, pero en todo caso es bueno y me agrada recibir de su
parte, como representante del grupo mayoritario de la
oposición de esta Cámara, una indicación en ese sentido que no
hace sino fortalecer también las propias posiciones del
Gobierno, con independencia de que el Gobierno esté
manteniendo ya por sí mismo estas mismas posiciones.
No he hecho más que reconocer algo que es bastante evidente y
que no merecería siquiera un minuto de discusión. Es obvio que
los problemas del sector siderúrgico no tienen solamente que
ver con el deterioro producido por el retraso en la aprobación
del plan. Por decirlo, volviendo a los orígenes, no hubiera
habido un plan del sector siderúrgico si no se hubiera
producido una situación de deterioro derivada de muchísimas
cosas: de nuestra propia estructura industrial, de las
deficiencias, etcétera, y de la necesidad de adaptarse al
futuro. Por tanto, es algo que va de suyo.
Me pide finalmente que haga algo así como una especie de
clarificación sobre cuál es la posición del Gobierno en
relación con las condiciones de la Comisión. Tengo el máximo
interés en dejar los temas claros, lo que pasa es que a veces
uno tiene la sensación de que le quieren hacer partícipe de
algo a lo que tal vez uno esté forzado, pero que en todo caso
no forma parte de las posiciones del Gobierno. La Comisión ha
establecido unas condiciones para dar ella su dictamen y
solicitar el dictamen conforme del Consejo de Ministros. El
Gobierno hubiera deseado que dentro de esas condiciones no se
estableciera y, se lo digo con toda sinceridad, no estaba
dentro del plan, que la acería de Sestao se constituyera con
mayoría de capital privado. Es más, hemos mantenido algunas
dudas sobre la razonabilidad de exigir a la empresa pública,
una empresa que pretende funcionar en condiciones de mercado,
condiciones distintas de las que se pueden exigir a otro tipo
de empresas solamente por el hecho de la titularidad jurídica.
No olvide que el Tratado de Roma no autoriza la discriminación
entre empresas por razón de su forma societaria, si son
públicas o privadas y, por tanto, en ese sentido, hemos tenido
alguna diferencia con la Comisión en el pasado. En todo caso,
no es algo que nos parezca especialmente negativo, sino que
puede ser perfectamente positivo en la línea de futuro. En
cambio, sí tenemos una clara actitud contraria a la exigencia
de adelantamiento del cierre de Ansio, que no hace sino
incomodar, hacer más difícil, encarecer y crear algunos
problemas.
La posición del Gobierno que usted me plantea no puede ser más
diáfana y más clara y lo que el Gobierno tiene que valorar, lo
mismo que este país en su conjunto, es si, con independencia
de su voluntad por seguir manteniendo el plan en los términos
anteriormente planteados y después de producido el dictamen y
la opinión de la Comisión, será posible modificar esas
exigencias de la misma o si el Gobierno tendría que adoptar
una actitud numantina en ese sentido, que tal vez produjera,
como resultado, alguna dificultad adicional para la aprobación
del plan.
Esta es la posición clara. Lo que yo no voy a mantener es una
posición que no es la mía, que es la de la Comisión, no la del
Gobierno, para que las cosas estén claras, siendo y expresando
mi voluntad y la del Gobierno a seguir todavía discutiendo
este problema con independencia del resultado final.
No tenga usted temor, señor Peón, por disponer de menos
información --se ha referido usted-- que algunos alcaldes de
mi propio partido o algunas otras personas, miembros de
distintos grupos pa Tiene usted la misma información que los
alcaldes de mi partido y los representantes de otros grupos
parlamentarios. No tienen más información que la que
honestamente he dado en esta Comisión sobre el proceso de
configuración de la promotora y las intenciones de cara al
futuro. Por tanto, no me gustaría que sobre ese tema se
especulara. Tendría usted toda la razón del mundo para exigir
al Gobierno tener la misma información que tienen otros grupos
parlamentarios.
Unicamente diré algo que me parece un error de concepto, señor
Peón. Usted hace una defensa, legítima por otro lado, de los
intereses del sector privado de la siderurgia, que a mí me
importan tanto o más que a usted porque soy el Ministro de la
industria, no de la pública, sino de la industria y de la
industria siderúrgica también privada, pero creo que hay un
error de concepto en su apreciación. Esto de decir que no se
contó con el sector privado para elaborar el plan es
simplemente ignorar, señor Peón, que estábamos hablando del
plan de la siderurgia integral, y da la casualidad que toda
ella estaba en manos del sector público. Si hubiera habido un
conjunto de empresas siderúrgicas aquejadas de la necesidad de
reestructuración, que también hubiera necesitado apoyo público
no por el hecho de ser pública, sino que siendo privadas, y
necesidad de intervención de la Comisión o del Consejo,
naturalmente se hubiera planteado ese plan por parte de las
empresas en relación con el Gobierno y se hubiera hecho lo
procedente. Aquí estábamos hablando del plan de la siderurgia
integral y se hizo el plan, primero, para hacerviable la
siderurgia integral; y, segundo, sin ignorar, como ya he
dicho, las necesid No me diga que tienen razón en este momento
algunos que han adoptado actitudes que a mí me parecen
criticables en público porque, entre otras cosas, no han
producido alternativas serias en términos industriales. No me
parece que eso sea un argumento que se pueda contestar
simplemente diciendo que Ensidesa y Altos Hornos eran empresas
públicas porque no pudieron ser privadas en su momento, como
es el caso de Altos Hornos, que era privada y acabó por ser
empresa pública
porque no podía ser privada en esas condiciones, ni había
nadie que se quisiera hacer cargo de ella, y ahora resulta que
la responsabilidad es del Gobierno por haber hecho un plan con
el conjunto de empresas públicas que estaban afectadas.
Señor García Fonseca, lamento si le he interpretado mal cuando
he citado la frase textual suya: si esto fracasara.
Evidentemente usted no se refería al plan ni a todo el proceso
de negociación, sino a otra cosa, a algo sobre lo que usted
tiene dudas, críticas e, incluso, una oposición de principio
al contenido del plan, tal y como está planteado. No pretendo
en este momento volver a discutir sobre esta cuestión. Tiene
usted sus legítimas posiciones y no parece que esté dispuesto
a desdecirse de ellas. No sé, quizá en el tiempo tengamos que
juzgar cuáles son los resultados de las posiciones de cada
uno. No pretendo utilizar ningún tipo de argucia, dialéctica
ni procedimental, para confundir sus posiciones. Lamento, si
he interpretado mal su frase. Creía que, con independencia de
que su posición estuviera clara, en todo caso algún temor
tiene usted por que el plan pudiera no verse aprobado, porque
esto tendría consecuencias sobre todos nosotros; pero, en fin,
si le he interpretado mal, lo lamento.
No creo que haya contradicción en las posiciones del Gobierno
sobre las condiciones. Me parece que lo acabo de aclarar.
Espero que le sirva lo que acabo de decir al señor Peón,
respecto a cuál es la posición del Gobierno en relación con
las condiciones exigidas por la Comisión. Creo que lo estoy
diciendo con bastante claridad, como para ser entendido.
Naturalmente, el plan del Gobierno era el plan original. Ese
era el plan del Gobierno y ese plan se mantiene en lo
sustancial con algunas modificaciones que están siendo
exigidas por la Comisión. Me parece que como fruto también del
proceso de firmeza del Gobierno, la Comisión no ha ido tan
lejos como muchos países, particularmente poderosos de la
Comunidad, en materia siderúrgica querían que la Comisión
exigiera al Gobierno. Eso forma parte de un proceso de
discusión y de negociación, lo cual no nos hace en este
sentido corresponsables de las decisiones de la Comisión que
actúa con independencia de criterio y, por tanto, con
independencia también a la hora de plantear unas u otras
condiciones.
A usted le preocupa la capacidad, lo reconocía, aunque, si le
he entendido bien en su última intervención, estaba dispuesto
a hacer cierta inflexión en su exigencia de mayor capacidad de
producción y, en todo caso, si hay que reducir la capacidad,
que sea menos. Eso quiere decir que, al menos, si le entiendo
bien, insisto, no está defendiendo un aumento de capacidad,
cosa que me parecía especialmente contraindicada por falta de
realismo en este momento sobre la situación de la siderurgia
en Europa y en España; pero, en todo caso, pretende que ésta
pudiera ser menos. Me parece que esta no es la posición del
Gobierno hoy. Creo que el plan para ser viable, en términos
técnicos y económicos, necesita este proceso de ajuste,
proceso de ajuste que es compatible con la viabilidad y con la
rentabilidad futura de la siderurgia.
Señor Molins, ha endurecido usted el tono de su intervención
en la réplica. Tal vez sea mi propia torpeza para explicarme
lo que ha motivado que usted me acusara de hacer un tótum
revolútum. He pretendido distinguir claramente, y creo que lo
he hecho, las posiciones. No pretendo que todos ustedes tengan
la misma posición; eso sería bastante torpe o absurdo por mi
parte. Por tanto, como no era esa mi intención, no entiendo
del todo a qué se deben algunas de las réplicas que me ha
dado. Si no conoce el plan, créame que no será por que el
Gobierno no lo haya difundido o no lo haya aportado a esta
Comisión, tanto por mi antecesor como en sucesivos documentos
que se han enviado a la Cámara. En todo caso, ya he reiterado
mi disponibilidad a explicárselo personalmente, ¡faltaría
más!, al Presidente mismo de la Comisión de Industria e
incluso como representante del Grupo de Convergència i Unió.
Si le entiendo bien, a usted no le preocupa tanto el contenido
del plan, sino qué va a ocurrir en el futuro con otras
empresas que no son las que están directamente afectadas por
el plan. Me parece que este es el fondo de su análisis y lo
entiendo bien.
Insisto, creo que no sería justo decir que el Gobierno
pretende dejar de lado al sector privado. Vuelvo a reiterar lo
que he dicho: Soy el Ministro de Industria, de la industria
siderúrgica en su conjunto, no solamente de la pública,
también de la privada. Me preocupa extraordinariamente
producir sinergias y alianzas adecuadas, pero, señor Molins,
con independencia de que tengamos distintas valoraciones sobre
el comportamiento de algunos siderúrgicos, que no de todos, de
algunas asociaciones y menos de sus miembros asociados, creo
que debo decir que algunos han estado actuando en un sentido
que es no solamente contrario a lo que al Gobierno le parece
que es importante de cara a este país, sino en una actitud
que, además, no está ni siquiera justificada desde el punto de
vista de una aportación de alternativas viables, económicas,
financieras e industriales y con propuestas que, además,
tenían, como he dicho anteriormente, un mayor coste desde el
punto de vista laboral, un mayor coste desde el punto de vista
financiero y, encima, una mayor inseguridad sobre el futuro.
Esta es mi posición. Naturalmente no pretendo que sea la suya.
Yo no creo que se pueda decir, en consecuencia, que estamos
tratando duramente al sector privado. Si le trajera algunos
recortes de las lindezas que este ministro y desde luego la
industria siderúrgica, pública en este caso, de este país ha
tenido que escuchar de algunos, seguramente se explicaría
bastante bien que se pudiera tratar con dureza. Créame que
desde el ministerio, puesto que usted ha hecho una referencia
a cuál es la relación con los privados, estamos en contacto
con muchos privados desde la propia Corporación de la
Siderurgia, pensando en el futuro, lo cual no es
contradictorio con el hecho de que en este momento haya o
puedan existir incertidumbres e intereses incluso enfrentados
hasta la aprobación del plan.<ð Dos fases, por tanto, señor
Molins: la aprobación del plan y el proceso de configuración
de eso que usted llamaba el plan industrial de futuro y el
plan de la siderurgia, del conjunto de la siderurgia, no de la
siderurgia integral, que es la que estamos hablando, de cara
al futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Ministro, en
nombre de la Comisión le agradezco nuevamente su interesante
contribución al trabajo que hemos empezado esta mañana.
Señorías, me parece razonable que antes de adentrarnos en el
punto siguiente hagamos una interrupción. En consecuencia,
interrumpo la sesión por cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (EGUIAGARAY
URCELAY), PARA INFORMAR:
--DE LA CRISIS QUE ATRAVIESA LA EMPRESA SEAT. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Número de expediente 213/000075)
--ACERCA DE LA SITUACI'ON CREADA POR LA CRISIS DE LA EMPRESA
SEAT, ASI COMO DE LAS NEGOCIACIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A
CABO EN BUSCA DE UNA SOLUCION Y LOS EFECTOS QUE ESTA CRISIS
PUEDA TENER EN EL CONJUNTO DEL SECTOR ESPAÑOL DE LA
AUTOMOCION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 213/000094)
El señor PRESIDENTE: Vamos a renudar la sesión con el segundo
punto del orden del día, la comparecencia del señor Ministro
de Industria y Energía, para dar cuenta de las expectativas,
condiciones e incidencias de la situación creada por la crisis
de la empresa SEAT, así como de las negociaciones que se están
llevando a cabo en busca de una solución y los efectos que
esta crisis puede tener en el conjunto del sector español de
la automoción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular;
y de la crisis que atraviesa la empresa SEAT, presentada por
el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
En la misma forma en que se ha ordenado el debate en la
primera parte de esta comparecencia, intervendrá en primer
lugar el señor Ministro; después, los grupos que han
solicitado la comparecencia y, en último lugar, los que
quieran fijar posiciones.
Señor Ministro de Industria, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Urcelay):
En el contenido de esta comparecencia trataré de darles
algunos datos de valoración, que no por conocidos pueden ser
menos ilustrativos, sobre la importancia que el Gobierno
atribuye a la crisis de Seat, a los problemas que tiene esta
empresa, a las consecuencias de un plan de ajuste a llevar a
cabo dentro de la empresa, que constituyen una buena expresión
de algunos de los problemas que están aquejando no solamente a
esta empresa especialmente significativa dentro del sector,
sino a todo el conjunto de la industria del automóvil de
nuestro país y de nuevo, aunque con cifras diferentes, en el
conjunto de Europa.
Permítanme decirles que, de acuerdo con los últimos datos, el
conjunto de la industria del automóvil en nuestro país ha
conocido en los diez últimos meses un descenso en la demanda
de vehículos de alrededor del 25 por ciento. Eso significa, en
consecuencia, una afectación muy seria de las perspectivas de
fabricación, de construcción y, por tanto, de las situaciones
reales financieras, económicas, de las empresas y también de
sus propias estructuras laborales y técnicas. Este es un
proceso que no está afectando solamente a nuestro país. Como
dato de referencia, y no porque se pueda entender como una
forma de explicación de nuestros problemas, pero sí como algo
que sin duda alguna ayuda a comprender la situación del
sector, deben tener en cuenta que en los últimos nueve o diez
años la caída en la producción en el conjunto de la industria
de la Comunidad ha sido del orden del 15 al 16 por ciento.
Naturalmente, varían los resultados en los diferentes países.
Algún país, como Italia, se sitúa en cifras cercanas al 20;
otro país, como Alemania, en cifras no muy lejanas del 20; y
hay también algún país, como el Reino Unido, que incluso ha
visto incrementada su producción, pero ésta es la situación
general en el conjunto del sector. Por otro lado, en el
sector, más allá de los problemas financieros o concretos de
una empresa, a los que me voy a referir, se está produciendo
una importantísima modificación en lo que podríamos llamar el
modo de producción de automóviles. No solamente hay procesos
de reconfiguración de la oferta en el ámbito europeo y quizás
en el mundial; algunos de ellos ya tuvieron lugar en los
Estados Unidos hace varios años, otros se han producido en
Europa. Quizá la expresión simbólica más importante es el
proceso de fusión Renault- Volvo, pero es verdad que allá
donde las empresas automovilísticas anteriormente competían
sin ningún tipo de alianza, se está viendo un proceso
creciente de creación de asociaciones, de consorcios, incluso
de planes
conjuntos entre las distintas empresas automovilísticas
anteriormente enfrentadas en el ámbito de la competencia.
En tercer lugar, hay también un cambio, como les decía, en la
forma de fabricación de automóviles, fundamentalmente en el
sentido de una exter las plantas de producción de todos
aquellos elementos que forman parte de los vehículos que se
fabrican. Esto conduce también a formas distintas de enfocar
la producción, el proceso productivo, la composición misma de
las industrias del automóvil en términos de factores de
producción.
En cuarto lugar, hay un proceso de una enorme intensidad por
una mayor productividad en la generación de automóviles. Sin
duda alguna, Europa se enfrenta con un proceso de competencia
de empresas, que son multinacionales pero cuyo origen está en
Estados Unidos en unos casos o en Japón en otros. Buena parte
de las empresas automovilísticas europeas se hallan con
dificultades como consecuencia de este proceso general de
reconfiguración de la oferta, cambio en las formas de
producción de automóviles y, al mismo tiempo, productividades
más intensas, ya alcanzadas en procesos anteriores de
configuración de la industria del automóvil en países como
Japón o como los Estados Unidos, todo lo cual son elementos
estructurales para explicar qué es lo que está ocurriendo en
la industria del automóvil en general en el mundo, a lo cual
se une ciertamente un problema coyuntural específico, que es
la crisis económica que está afectando a las economías
occidentales y, también, obviamente, a la economía europea y a
la española en particular.
En este marco, el sentido de la comparecencia tiene que ver
con la situación de Seat. Seat es una empresa muy
significativa de nuestro país, una empresa cuyos datos
económicos negativos han sido conocidos hace relativamente
poco tiempo y sobre la cual hay una preocupación muy
importante, no solamente en Cataluña sino en el conjunto de
España, por cuál haya de ser su presente y su futuro. Para
darles alguna idea de cuál es la significación de Seat,
déjenme darles algunos datos que en buena parte pueden ser
conocidos, pero que en otros casos podrán contribuir a valorar
la importancia y la significación que tiene este grupo. La
empresa Seat cuenta, como saben ustedes, con plantas
industriales en la Zona Franca de Barcelona, en Martorell
(Barcelona) y en Landaben (Navarra). En las dos primeras se
fabrican vehículos marca Seat y en la última marca Volkswagen.
Seat tiene también una filial en El Prat, dedicada a la
fabricación de cajas de cambios. El 99,9 por ciento del
capital de Seat pertenece al grupo Volkswagen desde 1991. Las
relaciones entre estas dos empresas se iniciaron en 1982 con
la firma de un acuerdo de cooperación industrial, de licencia
y de asistencia técnica entre Seat y Volkswagen.
Posteriormente, en junio de 1986, se alcanzó un acuerdo entre
el INI y Volkswagen A.G., por el que la empresa alemana pasaba
a tener el 51 por de Seat y en el que se preveía que la
participación fuese no menor del 75 por ciento al finalizar el
año 1986.
Antes de la entrada de Volkswagen en el capital de Seat se
llevó a cabo un importante saneamiento en la empresa de todo
tipo. Este saneamiento se instrumentó parcialmente --insisto
en lo de parcialmente-- a través del Real Decreto-ley 7/1985,
de 27 de diciembre, y supuso una aportación en el entorno de
los 200.000 millones de pesetas. Depende de cómo se hagan las
cuentas, pueden ustedes obtener unas cifras u otras, pero éste
es el orden de magnitud del saneamiento financiero llevado a
cabo a partir del INI.
En el acuerdo de 1986 se incluía el compromiso de formulación
de un plan estratégico. Volkswagen presentó al Ministerio de
Industria en el año 1987 un anteproyecto de plan industrial
para Seat en el que se contemplaban unas inversiones en el
entorno de 465.000 millones de pesetas en el período
1987-1995; un plan que fue objeto de múltiples revisiones y de
actualizaciones como consecuencia de los cambios que en ese
mismo período tuvieron lugar en la industria del automóvil en
cuanto a la evolucion de la demanda. Este plan ha llevado
consigo un conjunto de inversiones importantes en los últimos
años, unos 12.000 millones en 1988, 25.000 en 1989, 60.000 en
1990, 122.000 en 1991 y 191.000 millones de pesetas en el año
1992. Como les decía, ese plan afectaba al período 1987-1995.
No es menos cierto que desde la toma de participación por
parte de Volkswagen y la asunción abrumadoramente mayoritaria
del capital, prácticamente como único accionista dentro de
Seat, naturalmente la evolución de ese plan quedó básicamente
en manos del grupo Volkswagen.
Les quiero aportar algunos datos para que comprendan la
significación del grupo Seat dentro de Volkswagen. El grupo
Seat, con datos de 1991, s por ciento de los ingresos por
ventas de Volkswagen, significa el 19,7 por ciento de las
unidades vendidas del grupo, significa el 17,7 por ciento de
las unidades producidas y significa el 11 por ciento,
aproximadamente, del número de empleados, en promedio anual.
Por otro lado, la importancia de Seat en la industria
automovilística española no puede menos de ser reconocida.
Seat pasó, entre los años 1985 y 1992, de una producción de
320.331 vehículos a una producción, en el año 1992, de 578.432
vehículos. La producción de turismos y derivados de las marcas
Seat y Volkswagen en España significó el 29,3 por ciento del
total de la producción nacional de estos vehículos en el año
1992; los turismos y derivados exportados por Seat en esa
misma fecha fueron el 34,2 por ciento del total de vehículos
exportados por España, y las exportaciones de Seat
representaron, en el año 1992, el 81,5 por ciento de su
producción, un porcentaje 15 puntos por encima de la
media del sector, que ronda, aproximadamente, el 70 por ciento
en exportación. Sin embargo, la participación del grupo en su
conjunto, Volkswagen, en la matriculación interna,
lógicamente, como consecuencia de una mayor cuota en
exportación, es menor en términos de matriculaciones en
España. Las matriculaciones de Seat y Volkswagen --vehículos
con marca Seat y con marca Volkswagen-- en España, en el año
1992, significaron no el 29,3 por ciento que importa su
producción sino el 17,6 por ciento del mercado nacional, y hay
que tomar en cuenta el que un 38 por ciento de los vehículos
matriculados en España por el grupo Seat-Volkswagen
corresponden en este momento a productos no fabricados en
España sino a importaciones.
Dentro del grupo Seat-Volkswagen, en España, la producción de
turismos y derivados marca Seat representó, en el año 1992, el
61,6 por ciento d el resto, 38,4 por ciento, de la marca
Volkswagen. Pero, como les decía, no es menos cierto que,
especialmente en los años que van de 1985 a 1991-92, la
producción de vehículos marca Seat o Volkswagen fue una
producción creciente, muy creciente, tanto que, entre el año
1985 y el 92, pasó, como les decía, de 320.000 a 578.000, esto
es, a un 80 por ciento de aumento. Las ventas totales
variaron, desde 348.000 hasta 647.000 vehículos, crecieron en
un 85 por ciento, y las ventas al exterior crecieron en un
127,2 por ciento, de 207.000 a 471.335 vehículos, en esa misma
fecha. Por lo tanto, es difícil dejar de reconocer no
solamente los antecedentes que les he resumido muy brevemente,
sino, al mismo tiempo, la significación de las cifras de una
empresa como Seat en nuestro país.
Naturalmente, no era para que les hablara de cuáles eran las
ratio ni las cifras para lo que se solicitaba mi
comparecencia, sino para ver cuál es el presente y cuál puede
ser el futuro de la crisis actualmente existente en el sector
del automóvil y notablemente dentro de la empresa Seat. La
posición sobre la que les quiero informar es la posición que
se puede expresar hasta el momento, señalando, en primer
lugar, que todavía este proceso no ha hecho sino iniciarse.
Creo que hemos tenido un período arduo, duro, difícil, no
solamente de digerir una noticia que fue una sorpresa para el
propio grupo Volkswagen, de acuerdo con los datos que constan
ante el propio Gobierno, sino, al mismo tiempo, de que la
opinión pública y principalmente los más afectados, los
trabajadores, se dieran cuenta de cuál es la situación por la
que pasaba el conjunto del grupo Volkswagen y, notablemente,
la empresa Seat. Por lo tanto, es difícil en este momento
llegar a conclusiones de mucho detalle, con independencia de
que algunas les daré.
El Gobierno ha tenido, desde el principio, una actitud muy
activa en el proceso, no solamente de conocimiento, de qué es
lo que ocurría dentro podían ser las soluciones que se
contemplaran para hacer posible y para garantizar el futuro de
esta empresa, unido al futuro del sector automovilístico en
España. Durante los días 6 y 7 de octubre, representantes del
grupo Volskwagen se entrevistaron con representantes del
Gobierno --como saben, el día 6 con el Vicepresidente del
Gobierno y el día 7 conmigo mismo-- para exponer la situación
de Seat y los proyectos de futuro de Volskwagen al respecto.
Les puedo apuntar, como conclusiones de estas reuniones,
conclusiones que hoy forman parte ya de los compromisos firmes
de Volskwagen con el futuro de Seat, las siguientes:
Volkswagen realizará una inyección financiera en Seat en el
entorno de los 120.000 millones de pesetas, para compensar las
pérdidas previstas para 1993, que son precisamente de esta
magnitud. Además, la modalidad de la aportación tendrá en
cuenta la posibilidad --decisión que no está todavía
confirmada, aunque sí forma parte de las posiciones que el
Gobierno ha defendido cerca de Volkswagen-- de mantener la
planta de Landaben, de Navarra, integrada en la estructura
empresarial de Seat. En segundo lugar, Volkswagen se
compromete a mantener a Seat como una empresa independiente de
fabricación de automóviles, en el marco del grupo Volskawagen,
con capacidad de diseño, con capacidad de desarrollo de nuevos
productos, con el mantenimiento de una marca propia y de una
autonomía de la función comercial y de compras. Además, se
asignará a Seat la responsabilidad del mercado ibérico de la
oferta de componentes de automoción para el conjunto del grupo
Volkswagen.
Volkswagen, en estas reuniones, expresó la elaboración de un
plan de futuro para Seat, cuyos objetivos básicos debieran
pasar por la mejora de empresarial y la creación de
condiciones para la consecución de un nivel de competitividad
sostenido en el futuro. Consecuentemente con lo anterior, la
dirección de Volkswagen se comprometió con el Gobierno a
mantener informada tanto a la Administración del Estado como a
la Generalitat de Cataluña y a los propios sindicatos de los
progresos en la elaboración del citado plan. Con tal motivo,
se mantuvieron reuniones con la Secretaría de Estado de
Industria, para informar del estado de sus trabajos.
Finalmente, el 26 de octubre, el Gobierno, a través del
Ministerio de Industria, ha tenido conocimiento formal del
plan de saneamiento de Seat planteado por sus actuales
gestores y titulares.
Les quiero decir que ya desde el principio, cuando se conoció
cuál era la situación financiera de Volkswagen, no obstante la
explicación del pasado y de por qué se había llegado a esta
situación (análisis sobre el que el Gobierno no tiene un
especial interés en entrar, más allá del señalamiento de una
cierta extrañeza por la evolución y por la contradicción entre
las cifras y algunos de los planes que se anunciaron a finales
del año pasado, incluso a comienzo de este año, y la triste
realidad de los hechos), le importaba al Gobierno mucho más
pensar en el futuro que analizar el pasado y, por lo tanto,
contribuir a garantizar y hacer posible, con la
responsabilidad de su accionista fundamental, el mantenimiento
de nuestra más importante empresa automovilística. Le
importaba garantizarlo en permitieran el futuro, permitieran
una empresa viable, una empresa competitiva, una empresa que
no fuera, como no lo había sido en el pasado, una mera planta
de montaje de automóviles sino una empresa con capacidad de
diseñar, de introducir tecnología, de producir y, por tanto,
de hacer posibles nuevos productos tan pronto como se saliera
de la situación financiera económica en la que en este momento
está la empresa.
El Gobierno expresó su posición en términos como los que
brevemente les resumo. Seat es una empresa privada sometida a
una situación difícil en la que influyen elementos
coyunturales y factores de adecuación estructural a un mercado
crecientemente competitivo, algunos de los cuales no derivan
ni siquiera de la situación española sino del marco de
carácter general. Corresponde en todo caso a la empresa, esto
es, al accionista, a la dirección, a los trabajadores y a sus
propios representantes sindicales desplegar las acciones, los
contactos y las negociaciones oportunas para abordar el
problema y las posibles soluciones. El Gobierno, en tanto que
siendo ésta una empresa privada, tiene la responsabilidad de
hacer posible o de contribuir a este proceso, pero no una
responsabilidad singular en la medida en que no es un
accionista de la empresa y en la medida en que tampoco es,
aunque sea sin duda la más importante del sector, la única
empresa que tiene problemas dentro del sector del automóvil.
Compete, en cambio, al Gobierno favorecer aquellas decisiones
empresariales que se orienten al mantenimiento y al desarrollo
de empresas viables y competitivas. Compete al Gobierno
mantener contactos con las partes implicadas para favorecer el
diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos que
posibiliten el mantenimiento del máximo posible de tejido
industrial y de empleo, susceptible de competir en el mercado
global del automóvil. Puede competir al Gobierno y al resto de
las administraciones públicas implicadas apoyar, si es
preciso, aquellas actuaciones que sean compatibles con la
disciplina comunitaria y con las normas y disponibilidades
presupuestarias de carácter nacional.
En este esquema de criterios básicos el Gobierno ha seguido
manteniendo contacto y ejerciendo buenos oficios para tratar
de buscar soluciones en esta dirección. El 8 de noviembre,
como antes les señalaba, dentro del Ministerio de Industria se
produjo una reunión entre los representantes de la dirección
de Seat y de la Secretaría de Estado de Industria para dar
cuenta por parte de Seat del estado actual del plan de
saneamiento y para solicitar también una posición del Gobierno
en relación con ese plan. He visto distintas informaciones, no
todas coinciden aunque sí en lo sustancial, y creo que hay un
cierto grado ya de divulgación de lo que es el contenido del
plan tal y como consta formalmente ante el Ministerio de
Industria. Por mi parte me parece que sería oportuno hacerles
un resumen de cómo lo vemos en sus parámetros fundamentales.
La situación actual del plan de saneamiento de Seat puede
resumirse así. Se han mantenido contactos con los sindicatos y
los comités de empresas tendentes a explicar los elementos
básicos del play y a conocer las opiniones de los
representantes de los trabajadores. La dirección de Seat ha
manifestado además su propósito de iniciar formalmente, el
jueves día 11, el período de consulta con los sindicatos,
previo a la presentación de dos expedientes de regulación de
empleo, uno de rescisión de contratos para 3.000 trabajadores
con un sistema de prejubilaciones voluntarias para personas
con más de 55 años; el otro, de regulación temporal de empleo,
con suspensión de contratos durante 1994 y 1995 para 4.600
trabajadores. Consecuentemente, a partir de la citada fecha,
comenzará el cómputo de los plazos reglamentarios (15 días
laborales para el expediente de suspensión de contratos y 30
días laborales para el de extinción), al final de los cuales
los expedientes pasarán al trámite de resolución, cuya
competencia corresponde en este momento, habida cuenta de la
distribución de competencias en el Estado de las autonomías, a
la Generalitat de Cataluña.
En segundo lugar, la dirección de Seat ha elaborado y
concretado con mayor precisión algunas de las intenciones que
en relación con el parque industrial para la Zona Franca
habían sido expuestas anteriormente en diferentes
conversaciones y a distinto nivel. Ha iniciado contactos con
posibles inversores que localizarían en la Zona Franca
proyectos de fabricación de componentes de automoción
estimulados por la demanda adicional del grupo Seat-Volkswagen
producida como consecuencia de la instancia también del
Gobierno a una mayor nacionalización de componentes de los
automóviles fabricados por el grupo. En concreto, Seat se ha
comprometido a elevar la tasa de nacionalización de sus
compras de componentes desde el 54 por ciento hasta el 67 por
ciento, lo que estimamos que supone en el momento actual un
volumen adicional de compras en España en torno a los 30.000
millones de pesetas anuales. En función dicho proyecto, las
actividades y el empleo en la Zona Franca hasta el momento
presente podría tener la siguiente estructura. El taller de
prensa existente actualmente en Zona Franca ocuparía 1.300
empleos; el taller de fundición ya existente alrededor de 170;
el staff industrial de Seat 700; los proveedores actuales
trasladados a Zona Franca, procedentes de Pamplona y de
Martorell, 700. Esto daría lugar a un subtotal de empleo ya
existente, no nuevo, de 2.870 empleos. Junto con esto y como
parte de los proyectos que en este momento se consideran, hay
proyectos de proveedores extranjeros que podrían dar una
ocupación
hasta el momento de unos 100 nuevos empleos, un conjunto de
proyectos de proveedores nacionales de alrededor de 700
empleos y una serie de proyectos de proveedores que sustituyen
a suministros actuales que vienen directamente de Volkswagen
para otros 730 empleos. Eso daría lugar a unos 1.530 nuevos
empleos en la fabricación de componentes, lo que, sumado al
subtotal de empleo existente, nos daría un conjunto de 4.700
empleos. Además de los 1.530 nuevos empleos en fabricación de
componentes a los que he hecho referencia, la dirección de
Seat estima que puede generar 1.100 empleos adicionales en
actividades de diversificación en la Zona Franca, algunas de
las cuales son realizadas actualmente por empresas que prestan
servicios a Seat. El resto de los trabajadores afectados por
el expediente de regulación temporal de empleo, esto es,
1.800, si se hace la resta de los 4.600, podrían ser
recolocados en Seat, entiende la empresa, si se incrementa el
volumen de ventas desde el nivel mínimo exigible de
rentabilidad cifrado en 320.000 vehículos/año hasta la cifra
objetivo para 1995, cuando expirase el expediente de
regulación de empleo, de 368.000 vehículos/año.
En tercer lugar, la dirección de Seat ha mantenido contactos
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para informar
del programa de prejubilaciones: 3.000 trabajadores con edad
superior a 55 años, y de los costes del mismo, que ha evaluado
la empresa en el momento presente en torno a los 27.000
millones de pesetas.
Para concluir esta exposición de datos les quiero expresar que
el Gobierno está siguiendo todo este proceso no sólo con
alguna inquietud sino también con el máximo interés y con el
deseo de que en el marco de las dificultades que tiene el
conjunto de la industrial del automóvil, el conjunto de
administraciones implicadas no sólo puedan contribuir a una
operación sin duda alguna difícil y además dolorosa desde el
punto de vista del empleo, fundamentalmente en Cataluña, sino
al mismo tiempo a garantizar en una perspectiva de política
industrial una empresa viable, una empresa con futuro, una
empresa competitiva. Es pronto en este momento para decir cuál
es el final de un proceso que no ha hecho sino empezar, un
proceso que exige una negociación, una discusión entre todos
aquellos que tienen no sólo responsabilidades, sino que son
agentes implicados dentro de la empresa, como antes les decía,
los accionistas, la gestión, los propios trabajadores, para
garantizar el futuro en los términos que puedan tener un menor
coste social y un menor coste también industrial.
Los expedientes están --les insisto-- incluso sin presentar
desde el punto de vista formal, y el proceso de negociación no
ha hecho sino empezar. El gobierno, por tanto, no puede en
este momento decir qué es lo que puede o debe hacer antes de
que se produzca la finalización de este proceso de discusión,
que está en este momento, repito, produciéndose.
Me gustaría --seguramente tendremos ocasiones-- volver a
comparecer ante sus señorías para explicarles cuál es la
marcha de este tema, cuáles son las perspectivas desde el
punto de vista industrial, las consecuencias y también los
costes en términos sociales que pueden derivarse de un proceso
que deseo que se pueda producir con el máximo nivel de
responsabilidad por parte de todos los actores, y que
naturalmente contará con el máximo apoyo posible --en términos
de compatibilidad con las normas de la competencia y con el
conjunto de la industria del sector automóvil por parte no
solamente de la Administración del Estado, sino también de
otras administraciones públicas.
El señor PRESIDENTE: Dado lo avanzado de la hora, yo rogaría a
todos los grupos, para poder hacer el turno excepcional de
contrarréplicas después, que seamos muy estrictos en la
utilización del tiempo en las primeras intervenciones.
En cualquier caso, es objetivo de la Presidencia el serlo.
Por eso, les rogaría que los diez minutos de que dispone cada
grupo no se amplíen. En nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Milián Mestre.
El señor MILIAN MESTRE: Yo le pediría la venia para una mayor
dimensión en la exposición, puesto que el tema es bastante
complejo.
Quisiera agradecer, ante todo, al señor Ministro el
planteamiento que nos ha hecho, un planteamiento muy claro,
muy cartesiano, para después entrar en algunas consideraciones
reflexivas en torno al mismo. Empezaré por lo general, es
decir, por lo genérico, y pasaré a lo particular, es decir, a
lo específico.
En primer lugar estamos viendo esta misma mañana las portadas
de los periódicos refiriéndose a la gran manifestación que se
ha producido en Barcelona y en Pamplona respecto al problema
que nos ocupa. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Rogaría a los asistentes a la reunión,
tanto a los miembros de la Cámara como a los medios de
comunicación, que rebajaran el nivel de su conversación,
porque hacen absolutamente imposible seguir el debate.
Señor Milián, puede continuar.
El señor MILIAN MESTRE: En segundo lugar, después de estas
páginas con que hoy nos ilustra la prensa, en portada
especialmente y a quisiera aludir a que el nuevo presidente de
Seat, el señor Llorens, advierte que estas mismas
movilizaciones agravan todavía más la situación, porque
detraen algunos recursos que serían necesarios para el plan
que nos acaba de exponer sucintamente el señor Ministro. En
tercer lugar hay algo que yo quiero manifestar con toda
sorpresa. Hace un año --y quizá aquí haya algún
compañero de la anterior legislatura-- cinco Diputados
españoles fuimos invitados al Bundestag, y en uno de los
«briefings», en una de las reuniones, el ex-ministro de
economía alemán, que acababa de cesar hacía pocos meses, nos
manifestó su gran sorpresa y la del gobierno por el alto nivel
de competitividad, de eficacia y de inteligencia manifestada
por la empresa Seat Española, y además el alto nivel de
calidad que le permitía penetrar en nuevos mercados en el
centro de Europa, que beneficiaban especialmente a los
intereses taxativos de la compañía Volkswagen. Naturalmente
que todo aquello ahora se remite no solamente al recuerdo,
sino a la comparación con cuanto se nos está diciendo, y
manifiesta abiertamente su sorpresa, puesto que algo ocurre
aquí que no está muy claro en este proceso, especialmente en
los últimos meses.
Nosotros, obviamente, no podemos entrar a analizar los
factores internos de una compañía privada, pero alguna alusión
habrá que hacer a ciertos documentos de que yo dispongo,
informes internos de la propia compañía, mejor dicho, de
ingenieros de la propia compañía, que en algún caso han sido
sancionados y cuyo recurso está en el Tribunal Supremo desde
hace unos meses.
En consecuencia, yo quisiera, ante todo, manifestar que el
problema de Seat es de una enorme trascendencia social,
económica y política, y que aquí ha habido una aportación del
Estado muy considerable, aportación que usted nos la ha
cifrado en 300.000 millones, pero circulan por ahí
informaciones que hablan de 3.000 a 4.000 millones en
aportaciones previas a la operación de integración de Seat en
el complejo Volkswagen. Esto, por supuesto, supone una
corresponsabilidad, al menos en el seguimiento de es o de los
buenos fines de estos proyectos financiados por el Estado.
Nos preocupa también que la política económica seguida por el
Gobierno no haya sido capaz de crear un marco estable y
competitivo que necesitan las empresas para poder
desarrollarse en las condiciones óptimas para que funcionen
eficientemente. Más en concreto hemos dicho varias veces que
esa política económica era más negativa aún para el sector
industrial, ya que el sector más expuesto a la competencia
exterior, tanto en los sectores que exportan como en aquellos
que compitan con importaciones. Por tanto, en este marco Seat
sería un ejemplo de cómo las empresas tienen dificultades para
funcionar dentro del marco general de la economía española,
caracterizada por un elevado e incontrolado déficit público,
altos tipos de interés, tipo de cambio sobrevalorado,
fiscalidad desestimulante de la actividad productiva y mercado
de trabajo heredado del régimen anterior, sin que se haya
hecho la necesaria reforma.
Con este marco de comprensión, yo quisiera pormenorizar
algunos datos respecto a la valoración de lo que está
ocurriendo en el sector del automóvil. Usted nos ha dicho ya
sustancialmente algunas cosas, pero quisiera puntualizar
otras. Por ejemplo, se cifra el coste de la crisis actual del
s para el Estado español en 117.000 millones de pesetas para
el período enero-septiembre de 1993. No voy a hacer el
desglose, si usted quiere en la réplica se lo haré porque lo
tengo aquí en mi poder.
En el año 1993, primer semestre, 77.111 trabajadores del
sector de automoción, incluidas empresas de componentes, se
ven afectados por expedientes de regulación de empleo, lo cual
supone diez veces más que en 1992. El previsto descenso de un
26 por ciento en las ventas del año 1993 frente a 1992 supone
menos de 270.000 unidades de automoción o automóviles.
Finalmente, el sector automóvil en España supone, para que
podamos circunscribirlo al complejo marco de la crisis, unos
ingresos al Estado de unos 2,2 billones de pesetas, o sea, el
5,5 por ciento del PIB nacional; da empleo directa o
indirectamente a casi dos millones de trabajadores; más de la
cuarta parte de las exportaciones totales de España proceden
de este sector, y es el quinto fabricante del mundo y el
tercero de Europa, detrás de Alemania y Francia. Las
inversiones conjuntas del año 1992 de este sector, según mis
datos, han sido de 350.000 millones de pesetas. Aquí podríamos
entrar ahora a considerar una serie de aspectos más negativos
respecto a este marco, por ejemplo, la caída de la producción
y la caída del consumo. Este es el dato --usted lo ha
insinuado--, pero si se pormenoriza un poco más resulta
francamente estruendoso en sus resultados. Yo diría, a modo de
ejemplo, que la producción acumulada enero-junio del sector
automoción ha supuesto para algunas marcas, como Fasa-Renault,
un menos 20,95 por ciento; Peugeot-Talbot, menos 47,58 por
ciento; Seat-Volkswagen, ya lo ha dicho usted; General Motors,
menos 30,20 por ciento; Ford España, menos 22,57 por ciento y
Renault-Vehículos Industriales, menos 28,15 por ciento. En
total, un menos 22 por ciento de promedio. Si esto se hiciera
por segmentos nos encontraríamos con sorpresas también muy
significativas, cuales son, por ejemplo, los vehículos
industriales ligeros, menos 41,76 por ciento. Hay otros
derivados del turismo con menos 30,54 por ciento, etcétera.
Esto ¿qué nos indica? Pues nos indica, señor Ministro, que
estamos metidos en una situación francamente inquietante para
todo el sector, situación que merecerá ser considerada y
contemplada desde muchos puntos de vista, y yo me alegro mucho
de lo que usted acaba de exponer esta mañana aquí, porque creo
sinceramente que su prudencia es positiva y refleja una gran
preocupación, bien fundada, por lo que está ocurriendo en este
momento en el sector.
Si analizamos los datos a la luz muy concreta de los hechos,
veremos que, por ejemplo, en Ford, hace dos días escasamente,
el Consejero Delegado, Alain Batty,
decía que en el año 1993 las pérdidas del sector habían sido
sin precedentes, las mayores desde el año 1976, cuando Ford se
instaló en Almussafes. Detecta la crisis más profunda que en
otros países europeos, como está muy claro, nos supera en este
caso solamente Grecia. Es decir, estamos en la cola de esta
crisis, en lo peor de lo peor, a pesar de lo cual hay
compañías que están haciendo un gran esfuerzo, Ford una de
ellas, que se propone invertir 70.000 millones en los nuevos
motores ecológicos Sigma, lo cual quiere decir que Ford no
recorta sus inversiones en el producto y hay esperanzas de
consolidación.
Ahora bien, planteaba algunas cuestiones, como por ejemplo
reducir tasas fiscales, que es una cantilena común a todas mis
consultas a los diferentes fabricantes españoles; una mayor
flexibilidad de las relaciones laborales, que él dice que es
esencial, y que va a ser, por supuesto, factor fundamental
para los próximos años --se habla de los próximos 10 ó 20
años--. En esto, dato curioso, coincide el Embajador americano
Garner en unas declaraciones recientes a la prensa española,
diciendo que ese era el elemento frustrante o que frenaba una
serie de inversiones en España de procedencia americana que
suponían este año el ocho por ciento de las inversiones
realizadas en nuestro país.
Hay un cierto malestar por posibles situaciones de agravios
comparativos --se quejan Ford y otras compañías--, que podrían
derivarse de una filosofía de aportación de ayudas, que
después pasaré a preguntar de forma muy concreta si se pueden
producir o no en este caso.
Evidentemente, en otras compañías no hablan en términos
parecidos, aunque sí preocupantes. General Motors, por
ejemplo, habla de no realizar h ninguna regularización de
empleo, aunque mis últimas noticias, justamente de ayer,
podrían indicar que se planteaban de nuevo esa inflexión a la
baja en la producción por mor de los acontecimientos y las
circunstancias. Ahora bien, es cierto que la previsión de la
caída de ventas de Opel en España, hasta ahora, es sólo del 13
por ciento hasta finales de 1993, según dicen ellos, aunque
parece ser que no es un dato que coincida con otras compañías.
Otra que sí está en situación alarmante es Iveco-Pegaso,
adquirido por Fiat al Estado, herencia de Pegaso y del sistema
económico y político a ha planteado ampliar el expediente de
suspensiones temporales de empleo, que acababa el 30 de
octubre, hasta proyectarlo a final de junio de 1994, y eso
afectaría a 900 trabajadores. Iveco-Pegaso ha propuesto un
plan de prejubilaciones desde los 53 años, y ese plan
afectaría a no menos de 600 trabajadores. La plantilla de
Iveco-Pegaso son 4.600 personas, luego estamos hablando de
que, entre unas cosas y otras, prácticamente van a amortizar
un 20 ó 25 por ciento de la plantilla.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, ha consumido ya los diez
minutos. Le ruego que acabe en dos minutos, por favor.
El señor MILIAN MESTRE: Me lo pone usted muy difícil, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: No nos lo ponga usted al conjunto de la
Comisión, señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: En la comparecencia anterior han sido
muy benévolos, y ahora resultan muy parcos en el tiempo. Me
preocupa mucho no poder exponer la gravedad de todo el
complejo mundo de la producción automovilística española, pero
sí quisiera decir algunas cosas graves que se están
produciendo en el tema Seat y que no me han dejado, por
supuesto, tiempo para poder exponer en toda su dimensión. El
conflicto Seat es paradigmático de la situación que yo estaba
intentando descifrar en mi exposición. Se plantean varias
cuestiones que yo quisiera que quedaran muy claramente
definidas en esta mi intervención. Primero, ¿hubo o no hubo
ocultamiento a la opinión pública de una clásula secreta
respecto a la posibilidad de desmantelar Zona Franca cuando se
integró en el grupo Volkswagen? Yo creo que, si lo hubo, sería
un pésimo precedente que exigiría la duda metódica a partir de
este momento respecto a las operaciones de privatización o
compromisos del Estado.
Segundo, se sentaría un grave precedente, yo diría que de
condescendencia con las empresas multinacionales que operan en
nuestro país, puesto que eso permitiría algunas veces, como
está ocurriendo ya en algunos casos que citaré, desmantelar
cuando quieran, incumplir compromisos jurídicos, políticos o
morales con la propia población y con los contratados
laborales, abandonar fuentes de producción y ocupación en
España, destrozar nuestro sistema de trabajo y de bienestar
social en muchos casos, y arruinar buena parte de nuestra
economía social con el paro creciente, que muchas veces se van
pero otras se quedan. Me explico: crear un fenómeno que a
veces es denominado infraudación de los mercados y que me
parece el más alarmante de la presente crisis. Es decir, las
multinacionales se instalan en nuestro país, compran nuestras
empresas, por la cuestión de competitividad y sobre todo de
costos laborales trasladan las fábricas o los centros de
producción al tercer mundo, pero infraudan nuestros mercados
eliminando nuestras fuentes de producción y copándolos, lo que
imposibilita que nazca de nuevo la competencia interna a
partir de otros posibles competidores del mercado nacional.
¿Por qué? Porque tienen la supremacía en el control mundial de
estos mercados y porque pueden operar con «dumping» sociales
procedentes del tercer mundo. Por tanto, me parece que este es
el fenómeno más inquietante de esta situación.
Tercero, ante esta fenomenología de procedimientos ha habido
que considerar ya algunos precedentes, y yo supongo que habrá
consecuentes, yo citaría algunos, verbigracia el caso Axo-Sega
de Barcelona, que conozco muy detalladamente, puesto que
dediqué tres años de mi vida a estudiar esa compañía y a
escribir 1.800 folios, de cuatro en cuatro volúmenes, sobre
esa sociedad. Por tanto, conozco la magnitud y el paradigma
que supone para nuestro caso en España el desmantelamiento de
una multinacional de forma un tanto atípica y arbitraria. Por
cierto, acaban de advertir en la prensa de Barcelona que
podían desmantelar de nuevo esa propia compañía multinacional,
todo el sector «coating», de pinturas, y el sector
farmacéutico, lo cual me inquieta especialmente.
El caso KIO está al alcance de todos y lo atípico del mismo no
hay que pormenorizarlo en este momento. Pero es que también
hay secuelas del caso Rumasa, como fueron los manejos en
Galerías Preciados y en otras transacciones. Es decir, ¿nos
toman o no nos toman las multinacionales por el pito del
sereno cuando operan en nuestro país? Esta es una pregunta que
no me incumbe a mí solo. El profesor Joaquín Muns, en un
magnífico artículo titulado «Las lecciones del caso Seat»,
publicado en «La Vanguardia» el 11 del mes pasado, ya cifraba
algunas de esas cuestiones. El se pregunta: ¿van en serio con
nosotros o no?
Evidentemente, aquí nos planteamos un problema genérico, pero
con específicas concreciones en España, y el problema genérico
es: ¿los Gobiernos no tendrían que plantearse en la Comunidad
Europea algún tipo de medida que controle los movimientos de
las transnacionales, al menos dentro de su ámbito, para no
provocar efectos tan graves en lo social como son estos casos
por causas, diríamos, de deslocalización de las industrias?
¿No habrá llegado el momento de que los Gobiernos se planteen
seriamente ante la Comunidad algún tipo de normativa que
establezca un control a estos arbitrismos?
Yo sería más prolijo en esta exposición, pero no me deja
tiempo el Presidente. Sin embargo, antes de formular las
preguntas quisiera hacer una última reflexión. Es evidente que
estamos conociendo un fenómeno que en 1978 ya se perfilaba en
un magnífico libro del profesor Galbraith titulado «El nuevo
Estado industrial». Es decir, Galbraith, de una forma muy
inteligente, hablaba de que la economía crecía de una forma
espectacular en los grupos corporativos transnacionales, que
el capital perdía su control en las decisiones y que la
tecnoestructura --esa es su tesis-- era la que imponía muchas
veces las medidas y las estrategias, pero que eso provocaba un
fenómeno incipiente de predeterminación de voluntad en el
consumo a los mercados y, sobre todo --y ahí está mi subr
principio del conflicto entre los intereses transnacionales y
los Estados, donde la predeterminación a veces es muy
concreta, y usted es testigo --y nosotros lo hemos visto en la
prensa estos días--, puesto que como miembro de nuestro
Gobierno ha tenido que ir ya a Japón a negociar, discutir o
conversar con una multinacional, la Nissan.
En consecuencia, todo esto me parecen datos muy serios para
amplias reflexiones, a las que no hay lugar en este momento,
pero que a Cataluña le afectan de una forma tremendamente
directa. Jordi Pujol ha dicho que Seat es la clave para
Cataluña, como la siderurgia y la minería lo son para Euskadi
y Asturias, y es cierto. Cataluña se está descomponiendo en su
tejido industrial; Cataluña está aumentando el paro un punto y
medio por ciento por encima del ritmo del resto del país;
Cataluña está desmantelando zonas muy tradicionales, como ha
sido toda la Ribera del Llobregat, de norte a sur; Cataluña
está perdiendo ahora bases industriales importantes en el Baix
Llobregat, como sería si desapareciera esta factoría, que
espero que no sea así en este caso, porque provocaríamos,
evidentemente, fenómenos de desestabilización de la situación
social con fuertes conflictos, de los que es simplemente un
anuncio lo que acabamos de ver esta mañana en los medios de
comunicación.
El señor PRESIDENTE: Señor Milián, acabe ya, por favor.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Ministro, todo esto nos llevaría
a una serie de preguntas, y yo se las leo y acabo.
Primera, ¿sentirá el Gobierno la necesidad de apoyar esta
situación con nuevas aportaciones de dinero público, como hizo
en su día? Parece ser que no. Lo ha dicho, pero ha quedado
alguna duda vaga respecto a este punto.
Segundo, ¿se admitirá que lo haga en su lugar el Gobierno de
la Generalidad de Cataluña, como parecen aseverar determinadas
voces o ciertos comportamientos? Yo tengo aquí un informe de
un ingeniero de Seat donde se dan ciertas explicaciones al
respecto y aportaciones en algunos procesos industriales.
Tercero, ¿en qué términos se desarrollan las conversaciones
entre el Gobierno español o la Administración autonómica con
la multinacional Volkswagen?
Cuarto, ¿qué ayudas «aportará», entre comillas, si lo hace, el
Gobierno, y de qué naturaleza, para resolver la crisis de
Seat? ¿Serán financieras o de otro orden?
Quinto, ¿qué parte de las mismas, en caso de haberlas, piensa
el señor Ministro que van a dedicarse a los actuales
proveedores de Seat, no menos afectados que la propia
multinacional alemana?
Sexto, ¿qué política se seguirá para resolver el problema
creado, facilidades financieras o facilidades laborales?
Séptimo, ¿se plantea la posibilidad de algún tratamiento
fiscal del problema? En este punto no he querido
entrar, aunque el 28 por ciento de t el precio de venta de un
automóvil es una barbaridad que no tiene precedentes en la
Comunidad Europea.
Octavo y último, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno
respecto a la evolución futura del sector de automoción en
España?
El señor PRESIDENTE: Una aclaración. No es el señor Presidente
el que no le deja hablar, sino el Reglamento de la Cámara. El
viene superado por el respeto del resto de los grupos, y es
por eso por lo que tengo que ser extraordinariamente estricto
en el cumplimiento de los tiempos.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Con todo respeto, señor Presidente,
desearía que hubiese algo más de benevolencia por parte de la
Presi el punto anterior, cuando además se está tratando una
cuestión de enorme actualidad, muy compleja y de gran
dificultad como para que podamos encontrar un lugar común de
entendimiento.
En un tema tan complejo como el de la industria del automóvil
--según lo ha enfocado el señor Ministro--, del propio tema
del automóvil, tan complejo como el de reivindicar la
jubilación en la misma empresa --que daría lugar a ríos de
discusiones y de polémicas sobre qué significa esto en una
nueva cultura sindical--, a mí me interesa ceñirme a la
exposición del Ministro en la parte que se refiere a Seat, en
lo que se está viviendo hoy en Cataluña y en Navarra y yo
diría que en toda España como consecuencia de dicha crisis.
Señor Ministro, ayer caminaba por las calles de Barcelona
acompañado por destacados dirigentes socialistas cuya
presencia en la manifestación ponía de relieve una actitud
algo diferente a la que anuncia el Gobierno y que ha expuesto
el señor Ministro, una responsabilidad de contribuir no de
forma singular, y que ha desgranado, de forma muy
transparente, en una actitud que yo calificaría de
prácticamente contemplativa, muy lejos de la asistencia a una
manifestación en donde se plantean --después lo recordaré--
una serie de objetivos muy diferentes a los que hoy se
contemplan en documentos que usted ha recordado.
La marca Seat es competitiva, señor Ministro; Seat tiene hoy
productos que se venden en los mercados internacionales, y
quien puede dañar hoy a Seat es Volkswagen con su enorme
irresponsabilidad en esta crisis, así como el Gobierno español
y el Gobierno de la Generalitat, que hasta hoy aún no le ha
exigido públicamente, que se sepa, sus responsabilidades a
Volkswagen. Ahí está el quid de la cuestión, no en la
manifestación de ayer. Quien empieza a poner en duda a un
posible comprador la viabilidad de un producto como el de Seat
es Volkswagen, con la irresponsabilidad que yo le voy a
relatar en una película algo diferente a la que usted ha
expuesto, cuando entra en un zigzag constante sobre
informaciones y desinformaciones.
Señor Ministro, usted no ha explicado cómo se ha invertido en
Seat. ¿Se invirtió puramente por endeudamiento de Seat en
marcos respecto a Volk seguro de cambio? ¿El Gobierno continúa
con una actitud singular pero no activa ante esa actuación?
¿Es verdad que tenemos que creer en compromisos firmes de
Volkswagen? ¿En cuáles, señor Ministro? ¿En los de abril de
1993, que preveían invertir 45.000 millones de pesetas en unos
talleres de pintura en Zona Franca, continuar la producción
del Toledo en este centro, fabricar la furgoneta Fan como
sustituto de la Terra, desarrollar un nuevo producto,
etcétera, que usted conoce mejor que yo? ¿O en los de
septiembre de 1993? Si quiere le leo la lista de responsables
de Seat-Volkswagen que firmaban esos acuerdos en los que,
cuando se segrega Landaben, se aseguran los proyectos de
inversión, producción y plantillas para Zona Franca,
Martorell, Landaben y L''Arbos, ratificándose en los
compromisos adquiridos. ¿Qué compromisos de Volkswagen vamos a
creer que son los firmes? ¿En cuáles cree el Gobierno? Señor
Ministro, ustedes están en una actitud pasiva, como el
Gobierno de la Generalitat, que tiene como otra cara de la
moneda la intervención pura y simple de la compra de las
acciones por parte de los poderes públicos. Han hecho ustedes
mucha demagogia, empezando por el señor Croissier, diciendo
que les estaban pidiendo que volviesen a comprar, y eso era
del pasado. Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña
estamos planteando la intervención. Intervenir no significa
exactamente comprar ni volver al pasado, intervenir significa
no hacer dejación de responsabilidades.
El Gobierno holandés, que no creo que pueda ser acusado de
volver al pasado, ha intervenido en DAF --la principal empresa
de fabricación de camiones en Europa-- cuando ha tenido
problemas en la crisis que usted ha empezado a describir, como
lo hizo en su día --lejano ya-- el Gobierno de la Baja Sajonia
en Volkswagen, o como lo están haciendo los Gobiernos
escandinavos.
Señor Ministro, usted sabe que hoy nos encontramos ante una
decisión que no es solamente explicable por el endeudamiento
de Seat por el tema del marco, grave ya de por sí, sino por un
cambio de estrategia de Volkswagen, inmersos en una película
rocambolesca que pasa incluso por anécdotas como la de
Superlópez y el espionaje industrial o su persecución judicial
ante un gigante del automóvil como es la General Motors; o que
pasa, por ejemplo, por el hecho, que usted también oculta, de
que Seat, hasta hoy, debe comprar a Volkswagen los componentes
de más del 50 por ciento de la fabricación a precios muy
superiores a los del mercado español.
Nosotros creemos que, en estos momentos, ante el peligro que
acecha a miles de puestos de trabajo directos --más de 20.000-
-, y a más de 30.000 indirectos, el Gobierno español y el
Gobierno de Cataluña no pueden continuar en la actitud que
están manteniendo; no lo hacen otros Gobiernos a escala de
democracias industriales. Salir con esa historia de un parque
de componentes es una entelequia, señor Ministro; es una
entelequia por todas sus incertidumbres, es una entelequia
porque es competencia directa con la única industria
automovilística que hay hoy en Cataluña y en España que es
competitiva: la auxiliar. Es decir, se trata de trasladar a
Zona Franca lo que ya está en estos momentos siendo
competitivo.
Usted sabe mejor que yo que, aparte de este «bluff» que se ha
marcado el Conseller de la Generalitat de hablar de tres
cartas que ya tiene encima de la mesa pidiéndole participar en
Zona Franca, hay decenas de fabricantes españoles de
componentes que hoy se llevan las manos a la cabeza ante la
perspectiva de que se vaya a esta entelequia del parque de
componentes en Zona Franca. ¿Acabará toda la industria
española como un parque, señor Ministro? ¿Es esa la
perspectiva?
Señor Ministro, podemos hablar en serio de Seat en cinco
dimensiones, que a mí me hubiera gustado que el Gobierno
hubiese tratado en su exposición, huyendo de esa actitud
singular que usted ha definido.
Primero, la industrial. Se hablaba en Seat, aunque ya no se
habla de ello, de un coche de gama alta que sustituyese al
Toledo; de renovación de procesos tecnológicos, especialmente
en Zona Franca y en motores; de renovación del proyecto de la
furgoneta, e incluso de explorar la viabilidad de un coche
gama baja. De todo ello, silencio.
Segundo, la tecnología. Sabe usted mejor que yo señor
Ministro, que el centro técnico de Martorell, que es el más
avanzado de España, lleva tiempo sin elaborar nada a medio y a
largo plazo; 1.500 técnicos de primerísima categoría, con los
mejores materiales de investigación, no están elaborando nada
a medio y a largo plazo. ¿Tenemos que creer esas historias que
usted nos cuenta en nombre de Volkswagen?
Tercero, tema financiero. Quizá lo más positivo de cuanto ha
informado usted hoy, por la seguridad que da que lo diga un
miembro del Gobierno, es que Volkswagen está dispuesta a
hacerse cargo de las pérdidas de 1993 en una cantidad que
usted ha cifrado prácticamente en la misma que reconocen.
¿Será un nuevo endeudamiento en marcos sin seguro?
Cuarto, tema comercial. Usted tampoco ha explicado, por
ejemplo, que Seat ha facilitado a Volkswagen toda su red
comercial en España, lo que ha servido para ayudarle a
penetrar en el mercado español, mientras que Seat no se ha
beneficiado de la red de Volkswagen en Europa. Usted sabe que
ese es uno de los temas que están encima de la mesa y que no
se debate seriamente a la hora de buscar las soluciones a este
gravísimo problema del buque insignia de la industria
automovilística española como es Seat.
Quinto, tema social. Los sindicatos están con mayor talante
negociador que todos los que hasta ahora han hablado en nombre
de las otras autoridades sobre esta problemática, ahora bien,
a partir de la credibilidad de unos compromisos sobre planes
de viabilidad industrial, de los cuales se deberían deducir
los planes de reestructuración de plantillas, no al revés.
Yo le vuelvo a plantear, señor Ministro, ¿a qué deben acogerse
los sindicatos? ¿A lo que usted dice?, ¿a lo que está diciendo
Volkswagen?, ¿a lo que se dijo en septiembre?, ¿a lo que se
firmó en abril y que costó ya del orden de los 4.000 millones
al contribuyente respecto al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y planes de jubilación?
Señor Ministro, yo le pediría que, en su segunda intervención,
entrase en materia y, más allá de esta declaración tan
genérica de un compromis anunciase qué medidas piensa tomar el
Gobierno ante aberraciones como las que yo he citado, que son
las auténticas fuentes del problema. Una multinacional puede
decir libremente cuando le parezca qué va a hacer con sus
inversiones, pero un Gobierno tiene mecanismos para
reaccionar. ¿O no los tiene, señor Ministro?
El señor PRESIDENTE: ¿Restantes Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer
la comparecencia del señor Ministro por su información
respecto de la situación actual de Seat.
Resumiendo un poco las cifras que nos ha dado el señor
Ministro y las que tenemos nosotros a través de las diferentes
informaciones que últimamente han aparecido en los medios de
comunicación, entiendo que Seat se encuentra en una situación
en la que hay unos puntos fuertes muy importantes, en los que
valdría la pena profundizar, y unos puntos débiles, que
también resaltaré. Y valdría la pena poner en marcha los
mecanismos necesarios suficientes para poder solventar esta
difícil papeleta que tiene presentada el Gobierno de la
Generalitat, el Gobierno español y, en definitiva, la sociedad
española, en general.
El señor Ministro ha dicho en su intervención que Seat era una
empresa significativa del Estado español, pero yo voy mucho
más lejos. Nosotros entendemos que Seat, en estos momentos, es
la única empresa automovilística del Estado español. Y digo la
única empresa automovilística porque es la única empresa que
en estos momentos genera marca propia, tanto en el Estado
español como para la exportación. Usted ha dicho en
su intervención que el 61,3 por ciento de su producción era
con la marca Seat. Es la única, o de las únicas empresas, que
tiene diseño propio, es de las pocas empresas del Estado
español que tiene investigación y desarrollo, que tiene el
centro de compras en sus centros de decisión, que está creando
modelos competitivos que, a la luz de los datos que nos ha
dado el señor Ministro, vemos que representan unas
exportaciones importantísimas dentro de Seat y dentro del
conjunto del Estado español --no olvidemos que Seat en el año
1992 hizo exportaciones por un importe de 374.000 millones de
pesetas-- y, en estos momentos, dispone de la planta
industrial de fabricación de automóviles más moderna,
recientemente inaugurada en Martorell. También dispone de una
gran red comercial, tiene veintitantos mil puestos de trabajo
directos y unos 30.000 indirectos. Es verdad que estamos en
unos momentos en que Seat y todo el sector automovilístico
tiene unos puntos débiles que están circunscritos en la crisis
estructural internacional que hay hoy, dentro del sector del
automóvil. Y, a pesar de todo esto, Seat continúa exportando
modelos y coches rentables. Y estamos inmersos en esta crisis
coyuntural económica que hoy afecta al Estado español,
independientemente de que también afecta a los demás estados
de la Comunidad o de la Unión Europea.
Todo esto lleva a que en Seat haya un exceso de plantilla para
la producción que en estos momentos tiene planteada. Seat
dispone de cuatro centros de producción, que el señor Ministro
ha detallado en su intervención, algunos de los cuales, quizá
por los avances tecnológicos o por la competitividad, han
quedado desfasados. Y aquí sí que convendría poner en marcha
los mecanismos que antes dije que valía la pena para poder
solventar esta difícil papeleta ¿Cuál es la estrategia de
futuro que habrían de seguir las administraciones para poder
solventar este problema? En primer lugar, creemos que hay que
consolidar a Seat como un fabricante de automóviles
competitivo y con capacidad para seguir con las producciones y
con las exportaciones importantes que hoy realiza a los demás
países de la Comunidad. Consolidar a Seat como un fabricante
de automóviles, con las características que antes he comentado
y que, en estos momentos, tiene Seat.
Esto conduce a una serie de decisiones importantes con las
cuales seguramente se va a producir un excedente de plantilla
importante que valdría la pena intentar por parte de todos los
agentes y de todas las administraciones que sea lo menos
traumático posible.
¿Qué papel han de jugar las administraciones para poder llevar
adelante que Seat pueda ser un auténtico fabricante de
automóviles?
Lamento que en su intervención, señor Ministro, no nos haya
dado soluciones concretas por parte de la Administración
central sobre lo que piensa hacer y lo que piensa aportar. Nos
ha hablado de jubilaciones, nos ha hablado de otras cosas,
pero no ha dicho qué pensaba aportar el Gobierno central para
paliar esta crisis importante que está atravesando Seat.
El pasado 6 de octubre me referí en el 80 por ciento de mi
intervención a Seat y le pregunté por las fórmulas que el
Gobierno en aquellos momentos pensaba poner en marcha para
paliar esta difícil situación; entendí que se estaban
produciendo visitas importantes en el Estado español por parte
del Presidente de Volkswagen; usted también las mantuvo, ya
nos lo ha referido, pero hoy no nos ha dicho qué piensan poner
en marcha. Nos ha dicho que ustedes piensan seguir un papel de
testigos referenciales o con una responsabilidad singular
respecto al seguimiento de Seat o de los sucesos que se
produzcan en esta cuestión tan problemática.
Pienso que en su próxima intervención nos va a decir qué
piensa poner encima de la mesa para poder paliar esta difícil
situación.
No entiendo la manifestación que hubo ayer en Barcelona de los
trabajadores de Seat, convocada por los sindicatos, cuya
actuación respeto profundamente --no voy a entrar en
valoraciones ni en su actitud--; sí me sorprendió muchísimo la
presencia de destacados dirigentes del Partido Socialista de
Cataluña PSC-PSOE en segunda fila de la manifestación. Me
gustaría saber, señor Ministro, si sus compañeros o los
dirigentes del Partido Socialista catalán y el Gobierno están
en la misma dirección y piensan que efectivamente hoy en Seat
hace falta una reestructuración importante, que permita salvar
la continuidad de la industria, o si, por otra parte, están en
carros o trenes diferentes. Es evidente que esta
reestructuración no es un problema fundamental y quizá estemos
a expensas de Volkswagen, aunque esto ya no se va a producir
porque en su intervención ha dicho clarísimamente que piensa
poner financiación y no tirar las llaves por debajo de la
mesa. Me gustaría saber cuál es la situación y cuál es la
relación entre ustedes y los dirigentes del Partido Socialista
catalán, que ayer estaban en segunda línea de la
manifestación, como digo.
Si, yendo a la manifestación, el Gobierno va a poner
soluciones inmediatas desde la Administración central para
solventar la papeleta, yo le digo que, desde Convergència i
Unió, vamos a estar en esta manifestación también para poder
abordar esta reestructuración importante.
Pasando ya a las otras administraciones autonómicas, con
competencia en esto, no le voy a dar información especial,
pero hoy ha salido en dife de comunicación que la Generalitat
ha puesto en marcha ciertos mecanismos o ha anunciado ya unos
mecanismos especiales de financiación para poder aportar un
futuro parque de proveedores. Por la exposición que ha hecho
el señor Ministro de que había la posibilidad de nacionalizar
más componentes electrónicos para la
fabricación, se darían facilidades a una cantidad aproximada
de 6.000 millones de pesetas para facilitar esta incorporación
de proveedores que, en definitiva, pudieran acoger la
desocupación que se pueda producir con esta reestructuración
que estamos convencidos de que, desgraciadamente, necesita en
estos momentos la compañía Seat.
No quiero esconder que a lo mejor exista una responsabilidad
importante por parte de los dirigentes de Volkswagen que, en
su momento, compraron, con unos costes importantísimos por
parte del INI. Me remito a la exposición que hice en su
comparecencia del día 6 de octubre; entendía que, si esta
regulación o esta reestructuración de la compañía obedecía a
ciertos motivos tecnológicos por un cierto desfase de algunas
plantas, se podía comprender, pero que en ningún momento, ni
el Gobierno español ni el Gobierno que tiene competencias en
las diferentes comunidades podía aceptar que se produjera una
deslocalización de ciertas factorías hacia otros países,
concretamente, hacia la República Checa o la Repúblia
Eslovaca, que, quizá, en estos momentos puedan producir con
unos costes de mano de obra mucho más bajos.
No estamos de acuerdo en abordar esta reestructuración para
poder propagar una deslocalización de la empresa, porque
entendemos que este no es el caso y aquí sí habría que pedir
responsabilidades o habría que presionar para que Volkswagen
no adoptara estas posturas. Entendemos que por parte de
Volkswagen (ya lo ha dicho usted en su intervención) hay un
cierto compromiso de aportar el capital suficiente para
sufragar las pérdidas del último año, los 120.000 millones de
pesetas. Hay que hacer un seguimiento especial, a fin de
evitar la segregación de la planta industrial de Landaben; me
parece que esto no está demasiado claro. Nosotros entendemos
que hemos de sustentar esta ampliación de capital pero, en
ningún momento, que se pueda segregar la planta industrial de
Landaben. Y hay que mantener también todos los centros de
producción a un nivel competitivo.
Entrando de lleno ya en la Zona Franca, también se ha
comentado que había posibilidades de mantener los sectores de
estampación y de fundición.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Sánchez i Llibre, que
vaya intentando terminar.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Por otra parte, desde la
Administración central, y con la corresponsabilidad que
competa a las Administraciones autonómicas, hay que intentar
que los compromisos de nacionalización de más fabricación por
parte de los proveedores españole en cuanto a los componentes
electrónicos se pueda cumplir para poder abordar
definitivamente con éxito la desocupación que pueda producir
esta reestructuración urgente que necesita Seat.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Voy a compartir mi tiempo con el señor
Marsal, que intervendrá a continuación. Trataré de ajustarme,
en la medida de lo posible, al tiempo que tiene el Grupo.
Quisiera empezar señalando que comparto con otros portavoces
la valoración de la importancia que el sector del automóvil
tiene en España, una importancia indudable, puesto que en ella
están prácticamente todas las multinacionales del sector.
Efectivamente, ha habido una evolución cambiante en los
últimos años respecto de una situación de prosperidad, de
aumento de la producción, de aumento de las exportaciones; ha
habido una situación francamente buena del sector, que ha
producido un crecimiento significativo, en particular de la
empresa Seat en el entorno de Volkswagen. Y ahora esa
situación ha cambiado; incluso el año pasado todavía se
estaban aumentando las exportaciones de Seat y, sin embargo,
esa situación ha cambiado por un decrecimiento significativo
que es el que conduce indudablemente a un cambio de
expectativas, de una situación de crecimiento a otra de decrec
cambio en los planes de las distintas empresas.
En primer lugar, quisiera señalar que estamos en el marco de
una empresa privada, que funciona en régimen de
competitividad, que es un sector de multinacionales, que buena
parte de ellas están presentes en nuestro país, están
presentes en Europa, y que cualquier actuación de los poderes
públicos puede ser objeto de recursos; es un sector muy
sensible a cualquier tipo de actuación pública y esto lo
tenemos que tener en cuenta desde el principio.
Y voy a decir cuál es, desde mi punto de vista, la referencia
de la venta de Seat a Volkswagen que se produjo en el año
1986. Yo creo que las referencias en política son referencias
públicas. Hubo un debate parlamentario (tengo aquí en mi poder
su reproducción) que se produjo el 11 de febrero de 1986,
justamente para ratificar el decreto-ley 7/1985, por el que se
daban los 185.000 millones de pesetas necesarios (además de
los previstos en los presupuestos ordinarios del INI), para el
saneamiento económico de la empresa, de cara a instrumentar
los acuerdos. Acuerdos que expuso el entonces Ministro de
Economía y Hacienda, señor Solchaga, en la Cámara. Yo también
intervine como portavoz del Grupo Socialista; hay
intervenciones de todos los grupos y yo creo que a ellos nos
tenemos que atener, como el contenido de aquellos acuerdos que
significaban, por una parte, el saneamiento económico de la
empresa para que pudiera producirse la venta, la compra
gradual de participaciones de Volkswagen; primero un 51 por
ciento, después un 75 por ciento, en diciembre de 1986, y el
99 por ciento en 1990, cosa que se cumplió. También se
comprometían inversiones entre
400.000 y 500.000 millones de pesetas y las inversiones que se
han producido hasta ahora ya superan los 400.000 millones de
pesetas; luego también hay cumplimiento de ese compromiso; el
mantenimento de la marca y de la capacidad de desarrollo de la
empresa Seat era una de las preocupaciones del Gobierno, que
también se comprometió, y se mantiene ese compromiso; en
mantenimiento del empleo, en aquel momento la expectativa era
peor de lo que ha sido la realidad, porque se pensaba en una
disminución de 3.000 empleos que no solamente no se ha
producido, sino que, por el contrario, en este período de
tiempo ha aumentado el número de empleados de Seat en más de
3.000 personas.
Yo creo que el marco de los acuerdos que se produjeron en
aquel momento se ha venido cumpliendo hasta estos momentos.
Ahora bien, efectivament encontramos con una situación de
crisis y de repente el crecimiento que se ha producido en los
años pasados pasa a ser decrecimiento, cambia la coyuntura y
tenemos que afrontar una situación de crisis, desde mi punto
de vista desde una política activa por parte del Gobierno,
sabiendo las limitaciones que al Gobierno le impone el marco
competitivo en el que se desarrolla el sector, pero
manteniendo una posición activa.
La primera negociación que nos parece que tenía que llevar a
cabo el Gobierno, y la ha hecho, es para resolver el problema
de futuro de la empresa, la preocupación de que Seat se
mantenga como una empresa con capacidad de diseño, con marca
propia, con desarrollo; es decir, el reflejo de aquellos
acuerdos que se produjeron cuando se hizo la venta.
Las negociaciones del Gobierno con la compañía han ido en esa
dirección, garantizando el mantenimiento de Seat como empresa
independiente, con capacidad de diseño y de desarrollo de
nuevos productos, con marcha propia y con autonomía en su
función comercial. Nos parece en este sentido muy importante
la inyección financiera necesaria para compensar las pérdidas
de estos años, esos 120.000 millones de pesetas de que se
habla; nos parece muy importante mantener la planta de
Landaben, que también es un compromiso que parece que se ha
asumido por parte de la empresa, y que se dé una mayor
capacidad de maniobra; puede facilitar la negociación con la
parte social una mayor capacidad de maniobra en el terreno de
los componentes, en el cual quizá la situación hasta ahora no
ha sido todo lo satistactoria que se desearía.
Yo creo que en esa primera parte de la negociación el Gobierno
estuvo muy atento, la planteó en el momento oportuno y da la
impresión (y el señor Ministro podrá corroborar o no mis
palabras) de que hay unas ciertas garantías en esta
continuidad de la empresa en esa inyección financiera y en esa
mayor capacidad de maniobra respecto a los componentes.
Parece necesario que se produzcan unos acuerdos en el seno de
la empresa, entre la empresa y los trabajadores. Ahí hay
pendiente otra negociación y yo creo que la posición de los
poderes públicos debe ser de apoyo al acuerdo; vamos a
intentar que, efectivamente, se salga de esa situación
buscando la competitividad de la empresa, por una parte, y, al
mismo tiempo, el acuerdo entre la empresa y los trabajadores.
Hay que facilitar todos los mecanismos de apoyo posibles desde
el sector público, sin que puedan ser recurridos ante la
Comunidad Económica Eu que se salgan del marco de los apoyos
que son posibles dentro de la Comunidad. La posición de los
poderes públicos y del Gobierno debe ser de apoyo, de búsqueda
de diálogo, una posición que vino a defender el Ministro en su
primera intervención ante esta Comisión, una política activa
de cara a llegar a un acuerdo, en la medida de las
posibilidades de las administraciones públicas.
En este momento, por tanto, es muy difícil determinar cuál va
a ser la cuantía de los apoyos y cuáles van a ser los
mecanismos de los apoyos. Yo pienso que justamente hay una
negociación por delante; esa negociación se debe llevar a
cabo, deben posicionarse los sindicatos y la empresa y debe
verse cuál puede ser la capacidad de actuación de las
administraciones públicas. Desde nuestro punto de vista, no
parecería oportuno que se volviera a responsabilidades como
accionista; esa etapa pasó y no sería bueno volver atrás; el
Gobierno debe plantearse el tipo de apoyos financieros a
través de los mecanismos del Ministerio de Trabajo, etcétera.
Yo no concretaría el tipo de apoyos; una posición activa por
parte del Gobierno para buscar que se produzca el acuerdo a
satisfacción de todos. Por una parte, la garantía de la
continuidad de la empresa, de la marca y de lo que ha
constituido esa primera parte de negociación entre el Gobierno
y la empresa, y, por otra, la necesidad de ese acuerdo que yo
creo que vamos a apoyar desde el Grupo Socialista.
Por mi parte, nada más. Cedo la palabra a mi compañero el
señor Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias, señor Presidente.
Constatamos con satisfacción que en las diferentes
intervenciones que ha habido de los grupos existía una amplia
coincidencia en la importancia del problema y en la
trascendencia de las soluciones que se encuentre, un problema
que tiene complejas implicaciones, a las cuales no voy a
referirme porque lo han hecho diferentes portavoces y, por
tanto, no tendría ningún sentido.
Estamos convencidos, como decía antes mi compañero, de la
necesidad de llegar a acuerdos entre la empresa y los
sindicatos y, por ello, apoyam un proceso de negociación entre
ellos. Contrariamente, por lo que nunca estaremos es por
posiciones numantinas que, como su nombre indica, acaban, no
con la salvación de los sitiados, sino con su total
destrucción.
Los sindicatos están defendiendo sus intereses y los de los
trabajadores, como es su obligación, y creo que lo están
haciendo con un sentido de la responsabilidad importante.
El señor Ministro ha expuesto la situación, sus
preocupaciones, que nosotros compartimos. No creemos que la
participación de las administraciones públicas en el capital
de la empresa sea una solución, entre otras cosas porque no
soluciona los problemas reales que en este momento tiene la
empresa.
Queremos dejar claro nuestro apoyo al Ministro y estamos
convencidos de que en este proceso se debe proceder, por parte
de las administracione sentido de la prudencia y de la
responsabilidad, principalmente porque, como también ha dicho
el Ministro, estamos en el principio de un proceso negociador,
y no creemos --como alguien ha dicho-- que la actitud del
Ministerio hasta este momento haya sido pasiva; ha sido lo que
tenía que ser en est Este sentido de prudencia y
responsabilidad no es evidentemente incompatible con una
actitud de firmeza para garantizar los objetivos fundamentales
que el Ministro señaló en su primera comparecencia en esta
Comisión, que hoy han vuelto a ser repetidos y a los que, por
tanto, no me referiré.
También creemos que debe tenerse en cuenta la incidencia en el
sector que deben tener las reformas del mercado de trabajo y
los aspectos de la dimensión europea de la crisis del
automóvil.
Permítanme realizar una breve consideración ingenua, sumamente
ingenua, pero que creo que debemos hacer. A veces puede parece
para los ciudadanos que olvidamos que bajo los fríos números
estamos hablando de personas, pues 9.000 posibles afectdos no
son un número, son 9.000 hombres y mujeres con sus familias y
una posible perspectiva de problemas. ¿Podemos los políticos
darles la sensación de que sólo hablamos de números sobre el
papel y no de personas concretas con nombres y apellidos?
¿Cree alguien que si esta sensación se produce vamos a
contribuir a solucionar el problema? Creemos que no. ¿Hay
contradicción en nuestra actuación? Creemos también que no.
Dar pleno apoyo al Gobierno y a sus posiciones, como hemos
hecho y vamos a seguir haciendo, no es ni contradictorio ni
incompatible con expresar solidaridades con la voluntad
negociadora de los trabajadores y de los sindicatos para
conseguir unos resultados claramente compatibles con los
objetivos que señalábamos: mantenimiento de la marca, de la
capacidad de decisión, de la capacidad de producción, del
tejido industrial y del mayor número posible de lugares de
trabajo.
Finalmente, no quiero dejar de expresar el compromiso firme en
encontrar y apoyar aquellas soluciones realistas a corto y a
medio plazo que permitan mantener la mayor cantidad posible de
lugares de trabajo, la minimización de los costes sociales que
van a producirse y el mantenimiento del tejido industrial del
sector, que afecta a Seat, también al amplio sector auxiliar
que tiene gran importancia en la Zona Franca, pero también en
otras zonas de Cataluña y de España, ya que tampoco serían
soluciones reales aquellas que, solucionando el problema de
una zona, lo trasladaran a las otras zonas.
Con la seguridad, por las distintas intervenciones que ha
habido, de que se va a contar con el apoyo de todos los grupos
en la consecución de estos objetivos, doy las gracias por su
atención y por la benevolencia de la Presidencia en el tiempo
concedido.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra
el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Urcelay):
Muchas gracias, Presidente.
Quería empezar en este turno por explicarles, remontándome un
poco, algunos de los antecedentes que han sido aludidos por
diferentes Diputados en sus intervenciones, no para volver de
nuevo la mirada al pasado, sino para despejar definitivamente
algunas de las cosas que permanentemente se hacen latentes o
que parecen plantearse sobre la crisis de Seat.
Quiero decirles que Seat, que, como saben, se creó en el año
1950 con la participación del Instituto Nacional de Industria,
y que llegó a un proceso de alianza y después de participación
en el capital también con Fiat, llegó un momento en que
aprovechó un período de un fuerte crecimiento económico,
especialmente el que tuvo lugar en España entre el año 1959 y
el año 1973, y llegó a producir, en el año 1974, 365.000
vehículos.
Quiero llamarles la atención sobre 365.000 vehículos
producidos por Seat entonces en relación con lo que en este
momento entiende la titular de esa empresa que es, si me
permiten la «technicality», el punto de equilibrio, el «break-
even point», situado ahora en alrededor de los 320.000, y
quiero que tomen en consideración esa cifra en relación con la
evolución de un pasado y la actual situación, que es muy
distinta, habiéndose alcanzado quinientos y pico mil vehículos
en el año 1992 y bastantes menos, sin embargo, en 1993.
Aquella decisión, la decisión de desprenderse en su momento,
por parte del INI, de la empresa Seat, no solamente me sigue
pareciendo adecuada, sino que es una decisión en la cual no ha
existido ningún tipo de cláusula secreta, como reiteradamente
he tenido ocasión de decir, que pudiera significar que ya se
estaba augurando una situación de dificultad como la que en
este momento existe.
Después de la crisis del petróleo, en el año 1973, y
fundamentalmente a partir de 1976, Seat entra en pérdidas, y
entra en pérdidas absolutamente crecientes, como saben
ustedes.
En el año 1980 se produce la ruptura con Fiat. El futuro de
Seat se presentaba con una plantilla de 32.500 personas, con
una productividad absolutamente ridícula en términos
comparativos a nivel internacional, no ligada, encima, con
ningún grupo multinacional, y con unos costes financieros, a
la sazón y en la época, de un 17 por ciento, frente a una
media del sector que era del orden del tres por ciento.
No quiero volver sobre el pasado. Les quiero dar simplemente
algunos datos sobre una decisión que costó mucho dinero, sin
duda alguna, al sector público, pero que fue una decisión que
permitió que Seat hasta el momento presente haya tenido un
futuro garantizado, haya crecido en empleo, haya crecido en
inversiones, haya crecido en exportación, haya crecido en
producción, haya crecido, además, en generación de tejido
industrial. Es verdad que nos costó dinero. Les he dado antes
una cifra indicativa, no pretendo que sea la última cifra, y
les he hecho la advertencia; dependiendo de cómo se analice y
desde qué momento se empiece a considerar que es apoyo
financiero al proceso de cesión, naturalmente obtendríamos una
cifra u otra.
En ese proceso de venta, que es un proceso con una negociación
muy larga, muy complicada además, el Gobierno de la época, y
el Instituto Nacional de Industria, en particular, en ese
momento, estableció, junto con la contrapartida de saneamiento
financiero y de saneamiento laboral, que exigía también
Volkswagen, exigió algunos compromisos que son exactamente los
que volvemos a exigir hoy. En concreto: el mantenimiento de la
marca Seat; la existencia de tres gamas de vehículos en
aquella época, la gama Marbella, la gama Ibiza y la gama hoy
llamada Toledo, que entonces se llamaba SXX (eran las siglas
más o menos secretas todavía de los productores de vehículos);
una red comercial propia; la potenciación del centro de I+D de
Martorell y, desde luego, acometer las inversiones a las que
antes he hecho referencia, que formaban parte de todo ese plan
industrial.
Fíjense en que precisamente esto es lo que en este momento nos
sigue volviendo a interesar, después de un período en el cual
se han producido obviamente dificultades. Toda la política del
Gobierno ha estado en el pasado, como lo está en el momento
presente, dirigida a garantizar la viabilidad de una empresa
competitiva, en un mundo más competitivo hoy del que era
entonces, pero fundamentalmente asentada en los mismos
parámetros de política industrial, capacidad de diseño,
capacidad de producción de componentes, capacidad de
comercialización, capacidad, en definitiva, de un grado de
autonomía, aunque integrados dentro de una multinacional como
Volkswagen.
Había dos alternativas ya en la época anterior y cualquiera
que haya tenido familiaridad con el sector del automóvil o que
se haya preocupado posteriormente de ver los precedentes de
todo este proceso sabrá que no es ningún secreto ni forma
parte de ninguna cláusula secreta, como esas que a veces se
han citado en el anexo 13 del contrato del INI con Volkswagen.
Se contemplaban, obviamente en términos técnicos, dos
posibilidades. Un primer proceso era invertir para modernizar
la Zona Franca y un segundo proceso era construir una nueva
planta de montaje en Martorell y transferir la actividad de la
Zona Franca. Esto estaba contemplado técnicamente, no como un
compromiso que tuviera que asumir el nuevo propietario, sino
como dos posibilidades que estaban dentro del plan industrial.
La segunda, la de construir la planta de Martorell, era la
alternativa de mayor inversión y fue la que para Volkswagen en
principio aparecía como más deseable, pues conducía a una Seat
más competitiva en términos de productividad y de la evolución
de las industrias del automóvil en la época.
Sin embargo, desde 1985 se produce un crecimiento en flecha en
la producción automovilística. Tal crecimiento se produce en
el año 1985 y se preveía una producción de 383.200 vehículos
en el año 1990. Les he dado antes las cifras de las unidades a
que se llegó en 1990, 1991 y 1992. Es tal la diferencia entre
las perspectivas de crecimiento del número de vehículos
contemplada anteriormente y las que después se produjeron que
sin duda alguna esa expectativa que parecía más razonable en
términos industriales fue dejada de lado por los nuevos
titulares de Volkswagen, que prefirieron hacer las dos cosas:
el mantenimiento en el momento de la Zona Franca, sin
contemplar Martorell como una alternativa a la Zona Franca, y
posteriormente hacer la inversión en Martorell.
El mercado, como les decía, se comportó tanto mejor sobre lo
previsto que en el año 1991 llegó a producir Seat 550.000
vehículos, alcanzando u 28.600 personas.
Esta es una parte de la historia. La parte de la historia que,
sin embargo, no se explica, en la cual alguno de los
intervinientes ha puesto énfasis, es la de por qué se producen
diferentes expectativas a finales del año 1992, incluso a
comienzos de 1993. Se me preguntaba por qué no daba yo algunas
explicaciones de eso.
Sobre lo que ha ocurrido uno puede dar muchas explicaciones.
Uno no tiene, desde luego, la intención de parecer poseedor de
la verdad. Tengo menos seguridad que la que he visto en
algunos de ustedes; especialmente el señor Ribó parecía tan
convencido de lo que decía que pretendía que yo estaba
ocultando algunos datos. Sí les puedo dar algunas
explicaciones que no son necesariamente las mías, porque
incongruencias ha habido, y muchas. Les acabo de poner de
manifiesto cambios en previsiones, pero les citaré simplemente
algo que no solamente sorprendió a Volkswagen, al parecer, y a
Seat, sino, desde luego, a la opinión pública.
Les recuerdo que en el primer trimestre de 1993, incluso
casi llegando al verano, todavía se seguía hablando de la
producción de un nuevo vehí que se dio en llamar «Rose» y
todavía se hablaba, con involucración de algunos actuales
dirigentes de Volkswagen, de un nuevo vehículo a fabricar en
el País Vasco, en concreto en un lugar que me es bastante
familiar llamado Amorebieta.
Si tuviéramos que hablar de cambios, de expectativas
frustradas, etcétera, no tendrían ustedes más que recurrir --y
esto lo conozco con bastante intensidad-- a la opinión pública
en el País Vasco, que durante algún tiempo estuvo frotándose
las manos pensando que por fin se instalaba una planta de
automóviles en el País Vasco o, naturalmente, a los que son en
este momento los principales afectados por la crisis de Seat,
cuando se había contemplado incluso la posibilidad de una
alianza con Suzuki para producir un nuevo vehículo de
dimensiones muy pequeñas que podía ser eventualmente
competitivo en un mercado mundial en el que es verdad que se
están haciendo en algún lugar vehículos de tamaño
especialmente pequeño.
No estoy haciendo un relato de cuál es mi interpretación;
estoy haciendo un relato de qué es lo que los titulares de la
empresa piensan que ocurre y cuál es la responsabilidad que
dicen que debe asumir y cuál es el papel que a los demás nos
corresponde. Luego volveré sobre esta cuestión.
Quiero hacer alguna referencia al origen de las pérdidas de
acuerdo no con mi propio relato, sino con la interpretación de
los resultados que hacen los responsables de Seat o, en este
caso, el accionista Volkswagen.
Es verdad que Volkswagen se sintió, de acuerdo con lo que por
lo menos al Gobierno le consta según las explicaciones
recibidas, muy sorprendido con los resultados de Seat a lo
largo del año. Y es verdad que las previsiones que mes a mes
se venían transmitiendo a Volkswagen fueron permanentemente
desmentidas por los hechos. Es verdad que llegó un momento en
que eso produjo una situación de enorme inquietud, puesto que
se corrigieron permanentemente las expectativas de producción,
de demanda y, en consecuencia, de resultados financieros,
hasta que llegó el momento en que ese tema fue, al parecer, ya
definitivo. Es verdad, por tanto, que Volkswagen se encontró
con unas pérdidas muy superiores a las del año anterior y
encima sin una solución previsible en el plazo inmediato,
habida cuenta de la situación de demanda del sector.
Les quiero hacer el mismo relato que ha recibido el Gobierno,
para que no me digan que estoy ocultando ningún dato, de los
orígenes de las pérdidas, de una manera sintética.
Se puede explicar de muchas formas, pero es fácil de entender
--les doy las cifras en marcos alemanes-- a partir de dos
parámetros: ingresos inferiores a los previstos por una
cuantía de 765 millones de marcos y mayores costes o gastos
por una cuantía de 593 millones de marcos. Eso totaliza 1.358
millones de marcos, que verán que es al cambio aproximadamente
la cifra de previsión de pérdidas evaluadas para 1993.
Los ingresos inferiores de acuerdo con los responsables
derivan de que se producen menores volúmenes de los modelos
Toledo, Marbella y Polo. El «mix» de mercados y el alto coste
de las ventas, unido a estos menores volúmenes explican 572
millones de marcos de pérdidas y, en el caso del Ibiza, una
producción inferior a la prevista, más el «mix» de mercados y
la remuneración obtenida en los diferentes mercados de
producción doméstica y de exportación explican 193 millones de
marcos adicionales.
En el caso de los costes, una mayor deuda que la prevista
explica 245 millones de marcos; menores costes de los
intereses, 82 millones de marcos; costes de compra de
materiales, 108 millones, y el desarrollo de algunos nuevos
modelos emprendido y después abandonado, por lo menos
temporalmente, el Rose, el Cabrio, etcétera, 42 millones, que,
junto con otros costes de 116 millones, totalizan los 593
millones de marcos a los que anteriormente me refería.
Voy a hacer una puntualización nada más. Según Volkswagen, en
sus pérdidas la devaluación tiene una incidencia del 12 por
ciento. Se puede atribuir a muchas cosas: al seguro de cambio,
a los cambios en la paridad, a la participación de
componentes. Según ellos, en los resultados finales
consolidados del año eso explica exclusivamente el 12 por
ciento, lo cual, sin duda alguna, no es una cifra desdeñable.
Permítame, señor Presidente, que trate de contestar a algunas
de las cuestiones que se han planteado en las distintas
referencias que han hecho los Diputados.
En primer lugar, el señor Milián Mestre se refería a la
gravedad de la situación, al hecho de que Seat es una compañía
privada y, ciertamente, aprovechaba el turno para hacer una
crítica a la política del Gobierno, no sé si a la pasada, a la
presente o a la futura, sobre la incapacidad del Gobierno para
crear condiciones que pudieran imposibilitar la crisis del
automóvil.
Me temo que con ese argumento, señor Milián, tendría usted que
llegar a unas conclusiones tremendas en el conjunto de las
políticas económicas de los diferentes gobiernos, porque es
sabido que este Gobierno ha hecho una política muy inadecuada
de acuerdo con sus opiniones, pero no es menos cierto que eso
no explica, sin embargo, la diferencia de resultados en la
industria del automóvil entre este país y lo que está
ocurriendo en Italia, Alemania, por ejemplo, o simplemente en
Francia, por referirme a algunos países en los que no
solamente son más ilustrados y más inteligentes, sino que al
mismo tiempo hacen mejor las cosas que este Gobierno
socialista que tiene España.
En segundo lugar, estoy de acuerdo con usted en la
caracterización que ha hecho en líneas generales. Creo que ha
tenido la ocasión de repetir, básicamente, los datos
que la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles está
utilizando para describir la situación del sector, lo cual es
muy legítimo y en buena parte comparto esas cifras. Es verdad,
por tanto, que estamos ante un problema serio. Yo no he
entrado en la descripción global de lo que ocurre con todas y
cada una de las empresas, pero sí es razonable pensar --y creo
que esto forma parte de la preocupación del Gobierno y de la
mía personal-- que el horizonte que hay en el momento presente
no es especialmente positivo, mucho más teniendo en cuenta que
casi con seguridad todas --salvo una-- las empresas de
automoción de este país acabarán este año en pérdidas. Por lo
tanto, esto nos plantea un problema de futuro, un problema
serio, al que yo he contribuido con algunas explicaciones y
usted, señor Milián, también con otras.
Me plantea usted si la solución a este problema son las
reducciones fiscales. Me ha planteado usted el problema del
marco laboral. Hacía referencia a algunas opiniones vertidas
por un embajador extranjero en nuestro país y se refería
usted, en definitiva, a qué es lo que se puede hacer. Después
ha hecho usted algunas referencias --que creo que ya están
contestadas--a si hubo ocultamiento de cláusulas secretas. Le
rogaría que no insistan en algo que no tiene ningún
fundamento, que no contribuyan a generar más problemas de los
que ya existen, sobre todo porque he tenido la ocasión de
desmentir --y creo que con argumentos y hoy les he dado
también explicaciones adicionales-- algunos comentarios sobre
cómo se produjo la venta de Seat por parte del INI, en qué
condiciones y en qué horizonte y también con qué compromisos
por parte de Seat. Hace unos días tuve ocasión de contestar en
el Senado a la misma pregunta formulada en los mismos términos
por un Senador del Grupo Popular. Me gustaría que no
contribuyéramos entre todos a generar un clima que, en el peor
de los casos, sería un análisis del pasado que, sin duda
alguna, tampoco contribuiría a resolver los problemas del
futuro. Pero, además, no tiene ningún elemento de realidad,
ningún dato que pueda permitir apoyar algún tipo de cláusula
secreta que no se haya expuesto a la opinión pública. Se ha
referido el señor Milián Mestre a una reflexión mucho más
general, en el sentido de qué es lo que se puede hacer cuando
vivimos en una economía internacionalizada y no solamente por
razones de comercio exterior, sino también internacionalizada
por apertura de intercambios, pero sobre todo por el hecho de
que empresas multinacionales de distinto tipo operan en
diferentes lugares del mundo y, naturalmente, tienen una
estrategia más o menos consolidada en términos de grupo, lo
cual muchas veces desborda la capacidad de los gobiernos de
actuación y la oportunidad que de ahí se derivaría de llevar a
cabo una reflexión de carácter multinacional en el ámbito de
la Comunidad que pudiera poner coto a algunos de los efectos
que de ahí se derivan. Creo que es una reflexión como para
tomarla en consideración; es obvio que forma parte del
panorama económico-industrial, no solamente de España, sino
del mundo --no, por cierto, desde el año 1993, sino desde hace
bastantes más años--. Yo no quisiera sacar la conclusión, en
relación con este tema, de que lo que hay que hacer es
considerar nefandas a las empresas multinacionales; por el
contrario: creo que lo que hay que hacer es saber que este
mundo va a seguir funcionando en esos términos y que es obvio
que tiene que haber también reglas de juego, mecanismos que
permitan contrapesar esos poderes, que son poderes,
obviamente, muy importantes, lo cual creo que no nos lleva
fácilmente en este momento a la solución de problemas como el
que teníamos que contemplar.
En cuanto al problema de Seat, decía el señor Milián que Seat
es clave para Cataluña, parafraseando al Presidente de la
Generalitat. Yo lo creo y diría que no solamente es clave para
Cataluña; me parece que es clave también para España; no
quisiera que se convirtiera en un problema catalán, porque no
lo es; es un problema español, es un problema de todos, es un
problema del conjunto de la industria de nuestro país, lo
mismo que la siderurgia --aunque en otro sentido-- no es un
problema vasco o asturiano, sino de la industria de este país,
sea cual sea la localización preferente de unas y otras
empresas y, por lo tanto, en esos términos tenemos que
tratarlo.
¿Dinero público y dinero público de la Generalitat? Si la
pregunta es --y con esto me adelanto a algunas otras
contestaciones-- para responder en nombre de la Generalitat,
no hablaré por la Generalitat. Entre el Gobierno de la nación
y el Gobierno de la Generalitat existen unas excelentes
relaciones y un clima de cooperación en la resolución de los
problemas y de comunicación en relación con un problema que
nos afecta a todos. La Generalitat es responsable en este
momento de la instrucción del expediente de carácter laboral y
no es menos cierto que también tiene una responsabilidad sobre
su propio tejido industrial en cooperación, obviamente, con el
Gobierno. Por lo tanto, estamos tratando de trabajar lo más
unidos posible en la búsqueda de soluciones, lo cual no quiere
decir que siempre tengamos que decir exactamente las mismas
cosas, como corresponde a dos gobiernos diferentes
sustentados, básicamente, por fuerzas políticas distintas. Es
obvio que hay una actitud que yo entiendo que sí es de
responsabilidad y una actitud que va a exigirnos mayores
esfuerzos de concertación y de actuaciones.
He oído decir --y no hago más que citar diferentes temas, pero
ésta es la posición del Gobierno español; no quiero hablar en
nombre del Gobierno de la Generalitat-- que no habrá inyección
en términos de capital. Yo, personalmente, lo he dicho en un
buen número de ocasiones, el Gobierno por boca de su portavoz
lo ha repetido, etcétera, y no me parece que sobre ese tema
debiéramos decir nuevas cosas. ¿Significa eso excluir otro
tipo de apoyos? El señor Milián me preguntaba qué tipo de
conversaciones están llevando con Volkswagen. Señorías, no
paramos de hablar. No creo que sea especialmente interesante
relatar todos y cada uno de los contactos que hay y a qué
nivel se producen. Hay un día que una entrevista es más o
menos espectacular porque hay expectación, en la medida en que
viene el Presidente de Volkswagen a España, etcétera, y otros
días hay contactos telefónicos que se producen con los
responsables directos de Seat, que es con quienes, obviamente,
va a haber que hablar a lo largo de todo este proceso. ¿Qué
ayudas se pueden considerar? Me gustaría decir una cosa de
carácter general. Señorías, en Europa existen,
fundamentalmente, tres sectores que están con normas de
derogación de lo que serían normas generales de la
competencia, y son: la siderurgia, la construcción naval y la
industria del carbón. En el resto de los sectores --y de ahí
que sea tan difícil producir equiparaciones sencillas entre
unos sectores y otros-- es muy difícil llevar a cabo políticas
sectoriales, en el sentido de políticas aceptadas en términos
comunitarios, sin afectar, de una manera no aceptable por las
reglas de la Comunidad, a la competencia. Cuando uno se
plantea una crisis como la crisis de Seat, sin duda alguna una
empresa a la que después el señor Sánchez i Llibre quería
enfatizar como la principal empresa --yo también lo he hecho--
de este país en términos automovilísticos, sin duda alguna,
uno no solamente puede contemplar esta empresa --lo digo no
para eludir el problema de Seat, sino para contemplar la
globalidad del problema del automóvil-- sino también el hecho
de que hay muchas más empresas en el sector del automóvil en
nuestro país. Incluso uno debe contemplar otras empresas que
son empresas ligadas al sector del automóvil, como las de
componentes y otras empresas --que no hoy en esta
comparecencia, pero quizá dentro de unos días tengamos que
hablar-- que están también teniendo otros problemas. Les pongo
como ejemplo algunos de los problemas que están teniendo lugar
en industrias de telecomunicación, simplemente por señalar
algunas crisis y algunos problemas de ajuste laboral que
existen en este país, que en todos los casos, absolutamente en
todos, se está pidiendo la colaboración del Gobierno y,
naturalmente, la adopción de medidas más o menos
excepcionales, más o menos especiales.
Hay obviamente --y lo quiero decir con claridad--, un marco
general en nuestro país de apoyo a todos los procesos de
reconversión. Hay un marco, por tanto, laboral en el que nos
tenemos que mover y hay un marco que tiene que ver
fundamentalmente con los acuerdos a los que se llegue entre
las empresas y los trabajadores, sea para los expedientes de
regulación de empleo, sea para los procesos de recesión, con
independencia de las modificaciones que del marco legal se
puedan producir después del actual proceso de discusión. Este
es el marco al que todas las empresas, todas, salvo aquellas
afectadas por reconversiones y por un marco jurídico
específico, tienen que atenerse. Y digo esto para aviso de
navegantes, porque me parece que es una de las señales
importantes que el Gobierno tiene que trasladar a la opinión
pública. Este es el marco en el que nos tenemos que mover. Lo
cual no excluye, obviamente, medidas que, fundamentalmente en
opinión, por lo menos, del Ministro de Industria y a reserva
de la posición que el Gobierno finalmente adopte sobre este u
otros elementos, tendrán que ir, mucho más, por la vía del
favorecimiento de un plan industrial de futuro que garantice
la viabilidad, la existencia de las empresas de automóviles e
incluso de todas las empresas que, aguas arriba y aguas abajo
de la industria del automóvil y fundamentalmente de las
industrias de componentes, pueden funcionar en nuestro país.
El señor Milián Mestre me planteaba si se pueden hacer más
cosas. (Y aprovecho la comparecencia en esta Comisión para
decirles algunas cosas en relación con uno de los elementos
que permanentemente creo que genera incertidumbre y, al mismo
tiempo, contribuye al deterioro de la situación del sector.)
¿Qué se puede hacer en materia fiscal? ¿Es la solución de los
problemas del sector las rebajas en la imposición? Miren, he
dicho, y lo diré una vez más, que el Gobierno no está
contemplando a corto ni a medio plazo, en la situación actual
del déficit y en la situación de demanda en este momento, una
rebaja en la fiscalidad. Si me permiten una reflexión,
reflexión que me gustaría que ningún medio de comunicación
recogiera como una posibilidad de futuro, diría que, si el
país estuviera viviendo en una situación de déficit diferente
de la que en este momento está viviendo, eso podría ser un
horizonte que podría merecer una diferente contemplación de la
que en este momento existe. En una situación como en la que
vivimos y siendo uno de los objetivos fundamentales de la
política macroeconómica del Gobierno la reducción del déficit
y el descenso del tipo de interés, con una contribución
fundamental al saneamiento de diferentes sectores, incluido el
sector del automóvil, hay algunas propuestas que tienen tal
coste en términos fiscales, tal incertidumbre sobre los
efectos que pudieran generarse sobre la demanda que
difícilmente se pueden contemplar como posibilidades realistas
en este momento. Sí se puede hacer, y estamos elaborando y
contemplando, un plan de apoyo a los planes industriales en
materia de industrias de componentes y especialmente
aprovechando una circunstancia que se da en este momento en
este país, circunstancia que me parece que, en términos de
política industrial, este país tendría que aprovechar. Se han
producido cambios en la paridad de la peseta en relación con
otras muchas monedas. Eso
ha significado una mayor capacidad de exportación. Ha
significado el que algunas empresas, no solamente como
consecuencia de las presiones realizadas por el Gobierno, sino
incluso en términos de su propia cuenta de resultados, hayan
considerado que es bastante razonable pensar que tienen que
producir una mayor nacionalización de los componentes
fabricados en España en relación con los que anteriormente
importaba. Eso afecta a Volkswagen, pero afecta también a
empresas de origen japonés y forma parte de un proceso que
debiéramos ser capaces de alentar. España se ha ganado un
lugar muy importante en su industria de componentes en el
conjunto de Europa. Son muchas las empresas de componentes en
este país que no solamente nutren a nuestras empresas para su
producción «in situ», sino también a empresas que fabrican en
el Reino Unido, Alemania, Francia o en otros lugares. Tenemos
en este momento una posibilidad de hacer posible todavía una
ampliación de las capacidades del empleo, etcétera, por esa
vía. Hay planes en los cuales estamos trabajando desde el
Ministerio y conversaciones, obviamente también, no solamente
con Volkswagen, sino con otras empresas multinacionales
precisamente para una mayor nacionalización de componentes,
que forma parte de las necesidades, al mismo tiempo, de la
economía nacional, de las propias cuentas de resultados de las
empresas locales, de las empresas instaladas en España, pero,
al mismo tiempo, que tiene bastante que ver con el desarrollo
tecnológico de nuestro país y también con el empleo. Tendremos
que avanzar, por tanto, en esa dirección de una manera
decidida, para lo cual estamos contemplando posibilidades de
acción, e incluso fondos de los que presupuestariamente, sin
alterar las normas de la competencia, son posibles de utilizar
para favorecer este proceso.
El señor Ribó me planteaba la complejidad del problema. Yo
creo que me ha entendido usted mal, señor Ribó.
Ha tomado usted una expresión textual que yo he utilizado para
hacer una caracterización política de la actitud del Gobierno,
lo cual simpleme desmentir. He dicho que en la medida en que
el Gobierno o el sector público no es un accionista ni un
propietario de esa empresa, no puede tener una contribución
singular. Eso es todo lo que he dicho. Lo cual está muy lejos
de significar, señor Ribó, que este Gobierno no haya tenido ni
vaya a seguir teniendo una actitud absolutamente activa en la
búsqueda de soluciones para el problema de Seat. Lo que pasa
es que esto tiene muy poco que ver, aunque entiendo que su
posición es difícilmente identificable con la que he
defendido. Usted decía que esto es una actitud contemplativa.
Ya me gustaría a mí que las actitudes contemplativas exigieran
algo menos de esfuerzo del que le estamos dedicando, algo
menos de atención, algo menos de negociación y algo menos
también de esfuerzos financieros para el conjunto del Estado,
que es lo que tendrán que pagar el conjunto de los ciudadanos
españoles. Hay un marco laboral. Cualquier proceso de reajuste
en empresas y especialmente de esta magnitud va a significar
una carga extraordinaria sobre el Presupuesto, sin ningún tipo
de medidas excepcionales. Simplemente, cuando la Generalitat
apruebe, en su momento, un expediente significará que los
Presupuestos del Estado tendrán que hacer frente a algunas de
esas cargas en materia laboral, en materia de seguridad
social, etcétera, cuando esto se lleve a cabo en su momento.
Por tanto, no solamente hay ya algo que forma parte del marco
que hemos diseñado, sino actitudes que solam identificar con
un esfuerzo positivo de contribuir a los esfuerzos dentro del
propio sector.
Usted hace después algunos juicios sobre Volkswagen. He hecho
algunas matizaciones anteriormente y no quiero entretenerme ya
sobre esa cuestión. Ha dicho algo, señor Ribó, que me produce
un cierto escalofrío. Ha dicho que el Gobierno lo que tiene
que hacer es exigir responsabilidades a Volkswagen. No sé si
eso quiere decir que el Gobierno no está cumpliendo con la
parte de los compromisos o, mejor dicho, está tolerando el
incumplimiento por parte de Volkswagen de compromisos
adquiridos con el Gobierno o, por el contrario, que usted
piensa que el Gobierno puede exigir responsabilidades a un
accionista que pierde cientos de miles, en este caso de
millones de pesetas. No sé qué tipo de responsabilidad. Lo que
le puedo decir es que, si esto hubiera ocurrido en el sector
público, se hubiera producido un cambio en la dirección, pero,
lamentablemente, ésta es exactamente la misma decisión que ha
tomado Volkswagen. No sé a qué se refiere usted con la
exigencia de responsabilidades. Me gustaría saberlo, no vaya a
ser que yo entienda que el Gobierno no está a la altura de su
responsabilidad; pero no sé a qué exigencia de
responsabilidades se refiere usted. No estamos hablando de
funcionarios; estamos hablando de empresarios y de gente que
arriesga, obviamente, su dinero y, al arriesgar su dinero,
obviamente, están comprometiendo a mucha otra gente, con
consecuencias, en este caso, dolorosas sobre una región, sobre
trabajadores, etcétera, y con algunos errores que ciertamente
es indiscutible que han cometido, con independencia de las
explicaciones de la coyuntura.
Me pide que haya una actitud más activa y me habla usted de
una palabra que me gustaría que la explicara. Usted dice que
el Gobierno tiene que intervenir. Cuando dice que tiene que
intervenir, yo no sé si está usted refiriéndose a que el
Gobierno tiene que hacer una operación Rumasa o que está
teniendo que hacer otra cosa distinta, porque a continuación
ha citado usted el ejemplo de la Baja Sajonia, y en la Baja
Sajonia hay un gobierno regional de un «land», que tiene una
participación en el capital de Volkswagen, pero el Gobierno no
tiene la intención de tomar una participación en el
capital de Volkswagen o en el capital de Seat. Me gustaría
saber si es eso a lo que se refiere o, por el contrario, está
usted haciendo referencia a una especie de utilización de una
disposición de la Constitución por virtud de la cual el
Gobierno podría, en casos de grave repercusión social,
económica, etcétera, tomar medidas de intervención de
empresas, porque me parece que eso tendría bastante menos
fundamento.
Señor Ribó, permítame que le diga en este caso con mucha
claridad, que no me acuse a mí de ocultar datos. No he
ocultado ningún dato, y a las pruebas me remito. Les he dado
la información que me han pedido y estoy dispuesto a darles
toda la información que me pidan y yo tenga. No me diga que
estoy hablando por boca de Volkswagen. Estoy refiriendo lo que
Volkswagen dice. Estos son los datos que le constan al
Gobierno. He dado mi opinión en relación con algunos de ellos.
He señalado también las incongruencias en muchas de las
previsiones y los resultados que después se han producido,
pero me temo que no se explica, como he tratado de decir,
solamente lo que ha ocurrido, ni por el endeudamiento en
marcos ni por el grado de nacionalización de los componentes,
si queremos hacer un análisis racional del problema o un
análisis más riguroso del conjunto del problema. Hay bastantes
más problemas aunque eso, evidentemente, no ha hecho sino
contribuir a acelerar los problemas y las pérdidas de Seat.
Citaba usted unas cuantas actuaciones. Dice que no se habla de
nuevos productos, de baja y alta. Esto no es lo que en este
momento está siendo objeto de especial discusión. Creo que
Seat tiene una gama de productos tecnológicamente adecuados,
con posibilidades de competencia de cara al futuro y, por lo
que le consta al Ministerio de Industria, desde luego, Seat no
ha renunciado --y, en este sentido, tampoco Volkswagen-- a
contemplar nuevos modelos. Es más, las exigencias, o si quiere
usted, lo que el Gobierno ha estado transmitiendo
permanentemente a Volkswagen y a Seat es la necesidad de
garantizar eso en el futuro. Le diré algo más. En el plan de
futuro, tal y como se ha presentado por parte de Volkswagen-
Seat al Ministerio de Industria, se contemplan, a partir de
1996, nuevas posibilidades de nuevos productos y, por tanto,
de nuevos diseños. Le daré el nombre en clave, uno de ellos se
llama S-5.
En tercer lugar, se refería usted a los sindicatos y al
talante negociador. No tengo la menor duda y me parece que ese
es el proceso que se tiene que producir, proceso que me
gustaría alentar también desde la responsabilidad que en este
momento yo tengo. No dudo, naturalmente, de que los sindicatos
van a hacer una defensa responsable de los intereses de los
trabajadores, me parece que deben hacerlo, esa es exactamente
su función, y espero que eso pueda llegar a un resultado
razonable que permita contemplar cuál es el marco del plan que
finalmente Volkswagen podrá poner en marcha, que, sin duda
alguna, tendrá que ser un marco negociado o un marco con el
mayor nivel de acuerdo posible. Sabiendo eso podremos saber
también si efectivamente todos los demás elementos del plan
industrial se pueden sostener, tal y como han sido concebidos,
o, por el contrario, será necesario alterarlos, a la vista del
proceso de discusión con los propios trabajadores.
¿Qué va a hacer el Gobierno? El Gobierno va a seguir
manteniendo esta actitud, una actitud responsable, una actitud
de hacer posible ese proceso, una actitud no solamente de
contribuir a la viabilidad de la empresa, con toda su
repercusión industrial y la significación que tiene para la
industria del automóvil en nuestro país, sino de contemplar al
mismo tiempo qué posibilidades tiene en el marco que he
señalado anteriormente de las normas de competencia de la
Comunidad. Quizá usted sepa que yo he instado personalmente a
la Comunidad y al Comisario de Industria de la Comunidad a
poner en marcha un posible plan que tenga que ver con una
concepción específica a nivel europeo para la industria del
automóvil, que nos permitiría, sin duda alguna, tomar medidas
adicionales también en nuestro país sin alterar las reglas de
la competencia que existen en este momento. En todo caso, esa
es una decisión que iremos tomando al final, cuando sepamos
exactamente cómo va a ir este plan que, insisto, no es hoy más
que un documento, un conjunto de intenciones sometido a
discusión, a negociación y que ni siquiera ha pasado la fase
de ser presentado de manera formal, especialmente en lo que
hace referencia a los expedientes de regulación de empleo, de
rescisión de contratos, ante la autoridad laboral.
El señor Sánchez i Llibre me planteaba algo en lo que me
parece que no tenemos ninguna divergencia; tenemos una
valoración ambos sobre la importancia de este problema, la
significación de la industria y de la empresa Seat en
particular y la necesidad, por tanto, de una actitud muy
activa en este terreno, como estamos tratando de hacer. Se
quejaba de que no concreté cifras. Espero contar con su
sentido de la responsabilidad, en el marco en el que se está
producido esta discusión, como para no condicionar un proceso
de discusión como el que se está produciendo en este momento o
se debe producir entre la empres ¿El Gobierno debiera poner
una cifra antes de empezar a hablar o, por el contrario, lo
que tienen que hacer es buscar un acuerdo y después ver en
cuánto puede contribuir el Gobierno para hacer posible el
ajuste laboral, o lo que es mucho más que el ajuste laboral,
el problema industrial? Creo que está en el interés de todos
que esto se produzca de esta manera y, por tanto, entenderá
que yo no pueda ni deba adelantar cifras pero sí este
compromiso de contribuir a hacer posible el plan industrial en
el futuro, una vez que se hayan hecho los análisis
correspondientes.
Reitero que no va a haber participación de capital público
y le reitero esta actitud de contribuir también, conjuntamente
con la Generalitat, a resolver un problema que, insisto, no es
un problema catalán; es un problema catalán pero no es
solamente un problema de los catalanes, sino un problema que
nos afecta a todos.
Finalmente voy a referirme, aunque sea de manera muy breve, al
representante del Grupo Socialista, señor Sáenz Lorenzo.
Quiero agradecer de nuevo su apoyo, su apoyo a la actitud del
Gobierno y de este Ministro en particular, a los dos
intervinientes del Grupo Socialista. Tenemos que hacer un
esfuerzo entre todos por buscar elementos de cohesión, de
unión; me parece que hay, obviamente, una preocupación
compartida sobre la significación, la transcendencia.
Podríamos estar todos de acuerdo en que, desde un punto de
vista de medio plazo, lo que interesa fundamentalmente es
garantizar la viabilidad, la competitividad y el futuro en
tanto que empresa de producción de automóviles y no de empresa
de montaje de Seat; eso pasa, por tanto, por la existencia de
todos los requisitos que permanentemente hemos estado
exigiendo: capacidad de diseño, más nacionalización de
componentes, nuevos productos y, obviamente, unas
productividades mayores, si no queremos ignorar cuál es el
futuro de la industria del automóvil en España y en el
conjunto de Europa. Me parece que sobre eso podría haber
bastante consenso o bastante nivel de entendimiento entre los
distintos grupos parlamentarios y el Gobierno.
Quiero expresarles, en todo caso, que esta es la voluntad del
Gobierno, seguir trabajando en esta dirección y seguir
facilitando un proceso qu que no llevara a posiciones
numantinas, sino a posiciones en las que tiene que haber un
proceso, en parte lamentablemente doloroso, de reajuste, sin
duda alguna, que el Gobierno quisiera que tuviera el menor
coste social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Para ese turno extraordinario y, en consecuencia, muy breve,
por parte de los grupos, en representación del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Milián Mestre.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Ministro, quiero agradecerle muy
sinceramente la información que ha dado; me parece muy
interesante todo lo que ha dicho. Simplemente voy a hacer
alguna sugerencia y alguna puntualización o rectificación.
En primer lugar, usted ha comentado que es un problema común
del sector en Europa. Cierto, salvo una excepción, Inglaterra,
con un crecimiento en ventas del 12 por ciento, significativo,
porque ha habido disminución de la fiscalidad. (El señor
Ministro de Industria y Energía, Eguiagaray Urcelay: No es por
eso.) Usted opina que no, y yo señalo los datos que tengo a mi
disposición.
En segundo lugar, para Cataluña es un problema de enorme
gravedad. Es cierto que lo es para toda España, pero fíjese
usted qué datos manejo aquí, proporcionados por la patronal
catalana: la mitad de la industria existente en este momento
puede desaparecer en Cataluña el año 2000. La mitad de la
industria y la mitad de los puestos de trabajo industriales
pueden desaparecer el año 2000. Fíjese usted en los datos.
Desde el año 1981 no había tantas suspensiones de pago en la
industria catalana, de modo que, hasta pasado el mes de
agosto, y estamos hablando de 1991, 145 empresas de Cataluña
habían presentado suspensión de pagos y prácticamente una de
cada dos suspensiones había sido industrial (dato
inquietante). En los últimos cuatro años los precios
industriales han crecido en Cataluña un 8,6 por ciento,
mientras que el coste laboral de producción industrial ha
crecido el 31 por ciento, más del 12 por ciento que la media
de la Comunidad Europea. Dato inquietante, porque indica la
pérdida de competitividad y, además, la reducción del margen
de explotación de las empresas de forma considerable. Otro
dato que nos preocupa y nos inquieta en ese contexto.
La industria de Cataluña, y es general porque es un dato común
para España, tiene que soportar el coste más alto de
electricidad de toda Europa, exceptuando Portugal. La tarifa
ponderada españolas es un 64 por ciento más cara que en
Francia, 32 por ciento más cara que en el Reino Unido y 35 por
ciento más cara que en Alemania. Esto es un dato muy grave y
plantea, de algún modo, una reflexión sobre lo que usted ha
dicho respecto a otros sectores que pueden incidir en la
crisis en este momento. Y apunto el sector químico, que en
Cataluña tiene importancia estratégica, sobre todo en la zona
de Tarragona, que está gravemente afectado por estos costes
eléctricos. Y podría seguir, pero no voy a hacerlo.
Esta es una reflexión, muy constructiva y muy seria porque a
mí me parece, señor Ministro, que nuestra situación no es para
enorgullecernos, ni siquiera cuando hacemos política de
oposición, sino para preocuparnos conjuntamente con el
Gobierno para buscar salidas constructivas a esta situación.
En este marco, quiero hacerle tres o cuatro reflexiones.
Primera, quiero sinceramente, y me alegro mucho de que usted
haya entendido bastante bien el tema de la generalización de
la crisis en el sector, haciendo una clara y explícita
concreción de que no puede haber ayudas empresariales a este
sector, sobre todo, financieras. Esto es muy interesante que
lo diga, porque, además, se evitan agravios comparativos para
otras empresas que están haciendo un esfuerzo hercúleo. Pongo
un ejemplo: el caso Nissan, con pérdidas de 23.000 millones, a
medio año; 40.000 millones a fin de año; 55.000 millones de
capital, casi tanto como el capital, y, en
cambio, está haciendo una inversión de 24.000 millones en un
nuevo producto para sacarlo el año que viene. Es bueno decir
estas cosas para que queden en la opinión pública.
Segunda reflexión, las medidas convenientes --usted ha hecho
unas aclaraciones importantes y me parece que merecen ser
subrayadas en el mejor de los sentidos positivos--, aquellas
que trasciendan la propia empresa, las que favorecen el
desarroll crean tejido industrial en la nación. Yo entiendo
que en este conjunto usted ha estado muy acertado cuando ha
planteado algo que se maneja en el común hacer de las
inquietudes del sector automovilístico, la ingeniería
simultánea. Yo he creído entender que usted estaba de alguna
manera por esta solución, que es la potenciación de esas
ingenierías compartidas no solamente entre los constructores
de automóviles sino entre los creadores de componentes que
están, ahora mismo, favoreciendo enormemente el desarrollo
tecnológico. Esta ingeniería compartida o simultánea es la que
potencia de verdad el crecimiento, como usted ha dicho, del
sector de los componentes que, en definitiva, es una punta de
lanza en la mejor de las posibilidades de exportación, aunque
quiero subrayar que es cierto también, por mi informe
confidencial, que aquí tengo (si usted tiene interés, no tengo
inconveniente en pasarle fotocopia), de un ingeniero interno,
donde se demuestra que ha habido en Seat graves
irregularidades a la hora de buscar componentes a su
automóvil, mucho más caros pagados en Deutsche Mark a
suministradores alemanes, cuando aquí los había tanto o más
buenos; ha habido un desprecio de esta mejor calidad y
competitividad de precio en nuestro país. Es un dato muy
importante.
Yo alabo mucho lo que acaba de decir porque entiendo que esta
integración de los proveedores de sistemas evitará la
importación de componentes, nos defenderemos de la variación
del valor de las monedas extranjeras, creará más tejido
industrial propio, se favorecerá más el desarrollo
tecnológico, así como potenciará las exportaciones, como usted
muy bien ha dicho.
Entiendo que esto es algo muy interesante y, sobre todo, que
debe ser subrayado en dos casos de ingeniería propia, Seat y
Nissan, que son los dos casos más típicos de esfuerzo
importante en creación de propia ingeniería en nuestro país y
que favorecen eso que usted ha querido decir. Esto es muy
positivo y su planteamiento en el análisis de estas
posibilidades nos debe alegrar.
Por último, hay un problema pendiente, que es el de la
flexibilidad del mercado de trabajo. Es cierto, señor
Ministro, que esto es muy complicado en una época de crisis:
probablemente el Gobierno tenía que haberlo hecho en época de
vacas gordas, no ahora, en época de crisis, por razones
obvias, porque ahora se dramatizan todas las situaciones al
personalizarlas. Ahora, no es menos cierto que, como dijo muy
bien Eugenio D''Ors, mejor los experimentos con gaseosa que
con champán. De esa manera nos evitaríamos ahora, en época de
crisis, repito, afontar drásticas decisiones a este respecto
como demandan muchas de las empresas que están trabajando
seriamente en este sector por competir y por sobrevivir. Esto
es lo que nos debe preocupar a nosotros para que España siga
siendo la quinta potencia mundial en el sector de automoción
antes que algunos elementos de inflexibilidad laboral o de
otro orden.
También yo quería echar un cuarto a espadas en contra de
ciertos planteamientos sindicales --lo quiero decir con toda
honestidad-- que han i momentos, llegar a acuerdos que
pudieran ser salvadores de situaciones personales o de grupo,
incluso en el reflotamiento de la Zona Franca.
Y termino. No voy a entrar en el tema de la fiscalidad, puesto
que usted ha sido muy claro...
El señor PRESIDENTE: Confío, señor Milián, que esta vez sea
cierto que termine.
El señor MILIAN MESTRE: Termino. Usted ha sido muy claro en el
tema de la fiscalidad, y, en este sentido, creo que debe serlo
así. Usted tiene que ser negativo en la fiscalidad sobre el
automóvil, aunque, a lo mejor, mañana tenga que rectificar,
porque la obligación del Gobierno es ser negativo, igual que
en la devaluación de la moneda, hay que ser negativo hasta un
minuto anterior a la devaluación, por razones obvias, y no voy
a explayarme. Ahora bien, sí que quiero entender que una
lenidad fiscal, superior a la gravedad que incide en este
momento sobre los puntos automovilísticos, favorecería o
compensaría mejor los ingresos en orden al consumo, a la
matriculación y a otros elementos que ahora, evidentemente,
están cayendo de forma considerable en la cuantificación de
ingresos en el presupuesto del Estado.
Yo no sé si esa es su voluntad, pero de cualquier manera
entiendo sus razones y en este punto habría que estudiar si es
más o menos viable este hecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Señor Ministro, nosotros, sobre Seat,
como sobre cualquier otro tema industrial, pretendemos lanzar
una serie de propuestas con una enorme responsabilidad.
Nosotros no vamos a cometer la irresponsabilidad de dar apoyo
al Ministro y estar en una manifestación ante la Generalitat
pidiendo intervención de la misma. Este no es, nunca ha sido,
el estilo de este Grupo parlamentario. Por lo tanto, en primer
lugar, responsabilidad.
En segundo lugar, hay que basarse en expectativas
en serio. Me duele que entre las expectativas que usted ha
citado, aunque sea su pueblo, dé alas de credibilidad a las
declaraciones del señor López de Arriortúa, sobre una planta
en Amorebieta.
Vamos a hablar en serio de previsiones de la Volkswagen.
Y, en tercer lugar, usted ha dicho que yo me he expresado con
grandes convencimientos, que he hablado de exigir
responsabilidades e intervenciones. Vamos a ello. De los
convencimientos que yo le he planteado, de lo cual creo
modestamente estar convencido y perdone la redundancia, usted
no los ha desmentido. Le vuelvo a preguntar, ¿es cierto que
las inversiones de Volkswagen en Seat fueron a través de un
endeudamiento en marcos y sin seguro de cambio? ¿Tiene algo
que ver con la actual situación? Esto no es un convencimiento
aleatorio o gratuito; es un dato que usted en ninguna de sus
intervenciones ha puesto encima de la mesa, a considerar,
después hablaremos, incluso sobre acciones del Gobierno.
Se le ha citado ahora, pero yo lo he subrayado antes y lo
vuelvo a subrayar, el convencimiento --lo dicen los
industriales, la compra de componentes ha sido a precios muy
superiores a los del mercado cuando provenían de Volkswagen--,
el convencimiento de que los acuerdos firmados en 1993 son hoy
papel mojado. Esto son convencimientos, señor Ministro. No es
que estemos convencidos a priori; no hay nada más tozudo que
la realidad, y eso son realidades como puños.
¿Qué responsabilidades? Usted hasta ahora ha explicado una
gran actividad del Gobierno, y yo no he puesto en su boca
decir que estaba en actit señor Ministro. No lo he puesto en
su boca, y puede repasar el «Diario de Sesiones». Ustedes
tienen una gran actividad, muchas conversaciones, pero, por
ejemplo, como sucedió con KIO, un Ministro, que le precedió no
en su cargo sino en el Gobierno anterior y hoy es portavoz,
llegó a decir que se planteaban exigir responsabilidades. Y ni
lo han hecho.
Usted habla de algo más de 200.000 millones; informes del
propio Gobierno lo situaban en casi 400.000 millones. Dinero
público para Volkswagen Seat. ¿Hay o no alguna responsabilidad
tras ello? Pregunto. Han pasado sólo seis años, señor
Ministro.
Segundo. Cumplimiento de los acuerdos firmados entre partes.
¿Hay o no responsabilidades?
Yo le he sacado la palabra intervención porque el señor
Croissier, le he citado, y una cascada de declaraciones
posteriores --lamento no recor usted mismo-- han hablado de
anacronismo de intervención. Y yo le he citado el caso de DAF,
del Gobierno de Holanda, donde ha inyectado capital público.
Usted ya ha dicho muy claro que no lo van a hacer, no hace
falta que nos lo repita, ya lo habíamos entendido. Le he
citado el caso DAF, el caso de Baja Sajonia, que ha inyectado
capital público --usted ha dicho que no lo van a hacer--, de
Escandinavia, y de un largo etcétera. Como mínimo no sitúe en
esta polémica el tema del anacronismo cuando otros gobiernos
tan respetables como el nuestro están haciendo políticas como
éstas. Intervención, por ejemplo, sería coger el plan
industrial, que habla de renovación de instalaciones y del
planteamiento de nuevos coches. Usted sabe que un coche nuevo
no se lanza al mercado si no lleva, como mínimo, un lustro de
investigación y para ello la Administración debe potenciarlo
con los mecanismos de que dispone.
Nosotros creemos que aquí se ha jugado a la desinformación, y
se lo repito. ¿Alguien se cree, señor Ministro, que una
empresa que hasta septie ha recordado, mantiene unas
expectativas, a mediados de octubre las cambia en 180 grados,
cuando lleva meses y meses con la pasividad de su Gobierno y
el de Cataluña no cumpliendo con lo que es el sentido global
de la situación, en cuanto a inversiones o reducción de
puestos de trabajo, dos caras de la misma moneda? Yo le he
preguntado, por ejemplo --y usted no ha contestado en su
intervención--, cómo interpreta el Gobierno que el Centro de
investigación de Martorell no trabaje a medio y largo plazo.
Ya no le digo si damos alas de credibilidad a la afirmación de
Volkswagen de que lo van a desmantelar. Ya no se lo pregunto,
porque hasta ahora estamos en un mar de confusiones. Yo le
pregunto que cómo interpreta que el Centro tecnológico de
Martorell, que es el mejor de España en automóvil, lleve meses
y meses sin ningún tipo de investigación encima de la mesa. O
qué debemos interpretar del hecho de que la red comercial se
utilice por Volkswagen y no por Seat.
Señor Ministro, yo le puedo dar cifras que, en parte, no
concuerdan con las que ha dado usted. Son las del Consejo de
administración. El Consejo de administración reconoce que para
el año 1993 puede haber 18.840 millones de pesetas de pérdidas
por cambio de moneda y 8.305 por sobreprecio de importaciones.
La devaluación de la peseta cuesta a Seat 27.145 millones de
pesetas, que es más del 25 por ciento de las pérdidas
evaluadas, sensiblemente por encima de lo que usted nos ha
narrado. Quizás las cifras del Consejo de administración están
equivocadas.
También le podría hablar de las cifras que ha citado
correspondientes al parque de componentes. Ha dicho que, como
va a aumentar un 13 por ciento el componente nacional, va a
haber 30.000 millones. Si hace una operación matemática muy
sencilla, en el año 1993 fueron 1.409,2 millones de marcos los
que provinieron de importaciones de componentes, aumente un 13
por ciento y no llegará a los 20.000 millones de pesetas, a no
ser que existan otras bases para calcular estas cifras. Y en
un año en el que no se prevé un crecimiento espectacular, por
decirlo suavemente, de las ventas de Seat.
El parque de componentes, le vuelvo a repetir que es una
entelequia, no va a aumentar el volumen de negocios.
Le he expuesto la opinión de diversos técnicos de la industria
auxiliar del automóvil que, en conversaciones con nosotros --y
me imagino que con ustedes--, están advirtiendo de la
barbaridad que significa. Y le puedo dar nombres de muchos
fabricantes de componentes que están exportando, cuando hace
tiempo, previendo lo que iba a pasar, diversificaron
producción, con lo cual no sólo atienden a otros fabricantes
en España, sino que están exportando.
Señor Ministro, le he hablado de cinco planos, y acabo con
ellos: el industrial, el tecnológico, el financiero, el
comercial y el social. Le he hablado de medidas para cada uno
de ellos. Lamento mucho haberlo hecho telegráficamente, por el
tiempo de que disponemos. Sobre estos cinco planos, nuestro
Grupo está dispuesto a hablar muy en serio con el Gobierno y a
facilitar e impulsar soluciones.
El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez i Llibre tiene la
palabra.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Aunque la contestación del señor
Ministro no ha dado la satisfacción a la demanda que yo le
había hecho en mis preguntas, entiendo el grado de
confidencialidad que el Ministro reclama para una situación
tan delicada como ésta: Haga un acto de buena fe y confíe en
las manifiestaciones del señor Ministro, en cuanto van a
contribuir al futuro plan industrial que pueda salir de esta
crisis de Seat. Por otro lado, su Ministerio está estudiando
un plan de apoyo a los diferentes sectores del automóvil, en
la fabricación de componentes, que también están necesitados
de ellos. También entienda usted, señor Ministro, la demanda
de nuestro Grupo en el sentido de que si es verdad que son
situaciones difíciles y que ha de existir un cierto grado de
confidencialidad en otro tipo de acciones, pero referidas al
mismo caso, sí ha habido un Gobierno que quizás se ha
anticipado y aunque no sé si es mucho o poco, ha dicho que
aquí hay esta cantidad de dinero para poder afrontar con éxito
--eso es lo que esperamos-- el futuro plan de reestructuración
de la compañía Seat. Por lo tanto, le agradecería que nos
dijera qué grado de confidencialidad debe existir. Debo
decirle que deben actuar con rapidez y con solvencia; interesa
que este tema no se vaya desprestigiando y pudriendo porque el
problema es muy importante. El objetivo que ustedes y nosotros
perseguimos, por lo que ha dicho en su intervención, es
prácticamente el mismo: conseguir que Seat se consolide
definitivamente como un fabricante competitivo de automóviles.
También debo decir al señor Ministro que no nos ha contestado
a una pregunta que le había hecho. Nos ha dado a entender que
la posición de nuestro Grupo es la correcta, influir por los
mecanismos con los que estamos actuando; quizás los mecanismos
de influir a través de manifestaciones no sea la más adecuada.
Yo le agradecería un poco más de coordinación entre su partido
y el Gobierno, para evitar estos casos que pienso que pueden
producir despropósitos importantes para la consecución de un
objetivo que, por lo que he visto en su manifestación, es
prácticamente el mismo.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Urcelay):
Empiezo, con el permiso del señor Milián Mestre, por el señor
Sánchez i Llibre. La verdad es que se me había olvidado darle
alguna contestación a una cuestión que me había planteado y a
la cual también ha hecho referencia en su última intervención,
muy de pasada, el señor Ribó.
Yo tengo un enorme respeto por lo que hacen los miembros de mi
partido y por lo que hacen los miembros de mi partido también
en Cataluña, que creo que están manteniendo una actitud tan
responsable como la de otros que no han acudido a la
manifestación.
Las impresiones que uno pueda tener o incluso las críticas que
se puedan verter desde una institución, que respeto, y desde
una persona, que yo respeto mucho, como es el Presidente
Pujol, naturalmente no podrán impedir la libertad de entender
la responsabilidad de una forma diferente a como otros la
entienden.
Si usted conoce los planteamientos que se han hecho,
precisamente están contribuyendo a algo que me parece muy
importante en este proceso y es que haya, en ese proceso de
discusión y de negociación, un no desfletamiento de la actitud
representativa de los sindicatos en beneficio de algunos que
pudieran querer hacer su agosto de un proceso de un cierto
dramatismo y, por el contrario, favorecer un proceso de
discusión razonable que se asiente precisamente en los
sindicatos constituidos. Esta es una posición que, como
Gobierno, apoyo y que me parece que no tiene por qué estar en
contradicción con una actitud sensata de negociación como la
que han querido poner --me parece-- de manifiesto algunos
miembros de mi partido acudiendo a una manifestación.
En segundo lugar, no es un problema, señor Sánchez i Llibre,
de confidencialidad. Me parece que los problemas no mejoran
por el hecho de que uno hable de 10.000, 5.000, 6.000 ó 16.000
millones en avales o de cualquier otra forma. No me parece que
eso mejora un proceso de negociación, especialmente cuando lo
que se está reclamando por algunos es contribución para un
proceso de ajuste laboral; se contribuye muy responsablemente
si el Gobierno dice que pone una parte. Entre otras cosas
porque eso tiene muchas dificultades, desde el punto de vista
de la legalidad --antes lo decía--y porque no sé si es la
mejor forma de contribuir a ese proceso de discusión y de
negociación.
En tercer lugar, debo decir que eso no va, de ninguna
manera, en detrimento de que en este momento existan partidas
dentro de los presupuestos de Industria y de otros organismos
que se van a dedicar, simplemente porque es necesario, a un
proceso como éste.
La evaluación del coste en este momento --y les hago una
aproximación que no pretendo que la tomen como una verdad
absolutamente inmodificable solamente de una parte del proceso
laboral es más de 29.000 millones de pesetas, de los cuales
una buena parte recaerán, obviamente, sobre los mecanismos
públicos; por decirlo de alguna manera, esta sería ya la parte
que pone el Gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de un
proceso en el que hay una contribución por los mecanismos de
la Seguridad Social, si se produce un proceso de rescisiones o
de jubilaciones anticipadas, etcétera, ciertamente hay una
contribución establecida simplemente como consecuencia del
funcionamiento de las normas existentes. Y esta es la
valoración que en este momento se hace.
Señor Ribó, no tengo la menor duda de que S.S. quiere
contribuir responsablemente --¡faltaría más!-- a un proceso
como éste. Le parece que otros contribuyen con menos
responsabilidad. No quiero entrar en esa discusión, ya he
dicho cuál es mi posición. Yo no fui a la manifestación, pero
respeto que miembros de mi Partido vayan y entiendan que están
haciendo una contribución responsable, precisamente en la
línea que anteriormente he citado.
Creo que me ha entendido mal, simplemente por un pequeño
prurito. No es que yo sea de Amorebieta, pero es un pueblo
donde viví bastante tiempo en mi infancia. Yo no he
contribuido a generar ninguna expectativa, sino todo lo
contrario, en relación con las contradicciones que ha habido
en un proceso como ése. Era nada más que una cita de pasada.
Me pregunta, de una manera casi compulsiva, si es verdad que
la inversión se produjo en base a endeudamiento en marcos. No
me diga que lo estoy ocultando. Es verdad y se lo he dicho yo
también. Ahora se lo repito: es verdad que se produjo, en una
buena parte, de esa manera; no exclusivamente, pero sí en una
buena parte.
Antes decía usted que tenía otras cifras del Consejo de
administración sobre la influencia o no de la devaluación. No
entro en el análisis, las cifras que le he dado son las que me
han dado a mí los responsables de Volkswagen, pero no me
extrañaría que distintos responsables de Seat y de Volkswagen
dieran diferentes cifras, porque en el pasado hemos detectado
en el Ministerio de Industria cifras escasamente coincidentes
sobre lo que decían unos y otros. Es un lugar común, que ha
aparecido en todos los medios de comunicación, que los datos
que se daban desde la Dirección de Seat sobre cómo iba Seat no
tenían nada que ver con los datos que percibía Volkswagen. Nos
podemos hacer cruces, pero no nos sorprendamos de que algunas
cosas ocurran. Por consiguiente, no entro en si esto es lo que
creen ellos, por lo menos lo que creía hace aproximadamente un
mes la Dirección de Volkswagen, de la incidencia de la
devaluación, del orden del 12 por ciento, en el conjunto de
las pérdidas.
Solamente trataba de poner de manifiesto que, evidentemente,
el problema no es sólo el del tipo de cambio, ni siquiera sólo
el del endeudamien apura, ni siquiera sólo que determinados
componentes se compren a precios no competitivos en Alemania
como parte de una determinada estrategia de provisión de
componentes, que forma parte de las estrategias de los grupos
multinacionales. Lo evidente es que eso no tiene una
racionalidad económica, con independencia de que también
Volkswagen haya tenido supresión de sus industrias locales,
precisamente para seguir manteniendo la producción de
componentes. Es obvio que, desde el punto de vista del
análisis, hay todo un conjunto de elementos que han incidido.
Me parece que todo ello en su conjunto no acaba por explicar
por qué se producen del orden de 120.000 millones de pesetas
de pérdidas. Para eso, hay que acudir a otras explicaciones
que tienen que ver con el mercado, con la productividad, con
la caída de la demanda y con algunos problemas que son más de
fondo, no solamente de buena o mala gestión financiera, no
sólo de buena o mala gestión comercial, sino problemas que en
este momento se han puesto de manifiesto de una manera muy
abrupta, cual es la estructura y las posibilidades de
competencia de una empresa configurada como lo está hoy Seat.
Me alegro de saber que cuando usted habla de responsabilidades
se está refiriendo a algo que ahora sí entiendo: si hay
responsabilidades desde el punto de vista contractual o desde
el punto de vista de la legalidad. Me lo decía antes, ahora lo
ha repetido sin ningún tipo de aditamentos y sí le entiendo.
Si usted cree que hay un problema de legalidad, obviamente
tendríamos que exigir responsabilidades. Eso significa hacer
referencia a la legislación laboral, a la legislación penal, a
cualquier otro tipo de legislación por la cual pudieran
exigirse responsabilidades, pero no entendía qué
responsabilidades, no teniendo el Gobierno ni el INI en este
momento constancia de incumplimiento de los contratos que en
su momento suscribió con Volkswagen. No hay una constancia de
incumplimiento en ese sentido, porque no hubo una cláusula
secreta que se haya dejado de cumplir de alguna manera. En
consecuencia, no veo qué otras responsabilidades, salvo las
que se han exigido en parte sobre los gestores, pudieran
derivarse de una situación bastante dolorosa y, ciertamente,
con algunos elementos no demasiado convincentes de lo que ha
sido la evolución en el inmediato pasado.
Yo no hago caracterizaciones. Me parece muy respetable que
usted siga creyendo que la solución a estos problemas sería
una participación pública. No me parece
que soluciona mucho citar a la Baja Sajonia. Ni el origen de
la participación de la Baja Sajonia en Volkswagen es el
nuestro, ni naturalmente tiene el mismo sentido, habiendo
salido del sector del automóvil, volver al sector del
automóvil. Por otro lado, hay una pequeña diferencia, pero no
quiero entrar todavía en ese debate. Da la casualidad de que
la matriz de Seat es Volkswagen, una empresa alemana, y la
Baja Sajonia es un gobierno del país de origen. Estamos en una
situación un poco diferente, ahora que hablábamos de la
estrategia de las empresas multinacionales y demás. Esto es
sólo como apunte.
Se refiere usted con insistencia al centro de Martorell.
Unicamente le puedo decir, con independencia de que no estoy
siguiendo la posición de los ingenieros del centro día a día -
-tal vez usted tenga algunas expresiones que yo desconozco,
algún conocimiento que yo no tengo--, que éste es un elemento
--lo ha sido desde la primera conversación con Volkswagen y
con Seat-- absolutamente clave, no solamente el mantenimiento
sino la potenciación del centro de Martorell, lo cual en un
proceso como éste de una cierta indefinición hasta que todo
esto no se ponga en marcha, supongo que es compatible con
algún proceso de desánimo. Dentro del mismo plan se contienen
en este momento previsiones de diseño de nuevos vehículos, que
naturalmente formarán parte del trabajo del centro de
Martorell.
Parece, tal vez por la forma en que usted lo exponía, que yo
estaba haciendo una especie de defensa del proyecto del
parque, que algunos humorísticamente han calificado de
jurásico. Es un tema que me inquieta honestamente, lo que pasa
es que no es mi plan. Es el plan del titular, del accionista y
del propietario de la empresa hacer de eso una industria y un
parque de componentes para sustituir actividad o,
fundamentalmente, empleo. Todavía está sometido a un buen
número de incertidumbres y tendrá, obviamente, que expresarse
en términos cada vez más concretos. De las primeras
conversaciones a las últimas que hemos mantenido con los
directivos de Volkswagen, es obvio que hay un proceso de
concreción, pero no es menos cierto que el proceso habrá de
ser difícil. Si eso es lo que se va a hacer o lo que el
titular de la empresa quiere hacer con sus instalaciones,
seguramente nos puede convenir a todos que no salga mal. En
este momento, por confesárselo con alguna sinceridad también,
tengo un buen número de indeterminaciones sobre cómo se va a
producir eso, de qué manera se va a traer a los fabricantes de
componentes y, en tercer lugar, de qué manera se va a producir
la incorporación de personal excedente de Seat precisamente a
esas nuevas empresas para tratar de mantener el máximo posible
de empleo. Este es el proceso en el cual estamos exactamente,
saber de qué manera se puede hacer eso. Sabe S.S. que
intención de Volkswagen fue la de crear algo así como un fondo
de promoción de empleo en manos del sector público, un fondo
de promoción de empleo compartido al 50 por ciento y con
participación de capital de la Generalitat y del Gobierno de
la nación; una especie de trasunto de lo que fueron los
esquemas de reconversión industrial que se utilizaron en la
industria del acero. No parecía que ese fuera el mejor de los
esquemas posibles. Es verdad que aquello rindió algunos
frutos, pero tuvo también bastantes problemas. No me parece
que eso sea lo que hay que hacer. Lo que solicitamos de
Volkswagen es, puesto que creía que esa iniciativa la tenía y
él es el socio industrial, el socio tecnológico, quien puede
dar empleo, que precisamente impulsara ese proceso al cual
podríamos contribuir desde una perspectiva de política
industrial.
Finalmente, señor Milián Mestre, podemos coincidir en unas
cuantas afirmaciones que usted ha hecho y que anteriormente yo
también había expresado. No quisiera contribuir a la
dramatización. Me tomo muy en serio los problemas de la
industria --también los de la industria de Cataluña o los de
la industria química, que sé que tienen problemas específicos
y a cuyos representantes, por cierto, veré esta misma tarde--,
pero no me parece bueno contribuir a una sensación de
catastrofismo. A la vez que se producen algunas noticias
negativas, también las hay positivas, hay noticias de nuevas
inversiones que se van a producir allí, así como del
mantenimiento de inversiones que anteriormente se habían
presentado como discutibles. Conozco el esfuerzo, porque lo he
vivido y he contribuido un poco a él, que se ha hecho en la
industria del automóvil, en Nissan o en otras empresas de la
electrónica y espero que sigan teniendo lugar en Cataluña lo
mismo que en otras comunidades autónomas en las cuales está
instalado, pero es obvio que tenemos algunos problemas.
El problema de la tarifa eléctrica lo discutiremos en su
momento. Sabe S.S. que forma parte de la política del Gobierno
el ir a una reducción de las tarifas. De todas formas, no le
recomiendo que se crea a pies juntillas el cálculo de las
diferencias de tarifa entre las que paga la industria química
española en relación con la industria francesa, italiana y
alemana. Depende de en qué proceso industrial, y varía. Es
obvio que los industriales del sector eléctrico tienen interés
en decir que las tarifas no se diferencian tanto de las
correspondientes a Europa, como que aquellos que pagan las
tarifas acentúan estas diferencias. Es bastante difícil hacer
los cálculos en términos estrictos de cuál es la diferencia de
coste, pero es verdad que tenemos --yo lo he reconocido en mi
primera comparecencia ante esta Comisión-- una tarifa superior
a lo que sería deseable en este momento, sobre todo, si
queremos seguir aumentando el nivel de competitividad de
nuestras empresas, y esto afecta especialmente a aquellas
industrias intensivas en consumo eléctrico, como es evidente,
como es el caso de la industria química, en la que algún
episodio doloroso se ha producido precisamente como
consecuencia
de la tarifa eléctrica, al que sin duda usted se refería sin
citarlo.
En cuanto a los aspectos correspondientes a la flexibilidad
del mercado de trabajo, me alegro que haya hecho una
intervención templada. Hay ge momento parece estar dispuesta a
tal proceso de regulación para arreglar los problemas de la
situación y de la competitividad de nuestras empresas que me
atrevo a decir que generarían, sin duda alguna, bastantes más
problemas que los que pretenden resolver, pero, es obvio y el
Gobierno lo ha dicho ya en muchas ocasiones, que estamos en un
proceso en el que creemos que hay que introducir una mayor
flexibilidad en el mercado de trabajo, que hay que hacerlo con
urgencia, que esto forma parte de las condiciones de
competitividad de nuestra economía y en ese proceso estamos,
como saben todas SS.SS., embarcados.
Voy a terminar, señor Presidente, con una única puntualización
sobre la fiscalidad. El argumento de que en el Reino Unido la
demanda de automóviles crece por el hecho de que se ha
producido una reducción de la fiscalidad, es difícil de
comprobar en términos estrictamente técnicos. Ocurre que
además de haberse producido una reducción de la fiscalidad, el
Reino Unido en este momento, porque inició antes que otros
países una recuperación económica, está en tasas de
crecimiento sensiblemente positivas.
Descomponer el efecto de crecimiento de la demanda en aquella
parte que se debe al crecimiento general de la economía, que
me parece sigue siendo el principal determinante de la demanda
de vehículos, del que se produce de una disminución de la
fiscalidad, es algo que lamentablemente no podemos hacer a
posteriori porque están coincidiendo los dos efectos, pero es
verdad que los fabricantes de automóviles tienden a señalar
que ésa es la demostración palpable del efecto beneficioso que
se produciría si en este momento incorporáramos varias decenas
de miles de millones de déficit al presupuesto sobre la
industria del automóvil. Esa es una discusión para otro
momento.
El señor PRESIDENTE: Quisiera agradecerle, señor Ministro, en
nombre de la Comisión, su comparecencia esta mañana aquí, así
como a todos los grupos parlamentarios sus intervenciones y el
ajuste del tiempo, quizás con una salvedad.
En cualquier caso, dada la hora de finalización de la sesión
de esta mañana, la sesión de la tarde se reanudará a las
cuatro y media en lugar de las cuatro, como estaba previamente
convocada.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de
la tarde.
--DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LA PROPOSICION NO DE LEY
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS
MEDIDAS QUE GARANTICEN EL FUTURO DE LA MINERIA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Número de expediente 161/000022)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, reanudamos
la sesión con el debate y votación, en su caso, de la
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas que garanticen el futuro de
la minería, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, voy a defender en
nombre de mi Grupo la proposición no de ley que presentamos a
la consideración de esta Comisión.
Esta proposición intenta que el Congreso de los Diputados fije
una serie de criterios. La opinión de nuestro Grupo está
basada en otras al men como la nuestra y posiblemente de mayor
relieve, como pueden ser las de algunos otros Estados miembros
y de los sindicatos tanto estatales como de otros países. Esta
proposición pretende fundamentalmente que en la renovación del
Tratado CECA permanezcan los criterios básicos que el mismo
fija para la política comunitaria en relación al carbón. El
tratado CECA lleva 27 años funcionando. No parece que haya
motivos nuevos ni desde luego los que aducen algunos, en algún
supuesto hasta la propia Comisión Europea, del suficiente peso
como para poner en cuestión estos 27 años de experiencia del
Tratado.
La proposición que se somete a la consideración de SS.SS. esta
tarde es de Izquierda Unida, pero creemos que a su vez se
corresponde con las posiciones de todos nuestros sindicatos,
de los sindicatos de este sector de otros países europeos, y
de algunos destacados representantes de Estado de la Comunidad
Europea.
Mi Grupo ha podido estudiar con detenimiento un documento, que
nos parece del mayor interés tanto en su contenido como en lo
que tiene de aval, titulado «Horizonte 2005», que expresa la
política del Estado alemán en relación al carbón, al Tratado
CECA y a las ayudas comunitarias. No sólo por su contenido
sino por su metodología nos parece que es digno de
reconocimiento y quizá de imitación. Este documento refleja un
acuerdo general sobre la política carbonífera, las ayudas
comunitarias
y la posición que el Estado alemán debe mantener en las
negociaciones de la renovación del Tratado CECA; acuerdo
laborioso suscrito tanto por todas las empresas del sector
cuanto por los sindicatos, por los länder más implicados por
la ubicación en sus territorios de industrias carboníferas y
por el propio Gobierno federal alemán. Y esta metodología, por
los agentes que lo respaldan y por ser quizá el país de mayor
peso específico en la Comunidad Europea, es un documento digno
de tener en cuenta. Posiblemente tanto por lo que puede
coincidir con nuestros intereses básicos al respecto, cuanto
por lo que puede suponer de no estar solos sino contar con
aliados tan potentes en la defensa de un tema de esta
envergadura, razón de más para que SS.SS. me permitan leerles
literalmente algunas de las conclusiones, las fundamentales, a
las que llegan después de una metodología tan participativa y
con acuerdo unánime de todas las partes que he citado.
Dicen las conclusiones: Una nueva decisión CECA sobre las
ayudas para después de 1993 debe continuar garantizando los
objetivos de las polític nacionales. El horizonte de esta
nueva decisión debe corresponder a objetivos a largo plazo. En
el marco de este objetivo, el carbón --ellos se refieren al
alemán pero podríamos hablar del carbón nacional-- debe poder
asegurar una contribución significativa al aprovisionamiento
energético, etcétera. Insiste en que el objetivo principal
debe ser la seguridad en el aprovisionamiento, además de otras
consideraciones de carácter social y territorial. La principal
preocupación para el futuro de la Comisión Europea --y aquí
fijan su posición frente a las competencias de la Comisión--
debe limitarse al procedimiento de autorización de las ayudas,
puesto que insisten una y otra vez en que esa es su
competencia y la política energética es competencia de los
Estados miembros. Por último, se refiere a uno de los temas
cruciales: los costes de referencia. A mi Grupo no se le
escapa que el término no es para seguir utilizándolo en su
literalidad, puesto que ha cambiado, pero puede servir para lo
que en sí mismo expresa, independientemente del contenido
coyuntural que en cualquier momento se le haya dado; es decir,
fijar de antemano un precio general de referencia, bien sea
por un procedimiento, el antiguo, bien por otro nuevo
procedimiento que fuera, por ejemplo, el precio en el mercado
internacional; de referencia general hablamos. Los alemanes
argumentan, frente a un precio de referencia por la
metodología que fuera, que el recurso a estos criterios de
referencia culminaría sin remedio en el cierre de
prácticamente la totalidad de la industria carbonera de Europa
occidental. El cierre de cada emplazamiento bajaría de nuevo
la media de los costes de producción, poniendo a los otros
yacimientos de nuevo en situación crítica, de manera que
deberían ser cerrados. Asistiríamos a una especie de espiral
hacia la baja, de la cual el resultado final sería la casi
desaparición de la industria carbonera en Europa occidental.
Repito que esto no lo dice Izquierda Unida --lo hemos dicho--,
en este momento no estoy citando un documento nuestro, sino
una frase relevante del documento «Horizonte 2005» del Estado
alemán. La última referencia que hago es una consideración
colateral, pero importante, a la hora de seguir argumentando
en la misma dirección y sentido. Dice: Un cierre forzado de la
industria carbonera --se refiere a la alemana, pero
absolutamente aplicable a la nuestra--plazo importantes
recursos financieros nacionales, consagrados al proceso de
adaptación social y regional en las regiones mineras, medios
que evidentemente no quedarían disponibles para otras tareas,
sobre todo tareas comunitarias.
Las señorías que hayan leído con detenimiento la proposición
no de ley --supongo que serán todos--, que mi Grupo presenta a
su consideración y votación, habrán observado si no una
coincidencia literal, sí una coincidencia sustancial en cada
uno de los puntos que planteamos a su consideración y
votación. No voy a releer los puntos porque sería redundante.
Simplemente quiero insistir en el punto 3, en la medida que se
expresa con un lenguaje que no hay que coger en su
literalidad, puesto que esto mismo está redactado antes del
último documento comunitario, donde al coste de referencia se
le daba un significado específico, aunque en este caso se
puede fácilmente dar un sentido más general pero no menos
válido. Y en el punto 4 seguimos insistiendo, yo creo que como
dato evidente, obvio, de que nuestro Grupo no pretende ninguna
política numantina del carbón --valga la expresión tan
empleada en esta Comisión incluso esta mañana-- hasta que
pareciera que incluso pretendiéramos ir más allá de los
propios recursos naturales. Nuestro Grupo entiende, ha
entendido y sigue entendiendo que la política carbonera a
mantener a medio y largo plazo debiera hacerse dentro de un
plan concertado a largo plazo con todos los agentes sociales,
con los entes autonómicos implicados y, por supuesto, con el
Estado central. Y esto debiera hacerse en lo que respecta
estrictamente al proceso carbonífero, pero paralelamente en el
mismo plan, y quizá con una relevancia creciente en cuanto al
acompañamiento dentro del mismo plan, a largo plazo, de las
medidas de diversificación, de reindustrialización o, en todo
caso, de potenciación de la economía de las regiones o zonas
más directamente afectadas.
No podemos permitir que nos vuelva a coger el toro y que, como
en ocasiones pasadas, tengamos que hacer reconversiones duras
sobre el vacío. Debemos ser capaces de planificar a la vez un
horizonte para nuestro carbón, con la capacidad que sea, con
la capacidad que racionalmente estimemos en nuestra
circunstancia, incluyendo en esa palabra tan esquiva todos los
conceptos sociales, territoriales y demás, que también son
racionales. Digo que debiéramos acompañar esa política
carbonera de planes en este sentido para que, repito, no nos
vuelva a suceder que reconversiones duras lo sean mucho más
porque se hacen en el vacío, sin ninguna otra alternativa,
tanto para el sector cuanto para las comarcas o regiones
afectadas.
Esta es, señorías, la proposición no de ley que mi Grupo
presenta a su consideración. Nada nuevo por parte de mi Grupo,
nada no homologable a la política que siguen sobre el mismo
tema otros Estados del relieve del que les acabo de mencionar.
Por todas esas razones, mi Grupo espera la mejor de las
consideraciones por parte de todos ustedes.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se ha presentado una enmienda firmada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el
señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: En la filosofía que impregna la
proposición no de ley de Izquierda Unida el Grupo
Parlamentario Socialista está básicamente de acuerdo, pero no
lo está en tal y como se redactan algunos puntos. De ahí que
mi Grupo haya planteado una enmienda a la totalidad, de
sustitución, a la proposición no de ley de Izquierda Unida,
que paso rápidamente a comentar, me referiré primero a la
proposición no de ley y después a la enmienda que propone
nuestro Grupo.
Nosotros creemos que no partimos de cero. El señor García
Fonseca decía que no conviene partir de cero o hacer políticas
que no sepamos a dónde nos conducen. A nosotros nos parece que
tenemos un instrumento fundamental, que es el Plan Energético
Nacional, recientemente aprobado por la Cámara en la
legislatura pasada, que yo creo que nadie me negará que es
fruto de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas
aquí representadas, y yo diría que no solamente de las fuerzas
políticas sino también de las fuerzas sociales. Ante la
Comisión de Industria de entonces y para hablar del Plan
Energético Nacional han comparecido, como todas SS.SS. saben,
multitud de per todo tipo, representando unos a colectivos y
otros simplemente por su autoridad en el tema. Por tanto, el
Plan Energético Nacional elaborado, con vigencia desde el año
1991 hasta el año 2000, es un instrumento precioso, importante
y básico cuando hablamos de política energética en nuestro
país y también de política carbonera. Estoy hablando, como se
dice en la proposición no de ley, del carbón energético.
Pues bien, la política energética del Gobierno, como no podía
ser de otra manera, está definida precisamente en el Plan
Energético Nacional, en el PEN. Está fijada la demanda
energética prevista y el modo de satisfacerla, teniendo en
cuenta multitud de factores: económicos, técnicos,
medioambientales y de I+D que desarrollen energías
alternativas. Dentro del Plan Energético Nacional se potencia
el sector carbón como recurso energético autóctono, con las
limitaciones impuestas por el sobrecoste de su utilización, el
imperativo comunitario de reducción de ayudas públicas a la
minería energética y los requerimientos medioambientales. Es
verdad que tenemos limitaciones medioambientales y
limitaciones de sobrecosto de nuestro carbón, que no debemos
desconocer, para hacer una política realista que nos permita
precisamente el mantenimiento del sector carbonero en nuestro
país; precisamente para su mantenimiento. De a de todo el
proceso que ha supuesto el primer PEN, el segundo PEN y la
negociación del nuevo sistema de contratación de carbón
térmico se haya tenido en cuenta la opinión de todo el mundo,
se hayan hecho, fundamentalmente por consenso, las políticas
definidas en el PEN. Mi Grupo Parlamentario cree --como yo
mismo-- que, por tanto, el Plan Energético Nacional está
plenamente vigente, no solamente porque así lo ha decidido el
Congreso de los Diputados, sino porque las políticas que se
definen en él están plenamente vigentes.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, hay que recordar que el Tratado CECA
prohíbe las ayudas al carbón y que en base a criterios
sociales, a criterios regionales, de reequilibrio territorial
en la Comunidad Económica Europea y también, en su momento, a
la cierta incertidumbre que existía en la seguridad del
abastecimiento de la Comunidad Económica Europea, los Estados
miembros, por unanimidad, decidieron tomar decisiones --valga
la redundancia-- para proceder a establecer ayudas
comunitarias a la industria d tanto, en este momento está en
vigor la decisión 2064/86/CECA que, como SS.SS. saben, deja de
estar vigente el día 31 de diciembre de este año 1993.
¿Qué está haciendo la Comisión? La Comisión ha presentado una
propuesta de decisión al Consejo para que vuelva a tomarse la
decisión de seguir ayudando a la industria carbonera en la
Comunidad Económica Europea y para establecer las nuevas
ayudas que el carbón autóctono ha de recibir a partir del 1 de
enero de 1994. Como también saben SS.SS., esta decisión
todavía no es firme, no está tomada, exige el acuerdo unánime
de todos los Estados miembros, pero su discusión está muy
avanzada. Y cuando hablo de la discusión muy avanzada me estoy
refiriendo a la propuesta de resolución elaborada el día 27 de
octubre pasado, tan reciente como eso. Hay otras propuestas
anteriores, pero el día 27 de octubre pasado desapareció --ya
había desaparecido hace tiempo pero la del día 27 lo
corrobora--el problema que en lo fundamental plantea el Grupo
de Izquierda Unida en la proposición no de ley, es decir, el
llamado precio de referencia comunitario, según el cual, por
encima de él habría que ir al cierre de las
empresas carboneras que fueran incapaces de mantener ese
precio y por debajo de él podían recibir ayudas para el
mantenimiento. Por tanto, el problema fundamental que plantea
la proposición no de ley de Izquierda Unida en este momento no
existe, añado que afortunadamente.
Es verdad, como dice el señor García Fonseca, que hay algunos
Estados miembros que están apostando más decidida y claramente
que otros por la política carbonera autóctona. Hay que añadir
que, por suerte o por desgracia --mas bien por lo segundo--
sólo son dos los países que están apostando por eso: Alemania
y España. Prácticamente los dos únicos países carboneros que
quedan en la Comunidad Económica Europea, puesto que Gran
Bretaña ya sabemos a lo que va y Francia también. Y ¡ojo!
Alemania no es mal aliado. Por tanto, desde ese punto de vista
alguna satisfacción nos queda, pero no tenemos otro aliado en
la política carbonera en la Comunidad Económica en este
momento. Pero quiero matizar que hay dos Estados: España y
Alemania, que, además, están intentando introducir en la
decisión un considerando en el que se diga que no está
resuelta para siempre la seguridad del abastecimiento en
Europa. Los dos Estados lo están intentando hacer. Con todo
esto ¿a qué quiero ir a parar? Quiero ir a parar a lo
siguiente. Nosotros pensamos que puesto que la política
carbonera que está definida en el Estado español está
contenida en el Plan Energético Nacional, puesto que la
política carbonera por la que está apostando el Gobierno
español, junto con el Gobierno alemán, en la Comunidad
Económica Europea es básicamente también la que está reflejada
en el Plan Energético Nacional español, qué mejor que hacer
referencia a este instrumento básico para nosotros en la
proposición no de ley, precisamente para que algo que ha sido
fruto de un consenso amplio --y no fácil--, algo que pensamos
nosotros que puede ser lo que garantice la continuidad de la
industria carbonera en nuestro país, se ponga de relieve en la
proposición no de ley y todos apoyemos ese instrumento porque
ya lo hicimos, en su día, cuando el Congreso de los Diputados
lo votó.
Debo terminar diciendo, respecto a la proposición no de ley,
que el punto 4, en el que se propone la concertación amplia,
en un marco amplio de negociación sobre el carbón, sería como
renegociar algo que ya está negociado, que es precisamente el
Plan Energético Nacional, y, por tanto, correríamos el riesgo
de reabrir un debate sobre un asunto que está cerrado --creo
que bien cerrado afortunadamente para la industria carbonera
española-- y no nos parece oportuno que eso se haga. Sí nos
parece oportuno que sobre las comarcas mineras, como
consecuencia de la reordenación minera, se produzcan políticas
de reindustrialización, de reequilibrio territorial que, por
otra parte, nos consta que se están produciendo en la
actualidad. Tenemos en nuestro país instrumentos financieros
adecuados que están dando resultados --y hablo por lo que
estoy viendo en Teruel provincia, a la que yo pertenezco,
donde la cuenca minera, como el resto de las cuencas minera,
ha sufrido esa reordenación--, digo que hay instrumentos de
incentivos económicos regionales, instrumentos que han puesto
en marcha las propias comunidades autónomas que están
sirviendo para la reindustrialización de la zona, bien es
verdad que con dificultades propias de las situaciones
concretas que las comarcas mineras viven pero están
funcionando.
Por tanto, aceptando, en primer lugar, la filosofía básica de
la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, no podemos aceptar, sin embargo, su
contenido; primero, porque la motivación fundamental de esa
proposición no de ley no existe ya en el proyecto de decisión
respecto a las ayudas CECA; por tanto, no existiendo no
tendría sentido hablar de ello. Y segundo, porque el 4.º punto
que solicita, a nuestro juicio, reabriría peligrosamente un
debate que está cerrado hasta el año 2000, que es el del Plan
Energético Nacional. Por consiguiente, nosotros proponemos una
enmienda de sustitución que, manteniendo el interés primordial
de la defensa del consumo del carbón autóctono nacional en el
parque de generación de energía eléctrica, no choque con
políticas que están bien establecidas, sobre todo porque se
han hecho --repito-- por un costoso y necesario consenso de
todas las fuerzas políticas.
Como la enmienda es muy corta, si SS.SS. me lo permiten la leo
y zanjamos el debate, por lo menos en lo que a mi Grupo
respecta.
La enmienda de sustitución a la totalidad de la proposición no
de ley de Izquierda Unida dice así: Las nuevas decisiones CECA
sobre ayudas al carbón, a partir de 1994, deberán permitir el
mantenimiento de la filosofía y contenidos básicos del Plan
Energético Nacional respecto del papel del carbón, a medio y
largo plazo, de acuerdo con la Resolución 18, aprobada en el
Congreso, que señala: Deberá abogarse por la continuidad de la
misma (política respecto del carbón autóctono) o, en su caso,
por la elaboración de un nuevo código que mantenga las
orientaciones actualmente en vigor. Por todo ello, el Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que mantenga, en su
negociación ante los órganos comunitarios, los criterios
básicos de apoyo al carbón nacional presentes en el Plan
Energético Nacional actualmente en vigor.
Quiero matizar algo, señor Presidente. Como hemos tenido que
hacer esta redacción muy rápidamente, como transacción a la
que habíamos presentado en principio por un esfuerzo de
búsqueda de acuerdo con el Grupo proponente, quizá lo que
acabo de leer no concuerda exactamente, letra por letra, con
la enmienda de transacción que tiene la Mesa. Si así fuere,
ruego que se tenga en cuenta la que tiene la Mesa, porque es
la que intenta aproximarse a la del Grupo proponente. En
cualquier caso, como no tengo una copia en mi poder,
he leído lo que creo que básicamente refleja la enmienda que
presentamos.
El señor PRESIDENTE: Para su tranquilidad, señor Torres, la
redacción concuerda con la que tiene la Mesa, con la excepción
de una cuestión puramente gramatical. Por tanto, no hay
disonancia entre las dos.<ð ¿Algún Grupo quiere consumir un
turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar la
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, voy a fijar
la posición del Grupo Popular en la proposición no de ley.
En primer lugar, debemos alegar que esta proposición no de ley
tiene una serie de partes totalmente diferenciadas. La primera
de ellas se refiere a una estrategia genérica respecto al
carbón, y se refleja en el primer punto de la proposición.
La consideración del carbón como fuente autóctona, básica para
la planificación energética de los países, es un criterio
acertado y por el que se justifica, y se ha justificado, un
tratamiento diferente del carbón respecto a otras mercancías.
Por otro lado, se es consciente de la gravedad del problema
socioeconómico que plantearía el cierre masivo de
explotaciones, y ésta ha sido otra razón para tratar de
formar, muy cuidadosa y diferenciadas, las ayudas estatales a
la industria minera.
Estos dos aspectos justifican una protección de la minería del
carbón superior a la de otras actividades industriales, como
quedó perfectament PEN 1991-2000, y en los Presupuestos
Generales del Estado. Por ello, la filosofía obtenida en el
primer punto de la proposición no de ley es totalmente
aceptada por el Grupo Popular.
Otro aspecto que presenta la proposición no de ley es la
constatación del declive de las zonas que tradicionalmente han
tenido como monocultivo la minería del carbón. La
reestructuración de las empresas ha llevado a generar unos
excedentes laborales, y sobre todo a reducir el número de
puestos de trabajo disponibles en grandes áreas, lo que
condiciona fuertemente el futuro de estas zonas.
Mientras una generación pasa a vivir subsidiada, la siguiente
se encuentra sin posibilidad alguna de vivir y trabajar en sus
pueblos de origen. Por ello debemos apoyar, y esto quiero que
quede claro, con total contundencia todas las medidas
tendentes a la creación de un tejido industrial alternativo
que palie los problemas derivados del declive minero.
Por otro lado, el problema medioambiental de las cuencas
mineras, tanto de explotaciones subterráneas como a cielo
abierto, es muy importante. Esto motiva que nunca serán
suficientes las medidas que se tomen en pro de la preservación
del medio ambiente y de la regeneración de las zonas dañadas.
Además, esas actividades pueden ser, al menos a corto plazo,
una de las fuentes alternativas de trabajo, provocando
simultáneamente efectos beneficiosos.
Las consideraciones en relación al cuarto apartado, respecto a
la reindustrialización de las zonas mineras y de las
necesidades de fomentar la protección medioambiental en las
mismas, están presentes en el cuarto punto de la proposición
no de ley, que también ha de ser apoyado por el Partido
Popular.
Sin embargo, tenemos que manifestar que el segundo y el tercer
punto propuestos se basan en dos ideas que tienen nuestros
reparos. La primera se refiere a la capacidad de la Comunidad
Económica para dictar normas en torno al tema carbón en
particular, y al energético en general. La segunda a la
necesidad de renunciar a un precio de referencia y de
subvencionar la minería del carbón sin ningún tipo de
limitaciones condicionantes.
Hasta muy recientemente, la planificación y la política
energética de la Comunidad Económica Europea han venido siendo
la suma de los programas decididos a nivel nacional por los
distintos estados comunitarios, limitándose la Comisión a
proponer al Consejo de Ministros una serie de objetivos
deseables. Los definidos a principios de 1985 para la
siguiente década y, por tanto, actualmente en vigor, fueron
los siguientes: mejorar la eficacia energética en un 20 por
ciento adicional; limitar el consumo del petróleo al 40 por
ciento del consumo energético comunitario; limitar la
utilización de hidrocarburos en la generación de electricidad
a menos del 15 por ciento; incrementar el uso del gas natural,
garantizando un suministro seguro y más diversificado;
incrementar la utilización de combustibles sólidos, respetando
el objetivo de limitar la contaminación y mejorando las
capacidades productivas, y por último, incrementar la
contribución de las energías renovables en el balance
energético comunitario.
Estos objetivos se han venido cumpliendo en líneas generales.
Sin embargo, para la política energética común hay una fecha
clave: febrero de 1986, mes en el que se firma el Acta Unica
Europea. Un aspecto básico de este Acta Unica Europea es la
creación del mercado interior, un espacio sin fronteras
interiores en el que se debía de garantizar, a partir del 31
de diciembre de 1992, la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales. Partiendo de este concepto,
el energético es un sector en el que también deben ser
eliminadas todas las fronteras.
Casi todos los países miembros de la Comunidad Europea han
mostrado su rechazo frontal a que la energía sea considerada
como una mercancía más, y esté sujeta, por tanto, al concepto
del mercado interior. Las razones que se han esgrimido son muy
diversas: en primer lugar, la comercialización al introducir
el concepto de servicio público, imponiendo calidad y
seguridad,
se trata de un mercado de monopolios, con las limitaciones
correspondientes y competencia; diversidad de empresas, puesto
que en este sector están, por un lado, las Pymes y, por otro,
empresas de gran tamaño como las multinacionales; diferente
disponibilidad de recursos energéticos autóctonos; diferente
esfuerzo inversor ante la crisis del petróleo y la relación
coste-precio de venta radicalmente diferentes.
A pesar de todas estas consideraciones la Comunidad Europea
avanza eliminando barreras, y tenemos que decir que
últimamente se está haciendo un gran esfuerzo desde el punto
de vista de la eliminación de las barreras fiscales.
Pero tenemos que decir que, a estas alturas, la política
energética no es una política comunitaria, es utópica. En el
sector del carbón es esp realista, ya que el aspecto
energético que más en cuestión se pone es el de acceso de
terceros a las redes de transporte de gas y electricidad.
Nadie cuestiona que el carbón deba regirse, en sus aspectos
básicos, por las normas del mercado interior; sin embargo,
dadas sus características diferenciales como mercancía, sí
puede estar sujeto a consideraciones especiales. De ahí viene
toda la discusión sobre las ayudas estatales a las
explotaciones deficitarias, y en especial a aquellas que se
conceden después de 1993.
La filosofía básica de la Comunidad Económica, que el Partido
Popular comparte, es que el Estado no puede subvencionar,
indefinidamente y sin ningún requisito, las explotaciones
mineras deficitarias. Es necesario ir reduciendo
progresivamente estas ayudas, cerrando aquellas explotaciones
más deficitarias y mejorando la productividad y el precio de
tonelada extraída para tender a conseguir una minería del
carbón rentable.
Sin embargo, todos los aspectos anteriormente citados pueden
verse corregidos en alguna medida por consideraciones de
autoabastecimiento energ interés social, que son los casos que
estamos examinando. De hecho, estos principios básicos ya
están siendo tenidos en cuenta por la Comunidad.
El proyecto de bases para las ayudas estatales al sector de la
minería para el período 1994-1997, elaborado por la Comisión
en la primavera de este año, está siendo modificado
radicalmente en el Parlamento Europeo. Se han presentado más
de sesenta enmiendas para tener en cuenta consideraciones
tales como la importación del autoabastecimiento energético,
la protección frente a las importaciones de terceros países y
los costes sociales de cierre de explotaciones mineras,
etcétera. Estas enmiendas pueden ser suficientes para evitar
unas medidas demasiado liberalizadoras y dañinas para la
sustitución socioeconómica de las cuencas mineras.
Sin embargo, en este nuevo afán de proteccionismo no se debe
llegar, en modo alguno, a un mantenimiento eterno del «statu
quo», al enmascaramiento de situaciones inviables y a la
defensa de gestiones no eficientes. En este tema, como en
tantos otros, habrá que llegar, y a eso es a lo que estamos
dispuestos, a un equilibrio entre medidas liberalizadoras y
tendentes a garantizar el libre mercado, la realidad social y
las necesidades específicas de los países miembros, para lo
que ya se están dando los pasos adecuados en el Parlamento
Europeo.
Por todos estos motivos comentados anteriormente, no parece
adecuado apoyar los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley,
que están en contra de que la Comunidad Económica regule nada
respecto al carbón y de que en esta posible regulación se
llegue a un compromiso entre necesidades sociales y
proteccionismo del sector.
Estamos totalmente de acuerdo con la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Socialista, y si, lógicamente, ésta es
aceptada por el pro mos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Presidente, voy a intervenir
muy brevemente para no repetir lo que han dicho ya los
diferentes portavoces de otros grupos parlamentarios.
Nuestro Grupo considera que si el Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya acepta la enmienda transaccional que
ha presentado el Partido Socialista, votaríamos
afirmativamente esta proposición no de ley, ya que
consideramos acertado el papel que ha de jugar el carbón de
origen nacional en cuanto al abastecimiento de energía dentro
del Estado, que se circunscribe al Plan Enegético Nacional
1991-2000. Además, consideramos va a alcanzar prácticamente la
unanimidad dentro de los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Para especificar la aceptación o no de
las enmiendas primitiva y transaccional presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en nombre
del Grupo proponente de la proposición no de ley, el señor
García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Nuestro Grupo va a aceptar, como se
ha ido indicando, esta enmienda transaccional, pero quisiera
situarla en el ánimo, en el espíritu que se suele decir
también, en el significado preciso, dicho de una manera que me
parece más adecuada, con el que mi Grupo la acepta.
Izquierda Unida, en su día, manifestó sus profundas
discordancias con el Plan Energético Nacional, hasta el punto
de que fuimos, creo, los únicos que presentamos un plan
energético alternativo, que trabajo nos costó elaborarlo
(Risas.); refleja en el mismo. Llegamos no solamente a hacer
propuestas
de filosofía, sino propuestas concretas, cuantificadas, con
todo lujo de razonamientos teóricos, estadísticos y contables.
Quede pues, claro, en qué contexto mi Grupo acepta la
enmienda, lo cual no nos impide, obviamente, en el trámite de
resoluciones, buscar el más amplio consenso sobre aquellos
puntos en los que podía haber coincidencia, que fueron algunos
importantes, y entre ellos éste al que de alguna forma alude
la resolución. Este es un primer encuadramiento de la
aceptación por mi Grupo de la enmienda transaccional.
En todo caso, fue un parto difícil, lo confieso, por parte de
mi Grupo, y tengo que añadir, a fuer de ser sincero, que
después de oír la inte Popular, de mi amigo el señor Landeta,
es un parto difícil con cesárea (Risas.). Pero, repito una vez
más, no por las interpretaciones o contextos en que cada cual
lo sitúa, sino en lo que dice literalmente y en el contexto en
que lo sitúa mi Grupo, admitimos esta enmienda transaccional.
Sentimos, sinceramente, que no se acepten los puntos 3 y 4; lo
sentimos porque, repito, ojalá fuera cierto que al margen ya -
-y lo dije en la introducción-- de la denominación de coste de
referencia el problema sustantivo estuviera resuelto. Mi Grupo
entiende que no, y ojalá, repito, estuviera resuelto, pero no
lo está. Llamémoslo de otra manera si no queremos hablar de
coste de referencia, que se acuñó con un determinado
significado, pero el problema de fondo, insisto, no está
resuelto.
Tampoco pretendíamos con el número 4, que seguimos manteniendo
(y al decir que seguimos manteniendo me refiero en nuestra
política, no en lo q a votar hoy aquí), que supondría de nuevo
debatir el Plan. Mi Grupo acepta las decisiones democráticas
de esta Cámara, aunque no las comparta. Pero todo plan
necesita luego un reglamento, y en concreto una aplicación, y
es ahí, en la aplicación de las directrices del Plan, el que
fuera --en este caso el que hay--, donde nosotros entendemos
que sería de la mayor utilidad una metodología como la que
aquí planteamos. No se acepta, y mi Grupo lo siente; pero
sigue manteniendo en su política las posiciones que
manifestamos. No obstante, en aras al debate comunitario (no
ya porque nosotros contemos con un socio del calibre del
alemán, sino que, me atrevo tristemente a decir que los
alemanes puedan contar con nosotros) mi Grupo, repito una vez
más, acepta esta enmienda transaccional, ya que entendemos
que, aun a pesar de su limitación, es una contribución
positiva de esta Comisión en el sentido de la posición que
debe mantener el Gobierno en esta negociación.
El señor PRESIDENTE: Terminadas las intervenciones, pasaremos
a la votación.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, rogaría que se
leyera el texto transaccional para que quede plasmado, porque
ha habido una diferencia gramatical que creo sería bueno que
quedara reflejada en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: El texto de la enmienda transaccional,
tal como consta en poder de la Mesa, dice así: El Congreso de
los Diputados considera que las nuevas decisiones CECA, sobre
ayudas al carbón a partir de 1994, deberán permitir el
mantenimiento de la filosofía y contenidos básicos del Plan
Energético Nacional respecto del carbón a medio y largo plazo,
de acuerdo con la Resolución 18 aprobada por el Congreso, que
señala: «Deberá abogarse por la continuidad de la misma
(política respecto del carbón autóctono) o en su caso por la
elaboración de un nuevo código que mantenga las orientaciones
actualmente en vigor». Por todo ello, el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que mantenga en su negociación
ante los órganos comunitarios los criterios básicos de apoyo
al carbón nacional presentes en el Plan Energético Nacional
actualmente en vigor.
En estos términos, por tanto, vamos a votar esta enmienda de
transacción que queda como único texto de la proposición no de
ley.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda
de transacción a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Vamos a suspender la sesión por cinco minutos para pasar con
posterioridad al trámite de las preguntas.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE FUTURO DEL SECTOR DE FERTILIZANTES EN CARTAGENA
(MURCIA) ASI COMO SITUACION DE LA INVERSION DE LA EMPRESA
AMERICANA (FREEPORT). FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS MARTINEZ
(G.IU-IC) (Número de expediente 181/000015)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión, que comprende
la contestación a seis preguntas, divididas en dos bloques.
Una primera pregunta, a la que dará respuesta don Juan Ignacio
Moltó García, Secretario de Estado de Industria, corresponde
al Diputado señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y versa sobre el
futuro del sector de fertilizantes en Cartagena, así
como situación de la inversión de la empresa americana
(FREEPORT).
Para proceder a la sustanciación de esta pregunta, tiene la
palabra el señor Ríos Martínez por un tiempo de diez minutos.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar no consumir ni siquiera
ese tiempo que me acaba de dar el señor Presidente.
Para ciertas actividades económicas (antes se hablaba del
carbón) había que aplicar algunas de las virtudes que
aprendimos: la fe, la esperanz Caridad, no queremos;
esperanza, nos queda, y fe, poca.
El problema del sector de fertilizantes en la región de Murcia
viene de una actividad productiva importante en un sector que
nosotros consideramos estratégico para la economía española,
estratégico puesto que es el futuro que se nos viene a dar en
el concierto europeo, y sin embargo se han ido haciendo planes
de reconversión desde el año 1986: empresas públicas, dos,
Asur y Enfersa, y una empresa, Fesa, se agruparon después de
1990 en torno a Ercros.
Lo cierto es que la evolución final de todo este devenir no ha
estado garantizando ni la actividad productiva ni la
modernización del sector, y los dineros públicos no han
servido para el objetivo que cubrieron. Se dio una cantidad a
Ercros, al Grupo KIO, para hacer un plan de modernización y,
sin embargo, hoy nos encontramos con que una sociedad,
Fertiberia, en la que se mantiene Ercros y en la que participa
la empresa americana FREEPORT, durante un año, por un dinero
--no sabemos la cifra- - va a mantener una actividad a ver si
tiene o no tiene futuro, y con posterioridad poder actuar. Y
otra sociedad, Erkimia, va a mantener la relación por otro
lado.
En concreto, la pregunta que queríamos formular es cuál es el
futuro del sector de fertilizantes en Cartagena, qué empresas
y para producir qué, continuarán en ese futuro, qué número de
trabajadores tendrán y cómo se va a producir ese proceso en la
situación que podamos tener hoy, porque yo comprendo que esa
situación de hoy puede ser una determinada.
En cualquier caso, sí que sería bueno, por aquello que
empezaba diciendo de la esperanza, conocer en qué situación
van a encontrar cada uno de los centros de producción, en ese
tránsito de un año, por parte de una sociedad que va a
gestionar una parte, la sociedad Fertiberia, y, en otra, por
lo que toque a Erkimia. Esperemos que la inversión que se haga
cuente con perspectivas de viabilidad y de futuro, con
compromisos serios para modernizar la estructura productiva,
para que no salga más barato importar fertilizantes que
producirlos aquí y, sobre todo, para garantizar una actividad
productiva en los volúmenes adecuados. Por tanto, no estamos
haciendo una pregunta para conocer una posición desde la
resistencia, queremos conocer para después posicionarnos. Ese
es el objetivo de la pregunta, saber por qué camino va la
actuación del Gobierno y, en función de eso, hacer propuestas.
Es verdad que una parte importante de esta cuestión ha sido
tramitada vía Pleno, la situación de los pasivos. No me he
referido a ello en todo el proceso de reconversión puesto que
el Ministro de Trabajo ya respondió a esa parte. En cualquier
caso, no es para extrañarse; hay tres bloques pasivos. Lo digo
por la perplejidad que podamos tener unos y otros. La
situación de pasivos es más complicada; obedece a la situación
que se ha producido en cada una de las empresas y a la falta o
no de compromiso que la empresa nueva pueda tener para hacer
frente a obligaciones que las empresas debieran haber cubierto
en su momento. No he querido entrar en ese tema, que es
complejo, solamente lo he hecho en la parte industrial y
productiva.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta y también por un
tiempo de diez minutos, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado de Industria.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA (Moltó García):
Señoría, no sabía que se hubiese preguntado esto al Ministro
de Trabajo ni que hubiese contestado.
Me alegro que sobre los pasivos de FESA-Enfersa se haya
dirigido a quien corresponde tener la información más cabal
del asunto, que tiene que ver con el plan laboral y no tanto
con el industrial.
La interpelación, que, por otro lado, agradezco, porque este
tema nos ha llevado algún tiempo en el Ministerio, va dirigida
a saber exactament la intervención de Freeport Mac Moran en la
operación. La situación de las factorías en la zona de
Cartagena es suficientemente conocida, creo yo, aunque puedo
exponerla.
Como sabe, allí hay tres factorías y hay unas resoluciones
administrativas públicas, que puedo hacer llegar a S.S., que
establecen los plante industrial y del plan laboral en esas
tres factorías, pertenecientes a FESA-Enfersa, derivada como
usted ha explicado muy bien, de la actuación del accionista,
la sociedad Ercros, que está en suspensión de pagos. Ese plan,
aprobado en su aplicación por los sindicatos y también por la
Comunidad Autónoma de Murcia, si no estoy equivocado --tengo
aquí las resoluciones que me han aportado--, supone
prácticamente el cierre de la factoría de Escombreras, creo
yo, un mantenimiento de un nivel de producción de Asur y una
modificación, sobre todo por razones de medio ambiente, de la
factoría de El Hondón. Esto se aprobó antes del verano y este
acuerdo ha hecho posible el levantamiento por los acreedores
de la suspensión de pagos de FESA-Enfersa. Era una de las
condiciones que había impuesto la Comisión de acreedores para
poder levantar la suspensión de pagos y que la sociedad
pudiese generar una segregación
de activos, que se constituyese una nueva sociedad y empezar a
gestionar el plan industrial, que estaba basado, en la zona de
Cartagena, en estas premisas, a través de una nueva sociedad,
que es la que se constituyó recientemente, y que gira bajo el
nombre de Fertiberia, sociedad anónima, cuya gestión se ha
encomendado, por un contrato, al inversor americano Freeport
Mac Moran, que tiene importantes España, especialmente en
Huelva.
Cuál va a ser el futuro, que es la otra parte, de una empresa
industrial privada, yo no sería capaz de decirlo y, además,
creo que usted no me lo pregunta.
Me dice que si puedo anticipar cuál va a ser el resultado de
la gestión de Freeport. Queremos creer que va a ser saludable.
Por otro lado, en la operación de la intervención de Freeport
Mac Moran, hasta donde yo sé, no se ha metido absolutamente
ningún dinero público, desde el punto de vista de
subvenciones, aunque sí se han obtenido determinadas
facilidades para conseguir créditos suficientes para el
saneamiento de la vieja FES-Enfersa y créditos de circulante
para poder poner en marcha la nueva empresa. Todo ello se ha
hecho, como supongo que usted sabrá, de acuerdo con los
sindicatos, que han estado presentes en todo el proceso, en
relación con el Ministerio de Industria y con toda la
Administración pública, yo diría que en un proceso
transparente de conexión con los trabajadores afectados por el
conflicto.
Esto es lo que podría decirle en relación con el tema. No sé
exactamente lo que va a ocurrir en el futuro, cuando
transcurra el plazo de gestión, creo que no lo puede saber
nadie, ni cuál va a ser el futuro industrial de los
fertilizantes, no solamente en Cartagena sino en el conjunto
del Estado. Respecto de una empresa que se privatizó en su
momento, como usted bien sabe, creemos que el Gobierno ha
hecho lo que le correspondía, que es afrontar la
responsabilidad política de intentar salvar o atender las
necesidades que tenía todo el sector, la empresa y los centros
afectados, en un marco de negociación con los sindicatos, con
la posibilidad de atraer, que es función del Gobierno, un
inversor extranjero a nuestro país, que pudiese gestionar la
situación del sector de fertilizantes.
Desde ese punto de vista, no hay que desconocer la propia
situación del accionista, de Ercros, incluso de su matriz
original. Por tanto, no ha sido fácil que se hiciese más
racional el proceso de ajuste, sobre todo teniendo en cuenta
que todos los procesos han sido pactados con los trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la
palabra el señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Es una evolución larga en el tiempo.
Es cierto que en todos los procesos ha habido participación
sindical, incluso acuerdos con los sindicatos en algunos.
También es cierto que muchos de esos acuerdos no se han venido
cumpliendo.
Usted ha relativizado un poco el papel que puede jugar la
Administración en un sector que, desde nuestro punto de vista,
es estratégico. Yo no sé si la Administración, o ustedes,
desde el Ministerio, ven, en cuanto al sector de
fertilizantes, que no es lo mismo tener la producción aquí que
tener que actuar desde fuera.
Yo no estoy pidiendo que se vuelva a recuperar la vieja
dialéctica de Enfersa y Asur, que era pública y que actuaba
como una empresa determinada del INI. No estoy diciendo que
esa sea la solución; sí que se garantice la estabilidad de la
producción de fertilizantes en aquella comarca, en la comarca
de Cartagena, fuertemente sacudida por los procesos
industriales --que no viene al caso mencionar porque no es el
momento--. Sería importante el mantenimiento de actividad.
Según su respuesta, se ha producido lo siguiente: Asur va a
continuar, la factoría de El Hondón, a la que usted hacía
referencia, cesa, y Enfersa, que es la que estaba en el valle
de Escombreras, prácticamente desaparece como estructura
productiva; no va a continuar ni en la parte de Fertiberia ni
en la parte de Erkimia.
Ha dicho que se ha buscado un socio extranjero inversor, la
Freeport Mac Moran, que durante un año va a gestionar, a
administrar, con un contrato de servicio. Y, en función de la
evolución, verá si continúa o no. A mí me hubiese gustado que
me explicara de qué manera podría garantizarse la continuidad
porque, si al final de año no le interesa a Freeport la
gestión de esta empresa, nos encontraremos otra vez con una
estructura productiva determinada, donde Ercros sigue teniendo
un porcentaje de participación en Fertiberia. Es decir, que,
aunque fue una empresa que tuvo suspensión de pagos, sigue
participando en esta nueva sociedad para garantizar la
continuidad, porque le haya interesado o no sé por qué razón.
Quisiera saber de qué manera se actuaría para garantizar una
permanencia o una continuación de la actividad. ¿Sería buscar
otro socio inversor? A lo mejor no es solamente la Freeport;
en su día estuvieron discutiendo con otros agentes o con otras
sociedades.
En suma, lo que venía a preguntarle era la perspectiva de
futuro, en el sentido de estabilidad, de lo que ahora mismo
queda, aceptando incluso que la parte de Enfersa va a dejar de
producir y que Freeport se queda con la parte más rentable.
Sería bueno conocer en qué condiciones, qué rama de la
producción va a seguir o en qué medida va a incorporarse a
otra empresa que iba a continuar la actividad.
En todo caso, nuestro objetivo es introducir, y se lo digo
sinceramente, elementos de esperanza en una comarca y en un
sector productivo que consideramos que es importante para la
gestión. No queremos añadir desesperanza y angustia. Desde esa
óptica solicitamos la información; que no haya duda de cuál es
nuestra
voluntad. Estamos informados de los acuerdos o convenios en
los que hayan participado los sindicatos y queríamos conocer
el compromiso de la parte contratante, a la que representa
usted.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moltó.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA (Moltó García):
Como muchas otras veces, estoy muy de acuerdo con usted y con
lo que su Grupo representa. Efectivamente, éste no es un caso
de caridad para nada y, desde luego, tampoco es una cuestión
de fe. Yo quiero mandar ese mensaje de esperanza y creo que
estamos cerca.
Yo no he dicho, no he querido decirlo, no sé si se ha
entendido, que no se vaya a seguir produciendo en Escombreras.
Lo que he dicho es que el acuerdo pactado con los sindicatos
implica eso. Yo no me atrevería a decir que en Escombreras no
va a seguir produciéndose, porque eso lo tiene que decidir la
empresa, no el Gobierno. En este momento lo que tenemos
establecido es ese escenario. Yo, personalmente, creo que ese
va a ser el futuro, pero no puedo decir que Fertiberia, que va
a ser o que es la nueva empresa, no ponga a funcionar el
centro de Escombreras. La impresión que tenemos es que eso no
va a ocurrir o que no es previsible que ocurra en un plazo
corto, aunque no soy yo quien decide que no funcione
Escombreras. Es la empresa privada; son ellos los que tienen
que atender estas necesidades, una vez que se tomó la decisión
de que no fuese una de las empresas públicas la que gestionase
el sector.
Pregunta si el sector es estratégico o no. El Gobierno cree
que es un sector importante y, por tanto, tenemos que hacer un
esfuerzo para que sobreviva en España y tenga un nivel de
ocupación digno. Yo pienso que el nivel de inversiones que hay
en el conjunto del sector es lo suficientemente importante
para que no estemos hablando ni de caridad ni de fe, sino de
esperanza en remontar una situación mundial del mercado en
recesión que lógicamente deberá mejorar a lo largo del tiempo.
Y ésa es la apuesta que ha tomado el inversor extranjero.
Me interesa destacar que Freeport no es un especialista en
gestión, es un inversor. En este momento está gestionando,
pero con el objetivo de invertir. ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que el objetivo de Freeport no es tanto seguir
gestionando Fertiberia como tener la mayoría. Y ese es su
compromiso con el Gobierno del Estado en este acuerdo y el que
ha permitido dar facilidades crediticias. No hay un gasto
público adicional.
Yo creo que S.S. me entiende cuando le digo que no es
simplemente que haya aquí un inversor extranjero que va a
gestionar y si me va bien, me va bien, y si me va mal sigo
gestionando... Lo que tiene es el compromiso de tomar la
mayoría si, como todos esperamos --que viene también de
esperanza--, la situación de las empresas mejora.
Me complace poder decir a SS.SS. que estamos bastante de
acuerdo y me da la impresión de que los objetivos que tiene
S.S. y los del Gobierno la tramitación que se está haciendo es
razonable, porque permanentemente estamos en contacto con los
sindicatos, en contacto con la empresa y en contacto con los
inversores, para que la situación, como usted sabe, vaya
mejorando paulatinamente hasta poner en funcionamiento esta
empresa. Tampoco hay un objetivo de que sea rentable de
inmediato, pues, en un sector como éste, que está sujeto a
tantas alternativas del mercado, eso es difícil porque tiene
una fuerte dispersión y la capacidad de gestionar el
circulante siempre es más compleja que en otro tipo de
negocio; que, en un plazo razonable, el sector de
fertilizantes en España, si esas perspectivas de esperanza que
usted mencionaba se cumplen, sea eficiente y podamos cumplir
estos objetivos, que yo creo que son comunes en el Grupo que
S.S. representa y la mayoría que sostiene el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión para agradecer y
despedir como corresponde al señor Secretario de Estado.
Continuaremos de inmediato.
--SOBRE DECLARACION DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESION PARA LA
EXPLOTACION DE CUARZO E ILMENITA EN LA CANTERA «ISABELITA» DE
ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ). FORMULADA POR EL SEÑOR ANDREU
ANDREU (G.IU-IC) (Número de expediente 181/000023)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
En esta ocasión, está con nosotros don Luis María Atienza
Serna, Secretario General de la Energía y Recursos Minerales,
para dar respuesta a las cinco preguntas que restan en el
orden del día. cantera «Isabelita» de Arcos de la Frontera.
Tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: El 27 de febrero de 1981 se hizo una
concesión en favor del ciudadano don José Estévez de los Reyes
para que explotara una mina que se llama «Isabelita», en Arcos
de la Frontera. Esta concesión se hizo porque se suponía que
existía una cantera y de hecho existe una cantera importante
de cuarzo e ilmenita. La ilmenita, para que SS.SS. lo sepan,
es un material del cual se saca titanio. Y, para que pudiera
realizar esta operación, en esa concesión administrativa se
daba la facultad de expropiar unos terrenos
que son bastante importantes dentro de Arcos de la Frontera.
No eran unos terrenos cualquiera, eran unos pinares
extraordinarios, con unos pinos de una calidad impresionante
que eran el principal pulmón de Arcos de la Frontera, por lo
cual, cuando se produjo este hecho, hubo las mayores
manifestaciones que se recuerdan en Arcos de la Frontera no
digo ya en la democracia sino incluso en períodos anteriores a
ella, porque aquello era un golpe bastante duro para el medio
ambiente de Arcos y en algo muy sentido por el conjunto del
pueblo. En cualquier caso, se empezó a explotar esa cantera a
partir de esa fecha uniéndose a otras canteras que había en el
entorno.
Lo cierto es que lo que ahí se ha explotado fundamentalmente
ha sido mucho cuarzo, de ilmenita nada. Se ha explotado un
cuarzo de gran calidad, se han sacado de allí importantes
cantidades de arenas blancas para vidrio y también se han
sacado cantidades menos importantes, aproximadamente un 20 por
ciento del conjunto, de arenas destinadas a la fundición de
hierro. Sin embargo, esta explotación no se ha hecho sin
grandes costos medioambientales, porque incluso en la propia
concesión administrativa se prohibía al concesionario que
llegase en ningún momento al nivel freático de aquel terreno.
Y reiteradamente ha llegado al nivel freático. Yo he podido
comprobar la existencia de varios vídeos de diferentes
situaciones en que había auténticos lagos, de hectáreas de
superficie, en los que evidentemente se había traspasado el
nivel freático. Y todo esto se ha hecho con la complicidad más
absoluta de la Delegación de Minas de la provincia de Cádiz,
que ha permitido de forma reiterada que esto suceda, que en
ningún momento ha levantado un expediente de caducidad contra
el incumplimiento de las condiciones de esta concesión
administrativa, incluso a pesar de que organismos como el
encargado del medio ambiente de la Junta de Andalucía haya
tomado reiteradamente conciencia de este tema y haya abierto
las correspondientes investigaciones.
Siempre ha llamado mucho la atención la pasividad de la
Delegación de Minas de la provincia de Cádiz en una actuación
como la que se ha producido. No solamente se ha tocado el
nivel freático, sino que incluso se ha incumplido la Ley de
Minas en lo que se refiere a distancia a carreteras, a
distancia a tendidos eléctricos, etcétera.
Es evidente que el concesionario goza de un poder económico
importante pero esto en ningún lugar debe ser óbice para que
se aplique la Ley y para que el Ministerio se plantee acciones
contra esta concesión administrativa.
Por tanto, yo le ruego que me comunique si realmente tienen
constancia de esta situación en el Ministerio y qué acciones
piensan emprender.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a esta pregunta, tiene
la palabra el señor Atienza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo lamento profundamente no poder pronunciarme sobre
el fondo de su cuestión, por razones de competencia de esta
Administración central. Lo lamento porque seguramente podíamos
habernos ahorrado el tiempo SS.SS. y yo, y no porque no crea
en el Estado autonómico que distribuye las competencias entre
administraciones. El 29 de diciembre de 1982 se aprobó el Real
Decreto 4164/1982, que traspasó las competencias en materia de
industria, energía y minas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y corresponde a los servicios de esta Comunidad
Autónoma pronunciarse sobre la concesión de esas explotaciones
mineras. Por lo tanto, es un tema sobre el que la
Administración central no puede pronunciarse, por haber
perdido hace ya diez años esas competencias en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: No son exactamente esas las noticias
que tengo. La Delegación de Industria en la provincia de Cádiz
continuamente recibe denuncias sobre este tema. Ha recibido
denuncias no solamente por parte de Izquierda Unida, sino por
parte de la Federación ecologista, pacifista y gaditana;
denuncias que se han recogido en esa Delegación y que entiendo
que deben ser trasladadas a este Ministerio. No entiendo yo
que, si se plantean denuncias ante la Delegacion de la
Administración central en la provincia de Cádiz sobre este
tema, sean denuncias que puedan ser traspasadas directamente a
la Junta de Andalucía. Es más, hoy, concretamente, se ha
convocado una reunión en la Delegación de Gobernación de la
Junta de Andalucía, a la que se ha invitado a esa Delegación
del Ministerio de Industria y no ha ido. (Rumores.) No sé cómo
estará el reparto competencial, pero si la propia Junta de
Andalucía invita a elementos de la Delegación de Industria, me
imagino que el marasco competencial debe ser importante.
En cualquier caso, yo dejo aquí expresada la denuncia que hace
mi Grupo Parlamentario. Creo que es bueno que se tenga noticia
de ella, indepen que, si usted considera que el reparto
competencial no es así, nosotros la traslademos de igual
manera a la Junta de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Señor Atienza, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Atienza Serna): Solamente quiero decir que difícilmente
podemos aceptar una interpretación de la distribución de
competencias por
la cual la atribución de las competencias la produzca el
denunciante, a la hora de determinar en qué ventanilla
presenta su denuncia. Como usted comprenderá, la distribución
de competencias no se realiza con esos criterios, sino de
acuerdo con la legislación de desarrollo de nuestro Estado
autonómico.
--SOBRE INVERSIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑIA REPSOL EN
CARTAGENA (MURCIA) DE LAS COMPROMETIDAS EN EL PROTOCOLO
FIRMADO CON LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA REGION
DE MURCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS MARTINEZ (G.IU-IC)
(Número de expediente 181/000035)
--SOBRE FUTURO REAL DE LA PLANTA REPSOL DE CARTAGENA (MURCIA).
FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS MARTINEZ (G.IU-IC) (Número de
expediente 181/000036)
--SOBRE RAZONES DEL INCUMPLIMIENTO POR LA EMPRESA PUBLICA
REPSOL DEL CONVENIO FIRMADO EN ABRIL DE 1992 CON LA CONSEJERIA
DE FOMENTO Y TRABAJO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA.
FORMULADA POR EL SEÑOR RIOS MARTINEZ (G.IU-IC) (Número de
expediente 181/000038)
El señor PRESIDENTE: Quisiera preguntar al Diputado que ha
formulado la pregunta que lleva como número de expediente el
35, y que ha formulado también las tres siguientes, don Pedro
Ríos, si tiene previsto acumular su tramitación.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a agrupar tres
de las preguntas en una sola intervención y dejaré otra para
formularla aparte. Agruparé la pregunta que en el orden del
día va en el número 7, sobre inversiones realizadas por la
Compañía Repsol, la número 8, sobre el futuro real de la
planta Repsol, y la última, la número 10, que hace referencia
a las razones del incumplimiento del protocolo que se firmó
entre Repsol y la Consejería de la Comunidad Autónoma. Dejaría
aparte el tema del cierre de la planta de envasado y mezcla de
aceite, que yo creo que es un tema que se puede comentar
aparte, aunque no habría ningún problema para hacerlo unido.
En fin, porque es un tema distinto, lo separaría.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Para formular las preguntas números 7, 8 y 10 orden del día,
tiene la palabra al señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Hay un cuento que anuncia la venida
permanente del lobo, siempre anuncia al lobo, pero nunca llega
y el personal, al final, se relaja. Anuncian que viene el
lobo, nadie se lo cree, pero termina viniendo. Yo espero que a
mí me suceda esto del cuento del lobo con lo que son las
inversiones que Repsol debiera hacer en la Comunidad Autónoma
de Murcia, en concreto en Cartagena, para garantizar el futuro
de esta planta en nuestra región. En cualquier caso, presenté
cuatro preguntas de respuesta escrita en el mes de julio. En
el mes de septiembre, en vista de que esas preguntas no se
respondían, presenté las preguntas para respuesta oral en la
Comisión. Mientras tanto, se ha producido una parte de esa
respuesta. Por tanto, mis preguntas van a mezclar la
información que este Diputado ya posee, porque el Gobienro ha
tenido a bien ponerla en su mano y el protocolo que firmó con
la Comunidad Autónoma, y voy a demandar la información de lo
que no he podido obtener todavía.
En principio, fruto de este protocolo que se firmó el 3 de
abril del año 1992, por un lado, la Comunidad Autónoma se
comprometía a unas inversiones de equis dinero y la empresa
Repsol a invertir, en el año 1992, 17.000 millones de pesetas
y, en los ejercicios 1993, 1994 y 1995, hasta 43.000 millones
de pesetas. Lo cierto es que hasta el mes de agosto del año
1993, según la información de que dispone este Diputado,
cuatro actuaciones de las anunciadas no se habían iniciado, a
pesar de que había previsiones para acometerlas en el año
1992. En concreto, la actuación de vacío o coquización HDS iba
a tener una inversión en el año 1992 de 3.900 millones de
pesetas y en los ejercicios de 1993 a 1995 de 15.000 millones
de pesetas. Y a esa fecha no había empezado la ejecución de
esa planta. En la planta de gasoil auto, es decir, HDS,
también se anunciaba para ese período 530 millones y no se ha
puesto en marcha. Es verdad que en el año 1992 no tenía
inversión alguna anunciada en el protocolo que se firmó y sí
las anunciaba para los años 1993-95. La planta de
hidrogenación y parafinas tenía una inversión anunciada en el
año 1992 de 640 millones de pesetas y en los ejercicios 1993 a
1995 de 960 millones de pesetas. En agosto todavía no se había
empezado esa planta. Por último, la obra más importante para
nosotros, como región, puesto que significaría comunicar esa
refinería que tenemos en Cartagena con Puertollano, el
oleoducto Cartagena-Puertollano. El protocolo que firmó Repsol
con la Comunidad Autónoma establecía que en el año 1992 se
iban a invertir 5.700 millones de pesetas y 14.000 de 1993 a
1995. Lo cierto es que esta actuación no se ha acometido en
1992 y, lógicamente, a la fecha en que nos encontramos, 1993,
tampoco.
Había otros proyectos que estaban en trámite de ejecución en
esa fecha, que eran el de cogeneración, la fabricación de
isopentanos, el control yecto medioambiental.
En suma, del protocolo que se firmó a lo que se ha ejecutado
hay diferencia. El Gobierno, en la respuesta
que me entregó el día 24 de septiembre, decía que en los años
1992 y 1993 se había invertido en torno a 19.000 millones de
pesetas y anunciaba, de aquí a 1995, una inversión de unos
38.000 millones de pesetas. Las cifras no concuerdan con el
protocolo que se firmó y las actuaciones que se pueden derivar
de ellas es verdad que se denuncian, pero no es específica la
inversión que se va a acometer en este ejercicio y en los
ejercicios siguientes. En concreto, se hablaba de que se van a
tener actuaciones en el oleoducto Cartagena-Puertollano. Y me
gustaría saber qué inversión se va a acometer este año, ya que
en 1992 no se hizo; si se piensa acometer o si se piensa
aplazar.
En cuanto a la unidad de cogeneración, se ha acometido una y
se anunciaron dos; queda otra. La de control avanzado de
procesos, la planta de r de azufre y todos los reformados de
catalíticos, hidrogenación de parafinas y proyectos
ambientales. Eso es lo que anuncia el Gobierno en las
respuestas que me ha entregado.
¿Por qué toda esta evolución? ¿Por qué esta serie de preguntas
de Izquierda Unida? Porque, por medio, se ha producido una no
inversión de algunas cosas. Desde el año 1989 se viene
anunciando sucesivamente inversiones multimillonarias.
Primero, de 80.000 millones, por el actual Ministro de
Industria; luego se dijo que iban a ser 60.000, pero los
dineros que vemos allí invertidos no son ésos. Van pasando los
años y, lógicamente, es una región que necesita, como el agua
bendita, la inversión, en este caso de una empresa pública, en
vías de privatizar o no privatizar, pero no quiero entrar en
esa discusión ahora, porque no viene al caso.
Lo que sí nos gustaría dejar claro, como conclusión --y esa es
la última pregunta a que hace referencia este Grupo-- es el
futuro real de la planta de Repsol. ¿Qué elementos son los que
se van a producir?
He dejado fuera, para otra pregunta, el asunto de la planta de
envasado y mezcla de aceite, porque en la respuesta que el
Gobierno me ofreció en el mes de septiembre hay una parte de
información, pero me gustaría precisar algunos detalles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Atienza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Atienza Serna): Señor Presidente, efectivamente, como S.S.
sabe, se firmó un protocolo entre la Comunidad Autónoma Repsol
petróleo, en el que se establece unas previsiones de inversión
para el período 1992-1995, sometidas a posibles modificaciones
derivadas de diversas razones, entre otras, la evolución de
los mercados, modificaciones por razones de carácter técnico,
etcétera. Las previsiones de inversión eran de 60.913 millones
de pesetas en refino y en torno a 1.107 millones de pesetas en
inversión logística. La previsión actualizada de inversiones
derivadas de la orientación estratégica de Repsol petróleo y
de CLH, en lo que se refiere a las inversiones de carácter
logístico, para la Comunidad Autónoma de Murcia, sitúa estas
cifras en 50.000 millones de pesetas: 48.000 millones de
pesetas en refino y 1.740 millones de pesetas en inversión
logística, de los cuales se han realizado o están en
previsiones de realización hasta el 31 de diciembre de 1993,
17.454 millones es la última previsión actualizada en refino y
1.770 millones de pesetas en inversión logística.
Quiero decir que las razones fundamentales de este ajuste en
las previsiones de inversión se derivan de que, hasta 1992,
como todos ustedes saben, se ha trabajado con un escenario que
contemplaba un fuerte aumento de la demanda interna de
gasóleos, y un calendario dilatado para la entrada en vigor de
las limitaciones en contenidos de azufre, carburantes y
combustibles. En este contexto, se preveía acometer la
inversión en la unidad de coque, para atender esas previsiones
de demanda creciente de gasóleos de los destilados medios del
petróleo, y se ralentizaban las inversiones en desulfuración y
obtención de hidrógeno que necesitaba este proceso.
En el panorama actual, se trabaja con unas previsiones más
moderadas de aumento del consumo interior y un adelanto, sin
embargo, de las especificaciones en materia medioambiental. En
estas condiciones, las inversiones que generen hidrógeno y las
específicas de desulfuración han pasado a ser prioritarias,
colocándose en segundo término las que aumentan la capacidad
de conversión de las refinerías. Por ello, se han aplazado las
inversiones en el coque vacío, lo que lleva consigo que el
complejo genere menos gas residual y necesite, por tanto,
menos vapor, haciendo desaconsejable, en el momento presente,
en las previsiones realizadas actualmente, la instalación de
una segunda turbina de cogeneración; la construcción de la
primera ya está en marcha.
Respecto a cuál es el futuro real de la planta de Repsol de
Cartagena, le diré que las inversiones previstas por la
compañía en el valle de Escombreras pretenden conseguir una
serie de objetivos que yo creo que despejan las dudas respecto
de la importancia estratégica que el valle de Escombreras va a
tener en el futuro para Repsol petróleo, aunque nunca podremos
evitar que una empresa tenga que ajustar sus previsiones de
inversión a la evolución, entre otros factores, de sus
mercados. Sin embargo, dejando la necesidad de ajuste de su
calendario de inversiones, queda claro que entre los objetivos
de Repsol petróleo para el valle de Escombreras está convertir
el puerto de Cartagena en el gran receptor de crudo que
alimente las refinerías de Escombreras y Puertollano; la unión
por oleoducto de estas dos refinerías, la de Escombreras y la
de Puertollano,
construyendo la tubería adaptada tanto para el tráfico de
crudo, como para el de destilados medios acabados; incrementar
la eficiencia productiva del complejo, dotándolo de los
mejores sistemas de optimización y control, remozando la mayor
parte de las unidades en servicio y eliminando cuellos de
botella logísticos y reduciendo al máximo los autoconsumos
específicos de materias primas y energía; aumentar el valor
añadido de los flujos de los productos de las refinerías,
transformando el gas en energía eléctrica y vapor, como ya he
comentado, con la primera turbina de cogeneración,
hidrogenando la producción de parafinas y aprovechando ciertas
producciones para la fabricación de nuevos productos; y, por
supuesto, mejorar el impacto medioambiental del complejo,
adaptándolo a las más severas reglamentaciones comunitarias
que puedan aparecer en el futuro. En este sentido, destaca la
construcción de la planta de azufre, que cumple el papel de
mejorar la calidad de las emisiones y de aprovechar el
subproducto de la explotación.
Espero que con lo anterior pueda haber respondido a sus
preguntas, señoría.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la
palabra el señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, técnicamente estimo
respondida la pregunta, pero criado en la zona sur de España y
viendo la zona norte cómo siempre que habla cuantifica, la
verdad es que yo no le he oído a usted ni plazos ni
cantidades. Repsol es una empresa que trabaja con cinco
refinerías, anuncia usted que van a hacer un gran receptor del
puerto de Cartagena y que va a alimentar otro tipo de
actuación, pero hay cinco refinerías y la evolución del
mercado puede pegar algún zarpazo hacia un lado u otro, por lo
que a uno le gustaría profundizar en las respuestas para
conocer, si es posible, plazo y dinero.
Se anunció, para el año 1992, en aquel protocolo una
inversión. Yo acepto como explicación que un protocolo
contiene indicaciones de inversión y que podrá tardarse o no
un tiempo, pero lo cierto y verdad es que se hablaba, para el
año 1992 --estamos terminando el año 1993--, de 17.000
millones, que es lo que al final de 1992 y de 1993 va a
haberse invertido, mientras que otras inversiones se han
aplazado. Por tanto, los 61.000 millones que se anunciaban,
ahora se han reducido a unos 49.000, es decir, se ha bajado la
cantidad en unos 11.000 millones, aproximadamente. Pero, no es
ese el tema que a mí me gustaría conocer.
El oleoducto, importante para unir Puertollano con Cartagena,
¿cuándo se empieza? ¿Con qué período de inversión se va a
hacer? El protocolo decía que ese oleoducto iba a empezar a
construirse en el año 1992, pero antes del protocolo venía el
colo, es decir, que llevábamos dos años intentando conseguir
que se empezase en 1990. Ese oleoducto viene apareciendo
siempre que se convocan elecciones. Es verdad que figura en
todos los programas electorales, y con esto hemos cubierto; lo
llevan todos los partidos. Si se lee uno los programas
electorales regionales, etcétera, hasta en los municipales
ponen el dichoso oleoducto.
Decía que, en el año 1992 iba a realizarse una inversión de
5.700 millones de pesetas. No se ha acometido, se ha aplazado.
A mí me gustaría saber cuándo comienza ese oleoducto, con qué
periodificación de inversiones, aceptando que esa
periodificación va a ser aleatoria, flexible, etcétera. Porque
o se construye el oleoducto o de mala manera, por medio de
camiones, llevamos a Puertollano el refino desde Cartagena.
Puede consolidarse otro tipo de distribución. En ese sentido,
me gustaría poder conocer la inversión concreta.
Hablaba S.S. de que se iba a invertir en eficiencia, en
reducción de los consumos... ¿Qué inversión se tiene para
hacer esas actuaciones? ¿Qué inversión se va a destinar para
lograr esa mayor eficiencia, reducir los consumos, etcétera?
Hablaba usted también de que se iba a invertir, en
contraprestación, en mejoras medioambientales; incluso ha
mencionado la planta de azufre, que es una de las actuaciones
que hay programadas. ¿Qué otras inversiones se van a hacer
para resolver problemas medioambientales?
El Gobierno me respondía en la pregunta escrita que la
prioridad se iba a centrar, fundamentalmente, en lo que
llamaba una planta de reformados catalíticos, puesto que era
más prioritario que las otras actuaciones. ¿Cuándo se va a
acometer y con qué volumen se va a acometer? En la citada
respuesta, el Gobierno dice: En la actualidad se trabaja con
unas previsiones más moderadas de aumento del consumo interior
y un adelanto de la entrada en vigor de las limitaciones del
contenido de azufre. En estas condicion que generan hidrógeno
--que es lo que usted me ha respondido-- y las específicas de
desulfuración --la planta de reformados catalíticos--, han
pasado a ser prioritarias.
Si han pasado a ser prioritarias, ¿cómo se va a concretar esa
prioridad en el tiempo? En todo caso, me ha quedado una cosa
clara: hay futuro para esa actuación de Repsol en el grado en
el que el mercado vaya demandando y las inversiones que nos
conecten con el exterior garantizarán un mayor o menor peso,
pero es cierto que Repsol Cartagena va a jugar un papel dentro
del conjunto que la empresa tiene. En ese sentido, hay una
parte de la información que me ha dado usted que tengo que
considerar positiva.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Atienza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Atienza Serna): Puedo decirle cuáles son las modificaciones
previstas respecto
de las inversiones que en su momento se habían programado en
el protocolo firmado por las partes y la mejor previsión
actual. La planta de coque vacío es una inversión que en estos
momentos está aplazada «sine die» -- suponía una inversión de
19.000 millones de pesetas--, hasta que las nuevas condiciones
de la demanda lo hagan aconsejable desde el punto de vista de
estrategia empresarial. Estamos hablando de una empresa que
está sometida a la disciplina de los mercados y que tiene que
encontrar un producto que justifique la rentabilidad de esas
inversiones.
En cogeneración eléctrica ha habido algunas previsiones, con
dos plantas, de 11.600 millones. La previsión actual son 6.600
millones, y está sometida a las modificaciones que
correspondan a la estrategia empresarial y a la evolución de
los mercados. es el nuevo calendario de construcción del
oleoducto. En cualquier caso, figura en la programación de
inversiones del grupo Repsol-petróleo con esta revisión.
En hidrogenación de parafinas, la previsión del protocolo eran
1.600 millones y la previsión actualizada es de 1.800 millones
de pesetas. En cuanto a la planta de recuperación de azufre,
la inversión prevista era de 1.140 millones, la previsión
actualizada es de 2.200 millones. En actuaciones en materia de
seguridad y medio ambiente, la inversión prevista era de 6.160
millones y la previsión actualizada es de 11.630 millones de
pesetas. En calidades y actualización de las unidades, pasamos
de 530 a 2.502 millones. En fabricación de isopentanos se
mantiene la previsión de 322 millones, y en control avanzado
se pasa de 430 a 2.444 millones de pesetas.
En materia logística --básicamente, el oleoducto Cartagena-
Alicante--, la previsión era de 1.107 millones de pesetas y la
previsión actualizada es de 1.737 millones, aunque incluye
algunas otras actuaciones de transporte en Murcia. Eso nos
lleva a una inversión de 49.750 millones de previsión
actualizada. Quiero poner de manifiesto que se trata de la
mejor previsión a la fecha de hoy y que es siempre susceptible
de revisión, tanto en las prioridades como en su programación
en función de la evolución de la demanda.
Quiero resaltar que este protocolo se firmó en abril de 1992,
y que es a partir de esa fecha cuando se han producido las
caídas más fuertes en los consumos energéticos en general que
justifican, creo que sobradamente, esta reprogramación de las
inversiones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Atienza.
Con esto hemos sustanciado las preguntas que figuraban en el
orden del día como puntos 7, 8 y 10.
--SOBRE CIERRE PROVISIONAL DE LA PLANTA DE ENVASADO Y MEZCLA
DE ACEITE EN REPSOL CARTAGENA (MURCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR
RIOS MARTINEZ (GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA) (Número de expediente 181/000037)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, que
figura en el orden del día con el número 181/000037.
Tiene la palabra el señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
A efectos parlamentarios siempre está uno también al devenir
del mercado de la evolución parlamentaria, del tiempo
parlamentario.
La pregunta en su día fue formulada para conocer las razones
para el cierre provisional de la planta de envasado y mezcla
de aceite de Repsol Cartagena. Hoy tendría que volver a situar
esta pregunta, porque el mercado parlamentario ha evolucionado
y ese cierre ya está consumado. La explicación dada por el
Gobierno se fundamenta, valga la redundancia, en la situación
del mercado y en la competitividad de la empresa. La
explicación que el Gobierno ha dado ha sido que la capacidad
de envasado y distribución de aceite de la refinería estaba en
torno a 200.000 to plantas que existían, Puertollano y
Cartagena, y que cuando la demanda estaba sólo en 100.000
toneladas le llevaba a suprimir una y concentrar en
Puertollano. Es decir, ha decidido que la capacidad productiva
se ciña a la demanda y que se concentre en una.
En la respuesta que me da el Gobierno quedan tres dudas. En la
que nos dio en agosto, relativa a Murcia, se hablaba de que
esta situación era provisional aunque definitiva para empezar
a funcionar, que el envasado especializado se haría en
Puertollano, y que la exportación de aceite a granel se haría
vía marítima desde la planta de Cartagena. (Se hablaba de esa
separación, estoy hablando de agosto de 1993.) Sin embargo, en
la respuesta de septiembre no hace esa referencia. Dice que el
envasado de aceite se hará en Puertollano, pero no menciona si
la salida del aceite a granel se hará desde la propia
Cartagena.
Habla la respuesta de que los representantes sindicales de la
empresa han sido informados y que no va a afectar a los
trabajadores de la planta puesto que tendrían reubicación en
la misma empresa. A mí me gustaría conocer qué número de
trabajadores están afectados por esa medida. Añadía que, si
algún trabajador no se recolocaba en la empresa, podía acceder
voluntariamente a una especie de plan de jubilación
anticipada. También me gustaría saber si alguno se ha
incorporado a esa jubilación anticipada.
Es verdad que el número es pequeño, estamos hablando de un
número de trabajadores reducido, porque es una planta
tecnificada, pero yo concretaría la pregunta en si va a
mantenerse parte de la salida de la producción de aceite desde
Cartagena; si no es fija la temporalidad que se daba entonces,
si no es firme sino que es reconvertible; y qué actuación se
quedaría en la planta de Cartagena para esa reversibilidad en
función de que el mercado nos lo demande. Le pediría
información sobre la aceptación de trabajadores en los dos
niveles que he comentado y que me daba en la respuesta escrita
el Gobierno: por un lado, los trabajadores que están afectados
por el cierre de esa planta y, por otro, si alguien se ha
incorporado al no ser reubicado.
Si no tiene esa respuesta, como no figuraba en el texto, señor
Presidente, no pasa nada porque me la haga llegar por escrito
en otro momento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Atienza para la
respuesta.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Atienza Serna): Lamento no poder proporcionarle mayor
información de la que le ha dado el Gobierno en su respuesta
escrita. Era la mejor información disponible por el Gobierno a
una fecha relativamente reciente.
La empresa ha concentrado sus actividades de envasado para
cubrir la demanda en la planta de Puertollano por razones
estratégicas, fundamental carácter geográfico, de cercanía al
centro de gravedad de sus mercados, porque la capacidad de las
dos plantas es de 200.000 toneladas y la demanda está en las
109.000 toneladas. Desde el punto de vista empresarial, es
lógico concentrar esas actividades.
Yo no conozco cuáles pueden ser los trabajadores que puedan
efectuar labores de mantenimiento y si esas labores se van a
desarrollar por el conjunto de las unidades de mantenimiento
del valle de Escombreras. Lo que sí quiero reiterar es que no
se produce ningún despido, sino una reubicación en otras
instalaciones del propio Repsol petróleo en el valle de
Escombreras. Por tanto, ni siquiera afecta a la movilidad
desde el punto de vista geográfico, sino una reubicación en
las propias actividades.
Estos trabajadores, como otros muchos del grupo, tienen acceso
a los planes de jubilación anticipada. Desconozco cuántos han
tenido acceso, pe extraordinario, sino una vía de acuerdo con
el programa de jubilaciones anticipadas del conjunto del grupo
Repsol petróleo. Este ajuste de la capacidad se produce sin
ningún trauma desde el punto de vista social por la
reubicación de todos los trabajadores o por la opción de
carácter voluntario por la prejubilación anticipada.
El señor PRESIDENTE: Si quiere preguntar, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Le había hecho el comentario sobre
esta reubicación de la planta concentrada en Puertollano en
dos vertientes. Una, si se va a mantener la salida de aceite a
granel desde el puerto de Cartagena, si la solución es firme o
temporal, y si va a haber algún tipo de mantenimiento. Yo no
me refería a si el personal va a ser de la misma planta o de
otra, sino a si va a haber un mantenimiento de esa previsible
recuperación, entendiendo que si ahora se concentra puede ser
para un año, para dos, para tres, etcétera; la firmeza
entiendo que ya está dada en tanto en cuanto mientras no varíe
la situación del mercado, se va a mantener.
No es lo mismo desmantelar una infraestructura para
concentrarla definitivamente que mantener parte de esas
infraestructuras. Esa era la duda que quedaba en relación con
las respuestas que el Gobierno nos ha aportado y sobre las que
hemos estado trabajando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Atienza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Atienza Serna): Solamente quiero añadir que yo entiendo, por
la información de que dispongo, que Cartagena continúa siendo
el puerto básico para las refinerías de Puertollano y de
Escombreras, tanto para la recepción del crudo como para la
salida de los destilados medios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atienza.
Agradecemos al señor Atienza su presencia ante la Comisión y
las respuestas dadas al Diputado que ha formulado las
preguntas.
Ultimado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.