Séptimo

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

— De la Proposición de Ley de modificación de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del sector eléctrico. (Autor: Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés). (Publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Senado, Serie III-A, número 28, de fecha 18 de
noviembre de 2010). (Número de expediente Senado 622/000024.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas.

Página

MOCIONES

6376

Página

De los GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL SENADO,
ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
DE SENADORES NACIONALISTAS y MIXTO, por la que el Senado de España apoya
y se adhiere al expediente para la inscripción en la Lista
representantiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante
la UNESCO de la candidatura conjunta de las Tamboradas de Hellín, Agramón
y Tobarra, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y las de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Región de Murcia y Comunitat
Valenciana

6376

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación. (Página 52 del tocho.)

El señor García Caro defiende la moción.

En turno de portavoces interviene el señor Altava Lavall, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la
Cámara.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de fomento en materia
de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)

6378

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.

El señor Alarcó Hernández defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen el señor Quintero Castañeda, por
el Grupo Parlamentario Mixto, y las señoras Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas;
Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Celaya i Armisen, por el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, así como el señor Salvador García, por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno
a fomentar los proyectos que tengan como finalidad la participación
activa de las mujeres mayores en todos los ámbitos de la sociedad

6389

La señora Hernández Gutiérrez defiende la moción.

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.

En turno de portavoces intervienen el señor Tuñón San Martín, por
el Grupo Parlamentario Mixto, y las señoras Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas;
Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Baig i Torras, por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés; Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Font Bonmatí, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la
Cámara.

Página

Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, por la que se
insta al Gobierno a la suspensión definitiva de la concesión de nuevos
aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca de los ríos Miño y Sil

6400

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, por lo que no hay defensa de las enmiendas.

El señor Pérez Bouza defiende la moción.

En turno de portavoces intervienen los señores Roig i Grau, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Fidalgo
Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Leyte
Coello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de la
Cámara.

Página

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

6408

Página

De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el Proyecto
de Ley de Economía Social

6408

La señora Rubial Cachorro, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Sampol i Mas defiende la enmienda número 27, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra anuncia la retirada de
la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas 28 a 31, 34 y 39,
así como la enmienda transaccional presentada en comisión basada en las
enmiendas 26 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y 35 a 38 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Muñoz Hernández defiende las enmiendas 4 a 10, 12 y 13,
del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Agramunt Font de Mora defiende la enmienda número 25, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora Fúnez de Gregorio defiende las enmiendas números 14, 16 a
18, 22 y 24 , así como la enmienda transaccional presentada en comisión
basada en las enmiendas 26 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y
35 a 38 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Martínez
Herrera.

En turno de portavoces intervienen los señores Bagur Mercadal y
Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras
Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas; Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Burgués Bargués, por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como el señor
Martínez Herrera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Fúnez de Gregorio, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se aprueba la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Mixto,
por 129 votos a favor, 119 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 28 a 31, 34 y 39, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a
favor, 241 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 7 y 9, de Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor y 237 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 4, 5, 6, 8 y 10, de Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 245 en
contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 12 y 13, de Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés, por 15 votos a favor y 236 en contra.

Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por 116 votos a favor, 127 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por 117 votos a favor, 126 en contra y 8 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 18, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por 116 votos a favor y 135 en contra.

Se rechaza la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por 124 votos a favor y 126 en contra.

Se rechaza la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por 125 votos a favor y 126 en contra.

Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por 117 votos a favor y 134 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro
59064 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en
comisión y no incluidas en las votaciones anteriores, por 250 votos a
favor.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 249 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncia sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

Página

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

6421

Página

De la Proposición de Ley de modificación de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del sector eléctrico. (Autor: Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés)

6421

El señor Esquerda Segués defiende la toma en consideración.

En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia de
Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas;
los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés; así como la señora Durán Fraguas, por el
Grupo Parlamentario Socialista y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la toma en consideración por 19 votos a favor y 229 en
contra.

Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco
minutos.

Se reanuda la sesión a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Reanudamos la
sesión.

MOCIONES

— DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL
SENADO, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS Y MIXTO, POR LA QUE EL SENADO DE
ESPAÑA APOYA Y SE ADHIERE AL EXPEDIENTE PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA LISTA
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ANTE LA
UNESCO DE LA CANDIDATURA CONJUNTA DE LAS TAMBORADAS DE HELLÍN, AGRAMÓN Y
TOBARRA, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA, Y LAS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA, ARAGÓN, REGIÓN DE MURCIA Y COMUNITAT
VALENCIANA. (Número de expediente Senado 662/000163.)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día. Moción de los
Grupo Parlamentario Socialista, Popular, de la Entesa, de Convergència i
Unió y de Senadores Nacionalistas, además del Mixto, por la que el Senado
de España apoya y se adhiere al expediente para la inscripción en la
lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad
ante la Unesco de la candidatura conjunta de las tamboradas de Hellín,
Agramón y Tobarra, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y las
de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Región de Murcia y
Comunitat Valenciana.

A esta moción se ha presentado una transaccional firmada por todos
los grupos parlamentarios. Entiendo que puede quedar aprobada por
asentimiento. (El señor García Caro pide la palabra.)

Señoría, tiene la palabra. Habrá turno de portavoces.

El señor GARCÍA CARO: Gracias, señor presidente.

Señorías, traemos para su debate y aprobación ante el Pleno de esta
Cámara una moción suscrita por todos los grupos parlamentarios, mediante
la cual el Senado de España apoya y se adhiere al expediente que,
tramitado por el Ministerio de Cultura español, solicita ante la Unesco
la inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad de la candidatura conjunta de las tamboradas
de Hellín, Agramón y Tobarra, en Castilla-La Mancha; Baena, en Andalucía;
Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La
Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén, en Aragón; Moratalla
y Mula, en Murcia, y Alzira y L`Alcora, en la Comunidad Valenciana.

Hellín, Agramón y Tobarra, en Castilla-La Mancha, a la que se han
adherido las comunidades autónomas y municipios citados, son ciudades que
tienen nombre sonoro, que es como un animado toque de clarín acompañado
por el redoble de un tambor, y ello porque son unos pueblos alegres y
dinámicos que saben disfrutar, al tiempo que cuidar, de sus tradiciones,
expresiones y representaciones culturales.

Hellín, como el resto de pueblos y ciudades citadas, en cada Semana
Santa y desde hace ya seis siglos, se convierte en un deslumbrante
concierto de redobles tamborileros. Nuestras ciudades, las ciudades
tamborileras de España, se transforman año tras año en un mapa mundial de
sonidos inigualables que responden al intenso y especial estado de ánimo,
de entusiasmo imperecedero, que adorna la representación más acreditada
de muchos pueblos de España, como son sus tamboradas.

Juntos, como si todos fuéramos uno, hemos conseguido aportar
nuestras tamboradas al universal conocimiento, y especialmente reunir el
sentir individual y colectivo de los habitantes de unos pueblos por cuyas
venas circula sangre impregnada de palillos y de parche. Los tambores de
Hellín, como los del resto de la geografía española, que son fruto de la
continuidad pertinaz del respeto de sus gentes por nuestras más
arraigadas e insólitas tradiciones, se han convertido ya en un símbolo
que no solo empapa de entusiasmo a nuestra ciudadanía sino que, por su
originalidad, belleza y fácil y atractiva participación, se han extendido
primero por el resto de la geografía española y ahora prosiguen su
universal andadura por otros países del mundo.

Permítanme afirmar, señorías, porque estoy convencido de ello, que
el sonido del tambor es el mejor mensajero que Hellín y todos los pueblos
tamborileros de España pueden aportar para la construcción de un mundo
sin fronteras, un mundo de convivencia y de paz, un mundo en el que
sobren las exclusiones y gane el entendimiento y la amistad entre los
pueblos. El apoyo institucional a nuestras tamboradas por

parte de nuestras comunidades autónomas y del Gobierno de España,
los siglos de historia del tambor y de las tamboradas en nuestros pueblos
y ciudades, transmitidos de generación en generación, la participación de
miles de personas en ellas, más de 20 000 tamborileros en Hellín, que la
constituyen como la mayor concentración de tambores del mundo, el
espíritu de fraternidad, el de todos somos uno, que transmite un claro
sentimiento de identidad, la edición anual desde tiempo inmemorial de
material gráfico y audiovisual, los encuentros que tienen lugar cada año,
las jornadas de exaltación al tambor, son algunos ejemplos que
fundamentan, que ilustran la solidez de la tradición tamborilera de
Hellín y del resto de pueblos y ciudades de España.

Nuestras tamboradas, sin lugar a dudas, se constituyen en una
expresión viva y en una tradición heredada de nuestros antepasados,
fielmente transmitida a nuestros descendientes que, desde nuestro punto
de vista, merece ser protegida porque de esta manera contribuiremos al
mantenimiento de la diversidad cultural frente al creciente proceso de
globalización. Así es Hellín, así son nuestros pueblos tamborileros de
España. Esta es la cultura del tambor que, en perfecta conjunción con
sentimientos colectivos, pone a nuestras ciudades y pueblos en un plano
relevante del escenario de una espléndida convivencia humana y llena el
corazón de todos nuestros vecinos y vecinas de satisfacción, del
reconfortante placer del deber cumplido, al conservar nuestras señas de
identidad y dar continuidad a nuestras tradiciones, al tiempo que supone
un regocijo generalizado que significa un necesario paréntesis en los
avatares de una vida de sabores diferenciados.

Hellín, Agramón, Tobarra, Albalate del Arzobispo, Alcañiz,
Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, Urrea de Gaen, Baena, Moratalla, Mula,
Alzira, L´Alcora, pueblos tamborileros de España, deben constituirse
en estos días que a pasos agigantados se aproximan, como siempre, en un
espectáculo bellísimo y un magnífico clamor que coloque una vez más a
nuestros tambores en la cúspide de la popularidad merecida de la que
todos nos beneficiemos y en la que todos y todas participemos.

Termino. Luchemos, pues, por preservar un patrimonio que resulta
esencial para la identidad cultural de estos diecisiete pueblos, de los
diecisiete pueblos tamborileros de España. De esta manera, señorías,
nuestros antepasados nos lo agradecerán desde su lugar de descanso y
nuestros descendientes en el no muy lejano futuro, mientras que los
actuales continuaremos disfrutándolo con emoción, sentimiento y
esperanza. Les expresaré —como dice el eslogan de Hellín y de
Castilla-La Mancha cuando presentó su candidatura ante la Unesco, y dado
que hay senadoras y senadores de regiones tamborileras— lo que
siente un tamborilero, o mejor lo que yo quiero que sienta un tamborilero
de cualquier lugar del país: sientan el latido, dejen que sus manos
hablen.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

El Grupo de Convergència i Unió no hace uso de la palabra.

El Grupo de la Entesa, tampoco.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya ha
intervenido.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señor presidente.

En primer lugar, tenemos que felicitar a todos los grupos porque
estamos unidos en esta interesante iniciativa; preciosa iniciativa, por
otra parte.

Toma el impulso la tamborada de Hellín a través de su alcalde, a
quien quiero felicitar por esta iniciativa, que, indudablemente, es
compartida también por todos los senadores de Albacete que nos acompañan
en el hemiciclo y, con especial interés, por la secretaria general de mi
partido, María Dolores de Cospedal.

Conozco bien Hellín, como sabe el ponente. Fue mi primer destino
judicial y tuvimos la oportunidad de compartir trabajos en el juzgado.
Estuve muy a gusto. Hellín fue una ciudad muy acogedora, donde trabajé
mucho, pero la gente me lo hizo pasar realmente bien.

Las tamboradas de Semana Santa de Hellín, que tan bien conozco,
convocan a más de 30 000 tamborileros, que, con el rugido de sus miles de
tambores, llegan a los piques personales o los grupos que organizan las
peñas de tamborileros, para conseguir ese inmejorable racataplán como
símbolo que las distingue.

Las tamboradas que presentamos suponen una gran concentración de
tamborileros o repicantes y tienen —y esto es muy importante—
un origen religioso que se manifiesta en la Semana Santa. Hay tamboradas
en Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Murcia y la Comunidad
Valenciana, y en mi provincia, concretamente, en Castellón, en quince
municipios: en Alcalà de Xivert, Alcora, Almazora, Benicarló, Benicàssim,
Burriana, Betxí, Castellón, Eslida, Moncofa, Nules, Peñíscola, Sant
Mateu, Vall d’Uixó y Vila-real, y en breve se realizarán también en
Vall d’Alba y en Viver, pues acaban de crear sus asociaciones de
tambores y de bombos.

Señorías, quiero poner de manifiesto una cuestión que considero
importante. Esta moción no es excluyente. Esta moción es integradora.
Aquí caben todos los municipios que tengan tamborilada, que tengan
tamborada pero de Semana Santa. Por eso, no se excluye a la tamborada de
San Sebastián, importantísima, como todos ustedes saben, que allí se
denomina tamborrada, porque se celebra en otra fecha distinta, el 20 de
enero, festividad de San Sebastián. Aunque hay diversas teorías, parece
que su origen —no sé si me corregirán— es en el siglo XIX,
como conmemoración de la ocupación napoleónica de San Sebastián durante
la guerra de la Independencia; se celebra en otra fecha y tiene un origen
distinto. De hecho, en ella no hay repiques al uso de las tamboradas de
Semana Santa y se interpretan canciones como Diana, Retreta, Tatiago,
Iriyarena, Caballería de Viejas, y principalmente cabe destacar la Marcha
de San Sebastián, todas ellas con un tinte netamente militar, que las
diferencia de las tamboradas que defendemos. Las tamboradas para las que
vamos a pedir que sean Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco son
aquellas que tienen su origen en la Semana Santa, aquellas en las que el
tamborilero manifiesta su amor, su cariño o su pasión por la Semana Santa
a través precisamente del bombo y del tambor.

Es, pues, muy oportuna la moción que vamos a presentar ante la
Unesco para que reconozca el patrimonio existente e incluya dichos
municipios en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, pero una cosa debemos tener clara, y es que, con
independencia de que la Unesco acoja o no esta lista representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial, los municipios que tienen tamborada ya
tienen ese patrimonio. Este patrimonio cultural es anterior a la
declaración de la tamborada. Solo nos resta tener la inteligencia
suficiente para conseguir que la Unesco declare a esos municipios bienes
patrimonio de interés cultural. Y lo que estamos solicitando es muy
importante, habida cuenta de que, de momento, solamente tenemos como
Patrimonio Cultural Inmaterial el Misteri d’Elx, el flamenco y la
dieta mediterránea, recientemente aprobados.

Pues bien, esta Cámara está haciendo los deberes, está haciendo lo
que toca: trasladar al Gobierno de la nación, para que a su vez este lo
traslade a la Unesco, la petición de inclusión en esta lista de los
municipios correspondientes. Debemos plantearlo con la inteligencia
debida para conseguir que los municipios que configuran la lista española
alcancen dicho reconocimiento, cuestión en la que tiene gran
responsabilidad el Gobierno de España, que esperemos que esté a la altura
de la diligencia y expectativa levantada con esta unánime moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el debate, entiendo que la moción puede aprobarse por
asentimiento con la transaccional firmada por todos los grupos.
(Asentimiento.)

Queda aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE FOMENTO EN
MATERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(I+D+i). (Número de expediente Senado 662/000165.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas de fomento en materia de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i).

A esta moción se ha presentado una transaccional firmada por todos
los grupos, por lo tanto decaen las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días. Señorías, es para mí una responsabilidad y un placer
comparecer ante ustedes para buscar una vez más el apoyo unánime de todos
los miembros de esta Cámara a la iniciativa no ideológica que presenta el
Grupo Parlamentario Popular, al que tengo el honor de pertenecer y
representar como portavoz de ciencia e innovación.

Estamos seguros de que todos los miembros de esta Cámara
coincidimos en la importancia capital que tiene el desarrollo tecnológico
y científico en el futuro económico y social de un país. Representa el
verdadero cambio económico del modelo a impulsar, fomentando la sociedad
del conocimiento y del crecimiento sostenible y colaborando en la
construcción de algo que para nosotros es muy importante: el Espacio
Europeo de Investigación.

Esta moción no pretende otra cosa que impulsar de manera decidida
el esfuerzo de las administraciones en la generación y ordenación de la
I+D+i+d, en la estabilidad laboral y en la dignificación de nuestros
investigadores, además de la necesidad de desarrollar actuaciones que
potencien la colaboración público-privada en I+D+i+d. No se trata de
ideología, sino de sentido común, de sensatez y de altura de miras en un
elemento tan sensible como la investigación y el desarrollo.

Si creemos de verdad en la importancia de la I+D+i+d, tenemos que
apostar por las políticas activas que incentiven su crecimiento y
afianzamiento en nuestro tejido productivo. Vaya por delante que debemos
reconocer —y lo hacemos con gusto— que tenemos un excepcional
capital humano en el ámbito científico, lo que ha hecho posible que
tengamos centros de referencia internacional en todas las comunidades
autónomas. Y, siendo canario como soy, no puedo dejar de nombrar el
Instituto Astrofísico de Canarias, uno de los más importantes del mundo e
instalado en el archipiélago canario.

Señorías, no podemos incentivar ni consolidar un cambio del modelo
productivo si no damos estabilidad a nuestro personal investigador, si no
llevamos a cabo una selección de calidad óptima y rigurosa y si no les
ofrecemos una alternativa laboral atractiva. Solo así podremos contribuir
al rescate de aquellos investigadores que están fuera de nuestras
fronteras. Mucho menos podremos hablar de cambio del modelo productivo si
recortamos la inversión en I+D+i un 7,4%. Es evidente que esto hay que
corregirlo, porque desmotiva y, sobre todo, frustra muchos proyectos
científicos y vitales, creando anticuerpos innecesariamente. Y no lo
decimos nosotros, lo apuntan los 2500 científicos que han firmado un
manifiesto contra los recortes. Es verdad que estamos en crisis y que se
han producido recortes en todos los sentidos, pero hay que hacer un
esfuerzo enorme para que esto no ocurra en I+D+i porque, después, el
proceso es irreversible. En esta época de crisis hay que hacer un gran
esfuerzo para invertir esta tendencia y poder alcanzar definitivamente la
estabilidad en I+D+i. Pero, además, durante 2009 las empresas han
detraído un 6,3% sus inversiones en I+D, según indican las cifras del
Instituto Nacional de Estadística. Sin duda, son problemas muy
importantes que entre todos debemos ayudar a corregir.

No podemos hablar de eficiencia en el gasto en I+D si no
materializamos la creación de una agencia estatal que coordine con las
comunidades autónomas toda la actividad investigadora que se realiza en
España. Es verdad que en el proyecto de ciencia e innovación que pronto
llegará a esta Cámara ya se contempla todo esto que estamos
comentando.

Señorías, es necesario dignificar la profesión de investigador y es
intolerable que nuestros científicos se formen en nuestras universidades
y tengan que emigrar al extranjero, donde se les hacen mejores ofertas
profesionales que, además, contemplan proyectos vitales muy sugerentes.
Es, asimismo, intolerable que el segundo informe sobre el índice de
capacidad de innovación concluya que nuestro país, pese a estar entre las
doce potencias mundiales —y lo estamos—, se encuentre en el
puesto veintinueve en materia de I+D, quedando por debajo de países casi
con la mitad de nuestra renta per cápita, como Chile, Repúblicas
Bálticas, etcétera, y uno de los pilares a reforzar es la gestión fiscal
y la regulación de los diferentes mercados laborales y de la
educación.

Nuestro sistema de gestión de la I+D+i necesita renovarse desde
dentro, reformularse para ser competitiva, y —como ya demandara el
presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España—
ser más ágil y transparente y dejar de ser obsoleta. Y es que la nueva
ley de la ciencia, la tecnología y la innovación —que muy pronto
estará en esta Cámara—, en su disposición adicional duodécima
sugiere la necesidad de dinamizar la gestión de I+D+i, cuando afirma que
es necesario avanzar hacia un nuevo esquema más eficiente y flexible,
pero igualmente transparente, que garantice un marco estable de
financiación y mejore prácticas internacionales.

Asimismo, nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, sensible a
estas cuestiones, ya preguntó al Gobierno, y apostó directamente por el
modelo de agencia de gestión de I+D+i. Debemos estar al lado

de los ciudadanos, no frente a ellos con nuevas leyes y
reglamentos. En definitiva, señorías, se trata: primero, de crear la
agencia estatal de investigación. Segundo, de dotar desde el principio de
carácter profesional a nuestros investigadores. Tercero, de
desburocratizar la gestión de innovación y el desarrollo en nuestro país.
Cuarto, de dignificar a nuestros investigadores y, sin duda, ofrecerles
estabilidad laboral que no les obligue a marcharse a otros países, por
ejemplo a Alemania, una vez finalizados los estudios. Sexto —punto
que consideramos muy importante—, de divulgar los beneficios de la
colaboración público-privada. Séptimo, de dar tratamiento fiscal
favorable a las empresas que colaboren en el desarrollo de I+D+i.

Antes de terminar, como portavoz de ciencia e innovación del Grupo
Popular, me gustaría agradecer una vez más a esta Cámara y a todos los
portavoces la sensibilidad que estamos mostrando ante un asunto tan
importante para el desarrollo de nuestro país, y que hayamos conseguido,
una vez más —espero que quede plasmado al final de esta
moción— por unanimidad, dar los primeros pasos para tener una ley
de ciencia e innovación que sea modelo en toda Europa.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Seré muy breve, en primer lugar para felicitar al senador Alarcó
por la presentación de esta moción y a todos los grupos, tanto al Grupo
Socialista como a CiU, que habían presentado enmiendas y que han llegado
a una transaccional beneficiosa para todos.

El mayor capital que tiene un país es el humano, y la estabilidad
laboral de nuestros investigadores es importantísima, por eso Coalición
Canaria y el Grupo Mixto vamos a apoyar esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Buenos días. Muchas
gracias, señor presidente.

Eskerrik asko guztioi, etorri zareten guztioi ere egunon.

Senatariok, bizi ditugun garaiotan pentsatu nahiko nuke batzuetan
atzera egiten ditugun urratsak baliogarriak izan daitezkeela aurrera egin
ahal izateko. Egia da ekonomia arloan entzun ditugun azken albisteak ez
direla oso onak eta garai hauetan garatu izan diren politikak orain
geldotuta geratu daitezkeelako arriskuan gaudela. Batzuk geldituta eta
beste batzuk desagertzeko zorian egon daitezke.Hasten diren egitasmo
horiek hasierako urteetan desagertzeko arrisku handiagoa izaten dutelako.
Horregatik ba, aurreko urteotan zientzia eta ikerkuntza arloan inbertitu
den guztietan aurrekontuak fruituak ematen hasi baino lehen mozten
badira, geroan egin beharreko ahalegina askoz ere handiagoa izango
da.

Gainera, zientzia eta ikerkuntza munduan giza baliabideak,
pertsonak, ezin dira besoak gurutzatuta gelditu boterean dagoen gobernuak
zientzia proiektu batzuetan edo besteetan inbertitzeko erabakia hartu
arte. Ezin dira geldirik geratu potentzia edo estatu batzuek giza kapital
kopuru handia behar dutelako eta gainera lan hau erakargarri egiten
dutelako. Horrez gain, oraingo momentua ere bada aurrera edo atzera
egiteko, baina ez erdibidean geratzeko. Gure gizarteak onenen artean
lehiatu behar duela uste badugu, produzitzeko ekonomiatik irten eta balio
erantsi handiko ekonomiara igaro behar dugula pentsatzen badugu, ezin
dugu gure giza kapitala galdu. Pisurik gabeko ekonomian balioa duen
bakarra pertsona baita.

Senatari jaun-andreok, gure sistema publikoan prestakuntza jaso
duen jende prestatuak emandako fruitua beste estatuek gratis et amore
jasotzeko arriskuan eror gaitezke. Hori litzateke adimen falta. Guk
prestatzen inbertitu, egitasmo berrietan inbertitu eta gero hiltzen utzi
maila mantentzeko ahalegina egiten ez dugulako. Are larriago izan daiteke
kontuan hartzen badugu inbertsioak I+G+B inbertsioek emaitza ekonomiko
eta sozialak esponentzialki biderkatuta ekarriko dituztela. Halakoetan,
esaten denez, egoerari eustea eta lehentasunak oso argi izatea da gakoa.
Dramatikoa izango litzateke beraz, eta pentsatu nahi dut egoera hau
zuzentzen joango dela. Askotan agertzen ez den aukera da onenen artean
egotea

eskaintzen dizuen aukera. Behin bakarrik igaroko den trena hartzea
eta hartzen ez baduzu ezinezkoa izango da zure helmugara garaiz
iristea.

Senatariok, horregatik, aurreko hausnarketa horiek konpartitu
ondoren zuekin, esan berriz ere Senatu honetako berrikuntza eta zientzia
batzordeko bozeramaile eta talde guztiek erakusten dutela denok
adostutako transakzio honekin benetan, benetan, gure apostua zientzia eta
kalitatean sinisten dugula eta bikaintasuna edo ezelentzia dela gure
helburu eta horren atzetik joango garela. Ez dugu nahi gure gizartea
atzera geratzea. Etorkizunaren denboretan kokatu nahi dugu ordezkatzen
dugun herri hau. Pozgarria benetan halako erabakien aurrean kolore
ezberdinetako alderdiek bat egitea. Irakasgai bat da.

Beraz, ordezkatzen dudan talde parlamentarioak ez du inongo
zalantzarik izan mozio honek esaten duen guztia sinatzerako orduan.

Eskerrik asko guztioi eta gure aldeko jarrera erakutsi nahi dizuet
tinko eta gogoz.

Eskerrik asko.

Muchas gracias a todos los que están presentes. Muy buenos días,
señorías.

En estos tiempos que corren, quisiera pensar que los pasos que
damos atrás nos pueden servir para coger impulso. Es cierto que desde el
punto de vista económico las últimas noticias no son nada halagüeñas y
todas las políticas que se han desarrollado hasta la fecha pueden correr
el riesgo de quedar paralizadas; algunas, de hecho se han paralizado y
otras pueden estar a punto de desaparecer; son iniciativas que empiezan y
que tienen mayor riesgo de quedar paralizadas en el futuro. Por eso todo
lo que se ha invertido en los últimos años en materia de ciencia e
investigación debe seguir manteniéndose, porque si hay cortes
presupuestarios antes de que esas iniciativas den fruto el esfuerzo que
habrá que hacer a posteriori será mucho mayor.

Además, en el mundo de la ciencia y de la investigación los
recursos humanos, las personas, no pueden quedarse de brazos cruzados en
función de las decisiones que adopte el Gobierno de turno y en función de
las decisiones de inversión que se adopten. Las personas no pueden
quedarse paradas porque las potencias y algunos Estados necesitan gran
capital humano y porque, además, se trata de un ámbito profesional muy
atractivo. Además, el momento actual es decisivo. Se trata de avanzar o
de quedarnos atrás, pero no de quedarnos a medio camino. Nuestra sociedad
tiene que competir entre los mejores y si es eso lo que pensamos, hemos
de salir de la economía de producción para pasar a una economía de gran
valor añadido. Si pensamos que esa es la transición que debemos hacer, no
podemos perder nuestro capital humano, no podemos convertirnos en una
sociedad sin peso, y en una sociedad lo importante es la persona.

Señorías, tenemos gente preparada en nuestro sistema social y los
frutos del trabajo de esas personas no tienen que ser aprovechados gratis
et amore por otras sociedades, no podemos caer en ese riesgo, eso sería
falta de inteligencia. Nosotros invertimos en iniciativas nuevas, pero no
podemos permitirnos el lujo de dejar que se pierdan esas iniciativas por
no ser capaces de mantener el nivel. Además el problema se puede agravar
teniendo en cuenta que las inversiones en I+D+i después traen frutos
económicos que se multiplican de forma exponencial. En estos casos lo que
hay que hacer es mantener la situación y fijarse claramente las
prioridades. Yo creo que sería dramático seguir por esta vía y espero que
se pueda ir paliando esta situación. Se trata de una oportunidad que no
se presenta muchas veces, es una oportunidad que nos permite estar entre
los mejores, es un tren que pasa solo una vez y si no se coge ahora será
imposible llegar a la meta a tiempo.

Señorías, después de compartir todas estas reflexiones con ustedes,
me gustaría destacar una vez más que todos los grupos y portavoces de la
comisión de investigación han mostrado su acuerdo con esta moción
transaccional, en la que estamos reflejando nuestra apuesta por la
ciencia y la calidad. Creemos en la ciencia y la calidad y hemos dejado
claro que la excelencia es nuestro objetivo y que queremos perseguirlo.
No queremos que nuestra sociedad se quede atrás, rezagada, queremos mirar
hacia el futuro, queremos que esta sociedad a la que representamos mire
hacia el futuro. Me congratula que, ante estos asuntos, todos los
partidos del arco político estén de acuerdo. Pienso que es una
enseñanza.

Por ello, el grupo parlamentario al que represento no tiene ninguna
duda a la hora de refrendar y aprobar todo lo que dice esta moción.

Muchas gracias. Han visto que estamos a favor de esta moción, sin
paliativos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.

Bon dia a tots i totes.

En primer lloc unes paraules per el Senador Torres: sentim que
deixis la càmera, enyorarem al company treballador, incansable,
responsable i coherent i et desitgem molta sort en el teu futur proper o
llunya.

En quant a la moció, no podem ni volem negar que en un entorn de
crisi econòmica com la actual quan la necessitat de potenciar la recerca,
el desenvolupament i la innovació, la I+D+i, és més necessària que mai, i
la relació i per tant la transferència cap a les empreses te un problema
en els dos sentits és que alguna cosa no estem fent be. I no hi ha cap
mena de dubte que aquest és el camí, és el de la cooperació entre centres
de recerca i empreses, l’únic camí per sortir de la crisis on som.
La competitivitat de les nostres empreses en funció de la innovació i el
desenvolupament. Però la crisi fa la primera retallada i la retallada es
nota immediatament en algunes empreses. Aquestes comencen a retallar per
els departaments de ciència, recerca, departament d’innovació. I si
al mateix temps, d’una banda, davant de la retallada pressupostària
pública, que és real, encara que els governs estatal i autonòmics facin
tots els esforços possibles per reduir-les al mínim necessari. Una
retallada de les inversions en recerca i desenvolupament que també afecta
no sols als organismes públics, sinó també a les universitats,i com no, a
les empreses, encara que siguin molt poderoses. Per altra banda, és
evident que aquest país té una manca de fluïdesa en les relacions entre
la universitat o els centres de recerca i el teixit productiu, en un
moment on aquesta relació ha de ser la base en la que s’assenta el
nostre futur, el futur de les nostres empreses i per tant de la nostra
economia, com deia a l’inici, alguna cosa grinyola, alguna cosa no
hem fet bé.

En aquestes circumstàncies el partit popular ens presenta una moció
en la que s’insta al govern a una sèrie de mesures en les que podem
estar pràcticament d’acord en totes, però a les que volem afegir
una sèrie de coses i per tant, hem hagut de presentar una esmena, a la fi
de revisar l’estructura i les funcions de les oficines de
transferència tecnològica, implantant un nou sistema de gestió de la
qualitat, així com mitjançant la creació de noves eines, promocionar la
col·laboració entre les empreses i organismes públics per augmentar la
transferència en tecnologia al teixit empresarial.

Perquè Senyories, el funcionament d’una eina que havia de ser
clau en l’encaix de les universitats, dels investigadors i les
empreses, com són les oficines de transferència, s’ha convertit en
una eina molts cops entorpidora, una oficina de tràmits burocràtics i de
caràcter funcionarial, i no sols que inutilitza els seus objectius, sinó
que en moltes ocasions trenca el continuo
recerca-desenvolupament-empresa, tant necessari ara., i desanima els
nostres investigadors, que no troben ni sortida ni facilitats per obtenir
recursos que provenen de administracions públiques, tant com privades,
sols o conjuntament amb les empreses. Quan les empreses necessiten
recerca o innovació pels seus productes, tampoc saben on recórrer. És
necessari implantar sistemes de gestió de qualitat millors que els
actuals —i si els actuals no serveixen—, donar noves eines,
eines per promocionar aquesta col·laboració entre la empresa pública de
recerca i les nostres empreses.

La nostra esmena també proposava en la mateixa línia mantenir un
tant per cent de despesa en polítiques públiques i recolzament a
l’estímul de la I+D+i com a via per millorar la competitivitat i la
internacionalització del nostre teixit productiu. Repetim, sabem que en
aquests moments, amb la crisi econòmica i la retallada de la despesa és
més important que mai, és més important que mai també fer servir la frase
que sempre ha estat a les nostres boques, de que aquesta despesa no és
una despesa, és una inversió de futur i més que mai això és cert, esperem
que aquest futur sigui molt proper.

Per últim proposàvem dins de la mateixa línia, promocionar les
unitats d’investigació d’excel·lència, tant en el sector
públic com en el privat, mitjançant la inclusió de criteris de major
exigència selectiva en les convocatòries de caràcter competitiu que
comptin amb el recolzament financer a càrrec dels Pressupostos Generals
de l’Estat. La promoció de les unitats d’investigació
d’excel·lència és vital, senyories, pel nostre futur en la
competitivitat internacional, i més ara, per presentar-se als concursos
internacionals és més important que mai. L’augment dels criteris
d’exigència selectiva en les convocatòries per aquests grups que es
beneficiïn dels ajuts, el que farà indubtablement que aquests grups
siguin més forts i si no puguin arribar a ser-ho.

Tanmateix, com poden comprovar els diferents grups, hem arribat a
una transaccional conjunta a partir de la moció presentada per el senador
Alarcó i de les dues esmenes presentades, tant per Convergència i Unió
com per el partit socialista que donen la raó al senador Luis Salvador,
de que efectivament és cert, tenim una «llei de la ciència» que, si
sembla que seguirà els tràmits parlamentaris i si sembla que arribarà
aquesta càmera properament i hauria de ser dintre de ella on
s’haurien de introduir algunes d’aquestes propostes.I no ho
dubtin, aquest és el compromís, serà en la llei i en aquesta càmera on
introduirem les

esmenes oportunes en aquest sentit i si ara no tenen cap argument
en contra ara, esperem que tampoc el tinguin en el moment del
desenvolupament de la llei, perquè la unitat és necessària per encarrilar
una llei tant important com és la llei de la ciència. Una llei tant
important per el nostre futur com per la nostra societat, a la que no
podem renunciar, com no podem renunciar tampoc a algunes d’aquestes
propostes. Si no som capaços de donar eines perquè les empreses, les
universitats i els centres de recerca formin una sola xarxa i no som
capaços de donar als equips investigadors les eines perquè ells puguin
accedir als fons de recerca nacionals, estatals o internacionals, i que
aquestes eines les empreses puguin dedicar-se, que amb aquestes eines,
repeteixo, les empreses puguin dedicar-se a fabricar, a donar feina, a
créixer i a guanyar diners, perquè no, aquesta és part de la seva fita, i
al mateix temps es puguin nodrir dels centres de recerca i que aquests
centres puguin investigar i viure dignament els seus investigadors, no
sortint fora com estan fent fins ara, estem perduts. Però senyories, a
nosaltres ens queda un xic d’esperança, perquè sabem que aquest és
un petit pas, i esperem donar-ne molts més.

Només ens queda donar les gràcies als senadors Alarcó i Salvador
per la feina feta i les renúncies que tots dos han fet per aconseguir la
unanimitat, perquè com he dit abans, en una llei tant important com
aquesta, vital.

Moltes gràcies.

Buenos días a todos y todas.

En primer lugar, unas palabras para el senador Torres. Sentimos que
dejes la Cámara. Echaremos de menos al compañero incansable, responsable,
coherente. Te deseamos mucha suerte en tu futuro próximo o lejano.

En cuanto a la moción, no podemos ni queremos negar que en un
entorno de crisis económica como la actual la necesidad de potenciar la
I+D+i es más necesaria que nunca y, por tanto, la transferencia hacia las
empresas tiene un problema en los dos sentidos, y es que alguna cosa no
estamos haciendo bien. Y no hay ninguna duda de que este es el camino, la
cooperación entre las empresas y la investigación, la competitividad de
nuestras empresas en función de la innovación y el desarrollo. Pero la
crisis hace el primer recorte, y el recorte se nota inmediatamente en
algunas empresas. Estas empiezan a recortar por el departamento de
ciencia, investigación e innovación. El recorte presupuestario público es
real —aunque los gobiernos estatales y autonómicos hagan todos los
esfuerzos posibles para que no tenga impacto—. Un recorte en
inversiones no afecta solo a los organismos públicos, sino a las
universidades y, cómo no, a todas las empresas, aunque sean muy
poderosas. Por otro lado, es evidente que este país tiene una falta de
solidez en las relaciones entre universidad o centros de investigación y
productividad. Esta relación es la base en la que se asienta nuestro
futuro, el futuro de nuestras empresas y, por tanto, de nuestra economía.
Como decía al inicio, alguna cosa no hemos hecho bien.

En estas circunstancias, el Partido Popular nos presenta una moción
en la que se plantean al Gobierno una serie de medidas con las que
prácticamente estamos de acuerdo, pero queremos añadir algunas cosas y,
por tanto, hemos presentado una enmienda para revisar la estructura e
implantar un nuevo sistema de gestión de la calidad, así como a través de
la creación de nuevas herramientas para la colaboración entre las
empresas y los organismos públicos para mejorar, porque el funcionamiento
de una herramienta que tenía que ser clave para la relación entre las
empresas y la investigación se ha convertido en una cosa que a veces es
un estorbo. Son trámites burocráticos, funcionariales, y no solo
inutiliza sus objetivos sino que en muchas ocasiones rompe el continuo
investigación-empresa que es tan necesario, y desanima a nuestros
investigadores. Ni salida ni facilidades para obtener recursos que
provienen de administraciones públicas o privadas, solos o conjuntamente
con las empresas.

Las empresas necesitan investigación y desarrollo, pero tampoco
saben a dónde ir. Hay que implementar sistemas de gestión de calidad
mejores que los actuales —los actuales no sirven—, dar nuevas
herramientas para promocionar esa colaboración entre empresa pública de
investigación y nuestras empresas.

Nuestra enmienda también propone, en la misma línea, un porcentaje
del gasto en políticas públicas y apoyo al estímulo del I+D+i para
mejorar la competitividad. Sabemos que en estos momentos la crisis
económica y el recorte de gasto es más importante que nunca. Es más
importante que nunca también utilizar la frase que siempre ha estado en
nuestras bocas de que este gasto no es un gasto sino una inversión de
futuro, y más que nunca —esto es cierto— esperamos que este
futuro sea muy próximo.

Por último, en la misma línea proponía proporcionar las unidades de
investigación de excelencia en el sector público y en el privado a través
de la inclusión de criterios de mejor exigencia selectiva en las

convocatorias públicas para que tengan apoyo financiero a cargo de
los presupuestos del Estado, la aprobación de unidades de investigación
para la excelencia. Es verdad que nuestro futuro está en la
competitividad internacional, y más ahora en que hay que presentarse a
los concursos, por lo que es más importante que nunca.

El aumento de los criterios de exigencia selectiva en convocatorias
que sean para estos grupos que se beneficien de las ayudas hará que
indudablemente estos grupos sean más fuertes, y que, si no, puedan llegar
a serlo.

Hemos llegado a una transaccional conjunta con los diferentes
grupos a partir de una moción presentada por el senador Alarcó y de las
dos enmiendas presentadas, una por Convergència i Unió y otra por el
Partido Socialista, en la que dar la razón al senador Luis Salvador. Es
cierto que tenemos una ley de la ciencia que por fin sí parece que
llegará a esta Cámara próximamente. Tendría que ser dentro de ella donde
habría que introducir algunas de estas propuestas. Esto es un compromiso,
no lo duden. Será en la ley, en esta Cámara, donde introduciremos las
enmiendas oportunas en este sentido, y si ahora no tienen ningún
argumento en contra, esperemos que tampoco lo tengan en el momento de
desarrollo de la ley porque la unidad es necesaria para encaminar una ley
tan importante como la de la ciencia, una ley tan importante para nuestro
futuro como para nuestra sociedad, a la que no podemos renunciar tampoco
a alguna de esas propuestas. Si no somos capaces de dar herramientas
oportunas para que las empresas, las universidades y los centros de
investigación formen una sola red, y no somos capaces de dar a los
equipos de investigadores las herramientas para que accedan a los fondos
de investigación nacionales, estatales o supranacionales y que las
empresas se puedan dedicar con estas herramientas, repito, a fabricar, a
dar trabajo, a crecer y a ganar dinero —por qué no, porque este es
su objetivo—, y al mismo tiempo se puedan nutrir de los centros de
investigación y que estos puedan investigar y vivir dignamente de sus
investigadores, no salir afuera como están haciendo hasta ahora, estamos
perdidos. Señorías, a nosotros nos queda cierta esperanza porque sabemos
que este es un pequeño paso, y esperamos dar muchos más.

Solo nos falta agradecer a los senadores Alarcó y Salvador por el
trabajo hecho y las renuncias que todos hemos hecho para conseguir una
unidad, como hemos dicho antes, en una ley tan importante como esta, que
es vital.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

La senadora Celaya tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Entesa Catalana de Progrés.

La señora CELAYA I ARMISEN: Gracias, señor presidente.

Respecte a les qüestions concretes que planteja la moció i que han
estat ampliades amb l’acord de tots els grups parlamentaris, com a
portaveu de l’Entesa Catalana de Progrés vull expressar el següent:
en primer lloc, entenem que és fonamental atendre de forma adequada les
condicions de treball del personal investigador i de gestió; arbitrar
mecanismes per millorar des dels inicis, el caràcter professional dels
investigadors i investigadores i la seva estabilitat laboral, sense
deixar de banda els criteris de competitivitat que els hi han de ser en
tot moment exigibles. En aquest sentit, l’actual projecte de llei
de la ciència, la tecnologia i la innovació, que es troba en ple debat
parlamentari, encara al Congrés de Diputats, contempla el desenvolupament
professional com uns dels temes nuclears del mateix. La nova llei
permetrà que el personal investigador pugui desenvolupar una carrera
professional predicible i estable, basada en mèrits i reconeguda
socialment, una carrera professional atraient que respongui a les
aspiracions dels més joves però que també reconegui l’esforç dels
més veterans.

En segon terme, també considerem necessari modernitzar encara més
la gestió, per reduir la burocratització en tot el possible i aconseguir
un sistema de gestió dels recursos públics de la màxima eficàcia i
eficiència.

En tercer lloc, vull manifestar que recolzem la creació d’una
agència estatal d’investigació que avaluï i financi la producció
del nostre sistema de ciència per fer-lo més efectiu i eficient per
fomentar la generació de coneixement en totes les àrees, situant el mèrit
científic o tècnic com a criteri fonamental per a l’assignació de
recursos. En aquest sentit, el projecte de llei defineix un model de
finançament similar al dels països més avançats, centrat bàsicament en la
futura agència estatal d’investigació i l’actual Centre per
al Desenvolupament Tecnològic i Industrial, amb més autonomia, més
flexibilitat i més agilitat, que garanteixi al mateix temps, el màxim
control de la gestió dels fons públics.

Finalment, i pel que fa a la coordinació amb les comunitats
autònomes, també compartim la convicció, com no podria ser d’una
altra manera, que cal millorar-la en tot el possible i propiciar que les
universitats, en el marc de la seva autonomia, elaborin programes
d’investigació d’acord amb les necessitats del sector
productiu i empresarial. Només una concepció integral del nostre sistema
de Ciència amb interacció de la totalitat dels agents que hi estan
relacionats, les diferents administracions, les universitats, els
organismes públics i privats de recerca, el sector productiu, de serveis
i empresarial, etc., només des d’una perspectiva integradora i ben
articulada amb tots els seus agents, aconseguirem que el coneixement que
ja disposem en estoc i el que es generi a partir d’ara, serveixi
veritablement per fer-nos més competitius, per contribuir a la generació
d’ocupació de qualitat dins el nou model productiu, per millorar la
nostra economia, per millorar en definitiva la nostra qualitat de
vida.

Compartim amb ple convenciment el conjunt de propostes acordades en
el text transaccional, tot i que entenem que el veritable debat el farem
a través del projecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació
que en poques setmanes entrarà al Senat i ens permetrà aprofundir molt
més sobre totes elles. Un projecte de llei que pretén consolidar els
avenços de l’actual sistema de ciència espanyol que, com tots
vostès saben, parteix de la Llei de ciència de 1986, però que després de
25 anys cal renovar per adequar-la a les necessitats actuals i contribuir
al progrés econòmic i social del nostre país. Per donar resposta a les
necessitats i exigències d’una societat que avença a una velocitat
vertiginosa i ens implica i interrelaciona a nivell global. Una nova llei
que també ha de millorar la coordinació amb les comunitats autònomes amb
competències en matèria de ciència; amb les diferents administracions i
per descomptat amb una estreta col·laboració público-privada; una llei
que ha de fer possible ja una carrera científica més atraient i
competitiva en l’àmbit internacional, amb un model
d’avaluació i finançament més àgil i flexible. El seu contingut ha
estat àmpliament debatut i consensuat amb els diferents agents del
sistema de ciència i tecnologia en la fase anterior a la tramitació
parlamentària abans de la seva aprovació en el Consell de Ministres, i
incorpora, cal dir-ho, una quantitat ingent de propostes provinents de
tots els sectors (del personal investigador, dels organismes públics
d’investigació, de sectors privats de la recerca, les universitats,
sindicats, etc.).

Amb aquesta moció, el que planteja el senador Alarcó és molt
important, i importants també són els acords als que hem arribat tots els
grups parlamentaris que estan recollits a la transaccional, en la línia
de potenciar i millorar les polítiques de ciència a través de la recerca,
la tecnologia i la innovació, com a instruments clau del canvi de model
productiu i la recuperació econòmica del nostre país. Compartim la
mateixa inquietud perquè també estem convençuts que no només podrem
superar la crisis, amb i des del coneixement, sinó que aquest ens és del
tot necessari per afrontar els reptes del futur amb suficients
fortaleses. Però hem de saber que perquè puguem beneficiar-nos del
coneixement, cal disposar dels instruments i mecanismes necessaris, no
només per produir-lo sinó també perquè repercuteixi en tots els àmbits de
la nostra vida: en la nostra salut, en un desenvolupament sostenible, en
un model productiu que garanteixi la competitivitat i el progrés econòmic
i social del nostre país en un context absolutament globalitzat, la
qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Necessitem una
estratègia clara amb unes infraestructures organitzatives que garanteixin
la gestió eficaç i eficient dels recursos públics, alhora ben articulats
amb els recursos privats.

Dit això, es just que expressi també la satisfacció per una acció
de govern al llarg dels darrers anys que ha anat i va precisament en
aquesta línia. Perquè no podem deixar de reconèixer l’impuls sense
precedents que ha donat aquest govern a través del Ministeri de Ciència i
Innovació al nostre sistema de ciència, per situar Espanya en posicions
capdavanteres a nivell internacional. Les polítiques de ciència i
l’esforç pressupostari dels darrers anys ens han situat en
posicions avançades i fins i tot de lideratge a nivell internacional en
alguns sectors claus com la medicina regenerativa, les energies
renovables o, en un altre ordre de coses, les comunicacions i la
mobilitat.

Estem convençuts que amb aquestes propostes i el que resulti del
debat de la nova llei de ciència contribuirem tots plegats a millorar el
benestar de tots i totes, el benestar que tothom mereixem.

Moltes gràcies.

Respecto a las cuestiones concretas que plantea la moción y que han
sido ampliadas con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, como
portavoz de la Entesa Catalana de Progrés quiero expresar lo siguiente:
en primer lugar, entendemos que es fundamental atender de forma adecuada
las condiciones de trabajo del personal investigador y de gestión;
arbitrar mecanismos para mejorar desde el principio el carácter
profesional de los investigadores e investigadoras y su estabilidad
laboral sin dejar de lado los

criterios de competitividad que tienen que exigírseles en todo
momento. En este sentido, el actual proyecto de ley de la ciencia, la
tecnología y la innovación, que está todavía en pleno debate
parlamentario en el Congreso de los Diputados, contempla el desarrollo
profesional como uno de sus temas nucleares. La nueva ley permitirá que
el personal investigador pueda desarrollar una carrera profesional
previsible y estable basada en méritos y reconocida socialmente, una
carrera profesional atractiva que responda a las aspiraciones de los más
jóvenes pero que también reconozca el esfuerzo de los más veteranos.

En segundo lugar, también consideramos necesario modernizar todavía
más la gestión para reducir la burocratización en todo lo posible y
conseguir un sistema de gestión de los recursos públicos de la máxima
eficacia y eficiencia.

En tercer lugar quiero manifestar que damos nuestro apoyo a la
creación de una agencia estatal de investigación que valore y financie la
producción de nuestro sistema de ciencia para hacerlo más efectivo y
eficiente para fomentar la generación del conocimiento en todas las áreas
situando el mérito científico o técnico como criterio fundamental para la
asignación de recursos. En este sentido, el proyecto de ley define un
modelo de financiación similar al de los países más avanzados centrados
básicamente en la futura agencia estatal de investigación y en el actual
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial con más autonomía, más
flexibilidad y más agilidad y que al mismo tiempo garantice el máximo
control de la gestión de los fondos públicos.

Finalmente, por lo que respecta a la coordinación con las
comunidades autónomas, también compartimos la convicción, como no podría
ser de otro modo, de que es necesario mejorarla en todo lo posible y
propiciar que las universidades, en el marco de su autonomía, elaboren
programas de investigación de acuerdo con las necesidades del sector
productivo y empresarial. Solo una concepción integral de nuestro sistema
de ciencia, con interacción de la totalidad de los agentes que están
relacionados en él, las diferentes administraciones, las universidades,
los organismos públicos y privados de investigación, el sector productivo
de servicios y empresarial, etcétera, solo desde una perspectiva
integradora y bien articulada con todos sus agentes conseguiremos que el
conocimiento de que disponemos respecto de esto y el que se genere a
partir de este momento sirvan auténticamente para hacernos más
competitivos, para contribuir a la generación de ocupación de calidad
dentro de un modelo productivo nuevo para mejorar nuestra economía y, en
definitiva, nuestra calidad de vida.

Compartimos con pleno convencimiento el conjunto de propuestas
acordadas en el texto transaccional. Entendemos que el auténtico debate
lo haremos a través del proyecto de ley de ciencia, tecnología e
innovación, que en pocas semanas entrará en el Senado y nos permitirá
profundizar mucho más sobre todas ellas. Es un proyecto de ley que
pretende consolidar los avances del actual sistema de ciencia español
que, como todos ustedes saben, parte de la Ley de ciencia de 1986, y que
después de 25 años es necesario renovar para adecuarlo a las necesidades
actuales y así contribuir al progreso económico y social de nuestro país
para dar respuesta a las necesidades y exigencias de una sociedad que
avanza a una velocidad vertiginosa y que nos implica e interrelaciona a
nivel global. Una nueva ley que también ha de mejorar la coordinación con
las comunidades autónomas con competencias en materia de ciencia con las
diferentes administraciones y por descontado con una estrecha
colaboración público-privada, una ley que tiene que hacer posible ya una
carrera científica más atractiva y competitiva en el ámbito internacional
con un modelo de evaluación y financiación más ágil y flexible. Su
contenido ha sido ampliamente debatido y consensuado con los diferentes
agentes del sistema de ciencia y tecnología en la fase anterior. En este
sentido, la tramitación parlamentaria antes de su aprobación en el
Consejo de Ministros incorpora —y hay que resaltarlo— una
cantidad ingente de propuestas que provienen de todos los sectores: del
personal de investigación, de los organismos públicos de investigación,
de los sectores privados de la investigación, de las universidades, de
los sindicatos, etcétera.

Con la moción que plantea el senador Alarcó, que es muy importante,
como también son importantes los acuerdos a los que hemos llegado todos
los grupos parlamentarios y que están recogidos en la transaccional,
mantenemos la línea de potenciar y mejorar las políticas de ciencia por
medio de la recerca, la tecnología y la innovación, como instrumentos
clave del cambio de modelo productivo y de la recuperación económica de
nuestro país. Compartimos la misma inquietud porque también estamos
convencidos de que no solo podemos superar la crisis con y desde el
conocimiento sino que este nos es del todo necesario para afrontar los
retos del futuro con suficiente fortaleza. Debemos ser conscientes de que
para que podamos beneficiarnos del conocimiento tenemos que disponer de
los instrumentos y mecanismos necesarios no solo para producirlo sino
también para que repercuta en todos los ámbitos de nuestra vida, en
nuestra salud, en el desarrollo sostenible, en un modelo productivo que
garantice la competitividad y el

progreso económico y social de nuestro país en un contexto
absolutamente globalizado y, en definitiva, en la calidad de la vida de
nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, es necesaria una estrategia
clara, con unas infraestructuras organizativas que garanticen la gestión
eficaz y eficiente de los recursos públicos, que a la vez estén bien
articulados con los recursos privados.

Dicho esto, es justo que exprese también la satisfacción por la
actuación de Gobierno a lo largo de los últimos años, que ha seguido y
sigue precisamente en esta línea, porque no podemos dejar de reconocer el
impulso sin precedentes que ha dado este Gobierno, a través del
Ministerio de Ciencia e Innovación, a nuestro sistema de ciencia para
situar a España en posiciones delanteras en el ámbito internacional. Las
políticas de ciencia y el esfuerzo presupuestario de los últimos años nos
han situado en posiciones avanzadas, incluso de liderazgo en el ámbito
internacional, en algunos sectores claves como la medicina regenerativa,
las energías renovables o, en otro orden de cosas, las comunicaciones y
la movilidad.

Estamos convencidos de que con estas propuestas, y lo que resulte
del debate de la nueva ley de ciencia, contribuiremos conjuntamente a
mejorar el bienestar de todos y todas, el bienestar que todos
merecemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Salvador.

El señor SALVADOR GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quiero comenzar mi intervención recordando otra moción
que presentamos el 30 de septiembre de 2008, en la que esta Cámara pedía
el impulso de la ciencia y la innovación como base del cambio de la
economía española, el desarrollo de la carrera científica y que el
Gobierno presentase una nueva ley de ciencia. En esa moción, que al final
fue transaccionada por todos los grupos políticos, y a instancia del
senador Alarcó, se recogió lo siguiente: El Senado insta al Gobierno a
aglutinar en torno a una nueva ley de ciencia un pacto por la ciencia,
que sirva para lo que pedimos a continuación.

En el debate de aquella moción, agradecí a todos los grupos
políticos, y especialmente al senador Quintero, a la senadora Celaya, a
la senadora Leanizbarrutia, a la senadora Aleixandre y al senador Alarcó
—que casualmente han vuelto a intervenir todos hoy en la
presentación de esta moción—, el que hubiésemos sido capaces de
tener altura de miras suficiente como para llegar al acuerdo que en ese
momento creo que fue pionero en la legislatura. Porque, señorías, yo me
pongo muchas veces en el papel de los ciudadanos cuando están fuera de
estas Cámaras, cuando escuchan los telediarios, cuando hablan de sus
motivaciones, de sus preocupaciones, de la creación de empleo, de la
necesidad de tener un modelo productivo más eficiente, más competitivo,
de la capacidad de nuestro país para estar a la vanguardia del futuro, y
miran a las Cámaras para ver qué es lo que los senadores y los diputados
que estamos en ellas les decimos. Me pongo en ese papel y muchas veces
reconozco que no aprovechamos completamente todo el tiempo que nos dan y
las oportunidades que tenemos de estar representando precisamente a los
ciudadanos en una Cámara como esta. Pero debo decir que en la Comisión de
Ciencia e Innovación me he encontrado con unos portavoces capaces de
trabajar día a día con un único fin: conseguir mejorar el sistema y
conseguir que nuestro país sea, repito, más competitivo, que cree más
empleo, sobre todo eliminando las diferencias y buscando siempre los
consensos y los acuerdos.

En esta moción que presentaba el senador Antonio Alarcó podía haber
querido patrimonializar la moción como iniciativa de su grupo, Nuria
Aleixandre podía haber querido defender sus enmiendas para decir lo que
ellos pretendían en ese momento, pero yo creo que el interés general ha
primado siempre en la figura de estos senadores, como en el resto de los
miembros de la comisión, para buscar siempre lo que más beneficie a
todos.

Señorías, durante estos años hemos asistido a un cambio histórico.
En el momento en que hemos visto los efectos de la crisis internacional y
la burbuja inmobiliaria nos hemos dado cuenta de las cosas que había que
cambiar precisamente para ser realmente competitivos, cosas que nosotros,
como ya he dicho en el inicio de la presentación de la moción, ya
anticipamos desde el principio de legislatura. Era un cambio que había
que hacer para que nuestro tejido investigador estuviese conectado
también con la universidad, donde se producían los dos tercios de la
investigación que se realiza en nuestro país. Pero la universidad tenía
que tener entornos con los campus de excelencia internacional para
provocar, dentro de ese entorno, no solamente el cultivar la generación
de conocimiento, sino con los centros de transferencia de conocimiento y
que todo esto llegase a la sociedad, a las empresas, para que realmente
el cambio de modelo fuese posible.

Señorías, en una España de comunidades autónomas, donde hay un
sistema nacional de ciencia, donde las competencias las tienen las
comunidades autónomas, hemos sabido encontrar la gobernanza necesaria
para que el sistema funcione y para que el Estado aporte lo que tiene que
aportar, y para que cada comunidad autónoma en el desarrollo y ejercicio
de sus competencias desarrolle con la máxima eficacia y eficiencia todo
el modelo en el que estamos introducidos. Pero es un modelo que, además,
ha aspirado a ser también mucho más internacional porque queremos ser
algo en el mundo en el ámbito de la ciencia. Somos la novena potencia
científica en publicaciones, pero no queremos simplemente ser eso:
queremos ser los responsables de que, por ejemplo, la ciencia y la
innovación —cuando tuvimos la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea— fuesen elementos fundamentales precisamente para el
desarrollo también conjunto de Europa. Fuimos capaces de decir: ciencia,
investigación, sí; pero estamos necesitados de innovación, porque es el
elemento transversal fundamental para que nuestras empresas realmente
puedan ser competitivas. Fuimos capaces de decir que hacía falta aumentar
enormemente las empresas de base tecnológica como un elemento fundamental
del cambio.

Pero, señorías, para hacer todo eso hacía falta que las Cortes
Generales se planteasen hacer esa ley de la ciencia, donde el Gobierno ya
no es hoy el depositario, sino que somos los que estamos en estas Cámaras
los que tenemos que dar respuestas a esa necesidad de gobernanza, creando
los organismos necesarios, creando las agencias necesarias; tenemos que
dar respuesta a los investigadores, creando la carrera profesional, para
que puedan tener un desarrollo profesional estable y predecible; tenemos
que crear las condiciones para la internacionalización de nuestra
ciencia, para ser competitivos en el exterior, para que nuestros
investigadores sean demandados en el exterior igual que nosotros
demandábamos aquí en España que viniesen investigadores a participar en
nuestros grupos.

Todo eso lo está resolviendo la ley de la ciencia, pero la ley de
la ciencia no es una entelequia, es algo que se está trabajando por
personas que se dedican a la política quince, dieciséis o diecisiete
horas diarias. Sin embargo, en los telediarios permanentemente aparece
que somos una rémora para este país, y quiero que se reivindique el papel
de la política, el papel de los parlamentarios como elementos
fundamentales para el desarrollo de una sociedad moderna, para la
creación de empleo y para construir sistemas de convivencia donde todos
nos sintamos orgullosos.

Señorías, esta comisión no se satisface simplemente por el hecho de
lo conseguido, no solamente por aquellas propuestas que hemos ido
arreglando entre todos, por aquellas iniciativas que hemos ido
manteniendo; queremos algo más. Estamos ahora mismo con la ley de la
ciencia, la tecnología y la innovación, que va a entrar en esta Cámara en
breve, y su culminación vendrá a sustituir a la Ley de la ciencia, que
dio un gran resultado, pero que databa de 1986. Vamos a conseguir el
objetivo, pero en esta comisión, en esta Cámara, en el Senado, que
también quiero reivindicar, no nos conformamos con eso. Y es por eso por
lo que se ha presentado esta moción por parte del senador Alarcó, y que
todos los grupos parlamentarios confluimos en ver como una oportunidad
para decir que no solamente queremos que haya una ley de la ciencia, la
tecnología y la innovación, queremos, además, que sus efectos sean lo más
inmediatos posible. Queremos que no se rebaje el esfuerzo inversor del
Gobierno porque también entre todos hemos conseguido que hoy exista una
cultura de la ciencia y de la innovación en el conjunto de la ciudadanía
que nos demanda mantener esa inversión. Nos lo demandan las empresas, nos
lo demanda el Parlamento. Todos los grupos políticos coincidimos en el
diagnóstico, y todos los grupos políticos también tenemos que coincidir
en las recetas.

Señorías, en esta moción instamos al Gobierno a impulsar con la
mayor celeridad posible las medidas que va a recoger la próxima ley de
ciencia. Queremos que desde el primer día sea una ley que se empiece a
aplicar, que cuente con los recursos necesarios y, sobre todo, que incida
claramente en el sistema. Nos hemos preocupado de enfocar las necesidades
prioritarias del personal y de los recursos humanos, repito, desde esa
carrera científica, pero también las condiciones para que pueda haber
transferencia en la movilidad, para que pueda haber investigadores que
pasen de la universidad a la Administración General del Estado y
viceversa, para que haya españoles que puedan salir a grupos extranjeros,
haya extranjeros que puedan venir a España a investigar porque encuentren
un marco en el que se sientan satisfechos.

Señorías, estamos en puertas de la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología, del desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación,
estamos en el momento del cambio, en el momento en el que este Senado,
esta Cámara parlamentaria ha vuelto a saber estar a la altura. Y por eso
quiero reivindicar el Senado, quiero reivindicar la política, quiero
reivindicar a los senadores que están en una comisión como la de ciencia
e innovación, en donde siempre entre todos hemos sido cómplices para
intentar buscar los mayores acuerdos, intentando presentar lo que los
ciudadanos nos han mandatado cuando nos han

puesto en esta Cámara. Por tanto, quiero darle las gracias al
senador Antonio Alarcó, a la senadora Nuria Aleixandre, a la senadora
Pepa Celaya, al senador Narvay Quintero. Y sobre todo, quiero dar las
gracias a los ciudadanos que nos han puesto en esta Cámara para que
hagamos cosas como esta y a los que creo que no podemos defraudar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.) No hace uso de
la palabra.

Señorías, finalizado el turno de portavoces, esta moción se puede
entender aprobada por asentimiento ya que se ha presentado una enmienda
transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios.
(Asentimiento.)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A FOMENTAR LOS PROYECTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES MAYORES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA
SOCIEDAD. (Número de expediente Senado 662/000164.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a fomentar los
proyectos que tengan como finalidad la participación activa de las
mujeres mayores en todos los ámbitos de la sociedad.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y otra del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.

Las mujeres mayores españolas representan casi el 10% de la
población total española. Cuatro millones y medio de mujeres, heroínas
invisibles, maestras de la vida, que transmitieron y transmiten a sus
hijos e hijas, a sus nietos y nietas nuestro patrimonio cultural y de
valores. Muchas de ellas vivieron circunstancias históricas que llevaron
a nuestro país a situaciones económicas, políticas y sociales difíciles,
que contribuyeron a superar con su trabajo desde muy temprana edad dentro
de la unidad familiar, simultaneando las tareas domésticas, el cuidado de
personas y un trabajo del sistema productivo en un marco legal sin
protección. Ellas, que no han parado de trabajar nunca, las abuelas, el
pegamento de la familia, las que contribuyen al sistema de bienestar
desde la invisibilidad de nuestros hogares. Ellas que siguen trabajando
como antes de tener 65 años, que han facilitado la incorporación al
mercado laboral de sus hijos e hijas, primero, impulsando sus estudios y,
luego, dedicando tiempo al cuidado de sus nietos, ocupándose de ellos
cuando sus padres y madres no pueden, ocupándose de su salud, de su
higiene, de su alimentación, dándoles afecto y comprensión en las
actividades de la vida cotidiana. Este trabajo invisible constituye un
recurso tan esencial para el bienestar de la sociedad como el trabajo de
producción de bienes intercambiables en el mercado. Es el momento de
recordar cuánto aportan a la economía nacional, cuánto han aportado y
cuánto siguen aportando. Recordad que son productoras esenciales.

Dice Victoria Camps que el cuidado es un valor socialmente tan
importante como la justicia, por lo que debe ser contemplado como valor
fundamental en la búsqueda de una sociedad más equitativa. ¿Se imaginan
que socialmente se les diera el mismo valor?

Ellas han sido y son actrices principales del cuidado, de la
búsqueda de una sociedad más equitativa. Ellas, que no solo son
productoras de bienestar, sino que son los enlaces emocionales y
relacionales entre las generaciones familiares, son un elemento
fundamental para la cohesión del grupo, mantienen la cohesión familiar en
un mundo en el que los parientes están cada vez más dispersos en hogares
diferentes.

El Gobierno ha decidido este año rendirles homenaje, y es una
oportunidad para que el cuidado, ejercido tanto tiempo por las mujeres y,
en particular, por las mujeres mayores, sea reconocido como un valor por
la importancia que tiene en la producción de bienestar social y el
mantenimiento del equilibrio emocional de una sociedad.

Y, a pesar de que se considere poco importante e insignificante
incluso este trabajo, a pesar de que se invisibilice, es la actividad más
relevante de la vida, es, de hecho, la que hace posible la vida. ¿Se
acuerdan del debate al principio de la legislatura? Primum vivere, deinde
philosophare.

Y no hay nadie que se haya encargado, que se siga encargando más de
esto, del mantenimiento de la vida, que las mujeres mayores y, sin
embargo, la imagen difundida por los medios de comunicación de las
personas mayores es una mujer en situación de fragilidad. Y siendo, como
son, un grupo muy heterogéneo, la mayoría de las mujeres mayores no se ve
identificada en esa imagen; la mayoría de las mujeres mayores tienen una
actividad diaria intensa, con ilusiones, esperanzas, ganas de aprender y
de vivir, de la que nadie habla, que nadie cuenta. Ellas deben ser las
protagonistas de su propia imagen, tan heterogénea como mujeres mayores
hay, y deben ocupar los espacios públicos y ser protagonistas de sus
propias historias; y ellas en el Congreso de Mujeres Mayores, que terminó
ayer, reclaman en un manifiesto que se abandonen por falsos los
estereotipos negativos que rezan sobre las mujeres mayores: enfermedad,
dependencia, falta de atractivo, incapacidad para aprender, para
participar activamente, etcétera.

El Grupo Socialista ha tomado nota de todas sus reivindicaciones, y
las tendremos muy presentes en nuestra agenda de trabajo tanto en este
Pleno como en comisión. Hoy empezamos con esta moción que pretende
fomentar y dar visibilidad a aquellos proyectos que tengan como finalidad
la participación activa de las mujeres mayores en todos los ámbitos de la
sociedad y seguir trabajando en el marco de la igualdad de trato y
oportunidades de las mujeres mayores, porque la edad no puede ser motivo
de expulsión del ejercicio de una ciudadanía plena y deben conquistar los
espacios que les han sido inaccesibles hasta ahora.

Se trata de mujeres protagonistas del baby boom y del cambio del
modelo familiar, de una familia extensa al modelo nuclear; mujeres que
comenzaron a reivindicar la visibilidad de la mujer en la esfera pública
indirectamente al fomentar el incremento del nivel educativo de sus hijas
y directamente reclamando su espacio; mujeres que realizaron en su época
adulta la transición democrática y las que, por solidaridad
intergeneracional, han proporcionado y proporcionan cuidados a sus
familiares mayores y a sus nietos y nietas; mujeres a las que por primera
vez el tiempo les pertenece enteramente a ellas; mujeres que deben
cuidarse y no solo cuidar; mujeres vitales que quieren aprovechar
aquellas oportunidades que ellas han dado a otros y a otras a lo largo de
su vida; mujeres que se incorporan a la realización de nuevas
actividades; mujeres que deben ver satisfechos sus intereses y demandas;
mujeres sabias y valiosas, protagonistas de sus propias vidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Como hay una enmienda transaccional firmada por todos los grupos
parlamentarios, las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés y
Convergència i Unió decaen.

Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Tuñón.

El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

Intervengo para dar mi apoyo absoluto a esta moción, que hace
referencia a las mujeres mayores, y que se ha enriquecido con las
aportaciones de los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y
Convergència i Unió.

Desde esta tribuna quiero hacer un homenaje y un reconocimiento a
estas mujeres mayores, que han hecho tanto por la sociedad; que nos han
criado, que nos han educado, que han ido madurando con nosotros, y que
son muchísimo más sabias, más integras y más poderosas; mujeres que
llegan a la vejez o a la madurez con escasas prestaciones económicas,
situación que no diría que es un drama pero sí una cuestión que debemos
abordar con prontitud.

Y también quiero desde esta tribuna asumir el compromiso, en este
caso como hombre, de seguir avanzando en las políticas de igualdad que
considero absolutamente necesarias y que se están llevando a cabo
satisfactoriamente.

Se ha puesto de manifiesto que la libertad de los pueblos está
ligada a la igualdad y a la emancipación de la mujer, lo cual es también
absolutamente necesario, no solo en los países árabes, como ya se está
manifestando, sino prácticamente en todas las sociedades desarrolladas.
En este caso, el avance democrático de la sociedad española está muy
relacionado con el avance de los derechos de la mujer.

Y también hablo desde esta tribuna con la esperanza de que se sigan
dando pasos adelante, no hay que dar marcha atrás. Todo lo que se
consigue hay que reforzarlo todos los días e ir madurando estas ideas
para que el futuro sea muchísimo mejor para la sociedad y, por supuesto,
para estas mujeres mayores.

Estos días se ha celebrado el Congreso de Mujeres Mayores con gran
éxito, y en él se firmó un manifiesto que se podía suscribir plenamente y
que en estos momentos, por falta de tiempo, no voy a leer. Pero quiero
reseñar algunos datos, algunas cifras que nos indican qué camino nos
queda por recorrer en el aspecto económico. En primer lugar, hay que
recordar que España es el cuarto país de Europa en porcentaje de mujeres
excluidas del mercado de trabajo; es decir, estamos a la cola de los
países en cuanto al acceso de la mujer al mercado de trabajo, lo que
naturalmente ha sucedido porque ellas han tenido que cuidar a los hijos y
familiares dependientes.

En el año 2007, el 71% de los hombres que se jubilaron con 65 o más
años tenían 37 o más años cotizados, mientras que solo el 23% de las
mujeres estaban en la misma situación. El 51,4% de las mujeres
pensionistas lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad. En
otras palabras, la situación de la mujer en España desde el punto de
vista de las pensiones contributivas, precisamente por el papel que ha
desempeñado en las generaciones anteriores, y que se menciona en el texto
de la moción, es precaria para cientos de ellas, y esta es una cuestión
alarmante. Aunque lleguen a ser acreedoras de pensiones, sus pensiones
medias son muy inferiores a las de los hombres, tanto por el número de
años cotizados como por las bases reguladoras de las que traen causa. En
estos momentos, la pensión media de la mujer no llega a 600 euros, que es
un 40% menos que la de los hombres. La pensión media de jubilación en
enero de 2011 era de 908 euros; la de la mujer no llega a 600.

Si miramos las pensiones no contributivas, vemos que la media de
estas pensiones en el año 2011 no llegaba a 350 euros, por debajo del
umbral de pobreza, fijado en 400,01 euros al mes. La mujer está, pues,
tanto en pensión contributiva como en pensión no contributiva, en peores
condiciones. Según datos del Imserso sobre pensiones no contributivas, el
70% de los perceptores de estas pensiones son mujeres; el 82% de las
pensiones de jubilación también son de mujeres mayores; el 55% de las
pensiones no contributivas de invalidez también son de mujeres, y el 77%
de ellas han pasado a denominarse «por jubilación» por haber cumplido 65
años sus beneficiarias.

En síntesis, una de cada 4 mujeres de 65 años está bajo el umbral
de la pobreza en nuestro país. Por eso esta moción tiene que impulsar la
adopción de medidas sociales que mejoren la condición de las mujeres,
pero también que mejoren sus condiciones económicas. Como decían los
pensadores clásicos, primero es el comer y, luego, el filosofar. Y la
sociedad no puede permitirse el lujo de desaprovechar los conocimientos y
experiencias de este colectivo de mujeres mayores.

Estos son indicadores que debemos evaluar para seguir avanzando,
pues nuestras mujeres merecen un mejor trato de la sociedad por todo lo
que han hecho, y así se lo debe reconocer la sociedad.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Tuñón.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Eskerrik asko,
egunon.

Gure taldearen jarrera adieraztera natorkizue. Esan, nire aurretik
hitz egin duten senatariek eman dituzten datuek benetan aberasten dutela,
edo osotu egiten dutela nik orain egingo dudan interbentzioa. Beraz,
senatariok, une honetan talde sozialistak aurkeztu duen mozioarekin bat
egin dugu berriz ere. Honen bidez, gobernuari eskatu egiten zaio sustatu
eta agerian jar ditzan emakume nagusien parte hartze aktiboa gizartearen
alor guztietan garatzeko egitasmoak. Era berean, eskatzen da lanean
jarrai dadila adineko emakumeentzako tratu berdintasuna eta aukera
berdintasunaren markoan.

Pozgarria da mozio honetan berriz ere denon adostasuna izatea.
Lehen izan dugun zientzia eta ikerkuntzaren mozio horretan bat egin dugu,
eta honetan ere, berriz ere, talde parlamentario guztiok bat egiten dugu.
Mozio honek bete betean jotzen du, gehiegitan ahazten dugun errealitatea,
hau da, kakotx artean esanda «arrakasta, irudia eta dirua» nagusi diren
gizartean, gaurko gizartea eta ongizatea ekarri diguten belaunaldiak
ahazten dira. Gizarte egozentrikoan gaude, neurri batean. Denon ahalegina
kontuan hartzea kostatzen zaion gizartea, umetatik lan eginik eta inolako
ikasketarik gabe, seme edo iloba osagilea, mekanikoa ikusteko
helburuarekin borrokatu ziren pertsona haien guztien ahalegina ikustea
kostatzen zaion gizartea. Askotan pentsatzen dut ahaztu egiten zaigula
herri hau duela urte batzuk (eta ez dira hainbeste, atzo aipatzen nuen
gauza bera ere, hezkuntzarako aurkeztu zen mozioan), eta, ahaztu egiten
dugu eskolagabeen herria izan zela. Askotan, ez gara gai herri honek urte
batzuetan eman duen jauzia ikusteko, eta mahai berean eser daitezke gaur
egun aitona eskolagabea eta unibertsitate bateko doktore den iloba. Eta
hau, jaun-andreok, ez dugu ahaztu behar. Eta hau guztia lortu da egunetik
gauera atsedenik gabe lan egin zuten haiei esker. Eskolarik gabe, baina
bizitzak emandako eskarmentuari esker lortu zuten.

Gehienek barkatzen jakin zuten mundu hobean sinesten zutelako,
gerraren alabak dira gaur egungo amonak, gerrarren alabak izan ziren,
beharrizanaren alabak. Jakin zuten gauza bakarra izan zen isilik lan
egitea, eta askotan zapalduta, eta egindako lana inork aintzat hartu
gabe. Hauetako askok, familia oso bat isiltasunean eta poztasun handiz
aurrera ateratzeko ahalegina egin zuten. Azken finean, bizitzaren
benetako zentzua zein zen zekiten pertsonak ditugu. Beraiek emandakoa
seme eta ilobek disfrutatuko zutela pentsatuta, familia pertsona baten
eta bere zorionaren azken babesa dela dakiten pertsonak, etxeetako arima
diren pertsonak, sozietatearen, senatariok, gizartearen arima izan dira
eta dira, gaur egun, jainkoari esker.

Jaun andreok, edozein aldarrikapen eginda ere, labur geratuko gara
pertsona hauen aurrean, gaur egungo ongizatea ez datorrelako soilik
administrazioaren bidez datozkigun gizarte laguntzetatik
—politikari batzuek hala pentsatzen badute ere—. Ez.
Emakumeek belaunaldiz belaunaldi egin duten gizarte lanak estatuko
aurrekontu orokorrek suposatzen dutena baino mila bider gehiago balio du,
maitasun eta dedikazioz egindakoa ezin baita munduko urre guztiarekin
ordaindu. Emakume hauei guztiei gure errekonozimendu eta begirune osoa
erakutsi behar diegu, bidezkoa baita hau horrela onartzea, ondorioak
zoritxarrez nahiko izango ez diren arren.

Horregatik, gure taldeak aurkeztu den mozioa babestuko du. Alegia,
babestuko ditu gizarteko esparru guztietan adineko emakumeen parte
hartzea helburu izango duten egitasmo guztiak sustapena eta
ikusgarritasuna emateko. Era berean, eskatzen dugu, aurrerantzean ere,
lanean jarraitzea adineko pertsonentzako tratu berdintasunaren eta aukera
berdintasunaren markoan.

Senatariok, jaun-andreok, bisitariok, mozio hau pauso txiki bat
baldin bada, behintzat gogoa, asmoa eta errekonozimendua agertzen ditu.
Beraz, gure taldeak bat egiten du hemen esaten den guztiarekin.

Eskerrik asko.

Muchas gracias. Buenos días.

Intervengo para manifestar la posición de nuestro grupo. Los datos
que han proporcionado los senadores que han intervenido anteriormente han
enriquecido mi intervención y la completan. Por lo tanto, senadores,
estamos de acuerdo de nuevo en la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista. En ella se insta al Gobierno a que promueva las
iniciativas para desarrollar la participación de las mujeres mayores en
todos los ámbitos sociales. Al mismo tiempo, se pide que se siga
trabajando en este marco para lograr la igualdad de trato y de
oportunidades para las mujeres mayores.

Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en esta moción,
hemos alcanzado la unanimidad. En ella se muestra de lleno una realidad
que frecuentemente olvidamos, dicho entre comillas. En esta sociedad en
la que prevalece el éxito por la imagen y el dinero, se olvida muchas
veces a las generaciones que nos han llevado a esta sociedad del
bienestar. Vivimos en una sociedad egocéntrica; una sociedad a la que le
cuesta recordar o tener en cuenta a aquellas personas que han trabajado
desde, niñas sin ningún tipo de estudios, intensamente, de la mañana a la
noche, para poder ver a sus hijos y nietos convertidos en médicos o en
mecánicos. A esta sociedad le cuesta reconocer este hecho. Muchas veces
olvidamos que este país, hace unos pocos años —y se mencionó ayer
en la moción sobre la mejora del sistema educativo—, era un país de
personas sin estudios. A veces no somos capaces de ver el salto que ha
dado este país, en el que hoy es posible que un abuelo sin estudios y su
nieto, doctor universitario, se junten en la misma mesa. Todo ello ha
sido posible gracias a aquellas personas que trabajaron intensamente
porque creían en un mundo mejor. Las abuelas de hoy fueron hijas de la
guerra, hijas de la necesidad; lo único que supieron hacer fue trabajar
en silencio, a pesar de que nadie tuviera en cuenta el trabajo que
hacían. Muchas de ellas trabajaron en silencio, pero con gran alegría,
para sacar adelante a su familia; al fin y al cabo, sabían cuál es el
verdadero sentido de la vida y que el fruto de su trabajo sería
disfrutado por sus descendientes, hijos y nietos. Se trata de personas
para quienes el último refugio de su felicidad es su familia.

Señorías, estas personas son el alma de esta sociedad. Por lo
tanto, cualquier reivindicación para ellas se queda corta, si tenemos en
cuenta que el bienestar que hoy disfrutamos no procede solo de las ayudas
sociales concedidas por la Administración —a pesar de que muchos
políticos piensen así—, sino del trabajo realizado por las mujeres
de generación en generación, que vale muchísimo más que todos los
presupuestos del Estado. El trabajo hecho con amor y plena dedicación no
se puede pagar ni con todo el oro del mundo. A todas estas mujeres,
nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Es justo reconocérselo, aunque
nunca será suficiente.

Nuestro grupo votará a favor de esta moción, y votaría a favor de
cualquier otra iniciativa que promoviera y diera visibilidad a la
participación de las mujeres mayores en todos los ámbitos sociales. No
obstante, solicitamos que se siga trabajando por la igualdad de las
personas mayores y por la igualdad de oportunidades.

Señorías, aunque esta moción signifique un paso pequeño, muestra el
reconocimiento a estas personas y, por este motivo, estamos de acuerdo en
todo lo expuesto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Senyories, molt bon
dia a tothom.

La moció que ens presenta el Grup Parlamentari Socialista al Senat
ens sembla molt oportuna. Com saben, ahir era el Dia Internacional de la
Dona, que complia aquest any el seus cent anys de celebració històrica.
Al llarg de la revolució industrial un gruix important dels sectors
populars de la població femenina es va incorporar al treball assalariat.
Aquesta tasca es va assumir sense deixar de responsabilitzar-se, com
s’havia fet sempre, de la cura de la família i de les activitats
domèstiques. Les precàries i difícils condicions de treball industrial
van provocar, des de mitjans del segle XIX, l’aparició de moviments
de dones que reivindicaven millors condicions laborals, com ara la
reducció de la jornada laboral, la limitació de l’edat de treball
de les criatures, la prohibició de l’horari nocturn per a les
dones, la compensació econòmica per accidents laborals i les mesures per
prevenir-los. Les dones contribuïen amb el seu treball al creixement de
l’economia dels seus respectius països, i per aquesta raó
reclamaven el seu dret a participar en l’àmbit públic. Aquesta
participació es va centrar durant unes dècades, en la reivindicació del
dret a vot per les dones, origen de la celebració del Dia Internacional
de la Dona.

Entenem també el seu interès en presentar aquesta moció justament
aquesta setmana, en la que tenia lloc, aquí a Madrid, el Congrés de Dones
Grans i expressar-los així el nostre compromís des del Senat. Des del
nostre grup existeix una important preocupació respecte aquesta
problemàtica social, que creix a mesura que la gent gran representa una
proporció més alta dins la nostra societat. Tal com s’anuncia a
l’exposició de motius de la present moció, actualment les dones
grans representen un 10% de la població espanyola. Segons dades de
l’Idescat, Institut d’Estadística de Catalunya, aquesta xifra
es repeteix al nostre país, i a finals de 2010, teníem més de 716 000
dones grans a Catalunya. En les darreres dècades les dones han estat les
protagonistes de profundes transformacions socials. La seva creixent
presència al mercat de treball (la taxa d’activitat de les dones a
Catalunya supera el d’Europa), la creixent presència als estudis
superiors de l’ensenyament (a la universitat catalana hi ha
actualment més dones que homes) són alguns exemples d’aquest canvi
que ha fet que les dones sortissin de l’àmbit privat que
tradicionalment havien ocupat (la cura de la família i dels fills) per
irrompre amb força a l’àmbit públic. Les dones han estat les
veritables agents d’aquest canvi. Moltes d’aquestes dones
lamentablement van patir circumstàncies històries que les van dur a
lluitar i sacrificar-se per aconseguir una societat com la que tenim avui
en dia, plena d’oportunitats per dones de la meva generació.

Avui mateix fa un mes que vam prendre possessió del càrrec els nous
senadors de representació autonòmica. A l’acte oficial, la
presidenta del Parlament de Catalunya destacava en el seu discurs que per
primera vegada a la història, quatre dels vuit senadors representants al
senat som dones gràcies a l’aplicació d’una llei refrendada
pels catalans, l’Estatut de Catalunya. Això també és gràcies a
l’esforç fet per aquestes dones grans, i ara ens toca a nosaltres,
treballar per que la seva vida, la seva qualitat de vida, sigui millor.
L’envelliment de les persones és un procés natural i progressiu. La
vellesa sovint suposa invisibilitat, malgrat els sabers acumulats i
l’experiència. Hem de ser capaços d’assegurar que ser dona i
fer-se gran de manera autònoma, sana i equilibrada no sigui una tasca
complexa. Hem de potenciar el paper de la dona gran i el seu rol en la
societat, incidint en els aspectes de reconeixement social i el de la
seva pròpia autoestima. Les administracions hem de dur a terme accions
que permetin promoure un envelliment actiu i participatiu. Per tant, des
del nostre grup, estem totalment d’acord en la necessitat
d’establir programes i mesures que permetin que el col·lectiu de
dones grans aconsegueixi la ciutadania plena. Assegurant la seva
participació i visibilitat social, política i econòmica, farem
d’aquestes dones grans, grans dones.

Dit això, pensem que ens presenten una moció rica en intencions,
però pobre en contingut. Es tracta d’un clar brindis al sol i és
una llàstima que no aprofitin aquesta oportunitat per avançar realment en
aquest

tema. Vostès, el Grup Socialista, són els que estan actualment al
govern, i per tant, són els que tenen realment la possibilitat de crear i
desenvolupar programes específics en benefici d’aquests
col·lectius. Ens hauria agradat més trobar-nos una moció que plantegés
realment mesures concretes en benefici del col·lectiu al que estem fent
referència, les dones grans. Òbviament donem suport a la moció, i agraïm
que hagi acceptat incorporar la nostra proposta referent al foment de la
contractació de les dones grans. És conegut la dificultat que tenen les
dones de mitjana i avançada edat per reincorporar-se al mercat laboral.
En l’actualitat les altes xifres de l’atur demostren que el
col·lectiu de dones és un dels mes afectats per la crisis econòmica i el
tancament de les empreses. Aquestes xifres s’accentuen en les dones
de més avançada edat. A més un estudi recent conclou que un 25% de les
dones de 35 a 49 anys treballen a temps parcial per la seva dedicació a
la cura als fills o familiars malalts, i per tant, intenten
reincorporar-se al món laboral finalitzada la seva tasca de dedicació a
la família. Totes aquestes diferents circumstàncies fan que dins la vida
laboral, una dona de 55 anys, sigui considerada ja una dona gran i és per
això que creiem necessari incloure dins els programes per dones grans, la
necessitat de fomentar la contractació d’aquest col·lectiu de
dones.

Ens entristeix, però, el fet que no hagin incorporat la nostra
esmena referent a les pensions de viduïtat. Demanàvem, d’acord amb
els compromisos acordats en el marc de Pacte de Toledo aprovat aquest
mateix 2011, l’ adequació de les pensions de viduïtat per aquelles
persones, principalment dones, que viuen soles i per les quals el
principal ingrés és la pensió. Com saben, des del nostre grup, s’ha
defensat de manera reiterativa i al llarg del temps la necessitat
d’adequació de les pensions, molt especialment les de viduïtat.
L’any 2008, el Ple del Congrés va aprovar per unanimitat la pressa
en consideració d’uns proposició de llei de CiU per augmentar la
pensió de viduïtat elevant la base reguladora per determinar la quantia
de la prestació. Es necessari resoldre la situació de pobresa i
precarietat que pateixen moltes persones en situació de viduïtat i
assegurar que, un dels col·lectius més vulnerables econòmicament, pugui
gaudir d’un nivell de vida digne que els permeti ser participar de
la vida pública cultural i social. La pobresa té molt a veure amb les
dones, especialment aquelles que viuen soles. Però el risc augmenta quan
es tracta de persones grans. La majoria de pensionistes de viduïtat són
dones. Els casos en els que aquesta prestació es percep al mateix temps
que una altre pensió o un salari es dona majoritàriament en els homes.
Per a la majoria de dones la pensió de viduïtat és la única font
d’ingressos. Elevar les bases de càlcul de les pensions de
viduïtat, especialment en els casos en que la pensió constitueix la única
font d’ingrés del pensionista, podria ajudar a millorar i resoldre
la situació de pobresa que pateixen moltes persones, especialment dones
grans.

L’aplicació de la recomanació número 13 del Pacte de Toledo,
que s’ha aprovat aquest mateix 2011 millorant les actuals pensions
de viduïtat, en particular el des les persones majors de 65 anys i en
situació de risc de pobresa, mitjançant l’elevació del percentatge
de la base reguladora que s’utilitza per calcular la pensió
permetria fer un salt qualitatiu en dia a dia d’aquestes persones.
Viure en dignitat: l’objectiu fonamental d’aquestes
pensions.

Per totes aquestes raons, recolzem òbviament la moció presentada
conjuntament però anunciem la intenció de presentar una iniciativa
parlamentaria que faci referència a les pensions, molt especialment a les
pensions de viduïtat.

Moltes gràcies, senyories.

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos.

La moción que presenta hoy en el Senado el Grupo Parlamentario
Socialista nos parece muy oportuna. Como saben, ayer fue el Día
Internacional de la Mujer, que cumple este año sus cien años de
celebración histórica. A lo largo de la revolución industrial, gran parte
de los sectores de población femenina se incorporaron al trabajo
asalariado; trabajo que asumieron sin dejar las responsabilidades que
habían tenido siempre de cuidado de la familia y actividades domésticas.
Las precarias y difíciles condiciones de trabajo industrial provocaron
desde mediados del siglo XIX la aparición de movimientos de mujeres que
reivindicaban mejores condiciones laborales, como la reducción de la
jornada laboral, la limitación de la edad de trabajo de las criaturas, la
prohibición del horario nocturno para las mujeres, la compensación
económica por accidentes laborales y las medidas para prevenirlos. Las
mujeres contribuían con su trabajo al crecimiento de la economía de sus
respectivos países y, por este motivo, reclamaban su derecho a participar
en el ámbito público. Esta participación se centró durante unas décadas
en la reivindicación del derecho al voto para las mujeres, origen de la
celebración del Día Internacional de la Mujer.

Señoría, entendemos el interés de presentar esta moción justamente
esta semana, cuando ha tenido lugar aquí, en Madrid, el Congreso de
Mujeres Mayores, para expresar de esta forma el compromiso del Senado con
ellas. En nuestro grupo existe una gran preocupación por esta
problemática social, que crece a medida que los mayores representan una
proporción más elevada de nuestra sociedad. Tal como dice la exposición
de motivos de la moción, las mujeres mayores representan actualmente un
10% de la población española. Según datos del Idescat, el Instituto de
Estadística de Cataluña, estas cifras se repiten en nuestro país, y a
finales de 2010 teníamos más de 716 000 mujeres mayores en Cataluña.
Durante las últimas décadas, las mujeres han sido las protagonistas
profundas de las transformaciones sociales. Su creciente presencia en el
mercado de trabajo y su tasa de actividad en Cataluña supera la de
Europa. Actualmente hay más mujeres que hombres en la universidad
catalana. Estos son algunos ejemplos de este cambio, que ha hecho que las
mujeres salieran del ámbito privado que tradicionalmente habían ocupado,
cuidando de la familia y de los hijos, para irrumpir con fuerza en el
ámbito público. Las mujeres han sido las verdaderas agentes de este
cambio. Muchas, lamentablemente, sufrieron circunstancias históricas que
las llevaron a luchar y a sacrificarse para conseguir una sociedad como
esta en la que vivimos hoy, llena de oportunidades para las mujeres de mi
generación.

Hoy hace un mes que tomamos posesión del cargo los nuevos senadores
de representación autonómica. En el acto oficial, la presidenta del
Parlamento de Cataluña destacaba en su discurso que, por primera vez en
la historia, cuatro de los ocho senadores representantes en el Senado
somos mujeres, gracias a la aplicación de una ley refrendada por los
catalanes: el Estatuto de Cataluña. Pero también es gracias al esfuerzo
que han realizado estas mujeres mayores, y ahora nos toca a nosotras
trabajar para que su calidad de vida sea mejor. El envejecimiento de las
personas es un proceso natural y progresivo. Sin embargo, la vejez supone
a menudo invisibilidad, a pesar del saber acumulado y de la experiencia.
Tenemos que ser capaces de asegurar que ser mujer y hacerse mayor de
manera autónoma, sana y equilibrada, no sea una tarea difícil. Hay que
potenciar el papel de la mujer mayor y su rol en la sociedad, e incidir
en los aspectos de su reconocimiento social, así como en su propia
autoestima. Las administraciones tienen que llevar a cabo acciones que
permitan promover un envejecimiento activo y participativo. Nuestro grupo
está totalmente de acuerdo en la necesidad de establecer programas y
medidas que permitan que el colectivo de mujeres mayores consiga la
ciudadanía plena. Asegurando su participación y su visibilidad social,
política y económica, haremos de estas mujeres mayores grandes
mujeres.

Dicho esto, pensamos que nos presentan una moción rica en
intenciones, pero, ciertamente, pobre en contenido. Es una lástima que
ustedes, los del Grupo Socialista, no aprovechen esta oportunidad para
avanzar realmente en este tema, pues son los que actualmente están en el
Gobierno y, por tanto, son los que tienen posibilidad de crear programas
específicos en beneficio de estos colectivos. Nos habría gustado más
encontrarnos con una moción en la que se plantearan medidas concretas en
beneficio del colectivo al que estamos haciendo referencia, el de las
mujeres mayores. Obviamente, damos apoyo a la moción y agradecemos que
hayan accedido a incorporar nuestra propuesta sobre este punto. Es
conocida la dificultad que tienen las personas mayores para
reincorporarse al mercado laboral. Las altas cifras de paro demuestran
que el colectivo de mujeres es uno de los más afectados por la crisis
económica y por el cierre de muchas empresas. Estas cifras se acentúan en
las mujeres de más avanzada edad. Además, un estudio reciente concluye
que un 25% de las mujeres de entre 35 y 48 años trabajan a tiempo
parcial, por su dedicación al cuidado de niños y de familiares enfermos.
Por ello, intentan reincorporarse al mundo laboral una vez finalizada su
tarea de dedicación a la familia. Estas circunstancias diferentes hacen
que, dentro de la vida laboral, una mujer de 55 años sea considerada ya
una mujer mayor. Por eso, creemos necesario incluir dentro de los
programas para mujeres mayores la necesidad de fomentar la contratación
de este colectivo.

Sin embargo, nos entristece que no hayan incorporado nuestra
enmienda sobre las pensiones de viudedad. Pedíamos, de cara a los
compromisos acordados en el marco del Pacto de Toledo en 2011, la
adecuación de las pensiones de viudedad para aquellas personas,
principalmente mujeres, que viven solas y para las que el principal
ingreso es la pensión. Como saben, nuestro grupo ha defendido
reiteradamente la necesidad de adecuar las pensiones, muy especialmente
las de viudedad. En 2008 el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la
toma en consideración de una proposición de ley de Convergència i Unió
para aumentar la base reguladora que determina la cuantía de la pensión
de viudedad. Es necesario resolver la situación de pobreza y precariedad
que sufren muchas personas viudas, y asegurar que uno de los colectivos
más vulnerables económicamente pueda disfrutar de un nivel de vida digno
que le permita participar de la vida pública, cultural y social. La
pobreza tiene mucho que ver con las

mujeres, especialmente con aquellas que viven solas. Pero el riesgo
aumenta cuando se trata de personas mayores. La mayoría de pensionistas
viudos son mujeres. Los casos en que esta prestación se percibe al mismo
tiempo que otra pensión o un salario se dan mayoritariamente entre
hombres, porque para la mayoría de las mujeres la pensión de viudedad es
la única fuente de ingresos. Elevar las bases de cálculo de las pensiones
de viudedad, especialmente en los casos en los que la pensión constituye
la única fuente de ingresos del pensionista, podría ayudar a mejorar o a
resolver la situación de pobreza que sufren muchas personas,
especialmente mujeres mayores.

La aplicación de la recomendación número 13 del Pacto de Toledo,
que se ha aprobado este año, 2011, y que mejora las actuales pensiones de
viudedad, en particular las de las personas mayores de 65 años y en
situación de riesgo de pobreza, mediante la elevación del porcentaje de
la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión, permitiría un
salto cualitativo en vida diaria de estas personas. Vivir con dignidad es
el objetivo fundamental de estas pensiones.

Por todos estos motivos apoyamos, obviamente, la moción que se
debate, pero anunciamos nuestra intención de presentar una iniciativa
parlamentaria que haga referencia a las pensiones, muy especialmente a
las pensiones de viudedad.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora Baig.

La señora BAIG I TORRAS: Moltes gràcies, senyor president.

Vull començar reconeixent el valor de la lluita de moltes dones per
la igualtat, per la visibilitat d’aquestes dones, la majoria
anònimes, i el treball callat i discret que han fet les dones grans en
aquesta societat. Vull també felicitar la ministra. Crec que enguany ha
estat un encert dedicar el Dia Internacional de la Dona Treballadora (a
mi encara m’agrada dir «dona treballadora») a les dones grans.
M’atreveixo a dir que possiblement el treball per la igualtat de
drets i deures d’homes i dones és la transformació de més gran
importància duta a terme en el nostre país en les últimes dècades.
Espero, desitjo i treballaré per complir el títol del manifest del Partit
Socialista de Catalunya amb motiu del 8 de març, que es diu «Ni un pas
enrere».

Aquesta setmana, a l’entorn del 8 de març, són moltes les
qüestions que es publiquen sobre l’avanç i allò que encara ens
resta per fer. Jo avui em vull referir a l’estudi de la retribución
laboral por géneros, perquè és on jo crec hi ha en aquest moment més
diferències. Diferències que calculen que, fins i tot, no podrem estar en
una igualtat salarial fins dins d’una dècada. Déu n’hi do!
Tot i així, l’estudi té unes notes optimistes, com que la
desigualtat salarial és més petita entre els més joves. De fet, diu que
entre 18 i 25 anys la diferència és de 1 554 euros, però aquesta es
dispara a partir dels 65 anys, amb una diferencia de 12 364 euros
anuals.

Aquesta és la realitat, forma part de la nostra història i de la
nostra cultura. La majoria de dones que avui estan entre els 65 i els 75
anys van haver de deixar els estudis sense haver-los acabat per anar a
treballar i per treballar sense Seguretat Social. Fins i tot hi havia les
grans empreses que feien plegar les dones en el moment que es casaven,
perquè poguessin dependre dels seus marits. Algunes, no pas totes,
després s’han pogut incorporar al món del treball i de les
cotitzacions a la Seguretat Social. Però ara, quan són grans, els arriba
la jubilació i el que cobraran, evidentment, és molt diferent del que
continuaran cobrant les seves parelles o els homes, en general.

Són una generació, però, que ha lluitat per tants temes que tampoc
vol compassió. I així ens ho van deixar molt clar ahir en el manifest del
Congrés. No volen compassió, volen ser considerades ciutadanes de ple
dret i que se’ls faciliti l’envelliment actiu i participatiu,
perquè les seves aportacions són una ajuda a la cohesió social, al
coneixement i a la cultura.

M’ha agradat aquesta iniciativa del Grup Socialista, perquè
la societat, i sobretot els seus governants, tant els de l’Estat
espanyol com els de les comunitats autònomes, han de reconèixer el saber,
l’experiència, el treball voluntari, el suport emocional i econòmic
que la gent gran aporta a les famílies i en conseqüència a la societat.
El nostre grup considera excel·lent l’exposició de motius de la
moció, però des del primer moment va tenir la impressió que els dos punts
que presenta la moció —punts que també compartim— es
fonamenten molt en el treball, l’esforç i la voluntat de les dones
d’una generació que s’ha implicat i ha treballat molt per ser
actives i fer avançar la família i la societat. Per això nosaltres vam
proposar unes esmenes que avui hem vist que s’han transaccionat. La
primera perquè s’insti el Govern a actuar, però que es faci també
conjuntament amb les comunitats autònomes, perquè a Catalunya
l’Estatut de Catalunya

considera una competència de la Generalitat totes les polítiques
adreçades a dones i polítiques d’igualtat. Per això ens sembla
important fer aquest pas i deixar-ne constància a la moció. I nosaltres
també hi volem afegir un punt. Un punt per la implicació també del Govern
de l’Estat, conjuntament amb les comunitats autònomes, per
continuar —i fixem-nos que diem «continuar», conscients com som que
en temps de crisi no ens podem permetre grans alegries— impulsant
les polítiques de salut, de serveis a les persones, de l’habitatge,
igual com l’accés a la cultura a l’esport i al temps de
lleure.

Insisteixo en la necessitat de continuar amb aquest impuls, perquè
en aquest temps que es parla tant de retallades, cal tenir en compte que
seria injust fer retallades en polítiques adreçades a les dones grans. I
per això també vull deixar constància en aquest moment de la meva
estranyesa que Convergència i Unió que va dient i demanant i fent un
ambient d’inestabilitat econòmica a Catalunya i de retallades, i va
dient que retallarà i retallarà i retalla serveis a Catalunya, faci
propostes amb cost econòmic al Govern de l’Estat. Compartim les
seves demandes però ens sembla que ara no és el moment, que és en cada
moment quan hem de veure quan hem de demanar el pas per poder-lo fer en
positiu. Ens congratulem, però, que hi hagi hagut aquesta transaccional,
que contempla les nostres dues esmenes i que avança també amb el pas que
Convergència i Unió demanava. Jo des d’aquí també li demano que
sobre tot a Catalunya no es facin retallades a les dones grans, i deixar
també potser constància que en els moments que estem vivint, de situació
de crisi, cal no retallar, cal continuar impulsant polítiques, però també
hauríem de començar a tenir en compte que en temps com els actuals les
polítiques que hem de fer també han de tenir en compte la gran
heterogeneïtat que hi ha entre les dones, o també entre homes i dones, i
aquesta heterogeneïtat comporta situacions diferents i necessitats també
diferents. Potser ja no es el moment de dir que ens agradaria que tot fos
per a totes les dones, sinó que comencéssim a considerar que unes i
altres necessiten polítiques diferents, perquè les situacions que viuen
també són diferents.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar reconociendo el valor de la lucha de muchas mujeres,
la mayoría anónimas, por la igualdad y la visibilidad; el trabajo callado
y discreto que han hecho en esta sociedad. Quiero también felicitar a la
ministra, creo que ha sido un acierto dedicar el «Día Internacional de la
Mujer Trabajadora» —a mí también me gusta decir la mujer
trabajadora— a las mujeres mayores. Me atrevo a decir que
posiblemente el trabajo por la igualdad de derechos y deberes de hombres
y mujeres es la mayor transformación de importancia llevada a cabo en
nuestro país en las últimas décadas. Espero y deseo que se cumpla, y
trabajaré para ello, el título del manifiesto del Partido Socialista de
Cataluña, con motivo del 8 de marzo: «Ni un paso atrás». Esta semana,
alrededor del 8 de marzo, se publican muchas cuestiones sobre lo que se
ha hecho y lo que todavía nos queda por hacer. Hoy quiero referirme al
estudio de la retribución laboral por géneros, porque es donde yo creo
que en este momento existen más diferencias: se calcula que no podremos
alcanzar la igualdad salarial hasta dentro de una década. No está mal.
Con todo y con eso, el estudio tiene notas optimistas, como que la
desigualdad salarial es menor entre los más jóvenes. De hecho, entre 18 y
25 años la diferencia es de 1554 euros, pero esta se dispara a partir de
los 65 años y alcanza los 12 364 euros anuales.

Esta es la realidad, forma parte de nuestra historia y de nuestra
cultura. La mayoría de las mujeres que hoy están entre los 65 y los 75
años tuvieron que dejar los estudios sin haberlos terminado para ir a
trabajar y para trabajar sin Seguridad Social. Las grandes empresas,
incluso, hacían que las mujeres se fueran en el momento en que se
casaban, para que pudieran depender de sus maridos. Algunas, no todas, se
pudieron incorporar después al mundo laboral y de las cotizaciones a la
Seguridad Social. Pero ahora, cuando son mayores, les llega la jubilación
y lo que cobrarán, evidentemente, será muy diferente de lo que
continuarán cobrando sus parejas o los hombres, en general.

Sin embargo, es una generación que ha luchado por tantas cosas que
tampoco quiere compasión, y nos lo dejaron muy claro ayer en el
manifiesto del Congreso. No quieren compasión. Quieren ser consideradas
ciudadanas de pleno derecho y que se les facilite un envejecimiento
activo y participativo, porque sus aportaciones son una ayuda a la
cohesión social, al conocimiento y a la cultura.

Me ha gustado esta iniciativa del Grupo Socialista, porque la
sociedad, y sobre todo sus gobernantes, tanto los del Estado español como
los de las comunidades autónomas, deben reconocer el saber, la
experiencia, el trabajo voluntario, y el apoyo emocional y económico que
las personas mayores aportan a sus familias y, en consecuencia, a la
sociedad. Nuestro grupo considera excelente la exposición de motivos de
la moción, pero desde el primer momento tuvimos la impresión de que los
dos puntos que constituyen

la moción, y que también compartimos, se basan considerablemente en
el esfuerzo y la voluntad de las mujeres de una generación que se han
implicado y que han trabajado mucho por ser activas para así hacer
avanzar a la familia y a la sociedad. Por eso propusimos unas enmiendas
que hoy hemos podido saber que se han transaccionado. La primera para que
se inste al Gobierno a actuar, pero conjuntamente con las comunidades
autónomas; el Estatuto de Cataluña, por ejemplo, considera competencia de
la Generalitat las políticas dirigidas a las mujeres y las relativas a la
igualdad. Por eso nos parece importante dar este paso y dejar constancia
de ello en la moción. La otra cuestión que añadimos se refiere a la
implicación del Gobierno del Estado, juntamente con las comunidades
autónomas, para continuar impulsando —y fíjense en que decimos
«continuar», conscientes como somos de que en tiempos de crisis no nos
podemos permitir grandes alegrías— las políticas de salud, de
servicio a las personas, de vivienda, y el acceso a la cultura, al
deporte y al tiempo libre.

Insisto en la necesidad de continuar en este impulso, porque en
este tiempo, en el que hablamos tanto de recortes, es necesario tener en
cuenta que sería injusto hacer recortes en las políticas dirigidas a las
mujeres mayores. Precisamente por eso quiero dejar constancia de mi
extrañeza por las propuestas de Convergència i Unió; va diciendo y
pidiendo, y hablando de las metas de estabilidad económica en Cataluña, y
también habla de recortes, y va diciendo que recortará y recortará, y
recorta servicios en Cataluña; sin embargo, hace propuestas con coste
económico al Gobierno del Estado. Desde luego, compartimos sus
peticiones, pero nos parece que ahora no es el momento; tenemos que ver
cuándo podemos pedir ese paso, para poderlo dar en positivo. Sin embargo,
nos congratulamos por la transaccional, que incluye nuestras dos
enmiendas y avanza también en el paso que Convergència i Unió solicita.
Desde aquí les pido que en Cataluña no se hagan recortes a las mujeres
mayores. En los momentos de crisis que estamos viviendo es necesario no
recortar. Hay que continuar impulsando políticas a este respecto, pero
también deberíamos empezar a tener en cuenta que, en tiempos como los
actuales, las políticas que tenemos que desarrollar deben considerar la
gran heterogeneidad que existe entre las mujeres, o también entre mujeres
y hombres, lo que comporta situaciones y necesidades diferentes. Quizás
no sea ya el momento de decir que nos gustaría que todo fuese para todas
las mujeres, sino que habría que empezar a considerar que unas y otras
necesitan políticas diferentes, porque las situaciones que viven también
son diferentes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Hernández.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Convergència i Unió y
al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés el que hayan presentado
sus enmiendas. No he tenido la oportunidad de hacerlo en mi intervención
inicial porque no sabía si se había entregado la transaccional. Creo que
son dos enmiendas que enriquecen la moción, por lo que repito que les
agradezco el trabajo que han realizado al presentarlas porque entendían
que completaba la propuesta inicial. Y también quiero agradecerles la
capacidad que han tenido para llegar al consenso con esta propuesta de
transaccional.

Estoy prácticamente de acuerdo con la totalidad de las
intervenciones realizadas hasta ahora, a la espera de que intervenga la
portavoz del Grupo Popular. En cuanto a la intervención de mi compañero
varón y portavoz en la comisión, el senador Tuñón, creo que hoy contamos
con unos datos de los que antes no disponíamos y con los que precisamente
se valora cómo afecta a las mujeres cada una de las políticas. En ese
sentido, por los datos que usted ha dado, sabemos que las pensiones no
contributivas las reciben un 85% de las mujeres —eso sí lo
sabíamos— por sus condiciones vitales y por estar fuera del mercado
productivo protegido. Pero también hay que recordar cómo se ha avanzado,
y que la tasa de pobreza de las personas mayores, a la que usted ha
aludido, ha disminuido durante el período 2004-2010, pasando de un 29,5%
a un 24,6%. Es cierto que es poco y que tenemos que seguir avanzando,
pero también lo es que en estos últimos años las pensiones mínimas han
subido un 27,2%, lo que sin duda supone un incremento del poder
adquisitivo frente al 4,5% experimentado durante los años anteriores de
bonanza económica, cuando gobernaba el Partido Popular.

De todos modos, me parece correctísimo que se apunte la situación
económica en la que se encuentran nuestros mayores, porque un análisis
crítico de sus condiciones nos permite saber a dónde queremos llegar, y
más ahora, en que hablamos del papel de pegamento que ejercen nuestros
mayores. Porque, incluso con esa pensión, esas mujeres están ayudando a
sus familias, están actuando, repito, como pegamento; no solo

trasmiten afecto sino que también aportan recursos económicos y
recursos no valorados económicamente, como el tiempo que dedican a cuidar
y mantener sus hogares. Sabemos que, económicamente, la situación no es
la ideal, pero sabemos también que hemos mejorado y que vamos a seguir
haciéndolo.

En cualquier caso, estamos ante una moción global que pretende dar
visibilidad a las mujeres mayores y reconocer el trabajo que ejercieron y
ejercen en la actualidad. Por ello, anunciamos en la Cámara que
presentaremos más mociones, relativas a las reivindicaciones ya escritas
por los colectivos de mujeres mayores en el congreso que terminó
ayer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Font.

La señora FONT BONMATÍ: Gracias, señor presidente.

Señorías, ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, e imagino que como consecuencia de esa celebración se nos
presenta esta moción, que vamos a apoyar con el consenso de todos los
grupos, porque todos estamos de acuerdo con ella.

Quiero dejar claro que el Grupo Popular está de acuerdo en fomentar
aquellos proyectos que tengan como finalidad la participación activa de
las mujeres mayores en todos los ámbitos de la sociedad y el trabajar en
el marco de la igualdad. Es muy difícil no compartir esos objetivos, y
por eso vamos a votar a favor de la moción, aunque debo reconocer que
nuestra primera intención fue abstenernos. Y nos íbamos a abstener,
porque considerábamos que lo que se pedía en la moción se quedaba corto,
e incluso los enunciados eran bastante vagos, inconcretos. Pero con la
incorporación de la enmienda de Convergència i Unió —tengo que
decir que me gustaba más la original que lo que se ha transado—
parece que se da un poquito más de contenido a la moción. Sin embargo, si
solo vamos a considerar esta moción como una finalidad y no como un
principio para poder trabajar, no servirá de nada a las mujeres; por
tanto, este tiene que ser el principio de un trabajo y no un fin en sí
mismo.

Como digo, vamos a votar a favor de la moción, que consideramos que
es importante, a pesar de nuestras reticencias. El Grupo Popular estima
que una manera, aunque quizá no la única, de hacer visible a todo el
colectivo de mujeres sería, en primer lugar, que esas mujeres mayores
tuvieran los recursos económicos suficientes para tener una calidad de
vida, porque con las pensiones a las que acceden la mayor parte de esas
mujeres no vive ni digna ni autónomamente.

Señorías, en España el 82% de las personas que perciben una pensión
asistencial, denominada no contributiva, por jubilación son mujeres,
pensión que para 2011 asciende a 347 euros. Las que perciben una pensión
contributiva cobran de media aproximadamente 852 euros. Y las viudas
apenas llegan a los 600 euros, con todos los complementos incluidos. Por
cierto, una manera de hacer visibles a esas viudas es empezar llamándolas
por su nombre, es decir, viudas, mientras que en el anteproyecto de ley
de reforma de las pensiones se las denomina personas que viven solas o
supervivientes. Repito, pues, que una de las mejores maneras de hacerlas
visibles es denominarlas por lo que son: viudas. Además, siguen esperando
algo que ustedes han prometido en distintas campañas electorales: que se
les asimile la pensión de viudedad al salario mínimo interprofesional.
Hasta el momento en esta moción eso tampoco se recoge, y creo que ese
sería un buen comienzo para los dos millones de viudas que hay en este
momento en España.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, es decir, de
los salarios o las pensiones con las que viven, las mujeres son las que
más amenazadas están por la pobreza. De hecho, de los nueve millones de
personas que en España están en riesgo de exclusión social, el 22% son
mujeres mayores de 65 años, muchas de las cuales acuden a los comedores
sociales o a los servicios de Cáritas y de la Cruz Roja porque con su
pensión es muy difícil tener una supervivencia digna. Eso es lo que se ha
denominado la feminización de la pobreza: mujeres solas, viudas, o que
viven con hijos que han vuelto a su hogar, con cargas familiares, porque
sus puestos de trabajo han desaparecido. Y hay otras que no van a ninguno
de esos sitios, en lo que se ha denominado la pobreza vergonzante.

Me gustaría saber qué piensa hacer el Gobierno por ellas.
Simplemente haré una sugerencia: si se les aumentase la pensión y no se
les congelara, si no les subiesen los impuestos, el recibo de la luz, el
del gas, etcétera, quizá podrían vivir más dignamente. Estoy segura de
que lo preferirían en lugar de que se gastase el dinero en panfletos y
propaganda. Porque, señorías, al Gobierno se le juzga por los resultados,
con independencia de las buenas intenciones, y esta es una moción de muy
buena intención, pero habrá que ver los resultados a los que
llegamos.

El año pasado se proclamaba oficialmente como el Año Europeo de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y quizá debería haberse
prestado más atención a esos colectivos, lo que no se ha hecho. El señor
Zapatero también prometió 30 millones de euros para las ONG Cáritas y
Cruz Roja, que se ocupaban de los colectivos mayores afectados por la
crisis social, de los más pobres, y todavía están esperando que les
llegue ese dinero.

En tercer lugar, es cierto que las mujeres vivimos más años que los
hombres, que tenemos una expectativa de vida mucho más larga, pero
también lo es que en los últimos años de nuestra vida padecemos muchas
más enfermedades y nuestra calidad de vida es mucho peor que la de los
hombres; enfermedades como la demencia senil, el alzhéimer o el cáncer
hacen mella en muchas de nosotras, y necesitamos más cuidados. Y de nuevo
vuelven a ser las mujeres las que cuidan de los mayores, con la
particularidad de que cada vez hay más mujeres mayores que se ocupan de
atender a otras mujeres mayores. Y como tienen que estar acogidas al
régimen de la Seguridad Social como limpiadoras del hogar, han visto que
no tienen expectativas de contar con una pensión digna a la hora de su
jubilación, ya que el que se haya ampliado el número de años de
cotización para tener derecho a ella ha llevado a que en el momento de
cobrar la pensión las cantidades sean menores e incluso que muchas
mujeres no lleguen a tenerla porque, por desgracia, el cuidado de una
persona mayor no dura 25 años, que es la base que se ha puesto para
cobrar el cien por cien de la pensión.

En cuarto lugar, con respecto a la visibilidad, quiero hacer
mención a algo que me parece importantísimo y que aquí no se ha nombrado.
Me refiero a que se deberían hacer estudios estadísticos sobre el
incremento de la violencia contra las personas de edad, porque ha habido
un incremento espectacular de la violencia en el ámbito familiar. Muchos
mayores no lo denuncian porque les da vergüenza decir que son sus hijos o
sus cuidadores los que les maltratan. Tendríamos que hacer especialmente
incidencia sobre este tema. Por lo tanto, deberemos trabajar para hacer
una serie de estudios y poner los medios necesarios para evitar y acabar
con la lacra que supone siempre la violencia machista, y sobre todo
contra las personas muy vulnerables, como son los mayores.

Y en quinto lugar, se tendría que acercar la informática, la
telefonía móvil y las tecnologías de última generación a las personas
mayores, entre otras cosas, porque eso evitaría estafas, como las que
hace unos días leíamos en la prensa, cuando, por ejemplo, se les iba a
revisar el gas y no se trataba de inspectores homologados sino de simples
estafadores. Además, eso evitaría el aislamiento y la soledad.

Finalizo. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
del Parlamento Europeo aprobó en julio del año pasado una iniciativa por
la que se declara 2012 como el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de
la Solidaridad Intergeneracional. Espero que cuente con la dotación
económica necesaria para poner en marcha políticas que mejoren la calidad
de vida tanto de las mujeres como de los hombres —que se lo merecen
como las mujeres— que han trabajado muy duramente toda su vida,
pasando incluso, como se ha dicho aquí, por conflictos bélicos, y que han
hecho de España y de Europa lo que hoy somos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, y con una transaccional
firmada por todos los grupos, entiendo que queda aprobada por
asentimiento. (Asentimiento.)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS, POR LA
QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA CONCESIÓN DE
NUEVOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA CUENCA DE LOS RÍOS MIÑO Y
SIL. (Número de expediente Senado 662/000166.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas, por la que se insta al Gobierno a la suspensión
definitiva de la concesión de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en
la cuenca de los ríos Miño y Sil.

Hay una transaccional firmada por todos los grupos. Por tanto,
decaen las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Pérez
Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente. Grazas, presidente.

Bo día a todos e a todas. Non é a primeira vez, aínda que espero
que sexa a última, que traemos este tema a debate a esta Cámara. E digo
que espero que sexa a última porque efectivamente chegamos a un acordo
entre todos os grupos políticos bastante claro, bastante explícito,
bastante contundente e, polo

tanto, coido que este tema quedará pechado e non será necesario
volver sometelo a debate nesta Cámara, porque xa o temos feito varias
veces en comisión. En Pleno foron conseguíndose avances importantes pero
ata o momento non o suficientemente contundentes, como pensa o BNG que se
tiña que actuar neste tema, e por iso hoxe volvémolo traer aquí a debate.
Pero, como digo, creo que xa definitivamente cun final feliz. (O señor
vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa a Presidencia.)

En calquera caso, na sesión plenaria do 18 de xaneiro pasado a
ministra de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, Rosa Aguilar,
comprometeuse con este senador a suspender a concesión de novos
aproveitamentos hidroeléctricos nos ríos Miño e Sil ata a aprobación
definitiva do plan hidrolóxico de conca. Con este compromiso, a ministra
cumpría unha moción do BNG que se debatera na Comisión de Medio Ambiente
no mes de setembro do ano pasado, do ano 2010. En resposta á
interpelación formulada nesta Cámara, a propia ministra considerou que
efectivamente había unha sobreexplotación de aproveitamentos
hidroeléctricos neses dous ríos e que, polo tanto, non cabían máis
concesións de novos aproveitamentos. Dende sempre este é un tema que lle
preocupa ao BNG de maneira extraordinaria, porque neste momento estes
dous ríos están baixo a protección dun plan hidrolóxico aprobado hai xa
moitos anos, cando a sensibilidade ambiental das administracións non era,
afortunadamente, a que temos hoxe, que mellorou de forma clara e
contundente.

Ademais, temos a sorte de que a nova ministra de Medio Ambiente ten
unha sensibilidade ambiental tamén digna de eloxio, e por iso é posible
ir dando estes novos pasos, ir conseguindo esta maior protección para
estes dous importantes leitos fluviais. E para que as súas señorías se
fagan unha idea do nivel de sobreexplotación ao que están sometidos,
basta con dicir que, sen ser ríos extraordinariamente longos, cun
percorrido extraordinariamente longo, senón máis ben todo o contrario,
son ríos que podemos considerar dun traxecto curto, albergan con todo
nada máis e nada menos que máis de 100 aproveitamentos hidrolóxicos entre
pequenas e grandes presas.

Curiosamente, e aínda que pareza que non poderían albergar novos
aproveitamentos, as empresas hidroeléctricas seguen pedindo
sistematicamente ante as administracións, ante a Administración do
Estado, permisos para levar a cabo novos proxectos. Concretamente, neste
momento hay unha especie de espada de Damocles sobre o río Sil por un
aproveitamento hidroeléctrico que a empresa Iberdrola pretende executar
nos Canóns do Sil, unha sorte de repotenciación que din que non causa
impacto ambiental. Efectivamente, non o causa unha vez que está
executado, pero si o causa durante a fase de execución das obras.

Pero esta solicitude de novos permisos non queda neste que acabo de
comentar, senón que hai ducias deles solicitados para levar a cabo, como
digo, novos aproveitamentos. No Parlamento galego, conscientes desta
situación de dificultade, de sobreexplotación na que se atopan estes dous
leitos fluviais de Galicia, os máis importantes, recentemente tamén se
aprobou unha iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista, apoiada polo
Partido Popular e polo BNG, na que tamén se pedía a suspensión definitiva
destes novos aproveitamentos e, ademais, que se elaborase un plan
sectorial hidroeléctrico de Galicia de forma conxunta e coordinada entre
a Xunta de Galicia e a Administración do Estado, xa que neste momento hai
determinados ríos que permanecen baixo a xestión do Goberno galego e
outros, como é o caso do Miño, do Sil e do Limia, que pertencen á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e, polo tanto, á Administración do
Estado; e mesmo temos outro río, o Támega, cuxa cunca pertence á
Confederación Hidrográfica do Douro. Polo tanto, o que se pretende é
maior coordinación entre as administracións á hora de xestionar os
recursos hídricos de Galicia.

O Estatuto de Autonomía actual contempla no seu artigo 27.1 que as
competencias en materia de augas e obras hidráulicas dos ríos que
discorran na súa integridade polo territorio de Galicia serán do Goberno
galego, pero isto non é suficiente para que poidamos xestionar os
recursos dos ríos Miño, Sil e Limia porque, aínda que a práctica
totalidade do seu percorrido o fan no territorio galego, é certo que, no
caso do río Limia e do río Miño, estes fan fronteira con Portugal,
introdúcense no territorio portugués e, polo tanto, a competencia neste
momento é do Estado. E no caso do río Sil, segue sendo competencia do
Estado porque hai unha mínima parte, unha pequena parte, que está no
territorio de Castela e León. En todo caso, nós consideramos que si sería
positivo que se avanzase entre a Xunta e o Estado na posible
transferencia non da Confederación Hidrográfica, que neste momento non é
posible, pero si é posible transferir a xestión das competencias deste
organismo de conca.

Polo tanto, señorías, e vou rematando, o que pedimos é tan simple
como que dunha vez por todas o Goberno do Estado se decida a protexer de
verdade os leitos fluviais do Miño e do Sil, que ademais iso non sexa un
simple compromiso da ministra, o cal eu valoro e valorarei sempre como
moi positivo; pero

os compromisos políticos deben estar consignados en textos
normativos para que teñan verdadeira forza porque, se non, duran o que
dura o cargo político que fai eses compromisos. Por iso, nós insistimos
en que este compromiso debe consignarse nun texto lexislativo ou nun
texto semellante con forza lexislativa, como pode ser o plan hidrolóxico
de conca.

Formulabamos na nosa moción inicial tres puntos de acordo. O
primeiro era ese: suspender definitivamente a concesión de novos
aproveitamentos hidroeléctricos. Todos estamos de acordo en que hai unha
situación de sobreexplotación. Diciamos que se permitisen unicamente as
repotenciacións. Nós non estamos en contra de que unha empresa
hidroeléctrica que xa ten un encoro construído dende hai moitos anos, se
pode mellorar a tecnoloxía das súas turbinas e producir máis potencia
eléctrica sen que iso signifique facer obras que teñan un custo e un
impacto ambiental no medio, o faga; por suposto que non estamos en contra
diso, pero sempre que non sexa necesario facer obras que impliquen
movementos de terras, que impliquen cambios no vaso existente ou que
alteren o caudal ecolóxico dos ríos. Como dicía, pediamos que iso se
plasmase nun documento normativo e finalmente que se abrise un diálogo
coa Xunta de Galicia para facilitar ese traspaso da xestión das
competencias da Confederación Hidrográfica.

Esta era a moción inicial. Finalmente chegouse a un acordo, a unha
transaccional entre a moción inicial, unha emenda presentada polo Grupo
Parlamentario Popular e unha emenda presentada polo Grupo Parlamentario
Socialista. Eu valoro moi positivamente o traballo dos dous grupos, dos
seus voceiros, neste caso a senadora Carmen Leyte, do Grupo Parlamentario
Popular, do senador Miguel Fidalgo, e da voceira na Comisión de Medio
Ambiente, Esmeralda Iranzo,

Entre todos fomos capaces de chegar a un texto que, se de verdade o
Goberno o asume e o leva á práctica, e non me cabe dúbida de que vai ser
así, de verdade hoxe por fin daremos un paso definitivo na protección
destes dous importantes ríos de Galicia. E pola miña parte, prometo non
amolalos máis con este tema, pero para nós, para o BNG, e para min en
particular, era un tema importante, transcendental. Síntome orgulloso de
que o meu paso polo Senado cando menos valese para protexer estes dous
leitos fluviais, os dous leitos fluviais máis importantes que ten
Galicia: o río Miño e o río Sil.

Nada máis e moitas grazas.

Buenos días a todos y a todas. No es la primera vez, aunque espero
que sea la última, que traemos este asunto a debate a esta Cámara. Y digo
que espero que sea la última, porque llegamos a un acuerdo entre todos
los grupos políticos bastante claro, bastante explícito, bastante
contundente y, por lo tanto, creo que este tema quedará cerrado y que no
será necesario volver a someterlo a debate en esta Cámara, porque ya lo
hemos hecho varias veces en comisión. En Pleno se fueron consiguiendo
avances importantes, aunque hasta el momento no lo suficientemente
contundentes, como piensa el BNG que se debería haber actuado en este
asunto, y por ello hoy lo volvemos a traer aquí a debate. Pero, como
digo, creo que ya definitivamente con un final feliz. (El señor
vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

En cualquier caso, en la sesión plenaria del 18 de enero pasado la
ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, se
comprometió con este senador a suspender la concesión de nuevos
aprovechamientos hidroeléctricos en los ríos Miño y Sil hasta la
aprobación definitiva del plan hidrológico de cuenca. Con este compromiso
la ministra cumplía una moción del BNG que se había debatido en la
Comisión de Medio Ambiente en el mes de septiembre del año pasado, en
2010. En respuesta a una interpelación formulada en esta Cámara, la
propia ministra consideró que, efectivamente, en esos dos ríos había una
sobreexplotación de aprovechamientos hidroeléctricos y que, por lo tanto,
no cabían más concesiones y nuevos aprovechamientos. Desde siempre este
fue un tema que le preocupó al BNG de manera extraordinaria, porque en
este momento esos dos ríos están bajo la protección de un plan
hidrológico aprobado ya hace muchos años, cuando la sensibilidad
medioambiental de las administraciones no era, desafortunadamente, la que
tenemos hoy, en que ha mejorado de forma clara y contundente.

Además, tenemos la suerte de que la nueva ministra de Medio
Ambiente tiene una sensibilidad medioambiental digna de elogio, y por eso
es posible ir dando estos nuevos pasos, ir consiguiendo esta mayor
protección para esos dos importantes cauces fluviales. Y para que sus
señorías se hagan una idea de su nivel de sobreexplotación, basta decir
que sin ser ríos extraordinariamente largos, que tengan un recorrido
considerablemente largo, sino más bien todo lo contrario, es decir, ríos
que se pueden considerar de trayecto corto, albergan nada más y nada
menos que más de cien aprovechamientos hidrológicos entre pequeñas y
grandes presas.

Curiosamente, y aunque parezca que no pueden albergar nuevos
aprovechamientos, las empresas hidroeléctricas siguen pidiendo
sistemáticamente ante las administraciones públicas, ante la
Administración del Estado, permisos para llevar a cabo nuevos proyectos.
Concretamente, en estos momentos hay una especie de espada de Damocles
sobre el río Sil por un aprovechamiento hidroeléctrico que la empresa
Iberdrola pretende ejecutar en los cañones del Sil, una especie de
repotenciación que dicen que no causa impacto medioambiental.
Efectivamente, no se causa una vez que está ejecutado, pero sí durante la
fase de ejecución de las obras.

Pero esta solicitud de nuevos permisos no se queda en lo que acabo
de comentar, sino que hay docenas de ellas para llevar a cabo, como digo,
nuevos aprovechamientos. En el Parlamento gallego, conscientes de la
situación de sobreexplotación y de dificultad en la que se encuentran
esos dos cauces fluviales de Galicia, los más importantes, recientemente
se aprobó una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, apoyada por
el Grupo Popular y por el BNG, en la que también se pedía la suspensión
definitiva de estos nuevos aprovechamientos. Concretamente, se solicitaba
que se elaborara un plan sectorial hidroeléctrico de Galicia de forma
conjunta y coordinada entre la Xunta de Galicia y la Administración del
Estado, ya que en este momento hay determinados ríos que permanecen bajo
la gestión del Gobierno gallego y otros, como es el caso del Miño, del
Sil y del Limia, que pertenecen a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
y, por lo tanto, a la Administración del Estado. Incluso tenemos otro río
cuya cuenca pertenece a la Confederación Hidrográfica del Duero. En
consecuencia, lo que se pretende es una mayor coordinación entre las
administraciones a la hora de gestionar los recursos hídricos de
Galicia.

En nuestro estatuto de autonomía actual se recoge en el artículo
27.1 que las competencias en materia de obras hidráulicas y aguas de ríos
que discurran en su totalidad por la Comunidad Autónoma de Galicia serán
del Gobierno gallego, pero eso no es suficiente para que podamos
gestionar los recursos de los ríos Miño, Sil y Limia, porque, aunque la
práctica totalidad de su recorrido se realiza en territorio gallego, los
ríos Limia y Miño son fronterizos con Portugal, entran en territorio
portugués y, por lo tanto, la competencia en este momento es del Estado.
Y en el caso del río Sil sigue siendo competencia del Estado porque hay
una mínima parte que se encuentra en el territorio de Castilla y León. En
todo caso, nosotros consideramos que sería positivo que se avanzara entre
la Xunta y el Estado para la transferencia, no de la confederación
hidrográfica, lo que en este momento no es posible, sino en la gestión de
las competencias de este organismo de cuenca.

Por tanto, señorías —y voy acabando—, lo que pedimos es
tan simple como que de una vez por todas el Gobierno del Estado se decida
a proteger de verdad los cauces fluviales del Miño y del Sil. Y además,
que este no sea un simple compromiso de la ministra, que valoro y seguiré
valorando. Es muy positivo, pero los compromisos políticos deben estar
recogidos en textos normativos para que tengan verdadera fuerza, porque,
si no, duran lo que dura el cargo político de quien ha hecho esos
compromisos. Por tanto, insistimos en que ese compromiso se recoja en un
texto legislativo o bien en uno similar con fuerza legislativa, como
puede ser el plan hidrológico de cuenca.

En nuestra moción inicial planteábamos tres puntos de acuerdo. Uno
de ellos era la suspensión definitiva de la concesión de nuevos
aprovechamientos hidroeléctricos. Todos estamos de acuerdo en que hay una
situación de sobreexplotación. Decíamos también que se permitieran
únicamente las repotenciaciones. Nosotros no estamos en contra de que una
empresa hidroeléctrica que tiene un embalse construido desde hace muchos
años, si puede mejorar la tecnología de sus turbinas para producir más
potencia eléctrica, sin que ello signifique llevar a cabo unas obras que
tienen un coste y un impacto medioambiental, lo haga, por supuesto, pero
siempre que no sea necesario realizar obras que impliquen movimiento de
tierras, cambios en el vaso existente o que alteren el caudal ecológico
de los ríos. Como decía, queremos que eso se plasme en un documento
normativo y que finalmente se abra un diálogo con la Xunta de Galicia
para poder facilitar el traspaso de la gestión de las competencias de la
confederación hidrográfica.

Esta era la moción inicial, pero finalmente se ha llegado a un
acuerdo, a una enmienda transaccional entre la moción, una enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y otra presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Yo valoro muy positivamente el trabajo
llevado a cabo por estos grupos y por sus portavoces: la senadora Carmen
Leyte, del Grupo Parlamentario Popular, el senador Miguel Fidalgo, y la
portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, la senadora Esmeralda
Iranzo.

Todos fuimos capaces de llegar a un texto con el que, si el
Gobierno lo asume y lo lleva de verdad a la práctica —no me cabe
duda de que así será—, hoy por fin habremos dado un paso definitivo
en la protección de estos dos importantes ríos de Galicia. Y por mi parte
prometo no dar más la tabarra con este

tema, pero para nosotros, para el BNG, y para mí en particular era
muy importante, trascendental. Me siento orgulloso de que mi paso por el
Senado haya valido para proteger esos dos cauces fluviales, los más
importantes que tiene Galicia, el río Miño y el río Sil.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor
senador.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Desea hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo de Senadores
Nacionalistas? (Denegación.)

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Roig.

El señor ROIG I GRAU: Sí, gràcies, senyor president.

Molt breument, des de l’escó, per anunciar el nostre vot
favorable, el vot favorable de Convergència i Unió per aquesta iniciativa
presentada i defensada per el senador Pérez Bouza i que ha possibilitat
aquesta transacció.

Per tant, estem satisfets i votarem favorablement.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente desde el escaño para anunciar el voto
favorable de CiU a esta iniciativa, presentada y defendida por el señor
Pérez Bouza, y sobre la que se ha llegado a una transacción.

Estamos muy satisfechos, y por ello repito que la votaremos
favorablemente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies senyor president.

És també per informar que el nostre grup votarà afirmativament.
Creiem que és bo aquest consens. Segons una qüestió que el senador Pérez
Bouza ha anat introduint reiteradament. Compartim el diagnòstic que ell
fa de la sobreexplotació d’aquesta conca i a partir d’aquí el
tractament que proposa i que s’ha aconseguit consensuar, que és
suspendre diguem-ne, altres nous aprofitaments del Miño i Sil.

Gràcies senyor president i informar que votarem afirmativament.

Gracias, señor presidente.

Quiero informar de que nuestro grupo parlamentario va a votar
afirmativamente. Creemos que es bueno este consenso respecto de una
cuestión a la que el senador Pérez Bouza se ha referido reiteradamente.
Compartimos el diagnóstico que hace de sobreexplotación de esa cuenca y
el tratamiento que propone, que se ha podido consensuar, que es suspender
otros nuevos aprovechamientos del Miño y del Sil.

Gracias, señor presidente. Repito que votaremos
afirmativamente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Bos días. É para min un honor que a miña
primeira intervención en galego nesta Cámara sexa a favor da defensa dos
ríos de Galicia, o país dos mil ríos. Dígoo e fágoo no nome do Grupo
Socialista, e quero facer unha énfase especial porque creo falar moi
especialmente en nome dos senadores socialistas galegos.

No pasado mes de xaneiro a ministra puxo en valor ante unha
interpelación do grupo propoñente do senador Pérez Bouza a xestión feita
polos socialistas no Goberno do Estado, tanto agora cos compromisos da
ministra Aguilar, pero tamén antes cos da ministra Espinosa ou a ministra
Narbona: unha xestión que creou a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
con sede en Ourense, unha xestión que fixo o plan hidrolóxico de conca
que foi exposto ao público no mes de decembro por un período de seis
meses e no que nestes momentos están participando centos de organismos e
colectivos desde a Xunta, concellos, regadores, colectivos ambientais,
técnicos etc.

Trátase dunha conca que evidentemente sofre un exceso de
explotacións hidroeléctricas, pero que hai que dicir que é dun pasado, da
ditadura dos anos sesenta e setenta, cando se facían concesións
hidroeléctricas por 99 anos e sen caudal ecolóxico.

O Goberno socialista nesta etapa tivo xa unha suspensión de facto
dos novos aproveitamentos, de feito, explicaba a ministra os datos: das
52 solicitudes concedéronse só tres minicentrais e estábanse tramitando
37 expedientes de extinción de concesión. A ministra anunciaba tamén que
o plan hidrolóxico que se vai aprobar poralle punto e final ás políticas
insostibles na conca do Miño-Sil e, por outra parte, expresou un
compromiso rotundo coa suspensión da concesión de novos aproveitamentos
hidroeléctricos mentres que no se faga a normativa do plan hidrolóxico
que lle dará continuidade a estas medidas restritivas de aproveitamento
nesta conca.

Os socialistas, por outra parte, xa aplicamos estas políticas na
nosa responsabilidade na Xunta de Galicia cando gobernamos, tomando
importantes decisións para salvagardar os leitos dos nosos ríos
suspendendo as explotacións naqueles ríos que eran competencia da
comunidade autónoma. Polo tanto, nós participamos desa política de
salvagardar os ríos, evidentemente sempre conforme á legalidade.

O verdadeiro perigo para a explotación dos ríos de Galicia é o
Goberno novo do Partido Popular, do señor Feijoo, que fixo un intento de
volver conceder novas explotacións hidroeléctricas; un Goberno que quixo
poñer en marcha e revitalizar explotacións hidroeléctricas que foran
suspendidas polo anterior Goberno da Xunta a través dun real decreto, un
Goberno que quixo modificar o plan hidrolóxico —por certo, Galicia
non ten plan hidrolóxico nos ríos da súa competencia—, e o borrador
que existía quíxose modificar prevendo 33 novas centrais hidroeléctricas;
un plan hidrolóxico que non require nin ten previsto a obriga do réxime
de caudais ecolóxicos mínimos e máximos, e iso foi o que levou ao Grupo
Socialista do Parlamento de Galicia a dar un impulso a estas medidas
tamén no terreo da competencia da comunidade autónoma e a debater
recentemente unha iniciativa no Parlamento de Galicia que impulsaba estas
medidas de fomento do plan hidrolóxico de Galicia-Costa, para que se
evite a construción de novas centrais hidroeléctricas coa modificación
que pretendía o Partido Popular, se obrigue a que haxa un réxime de
caudais ecolóxicos, se evite o aproveitamento das explotacións
suspendidas polo Decreto de 2005 e se coordinen, por suposto, as
políticas co Estado, de forma que se faga unha política de augas
homoxénea en todo o territorio de Galicia.

De aí se deriva e se estende este acordo de hoxe, que é un
compromiso dos socialistas e que nos levou a facer esta transacción. As
transaccións nunca supoñen a satisfacción plena de cada parte; creo que
son un punto de encontro das diferentes partes, e nese sentido, o acordo
de transacción solicita que o plan hidrolóxico da conca do Miño-Sil
contemple a suspensión de novos aproveitamentos que causen impacto
ambiental negativo, que recolla un texto que se propoñía na emenda do
Partido Popular e que se deriva da moción do Partido Socialista no
Parlamento de Galicia de que se abra un diálogo coa Xunta para harmonizar
as políticas de auga e as condicións dos plans hidrolóxicos de cada
Administración e un punto tres, que engadimos nós, e que para nós é un
tema clave: que no momento en que Galicia reforme o seu Estatuto de
Autonomía, se abra un diálogo para que Galicia conte con maiores
competencias por parte do Goberno autonómico na xestión das competencias
na Confederación Miño-Sil. Evidentemente, esta é a clave. Outras
comunidades autónomas de España xa contan con esta competencia, pero para
que Galicia poida contar con maiores competencias nesta materia, a mellor
fórmula é a través da modificación do Estatuto de Autonomía, porque hai
que dicir que un marco lexislativo actual só pode modificarse con outro
marco lexislativo, que eu entendo, nós entendemos, que é o Estatuto de
Autonomía.

Este é o noso compromiso, o noso acordo, que respecta os principios
europeos de xestión de concas, que recolle as necesidades e as demandas
de Galicia —da nosa terra—, que recolle un compromiso co
medio, que vai impulsar este plan hidrolóxico, que impulsa a actividade
da Confederación Hidrográfica que creou o Goberno socialista, e que senta
as bases para que en Galicia non haxa unha volta atrás.

Por iso alegrámonos de que deste acordo participe tamén o Partido
Popular, para que non sexa posible que haxa ningún retroceso en materia
de medio na nosa terra.

Nada máis, moitas grazas. Quero agradecerlles aos demais portavoces
que participaron neste acordo a súa colaboración, en especial ao senador
Pérez Bouza e á senadora Carmen Leyte.

Moitas grazas. (Aplausos nos escanos do Grupo Parlamentario
Socialista.)

Es para mí un honor que mi primera intervención en gallego en esta
Cámara sea a favor de la defensa de los ríos de Galicia, del país de los
mil ríos. Y lo hago en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
poniendo un énfasis muy especial en los senadores socialistas
gallegos.

El pasado mes de enero, ante una interpelación del grupo
proponente, del senador Pérez Bouza, la ministra puso en valor la gestión
hecha por los socialistas, por el Gobierno del Estado. Son actualmente
unos compromisos de la ministra Aguilar y antes de la ministra Espinosa o
de la ministra Narbona. Una gestión que creó la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, con sede en Orense; una gestión que hizo el
plan hidrológico de cuenca, que fue expuesto al público en el mes de
diciembre por un período de seis meses, en el que en este momento están
participando cientos de organismos y colectivos: la Xunta, ayuntamientos,
regantes, organismos ambientales, técnicos, etcétera.

Se trata de una cuenca que sufre un exceso de explotaciones
hidroeléctricas, pero hay que resaltar que esta situación proviene del
pasado, de la dictadura, de los años sesenta y setenta, cuando se hacían
concesiones hidroeléctricas por 99 años y sin caudal ecológico.

El Gobierno socialista, en esta etapa, ha puesto en marcha ya una
suspensión de facto de los nuevos aprovechamientos; de hecho, la señora
ministra explicaba que de las 52 solicitudes solo se concedieron 3
minicentrales y se estaban tramitando 37 expedientes de extinción de
concesiones. La ministra anunciaba también que el plan hidrológico que se
va a aprobar pondrá punto final a las políticas insostenibles en la
cuenca del Miño-Sil y, por otra parte, expresó su rotundo compromiso de
suspensión de la concesión de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos
mientras no se elabore ese nuevo plan hidrológico, que dará continuidad a
las medidas restrictivas de aprovechamiento en esta cuenca.

Por otra parte, los socialistas ya hemos aplicado estas políticas
desde nuestra responsabilidad en la Xunta de Galicia cuando gobernamos,
tomando importantes decisiones para salvaguardar los cauces de nuestros
ríos y suspendiendo las explotaciones en aquellos que eran competencia de
la comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros participamos de esta
política de salvaguarda de los ríos, evidentemente, siempre conforme a la
legalidad.

El verdadero peligro para la explotación de los ríos de Galicia es
el Gobierno nuevo del Partido Popular, del señor Feijóo, que ha hecho un
intento de volver a conceder nuevas explotaciones hidroeléctricas; un
Gobierno que ha querido poner en marcha y revitalizar explotaciones
hidroeléctricas que fueron suspendidas por el anterior Gobierno de la
Xunta, a través de un real decreto; un Gobierno que ha querido modificar
el plan hidrológico —por cierto, Galicia no cuenta con un plan
hidrológico en relación con los ríos de su competencia—, previendo
33 nuevas centrales hidroeléctricas; un plan hidrológico que requiere y
tiene prevista la obligación del régimen de caudales ecológicos mínimos y
máximos. Eso es lo que ha llevado al Grupo Socialista del Parlamento de
Galicia a dar un impulso a estas medidas también en el terreno de la
competencia de la comunidad autónoma y a debatir una iniciativa
recientemente con el fin de dar impulso a las medidas del Plan
Hidrológico Galicia-Costa para evitar la construcción de nuevas centrales
hidroeléctricas con la modificación que pretendía el Partido Popular y
que se obligue a un régimen de caudales ecológicos; que se evite el
aprovechamiento de las explotaciones suspendidas por el real decreto de
200; y que se coordinen, por supuesto, las políticas con el Estado, de
forma que exista una política de aguas homogénea en todo el territorio de
Galicia.

Por tanto, el acuerdo de hoy es un compromiso de los socialistas, y
eso nos ha llevado a firmar esta transaccional. Las transacciones nunca
suponen la satisfacción plena para cada una de las partes; creo que son
un punto de encuentro de cada una de ellas. En este sentido, el acuerdo
de transacción relativo al plan hidrológico de la cuenca del Miño-Sil
solicita que se recoja la suspensión de nuevos aprovechamientos que
causen impacto ambiental negativo; que se recoja el texto que se proponía
en la enmienda del Partido Popular y que se deriva de la moción del
Partido Socialista en el Parlamento de Galicia para que se abra un
diálogo con la Xunta con el fin de armonizar las políticas de aguas y las
condiciones de los planes hidrológicos de cada Administración; y nosotros
hemos añadido un tercer punto, que creemos que es muy importante: que en
el momento en que se reforme su estatuto de autonomía se abra un diálogo
para que el Gobierno autonómico de Galicia cuente con mayores
competencias en la gestión de la Confederación Miño-Sil. Evidentemente,
esta es la clave. Así como otras comunidades autónomas de España ya
cuentan con esta competencia, para que Galicia pueda contar con mayores
competencias en esta materia, la mejor fórmula es a través de la
modificación del estatuto de autonomía, porque un marco legislativo
actual solo puede modificarse con otro marco legislativo que nosotros
entendemos es el nuevo estatuto de autonomía.

Este es nuestro compromiso, es nuestro acuerdo, un acuerdo que
respeta los principios europeos de gestión de las cuencas, que recoge las
necesidades y las demandas de Galicia —de nuestra tierra—,
que recoge un compromiso con el medio ambiente, que va a impulsar este
plan hidrológico, que impulsa la actividad de la Confederación
Hidrográfica que hemos creado el Gobierno socialista, y que sienta bases
para que en Galicia no haya una vuelta atrás. Por eso nos alegramos de
que el Grupo Popular participe

en este acuerdo, para que en materia de medio ambiente no haya
ningún retroceso en nuestra tierra. Quiero agradecer, por supuesto, a los
demás portavoces que han participado en este acuerdo su colaboración y,
en especial, al senador Pérez Bouza y a la senadora Leyte.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Senadora Leyte, tiene la palabra.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente.

Señorías, quiero decir bien alto y claro en esta Cámara que al
Grupo Popular le consta que el nuevo Gobierno que los gallegos y gallegas
eligieron hace dos años es plenamente consciente de que, efectivamente,
los ríos de Galicia soportan una acusada presión en sus cursos y que la
comunidad dispone en estos momentos de una excesiva cantidad de centrales
de producción hidroeléctrica. Por ello, la prioridad de la Xunta de
Galicia está en el impulso de otras energías limpias y renovables, como
es el caso de la energía eólica y otras energías alternativas que se
están valorando actualmente.

Pese a ello, el Gobierno de Galicia no descarta la posibilidad de
estudiar ampliaciones de capacidad productiva, la repotenciación a la que
también hizo referencia el señor Pérez Bouza en las concesiones ya
actualmente concedidas y en explotación sin que suponga la creación de
nuevos obstáculos en los ríos ni la alteración sustancial de las
condiciones ambientales, paliando en lo posible toda alteración que lleve
el lecho mientras se está realizando la repotenciación. A este respecto
el criterio será extremadamente restrictivo y claramente contario a la
autorización de nuevas concesiones en nuestros cursos fluviales. Así lo
ha venido manifestando desde la entrada del Gobierno apoyado por el
Partido Popular, y así lo demuestra el respeto mostrado en relación con
el Decreto 555/2005.

El Ejecutivo gallego considera que tenemos que primar los
condicionantes ambientales, paisajísticos y naturales que permitan
preservar y mantener la calidad de nuestros ríos. Son fuente de riqueza,
forman parte de nuestro patrimonio y son señas de identidad de nuestra
tierra. Esta es la filosofía que orienta los importantes pasos dados
hasta el momento para fijar una línea de protección estable y duradera
para el conjunto de los ecosistemas fluviales de Galicia.

No deja de ser paradójico que la oposición en Galicia, como
acabamos de oír ahora mismo al señor Fidalgo, siga insistiendo en
demonizar las actitudes medioambientales del Gobierno gallego; resulta
curioso. Yo no sé si es por una defensa del anterior conselleiro de Medio
Ambiente, pero, señor Fidalgo, aquí estoy fijando la posición del
Gobierno de Galicia, que es alta y clara. Cuando los gallegos nos dieron
su apoyo en las últimas elecciones autonómicas sabían lo que estaban
haciendo y ya juzgaron la gestión. Por consiguiente, quiero que quede muy
claro cuál es la posición de nuestro Gobierno.

La ministra de Medio Ambiente, en una interpelación que le hizo el
senador Pérez Bouza, contestó que iba a paralizar cautelarmente las
concesiones que están en este momento en manos de competencia
estatal.

Bien, nos congratulamos por ello y esperamos que así sea, y que el
acuerdo tomado en el Parlamento de Galicia firmado por todos los grupos
políticos —y le recuerdo que el Partido Popular tiene mayoría en
esa Cámara— sirva para que, efectivamente, estemos todos de acuerdo
y se paralice algo que todos sabemos el daño que está haciendo a nuestras
cuencas.

Además, el actual Gobierno está haciendo el plan hidrológico de las
cuencas de competencia autonómica, que constituye una herramienta
imprescindible para cerrar una verdadera planificación, que dará
cobertura legal y seguridad jurídica a las decisiones que se adopten en
el dominio público de los cauces fluviales de su competencia. Esta
planificación va a pasar por no autorizar nuevos aprovechamientos que
signifiquen la construcción de nuevas obras en los cauces de Galicia. Y
con relación a los concedidos, se analizarán de manera concreta con el
objetivo de cumplir con el principio de no afectar los cauces naturales
respetando la legalidad vigente, y sin originar reclamaciones que puedan
ocasionar un quebranto a la Hacienda Pública autonómica. Señor Fidalgo,
dicho plan ya pasó el período de aprobación pública. Y quiero resaltar
que fue la primera Administración, la de Galicia, la que sacó este
documento a información pública, y que fue el cuarto de los 23 que se
deben elaborar en España.

El Plan Hidrológico Galicia-Costa es una herramienta básica de
planificación en materia de gestión de recursos hídricos, con una
inversión que asciende a 1542,7 millones de euros hasta el año 2015, de
los cuales el Gobierno de Galicia asume el 60% de la inversión total, el
resto de la inversión corresponderá a la Administración General del
Estado y a otras administraciones, como ayuntamientos y diputaciones. La
inversión busca el doble objetivo prioritario, que es conseguir el buen
estado de las masas de agua para

el año 2015, como el compromiso que existe, y que las demandas de
agua sean satisfechas adecuadamente. Y le digo al señor Fidalgo otra vez
que las principales inversiones de dicho plan son para el cumplimiento de
objetivos ambientales, exactamente el 82,78% del presupuesto que acabo de
mencionar. En cuanto se concluya el plan hidrológico se procederá a la
revisión del plan sectorial hidroeléctrico, donde quedarán definidas las
necesidades de utilización de dominio público hidráulico, manteniéndose
mientras tanto el decreto de suspensión de concesiones en vigor desde el
año 2005.

Al Partido Popular le consta que la Xunta de Galicia tiene
incluidas entre sus reclamaciones de transferencias al Gobierno central
la referida a la gestión de las cuencas hidrográficas que discurren por
su territorio y que son objeto de continua negociación. En concreto, la
tramitación de expedientes de autorizaciones sobre dominio público
hidráulico en el territorio de Galicia en las cuencas intercomuntarias.
La Xunta justifica su petición en que el organismo autónomo Aguas de
Galicia incoa, instruye y resuelve los expedientes de autorización de
vertido en cauces públicos, así como los de utilización y aprovechamiento
del dominio público en el territorio de la comunidad en las cuencas
intracomunitarias Galicia-Costa, correspondiendo la incoación,
instrucción y resolución de estos expedientes en las cuencas
intercomunitarias a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
Cantábrico y Duero. Aguas de Galicia realiza actuaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales, así como obras de abastecimiento por todo
el territorio gallego en colaboración con las entidades locales. En
consecuencia, existe una gran relación entre el organismo autónomo y las
entidades locales que agilizarían los diferentes expedientes de
autorizaciones. Consideramos que la Administración hidráulica de Galicia
debe tener competencias de tramitación de las autorizaciones de vertidos
en cauces públicos, así como las de utilización y aprovechamiento del
dominio público en el territorio de la comunidad, tanto se trate de
cuencas intracomunitarias como intercomunitarias.

Para tratar de llegar a un acuerdo transaccional que todos hemos
votado —de lo que me alegro porque creo que llegar a acuerdos
fortalece el juego democrático—, hemos tenido que aceptar que el
punto de nuestra moción que afectaba al punto número 4 de la moción del
BNG que reclamaba las transferencias, sea sobre la base de la elaboración
del nuevo estatuto. Considero que si hubiera buena voluntad por parte del
Gobierno Socialista, las transferencias se podrían conceder a la Xunta de
Galicia, igual que se han concedido otras transferencias a otras
comunidades que tampoco figuraban en sus antiguos estatutos y previo a la
aprobación de los nuevos estatutos.

Consideramos que habiendo buena voluntad, se puede hacer, como se
hizo durante el Gobierno de Felipe González, cuando en la Xunta de
Galicia estaba también un Gobierno del Partido Popular. Ahora no existe
esa voluntad y tendremos que aceptar ese punto. No obstante, nos
alegramos y nos congratulamos de que todos pensemos lo mismo, es decir,
de que nuestros ríos se libren de aprovechamientos excesivos, de que se
mantengan las condiciones medioambientales y de que, efectivamente, dado
que tenemos una cantidad inmensa de estos aprovechamientos, que a partir
de ahora no se realice ninguno y nuestros ríos queden libres de esos
problemas.

Muchas gracias a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Habiendo una enmienda transaccional firmada por todos los grupos,
¿puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOCIAL. (Número de expediente Senado
621/000083 y número de expediente del Congreso 121/000088.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Punto sexto del orden
del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Trabajo e
Inmigración en relación con el proyecto de ley de Economía Social.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora
Rubial.

La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido elegida por los compañeros
de la Comisión de Trabajo e Inmigración para presentar el proyecto de ley
de Economía Social.

Quisiera destacar que el objetivo básico de esta ley, como ya se
indica en su preámbulo, es dotar de un marco jurídico que, sin sustituir
las normas vigentes de cada una de las entidades que conforman este
sector, reconozca su interés general. Es un sector cuya regulación
jurídica había que tener presente por su importancia en el mercado
laboral; integra a personas comprometidas con el sector, competitivas y
emprendedoras que aglutinan a cooperativas, sociedades laborales,
mutualidades, centros especiales de empleo o de inserción.

Este proyecto de ley tuvo su entrada el pasado 12 de enero y fue
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma
fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluía el día 11 de
febrero y fue ampliado hasta el día 17. El proyecto se tramita por el
procedimiento ordinario.

A este proyecto de ley se han formulado 46 enmiendas: una del señor
Sampol i Mas, del Grupo Mixto; tres del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas; 12 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; diez del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés; siete del Grupo Parlamentario Socialista; y trece del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

La Comisión de Trabajo e Inmigración ha dictaminado dicho proyecto
en su sesión del 21 de febrero del 2011, incorporando enmiendas de los
grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Entesa Catalana de
Progrés, Convergència i Unió, Socialista y Popular, además de dos
transaccionales firmadas por todos los grupos parlamentarios. Por último,
para su debate ante el Pleno se han formulado seis votos
particulares.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

¿Algún grupo parlamentario desea abrir el debate de totalidad?
(Pausa.)

No hay turno de totalidad.

Pasamos al turno de defensa de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto.

Tiene la palabra el senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, mediante cuatro decretos leyes, el pasado 23 de diciembre
el Gobierno aprobó diversos permisos de investigación de hidrocarburos en
amplias zonas marítimas de centenares de miles de hectáreas que van desde
las proximidades de la reserva marina de las Illes Columbretes, muy cerca
de las costas de Valencia, frente a la Albufera, hasta 35 millas de
Eivissa, y otros proyectos ante las costas de Málaga y de Cádiz. Las
autorizaciones consisten en diversos estudios sísmicos y geológicos el
primer año hasta la práctica de sondeos el sexto año.

Los reales decretos establecen la previa constitución de un seguro
de responsabilidad civil, a fin de responder de posibles daños a
personas, bienes o al medio ambiente; también establecen las inversiones
mínimas que las empresas autorizadas deben realizar en cada etapa y que
suponen centenas de millones de euros, lo que significa voluntad de
extraer petróleo, si se encuentra.

Los Parlamentos de Valencia y de las Illes Balears, por unanimidad
de todos los grupos parlamentarios, sin ningún solo voto en contra, se
han manifestado en contra de estas autorizaciones y han pedido al
Gobierno la derogación de estos decretos leyes. Entidades ecologistas han
advertido de los posibles riesgos medioambientales, y las asociaciones
empresariales, especialmente las asociaciones turísticas, se han
manifestado en contra de estas explotaciones petrolíferas.

Los argumentos son claros: los pozos de petróleo en el mar, el
tráfico importante de petroleros, las conducciones marítimas que se van a
construir suponen un grave riesgo para zonas de alto interés ecológico,
ecosistemas marinos, la industria pesquera y el turismo.

No queremos ni imaginar las consecuencias medioambientales y
económicas de un accidente, de un vertido de crudo en el mar frente a las
zonas turísticas más importantes del Estado. Andalucía, Valencia,
Cataluña y las Illes Balears podrían verse afectadas por un vertido
importante, algo que no es descabellado, pues ya se produjo un vertido
—aunque de poca importancia— en el año 2009, frente a las
costas de Tarragona, donde ya se están practicando los sondeos. Y qué
decir del gravísimo accidente producido hace varios meses en el Golfo de
México, donde durante semanas hubo un vertido importantísimo de
centenares de miles de toneladas de crudo.

En el turno de portavoces voy a abundar en los argumentos a favor
de la derogación de estos cuatro decretos leyes que proponemos en nuestra
enmienda, y les pido encarecidamente que voten
responsablemente…

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, le ruego
concluya.

El señor SAMPOL I MAS: Termino, señor presidente.

Señorías, hay que optar o por turismo o por petróleo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, les anuncio que vamos a retirar nuestra enmienda.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Gracias, señor presidente.

No voy a entrar a analizar una por una todas las enmiendas
presentadas por Convergència i Unió; simplemente quiero manifestar que
están enfocadas principalmente a respetar las competencias exclusivas que
tienen atribuidas las comunidades autónomas en la materia, y a adoptar
medidas que sirvan de impulso y fomento a las entidades de economía
social.

Por tanto, doy por defendidas nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra el señor Muñoz.

El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Molt bon dia, senyor president.

Señorías, hoy vamos a aprobar el dictamen de la Comisión de Trabajo
e Inmigración en relación con el proyecto de ley de Economía Social;
proyecto de ley, por cierto, aprobado por unanimidad en el Congreso de
los Diputados, por el que se regula un nuevo e importante marco jurídico
para las empresas de economía social, para las cooperativas, las
mutualidades, las fundaciones, las asociaciones que llevan a cabo una
actividad económica, las sociedades laborales, los centros especiales de
empleo, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores, las
sociedades agrarias de transformación, que son las protagonistas de esta
forma nueva de entender la economía social.

Los datos del impacto de la ley que hoy vamos a aprobar justifican
esta unanimidad. La economía social —son datos de la Cepes—
tiene 52 000 empresas y 102 millones de euros de facturación, y un sector
de empleo que alcanza los 11 millones de personas que se benefician de
forma directa o indirecta de la economía social.

Por lo tanto, nos alegramos y felicitamos a todos los que han hecho
posible esta unanimidad y, cómo no, a los integrantes del Grupo de Entesa
Catalana de Progrés por la aprobación de este proyecto de ley, aunque los
representantes de Esquerra Republicana de Cataluña —como recordó mi
compañero de partido, el diputado Joan Tardà— tenemos la sensación
de que, una vez más, nos quedamos cortos, y más en estos momentos de
incertidumbre, momentos difíciles en los que la cohesión está en
juego.

Por ello, permítanme que mantengamos vivas las ocho enmiendas
presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana en el Congreso,
enmiendas que se refieren a la necesidad de incluir el llamado plan
social, la hoja de ruta para que no se desvirtúe no solo la economía
social, sino lo que tendría que ser esta nueva relación con el mercado de
trabajo: enmiendas de modificación como la número 4, al preámbulo III;
las números 5, 6, 7, 8 y 9; y las enmiendas de adición números 10
y12.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a hacer uso de la palabra para dar por defendida la enmienda
número 25, del Grupo Parlamentario Popular, y también, señor presidente
—aunque el resto de las enmiendas las defenderá mi compañera Carmen
Fúnez—, para anunciar nuestro apoyo y nuestro voto entusiasta y
favorable a la enmienda del señor Sampol, del Grupo Mixto, en relación
con las prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo frente a las
costas de las Illes Balears y de la Comunidad Valenciana.

El turismo es nuestra primera industria en la Comunidad Valenciana
y en Baleares y, además, con perspectivas de futuro, con muchas
perspectivas de futuro. Por lo tanto, es muy poco serio atacar, una vez
más, nuestra primera fuente de riqueza.

Solo quiero manifestar, señor presidente —y seré muy
breve—, que, una vez más, el Partido Socialista ha votado y va a
votar en esta ocasión según le parece y según donde está. Les comunico
que, hace pocos días, en les Corts Valencianes a una propuesta del
Partido Popular se votó unánimemente en contra de estas prospecciones
petrolíferas y, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo Socialista
a dicha propuesta. Pero ayer también en el Parlament de las Illes Balears
el Partido Socialista votó, junto con el Partido Popular, unánimemente en
contra de estas prospecciones petrolíferas, en los dos Parlamentos
autonómicos. Pero, es más, en algunos ayuntamientos, como en el de la
ciudad de Valencia, también han votado, junto con el Partido Popular, en
contra de las prospecciones petrolíferas. Tengo cierta curiosidad por ver
hoy el voto de la senadora Alborch, puesto que allí votó en contra y hoy
veremos lo que sucede. Y, es más, en ayuntamientos como, por ejemplo, el
de Gandía, gobernado por el Partido Socialista, se ha votado unánimemente
en contra de estas prospecciones. Solo aquí, en el Senado, el Gobierno
del Partido Socialista insiste en esta situación. Y diré más. Ayer en el
Congreso de los Diputados y en la Comisión de Medio Ambiente se votó una
proposición no de ley del Grupo Popular, y también se votó
favorablemente, porque el Grupo Socialista se abstuvo en esta ocasión, no
votó en contra y favoreció, permitió que se aprobara.

Por lo tanto, ahora que el Partido Socialista, desde hace unos
días, ya es pronuclear al haber cambiado la posición antinuclear que
tenía desde la famosa moratoria del Gobierno de Felipe González, espero
—si todavía es posible esperarlo en alguna ocasión— algo de
coherencia por parte del Partido Socialista y que vote también con
entusiasmo a favor de esta enmienda del señor Sampol.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor
senador.

Para defender el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular, tiene la palabra la senadora Fúnez.

La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Después de la intervención de mi compañero, el senador Agramunt,
tan solo me resta defender dos grupos de enmiendas que hemos querido
mantener vivas para su debate en el Pleno, y cuyo objetivo fundamental,
en primer lugar, es fortalecer y reforzar el significado de una de las
herramientas que aparecen en este proyecto de ley de Economía Social,
como es el catálogo de entidades de economía social. Nos parece perfecto
que la ley recoja estos catálogos, pero consideramos que también debe
recoger mecanismos de control para impedir que entren dentro de estos
catálogos pseudoentidades u organizaciones fraudulentas. Por lo tanto, el
primer grupo de enmiendas para las que mi grupo solicita el apoyo de esta
Cámara se encaminan a reforzar el significado, el papel y la labor de
control que han de tener esos catálogos.

El otro grupo de enmiendas que presentamos esta mañana son las
relativas a la eliminación y flexibilización de los requisitos y las
barreras con que se encuentran las entidades sociales a la hora de llegar
a acuerdos o alianzas entre las distintas entidades de economía social.
Estas entidades nacen de la unidad y, por lo tanto, debemos flexibilizar
los mecanismos y requisitos para que se mantenga dicha unidad. Si
tratamos de flexibilizar y eliminar barreras y obstáculos para crear
empleos en cualquier ámbito de la economía española, también debemos
eliminar obstáculos en la economía social y apostar por simplificar
requisitos y trámites administrativos.

Señorías, espero que voten a favor de nuestras enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez.

El señor MARTÍNEZ HERRERA: Gracias, señor presidente.

El proyecto de ley de Economía Social, cuyo texto llega hoy a esta
Cámara, obtuvo a lo largo de su tramitación en el Congreso y en la
comisión del Senado un amplio consenso por parte de todos los grupos
parlamentarios. Por ello, y en primer lugar, quiero agradecer el nivel de
diálogo alcanzado en relación con esta ley.

En cuanto a las enmiendas presentadas, me gustaría hacer referencia
a la enmienda número 27 del senador Sampol, donde se propone la
derogación de varios reales decretos leyes de concesión de permisos de
investigación de hidrocarburos en distintas zonas del mar Mediterráneo.
Mi grupo no apoyará esta enmienda, ya que la investigación se encuentra
en estos momentos en una fase inicial y no es posible conocer en detalle
la ubicación de los trabajos concretos. Además, hay que tener en cuenta
que cuando los titulares de los permisos seleccionen los puntos concretos
de prospección, se entrará en una segunda fase, donde el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que actúa como órgano ambiental,
se encargará de canalizar las diferentes consultas a las administraciones
y público afectado para determinar el alcance y el nivel de detalle del
eventual estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, señor Sampol, es
este el momento en que procederá analizar el impacto de la investigación
sobre los diferentes elementos del medio, como también será el momento de
realizar cuantos estudios sean necesarios. Por este motivo, hablar de
eventuales impactos sobre el sistema marino, las zonas pesqueras o el
turismo resulta precipitado. Además, desde el punto de vista jurídico, la
enmienda propuesta podría tener carácter expropiatorio.

Señor Agramunt, conocemos de las iniciativas presentadas durante
estos días en distintos Parlamentos y en el Congreso en relación con la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular de impedir sondeos petrolíferos
en la costa valenciana. Sin embargo, nosotros apelamos a su coherencia,
ya que durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular se
autorizaron once investigaciones de este tipo, duplicando las autorizadas
por este Gobierno.

En cuanto al resto de enmiendas presentadas al proyecto de ley de
Economía Social, me gustaría referirme a las presentadas por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió. La enmienda número 28 propone que
se haga referencia a las competencias de las comunidades autónomas,
enmienda que no apoyaremos, pues dicha referencia ya está contemplada en
el artículo 3. Tampoco apoyaremos la enmienda número 29, que propone
modificar el artículo 5 para adecuarlo al caso de las fundaciones,
realicen o no actividad económica, ya que, de acuerdo con el dictamen
elaborado por el Consejo Económico y Social, las entidades que forman
parte de la economía social deben llevar a cabo actividad económica y
empresarial.

No apoyaremos la enmienda número 34 que propone modificar el
artículo 9.3, ya que no procede la inclusión de confederaciones
intersectoriales de ámbito autonómico, dado que el artículo 3 de la ley
hace referencia, precisamente, al ámbito estatal de esta norma.

La enmienda número 30, al igual que la número 7 del Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, propone suprimir referencias al
catálogo del artículo 6, y no la apoyaremos ya que si bien el catálogo no
tiene naturaleza constitutiva a la hora de reconocer a las entidades de
la economía social, le otorga una mayor seguridad jurídica y visibilidad
al sector, aspectos que son fundamentales en esta ley.

En cuanto a las otras enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, la número 4 propone una modificación para incluir un
plan social en las entidades de la economía social, y no la apoyaremos ya
que las aportaciones que se pueden realizar mediante esta medida ya
estarían reconocidas en los principios orientadores actuales, y por el
mismo motivo no apoyaremos las enmiendas números 5 y 6.

La enmienda número 8 propone incluir en el artículo 7.2 el término
de asociaciones, y no la apoyaremos ya que en la tradición del sector el
término utilizado a estos efectos de representación ha sido habitualmente
el de confederaciones.

No apoyaremos tampoco las enmiendas números 9 y 10 que proponen
modificar los artículos 7.3 y 7.4, incluyendo el término de asociaciones
y confederaciones de ámbito autonómico, por lo expuesto en la enmienda
anterior y porque el artículo 3 de la ley, como también he dicho
anteriormente, hace referencia al ámbito estatal de la norma.

No apoyaremos la enmienda número 12 que propone la adjudicación de
contratación pública a entidades de la economía social, ya que la Ley de
Economía Social es una ley marco de reconocimiento y fomento del sector,
lo que no es compatible con la inclusión de políticas concretas que,
además, afectan a otra serie de normas como es la Ley de Contratos del
Sector Público, ni la enmienda número 13, que mandata al Gobierno para
que mediante iniciativa legislativa facilite la creación de empresas de
economía social para recuperar puestos de trabajo, dado que desde hace
años existe ya un programa específico de fomento de la economía
social.

En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la
número 14, que propone modificaciones en relación con la inclusión de
cooperativas de transporte y la ONCE, no la apoyaremos, ya que en el
trámite del Congreso se incluyeron dos enmiendas del Grupo Socialista
sobre estos temas.

No apoyaremos las enmiendas números 16, 17 y 18, pues respecto a la
primera, el artículo 4 ya aclara que todas las entidades de la economía
social actúan sobre la base de los principios orientadores, y respecto a
las otras dos, el artículo 6 ya establece el procedimiento específico
para la inclusión de una entidad en el catálogo.

Tampoco apoyaremos la enmienda número 22, que propone modificar el
artículo 8.2, por ser el mismo su contenido y porque, además, está
recogido en la enmienda transaccional que a lo largo de esta mañana hemos
firmado todos los grupos, ni la número 24, que propone modificar el
artículo 9.2.f, ya que en el Consejo para el Fomento de la Economía
Social ya están representadas las administraciones públicas. Tampoco
apoyaremos la número 25, relativa a instaurar un premio a la calidad e
innovación social para entidades de la economía social, por tratarse de
una propuesta con finalidad distinta a los objetivos de la ley.

Por último, es importante resaltar que existía una enmienda
transaccional del Grupo Popular y de Convergència i Unió, que soportaba
las enmiendas número 26 del Grupo Popular y las números 35, 36, 37 y 38
de Convergència i Unió, y que a lo largo de la mañana hemos podido firmar
—como ha sido norma general en la tramitación de este proyecto de
ley— una enmienda transaccional firmada por todos los grupos que
contiene, fundamentalmente, un programa de impulso a las entidades de la
economía social, una revisión de la norma para eliminar limitaciones de
las entidades de la economía social de forma que estas puedan operar en
cualquier actividad económica sin trabas injustificadas, la remisión a
las Cortes un proyecto de ley que revise y actualice la legislación de
sociedades laborales y la revisión de la normativa de subvenciones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, senador
Martínez Herrera.

Turno de portavoces. Tiene la palabra el senador Bagur.

El señor BAGUR MERCADAL: Gracias, señor presidente.

El proyecto de ley de Economía Social remitido por el Congreso se
dictaminó en la pasada Comisión de Trabajo de la que formo parte y ha
tenido en todo su recorrido, en todas las enmiendas incorporadas o
debatidas en su proceso parlamentario, consenso político y acuerdo con el
sector de las empresas afectadas por esta ley.

Esta legislación dará cobertura a las sociedades cooperativas, el
trabajo asociado, sociedades de consumo, vivienda, agrarias, etcétera,
por tanto, compete a un campo laboral muy vinculado con sectores
marcadamente sociales y tiene un claro sentido de solidaridad,
otorgándoles una mayor seguridad jurídica y claras medidas de fomento de
su actividad, destacando, sobre todo, la primacía de las personas y del
fin solidario que persiguen estas empresas sobre el beneficio
económico.

Propone la ley la difusión de la economía social y su promoción por
los poderes públicos para dar cobertura y trabajo a aquellos colectivos
que más apoyo solidario precisan o a aquellos proyectos en los que el
sistema cooperativo puede dar mejores resultados para conseguir los fines
que garanticen la igualdad de oportunidades, sea cual sea la condición
del individuo o colectivo, especialmente en estos momentos en que priman
las dificultades para acceder al empleo.

Otra cuestión es la enmienda presentada por el senador Sampol que,
aunque fuera de contexto en lo que se refiere a esta ley, incide en lo
mucho que preocupa a la sociedad balear las autorizaciones para llevar a
cabo prospecciones de hidrocarburos entre la Comunidad Valenciana y
nuestra comunidad autónoma. El Mediterráneo es un mar frágil y muy
castigado por la sobreexplotación y no puede sufrir mayores agresiones.
Los ecologistas han dado un toque de alarma y los Parlamentos de la
Comunidad Valenciana y Balear han pedido, por unanimidad, la suspensión
de dichas prospecciones.

Con la convicción de que esta ley es aceptada por el sector y
mejora su legislación, votaré —como hice en comisión— a favor
de ella en lo que se refiere a la economía social.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy brevemente les diré que el voto de Coalición Canaria será
favorable a la enmienda número 27 en la que el senador Sampol pide la
derogación de cuatro reales decretos leyes en lo que se refiere a
prospecciones petrolíferas. Me alegra escuchar hoy que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado va a votar a favor de esta enmienda,
pues ayer el Congreso de los Diputados votó en contra de una iniciativa
de Coalición Canaria en la que se pedía lo mismo para Canarias, que las
empresas privadas no hicieran prospecciones petrolíferas. El doble
discurso me confunde. Me alegra, por un lado, que se impidan las
prospecciones, pero quisiera pedirles que hicieran lo mismo con las islas
Canarias que tanto dependen del turismo y de la biodiversidad marina.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Tiene la palabra el senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, para argumentar su
voto en contra de esta enmienda número 27, ha dicho que se trata
únicamente de unos estudios previos y que después vendrán las concesiones
del Gobierno. Los propios decretos leyes establecen unas inversiones
mínimas y cada uno de ellos supone 40 millones de euros. Si una empresa
se gasta más de 40 millones de euros en unos estudios previos que
terminan en dos sondeos, hay que suponer que lo hace con la intención de
extraer petróleo si efectivamente se encuentra en el Mediterráneo, y
frente a las zonas turísticas más importantes, incluso, en reservas
marinas como las islas Columbretes. Creo que es un auténtico disparate,
porque no se puede correr el riesgo de poner en peligro la economía de la
que viven millones de personas, desde la industria pesquera hasta el
turismo, sobre todo. El turismo necesita aguas transparentes, playas
limpias y no podemos correr el riesgo de que unos vertidos nos hipotequen
la pesca y nos hipotequen una o varias temporadas turísticas.

Los propios decretos asumen que existe un riesgo cuando obligan a
las compañías a constituir un seguro de responsabilidad civil. ¿Qué
compañía de seguros es capaz de asegurar los daños económicos —los
medioambientales son irreparables— que podrían suponer una o varias
temporadas turísticas arruinadas? Estamos hablando de miles de empresas
que cerrarían, miles de autónomos, hoteles, bares, restaurantes,
comercios… Sería de dimensiones escalofriantes. Y esto ocurrió hace
seis meses en el golfo de México. Señorías, por favor, un poco de
cordura.

Hoy se están revisando todos los mecanismos de producción de
energía. El Estado español tiene tecnología en energías renovables, en
energía eólica y fotovoltaica. Este es el futuro. Invirtamos en ello,
donde ya hemos desarrollado tecnología, y dejemos las prospecciones
petrolíferas en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental y
económico. Por favor, un poco de cordura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

En nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la
señora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Buenos días,
señorías.

Quiero saludar desde esta tribuna a todos los que hoy nos estáis
visitando y acompañando, especialmente a la secretaria de Mondragón
Corporación, representante de nuestras cooperativas vascas; también a los
representantes de Cepes, Cáritas y ONCE, a todos los que nos han
acompañado durante tantos y tantos años en hacer que la sociedad
mejore.

Señorías, quiero recordar el artículo 129 de la Constitución, en el
que se dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas
formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una
legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán
los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de
los medios de producción. Y el artículo 3 del Código civil nos

dice cómo se tienen que interpretar las normas. Y en esta
intervención quisiera interpretar la norma según el espíritu que anima a
este grupo a alegrarse de que la Ley de Economía Social siga adelante. Me
referiré, pues, al espíritu más que al aspecto técnico de la ley.

Datos, señorías. Tenemos 2 379 994 trabajadores relacionados con la
economía social. En Euskadi son 55 121. Tenemos empresas de inserción que
facturan 16 000 millones de euros. Es para mí motivo de alegría poder
defender una ley que va a ayudar a que el mundo de la economía social,
tan arraigado en Euskadi y en el Estado, tenga marcos legales que
favorezcan su visualización y resulte un modelo a seguir, máxime en estos
momentos en que el mercado nos está enseñando su cara más oscura. Las más
de las veces en los mercados prevalecen criterios puramente
economicistas, haciendo que en ocasiones a todos se nos pase algo tan
básico como es la persona. Son mercados y actitudes que anteponen las
cuotas de resultados al humanismo.

Brevemente, quisiera compartir con ustedes que he sido partícipe y
he vivido aquellas experiencias de una tiendita que trabajaba con una
cooperativa de pequeño consumo, de la que eran socios las familias vascas
del valle donde viví. También conviví con los problemas de una fábrica
llamada Ulgor, que hacía una estufa que generaba muchísimo olor a
petróleo, y el boticario de nuestro pueblo tuvo que hacer en su botica
una empresa de innovación e investigación para que aquellas estufas de
petróleo que tanto olían, pudieran competir con las de los ingleses que
no tenían ningún olor.

Y voy a salirme de lo que traía escrito en los papeles porque
quiero compartir algo con vosotros, los jóvenes que estáis aquí. Muchas
veces el dinero se antepone a cualquier solución y a muchos proyectos. Yo
pienso que el dinero crea límites; es más, el único límite que tiene el
hombre es el dinero. Lo que hace posible que los sueños se hagan realidad
es la actitud ante la vida y la perseverancia en su consecución. El
movimiento cooperativo nos ha enseñado que en esta sociedad en la que el
mercado prevalece sobre la persona es importantísimo tener una
organización democrática en la que predomine la persona por encima del
capital y se dé un reparto de beneficios ante resultados con criterios
colectivos. Sin duda, es una actividad económica especialmente solidaria
con el entorno la que provoca la cohesión social. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)

Señorías, ¡les diría tantísimas cosas que siento de verdad! Pero
solo cuento con diez minutos y quiero terminar diciendo lo siguiente.
Hoy, dada la situación económica en la que nos encontramos, resulta muy
necesario abordar planteamientos estructurales de la economía. Pensamos
que es la hora de poner en activo el mundo de la economía social; se
tiene que visualizar, pues se trata de un gran activo en el que la
solidaridad es su base principal. Ante la era de la globalización, los
ciudadanos debemos tener proyectos en común que nos arraiguen y no nos
dejen al albur de los vientos de la globalización, como si los individuos
fuéramos meras hojas sueltas de un árbol a merced del viento que sopla en
favor de los intereses del mercado. Está claro que el compromiso que
siempre han tenido las cooperativas con el entorno social, económico y
humano de nuestro país ha permitido que los pueblos pobres y necesitados
de grandes proyectos hayan salido de esa situación y puedan disfrutar hoy
de un alto grado de bienestar social.

Señorías, creo que debemos recordar la obra de Cáritas, el gran
trabajo que hizo y que sigue realizando. Cuando se produjeron aquellos
éxodos en el Estado, acogían a las personas humildes que iban en busca de
trabajo. También merece un reconocimiento la ONCE, una organización que
no tiene parangón en el mundo. Creo que en este Estado se han producido
grandes milagros, y hemos de reconocerlos y ponerlos en activo. Hemos de
pensar que el dinero no lo da todo. Una ley mala con un gran gobernante
puede ser la mejor ley, mientras que la mejor ley con un mal gobernante
puede ser la peor de todas. No nos sometamos a los límites que nos pone
el dinero, pues es el único que hará que no salgamos adelante. Es en la
solidaridad de los seres humanos y en el progreso social donde tenemos
que avanzar.

Nosotros, gustosamente y con muchísimo orgullo, vamos a apoyar esta
ley que va a favorecer, precisamente, esa nueva economía tan necesaria en
estos momentos de crisis.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracia, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a ser muy breve en mi intervención. A nuestro
entender, la economía social debe ser, sobre todo, un motor para la
creación de empleo y la modernización de nuestro tejido económico y
social.

Actualmente, no podemos olvidar que hay más de 45 000 entidades de
economía social y que más de 2 millones de personas se están beneficiando
de su actividad y de su trabajo diario. Entendemos que este texto debe
pretender, exclusivamente, elevar la participación de estas entidades y
de la economía social en todas las políticas públicas orientadas al
empleo, máxime en un momento de crisis como el actual.

Estamos ante un proyecto de ley que ha sido fruto principalmente
del acuerdo que Cepes alcanzó en su momento con el Gobierno. Y entiendo
que con las enmiendas presentadas por parte de todos los grupos políticos
se ha intentado no modificar el esqueleto de ese proyecto de ley,
simplemente se ha tratado de introducir mejoras para potenciar ese papel
de las entidades de economía social como creadoras de empleo.

Por tanto, quiero manifestar nuestro voto favorable a este proyecto
de ley tan necesario y beneficioso para nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra la senadora Burgués.

La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, presidente.

Primero quiero hacer llegar un saludo de nuestro Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés a los representantes de Cepes y
a otras entidades que están hoy aquí por el trabajo que han realizado
para llegar a un acuerdo y poder aprobar hoy esta ley.

Es una ley que demuestra un reciente interés de la Unión Europea
por definir e identificar las empresas de economía social, que si bien
hace mucho tiempo que existen tanto en España como en otros países
europeos, han llevado al Comité Económico Social Europeo a presentar una
serie de iniciativas terminando con la aprobación de un reglamento del
estatuto de la sociedad cooperativa europea.

En el año 2002 la Carta de principios de la economía social
reconoce una serie de valores que diferencian a las entidades de economía
social de las demás empresas con unas características especiales, como es
la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, el
control democrático por sus integrantes, la defensa y aplicación de los
principios de solidaridad y responsabilidad, la autonomía de gestión
respecto a los poderes públicos y la aplicación de los beneficios para la
consecución del interés de sus integrantes y del interés social. Todo
esto les da un valor más importante que a las otras empresas.

Estas empresas en España han tenido una larga tradición y han
prestado un servicio importante, principalmente a aquellos trabajadores y
trabajadoras que en el mercado laboral tienen una mayor dificultad de
integración y presentan un riesgo de exclusión social. Sin embargo estas
empresas de economía social tienen un peso importante en la economía
española. Como recoge Cepes en sus datos, representa el 10% del producto
interior bruto en facturación. Ya se ha comentado, pero son 45 000
empresas y proporcionan 2 300 000 puestos de trabajo.

Así, en el contexto económico actual, estas empresas suponen una
nueva forma de hacer empresa que, con criterios de competencia y
competitividad, como todas las demás, como exige el mercado, defienden y
aplican unos valores añadiendo solidaridad en el entorno y permiten una
mayor cohesión social. Porque estas entidades son empresas que se forman
en lo local, partiendo de un territorio, lo que evita su deslocalización,
y son para la gente de este propio territorio.

El proyecto de ley que hoy debatimos tiene como objetivo
proporcionar un marco jurídico común a todo este grupo de empresas que,
sin sustituir la normativa que cada una de las entidades tiene, suponga
un reconocimiento y dé mayor visibilidad a todas las empresas de economía
social, impulsando medidas de fomento que favorezcan su desarrollo.

Este proyecto —se ha comentado, pero creo que es importante
resaltarlo— fue aprobado por el Gobierno después de recoger las
conclusiones de una comisión de expertos que en 2009 presentó los
resultados de un estudio de la situación de la economía social en España
junto con las propuestas que Cepes, la confederación empresarial, también
presentó. Ha sido debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso,
después de haber escuchado a un buen número de comparecientes en comisión
que aportó sus opiniones. También en esta Cámara ha habido una buena
disposición para llegar a acuerdos, ya que

el texto responde a las necesidades expresadas por el sector; buena
prueba de ello es el número de enmiendas aprobadas de todos los
grupos.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a dar pleno apoyo a
este proyecto de ley para que pueda impulsar el reconocimiento, la
seguridad jurídica y la visibilidad al sector de la economía social.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Martínez
Herrera.

El señor MARTÍNEZ HERRERA: Gracias, señor presidente.

Quiero sumarme, en primer término, al saludo y a la bienvenida a
los representantes de las distintas entidades de la economía social que
hoy nos acompañan.

En primer lugar, a modo de resumen y como reconocimiento de las
aportaciones de las distintas instituciones, quiero referirme brevemente
a los trabajos desarrollados en los últimos años que han hecho posible
que hoy estemos aquí debatiendo esta ley. Es de justicia reconocer el
trabajo y las constantes reivindicaciones del sector, en concreto de la
confederación de empresas de la economía social, para conseguir un marco
jurídico como reconocimiento de la economía social. También hay que
valorar que en el año 2007, por acuerdo de todos los grupos, se creó la
subcomisión de economía social dentro de la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso, donde hubo numerosas comparecencias y llegaron
como principal conclusión a la necesidad de impulsar una ley de economía
social.

También conviene destacar las aportaciones del grupo de expertos,
que desarrolló un informe para la elaboración de una ley de fomento de la
economía social y el dictamen emitido por el Consejo Económico y
Social.

Han tenido también un papel importante las jornadas que se
celebraron en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea
sobre economía social, fundamentalmente porque entre sus conclusiones
destacaba el reconocimiento de generar valor añadido social, de resolver
algunos desequilibrios de la sociedad para consolidar su bienestar, que
son empresas que dependen menos del ciclo empresarial, que proporcionan
servicios que requieren importante mano de obra y que son útiles
socialmente, además de ser un buen instrumento en la integración laboral
de los grupos más desfavorecidos.

A principios del año 2010 el presidente anunció que el Gobierno
ordenaría el marco normativo específico de las entidades de economía
social, reconociendo su importante contribución al desarrollo de la
actividad económica, la creación de empleo y cumplimiento de nuestra
Constitución, que a través de diversos artículos recoge la necesidad de
apoyar la economía social.

En cumplimiento de este compromiso adquirido por el presidente del
Gobierno de desarrollar esta ley, pionera en Europa, en julio pasado el
Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de la economía social,
que se integra plenamente dentro de la Ley de Economía Sostenible,
recientemente aprobada y que trata de conseguir una economía más social,
más respetuosa con el medio ambiente y menos especulativa, con medidas
como la simplificación de trámites y licencias, facilitando el acceso a
la financiación, e incentivos fiscales que colaborarán al desarrollo de
la economía social, de las pymes y de los autónomos.

Es por todos reconocida y ampliamente difundida la importancia de
la economía social, cuyos datos han sido manifestados anteriormente aquí
y que voy a evitar repetir. Pero además de estos datos, hay que destacar
que contribuye activamente a la creación de empleo estable y de calidad,
a la deslocalización y que especialmente se asienta en territorios donde
no suelen llegar las empresas privadas, lo que supone un compromiso con
el desarrollo rural y local, sin olvidar también en este aspecto que en
la actualidad apuestan por el desarrollo de sectores básicos, como la
dependencia, la educación y la formación, la investigación, el
desarrollo, la innovación, las energías renovables y la modernización de
estructuras agroalimentarias.

Conocida esta importancia económica, social y de generación de
empleo, se justificaría por sí misma la necesidad de esta ley, pero con
más motivos si añadimos que tiene como objeto difundir la realidad de la
economía social, sus valores, sus principios y establecer el marco
jurídico común y general para todas las entidades que la integran,
respetando, por supuesto, la normativa específica aplicable a cada una de
ellas y a las comunidades autónomas, además de impulsar medidas de
fomento a su favor.

En este sentido, existen informes del Parlamento Europeo en los que
se destaca que, a pesar de la importancia de la economía social, sigue
siendo un sector poco conocido y esta llamada invisibilidad

institucional es uno de los obstáculos más importantes a los que se
enfrentan, proponiendo a los Estados, entre otras medidas, que
establezcan marcos jurídicos que las reconozcan.

Como no hay mucho tiempo, quiero decir finalmente que lo
fundamental de este texto es que atiende a una demanda histórica del
sector, que se ha realizado con su colaboración y conformidad a través de
Cepes, y además ha contado con un amplio grado de diálogo y consenso con
todos los grupos.

Quiero decir simplemente a título informativo que en la tramitación
de esta ley, tanto en sus intervenciones en el Congreso como en comisión
en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha hecho reiteradas
referencias al apoyo de su grupo a este sector y a esta ley, aportando
como prueba la aprobación de la Ley de Cooperativas. Que estaba
contemplado en su programa electoral es cierto, así como también en los
programas electorales de todos los partidos políticos.

Además de unos incrementos importantes en las partidas
presupuestarias para el fomento y difusión de la economía social, ha
habido en estas últimas legislaturas de Gobierno socialista numerosas
iniciativas legislativas. En realidad, y lo que debe quedar claro, es que
hoy estamos debatiendo la aprobación de esta ley porque ha sido remitida
e impulsada por el Gobierno. Por tanto, es una apuesta de este
Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor MARTÍNEZ HERRERA: Termino, señor presidente, agradeciendo,
como he manifestado anteriormente, la ayuda y colaboración de la
Confederación de Empresas de la Economía Social, los trabajos de todas
las instituciones que han participado, que evidentemente valoramos muy
positivamente, así como el trabajo y los esfuerzos de consenso realizados
por todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Fúnez.

La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Muchas gracias, presidente.

Muy buenos días, señorías.

Subo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario
Popular para fijar nuestro posicionamiento con respecto al proyecto de
ley de economía social, del que hoy estamos hablando y sobre el que a lo
largo de los últimos meses, tanto en el Congreso como en el Senado,
venimos trabajando con el sector que hoy está aquí representado con Cepes
como Confederación Española de Empresas de Economía Social.

Este proyecto de ley del que hoy estamos hablando y sobre el que
hemos venido trabajando durante todo este tiempo tiene como objeto, según
aparece en su artículo 1, establecer un marco jurídico común para el
conjunto de entidades que forman parte de la economía social en España.
El objetivo fundamental, como así lo hemos puesto de manifiesto, era dar
visibilidad a las entidades de economía social en nuestro país, reconocer
el trabajo y la labor que hacen tanto desde el punto de vista económico
como también desde el punto de vista social y dignificar los resultados
que ejercen tanto desde el punto de vista económico pero sobre todo
recuperando a personas que por distintas circunstancias a veces se quedan
al margen del camino.

Pero con esta ley, y en este mismo artículo, no solo se buscaba
este objeto de dar el marco jurídico común, sino también algo más, y era
seguir trabajando y asumir el compromiso de fortalecer y poner en marcha
medidas que diesen mucha más fuerza al sector de la economía social en
nuestro país.

Se ha dicho esta mañana: hoy estamos hablando de cooperativas, de
sociedades laborales; estamos hablando de mutualidades, de centros
especiales de empleo, de cofradías de pescadores, de fundaciones, de
sociedades agrarias de transformación. Hoy estamos hablando de una parte
esencial de la realidad española que nos dice que hay 50 000 empresas que
han crecido dentro de esa economía social, que hay más de 2 350 000
personas que tienen un empleo gracias a la economía social y que eso
supone una aportación al producto interior bruto de nuestro país de más
del 10%.

Hoy estamos hablando de una realidad que existe en España y que
tenemos la obligación y el compromiso, como estamos hoy demostrando, de
fortalecerlo, porque estas entidades, las cooperativas y las entidades de
economía social ya nacieron por primera vez en momentos muy difíciles.
Quiero referirme tan solo a que la primera entidad que se pudo denominar
cooperativa en el mundo nació en un pequeño pueblo de Inglaterra y como
consecuencia de un momento difícil y de un proceso de transformación

en el sistema productivo como fue la revolución industrial. En ese
momento un grupo de artesanos decidió unir sus fuerzas para afrontar el
futuro, y es en este momento, cuando tenemos una crisis económica seria,
cuando tenemos una crisis económica muy fuerte, donde ha habido una
revolución tecnológica —y quizá no hemos sabido adaptarnos a esos
cambios vertiginosos que ha producido en nuestro sistema
productivo—, cuando tenemos que recuperar y fortalecer aún más
estas entidades de economía social.

Son más de 4 300 000 personas las que hoy no tienen un puesto de
trabajo en España y son más de 225 000 las personas que han dejado de ser
cotizantes a la Seguridad Social durante este año. Por poner tan solo un
ejemplo muy gráfico diré que hace tan solo ocho años, por cada jubilado
nuevo que recibía una pensión había seis nuevos cotizantes a la Seguridad
Social y en este momento, por cada tres nuevos jubilados, tan solo hay un
nuevo cotizante a la Seguridad Social. Por tanto, las políticas sociales
en España están fallando, por lo que tenemos que volver a recuperar el
espíritu de las entidades de economía social de unir generación de empleo
a generación de derechos sociales.

Quiero decirles, señorías, que la economía social le planta cara a
la destrucción de empleo, pero también le planta cara a romper con esas
desigualdades. Porque, como les digo, el Grupo Parlamentario Popular
entiende que la mejor política social es aquella que genera los
mecanismos y las herramientas para que un mayor número de personas se
incorporen al trabajo y tengan su propio puesto. Señorías, no es más
social aquel gobierno que destina una mayor parte de su presupuesto a
pagar las prestaciones por desempleo; es más social aquel gobierno que
genera mejores condiciones para que un mayor número de personas tengan un
puesto de trabajo y que genere riqueza para que se mantengan las
políticas de solidaridad. La economía social lo hace apoyándose en el
compromiso por el territorio, apoyándose en el espíritu emprendedor,
formando y haciendo que los propios trabajadores gestionen su empleo; lo
hace con competitividad, apostando por ella, y también con
solidaridad.

Quiero decirles que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta
ley de economía social por muchos motivos: porque el sector lo ha pedido,
porque entendemos que es una necesidad de la sociedad española y sobre
todo por convicción. Dentro de la ideología del Partido Popular
defendemos que la persona es el centro de nuestra acción política, y
dentro de las empresas de economía social pensamos que también la persona
es el centro de la actividad que desarrolla cada una de esas empresas.
(Rumores.)

Por convicción y por ideología lo hicimos, como decía antes el
señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y hoy quiero repetir
que durante los años del Gobierno del Partido Popular pusimos en marcha
la Ley de Cooperativas en el año 1999…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine, por favor.

La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Gracias, presidente, voy
terminando.

… y lo hicimos cuando tuvimos responsabilidades de gobierno,
como digo, en el año 1999, impulsando la Ley de Cooperativas; aprobamos
la Ley de Sociedades Laborales, impulsamos la Ley de Fundaciones;
aprobamos un real decreto en el año 2002 por el que se aprobaba el
Reglamento de mutualidades… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Voy terminando, señor presidente.

… y lo hicimos también como compromiso electoral en las
últimas elecciones. (Rumores.)

Para terminar solo quiero decirles dos cosas: la primera es que el
Grupo Parlamentario Popular está muy satisfecho de haber podido llegar a
una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios de
la Cámara y en la que esta ley no se queda tan solo en buenas intenciones
sino que apuesta por que dentro de seis meses, en tan solo seis
meses,…

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine, por favor.

La señora FÚNEZ DE GREGORIO: … el Gobierno de España presente
un plan con medidas concretas que de verdad apoyen la economía social.
(Rumores.)

Para terminar quiero traer a esta Cámara las palabras que Mariano
Rajoy, el presidente del Partido Popular,…
(Protestas.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Sí, voy a traer a esta Cámara las
palabras de Mariano Rajoy esta mañana, claro que sí.
(Protestas.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Ha terminado. (Rumores.)

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Silencio, señorías.

Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de economía
social. En primer lugar votamos la enmienda número 27 del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por el senador Sampol.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 129; en contra, 119; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

Votamos a continuación las enmiendas números 28 a 31, 34 y 39, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 9; en contra, 241; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de las enmiendas 7 y 9, de Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 14; en contra, 237.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de las enmiendas números 4, 5, 6, 8 y 10, de Entesa
Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 5; en contra, 245; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de las enmiendas números 12 y 13, de Entesa Catalana de
Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 15; en contra, 236.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, la enmienda número 14.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 116; en contra, 127; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 117; en contra, 126; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de las enmiendas números 17 y 18, del Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 116; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
250; a favor, 124; en contra, 126.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 125; en contra, 126.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario
Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 117; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la propuesta de modificación con el número de registro
59064. Dado que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, ¿se
puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada.

Señorías, vamos a proceder a la votación de aquellas partes del
proyecto de ley que han sido enmendadas en comisión y que no hemos
votado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
250; a favor, 250.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
249; a favor, 249.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos
traslado a las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a
la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

— DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 54/1997,
DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO. (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO
ENTESA CATALANA DE PROGRÉS). (Número de expediente Senado
622/000024.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto séptimo del orden
del día: Toma de consideración de proposiciones de ley del Senado. De la
proposición de ley de modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana.
(Rumores.)

El senador Esquerda tiene la palabra. (Rumores.)

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas Gracias, señor presidente.
(Rumores.)

Señorías, hoy presentamos en nombre del Grupo de Entesa Catalana de
Progrés y a instancia de Esquerra Republicana de Catalunya para su…
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. Es imposible escuchar
nada. (Rumores.) Espere un momento a que se haga silencio. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, por favor, silencio, o abandonen el hemiciclo.
(Rumores.)

Silencio, por favor, señorías. (Rumores.) De Messi hablen fuera.
(Risas.— Rumores.)

Silencio, señorías. (Pausa.)

Comience, señoría.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, a instancias
de Esquerra Republicana de Catalunya, presenta hoy para su toma en
consideración la proposición de ley de modificación de la Ley 54/1997,
del sector eléctrico.

Ayer se cumplió un año de la gran nevada que tuvo lugar en las
comarcas de Girona y Barcelona —justamente el 8 de marzo de
2010—, que tuvo unos efectos devastadores: 220 000 abonados
—es decir, del orden de 600 000 o 700 000 ciudadanos
afectados— se quedaron sin suministro eléctrico y lo fueron
recuperando muy poco a poco a lo largo de unos once días aproximadamente.
No fue un caso excepcional porque en otras zonas de Cataluña el temporal
también incidió, en una decena de municipios de las comarcas sur de
Cataluña —comarca del Priorato, la Ribera d’Ebre y la Terra
Alta, donde la nieve provocó una cadena de averías que dejó sin
suministro a estas poblaciones en algunos casos durante más de 24
horas.

Otro gran apagón se produjo el verano de 2007 en Barcelona, donde
quedaron afectados 323 337 abonados, a los cuales, una acumulación de
averías entre red eléctrica y Endesa les dejó sin suministro durante más
de 56 horas. Transcurrido este tiempo, muchas de las reclamaciones
presentadas se encuentran pendientes de resolver: solo en Girona
—según las cámaras de comercio— quedan más de 1300 empresas
afectadas pendientes de compensaciones por los perjuicios causados, y si
nos vamos al apagón de Barcelona del verano de 2007 todavía hay muchos
usuarios pendientes de cobrar la indemnización a pesar de existir
sentencias condenatorias a Fecsa, Endesa y Red Eléctrica Española.

Las interrupciones de suministro eléctrico han hecho evidente el
problema que existe de renovación y modernización de la red de
distribución y suministro para garantizar un servicio de calidad, que hoy
en día está lejos de los estándares requeridos. El usuario es la víctima
de unos procesos inadecuados en el ámbito del consumo, que imposibilitan
o hacen muy difícil compensar los daños y perjuicios causados. Las
eléctricas siguen sin dedicar suficientes recursos para evitar esos daños
y perjuicios que se derivan de unas instalaciones demasiado envejecidas y
con poco o ningún mantenimiento, que es lo que produce en no pocas
ocasiones estos problemas a los usuarios.

Dicho esto, podemos dar el siguiente diagnóstico: en primer lugar,
falta de equiparación jurídica. La normativa vigente no garantiza una
igualdad jurídica real entre las empresas eléctricas y sus consumidores y
usuarios. En segundo lugar, hay un exceso de discrecionalidad por parte
de las compañías eléctricas a la hora de resolver las reclamaciones
presentadas, y, además, la compañía eléctrica es juez y parte. El sistema
de compensaciones que contempla la legislación vigente privilegia a las
compañías eléctricas y no protege suficientemente el derecho de los
consumidores por el inadecuado funcionamiento de los servicios
eléctricos, por la falta de suministro eléctrico o, incluso, en
situaciones flagrantes. En tercer lugar, la regulación actual de las
compensaciones es muy deficiente porque no todos los apagones tienen
derecho a compensación y las compañías se amparan en alguna situación
especial como las descritas en el Real Decreto 1995/2000 para no
indemnizar a sus clientes. Por otro lado, el baremo indemnizatorio para
los usuarios es muy limitado. Solo en aquellos casos en que los cortes
suben más de 6 horas o 12 interrupciones al año, el usuario tiene derecho
a recibir algún descuento en la facturación durante el primer trimestre
del año siguiente a las incidencias, sin que en ningún caso esa
indemnización pueda sobrepasar el 10% de la facturación media anual del
consumidor y sin que haya criterios preestablecidos para calcular la
compensación. En cuarto lugar, el procedimiento de reclamación es
complejo y caro. Actualmente todo aquel que quiera presentar una
reclamación por los perjuicios y daños ocasionados por la interrupción
del suministro, bien sea particular, empresa o la propia Administración,
ha de dirigirse directamente a la misma compañía. Esto puede acarrear
algún problema añadido si la falta de servicio se

debe a dos o más compañías, porque habrá que presentar dos o más
reclamaciones a compañías diferentes por el mismo hecho. Y en quinto
lugar, el plazo que transcurre desde la reclamación hasta recibir la
indemnización es muy dilatado, como en el caso del verano de 2007, en
Barcelona, donde aún hay miles de usuarios sin cobrar y que están
esperando. Si no se va a esta vía amistosa, bien porque la compañía no
responde a las peticiones del usuario, bien porque este no está de
acuerdo en la indemnización propuesta, queda la vía judicial que es, como
todas sus señorías saben, todavía más larga.

El objetivo de la presente proposición de ley es mejorar la
protección jurídica de los usuarios frente a situaciones de evidente
indefensión que se vienen produciendo como en el caso de los cortes de
suministro, de mayor o menor duración, y que originan cuantiosas pérdidas
a particulares, empresas e incluso afectan al prestigio de zonas
industriales, zonas urbanas o zonas turísticas de gran relevancia e
importancia. Ante la situación de indefensión en que quedan los usuarios,
y teniendo en cuenta que la decisión y cuantificación de la posible
compensación queda en manos exclusivamente de la compañía, y que en
cualquier otro caso habrá que reclamar por la vía judicial, con la
lentitud y gastos que comporta el procedimiento, se propone la creación
de un seguro obligatorio que simplifique y agilice el procedimiento de
reclamación y el pago de las indemnizaciones a los perjudicados. Si
cogiéramos como referencia el seguro de viajeros existente, tendríamos
que sería una indemnización por los daños causados, que sería obligatorio
y, además, que cubriría a todos los usuarios, que es de lo que se trata.
En este sentido, este seguro sería un instrumento tutelar para el
consumidor más ágil y rápido, que permitiría resolver el caso por vía
administrativa, dejando para los tribunales en todo caso las
reclamaciones más complejas y difíciles. El coste de la prima debería
asumirlo la compañía eléctrica, sirviéndolo de esta manera como estímulo
para mejorar la calidad, la seguridad y la fiabilidad del servicio.

Señorías, está en nuestras manos evitar que apagones como el del 8
de marzo de 2010 en Girona o el del 23 de julio de 2007 en Barcelona
queden en el olvido por no revisar una normativa que provoca indefensión
en los consumidores, porque, señorías, hay un problema de
discrecionalidad por parte de la compañía eléctrica a la hora de resolver
la reclamación presentada —de hecho, se erige, como ya he dicho, en
juez y parte— y en unos tiempos en que la ciudadanía está poniendo
en tela de juicio el papel de los políticos y la política en la sociedad,
cuando se está cuestionando nuestro papel como senadores, quizás
deberíamos reflexionar y saber que nuestra principal misión es la de
facilitar la convivencia y la justicia social, y en ello estamos,
señorías. Tienen ante ustedes una proposición de ley que mejora la vida
de los ciudadanos por cuanto les da mayor seguridad y disminuye los
trámites —es decir, el papeleo—, los gastos y el tiempo que
tienen que utilizar para ello.

Por todo esto, señorías, les pido que aprueben esta toma en
consideración para que tengamos la oportunidad de debatirla, de mejorarla
añadiendo o quitando lo que mejor estimemos, y evitar que ocurran y
vuelvan a suceder inclemencias y cortes de suministros sin que mejoren
los mecanismos de protección de los intereses de consumidores y usuarios,
como si estuviésemos condenados a tropezar una y otra vez con la misma o
diferente inclemencia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra. (Denegación.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegación.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, quiero comentar aquí cuál va a ser la postura de nuestro
grupo ante la toma en consideración de la proposición de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Sin perjuicio de
cuál vaya a ser nuestra postura en caso de que esta ley se presente y
salga adelante, nosotros pensamos que por deferencia parlamentaria no
podemos por menos que aceptar que esta proposición se tome en
consideración para que luego realmente se pueda analizar y así, en ese
momento, decidir la postura de nuestro grupo.

Nuestro voto será a favor de esta proposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Intervengo simplemente para manifestar que
nuestro grupo apoya la toma en consideración de la proposición de ley de
modificación de la Ley 54/1997 para su debate en Pleno por dos razones
básicamente: en primer lugar, porque entendemos que permitir el debate
siempre es positivo, limitarlo no da opciones a poder hablar, a poder
evaluar y, por tanto, a poder mejorar las situaciones. En segundo lugar,
porque consideramos que también deben debatirse todas aquellas
actuaciones que vayan encaminadas al apoyo y al beneficio de los
intereses de gran parte de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos un claro
ejemplo en Cataluña —el ponente lo ha comentado—, en donde
muchos ciudadanos todavía están esperando las indemnizaciones como
consecuencia de los daños que sufrieron justamente hace un año por las
nevadas y por el corte de fluido eléctrico que eso produjo en su momento.
Entendemos que alguna cosa no debe funcionar correctamente cuando, pasado
este tiempo, las circunstancias han hecho que todavía haya muchos
ciudadanos que no han obtenido todas estas indemnizaciones.

Por lo tanto, nosotros vemos bien que se pueda producir este debate
y, en cualquier caso, lo vamos a apoyar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para exponer todo lo que tenía ganas de
decir.

El apagón de Barcelona que afectó a tantísimas personas se produjo
por la caída de un cable en la subestación de Collblanc, de Endesa, y por
el incendio en las instalaciones de Red Eléctrica. Miles de personas
siguen sin cobrar todavía ninguna indemnización. El apagón de las
comarcas de Girona —del cual se cumplió ayer, como ya he dicho, el
primer aniversario— se produjo por la caída de 33 torres de alta y
baja tensión, extendidas a 139 líneas de media, en que se detectaron 72
averías, y que afectó a varias compañías eléctricas. Cayeron entre 20 y
40 centímetros de nieve húmeda que, combinada con vientos de 90
kilómetros por hora, acabó por pegarse y acumularse en el tendido hasta
hacerlo caer, lo que afectó a esos 220 000 abonados que aguantaron
estoicamente el corte de suministros durante 11 días, los más
desafortunados, y, señorías, miles de personas siguen sin cobrar todavía
ninguna indemnización.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
demarcación de Girona hizo unas declaraciones en las que manifestaba
—y entrecomillo— que la nevada fue atípica pero no
excepcional y los daños se deben a las carencias de cálculo, a supuestos
de tipo de carga a tener en cuenta, a las características del material o
al mantenimiento. El portavoz del Colegio de Ingenieros Industriales dijo
también que todo apunta a que las torres no estaban en buen estado de
mantenimiento porque a medida que envejecen conviene renovarlas.

Creo que todo esto es lo suficientemente explícito para no añadir
nada más. El temporal no se declaró, ni se ha declarado, ni catástrofe ni
fuerza mayor.

Señorías, hay multitud de normas que intentan garantizar que no
ocurran casos como los que nos ocupan. La tozuda realidad, sin embargo,
se empeña en ponerlo difícil y estas desgracias ocurren, por lo que
deberíamos poder garantizar que los afectados, agentes pasivos de estas
circunstancias, no sean los perdedores. Y son los perdedores porque
instalan sus viviendas o negocios confiando en un tipo de energía y en
unos proveedores a quienes contratan para que ese suministro sea de una
calidad determinada y sin interrupciones. Cuando ocurre la interrupción,
indemnizan por el importe de parte de la potencia no suministrada, pero
si quieres resarcirte de los daños acaecidos o de los perjuicios
ocasionados por estos cortes de suministro puede ocurrir que la compañía
te lo pague o que no te lo pague. La compañía, señorías, decide si paga o
no paga. La compañía es juez y parte. El usuario solo puede recurrir a la
justicia ordinaria y esperar, como saben ustedes, normalmente bastante
tiempo.

Hoy el mercado eléctrico es un mercado liberalizado y tenemos la
obligación de velar por los intereses de todos los actores pero
especialmente de los más débiles, que en este caso son los usuarios.

Esta proposición de ley pretende equiparar jurídicamente a ambas
partes y eliminar al máximo la discrecionalidad por parte de las
compañías eléctricas. Tengan en cuenta, señorías, que el 97% de los

abonados son consumidores domésticos y, por tanto, esta proposición
vela por el trato justo hacia todos los consumidores pero también y
especialmente por los más débiles, los consumidores domésticos.

Debo agradecer a los grupos parlamentarios que han manifestado que
apoyan esta toma en consideración; sin embargo, parece ser que los dos
grandes grupos parlamentarios de la Cámara, el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y el Grupo Parlamentario Socialista no van a dar
apoyo favorable a esta toma en consideración.

Ustedes saben que la toma en consideración quiere decir que la
enviamos al Congreso para que pueda iniciarse un proceso de debate, con
la presentación de todas las enmiendas que se quiera, y hacerlo a la
medida de las fuerzas mayoritarias, como no puede ser de otra manera.
Pero, repito, esto hoy no podrá ser. No se podrá aprobar ni siquiera la
toma en consideración que casi siempre se aprueba, aunque solo sea por
esa delicadeza que tenemos entre los distintos grupos parlamentarios

Parece que no quieran entrar a tocar nada que afecte al gran lobby
de presión eléctrica. ¿Tienen miedo de alguna cosa, señorías? ¿De pisarle
el callo al más poderoso?

Esquerra Republicana de Cataluña es el primer defensor del máximo
beneficio empresarial. Si queremos que el país camine con firmeza han de
ocurrir muchas cosas, una de ellas es que las empresas han de generar
riqueza, todas ellas, las macro y las micro. Pero también tenemos claro
que hemos de trabajar para que las personas puedan vivir mejor cada día,
más dignamente, y hoy les he presentado algo para que se interesen
justamente por el ciudadano. Hoy tienen ustedes la oportunidad de
acercarse a la ciudadanía para que renazca en ella la confianza por los
políticos y por la política.

Señorías, yo les recomendaría que releyeran algo que ustedes ya
conocen sobradamente. Me estoy refiriendo a la Ley 26/1984, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que las Cortes Españolas
aprobaron hace muchísimos años. El artículo 8, que habla de los derechos
básicos de los consumidores y usuarios —señorías, estamos hablando
de derechos básicos—, en su apartado c) señala: Son derechos
básicos de los consumidores y usuarios la indemnización de los daños y la
reparación de los perjuicios sufridos. Señorías, esto, en las
circunstancias actuales no se produce. Y, sin embargo, esta proposición
de ley tiene la intención de poder hacer posible que esto ocurra.

Ayer me comentaba alguno de ustedes que si no apoyaban esta toma en
consideración —me lo indicaban personalmente a mí— en
Esquerra Republicana de Cataluña nos iría mejor, sobre todo en las zonas
afectadas, porque podríamos presentar como un gran éxito esta
proposición. Pero, señorías, no se confundan, para nosotros no puede ser
un éxito completo haber presentado esta proposición. Nuestra satisfacción
vendría de que ustedes entendieran la necesidad de pensar en la
ciudadanía y en su bienestar y aprobaran de momento esta toma en
consideración.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora
Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés propone añadir una disposición
adicional nueva, que sería la número 26, a la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico con el objeto —como ha explicado el
senador Esquerda— de mejorar la protección jurídica de los usuarios
de energía eléctrica frente a los daños producidos por las interrupciones
en el suministro. Como bien nos ha explicado, en la actualidad, la
interrupción del suministro eléctrico genera el derecho del usuario a un
descuento en las facturas futuras y abre la vía jurisdiccional para la
reclamación de daños y perjuicios.

Compartimos, senador Esquerda, la preocupación por los ciudadanos.
Sabemos que los procedimientos son lentos y que, como usted nos ha
explicado, algunos de los casos llevan más de un año, y en otros muchos
más, sin que tengan todavía la solución al conflicto. Se propone la
creación de un seguro obligatorio que cubra las indemnizaciones
pecuniarias a usuarios y consumidores por los daños y perjuicios
ocasionados por dichos cortes, y obliga también a las compañías
suministradoras a tener concertado dicho seguro con cualquiera de las
entidades aseguradoras autorizadas por el Ministerio de Economía como
tomadoras de seguros y a sufragar íntegramente dicho gasto sin
repercutírselo a sus clientes.

Vamos a revisar lo que tenemos actualmente.

Actualmente, la regulación de la responsabilidad por incumplimiento
de la calidad del servicio individual se regula por dos vías: una vía es
un régimen de compensación. El artículo 105 del Real Decreto 1955 del año
2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte,
distribución, comercialización,

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, establece la responsabilidad del distribuidor en
relación con los consumidores conectadas a sus redes y el régimen de
compensación que obliga a los distribuidores a aplicar en la facturación
de los consumidores descuentos en caso de incumplimiento de la calidad de
servicio individual. Estamos hablando de usuarios domésticos, que es lo
que a unos y a otros nos preocupa. Los descuentos que se deben aplicar se
dividen según sean consumidores acogidos a tarifa del último recurso o
resto de consumidores, para los cuales hay otra fórmula que tiene en
cuenta los peajes, tarifas de acceso y la energía dejada de
suministrar.

El cálculo de la indemnización de cada una de las partidas
—una fórmula no demasiado complicada— se hace de la misma
forma en ambos casos, dependiendo de si el incumplimiento se produce por
número de horas de interrupción o por número de interrupciones. Esta
compensación se otorga sin necesidad de que se produzca ningún daño o
perjuicio y no exime de esa responsabilidad, porque el artículo 105.7 de
esa misma normativa prevé que, sin perjuicio de las consecuencias
definidas en los párrafos anteriores —es decir, de esa compensación
a la que todo el mundo tiene derecho—, el consumidor afectado por
el incumplimiento de la calidad del servicio individual podrá reclamar en
vía civil la indemnización de daños y perjuicios que dicho incumplimiento
le haya causado. Además, en la actualidad contamos con un segundo
régimen, el de sanciones administrativas. El artículo 60 de la Ley
54/1997 considera una infracción muy grave el incumplimiento por parte de
los sujetos obligados de los índices de calidad del servicio o de las
condiciones de calidad y continuidad del servicio, pudiendo dar lugar a
sanciones que van hasta los treinta millones de euros de multa. Por ello,
señorías, son las propias empresas distribuidoras las principales
interesadas —o deberían serlo— en solucionar cuanto antes los
problemas.

Señorías, creemos que las actuaciones necesarias en primer lugar
para garantizar una adecuada calidad del suministro —como también
recordaba el senador Esquerda— son aquellas que permitan contar con
unas infraestructuras de transporte y distribución adecuadas
—aquellas que están dando los problemas cuando cae el suministro
eléctrico—, considerando el carácter fundamental que dichas
instalaciones tienen en la propia cadena del suministro. En el caso de
esta proposición de ley, al referirse a clientes finales nos encontramos
en el ámbito de redes de distribución, aunque también intervienen las
redes de transporte —materia de las propias comunidades autónomas.
Por otra parte, de nada serviría que las empresas contaran con un seguro
obligatorio si no realizan las inversiones necesarias en infraestructuras
que garanticen una adecuada calidad y seguridad del suministro a corto,
medio y largo plazo, pues incumplirían de forma reiterada los propios
requisitos que se establecen.

Señorías, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario
pensamos que los mecanismos para desincentivar las interrupciones de
suministro a través de penalizaciones pecuniarias y de compensar a los
clientes finales por los daños causados no están mal regulados en la
normativa vigente. En todo caso, habrá que mejorar los procedimientos.
Nos parece que la contratación obligatoria de un seguro —lo cual
parece bastante inviable, pues no existe en el mercado un seguro de las
características exigidas, sino que habría que inventar una nueva
modalidad— impediría lo que usted quiere y el objetivo último de
este tipo de medidas: favorecer la eficacia de los mecanismos para
reparar el daño causado por los apagones. Lo que hace falta, al final, es
que la resolución sea inmediata. Por otra parte, creemos que restaría
eficacia al propio sistema de penalizaciones e indemnizaciones y que,
probablemente, el cumplimiento de la normativa supondría un
encarecimiento para las empresas, lo cual abriría una nueva vía que
acabaría repercutiendo —a pesar de que en la propuesta se dice que
no— en los propios usuarios.

Por todo ello, señorías, votaremos desfavorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, señorías, muy buenos
días a todos.

Si bien es cierto que esta proposición de ley entró en la Cámara el
pasado mes de noviembre —como ha dicho el senador Esquerda—,
las casualidades del destino han hecho que se debata hoy, día 9 de marzo,
cuando se cumple un año exacto del temporal de nieve que asoló a
Cataluña. Hoy hace un año que Gerona amaneció paralizada —con
cortes en las carreteras y en los ferrocarriles, con líneas telefónicas
no operativas y cortes en el suministro eléctrico— debido a una
avería en una línea de alta tensión que afectó a 120 municipios y a 220
000 abonados, muchos de los cuales estuvieron sin luz durante once largos
días.

El Grupo Parlamentario de la Entesa pretende ahora con esta
iniciativa que se modifique la Ley del Sector Eléctrico y se cree un
seguro obligatorio que deberán concertar las compañías eléctricas, cuyo
coste tendrán que asumirlo ellas sin poder repercutirlo a sus clientes.
Se trata de un seguro cuyo objetivo será indemnizar a los consumidores y
usuarios por los daños y perjuicios causados debidos a la suspensión
prolongada en condiciones óptimas del servicio de suministro eléctrico
—tal y como recoge la proposición de ley—, es decir, un
seguro que indemnice las suspensiones prolongadas que se producen en lo
que se pueden calificar como eventos extraordinarios, como el citado de
Cataluña del año pasado, el del incendio de la subestación de Maragall
(Barcelona) del año 2007, el del huracán Delta que azotó la isla de
Tenerife en 2008, o el del ciclón Klaus de 2009. Un seguro con el que se
pretende cubrir sucesos de naturaleza absolutamente extraordinaria, por
tanto nada predecibles, cuyas consecuencias son difícilmente calificables
ex ante y, por tanto, tendrá un coste de cobertura muy elevado.

Con esta iniciativa se pretende que la responsabilidad por los
daños de estos sucesos extraordinarios la asuman íntegramente las
compañías eléctricas, exonerando de culpa a otros posibles actores
implicados. Porque, en ese corte de suministro de hace un año en Gerona,
¿solamente tuvieron responsabilidad las compañías eléctricas? ¿No se
habría podido evitar o, al menos, acortar, si los ayuntamientos de la
zona les hubieran concedido los permisos y las autorizaciones necesarias
para poder ejecutar hasta cien actuaciones en instalaciones eléctricas
que tenían solicitadas en esa provincia, cuatro subestaciones, así como
actuaciones en líneas de alta, media y baja tensión, que no pudieron
construir en tiempo y forma? ¿No se podría haber evitado o, al menos,
haber acortado el tiempo de la duración del corte si una plataforma de
vecinos, los ayuntamientos de la zona y la Generalitat de Cataluña de
entonces, no hubiesen puesto tantas trabas a la construcción de la MAT,
es decir, de la línea de muy alta tensión que debe unir Francia y España,
y esta hubiese estado ya en servicio?

Me da la sensación de que otros actores también pueden estar
implicados. Por eso, me parece muy fuerte que por ley se intente obligar
a las compañías eléctricas a que tengan que asumir el cien por cien de la
responsabilidad y que no puedan repercutir el coste del seguro en
nadie.

Vaya por delante que nuestro grupo comparte la filosofía que
inspira esta proposición de ley, pues estamos convencidos de que el
legislador a los primeros que tiene que proteger es a los consumidores y
usuarios. Lo que sucede es que en la actualidad nuestro ordenamiento
jurídico no les ha dejado en indefensión cuando reclaman indemnizaciones
por una prestación defectuosa del servicio eléctrico, porque en la
normativa de consumidores y usuarios hay un principio básico como es que
estos tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios
demostrados que el consumo de bienes o la utilización de productos o
servicios les irroguen, salvo que aquellos daños y perjuicios estén
causados por su exclusiva culpa o por la de personas por las que deban
responder ellos civilmente.

Por eso, nuestro ordenamiento jurídico, siendo sensible a dicho
principio, ya obró en consecuencia a la hora de regular el servicio de
suministro eléctrico. Por tanto, lo que ahora se pretende implantar con
esta iniciativa ya existe, y a las empresas distribuidoras no solo se les
impone la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil,
sino que se va más allá y se les exige el depósito de una fianza anual en
la caja de depósitos de la comunidad autónoma, para garantizar la calidad
del suministro y para responder ante la Administración de los daños y
perjuicios causados, así como del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la ley.

Todo ello está contemplado en la normativa autonómica, que es la
competente en materia de consumidores y usuarios, en la que también se
recoge la obligación que tienen las empresas suministradoras de contar
con suficiente capacidad técnica y económica para hacer frente a
cualquier reclamación que se les pueda hacer por parte de los
consumidores, siendo este un requisito previo, ineludible y necesario que
tienen que cumplir en todo momento y que les condiciona la obtención de
la autorización para prestar el servicio.

Valga el ejemplo, ya que estamos hablando de Cataluña, de la Ley
18/2008, de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico, en la que se
establece que las empresas suministradoras han de disponer de los
necesarios medios materiales y personales para garantizar la prestación
del suministro eléctrico en adecuadas condiciones de calidad. Se dice
también que tienen que demostrar en todo momento una capacidad técnica y
económica suficiente. Por tanto, al estar ya regulado, esta proposición
de ley es innecesaria.

Por otro lado, es sabido que un suministro eléctrico defectuoso
puede dar lugar a dos tipos de compensaciones. Una de ellas es por el
incumplimiento de las condiciones contractuales, la cual está
suficientemente regulada en la ley del sector eléctrico y en su
desarrollo reglamentario, donde se establece

el marco regulatorio, se fijan los umbrales de calidad y, en caso
de incumplimiento, se fijan claramente unas indemnizaciones baremadas que
son proporcionales a la interrupción sufrida. La otra compensación viene
derivada de la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas por los
daños económicos, físicos o morales que el cliente haya podido sufrir
como consecuencia de la falta de suministro.

Con relación a esta segunda compensación no podemos estar de
acuerdo con lo que se plantea en la proposición de ley, es decir, con que
las indemnizaciones se abonen conforme al baremo que se fije por
reglamento porque si se hiciera así se estaría presuponiendo el valor del
daño causado, con lo que se podría producir inseguridad jurídica al
cliente, pues o el baremo es muy elevado y se incrementaría el valor de
la póliza o, si el daño causado fuera superior al establecido
reglamentariamente, el cliente tendría cerradas las puertas para recurrir
a otras instancias.

Tampoco entendemos que se pretenda crear un nuevo seguro en un
sector como el eléctrico en el que tanto se ha regulado ya en materia de
calidad del servicio y protección al consumidor y en el que, a diferencia
de otros sectores esenciales, como el del agua, el gas, telefonía fija o
móvil o ADSL, ya tienen medida y regulada la calidad del servicio que se
presta a los usuarios y, además, ya se están pagando las indemnizaciones
en casos de cortes prolongados. Porque por el incendio de la subestación
de Maragall (Barcelona), de julio de 2007, en el primer trimestre de 2009
se había indemnizado a 58 607 usuarios afectados, por un monto de 10 884
598 euros y se atendieron en total reclamaciones por valor de 13 802 000
euros. Asimismo, por las nevadas de Gerona de 2010, a 27 de febrero de
este año se habían indemnizado un total de 26 628 reclamaciones por valor
de 5 977 359 euros y quedaban pendientes otras 6100 por un importe de 1
613 000 euros que se pagarán en los próximos meses.

Señorías, la fiabilidad del servicio eléctrico en estos momentos es
de nada más y nada menos que del 99,98% del tiempo. No es perfecta, no es
del cien por cien, pero ya se sabe que la calidad infinita tiene un coste
infinito y pretender asegurar mediante primas y seguros un servicio de
calidad infinita de la actividad de distribución eléctrica, que está
regulada y sus costes reconocidos en la Ley de 1997, encarecería
sustancialmente el recibo de la luz.

Por tanto, por considerar que esta proposición de ley es
innecesaria porque ya lo que pretende regular está regulado, porque puede
causar indefensión a los usuarios afectados al baremar las
indemnizaciones por reglamento y por considerarla injusta, ya que se
exonera de responsabilidad a otros actores implicados que no son ya las
empresas distribuidoras, vamos a votar en contra de su toma en
consideración.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Tomen asiento, señorías. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en
consideración de la proposición de Ley de modificación de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
248; a favor, 19; en contra, 229.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.

Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.