CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1993 V Legislatura Núm. 26
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 2
celebrada el martes, 28 de septiembre de 1993



ORDEN DEL DIA:
-- Aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 42/000007.) (Página 296)
-- Aprobación de la celebración de las comparecencias del señor Ministro
de Trabajo y Seguridad Social. A propuesta de la Mesa de la Comisión.

(Números de expedientes 213/000013 y 213/000043.) (Página 296)
Comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez), para informar:
-- De las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Ministro en
su Departamento en este mandato. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000013.) (Página 296)
-- Sobre el programa a desarrollar al frente de su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000043.) (Página 296)
-- De las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000016.)
(Página 296)

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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




- APROBACION, EN SU CASO, DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE
HACE REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983 EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 42/000007.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Vamos a
dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Política Social y Empleo
cumplimentando el orden del día que ustedes ya conocen.

Antes de proceder a tramitar el punto primero del orden del día, quiero
-porque así me lo pidió expresamente- excusar la ausencia del
Vicepresidente de la Comisión en esta primera reunión de la misma, el
señor don Jorge Fernández Díaz, que, por razón de obligaciones en
representación de su Grupo Parlamentario, ha tenido que viajar al
extranjero.

Dicho eso, señorías, el primer punto del orden del día consiste en la
aprobación de la delegación en favor de la Mesa a que hace referencia la
Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, en
relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

De modo que les planteo la aprobación de esa delegación de la Comisión de
la Mesa. ¿Se puede aprobar por asentimiento esa delegación?
(Afirmaciones.)
Queda aprobado.




- APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL SEÑOR MINISTRO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. A PROPUESTA DE LA MESA DE LA COMISION.

(Números de expedientes 213/000013 y 213/000043.)



El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, señorías, esta comparecencia del
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social ha sido incluida en el orden
del día por la Mesa de la Comisión sin que previamente contásemos con la
delegación que en estos momentos ustedes acaban de proporcionar a la
Mesa. Por tanto, el segundo punto del orden del día consiste -digamos- en
la convalidación por parte de la Comisión de la decisión de la Mesa de
incluir en el orden del día la comparecencia del señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.

Supongo también que esta convalidación de esa decisión de la Mesa se va a
producir -estoy seguro- por asentimiento. (Afirmaciones.) Así es.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (GRIÑAN
MARTINEZ) PARA INFORMAR:



- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR POR EL MINISTRO EN
SU DEPARTAMENTO EN ESTE MANDATO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
213/000013.)



- SOBRE EL PROGRAMA A DESARROLLAR AL FRENTE DE SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
213/000043.)



- DE LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.

A PETICION PROPIA. (Número de expediente 214/000016.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, de ahí pasamos al tercer punto del orden
del día, que consiste en la comparecencia del señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social. Es su primera comparecencia en esta Comisión -bien es
verdad que es también la primera reunión de la Comisión-, yo, en nombre
de todas sus señorías, creo poder darle la más cordial bienvenida y
esperar de esta primera comparecencia y de las que le sigan una relación
fructífera entre su función ejecutiva y la función legislativa que todos
cumplimos en esta Cámara.

Dicho esto, señorías, esta comparecencia se va a tramitar, en lo que se
refiere al uso y al manejo de la palabra, conforme al artículo 203 del
Reglamento, como también conforme a usos y costumbres de esta propia
Comisión en legislaturas precedentes. Algunas señorías y portavoces lo
conocen bien y, por tanto, no nos vamos a separar de lo que era uso
habitual en el marco del artículo 203 del Reglamento.

Así pues, de acuerdo con ese artículo y también con lo que era uso y
norma de esta Comisión, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez):
Señorías, cumplimento esta primera comparecencia como Ministro de Trabajo
y Seguridad Social ante la Comisión de Política Social y Empleo y quiero
que mis primeras palabras sirvan para expresar la que ha de ser mi
disposición y colaboración con todos ustedes. Además, siendo ésta, como
les decía, mi primera comparecencia, les pido disculpas anticipadas si me
extiendo en la exposición, pero me gustaría abarcar en su integridad lo
que son los diferentes ámbitos de competencia del Ministerio.

Si ustedes analizan la realidad comparada de las instituciones del
mercado de trabajo o de la protección social de los países comunitarios
-los más próximos al nuestro-, constatarán que unas y otras responden,
más que a un modelo teórico, a las circunstancias específicas,
culturales, históricas y sociales de cada país. Este análisis ha
permitido a muchos comentaristas escribir que la racionalidad del mercado
de trabajo es siempre una forma histórica concreta de racionalidad. Por
ello, es necesario acercarse a la misma con una sensibilidad extrema,
tanto en la captación de cuáles son sus matices como en la



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apreciación de las consecuencias que pueden derivarse de las actuaciones
que se decida llevar a la práctica. Como saben SS. SS., la actual
realidad de las relaciones laborales en España arranca de una situación
histórica de regulación heterónoma propia de un Estado autoritario.

La transformación de este sistema autoritario en lo político a un sistema
democrático condujo también a incorporar un determinado marco de
autonomía de las partes en el campo de las relaciones de trabajo, pero
esta incorporación, por efecto de la propia historia, ha venido
conviviendo con un grado de intervención de lo estatal superior a lo que
sería el funcionamiento habitual o paradigmático de un sistema
tradicional de autonomía de las partes. Por tanto, es preciso reconocer
que el actual sistema de relaciones laborales en España arrastra todavía
algunas adherencias heterónomas que hacen difícil su capacidad de
adaptación a la evolución económica. Esta situación se manifiesta en
algunos aspectos de la normativa vigente que nos proponemos reformar para
conseguir un sistema más eficiente de autonomía plena de los agentes
sociales basado en su responsabilidad y en su capacidad de pacto.

Pero, siendo esto así, añado que las reformas deberán hacerse de manera
global y equilibrada y, además, en la medida de lo posible, pactadas,
puesto que todo el sistema de relaciones laborales es siempre el fruto de
un equilibrio de relaciones de poder cuya modificación exige la
construcción simultánea de un nuevo equilibrio que pueda garantizar la
paz social. La confianza en los agentes sociales y la potenciación de su
autonomía y capacidad de negociación a todos los niveles constituye un
elemento esencial para adaptarse de forma mucho más rápida a la
coyuntura, sin renunciar en ningún caso a lo que constituyen las señas de
identidad que debe mantener el espacio social europeo: competitividad,
empleo y solidaridad. Es la triple cuestión a la que la política del
Ministerio de Trabajo quiere dar respuesta: cómo ayudar a que las
empresas sean más competitivas, cómo favorecer la creación de empleo y
cómo consolidar el sistema de protección social.

Señorías, estamos atravesando una crisis económica cuya complejidad no
puede ocultarnos su rasgo más definitorio y profundo, que es la pérdida
de competitividad de los países tecnológicamente más avanzados. Quizá sea
éste el rasgo diferenciador de esta crisis frente a las anteriores.

La Europa comunitaria comprueba hoy cómo los problemas del empleo, que se
suelen agudizar en la fase recesiva del ciclo, no se acaban de solucionar
en los momentos más expansivos. Constatamos con preocupación, y así lo
hacíamos la semana pasada los ministros de Trabajo reunidos en Brujas,
que mientras la economía comunitaria necesita experimentar un crecimiento
de más de dos puntos anuales de producto para crear empleo, la economía
estadounidense apenas requiere un punto, y menos, claro está, las
economías de los nuevos países industrializados. Tenemos unos márgenes
muy estrechos de competitividad que sólo conseguiremos ampliar con
estrategias muy claras de innovación, de investigación y desarrollo, de
formación y adaptación, pero que, además, exigen moderar el crecimiento
de los costes laborales y reducir el déficit público. Estamos, y estamos
todos, empeñados en una estrategia de competitividad que no vulnere las
que son señas de identidad de la cultura laboral europea: la libertad
sindical, la negociación colectiva y la protección social. Todos
compartimos el objetivo común y también los medios fundamentales para
alcanzarlo, y si ustedes reparan en las medidas que han propuesto, o
están proponiendo, los diferentes gobiernos comunitarios van a observar
que todas ellas pretenden, dentro del ámbito del mercado de trabajo, unos
objetivos muy similares: moderación, adaptabilidad y rigor en el gasto
público o, dicho de otra manera, una política de rentas que haga
compatible la evolución de estas rentas con el control de la inflación,
una adaptación de las relaciones laborales a la situación cambiante del
mercado de trabajo y un mayor énfasis en el carácter redistributivo de la
protección social.

En nuestro caso, pretendemos avanzar hacia la creación de empleo
combinando esas estrategias de competitividad con un diálogo social
continuado e ininterrumpido. Es cierto que el acuerdo por el empleo, el
acuerdo que estamos negociando, es un acuerdo difícil, porque la
situación misma lo es y porque exige un cierto grado de renuncias, pero
es lo cierto también que el acuerdo trata de poner la recuperación
económica al servicio del empleo. Parte importante de este acuerdo ha de
ser una política de rentas que sirva a la consecución de todos esos
objetivos que vengo citando. Hablo, por tanto, de una política de rentas
determinada y no de cualquier política de rentas; es decir, hablo de un
instrumento indispensable para sostener las condiciones de trabajo de
nuestro modelo económico, para controlar la inflación y para generar
empleo. Tiene, por supuesto, como objetivo inmediato la recuperación de
los beneficios y su reinversión en el proceso productivo, de forma que,
así, podamos garantizar y favorecer la competitividad y el empleo. En
este sentido hemos propuesto que el acuerdo tenga una vigencia de tres
años y que aborde todas las rentas. La propuesta del Gobierno, explicada
a los agentes sociales en la reunión del día 27 de julio y concretada
después en reuniones posteriores, prevé, en cuanto a la evolución de los
salarios, un incremento de dos puntos por debajo de la inflación prevista
para los dos primeros años de vigencia y un punto menos de esa variable
para 1996.

Una política de rentas ambiciosa como la descrita exige, además, unas
medidas de apoyo por parte del Gobierno, puesto que, insisto, no es sólo
una política de rentas, sino una determinada política de rentas, con
medidas de apoyo que favorezcan la acción del Gobierno, y esas medidas de
apoyo serán medidas internas al propio proceso de negociación y medidas
externas de apoyo al funcionamiento del mercado de trabajo. A ellas me
voy a referir a continuación.

Una política de rentas centralizada, que se obtiene con un acuerdo
interconfederal, tiene siempre la ventaja de eliminar la falta de
sensibilidad de las unidades inferiores de negociación a la situación
económica general y, al mismo tiempo, de mejorar la compatibilidad entre
las



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medidas que se producen en los distintos convenios de diferente ámbito,
pero la centralización también tiene un riesgo: el de no atender cuál sea
la particular situación de los diferentes sectores económicos o de las
empresas concretas de cada sector. Precisamente por eso lo que queremos
es que el acuerdo de renta, el pacto interconfederal, tenga como
complemento añadido e ineludible una articulación del proceso de
negociación colectiva, de manera que lo acordado a nivel interconfederal
pueda adaptarse a la situación real de cada sector y a la realidad
económica de cada empresa. Para conseguir esto son necesarias unas
medidas de apoyo al proceso de negociación que van a facilitar y mejorar
el proceso de adaptación de lo convenido en cada ámbito a esa realidad
económica concreta o, dicho de otra manera, el Gobierno ha considerado
que el acuerdo de rentas debe servir para perfeccionar la estructura y
los contenidos de la negociación colectiva y también para derogar
determinadas normas estatales que están confiriendo una rigidez
inadecuada a nuestro mercado de trabajo. Para que esto sea así, es
necesario superar los problemas que afectan de manera general al
desarrollo del sistema de negociación colectiva en nuestro país y hacerlo
en relación con tres aspectos concretos: su grado de cobertura,
haciéndola más extensa; su estructura, haciéndola más articulada, y sus
contenidos, haciéndolos más ricos. Es necesario que la negociación
colectiva aumente su capacidad de regulación como medio para proporcionar
esa necesaria capacidad de adaptación a las empresas.

La propuesta del Gobierno en ese sentido es potenciar lo que se conoce
como negociación articulada y que delimita tres espacios negociables muy
nítidos: el acuerdo interconfederal, los acuerdos sectoriales
territoriales y los convenios de empresa, espacios estos que no pueden
solaparse y que deben impedir la duplicidad. Y para ello se ha de avanzar
en las siguientes líneas. En primer lugar, es necesario potenciar la
negociación colectiva sectorial, de forma compatible con los niveles de
negociación en los ámbitos autonómicos. El desarrollo de la negociación a
nivel sectorial debe atribuir, por otra parte, un valor fundamental a la
negociación a nivel empresarial, con una perfecta articulación entre
ambas. Sólo así puede resultar posible adaptar las condiciones reales de
trabajo a la diversidad de situaciones por las que atraviesan las
empresas, sin perder de vista los objetivos negociados de la política
general y social general.

En segundo lugar, y para hacer posible lo anterior, es necesario dotar a
la negociación de mayor riqueza de contenidos, de forma que no se limite
únicamente a la fijación de rentas. Ha de incluir también, entre otras
fórmulas, por ejemplo, de solución de conflictos, de
corresponsabilización en el propio proceso de gestión del convenio. Y,
junto a ello, deberemos posibilitar que sea la negociación colectiva, y
no normas estatales, la que regule la composición del salario y la mejor
distribución del tiempo de trabajo.

Por otra parte, la articulación del proceso de negociación colectiva a
ámbitos inferiores exige la inclusión de cláusulas de DESCUELGUE, en
condiciones convenientemente acordadas en el ámbito superior, que van a
permitir a las unidades de negociación de ámbito más bajo desvincularse
en más o en menos de algunas de las condiciones pactadas. La existencia
de cláusulas de DESCUELGUE ha de conducir simultáneamente al
reforzamiento natural de los derechos de información y consulta, pieza
clave para alcanzar la corresponsabilidad de los agentes sociales y su
afianzamiento.

Así las cosas, la garantía de adaptación y articulación de la negociación
colectiva radica precisamente en conferirle eficacia derogatoria externa
sobre normas estatales y también eficacia derogatoria interna o de
DESCUELGUE sobre lo pactado en ámbitos superiores de negociación. Ello ha
de conducir a una revisión de la legislación heterónoma, básicamente en
todo lo relativo a la vida del contrato, movilidad, adaptabilidad,
organización de las vacaciones, etcétera, y especialmente a una
derogación expresa de las ordenanzas de trabajo, que es, sin duda, la
expresión máxima del intervencionismo administrativo en el sistema de
relaciones laborales. Y así hemos propuesto, a través del acuerdo
interconfederal, un plazo máximo de un año (1994) para proceder a su
sustitución pactada. Dicho plazo podría ser ampliado a dos años en
aquellos sectores -estoy pensando en sectores como empleados de fincas
urbanas o como el sector del campo- en los que hay particulares
dificultades para la negociación. Transcurridos esos plazos, el Gobierno
derogará las ordenanzas que todavía estuvieran en vigor, adoptando para
ello las reformas legislativas que sean necesarias para evitar cualquier
tipo de laguna o de vacío legislativo.

El Gobierno, por consiguiente, se dispone a apoyar todo el proceso de
negociación colectiva que se articule a partir del acuerdo
interconfederal, facilitando que, a través del mismo, se consiga hacer
más flexible y adaptable nuestro sistema de relaciones laborales. Pero
ello requiere expresamente un compromiso explícito de empresarios y
sindicatos para incorporar a su cultura de negociación materias a las que
históricamente han venido renunciando.

Algunos profesores han señalado el escaso aprovechamiento que los agentes
sociales han hecho en nuestro país de una medida tan importante como es
la eficacia general del convenio colectivo, impidiendo que la
negociación, por un efecto continuado de empobrecimiento de sus
contenidos, haya sido un verdadero instrumento de adaptación, o ese
verdadero instrumento de adaptación que ha sido en otros países europeos.

Con las medidas hasta ahora mismo propuestas (articulación de la
negociación colectiva, capacidad derogatoria de los convenios colectivos,
cláusula de DESCUELGUE y revisión de normas estatales) se habrá de
conseguir un modelo de relaciones laborales más ágil y adaptable a la
situación actual.

Quedarían por analizar las medidas de apoyo externo, a las que luego me
voy a referir, y todo lo relativo al ingreso en la empresa y a la
extinción del contrato de trabajo.

En el documento que ha sido enviado al Consejo Económico y Social se
efectúan unas reflexiones sobre estas



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fases de la relación laboral, a las que yo me remito, dado que el
organismo ha comunicado al Gobierno que su dictamen se va a producir en
el último pleno del mes de octubre. Pero sí querría añadir algunos
comentarios.

En primer lugar, mi convencimiento de que la causalidad de la entrada
tiene que conducir a una reflexión simultánea, y en los mismos términos
sobre la salida, que tenga en cuenta, sobre todo, cierta agilización de
los trámites procedimentales. Es necesario plantearnos las diferentes
fases del procedimiento judicial, con vistas a disminuir la dilación en
las decisiones judiciales o incluso la inconveniente incidencia del
llamado despido nulo sobre los costes reales del despido.

En cuanto a la autorización administrativa en los despidos colectivos
parece claro que hay que analizar profundamente, antes de llegar a
cualquier conclusión, como sin duda va a hacer el Consejo Económico y
Social, los efectos que tendría una eventual supresión de la misma sobre
la actividad judicial -no podría suprimirse en ningún caso la tutela
judicial efectiva-, sobre la actuación mediadora de las administraciones
públicas, que es importantísima, y sobre el sistema de protección por
desempleo. Por consiguiente, cualquier reflexión que hagamos sobre esto
tiene necesariamente que ser precedida por las reflexiones anteriores. Y
más importante que ello es garantizar que todas las administraciones
competentes en esta materia contemplen las circunstancias causales de
estas suspensiones o de estas extinciones de contratos, no como
determinantes de una situación de inviabilidad definitiva de la empresa,
sino como elementos que pueden ser removidos, con las medidas que se
pueden adoptar, garantizando así la viabilidad futura de la empresa y con
ello del empleo; es decir, actuar siempre en este trámite más para
solucionar problemas que para liquidar una empresa. Estamos hablando de
una competencia que ejercen prácticamente en el sesenta por ciento del
territorio las comunidades autónomas y que a final del próximo año será
en el cien por cien.

Mención aparte quiero hacer de la pequeña empresa. Me estoy refiriendo a
esos miles de potenciales empleadores de millones de trabajadores cuya
posición en el mercado es siempre de subordinación, en la medida en que
siempre sus estrategias son subordinadas a la estrategia de otras
empresas del sector, esas estrategias ajenas que llegan a condicionar
incluso su propia existencia y permanencia en el mercado. Para estas
pequeña empresas debemos construir, con los apoyos públicos necesarios,
un mercado más estable y un horizonte más seguro para la inversión.

El mercado de trabajo en estos casos debe incorporar una mayor
flexibilidad que haga que su situación de dependencia pueda ser
compensada por una mayor facilidad de adaptación. Solamente así vamos a
poder facilitar sus decisiones de contratación. Y no olvidemos que estos
pequeños empresarios de la industria, del comercio, de los servicios en
general, son sin duda los elementos más dinámicos y más generosos en el
volumen global de empleo de nuestro país. A estos empresarios no les
preocupan tanto los asuntos que parece que en otros ámbitos centran el
debate del mercado de trabajo, como la movilidad geográfica o la
regulación de empleo; a ellos les preocupa una contratación más flexible,
unos menores costes que, sin deteriorar los derechos del trabajador,
hagan más estables sus expectativas. Y quiero añadir que son los pequeños
empresarios los que menos usan la rotación en las contrataciones, quienes
a la postre más terminan estabilizando la plantilla y quienes básicamente
son más capaces y están más dispuestos a contratar a las personas con
mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. Por eso creo que
hay que apoyarles, y nos disponemos a hacerlo negociando para ellos un
marco específico.

Para terminar este apartado, quisiera decir que el Gobierno remitirá al
CES, para su dictamen, el proyecto de ley de huelga, que decayó la pasada
legislatura, y que hará transposición de las directivas comunitarias
sobre seguridad y salud laboral en el proyecto de ley correspondiente.

La reactivación económica al servicio de la creación de empleo, a la que
me he venido refiriendo con anterioridad, va a necesitar, junto al
acuerdo de las rentas y la adaptabilidad de la negociación colectiva, de
la instrumentación por el Gobierno de medidas de apoyo, no solamente
internas al proceso de negociación, sino externas a esa negociación,
tales como son la formación profesional, el reforzamiento de la
intermediación en el mercado de trabajo y medidas de fomento del empleo.

A ellas me quiero referir a continuación.

Colocar la reactivación al servicio del empleo es, sin duda, el objetivo
esencial de la política económica del Gobierno. Por lo tanto, el empleo
es sin duda la palabra clave, pero bajo esta palabra se esconde una
realidad, a menudo huidiza y de difícil aprehensión. Estamos sometidos a
un bombardeo periódico de cifras que acostumbran a ofuscar nuestro
particular universo del desempleo.

¿Qué hay detrás de cada cifra? ¿Qué significa que aumente el paro a la
vez que 110.000 extranjeros regularizan su situación laboral en España
durante los ocho primeros meses de 1993? ¿Por qué hay trabajos que
nuestros desempleados se resisten a hacer? ¿Por qué, si la tasa de paro
en España triplica con creces la de otro país comunitario, se producen
movimientos migratorios de ese país a España y no al revés? ¿Por qué
apenas se contabilizan migraciones interiores y las rentas salariales
crecen anualmente por encima de la inflación, con una tasa elevada de
desempleo?
Hay demasiadas peculiaridades o preguntas que deben ser respondidas. Es
imposible favorecer el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo
si no conocemos en profundidad el mundo del empleo y del desempleo,
quiénes son de verdad nuestros parados, qué empleo quieren. Porque no es
suficiente conocer un dato estadístico, hay que ser capaces de ver un
poco más allá, y ésta es la obligación esencial del Instituto Nacional de
Empleo.

Nosotros contamos con un servicio público de empleo que debe cubrir, como
cuestión previa a la intermediación, dos requisitos: uno, identificar el
perfil socioprofesional del demandante de empleo y, dos, conocer las



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necesidades de empleo de las empresas y de los sectores productivos. A
partir de este conocimiento se podrá demostrar que la formación de
nuestros desempleados no coincide con las necesidades de nuestras
empresas y esa inadecuación va a ser precisamente la que tratarán de
eliminar los programas de formación profesional que después, señorías,
voy a intentar resumirles.

Desempleo, empleo existente y formación adecuada son las herramientas de
trabajo del Inem para conseguir una efectiva conexión entre las ofertas
de trabajo y las demandas de empleo.

Al hablar del Inem, considero conveniente ceñirme a su propia realidad y
abandonar la visión cósmica que a veces se pretende conferir a los
servicios públicos de empleo. Sólo a partir de su propia realidad es
factible emprender una mejora del organismo y esta realidad nos dice que
la intermediación pura del Inem no supera el 10 por ciento de las
contrataciones, en tanto que, respecto al resto, lo que hace el Inem es
una gestión burocrática a ofertas nominativas que suponen una carga de
trabajo, de rentabilidad social nula y cuyo alivio agradecería el Inem.

Por lo tanto, eso nos lleva a considerar que el Inem no sólo tiene que
mejorar su capacidad de mediación sino que, además, tiene que orientar
preferentemente su actividad hacia aquellos colectivos que más necesitan
su colaboración, aquellos que claramente justifican el carácter público
del Instituto: parados de larga duración, parados con problemas de
formación, mujeres que tratan de reincorporarse al mercado de trabajo,
jóvenes sin empleo anterior, trabajadores minusválidos. Son estos
colectivos los que más justifican la presencia de los poderes públicos,
pues, ausente en su caso la función solidaria del Estado, su único
destino sería la marginación.

Ello nos conduce a afirmar que carecemos de una visión dogmática del Inem
y, por consiguiente, que todo lo que contribuya a mejorar su gestión y a
favorecer la creación de empleo será bienvenido. Por ello, hemos sometido
a la consideración del Consejo Económico y Social, dentro de la reforma
del Inem, la pérdida por parte de este organismo del monopolio de la
intermediación mediante la regulación de empresas de trabajo temporal.

Ello conducirá, además, a revisar la inscripción obligatoria.

Señorías, el factor humano es siempre el factor estratégico por
excelencia. La inversión en formación es la política activa de empleo por
antonomasia. Esto es algo más que una retórica si pensamos que solamente
el 21 por ciento de los trabajadores que no concluyeron sus estudios
primarios tienen hoy ocupación. No es ésta únicamente una constatación
que refleja la relación de causalidad entre formación y empleo, es algo
más. De ella podríamos extraer además otra de las características
singulares de nuestro mercado de trabajo: la dualización formativa.

Contamos con trabajadores menores de veinticinco años con una formación
comparable a la de otros jóvenes europeos y, sin embargo, a partir de los
treinta años, de manera exponencial, la formación decrece. De ahí que sea
ese colectivo de trabajadores el que merezca una atención preferente por
parte de los poderes públicos. Hace muy pocos días, la semana pasada, la
Ministra belga de Trabajo invitaba a reflexionar a sus colegas
comunitarios sobre el futuro de estos trabajadores escasamente formados
cuando se encuentran en desempleo de larga duración y ya tienen cuarenta
y cinco años o más. ¿Qué hacer? ¿Hay posibilidades de encontrar nuevo
trabajo o estarán condenados durante toda su vida al desempleo? La
respuesta es difícil, pero no cabe duda de que deberán ser los primeros
destinatarios de ese esfuerzo solidario de la sociedad, otorgando a su
formación y adaptación un valor inherente a sí mismos, con independencia
de sus posibilidades de empleo.

No pretendo ahora, señorías, desmenuzar los distintos sistemas de
formación profesional, la reglada, la ocupacional y la continua. Tampoco
está en mi ánimo desgranar las virtudes del Programa Nacional de
Formación Profesional, aprobado por el Gobierno en marzo de este mismo
año, ni del acuerdo nacional tripartito de diciembre del año pasado. Sólo
quiero dejar constancia de mi compromiso de proceder a su inmediata
aplicación, presupuesto a presupuesto. Me interesa más decir otras cosas.

En síntesis, dos. La primera, recordar que en formación profesional no
hay piezas separadas. Hay una característica esencial que aúna a la
formación reglada con la ocupacional y a ésta con la continua. Esta
característica esencial no es otra que el empleo. Todas persiguen lo
mismo: formar para trabajar. Formar para trabajar en el trabajo que
existe y esta vinculación con las necesidades formativas de nuestro
sistema productivo es lo que debe determinar la naturaleza no sólo de la
formación ocupacional y continua sino también de la formación reglada, de
toda la formación.

Por consiguiente, hay que avanzar en el proceso de coordinación iniciado
por la Logse entre la Administración educativa y la laboral. Una y otra,
además, deben tener como referencia fundamental de su actividad lo que es
el mundo del trabajo, más concretamente el mundo de las empresas, e
insertarse en él. Este modelo dual que perseguimos obliga a desarrollar
la idea de que es imposible -insisto, es imposible- adquirir una buena
formación sin una buena conexión con el mundo concreto de la actividad
productiva concreta, lo mismo en lo que se llama reglada que en lo que se
llama ocupacional o en lo que se llama continua; en todas ellas.

La segunda reflexión al hilo de la primera es enunciar una obviedad:
todos somos responsables de la formación, Gobierno, empresarios,
trabajadores ocupados o trabajadores desocupados; todos, pues no es la
crisis algo ajeno a la voluntad de las personas. Su voluntad influye, y
mucho, y cuanto más formados estén, más capacitados van a estar para
superar la crisis.

Yo les decía antes, y les recuerdo ahora, que la Europa comunitaria sólo
puede ampliar los márgenes de competitividad con innovación y con
formación. Hay sectores en los que el aporte formativo es la única
condición para mejorar la posición relativa de las empresas. De ahí el
concepto de corresponsabilidad de que les vengo hablando. La formación es
una inversión rentable, no sólo para



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la sociedad en su conjunto sino para cada empresa en concreto.

Pero, señorías, el conjunto de apoyos externos a la negociación colectiva
debe ser también completado mediante el diseño de un marco de estímulos a
la contratación laboral que sea adecuado a las necesidades de nuestros
mercados laborales y que, al mismo tiempo, sea coherente con el proceso
de reforma laboral al que me vengo refiriendo. Es evidente que en este
terreno el resultado del proceso de reforma laboral constituye un
requisito previo para la formulación de la política de fomento de empleo.

Sin embargo, permítanme exponerles algunas ideas más concretas en esta
materia, basadas en los contenidos de la documentación que ha remitido el
Gobierno a las partes sociales durante la negociación del pacto y también
en el informe sobre reforma del mercado de trabajo remitido al Consejo
Económico y Social.

Como saben SS. SS., el tramo final de la pasada legislatura contempló la
adopción de algunas medidas que afectaban directamente tanto al marco de
contratación laboral como a los diferentes incentivos a la contratación
que estaban vigentes en ese momento. En un contexto de crisis económica
tales medidas, además, contuvieron un elevado carácter de urgencia.

El contrato temporal de fomento del empleo experimentó importantes
modificaciones, como consecuencia del Decreto-ley de 3 de abril de 1992,
que elevó a doce meses su duración mínima, y también, aunque en este caso
de forma transitoria, como consecuencia del Real Decreto-ley, luego Ley
3/1993, que estableció la posibilidad de prórroga por doce meses, hasta
completar una duración máxima total de cuatro años para los contratos
temporales de fomento del empleo cuyo período de duración máxima de tres
años finalizará este año.

Los contratos de trabajo en prácticas y para la formación vieron
desaparecer las reducciones en las cotizaciones sociales hasta entonces
vigentes y su sustitución por una subvención a tanto alzado, de 550.000
pesetas, cuando a la finalización de dichos contratos fueran
transformados en contratos por tiempo indefinido.

Por su parte, se extendieron los estímulos a la contratación indefinida a
colectivos como los jóvenes menores de 25 años y con edad entre 25 y 30,
demandantes de primer empleo, o las mujeres desempleadas que se
reintegren a la actividad laboral tras cinco años al menos de
interrupción, o que sean contratadas en profesiones u oficios en los que
estén subrepresentadas.

Como elementos de esta estrategia de estímulo a la contratación
indefinida, iniciada en el Real Decreto-ley de 3 de abril, se mantuvieron
los incentivos a la contratación por tiempo indefinido existentes con
anterioridad para los desempleados mayores de 45 años.

Por último, conviene subrayar la introducción de nuevos incentivos a la
contratación, a tiempo parcial, de carácter indefinido para los
colectivos antes reseñados, aunque en este caso manteniendo la proporción
de subvención correspondiente a la duración de la jornada concertada.

La aprobación y consiguiente remisión al Consejo Económico y Social de un
anteproyecto de ley modificando la regulación de los contratos en
prácticas y para la formación, en paralelo con la petición de dictamen
sobre la reforma del mercado de trabajo, efectuada durante los primeros
meses de este año, completan el cuadro de situación en materia de
contratación laboral y fomento del empleo existente al iniciarse el
proceso negociador del pacto social.

Aunque todavía es pronto para la realización de un balance completo de
los resultados obtenidos, yo creo que merece la pena subrayar el cuadro
de objetivos entonces perseguidos por la autoridad laboral, puesto que,
desde mi punto de vista, resultan plenamente vigentes. Uno de estos
objetivos está constituido por la necesidad de disminuir los índices de
rotación laboral provocados por el funcionamiento de nuestras
instituciones laborales. Se trata de conseguir que tanto las medidas que
afectan a la contratación temporal como las medidas de reforma del
sistema de protección por desempleo o la política de fomento del empleo,
se dirijan a potenciar la permanencia y la estabilidad. Ello, además, no
tiene otro significado que la reducción, a través de estas vías, de los
principales efectos negativos que en ámbitos como la productividad, la
formación profesional, o la sensibilidad de los salarios a la tasa de
desempleo pueden estar siendo originados por una excesiva segmentación de
nuestros mercados de trabajo.

Pero, a su vez, ello constituye un importante principio de la política de
empleo planteada por el Gobierno. La búsqueda de estos objetivos de
estabilidad y permanencia en el empleo no debe impedir las necesarias
mejoras en el ámbito de movilidad laboral, especialmente las de carácter
funcional. A este respecto, no está de más subrayar la existencia de una
cierta relación de intercambio entre ambas cuestiones o, dicho de otra
forma, los empleadores han venido sorteando los evidentes obstáculos a la
movilidad actualmente existentes, dentro de nuestro sistema laboral,
mediante el recurso a un uso más intensivo de la contratación temporal.

Una tercera pieza en el desarrollo de la política de fomento de empleo
consiste en las mejoras de los medios de inserción laboral, tanto en lo
que se refiere a las formas de contratación como a los incentivos
económicos para el empleo de esos colectivos que tienen mayores
dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

Desde esta perspectiva es necesario garantizar, en primer lugar, un uso
adecuado de los contratos para la formación y en prácticas. De esta
forma, mediante el contrato para la formación debe perseguirse la
búsqueda de la inserción laboral de los jóvenes que han terminado su
educación básica, mediante el aprendizaje de una ocupación, de un oficio,
en el propio puesto de trabajo, complementando este aprendizaje práctico
con una formación teórica fuera del ámbito de la empresa. A este
respecto, puede resultar conveniente, dada la progresiva tendencia al
retraso en la edad de inserción laboral, el estudio de la ampliación
hasta los 25 años del período de edad que permite la contratación laboral
en formación.

En lo que se refiere al contrato en prácticas parece



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conveniente mantener los criterios esenciales que caracterizan la
formulación del anteproyecto de ley presentado a informe y dictamen del
Consejo Económico y Social. Ello implica, esencialmente, la reserva de
este tipo de modalidad para la contratación de jóvenes con titulación
profesional de grado medio o universitario, en orden a desempeñar
ocupaciones relacionadas con esa titulación adquirida.

Aunque, como anteriormente señalaba, todavía es pronto para realizar un
balance de resultados de las medidas adoptadas en materia de estímulos a
la contratación juvenil, podría resultar -pienso- necesaria la
introducción en estos momentos de nuevos elementos de estímulo a la
contratación en estos supuestos.

Bien es verdad que tales incentivos no deberían consistir, en mi opinión,
en un nuevo recurso a la reducción de las cotizaciones empresariales sino
en nuevas formas de subvenciones para los contratos de formación cuyo
itinerario formativo respondiera a las necesidades previamente
concertadas por los servicios públicos de empleo con la participación de
empresarios y sindicatos, o bien para la contratación en prácticas
mediante el estudio de fórmulas retributivas que redujeran el impacto de
la retribución sobre el coste laboral soportado por los empresarios,
recurriendo a esta forma de contrato.

Por último, en este capítulo de mejora de los mecanismos de inserción
laboral debe incluirse el desarrollo que nos proponemos hacer de una
nueva figura contractual, el contrato de aprendizaje, destinado a la
contratación de jóvenes sin titulación académica alguna, para los que el
contrato de formación se muestra insuficiente a la hora de abordar
cualquier estrategia de inserción laboral de estos jóvenes.

Pretenderíamos con este contrato de aprendizaje una posibilidad cierta de
incorporación a la vida laboral de esos jóvenes con fracaso o abandono
escolar. Su implantación se habrá de coordinar con los programas
educativos de iniciación profesional y de garantía formativa.

No conviene finalizar este repaso a las medidas de fomento de empleo a
desarrollar en el futuro más inmediato sin recordar un cuarto elemento
esencial de la estrategia hasta este momento señalada y que se refiere a
la necesidad de potenciar el rendimiento de las fórmulas contractuales
que, como el contrato a tiempo parcial, permiten el desarrollo de
políticas de reparto del trabajo realmente existente.

Esto ya fue abordado, como saben ustedes, en el Real Decreto-ley 3/1993 y
deberíamos encontrar una adecuada prolongación de esta potenciación de
tipos de contratos, con independencia del cómputo de trabajo a tiempo
parcial de que se trate, bien fuera diario, semanal o mensual, en el
contexto de adaptación de la jornada laboral en las distintas empresas o
sectores que se aborde por la negociación colectiva. Es cierto también
que la incorporación del contrato a tiempo parcial exige fundamentalmente
un nuevo modelo organizativo en el sistema productivo dentro de las
propias empresas, que tiene que ser fomentado también a través de este
proceso de articulación de la negociación colectiva y de medidas de apoyo
externo a la negociación.

Señorías, les decía antes que nuestro sistema de relaciones laborales se
basa en los principios de libertad sindical, de negociación colectiva y
de protección social. Son los rasgos que definen la identidad del empleo
en la Europa comunitaria. Así las cosas, a las reformas encaminadas a
mejorar las condiciones de adaptación de nuestro sistema de relaciones
laborales deben unirse otras dirigidas a consolidar los sistemas de
protección social, haciéndolos más compatibles con la capacidad
financiera de la sociedad. Esto es particularmente relevante, además, por
lo que respecta al desempleo y por lo que respecta al sistema de
pensiones.

El crecimiento moderado en la economía española y, por consiguiente, de
la creación de empleo desde la segunda mitad del año 1990 ha originado
una situación difícil en el mercado de trabajo y un preocupante
desequilibrio financiero en lo que se refiere al sistema de protección
por desempleo. Durante el período 1985-1993 los gastos totales del
sistema de protección se han triplicado en términos de participación. En
el producto interior bruto el gasto de protección por desempleo ha pasado
del 2,7 al 3,5 por ciento en ese período de tiempo. Este crecimiento del
gasto se ha traducido, en el mismo período de tiempo, en una evolución
creciente de beneficiarios, que ha pasado a duplicar el colectivo
protegido. En cifras reales supone pasar de 1.016.000 trabajadores
protegidos en 1985, año en el que el paro registrado era superior al que
se registra en la actualidad, a 1.926.000 en 1993, sin incluir en estas
cifras a los trabajadores eventuales agrarios.

En el capítulo de gastos e ingresos, de un equilibrio relativo hasta
finales de 1989, con una cobertura por cuotas de cerca del 100 por
ciento, se ha llegado a una situación de déficit creciente. En el período
comprendido entre 1990 y 1992 el déficit acumulado se aproxima a los
700.000 millones de pesetas y las previsiones de 1993 indican un déficit
situado en algo más de 400.000 millones de pesetas, de los cuales 300.000
corresponden a insuficiencias presupuestarias en cuotas obtenidas por la
prestación contributiva. A ello hay que añadir que, de no haberse
adoptado las medidas de la Ley 22/1992, el déficit se habría incrementado
este año en aproximadamente 350.000 millones de pesetas más.

Para el próximo ejercicio nos hemos marcado una previsión de gasto de 2,3
billones para el desempleo y en el pago de prestaciones de dos billones
de pesetas. Estoy hablando de una cantidad que supone casi el doble del
presupuesto del Ministerio de Educación, que supone dos veces y media el
presupuesto del Ministerio de Defensa y que supone casi el 80 por ciento
del gasto público nacional en sanidad. Dos billones de pesetas; es decir,
hablamos de una cantidad que representa, para 1994, una extensión e
intensidad de la protección más que relevante. Una cantidad, insisto, que
supone, aproximadamente, un millón de pesetas por perceptor y año. Por
eso entendemos que ésta es una consignación presupuestaria que debe
mantenerse en 1994 en términos de



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equilibrio entre lo presupuestado y lo gastado: dos billones de pesetas y
equilibrio financiero. Esos son los términos en que se desenvuelve la
prestación por desempleo para 1994.

Para ello, al tiempo que establecemos este marco financiero, hemos
planteado una serie de medidas que van a hacer compatible esa protección
efectiva con ese equilibrio presupuestario. Es necesario hacer un
replanteamiento de las medidas adoptadas, de forma que corrijan esos
desequilibrios financieros históricos notables, a fin, precisamente, de
salvaguardar la pervivencia del sistema de protección por desempleo. Ello
debe hacerse de forma que el nivel de gasto en protección por desempleo,
en relación con el producto interior bruto, no condicione ni ponga en
riesgo otras políticas de protección social u otras políticas que puedan
generar empleo.

Conviene, por ello, recordar que la protección por desempleo es concebida
en el artículo 41 de la Constitución como un régimen público que ha de
garantizar prestaciones sociales suficientes en caso de necesidad y que
descansa sobre un conjunto de elementos que les resumo: En primer lugar,
en la involuntariedad en la pérdida del empleo por parte del beneficiario
de la prestación, que debe ir acompañada de una situación de desempleo
caracterizada por la capacidad y voluntad de trabajar, demostrada a
través de la búsqueda activa de empleo, de la participación en acciones
formativas o de la realización de trabajos en favor de la comunidad. Se
requiere, además, la existencia de una situación de necesidad derivada de
la ausencia de rentas. Por otra parte, las rentas de reposición de
desempleo han de resultar inferiores, y decrecientes en el tiempo, al
salario que se pueda obtener trabajando.

A partir de estos principios hemos propuesto un plan de consolidación de
la protección por desempleo que combata el fraude y reconduzca la
ordenación legal a los fines que persiga, y que persigue jurídicamente,
esta prestación. Insisto: en un equilibrio presupuestario financiero de
dos billones de pesetas para 1994.

La existencia de fraudes en niveles importantes puede contribuir al
desequilibrio financiero del sistema. En este sentido se ha preparado
-están en poder de los agentes sociales- una serie sistemática de
acciones encaminadas a conseguir ese objetivo, que se estructuran en
cinco bloques interrelacionados y que abarcan, además, todas las posibles
medidas que se puedan tomar para mejorar el control del fraude en el
devengo de esta prestación. En próxima comparecencia podré detallarles el
conjunto de estas medidas. En todo caso sí me gustaría hoy avanzarles que
se trata de integrar medidas tendentes a: uno, mejorar la información y
coordinación con otras áreas de la Administración; dos, aumentar el grado
de colaboración de los agentes sociales y de la ciudadanía, en general,
en la lucha contra el fraude; tres, actuar con prioridad en determinados
sectores de actividad y determinadas zonas geográficas en las que la
actividad irregular es más frecuente; cuatro, mejorar el control
indirecto en medidas muy específicas de gestión; cinco, desarrollar
planes también específicos de inspección, y seis, modificar la normativa
para facilitar el control del fraude.

Por otra parte, nos disponemos a adoptar medidas de índole legal para
hacer que la protección por desempleo cumpla exactamente los fines
previstos en el ordenamiento constitucional. Para ello tratamos de que la
prestación contributiva sea soportada financieramente por las cuotas y
que la asistencial cubra básicamente las situaciones de necesidad
excluidas de cobertura por la contributiva. Como antes les indicaba, la
prestación por desempleo contributiva arroja en la actualidad un déficit
en torno a los 300.000 millones de pesetas. Mantenerla en esos términos
contributivos nos exigiría incrementar tres puntos la cotización por
desempleo. Como esto es enormemente desaconsejable en una situación
económica como la actual y sería, entre otras cosas, cebar la bomba del
desempleo, hemos elegido, para no afectar tampoco a los derechos de los
trabajadores, moderar el gasto incluyendo fórmulas que puedan permitir
mantener los derechos, pero mantener también la protección dentro del
equilibrio financiero. Así, por ejemplo, hemos propuesto relacionar la
percepción de las prestaciones por desempleo con la indemnización que
corresponda por la extinción del contrato, aplazando aquélla en un tiempo
equivalente al que resulte de mensualizar la indemnización. Circunstancia
que, por otra parte, está prevista en algún convenio de la OIT.

Junto a ello consideramos como renta no exenta, a los efectos del
Impuesto del Rendimiento de las Personas Físicas, a la prestación de
desempleo, aplicándosele la retención que eventualmente correspondiese, y
de igual forma, en coherencia, por otra parte, con lo que establece el
artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, hacemos que la cuota obrera
sea a cargo del trabajador desempleado, manteniéndose a cargo del Inem la
cotización empresarial. Fijamos el mínimo de prestaciones por desempleo
sólo para trabajadores con cargo a familiares y excluimos del derecho -es
el único caso en que tocamos un derecho- a quienes rescindan contrato por
una modificación de condiciones de trabajo debidamente acordada o
debidamente autorizada. Insisto en que es el único caso en que se toca un
derecho, pero lo hacemos por propia coherencia, conscientes de que
estamos ante un caso en que si la rescisión de contrato por
incumplimiento o innovación de condiciones de trabajo puede estar
justificada, no así el abono del desempleo, dado que es obvio que en este
caso habría, por parte del beneficiario, un rechazo de una colocación
adecuada.

En cuanto al subsidio, reordenamos los requisitos de acceso al nivel
asistencial, situando los límites de renta más acordes con la cuantía del
subsidio y considerando estrictamente como responsabilidades familiares
al cónyuge y a los hijos.

Con este paquete de medidas, lucha contra el fraude y reformas
legislativas, pretendemos mantener una protección de tres y pico puntos
del PIB para protección por el desempleo en un equilibrio financiero.

Señorías, la actuación del Ministerio en lo que se refiere al área de
Seguridad Social se va a desarrollar en torno



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a tres ejes fundamentales que el programa del Partido Socialista propuso
a la sociedad en las últimas elecciones generales: reforzamiento y
perfeccionamiento del sistema público de pensiones, para dar plena
seguridad a los pensionistas actuales y futuros; mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones y continuidad de la mejora en la gestión del
sistema.

La consolidación del sistema de protección social se manifiesta respecto
al sistema de pensiones en la defensa de un sistema público, solidario y
estable, cuya estructura y bases fundamentales se han venido poniendo a
lo largo de estos últimos años. Un esquema que se plasma en la existencia
de dos niveles de protección pública, el contributivo y el no
contributivo, completados, a su vez, por un tercer nivel complementario y
libre, como fija el artículo 41 de la Constitución. En este sentido, la
Ley 26/85 introdujo las medidas imprescindibles para la consolidación
inmediata de la pensión contributiva que había ido perdiendo sus rasgos
diferenciadores, me refiero al carácter profesional, al de
proporcionalidad y a la relación contributiva.

La reforma de la estructura financiera se produce, como ustedes saben, a
partir de 1989, y permitió deslindar las fuentes de financiación. De esta
forma, las prestaciones de carácter contributivo se vienen financiando a
través de cotizaciones sociales, mientras que las que no tienen este
estricto carácter contributivo, incluyendo la mayor parte de la
asistencia sanitaria -más del 70 por ciento- y los complementos por
mínimos de pensión, se financian por vía de transferencias del Estado a
la Seguridad Social. Esto abrió el camino a una efectiva extensión de la
protección a todos los ciudadanos, primero, de la asistencia sanitaria,
y, más adelante, mediante la Ley 26/1990, de las prestaciones no
contributivas a las pensiones de vejez, de invalidez y a las prestaciones
por hijo a cargo.

En paralelo, y a lo largo de estos últimos años, la política de
revalorización de pensiones y de pensiones mínimas ha tenido unos
objetivos y unas consecuencias muy claras. Por un lado, ha conseguido
mantener, y aun mejorar, el poder adquisitivo de las pensiones, que
inicialmente se devengaron ya en función de rentas de activo, y, por otro
lado, también muy importante, mejorar aquellas de menor cuantía hasta
equiparar sus importes mínimos a la cuantía del salario mínimo
interprofesional neto o situarla en límites cercanos y proporcionales a
aquél. Dicho de otra forma, con la política de mínimos (en la que por
cierto se han invertido entre 1984 y 1993, 3 billones de pesetas no
contributivas) se ha conseguido paliar las consecuencias históricas de un
sistema que fue escasamente contributivo hasta finales de los años
setenta. Así las cosas, hoy es posible apreciar la existencia coordinada
de un nivel básicamente profesional, pero con aportaciones del Estado
para compensar los déficit históricos de protección, y un sistema que
llamaríamos estrictamente asistencial o básico no contributivo. Junto a
ellos, en este mismo recorrido histórico, se aprobó, en otro ámbito, la
Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987, que reguló la protección
complementaria con carácter libre y voluntario.

Ultimada, pues, mediante estas reformas paulatinas, lo que es la
estructura vigente del sistema de pensiones, atendidos los que han sido
los supuestos más severos de marginación histórica, a través de un nivel
no contributivo, y alcanzado también un nivel aceptable de cobertura en
la modalidad contributiva, fundamentalmente a través de una política
asistencial sobre lo contributivo que ha permitido que las pensiones
obtenidas por sistemas no relacionados con las rentas de activo tengan
ahora una cierta dignidad cuantitativa, podemos ya plantearnos
reflexiones de cara al futuro. Desde esta perspectiva, el Gobierno quiere
abrir una reflexión sobre nuestro sistema de pensiones, para poder
garantizar este sistema de cara al futuro, en un contexto de equilibrio
financiero y de acuerdo con este carácter profesional y proporcional,
pero, además, teniendo en cuenta algunas variables demográficas, que no
por cerrar los ojos a ellas van a dejar de existir, y también la
prolongación de la esperanza de vida que experimenta nuestra sociedad. No
cabe duda de que para la adopción de las medidas imprescindibles, las que
fueran, sería muy positivo y se implantarían de forma mucho más fácil,
obteniendo un amplio grado de consenso nacional a través de un diálogo
social y político. Por ello, el Gobierno plantea aquí y a los agentes
sociales una reflexión sobre la estabilidad y consolidación del sistema.

Hoy, simplemente, les quiero exponer de forma breve algunos datos que
avalan la necesidad de estudiar profundamente, reflexivamente, cuál es la
mejor manera de consolidar en el futuro lo que es hoy una conquista de
toda la sociedad española. En 1990 la población española mayor de sesenta
y cinco años era el 13 por ciento, aproximadamente, de la población
total. Las previsiones para el futuro nos indican que para el año 2000
este grupo de población será el 15,1 por ciento; el año 2020 el 16,4 por
ciento y el 2030 prácticamente el 20 por ciento. Dicho de otra forma, el
año en que se jubilen las personas que hoy tienen veintiocho años, la
población mayor de sesenta y cinco años será un 50 por ciento superior a
la actual. Conviene recordar, además, que un 50 por ciento del gasto de
hoy en pensiones es, aproximadamente, 3 billones de pesetas que equivalen
a siete millones de cotizantes.

Señorías, el sistema de pensiones constituye, sin duda, el núcleo de la
protección social del Estado. Al ser así, cualquier modificación,
cualquiera, aconseja previamente un debate, una discusión, una reflexión
también de Estado. Por eso me gustaría que siguiéramos reflexionando en
esta Cámara sobre nuestro sistema de pensiones, sobre las condiciones que
pueden permitir consolidarlo de forma viable en el futuro.

En este contexto de consolidación del sistema de protección social
resulta necesaria una modificación también, que nos proponemos acometer
ya desde el próximo año, de las tres prestaciones que constituyen el
grupo o el grueso de la incapacidad: la transitoria, la provisional y la
permanente. Lo queremos hacer de manera que con



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ello se consiga no solamente erradicar una mala utilización de esta
protección, sino al mismo tiempo conseguir una mayor coherencia de la
misma con el conjunto del sistema de protección. Sí les quiero anunciar,
y lo vamos a ver con más detenimiento en próxima comparecencia o en el
debate de los presupuestos, que se van a implantar también medidas de
lucha contra los abusos en la utilización de la prestación de incapacidad
laboral transitoria.

La segunda de las líneas a las que me he referido antes, el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones, constituye, sin duda, otra
prioridad, como lo ha sido en los años anteriores, en los que basta decir
que, refiriéndome a los últimos cuatro años, cada una de las pensiones ha
ganado como mínimo seis puntos sobre la inflación; ha ganado, por
consiguiente, seis puntos de poder adquisitivo en los últimos cuatro años
cada pensión del sistema.

No cabe duda de que nos encontramos en un momento de dificultades
económicas, pero aun así, el Gobierno está dispuesto a plantear ese
esfuerzo que supone conseguir que nuestros pensionistas no sufran merma
de su capacidad de compra; por eso ha propuesto a los agentes sociales, y
está debatiendo con ellos hoy mismo, la fórmula más adecuada para
conseguir este objetivo. Estamos de acuerdo en garantizar el poder
adquisitivo de los pensionistas. Una fórmula sería la inflación prevista
y una cláusula de revalorización por desviaciones de la inflación que
restableciera anualmente el equilibrio que se pudiera perder. En estos
momentos estamos discutiendo cuál es técnicamente la propuesta de esa
cláusula de revisión y pronto espero que se alcance un acuerdo.

En el proyecto de presupuestos de 1994, como tendremos ocasión de ver, el
gasto destinado a pensiones es de casi 5,7 billones de pesetas, y esto
supone un incremento respecto de 1993 del 7,5 por ciento. Es decir,
cuatro puntos por encima de la inflación. Hemos de decir que un 3,4 por
ciento es consecuencia de la incorporación de nuevos pensionistas en el
sistema, los cuales, por cierto, devengan anualmente pensiones medias
cada vez más altas. El 4,1 por ciento restante de crecimiento de
pensiones es el cómputo real de la revalorización de pensiones, para la
que destinamos 206.000 millones de pesetas.

Es decir, la revalorización ya contenida en la ley de presupuestos que
ustedes verán en el proyecto de ley es de 3,5 puntos para la
revalorización de todas las pensiones desde el 1.º de enero y 0,6 puntos,
es decir, 29.000 millones, que se dedican ya también desde el 1.º de
enero a mejorar la pensiones que se generarán en 1994 por un importe
inferior al mínimo establecido. Por consiguiente, las pensiones
incrementan un 7,5 por ciento: el 3,4 por ingreso de nuevos pensionistas
y el 4,1 por ciento por revalorización inicial desde enero de la
pensiones más cláusula de revisión por desviación a final de año. Quiere,
por tanto, decirse que se mantiene el poder adquisitivo, tal y como
habían propuesto reiteradamente el Gobierno y el Partido Socialista.

Junto a estos planteamientos, la otra línea maestra era seguir avanzando
dentro del ámbito de la Seguridad Social en la mejora de la gestión. Son
medidas muy concretas que podrán verse en una comparecencia específica.

Sí me gustaría destacar que hoy día las pensiones se reconocen en menos
de un mes, cuando no hace mucho tardaban seis meses en reconocerse; que
es de reconocimiento general de toda la población la enorme mejora que se
ha producido en la gestión de la Seguridad Social; que esa gestión ha
tenido trascendencia también en la gestión recaudatoria, que ha
multiplicado por más de diez los resultados obtenidos desde la puesta en
funcionamiento de las unidades de recaudación ejecutiva; y que está
diseñado para su puesta en práctica desde 1994 un plan integral para
mejora y modernización de la gestión, que tendremos ocasión de ver con
más detenimiento en esta misma Comisión.

En definitiva -y ya termino, señorías-, como antes les anunciaba, la
consolidación del sistema de pensiones, la garantía de la conservación de
su poder adquisitivo y la gestión del sistema y su mejora como expresión
de su eficacia protectora constituyen los tres ejes principales en torno
a la política que nos proponemos desarrollar en el área de Seguridad
Social.

Quiero terminar volviendo al sentido inicial más profundo de mis
palabras. Todos los países de la Europa comunitaria, todos, sin
excepción, estamos empeñados en una batalla por mejorar la competitividad
y para conseguir que mañana siga siendo viable un modelo de crecimiento
económico como el nuestro, que se basa en el empleo, en la redistribución
y en la solidaridad. Un modelo, señoras y señores Diputados, que marca la
seña de identidad de un continente y cuya consecución ha significado el
más largo período de libertad, de paz y prosperidad conocido. Muchas
gracias por su atención.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

¿Grupos Parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Villalobos.




La señora VILLALOBOS TALERO: Se inicia una nueva legislatura, en una
situación complicada y difícil, en una situación a la cual usted ha
dedicado el inicio de su intervención. Tras escucharle, quiero decirle
que mi Grupo Parlamentario, y esta Diputada en su nombre, le desea el
mayor de los éxitos, señor Griñán, porque aquí estamos hablando yo creo
que de la parte más sensible de la sociedad. Creo que hay que ser
profundamente sensatos y no excesivamente acalorados a la hora de
plantear estas cuestiones.

La verdad es que comparto con usted la filosofía de lo que significa la
responsabilidad de su Ministerio y lo que debería conllevar la labor de
su Ministerio, es decir, la creación de empleo, con todo lo que acompaña
de protección social, etcétera. Yo creo que, efectivamente, es la
adecuación a la realidad lo que marca y lo que enmarca unas relaciones
laborales y el asunto de que hoy estamos hablando aquí. Efectivamente, la
competitividad, el empleo y la solidaridad son las bases fundamentales de
esa



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política de relaciones laborales. Hasta aquí, sinceramente, me siento
profundamente complacida al escuchar por primera vez a un Ministro de
Trabajo del Gobierno socialista hacer análisis globales de una situación
para llegar después al análisis de cada una de las cuestiones.

Usted ha dicho cosas que yo comparto: la adaptabilidad al mercado de
trabajo, el diálogo social, la necesidad de reforma del Inem. Pero
conforme le iba escuchando pensaba que estas mismas palabras que usted
dice las llevamos escuchando, planteadas de otra forma, en esta Comisión
y en esta Cámara desde hace bastantes años. Yo me pregunto, en primer
lugar, por qué el señor González y su Gobierno -al final son herederos de
sí mismos, no son herederos de gobiernos diferentes ni de filosofías ni
de políticas económicas diferentes, es la herencia de sí mismo lo que
usted está recibiendo-, han tardado tanto tiempo en darse cuenta de que
era necesario reformar esos modelos de relaciones laborales con los que
necesariamente nos enfrentamos ahora.

Usted ha elegido un modelo que en gran medida puedo compartir. Usted dice
que todo tiene que estar basado en un diálogo social y en un diálogo
político. Yo estoy de acuerdo con usted. Ya venimos reclamando en esta
Cámara desde hace muchos años la necesidad de buscar el consenso frente a
la confrontación. España, durante muchos años, ha elegido -sobre todo en
estos últimos seis años- el modelo de la confrontación frente al modelo
de la cooperación. Yo me alegro de que usted, como Ministro de Trabajo,
esté ya en ese modelo de la cooperación, en el que pierdan todos
-utilizando una frase empleada también por usted- parte de lo que llevan
a la mesa para que ganemos todos, perdiendo cada uno un poquito. Estoy de
acuerdo con usted en ese modelo. Lo que ocurre es que si uno analiza
desde que se constituye como gobierno el que usted hoy representa parece
que han hecho todo lo contrario, que han ido poniendo chinitas en ese
camino de llegar a la cooperación.

Usted plantea hoy aquí unas reformas globales, desde el Estatuto de los
Trabajadores, pasando por el modelo de Seguridad Social, etcétera. Pero,
entonces, ¿por qué esas declaraciones continuas, incluso del propio
Presidente de Gobierno, que se va a Portugal para atacar a los
sindicatos, aunque después usted lo desdice? ¿Por qué la remisión a la
Cámara de un proyecto de ley de reforma del desempleo que va,
necesariamente, a crear tensiones en esa mesa? ¿Cómo es oposible que
estando ya sentados a negociar, la actitud del Gobierno no genere esa
credibilidad y esa confianza en que el Gobierno y sus representantes -en
este caso el Ministro de Economía y el Ministro de Trabajo- realmente
quieren ese acuerdo? Porque da la sensación final de que las palabras
vertidas por los miembros del Gobierno son unas y los hechos empiezan a
ser otros. Me gustaría, en esa reflexión general a la que usted nos
llama, invitarles a que rompan esa costumbre de tantos años de
prepotencia y que, estando en una situación política y económica
totalmente diferente, entiendan ustedes que el diálogo también sirve y
debe servir para que el Gobierno -en términos coloquiales- baje un poco
los humos y se sitúe en la realidad.

Tras decir esto en términos generales, me gustaría proceder al análisis
de una forma muy escueta, porque tampoco creo que el Presidente me vaya a
dar excesivo tiempo -desde luego, no el que le he dado a usted- para
poder hablar de todas las cuestiones que usted ha planteado.

Efectivamente, estoy de acuerdo con usted en que vamos a tener mucho
tiempo, y mañana, en una interpelación, creo que vamos a seguir hablando
de estas cuestiones. Usted dice que es necesario reformar desde la
política de rentas, que es el primer tema que usted ha puesto encima de
la mesa. Me da la sensación de que en ese diálogo social lo que realmente
gusta al Gobierno es, única y exclusivamente, esta política de rentas.

Ustedes se quedarían muy a gusto si simplemente los sindicatos y la
patronal fueran capaces de acordar, en un acuerdo interconfederal, una
política de rentas por debajo de la inflación prevista. Usted plantea dos
puntos, pero sigue insistiendo en que esa política de rentas debe ser
global. A mí me da la sensación de que esto no está muy conectado con la
realidad. Exactamente igual que lo que ustedes plantearon este verano:
congelación salarial con mantenimiento de los puestos de trabajo. Menos
mal que ya el señor Solbes abandonó esa idea por imposible de poner en
marcha. Me da la sensación de que usted está condenando a los
trabajadores de todos los sectores a sacrificios que no creo que sean tan
imprescindibles, y me explico.

Yo no creo que sea igual una empresa en pérdidas que una empresa con
beneficios. Creo que no se puede constreñir, tal como usted plantea, a un
acuerdo salarial global las negociaciones salariales para el año 1994,
porque usted sabe como yo que el mercado se ajusta, y si no lo hace a
través del Gobierno, lo hace solo. Eso es lo que está pasando en este
país, los salarios siguen bajando porque se está produciendo una
situación de crisis muy profunda. Por lo tanto, yo creo más en una
política de rentas más sectorializada. Usted le da, sin embargo, después,
muchísima importancia a los convenios colectivos, y yo estoy de acuerdo
con usted. Yo creo que este país necesita mayor fuerza y responsabilidad
en la negociación colectiva, pero ¿por qué no lo han hecho ustedes antes?
Llevamos pidiéndolo en esta Cámara ya dos años, ¿por qué han tardado
tanto?
Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la negociación colectiva,
y como apunte le quiero decir que me ha alegrado oírle decir aquí, hoy,
que le da fuerza a la negociación colectiva, pero el documento que
remiten en el mes de marzo al Consejo Económico Social tiene un enorme
tufillo de pérdida de la importancia que significa la negociación
colectiva frente a la negociación individual. Ustedes rompen en ese
documento el principio de la negociación colectiva buscando la
negociación individual. Me alegra que usted hoy aquí plantee esa fuerza
de la negociación colectiva, pero no vayamos a enamorarnos de nuestras
propias ideas. Usted mismo ha dicho que no se puede ser dogmático en
estas cuestiones. Yo intento ser lo menos dogmática posible, pero
tengamos muchísimo cuidado cuando se habla de descentralizar la
negociación colectiva. Usted ha hablado incluso del ámbito



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autonómico, y aquí me surge una duda, que creo que es compartida por
algunos agentes sociales, sobre el carácter sensible que tienen estas
cuestiones. Me preocuparía muchísimo que, exactamente igual que se pueden
crear agravios comparativos entre comunidades autónomas en esa
negociación paralela que mantiene el Gobierno con las comunidades
autónomas para el traspaso del 15 por ciento, aquí se pueda reproducir
también ese agravio comparativo entre comunidades autónomas a la hora de
negociar. Tengamos cuidado, porque podemos romper esa unidad y hacer un
flaco favor a las instituciones que mantienen ese necesario equilibrio en
las relaciones laborales que son los agentes sociales. No podemos
devaluar la importancia y la fuerza que tienen los sindicatos, porque si
empezamos a romper estos modelos, tal vez podamos llegar a esa situación.

Simplemente apunto ese peligro en el sentido de la reflexión general a la
que usted se estaba refiriendo.

También ha hablado de la necesidad de la desaparición de las Ordenanzas
Laborales. Me estaba recordando usted una comparecencia del hoy
Presidente de esta Comisión -yo creo que le suena todo- sobre la
necesidad de derogar estas Ordenanzas Laborales. Ya se habla de ello en
el Plan de Convergencia, en el frustrado pacto social de progreso,
etcétera. Sinceramente, me da la sensación de que habla de esto, pero que
no cree mucho en que esto se vaya a realizar, y se ve claramente cuando
dice que les da a los agentes sociales el plazo de un año ampliable a
dos. Yo creo que no podemos perder tanto tiempo.

Cuando usted plantea -y estoy de acuerdo con usted- que tenemos que
enfrentarnos a las nuevas realidades, a los nuevos modelos de producción,
a la enorme competencia a la que estamos enfrentados con países que han
adaptado ya esos modelos de producción totalmente diferentes a los que
funcionan en determinados países occidentales, y fundamentalmente en
España, me parece que volvemos a perder el tiempo, señor Ministro. Lo que
usted ha dicho sobre Ordenanzas Laborales, sobre reforma del mercado de
trabajo, sobre la formación profesional y el desempleo son exactamente
las mismas palabras que yo he oído a su hoy compañero de grupo, antiguo
Ministro se Trabajo, señor Martínez. Por lo menos quiero expresar el
escepticismo de una persona que ya está acostumbrada a escuchar estas
palabras. Yo quiero darle el beneficio de la duda de que realmente quiere
poner en marcha estas cuestiones, por lo tanto, me gustaría que pudiera
responderme concretamente a una serie de preguntas.

En el tema de la contratación, que es el siguiente tema que usted ha
abordado, usted habla de que hay que buscar el principio de causalidad en
los contratos laborales. Estamos de acuerdo y no es el momento ni tenemos
tiempo de hablar de lo que ha significado la reforma del Estatuto de los
Trabajadores del año 1984, pero la realidad es que ha sido una medida
bien intencionada que, al final, ha tenido resultados perversos en el
mercado.

Sinceramente, yo creo que esto está muy relacionado con el desempleo.

Aquí todo está muy interrelacionado, como es lógico. Me gustaría saber si
cuando habla de la búsqueda de los contratos en función de la causalidad,
la necesidad de ligar la entrada en el mercado con la salida del mercado,
si esto realmente se va a transformar en un nuevo Estatuto de los
Trabajadores, que me gustaría que llegara a esta Cámara con el consenso
de los agentes sociales y de los grupos políticos, como así se hizo ya en
el año 1980 con el original Estatuto de los Trabajadores. Me gustaría ese
consenso para este nuevo Estatuto.

Lo que no se puede hacer es tomar medidas en el desempleo, como han hecho
ustedes, para luchar contra un agobio financiero, claro y rotundo como
usted ha dicho esta mañana aquí, olvidando que en el desempleo el
problema del déficit está muy ligado con las modalidades de contratación
y que, a su vez, éstas están profundamente ligadas con la productividad y
la competitividad de nuestros trabajadores y, a su vez, también con la
formación profesional. Por lo tanto, desde mi punto de vista, o entran
todas estas normas, que están profundamentamente incardinadas unas con
otras con un objetivo final, que comparto, que es la competitividad, la
solidaridad y el empleo, o no habremos hecho nada, seguiremos con la
política de parcheo.

Señor Ministro, usted que se inaugura como Ministro de Trabajo, usted que
es un hombre de talante dialogante -y así lo ha demostrado a lo largo de
su carrera política-, me gustaría que entendiera que, desde mi punto de
vista, todas estas medidas tienen que ir ligadas y al mismo tiempo, no se
pueden tomar medidas aisladas porque usted sabe que la negociación
colectiva o el diálogo social son profundamente sensibles a cada uno de
los pasos que vaya dando cada una de las patas de esa mesa, que son
Gobierno, centrales sindicales y patronal.

Sobre el tema de la autorización administrativa yo creo que hay una
falacia. Me gustaría oír del señor Ministro de Trabajo -como se inaugura
puede decir cosas, yo creo que todo el mundo lo admitiría- que en esta
cuestión hay una cierta dejadez por parte del Ministerio. Estoy de
acuerdo con usted en que no creo que haya que reformar el Estatuto en lo
que se refiere a ese tema. Lo que le pediría al Ministerio de Trabajo es
una mayor agilidad y eso no depende nada más que de la voluntad política
del Gobierno para atajar estas cuestiones, exactamete lo mismo que pasa
cuando hablamos del fraude en el desempleo o del abuso -como usted ha
determinado- en la incapacidad laboral transitoria o en las diferentes
incapacidades.

Aquí hay que unir las reformas profundas: Estatuto de los Trabajadores,
derogación de las Ordenanzas Laborales y aparición de las empresas de
trabajo temporal, de las que llevamos tres años hablando, que aunque no
están autorizadas funcionan y lo hacen habitualmente, aunque, como es
lógico, la aprobación de estas empresas de trabajo temporal tenga que ir
profundamente ligada a la utilización por los empresarios de los
contratos temporales. Por lo tanto, insisto en esa necesidad global de
reformas y no parcheo que usted ha ido planteando y que los gobiernos del
señor González han ido haciendo.

Usted ha hecho hincapié especial en el tema del paro. Es el tema. No es
que sea un tema importante, es que es



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el tema del que necesariamente tenemos que hablar todos, desde todos los
ministerios, desde todas las responsabilidades, porque ése es el grave
problema que tiene en este momento nuestra sociedad.

Liga el paro, que tiene mucho que ver con las medidas de las que
hablábamos antes, con las reformas del Inem. Vuelvo a insistirle, con mi
mejor voluntad de creer en lo que está diciendo, en mi escepticismo,
porque en el año 1986, en la primera comparecencia del señor Chaves, ya
se habló de esa reforma en los mismos términos en que hoy está planteada.

Me resulta asombroso que todavía el Inem no haya sido capaz de
identificar el perfil de los parados. Hemos tenido dos comparecencias, en
la legislatura anterior, de su antecesor en el Ministerio sobre la
necesidad de conocer cuál es la cualificación de cada uno de nuestros
parados. Seguimos planteándolo en los mismos términos.

Usted sabe, señor Ministro, que esto tiene muchísimo que ver con la popia
gestión del Inem. Este es un problema de voluntad política, no es un
problema de reformas estructurales, no es un problema de reformar ninguna
ley, es simplemente que usted, como Ministro de Trabajo, tenga realmente
la voluntad política de utilizar las armas que tiene en la mano, porque
¿para qué están entonces los funcionarios del Inem? ¿Para qué está el
elenco de espléndidos funcionarios, tanto psicólogos como expertos en
estas cuestiones, que han sido contratados en estos últimos años por el
Inem? ¿A qué se dedican? ¿Simplemente a recibir las quejas? ¿Están
haciendo trabajos burocráticos que ni siquiera les correponde? Las quejas
de la situación del Inem las hacen incluso sus propios directores
provinciales. Esto no es nada nuevo. El abuso de la utilización del
desempleo por determinados colectivos de parados, insisto en que no es
algo que hagan ellos solos, hay un empresario cómplice, aquí las cosas no
suceden porque sí, suceden porque se permite que sucedan. Entonces, ¿por
qué no se ha hecho antes? ¿Por qué ahora sí va a ser cierto que usted va
a controlar y usted va a hacer realmente que el Inem funcione
definitivamente cuando no han sido siquiera capaces de cumplir lo que el
mal denominado DECRETAZO del mes de abril de 1992 ya decía, y es que se
transferirían al Inss el pago de las prestaciones por desempleo y no se
va a hacer todavía? ¿Qué credibilidad tiene usted hoy frente a la que
podía tener su antecesor hace seis meses? Si se dice que la formación
profesional está ligada necesariamente -la que da el Ministerio de
Trabajo, o la global, después hablaremos de ello- con la identificación
del perfil de nuestros parados, con la necesidad del mercado de trabajo,
¿para qué se creó el observatorio permanente del empleo, para qué el
Consejo Nacional de la Formación Profesional? ¿Es que el fracaso ha sido
tan total que tenemos que volver a plantearnos las cuestiones en los
mismos términos que hace tres años? Esa es mi duda y mi reflexión, señor
Ministro. Me gustaría que esto se pusiera en marcha, porque se
controlarían muchas cosas.

Respecto a la formación profesional, que está muy ligado con lo que hemos
dicho anteriormente, estoy de acuerdo y comparto con usted, al cien por
cien, que no existe dualidad en la formación, que es una única formación
tanto la reglada, como la ocupacional y la continua en la empresa. ¿Y por
qué no se recoge así en el programa nacional de formación profesional?
¿Por qué se sigue manteniendo la dualidad en la cualificación y en la
titulación entre formación ocupacional y formación específica? ¿Porque
son títulos diferentes? ¿Por qué no se consigue ese objetivo, que
compartimos totalmente en este momento, tanto usted como nosotros?
Insisto en ese escepticismo que tal vez vea usted en todo lo que
significa mi intervención.

Tengo que ir terminando, porque aunque sé del talante moderador del señor
Presidente, comprendo que tenemos poco tiempo, pero el señor Ministro ha
planteado tantas cuestiones y todas tan importantes, que es muy difícil
resumir.

En lo que se refiere a la contratación -y volvemos al comienzo-, usted ha
hablado de los contratos para la formación, los contratos en prácticas...

Quiero recordarle que ya en el mes de febrero de 1992 su antecesor habló
aquí de las diferentes mesas de concertación que funcionaban en ese
momento en el Ministerio de Trabajo y en las que ya se había llegado a
acuerdos concretos con los agentes sociales sobre estos contratos; luego
simplemente sería recoger aquellos acuerdos y ponerlos en marcha dentro
de ese marco del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Usted no se ha
referido a los contratos de fomento de empleo, a los que más cargan esa
segmentación del mercado de trabajo de la que usted ha hablado y que yo
comparto. ¿Se va a dejar este contrato tal como está? ¿Solamente se va a
actuar sobre el contrato de formación, el contrato en prácticas, contrato
a tiempo parcial, y esa nueva figura del contrato de aprendizaje que,
¡cuidado! con ese contrato? Me parece positivo que exista, pero o se
involucra más a los agentes sociales y a los empresarios a través del
Consejo Nacional de la Formación Profesional o este contrato podría
servir simplemente como salida más barata de una contratación que no
responda a lo que en sí mismo significa de aprendizaje para esos jóvenes
que en este momento no tienen ningún tipo de formación previa.

Respecto al desempleo, comparto, efectivamente, que estamos en una
situación complicada, pero usted debe compartir conmigo que las causas de
la situación del déficit del desempleo están muy ligadas a la situación
de la contratación. El sesenta y tantos por ciento de los perceptores de
prestaciones contributivas provienen de extinción de contratos
temporales, no de despidos; solamente es el 23 por ciento, según datos
que aportó su Ministerio a la propia mesa de negociación y que el
anterior Ministro de Trabajo planteó aquí en la Cámara hace año y medio.

Yo creo en ese equilibrio económico financiero del sistema de desempleo,
pero es que ustedes tienden a recortar cada vez que nos encontramos en
una situación de desequilibrio -y parece que el año que viene va a seguir
decreciendo el empleo y podríamos encontrarnos de nuevo en otro
desequilibrio-, y no me gustaría que dentro de seis meses usted trajera a
esta Cámara, a través de un decreto, un nuevo recorte. Creo que en una



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situación de crisis todo el mundo tiene que sacrificarse, en eso estamos
todos los ciudadanos españoles de acuerdo, y creo que lo haríamos no con
gusto, pero sí estaríamos de acuerdo. Pero no lo plantee usted de una
forma aislada, como lo ha hecho hasta este momento.

En el tema del control del fraude, que está tambien muy ligado a la
situación del desempleo, le insisto en lo que decía antes respecto al
Inem. Usted sabe -y la legislación vigente no hay que cambiarla- que liga
la prestación de desempleo al no rechazo de una oferta de empleo. Pero si
el Inem incide un 8 por ciento, no un 10 por ciento, señor Ministro, en
la contratación, difícilmente puede ofertar trabajo a los parados si es
incapaz de intervenir y mediar en el mercado de trabajo. Por tanto, ponga
usted en marcha los mecanismos que ya tiene, que tiene usted desde hace
muchísimo tiempo, desde el año 1984, y no lo plantee como una novedad
sino como una voluntad política de hacerlo.

Después de leer el documento que usted ha remitido al Consejo Económico y
Social, me da la sensación de que en él aparece reflejado claramente el
desánimo de su Ministerio, porque usted vierte en la responsabilidad de
cada uno de los parados garantizar que efectivamente no han rechazado esa
oferta. Desde nuestro punto de vista debería ser el Inem y no cada uno de
los perceptores el que tendría que tener este control. Pero me imagino
que de eso tendremos que hablar cuando ese proyecto de ley llegue a esta
Cámara.

Señor Ministro, quiero decirle que respecto a la Seguridad Social me he
alegrado muchísimo que usted plantee aquí algo que ya dijimos en esta
Cámara hace un año, y por lo que fui acusada por el Grupo mayoritario y
por el propio Gobierno de catastrofista por hablar de la necesidad de esa
reflexión sobre el futuro de la Seguridad Social. Tenemos la obligación
de garantizar esa solidaridad -lo dice la Constitución y lo dice el
propio consenso social- y me parece adecuado y conveniente que sea en
esta Cámara donde se hable de esa reflexión. Creo que sería importante
llegar a un modelo de una mesa sobre estas cuestiones y le puedo decir
que desde luego va a contar con nuestro apoyo y con nuestra colaboración
para tranquilizar a los futuros pensionistas de que el sistema es estable
y de que el sistema se va a mantener a lo largo de los tiempos. Respecto
a ello me gustaría saber si en ese consenso va a entrar también el texto
de la nueva ley de la Seguridad Social, sobre lo que ya vamos con retraso
en función de los compromisos adquiridos anteriormente a través de la Ley
de Prestaciones no Contributivas. En esa reflexión me gustaría estar
también con usted.

Me alegra que definitivamente usted hable de los abusos en las
incapacidades laborales; lo venimos manifestando en esta Cámara desde el
año 1986, y me gustaría que esas reflexiones del señor Ministro se
convirtieran en realidades. Insisto que usted tiene los mecanismos para
llevarlo a cabo, y es fácil hacerlo.

Me gustaría decir que en torno a ese consenso social del que usted habla
nosotros vamos a estar -lo hemos estado y lo vamos a seguir estando- a su
lado. Invito, en esa reflexión mutua que nos hacemos el uno al otro, a
que reflexionen ustedes también sobre qué han hecho desde que son
Gobierno, porque da la sensación que están dando, en general, palos de
ciego, que están ustedes inmersos más en negociaciones concretas de
búsqueda de apoyos parlamentarios y de apoyos de gobierno que en la
resolución de los problemas. En esa obligación que tenemos todos los
grupos parlamentarios -a la cual se siente profundamente ligado el Grupo
Popular, por la responsabilidad que tenemos y la obligación de renunciar
a planteamientos previos en búsqueda de ese consenso que nos haga salir
hacia esa reactivación económica que, lo comparto con usted, es
imprescindible, y ya estamos perdiendo demasiado tiempo-, quiero decirle
que puede usted contar con el Grupo Popular para ayudar a salir a España
de la crisis. Desde luego para parcheos, para reunirnos alrededor de una
mesa camilla a escondidas, le puedo decir que el Grupo Popular no estará.

Estaremos en esta Cámara, en negociaciones que sirvan para salir de la
situación de crisis, aceptando que el planteamiento del Gobierno, o por
lo menos el planteamiento de usted, es la búsqueda de ese consenso y
esperando que realmente la idea de esas reformas globales que lleven a
España a un mercado de trabajo estable, a un mercado de trabajo con
salarios altos y con movilidades internas en las empresas, sea realmente
el nuevo modelo del Gobierno, porque hasta ahora ha sido el de la
movilidad externa, a través de los contratos, las rigideces internas
dentro del mercado y la ruptura de ese consenso imprescindible para el
reto enorme al que nos tenemos que enfrentar a partir de ahora, que es el
nuevo modelo de producción.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia.

Yo creo que ha sido una comparecencia amplia, aunque no cabe duda de que
se ha dejado muchos temas todavía en el tintero que habría que
desarrollar y conocer con más amplitud de lo que ha expuesto, lógicamente
por razones de tiempo. Yo creo que ha sido una comparecencia también
esclarecedora, pues nos ha permitido hacernos una determinada idea de
cuáles son las líneas de trabajo de su departamento.

Señor Ministro, en opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
esta Legislatura, por decirlo en pocas palabras, va a ser una Legislatura
en la que el tema central va a ser la revisión del Estado de bienestar.

Por una vía o por otra, por un ministerio o por otro, por una acción
concreta u otra, éste va a ser el tema central de esta Legislatura. Y no
cabe duda, tal y como decía usted, que todas las materias de la
competencia de su Ministerio son parte fundamental, el núcleo central de
ese Estado de bienestar.

Yo quiero decirle desde el principio que por parte de nuestro Grupo
tampoco hay posiciones cerradas, en la línea de lo que usted decía, en
torno a lo que es el Estado de bienestar. No cabe duda de que, como
consecuencia



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de la gravedad de la crisis que atraviesa nuestro país -y nos abstenemos,
en aras a facilitar relaciones provechosas, de establecer juicios de
valor sobre las causas de esa crisis-, no cabe duda -digo- de que en
atención a esa grave crisis es necesario adecuar nuestro -permítame que
diga una expresión que creo más exacta- incipiente Estado de bienestar a
la realidad económica que estamos atravesando. Y digo incipiente Estado
de bienestar, señor Ministro, porque creo que es oportuno recordar que
tenemos un déficit de protección social importante en relación con
Europa. Nuestro Estado de bienestar no es el que tienen los restantes
países con los que queremos alcanzar posiciones de igualdad. Y esto es
importante tenerlo en cuenta, señor Ministro, porque esta diferencia no
puede hacer que traslademos sin más directamente aquí medidas que están
adoptando en otros países. No sería correcto, señor Ministro, y nosotros
no estaríamos de acuerdo con esa trasposición mecánica de medidas que en
otros países operan sobre unos niveles de protección social superiores a
los nuestros.

Si se trata de adaptar, señor Ministro, manteniendo, mejorando y
perfeccionando el sistema de protección social, nosotros estamos
dispuestos a colaborar, siendo conscientes de que esto exige medidas, qué
duda cabe, difíciles y de sacrificio. Pero llevar a cabo revisiones que
ponen en cuestión los fundamentos del Estado de bienestar no es, desde
luego, señor Ministro, la política que nosotros propugnamos, y queremos
creer que no es la política que propugna su Ministerio, aunque bien es
verdad que hoy ha hecho una exposición, señor Ministro, que me voy a
permitir resumírsela rápidamente, porque creo que este breve resumen nos
hace llegar a la conclusión de que no plantea, como indicaba al comienzo
de su introducción, un plan global y equilibrado.

Señor Ministro, por seguir más o menos el orden con el que usted ha
hablado, en política de rentas propone pérdida de dos puntos en los años
1994 y 1995 y de un punto en el año 1996. En materia de negociación
colectiva, una negociación articulada, lo cual es introducir
relativamente poca novedad sobre lo que hay en estos momentos, y ha
hablado usted, señor Ministro, de un tema que tiene aspectos
preocupantes: la capacidad derogatoria de la negociación colectiva. A
nosotros no nos parece mal esa capacidad derogatoria de la negociación
colectiva acordada por las partes. Nos parece preocupante que esa
capacidad derogatoria se extienda, incluso, en relación con convenios
superiores. Esto puede cuestionar la fuerza de las entidades sindicales
más representativas. Y, desde luego, no nos gusta, señor Ministro, que se
plantee un plazo determinado para la derogación de la normativa de
ordenanzas y reglamentaciones, si eso, señor Ministro, no va acompañado
de un uso intensivo y adecuado de la capacidad de extender la negociación
colectiva por las vías previstas legalmente. Piense, señor Ministro -y ha
citado usted algún caso concreto- en empleados de fincas urbanas. Es
difícil conseguir la negociación de esos convenios por dificultades
inherentes a la representación empresarial tan atípica que existe en esos
casos. Y si usted se plantea un plazo cierto de sustitución, se pueden
encontrar estos sectores productivos importantes con que no tienen
negociación colectiva, no tienen reglamentaciones sectoriales y con que,
en definitiva, se aplica una normativa que el propio Estado reconoce como
mínima, siendo así que hay mecanismos de extensión de la negociación
colectiva que, en nuestra opinión, han sido poco utilizados, a pesar de
que tienen el respaldo del acuerdo de empresarios y trabajadores, aunque
sea en ámbitos y en sectores distintos.

En el terreno de la precarización laboral, señor Ministro, se ha limitado
a decir que el principio de causalidad del contrato tiene que conllevar
toda una serie de medidas y de reflexiones sobre la extinción del mismo.

Yo creo que esas cautelas no se contenían en el programa electoral, al
que usted ha hecho repetidas referencias. Allí se hablaba de restablecer
el principio de causalidad y de suprimir el contrato de fomento del
empleo, pero no le he oído esa contundencia al hacer referencia a este
tema. Sin embargo, sí ha hablado, por ejemplo, de una flexibilidad mayor
en el campo de la pequeña y mediana empresa, y, señor Ministro, el
mercado laboral español se caracteriza fundamentalmente por la
flexibilidad.

No ha tenido usted precisión en cuanto a la fecha de presentación de la
ley de huelga. Decir que el Gobierno va a remitir esa ley de huelga es,
pura y simplemente, dar cumplimiento a un mandato constitucional. ¿Cuándo
lo va a hacer, señor Ministro, y en qué terminos?
Por lo que se refiere a la ley de salud laboral ha dicho que se recogerán
las directivas comunitarias. Pero con ese contenido, señor Ministro, ya
había un acuerdo con los agentes sociales; había prácticamente un
acuerdo, aunque podía faltar algún pequeño detalle de alguna directiva
reciente. Me gustaría oír, señor Ministro, que ese acuerdo que se alcanzó
va a ser respetado y que rápidamente vamos a proceder a abordar un tema
muy preocupante, al que no ha hecho usted la menor referencia, que es el
tema de la siniestralidad laboral en nuestro país. A este tema no ha
hecho la menor referencia, y quiero recordarle que, según manifestaciones
hechas no hace muchos años, en nuestro país las pérdidas por ese concepto
superan con mucho las pérdidas por otro tipo de conflictos: huelgas,
etcétera. Ha hecho usted referencia a los gastos que se producen en este
país por incapacidad laboral transitoria, y ahí hay una causa importante
de esos gastos. Yo no dudo de que haya algún determinado nivel de fraude
en la ILT, en la invalidez provisional e incluso en las invalideces
permanentes, pero qué duda cabe de que en la gran mayoría de los casos
está justificado por unos niveles de morbilidad y de accidentabilidad muy
importantes en nuestro país, muy superiores a los que existen en los
restantes países comunitarios, con proporciones de población activa muy
superiores a la nuestra. A ese tema, señor Ministro, no ha hecho usted la
menor referencia, y ése es un gran gravísimo problema que tiene el
mercado laboral de nuestro país.

En cuanto al Inem, ha dicho que la formación se va a concretar en
colectivos muy específicos. Conociendo la evolución de los últimos años
-estamos hablando de lo que se refiere a formación profesional- me temo,
señor



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Ministro, que esto implique que esa concreción a determinados colectivos
suponga, en definitiva, un recorte presupuestario general, como ha
ocurrido en anteriores presupuestos. La admisión de empresas privadas de
colocación, señor Ministro, creo que no cabe la menor duda que va a
implicar que para conseguir trabajo en este país haya que pagar, porque
ése es el funcionamiento de las empresas privadas. En definitiva, señor
Ministro, el derecho al trabajo se va a convertir, claramente, en un
elemento que forma parte del negocio de empresas en este país, y eso
introduce una discriminación en el acceso al empleo: tendrá más facilidad
quien pueda pagar y quien más pueda pagar que quien no pueda pagar.

Por lo que se refiere a los contratos temporales, anuncia usted más
flexibilidad. Se amplía el número de años de edad para el contrato de
formación, nos anuncia un contrato de aprendizaje que no sabemos qué
contenido tiene. ¿Va a ser otro nuevo contrato temporal? Cabe pensarlo.

¿Va a ser un contrato cuyos niveles salariales sean inferiores? ¿Cuál es
el contenido exacto de ese contrato de aprendizaje y por qué razón los
actuales contratos, esa variedad tan impresionante que tenemos en nuestro
país, no cubren esas necesidades?
Por lo que se refiere a la protección por desempleo, señor Ministro, ha
comenzado usted intentando buscar una protección constitucional a la
afirmación, en nuestra opinión muy peligrosa, del estado de necesidad. Ha
citado el artículo 41 y dice que allí se hace referencia al desempleo y a
la situación de necesidad. No es así, señor Ministro. El artículo 41 hace
referencia a que habrá protección pública, prestaciones sociales
suficientes, para situaciones de necesidad, y dice: especialmente en caso
de desempleo. De utilizar esa filosofía, señor Ministro, usted lo
admitiría en el caso de la jubilación -es que no se va a pagar jubilación
a quien tenga unos niveles determinados de renta, porque no hay
necesidad- o de la invalidez. Si hace falta también la necesidad, ¿qué va
a pasar?
Esto, señor Ministro, lo ha concretado en una medida muy específica, que
a quien cobre la indemnización por despido se le va a retrasar la
percepción. Esto, señor Ministro, plantea situaciones realmente
complejas. ¿Cómo se garantiza que efectivamente la indemnización se
cobra? Desgraciadamente, sabe perfectamente, y le consta porque tiene un
déficit importante, que el Fondo de Garantía Salarial paga una buena
parte de las indemnizaciones en este país, y sólo paga una parte concreta
de las indemnizaciones, porque el Fondo de Garantía Salarial funciona con
topes severos. Señor Ministro, el problema de esa fórmula es que en el
fondo desconoce que la indemnización por despido consiste en indemnizar a
un trabajador al que se le priva injustamente del puesto de trabajo, y es
algo absolutamente distinto de la protección por desempleo, señor
Ministro; es indemnizar al trabajador por parte de la empresa de la
aportación que ha hecho a la empresa. No se pueden mezclar esos dos
niveles, señor Ministro, y al relacionarlos de esta manera se pone en
cuestión, gravemente en nuestra opinión, algo que va más allá de una
medida que, en definitiva, sólo busca por parte de ustedes aliviar el
costo en los próximos años que tienen unos niveles de desempleo realmente
preocupantes y que, a tenor de los datos que se aventuran, no van a
sufrir una corrección inmediata.

Esto, señor Ministro, es, a grandes rasgos y en síntesis, el conjunto de
medidas que usted plantea. Creo que no cabe afirmar que éste sea un plan
equilibrado, creo que no cabe afirmarlo. Creo, señor Ministro, que este
plan tiene que sufrir modificaciones importantes, y tiene que sufrir
modificaciones importantes que, en buena medida, no van a proceder de su
departamento específicamente. La creación de empleo no depende
fundamentalmente del Ministerio de Trabajo, depende de la política
económica del Gobierno, pero a tenor de los datos que se nos facilitan,
no parece que en ese terreno se vaya a producir un cambio importante. Y
ése es un cambio trascendental, señor Ministro.

Sobre los sistemas de protección social, usted ha hecho referencia a
variables demográficas. Desde luego que ésta es una variable importante,
pero la otra es la variable del empleo. En ese terreno, nuestro país
presenta unas estadísticas realmente preocupantes y es ahí, señor
Ministro, donde tiene usted que llevar a cabo una labor muy importante,
no tanto en su Ministerio sino en el conjunto del Gobierno, de cara a
conseguir que efectivamente la política de este país cree empleo. La que
se ha hecho en los últimos años, señor Ministro -los resultados son
evidentes-, no ha ido en esa dirección. El que el año que viene se
plantee -y podemos decir que es discutible que los consiga a tenor de los
últimos resultados presupuestarios de años anteriores- una pequeña
creación de empleo de ninguna manera, señor Ministro, es satisfactorio
para el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En nuestra
opinión ése es un objetivo fundamental.

Relacionado con eso, señor Ministro, es necesario articular un mensaje
más equilibrado. Usted ha dicho que en el mercado laboral se presentan
restos nocivos de la época de la dictadura, por ejemplo rigideces en las
ordenanzas y en las reglamentaciones. ¿No cree usted, señor Ministro, que
quedan restos nocivos de una debilidad de la implantación sindical? No
hace mucho, en una entrevista que le hacían a usted, me llamaba la
atención una afirmación que hizo. Decía: si recordamos, Alemania, Francia
e Italia salieron de sus crisis económicas fortaleciendo a los
sindicatos. ¿Qué va a hacer usted, señor Ministro, en esta dirección?
Porque no ha dicho nada. ¿Se piensa fortalecer la implantación sindical,
señor Ministro, en las empresas públicas, en los entes públicos? Yo creo
que en estos momentos en los entes como el Inem, el Inss, el Insalud, el
Inserso, etcétera, los consejos de administración quizá no conozcan ni
siquiera los presupuestos para el año que viene, y siguiendo tradiciones
de años anteriores, en una sesión rápida se liquide el pase de esos
presupuestos por los respectivos órganos en los que hay participación
sindical. Eso no contribuye, señor Ministro, a fomentar la presencia
institucional de los sindicatos, la presencia en las empresas públicas,
la presencia, señor Ministro, en las empresas privadas. ¿Es válido el
modelo, considera suficiente el modelo actual que tenemos en nuestro
país, o se puede avanzar en esa



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dirección? Ha habido algunas reflexiones de responsables políticos que
han dicho que es necesario fomentar la información y la participación.

¿Qué se va a hacer en ese sentido? Porque en nuestro país quedan restos
muy nocivos de eso, y a ello no ha hecho usted la menor referencia, señor
Ministro.

En relación con el mercado laboral, insisto, señor Ministro, si en algo
difiere nuestro país en relación con los restantes países comunitarios es
en una precarización extraordinaria. Es necesario abordar con urgencia,
tal como creo recordar que decía el programa electoral, la rehabilitación
del principio de causalidad. Eso no supone terminar con los contratos
temporales. Existirán los contratos temporales que se justifiquen porque
el empleo es temporal, exitirán, como han existido tradicionalmente en
nuestro país. Lo que no existirán serán contratos temporales para empleos
indefinidos, que eso es lo que hoy existe, y las últimas estadísticas
ponen de manifiesto que cae el empleo indefinido y sigue creciendo el
empleo temporal en un contexto general de destrucción de empleo, pero esa
tendencia sigue existiendo hoy, señor Ministro, y eso es muy nocivo.

En el tema del desempleo, ha dicho usted que efectivamente tenemos un
gasto tremendo. Es verdad, pero es que tenemos un desempleo tremendo,
señor Ministro, y yo quiero recordarle que la cifra de empleo de la
encuesta más adecuada, la de la EPA, es de 3.400.000 desempleados. Por
tanto, no es verdad, señor Ministro, que con los dos billones que se van
a dedicar salga a un millón por desempleado; no es verdad, señor
Ministro, y la prueba evidente es que prácticamente la mitad de los
beneficiarios de las prestaciones por desempleo reciben la prestación
asistencial, y eso es el 75 por ciento del salario mínimo sin pagas
extraordinarias. Tenemos unos niveles de protección por desempleo, señor
Ministro, que yo creo que no son homologables a los que existen en
Europa, en primer lugar, por el escaso porcentaje de población parada a
la que abarca y, en segundo lugar, por la cuantía de la prestación que
proporciona. Le quiero recordar que ya se produjo el famoso DECRETAZO y
en aquellos momentos el Gobierno dijo que con eso se rebajaba la
protección contributiva que estaba un poco por encima de la media. Ahora
se nos anuncian nuevos recortes, en unos casos exclusión completa, ha
hecho usted referencia a ello, en el caso de quienes rescindan su
relación laboral por causas autorizadas, pero en los otros casos se
recorta, y le insisto en que tenemos unos niveles de protección por
desempleo que difícilmente cabe considerarlos, en el terreno teórico,
satisfactorios. Es verdad que implican un gasto muy importante en este
país, sin lugar a dudas, pero es que tenemos un desempleo impresionante,
es el principal problema que tenemos.

En materia de pensiones, señor Ministro, yo quiero decirle que por lo que
se refiere a lo inmediato ha hablado de medidas que pueden ser objeto de
mejora mediante una negociación que debería resultar sencilla. Conseguir
una cláusula de revisión que garantice que no hay pérdida de poder
adquisitivo real parece relativamente compatible con las afirmaciones de
la voluntad gubernamental.

Combatir el fraude en los niveles de prestación de incapacidad laboral
transitoria, etcétera, nos parece que es un objetivo deseable siempre.

Nosotros le animaríamos a que busque las causas reales de esa morbilidad
que existe en nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, por favor, vaya concluyendo.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino en seguida, señor Presidente.

Por lo que se refiere a la gestión, señor Ministro, tenemos que decirle
que, efectivamente, es constatable una mejoría en la gestión; pero en ese
terreno -y ha hecho usted referencia a que habrá una explicación más
detallada en una próxima comparecencia-, creemos que se pueden hacer
todavía avances significativos y que, desde luego, medidas como la de
congelación de plantillas no dejan de tener un impacto negativo que, en
nuestra opinión, tendría que ser subsanado mediante las oportunas medidas
correctoras.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señor Ministro, muchas
gracias por su comparecencia en esta Comisión en calidad de Ministro de
Trabajo y Seguridad Social.

Voy a hacer una breve intervención, como suele hacer mi Grupo en todas
las comparecencias, porque nos parece que, en una comparecencia,
normalmente, el compareciente trae un alud de cuestiones, datos, cifras e
intenciones y, luego, los grupos nos vemos casi en la obligación de
improvisar respuestas. Para ser justos, nosotros, casi siempre, nos
tomamos tiempo en la reflexión para, luego, introducir preguntas o
medidas que vayan al hilo de la intervención, pero que no supongan una
improvisación.

Hemos oído, señor Ministro, todo un catálogo de cuestiones, de
intenciones, de medidas, que nos ha propuesto hoy usted aquí. Pero tengo
una grave duda y, si usted me la aclara, mi discurso casi podría acabar
ahora. Este panorama que nos ha presentado, señor Ministro, ¿es el
catálogo, es el documento que ustedes han entregado a las fuerzas
sindicales, a las fuerzas sociales, para negociar o éste es el programa
del Gobierno y de su Ministerio, que va a poner en marcha de cualquier
manera, lleguen o no a acuerdos con las fuerzas sociales?
Si éste es el programa que ustedes han enviado a las fuerzas sociales
para entrar en un debate que permita llegar a acuerdos -cosa que nosotros
auspiciamos y estamos totalmente conformes con que se haga-, querríamos
saber qué opinan los sindicatos y la patronal sobre estos problemas,
porque, evidentemente, por ejemplo, cuando S. S. habla de política de
rentas, difícilmente en una negociación colectiva, cuyo «leitmotiv»
principal es la libertad de las partes, podemos incidir en un acotamiento



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de las rentas salariales. Nos convendría saberlo, porque esta
negociación, esta llamada negociación, porque no creo que hoy se esté
negociando con las fuerzas sociales, se negocia cuando hay algo para
transaccionar, pero aquí no hay nada que transaccionar; aquí lo que
entiendo que hay es un intento de convencimiento de las fuerzas sociales
de que las medidas que se han de tomar, se han de tomar. Convenciéndoles
de que se deben aceptar estas medidas, ganaremos en eficacia,
probablemente. Pero no es una típica negociación, porque no hay una
transacción explícita; en todo caso, habrá transacciones implícitas.

Su señoría ha hablado de toda una serie de cosas que en esta Comisión nos
suenan (lo ha dicho la señora Villalobos, y tiene razón) a repetición de
otras sesiones. Todo el catálogo del que ha hablado S. S., la posibilidad
de la reforma profunda del INEM, la necesidad de la reforma de la
contratación laboral, la necesidad de flexibilización en la salida de las
empresas y de la contratación laboral, de todo esto hemos hablado. Hemos
hablado también de la ley de huelga y hemos hablado asimismo de la ley de
salud laboral pactada, parecía que definitivamente con las fuerzas
sociales y que aún no ha llegado aquí y sabemos por qué.

Si éste es el programa que su Ministerio tiene decidida voluntad de
llevar a término, mi Grupo le diría que, discutiendo y pidiéndole
comparecencia y medidas concretas escritas para poder entender la
intencionalidad final de cada una de las medidas, estaría en disposición,
no solamente de desearle que tenga éxito, sino de ayudarle a que lo
tuviera, porque eso sería seguir con la trayectoria de nuestro Grupo de
colaborar en la gobernabilidad y colaborar en tomar medidas que
beneficien al conjunto de la sociedad.

Hablaba S. S. del paro y se preguntaba cómo era posible que 150.000
trabajadores extranjeros hayan normalizado su situación, mientras que el
paro, teóricamente por lo menos, sigue creciendo. Y podría haber dicho
que cómo es posible que haya provincias en las que la cobertura del paro
sobrepasa el cien por cien. Esa es una falacia que existe por ahí; habrá
que descubrir por qué ocurre, pero ocurre; hay provincias en las que la
prestación por pensiones contributivas supera al cien por cien las del
INEM, en algún caso en provincias que conocemos bien, que tienen un buen
nivel de renta.

Pero quiero recordar a S. S. que en esta Comisión encargamos un estudio,
que costó dinero al contribuyente, sobre la economía sumergida; que
hicimos una sesión de presentación del programa y del estudio y que luego
lo archivamos no sé dónde, porque no lo hemos vuelto a ver más. Por
tanto, si el INEM, o cualquier otro grupo de sabios, contratados por esta
Comisión o por este Parlamento, vuelve a hacer una análisis de por qué
ocurren estas cosas que S. S. se preguntaba y que son contradictorias y
luego no lo utilizamos, mala inversión estaríamos haciendo.

A mí personalmente me ha gustado que S. S. hable del contrato de
aprendizaje, porque en nuestro programa está, porque hace mucho tiempo
que hablamos de su necesidad, y porque, evidentemente, con unas cautelas
determinadas, y yo diría que incluso con un control sindical, éste puede
ser un contrato muy importante para iniciar a los jóvenes, jóvenes que no
tienen titulación, en el mundo del trabajo; éste sería un buen camino
para la integración de estos jóvenes en ese mundo en el que les tocará
vivir en el futuro.

En cuanto al estado de bienestar, de las últimas tres líneas que ha dicho
en el aspecto social, yo sólo quiero hacer una pequeña reflexión. Yo
estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí sobre que nuestro país está
todavía en cotas muy por debajo de las medias europeas. Lo que pasa es
que a continuación hay que añadir que nosotros hemos llegado muy tarde al
estado de bienestar; que nosotros hemos perdido muchos años y que eso
cuesta arrastrarlo, pero ahí está; nosotros hemos perdido cuarenta o más
años y estamos donde estamos. Y cuando hablamos, hemos de pensar en cuál
es la población ocupada de nuestro país y cuál es la población
subvencionada o subsidiada y ustedes verán que la diferencia entre la
población ocupada (alrededor de los doce millones) y la población
pensionada, entre comillas (alrededor de los ocho millones), es muy
escueta y los márgenes son los que son, y de nada sirve lanzar quejas o
demandas, imposibles de cumplir, que la sociedad anhela y que todos
estaríamos de acuerdo en lograr, como sería el máximo nivel de bienestar
social en cualquiera de los aspectos, en pensiones, sanidad, coberturas
de todo tipo. De nada sirve, digo, manifestar estos deseos si la realidad
es la que es. A lo que sí tenemos que prestarnos es a utilizar esa
realidad que tenemos de la manera más justa posible, cosa que en este
momento podríamos discutir en algunos capítulos como, por ejemplo, el que
estamos mencionando del paro.

Poco más tengo que decir, señor Ministro, señor Presidente. Su señoría
habla de que va a enviar la ley de huelga y de salud laboral al Consejo
Económico y Social. Es una obligación enviarlas, pero en este momento la
sociedad no está demandando que entremos nuevamente en el debate de ley
de huelga, sí; ley de huelga, no. No creo que tenga ninguna prisa esa
ley. La otra ley, la de salud laboral, sí que corre prisa porque la
siniestralidad es muy importante. Hay que tener en cuenta que la mayoría
de la siniestralidad se produce en las carreteras, es importante, su
costo es muy elevado y sus consecuencia también. Quizá ésa sí que tiene
importancia y urgencia. La otra, señorías, pienso que puede esperar un
poco.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Señor Ministro, quiero, en primer lugar,
agradecerle su comparecencia, la primera en esta Comisión como Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, y expresarle también nuestro
reconocimiento por su detallada intervención, esclarecedora, como ha
señalado el señor Peralta.

Somos conscientes, por otra parte, de que en esta legislatura su
Ministerio, y también esta Comisión de Política Social y Empleo, van a
tener un protagonismo y una relevancia especiales, porque, entre otras
circunstancias,



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en primer lugar, sentadas las bases del Estado de bienestar o de la
sociedad solidaria en España, se trata ahora de consolidarlo,
redefiniéndolo, y, por ser común a las economías occidentales, la crisis
económica pone en peligro y aun en crisis la persistencia del sistema de
protección social o de solidaridad. Puede estar el señor Peralta
tranquilo porque en este caso vamos a mantener, como no podía ser de otra
manera, el Estado de bienestar y vamos a reformarlo, redefiniéndolo,
adecuándolo a las circunstancias nuevas. Pues se da la circunstancia
también en España de que, sin haber habido un verdadero Estado protector
o «welfare state» al modo occidental -decía el señor Hinojosa que hemos
llegado tarde-, la verdad es que no hemos llegado a este Estado de
bienestar occidental formulado entre los años 1950 y 1980 en Europa. Sin
haber llegado a él debemos reorganizar las prestaciones sociales en un
contexto de crisis económica, como decía. De ahí que la consolidación de
este nuestro propio Estado de bienestar tengamos que acometarla con una
redefinición del mismo.

En segundo lugar, parece que todo el mundo está de acuerdo en que la
rigidez del mercado laboral español es uno de los principales males de
nuestra economía, lo que nos obliga a acometer las reformas
correspondientes. Estamos absolutamente de acuerdo.

Si, por otra parte, admitimos que esta Comisión debe tener una relevancia
especial en esta V Legislatura, no nos va a importar permanecer en la
penumbra del segundo plano, si ello es consecuencia del primordial,
significativo y mayor papel que autónomamente asuman los agentes
sociales, empresarios y trabajadores, en su interlocución.

El pacto social no es cosa de ahora, como ha dicho la señora Villalobos.

Nosotros, señor Ministro, señora Villalobos, no participamos de la
filosofía conservadora, que considera el pacto social como una inhibición
política del Gobierno o un intento de dejación de responsabilidades. Ya
sé que no ha sido su posición, pero me gustaría que ésa no fuera sólo una
posición individual de la señora Villalobos, sino una posición de apoyo
al pacto social por parte de las fuerzas políticas conservadoras de
nuestro país.

No pensamos que el Parlamento pierde cuando la sociedad gana. Es claro
que nuestra sociedad gana cuando los agentes sociales y el Gobierno
consiguen acordar las grandes y las pequeñas líneas de las reformas
necesarias que precisa este país en el reto de avanzar en la creación de
empleo. Reformas, como ha dicho el señor Ministro, globales, reformas
equilibradas, que incluyen esa política de rentas determinada, y lo ha
dicho también el señor Ministro, como instrumento eficaz para la creación
de empleo. Gobernar es decidir y gobernar es también, si ello es posible,
consensuar la decisión. Con protagonismo o sin él, los parlamentarios
socialistas asumimos como legisladores la responsabilidad que nos incumbe
de cara a resolver los problemas que tiene planteada nuestra sociedad. El
primero de ellos, evidentemente, es el paro.

Es una obviedad que no existen recetas mágicas y que el Gobierno no crea
empleo, sino que establece condiciones para su creación y remueve
obstáculos. Todos recordamos que en 1984 modificamos las modalidades de
contratación y aquella modificación importante del Estatuto de los
Trabajadores, junto a la recuperación económica, dio lugar a la mayor
creación de empleo en el menor lapso de tiempo en nuestra historia.

Por tanto, las modificaciones estructurales, las normativas, las
institucionales tienen una especial importancia. El crecimiento
económico, la futura recuperación económica debe estar acompañada por un
marco normativo de relaciones laborales adecuado. Es el momento, por
ello, de modificar aquellas modalidades de contratación en la mejora de
medios de inserción laboral a que se ha referido también el señor
Ministro.

Nos ha parecido especialmente importante en su intervención las
referencias que se han hecho a la negociación colectiva y a su carácter,
que debiera ser articulado.

Evidentemente, uno de los instrumentos, junto con otros muchos, para
conseguir la necesaria flexibilidad del mercado de trabajo está en manos
de los trabajadores y de los empresarios. Se llama convenio colectivo. Es
un instrumento el convenio al que, sin embargo, no se suelen sacar los
frutos posibles y deseables. Por ejemplo, el de derogar las ordenanzas
laborales, que se ha mencionado por el señor Ministro.

Es necesario potenciar la negociación colectiva de modo que al acuerdo
interconfederal se yuxtapongan los acuerdos sectoriales y los acuerdos de
empresa. No parece bueno homogeneizar lo que de por sí es diverso y a la
diversidad de sectores y empresas debiera corresponder la diversidad
normativa con cláusula de descuelgue incluida, a lo que se ha referido
también el señor Ministro.

Pero ¿qué sucede mientras creamos empleo? Hay que seguir protegiendo a
los parados. También aquí se imponen las reformas y no en el sentido de
recorte del gasto, sino en el de evitar su expansión exagerada, como
viene sucediendo.

Las cifras expuestas por el señor Ministro nos parecen por sí solas
ilustrativas. Hay que conseguir que el INEM intermedie entre empresarios
y trabajadores. Hay que lograr la ayuda efectiva de las empresas de
trabajo temporal, que no son oficinas de colocación privadas, señor
Peralta; son otra cosa. Asimismo, hay que lograr que las medidas de
fomento del empleo sean, de hecho, efectivas y positivas de cara a la
creación de empleo.

Si actualmente, después de la Ley 22/1992, el sistema no resiste y se
pone en peligro su viabilidad, introdúzcanse las reformas necesarias. Ahí
estará apoyando el Grupo Parlamentario Socialista, porque eso es reforzar
y consolidar nuestro sistema de protección social.

Admitir el desequilibrio financiero o el gasto disparado, algunas veces
sin sentido, injustificado, equivale a fulminar el esquema de protección
social y de solidaridad que lo caracteriza. Hay que conseguir que la
protección por desempleo cumpla los fines señalados en la Constitución,
ni más ni menos, tal y como ha señalado el señor Ministro.

Terminando, porque no quiero alargar mi intervención a la vista de la
hora que es, nuestra Seguridad Social,



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a la cual ha dedicado una especial atención el señor Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, no se escapa tampoco de los problemas que tienen
todos los sistemas en nuestro mundo desarrollado. Sin ir más lejos, el
último informe semestral del Fondo Monetario Internacional acaba de poner
el dedo en la llaga al advertir a los países industrializados que revisen
su sistema de protección social, a fin de no correr el riesgo de acabar
en no poder hacer frente al pago de pensionistas y parados.

Las medidas de reforma de nuestra Seguridad Social deben ser la
continuación del esfuerzo racionalizador iniciado en 1985 y que ha dado
un óptimo resultado en la línea marcada por el señor Ministro y en la
línea marcada por nuestro programa electoral de reforzamiento y
consolidación del sistema público de protección social y de mantenimiento
del poder adquisitivo de los pensionistas. Los pensionistas saben que
está en buenas manos el régimen de pensiones; son otros los que, en su
momento y en alguna ocasión, salen, aprovechando cualquier situación de
crisis de empleo y de la propia Seguridad Social, para moverse con afanes
de privatizaciones.

En definitiva, el reto que tenemos por delante consiste en asegurar el
empleo a través de la competitividad y manteniendo la protección social y
los valores de solidaridad. Esa trilogía de la que he hablado, señor
Ministro -empleo, competitividad, solidaridad-, constituye, sabemos, el
norte de la acción de gobierno y la premisa también especial del espacio
social europeo. Esa premisa hay que hacerla efectiva y en eso el señor
Ministro sabe que cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.

Por último, quiero indicar que mi Grupo ha pedido la comparecencia del
Subsecretario de su Departamento, a fin de que nos hable de la acción
contra el fraude en prestaciones que se están acometiendo, y del señor
Secretario General de la Seguridad Social para que exponga las medidas de
mejora en la gestión del sistema de la Seguridad Social, que sabemos
también que se están acometiendo.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las posiciones, observaciones y
preguntas de los grupos parlamentarios, el señor Ministro tiene la
palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez):
Procuraré, señor Presidente, ser respetuoso con la hora y contestar con
cierta brevedad.

Señora Villalobos, le agradezco de corazón la colaboración que propone
usted al Ministerio para desarrollar su política en todos los temas que
efectivamente afectan a políticas de Estado. No debiera ser escéptica,
pero si lo es porque considera que muchas de las ideas ya se han oído y
no se han llevado a cabo y terminaba preguntándose qué hemos hecho
nosotros cuando hemos sido Gobierno a lo largo de estos años, le podría
enumerar una larga colección de actuaciones de este gobierno que, entre
otras cosas, ha permitido que siga siendo Gobierno después de diez años y
cuatro procesos electorales.

Aparte de esta situación, es verdad que yo también podría contestarle con
la maldad de mi escepticismo, entendiendo que si su colaboración va a ser
ahora como la que tradicionalmente el Grupo Popular ha prestado al
Gobierno, va a ser complicado que podamos hacer fértil su oferta. Pero
entiendo que la que usted propone es de corazón y sincera y por eso se la
agradezco.

Realmente, a pesar de mi altísima capacidad para dejarme seducir, no
suelo enamorarme de mis propias ideas y más bien suelo hacerlo de las
ajenas, que normalmente escucho con mucha atención. Pero me gustaría
también que cuando expongo ideas se escucharan con la misma atención y
comprendo que en el desarrollo de una comparecencia tan densa como tiene
que ser la primera, que no es para un caso concreto del Ministerio, sino
para toda la política del mismo, no se haya podido oír por S. S. todo el
contenido de lo que he dicho o no haya podido mantenerla en su atención,
pero le escucho algunas reflexiones que hace al hilo de mi intervención y
me da la impresión de que algunas de las cosas que he comentado se le han
escapado o no las ha escuchado convenientemente.

Dice, hablando del pacto de rentas, que nosotros apostamos por un pacto
de rentas simplemente y que nos conformaríamos con moderar el crecimiento
de los salarios por debajo de la inflación prevista, cosa diametralmente
opuesta a la que he manifestado. Yo he dicho que queremos un pacto de
rentas, pero un determinado pacto de rentas, no cualquiera, y no
solamente en los contenidos cuantitativos, sino en los cualitativos. Y he
añadido, porque me parece muy importante, que el pacto de rentas es
bueno, porque orienta toda la negociación colectiva en función de
objetivos nacionales, de la situación económica nacional, pero tiene un
inconveniente, que puede impedir la capacidad de adaptación de las
unidades de negociación inferiores a lo que es la realidad de cada
empresa y de cada sector.

Por consiguiente, no queremos un pacto de rentas que termine en un
acuerdo interconfederal, sino que queremos un acuerdo de rentas que lleve
una articulación de la negociación colectiva. Y no solamente porque lo he
dicho yo aquí; a los propios agentes sociales se les entregó el primer
día un documento de articulación de negociación colectiva, junto con el
documento de pacto de rentas. Creo que es tan importante el uno como el
otro. En esta articulación de la negociación colectiva es donde realmente
se plantea que una unidad de negociación pueda derogar lo que plantean
las unidades de negociación superior para poder adaptarlas a su realidad
económica concreta. Por consiguiente, estamos hablando de un proceso de
negociación desde arriba hasta abajo que se adapte a las circunstancias
económicas de los sectores y a la realidad económica de la cuenta de
resultados de cada empresa.

Es difícil obtener el acuerdo. Se lo he dicho antes de que usted lo
dijera. No es difícil solamente por las medidas, que son duras, sino
muchas veces también por la asimetría con que se suelen contemplar las
opiniones que cada uno expresa. Parece que es lógico entender que un
sindicato siempre tiene la máxima tolerancia para criticar, incluso
duramente, a un Gobierno, y, sin embargo, se



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ve muy mal que sea el Gobierno quien critique a los sindicatos. Es una
asimetría que acepto, pero no por aceptarla deja de parecerme injusta. En
todo caso, creo que el Gobierno tiene pleno derecho a defenderse y a
defender sus opiniones, a pesar de que algunas veces no coincidan con las
de los sindicatos. Por consiguiente, esa asimetría, que es real, quisiera
que se tradujera, por lo menos, en términos de equilibrio en las
prestaciones entre lo que dice uno y lo que dice otro y que se juzgara de
la misma manera a unos y a otros.

Yo planteo reformas globales dentro de un marco de reformas concretas y
considero que la articulación de la negociación colectiva es la mejor
manera de conseguir una flexibilidad en el sistema de relaciones
laborales español.

¿La negociación autonómica es un peligro? No sé si es un peligro o no,
aunque es cierto también que muchas veces la realidad de cada comunidad
autónoma es diferente a otra y puede permitir espacios de negociación.

Pero sí le digo que hay algo que me preocupa mucho más: la pervivencia
exageradamente alta de convenios provinciales sectoriales.

Los convenios sectoriales provinciales pueden ser adecuados para un
determinado momento. Ahora mismo son absolutamente inadecuados. Son los
elementos que menos controlan ese proceso de articulación y que menos se
compadecen con las medidas de articulación a las que me venía refiriendo.

Yo creo que la articulación debe tener tres piezas fundamentales: una es
el convenio interconfederal; otra es el convenio sectorial y la tercera
es el convenio de empresa. Esos son los límites básicos en los que yo
vería una articulación de la negociación colectiva, cabiendo,
lógicamente, espacios para negociación de ámbito territorial distinto y
para negociación de ámbito multisectorial.

Respecto a las ordenanzas de trabajo, a usted le parece que es largo el
plazo de un año, porque dice que podemos ampliarlo a dos. Añade que la
enorme carga de competitividad que soporta nuestra economía desaconseja
ampliarlo a dos. Pero, señora Villalobos, yo estaba hablando de dos años
para, por ejemplo, los empleados de fincas urbanas, que tienen pocas
cargas de competitividad con el mercado único. Por consiguiente, no se
preocupe usted, que los sectores para los que yo pido ampliación del
plazo de un año a dos son irrelevantes, desde el punto de vista de la
competitividad, pero muy relevantes desde el punto de vista de la
ausencia de negociación colectiva por escasa implantación de los agentes
sociales en esos ámbitos. Ahí sí tenemos que ampliarlos.

¿Por qué, además, tenemos que dar un plazo? ¿Y por qué queremos que sea
una negociación pactada? Porque la simple derogación de ordenanzas, la
simple derogación automática produciría unos efectos mucho peores que la
supervivencia. Porque las ordenanzas de trabajo no solamente contienen
normas sobre movilidad funcional, categorías profesionales, oficios,
distribución del trabajo... Tienen muchas otras normativas que tienen que
ser reguladas convenientemente por los agentes sociales con carácter
previo a su derogación. Las hay incluso de seguridad e higiene,
desarrolladas en el ámbito concreto de esa negociación o de ese sector,
que están muy bien porque son normas mucho más ergonómicas y adaptables a
la situación que las que se pueden adoptar con carácter general por el
Estado.

Por consiguiente, me parece que es bueno que el proceso de derogación se
haga a través de un proceso articulado pactado, acompañado de ordenanzas
y de la negociación colectiva.

Insisto en que me parece que el plazo de un año es más que suficiente,
sin perjuicio de que hay sectores para los que no vamos a poder mantener
el plazo de un año, sectores tales como empleados de fincas urbanas o el
del campo, por citar dos unidades de negociación de difícil, como
diríamos en el estatuto, capacidad negociadora.

El desempleo ligado a la contratación es algo que se ha repetido por
varios intervinientes. Tengo que darles un dato suplementario al que
ustedes citan. Es verdad que el incremento de gastos por desempleo se
deduce del incremento del desempleo, por un lado, y, por otro lado, es
verdad también, del incremento de la contratación temporal. Pero eso no
explica que, por ejemplo, de 1985 a 1992 se haya incrementado, en
términos reales, en más de un 70 por ciento el gasto por desempleo y que
haya exactamente el doble de personas protegidas en la cobertura por
desempleo. Eso es también reflejo de una ampliación de la cobertura y una
extensión de la protección superior a la que existía anteriormente.

En cuanto a la autorización administrativa y su agilidad, le diría que yo
estoy muy de acuerdo con ello -lo he dicho en mi propia intervención-,
pero no es algo que esté exclusivamente en las manos del Ministerio,
porque, como S. S. sabe, la autorización administrativa en el expediente
de regulación de empleo compete básicamente hoy a las comunidades
autónomas y son ellas las que debieran objetivar las circunstancias en
las que se debe conceder esa autorización.

Yo sí tomo nota de que su Grupo es contrario a la supresión de la
autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo.

En cuanto al desempleo en general, usted mantiene un escepticismo en la
reforma del INEM, porque todavía no se ha sido capaz de identificar el
perfil de los parados. Yo querría hacer una reflexión muy breve sobre el
INEM.

El INEM es un organismo que se crea en 1977 y desde esa fecha ha tenido
que desarrollar funciones con carácter universal sobre tres ámbitos
impresionantes de la realidad laboral: ha tenido que pagar prestaciones,
ha tenido que hacer un monopolio en la intermediación en el mercado de
trabajo y, al mismo tiempo, se ha tenido que encargar de la formación.

Por cierto que hasta el año 1985 la formación prácticamente era una
realidad inexistente en nuestro país.

Hacerlo todo, y en ese espacio de tiempo, desde luego ha dado lugar a que
el INEM no desarrolle con perfección las funciones que tiene
encomendadas. Sin embargo, yo no sería excesivamente cruel con el INEM,
en el sentido de que cumple muchas funciones y muchas de ellas a entera
satisfacción.




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La formación profesional reglada y ocupacional, como le decía, ha
iniciado desde la LOGSE un proceso de integración y tiene que ser así
porque insisto en que tengo la impresión y el convencimiento de que la
formación profesional, sea cual fuere, sólo es adecuada cuando se inserta
en el mundo real de la empresa. No digo en el mundo teórico del empleo,
sino en el mundo práctico de la propia empresa y, por consiguiente, ahí
incidimos en lo que tiene que ser la contratación que permita esa
inserción: la contratación para la formación, la contratación en
prácticas y el contrato de aprendizaje, sobre el que les digo a SS. SS.

-y lo digo con carácter general- que, como va a ir destinado a personas
con serias, muy serias dificultades para insertarse en el mercado de
trabajo porque provienen de fracasos escolares, tendrá que ser un
contrato privilegiado para las empresas; tendrá que ser un contrato de
menor coste para la empresa y el Estado tendrá que subvencionar esa
contratación, porque si no hay regla ninguna para que las empresas asuman
esas contrataciones, salvo que sea a través de unas bonificaciones o de
unos privilegios que confiera la legislación a ese tipo de contrato.

Tendremos que hacer un contrato específicamente para este tipo de
jóvenes, porque ninguno de ellos está comprendido en el ámbito de
aplicación del contrato de formación o del contrato de prácticas.

Señora Villalobos, le haría una reflexión final sobre el fraude.

Ciertamente, el fraude es algo que corresponde corregir al Estado o a las
comunidades autónomas en la medida de sus competencias y corresponde
hacerlo con un esfuerzo de inspección, de control y de vigilancia. Sin
embargo, esto no basta, porque tenga usted en cuenta que en un sistema de
prestaciones sociales, que se individualiza en millones de personas, es
prácticamente imposible adoptar medidas concretas de gestión y de
inspección que abarquen a todos los colectivos. Es necesario también una
colaboración de toda la ciudadanía y de los agentes sociales en la
erradicación de ese fraude. Lo veremos con más detenimiento cuando
analicemos las medidas de lucha contra el fraude en todas las
prestaciones, pero insisto en esto porque, además, me parecen
particularmente graves los supuestos de fraude en el hecho del bienestar
social o en prestaciones sociales. Digo esto porque una prestación social
que se obtiene fraudulentamente pone en riesgo todo el entramado del
bienestar social, todo el entramado de la protección social. Por eso es
necesaria una política de actuación sobre la gestión y la inspección,
pero también un compromiso de toda la sociedad y de los grupos en que
ésta se integra para acabar con el fraude.

Señor Peralta, usted dice que no es un plan equilibrado y yo lo que me
temo es que sus propuestas o sus reflexiones sí conducirían, en caso de
aplicarse, a un plan poco equilibrado. En todo caso, me da la impresión
de que, oyendo su intervención, sus puntos de vista son divergentes de
los que mantiene el Gobierno y que por eso difícilmente se pueden
compadecer los unos con los otros. No obstante, aparte de esa reflexión
general que nos puede permitir considerar que sus puntos de vista sobre
el mercado de trabajo, sobre el sistema de relaciones de trabajo y sobre
el estado de bienestar son distintos de los que mantiene el Gobierno,
también le diría que hay algunas apreciaciones que ha hecho usted que no
están traídas por la intervención que yo he tenido. Quiero decir que no
tienen nada que ver con lo que yo he dicho. Por ejemplo, usted ha hablado
de que la capacidad derogatoria de las unidades inferiores de negociación
en la negociación colectiva puede suponer todos los males del mundo para
la implantación sindical y para el propio proceso de negociación
colectiva. Yo le diría, simplemente, que leyera lo que yo he dicho; se lo
voy a leer textualmente. «Que en condiciones convenientemente acordadas
en el ámbito superior»
-insisto-, «que en condiciones convenientemente acordadas en el ámbito
superior permitan a las unidades de negociación de ámbito más bajo
desvincularse, en más o en menos, de algunas de las condiciones
pactadas». Como comprende, eso es una negociación articulada por los
mismos agentes que efectúan la negociación y, por consiguiente, eso
difícilmente podría llevar hasta donde usted cree que llevarían las
cláusulas de derogación. Y es lógico pensar que si en un sector
determinado se produce un acuerdo sobre un incremento salarial
determinado, en ese mismo sector haya empresas que puedan superar ese
incremento o que no puedan alcanzar ni siquiera ese incremento y que
estén autorizados por las unidades de negociación superior a moderar la
aplicación de esas cláusulas en el caso concreto de esas empresas, a
moderar o incluso a incrementar. Eso es un proceso de negociación
articulado y no es lo que pretendidamente usted ha dicho o me ha
entendido.

Claro que la causalidad se tiene que aplicar siempre y en todo caso, la
contratación debe tener, básicamente, un carácter causal y los despidos
en nuestro país deben se también básicamente causales. Eso es lo que
significa, en la entrada y en la salida, mantener el principio de
causalidad.

La Ley de Huelga, en los términos en que está aprobada, se mandará al
Consejo Económico y Social. ¿Cuándo? Cuando el Gobierno lo considere
conveniente, en función del proceso de negociación que está manteniendo;
cuando el Gobierno lo considere conveniente será el momento en que lo
remita al Consejo Económico y Social. El proyecto que nosotros queremos
articular para transponer todas las directivas comunitarias en materia de
salud laboral será traído a esta Cámara para su reflexión y para que al
mismo tiempo se apruebe o no se apruebe. Pero no lleve usted la
siniestralidad laboral a la reflexión que yo he hecho sobre incremento de
gastos de la incapacidad laboral transitoria porque nada tiene que ver
una cosa con otra. La incapacidad laboral transitoria derivada de
accidentes de trabajo la pagan las mutuas de accidente, y yo estoy
hablando de la incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad
común, que es la que efectivamente está haciendo explotar el sistema de
protección y es la que suma este año cerca de 700.000 millones de pesetas
y es la que, en definitiva, supone que, por ejemplo, en nuestro país un
resfriado sea causa de visita y baja del médico en un 75 por ciento de
los casos y en la



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Europa comunitaria no alcance ni el 18 por ciento. No querer ver esa
realidad es cerrar los ojos a una realidad -perdonen la redundancia-
realmente existente. Con la incapacidad laboral transitoria se está
produciendo un fraude grande y se están produciendo bajas indebidas y
están taponando las posibilidades de competitividad del sistema y están
poniendo en riesgo la propia protección por incapacidad laboral
transitoria, y hay que ser combativo contra ese fraude y hay que ser
enérgicamente combativo. Y no pongamos disculpa a que de ese incremento
-insisto-, incremento, al mismo tiempo fraudulento, de la incapacidad
laboral transitoria se derive simplemente de la siniestralidad, porque
son cosas que se miden en términos distintos y en estadísticas diferentes
y se pagan por organismos diferentes.

Sí es verdad que en la incapacidad laboral transitoria se aprecia un
problema de funcionamiento que tendremos que corregir. No parece lógico
que quienes concedan la incapacidad laboral transitoria sean
profesionales que no dependen del sistema donde se paga la incapacidad
laboral transitoria. Quiero decir que la incapacidad laboral transitoria
hoy día se está determinando por personas ajenas a ese propio proceso. E
igual pasa con la invalidez y, al mismo tiempo, la incapacidad laboral
transitoria más la invalidez provisional hacen crecer el gasto hasta un
extremo incompatible con lo que son los equilibrios financieros del
sistema.

Y puesto que decía usted que no es lo mismo comparar nuestra protección
con la de otros países comunitarios porque efectivamente ni los
itinerarios han sido similares ni los puntos de encuentro han sido los
mismos, sí le diría yo, Señoría, que en esto, en invalidez y en
incapacidad laboral transitoria gastamos, en términos del PIB, más que la
media comunitaria, bastante más, y no hay ninguna epidemia que justifique
que eso sea así, sobre todo teniendo en cuenta que los indicadores de
salud de España son mejores que los de la media comunitaria.

En cuanto a otras cuestiones que ha citado usted, el que haya empresas de
trabajo temporal no significa en absoluto -y es racional que así se
piense- que los trabajadores tengan que pagar por colocarse. No ocurre en
ningún país donde las empresas de trabajo temporal vienen funcionando,
que es en la mayoría de los países comunitarios, ni va a ocurrir tampoco
en España. Por consiguiente, no eleve usted una conclusión, tremendamente
dramática, de una afirmación que ha hecho este Ministro y que conduce a
la regularización, a la legalización, simplemente, de las empresas de
trabajo temporal. A partir de eso, no es posible, o no es deseable, hacer
las conclusiones que usted ha hecho.«
¿Situación de necesidad, especialmente en caso de desempleo?
¡Naturalmente! ¿Y dice usted que eso llevaría a las pensiones a que
solamente se abonaran en caso de situación de necesidad? Es que es lo que
ocurre. Las pensiones contributivas se financian por cuotas y las
prestaciones asistenciales por situaciones de necesidad. Y eso es lo que
queremos hacer en desempleo; pero es que hoy día las prestaciones
contributivas se pagan, en un porcentaje determinado, por contribuciones,
y en un porcentaje muy elevado por aportación del Estado. Exactamente, lo
he dicho, este año 300.000 millones y, si no hacemos nada, el año que
viene 500.000, 600.000 millones. ¿Y cómo compensamos eso? Pues muy fácil:
para que sigan siendo contributivas, no tocando para nada los esquemas de
protección, subimos tres puntos la cotización. ¿Y usted cree que subir
tres puntos la cotización, hoy, en desempleo, es realista, teniendo en
cuenta la situación económica del país? ¿Usted cree que podríamos llegar
a hacer una sumisión a la razón del gasto por desempleo en la prestación
contributiva subiendo tres o cuatro puntos la contribución de las
empresas y de los trabajadores? Eso sería cebar la bomba del desempleo e
incrementar mucho más los parados. Por consiguiente, solamente tenemos
una doble alternativa si queremos que siga siendo contributiva: o
recortar derechos o aplazar derechos en determinados casos en donde el
daño no es ninguno. Y nosotros decimos: la medida menos traumática, la
que vamos a aplicar, es aplazar el cobro de la prestación por desempleo
en la medida en que se haya percibido una indemnización por la extinción
del contrato. No se extingue ningún derecho, se aplaza un derecho. Y le
insisto, si es verdad que hay uno que sí, nosotros lo reformamos, que es
la modificación de condiciones de trabajo. Si usted está en una empresa y
trabaja ahora mismo de 8 a 3 y el comité de empresa o la autoridad
laboral autoriza a la empresa para trabajar de 9 a 2 y de 5 a 7 y usted
rescinde su contrato y se va a su casa y cobra una indemnización, la
obligación del empleado del INEM cuando usted vaya allí es ofrecerle ese
trabajo que usted ha dejado. ¿O no? Parece lógico, parece razonable. Por
consiguiente, no es lógico que cobre el desempleo. Y eso es lo que se va
a hacer en esa modificación; es algo tan sencillo como eso; eso es una
colocación adecuada y, además, a la misma distancia del domicilio que el
anterior, fíjese.

Por tanto, veamos las cosas como son razonablemente, porque es verdad que
podemos estar hablando de que vamos a seguir pagando en desempleo lo que
sea. Pues, mire usted, en desempleo pagamos el doble que los países
comunitarios. Dice usted que porque la tasa de desempleo es mayor.

¡Bueno!, es una tasa de desempleo mayor, incompatible con los movimientos
migratorios, y hay países que tienen una tasa de desempleo cinco veces
menor y tienen movimientos migratorios amplios hacia España, vienen aquí
a trabajar, y no tienen desempleo en su país. ¿Y quiere usted saber la
protección por desempleo que tienen en su país? El 0,59 del producto
interior bruto. ¿Y sabe la que tenemos nosotros? Exactamente tenemos 3,1
por ciento del producto interior bruto, solamente superado por Dinamarca,
y ningún país llega a tres puntos. Usted dice: Bueno, pues sigamos
aumentando. Y yo le diría: Bueno, sigamos produciendo. Pero en la medida
en que no lo hagamos, las desviaciones de desempleo lo que hacen es
retirar recursos para la sanidad o incluso para las pensiones. Es tirar
de las piernas de todo el sistema de protección social, señor Peralta, y
no es justo. Yo lo único que digo, mantengo, aseguro y, además, no tengo
ningún inconveniente en hacerlo, es que dos billones



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de desempleo en este país, con las condiciones económicas que tiene, es
una cantidad importantísima. Y sí coincide un millón por desempleado,
porque estoy hablando de los desempleados que tienen derecho a la
prestación, en un sistema como el nuestro que tiene una cobertura de las
más amplias de Europa. Por ejemplo, Italia, que arrastra, por cierto,
0,60 de desempleo, acaba de reformar la prestación por desempleo a unos
niveles asombrosos. Hay muchos países que no pagan por desempleo una
cantidad superior a la que equivaldría en España a hablar de 90.000
pesetas mensuales, muchos países con estado de bienestar muy
desarrollado. Por consiguiente, seamos cuidadosos a la hora de analizar
los términos del estado de bienestar en cada país porque a lo mejor nos
damos cuenta de que nuestra protección por desempleo, aun después de las
medidas que vamos a acometer, sigue siendo de las más importantes de
Europa.

En cuanto que sea el aumento de la población y la rotación o la
temporalidad lo que ha producido el incremento de la protección por
desempleo, es verdad, pero no en todos los términos. Insisto que en 1985,
con una población desempleada, paro registrado, superior a la actual,
cobraba el desempleo un 70 por ciento menos, o sea, nos gastábamos en
desempleo un 70 por ciento menos que ahora; es decir, que no es
exactamente cierto. Le voy a dar otro dato, poque no solamente ha habido
una rotación determinada que haya influido en el desempleo. Lo que ha
conseguido también la rotación es un efecto de emersión de mucha
contratación que estaba en economía sumergida. Fíjese usted, en 1984,
cuando empieza la modificación de la contratación, había dentro del
sistema de la Seguridad Social, afiliados y en alta, excluidos los de
pluriempleo y los cotizantes a la Seguridad Social, aproximadamente 11
millones de personas y a finales del año pasado había 13,1 millones. Es
decir, hemos incrementado en 2,1 millones las personas, desde 1984 a
1992, afiliadas a cualquier sistema de la Seguridad Social. En ese mismo
período de tiempo la población ocupada, la realmente ocupada, según los
datos de la EPA, solamente se ha incrementado en un millón y medio, es
decir, hay 600.000 personas más afiliadas y en alta, lo que demuestra
también que esa rotación ha producido una emersión de los niveles de
contribución a la Seguridad Social de afiliación y de alta en el proceso
y, por consiguiente, una regularización notable e importante de los
mercados de trabajo; reflexión que es conveniente hacer aquí ahora para
luego abordar todo el tema de lo que podemos llamar la temporalidad en
los contratos.

Ya que hablamos de temporalidad en los contratos, me gustaría decir
algunas cosas, porque siempre que hablamos de España decimos que estamos
por debajo. No sé si usted sabe que, por ejemplo, en Inglaterra hay dos
millones y medio de contratos temporales descalificados de protección
social, o sea, que no tienen protección social, que no tienen derecho a
la Seguridad Social. No sé si usted sabe que, por ejemplo, en Alemania
hay 2,6 millones de contratos temporales descalificados de protección
social; aquí ninguno. Ningún país tiene doce días de indemnización por
rescisión en contratos temporales. Por consiguiente, sepamos comparar
todo. Así, a lo mejor, esa especie de desequilibrio que usted observaba
en las medidas no es tal desequilibrio.

Le diré otra cosa. El miércoles pasado estaba en una reunión de Ministros
de Trabajo de la Comunidad Europea y yo escuché muchas cosas. Por
ejemplo, escuché al Ministro alemán decir que había que trabajar los
sábados y no cobrarlos; escuché al Ministro holandés -el Estado del
bienestar por excelencia- decir que iban a proponer por ley la
congelación de rentas salariales, incluidas las pensiones, y le oí al
Ministro francés cómo por decreto habían modificado todos los sistemas de
pensiones, entre otros. Quiere decirse que esas reflexiones también
tienen que comportar nuestra reflexión, porque el mundo no es el mismo
que era hace poco tiempo. La señora Villalobos decía: ¿Por qué no se han
tomado antes las medidas? Yo le diría: Pues, mire usted, porque las
circunstancias cambian. No es lo mismo ni España ni Europa en 1993 que en
1990 o que en 1985. ¿Usted habría pensado en 1990 que la fabricación de
automóviles en Europa se podía hacer en Checoslovaquia? ¿Ustedes habrían
pensado, por ejemplo, que Checoslovaquia, Hungría y Polonia podrían estar
compitiendo en los sectores más competitivos de la economía a unos
salarios medios por habitante inferiores a las 10.000 pesetas mensuales?
¿Ustedes habrían pensado que ésos son los niveles reales de
competitividad que estamos afrontando? Por consiguiente, no nos
engañemos. Cuando estemos hablando de una realidad no estamos hablando de
una realidad ajena a las circunstancias en las que se desenvuelve nuestra
economía. Podemos hacerlo, pero no debemos, y, desde luego, mi obligación
es no hacerlo, aunque pueda ser la de otros.

Desde luego, es muy fácil esquemáticamente criticar cualquier decisión
del Gobierno o simplemente hacer esa crítica de forma unilateral, pero
toda decisión tiene sus componentes de equilibrio. En España no se ha
planteado trabajar más por menos dinero. En España no se ha planteado, ni
mucho menos, una congelación de rentas por ley. En España se está
planteando incluso conferir una mayor articulación de la negociación
colectiva y que sea esa negociación la que adapte la economía española a
la circunstancia de cada momento. Por consiguiente, seamos un poco
responsables con la realidad que nos envuelve.

Por último, le diría, señor Peralta, que la cláusula de revisión la vamos
a poner. Le decía antes -y no sé si ha llamado su atención- que la
revisión de este año no es el 3,5, sino el 4,1. La revisión que hemos
propuesto en los Presupuestos -apúntelo- no es el 3,5, sino el 4,1: 3,5
lineal y 0,6 de complemento de mínimos para los pensionistas que accedan
a la pensión este año por debajo del mínimo. Primero. Segundo, el 0,6 no
lo vamos a tener en cuenta a la hora de la cláusula de revisión. Tercero,
nuestra cláusula de revisión, la que hemos propuesto, garantiza mucho más
eficientemente el poder adquisitivo de los pensionistas que la que creo
que han propuesto los sindicatos. Por consiguiente, no hagamos otra vez
esa especie de visión maniquea o asimétrica: si lo dice el Gobierno es



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peor que si lo dicen los sindicatos. Mire usted, no. En este caso
queremos realmente mantener el poder adquisitivo y lo vamos a hacer con
la medida que mejor lo mantenga, sea la nuestra o sea la de los
sindicatos y si es acordada, mejor.

Señor Hinojosa, no tenga usted duda. Nosotros vamos a hacer o vamos a
tratar de hacer un pacto por el empleo y también vamos a tratar de
incorporar una serie de medidas de agilización del mercado de trabajo que
he expuesto detenidamente. Las dos cosas son compatibles. La primera
porque la negociación necesariamente va a estar terminada el 30 de
noviembre y la segunda porque el primero de enero estarán aquí esas
medidas pactadas o no pactadas. A lo mejor no son las medidas en las que
usted y yo podemos coincidir, pero esa es otra historia. Lo que sí es
cierto es que pensamos que la mejor manera de acondicionar un sistema de
relaciones laborales a la realidad cambiante del mercado es hacerlo a
través de la negociación. Y lo segundo es que si no se hace así tenemos
que apoyar normativamente ese proceso de negociación para hacer que sea
factible esa flexibilidad a través de la negociación. Pero ésa es otra
cosa.

Sí hay medidas para transigir, claro que hay medidas para transigir. ¿Por
Dios! ¿Cómo no las va a haber? ¿Es que no es para transigir que cuando
Holanda está planteando la congelación de pensiones, en España estemos
proponiendo una fórmula para mantener el poder adquisitivo de las
pensiones? ¿Es que dos billones de pesetas son poco para mantener una
protección por desempleo en un año de crisis? ¿Es que esas personas que
tienen el puesto de trabajo ahora no pueden hacer un esfuerzo de perder
algunos puntos de poder adquisitivo? ¿Es que los que no tienen riesgo de
perderlo no pueden hacer el esfuerzo mayor de congelar sus rentas? ¡Por
Dios! Si el pensar que no hay materia para la transacción es pensar que
estamos hablando de una negociación de «do ut des», aquí ya no hay
negociación de «do ut des» porque la economía no lo permite, pero sí hay
responsabilidad sindical y le digo que la vengo observando día a día en
la mesa de negociación. Por consiguiente, tengo cierta esperanza para que
esto se produzca. Hay cobertura superior al cien por ciento, señor
Hinojosa, porque no se computa en paro registrado como tal el desempleo
parcial, y sí se computa como cobertura de desempleo. Por tanto, puede
dar lugar a que haya más cobertura que desempleados registrados, aunque
eso es sencillamente una cuestión técnica, pero está bien, porque si hay
más del cien por ciento es que hay una buena cobertura en nuestro país.

Yo le agradezco sus palabras, señor Arnau, y, efectivamente, el proceso
de adaptación tiene que partir de una buena articulación de la
negociación colectiva. Yo creo que es la pieza más importante que
tenemos.

Me va a permitir, señor Arnau, que, aparte de agradecerle su apoyo, que
lo estimo enormemente, haga una reflexión que también puede compartir o
puedo compartir con el señor Peralta, sobre la implantación sindical,
porque me parece que con esto tendríamos que llegar al convencimiento de
que una implantación sindical depende de muchas cosas, pero no sólo del
Gobierno; depende también del comportamiento de los agentes sociales,
depende de su grado de aceptación social y depende también de un
contenido normativo que favorezca esa implantación social que nosotros
entendemos necesaria. Fíjese, entendemos mucho más importante o tan
importante en la pequeña empresa porque será un instrumento fundamental
para todo el programa que queremos desarrollar de adaptacion de la
pequeña empresa a las circunstancias del mercado y porque va a permitir
una mejor lucha contra el fraude.

Esta reflexión simplemente lo que quiere hacerles llegar a SS. SS. es que
este Ministerio no es partidario de que se vengan desarrollando
permanentemente procesos de elecciones sindicales que sean los que
determinen el nivel de audiencia de los sindicatos. Entendemos que es
mucho mejor fortalecer la afiliación que establecer que la mayor
representatividad de un sindicato se produce por su audiencia electoral.

En ese sentido sí estamos hablando con los sindicatos para tratar de
conseguir un proyecto de ley que pueda alcanzar ese objetivo. Si tenemos
como objetivo el que los sindicatos reflejen su audiencia por afiliación,
sin duda conseguiremos un modelo de relaciones laborales mucho más amplio
en la cobertura de la negociación colectiva, mucho más adaptable a las
circunstancias de la negociación colectiva y mucho más justo en términos
de equidad y de compensación de cargas.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. (La señora
Villalobos Talero pide la palabra.)
¿Para qué solicita la palabra, señora Villalobos?



La señora VILLALOBOS TALERO: Querría un pequeño turno, ya que, entre lo
que ha comentado el señor Ministro y la participación de los portavoces
de los diferentes grupos, hay una relación desigual. El ha hablado una
hora y media y en diez minutos es muy difícil concretar. Solamente
quisiera puntualizar dos cosas.




El señor PRESIDENTE: No es un problema de la Mesa, señora Villalobos,
sino del artículo 203, que a las intervenciones del Gobierno no les fija
plazo temporal y a las intervenciones de los grupos parlamentarios les
concede diez minutos. Le quiero recordar que usted utilizó en su
intervención treinta minutos.

Por otra parte, dicho artículo dice que las preguntas se pueden formular
en casos en los que se produzca una excepcionalidad. Yo no percibo en
este caso la excepcionalidad, señora Villalobos. No obstante, aunque son
las tres de la tarde, le concedo dos minutos.




La señora VILLALOBOS TALERO: En relación con la intervención del señor
Ministro diré que si el escepticismo es mutuo, difícilmente podremos
llegar a ningún tipo de acuerdo.

En la anterior legislatura, la mayoría absoluta de su Grupo hacía
innecesario el que recurrieran a algún grupo parlamentario para apoyarse.

Hoy me alegro de algunas



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de las medidas que ha propuesto, pues llevamos proponiéndolas en la
Cámara dos años. Espero que cuando las volvamos a plantear aquí
encontremos ese respaldo del Gobierno.

Al señor Arnau le diría que se preocupara un poco más en cuanto a si
existe unanimidad en los criterios que él defiende y no tanto del Grupo
Popular, porque parece que las voces que se oyen en contra de
determinados criterios del Gobierno surgen del propio Partido Socialista
y no del Popular.

La única pregunta que me gustaría hacerle al señor Ministro es que
durante toda su exposición relativa al fraude, al final ha dicho que no
se tomaron las medidas oportunas en su momento -estoy hablando no de
1984, sino de 1991 y 1992- y llego a la conclusión de que conocían el
fraude en las diferentes áreas de la protección social y ya ha anunciado
el señor Arnau que van a traer aquí a los altos cargos del Ministerio
para que nos expongan todo lo relativo al fraude; luego tienen mucho
interés en que ahora se hable del fraude. Mi pregunta, digo, desde ese
escepticismo, es si hasta ahora, cuando se ha planteado por esta
Diputada, en esta Cámara, la existencia de ese fraude y el necesario
control del mismo y ustedes lo han negado era por motivos
extraministeriales y extrapresupuestarios, más relacionado con algo que
ha dicho también respecto a su programa electoral y por eso les hace
ganar elecciones, como es la forma de mantenerse en el poder, que con los
intereses de toda la sociedad española o si al final es el único ministro
que es capaz de no ser dogmático y escucha las voces de los demás. Creo
que la conclusión final, por lo menos a la que yo llego, es que se ha
hecho una utilización partidaria y partidista desde su Gobierno, porque,
señor Ministro, usted se hereda a sí mismo y este fraude lo seguimos
planteando en esta Cámara desde hace dos años. Luego no me venga con
novedades, porque hasta ahora no ha habido ninguna novedad. La única
novedad es que usted, por fin, lo asume. Lo que nos queda averiguar es
por qué.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muy
brevemente.

Yo nunca he hablado de mí. Solamente le tengo que decir que siento un
profundo orgullo de suceder a don Luis Martínez Noval y a don Manuel
Chaves.




El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.




Eran las tres de la tarde.