CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2010 IX Legislatura Núm. 156

PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN GRANADO PANIAGUA

Sesión núm. 13

celebrada el jueves, 2 de diciembre de 2010

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias:


De la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, para informar sobre el Informe de Fondos de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Delitos Relacionados correspondiente al año 2009. A petición del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Senado 713/000734 y número de expediente del Congreso 212/001074) ... (Página 2)

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De la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, para informar sobre el Informe de Fondos de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y Otros Delitos Relacionados. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente del Senado 713/000735 y número de expediente del Congreso 212/001068) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.



La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión. En primer lugar, le damos la bienvenida a doña Nuria Espí, nueva delegada del Plan Nacional sobre Drogas, a esta Comisión Mixta para el Estudio sobre el
Problema de las Drogas, deseándole muchos éxitos en su nuevo cometido.



Vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado día 21 de octubre de 2010. Dicha acta ha sido previamente repartida a los portavoces de los grupos parlamentarios, por lo que si la comisión está de acuerdo,
¿podemos entenderla aprobada? (Asentimiento.)


Queda aprobada. Gracias.



Pasamos a debatir el único punto del orden del día: Tramitación acumulada de las siguientes solicitudes de comparecencia de la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, doña Nuria Espí de Navas, para informar sobre el
Informe de Fondos de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados correspondientes al año 2009, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista; y sobre el informe de fondos de bienes decomisados por tráfico
ilícito de drogas y otros delitos relacionados, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular.



Para exponer la materia objeto de la comparecencia tiene la palabra la delegada del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, doña Nuria Espí.



La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PNSD) (Espí de Navas): Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a todos y a todas.



Comparezco por primera vez ante esta Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas y, antes de dar comienzo a mi intervención, quiero mostrar un expreso y sincero agradecimiento y reconocimiento a esta comisión por la labor que a
lo largo de los años ha venido realizando.
Hace pocos días que he tomado posesión de mi nueva responsabilidad y, gracias a la información facilitada por mi antecesora en el cargo y por las revisiones que estos días he venido haciendo de los temas
que competen a la delegación, he tenido oportunidad de comprobar la intensa actividad que esta comisión realiza. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y, por supuesto, la delegación del Gobierno que me honro en dirigir, considera
las iniciativas y propuestas de esta comisión mixta sumamente importantes para la consecución de los objetivos del Plan Nacional sobre Drogas, además del apoyo que presta a los esfuerzos de la sociedad y de las administraciones públicas en la
prevención y la lucha contra las drogodependencias. Por tanto, quiero reiterar mi satisfacción por estar hoy aquí y les aseguro que, por supuesto, estoy a la entera disposición de sus señorías en lo que afecta a mi nueva responsabilidad y en todo
aquello que redunde en mejorar la atención a la drogadicción y en una disminución del consumo de drogas, tareas en las que todos estamos implicados y a las que dedicaré todos mis esfuerzos.



Comparezco a solicitud de los grupos parlamentarios Popular y Socialista para informar sobre la gestión del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados durante el pasado ejercicio del año 2009,
expresada en el correspondiente informe que en su momento, en el mes de marzo, se envió a esta comisión mixta, en cumplimiento del artículo 7.1 de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora, como sus señorías conocen, del Fondo de bienes decomisados
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Sobre la base de este informe expondré a sus señorías los aspectos más relevantes de la gestión del fondo durante el ejercicio del año 2009. Seguidamente, y directamente relacionado con
el aspecto anterior, les expondré algunos datos e información sobre los procedimientos que la delegación del Gobierno realiza para la distribución de ayudas y subvenciones con cargo al fondo. En cuarto lugar, serán ustedes informados del proyecto
que esta delegación ha iniciado para mejorar la gestión de los bienes integrados en el fondo y evitar su deterioro e incluso su pérdida, cuestión realizada tras la aprobación de una proposición no de ley propuesta por esta comisión mixta. Por
último, pondré en su conocimiento alguna información específica sobre la gestión de unos de los bienes más emblemáticos integrados en el fondo hasta la fecha desde su creación, me estoy refiriendo al conocido caso del Pazo Bayón.



Como sin duda sus señorías conocen, la gestión del Fondo de bienes decomisados se lleva a cabo a través de la mesa de coordinación de adjudicaciones, órgano colegiado regulado por la ley 17/2003, de 29 de mayo, y


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formado por representantes de distintos ministerios: Sanidad, Política Social e Igualdad, Interior, Economía y Hacienda y el Ministerio de Justicia. En el año 2009 fueron comunicadas a este órgano 3000 sentencias judiciales firmes en las
que se decretaba el comiso y adjudicación a la mesa de diversos bienes que supusieron un incremento de un 8,6 con relación a las sentencias recibidas en el ejercicio de 2008. Las sentencias recibidas en el año 2009 han supuesto la integración en el
fondo de un total de 1977 lotes de bienes decomisados, un 9,4% de incremento con respecto al año 2008, año este último en el que se gestionaron 1807 lotes. El fondo se nutre, igualmente, de los ingresos de cantidades líquidas decomisadas y
adjudicadas a él. A este respecto, las cifras correspondientes a los años 2008 y 2009 muestran también claramente una progresión ascendente. Así, en el año 2008 las cantidades líquidas ingresadas en el Tesoro Público supusieron un total de
13.093.282,41 euros, y en el año 2009 se alcanzó la cifra récord desde la creación del fondo de 22.558.841,10 euros. Estos simples datos numéricos nos permiten deducir varias conclusiones. Primera, una mejor gestión policial y judicial en los
procesos que afectan a los delitos a los que se refiere la Ley 17/2003. Segunda, un claro incremento en el volumen de los bienes integrados en el fondo y de las cantidades líquidas, y el consecuente incremento de la carga de trabajo de su gestión
por parte de las unidades administrativas responsables en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Tercera, una mayor dotación final del fondo y una mayor distribución entre sus beneficiarios.



En lo que se refiere a los destinos dados por la mesa de coordinación de adjudicaciones a los bienes del fondo en el año 2009, tan solo voy a señalar algunos datos y su comparación con el ejercicio precedente. En relación con la adscripción
definitiva de bienes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica o Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, fueron tomados un total de 116 acuerdos de adscripción
definitiva en el año 2009, frente a los 103 acuerdos del año 2008.
Asimismo, en el año 2009 se vendieron de acuerdo con los procedimientos normativamente regulados bienes, excluidos inmuebles, por un total de 1.524.888,1 euros -2.826.620 euros, si
incluimos los inmuebles-, cuyo importe de la venta se integró en el fondo. En el pasado ejercicio, ante la situación del mercado inmobiliario, no se realizaron subastas de inmuebles, si bien, debido a la conveniencia de disminuir el stock acumulado
de estos, lo que implica, como ustedes saben, gastos de comunidad, impuestos sobre ellos, deterioro, riesgos de ocupación, etcétera, y existiendo indicios de una tímida recuperación del sector inmobiliario, se va a realizar una subasta de inmuebles
el próximo 14 de diciembre.



En el año 2008 los ingresos por venta de bienes supusieron un ingreso de 17.357.873,17 euros, el mayor de la historia del fondo desde su creación, debido a la venta por concurso público del Pazo Bayón y de las sociedades decomisadas en el
mismo procedimiento judicial. Si descontamos de esta cifra de ingresos por ventas de bienes los correspondientes a las ventas de inmuebles, la cifra asciende a 1.298.747,48 euros, cantidad, pues, inferior a la del año 2009, que se situó en
1.524.881,1 euros.



En lo relativo a la distribución anual que se realiza del fondo entre sus beneficiarios, también los datos muestran, como ahora se verá, una tendencia positiva y ascendente, lo que sin duda se va a traducir en un impulso a las políticas de
control de la oferta y reducción de la demanda, fines que justifican su existencia y que la Ley del fondo recoge en su artículo 2. El acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 23 de enero de 2009 aprobó los criterios de reparto y distribución del
fondo entre sus beneficiarios, presentándose ante la mesa de coordinación de adjudicaciones las correspondientes propuestas, que fueron aprobadas por dicho órgano. La mesa acordó la distribución de 20 millones de euros.
Asimismo, y en virtud de lo
establecido por la disposición adicional primera de la Ley 17/2003, se tomó igualmente la decisión de destinar 1.100.000 euros para los gastos de gestión y administración del fondo.



Me permito recordarles que, entre otros, con cargo a estos gastos de gestión se abonan los correspondientes a los depósitos de los bienes, su tasación, gastos inherentes al proceso de su venta, impuestos municipales y gastos de comunidad
asociados a los inmuebles, etcétera. En cuanto a la cantidad distribuida entre los beneficiarios del fondo, hay que destacar, como ya se ha dicho, que el artículo 3.3 de la Ley 17/2003, establece que al menos el 50% de los recursos se destinarán a
actividades de control de la demanda: programas de prevención de toxicomanías y de asistencia e inserción social y laboral de personas en situación de drogodependencia o drogodependientes.



En 2009, y siguiendo con la tendencia de años anteriores, se ha cumplido este criterio, ya que el 70% de los recursos distribuidos se destinaron a la reducción de la demanda, con una asignación de 14 millones de euros.
El 30% restante, que
asciende a 6 millones de euros, se ha destinado a actuaciones encaminadas al control de la oferta, dirigidas a la intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos a los que se refiere
dicha ley.



Con el objeto de aportar una visión más detallada de la concreta distribución de las cantidades en el año 2009, se expone a continuación un rápido análisis desagregado por sujetos beneficiarios de las ayudas, distinguiendo su actuación en
los diferentes ámbitos a los que van destinadas estas: la reducción de la demanda y el control de la oferta de droga.



En cuanto a la reducción de la demanda, la distribución de los 14 millones en el ámbito del control o reducción, la mencionada cantidad representa un 14% más que en el año 2008. Los beneficiarios han sido los siguientes.
En primer lugar,
la propia Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, que ha gestionado 1.420.000


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euros, dedicando estos fondos, entre otras actividades, a financiar gastos vinculados a convenios con entidades públicas y privadas, contratación de estudios y trabajos técnicos relacionados con la reducción de la demanda, evaluación de la
estrategia de 2001/2008 y preparación de la nueva estrategia 2009/2016, así como el plan de acción 2009/2012, y diversas actuaciones de sensibilización y prevención. En segundo lugar, la Federación Española de Municipios y Provincias, que a través
del correspondiente convenio firmado al efecto ha recibido 130.000 euros para la financiación del programa destinado a seguir potenciando la implantación de planes municipales contra la droga. El desarrollo de programas preventivos dirigidos a las
familias en general, y a las de alto riesgo en particular, así como favorecer la inserción de drogodependientes. En tercer lugar, se destinaron 6.410.000 euros para financiar los programas de los planes autonómicos. Para su distribución se
celebraron convenios específicos con cada una de las comunidades autónomas. En cuarto lugar, las corporaciones locales han recibido del Fondo de bienes decomisados un total de 3.820.000 euros para ayudas destinadas a la cofinanciación de programas
dentro de los planes municipales de drogas. En quinto lugar, las organizaciones no gubernamentales, con la cifra de 2.020.000 euros, que se han destinado a programas sobre drogodependencias que realizan entidades privadas sin fines de lucro de
ámbito estatal. Estas ayudas, así como las destinadas a corporaciones locales, fueron distribuidas siguiendo procesos de convocatoria pública de ayudas o de subvenciones, mediante órdenes de la ministra de Sanidad y Política Social. Y, por último,
en el ámbito de la cooperación internacional, la mesa de coordinación de adjudicaciones aprobó financiar diversos proyectos de cooperación internacional por un importe de 200.000 euros, proyectos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito para Bolivia, Perú, África Occidental y Uruguay, proyecto de la Organización Panamericana de la Salud y proyecto del grupo Pompidou del Consejo de Europa.



En cuanto a control de la oferta, por lo que se refiere a la distribución de los 6 millones de euros destinados a actividades relacionadas con el ámbito del control de la oferta, la mesa de coordinación de adjudicaciones procedió a efectuar
el siguiente reparto con un incremento mayor al 15% en relación con el año 2008. En primer término, se dotó a la Fiscalía Especial Antidroga con 65.000 euros para financiar la reunión de la Junta General de Fiscales y un encuentro internacional de
fiscales especializados en la lucha contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, así como adquisición de diverso material informático. A la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, 2.515.000 euros para financiar diversos
programas coordinados por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. De esta cifra, 1.640.000 se destinaron al equipamiento de unidades operativas de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil; 200.000 euros para gastos de
apoyo en operaciones coordinadas por este centro; 400.000 euros para financiar las acciones necesarias para la destrucción de la droga almacenada en distintos lugares de la geografía española, y 275.000 euros para acciones formativas o de
formación. Se han asignado 500.000 euros para financiar operaciones contra el tráfico de droga en colaboración con el Ministerio de Defensa, en virtud del acuerdo interdepartamental del 14 de febrero de 2006, suscrito por ambos departamentos. En
cuarto lugar, a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil se destinó una cantidad de 1.500.000 euros repartidos al 50% entre ambos cuerpos para la adquisición de material de laboratorio y equipamiento con el que dotar a las unidades
responsables de la investigación y lucha contra el narcotráfico. Otro beneficiario de los fondos fueron las instituciones penitenciarias, a las que se dotó con 900.000 euros para financiar la adquisición de material destinado a detectar y evitar la
introducción de sustancias estupefacientes en centros penitenciarios. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, por último, recibió 520.000 euros para apoyar el pago de las anualidades correspondientes a la adquisición de ocho embarcaciones
destinadas a la lucha contra el tráfico fronterizo de drogas.



Las ayudas que la propia delegación de Gobierno distribuye se llevan a cabo mediante procedimientos de convocatorias públicas de subvenciones con cargo al Fondo de bienes decomisados y destinados habitualmente a los siguientes beneficiarios.
En primer lugar, las corporaciones locales; en segundo lugar, las entidades privadas sin ánimo de lucro y de ámbito estatal.



En lo relativo a las ayudas económicas concedidas a las corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de drogodependencias con cargo al Fondo de bienes decomisados, en el año 2009 fue realizada convocatoria pública
mediante orden ministerial de 30 de septiembre para su concesión; por orden de 18 de diciembre se publicaron las ayudas concedidas, subvencionándose un total de 66 programas de otras tantas entidades de la Administración local por un importe total
de 3.820.000 euros. Las ayudas se dirigen a desarrollar actividades con menores y jóvenes para financiar programas de promoción de alternativas de ocupación al ocio, fundamentalmente en fines de semana o periodos vacacionales, que ofrezcan
oportunidades para participar en actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales, y que se dirijan a evitar, reducir o sustituir la implicación de los jóvenes en actividades relacionadas con el consumo de drogas.



Por lo que se refiere a las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro y de ámbito estatal, estas deben financiar programas que no consistan en intervenciones en el ámbito individual o de atención directa a los usuarios. Deben de tener
asimismo unos objetivos y actividades que precisen de una planificación, gestión y evaluación centralizadas y trascienden de la compartimentación en ámbitos territoriales que afecten, como ustedes bien saben, al menos a dos o más comunidades
autónomas.



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Estas ayudas, también financiadas con cargo al Fondo de bienes decomisados, se destinarán a programas que se adecuen a lo dispuesto en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009/2016 y al Plan de acción 2009/2012. Las ayudas se centran en
programas especialmente dirigidos a los ámbitos educativo y comunitario, centrados prioritariamente en los colectivos de mujeres y menores y en relación con el alcohol, cocaína y cannabis. En el año 2009 estas ayudas fueron convocadas por orden
ministerial de 1 de septiembre y se resolvieron en fecha 14 de diciembre, siendo la cuantía total de las ayudas de 2.020.000 euros.



Seguidamente, y de acuerdo con el esquema que les expuse al principio de mi intervención, realizaré una breve referencia al mecanismo arbitrado por la delegación para mejorar la gestión de los bienes integrados en el fondo y evitar su
pérdida de valor por el transcurso del tiempo. Para evitar el deterioro de los bienes intervenidos que con probabilidad pasarían, tras la sentencia firme, a integrarse en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados, así como su pérdida de valor y disminuir los costes de depósito y mantenimiento, la delegación, teniendo en cuenta la proposición no de ley de la comisión mixta, en sesión celebrada el pasado 30 de junio de 2009, ha impulsado la firma
de un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado para poder proceder a la venta anticipada de estos bienes. Este protocolo, tras lo oportunos
trámites y negociaciones de las partes suscribientes, fue finalmente formalizado el pasado mes de marzo. Este acuerdo establece que, para llevar a cabo una eficiente gestión de la destrucción o realización anticipada de los bienes intervenidos
incluidos en su ámbito, cada una de las instituciones intervinientes deberá llevar a cabo diversas actuaciones. Por parte del Ministerio del Interior los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que intervengan bienes como consecuencia de
actuaciones por tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos pondrán en conocimiento del CICO, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, los datos que permitan la identificación y localización del bien, así como referencia, en su
caso, de la solicitud de venta anticipada o destrucción que hubieran formulado a la autoridad judicial y de haber remitido copia de ella al Ministerio Fiscal competente en la causa. La Fiscalía Especial Antidroga llevará a cabo el seguimiento de
las actuaciones del Ministerio Fiscal en relación con los supuestos de destrucción o realización anticipada, instando del correspondiente órgano judicial la realización o destrucción del bien o de los bienes intervenidos y solicitando que se
comunique la resolución que se adopte a la delegación del Gobierno para que, en su caso, proceda a su enajenación.



Por último, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a la vista de la resolución judicial por la que se le encarga la realización del bien, llevará a
cabo cuantos trámites sean necesarios para que el bien pueda ser enajenado e ingresará en la cuenta de consignaciones que se haya señalado en la resolución judicial las cantidades resultantes.
Una vez recaída sentencia firme en un procedimiento en
el que se haya producido la venta anticipada en los términos señalados, se procederá en consecuencia con lo dispuesto en el fallo. En el supuesto de sentencia condenatoria y adjudicación definitiva al Estado del bien, se ingresará en el Fondo de
bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas el producto de la venta, una vez deducidos los gastos derivados de ella. En el caso de sentencia absolutoria, el importe consignado se entregará al titular del bien. Actualmente se está trabajando
en la elaboración de las oportunas instrucciones a las unidades de intervención del Ministerio del Interior así como analizándose las necesidades y requerimientos informáticos para el desarrollo del protocolo. En cualquier caso, voy a dejar a la
Presidencia de la Mesa copia del protocolo para que lo entregue a los portavoces y tengan ustedes conocimiento de él.



Por último, y de forma resumida, me referiré a algunos aspectos importantes a destacar en relación con la gestión de uno de los bienes más importantes integrados en el fondo desde su creación y que resulta especialmente destacable, tanto por
lo que supuso en términos económicos como por su repercusión social y mediática y por su adecuación a los objetivos y políticas relacionadas con la actividad de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Me estoy refiriendo,
como sus señorías ya suponen, al denominado caso Pazo Bayón, por el que esta comisión se ha interesado en varias ocasiones. En el proceso judicial del que trae causa esta integración en el fondo fueron condenados Laureano Oubiña y sus colaboradores
por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. A través de un concurso público convocado al efecto se procedió a la venta de diversos inmuebles y de dos sociedades mercantiles dedicadas a actividades vitivinícolas decomisadas en el
procedimiento judicial. Este proceso de venta realizado en el año 2008 se tradujo en el ingreso en el fondo de la cifra de 15.102.000 euros. El precio de salida o de licitación era de 8.693.972. El adquirente de los bienes, la empresa
vitivinícola gallega Adega Condes de Albarei, S.A., asumió, junto con el pago del precio de adjudicación antes indicado, los siguientes compromisos, los cuales siguen vigentes tras el proceso de venta. La continuidad de la actividad vitivinícola de
la empresa vendida durante al menos quince años; contratación temporal de drogodependientes en proceso de reinserción sociolaboral. Esta contratación se inició en la campaña de recolección y vendimia del año 2009 y subsistirá durante un periodo de
quince años. En el periodo comprendido de septiembre de 2009 a agosto de 2010 la empresa adjudicataria empleó a un total de siete trabajadores en proceso de reinserción realizando los mismos un total de 846 jornadas de trabajo. El compromiso de
Adega Condes de Albarei, SA, se cifraba en al menos 400 horas anuales. Aportación para programas dirigidos a


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drogodependientes del 5% de la facturación anual de la explotación del Pazo Bayón durante quince años. Al igual que en el caso anterior, este compromiso se inició el pasado año y la empresa adjudicataria debe concretar antes de finalizar el
año la cantidad exacta que por este compromiso ha de ingresar en el fondo, previa conformidad de la mesa de coordinación de adjudicaciones. Sobre este particular tiene interés comentarles que en las etiquetas de las botellas comercializadas por
esta empresa bajo la marca Pazo Bayón se incluye la información del destino del 5% del importe de su venta a actividades de carácter social, siempre vinculadas al ámbito de la reinserción y a las drogas. Prohibición de que los inmuebles vinculados
a la actividad vitivinícola sean objeto de negocio urbanístico, pues en caso de que así se produjera su propiedad revertiría a la mesa de coordinación de adjudicaciones.



Señorías, he intentado a través de esta intervención explicar el informe de 2009 del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, comparándolo, en la medida de lo posible, con el ejercicio anterior.
En todo caso, he procurado obviar la mayor parte de los datos y cantidades detalladas en dicho informe para no ser excesivamente reiterativa y basarme exclusivamente en cifras. También he incluido en mi intervención un par de aspectos que he
considerado de interés en relación con dicho fondo, como son la mejora emprendida en la gestión de los bienes integrados en el fondo y la situación actual de cumplimiento de los compromisos contraídos mediante la venta de un bien emblemático como es
el Pazo Bayón. Confío en que esta mi primera comparecencia ante la comisión mixta haya sido suficientemente clara y completa. Por supuesto, compareceré ante sus señorías tantas veces como lo crean conveniente, y ahora estoy a su disposición para
cualquier aclaración que consideren oportuna en relación con mi intervención.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Espí de Navas, por su información.



A continuación pasamos a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Interviene en primer lugar la portavoz del Grupo Socialista como solicitante de la comparecencia. Señora Gómez Santamaría, tiene la palabra.



La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Muchas gracias, presidenta.



Señora delegada, en primer lugar, quiero felicitarla en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su nombramiento y, por supuesto, darle la bienvenida a esta primera comparecencia ante la comisión mixta. También quiero darle las gracias
por las palabras de reconocimiento al trabajo que realizamos en esta comisión. Pero me va a permitir que tenga unas palabras de recuerdo y agradecimiento a quien la ha precedido en el cargo, doña Carmen Moya, palabras que hago por supuesto
extensivas a todo su equipo, con el que hemos trabajado en la delegación; delegada y equipo con los que hemos trabajado en estos años, siempre en estrecha colaboración, y con una relación basada en la lealtad, en la complicidad y con el
convencimiento de compartir objetivos y preocupaciones comunes.
La misma lealtad y complicidad que tiene usted, señora delegada, por parte de este grupo parlamentario desde el momento de su nombramiento.



Entrando ya en el objeto de su comparecencia, que es el informe sobre la actividad del Fondo de bienes decomisados del año 2009, me voy a referir a algunos aspectos concretos de su intervención que, por supuesto, aparecen también reflejados
en el informe. Sin embargo, el aspecto de conjunto más importante que quiero reseñar de entrada es la mejora continuada en la dotación y gestión del Fondo de bienes decomisados en los últimos años. Son mejoras que no se han producido por
casualidad, sino como consecuencia de la adopción de ciertas medidas. Voy a referirme a algunas de ellas que usted también ha señalado en su intervención. La primera sería la dotación de más y mejores medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado para la lucha contra el narcotráfico a todas las escalas, cuya consecuencia ha sido un aumento significativo de los bienes que se incautan a estas organizaciones. Y cuando me refiero a bienes también lo hago, por supuesto, a las
cantidades líquidas incautadas. En según lugar, hay que reconocer que se han puesto más y mejores medios en la Administración de Justicia y que se ha hecho un importante esfuerzo para controlar estos bienes y agilizar su puesta a disposición del
fondo.
Y, en tercer lugar, la mesa de coordinación de adjudicaciones, que también ha hecho un importante esfuerzo para agilizar los procesos de enajenación, bien sea a través de subastas, de adjudicaciones directas o cualquiera de las formas que
están previstas y contenidas en la ley. La consecuencia de estas mejoras ha sido un aumento de los bienes y cantidades líquidas integradas en el fondo, lo cual a su vez ha permitido una distribución mayor entre sus beneficiarios; beneficiarios que
están contemplados también en la ley y que tienen que destinar esas cantidades que se les asignan a actividades relacionadas con el control de la demanda, con el control de la oferta y además a hacer frente a los gastos derivados de la gestión del
propio fondo.



No voy a entrar a enumerar los beneficiarios ni las cantidades, están en la memoria y nos los ha recordado usted en su intervención. No obstante, y como la propia memoria del fondo recoge, creo que es necesario seguir introduciendo mejoras
en la gestión del propio fondo, pues a lo largo de los años persisten algunos problemas. Esta comisión, como usted nos ha recordado, aprobó una proposición no de ley con la intención de mejorar la gestión y destino de los bienes intervenidos antes
de la sentencia judicial firme para evitar su pérdida o deterioro. Para hacer efectivo el cumplimiento de la proposición no de ley, se ha firmado un protocolo de actuación que usted nos va a dejar hoy en la comisión, cosa que le agradezco, y lo que
esperamos es que este protocolo de


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actuación dé sus frutos. Se ha firmado hace pocos meses, por lo que será necesario dejar pasar un tiempo para poder analizar su efectividad.



En esta línea de avanzar siempre en la mejora de la gestión, mi grupo parlamentario va a presentar una proposición no de ley en la comisión mixta para abordar otro de los aspectos que recoge el informe y que además lo contempla como
deficitario o como aspecto a mejorar en la gestión, y es el referido a los inmuebles. Lo que vamos a proponer en esa proposición no de ley es que se articulen medidas para evitar que se den situaciones que impidan o dificulten la integración de los
inmuebles en el fondo. Un problema que, como ya he dicho, está recogido en el informe del año 2009 y también en años anteriores y que tiene que ver directamente con la adscripción a terceros o con la ocupación de estos inmuebles decomisados, que,
como sabemos, son argucias que en la mayoría de los casos se hacen con el fin de evitar la efectiva posesión de estos bienes por parte del propio fondo.



Entendemos que se puede trabajar con el Ministerio de Justicia en este asunto y, por tanto, estudiar la posibilidad de llegar a algún acuerdo o protocolo, como ha ocurrido con la proposición no de ley anterior, para evitar que se produzcan
estas circunstancias. Lo que pretendemos con la presentación de esta proposición no de ley es contribuir humildemente desde esta comisión y en la medida de nuestras posibilidades a esa mejora continuada de la gestión del fondo, y estoy segura de
que para ello vamos a contar con el apoyo -que en su día, por supuesto, les pediré- del resto de los grupos parlamentarios. Pero lo que hoy debatimos es el informe del año 2009. Ciertamente, señora delegada, estamos finalizando prácticamente el
año 2010, y aunque se ha retrasado un poquito, por diversas circunstancias, la presentación de este informe, en este año se han producido ya todas las convocatorias de ayudas, por lo que me gustaría -y es la única pregunta que le voy a hacer en mi
intervención-, si fuera posible, que nos avanzara algún dato de este año con respecto a las cantidades que se van a distribuir y también que nos pudiera dar algún dato sobre la convocatoria realizada en el mes de agosto para proyectos de
investigación en drogodependencias, su posible financiación por parte del fondo, así como las prioridades en cuanto a la problemática que deben abordar estos proyectos para poder ser financiados. Nos llegará la memoria del año 2010 como siempre, en
tiempo, pero le agradecería que pudiera adelantarnos algo al respecto.



Finalizo, señora presidenta, reiterando una vez más la bienvenida a la señora delegada y dándole las gracias por su intervención.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.



A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, como solicitante también de la comparecencia, tiene la palabra el señor Pintado.



El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.



Lógicamente, nuestras primeras palabras son de felicitación y de bienvenida a esta comisión. También quiero dedicar un recuerdo especial para la que fue su antecesora en relación con el trabajo de estos últimos años, con el que hemos
intentado por lo menos cooperar, en este caso desde la oposición, para tratar de mejorar todos los aspectos que se refieren a las drogodependencia en nuestro país.



Sin más, entro en el asunto que hoy nos ocupa. Usted ha hecho referencia a un innumerable recuento de datos, de cifras, de comparaciones con respecto a años anteriores. Desde el punto de vista de la estadística, yo le diría que el informe
se aguanta bastante bien; desde el punto de vista de la gestión de los problemas, creo que hay asuntos importantes a solucionar y a tratar, y lógicamente no le vamos a pedir hoy a usted en su primera comparecencia que nos dé una solución clara y
exhaustiva, pero le voy a dar solamente un ejemplo que se acaba de poner de manifiesto en esta comisión. Ustedes han firmado un protocolo, protocolo que se refleja en el informe que nos enviaron en su día a esta comisión. Ese protocolo parece que
se ha puesto en marcha, pero el grupo que apoya al Gobierno presenta una iniciativa para mejorar algunos de los aspectos que o bien no se han tenido en cuenta en ese protocolo o no se han puesto en marcha o han causado problemas. El Grupo Popular
también les anuncia que en las próximas semanas presentará alguna iniciativa que esperamos, como se ha hecho hasta la fecha, consensuar con el resto de los grupos, y por supuesto con ustedes, para mejorar la gestión, la eficacia y la eficiencia de
este fondo; fondo que, como usted sabrá, se crea por ley en el año 1995, que es modificado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, porque ya se vio en esos años de funcionamiento que tenía una serie de limitaciones y de carencias a la hora de abordar
una gestión eficaz y profunda del mismo. Yo le puedo decir que uno de los aspectos que más preocupa a este grupo es aquel que se intentaba solucionar en la ley que le acabo de referir -ley que modifica nada más y nada menos que el artículo 374 de
nuestro Código penal- a la hora de establecer la posibilidad de enajenar los bienes decomisados previamente al hecho de disponer de sentencia firme. En comparación con otros años, se han dado datos de mejora con relación a las incautaciones por
parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero no es este, creo yo, motivo de esta comparecencia. Hablaremos, si ustedes quieren, en otra comparecencia al respecto no solo de los bienes decomisados -me estoy refiriendo en este caso a
los que decomisan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado-, sino de los informes que están llegando de otras oficinas internacionales en relación con nuestra gestión desde el punto de vista comparativo. En este caso no depende de ustedes, que
son Ministerio de Sanidad, ya que quisieron desgajarlo, pero sí asistimos a la comparecencia del señor ministro del Interior hace dos o tres


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semanas y -aunque no sea este el momento procesal de establecerlo-, quisiéramos comparar los datos que dio el ministro con la realidad y lo que ha supuesto la gestión durante estos últimos años.



Como usted ha dicho, el Fondo de bienes decomisados pretende legalizar una serie de bienes que han sido conseguidos de forma ilegal, de forma espuria, bienes que, lógicamente, se aprovechan para darle la vuelta a la tortilla al sistema de
prevención, a la inserción laboral y social, y ahí tenemos el caso que usted ponía del Pazo Bayón, por el que creo que todos tenemos que felicitarnos, gestión dolorosa en cuanto al tiempo y en cuanto a su complejidad; la propia persecución del
tráfico de drogas, la lucha contra el blanqueo de capitales y, tal como dice la ley a la que he hecho referencia anteriormente, esa ampliación de contenidos en cuanto a la cooperación internacional. Buena fórmula para conseguir medidas suficientes
que nunca lo serán, nunca serán suficientes desde el punto de vista de que parece que nos enfrentamos a un fenómeno como el monstruo de las siete cabezas. Es decir, que se pueden ir decapitando cabezas y siempre aparecen nuevas cabezas. Obligación
de enajenar los bienes que no consistan en dinero para transformarlos en instrumento de pago, lógicamente, bajo el principio de evitar el máximo gasto de gestión, evitar el deterioro de los propios bienes, que es uno de los problemas con los que nos
encontramos en la actualidad, y también su pérdida. Yo le puedo decir, y usted lo conocerá -quizá sus colaboradores lo desconozcan por falta de tiempo, pero se irá teniendo información-, cómo incluso han llegado a desaparecer de algunos centros
objetos de valor considerable porque en muchos casos no se tienen dependencias para guardar obras de arte u otros bienes y, hasta que no hay sentencia firme, no se pueden enajenar directamente.



Entendemos que, tras las modificaciones legislativas y reglamentarias, hay que seguir profundizando y analizando los instrumentos del propio fondo.
Se ha hablado en muchas ocasiones en esta comisión ya no solamente sobre el Fondo de bienes
decomisados, sino de que nos enfrentamos a un fenómeno cambiante, con una beligerancia y una actividad increíble como es el crimen organizado. Es decir, que no solamente son capaces de crear estas redes para la obtención o colocación de las
materias psicotrópicas o tóxicas, sino también todo lo que supone el entramado de empresas superpuestas, la utilización de terceros países para blanqueo de capitales, la interposición de todos aquellos instrumentos para dificultar más, si cabe, el
hecho de poder transformar esos bienes y conseguir sentencias firmes con la agilidad más rápida posible.
Lógicamente, los principios que en un Estado de derecho no nos vamos a saltar nunca van a ser las garantías procesales, porque es donde
descansa cualquier Estado de derecho, pero sí se tiene que trabajar y avanzar en la agilidad administrativa y, por supuesto, en la eficacia.



Todos los grupos políticos hemos recibido propuestas del sector asociativo en este sentido. El Grupo Mixto, presentó una iniciativa, creo recordar, en septiembre del año pasado en la que todos los grupos llegamos a un acuerdo. En aquella
iniciativa, si mal no recuerdo, uno de los temas que no se abordó fue la creación de una agencia específica que se especializase en materia de bienes decomisados. Con los argumentos que puso encima de la mesa la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, el grupo que sustenta al Gobierno y el resto de los grupos que lo estuvimos valorando desistimos en aquel momento de hacerlo. Quizá sería este el momento para retomarlo y plantear esta posibilidad. El informe que usted nos
ha enviado, desde nuestro punto de vista, goza de una gran transparencia, porque se ponen este tipo de errores encima de la mesa y es de agradecer que se pueda hablar sin ningún tapujo de estas cuestiones. Me referiré posteriormente al hecho de que
la propia mesa de coordinación tenga que acudir a una serie de empresas públicas para todo el trabajo relacionado con la identificación, la localización, el mantenimiento y la guardia y custodia de este tipo de depósitos, porque cuando uno se fija
en estas sociedades y ve para qué se crearon, comprueba que el objeto social tiene poco o nada que ver con las gestiones que se le encomiendan. Me imagino que la mesa de coordinación, lógicamente, tira de aquello que tiene más a mano y que le
parece más eficaz para solucionar un problema, pero ahí nos encontramos ante una situación que, dentro de la legalidad, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario se escapa del ámbito competencial. En ese sentido, nos gustaría conocer -cosa
que no será fácil de determinar, aunque le vamos a hacer algunas preguntas no para que las responda aquí, sino por escrito- datos orientativos de todos aquellos bienes, de lo que supone porcentualmente la pérdida de posibilidades por dificultades en
la gestión, ya no digo por una mala gestión -que pueden darse casos-, sino por dificultades en la gestión ante la depreciación, la desaparición o el deterioro de algunos bienes.



Dicho esto, nosotros hemos estado en algunos juzgados donde más tramitaciones se están haciendo en el ámbito español y siempre surge un problema, el problema de falta de medios. Aquí se ha querido avalar que hay una mayor dotación de medios
y que ello repercute en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en la Administración de Justicia, pero cuando acudes y te explican los problemas reales del día a día, uno se da cuenta de que no solamente el Parlamento tiene que hacer
modificaciones legislativas y que el Gobierno, en este caso a través del plan nacional, tiene que impulsar esas modificaciones o esos programas que se desarrollan, sino que luego hacen falta medios económicos y, en algunos casos, materiales para que
en nuestros juzgados se puedan agilizar, se puedan tramitar y, en definitiva, se pueda dar respuesta a los problemas que tenemos.



El Partido Popular entiende que hace falta una mayor dotación económica dentro de la racionalidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia de que hablaba anteriormente, y también un control y audición de la gestión. Aquí se ha hablado
de los distintos programas,


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aparece en la estrategia 2009/2016 y en el programa de la estrategia 2009/2012 el hecho de empezar a funcionar con indicadores que nos vayan dando unas referencias en cuanto a la puesta en marcha y realización de los distintos objetivos que
se señalan en la estrategia, y a nosotros nos parece que en el plan de fondos decomisados también tendrían que aparecer una serie de indicadores, no solamente elementos comparativos con respecto a años anteriores, porque lógicamente unos ven la
botella medio llena y otros medio vacía: el ministro del Interior dice que somos más eficaces porque hacemos más decomisos de drogas y porque hemos sido capaces de incautar más bienes. Y, sin embargo, lo que dice hoy el sector y lo que dice el
Partido Popular es que no se trata de ser más o menos eficaces porque el problema es más grave, y es que hay más droga, hay más mafia, hay más tráfico de drogas. Por eso, se puede conseguir más, independientemente de que son barómetros desde una
posición y un punto de vista político.



Ha hecho usted referencia al protocolo de actuación. Yo quería pedirle que nos enviaran esta documentación y ya se ha anticipado usted y se ha comprometido a hacerlo, cuestión que le agradecemos. Pero bien es cierto que, tal como se ha
anunciado en el informe de 2009, ese protocolo parece que se firmó en el mes de febrero. Estamos en diciembre. No la estoy culpando a usted, entienda que no es una crítica personal, sino a la propia delegación en cuanto que son cuestiones que
entiende el Partido Popular que son manifiestamente mejorables y que podemos agilizar.
También ha hecho referencia a ello mi compañera portavoz del Grupo Socialista, a la posibilidad de verlo con anterioridad. Quizá sea un problema de la propia
comisión, de su forma de funcionar, pues no tenemos salas, no tenemos fechas, y por el hecho de ser una comisión mixta no nos conceden un lugar importante. Yo creo que las pautas de ese protocolo -que cuando lo conozcamos con mayor profundidad
podremos tener la oportunidad de analizarlo- se intuyen por lo que ustedes dicen en el informe que nos han enviado, y en ese sentido estaremos a la espera de recibirlo y de trabajarlo.



Cuestiones a resolver. El retraso de la comunicación a la mesa de coordinación de las adjudicaciones por parte de los juzgados nos parece que es un elemento importante. No echar la culpa a los juzgados sino ver qué problemática tienen y
cómo podemos dotarles de más medios para que esas comunicaciones sean más rápidas. Se puede instaurar en los juzgados el personal suficiente que pueda hacer la identificación y la localización, la situación jurídica y la naturaleza de los bienes.
Porque si eso pasa a la mesa de coordinación de adjudicaciones, dijéramos, en bruto, el trabajo que hay que hacer para limpiar todo eso y determinar claramente dónde se encuentran, si es perfectible, si se puede hacer ya el proceso de subasta, lleva
lógicamente mucho tiempo y mucho coste económico y al final se pierden unos bienes importantes por el camino que se podrían aprovechar. En definitiva, naturaleza, identificación, localización, situación jurídica o física. La mesa de coordinación,
lógicamente, no es parte de ese proceso, es decir, que se trata de un proceso previo, pero cuando estamos hablando de la legislación y como estamos en el ámbito del Estado, corresponde al plan nacional, porque a través de la modificación que
introdujimos en la ley, se le dieron competencias suficientes como para poder trabajar en este ámbito. Así que no es una cuestión de falta de coordinación que no permite la ley, porque la ley sí lo permite, sino de que tenemos que profundizar, como
decía anteriormente, en que haya medios suficientes.



En definitiva, frustración en los principios legales que inspiran la creación del Fondo de decomisos. Lo dice el propio informe. A mí me ha chocado esta expresión del informe, que cause una frustración. ¿Por qué? Porque cuando se quieren
hacer bien las cosas y nos encontramos con obstáculos que en algunos casos deben de ser muy difíciles de resolver, lógicamente nos produce frustración. En este sentido, tal como decía anteriormente, entendemos que hay que buscar nuevas fórmulas.
El Partido Popular entiende que quizá con la legislación actual es suficiente, aunque haya que hacer una modificación -lo podemos pensar-, en este caso creemos que hay que buscar el máximo consenso, pero con el objetivo de una eficacia y una
eficiencia en el fin que todos perseguimos, esto es, que sea lo más rápido posible y que podamos sacar el mayor partido posible de la enajenación de todos estos bienes.



Anteriormente ya me he referido al apoyo de las empresas públicas como Improasa o Sefisa, que es un apoyo o medio instrumental al servicio técnico de la Administración General del Estado y son sociedades estatales de gestión patrimonial.
Volvemos a lo mismo, el Partido Popular entiende que quizá sería oportuno -y valdría la pena que lo estudiáramos en esta Comisión- plantearnos el hecho de que esa externalización pasara por una especialización. Ya sabemos que estamos en época de
vacas flacas, que aquí no estamos para crear nuevos gastos, pero con una buena gestión quizá nos ahorremos dinero y podamos sacar un mayor importe económico de los bienes decomisados. Es decir, de lo que se trataría es de introducir -no es que
tengamos absolutamente nada contra la gestión pública de estos bienes, pero lógicamente tiene que haber unas garantías- la posibilidad, tal como se está haciendo ahora, de una gestión también en el ámbito privado y no necesariamente por una empresa
pública. Es decir, una empresa pública quizá creada ad hoc, no lo sé, eso habría que pensarlo y doctores tiene la Iglesia para ver cómo conseguimos hacerlo mejor.



Proyecto común. No es en tono de crítica, lógicamente, pero cuando uno lee la comparecencia del año pasado para explicar los problemas del fondo, comprueba que un año más tarde estamos hablando prácticamente de la misma problemática. Aquí
no venimos a acusar, pero hay una responsabilidad y esa responsabilidad, en este caso, es de parte del Gobierno en lo que se refiere a la presentación en el ámbito legislativo, en el


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seno de esta comisión o de la Comisión de Justicia o de Interior, si lo creen conveniente, nuevas modificaciones o a crear protocolos o convenios que ustedes han firmado con el CICO o con la Administración de Justicia para poder desarrollar
planes que vayan al fondo de la cuestión. En este sentido sería muy interesante que pudiéramos hacer una auditoría para ver cuál es el funcionamiento del fondo y ver exactamente todas las posibilidades que tenemos de dotarle de mayor capacidad, que
no invalide los esfuerzos que se están haciendo y que no cree la frustración a la que se refiere el informe. Usted acaba de llegar pero este Gobierno lleva seis años, tiene ya una responsabilidad encima de la mesa al respecto, responsabilidad que
les exige el Partido Popular.



Termino haciendo referencia a tres preguntas concretas que han salido de mi intervención: cuál es el porcentaje de la pérdida de valor de bienes decomisados, que casi con toda seguridad usted no dispondrá de ese dato en estos momentos y
tendremos oportunidad de conocerlo; cuál es el plazo medio de las enajenaciones de los bienes una vez que se ha producido la sentencia firme; y cuál es el coste de mantenimiento de los depósitos de bienes. Y, dicho esto, solamente un botón de
muestra que saco del informe que ha mandado el plan nacional, y es el problema que tenemos en Andalucía. No puede ser -y cuando digo no puede ser quiero decir en abstracto, luego los problemas los tenemos encima de la mesa- que por un problema de
impago entre empresas públicas dependientes de la Consejería de Justicia del Gobierno de Andalucía tengamos bienes depositados que no se puedan hacer efectivos porque no los dejan sacar al no haberse cubierto los gastos correspondientes. A mí me
parece que este es un asunto serio para la propia Administración. Las administraciones defienden sus intereses, eso lo tenemos claro, pero en el interés general que persigue la Administración a nosotros nos parece que el caso de Andalucía está
reflejado aquí. Por eso le decía anteriormente que me parece que es un informe lo suficientemente transparente como para tenerlo en consideración. Pues bien, no hace falta que usted me conteste hoy, tendremos motivos para hablar y para profundizar
en ese asunto, pero nos puede servir de experiencia, porque Andalucía es la comunidad autónoma de España donde más procesos judiciales de este caso se hacen. A lo mejor ahí tenemos una experiencia y quizá sería interesante mantener una conversación
con los responsables de la Consejería de Justicia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía para ver exactamente cuáles son los problemas y qué soluciones plantean ellos en el caso de que se dieran en otras comunidades autónomas como
Galicia, Madrid o Cataluña, en concreto Barcelona, donde, por otras cuestiones, hay muchos expedientes judiciales.



Nada más. Reitero mi agradecimiento y mi enhorabuena, y, en nombre del Grupo Popular, le agradezco su presencia en esta comisión.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.



Antes de nada quiero decirle al señor Pintado que mañana mismo daremos traslado a los grupos parlamentarios del informe que nos ha hecho llegar la delegada.



Para contestar a las cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios que han intervenido, tiene la palabra la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, doña Nuria Espí.



La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PNSD) (Espí de Navas): Siento tener que someterme a la disciplina de dar unas cifras que, en mi opinión, hacen la intervención más espesa, más dura y posiblemente no igual
a la de años anteriores, porque es verdad, y lo decía en mi intervención, que -lamentablemente porque hay más casos de decomisos- hoy el fondo tiene más dotación y va a tener más en 2010 para poder cumplir la misión para la que fue creado.



En cuanto a todo lo que ustedes han planteado -y luego me remitiré en concreto a cada uno de los diputados que han intervenido-, he dicho al principio que todo lo que he podido observar y conocer del plan nacional en estos días ha sido de la
mano de la anterior delegada, Carmela, por ello quiero expresar públicamente mi agradecimiento para que conste en esta reunión, y espero hacerlo tan bien como ella y todos sus antecesores, y que el clima de esta comisión, los acuerdos a los que
lleguemos y el trabajo que vayamos desarrollando den los mismos frutos que parece que han dado a lo largo del tiempo desde que el plan está funcionando. Yo haría una evaluación a bote pronto y sin entrar a profundizar en muchos aspectos que usted
ha planteado que desde luego me interesan, pero que a día de hoy no le puedo responder. Sí puedo decirle, porque para eso están los profesionales del fondo aquí, que en Andalucía no ha habido ningún bien, que tengamos conocimiento, que no hayamos
podido sacar y que estuviera en los depósitos. Eso sí se lo puedo contestar porque me lo acaban de decir desde la propia delegación; no lo sabía pero se lo contesto inmediatamente para que disponga del dato. En cualquier caso, pondré todo el
interés para que tengan una respuesta lo más rápida posible a todas sus preguntas.



Les agradezco muchísimo sus intervenciones, y les agradezco muchísimo más la benevolencia para con esta mi primera comparecencia, porque yo realmente llevo tres semanas en esta dirección nacional y perdónenme que haya temas a los que no
pueda contestarles de forma fehaciente. Ahora bien, hay aspectos que han planteado a los que sí voy a dar respuesta. En primer lugar, sobre los datos de 2010, en breve me imagino que tendremos oportunidad de otra comparecencia; el ejercicio,
lógicamente, no ha sido cerrado y hay temas que no están aún ni aprobados por la mesa de coordinación y algunos de ellos no los conocen ni los propios responsables de las comunidades autónomas ni la comisión sectorial porque no se ha reunido. El
día 16 tendrá lugar la reunión de la


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interterritorial. Por cierto, luego habrá un momento de encuentro para celebrar las fiestas navideñas y tomar impulso para el nuevo año, por lo que paso a invitarles por si quieren estar con nosotros el día 16 a la una, en la sede de la
delegación. En cualquier caso, insisto en que hay temas del año 2010 de los que no puedo informar porque efectivamente no están aún aprobados.



En cuanto a lo que sí puedo informar, voy a pasar a hacerlo en este momento. Las resoluciones judiciales firmes recibidas por la mesa en el año 2010 han sido, a fecha 16 de noviembre, de 2.361. A igual fecha, el saldo de ingreso de
cantidades líquidas en el Tesoro Público es de 31.493.473,24 euros, cantidad que nos permite aventurar un importante incremento en la distribución del fondo a sus beneficiarios el próximo año 2011. En el presente año, los datos, a fecha 16 de
noviembre -que es la fecha en la que están sacados todos los datos-, arroja una cifra de 81 acuerdos de adscripción por un valor estimado de 575.000 euros. Las ventas de bienes efectuadas este ejercicio 2010, sin contabilizar la última subasta de
vehículos y embarcaciones realizada a finales de noviembre y la próxima subasta de inmuebles ya señalada, han supuesto el ingreso en el fondo de 684.028 euros. En el año 2010 han sido convocadas nuevamente ayudas a corporaciones locales mediante la
orden del 19 de agosto, convocatoria pendiente de resolución. El importe de las cantidades a distribuir, también con cargo al Fondo de bienes decomisados, es, al igual que en el año 2009, de 3.820.000 euros, y la finalidad de los programas a
financiar es la misma que en la convocatoria de 2009. Con respecto al año 2010, la orden de convocatoria para entidades sin ánimo de lucro es la de 19 de agosto, y está pendiente su resolución y publicación, y son -me remito a la cifra que he dado
anteriormente- 2.020.000. Estos son los datos de 2010. Como novedad en este ejercicio, el Fondo de bienes decomisados ha financiado parte de la convocatoria de ayudas efectuadas por orden del 27 de agosto de 2010 para el desarrollo de proyectos de
investigación sobre drogodependencias.



Y paso a informar de una pregunta que me hacía la portavoz del Grupo Socialista, que era sobre las ayudas que tienen que ver con el I+D+i y con la orden de 27 de agosto. Las ayudas a distribuir serán en tres anualidades y suponen para el
año 2010 un total de 629.490 euros, de los que 300.000 proceden del Fondo de bienes decomisados. Los proyectos de investigación que se van a financiar lo serán sobre drogodependencias y se realizarán por entidades públicas o privadas sin fines de
lucro, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Programa Nacional de Biomedicina y de acuerdo con lo establecido en los planes nacionales de I+D+i 2008/2011 y en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009/2016.
Participarán como
solicitantes y beneficiarios de las ayudas los centros españoles de I+D+i tanto públicos como privados, instituciones sanitarias y universidades públicas, organismos públicos de investigación, instituciones sanitarias y universidades privadas, así
como otras entidades privadas dedicadas exclusivamente a la investigación que tengan personalidad jurídica propia y que carezcan de ánimo de lucro. En cuanto a los proyectos de investigación a financiar por estas ayudas, se considerarán de interés
preferente los proyectos multidisciplinares cuyo tema de interés sea alcohol y menores. Va a ser uno de los temas centrales que vamos a proponer en la Comisión interautonómica, también los estudios clínicos, especialmente si tienen carácter
interautonómico y fomentan la creación de empleo.



En cuanto a la proposición no de ley que plantea la portavoz del Partido Socialista, por nuestra parte estaremos encantados de que se presente, pero con un matiz: nada tiene que ver la propuesta que, según he entendido, plantea el Partido
Socialista con el desarrollo de la anterior, puesto que estábamos hablando exclusivamente de la parte de bienes decomisados en lo que se refiere a aspectos materiales -coches, barcos- y es el acuerdo que hoy les podemos traer finalmente, aunque
queda la última pincelada de la firma con el Ministerio de Justicia.
Esta, por lo que le he entendido a la diputada -y si no lo he entendido bien, por favor, me lo explicita-, tiene que ver con los inmuebles, y aquí sí que habrá que hacer
verdaderamente un esfuerzo en la delegación de estudio tanto con el Ministerio de Justicia como con las posibilidades que va a tener, porque es un tema, me temo, mucho más complejo. En cualquier caso, en estos momentos sí puedo decir que bien
recibida sea y ojalá tengamos un mecanismo para evitar todos los problemas de deterioro que tienen los bienes inmuebles, que hoy por hoy no han sido objeto de protocolo alguno. Desde luego, será un elemento que someteré a los servicios jurídicos y
técnicos de la delegación para que nos presenten un informe, y lógicamente me comprometo a contribuir porque me parecería interesantísimo.



Por tanto, a las preguntas concretas que se me han hecho hay algo que sí le puedo contestar al portavoz del Partido Popular, y es que yo creo que cuando en el informe se habla de frustración y resignación es porque a veces todos quisiéramos
que las cosas fueran más rápidas, pero yo creo que la conclusión que podemos sacar finalmente es que ha ido mejorando efectivamente la gestión del propio fondo. Ha planteado diversos temas y de todos he tomado nota y todos ellos estarán sujetos a
la reflexión no solo de la comisión, sino de la propia delegación y del consejo interterritorial, porque a todo aquello que pueda ser beneficioso para mejorar la gestión del plan por supuesto que vamos a estar abiertos, y no solo abiertos, sino que
vamos a desear que se planteen en comisión para su debate. Hay temas que por definición, como la creación de una agencia, que fue un debate previo, en este momento no son la fórmula más eficaz para gestionar los recursos, pero sin duda son temas
que en todo momento, insisto, vamos a estar dispuestos a estudiar y analizar desde la delegación.



En cualquier caso, aunque se planteaba el tema de los recursos, cuando yo hoy pedía al CICO que me diera los datos del trabajo en los últimos tiempos, el incremento


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que ha habido sobre denuncias y sustancias decomisadas en los últimos años es espectacular, no así la oferta e incluso ni la demanda, según las encuestas que tenemos. Es decir, hemos pasado de 173.096 denuncias en el año 2005, teniendo en
cuenta que también ha habido un incremento de recursos, a 351 927 en el año 2009. Sube un 23% el nivel de denuncias.
Esto, ineludiblemente, es porque han mejorado los recursos que tienen el CICO y la Policía para actuar. Y también es verdad que
estamos consiguiendo mantener unas cifras que, según la encuesta de edades que presentará la próxima semana la ministra de Sanidad y otras que iremos viendo, no ha habido un incremento porcentual ni de tráfico ni de consumo con respecto a las cifras
de denuncias. Luego la gestión del CICO evidencia que ha habido un apoyo, una inversión y una mejora de la gestión. Este es uno de los temas que quería aclararle como respuesta a lo que usted me ha planteado. Por lo demás, sencillamente, creo que
no me he dejado preguntas sin responder. De usted, todas, porque ya digo que tendremos que analizarlas y contestarle por escrito a todas las que quiera y volvernos a reunir.



Me hubiera gustado muchísimo que hubiéramos abordado en mi primera comparecencia la otra parte, que también es muy importante, del plan nacional, y es la situación del consumo, la situación de las próximas campañas que vamos a hacer, el
papel de España ante Europa, el próximo convenio que vamos a firmar con Copolad, el resultado que ha tenido la Presidencia española con respecto a la posición de nuestro país tanto en cuestiones de oferta como de demanda, el respeto a la posición de
país en el esfuerzo y en lo pionero que ha sido en algunos momentos al llegar a conseguir un plan nacional de drogas como el que tenemos, que ha sido referente para muchos otros para iniciar un camino similar. Y también poder compartir con todos
ustedes la satisfacción de que próximamente se va a poner en marcha uno de los proyectos de cooperación internacional más ambiciosos que vamos a tener con respecto a drogas y que en su momento será presentado a esta Comisión, me refiero al proyecto
Copolad, que es un convenio de colaboración entre países europeos, como ustedes bien sabrán, y muchos países de América Latina. Son temas que desde luego nos tienen que llevar un tiempo de discusión, y todo lo que hemos visto, que es
importantísimo, como la gestión del fondo, pero el fondo por sí mismo, el plan nacional funcionando con el fondo por sí mismo, perdería un poco el sentido de la globalidad que tiene un Plan Nacional de Drogas, que tiene una intención importante. Y
la intención para mí, por lo que estoy viendo, es que, por un lado, todos los aspectos de Interior son vitales. Mejoremos, trabajemos sincronizados con Interior. Ustedes saben que el CICO no solo está en el mismo edificio, sino que está en el
corazón del plan nacional, pero con el Ministerio del Interior tenemos una perfecta y magnífica relación. Dudo de que las cifras sean contradictorias, pero tendremos que analizarlas si lo son. En cualquier caso, eso va a seguir.



Ahora tenemos que dar un paso, que yo considero muy importante, mejorando esa gestión y siguiendo con lo que ha hecho el plan nacional en los últimos años. Es el paso de intentar controlar datos que lamentablemente estamos viendo todos los
días en el avance de consumo en edades tempranas, en temas muy importantes como el alcohol, a qué destinan nuestros jóvenes el tiempo de ocio, y temas que creo que van a ser básicos en el trabajo a fondo de este plan en los próximos años. Cuento,
desde luego, con la complicidad, el trabajo y el esfuerzo de toda la comisión, y aunque sé que hoy no era el motivo de la comparecencia, no me resigno a dejar de pedir a todos los grupos parlamentarios, y también a nosotros mismos, el esfuerzo
añadido de imaginar y revolucionar nuestra propia forma de actuar en prevención y en atención a los jóvenes y adultos que en este momento están en una situación de riesgo de pasar a ser futuros consumidores estables. Es una llamada que quería hacer
aquí antes de acabar esta comparecencia y antes de acabar con las respuestas a las preguntas que ustedes me han hecho, porque me parece que va a ser un tema que va a necesitar una convocatoria rápida y muy precisa. Este año, cuando hablemos de las
bases de los convenios a firmar con comunidades autónomas, cuando hablemos de las bases de los acuerdos con ayuntamientos y también de los estudios científicos y los programas de I+D+i, espero que todos abordemos de forma global cuáles son
verdaderamente las prioridades que en este momento tenemos en este país, como algunos temas que de alguna forma no han sido los pioneros en materia de drogadicción en los últimos años, y creo que ahora tendremos que hacer un esfuerzo para incidir de
una forma más seria en ellos.



Nada más, señorías. Muchísimas gracias por su atención y les pido disculpas por aquellas cosas en las que les haya podido fallar o no responder. Les pido un poquito de paciencia y cuando me conozcan un poco más se darán cuenta de que,
entre otras razones, uno de los motivos que me hacen estar en política desde hace muchos años es la pasión y la ilusión por transformar las cosas, y creo que siempre es posible transformarlas. Esa ilusión me hace comprometerme al límite, y me
comprometo al límite siempre que tenga a mi lado a personas como ustedes.
En un sitio como este, el templo de la democracia, donde todos tenemos nuestra posibilidad de expresar lo que pensamos, pongamos nuestro granito de arena para mejorar la
sociedad española y para mejorar, en definitiva, de lo que hoy estamos hablando, que es la salud de nuestros jóvenes, de los hombres y mujeres de este país. Espero que el problema de la droga, que nunca se va a acabar -vamos a ser realistas-, por
lo menos lo amortigüemos y consigamos una calidad de vida para nuestra sociedad en mejores condiciones. Por mi parte, muchas gracias. Si me he dejado algo, señorías, quedo a su disposición. Disculpen por ser la primera vez.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Espí.



Hay un posible turno de intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. ¿Van a hacer uso de


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él? En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Gómez Santamaría.



La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Muchas gracias, presidenta.



Voy a intervenir brevemente. Simplemente quiero hacer un par de aclaraciones. Cuando yo me he referido a la presentación de una proposición no de ley por parte de este grupo parlamentario, lo hacía a una proposición no de ley que no tiene
nada que ver con la aprobada el 30 de junio de 2009, porque aquella proposición no de ley, que es la que ha dado lugar a la firma de este protocolo, se centra en dos cuestiones fundamentales y únicas. Por un lado, los bienes que son susceptibles de
que se pierdan o deterioren, como pueden ser los automóviles y las embarcaciones, y por otro lado los bienes de escaso valor, esos bienes que aconsejan su abandono o destrucción porque mantenerlos en depósito durante mucho tiempo no tiene ningún
sentido. La proposición no de ley que yo he anunciado hoy aquí que mi grupo parlamentario va a presentar tiene que ver, como muy bien ha explicado la señora delegada, con los inmuebles, única y exclusivamente con eso. Por lo tanto, no tiene nada
que ver con mejorar el protocolo que ya está aprobado y no tiene absolutamente nada que ver con la proposición no de ley aprobada en el año 2009.



Hecha esta aclaración, quería entrar en una afirmación que ha hecho el portavoz del Partido Popular que yo creo que tiene mucho que ver con ver la botella medio llena o medio vacía. Yo no puedo compartir lo de que en este país tengamos más
drogas y más mafia, no comparto esa afirmación que ha hecho el portavoz del Partido Popular, y que como consecuencia de tener más drogas y más mafia tenemos más incautaciones, porque si realmente no se hubiese hecho un esfuerzo por parte del
Gobierno en dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de más personal dedicado a la lucha contra el narcotráfico y de más medios, si este Gobierno tampoco hubiera hecho nada en el ámbito de la judicatura para poner a trabajar a más
personas y con más medios en este ámbito del narcotráfico -podríamos hablar de los fiscales Antidroga, que hay bastantes más, y de otro tipo de personal-, probablemente, si fuera cierta esa afirmación del señor Pintado -que yo digo que no lo es- de
que hay más droga y más mafia, tendríamos más droga, más mafia, pero menos incautaciones. Es decir, las incautaciones no tienen nada que ver con que tengamos más droga y más mafia, sino que tenemos más personal, mejor preparado y mejor dotado. Y
por eso, lógicamente, se producen más incautaciones.



Y la tercera cuestión a la que me quiero referir es a la de manifestar la satisfacción de mi grupo parlamentario por que desde el Fondo de bienes decomisados se apoyen o financien los programas de investigación en drogodependencias, y además
se haga en una cuestión que para nosotros es fundamental, en una cuestión de la que hemos hablado muchísimo en esta Comisión y en la que sin duda seguiremos hablando, como es el tema de alcohol y menores. Creemos que es un tema fundamental, un tema
que nos preocupa a todos y un tema en el que sin duda vamos a tener que redoblar esfuerzos. Por tanto, quede ahí esa satisfacción por parte de este grupo parlamentario.



Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pintado.



El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias.



Como diría el clásico, me hacen hablar. Yo he dado de paso una serie de datos, ustedes, ambas comparecientes, tanto la delegada como usted, han vuelto al tema que es competencia del Ministerio del Interior pero que aquí tratamos muchas
veces. Informe de Europol: 561 grupos de crimen organizado en España, de los cuales 462 se dedican al tráfico de drogas, el 82%; de ellos, solo 13 están formados por españoles, el 2,81%. Informe de Europol y del Observatorio Europeo de Drogas:
La pérdida de eficacia en España de 2005 a 2009 del Ministerio del Interior es del 32,5% en las cantidades decomisadas. Aumentan las detenciones, aumentan las denuncias, el número de decomisos, pero disminuyen las cantidades decomisadas, de
1.309.684 en 2005 a 883.774 en 2009. Son datos de Europol, del observatorio y de las propias memorias del Ministerio del Interior. Los datos se pueden dar y no sé si son opinables o no, en cualquier caso, es lo que nosotros ya denominamos la
teoría Rubalcaba, que todo va bien, todo va mejor, cada vez hay menos crimen en este país, y luego los datos no coinciden.



En uno de los aspectos que hemos tratado anteriormente he hecho referencia al artículo 374 en cuanto a la posibilidad de enajenación de los bienes decomisados. Decía el punto 2 de este artículo del Código Penal, que fue modificado por la
ley a la que anteriormente hice referencia: Los bienes decomisados podrán ser enajenados sin esperar el pronunciamiento de firmeza de la sentencia en los siguientes casos: Cuando el propietario haga expreso abandono de ellos. Cuando su
conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad públicas o dar lugar a una disminución importante de su valor o afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales. Se entenderán incluidos los que sin sufrir deterioro material
se deprecien por el transcurso del tiempo. Es decir, prácticamente todos. ¿Qué quiere decir? Que legalmente, desde el punto de vista legislativo, las modificaciones están hechas. Otra cuestión es que no se haya podido o no se haya sabido, o lo
que fuera. Y es lo que estamos denunciando nosotros, que no estamos planteando modificaciones legislativas que entendemos que para esto no son necesarias. Sabemos que hay dificultades y que no es sencillo, y anteriormente hemos hecho referencia al
asunto, pero lógicamente entendemos que la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas tiene bastante que decir al respecto, y esperemos que con la firma de este protocolo se pueda mejorar.



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Andalucía. Yo no sé si se ha podido o no se ha podido entregar algún bien, pero le leo el informe de la página 53: Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, informe de gestión 2009. Apartado:
incidencias con los depósitos de los bienes.
Entre otras consideraciones, dice: Hasta este momento los gastos de custodia y depósito de estos bienes son considerados gastos procesales y, consecuentemente, se hará cargo la Administración de
Justicia. Con carácter general, esta situación no ha producido problemas ni incidencias con los depositarios para la entrega de los bienes o los adjudicatarios de los mismos tras su correspondiente proceso de enajenación. Sin embargo, en 2009, han
surgido problemas con las empresas depositarias que trabajan en la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, con motivo de las deudas que ésta mantiene con aquellas. Esta situación, que se origina además en la
comunidad autónoma en donde más decomisos se producen, ha tenido como resultado que empresas afectadas rechazan la entrada de nuevos bienes, reclaman las deudas pendientes a la Delegación del Gobierno y podrían negarse a entregar los bienes
adjudicados a sus compradores. No sabemos si se han negado o no se han negado, nos gustaría aclarar este concepto, pero lógicamente ahí tenemos un problema. Y termina diciendo que por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
se ha puesto de manifiesto esta situación en la Delegación del Gobierno de Andalucía y en el Ministerio de la Presidencia, a fin de que intercedan para solucionar el conflicto. Es decir, que conflicto hay, porque no es un conflicto que se inventa
el Partido Popular. Anteriormente hacía referencia a que hay transparencia en este informe; la hay, hablan de un problema concreto que esperamos se haya podido solventar. Decía anteriormente que también se pongan los medios para dar solución a
este tema.



Y termino. Usted -y me parece que ha hecho lo correcto-, a solicitud de la portavoz del Grupo Socialista, nos ha informado del año 2010 en parte, lógicamente hasta donde puede. Confiamos en que dispondremos del informe de 2010 en su tiempo
oportuno y que contaremos con su presencia para abordarlo en profundidad. Yo entiendo que usted venga el primer día a ver un tema muy importante dentro del ámbito de las drogas como es el Fondo de bienes decomisados y que lógicamente quiera entrar
en otros aspectos, especialmente el de la estrategia. Yo lo que le quiero decir es que por parte de nuestro grupo no va a tener ningún inconveniente en venir cuantas veces usted lo considere oportuno, y seguro que por parte del resto de los grupos
tampoco, para abordar otras materias que lógicamente tienen una gran importancia para esta Comisión.



Nada más y muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.



Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos, tiene la palabra de nuevo la señora Espí.



La señora DELEGADA DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PNSD) (Espí de Navas): En principio, voy a responder a lo que decía la señora diputada del Grupo Socialista. Quiero insistir en que estaremos esperando a que presenten la
proposición no de ley porque me parece interesante.
Ojalá que en el tema de inmuebles pudiéramos llegar a un protocolo similar. Hecha la ley, luego hay que hacer los reglamentos. Los protocolos están para intentar evitar aquellos problemas que
existen cuando tienes que coordinar a distintos organismos, cuando tiene que ver con el Plan Nacional sobre Drogas, cuando está Justicia, cuando está Interior, porque ahí se crean unos problemas de coordinación que es lo que en definitiva hace el
protocolo, porque si fuera cosa nuestra y cruzáramos transversalmente todos los ministerios, juzgáramos al decomisado y tuviéramos el bien en nuestra mano, sería muy fácil, pero tenemos que respetar un recorrido. De ahí los protocolos. El cambio
de la ley está claro que se hizo en su momento precisamente para eso. Ojalá hubiera sido más ágil o pudiera ser más ágil, pero el protocolo se hace precisamente para poner de acuerdo a todas las administraciones. Estamos con la parte que no son
bienes inmuebles, con objetos o lotes que tienen que ver con coches, con barcos, joyas. Vamos a ir a la parte de inmuebles, al menos es lo que entiendo que decía la diputada del Partido Socialista. Por tanto, por nuestra parte, esperamos que en
esta comisión lleguen a un acuerdo -como casi siempre, por otro lado- para que estos temas avancen de forma mayoritaria.



En cuanto al tema de Andalucía, sinceramente, lo que a mí me manifiestan los compañeros es que no ha habido problema para sacar nada, que había problemas de liquidez, como en otras tantas comunidades autónomas. Yo me comprometo, si tiene
interés, señor diputado, a que desde nuestros servicios técnicos haremos un informe y se lo remitiremos directamente sin ningún problema, si es que lo ha habido. Lo que me han ratificado es que no hemos tenido ningún problema para sacar nada.



Yo coincido en lo que decía la diputada del Partido Socialista, en que se ha hecho un esfuerzo; se ha hecho un esfuerzo evidente en el crecimiento no solo de las plantillas, sino de los efectivos y en la formación de las personas que están
en este momento tanto en el sector de Interior, como puede ser la Policía o la Guardia Civil, y los que trabajan más de cerca en los temas de tráfico y crimen organizado. Es más, se han creado cuerpos especiales que se han puesto en coordinación
con un plan nacional. Yo creo que se ha avanzado de forma vertiginosa en los últimos años, y es un patrimonio de todos los ciudadanos de este país. Es verdad que estamos en una comisión parlamentaria en la que podemos decir todos claramente que a
lo mejor la ineficacia nos está llevando a tener un número de mafias importantísimo en nuestro país. No hay contradicción con los datos que está planteando en este caso el ministerio. Leeré detenidamente la intervención del señor Rubalcaba, de la
que de


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momento no tengo conocimiento, pero en ningún caso creo que entre en contradicción con lo que nosotros estamos planteando sobre el tema del tráfico. Porque mafias hay desde quien trafica con conservas, quien trafica con drogas, hasta quien
trafica con personas, y cuando se refieren a las mafias y al trabajo de Interpol no se están refiriendo exclusivamente al tema de la droga. Nosotros tenemos mafias en zonas importantes del litoral andaluz o en zonas del Mediterráneo que tienen una
vinculación con otro tipo de tráficos que lamentablemente existen y que no tienen nada que ver con la droga y no es lo que estamos valorando aquí.



En cualquier caso, estoy convencida de que el ministerio está poniendo toda la carne en el asador sobre estas mafias y está mejorando la situación con respecto a años anteriores. Y también le digo que estamos abiertos a verlo y sobre todo
con datos en la mano. Por los datos que nos pasan de la unidad científica de la Policía, del CICO, del grupo de personas que trabajan y están al tanto de todo lo que se hace en materia de control de la oferta y de toda la gente que está trabajando
en temas de blanqueo de capitales vinculados al tema del tráfico, desde luego el avance ha sido monumental. Y el nivel de recursos, por lo que me comentan y estoy viendo en la propia delegación, ha sido exponencial con respecto a los últimos años.
Y los resultados económicos del año 2010 ustedes los han visto, aunque hemos dado una cifra por encima, pero las cifras económicas van en incremento porque se ha trabajado, se ha gestionado mejor el tema del plan y porque realmente estamos siendo
mucho más ágiles también en la gestión. Esos 30 millones, aparte de que hay muchos más casos de incautaciones, no obedecen solo a que haya crecido exponencialmente el número de casos judiciales anuales o de denuncias anuales, no, tiene que ver con
el trabajo que han hecho la Policía, la Guardia Civil y la judicatura para llegar al fondo. Este año vamos a contar con 30 millones de euros, que no es una cifra baladí, casi 9 millones de incremento con respecto al año pasado, y esto yo creo que
sí tiene que ver con la gestión, desde mi punto de vista.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.



Terminado el orden del día, quiero agradecerle de nuevo a la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas su información y reiterarle nuestro deseo de muchos éxitos en su nueva responsabilidad.



Señorías, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Eran las dieciocho horas.