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DS. Senado, Pleno, núm. 100, de 16/11/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2010 IX Legislatura
Núm.100
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 16 de noviembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Previo
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 500/000288).
HABILITACIÓN DE TODOS LOS DÍAS Y HORAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011. (Número de expediente 550/000036).
Primero
ACTAS
-- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 2 y 3 de noviembre de 2010.
Segundo
PREGUNTAS
-- De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la finalización de las obras del tramo de la carretera nacional N-232 comprendido entre Ráfales (Teruel) y el límite de la
provincia de Castellón. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000952).
-- De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si el Ministerio de Cultura piensa cumplir la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 respetando los compromisos de gasto plurianual aprobados en materia de
cultura en la isla de Mallorca. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000953).
-- De D. FRANCISCO JAVIER TUÑÓN SAN MARTÍN, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con los ataques violentos del ejército marroquí sobre los campamentos en El Aaiún. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000954).
-- De D.ª MIREN LORE LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si el Gobierno, en la actualidad potencia administradora del Sáhara Occidental, entiende que ya ha sido descolonizada la que
fue la provincia española número 53.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000955).
-- De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si el Gobierno se ratifica en que en Venezuela no hay presos políticos, ni los organismos internacionales encargados de los derechos humanos
se han hecho eco de la situación en la que viven. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000956).
-- De D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si el Gobierno piensa condenar la violencia ejercida por la policía y el ejército del Reino de Marruecos ante la protesta pacífica y civil del
pueblo saharaui. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000957).
-- De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para intensificar la lucha contra las drogas, una vez cumplidos veinticinco años del Plan Nacional sobre
Drogas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000958).
-- De D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las previsiones del Gobierno respecto al refuerzo del modelo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) ante la reducción de entidades que prestan los convenios de asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios adscrito. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de
2010). (Número de expediente 680/000959).
-- De D. RAMON ALTURO LLOAN, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si el Gobierno está tomando las medidas necesarias para que se cumpla la Ley de Morosidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000960).
-- De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno de la reacción de los partidos venezolanos integrados en la Mesa de la Unidad tras las declaraciones de la Ministra de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en el Senado, en las que afirmaba que en Venezuela no existen presos políticos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de
expediente 680/000961).
-- De D. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno piensa reclamar, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) la devolución de los importes que la Administración General del Estado ha pagado en concepto de canon digital. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15
de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000962).
-- De D. JAVIER MARQUÉS LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno considera que el crecimiento descontrolado de las subvenciones a las energías renovables ha podido provocar un incremento del déficit de
tarifa. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000963).
-- De D. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que el Gobierno no toma medidas en defensa del sector del aceite de oliva. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000964).
-- De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación con el ataque que su homólogo marroquí profirió, en su presencia, contra la
prensa española. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000965).
-- De D. JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno piensa adoptar alguna medida para ofrecer a los usuarios de telefonía e Internet un servicio de calidad a un precio justo. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000966).
-- De D.ª MARÍA ÁNGELES FONT BONMATÍ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si, tras la presentación de la memoria de actividades de Cáritas, el Gobierno sigue pensando que las familias españolas están ahora «mejor» que en el
año 2004. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000967).
-- De D.ª MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos de la reforma de las políticas activas de empleo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de
fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000968).
-- De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el contenido del Tratado de Compostela firmado el pasado día 3 de noviembre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544,
de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000969).
-- De D.ª MARÍA EMELINA FERNÁNDEZ SORIANO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reciente gira realizada por la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación por Bolivia y Ecuador. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000970).
-- De D. ARCADIO DÍAZ TEJERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos perseguidos con la creación de un Sistema Estatal de Calidad de la Oficina Judicial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000971).
-- De D.ª CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el estado en que se encuentra la propuesta normativa para la universalización de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 680/000972).
Tercero
INTERPELACIONES
-- De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la situación por la que atraviesan los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea con el Reino de
Marruecos en materia hortofrutícola, el posicionamiento de España ante los mismos y las actuaciones que va a desarrollar en defensa del sector hortofrutícola español. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 670/000133).
-- De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las acciones que el Gobierno se propone llevar a cabo ante los recientes incidentes que se han producido en el Reino de Marruecos y en los territorios
ocupados del Sáhara Occidental. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 670/000134).
-- De D. RAMÓN ALEU I JORNET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas y programas destinados a combatir el fracaso y abandono escolar, incluidos en el Plan de Acción 2010-2011, así como las actuaciones de
colaboración con las Comunidades Autónomas puestas en marcha para mejorar estos aspectos educativos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente
670/000132).
Cuarto
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de Propiedad Intelectual en el que se aborde la eliminación de la compensación equitativa por copia privada,
además de una nueva regulación de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente
671/000112).
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a establecer una comisión de expertos independientes que en el plazo de un año redacte una memoria sobre las posibles líneas de mejora del sistema
tributario español. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 544, de fecha 15 de noviembre de 2010). (Número de expediente 671/000113).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN (Página 5432)
El Excmo. señor D. Jorge Juan Conde del Campo adquiere la condición plena de senador al prestar acatamiento a la Constitución.
HABILITACIÓN DE TODOS LOS DÍAS Y HORAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011 (Página 5432)
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
ACTAS (Página 5432)
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 2 y 3 de noviembre de 2010 (Página 5432)
Se aprueba el acta.
PREGUNTAS (Página 5432)
De D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la finalización de las obras del tramo de la carretera nacional N-232 comprendido entre Ráfales (Teruel) y el límite de la
provincia de Castellón (Página 5432)
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre las previsiones del Gobierno respecto al refuerzo del modelo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE) ante la reducción de entidades que prestan los convenios de asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios adscrito (Página 5432)
La señora Aleixandre i Cerarols formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública (Chaves González). En turno de réplica,
interviene de nuevo la señora Aleixandre i Cerarols. En turno de dúplica, lo hace el señor vicepresidente tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública (Chaves González).
De D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el contenido del Tratado de Compostela firmado el pasado día 3 de noviembre (Página 5434)
El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).
De D. ARCADIO DÍAZ TEJERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos perseguidos con la creación de un Sistema Estatal de Calidad de la Oficina Judicial (Página 5434)
El señor Díaz Tejera formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez).
De D.ª MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre los objetivos de la reforma de las políticas activas de empleo (Página 5435)
La señora Silva Rego formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez).
De D. RAMON ALTURO LLOAN, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre si el Gobierno está tomando las medidas necesarias para que se cumpla la Ley de Morosidad (Página 5436)
El señor Alturo Lloan formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Alturo Lloan. En turno de dúplica, lo hace
el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno piensa reclamar, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE) la devolución de los importes que la Administración General del Estado ha pagado en concepto de canon digital (Página 5438)
El señor Vázquez Requero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Vázquez Requero. En turno de dúplica, lo
hace el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D. JAVIER MARQUÉS LÓPEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno considera que el crecimiento descontrolado de las subvenciones a las energías renovables ha podido provocar un incremento del déficit de tarifa
El señor Marqués López formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Marqués López.
En turno de dúplica, lo
hace el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D. JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si el Gobierno piensa adoptar alguna medida para ofrecer a los usuarios de telefonía e Internet un servicio de calidad a un precio justo
El señor Chiquillo Barber formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Chiquillo Barber. En turno de dúplica,
lo hace el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón).
De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre si el Ministerio de Cultura piensa cumplir la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 respetando los compromisos de gasto plurianual aprobados en materia de
cultura en la isla de Mallorca (Página 5441)
El señor Sampol i Mas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Cultura (González-Sinde Reig). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Sampol i Mas. En turno de dúplica, lo hace la señora ministra
de Cultura (González-Sinde Reig).
De D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para intensificar la lucha contra las drogas, una vez cumplidos veinticinco años del Plan Nacional sobre
Drogas (Página 5442)
El señor De Puig Olive formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola).
De D.ª MARÍA ÁNGELES FONT BONMATÍ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si, tras la presentación de la memoria de actividades de Cáritas, el Gobierno sigue pensando que las familias españolas están ahora «mejor» que en el año
2004 (Página 5443)
La señora Font Bonmatí formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Font Bonmatí.
En turno de dúplica, lo
hace la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola).
De D.ª CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el estado en que se encuentra la propuesta normativa para la universalización de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud
La señora Maestre Martín de Almagro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola).
De D. FRANCISCO JAVIER TUÑÓN SAN MARTÍN, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con los ataques violentos del ejército marroquí sobre los campamentos en El Aaiún
El señor Tuñón San Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Tuñón San Martín. En turno
de dúplica, lo hace la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D.ª MIREN LORE LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si el Gobierno, en la actualidad potencia administradora del Sáhara Occidental, entiende que ya ha sido descolonizada la que fue
la provincia española número 53 (Página 5447)
La señora Leanizbarrutira de Bizkarralegorra formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo la señora
Leanizbarrutira de Bizkarralegorra. En turno de dúplica, lo hace la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, sobre si el Gobierno se ratifica en que en Venezuela no hay presos políticos, ni los organismos internacionales encargados de los derechos humanos se
han hecho eco de la situación en la que viven (Página 5448)
El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En
turno de dúplica, lo hace la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre si el Gobierno piensa condenar la violencia ejercida por la policía y el ejército del Reino de Marruecos ante la protesta pacífica y civil del pueblo
saharaui (Página 5450)
El señor Nuet i Pujals formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Nuet i Pujals. En turno de
dúplica, lo hace la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión del Gobierno de la reacción de los partidos venezolanos integrados en la Mesa de la Unidad tras las declaraciones de la Ministra de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en el Senado, en las que afirmaba que en Venezuela no existen presos políticos (Página 5451)
El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo el señor García Carnero. En turno de
dúplica, lo hace la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la opinión de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación con el ataque que su homólogo marroquí profirió, en su presencia, contra la prensa
española (Página 5453)
El señor Van-Halen Acedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Van-Halen Acedo. En turno
de dúplica, lo hace la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D.ª MARÍA EMELINA FERNÁNDEZ SORIANO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reciente gira realizada por la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación por Bolivia y Ecuador
La señora Fernández Soriano formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que el Gobierno no toma medidas en defensa del sector del aceite de oliva (Página 5455)
El señor Aguirre Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Aguirre Muñoz. En turno de dúplica,
lo hace la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero).
INTERPELACIONES (Página 5456)
De D. RAMÓN ALEU I JORNET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre las medidas y programas destinados a combatir el fracaso y abandono escolar, incluidos en el Plan de Acción 2010-2011, así como las actuaciones de
colaboración con las Comunidades Autónomas puestas en marcha para mejorar estos aspectos educativos (Página 5456)
Esta interpelación ha sido aplazada.
De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las acciones que el Gobierno se propone llevar a cabo ante los recientes incidentes que se han producido en el Reino de Marruecos y en los territorios
ocupados del Sáhara Occidental (Página 5456)
El señor Muñoz-Alonso Ledo expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera). Vuelve a intervenir el señor Muñoz-Alonso Ledo.
Cierra el debate la
señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Jiménez García-Herrera).
De D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la situación por la que atraviesan los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea con el Reino de Marruecos en materia hortofrutícola, el
posicionamiento de España ante los mismos y las actuaciones que va a desarrollar en defensa del sector hortofrutícola español (Página 5463)
El señor Pérez Lapazarán expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero). Vuelve a intervenir el señor Pérez Lapazarán. Cierra el debate la señora
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Página 5469)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de Propiedad Intelectual en el que se aborde la eliminación de la compensación equitativa por copia privada,
además de una nueva regulación de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (Página 5469)
El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas, salvo de la presentada por el Parlamentario Socialista.
El señor Chiquillo Barber defiende la propuesta de modificación.
El señor Camacho Sánchez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Chiquillo Barber expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.
En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Leanizbarrutira de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, así como los señores Vilajoana i Rovira,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Zubero Beascoechea, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Se aprueba la propuesta de modificación por 135 votos a favor y 113 en contra.
Del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, por la que se insta al Gobierno a establecer una comisión de expertos independientes que en el plazo de un año redacte una memoria sobre las posibles líneas de mejora del sistema tributario
español (Página 5474)
El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas, salvo de la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Bonet i Revés defiende la propuesta de modificación.
La señora Angulo Martínez defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor Bonet i Revés expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.
En turno de portavoces intervienen los señores Tuñón San Martín, por el Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Vilajoana i Rovira, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; y Bonet i Revés, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Vicente González, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se aprueba la propuesta de modificación por 131 votos a favor, 117 en contra y 1 abstención.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, tomen asiento, por favor.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN (Número de expediente 500/000288).
Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Jorge Juan Conde del Campo.
Excelentísimo señor don Jorge Juan Conde del Campo, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor CONDE DEL CAMPO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución el excelentísimo señor don Jorge Juan Conde del Campo, ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)
HABILITACIÓN DE TODOS LOS DÍAS Y HORAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011 (Número de expediente 550/000036).
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 16 de noviembre de 2010, ha acordado solicitar al Pleno la habilitación de todos los días y horas de los meses de noviembre y diciembre
de 2010 para la tramitación del proyecto de ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de Reglamento del Senado, de Presupuestos Generales del Estado.
¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
ACTAS
-- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2010.
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Actas.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 2 y 3 de noviembre de 2010.
¿Alguna observación a las mismas? (Pausa.)
Quedan aprobadas por asentimiento.
PREGUNTAS
-- DE D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO DE LA CARRETERA NACIONAL N-232 COMPRENDIDO ENTRE RÁFALES (TERUEL) Y EL LÍMITE DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN (Número de expediente 680/000952).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto segundo del orden del día: Preguntas.
La pregunta del senador Mur ha sido aplazada.
-- DE D.ª ROSA NURIA ALEIXANDRE I CERAROLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO AL REFUERZO DEL MODELO DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
(MUFACE) ANTE LA REDUCCIÓN DE ENTIDADES QUE PRESTAN LOS CONVENIOS DE ASISTENCIA SANITARIA AL COLECTIVO DE FUNCIONARIOS ADSCRITO (Número de expediente 680/000959).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Aleixandre.
Tiene la palabra, señoría.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenas tardes y sea bienvenido. Desde hace unos meses se está publicando en los medios de comunicación escritos informaciones sobre la posibilidad de la desaparición de la mutualidad de los empleados públicos, Muface y, por
ende, Mugeju e Isfas, o sea, los funcionarios de la Función Pública, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.
Los motivos de preocupación parecen dobles: por un lado, de mantenerse el modelo actual, sometido a incertidumbres económicas y de gestión, que ya ha provocado la salida por motivos económicos de algunas aseguradores del concierto y, por
otro, la merma progresiva de los fondos de la Administración dedicados a ellas. Estamos hablando, aproximadamente, de 1 200 000 funcionarios y sus familias, o sea, en asistencia sanitaria esto supone 3 millones de usuarios que no utilizan la
sanidad pública, sanidad que supongo, aunque no esté entre sus atribuciones, que conoce perfectamente, ya que de por sí, como sabe, en algunos sectores está al borde del colapso.
Por ello, muchos nos preguntamos si el Gobierno tiene conciencia de que la opción Muface, Mugeju, Isfas representa un coste per cápita en asistencia sanitaria inferior al 35% del formato actual en la asistencia sanitaria pública y en
situación de crisis no es nada desdeñable.
Por tanto, ¿qué esfuerzo está haciendo el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de estas mutualidades dentro del modelo actual, que afecta no solo a casi 3 millones de españoles, sino también a multitud de médicos,
hospitales, que prestan sus servicios a estos mutualistas? En más de una ocasión y ante las noticias que están apareciendo en algunos medios, en el caso de contemplarse un escenario distinto al actual para la financiación de las pensiones
de los funcionarios -usted sabe que el sistema Muface tiene la parte asistencial, pero también la parte de pensiones- ¿cómo se garantizaría la asistencia sanitaria de los mutualistas, o sea, de las mutualidades a los funcionarios fuera del sistema
actual?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente tercero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Señor presidente, señora Aleixandre, sabe usted que a lo largo de este año ha habido un debate en el Congreso de los
Diputados en una subcomisión para tratar de llegar a un pacto sanitario, donde se ha debatido sobre el futuro de Muface y sobre el papel que tiene que desempeñar. Ha habido posiciones encontradas por parte de algunos partidos políticos sobre la
necesidad de la extinción de Muface y su inclusión dentro del sistema público de salud y por otros partidos políticos en el sentido de que es necesario mantener Muface, sin perjuicio de que se pueda mejorar y perfeccionar en cuanto a su eficiencia y
a la calidad que presta a los ciudadanos.
Yo creo, y es la opinión de mi ministerio y del Gobierno, que el modelo Muface goza de estabilidad y de salud, tanto en la vertiente asistencial como en la vertiente económica, y que, además, ofrece buenos resultados.
Por todas estas razones, el Gobierno apuesta decididamente por su continuidad, por su mejora y también por su modernización, y, en esa línea, señora Aleixandre, estamos trabajando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La senadora Aleixandre tiene la palabra.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor ministro.
Respecto al pacto sanitario, usted sabe perfectamente que la que le habla es una gran defensora del mismo, pero, por desgracia, no ha llegado a buen puerto y no sabemos por qué. Hace un momento hemos estado comentando este tema con la
ministra de Sanidad. No ha llegado a buen puerto aunque nos gustaría que lo hubiese hecho, pero no ha sido así.
De todos modos, yo discrepo con usted en cuanto a la salud del sistema Muface. ¿Por qué? En estos momentos no sé si el sistema puede continuar como hasta ahora. En 2009, el 4,6% del presupuesto para asistencia sanitaria dedicado a él, o
sea, 40 millones de euros, han sido retirados del sistema. Son 40 millones de euros menos para asistencia.
Nuestra pregunta es: ¿Hasta cuándo podrán continuar dando este servicio las distintas mutualidades? Porque, usted sabe perfectamente, que en estos momentos algunas de ellas se retiraron del sistema, precisamente, por falta de
sostenibilidad, por motivos económicos. Si ustedes continúan apretando económicamente, cosa que, por otra parte, entendemos, ya que...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: ... estamos viviendo un momento de crisis, pero ¿hasta cuándo podrá aguantar el sistema? Y, tenga cuidado, porque detrás no solamente está la existencia...
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: ... del sistema público, sino, también, los médicos y enfermeras de todo el sistema sanitario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): Gracias, señor presidente.
Señora Aleixandre, es cierto que el número de entidades privadas que se han concertado con Muface ha disminuido en los últimos años, sobre todo, aquellas en las que la salud no es el único apartado de su negocio y, en algunos casos, ni
siquiera el más importante. La razón alegada es la insuficiencia de las primas para cubrir todos los gastos de estas entidades, es decir, falta de rentabilidad.
En este sentido, hemos encargado un estudio a analistas financieros internacionales para que se valore este tema, concretamente, el de las primas. Este estudio todavía no está terminado. Yo creo -es mi opinión personal y la del Gobierno-
que no hay que interpretar esto como una crisis del modelo, porque el núcleo duro de las entidades privadas concertadas se ha mantenido inalterable y, además, porque no ha habido un impacto apreciable en la proporción de personas que eligen entre
Muface y los servicios públicos de salud.
Por eso, en este momento, nosotros estamos impulsando iniciativas como la receta electrónica, la digitalización de las historias sanitarias, un nuevo concierto de farmacia, la tarjeta sanitaria individual, mecanismos para mejorar la
eficiencia del gasto y también la calidad de la asistencia sanitaria. Todo ello para incluirlo en los conciertos a llevar a cabo con las entidades privadas aseguradoras. Todo esto formará parte de ese concierto.
Por lo tanto, creo que estamos en la línea de mantener el modelo, así como...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITO-
RIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Chaves González): ... de mejorarlo, y, en este sentido, podemos alcanzar un determinado consenso.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
-- DE D. LUIS ÁNGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CONTENIDO DEL TRATADO DE COMPOSTELA FIRMADO EL PASADO DÍA 3 DE NOVIEMBRE (Número de expediente 680/000969).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Lago.
El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Boa tarde, señor ministro. En los primeros días de este mes de noviembre, mes de san Martiño, el Gobierno de España, a través de su ministerio, celebraba, en un marco de excelencia, en el colegio de Fonseca de la Universidad de Santiago de
Compostela -lugar, sin duda, de alto valor histórico, patrimonial y académico- una reunión de alto nivel entre el Gobierno de España -el Ministerio de Justicia- y los responsables de Argentina, Brasil y Portugal.
En este encuentro se firmaba el llamado Tratado de Compostela, un acuerdo internacional de cooperación jurídica que perseguía, entre otras cosas, simplificar las extradiciones. Pero, en esta Cámara, como representantes de los ciudadanos,
nos gustaría conocer más en profundidad algunos aspectos, sobre todo, de su contenido, así como de su ámbito de aplicación, y, por qué no, sobre las posibilidades que pueda haber para que este tratado firmado entre Portugal, Argentina, Brasil y
España, pueda abrirse a la incorporación de otros países iberoamericanos, lo que nos parecería fundamental y primordial, en el sentido de poder crear, al estilo de lo que se hizo en la Unión Europea, un espacio iberoamericano de entendimiento
jurídico.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista le preguntamos su valoración sobre el contenido del llamado Tratado de Compostela, que se firmó entre los Gobiernos de España, Portugal, Brasil y Argentina el pasado día 3 de noviembre de
este año en la ciudad de Santiago.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la experiencia de la orden europea de detención y su eficacia como instrumento de cooperación jurídica entre los Estados miembros llevó a España y a Portugal a trabajar conjuntamente para conseguir la creación de un mecanismo
similar en aquellos países con los que compartimos especiales lazos históricos, culturales y económicos. Nació así el Tratado de Compostela, que en efecto firmamos con los Gobiernos de Argentina, Brasil y Portugal en la ciudad de Santiago y que es
el resultado de nuestro firme compromiso en la lucha coordinada contra la criminalidad transnacional y la impunidad.
Los cuatro países firmantes compartimos este importante espacio de entendimiento jurídico. Somos los primeros en suscribir esta pieza, este tratado, pero tenemos la ambición de extenderlo a otros países integrantes de la Comjib, integrantes
de la reunión de ministros de Justicia de los países iberoamericanos. Nuestra voluntad, por tanto, es la de sumar, porque cuantos más Estados participen en este tratado mayor será la eficacia de la cooperación jurídica internacional que podamos
realizar entre todos nosotros y, por tanto, la eficiencia en la lucha contra el crimen que trasciende nuestras fronteras.
El tratado contempla un mecanismo ágil y reglado de extradición y entrega de personas garantizando al tiempo los derechos de los ciudadanos y aportando seguridad jurídica. Más concretamente, el acuerdo se aplica a todas las extradiciones
sin excepción, no como ocurre en la actualidad.
Igualmente, se estima verificado el requisito de la doble incriminación cuando el tipo de delito por el que ha sido juzgado figura en tratados o convenios internacionales suscritos por alguno de los
Estados. Además, se prevé la tramitación directa por parte de las autoridades centrales a través incluso de medios electrónicos, estableciéndose un plazo máximo de treinta días para la entrega. El tratado articula incluso un procedimiento todavía
más simplificado, de forma que cuando la persona está de acuerdo con la extradición esta se produce ya de manera automática y con plena garantía sin necesidad de ningún otro tipo de trámite.
Por tanto, el Tratado de Compostela es una pieza extraordinariamente relevante en el proceso de intensificación de la cooperación jurídico-penal con la Comunidad Iberoamericana y entre todos los países que formamos parte de la misma, pero
sobre todo es una herramienta muy eficaz contra el delito transnacional, especialmente el tráfico de estupefacientes y, también, el de seres humanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DE D. ARCADIO DÍAZ TEJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON LA CREACIÓN DE UN SISTEMA ESTATAL DE CALIDAD DE LA OFICINA JUDICIAL (Número de expediente 680/000971).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Díaz Tejera.
Tiene la palabra su señoría.
El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.
Dentro del Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012 se encuentra la nueva oficina judicial. Este era un viejo proyecto al que aspiraban todos los servidores públicos de la justicia y en las últimas semanas, es
decir desde el 10 de noviembre, se ha ido materializando en las ciudades de Burgos y Murcia.
Ciertamente, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia establece que la nueva oficina judicial busca la consecución de un servicio más próximo, un servicio de calidad para el conjunto de la ciudadanía; en definitiva, una
justicia más próxima y de más calidad. En la práctica esto supone un cambio de cultura, no solo romper con viejos hábitos e inercias de hace siglos, sino también incorporar nuevas prácticas de gestión y plantear nuevas culturas de gestión y
organizativas que nada tienen que ver con las costumbres desarrolladas en los últimos siglos en el ámbito del servicio público de la justicia. Pero ciertamente el cambio del sistema actual al de la nueva oficina judicial requiere de una situación
de transición en la que hay que velar permanentemente por la tutela efectiva de los derechos fundamentales, la prestación del servicio y la garantía de que en ella se subraye la necesidad de esa proximidad y calidad en la atención a los ciudadanos.
Asimismo supone tramitar la documentación, una nueva gestión de la documentación, evaluar la satisfacción de la ciudadanía que usa el servicio público de la justicia, la incorporación de mecanismos correctores, y en todo caso, la mejora continua de
la prestación de servicios.
La pregunta es, señor ministro, la siguiente: ¿Cuáles son los criterios que desde el ministerio se plantean para ir evaluando permanentemente la nueva oficina judicial y para garantizar la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la
Justicia para que esta sea próxima y de calidad? Sabemos que en general las evaluaciones de impacto no son conocidas ni practicadas en el ámbito de las administraciones públicas; sabemos que ello significa una gran reforma dentro del servicio
público, pero estamos muy esperanzados con esta nueva oficina judicial y le preguntamos especialmente por esos mecanismos de evaluación a efectos de garantizar la debida tutela en el tránsito de una cultura jurídica a otra cultura de organización y
gestión procesal, pero sobre todo para garantizar esa proximidad y calidad en la prestación de servicios públicos.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, señoría.
En efecto, hace un año que aprobamos, con una amplia mayoría parlamentaria, las reformas legales necesarias para implantar en nuestro país la nueva oficina judicial, lo que supone un profundo cambio y transformación para nuestra
Administración de Justicia.
Desde entonces hemos trabajado en la planificación de su despliegue y hoy la oficina judicial, como bien recordaba su señoría, es ya una realidad en las ciudades de Burgos y Murcia, y a lo largo del próximo año 2011 lo será también en otros
muchos lugares de la geografía española.
Con la nueva oficina judicial implantamos un modelo radicalmente distinto de organización y funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, pensando en ofrecer a los ciudadanos un servicio público más eficaz. Se cambia la estructura
de los juzgados y tribunales, se cambia la metodología y los procesos de funcionamiento, de trabajo y de adopción de decisiones y se incorporan plenamente las nuevas tecnologías. Todo ello para ganar en racionalidad, en eficiencia, y sobre todo,
para acotar los tiempos de respuesta judicial.
La nueva oficina judicial es, sin duda, un buen modelo al que, además, hemos dotado de un sistema de control de calidad que nos permitirá -y esa era su preocupación-, verificar constantemente el rendimiento e introducir así las mejoras
necesarias que se fuesen planteando con el paso del tiempo. No queremos, por decirlo de otra forma, que la Administración de Justicia vuelva a ser una Administración obsoleta.
Por eso hemos creado el sistema estatal de calidad para la oficina judicial que ya está en funcionamiento y cuya estructura descansa sobre tres niveles fundamentales: una comisión estatal de calidad que se ha constituido el pasado 2 de
noviembre con representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las comunidades autónomas; unas comisiones territoriales de calidad en cada una de las comunidades autónomas
integradas también por representantes de los órganos anteriormente citados, y en un tercer nivel, equipos de calidad en todas y cada una de las oficinas judiciales similar a los que ya existen en este momento en las ciudades de Burgos y Murcia.
Todos estos órganos trabajan conjuntamente con criterios y objetivos compartidos, intercambiando experiencias y buenas prácticas. Estamos, por tanto, señorías, inmersos en un proceso decisivo de transformación y cambio de nuestra
Administración de Justicia. Queremos una mayor eficiencia y una mayor rentabilidad del sistema, y para ello productividad y calidad han de ir de la mano.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D.ª MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO (Número de expediente 680/000968).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Silva, que tiene la palabra.
La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, reciba usted la bienvenida del Grupo Parlamentario Socialista a esta Cámara, una bienvenida que le damos con una pregunta que es obvio que es la mayor preocupación a la que hoy se enfrentan las españolas y los españoles: el
desempleo.
Desde el ámbito de la política, por lo tanto, es una obligación prioritaria poner en marcha todos los instrumentos que permitan hacerle frente. Todas y cada una de las personas que han perdido su trabajo tienen que ser, como usted ha dicho,
el corazón y la razón de las medidas que se pongan en marcha. Este debería ser un compromiso asumido por todos: por el Gobierno, los agentes sociales, las comunidades autónomas, las entidades locales y, por supuesto, el conjunto de los grupos
políticos. No es admisible que nadie pueda usar a las desempleadas y desempleados como campo de batalla para obtener réditos electorales. Es la hora de que aunemos esfuerzos y rememos juntos en la dirección de buscar soluciones que permitan la
creación de empleo y la mejora sustancial de la atención que reciben los ciudadanos desempleados.
Es cierto, señor ministro, y hay que reconocerlo por más que algunos no lo hagan nunca, que el Gobierno español ha sido el primero que en una grave situación de crisis no ha abandonado a su suerte a los que perdieron su empleo. No solamente
se ha mantenido la protección por desempleo destinando todos los recursos necesarios, sino que se ha aumentado con la creación del Programa temporal de protección por desempleo e inserción para las personas que han agotado sus prestaciones; también
se ha hecho una reforma laboral que permitirá hacer frente a un mercado laboral que propicie la creación de empleo en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis. Pero hoy es cierto que se puede hacer más, que hay que hacer más, y es lo que
entendemos que pretende el Gobierno de España y usted, como ministro, con la reforma de las políticas activas de empleo. Entendemos que hay que escribir un nuevo futuro en que estas políticas permitan a las personas que han perdido su empleo
adquirir la formación que les capacite para encontrar un nuevo puesto de trabajo.
Esperamos que la responsabilidad de todos, especialmente de las comunidades autónomas, que son las responsables de la ejecución y gestión de estas políticas activas de empleo permitan llevar a cabo una reforma, sin duda, necesaria y urgente.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
La señora SILVA REGO: Termino, señor presidente.
Y por eso le preguntamos sobre los objetivos que el Gobierno se plantea para reformar estas políticas activas de empleo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señor presidente.
Señoría, usted sabe bien que España tiene un buen sistema de protección por desempleo. España protege aproximadamente a cuatro de cada cinco desempleados, lo ha venido haciendo durante la etapa de auge y lo sigue haciendo ahora durante la
etapa de franca recesión en la que nos encontramos.
Gastamos mucho en proteger a los desempleados y gastamos demasiado poco en políticas activas frente al desempleo. Son políticas que pretenden dinamizar la situación de los desempleados, que pretenden mejorar la formación, que pretenden
dedicar más esfuerzo económico a la formación de los desempleados. Y son políticas también destinadas a que los servicios públicos de empleo, los servicios que están en manos de nuestras comunidades autónomas, mejoren su capacidad de
intermediación; mejoren también su capacidad de asesoramiento y de acompañamiento personalizado a los desempleados.
Nosotros creemos que la política correcta en este momento es esta: es una política de tratar de destinar más fondos en la política activa, porque los países que han tenido más éxito en estas circunstancias son aquellos que han logrado
reducir el gasto en desempleo gastando más, invirtiendo más en política activa. Este es el objetivo esencial, el objetivo de lograr que en un relativamente corto espacio de tiempo las comunidades autónomas tengan la ayuda del Estado para lograr
mejorar la capacidad de sus servicios públicos de empleo y también, por cierto, que el concurso de la iniciativa privada sea también importante en esta materia. España necesita las dos cosas: necesita tener mejores servicios públicos de empleo y
que la iniciativa privada también se comprometa en el ámbito de la intermediación laboral. En la medida de lo posible, nosotros creemos que no hay relación de sustitución entre una y otra iniciativa: que es bueno que los operadores privados
colaboren con los servicios públicos de empleo y es muy importante que los servicios públicos de empleo concierten nuevas acciones de inserción laboral con la iniciativa privada.
Nosotros queremos contar, por supuesto, con el concurso de todos los grupos parlamentarios, pero también esperamos contar, es imprescindible, con el concurso de las comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. RAMON ALTURO LLOAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE SI EL GOBIERNO ESTÁ TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLA LA LEY DE MOROSIDAD (Número de expediente 680/000960).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Alturo.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, ¿el Gobierno está tomando las medidas necesarias para que se cumpla le Ley de morosidad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, desde que se aprobó esta ley, con la finalidad de convertirla en un instrumento eficaz y con la mayor rapidez posible, hemos difundido, como sabe, su contenido no solamente a través de la página web del ministerio, sino también en
el pleno del Observatorio de la Distribución Comercial y en el pleno del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, que se celebraron los pasados 30 de junio y 22 de julio.
Por otra parte, hemos ido perfilando los sistemas de control que establece la ley, en su artículo 2, y que va a culminar con la remisión con una perioricidad anual de un informe a las Cortes Generales sobre la situación de los plazos de pago
que permitan analizar la eficacia de esta norma. Este informe también va a ser lógicamente publicado en la página web del Ministerio de Industria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ya hace más de cuatro meses que fue publicada la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta ley supone una de las reformas estructurales
más importantes que se hayan puesto en marcha en los últimos años y, como bien sabe promovida por nuestro grupo parlamentario, nos acerca a Europa, permite dar liquidez a pymes, a autónomos en estos momentos de crisis económica y grave falta de
liquidez, evita el pacto entre partes y la situación de abuso de algunos sectores, entre otras cosas.
Este Gobierno, señor ministro, ante las presiones de algunos sectores económicos, no hace lo que tiene que hacer, que es aplicar y hacer cumplir una ley, lo cual es muy grave. O si no es así, explíquenos por qué la subdirectora general de
Comercio Interior ha firmado un informe, el que se ha dictaminado y ex profeso una interpretación del régimen jurídico en materia de aplazamientos de pago más favorable para los intereses de las grandes superficies comerciales y que, dicho sea de
paso, ha sido rechazado por las comunidades autónomas, donde ellas son competentes. O por qué el Gobierno pretende eliminar la disposición adicional cuarta que supone una nueva línea de crédito ICO-morosidad Entes Locales a través de la ley de
Presupuestos, como si los ayuntamientos tuvieran una buena financiación. O cómo está cumpliendo el artículo 2, al que usted también ha hecho referencia, en el que se establece que su ministerio realizará un seguimiento específico de la evolución de
los plazos de pago y de la morosidad de las operaciones transaccionales comerciales. O cómo va a poner en marcha el Observatorio contra la morosidad y cuándo o el cumplimiento del artículo 4 en el que el interventor general del Estado elaborará
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta ley para el pago de las obligaciones de la Administración General del Estado. Y todo ello dónde nos conduce: al doble ahogo a los autónomos y pymes por falta de
liquidez. De los 55 días que tienen que pagar a sus proveedores, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y entes locales, tardan ahora de media 158 días, cuando en Europa es de 67 y las empresas tardan 101 días, cuando el promedio en
Europa es de 57 y, por otro lado, tener que adelantar el IVA de facturas no cobradas, mientras el grifo del crédito continúa cerrado. El riesgo es que 100 000 negocios más puedan cerrar, con lo que pueda conllevar de cifras de paro. Según ATA, más
del 90% de las administraciones incumplen los plazos y asfixian el 64% de autónomos y pymes, 1 800 000, con una deuda de más de 34 000 millones de euros.
Señor ministro, ya no solo somos líderes en Europa en paro, que doblamos, sino que lideramos también la morosidad doblando la media...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor ALTURO LLOAN: ... de la Unión Europea.
Sinceramente, señor ministro, tenemos un problema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señor presidente.
Señoría, al no haberse derogado, su señoría lo sabe, expresamente por la nueva norma, el régimen de los productos de gran consumo que no son de alimentación, se mantienen los plazos previstos en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista,
ya que creemos que prevalece el criterio de especificidad. Esto se refuerza -y no lo olvide su señoría- por el hecho de que el sector de la distribución comercial es el único sector de la economía que tiene, además del especial sistema citado, un
régimen sancionador, un régimen administrativo de sanciones por incumplimiento de plazos, desde el año 1996. Todo ello, sin perjuicio de la interpretación que puedan hacer los tribunales.
Con ello cumplimos con la normativa vigente, como también cumplimos al llevar a cabo los trabajos y contactos necesarios para permitir que los observatorios de la Apyme puedan realizar el seguimiento que especifica la ley en el artículo 2,
que ha mencionado su señoría, a través del grupo de trabajo que se ha constituido a tales efectos, y que tiene previsto reunirse el próximo mes; un grupo de trabajo en el que participan otros organismos ministeriales y también el Instituto Nacional
de Estadística, el
Registro Mercantil y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, entre otros. Para incluir en este grupo de trabajo a los representantes que exige la ley, en concreto a la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y a
asociaciones multisectoriales de ámbito nacional, y para atribuirle las funciones correspondientes, hay que modificar el real decreto que regula el observatorio de la Apyme, algo en lo que ya estamos trabajando. Con ello, tratamos de establecer un
instrumento ágil y eficaz, que dé respuesta a lo que establece la ley en su artículo 2, que es la mayor garantía del control de su cumplimiento, en consideración a sus señorías, aquí, en sede parlamentaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ REQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA RECLAMAR, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, A LA SOCIEDAD
GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO HA PAGADO EN CONCEPTO DE CANON DIGITAL (Número de expediente 680/000962).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Vázquez. Tiene la palabra su señoría.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, una sentencia del 21 de octubre de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado no conforme a derecho la aplicación indiscriminada del canon por copia privada a equipos, aparatos y soportes
digitales que contiene la modificación del año 2006 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Es decir que esta normativa no se ajusta al artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29 relativa a la armonización de los derechos de autor y
afines en la sociedad de la información.
Desde ese día 21 de octubre, señor ministro, se ha desatado una verdadera tormenta de especulaciones expresada a través de los medios de comunicación. Desde reclamaciones anunciadas por las empresas en cuanto a la reclamación indiscriminada
declarada ilegal, hasta la interpretación de la SGAE de defensa numantina de la actual normativa. Desde el anuncio de una avalancha de reclamaciones a la SGAE por distintas administraciones públicas, hasta la negación del derecho de retorno de
estos cobros. Desde la anunciada recopilación de documentación de empresas por parte de las cámaras de comercio, hasta las interpretaciones contrarias de irretroactividad y carencia de base jurídica de la sentencia europea. Y desde el
abanderamiento de algunas administraciones autonómicas -de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo- en la presentación de reclamaciones hasta la interpretación del Gobierno vasco, que ve lógica la no devolución de los cánones indebidamente cobrados.
También las administraciones locales se han manifestado, señor ministro, y ayuntamientos de todo color político, como los de Cádiz, Barcelona o Castellón, se están movilizando, y se están creando plataformas de reclamación por vía administrativa.
Por tanto, señor ministro, una verdadera alarma digital.
Por ello, le pregunto si, ante esta situación, el Gobierno va a continuar impasible, o piensa reclamar la devolución de los importes que la Administración General del Estado ha pagado en concepto de este canon y que se encuentran afectados
por la sentencia del Tribunal Europeo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno está analizando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado 21 de octubre, en atención a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona. Nuestra intención, partiendo
del actual marco normativo, es trabajar en el establecimiento de fórmulas de consenso con todos los sectores involucrados, que respeten de forma equilibrada los derechos de todos; incluyendo, por supuesto, los derechos de los autores. Por
responsabilidad política y por respeto a la independencia de poderes, no voy a entrar en cuestiones que corresponden al ámbito judicial. Tenemos que ser respetuosos con el trabajo de jueces y magistrados, no puede ser de otra manera.
Dicho esto, parece que tenemos dos opciones: la nuestra, que defiende que los ciudadanos continúen teniendo derecho a hacer copias privadas de originales legalmente adquiridos; y la de otros que, por lo visto, pretenden quitarles ese
derecho. Porque convendrá su señoría conmigo en que, si queremos que se mantenga el derecho a copiar originales legalmente adquiridos para uso privado, debe haber una compensación para los autores. Esto no lo dice el Gobierno de la nación, lo dice
la propia Unión Europea en su directiva del año 2001, cuya trasposición ha llevado a que 22 de los 27 países de la Unión Europea hayan establecido un marco legal muy similar al que tenemos en España; marco legal al que, por cierto, su grupo también
prestó su apoyo, cuando se tramitó la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en vigor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, senador.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.
Aquí no se está poniendo en cuestión, ni mucho menos, los derechos de todos, incluidos los de los autores y los de
los usuarios, ni tampoco el respeto al ámbito judicial al que usted se ha referido. Vamos un paso más allá: estamos diciendo que hay una legislación que no se adecua a la normativa comunitaria, concretamente en lo que se refiere a esta
sentencia cuando dice textualmente: en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de los usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos de la realización de
copias privadas. Por tanto, no entra dentro del ámbito que usted ha dicho. Además, esto ya lo advertimos, tanto yo como mis compañeros del grupo, a través de diferentes mociones, en este periodo de sesiones, en el Pleno anterior, y también en el
pasado periodo de sesiones.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor VÁZQUEZ REQUERO: Por tanto, de lo que se trata, señor ministro, es de poner coto al asunto, y de que esta alarma que se está generando en las redes sociales no siga engordando.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la sentencia ha declarado conforme al derecho comunitario el sistema de cobro de un canon digital por copia privada; eso es lo primero que hay que aclarar. Solamente ha puesto en cuestión la aplicación indiscriminada del canon a
aquellos dispositivos no destinados a la realización de copias privadas. Ahora, el siguiente paso es atender a lo que diga la Audiencia Provincial de Barcelona, que será la que decida el alcance de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en este asunto. Circunstancias que el Gobierno va a tener muy en cuenta, para buscar fórmulas consensuadas que respeten y refuercen el derecho de todos. Y lo hará, por supuesto, sin demagogias y sin falsos intereses.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. JAVIER MARQUÉS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE EL CRECIMIENTO DESCONTROLADO DE LAS SUBVENCIONES A LAS ENERGÍAS RENOVABLES HA PODIDO PROVOCAR UN INCREMENTO DEL DÉFICIT DE TARIFA
(Número de expediente 680/000963).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Marqués. Tiene la palabra, señoría.
El señor MARQUÉS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Doy por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno considera que es posible compatibilizar una reducción del déficit tarifario con el cumplimiento de los ambiciosos objetivos en materia de energías renovables que tenemos y que hemos asumido dentro de nuestros compromisos
europeos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Marqués.
El señor MARQUÉS LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señoría, me parece muy bien, pero hay una realidad, y es que en los últimos seis años el déficit de tarifa se ha disparado y está sin control. Hoy mismo han aparecido dos noticias en la prensa que lo confirman: una, estimación récord este
año, por encima de 6000 millones y, dos, calificación de situación insostenible por el consejero delegado de una gran empresa. A usted le gusta decir que se inició en el año 2000, gobernando el Partido Popular, y tiene razón. Pero lo que no dice
es que se estableció como algo puntual, como algo coyuntural, para corregir las estimaciones de cada periodo; y como tal funcionó hasta el año 2004, con mínimas desviaciones. Pero a partir de 2005 se produjo un crecimiento desproporcionado que no
han podido controlar, y que al final de este año estará en torno a los 18 000 millones de euros, consolidándose ya como un déficit estructural.
De esta manera, algo que nació de manera puntual, como algo coyuntural, se ha convertido, por las inadecuadas decisiones regulatorias que ustedes han tomado en un problema auténticamente estructural, causando un caos en el sector que les ha
obligado a preparar una nueva regulación que, por cierto, lleva mucho tiempo sin salir. Hoy había una noticia en la prensa que decía que habían llegado a un acuerdo. Evidentemente, si el acuerdo es razonable, el Partido Popular estará ahí.
Las energías renovables son necesarias y hay que impulsarlas, pero dentro de un marco regulatorio estable. En estos momentos, el sector energético se encuentra en una situación de gran incertidumbre y desconcierto, con una cantidad inmensa
de problemas; situación de desconcierto que reconocen ya en foros públicos sus propios colaboradores. Con este panorama no nos extraña que su más directo colaborador, el secretario de Estado de la Energía, quiera dejar el cargo. Y no es lo malo
eso, sino que es el cuarto en los últimos seis años, lo que da una idea de la provisionalidad e incertidumbre en que nos movemos.
Para terminar, quiero decirle que usted vino de ministro de Industria regalándonos bombillas e invitándonos a quitarnos la corbata. Yo espero que, después del tiempo que
lleva, se haya dado cuenta de que hay que hacer algo más para solucionar los problemas del sector energético español.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, el déficit tarifario lo crearon ustedes. Me alegro de que, por fin, lo reconozcan. Nosotros, además de regalar las bombillas, que significa apostar por unas políticas de ahorro y eficiencia energética, hemos sido el primer
Gobierno que ha conseguido resultados, y usted se debería alegrar de ello. El ahorro que hemos conseguido en el consumo de electricidad y en el consumo energético equivale al de todas las plantas nucleares que tenemos en España, que ustedes quieren
aumentar y hacer crecer para resolver nuestros problemas energéticos. Por supuesto, vamos a seguir con las políticas de ahorro y eficiencia energética.
Pero hemos hecho algo más. Publicamos un real decreto-ley, por cierto sin su oposición, en mayo de 2009, para arreglar el problema del déficit tarifario que ustedes crearon. En esa ley nos hemos fijado un plazo de cuatro años para eliminar
el déficit tarifario. Por cierto, este año va a estar en torno a los 4000 millones de euros. No sé de dónde se saca su señoría el dato de los 18 000 millones. Creo que la empresa que le pasa a usted los datos debería ser un poco más rigurosa en
la información. Sé perfectamente qué empresa eléctrica es la que le pasa los datos, y le está confundiendo como está confundiendo usted a los ciudadanos.
En cualquier caso, ¿cómo podemos reducir el déficit tarifario? Solamente hay dos vías: o aumentar los ingresos o reducir los costes. Aumentar los ingresos del sistema quiere decir subir el precio de la luz; y reducir los costes del
sistema quiere decir revisar todos los costes, fundamentalmente los costes regulados, o hacer una combinación de ambas.
Todas estas cuestiones forman parte de un pacto de Estado de energía, que hemos propuesto a todos los grupos parlamentarios,
incluyendo el suyo.
Les hemos remitido un documento y estamos esperando su respuesta. Lo único que deseo, y estoy seguro de que así será, es que el tono de la respuesta sea mucho más constructivo y mucho más presentable que el que ha tenido su
señoría hoy conmigo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA ADOPTAR ALGUNA MEDIDA PARA OFRECER A LOS USUARIOS DE TELEFONÍA E INTERNET UN SERVICIO DE CALIDAD A UN PRECIO JUSTO (Número de
expediente 680/000966).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Chiquillo.
Tiene la palabra su señoría.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señor Sebastián, ¿piensa el gobierno adoptar alguna medida para dar a los usuarios de internet y de telefonía móvil un servicio de calidad a un precio justo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Gracias, señor presidente.
Unos días somos defensores del mercado, y otros días parece que estamos en la Unión Soviética de Breznev. Pues no, no es el Gobierno el que se encarga de eso, sino que son los operadores de telefonía los que ofrecen ese tipo de servicios y
se encargan de ello. ¿Cuál es el trabajo del Gobierno en una economía de mercado? Su señoría lo sabe: fomentar la competencia, propiciar que los ciudadanos y empresas dispongan de más ofertas, de más calidad y de precios más asequibles. Esa es
la función del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, senador Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER. Gracias, señor presidente.
Usted sabe que el precio de la banda ancha en España es de los más caros de Europa. Lo que cuesta la banda ancha en España, según el panel de hogares de la CMT-Red.es, el gasto medio que realizó un hogar para contratar la voz fija junto a
los servicios de banda ancha fue de 34 euros mensuales, sin incluir el alquiler de la línea, superando y doblando incluso la media de los países de la Unión Europea. Distintos informes nacionales e internacionales denuncian desde hace años que
España está muy por encima de la media europea en los precios y muy por debajo de la media europea en la calidad. El Defensor del Pueblo reclamó en su último informe que se convirtiera Internet en un servicio universal.
Recientemente, usted dijo, señor ministro, no sé si copiándolo de un programa de Breznev o de Stalin, que era importante que se superara la brecha digital y que, ante ello, el Gobierno tendría que tomar medidas porque esto no respondía solo
a factores generacionales sino también a factores económicos y sociales que deberíamos superar cuanto antes; con lo que daba por hecho que el Gobierno podía hacer, y mucho, en esta cuestión. No sé si eso es intervencionismo, pero está claro que el
derecho universal
supone precios asequibles y, por lo tanto, el Gobierno tiene instrumentos para vigilar y controlar a las operadoras, que están amenazando con hacer desaparecer las tarifas planas.
Por ello, le pido -y no es ningún intervencionismo- que su ministerio cumpla los mandatos de esta sede, del Senado, de las Cortes Generales, donde hace un año y hace dos meses le pedíamos a través de mociones dos cosas: garantizar a todos
los españoles, en el marco del servicio universal, su acceso a Internet y a telefonía móvil a un precio asequible y de calidad adecuada; y, en segundo lugar, un compromiso claro -y esto no es intervencionismo- con las tarifas planas, porque ante
los movimientos concertados que están haciendo las operadoras para cargarse la tarifa plana, con lo que flaco favor harían a la proyección y el crecimiento de la sociedad de la información en nuestro país, el Gobierno tiene que hacer algo. Y eso no
es intervencionismo. Eso es defender los intereses generales.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
¡Qué malas son las operadoras de telefonía, qué malas son! Operadoras que ustedes privatizaron -recuérdenlo-, ustedes las privatizaron. Y ahora, unos años más tarde, son muy malas con los usuarios.
Señoría, creo que aquí venimos a hablar con cierto rigor y seriedad.
Sabemos que hay unos servicios de telefonía, también de Internet, que se benefician -creemos- de un mercado competitivo, que es lo que buscamos nosotros: un mercado lo
más competitivo posible, que haya buenas ofertas de servicios, tarifas planas, descuentos, diferentes modalidades de tarificación, diferentes calidades. Eso es lo que nosotros buscamos: que exista eso y que los ciudadanos dispongan de información.
Y los ciudadanos reciben puntual información no solo a través de los operadores sino también del Gobierno, de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones que nosotros creamos, este Gobierno -no su Gobierno-, y hacemos un continuo
seguimiento de precios y calidades. Este seguimiento se publica trimestralmente en el portal del ministerio que dirijo, y facilita a los usuarios información sobre precios y calidad.
Además, tenemos el abono social, abono que hemos ajustado porque
se había desviado respecto al IPREM, y, por supuesto, estamos trabajando para que estas ofertas de telefonía y de Internet sean más asequibles y de mayor calidad, que es lo que nos corresponde como Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE D. PERE SAMPOL I MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI EL MINISTERIO DE CULTURA PIENSA CUMPLIR LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2010 RESPETANDO LOS COMPROMISOS DE GASTO PLURIANUAL APROBADOS EN MATERIA DE
CULTURA EN LA ISLA DE MALLORCA (Número de expediente 680/000953).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sampol.
Tiene la palabra, señoría.
El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, parece ser que su ministerio no tiene previsto cumplir con los dos compromisos de gasto plurianual que refiero en la pregunta y que presentamos con el Grupo Socialista durante la tramitación de los presupuestos para 2010.
La pregunta es si piensa cumplir con estos compromisos que se aprobaron.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias, señor presidente.
Ante todo, señoría, permítame felicitarle a usted y a todos los mallorquines por la declaración del Canto de la Sibila como patrimonio material de la humanidad, hace apenas unos minutos, en Nairobi. Nos alegra muchísimo. (Aplausos.)
El Gobierno tiene la obligación de cumplir la ley de presupuestos en Mallorca y en cualquier parte de España, y así lo hace siempre que las partidas sean acordes con la Ley General Presupuestaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señora ministra.
Recito el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, precisamente, que contempla la posibilidad de gastos plurianuales. Si no, haberlo dicho antes, señora ministra. La verdad es que, si no se cumplen estos dos compromisos, tampoco se va
a respetar el acuerdo entre el Grupo Socialista y yo, por el cual pactamos estas dos enmiendas durante la tramitación de los presupuestos.
En cualquier caso, y al margen de esto, permítame que le recuerde la importancia de estas dos inversiones. El museo de Can Prunera, de Sóller, forma parte del proyecto Tren de l'Art, que combina una oferta turística de paisaje y arte con la
exposición de obras de Miró, Picasso y numerosos artistas contemporáneos. Esta ejemplar iniciativa, fruto del mecenazgo de distintos empresarios y del
tren de Sóller, es un magnífico ejemplo de oferta cultural que debemos impulsar en Baleares para desestacionalizar la oferta turística, y ya supone un motor económico para el valle de Sóller.
En cuanto al Castillo de Alaró, que jugó un papel decisivo en la historia de Mallorca, le recuerdo que es un bien de titularidad estatal en el que están invirtiendo recursos el Ayuntamiento de Alaró, el Consell de Mallorca y los amigos del
Castell d'Alaró, un grupo de entusiastas. Creo que lo mínimo que debería hacer el ministerio es agradecer que particulares e instituciones aporten esfuerzos humanos y económicos para restaurar un bien que es competencia del ministerio, y mucho más
cuando en Baleares estamos a la cola en cuanto a inversiones culturales del Gobierno.
Señora ministra, al margen de los presupuestos del presente ejercicio, le ruego que ofrezca un convenio plurianual al Ayuntamiento de Sóller y al Consell Insular de Mallorca para cumplir con las expectativas que generamos, aunque tengamos
que diferir más los plazos. Comprendo sus problemas presupuestarios, pero no puede dejar en la estacada a instituciones y personas que, de forma altruista, colaboran con la cultura y el patrimonio de Mallorca, más aún cuando han asumido una
responsabilidad que corresponde a su ministerio.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor SAMPOL I MAS: Ya termino, señor presidente.
Hay dinero para lo que se quiere; por ejemplo, la semana pasada compramos un cuadro para el Museo del Prado por valor de siete millones de euros; más que lo que ha invertido su ministerio en diez años en el museo de Mallorca. Por tanto,
haga un esfuerzo, por favor, porque no caerá en saco roto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Gracias, señoría.
Las subvenciones nominativas, como las que usted ha citado, nunca tienen carácter plurianual. Es cierto que fueron planteadas como un gasto plurianual, pero el ámbito temporal de las leyes de presupuestos es el año natural. En la ley de
presupuestos solo se contempla con programación plurianual el capítulo 6, de inversiones reales, no siendo además vinculante esta programación para los siguientes ejercicios porque, de alguna manera, eso podría estrangular la autonomía política de
un Gobierno. Por lo tanto, el capítulo 7, de transferencias de capital, no es plurianual y solo excepcionalmente el ministerio adquiere ese compromiso mediante la firma de un convenio, que se ajuste a las normas de la Ley General Presupuestaria, y
este no ha sido el caso.
Sin embargo, estamos en el momento oportuno para que su señoría, dentro del trámite parlamentario, presente las correspondientes enmiendas, sin olvidar nuevamente, eso sí, que los gastos que se comprometan serán los del ejercicio 2011 y que
cualquier otra disposición establecida tendrá solo el valor de declaración de intenciones política, pero estará sujeta a las exigencias presupuestarias de cada uno de los ejercicios futuros.
Los gastos comprometidos en el presupuesto 2010 del Ministerio de Cultura se están cumpliendo rigurosamente: se ha redactado el proyecto de ejecución para la restauración del campanario y el claustro de la catedral de Palma; se encuentra
en ejecución la restauración de diferentes piezas del museo de Palma; en 2010 se reunió la comisión mixta de Fomento y Cultura y aprobó la restauración del Baluarte del Príncipe, fases B y C, en Palma, la restauración del Monasterio de la Real y la
canalización de las aguas del claustro. Además, en 2010 se han librado pagos por 100 000 euros para la fundación Can Prunera, del Ayuntamiento de Sóller; del mismo modo que se han librado pagos por 200 000 euros para la restauración del Castell
d'Alaró. Le puedo asegurar que el Ministerio de Cultura cumplirá todas las obligaciones asumidas en las Islas Baleares y, en concreto, en Mallorca. Así, en 2010 hemos financiado la redacción del proyecto de rehabilitación del museo de Mallorca,
por importe de 66 000 euros; y esa rehabilitación, cuyo presupuesto es de más de 4 millones de euros, la iniciaremos en 2011.
Muchas gracias por su interés. Le mantendré informado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. LLUÍS MARIA DE PUIG OLIVE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA INTENSIFICAR LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, UNA VEZ CUMPLIDOS VEINTICINCO AÑOS DEL PLAN NACIONAL SOBRE
DROGAS (Número de expediente 680/000958).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador De Puig.
Tiene la palabra.
El señor DE PUIG OLIVE: Señora ministra, hace pocos días se conmemoraron en su ministerio los 25 años de la puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas, en una ceremonia solemne, importante, en la que, por otra parte, se concedió la
medalla de oro a título póstumo a quien fue titular del Ministerio de Sanidad, el añorado y llorado Ernest Lluch.
Las valoraciones que se hicieron del desarrollo de los 25 años de este Plan Nacional sobre Drogas fueron casi todas positivas, viniendo de todo el espectro político, de muchos actores desarrollo de la puesta en marcha del plan y de su
desarrollo a lo largo de todos estos años. A mí me llamó la atención, señora ministra, que, después de las valoraciones de los 25 años, usted, en su discurso, y otros que intervinieron señalaron hasta qué punto el asunto de la droga había cambiado
en nuestro país desde aquellos
momentos fundacionales del Plan Nacional sobre Drogas. Ha cambiado el consumo de drogas. Hemos visto cómo la gran preocupación era la heroína, hoy no lo es; pero ahí están la cocaína, las drogas sintéticas, etcétera.
Nuevos desafíos,
nuevos peligros, nuevas necesidades de atajar el problema, con unas características que no son estrictamente las iniciales del Plan Nacional sobre Drogas.
Es por esto, señora ministra, por lo que yo quería preguntarle por el futuro, sobre todo por el futuro inmediato: ¿cuáles son las medidas que piensan tomar el ministerio y el Gobierno para intensificar la lucha contra la drogas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, se han cumplido 25 años desde que el ministro Ernest Lluch pusiera en marcha el Plan Nacional sobre Drogas, y hace un par de semanas tuvimos ocasión de reconocerlo y de homenajear a quien tuvo el coraje y la valentía
de empezar ese camino.
A lo largo de este tiempo hemos contado con un reconocimiento generalizado, como también recordaba su señoría. La lucha contra las drogas y la drogadicción no puede admitir ninguna duda y no puede estar sujeta a ninguna otra actitud que no
sea la suma de voluntades y esfuerzos para atajar el consumo de sustancias que dañan la salud individual y colectiva, y para que disminuyan los riesgos de marginación social de las personas.
Es verdad que el Plan Nacional sobre Drogas ha funcionado. Pero también es verdad, y lo decía en mi intervención, que nos queda mucho camino por recorrer porque, desgraciadamente, todavía no podemos bajar la guardia.
Pregunta su señoría
qué medidas vamos a adoptar después de estos positivos 25 años de vigencia del plan, y le diré que muchas de ellas están en marcha y contienen acciones de planificación concretas, en las que esta ministra está de acuerdo. En primer lugar, se
encuentra vigente la Estrategia Europea sobre Drogas 2005-2012 y su correspondiente plan de acción que, en mi opinión, está muy bien orientado. Como consecuencia de esta planificación se aprobó, además, la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016
y su correspondiente plan de acción. Por otro lado, además de con las Administraciones de todo tipo, contamos con la colaboración imprescindible de las organizaciones no gubernamentales. El objetivo es poner en marcha las acciones que he
mencionado, para hacer frente no solo al fenómeno del consumo de drogas sino, como bien decía, a la aparición de nuevas situaciones, como las nuevas sustancias, los nuevos hábitos y patrones de consumo y de comercialización, y nuevos consumidores.
En definitiva, como decía su señoría, estamos afrontando también nuevos retos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D.ª MARÍA ÁNGELES FONT BONMATÍ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI, TRAS LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE CÁRITAS, EL GOBIERNO SIGUE PENSANDO QUE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS ESTÁN AHORA «MEJOR» QUE EN EL
AÑO 2004 (Número de expediente 680/000967).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Font.
Tiene la palabra, señoría.
La señora FONT BONMATÍ: Gracias, presidente.
Doy por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Señoría, no voy a perder ni un minuto del tiempo que tenemos su señoría y yo para atender a las familias más vulnerables discutiendo sobre algunas frases sacadas de
contexto en algún debate parlamentario. Lo que sí voy a hacer es recordar algunos de los informes que ustedes utilizan en este tipo de preguntas. Vamos, por tanto, al estudio del INE, que dice que todos los indicadores que miden la situación de
las personas y las familias, tanto de los menores de 16 años como de los de 16 a 64 años y más de 65, muestran mejor relación con su situación que los del año 2004.
También quiero recordar que el último informe sobre el índice de desarrollo humano, elaborado por las Naciones Unidas, recuerda que seguimos mejorando nuestra posición como país; es más, hemos subido un puesto, superando a países como
Italia, Reino Unido y Portugal en el nivel del bienestar. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): No le voy a negar, señoría, que hay muchas personas que están atravesando en este momento situaciones difíciles como consecuencia de la crisis económica. Nunca lo he
negado, pero es evidente que la actual coyuntura ha hecho que tengamos que atender de forma especial a las personas que peor lo están pasando y a los colectivos que son más vulnerables socialmente.
Pero no es menos cierto, y eso es lo que ustedes no dicen, que hoy tenemos más instrumentos para hacer frente a las necesidades de esas familias, y lo estamos haciendo a través de las políticas sociales, a las que destinamos más de la mitad
del gasto público de este Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Font.
La señora FONT BONMATÍ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, lo que usted acaba de decir no lo perciben así nueve millones de españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza. Y no solamente es eso, sino que el pasado mes de octubre usted y el presidente del Gobierno
aseguraron que las familias hoy están en mejores condiciones que en el año 2004. Y yo me pregunto, señora Pajín, si con los datos en la mano nos puede explicar cómo se puede vivir mejor sin trabajo, sin ingresos o con una disminución muy importante
de ellos, como han hecho ustedes recortando a los funcionarios y a los pensionistas. A la vez, nos suben impuestos especiales, el IVA, el IRPF, la luz, el gas, y además se castiga el ahorro. ¿Me puede explicar su señoría cómo es posible que así se
pueda vivir mejor?
No sé en qué estadísticas o magnitudes económicas se apoyan ustedes para sostener una visión así de optimista pese a la mala situación de millones de parados, de pensionistas, de familias y de jóvenes. Desde luego, ese idílico bienestar
dista mucho del último informe realizado por Cáritas, donde se muestra la más exacta radiografía de la pobreza en España, sin enjuagues y sin cortinas de humo. En él se contempla que un 22%, señora ministra, un 22% de los hogares en España están
por debajo del umbral de la pobreza, que los que eran vulnerables antes de la crisis ahora están sumidos en ella, y en ese mismo informe se afirma, además, que son ochocientos mil los ciudadanos que acudieron a los despachos parroquiales en demanda
de ayuda para hacer frente a situaciones de primera necesidad, desde comida y vestido hasta para pagar la luz, el agua, el alquiler, etcétera. El doble que hace dos años.
Además, señoría, en estos tiempos ha aparecido el denominado hurto famélico, que no existía entonces, es decir, robar para poder comer.
Asimismo, se produce el lamentable espectáculo de ciudadanos rebuscando comida en los cubos de basura.
A todos ellos tendrá que explicarles su señoría que viven bastante mejor que en el año 2004.
Pero lo más alarmante de este informe no son los ciudadanos atendidos sino lo que dice Cáritas, en el sentido de que la cifra de personas sin recursos va en aumento y, por tanto, hay una curva ascendente de españoles en graves apuros que no
ha hecho más que empezar, sobre todo por la persistencia de la crisis y por la reducción de las ayudas públicas. Frente a esto su Gobierno, al que tanto se le llena la boca con las políticas sociales, ha recortado las ayudas a las asociaciones; ha
reducido en doce millones de euros el fondo para la red básica de los servicios sociales, donde están incluidos los albergues y los centros de acogida; ha reducido en un 40% el fondo de integración de los inmigrantes; el plan estatal del
voluntariado ha desaparecido prácticamente; los programas para menores en situación de dificultad social y de maltrato, etcétera. Estas son las políticas socialistas, y esto es lo que ustedes llaman invertir en política social.
Por último, me van a permitir resaltar la magnífica labor que está realizando la iglesia católica a través de organizaciones como Cáritas y Manos Unidas con las personas más vulnerables y necesitadas, no solamente en España sino también
fuera de nuestras fronteras, y que lejos de recortar medios y esfuerzos los multiplican.
Muchas gracias. (Aplausos en lo escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias.
Señoría, es una pena que usted no reaccione ante mi primera respuesta, porque le he hablado de que no íbamos a perder un segundo en discutir sobre frases, sino sobre datos. Le he dado datos, y usted ha sido incapaz de reaccionar.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Mire, usted hace referencia ahora a un informe concreto de una entidad cuya labor, como a usted, me merece todos los respetos. Tanto es así, que este año recibe una
parte importantísima del concepto del IRPF de todos los españoles.
Pero también hay que tener en cuenta otros informes que reflejan la reducción de la pobreza y las desigualdades en los últimos años para debatir con rigor y sin demagogia sobre algo tan importante. Así, los últimos datos de la encuesta de
condiciones de vida referentes a la tasa general de riesgo de pobreza establecen nada menos que una mejora de cinco puntos para los mayores de 65 años entre los años 2005 y 2010.
¿Señoría, sabe cómo se llama eso? Pensiones mínimas que este
Gobierno ha ido aumentando año tras año. (Aplausos.) Y es más, si tiene en cuenta la imputación del alquiler de la vivienda, esa tasa disminuye casi dos puntos desde el año 2007. A su vez, hemos incrementado las rentas de las familias con menos
ingresos con los incrementos anuales del salario mínimo interprofesional, facilitando el pago de las hipotecas y atendiendo especialmente a las familias más vulnerables.
Señoría, no solo hay un 58% de gasto social en los presupuestos, es que, además, para hablar de política social no valen solo las palabras. Yo estoy convencida de que usted tiene sensibilidad, pero le recuerdo que hoy se está aumentando la
política social, y cuando ustedes gobernaban, en época de bonanza, aquella se reducía. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes, señoría. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D.ª CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA PROPUESTA NORMATIVA PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Número de
expediente 680/000972).
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
Pregunta de la senadora Maestre.
Tiene su señoría la palabra.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida a esta su Casa. Enhorabuena por su nuevo nombramiento. (Rumores.) Está usted de doble enhorabuena, aunque parece que a algunos no les gusta -al menos esa es mi opinión-. Y está usted de doble enhorabuena,
porque forma usted parte del Gobierno de España, que va a llevar a cabo importantes iniciativas en un momento crucial para nuestro país, y porque le toca a usted ostentar una de las áreas más importantes y de las que -aunque al Grupo Parlamentario
Popular no le guste- nos sentimos más orgullosos. Porque ha sido con los Gobiernos socialistas con los que más han avanzado los ciudadanos, como ha dicho la señora ministra -no voy a redundar en ello-, y verdaderamente nos sentimos orgullosos
-repito-, aunque al Grupo Parlamentario Popular, tal y como acabamos de oír, parece que no le gusta.
Es también un momento muy importante, señora ministra, en el área que va a llevar a cabo porque, con las circunstancias y las dificultades económicas y sociales que hay en este momento, se siguen priorizando las políticas sociales y
sanitarias. Como decía antes, nos sentimos muy orgullosos por todo lo que hemos avanzado en los últimos años gracias a los Gobiernos socialistas, desde la Ley General de Sanidad -aquí se ha nombrado a Ernest Lluch-, de hace más de 20 años, y que ha
consolidado el Sistema Nacional de Salud-, hasta todas las políticas de modernización que hemos llevado a cabo principalmente los Gobiernos socialistas. Hoy en día hablamos de las nuevas tecnologías aplicadas al Sistema Nacional de Salud, hablamos
de la excelencia, de la calidad, de la humanización del servicio sanitario, de reducir listas de espera, en definitiva, de mejorar la sanidad, por la que tanto hemos trabajado y de la que tan orgullosos nos sentimos. Pero es cierto que no vamos a
caer en la autocomplacencia. Hay muchos retos, y uno de ellos, muy importante, es que a pesar de los grandes avances que hemos conseguido en el ámbito sanitario aún tenemos que llegar a la cobertura universal, es decir, al cien por cien de la
población en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Sabemos que tenemos esa cuenta pendiente y sabemos también que el Gobierno ya ha hecho pública su voluntad de afrontar ese avance normativo para llegar al cien por cien de la población, aunque
prácticamente está ya cubierta. Por eso precisamente quisiera, señora ministra, preguntarle cuál es la previsión de ese avance normativo para la universalización de las prestaciones sanitarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.
Como bien dice su señoría, el tema que plantea es de gran importancia; desde luego, lo es para el Gobierno, como sé que también lo es para el Grupo Parlamentario Socialista. Y quisiera aprovechar para felicitar al equipo del Ministerio de
Sanidad que ha trabajado en ello, tanto a quienes formaron parte del equipo de la ministra Jiménez como al que hoy tengo el privilegio de que trabaje conmigo en la elaboración de esta propuesta tan fundamental para los ciudadanos españoles.
Como sabe, el Gobierno, a iniciativa del ministerio, elaboró una propuesta normativa que permitía extender el derecho a la asistencia sanitaria pública a aquellos y aquellas que no lo tuvieron reconocido. Hay que indicar -seguramente muchos
ciudadanos no lo sepan- que aunque nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una cobertura prácticamente universal, de la que nos sentimos orgullosos, existía una minoría de ciudadanos y ciudadanas españoles, entre aproximadamente el 0,2 y el 0,4% de
la población, que carecían de acceso a este sistema.
¿Qué permitirá, por tanto, esta ley? Que en torno a 200 000 personas -ese es el cálculo que se hace- puedan beneficiarse de este derecho, entre las que se incluyen especialmente el colectivo de parados, que no perciben subsidios
asistenciales de desempleo y que tienen rentas o recursos anuales por encima del indicador público de renta de efectos múltiples, o una cantidad superior a dos veces dicho indicador si tienen hijos menores o discapacitados a su cargo.
Respondiendo a su pregunta, señoría, el texto normativo se encuentra en una fase ya muy avanzada y tendrá en breve su entrada en el Consejo de Ministros. Con ello le quiero decir que ya está todo preparado para que una vez que sea aprobado
en el Consejo de Ministros se inicie el trámite parlamentario, en el que, como no podía ser de otra manera, deseamos el consenso de todos los grupos parlamentarios. Es, sin duda, una iniciativa que supone un paso más hacia la equidad en el acceso a
nuestro Sistema Nacional de Salud y que vendrá por fin a cubrir el cien por cien del proceso de universalización de la asistencia sanitaria, que emprendió precisamente un Gobierno socialista. Y además, quiero decir que es significativo que esta
propuesta se esté llevando a cabo en momentos de especial dificultad económica global, lo que pone de manifiesto una vez más la voluntad política y la sensibilidad social de este Gobierno.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D. FRANCISCO JAVIER TUÑÓN SAN MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS ATAQUES VIOLENTOS DEL EJÉRCITO MARROQUÍ SOBRE LOS CAMPAMENTOS EN EL AAIÚN (Número de expediente
680/000954).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Tuñón.
Tiene su señoría la palabra.
El señor TUÑON SAN MARTÍN: Buenas tardes, señor presidente.
Señora ministra, después de los ataques de las fuerzas marroquíes al campamento saharaui y, por extensión, a El Aaiún, el bloqueo informativo impuesto por las autoridades de Rabat ha impedido establecer con claridad el número de muertos,
heridos, desaparecidos y daños causados. Desde entonces, desde el 8 de noviembre, la escalada del desafío del Gobierno alauita no ha hecho sino aumentar, como lo atestigua la expulsión de cuantos testigos internacionales pudieran dar testimonio de
lo que sucedía. Hay que recordar que los periodistas españoles no han podido entrar. Se retiró la credencial al corresponsal del ABC y se expulsó a tres periodistas de la Cadena SER. Tampoco se ha dejado entrar a representantes políticos, y los
activistas españoles de las ONG han sido perseguidos y expulsados. Aun así, el portavoz del Gobierno marroquí llegó a declarar este fin de semana que los medios de comunicación españoles están realizando un llamamiento al odio y a la incitación a
la violencia.
Señora ministra, en este asunto del estupor hemos pasado a la indignación.
A la indignación, por la impunidad con que Marruecos está imponiendo la fuerza con total desprecio al pueblo saharaui y la indiferencia de la comunidad
internacional, y también a la decepción, por el tibio papel que hasta ahora está jugando el Gobierno de España. El Gobierno de España ha terminado por adoptar como oficial una reacción propia del dios romano Jano, el de las dos caras; por un lado,
dice que lamenta este asalto, pide que se aclaren los hechos y reitera su simpatía con las reivindicaciones del pueblo saharaui; por otro, el Gobierno y su presidente manifiestan que en crisis así cualquier respuesta ha de ser contenida, sometida
siempre a lo que se ha calificado de intereses nacionales. Las palabras amables para los saharauis; los hechos, la cesión, ante Rabat. La lógica de este razonamiento es muy preocupante porque puestos en una balanza, de una parte, la defensa de
los derechos humanos y los derechos democráticos de la población saharaui y, de otra parte, los intereses económicos y geoestratégicos en juego, éstos prevalecen.
Yo creo que existe un clamor colectivo que pide al Gobierno una actitud más firme, que intervenga y que condene la violencia marroquí. Y en este sentido también me hago eco, como senador elegido por el Parlamento de Navarra, de la
declaración aprobada por unanimidad el pasado 9 de noviembre, en la que el Parlamento de Navarra condena los actos de violencia del Gobierno de Marruecos sobre la población saharaui y reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en
los términos acordados por la ONU.
Por eso, señora ministra, le reitero mi pregunta: ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno ante estos ataques violentos del ejército marroquí sobre la población saharaui y ante este conflicto enquistado, que ya dura 35 años?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno de España, como todos los Gobiernos e instituciones internacionales, ha expresado su profunda preocupación por los sucesos recientes en el Sáhara Occidental. Al mismo tiempo, el Gobierno ha pedido siempre respeto por
los derechos fundamentales y ha apelado al diálogo entre las partes, Marruecos y el Frente Polisario, en el marco de las Naciones Unidas como único cauce para encontrar una solución negociada al conflicto. Y lo ha hecho utilizando su relación
privilegiada con todos los actores, porque le recuerdo, señoría, que mantener una interlocución con Marruecos es lo que nos permite avanzar hacia una solución del conflicto acompañando en todo momento el proceso de negociación. Y esa misma
interlocución es lo que nos ha permitido, señoría, solicitar y pedir en reiteradas ocasiones a las autoridades marroquíes una investigación para esclarecer lo ocurrido, así como que permitan la libre actuación de los profesionales de los medios de
comunicación para garantizar, asimismo, una información veraz y trasparente.
Insisto, señoría, en que no ha habido ningún Gobierno ni institución ni organismo internacional que haya dado datos sobre cifras de víctimas porque todavía ninguna de las dos partes ha podido aportar datos fehacientes que nos permitan hacer
determinadas afirmaciones; y sin confirmación de los datos un Gobierno responsable no debe especular.
Los hechos tienen consecuencias, pero los pronunciamientos sin datos también la tienen, señoría. A partir de la información que tenemos, el Gobierno ha pedido una investigación para esclarecer lo sucedido; ha hecho, como no podía ser de
otra manera, un llamamiento a la serenidad, a la contención, para que pueda recuperarse el clima de normalidad cuanto antes; y ha hecho un llamamiento -insisto- a Marruecos y al Frente Polisario para continuar con las negociaciones directas.
Señoría, el Gobierno está convencido de que la solución del conflicto del Sáhara Occidental, que dura ya más de 35 años, pasa por la negociación y por el acuerdo entre las partes, como así señalan las resoluciones de las Naciones Unidas, de
manera que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer su derecho a la libre autodeterminación. Esa es la posición de las Naciones Unidas, esa es la posición de la Unión Europea, y esa es la posición de España. Y esa, señoría, es la posición que
deberíamos apoyar todos de manera responsable si queremos realmente una solución a este conflicto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Tuñón, tiene seis segundos.
El señor TUÑON SAN MARTÍN: Señora ministra, yo tampoco le voy a contestar.
Simplemente quiero decir que
una posición de debilidad ante la monarquía de Mohamed, lejos de contribuir a...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor TUÑON SAN MARTÍN: Sí.
Decía que lejos de contribuir a apaciguar las ambiciones de Rabat...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor TUÑÓN SAN MARTIN: ... va a contribuir a exacerbarlas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, prudencia. Y quizás, a la vista de los acontecimientos que vamos conociendo posteriormente, realmente la prudencia haya sido la mejor consejera desde el primer momento, sobre todo cuando hablamos de un Gobierno
responsable. Insisto: todos los hechos tienen consecuencias, y les reitero que cualquier pronunciamiento hecho desde la superficialidad también tiene consecuencias.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D.ª MIREN LORE LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, SOBRE SI EL GOBIERNO, EN LA ACTUALIDAD POTENCIA ADMINISTRADORA DEL SÁHARA OCCIDENTAL, ENTIENDE QUE YA HA SIDO DESCOLONIZADA LA QUE
FUE LA PROVINCIA ESPAÑOLA NÚMERO 53 (Número de expediente 680/000955).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.
Doy por formulada la pregunta, señora ministra.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la Administración española abandonó el territorio del Sáhara Occidental en febrero de 1976. Desde entonces, España no es la potencia administradora del Sáhara Occidental y desde entonces España no tiene responsabilidades en el
Sáhara Occidental, tal y como informó el embajador representante de España ante las Naciones Unidas al secretario general de la organización en carta dirigida en el momento de abandonar el territorio, al afirmar que -abro comillas- España se
considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad internacional en relación con la administración de dicho territorio. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Las Naciones Unidas, y con ella España, consideran que el territorio del Sáhara Occidental es un territorio sin autogobierno, de acuerdo con el artículo 73
de la Carta de las Naciones Unidas. Las resoluciones de las Naciones Unidas establecen claramente que el proceso de descolonización debe llevarse a cabo con la negociación y el acuerdo de las partes, es decir, Marruecos y el Frente Polisario, que
permita el derecho a la libre autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.
Esta es la postura, señoría, que defiende el Gobierno de España, como la defiende el conjunto de países en el seno de las Naciones Unidas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, senadora Leanizbarrutia . Ruego silencio, por favor.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señora ministra.
Le comunico que, de todas maneras, yo sigo pensando que España, de iure, tiene todavía algo que decir, y de facto está Marruecos, que ha invadido esas tierras; y nadie le ha parado los pies.
Demasiadas explicaciones, muchas palabras -me hace recordar la canción de Rita Pavone, que no me voy a poner aquí a cantar- que no sirven más que para confundir cuestiones básicas que son pilares de la democracia, como la defensa a ultranza
de un sistema de garantías para que el individuo y los pueblos puedan defenderse ante los excesos del poder. Como diría el pueblo llano con su sabiduría, señora ministra, obras son amores.
Y es que aquí, en esta democracia a la española, parece que algo no funciona, porque hemos escuchado decir que ningún Gobierno ha dicho nada ante este conflicto; y yo le digo que ningún Gobierno democrático dijo nada ni actuó cuando Polonia
pedía ayuda ante la invasión de Hitler.
Quedó claro que actuó el interés y no la democracia. ¿Será esto lo que está pasando aquí? No funciona porque no escuchamos defender a su Gobierno el artículo 11 de la
Constitución, que dice que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Pues, señora ministra, que yo sepa, todos aquellos saharauis nacidos en territorio del Sáhara son todavía de origen español ya que no han renunciado
expresamente a ella. Habrá que esperar a que se produzca ese referéndum sin trampas, que España se comprometió a que se celebrase ante la ONU.
En tercer lugar, no funciona, porque escuchamos de su Gobierno decir algo tan elemental como que a Marruecos ningún país le ha reconocido soberanía sobre los territorios del Sáhara. ¡Es que ninguno le ha reconocido que tenga soberanía sobre
el Sáhara!
Tampoco funciona esta democracia cuando Marruecos expulsa y niega la entrada a parlamentarios y a periodistas españoles del campamento, mientras que a los franceses sí les dejan entrar; y el Gobierno socialista español se calla en aras de
la prudencia. Y para colmo, hoy, en las cadenas de televisión españolas, señoría, nos encontramos con que cuchillos de cocina, navajas y piedras saharauis ponen en peligro a todo un ejército de metralletas, helicópteros, etcétera. ¿Para qué
necesitamos armas sofisticadas si con las clásicas se puede atacar a todo un ejército? ¿Cómo puede tolerar un Estado democrático que nos venga un ministro de Interior marroquí, que ha mantenido incomunicada a la población saharaui, con un vídeo
mostrando escenas no cotejadas por personas independientes? ¡Qué verdad es lo de excusatio non petita, accusatio manifesta! Y esto, señora ministra, por sentido común, al menos yo no lo puedo entenderlo.
Por eso, cualquier explicación que se nos dé no será suficiente hasta que realmente este pueblo, el saharaui, de origen español, que fue la 53 provincia española, decida libremente y sin trampas sobre su futuro. No será suficiente, señora
ministra, hasta que sintamos que quien colonizó en su día defiende con firmeza y responsabilidad los intereses del pueblo saharaui.
Créame, señora ministra: cuando se mencionan cuestiones como seguridad o intereses de España, así, en abstracto, cosas a las que el pueblo llano, y parece ser que yo...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: ... no llego, tengo mis dudas sobre si estamos ante una democracia, sociedad anónima...
El señor PRESIDENTE: Señoría.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: ... y si en vez de un Gobierno tenemos un consejo de administración. Y, eso, como demócrata...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: ... -perdone, señor presidente-, me pone los pelos de punta. Ahora termino...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ha terminado. (Aplausos.)
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, para mí la libertad y la democracia consiste en depender tan solo de la ley. Y la legalidad internacional es la que es. No admite interpretaciones. Como le he indicado antes, España no es la potencia administradora del Sáhara
Occidental; se ponga como se ponga. (Rumores.) Por tanto, las Naciones Unidas no nos considera...
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): ... una parte en el conflicto, ni siquiera en las negociaciones que deben concluir con el proceso de descolonización del territorio, siempre a través del
acuerdo de las partes y del ejercicio de la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Eso sí, Marruecos es la administración de facto del territorio, reconocido como tal por las Naciones Unidas. Como especifica claramente el Informe Corell de
22 de enero de 2002, España renunció unilateralmente a su estatus de potencia administradora colonial en febrero de 1976. Y como reconoce dicho informe, que vuelvo a citar, desde 1979 solo Marruecos -lo reconocen de facto- ha administrado el
territorio del Sáhara Occidental.
Así pues, señoría, la responsabilidad de España en relación con el Sáhara Occidental está en acompañar a Marruecos y al Frente Polisario para que alcancen un acuerdo entre ellos, contribución que España ha realizado desde el primer momento,
tanto en el plano bilateral como en el multilateral, con su activa participación en el Grupo de Amigos del Sáhara, en el que también participan Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, SOBRE SI EL GOBIERNO SE RATIFICA EN QUE EN VENEZUELA NO HAY PRESOS POLÍTICOS, NI LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
SE HAN HECHO ECO DE LA SITUACIÓN EN LA QUE VIVEN (Número de expediente 680/000956).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Anasagasti.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted sabe mejor que nadie que la respuesta que me dio a la pregunta que le formulé sobre los presos políticos en Venezuela ha tenido una inmensa repercusión, y los venezolanos, los presos políticos de Venezuela y sus
familiares se han sentido muy ofendidos, sobre todo porque en su toma de posesión usted dijo que se iniciaba una nueva etapa en la política exterior marcada por los derechos humanos.
¿Sigue usted manteniendo la afirmación de que en Venezuela no hay presos políticos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me vuelve a hacer la misma pregunta que hace tres semanas y mi respuesta, lógicamente, no va a ser diferente. El Gobierno constata que las principales organizaciones de derechos humanos que son consultoras de las Naciones Unidas en
esta materia, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, no señalan la existencia de presos de conciencia en Venezuela, aunque hayan mostrado su preocupación por ciertas prácticas judiciales o la falta de independencia judicial. Me remito a
lo que dicen las organizaciones de derechos humanos ligadas a las Naciones Unidas.
Señoría, no le corresponde al Gobierno de España entrar a valorar las listas de presos políticos que puedan elaborar distintas organizaciones.
Al Gobierno solamente le corresponde constatar si las organizaciones de derechos humanos
reconocidas en el sistema de las Naciones Unidas consideran que existen presos de conciencia y, a partir de ahí, actuar conforme a los acuerdos internacionales firmados por España en esta materia. Insisto en que si estas organizaciones no reconocen
presos de conciencia en Venezuela, el Gobierno tampoco puede considerarlas como tales.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Debemos tener informaciones absolutamente contrapuestas, porque Amnistía Internacional habla de detenciones políticamente motivadas y de fabricación de cargos falsos y Human Rights Watch, de atentado a los derechos humanos protegidos por las
leyes venezolanas y las convenciones internacionales. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA de 2009 de manera reiterada se dice que el presidente Chávez acusa de delitos comunes a sus opositores; por eso no
hay presos políticos, porque se les acusa de delitos comunes. Y esto coincide con lo que dice Amnistía Internacional, y usted conoce el símbolo de Amnistía Internacional: una vela rodeada con un cable con púas.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Venezuela a dejar de perseguir a las personas que critican al Gobierno tras una serie de detenciones de motivación política practicada en ese país; solo en marzo, al menos tres personas
consideradas opositoras al presidente Hugo Chávez fueron arrestadas y acusadas formalmente. Se están formulando cargos por motivos políticos contra quienes critican al Gobierno con el fin de silenciar el disentimiento e impedir que otras personas
expresen sus opiniones. Así lo ha manifestado la directora adjunta del Programa regional para América Latina de Amnistía Internacional, que no debe de existir porque no tenemos informes parecidos.
Según Human Rights Watch, ante la ausencia de un control judicial creíble, el Gobierno de Chávez ha aplicado sistemáticamente políticas discriminatorias que han limitado el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, el derecho
a la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.
La Mesa de la Unidad Democrática, que ha ganado las elecciones en Venezuela, le ha dicho a usted lo siguiente en una carta que le han enviado y que seguramente no contestará. Para la opinión oficial del Gobierno español parece no contar las
innumerables providencias que contra el régimen de Chávez y sobre el tema de la violación de los derechos humanos en Venezuela ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -por cierto, todas
ellas desacatadas por dicho régimen-, así como los informes libremente incriminatorios de organismos como Transparencia Internacional y Human Rights Watch. Afirmar que en Venezuela no hay presos políticos no solo es mentira sino que encierra una
postura irresponsable signada por un oportunismo pragmático que parece determinar la conducta del Gobierno español en sus relaciones con el Gobierno venezolano.
Tengo aquí la lista de los presos políticos. Son seres humanos que están encarcelados. Y son Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado, Héctor Rovain, Julio Rodríguez, Silvio Mérida, Gregorio Manés, Luis Chacin, capitán Otto
Gebauer, Juan Bautista Guevara, Iván Simonovis, Otoniel José Guevara, Rolando Jesús Guevara, Lázaro Forero, Henry Vivas, General Felipe Rodríguez, general Delfín Gómez, Gustavo Arraiz, Asdrubal Lugo, Mario Martínez, John Pernía, María Lourdes Afiuni
y Alejandro Peña Esclusa. Son seres humanos, son presos políticos, señora ministra. A ver si se entera usted de una vez; y no me conteste leyendo un informe que le han dado sus asesores, que se equivocan en este caso muy gravemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, por mucho que se empeñe con sus declaraciones, los hechos son los hechos, y el contenido de las listas es el que viene en las organizaciones internacionales asociadas al sistema de Naciones Unidas.
Por cierto, el pasado 5 de
noviembre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y miembros de la oficina de derechos humanos de mi departamento mantuvieron una reunión con el director de la División Américas de Human Rights Watch, en la que se confirmó la inexistencia de
presos de conciencia en Venezuela. Pregunte al director de la División Américas de Human Rights Watch. Pero lo que sí nos trasladó -y en eso venimos trabajando en estos tiempos- es que, según esta organización de derechos humanos, existían
problemas de independencia judicial, tal y como he dicho en mi primera intervención, y se refirió particularmente al asunto del que usted se ocupó en la última pregunta: la situación de la jueza Afiuni, afirmando que se trataba -y cito textualmente
lo que nos trasladó- de una detención arbitraria. Esa es la realidad de los hechos y lo que nos trasladan las organizaciones de derechos humanos.
Señoría, España sigue con atención y con mucha preocupación la evolución de la situación de los derechos humanos en todo el mundo. Es un principio de acción de nuestra política exterior, también en Venezuela. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): En particular, el Gobierno sigue atentamente el caso de la señora Afiuni y se compromete a abordar esta cuestión, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones,
con las autoridades venezolanas en el marco del diálogo bilateral sobre derechos humanos. Esa es la realidad; no son informes, son realidades.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Son hechos objetivos. Por cierto, que responderé a todas las cartas que me lleguen y daré cuenta de ellas al destinatario antes que a su señoría.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA CONDENAR LA VIOLENCIA EJERCIDA POR LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO DEL REINO DE MARRUECOS ANTE LA PROTESTA PACÍFICA Y CIVIL DEL
PUEBLO SAHARAUI (Número de expediente 680/000957).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Nuet, que tiene la palabra.
El señor NUET I PUJALS: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra. Estoy seguro de que cualquier socialista estaría de acuerdo con esta afirmación: Los derechos humanos no deberían ser nunca moneda de cambio, y no hay razón de Estado, por muy poderosa que sea, que
justifique nunca su transgresión. ¿Piensa su Gobierno condenar de una vez por todas los terribles acontecimientos del Aaiún?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente los derechos humanos no han sido ni serán nunca moneda de cambio para este Gobierno; no hay razón alguna que lo justifique y este Gobierno no lo ha hecho nunca. Y como ya le he dicho antes al señor Tuñón, el Gobierno
de España, como todos los Gobiernos e instituciones internacionales, ha expresado en primer lugar, y antes que nadie, por supuesto, su profunda preocupación por los sucesos que estaban teniendo lugar en el Sáhara Occidental; ha pedido respeto desde
el primer momento a los derechos fundamentales; ha apelado al diálogo desde el primer momento entre las partes: Marruecos y el Frente Polisario, y lo ha hecho siempre dentro del marco de Naciones Unidas, que es el único cauce para dar una
respuesta al conflicto.
Aunque se nos ha informado por una y otra parte de un número indeterminado de víctimas -todavía no suficientemente aclarado por las dos partes-, se trata de datos que no consideramos fehacientes, como tampoco los consideran ninguna de las
dos partes. Esperamos que en los próximos días podamos tener esa información, que sea fidedigna, que sea contrastada y que nos permita un análisis definitivo de la naturaleza y alcance de los hechos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Nuet.
El señor NUET I PUJALS: Entiendo, señora ministra, que lo que me está diciendo es que si se comprueba que hay muertos, que hay heridos, que hay torturados y que hay detenciones extrajudiciales, este Gobierno va a condenar los
acontecimientos. Entiendo que es eso a lo que se está comprometiendo usted en el Pleno del Senado.
Déjeme decirle dos cosas. Primero, protejan, por favor, a la prensa libre y a la prensa española, protección consular, porque sabe usted que los profesionales en este
momento están en el punto de mira del Estado marroquí, precisamente por su independencia.
Y, segundo, España tiene responsabilidad histórica en el Sáhara Occidental; eso es una realidad política que el Gobierno no puede ignorar y este Gobierno no puede realizar táctica de escapismo ante esa realidad histórica. Nosotros tenemos
muchas cosas que decir, digámoslas, porque al pueblo saharaui solo le quedan la comunidad internacional y el Gobierno de España. No lo abandonemos, porque si no seremos responsables de una verdadera masacre.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Señoría, cuando los hechos sean probados, porque somos un Gobierno responsable (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) y somos un
Gobierno serio...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Y, por cierto, señores del Grupo Popular, un partido que aspira en algún momento a gobernar -supongo que en algún momento tendrán esa aspiración- debería
actuar con responsabilidad. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Ruego silencio.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Cuando los hechos sean probado actuaremos en consecuencia. Por cierto, con víctimas por ambos lados, tal y como ahora se nos está comunicando. (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El Gobierno no puede reaccionar ante opiniones, por muy respetables que sean; tenemos que esperar hasta contrastar los hechos. Lo que sí puede hacer es lo que hemos hecho: manifestar en todo momento nuestra profunda preocupación por todos
los datos de violencia que nos estaban llegando, aunque no estuvieran contrastados.
Hemos hecho un llamamiento permanente al respeto a los derechos fundamentales y también hemos hecho un llamamiento permanente y solicitudes al Gobierno de Marruecos para que permitiera el acceso a los medios de comunicación a fin de que
pudieran informar de manera transparente, desde la pluralidad informativa, sobre lo que ocurría. Y al mismo tiempo quiero recordar que el Gobierno ha pedido una investigación de lo ocurrido y que hemos desplegado todo un dispositivo en materia de
protección consular. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Señorías, lo importante en este momento es que, para que no vuelvan a repetirse episodios violentos de esta naturaleza, se mantenga el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario. ¿O es que nadie es consciente de que la noche anterior a
que el campamento fuera desmantelado el Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario estaban reunidos y continuaron sus reuniones en los días siguientes? Es que realmente es importante que las Naciones Unidas asuman el protagonismo como marco de
negociación...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): ... que permita el ejercicio del principio de libre autodeterminación. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Por lo tanto, el Gobierno español tiene una responsabilidad histórica y va a seguir jugando ese papel, facilitando el diálogo de las partes, manteniendo medidas de confianza y, desde luego, manteniendo nuestro papel en el marco de las
Naciones Unidas desde el punto de vista multilateral y bilateral. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
-- DE D. DIONISIO GARCÍA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO DE LA REACCIÓN DE LOS PARTIDOS VENEZOLANOS INTEGRADOS EN LA MESA DE LA UNIDAD TRAS LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN EN EL SENADO, EN LAS QUE AFIRMABA QUE EN VENEZUELA NO EXISTEN PRESOS POLÍTICOS (Número de expediente 680/000961).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor García Carnero.
El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, por favor, queremos saber qué opinión le merece la reacción que han tenido los partidos democráticos de Venezuela ante su afirmación, hoy reiterada aquí, de que no hay presos políticos en Venezuela.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en relación con la carta que me ha dirigido el señor Abeledo, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad, quiero señalarle que está siendo analizada con toda atención por mi equipo y por mí misma (Rumores. Risas del
Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.), como no puede ser de otra manera, como todas las cartas que me llegan, y a ella daremos respuesta por el mismo canal de comunicación por el que nos la han hecho llegar, exactamente el mismo.
Sin embargo, más allá de las consideraciones generales políticas sobre la situación en Venezuela que se citan, solo se menciona un caso con nombres y apellidos, uno, que es el de la jueza Afiuni, y ya me he referido a él en esta Cámara.
Hasta el momento, y tratándose de un caso que está en los tribunales, tengo que constatar, señoría, y constar que a día de hoy la señora Afiuni no ha sido declarada -y le repito lo mismo que al señor Anasagasti- presa de conciencia por ninguna
organización u organismo internacional de derechos humanos. Me reitero en los criterios que he expuesto sobre este tema al señor Anasagasti hace apenas unos minutos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador García Carnero.
El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo creo que usted ha empezado muy mal. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Su primera comparecencia aquí, en el Senado...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor GARCÍA CARNERO: Su primera comparecencia fue para hacer esa afirmación de que no hay presos políticos en Venezuela, que hoy ha reiterado y que, como usted sabe, ha generado, con toda la razón, la indignación de los partidos
democráticos de Venezuela; oiga, partidos de izquierda, de derecha, Podemos, el MAS, están incluidos en la Internacional Socialista.
La segunda de sus actuaciones respecto a Iberoamérica fue el viaje, que yo creo que, con el simbolismo que tiene el primer viaje de un canciller, lo eligió usted mal, porque la imagen que nosotros tenemos es la de usted sentada en la
cabecera de la cama de Evo Morales en un hospital de La Paz, cuando estaba recuperándose de una rodilla, que no sabemos si sería consecuencia del rodillazo que avergonzó a todos los demócratas de España. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) Y la segunda imagen, señoría, que tenemos de usted en ese viaje es la de su entrada triunfal en Ayo Ayo, que es un pueblecito de unos 1000 habitantes en el altiplano boliviano. Y allí, señoría, usted entró a lo
Bienvenido, Mister Marshall, adornada con collares de flores, pisando pétalos de rosas, entre una lluvia de confeti para inaugurar un pozo de agua que ya funcionaba desde hace meses y que costó 72 000 euros.
Ya que fue usted a América, podía usted haber ido a ver a la jueza Afiuni y así se hubiera usted enterado de que hay presos políticos en Venezuela.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Podría usted, señora
ministra, haber ido a visitar a la viuda y a los cuatro huérfanos de Franklin Brito, ese al que el Gobierno chavista dejó morir en un hospital psiquiátrico en huelga de hambre. Esas personas, sus cuatro hijos y su viuda están acogidos en un colegio
de monjas porque no se atreven a salir a la calle. Así, habría visto usted la crueldad de ese régimen. Podría, en definitiva, haberse entrevistado con Henry Ramos o con líderes de la Internacional Socialista que se lo hubieran dicho.
Para lo que ha servido su actuación hasta ahora, señoría, es para dejarnos claro cuáles son sus referentes políticos: Hugo Chávez y Evo Morales.
Ambos, ejemplos de libertad, de democracia, de tolerancia y de respecto a los derechos
humanos.
Y como usted ha hablado mucho de derechos humanos, quiero decirle algo: usted hace un discurso que luego los hechos le contradicen, le desmienten, porque, señoría, no se defienden los derechos humanos haciendo proclamas, pero luego
ignorando allá donde se violan. Los derechos humanos se defienden denunciando y condenando, señoría, a los dictadores que los conculcan.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
El señor GARCÍA CARNERO: Termino, señor presidente.
Y amparando a quienes lo sufren.
Y quiero decirle, señoría, que ustedes son muy proclives a mirar para otro lado cuando el dictador que avasalla los derechos humanos...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor GARCÍA CARNERO: ... se proclama de izquierdas.
Gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
La verdad, señor García Carnero, que oyéndole a usted se entiende por qué su partido es incapaz de ganar elecciones. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Desde luego, con esa actitud populista es incapaz. (La señora Quesada Bravo: ¡Demócratas, que sois muy demócratas!) Y cuando utiliza determinados calificativos... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Tiene la palabra, señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Cuando utiliza determinados calificativos dirigidos a presidentes de Gobiernos, presidentes de determinados países que han sido elegidos democráticamente,
deberían tener un poco de respeto institucional porque realmente lo que usted está haciendo es un flaco favor si es que en algún momento su partido tiene pensado, insisto, ganar las elecciones.
También hablaré más tarde, porque tengo una pregunta, sobre el viaje de Bolivia y de Ecuador, pero ya de entrada le voy a pedir una cosa: que sea capaz de mantener un mínimo respeto para los pueblos, para las etnias y para la forma de
expresar agradecimiento, como es el caso del pueblo Aymara, en Bolivia. Mantenga un poco de respeto a todos los pueblos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Y, de
paso, condenar a Franco!) En relación con la pregunta que me formula en el día de hoy, le diré que el propio contenido de la carta que me dirige el señor Abeledo dice que es necesario actuar en defensa de los derechos humanos con criterios objetivos
basados en el derecho internacional, y hacerlo caso por caso, con nombres y apellidos; de lo contrario, correremos el riesgo, señoría, de caer en una utilización subjetiva del derecho internacional.
Y yo no estoy dispuesta -le vuelvo a repetir lo
que le dije antes al señor Anasagati-, la libertad consiste en depender tan solo de la ley y de lo que el derecho internacional marca y de lo que las organizaciones internacionales señalan, y no de lo que nosotros basamos en opiniones.
Esta es la
realidad de la situación. Porque si seguimos basándonos en opiniones y con un criterio subjetivo de la legalidad internacional, lo que emane de ahí le privaría de toda legalidad, de toda legitimidad y de toda eficacia.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Termino, señor presidente.
Esta actitud es también parte de una defensa responsable de los derechos humanos que corresponderá, en primer lugar, determinar a las autoridades judiciales venezolanas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINIÓN DE LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN EN RELACIÓN CON EL ATAQUE QUE SU HOMÓLOGO MARROQUÍ PROFIRIÓ, EN SU PRESENCIA, CONTRA LA
PRENSA ESPAÑOLA (Número de expediente 680/000965).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Van-Halen. Tiene la palabra su señoría.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué opinión le merece a la ministra de Asuntos Exteriores el ataque que su homólogo marroquí profirió, en su presencia, contra la prensa española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno del que formo parte considera que la libertad de información es uno de los pilares de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de derecho, y, en consecuencia, tiene muy presente y defiende en todo momento el
respeto al derecho a la libertad de información y de expresión en el ejercicio de sus funciones, con total normalidad y total tranquilidad. No hay más matices.
Y, como no podía ser de otra manera, este Gobierno tiene una alta valoración de la prensa española y de cómo lleva a cabo su labor informativa, y en este sentido, considero que nuestro país cuenta con una prensa libre, de calidad y
democrática.
Esa es nuestra opinión. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Van-Halen.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, Marruecos está en el puesto 135 de los168 países en los análisis sobre libertad de expresión, y usted, que aquí defiende mucho a la prensa -menos proclamaciones y más acciones- no dijo una sola palabra cuando,en su
presencia, su colega marroquí insultó gravemente a la prensa; es más, dijo tres palabras: respeto la opinión del señor ministro. Respetarlo es hacerse usted corresponsable, señora ministra. Y usted aquí puede decir lo que quiera pero está
escrito, está grabado y lo puede ver cuando quiera, por si se le ha olvidado, porque ustedes tienen una memoria selectiva (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Quién habló!)
Señora ministra, días más tarde, el ministro de comunicación marroquí dijo exactamente: los periodistas españoles recurren sistemáticamente a procedimientos falaces, técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos. Eso es lo
que dijo. Y usted no dijo nada.
En Casablanca ha habido dos agresiones a dos periodistas en una sala de justicia donde se estaba juzgando a unos saharauis. Ustedes no dijeron nada. Sin embargo, la federación de la prensa -a la cual pertenezco, señora ministra, porque soy
periodista y además informé en su día desde el Sáhara en momentos bastante complicados... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No sé si usted conoce el Sáhara, yo sí.
Como decía, la Federación Internacional de Periodistas y
la federación de la prensa de España lo ha condenado. Y usted no ha condenado nada. Por tanto, menos proclamaciones.
Y cuando dice usted: ustedes a lo mejor quieren gobernar un día. Yo le digo: el jefe de la oposición actual jamás iría a Marruecos a hacerse una foto al lado del rey, delante de un mapa en el que aparecieran las islas Canarias, Ceuta,
Melilla y Sahara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Un señor senador: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Además, a usted, señora ministra, le caía grande la chupa electoral cuando fue candidata a perdedora. Le cae grande el poncho boliviano cuando va con un millón y un jamón. Y le cae grande la chilaba y el kaftán. ¿Y quiere que le diga? Le
cae grande el Ministerio de Asuntos Exteriores.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Muy bien! ¡Bravo!-Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, simplemente, un poco más de seriedad, un poco más de respeto y un poco más de sentido de Estado, básicamente, eso es lo que necesitan. En todo caso, le vuelvo a contestar como empecé en la rueda de prensa con motivo de la visita
del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos: la política española de información es diferente a la política marroquí, y ya dije que no coincidía, ya dije que no coincidía -eso está grabado también- con lo expresado por el ministro de Asuntos
Exteriores de Marruecos, y le vuelvo a decir que no compartía sus declaraciones, y no comparto sus declaraciones.
No obstante, aprovecho, señoría, esta ocasión para apoyar, como siempre he hecho, el trabajo de la prensa libre en España y para ofrecer el apoyo del Gobierno de España, como estamos haciendo en Marruecos y en todos los países, y como lo he
venido haciendo en todas las declaraciones desde el primer día en que tuvimos conocimiento de este tipo de agresiones.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE D.ª MARÍA EMELINA FERNÁNDEZ SORIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE GIRA REALIZADA POR LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN POR BOLIVIA Y ECUADOR (Número de
expediente 680/000970).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Fernández. Tiene la palabra.
(Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio, por favor.
La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Asuntos Exteriores, el hecho de que usted haya realizado su primera visita oficial a Latinoamérica, en concreto a los países de Bolivia y Ecuador, desde que ha sido nombrada responsable de la diplomacia española, demuestra
la importancia que para España tiene fortalecer la relación política, económica y la cooperación con los Gobiernos de estos países y con su ciudadanía, defendiendo además con su presencia la legitimidad del presidente Rafael Correa ante los
acontecimientos acaecidos en su país el 30 de septiembre. Importancia, como digo, de su visita tanto en el ámbito político, porque le permite analizar y estrechar las relaciones bilaterales con estos países, como en el ámbito económico, porque le
permite apoyar y ayudar a las empresas españolas presentes en Bolivia y en Ecuador. Es primordial aprovechar la sintonía que España tiene actualmente con Latinoamérica y que usted fortaleció en su etapa de secretaria de Estado para Iberoamérica, y
es esencial asimismo promover nuevas inversiones de empresas españolas en sectores estratégicos, como los hidrocarburos, las energías renovables, la minería o la construcción, originando nuevas oportunidades de inversión; por ejemplo, España se
mantiene como el segundo mayor inversor en Bolivia detrás de Estados Unidos. Y un aspecto fundamental de esas relaciones es que se les garanticen unas reglas claras y un marco legal estable que les dé seguridad jurídica a largo plazo, como así puso
de manifiesto el estudio realizado en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos sobre la seguridad jurídica de las empresas españolas en Iberoamérica.
Por ello, cobra especial relevancia la reunión que usted ha mantenido con los representantes de las principales empresas españolas para conocer de primera mano sus preocupaciones. El Gobierno español, desde que lo preside el presidente
Zapatero, siempre ha optado por la vía del diálogo para resolver los litigios y sus actuaciones internacionales. La firma de los acuerdos bilaterales con el Ejecutivo del país andino y la participación de España en proyectos de cooperación, como el
del parque Yasuní, que trata de proteger la amazonía ecuatoriana, y teniendo en cuenta que Bolivia es un país de máxima prioridad y, como tal, uno de los principales receptores de la ayuda oficial al desarrollo, y otros aspectos de su visita sobre
acuerdos de cooperación cultural con estos países, la situación de los emigrantes bolivianos en España, la posibilidad de trabajar conjuntamente en las Naciones Unidas sobre iniciativas de interés mutuo, etcétera...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora FERNÁNDEZ SORIANO: Señorías, todos estos asuntos me llevan a formularle la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace el Gobierno de España de la reciente visita a Bolivia y a Ecuador?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Asuntos Exteriores. (Rumores.)
Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe, la gira que realicé a Bolivia y a Ecuador se encontraba ya programada por mi antecesor y, cuando fui nombrada, ambos Gobiernos manifestaron su enorme interés para que mantuviera la visita a estos países.
Iberoamérica constituye una prioridad de la política exterior española.
Podemos afirmar que el futuro de España en parte reside en América Latina. Por ello es tan importante que reforcemos nuestros vínculos, tanto políticos como económicos
y de cooperación. Ese fue el objetivo de la gira, como ha puesto de manifiesto su señoría. En los dos países tuvimos un mismo esquema de trabajo con el objetivo final de reforzar los vínculos en esos tres ámbitos que he señalado: político,
comercial y de cooperación.
Desde el punto de vista político, mantuve, en ambos países, reuniones con los presidentes, además de con los ministros de Asuntos Exteriores, lo que revela el alto grado de interlocución que tiene España tanto con Bolivia como con Ecuador.
Este alto nivel de interlocución nos ha permitido abordar todos los temas que nos preocupan ante las máximas autoridades del Estado, cuestiones que incluyen en ambos países grandes inversiones en sectores tales como hidrocarburos, infraestructuras o
telecomunicaciones. Son sectores estratégicos en los que España, en los que la empresa española quiere consolidar su posición.
Esta actividad se enmarca en lo que en mi toma de posición declaré que constituía una prioridad en mi programa de trabajo, la llamada diplomacia económica, con el objetivo siempre de contribuir a mejorar la posición económica de las empresas
españolas y, por tanto, de España.
Finalmente, desde el punto de vista de la cooperación he mantenido con las autoridades de Bolivia y Ecuador un diálogo muy franco y fluido en materia migratoria basado en el respeto de los derechos humanos. En el caso de Ecuador, firmamos,
entre otras iniciativas, el acuerdo que permitirá la entrada en vigor el día 1 de enero del año 2011 del convenio bilateral de Seguridad Social. En Bolivia se insistió en la importancia de seguir trabajando en el área de saneamiento y del agua como
una de las principales líneas de actuación de la cooperación española que se desarrolla en el marco del fondo del agua. Además, este último viaje, el de Bolivia, sirvió para preparar la próxima visita del presidente del Gobierno a ese país los
próximos días 1 y 2 de diciembre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
-- DE D. JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO TOMA MEDIDAS EN DEFENSA DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA (Número de expediente 680/000964).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Aguirre.
Tiene la palabra, señoría.
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Lo primero, por supuesto, es felicitar por su nombramiento, como cordobés que soy, a una cordobesa como la señora ministra. Señora ministra, a lo largo de esta legislatura esta es la cuarta pregunta que hace mi grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, con nulo éxito para intentar implicar a su ministerio de forma específica en el problema actual de costes por debajo de los precios de producción del aceite de oliva. Usted sabe que nos hemos visto abocados a
este precio como consecuencia de la nefasta negociación de la PAC del año 2004 y de la aprobación de la OCM del año 2007. Todos confiamos en su especial sensibilidad con las principales zonas productoras de la aceituna de mesa y aceite de oliva, ya
que -como usted sabe perfectamente- en Córdoba y en gran parte de Andalucía el olivo y su oro verde es la principal fuente de riqueza agraria. Con la esperanza de que usted coja el toro por los cuernos y dé salida a la actual angustia de tantos
agricultores, doy por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señor presidente.
Señoría, sabe bien que el Gobierno apoya, con firmeza y decisión, al sector con medidas y que promociona el aceite de oliva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, senador.
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Señora ministra, usted sabe que actualmente la situación del sector es penosa, primero por los bajos precios en origen tanto de la aceituna de verdeo como del aceite de oliva, muy por debajo -como he dicho antes- del
umbral de rentabilidad y los altos costes del cultivo. Segundo, porque es un sector -como usted sabe- muy atomizado en las ventas y muy concentrado en la distribución. Y tercero, por las prácticas abusivas que hemos visto hace poco de la
envasadora para fijar el precio de la aceituna de mesa.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado solicita -y en eso coincidimos con todas las organizaciones agrarias y cooperativas, con Asaja, COAG, UPA y FAECA- que las soluciones pasen -y las peticiones tiene que enca-
bezarlas su ministerio con voluntad- porque la Unión Europea apruebe el desencadenamiento del almacenamiento privado y la actualización de los precios para todas las categorías del aceite de oliva como fórmula para modular el precio del
aceite, ya que -como usted ha dicho- la exportación este año ha superado las 800 000 toneladas de aceite de oliva. Sin embargo, no ha servido para modular esos precios.
En segundo lugar, pedimos el impulso por parte de su Ministerio al anunciado y necesario Plan de restructuración y reconversión del sector del aceite de oliva, que permita la unión de los productores bajo la comercialización, la integración
y la concentración de la oferta, siendo básica la reforma de la Ley de Cooperativas y, a su vez, la mejora del sistema de los seguros agrarios para garantizar así las rentas en caso de siniestro.
En tercer lugar, ante la dificultad de la financiación del sector oleícola, le pedimos que se lleven a cabo las PNL y las mociones aprobadas en el Congreso y en el Senado en lo referente al apoyo económico al campo español y al IVA sobre los
riegos.
En cuarto lugar, como usted sabe, mañana se presenta en Bruselas el borrador sobre el futuro de la PAC, y el olivar es muy importante en estas negociaciones para que en 2012 pueda subsistir.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.
El señor AGUIRRE MUÑOZ: Tarea tiene, señora ministra. Todos esperamos que no nos defraude y que pinte de verde su ministerio, pero que sea de verde oliva.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias.
Señoría, sabe bien que, en relación con el aceite de oliva, lo que hay que hacer es un ejercicio de responsabilidad, porque hablamos de un sector en el que España es líder mundial, y no lo estaremos haciendo mal, señorías, ni el sector, que
está trabajando extraordinariamente bien, ni el Gobierno, con las medidas que estamos adoptando para apoyarlo, cuando hemos batido todos los récords en exportaciones y se han superado las 800 000 toneladas. Por lo tanto, tiene usted que reconocer
que algo se estará haciendo bien, y no instalarse en la crítica, como siempre, utilizando como excusa el aceite de oliva.
Como usted sabe, son muy importantes los compromisos que hemos contraído con el sector. Estamos trabajando en la ley de Calidad Agroalimentaria, estamos apoyando a la Interprofesional del Aceite de Oliva, estamos analizando el valor de la
cadena a través del observatorio, estamos en la promoción y en la internacionalización del aceite del oliva, contamos con la Agencia del Aceite de Oliva, extraordinariamente valorada por el sector, estamos modificando leyes sectoriales, estamos
apoyando el aceite de oliva de calidad y el aceite de oliva ecológico, estamos con los pagos directos y estamos avanzando en los seguros. Tenemos un conjunto de medidas que benefician al sector, y este los valora positivamente. Y le diré, señoría,
que vamos a ir a más, porque nuestro apoyo es decidido, convencido y firme por parte del Gobierno. Y lo vamos a hacer, señoría, aunque le pese al Partido Popular y continúe criticando siempre, instalado en el no y en que todo está mal, que es su
seña de identidad.
La del Gobierno es trabajar, es servir a los intereses de la ciudadanía y es promocionar y respaldar decididamente el aceite de oliva.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES.
-- DE D. RAMÓN ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A COMBATIR EL FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR, INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2010-2011, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES DE
COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PUESTAS EN MARCHA PARA MEJORAR ESTOS ASPECTOS EDUCATIVOS (Número de expediente 670/000132).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día: Interpelaciones.
La interpelación del senador Aleu ha sido aplazada.
-- DE D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS ACCIONES QUE EL GOBIERNO SE PROPONE LLEVAR A CABO ANTE LOS RECIENTES INCIDENTES QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL REINO DE MARRUECOS Y EN LOS TERRITORIOS
OCUPADOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL (Número de expediente 670/000134).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la interpelación del senador Alejandro Muñoz-Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las acciones que el Gobierno se propone llevar a cabo ante los recientes incidentes que se han producido
en el Reino de Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, bienvenida al Senado en nombre de mi grupo parlamentario.
Le quiero expresar nuestros mejores deseos, poco esperanzados, es la verdad, para su gestión
como ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Sus éxitos o sus fracasos nos van a afectar, nos afectan ya a todos los españoles.
Asume su señoría nada menos que la defensa de la dignidad y de los intereses de España en el ancho mundo. A su cargo queda mantener o más bien recuperar -subrayo lo de recuperar- el buen nombre, el peso y la influencia que nos corresponden
como país en todos los foros internacionales y, al mismo tiempo, velar por que nuestras relaciones bilaterales con otros Estados -por supuesto, también con los que tenemos muy cerca, como Marruecos- se desarrollen por los obligados cauces del
respeto mutuo, sin cesiones ni humillaciones, unas cesiones y humillaciones que, desgraciadamente, en estos últimos tiempos se han multiplicado.
En estas relaciones, además de cordialidad, se impone hacer uso de esa franqueza que en el lenguaje diplomático significa llamar a las cosas por su nombre -lo que no ha hecho su señoría esta tarde en ningún momento-, sin disimulos y
plantando cara al interlocutor que se exceda, sobre todo cuando está en juego nuestro honor o nuestro buen nombre, nuestros derechos o nuestros intereses, sin cobardía y con la debida transparencia ante la opinión pública, muy sensible a algunas
cuestiones internacionales, como esta del Sáhara que hoy nos ocupa.
Existen algunas fotos suyas de otra época en la que era una ferviente partidaria de los derechos del pueblo saharaui, pero parece que hoy en día los ha olvidado a juzgar por lo que hemos escuchado esta tarde.
Lamento de veras, señora ministra, que haya accedido al cargo en un momento en que son muchos, serios y complejos los problemas con los que tiene que enfrentarse, pero lamento mucho más que sus iniciales respuestas y actitudes, como las que
hemos oído aquí -y otras muchas fuera de aquí, de usted y de su Gobierno en general-, ante la situación saharaui y ante esos problemas, hayan carecido del acierto y de la gallardía que habrían sido deseables; y no soy yo el único que lo dice.
Sus primeros pasos revelan no tanto una continuidad, que hasta podría llegar a considerarse deseable, sino un continuismo en el peor sentido que se suele dar a esta palabra; un continuismo que se caracteriza por la reiteración de lo que la
gestión de su antecesor ha tenido de más criticable y de menos positivo, que es mucho. No vemos en sus primeros pasos la menor ambición innovadora en beneficio de España y de sus intereses ni el mínimo propósito de corregir lo mucho que debe
corregirse en una gestión anterior, que no ha sido precisamente brillante. Tampoco apreciamos una defensa de los derechos humanos más allá de la retórica al uso. Se les llena la boca de derechos humanos, pero no hacen nada por defenderlos de
verdad; unos derechos humanos sobre los que solamente hace dos semanas decía su señoría en esta Cámara que eran una prioridad de la política exterior del Gobierno. Señora ministra, no lo vuelva a decir si al mismo tiempo no va acompañado de
ciertas conductas que hasta ahora no han existido.
Vamos a hablar de la grave crisis que se está desarrollando en los territorios ocupados del antiguo Sáhara español, cuya descolonización no se ha completado después de treinta y cinco años. Yo hablaba hace dos meses en esta Cámara con su
antecesor en el cargo de cosas muy parecidas, como la situación en el Magreb y, por cierto, también salió el tema del Sáhara. Le diré que sus respuestas me decepcionaron y, desgraciadamente, algunas de las advertencias que le hice se han visto
confirmadas en estos últimos días, y es que cuando las cosas no se hacen bien, inevitablemente se agravan, y esa situación se ha ido agravando por momentos. Por ejemplo, me referí a lo que había sucedido en la frontera de Melilla y, ¿qué me dijo
entonces el señor ministro? Me dijo que eran incidentes normales entre países que comparten frontera terrestre. Entonces le pregunté qué incidentes habíamos tenido, por ejemplo, con Francia y Portugal y, por supuesto, no me contestó.
Aludí también al incidente del que habían sido víctimas en el Sáhara Occidental un grupo de activistas canarios, que fueron objeto de un brutal apaleamiento, y tampoco obtuve ninguna respuesta satisfactoria y, por supuesto, ni una sola
condena del acto, y eran españoles. ¿Es así como defiende el Gobierno a nuestros ciudadanos?
Advertí que se nos estaba sometiendo a una estudiada estrategia de la tensión por parte de quienes, conscientes de la debilidad de este Gobierno, medían su grado de resistencia, y dije que si en estos casos no se responde como es debido,
inevitablemente la tensión aumenta cada vez más, hasta ver qué somos capaces de aguantar. Y así estamos, cada vez más arrugados.
Compruebo que usted persiste en la posición de quitarle hierro a los problemas, y se la oye insistir en que todo va bien en nuestras relaciones con el Reino de Marruecos, cerrando los ojos a la realidad. La filosofía de su política hacia
Marruecos, a juzgar por lo que dice en público y lo que ha dicho aquí esta misma tarde, podría sintetizarse en esta frase: nuestras relaciones con Marruecos son tan importantes que tenemos que olvidarnos un poco de la cuestión de los derechos
humanos.
Nosotros también estamos convencidos de que nuestro vecino del sur es una prioridad estratégica, pero quiero decirle con toda contundencia, y desde el principio, que esa idea de anteponer unos supuestos intereses a los derechos humanos ni la
vamos a compartir, ni la podemos aceptar y, desde luego, no la podemos comprender.
El Gobierno se equivoca cuando calla y abdica en la defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos con la excusa de defender los intereses españoles. Dejar de lado la defensa de la libertad, del derecho a la vida, de la
prensa libre, de la libertad de circulación, del derecho a disentir pacíficamente, de la libertad de conciencia y opinión y, para colmo, de las normas básicas de la legalidad internacional -y no me hable de cierta manera de la legalidad
internacional, señora ministra- no es defender los intereses de España y de los españoles. La renuncia a defender esos valores no nos fortalece sino que nos debilita como democracia moderna y desarrollada. Los valores de la España democrática
conforman el núcleo básico de los intereses de España y de los españo-
les en el mundo. No seremos respetados fuera si primero no nos respetamos nosotros mismos, y no nos respetamos cuando tomamos los derechos humanos y el derecho internacional a beneficio de inventario.
Quería hablarle de algunas cosas que ya se han abordado aquí esta tarde, y, por tanto, no voy a insistir en sus opiniones acerca de la libertad de prensa diciendo que respeta. ¿Cómo se puede respetar un sistema basado en la censura y en la
represión informativa? Han sucedido algunas cosas de las que han sido víctimas profesionales españoles de la información en Casablanca y en el Sáhara Occidental.
En la rueda de prensa, a la que se ha aludido aquí, con su colega marroquí, calló usted ante la ambigua respuesta de este acerca de la falsa noticia marroquí que acusaba a la Guardia Civil de la muerte de un joven musulmán en Melilla. Su
señoría se calló. ¿Por qué no defendió usted el honor de la Guardia Civil, que es el honor de España? Aquel era un falso muerto, pero el que sí ha sido un muerto real es el adolescente saharaui tiroteado cuando se dirigía al campamento Gaim Izik,
cerca de El Aaiún, y también son reales los incontables o incontados -porque no sabemos todavía el número definitivo- muertos habidos como consecuencia del brutal ataque y de la destrucción del mismo campamento llevada a cabo por fuerzas marroquíes.
Una masacre, según algunas fuentes, aunque desconocemos su balance total porque las autoridades marroquíes lo ocultan cuidadosamente tras un inadmisible cerrojazo informativo ante el que ustedes no han protestado todavía en absoluto. Hay, además,
un muerto español, según todos los datos, pero ustedes ni condenan, porque parece que le tienen un miedo absolutamente cerval a Marruecos; mucho miedo a Marruecos y muy poca atención y respeto por los derechos humanos. Todavía está por ver alguna
palabra de denuncia o protesta ante tal cúmulo de actos inadmisibles por parte de usted y de algún otro responsable del Gobierno. ¡Qué pena ver cómo confunden la prudencia de la que usted habla con la cobardía y la indignidad!
Unos días después de la rueda de prensa, el mismo señor Fassi-Fihri llegó a decir que Marruecos -lo digo porque es importante por lo que ha sucedido después- había renunciado a la violencia contra el campamento, pese a que la instalación de
las jaimas de protesta -dijo- era algo ilegal. A la vista de la caza del hombre contra los saharauis y contra los periodistas extranjeros que se desencadenó después, ¿qué significan estas afirmaciones? ¡Curiosa manera de entender el diálogo y la
renuncia a la violencia! Si no llegan a renunciar a la violencia, ¿qué es lo que habría pasado?
Con relación al Sáhara Occidental le he oído decir, señora ministra, que España no está a favor ni de una posición ni de otra. Me sorprende porque siempre hemos estado, señora ministra, a favor de las resoluciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, por lo menos hasta que llegó el Gobierno Zapatero, y la fundamental de ellas es la solución sobre la base de la autodeterminación del pueblo saharaui. Por cierto, ¿cómo se puede atrever nadie a decir -y se ha dicho aquí en
esta Cámara, no se lo he oído a usted, pero sí a su antecesor y después se lo he oído también a su colega marroquí- que las resoluciones de las Naciones Unidas no hablan en ningún caso de celebración de un referéndum de autodeterminación? En ni una
sola de esas resoluciones, y creo que me las he visto todas, deja de aparecer la palabra referéndum. En algunas tan claramente como en la 1133, donde se dice: ...reiterando su determinación de que se celebre sin más demora un referéndum libre,
justo e imparcial. O todavía la más reciente, la 1359. En las demás también se habla de referéndum porque en todas ellas se utiliza la expresión: misión de las Naciones Unidas en el territorio, Minurso, que, como usted muy bien sabe, significa
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.
Ante esta situación, señora ministra, no nos diga que todo está en manos de la comunidad internacional y que España, más o menos, no tiene nada que hacer aparte de participar en ese grupo de amigos del que usted habla insistentemente. No se
puede lavar las manos. España, como antigua potencia colonizadora, tiene una grave responsabilidad histórica y, por supuesto, también moral, de la que es muy consciente el pueblo español, que ha anudado unos sólidos lazos de amistad con el pueblo
saharaui. Más aún, la he oído hablar esta tarde del informe de Hans Corel. ¡Por favor, no me lo falsifique! Ese informe, elaborado en enero de 2002 por el secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, el señor Corel, en
el que, a propósito de una cuestión colateral pero tan importante como el control de las riquezas naturales del Sáhara Occidental -los fosfatos, la pesca, etcétera-, se afirma literalmente, y leo: El Acuerdo de Madrid de 1975 -ese del que no se
acuerda nada el señor Iglesias- no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios -recordemos que eran, además de España, Marruecos y Mauritania- la condición de potencia administradora, condición que España por
sí sola no podía haber transferido unilateralmente. Eso dice el informe. Y en otro párrafo, un poco más adelante, añade: Marruecos no figura como la potencia administradora del territorio en la lista de territorios no autónomos de las Naciones
Unidas.
Me parece que las conclusiones se imponen y son clarísimas. Técnicamente, la soberanía de aquel territorio, aunque a ustedes les ponga nerviosísimos, hasta que culmine el proceso de descolonización, sigue estando en la antigua potencia
administradora, esto es, en España. Como mucho, Marruecos es una potencia administradora de facto, pero sin ningún título jurídico. Subrayo: sin ningún título jurídico. Ahora, eso sí, con un muro de dos mil kilómetros que deja chico, desde
luego, al muro de Berlín.
No podemos mirar para otro lado ni contemplar impasibles un proceso que tiene rasgos de lo que podría llamarse sin exageración una disimulada limpieza étnica, que se está llevando a cabo de manera muy efectiva, y si no se le pone remedio
llevará a la larga a la desaparición del pueblo saharaui, y entonces se habría producido algo muy parecido a un genocidio. Pero parece que en el Gobierno no se enteran, y todavía oíamos el otro día al ministro de
la Presidencia, aunque después quiso rectificar, que nos decía que Marruecos era la potencia soberana. ¿Cómo es posible que en el Gobierno haya tanta confusión? Debe de ser por lo de los quince portavoces. A ver si se aclaran, por favor,
y a ver si siguen de cerca el derecho internacional y no lo utilizan, como ha hecho usted aquí esta tarde, de una manera manipuladora.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, parece que su discurso escrito le ha impedido oír las sucesivas preguntas que me han formulado y mis respuestas, en las que he dado algún tipo de información que, por lo menos, podría haber tomado en consideración.
En todo caso, como ya he señalado en mis intervenciones al responder a las preguntas orales, el Gobierno ve con profunda preocupación los sucesos recientes en el Sáhara Occidental. Ha pedido respeto desde el primer momento para los derechos
fundamentales y ha apelado al diálogo y a la negociación entre las partes -Marruecos y el Frente Polisario-, en el marco de Naciones Unidas como único cauce para encontrar una solución al conflicto, que lleva estancado más de treinta años.
España, desde el primer momento, ha trabajado para que continúe el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y con ello dar respuesta a las necesidades de miles de
personas que esperan en los campamentos el fruto de esa negociación, y que hasta ahora dependen casi exclusivamente de la ayuda humanitaria -por cierto, España, en este momento, con el Gobierno socialista, es el primer donante bilateral.
España ha estado siempre comprometida con la solución de este conflicto, y de manera especial este Gobierno. Hemos facilitado el diálogo, hemos promovido medidas de confianza, hemos comprometido ayuda al desarrollo que ha permitido paliar
el sufrimiento y la precariedad a la que el pueblo saharaui se ha visto sometido desde hace muchos años. Al mismo tiempo, hemos ido construyendo una sólida relación con Marruecos, algo que hemos considerado también enormemente útil para acompañar
al pueblo saharaui en la búsqueda de una solución al conflicto del Sáhara Occidental, porque solo manteniendo la interlocución con Marruecos podemos ayudar a avanzar hacia una solución del conflicto, acompañando el proceso de negociación.
Señoría, permítame comenzar con un breve análisis sobre nuestras relaciones con Marruecos. Considero que esa reflexión es obligada para enmarcar el debate en los términos más adecuados, y quiero aprovechar mi presencia en esta tribuna para
declarar una vez más que el Gobierno considera que estas relaciones constituyen una de las prioridades de la política exterior, no solo por tratarse de un país vecino, sino porque son una pieza fundamental y esencial de nuestra política mediterránea
magrebí y africana.
Marruecos ocupa la frontera sur del Mediterráneo y es frontera con el África subsahariana. Esta situación hace que tengamos una especial preocupación por mantener su estabilidad, favorecer su desarrollo y ayudar a la solución del conflicto
del Sáhara Occidental, porque no podemos aspirar a la estabilidad que ambicionamos, y a la que también tienen derecho las poblaciones del norte de África, sin un Magreb estable e integrado, algo que resulta inalcanzable sin la resolución del
conflicto del Sáhara Occidental y sin una relación de cooperación no solamente con Marruecos sino también con Argelia. En ese mosaico, el interés de España pasa por apoyar y estimular todos los procesos de desarrollo, de modernización, de
democratización y apertura al mundo del norte de África, incluido Marruecos de manera especial. Y como parte de esa política, favorecemos la vinculación de Marruecos con la Unión Europea, como lo prueba nuestro impulso y nuestra activa
participación en la reciente Cumbre Unión Europea-Marruecos, celebrada el día 7 de marzo del 2010 en Granada, y que fue uno de los acontecimientos más relevantes de nuestra Presidencia de la Unión Europea.
España y Marruecos tienen una sólida, una fuerte relación bilateral en la que en ocasiones manifestamos discrepancias, pero fruto de esa sólida relación tenemos la ocasión de hablar permanentemente de cualquier asunto, y puedo asegurarle que
en nuestros contactos con las autoridades marroquíes hablamos de todos los asuntos que nos preocupan, incluidos, por cierto, los acontecimientos que han tenido lugar en estas últimas semanas en el campamento. Señorías, la peor de las situaciones
sería llegar al punto de ruptura de los canales de diálogo, como parece ser que algunos claman ante los problemas, y es que solo con el diálogo y la interlocución podremos alcanzar soluciones y, por tanto, ser útiles.
Quiero referirme ahora a los recientes sucesos acaecidos en el territorio del Sáhara Occidental, que el Gobierno -insisto- ha seguido desde el principio con la máxima atención y con gran preocupación conforme evolucionaba la situación en el
campamento y en El Aaiún. Lo que comenzó siendo -y espero que en esto coincidamos- una reivindicación de carácter socioeconómico y de naturaleza pacífica se fue endureciendo con motivo de la muerte de un menor saharaui -sobre la que, por cierto, se
ha abierto una investigación- en un control policial y terminó con el desmantelamiento del campamento, es verdad que con una serie de víctimas aún indeterminadas puesto que ninguna de las dos partes han sabido darnos datos determinantes.
Pero permítanme explicarle cuál ha sido la actuación del Gobierno sobre el terreno ante estos lamentables incidentes y cuál es el carácter de nuestra presencia en el Sáhara Occidental. En El Aaiún solo existe una oficina administrativa, que
es la depositaria de los bienes inmuebles que el Estado español posee allí. A través de ella y en
la medida de sus posibilidades, se ha velado en todo momento por la seguridad de los españoles presentes en El Aaiún. El Gobierno, además, y ante el agravamiento de la situación, dio instrucciones al cónsul general de España en Rabat para
que procediera a la protección consular de los ciudadanos españoles, y el Gobierno también ha pedido, a través de una nota a las autoridades marroquíes -aunque parece que su señoría no lo sabe- información sobre las circunstancias que rodearon la
muerte de un español nacido en El Aaiún, Baby Hamadi Buyena. El Gobierno, además, en estas difíciles circunstancias, hizo un llamamiento al cese de la violencia, al diálogo, a la serenidad y a la contención para evitarle más sufrimiento a la
población y para que pudiera recuperarse la normalidad cuanto antes.
Señoría, quiero subrayar que España no tiene responsabilidad en el Sáhara Occidental desde el día 26 de febrero de 1976, cuando la Administración española abandonó el territorio, momento en que el embajador, representante de España ante las
Naciones Unidas, dirigió una carta al secretario general de la organización informándole de que España se consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad internacional con relación a la administración de dicho territorio.
España, por
tanto, señoría, no es potencia administradora del Sáhara Occidental al haber renunciado al ejercicio efectivo de esa Administración a través de la citada carta. España constata la presencia de la Administración marroquí en el territorio en tanto no
se produzca su descolonización en el marco de Naciones Unidas y bajo sus parámetros. El Sáhara Occidental es uno de los dieciséis territorios no autónomos incluidos en la lista de la Cuarta Comisión, que es la de la descolonización, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que trata anualmente este caso mediante una resolución que se presenta para su deliberación ante esa comisión. Esta situación no implica que el Gobierno español no conceda importancia ni preste atención a lo que
suceda en el Sáhara Occidental ni que no se interese por la suerte de la población saharaui, en especial por la residente en los campamentos de Tinduf, gran receptora de la ayuda humanitaria española. Por el contrario, España, fuera de las partes
del conflicto, es el país de toda la comunidad que más se preocupa por estos asuntos y el que se muestra más solidaria con la población saharaui. Este es el Gobierno que más ha hecho por la población saharaui en todo este tiempo, y lo seguiremos
haciendo.
Trabajamos desde el punto de vista bilateral y trabajamos desde el punto de vista multilateral, y lo hacemos con seriedad, con solvencia, tratando de lograr un acuerdo.
Por todas estas razones, el Gobierno de España, desde el primer momento en el curso de estos sucesos, pidió a las autoridades marroquíes que mantuvieran el diálogo con los responsables del campamento, que negociaran con ellos para encontrar
una salida, y manifestó que una situación tan delicada como era un asentamiento de cerca de 20 000 personas exigía un especial cuidado en su manejo.
Es evidente la especial vinculación de España con el Sáhara Occidental, y es evidente también que existe una enorme sensibilidad en la opinión pública española sobre todo lo que sucede en dicho territorio. Pero al mismo tiempo que mostramos
nuestra sensibilidad, nuestra ayuda, nuestro compromiso, tenemos que señalar que España no es parte en el conflicto, no es potencia administradora en el Sáhara Occidental. Desde el punto de vista jurídico, España no tiene la consideración de parte
en las negociaciones. El papel que corresponde a España, y siempre lo ha ejercido, es el de facilitador para acompañar el proceso de negociación y mantener una cooperación al desarrollo que permita al pueblo saharaui unas condiciones de vida
dignas.
Señoría, establecida la posición de España, quiero referirme al tema básico que constituye la raíz del problema: el estatus del territorio y la posición de todos los Gobiernos que ha habido hasta ahora en democracia ante él, que es
coincidente con lo que antes describía como la posición de las Naciones Unidas. Es un territorio aún no descolonizado.
Existe un proceso de descolonización que reclama el derecho de libre autodeterminación de la población saharaui. El cómo,
cuándo y con qué opciones depende, señoría, del acuerdo entre las partes y de la conformidad con las Naciones Unidas. Desde 1976, fecha de salida de España del territorio, la interpretación de la comunidad internacional, la postura española
respecto a la cuestión del Sáhara coinciden. Es, señoría, la de todos los Gobiernos, y también fue la del Gobierno del Partido Popular. La posición ha sido constante y clara en las resoluciones de la ONU y en la de la OUA, actual Unión Africana,
que es lo que se llama neutralidad activa; neutralidad activa que, por cierto, ha sido una expresión utilizada por distintos dirigentes de su partido y coincidente con la posición que sostiene el Gobierno de España.
Voy a detallar brevemente esa postura española, resaltando el papel central que le otorgan las Naciones Unida, y cómo España ayuda en función de la importancia prioritaria concedida al asunto.
En primer lugar, la cuestión del Sáhara Occidental se tiene que resolver mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Esto quedó claramente establecido en el dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia en el año
1975, donde se dice literalmente que el tribunal no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la resolución 1514 en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación
del principio de la libre determinación, mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.
En segundo lugar, el corpus jurídico aplicable, por tanto, serían las resoluciones 1514, la 1541 y la 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En tercer lugar, la concreción de esos principios se materializa mediante las resoluciones sobre el Sáhara Occidental de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. En particular, el Consejo de Seguridad establece unánimemente los
elementos de solución en una fórmula que se mantiene invariable, señoría, en las resoluciones de dicho Consejo de Seguridad desde el año 2002: solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que
prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el marco de disposiciones conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. La posición española sigue milimétricamente la del Consejo de Seguridad,
reiterando los dos elementos de la solución: acuerdo entre las partes y las Naciones Unidas.
En este ámbito quiero destacar el hecho de que hoy mismo se vaya a celebrar una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre consultas en relación con el Sáhara Occidental. La celebración de esta reunión supone que las
Naciones Unidas asumen el protagonismo como marco de negociación, lo que coincide milimétricamente con la posición de España en esta materia.
Las consultas -como supongo que usted sabrá- del Consejo de Seguridad son a puerta cerrada y abarcan dos puntos: en primer lugar, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Minurso, que informará sobre los
recientes sucesos en el Sáhara Occidental, y luego el informe que presentará el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas sobre la reunión informal que ha tenido lugar recientemente entre las partes en Nueva York.
En cuarto lugar, la actuación de España no se ha limitado a defender de manera constante la definición del problema y la identificación de la solución que le acabo de exponer, que, en todo caso, sería una buena posición, sino que España se
ha involucrado de forma activa y constante en la búsqueda de la solución: en primer lugar, participando e impulsando el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, que más allá de la nomenclatura, espero que usted sepa que son los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad más España y, en concreto, hemos estado involucrados en la redacción del borrador de resolución del Consejo de Seguridad de renovación del mandato de Minurso; en segundo lugar, apoyando al enviado personal del secretario
general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental política y logísticamente, y, en tercer lugar, defendiendo el papel de la Minurso.
Por lo tanto, quiero reiterar los datos fundamentales: el Sáhara Occidental es un problema de la comunidad internacional en el que el sistema de Naciones Unidas es el actor fundamental: doctrinalmente, lo dice el Tribunal Internacional de
Justicia; ejecutivamente, el Consejo de Seguridad, y operativamente, Minurso. España presta a ese problema -le reitero- una atención preferente y mantenida por todos los gobiernos, por cierto desde el año 1976.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Voy terminando, presidente.
España tiene, como le pide el Consejo de Seguridad, una visión realista y persigue con espíritu de compromiso contribuir a solucionar el conflicto, ya que la política española en el Sáhara Occidental es una política de Estado y de principio,
consciente de los vínculos históricos que nos han unido a esa población.
Establecida la actuación del Gobierno y el papel que debemos jugar de acuerdo con el estatus jurídico, queda ahora reiterar la importancia de que España mantenga la interlocución con Marruecos como canal fundamental para poder influir en el
proceso, para acompañar a las partes hacia la solución del mismo, porque ese diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario es la única manera de avanzar hacia la solución y así lo han entendido las partes cuando, incluso a pesar de los graves
sucesos, decidieron mantener las reuniones directas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra, senador Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: gracias, presidente.
Gracias, señora ministra, por sus palabras, pero no me ha convencido en absoluto. Me ha repetido informaciones que ya conocía y, por otra parte, insiste en planteamientos que no es posible aceptar. No me hable de una carta de un ministro
de la última etapa de la dictadura como justificación de todo lo que ha pasado después. Aquello fue bochornoso, fue en una situación muy complicada, de una dictadura agonizante, por una parte, y de un contexto de guerra fría, por otra, no lo
olvidemos, porque en aquel momento tuvieron mucho que ver las cuestiones de los dos bloques. Aquello se hizo muy mal y de alguna manera hay que remediarlo.
Le estoy diciendo que lo que no se hizo entonces se debe intentar hacer ahora liderando el acabado proceso de descolonización. No es admisible, señora ministra, que un pueblo colonizado como el saharaui cambie de colonizador, porque eso es
lo que ha pasado, sin haber podido tomar la palabra, esto es, sin autodeterminarse, como han establecido las Naciones Unidas.
Y no me hable, por favor, otra vez del Informe Corell, de febrero de 2002, porque le he leído unos párrafos donde queda bien claro que España no tenía ningún derecho a esa carta que usted ahora ha aludido aquí, no podía renunciar, y si no
renunciaba es porque todavía tiene una obligación, complejísima después de treinta y cinco años, pero sigue teniendo esa obligación y de alguna manera hay que cumplir con esa obligación poniéndose al frente de un proceso que está estancado y que hay
que conseguir que deje de estar estancado.
Se acabó, señora ministra, se debe acabar de una vez la etapa de la inacción y de la retórica vacía, y nos ha dado aquí mucha retórica vacía esta tarde. Tienen ustedes que actuar, se lo está pidiendo la opinión pública española y se lo está
pidiendo el sentido común y nuestra dignidad como país. Deben afrontar esta cuestión candente, que pone en juego nuestra responsabilidad, no se les vuelva a llenar la boca con la importancia del derecho internacional, porque no es admisible un
derecho internacional de geometría variable, que se usa o no según las conveniencias del momento.
Un periódico madrileño ponía en su boca, señora ministra, la siguiente frase: seguimos defendiendo la libre autodeterminación, pero para ello es necesario el consenso. Y se preguntaba usted: ¿Cómo se satisface ese derecho? Y se
contestaba a sí misma: eso deben decidirlo Marruecos y el Frente Polisario. Pues no. Permítame que le diga, señora Jiménez, que se equivoca. Libre autodeterminación y consenso son un oxímoron, dos palabras de significados opuestos. Si un pueblo
se autodetermina libremente porque tiene derecho a hacerlo, como ha establecido Naciones Unidas respecto del saharaui, lo hace sin consensuarlo con nadie, sin pedirle permiso a nadie, bajo la tutela, eso sí, de Naciones Unidad. Y lo hace por
referéndum. Lo que usted propone no es la autodeterminación, sino la heterodeterminación, algo totalmente distinto y que, desde luego, no existe en el derecho internacional.
De todas maneras, todo esto se veía venir, porque tiene una fecha. En abril de 2006, el entonces secretario general de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, tiró la toalla claramente y dijo: allá os las entendáis.
Conversad entre vosotros.
Eso es tremendamente injusto, porque ese: allá os las apañéis, no puede terminar más que en fracaso. Nadie cree que pueda salir algo positivo de esas negociaciones, porque se parte de presupuestos incompatibles, Marruecos de la autonomía y los
otros de la independencia o, por lo menos, del referéndum sobre la autodeterminación.
Así no se puede llegar a ninguna parte, y si no actúan se van a producir graves daños: en primer lugar, para el pueblo saharaui, que está en peligro de extinción, de desaparición. En segundo lugar, para Marruecos, cuyo prestigio y buen
nombre están siendo seriamente afectados, pues se han metido en un callejón sin salida, aunque en Rabat no parecen darse cuenta. En tercer lugar, para España, que, tras el bochorno del abandono vergonzoso de hace treinta y cinco años, añade ahora
el olvido de sus responsabilidades con mucha retórica y olvidando que no solo tenemos esas responsabilidades históricas y morales, sino también jurídicas, como insisto y como dice ese Informe Corell. Y, en cuarto lugar, para Naciones Unidas, que ha
sido incapaz de hacer frente a los compromisos en el territorio. Y es que seguimos en ese buenismo paralizador que ha caracterizado hasta ahora su política exterior y que hay que romper de una vez.
Por otra parte, quería -si me da tiempo- aludir a algunas cosas que se han dicho aquí. ¿Qué piensa del curioso hecho de que se produjera el ataque al campamento el mismo día que se iniciaba la enésima ronda de negociaciones entre Marruecos
y el Polisario? Muchos medios comentan que era un claro intento marroquí de boicotear unas conversaciones de cuyos resultados muy pocos se fían, porque pensaban que el Polisario ante el ataque iba a decir que no y, para sorpresa de todos, dijo:
vamos a las negociaciones.
Por lo tanto, ahí hay muchas cosas oscuras, como que si España sabía o no que el campamento iba a ser atacado. En todo caso, yo diría una cosa, acabo de leer, con motivo del Día del Trono, conmemorando la Marcha Verde, que el Rey de
Marruecos ha pronunciado un discurso en el que decía que su proyecto de autonomía para el Sáhara cuenta con una amplia adhesión en los campamentos de refugiados de Tinduf. Entonces, yo me pregunto: ¿Por qué le tiene tanto miedo al referéndum?
¡Que se lo pregunten! Si tan solo pedimos que se lo pregunten a los saharauis. Eso es lo que estamos pidiendo y lo que viene reiterando Naciones Unidas desde hace veinte años por lo menos.
Por lo tanto, no es bueno para nosotros que las relaciones con Marruecos se deterioren. En eso estamos de acuerdo. Pero tampoco para ellos, porque siempre pensamos que somos nosotros los perdedores. Tenemos que tener buenas relaciones con
Marruecos. Nos interesa a nosotros, pero también a ellos. Así, podríamos empezar a entendernos todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, confunde lo que usted llama retórica vacía con la legalidad internacional. Francamente, estamos aquí los parlamentarios en una Cámara, y confundir la retórica con la legalidad internacional me parece un grave error, así como
confundir la retórica con las decisiones adoptadas en el marco de Naciones Unidas.
Por cierto, ya que usted se empeña en decir que eso de buscar el consenso es algo nuevo del Partido Socialista y que no sirve de nada, le voy a enseñar unas declaraciones del presidente de su partido, vicepresidente del Gobierno en el año
2003 (La señora ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Jiménez García-Herrera, muestra un documento.), donde dice textualmente que solo con consenso entre las partes es posible encontrar una solución y es posible la estabilidad. Es
evidente que el señor Rajoy es mucho más sensato que usted. (Risas y Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ahora le voy a leer dos líneas de un artículo suyo publicado hace apenas tres meses, en el pasado mes de agosto. Abro
comillas. Dice usted: «las relaciones con Marruecos nunca han sido fáciles por razones bien conocidas, y a lo más que puede aspirarse es a conllevarse de la manera más civilizada posible». Señoría, ¿es esa la posición del Grupo Popular? Porque
está acusándonos a este Gobierno de pasividad. ¿Eso es lo que usted propugna, una política sin ambición, pasiva?
Este Gobierno aspira a mucho más, sus aspiraciones incumben a aspectos que afectan a nuestra seguridad, a la seguridad nacional, como son los acuerdos de colaboración policial y de inteligencia, y siempre con la mirada puesta en la actuación
de los grupos terroristas que nos amenazan a ambas orillas del Mediterráneo. Buscamos también la colaboración en el ámbito de los movimientos migratorios y del control del tráfico de drogas, así como una mayor y más sólida imbricación de nuestras
socieda-
des civiles y, por supuesto, de nuestras relaciones económicas y comerciales. La posición de este Gobierno es incompatible con la pasividad y el derrotismo que trasluce usted en ese artículo cuando afirma que la aspiración es conllevarse.
Nuestra ambición, por difícil que sea, se proyecta también con el pueblo saharaui.
El compromiso del Gobierno es bien elocuente en materia de cooperación al desarrollo, cuya cifra: 21 millones de euros durante el año 2009, multiplica por cuatro la cantidad del año 2003, cuando el Partido Popular gobernaba y apenas se
destinaban 5 millones a la cooperación al desarrollo.
Le vuelvo a reiterar que este Gobierno es el que más ha ayudado al pueblo saharaui. Ese compromiso activo por lograr una solución negociada entre las partes es lo que ha movido al Gobierno a desplegar una diplomacia equilibrada, que es la
única diplomacia sensata por parte de un Gobierno responsable y coherente con el contexto internacional en el que nos desenvolvemos, antes y después de los sucesos del Aaiún. Una diplomacia que actuó eficazmente en el año 2008 para reactivar la
implicación de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, impulsando el nombramiento de un nuevo representante personal del secretario general tras seis meses vacante. Una diplomacia que en el marco del Grupo de Amigos del Sáhara ha favorecido la
recuperación de las negociaciones directas entre las partes después de una década sin contactos entre ellos.
En este punto, señoría, quiero ser muy clara. La mejor manera de ser solidarios con la causa saharaui es favorecer la solución del conflicto y esto significa alentar las negociaciones de las partes. Esto es lo que ha hecho y va a seguir
haciendo el Gobierno de España, y para ello es primordial mantener la interlocución con ambas partes. No se consigue nada, señorías, llegando al punto de no retorno que supone la ruptura del diálogo; con ello solamente vamos a conseguir que España
carezca de influencia.
Quiero concluir afirmando que el diálogo es crucial para la defensa de nuestros intereses desde un plano bilateral, pero también lo es en el ámbito multilateral como medio para influir a favor del proceso de negociación entre las partes.
Créame, señoría, el mejor servicio que podemos hacer al pueblo saharaui es seguir siendo interlocutores del Gobierno de Marruecos para así poder ayudar a encontrar una solución al conflicto. Por cierto, en este grupo (La señora ministra de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Jiménez García-Herrera, señala a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), todas esas personas que usted ve aquí sentadas hemos defendido los derechos del pueblo saharaui -somos muchos los que lo hemos hecho
durante muchos años y desde hace mucho tiempo-, mientras que ustedes desde hace apenas unos días y solo para tratar de erosionar al Gobierno actual. Esa es la realidad.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: No, no.-Denegaciones del señor Muñoz-Alonso Ledo.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESAN LOS FUTUROS ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA CON EL REINO DE MARRUECOS EN MATERIA HORTOFRUTÍCOLA, EL
POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA ANTE LOS MISMOS Y LAS ACTUACIONES QUE VA A DESARROLLAR EN DEFENSA DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL (Número de expediente 670/000133).
El señor PRESIDENTE: Interpelación de José Cruz Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación por la que atraviesan los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea con el Reino de Marruecos en
materia hortofrutícola, el posicionamiento de España ante los mismos y las actuaciones que va a desarrollar en defensa del sector hortofrutícola español.
Tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra, y bienvenida a esta Cámara, en este caso para contestarnos a la primera interpelación que le planteamos en el Senado. Pero antes de entrar en materia quiero felicitarle por su nombramiento y, también desearle
éxitos en su gestión al frente de su ministerio.
Aprovechamos esta ocasión para comentarle lo que le venimos demandando desde hace años al Gobierno, que no es otra cosa que un mayor compromiso no solo con el medio ambiente sino también con un sector tan olvidado por su presidente y su
Gobierno como es el sector agrario. En esta intervención quiero pedirle, coincidiendo con el inicio de su gestión ministerial, más presencia en la Unión Europea y posicionamientos más claros en defensa de nuestra agricultura y de nuestro mundo
rural que los mantenidos anteriormente por el Gobierno.
Dicho esto con carácter previo, por el interés que tenemos hacia el sector alimentario y agrario, hoy la interpelamos sobre frutas y hortalizas; un sector importante en nuestro país. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la
Presidencia.)
Queremos que nos explique cuáles son sus posicionamientos ante el próximo acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos, las valoraciones de su Gobierno sobre este acuerdo y cómo creen que puede afectar previsiblemente al sector
hortofrutícola español. Y se lo pedimos porque creemos que el actual proyecto de acuerdo que en estos momentos está en el Parlamento Europeo es malo, y si se aprobase en los términos en que está redactado actualmente, afectaría muy negativamente a
nuestros agricultores.
Y antes de continuar con mi análisis quisiera transmitir, en primer lugar, el posicionamiento del Partido Popular respecto a esta materia, y quiero hacerlo para que quede bien claro qué pensamos y cómo nos posicionamos ante
esta situación. Y quiero decirle que tanto en el Congreso como aquí, en el Senado, o en los Parlamentos regionales nuestro posicionamiento ha sido claro: estamos en contra de este acuerdo de renovación, y le anuncio que nuestros
eurodiputados en el Parlamento Europeo votarán en contra de la renovación y de este acuerdo con Marruecos.
Quiero, pues, que quede meridianamente clara nuestra posición. Le reitero que somos contrarios a la renovación del acuerdo en los términos en que está redactado. Asimismo quiero manifestarle que el nuevo texto de acuerdo con las
modificaciones que se pretenden introducir es negativo para nuestro país, y nada tiene que ver con lo que se aprobó anteriormente ya que penalizan a España al cambiar el modelo que teníamos aprobado en materia de comercio hortofrutícola. Y lo que
nos preocupa, señora ministra, es escuchar sus manifestaciones y las valoraciones que hace en torno al acuerdo. Yo le recomendaría que leyese usted el artículo 2.1 del nuevo acuerdo como clave de todo lo que se cambia para que vea que modifica de
una manera sustancial el modelo de intercambios comerciales con Marruecos. Fíjese lo que dice: Quedarán eliminados los derechos de aduana aplicables a las importaciones de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescados y
productos de la pesca originarios de Marruecos en la Unión Europea, salvo ocho pequeñas excepciones que también vienen en los apartados 2 y 3.
¿Qué quiere decir esto? Pues algo tan sencillo como la liberalización absoluta del comercio para todos los productos. Es decir, que cambia drásticamente el sistema de importación de frutas y hortalizas. Se pasa del sistema del año 2005,
con cierto control en frontera y régimen de precios de entrada, a otro con una liberalización absoluta, si bien es cierto que a lo largo de diez años. Y si no me cree, léase los anejos de 2005, en los que hay hasta trescientas referencias de
régimen aplicable a la importación de productos desde Marruecos; y en la actualidad solamente hay ocho con unos precios de entrada irrisorios.
Cambia todo, señora ministra. Y el resultado es ampliar el abanico de posibilidades para exportar frutas y hortalizas desde Marruecos a la Unión Europea, y algo muy importante, y es que es así para todos los productos; no solo para los
tomates, sino para todas las producciones y en régimen de igualdad con los españoles en el futuro.
Por tanto, es difícil de digerir lo que dijo usted a la salida del Consejo de Ministros el pasado día 26 sobre el acuerdo; escuchar cómo decía que era difícil decir que no al acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos; o decir que
se trata sobre las mismas bases y los mismos fundamentos que el anterior; o que no estamos ante un acuerdo nuevo sino ante un acuerdo de continuidad con el anterior, y que en términos de resultados globales, se atrevería a decir que es mejor.
Señora ministra, realmente creo que esto no es así y lo que ha dicho es de preocupar, pues frente a estas opiniones suyas todo el sector agropecuario español, todo el sector hortofrutícola español se ha posicionado en contra y dice lo
contrario; e incluso dicen lo contrario los gobiernos regionales, las cooperativas o el propio Copa-Cogeca.
Y quiero decirle una cosa, señora ministra, usted es nueva en su ministerio y quizá sus asesores le hayan dicho cuáles son sus posicionamientos. Pues bien, yo cambiaría de asesores y me aproximaría a otros que estuvieran más cercanos a la
realidad. Y la realidad es que de aprobarse el actual acuerdo se desmantelaría en parte el sector español, y no lo dude, ya que nuestros agricultores y nuestros exportadores trabajan en unas condiciones muy diferentes en la Unión Europea a los
marroquíes -esto no es catastrofismo, señora ministra, esta es la auténtica realidad-. En Marruecos los costes operativos son diferentes, son inferiores; en la Unión Europea son más altos como consecuencia de mayores exigencias en materia de
fitosanitarios, en materia de regulación más estricta de plaguicidas, y todo esto hace encarecer las producciones; en Marruecos apenas existen estas limitaciones. Por tanto el riesgo es cero en materia de seguridad alimentaria en la Unión Europea
y se produce con la filosofía de agricultura sostenible, tal como defiende usted en sus planteamientos; pero se tiene que competir con otras producciones de Marruecos que apenas tienen esas exigencias.
Y lo mismo pasa con la mano de obra. En Europa la mano de obra es mucho más cara -7 euros por hora en Almería, 0,5 euros en Marruecos- y en algunos casos estos salarios son de hambre y con explotación laboral, cuestiones que en la Unión
Europea son impensables. Y todo ello representa una situación de indefensión de los productores europeos frente a los de terceros países, que se ha podido paliar en el pasado con la preferencia comunitaria y con los acuerdos comerciales.
Ante esta situación, yo quisiera darle algunas cifras sobre la importancia del sector agropecuario español y lo que nos jugamos en el futuro. Voy a hacerle una afirmación que es muy clara y refleja qué es la agricultura en España: España
es un país eminente y fundamentalmente de frutas y hortalizas; fíjense si es importante, que las frutas y hortalizas representan el 39% de toda la producción agraria española, o si se dice en producción vegetal, el 64% de las frutas y hortalizas es
la producción vegetal española; es decir, que las dos terceras partes de la producción agrícola española son frutas y hortalizas. Quiere esto decir que es diez veces más importante que el aceite de oliva en términos económicos, diez veces más
importante que el vino, cinco veces más importante que la leche y cinco veces más importante que la carne.
Por lo tanto, son cifras económicas importantes y son un activo extraordinario en muchas regiones de España: en Andalucía, Valencia, Murcia, Aragón, Extremadura o Canarias. Y son importantes no solamente por producir alimentos para consumo
interior, sino también para la exportación. Los españoles exportaron en el año 2008 por más de 8000 millones de euros, y en el año 2009, 7800 millones de euros. Y si hubo decremento en el año 2009 fue precisamente por la entrada irregular de
producciones marroquíes fuera de cupo e incumpliendo el acuerdo vigente.
Fíjense en la importancia en términos de cuota de mercado del ámbito comunitario: nuestro cliente principal, es decir, el principal cliente de las exportaciones espa-
ñolas es la Unión Europea, se lleva el 90% de nuestras exportaciones. Esta es la realidad, se mire como se mire, y cualquier alteración de este mercado al final afectaría negativamente a España.Esto es, a nuestro juicio, lo que está en
juego y lo que hay que defender, y lo primero que debería hacer, a mi juicio, el Gobierno es creerse que esto es como le he dicho.
Quisiera resaltar algo trascendental, señora ministra, y es la importancia que tiene en muchas regiones -que he nombrado anteriormente- y sobre todo en muchas provincias. Hay provincias como Almería, Lleida, Badajoz, Valencia o Huelva que
viven fundamentalmente de este sector de frutas y hortalizas, y todo ello afecta no solamente a estas comunidades autónomas y provincias, sino a un número importante de empleos: entre 300 000 y 400 000 empleos anuales es lo que genera el sector de
frutas y hortalizas. Y hay que decir algo muy importante: es empleo rural, es empleo de la España rural, del mundo rural y de su Andalucía rural también, y parece que esto lo olvida muchas veces el Gobierno, y debemos darnos cuenta de que todo el
sector depende de las decisiones comunitarias, no de los fondos comunitarios, porque el sector de frutas y hortalizas no consume de las decisiones comunitarias. A mi juicio, todo esto les debe hacer reflexionar.
También quisiera referirme a algo que he venido escuchando en reiteradas ocasiones y que he leído, incluso, en los debates en el Parlamento de Andalucía y que critica lo aprobado en el año 2000. Dicen que aquello del año 2000 está vigente
en la actualidad y que es lo mismo que ahora se va a aprobar y que todos los males arrancan de aquel año.
Y yo quisiera decirle, señora ministra que esto no es cierto. En el año 2000 en la Unión Europea entraron en vigor acuerdos de adhesión euromediterránea entre la Unión Europea y diferentes países, como Líbano, Argelia, Egipto, Jordania y
Marruecos, Israel y Túnez, y se fijaron algunas cuestiones de tipo general, pero la firma del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión Europea y Marruecos -fíjense qué curiosidad- se produjo el 26 de febrero de 1996, con Gobierno del Partido
Socialista. Pero aún hay más: el régimen de importaciones de frutas y hortalizas se fijó en el año 1994 con don Luis Atienza de ministro, y el régimen de intercambio con terceros países que fijó la OCM de frutas y hortalizas se fijó en el año
1996, gobierno compartido Partido Socialista-Partido Popular.
Por lo tanto, cuando hablan del Partido Popular y del año 2000, uno no sabe a qué se refieren, si a lo que aprobó el señor Atienza en 1994 o a lo que se aprobó en el año 96, que en parte se incluyó en el acuerdo que actualmente se quiere
aprobar con Marruecos. Es decir, que en el periodo del Partido Popular apenas se modificaron los reglamentos comunitarios y apenas se tocó el acuerdo con Marruecos.
Por lo tanto, yo les pediría algo de seriedad y rigor y que no se inventen cosas que en nada se parecen a la realidad y que solo pretenden hacer ruido y confundir y que muchas veces son disculpas para poder defender sus posicionamientos.
Y lo cierto, señora ministra, es que el sector ha crecido a lo largo de los últimos diez años tanto en valor absoluto como en exportaciones -le puedo dar los números en la réplica-, y este crecimiento se ha producido a pesar de los
incumplimientos de Marruecos, que ha introducido frutas y hortalizas irregularmente en la Unión Europea como consecuencia también de un control nefasto de las fronteras de la Unión Europea. Estas irregularidades han sido denunciadas por el Partido
Popular, por la senadora Agüero aquí en el Senado, y el Gobierno reiteradamente las ha negado, y a las cuarenta y ocho horas de negarlo el Gobierno, la propia comisaria dijo -lo dijo en varias ocasiones- que, en efecto, Marruecos había incumplido el
acuerdo y había exportado o importado más a la Unión Europea fuera de cupo.
Por lo tanto, yo le pediría, señora ministra, que mire al futuro, que no mire al pasado y que piense que con este acuerdo nos jugamos mucho, que nuestro país y nuestro sector agroalimentario se juegan mucho, y que actuando contra el sector
alimentario y el sector hortofrutícola se ataca a la línea de navegación.
Yo espero que con su contestación no minusvalore la situación y no me venga a decir que es lo mismo que la anterior, porque no es así. Se lo han dicho todas las organizaciones. Y una situación que, a nuestro juicio, es muy difícil de
entender es esa defensa tan feroz de los acuerdos con Marruecos, que en nada se corresponden con las necesidades de nuestro sector de frutas y hortalizas; es cierto que es un proteccionismo para nuestro sector de frutas, pero nuestro país depende
de las frutas y hortalizas, y verles a ustedes cómo se posicionan a favor de un país como Marruecos para que pueda exportar a la Unión Europea de una manera libre no se corresponde con la realidad y con la situación económica de nuestro sector.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señor presidente.
Permítame que comience mi primera intervención en el Senado felicitando y felicitándonos porque la Unesco ha declarado patrimonio y material de la humanidad la dieta mediterránea y también el flamenco y creo que es un momento, al menos, para
reseñarlo por la importancia que tiene tanto la dieta mediterránea en términos de salud, en términos de modo de vida, de cultura, como el flamenco, que expresa el sentir y el sentimiento de todo un pueblo.
Dicho esto, señoría, me manifestaré sobre algo que ha dejado caer al inicio de su intervención, y es que para mí tienen la misma importancia todas y cada una de las competencias residenciadas en el ministerio y, por tanto, me dedicaré a
trabajar, a realizar el mayor de los esfuerzos
para llevarlas a cabo; en ese sentido, una de las obligaciones de esta ministra es la presencia en el ámbito de la Unión Europea.
Pero permítame que le diga que de forma suave ha dejado de manifiesto algo claro, y es que busca excusas para situarse en el no, en la confrontación sobre el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos. A este respecto, señoría, nos explicaba
la exposición de motivos de su interpelación -le puedo asegurar que la conozco porque la he leído- y, como usted mismo reconoce, podemos calificar al sector hortofrutícola como un destacado activo dentro de la economía agraria en particular, y
española, en general, y sin duda con grandes perspectivas de desarrollo y de futuro.
Le puedo asegurar que el Gobierno de España es plenamente consciente del importante papel socioeconómico que juega el sector en las diferentes zonas productoras de nuestro país y que contribuye significativamente a su avance y progreso; y
basta con observar los datos para comprobar que son concluyentes. Hablamos, como bien ha dicho su señoría, del primer sector en facturación, con un valor de producción final que supera los 15 000 millones de euros.
El sector del que hablamos tiene una gran importancia para la economía del país por el empleo directo e indirecto que genera, y, además, por su aportación a la exportación española a la que contribuye aproximadamente con el 5% del total,
situándose en el quinto lugar entre los productos más exportados.
La realidad actual a la que he hecho referencia es el mejor acicate -y espero que su señoría esté de acuerdo conmigo- para que con el apoyo, con el respaldo del Gobierno el sector, que tiene grandes fortalezas y oportunidades, incremente la
productividad y la comercialización y sea aún más competitivo de lo que es ya.
Desde el ministerio, bien lo sabe, prestamos un respaldo pleno al sector y lo vamos a seguir haciendo, tanto para un mejor aprovechamiento de los mecanismos comunitarios como en las actuaciones nacionales específicas para mejorar su
competitividad; todo ello, sin lugar a dudas, en el marco normativo y político de la Unión Europea.
Y, señoría, como bien sabe, entre las políticas de la Unión Europea se encuentran los acuerdos preferenciales con terceros países que se enmarcan en compromisos históricos, por cierto, aprobados en el Senado y en el Congreso de España.
Así, lo sabe también, los compromisos con Marruecos se derivan de la relación existente entre la Unión Europea y dicho país, plasmada en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, y que se materializaron en 1996 en el Acuerdo
Euromediterráneo, un acuerdo cuyos objetivos eran amplios y respondían a la amplitud de miras con la que se afrontó el momento y, por tanto, trascendían aspectos concretos de un sector, aunque bien es cierto que le repercutía.
Además del Acuerdo Euromediterráneo, con sus compromisos, tenemos que añadir lo adquirido en la Política Europea de Vecindad formulada en 2004, política por la que se pretende privilegiar las relaciones con los países vecinos.
En el aspecto económico no debemos olvidar que uno de los elementos fundamentales es la creación de una zona de libre cambio que estaba prevista para 2010, que se configurará y se conformará más tarde pero sobre la que se sigue trabajando;
zona que significa que la liberalización debe abarcar a la parte fundamental del comercio, contemplándose -usted lo sabe perfectamente- en particular la liberalización progresiva del comercio de productos agrícolas. En este caso se establecen en un
protocolo las concesiones de las cuales se benefician los productos agrarios, y además de todo ello, opera un acuerdo Unión Europea-Marruecos en vigor desde el año 2000.
¿Qué quiero decir con todo esto, señoría? Pues que no partimos de cero en relación con el nuevo acuerdo Unión Europea-Marruecos, que se asienta -aunque usted lo niega una y otra vez- en un acuerdo anterior, y que para su configuración se ha
estado negociando desde febrero de 2006 hasta noviembre de 2009, fecha en la que la Comisión concluyó las negociaciones; fíjese, señoría, hace un año que la Comisión concluyó las negociaciones para renovar el protocolo agrario del acuerdo de
asociación Unión Europea-Marruecos.
Como bien sabe también, el 16 de septiembre de 2010, el Colegio de Comisarios aprobó el proyecto de decisión del acuerdo que deberá ser adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo, que debe aprobarlo o rechazarlo y también tiene que ser
ratificado por Marruecos, eso quiere decir que si tenemos en cuenta los trámites a llevar a cabo, el acuerdo al que nos estamos refiriendo entraría en vigor ya bien entrado el año 2011.
Pero, aunque usted diga que no una y otra vez, señor Pérez Lapazarán, desde luego, la columna vertebral del acuerdo actual es exactamente la misma que la del acuerdo anterior, y hay que subrayar que durante las negociaciones, España ha
estado manteniendo constantes contactos con la Comisión para asegurar la defensa de los intereses de nuestro sector productor. Hicimos hincapié en defender el mantenimiento del funcionamiento y de los niveles del sistema de precios de entrada
actual para toda la producción; hicimos hincapié en tratar que los aumentos de contingentes que se prevén para los productos sensibles fueran los menores posibles y, señoría, como todos los acuerdos -y este no lo olvidemos lo realiza la Unión
Europea con Marruecos-, tiene partes muy positivas y otras menos, pero hemos de abordarlo desde las perspectivas y las oportunidades que este acuerdo nos ofrece. Y también le diré, señoría, que respeto y comprendo las decisiones adoptadas por
distintos parlamentos autonómicos, por los consejeros y las consejeras de las distintas comunidades autónomas a las que afecta este acuerdo y, desde luego, como no podía ser de otra manera, respeto profundamente las diversas valoraciones de las
organizaciones agrarias.
Pero debemos detenernos en el acuerdo para hacer una lectura de él, y la estructura del nuevo protocolo dice que se mantienen concesiones limitadas a determinados contingentes y en determinadas fechas para aquellos productos que se
consideran sensibles: el tomate, el ajo, el calabacín,
el pepino, la fresa y las clementinas, evitando en gran medida el solapamiento con nuestras producciones y, por tanto, garantizando de manera importante su protección. Se mantiene también para todos los productos, ya sean sensibles o no, el
régimen de precios de entrada, cuestión defendida en la negociación como prioritaria por España y que se ha hecho realidad. Aunque hay que reconocer que en cuatro productos hay una reducción del 30% del precio de entrada, hablamos de cuatro
productos con una capacidad de exportación muy baja por parte de Marruecos.
Se liberaliza el comercio de 26 productos, lo que significa la eliminación del impuesto aplicado como un porcentaje del precio del producto importado ad valorem. De los productos que se van a liberalizar, 12 cuentan con precios de entrada,
lo que supone -coincidirá conmigo- una importante protección.
Las importaciones de muchos de los productos que se liberalizan son bajas y los aranceles que se van a suprimir en el acuerdo ahora negociado son muy reducidos, entre el 5 y el 10%, por lo que la supresión no va a ser un incentivo que pueda
aumentar las importaciones. Los incrementos de contingentes para los productos sensibles serán moderados y graduales.
Vamos a hacer una mención especial del tomate. En este caso, se prevé un aumento del contingente actual que va de 233 000 toneladas hasta 285 000, 52 000 toneladas más, pero con un período de aplicación de cinco años y manteniéndose su
distribución mensual, algo en lo que hemos hecho especial hincapié y que hemos planteado. Eso va a limitar -usted lo sabe bien- y mucho el impacto sobre el mercado. Además se reforzará la cláusula de salvaguarda si se presentan perturbaciones de
los mercados, incluyéndose el concepto de perjuicio grave al sector de producción, lo que supone ni más ni menosque una garantía más para el propio sector productor.
Podemos afirmar que lejos de la visión catastrofista que ha intentado dar y presentar en relación con el acuerdo Unión Europea-Marruecos -se lo digo con todo el respeto- sin base alguna, las prioridades -hemos de subrayarlo-, españolas se
enmarcan y plasman en gran medida en ese acuerdo, en ese protocolo.
Por otro lado, para finalizar, me gustaría hacer referencia a que el acuerdo, de ser aprobado definitivamente, también representa nuevas posibilidades para el sector hortofrutícola español de introducirse en el mercado marroquícon mayores
oportunidades que otros Estados miembros de la Unión Europea; oportunidades que sin lugar a dudas el sector productor español va a aprovechar y se va a introducir en el mercado marroquí haciendo valer los siguientes términos del acuerdo que nos
benefician: supresión de derechos arancelarios para nuestras hortalizas, supresión de los aranceles de los cítricos españoles, liberalización en un período de cinco años de frutas como los melocotones, las cerezas, los albaricoques y los aguacates;
reforzamiento de la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y, además, se avanza en la reciprocidad de las disposiciones sanitarias o fitosanitarias.
Desde luego, señorías, el Gobierno de la nación quiere manifestar que vamos a ayudar de forma decidida al sector para que seamos más competitivos que cualquier otro país productor, para que seamos más eficientes, para disminuir los costes y
para incrementar los beneficios con claros aspectos diferenciales en calidad, fomentando las prácticas respetuosas con el medio ambiente. Lo haremos tanto en el marco de la política agraria comunitaria como mediante ayudas nacionales.
El sector se desarrolla por este camino, invirtiendo cada año más, hasta alcanzar los 350 millones de euros actuales, de los cuales el 50% corresponden a ayudas comunitarias. Y ahora también el Gobierno de España, el ministerio, junto a las
comunidades autónomas vamos a mejorar los invernaderos a través de un plan específico por el que se implantarán las últimas tecnologías, se mejorará la productividad de las explotaciones especializadas en la producción de tomates y tendremos óptimas
condiciones para exportar y competir; un plan de invernaderos que está dotado con 200 millones de euros.
Señorías -termino- los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Marruecos hay que entenderlos en el marco general de las relaciones internacionales de la Unión Europea con otros países, hay que verlos desde una perspectiva global. No
solo hay que hablar parcialmente de ellos, sino entender dónde están los intereses integrales y globales de España. Por eso, estamos respaldando este acuerdo de la Unión Europea con Marruecos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra por su intervención y su tono.
Le diré que me ha parecido un buen discurso, muy retórico, pero le diré que también muy ingenuo. Este discurso ya se lo he escuchado al presidente Zapatero. Le escuché decir algo así como que iba a hacer del azúcar y de la remolacha un
asunto de Estado. Lo dijo hace muy pocos años: Voy a defenderlo en la Unión Europea. La verdad es que no sé dónde estuvo o qué hizo, pero la realidad es que están cerrando azucareras y la superficie de remolacha ha disminuido a menos de la mitad.
En definitiva, es un sector productor que se ha arruinado. Y lo mismo ha pasado con el algodón y con las perspectivas financieras, respecto de las que el presidente del Gobierno vino a decir que en sus negociaciones España había salido fortalecida,
que iba a pagar más porque es más rica. Luego hemos visto que otros países han pagado menos y que España ha recibido menos fondos, hasta 44 000 millones de euros, lo que se refleja en que el sector agrario ha recibido 717 millones de euros menos
para el pago de rentas a los agricultores.
Este es su discurso bienintencionado frente al cual están los países del norte de Europa, que pretenden exportar a Marruecos productos excedentarios, como los del sector lácteo. Usted nos dice que España también se va a aprovechar de las
exportaciones de los productos españoles a Marruecos. Señoría, España es deficitaria en leche, que recibe de los países del norte de Europa. Por tanto, el único producto que puede interesar a Marruecos, que es la leche, lo van a aprovechar los
países del norte de Europa, no los países del sur, o nuestro país.
Dice usted que son acuerdos de la Unión Europea. Tengo aquí las directrices emanadas de la Unión Europea de cara a negociar concesiones recíprocas adicionales aplicables al comercio de productos agrícolas, productos transformados, etcétera.
Señoría, voy a leerlo textualmente.
Directrices de negociación, artículo 1: La Comisión concederá atención especial a los productos cuyos calendarios de exportación coincidan con la producción comunitaria, considerando las posibles consecuencias
negativas económicas y sociales para determinadas regiones y sectores; es decir, ¿cómo puede afectar la apertura libre y para todos los productos de las producciones de Marruecos hacia la Unión Europea en los próximos años? ¿Dónde ha hecho la
Unión Europea la auditoria de cómo va a afectar a las producciones españolas? Señora ministra, es que no la ha hecho; ni el Gobierno de España ni la Unión Europea. Como le he dicho antes, en comparación a Marruecos, España no es competitiva. Los
costos son diferentes. Fíjense en el caso de un invernadero en Almería. Por cada hectárea de invernadero se emplean tres trabajadores, que cobran siete euros, frente a medio euro que se cobra en Marruecos. De este modo, 15 trabajadores en
Marruecos cobran lo mismo que un trabajador en Almería.
Estas son las diferencias.
Otro asunto muy importante es el referido a las condiciones para poder negociar los acuerdos. En primer lugar, país democrático y respeto a los derechos humanos. Pero, con todo lo que se ha dicho antes, yo dejaría aparcado este tema y lo
pondría con asteriscos, para ver si realmente se produce de esta manera.
Hay una cuestión que realmente nos preocupa porque aunque usted dice que se va a ocupar del sector agrario de una manera muy importante, lo cierto es que me dan envidia Francia y Alemania -y así se lo he manifestado en años anteriores a la
señora ministra saliente y al presidente del Gobierno- porque en definitiva prestan una mayor atención al sector agrario. Fíjese en la noticia de hoy mismo: «Sarkozy apuesta por un gran Ministerio de Agricultura y Ruralidad en la remodelación de
su Gobierno».
Sin embargo, aquí hemos perdido el Ministerio de Agricultura y la atención hacia el sector agrario, ganadero y pesquero.
Por lo tanto, todas sus afirmaciones nos resultan bienintencionadas, pero el hecho cierto es que el sector hortofrutícola español va a sufrir un grave deterioro como consecuencia de la apertura de las fronteras hacia las producciones de
Marruecos y de terceros países, y Marruecos es el único país que tiene estas preferencias comunitarias porque ni Argelia ni Túnez ni Egipto ni Jordania ni Israel las tienen. Todo esto, a mi juicio, les tiene que hacer reflexionar y defender de
manera más activa al sector hortofrutícola español porque, en definitiva, se juega su futuro, lo quiera usted reconocer o no. Dentro de unos años, si usted sigue en el Gobierno, se lo recordaremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Termine, señor senador.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Sí, señor presidente.
Termino recordando la importancia del sector hortofrutícola español y la aprobación de este acuerdo.
Como le he dicho anteriormente, dado que tenemos poder de codecisión en el Parlamento Europeo, vamos a votar en contra, y les pediría que ustedes, socialistas españoles, también lo hagan.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señor presidente.
Señoría, en mí encontrará siempre un tono respetuoso, pero le puedo asegurar que mi intervención en esta Cámara está llena de realismo y de compromiso; por eso comprendo que usted la tache de ingenua porque, cuando se trata de
comprometerse, ustedes huyen siempre. En ese tenor, le diré que entre usted y yo hay una clara diferencia, y es que yo creo profundamente en el sector y tengo una confianza plena en él, en su capacidad de desarrollo y de competitividad, a través de
los instrumentos que tenemos: la política agraria comunitaria y las medidas que el Gobierno está adoptando como apoyo y respaldo al sector para su desarrollo.
En este sentido, estoy convencida de que el sector abrirá un nuevo campo y un nuevo camino en el espacio de Marruecos, aunque usted haga alusión permanente al tema salarial y al de los derechos humanos. Por ello, simplemente le diré que no
pretenda darme lecciones sobre lo que significa luchar por unos salarios justos y por los derechos humanos del conjunto de la humanidad y no invoque más esos elementos a la hora de decir si tiene o no confianza en un sector que, desde luego, va a
desarrollarse y va a seguir avanzando.
Le diré algo más, y es que aquí hay Ministerio de Agricultura, lo que pasa es que usted no quiere reconocer una realidad y es que nosotros, el Gobierno de España, estamos en plena sintonía con el futuro, que también lo marca la Unión
Europea, cuando habla de una PAC verde, de lo que significa el desarrollo sostenible, de los nuevos tiempos que llegan y de los nuevos retos y desafíos a los que tenemos que hacer frente. Por eso, debemos hacerlo desde una perspectiva de política
global y de sostenibilidad como concepto integral.
Le diré además que tienen ustedes muy mala memoria porque dicen una cosa cuando están en el Gobierno y, la contraria, cuando están en la oposición. El acuerdo del que hablamos es sustancialmente igual al que se firmó con anterioridad, y en
aquel momento el señor vicepresidente del Gobierno, del Partido Popular y senador de esta Cámara, el señor Arenas, dijo que era un gran acuerdo, que no perjudicaba ni a la fruta ni a las hortalizas de Andalucía ni de España y lo celebró. Por
supuesto, a usted no le gusta que le recordemos lo que pasó anteayer y es que cuando gobernaba el PP decía una cosa y hoy, en esta Cámara, dice la contraria.
Comprendo que le moleste que pongamos en evidencia sus incoherencias, pero esa es la
realidad. No solo el señor Arenas, el señor Arias Cañete, en su época de ministro de Agricultura del Gobierno del Partido Popular, calificaba de insolidaria la crítica del sector hortofrutícola español en relación con el acuerdo de la Unión Europea
y Marruecos. Entonces, para ustedes, para la derecha, el acuerdo era equilibrado, no tendría ninguna incidencia en el sector español. Eso es lo que decían, y ahora resulta que dicen lo contrario y plantean votar en contra, exclusivamente con un
objetivo: buscar elementos de confrontación con el Gobierno de España. No pretenden otra cosa, cuando este acuerdo da continuidad al anterior: aquel era bueno y este es malo. Ustedes no dan ni un solo argumento ni una sola razón, buscan excusas
para estar instalados en la crítica permanente y en la confrontación política, porque así entienden el modo de hacer política.
A mí no me va a encontrar en la confrontación. Y le digo una cosa, al acuerdo, si sale refrendado, si sale aprobado, vamos a hacerle un seguimiento y un control exhaustivo porque ese es el compromiso que he adquirido con las organizaciones
agrarias que van a participar de manera activa y directa en el control del acuerdo de la Unión Europea con Marruecos. Esa es la realidad, señoría, ustedes buscan confrontación, nosotros trabajamos por el sector, y eso es lo que vamos a seguir
haciendo y así vamos a seguir actuando.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señora ministra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL QUE SE ABORDE LA ELIMINACIÓN DE LA COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA,
ADEMÁS DE UNA NUEVA REGULACIÓN DE LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Número de expediente 671/000112).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pasamos al cuarto punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación. Del Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de
propiedad intelectual, en el que se aborde la eliminación de la compensación equitativa por propiedad privada, además de una nueva regulación de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.
A esta moción, consecuencia de interpelación, se han presentado cuatro enmiendas y, al mismo tiempo, una transaccional firmada por el Grupo Popular y cuatro grupos más: Entesa Catalana de Progrés, Catalán de Convergència i Unió, Senadores
Nacionalistas y Mixto. Por tanto, el Grupo Popular defenderá la moción tal como queda recogida en su redacción actual, y decaen las enmiendas presentadas salvo la del Grupo Socialista, que se expondrá a continuación.
Tiene la palabra, en primer lugar, el senador Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gràcies, senyor president.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la moción, consecuencia de interpelación, fruto del debate de hace quince día en esta Cámara respecto a la propiedad intelectual, los derechos de autor, el canon
digital, la compensación equitativa, etcétera.
Para no retrotraerme demasiado en el tiempo, hablaré solo de 2010, año en que iniciamos lo relativo a la propiedad intelectual, con un informe de la Comisión Nacional de la Competencia, en el que se estimaba que era preciso cambiar la norma
que regulaba la Ley de Propiedad Intelectual, y avalaba en su informe la necesidad de una reforma integral de la misma porque entendía que deberían eliminarse algunos problemas, algunas cuestiones monopolísticas de las sociedades de gestión de los
derechos de autor. También entendemos, coincidiendo con este informe, que esta reforma integral de la LPI debería ir más allá de lo que el Gobierno pretendió con la ley de Economía Sostenible en aquello que hacía referencia a las descargas. El
informe de esta Comisión Nacional de la Competencia -no vinculante, pero claro y rotundo- de casi un centenar de páginas, concluye que el actual sistema colectivo de gestión de derechos en manos de ocho sociedades, es un sistema monopolístico, opaco
e injusto.
La Comisión Nacional de la Competencia critica esa posición monopolística de las entidades de gestión y aboga por una reforma integral en este extremo. En el iter de este año 2010 -esto fue en enero-, en el mes de febrero se presenta, y se
aprueba el 9 de marzo, el informe de la subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, sobre la reforma de la LPI. En él, con mucha claridad, después de abordar los temas los más candentes, los más
importantes, los que más preocupan y sobre los que hay más dudas, se exponen, negro sobre blanco, diversos problemas de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. En su punto trece, dice que las entidades de gestión desarrollan
estructuras de funcionamiento poco transparentes, y considera que deberían cumplirse unas normas de competencia y de transparencia. El mismo informe, aprobado, como he dicho, en el Pleno del 9 de marzo de 2010, en su apartado c), habla de
la copia privada, de sus límites y excepciones, y concluye de una manera muy clara: esta subcomisión y el Pleno del Congreso instan al Gobierno a que, en esta legislatura, se elabore una revisión sistemática y coherente de la LPI o se elabore una
nueva ley de propiedad intelectual.
Posteriormente, en mayo, un dictamen de la abogada general de la Unión Europea pone serios interrogantes al canon indiscriminado para las personas jurídicas, y el 21 de octubre se dicta una sentencia que deja en entredicho el canon por copia
privada aplicado de manera indiscriminada a los soportes de reproducción adquiridos por las empresas, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro y profesionales para fines distintos al de la copia privada, diciendo claramente que ese
canon indiscriminado no es conforme al derecho de la Unión Europea.
Por otra parte, la actual LPI, en su artículo 25.7.d), permite excepciones, que el Gobierno puede poner en práctica vía real decreto, y los informes de la Comisión Nacional de la Competencia, que hablan de los problemas de la falta de
transparencia de las entidades de gestión, y sobre todo la resolución judicial de la Sala Tercera del Tribunal de la Unión Europea, de 21 de octubre de 2010, aconsejan que la Ley de Propiedad Intelectual sea revisada en cuanto a las dos cuestiones
que se plantearon de enero a octubre del 2010 y que requieren un esfuerzo del legislador. Por nuestra parte, le solicitamos que adopte un compromiso, como establece el informe de la subcomisión, y presente una reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual, que hoy tiene unas carencias, adolece de unos vicios, que vulneran la sentencia de la Unión Europea, que dice que el canon indiscriminado a los profesionales, administraciones públicas, empresas y entidades sin ánimo de lucro no se
ajusta al derecho comunitario. Además, la Comisión Nacional de la Competencia sostiene que es conveniente una reforma de las entidades de gestión, de su regulación, porque son opacas, no son transparentes y actúan en régimen de monopolio.
Entendemos que todas estas son razones más que sobradas para que los grupos apoyen esta moción que presentamos. El legislador tiene que dar pasos para corregir estas arbitrariedades, que se mantendrán si la LPI no se adecúa a la normativa
europea y a las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: La damos por defendida, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor Chiquillo, si quiere, puede hacer uso del turno en contra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, lógicamente, y sobre todo por cortesía parlamentaria, si el Grupo Parlamentario Socialista no ha hecho uso de su turno, el Grupo Parlamentario Popular, que conoce su posición y la respeta no hará
uso del turno en contra. Luego, en el turno de portavoces, fijaremos nuestra posición definitiva.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
En el turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Narvay Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.
Hoy debatimos una moción sobre el canon digital que no es nueva en esta Cámara, ya que durante todo el año 2010, como bien ha dicho el senador Chiquillo y como se expone en el preámbulo de esta moción, se han debatido numerosas iniciativas
sobre este tema. Yo había presentado una enmienda, pero la enmienda transaccional mejora bastante la moción y creo que todos estamos de acuerdo en que la amplía.
El pasado 21 de julio se aprobó en esta Cámara una moción presentada por quien les habla, que insistía en que el Gobierno modificara la Ley de Propiedad Intelectual y la normativa que regula las entidades de gestión, por el canon digital.
Posteriormente, esta moción se ha visto ratificada por la sentencia sobre el canon digital, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Creo que todos estamos de acuerdo en que la Ley de Propiedad Intelectual tiene que ser modificada. Tenemos
que sentarnos todos y buscar nuevas maneras de defender a los autores, de defender la propiedad intelectual, en las nuevas formas de Internet, de telefonía móvil, de MP3, etcétera, pero también tenemos que defender a los usuarios.
Siempre se me ha dicho que la libertad de una persona termina donde empieza la de quien tiene al lado. Soy defensor de la propiedad intelectual y de los autores, pero también creo que este canon digital grava indiscriminadamente a todos los
usuarios. Como decíamos en otra moción, como ha dicho aquí el senador Chiquillo y como hemos dicho ya en innumerables ocasiones, se trata de entidades públicas, de entidades sin ánimo de lucro y de empresas, que han demostrado que el fin de estos
sistemas de almacenamiento -los MP3, los discos duros, los móviles, etcétera- no se usan con un fin ilícito, no se usan para copiar una propiedad intelectual con derechos de autor, sino que se usan simplemente para la profesión: para grabar copias,
fotografías, documentos, etcétera, de la propia Administración pública, de las ONG, o para trabajar con las empresas. Tenemos que acabar con esto.
En la moción que se presentó el 21 de julio también se decía que tenemos que garantizar que las entidades de gestión, para evitar el monopolio, tendrían que dar cuenta al Congreso de los Diputados y al Senado de la recaudación por el canon
digital y del destino de los millones de euros que recaudan. No quiero decir con esto que se esté destinando a algo que no sea la promoción de la cultura y de los autores, pero creo que las Cámaras deberían velar porque sea así.
Me congratula, pues, que hayamos acordado esta enmienda transaccional.
Espero que todos los grupos parlamentarios apoyen la moción y que en poco tiempo tengamos en España un canon digital que se adecue a los nuevos tiempos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la señora Leanizbarrutia.
La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Voy a presentar la posición de nuestro grupo parlamentario, pero quisiera decir previamente algo de todos sabido: el entorno digital y la implantación de la sociedad de la información han supuesto una revolución en
el derecho de propiedad intelectual, y están obligando a los agentes a adaptarse al mercado. Hoy se pueden realizar copias idénticas a la obra original y distribuirlas masivamente, sin apenas coste económico. Luego es lógico que los titulares de
ese derecho quieran defenderse del perjuicio que esto les ocasiona.
Lo que sí ha quedado claro en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es que se confirma la adecuación del sistema del canon digital a la normativa comunitaria; se confirma que la realización de copias privadas sin la autorización del
titular causa un perjuicio al autor que debe ser compensado. El tribunal no considera contrario a derecho que la normativa española exija el pago de ese canon digital a los fabricantes y distribuidores de los equipos, dispositivos y soportes
idóneos para realizar dichas copias privadas. Lo que sí denuncia o pone en solfa el tribunal es una aplicación indiscriminada del canon a aquellos equipos, dispositivos y soportes manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de las
copias privadas. Y encontramos que es lógico, pues, en la medida en que no se causa un perjuicio a los autores por los usos diferentes al de la copia privada, no es equitativo exigir una compensación por dichos usos. Luego, si se puede demostrar
que un equipo, soporte o dispositivo no se destina a realizar copias privadas, su comercialización no debe estar sujeta al pago del canon como compensación equitativa. Lo que sí ha quedado claro, pues, es que el canon se respeta en esencia, pero
hay que tener en cuenta a los que recurrieron argumentando que era una injusticia.
Para esto es para lo que esta moción se presentó en su momento, y nos alegra que la transaccional haya sido firmada por casi todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Nuestro grupo parlamentario entiende que esta transaccional
recoge los términos adecuados para subsanar cualquier perjuicio que se pudiera ocasionar a aquellos que se quejaban, y con razón, de la injusticia de una recaudación indiscriminada. Nos alegraría ver que todos los grupos parlamentarios llegáramos a
un consenso, tan necesario en este asunto del canon digital.
Nos alegramos, pues, de que en estos tres puntos de la enmienda transaccional se subsane realmente esa injusticia.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Moltes gràcies, president.
Intervendré brevemente. Hemos llegado a un acuerdo con una enmienda transaccional que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a apoyar. Lo hará porque es coherente con lo que este portavoz le planteaba a la ministra de Cultura en
el Pleno de hace una semana, en razón de la decisión que ha tomado el Tribunal de Justicia Europeo de mantener el canon por copia privada para los particulares, pero eximir de él a las empresas, y a las administraciones. Hace una semana solicité a
la ministra dos cuestiones incluidas en la enmienda que proponíamos. En primer lugar, modificar la ley para dar respuesta a esta sentencia del Tribunal Europeo. Y en segundo lugar, una cuestión que la transaccional no recoge pero que entiendo que
está en su filosofía: armonizar el contenido de esta ley en la Unión Europea, en los 22 países que en estos momentos están aplicando el canon digital como forma de compensación a los creadores por el derecho de copia privada. Entiendo que la
enmienda transaccional recoge perfectamente estos conceptos, que implican la necesidad de reformar la ley adecuadamente.
También hay otro elemento que incluye la transaccional y que nos parece positivo. Se ha hecho un trabajo importante en la Comisión de Cultura del Congreso, se ha llegado a unas conclusiones que se han aprobado de forma clara, unánime. Nos
parece positivo que en esta transaccional se recoja la necesidad de incorporar estas decisiones para la resolución de este asunto. Finalmente, hay otra posibilidad que también permite la ley: publicar un decreto ley que incorpore la decisión del
Tribunal Europeo con la mayor celeridad.
Por todos estos motivos apoyamos la transaccional y, por tanto, damos un paso más en un asunto que ha dado lugar a debates interesantes en esta Cámara. Hace unos pocos meses se produjo una novedad, y esta transaccional resuelve esta
situación dando una respuesta adecuada a la problemática generada.
Nada más y muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president. (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.)
«Tot esperant que a partir del mes de gener es compleixi la previsió del Reglament perquè es puguin usar les llengües oficials en aquest Ple, m'espressaré en castellà.»
Podríamos estar de acuerdo en lo nuclear de la intervención del senador Chiquillo en su interpelación sobre la sentencia europea contraria a la aplicación indiscriminada del canon digital; particularmente, cuando preguntaba por qué el
Gobierno no dictó el real decreto para establecer excepciones para los que no son personas físicas que compran esos aparatos de reproducción.
Sin embargo, inicialmente la moción de hoy planteaba la eliminación sin matices de la compensación por copia privada; es decir que, si hasta ahora teníamos una aplicación indiscriminada de esa compensación por copia privada, ahora parecía
que nos proponía pasar al otro extremo y no compensar a los autores. A menos que estuviera proponiendo suprimir el derecho a copia privada tal como está formulado en la ley, lo que supondría que toda copia debería pagar derechos de autor; con lo
cual nos iríamos a un sistema más restrictivo todavía. Por suerte, creo que hoy han rectificado.
Nuestro punto de vista está claro. Nos satisface el contenido de la sentencia, porque nos devuelve a una mesura que no deberíamos haber perdido ni los unos ni los otros. La ley, en realidad, ya es clara. Deben pagar los que tienen derecho
a hacer copias exclusivamente para uso privado, y estos solo pueden ser personas físicas. La confusión viene de que en 2006 no se quiso introducir explícitamente en el articulado de la ley que las empresas, las administraciones, las instituciones
estarían exentas del pago si quedaba claro que necesitaban los medios de reproducción digital para sus propios fines; se dejó en manos del Gobierno que potestativamente regulara excepciones al pago de la compensación equitativa, y este Gobierno no
lo ha hecho.
En 2006 ya subí a esta tribuna a defender una enmienda de Esquerra Republicana a la Ley de Propiedad Intelectual, la enmienda número 40 de Entesa Catalana de Progrés, que decía literalmente lo mismo que dice el punto 1 de la moción que
votaremos tras la transaccional. Si se hubiera aprobado entonces, nos habríamos ahorrado esta sentencia contraria, y las empresas y las administraciones mucho dinero. Pero no solo el grupo del Gobierno no apoyó esa enmienda, sino que el PP en
aquel momento votó en contra de lo que ha fijado la sentencia europea y de lo que hoy votaremos. Mejor tarde que nunca, y me alegro de haber llegado hoy a un consenso. No obstante, tenía que decirlo, porque nuestra posición ha sido coherente desde
2006 hasta hoy.
¿Está todo resuelto? Ni mucho menos, porque justamente lo que se escamoteó entonces fue el debate, que tenemos que hacer ahora. Por ejemplo, la remuneración de los autores y los creadores debe ser justa, y hoy, con la exención del pago de
la compensación por copia privada, resulta que se planteará una disminución drástica de la recaudación y habrá que buscar nuevas fórmulas para que los autores reciban una remuneración justa. En la misma línea de reformas, el modelo de gestión de
derechos de autor también deberá adaptarse, para hacerlo más eficiente, más trasparente, con mayor participación de todos los autores y con mayor control público del Estado y de las comunidades autónomas.
Estamos ante un reto importante, porque el sector económico de la cultura, como subrayaba la ministra, aporta más del 4% del PIB y genera casi 800 000 puestos de trabajo. Y también porque, más allá de este planteamiento economicista, hay
que facilitar a los ciudadanos el acceso a la cultura y al ocio cultural, fundamentales para una mejor adaptación de nuestra sociedad a los retos de la globalización y también para facilitar, dentro de la diversidad, la cohesión, la igualdad, la
idea de colectividad y de interés público, y la participación democrática.
Esperemos que el grupo del Gobierno se sume al consenso alcanzado hoy y esperemos que el PP abandone en el futuro sus posiciones puramente de desgaste, y adopte, como hoy, una actitud constructiva, capaz de formar los consensos necesarios
para tener una buena ley y unas buenas prácticas.
Gràcies, president.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Zubero.
El señor ZUBERO BEASCOECHEA: Gabon guztioi; buenas tardes/noches a todas y a todos.
Me gustaría empezar esta intervención agradeciendo -lo digo sinceramente- el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de todo el día para llegar a un acuerdo sobre un texto que es muy distinto de los textos de los que partíamos, particularmente
el proponente del Partido Popular, que era realmente complicado de aceptar y de entender. No voy a poder formar parte de él porque, al final, los tiempos dan lo que dan y las discusiones dan para lo que dan, y hemos llegado a una situación
complicada para poder dar un sí a este último acuerdo.
Cuando yo estaba preparando esta intervención recordaba un chiste de Gila, que siempre me ha parecido muy ingenioso. Es verdad que su humor era vitriólico, como el de Luis García Berlanga, a quien hago un homenaje en este momento. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Como decía, hay un chiste de Gila que dice que salió una noche a la calle y vio que cuatro personas estaban golpeando a otra, y, entonces, él pensó: ¿me meto o no me meto, me meto o no me meto? Y acaba
diciendo: me metí, y le pusimos entre los cinco... Pues bien, cuando yo leí la primera propuesta del senador Chiquillo recordé este chiste. Había una sentencia de la Unión Europea y dijo: ¿me meto o no me meto? Se metió, y presentó un texto
tremendamente complicado de aceptar porque decía cosas que no se sostenían. Para empezar, se apoyaba en un texto legal para invitarnos a que incumpliéramos la ley aboliendo indiscriminadamente el canon.
Creo que estamos en mejor situación que nunca para poder abordar con cierta tranquilidad y sosiego esto de los derechos de autor. En primer lugar, tenemos las conclusiones de una subcomisión del Congreso, que ha fijado plazos para la
reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. En segundo lugar, tenemos la sentencia del tribunal, que si algo dice con claridad es que eso que llamamos canon digital, el canon por compensación equitativa, es, primero, absolutamente imprescindible
para defender la creación y, en segundo lugar, absolutamente legítimo y legal; un concepto autónomo de derecho comunitario que, por tanto, debe ser armonizado, y que solo en el supuesto de los usuarios institucionales -una vez que la Audiencia de
Barcelona, que es la que inicia el proceso, reciba la sentencia- habría que adecuar la legislación española a dicha sentencia.
Desde luego, lo que no dice la sentencia europea, frente a lo que ha salido publicado y a lo que, de alguna manera,
apuntaba el senador Chiquillo en su presentación, es que el canon sea ilegal o un atentado indiscriminado. No. Lo que dice es que el canon por compensación equitativa es absolutamente necesario y legal.
Creo que el acuerdo de la subcomisión y la sentencia dibujan un marco especialmente interesante para que podamos avanzar mejor en los próximos meses, trabajando en esta cuestión. Puedo comprender perfectamente los cabreos de los ciudadanos
con este y con otros temas, y creo que tenemos que recogerlos; pero para traducirlos al lenguaje de la racionalidad política y de la lealtad institucional. Lo que no entiendo es que en el ámbito político nos dediquemos a alimentar estos rebotes o
estos cabreos.
Bueno sería que la próxima vez que veamos a un grupo de personas dando una paliza a este concepto, que es el de los derechos de autor, el de la creación, el de la gestión colectiva de estos derechos, nos preguntemos: ¿me meto o no
me meto? Y nos metamos, sí, pero para introducir racionalidad y sosiego en el debate. Esta es una cuestión que no debería ser nunca objeto de enfrentamiento entre las fuerzas políticas, y menos aún entre las que aspiran a conformar gobierno, por
la importancia que la misma tiene al atender tanto al interés de los ciudadanos como al de los titulares de derechos de autor y derechos afines. Derechos que sostienen la continuidad de la creación de obras literarias, musicales o audiovisuales, y
que son, sin ninguna duda, uno de los activos más valiosos con que cuenta cualquier país en la actual era de la información y del conocimiento.
Nos hubiese gustado otro texto, otra enmienda transaccional en la que realmente se hiciera una referencia a la necesidad de armonización europea. No se hace en la enmienda que se va a aprobar en este Pleno. Nos parece que, si no hay
armonización, corremos el riesgo de volver a entrar en una espiral de reformas, una vez que comience el proceso de armonización.
También espero que, efectivamente, como decía el senador Bofill, la posición del proponente, del Grupo Popular, haya cambiado. Espero que sí.
Lo veremos cuando discutamos sobre ello en adelante. En todo caso, prefiero que el texto que se
vote en este momento sea este, sea cual sea la aritmética final, y no cualquiera de los textos con los que se iniciaba este proceso o cualquiera de los textos que hemos discutido anteriormente. Insisto en que tenemos una ocasión de oro para
discutir con racionalidad, y nuestra disposición es la de que lo hagamos así.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi intervención en el turno de portavoces dando las gracias muy sinceramente a todos los que han hecho uso de la palabra, sin distinciones; tanto a los que han firmado la enmienda transaccional como al portavoz que representa
al grupo que no la ha firmado. Todos hemos puesto interés y esfuerzo para llegar a un acuerdo. Por eso quiero darles las gracias tanto a Narvay Quintero, a Miren Lore Leanizbarrutia, a Miquel Bofill y a Jordi Vilajoana, que han firmado la
transaccional, como a Imanol Zubero, por su esfuerzo, su constancia y sus ganas de entendimiento, aunque al final no haya podido ser.
Indudablemente, todos conocen el punto de partida de la moción del Grupo Parlamentario Popular, esta enmienda no quiere decir que renunciemos a nuestras propuestas; simplemente, partiendo de ciertos planteamientos y en aras de un consenso
puntual, hoy se llega a unos acuerdos.
La sentencia del 21 de octubre señala claramente que la aplicación del canon llevada a cabo en España de manera indiscriminada a personas jurídicas, empresas, profesionales, administraciones públicas, etcétera, no se ajusta al derecho
comunitario. Pero avala el canon por copia privada cuando grava equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de las personas físicas, por el posible daño... Y pone entre comillas: que presumiblemente se vayan a destinar a la realización
de copias privadas. Interpretando esa sentencia, uno se cuestiona por qué una persona física, si no va a utilizar esos equipos para una copia privada protegida, tiene que sufrir esa presunción y ese posible daño, y por qué se le obliga a pagar.
Por ejemplo, el ciudadano José María Chiquillo para la comunión de su hijo compra cuatro pendrive para pasar las fotos a su familia. ¿Por qué el ciudadano José María Chiquillo, para uso privado y como persona física que no va a hacer una copia
protegida, tiene que pagar por esos pendrive ciertas cantidades por el canon digital? Eso también lo cuestiona la sentencia. Por eso decimos que para las personas jurídicas indiscriminadamente es ilegal, según la sentencia, y para las personas
físicas está en duda, cuando menos, y también se cuestiona su legitimidad.
Dicho lo cual, de entrada hemos presentado esta enmienda para que, en virtud de esa sentencia, se reforme la LPI. De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, entre los puntos oscuros de la actual legislación para
las entidades de gestión, cabe citar la falta de transparencia, la opacidad y que no faciliten cuentas de los balances anuales; y eso a pesar de las reiteradas ocasiones en las que el Senado ha solicitado las cuentas audi-
tadas a las entidades de gestión. El Ministerio de Cultura no ha presentado en sede parlamentaria con claridad, con transparencia y sin opacidad, esas cuentas de las entidades de gestión. Por eso pedimos que se reforme la LPI en lo
referente a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, en lo referente a las entidades de gestión.
Además, presentamos un tercer punto que es claro; tanto como el primero sobre el clamor que suscita la reforma de la LPI en relación con la transparencia y la claridad en las cuentas de las entidades de gestión.
Pedimos la aplicación del
artículo 25 de la vigente LPI, en concreto de su apartado d), que desde el año 2006 permite unas excepciones en la compensación equitativa por copia privada. Pedimos que el Gobierno, mediante real decreto, amplíe esas excepciones a las personas no
incluidas en el artículo 31, que son las físicas, las obligadas directamente al pago; de modo que las personas jurídicas se puedan beneficiar de esta excepción que se recoge en el artículo 25.7.d). En estos seis años, el Gobierno no ha querido
poner en práctica ese real decreto para establecer esa excepción para las administraciones públicas, para los profesionales, para las empresas y para las asociaciones sin ánimo de lucro. Todas ellas, estos años, han estado pagando el canon
injustamente porque el Gobierno no ha querido aprobar la excepción que hoy pedimos en el punto tercero de la enmienda transaccional. Solicitamos -insisto- que se aplique ese artículo 25.7 d) y se excepcione del pago del canon digital a las pesonas
jurídicas, administraciones públicas, profesionales autónomas, empresas, entidades sin ánimo de lucro y a todas aquellas personas jurídicas a las que en los últimos años, por esa inactividad del Gobierno, no se les ha aplicado esa excepción que
permite la vigente Ley de propiedad intelectual.
Reitero, por tanto -y con ello finalizo mi intervención-, mi agradecimiento por la buena predisposición de todos los grupos parlamentarios sin excepción ante esta iniciativa. Hoy damos un paso adelante importante con estos tres puntos de la
enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
El señor CHIQUILLO BARBER: Esperemos que en los próximos seis meses el Gobierno presente una nueva ley de propiedad intelectual que recoja los temas que hoy abordamos, porque son importantes y no debe aplazarse en el tiempo su reforma
legislativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular que acabamos de debatir. Vamos a votar una transaccional que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 135; en contra, 113.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER UNA COMISIÓN DE EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE EN EL PLAZO DE UN AÑO REDACTE UNA MEMORIA SOBRE LAS POSIBLES LÍNEAS DE MEJORA DEL SISTEMA
TRIBUTARIO ESPAÑOL (Número de expediente 671/000113).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a establecer una comisión de expertos independientes que en el plazo de un año redacte una memoria sobre las posibles líneas de
mejora del sistema tributario español.
A esta moción se ha presentado una enmienda transaccional que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular. Por tanto, decaen todas las enmiendas, con la excepción de la del Grupo Popular.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Bonet.
Ruego silencio o que abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Puede comenzar, señoría.
El señor BONET I REVÉS: Gracias, señor presidente. Si me lo permite, voy a hacer una salutación en aranés, que es una lengua oficial también de Cataluña. (El señor senador continúa su intervención en aranés, que se reproduce según el
texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «En tot començar aguesta mocion sus tributs voleria hèr ua salutacion en aranés, varianta dera lengua occitana que se parle ena Val d´Aran, e qu'er Estatut d'Autonomia de Catalonha tanben
l'a declarada coma oficiau.»
Decía que quería empezar esta moción sobre tributos con una salutación en aranés, variante de la lengua occitana hablada en el Valle de Arán, que también es oficial según Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La crisis impone sacrificios a la gente, sacrificios que serán necesarios por algún tiempo dada la previsible prolongación de altas cifras de paro y el consecuente incremento de las necesidades de acción social. Pero ¿cómo deben ser, cómo
deben repartirse los sacrificios? El artículo 31.1 de la Constitución española establece que la contribución a los gastos públicos debe hacerse mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad; ahora
bien, la gente está convencida de que los tributos no los pagan ni los pagarán quienes más tienen. Pero esta no es una leyenda urbana. Los inspectores fiscales y expertos hace tiempo que señalaban crecientes fallos de equidad que ponen en duda que
realmente el sistema tributario sea igualitario y progresivo.
Así, sucesivas coyunturas políticas y electorales han generado un enmarañado cúmulo de incentivos; la supresión
del impuesto sobre el patrimonio; la pasividad ante el camuflaje de rentas personales en activos empresariales; la competencia fiscal negativa entre comunidades autónomas, que ha desembocado en la práctica supresión del impuesto sobre
sucesiones o donaciones; o la permanencia de la inequidad entre las rentas del trabajo, del ahorro y del capital. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.
El señor BONET I REVÉS: Para luchar contra la crisis y también para establecer las bases para una nueva economía capaz de prevenir crisis tan dañinas, el Gobierno ha puesto en marcha trascendentes iniciativas de reforma financiera, de
reforma laboral y de reforma de las pensiones, pero ha descartado una reforma en profundidad de la tributación, limitándose a ajustes parciales. El Gobierno afirma que no es prudente iniciarla ahora, pues podría comprometer la recuperación. Pero
¿qué tipo de recuperación se puede conseguir con un sistema fiscal desprestigiado, no solo entre la gente sino incluso entre los propios inspectores de hacienda? Si se exigen sacrificios tan duros para funcionarios, pensionistas y asalariados, por
respeto, y también por prudencia, el Gobierno debería empezar a sentar las bases sobre las que edificar una reforma tributaria más justa, más eficiente y más encarada hacia una economía sostenible. Reforma que, si es preciso, podría ejecutarse
cuando la economía presente irreversibles signos de recuperación, pero que en momentos de gran debate sobre el alcance y la justicia de las medidas no se debería escamotear a la ciudadanía, y más si se requiere su concurso en la lucha contra la
crisis y en inaugurar una nueva economía. Urge, pues, empezar a diseñar las líneas de un nuevo sistema tributario que además de ser más justo sea también así percibido por toda la ciudadanía.
El pasado viernes, en Seúl, el presidente Zapatero instó al G-20 a ir más allá en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal, y pidió expresamente a Sarkozy -el próximo presidente del G-20- que realice un informe sobre las
consecuencias que tiene la evasión fiscal para el desarrollo.
Y entendiendo que una buena manera de contribuir a la justicia fiscal global es buscarla a nivel local, Entesa Catalana del Progrés, como expresión de la izquierda catalana, ha presentado esta moción; en ella se pide que el Gobierno
establezca una comisión de expertos independientes que en el plazo de un año redacte una memoria sobre posibles líneas de mejora del sistema tributario español que incluya la detección y el análisis de yacimientos de economía sumergida y fraude
fiscal; la evaluación de beneficios fiscales, desgravaciones, etcétera, para hacer un modelo más equitativo, más efectivo y que tenga un impacto económico proporcionado; el análisis del impuesto sobre Sociedades; modelos de coordinación europea
en el IVA; la actualización y modernización del sistema de módulos; modelos de coordinación entre las agencias tributarias del Estado y las comunidades autónomas; y el diseño de campañas públicas de concienciación y de actuación ciudadana para
con las obligaciones contributivas.
En fin, señor presidente, no creo...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, señoría.
El señor BONET I REVÉS: Sí, señor presidente, termino enseguida.
Decía que no creo que tengamos que justificarnos mucho para presentar esta moción. Unos nos dicen que, con la que está cayendo, a qué viene ahora distraernos con debates sobre filosofía fiscal; otros, que no hay que debatir nada, tan solo
rebajar.
Pero esta es una Cámara parlamentaria que representa al pueblo y que, por tanto, debe hacerse eco del sentir ciudadano. Y el sentir ciudadano es que hay un profundo malestar sobre la justicia del sistema tributario, y es un malestar con
fundamento, pues los expertos alertan de que el sistema fiscal previsto en el artículo 31 de la Constitución española se está desfigurando, y todos debemos actuar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la moción del Grupo de la Entesa porque, yo no sé cuántas, pero, desde luego, son muchas las veces que hemos denunciado desde esta tribuna y en las distintas comisiones a
ustedes y también a la ministra y al secretario de Estado el balance del Gobierno en materia fiscal, que entendemos que es un balance de principios traicionados, de palabras incumplidas y de oportunidades perdidas. Son muchas también las propuestas
que hemos formulado, y pasan los años, pasan los meses, y parece que aquí no ha pasado nada.
Yo entiendo, senador Bonet, que ustedes presenten hoy esta moción, porque yo le oía el pasado 2 de noviembre, y usted le hablaba a la ministra de temas tan graves como el problema de credibilidad del sistema tributario y la percepción
creciente de que es un sistema injusto e ineficiente.
Llegaba a decirle usted que urgía diseñar las líneas de dicho sistema. Y lo cierto es que la ministra no aportó nada nuevo. Percibimos de sus palabras, de las de la ministra, la misma apatía y
la misma inconsistencia que cuando el Grupo Popular le ha preguntado sobre el tema; y es que el Gobierno no tiene política fiscal con mayúsculas, esto es, diseñada con objetivos ambiciosos, pensada para impulsar la actividad y para impulsar el
crecimiento. No hay esa política fiscal, y así lo hemos denunciado reiteradamente, porque en materia fiscal el Gobierno lleva más de seis años dando tumbos con medidas que aparecen y desaparecen, como la deducción de 400 euros; con medidas que
desaparecen para luego reaparecer, como son algunas deducciones del impuesto sobre sociedades, que reapare-
cen pero mermadas, por cierto; con medidas que, una tras otra, han ido demostrando su ineficiencia; con medidas en todo caso aisladas y en muchos casos incongruentes, sin que nadie haga una evaluación ni del coste que conllevan ni de su
eficacia sobre el crecimiento, la inversión o el empleo. Son medidas improvisadas, impuestas, que no cuentan con el apoyo de nadie -especialmente la subida del IVA-; medidas en algunos casos insuficientes y, sobre todo, injustas.
También hemos reiterado al Gobierno que la política fiscal es un instrumento poderoso para resolver problemas de política económica; eso sí, para poder resolver esos problemas primero tiene que haber una política fiscal, y segundo, tiene
que ser creíble, más aún cuando generar certidumbre y confianza debe ser un objetivo prioritario.
Pero en materia fiscal, como en el resto de política económica, esas evidencias que el senador Bonet ponía sobre el tapete el pasado 2 de noviembre: falta de equidad, falta de eficiencia, falta de transparencia, la percepción de un aumento
del fraude, etcétera, tras seis años y medio de Gobierno son evidencias de otro fracaso del Gobierno socialista.
Senador Bonet, usted preguntaba a la ministra sobre posibles elementos de reforma, y no le contestó; y sobre si contemplaba los estudios pertinentes a la hora de plantear posibles reformas, y la ministra tampoco le contestó. Y no le
contestó porque ni atiende los estudios que hay ni tiene elementos de reforma estudiados.
La única política fiscal de este Gobierno ha sido gastar todo lo que recaudó en un primer momento; después, gastar mucho más del doble de lo que recaudaba; y cuando en Europa les dijeron: basta ya, el Gobierno decidió que el esfuerzo
solidario -como les gusta decir a ustedes, señorías del Partido Socialista-, ese sacrificio del que hablaba hoy el senador Bonet, lo hicieran otros. Y llegó la política fiscal antisocial, la de la congelación de las pensiones, la de los recortes de
salarios y la del frenazo en seco de la inversión en infraestructuras.
No es más que la historia anunciada de un fracaso. Después de seis años y medio de Gobierno del señor Zapatero, reconocer que hay que analizar yacimientos de economía sumergida, o el impuesto sobre sociedades, o valorar ahora los beneficios
fiscales, su coste, su efectividad y su impacto es, cuando menos, sorprendente. No sé si en este caso valdrá eso de que nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que no, que llegan tarde. En todo caso, viendo la enmienda socialista, que insta
a rebajar y retirar el contenido principal de los elementos a someter a estudio, mucho me temo que no hay capacidad pero tampoco intención del Gobierno para llevar a cabo esos planteamientos.
Nuestra propuesta en materia fiscal es clara: volvemos a insistir en la rebaja selectiva de impuestos, convencidos de que el mejor apoyo para frenar la destrucción de empleo pasa por impulsar la actividad y la inversión de quienes tienen la
capacidad de hacerlo: nuestras familias y emprendedores, dejando más recursos en sus manos a través, como digo, de una rebaja selectiva de impuestos.
Por eso instamos al Gobierno, en primer lugar, a dejar más recursos en manos de familias y emprendedores; a incentivar el ahorro a medio y largo plazo; a incentivar la actividad y la inversión. Y, en segundo lugar, a dar cumplimiento a
todas las iniciativas aprobadas en las Cortes, que son muchas, y que el Gobierno no está cumpliendo, relativas a esas rebajas de impuestos, que -repito- se han aprobado en el Congreso y en el Senado y a las que el Gobierno no está dando
cumplimiento.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bonet, para manifestar su posición sobre la enmienda que se acaba de debatir.
El señor BONET I REVÉS: Gracias, señor presidente.
Señora Angulo, siento que no vayamos a aceptar su enmienda. Y lo siento, porque hay una enmienda transaccional que no entiendo por qué no pueden apoyar. En esa enmienda se propone que el Gobierno realice un estudio y que lo presente en el
Senado antes de febrero de 2012, estudio en el que figuran muchas cuestiones que aparecían en la interpelación a la señora Salgado sobre los problemas de los que adolece estructuralmente el sistema tributario.
Las rebajas de impuestos son medidas coyunturales; pero esta no es una moción coyuntural sino estructural. Si usted revisa los estudios que patrocina el Instituto de Estudio Fiscales se dará cuenta de que hace tiempo que todos los expertos
manifiestan que el sistema tributario español, debido a años y años de acumulaciones de política fiscal coyuntural, poco a poco se va alejando de los principios constitucionales de igualdad, es decir, de la generalidad, la universalidad y la
progresividad. Esto es un hecho que comparten todos los expertos, y están de acuerdo en que hay que resolverlo de alguna forma. Hay que hacer una gran reforma fiscal, y para ello primero hay que tener un debate, y este tienen que propiciarlo las
Cortes Generales y el Senado a partir de estudios y de ideas.
En mi opinión, no hay que llevar a cabo un debate sobre si el problema del sistema tributario es que, por ejemplo, el IVA en vez del 20 sea del 20,5%, etcétera. El problema son las desgravaciones. Quizás en un estudio reflexivo se puedan
rebajar tipos, pero también se tendrían que eliminar desgravaciones injustificadas; y hay muchísimas. Precisamente lo que se quiere poner de manifiesto con esta moción es un poco de racionalidad, de orden en el sistema tributario, que es lo que le
falta.
Por tanto, si se debe poner un poco de orden, los expertos deberán elaborar unos estudios e informes, y el Gobierno se obliga con esta moción a presentarlos; se obliga también a realizar campañas de concienciación de la tributación en
relación con los servicios; a realizar campañas sobre cómo la gente puede actuar para destapar el fraude fiscal, etcétera. En el estudio también se establece que tiene que haber un informe del sistema fiscal para decir si se adecua a los tiempos,
que han evolucionado, es decir, al envejecimiento de la población, a la presión sobre
el medio ambiente, a la globalización, etcétera. En fin, no solamente se tiene que mantener el Estado del bienestar sino la economía que hace que este sea sostenible, es decir, tiene que haber una economía apta, competitiva, moderna, que
sea factor de un sistema tributario racional, simple e igual para todos.
Señorías, no sé si están aún a tiempo de rectificar y apoyar esta enmienda transaccional, que es buena, de lo contrario, lamento que el Grupo Parlamentario Popular no la vaya a apoyar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Tuñón.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Intervengo para manifestar que iba a apoyar esta moción tal como estaba redactada porque me parecía que era consecuente y porque estoy de acuerdo fundamentalmente con su filosofía. Considero que este es un debate que hay que llevarlo a cabo
ahora, aunque ya se hayan celebrado algunos, porque tenemos que acomodarnos a los nuevos tiempos. Es verdad que hemos sufrido una gran convulsión porque pensábamos que el crecimiento del PIB ilimitado iba a sanear siempre las cuentas públicas.
Pero como eso se ha desvanecido y todo se ha vuelto en contra, está claro que en una época de recesión la economía se para, bajan los ingresos públicos y surge el déficit. Y ahí están los mercados para recordárnoslo.
En mi opinión hay que buscar el momento oportuno para llevar a cabo una reforma fiscal en función de la recuperación de la economía y el consumo, según los parámetros clásicos, pero también es verdad que en estos momentos tenemos que asumir
que una reforma fiscal es la base de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas y del Estado del bienestar.
Esta idea se repite en la enmienda, y de alguna forma esa es la filosofía, es decir, cómo podemos mantener el gasto social, cómo podemos
mantener el Estado del bienestar, cómo podemos mantener que el gasto público, los ingresos públicos, sean motor de la economía. Porque en el futuro ese será el dilema: o subimos los impuestos o deterioraremos la capacidad del Estado del bienestar,
sobre todo cuando llevamos muchos años suprimiendo impuestos, es decir, nuestros ingresos han ido bajando porque bajábamos los impuestos, pero ahora mucho más. Hay que recordar -lo decía el senador Bonet- que es un problema de justicia y de
redistribución equitativa, pero también es un problema de déficit estructural de las cuentas públicas. Ya no podemos crecer. Hay seis puntos de burbuja inmobiliaria que nos hicieron creer la ficción de que nuestros parámetros eran sostenibles. Y
eran absolutamente insostenibles.
La receta liberal: adelgacemos el Estado, bajemos los impuestos, en estos momentos no vale. Yo al menos pienso que no. Las únicas medidas para adelgazar el Estado tienen su razón de ser en políticas que incidan
en una mayor eficacia, eficiencia y racionalización de la Administración, no en recortes sociales y de inversión productiva.
Por eso me parece importante que abordemos esta reforma del sistema fiscal. Hasta ahora el Gobierno la ha ido aplazando. Se le ha venido el diluvio encima, y fundamentalmente ha actuado por la vía del gasto, pero está claro que tenemos que
acomodarnos a la nueva situación con una reforma fiscal mucho más justa y solidaria de lo que en estos momentos es.
Y suscribo la enmienda de sustitución en su totalidad, pero me gustaría que en la exposición se tocara un tema sobre el que se ha hecho aquí hincapié: la evaluación de los gastos o beneficios fiscales, según se tome, porque es realmente
importante. Y es que constantemente tomamos medidas de exenciones fiscales, pero al final nunca llegamos a evaluar ese efecto. Es un tema que aunque se hubiera recogido específicamente no sobraba. Se ha quitado, y de alguna forma debe incluirse.
Podemos recordar que, por ejemplo, las ayudas fiscales a los empresarios el próximo año van a crecer un 3,4%, lo cual supone 3700 millones, lo que duplica la cifra por congelar las pensiones.
La referencia que se hace en el punto 3 también podría ampliarse, pero ya no es el momento; me refiero al proceso de establecimiento en función de las figuras tributarias actuales. ¿Y por qué no de otras? ¿Por qué no de las nuevas tasas
que se puedan establecer? ¿Por qué no de los impuestos verdes? ¿Por qué no de las tasas financieras? Todavía nos queda margen para actuar.
Como el tiempo se está acabando, diré que seguramente no es el momento de hacer grandes reformas pero sí de plantearnos cómo vamos a sanear nuestras cuentas públicas en el futuro. En estos momentos no solamente podemos hacerlo por la vía
del gasto -lo estamos haciendo por la vía del gasto- sino que tenemos que reinventar...
El señor PRESIDENTE: Señoría.
El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: ... nuestro sistema fiscal para hacer más justa y equitativa la carga de la crisis económica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Pérez Bouza.
El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos e a todas.
No es la primera vez, y seguramente no será la última, que subo a esta tribuna, como portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas, para decir que no me gusta el actual sistema fiscal. Y no me gusta, sobre todo a raíz de determinadas
decisiones que ha tomado el actual Gobierno durante la presente legislatura, porque ha basado su política de reformas fiscales parciales en subidas de impuestos indirectos, la eliminación del impuesto sobre el patrimonio y la subida del IVA, pero
con un miedo escénico a gra-
var las rentas de los que más tienen. Sin duda es una incongruencia difícil de explicar en un Gobierno que se considera socialista, en un Gobierno que se considera de izquierdas. Se atreven con los fiscalmente más débiles, pero tienen
miedo y no se atreven con los más fuertes. En consecuencia, con esta práctica han renunciado ustedes a llevar a cabo una reforma fiscal mucho más necesaria que otras reformas que están dispuestos a emprender y mucho más urgente, por ejemplo, que la
reforma de nuestro sistema de pensiones.
Han renunciado ustedes, por lo tanto, a dotar al Estado español de un sistema fiscal más justo, más progresivo y más redistributivo de la riqueza. Así pues, renuncian a esa máxima que particularmente me gusta de hacer posible que aquellos
que más tienen sean los que más aporten al sistema en cualquier momento, pero mucho más en una situación de crisis económica y de dificultades para muchas familias y, por lo tanto, en un momento en que es necesario que el sistema cuente con la mayor
cantidad de recursos para poder implementar políticas activas, tanto para regenerar económicamente nuestra situación como para hacer políticas sociales que hagan más fácil, más llevadera esta crisis para esas clases sociales más desfavorecidas.
Pero el Gobierno socialista no solo ha renunciado a un sistema más justo, más progresivo y más redistributivo, sino que incluso ha renunciado a luchar con eficacia y contundencia contra el fraude fiscal. Es cierto que se ha aprobado un plan
de lucha contra el fraude fiscal, a nuestro juicio, muy poco ambicioso, tan poco ambicioso que ayer mismo se daban unas cifras que indicaban que gracias a las medidas puestas en marcha se ha conseguido recaudar 8200 millones de euros más en lo que
llevamos de año. Pero, señorías, saben que hay distintos estudios de técnicos de la Agencia Tributaria que nos dicen que el fraude fiscal alcanza más de 38 000 millones de euros cada año. Por lo tanto, estamos metiendo en el sistema una mínima
parte de lo que podríamos meter si lucháramos con decisión y con contundencia contra el fraude fiscal.
Es posible que el Gobierno socialista considere que esa es la flexibilidad necesaria para que no se produzca un estallido social en un momento de crisis y altas tasas de paro como tenemos en la actualidad, permitiendo ciertos niveles de
fraude, ciertos niveles de economía sumergida. En el BNG estamos totalmente en contra de esta idea y somos firmes defensores de luchar con todas las medidas, las fuerzas y los recursos contra este fraude y esta economía sumergida.
Por todo ello y porque compartimos absolutamente los criterios y el análisis que hace la Entesa Catalana de Progrés y el senador Carles Bonet en su moción, vamos a apoyar esta transaccional, que nos gusta muchísimo menos que la moción
inicial, pues es menos ambiciosa. En todo caso, el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene por norma respetar la decisión que adoptan los grupos proponentes de las iniciativas, y si al senador Carles Bonet y a la Entesa Catalana de Progrés les vale
este acuerdo, a nosotros también. Esperemos que sirva para algo, esperemos que contribuya a que vayamos dando pasos, aunque sean muy pequeños, hacia ese sistema fiscal progresivo, redistributivo, más justo y de lucha decidida contra el fraude
fiscal, porque no puede ser que sigamos siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de fraude sobre nuestro producto interior bruto. Si queremos tener un país competitivo, no nos podemos permitir estas licencias y, sobre todo,
no nos podemos permitir que esté asumido por la sociedad que en el Estado español es muy barato o resulta casi gratis defraudar. Por lo tanto, debemos corregir esto si queremos tener una economía competitiva, una economía que redistribuya sus
beneficios entre toda la sociedad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Pérez Bouza.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en los últimos meses el debate sobre el sistema tributario de este país se ha traído al Pleno de esta Cámara, y la posición de Convergència i Unió ha sido clara en todo este proceso. Nos encontramos hoy con una moción presentada
por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en la que se plantea un hecho que nosotros compartimos, que es la necesidad de acometer un estudio por expertos sobre el sistema tributario español e iniciar una reforma de este sistema. Y
nosotros estamos de acuerdo. Además, estamos de acuerdo en los dos objetivos que se plantean en este sistema tributario: por un lado, garantizar y afianzar el Estado del bienestar y, por otro, establecer una economía más competitiva. Entendemos
que estas han de ser las dos bases, las dos patas sobre las que se asiente un sistema tributario correcto: por un lado, el Estado del bienestar y la política social; y, por otro, potenciar una economía productiva. Este ha sido siempre nuestro
discurso en esta Casa.
El sistema tributario ha de ayudar a la competitividad de nuestra economía y creo que esta moción empieza por ahí, pidiendo al Ministerio de Economía y Hacienda y a los expertos que planteen este informe para ver qué sistema tributario es el
que da mejor respuesta a estos dos grandes objetivos.
Por otra parte, la moción dice que este estudio se debe presentar antes de febrero de 2012; si en febrero de 2012 sigo siendo presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, señor Bonet, le garantizo -porque estoy casi seguro de que usted
también estará en esta Cámara- que pediremos a Economía y Hacienda que lleve este informe a la comisión. Además, una ponencia ha hecho un seguimiento y un informe de la crisis, y es función del Senado -como ustedes saben que siempre defiendo-
regirse por la reflexión y la inteligencia. Por ello, y en relación con este informe debemos reflexionar sobre un sistema tributario que mejore esos aspectos del Estado del bienestar y competitividad económica.
Esta transaccional añade otros elementos que, evidentemente, vamos a apoyar y es que introduce la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida por muchas razones: porque es lo social y porque además genera competencia
desleal en la economía del país. Si los que pagan han de luchar contra los que no pagan, nuestra obligación es evitar la competitividad ilegal que se produce en el mercado económico.
La semana pasada, varios representantes de esta Cámara -la portavoz socialista y yo mismo, como presidente de la Comisión de Economía y Hacienda- estuvimos en el Parlamento Europeo debatiendo y, concretamente, defendiendo una ponencia sobre
el mercado interior europeo y allí se planteó -y el presidente Barroso estaba de acuerdo, aunque consideraba que era difícil de conseguir- la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad europea; es decir, una fiscalidad armonizada, de manera que esta
no se utilice para generar una competitividad entre los miembros de la Unión sino una mejor competitividad frente a los mercados exteriores, que también utilizan la fiscalidad para ganar competitividad. Es importante que Europa, de forma unificada,
sea capaz de generar un sistema impositivo para todos los países de la Unión Europea, para este mercado interior europeo que hemos de crear y que es nuestro objetivo, una fiscalidad común que nos permita competir mejor en los dos aspectos, el del
Estado del bienestar y en el de una mayor competitividad.
Estamos de acuerdo en los principios que defiende esta moción: suficiencia, eficacia, igualdad, progresividad y otro elemento importantísimo, la seguridad jurídica, que es otro factor determinante cuya incorporación ha defendido mi grupo
parlamentario.
Por todo ello, y en los últimos 34 segundos que me quedan, les diré que vamos a apoyar esta moción, que nos parece un salto adelante y que además esperamos que el informe se realice, se estudie, que intentemos participar en él -y desde la
Comisión de Economía y Hacienda podemos también iniciar este debate-, de manera que en 2012 tengamos encima de la mesa el informe que solicita la moción que hoy se va a aprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bonet.
El señor BONET I REVÉS: Gracias, señor presidente.
Hace unos años -ya era senador- me encontré por la calle con un amigo del instituto al que hacía muchísimos años que no veía. Fuimos a tomar un café, me dijo que era inspector de Hacienda, y me resultó chocante algo que había oído en «radio
macuto», y es que los ricos no pagan.
Luego he ido preguntando y he leído los informes del Instituto de Estudios Fiscales, que son muy importantes, y todos los expertos e inspectores de Hacienda dicen que este sistema, poco a poco, como decía antes, por las necesidades
coyunturales, por la política fiscal -que siempre es coyuntural-, ha entrado en la vía de la desfachatez.
En unos momentos de crisis, en unos momentos en los que se exigen tantos y tan duros sacrificios a la gente, no podemos escamotear que las Cámaras parlamentarias traten de que esta maldición, podríamos decir que secular, de que nadie piensa
de verdad que pagan los que realmente tienen que pagar, se termine, se palie o se mejore. Para ello, no pueden darse soluciones baratas -ya se sabe que lo barato siempre acaba siendo caro- y, aplicando el principio de que no hay nada más práctico
que una buena teoría, es preciso parar un momento y reflexionar cómo tendría que ser hoy día, en el siglo XXI, con todo lo que hemos pasado, con el Estado de las Autonomías, con todas las administraciones, un sistema tributario que fuera como lo
queremos: igualitario, progresivo, que ayudara a la economía competitiva, que fuera transparente, simple y diera seguridad jurídica. De esto se tiene que empezar a hablar en algún momento, y qué mejor que una Cámara parlamentaria como el Senado
pida al Gobierno que le envíe un informe sobre qué líneas hay para mejorar, cuáles son las líneas de futuro, cuáles son los principios en los que inspirar un sistema fiscal moderno. Y esto es lo que ha querido hacer esta moción.
Hay una transacción bastante buena, es decir, que la transacción no agota todas las posibilidades. Doy las gracias a todos los grupos que han dado su apoyo y pido al Grupo Popular que, si no puede votar en contra, al menos se abstenga.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Vicente.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera agradecer expresamente al senador Bonet la moción que ha presentado relativa a la fiscalidad que, aunque es cierto que su objetivo es noble, no deja de ser un tema complejo a la hora de abordar las posibles soluciones al
sistema fiscal. Ha sido una intervención constructiva y pedagógica que, desgraciadamente, nada tiene que ver con la intervención del líder de su partido político referente a este asunto.
Por eso, le agradezco no solo su tono, sino su manera
pedagógica de explicarnos la cuestión fiscal.
Si algo ha provocado acalorados debates políticos y serios enfrentamientos sociales a lo largo de la historia han sido los impuestos. En la época medieval solo se convocaba a las Cortes para aprobar nuevos tributos.
Nuestra Constitución
reconoce derechos y deberes de los ciudadanos, y establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Es ampliamente reconocido que la consolidación de nuestro Estado del bienestar se
encuentra muy relacionada con la aprobación del IRPF, a pesar de las corrientes más conservadoras que constantemente tratan de hacérnoslo olvidar.
Como dice mi compañero y amigo, Imanol Zubero, somos conscientes de nuestra historia, y muchas veces nos olvidamos -no sé si casualmente o concienzudamente- de dónde venimos. Y no solo eso, sino lo que es peor, nos sentimos amenazados por
aquella personas que tan solo piden las mismas oportunidades que nosotros tenemos y tuvimos para llegar hasta donde estamos. Tenemos más becas para estudiar, salarios dignos, protección social, incluso actividades productivas que han salido
adelante con el apoyo de los impuestos que solidariamente pagamos entre todos.
Como bien saben sus señorías, a pesar de que el ingreso fiscal se ha visto reducido significativamente en los últimos tiempos, este Gobierno ha seguido manteniendo y apostando por las políticas sociales para favorecer a aquellos que más
están sufriendo la crisis, pero también para recuperar la confianza y la actividad económica, que es fundamental.
Estarán conmigo en que no solo es importante el qué, el cómo y el cuándo, sino también el contexto en el que se deben debatir estas cuestiones, que, en momentos de crisis, como antes comentaba el señor Vilajoana, se debaten también en el
ámbito europeo. Además, ayer nos hacíamos con la noticia del posible rescate de deuda de Irlanda y de Portugal, y por cierto, a pesar de los constantes ataques de pánico hacia nuestro país, en absoluto la situación española tiene que ver con la
irlandesa. El Gobierno hizo bien sus deberes, a pesar del poco apoyo que ha recibido en el ajuste fiscal.
Por consiguiente, creemos que en estos momentos sería propicio iniciar un proceso para avanzar en políticas fiscales comunes en la Unión Europea.
Yo sé, como ustedes, que es difícil, pero no imposible -el señor Durao Barroso nos lo decía la
semana pasada-, porque la Unión Europea está impulsando tasas nuevas, como la de transacciones financieras, impulso, por cierto, de todos los países, independientemente del color político que los gobierna.
Otra de las cuestiones que quiero mencionar es la relativa al fraude fiscal. Ayer nos anunciaba el director de la Agencia Tributaria que hasta octubre de este año se han ingresado 8200 millones de euros provenientes del fraude, un 25% más
que en el año 2009. Existe un plan de fraude fiscal aprobado en el 2005 y actualizado en 2008, y todas aquellas actuaciones de coordinación entre administraciones para cruzar datos y sacar a la luz las cuentas opacas no es un trabajo en vano, por
lo que no podemos estar en desacuerdo con estas iniciativas.
Estarán conmigo en que se han tomado decisiones y se ha avanzado en la progresividad del sistema tributario. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 se han tomado decisiones de carácter fiscal que no les voy a mencionar
porque las conocen perfectamente, pero no quisiera finalizar sin hacer una pequeña alusión a la intervención realizada por la senadora del Grupo Popular, que no me sorprende porque es coherente en sus postulados e inmovilista en el sentido de que
siempre, independientemente de la coyuntura política y económica, presenta las mismas propuestas, sea en época de bonanza o sea en época de crisis.
Desgraciadamente he de decirle que esa visión tan cortoplacista ha evidenciado que el Partido Popular no está preocupado por recuperar la economía española, porque lo único que les preocupa es recuperar el Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Termino, señoría.
No puedo estar de acuerdo con esos postulados de bajar impuestos, que es la receta mágica para salir de la crisis. No solo es eso, sino que pretenden insinuar que, en todo caso, subir los impuestos es incitar al fraude fiscal, cuestión poco
reflexionada pero que está en los ámbitos conservadores que, desde luego, no podemos admitir.
En todo caso, señorías, no quisiera terminar mi intervención sin manifestar que la progresividad del sistema tributario afecta al grado de compromiso de la equidad en función de lo que tenga cada uno.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.
La señora VICENTE GONZÁLEZ: Votaremos a favor de esta enmienda transaccional apoyada por todos los grupos, excepto por el Grupo Parlamentario Popular -todavía tiene tiempo para cambiar-, porque entiendo que tenemos que hacer frente tanto a
los retos de la crisis actual como a los retos del futuro. Nos queda todavía mucho trabajo por hacer.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
La moción que presentaba inicialmente la Entesa, con el grupo de senadores del Partido Socialista de Cataluña, es el reconocimiento de un fracaso.
Por eso a mí me sorprendía que se presentara esta moción, porque decir ahora, a menos de año
y medio, que hay que diseñar las líneas de un sistema tributario, cuando el Gobierno acaba de subir los impuestos, algo a lo que muchos nos hemos opuesto y que es totalmente contraproducente, es decir que no se diseñaron. Primero se suben los
impuestos y luego se diseñan las líneas. Eso es lo que se está diciendo con esta moción.
Segundo, lo que proponía la moción es que el estudio lo hiciera una comisión de expertos independientes del Gobierno, claro, para que no la líen. Eso es reconocer que no se confía en las posibilidades ni en la capacidad del Gobierno para
hacer ese estudio. Eso es lo que se decía en la moción inicial.
Tercero. Pretender que la tarea del Gobierno la haga una comisión de expertos antes de febrero del 2012 equivale a decir, como se dice en mi tierra, que el que venga detrás que arree. Presentar ese estudio en febrero del 2012, a un
mes de las elecciones, significa que el Gobierno se desentiende de sus responsabilidades y que una vez más renuncia y desatiende lo que tiene que hacer. Eso es lo que decía esa moción. Es el reconocimiento de un fracaso. Pero yo me
planteaba lo siguiente: ¿Es que la Entesa y el PSC se están desmarcando del Gobierno? Porque es cierto que ahora hay desbandada y que cualquier oportunidad es buena para desmarcarse de la política económica de Zapatero. Y yo me pregunté eso, pero
como muy bien saben ustedes, señores de la Entesa, el fracaso es compartido, y es que ustedes, en materia económica, han estado en todo momento con el Gobierno. Estuvieron en la campaña de la Champions League, vieron los brotes verdes, prometieron
el pleno empleo, negaron la crisis al principio, han rechazado prácticamente todas nuestras iniciativas económicas y han jaleado y aplaudido una política económica que ha originado el colapso y la casi quiebra de nuestras cuentas públicas, que es el
punto en el que estamos.
Pero no, no se trataba de desmarcarse del Gobierno. Por eso han renunciado hoy a casi todo lo que contenía la moción. Se trataba una vez más de liberar al Gobierno de su responsabilidad. Pero, ¿cómo no había en la moción ni un solo
encargo al Gobierno? Si esa memoria que se tenía que hacer iba a hacerla una comisión de expertos, ¿para qué nos servía el secretario de Estado de Hacienda? ¿O es que le dejamos solamente para elaborar el presupuesto?
Señores de la Entesa, al final ustedes consiguen otra vez proporcionar una excusa al Gobierno para que una vez más esquive sus obligaciones y reniegue de sus compromisos, lo que se está convirtiendo ya en algo habitual en el actual Gobierno
de España. En segundo lugar, han hablado ustedes, sobre todo desde el Partido Socialista, y está claro que se preocupan ustedes de incluir en la moción el Estado del bienestar porque hay que repetir mucho aquello que no se produce. ¿El Estado del
bienestar de quién, señorías del Grupo Socialista? ¿El de dos millones de trabajadores que llevan más de un año sin empleo, o el de las 800 000 personas que han tenido que acudir a Cáritas porque el Gobierno les ha dejado en la estacada? ¿O el de
los cientos de miles de pequeños y medianos empresarios y autónomos que están cerrando cada día? Y es que, fíjense, solo en los dos últimos años en Cataluña han cerrado 5000 empresas industriales. Esa es la realidad a la que nos ha traído la
política fiscal del Gobierno. Al final todos pagamos más impuestos y todos recibimos cada vez menos. Esa es la pregunta que el Grupo Parlamentario Popular les hemos hecho siempre, señorías del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Para qué subir los
impuestos? ¿Por qué subieron los impuestos? Esa es la pregunta que yo le formulaba a la señora vicepresidenta del Gobierno pero no me la contestó porque no lo sabía -ahora está claro.
El Gobierno está dinamitando los pilares del Estado del bienestar, del mismo modo que ha dinamitado el consenso logrado en un acuerdo histórico, y hoy se hablaba del respeto a los pensionistas. Miren, señorías, el mejor respeto a los
pensionistas es suprimir la congelación de las pensiones, una medida que se ha aprobado en el Congreso y en el Senado y a la que el Gobierno no solo no hace caso sino que está tratando por todos los medios de impedir en el debate de las enmiendas y
en la votación de los Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Termino, señorías. Esta moción ha quedado reducida a la nada porque ahora el Gobierno tiene que realizar un estudio, cuando está acabando la legislatura, y además le vamos a pedir que estudie poco. Porque lo verdaderamente importante que
ahí aparecía, es decir, el impuesto sobre sociedades, la evaluación de beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones, valorar la equidad, la efectividad, el impacto económico y el coste económico, ya no se va a hacer porque si no el Grupo
Parlamentario Socialista no votaba a favor. Ni tampoco se van a analizar los yacimientos de economía sumergida ni tantas otras cosas. Al final, señorías, esto es preocupante porque estamos en el punto de mira, porque nos miran de cerca. ¿Y qué
les van a decir hoy a los mercados internacionales? ¿Que el Gobierno se pone ahora a estudiar? ¿Que el Gobierno de España, que no tiene política fiscal, que sube los impuestos sin estudios previos y que congela pensiones y recorta salarios ahora
se pone a estudiar, a un año y medio de las elecciones y de una nueva legislatura? (Rumores.) Señorías, ¿esa es su particular apuesta por generar confianza y credibilidad? Pues así nos va.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación.
Tomen asiento, señorías. Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario de la Entesa que acabamos de debatir, con la enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 131; en contra, 117; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media de la mañana.
Eran las veintiuna horas.