DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2008 IX Legislatura Núm. 9

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO

Sesión núm. 2

celebrada el miércoles, 18 de junio de 2008

Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la celebración de la comparecencia acordada por la Mesa de la Comisión en su reunión de 3 de junio de 2008 ... (Página 2)


Delegación en las mesas de las comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número
de expediente del Congreso 042/000001 y número de expediente del Senado 572/000001.) ... (Página 2)

Página 2


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Núñez Pérez), para informar acerca de la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2005 (corresponde al número de expediente 250/000011 de la VIII
Legislatura). (Número de expediente del Congreso 250/000001 y número de expediente del Senado 770/000001.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las once de la mañana.



RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA ACORDADA POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2008.



La señora PRESIDENTA: Señorías, damos comienzo a la sesión de la primera reunión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de esta IX Legislatura.



En primer lugar, el punto 10 del orden del día, según tienen SS.SS., es la ratificación de la celebración de la comparecencia que acordamos en la reunión de Mesa y portavoces del pasado día 3 de junio. Si así lo consideran SS.SS., podríamos
aprobarlo por asentimiento. (Asentimiento.) Queda aprobado.



DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente Congreso 042/000001 y número de expediente Senado 572/000001.)


La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, propongo la delegación en las mesas de las comisiones de la competencia para la adopción de los acuerdos a los que se refiere el artículo 44 del Reglamento, en relación con la resolución de la
Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, en el sentido de someter a la Comisión la delegación de estas facultades a favor de la Mesa de la Comisión. De conformidad con esa resolución de la Presidencia, dicha delegación, según los
precedentes de la Cámara, se realiza de forma condicionada, de modo que el rechazo de las solicitudes de comparecencia requerirá la unanimidad de los miembros de la Mesa de la Comisión, quedando avocada la decisión por la Comisión en caso contrario.



¿Se aprueba por parte de SS.SS.? (Asentimiento.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NÚÑEZ PÉREZ) PARA INFORMAR ACERCA DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005 (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 250/000011 DE LA VIII
LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 250/000001 y número expediente Senado 770/000001.)


La señora PRESIDENTA: El tercer punto del orden del día es la celebración de la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas.



Señorías, antes de dar la palabra al señor presidente, me gustaría darle la bienvenida en nombre de los miembros de la Mesa y de la Comisión del Tribunal de Cuentas. Es la primera vez que comparece don Manuel Núñez como presidente de este
tribunal, y para mí es una gran satisfacción recibirle en esta Cámara en la que ejerció durante muchos años como diputado. Sentimos mucho todos los diputados el momento de su marcha porque dejó, y lo hemos tenido durante todo este tiempo, un gran
recuerdo por su gran experiencia política, su buen hacer político y sus profundas convicciones democráticas.



Hoy iniciamos una nueva etapa en la que te recibimos, don Manuel, como presidente de uno de los órganos más importantes de un Estado democrático, el Tribunal de Cuentas. Quiero que te sientas de nuevo como en tu casa porque aquí siempre
tendrás el cariño mío personal, como presidenta de esta Comisión, y estoy segura de que el de todos los miembros y todos los diputados de la misma.



Señor presidente, tiene usted la palabra para informarnos sobre el punto del orden del día relativo al informe sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2005.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, en esta primera comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, quiero, en primer lugar, agradecer las cordiales y
amabilísimas palabras de bienvenida que ha pronunciado la señora presidenta, doña María Isabel, con quien he tenido la suerte y el honor de coincidir como parlamentarios en este Congreso de los Diputados. Quiero saludar con


Página 3


especial afecto a la Mesa de esta Comisión, a los portavoces de los grupos parlamentarios y a los demás diputados y senadores que la componen.



Mis primeras palabras deben ser las que expresen mi ofrecimiento y la disposición total, tanto de este presidente como de todo el Tribunal de Cuentas, para la mejor colaboración con esta Comisión Mixta y con el Parlamento. Dicho todo lo
cual, permítanme decirles que mi estado de ánimo en estos momentos, al volver al Congreso de los Diputados, al que he pertenecido como diputado por León durante ocho legislaturas, es una amalgama de sentimientos y responsabilidades. Hoy sin duda es
el sentimiento el que predomina sobre todo lo demás, porque esta casa, querida presidenta, forma parte de mi vida y me huele a libertad, a consenso y a Constitución. Pero después de este emotivo encuentro ya hoy, mañana y en sucesivas
comparecencias será la preocupación por el trabajo bien hecho la que predomine.



La imagen y defensa de la institución que presido, con el voto unánime de los consejeros, no es el resultado de posiciones y voluntades unipersonales, es un resultado colectivo en el que, como presidente de todos, asumo el compromiso de
impulsar y dinamizar cuantas propuestas puedan formularse, en la pretensión de que el Tribunal de Cuentas siga desarrollando y, si es posible, potenciando el ejercicio de las importantes funciones que tiene asignadas para cumplir con la finalidad
que la Constitución atribuye al control externo, entendido como elemento inseparable del concepto de Constitución.



Permítanme que recuerde el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución.
La Constitución es por tanto una manifestación y una confirmación de control, en cuanto limitación y legitimidad del poder. En esta línea de pensamiento no haré otra cosa que seguir el camino y la labor de los que en esta responsabilidad me han
precedido: don José María Fernández-Pirla, don Pascual Sala Sánchez; don Adolfo Carretero Pérez, doña Milagros García Crespo y, muy especialmente, mi predecesor inmediato, don Ubaldo Nieto de Alba, que durante la última década ha presentado ante
esta Comisión los sucesivos informes, mociones o notas de fiscalización que han sido elevados a las Cortes Generales.



Y como estamos iniciando un nuevo mandato, como señalaba la presidenta, bueno es hacer un escueto balance de la actividad del Tribunal de Cuentas. Desde la promulgación de su ley orgánica en 1982, ha remitido al Parlamento, además de las
cuentas generales, 800 informes de fiscalización que dan testimonio de la contribución de esta institución a la transparencia y mejora de la gestión pública, a los que podían agregarse más de 15.000 resoluciones judiciales dictadas por la sección de
enjuiciamiento. El recuerdo de estas cifras no es por razones de pura complacencia, sino para señalar que de la mera lectura de los títulos de los informes de fiscalización se deduce que han resultado analizados, además de las cuentas anuales y las
contabilidades electorales de los partidos políticos, los diferentes sectores en los que se concreta la actuación del sector público, poniendo de manifiesto no solo las deficiencias observadas en los sistemas de control implantados y en la gestión
analizada, sino también las insuficiencias normativas u organizativas, lo que ha dado lugar a que en la mayor parte de los informes se incluya un último apartado con recomendaciones dirigidas a dotar a la actividad analizada de una regulación y
organización más precisas. La formulación de estas recomendaciones es una manifestación inequívoca de la necesaria imbricación entre regulación, organización, gestión y control. ?Fíjense si nos exigen responsabilidades y nos ponen deberes a esta
Comisión mixta y al Tribunal de Cuentas-. Una sistematización de estas recomendaciones se encuentra en las mociones elevadas por el tribunal a las Cortes Generales, en las que se recogen -repito- insuficiencias normativas u organizativas que
afectan a un determinado subsector o conjunto de entidades públicas; algunas de las cuales han dado lugar a importantes modificaciones en la legislación aplicable, no siempre en la línea sugerida, como por ejemplo la relativa a la configuración y
estructura de la cuenta general del Estado, de la que hablaremos esta mañana, la Ley de Subvenciones o la Ley de Financiación de Partidos Políticos, entre otras. A este respecto, puede preguntarse qué nivel de influencia han tenido las mociones y
recomendaciones en el Parlamento y los organismos fiscalizados. Las estadísticas nos demuestran que poca, porque salvo las excepciones apuntadas, el seguimiento efectivo de las sugerencias formuladas por el Tribunal no han tenido el efecto que
cabría esperar. Por eso la experiencia confirma que el seguimiento de nuestras propuestas pudiera y debiera intensificarse significativamente, lo que redundaría de forma inmediata y directa en una potenciación de la eficacia del ejercicio de
control. Este es uno de los primeros retos que se le plantean al control externo en el inmediato futuro y que yo me he permitido subrayar en esta primera intervención esta mañana, para que entre todos tratemos de cumplirlo. A este reto hay que
agregar otros, como consecuencia de la permanente actuación a la evaluación observada a la gestión pública de las nuevas exigencias que la organización y el funcionamiento de un Estado democrático plantean, pero no es esta mañana cuando debemos
hablar de eso.



En definitiva, y perdón por estas reflexiones preliminares que me he permitido exponerles quizá abusando de que estoy en mi casa, lo que nos incumbe es facilitar el control parlamentario de la actividad económico-financiera del sector
público, evaluando si esta responde a los principios de justicia, eficiencia y economía señalados en el artículo 31 de la Constitución española y si, en definitiva, se están salvaguardando los derechos de los ciudadanos como corresponde a un Estado
de derecho.



Página 4


Sin duda, nuestro trabajo -el del Tribunal de Cuentas- es manifiestamente mejorable, y ya agradezco de antemano cuantas sugerencias, valoraciones y críticas podamos recibir de los miembros de esta Comisión. Todas ellas serán recibidas con
profundo interés y gratitud. Estoy seguro, señora presidenta, señorías, de que este planteamiento y estos objetivos del Tribunal de Cuentas coinciden plenamente con los de ustedes, porque tanto a ustedes como a nosotros nos han encargado
proporcionar luz para hacer transparente y controlable la gestión pública. Parodiando a Claudio Rodríguez: 'La claridad no se halla entre las cosas sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias'. Claridad, vida y labor
sería el lema de nuestro trabajo. Asumo pues, desde esta mi primera comparecencia, como presidente del Tribunal de Cuentas, mi obligación de trasladar a esta Comisión mixta los resultados alcanzados en el ejercicio de la función fiscalizadora, y
contribuir a interpretar adecuadamente el contenido de los informes aprobados por el Pleno desde la perspectiva del Tribunal de Cuentas, que no desde la del gestor público. El fiscalizado -lo saben ustedes muy bien- no es el tribunal ni el
presidente del tribunal; el fiscalizado es el gestor público cuya actuación es la que, en definitiva, aparece evaluada y en ocasiones cuestionada. Ahora, con permiso de la señora presidenta y pidiendo disculpas por estas reflexiones que me han
salido del alma y a vuela pluma, paso a presentar la cuenta general del Estado al ejercicio 2005.



El artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, en desarrollo de lo previsto en el artículo 136 de la Constitución, establece que el Tribunal de Cuentas por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de
la cuenta general del Estado y que el pleno, oído el fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca. Con estos requisitos cumplidos plenamente, el pleno aprobó en la sesión de 28 de febrero de 2008 la declaración que tengo el honor de
presentar a sus señorías. Los resultados derivados del examen de la cuenta general del Estado se recogen en el informe elevado por el Tribunal de Cuentas en el que se ofrecen, en primer lugar, unas consideraciones generales sobre los objetivos
pretendidos con dicho examen como son, entre otros, los siguientes: primero, verificar que la cuenta general y las cuentas individuales se han presentado conforme establece la normativa vigente; segundo, comprobar si la cuenta general es
internamente coherente; tercero, valorar el cumplimiento de la normativa presupuestaria y contable, y cuarto, evaluar su representatividad. En relación con estos objetivos se exponen los resultados referidos a la regularidad formal, rendición de
las cuentas y consistencia interna, así como el tratamiento dado a las alegaciones recibidas por el Gobierno. A continuación se procede a exponer los resultados de la liquidación presupuestaria, tanto de los presupuestos de gastos como de ingresos
y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.



En apartados posteriores se analiza la actividad y la situación económico-financiera que se deduce tanto del balance de situación como de la cuenta de resultados, completando este examen con el de la información recogida en la memoria
remitida con la cuenta general. El Tribunal de Cuentas incorpora asimismo, una breve consideración en relación con la cuenta de los tributos cedidos a las comunidades autónomas que acompaña a la cuenta general, así como con las cuentas de entidades
individuales que no están agregadas en la cuenta general del ejercicio analizado o anteriores, dejando constancia de que las cuentas individuales no agregadas en aquélla también son analizadas en cuanto son remitidas al tribunal. Por último,
atendiendo una resolución adoptada precisamente por esta Comisión en ejercicios precedentes, se efectúa un seguimiento de las conclusiones obtenidas en ejercicios anteriores, dejando constancia de la situación en que se encuentran a finales del
ejercicio analizado.



La cuenta general del Estado del ejercicio 2005, formada por la Intervención General de la Administración del Estado y elevada al Gobierno, se recibió en el Tribunal de Cuentas el 30 de octubre de 2006, dentro del plazo legalmente fijado.
Dicha cuenta general, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, está integrada -como saben- por tres cuentas generales, la cuenta general del señor público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta
general del sector público fundacional, formadas, todas ellas, por la agregación de las cuentas de las entidades que estaban sometidas a los principios y normas de contabilidad del Plan general de contabilidad pública, del Plan general de
contabilidad de la empresa española y del de su adaptación a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones de desarrollo en cada caso. Si bien la cuenta general del Estado se presentó dentro del plazo, no ocurre lo mismo -como luego veremos-
con las cuentas individuales que la conforman. A este respecto cabe recordar que el Tribunal de Cuentas, atendiendo a una resolución de los plenos del Congreso y del Senado, elevó a las Cortes Generales una moción sobre procedimientos de formación,
alcance y contenido de la cuenta general del Estado en la que se propugnaba la elaboración y rendición de una cuenta general única obtenida mediante la consolidación de las cuentas individuales, procedimiento previsto en la correspondiente orden del
Ministerio de Hacienda y defendido también en un documento de trabajo publicado por la propia Intervención General de la Administración del Estado pero que continúa sin aplicarse.



En cuanto a las cuentas individuales integradas dentro de la cuenta general, se ofrece información sobre el grado de cumplimiento de esta obligación, indicándose que en el sector empresarial no se han rendido las cuentas individuales de
dieciséis entidades ni las cuentas consolidadas de ocho grupos y que en el sector fundacional han sido nueve las cuentas no recibidas. Asimismo, se destaca el elevado número de cuentas rendidas


Página 5


fuera del plazo legal establecido, aproximadamente el 70 por ciento de las entidades de los sectores administrativo y empresarial que entidades sometidas a esta obligación y el 25 por ciento de las entidades del sector fundacional. Este
retraso en la elaboración y remisión de las cuentas, junto a otras circunstancias, ha originado que las diferentes cuentas generales que integran la cuenta general del Estado estén incompletas, no habiéndose incorporado los saldos de ocho entidades
del sector administrativo, veintiocho del sector empresarial y otras quince del sector fundacional. El Tribunal de Cuentas estima que la permisividad ofrecida por la actual legislación para formar la cuenta de forma incompleta debería ser
estrictamente excepcional y debidamente justificada por causas sobrevenidas y extraordinarias, situación que no es la observada en el ejercicio fiscalizado.



Por lo que se refiere a la regularidad formal de los estados contables que conforman cada una de las cuentas generales, se ha constatado que éstos se ajustan a la estructura establecida en la normativa, que en general son internamente
consistentes, si bien se ha observado falta de homogeneidad en los criterios aplicados en algunos casos, lo que ha repercutido negativamente en la representatividad de la correspondiente cuenta general, especialmente cuando se trata de operaciones
interrelacionadas. Entre las situaciones más significativas cabe señalar las siguientes. Por ejemplo, en las entidades del sistema de la Seguridad Social figuran las previsiones iniciales del capítulo 9 -pasivos financieros-, previsiones que no
aparecen en la cuenta de la Administración General del Estado. Segundo, el diferente tratamiento contable en el registro de las modificaciones de las previsiones iniciales de ingresos, a las que posteriormente aludiré. El distinto uso del
remanente de tesorería. El diferente tratamiento contable de la entrega en uso de inmuebles a las comunidades autónomas, y las diferencias entre saldos derivados de unas mismas operaciones entre entidades estatales. Asimismo, la representatividad
de la cuenta general se ha visto afectada por la agregación de cuentas individuales respecto a las cuales, en los informes previos de auditoría, se había emitido una opinión positiva con salvedades o, incluso, se había denegado opinión,
circunstancia que se ha presentado en noventa y en tres casos, respectivamente. Se señala también que en los sectores empresarial y fundacional, el informe exigido por el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria, relativo al cumplimiento de
las obligaciones asumidas por las entidades que los integran, como consecuencia de su pertenencia al sector público, no aporta toda la información requerida por la normativa aplicable.



¿Cuál es el nuevo marco de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria? Se analiza en el informe enviado a las Cortes Generales. Como cuestión previa a la presentación de los resultados alcanzados en el examen de la ejecución y
liquidación presupuestaria, estimamos oportuno recordar la importante modificación que en este ámbito supuso la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, estableciendo un nuevo marco para la actividad presupuestaria y financiera del sector público,
definido por la incorporación a nuestra regulación de nuevos principios a los que ha de estar sometida la actividad presupuestaria, como son los de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos; principios que a su vez enmarcan, como es natural, el alcance y objetivos de la actividad fiscalizadora del tribunal, habiéndose programado distintas fiscalizaciones sobre su cumplimiento.



Pasamos ahora a analizar brevemente el análisis de la liquidación presupuestaria. En cuanto al análisis de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2005, en lo que se refiere a las entidades del sector administrativo, se ha
constatado que las modificaciones de los créditos iniciales de las operaciones no financieras presentan un volumen similar al del ejercicio anterior, más o menos, habiéndose incrementado en 15.712 millones de euros los créditos presupuestarios
iniciales cifrados, como saben ustedes, en 286.498 millones. Las modificaciones netas supusieron un incremento del 5,62 por ciento de los créditos iniciales. Todos estos incrementos se han financiado -hay que decirlo con claridad- siguiendo los
criterios establecidos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, salvo una ampliación para atender las obligaciones asumidas como consecuencia del aval otorgado por el Estado a un préstamo del ICO a la República Argentina, que si mal no
recuerdo ascendía a 360 millones de euros.



El tribunal llama la atención sobre la financiación de esta ampliación a través de deuda pública, en lugar de aplicar el Fondo de Contingencia en concordancia con lo previsto en la normativa presupuestaria, y sobre la necesidad de que el
Ministerio de Trabajo dicte las pertinentes normas para adaptar los procedimientos de tramitación de las modificaciones presupuestarias en el sistema de la Seguridad Social a los nuevos criterios de la Ley General Presupuestaria. Asimismo, el
tribunal considera que cualquiera que sea la naturaleza de la operación, en virtud del principio de transparencia y desde una perspectiva de racionalidad contable, debería indicarse la forma de financiación de todo incremento del crédito inicial
presupuestario y registrarse, en la liquidación presupuestaria, las modificaciones en las previsiones de ingresos; registro que actualmente no se lleva a cabo en la cuenta de la Administración General del Estado ni en las entidades del sistema de
la Seguridad Social y que, entre otras consecuencias, origina que el grado de ejecución del presupuesto de ingresos quede afectado por esta carencia de registro.



¿Cuál es el grado de ejecución de los presupuestos? Aquí las cifras son muy positivas, porque en lo que se refiere a las operaciones no financieras y de activos financieros, capítulos 1 al 8, asciende al 97 por ciento de los créditos
definitivos, habiéndose reconocido obligaciones por 254.668 millones de euros. Por su parte, el grado de ejecución de los presupuestos de ingresos está


Página 6


afectado, como se acaba de mencionar, por la falta de contabilización de las modificaciones. Los derechos reconocidos netos ascienden a 263.584 millones. En la determinación del resultado presupuestario se ha constatado que se ha superado,
ampliamente, en 24.516 millones de euros la previsión inicial de un resultado negativo, hasta presentar la cuenta un resultado positivo de 9.175 millones de euros, desviación positiva que se ha visto corroborada en todos los subsectores integrados
en la cuenta general del sector administrativo.



No obstante, el Tribunal de Cuentas ha concluido que, como consecuencia de las deficiencias observadas y descritas en el documento elevado a las Cortes Generales, dicho resultado presupuestario anual debería disminuirse en 449 millones de
euros hasta reflejar dicha cuenta un resultado presupuestario del ejercicio, positivo, de 8.730 millones.
Asimismo, como consecuencia de las comprobaciones efectuadas sobre la ejecución presupuestaria, el Tribunal de Cuentas destaca que, con
independencia del ejercicio al que debieran haberse imputado, existen operaciones pendientes de aplicar a presupuesto a finales del ejercicio fiscalizado que hemos cuantificado en 2.096 millones de euros, por lo que se refiere a las operaciones de
gastos, y en 94 millones en las operaciones de ingresos, que deberán ser imputadas, como es natural, a los presupuestos de ejercicios posteriores. A los efectos de poder realizar una comparación interanual, en cumplimiento del acuerdo previo por
los plenos del Congreso y del Senado, el Tribunal presenta esta vez sendos cuadros, que habrán visto SS.SS., en los que se ofrece la evolución de los resultados presupuestarios y de las partidas pendientes de aplicación al cierre de los ejercicio
del período 2002-2005, y en los que puede apreciarse tanto el incremento del resultado presupuestario positivo como el de las operaciones pendientes de aplicar al cierre del ejercicio analizado en comparación con el ejercicio precedente. Creo que
eso fue un buen acuerdo del Congreso y del Senado que empezamos a ponerlo en práctica y que da mucha luz sobre la ejecución de los presupuestos.



¿Cómo se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria? El Tribunal de Cuentas, desde la entrada en vigor de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que estableció, como ya hemos comentado, un nuevo marco jurídico
presupuestario, completa el análisis de la liquidación presupuestaria con una referencia al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en términos del SEC-95. Para efectuar este análisis, el Tribunal viene solicitando documentación
complementaria a la IGAE, ya que con la rendición de la cuenta general no se remite ninguna referencia a dicho objetivo. A este respecto, se ha observado que la suma de los créditos iniciales del presupuesto de gastos no financieros del Estado
superó formalmente, si bien en una cuantía poco relevante, el límite máximo de gastos fijado en el acuerdo de Consejo de Ministros. No obstante, dichos créditos iniciales se minoraron en el curso del ejercicio y las obligaciones definitivamente
reconocidas no superaron dicho límite. Esto hay que decirlo así de claro.



De la información remitida se deduce que se obtuvo al final del ejercicio un resultado positivo, definido como capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional, de 13.939 millones de euros, el 1,5 por ciento del producto
interior bruto, con una desviación positiva del 1,3 por ciento respecto al objetivo inicialmente previsto. Esta desviación positiva respecto a las estimaciones iniciales, registrada en todos los subsectores públicos estatales, viene explicada por
el incremento de los derechos reconocidos en relación con los ingresos inicialmente previstos. En relación con el análisis efectuado por el tribunal, de la información aportada por la Intervención General de la Administración del Estado relativa
las modificaciones incorporadas al resultado presupuestario hasta alcanzar el importe de la capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional, se concluye que algunos ajustes se corresponden con defectos puestos de manifiesto por el
Tribunal en el examen de la liquidación presupuestaria o son contrastables con datos de la contabilidad pública, mientras que otros se basan total o parcialmente en informaciones extracontables, aportadas directamente por determinadas entidades
públicas.



En cuanto a los presupuestos de los sectores empresarial y fundacional, muy brevemente les diré que el Tribunal de Cuentas deja constancia, una vez más, de la falta de información en la respectiva cuenta general, lo que supone un
incumplimiento de lo previsto en el artículo 130.2, de la Ley General Presupuestaria. Por otra parte, las importantes modificaciones observadas en las cuentas individuales respecto a previsiones formuladas sobre el desarrollo de la actividad
inversora y financiera de las entidades, vienen a significar que dichas previsiones son en muchos casos meramente orientativas y muy alejadas de la realidad.
Asimismo, se ha observado falta de información en la cuenta general del sector fundacional
y carencia de explicación sobre los estados presupuestarios remitidos con las cuentas individuales, lo que denota una falta de rigor en la presupuestación y en su seguimiento.



Para no aburrirles a ustedes con tanto número, voy a hacer un breve análisis del balance de la situación del sector público administrativo, de los excedentes de tesorería y del dato del endeudamiento, para concluir con una valoración de la
memoria en el seguimiento y una propuesta que permitiría hacer en esta primera intervención. En cuanto al análisis del balance de situación del sector público administrativo, se resalta en la declaración la carencia de inventarios adecuadamente
elaborados y actualizados de los elementos de inmovilizado material, así como la infradotación de su amortización. Este es un mal crónico y patológico de todas las cuentas que presentan, no solamente la cuenta general del Estado sino las distintas
comunidades autónomas. Esta carencia de inventarios adecuadamente elaborados la vemos al analizar todas las cuentas. Creo que es fácilmente corregible


Página 7


pero eso corresponde a otro momento, a otra situación y a otro debate.
Asimismo, se reitera la frecuente utilización de las ampliaciones y reducciones de capital de determinadas sociedades para hacer frente a los gastos derivados de algunas
conmemoraciones, en lugar de consolidar las inversiones financieras. Igualmente se deja constancia, como en ejercicios anteriores, del inadecuado tratamiento contable de las operaciones de seguro de crédito a la exportación y de las aplicaciones de
los fondos con dotación presupuestaria y carentes de personalidad jurídica, como el Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo y el Fondo de Concesión de Microcréditos, pese a que este es el primer año en que se han incluido las cuentas de estos fondos en
la cuenta general.



¿Qué pasa con los excedentes de tesorería? Que en el examen de la cuenta general de 2005 se programó un análisis más detenido de la liquidez disponible, a fin de poder evaluar la posible existencia de excedentes de tesorería, habiéndose
concluido que muchas entidades cuentan con unas disponibilidades de liquidez superiores a las necesidades a corto plazo, lo que viene a significar una inadecuada planificación de la tesorería, especialmente si se considera a todo el sector público
estatal en su conjunto.



Voy a dar unos datos sobre endeudamiento. Se remarca la necesidad de que se registren adecuadamente los bienes entregados en cesión y adscripción y que se recoja contablemente la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del
que únicamente aparece reflejada la materialización financiera de su dotación acumulada. No hay un epígrafe concreto para él.
Se analiza el endeudamiento, que en la Administración General del Estado alcanzó los 344.655 millones de euros y en el
que, contablemente, se aprecia una disminución del 0,20 por ciento respecto al saldo del ejercicio anterior, si bien se destaca que continúa sin incluirse en dicho saldo la deuda contraída por el Grupo Barcelona Holding Olímpico, S.A. (Holsa) y la
deuda mantenida por el Ministerio de Defensa con Navantia. Se recuerda, asimismo, que la mayor parte de la deuda a largo plazo registrada por las entidades del sistema de Seguridad Social, es deuda contraída con la Administración General del
Estado, por préstamos concedidos por esta y sobre la que el Tribunal de Cuentas, además de señalar determinadas discrepancias en el tratamiento contable, viene proponiendo desde hace varios ejercicios diferentes alternativas para su regularización,
dado que se estima que dichos préstamos no se van a reintegrar o es difícil o poco probable que se reintegren.



En referencia a la información ofrecida por la memoria, si bien se ha incorporado nueva información que el Tribunal había venido reclamando en anteriores declaraciones, y con independencia de que su contenido se ajuste a lo previsto en la
normativa aplicable, se sigue considerando insuficiente la información aportada, especialmente en relación con el contenido del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial.
En la mencionada moción elevada a las Cortes Generales, se
describía cuál debería ser el contenido de la memoria en opinión del Tribunal de Cuentas, pero aquí tampoco hemos tenido éxito con nuestra iniciativa.



En cuanto al seguimiento en cumplimiento del acuerdo adoptado por los Plenos del Congreso y del Senado, en esta declaración se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones de anteriores declaraciones y de las resoluciones parlamentarias
adoptadas, dejando constancia en un apartado específico de la situación, a finales del ejercicio 2005, de las cuestiones más significativas que vienen a coincidir con las expuestas a lo largo de esta intervención. Este seguimiento es un elemento
muy importante en los tribunales de cuentas europeos. Hace unos días tuvimos un congreso extraordinario de Eurosai, que es la asociación que agrupa a todos los tribunales de cuentas de Europa, cuya secretaría general permanente la tiene España. En
este punto ofrecían fórmulas de seguimiento de los planteamientos que en las distintas comisiones, donde rinden sus informes los distintos tribunales de cuentas en los Parlamentos, se tenía como algo muy influyente en la mejora del control y, por lo
tanto, de la gestión pública. En otro momento quizá podríamos también hablar de este punto.



Finalmente, por todo lo expuesto en la declaración y ahora sintetizado en esta exposición -quizá he consumido más tiempo del que la generosidad de la Presidencia y ustedes se merecen-, el Tribunal de Cuentas propone, al igual que en
ejercicios precedentes, que las Cortes Generales insten al Gobierno a que adopte las medidas que sean necesarias, a fin de que la cuenta general del Estado y las cuentas que la conforman se ajusten plenamente a la legislación aplicable y a los
principios que deben informar su elaboración y rendición, y pongan adecuadamente de manifiesto la situación financiera y patrimonial y los resultados de la ejecución presupuestaria, así como de la actividad económica de los distintos sectores
públicos estatales en el correspondiente ejercicio.



Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente. Y no solo no se ha pasado, sino que estaba perfectamente en el tiempo de que disponía.



A continuación, pasamos a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios. En primer lugar, voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Popular, al señor Aguirre, recordándoles que el tiempo de intervención previsto es
de diez minutos, y les ruego se ciñan al objeto de la comparecencia y de sus intervenciones, que sería pedir información, ampliación de documentación y formular preguntas al presidente que comparece en esta Comisión.



Señor Aguirre, tiene la palabra.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: No sé qué temor tiene usted de que en mi intervención no me vaya a ceñir


Página 8


a los temas, pero no se preocupe porque me voy a ceñir al tema.



En primer lugar, señor Núñez, la bienvenida a esta Cámara. No tengo yo más que dificultades para poder subrayar la figura del señor Núñez, del que tengo que destacar su trayectoria como diputado constituyente, como diputado de la
transición, como un parlamentario que lleva a León en su corazón, y todos en esta Cámara lo hemos podido apreciar de manera continuada. Me atrevería a decir también que el señor Núñez ha sido entre nosotros un gran profesor de parlamentarios, yo
por lo menos he disfrutado de sus doctas lecciones. Hace muy poco tiempo, en una pequeña reunión -yo creo que era lúdica- asturleonesa, escuché un currículum del señor Núñez que si pudiera repetir aquí, debo reconocer que me iba a pasar cuatro
veces los diez minutos de la intervención que me ha pedido la señora presidenta. Pero yo sí quiero destacar una cuestión de última hora del señor Núñez, y es que en la etapa en la que él fue elegido presidente del Tribunal de Cuentas, precisamente
una etapa en la que la política corría por disputas, polémicas y faltas de consenso, el señor Núñez logró acceder al cargo de presidente de este tribunal por la unanimidad de todos sus compañeros. Creo que esto es, por así decirlo, la confirmación
o el certificado de la calidad política y personal del señor Núñez entre sus compañeros del tribunal y seguramente, como vamos a notar hoy, entre sus ex compañeros, pero compañeros, parlamentarios.



Dicho esto, es verdad que el Tribunal de Cuentas tiene que funcionar con un carácter independiente, que he visto que ha subrayado el señor Núñez, y es verdad que debe de aunar esfuerzos entre esta Cámara y la actuación fiscalizadora de dicho
tribunal. Por lo tanto, quiero expresarle, señor presidente, que tendrá siempre al Grupo Popular en ese esfuerzo de aunar criterios para que fiscalización y control parlamentario vayan caminando hacia el mismo destino. A nadie se le oculta que
esta es la primera cuenta general en la que tiene plena responsabilidad de gestión el Gobierno socialista y, por lo tanto, hay una diferencia clara entre las etapas anteriores de esta Comisión y la actual. Hoy vamos a empezar a ver la forma de
ejecutar y de gestionar la política presupuestaria del Gobierno socialista, pero yo me atrevería a decir que los parlamentarios de esta Comisión ya habían detectado que la cuenta del 2005 tenía que ser una cuenta que significara un punto de
inflexión entre una etapa y otra distinta; una etapa que caminaba por demasiadas insuficiencias y una etapa que tenía que entrar en una senda correctora de esas insuficiencias. Los plenos del Congreso y del Senado del 27 de noviembre y 10 de
diciembre de 2003, y del 3 y 8 de febrero de 2005, lo dejaron claro. En esa ocasión se podía leer en el 'Diario de Sesiones': Se entiende que ha transcurrido el tiempo necesario para incorporar las resoluciones de carácter corrector aprobadas por
esta Comisión mixta y contemplar las mismas en la cuenta general del ejercicio 2005 a las que se refiere la declaración que hoy examinamos y que debatiremos. Pues bien, si este es el punto de inflexión, el presidente nos ha dado ya un primer
titular. El poco nivel de influencia que han tenido las mociones y resoluciones de esta Comisión. El propio tribunal ya nos indica que las recomendaciones y las resoluciones que alcanzamos en estas Cámaras los responsables de elaborar la cuenta
-es decir, la IGAE y, en definitiva, la Vicepresidencia Económica del Gobierno- no las incorporan debidamente y, por lo tanto, estamos ante una situación de incumplimiento de esas resoluciones.



La aspiración de fiscalización y de control parlamentario tiene en este momento y en esta nueva etapa cuatro objetivos: llegar a examinar y debatir en tiempo y sin retrasos la cuenta general, lograr una cuenta general presidida por un grado
de representatividad sin discusión, lograr también una cuenta general bajo el imperio del principio de transparencia y contar con una cuenta general que sustituya la mera agregación de cifras por una cuenta de cifras consolidadas y sin limitaciones
de ningún tipo. Si vamos a repasar retrasos -sería una primera observación-, quiero señalar que no me parece prudente, oportuno ni políticamente recomendable estar debatiendo a mediados de 2008 la cuenta de 2005. Ya sé que ha habido muchos
elementos que han podido interrumpir este estudio, ya sé que puede haber situaciones políticas y coyunturas económicas distintas, pero el que hoy pretendamos estudiar la cuenta de 2005 con lo que tenemos todos en la cabeza de coyuntura económica de
2008 -no voy a entrar en ella precisamente para no irme a temas por los que podría ser llamado a la cuestión, pero que están en la mente de todos-, resulta inadecuado. El interés de esta Comisión tiene que ser estudiar y debatir esta cuenta general
lo antes posible. Por eso me atrevería a hacer una primera propuesta y contar para ello con el esfuerzo del Tribunal de Cuentas, aquí representado por su presidente, que los debates sobre las cuentas haya que realizarlos al año siguiente del
ejercicio que se está examinando, de lo contrario es sencillamente un debate estéril, aunque pongamos todos nuestra mejor voluntad.



Hay una segunda cuestión en materia de retrasos sobre la que quiero llamar la atención a los componentes de esta Comisión. A nadie se le oculta que el número de informes que están pendientes de debatir en esta Comisión es excesivo. Sería
muy prudente, querida presidenta, que hiciéramos un planteamiento comprometido para evacuar el examen y el control parlamentario de esos informes. Haciendo un cálculo grueso, casi tendríamos que reunirnos todas las semanas de este año para poder
eliminar el estancamiento que tenemos de informes pendientes de estudiar y que esto no pase de ser un estancamiento a ser un atasco. En cualquier caso, creo que la puntualidad en el debate y en el control parlamentario debería llevarnos a que la
cuenta de 2005 no se debata en el año 2008.



En relación con la representatividad, la intervención del presidente del tribunal y el informe vienen a indicarnos


Página 9


que hay numerosas cuentas individuales que no se han rendido, que se han rendido fuera de plazo o que se han rendido con defectos, hasta he podido leer en el texto que el tribunal opina que existe un significativo empeoramiento de la
situación en relación con el ejercicio anterior en lo que a representatividad se refiere. Creo que la falta de rendición de cuentas, la rendición con excesivos retrasos o con significativos defectos pone en discusión la efectividad de la rendición
de cuentas realizada. Ante estos retrasos, ante estos incumplimientos, ante estos defectos en la presentación de cuentas, me gustaría preguntar al presidente del tribunal qué iniciativas ha tomado el tribunal para apremiar a los perezosos y a los
incumplidores. En su opinión, ¿qué responsabilidad le cabe a la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del vicepresidente económico, en la resolución de estos incumplimientos y de estos retrasos?


Llegado a este punto de mi intervención, me gustaría hablar sobre otra aspiración que debe tener la cuenta, que es el principio de transparencia. He anotado que el presidente del Tribunal de Cuentas no tiene -y así lo refleja en la
declaración- excesiva intranquilidad por el número o el volumen de modificaciones que se han producido en relación con el presupuesto anterior, pero al mismo tiempo he anotado que se queja de que las modificaciones relativas al presupuesto de
ingresos no vienen nunca justificadas en su forma de realizarse y, por tanto, se le escapa a la información del Tribunal de Cuentas cómo se pueden valorar esas alteraciones en el presupuesto de ingresos. Por esta razón, porque considera que el
volumen es parecido al anterior, me gustaría hacerle algunas preguntas en relación con las modificaciones o ampliaciones de los créditos en la ejecución del presupuesto de 2005. ¿Es suficiente la información que recibe el tribunal sobre la forma de
financiación de los incrementos de crédito de las operaciones financieras y no financieras? ¿Qué opinión le merece la ampliación del crédito para responder a determinado aval del ICO prestado ante la República Argentina? Con relación a los gastos
de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz, ¿qué opinión le merecen las ampliaciones que se han producido? A su entender, ¿existe rigor en la elaboración de los presupuestos iniciales, habida cuenta de que hay créditos en los que está clarísimo
cuál sería su importe final y no tendrían que presupuestarse por debajo y luego ser objeto de ampliaciones? Por último en este capítulo, me gustaría preguntarle si recibe el Tribunal de Cuentas la información suficiente para poder determinar que se
cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.



Voy terminando, señora presidenta. Sobre la necesidad de consolidación de las cuentas, a la que ha hecho mención el señor presidente y que yo creo que es la cuarta aspiración que debe tener la cuenta general del Estado, simplemente les voy
a leer lo que redacta el punto 8, apartado 2, del informe del Tribunal de Cuentas: Los estados contables que conforman cada una de las cuentas generales que integran la cuenta general del Estado siguen siendo el resultado de una mera agregación de
las cuentas individuales incluidas en la misma. No tengo que hacer ningún comentario más sobre el grado de éxito del objetivo de consolidación.



La señora PRESIDENTA: Señor Aguirre, le recuerdo que lleva más de 15 minutos.



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Termino enseguida, señora presidenta.



Para resumir voy a hacer dos preguntas más y una consideración final. ¿Qué opinión le merece la contabilización de las relaciones de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), en relación con las operaciones del
Fondo de Ayuda al Desarrollo? ¿Qué opinión le merece la falta de inventarios que se registra en el área fundamentalmente de inmovilizado que usted mismo ha puesto de relieve en relación con el sector empresarial estatal y con el sector fundacional
estatal?


Señoras y señores diputados y senadores, en toda la intervención y en toda la lectura hay una reiteración en relación con la cuenta general de 2005, y quizá sea el momento de manifestar que deberíamos aspirar a que la cuenta general ofrezca,
de forma adecuada, una imagen representativa de la situación económica y financiera del sector público estatal. Hablaba al inicio de un punto de inflexión, y ahora tengo que decir que, escuchada la intervención del presidente del Tribunal de
Cuentas, en representatividad, en transparencia y en consolidación estamos ante un avance perezoso de las mejoras que han reclamado estas Cámaras, las Cortes Generales y, por eso, me parece que ha llegado el momento de que esta Comisión mixta llame
a comparecer a la Intervención General de la Administración del Estado para que nos diga de qué forma puede contribuir a mejorar lo que hasta el momento ha sido calificado como escasa o poca mejora de las recomendaciones de esta Comisión.



La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Catalán de Convergencia i Unió, señora Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, quisiera empezar mi intervención, en primer lugar, deseándole muchos éxitos en sus nuevas responsabilidades, importantes y claves para el buen funcionamiento del Estado, entendiendo que sus éxitos
serán los de todos porque deberían representar mejoras en la gestión de las cuentas del Estado, mejoras en los principios de transparencia y eficiencia y que el Gobierno escucha más e incorpora en mayor medida las recomendaciones del tribunal.
Nuestro grupo, para ello, estará a su lado. Por tanto, bienvenido y le deseo nuevamente los mejores éxitos en estas nuevas responsabilidades.



Como siempre, la veracidad, el rigor y el detalle en los informes del Tribunal de Cuentas son referencia para el buen funcionamiento de toda la Administración y una


Página 10


de las garantías más importantes con que cuenta el Estado de derecho. Por ello, el Gobierno debe creerse y seguir las recomendaciones que realiza el tribunal en sus conclusiones, algo que lamentamos que, hasta la fecha, no se dé en la
medida en que debería darse. De nada nos sirve la independencia de un tribunal si luego no somos capaces de tenerlo en cuenta, aceptar sus críticas y aplicar sus recomendaciones para una mayor trasparencia y eficacia de nuestras administraciones.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), considera muy significativas algunas de las recomendaciones que se contienen en el informe que nos acaba de exponer, y me referiré en mi intervención fundamentalmente a cuatro.



En primer lugar, el tribunal subraya que ha encontrado deficiencias en la ejecución presupuestaria. Dice textualmente que, si bien en el ejercicio 2005 se han contabilizado parte de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de
ejercicios posteriores que estaban sin registrar en el ejercicio anterior, no se han contabilizado la totalidad de los adquiridos en el propio ejercicio 2005, ascendiendo el importe total al cierre al menos a 52.992 millones de euros. No desvela
ninguna novedad.
Asimismo el Tribunal de Cuentas se lamenta de que año tras año se siga produciendo un desplazamiento temporal del gasto del ingreso. Desde nuestro punto de vista, esto es muy negativo. Con tantos años de democracia y de control
sobre las cuentas del Estado, a fecha de hoy todavía no se han resuelto los problemas de contabilización total de los compromisos de gasto. El Tribunal de Cuentas, en su informe, se encarga de destacar que la falta de contabilización no es algo
debido a gastos de última hora, sino que se trata de un problema mal gestionado que vamos arrastrando presupuesto tras presupuesto. En Convergència i Unió nos preguntamos qué se puede hacer para evitar que esta situación de falta de
contabilización, con la opacidad y falta de transparencia que conlleva, se repita. Quiero recordar que no se trata de cantidades menores, sino de que la cifra que el Tribunal de Cuentas ha sacado a la luz asciende a 52.992 millones de euros, más o
menos, el 5 por ciento del PIB.



En segundo lugar, hay más recomendaciones desatendidas por el Gobierno.
Así, el Tribunal de Cuentas sigue evidenciando que la Administración General del Estado no recoge en sus obligaciones de pago para el año 2005 la deuda de 3.372
millones de euros con la Seguridad Social acumulaba por los servicios y prestaciones sanitarias, de financiación obligatoria por parte del Estado. Nos preguntamos por qué. Sin embargo, el modo en que la Administración General del Estado efectuó el
pago nos lleva a pensar más en operaciones políticas de las cuentas del Estado. Habría resultado casi imposible cubrir la deuda de la Seguridad a través de transferencias, como debería haberse hecho.



En tercer lugar, aunque todavía conectado con la Seguridad Social, nos encontramos con el problema de la titularidad y dominio de los bienes inmuebles pertenecientes al Insalud y otros entes. De hecho, quisiéramos agradecer al Tribunal de
Cuentas que haya vuelto a poner de relieve algo que largamente ha sido defendido por nuestro grupo parlamentario, y es que todavía en el ejercicio 2005, en el balance de la Seguridad Social, aparecían como valor neto contable los bienes inmuebles de
los extinguidos servicios sociales del Insalud, etcétera, cuando su uso y disfrute, junto con las competencias plenas, fueron transferidos a las comunidades autónomas. Por ello, estamos ante una situación en la que la Seguridad Social conserva para
sí como valor contable neto la propiedad de unos bienes inmuebles, así como su amortización, que en todo y para todo dependen de las comunidades autónomas. No nos parece coherente. Por tanto, nos sumamos a la posición del Tribunal de Cuentas e
instamos nuevamente al Gobierno la plena cesión de la titularidad de unos bienes que de facto ya no están en su haber y, en consecuencia, su eliminación del balance de la Seguridad Social.



Por último, y en cuarto lugar, queda un punto que tiene gran relevancia en el contexto actual en materia de financiación del Estatuto de Cataluña.
Se trata de la opacidad manifiesta y contrastada con que se desenvuelven las cuentas del
sector empresarial estatal. Reitero que este aspecto tiene especial relevancia para la financiación del Estatuto de Cataluña.
En palabras del tribunal en su informe, las cuentas generales del ejercicio 2005, igual que las correspondientes a
ejercicios anteriores, no proporcionan información alguna en materia de planificación de la actividad económico-financiera del sector empresarial estatal ni de la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades que lo integran. Y sigue
diciendo: Cabe señalar que esta carencia, ya puesta de manifiesto en anteriores informes de este tribunal, supone el incumplimiento de lo establecido en el artículo 130.2 de la Ley General Presupuestaria, en el que se establece que la cuenta
general del Estado suministrará información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos además de otra información.



De esta lectura, señor presidente, se desprenden una serie de consecuencias que entendemos son negativas. En primer lugar, se desprende el incumplimiento por parte de la Administración General del Estado de la Ley General Presupuestaria.
Como decía al principio de mi intervención, considero que la tarea de control y seguimiento que realiza el Tribunal de Cuentas es fundamental para una mejora y una mayor eficiencia en la gestión de las cuentas del Estado; también lo es para que la
gestión y las mejoras en la gestión y las cuentas de las administraciones públicas lleguen de una manera creíble, transparente, eficiente, completa y periódica a la ciudadanía, y que esto repercuta en la misma mejora de la gestión de los recursos de
los ciudadanos y estos lo perciban así. En segundo lugar, el incumplimiento de la Ley General Presupuestaria hace imposible cuantificar cuál es en realidad la cantidad de recursos realmente liquidados y ejecutados por parte de las distintas
empresas públicas, como, ADIF o AENA. Se hace difícil que la ciudadanía perciba la credibilidad del Gobierno cuando habla de


Página 11


respeto y estricta aplicación del Estatuto catalán -estatuto que prevé una determinada cantidad de inversión en Cataluña por parte de la Administración General del Estado, acorde con su porcentaje en el PIB en el conjunto del Estado- si
luego no se pueden verificar por falta de información los recursos realmente invertidos y liquidados en Cataluña.



Apostamos, señor presidente, por la credibilidad de las cuentas públicas, por la eficiencia en la gestión de las cuentas públicas y por la transparencia en su información; apostamos por un acercamiento del ciudadano a la gestión de sus
recursos y por un papel efectivo y real del Tribunal de Cuentas. Apostamos también por una clara recuperación de la credibilidad política de las administraciones públicas y por ello este grupo parlamentario pide a la Administración General del
Estado que cumpla la ley y que publique de forma inmediata y periódica toda la información relativa a la planificación de la actividad financiera, así como la referente a la ejecución y liquidación de los presupuestos de las empresas que integran el
sector público empresarial.



La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Entesa Catalana. (Pausa.) Renuncia a la intervención.



Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Tuñón.



El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: En primer lugar, quiero darle la bienvenida a esta Comisión, señor presidente.



Quisiera ser breve. La verdad es que no he estudiado en profundidad las cuentas -esto no se puede decir públicamente- pero tengo cierta experiencia en leer cuentas como ex presidente de un tribunal de cuentas autonómico y su comparecencia
me está recordando muchas de las comparecencias que se tienen con estas auditorías, sobre todo en las auditorías que se llaman recurrentes, donde tan importantes son los fallos que se cometen como la secuencia temporal, es decir, las modificaciones,
las mejoras que se han ido produciendo a lo largo de los años. Y realmente también comparto la preocupación de los que han hablado anteriormente en este sentido. Comparto el poco avance del Estado, de la Administración, a la hora de corregir todas
las deficiencias y seguir las recomendaciones que se están haciendo tanto por el Tribunal de Cuentas como por esta Comisión mixta. Quisiera que se reflejara esta preocupación, al menos por mi parte, porque esto es muy importante. El Tribunal de
Cuentas lleva funcionando ya muchísimos años y se están incorporando cada vez más estos principios de transparencia. Hay que incorpor los principios de la buena gestión, eso es importantísimo.
Muchas veces, cuando hablamos de eficiencia o de
eficacia nos quedamos en eso. Yo quiero preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas si tiene pensando algún sistema de modificación de la valoración de la cuenta general en lo que se refiere a estos aspectos. Desde hace muchísimos años el
presupuesto se hace por programas, y he visto que la memoria que se remite prácticamente es un cuadro, no hay más información, con lo cual me imagino que el análisis que pueden hacer ustedes es prácticamente inexistente.



Me sumo también a la preocupación que han manifestado por el retraso de las cuentas. Me parece que eso es fundamental, porque es verdad que se pierde credibilidad. Seguramente esto no es culpa del Tribunal de Cuentas, pero habrá que ver
qué medidas se pueden adoptar para corregir esta situación. Sé que se van corrigiendo plazos, y me da la sensación de que estamos en mejores condiciones. Hablo un poco de memoria, pero la cercanía entre el informe del Tribunal de Cuentas y el
periodo analizado era una exigencia que se planteaba constantemente. Simplemente quiero hacer este llamamiento, que se extiende también a los incumplimientos en los plazos del sector público empresarial y del sector fundacional. Este es un sector
que va creciendo todos los años y me gustaría que se hiciera un balance de cómo va creciendo año tras año. Así como la Administración tiene ya una inercia de cumplimiento de ciertas obligaciones, me da la sensación de que el sector empresarial
público y el sector fundacional todavía no han asumido esta obligación, y este es un tema que me parece fundamental. En cualquier caso, le felicito por la labor que desarrolla, por su clara exposición y por su síntesis sobre lo que hace, y me sumo
a las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas para este ejercicio.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Mas.



El señor MAS I ESTELA: En primer lugar, en mi nombre y también en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y de los senadores socialistas, quiero saludar la presencia aquí del señor Núñez, presidente de Tribunal de Cuentas, para
presentarnos la cuenta correspondiente al año 2005. Soy bastante nuevo en la casa, por lo que no he tenido el placer de compartir, como han explicado mis compañeros diputados y senadores, su larga experiencia aquí. En todo caso, es una
satisfacción poder debatir los temas con una persona cuya experiencia en la casa le permite comprender cuál es la situación desde el otro lado de la mesa.



Previamente, si me lo permite la señora presidenta, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la confianza que ha depositado en mí para ser portavoz en esta Comisión. Espero poder superar el listón que me dejó mi predecesor, mi
compañero Francesc Vallès. Confío en que todos mis compañeros me ayudarán a realizar el trabajo. También quiero manifestar la voluntad de acuerdo de nuestro grupo parlamentario con los grupos de las dos Cámaras que forman parte de esta Comisión
para realizar nuestro trabajo. Dije hace poco que creía que habíamos comenzado bien la Comisión el


Página 12


otro día, cuando no tuvimos ni que votar para la propia composición de la Mesa de la misma. Creo que ese es un signo de buena voluntad.



Entremos en el análisis de la exposición que ha realizado el presidente del Tribunal de Cuentas. Me permitirán que manifieste una primera impresión, probablemente debido a que es la primera vez que me enfrento al volumen de una cuenta
general, no a una cuenta particular que alguna experiencia tengo. Permítanme -decía- que deje en el 'Diario de Sesiones' una expresión muy catalana, que me vino enseguida a la cabeza al leer la documentación presentada: Mucha ropa, poco jabón y
tan limpia que la quiere. Aquí hay un volumen de documentación inmenso, existen los medios que hay para analizarla y todos quisiéramos que esto fuera impecable. A partir de esta consideración, supongo que relativizo bastante el contenido de las
propuestas y especialmente en lo que he podido conocer de la historia de las propuestas y resoluciones que se han ido tomando.
En concreto me ha interesado que en el análisis de las resoluciones se vengan repitiendo muchos de estos temas desde hace
muchos años. A partir de aquí creo que el debate no es nuevo sino que ya otros años se ha debatido sobre si tendrían que acortarse los plazos para presentar la declaración. Si consideramos que la Intervención General del Estado tiene que recoger
toda la documentación, el Tribunal de Cuentas tiene que analizarla, se envía para alegaciones, estas alegaciones tienen que tramitarse, vuelven y se presenta la declaración, me gustaría poder suscribir la declaración del portavoz del Grupo Popular
de que tuviéramos que hacerlo todo dentro del año siguiente, pero es un desiderátum que no tenemos que abandonar, pero sí aceptar que es bastante difícil. Hay problemas de cumplimiento, hay problemas de consolidación pero me da la impresión,
leyendo la declaración, de que se van mejorando los cumplimientos respecto a años anteriores. Todavía existen entidades que no presentan a tiempo la declaración o incluso que no la presentan, pero son cada vez menos respecto a años anteriores.
Respecto a la consolidación hay algunos avances, especialmente en el sector público empresarial. Supongo que a la gente que empezó a pensar en democracia en un tribunal de cuentas le debían quedar bastante lejos las posibilidades derivadas de las
herramientas informáticas que tenemos hoy. Si alguien en 1982, cuando se creó el Tribunal de Cuentas, hubiese conocido las posibilidades que nos da el sistema informático hoy, hubiera pensado que estábamos hablando de ciencia ficción. Hoy las
tenemos y seguramente en los próximos años todavía tendremos más facilidades. Esto nos da esperanza de que este desiderátum de cumplimiento y consolidación se pueda ir alcanzando en el tiempo.



Respecto a los resultados que nos presenta la cuenta general de 2005 del sector público del Estado, las modificaciones de crédito son más o menos iguales que el año pasado. Creo que es importante la observación que ha hecho el presidente de
que son correctas respecto a su acuerdo; se ha cumplido el límite de gasto establecido en el acuerdo del Parlamento y se ha cumplido con creces el objetivo de estabilidad presupuestaria toda vez que el superávit ha sido superior al esperado porque
los ingresos del año 2005 han sido superiores a los previstos, mientras que los gastos se han mantenido en torno al 97 por ciento, que es una ejecución correcta. En primer lugar, hubo una previsión presupuestaria correcta y después hubo una
ejecución correcta. Los que hemos manejado presupuestos sabemos que si los gastos no se ejecutan en su totalidad, más o menos en torno al 97 ó 98 por ciento, y los ingresos se han previsto de forma prudente, lo cual indica que si hay una situación
buena hay mayores ingresos, se consigue este objetivo de superávit y en este caso de superávit superado respecto a la previsión en relación con la contabilidad nacional.



Pocas variaciones hay, con respecto a años anteriores, entre las declaraciones y el cumplimiento de las resoluciones. Da la impresión de que un año detrás de otro se van repitiendo resoluciones. Por ello me permito plantear a la Comisión y
al Tribunal de Cuentas que, dado que tendremos tiempo para presentar las resoluciones -que tenemos que hacerlo obligatoria y preceptivamente- porque dudo, señora presidenta, que logremos celebrar otra Comisión antes del final del periodo de sesiones
con lo cual nos iremos a septiembre, tendríamos que reflexionar -lo lanzo como sugerencia y con toda humildad no es ninguna situación a imponer-con el propio tribunal, con la IGAE y con todos los grupos parlamentarios sobre cómo tendríamos que hacer
las propuestas de resolución.
Probablemente tendríamos que establecer una gradación en función de la facilidad de obtener o de alcanzar los objetivos que queremos, de la necesidad de unos más que de otros, de intentar cubrir determinados objetivos
porque de la lectura de la parte octava de la declaración -la relativa a cómo se han ido realizando las resoluciones- me ha venido a la cabeza aquello de que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Si vamos un año trás otro repitiendo las
mismas cosas y no se consiguen, quizá nos deberíamos plantear qué es lo que tenemos que determinar.
Evidentemente, el objetivo del tribunal y el objetivo que pretendemos en una democracia de que las cuentas estén perfectamente claras, auditadas y
se conozcan con claridad no hay que abandonarlo nunca, pero sí tendríamos que determinar cuáles, en qué plazos, qué objetivos para ir consiguiendo resultados porque no hay nada peor que un año detrás de otro vayamos repitiendo que las amortizaciones
del inmovilizado no se realizan, que hay créditos del año 1991 del Estado con la Seguridad Social que se van arrastrando, que hay imputaciones en las cuentas del sector público fundacional que no se imputan correctamente. De la lectura del apartado
octavo al que estoy refiriéndome -el seguimiento de las recomendaciones- excepto los tres primeros puntos, señor presidente, que hacen referencia el primero a retrasos, donde explica que hay mejoría; el segundo punto hace referencia a
consolidación, en la que hay avances; el tercer punto referente a las memorias, que se han corregido


Página 13


insuficiencias; repito, excepto estos tres primeros, del punto 4 al punto 19 hay dieciséis puntos que muchos son repetitivos y que son cosas concretas, por ejemplo Holsa y Navantia, las discrepancias entre la Tesorería de la Seguridad
Social y la Administración General del Estado e incluso alguna cosa sorprendentemente como la liquidación de créditos de la Tesorería de la Seguridad Social con una fundación de Málaga. El nivel de observaciones y de recomendaciones es tan dispar
que a veces cuesta entender cómo no se resuelven algunas de estas.



Para terminar, señora presidenta, he puesto encima de la mesa alguna reflexión por lo que me gustaría saber la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas sobre la misma, entendiendo que lo he hecho con la humildad del que es nuevo.
Señora presidenta, pensé que en esta Comisión, en términos deportivos, estamos empezando con un sprint afrontando la liquidación de la cuenta general de 2005 cuando todavía no hemos hecho el calentamiento previo para el funcionamiento de la misma.
En todo caso, hay que acabar dando las gracias al señor presidente del Tribunal de Cuentas y a toda la cadena que posibilita que hoy estemos aquí haciendo este análisis. Empiezo por la Intervención General de la Administración del Estado, las
personas que elaboran los documentos contables y el propio Tribunal de Cuentas. Quiero que quede constancia del agradecimiento a todos los que hacen posible, con su esfuerzo y dedicación, que los parlamentarios podamos cumplir la labor que nos ha
encomendado el pueblo español.



La señora PRESIDENTA: Tiene a continuación la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas, señor Núñez.



El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Núñez Pérez): Señorías, me han hecho escribir ustedes más que al Tostado, he tomado muchas notas y voy a ver si procuro sistematizarlas, sacando sobre todo el denominador común de las preguntas
que coinciden y de las preocupaciones que coinciden. Quiero empezar diciendo muchas gracias al señor Aguirre; muchas gracias, a la señora Riera, al señor Tuñón y al señor Mas. Muchas gracias por sus intervenciones, por sus preguntas y, sobre
todo, por sus sugerencias. Gracias también por sus amables palabras que, por supuesto, en algunos casos -en todos-, están dictadas más por el afecto, incluso por el afecto espontáneo. Aquí, en el Congreso de los Diputados el afecto es más bien
flor silvestre y no planta de jardín, es decir, sale espontáneamente cuando efectivamente se dan las circunstancias para que salga. Yo me siento abrumado por el afecto que muchas veces me demuestran y que no tiene nada que ver con mis méritos;
muchas gracias, por supuesto. Decía, me parece que Don Quijote a Sancho, alguna vez lo he recordado, cuando le alababa sus muchos méritos: cada uno es como Dios le hizo y a veces peor. Si yo no soy peor es porque he tenido unos grandes
compañeros, en todos los grupos parlamentarios -desde el año 1977, en que tuve la suerte y el honor de ser constituyente-, que me enseñaron a colaborar, a ser un factor más, un factor humano, en el sistema democrático, respetando a todos y
potenciando las libertades. Esa lección he procurado que no se me olvide nunca. Por eso quizás es fácil hablar con todos y eso quizás también haya sido la causa de que en el pleno del Tribunal de Cuentas me hayan elegido por unanimidad, después de
seis años de estar colaborando todos juntos. Voy a procurar que en este mandato nuevo que inauguramos hoy no pierda ni muchísimo menos el afecto que hoy me demuestran, aun con mis torpezas o con mis intervenciones que no se ajusten a lo que de
verdad se quiere del presidente del Tribunal de Cuentas.



Dicho todo esto, tengo que decir que efectivamente en alguna de las intervenciones -y es natural- se solicitan informaciones u opiniones del presidente del tribunal. El presidente del tribunal está aquí como portavoz del pleno del Tribunal
de Cuentas y por tanto lo único que puede hacer es aclarar, interpretar, explicar -quizá-, los datos y cifras, las posiciones y los contenidos de cada uno de los informes de fiscalización, pero no aventurar opiniones personales. En definitiva,
cuando se solicitan informaciones o aclaraciones que excedan de lo que ha comprobado el tribunal y entren en las causas o motivos del gestor, incluso en las esgrimidas en alegaciones que se consideran juicios de valor o valoraciones subjetivas,
tengo que decir que esas valoraciones y esas causas o motivos hay que trasladarlas al gestor, es decir, a la SGAE, perdón, o al vicepresidente económico o a quien corresponda. No quiere decirse que quiera tirar la pelota al campo ajeno, sino que yo
no estoy legitimado para jugar con esa pelota; jugaré cuando tenga que jugar, con todas las consecuencias y con todo el rigor. En una primera relación entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión, estas aclaraciones son buenas para todos, porque nos
ayudarán a avanzar en lo que puede ser un debate o un análisis de cada uno de los informes que aquí traemos.



Entrando en el análisis de algo que a todos ha preocupado, que es el retraso en la formulación y análisis de la declaración sobre la cuenta general, es decir, el escenario de 2005, naturalmente, ante la opinión pública es inevitable, no es
el escenario de 2008, pero eso a nosotros nos tiene que incumbir lo justo, porque de lo que se trata aquí es de analizar los Presupuestos Generales del Estado, entre otras cosas, cómo se han ejecutado, etcétera, en aquel ejercicio al que hemos
podido llegar con nuestros análisis. La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas establece que el Tribunal examinará la cuenta por delegación en el plazo de seis meses tras su rendición. Vamos a ver si esta cuenta tiene o no tiene retraso en su
planteamiento, porque es una crítica muy fácil que nos pueden hacer los medios, sobre todo al tribunal, pero también a la Comisión. Es una crítica fácil y, además, hay que explicarla, para decir que el retraso, si existe, es mínimo. El plazo
fijado por la Ley General Presupuestaria para la rendición de la cuenta general al tribunal se extiende


Página 14


hasta finales de octubre, diez meses tras la conclusión del correspondiente ejercicio. Por eso, la cuenta general se recibió en el tribunal el 30 de octubre de 2006. Ya vemos cómo este plazo se está acortando seriamente y ha agotado el
plazo legal. ¿Qué puede haber procedimientos y medios técnicos para no agotar este plazo legal? Señor Aguirre, es posible que sí. A lo mejor hablamos de eso.



El Tribunal de Cuentas ha interpretado siempre que el plazo disponible de seis meses que tiene el tribunal para efectuar el examen ha de extenderse, no desde el 30 de octubre, porque es imposible, sino que al plazo de seis meses para el
examen se añaden los dos meses que dispone la ley, como máximo, para el trámite de alegaciones. Es el plazo habitualmente utilizado, con lo cual nos situamos ya en año y medio desde que terminó el ejercicio de 2005. Si a eso añadimos además que,
por circunstancias normales, no buscadas por nadie, como son que se han disuelto las Cortes y por tanto la Comisión mixta Congreso-Senado no ha podido funcionar desde entonces hasta que se constituyó la Comisión de nuevo, tenemos otros seis meses
más. La cuenta está enviada aquí en febrero; por lo tanto, ¿dónde está el retraso? El retraso no existe, desde el punto de vista del cumplimiento de las normas de procedimiento, de las normas adjetivas, para realizar la cuenta. Me parece bien
que se diga qué tenemos que hacer una reflexión sobre cómo se pueden acortar estos plazos y si conviene para que el escenario en el que se examina la cuenta por la Comisión mixta y el tribunal coincida más con el escenario real de la situación
económica, en donde se podrían hacer debates políticos, en los que yo no estoy legitimado para entrar. Eso es por lo que se refiere al retraso de la cuenta general.



Se ha hablado también del retraso de las cuentas individuales y de la no presentación de las cuentas individuales. Eso ya es otra cosa, porque eso sí que se puede corregir y se debe corregir. El señor Aguirre preguntaba qué medidas puede
utilizar el tribunal para que los que no presentan las cuentas las rindan o para que las rindan dentro de los plazos que deben rendirlas. La normativa contempla la tramitación de los correspondientes requerimientos conminatorios por parte del
tribunal, que pueden desembocar en la imposición de multas coercitivas, en el supuesto de que dicho requerimiento no sea atendido. ¿Se ha utilizado el requerimiento conminatorio? En algunos casos, sí. ¿Debe utilizarse con más frecuencia? A lo
mejor es una reflexión que tiene que hacerse el tribunal. Pero, efectivamente, se han utilizado los requerimientos conminatorios y se han impuesto multas coercitivas. Recuerdo que en el último pleno, en la primavera del año pasado, se hicieron
requerimientos a muchos ayuntamientos, con sus correspondientes multas. Yo entiendo que lo que procede, más que esto es tratar de convencer y de buscar unos sistemas de colaboración, con cambios en la normativa que deben hacerse a través de las
correspondientes iniciativas parlamentarias. El señor Mas hablaba de resoluciones que hay que hacer de otra manera. A lo mejor. Es un dato, y ya manifiesto -en este caso, más que mi opinión es lo que he oído en el pleno- que determinadas
resoluciones, determinadas recomendaciones y determinadas mociones, que el Tribunal de Cuentas ha presentado a lo largo de toda su historia democrática, desde la Ley Orgánica de 1982 -no elimino a ningún Gobierno-, se repiten, pero otras son nuevas,
muy nuevas. Quizás habría que estudiar el planteamiento de la resolución para que el cauce de la iniciativa parlamentaria, que es posterior, o el convencimiento al Gobierno, se haga a través del ejercicio del control parlamentario y de unos
planteamientos más eficaces y más convincentes.



Hay, por lo tanto, procedimientos para exigir que las cuentas se presenten y para que algunas no se rindan con tanto retraso, retraso que ha hecho, concretamente, que no podamos hacer que figuren en los datos y cifras definitivos esa parte
de cuentas que arrojan al final un saldo importante. Para fijar una posibilidad de que esto es posible, de que las innovaciones tecnológicas juegan a nuestro favor, tenemos que decir que el Tribunal de Cuentas está trabajando sobre la rendición
telemática de las mismas en organismos autónomos, en entidades financieras y en fundaciones, con la Intervención General de la Administración del Estado, con la que estamos llegando a acuerdos que creo que pueden ser realidad en una fecha próxima.
En todo caso, ya hay una utilización de este sistema, de la rendición telemática de cuentas, en las corporaciones locales. En ellas, en los ayuntamientos, a través de convenios con los órganos de control externos de las comunidades autónomas
-concretamente con seis-, ya tenemos un convenio, por virtud del cual la rendición telemática de las cuentas, simultáneamente al tribunal y al órgano de control externo de la comunidad autónoma, se hace ya de esta manera. El resultado de los seis
convenios que están en marcha con esos seis órganos de control externo de comunidades autónomas es muy positivo. Me parece que en el próximo pleno firmamos con Andalucía, y dentro de poco con Galicia, y seguramente llegaremos a la firma con todos
los órganos de control externo de las comunidades autónomas. Las cifras son tan alentadoras que aplicar este sistema y las innovaciones tecnológicas a la rendición de las cuentas hará a lo mejor que estos retrasos se reduzcan y que por lo tanto
coincidan mejor los escenarios que a todos nos convendría; al control político, para estar más cómodo y con más posibilidades de hacer la valoración de las cuentas, y a nosotros también, para facilitar al Parlamento -que es nuestra obligación- los
medios necesarios para que pueda ejercer el control político. A lo mejor me he extendido mucho en este punto, pero es que he visto que es algo que preocupa a todos. En todo caso voy a tratar de contestar también, cómo no -eso que decíamos aquí
siempre: por cortesía parlamentaria pero también porque debe hacerse, como es natural-, a algunos aspectos que me han señalado, aunque sea de manera telegráfica.



Página 15


La responsabilidad de la IGAE es la que tiene en cuanto a la rendición y a la elaboración de la cuenta en el plazo que puede y debe hacerlo. El control interno de determinadas cuentas es lo que justifica algunas veces que agote todo el
plazo que tiene para la remisión de las cuentas. A lo mejor, es posible pensar que debería enviar estos datos sin el control interno, con independencia de que se incorporase después el resultado del control interno. En fin, esos son elementos que
nos apuntamos como sugerencias recibidas esta mañana.



En cuanto a la información sobre el presupuesto de ingresos, efectivamente no queda constancia documental, lo cual afecta a la representatividad del presupuesto de ingresos y a su grado de ejecución. Le puedo repetir lo que ya he dicho en
mi primera intervención. Sencillamente, señalo que esto existe y que el tribunal exige siempre esta constancia documental de la información sobre el presupuesto de ingresos.



Respecto a las modificaciones de crédito, tengo que decir que se ha mejorado muchísimo a partir de la implantación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, hay que reconocerlo así. El número de modificaciones se ha reducido y se ha
mejorado el tratamiento dado a las mismas utilizando el Fondo de Contingencia. El Fondo de Contingencia, como saben ustedes, es una de las novedades más importantes de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, que se creó para atender
las modificaciones presupuestarias y evitar que estas distorsionaran en exceso el presupuesto inicial. La dotación presupuestaria de este Fondo de Contingencia se recoge en la sección 33, como saben SS.SS., y el importe de esta dotación para el año
2005 fue de 2.490 millones de euros.
Estas modificaciones presupuestarias son concretamente transferencias, generaciones de créditos, ampliaciones de créditos, incorporación de remanentes, créditos extraordinarios y suplementos de créditos; no
obstante, para todas ellas, el tribunal entiende que toda modificación debe venir acompañada de la correspondiente financiación. Esto es lo que yo puedo contestar a esa preocupación. Con este tema se planteó algo relativo al ICO. El préstamo y el
aval es un tema de decisión gubernativa, por tanto yo ahí no entro. En lo que sí puedo entrar, en cuanto a la aplicación del crédito presupuestario, es en que es una operación que debería haberse previsto, pero las urgencias mercantiles son las que
determinan y eso, repito, corresponde al control que ustedes hagan al Gobierno. En todo caso, no debe financiarse con deuda, sino con Fondo de Contingencia, y en ese sentido coincido con el dictamen del Consejo de Estado, que así lo señaló. Esto
es lo que yo puedo decirle, sin entrar ya más en los motivos por los que se tomó esta decisión.



En cuanto al tratamiento de las Fuerzas Armadas desplazadas en ocupaciones de paz, decía S.S. que el presupuesto inicial suele ser muy reducido -y lo es- y que luego se amplía. Lo único que puedo decir es que debería presupuestarse
adecuadamente desde el inicio, y el Tribunal de Cuentas lo viene señalando, pero tampoco yo puedo aventurarme en hacer disquisiciones sobre esta cuestión. Simplemente puedo decir que el tratamiento de las Fuerzas Armadas desplazadas en ocupaciones
de paz, o cualquier otra entidad, necesita que la transparencia proceda desde el inicio hasta el final.



Luego se ha hablado -y también contesto así a la señora Riera- sobre el inventario de los muebles que figuran en el activo de la Seguridad Social, a pesar de que corresponden a transferencias hechas a las comunidades autónomas.
Efectivamente, los inmuebles cedidos por la Seguridad Social a las comunidades autónomas siguen apareciendo en el balance de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas así lo pone de relieve en su informe y también señala que, por la naturaleza de
este bien, el desplazamiento de la propiedad y de la utilización, el sitio del inventario tendría que ser otro, pero este es un tema que en el año 2005 está como está en el tribunal. Que deberían hacerse las consideraciones necesarias para que,
digamos, los inmuebles que son intendencia de determinados servicios públicos que están transferidos estén en el patrimonio y en el inventario de la comunidad autónoma correspondiente parece de suyo, parece que es así. En todo caso, hemos detectado
determinados problemas que hacen referencia a la transmisión del dominio y a determinadas cargas hipotecarias y de otra naturaleza que existen sobre determinados inmuebles, que impiden que, hasta que no se aclare la verdadera situación jurídica de
cada uno de ellos, se pueda tomar una decisión definitiva, pero yo participo, como es natural, de su preocupación y de la necesidad de saber efectivamente qué corresponde a cada quien en materia de bienes inmuebles. En cuanto a los compromisos de
gasto, debe ratificarse en el informe -yo creo que ya se ratifica- sobre la falta de registro. Lo que ya le he dicho no lo voy a repetir, son operaciones muy importantes. Cada vez hay más operaciones de colaboración público-privada, que no es
objeto de un registro inmediato, pero este, repito, es un punto muy significativo.



¿Qué más cosas me han preguntado ustedes? (Pausa.) Yo también estoy haciendo rodaje y seguramente seré más ordenado la próxima vez, pero voy a tratar de contestar todas las preguntas. Hablaban ustedes, como es natural, del principio de
transparencia y de la cuenta consolidada. El principio de transparencia es un tema que en esta Comisión tuvo un debate queriendo llegar a una resolución de la propia Comisión, pero no ha andado más camino parlamentario. La Ley General de
Estabilidad Presupuestaria estableció un nuevo marco para la actuación presupuestaria y financiera del sector público. Esta ley fue después modificada por la Ley 15/2006, de 26 de mayo, en cuanto a procedimientos a seguir en la fijación del
objetivo de estabilidad presupuestaria y en la incorporación de una mayor flexibilidad en su tratamiento. El marco se ha mantenido e incluso se ha precisado, por lo que se refiere a los principios que lo conforman. Uno de estos principios es el de
transparencia, que ha dejado ya de ser un principio ético para


Página 16


ser una norma de derecho positivo y, en virtud de este principio, que se recoge taxativa y expresamente en la ley, tanto la elaboración de los presupuestos como su ejecución y liquidación han de estar acompañados de información y
documentación suficiente y adecuada, que permita evaluar la consistencia y cumplimiento del objetivo de estabilidad establecido. En la declaración de la cuenta general del año 2003, primer año de aplicación de la ley, se incorporó un epígrafe sobre
el cumplimiento de dicho principio en la elaboración de los presupuestos, y para el ejercicio siguiente se optó por llevar a cabo una fiscalización específica sobre esta materia, en cuya realización surgieron diferentes dificultades, principalmente
por falta de remisión de la documentación solicitada al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. De esta falta de colaboración -y aquí viene el pleito- se dio cuenta a la Comisión mixta, a la que se trasladó el acuerdo
adoptado por el pleno del tribunal, en el que se dejaba constancia de la falta de remisión de la documentación solicitada. A este respecto, se consideraron injustificados los argumentos puestos de manifiesto por el servicio jurídico del Estado, en
cuyo informe se negaban las competencias del tribunal en esta materia. El dictamen del abogado del Estado, como es natural, no tiene carácter vinculante para el propio ministerio y, lógicamente, mucho menos para el Tribunal de Cuentas, que ha
programado esta fiscalización convencido de que la misma está situada plenamente en el ámbito de sus competencias. No puede argumentarse que éstas quedan limitadas a la ejecución presupuestaria, señalando que nuestra fiscalización es consultiva,
cuando el propio mandato constitucional extiende la actividad fiscalizadora del tribunal a toda la gestión pública. Por otra parte, aceptar el planteamiento restrictivo del servicio jurídico del Estado supondría separar injustificadamente, desde un
punto de vista racional, la planificación de la ejecución y dejar fuera del análisis del tribunal todas las operaciones que no tuvieran un tratamiento presupuestario.



Tengo que decir, hablando de requerimientos, que, como no se contestaba a la documentación solicitada por el tribunal al vicepresidente segundo del Gobierno, se le mandó un requerimiento. En estos momentos tenemos la fiscalización de la
transparencia en el programa y estamos tratando de cumplir con el programa, sencillamente porque nos obliga el pleno del tribunal, que así lo ha aprobado. Hemos tenido conversaciones y debates con el señor vicepresidente y ministro de Economía y
Hacienda y nos han enviado la documentación. En el sentido de tratar de entender que el principio de transparencia es una norma que nos obliga a todos, una norma de derecho positivo, y sin necesidad de entrar en valorar la gestión política que
preside la elaboración de los presupuestos, sí tenemos que conocer todos los datos necesarios para fiscalizar cómo se ha hecho la ejecución de los presupuestos. Espero que esta fiscalización pueda terminarse este año y nos pueda dar pie para tratar
de este tema de la transparencia presupuestaria en alguna reunión. Estoy completamente convencido de que todos nos enriqueceremos con las posiciones de cada uno. De lo que se trata es de poder responder a una serie de cuestiones que, al no tener
todos los datos, el tribunal no puede facilitar para que ustedes hagan el control político.



La transparencia -y ya termino con este tema- no es cuestionar, ni mucho menos, las políticas públicas que pudiera adoptar el Gobierno en el ejercicio de sus competencias ni alterar tampoco el funcionamiento de la tramitación parlamentaria
en la aprobación de los presupuestos. El objetivo se reduce a comprobar que se ha cumplido por los órganos administrativos que participan en la elaboración del presupuesto lo previsto en la vigente formativa, en cuanto a la aportación de la
información necesaria, adecuada y suficiente, para verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, comprobar que dicha información es consistente, que se han elaborado planes de saneamiento en el supuesto de que el objetivo no
se hubiera cumplido por alguna entidad o sector y verificar qué medidas se han adoptado para asegurar el acceso general a la información económico financiera. El Tribunal de Cuentas, consciente de la relevancia de la transparencia en la gestión
pública, al igual que otras organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que ha realizado esta investigación en España y se le ha facilitado la documentación que el tribunal ha pedido, o las entidades fiscalizadoras
superiores en el ámbito internacional, ha programado, repito, esta fiscalización que actualmente está en la situación que les he comentado. No se trata de defender el fuero, se trata simplemente de que los parlamentos, en este punto tan
trascendental para lo que es la declaración de la cuenta general y para que se conozca perfectamente tanto la elaboración de los presupuestos como su ejecución, puedan tener, desde el órgano que está creado por la Constitución para eso, la
información necesaria para hacer esas valoraciones.



En cuanto a la elaboración de una cuenta general consolidada -y con eso termina mi intervención, al margen de que puedan volver a hacerme alguna otra pregunta, si lo estima así la señora presidenta-, tengo que recordar -se lo digo al señor
Aguirre y a los demás parlamentarios que han planteado este tema- que el Tribunal de Cuentas elevó a las Cortes Generales una moción en la que se sugería la elaboración de una cuenta general única y consolidada para todo el sector público estatal y
en la que se especificaba también cuál debería ser el contenido de la memoria.
A este respecto tengo que señalar que, con independencia de que en la orden ministerial de Hacienda, de 12 de diciembre de 2000, ya se preveía la rendición de una cuenta
consolidada, si bien restringida en un principio para el sector administrativo y dejando a IGAE la decisión definitiva sobre el momento de su rendición, dicho planteamiento no se ha llevado a cabo. A lo mejor tenemos que volver a repetir, señor
Mas, esta moción de otra manera, pero me da la


Página 17


sensación de que, casi por unanimidad, todo el mundo entiende que hay que llegar a una cuenta general consolidada. Únicamente se ha conseguido avanzar en la presentación consolidada del presupuesto del sector administrativo. Asimismo, por
lo que se refiere al sector empresarial, se ha presentado por primera vez en este ejercicio, atendiendo una sugerencia del Tribunal de Cuentas, la cuenta de dicho sector, agregando las cuentas de los grupos consolidados, en lugar de las
individuales, pero dicha solución, aunque mejor que la anterior, no la podemos considerar definitiva. Las propuestas del Tribunal de Cuentas se encuentran recogidas en el acuerdo de la Comisión mixta, que también asumió la moción elevada. Tengo
que decir, para concluir con esta materia, que en el seno de la propia Intervención General de la Administración del Estado se ha elaborado un documento que ha sido publicado, en el que se propugna por la elaboración de una cuenta general única y
consolidada. Este consenso, que se ha alcanzado en un planteamiento doctrinal, no ha tenido su continuación en el ámbito regulador, ni en el ámbito de la práctica aplicada, en la que, como ya he señalado, no se ha avanzado de una manera
significativa.



En cuanto a la existencia de posibles avances registrados puedo indicar que en la cuenta general de 2006 -que, por cierto, está muy avanzada y en uno de los plenos de noviembre la vamos a debatir, incluso en un plazo menor que la de 2005-,
que es la primera cuenta general para la que se había previsto la aplicación del criterio de integración, se ha elaborado igual que los ejercicios anteriores, mediante la agregación de las cuentas individuales. El mismo procedimiento se ha aplicado
para las dos cuentas generales, la del sector público empresarial y la del sector público fundacional. Quiere decirse que tampoco aquí nos están haciendo todavía caso y que, en la estadística negativa de si nos hacen o no mucho caso a ustedes y a
nosotros en el Gobierno, este entra dentro del balance negativo. Pero a mí me gustaría, y sería muy bueno, que concretamente esta, entre todos, consiguiéramos llevarla a la práctica.



Señora presidenta, no sé si se me olvida alguna pregunta. Si se me olvida y me la quieren recordar, trataré de contestar, pero, repito, han sido muchas y yo estoy aprendiendo a estar aquí como portavoz del pleno del Tribunal de Cuentas.
Espero que en próximas ocasiones pueda contestarles con mayor satisfacción y mayor rigor.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente, pero no se preocupe porque en esta Comisión prácticamente somos todos novatos en el ejercicio del puesto que ocupamos, aunque algunos seamos parlamentarios no tan antiguos como usted,
pero sí con algunos años de ejercicio.



Hay posibilidad de un segundo turno de intervenciones ¿Algún portavoz quiere utilizarlo? (Pausa.) Parece que se han dado plenamente por satisfechos con su información y con sus aportaciones. Le doy muchas gracias a usted, señor presidente,
por su comparecencia, y a todos ustedes por su buena colaboración con esta Presidencia.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.