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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 35, de 06/10/1993
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 35
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 6 de octubre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 42/000007.) (Página 630)
--Aprobación de la celebración de las comparecencias del señor Ministro
de Industria y Energía (números de expedientes 213/000012, 213/000022,
213/000038, 213/000052, 213/000055, 213/000062 y 213/000063; y del señor
Presidente de la Corporación Siderúrgica Integral (CSI) (número de
expediente 212/000007). A propuesta de la Mesa y Portavoces de la
Comisión, acordada en su reunión del día 22 de septiembre de 1993.
(Página 630)
--Nombramiento de la Ponencia especial encargada del estudio de los
Informes semestrales correspondientes a las actividades del Consejo de
Seguridad Nuclear. (Números de expedientes 401/000001 y 401/000002.)
(Página 630)
Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray
Ucelay), para informar sobre:
--Las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en su
Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (Número de expediente 213/000012.) (Página 631)
--Las nuevas líneas de política industrial del Gobierno y, en especial,
para exponer su programa para superar la profunda crisis industrial y los
problemas estructurales de nuestra industria. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000022.)
(Página 631)
--El programa a desarrollar al frente de su Departamento. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000038.)
(Página 631)
--Las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A
petición propia. (Número de expediente 214/000010.) (Página 631)
--Las averías producidas en la red eléctrica de Cataluña el pasado día 24
de agosto y sobre la previsión de mecanismos adecuados de reacción ante
posibles nuevos incidentes. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000052.) (Página 631)
--De la situación actual del subsector de bienes de equipo eléctrico y
los grados de cumplimiento del Plan de viabilidad firmado entre el
antiguo grupo CENEMESA y la Empresa ABB, con la participación de las
Administraciones Central y autonómicas. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000055.)
(Página 631)
--De los motivos y el criterio que ha seguido el Gobierno para relevar de
su cargo al Presidente de la Compañía Iberia. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000062.) (Página 631)
--Sobre las previsiones del Gobierno en relación con la entrada en vigor
del artículo 71 del Real Decreto 1075/1986. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000063.) (Página 631)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
--APROBACION, EN SU CASO, DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 42/000007.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
proceder a sustanciar el orden del día de esta Comisión de Industria,
Obras Públicas y Servicios. En nuestro primer punto del orden del día se
trata de aprobar, en su caso, la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. ¿Se aprueba la delegación a la Mesa?
(Asentimiento.) Se aprueba esta delegación.
--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DE: SR. MINISTRO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA (números de expedientes 213/000012, 213/000022,
213/000038, 213/000052, 213/000055, 213/000062, 213/000063) Y PRESIDENTE
DE LA CORPORACION SIDERURGICA INTEGRAL (CSI) (número de expediente
212/000007). A PROPUESTA DE LA MESA Y PORTAVOCES DE LA COMISION ACORDADA
EN SU REUNION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1993.
El señor PRESIDENTE: En el segundo punto del orden día se trataría de
ratificar la decisión tomada por la Mesa en base a esa delegación de la
celebración de la comparecencia del excelentísimo señor Ministro de
Industria y Energía, a la cual se procederá después en la Comisión, en
caso de ser aprobada y ratificada esa comparecencia. ¿Se ratifica esa
decisión de la Mesa por la Comisión? (Asentimiento.)
También en este mismo segundo punto del orden del día se trataría de
aprobar la comparecencia en la sesión de esta tarde, a las 4,30, del
Presidente de la Corporación Siderúrgica Integral. ¿Se aprueba la
comparecencia? (Asentimiento.) Se aprueba la comparecencia.
--NOMBRAMIENTO DE LA PONENCIA ESPECIAL ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LOS
INFORMES SEMESTRALES CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR. (Números de expedientes 401/000001 y 401/000002.)
El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día se refiere al
nombramiento de la Ponencia especial
encargada del estudio de los informes semestrales correspondientes a las
actividades del Consejo de Seguridad Nuclear.
Solicitado el nombramiento a los distintos grupos, por el Grupo
Socialista compondrían la Ponencia: don José Manuel González García, don
José Ros Maorad y don Francesc Xavier Sabate Ibarz; por parte del Grupo
Popular, don José Manuel Fernández Norniella y don Diego Such Pérez; por
el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don Manuel
Gracia Fonseca; por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), don Joan
Miquel Nadal i Male; por parte del Grupo Vasco (PNV), don José Juan
González de Txabarri Miranda; por parte del Grupo parlamentario Coalición
Canaria, don Adán Martín Menis, y por parte del Grupo Mixto, don Xabier
Albistur Marín.
¿Se aprueba la constitución de esta Ponencia con estos componentes?
(Asentimiento.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (EGUIAGARAY
UCELAY) PARA INFORMAR SOBRE:
--LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN SU
DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000012.)
--LAS NUEVAS LINEAS DE POLITICA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO Y, EN ESPECIAL,
PARA EXPONER SU PROGRAMA PARA SUPERAR LA PROFUNDA CRISIS INDUSTRIAL Y LOS
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE NUESTRA INDUSTRIA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 213/000022.)
--EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000038.)
--LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR. A PETICION PROPIA.
(Número de expediente 214/000010.)
--LAS AVERIAS PRODUCIDAS EN LA RED ELECTRICA DE CATALUNYA EL PASADO DIA
24 DE AGOSTO SOBRE LA PREVISION DE MECANISMOS ADECUADOS DE REACCION ANTE
POSIBLES NUEVOS INCIDENTES. A SOLICITUD DEL GRUPO CATALAN (CONVERGENCIA I
UNIO). (Número de expediente 213/000052.)
--DE LA SITUACION ACTUAL DEL SUBSECTOR DE BIENES DE EQUIPO ELECTRICO Y
LOS GRADOS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIABILIDAD FIRMADO ENTRE EL
ANTIGUO GRUPO CENEMESA Y LA EMPRESA ABB, CON LA PARTICIPACION DE LAS
ADMINISTRACIONES CENTRAL Y AUTONOMICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 213/000055.)
--DE LOS MOTIVOS Y EL CRITERIO QUE HA SEGUIDO EL GOBIERNO PARA RELEVAR DE
SU CARGO AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA IBERIA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente
213/000062.)
--SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR
DEL ARTICULO 71 DEL REAL DECRETO 1075/1986. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente
213/000063.)
El señor PRESIDENTE: El cuarto punto del orden del día es la
comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía.
De acuerdo con la decisión de la Mesa, acumularíamos todas las peticiones
de comparecencia que existen en este momento, que son: la primera de
ellas, las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro
en su Departamento en este mandato, a petición del Grupo parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; las nuevas líneas de política
industrial del Gobierno y, en especial, para exponer su programa para
superar la profunda crisis industrial y los problemas estructurales de
nuestra industria, a solicitud del mismo Grupo parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; el programa a desarrollar al frente del
Departamento, a petición del Grupo parlamentario Popular; las previsiones
y líneas generales a desarrollar en su Departamento, a petición del
propio Gobierno; las averías producidas en la red eléctrica de Catalunya
el pasado día 24 de agosto y sobre la previsión de mecanismos adecuados
de reacción ante posibles nuevos incidentes del Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); de la situación actual del subsector de
bienes de equipo eléctrico y los grados de cumplimiento del plan de
viabilidad firmado entre el antiguo grupo CENEMESA y la empresa ABB, con
la participación de las administraciones central y autonómicas, del Grupo
parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; de los
motivos y el criterio que ha seguido el Gobierno para relevar de su cargo
al Presidente de la Compañía Iberia, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y sobre las previsiones del Gobierno en relación con la entrada en
vigor del artículo 71 del Real Decreto 1075/86, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Intentando acumular todas estas intervenciones en
unos turnos, tiene la palabra el señor Ministro de Indutria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señores
miembros de la Comisión de Industria, la verdad es que lo primero que
quería decirles, a la hora de tener el placer y la oportunidad de
comparecer ante la Comisión de Industria, es el deseo en esta
comparecencia --que, sin duda alguna, ha de tener un carácter bastante
amplio como consecuencia no solamente de las solicitudes de información y
de comparecencias por motivos específicos solicitadas por distintos
grupos, sino también de la propia intención del Gobierno y del titular de
esta cartera-- de exponer ampliamente, en esta etapa de nuestra vida
económica y después de la formación del nuevo Gobierno y del cambio del
titular en el Ministerio de Industria, las líneas generales de actuación.
Vamos a tener seguramente la oportunidad de que esta sesión sea algo
larga. Trataré, en todo caso, de compendiar al máximo posible no
solamente las líneas generales de actuación, sino de responder también a
las solicitudes específicas de información que me han sido solicitadas
por los diferentes grupos parlamentarios.
Antes de iniciar propiamente lo que es mi turno de explicación, quiero
manifestarles el deseo, que no es solamente el cumplimiento de una mera
fórmula protocolaria, de mantener la máxima comunicación posible con la
Comisión de Industria, no sólo porque este es el deber de cualquier
miembro del Gobierno, sino porque, al mismo tiempo, juzgo del máximo
interés y de la máxima importancia que los temas de la política
industrial no sean temas que tengamos ocasión de discutir exclusivamente
a través de los medios de comunicación, sino de hacerlo de verdad en sede
parlamentaria y de tener la ocasión de ir formulando seguramente los
mimbres de una política industrial que, en opinión del Gobierno, ha de
ser una política industrial cada vez más acorde en un tiempo como el que
estamos viviendo.
Permítanme, por lo tanto, que inicie esta comparecencia con una
exposición de carácter general, primero, sobre la situación de la
industria española, a continuación con algunos análisis relacionados con
el fenómeno de la desindustrialización en España, con la explicación de
cuáles son los elementos que a juicio del Gobierno han de configurar una
política industrial activa como la que estamos preconizando en este
período de nuestra vida económica y, en último lugar --y no menos
importante--, con el análisis de algunos de los componentes de esa
política industrial en lo que hace referencia a pequeñas y medianas
empresas, políticas horizontales, políticas sectoriales y política de
empresa pública. Contestaré posteriormente --espero que resumidamente y
que ustedes lo toleraran así-- a los demás aspectos que me han sido
solicitados por los diferentes grupos parlamentarios.
En primer lugar, quiero decirles que somos todos bastante conscientes ya
de que estamos viviendo en Europa, en general, y, desde luego, en España,
en particular, una situación económica e industrial que ciertamente se
puede calificar de difícil. De hecho, los últimos datos del último
trimestre del año 1992 y los disponibles en los meses transcurridos de
1993 confirman la caída del crecimiento económico del conjunto de los
países de la Comunidad Europea. Esto ha llevado a admitir --no sé si con
exageración, pero, en todo caso, por algunos sectores suficientemente
cualificados de la Comunidad Europea-- que estamos pasando por una de las
situaciones económicas más graves desde la Segunda Guerra Mundial.
Por lo que se refiere en particular a la actividad industrial del
conjunto de países desarrollados pertenecientes a la OCDE, también ha
seguido la senda recesiva iniciada en 1989. Durante el último año, la
producción industrial media ha disminuido en el 1 por ciento --en
términos reales-- debido, fundamentalmente, a las importantes reducciones
en la producción que han tenido lugar en algunos países. En el año 1992,
la producción industrial manifacturera ha disminuido en Japón el 6,2 por
ciento; en Alemania, el 2,3 por ciento; en Francia, el 1,2 por ciento; en
Italia, el 1,9 por ciento, y en el Reino Unido, el 0,6 por ciento.
España, que, naturalmente, es una economía ya abierta y particularmente
integrada en el área comunitaria, no ha permanecido al margen de esta
situación de deterioro económico general, habiendo registrado --como
saben SS. SS.-- en el año 1992 un modesto crecimiento económico de
alrededor del 0,8 por ciento, en términos reales. En este entorno de
dificultades de carácter general, nuestra industria ha disminuido su
producción en el 1,8 por ciento y ha continuado así el proceso de
reducción del número de puestos de trabajo iniciado en el año 1990.
Sin duda alguna, la descripción que acabo de hacer y algunos de los
elementos que se podían haber añadido relacionados con años anteriores
han dado lugar en nuestro país a una polémica, a mi juicio, demasiado
persistente y particularmente falsa sobre un llamado fenómeno de la
desindustrialización de España. Permítanme que les haga algunas
consideraciones que quizá sean polémicas, pero que forman parte de mis
profundas convicciones. Esta situación, junto con la progresiva pérdida
de peso del PIB industrial en relación al PIB total, ha llevado a algunas
voces a plantear con reiteración la existencia de un proceso de
desindustrialización en España que, a mi juicio, es una caracterización
bien alejada de la realidad. Hay que tener en cuenta que todos los países
industrializados experimentan, en una tendencia al largo plazo, una
reducción del peso de su PIB industrial en su relación al PIB global, lo
cual no necesariamente afecta negativamente, por cierto, a la estructura
económica del país. La razón es que toda economía industrializada que
está experimentando un proceso de progresiva complejidad de su tejido
productivo requiere un aumento de la sofisticación de los servicios que
operan en la misma y, por lo tanto, es una condición del propio
crecimiento industrial. Además, el aumento del peso de algunos de estos
servicios deriva --como saben SS. SS.-- de la externalización de
actividades que figuraban en la industria y que en muchos casos, al
separarse de lo que es la estricta actividad de una empresa industrial,
forman parte --y son así computadas-- del sector servicios. Pueden
citarse, por
ejemplo, las empresas de diseño industrial que se han separado de las
empresas industriales en las que antes estaban integradas, las
actividades de ingeniería, de consultoría, de transporte, de vigilancia y
tantas otras más que hoy configuramos dentro de lo que solemos llamar el
sector de servicios para la industria. Utilizar simplemente este
indicador no tiene excesivo sentido desde el punto de vista económico,
pero es que, aunque se utilice este indicador, ocurre que en España el
peso del producto interior bruto industrial sobre el producto interior
bruto global es mayor --como, por otro lado, corresponde a la diferencia
de desarrollo económico-- que en países de más larga tradición
industrial, como Francia o Gran Bretaña, difícilmente calificables como
países, por esa razón, desindustrializados.
En una tendencia a largo plazo --por ejemplo, desde 1970--, España es uno
de los países desarrollados en el que menos se ha reducido el peso de su
PIB industrial en relación a su producto industrial bruto global. Por
otro lado, por si esto fuera poco, hay que analizar estos ratios a
precios constantes para que la diferencia en la evolución de precios no
nos lleve a conclusiones equivocadas.
El ritmo de crecimiento de los precios de los servicios --como saben SS.
SS.-- ha sido más alto que el ritmo de crecimiento de los precios
industriales, dados, entre otros factores, los mayores aumentos de
productividad obtenidos en la industria y la mayor competencia también
existente en el sector industrial respecto del sector servicios. Y a la
hora de valorar el peso relativo del sector industrial en un período
largo, es necesario, en consecuencia, examinar estas estadísticas
deflactando el valor añadido bruto de cada sector en función de la
evolución de los distintos precios.
De todo ello podemos concluir que se ha producido una ligera disminución
porcentual en términos nominales del valor añadido industrial en relación
al total de país, pero que difícilmente se puede utilizar con rigor como
indicador de un presunto proceso de desindustrialización. De hecho, en la
evolución reciente de la industria española podemos distinguir dos
ciclos: uno, iniciado en el año 1985, que se prolonga hasta principios de
1990, y otro, que llega hasta la actualidad, coincidente con la fase
descendente de la coyuntura económica nacional e internacional. En el
período 1985-1990 la evolución de la industria, en términos globales, fue
francamente favorable. El crecimiento económico y de la producción
industrial en España fue superior a la media comunitaria. El crecimiento
de la inversión en bienes de equipo se situó en tasa anual 5 puntos por
encima de la media comunitaria, lo que permitió, obviamente, aumentar
nuestra capacidad de producción y también modernizar nuestro sistema
productivo. La cuota de las exportaciones industriales españolas aumentó
en el conjunto de las exportaciones internacionales. Y el empleo
asalariado de la industria creció en una tasa significativa --el 1,4 por
ciento--, en contraste con la evolución decreciente de esa misma variable
en la Comunidad, que sufrió un descenso constante, en términos
acumulativos, del 1,8 por ciento. Por el contrario, a partir de 1991, y
con el cambio de coyuntura que ha tenido lugar, el comportamiento de la
industria registra toda una serie de datos negativos --como ya les he
señalado al principio-- que se materializan, fundamentalmente, en caídas
de la producción y el empleo que, insisto, están íntimamente relacionadas
con la evolución del ciclo económico internacional.
Podríamos, a partir de esta consideración, un poco de medio plazo y en
término de estructura económica, tratar de señalar cuáles son las
perspectivas en el corto plazo. Quiero expresarles mi convicción de que
difícilmente las cosas en el inmediato corto plazo van a ser peores que
en el pasado. La situación, por el contrario, en mi opinión, va a mejorar
pronto, lo cual no es solamente un buen deseo, sino, fundamentalmente, la
consecuencia de los mejores análisis que en estos momentos se pueden
producir, y sin perjuicio de que uno no quiera tampoco suscitar
esperanzas que no estén avaladas por los datos.
Los diferentes organismos internacionales estiman que la crisis
económica, como se ha explicado profusamente en los últimos meses, está
tocando fondo, tanto en la Comunidad Europea en general como en España en
particular, y que el próximo año se volverán a registrar tasas positivas
de crecimiento global de las economías. En este sentido, la Comisión
Europea, por ejemplo, en su informe anual sobre perspectivas económicas
señala que en el año 1994 España tendrá un crecimiento real previsible
del 1,2 por ciento, en términos positivos, que es el mismo que la media
comunitaria y superior al estimado para Alemania, Francia, Bélgica y
Holanda. Por su parte, el FMI (Fondo Monetario Internacional) prevé para
España un crecimiento real del 1,6 --superior en tres décimas, por
cierto, a la previsión del Gobierno--, también en línea con la media
comunitaria y superior a la de los países antes señalados.
Por aportarles algunos datos de cosecha propia, los últimos disponibles
de la encuesta de coyuntura industrial, que elabora el Ministerio de
Industria y Energía en base a las opiniones empresariales, muestran una
notable mejora del indicador de confianza en la industria, que parece
haber tocado suelo en el primer semestre del año en curso. De hecho, a lo
largo del verano se ha producido, de acuerdo con esa encuesta, una
continua recuperación de la cartera de pedidos, favorecida por la
positiva evolución que sigue mostrando la carrera de pedidos extranjera
y, además, se registra una notable reducción de stocks de productos
terminados, con lo cual las empresas parecen haber ajustado ya sus
niveles de producción a los de demanda. Por lo que se refiere a las
previsiones a corto plazo, se detecta un mayor optimismo dentro del clima
de optimismo empresarial, tanto respecto a la cartera de pedidos en
particular, fundamentalmente la cartera de pedidos extranjera, como
respecto a la producción en los próximos meses.
Finalmente, en esa misma línea de previsiones y de análisis a corto
plazo, quiero aportarles algún dato relevante en relación con la
evolución reciente de nuestra industria. Por un lado, el comportamiento
de los precios industriales, que apenas han crecido un 1,5 por ciento en
1992 y un 1,7 por ciento en tasa anual durante el primer
semestre del año en curso. Esta circunstancia refleja el alto grado de
competencia a que está sometido el sector y su positiva contribución a la
reducción de la inflación. Por otro lado, el dato referente a la balanza
comercial de productos industriales es especialmente interesante, puesto
que registra una importante recuperación al haberse producido en los
siete primeros meses de este año un crecimiento porcentual de las
exportaciones de productos industriales terminados superior en un 16 por
ciento al del mismo período del año anterior, mientras que las
importaciones han disminuido en un 10,3 por ciento. De ese modo, la
balanza comercial de productos industriales terminados en los meses de
enero a julio de este año ha experimentado una espectacular mejoría,
habiéndose reducido a menos de la tercera parte el déficit existente hace
un año.
Sin duda, la nueva cotización de la peseta ha permitido compensar la
pérdida de competitividad registrada durante los últimos años, debida en
gran medida, aunque no en exclusiva, al aumento de los costes laborales,
superior tanto al incremento de la productividad en nuestro país como al
del resto de los países desarrollados. En este sentido, quiero decirles
que, también para la política industrial, el pacto social por el empleo
se convierte en un instrumento fundamental para conseguir que dicha
ganancia de competitividad (la obtenida por la vía del ajuste en la
paridad cambiaria) no sea algo efímero, sino que, por el contrario,
siente las bases para una sólida recuperación de nuestro tejido
industrial y posibilite la creación duradera de empleo.
Dicho esto, no es menos cierto que nuestra industria tiene algunos puntos
débiles. Tenemos una realidad innegable de dificultades económicas
existentes en nuestro entorno y en el entorno internacional también, y
tenemos la esperanza, el deseo y la voluntad de que pronto remitan, pero
hay que admitir que nuestro aparato productivo exhibe, además de algunas
fortalezas, unos cuantos puntos débiles, de cuyo reconocimiento debe
partir una política industrial seria, una política industrial coherente.
Quiero destacar entre ellos los siguientes. En primer lugar, la reducida
dimensión media de las empresas industriales y la todavía escasa o muy
escasa voluntad asociativa, incluso para actuaciones concretas, lo que
dificulta la consecución de economías de escala y la penetración en
mercados exteriores que, ciertamente, en muchos casos está unida a una
mínima talla, a una mínima dimensión. En segundo lugar, el nivel
tecnológico deficiente, resultado de que el gasto en I+D en nuestras
empresas es aún muy bajo o más bajo que el de la mayor parte de los
países industrializados, pese a que también haya que hablar --como luego
tendré ocasión de pormenorizar-- del gran esfuerzo realizado, el más
amplio de los países de la OCDE en los últimos cinco años precisamente en
I+D. En tercer lugar, la insuficiente preocupación de nuestras empresas
por la formación de su personal, que se traduce en un gasto de formación
inferior al del resto de los países desarrollados. Y, en cuarto lugar, el
alto «ratio» de endeudamiento sobre recursos propios de nuestras
empresas, que hace que los tipos de interés existentes, aunque ya
felizmente decrecientes, sean un obstáculo mayor que en otros países a la
inversión y al crecimiento.
A partir de este panorama y de esta visión de carácter general, el
Gobierno y el titular de la cartera de Industria piensan que éste es el
momento, especialmente por la situación en la que vivimos, para
configurar los elementos de una política industrial que merezca la
consideración de una política industrial activa.
La política industrial que el Gobierno va a realizar durante esta
legislatura tiene como punto de referencia fundamental el discurso del
Presidente del Gobierno con ocasión de su investidura, donde señalaba
que, en el momento presente, el objetivo básico que debe presidir todas
nuestras actuaciones es la mejora de la calidad de nuestro sistema
económico y el incremento de su competitividad frente a los países con
los que se ve obligado a disputar los mercados, como requisito
indispensable para la creación duradera de empleo. Por tanto, a la
consecución de esos objetivos están orientadas todas las políticas
gubernamentales, tanto la política macroeconómica como las diferentes
políticas sectoriales (educativa, laboral y de empleo), de
infraestructuras y también la política industrial.
En este contexto se va a acentuar el carácter activo de la política
industrial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en sus esfuerzos para
mejorar su propio potencial, fortaleciendo los principales factores de
que depende la competitividad: la innovación tecnológica, la calidad, la
seguridad industrial, la adaptación medioambiental, los servicios de
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la coopeación empresarial, la
internacionalización, etcétera. El Gobierno está dispuesto a llevar a
cabo la política industrial más activa que sea posible, en el marco del
respeto al entramado jurídico institucional que determina nuestra
presencia activa en la Comunidad Europea, a la descentralización
competencial que entraña el Estado de las Autonomías y a las
restricciones presupuestarias que forman parte de una política
macroeconómica dirigida también, entre otras cosas, a mejorar la
competitividad y la generación de empleo en nuetro país, fundamentalmente
mediante el objetivo, entre otros, de la reducción del déficit público.
¿Cuáles son los elementos que han de configurar esta política industrial,
así calificada como activa? En primer lugar, el impulso del diálogo
social. Para suscitar el máximo apoyo a esta política, el Gobierno
impulsará el diálogo social con vistas a elaborar el libro blanco de la
industria que ofrecerá una reflexión sobre los nuevos escenarios en los
que se desarrollará la industria española (el Mercado Unico Europeo, la
liberalización y regionalización del sistema de comercio mundial y el
aumento de la competencia), sobre las deficiencias actuales de nuestro
tejido industrial y sobre las propuestas de acción en materia de política
industrial que servirán de orientación a las decisiones de las propias
empresas. Además, pretendo que el diálogo con los agentes sociales no sea
algo puntual, sino que, por el contrario, existan cauces
institucionalizados de comunicación permanentes y fluidos y, en ese
sentido, habremos de configurar a corto plazo la
participación de dichos agentes en la comisión para la competitividad
industrial, comisión ya prevista en la Ley de Industria aprobada en la
anterior legislatura.
El segundo factor de una política industrial activa, el segundo
componente, es ciertamente una política de colaboración con las
Comunidades Autónomas. El Ministerio de Industria considera que las
Administraciones públicas regionales pueden y deben y, además, juegan un
importante papel en el desarrollo industrial de su demarcación, y
pretende comprometer su decidida participación en el diseño y el
desarrollo de la política industrial del Gobierno de la Nación,
especialmente, aunque no exclusivamente, de la dirigida hacia las
pequeñas y medianas empresas.
El marco de diálogo y coordinación será la conferencia sectorial de
industria, cuyo primer trabajo tiene que ser el desarrollo de todo
aquello que ya se aprobó por las Cortes Generales como marco de actuación
en política industrial, que es la Ley de Industria, así como articular
las estrategias de apoyo a las empresas y los contenidos y procedimientos
de actuación conjunta. Por decirlo de una manera que será seguramente más
y mejor entendida, o mejor entendida, el objetivo a alcanzar es la puesta
en marcha de un sistema español de promoción industrial eficiente,
comprensible y accesible para sus destinatarios, capaz de evitar la
confusión que puede producir, y lamentablemente produce, la intervención
simultánea y descoordinada de diversas administraciones y organismos.
Las mismas demandas de un mayor esfuerzo en la cooperación
interempresarial que se reiteran frecuentemente desde las
Administraciones públicas, requieren del ejemplo de la colaboración entre
ellas. Una política industrial coordinada de esta naturaleza parte del
principio del más absoluto respecto a las competencias tanto de las
Comunidades Autónomas como de la propia Administración central del Estado
y se basa, naturalmente, en el diálogo, en la coparticipación en el
diseño de la política industrial y en la cooperación en la ejecución por
las diversas instancias competentes.
El tercer elemento de una política industrial activa me van a permitir
que lo apellide de una manera que quizás nos sirva para eludir algunas
discusiones bastante estériles. Se trata de configurar las políticas
industriales con el carácter que realmente tienen: como el de políticas
oblicuas, ni horizontales ni verticales, y, si me permiten, y no es
ironía, sino todo lo contrario, y, a la vez, eso mismo. La acción de la
política industrial en la presente legislatura ha de materializarse a
través de una combinación de programas operativos de carácter desde luego
horizontal, pero también sectorial, que se concentrarán particularmente
en la actividad productiva y de servicios directamente implicados en
ella.
Creo, señorías, que es hora de superar una polémica de imágenes bastante
falsa, bastante absurda y bastante irreal como la que ha tenido lugar en
la legislatura anterior. Me parece profundamente irrelevante y, desde
luego, profundamente estéril discutir sobre la deseabilidad de la
horizontalidad o de la verticalidad, y me parece profundamente
irrelevante porque casi nada de todas esas discusiones tienen que ver con
la política que en concreto se hace.
Las acciones estarán destinadas a atender los requerimientos reales de
las empresas para favorecer la inversión productiva y la mejora de su
capacidad competitiva. Dicho de otra forma: la política industrial tendrá
una vocación de horizontalidad, en el sentido de que tratará de influir
en toda la trama industrial de España, en todo nuestro sistema
industrial, sin discriminar sectores, para impulsar los denominados
intangibles empresariales, la I+D, la calidad, el diseño, el marketing y
tantas otras cosas. Pero el propio contenido de las actuaciones (lo
pueden ustedes imaginar y lo saben) limitará o puede limitar, a veces, su
aplicación efectiva a unas pocas ramas de actividad o, en ocasiones,
quizás a algunas empresas. En otros casos tendremos que actuar
decididamente de manera transitoria y puntual en sectores y en empresas
que requieran un proceso de ajuste más intenso o se considere que gozan
de la consideración de estratégicas para nuestro desarrollo económico.
El propósito del Ministerio, por lo tanto, se materializará en el
mantenimiento y la potenciación de programas horizontales de aquellos que
han tenido éxito en el pasado y en la adopción de medidas sectoriales
compatibles, porque, si no, serían ineficaces con las directrices de la
Comunidad en esta materia. La experiencia nacional y también la
internacional en este campo enseña que la calidad de un sistema público
de apoyo a las empresas no depende tanto de qué o cómo se llama lo que se
hace, sino, sobre todo, de cómo se realiza y de cuántos recursos se
dispone para ello.
Un cuarto elemento ciertamente de una política industrial activa es el
protagonismo de las propias empresas. Es obvio que hay una
responsabilidad de los poderes públicos y una responsabilidad que el
Gobierno pretende ejercerla en toda la medida de sus posibilidades. Pero,
reconocida la misión que el Gobierno ha de protagonizar, creo que debemos
tener todos claro que el protagonista principal y último responsable de
la mejora de la competitividad es la propia empresa industrial. Son las
empresas quienes deben diseñar adecuadamente sus estrategias, reforzar su
potencial tecnológico, perfeccionar la gestión de los recursos humanos y
su cualificación, investigar nuevos mercados, aumentar la calidad y
seguridad de sus productos, indagar nuevas fórmulas asociativas de
producción, distribución y comercialización a nivel nacional e
internacional, y tantas otras tareas que nadie puede ni debe siquiera
hacer por ellas, incluida la recuperación cultural del valor de la
industrial, que, en mi opinión, debe, si vale esta formulación, rescatar
el orgullo de pertenecer a un sector que sigue siendo el motor del
desarrollo económico de nuestro país y que mantiene en su origen la
cultura de lo colectivo, del trabajo en equipo, para un objetivo global y
solidario.
Sólo desde el reconocimiento del marco institucional de actuación y del
papel y responsabilidad que a cada protagonista le corresponde desempeñar
--Gobierno, empresarios, trabajadores--, seremos capaces de construir y
de articular un discurso y un proyecto lógico y constructivo de política
industrial activa como instrumento de mejora sostenida de la
competitividad de la economía y, en particular, de la industria española.
Dentro de este planteamiento general, es importante destacar que la
política industrial se enmarcará, por una parte, entre el respeto a las
directivas de la Comunidad Europea y, por otra, la decidida también
representación de los intereses de la industria española ante las
instituciones comunitarias en defensa de nuestros intereses y de nuestros
derechos.
A lo largo de la legislatura tendrá que culminarse el proceso de
adaptación normativa al marco comunitario, siendo el desarrollo
reglamentario de la ya mencionada Ley de Industria y la presentación del
proyecto de Ley del sector eléctrico, al que me referiré posteriormente,
dos hitos particularmente importantes de ese proceso.
Hay que tener presente, señorías, que al entrar en la Comunidad decidimos
compartir nuestra capacidad de decisión en determinados ámbitos con las
instituciones comunitarias. Esto sin duda condiciona la política
industrial aplicable en nuestro país o, si quieren, los grados de
libertad, pero también hemos ganado en potestad y en responsabilidades al
participar en la toma de decisiones de las políticas que se aplican al
conjunto de los países comunitarios, habiendo adquirido, por tanto, la
posibilidad de ser no meros espectadores, sino codecisores de las
políticas europeas, y éste es un papel que el Gobierno quiere potenciar
al máximo.
Permítame de todas formas que brevemente les resuma, con el fin de no
aburrirles con números, las principales cifras del proyecto de
Presupuetos de mi Departamento para el año 1994, que son una señal de lo
que quiere ser una política industrial activa, no obstante el carácter
restrictivo de la política de gasto articulada por el Gobierno. El
presupuesto inicial presentado a esta Cámara para su discusión alcanza
una cifra de gastos de 185.846 millones de pesetas, lo que supone un seis
por ciento de crecimiento sobre la cifra aprobada por SS. SS. para este
Departamento en el ejercicio próximo a concluir, una vez hecha,
naturalmente, la desagregación de lo que anteriormente formaba parte del
Ministerio de Industria y Energía, que era la parte de Comercio.
Teniendo en cuenta la fuerte restricción presupuestaria de este año, no
se oculta, espero, a SS. SS. el decidido esfuerzo que el Gobierno y la
señal que el Gobierno ha querido hacer en el campo de la política
industrial en la línea que les acabo de comentar.
Pero si estas son las líneas y las orientaciones generales de actuación,
permítanme que me detenga ahora, de modo pormenorizado, en algunos de los
aspectos que me parecen más relevantes de este nuevo enfoque.
En primer lugar, una política industrial específica para las pequeñas y
medianas empresas. Un aspecto de singular importancia en esta política
industrial que se va a llevar a cabo es el referente al apoyo a las
pequeñas y medianas empresas industriales. No es un hecho anecdótico ni
una moda que la PYME sea objeto de políticas de apoyo específicas en toda
Europa especialmente en momentos de crisis internacional como la
presente, donde la contribución a la recuperación del empleo discurrirá
fundamentalmente sobre la base de este colectivo empresarial.
En este contexto vale la pena recordar que la última década ha puesto de
manifiesto la progresiva ganancia de la cuota de empleo de las PYME en
toda la órbita de la OCDE, haciéndose sentir este efecto en España con
especial relevancia. En nuestro país, la importancia de este sector de
nuestra industria es de tal magnitud que me gustaría que fuéramos todos
conscientes de ello. De los más de dos millones de empresas existentes en
España un 99,8 por ciento son pequeñas y medianas empresas con 250 o
menos trabajadores. Las PYME concentran un 64 por ciento del empleo
asalariado. De este total, aproximadamente un 18 por ciento trabaja en
empresas con menos de diez empleados; un 64 por ciento de las ventas
totales de la economía española se realiza en el seno de las PYME y,
asimismo, estas unidades productivas efectúan algo más del 40 por ciento
de las exportaciones totales y alrededor de un 47 por ciento de las
importaciones.
En el ámbito industrial, España se integra, junto con países como Italia,
Portugal o Japón, en un grupo en el que las empresas con más de 500
trabajadores no llegan a alcanzar el 35 por ciento del empleo industrial
del país. En definitiva, España pertenece al grupo de países con menor
peso relativo de las empresas grandes, mayor peso relativo de las
empresas más pequeñas e incluso de las empresas medianas.
Por todo ello, en febrero de este año se puso en marcha en España un plan
de relanzamiento económico que estaba ya basado en lo que se dio en
llamar la iniciativa comunitaria de crecimiento en línea con el Consejo
Europeo de diciembre del 92 en Edimburgo, que comprende un conjunto de
actuaciones para incrementar el crecimiento económico y la generación de
empleo. En ellas participan colectivamente todos los países miembros,
articulándose, junto a medidas nacionales que cada país se compromete a
desarrollar, medidas que provienen precisamente de esta iniciativa
comunitaria.
En el conjunto de acciones que se van a desarrollar desde el Ministerio
de Industria quiero decirles que el colectivo de PYMES ha de ser el
destinatario principal de los nuevos paquetes de medidas dirigidas a las
empresas. Podemos diferenciar un paquete de medidas específicas para las
PYME y una nueva implementación de políticas horizontales y sectoriales
en las que las PYME obtendrán un beneficio preferente. Las políticas
específicas hacia las PYME se dirigirán a mejorar los canales de
financiación, a adecuar la política fiscal a las necesidades de las PYME,
favorecer las políticas de alianzas y concentración que respeten las
leyes de la competencia, la promoción de las infraestructuras de
servicios a las empresas, la dotación de sistemas de información y
asesoramiento y el apoyo a los sistemas de formación de directivos y
profesionales. Todas estas medidas tienen una vertiente común, que es la
mejora de la competitividad y la generación de empleo; en las que me
extenderé más será en aquéllas de contenido económico-financiero.
El Gobierno puso en marcha en el presente año algunas medidas que
facilitasen el acceso al crédito a largo plazo en condiciones preferentes
para las PYME, como una línea en el Instituto de Crédito Oficial
canalizada a través de las entidades de crédito, y también algunas
medidas fiscales que otorgaban a las PYME de nueva creación incentivos en
la compensación de pérdidas, bonificaciones en el IRPF a las empresas
sujetas a estimación por módulos y una importante y nueva tabla de
coeficientes de amortización y la posibilidad de amortizaciones
aceleradas.
El perfil de las nuevas medidas de carácter financiero atenderá con mayor
precisión a las necesidades de las pequeñas empresas, en las siguientes
vertientes: reforzamiento de las medidas de acceso a los recursos ajenos
y facilitación de canales de liquidez para la obtención de recursos
propios o de capital, nuevos instrumentos a la medida de las necesidades
de la PYME, a fin de mejorar su estructura financiera, favorecimiento de
la integración y el desarrollo de las estrategias de concentración y
alianzas mediante estímulos financieros a las empresas en funcionamiento
y un plan de medidas financieras que estimule la creación de empresas. En
concreto, estas medidas, de una manera más específica todavía, serán las
siguientes: en primer lugar, establecimiento de líneas de crédito
especiales relacionadas con el mencionado paquete comunitario,
subsidiadas en un mínimo de tres puntos o en los tipos practicados en el
mercado, en el interbancario. Este producto se destinará a empresas
existentes o en creación bajo la condición de generar empleo y se
distribuirá en colaboración con la red de sociedades de garantía
recíproca. Parte de los fondos aplicables a esta medida estamos
negociando precisamente que pueda provenir del Banco Europeo de
Inversiones. En segundo lugar, el reafianzamiento, capitalización y apoyo
al sistema de garantías para las empresas que concurran a los mercados de
crédito a partir de la nueva Sociedad Nacional de Reafianzamiento,
sociedad ya creada a partir de la fusión de las dos existentes, la
Sociedad Mixta de Segundo Aval y SOGASA, que ha tenido lugar el 23 de
septiembre pasado. El nuevo sistema de reafianzamiento o de apoyo al
primer aval podrá ponerse en marcha hacia diciembre del presente año. En
tercer lugar, la mejora de las condiciones legales y normativas en las
que operan las sociedades de garantía recíproca mediante la nueva Ley del
sector enviada ya a esta Cámara. En cuarto lugar, la puesta en marcha de
instrumentos financieros de mayor sensibilidad al riesgo y ventura, como
son los créditos participativos para la creación de empresas y la
expansión de los existentes. En quinto lugar, la puesta en marcha de
programas de creación de empresas en los que se incentivará a los
organismos especializados, como los centros de empresa e innovación
territoriales, las sociedades y fondos privados y las agencias de
desarrollo de las comunidades autónomas a concurrir a este segmento
mediante instrumentos de apoyo al capital, que pondrá en marcha el
Instituto de la Pequeña y mediana Empresa Industrial. Esta medida tratará
de incentivar la concurrencia del ahorro privado, y las dotaciones
financieras mediante avales y participaciones se acompañarán de
asesoramiento y formación de emprendedores. En sexto lugar, el diseño y
experimentación de redes de intercambio de activos para pequeñas empresas
que no pueden realizar estas labores en mercados organizados. En séptimo
lugar, el apoyo a las iniciativas de cooperación mediante ayudas
financieras, asistencia técnica y dotación de infraestructuras.
No quisiera, sin embargo, dejar de señalar algunas medidas que en los
últimos tiempos han pasado a ser algunas de las que han suscitado mayor
atención y mayor interés en la opinión pública. Me refiero a aquellas que
tienen que ver con la fiscalidad. En el apartado fiscal se promoverán
medidas tendentes a incentivar la inversión en el mercado interno y a la
exportación a través de los impuestos de sociedades y de rendimiento de
las personas físicas, bien a través del tratamiento de las amortizaciones
o de otros mecanismos de bonificación o deducción, pudiendo añadirse un
tratamiento favorable a las nuevas empresas que se creen con el fin de
facilitar la generación de empleo. Estas son precisamente las líneas de
actuación que se han visto ya plasmadas en el proyecto de Ley de
Presupuestos para 1994.
En síntesis, no hago más que recordarles --es algo que seguramente ya
conocen-- las principales medidas fiscales de acompañamiento que afectan
favorablemente a las PYME como parte de este nuevo enfoque en política
industrial y que son las siguientes: la bonificación para la creación de
PYMES del 95 por ciento de la cuota del Impuesto de Sociedades durante
tres años para resultados de explotación y la compensación de pérdidas a
lo largo de subsiguientes ejercicios, la reforma del Impuesto sobre
Actividades Económicas, la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de
actividades empresariales familiares para empresas individuales y títulos
no cotizados y, asimismo, las PYME podrán beneficiarse de otras medidas
de acompañamiento de carácter general para todas las empresas, que, en
síntesis, son las siguientes: de apoyo a la inversión y al empleo, en I+D
aumento en el límite de la deducción en la cuota del Impuesto de
Sociedades de hasta el 30 por ciento para gastos de intangibles y el 45
por ciento para activos fijos; en formación profesional, deducción del 5
por ciento del incremento de los gastos de formación profesional sobre
los del año anterior; en apoyo a la exportación y a la
internacionalización de la economía, elevación del 20 al 25 por ciento de
la deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades para sucursales,
participaciones y filiales en el extranjero y la potenciación del acceso
de las PYME al seguro de crédito a la exportación.
Esta exposición muy en síntesis, y a pesar de lo prolijo de su
exposición, les da cuenta de lo que este Ministerio y el Gobierno quieren
hacer en materia de pequeñas y medias empresas como un factor
absolutamente clave en un período de recesión en el que la preocupación
del Gobierno y de los diferentes agentes sociales es la generación de
empleo, y de cómo contribuir mediante una política más activa, más
intensa, precisamente en el sector en el cual se concentran una parte de
nuestras propias
deficiencias de estructura industrial y, al mismo tiempo, una parte de
nuestra capacidad de generación de empleo.
Quiero referirme, a continuación, a las políticas de fomento de la
competitividad; en primer lugar, a las políticas de innovación y
desarrollo tecnológico. En el caso español, la ejecución de una política
tecnológica por parte de los poderes públicos es algo especialmente
necesario debido, como ahora veíamos, al tamaño de nuestras empresas que
muchas veces les impide emprender directamente estas acciones por falta
de recursos, por escasa capacitación, estructura e información, lo que
les coloca en seria desventaja para competir en el mercado único.
En los últimos años, señorías, se han sentado las bases que definen el
espacio científico y tecnológico de nuestro país en el contexto europeo y
se ha llevado a cabo un importante esfuerzo inversor y de financiación
pública. Algunos datos son ilustrativos de lo que les acabo de decir. En
los últimos siete años, el gasto total en I+D se ha multiplicado por 3,4,
pasando de 155.000 millones, en 1985, a 530.000 millones en 1992. Ello ha
supuesto que el porcentaje con relación al PIB español haya crecido, en
ese mismo período, del 0,56 por ciento al 0,90 por ciento, y que el
número de personas dedicadas a la I+D en nuestro país prácticamente se
haya duplicado al pasar de 16.800 personas a 32.000, a finales de 1992.
Pero con ser importantes y positivos estos datos sigue siendo necesario
mantener el esfuerzo, puesto que la situación continúa siendo de
distanciamiento relativo con los países de nuestro entorno. Hemos
recuperado una parte de ese distanciamiento, seguimos teniendo una
estructura de I+D con más participación pública en España de la
correspondiente a los países del entorno europeo o, lo que es tanto como
decir, con menor participación relativa de las empresas en I+D. A la vez,
estamos todavía lejos de alcanzar las cifras correspondientes de I+D en
relación con el PIB de los países de la Comunidad.
En esta perspectiva, los ejes sobre los que se articula la política
tecnológica del Ministerio de Industria son los siguientes: primero, es
indispensable incrementar el grado de internacionalización de nuestro
sistema de I+D, potenciando la participación de empresas y grupos
españoles de investigación en los programas internacionales de
cooperación de carácter científico y tecnológico. Desde el punto de vista
industrial, me parece básico conseguir el acercamiento a tecnologías y a
empresas extranjeras a las que difícilmente hubiéramos podido tener
acceso por otras vías como son las estrictamente comerciales.
En el ámbito de la Comunidad Europea, el vigente tercer programa marco,
que va desde 1990 a 1994, constituye el instrumento fundamental sobre el
que se articula la política científica y tecnológica, y está ya
preparándose el cuarto programa marco para el período 1994-1998, que,
según propuesta de la Comisión, contará con un presupuesto de 14.700
millones de ecus para cuatro grandes áreas de actividad: los programas de
I+D, la cooperación internacional con los terceros países en I+D, la
promoción de la transferencia de tecnología y la formación y movilidad
del capital humano.
España contribuye con un 8 por ciento aproximadamente al presupuesto
comunitario, por lo que estando todavía la media del retorno global --que
varía naturalmente dependiendo de los programas, en algunos estamos por
encima-- alrededor del 6 por ciento, uno de los objetivos específicos que
nos proponemos alcanzar es obtener la nivelación con respecto al
porcentaje de contribución, fomentando la participación de empresas
españolas como líderes de proyecto y no como meros subcontratistas,
facilitando el acceso de las pymes a estos programas y abriendo acciones
especiales destinadas a empresas españolas financiadas a partes iguales
por la Comunidad y la Administración española.
En el ámbito europeo quiero destacar, de una manera específica, la
presencia de empresas españolas en el programa Eureka, a través del cual
las empresas que participan vienen ya mejorando su internacionalización y
también la calidad de sus productos y de sus procesos más productivos.
Más de 200 empresas españolas, de entre las cuales hay 150 pymes,
participan en este momento en el 26 por ciento de los proyectos aprobados
en el marco del programa Eureka, lo que supone una inversión total de
84.000 millones de pesetas.
En el ámbito nacional, el eje fundamental sobre el que se articula la
política tecnológica del Ministerio será el plan de actuación tecnológico
industrial cuyo horizonte temporal, el actualmente vigente, concluye este
año y, como SS. SS. saben, tiene como objetivo general el desarrollo y la
integración de tecnologías en áreas y sectores específicos y
prioritarios. Este plan ha alcanzado provisionalmente en su período de
aplicación, 1991/1993, aún no concluido, un volumen de subvenciones
directas de 23.800 millones de pesetas, a los que hay que añadir los
créditos preferenciales concedidos por el Cedeti en el marco del plan,
que han sido de 45.000 millones, lo que supone que el volumen de
inversión en tecnología directamente asociada a estas ayudas públicas
será del orden de 200.000 millones de pesetas, que representa casi la
cuarta parte del esfuerzo total en I+D estimado para el sector
empresarial en los años considerados.
Pues bien, a partir de estos datos que son alentadores pero, como les
decía anteriormente, insuficientes en relación con la situación de
nuestra industria en materia tecnológica, les quiero trasladar que me
propongo poner en marcha e impulsar el segundo plan de actuación
tecnológico, plan de actuación tecnológico industrial II, con un
horizonte temporal 1994/1996, prorrogable hasta 1998. El plan se apoyará
en las siguientes ideas básicas: la profundización en la coordinación con
los restantes planes tecnológicos aplicables a la industria española,
tanto nacionales como internacionales; la mayor y prioritaria conexión
con las políticas industriales sectoriales, de forma que los instrumentos
de ayuda a la empresa disponibles en el PATI puedan ser puestos al
servicio de objetivos concretos de robustecimiento del tejido industrial;
la asignación de prioridad a la generación de infraestructuras
tecnológicas de utilización colectiva, entidades de investigación bajo
contrato, centros tecnológicos cooperativos, actividades de formación,
etcétera, y la constitución de redes de transferencia de experiencias y
técnicas
apoyadas en estas infraestructuras cuyo liderazgo deberá ser, en la mayor
parte de los casos, local o sectorial.
Es necesario el fomento por todos los medios de la cooperación entre
empresas y de la cultura del consorcio, que en determinadas
circunstancias habrá de pasar a ser una condición necesaria para acceder
a ayudas públicas. Antes les he señalado las insuficiencias asociativas
que, también en este área como en tantas otras, aquejan a nuestro tejido
industrial. La cultura del consorcio en el ámbito tecnológico es
absolutamente fundamental y pasará a ser uno de los factores claves a la
hora de decidir el otorgamiento de ayudas públicas.
El nuevo PATI incluirá una gama de instrumentos financieros más amplia
que la utilizada hasta ahora, que se empleará diferenciadamente en
función de la naturaleza de las actuaciones a apoyar. A las
desgravaciones fiscales de aplicación universal, los créditos del Cedeti
y las subvenciones a fondo perdido cada vez más selectivas, se añadirán
ahora créditos bancarios subvencionados para la dotación de tecnologías
de proceso en pequeñas y medianas empresas, préstamos retornables en
función del éxito del proyecto y otras fórmulas adecuadas a los objetivos
perseguidos.
En resumen, pretendo disponer de un conjunto de criterios, prioridades
tecnológicas, formas de actuar e instrumentos flexibles, que permitan
ejecutar una estrategia concertada al servicio de las necesidades de la
industria española, relegando la clásica fórmula del concurso abierto de
proyectos seleccionables sólo en función de su interés tecnológico.
Como pueden comprobar, uno de los principios en el que se fundará el PATI
será la integración de iniciativas públicas de apoyo al esfuerzo
tecnológico realizado por las empresas. Por ello, en el plano de la
Administración general del Estado y las administraciones autonómicas, los
objetivos de esta cooperación serán: mejorar la eficacia de la aplicación
de los fondos públicos destinados a I+D, sumando esfuerzos y no
restándolos, priorizando actuaciones y optimizando recursos; conseguir un
desarrollo armónico de la tecnología en las diferentes comunidades
autónomas; posibilitar el acceso a la tecnología de cualquier empresa, en
todo el territorio nacional, aprovechando la proximidad de las empresas y
logrando una mejor conexión entre las industrias y los agentes
institucionales de promoción. Estos objetivos estarán inspirados en los
siguientes principios de actuación: la corresponsabilidad en las
actuaciones conjuntas llevadas a cabo entre el Gobierno de la nación y
los de las comunidades autónomas, que involucre a sus respectivas
administraciones tanto en la definición de objetivos y actividades, como
en la financiación y ejecución de las mismas; la actitud integradora que
combine la perspectiva de las necesidades de desarrollo local con la
atención a las potencialidades globales del país; el posicionamiento
común y único en los contextos internacionales de carácter tecnológico y
el reconocimiento, no obstante lo anterior, de las diferencias y
especificidades de cada una de las comunidades autónomas, estableciendo
mecanismos de cooperación adecuados a cada una de ellas.
A estos efectos, se creará un comité tecnológico territorial, de carácter
consultivo, compuesto por representantes de las distintas comunidades
autónomas y de la Administración general del Estado, cuya misión será
precisamente contribuir al establecimiento de objetivos, actuaciones e
instrumentos que permitan una mejora paulatina del sistema de cooperación
tecnológica. En segundo lugar, se llevarán a cabo convenios de
cooperación individualizados por comunidad autónoma que, con unos
sistemas y principios básicos comunes, articularán un plan concreto y lo
más acorde posible, adaptado a las necesidades e intereses nacionales y
particulares de cada región.
Como habrán podido comprobar, he sido --lo estoy siendo-- voluntariamente
prolijo en este capítulo de la cooperación en materia tecnológica, porque
tengo un especial interés en transmitir a SS. SS. y a la opinión pública
el interés del Gobierno en profundizar al máximo todo tipo de mecanismos
que conduzcan hacia una mayor interrelación de las competencias
correspondientes a los diferentes poderes públicos, de cara a una más
perfecta y madura corresponsabilidad en los diseños y ejecución de las
mismas y, por lo tanto, a una mayor eficacia en sus resultados. En este
sentido, además, el Ministerio de Industria y Energía, en el marco del
Plan de desarrollo regional para el período 1994-99, ha previsto la
realización de un programa operativo de infraestructura de apoyo
empresarial, dentro del marco de aplicación de los fondos estructurales
de desarrollo regional, FEDER. Esta estrategia pretende que, en
coordinación con las comunidades autónomas, se incrementen las
posibilidades de las industrias ubicadas en las zonas objetivo 1 y 2;
mejorar su estructura productiva y competitiva, por medio del desarrollo
tecnológico, la calidad, el medio ambiente industrial y el diseño
industrial. Este proyecto pretende movilizar una inversión, en el período
1994-99, de 37.140 millones de pesetas, de los que 27.600 millones serán
de financiación pública, distribuidos en estos años a razón de 12.600
millones en tecnología, 12.000 millones en calidad y medio ambiente
industrial y 3.000 millones en diseño industrial.
Tengo que referirme, a continuación, a la política de calidad industrial.
Para llevar a cabo la política de calidad industrial, se han venido
desarrollando ya una serie de actuaciones que se corresponden con una
estrategia enmarcada en el Plan nacional de calidad industrial, para el
período 1990-93, en el que se contemplan una serie de ayudas con las que
se impulsan dichas actuaciones y que ha contado con una dotación, para el
cuatrienio, de 12.135 millones de pesetas. Esta iniciativa ha servido
para que diversas comunidades autónomas pusieran en marcha sus propios
planes y programas de calidad, desarrollando actuaciones coincidentes con
el plan nacional, con la consiguiente producción de efectos sinérgicos
muy positivos y para que, dada la importancia de actuar en forma
concertada y complementaria en esta materia, se formalizara un número
importante de convenios de colaboración con diferentes comunidades
autónomas. La experiencia acumulada en estos años de funcionamiento
del plan, que ha tenido una importante aceptación y unos resultados muy
satisfactorios, aconseja su continuidad en los próximos años.
Quiero transmitirles a los señores Diputados de esta Comisión que me
propongo abordar un segundo plan nacional de calidad industrial, que
tendrá una estructura abierta y flexible y que perseguirá un máximo de
rentabilidad de los recursos financieros puestos a su disposición. Como
les vengo insistiendo, dicho plan se abordará de una forma concertada y
complementaria con las comunidades autónomas. Aunque en este momento no
quisiera extenderme de una manera especial en esta cuestión, sí quiero
decirles que las líneas generales de actuación que enmarcarán dicho plan
serán: el fortalecimiento y el reconocimiento internacional de la
infraestructura de calidad, fundamentalmente mediante la constitución de
una entidad nacional de acreditación a partir de la actual red de
laboratorios de ensayo, Rele, y la potenciación de las actividades de
Aenor, con relación a la normalización y certificación de productos y
empresas. Tendrá también como línea general este plan el fomento de la
implantación de sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente en
las empresas y la promoción de la utilización de productos de calidad
demostrada, difundiendo por todo tipo de medios la importancia de la
normalización y certificación como soporte de la calidad y de la
seguridad del producto, y también de la propia empresa.
En materia de política de seguridad industrial, diseñada en sus líneas
generales en la Ley de Industria e íntimamente ligada a la política de
calidad, habrá de ser objeto, durante el próximo período, de un
importante esfuerzo en desarrollo y aplicación concertado de nuevo con
las comunidades autónomas, profundizando en los avances de cooperación y
colaboración conseguidos hasta hoy. Estamos a punto --en escasos meses,
espero que no sean muchos, antes de fin de año-- de tener el real decreto
que regulará la composición y el funcionamiento del consejo de
coordinación de la seguridad industrial, así como el real decreto que
definirá las exigencias técnicas que habrán de cumplir los organismos de
control, instrumentos básicos, como les decía, en las políticas de
calidad y de seguridad industrial.
En lo que se refiere al control de la seguridad industiral, se está
elaborando un plan nacional de control de productos industriales, que es
un aspecto fundamental no solamente de nuestra política de
competitividad, sino incluso, me atrevo a decir, de nuestra política de
defensa frente a la competencia del exterior, en el que se integrarán los
programas promovidos por las distintas administraciones y que tiene por
objeto responder a la responsabilidad que nuestro país tiene en el
cumplimiento de las directivas comunitarias del nuevo enfoque, relativas
a la seguridad de los productos industriales. Este plan, encuadrado en el
plan nacional de calidad 2 antes mencionado, incluirá también las
actuaciones de control de la seguridad de los productos en las fronteras
exteriores procedentes de terceros países, y dispondrá de un presupuesto
estatal de 1.500 millones de pesetas. Asimismo, se establecerán
mecanismos de información sobre el control que las comunidades autónomas
realizan en las instalaciones industriales, con objeto de asegurar un
cumplimiento uniforme de la legislación en todo el territorio español, y
se asegurará la homogeneidad de las inspecciones en toda la red española
de estaciones de ITV.
En materia de diseño industrial, quiero brevemente señalarles que el
diseño industrial, en estrecha relación con el desarrollo tecnológico, se
está convirtiendo en el centro de un nuevo concepto de competitividad
industrial, que sintetiza los grados de eficiencia y de excelencia
alcanzados por un producto, por su proceso productivo y por las
relaciones de ambos con su entorno sociocultural y medioambiental. Por
ello, la promoción del diseño industrial continuará siendo objeto de una
concreta atención e impulso por el Ministerio de Industria, a través del
plan de promoción de diseño industrial, gestionado, como saben, por la
sociedad estatal para el desarrollo del diseño industrial, y que tiene
una fundamental incidencia en el sector de las pymes, facilitándoles la
incorporación del diseño industrial, impulsando el desarrollo de
infraestructura y de servicios colectivos de diseño, y generando apoyo a
la creación de equipos y de empresas y a la formación de profesionales y
de directivos.
Antes de pasar a las políticas sectoriales, algo tengo que decirles --me
parece obligado por su importancia-- en materia de medio ambiente. La
necesidad de hacer compatible el objetivo tradicional de desarrollo
industrial con la preservación del entorno natural, unida a la incidencia
que el logro de los objetivos medioambientales tiene en la
competitividad, a medio y largo plazo, en la dinamización de la actividad
económica, ha dado lugar ya a la progresiva integración de las
actuaciones medioambientales en la política industrial española. Los
recursos tecnológicos, materiales y financieros que este proceso requiere
ya llevaron, en su tiempo, al Ministerio de Industria, al Gobierno, a
instrumentar un conjunto de actuaciones a través del llamado programa
industrial y tecnológico medioambiental, Pitma; un programa con vigencia
hasta 1994, que ha supuesto la asignación de recursos en forma de ayudas
en el entorno de los 13.000 millones de pesetas. En el balance hasta hoy
de los efectos del Pitma, demuestra que las empresas españolas han venido
realizando un enorme esfuerzo inversor en materia medioambiental,
especialmente en los sectores químico, energético y de la construcción.
Hemos empezado ya a configurar un denominado sector de oferta
medioambiental, formado por los fabricantes de bienes de equipo, las
empresas de ingeniería y consultoría y una parte del sector electrónico,
dedicado al medioambiente industrial. Este sector se puede estimar que ha
facturado --para que se hagan ustedes una idea de la importancia que está
teniendo ya-- alrededor de 170.000 millones de pesetas en el año 1992.
Me propongo, a la vista de esta situación, potenciar este programa
poniendo el acento en la política medioambiental preventiva, en una mayor
incidencia de nuestra posición en la adecuación de la normativa
medioambiental en el marco comunitario, en el apoyo a las políticas
concertadas de ahorro, así como en el
favorecimiento del desarrollo y consolidación del sector medioambiental
industrial español, promoviendo una mayor especialización en la oferta de
bienes de equipo, ingenierías y consultorías.
Sé --les pido disculpas, señorías-- que es difícil, y a la vez resulta
prolijo, hablar algo de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la
política industrial, y no solamente con aquellos que tienen que ver con
los temas de más rabiosa actualidad; pero ciertamente entenderán que el
sentido de mi comparecencia tiene que ver, no solamente con lo que es hoy
motivo de preocupación en los medios de comunicación, sino con lo que ha
de ser el diseño de una política industrial para toda la legislatura que,
inevitablemente, tiene que hacerse eco de aquellos aspectos que son
relevantes, no sólo en el cortísimo plazo, sino también en el medio
plazo.
Después de exponer las políticas que se podrían calificar de más
horizontales como factores fundamentales de la competitividad de nuestra
industria, permítanme que les señale, no para todos los sectores, algunos
de los principales componentes de las políticas sectoriales que el
Gobierno pretende llevar a cabo.
Una política industrial activa como la que estoy preconizando no puede
consistir --lo decía antes-- únicamente en acciones de carácter general
aplicables a todos los sectores o ramas de actividad, incluso si se pone
más el acento en unos o en otros. Bien sea por su carácter estratégico,
por las necesidades específicas de adaptación de algunos sectores, por la
necesidad de concluir procesos de reestructuración ya iniciados, o por
otras razones compatibles con las normas europeas de competencia, la
política industrial tiene y tendrá una innegable incidencia sectorial.
Aunque sea brevemente, quiero esbozarles algunos apuntes sobre este
conjunto de actuaciones sectoriales. Empezaré por el sector aeronáutico.
La preparación de la industria aeronáutica española, que ha de soportar
importantes retos en los próximos años, ha exigido acometer un plan que
intensifique estos esfuerzos, los reordene y los oriente hacia los
objetivos estratégicos más sobresalientes. A esta necesidad ha respondido
el plan de I+D para el sector aeronáutico, que se aprobó en mayo pasado y
que tiene vigencia para los próximos seis años con la pretensión, por un
lado, de mantener los programas específicos de ayudas directas a través
de Airbús y Casa 3.000 y, por otro, impulsar la política de I+D, a través
de ayudas indirectas de carácter horizontal y con un amplio espectro de
empresas susceptibles de utilizarlas, encauzadas a través de las empresas
líderes e integradoras del mercado. El plan en su conjunto tiene como
horizonte una inversión asociada de unos 120.000 millones de pesetas,
desglosada en programa de acciones directas, 78.000 millones; programa
tecnológico horizontal, 34.000; programa aeronáutico comunitario, 8.000,
y para su seguimiento y su control se constituirá una comisión en la que
estén representadas las distintas unidades y administraciones
participantes en el plan.
Nos proponemos, pues, con la aplicación de dicho plan, alcanzar múltiples
objetivos entre los que destacaré a SS. SS. la consolidación del sector
aeroespacial español entre los especialistas en el diseño, desarrollo y
fabricación de estructuras aeronáuticas de fibras de carbono; disponer de
líneas estratégicas tecnológicas competitivas; apoyar la participación
española en los posibles programas de desarrollo de aviones de gran
capacidad; potenciar y optimizar las industrias de motores; y el segmento
dedicado al mantenimiento de aeronaves y, como importante efecto
inducido, el arrastre tecnológico y económico en otras empresas del mismo
sector y de otros sectores, dadas las características de tecnología punta
y alto valor científico y de empleo cualificado que operan en este
sector.
En relación con el sector textil y de la confección he de decir que,
dentro del tejido industrial español, éste es un sector que goza ya de
una rancia tradición, quizá demasiado rancia, en tanto que sector
sometido y afectado por políticas de carácter sectorial, que siempre ha
merecido una consideración preferente por parte de la Administración. No
por ello, sin embargo, uno tendría que concluir que su evolución en los
últimos años ha sido favorable. La producción está estancada; el comercio
exterior se ha deteriorado con rapidez, y el empleo disminuye en el
sector.
Para paliar y tratar de invertir esta situación el Ministerio de
Industria, hace ya años, puso en marcha en el año 1982 y con vigencia
hasta 1996, el Plan de competitividad de la industria textil y de la
confección, plenamente enmarcado en los objetivos y los medios concretos
establecidos en la iniciativa Retex de la Comunidad Europea, que tendrán
que impulsarse en esta legislatura para facilitar la adaptación de
nuestras empresas textiles a las nuevas exigencias de competitividad y,
muy especialmente, para mejorar la posición española en los mercados
exteriores.
En este momento existe un número creciente de expedientes presentados y
la envergadura de los proyectos indica un desarrollo positivo del Plan,
que está dotado de un presupuesto para el quinquenio 1992-96, de 15.272
millones de pesetas, de los que, en el año 1993, correspondían 2.475.
Este esfuerzo continuará inevitablemente en los próximos años.
En lo que hace referencia al sector de construcción naval, como conocen
SS. SS., desde principios de los años 1980, en este sector se ha llevado
a cabo un intenso --muy intenso, diría yo-- proceso de reestructuración
que, como en el resto de los países comunitarios, perseguía ajustar
nuestra estructura industrial a los importantes cambios registrados en la
demanda. Las líneas fundamentales seguidas en relación con el sector han
sido las siguientes: ayuda al funcionamiento de los astilleros mediante
las primas a la construcción naval; ayudas a la reestructuración de los
astilleros con cargo al fondo generado por las primas de
reestructuración; créditos a los armadores nacionales y créditos a la
exportación en condiciones favorables; y ayuda al saneamiento financiero
mediante primas de ajuste financiero y, en el caso de los astilleros
públicos, compensación de pérdidas mediante
las correspondientes aportaciones del Instituto Nacional de Industria.
Esta política --lo digo para que seamos conscientes de los esfuerzos que
se han venido realizando en favor del empleo y en favor de una estructura
industrial competitiva en estos años-- tiene una extraordinaria
dimensión. En los últimos años, en el período 1989-1992, el esfuerzo
global presupuestario ha sido próximo a los 50.000 millones de
pesetas-año, sin tener en cuenta la compensación de pérdidas de los
astilleros públicos, que se ha traducido en una mejora de los principales
parámetros del sector. Daré, a continuación, algunos parámetros que
quisiera que no me interpretaran mal, son parámetros en términos de
capacidad y competitividad del sector, pues, como es bien conocido, una
parte importante del aumento de la competitividad del sector se ha
producido mediante una reducción de su dimensión y, en consecuencia
también, una reducción del empleo muy significativa.
Se ha producido una importante reducción de la capacidad, de un millón de
toneladas de registro bruto a 400.000 y un incremento de la producción
anual, de unas 200.000 toneladas a 350.000. Consiguientemente, el grado
de ocupación ha pasado del 20 al 80 por ciento en los astilleros. No
obstante, se ha dado una reducción importante de las plantillas totales
en astilleros y subcontratas del sector, de unos 40.000 trabajadores a
unos 16.000 trabajadores. Esto ha significado un aumento de los ingresos,
en pesetas corrientes y también en pesetas constantes, de aproximadamente
el 25 por ciento, un aumento del valor añadido por trabajador, que en
términos reales se ha duplicado, y un aumento de la tasa de exportación
del 50 al 90 por ciento. El efecto conjunto de todo esto sobre las
empresas y sobre el sector ha sido una mejora notable de los resultados
económicos, aunque sería falso y una exageración decir simplemente que
son buenos.
Puede afirmarse que el proceso de reestructuración llevado a cabo ha
conseguido, hasta el momento presente, notabilísimos incrementos en la
situación competitiva de nuestro sector naval, con un esfuerzo
presupuestario en términos laborales y de colaboración con diferentes
administraciones, incluidas comunidades autónomas, de una intensidad
seguramente poco conocida, salvo por lo que hace referencia a otros
sectores que fueron objeto de reestructuración en el pasado.
Dicho esto, quiero añadir que es preciso profundizar en la política
seguida debido, fundamentalmente, a que la evolución de la demanda
mundial de buques no ha respondido suficientemente a las expectativas y,
en consecuencia, no ha garantizado un grado de ocupación satisfactorio
para nuestros astilleros. En efecto, aunque todos los pronósticos
recientes coinciden en señalar que a mediados de la presente década se
producirá la tan esperada recuperación del mercado mundial de
construcción naval, en particular el de buques petroleros, dada la
necesidad de renovar la flota de éstos y también la flota pesquera
nacional, es preciso que nuestros astilleros estén adecuadamente
preparados para una situación en la que concurren también rasgos
negativos. Entre otros, las nuevas capacidades potenciales de
construcción naval que ya están apareciendo o pueden aparecer en un
próximo futuro en el mercado mundial en los países de Europa Oriental, en
China, en los Estados Unidos inclusive, etcétera; los bajísimos niveles
actuales de los fletes, que desincentivan la renovación de las flotas, y
ello en un contexto de progresiva liberalización del tráfico marítimo.
En consecuencia, la estrategia de adaptación competitiva del sector
tendrá que continuar basándose especialmente en los siguientes ejes: la
intensificación de la implantación de nuevos sistemas productivos más
eficientes, el dimensionamiento de las plantillas fijas en función de los
mínimos de demanda, la intensificación de la actuación comercial y el
«marketing», elementos claves en un mercado altamente competitivo, y el
desarrollo de la cooperación y la integración horizontal entre astilleros
y vertical con armadores y suministradores en todas las áreas relevantes,
comercial y aprovisionamientos, técnica y producción. A este objeto, la
Administración continuará con su política de apoyo al sector. Quiero
recordarles que en el marco de la vigente séptima directiva sobre ayudas
a la construcción naval, recientemente prorrogada hasta finales del año
1994, España disfrutó, durante 1991, de un régimen de ayudas superior al
de otros países comunitarios, como contrapartida de la implantación de
las medidas de reestructuración incluidas en el plan 1991-92,
complementario al plan de reestructuración llevado a cabo en el período
1987-90.
La ejecución del plan complementario citado, como les decía, se ha
revelado satisfactoria, según se desprende del informe final emitido por
los consultores independientes que han controlado su puesta en práctica
por encargo conjunto del Gobierno español y de la Comisión de la
Comunidad Europea. Sin embargo, la actual situación de atonía de la
demanda puede aconsejar --yo creo que aconseja-- la adopción de medidas
adicionales para reforzar la competitividad del sector. Y dado que dichas
medidas tendrían que ser aceptadas por la Comisión, está previsto
mantener en el presente otoño las oportunas reuniones bilaterales con la
Comisión, al objeto de analizar conjuntamente la situación del sector y
definir el contenido de las eventuales medidas nuevas a implementar.
Me quiero referir a continuación a un sector que goza en este momento de
una especial atención por parte de SS. SS. y de la opinión pública, y que
forma parte de algunos de los retos que espero que a fin de año puedan
estar cumplidos satisfactoriamente. Me refiero al sector siderúrgico.
Quiero enmarcar los problemas que tiene hoy, incluso nuestra propia
discusión europea, en la situación del sector en el ámbito europeo.
A partir del año 1990, se ha asistido en el mercado del acero comunitario
a un estancamiento del consumo que, unido al exceso de capacidad
existente y al aumento de las importaciones procedentes de los países del
Este de Europa, ha provocado la caída de los precios de los productos
siderúrgicos. En 1992, la atonía de la demanda de acero se acentuó aún
más, y todo ello originó una reducción de la producción comunitaria y la
obtención de resultados negativos en la mayoría de las empresas de la
CECA a Doce. Ante esta situación, las empresas siderúrgicas comunitarias,
el Comité Consultivo CECA y el propio Parlamento Europeo se dirigieron a
la Comisión insistiendo sobre la gravedad de la situación y pidiendo
medidas comunitarias urgentes. Por ello, la Comisión encargó, a finales
de 1992, un informe sobre la posición de la industria siderúrgica
comunitaria y las posibles reducciones de capacidades de producción en
las empresas europeas, con vistas a una nueva reestructuración del sector
de la siderurgia en Europa. Este informe, conocido como «Informe Braun»,
finalizado a principios de 1993 y realizado tras consultar a más de 70
empresas del acero, puso de manifiesto que la gravedad de la crisis y las
graves consecuencias que podrían resultar de la inacción de los poderes
públicos, exigían un debate urgente y las consiguientes tomas de
decisión. En el informe se evalúa el exceso de capacidad de producción
--retengan SS. SS. estas cifras-- en la Comunidad en más de 30 millones
de toneladas anuales en la fabricación de acero bruto, y entre 19 y 26
millones de toneladas de capacidad de producción de laminados en
caliente, de los cuales dos tercios son productos largos.
A partir de estos datos, las conclusiones adoptadas al respecto en el
Consejo de Ministros de Industria, el 25 de febrero de 1993, se pueden
resumir en algo que quiero recordarles. La industria tenía que definir
antes del 30 de septiembre de 1993 --no lo ha hecho todavía-- un programa
preciso de cierres de amplitud suficiente para permitir un saneamiento
duradero del sector siderúrgico comunitario. A esos efectos, se pondrían
en marcha una serie de medidas de acompañamiento financiero. La Comisión,
respetando sus compromisos internacionales y manteniéndose conforme con
su postura de negociar un acuerdo multilateral sobre el acero,
prorrogaría las medidas de vigilancia de las importaciones sobre el
mercado comunitario, actualizaría a intervalos regulares los precios de
base a la importación, y negociaría con los países de Europa Central y
Oriental, los PECO, las condiciones de un acceso progresivo al mercado
comunitario, estableciendo contingentes tarifarios adecuados y
proponiendo la prórroga, para 1994 y 1995, de los existentes con las
Repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes, CEI.
Estas medidas, en su mayoría, están ya poniéndose en marcha. Se han
realizado ya los programas previsibles de producción y de entregas de los
dos primeros trimestres de este año; se ha publicado el precio-base a la
importación; se ha adoptado una comunicación sobre las medidas sociales y
acompañamiento, y se han iniciado negociaciones sobre las cuotas
tarifarias para importación de productos sensibles procedentes de los
PECO. Sin embargo, hasta el momento no existe progreso en cuanto a la
realización por la industria siderúrgica de la puesta a punto de un
programa de reestructuración. Los únicos programas de cierre existentes
son los casos que han sido notificados y que requieren el acuerdo unánime
del Consejo de Ministros de la Comunidad, de acuerdo con el artículo 95
del Tratado CECA.
La siderurgia española ha sufrido los mismos problemas señalados para la
siderurgia mundial y europea. Debo decir que el Gobierno español,
anticipándose a esta propuesta de reestructuración que se veía venir de
la siderurgia europea, presentó a la Comunidad los planes de actuación en
la siderurgia pública española en abril de 1992 --hace más de 18 meses--,
a fin de obtener la preceptiva autorización comunitaria para la concesión
de las ayudas necesarias para llevarlos a cabo. Estos planes que afectan
a Sidenor --esto es, el «holding» que agrupa a Acenor y Foarsa-- y a la
Corporación de la Siderurgia Integral --«holding» que engloba a Altos
Hornos de Vizcaya y a Ensidesa-- tienen los siguientes aspectos básicos.
Industrialmente supondrán para la Corporación de la Siderurgia Integral
la construcción de una nueva instalación compacta para la producción de
bobina caliente en Sestao, dotada de una nueva acería eléctrica, la
potenciación de los Hornos Altos de Gijón y el cierre consiguiente de los
Hornos Altos de Avilés y de Sestao, así como el de la acería de Sestao y
el tren de bandas de Ansio, sustituidos estos dos últimos talleres por la
nueva instalación compacta de Sestao antes citada, considerada de
tecnología punta. Todo ello conllevaría una reducción de capacidad de
producción anual de 1,3 millones de toneladas de productos laminados en
caliente en términos efectivos, desde los 6,3 millones de toneladas que
actualmente tienen estas dos empresas. En el aspecto laboral, esto
significa --y de ahí la importancia que casi todos los procesos de ajuste
y de reestructuración tienen desde la perspectiva social-- una reducción
de plantilla en las dos empresas, Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya, de
24.489 trabajadores a 14.782, es decir, un excedente de 9.707 empleados.
La ayuda estatal prevista para el plan de la CSI será de 437.773 millones
de pesetas.
El plan de Sidenor básicamente comprende las siguientes medidas.
Industrialmente, la concentración de la producción en tres fábricas en
lugar de las seis que existían, así como la realización de las
inversiones complementarias para lograr esta racionalización de la
producción. Esto ha supuesto el cierre de dos plantas --Llodio y
Hernani-- y la venta al sector privado, en proceso actualmente, de la
factoría de Larrondo, donde se produce actualmente el acero inoxidable
del grupo. Desde el punto de vista laboral, significa una disminución de
la plantilla desde 4.708 a 2.880, con un excedente, por lo tanto, de
1.828 empleados. Desde el punto de vista financiero, el plan de Sidenor
tiene presupuestada una ayuda estatal de unos 80.000 millones de pesetas.
Estos son los planes en su configuración tal y como fueron presentados a
la Comunidad Europea. Después de tres reuniones del Consejo de Ministros
de Industria de la Comunidad, aun existiendo importantes avances en la
valoración positiva global de ambos planes --ya existe, como saben,
aprobación de la Comisión tanto para el plan Sidenor, como para el plan
de la CSI--, no se ha considerado en condiciones de aceptar estos planes
por el Consejo de Ministros, dejando el tema aplazado para una futura
reunión --confío que tenga lugar, si no se puede adelantar al mes de
octubre, como sería mi deseo, en el mes de noviembre-- y proponiendo que
se estudien
dentro del contexto general de respuesta a los problemas de la industria
europea del acero.
Quiero decirles, señorías, que las dificultades que a estos efectos han
surgido, no tanto en el seno de la Comisión cuanto en el Consejo de
Ministros, responden, como saben ustedes que funcionan estos asuntos en
Europa, a que el problema español, lo mismo que otros problemas --el
italiano, el alemán, etcétera--, aparecen en un marco de globalización en
el que, no obstante las fechas transcurridas desde que se presentaron
estos planes, la necesidad de abordar un plan de reestructuración de la
siderurgia en el conjunto de Europa aconseja el que cada uno de los
países adopte prevenciones suficientes como para defender sus intereses
antes de ver aprobados los intereses ajenos. En este marco de
globalización tenemos la absoluta seguridad de que estos planes serán
aprobados en los términos que están previstos y que, ciertamente,
implicarán la posibilidad de poner a nuestra industria siderúrgica
integral y no integral en una situación competitiva de futuro, con nuevas
instalaciones mejoradas, potenciadas, no obstante el ajuste y los medios
financieros que esto ha de implicar.
La reestructuración de la siderurgia en Europa pasa ciertamente por la
aprobación del plan español. Será difícil que el Gobierno de España esté
de acuerdo con un proceso de carácter general si, transcurridos más de 18
meses desde que fueron presentados estos planes, no obtiene la aprobación
de los mismos por parte del resto de los gobiernos que integran la
Comunidad, como paso previo a la consideración global de los problemas
del sector.
Me quiero referir a continuación a la política energética. Dentro de las
políticas sectoriales merece un apartado singular la política energética.
Quiero recordarles cuáles son los principios que las Cortes Generales, al
dar su anuencia a los contenidos en el PEN, establecieron para la
política energética de este país hasta el año 2000.
El PEN 1991-2000 basa sus líneas de actuación en lograr un adecuado
equilibrio entre los objetivos esenciales de la política energética, la
minimización de costes, la diversificación y el autoabastecimiento, la
eficacia de la producción, transformación y usos finales de la energía, y
la preservación de la calidad del medio ambiente.
La política de oferta en él contenida está dirigida a propiciar la
cobertura de la demanda de acuerdo con estos objetivos y con el máximo
grado de flexibilidad en la adaptación ante desviaciones a corto y largo
plazo en los escenarios considerados. La evolución, en el último año y
medio, de la demanda de energía primaria y de la demanda de energía
eléctrica aconsejan que la introducción del nuevo equipamiento eléctrico
se produzca de manera que en los primeros años de la segunda mitad de la
década vaya acomodándose la oferta a la demanda mediante aportaciones de
potencia continuas pero de entidad moderada, en un proceso que facilite
la ampliación de la oferta de potencia que será necesaria a finales de la
década.
Esta incorporación de potencia, por otro lado, debe hacerse compatible
con la introducción del gas natural, cuya demanda sigue creciendo a un
ritmo considerable y con los compromisos en materia de aprovisionamiento
de gas que tiene contraídos nuestro país. Por ello, las inversiones en
«repouring» y, en algunos casos, las de transformación a ciclo combinado
de gas, deben considerarse en primer lugar por su mayor flexibilidad en
la adaptación a la evolución de la demanda, con mínima repercusión
medioambiental al utilizar como combustible principal el gas natural.
Por lo que se refiere al marco institucional de los sectores energéticos
en la Comunidad Europea, fundamentalmente en los sectores eléctrico y
gasístico, creo que es bueno que tengamos presente que se registrará, a
lo largo de la presente década, un proceso de transformación acorde con
la construcción del mercado interior energético en la Comunidad.
El objetivo compartido de intensificar los trabajos para conseguir un
mercado eléctrico más abierto, más transparente, más eficiente y más
competitivo debe establecerse teniendo en cuenta las singularidades del
mismo y, a la vez, que la garantía del suministro es el objetivo básico
que requiere que los Estados miembros, como responsables de la misma,
determinen la estructura energética más conveniente mediante la selección
de fuentes de energía primaria, la determinación de la capacidad a
instalar y el mantenimiento de la seguridad y estabilidad de las redes de
transportes.
En esta reflexión, me parece indudable que el modelo de funcionamiento
del sistema eléctrico español, que se ha venido consolidando no sin
dificultades pero a raíz de la explotación unificada y del marco legal
estable, en el que coexisten compañías privadas y públicas, es un modelo
que, con las modificaciones que la experiencia sobre su funcionamiento
aconseja introducir y con la incorporación de mecanismos de competencia
adecuados, puede resultar no sólo compatible, sino avanzado en la
construcción del mercado interior.
El desarrollo del mercado interior plantea retos de competitividad muy
importantes a nuestras empresas, por lo que la consolidación de las
estructuras empresariales y la racionalización de la gestión son
elementos básicos a considerar.
La operación de reordenación de las participaciones del sector público en
el sector gasista y las medidas en el marco retributivo y en la
regulación en el sector eléctrico, a las que haré todavía una referencia
más detallada, tienen como uno de sus objetivos la mayor estabilidad y
también la mayor competitividad de las empresas.
Respecto a las actuaciones en materia de política tarifaria, factor de
gran importancia para la industria y los servicios, la convergencia
gradual en los precios, en un contexto de creciente apertura a los
mercados, es uno de los objetivos a seguir en los sectores sometidos a
regulación como son los sectores energéticos.
Respecto a los sectores liberalizados, como el petróleo, la creciente
integración de los mercados da lugar a una aproximación en los precios
practicados mediante el establecimiento de unos precios máximos, en la
medida en que la liberalización protege a los consumidores
adecuadamente. Este sistema ha determinado que los precios de venta al
público de los productos petrolíferos en España sean sistemáticamente
inferiores a las medias comunitarias en magnitudes significativas.
No perdamos la perspectiva, al hacer los análisis, de cuáles son, con los
últimos datos disponibles a 27 de septiembre de este año, los precios de
venta al público en nuestro país de los productos petrolíferos: para la
gasolina súper, son un nueve por ciento inferiores a la media de la
Comunidad a once, es decir, excluida España; un 14 por ciento inferiores
a la media de la Comunidad a seis; un 18 por ciento inferior a la media
de Francia e Italia. En la misma fecha, el precio de venta al público del
gasóleo de automoción en España es un ocho por ciento inferior a la media
de la Comunidad a once, un 11 por ciento inferior a la media de la
Comunidad a seis, y un 14 por ciento inferior a la media de Francia e
Italia. Me parece que éstos son datos importantes, con independencia de
los problemas que tengamos en algunos de nuestros sectores, incluido el
sector transportes, para analizar los efectos, no solamente de la
creciente competencia dentro del sector, sino también de la fiscalidad en
nuestro país y la menor fiscalidad relativa que existe en nuestro país en
relación con los países comunitarios, incluso después de las subidas de
agosto.
En relación con el sector eléctrico me parece fundamental, antes de que
tenga ocasión de hacer otros pronunciamientos públicos fuera del marco
parlamentario, que tengan SS. SS. las ideas básicas de cuál va a ser la
política del Gobierno. Las principales actuaciones en este sector
eléctrico se van a orientar en el sentido de dotar al sector de la máxima
competitividad y estabilidad, propiciando un suministro al menor coste
posible y con estándares elevados de calidad.
Conocen SS. SS. que el proceso de diálogo emprendido entre las compañías
eléctricas ha posibilidado que éstas presenten a la Administración
propuestas de actuación coordinada en aspectos tales como la explotación
conjunta de instalaciones de generación, una mayor homogeneidad en
determinados elementos de la retribución e incluso posibles intercambios
de activos. La Administración ha venido apoyando este proceso de diálogo
y de acuerdos, siempre y cuando redunden, como confío en que ocurrirá, en
una mayor competitividad de las empresas y en una mejora de las
actividades que desempeñan, lo que supondrá mejoras en la prestación del
servicio al consumidor.
La Administración está en este momento trabajando sobre estas propuestas,
incluso sobre propuestas corregidas que le han llegado del sector y
confío que, en un plazo muy breve, se podrá proceder, sobre la base de
esas propuestas y de las eventuales modificaciones que desde la
perspectiva de los intereses globales del sector y del conjunto de la
industria y de los consumidores industriales se hagan, al
perfeccionamiento selectivo del marco retributivo actual, del marco legal
estable. Este será el paso primero, y en mi opinión absolutamente
necesario, para proceder a la regulación legal del sector, que confío
pueda llegar a esta Cámara antes de que transcurra el año 1993.
La introducción en el ordenamiento jurídico de una norma de rango legal
que sistematice la regulación y dé cobertura a las carencias de las
disposiciones actuales, que consolide un modelo de funcionamiento
horizontal como el existente y de los principios antes mencionados de
explotación unificada, planificación conjunta y tarifa única pero que
permita a la vez la introducción de mecanismos de competencia y
liberalización y de perfeccionamiento en la regulación de la calidad del
servicio, serán los criterios básicos con los que se abordará la
ordenación del sistema eléctrico. En ese proceso, el Ministerio realizará
una revisión del proyecto de ley que fue objeto de envío a esta Cámara
por el Gobierno anterior al proceso electoral, con el fin de profundizar
en algunos aspectos su posible perfeccionamiento, que en todo caso
incluirá el tratamiento financiero y normativo correspondiente a la
paralización definitiva de los grupos eléctricos en moratoria.
Respecto a la estructura de tarifas se introducirán aquellos elementos
que, en función de los costes del suministro característicos de los
diferentes tipos de consumidores, contribuyan a una mejor gestión de la
demanda eléctrica y a mejorar la eficiencia en el consumo industrial y en
la competitividad de las empresas. Asimismo se estudiará una
actualización de la regulación de la autoproducción en lo que a
mecanismos y precios de cesión de energía se refiere.
Es objeto igualmente prioritario para este período próximo la
elaboración, en colaboración con las comunidades autónomas, de un plan de
calidad del suministro eléctrico, cuyos trabajos están ya iniciados y
cuyo objetivo es mejorar tanto la continuidad del suministro --su no
interrupción--, como la calidad del servicio.
En relación con la energía nuclear, a lo largo de este año someteré a la
aprobación del Consejo de Ministros el cuarto Plan de gestión de residuos
radiactivos. Una vez culminado el plan de ampliación de la instalación de
almacenamiento definitivo de residuos de baja y media actividad de El
Cabril e iniciada la operación de retirada de los cabezales de los
pararrayos radiactivos para su reciclado en el Reino Unido, se continuará
desarrollando la estrategia de búsqueda de emplazamientos definitivos de
residuos de alta actividad, la preparación del proyecto de
desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós 1 y las obras de
clausura, ya próximas a su conclusión, de la antigua fábrica de uranio de
Andújar.
En cuanto a la política de I+D nuclear, la investigación continuará
orientándose, a corto plazo, en la mejora de los desarrollos tecnológicos
actuales, con objeto de incrementar la fiabilidad y seguridad de los
reactores y, en el medio y largo plazo, hacia la investigación de los
reactores avanzados de fisión, el confinamiento seguro de los residuos de
alta actividad y el desarrollo de máquinas experimentales de fusión.
El sector gasista, cuya importancia me parece difícil exagerar,
experimentará, previsiblemente, un desarrollo muy significativo, en
cumplimiento de los objetivos del Plan
energético, que prevé que en el año 2000 el consumo se triplique en
términos absolutos con relación al consumo actual, con una contribución
en dicho año al balance de energía primaria en tono al 12 por ciento
frente al 6,4 por ciento actual. Este desarrollo continuará exigiendo un
proceso inversor muy importante, extraordinariamente importante para las
actuales compañías que operan en el sector, tanto en medios de
transporte, recepción y almacenamiento, como en distribución y seguridad
en el suministro de gas. Este esfuerzo inversor, que se puede cifrar hoy
en 540.000 millones de pesetas durante la década, tendrá un importante
efecto inducido en la industria proveedora al sector gasista y
contribuirá al desarrollo industrial de amplias zonas de nuestra
geografía, con una contribución muy importante a la eficacia de procesos
industriales y a la generación de la electricidad.
Acorde con esta expansión del sector y adecuándose a lo previsto en el
Plan Energético Nacional, se firmó el pasado 23 de septiembre, como saben
SS. SS., un protocolo de intenciones entre los accionistas de las
principales empresas gasistas: el Instituto Nacional de Hidrocarburos, la
Caixa y Gas Natural, para proceder a la integración del sector español
del gas natural mediante la adquisición por Gas Natural de un porcentaje
de control superior al 90 por ciento en el capital de Enagas. Esta
unificación y racionalización empresarial permitirá crear una empresa de
dimensión europea, primera empresa gasística española, con una solidez
financiera y económica capaz de operar en condiciones adecuadas ante el
desarrollo del mercado interior en el ámbito del gas.
En el desarrollo de la infraestructura del gas natural debe destacarse la
inauguración, el pasado día 1 de octubre, de la conexión de la Red
Nacional de Gaseoductos españoles con la red europea a través de Francia,
por la que se recibe gas procedente de Noruega, tal y como se previó hace
cinco años y el desarrollo, de acuerdo con el calendario previsto, del
proyecto de conexión de la red nacional con los yacimientos del norte de
Africa, a través del Estrecho de Gibraltar, por el gaseoducto
Magreb-Europa. Por lo que hace referencia a este sector y desde el punto
de vista reglamentario, las principales previsiones son, este momento, el
desarrollo de la ley del gas y el proyecto de reglamento, que se
encuentra muy avanzado, que hará especial hincapié en la relación entre
Administraciones y empresas concesionarias, los derechos y las
obligaciones de las empresas suministradoras y de los usuarios, y el
desarrollo de la normativa técnica.
Respecto al sector petróleo --muy brevemente--, ha experimentado un
proceso de transformación de una enorme magnitud, en los últimos años,
que ha conducido a una liberalización y apertura a la competencia y a
modificaciones sustanciales en el marco constitucional y legal. El
programa de desarrollo normativo para el sector del petróleo se centrará
en el desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación en los siguientes
ámbitos: la comercialización al por mayor de carburantes y combustibles,
la creación de la corporación para la constitución, mantenimiento y
gestión de las existencias de seguridad, la comercialización al por menor
de carburantes y combustibles y la regulación del régimen concesional
residual.
En cuanto al sistema de precios, quiero adelantarles, frente a algunas
demandas que de vez en cuando aparecen, que no contemplo de momento la
liberalización de los precios de los productos actualmente sostenidos a
un precio máximo. Se ha liberalizado, como saben, el precio de los
fuelóleos y el de la gasolina sin plomo de 98 octanos, pero el grado de
competencia existente de los demás productos no permite, por el momento,
adelantar la plena liberalización de los precios, aunque es verdad que la
competencia en este sector está teniendo una extraordinaria importancia,
creciente importancia, que se expresa fundamentalmente por el hecho de
que los suministros directos a los grandes consumidores se vienen
produciendo en condiciones de creciente competencia y dan lugar a
modificaciones sobre los precios máximos de una extraordinaria magnitud
por la vía de los descuentos efectivos.
Alguna referencia inevitable tengo que hacer por su importancia y por su
significación social también a la política minera. Como saben SS. SS., en
la política minera las actuaciones sobre el carbón están orientadas al
cumplimiento de los objetivos reservados para este recurso autóctono en
el esquema de suministro energético diseñado en el Plan Energético
Nacional. La política de ayudas a la minería del carbón continuará,
justificada tanto por razones de mantenimiento de un cierto grado de
autoabastecimiento como fundamentalmente por razones sociales y
regionales. Debo decirles, sin embargo, que el saneamiento del sector
logrado con el Plan de reordenación de la minería del carbón 1990-1993
para las empresas sin contrato-programa ha sido realmente importante. Se
ha producido el cierre de 55 empresas, con una reducción de unos 6.700
puestos de trabajo, lo que ha implicado un incremento de productividad en
el sector carbonero de las empresas sin contrato-programa del 17 por
ciento. Pero debo decirles, a continuación, que a pesar de estos
resultados sigue siendo necesario la adopción de mecanismos que permitan
continuar un proceso difícil y doloroso de saneamiento y para que esto
sea posible habrán de instrumentarse las medidas pertinentes,
introduciéndose las modificaciones que la experiencia obtenida en el
ejercicio del Plan 1990-1993 aconsejen. En cuanto a las empresas con
contrato-programa, esto es Hunosa, Minas de Figaredo y Mina la Camocha,
sociedad anónima, dado que sus respectivos contratos finalizan el 31 de
diciembre de 1993, en los próximos meses habrán de iniciarse las
negociaciones con cada una de las empresas para definir sus respectivos
planes de actuación para los próximos cuatro años. Estos planes de
actuación deberán servir de base para la elaboración del contenido de los
respectivos contratos-programa con el Estado.
Las actuaciones en esta legislatura en política minera tendrán que ir
dirigidas a la consecución del incremento de la competitividad de la
minería nacional, aquejada de una enorme insuficiencia a este respecto,
mejorar en el conocimiento de los recursos minerales, fomentar la
investigación y el desarrollo tecnológico en todas las fases
del ciclo minero, mejorar el medio ambiente y el hábitat minero e
incrementar la seguridad de los trabajadores en las minas. También en el
ámbito legislativo les quiero anunciar que se acometerán los trabajos
para la preparación de una ley de bases del régimen minero que
determinará los grandes principios y directrices que regulen esta
materia, con el fin de conseguir una unidad y coherencia del ordenamiento
minero nacional.
Dicho esto, quisiera referirme, como les he anunciado anteriormente,
aunque sea brevemente, a algo que forma parte también de la política
industrial que es hoy objeto de diferentes comentarios, incluso de
diferentes posiciones que yo respeto, naturalmente, pero que merece algún
comentario por parte del Titular de Industria. Me refiero a la empresa
pública. Les quería decir cuáles son las líneas de actuación que en
materia de empresa pública industrial impulsará el Gobierno durante esta
legislatura. Durante los últimos años, señorías, en Europa y en otras
regiones del mundo se vive una tendencia general apreciable hacia la
disminución de la participación del Estado en la economía, una tendencia
que aparece mucho más en los discursos, no obstante, que en las cifras
reales de participación del Estado en el producto interior bruto de cada
uno de los países. Esta circunstancia, que aparece con tal intensidad en
el ámbito de las empresas públicas, ha producido que algunas corrientes
de pensamiento identifiquen el proceso como el proceso de la crisis del
Estado productor. Paradójicamente, sin embargo, esta discusión, este
debate se ha producido en un momento en el que por parte de todas las
fuerzas políticas, en España como en Europa, se ha venido a poner el
énfasis en la necesidad de una política industrial más activa, como
corresponde a una situación de crisis como la que hemos vivido. Las
ventajas y los inconvenientes de las empresas públicas y su comparación
con los de las empresas de carácter privado son, obviamente, objeto del
análisis teórico hace muchísimos años y del análisis práctico y de la
constatación de los resultados también en el momento presente, lo cual es
un debate que a mi juicio --y respeto naturalmente otras
consideraciones-- aparece casi siempre preñado de una extraordinaria
carga ideológica. Hay quien cree que lo público por serlo es ineficiente;
hay quien piensa que lo privado por serlo es el colmo de la eficiencia.
Permítanme que no comparta ni lo uno ni lo otro, y permítanme que piense
que las cosas hay que analizarlas, a poder ser, desde la perspectiva de
cada uno incluso en términos ideológicos, pero sobre todo sometiéndose al
contraste de la realidad.
Todo este debate, este análisis no ha impedido apreciar que la economía
mixta privada y pública o público-privada o privado-pública está bien
asentada en nuestro entorno y forma parte hoy, una parte fundamental, del
paisaje de las sociedades de Europa occidental. Incluso el fracaso
histórico de la economía planificada en los países de Europa central y
oriental ha servido para confirmar más la validez del modelo de economía
mixta en la Europa occidental que la quiebra del papel del Estado en la
economía. Nuestro país tiene una dimensión reducida en términos
comparativos. En relación con otros países se considera la presencia del
sector público, en términos simplemente de ingresos o gastos, menor en
todo caso que la media de los países de la Comunidad y se considera
especialmente la participación del sector público empresarial. La
presencia media del sector público empresarial en la Comunidad se sitúa
por encima del diez por ciento, tanto del producto interior bruto como
del empleo no agrícola; mientras la intervención gubernamental por otras
vías, en países como Estados Unidos y Japón, aunque más indirecta, tiene
en ocasiones un peso mucho más decisivo en la conformación de sus
industrias respectivas. Dentro de este marco seguramente convendrán
conmigo en que la situación española no es precisamente demasiado
original. La empresa pública y nuestro propio sector público adquirió una
relevancia creciente en años anteriores. Especialmente el crecimiento del
sector público en nuestro país se viene produciendo con cierta constancia
desde hace ya varias décadas, pero ha tenido especialmente una
significación sobresaliente, si quieren ustedes, con el proceso de
configurar un mecanismo de protección social, en nuestro país, que
pudiera ser siquiera comparable con el que existía en otros países de
nuestro entorno. En cambio, por lo que hace referencia a la empresa
pública no es menos cierto que su peso y su relevancia se produce
fundamentalmente en las décadas posteriores a los años cincuenta,
alcanzando un punto culminante en 1985, año en que su producción
representaba el 9,4 por ciento del producto interior bruto.
Posteriormente, su peso ha ido decayendo como consecuencia no solamente
de la reestructuración y parcial privatización, aunque el sector
empresarial español mantiene todavía una participación relevante en
determinadas áreas de carácter industrial como el transporte, la energía,
la minería o la siderurgia.
Una rápida mirada a los propósitos y resultados del proceso privatizador
en la Europa comunitaria permite concluir que los argumentos políticos
han sido mucho más relevantes que los argumentos económicos en algunos
países como el Reino Unido, pionero de la privatización en este entorno,
mientras que han sido otro tipo de razones de carácter económico e
incluso de carácter vinculado a la evolución de las finanzas públicas las
que han predominado en países como Italia o como Francia, volcados
últimamente en fuertes lances privatizadores. Otros procesos
privatizadores en este marco general como los de Europa central y
oriental tienen bastante poco que ver con lo que es el debate en los
países de Europa occidental, puesto que parten de premisas y de
situaciones distintas y pretenden objetivos muy diversos que, aunque
sería prolijo detallar aquí, significan, sobre todo, el esfuerzo por
introducir en una economía relaciones de mercado y transformar
simultáneamente las estructuras políticas y sociales. En esas
circunstancias, en esos países de estructura y de trayectoria política,
social y económica bien distinta de la nuestra, las privatizaciones se
han convertido en el símbolo de las reformas de aquellos sistemas. Pero
vengamos a España.
Durante la última década, señorías, España es uno de los pocos países
europeos en el que se ha procedido a
privatizaciones totales, privatizaciones parciales y reprivatizaciones,
un proceso que no ha venido impulsado por un a priori ideológico, como el
que quizá algunos pretenden implantar en este momento, sino que ha sido
la consecuencia de la voluntad consistente y continuada de racionalizar
el sector público empresarial, mejorar su gestión y someter a escrutinio
permanente la justificación estratégica y económica de la presencia del
Estado en la actividad productiva. Un proceso que resulta un buen ejemplo
de lo que un profesor de Harvard, John Goodman, denomina el modo
pragmático de abordar los procesos de privatización cuando éstos existen.
Las escasas incorporaciones temporales realizadas al sector público han
venido forzadas por la situación caótica de algunos grupos o empresas y,
por cierto, han sido seguidas por reprivatizaciones y, desde luego, han
tenido una motivación --en el único caso en el que esto ha tenido una
relevancia significativa-- por la sensibilidad del Gobierno ante las
consecuencias sociales de su liquidación traumática. Sólo las
adquisiciones totales o parciales realizadas por compra de empresas
privadas en el sector energético han obedecido a una estrategia
voluntaria, a la que no estamos dispuestos a renunciar, de alcanzar
economías de escala necesarias para competir en el Mercado Unico.
La política de empresa pública del Gobierno, señorías, va a seguir en la
presente legislatura un esquema bastante similar al de los últimos años,
mucho más vinculada a la mejora de la eficacia del sistema económico
español que a proyectos o propósitos liquidacionistas ideológicos o a
proyectos recaudatorios de corto plazo que tienen como efecto un
deterioro de las cuentas públicas a medio plazo. La cultura, situación y
perspectivas de cada economía introducen condiciones que pueden cambiar
el criterio de oportunidad de una misma medida, y esto es perfectamente
aplicable al fenómeno de la mayor o menor presencia del Estado en la
actividad productiva empresarial y, por tanto, en la política de empresa
pública.
Les quiero decir, señorías, que España necesita --lo he señalado en esta
ya larga introducción-- una industria poderosa, y una de las principales
misiones, a mi entender, de la política industrial es discernir qué
partes de ella merecen el apoyo público y cuáles no, pero nunca puede
permitirse prescindir de las potencialidades de un sector público
empresarial que, ciertamente, es siquiera una base para la generación de
un tejido industrial más poderoso del que en este momento tiene nuestro
país. El Grupo INI-Tener es en España el principal consorcio industrial.
En un país donde los grandes grupos empresariales escasean y donde los
existentes, a veces ligados a instituciones financieras, no siempre
siguen una estrategia industrial sino fundamentalmente una estrategia de
carácter financiero, en un país donde apenas existen sedes centrales de
firmas multinacionales de cierto tamaño, con una plantilla de más de
130.000 trabajadores al finalizar 1992 y más de dos billones de pesetas
en ventas, el 30 por ciento de las mismas en mercados exteriores, el
Instituto Nacional de Industria, a través de sus empresas, aporta el 2
por ciento del valor añadido, el 6 por ciento de las exportaciones y el 8
por ciento de la I+D nacionales. Grupos de esta dimensión, que quisiera
yo que existieran en mayor medida en nuestro país, son imprescindibles
para convertir en mercados internacionales, cada vez más oligopolizados,
y para alcanzar las masas críticas necesarias para abordar con garantía
procesos de investigación o localizar oportunidades en sectores y
negocios emergentes. Evidentemente, soy el primero en conocer y en
reconocer las debilidades y las fisuras que tienen algunos de los
componentes del grupo público y algunas de las que, naturalmente, han de
ser subsanadas, lo mismo que se deben apuntalar algunos aspectos de la
gestión, incrementar el contraste del mercado, mejorar la estructura
financiera, ampliar la capacidad tecnológica y aumentar la sensibilidad a
los resultados. Pero esto no es un proceso de liquidación. Este es un
proceso de racionalización de lo que existe, en el cual se ha dado un
paso muy importante, que me parece prioritario que se pueda mantener en
el futuro, cual es el desenganche del grupo, con posibilidades de
viabilidad a largo plazo, que es Tener de los presupuestos y el esfuerzo
por racionalizar y reducir al mínimo aquellos sectores en los cuales hay
procesos que son parte de una política industrial acordada, por cierto,
con muchos grupos políticos y sociales en este país, y que forman parte
de la reestructuración de sectores y de ajustes laborales de una
extraordinaria dimensión y sensibilidad social.
Pues bien, señorías, a alcanzar estos objetivos se dirigirá la política
de empresa pública en la presente legislatura, y si para ello hay que
incorporar socios tecnológicos o aportaciones de capital privado se darán
los pasos oportunos, lo mismo que no quiero descartar a priori la compra
por el sector público empresarial de negocios que mejoran la integración
vertical o sectorial, o la presencia internacional de la industria
española. Desde luego, éstas no son decisiones que habrán de tomarse
desde una opción ideológica exclusiva o desde la falsa ilusión por
reducir el déficit público a corto plazo a costa de generar un problema
de política industrial y de reducción de potencialidades de la política
industrial llevada a cabo desde esta perspectiva. En consecuencia, en
ningún caso se abandonará la vía pragmática de los últimos años ni el
predominio de los intereses en España que son, por definición, de largo
plazo sobre metas de corto plazo relacionadas con los vaivenes de la
coyuntura. A mi juicio sería una grave irresponsabilidad política
desprenderse, en este momento histórico de la industria española, de un
instrumento a través del cual el Gobierno puede, incluso en alianza, y
espero que en alianza creciente con el capital privado, asegurar la
consecución de importantes objetivos. Por tanto, no habrá programas de
privatización de carácter general, que me parecen una contradicción en
sus propios términos, con calendarios establecidos, sino que se analizará
caso por caso su conveniencia y sus modalidades. Todo ello no significa
--y lo quiero decir para que no me entiendan mal-- que el Gobierno tenga
la intención de hacer descansar la política industrial y muchísimo menos
el futuro de la industria española en la empresa pública. Tampoco se
trata de poner en práctica un neonacionalismo industrial al estilo del
que empieza a
aparecer en algunos países, o de minusvalorar las exigencias de todo
orden que el horizonte del Programa de Convergencia, derivado de los
acuerdos de Maastricht, conlleva en diferentes ámbitos. Se trata
simplemente, en este sentido, de aprovechar las sinergias, cuando
existen, del más importante grupo industrial de España, en un contexto
internacional que cambia a gran velocidad y en el que la competitividad
es el primer garante de la supervivencia.
Señorías, creo que todos los que estamos aquí compartimos la idea de que
la industria es el principal motor de la economía real y su desarrollo
genera el crecimiento de numerosas actividades terciarias como la
investigación y los servicios a las empresas. En consecuencia, lo mismo
que se hace en otros países, es imprescindible defender el mantenimiento
de un sólido sector industrial en la economía española. Para hacer
realidad este propósito, el Gobierno considera que el protagonismo
fundamental corresponde a las empresas, aunque las Administraciones
públicas tienen también un importante papel que jugar en el desarrollo de
nuestra industria, tal como les he señalado en mi exposición.
Para terminar, permítanme una síntesis de las ideas que les he expuesto
en este largo discurso, por el que les pido disculpas. La primera, sin
duda, el compromiso del Gobierno de la nación con una política industrial
activa, tendente a la mejora de la competitividad global del sistema
industrial y la capacidad innovadora de las empresas. La segunda radica
--lo he venido expresando con profusión en público también durante las
últimas semanas-- en la decidida intención de desarrollar una política
industrial compartida y coordinada con las comunidades autónomas. Para
ello pretende impulsar al máximo el papel fundamental que ha de jugar la
Conferencia sectorial de industria. La tercera consiste en dar prioridad
absoluta a la actuación en favor de las pequeñas y medianas empresas, de
tal manera que se refuerce su capacidad de competir en igualdad de
condiciones con sus homónimas europeas de idéntico tamaño y sector. Estos
propósitos centrales se materializarán en actuaciones de carácter
horizontal y también, cuando se requiera, de ámbito sectorial o
empresarial en un diálogo permanente con los agentes económicos y
sociales. El objetivo final es colaborar con las empresas para que
nuestra industria esté en condiciones de aprovechar en plenitud la
recuperación de la inversión en la próxima fase del ciclo económico
occidental y contribuir decisivamente, como lo ha hecho en tantos
períodos históricos, a la creación de empleo.
Créanme, señorías, que, con independencia de las diferencias que tengamos
en unos o en otros aspectos alrededor de este diseño, en política
industrial hay muchas cuestiones singulares que discutir, que debatir y
por las que diferenciarse, pero seguramente hay bastantes cosas en las
que existen elementos y condiciones como para coincidir en los diseños de
carácter general. Si pudiera contribuir con esta aproximación a las
posiciones que algunos de ustedes defienden y, en todo caso, señalar cuál
es la política que el Gobierno está dispuesto y quiere llevar a cabo en
esta legislatura, me daría por satisfecho, aunque naturalmente espero que
una parte de lo dicho pueda ser enriquecido y quizás también tomado en
consideración por sus propias intervenciones.
Muchas gracias, Presidente, por tolerar esta larga intervención en la
que, por cierto, no he contestado, aunque lo haría si éste es el momento
oportuno, a las solicitudes de comparecencia que no podría considerar
incluidas en mi discurso y que versarían fundamentalmente sobre cuatro
aspectos. La primera, solicitada por el Grupo de Convergència i Unió,
sobre las averías producidas en la red eléctrica de Cataluña el pasado
día 24 de agosto y sobre la previsión de mecanismos adecuados de reacción
ante posibles nuevos incidentes. Me veo obligado a señalar, en primer
lugar, frente a algunas de las dudas que han podido surgir, a propósito
de este tema, como consecuencia de algo que es bastante razonable, el que
la gente y los ciudadanos afectados, las empresas, las industrias se
alarmen por una desconexión del sistema eléctrico en un mercado tan
amplio como el de Cataluña, digo que me parece que es importante señalar
que el sistema eléctrico español es hoy felizmente perfectamente
homologable, desde el punto de vista tecnológico, de diseño y de
explotación, con el resto de los países de la OCDE. Más aún, el análisis
de estadísticas de incidentes pone de manifiesto que los niveles de
garantía y de seguridad son equiparables con el nivel de estos países, y
cabe resaltar incluso que Francia e Italia, por poner dos países
próximos, cercanos, han tenido en los últimos tres años tres incidentes,
no uno, de magnitud similar a lo ocurrido en Cataluña.
Les quiero recordar, señorías, que la explotación de un sistema eléctrico
se lleva a cabo de acuerdo con unos criterios de seguridad convencionales
y asumidos por diferentes organizaciones internacionales que a nivel de
cada país son adaptados a sus circunstancias específicas. En España los
criterios utilizados, tanto en planificación de la red como en
explotación, exceden ampliamente los niveles de seguridad establecidos a
nivel internacional. Adicionalmente, en el año 1988, Red Eléctrica,
empresa pública, realizó una definición de los criterios de seguridad que
se deben aplicar a la planificación y a la explotación de la red mallada
de alta tensión y que contemplan la necesidad de que el sistema soporte
además del fallo de cualquier elemento singular del mismo, criterio en
menos 1, el de los dobles circuitos de interconexión y el fallo
simultáneo del grupo de mayor tamaño de una zona y de una línea de
interconexión con el resto del sistema. Estos criterios de seguridad, que
posteriormente se han ampliado a nivel de planificación para que el
sistema pueda soportar el fallo de un parque completo de 400 kilovoltios,
son los que guían la planificación y la autorización de los descargos de
la red y los planes de salvaguarda y seguridad, actuaciones para
conservar los criterios de seguridad y, si se demuestra imposible por
métodos ordinarios, para aplicar métodos extraordinarios que mantengan la
red en la mejor situación posible.
Les quiero señalar también que, además de las inversiones realizadas por
Red Eléctrica en instalaciones de la red de transporte ubicadas en
Cataluña, o relacionadas con la red de transportes de Cataluña, que sumen
25.500
millones, hay instalaciones por un valor de 17.100 millones que se
encuentran ya operativas. Pero quiero darles algunos elementos para que
entiendan lo que ocurrió en el momento del incidente del 24 de agosto y
hacer algunas puntualizaciones.
En el momento de producirse el incidente concurrían en la zona una serie
de fenómenos atmosféricos de excepcional virulencia y simultaneidad. En
estas circunstancias, incidentes de este tipo siempre tienen una
probabilidad de ocurrir. Ello es debido a que incluso con el máximo de
seguridad técnicamente suministrable, que supondría un coste
suficientemente elevado para no hacer rentable a la sociedad el
suministro de energía eléctrica, si hubiera que asegurar pongamos que al
cien por cien la seguridad, siempre sería posible la existencia de un
suceso que produjera una perturbación suficientemente severa como para
provocar un proceso transitorio de desestabilización, no evitable
técnicamente. Ante el incidente ocurrido en la zona catalana el pasado 24
de agosto es necesario señalar, en primer lugar, que el esfuerzo y medios
puestos en funcionamiento, en un corto espacio de tiempo, permitieron la
reposición del servicio en un tiempo homologable al que ante un incidente
de este tipo se ha producido en otros países de nuestro entorno. El
proceso de reposición se llevó a cabo de forma coordinada entre Red
Eléctrica y las empresas que suministran al mercado catalán, de manera
que transcurridas dos horas desde el inicio de la perturbación se había
recuperado el suministro en la mayor parte del mercado afectado.
Permítanme decirles que los mecanismos de información de la
Administración del Estado, del Ministerio de Industria, de Protección
Civil, del Gabinete de Crisis de la Presidencia del Gobierno y de la sala
de emergencia del Consejo de Seguridad Nuclear funcionaron exactamente en
el momento en que tenían que hacerlo y en el momento en que se inició el
incidente.
Con independencia del informe definitivo, que está llevando a cabo la
Delegación del Gobierno en la explotación eléctrica, de acuerdo con sus
propias competencias, los datos disponibles indican lo siguiente. El día
24 de agosto pasado Cataluña estuvo sometida a fuertes tormentas con
importantes precipitaciones y abundantes descargas eléctricas
atmosféricas que después de haber afectado a diversas instalaciones
eléctricas de la red de alta tensión, sin repercusión en la continuidad
del suministro ni en el funcionamiento de las instalaciones afectadas,
acabaron provocando un incendio en un transformador de 220-110
kilovoltios en la subestación de San Andrés. Esta subestación es
propiedad de FECSA e Hidroeléctrica de Cataluña y en ella se produjo la
consiguiente falta eléctrica, es decir, cortocircuito, que al no ser
aislada por las protecciones primarias de dicha subestación, que habían
sido también inutilizadas igualmente por la tormenta y por el incendio,
lo fue, tuvo que serlo, por protecciones de las instalaciones adyacentes
a dicha subestación. Estas protecciones de las instalaciones adyacentes
emplearon un tiempo de 0,89 segundos, superior a las especificaciones
generalmente aceptadas, en efectuar el aislamiento, esto es, en aislar el
incidente, en entrar en funcionamiento, produciendo, no obstante su
entrada en tan cortísimo espacio de tiempo, una desestabilización del
sistema en los parámetros básicos técnicos, lo que llevó a la desconexión
de las centrales nucleares y térmicas en funcionamiento en la zona, al
aislamiento de la misma a nivel de alta tensión y al consiguiente corte
de suministro en una parte importante del mercado catalán.
Descrito de otra manera, si quieren, el mantenimiento del cortocircuito
durante 0,89 segundos provocó una profunda caída de tensión en el sistema
que llegó a ser del 40 por ciento de su valor nominal en la red de 400
kilovoltios próxima al corcocircuito, lo que hizo actuar la protección de
mínima tensión en barras de alimentación de servicios auxiliares de la
central nuclear de Ascó-I y II y de Vandellós-II. Estos Grupos, para
preservar su propia seguridad, iniciaron el proceso irreversible de
parada segura 0,75 segundos después de producido el cortocircuito en modo
de parada lenta. Adicionalmente, los tres grupos de la central térmica de
Teruel también se desacoplaron por la caída de tensión provocada por el
cortocircuito.
La separación de la zona afectada realizada de forma automática por los
sistemas de protección, a los que antes de hecho mención, permitió que
durante todo el incidente las interconexiones con Francia se mantuvieran
en servicio, lo que facilitó, por cierto, la rápida estabilización del
sistema peninsular, no sólo del catalán, por el apoyo dinámico del gran
sistema interconectado europeo y dejó circunscrito el incidente tan sólo
al mercado de Cataluña en los términos de recuperación a los que antes me
he referido.
Naturalmente, analizado esto, me parece que es relevante señalar las vías
y las actuaciones que aún se van a seguir en el intento de evitar, si
fuera posible, el que sucesos como éste pudieran repetirse. Es obvio que
es necesario profundizar permanentemente en los criterios de garantía del
suministro ante perturbaciones excepcionales al sistema derivadas de
fenómenos meteorológicos excepcionalmente graves, como los presentados en
el caso analizado. Para ello se está trabajando con carácter
extraordinario en la revisión del estado de funcionamiento de las
protecciones de la red de la zona en comparación con sus especificaciones
originales, teniendo en cuenta que sus especificaciones son en este
momento muy altas y los criterios de seguridad también son muy exigentes.
También --como no podía ser menos-- se están revisando los criterios de
explotación por si fuera conveniente aplicar alguna medida transitoria
ante este tipo de perturbaciones atmosféricas al sistema eléctrico,
tendentes a aumentar la distancia eléctrica entre las redes de reparto y
distribución del sistema de 400 kilovoltios.
No quiero terminar mi contestación sin decir, señorías, especialmente al
Grupo que se interesaba, como lo ha hecho también en el propio Pleno con
una pregunta parlamentaria, que tenemos la absoluta convicción de que hay
cosas que son susceptibles de mejora, pero que el sistema eléctrico
español tiene un funcionamiento adecuado y efectivo en términos de
incidentes, en términos
de rupturas de suministro, etcétera, con una calidad notablemente
superior en este momento a la media de los países de la Comunidad y,
desde luego, a la media de los países de la OCDE. Por tanto, no debieran
existir dudas sobre la calidad y sobre el nivel de exigencia que tiene
nuestro sistema. Sin perjuicio de eso, cuando se produce un incidente es
necesario adoptar decisiones para tratar de mejorar y tratar de
impedirlo, siempre haciendo la asunción previa de que la seguridad
absoluta tiene un coste simplemente infinanciable.
La siguiente cuestión tiene que ver fundamentalmente...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ministro, me comunica el Grupo que
había realizado esta petición de comparecencia sobre los bienes de equipo
que retiraría esta solicitud (si le parece al señor Ministro y no
interrumpe su exposición; se trata de aligerar los debates de esta
Comisión) y la cambiaría por una pregunta. ¿No es así, señor García
Fonseca?
El señor GARCIA FONSECA: Exactamente; no es que la retiremos porque damos
por solucionado el tema, ni mucho menos, sino porque nos parece que en el
contexto actual, en el que hemos abordado tal cúmulo de problemas, es
preferible tocarlo específicamente en otra ocasión.
El señor PRESIDENTE: Si le parece, señor Ministro, pasamos esto por alto
y continuamos.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Por
supuesto, me parece que esto nos aligera a todos el debate.
La tercera tiene que ver con la entrada en vigor del artículo 71 del Real
Decreto 1075/1986, propuesta del Grupo de Convergència i Unió, y le
quiero decir en ese sentido, muy brevemente, que el nuevo Plan Energético
Nacional 1991-2000, en su apartado cuarto del Capítulo IV incluye, entre
sus líneas de acción para mejorar la calidad del servicio en el
suministro de energía eléctrica, la elaboración de un plan de calidad
global por el Ministerio de Industria y Energía en colaboración con las
comunidades autónomas, al que, por cierto, he hecho referencia, y que
será complementado con la revisión de la normativa actual, tratando de
salvar problemas de aplicación actuales y lograr, entre otras cosas, no
solamente la mejora gradual y progresiva de la calidad de los servicios
en los próximos diez años, sino actuar como un incentivo para la mejora
de la calidad, conseguir una coherencia con el resto de países en cuanto
a la fijación de unas determinadas condiciones de suministro, si bien en
muchos casos en estos otros países no se fijan responsabilidades de
carácter administrativo por la calidad del servicio, el interés de los
aspectos técnicos que supone la medida y la verificación de la energía
entregada y la fijación de especificaciones técnicas de equipos para la
verificación.
Asimismo, y como marco legislativo necesario, cabe citar el proyecto de
ley del sector eléctrico, al que antes he hecho referencia, en el que en
el ámbito de la calidad del servicio tenemos la intención de fijar las
bases para determinar --que es, sin duda, la inquietud del Grupo que
solicitaba la comparecencia-- las posibles responsabilidades de los
distintos aspectos del sistema y de las líneas fundamentales para una
regulación global de la misma.
Pues bien, en este sentido, la intención del Gobierno, en el marco del
plan de calidad y en el marco de la ley de Ordenación del Sector
Eléctrico, es señalar áreas que por sus características aconsejen la
fijación de objetivos diferenciados en materia de calidad. Dentro de ese
marco, avanzar en la posible reducción en la facturación por calidad
inferior a la prevista, potenciar la potestad inspectora de la
Administración e igualmente la obligación de continuidad en el
suministro, salvo causas de fuerza mayor o necesidades de mantenimiento y
reparación debidamente justificadas.
En estos momentos, y de una manera más concreta, no tengo previsiones de
volver a poner en vigor el artículo 71 del Reglamento de Verificaciones,
cuyo ejercicio fue suspendido por un decreto posterior del Gobierno a la
vista de las dificultades que al funcionamiento causaría, y la adopción
de un esquema que, obteniendo o permitiendo garantías no solamente de
ejecución de los contratos con las empresas suministradoras exigibles
ante la jurisdicción competente, sino incluso las medidas de inspección
correspondientes, pueda dar lugar a una regulación y a un avance gradual
en las exigencias de calidad, sin producir los efectos, sin duda alguna
difíciles de controlar en una puesta en marcha indiscriminada, de las
previsiones que el artículo 71 del Reglamento de verificaciones tenía
inicialmente.
Esta es la orientación en la cual se enmarca la posibilidad de que antes
o después, en ese marco y gradualmente, podamos incluso poner en marcha
un sistema que afecte a reducciones en los pagos de la factura eléctrica
ligado al no cumplimiento de determinadas condiciones de calidad, pero no
en el sentido en el que aparecía en el artículo 71 del Reglamento de
Verificaciones hoy suspendido.
Finalmente, la última consideración tiene que ver con los motivos y
criterios que ha seguido el Gobierno para relevar de su cargo al
Presidente de la compañía Iberia. En diversas ocasiones he tenido la
oportunidad de explicarlo, incluso también en contestación a una pregunta
formulada en el Pleno sobre esta misma cuestión. Sin duda alguna, los
cambios que se han producido en la cúpula del grupo de transporte aéreo
de Iberia tienen que ver fundamentalmente con la preocupación que asalta
no solamente a los directivos, a los responsables del INI, sino al propio
Gobierno y al Ministro que les habla en relación con la evolución del
transporte aéreo en el mundo. Ante un problema como el que está teniendo
lugar en el mundo, que no es exclusivamente de estricta gestión, sino que
tiene que ver con la desregulación de los mercados, con empresas mucho
más potentes que Iberia en situación de suspensión de pagos y en otros
casos de pérdidas, con la necesidad de reevaluar toda la estrategia
del grupo en un período en el que las cuentas no han salido como
ciertamente era y sigue siendo deseable, era importante no solamente
hacer frente a problemas de gestión detectados, sino fundamentalmente a
una consideración de futuro de todo el grupo de transporte aéreo público.
El Gobierno y este Ministro tomó la decisión de que por primera vez en la
historia del INI, su propio Presidente y los vicepresidentes del Grupo
Teneo formaran parte del Consejo de Administración de Iberia, no para
asumir --como algunos quizá han publicado-- la gestión directa de Iberia,
sino para poner de manifiesto cuál es el grado de compromiso y de
responsabilidad que el propio accionista tiene con la evolución del grupo
de transporte aéreo, y, dejando la gestión en manos de su primer
ejecutivo, Vicepresidente Consejero-Delegado, recientemente nombrado,
proceder a un análisis y a una reevaluación de toda la estrategia seguida
en el grupo de transporte aéreo, tanto en lo que hace referencia a sus
inversioness en América como a las necesarias y seguras alianzas en el
mercado europeo.
La consecuencia de todo eso ha sido un período en el que este proceso se
está produciendo con nuevas medidas de racionalización de la gestión, de
reducción de gastos y espero que también con una política de ingresos más
productiva que en el pasado, que llevará, sin duda alguna, a medidas de
austeridad, pero tiene fundamentalmente como objetivo y como destino
final saber cuál es la estrategia que es posible practicar desde España
para el mantenimiento de nuestra compañía de bandera, no solamente
limitada a la contención de pérdidas y a la supervivencia, sino a la
garantía de un funcionamiento rentable de la principal empresa de
transporte aéreo de este país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. La duración
imprevista de su intervención me hace pensar que sería conveniente
suspender ahora la sesión por diez minutos, rogando a los señores
portavoces de los distintos grupos parlamentarios que se acerquen para,
en este intervalo, intentar reordenar, conjuntamente con el señor
Ministro, el debate y para hacer posible el respeto que debemos tener
hacia las intervenciones de los distintos grupos. Por tanto, se suspende
la sesión por diez minutos. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, señorías, vamos a reanudar la sesión.
Creo recordar que en el inicio de la comparecencia he mencionado el
nombre de esta Comisión como la Comisión de Industria, Obras Públicas y
Servicios. Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes» del
lunes día 4 la resolución del Pleno del Congreso, aprobada en una sesión
anterior, esta Comisión, desde ayer martes, día 5, se llama la Comisión
de Industria, Energía y Turismo. Por tanto, ruego a los servicios de la
Cámara que tomen buena nota de ello, como yo mismo hago en este momento.
De las conversaciones habidas durante la interrupción de la sesión se
desprende que el señor Ministro podrá continuar su comparecencia --y así
lo hemos decidido los portavoces y la Mesa-- en la sesión de la tarde.
Por tanto, vamos a proceder ahora a la primera intervención de todos los
grupos parlamentarios, de mayor a menor, cerrando el turno el Grupo
parlamentario Socialista, y muy probablemente suspenderíamos la sesión
aproximadamente a las dos, dos y cuarto, para reanudarla por la tarde a
las cuatro y media.
Tal como hemos acordado todos los portavoces, los distintos grupos
parlamentarios pueden dividir su intervención entre varios portavoces.
Rogaría a los portavoces de cada grupo parlamentario que, si fuera su
intención el dividir la intervención entre varios, nos lo comuniquen al
principio de la intervención. De acuerdo con esta ordenación del debate y
para la intervención del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Gámir.
El señor GAMIR CASARES: Sean mis primeras palabras de bienvenida al
Ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en su primera
comparecencia ante esta Comisión.
Quiero decir, de acuerdo con las indicaciones del señor Presidente, que
mi intervención se referirá al tema industrial en general, mientras que
en la parte relacionada con el sector energético, e incluso para dar
respuestas concretas a temas concretos que ha tocado el señor Ministro,
intervendrá el señor Such y el punto concreto de Iberia lo tratará el
señor Peón.
Sin más preámbulos, paso a la exposición de fondo.
Dicho sea sin ninguna acritud --puede que esa frase le suene porque le
gusta pronunciarla a algún compañero importante de su Partido--, creo que
la situación es bastante más dura de lo que ha dicho el señor Ministro,
la realidad de la situación industrial es bastante más dura de lo que
usted nos ha expuesto y la política económica socialista bastante más
negativa para la industria.
Yo he dividido esta primera exposición, aparte del turno de réplica, en
cuatro partes breves: dónde estamos, por qué estamos ahí y, luego, una
referencia especial a las pymes y privatizaciones, antes de las
conclusiones...
¿Dónde estamos? Estamos en que ya conocemos la EPA (encuesta de población
activa) del segundo trimestre de este año y nos dice que, en empleo
industrial, durante un año, se han destruido en España 300.000 empleos
sobre la EPA de un año antes, eso supone más del 10 por ciento de todos
los empleos existentes destruidos en un año. Señor Ministro, usted nos
dirá que durante este año la economía ha sufrido, en general, una crisis.
Es cierto, en la economía, en general, se han destruido un cinco por
ciento de empleos; en la industria, el doble, el 10 por ciento de empleos
destruidos en un año.
Pasemos a hablar del paro. También tenemos los datos del último año según
las EPA, acabando en junio de 1993. Nos encontramos con que en la
economía en general
ha habido un fuerte incremento del paro, hemos pasado de 2,7 millones a
3,4 millones; los famosos 3,4 millones de parados de los que tanto se
habla. Eso ha implicado un incremento del 25 por ciento del paro en un
año, es una cifra impactante. Pero, ¿qué ha pasado en la industria? En la
industria, en un año, el incremento del paro ha sido del 50 por ciento,
el doble que en la economía en general.
Señor Ministro, me podría usted decir que éstos son datos del último año.
No vamos a analizar aquí la situación de todo el decenio socialista en
política industrial, aunque en las sucesivas réplicas acabaremos
haciéndolo, como es lógico. Avancemos otro dato más sobre el empleo:
entre el año 1982 y la actualidad, en estos once años, ustedes dicen, con
razón, que en España, en toda la economía, se han creado 1.200.000
puestos de trabajo; yo creo que, aproximadamente, un millón. En este
período, la población activa se incrementó en 2,2 millones. ¿Qué ha
resultado? Que el paro, bajo mandato socialista, se ha incrementado en,
aproximadamente, 1,2 millones de parados. En todo caso, en la economía en
general, usted tiene el argumento de decir que se ha creado empleo. Mucho
menos del necesario, señor Ministro, la mitad del necesario. Hay más de
un millón de parados más que en 1982, pero, por lo menos, en la economía
en general se ha creado empleo, hasta un millón de personas más
empleadas. Pero, ¿qué ha pasado en el sector industrial? Pues en el
sector industrial, en el período socialista, se ha destruido empleo. No
solamente ha aumentado el paro, sino que se ha destruido empleo,
exactamente, 200.000 puestos de trabajo según muestra la EPA de este
período.
Señor Ministro, cuando se habla de desindustrialización se habla desde el
empleo y yo le remito al interesante trabajo al respecto de que hay que
hablar del empleo cuando se habla de desindustrialización, del profesor
Cuadrado Roura, que, por cierto, fue secretario general técnico con un
ministro socialista, o al más reciente trabajo al respecto de Clemente de
Ríos, que lo hace desde FIE, la organización que dirige Fuentes Quintana.
Podemos, luego, profundizar más al respecto, pero, dicho sea siempre sin
acritud, ¿a usted le parece que el Partido Socialista Obrero Español ha
sido muy útil a los obreros industriales españoles, al menos en cuestión
de empleo, especialmente en este último año e incluso desde que está en
el Gobierno? Esta es la situación en la que estamos en su mejor
indicador. Si quiere, luego hablamos también de otros indicadores de la
industria.
¿Por qué estamos así? Por la política industrial existente. O por la
carencia de política industrial existente, o por la política, fuera de la
industrial, que ha sido mucho más importante que la industrial, que ha
tenido lugar en estos once años.
La siguiente nota la digo sin ninguna connotación personal, en el plano
estrictamente político, porque, además, a algunas de las personas de las
que voy a hablar, las conozco bastante; incluso, de alguno me podría
considerar amigo. Hay un dato político, estrictamente político, que es el
siguiente: los ministros de industria en la época de gobierno socialista
no han tenido mucho peso político. Excepto quizás al principio de la
época Solchaga, pero tendríamos mucho que hablar de lo negativa que
resultó la reconversión que empezó Solchaga en aquella época. Sin ningún
componente personal tengo que decir que eso ha influido en que, al final,
la gran política económica no haya tenido muy en cuenta los problemas de
la industria. Ese ha sido uno de los problemas.
La política económica en general ha sido antiindustrial y ha pesado mucho
más esa gran política económica general que los programas concretos del
Ministerio de Industria. Aquí lo micro, lo vertical, lo sectorial y lo
oblicuo --como el señor Ministro quiera--, ha tenido muchísimo menos peso
que, por ejemplo, una política de sobrevaloración del tipo de cambio
durante la mayoría del decenio socialista, que ha sido tremendamente
eficaz para desindustrializar este país. Tiene también un estudio de otra
persona cercana a su partido, Aurelio Martínez, que es Consejero de
Economía en la Generalitat de Valencia, que tiene un magnífico estudio
sobre los impactos negativos sobre las poblaciones industriales de los
movimientos del tipo de cambio.
Es cierto que el habérsenos obligado a devaluar tres veces, más la
profunda recesión industrial, ha mejorado la balanza comercial en grandes
cifras en 1985. En 1985 teníamos un superávit en la balanza industrial de
200 millones, en 1991 pasamos a un déficit de 2,7 billones --el déficit
anual estará ahora por el billón--, pero, ¿qué pasaría si la economía
española empezara a resurgir? Porque esto se debe, no solamente a que nos
hayan obligado a devaluar tres veces, en una operación casi de libro de
Guiness, sino, además, a la recesión española que frena importaciones y
fuerza exportaciones. Sin duda, la política de sobrevaloración ha sido
una eficaz política de desindustrialización, como lo ha sido la política
de déficit público.
Usted me dirá que su Ministerio no tiene mucho que ver con el déficit
público. Es cierto, el 0,7 por ciento del total de los presupuestos de su
Ministerio, pero la política de su Gobierno sí tiene mucho que ver con
este salto cuántico --ahora que está tan de moda esa expresión-- que se
da en déficit público, precisamente el que nos anuncian para 1993 y el
posible de 1994. Para financiarlo es difícil bajar más los tipos de
interés.
El diferencial de tipos de interés, más que su reducción, ha sido otro
eficaz elemento de desindustrialización de este país. ¿Por qué el
diferencial? Porque aquí lo que importa son los costes financieros
comparativos. La industria exporta o compite con importaciones; es el
sector típico de bienes comercializables, y esos diferenciales en costes
financieros les afectan más que a otros sectores. La política
fiscal-financiera de sus gobiernos socialistas ha ayudado mucho a lo que
ha ocurrido, a los resultados de la industria y del empleo industrial
antes citado.
Pasemos a la política fiscal. Lo que se llama fiscalidad empresarial en
la terminología de los hacendistas, que abarcan no solamente los
impuestos estrictos sobre las empresas, sino las cuotas empresariales de
la Seguridad Social, la suma de todo ello, hace que nuestra fiscalidad
empresarial sea claramente superior a la media europea.
Como todos sabemos, además, lo que ocurre con las cuotas empresariales de
la Seguridad Social no hay duda de que ése ha sido otro elemento que ha
disminuido claramente la competitividad de nuestras empresas industriales
internacionalmente, aparte de sus efectos negativos sobre el paro como
impuesto directo sobre la utilización de ese factor de producción.
Sobre la política energética va a hablar mi compañero el señor Such.
Solamente quería indicar que no hay duda de que algunos privilegios como
los de Endesa (por cierto, hay unas declaraciones suyas, señor Ministro,
ayer en un conocido periódico en las que habla, parece ser, de alguna
eliminación de esos privilegios, luego lo veremos en su turno y en el de
réplica) han encarecido los costes energéticos para la industria
española.
Nuestras relaciones laborales son diferentes --no profundicemos más en
este tema--, y esa diferencia también se nota a la hora de la
competencia. Nuestra tasa diferencial de inflación (¡cuidado con la
expresión que utilizo!), desde 1982 a la actualidad, se ha incrementado
con relación al Mercado Común y a la OCDE, y eso hace también menos
competitivos a sectores como la industria, siempre abiertos al exterior.
En resumen, en los últimos años los precios en fábrica, los productos
industriales, se han podido elevar en 1,5 o el dos por ciento, mientras
que los costes laborales se elevaban al siete por ciento y los servicios
que compraba la industria elevaban sus precios más del diez por ciento al
año porque el Gobierno socialista no era capaz de hacer una política de
incremento de la competencia de reformas estructurales en estos sectores
que sufrían menos la competencia o que tenían menos competencia exterior
y que elevaban sus precios más claramente. Esa era una economía dual en
la que la gran perjudicada ha sido la industria.
En cuanto a las políticas de otros departamentos, completamente de
acuerdo. La suma de la política económica del Gobierno que ha tenido
efectos claramente desindustrializadores, ha sido lo importante. Eso es
mucho más relevante que los programas que se han podido realizar desde su
Ministerio, no solamente en éste, sino también en otros años. Yo los he
calificado de tristes, de continuistas o a la baja.
Según el documento que presenta el Ministerio de Economía y Hacienda,
titulado «Presentación del proyecto de Presupuestos Generales para el año
1994», los presupuestos de Industria crecen el 1,3 por ciento. Lo digo
porque hay una cierta discrepancia con la cifra que usted ha dado. Sé a
qué se refiere, en el turno de réplica comentaremos por qué esa
diferencia. Sin duda, ese 1,3 por ciento implicaría una caída en términos
reales, dado que nos encontramos con una inflación prevista, y hablo del
PIB, del 3,4 por ciento. Si hablara, como es lógico, del precio pro
consumo, hablaría del IPC y citaría el 3,5 por ciento. Además, el año
pasado, sobre el año anterior, también habían caídos esos presupuestos,
según el mismo documento. Luego, nos encontramos con un sector con esa
crisis, con ese fortísimo incremento en paro, con esa fortísima caída del
empleo y, a pesar de ello, los presupuestos específicos caen en términos
reales e incluso nominales. Pero ya no es que caigan, es que parece ser
que no se cumplen, según sus datos del 30 de junio de 1993.
Usted habla mucho de la importancia de la investigación y desarrollo y de
la calidad. Para los programas al respecto a esa fecha, según sus datos,
no se había comprometido ninguna cantidad. Se ha hablado mucho de la
competitividad de la empresa industrial, y en el programa de
transferencias de capital hay previstos más de once mil millones de
pesetas. Se ha comprometido en esa fecha el uno por ciento. ¿No era tan
importante la competitividad para mejorar la industria en nuestro país,
señor Ministro?
No sé si ustedes han dicho alguna vez que la mejor política industrial es
la que no existe. Nunca nos hemos puesto de acuerdo. Dicen que el
anterior Ministro no lo dijo, que lo dijo el señor Solchaga. Da igual. Ha
habido una política industrial, desde fuera del Ministerio de Industria,
tremendamente eficaz; ha existido y ha servido para desindustrializar
este país. Luego, ha habido unos programas que no han servido, ni mucho
menos, para frenar ese manantial, esa riada del resto de las políticas,
con esos intentos micro bastante desvaídos de lo que se ha hecho en las
políticas, fundamentalmente hasta ahora denominadas horizontales.
Insisto, que no parezca que empresarios, obreros y ocupados industriales
puedan estar muy satisfechos de la política económica general socialista
sobre la industria.
Paso al tercer tema en el que usted apunta una idea muy breve sobre la
desindustrialización desde el punto de vista del empleo y algo sobre las
causas, que es toda la política económica socialista. Pasaré a referirme
a dos materias concretas en este turno: la pequeña y mediana empresa y
las privatizaciones.
Sobre las pyme hay una ley para las sociedades de garantías recíprocas a
la que nuestro Grupo y otros hemos presentado una serie de enmiendas.
Esperemos que se acepten, que la mejoren y que la hagan realmente eficaz.
Es cierto también que hay unos programas. Incluso ustedes anuncian un
incremento del 17 por ciento de los presupuestos para las pyme para este
año. Las cantidades absolutas, en todo caso, no son muy grandes porque
estamos hablando del 0,7 por ciento para todos los presupuestos de
Industria en un sector, que es cierto que ha ido cayendo, que ha
implicado del 30 al 22 por ciento del producto interior bruto, y sin
embargo, su presupuesto es del 0,7 por ciento de los gastos totales del
Estado. Luego, no estamos hablando de grandes cantidades cuando nos
referimos a incrementos del 17 por ciento.
Usted nos ha citado una lista de políticas concretas, puntuales, micro
sobre las pyme. Muchas de ellas se ponen en práctica si las ponen en
práctica... Perdón, es que las hemos oído otras veces y en el lenguaje de
los hechos, no se han cumplido. Tendremos que estar de acuerdo con
algunas de ellas porque provienen de lo que ha planteado el Partido
Popular como política de la pequeña y mediana empresa; provienen de la
moción a la que ustedes votaron en contra el otro día en el Pleno y ahora
vemos
recogidas aquí algunas de aquellas ideas; provienen --y hablaré más tarde
de este tema-- del Libro Blanco que ha realizado el Partido Popular sobre
los problemas de la pequeña y mediana empresa y sobre las medidas
concretas que se pueden adoptar al respecto.
Quede claro que no es así. Si la política macro va contra la pequeña y
mediana empresa --en eso insistimos nosotros mucho en nuestro Libro
Blanco--, no sirven estas medidas puntuales. Si la política de tipos de
interés es la que es, la gran perjudicada es la pequeña y mediana
empresa, porque no tiene capacidad para hacer emisiones en bolsa o de
emitir pagarés u otros medios internacionales, porque negocia mucho peor
que los departamentos financieros de las grandes empresas cuando bajan
los tipos de interés y, como tal, sus costes financieros son mucho más
altos, y porque le impacta mucho más competitivamente de manera negativa
la política de altos tipos de interés que han realizado ustedes, los
gobiernos socialistas.
Pero hay más: dónde están las políticas de reconversión de las pequeñas y
medianas empresas, que se ha efectuado de forma salvaje del mercado,
cuando se han dedicado ciertas cantidades, eficazmente o no --ya lo
hablaremos--, a sectores con empresas de otro tamaño. Hay que pensar, por
ejemplo, que la mejor forma de ayudar a la pequeña y mediana empresa es
quitarle los desincentivos. Fiscalmente, el problema es el modulaje, el
IAE; ésos son los problemas de las pequeñas y medianas empresas. Ahora
anuncian que rectifican. Veremos cómo. Esas son auténticas políticas
antiindustriales de la pequeña y mediana empresa. ¡Qué decir de las
subidas que ustedes han realizado en las cuotas de la Seguridad Social!
Usted conoce muy bien, señor Ministro, que, por peseta producida, la
pequeña y mediana empresa utiliza más trabajadores que la gran empresa.
Luego, la política de financiación de la Seguridad Social que ustedes han
realizado, sin duda, es una política que discrimina a la pequeña y
mediana empresa. Quiten todos los desincentivos y ya verán cómo dejan que
por sí misma la pequeña y mediana empresa florezca más. Añádanles como
compensación ayudas fiscales, financieras, de Seguridad Social, etcétera.
Estamos de acuerdo al respecto.
Paso al último tema relativo a las privatizaciones. Reconozco que, si no
fuera peligroso, me parecería --perdón por la expresión, lo digo sin
ninguna acritud, como siempre-- un poco kafkiano la lista de
declaraciones de ministros y altos cargos socialistas, recientes, sobre
lo que hay que hacer en lo que se refiere a privatizaciones. ¿Me permite
algunas perlas de esas declaraciones? Algunas son curiosas, casi
divertidas. Hace poco tiempo el señor Aranzadi decía: «No hay más de
cinco empresas públicas justificables, las demás pueden ser
privatizadas.» Esto decía el señor Aranzadi hace poco tiempo. Ayer, no
más lejos que ayer, el número no es cinco, sino cuatro. El actual
Ministro de Industria decía: «Empresas privatizables en el ámbito público
hay cuatro.» Es totalmente lo contrario. Uno dice que no deben quedar más
que cinco, otro dice que se pueden privatizar cuatro. Ha cambiado el
Ministro pero, que yo sepa, el vicepresidente es el mismo, el Presidente
del Gobierno es el mismo, hay una continuidad y, sin embargo, el cambio
es tan espectacular como que hacen coincidir la cifra pero al revés.
Usted dice que no ha venido a este Ministerio a privatizar. Sólo dice que
destinará 200.000 ó 100.000 millones para privatizaciones. Antes del
verano Solchaga habló --aquí está el recorte de prensa-- de quinientos
mil. Sin embargo, Borrell habla de 400.000 ó 500.000, y dice que
privatizar es vender las joyas de la abuela y que luego aumenta el
déficit; muy coherente con Solbes y Borrell. Rubalcaba: «Las
privatizaciones no son un problema ideológico; no lo son, en absoluto.
Fuera ideologías.» Tezanos y otra serie de algos cargos socialistas: «En
el rearme ideológico socialista es fundamental la empresa pública.»
Seamos sinceros: han podido acortarse las diferencias de ideologías, pero
decir que en el problema del sector público y del sector privado no hay
una parte ideológica, habrá elementos de eficacia, de déficit, etcétera,
pero decir que no hay una parte ideológica es relativamente discutible en
este campo. Como es lógico, se pueden hacer privatizaciones por razones
no ideológicas, y puede haberse disminuido el abanico, pero entre ustedes
mismos dicen lo contrario en este punto. Me preocupan un poco más las
declaraciones del señor Solchaga...
El señor PRESIDENTE: Señor Gámir, le ruego que vaya concluyendo. Su
señoría ha consumido ya mucho tiempo.
El señor GAMIR CASARES: Me preocupan un poco más las declaraciones del
señor Solchaga y del señor Eguiagaray: «No hay que privatizar Endesa
porque sus beneficios permiten cubrir las pérdidas de otras empresas del
INI.»
¡Vamos a ver! Endesa tiene una serie de privilegios. Con los privilegios
de Endesa se cubren las pérdidas de otras empresas del INI. ¿Por qué no
hacemos cuentas sanas y transparentes? ¿Por qué no discutimos si Endesa
debe seguir así o no? Hay mucho que discutir allí. Luego, si hay otras
empresas que son ineficaces y tienen que privatizarse o que gestionarse
mejor, que se haga así. No ocultemos bajo el superávit de una empresa con
privilegios los problemas que tienen otras empresas públicas.
Por indicación del señor Presidente dejo para el turno de réplica exponer
cuál es el planteamiento del Partido Popular, muy distinto y con rumbo
claro, porque en este punto podemos aplicar la frase famosa de que no hay
viento favorable cuando no se conoce el rumbo, y no hay rumbo claro en
las declaraciones de los ministros del Gobierno socialista sobre política
de privatizaciones. Dejo el contrapunto lógico para el siguiente turno
que consistiría en plantear la política del Partido Popular sobre
privatizaciones.
Permítaseme acabar diciendo que, en resumen, exiten dos políticas: una es
la desindustrialización, sobre todo, desde el empleo, impulsada en parte
por toda la política económica, especialmente por la macro, y en parte
resignada, que es la que viene aplicando el Gobierno socialista;
y una política activa de reindustrialización competitiva, de apoyo a los
sectores industriales que se ayuden a sí mismos a ser competitivos, de
apoyo al que se ayude a sí mismo --en el turno de réplica hablaremos de
si de una manera oblicua, sectorial u horizontalmente--, al mismo tiempo
que se pone en práctica una política clara en cuanto al sector privado y
al sector público, y una política de fuerte apoyo a las pymes, que es
fundamental, porque son las grandes creadoras de empleo en este país y
hemos visto que el primer y gran problema de la industria en nuestro país
es el paro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Such por el mismo Grupo
Parlamentario.
El señor SUCH PEREZ: Señorías, señor Ministro, no les oculto hoy que en
mí existe una cierta frustración, porque cuando el señor Ministro ha
entrado a explicar las grandes líneas maestras de la política energética,
yo le diría que, a tenor de lo que usted ha manifestado aquí, es
tremendamente difícil y complicado poder disentir de usted. Usted ha
hablado de que hay que minimizar costes, usted ha hablado de que hay que
dar eficacia a la producción, usted ha hablado de calidad del producto,
usted ha hablado de acuerdos... Lo que ha hecho usted hoy ha sido soltar
unas pinceladas, unas grandes líneas en cuyos objetivos y en lo
fundamental estamos de acuerdo, pero mi nivel de frustración hubiera sido
menor si usted hubiera dicho cómo se puede hacer eso. Indudablemente, hay
cosas en las cuales podemos disentir.
Yo me he tomado la molestia de asistir a las diversas comparecencias de
varios ministros en esta Cámara y todos, absolutamente todos, coinciden
en que en cualquier índice que utilicen, siempre estamos mejor que en el
resto de los países de Europa. Usted lo ha vuelto a hacer aquí, hoy. Eso
como mensaje publicitario, de cara a la opinión pública, me parece bien.
Ustedes lo hacen porque creen que así pueden convencer a más gente, pero
cuando uno reúne lo que todos los ministros dicen y lo compara con la
realidad, evidentemente las cosas son muy diferentes. Si eso que ustedes
dicen fuera verdad, indudablemente el nivel de paro en este país sería
más bajo que el de la media comunitaria, y usted sabe, señor Ministro,
que eso no es así. Si eso que ustedes dicen fuera verdad, nos podrían
presentar algún documento que fuese un «ranking» de competitividad y,
coja el que coja, usted verá que España está situada entre los últimos
países.
¿Qué es lo que, a mi modo de entender, han hecho ustedes? Me da la
impresión de que usted en concreto ha elegido un camino que,
evidentemente, no comparto. Parafraseando a un personaje muy importante
de la realidad española hoy, como es Steve Urkle, que en uno de sus
comentarios decía: «Evidentemente, para tocar las estrellas todos sabemos
que es imposible, pero vamos a intentarlo», ese camino es muy complicado
porque, si bien hoy puede decirnos determinadas cosas, me da la impresión
de que a medio plazo eso se va a volver contra usted.
Habla del desarrollo normativo que pretende presentar a esta Cámara, pero
no nos explica cuándo, ni en qué plazo lo va a hacer, solamente indica un
plazo si no recuerdo mal, pero pasa por encima del asunto y no menciona
cuál es el grado de cumplimiento que pretende llevar a cabo. La realidad
es mucho más dura. Usted ha planteado una política energética idílica y
ha señalado lo que piensa hacer en un futuro y, sin embargo, cuando uno
va a ver las cosas que ocurren en este país se encuentra con el triste
suceso del 24 de agosto en Cataluña, en donde el 80 por ciento de la
población catalana se queda sin luz y eso afecta aproximadamente a cinco
millones de usuarios. Aquí hay todo un cruce de acusaciones respecto a
quién es el responsable. Unos podrán estar más de acuerdo en una parte,
otros podrán estar más de acuerdo en otra, en si son las compañías
distribuidoras catalanas o si, por el contrario, esa responsabilidad es
mayor en la compañía pública Red Eléctrica española.
Quizá lo más llamativo de este caso --me gustaría que, a ser posible, nos
pudiera contestar-- es que mientras que la red eléctrica invierte miles
de millones de pesetas para telemandar las subestaciones y líneas, sin
embargo, el Cerex, Centro Regional de Explotación, parece ser que sólo
dispone de un equipo autónomo de 15 minutos.
Señor Ministro, ¿cómo nos puede explicar que una empresa pública como
ésta, que pasa de 90 a 1.005 trabajadores en los últimos años, que en
1992 es cierto que se han invertido más de 22.000 millones de pesetas, y
que además presenta unos beneficios de aproximadamente 9.000 millones,
quiera ahorrarse un generador autónomo que aproximadamente vale unos seis
millones de pesetas? ¿Cómo explican ustedes que no hayan actualizado, a
lo largo de los once años de Gobierno socialista, la documentación de las
guías de operación en emergencia elaboradas en 1993? ¿Cómo explican que
no hayan actualizado el Plan de formación de los operarios?
Además, hay un hecho que desde nuestro punto de vista también es bastante
o más importante, y es que, como usted bien sabe, en la zona en donde se
produjo el incidente hay alguna central nuclear. Evidentemente, en caso
de emergencia y de necesaria evacuación también sabe que hay dos
instrumentos fundamentales: por un lado, la radio y, por otra parte, los
trenes. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué hubiera ocurrido si en esos
mismos momentos, debido a la inclemencia del tiempo --no tiene usted la
culpa de eso, señor Ministro-- hubiera afectado además a cualquier
central nuclear? ¿Cómo se hubiera podido llevar adelante el plan de
evacuación necesario y urgente?
Señor Ministro, yo acabo diciéndole lo de ese famoso personaje que antes
he citado: vamos a intentarlo, y espero que a lo largo de sus distintas
comparecencias en esta Comisión podamos ir aclarando cosas, podamos ir
convergiendo en lo que sea posible convergir y tengamos que divergir en
lo que no haya más remedio que divergir, pero siempre poniendo por
delante los intereses de este país.
El señor PRESIDENTE: Para completar el turno del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, quiero
expresar la posición de nuestro Grupo en cuanto a la explicación dada por
el señor Ministro sobre los criterios que se han tenido en cuenta por el
Gobierno para proceder al cese del señor Aguiló, ex-presidente de Iberia.
Como bien ha dicho el Ministro hace un momento, ha tenido varias
oportunidades de explicar las auténticas razones de dicho cese. Es cierto
que las ha tenido hace muy poco tiempo en un Pleno parlamentario el día
15 de noviembre. Pero, la verdad, no acabo de escuchar, realmente, de
boca del señor Ministro las razones que han existido para tal decisión
gubernamental. Porque hoy mismo se hablaba de evolución del transporte
aéreo europeo en general como una de las causas, y resulta curioso,
porque, en cualquier caso, si de algo fuera responsable el señor Aguiló
sería de la evolución del sector aeronáutico español, no de lo que ocurre
en el resto de Europa.
En el Pleno que he citado anteriormente se hablaba también de otro tipo
de causas, hablando de las razones de oportunidad que han tenido a bien
considerar los accionistas, cuando, curiosamente, como todo el mundo
sabe, es el Instituto Nacional de Industria el accionista de la sociedad.
En definitiva, se habla de razones de reorientación de la gestión, de que
las cuentas no han salido como esperaban, pero, en el fondo, quizá lo que
el Gobierno no quiere reconocer, señor Ministro, es que ha existido un
fracaso total en la gestión del Grupo Iberia. Y quizás es un poco la
cantinela habitual del Gobierno en la que, amparándose en el contexto de
crisis europea, busca la justificación a lo que son errores propios de
gestión en lo que a nosotros nos corresponde actuar como país.
La crisis no ha surgido de la noche a la mañana. Ya desde hace mucho
tiempo nuestro Grupo viene demandando el cese del señor Aguiló al frente
de los destinos de Iberia porque era pública y notoria la falta de
acierto con la que estaba rigiendo dichos destinos, y, reiteradamente, el
Gobierno se ha resistido a tomar dicha decisión.
En cuanto a la gestión concreta de Iberia, han sido muchos los ejemplos
de mala gestión que se han dado en estos últimos años. Incluso podríamos
partir de lo que --dicho con todo el respeto-- se podría considerar como
un voluntarismo casi pueril en la política de gestión llevada a cabo como
una expansión, bajo el pretexto de la modernización, que no era la más
adecuada para los tiempos de crisis y de contracción de la demanda que se
han vivido estos años en el mercado aeronáutico europeo.
Pero hay otras cuestiones que en estos días están siendo objeto de
interés en los medios de comunicación, como es el desacierto que ha
constituido el establecimiento de un centro de operaciones en Miami, que
ahora se anuncia que va a procederse a su cierre, con un costo en año y
medio de 2.500 millones de pesetas que se han tirado a la basura.
¿Qué pasa con el parque aeronáutico que se dice que está en este momento
fuera de uso porque es demasiado caro, porque consumo demasiado, como es
el caso de los Airbus o del avión A-300? ¿Qué es lo que pasa ahora con
los anuncios de que se va a proceder a vender parte de la flota o a
alquilarla, por otra parte, sin comprometerse a cancelar pedidos ya
realizados de nuevos aviones para la flota? ¿Qué es lo que pasa también
con los contratos blindados, y en qué medida van a encarecer procesos de
reorientación de la gestión, como usted mismo ha dicho, señor Ministro?
En definitiva, la prueba más evidente de lo que ha sido un fracaso de
gestión propio, que no tiene que ver con la crisis general que existe en
el mercado aeronáutico, sino un fracaso, repito, de gestión propio, está
en la última llamada de atención de la Comisión Europea sobre la falta de
cumplimiento del Plan estratégico y con la advertencia de que si no se
modifica convenientemente será necesario devolver 120.000 millones de
pesetas a las instituciones comunitarias.
En resumen, los resultados están a la vista. Treinta y cuatro mil
millones de pesetas de pérdidas en 1992 y las mismas se aventuran para el
año 1993. Entonces, la pregunta quizá no sea tanto por qué o cuáles han
sido los motivos que han llevado al cese del señor Aguiló, sino por qué
no se ha hecho antes.
Ahora nos anuncia --lo ha tocado someramente en su intervención inicial--
nuevos planes de reestructuración, nuevos planes estratégicos en I+D,
etcétera, para el sector aeronáutico, pero ¿por qué no se ha hecho antes?
¿Por qué se ha esperado tanto tiempo?
Nosotros creemos que les ha ocurrido lo de siempre. En la cuestión del
señor Aguiló no han mirado tanto los intereses de eficacia de Iberia, del
servicio a los intereses generales, sino problemas de poder político
dentro de su propio partido, y además ha sido público y notorio, señor
Ministro, el enfrentamiento entre el Presidente del INI y el Presidente
de Iberia, que, al final, por la propia presión incluso de lo que han
sido los números de la empresa y la propia presión de la Comisión Europea
han tenido que dar su brazo a torcer.
Nosotros solamente lamentamos --lo lamentamos de corazón-- que hayan
perdido tres años para comenzar ese proceso de reestructuración y que
haya sido a costa de miles de millones de pesetas para los
contribuyentes.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Manuel García
Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, quiero agradecer, aunque sólo
sea por cortesía parlamentaria, la comparecencia del señor Ministro, pero
quiero agradecérsela por algo más, no sé si mucho, que por simple
cortesía parlamentaria, y es por oír, al menos, un lenguaje relativamente
más tranquilo, relativamente más racional, y, al menos, eludir algunas de
las cosas que en esta Comisión tuvimos que soportar de anteriores
representantes de Gobierno o titulares de la cartera de la que usted se
ocupa hoy.
Quiero señalar, en esta misma línea, algunas de las consideraciones
positivas que me merece su larga explicación, por otra parte normal.
Señalo simplemente algunas. Me parece positivo que usted hable, aunque
sea con una frase simpática, digamos, de políticas oblicuas, que no
excluya explícitamente las políticas sectoriales, ni mucho menos las haga
patrimonio y patente del señor López Rodó, como en otras ocasiones se nos
dijo aquí por el anterior Ministro. Me parece interesante el énfasis que
usted hace en la política industrial activa; ha intentado señalar una
serie de líneas de actuación en ese sentido. Me parece interesante
también que usted tome, como uno de los criterios prioritarios de su
política, el diálogo con los agentes sociales. Me parece interesante,
fundamentalmente por lo insólito, que usted haya hecho algunas
consideraciones sobre el sector público en general y la empresa pública
industrial en particular; insólito, porque lo que hemos oído en esta
Comisión y en esta Cámara al respecto ha sido nada o realmente cosas
esperpénticas.
Yendo ya a un análisis de lo que me parece más importante y crítico de su
exposición, le diría que, en primer lugar, y no es un tema menor,
diferimos en el diagnóstico, y esto nos parece una cuestión clave. Que
usted empiece dando una serie de datos, y haga una calificación general
de la situación de nuestra industria y de la política industrial, que
sólo le han merecido el calificativo de difícil, no más allá, y luego dé
un diagnóstico tan esquemático y tan superficial, así como tan falseado,
es, repito, insólito.
Usted atribuye las causas de la crisis fundamentalmente a dos: la
consabida, la tan traída de la situación internacional, y la no menos
consabida o repetida por ustedes, como causa ya específica nuestra, de
los costes salariales. Incluso usted ha dicho literalmente en este
sentido que el incremento de los costes salariales ha sido en nuestro
país superior al incremento de la productividad y superior también al
incremento de los costes salariales en los países de nuestro entorno.
Señor Ministro, esto es falso, radicalmente falso.
Ustedes juegan, además, de manera fraudulenta con la estadística porque
hacen un pequeño truco, pero realmente es inadmisible en esta Cámara, y
por parte de nuestro Grupo se ha denunciado ya en reiteradas ocasiones.
Ustedes no tienen en cuenta la inflación; lea usted --supongo que el
dato, en todo caso, lo conocerá, y ha dicho que le interesa--, por
ejemplo, el número 50 de «Economía Europea», que ha sido citado en muchos
artículos de opinión en la prensa de este país, donde dice que el costo
unitario real, teniendo en cuenta la subida de la inflación, si en España
estaba en el año 1980 en cien, está ahora en 80, y muy por debajo de los
costes salariales unitarios reales de los países de nuestro entorno, muy
por debajo, repito. Esta es una estadística absolutamente cierta, en la
medida en que una estadística lo sea; en todo caso, es oficial y
absolutamete clara, señor Ministro.
Aun reconociendo, y lo he dicho al principio de mi intervención, aspectos
que me parecen positivos, al menos en cuanto a darle un cierto margen de
esperanza a su discurso, tengo que decirle que me cuesta muchísimo
trabajo admitírselo como creíble por muchas razones, entre otras porque
si usted no empieza reconociendo los errores, tanto de la política
industrial seguida hasta ahora en nuestro país cuanto del conjunto de la
política económica que ha incidido de forma extremadamente grave en la
crisis de los sectores productivos como una especie de círculo, no sé si
llamarlo valleinclanesco o kafkiano; si usted no empieza, insisto,
reconociendo esos errores, se sacrifican los sectores productivos a las
políticas macroeconómicas, fundamentalmente monetarias, y resulta que
luego nos encontramos con que la crisis de estos sectores productivos, a
su vez incide negativamente en estas políticas macroeconómicas.
De todas formas, no voy a insistir en ello. Simplemente no quería empezar
a hablar de los temas que más directamente me interesa abordar sin hacer
algunas consideraciones de tipo general a su intervención, aunque sean
tan breves como las que he hecho.
Nuestro diagnóstico es radicalmente distinto. Estamos en una crisis
estructural, señor Ministro. El señor Aranzadi ya nos decía hace tres
años que era una crisis coyuntural y pasajera, y, por supuesto, una
crisis casi importada de la coyuntura internacional. Creo que es obvio
que nuestro tejido productivo, y nuestro tejido industrial en particular,
atraviesa por una crisis estructural gravísima, que tiene características
y causas específicas.
Aquí se ha hecho una política industrial consistente, de forma
fundamental, en una política de reconversión. Creo que la prueba más
palmaria del fracaso de esta política industrial reconversora es que
ninguno de los sectores que han sufrido una drástica reconversión, a
veces dramática, hoy se encuentran en situación de competitividad y todos
ellos sufren otra vez nuevos planes de reconversión, todos. Díganos usted
qué sectores industriales en nuestro país están realmente en una
situación de poder afrontar el reto del mercado único; díganos usted del
textil, del naval, del sector químico, del sector de fertilizantes, de la
siderurgia, del cemento, del automóvil. Por cierto, señor Ministro, una
de las lagunas más importantes que encontré en su exposición es que no
haya hecho absolutamente ninguna alusión al tema SEAT. Supongo y espero
que esto sea porque es de tal envergadura que usted piense comparecer de
forma monográfica sobre el mismo ante esta Comisión o ante esta Cámara.
Si así fuera, mi Grupo no entrará en ese asunto, porque efectivamente nos
parecería casi un poco frívolo abordarlo en este contexto donde hay
tantas cuestiones que se han puesto sobre la mesa por usted.
En todo caso, quiero recordar que mi Grupo ha pedido ya su comparecencia
ante esta Comisión lo más urgente posible para abordar específicamente
este tema, y también el plan de la siderurgia integral, sobre el cual,
sin embargo, hoy ha dicho algunas cosas, obviamente muy ligeras, en el
contexto en que se estaba moviendo la intervención.
Voy a referirme, fundamentalmente, señor Ministro --y entro ya en la
parte sustantiva de mi intervención-- a dos aspectos fundamentales: el de
la política de I+D, de
investigación y desarrollo, y el del sector público y la empresa pública.
Voy a referirme a ellos por dos razones. Una, porque me parecen dos
cuestiones de evidente importancia y, dos, porque son dos ámbitos en los
cuales hay más posibilidades de aplicar alguna política activa del
Gobierno sobre los mismos.
Señor Ministro, mi Grupo tiene que diferir de la conclusión final, aunque
no de algunos datos que usted saca sobre la política de I+D, que lo
resumiría en una de sus frases, que creo que he copiado literalmente:
hemos recuperado una parte de nuestro distanciamiento con Europa.
Señor Ministro, es cierto que desde el Plan Nacional de Investigación, y
desde la Ley de la Ciencia anterior, se ha hecho un esfuerzo
presupuestario importante. No son menos ciertas dos cosas. La primera se
la digo casi con palabras literales del estudio dirigido por don Miguel
Angel Quintanilla, que supongo que ustedes conocen, donde incluso recurre
a la comparación, a la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas,
que por mucho que corría, sin embargo no se movía del sitio. Señor
Ministro, esto lo escribía Miguel Angel Quintanilla en un estudio
realmente serio e importante, oficial además, hace tres años. Diría otra
cosa muy distinta y mucho más grave si se hubiera tenido en cuenta la
evolución de los presupuestos dedicados a I+D en estos tres últimos años,
donde ha habido una auténtica caída en picado del gasto público en
investigación y desarrollo en nuestro país.
Señor Ministro, en los Presupuestos de 1993 se bajó el gasto público en
un 15 por ciento en términos reales en I+D. Lo que yo sé de los
Presupuestos de 1994 es que incrementa un dos por ciento nominal, lo cual
supone un menos cuatro por ciento en términos reales, y esto coincidiendo
con dos cosas: por un lado, con la crisis industrial más grave que ha
atravesado nuestro país en las últimas décadas y, por otro lado, con una
política industrial que usted nos acaba de esbozar, una de cuyas
prioridades es precisamente el tema de investigación y desarrollo.
Por ejemplo, usted aludía al PATI, al Plan de Acción Tecnológica e
Industrial. Señor Ministro, sería más objetivo que usted hablase de
resucitarlo, porque sabe muy bien que el PATI --que, efectivamente, era
considerado por el señor Aranzadi como la perla de la política
indistrial-- hace dos años sufrió un recorte de un 40 por ciento en
relación al Presupuesto anterior, y de un 60 por ciento en relación a las
inversiones previstas por el Ministerio de Economía y Hacienda. De tal
forma que el PATI resultaba ya una herramienta absolutamente muerta. Si
usted quiere resucitarla, a mi Grupo le parece muy bien, pero le repito
que la experiencia que tenemos es que aquello que ya se nos presentó como
un instrumento fundamental de la política industrial, a los dos años el
Gobierno lo asesinó.
Uno de los problemas que tienen ustedes --y lo saben-- es que no hay
transferencias tecnológicas del Plan Nacional de Investigación a nuestro
tejido productivo, y mucho menos a las PYME. Son las grandes empresas
multinacionales --luego hablaré de la empresa pública, que es otro factor
distinto-- las que realmente se están beneficiando tanto de nuestras
inversiones del Plan Nacional de Investigación, como de nuestras
transferencias a Europa, en las que somos absolutamente deficitarios,
señor Ministro, en el tema de I+D, y le pongo algún ejemplo simple. En el
Programa Esprit de la industria electrónica, en la convocatoria de 1993
los propios responsables españoles en Bruselas reconocen que ha habido
menos proyectos y peores que ninguno de los años anteriores, hasta el
punto de que los retornos del Esprit han bajado a menos del tres por
ciento. Tengamos en cuenta que nosotros aportamos el ocho por ciento de
los recursos de esta Programa, y que hasta ahora manteníamos unos
retornos del seis por ciento, siempre inferior a nuestra aportación.
Usted, además, da una serie de cifras sobre nuestra participación en el
Programa Eureka. Señor Ministro, es el programa que menos nos interesa.
Díganos usted el programa marco, señor Ministro. En el Programa Eureka
hay mucha menos colaboración interna, hay una mayor dirección y control
por parte de los grandes grupos industriales internacionales, y hay una
transferencia tecnológica mucho menor. Pero como la intervención tiene
que ser necesariamente limitada, y ya el señor Presidente me hace algún
gesto en este sentido --tenga en cuenta que mi Grupo ha pedido dos
comparecencias y el Grupo Popular ha hablado tres cuartos de hora--,
simplemente voy a dar estos datos: el déficit de la balanza tecnológica
se ha quintuplicado en una década. En 1992, nuestro déficit fue de
283.000 millones de pesetas, más que todo el gasto público en inversión y
desarrollo, y 150.000 millones de pesetas más que el anterior. No nos
harían falta fondos de cohesión en I+D si realmente nuestra balanza
tecnológica funcionara un poco mejor. La dependencia tecnológica en el
sector de bienes de equipo, señor Ministro, ha aumentado de forma
creciente durante todo el período, llegando a representar este sector
casi el 50 por ciento del déficit de la balanza comercial española, 1,14
billones de pesetas en 1989. Podría hablarle del índice de independencia,
pero sólo voy a dar un último dato para no cansar al auditorio. Se
preveía que para el año 1990 el porcentaje de participación en el PIB del
gasto de I+D iba a ser del uno por ciento; usted mismo dijo antes que
estamos ahora, tres años después, por el 0,9, y ha alargado la cifra
hacia arriba, porque exactamente es el 0,85.
Señor Ministro, termino esta primera parte de las dos a las que aludí
como temas sustantivos, con una cita de anteayer de uno de los periódicos
de gran tirada de nuestro país, en el que personas de indudable peso en
la economía de nuestro país, como el señor Asiaín, decía: El problema del
déficit tecnológico es más importante que el del paro. Supongo que será
en términos cuantitativos. Pero añadía, además: La cultura de renovación
tecnológica es algo que interesa a la empresa, pero como algo exótico,
que no ha pasado de la epidermis. Señor Ministro, llevamos ocho años con
la Ley de Ciencia y seis años con el Plan Nacional de Investigación. No
creo que esté en el haber de la política del Gobierno la política seguida
en I+D.
Paso a hablar de la empresa pública, señor Ministro. Fíjese usted, es la
primera vez en mi vida parlamentaria
--no muy larga, y posiblemente nunca lo va a ser-- que he oído algunas
consideraciones de cierta sensatez sobre el tema de la empresa pública.
Su señoría hablaba de quitar ideología al tema. Señor Ministro, usted ha
dicho a mi Grupo en alguna ocasión que planteemos temas o propuestas
homologables. Permítame ahora una simple cita del último informe sobre
desarrollo humano de las Naciones Unidas al particular, que me parece que
no tiene desperdicio. Dice: La falacia decisiva del antiguo debate
ideológico era que el Estado y el mercado son necesariamente separados,
incluso antagónicos, y que el uno es benévolo y el otro no, o a la
inversa. En la práctica --lo que voy a decir ahora no lo dice Trotsky,
señor Ministro--, tanto el Estado como los mercados suelen estar
dominados por las mismas estructuras de poder. Ello sugiere una tercera
opción más pragmática, señor Ministro. Tanto el Estado como los mercados
deberían estar orientados por el público, los dos deberían trabajar en
tándem y el público debería tener suficientes poderes para controlar a
ambos de forma eficaz. Desde luego, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya suscribe, señor Ministro, se homologa con estos planteamientos
de las Naciones Unidas.
Estamos lejos, señor Ministro, de planteamientos de representantes del
Gobierno socialista, como los del señor Solchaga, que dijo que la mejor
política industrial es la que no existe --al señor Solchaga, desde luego,
habría que darle algún premio en cuanto a perlas--, o de aquel otro de
que la mejor empresa pública es la que se cierra.
Unicamente le voy a decir sobre la empresa pública, en cuanto a la
política de privatizaciones, que en el informe de Naciones Unidas se
habla de los siete pecados capitales que habría que evitar en este tema.
No los voy a leer por falta de tiempo, pero no tienen desperdicio. Señor
Ministro, le recomiendo que los lea, porque me da la impresión que han
sido unos pecadores contumaces, no han perdonado ninguno de los siete que
señala.
Por último, en cuanto a la empresa pública, como introducción, quiero
decirle, señor Ministro, que la empresa pública es la única que en
nuestro país está teniendo una política en I+D no digo ya positiva, sino
la única que la está teniendo. Le leo literalmente una hoja que he
arrancado de un estudio hecho al respecto. Lo primero que dice es que las
únicas empresas que hacen política en I+D son las multinacionales y la
empresa pública en nuestro país. Y añade: «Las empresas públicas, por su
parte, participan de forma más intensa en todas las etapas del ciclo
tecnológico. Muchas de ellas involucradas en sectores intensivos en
tecnología, aeronáutica, electrónica, informática, telecomunicaciones,
acuden a la compra de tecnología como vía de acceso preferente a procesos
y productos de alta complejidad. Son estas empresas las que presentan, al
mismo tiempo, altos niveles de inversión en I+D y figuran entre las
mayores exportadoras de tecnología, con tasas de cobertura tecnológica
del orden del 60 por ciento, equiparables a las de muchos países de
nuestro entorno.» Eso, sin hablar de algunas otras características que yo
leí hace tiempo, incluso de personas tan próximas a ustedes como el
Vicepresidente del INI, que hablaba, efectivamente, del tamaño crítico
necesario para las empresas industriales y que las únicas que lo reúnen
son precisamente algunos grupos de nuestro país como el INI.
Señor Ministro, en cuanto a empresas públicas, quiero señalar algo que
nos parece crucial. Para nosotros, no es cuestión de privatizar o no
privatizar, sino de definir, de una vez por todas, una política sobre el
sector público. Ustedes se habían comprometido ya hace muchos años --ya
ni me acuerdo cuántos-- a hacer un estatuto de la empresa pública. Ahí
quedó, en el desván de los recuerdos. Ustedes han hecho una Ley de
industria, señor Ministro, en la que las palabras empresa pública no
aparecen ni en un capítulo, ni en un artículo, ni siquiera en la
exposición de motivos. Señor Ministro, lo que mi Grupo quiere presentarle
como tema crucial para que la empresa pública juegue el papel que debiera
jugar en la reconstrucción del tejido industrial de nuestro país es la
reforma de la gestión de la empresa pública. Si ustedes no se toman en
serio realizar una profunda reforma en la gestión de la empresa pública,
estarán, involuntaria o voluntariamente --eso, para quien haga juicio de
intenciones--, contribuyendo a dar la razón a aquellos que quieren
privatizar por sistema o por principio.
Señor Ministro, en la gestión de la empresa pública, donde se actúa con
criterios de gestión funcionarial, como si de servicios de la
Administración Pública se tratara --en general, por supuesto que hay
excepciones--, donde hay una falta de iniciativa y de riesgo, donde hay
una falta de participación de los trabajadores, etcétera, se dan (mi
Grupo estos días está denunciando con informaciones concretas, alguna en
particular, aunque entendemos que no es un caso aislado) cosas tales como
las que le voy a exponer de uno de los sectores específicos que usted ha
citado esta mañana, que es el sector siderúrgico integral.
Izquierda Unida denunció hace ya tres años lo siguiente sobre la gestión:
«La reestructuración de la instalación siderúrgica no es la única
necesidad pues se hubiera ido a pique igual con el preexistente
desbarajuste en la gestión técnica, productiva, de repuestos,
administrativa y de personal. Son innumerables las situaciones que uno va
conociendo, desde el despilfarro material en las fosas de la acería por
falta de coordinación, o el rechazo de pedidos por negligencia en las
entregas, hasta puestos de trabajo de producción suprimidos que derivan
en averías costosísimas y encarecimiento de producción muy importantes.
Sólo una dirección que modifique los comportamientos de este tipo y
cambie también a las personas podrá iniciar la marcha hacia una gestión
moderna y eficaz que pueda salvar a la empresa pública.»
Señor Ministro, yendo en concreto al tema de la siderurgia integral,
algunos datos lo dicen todo, a nuestro juicio. Se hizo una reconversión
siderúrgica de 1984 a 1990. Se invirtieron muchos miles de millones
públicos. Pues bien, señor Ministro, de esos miles de millones, 78.000
millones se invirtieron en la cabecera y en las coladas continuas de
Altos Hornos de Vizcaya. Esos 78.000 millones, invertidos hace poquísimos
años --la reconversión terminó en 1989--, hoy se cierran, nadie,
señor Ministro, ha pedido responsabilidades, y los mismos individuos que
han dicho tal desafuero son los que están ahora dirigiendo y
confeccionando el nuevo plan que usted está rompiéndose la cara por
defender en Bruselas.
En la acería de Gijón se están invirtiendo todavía de aquella
reconversión, con retraso, unos 8.000 millones. En esa acería, el nuevo
plan prevé la utilización sólo de un cuarto de su capacidad. Y no estoy
entrando ahora a analizar el plan nuevo, estoy preguntando cómo es
posible que 90.000 millones que se invierten hace muy poco tiempo ahora
se tiren al garete. ¿Cómo es posible? O está mal lo anterior y habrá que
pedir responsabilidades, o está mal lo actual y habría que rectificar.
Este tipo de desaguisado, señor Ministro, de una gestión desastrosa
explica, en gran medida, que la Corporación Siderúrgica Integral, que se
constituyó para salvar el sector siderúrgico, haya tenido hasta ahora los
resultados siguientes: en 1991, 55.000 millones de pérdidas; en 1992, el
doble, 100.000 millones de pérdidas.
Señor Ministro, no me hable de comparaciones europeas. No diga que es
imputable a los salarios, más bajos que los de cualquier siderurgia
comunitaria. Tampoco la energía, porque, para bien o para mal, tiene una
tarifa especial y no paga más que la siderurgia francesa. Tampoco la
falta de clientes. A Ensidesa le quitan el acero de las manos, señor
Ministro. Tampoco las instalaciones, al menos, una aislada, al menos las
de Ensidesa, señor Ministro. Algunas de ellas no tienen parangón con
ninguna siderurgia comunitaria en sentido positivo.
Señor Ministro, yo le voy a hacer llegar, por los cauces reglamentarios,
un pequeño «dossier» que este Diputado ha ido recogiendo en estos últimos
meses de distintos sectores, tanto sindicales como técnicos, como incluso
de clientes de Ensidesa, que dice literalmente: «La demanda de productos
de Ensidesa es importante, pero tanto la negativa de Ensidesa a
suministrar, como el permanente incumplimiento de los plazos de entrega,
así como una dejadez pasmante ante las peticiones de los clientes, hacen
que en todos los foros que abarca la cartera de clientes, el comentario
hacia la CSI (Corporación Siderúrgica Integral) sea el más negativo que
hasta ahora se había escuchado, siendo el pensamiento general de los
clientes que el objetivo principal de los gestores actuales es el cierre
definitivo, provocando una caída lenta y silenciosa a base de
incumplimientos permanentes y de una absoluta carencia de gestión
empresarial.» Propuestas de compra de cientos de miles de toneladas de
acero que, según comentarios generales de trabajadores, técnicos y
clientes de Ensidesa, no son atendidas o se hacen tarde y mal. Y siguen
una serie de hechos concretos, algunos anecdóticos, pero a mi juicio muy
significativos, y otros que, desde luego, desbordan el calificativo de
anecdótico y tiene carácter «categorial». No los voy a leer en aras de la
brevedad, pero...
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, le ruego, señor García Fonseca, que
vaya concluyendo.
El señor GARCIA FONSECA: Termino ya, señor Presidente.
Le digo, señor Ministro, que por los cauces normales mi Grupo le va a
hacer llegar este «dossier» y le pedimos que haga una investigación
interna para saber si estos extremos y otros muchos --pequeñas pinceladas
que he ido recogiendo-- son o no ciertos y que, de esa investigación
interna dé cuenta detallada a esta Cámara.
Señor Ministro, lejos de mí y de mi Grupo disparar directa o
indirectamente contra la empresa pública ni contra la siderurgia
integral, pero mi Grupo está persuadido de que los que más interés
podemos tener en que la empresa pública industrial juegue un papel
positivo en nuestro país somos aquellos que denunciamos el tipo de
gestión actual, que, en muchos casos, la está conduciendo al caos y da
pie a situaciones tales como las que acabo de denunciar, que parecen
seguir aquella terrible máxima de cuanto peor, mejor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Ministro, señoras y señores diputados,
me hubiera gustado hablar en mi intervención, básica y exclusivamente, de
los miles de pequeñas y medianas empresas que constituyen el verdadero
tejido industrial del Estado español y que, a su vez, están padeciendo la
grave crisis económica, motivada básicamente por una crisis estructural
internacional y por una falta de política industrial del Ministerio de
Industria; hecho achacable, no al señor Ministro de Industria, hoy
presente en esta Cámara, pero sí a anteriores gestores de dicho
Ministerio. También, todo hay que decirlo, la intervención de hoy del
señor Ministro ha abierto unas ciertas expectativas acerca de que a
partir de esta legislatura, se puede realizar por parte de su
Departamento una política industrial totalmente olvidada en los últimos
años que posibilite la reactivación en este gran sector de las pequeñas y
medianas empresas, que constituyen el tejido industrial del Estado.
Me referiré después a las pequeñas y medianas empresas, porque hoy
Convergència i Unió tiene un tema prioritario. Hemos decidido que tenemos
que hablar del problema de Seat. He echado de menos en la intervención
del señor Ministro una falta de orientación, no solamente en cuanto a
Seat, sino también al mercado automovilístico del Estado español,
teniendo en cuenta lo que puede representar este sector dentro de este
ámbito industrial, con una facturación de casi los dos billones de
pesetas y con unos empleos directos de 65.000 personas e indirectos de
casi 180.000. Con independencia de que todas las empresas de este sector
sean privadas, el Ministerio de Industria ha de crear las condiciones
objetivas necesarias para que este marco del que tanto nos ha hablado el
señor Ministro, pueda ser competitivo dentro de la internacionalización
de la economía.
Respecto a Seat y a lo que puede representar para Cataluña y para el
Estado español el cierre de la factoría de la
Zona Franca y lo que puede llevar consigo, no sólo en cuanto a los
empleos directos que se pueden perder, que se estiman en 8.500, sino
también indirectos, que podrían ser de 35.000 ó 40.000, quisiera hacerle
al señor Ministro una consideración. Seat es la primera firma
automovilística del Estado en cuanto a número de unidades fabricadas, con
un total de 552.000 unidades; es la primera firma exportadora del ramo
automovilístico del Estado español, con una cantidad de 293.000 millones
de pesetas; es la empresa del Estado español del ramo automovilístico que
más trabajadores tiene, 28.666 y es, también, la empresa del ramo
automovilístico del Estado español que más factura y la séptima del
«ranking» de todo el Estado. El cierre de esta factoría de la Zona Franca
ya he dicho hace un momento que supondría, entre empleos directos e
indirectos, el que pudieran ir al paro alrededor de 30.000 trabajadores,
en el Llobregat, zona industrial que está pasando momentos delicados
debido a la gran crisis económica que existe en Cataluña y en todo el
Estado.
Aquí tendríamos que hacernos dos preguntas para aclarar qué ha llevado a
la firma Volkswagen a tomar esta decisión. Convergència i Unió entiende
que esta decisión de cierre o regulación de la Zona Franca de la fábrica
Seat tendría un cierto sentido si obedeciera a causas tecnológicas e
industriales, pero no es éste el caso, señor Ministro. Hoy los coches que
se están fabricando en la Zona Franca, como son los coches Toledo,
Marbella y Terra, tanto a nivel de competitividad como de tecnología,
están teniendo un éxito importante, no solamente en España, sino también
en el resto de la Comunidad.
En el supuesto de que Volkswagen dijera que se debe a causas
tecnológicas, no lo podríamos compartir.
Hay otro factor que creemos que es la verdadera causa, que es la
deslocalización de la industria de la Zona Franca para dirigirla a otros
Estados, como puede ser la República checa, donde, con mano de obra más
barata, pueden ser más competitivos. Debido a la caída de las ventas en
todos los sectores, y concretamente en el automovilístico, la casa
Volkswagen, maquillando un poco esta crisis coyuntural, ha iniciado un
cambio de estrategia política de deslocalización de zonas de producción
que tiene en diversos Estados y, lo que no se atreve a hacer en Alemania,
donde quizá son menos competitivos que los coches que estamos fabricando
hoy en el Estado español, lo va a hacer en la Zona Franca, donde parece
que va a llevar a cabo este proceso de deslocalización. Aquí sí que
nosotros quisiéramos hacer una serie de preguntas al Gobierno para que
nos pudiera informar al respecto, aunque, teniendo en cuenta que se trata
de una empresa privada, quizá el señor Ministro ha pensado que no era
prudente hablar de empresas privadas en su intervención. Nosotros
desearíamos ciertas explicaciones del Gobierno al respecto. La primera de
ellas es cómo es posible que el Presidente de la Volkswagen, Ferdinand
Piëch haya cambiado en tan pocos meses de opinión respecto a las
declaraciones que hizo cuando se inauguró el centro de Martorell de la
nueva fábrica de Seat. Allí dijo delante de las autoridades gubernativas,
de la Generalitat y de su Majestad el Rey, que confiaba en mantener sus
inversiones en el Estado español y que confiaba plenamente en el
desarrollo de la economía española.
El segundo punto importante es que el Gobierno español algo tiene que
decir, aunque esta empresa se haya privatizado a partir del año
1986-1987, si no recuerdo mal, cuando otra empresa, que es la compradora,
quiera deslocalizarse, quiera cerrar una parte de su centro de
producción, debido a que en este proceso de privatización el Gobierno
español hizo un gran esfuerzo trasladando todo el pasivo al INI,
Instituto Nacional de Industria, que era el propietario de esta compañía
con un coste aproximado, por las informaciones que leo en los medios de
comunicación, de 400.000 millones de pesetas.
Este coste que ha asumido el Gobierno español y todos los ciudadanos del
Estado tendría que ser una contrapartida importante para intentar --no sé
si hay algún compromiso explícito en la privatización de esta compañía--
para esta deslocalización, ya que en su momento el sacrificio económico
que hizo el Gobierno fue muy importante y tuvo un coste elevadísimo.
También nos gustaría saber cuáles son las propuestas que va a hacer el
Ministerio de Industria, o el Vicepresidente del Gobierno en su defecto,
en la reunión que están manteniendo en estos momentos dichas
personalidades con la compañía Volkswagen, para evitar este traslado de
la Seat de la Zona Franca a otros lugares de la Europa comunitaria o
central.
Nosotros apuntamos como futuras medidas que ustedes pudieran ofrecer a la
firma Volkswagen el que en un determinado momento el Gobierno (debido a
estos compromisos que no sé si existen o no), de acuerdo con las
administraciones correspondientes, pueda ayudar a refinanciar el pasivo
de la compañía Seat, ya sea a través de créditos blandos o de cualquier
mecanismo financiero que ayude a que no se produzca esta deslocalización
de Seat.
Por lo que hemos leído, parece ser que para la ubicación de la nueva
factoría de Martorell se concertaron unos créditos en marcos alemanes sin
la previsión de asegurarlos, y con las devaluaciones de la peseta que se
han producido en estos últimos meses ha empeorado su situación
financiera. Por tanto --y aquí acabo nuestra intervención en el caso de
Seat--, entendemos que el Gobierno español tendría que impedir con las
fórmulas necesarias, debido al saneamiento que hizo en su momento del
pasivo de dicha compañía, que se produjera esta deslocalización e
intentar, de todas maneras, ayudar a refinanciar el pasivo o cualquier
acción que fuera interesante financieramente para que esta situación no
se produjera.
Pasando ya al segundo punto de mi intervención quisiera hacer un breve
comentario sobre el sector público empresarial que el señor Ministro ha
expuesto también en su intervención. Entrando directamente en la
siderurgia, me ha sorprendido mucho que cuando ha hablado de la
siderurgia integral, en ningún momento se ha referido a que la siderurgia
integral está producida por diferentes sectores privados del Estado
español. Concretamente, hay un sector, el del alambrón y trefilerías que
está
compitiendo, yo diría que enormemente, con productos fabricados
directamente a través de la Corporación Siderúrgica Integral.
En estos casos en los que hay una gran competencia entre el sector
público y el sector privado y, según tengo entendido, los productos del
sector privado, denominados largos, se fabrican a unos costes mucho más
competitivos que los del sector público, el Gobierno tendría que ser
sensible a esta oferta privada de la siderurgia y, si es necesario,
privatizar estos sectores.
También tenemos entendido --ésta es mi pregunta-- que ha habido ciertos
contactos entre estos sectores privados fabricantes del alambrón y de las
trefilerías y que existe un borrador de convenio para privatizar dichos
componentes. Le agradecería al señor Ministro que me informara si es
cierto que existe este borrador y estos contratos, y en qué situación se
encuentran de cara al futuro.
Respecto a temas relacionados con el sector público, ha llegado a mis
manos un acuerdo firmado entre las empresas de sector del metal del grupo
INI-Teneo y las partes sindicales, por el cual se han comprometido a unos
convenios salariales que no están en consonancia con la práctica
presupuestaria que el Gobierno ha presentado para los Presupuestos para
el año 1994, concretamente referidos a los incrementos salariales de los
funcionarios. Señor Ministro, entiendo que no corresponde que, por una
parte, a los funcionarios del Estado español se les exija un sacrificio
importante respecto a un incremento salarial cero, y que, por otra parte,
empresas del grupo INI-Teneo, las cuales tiene pérdidas, puedan firmar
convenios que estarán tres y medio o cuatro puntos por encima de lo
presupuestado para los funcionarios públicos del Estado español.
Siguiendo el hilo de su intervención, yo le diría que mi Grupo,
Convergència i Unió, está a favor de que se pueda racionalizar el sector
público y empresarial del Estado español. Hay una serie de actividades
que podrían realizar las empresas privadas y sería importante que el
Gobierno elaborara un plan objetivo de todas aquellas actividades que se
pudieran desarrollar privadamente y que son rentables en estos momentos
en el sector público, para pasarlas al sector privado, no ya desde el
punto de vista ideológico, sino para rentabilizar el déficit público y
mejorar la gestión actual.
Es verdad que ha habido un interés del Gobierno socialista en privatizar
anualmente, durante esta legislatura, unas empresas públicas y sacarlas
al mercado financiero. Nosotros entendemos que, a veces, privatizar
150.000 ó 200.000 millones de pesetas en empresas en las que el capital
público continuará estando gestionado públicamente, es un paso
importante, pero lo que interesa, al final, es privatizar la gestión en
aquellos sectores en los que realmente no sea necesaria la intervención
pública.
Yendo ya al tercer aspecto de mi intervención, quisiera hablar del marco
de la competitividad en la política industrial. Es verdad que en este
campo, y básicamente en relación con las pequeñas y medianas empresas, ha
habido por parte del señor Ministro una intervención que considero
importante, desde el punto de vista teórico, para aplicar una verdadera
política industrial a las pequeñas y medianas empresas.
Pero quizá en algunos momentos de su intervención sí he echado en falta
la mención al ahorro de costes importantes que puede significar a la
pequeña y mediana empresa para que pueda ser competitiva. Es evidente que
en el marco competitivo en que hoy se están desarrollando nuestras
empresas en relación con las empresas comunitarias hay una serie de
costes y que todavía no hemos resuelto estas diferencias que van en
contra nuestra. Por ejemplo, en el tema de los costes sociales --y no
hablo de salarios-- vemos que hay una gran diferencia entre las cargas
sociales que existen en el Estado español y las cargas sociales que
existen en el resto de los países de la Comunidad. En empresas donde la
mano de obra es importante nos encontramos ya con una falta de
competitividad, por lo que pienso que valdría la pena que por parte del
Gobierno se estudiaran fórmulas posibles para que donde haya mano de obra
intensiva puedan competir nuestras empresas en la Comunidad. Desde el
punto de vista fiscal, el señor Ministro ha dicho en su intervención que
se van a adoptar una serie de medidas, orientadas desde un punto de vista
de la competitividad, para que con estas mejoras fiscales nuestras
empresas puedan ser competitivas. Profundicen en este campo y en él nos
encontrarán como soporte, porque entendemos que desde la fiscalidad y
desde el presupuesto nuestras compañías podrán ser competitivas.
Otro tema importante que también ha anunciado el señor Ministro, y que
nosotros consideramos básico, es el energético. Nuestras empresas tienen
unas grandes diferencias de costes energéticos, por ejemplo, con las
empresas francesas o las alemanas. Creo que en estos momentos tenemos una
diferencia entre el 25 y el 30 por ciento de costes energéticos y quizá
valdría la pena, señor Ministro, que empresas públicas con beneficios,
que están financiando empresas deficitarias del INI, aplicaran el mismo
sistema que han aplicado nuestros vecinos franceses, no ya en la época
del señor Balladur sino en otras épocas gobernadas por socialistas, en
las que las empresas públicas francesas de electricidad son deficitarias
y todos los ciudadanos franceses contribuyen, a través del presupuesto, a
pagar el coste del kilovatio/hora de sus empresas para que sean más
competitivas. Entiendo que vale la pena de que ustedes, con la nueva ley
que van a traer al Parlamento o a través de los estudios que crean
oportunos, intenten ahorrar o bajar los costes energéticos o eléctricos
de nuestras compañías, porque si no es así difícilmente vamos a poder ser
competitivos.
En su intervención nos ha hablado del fomento de la competitividad, del
plan tecnológico, de la calidad y del diseño. Estamos completamente a
favor de esta competitividad industrial que usted nos ha explicado.
También estamos de acuerdo con lo que en su intervención usted nos ha
dicho de que firmaría convenios con las comunidades autónomas --por
descontado en eso estamos totalmente a su lado--, pero le señalaría que
en el tema de convenios profundice sobre aspectos tan importantes
como el diseño y la calidad, porque algunos convenios que se han firmado
con las comunidades autónomas han ido realmente bien y otros han quedado
parados. En todos estos campos importantísimos, que son los que producen
un beneficio marginal a las compañías, que son los que tienen valor
añadido como es el diseño, la calidad y la innovación tecnológica, le
instamos a que profundice y seguramente encontrará grandes interlocutores
en las comunidades autónomas para desarrollar estos temas tan
importantes.
En cuanto al tema textil, sobre cuyo plan de competitividad usted ha dado
una pincelada, le voy a hacer una pregunta para que, si es posible, en el
turno de réplica me la pueda contestar. Quisiera saber la postura del
Gobierno español en cuanto a la apertura de los productos textiles en los
mercados asiáticos en la próxima reunión de Ministros comunitarios que va
a celebrarse en las negociaciones de la Ronda Uruguay, del GATT.
Con estos breves puntos, en aras al tiempo de todos los Diputados
presentes en la sala, doy por finalizada mi intervención en cuanto al
sector industrial y paso rápidamente a dar unas pinceladas respecto a las
tres preguntas que nuestro Grupo, Convergència i Unió, había planteado al
señor Ministro.
Respecto al apagón del pasado 24 de agosto que se sufrió en Cataluña,
parte de Huesca y Andorra, he oído atentamente las explicaciones técnicas
que nos ha dado el señor Ministro, pero independientemente de que quizá
en estos sucesos estemos por debajo de la media comunitaria, tal como
usted nos ha comentado, tengo mis dudas sobre la eficacia de nuestro
sector energético, pues hace tres o cuatro meses hubo un suceso similar
al de Tarragona. Repito que tengo serias dudas, por lo que me gustaría
que el señor Ministro me lo pudiera explicar en el turno de réplica.
Respecto a la puesta en marcha del artículo 71, por el que los
consumidores tienen la posibilidad de reclamar en caso de que se produzca
una incidencia de este tipo, he entendido, por la respuesta que ha dado
el señor Ministro, que no lo van a poner en práctica, que va a continuar
suspendido. Yo diría que, en vez de suspenderlo, más valdría derogarlo
porque, si no lo vamos a utilizar, no dejará de crear un cierto
confusionismo el que exista un artículo por el que se puedan orientar
todas las reclamaciones que existan y esté suspendido desde el año 1986.
Respecto a Iberia, en cuanto a los motivos del cese de don Miguel Aguiló,
doy por buenas las manifestaciones que hizo el Ministro en el Congreso de
Diputados, pero quisiera entrar más a fondo en lo que representa la
compañía Iberia en cuanto a su pasivo financiero y en cuanto a la
modificación del plan estratégico. Creo que la Comunidad les ha inducido
a cambiar su plan estratégico de cara al futuro. Iberia, en los últimos
tres años, tiene un pasivo acumulado de 90.000 millones de pesetas y hay
una previsión de 50.000 millones de pesetas para el año 1993. En estos
momentos el pasivo de Iberia es de 300.000 millones de pesetas, con unos
intereses mensuales de 20.000 millones. Me gustaría saber, señor
Ministro, cuál es el plan de saneamiento de dicho pasivo financiero, si
es verdad que la Comunidad Europea les ha hecho modificar su plan
estratégico, basado en unas ayudas que habían recibido durante el año
1993, y si tienen pensado colaborar con otra compañía internacional, ya
sea a través de fusiones o de la join venture, para poder rentabilizar
los vuelos de Iberia en determinados países donde Iberia aún no tiene
servicio.
El señor PRESIDENTE: Finalizadas las intervenciones de los grupos que
habían solicitado las comparecencias que se han suscitado en esta sesión,
suspendemos ahora la sesión y procederemos en la sesión de la tarde, que
se iniciará a las cuatro y media, a la intervención de los grupos que, no
habiendo solicitado la comparecencia, quieran exponer su opinión al
respecto. También para conocimiento de las señoras y señores Diputados he
de notificar que la comparecencia prevista del Presidente de la
Corporación Siderúrgica Integral, que tenía que realizarse a las 16.30,
se realizará con posterioridad a la finalización de la sesión que tendrá
continuidad esta tarde con la presencia del señor Ministro, por lo que
calculo que será aproximadamente a las seis de la tarde.
Sin más, por tanto, se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la
tarde.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Señoras y señores Diputados, en primer lugar,
quiero dar las gracias al señor Ministro por su presencia en esta
Comisión.
A mí me gustaría haber entrado en la política que ha desarrollado el
señor Ministro durante su intervención de esta mañana, pero después de
escuchar una dilatada exposición, de considerar que soy un Diputado
perteneciente a la Coalición Canaria y de que en España hay dos
territorios claramente diferenciados (el otro día decía que incluso tres:
un territorio continental y dos territorios archipielágicos), y cuando
para nada se ha tenido en cuenta ese territorio archipielágico, creo que
mi obligación es intentar, en el poco tiempo de que dispongo, y sin
querérselo hacer perder a nadie, centrarme sobre la política industrial y
el archipiélago canario.
Cuando se trata de aplicar una política industrial, indudablemente las
soluciones son muy diferentes para un territorio que para otro. Este es
un territorio archipielágico de siete islas muy diferentes que exige
tratamientos totalmente distintos si se quiere obtener un mínimo
resultado. Me conformaría, señor Ministro, con dejar en la mente de esta
Comisión, de su equipo, de su Ministerio,
la preocupación por la necesidad de que se ocupe algún tiempo, al menos
ese 3,68 por ciento que nos corresponde por población, para diseñar la
política industrial.
Indudablemente, cuando se trata de planificar, muchas veces cuesta tanto
tiempo hacerlo con un problema grande que con uno pequeño; en este caso
si, además de pequeño, el problema es harto complicado, y la experiencia
nos lo demuestra, creo que hay que dedicarle algo más de ese 3,68 por
ciento de su tiempo.
Para poder equilibrar la economía canaria nos haría falta, desde luego,
una enorme dedicación, a la que creo que tiene derecho Canarias, en la
política industrial. Voy a poner dos o tres ejemplos de cuál ha sido la
política del Ministerio y por qué lo planteo desde este punto de vista.
Vamos a hablar de energía, aunque sea a corto plazo.
La política energética para Canarias ha sido un continuo cúmulo de
errores que, además, han sido advertidos desde todos los ámbitos del
archipiélago. Recuerdo que hace siete años tuvimos la visita del entonces
Ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, que además es canario; fue
cuando decidieron una política de centrales eléctricas de carbón de
tecnología ya entonces anticuada, de rendimientos energéticos bajos y
altamente contaminantes; solamente el problema de las cenizas era harto
complicado de solucionar. Recuerdo que hace siete años se defendió una
política de gasificación para el caso canario y en aquel tiempo nos
tildaron de locos por defender la política del gas como fuente energética
para la producción de energía eléctrica y otros aprovechamientos, porque
era un combustible excelente. Hablábamos en aquel tiempo de que existían
centrales de ciclo combinado con rendimientos altos, con posibilidades de
producir a costos competitivos --hablo de hace sólo siete años--, pero se
nos decía que no teníamos ni idea de cómo resolver los problemas
energéticos.
Hoy, pocos años después, la política del gas como fuente energética para
producción de energía eléctrica ha sido adoptada en todo el Estado
español. Si en algún punto es necesario, en un lugar donde la única
fuente real y clara de desarrollo es el turismo y, por tanto, la
contaminación es un elemento básico, es en Canarias. Sin embargo, es
donde todavía no se tiene un proyecto, ni tan siquiera se tiene la más
remota idea de si se va a gasificar o no, al menos las dos islas grandes.
El resultado es que en estos momentos se montan dos centrales de carbón
que estaban destinadas a países americanos (creo que es notorio que
fueron dos centrales fabricadas para países sudamericanos que después no
se compraron); se están montando con más de 2.000 millones de pesetas de
inversión para los sistemas previos del tratamiento de carbón, cuando el
Plan Energético de Canarias, que es competencia de la Comunidad Autónoma,
prohíbe el uso del carbón; además, estas son centrales de bajísimo
rendimiento, de alta contaminación y que producirán el kilovatio con un
costo francamente alto.
Ahí no existe ni una política de energía alternativa. Hace muchos años
que todos sabemos que la energía eólica puede llegar a porcentajes de la
red de cinco, diez, hoy incluso se manejan ya porcentajes del veinte por
ciento, y hay además montada, indudablemente no por el Ministerio, no por
la empresa pública Unelco, sino por institutos que ha habido que
constituir allí, alguna producción de energía eólica, aunque ha habido
grandes complicaciones para que Unelco acepte que se conecten a la red.
Hay un desperdicio total de los calores residuales para producir, por
ejemplo, agua, que es uno de los grandes problemas de las islas, y prueba
de ello es que en su propio Ministerio se mantienen subvenciones al fuel
para poder bajar el agua potabilizada. Como decía antes, la Comunidad
realiza un plan energético, pero como el Estado hace su política, la que
quiere, a través de la empresa pública, hay un total divorcio entre la
política y la realidad energética de Canarias. No nos consta en Canarias
de que exista ninguna perspectiva para que esto se modifique.
Si tocamos la política general industrial --esta mañana usted ha expuesto
las líneas maestras de su Ministerio--, nos tendríamos que ceñir a la
poca industria que hay, prácticamente inexistente, en Canarias. Sin
embargo, Canarias es la autonomía con mayor índice de paro actualmente,
aparte de que estemos condenados a que sea el turismo el motor. En las
circunstancias geográficas en que estamos inmersos, con una política
mundial cambiante, todo el mundo sabe el enorme riesgo de esa dependencia
casi exclusiva de ese sector.
Estamos convencidos de que no es posible llegar al porcentaje que en el
resto del Estado tiene la industria en el producto interior bruto, pero
sí consideramos que podemos llegar a un porcentaje por lo menos en
industrias sustitutivas de importaciones: básicamente pequeña industria e
industria de la alimentación.
Ahí casi no ha existido industria, miento, existió una, que era la
tabaquera, pero la política de Tabacalera durante años --no es sólo la de
este Gobierno-- ha sido cerrar la fábrica. Incluso Tabacalera ha cambiado
su fábrica curiosamente por la explotación de hoteles, cosa que no parece
la actividad más adecuada. Es lo único --podemos decir-- que no nos hace
falta.
Sodican, que fue un motor en su día y que lo demostró --podríamos dar
muchos datos--, duerme hoy en el sueño de los justos, colocando sus
recursos en el mercado bancario, y lo más que puede llegar a hacer en
política industrial es prestar algún dinero. No existe prácticamente
ninguna industria promovida por Sodican en los últimos dos años. En
resumen, no existe ninguna política industrial. Ese archipiélago tiene
muchas dificultades y también necesita de una política industrial. No
sirve la política genérica; o se diseña una política en coordinación con
la Comunidad Autónoma, o no habrá ninguna posibilidad de un mínimo
desarrollo.
Decía el señor Ministro que la industria es el motor de la economía real,
pero en Canarias desde luego no lo es. En estos momentos, y me parece que
es importante, se está en conversaciones con el Gobierno para el
desarrollo del régimen económico-fiscal. Ahí es donde habrá que
contemplar aquellos condicionantes que puedan permitir, por lo menos, un
cierto desarrollo industrial como
elemento básico a apoyar. Conocer cómo hacer competitiva una pequeña
industria, básicamente buscando fórmulas que aminoren la presión fiscal
y, por tanto, permitan competir en el futuro, parece que tiene que ser
una preocupación del Ministerio, aun cuando el régimen económico-fiscal
sea negociado desde el Ministerio de Hacienda. Pero estamos convencidos
--porque hay muchos estudios sobre ello-- de que no se puede llegar a
competir en la fabricación prácticamente de ningún producto si no se
logra una compensación fiscal, y no se trata ya de subvenciones.
Para tocar un tercer tema, aunque sea por encima nada más, nos gustaría,
por un lado, no sé si felicitar, pero al menos alegrarnos de que por fin
la liberalización aérea parece que llega. Estos días parece confirmarse
de forma clara que desde otra nueva compañía española emergente se va a
permitir el establecimiento de vuelos regulares con Canarias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Diputado, un momento. Por favor, les
ruego guarden silencio, señores Diputados. Continúe, señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: Las tarifas que se barajan --y es algo muy
esperado allí-- son prácticamente la mitad de las que nos tiene
acostumbrados Iberia. Sin embargo, esta política de liberalización, que
hemos esperado como agua, nos preocupa porque la dependencia de las islas
del tráfico aéreo es total. Nos preocupa cuál va a ser la política de
Iberia ante una liberalización en líneas como las canarias, que nos
consta son rentables y producen importantes «cash-flow» en el conjunto de
Iberia, que pueden verse afectadas por esa competencia de empresas con
estructuras mucho más flexibles y pequeñas y que, por tanto, pueden
competir en precio. Indudablemente no será la política de los precios
canarios la que va a hundir o no a Iberia, pero tiene un peso importante
en la compañía.
Nos interesa conocer esa política dentro de un mercado que se liberaliza
y que, como digo, va a producir profundos problemas dentro de Iberia. Si
esos problemas al final terminaran con políticas difíciles,
indudablemente afectarían de forma muy importante no sólo al desarrollo
normal de las comunicaciones de los que viven en Canarias --que nos
preocupa--, sino básicamente lo que nos preocupa mucho más es la
comodidad y hospedaje de esas personas que nos visitan y que es la única
fuente de ingresos que tiene Canarias. Nos preocupa dentro de ello la
política de Binter, compañía de Iberia cien por cien, que siendo de
segundo nivel ha mejorado los servicios, pero ha logrado equilibrar sus
presupuestos en base a una subida enorme de precios que hace hoy que las
comunicaciones interinsulares estén muy por encima de un mercado real de
costos. Binter, que fue una buena idea, tiene, desde luego, los vicios de
su compañía madre y los mismos costos inflados. Existe un estudio
competitivo del Instituto Stanford que demuestra claramente que tiene
unos costos por encima de lo que pueden considerarse similares en los
mercados mundiales. Hay comparaciones, por ejemplo, con aeropuertos y
tráficos similares, como es el del archipiélago de Hawai.
En resumen, señor Ministro, nos preocupa fundamentalmente el que el
Ministerio establezca una política industrial para Canarias. Creemos que
todas las medidas que se puedan tomar para reafirmar la industria
española son positivas, y nos alegramos. Las reconversiones que han
costado mucho dinero al país no han costado un duro en Canarias porque
nunca ha habido nada que reconvertir. Ese Ministerio muy poco dinero ha
tenido que emplear en Canarias, pero sí es necesario que de cara al
futuro establezca una política industrial allí.
Desde nuestro Grupo apoyaremos todas aquellas políticas que vayan
dedicadas al fomento de la pequeña y mediana empresa porque repercutirán
sobre la posible industrialización canaria, aunque ya digo que sin
grandes esperanzas, porque no pedimos llegar, en absoluto, al porcentaje
de la media española, pero sí a que sea un componente más en un
archipiélago con unos índices de paro hoy brutales, con el agravante de
que el paro es mucho más complejo en una isla que en un territorio
continental.
En cualquier caso, apoyaremos todas las políticas enfocadas a estabilizar
el sistema industrial español y a desarrollar un tejido de pequeña y
mediana industria que al final nos pueda garantizar un equilibrio en la
economía española, que serán bienvenidas y apoyadas, pero exigiremos, a
lo largo de toda la legislatura, desde todos los ámbitos, el
establecimiento también de esa política para ese archipiélago que es
Canarias.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Ministro, por su
intervención. En primer lugar, un saludo y la bienvenida a esta Comisión
como nuevo Ministro e Industria. Le agradecemos su exposición, bastante
exhaustiva respecto a los planteamientos y políticas que va a realizar su
Departamento en los distintos sectores. Creo que ha sido una exposición
exhaustiva y, al mismo tiempo, clara y comprometida.
Nuestro Grupo coincide con el señor Ministro en el diagnóstico de la
situación, una situación de crisis industrial con una fuerte incidencia
en el empleo, y coincidimos también claramente en que el ojetivo
fundamental que deben tratar de obtener nuestras políticas va encaminado
a la preservación y creación de empleo. El objetivo del empleo está,
pues, en el fondo de todas las políticas que queramos desarrollar.
Coincidimos también con el Ministro en poner el acento en la realización
de una política industrial activa que pretenda mejorar la competitividad,
pero que, en el fondo, pretenda el mantenimiento y la creación de empleo
en la mayor medida posible y con un marco económico como es,
naturalmente, el de la normativa de la Comunidad Económica Europea y
planteando --lo ha dicho en varios momentos de su exposición el señor
Ministro-- una permanente cooperación
entre las distintas instituciones. Pensamos que es negativo el que las
distintas instituciones puedan hacer unas políticas dispersas desde el
punto de vista de la política industrial y que sería bueno que haya el
máximo nivel de cooperación, en particular entre el Ministerio y las
comunidades autónomas.
Nos alegra oír al Ministro que en todas las políticas que va a llevar a
cabo su Departamento va a tener muy en cuenta este objetivo de
colaboración institucional.
En nuestro programa electoral planteábamos la necesidad de llevar a cabo
una política industrial activa. El Ministro, en la intervención de hoy,
ha puesto en ello el acento y yo creo que habría que señalar también
cuáles son los instrumentos que se van a plantear en esta política activa
y cuáles son los objetivos, objetivos que, desde nuestro punto de vista,
han de ser de apoyo y en ningún caso de sustitución de la iniciativa
privada. En el sector privado deben ser de apoyo a las iniciativas allí
donde haya empresa y empresario dispuesto a invertir, dispuesto a
arriesgar sus propios fondos, dispuesto a modernizar el sistema
productivo porque este apoyo se puede llevar a cabo por muy distintos
caminos y con muy distintos instrumentos; el señor Ministro los ha
expuesto, ha hablado de algunos de ellos y yo solamente señalaré que a
una empresa que quiere modernizarse y buscar la competitividad se la
puede apoyar con algunos de los programas que aquí se han señalado y que
se van a poner en marcha: programas de mejora de la calidad --el señor
Ministro nos ha hablado de la puesta en marcha de un segundo programa en
este sentido--, programas de apoyo al diseño, a la internacionalización
de las empresas, a la cooperación entre las empresas para buscar un
tamaño más adecuado, a la incorporación de nuevas tecnologías en todos
sus aspectos, incluso en tecnologías tanto de proceso como de producto e
incluso en tecnologías de, digamos, moda y diseño, que tanto pueden
interesar a las pequeñas y medianas empresas; actuaciones que supongan
ahorro de energía; estas actuaciones son, desde nuestro punto de vista,
especialmente interesantes, puesto que suponen una mejora de la
competitividad por una disminución de los costes o intervenciones y
reestructuraciones que supongan una mejora o un menor impacto en el medio
ambiente de la producción industrial.
Todos estos mecanismos, todas estas actuaciones, tienen posibles ayudas
por parte de la Administración pública y, por tanto, nos permiten un
apoyo a aquellas empresas que, efectivamente, quieran arriesgar, estén
dispuestas a invertir y pretendan modernizar el sistema productivo, pero
es necesario que haya un compromiso empresarial para que pueda haber un
apoyo desde el sector público.
Especial énfasis ha hecho el señor Ministro, y nuestro Grupo quiere
coincidir en ello, en el apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial
porque, en un momento de preocupación por el empleo, esa preocupación
tiene que dirigirse también a la pequeña y mediana empresa, puesto que
buena parte del tejido industrial de nuestro país está constituido por
pequeñas y medianas empresas. Hay sectores enteros en nuestro país, como
el textil, del calzado, de la piel, del juguete, e incluso del sector del
metal, que están constituidos en su mayor parte por pequeñas y medianas
empresas; por tanto, estas empresas deben tener acceso preferente a los
tipos de apoyo a que me he referido antes. Además, debe buscarse que
algunos de los problemas que tienen estas empresas se puedan solucionar y
afrontar más fácilmente, en particular el tema de financiación, mediante
créditos con tipos subvencionados. Vamos a empezar a discutir en esta
comisión próximamente la ley de sociedades de garantía recíproca, que
también establece unos mecanismos de apoyo en este sentido a la
financiación de las pequeñas y medianas empresas, apoyos fiscales, y
reforma del IAE, y apoyos también mediante el suministro o el facilitar
servicios para estas pequeñas empresas que, por su tamaño, difícilmente
pueden alcanzar de otra manera. Por tanto, una política activa, dirigida
a los sectores industriales que quieran modernizarse y, en particular,
dirigida a la pequeña y mediana empresa, con especial acento también en
la innovación tecnológica, en la internacionalización del sistema de
investigación y desarrollo y en la integración de este último en los
programas europeos.
Nuestro Grupo, una vez más, quiere poner de manifiesto su preocupación
porque exista la máxima proximidad, la máxima convergencia, entre este
sistema de investigación y desarrollo, que efectivamente las empresas
participen cada vez más y no se produzca que haya dos mundos distintos,
el mundo de la investigación y desarrollo, por un lado, y el mundo de la
producción, por otro; hay que integrar ambos y hay que lograr que esa
investigación y desarrollo incidan cada vez más directamente en los temas
que tecnológicamente pueden ser utilizados en la producción y que, por
tanto, pueden ser utilizados por nuestras empresas.
También una política sectorial que permita, lógicamente, seguir actuando
en los sectores en reconversión. El plan de la siderurgia integral es un
tema muy importante que lleva mucho tiempo en negociación en la Comunidad
Económica Europea, que afortunadamente en este momento ha obtenido ya la
aprobación de la Comisión, que está pendiente de su debate en el Consejo
de Ministros, y que me parece que pretende, en definitiva, garantizar la
continuidad y presencia de nuestro país en un régimen de mayor
competitividad en un sector tan importante como es el de la siderurgia, o
sectores como el de la construcción naval, en el que tiene que seguir
habiendo una intervención regulada y aprobada lógicamente por la
Comunidad Económica Europea, pero que nos permita también actuaciones
cuando haga falta en determinados sectores, cuando estos sectores, por la
crisis que estamos atravesando, tengan necesidad de algún tipo de apoyo.
En ese sentido, nuestro Grupo quiere expresar su preocupación por la
situación de Seat, y nos parece positivo que el Gobierno se interese por
este problema, que discuta y hable con la empresa Volkswagen para ver si
se pueden despejar las incertidumbres que en este momento existen a ese
respecto. Nosotros pensamos que política activa también se traduce en una
política de presencia en los sectores cuando hay problemas.
Respecto a la política energética, nuestro Grupo expresó en su momento su
apoyo al Plan Energético de 1991 que se aprobó y discutió en esta Cámara
en 1992. De los objetivos que se planteaban en ese Plan Energético yo
señalaría dos: por una parte, la disminución de los costes, que desde
nuestro punto de vista tiene que hacerse reflejando los costes reales, no
una disminución de los precios artificial, sino basada en un reflejo de
los costes reales, que son los que hay que tratar de disminuir, buscando
que el sistema de producción sea lo más barato posible y buscando los más
eficientes mecanismos de producción de energía eléctrica. Y, por otro
lado, la menor incidencia posible en el medio ambiente. En este sentido,
la línea básica del Plan Energético señalaba una potenciación del gas en
nuestro país. Nos parece que ésa es una política que hay que mantener, y
eso se refleja, lógicamente, en inversiones en una política de aumentar
la red de gasoductos, en particular, conectando con Europa y con el norte
de Africa. Hace pocos días se ha inaugurado justamente la conexión con
Europa; nosotros la saludamos como un paso positivo de cara a la garantía
de suministros y esperamos que esa conexión con el Norte de Africa se
lleve a cabo también en esta legislatura. También buscamos una mejora de
la estructura empresarial. En este sentido, en el sector del gas se ha
llegado a resultados hace pocos días y, por tanto, nos parece positivo
que se busque un tamaño de empresa que pueda estar presente en Europa y
que pueda jugar un papel internacional.
Por nuestra parte, queremos señalar también el apoyo al ahorro de
energía. Ya he dicho antes que los esfuerzos que se hagan en apoyar el
ahorro de energía son muy positivos, puesto que inciden en uno de los
problemas que tienen nuestras empresas industriales, que es el coste
energético, que hay que disminuir y que hay que seguir haciendo esfuerzos
para disminuir, y por eso pensamos que hay que mantener el apoyo público
a estas modernizaciones industriales que suponen disminución y ahorro de
energía.
Hay que tener especial cuidado en el impacto medioambiental, con el apoyo
que siempre ha expresado nuestro Grupo a las experiencias de combustión
limpia que han sido puestas en marcha por el Ministerio y que nos parecen
positivas, de cara al papel que debe de jugar el carbón en el suministro
de energía eléctrica.
Saludamos el anuncio del envío a esta Cámara del proyecto de ley de
ordenación del sector eléctrico, porque pensamos que es un sector que
necesariamente tiene que estar regulado, y es bueno que las reglas del
juego sean lo más públicas y den igualdad de trato a todas las empresas.
Nosotros estamos en desacuerdo con alguna posición que se ha mantenido
aquí esta mañana respecto a que haya empresas que tienen privilegios.
Nosotros pensamos que no hay ninguna empresa que tenga privilegios, que
ENDESA no tiene ningún tipo de privilegios en su actuación en el sector
eléctrico, sino que tiene una gestión eficaz, una gestión eficiente y que
está obteniendo unos resultados diferenciales respecto de otras empresas.
Yo creo que ése es un motivo de satisfacción para quienes pensamos que el
sector público tiene algo que decir a nivel productivo, sobre todo cuando
está bien gestionado.
Me referiré ahora al tema de la empresa pública. Nuestro Grupo también
coincide con el señor Ministro y nos queremos mostrar satisfechos con que
la coincidencia sea total en el criterio mantenido, criterio que, una vez
más, hay que decir que no prtende tener posiciones políticas previas,
sino estar informado por la eficiencia, por la eficacia y por la defensa
de los intereses industriales de nuestro país.
Hoy no se puede ignorar que tenemos muy pocas empresas industriales con
tamaño suficiente para estar presentes en Europa, que algunas de esas
empresas con tamaño suficiente resulta que son públicas, que, además,
tienen una gestión eficiente, eficaz y que son líderes en el sector
correspondiente. No hay empresarios privados alternativos a algunas de
estas empresas. Tenemos el caso que he señalado antes de ENDESA, el caso
de REPSOL, grupos como el INI-Teneo o INH, que tienen un tamaño en el que
no hay grupos privilegiados que puedan estar, ni mucho menos, a su
altura. Por tanto, pensamos que esto no se puede ignorar y que sería
actuar contra los intereses industriales de nuestro país hablar de
privatizaciones si no se ve que es una actuación necesaria, desde el
punto de vista económico. Desde el punto de vista de la gestión, pensamos
que las empresas públicas deben gestionarse con criterios de
competitividad, con criterios de eficiencia, con criterios muy similares
a los de las empresas privadas. Por consiguiente, estamos en desacuerdo,
como he dicho antes, con que se introduzcan criterios políticos para
bajar artificialmente los precios y traducir a pérdidas a una empresa
pública para obtener diferenciales de precio que nos parece que no es
bueno introducir. Yo creo que las empresas públicas deben gestionarse con
criterios fundamentalmente profesionales; ése ha sido nuestro criterio a
lo largo de los últimos años y creo que es un criterio que hay que
mantener. Por tanto, son empresas que, en un momento determinado, pueden
salir a financiarse al mercado, pueden salir a financiarse a Bolsa, si
eso supone una mayor eficacia en su gestión. Por consiguiente, el
criterio para hacerlo o no debe ser fundamentalmente interno y no, en
modo alguno, ideológico o político previamente establecido.
Por tanto, desde nuestro punto de vista, el sector público es importante
en este momento y algunas empresas no existirían en nuestro país si no
estuviera el sector público en ellas.
En definitiva, la posición de nuestro Grupo es de apoyo a los
planteamientos que ha hecho el señor Ministro. Los énfasis y los acentos
que ha puesto el señor Ministro coinciden con los énfasis y los acentos
que nuestro Grupo quería poner de manifiesto: política industrial activa
dirigida especialmente a la pequeña y mediana empresa; apoyo a la
innovación tecnológica y criterios, respecto a las privatizaciones y a la
empresa pública, estrictamente económicos y profesionales.
El señor PRESIDENTE: Para dar respuesta a las
intervenciones de los diversos Grupos, tiene la palabra el señor Ministro
de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, señorías, voy a intentar dar una respuesta; respuesta que,
por el hecho de que pretenda ser algo sintética, espero que no la tomen
ustedes como desconsideración. Excediendo lo que son las competencias del
Ministro de Industria y Energía, me gustaría que la experiencia de esta
propia comparecencia, en la que fuese inevitable que el Ministro, por un
lado, quiera tratar de casi todos los temas y, por otro lado, que cada
uno de ustedes plantee estos y algunos otros más, tal vez pudiera ser
bueno, para concluir, que dentro de la Comisión y en el mejor de los
espíritus posibles coincidiéramos en que no se puede hacer un debate
fructífero sobre todos y cada uno de los aspectos si previamente no nos
ponemos de acuerdo sobre cuáles vamos a hablar. Yo no sé si es
procedente, Presidente, pero sí quisiera sugerir a los miembros de la
Comisión y a los Grupos parlamentarios la oportunidad de que de una
manera convenida, pudiéramos tener la ocasión de analizar
pormenorizadamente diferentes aspectos, algunos que se han puesto de
manifiesto en diferentes intervenciones, desde políticas de empresa
pública o políticas relacionadas con la investigación del desarrollo
tecnológico o incluso políticas de pequeña y mediana empresa o el sector
energético, cada uno de los cuales, sin duda alguna, puede ser objeto de
una consideración especialmente interesante y tal vez más rica si, al
mismo tiempo, no hay que considerar tantas cosas a la vez. Todo lo
anterior vaya simplemente, como la impresión que yo mismo tengo, y
supongo que quizá ustedes también conmigo, en que más allá de expresar
nuestros acuerdos y nuestras diferencias, quizá sea útil también que
busquemos cómo profundizar, cómo aproximarnos, primero, en el nivel de
información, que a veces es sensiblemente distinto del que pueden tener
los parlamentarios y el que puede tener el Gobierno en algunos de los
aspectos, y, en segundo lugar, cómo somos capaces de establecer las
diferencias una vez que unificamos nuestra información, que me parece que
esto es muy importante, para no discutir sobre lo que es adjetivo y, en
cambio, olvidarnos de aquello que es fundamental. Digo esto porque hay
algunos datos que han salido en diferentes intervenciones que, sin duda
alguna, nos llevaría mucho tiempo debatir sobre si la estadística dice
esto o dice aquello otro, y tal vez estemos fundando nuestras diferencias
no exactamente en la misma información.
Pero, dicho esto, trataré de contestar a las intervenciones en el mismo
orden en el que se han producido, agradeciendo, en todo caso, a todos
desde el principio su extraordinaria cordialidad e incluso atreviéndome a
ir un poco más allá, aunque luego haré algunas matizaciones porque no
todas las intervenciones han tenido exactamente el mismo sentido ni el
mismo énfasis; pero sí creo poder observar que hay bastantes elementos en
los cuales puede haber coincidencia entre los diferentes grupos
políticos. Yo sé que no es posible ni sostenible democráticamente pensar
que en todas las cosas tenemos que mantener las mismas posiciones y que
hay una cierta voluntad de diferenciación. Quiero, en todo caso, decirles
que esto es perfectamente compatible con el hecho de que busquemos
también, en una época como la que estamos viviendo, algunos mimbres y
algunos elementos que puedan ser elementos básicamente coincidentes. Y he
creído entender en algunas, en el fondo de todas las críticas y de todas
las diferencias, un conjunto de líneas bastante coincidentes. Por
ejemplo, he creído entender que no hay ninguna oposición a que el
Gobierno practique una política que pretenda ser activa; y he creído
entender, como balance general, que, con independencia de los matices,
tampoco hay ninguna oposición a que se ponga el mayor de los énfasis
posibles en una política dirigida hacia la pequeña y mediana empresa.
Quiero congratularme, al menos, de estos dos aspectos, que son,
naturalmente, compatibles con otras diferencias, a veces gruesas, pero me
parece que esto es importante.
Por tanto, paso a responder a algunas de las intervenciones.
La primera intervención, extraordinariamente cordial, no por ello, en mi
opinión, menos acerada en cuanto al fondo, es la del representante del
Grupo Popular, del señor Gámir. Yo, señor Gámir, exactamente, con la
misma falta de acritud con la que usted ha hecho sus comentarios, sí le
tengo que decir algunas cosas. Le quiero decir que fundamentalmente usted
ha hecho un análisis que tal vez uno lo entiende desde el punto de vista
político, pero que no es el análisis sobre la política industrial que les
estoy proponiendo, lo cual me parece legítimo, pues cada uno pone el
énfasis exactamente en lo que quiere. Si al Grupo Popular le interesa
hacer un análisis determinado de la historia pasada o incluso de la
década, está muy en su razón y es muy legítimo; lo que pasa es que no
creo que ése sea el debate. Me parece que el debate es cómo estamos hoy,
cómo hemos llegado, dónde estamos, dónde queremos ir y, a partir de aquí,
qué política industrial queremos hacer y usted ha hecho su intervención
--que, por cierto, la conocía porque, además, hizo su comparecencia
particular ayer-- para expresar cuáles son los puntos de vista del
Partido Popular, lo cual me parece legítimo. Usted pregunta enfáticamente
si el PSOE ha sido útil a los obreros industriales. A mí esto me lleva
simplemente a darle una contestación absolutamente lapidaria: desde
luego, una buena parte de los obreros industriales son los que han dado
la victoria electoral al Partido Socialista y una parte mayoritaria de
los ciudadanos son exactamente los que han estado en contra de una parte
del discurso que usted ha hecho hoy aquí.
Si tenemos que analizar, en consecuencia, el pasado, sin duda alguna no
vamos a zanjarlo ni usted ni yo porque esto no es un debate de cátedra,
sino que esto es un debate en términos políticos, y en términos políticos
los ciudadanos han tomado sus decisiones. Más allá de la caracterización
que usted quiera hacer de la década pasada, lo que es verdad es que los
ciudadanos han seguido exponiendo y expresando su confianza en un
gobierno con amplia participación, aunque no amplio peso, del
Partido Socialista. Por lo tanto, esto me parece que es lo primero que le
tengo que decir.
Yo quiero coincidir con usted, porque sin duda alguna tiene usted razón,
en una cuestión que es muy relevante. La política industrial no es
solamente lo que se hace desde el Ministerio de Industria. ¡Faltaría más!
La política industrial --lo he dicho muchas veces y, en todo caso, estoy
de acuerdo en esa parte de su análisis-- no es solamente el conjunto de
programas que están en el presupuesto del Ministerio de Industria. La
política industrial es un conjunto de acciones que tienen como resultado
un conjunto de elementos que tienen como resultado un determinado marco
de funcionamiento de las empresas, unos determinados mecanismos de
incentivación, unos determinados mecanismos que permiten el juego de los
agentes públicos o privados de la industria. Por lo tanto, es verdad que
tienen relevancia --¡faltaría más!-- los elementos de la política
macroeconómica, y yo no solamente estoy de acuerdo con usted, sino es
que, además, me parece que es absolutamente relevante el decir esto
cuando se analizan los elementos de la política industrial.
Es verdad que una política industrial viene dada por la política
macroeconómica y solamente en ese marco de la política macroeconómica
tiene alguna posibilidad de relevancia o de actuación coherente. Sería
bastante absurda una política microeconómica en contraposición con una
determinada política macroeconómica; no tiene ningún sentido.
Ciertamente, son relevantes los tipos de interés, como es relevante el
tipo de cambio o como es relevante la política fiscal o la fiscalidad
existente, por citar algunas de las cosas a las que usted se refería.
Pero no es menos cierto el que, dicho eso, hay toda una serie de
aspectos, que no son ni siquiera los que tradicionalmente se consideran
como parte de la política macroeconómica, que son también política
industrial. Es política industrial en este sentido, en el pleno sentido
de la palabra, la política que se hace desde el Ministerio de Educación,
y supongo que usted convendrá conmigo en esto; una política de formación
de capital humano, lo que eso signifique desde el punto de vista del
presente y del futuro. Es absolutamente relevante desde una política
industrial la política que se haga desde el Ministerio de Trabajo, cuál
sea la regulación del marco laboral, del marco legal en el que se
producen las relaciones de trabajo, y es política industrial tantos otros
aspectos que tienen que ver con el marco de funcionamiento y con el
régimen jurídico en el que funcionan nuestras empresas.
Dicho eso, por lo tanto, yo creo que es verdad que cuando hablamos de la
política industrial hay que hablar de todo ese aspecto y de todo ese
conjunto, bien entendido que algunos de esos aspectos no solamente hay
que hablarlos con el Ministro de Industria, sino que hay que hablarlos en
otros foros, puesto que no siempre todos ellos son elementos que competen
a la responsabilidad del Ministro o del Ministerio de Industria.
Yo no estoy de acuerdo en que estemos en esta situación, señor Gamir, por
la política socialista. O, mejor dicho, estaría bien de acuerdo en que
estamos poniendo las cosas al revés en esta situación, en una situación
en la que hay que analizar no sólo el fondo coyuntural en el que podemos
estar ahora, sino también cuál es el proceso que se ha producido a lo
largo de los últimos años, y también esto es consecuencia, si quiere
usted, de la política socialista. Si usted analiza exclusivamente una
fase de recesión y aprovechando eso hace el análisis respecto de
cualquier política o momento de auge y dice: Mire usted, el resultado de
la pérdida de puestos de trabajo de 300.000 en el último año, éste es el
resultado de la política socialista. Naturalmente, ese análisis, señor
Gamir, no resiste el menor de los rigores, la menor de las críticas,
simplemente porque tendría que decir no solamente lo que ocurre este año,
sino lo que ha ocurrido en los años anteriores.
Claro, cuando el problema de la desindustrialización, según usted, es el
problema de que este año se han perdido 300.000 puestos de trabajo, o el
año anterior, naturalmente usted tendría que estar dispuesto a decir que
esto no puede ser solamente el resultado de una política industrial
equivocada. Tendría que estar dispuesto a reconocer, como yo lo he dicho
anteriormente, el que en el período 85-91, que es otro ciclo también que
corresponde a una política del Gobierno socialista, se ha producido un
crecimiento acumulativo del empleo a una tasa del 1,4 por ciento anual y
que eso ha significado una tasa de crecimiento notablemente superior a la
que se ha producido en los países de la Comunidad, que en ese mismo
período han decrecido en tasa acumulativa anual el 1,8 por ciento, para
tener por lo menos una visión suficientemente amplia no solamente de una
fase de declive, sino también de una fase de auge. Esto me parece que
tendría que decirlo.
Tendría que decir que en 1985 había 2.653.000 personas empleadas, de
acuerdo con la EPA a la que usted citaba, y que en 1986 crecieron en
44.000, y en 1987 crecieron en 66.000, y en 1988 en 40.000, y en el año
1989 en 93.000, y en 1990 en 80.000, hasta que llegó la fase declinante o
decreciente del ciclo económico, en un fenómeno que no es, por cierto,
estrictamente español, sino que es un proceso, como usted perfectamente
sabe y debiera, en mi opinión, explicar también aquí, que ha tenido lugar
en otros países europeos.
Por lo tanto, yo admito que usted haga ese discurso que quiere hacer,
porque forma parte del discurso que hace su Partido y su Grupo
Parlamentario; lo que pasa es que tengo la sensación de que más allá que
a desacreditar una política, si ustedes lo consiguen --por cierto, no
ante los ciudadanos--, no me parece que contribuye con demasiada luz, por
lo menos, a ilustrar sobre cuáles deben ser los aspectos de una política
industrial más relevante, más eficaz en el futuro.
Tiene usted razón, y yo estoy de acuerdo con usted y no estoy de acuerdo,
como luego mencionaré, con que se han producido algunos otros factores
que tienen que ver con la pérdida de competitividad de nuestra industria
relacionados con la variación --luego matizaré en relación con el
discurso del representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña--,
con la evolución de los costes laborales. Lo he dicho en público y, desde
luego, se lo
quiero decir a SS. SS.; no siempre y en todos los momentos ha sido igual,
pero es verdad que en un período de recesión económica como el último se
ha producido un crecimiento de los costes laborales por encima de la
productividad en España, sensiblemente más alto que el que se ha
producido en otros países. Y hemos vuelto a una pequeña parte de nuestra
historia económica, que es la historia en virtud de la cual casi desde el
año 1959, como sin duda alguna el señor Gamir podría perfectamente
acreditar y explicar, se ha producido elevaciones de costes notablemente
superiores en este país que casi siempre han sido corregidas, puesto que
eso implicaba una pérdida de competitivdad mediante devaluaciones
competitivas en el pasado. Esto ha ocurrido también en este período
reciente. Lo que les trataba de decir anteriormente es, en relación con
la intervención del señor Gamir, que sería bueno el que las
modificaciones de la paridad en el tipo de cambio no significaran un
período en este momento solamente de una mayor holgura para la vida de
las empresas y para nuestra industria, sino también un período que fuera
debidamente aprovechado para colocar nuestros costes, no sólo los
laborales, sino todos los demás, en la misma línea de evolución en
relación con la productividad que tienen otros países europeos.
Estoy de acuerdo en que hay un problema en el sector servicios, y estoy
de acuerdo --y supongo que usted también lo estará, señor -- en que una
parte de la competencia que se viene introduciendo dentro del sector
servicios se debe en buena medida también a los esfuerzos que el
Gobierno, desde el propio Plan de Convergencia y desde actuaciones
anteriores, ha venido introduciendo en ese sector, en un sector, por
cierto, bastante más insensible en España, como en otros países, a la
evolución o a la competencia entre las diferentes empresas.
Por tanto, no me vale, señor , ese análisis de la desindustrialización.
La desindustrialización no se ha producido como usted lo explica, sino
que en términos homogéneos, con los datos que anteriormente le daba, se
ha producido como parte de un cierto fenómeno natural, que es una
reducción, que forma parte de la experiencia de todos los países
industriales, de la participación en el PIB, y se ha producido no
obstante el hecho de que éste es un país que todavía tiene mayor tasa de
participación en el producto interior bruto que otros países más
desarrollados, y se ha producido no obstante el proceso de
externalización de los servicios, que en buena parte, para hacer una
comparación homogénea, habría que sumarlos con la industria y con el peso
de la industria en el año 1993 para tener una comparación homogénea, por
ejemplo, con lo que ocurría en los años 1980, 1982 ó 1983, si quisiéramos
saber, repito, lo que en términos homogéneos ha venido ocurriendo con el
peso de la industria, puesto que muchos de los servicios que hoy son
servicios y computados como tales anteriormente lo eran en tanto que
servicios producidos en el interior de las empresas.
Por tanto, es un problema sobre el que se puede discutir hasta el
infinito. Lo que pasa es que me temo que no es precisamente el rigor el
que inspira en este momento estas calificaciones, sino quizás el intento
de producir una determinada forma de crítica, ni siquiera de la política
que se está presentando, sino tal vez de una política que se quiere
acreditar como una política que condujo al fracaso, cuando no hay más que
analizar lo que es la evolución de la década para darse cuenta de cuál es
el esfuerzo de industrialización, de mejora, de potencia de nuestro
propio tejido industrial, a pesar de las deficiencias que todavía nos
aquejan.
Se refería el señor también --él los calificaba de programas tristes-- a
los programas incluidos en el presupuesto del Ministerio de Industria y
Energía. No quisiera adelantar en este momento lo que sin duda será una
discusión cuando hablemos del presupuesto para 1994. Unicamente le quiero
decir, señor , que, con independencia de que admito que puedan tener
diferencias de cifras por las que se han presentado oficialmente y por la
forma de consolidación de las mismas, los presupuestos del Ministerio de
Industria, en términos homogéneos, con lo que hubiera sido el Ministerio
de Industria el año anterior, si no hubiera estado dependiendo del
Ministerio de Industria el actualmente de Comercio y Turismo, crecen en
términos consolidados un 6 por ciento, en términos iniciales, sobre el
año 1993. (El señor Casares: Sobre el primer presupuesto.) Sobre el
presupuesto inicial de 1993. Por tanto, me parece que es una importante
señal, y antes lo he tratado de manifestar, en un período de restricción,
presupuestaria incluso, que, acompañando a una filosofía que pretende ser
de mayor actividad en la acción industrial, esto tenga el apoyo
presupuestario correspondiente, pero me parece que no debiéramos mezclar
el debate presupuestario con este debate, si le parece. He tratado de
decirlo únicamente en passant, de pasada, para poner de manifiesto lo que
tratamos de hacer.
Me alegra, señor Gámir, en todo caso --y creo que usted lo ha dicho con
estas o parecidas palabras--, que en la política del Gobierno en materia
de pequeñas y medianas empresas, aunque ustedes la crean de alguna manera
tributaria de propuestas suyas, haya algún mayor nivel de coincidencia.
Créame, no es en su programa en el que nos hemos basado para establecer
la política de pequeñas y medianas empresas, pero en todo caso me alegro
de que usted tenga, por lo menos, menos razones para oponerse, puesto que
oponerse lo va a hacer de todas formas, a la política industrial del
Gobierno.
Sobre las contradicciones en materia de privatizaciones, usted ha
utilizado una palabra que es el adjetivo «kafkiano», y perdóneme, pero es
tan fácil explicar las supuestas contradicciones aparentes incluso con
las citas que me parece un despropósito, en el mejor de los sentidos de
la palabra y sin ninguna intención de ofender, la utilización de la
palabra «kafkiano». ¿O es que no es posible decir que, en opinión de una
persona, hay cuatro o cinco grandes empresas rentables en este momento en
el sector público que son las que, quizás, algunos empresarios y algunos
grupos --al parecer también políticos-- desearían que pasaran al sector
privado, y hasta qué punto eso es compatible o incompatible con las
declaraciones
que usted atribuía al señor Solbes --y al parecer las habrá hecho-- sobre
el hecho de que, en este momento, privatizables en estos mismos términos
pueden ser también cuatro o cinco? Lo mire usted al revés, en sentido
contrario, o lo mire al derecho, en sentido positivo, llegamos a
conclusiones similares, pero en todo caso lo que le quiero decir es que
las posiciones singulares de uno o de otro Ministro, no por cierto
incompatibles, no son la política del Gobierno, ni lo que yo diga, mi
opinión particular es la política del Gobierno, aunque, desde luego, lo
que digo no trato de que se separe un ápice de la política que conforma
el Gabinete. Y la política del Gabinete es la que les he descrito en
materia de privatizaciones o en materia de empresa pública.
Estoy de acuerdo también con las afirmaciones del Ministro Borrell cuando
decía que algunos --como también he tenido ocasión de escuchar esta
mañana-- tenderían a vender las joyas de la abuela. Yo lo he expresado
con un símil un poco más rural: algunos pretenden vender la vaca y luego
nos quedaremos sin leche. Entretanto, pretenden, simultáneamente, que se
sigan sosteniendo las empresas públicas que en un momento determinado no
son rentables. Alguien --no sé si el señor Gámir-- me tendría que
explicar, en la hipótesis de que en este momento vendiéramos las empresas
públicas más apetecibles y más acreditadas como rentables del sector
público, disminuyéramos la participación patrimonial e hiciéramos
imposible, por tanto, un flujo de ingresos para los presupuestos de los
próximos años, provenientes, por ejemplo, de Endesa, Repsol, Argentaria y
de otras cuantas empresas, qué es lo que hacemos para sostener el sector
público empresarial sin contribuir al aumento de la presión fiscal. Me
tendrían que explicar cómo lo hacemos, puesto que supongo que estaremos
de acuerdo en que no se trata de despedir a los trabajadores ni de cerrar
simultáneamente todas las empresas que en este momento forman parte del
sector público empresarial. Alguien me tendría que contestar a esta
pregunta, no solamente en una perspectiva de medio plazo y de equilibrio
general, en la cual lo que sale por un lado entra por otro, sino en la
perspectiva de un equilibrio financiero presupuestario. Y si llegamos a
la conclusión de que hoy alguien pueda arreglar el déficit o contribuir a
arreglarlo haciendo eso, pero a costa de agravarlo en los años próximos,
tendría que buscarme una explicación, salvo que alguien esté dispuesto a
decirme cómo sostener todo un sector público empresarial, en el cual hay
empresas ciertamente en proceso de transición hacia la rentabilidad, pero
que en este momento ni tienen comprador ni lo van a tener inmediatamente,
pero que dan empleo a un enorme número de personas y que forman parte de
las oportunidades, incluso, económicas de este país y del aprovechamiento
de sinergias; alguien me tendría que decir cómo contribuimos a sostener
eso en este período de ajuste y de racionalización del sector público,
sin que al mismo tiempo incurramos en déficit adicionales en los años
próximos o en una política absolutamente salvaje de cierre de empresas
públicas. Esta es la pregunta que me parece fundamentalmente relevante.
Por lo tanto, no es --que también lo puede ser-- una cuestión ideológica.
Yo no la he planteado así. Lo he planteado, fundamentalmente, como un
problema de que no vale una mercancía que, en mi opinión, puede ser tan
averiada como la contraria, en virtud de la cual las empresas públicas no
tienen solución o la mejor de las empresas públicas es aquella que no
existe; como no es verdad la tesis contraria, según la cual todas las
empresas tendrían que ser privadas. Le puedo señalar, señor Gámir, unos
cuantos sectores bastante relevantes en los cuales la gestión de empresas
públicas en este país es notablemente superior a la de las empresas
privadas. Por cierto, como consecuencia de esos problemas, algunos otros
se han derivado sobre el sistema financiero, sobre el sistema bancario,
sobre la política industrial, sobre tarifas de servicios públicos muy
importantes en este país.
Por tanto, hay un rumbo, señor Gámir, en materia de política de empresa
pública, el rumbo de la sensatez, el rumbo de no poner la ideología por
delante del saneamiento del sector público, el rumbo de contribuir a algo
que me parece mucho más razonable en términos de defensa de la industria
nacional y de garantía de una industria nacional competitiva de solidez y
de dimensión suficiente en nuestro país, que es apostar fundamentalmente
no por un proceso de desmantelamiento de lo que existe --que a lo mejor
hay que hacerlo en algún área de actividad; no lo estoy excluyendo de
ninguna manera-- sino por un proceso de creciente colaboración entre el
sector público y el sector privado, que me parece exactamente lo que
corresponde a una economía como la nuestra, asentada en capital privado,
capital público, agentes públicos, agentes privados, como corresponde al
modelo de la Europa Occidental. No estoy, en consecuencia, señor Gámir,
de acuerdo en que haya dos políticas: una política de
desindustrialización y una política, al parecer, de competitividad, que
significa, como decía su compañero, tocar las estrellas, esto es, una
política en el mejor de los mundos posibles como la que ustedes pretenden
defender. Lamento el que haya demasiadas contradicciones en su análisis
como para, en ese sentido, darle la razón, aunque sí quiero expresar
algunas de las coincidencias y especialmente aquellas que tienen que ver
con un análisis que me parece riguroso: la política industrial no es
solamente lo que se hace desde el Ministerio de Industria; es un marco
mucho más amplio.
El señor Such se preguntaba por la política energética y me decía que era
difícil discutir o disentir de lo que yo había expresado. Me alegro de
que tenga usted alguna dificultad para disentir, aunque supongo que
seguirá disintiendo. En cualquier caso, sí le quiero llevar la contraria,
porque no sé a qué Ministro o a qué miembros del Gobierno se les puede
atribuir --desde luego no a este Ministro en todo caso, ni creo que en
general a nadie-- el que en todos los índices, según usted, estamos
siempre mejor que los demás países de Europa. Yo he dado unos cuantos
índices que han servido, me parece, para poner de manifiesto lo mucho que
nos toca y que tenemos que recorrer. No tengo ninguna vocación de
triunfalismo; tengo la vocación de poner el énfasis en el esfuerzo que es
necesario hacer. Es obvio, y justo también, reconocer una parte del
camino que se ha recorrido y que, por cierto, no es pequeño en política
energética, no es pequeño en política de I+D, no es pequeño en tantas
cosas como puede ser incluso el fortalecimiento de nuestro tejido
industrial a lo largo de los años próximos.
No se trata, por tanto, de tocar las estrellas como algo imposible pero
que en todo caso vamos a intentarlo. Se trata, señor Such, no de crear
ilusiones, sino de crear una vocación de esfuerzo y de esfuerzo
compartido.
Creo que me ha entendido mal, la Ley del gas, a la que se refería usted,
es una ley ya aprobada hace varios años. Por tanto, no he hablado nunca
de hacer una nueva Ley del gas sino del desarrollo normativo de dicha
ley; desarrollo normativo cuyas líneas fundamentales les he dado y que
tendrá desde este mismo año distintas expresiones en forma de decretos
para regular los diferentes aspectos a los que he hecho referencia.
Sigue sin ser cierto, señor Such, el que en energía esté planteando una
política idílica. Por el contrario, si algo tendría que decir de la
política energética, es que teniendo en este momento grandes proyectos y
un horizonte que me parece que es razonable, tenemos grandes problemas y
hay que abordarlos con decisión. Hay que abordar con decisión una
política de saneamiento dentro del sector eléctrico; hay que hacer que
dentro del sector eléctrico haya una mayor solidez desde el punto de
vista financiero, y no todas las empresas del sector eléctrico tienen la
misma sanidad financiera, señor Such, y no como consecuencia de la
división entre público y privado precisamente, sino como consecuencia de
grandes errores de gestión que se han podido producir en el pasado y a
los cuales el Gobierno, juntamente y solidariamente con el conjunto de
los españoles, ha tratado precisamente de hacer frente mediante una
política tarifaria y la generación de un marco jurídico y legal bastante
razonable precisamente para ir resolviendo esos problemas.
Se refería usted también, como el indicio de que no estamos en el mejor
de los mundos posibles, en lo que por cierto estoy de acuerdo con usted,
al apagón de Cataluña, al que ya he hecho alguna referencia, pero ha
formulado usted algunas consideraciones sobre el tema del apagón que me
fuerzan a hacerle algunas precisiones sobre ese particular. El Cerex,
dice usted, tiene un equipo autónomo que dura quince minutos. El Cerex de
Cataluña está precisamente en un proceso de montaje --y, por cierto, su
equipo autónomo no duró quince minutos sino que duró más de una hora,
hora y pico--. Sobre todo, lo que no quisiera es que confundiera el
Cerex, dentro de lo que es Red Eléctrica Española, como la institución en
la cual se toman algunas decisiones y se toman las decisiones
fundamentales, porque seguramente eso distorsionará la discusión y
revelará, se lo digo con toda amabilidad, un falso debate, porque no es
ése, ni será además en el futuro, créame, el problema de la regulación de
cuestiones como el apagón o finalmente la regulación del funcionamiento
del sistema de transporte eléctrico.
Se refiere usted a problemas de actualización de guías de operación, de
manuales, etcétera, y --se lo digo amablemente-- me parece que está
revelando una enorme ignorancia sobre cómo funciona eso, porque la
actualización de todas esas cosas se produce con un enorme automatismo,
incluso con intervalos de menos de un año. Plantearse qué es lo que
hubiera ocurrido si se llega a producir algo que no ha ocurrido, pero que
todavía podía ser más grave, es algo así como plantearse la discusión: si
en este momento asistiéramos al diluvio universal, ¿ustedes, señores del
Ministerio de Industria, habrían tomado ya las medidas necesarias para
hacer frente a tamaña catástrofe? Es un nivel de discusión, señor Such,
en el que me resulta completamente imposible, intelectualmente, entrar y
supongo que usted lo entiende. En todo caso, créame, no lo tome como una
agresión especial, sobre la política de formación, por ejemplo, que usted
dice que es inadecuada en el ámbito de Red Eléctrica, seguramente es de
las cosas que menos se pueden decir en público, porque si alguna empresa
gasta en formación en relación con los gastos de personal es precisamente
Red Eléctrica, que está dedicando a gastos de formación, a gastos de
personal, entre el 7 y el 12 por ciento, dependiendo de los años que se
consideren, cuando la mayor parte de las empresas españolas y europeas no
destinan a este capítulo más de un 1 por ciento. Por tanto, si a algo
resulta inadecuado referirse en esos términos es a la política de
capacitación o de formación de personal.
El señor Peón se refería al problema de Iberia. He tenido un poco la
sensación --y, entiéndame, se lo digo también con amabilidad-- de que
ustedes pretenden algo así como que estando de acuerdo en lo que se ha
hecho, no obstante que el Gobierno haga una especie de confesión de
culpas, no se sabe muy bien por qué. A ustedes les parece bien que se
revalúe la estrategia, que se adopten decisiones que permitan colocar a
Iberia en la mejor de las posiciones posibles; pero dicho eso, pretenden
encontrar un recóndito secreto que el Ministro se niega a revelar sobre
las ocultas razones que han inspirado el cese del anterior presidente de
Iberia. Como no hay ocultas razones, misterios que desvelar, me tengo que
contentar con recordarle simplemente lo que he dicho antes. Estas son las
razones que hay, las razones de preocupación sobre el presente y sobre el
futuro de Iberia, las que han llevado a adoptar una decisión que me
parece que es responsable, la de colocar a Iberia y a su plan estratégico
no solamente ante la necesidad de confrontarse con el nuevo marco en el
que se está viviendo en el transporte aéreo, sino, al mismo tiempo,
colocar a sus responsables ante la necesidad de producir el saneamiento
económico y financiero más rápido posible, por una doble razón: en primer
lugar, por la propia empresa y, en segundo lugar, por la incidencia que
esa empresa, Iberia, tiene en el propio grupo público y especialmente en
ese grupo público que hemos dado en llamar Teneo, que naturalmente no
puede vivir una perspectiva de puesta en rentabilidad global con un grupo
como el del transporte aéreo, con su dimensión, en pérdidas y en pérdidas
crecientes. Señor Peón, no hay más razones, puede usted escarbar todo lo
que quiera, puede usted preguntarse por otra serie de cuestiones. Lo
único que le ruego es que no confunda un análisis como
el que le estoy haciendo con otras cuestiones de carácter colateral que
pueden servir para ilustrar el argumento de la sospecha pero que de
ninguna manera tienen que ver con las decisiones del Gobierno. Por
cierto, no hay contratos blindados, que yo conozca, en el grupo público
dependiente del Instituto Nacional de Industria. Si los hubiere,
naturalmente el Gobierno sabe usted que tiene la intención de tomar
decisiones y lo ha expresado en ese sentido. No es un problema, en
consecuencia, de poder político. El poder político en estas cuestiones no
lo expresa ni siquiera --me atrevo a decirlo para que usted lo entienda
bien-- el Presiente del INI o el presidente de una empresa, sino, en todo
caso, el Ministro tutelar.
Señor García Fonseca, yo le quiero agradecer muy de veras la intervención
que ha hecho y lo quiero hacer a pesar de que, como luego veremos, estoy
en desacuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, pero lo mismo que
usted reconocía algunos elementos que le parecían razonables de mi
intervención y de mi comparecencia, también le quiero decir que me parece
que ése es el camino para que yo pueda considerar que las posiciones de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya son cada vez más homologables.
Nada me gustaría más que efectivamente pudiera considerarlas así en
muchas cosas.
Usted decía que le convence que la política industrial con esta u otra
denominación se asiente en lo que hemos llamado un poco coloquialmente
políticas oblicuas, que ponga el énfasis en las políticas sectoriales, en
políticas activas, en el diálogo con los agentes sociales, en que haya
una determinada filosofía dentro del sector público general y de la
empresa pública en particular, como la que quizá se puede deducir de las
palabras que he expresado. Unicamente --dice usted-- difiere en el
diagnóstico. Le parece que el adjetivo de «difícil» que he utilizado yo
es excesivamente neutro. Quizá usted quiera cargar un poco más las
tintas. Me parece que usted está en su derecho. Yo creo que tiene usted
razón cuando dice que esta situación es una situación que nos preocupa y
que es una situación importante, seria. Yo también lo creo, la llamemos
como la llamemos. A mí me parece que con caracterizarla de difícil me
parece que tenemos lo suficiente, sobre todo si no queremos ser
especialmente autoflagelantes o si no queremos castigar a nosotros mismos
más de lo que otros se están castigando también ya a sí mismos, o si no
queremos desconocer los problemas que también existen en nuestro entorno.
A usted, al parecer, le molesta que cuando analizamos los problemas de
España y de nuestra industria se haga una referencia a la situación
internacional, y a mí es que me parece absolutamente fundamental. Nunca
será esto un motivo para excusar nuestros problemas, pero sí para
entenderlos y, en todo caso, para interpretarlos. Conoce usted esa
expresión coloquial de que «mal de muchos, consuelo de tontos». Yo creo
que no nos sirve de consuelo. No sirve a quienes se quedan sin empleo; no
sirve a quienes tienen la responsabilidad sobre el sector, sobre la
industria; no sirve, desde luego, de consuelo a nadie, pero, en todo
caso, sí sirve para comprender qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa
ahora algo distinto de lo que nos pasaba hace algunos años, hace tan sólo
un par de años en materia industrial, o incluso, si me apura, algo menos
de un año, por lo menos, con el nivel de intensidad con que se han
producido algunos de estos problemas en el año 1993.
Yo no he dicho, y me gustaría que usted recibiera lo que he dicho
exactamente como lo he dicho, que el único problema que tenemos en la
industria es el problema de los costes salariales. No lo he dicho, y,
además, lo he expresado en estos términos en mi intervención anterior. No
he dicho que sea el único problema. Hay muchos otros inputs que tienen
influencia en los costes de producción, desde los precios de la energía a
los de un buen número de materias primas o algunos de los que señalaba,
por ejemplo, el representante del PP cuando se refería a la evolución de
los precios dentro del sector servicios. Ciertamente todo esto está
influyendo en la competitividad de nuestras industrias y, por tanto, ahí
hay un esfuerzo que hacer, pero creo que haríamos un ejercicio como el de
la avestruz si, efectivamente, no quisiéramos encararnos con una parte de
nuestra realidad económica, que es el reconocimiento también de que los
costes salariales han crecido en el último período y en un período
especialmente difícil por encima de la productividad. Le doy nada más
unos datos, señor García Fonseca, simplemente para expresar esta
realidad.
Los costes laborales unitarios medidos en moneda común para España en
relación con los países de la Comunidad Europea han evolucionado,
partiendo de un nivel de paridad cien en el año 1985, de la siguiente
forma: en el año 1987 era un 95,7 por ciento; en el año 1988, un 103 por
ciento; en 1989, un 113,5 por ciento; en 1900, un 121,4 por ciento; en
1991, un 123 por ciento; en 1992, un 122,7 por ciento. Si lo toma usted
en la comparación no respecto de la Comunidad sino en relación con los
países de la OCDE comprobará que incluso este efecto puede ser
relativamente más significativo. Esto varía, naturalmente, de un período
a otro. Lo que quiero decir, sin ninguna agresividad de nuevo, es que
esto forma parte también de los problemas de la política industrial y de
esa preocupación que antes le reiteraba de que una parte de nuestros
empeoramientos en materia de costes y de una política a veces industrial,
esencialmente basada en costes y no tanto, o no suficientemente inclinada
sobre otros factores de la competitividad industrial, como pueden ser los
intangibles, la dimensión, la formación, la investigación, la
internacionalización, la calidad, la seguridad, etcétera, de los
productos, que tienen y han de tener una creciente importancia en la
capacidad de competencia de nuestras empresas, ha llevado a que la
relativa ventaja comparativa que este país ha tenido en materia de
industria en relación con los precios se haya ido deteriorando,
relativamente reduciendo en el tiempo, en unos períodos algo más, en
otros un poco menos, y que las devaluaciones para el sector exportador
hayan sido un alivio en ocasiones a esta pérdida relativa de
competitividad, a la cual se unen, sin duda alguna, otros muchos
aspectos: de estructura de la empresa, de financiación, tipos de interés
y tantos otros factores que ciertamente
son relevantes pero también éste, créame, señor García Fonseca, al menos
así lo veo yo, es un factor que tiene su relevancia y por eso es tan
importante una política que pueda contribuir a una evolución razonable y
moderada de nuestros costes --de todos ellos, no solamente de los
laborales-- en el futuro si queremos hacer una política de competitividad
global de la empresa.
Usted ha puesto algún énfasis también en lo que ha llamado un fracaso de
las políticas de reconversión. Yo no estoy de acuerdo en eso, aunque
seguramente, visto en los términos en los que usted lo plantea, es una
visión, a mí me parece, terriblemente estática de lo que es la evolución
del mundo. En los países de la Comunidad, por ejemplo, antes de que se
crease incluso la Comunidad Económica Europea, como sabe usted, existía
la Comunidad del Carbón y del Acero. La historia de Europa, si algo es,
es la historia de las reconversiones del carbón y del acero; si es que no
se ha hecho otra cosa que reconvertir en períodos en ocasiones cortos, en
otros un poco más largos, pero con procesos de ajuste de la producción y
a veces del empleo, como usted sabe muy bien. Pretender que en un momento
determinado, a partir de 1983 o de 1984 se haga una política de
reconversión de una vez y por todas en virtud de la cual los sectores
ayudados, reconvertidos, etcétera, estén definitivamente y para siempre
en una situación de competencia es tanto como ignorar que el mundo sigue
rodando y que nosotros no podemos seguir parados pensando que el mundo
gira a nuestro alrededor. Esto ocurre y ocurre en muchos sectores, no
solamente en los sectores en reconversión o que fueron objeto de
reconversión, sino en otros sectores que no fueron objeto específico de
medidas de reconversión, pero en los cuales ahora se plantean algunos
problemas. Estará de acuerdo usted en que algunos pasos se han dado en la
adaptación competitiva de sectores como la siderurgia, el sector naval,
el químico, el del cemento, al que usted ha hecho referencia, o como los
bienes de equipo, y la preguta más relevante no es la que usted hacía, en
mi opinión, sobre por qué todavía tienen que producirse cambios, sino al
revés, qué es lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos hecho lo que en su
momento hicimos y teníamos la obligación de hacer; cuánto hubieran podido
durar incluso sectores que ahora tienen que hacer ulteriores esfuerzos de
adaptación a un mundo que sigue cambiando. Fíjese, por ejemplo, lo que ha
ocurrido con el sector de fertilizantes, cuántos años este país ha estado
en un proceso de reconversión del sector de fertilizantes y fíjese los
problemas bien recientes y los esfuerzos que todavía tiene que dedicar el
Gobierno a hacer viable --lo más viable posible por lo menos-- un sector
que, por cierto y felizmente, en este momento no es un sector público.
Aludía usted al sector del automóvil también, y luego me referiré
contestando al representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) un
poco más a algunos problemas. El sector del automóvil no ha sido un
sector especialmente en reconversión, salvo por las medidas de
saneamiento que en su momento se produjeron sobre empresas que formaban
parde del sector público de Seat en su momento, etcétera. ¿Es que el
problema del sector del automóvil es un problema en este momento español?
El problema del sector del automóvil no es un problema español; lo es
también español en la medida en que nos afecta, pero es un problema que
tiene que ver --y algo tiene que ver-- no solamente con los cambios
tecnológicos, con la nueva organización del trabajo, sino también con la
evolución y con la situación de la coyuntura a nivel internacional. Por
tanto, tenemos un problema. ¿Tendremos que adoptar medidas de
reconversión? Hay veces que uno tiene que hacer la expresión, no sólo de
la máxima voluntad de contribuir a resolver los problemas, sino, al mismo
tiempo, de exigir una cierta lógica. Las empresas de automoción
instaladas en España son todas filiales de matrices extranjeras en las
cuales, en los años pasados, la política del Gobierno ha sido la de
tratar de maximizar el nivel de empleo y de actividad económica dentro
del país. Esto ha tenido un efecto, especialmente en los períodos de
auge, extraordinariamente importante, sobre todo para una serie de
componentes, de industrias derivadas, aguas arriba y aguas abajo, del
sector de automoción, fundamentalmente en la industria de componentes, y
ahora, cuando se produce un fenómeno como el que ha tenido lugar el año
pasado, este año y que previsiblemente dure el año 1994, y que afecta no
sólo a una empresa en este país, aunque sea la empresa más relevante,
sino que afecta en distintos grados de gravedad a otras empresas, el
problema es cuáles son las posibilidades de actuación de la política de
un Gobierno, sobre todo si no se produce un marco general de actuación en
el marco europeo. Ultimamente, en un sector como el de la automoción, se
han planteado recursos ante la Comisión de las Comunidades Europeas por
la utilización de mecanismos como son los incentivos regionales en un
país vecino a nosotros, precisamente para hacer frente a problemas de
inversiones que, en opinión de fabricantes de automóviles
multinacionales, alteran las reglas de la competencia. Las posibilidades
de actuación quedan, en este sentido, relativamente limitadas o, por lo
menos, circunscritas a una determinada política general que, por cierto,
tiene unas características no nacionales, sino internacionales y
coyunturales.
En materia de I+Dha puesto usted un extraordinario énfasis y yo me
alegro. Yo también he querido poner el mismo énfasis. No discutiré
demasiado con usted sobre las cifras, aunque en algunas no estamos de
acuerdo, pero lo que me importa es poner de manifiesto algo en lo que he
creído entender que coincidíamos; coincidimos sustancialmente en la
importancia estratégica que tiene este factor.
Me dice usted: crecen poco los presupuestos. Y yo le digo: ya lo
discutiremos, no ahora, en este momento, sino sobre las partidas
presupuestarias. Le diré que es seguramente, de los programas del
Ministerio de Industria, la partida que más crece; crece más del seis por
ciento sobre el año anterior. En todo caso, es posible que los análisis
sobre las cifras presupuestarias nos lleven a alguna confusión mientras
no tengamos ocasión de ponerlo con claridad sobre el papel.
El PATI no ha tenido una mala evolución, ha tenido una evolución adecuada
y en este momento y en estos años en este país se ha hecho un
extraordinario esfuerzo en esta materia.
Usted se ha referido a muchas cosas a propósito del gasto en I+D. El
gasto en I+D entre 1986 y 1992, según la Secretaría General del Plan
Nacional de I+D, ha pasado de 198 a 530 miles de millones de pesetas, un
crecimiento extraordinariamente importante. Y el gasto en I+D en pesetas
corrientes, entre 1987 y 1991, ha crecido a una tasa del 19,7 y en
pesetas constantes a una tasa del 12,2 por ciento. A mí no me satisface
demasiado que hayamos llegado a una cifra como la del 0,9 por ciento,
según los últimos datos --permítanme que tenga unos datos un poco más
adelantados que los que quizá se hayan publicado--, porque es verdad que,
aunque hemos cubierto una parte de la distancia que tenemos respecto de
otros países, estamos todavía muy lejos de lo que gastan en esta materia
otros países. Le doy algunos datos de 1990: Alemania estaba gastando el
2,81 en I+D en relación con el PIB; pero es que Japón lo hacía el 3,07, y
un país como Italia, ya en esa época, estaba gastando un 1,35 por ciento.
Por tanto, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos crecido, también es
verdad, más rápidamente en estos años que lo que lo han hecho otros
países. Hemos reducido, por ejemplo, el saldo de la balanza tecnológica,
saldo que ha pasado de un 18,64 por ciento, en el año 1987, a un 28 por
ciento de cobertura, en el año 1991, y a un 26 por ciento, en el año
1992; naturalmente, todavía no tengo las cifras del año 1993, aunque debo
decirle que, teniendo en cuenta la liberalización de los pagos
tecnológicos, hay algunos problemas para aproximarse a las cifras reales.
En todo caso, fíjese que, entre el año 1990 y el año 1993, el PATI ha
concedido subvenciones por unos 33.000 millones de pesetas y el PITMA por
unos 20.000, lo cual suma unos 55.000 millones, lo que, unido a otra
serie de programas de carácter europeo, nos llevaría fácilmente a otros
70.000 millones de pesetas adicionales.
Se ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario, hasta el punto de que
la tasa de crecimiento del gasto en I+D en estos años ha sido del 14,8
por ciento acumulativo anual, frente al 7,8 por ciento de la Comunidad
Europea, siendo, en ese sentido, la tasa más alta de crecimiento de la
OCDE. ¿Triunfalismo a partir de aquí? Ninguno. Este esfuerzo todavía ha
de continuar y ha de continuar naturalmente en el marco de una
determinada política y de una determinada restricción financiera y
presupuestaria como la que tenemos, que forma parte también de las
conveniencias, entre otros aspectos, de la política industrial.
Estoy de acuerdo en la importancia que el señor Sánchez Asiaín --al que
oí ayer en Bilbao-- atribuía a la tecnología, y estaría bien de acuerdo,
además, en que esto fuera algo que no solamente explicaran cuatro
expertos y algunos especialmente preocupados, como usted o como yo, por
esta cuestión. Me parece que es un factor absolutamente clave de la
competitividad, de ahí el énfasis que he puesto anteriormente, no sólo en
la política de I+D en las empresa públicas, que son las que hacen en este
momento ellas solas el ocho por ciento del gasto en I+D del total de la
industria, sino en la política de I+D fundamentalmente en aquellas
empresas pequeñas y medianas que todavía, muchas veces por su propia
dimensión, no han llegado al nivel o a la capacidad de meterse en este
campo.
Usted ha hecho un canto a la empresa pública y ha dicho algo en lo que
estoy muy de acuerdo. A mí me parece que el debate no es sobre si
privatización sí o privatización no; el problema es que no se puede, en
mi opinión, afrontar solamente en términos apriorísticos; en algunos
casos sí, en otros no, o por lo menos no ahora, y en otros casos no hay
ninguna razón para que el sector público no pueda ser también un agente
competitivo dentro de una economía como la nuestra, en la que es,
obviamente, el sector privado quien tiene la mayor parte de la
responsabilidad de la situación de la industria. Pero hay muchos
sectores, especialmente en el sector industrial, donde hay razones de
carácter estratégico, incluso por tratarse de sectores regulados, en los
cuales, la presencia de la empresa pública, tiene una especial
justificación, si no hubiera que volver a recurrir a lo que ya esta
mañana explicaba: cuáles son las capacidades de aprovechar grupos de
dimensión, capacidad de negociación internacional, sinergias con otros
sectores, incluso en alianza con el sector privado, para configurar una
industria en nuestro país y una capacidad de exportación más importante
de la que en este momento tenemos.
Se ha referido también a algunos problemas de la corporación de la
siderurgia integral. Tomo nota de los mismos y espero que me haga llegar
alguno más de los que tenga noticia. Sin embargo --y espero que no lo
entienda como una desconsideración--, como va a haber una comparecencia
del Presidente de la Corporación de la Siderurgia Integral, le ruego que
le ponga de manifesto algunas de estas inquietudes, sin perjuicio de que,
naturalmente, me sentiré muy honrado si me las hace llegar a mí también.
Yo no creo que haya un problema en este momento en la corporación, en
líneas generales, de algo así como una gestión de carácter funcionarial.
Lo que sí hay --y esto es algo que hubiera ocurrido sin duda alguna en
cualquier otra entidad-- es que, ante un futuro que está pendiente de la
aprobación, después de dieciocho meses nada menos, por parte de la
Comunidad Europea, con un evidente deterioro financiero en este período y
con un evidente deterioro económico, esto genere en la empresa pública,
como en cualquier otra, en la situación en que está la siderurgia,
problemas que esperamos ser capaces de arreglar tan pronto como se pueda
poner en marcha, al ritmo necesario, el plan aprobado para la corporación
de la siderurgia.
El señor Sánchez i Llibre se ha referido a muchas cosas. Trato de no
repetirme demasiado sobre algunas de las cuestiones a las que ya he dado
alguna contestación. Me congratula que diga que se despiertan nuevas
expectativas en materia de política industrial, fundamentalmente por el
enfoque que he pretendido dar a la política industrial en general y a la
PYME en particular. A continuación ha puesto un gran énfasis en el
problema de SEAT.
He hecho ya algunas consideraciones de carácter general; permítanme que,
sin entrar demasiado, en este momento, en algunos aspectos concretos, le
diga algunas cosas. Primero, coincido en toda la caracterización que ha
hecho y es obvio que comparto intensamente la preocupación por el
problema en su repercusión en Cataluña y por su repercusión en el
conjunto de España. Es un problema serio con el que estamos confrontados
en este momento. Saben que esta mañana, en cumplimiento de mis
obligaciones con esta Casa, con este Parlamento y con SS. SS., no he
podido asistir a una de las entrevistas que se ha celebrado con los
titulares de Volkswagen, espero tener la ocasión de hablar con ellos
mañana. Ciertamente es difícil para el Ministro de Industria, si quiere
ser mínimamente responsable, hacer ningún tipo de pronunciamiento
mientras no tenga la ocasión de conocer exactamente cuáles son las
intenciones, no tal y como figuran en los medios de comunicación, sino en
la expresión que el presidente de la empresa quiera hacer al Gobierno.
Por lo tanto, permitirán que sea en este sentido prudente hasta conocer
todos estos datos. Tengo, obviamente, contactos, informaciones, etcétera,
pero hay cautelas inevitables que uno debe tener, además de expresar esta
preocupación.
Coincido con usted, por otro lado, pero no me gustaría extenderme
demasiado en algunas de las cosas que ha dicho, no solamente las razones
tecnológicas y la viabilidad de un producto, como puede ser el producto
que los propios titulares de Volkswagen consideran tecnológicamente
adecuado, como el Terra, el Córdoba, el Ibiza, etcétera, o algunos de los
problemas que en este momento se plantean, no sólo en España, sino como
consecuencia de la situación de la matriz. Más allá de este tipo de
consideraciones, que, sin duda alguna, podemos compartir todos, el
problema es en este momento cuáles son sus intenciones y cómo podemos no
solamente minimizar el efecto de algo que no tiene nada que ver más que
con la gestión de un grupo privado con el que no hay ningún compromiso
distinto de los que se derivaron de la privatización que se hizo en su
momento, privatización que tuvo como objetivo fundamental, entre otros,
hacer viable un grupo automovilístico en España. Alguien, en algún
momento, ha dicho que quizá habría que volver a aquel período anterior.
Permítanme que discrepe públicamente de ese enfoque, me parece un enfoque
profundamente erróneo de política industrial y, sin embargo, eso no
significa que no tengamos exactamente la misma preocupación por hacer
posible que la repercusión del saneamiento que haya de hacerse en una
empresa de gestión privada se haga con las menores consecuencias sociales
y con las mayores garantías para la industria de nuestro país, situada o
no en Cataluña. Unicamente en este marco, le quiero decir que, además de
la minimización del impacto que haya de tener el saneamiento de SEAT, la
capacidad tecnológica de seguir produciendo coches en este país con
diseño propio, desde un desarrollo técnico hecho «in situ» y no
estrictamente en la matriz de la multinacional, me parece que es el
objetivo principal a preservar en una perspectiva de medio plazo. Sin
duda alguna, tenemos que preservar puestos de trabajo y fábricas, todas
las que se pueda; pero todavía les estoy hablando sin saber exactamente
cuál es el enfoque que tiene Volkswagen. Lo que sí quiero decirles es que
me parece absolutamente fundamental que el centro de Martorell, y no
solamente la fábrica, el centro de diseño, siga siendo un centro no a
extinguir, sino a potenciar; será la garantía del mantenimiento de la
marca, la garantía del mantenimiento de nuevos diseños, de nuevos modelos
que puedan surgir de una empresa que seguirá llamándose SEAT.
Dicho lo anterior, permítame añadir algo. Este es un problema muy grave y
un problema que nos preocupa mucho. Tendré ocasión de expresarme en
público con mayor firmeza después de mantener conversaciones con los
representantes de Volkswagen. Sin embargo, les quiero decir que en este
momento SEAT no es la única empresa que tiene problemas. Lamentablemente,
desafortunadamente, tenemos problemas en otras empresas automovilísticas.
No es el sector de vehículos de turismo el que está, en términos
relativos, más afectado, sino el sector de vehículos industriales. Hay
unas cuantas empresas en pérdidas. Por tanto, el Gobierno sí está
contemplando y analizando las posibilidades, en el marco de sus
competencias, de explorar medidas que pudieran contribuir no a resolver
todos los problemas del sector, que es imposible, sino a aliviar
situaciones en un momento como éste.
Me he comprometido con los representantes del sector del automóvil a
discutir con ellos algunas de las posibles medidas y estamos preparando
un plan, especialmente para las empresas de componentes de automoción,
que pueda permitir, incluso en una fase como ésta, también contribuir a
resolver algunos problemas.
Sobre las empresas públicas, se ha referido el señor Sánchez i Llibre, a
los problemas de la siderurgia. Ya he tenido ocasión de decir en algún
momento que el objetivo del Gobierno en esta ocasión es sacar adelante el
plan de la siderurgia, pero que ése no es el último momento de un proceso
que es un proceso largo y, ciertamente, en materia de siderurgia privada,
no solamente se han hecho ya esfuerzos en el pasado, para configuración
de grupos, sino que ha habido intentos, en determinados momentos, de
configurar y consolidar estrategias públicas y privadas y no es algo a lo
que este Ministerio es ajeno. Sí quiero señalar, en todo caso, que se
hace, a veces, un poco más difícil contemplar eso sí, a la vez, desde
alguno de los grupos privados, lo que se hace es una estrategia, por
razón de que la siderurgia integral puede ser también competencia de
ellos mismos, que desacredite un plan que tanto nos está costando
defender y sacar debidamente en Bruselas. Dicho esto, y sin la menor
animadversión, ciertamente, sería bueno producir un proceso de mayor
integración de intereses públicos y privados en la siderurgia, y no estoy
con ello modificando en absoluto lo que es la configuración básica del
plan de la CSI.
Se inquietaba usted también por el acuerdo del metal en el Grupo TENEO y
esto merece alguna reflexión. Yo
soy de los que piensa que ése es un buen acuerdo y, sin embargo, sé que
es un acuerdo que, en el momento en que se ha producido y, sobre todo,
con la nueva política que el Gobierno está poniendo en marcha, hace que
no solamente se desprendan algunas imágenes de contradicción, sino que
hace más complicado entender el porqué antes de las elecciones, incluso,
se firmó un acuerdo que respondía a un horizonte presupuestario, que era
el de 1993, no el de 1994, en cuyo marco, y con aprobación de la Comisión
Delegada del Gobierno, se suscribió ese acuerdo marco.
Pero déjeme que le diga algo más: ese acuerdo no hay que leerlo solamente
en términos de cuál es la elevación nominal de los salarios en tablas o
en términos de «mass». Este es un acuerdo que, si se lleva a cabo, es un
acuerdo casi histórico, en términos de movilidad geográfica funcional y
en términos de desburocratización de la empresa pública. En ese sentido
tiene tal trascendencia que me parece que, viniendo de un horizonte
presupuestario con el cual es coherente, que es el del año 1993 y a pesar
de los problemas, ciertamente habrá que mantener los compromisos
contraídos en el pasado que obligan a las partes, sin perjuicio de que es
verdad que la política salarial en este sentido, para aquellos convenios
que no estén firmados en el ámbito público, será perfectamente coherente
con la política que el Gobierno en este momento está predicando para los
funcionarios y para el propio sector privado.
En relación con las PYME, me parece que hemos avanzado y entiendo que
usted cree que es necesario avanzar algo más.
Hay algunos aspectos que ciertamente no son predicables sólo de las
pequeñas y medianas empresas, como el régimen laboral o las cargas
fiscales, que, en general, pesan sobre las empresas; eso forma parte de
un debate ciertamente más amplio. Yo creo que, para no hacernos trampas
en el solitario, cuando discutimos de determinadas medidas, debiéramos
ser conscientes de que hay un límite. Cuando se fija un objetivo de
reducción del déficit, es obvio que hay un límite para el alivio de
determinadas cargas que en otro caso podrían ser superiores. Y hay una
cierta contradicción en la cual nos tenemos que mover: ¿Cuánto se puede
aligerar si hay que tener los ingresos suficientes para seguir
financiando determinadas políticas que, en todo caso, son necesarias y a
la vez hay que hacer una política de reducción del déficit? Este
equilibrio siempre es un equilibrio discutible. Creo que hemos llegado a
un equilibrio bastante razonable, con independencia de que algunos sigan,
como usted quizá, predicando un mayor esfuerzo en esta dirección.
En cuanto al régimen laboral, me parece que en política industrial es un
tema de una gran entidad y confío en que en los próximos meses se pueda
avanzar en un mayor acuerdo en esta cuestión, después del dictamen del
Consejo Económico y Social y de la participación de los diferentes
agentes sociales, que nos permita situar también a nuestras empresas,
PYME o no, en una situación homologable, adecuada, en relación con
nuestros competidores europeos.
Sobre la energía, yo creo que nuestras diferencias, señor Sánchez i
Llibre, en las tarifas energéticas en este país no son ni mucho menos las
que usted dice. Naturalmente es bastante complicado hacer un análisis
comparativo de las tarifas eléctricas de este país en relación con las de
los otros países, pero cuando se hace uno llega a la conclusión de que
las tarifas en el consumo doméstico se sitúan en la media de los países
de la Comunidad; que también lo hacen cuando estamos hablando de las
pequeñas empresas industriales; que también se sitúan estas tarifas en
una franja competitiva cuando hablamos de las grandes empresas, grandes
consumidoras y que quizá tenemos una zona en la cual las tarifas pueden
ser algo más altas, no que todos los países europeos, bien entendido,
dependiendo de como se utilicen también estas tarifas, para esta franja
de empresas industriales que en algunos países.
Creo que difícilmente se podría sacar la conclusión, como usted hacía,
señor Sánchez i Llibre, de que, comparados con franceses o con alemanes,
tenemos un 25 o un 30 por ciento mayor de coste de la tarifa eléctrica en
relación con la industria. Dicho así, señor Sánchez i Llibre, no puedo
estar en absoluto de acuerdo. Yo soy el primer interesado en que no
crezca la tarifa, incluso el primer interesado en hacer que la tarifa,
especialmente para la industria, tenga un efecto muy aplanado en el
tiempo. Algunas contradicciones hay con otros problemas dentro del sector
eléctrico, pero es obvio que forma parte de la política del Gobierno
hacer que la tarifa crezca por debajo, como antes les he dicho, de la
inflación en el año próximo, y que, al mismo tiempo, el reparto de la
tarifa entre los diferentes grupos industriales pueda hacerse en términos
de homologación de los costes por razón de energía de nuestro país y de
otros países. Por cierto, aquí no solamente hay tarifas eléctricas. Este
es un país cada vez más gasificado y debieran saber los miembros de la
Comisión --seguramente muchos lo saben ya-- que éste es el país que tiene
la energía en forma de gas más barata de Europa. Es un aspecto
extraordinariamente importante y plantea algunos problemas desde el punto
de vista de cómo tiene que ser la evolución en el futuro en un campo en
el que muchas veces la posibilidad de sustituir unas energías por otras
es perfectamente posible.
La penúltima consideración a la que usted se refería es la de la
colaboración con las comunidades autónomas. En ese terreno estamos
avanzando bastante. Los convenios, sin duda alguna, han de mejorarse y
algunos han de revaluarse, pero debo decirle que el espíritu y la
voluntad expresadas por los representantes de todas las comunidades
autónomas presentes en la reciente convoctoria de Conferencia sectorial
me hacen tener bastante esperanza en que la colaboración no es solamente
una pura palabra retórica, sino un diseño y un empeño que surge de la
propia realidad de la política industrial; en diseño, en calidad, en I+D
y en tantas otras cosas en las que todavía tenemos que innovar y hacer
propuestas concretas.
No le puedo contestar de una manera precisa en este momento sobre el
estado de la discusión de la postura en
el GATT respecto del sector textil. Sabe que estas cosas van
evolucionando, pero sabe que estamos defendiendo, junto con otros países
europeos, posiciones que no sean de ingenuidad, con independencia de que
ya haya algunos acuerdos internacionales a los que también queremos
unirnos. En todo caso, la política en el sector textil ha de seguir
basada en lo que antes le he dicho: el mantenimiento de un esquema de
apoyo, de un esquema de política sectorial compatible con el Retex.
Respecto al artículo 71 del Reglamento, le diré que está desde hace años
suspendido. Ustedes se interesaban fundamentalmente por si se iba a poner
en marcha en este momento. La puesta en marcha ahora le he dicho que no
es que esté excluida, pero entendemos que no se puede plantear
exactamente en los términos literales del artículo 71 y que esto forma
parte del plan de calidad en materia energética, que está incluido dentro
del PEN. Llegará a contemplar, y es una de las previsiones y espero que
pueda plasmarse también en la ordenación legal del sector, posibles
penalizaciones en el caso de pérdidas de calidad. Supongo que éste era su
interés pero me parece que sería bastante disfuncional en este momento
utilizar el artículo 71 del reglamento de instalaciones para producir
algo que, sin duda alguna, iba a tener consecuencias bastante poco
equitativas incluso en el conjunto del sector, como consecuencia de
diferente calidad, reclamaciones, etcétera, que no está suficientemente
evaluadas.
Finalmente, sobre Iberia haré alguna clarificación. Antes he dejado de
contestar antes al señor Peón sobre algún aspecto, por lo que le pido
disculpas. La Comunidad no ha dado un tirón de orejas a Iberia o al
Gobierno en esta cuestión. Más bien, si uno tuviera que dar la impresión
de lo que está ocurriendo en las relaciones entre el transporte aéreo e
incluso la propia Iberia y la Comunidad, tendría que pronunciarse
exactamente en sentido contrario. Más bien en sentido contrario que en el
de dar un tirón de orejas. Es tal la situación del sector del transporte
aéreo en Europa que lo que parece es que casi podría contemplarse que se
abriera camino un nuevo plan o una nueva consideración más flexible, por
parte de las instituciones que se encargan de la regulación de la
competencia en Europa, en relación con las empresas del transporte aéreo.
No quiero desvelar la posición de algún comisario, que tiene alguna
responsabilidad en este sentido, se ha expresado incluso favorablemente a
eventuales nuevos posibles planes que pudieran plantearse. Pero no quiero
comprometer ni al comisario ni a las personas que están trabajando en
esta dirección.
El señor Martín Menis, de Coalición Canaria, ha hecho un planteamiento yo
diría que casi estrictamente territorial. No he tenido la ocasión de
saber si el señor Martín Menis comparte las orientaciones básicas de la
política industrial que he tenido el placer de exponerles. Lo que me ha
planteado es fundamentalmente cuál es el diseño de política industrial
para Canarias. Yo no sé si tiene que haber --entiéndame en términos
estrictamente intelectuales, no en términos políticos-- un diseño, desde
el Ministerio de Industria, de política industrial para Canarias,
solamente desde el Ministerio de Industria. La política industrial en
este país, feliz o desgraciadamente, depende de cómo lo vean ustedes, no
la hace solamente el Ministerio de Industria, sino también otras
instituciones que son competentes en materia de Industria y, por tanto,
este es el resultado de la interacción, espero, de un juego cada vez más
compartido, de un diseño cada vez más compartido y también de una
implementación más coordinada y más eficaz de las distintas medidas que
se ponen en marcha.
Yo le quiero expresar, sin entrar en algunos de los aspectos a los que
usted se ha referido en materia energética o en algo bien conocido como
la escasez de la industria en Canarias, que en la política industrial hay
un cierto diseño, por acción o por omisión, en el Gobierno de Canarias, y
hay desde luego una colaboración que se ha puesto de manifiesto en la
Conferencia sectorial para implementar políticas que puedan tener que ver
no solamente con un diseño general, sino con una articulación específica,
ya que, naturalmente, cada una de las comunidades autónomas de este país
tiene ciertos problemas específicos. Por tanto, le quiero expresar mi
disponibilidad y la del Gobierno a avanzar en esa dirección. Si lo que
pretende --supongo que no se puede deducir esto de sus palabras-- es
expresar una cierta apelación a que desde el Ministerio se hiciera un
plan de industria para Canarias, me parece que no es así como se opera ni
se debe operar en este terreno, sino fundamentalmente viendo cómo se
crean las condiciones, por la acción de diferentes agentes públicos y
privados en Canarias, para hacer viable lo que existe, fomentar aquello
que todavía no existe, y cómo o qué medios ponemos a disposición de la
industria en Canarias la Comunidad Autónoma y el propio Gobierno de la
nación.
La política de liberalización del sector aéreo, que usted me planteaba,
era mucho más un tema que tiene que ver con problemas que afectan al
sector turístico o problemas de la regulación del sector de servicios del
transporte aéreo que un tema específico de política industrial o de lo
que ocurre con tal o cual compañía.
He creído ver un apoyo a la política de pymes, que ciertamente puede
tener una relevancia específica o especial en el ámbito de Canarias, y
quizá éste pueda ser también un camino de colaboración con el Gobierno,
con las instituciones de Canarias, al cual le digo desde aquí que estoy
siempre bien dispuesto en Canarias, como en cualquier otra comunidad
autónoma, dentro de un marco de diseño general y compatible con la
política industrial general del Gobierno.
Finalmente, algunas palabras al representante del Partido Socialista
Obrero Español, del Grupo Socialista, para agradecerle la valoración que
ha hecho de mis palabras, de la comparecencia, y para agradecerle algo
que esperaba y que supongo que no es una mera coincidencia, sino el fruto
de que compartimos algunas, bastantes ideas básicas socialistas de
diferentes lugares y al frente de diferentes instituciones. A mí me
congratula que esto no sea solamente una frase que se diga para expresar
algo que debe ser, sino simplemente la constatación de que la política
del Gobierno tiene respaldo dentro del Grupo
Socialista y es, al mismo tiempo, compartida en sus elementos
fundamentales. Por tanto, creo que vamos a tener que trabajar
intensamente en hacer de estos enunciados de política activa, de estos
enunciados en lo horizontal y en lo sectorial, en la política energética,
en el gas, en el ahorro de la energía, en la empresa pública, etcétera,
algo que después sea tangible.
Señorías, al agradecer al Grupo Socialista su apoyo y al agradecer a
todos ustedes su intervención, sin perjuicio de la réplica a la que me
haga merecedor, sí quiero también decirles que es mi intención, no
obstante las discrepancias, que sigamos trabajando en algo que me parece
que nos va a todos. Creo que tenemos bastantes posibilidades de discrepar
en algunas cosas, pero me parece que sería bastante necio no reconocer
una buena parte de nuestras coincidencias, incluso en los diagnósticos,
en la gravedad de los problemas y en el esfuerzo que, en consecuencia,
merece una determinada política industrial en una fase como ésta, si de
verdad creemos que el sector industrial es el sector estratégico básico
del crecimiento de una economía.
El señor PRESIDENTE: Efectuada la intervención del señor Ministro
compareciente, se abre el turno de aclaraciones previsto en el artículo
203 del Reglamento de la Cámara. Solicito a todos los grupos que deseen
hacer uso del mismo que lo hagan en el tiempo más breve posible. Insisto
en que es un turno no de réplica sino de aclaraciones; por tanto, que sea
utilizado conforme a lo previsto en ese artículo reglamentario.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, don Luis Gámir.
El señor GAMIR CASARES: Quiero hacer un preámbulo que no es de
aclaración, sino de agradecimiento por la oferta de colaboración, por el
tono empleado y, a su vez, por un punto de acuerdo sobre la importancia
de la política macro sobre la política industrial.
Como me gusta mucho trabajar, a veces me paso trabajando y me he leído
casi todas las declaraciones que ha hecho usted desde que es Ministro.
Cuando le preguntaban sobre la política macro sobre la polítia industrial
casi siempre contestaba sólo al tema laboral. Tengo coleccionadas sus
declaraciones. Hoy me ha encantado que usted considere que la macro
influye en otros aspectos: monetario, fiscal, las cuotas de la Seguridad
Social, etcétera, que realmente son muy importantes. Ha hecho una
propuesta en el turno de aclaraciones que le acepto encantado, y es que
hablemos de temas monográficos, pero que entre ellos estén precisamente
algunos de éstos, porque influyen muchísimo en la realidad de la
industria. Que entre ellos dediquemos una sesión, por ejemplo, a los
temas de tipos de cambios, tipos de intereses, de Seguridad Social, de
costes energéticos, de las disposiciones que hay al respecto, de la
fiscalidad, de los problemas laborales y el capital humano sobre la
política industrial, porque eso es al final lo importante para nuestra
industria. Por ejemplo, los efectos de estas políticas macro en las
pymes, que tan importantes son. Es mucho más importante que ese velo del
0,7 por ciento del Presupuesto nacional dedicado a programas
industriales. Esta es una de las ideas básicas que quería dejar clara. Es
mucho más importante todo eso que ese 0,7 por ciento, aunque también
pasemos a discutirlo y sepamos la eficacia con la que ustedes utilizan
ese dinero respecto a las alternativas.
No quiero entrar en una larga polémica sobre desindustrialización, pero
usted ha aludido a ella y me obliga a alguna aclaración, sobre todo
porque al final ha hablado de falta de rigor. El año pasado se perdió un
50 por ciento de los empleos industriales. Pero lo que usted ha dicho no
es exacto. Yo no me he referido solamente al año pasado sino a todo el
ciclo, y siguiendo a Buchanan y el public choice he cogido todo el ciclo
político del Gobierno socialista, y en el ciclo político del Gobierno
socialista se han creado un millón de puestos de trabajo en toda la
economía, aunque el paro ha aumentado 1,2 millones, pero en la industria
se han destruido 200.000 puestos de trabajo. Luego en todo el ciclo ha
habido también una política macro y micro que ha llevado a más
desindustrialización desde el indicador más auténtico, que es el empleo.
Si usted se empeña en utilizar un indicador que hoy no se utiliza, señor
Ministro --luego le diré por qué--, que es el porcentaje del PIB, también
ha habido la desindustrialización de España en el ciclo que usted quiera,
me da igual. Lo tiene en el informe de la OCDE, y tiene que España, en el
año 1982, era curiosamente algo más industrial como porcentaje del PIB
que la media del Mercado Común, y que ahora es menos. Es decir, 27,2
contra 25; 22 contra 23. Seguro que conocerán en su Departamento estas
estadísticas sobre este tema. Igual que la caída del sector industrial en
España como porcentaje del PIB ha llevado desde el 27 por ciento en 1982,
el 28 por ciento en el momento máximo, en 1986, a sólo el 22 en la
actualidad.
Cuidado con deflactar por precios. Lo puede hacer en una serie de pocos
años, no en una serie temporal de largos años. Le recomiendo el magnífico
trabajo de Bekerman sobre este tema, porque si no usted tendría que coger
los precios relativos al automóvil en el año 1960 para ver la producción
de automóviles. En resumen, si quieren más indicadores hay un reciente
trabajo de Julio Alcaide que dice que por español se produce el 73 por
ciento de lo que por europeo se produce en industria, 73 por ciento,
mientras que en renta total estamos casi al 80 por ciento.
Por cierto, no me adjudique a mí, en relación a Izquierda Unida, que
defiendo devaluaciones competitivas cuando suben los costes salariales.
En absoluto, no lo defiendo. Al contrario, creo que se ha hecho mal.
Siempre he comentado, entre otras cosas, que Solchaga devalúa mucho peor
que Boyer, que tuvo una técnica de devaluación que fue francamente
negativa, de forma que no me coja a mí frente a ese otro sector.
Usted hablaba de rigor en este tema. La verdad es que reconozco que algún
rigor hay. Temía pasarme de rigor por una razón, y no quiero ponerme aquí
el gorro académico. Estoy terminando de dirigir una tesis doctoral sobre
la terciarización de determinados sectores de la
economía española, lo que me ha hecho profundizar mucho en este tema.
Tendremos más ocasión de hablar de ello.
España se está desindustrializando, sobre todo por el indicador que hay
que utilizar, que es el empleo industrial, y en gran parte por la
política macro socialista. Esta es la conclusión sobre este punto, sobre
el que hablaremos más.
Pasamos a lo que usted ha dicho después sobre el presupuesto. Es curioso
que en la presentación del proyecto de Presupuestos Generales de 1994 las
cifras consolidadas, diciendo claramente que no incluyen Turismo, den
1,3. Pero estoy de acuerdo con usted, señor Ministro, lo digo en passant,
lo discutiremos al hablar del presupuesto. Usted sabe, de todas formas,
que el 6 por ciento es menos del casi 10 por ciento que sube el gasto
público en general en este año, en passant también, y lo analizaremos con
los presupuestos.
Coincidencias en la política de las pyme, como aclaración, coincidencias
cuando se acercan a lo que hemos dicho, indudablemente. Nosotros hemos
dicho que si ustedes aceptaban nuestra moción con 49 propuestas votábamos
sí a sus presupuestos, como es lógico. Ahora bien, si usted quiere seguir
haciendo la misma política macro, no habrá coincidencias, y creemos que
la política micro que plantean indudablemente no es útil. Es, digamos,
como contra una gran riada poner un pequeño canal que, sin duda, no es
fuerza suficiente para la destrucción de pequeñas y medianas empresas y
para la tremenda destrucción de empleo que está ocurriendo en este país.
No le ha gustado que utilice la expresión kafkiana hablando de las
declaraciones de diversos miembros del Gobierno y de altos dirigentes de
su partido sobre la privatización. Usted es una persona que estoy seguro
de que tiene amplios conocimientos literarios. En la obra de Kafka
recordemos «El castillo», por ejemplo, en la que precisamente no se podía
entrar en el castillo. Pues bien, recordando «El castillo», para no irnos
a «La metamorfosis», digamos que con las aproximaciones de las diversas
declaraciones de los Ministros es imposible entrar al castillo. El
castillo es la verdad. El castillo es la política de privatización que
defiende el Gobierno. Nos impiden ustedes entrar en el castillo porque no
es decir más, es incompatible. Señor Ministro, es incompatible decir que
no hay más que cuatro o cinco empresas privatizables, y decir que no
deben quedar más que cuatro o cinco empresas del sector público, porque
hay muchas más de diez, y como hay muchas más de diez es incompatible una
cosa con otra o se entra de una forma en el castillo, o se entra de la
otra, o no se entra en el castillo porque no se aborda el tema.
Frente a eso, ya que hablamos de castillos, sí hay una política...
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Gamir, que vaya concluyendo.
El señor GAMIR CASARES: Voy concluyendo.
Si hay una política alternativa que es muy clara, que es lo que nosotros
defendemos (pero englobo lo que usted ha dicho sobre este tema de la
vaca, según unos, y de las joyas de la abuela, según otros, según los
ministros respectivos, o algo así), nosotros lo que defendemos es una ley
marco que diga en qué sectores y para qué actividades debe haber empresa
pública, porque debe haber empresa pública; y que lo comparemos con el
aluvión de empresas públicas que hay en España, que las hay por las
razones más diversas, algunas porque en su momento tuvieron lógica, otras
porque fueron socialización de pérdidas de empresas privadas, o por
cualquier otra razón; y que de esa diferencia hagamos una lista
cartesiana de empresas privatizables. Indudablemente la privatización
tiene que ser real, que se venda de tal forma que al presidente lo
nombren los accionistas y no lo siga nombrando el Gobierno privatizando
nada más el 20 o el 30 por ciento; que la privatización se realice a un
precio superior a la capitalización de beneficios de las empresas
públicas (cuando existan los beneficios, como es lógico, pero esto lo
hace cualquier empresa privada que se quita parte de su activo
precisamente para sanearse; esa técnica es conocida, seguro que la
conocen ustedes) y con la máxima transparencia. El objeto básico no es el
financiero --aunque también si se hace así resultan ventajas en la deuda
y en el déficit--, sino que es el incremento de la eficacia, el
incremento de la eficiencia, es la producción en concreto.
Asegurándose, pues, de que la carga de la prueba cambia, realmente el
problema es que hay que demostrar que la empresa debe seguir en el sector
público, no por qué debe quedarse. Es curioso que en este caso haya
habido una coincidencia --no es curioso, es normal-- entre su Partido e
Izquierda Unida; los elogios que usted ha recibido. Yo no quiero
involucrar a nadie. Yo no sé si lo que ha dicho el Grupo de Minoría
Catalana estaba en otra dirección, no lo sé. No quiero decir, en
absoluto, que haya habido una coincidencia de Izquierda Unida, que parece
que la ha habido, con lo que usted ha dicho, y unas diferencias con lo
que ha dicho Minoría Catalana; el Diario de Sesiones nos mostrará si ha
habido o no esta doble posición sobre este tema.
Para finalizar, señor Ministro, le diré que hay dos políticas claramente
alternativas en cuanto a lo que nos ocurre en la industria. A un
economista que a nadie nos gusta ahora citar, pero a veces hay que
hacerlo, un tal John Maynard Keynes, le gustaba decir que el futuro no se
ve sino que se hace. El futuro se puede ver como continuista y
desilusionante. Es la futurización del presente y del pasado lo que
ustedes han hecho de sus planes incumplidos, de su lenguaje de los
hechos. De lo que hemos escuchado no se observa nada positivo para la
industria española. Frente a ello hay otro futuro con una política
macro-proindustrial, que es la más importante, con una política sectorial
y horizontal que ayude al que se ayude a sí mismo a ser competitivo, una
política de competitividad en la que los empresarios son los
protagonistas, de apoyo a las PYME, una política de privatizaciones que
oriente.
Permítaseme un pequeño toque de humor, que no es ni siquiera de humor.
Usted hizo antes una alusión a que en cuanto a los votantes no importan
las razones porque luego se vota. En el caso en que usted lo dijo, y
hablaba de
empleo, entre los ocupados españoles --porque ustedes ganaron las
elecciones por el 4 por ciento-- el Partido Popular ganó las elecciones.
Coja usted los análisis de Leguina, incluso los de Maravall en relación a
la población ocupada y verá que el Partido Popular ganó las elecciones. Y
no hablo de votos de calidad, como el antiguo miembro de su Partido,
Tierno Galván; simplemente es una pura observación sociológica. Quisiera
que la última frase fuera un homenaje --no es una broma-- dado que el
Presidente de la Mesa pertenece a Minoría Catalana. Un ilustre miembro de
Minoría Catalana, en el año 1986, no tuvo ningún éxito en votos --y ahí
tendría usted la razón-- pero decía que tenía la idea de que hay otra
forma de hacer España. Citando a quien no tuvo ningún éxito en votos, hay
otra forma de hacer política industrial que es mucho más eficaz. Lo digo
como homenaje, nunca como broma, y aceptándole que en votos no llevaba
razón, en absoluto, le diré que hay otra forma distinta de hacer política
industrial en España.
El señor PRESIDENTE: Rogándole que intervenga con toda brevedad, porque
el portavoz del Grupo Popular ha consumido no sólo el tiempo global del
Grupo, sino algo más, tiene la palabra por dos minutos el señor Such.
El señor SUCH PEREZ: Señor Ministro, me da la impresión de que usted se
ha enfadado conmigo cuando yo le he comparado con un personaje, con Steve
Urkle. No sé si usted sabe quién es ese personaje o no. En cualquier
caso, le puedo decir que es un personaje simpático, dinámico y
culturalmente sexy. Por tanto, no se enfade usted conmigo por eso.
(Risas.) Es un término mcluhiano, no me lo he inventado. En cualquier
caso, le decía que no se enfade usted por eso conmigo. Y decía esto
porque a mí me resulta difícil tener un debate intelectual serio con
usted, cuando usted no ha podido o no ha querido contestar a lo más duro
quizá de mi intervención, y es que yo le he dicho: Señor Ministro, usted
no ha traído aquí una política energética. Y precisamente por eso he
dicho que es muy fácil coincidir con usted, porque si usted me dice que
de lo que se trata es de minimizar costes, de eficacia en la producción,
de calidad del producto, etcétera, en eso vamos a coincidir. Pero yo lo
que había intentado preguntar, y usted luego no me ha contestado porque
se ve que no le ha gustado y entonces ha hablado de ignorancia, de falta
de rigor y no sé cuántas cosas más, yo trataba de decirle que estábamos
de acuerdo, pero lo que hay que ver es cómo se hace, y entiendo que eso
usted no ha querido o no me lo ha podido decir. Además, usted ha
contestado a mi intervención diciendo: No decimos que estamos por encima
de Europa. Pero es que después de decirme usted eso lo ha vuelto a
repetir tres veces; tres veces más lo ha dicho. Yo le pongo a usted como
ejemplo el caso que ha citado de los precios del petróleo, y usted ha
dicho: Estamos por debajo en un 8 por ciento, etcétera. Yo le digo que
cruce usted esos datos con los niveles de renta y a lo mejor estaríamos
hablando de cifras distintas.
Por tanto, para poder tener un debate intelectual serio, a mí me parece
que el que debe empezar a ser riguroso es usted, señor Ministro. Y si
usted esos datos los cruza con los niveles de renta, quizá los
porcentajes no serían los que nos ha dicho. En cualquier caso, yo le sigo
diciendo...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
El señor SUCH PEREZ: Y concluyo.
... que lo lamento mucho, y que mi nivel de frustración --le repito-- ha
aumentado esta tarde porque usted no ha querido o no ha podido traer aquí
una política energética. Yo espero que a lo largo de esa
confraternización que usted nos ha planteado, en ese intento de diálogo
que entiendo que debe existir en esta Comisión, la política energética la
podamos discutir.
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, el señor Peón tiene la palabra.
El señor PEON TORRE: Señor Ministro, quiero intervenir únicamente para
aclarar que cuando yo le hablaba en mi primera intervención de razones,
al margen de las estrictas de utilidad en la gestión, en cuanto a la
situación del señor Aguiló, no me refería tanto al cese, que no me cabe
duda --por lo menos así lo entendemos nosotros-- de que se debe a
problemas de gestión, como usted mismo ha reconocido, ya que las cuentas
no han salido como era deseable; yo me refería a esos motivos no
estrictamente de gestión que habían jugado en el mantenimiento del señor
Aguiló durante estos últimos años, a pesar de las reiteradas peticiones
de nuestro Grupo en el sentido de que fuera cesado, puesto que esos
problemas de gestión ya vienen de lejos.
En cuanto al propósito que nos atribuye de un intento de confesión de
culpas por parte del Gobierno, créame que no es eso lo que busca nuestro
Grupo. Unicamente insistimos en conocer los criterios explícitos que han
llevado al cese del señor Aguiló ahora, no tanto por esa intención de
confesión de culpabilidad, sino por saber realmente si, además de
compartir la decisión final del cese del señor Aguiló, estamos también de
acuerdo en cuáles han sido los principales desaciertos de gestión para
saber que a partir de ahora se irá en la dirección correcta. Esperemos
que en los próximos meses esas incertidumbres se puedan ir despejando.
El señor PRESIDENTE: El señor García Fonseca, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.
El señor GARCIA FONSECA: Quiero empezar resaltando que a algún grupo de
la Cámara le ha producido no sé si más preocupación que sorpresa que
entre las cosas dichas por el señor Ministro hay algunas que Izquierda
Unida comparte.
Me alegro de que al señor Ministro mi exposicion le merezca una cierta
valoración positiva y, en todo caso, no la atribuya a deshomologaciones,
como en otras
ocasiones. Cuando hablábamos de homologación o no, obviamente no me puede
usted meter a mí en el saco de cualquier homologación. No me va a meter
usted a mí a homologar la política que quiera hacer Izquierda Unida con
la que han hecho otros países, y en gran medida su Gobierno, cuando sus
resultados, señor Ministro, son los que piden justificación. Una política
--dado el tiempo que me concede el señor Presidente solamente puedo
calificar-- que después de una serie de años produce tres millones y
medio de parados y un veintidós y pico por ciento de paro no la podemos
homologar de ninguna de las maneras. Supongo que no será ésa la
homologación que usted nos pide. Nosotros sí que nos homologamos con
muchas críticas que se han hecho desde otros gobiernos y, por supuesto,
desde otros partidos, incluyendo los de su onda, que se hace a la
política seguida mayoritariamente por muchos gobiernos europeos o incluso
las recomendaciones que nos hace a nosotros la propia Comisión Europea en
informaciones relativas a España, u otras instancias como la que citaba
de las Naciones Unidas, del Club de Roma o ¡vaya usted a saber! porque
hay muchas y, desde luego, de bastante peso, tanto técnico como moral.
No me molesta, señor Ministro, que usted haga referencia a la situación
internacional. Me parece obligado. Efectivamente la situación
internacional es una variable fundamental para cualquier explicación que
hagamos de lo que está sucediendo también en nuestro país. Lo que
nosotros no admitimos es que se pueda utilizar como una especie de
cortina que oculte las propias causas específicas de nuestra situación.
Sobre los temas salariales le repito lo mismo. Me mantengo en lo dicho y
usted, al menos, no sé si por error u omisión consciente, cuando ha dado
sus cifras, que no se las niego, ha hablado de costes salariales
unitarios y yo he empleado un calificativo más: costes salariales
unitarios reales, e incluso le doy una de las fuentes, Economie
Europeenne, número 50. Lo sé de memoria porque es ya viejísimo, y que
conste que yo tengo muy mala memoria, señor Ministro.
De I+D por el tiempo no voy a hablar. Mantengo sustancialmente lo dicho.
Ocasión tendremos de volver a ello e incluso le digo, señor Ministro, que
ateniéndome a algunos de los criterios que usted ha señalado, de los que
algunos comparto, le haremos algunas propuestas positivas desde nuestro
Grupo.
El tema de la reconversión, señor Ministro, usted se lo pone muy fácil.
Me dice que una reconversión no se hace de una vez y para siempre, porque
sería negar la historia, y yo tengo que decirle que tiene usted razón.
Pero no es eso lo que yo le dije. Lo que ya es más difícilmente
justificable es una reconversión que cuesta cientos de miles de millones
de pesetas, no termina y se reconoce fracasada, señor Ministro, y se
hacen nuevos planes en los que desde luego mi Grupo no quiere entrar
ahora, lo ha hecho y lo va a seguir haciendo en ocasiones próximas, ya
que hemos presentado alguna proposición no de ley que espero que se
discuta pronto, en la que ponemos de manifiesto nuestras críticas a los
planes, pero nos da la impresión de que van por el mismo camino de
fracaso rotundo a costa de muchos cientos de miles de millones. Le di
cifras, señor Ministro, pero por falta de tiempo, o por lo que sea, usted
no entró en ellas.
Dice usted que yo hago un canto a la empresa pública. Señor Ministro,
tanto como canto, como no sea un cante jondo lo que yo he dicho. (Risas.)
Simplemente he tratado de corroborar algunas de las cosas a nivel de
reflexiones generales que usted ha mencionado, incluso empleando palabras
que no eran mías, sino de algún organismo más autorizado que quien les
habla.
Usted fue a citar dos ejemplos, señor Ministro, hablando de lo positivo
de las reconversiones, a los que hay que echarles valor y, desde luego,
tendría que echar muchos argumentos para justificarlos, porque cita nada
más y nada menos que al sector de fertilizantes y al siderúrgico. Ahí es
nada, señor Ministro. Y no diga usted que los problemas del sector
siderúrgico son también coyunturales y fundamentalmente financieros. No
son sólo problemas financieros, señor Ministro. Les he indicado que,
entre otros, hay un grave problema de gestión, tanto en la dirección
financiera como en la comercial o productiva, etcétera.
Mi Grupo quiere manifestar, señor Ministro, una preocupación de fondo que
quisiéramos que fuera corregida por sus palabras y, sobre todo, por los
hechos posteriores, una preocupación de fondo que hemos venido
alimentando por una serie de hechos ocurridos en estos últimos tiempos y
que, incluso, esta misma mañana en esta Cámara ha tenido una expresión
bastante reveladora; la preocupación de fondo es si ustedes, señor
Ministro, apuestan realmente por el futuro de la siderurgia integral de
nuestro país o es pura y simplemente un plan de cierre por etapas; de
cierre de determinadas instalaciones y de privatización de otras, sean
los acabados de Lesaca, o sean, como indicó aquí algún grupo esta mañana
--cosa que me dejó francamente atónito--, los trenes de largo de
Ensidesa, que son de los trenes más rentables de Ensidesa, y con clara
competencia con cualesquiera otros, españoles, privados o europeos.
A esta reacción mía de estupor se añade otra, porque esto lo dice un
grupo cuyo apoyo parece que va a ser decisivo para el Gobierno actual, y
que, por otra parte, siempre ha sido bastante coherente en sus
planteamientos, pero hoy, desde luego, esta coherencia ha brillado por su
ausencia. Porque, por una parte, se plantea el tema de Seat, y se pide
--desde luego de forma menos explícita que la voz más cualificada de los
partidos de ese grupo, el señor Pujol--, de forma más o menos implícita,
que el Estado debe hacer frente a los temas de Seat, e incluso --eso no
se ha dicho aquí explícitamente, pero el señor Pujol sí lo ha dicho y
aquí no se ha negado, sino que se ha indicado veladamente--, incluso,
decía, participando directamente, no sólo indirectamente mediante
subvenciones, y, a continuación, resulta que se pide la privatización de
los largos de Ensidesa. Señoría, privatice la cabecera de Altos Hornos,
por ejemplo. Son cosas, señor Ministro, que aquello del Quijote de mayor
las veredes se queda corta.
Termino diciendo que nuestro Grupo, en relación al tema de Seat, ya que
se aludió a él --yo he dicho que no quería entrar porque me parecía que
debía ser objeto de una comparecencia específica puesto que la cuestión
se lo merece--, nosotros tenemos también una sospecha que quisiéramos
quitar de nuestra cabeza y del ánimo de los trabajadores y ciudadanos de
Cataluña y del resto del Estado español y es que queremos saber qué es lo
que se quiere --no sé cómo llamarlo-- renacionalizar en parte: ¿el centro
de Pamplona?, ¿el centro de Martorell?, ¿o es la zona franca? Señor
Ministro, me parece que son temas enormemente graves para andar jugando
con saltimbanquis ideológicos que, bajo apariencias la mar de inocuas,
encubren políticas de defensa dura de intereses inconfesables.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Ministro, señoras y señores Diputados,
por alusiones personales en la referencia que ha hecho el ilustre
Diputado García Fonseca hacia mi posible incoherencia en cuanto...
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Sánchez i Llibre, que no entre en
contradicción. Exponga usted lo que crea oportuno respecto a la política
de su Grupo, pero no entre en contradicción, repito, con otros Grupos.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Yendo directamente al grano de la cuestión,
quería agradecer al señor Ministro el interés que ha mostrado, de cara a
la reunión que mañana mantendrá con el presidente del grupo Volkswagen,
en cuanto al mantenimiento del centro de trabajo de la Zona Franca de la
empresa Seat. También quería indicarle que, por parte de nuestro Grupo,
Convergència i Unió, tendrá todo el refuerzo necesario y suficiente para
que el Gobierno mantenga una posición fuerte de cara a la permanencia de
dicho centro de trabajo, y que quede --dicho incluso de una manera clara
y firme-- reinstalado otra vez en dicha Zona Franca.
También quiero reafirmar la posición que he mantenido en mi intervención
anterior, en cuanto que pienso que el Gobierno ha de hacer jugar en este
tema el hecho de que cuando se vendió esta empresa por parte del INI y se
privatizó a manos de los actuales propietarios alemanes, hubo un
saneamiento importante por parte del Gobierno español de 400.000 millones
de pesetas, que pienso que han de hacer jugar en esta operación.
Mantengo también la afirmación que he expresado anteriormente, y es que
en ningún momento he planteado la futura participación ni del Gobierno
central ni del gobierno de la Generalitat en cuanto a la intervención
pública en esta futura operación de saneamiento de la fábrica Seat, pero
sí mantenemos nuestra posición de que, por parte del Gobierno y en
coordinación con las otras administraciones si fuera necesario, se la
ayudara para replantear la financiación del pasivo de dicha sociedad.
Esta ayuda podría ser a través de créditos blandos o a través de
instituciones financieras, para así poder mejorar su situación
financiera. También mantenemos lo que he dicho en mi intervención
anterior en cuanto al tema de las privatizaciones, ya que en ningún
momento he sido incoherente con lo que marca el programa de Convergència
i Unió en lo referente a este tema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Martín Menís.
El señor MARTIN MENIS: Yo soy de los que creo que la peor política es no
tenerla; parece que por lo menos en eso estamos de acuerdo. Nosotros
apoyaríamos una política activa industrial, apoyaríamos cualquier
política decidida de desarrollo de las PYME, y empresas públicas
únicamente en los sectores estratégicos, pero en competencia, quizá
porque tenemos la enorme experiencia de haber sufrido durante toda la
historia los estrangulamientos totales de nuestra economía por dichas
empresas públicas en régimen de monopolio, no competitivas. La
liberalización en una semana del transporte aéreo puede significar pasar
de pagar 50.000 pesetas por un billete Madrid-Tenerife a pagar 20.000, lo
cual parece suficientemente claro como para que no haya que insistir en
ello.
El problema básico que planteamos es que, si España es la suma de todas
las partes y la política industrial no viste a todas ellas, difícil será
que apoyemos el todo. ¿Por qué? Porque no siendo todas las llaves del
Ministerio de Industria, sin embargo, las claves para que pueda existir
un desarrollo industrial están en manos del Estado. La política fiscal no
será posible si en un archipiélago que está a 1.000 kilómetros no se
tiene la posibilidad de obtener aunque sea un conato de industria.
La política de transporte marítimo y aéreo desde luego en régimen de
monopolio es imposible, o en régimen de «pool» navieros, como hasta ahora
ha existido, con precios que son tres veces los del mercado mundial; la
política de subvenciones, si tenemos que establecerla en condiciones de
competencia o para alcanzar condiciones similares al resto del territorio
peninsular, no la tenemos, siempre nos quedaremos en la cola cuando se
trate de expedientes, o simplemente por la burocracia sistemática de
tener un régimen aduanero diferente que impide prácticamente el
desarrollo o el alcance del mercado peninsular.
En el caso de la energía, lo que nos parece claro es que no puede existir
un plan energético canario y una política de la empresa pública a su
aire, por su cuenta y velando únicamente por los intereses puros de dicha
empresa pública, sino que éstos tienen que estar integrados dentro de la
política energética global, y hay muchos detalles como para ver que no
sería así.
En resumen, si se quiere industria hay que buscar una viabilidad, la
viabilidad del desarrollo industrial de toda España, incluida esa parte
que es Canarias.
Hemos visto cosas muy positivas en la exposición del Ministro, aunque
algunas no tanto, pero no siendo responsabilidad solamente del Ministerio
y estando las
claves en la generalidad del Estado, deben de establecerse medidas
globales, y decía que el régimen económico fiscal es una, que lo tenemos
en puertas para que desde ahí se puedan dar las condiciones para un
desarrollo industrial, que equivale --y lo dije en la primera
intervención-- a una política de la Comunidad Autónoma canaria.
Perdonen que me tenga que retirar ya, debido a los kilómetros de
distancia que nos separan, pero no dude de que si dice algo lo leeré con
mucho cuidado en el «Diario de Sesiones», pero tengo media hora para
llegar al aeropuerto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo, en
representación del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAENZ LORENZO: Solamente deseo señalar que nuestro Grupo no
estaría de acuerdo con la propuesta que se ha hecho de una ley de
privatizaciones. Pensamos que el grado de privatización de las empresas
es un tema que debe plantearse por motivos económicos y con relación a la
situación de cada una de esas empresas. A nuestro Grupo le gustaría que
aquí se planteara, más que un debate intelectual, un debate político
sobre propuestas y sobre alternativas a esas propuestas, algunas de las
cuales nos han faltado para ese debate en el día de hoy.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro, para un último turno, que,
obviamente, también le ruego sea lo más breve posible, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Creo que
dejaría muy mal recuerdo de esta comparecencia, señor Presidente, si
todavía pretendiera volver a reabrir los debates. Seré breve y muy
telegráfico. Diré algunas cosas en el mejor de los tonos.
Ciertamente, al señor Gamir le diría que hay muchas cosas en las que
discrepamos. Obviamente, hay unas cuantas que parecen elementales de lo
que significa una política industrial y cuáles son todos sus componentes.
Me parece que es bueno que podamos coincidir en algo que, por otro lado,
no debiera ser siquiera motivo de debate, como cuáles son los elementos
que inciden en la competitividad de una empresa y en los que los factores
macro son claves, con independencia de que haya otros aspectos que
tradicionalmente se han considerado como la parte específica de la
política industrial, no siempre necesariamente la más relevante, pero en
todo caso una política industrial que tiene que ser coherente con el
marco macro y con una política macro que vaya en esa dirección.
Sobre la desindustrialización creo que no vale la pena volver a reiniciar
el debate. Le he escuchado atentamente y me parece que sigue manteniendo
una cierta incoherencia en el análisis del conjunto del ciclo. Depende de
la fecha en que uno se pare sale la cifra que usted quiera. Pueden salir
80.000 de crecimiento o 300.000 de crecimiento, depende, repito, de donde
usted se pare. Si coge la fase ascendente, que ciertamente volverá a
venir, resultaría que sacaría otra conclusión. Por tanto, es un análisis,
señor Gamir --permítame que se lo diga con todo afecto--, que como
riguroso los conozco mejores.
Acepto algunos de los consejos que me daba sobre no deflactar por precio.
Yo también conozco algo de las dificultades que tiene el tratamiento de
las series en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta los cambios de
composición de lo que estamos hablando y las modificaciones tecnológicas.
Pero, en definitiva, me parece que usted tiene una tesis que es política:
la tesis de la desindustrialización. No tengo nada que objetar a que haga
esa propaganda, pero creo que desde el punto de vista técnico
difícilmente se puede sostener, salvo que estemos hablando simplemente
del descubrimiento del Mediterráneo, y con eso quiero aludir al proceso
de evolución que se ha venido produciendo en todas las sociedades
industriales, en el sentido de una relativa pérdida de participación del
sector industrial. Eso es evidente que ocurre, pero es algo bien distinto
a la conclusión que usted sacaba, en mi opinión, sobre la política
tendente a la desindustrialización. Además, ha utilizado otras frases con
las que algunos nos regalan los oídos, como la desertización industrial
del país. En todo caso, lo que sí desearía es que en la tesis doctoral
que está dirigiendo la conclusión no esté puesta antes del análisis.
En relación con la política de PYME, yo creo que usted sí estaba de
acuerdo en la orientación y estaba de acuerdo en que una política micro
debe ser una política que vaya en esta dirección; así se lo he entendido
en su primera intervención. No sé si esto de hacer aproximaciones al
adversario se convierte en peligros en política, pero da la sensación de
que, en su última réplica, parecía estar ya menos de acuerdo que en la
exposición anterior.
Pero, ¿por qué en este momento no está de acuerdo con la política macro o
por qué no lo estuvo en el pasado? Porque si el problema es dicha
política macro, no tendríamos que discutir sobre la política de PYME que
en este momento estaba planteando, sino sobre cuál es la política
macroeconómica que hubo antes o la política macroeconómica que se está
diseñando aquí. De todas formas, es un debate y, desde luego, tiene mi
guante si quiere que hablemos sobre esas cuestiones, pero en otro
momento, supongo.
Con toda amabilidad, debo decirle que yo creo que cuadra mucho mejor «La
metamorfosis» que «El castillo» para describir lo que está ocurriendo. Y
cuadra mucho mejor porque es bueno que la gente cambie y que cambiemos
todos. Lo que ya resulta un poquito más difícil es no reconocer que todos
cambiamos, que todos tenemos diferentes posiciones, pero que quizás
algunos --y no me refiero específicamente a usted, que en este sentido es
un poco más moderado que alguno de los miembros de su Grupo
Parlamentario-- han convertido el problema de las empresas públicas en un
problema solamente ideológico.
Usted ha dicho una cosa, además, que sí me parece seria: ¿Por qué la
carga de la prueba está en el sector público? ¿Esto es una iluminación
metafísica? ¿Se trata de alguna súbita inspiración divina? ¿Por qué la
carga de la prueba en este momento, por ejemplo, en el sector
eléctrico está para demostrar que es más eficiente la empresa pública del
sector eléctrico que en el sector privado? Usted ha defendido antes
alguna tesis --en la cual ahora no quiero entrar, pero el portavoz del
Grupo Parlamentario hacía referencia a ella-- en la que, sin duda alguna,
venía muy bien este análisis tan socorrido, propio de una de las empresas
privadas, sobre que ciertos problemas que han tenido lugar en el sector
eléctrico se deben a privilegios de algunos. Pero yo no quiero --y en
este momento, menos, cuando estoy buscando la pacificación en el sector--
entrar en ese debate, que me parece ciertamente muy discutible, señor
Gamir.
Pero, ¿por qué le digo lo de la metamorfosis? Porque usted está
planteando una ley de empresas privatizables --creo que ha dicho; lo
siento si le he entendido mal-- en la que exista una descripción cerrada
de en qué sectores es justificable o es razonable defender la presencia
del sector público, que es tanto como decir, «a sensu contrario», cuáles
son aquellas que no deberían estar.
Sobre estas cosas, señor Gamir --por eso le hablo de la metamorfosis--
todos cambiamos, incluido usted. Usted ha defendido otras cosas
diferentes de la que está defendiendo en este momento, y no se lo
reprocho, porque es de sabios cambiar. No sé si cambiar tanto (Risas),
porque usted estaba en un Gobierno en el que se produjo, por ejemplo, la
nacionalización de SEAT, o la toma mayoritaria del capital de SEAT por
parte del INI, y sucedió, repito, estando usted en ese Gobierno, y me
parece perfectamente legítimo; eran otros tiempos y se pensaba de otra
manera, pero usted las tiene incluso por escrito. Todo esto me parece
demasiado como para que piense en una ley que consolide, de una vez y por
todas, cuáles son los sectores en los que desde hoy hasta el año 5000
debe trabajar el sector público. Simplemente --y perdóneme que lo diga--,
me parece una contradicción, precisamente porque no es lo mismo la
política industrial que hay que hacer hoy que la que había que hacer en
el año 1970 o en 1980. En mi opinión, es bastante contradictorio definir
de una manera rígida y legal algo que está en la Constitución, que
depende de las políticas e incluso de las ideologías de los gobiernos y
de la discusión sobre qué es lo más razonable desde el punto de vista de
la efectividad.
Creo que sobre esto es difícil saber por qué en su tiempo --no sé si
estaba usted en ese momento en el Gobierno-- Artesanía Española se
convirtió en una empresa pública. Hoy --se lo digo con toda franqueza--
no tiene el menor interés estratégico que forme parte del sector público,
y le podría poner unos cuantos ejemplos. De lo que no estoy seguro es de
que algunas cosas que hoy estén en el sector privado, antes o después no
fuera razonable, en un marco diferente, que pudieran ser empresas
sometidas a una cierta participación, incluso ni siquiera mayoritaria,
del sector público.
La discusión sobre los votos, naturalmente la dejamos para otro momento.
Yo creo que eso lo saben los ciudadanos. Me alegro de que usted conozca
con exactitud quiénes le votaron de los diferentes sectores sociológicos;
nosotros tenemos también nuestra percepción de eso. Pero me temo, señor
Gamir, que los votos no se reparten como ustedes quisieran acreditar, en
términos de empleados o desempleados.
El señor Such se ha marchado, pero únicamente le quería decir que yo no
me he enfadado. Lo único que quisiera añadir ahora es que no sé como
tomarle esta alegoría con un personaje que dicen que es sexy; no sé si
eso me lo tengo que tomar, puesto que se refería a mí, como un elogio o
como algo que me debe preocupar viniendo de él. (Risas.)
Señor Peón, yo espero que las dificultades e incertidumbres se despejen
en el futuro. Creo que tendremos ocasión de hablar en serio, y al margen
de la dialéctica parlamentaria, incluso sobre Iberia, sobre su situación;
le he tratado de comunicar honestamente qué es lo que pienso sobre el
tema, aunque entiendo que ustedes se puedan sentir insatisfechos, pero
insisto que tendremos que evaluar eso, como tantas otras cosas, dentro
del sector público, y ciertamente vamos a dedicar lo mejor de nuestras
energías y de nuestros conocimientos, y desde luego a los mejores
responsables del sector, para ponerlo en unas condiciones que garanticen
el futuro en términos viables en un mundo muy cambiante en esta cuestión.
Señor García Fonseca, no volvamos sobre los debates. No es este el
momento de reabrirlos, ni sobre los costes laborales unitarios en
términos reales --a los que yo también me refería, no solamente usted--,
ni naturalmente sobre la visión de la evolución de las reconversiones en
unos u otros sectores. Yo no he hecho una defensa de un proceso de
reconversión como el de fertilizantes, que, por cierto, su inadecuación y
algunos problemas, no solamente de la reconversión sino otro diferentes,
todavía están pagando empleados de ese sector, y desde luego alguna
energía nos está costando a los responsables en el Ministerio para tratar
de paliar los problemas. Y mucho menos se refiera a sectores en los que
todavía tenemos bastantes tareas que hacer, como el de la siderurgia.
Le rogaría, señor García Fonseca, si no fuera mucho pedir que usted
atendiera este ruego, el que en un momento como éste no se difundieran,
aunque no sea más que por la vía de los interrogantes, intenciones que
solamente en el marco de un debate dialéctico, y tal vez en otro foro,
por lo menos el Ministro del ramo podría aceptar. Usted ha insinuado la
voluntad del Gobierno de hacer que desaparezca el sector de la
siderurgia, aunque sea por etapas. Yo le rogaría, tanto a usted como a
otros --en algún momento lo he leído--, que no difundan especies como
ésa, que ciertamente no contribuyen a hacer más fácil un proceso que ya
es suficientemente difícil.
Finalmente, está la parte de la polémica de que no me correspondía el
ahorro. Supongo que usted no hablaba de intereses inconfesables
refiriéndose a algo que yo haya dicho sobre el sector del automóvil y,
por tanto, no quiero entrar en esa polémica.
Señor Sánchez i Llibre, le agradezco sus palabras. En este tema vamos a
hacer todo lo que podamos dentro de lo razonable, y tendré ocasión de
pronunciarme, no sé si en una comparecencia o en otro momento, con más
precisión en relación con la situación del problema y su magnitud, bien
entendido que no es el único problema
que existe en el sector automóvil, aunque sí en este momento es el más
grave.
El representante de Coalición Canaria ha reiterado ahora algunas cosas.
Yo quiero manifestar, por lo menos para que conste --a pesar de que se ha
ido pues salía su avión-- en las actas de esta comparecencia mi
satisfacción por su apoyo a una política activa, a una política de PYME,
e incluso a una concepción de la empresa pública en determinadas áreas de
carácter estratégico. Estoy de acuerdo en que no es esto lo único que
conforma una política industrial. Hay aspectos fiscales que se están
discutiendo en estos momentos en Canarias, etcétera. Pero como reconocía
que también había algunos aspectos positivos en lo que yo he podido decir
--no obstante las discrepancias-- me parece que era de justicia el dejar
constancia.
Señor Sáenz, me parece que le tengo que volver a reiterar que nuestras
coincidencias no son casuales, sino que son fruto de que, de verdad, en
esta política no solamente hay el cumpliento de un programa electoral,
que es con el que ganamos las elecciones, sino, al mismo tiempo, el
reconocimiento, entiendo, de lo que son en este momento las prioridades
de la política industrial y de la política económica en España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su atención a lo
largo de toda la Comisión. También quiero agradecer a los grupos
parlamentarios su concisión, dentro de lo posible, en los límites del
tiempo no previstos, pero finalmente acordados.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, introduciendo un punto en el
orden del día para alterar precisamente dicho orden del día. De común
acuerdo el Grupo que había solicitado la comparecencia y todos los grupos
de la Cámara, parece razonable levantar la sesión en este momento y pasar
a fechas posteriores esta comparecencia para no ir limitados por el
tiempo, como estaríamos en este momento. Por tanto, propongo a la
Comisión la alteración del orden del día, levantando la sesión y
aplazando la comparecencia para una próxima sesión.
El señor GAMIR CASARES: ¿Para cuándo?
El señor PRESIDENTE: ¿Aprueba la Comisión que se aplace esta
comparecencia? (Asentimiento.)
Para el buen orden de las señoras y señores Diputados, les diré que está
previsto que el próximo día 18, lunes --no ha sido posible el 19,
martes--, se produzcan las comparecencias que deban tener lugar en esta
Comisión con referencia al tema presupuestario, y cualquier otra reunión
no se producirá hasta la semana del 27, que sería, en principio, la
comparecencia del Ministro de Comercio y Turismo, pero en cualquier caso
recibirán los miembros de la Comisión la convocatoria en tiempo y forma
convenientes.
En cualquier caso, por tanto, si no hay más asuntos que tratar, se
levanta la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.