CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 49
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 19 de octubre de 1993



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1994. (BOCG, serie A, número 27-1,
de 1-10-93. Número de expediente 121/000013.)
--Del señor Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo (Conde
Olasagasti). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Popular (número de
expediente 212/000211), Socialista (número de expediente 212/000093) e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (número de expediente
212/000260). (Página 1398)
--Del señor Director General del Instituto Nacional de la Salud, INSALUD
(Temes Montes). A solicitud de los Grupos Parlamentarios: Socialista
(número de expediente 212/000090) e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya (número de expediente 212/000263). (Página 1404)
--Del señor Secretario General de la Salud (Gutiérrez Morlote). A
solicitud de los Grupos Parlamentarios: Socialista (números de
expedientes 212/000092 y 212/000091) e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya (números de expedientes 212/000262 y 212/000261). (Página 1409)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1994. (Número de expediente
121/000013.)



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (CONDE
OLASAGASTI). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: POPULAR (número de
expediente 212/000211), SOCIALISTA (número de expediente 212/000093) E
IU-IC (número de expediente 212/000260).




La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, iniciamos la sesión de
la Comisión de Sanidad y Consumo correspondiente al día de hoy. En el
orden del día vamos a ver las comparecencias de personalidades y
funcionarios de la Administración del Estado al objeto de informar sobre
temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1994.

En primer lugar, y se encuentra con nosotros para informar, contaremos
con la presencia del Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo,
don José Conde. Pero me gustaría, señorías, antes de comenzar, hacer una
pequeña aclaración sobre el orden del día.

Algunas de las iniciativas presentadas por los Grupos parlamentarios
sobre comparecencias en relación a los Presupuestos Generales del Estado
para 1994 iban dirigidas a órganos o a altos cargos que recientemente han
sufrido modificaciones dentro del organigrama del Ministerio. En
concreto, las cuestiones relativas al Consumo o a la extinta Secretaría
General para el Sistema Nacional de Salud deben corresponder actualmente
al Subsecretario de Sanidad y Consumo, es decir, no comparecerá la
persona que fue solicitada originariamente porque ha habido una
modificación en el Ministerio y, por tanto, los temas referidos a Consumo
y a la antigua Secretaría General del Sistema Nacional de Salud, como
digo, los responderá el señor Conde. El resto quedaría tal como lo han
solicitado.

Por tanto, si les parece, señorías, el procedimiento sería que en primer
lugar intervengan los portavoces de los Grupos solicitantes de la
comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio y posteriormente él
respondería a todas aquellas cuestiones que ustedes hayan planteado. Si
hubiera lugar a alguna réplica para aclarar alguna pequeña cuestión que
no hubiera quedado suficientemente explícita, lo veríamos posteriormente.

Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Popular, el Grupo
Socialista y el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Cartagena por el Grupo
Popular.




El señor CARTAGENA TRAVESEDO: Bienvenido en nombre de mi Grupo, señor
Conde, Subsecretario de Sanidad.

Nosotros nos hemos permitido desglosar, a efectos de ir parcialmente
conociendo y contrastando los criterios y los números de este
presupuesto, el principio del gran contingente de lo que es el gasto
sanitario que se plantea en el proyecto, desmembrándolo de tal suerte que
pudiéramos ir adentrándonos en capítulos que nos interesan, aunque unos
más que otros. No despreciamos para nada lo que es el presupuesto del
propio Ministerio, los treinta y tantos mil millones, ni lo que sería el
problema de las transferencias a otras administraciones, sean
autonómicas, locales, etcétera, pero preferimos entrar, si le parece, en
un análisis de lo que sería un presupuesto; en este caso referido más a
la gestión directa, a lo que sería el Insalud, gestión directa. Nos
encontraríamos haciendo una reducción de los distintos epígrafes, puesto
que estamos ante un proyecto de gasto de un billón doscientos cincuenta y
cuatro mil millones, aproximadamente. Imputándole la deuda que se
acumula, y ya se observa que viene a ser en torno al tres y pico por
ciento, nos lleva a estar hablando en realidad de un presupuesto de un
billón doscientos y algún mil millones. Y llama la atención que, respecto
al actualizado de 1993, es inferior; estamos hablando de un 3 por ciento
menos de presupuesto.

Hay algo que nos sorprende, y esperemos que este dato lo comparta, que
nos llevaría a plantearnos la duda de si estaríamos ante un presupuesto
con cierta irrealidad o si, por contra, habrá medidas políticas, que
conocerá esta Comisión a través de su intervención, que puedan
aproximarnos a esa situación. Si partimos de un proyecto de gasto para la
gestión directa inferior al que se estima como actualizado para 1993,
estaríamos quizá en un ámbito corto de movimiento o en el prólogo de
medidas políticas que en cualquier caso justificaran semejante reducción
o contención del gasto.

En cuanto a lo que se plantea en el presupuesto, por capítulos y de
manera apresurada, en el Capítulo 1, que se refiere al personal, se
observa un aumento importante del peso de las cuotas de la Seguridad
Social, que en principio también nos plantea dudas. ¿Se refieren a las
que están acumuladas de ejercicios anteriores o no? Se aprecia cierta
tendencia al incentivo en la asistencia primaria, cosa que nos parece
bien. Pasando rápido sobre ello, tiene un peso importante, el 51 por
ciento del gasto total, tal como yo lo he enfocado, el gasto del
personal.

En el Capítulo 2 aparecen elementos que también nos llaman la atención.

Hay una reducción importante en la reparación y conservación que quizá,
como comentaré después, tiene cierta incoherencia, o no nos encaja bien
con determinados objetivos planteados en el contrato-programa de 1993
respecto a los planes de seguridad y mantenimiento de los hospitales, que
luego comentaré. Hay un incremento muy escaso en la adquisición de
materiales y suministros, por debajo de la inflación estimada para el año
1994, lo cual nos plantea serios interrogantes. ¿Cómo se puede cubrir con
un incremento del 1,3 por



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ciento frente a una inflación que el propio proyecto de presupuestos
estima en 3,5? Ahí hay un desfase.

Se aprecia una incentivación, aparecen mejores contingentes para lo que
son las colaboraciones, los conciertos, que tienen un peso del 11,2 por
ciento del gasto total, tal como yo lo he enfocado. En cualquier caso,
esa disminución sobre el IPC estimado pone muy en duda qué pasará con los
proveedores. ¿Se piensa que habrá una deuda acumulada? ¿Se irá a una
restricción, por mecanismo de gestión, que explicará y que espero que nos
convenzan?
Respecto a las recetas de farmacia, nos encontramos que tiene un peso
general del 17 por ciento del gasto total de lo que yo he estimado, y hay
dos medidas que tienen incidencia, sin ninguna duda: el pacto con
Farmaindustria, del 3 por ciento, y el Decreto de uso racional de
medicamentos, conocido de otra manera por la prensa, que plantean serias
dudas de que éstas pudieran ser medidas suficientes para una reducción
que sobrepasa los diez puntos porcentuales y que no parece que fuera la
tendencia en lo que está ocurriendo, según datos que hemos podido
conocer.

En cuanto a las inversiones, se mantiene la misma tendencia en la
reposición y en la asistencia especializada, igual que en 1993, y también
se mantiene la tendencia en la nueva asistencia primaria. En cualquier
caso, estamos en el contingente de inversión más bajo de los últimos
años, en un peso escaso del 2,6 por ciento, que no era en principio
previsible. Tendrá su explicación y esperemos obtenerla.

En cualquier caso, conectando con lo que la Ministra anunció hace unos
días aquí, en su comparecencia del 30 de septiembre, ya entonces decía
que habrá un catálogo de prestaciones. Significaba que para nada se
entraría en la restricción de las prestaciones y comentaba el objetivo de
la normalización en todo el Estado de las expectativas del usuario, es
decir, una fórmula en principio aceptable y razonable. Habló de
ordenación de profesiones sanitarias como un medio de la incentivación de
la carrera, habló de retribuciones --esto no encaja demasiado bien,
parece, con lo que en el proyecto que contemplamos se plantea en el
Capítulo 1-- y pidió corresponsabilidad a usuarios en el fraude, medida
razonable; se comprometió al control del gasto y utilizó dos referencias
muy claras: el contrato-programa y el famoso 3 por ciento del pacto con
Farmaindustria. Lo que pasa es que, viendo el contrato-programa de 1993,
allí se marcaban unos objetivos por programas. En la atención primaria se
planteaban las unidades ponderadas asistenciales y especializadas, se
hablaba de programas específicos (bucodental, maternoinfantil, sida,
investigación, etcétera); concretamente, en psiquiatría se prorrogaba lo
de 1992, y nos surge la duda de si para 1994 se va a seguir prorrogando,
a la vista de cómo está planteado el presupuesto.

En un --llámese-- contrato-programa de 1993 se hablaba de los conciertos,
que ahora aparecen potenciados en este proyecto de 1994; se hablaba de
las prestaciones complementarias, del transporte. Nos surge también un
interrogante, con la lectura rápida y apresurada que hemos hecho, pues se
trata más de escucharle a usted que de escucharme a mí, siendo otro de
los conceptos que queda en nebulosa cuando menos. Era un objetivo por
programa de aquel contrato-programa la formación MIR, la formación de los
médicos de familia, de medicina familiar y comunitaria, pero
específicamente, cuando se hablaba en aquel contrato-programa de los
objetivos por capítulos presupuestarios, en el personal se insistía mucho
en la vinculación de los profesionales, sanitarios o no, al sistema, en
la eficacia o la eficiencia en el uso de los recursos, y se volvía a
hablar de incentivación, con un Capítulo 1 en el que, en principio, la
incentivación venía por vía de acuerdos cooperativos u otras cosas
similares, que pretendan conseguir economías suficientes para completar
retribuciones de supresión de listas de espera, etcétera, o a una mejor
gestión.

En el Capítulo 2 de aquel objetivo del contrato-programa por capítulos
presupuestarios se especificaba, y era un reto, que hubiera un plan de
seguridad y mantenimiento de todos los hospitales a 31 de diciembre de
1993. Y surge la pregunta: si van a tener los hospitales ese plan de
seguridad y mantenimiento en 1993, ¿lo van a poder llevar a cabo en 1994?
Ese sería el problema. ¿Va a servir de algo tener el plan diseñado si hay
o no soporte presupuestario?
El catálogo de productos, que era otra cosa importante para los centros
de gestión, ¿será para reducir la adquisición de esos productos a la
vista del bloqueo que en el Capítulo 2 del proyecto de gastos se nos
plantea?
En el gasto de farmacia se planteaba un objetivo: nunca por encima del 10
por ciento del gasto efectivo de 1992. ¿Se ha cumplido en el año 1993 o
no? ¿Cuál es la estimación del Ministerio? Porque insistimos en que, con
la propuesta de gasto que se hace para 1994, difícilmente, a la vista de
la evolución de las consecuencias del Decreto de uso racional y del pacto
con Farmaindustria, se pueden justificar una cosa y otra.

En definitiva, y se lo voy a dar a modo de conclusión, a la vista del
proyecto de 1994, tal como se nos ha presentado, a la vista de las
indicaciones que la Ministra hizo sobre las sucesivas decisiones que
parece que iba a tomar --el catálogo de prestaciones, etcétera--, a la
vista del contrato-programa de 1993, advertimos cierta incoherencia, o
por lo menos cierta confusión (y espero que no nos diga que es porque no
sabemos interpretar los presupuestos, porque entonces no sería un diálogo
y además quedaríamos mal) y, desde luego, surgen interrogantes. ¿Qué
decisiones políticas se avecinan en prestaciones, en farmacia, en
adquisición de bienes y servicios? Nosotros creemos que, tal como está
presentado el presupuesto, tiene que haber unas decisiones políticas que
no se nos han dicho. No nos encaja. Si los objetivos de 1993 no van a
tener continuidad en 1994, dígase, no nos quedemos en cifras, que son, a
la vista de lo que he comentado, de difícil intervención, o de confusa
interpretación por lo menos. Dígase qué objetivos va a tener el
contrato-programa de 1994 que justifiquen los números que se nos ponen
delante. Si no, difícilmente vamos a poder comprender el sentido político
de lo que se ha presentado.




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Hay otros interrogantes. Las obligaciones no reconocidas de 1992, o las
reconocidas y todavía no asimiladas por la Administración, por la gestión
directa, por la gestión transferida, las desviaciones que se hubiern
producido en 1993 en los suministros, en los derechos pendientes ante la
Hacienda pública, en los intereses de la deuda, ¿dónde están, qué
tratamiento tienen? ¿Están o no? Preguntas más fáciles de expresar y más
evidentes: ¿Cómo se piensan reducir listas y tiempos de demora con un
presupuesto que, en principio, establece una situación de bloqueo
importante en el gasto sanitario? ¿Cómo se va a proceder a la liquidación
de las llamadas deudas, sin entrar en el debate de si son deudas o no, de
las deudas u obligaciones acumuladas, generadas en esos años 1992 ó 1993,
que en principio intuimos que existen, aunque nadie nos ha cifrado?
Señor Subsecretario, éste es un planteamiento, si quiere, de primera
intención, todavía liviano, pero en cualquier caso son muchos los
interrogantes que nos plantea un presupuesto que, en principio y en
nuestro fuero interno --lo decíamos con sinceridad--, parece irreal, que
no acoge todo lo que debería ser presupuestado, y contradictorio con la
tendencia de determinados programas que el Ministerio había establecido y
algunos de los cuales eran plenamente compartidos por muchos grupos
políticos.

Estas son las dudas. Esperamos sus explicaciones y poder tener la
necesaria aproximación para comprender mejor cuál es su proyecto político
para el ejercicio próximo, dado que los números, al principio, no parecen
sino establecer una quiebra en la tendencia de lo que hasta ahora
sucedía.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Bienvenido, señor Conde, en su comparecencia
ante la Comisión.

Yo quería decir, en primer lugar, que hay preocupaciones que ha expresado
el seño Cartagena que mi Grupo comparte, pero que, en función del orden
del día de la Comisión, y dado que mi Grupo ha pedido la comparecencia
del Director General del Instituto Nacional de la Salud, en principio me
parecía más lógico dirigírselas a él. No sé cómo transcurrirá la mañana,
pero espero que el tiempo sea utilizado de la manera más eficaz para
todos. Por lo tanto, me voy a remitir exclusivamente a los aspectos no
Insalud del presupuesto.

En primer lugar, yo quería señalar que, de alguna manera, y desmintiendo
o, al menos, valorando de diferente forma las palabras de la señora
Ministra de Sanidad, del análisis de la función Sanidad en los
Presupuestos Generales del Estado para 1994 en relación con el gasto
realizado en 1993, de acuerdo con los propios datos del Ministerio
respecto a las previsiones de gasto de 1993, se deduce que decrece en
torno a los siete puntos. Es decir, que es imposible no valorar que o
bien se va a producir un deterioro de la sanidad pública, en función de
la precarización de su situación por la reducción presupuestaria, o bien
hay que pensar en que va a haber algún tipo de recorte de prestaciones, o
bien, insensatamente, se va a seguir acumulando deuda. Quiero decir
también que es necesario relacionar esta disminución global del
presupuesto con el incremento del gasto en conciertos, que es de las
pocas partidas presupuestarias que aumentan en el presupuesto del
Ministerio de Sanidad.

Asimismo quiero preguntarle, señor Conde, qué pasa con la deuda que
supuestamente se ha generado en los años 1992 y 1993, teniendo en cuenta
que el presupuesto ya consolidado en el año 1992 arroja desviaciones,
según los datos del propio Ministerio, en conciertos, del 20 por ciento
y, en farmacia, del 30 por ciento. Después de analizar exclusivamente el
presupuesto del Ministerio de Sanidad, es decir, los 32.166 millones de
pesetas, descontando los 140.000 millones que se refieren a la atención
de las obligaciones económicas de la desviación presupuestaria hasta 1991
y eliminando el sorprendente aumento del programa de planificación de la
asistencia sanitaria (que yo, en un principio y de una manera un poco
ingenua, relacioné con el repetido anuncio del Plan integrado de salud,
hasta descubrir que realmente no es así, sino que en esta partida se
incluyen las indemnizaciones a enfermos hemofílicos infectados de sida,
por valor de 6.000 millones de pesetas), yo quería hacerle una pregunta
bien concreta relacionada con esta partida. Aquí aparece una
transferencia de 1.333 millones de pesetas a la Junta de Galicia, como
cumplimiento de un compromiso del año 1990. La pregunta que yo quiero
hacerle es la siguiente: ¿Qué criterios de planificación sanitaria se han
utilizado para plantear la construcción de un tercer hospital general
público en la ciudad de Santiago de Compostela, de 150.000 habitantes,
teniendo en cuenta que en el territorio gallego hay zonas con muchísima
menor cobertura en camas de hospitalización general?
Otro de los temas sobre los que quiero preguntarle es qué previsiones
tiene el Ministerio respecto a la finalización de las obras que,
dependientes de diferentes centros del Instituto Carlos III, se realizan
en Majadahonda y Chamartín. Según la información que yo poseo, en el año
1993 ya hubo una previsión de gasto de 1.050 millones de pesetas, que
finalmente se redujeron, en el año 1993, a 188 millones. Según el
análisis de los presupuestos para el año 1994, la cantidad presupuestada
es solamente de 117 millones. Mi pregunta es: ¿Qué previsión de
finalización de las obras tiene el Ministerio de Sanidad, dado que, a
este ritmo, evidentemente, el proceso se puede alargar en el tiempo?
Finalmente, quiero preguntarle cómo va a poder llevar a cabo sus
objetivos el Ministerio de Sanidad con la disminución, sin valorar el
efecto deflactor del PIB en el año 1994, en programas del presupuesto del
Ministerio, como los siguientes: Una reducción del 12 por ciento en
actividades de protección a los derechos del consumidor, un 10 por ciento
de disminución en las actividades de control y fomento de calidad en
artículos de consumo; sorprendentemente, un 2,8 por ciento de reducción
en las actividades en uso racional del medicamento, lo que sin duda pone
serios interrogantes a la viabilidad de la



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reducción del gasto farmacéutico que presupuesta el Insalud para 1994.

Una reducción de un 33,7 por ciento en actividades de coordinación
general sanitaria (¿qué tipo de actividades son las que se van a reducir
en este ámbito? Un 15,8 por ciento de reducción en el presupuesto de la
Escuela Nacional de Sanidad y un 79 por ciento de reducción en las
actividades para la ordenación de las profesiones sanitarias, cuando la
Ministra, en su comparecencia ante esta Comisión, anunciaba un proyecto
de ley de ordenación de las mismas.

Por mi parte, ésos son los interrogantes concretos que quería plantear al
señor Conde.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Mendizábal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Bienvenido a esta Comisión, señor
Subsecretario. Esperamos poderle recibir en alguna otra ocasión con temas
menos puntuales que estos de presupuestos.

Como yo, en principio, no tengo ninguna duda sobre el proyecto político
que se representa, mi intervención va a ser muy breve y me voy a referir
a dos preguntas bastante concretas. Una más bien de tipo general, que se
refiere a las fuentes de financiación, y otra más concreta, que quizá
tenga algo que ver con lo que la representante de Izquierda Unida ha
comentado en su intervención.

Respecto a la pregunta más general, al observar de manera también muy
general las fuentes de financiación del Insalud para 1994 llama la
atención especialmente, en la estructura de financiación, el bajo
crecimiento que experimenta el componente de las cotizaciones, puesto que
solamente se incrementa en un 3,31 por ciento y, teniendo en cuenta que
el incremento de los presupuestos es de un 6,52, cabe preguntarse, en
primer lugar, cuáles son las causas de esto y qué efectos tiene o puede
tener sobre otros componentes de esa estructura de financiación del
Insalud, que es concretamente el tema de las aportaciones del Estado, que
se incrementan de manera bastante más espectacular: un 8,31 por ciento.

Lógicamente, me refiero al Insalud, porque tampoco entro, a pesar de que
luego viene el Director General del Insalud, en los presupuestos
generales del Ministerio.

La otra pregunta más concreta, que creo que está ligada con algo que ha
dicho ya la representante de Izquierda Unida, es relativa al tema de los
hemofílicos. Me gustaría que se explicara un poco más, porque llama la
atención, al ver el programa 413-G, que es el programa de coordinación
general de la salud, que desaparecen esas ayudas. Aunque parece que están
realmente incorporadas en algún otro capítulo, quisiera que nos explicara
más claramente este tema.




La señora PRESIDENTA: Para responder a las intervenciones de los
distintos Grupos que han solicitado su comparecencia damos la palabra al
señor Conde, Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Conde
Olasagasti): Quiero dar las gracias a todos los que han solicitado mi
comparecencia. Agradezco también el tono y contenido de las preguntas,
por cuanto sí me parece, señor Cartagena, que se sale de los números; lo
que pasa es que además de los números hay que leer la letra. Eso puede
explicar alguna de sus inquietudes.

Efectivamente coinciden algunas de las preguntas, y no hay que olvidar
que hay una comparecencia posterior del Director General del Insalud, que
ha sido solicitada por los Grupos de Izquierda Unida y Socialista, que
probablemente completará la información que yo voy a dar ahora.

Hay que comentar una cuestión de carácter bastante general y es que,
naturalmente, el presupuesto sanitario español no es ajeno a la situación
económica general de nuestro país y, en consecuencia, es un presupuesto
obviamente austero, exigente, solidario, en la medida en que pese a esa
austeridad trata de mantener los niveles de cobertura sanitaria
alcanzados y, además, a nuestro modo de ver, pese a las dudas que
plantean tanto el Grupo Popular como el de Izquierda Unida, es un
presupuesto realista que permite cubrir estos objetivos.

El crecimiento sobre el presupuesto inicial del año anterior es del 6 por
ciento. Si es verdad que descontamos la incorporación que en ese
presupuesto lleva el saneamiento de alguna deuda, realmente es el 4 por
ciento. Usted ha aludido a la previsión de liquidación. La previsión de
liquidación de 1993 contempla cuestiones que no son trasladables, que no
son consolidables para el presupuesto de 1994. En consecuencia, el
presupuesto de 1994 crece sobre el gasto de 1993 muy ligeramente; es
cierto, pero crece.

Señalaba usted que el Capítulo 1 es uno de los que crece de manera más
notoria. De ese crecimiento del 8 por ciento una parte importante es
atribuible a cuotas de Seguridad Social y se dice abiertamente en los
presupuestos que incluye una partida de saneamiento de deudas de
Seguridad Social. Por consiguiente, el crecimiento real del Capítulo 1 es
del orden del cuatro y pico por ciento.

En el Capítulo 2 hay dos partes: la que se refiere a conciertos y la que
se refiere a bienes y servicios. Se mantiene la tónica de ajustarlo a la
previsión de gasto real. No hay que olvidar que llevamos bastante tiempo,
y usted lo ha mencionado, utilizando el contrato-programa y medidas de
gestión que han permitido abaratar considerablemente los costos de la
compra de bienes y servicios, y eso tiene, además, algún añadido.

Ciertamente existe un problema de deuda con proveedores que va
resolviéndose progresivamente. Hoy el problema es bastante menor que hace
un año o dos, y el hecho de que en el año 1994 se vaya a liquidar el
último plazo pendiente de deudas con proveedores anteriores al año 1991
por valor de 140.000 millones de pesetas en el sistema va a permitir
probablemente mejorar nuestra gestión en la compra de suministros.

El capítulo de conciertos crece de manera importante, lo cual es
enjuiciado de manera diferente por la



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representante de Izquierda Unida y por el representante del Grupo
Popular. En todo caso tiene una clara explicación. Nosotros creemos que
es importante la existencia de un sector concertado, público y privado,
solvente, puesto que hemos definido con mucha claridad la diferencia
entre los principios de financiación y aseguramiento público y previsión.

Para que exista ese sector concertado sólido y solvente la financiación
de sus servicios tiene que ser apropiada.

Hemos procedido a la puesta en marcha de algunos conciertos singulares,
que llamamos sustitutorios, con hospitales de mucha envergadura que
realizan la función que debería realizar un hospital del Insalud en ese
territorio, pongo como ejemplo el Hospital Gregorio Marañón o la
Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Que esos hospitales realicen el volumen
y calidad de trabajo que requerimos de ellos al coste razonable que deben
tener supone una operación de financiación adecuada que se ha traducido
en esa mejora de los conciertos, puesto que, insisto y repito, queremos
que la existencia del sector concertado esté garantizada.

Se ha mencionado la fuerte contención y restricción del gasto en recetas,
en prescripción farmacéutica extrahospitalaria. Efectivamente, hay todo
un conjunto de medidas detrás de esa voluntad política, muchas de las
cuales ya están expresadas en los textos que acompañan a la memoria o a
los Presupuestos; algunas otras no, otras se han anunciado en los medios
de información. En todo caso, el Director General del Insalud seguro que
lo va a explicar de manera más detallada.

De todos modos quiero adelantar el trabajo que se va a hacer sobre el
gasto farmacéutico extrahospitalario. Primero, se ha considerado oportuno
hacer una fuerte operación de contención del gasto en ese terreno por
estar convencidos de que el crecimiento a los ritmos que venían dándose
en los años anteriores no repercutía de manera clara en la mejora de
nivel de salud de los ciudadanos; tenemos que conseguir que cada peseta
invertida produzca un retorno adecuado en salud.

Las medidas en el mundo de la prescripción farmacéutica se van a centrar
en la oferta y en la demanda, por expresarlo en términos de mercado. En
la oferta, como saben, está el acuerdo con Farmaindustria; estamos
estudiando alguna otra cuestión de reducción de margen de las oficinas de
farmacia. El Decreto de financiación selectiva ha producido sus efectos.

Quiero anunciarles que ya el primer mes en el que esos efectos se han
podido notar --porque hasta el mes de agosto eso era imposible-- la
tendencia creciente del gasto farmacéutico se ha quebrado
manifiestamente. Ese Decreto aún tiene algunas posibilidades más que
hemos de seguir explotando para poner a disposición del ciudadano
solamente aquellos medicamentos que realmente sean trascendentes y
relevantes para su salud.

Desde el lado de la demanda, por calificarla de algún modo, el conjunto
de medidas se va a centrar sobre todo en la individualización del gasto
farmacéutico a nivel de las gerencias de atención primaria y a nivel de
cada médico prescriptor para que conozca su perfil terapéutico y el uso
que está haciendo de él. Se van a acentuar todas las medidas tendentes a
corregir el fraude a través de la mejora de información en la
prescripción.

En definitiva, sí hay un conjunto de medidas que permiten garantizar el
que vamos a conseguir cumplir con ese presupuesto que nos hemos marcado,
efectivamente estricto y austero.

Quiero anunciarle que sí se está cumpliendo la previsión del año 1993 y
posiblemente estemos por debajo del 10 por ciento que se anunciaba debido
a esa quiebra de tendencia que se ha producido con ocasión de la entrada
en vigor del Decreto de financiación selectiva de los medicamentos.

Preocupa a su señoría la caída, por decirlo de alguna manera, o la
reducción del capítulo de inversiones. Obviamente, a nosotros también.

Pero sí quiero anunciar que el plan de inversiones Insalud-gestión
directa tiene una perspectiva de cuatro o cinco años y que nuestras
previsiones en el futuro más inmediato con la incorporación de los fondos
Feder de la Comunidad Económica Europea es que ese panorama ha de mejorar
necesariamente en el año 1995. En todo caso, para el año 1994 se
garantiza la continuidad de aquellas inversiones que estaban
comprometidas, y en el caso concreto de la atención especializada se
centran sobre todo en todas aquellas inversiones que tienen que ver con
la reposición, con el mantenimiento adecuado de nuestra estructura
hospitalaria.

Efectivamente, se ha anunciado la puesta en marcha, a través de la norma
que proceda, de una ordenación de las prestaciones y un catálogo de las
mismas, de tal manera que garanticemos, de un lado, los derechos
positivos de los ciudadanos a la hora de acudir al sistema público de
salud, que sepan cuáles son aquellas prestaciones a las que el Estado se
obliga y garantiza, sentando asimismo el procedimiento de inclusión o
exclusión de nuevas prestaciones con criterios de efectividad clínica y
de trascendencia y utilidad para la salud.

Ese es un proyecto que no tiene una vocación de contención del gasto,
como a veces se ha podido identificar, sino de consolidación de lo
existente y ordenación, eso sí, del futuro. No podemos permitir que
nuestro sistema y nuestras prestaciones crezcan desordenadamente sin una
previa evaluación de su impacto real en la salud de los ciudadanos.

Esa norma de ordenación de las prestaciones, cuyos principios han sido
apoyados unánimemente por todos los consejeros que constituyen el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, incluidos los de su Grupo
Parlamentario, está en este momento en marcha y están trabajando las
comisiones técnicas responsables de su elaboración.

También ha mencionado su preocupación porque la Ministra había mencionado
cambios de orientación en la política de los profesionales en orden a sus
retribuciones y decía que no casaba esto con los crecimientos, escasos
evidentemente, previstos en el Capítulo 1, personal. Aquí estamos
pensando mucho más en modificación de la estructura retributiva y
vinculación de la misma al



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logro de determinados objetivos que en crecimientos globales del Capítulo
1. Dicho de otra manera, nos parece que el actual sistema retributivo no
contempla adecuadamente el mayor y mejor trabajo y hay que bucar el
procedimiento para que eso sea así con el presupuesto de que disponemos.

El contrato-programa que se firmó en el año 1993 contiene una serie de
objetivos que hasta la fecha, pendientes de su última evaluación, vienen
cumpliéndose con bastante rigor y pensamos que el contrato-programa que
se prepare para el año 1994 va a poder seguir dando cuenta de tales
objetivos. Mencionaba S. S. que no veía un reflejo presupuestario que
permitiera asegurar esto. Yo creo que hay cuestiones, como la que usted
mismo ha mencionado del plan de seguridad, que no requieren otro reflejo
presupuestario que el existente, entre otras cosas porque obedecen sobre
todo a medidas de carácter organizativo interno que no tiene por qué
suponer aumento del gasto.

Ha mencionado prestaciones complementarias y temas tales como el
transporte. Justamente estas reformas internas y procedimientos de
gestión nuevos que se han venido aplicando desde la implantación del plan
de gestión y el contrato-programa han permitido, utilizando los mismos o
menores fondos que se dedicaban a este capítulo, dar el servicio
adecuado. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la contratación del
transporte sanitario en bloque para toda una provincia o una comunidad,
de tal manera que se consigue, con menores cantidades globales, un
servicio más adecuado.

El catálogo de productos, al que también se ha referido, justamente era
una medida de gestión que pretende, y yo creo que va a lograrlo, que
paguemos lo mismo por los mismos productos en todos los sitios y no venga
a suceder que por el mismo producto estemos pagando cantidades distintas
en los hospitales. Hemos de homologar productos/precios y a lo largo del
año 1993 se ha desarrollado lo que hemos denominado «contratos de tipo»,
con arreglo a los cuales se fija, por el procedimiento de concurso, un
precio para un determinado producto, que es al que todos los hospitales
han de comprarlo. En definitiva, medidas de gestión que han dado sus
frutos a lo largo del año 1993 y que permiten pensar que en el año 1994,
con un presupuesto exigente y austero, tendremos que ser capaces de dar
los servicios a los que venimos obligados.

En cuanto a las obligaciones 1992-93, a las que han hecho referencia
tanto S. S. como la representante de Izquierda Unida, he de confirmar,
puesto que así lo ha anunciado la señora Ministra, que hay el compromiso
público de establecer entre las comunidades autónomas que tienen
transferidas la competencia y el Ministerio de Economía y Hacienda (de
hecho se inician inmediatamente las conversaciones de estudio y análisis)
cuál ha sido en el año 1992 y cuál eventualmente pueda ser en el año 1993
el volumen de --llamémoslo así-- aplazamientos de pago que quedan
efectivamente pendientes de ser retribuidos. De hecho, algunos de estos
compromisos no cubiertos en su momento, que tenemos perfectamente
localizados, como eran las cuotas de Seguridad Social en el caso del
Insalud, ya se han incorporado al presupuesto del año 1994, pero a lo
largo de los próximos meses y de acuerdo con las comunidades autónomas y
el Ministerio de Economía y Hacienda se va a hacer el análisis detallado
de cuál pueda ser ese volumen de gasto pendiente del año 1992 y
eventualmente del año 1993 para, una vez realizado, proceder a su
saneamiento por el procedimiento que en su momento se decida.

En todo caso tengo que comunicarles que, gracias a ir aproximando cada
vez más el presupuesto inicial al gasto efectivo, al gasto real, merced
al conjunto de medidas de gestión que se han venido desarrollando en los
últimos dos años, esa desviación es bastante menor de la que se viene
anunciando por algunos agentes sociales.

Tendría que decir, contestando a la representante de Izquierda Unida y un
poco insistiendo en cosas que he dicho al principio relativas al
Presupuesto en general, que no hay previsto ningún recorte de prestación
sanitaria. Sí está prevista la contención y la ordenación de la
introducción de nuevas prestaciones y sí está previsto continuar en la
línea de mejora de gestión que permite obtener de los mismos recursos un
resultado mejor y sí, también, hacer un tratamiento de la deuda de los
dos años, 1992 y 1993.

El crecimiento del capítulo de la Secretaría de Planificación obedece,
efectivamente, al Decreto-ley de ayudas a los hemofílicos y transfundidos
con VIH, tema que explicaré después con algún detalle en respuesta a la
representante del Grupo Socialista.

El Plan de Salud recuerdo que se planteó también el año pasado y tengo
que decir que está en este momento en la siguiente fase. Hay diez
comunidades autónomas que han hecho lo que pudiera considerarse un plan
de salud por parte de las comunidades autónomas, aunque no está
definitivamente ultimado en todas ellas, y hay un documento bastante
avanzado por parte del Ministerio de lo que pudiera ser el esqueleto que
integre los elementos de los planes de salud de las comunidades autónomas
para dar lugar al plan integrado de salud. No voy a anunciar un plazo,
pero sí puedo decir que en este momento estamos en una fase bastante
avanzada para la elaboración de semejante plan.

La transferencia de 1.300 millones destinada al Hospital Clínico de
Santiago de Compostela procedía de un compromiso adquirido en el momento
de la transferencia a Galicia, que se ha materializado este año. Era un
hospital que estaba previsto en los planes inversores del Insalud antes
de su transferencia y sí obedecía a criterios de planificación por
necesidad en esa comunidad autónoma.

Efectivamente, ha habido una reducción de algunos de los programas
específicos tanto de Consumo como de la Dirección de Farmacia y de
coordinación general en los que evidentemente ha sido así, puesto que no
hemos podido escapar --repito-- a la situación de austeridad y
restricción económica y como tal han debido ser contenidos, sin que eso
quiera decir que renunciamos a mantener las actividades en un nivel que
consideramos imprescindible.




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Por lo que se refiere al estado de las obras en el Carlos III, en
Chamartín, me va a permitir que se lo envíe posteriormente por escrito,
porque de ese asunto concreto y puntual no dispongo de información
suficiente en este momento.

Paso a contestar a la representante del Grupo Socialista, que ha hecho
dos preguntas, una relativa a la financiación del Insalud y otra a las
ayudas a los hemofílicos.

Efectivamente, llama la atención, al contemplar las fuentes de
financiación del Sistema Nacional de Salud, tanto directo como
transferido, en el año 1994, el crecimiento de las dos partidas básicas
que constituyen su financiación, es decir, cuotas de Seguridad Social y
aportación finalista del Estado. Las cuotas de Seguridad Social crecen
sólo un 3,3 por ciento, mientras que la aportación finalista del Estado
crece un 9,37, en lo que se refiere a gastos corrientes, 8 si
consideramos además las inversiones. Ello yo creo que traduce una
voluntad política clara y definida: los números reflejan no solamente
cuentas sino voluntades. Dada la situación del empleo en nuestro país, de
la actividad económica en general, ha parecido muchísimo más lógico hacer
el esfuerzo solidario desde el lado de las contribuciones de todos, desde
el lado del Estado para financiar el sistema público de salud, que
hacerlo desde el lado de las cotizaciones de empresarios y trabajadores
en la situación en la que estamos.

Por otro lado, existe una modificación presupuestaria importante relativa
a las ayudas a los hemofílicos. En ejercicios anteriores había una
partida muy inferior destinada, con carácter general, a la ayuda a este
colectivo, pero, como SS. SS. saben, a lo largo de los primeros meses del
año 1993 --culminó en el mes de junio-- se producen una serie de
contactos y conversaciones con el colectivo de hemofílicos y personas que
a través de una transfusión --que es un número muy poco relevante, pero
sí el de hemofílicos-- habían contraído la contaminación por el sida. A
la vista de la situación bastante patética que se había creado en algunos
de estos colectivos y entendiendo, sin embargo, que esa situación fue
absolutamente inevitable, puesto que el estado de la ciencia en el
momento en el que ese contagio se pudo producir a través de los factores
de coagulación, a través de las transfusiones sanguíneas, impedía el
haber controlado ese problema, por el Gobierno --y sometido después a las
Cortes-- se acordó la creación de un fondo de ayudas a ese colectivo de
personas afectadas, en torno a unas 1.300 ó 1.400, y a tal efecto se
constituyó, ya en el año 1993, un fondo económico a través de
modificaciones y ampliaciones presupuestarias. Para el año 1994 ese fondo
aparece de nuevo en el ejercicio, puesto que la ayuda venía en dos
plazos, y además aparece con carácter ampliable por una razón bastante
lógica, y es que, aunque hay un censo bastante aproximado del número de
personas afectadas por esta situación, desconocemos si puede haber alguna
más que no tengamos censada; pero el cálculo está hecho sobre el censo y
no sobre eventualidades que pueden surgir. Por eso el crédito es
ampliable. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, supongo que pide la palabra para
hacer alguna concreción.




La señora MAESTRO MARTIN: Solamente para solicitar que la información por
escrito se refiera también a las reducciones de las partidas que he
indicado, que probablemente son cosas muy de detalle que no está en
condiciones de responder.

En segundo lugar, con respecto al hospital de Santiago de Compostela,
quiero decir que mi Grupo no cuestiona la necesidad en la Comunidad
gallega de un nuevo hospital, sino en concreto que se ubicara en una
ciudad en la que ya hay dos hospitales públicos previamente.




La señora PRESIDENTA: Finalizado, por tanto, el turno correspondiente al
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, le despedimos por hoy
de esta Comisión, agradeciéndole su presencia.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD)
(TEMES MONTES). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA
(número de expediente 212/000090), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (número de expediente 212/000263).




La señora PRESIDENTA: Señorías, el segundo punto del orden del día
contempla la presencia y la comparecencia ante nosotros del señor don
José Luis Temes, Director General del Instituto Nacional de la Salud, a
quien damos la bienvenida a esta Comisión. Su comparecencia ha sido
solicitada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el
Grupo Socialista, para informar o aclarar determinados temas que tienen
que ver con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1994.

Por tanto, bienvenido, señor Temes, a esta Comisión.

Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Buenos días, señor Temes, y gracias por estar
aquí para aclarar con sus valoraciones las dudas que han surgido a la
hora de analizar los presupuestos, en lo que se refiere concretamente al
Insalud.

La primera de ellas es, sin duda, de carácter general, y aunque conozco
declaraciones del señor Temes que de alguna manera podrían contribuir a
aclarar la duda que quiero plantearle, el tema es de tal envergadura que
solicito en la Comisión, en el Parlamento, una aclaración suya sobre este
tema. Se refiere a los criterios por los cuales el señor Temes afirma que
el personal estatutario del Insalud no está afectado por el proyecto de
Ley de Medidas Fiscales y de reforma del Régimen Jurídico de la Función
Pública y de la Protección por Desempleo.

La preocupación que yo manifiesto tiene un origen de ámbito general. Es
evidente que, independientemente de



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declaraciones a los medios de comunicación, hay una línea de tendencia en
las reformas que se están llevando a cabo en el Ministerio de Sanidad, y
quiero decirlo con toda tranquilidad, que se refieren fundamentalmente a
las líneas básicas en las que se desarrolló el informe Abril Martorell,
es decir, separación entre financiación y provisión y aseguramiento de
servicios y gestión empresarial de los centros. Queda el gran
interrogante en la laboralización del personal estatutario. Ha habido
declaraciones de consejeros de comunidades autónomas diciendo que el gran
problema del contrato-programa son los impedimentos en la vinculación de
los temas de personal al presupuesto individualizado por centro o por
servicio. Yo sé que, desde el punto de vista legal, la Ley 30/84, que
pretende reformar el proyecto de ley que va a ser debatido y votado en
este Congreso, afecta solamente de forma subsidiaria al estatuto marco de
los trabajadores del Insalud. Sin embargo, la pregunta que yo quiero
hacerle es de tipo político y no jurídico. En el término jurídico es
evidente que va a seguir siendo una norma aplicada subsidiariamente a
temas no concretados en el estatuto marco. La pregunta que yo le hago es
política, en el sentido de que el Ministerio de Sanidad pretende tomar
medidas que acerquen la situación laboral de los trabajadores sanitarios
públicos a las tendencias que se relacionaban en el informe Abril
Martorell, y más concretamente que se ven afectadas por este proyecto de
ley.

Otra de las preguntas de tipo general, a las que aludí en la valoración
global de los presupuestos al señor Conde, está relacionada con el
incremento en los gastos en concierto y con la disminución en
inversiones. A todas luces parecería, incluso a personas no muy expertas
en situaciones económicas, una decisión política. Se disminuye
sustancialmente respecto a ejercicios anteriores el dinero destinado a la
creación de infraestructuras propias y aumenta la partida correspondiente
a los conciertos con otras entidades. ¿Entiende el señor Temes que esto
está reflejando una decisión política por parte del Ministerio? Por
cierto, otros ministros de Sanidad aludieron expresamente a ella, en un
intento de fomentar la participación del sector privado dentro del
sistema sanitario. Respecto a una de las partidas estrella sobre
modificaciones recientes en la normativa, como son las recetas médicas y
de farmacia, en este presupuesto se prevé una reducción del 2,6 por
ciento sobre el presupuesto inicial, pero si lo valoramos en relación con
el gasto consolidado del año 1993, alcanza un 12,8 por ciento. Quiero
preguntarle de qué forma se van a conseguir estas reducciones si el
presupuesto del programa de uso racional del medicamento se reduce en
cuanto a los presupuestos destinados a esta misma partida en ejercicios
anteriores. Tengo que decir --aunque en otras ocasiones lo he señalado,
porque me preocupa-- que esta situación va a incidir negativamente en una
de las situaciones que caracteriza al sector farmacéutico en nuestro
país. Por cada peseta que gasta el Ministerio de Sanidad en información
científica independiente a los profesionales sanitarios en materia de
medicamentos, los laboratorios gastan 350 pesetas. ¿Entiende el señor
Temes que la decisión final respecto a la prescripción está influenciada
adecuadamente en relación con criterios comerciales y con criterios
científicos?
Una de las cuestiones que más me preocupa se refiere a si tiene el
Insalud intención de potenciar, en colaboración con el Ministerio de
Sanidad, el Prosereme, el Programa Selectivo de Revisión del Medicamento,
de manera que puedan tomarse medidas más adecuadas al uso racional de
medicamentos que las que plantea la simple exclusión de determinados
medicamentos, como se dijo en un real decreto de financiación selectiva
El catálogo de prestaciones, al que la señora Ministra hizo referencia en
esta Comisión y al que entiendo que diferentes cargos del Ministerio de
Sanidad hacen referencia sin concretar, ¿cuándo entrará en vigor? ¿Qué
fecha tienen prevista para la ordenación y puesta en vigor de este
catálogo de prestaciones?



La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Maestro, me gustaría
recordarle que el trámite en que nos encontramos hoy es para informar,
aclarar, preguntar, sobre el proyecto de presupuestos generales del
Estado referentes al Ministerio de Sanidad y Consumo. Sus preguntas, a mi
modo de ver, evidentemente son muy interesantes, tienen mucho que ver con
el Ministerio de Sanidad y Consumo, pero quizá no se ciñen demasiado a la
solicitud de la comparecencia de hoy. Le ruego que procure ajustarse a
ella.




La señora MAESTRO MARTIN: Voy a pasar a preguntas más concretas; lo que
quería era, por tener un orden lógico, iniciar mi intervención con
preguntas de tipo general.

En los presupuestos aparece, además de la partida de 28.000 millones de
pesetas, relacionada con cuotas de la Seguridad Social, otra partida de
27.410 millones de pesetas en un apartado que también se relaciona con
cuotas de prestaciones y gastos sociales. Quería preguntarle en relación
con qué. Es decir, aparecen dos partidas, una que se supone que es para
hacer frente a la deuda de la Seguridad Social y otra, en el artículo 16,
cuotas, prestaciones y gastos sociales, que aparece con un volumen de
27.410 millones de pesetas. A los sindicatos, en alguna ocasión, el
Insalud les ha comentado que esta partida iría destinada a amortizar un
error en la valoración de la cuota de la Seguridad Social. Quería que me
concretara el señor Temes este aspecto.

Otra de las preguntas concretas que quería hacerle se refiere a la
integración en el régimen de la Seguridad Social de funcionarios de la
Administración, en virtud del Real Decreto 480/1993. Y partiendo de la
base de que mi Grupo valora positivamente la integración de este personal
en el régimen de la Seguridad Social, quería preguntarle en qué volumen
se incrementaría, a juicio del Insalud, el número de personas incluidas
dentro de las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social y en función
de ello qué incremento está previsto en infraestructuras para evitar que
este aumento en la cobertura no eleve la masificación en la prestación de
la asistencia sanitaria.




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Por otro lado, en los presupuestos está prevista una ampliación. Este
año, los ingresos en el Insalud debido a prestación sanitaria a terceros
se presupuesta en 58.748 millones de pesetas; se hace referencia también
a la posibilidad de que los gerentes puedan abrir cuentas y que esta
cantidad pueda utilizarse como incentivos en la remuneración al personal.

La pregunta concreta es, ¿qué cantidad se calcula destinar a este efecto
y qué tipo de control sobre el mismo piensa ejercer el Ministerio de
Sanidad?
Otra de las preguntas concretas está relacionada con la atención
primaria. Aparecen 25 nuevos centros de salud de nueva creación, con una
dotación inicial, igual para todos, de 60 millones de pesetas. Que la
cantidad sea exactamente igual para todos y a todas luces insuficiente
para acometer un volumen importante de obras en todo un año, me lleva a
preguntarle qué objeto ha tenido dedicar una partida de estas
características a centros de salud.

No aparece dotación en inversiones para nuevos hospitales. Quiero
preguntarle concretamente qué pasa con la anunciada construcción del
hospital de Las Palmas de Gran Canaria, que no aparece en los
presupuestos en inversiones en obra nueva para el año 1994. También
quería preguntar si, a juicio del señor Temes, están cubiertas las
necesidades de infraestructuras sanitarias públicas, en lo que se refiere
a hospitales de agudos y a hospitales de crónicos.

Otra de las preguntas concretas es en qué fecha está prevista la
finalización de las obras del hospital del Torrelavega. Supongo que el
hecho de que no aparezca cantidad alguna en el año 1994 es porque la
finalización de las obras se prevé en el año 1993. También quería
preguntarle cuándo está previsto que entre en funcionamiento, y la
dotación de puesta en marcha, si se refiere al ejercicio de 1993 o hay
alguna partida no explícita en los presupuestos de 1994 para hacer frente
a la dotación de material que requiera ese hospital.

En el incremento del capítulo 2, por conciertos, en el texto de los
presupuestos se hace referencia a que tal incremento se debe tanto al
aumento de los conciertos con entidades privadas como a la asunción, por
parte del Insalud, de la gestión de centros hasta ahora dependientes de
comunidades autónomas o de diputaciones.

Quería preguntarle, en concreto, qué tanto por ciento de ese incremento
se refiere al concierto con entidades privadas.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Mendizábal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: En primer lugar, deseo dar la bienvenida
al señor Temes.

También yo seré extremadamente breve en este caso. Voy a incidir en
algunas preguntas que han preocupado a la portavoz de Izquierda Unida.

Deseo que dé una visión generalizada del presupuesto inicial de 1994,
comparándolo con el presupuesto del Insalud de 1993. Hay dos conceptos
que experimentan una modificación a la baja. Me refiero, por una parte,
al concepto de inversiones, que disminuye casi un 17 por ciento, y, por
otra, al de farmacia, que lo hace un 2,62 por ciento.

Quisiera aclarar que estoy convencida de que hay muchas razones
económicas que influyen sobre el comportamiento de las inversiones, más
allá de cualquier otro tipo de razón política. Por tanto, quisiera que el
Director General clarificara estas dos disminuciones: una, en el gasto
farmacéutico, y ya conocemos la postura a este respecto, pues ha sido
expuesta por la Ministra de Sanidad en esta misma Comisión; y otra en las
inversiones. Conviene aclarar qué es lo que ocurre con esta disminución
de las inversiones y cómo quedan las inversiones en reposición, que
estimo que es uno de los temas importantes.




La señora PRESIDENTA: Para responder, en la medida en que ello sea
posible, evidentemente, a las intervenciones de las señoras portavoces de
los grupos que han intervenido, tiene la palabra el señor Temes.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Temes
Montes): Quisiera empezar diciendo a la señora portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que hemos pedido una
comparecencia par explicar las líneas generales de actuación del Insalud.

Muchas de sus inquietudes deberían resolverse en esa comparecencia y
quizás hoy debiéramos centrarnos en los temas más estrictamente
relacionados con el presupuesto, aunque de cualquier manera, yo procuraré
responder a la mayoría de sus preguntas.

La primera pregunta se refiere a la afectación de los criterios al
personal estatutario. La Ley General de Sanidad recoge la obligación, por
parte del Ministerio --que no del Insalud-- de la elaboración de un
estatuto-marco que desarrolle la vinculación entre los trabajadores de la
sanidad pública y el Insalud, en el conjunto del Ministerio de Sanidad.

Ese es un trabajo que hay que iniciar, pero que no corresponde a las
competencias del Instituto Nacional de la Salud, aunque, obviamente,
trasladaremos los criterios al Secretario General de la Salud, que es
quien tiene las competencias en esta materia.

En cuanto al segundo punto, sobre conciertos e inversiones, los dos
capítulos presupuestarios están claramente diferenciados; uno es
conciertos y otro, inversiones.

Nosotros creemos que, bajo un principio, que hemos defendido
permanentemente, de financiación pública del sistema, puede haber
concertación con entidades públicas o privadas; que, de alguna manera, de
forma sustitutoria, donde el Instituto Nacional de la Salud no disponga
de medios propios, o de forma complementaria, donde lo precise, se pueden
hacer concertaciones, como se ha venido haciendo en los últimos
veintitantos años. Debe hacerse con un criterio de calidad, un criterio
de acreditación de lo que se está concertando, suficientemente claro. No
hay contradicción en mantener que el sistema sanitario español es
fundamentalmente público, tanto de financiación como de prestación de
servicios, y que puedan colaborar con calidad y con lealtad una serie de
instituciones, tanto públicas como privadas, en el



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desarrollo de los objetivos del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

A mí me parece que las experiencias de los últimos años, la firma de
contratos-programa con algunos de esos hospitales, algunos públicos --el
Subsecretario ha citado el Hospital Gregorio Marañón-- y otros privados
--pero fundación privada sin ánimo de lucro, como la Fundación Jiménez
Díaz, que conozco bien, porque he sido hasta hace poco su gerente--, han
sido formas de concertar razonables y útiles para el objeto fundamental
del Sistema Nacional de Salud, que es el ciudadano. Eso ha servido para
racionalizar la demanda, para racionalizar los consumos y para buscar
fórmulas de gestión que, sin modificar ese principio fundamental de
financiación pública, nos permite el modelo reflejado en la Ley General
de Sanidad. Por tanto, creo que no va a haber un cambio en esa filosofía,
sino que hay la posibilidad de concertar con estas características.

Otro de los puntos que S. S. ha plantedo, así como la portavoz del Grupo
Socialista, es el tema de las inversiones. Nosotros hemos fijado las
inversiones para cuatro años. Lógicamente, en los presupuestos, por sus
propias características, no puede ir ese desarrollo cuatrienal, pero
nuestro interés es hacer una planificación a cuatro años. Es cierto que
los presupuestos de inversiones de este año nos van a permitir el
desarrollo, pero probablemente no el crecimiento, de una manera
sustancial, aunque también es cierto que hay un compromiso, que S. S.

conoce, de aportación de fondos Feder a lo largo de este cuatrienio y a
partir del próximo año. Por lo tanto, en los años 1995, 1996 y 1997 las
inversiones podrán ser más importantes por la aportación de esos fondos
Feder. De cualquier manera, el presupuesto de 32.000 millones para
inversiones nos va a permitir cumplir razonablemente con los compromisos
que teníamos establecidos, tanto en atención primaria como en atención
especializada. Luego comentaré el caso concreto del Hospital El Pino II,
de Palma de Mallorca.

En farmacia, a lo que ambos grupos solicitantes de esta comparecencia se
han referido, quisiera decir unas cuantas cosas, enlazando con lo que el
portavoz del Grupo Popular en su momento planteó al señor Subsecretario.

Como ya expresó el señor Subsecretario, y creo que es un pensamiento
común, no sólo de las personas que estamos trabajando en el Ministerio de
Sanidad o en el Insalud, sino de una buena parte de los profesionales
sanitarios que conocemos los hospitales o la atención primaria y de una
buena parte de los ciudadanos, el consumo farmacéutico, en muy buena
medida, no está relacionado con criterios científicos. Se ha hecho, en mi
opinión, una equivocada equiparación de calidad de la asistencia con
consumo de medicamentos. Es absolutamente injustificado; muchos de esos
medicamentos no tienen ningún soporte científico, incluso tienen
demostrada una efectividad nula. Y diría más, porque creo que tampoco es
descubrir absolutamente nada: muchos de esos medicamentos tienen efectos
contraproducentes o secundarios indeseados.

Es voluntad del Ministerio, y tampoco es competencia exclusiva del
Insalud sino que la Secretaría General del Insalud, cuyo Secretario
comparece después, tiene mucho que decir en ello, hacer una política
rigurosa desde el punto de vista científico del uso del medicamento,
romper con ese binomio de calidad-prescripción de medicamento. En esa
línea, hay algunos puntos en los que deberíamos profundizar. Hay que
profundizar en el Decreto de financiación selectiva; con independencia de
los datos económicos, que es un aspecto, los criterios científicos hacen
pensar que debemos profundizar en ese camino. Creo que el acuerdo con
Farmaindustria es importante y que se están planteando otros con las
oficinas de farmacia.

Desde el punto de vista del Insalud, hay dos aspectos fundamentales para
tratar de cumplir el presupuesto de farmacia: conseguir medidas para
profundizar en la gestión y conseguir la participación de los
profesionales, fundamentalmente los profesionales médicos, en la gestión
de la atención primaria. Quisiera que eso fuese algo más que una
declaración de principios y quisiera señalar algunas de las medidas que
estamos planteando para la contención del gasto en farmacia.

En primer lugar, la modificación en el sistema de distribución a los
profesionales, ligando la gestión de cada equipo directivo y elaborando
unos nuevos criterios para los médicos autorizados de fuera del sistema.

En segundo lugar, la adquisición de productos sanitarios a través de
suministros, que no tienen por qué estar en las oficinas de farmacia; me
estoy refiriendo, por ejemplo, a los pañales para la incontinencia
urinaria o a las tiras reactivas. En tercer lugar, la elaboración de
planes de gestión específicos para las provincias con mayor desviación
presupuestaria a nivel de farmacia. En cuarto lugar, la asignación a cada
equipo de atención primaria de presupuestos específicos de farmacia, con
un seguimiento de las prioridades a través de los perfiles terapéuticos y
de las disponibilidades económicas; la creación de comisiones
farmacoterapéuticas en cada una de las gerencias de atención primaria con
participación de los profesionales.

Con todas estas medidas, pretendemos que se alcance el objetivo de
reducir un 10 por ciento el número de recetas financiadas el año 1993.

Estas son medidas concretas, que obviamente hemos de desarrollar y las
traigo a esta comparecencia exclusivamente para explicarles en qué líneas
estamos trabajando.

Paso a la pregunta concreta que me hacía sobre el programa de Prosereme.

Sí tenemos la intención de profundizar en ello, entendiendo que es
fundamentalmente uso hospitalario de ese tipo de medicación.

Me hace una pregunta sobre el catálogo de prestaciones, que creo que se
aleja del debate sobre presupuestos, pero quiero contestarle y lo voy a
hacer en absoluta sintonía con lo que ha dicho el Subsecretario, como de
todas formas ha de ser. Por una parte, debería alejarse de la discusión
presupuestaria, porque éste no es un problema presupuestario. Elaborar un
programa de prestaciones es un problema de orden, de ordenar lo que el
Sistema de Salud va a dar a sus ciudadanos, de ordenar lo que los



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ciudadanos pueden esperar del Sistema de Salud. Hoy, en España, casi todo
el mundo conoce la prestación que puede dar el sistema educativo. En esa
misma medida, hay que ordenar la prestación que ha de dar el sistema
sanitario. Además, creo que es bueno para los ciudadanos, porque
conocerán sus derechos. Hoy hay un punto de equidad menor dependiendo de
la zona donde uno viva o donde uno esté, del desarrollo de los
profesionales que trabajan en esa zona de salud o en ese hospital. Yo soy
de las personas que están absolutamente convencidas de que hay que hacer
un catálogo de prestaciones, de que tenemos que ordenar el sector, pero
quisiera que eso quedase claramente separado de un debate presupuestario.

He dicho al comienzo de mi intervención que hemos solicitado una
comparecencia para hablar de política general del Insalud y los temas no
estrictamente presupuestarios podrán entrar en esa discusión.

La integración de funcionarios de la Seguridad Social en el régimen de la
Seguridad Social no exige un aumento de infraestructuras. La capacidad de
nuestro sistema permite integrar a un número, por otra parte reducido, de
personas con los medios disponibles. No va a suponer una sobrecarga
especial en el sistema sanitario actualmente en funcionamiento.

Voy a intentar explicarle la aparición de lo que se ha venido llamando la
caja de los hospitales que, desde el punto de vista de una persona que se
ha dedicado diez años a la gestión de hospitales, me parece
extraordinariamente importante.

¿Qué ocurría hasta ahora? Ocurría que los cobros a terceros no
repercutían para nada en el hospital. Que una labor que se realiza en el
hospital, un trabajo que se hace en el hospital, no repercuta en el
hospital, creo que no motiva especialmente a las personas que trabajan en
él para ser, digamos, más rigurosos en el desarrollo, no sólo de la
asistencia, que ésa sí que lo es, sino del acto, si se quiere,
burocrático o de gestión de los cobros a terceros. Por tanto, creo que es
un gran avance que los hospitales tengan una caja de la Tesorería de la
Seguridad Social, en la que los fondos que se consigan por cobros a
terceros puedan repercutir, tal como está el texto articulado de la ley
de presupuestos, sobre el capítulo 2 de los hospitales, que el hospital
pueda disponer de ese dinero para la compra de tecnología, para la compra
de reactivos o para financiar determinado tipo de obras en un servicio
que está haciendo una labor en ese sentido, por ejemplo, con los
accidentes de tráfico. Si con este sistema no vamos a poder dar dinero a
los profesionales, que habrá que llegar a ello, sí vamos a poder
incentivar a los servicios a través de compras en el capítulo 2. Me
parece un paso importantísimo y absolutamente necesario si de verdad
queremos profundizar en la gestión de los hospitales.

Sobre los centros de salud y los 60 millones que aparecen en algunos
centros de salud --no en todos aparece esa cantidad--, tengo que decir
que eran centros de salud que en presupuestos anteriores habían tenido
una asignación presupuestaria menor y en el presupuesto para 1994 se hace
una asignación presupuestaria mayor que nos permita terminar o casi
terminar las obras empezadas.

El Hospital de Las Palmas. Como seguramente sabe S. S., estamos en un
proceso de negociación de las transferencias a la Comunidad Autónoma de
Canarias y se están produciendo una serie de reuniones de la ponencia
técnica que tratan de definir ese tipo de transferencias. En ellas irían
las inversiones oportunas para ese Hospital. Si no aparece en el texto es
precisamente por este motivo, porque entendemos que, si el 1 de enero se
transfiere las competencias plenas en materia sanitaria a la Comunidad
Autónoma de Canarias, habrá de ser el Gobierno canario y su Consejería de
Sanidad quienes definan qué hospital quiere, de qué características, y
que lo planifiquen dentro de las necesidades que tengan en esa comunidad
autónoma.

Se buscará una fórmula de financiación alternativa a los presupuestos en
el momento en que se produzca la transferencia. Por eso no está
contemplado.

Me hace una pregunta, que no sé si se refiere exactamente a Canarias, al
conjunto del territorio Insalud o al conjunto del Estado, sobre las
necesidades de camas públicas y privadas. No sabría contestar con esa
precisión; a nivel del Estado hay zonas con mayores recursos sanitarios
en cuanto a camas. Quisiera hacer especial hincapié, porque lo creo así,
en que no podemos relacionar, y S. S. estará de acuerdo, calidad de la
asistencia con prescripción farmacéutica. Tampoco deberíamos relacionar a
estas alturas calidad de la asistencia con «ratio» de camas por
habitante. Creo, además, que ése es un esfuerzo de gestión que hay que
hacer; habrá de hospitalizarse lo que haya de hospitalizarse, pero deberá
hacerse de manera ambulatoria un volumen de patología cada vez más
importante, como se hace en todo el mundo, sin necesidad de
hospitalización.

Debe ser así. Creo, además, fervientemente en ello y pienso que es una de
las líneas de trabajo importante del Insalud y de los sistemas sanitarios
europeos. Parece que no hay grandes justificaciones para que la red de
hospitales de agudos de los Estados Unidos, con independencia de lo que
nos guste o nos deje de gustar ese modelo sanitario, que sería otra
discusión, no sea tenida en cuenta. En ella hay una estancia hospitalaria
de siete días, mientras que en España estamos todavía en los nueve y
medio, diez días. Ahí tenemos una labor que hacer. Por poner más
ejemplos, hay poca justificación para que las cataratas se operen con
anestesia general y para que las personas estén ingresadas tres o cuatro
días, como todavía lo están en algunos de nuestros centros. Creo
firmemente que no se puede ligar calidad de la asistencia con número de
camas, aunque obviamente es una «ratio» que existe y que hemos de
contemplar.

El hospital de Torrelavega está acabado y lo estamos poniendo en
funcionamiento. Si no recuerdo mal, y la verdad es que no quisiera meter
la pata dando cifras, hasta ahora se han invertido 400 millones en planes
de montaje y se está poniendo en marcha. Tampoco quisiera darle una fecha
exacta y decirle que el 31 de marzo estará funcionando el hospital,
porque sería una



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temeridad y, además, seguramente no acertaría, pero estamos dando los
pasos para ponerlo en marcha. De hecho, algunas actuaciones, como el
concurso público de la contrata de la limpieza, ya están en los
periódicos. Ese hospital está acabado; ese hospital se está dotando. Lo
haremos, como hay que poner en marcha un hospital, con los tiempos
razonablemente necesarios para que se haga correctamente, no de la noche
a la mañana. Está acabado, por eso no aparece en la ley de presupuestos y
se está dotando.

Me hace una pregunta a la que no voy a saber contestarle. ¿Qué porcentaje
de conciertos corresponde a instituciones de patrimonio privado y cuál a
instituciones con patrimonio público? No se lo puedo contestar en este
momento. Creo, además, que tampoco es objeto de la ley de presupuestos,
pero le aseguro que buscaré los datos y se los remitiré con muchísimo
gusto.

Me parece que he contestado a ambos grupos, porque, en buena parte, las
inquietudes expresadas por la portavoz del Grupo Socialista sobre
inversiones en farmacia también habían sido expresadas por la señora
Maestro.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Temes, por su comparecencia,
por su presencia entre nosotros. Esperamos contar con usted, tal como ha
anunciado, efectivamente, en una próxima comparecencia.

Señorías, el tercer compareciente es el Secretario General de la Salud,
señor Gutiérrez Morlote, cuya intervención no estaba prevista hasta las
doce. Son las doce menos veinte y SS. SS. pueden decidir si continuamos o
paramos, aunque el señor Secretario se encuentra en la sala. (Pausa.)
Continuamos la sesión.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA SALUD (GUTIERREZ MORLOTE). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: SOCIALISTA (números de
expedientes 212/000092 y 212/000091) Y FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (números de expedientes 212/000262 y
212/000261).




La señora PRESIDENTA: Señorías, la tercera comparecencia prevista en esta
Comisión de Sanidad y Consumo en el día de hoy es la del Secretario
General de la Salud, don Jesús Gutiérrez Morlote, quien se encuentra ya
entre nosotros. Le damos la bienvenida, señor Gutiérrez Morlote. Su
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Socialista y por el de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Hay algunos temas que estaba previsto consultárselos, pero han sido
aclarados en la respuesta del señor Subsecretario del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

En primer lugar, señora Maestro, tiene la palabra en nombre del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Vicepresidente,
Blázquez Sánchez, ocupa la Presidencia.)



La señora MAESTRO MARTIN: Buenos días, señor Morlote, y gracias por
comparecer en esta Comisión.

Evidentemente, los temas están muy relacionados y hay algunos que han
sido ya contestados en parte. Sin embargo, en relación con el personal y
con el famoso proyecto de ley de medidas fiscales y de reforma del
régimen jurídico de la función pública, que tanto está dando que hablar,
quería preguntarle exactamente, excluyendo lo que se refiere a personal
estatutario, qué personal sanitario, a su juicio (supongo que el que está
incluido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 30/1984, que
es la ley que pretende reformar este proyecto de ley), no estatutario,
está afectado por esta reforma y, en su caso, cuáles son las razones por
las cuales el Ministerio de Sanidad no ha tomado medidas cautelares para
preservar los derechos de los trabajadores sanitarios públicos semejantes
a las que ha tomado el Ministerio de Sanidad, por las que el personal
docente se ve excluido de las medidas más negativas de tipo laboral,
respecto a sus intereses como trabajadores públicos. Ello ha permitido
que el colectivo docente esté protegido en los aspectos más agresivos de
sus intereses que este proyecto de ley plantea, mientras que el personal
sanitario, a mi juicio, con el mismo carácter y parecidas necesidades,
desde el punto de vista de su contenido de trabajo, no ha sido excluido
en este tipo de medidas.

En relación con el medicamento, y dentro de los presupuestos, voy a
preguntarle sobre algo que ya ha sido tratado en las anteriores
comparecencias. El acuerdo con Farmaindustria, que la señora Ministra
anunció aquí. La valoración que se hacía es que permitiría reducir el
gasto farmacéutico en un 3 por ciento. ¿En qué estado se encuentra dicho
acuerdo? Informaciones posteriores o, por lo menos, que yo he conocido
posteriormente aclaran que el acuerdo con Farmaindustria es un acuerdo
genérico que debe negociarse medicamento a medicamento y que el margen
concreto de reducción sería variable. Yo quería que usted me dijera en
qué fecha se va a negociar, porque parece ser que el acuerdo medicamento
a medicamento sobre el tipo de margen puede llevar mucho tiempo y habría
que ver en qué medida puede tener la repercusión presupuestaria que la
señora Ministra valoraba en un 3 por ciento.

Con respecto a temas presupuestarios que entiendo que son competencia del
señor Gutiérrez Morlote, me gustaría que me dijera qué criterios de
política sanitaria han llevado a reducir subvenciones del Ministerio de
Sanidad en una cuantía de un 40,75 por ciento a partidas, a mi juicio tan
vitales, como la formación continuada, la asistencia psiquiátrica, la
lucha contra el sida y enfermedades prevalentes y enfermedades derivadas
del consumo de droga.

Quería insistir en que la preocupación más grave de mi Grupo, partiendo
de unos criterios políticos que venimos manteniendo --es decir, la
educación para la salud no como algo vinculado a campañas generales, sino
a la actuación cotidiana de los servicios sanitarios--, se refiere a la
formación continuada. Evidentemente, el retraso en la cobertura de la
atención primaria no es tema de su



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estricta competencia, pero sí lo es la formación continuada de los
profesionales sanitarios, que permitiría llevar a cabo el cambio de
modelo. Es verdad que no es una novedad la reducción de las partidas
presupuestarias relativas a formación continuada, porque es algo que,
desgraciadamente, viene produciéndose en ejercicios anteriores. Sin
embargo, la cuantía de la disminución sobrepasa en este momento en mucho
a medidas semejantes en otros presupuestos.

La pregunta concreta es: ¿Con qué recursos piensan ustedes llevar a cabo
el cambio de modelo que preveía el Real Decreto de reforma de estructuras
básicas de salud de 1984 y la Ley General de Sanidad, cuando no solamente
se hace más lenta la reforma de la atención primaria, sino que se hacen
casi anecdóticas las partidas destinadas a algo tan importante como es el
cambio en las formas de actuar de los profesionales sanitarios?
Asimismo, quería preguntarle acerca de los criterios políticos por los
cuales se reduce el presupuesto de investigación. Ya se encontraba bajo
mínimos, dado que estábamos gastando en investigación exactamente un
sexto de lo que prevé la Ley General de Sanidad, y se ve afectado por un
nuevo recorte en este año, en actividades que, a juicio de mi Grupo, son
tan importantes como las de publicaciones o como la creación de becas de
iniciación. Como decía el señor Temes, a lo mejor a un observador no muy
detallista la relación entre las partidas presupuestarias y los criterios
políticos puede no parecerle muy vinculada pero, dentro de unos criterios
de política sanitaria serios, la relación entre los presupuestos de
investigación que en este caso destina la Administración sanitaria
pública y los presupuestos de investigación que dedican otras entidades
privadas, sí es un criterio a la hora de valorar cuáles son las líneas
generales por las que se decide y se instaura la política de
investigación en nuestro país.




El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Mendizábal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Bienvenido, señor Gutiérrez Morlote. Una
vez más, las inquietudes del Grupo Socialista coinciden con las ya
expresadas por la portavoz de Izquierda Unida. Precisamente uno de los
temas en los que queríamos incidir, por su cuantía en la disminución
dentro del presupuesto, es la formación continuada, pero me remito, como
digo, a la pregunta que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida.




El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Para contestar, tiene la
palabra el señor Gutiérrez Morlote.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SALUD (Gutiérrez Morlote): Muchas
gracias.

Voy a comenzar por responder a la pregunta que se ha formulado sobre
formación continuada, que, por su cuantía explícita en los presupuestos y
por la preocupación que ha suscitado en los Grupos que han solicitado la
comparecencia, creo que merece una cierta atención. Efectivamente,
respecto al ejercicio de 1993, desaparecen tres partidas: las dedicadas
como transferencias externas a comunidades autónomas para formación
continuada, que en el año 1993 era de 751 millones; las transferencias al
Insalud con el mismo fin, de 686 millones, y un conjunto de
transferencias a entes públicos e instituciones sin fines de lucro que
totalizaban en torno a los 120 millones de pesetas en 1993. Quizá
debiéramos dar una explicación de a qué se ha dedicado ese dinero.

Realmente, estos 700 millones de las comunidades autónomas y 600 del
Insalud se dedicaban al cumplimiento del Real Decreto que en 1989
establecía los cursos de perfeccionamiento en medicina familiar y
comunitaria. Ese mismo año, que aparece el decreto por el que aquellos
médicos titulares, propietarios o interinos, con más de cinco años de
servicio a la Administración pueden acceder al título de especialistas
después de este curso de perfeccionamiento, se publica también una
resolución de la Subsecretaría de Sanidad en la que se establece la
financiación con cargo a unas partidas presupuestarias de aquel mismo
ejercicio. Esa partida se mantiene a lo largo de los años 1989, 1990,
1991, 1992 y 1993 y se realizan una serie de cursos, con dificultades en
algunos casos, como SS. SS. conocen, que en algunas comunidades autónomas
han finalizado, el caso de Cantabria y Navarra, que en otras no han
comenzado, el caso de Galicia, y que han ido seguidos por los Ministerios
de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia, que es quien, en último
término, da el título de especialista.

A lo largo de este año, vamos a seguir promoviendo esos cursos, vamos a
seguirlos y vamos a continuar proponiendo la titulación correspondiente
al Ministerio de Educación y Ciencia. Pero estas transferencias que
desaparecen las consideramos subsumidas en esa aportación finalista del
Estado, en este caso al Insalud, que, como saben SS. SS., se incrementa
en 168.000 millones. Consideramos que estas actividades, después de cinco
años de ponerse en marcha los cursos de perfeccionamiento, deben ser algo
habitual en cuanto a actividades formativas de las entidades gestoras
correspondientes de quienes dependan o de las comunidades autónomas.

En cuanto a los 120 millones de pesetas que se dedicaban a subvencionar a
instituciones y entes públicos, saben SS. SS. que son unas subvenciones
que, por primera vez en los últimos dos años, se convocaron con una orden
ministerial. Realmente, la cuantía de 120 millones de pesetas, en los
términos presupuestarios de que hablamos --y luego me referiré al
conjunto de las actividades de formación continuada-- era una partida muy
pequeña. Quizá lo único que tenía de novedoso esa orden ministerial era
que establecía una metodología rigurosa en cuanto a la formación
continuada, introduciendo, por ejemplo, la evaluación de esas
actividades, y que centraba también los objetivos de esas actividades de
formación continuada en las necesidades detectadas por el propio Sistema
Nacional de Salud. Yo creo que lo único que conseguía era, por tanto,
centrar esas actividades de



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formación continuada y promover una metodología más rigurosa en ese
conjunto de actividades que a lo largo de todo el Estado y promovidas por
diversos agentes se venían desarrollando, no siempre atendiendo a las
mayores necesidades del sistema y no siempre con la correspondiente
evaluación.

Desaparecen, pero yo tengo que decir a SS. SS. que, sin embargo, las
cantidades destinadas a formación son importantes. Considerando
simplemente la parte, por ejemplo, del fondo de investigación sanitaria,
que se dedica a formación, considerando lo que cuesta la gestión del
sistema MIR, que este año incorpora a otros profesionales, como los
físicos, los psicólogos, la formación de matronas y la formación
especializada, considerando lo que cuesta la Escuela Nacional de Sanidad,
lo que destina la Dirección General de Salud Pública a la educación para
la salud y los gastos globales del Insalud para atender a la formación
continuada y a la formación de especialistas, se sitúa en cifras en torno
a los 29.000 millones de pesetas, que si quiere le desgloso, señoría. (La
señora Presidenta ocupa la Presidencia.) En ese conjunto de 29.000
millones de pesetas, referirnos a la desaparición de 1.000 millones, que
son estas transferencias, nos parece que, cuantitativamente, tiene poca
importancia y que, además, se pueden atender perfectamente con los
créditos corrientes con los que cuentan las entidades gestoras para otras
actividades.

En cuanto a la educación para la salud, ya me he referido a que se
mantienen esos créditos dentro del programa 413.G, Coordinación General
de Salud, que está atribuido a la Secretaría General y también a la
Dirección General de Salud Pública, de ella dependiente. Ahí figuran, lo
mismo que figuraban en el ejercicio 1993, unas cantidades para promoción
de la salud y educación sanitaria, convenios con el Ministerio de
Educación y Ciencia, lucha contra enfermedades prevalentes, que se
mantienen. Hay que decir que esta cifra de 69.300.000 pesetas, que
suponía el convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia en el año
pasado, y se mantiene en este ejercicio 1994, es muy inferior a la que
realmente hemos gastado. Utilizando otros créditos, concretamente los
otros a los que me he referido, que son cerca de 700 millones, hemos
aplicado más presupuesto a estas actividades de educación para la salud.

Respecto a publicaciones, lamento decirle que no es competencia de la
Secretaría General; se hallan agrupadas todas en la Subsecretaría. Sabe
S. S. que en los presupuestos para 1994 se centralizan muchos créditos en
la Subsecretaría del Ministerio, los correspondientes a libros, a
reuniones y conferencias, a estudios y trabajos técnicos, y que, en
conjunto, el control del gasto del Departamento provoca una disminución
del 50 por ciento en reuniones y conferencias y del 60 por ciento en
estudios y trabajos técnicos. En concreto, el servicio de publicaciones
está adscrito a la Secretaría General Técnica y a la Subsecretaría de
Sanidad.

Me formula una pregunta respecto de la investigación, que creo que es
interesante y que, si he entendido bien, era la relación público-privada
en la investigación sanitaria. Creo que esa relación público-privada en
España es una relación claramente positiva, a diferencia de otros países
de nuestro entorno; recientemente ha aparecido un artículo sobre la
financiación de la investigación médica. Sabe usted que el gasto en I+D
en España crece por encima del crecimiento del producto interior bruto,
que el gasto en I+D en salud en España ha seguido también un crecimiento
ascendente, incluso superior al gasto total en I+D, y que, a través de
diferentes programas, por ejemplo, en biotecnología, hablamos de 313
millones, en salud, de 710,8, en farmacia, de 567,7, en deporte, un
objetivo 6 y 7. Sería quizá aburrido para S. S., pero le puedo facilitar
las cifras. Quiero decirles también que, mientras que al menos el 65 por
ciento de los fondos disponibles en el Reino Unido para la investigación
en salud proviene de instituciones no gubernamentales, es decir, de
organizaciones no vinculadas directamente al Gobierno, si la situación en
España fuera similar y en la misma proporción, en lo referido a la
participación no gubernamental en la financiación, se podría haber
alcanzado, ya en el ejercicio 1991, la cantidad de 42.000 millones de
pesetas para financiar la investigación en salud. El esfuerzo que se está
haciendo, y el esfuerzo público, en investigación, es un esfuerzo
importante. No sé si ésa era la pregunta que S. S. me formulaba cuando se
refería a la relación público-privada en investigación para la salud.




La señora MAESTRO MARTIN: Lo que pasa es que lo hacía en relación con la
presunta desaparición en el presupuesto --no sé si es cambio de partida
presupuestaria-- de becas de iniciación en investigación.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SALUD (Gutiérrez Morlote): En
investigación, señoría, las transferencias que se producen al Insalud
desde la Dirección General de Ordenación de la Investigación se mantienen
en los mismos términos y en la misma cuantía que el año pasado. Son 2.432
millones, que, junto con los presupuestos del propio Insalud destinados
al FIS, totalizan 4.454 millones para el FIS. Y no desaparecen partidas,
que yo sepa, en cuanto a iniciación de la investigación. Quizá estén
contenidas de otra manera. Si usted me dice, señoría, el concepto
presupuestario al que se refiere, con mucho gusto lo busco.




La señora MAESTRO MARTIN: En la explicitación de las partidas del FIS
aparecen dotadas con cero pesetas partidas como publicaciones y becas de
iniciación.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA SALUD (Gutiérrez Morlote): Si no tiene
inconveniene, señoría, se lo buscaré con más calma y se lo enviaré.

Me preguntaba S. S. por las subvenciones del sida, que creo que era otro
capítulo importante de las subvenciones que desaparecen de los
presupuestos, respecto a los presupuestos del capítulo IV, Transferencias
corrientes, porque en el capítulo 2, Campañas de información de lucha
contra el sida, como ve S. S., en los presupuestos se mantienen los
148.500.000 pesetas, que es una cantidad



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inferior a la gastada, por la misma razón que explicaba al hablar de
educación para la salud, donde hicimos ejecución presupuestaria contra
otras aplicaciones. También lo gastado realmente en campañas de
información ha sido superior a estos 148 millones. Pero es en el capítulo
IV de nuestro programa 413.G, donde S. S. aprecia que desaparecen las
transferencias a comunidades autónomas y al Insalud, y por la misma razón
que señalaba antes. Es decir, consideramos que las transferencias al
Insalud aparecen asumidas en la aportación corriente del Estado, en esos
168.000 millones más que están dentro del 1,9 billón de aportación
finalista del Estado y dentro de las operaciones corrientes. ¿Esto supone
mucho o poco en la lucha contra el sida?, que yo creo que sería la
pregunta. Con independencia de eso ¿estamos hablando de una cantidad
importante o no? Teniendo en cuenta --y he solicitado una comparecencia
ante esta Comisión para hablar del sida-- que, como sabe S. S., nuestra
estrategia se basa en la información, en proporcionar una correcta
atención sanitaria a los pacientes, en evitar la discriminación de los
afectados y en establecer mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación
de la epidemia, si simplemente nos refiriésemos a la atención sanitaria,
yo he hecho un cálculo muy aproximado y, teniendo en cuenta que se
calcula en unas 300.000 pesetas la terapéutica antiretroviral y otro
tanto, probablemente, la terapéutica acompañante --y estamos hablando en
términos de farmacia hospitalaria que, como sabe S. S., son mucho más
bajos que la farmacia extrahospitalaria--, estamos hablando de que en
torno a los 25.000 millones de pesetas se gasta el sistema asistencial en
la atención de estos pacientes. Unos 25.000 millones de pesetas sólo en
farmacia, no estoy hablando de otros costes, ya que habría que imputar el
coste de la cama, etcétera. Realmente lo que desaparecen son
transferencias que totalizan la cantidad de 1.000 millones de pesetas. Se
mantienen, que es muy importante, las transferencias a las organizaciones
no gubernamentales, que me parece que son los agentes más importantes que
tenemos de información sanitaria, poque son no sólo quienes conocen mejor
los colectivos en riesgo, sino los que conocen mejor el lenguaje de esos
colectivos en riesgo, los que llegan mejor a esos colectivos para
transmitirles las medidas de prevención y de lucha contra el sida que,
desde los estamentos oficiales y desde los expertos, se promueven. Por lo
tanto, hay que decir que no desaparecen esas transferencias, que se
subsumen en las transferencias corrientes del Estado a las entidades
gestoras y que suponen una parte ínfima del conjunto de gastos que
provoca la enfermedad del sida en nuestro país.

Se refería también al acuerdo con Farmaindustria. Permítame, señoría, que
la corrija. No se trataba de reducir el gasto farmacéutico en un 3 por
ciento, se trataba de reducir en un 3 por ciento el precio de venta al
laboratorio, que, como conoce perfectamente S. S., junto con los
impuestos, los costes de almacenamiento y los márgenes de las oficinas de
farmacia, conforman el precio de venta al público. Era, por lo tanto, un
3 por ciento del precio de venta al laboratorio lo que voluntariamente
Farmaindustria, que agrupa, aproximadamente, a las dos terceras partes de
los laboratorios, alcanzó con el Ministerio. Y tiene razón S. S. en que
no se puede hacer de una manera automática, sino que tiene que ser
laboratorio a laboratorio quien solicite la disminución de ese 3 por
ciento en sus productos; incluso, para darle más complejidad, habría que
introducir elementos como que ese 3 por ciento no iba a ser fijo, sino
variable, en función del precio: que habría que dar un margen de días
para el «stock» que existiese, como se da en sentido contrario cuando
suben los precios. Aun así, el grado de desarrollo nos permite asegurar
que en el mes de noviembre se podrán aplicar los nuevos precios.

Realmente, el conjunto de laboratorios no pertenecientes a
Farmaindustria, que no habían suscrito el acuerdo y que se han ido
adhiriendo, era una parte pequeña de la facturación, aunque fuese un
número importante de laboratorios, y las conversaciones que, desde la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, se ha mantenido con
la industria han permitido alcanzar un acuerdo respecto al escalonamiento
de esos márgenes, de forma que queden libres de esa rebaja los
medicamentos más baratos y se graven más los medicamentos más caros, y
también respecto de la fecha de aplicación. A lo largo del mes de
noviembre, por tanto, disminuye el precio de los medicamentos y otra cosa
es la repercusión que eso tenga realmente en la facturación.

Su señoría no ignora, por ejemplo, el efecto deslizamiento que se produce
de una manera casi automática y que hace que la elasticidad del gasto
farmacéutico sea la que es y, por tanto, la repercusión automática de las
medidas estructurales que se adoptan sea también la que sea. Por eso creo
que hay que continuar, y nuestro discurso ha sido siempre el decir que
hay que adoptarlo a nivel de todos los eslabones de la cadena: la
industria farmacéutica, almacenamiento y oficinas de farmacia,
prescriptores y también los propios usuarios y pacientes.

Esta sería una parte de esas medidas, que creo que es importante por lo
que tiene de símbolo de adhesión de la industria farmacéutica a unas
normas de rigor presupuestario en un momento de crisis económica, y creo
que ha sido un precedente que no existía, al menos en otros países de la
Comunidad Europea. Por tanto, nosotros, con independencia de que su
repercusión se pueda cuantificar más o menos, no podemos menos que
agradecer y alabar esa iniciativa de la industria farmacéutica, que nos
parece un ejemplo de solidaridad.

No sé si he contestado a todas las preguntas de su señoría. Quedaban las
cuestiones sobre personal.

Respecto a las razones por las que el Ministerio de Sanidad y Consumo no
toma medidas cautelares. No puedo contestar a su señoría sobre la
exclusión del personal sanitario, funcionario, no estatutario. Entiendo
que en el ámbito de mi competencia podrían encontrarse algunos organismos
autónomos dentro de esa consideración, en mi ámbito competencial, repito,
y estoy pensando en organismos autónomos del tipo de la Escuela Nacional
de Sanidad o el Instituto de Salud Carlos III, pero sus funciones no son
asistenciales, señoría. Desde luego,



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la Secretaría General de Salud no es el ámbito competencial de aplicación
de esta Ley y no hemos adoptado ninguna medida.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gutiérrez Morlote.

Señorías, con esta última intervención y con la presencia del Secretario
General de Salud finalizamos el orden del día de la sesión de hoy.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y cinco minutos del mediodía.