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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 56, de 28/04/2009
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2009 IX Legislatura Núm. 56
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL ARIAS CAÑETE
Sesión núm. 15
celebrada el martes, 28 de abril de 2009
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
De la diputada doña Soledad Becerril Bustamante, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:
- Previsiones sobre el cumplimiento del plazo de transposición de la Directiva de Servicios. (Número de expediente del Congreso 181/001227 y número de expediente Senado 683/000113.) ... (Página 2)
- Medidas para la colaboración en el proyecto europeo de justicia 'on line'. (Número de expediente del Congreso 181/001229 y número de expediente del Senado 683/000115.) ... (Página 3)
- Posición del Gobierno en relación con la propuesta de directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza. (Número de expediente del Congreso 181/001228 y número de expediente del Senado 683/000114.) ... (Página
4)
Comentarios enviados a la consulta pública sobre la propuesta legislativa relacionada con la estrategia de farmacovigilancia en la Unión Europea.
(Número de expediente del Congreso 181/001239 y número de expediente del Senado
683/000125.)... (Página 4)
- Medidas para el intercambio de información transfronteriza con respecto a los mecanismos de alerta pública ante el secuestro y abducción de menores. (Número de expediente del Congreso 181/001230 y número de expediente del Senado
683/000116.) ... (Página 8)
- Medidas acerca de los mecanismos de alerta pública ante el secuestro y abducción de menores. (Número de expediente del Congreso 181/001231 y número de expediente del Senado 683/000117.) ... (Página 8)
- Plazo de introducción del permiso único de residencia y trabajo previsto para ciudadanos extracomunitarios. (Número de expediente del Congreso 181/001232 y número de expediente del Senado 683/000118.) ... (Página
9)
- Medidas para la promoción de los valores europeos entre la población inmigrante. (Número de expediente del Congreso 181/001233 y número de expediente del Senado 683/000119.) ... (Página 10)
- Posición del Gobierno acerca de la introducción de datos biométricos en los pasaportes. (Número de expediente del Congreso 181/001234 y número de expediente del Senado 683/000120.).... (Página 10)
- Previsiones acerca de los recursos humanos y medios materiales necesarios para cumplir con el sistema europeo de ayuda y asistencia mutua en protección civil. (Número de expediente del Congreso 181/001235 y número de expediente del Senado
683/000121.) ... (Página 11)
- Motivo de la negativa de España a la propuesta de creación de la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas. (Número de expediente del Congreso 181/001236 y número de expediente del Senado 683/000122.) ...
- Contenido de la propuesta de creación de la Comisión Europea de la Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas. (Número de expediente del Congreso 181/001237 y número de expediente del Senado 683/000123.) ...
- Posición del Gobierno ante las tres propuestas de reforma con las que se pretende modificar el actual marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. (Número de expediente del Congreso 181/001238 y número de
expediente del Senado 683/000124.) ... (Página 15)
Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PREVISIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS. (Número de expediente del Congreso
181/001227 y número de expediente del Senado 683/000113.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la reunión de esta Comisión Mixta que se ha convocado para contestar una serie de preguntas, todas ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Comenzaremos por la pregunta número 1, relativa a las
previsiones sobre el cumplimiento del plazo de transposición de la Directiva de Servicios. Doña Soledad Becerril tiene la palabra y le contestará el secretario general para la Unión Europea, don Miguel Ángel Navarro Portera, a quien agradecemos su
presencia ante nosotros en esta Comisión para colaborar en la contestación a las respuestas de todas estas preguntas.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Hace unos días transmití al ministerio que no íbamos a formular esta pregunta, que iba a decaer, puesto que la transposición de esta directiva, las dos leyes derivadas de la necesidad de trasponerla, habían
entrado ya en el Congreso de los Diputados y, por tanto, no procedía.
El señor PRESIDENTE: Decae la pregunta.
DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL PROYECTO EUROPEO DE JUSTICIA 'ON LINE'.
(Número de expediente del Congreso 181/001229 y número de expediente del Senado 683/000115.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 2. Posición del Gobierno en relación con la propuesta de directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza. (Pausa.)
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor presidente, están llegando de la otra sala los diputados y senadores del grupo.
El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a pasar a la preguntas de telecomunicaciones. La primera es la número 4: Medidas para la colaboración en el proyecto europeo de justicia on line. Para su formulación tiene la palabra don José Manuel
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: La justicia on line es un conjunto de iniciativas tendentes a utilizar las nuevas tecnologías al servicio de la Administración de Justicia. La Comisión comunicó al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social una serie de proyectos.
Primero, la implantación del portal de justicia europeo, portal de justicia electrónica. Para su instalación consideraba necesarias tres acciones: el estudio de viabilidad y desarrollo del portal, la
instauración de los métodos de gestión y la puesta en línea de información de todas las lenguas de la Unión Europea. El desarrollo de este punto estaba previsto entre los años 2008 y 2011. El segundo proyecto, muy importante, era la interconexión
de los registros de antecedentes penales nacionales. Es fundamental, y más difícil de instrumentar, cual es la creación de un catálogo europeo de ciudadanos de Estados terceros que hayan sido condenados. El tercer proyecto era la interconexión de
los registros de insolvencia. Y el cuarto la utilización de la firma electrónica en el contexto judicial.
Señor secretario general, en este momento está tramitándose en esta Cámara el proyecto de ley de la nueva oficina judicial. La pasada semana comparecieron ante la Mesa y portavoces de la Comisión de Justicia catedráticos de derecho
procesal, representantes de las cuatro asociaciones judiciales de los colegios de procuradores, del Consejo General de la Abogacía y de las distintas asociaciones de secretarios judiciales. Es un proyecto de ley complejo, que modifica más de quince
leyes actualmente vigentes. Como usted conoce, uno de los graves problemas que atraviesa la justicia española es que, al transferir las competencias de medios materiales y parte de los medios humanos, cada comunidad autónoma estableció sistemas
informáticos diferentes difíciles de conciliar. Un ejemplo penoso de esa descoordinación informática fue el famoso caso Mari Luz. En vista de esta situación, ¿cómo ve el señor secretario general la posibilidad de que España se incorpore a tiempo a
todo ese proyecto europeo de la justicia on line que he descrito si el Consejo acordó lanzar el portal de justicia en red antes de diciembre de este año? Me gustaría conocer su apreciación sobre este tema.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario general tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): Señorías, en respuesta a la pregunta que acaba de ser formulada, me complace informar a la Comisión mixta Congreso-Senado que España está participando activamente en los
trabajos que se desarrollan en el marco de la Unión Europea en materia de justicia electrónica europea, de acuerdo con la estrategia y el Plan de Acción 2009-2013, que fueron aprobados en el año 2008 por el Consejo. Estamos convencidos de que uno
de los principales objetivos de un auténtico espacio europeo de Justicia consiste en mejorar la prestación de este servicio esencial a los ciudadanos y de que tanto la Comisión como los Estados miembros estamos comprometidos para desarrollar
gradualmente las ventajas y las posibilidades de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para facilitar el acceso de los ciudadanos a estos servicios.
Durante el primer semestre de 2010 y durante la Presidencia española se impulsará el Plan de acción de justicia electrónica como uno de los ejes prioritarios de la acción de la Presidencia. Como S.S. conoce, la Presidencia española está
fijando como uno de sus grandes ejes el desarrollo del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y, por tanto, tiene intención de agilizar al máximo la evolución de estos trabajos en el Consejo y en el Parlamento Europeo si, como esperamos, el
Tratado de Lisboa entra en vigor. Entre los objetivos de este Plan de Acción nos interesa principalmente evaluar la marcha de los trabajos, comenzar los trabajos sobre formación judicial en justicia electrónica y los trabajos sobre la firma y
notificación de actos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil.
En 2009, como conocerá S.S., finalizaron ya varias tareas, la interconexión de registros de antecedentes penales que se ha mencionado, la puesta en marcha del portal con acceso al público a finales de año y la videoconferencia interconexión
de los registros de insolvencia.
Asimismo, todavía se están poniendo en marcha otros proyectos que esperamos finalizarán en 2010, 2011 ó 2012, como la integración de Eulis, los registros inmobiliarios; la interconexión de EBR, los registros
comerciales; la orden europea de pago; la asistencia jurídica; el proceso monitorio europeo, o el sistema de traducción
y firma electrónica, y en 2011 comenzarán los trabajos sobre mediación, pago en línea de costas e interconexión de registros de últimas voluntades.
España viene participando activamente en el proyecto piloto para la interconexión de los registros de antecedentes penales junto con Francia y Alemania y asimismo tenemos la intención de explorar las posibilidades de participar con aquellos
otros socios que lo deseen en proyectos piloto de interconexión de registros mercantiles y del proceso de escasa cuantía que están abiertos a todos los Estados miembros. El carácter abierto del Plan de Acción nos permitirá también explorar otras
iniciativas, como la interconexión de los registros de seguros de vida que también aporten un beneficio especial para la ciudadanía.
En conclusión, España está firmemente comprometida con el desarrollo de una herramienta como la justicia electrónica que consideramos esencial para articular una justicia europea más moderna, más ágil y más eficaz al servicio del ciudadano y
que, como ya indiqué, intentaremos desarrollar al máximo aprovechando nuestra Presidencia rotatoria semestral del Consejo de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Albendea desea consumir un turno de réplica? (Pausa.)
El señor ALBENDEA PABÓN: No, señor presidente.
- DE LA SENADORA DOÑA LUZ ELENA SANÍN NARANJO, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA. (Número de expediente del Congreso 181/001228 y número de expediente del Senado 683/000114.)
- COMENTARIOS ENVIADOS A LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA LEGISLATIVA RELACIONADA CON LA ESTRATEGIA DE FARMACOVIGILANCIA EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso 181/001239 y número de expediente del Senado 683/000125.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas números 2 y 3, posición del Gobierno en relación con la propuesta de directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza y comentarios enviados a la consulta pública sobre la propuesta
legislativa relacionada con la estrategia de farmacovigilancia en la Unión Europea. Tiene la palabra la senadora doña Luz Elena Sanín Naranjo.
La señora SANÍN NARANJO: Señor secretario de Estado... (La señora Becerril Bustamante: Secretario general.)
El señor PRESIDENTE: No me lo ascienda tan rápidamente.
La señora SANÍN NARANJO: Perdónenme pero llegué un poco tarde. Discúlpenme todos.
Señor secretario general, esta pregunta es muy importante porque sienta las bases de cada Estado miembro en el sentido de que cada uno de ellos es responsable de los servicios sanitarios y la atención médica, y el objetivo principal de la
directiva que nos atañe es el de crear un marco comunitario que permita la atención transfronteriza para eliminar las barreras a la libre circulación por toda la Unión de todos aquellos pacientes que quieran obtener un servicio sanitario en un país
distinto al suyo. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el Consejo de la Unión para frenar los efectos negativos que pueda tener para el modelo sanitario español esta directiva, y cómo se adecuará el derecho individual del paciente de esa
libre circulación a ser beneficiario de los servicios sanitarios con ese derecho de cada uno de los Estados miembros a organizar el servicio sanitario como considere oportuno?
Es evidente que el espacio europeo de Sanidad se ha de asentar sobre los principios de universalidad y solidaridad para que todos los ciudadanos de la Unión tengan derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad segura y eficaz.
Evidentemente es un derecho que tienen todos los que se acercan a este país y es un derecho que tendremos todos los que nos acercamos a aquellos otros países que forman parte de la Unión. Sin embargo, algunos países podrían ver seriamente
perjudicado el modelo sanitario de la Seguridad Social, y entre ellos está España precisamente por ser un país turístico, de acogida de ciudadanos masivos de otros Estados miembros. Entiendo, señor secretario -salvo que sea un error por mi parte-,
que el Gobierno se ha venido oponiendo a esa directiva relativa a la asistencia transfronteriza sanitaria. Si estoy equivocada le ruego me saque del error pero, si me lo permite, en este mundo globalizado en el que cada vez reclamamos más Europa,
una Europa más cohesionada, la asistencia transfronteriza es un derecho de todos los ciudadanos de la Unión y también creo que debemos avanzar en un sistema sanitario más igualitario. Para mí lo preocupante no es esa asistencia transfronteriza
entre todos los países que conforman la Unión Europea, para mí lo más importante y quizá lo más grave es precisamente la asistencia transfronteriza de aquellos países limítrofres con la Unión Europea. Yo vengo de Ceuta, frontera sur de la Unión
Europea, donde diariamente tenemos personas de Marruecos sin derecho a la Seguridad
Social española y sin embargo vienen a ser asistidas en la ciudad. Se colapsa el único hospital civil que tenemos en funcionamiento, se colapsa la asistencia y los ceutíes tenemos que hacer largas colas en espera de que sean atendidos
aquellos otros que, en principio y entre comillas, no tendrían ningún derecho porque no pagan impuestos ni pagan Seguridad Social. Esta es una cuestión muy importante que el Gobierno tendría que acometer y resolver.
Otra cuestión también muy importante es por qué se pretende fortalecer esa asistencia transfronteriza sanitaria y, sin embargo, a los españoles que están trabajando en la parte norte de Marruecos cuando llegan a Ceuta, por razón de la
cercanía, el Ingesa desde hace un año les está negando asistencia sanitaria obligándoles a ir a su comunidad de procedencia, lo cual repercute en la economía no solamente del país sino también de ese ciudadano que requiere esos servicios tan
inmediatos. Para concluir en este aspecto, señor secretario general, quiero señalar que se está apoyando en demasía ese supuesto derecho -entre comillas- de ciudadanos no comunitarios que no pagan impuestos ni Seguridad Social en detrimento del
servicio sanitario de todos los españoles que estamos sufriendo esa burbuja de personas que cada día se acercan a la ciudad.
El problema de la farmacovigilancia es importantísimo porque la farmacovigilancia contribuye a prevenir, detectar y valorar los efectos adversos de la medicina y, como objetivo, la cuantificación, la identificación, la evaluación y la
prevención de los riesgos de uso de los medicamentos una vez comercializados. Mis preguntas en este aspecto, señor secretario general, son las siguientes. ¿Qué mecanismos tiene el Gobierno para la identificación, cuantificación, evaluación y
prevención de riesgos por el uso de los medicamentos? Los medicamentos pueden tener sus efectos adversos, y su financiación trae un alto coste al Estado. ¿Se puede cuantificar el coste que ha tenido para las arcas del Estado? Si un titular de la
autorización de comercialización posee dos medicamentos autorizados con igual principio activo y uno de ellos todavía no comercializado, ¿debe enviar a la Agencia Española del Medicamento el informe periódico de sanidad? ¿Es posible que un plan de
riesgo o su evaluación contemplen la necesidad de modificar la periodicidad de envío de los informes periódicos de seguridad? Si un medicamento es autorizado pero no comercializado en España y sí en otro país de la Unión Europea ¿se puede presentar
en España el IPS? ¿Cómo puede proceder el titular de la autorización de comercialización de un medicamento autorizado en España que ya no esté a tiempo de presentar el IPS de acuerdo a la fecha de armonización europea?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): He escuchado con atención su exposición. Hay algunos aspectos que sobrepasan el marco de la Unión Europea. He tomado nota de ello y daré traslado al Ministerio de
Sanidad y Consumo, que es la autoridad competente para responder con mayor autoridad que yo a esas preocupaciones que usted acaba de formular.
Voy a intentar responder a sus dos preguntas. En primer lugar, la asistencia sanitaria transfronteriza y la estrategia de farmacovigilancia en la Unión Europea. Con relación a la propuesta de directiva sobre asistencia sanitaria
transfronteriza, como usted conoce, el 2 de julio de 2008 la Comisión hizo pública su propuesta de directiva sobre la aplicación de los derechos de los pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza y unos días después el entonces ministro de
Sanidad y Consumo envió una carta a la comisaria de Sanidad en la que le manifestaba una reserva general por parte del Gobierno a la citada propuesta de la Comisión. En esa carta se recordaba al mismo tiempo a la comisaria que a principios de 2006
la Comisión decidió que los servicios de salud no quedaban incluidos en la directiva de servicios de interés general. También se le dijo a la comisaria que España estuvo de acuerdo con aquella decisión por la que se apoyó en su día la elaboración
de una directiva específica sobre servicios de salud. Considerábamos entonces, y lo seguimos haciendo ahora, que este es el mejor modo de hacer frente a buena parte de los retos que han de afrontar los sistemas de salud de los Estados miembros,
incluidos los derivados de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
En todo caso, España ha sido siempre parte activa en la elaboración de algo que consideramos muy importante, que son los principios y valores comunes de los sistemas de salud de la Unión Europea adoptados en junio de 2006 por el Consejo de
la Unión y que son coincidentes con la naturaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud, sistema que, por cierto, ha ofrecido muy buenos resultados a los ciudadanos y es uno de los sistemas referentes en el marco de la Unión Europea. Considerábamos,
y lo seguimos haciendo, que estos valores y principios comunes establecen una buena base para partir hacia la elaboración de una directiva de Servicios de Salud. Lo hemos reiterado en nuestra respuesta a la consulta sobre la iniciativa de cuidados
transfronterizos que lanzó la Comisión también en 2006. Por ello señalábamos que la futura directiva europea sobre Servicios de Salud debería abordar, entre otras cuestiones, el establecimiento de sistemas comunes de información de salud, los
mecanismos de coordinación eficaces en el caso de alertas y emergencias sanitarias, condiciones generales en las que se autorizan y acreditan los centros y establecimientos sanitarios en la Unión Europea, con especial atención a la designación de
centros, servicios y unidades de referencia de carácter europeo; la consideración singular de la prestación farmacéutica de las
oficinas de farmacia; los criterios generales comunes para la elaboración de programas nacionales de calidad y seguridad; una serie de iniciativas porque creíamos entonces y seguimos creyendo que enfocar de esta manera la propuesta de la
directiva permitiría reforzar el trabajo de los sistemas de salud, respetando las competencias de los Estados miembros, y al mismo tiempo tendría el valor añadido de enviar un claro mensaje a los ciudadanos de que tanto la Unión Europea como los
Estados miembros estamos decididos a trabajar por la mejora de la calidad y la equidad de la atención sanitaria.
La propuesta de directiva que hizo pública entonces la Comisión no satisfacía esta expectativa. Ese era el principal problema y el origen de la carta del entonces ministro de Sanidad y Consumo. Pero nuestra reserva se basaba también en el
hecho de que la propuesta de la Comisión no aseguraba la información necesaria para que los pacientes tomen decisiones suficientemente informadas ni garantías de calidad exigibles a los servicios para que también los pacientes tengan acceso a unos
servicios de calidad equitativa. También considerábamos que la propuesta de directiva invadía competencias exclusivas de los Estados miembros y podía generar de algún modo inequidades entre unos pacientes y otros. Por ello, España, como otros
Estados miembros, tiene organizados sus servicios de salud de financiación pública de modo tal que con carácter general no se reconoce el derecho al reembolso de la asistencia sanitaria programable fuera de los mismos. Es un elemento importante.
Por tanto, introducir este derecho para una minoría de pacientes, es decir, los que son atendidos en otros Estados miembros, podría generar desigualdades con la gran mayoría de los pacientes, y extenderlo a todos los pacientes obligaría a
reorganizar el sistema sanitario español sobre bases muy distintas a las que se sustenta y sobre las que ha venido funcionando desde hace tiempo, en concreto desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986. Hemos considerado siempre que
esta cuestión es de la competencia exclusiva del Reino de España, y así lo venimos manifestando en las instancias del Consejo. Por otra parte, las relaciones entre la legislación comunitaria sobre Seguridad Social que es de aplicación a la atención
sanitaria y la propuesta de directiva no están, a nuestro juicio, bien resueltas. De ahí nuestra inquietud, porque entendemos que afecta a cuestiones como cuál es la población efectivamente cubierta, el tipo de cuidados que se incluyen, los
procedimientos de autorización previa, el establecimiento y la publicidad de las tarifas o los mecanismos de reembolso. Muchos de estos aspectos acaban de ser recientemente regulados, como S.S. conoce, por los reglamentos comunitarios de Seguridad
Social. Si las relaciones entre lo que se pretende regular en la nueva directiva y lo establecido en estos reglamentos no quedan bien resueltas, creemos que podrían generarse más problemas que ventajas y se incrementaría de este modo incluso la
inseguridad jurídica en un tema muy sensible para la ciudadanía, así como para las propias instituciones comunitarias. Por ello consideramos que los Estados miembros deben poder disponer de mecanismos transparentes y no discriminatorios de
autorización previa de los tratamientos programados que vayan a ser prestados en otro Estado miembro sin que su diseño y aplicación puedan ser continuamente revisados.
Otra cuestión relevante con relación a la directiva es el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro Estado miembro, que plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos. Para España este es un tema de
importancia mayor tanto por razones sanitarias y en defensa de los derechos de los pacientes como por su potencial impacto económico sobre los sistemas de salud que pueden ser muy importantes. Desde que la Comisión hizo pública su propuesta el
Consejo ha venido trabajando, tanto bajo Presidencia francesa como ahora bajo Presidencia checa, para buscar un texto de consenso, porque nuestra preocupación no era la única de un Estado miembro sino que era compartida por otros Estados miembros.
En ese sentido, hemos venido participando en estos trabajos de la Presidencia con un espíritu constructivo para encontrar ese consenso, pero no ha sido posible. Hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo ha elaborado una propuesta de
compromiso de la directiva que difiere de la propuesta de la Comisión también en aspectos claves importantes. La propuesta del Parlamento tampoco satisface los requisitos que el Gobierno de España considera debe reunir una directiva de esta
naturaleza, de ahí que tengamos también dificultades con la propuesta del Parlamento Europeo. No obstante, pensamos que quizás en los meses venideros sea necesaria una tarea de acercamiento de posiciones entre Consejo, Parlamento y Comisión y, en
todo caso, seguiremos contribuyendo activamente para intentar lograr este compromiso, porque consideramos que este ámbito de regulación es muy importante. En resumen, nuestra posición tiene como objetivo esencial contribuir a que finalmente
tengamos en Europa una directiva de atención sanitaria transfronteriza pero que responda a las necesidades de los ciudadanos tanto en clave de ciudadanía como de progreso. Para ello se exige que en la directiva se contemplen garantías ciertas que
permitan asegurar una adecuada información que aumente la seguridad jurídica de los distintos actores involucrados y que se respeten las competencias de los Estados miembros, así como el fomento de la calidad asistencial. Este es otro de los
grandes objetivos de esta directiva. Puede que no sea fácil pero tampoco pensamos que no sea posible. Vamos a seguir trabajando y esperemos que, tanto durante la Presidencia sueca como durante nuestra futura Presidencia, podamos hacer posible que
esta propuesta vea la luz con estos elementos que acabo de señalar a S.S.
En cuanto a la consulta pública sobre la propuesta legislativa relacionada con la estrategia de farmacovigilancia
en la Unión Europea, aquí también -como S.S. conoce- en 2006, la Comisión realizó una consulta pública amplia sobre los sistemas comunitarios de farmacovigilancia cuyos resultados se publicaron en febrero de 2007 y después se elaboró sobre
esa base una propuesta legislativa que de nuevo se sometió a consulta pública a finales de 2007. La propuesta incluye una directiva y un reglamento que establecen, respectivamente, un código comunitario sobre medicamentos para uso humano y unos
procedimientos comunitarios para la autorización y control de estos medicamentos para uso humano y veterinario y también, por la que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. La valoración inicial de esta propuesta por el Gobierno, que envió sus
comentarios en febrero de 2008 -es decir, unos meses después- es positiva en la medida en que entiende el Gobierno que estas propuestas actualizan y refuerzan las bases legales de la farmacovigilancia, que era un aspecto que hacía falta cubrir en el
marco regulatorio europeo. Especialmente relevante para nosotros es el impulso de la farmacovigilancia proactiva, de manera que se materialice en la planificación de estudio farmacoepidemiológicos, que era un aspecto prácticamente inexistente en la
normativa comunitaria vigente y que constituye un paso muy importante para conseguir una mayor eficiencia en la comunicación de los casos individuales de reacciones adversas. En este sentido, también en 2007, se publicó el Real Decreto 1344/2007
que regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y en el que ya se incluye esta nueva aproximación europea y se asigna, en consecuencia, a la Agencia Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios la función de promover la creación de
bases de datos sanitarios informatizadas que sirvan como fuente de información para la realización de estudios farmacoepidemiológicos, con la participación de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y de los profesionales sanitarios.
No obstante esta apreciación general, se han planteado a la Comisión diversas observaciones relativas fundamentalmente a los siguientes aspectos. Hay dos principales. Uno es la composición del Comité Consultivo de Farmacovigilancia en el que
estamos defendiendo que estén presentes todas las agencias nacionales de medicamentos y no solo las diez que prevé la agencia. Y todo ello debido a la responsabilidad que todos los Estados miembros tenemos ante nuestros ciudadanos en materia de
garantías de seguridad de los medicamentos presentes en el mercado, así como la necesidad de todas las agencias nacionales de garantizar la transparencia y la información a nivel nacional. Esta posición, además, está siendo fuertemente respaldada
por la práctica totalidad de los Estados miembros.
El segundo aspecto importante es el procedimiento de envío y método de análisis de las sospechas de reacciones adversas, especialmente por lo que se refiere al papel de la agencia europea y a la base de datos centralizada europea, puesto que
el modelo propuesto por la Comisión no encaja fácilmente con nuestro sistema descentralizado en las comunidades autónomas de notificación de sospecha de reacción adversa. De ahí nuestra dificultad con el sistema propuesto. Ha habido otras
apreciaciones: la definición y ampliación del concepto de reacción adversa; la selección de productos a incluir en la lista; los procedimientos de gestión y evaluación de informes periódicos de seguridad; los procedimientos de comunicación de
problemas de seguridad, etcétera, pero lo importante es que, respecto al contenido concreto de los comentarios, el informe detallado del Gobierno, que envió en su día a la Comisión, está disponible en la página web de la Comisión Europea y, por lo
tanto, S.S.
podrá tener conocimiento mucho más preciso de cuáles fueron los comentarios y de la posición del Gobierno de España.
Para terminar quiero destacar la importancia de que las observaciones del Gobierno español hayan tenido una acogida muy favorable por parte de los demás Estados miembros. Esto se ha visto reflejado en la reunión de posicionamiento general
de febrero de este año. Por lo tanto, nos sentimos suficientemente respaldados en el seno del Consejo para seguir defendiendo estas posiciones.
El señor PRESIDENTE: Señora Sanín, si quiere volver a intervenir, tiene la palabra.
La señora SANÍN NARANJO: Señor secretario de Estado... (La señora Becerril Bustamante: No, secretario general.) Siempre me equivoco. Perdón.
Voy a hacer simplemente dos valoraciones. Repito que, como ciudadanos que somos todos de la Unión Europea, debemos exigir esa asistencia sanitaria en cualquier Estado miembro en el que nos encontremos. Si no es suficiente el modelo
sanitario español para atender a toda aquella gente que viene -y por eso se llama turismo sanitario-, creo que se deben acometer medidas que refuercen el sistema sanitario español para que pueda dar una respuesta rápida y eficaz a todos aquellos
ciudadanos que transitoriamente pasan por este país. Pero siempre y cuando no se mermen los derechos de los ciudadanos españoles, que no tengan que posponer o posponérseles ese derecho en aras al reconocimiento de esa asistencia sanitaria de
quienes nos visitan de forma esporádica.
Ya que el señor secretario general me ha dicho que aunque no se tratase de un tema comunitario se encargaría de trasladarlo, voy a abusar de su confianza y le voy a rogar que traslade también esta circunstancia que se está presentando en
Ceuta, porque creo que a largo plazo va a ser muy delicado de cara a los intereses de España en general. ¿Por qué razón? Porque muchas mujeres embarazadas del norte de África van a dar a luz a Ceuta. ¿Qué ocurre? Que ya tienen un hijo nacido en
España y se quedan clandestinamente en la ciudad, consolidando derechos que más tarde o más temprano van a solicitar. Esa es una situación que el Gobierno tiene
que mirar muy concienzudamente, para tratar de atacar o de evitar esas circunstancias, que nos afectan a todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): Simplemente quiero decir que he tomado nota de estas preocupaciones y, como ya le indiqué, las transmitiré al Ministerio de Sanidad y Política Social con muchísimo gusto.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO FERRANDO SENDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE: MEDIDAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRANSFRONTERIZA CON RESPECTO A LOS MECANISMOS DE ALERTA PÚBLICA ANTE EL SECUESTRO Y ABDUCCIÓN DE
MENORES. (Número de expediente Congreso 181/001230 y número de expediente Senado 683/000116.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO FERRANDO SENDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS ACERCA DE LOS MECANISMOS DE ALERTA PÚBLICA ANTE EL SECUESTRO Y ABDUCCIÓN DE MENORES. (Número de expediente Congreso 181/001231 y
número de expediente Senado 683/000117.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 5, medidas para el intercambio de información transfronteriza con respecto a mecanismos de alerta pública ante el secuestro y abducción de menores tiene la palabra la diputada doña
Amparo Ferrando Sendra.
La señora FERRANDO SENDRA: Si el presidente está de acuerdo, podríamos unir la 5.ª y la 6.ª pregunta, puesto que ambas van referidas al intercambio de información transfronteriza y a las medidas acerca de los mecanismos de alerta pública
ante el secuestro y abducción de menores.
El señor PRESIDENTE: Bien. Formulación conjunta de ambas preguntas, la 5.ª y la 6.ª, y le agradezco la economía de tiempo que esto puede generarnos.
La señora FERRANDO SENDRA: Señor secretario general, el Consejo de la Unión Europea ha manifestado en reiteradas ocasiones, por un lado, su determinación para que la protección de menores constituya una de las prioridades de la Unión
Europea y de los Estados miembros y, por otro, el interés en desarrollar mecanismos de alerta para el público en general en caso de secuestros de menores en circunstancias que además supongan un riesgo grave para la seguridad. Todas estas medidas
tienen que ir dirigidas y desarrolladas en dos aspectos, tanto en la dimensión de tragedia personal como en la enorme alarma social que generan. Todos sabemos que en estos momentos se están llevando a cabo iniciativas por determinados Estados
miembros en interés de los menores, pero a veces existen problemas con el tema de las fronteras, puesto que puede comprometerse la eficacia de los mecanismos nacionales de alerta en caso de secuestro en una zona fronteriza. También hay que tener en
cuenta la diversidad de los sistemas nacionales de los Estados miembros, que es lo que nos lleva a que no se pueda definir un sistema uniforme a escala de la Unión Europea. Sí que es necesario, desde luego, compatibilizar los diferentes sistemas
nacionales para hacer extensivos a otros Estados miembros los efectos de alerta que se activan en un Estado. Es necesario, además, que la regulación sea lo más perfecta y previsora posible y que suponga un gran ejemplo para transmitir al ciudadano
cómo Europa realmente vela por materias que le preocupan y no por entelequias que a veces consideramos lejanas. Y usted sabe que el tema ha sido incluido en las reuniones de los ministros de Justicia que se celebraron en Lisboa y Cannes el pasado
mes de julio.
A mi grupo le gustaría saber por todo lo anteriormente expuesto la opinión del Gobierno, señor secretario. Porque, tanto en las conclusiones del Consejo como en las recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros, lo que se establece
es una serie de buenas prácticas y de posibilidades de colaboración y a nosotros nos interesaría saber en estos momentos cómo se están realizando esas actividades en España, es decir, saber cuál es el mecanismo de alerta y su procedimiento en
España, así como su traslación a la colaboración transfronteriza.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): Efectivamente, estoy plenamente de acuerdo con lo expuesto por S.S. en el sentido de que este es un problema grave. Prueba de la sensibilidad y del carácter prioritario
que concedemos a la protección de menores es que en el marco del programa de la futura Presidencia española se ha dado una importancia fundamental al refuerzo de la protección de las minorías, especialmente de las más débiles, en el marco de la
Unión Europea. Es un aspecto sobre el que queremos trabajar profundamente a lo largo de nuestra Presidencia, junto con la igualdad de género y protección de mujeres; entra dentro de esta línea. Como consecuencia de ello, venimos trabajando
activamente en el seno de la Unión Europea en relación con la cuestión concreta del establecimiento de sistemas de alerta pública ante el secuestro de menores, ya como aspecto específico de protección de menores. Como consecuencia de estos trabajos
-además de los consejos que citó S.S.- también
cabe recordar que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, el Consejo JAI, del 27 y 28 de noviembre de 2008, acordó instar a los Estados miembros a introducir y desarrollar mecanismos nacionales de alerta para el público en general en
caso de secuestro de menores (El señor vicepresidente, Sáez Jubero, ocupa la Presidencia.) y también a establecer modalidades de aplicación a escala nacional que permitan una activación transfronteriza de los sistemas nacionales, que era lo que
estaba faltando en el sistema.
A nivel nacional, nuestro Ministerio del Interior ha promovido la creación de una base de datos de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, en cuyo desarrollo están colaborando activamente las Fuerzas de Seguridad del Estado,
especialmente el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra, y que va a entrar en funcionamiento en los próximos meses. Esto permitirá un cotejo automático de los datos del
desaparecido con los de los cadáveres encontrados que todavía no hayan podido ser identificados, contribuyendo a la resolución de muchos casos de desapariciones. A tal fin, el secretario de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción, la 1/2009,
sobre actuación policial ante la desaparición de menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo, con la finalidad de normalizar, protocolizar y coordinar la actividad policial en la investigación y resolución de los casos de desaparición de
personas, que incluyen el desarrollo de nuevas medidas de cooperación tanto entre los distintos cuerpos policiales como entre las administraciones públicas y otras organizaciones de carácter público o privado, en especial los medios de comunicación
cuya participación resulta obviamente imprescindible para la eventual difusión, cuando resulte oportuno a los intereses de la investigación, de avisos, alertas o peticiones de colaboración a la población. La Secretaría de Estado de Seguridad está
trabajando también en el diseño -y aquí viene la respuesta específica a su pregunta- de un sistema de alerta por desaparición de alto riesgo que se llama Sadar, similar al sistema Amber, que existe en Estados Unidos, o al sistema Alerte Enlèvement,
en Francia, que, una vez que esté operativo, permitirá a requerimiento de los responsables de la investigación policial, la emisión de alertas y llamamientos de colaboración a la población en los casos de desapariciones de alto riesgo en los que tal
mecanismo se considere necesario y donde se incluyen, entre otros, los casos de secuestro de menores. En breve se van a iniciar también contactos con los medios de comunicación, las plataformas tecnológicas, organizaciones o estructuras con
capacidad consolidada de transmisión de mensajes a la sociedad, para promover la suscripción de los acuerdos y convenios correspondientes que hagan posible el funcionamiento del nuevo sistema.
Con ello confiamos en que se pueda dar un paso adelante
importante en la solución de este importante problema.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO FERRANDO SENDRA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL PLAZO DE INTRODUCCIÓN DEL PERMISO ÚNICO DE RESIDENCIA Y TRABAJO PREVISTO
PARA CIUDADANOS EXTRACOMUNITARIOS.
(Número de expediente del Congreso 181/001232 y número de expediente del Senado 683/000118.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Pasamos a la 7.ª pregunta prevista en el orden del día: Plazo de introducción del permiso único de residencia y trabajo previsto para ciudadanos extracomunitarios. ¿Quién toma la palabra? (Pausa.)
La señora FERRANDO SENDRA: Señor secretario general, ahora tratamos sobre el tema del permiso único de residencia y trabajo previsto para todos los ciudadanos no europeos. Sabemos además que en estos momentos, considerando el tiempo que
pasa desde que se presentan las preguntas hasta el momento de su debate en Comisión, o de su accesibilidad a la secretaría general en este caso, se está discutiendo una propuesta de directiva que ya ha superado en este momento el trámite de informe
parlamentario y que, según el último Consejo, celebrado en el mes de abril, está a punto de aprobarse. Mi grupo, lógicamente, está de acuerdo con la propuesta de establecer un procedimiento único de solicitud de un permiso que autorice a los
nacionales de terceros países tanto a residir como a trabajar en el territorio de un Estado miembro, pero también con que a la vez se establezca un conjunto común de derechos para los trabajadores de estos terceros países que residan legalmente en
el Estado miembro.Yo distinguiría dos cosas: por un lado, el tema de la solicitud y, por otro, el de los derechos. La propuesta tiene una finalidad clara, establecer un sistema de ventanilla única, un sistema o un procedimiento de solicitud que
sea más sencillo, más corto, más rápido, tanto para el empleador como por supuesto para el inmigrante. Es cierto que esta propuesta no se recoge en las condiciones, puesto que eso es competencia de los Estados miembros, pero debe establecerse una
serie de garantías para la tramitación de las solicitudes de empleo y algunas de ellas pueden ser el acceso a la información sobre los documentos que se han de adjuntar. Decía que distinguía dos cosas: la solicitud y los derechos. En cuanto a los
derechos, es evidente que los nacionales de terceros países que trabajan legalmente en la Unión Europea contribuyen a la prosperidad de la economía europea, de la misma manera que los ciudadanos comunitarios. Por eso también se les deben conceder
los mismos derechos socioeconómicos fundamentales y equivalentes a aquellos de los cuales se benefician los ciudadanos de la Unión Europea.
Finalizo, señor presidente, señor secretario general, diciendo que a mi grupo le gustaría conocer su opinión acerca del plazo para introducir, como dice la pregunta, el permiso único de residencia y de trabajo.
Estamos totalmente de acuerdo
con la propuesta de directiva y además nos congratulamos, porque parece que por fin hay ya una política de inmigración común, y lamento decirle que es tras los sucesivos hitos del Gobierno del Partido Socialista, donde se ha demostrado lo que no
debería ser en política de inmigración, como la famosa regulación Caldera que se hizo. Por tanto, en estos momentos nos congratulamos -repito- de esta propuesta de directiva y de que sea aprobada en breve.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Tiene la palabra el señor secretario general para contestar a la pregunta.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): Como ha señalado S.S., se trata de una propuesta que se encuentra en trámite avanzado de negociación en el Consejo. Efectivamente, establece un procedimiento único para
solicitar el llamado permiso único, que autoriza a los nacionales de países terceros a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, así como un conjunto común de derechos para los trabajadores de estos países que residen legalmente en
un Estado miembro, lo cual se enmarca, como S.S. sabe, dentro del programa del grupo de trabajo migración y expulsión en su formación migración, junto con la propuesta de directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de
nacionales de países terceros para fines de empleo muy cualificado. La propuesta, que fue presentada en enero de 2008, se inscribía también dentro del marco de la política global de inmigración y con el fin de cumplir diversos mandatos políticos
recibidos por el Consejo, entre otros la adopción de cinco propuestas legislativas en materia de inmigración y trabajo.
La Comisión señaló en su momento que desde el Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, estaba buscando asegurar un tratamiento justo a los nacionales de los terceros países, garantizándoles, como señalaba S.S., unos derechos y
obligaciones iguales a los del resto de los ciudadanos de la Unión, derechos socioeconómicos similares a los de los ciudadanos de la Unión, y con ello cerrar algunas lagunas en materia de derechos que seguían persistiendo y que protegían a los
ciudadanos comunitarios de competencias desleales simplificando procedimientos y mejorando el control. El objetivo real de esta propuesta de directiva es doble. Por un lado, introducir un procedimiento único de admisión y expedición de un permiso,
que también es único, como veíamos, y, por otro, reconocer un conjunto de derechos a los trabajadores extranjeros residentes legales en la Unión Europea, por lo que se considera una directiva marco en materia de derechos. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.) El estado actual de tramitación ha tenido un iter. Desde la Presidencia eslovena ha habido varias reuniones, después otras tres en Presidencia francesa y finalmente el pasado 10 de diciembre tuvo lugar la última reunión a nivel de
consejeros JAI sobre esta directiva y la Presidencia francesa, como recordará S.S., elaboró un documento consolidado, en el que traspasaba la situación de la negociación a la siguiente Presidencia, a la actual Presidencia checa. Pero aquí hemos
tenido un problema y es que la actual Presidencia checa ha venido a dejar de lado en gran medida el texto de compromiso de diciembre de la Presidencia francesa, que nosotros apoyábamos, y ha propuesto otro texto de consenso, que fue visto en el
Consejo JAI del 6 de abril pasado, el cual comporta un elemento de preocupación importante, puesto que restringe drásticamente el ámbito de aplicación de la directiva al permitir que solamente se aplique el catálogo de derechos a los titulares de un
permiso único que haya sido expedido de acuerdo con el procedimiento de solicitud único que establece la directiva.
Ante esta propuesta modificada de la Presidencia checa, un tanto sorprendente, nosotros, en línea con la posición de la Comisión Europea y de la mayoría de los Estados miembros, nos pronunciamos en contra y solicitamos volver al consenso que
se alcanzó bajo Presidencia francesa en diciembre. Se sigue trabajando sobre ello y confiamos en que volvamos a ese consenso incipiente de diciembre y que podamos adoptar la directiva en un plazo razonable, de manera que -y respondo a su pregunta-
tan pronto como se adopte la directiva y conozcamos el plazo de transposición, que todavía está por decidir, podamos iniciar la puesta en marcha del mecanismo para su transposición a la normativa española y su pronta incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el plazo de transposición y las modificaciones normativas que habrá que introducir en nuestra legislación, evidentemente.
DEL SENADOR DON LUIS PERAL GUERRA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
- MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES EUROPEOS ENTRE LA POBLACIÓN INMIGRANTE. (Número de expediente del Congreso 181/001233 y número de expediente del Senado 683/000119.)
POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA INTRODUCCIÓN DE DATOS BIOMÉTRICOS EN LOS PASAPORTES. (Número de expediente del Congreso 181/001234 y número de expediente del Senado 683/000120.)
PREVISIONES ACERCA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL SISTEMA EUROPEO DE AYUDA Y ASISTENCIA MUTUA EN PROTECCIÓN CIVIL. (Número de expediente del Congreso 181/001235 y número de expediente del Senado
683/000121.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8, medidas para la promoción de los valores europeos entre la población inmigrante. Tiene la palabra el senador don Luis Peral. ¿Va a acumular alguna más?
El señor PERAL GUERRA: Sí, señor presidente. Con su permiso tenía previsto agrupar la 8.ª, la 9.ª y la 10.ª
El señor PRESIDENTE: Así lo haremos y se lo agradecemos.
Tiene la palabra para formular las tres preguntas números 8.ª, 9.ª y 10.ª
El señor PERAL GUERRA: Señor secretario general, le voy a enunciar en primer lugar las preguntas y luego espero su contestación. Qué medidas se van a adoptar para la promoción de los valores europeos entre la población inmigrante; la
posición del Gobierno acerca de la introducción de datos biométricos en los pasaportes y, finalmente, las previsiones acerca de los recursos humanos y medios materiales necesarios para cumplir con el sistema europeo de ayuda y asistencia mutua en
protección civil.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): Con relación a la primera pregunta formulada por S.S., es decir, la relativa a las medidas previstas por el Gobierno para la promoción de los valores europeos entre la
población inmigrante, que evidentemente es un asunto de gran importancia en el marco de la política de integración social europea que intentamos desarrollar y consolidar, debo señalar a S.S. que la política del Gobierno en materia de integración de
los inmigrantes se encuentra ya enunciada en el Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010, que define -y es nuestro marco de referencia- el marco de cooperación en el que puedan encuadrarse de manera coherente las iniciativas en esta
materia, tanto por parte de las administraciones públicas como de la sociedad civil en su conjunto. El concepto de integración sobre el que se está construyendo esta política se basa en el establecido también en los principios básicos comunes para
las políticas de integración de los inmigrantes de la Unión Europea, que fueron aprobados por el Consejo en noviembre de 2004, por tanto, hace ya prácticamente cinco años, y que concibe la integración como un proceso bidireccional y dinámico, de
ajuste mutuo, y que implica -y esto es lo importante- el respeto de los valores básicos de la Unión Europea. A ello van dirigidos los esfuerzos a nivel de la Unión. Uno de los objetivos generales establecidos es fomentar entre los inmigrantes el
conocimiento y el respeto de los valores comunes de la Unión Europea y, por consiguiente, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos son valores que deben
impregnar todas las acciones que se realicen en materia de integración. Por tanto, estamos hablando de una serie de valores o principios transversales, que deben estar presentes en cada uno de los aspectos de la implementación de esta política.
La gestión del plan estratégico, por su parte, se materializa con la puesta en práctica de diversos instrumentos que también son aplicados por las administraciones autonómicas y locales o por asociaciones o entidades no gubernamentales. En
concreto, cabe destacar dos, que son particularmente importantes: el primero es el Fondo de ayuda a la acogida y a la integración de los emigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos, y el segundo son las subvenciones a los agentes
sociales y a las ONG. (El señor vicepresidente, Sáez Jubero, ocupa la Presidencia.) El primero, el fondo, establece relaciones de cooperación con las comunidades autónomas con el objeto de que estas puedan realizar actuaciones en materia de
acogida, integración y refuerzo educativo de los inmigrantes, para lo que se les asigna una dotación presupuestaria de acuerdo con una serie de criterios objetivos de distribución. Además, a través de las subvenciones se fomenta la realización de
programas que favorezcan también la integración sociolaboral de las personas inmigrantes, en esta ocasión a través de la participación de la sociedad por medio de las asociaciones y entidades sociales. Finalmente, a través de los programas de
acogida, empleo, sensibilización o fomento de la participación, que están diseñados también al amparo de los dos instrumentos anteriores, se ofrecen herramientas adicionales que facilitan la incorporación de los inmigrantes a la sociedad de acogida,
en la que los valores europeos no pueden dejar de estar presentes, ya que son coincidentes con los valores que propugna nuestro propio ordenamiento jurídico.
Con relación a la segunda pregunta formulada por S.S. acerca de la introducción de datos biométricos en los pasaportes, en primer lugar quiero decirle algo que ya conocemos y es que el pasaporte español actual se corresponde con el
pasaporte del modelo uniforme que se aprobó por los Estados miembros de la Unión Europea y que se encuentra, por tanto, sujeto a las resoluciones que han sido adoptadas con relación a este documento, por lo que está perfectamente en línea con el
mismo. El 13 de diciembre del año 2004 se aprobó el Reglamento (CE) 2252/2004, del Consejo, sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los
Estados miembros y sobre la base de este reglamento aprobamos la inclusión en los pasaportes españoles de un soporte de almacenamiento que tenía que contener una imagen facial y la impresión dactilar del titular del documento y se
establecieron unos plazos para ello. El primero, para la imagen facial, fue el de 28 de agosto de 2006, y se ha cumplido, y para la dactilar finaliza el 28 del próximo mes de junio y se confía también, con la incorporación de un nuevo chip más
desarrollado, poder incorporar este segundo tipo de datos.
La pregunta de S.S. se circunscribe más a los datos biométricos, pero también conviene quizá señalar que, con carácter previo al mandato de la Unión Europea, el Gobierno ya inició la inclusión de esta información en el Documento Nacional de
Identidad, puesto que constituye también un documento de viaje y por tanto había que realizar un esfuerzo similar con relación a este mismo documento. Aunque la emisión del modelo electrónico del DNI lo fue en marzo de 2006, desde el año 2002 se
vienen desarrollando los trabajos que han permitido dotar a este documento de un soporte de almacenamiento que incluye, además de los datos biométricos que luego se acordaron posteriormente en el seno de la Unión Europea para el pasaporte, los
certificados electrónicos que también lo habilitan para la identificación de su titular a través de redes informáticas o realizar su firma, es decir, la firma digital, por este mismo medio, asegurando también la finalidad prevista en este documento
como elemento identificador y de seguridad. Actualmente se vienen realizando actuaciones para poder dotar al DNI de este chip más potente y para poder incorporar en el pasaporte, dentro del plazo marcado por la Unión Europea, el dato biométrico
relativo a la impresión dactilar, por lo que confiamos en que a partir del 28 de junio de este año todos los pasaportes que se emitan en adelante incluyan los datos biométricos relativos, tanto a la imagen facial como a la impresión dactilar de su
titular.
La pregunta relativa a los recursos humanos y medios materiales necesarios para cumplir con el sistema europeo de ayuda y asistencia mutua en protección civil es una pregunta importante también, porque es evidente que la prevención, la
planificación y, en caso de desastre, la propia intervención tienen que ser abordadas -es ineludible- desde una perspectiva supranacional, tanto en el interior de la Unión Europea como en actuaciones fuera de la Unión Europea, y este es un ámbito en
el que España, desde hace veinte años, cuando se comenzó a tratar la cuestión de la protección civil en el marco, entonces, de las Comunidades Europeas, viene participando activamente con una labor cada vez más intensa. Esto lo demuestran los
hechos. Por ejemplo, mientras en 2006 hubo cuatro intervenciones en Portugal, con medios aéreos para contribuir a apagar incendios forestales, estas han pasado de cuatro a catorce al año siguiente, en 2007, y otras tantas en 2008. Incluso, en
Marruecos, tuvimos una, en relación con el incendio de Tetuán, en 2008, es decir, el año pasado. A través del Mecanismo Comunitario de Protección Civil, intervinimos en dos ocasiones durante el verano de 2007 en Grecia y en Italia, destacando en
ambas dos medios aéreos y 11 tripulantes durante un total de catorce días, puesto que fuimos invitados a ello. En 2008 se ha colaborado también con la extinción de incendios con medios aéreos del grupo 43 en países más remotos de la Unión Europea,
especialmente en Bulgaria, donde se actuó durante más de una semana, más o menos siete u ocho días. Todas estas actuaciones que venimos realizando guardan, naturalmente, una coherencia dentro del contexto comunitario.
En la reunión de 27 y 28 de noviembre pasado, el Consejo JAI adoptó, entre otras, la conclusión por la que solicitaba el fortalecimiento de las capacidades mediante un sistema europeo de ayuda mutua, basado en el planteamiento modular de la
asistencia de protección civil, que es hasta ahora el compromiso más reciente sobre el sistema europeo de ayuda mutua y que está basado en el Mecanismo Comunitario de Protección Civil. En dichas conclusiones se abordan los temas más importantes.
Por un lado, el Consejo invita a los Estados miembros a que se comprometan, en principio y con carácter voluntario -como viene siendo-, a trabajar con vistas a mejorar la disponibilidad de sus módulos y otras capacidades de intervención; también
anima a los Estados miembros a que sigan desarrollando y definiendo sus módulos de protección civil y los registren lo antes posible. Se invita a los Estados a que, con el apoyo de la Comisión, mejoren la interoperatividad de los módulos y otros
recursos, entre ellos, los equipos y las redes de comunicación-transmisión para poder optimizar la eficacia de la asistencia de protección civil. También se invita a Estados miembros y Comisión a que establezcan normas prácticas para el despliegue
de equipos de evaluación y apoyo técnico y para optimizar la eficacia de los equipos. Se toma nota de la acción preparatoria para el desarrollo de la capacidad de respuesta de la Unión y pide que sea evaluada, en particular respecto a la labor
consecutiva que siga a la de las conclusiones de este Consejo.
El Gobierno español, que ha venido apoyando la redacción de estas conclusiones durante la Presidencia francesa, tanto a nivel de grupo de trabajo como en el Comité de representantes permanentes y en el propio Consejo JAI, ha decidido una
serie de acciones encaminadas a cumplir con los enunciados de estas conclusiones del Consejo y me voy a limitar, si a S.S. le parece oportuno, a citar los enunciados. Primero, sobre definición de módulos, en el que vamos a declarar módulos
referidos a diferentes tipologías: módulos de búsqueda y rescate mediano; módulos de búsqueda y rescate pesado; de detección, especialmente de muestreo NRBQ; módulos de búsqueda y rescate en condiciones NRBQ y módulos de lucha contra incendios
forestales mediante aviones de gran capacidad. Se vienen manteniendo desde hace tiempo reuniones con la Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias, que cuentan en su haber con intervenciones previas importantes en
el extranjero, especialmente en los terremotos de Turquía, Argelia, Alhucemas, etcétera, y en incendios forestales. El segundo es la mejora de la disponibilidad y la interoperatividad de los módulos y el despliegue de equipos de evaluación
y coordinación. Aquí, España forma parte del proyecto de capacidad de respuesta rápida europea RRC7EU, en el que participamos junto con Francia, Italia, Portugal, Grecia, Malta y Bélgica, y cuyo objetivo es mejorar la capacidad operativa conjunta
de módulos y equipos de intervención, así como la definición de procedimientos de alerta y movilización. Todas estas actuaciones se enmarcan en el mecanismo europeo que está dentro de un mecanismo comunitario de protección civil, que cuenta con una
dotación presupuestaria de en torno a los 190 millones de euros en el marco de las actuales perspectivas financieras. Estos compromisos suponen para el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, un
reto tanto de organización y especialización de sus efectivos como de coordinación con el resto de los agentes del Sistema Nacional de Protección Civil que hay en otros departamentos ministeriales, comunidades autónomas, corporaciones locales, y la
propia sociedad civil, para poder participar en los diversos proyectos que de este instrumento financiero se derivan.
Hasta aquí son las líneas generales de actuación en el marco de la Unión Europea. Luego hay una serie de objetivos de colaboración específicos que les podría relatar a SS.SS., aunque es un poco largo. En primer lugar, la Comisión tiene
previsto presentar a lo largo de este año una comunicación sobre las políticas de prevención, con especial atención a los incendios forestales, y un seminario europeo sobre atención a las víctimas en el segundo semestre de este año. Segundo,
FIRE-9, en el que también participamos con los países que mencioné anteriormente. En tercer lugar, una formación específica. En cuarto lugar, cursos sobre módulos de mecanismo. Quinto, cursos de mecanismo a celebrar en la Escuela Nacional de
Protección Civil. Sexto, grupo de protección civil del Consejo y de la Comisión, en el que participará también España, para buscar mejoras tanto del mecanismo como de otras facetas de las actividades de protección civil comunitaria, como
prevención, preparación y alerta temprana. En séptimo lugar, la red de centros de formación europeos sobre gestión de desastres y, en octavo lugar, la participación de otras administraciones en los concursos de la Unión Europea. Además de esto,
protección civil va a ser otra de las prioridades sectoriales en el marco de nuestra Presidencia rotatoria del Consejo el año próximo. A tal fin, hemos iniciado ya reuniones con los responsables en el área de protección civil del trío de
Presidencia, es decir, con Bélgica y con Hungría, para poder cubrir no solamente el periodo semestral de nuestra Presidencia, sino el conjunto de los dieciocho meses de la Presidencia en equipo. Ya se está avanzando bastante en la elaboración del
programa concreto sobre protección civil.
Las tres Presidencias tienen una identidad de puntos de vista al respecto y reconocen que tanto cambio climático como los nuevos tipos de riesgos que afectan a la seguridad tienen como consecuencia una mayor frecuencia de desastres graves,
tanto naturales como originados por el hombre, y a los que por lo tanto hay que responder. Para ello, hemos manifestado nuestro acuerdo en continuar mejorando la capacidad de respuesta de la Unión frente a desastres y crisis, dentro y fuera de la
Unión Europea, lo cual indica en todo momento encontrar un adecuado equilibrio de los tres aspectos: prevención, preparación y respuesta. Nos hemos comprometido al seguimiento de la comunicación de la Comisión Europea sobre el refuerzo de la
capacidad de respuesta de la Unión frente a desastres, y también a la comunicación sobre prevención y reducción de desastres en terceros países. Todas estas iniciativas serán seguidas con atención, con vistas a ver si podemos crear un sistema
completo de formación en gestión de desastres. También hay que poner especial atención en la puesta en marcha y desarrollo de los módulos de protección civil que permite a todos los Estados miembros contribuir activamente al refuerzo de la
asistencia mutua europea. Para ello, y con el objeto de mejorar la cooperación a nivel europeo, las evaluaciones del mecanismo y del instrumento financiero las vamos a llevar a cabo durante el trío de Presidencias. Al mismo tiempo intentaremos
buscar una mejora de la cooperación con Naciones Unidas y especialmente con relación a los riesgos NRBQ.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Señor Peral, ¿quiere hacer alguna aclaración?
El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor secretario general, por la amplitud y el detalle de sus respuestas. La primera pregunta trata de la promoción de los valores europeos entre la población inmigrante, que constituye una verdadera
asignatura pendiente para el Gobierno y para el partido que le sustenta. Usted mismo sacará idéntica conclusión si ve la sucesión en el tiempo de una serie de decisiones. Por un lado, en diciembre de 2006 se produjo una recomendación conjunta del
Consejo y del Parlamento Europeo, aprobando lo que llamamos las competencias clave para el aprendizaje permanente, las competencias clave para la educación y formación a lo largo de toda la vida. En el texto que fue aprobado en el Parlamento y por
el Consejo Europeo, precisamente a iniciativa francesa, se introdujeron, dentro de las competencias cívicas y sociales, hasta nueve menciones a Europa, a sus principios, a sus valores, a su proceso de integración y a su historia. Pues bien, señor
secretario general, cuando tocó a España aplicar en nuestro país esas competencias clave a través de los reales decretos de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación todas esas referencias a Europa desaparecieron, y estamos hablando de un sistema
educativo que es absolutamente vital a la hora no solamente de promover esos valores entre los inmigrantes y sus hijos sino
también entre el conjunto de los españoles. Pensemos -lo conozco por la Comunidad de Madrid pero estoy seguro de que también ocurre en el conjunto de las comunidades españolas- que los inmigrantes forman una parte muy importante de los
centros de educación de personas adultas y que sus hijos se están formando en nuestros centros, y lo que se tradujo en los textos del desarrollo de la LOE no fueron los principios europeos sino el multiculturalismo y esta idea de la Alianza de
Civilizaciones.
Aquí, en el Congreso, se presentó en mayo de 2008 una proposición no de ley del Partido Popular -que fue rechazada- en la que, al igual que se había hecho en otros países como por ejemplo Francia -otra vez Francia-, Bélgica y
Holanda, se proponía que hubiera un contrato de integración en el que hubiese derechos y obligaciones. Por parte del inmigrante una de las obligaciones era respetar los principios y valores constitucionales de los españoles, y entre las
obligaciones de la Administración estaba ayudarle a adquirir ese conocimiento. Aquello fue rechazado pero unos meses después, exactamente cinco meses después, el Consejo Europeo de 15 y 16 de octubre de 2008 refrendó, a propuesta de Francia, el
Pacto europeo sobre inmigración y asilo, y en el compromiso primero de ese pacto, en el punto tercero, se habla nuevamente de ese equilibrio entre derechos y obligaciones de los inmigrantes. Entre las obligaciones están el respeto a las leyes y a
la identidad del país de acogida; lógicamente para respetar las leyes y la identidad hay que conocerlas, y ahí es donde el sistema educativo y también el sistema de formación profesional tanto ocupacional como continua tienen un papel muy
importante.
Además, señor secretario general -estoy seguro de que estará usted de acuerdo conmigo-, no solamente es importante que los inmigrantes conozcan y aprendan estos valores -aquellos que no los conociesen- durante su estancia en la Unión
Europea, sino que a la vuelta a sus países de origen estos inmigrantes pueden ser los mejores agentes de desarrollo económico, de promoción de los derechos humanos, de promoción del buen gobierno y del progreso de esos países precisamente porque han
visto la importancia que tienen en la vida diaria de la Unión Europea y en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Respecto de la segunda pregunta, no tengo nada que decirle. Creo que se están haciendo las cosas adecuadamente para garantizar mejor la seguridad de Europa y de todas las personas que nos visitan.
En cuanto a la tercera pregunta, en relación a la protección civil y a la contribución que España debe hacer a un sistema europeo de protección civil, también aquí tenemos ciertas peculiaridades que hacen más complicada nuestra contribución
que la de otros países. Como usted conoce, la protección civil está en gran medida transferida a las comunidades autónomas, que son las que de verdad disponen de los medios humanos y materiales, y no siempre es fácil coordinar esos medios humanos y
materiales dentro del territorio español. Difícil es que lo que no se coordina bien dentro pueda ser aplicado a prestar ayuda en el exterior.
Tal vez este sea uno de los usos más razonables que justifiquen la Unidad Militar de Emergencias, aunque
confieso que tengo bastantes críticas al respecto; una unidad de tipo brigada que se ha creado, con 1.300 efectivos humanos y cuya presencia en el territorio nacional ha sido muy moderada -en el año 2008 creo que participó en 5 ó 6 incendios, en 2
inundaciones y en un episodio de viabilidad invernal en León, por cierto-, pero también es verdad que tuvo, como usted ha dicho, una intervención en Bulgaria y otra en el territorio norteafricano. Tal vez esa unidad se justifique precisamente en
esa contribución, pero si en el año 2010 queremos que esta sea una de las prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea, es fundamental reforzar y mejorar la coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado en una materia tan
importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): He tomado nota con atención de sus comentarios y, al igual que hice con motivo de una intervención anterior, lo transmitiré a los departamentos competentes, puesto que
desconozco los detalles de la LOE, por ejemplo, y por tanto me resulta muy difícil poder darle una respuesta clara y objetiva.
En relación con la protección civil es cierto, como usted señala, que las competencias corresponden a las comunidades autónomas y que desde hace muchísimos años se plantean a veces problemas de coordinación. Este es un problema que
requerirá un alto grado de consenso y confiamos en que a través de la Unión Europea sea más fácil lograr una coordinación operativa más eficaz, sin que ello suponga una merma de las actuales competencias en la materia por parte de las comunidades
autónomas. Sí le confirmo que es una de las prioridades sectoriales que tenemos en Presidencia -por eso hice referencia a ello en el marco del trío de presidencias- y el objetivo es intentar avanzar algo más en la construcción de un sistema de
protección civil en la Unión Europea.
DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:
MOTIVO DE LA NEGATIVA DE ESPAÑA A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD EUROPEA DEL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. (Número de expediente del Congreso 181/001236 y número de expediente del Senado 683/000122.)
CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA DE LA AUTORIDAD EUROPEA DEL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. (Número de expediente del Congreso 181/001237 y número de expediente del Senado 683/000123.)
- POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LAS TRES PROPUESTAS DE REFORMA CON LAS QUE SE PRETENDE MODIFICAR EL ACTUAL MARCO REGULADOR DE LAS REDES Y LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. (Número de expediente del Congreso 181/001238 y número de
expediente del Senado 683/000124.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Pasamos a la 11.ª pregunta del orden del día que, si no hemos sido mal informados, se va a formular agrupadamente con la 12.ª y la 13.ª, que son de la misma materia, comunicaciones electrónicas, y que
va a defender el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Efectivamente, las voy a acumular porque el eje vertebrador de las tres preguntas está en el nuevo marco regulador de las comunicaciones, que ha sido especialmente polémico, sobre todo por el rechazo de España a las
posiciones iniciales de la Comisión Europea, lo que determina la primera de mis preguntas. Señor secretario general, ¿me podría usted decir cuál fue el motivo de la negativa de España a la propuesta de creación de la autoridad de las comunicaciones
electrónicas? Ya sé que después España reconsideró su negativa, pero ¿me podría explicar las razones de la negativa inicial? También quiero preguntarle, ¿cómo evolucionó España hacia la posición afirmativa? ¿Cuál fue ese proceso de evolución?
¿Cómo pretende el Gobierno español vigilar que la posición de la Unión Europea siga siendo la misma que se ha pactado?
Señor secretario general, paso a introducir las otras preguntas. ¿Me podría usted decir cuál es la posición del Gobierno español en cada una de las tres propuestas de reforma con las que se pretende modificar el actual marco regulador de
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas? ¿Puede usted decirme cuál es la posición del Gobierno respecto de las modificaciones de la directiva marco, que es la Directiva 2002/25; de la Directiva de Acceso, que es la Directiva
2002/12; y de la Directiva de Autorización, que es la 2002/20? También le agradecería que, a ser posible, nos mostrara la posición del Gobierno sobre la propuesta de modificación de las directivas sobre servicio universal, que es la Directiva
2002/22; sobre la privacidad en las comunicaciones electrónicas, que es la Directiva 2002/58; y finalmente quisiera pedirle que nos dijera cuál es la posición del Gobierno sobre la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se crea
la autoridad europea del mercado de las comunicaciones electrónicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sáez Jubero): Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA UNIÓN EUROPEA (Navarro Portera): Con mucho gusto intentaré contestar a las preguntas formuladas por su señoría.
En primer lugar, la propuesta de revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas que presentó la Comisión Europea en noviembre de 2007 tenía un carácter continuista en cuanto al alcance, objetivos de la regulación y sus
mecanismos de aplicación, pero el aspecto más relevante de la propuesta no era este, era que otorgaba una mayor discrecionalidad a la propia Comisión Europea en el ejercicio de poderes regulatorios, en detrimento de la capacidad de las autoridades
nacionales de reglamentación, así como también en detrimento de la capacidad de definición de la política de telecomunicaciones por parte de gobiernos, Consejo y el propio Parlamento Europeo. Este fue precisamente uno de los motivos por lo que hubo
un rechazo generalizado a esta orientación. Esta acumulación de poderes en manos de la Comisión suponía un cambio respecto a la formulación recogida en los borradores o proyectos iniciales que había elaborado la Comisión y, hasta cierto punto, fue
una sorpresa.
La Comisión, en definitiva, planteaba que muchas de las nuevas competencias fueran asumidas por la autoridad europea de regulación de mercados, pero después esta opción fue descartada por la Comisión, como usted recordará, amparándose en que
los servicios jurídicos de la Comisión señalaron que, de acuerdo con el tratado, los poderes ejecutivos de la Comisión no pueden ser delegados -en este caso, a una autoridad europea de regulación de mercados- y que, por tanto, debían ser ejercidos
directamente por la Comisión, y así lo hizo la Comisión. Presentó una propuesta con una orientación diferente de la que inicialmente se había contemplado. ¿Qué es lo que pasó? Que al debatirse la propuesta, tanto en el Parlamento Europeo como en
el Consejo, se criticó fuertemente el sesgo de concentración de poderes que le acabo de comentar a favor de la Comisión y se propusieron numerosas enmiendas a esta propuesta, y España fue una de las delegaciones más activas por razones que son
obvias ya que en materia de política de comunicación y telecomunicaciones tenemos una posición muy importante dentro del mercado europeo. Al final, este debate desembocó en la adopción por el Consejo de una propuesta de texto revisado, que fue
respaldada después mediante un acuerdo político del Consejo y que se aprobó por unanimidad. Todos los Estados miembros se pronunciaron a favor de modificar esta orientación de la Comisión hacia una mayor concentración de poderes. Esto tuvo lugar
durante la Presidencia francesa en el Consejo de Telecomunicaciones de 27 de noviembre.
Los aspectos fundamentales de esta propuesta modificada del Consejo fueron, en primer lugar, la eliminación de la capacidad prevista en la propuesta de la Comisión para que esta pudiera adoptar en el futuro medidas que modificarían ciertos
aspectos de las directivas cuyo alcance y trascendencia quedaban indeterminados en la propuesta. Tampoco se conocía exactamente cuál iba a ser el ámbito preciso de esta actividad que la Comisión proponía en su propuesta. Por tanto, quedaba a una
adopción posterior de modificaciones a través del procedimiento legislativo; lo que determinó el Consejo fue que en lugar de delegar estas competencias a la Comisión para poder modificar las directivas, cualquier modificación estuviera sujeta al
procedimiento legislativo ordinario, es decir, a la codecisión Consejo-Parlamento Europeo, porque consideraba el conjunto de los Estados miembros que no se podían conceder en este ámbito unas competencias tan amplias e indeterminadas a la Comisión.
El segundo elemento de la propuesta revisada fue el reforzamiento de la independencia de la entidad de regulación con respecto a la Comisión para garantizar de este modo que desempeña una labor esencialmente técnica; es decir, se quería
preservar el carácter esencialmente técnico de la actuación de la actividad de la entidad de regulación y, por tanto, una independencia con relación a la Comisión, que es el modelo que existe a nivel nacional con las autoridades nacionales de
reglamentación. La línea predominante en el Consejo era evitar que esta autoridad comunitaria se convirtiera en un instrumento al servicio de la Comisión para que esta definiera la política de telecomunicaciones de la Unión por entender el Consejo
que esta es una labor que le corresponde al Consejo y al Parlamento Europeo.
En tercer lugar, en el acuerdo que alcanzó el Consejo, se contempló la eliminación de los poderes de veto que se arrogaba la Comisión en relación con los llamados remedios ex ante sobre mercados relevantes, que están definidos por las
autoridades nacionales de reglamentación, basándose el Consejo en la aplicación del principio de subsidiariedad y de modo coherente con la mejora de la competencia que había experimentado el sector y que de alguna manera, traduciendo también la
posición del propio sector, hacía aconsejable, desde el punto de vista del Consejo, un menor nivel de intervención sectorial al estar más cercano el momento en el que se pueda prescindir totalmente de la regulación ex ante de los mercados.
El cuarto elemento fue la inclusión de la separación funcional como último recurso cuando los remedios ordinarios de regulación ex ante de mercados se hayan mostrado insuficientes. Este fue un punto en el que mostramos una mayor
flexibilidad en aras de poder alcanzar un consenso en el acuerdo político.
En quinto lugar, se introdujeron mayores garantías para la gestión eficaz y la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, al igual que en relación con la calidad de los servicios prestados sobre este cuando se aplican los principios
de neutralidad tecnológica y de servicios y se abra el mercado secundario del espectro, introduciendo adicionalmente una serie de salvaguardas relativas a la utilización del espectro para la prestación de servicios de interés general, en especial en
relación con los servicios de radiodifusión, que era otro aspecto importante en el que había un grado de disenso notable entre la posición del Consejo y de la Comisión.
Sexto punto. Introducción de un mayor énfasis en la promoción de las redes de nueva generación, por entenderse que el desarrollo de estas redes de nueva generación puede ser una de las bases más importantes para la recuperación económica.
En la industria, los operadores de telecomunicaciones enviaron, como recordará S.S., una carta al presidente del Consejo Europeo, de cara al último Consejo Europeo de primavera del mes de marzo, en la que hablaban de inversiones en torno a los
250.000 millones de euros y decían que para ello necesitaban tener un marco regulador apropiado. Pues bien, este principio está introducido en el acuerdo político del Consejo y tiene en cuenta esta necesidad del sector de que para su desarrollo, al
suponer riesgos e incertidumbres como inversión, deben estar adecuadamente reconocidos en la regulación comunitaria, en el marco regulador, algo que tampoco estaba contemplado en la propuesta de la Comisión y que creaba un problema importante.
El séptimo y último elemento ha sido la eliminación de las disposiciones relativas a la neutralidad de la red, que planteaba la propuesta de la Comisión, sin la justificación y el debate previo que eran necesarios para poder abordar una
cuestión de semejante trascendencia. Esto se ha eliminado y quedará para un debate futuro porque exige previamente un nivel de debate importante y especialmente con implicación del sector.
El Parlamento, en la actualidad, está ultimando sus propuestas de enmienda a la propuesta alternativa elaborada por el Consejo. Mantenemos un dialogo permanente con el Parlamento y se han alcanzado ya una serie de acuerdos de compromiso
entre las dos instituciones prácticamente en todos los temas en los que se habían planteado discrepancias anteriormente entre Consejo y Parlamento. No obstante, hay una visión muy diferenciada entre la posición del Parlamento y el Consejo en cuanto
a las condiciones que han de recogerse en el nuevo marco en relación con la utilización de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas para el acceso a aplicaciones y contenidos de Internet. A este respecto, el Parlamento entiende que
Internet se ha convertido en un importante vehículo para el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos y que, por tanto, no deben establecerse limitaciones, salvo cuando lo dictamine una autoridad judicial. El Consejo, por su parte,
considera que en la práctica esta podría ser una exigencia excesiva, porque limitaría la capacidad de los Estados miembros de establecer por vía normativa restricciones destinadas, por ejemplo, a proteger derechos de autor o a proteger a la infancia
o a otros colectivos vulnerables, incluso a la lucha contra contenidos ilegítimos, que es una de las actividades en las que está
inmerso el debate comunitario sobre este contexto; por ello nos parece fundamental conseguir un acuerdo sobre este punto y también sobre otros aspectos de menor importancia en los que aún persisten discrepancias en esta fase actual de los
debates. Si el Consejo no acepta, como S.S.
conoce, la totalidad de las enmiendas que plantee el Parlamento Europeo al texto adoptado en el acuerdo político del Consejo, tendríamos que pasar a la tercera fase del procedimiento de codecisión, a la
conciliación, y se alargarían las negociaciones entre las instituciones, a la vista de la inminente disolución del Parlamento Europeo con motivo de las próximas elecciones. Estamos intentando alcanzar ese acuerdo, igual que hemos hecho con el
famoso paquete del mercado interior de la energía, para el que hemos conseguido finalmente este acuerdo.
Esta es la situación actual del debate. En cuanto a otras cuestiones más de detalle que S.S. ha planteado, con mucho gusto tomo igualmente nota, lo trasladaré al Ministerio de Industria y confío en que le puedan remitir una respuesta por
escrito.
El señor VICEPRESIDENTE: (Saiz Jarabo): Quiero agradecer al secretario general, don Miguel Ángel Navarro, su presencia en esta Comisión, así como sus extensas y claras contestaciones.
Les emplazamos para la próxima Comisión, que será el día 14 de mayo a las 16:00 horas, con la comparecencia de la ministra de Ciencia e Innovación.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.