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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 220, de 08/02/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2011 IX Legislatura Núm. 220
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 208
celebrada el martes, 8 de febrero de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Exclusiones del orden del día ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 257-1, de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 122/000232.) ...
(Página 5)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Pleno del Congreso de los Diputados hace suyo en su integridad el acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales sobre las regiones
ultraperiféricas en la Unión Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 407, de 11 de junio de 2010. (Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 411, de 17 de junio de 2010). (Número de expediente
162/000672.) ... (Página 12)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política agraria común. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 512, de 28 de enero de 2011. (Número de expediente 162/000767.) ... (Página
17)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la necesidad de revisar el Convenio de cooperación para la defensa entre España y los Estados Unidos. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 516, de 4 de febrero de 2011. (Número de expediente 173/000185.) ... (Página 22)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 516, de 4
de febrero de 2011. (Número de expediente 173/000186.) ... (Página 26)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 516, de 4 de
febrero de 2011. (Número de expediente 173/000187.) ... (Página 32)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los planes del Gobierno de España de regular la denominada 'Muerte Digna' y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 516, de 4 de febrero de 2011. (Número de expediente 173/000188.) ... (Página 36)
Declaración institucional ... (Página 42)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 42)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusiones del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente informa a la Cámara de que el Parlamento de Cataluña ha manifestado su deseo de excluir del orden del día de la sesión de hoy la toma en consideración del Parlamento de Cataluña de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para la reducción de los tipos impositivos aplicados a determinados bienes y servicios, lo que se aprueba por asentimiento.
Igualmente informa el señor presidente de la exclusión del orden del día de la sesión del pleno de mañana miércoles de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas para evitar los perjuicios económicos que
deriven del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y su impacto en el territorio histórico de Álava, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Hernando Fraile, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Tardà i Coma y la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 12)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Pleno del Congreso de los Diputados hace suyo en su integridad el acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales sobre las regiones
ultraperiféricas en la Unión Europea ... (Página 12)
Defiende la proposición no de ley el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Xuclà i Costa,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Segura Clavell.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política agraria común ... (Página 17)
Se da por defendida la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política agraria común.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y los señores
Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Interviene el señor Llorens Torres, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 22)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la necesidad de revisar el Convenio de cooperación para la defensa entre España y los Estados Unidos ... (Página
22)
Defiende la moción el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor Llamazares Trigo.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno ... (Página 26)
Defiende la moción el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ridao i Martín.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles ... (Página 32)
Defiende la moción la señora Madrazo Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Fernández Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Riera i Reñé, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Madrazo Díaz.
Del Grupo Parlamentario Mixto, (Sr. Salvador), relativa a los planes del Gobierno de España de regular la denominada 'muerte digna' y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia ... (Página
36)
Defiende la interpelación el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y
la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Salvador Armendáriz.
Declaración institucional ... (Página 42)
Por el señor secretario (Barrero López) se da lectura a una declaración institucional de apoyo a la transición democrática en países del sur del Mediterráneo.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 42)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, se aprueba por 337 votos a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Pleno del Congreso de los Diputados hace suyo en su integridad el acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea de las
Cortes Generales sobre las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, con la autoenmienda del grupo proponente, se aprueba por 338 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política agraria común, se aprueba por 330 votos a favor y ocho abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 43)
Sometido a votación el punto 1 de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la necesidad de revisar el Convenio de cooperación para la defensa entre España y los Estados
Unidos, se aprueba por 338 votos a favor.
Sometido a votación el resto de la moción, se rechaza por nueve votos a favor, 319 en contra y 10 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno, con la inclusión de la enmienda
conjunta de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Catalán (Convergència i Unió) y Socialista, se aprueba por 183 votos a favor, 148 en contra y siete abstenciones.
Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles, todos
ellos son rechazados.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Salvador, relativa a los planes del Gobierno de España de regular la denominada 'muerte digna' y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia, con la
inclusión de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 176 votos a favor, nueve en contra y 150 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIONES DEL ORDEN DEL DÍA:
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS APLICADOS A DETERMINADOS BIENES Y SERVICIOS. (Número de expediente
125/000023.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como asunto previo, someto a la Cámara la exclusión del primer punto del orden del día, consistente en la toma en consideración de la proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña. ¿Dan su conformidad sus señorías?
(Asentimiento.) Así lo ha manifestado el Parlamento de Cataluña.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS QUE DERIVEN DEL CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA Y SU IMPACTO EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.
(Número de expediente
172/000229.)
El señor PRESIDENTE: Igualmente, someto la exclusión del orden del día de la interpelación correspondiente al punto 25 del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, de acuerdo con el Gobierno. ¿Acuerdan también esta exclusión? (Asentimiento.) Queda
acordada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número
de expediente 122/000232.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario subo a la tribuna a defender una iniciativa, que tiene como objetivo eliminar de la reciente reforma de la Ley de Extranjería, y más en concreto de los artículos 31 bis
y 59 bis, relativos a la concesión de residencia temporal a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o a las personas víctimas de trata de seres humanos, cualquier elemento que les pueda resultar disuasorio a la hora de presentar las
denuncias por malos tratos o de colaborar con las autoridades en el desmantelamiento de redes mafiosas dedicadas a la explotación de mujeres con fines sexuales o al tráfico o trata de seres humanos. En ese sentido, nuestra iniciativa pretende la
eliminación de la apertura del expediente de expulsión que la reciente reforma de la ley contempla con carácter preventivo para aquellas mujeres víctimas que, estando en situación de irregularidad, denuncian las agresiones, la explotación o la trata
de seres humanos. Se trataría, por lo tanto, señorías, de primar de forma absoluta y efectiva la defensa y protección de los derechos humanos básicos de esas personas frente a la situación de legalidad, de permanencia en España de sus
víctimas. A su vez, y con el objetivo de combatir el fraude que podría producirse por denuncias falsas, contemplamos, y solo para esos casos, la apertura automática del procedimiento de expulsión preferente.
Me van a permitir, señorías, que, en primer lugar, haga referencia a la reforma del artículo 59 bis de la trata de seres humanos. En el año 1999, el Consejo Europeo de Tampere abordó la necesidad de hacer frente a las mafias que traficaban
y trafican con seres humanos, y muy especialmente a las que se dedican a la trata y a la explotación de personas, tipificación que ya se hizo en las reformas de la Ley de Extranjería de los años 2000 y 2003. El 29 de abril de 2004, el Consejo
Europeo aprobaba una directiva que iba más allá, promoviendo la creación de un permiso específico de residencia destinado a las víctimas de trata que denuncien su explotación o colaboren con la justicia, estableciendo un periodo de reflexión,
medidas de orientación y protección, apoyo psicoterapéutico y su integración educativa y laboral. Los Estados miembros tenían como plazo dos años para llevar adelante las reformas precisas. En junio de 2007 el Ejecutivo comunitario lanzaba un
ultimátum al Gobierno, que no había traspuesto esta directiva, amenazándole con abrir un expediente si en el plazo de dos meses no lo hacía. El Gobierno comunicó que esa reforma estaba pendiente del informe de algunos ministerios y no la llevó a
cabo. En 2008 ya advertimos en esta Cámara la situación que se podía producir y la condena pendiente que teníamos sobre nosotros previsiblemente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Así, el 14 de mayo de 2009 el Gobierno recibía
una sentencia condenatoria al incumplir esta directiva destinada a la protección de las víctimas de la trata y del tráfico de personas y de seres humanos. Finalmente, a través de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, se incorporó a nuestro
ordenamiento, a través del artículo 59 bis, lo previsto en esta directiva. Fue cinco años y medio después de su aprobación, sin que nadie nunca desde el Gobierno haya dado explicaciones a tan vergonzante abstinencia legislativa, cuyas víctimas
principales han sido numerosas personas a las que el Gobierno estuvo dando la espalda.
En segundo lugar, por lo que se refiere al artículo 31 bis, a la residencia temporal de trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, resulta evidente, señorías, que las mujeres inmigrantes en situación de ilegalidad
constituyen un grupo de personas sobre las que la vulnerabilidad de la violencia se hace más intensa.
Porque la propia situación de ilegalidad, y, por tanto, su imposibilidad de acceder a un permiso de trabajo, las hace aún más dependientes de sus
parejas, exparejas o personas con las que conviven. En 2009, cincuenta y cinco mujeres murieron asesinadas en España, fruto de la violencia de género. Solo el 21 por ciento había denunciado previamente a su agresor, y de ellas el 37 por ciento
eran extranjeras. En 2010 han sido setenta y tres mujeres, un 32,7 por ciento más, el 30 por ciento había denunciado a su agresor y el 35 por ciento de las víctimas eran extranjeras, a pesar de que las mujeres extranjeras constituyen tan solo el 10
por ciento de la población femenina de nuestro país.
Estos datos, por sí solos, servirían para cuestionarnos la efectividad y suficiencia de nuestra legislación en materia de lucha contra la violencia de género, a pesar de la propaganda gubernamental, pero hoy no es este el objetivo del
debate, ni el de esta iniciativa. Nuestro objetivo consiste en iniciar una reforma de estos dos artículos mencionados que, si bien suponen y supusieron en su día importantes avances a la protección de las víctimas de la violencia de la explotación
sexual o laboral o del tráfico y trata de personas que viven entre nosotros, el hecho de su situación de ilegalidad y la apertura de los consecuentes procedimientos de expulsión, aunque queden los mismos en suspenso, constituyen un elemento
disuasorio que evita que las víctimas se atrevan a denunciar la vulneración de sus derechos humanos más elementales y, por tanto, favorecen, aun sin quererlo, la impunidad de autores de crímenes abyectos.
Señorías, soy consciente de que la mayoría de los grupos son favorables a esta iniciativa que mi grupo presenta hoy aquí. Conozco su sensibilidad, conozco su voluntad por intentar erradicar las prácticas de las que hablamos, conozco que ha
habido grupos que en la tramitación de la ley ya presentaron enmiendas destinadas a eliminar de este precepto legal este requisito de apertura del expediente de expulsión que contempla aún la ley. Sin embargo, el Gobierno, pero especialmente los
responsables del Ministerio del Interior, influidos seguramente por la instrucción policial de 29 de julio de 2005, que obliga a abrir expediente de expulsión a las mujeres que denuncien a los maltratadores o que denuncien a las mafias que las
explotan y trafican con seres humanos, decidieron mantener esa obligación de instruir el expediente de expulsión. En el día de ayer, además, el aparato de propaganda del Gobierno filtró a un diario de comunicación español y a la propia cadena SER
que el Gobierno pretendía llevar adelante una presunta reforma de estos artículos a través del reglamento de la ley. Según esos medios, con el nuevo reglamento que se presentaba hoy, las víctimas en situación de ilegalidad podrían acudir a partir
de ahora a la policía o a los juzgados sin temor a ser expulsadas porque no se les abriría expediente de expulsión. Yo no sé quién hizo esa filtración, señores del Gobierno, pero es evidente que esa filtración, además de falsa, sería ilegal, porque
una ley orgánica no puede ser nunca modificada a través de un reglamento, aunque lo pretendan algunos propagandistas del Gobierno.
Señorías, el Gobierno ha presentado hoy, por fin, el borrador del reglamento de extranjería. Lo ha hecho catorce meses después de que se aprobara la reforma de la ley. Lo hace incumpliendo la propia ley que contemplaba
la necesidad de incorporar esas reformas reglamentarias en el plazo de seis meses. Un gobierno debe cumplir las leyes, y este Gobierno en esta materia las ha incumplido, y lo ha estado incumpliendo de forma reiterada. Desconozco cuáles son
las explicaciones. Pero lo que sí sé es que este retraso en el reglamento ha generado un caos administrativo y jurídico en la tramitación de un sector de la población que en estos momentos se encuentra en situación muy vulnerable, debido a los
errores de la política económica que han llevado a que en nuestro país el número de personas inmigrantes en paro supere al 1.100.000. Nuestro sistema de entrada en España, por el hecho de no aceptar las enmiendas que en su día les propusimos,
favorece y sigue impulsando la llegada de inmigrantes de forma ilegal de manera más amplia que aquellas que lo pretenden hacer de forma legal. Es el famoso papeles para el que resista, que hoy, nuevamente, el Gobierno ha vuelto a consignar en esa
reforma reglamentaria. Pero, señorías, ya tendremos oportunidad de analizar el reglamento que han presentado hoy con enorme retraso. Ahora se trata de iniciar un trámite legislativo que favorezca a las víctimas frente a los abusos de quienes les
explotan, de quienes les maltratan y de quienes han hecho de la explotación de sus congéneres objeto de negocio. Espero que la mayoría de los grupos, el conjunto de la Cámara, esté con nuestro grupo en estos momentos. Sé de la sensibilidad de la
señora Esteve, y espero que también el Grupo Socialista lo sea. Porque, señorías, por increíble que pueda parecer, todavía existen entre nosotros individuos capaces de ejercitar las más brutales de las violencias contra otros seres humanos de forma
continua y permanente. La invisibilidad social de su víctima lo único que hace es favorecer la violencia de esas personas, su lucro y sus vicios. Las mujeres o los menores en situación de ilegalidad son las víctimas más vulnerables ante sus
actividades.
Señorías, como sé que todos ustedes van a apoyar esta iniciativa -o eso me han confirmado- les rogaría que también aceptaran la propuesta que les hace en estos momentos este grupo parlamentario: que podamos tramitar esta iniciativa con
carácter de urgencia, que pueda entrar en vigor lo más rápidamente posible y que, a no más tardar el mes de abril o mayo, cualquier persona en este país, cualquier mujer, independientemente de su situación administrativa, pueda colaborar con la
justicia, denunciar las agresiones que padece, denunciar la violencia de la que es objeto y desde luego acabar con aquellos que utilizan la impunidad y abusan de esa situación de irregularidad para abusar de estas personas.
No quiero acabar sin anunciar también que en virtud de la nueva directiva comunitaria, y confiando en que el Gobierno actual haga sus deberes -no como con la directiva de 2004-, nuestro grupo pretende también presentar una iniciativa
legislativa contra el tráfico y contra la trata en virtud de esta directiva que recientemente ha aprobado el Parlamento Europeo.
Para acabar, quiero agradecer el trabajo que numerosas organizaciones no gubernamentales vienen haciendo en nuestro país a favor de estas personas -me dejaré alguna-: Médicos Mundi, Manos Unidas, Cáritas, Amnistía Internacional, Save the
Children, Unicef y tantas y tantas otras que cada día nos ayudan a mejorar nuestra legislación, a descubrir los recovecos por los cuales las actividades ilegales se infiltran en nuestro país y, por lo tanto, señorías, a ser mejores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, anunciamos ya nuestro voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley que acaba de defender el señor Hernando porque compartimos las dos cuestiones que son objeto de la propuesta. Somos conscientes, porque
participamos en la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 2/2009 que se aprobó el 11 de diciembre, de que este tema fue tratado en ese trámite parlamentario, que además tuvo una incorporación importante en dicha ley. Este debate recogía la
necesidad de legislar de manera que se puedan proteger los derechos humanos de aquellas personas que siendo extranjeras, en situación irregular o no, y que sean víctimas de trata, tuvieran esta posibilidad de protección y al mismo tiempo pudieran
denunciar a aquellas personas que fueran sus agresores. Desde la ley orgánica contra el maltrato que aprobamos en el año 2004, este tema estuvo sobre la mesa constantemente porque siempre se valoró como muy negativa la situación de vulnerabilidad
de estas personas; es decir, padecen mayor vulnerabilidad que las otras mujeres que vivimos en el Estado español en unas determinadas condiciones que no son aquellas derivadas de la inmigración -sobre todo de la inmigración irregular o víctimas de
trata- y que requerían un tratamiento legislativo adecuado que permitiera, por tanto, esa protección.
En el trámite de la ley orgánica aprobada en el año 2009 de reforma de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y extranjeras, se incorporaron unos artículos que justamente son a los que propone alguna modificación el Grupo
Popular. Y nosotros, como ya dije al comienzo de la intervención, vamos a apoyar estas propuestas porque nos parece que mejorarían, no solamente mejorarían en relación con lo que se recoge en la ley, sino que mejorarían las condiciones de
protección o las condiciones al proteger a estas personas, en la medida que no se les abriría expediente a aquellas mujeres que por denunciar una situación de malos tratos, una situación de violencia de género, estuvieran en situación de
irregularidad. Del mismo modo, nos parece muy oportuno y necesario que esa protección, que en la ley a la que hago referencia se recoge para aquellas personas víctimas de trata, se extienda también a sus familiares, porque somos conocedores, cada
vez más, de cómo las
mafias que ejercen ese tráfico están no solo controlando la vida de las personas traficadas, sino también la vida de sus familiares.
Esperamos que estas dos cuestiones puedan resolverse en la tramitación de la propuesta que hoy debatimos, y digo que esperamos porque fueron también objeto de debate en el año 2009 y en su momento no conseguimos llegar a acuerdos. Esperamos
que, después de un año de vigencia de la ley y después de los conocimientos al respecto del desarrollo de la misma, hoy podamos llegar a un acuerdo general en estos dos puntos, porque desde nuestro punto de vista, señorías, es muy importante para
garantizar esa protección. No hay que olvidar que en el año 2010 de las setenta y tres mujeres asesinadas veintisiete eran extranjeras; evidentemente, no todas estaban en situación de irregularidad, pero también entendemos que es necesario doblar
los esfuerzos para garantizar esa protección que evite no solamente el asesinato de mujeres, sino el maltrato de las mismas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el mismo grupo parlamentario desea intervenir doña Rosa Díez. Tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Intervengo desde el escaño, muy brevemente, solo para anunciar el apoyo en nombre de Unión Progreso y Democracia a la iniciativa presentada por el Grupo Popular, anunciado también nuestro apoyo a la tramitación por la vía de urgencia que el
parlamentario ha solicitado en su intervención y por las razones que él mismo ha expuesto. Nos parece una iniciativa oportuna y necesaria que pone sobre la mesa dos graves problemas que afectan a muchas mujeres extranjeras residentes en España, que
aquí ya se han mencionado pero que quiero reiterar: por una parte, la trata, el tráfico de mujeres; y, por otra parte, la violencia de género. Creo que la experiencia demuestra que tenemos lagunas legales, que se pueden resolver con instrumentos
preventivos y efectivos, ejecutivos después, y espero que en el trámite de enmiendas podamos entre todos enriquecer este texto.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà. ¿Van a intervenir ambos? ¿Desea hacer uso de la palabra primero la señora Buenaventura? (Pausa.) Adelante, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, no solamente anunciamos que vamos a votar favorablemente, sino que estamos satisfechos por conocer que habrá unanimidad de apoyos a esta iniciativa parlamentaria. ¿Y saben por qué estamos interesados y celebramos que se apruebe?
Porque lo que pide hoy el Grupo Popular responde a una enmienda, en concreto la número 432 de Esquerra Republicana, presentada durante el trámite parlamentario de la Ley de Extranjería, que por cierto entre otras razones, también por esta,
finalmente no pudimos votar favorablemente. En concreto, la enmienda de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, decía: La mujer extranjera que no tuviera ningún expediente sancionador, si al realizar la denuncia
pusiera de manifiesto su situación irregular, en ningún caso se le incoará expediente sancionador de expulsión.
Celebramos que el Partido Popular, al menos en una ocasión, se haya avenido a coincidir con nosotros. (Rumores.) Sí, porque durante el
trámite parlamentario esta iniciativa no se plasmó en una enmienda, pero bienvenida sea la iniciativa. Por eso lo celebramos porque estamos hablando del eslabón más frágil de entre las mujeres que sufren explotación, violencia de género, violencia
machista, violación de los derechos humanos en todo aquello que afecta al tráfico y la trata. Lo celebramos, porque el eslabón más frágil entre las mujeres oprimidas son las mujeres inmigrantes, tal como algún compañero del Partido Popular ya ha
dicho haciendo mención a las cifras. Por consiguiente, entenderán que vayamos a votar favorablemente.
Nos ha parecido un tanto incongruente conocer que con el reglamento se pudiera resolver esta situación. Al menos así lo hemos leído en El País, que, por cierto, no es un periódico afín a la derecha. El País publicaba -lo cual nos ha
desorientado un tanto- que con el reglamento se iba a resolver el déficit. No es cierto; un reglamento no puede modificar una ley orgánica, lo cual añade todavía más interés a la aprobación que hagamos hoy de esta proposición de ley que, más que a
ustedes, a mí me sabe mal que sea iniciativa del Grupo Popular. Pero bienvenida sea, y ahora de lo que se trata es de que esta proposición de ley no se duerma y podamos tramitarla de forma acelerada, puesto que ciertamente expresa una gran
necesidad. No podemos pedir a estas mujeres más heroísmo, porque ya es un acto de heroísmo tomar la decisión de denunciar. Es un acto de heroísmo, y si además saben que puede ser que entren en un laberinto -porque es un laberinto tener que
arriesgarse a que se le incoe un expediente que puede finalizar con la expulsión- es evidente que lo que les pedimos es titánico: huir de las mafias, huir del agresor para entrar en un terreno en el que no se sabe cómo se sale. Por tanto, creo que
hacemos un gran servicio a la causa que compartimos todos si modificamos la ley para que cualquier persona no tenga ante sí este elemento disuasorio tan enorme como es el hecho de que se le incoe un expediente de expulsión.
Con esta aprobación lo que hacemos hoy es mejorar mucho la ley, al menos en este ámbito; una ley que -repito- debería mejorarse en otros aspectos y que podría ser la ley que al menos nuestro grupo parlamentario quiso que fuera al inicio de
su trámite.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Buenaventura, doña Nuria.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.
Señorías, anuncio, como no podía ser de otra manera, nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa y celebramos enormemente que el Grupo Popular haga una propuesta en positivo, sensata y sensible para las mujeres
inmigrantes víctimas de la violencia de género. Lo celebramos, nos alegramos y les damos la bienvenida a los planteamientos que desde hace tiempo nuestro grupo ha ido defendiendo.
Además, celebramos con mucha fuerza el hecho de que justamente el
Grupo Popular en un tema de inmigración lo haga en positivo y sensatamente, porque muchas veces no es así. Por tanto, como decía al principio, nuestro voto va a ser favorable.
En la última modificación -y ya se ha dicho anteriormente- en el año 2009 nuestro grupo ya planteó enmiendas en este mismo sentido y, por tanto, compartimos que debe eliminarse cualquier obstáculo que impida que la mujer denuncie a su
maltratador o que colabore con la Justicia como víctima de trata. Consideramos que sobre el interés público protegido por la normativa sancionadora de extranjería prima la protección de los derechos constitucionales a la integridad física y moral
de cualquier mujer, da igual su origen. Todas las mujeres víctimas de violencia de género deben tener los mismos derechos, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, cualquiera que
sea su situación administrativa. La realidad es otra; hoy en día una mujer inmigrante en situación irregular que sufre violencia de género tiene miedo a ser expulsada si denuncia a su agresor.
Nuestro grupo no dio apoyo a la cuarta reforma de la
Ley de Extranjería -y también se ha explicado- pero hubo una parte amable de lo que se aprobó, que fue justamente tener en cuenta la figura de la reagrupación independiente o la autorización de residencia y trabajo, pero no llegó al fondo.
Consideramos que lo que se propone hoy aquí nos ayuda a poder replantearlo en la misma línea que lo habíamos defendido. También es cierto -ya se ha explicado, y nos sorprendió enormemente- que ayer El País explicaba: borrador del reglamento que
desarrolla la Ley de Extranjería. Las sin papeles que denuncien maltrato no serán expulsadas.
Esto salió en El País. Iindependientemente de que por cuestiones técnicas o legales no sea pertinente hacerlo a través de un reglamento, es preferible
-así lo entendemos nosotros- que sea en una ley orgánica. Por tanto, como decía al principio, nuestro apoyo a esta tramitación. Además nos parece necesario que sea por la vía de urgencia. Si finalmente esta iniciativa es admitida a trámite -como
parece que va a serlo-, plantearemos algunas enmiendas para intentar profundizar más en algunos aspectos. Por ejemplo, en el artículo 31 creemos que deberíamos hablar también de las mujeres a las que se aplicó la ley anterior y a las que por tanto
se les concedió una autorización de residencia sin trabajo. Nos gustaría que esta pudiera ser revisada de oficio y se les concediera la de trabajo. Además, en el caso de trata a nuestro grupo le gustaría que la ley fuera más clara y contundente,
que garantizase de oficio, previa valoración del riesgo, medidas de protección como testimonios protegidos.
También debería crearse un fondo económico para cursos residenciales o centros protegidos en los que las mujeres puedan permanecer hasta que
finalicen los procesos de investigación y judiciales o bien por si han de volver a sus países de origen. En definitiva, nos alegramos del planteamiento y nuestro voto será favorable.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Hernando, permítanme felicitarle por la oportunidad de su iniciativa y por su pertinencia.
Señora presidenta, quiero comentar que el señor Tardà ha anunciado que un reglamento no puede modificar una ley orgánica; esto es manifiestamente falso. Se la atribuye al señor Guerra una proclamación que ha causado más o menos gracia, que
es la reflexión relativa a que Montesquieu ha muerto.
No sé si Montesquieu ha muerto de verdad pero lo que sí han muerto son los principios de legalidad y jerarquía normativa, al menos parcialmente.
Los reglamentos, sobre todo en este ámbito en el
que estamos actuando, son manifiestamente reglamentos contra legem, acogiendo realidades sociales ex novo y sobrevenidas. Esto no parece perturbar ni al legislador estatal, ni a los gobiernos autonómicos, ni al Gobierno del Estado, etcétera. Ha
adquirido carta de naturaleza la posibilidad de modificar a través de normas reglamentarias previsiones contempladas en las leyes orgánicas. Está bien que el Gobierno del Estado español, a través de un reglamento, contradiga la legislación en la
que usted y yo, señora Esteve, tuvimos ocasión de concretar y manifestar nuestras discrepancias. Nosotros presentamos una enmienda que usted ha calcado en su iniciativa; por lo tanto, le felicito en tanto en cuanto el copyright es de los grupos
que podemos pertenecer no sé si a la izquierda conservadora, en virtud de una reflexión recientemente acuñada por un grupo parlamentario, o a la derecha progresista. Al margen de esta circunstancia, es igual. El tema es que no es admisible
mantener en sus propios términos los dos preceptos que son objeto de recomendación de reforma: el artículo 31 bis y el artículo 59 bis. A una mujer extranjera en situación irregular, que es objeto de maltrato de género, doméstico, no se le puede
no aplicar las recomendaciones y las previsiones de la ley de 2004 con relación a
esta materia; no es admisible teniendo en cuenta sobre todo la vulnerabilidad de este colectivo. No es admisible mediante este procedimiento sutil de incoación de un procedimiento administrativo, porque si no es posible probar realmente
que el maltrato se ha producido o la sentencia no es condenatoria provocaría la expulsión de esa mujer.
¿Qué efecto produce esta circunstancia o este hecho? Un efecto de inhibición o de disuasión para que se denuncien por parte de las mujeres
extranjeras en situación irregular las situaciones de maltrato doméstico.
Tampoco es admisible, en términos de una situación de requerimientos elementales de justicia social, que mujeres, con fines de arraigo en el Estado español, que han sido
objeto de trata por las mafias que se dedican a este tipo de actividades tengan la obligación o se les sugiera que colaboren con los cuerpos policiales para regularizar su situación.
En ambos casos estamos contradiciendo dos normas europeas: el
Convenio europeo contra la trata de personas del año 2005 y la directiva comunitaria del año 2004, que ha provocado incluso denuncias contra el Estado español.
Desde esa perspectiva nos agrada la presentación de esta iniciativa que, en relación con los postulados ideológicos que tradicionalmente ha mantenido el Partido Popular, es novedosa. Es la primera vez que el Grupo Popular presenta
iniciativas de estas características buscando elementos de protección normativa y jurídica sobre los dos colectivos particularmente vulnerables: las mujeres víctimas del maltrato de violencia de género, en el ámbito doméstico, y las mujeres que han
sido víctimas de la actuación de las mafias que se dedican a traficar con seres humanos. Desde esa perspectiva, señor Hernando, permítame que le felicite y sobre todo que felicite a todos los grupos de la Cámara puesto que ya parece que se puede
intuir que esta iniciativa va a ser objeto de una aceptación unánime. ¿Por vía reglamentaria? A mí, que soy una persona un tanto purista y ortodoxa en relación con los requerimientos ontológicos del ordenamiento jurídico, no me parece la mejor
vía; pero si el reglamento es bueno, bienvenido sea aunque contradiga los requerimientos de la ley. Por tanto, señora presidenta, felicidades al Grupo Popular por presentar esta iniciativa y felicidades al resto de los grupos parlamentarios que la
compartan, que me temo que van a ser todos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Popular que pretende modificar los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley de Extranjería. Mi grupo no va a entrar en el debate sobre el reglamento ni sobre la filtración
de El País. No lo he leído y doy por supuesto que en ningún caso el reglamento puede modificar lo que dice la ley. Hoy hemos recibido el reglamento del desarrollo de la ley y lo vamos discutir en los próximos quince días. Creo recordar que hay
pedida una comparecencia de la secretaria de Estado; lo vamos a poder debatir. Tampoco voy a instalarme en el cliché de que hoy el señor Hernando ha caído del cielo y ha decidido presentar una proposición garantista frente a una política habitual
del PP contra los inmigrantes. Yo creo que son clichés demasiado simples. En todo caso desde el año 1985 existe una continuidad en el proceso legislativo en materia de extranjería en España, que hemos compartido una amplia mayoría de la Cámara -a
veces no tanta-, pero que es muy continuista. Me gusta recordar que los grupos que quieren manifestarse críticamente con nuestra legislación en materia de extranjería nunca han presentado un modelo alternativo al que tenemos, basado en que las vías
de acceso a España son las legales, las que marca la ley, vinculadas al mercado de trabajo; que el esfuerzo de las políticas públicas está orientado a la acogida y a la integración, basado en la igualdad de derechos e igualdad de deberes y
cooperación con los países de donde provienen los flujos migratorios. Ese consenso, el central, es el que ha permitido desarrollar políticas más o menos acertadas, más o menos compartidas, pero, insisto, a las que no existe alternativa. Hoy lo que
nos plantea esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular es una modificación puntual, relevante por la importancia de lo que existe detrás de ella, con relación a la regulación legal de los supuestos de mujeres en situación irregular que
bien son víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.
En la reforma que aprobamos en diciembre de 2009, optamos por una configuración legal que pretendía equilibrar al mismo tiempo la protección de estas personas en esos supuestos, violencia de género y trata de seres humanos, y al mismo
tiempo, si esas personas estaban en situación irregular, garantizar el inicio del procedimiento administrativo que se deriva de esa propia situación. Fue la opción legislativa de diciembre de 2009, que mejoraba -supongo que la señora Esteve se
referirá a ello- lo que teníamos hasta la fecha. Ya entonces, en los debates parlamentarios de 2009, algunos grupos políticos y también algunas organizaciones de derechos humanos, singularmente Amnistía Internacional y la plataforma ciudadana que
agrupa a diversas ONG que se mueven en ese ámbito, se mostraron críticas con esos planteamientos, entendiendo que las cautelas que introducíamos para esos supuestos de situación de irregularidad iban a impedir que la protección frente a la violencia
de género y trata de personas fuese efectiva; que el inicio de un expediente administrativo iba a inhibir que las personas fuesen protegidas o incluso que planteasen esa protección. Ese fue el debate de 2009. Entonces, en materia de género, nos
pareció que no contemplar la posibilidad de la apertura del expediente administrativo podía generar un cierto efecto llamada de
personas que simplemente con la denuncia de la violencia de género pretendiesen obtener una situación de regularidad administrativa o evitar su expulsión. Nos pareció entonces que quizá era prematuro ese tipo de planteamiento. En ese
sentido, habiendo pasado casi más de un año, no hemos podido constatar -la diputada Mercè Pigem ha sido muy activa en su acción de control parlamentario en esta materia- que ninguna mujer en situación irregular víctima de violencia de género haya
sido expulsada, ninguna. Esto también nos tranquiliza sobre la actual configuración legal. Si la cuestión que planteara el Grupo Parlamentario Popular afectase tan solo a este supuesto, no sé si muy grupo sería favorable a la toma en consideración
de esta proposición de ley. Pero esta proposición de ley afecta a otro aspecto, como decíamos antes, a los supuestos de trata de personas; y ahí mi grupo constata que quizá esa regulación está inhibiendo, no está garantizando una buena protección
a las mujeres que son víctimas de trata de personas, entre otras cosas porque en los supuestos en que se ha producido la denuncia por parte de una mujer que es víctima de ese delito se ha procedido a la desaparición de esa persona, quizás por la
ausencia de protección de sus familiares.
Aunque fuese tan solo por este supuesto, la toma en consideración de esta iniciativa del señor Hernando es acertada. Creo que es bueno que abramos el debate en el seno de la ponencia, que escuchemos al
Gobierno, a los técnicos del Gobierno, a los técnicos de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en este ámbito y que pretendamos dar a estas cuestiones una salida legal equilibrada; una salida que garantice, efectivamente, una
protección de estas personas en situación irregular y al mismo tiempo con un alto grado de vulnerabilidad porque están sometidas a violencia, porque están afectadas por un grave delito; pero que al mismo tiempo tengamos un marco legal que permita
razonablemente evitar los abusos que se pueden producir.
Estoy seguro de que el sentido común va a imperar en el recorrido parlamentario de estas próximas semanas y que esta modificación que nos plantea el señor Hernando puede acabar en buen puerto. Podemos mejorar nuestra legislación, podemos
garantizar una política sensata de control de los flujos migratorios, de lucha contra la inmigración irregular pero también de protección de personas en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo damos respuesta a una inquietud social que nos
manifiestan aquellas organizaciones especialmente vinculadas a este ámbito. En todo caso, estoy seguro de que en los próximos días tendremos ocasión de discutir el reglamento a fondo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Esteve Ortega.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular a través del diputado señor Hernando nos presenta hoy una proposición de ley de reforma de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica de diciembre de
2009. Desearía eliminar la incógnita y poder hablar con absoluta tranquilidad y fundamentar qué ha pasado en estos últimos tiempos para que seamos conscientes de que a menudo esta realidad, como dice Zygmunt Bauman, se presenta líquida, aunque creo
que en esta ocasión Bauman diría que no es líquida sino que es desmemoriada.
Por tanto, para refrescar nuestra memoria y para que tengamos idea del proceso que hacemos como Congreso de los Diputados y del proceso que hacemos los diferentes grupos
en la construcción de un proyecto que, como decía el compañero Carles Campuzano, empieza hace tiempo, existe un cierto consenso en los temas más importantes. Hemos ido avanzando y cada reforma ha ido aportando algo que es fundamental, que es la
garantía de derechos, el concepto de ciudadanía y también una vía para la integración social de una realidad que no tiene marcha atrás. Me adelanto pues y le digo que sí, señor Hernando; vamos a apoyar su proposición de ley. Dicho esto y
despejada esta incógnita, vamos a ver.
La modificación la aprobamos en 2009. El contenido de su reglamento, que esta tarde, si no me equivoco, se presenta a al opinión pública -también se abre el periodo de audiencia pública antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros-,
también ha sido consultado. Es cierto que ha sido un reglamento muy pensado y que quizás ha tardado más de lo que a todos nos hubiera gustado. Me ha llegado este mediodía, como imagino que a todos los grupos, y nos parece que es un reglamento que
profundiza, que desarrolla, que intenta establecer claramente las garantías, que utiliza conceptos que son claros. Será bueno que lo podamos comentar posteriormente con la comparecencia, espero, de la secretaria de Estado, que ya hemos pedido, pero
previamente también fue consultado a todos los grupos, incluidos las organizaciones y los agentes sociales.
Desde nuestro punto de vista es pronto todavía para introducir una modificación de la ley en estos dos puntos, primero porque tenemos un reglamento, y hemos de ver cómo recoge y desarrolla de la mejor forma estos dos apartados; hay que
estudiarlo, punto número uno. Luego hay que ver cómo han funcionado las medidas que hemos llevado a cabo en este último año y medio así como las anteriores, desde 2004. Por tanto el efecto de proceso de ver de dónde partimos, cómo avanzamos, qué
medidas llevamos a cabo, qué resultados tienen, etcétera es fundamental. Ustedes durante el trámite parlamentario -lo tengo que decir- no hicieron ninguna enmienda a estos dos artículos a diferencia del resto de grupos, por eso nos sorprende que
ahora pongan tanto énfasis, aunque nos parece bien. Voy a intentar concretar, porque me parece que hay poco tiempo, algunos aspectos. La lucha contra la violencia de género, en concreto para las mujeres inmigrantes, es objeto de especial
protección
por parte de este Gobierno y del Grupo Socialista; ello ha quedado plasmado en los últimos seis años con la normativa aprobada, con esta idea de proceso. Lo que ahora ustedes proponen reconsiderar en la legislación vigente justamente se
recoge por primera vez en la legislación de 2009. Por tanto, donde se introducen por primera vez los dos elementos básicos de protección a las mujeres víctimas inmigrantes y contra la trata es en esta ley; de este modo las convierte en sujetos de
derechos y de protección por su especial vulnerabilidad. Tanto es así que la organización Amnistía Internacional -se ha comentado aquí- no ha encontrado, porque no existe, ningún caso de expediente sancionador o de devolución al país de origen de
mujeres víctimas de violencia o de trata.
Por tanto las cosas funcionan bien; no hay devolución, no hay retorno.
Dicho de otra manera, el Gobierno ha desarrollado con la Ley de Extranjería de 2009 las garantías necesarias a fin de extremar el
cuidado y la atención de este grupo que presenta especial vulnerabilidad. Es bueno que reconozcamos el trabajo realizado; no estaríamos aquí si antes no hubiera habido lo otro.
Recordemos, porque no se ha dicho, ¿ante una denuncia por maltrato de mujeres en situación irregular qué es lo que pasa? Primero, el expediente sancionador queda sin efecto -podemos revisarlo, claro que sí- y se ponen inmediatamente en
marcha los recursos de protección que prevé la Ley de lucha contra la violencia de género, aparte -eso lo dice la Ley de Extranjería- de la obtención inmediata de un permiso de residencia y trabajo extensivo a los hijos. Una vez probada la
denuncia, esta sociedad, nosotros, todos, seguimos amparando a la víctima con la renovación de los permisos por circunstancias excepcionales. Por tanto, me cuesta entender por qué lo plantean ahora y no en su momento, señor Hernando. Usted se ha
referido a las denuncias falsas, y yo lo voy a hacer también. Nosotros respecto a este tema sabemos que las mujeres no denuncian falsamente. Fíjense, este era un tema que -ya lo decía el señor Campuzano, y me acuerdo que en el debate de la ley
estuvimos comentando si no sería un elemento..., vamos a ver...- creaba cierta desconfianza.
En realidad hemos de confiar mucho más en las mujeres y en esta sociedad, porque hay mucho sufrimiento; son tan insignificantes los casos de denuncias
falsas que apenas caben en la estadística.
Voy a concretar, para acabar. Los artículos que ustedes pretenden reformar están vigentes desde diciembre de 2009; apenas les damos tiempo de nacer, vivir y evaluar con la reforma de la ley, donde aparecen por primera vez a instancias del
Gobierno socialista, señor Hernando. Repito, ustedes no hicieron ninguna enmienda al respecto pero sí otros grupos (PNV, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds). En el estudio sobre violencia y trata se ha observado un
porcentaje del 0,19 por ciento de posibles denuncias falsas, cifra que no es representativa; no llega a nada en ningún caso de práctica habitual de denuncia falsa, por tanto esto ya desaparece de nuestro imaginario. A pesar de ello, a pesar de que
el reglamento desarrolla aún más las garantías, ya verá cuando lo lea, seguro que le va a gustar en su mayor parte; habrá cosas que no, seguro, pero hay cosas que están muy bien para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia y trata y para sus
familias.
Le repito que vamos a votar favorablemente porque no nos parece mal que se reabra el debate; lo decían el señor Olabarría, don Carles Campuzano, mis compañeros. No nos parece mal, porque la realidad es difícil, está en la sociedad y en las
vidas terribles de las mujeres víctimas, por tanto todos los esfuerzos son pocos. En el trámite futuro nos invitamos todos a repensar, a repasar la normativa europea, a analizar las ranuras jurídicas. Espero debatir de nuevo, lo miraremos del
derecho y del revés, porque para esto estamos todos y porque para esto estamos específicamente los socialistas. Permítame que dude un poquito, señor Hernando -sabe el aprecio que le tengo-, porque a veces lo de ustedes, este furor vindicativo en un
momento dado, cuando no lo ha habido en la ley, tiene un poco de misterio; ustedes sabrán por qué.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Esteve.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS HACE SUYO EN SU INTEGRIDAD EL ACUERDO ADOPTADO EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES SOBRE LAS REGIONES
ULTRAPERIFÉRICAS EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000672.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Socialista por la que el Pleno del Congreso de los Diputados hace suyo en su
integridad el acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales sobre las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea.
Para defender la proposición, en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señorías, esta proposición no de ley tiene su justificación como continuación dentro de una ruta marcada por la Comisión Mixta para la Unión Europea con el objeto de que el Pleno del Congreso de los Diputados complemente
acuerdos adoptados por unanimidad en tal Comisión Mixta para la Unión Europea como consecuencia de que, con posterioridad a la finalización de los trabajos realizados en la referida Comisión,
se han producido acontecimientos relevantes que es menester sean conocidos por el Pleno de la Cámara y consiguientemente refrendados y, apoyando la necesaria actividad que debe desarrollar el Gobierno, este Parlamento ha de jugar ese papel
crítico e impulsor.
En primer lugar, me gustaría poner de manifiesto que el Grupo Parlamentario Socialista, tal como dice en la exposición de motivos de la iniciativa para su debate en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea en su momento, finales de
noviembre del año 2008, presentó una comunicación sobre las regiones ultraperiféricas, Una ventaja para Europa, en la que se fundamentaba que las Cortes Generales expresaran sus conveniencias sobre los criterios y las propuestas que la Comisión
Europea explicitaba en la referida comunicación. Con posterioridad, esa proposición no de ley se debatió el 23 de junio de 2009, se aprobó por unanimidad con un añadido del Grupo Parlamentario Popular y allí se tomaron las decisiones de crear una
ponencia para analizar los efectos del cambio climático, la evolución demográfica, los flujos migratorios, las políticas agrícolas, las políticas marítimas, las políticas de reforzamiento de la asociación, en suma la singularidad de la Comunidad
canaria como región ultraperiférica de la Unión Europea.
Durante todo un año esa ponencia que se constituyó -quiero poner de manifiesto que los ponentes señor Perestelo y señor Matos jugaron un papel importante en representación de sus respectivos grupos parlamentarios, y al que se añadió este
interviniente- condujo a la elaboración de un documento del que los ponentes nos sentimos satisfechos. Es un documento que les enseño a los miembros de la Comisión; es un documento conjunto que por primera vez en treinta años de vida parlamentaria
de las Cortes españolas desde luego realiza, sintetiza y acumula un conjunto documental en el que se configura la evolución desde el Tratado de Maastricht de 1992 hasta ahora como región ultraperiférica de la Unión Europea y las líneas directrices
que debe seguir.
El 23 de marzo, como digo -y figura aquí-, se aprobó este documento por unanimidad, y, como bien saben sus señorías, los artículos 107, 288, 349 y 355 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea permite a los Estados que tienen
regiones ultraperiféricas impulsar políticas específicas singularizadas. Permítanme la anécdota. El miércoles de la semana pasada, día 2 de febrero, en el seno de una sesión de la Comisión para la Unión Europea en la que compareció el secretario
de Estado para la Unión Europea, señor López Garrido, para debatir los contenidos que dos días después impregnarían la sesión del Consejo Europeo con presidentes de Gobierno y jefes de Estado, este interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista
en su momento indicó la conveniencia de profundizar, dado que se iba a hablar de políticas de tipo energético con la intencionalidad de configurar en Europa una política energética común, que Canarias, como región ultraperiférica no interconectada
termoenergéticamente hablando con otros lugares del Estado español, requería una modulación singularizada en el tratamiento energético. Este es uno de los ejemplos que al respecto podríamos mencionar. A continuación, señorías, después de esa
aprobación plenaria, se produjeron una serie de acontecimientos en los que no intervinieron ni la Comisión Mixta ni el Pleno del Congreso de los Diputados. En los primeros días de junio -aquí lo tengo en mis manos-, elaborado por los responsables
correspondientes del Gobierno de España, se hizo un proyecto de conclusiones del Consejo sobre las regiones ultraperiféricas. En ese proyecto se invitaba a la Comisión a tomar debidamente en cuenta en este contexto las necesidades y oportunidades
presentadas por las regiones ultraperiféricas en su revisión de las políticas de la Unión; a adoptar en el momento oportuno una comunicación en la que se presente una estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas; a seguir trabajando
sobre medidas específicas sobre las regiones ultraperiféricas; en su caso, a reforzar la asociación y a evaluar sistemáticamente los efectos de la política de la Unión sobre las regiones ultraperiféricas, en particular a llevar a cabo estudios de
evaluación de impacto.
Nos gustaría poner de manifiesto que el 14 de junio del año 2010 el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión adoptó como punto A unas conclusiones del Consejo sobre las regiones ultraperiféricas. La adopción de estas conclusiones,
elaboradas a iniciativa e impulso de la Presidencia española, supuso un cambio importante y muy positivo, tanto en materia de procedimiento como de contenido, naturalmente respecto a las referencias sobre las regiones ultraperiféricas que se
incluían en las conclusiones de los consejos europeos anteriores a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Fue relevante, en primer lugar, por cuestiones de procedimiento, porque era la primera vez que las conclusiones se han redactado a partir
de una propuesta española en el seno del grupo de trabajo de las regiones ultraperiféricas y, en segundo lugar, por cuestiones de contenido, porque también aquí era la primera vez que las conclusiones abordaban de manera global la situación de las
regiones ultraperiféricas a partir de un marco definido por las comunicaciones de la Comisión de 2007 y de 2008 específicas de las RUP.
Por estas razones, señorías, el Grupo Socialista, primero, eleva a la consideración de la Cámara el refrendo de
las conclusiones recogidas el 23 de marzo de 2010, aprobadas unánimemente por el pleno de la Comisión Mixta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Segura, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta. En segundo lugar, el memorándum de España, Francia y Portugal en las regiones ultraperiféricas, aprobado el 7 de mayo de 2010; en tercer lugar, las consideraciones del Consejo Europeo
de finales de junio. Estas dos iniciativas las hemos fundido en una enmienda de adición que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la consideración de todos ustedes.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Segura.
A esta proposición no de ley, como ha dicho el señor Segura, ha presentado una autoenmienda el Grupo Socialista y el Grupo Popular ha presentado enmiendas. Para defenderlas, en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Matos. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera que constara en el 'Diario de Sesiones' mi agradecimiento a mi compañero Sebastián González por permitirme, al no ser yo miembro de la Comisión Mixta para la Unión Europea, sustituirlo en la Comisión y, en consecuencia,
haber sido ponente en los trabajos que hoy sometemos al Pleno para su ratificación. También quiero expresar mi felicitación al presidente de la Comisión, Miguel Arias Cañete, por su impulso y buen hacer en la dirección de la ponencia, así como mi
gratitud a todos los compañeros de mi grupo parlamentario en la Comisión, y lo hago en la persona de su portavoz, Soledad Becerril, por todo el apoyo recibido. Quiero, por último, reconocer el magnífico trabajo e interés de todos los ponentes, en
particular de los diputados canarios José Segura y José Luis Perestelo. Solo un pero, señor Segura, quizá hubiera sido más correcto, ya que la ponencia fue elaborada con el consenso de todos los grupos parlamentarios, que se nos hubiera ofrecido la
posibilidad de haber firmado todos conjuntamente esta proposición no de ley.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera de enorme importancia el texto de la proposición no de ley que hoy sometemos a debate y votación. En primer lugar, porque este texto es fruto de la unanimidad de todos los grupos políticos
de las Cortes Generales y recoge los trabajos y conclusiones que redactamos de forma consensuada todos los ponentes. En segundo lugar, porque supone un total respaldo de las Cortes Generales a la regulación que el Tratado de Lisboa concede a las
regiones ultraperiféricas y en particular a las Islas Canarias. El Tratado de Lisboa no hace, ni más ni menos, que consolidar jurídicamente el estatuto de ultraperiferia y reafirma el modelo de plena integración de las regiones ultraperiféricas en
la Unión Europea. Y aunque en líneas generales la redacción del artículo 349 del nuevo tratado es similar al del antiguo 2992, tenemos que destacar algunas diferencias que consideramos de gran trascendencia y a las que me voy a referir.
En especial quiero destacar la autorización expresa que recoge el artículo 107.3 a) del nuevo tratado a que puedan concederse ayudas de Estado a las regiones ultraperiféricas, independientemente de sus niveles de renta.
Esta autorización
supone una total garantía a nuestro régimen económico y fiscal, y el marco jurídico adecuado para restablecer o continuar estableciendo medidas de fiscalidad, directa o indirecta, y de cualquier otra ayuda dirigida a paliar o compensar cualquiera de
las situaciones desfavorables propias de la ultraperificidad. Además, señorías, las conclusiones aprobadas por la Comisión Mixta que hoy ratificamos se soportan en unas consideraciones generales, jurídicas y económicas de extrema importancia. Se
resalta expresamente que el principio en el que se basa el tratamiento diferenciado de las regiones ultraperiféricas no es otro que el principio de igualdad de oportunidades. Un principio universal -se recoge literalmente en el tratado- que no debe
ser conculcado por un condicionante accidental como es la realidad del área geográfica en la que se reside. Considera conveniente también el informe de la ponencia mantener los regímenes especiales establecidos en los tratados respecto a la
fiscalidad indirecta. Considera necesario establecer compensaciones de sobrecostes y la autorización de ayudas estatales en materia de energía, haciendo una mención especial a los activos naturales de que disponen las regiones ultraperiféricas para
desarrollar su potencial de energía renovable. En cuanto a la agricultura y al plátano, la Comisión Mixta muestra su preocupación por la reducción del arancel que lo protegía, e insta al Gobierno a adoptar medias compensatorias que garanticen su
viabilidad, como es la inclusión del plátano en el decreto que regula las ayudas al transporte.
Nosotros nos hacemos dos preguntas: ¿Cómo es posible que el Partido Socialista y el Gobierno socialista aprueben en la Comisión Mixta de la Unión Europea la necesidad de desarrollar el potencial en energías renovables en las regiones
ultraperiféricas y establecer compensaciones de sobrecoste, y nos hayan traído hace quince días un real decreto-ley, sin negociarlo con el sector fotovoltaico canario, al cual prácticamente arruina? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista y el
Gobierno socialista aprueben en la Comisión Mixta la necesidad de incluir el plátano en el decreto que regula las ayudas al transporte y se niegue una y otra vez a incluirlo, permitiendo la agonía que está padeciendo el sector: 'Cosas veredes,
amigo Sancho, que farán fablar las piedras'.
El Partido Popular ha presentado una enmienda que lo que hace es actualizar lo que establece la conclusión 5ª de la proposición no de ley, que habla de unos plazos del Consejo de junio de 2010 y enero de 2011, que ya están desfasados. Por
tanto, la invitación que se le hace al Consejo Europeo de renovar su compromiso político y la invitación que se le hace a la Comisión Europea para que presente la nueva estrategia a favor de la regiones ultraperiféricas en este semestre no puede
ser. El Partido Socialista ha presentado una autoenmienda que creo que técnicamente no es igual. Yo le pido al señor Segura que acepte la nuestra en el punto b), como dice la suya, porque creo que recoge las dos cuestiones que yo planteo. De
todas formas, eso no va a ser ningún condicionante para que apoyemos de forma unánime esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matos.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, confieso que es difícil evaluar esta iniciativa. No sé si decir que es una buena iniciativa, si es una gran iniciativa, si es algo que esperamos todos que se haga realidad o si, por el contrario, es un nuevo brindis al sol; si es
algo que nos permitirá un titular de prensa mañana o tal vez un comentario de prensa en el fin de semana. Porque, señorías, estamos hablando, como usted bien plantea, de algo que nos parecía importante, algo que reconocemos que se ha aprobado en la
Comisión Mixta Congreso-Senado fundamentalmente por el trabajo de todos. Por el trabajo del Grupo Parlamentario Popular, del señor Matos, también por la aportación pequeña de Coalición Canaria y de otros grupos que colaboraron, pero, sobre todo,
por el impulso que dio el señor Segura, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a esta iniciativa. Su esfuerzo, su trabajo, su tesón, seguramente posibilitaron adoptar este acuerdo. Un acuerdo que entendíamos importantísimo porque estaba
tomado por la Comisión Mixta Congreso-Senado y por unanimidad de todas las fuerzas políticas. El señor Segura hacía referencia no solo a su inclusión en el Boletín Oficial de las Cortes, sino también a ese monográfico que se publicaba con los
acuerdos del grupo de trabajo de la ponencia. ¿Pero qué ha pasado después de eso, señor Segura? Se aprobó. Y en esa aprobación tenemos un punto 6º, a iniciativa de Coalición Canaria, en el sentido de instar a las Cortes Generales a tener en
cuenta en cualquier proceso legislativo que iniciaran la singularidad de las regiones ultraperiféricas. ¿Qué ha pasado después de eso? Ley de Puertos.
¿Dónde está el reconocimiento de la ultraperificidad que planteamos desde Coalición Canaria en
la Ley de Puertos? En la propia ley antitabaco se olvidaron de la existencia del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y hoy tenemos un bodrio que tenemos que corregir entre todos, precisamente por no tener en cuenta la singularidad del Régimen
Económico y Fiscal en relación con la publicidad y venta del tabaco en Canarias.
Decía usted, señor Segura, que en la última sesión de la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea, le planteaba al secretario de Estado el tema de las energías alternativas. Pero, señoría, después de la resolución, el Gobierno de
España ha aprobado un real decreto-ley que no tiene en cuenta la singularidad canaria, que condena a los pequeños inversores canarios en energía fotovoltaica a algo contrario a los planteamientos iniciales. ¿Nos quedaremos otra vez en el brindis al
sol o, una vez asumido por unanimidad de la Cámara, vamos a tener en cuenta, desde la legislación española y desde la acción del Gobierno de España, las singularidades canarias tal y como se contemplan en esta iniciativa?
Nosotros creemos que el acuerdo era bueno y positivo. Quizá, señorías, los puntos 4 y 5 de la parte dispositiva se han quedado obsoletos. Hay un memorándum; ya se ha celebrado el Consejo de Europa del 10 de junio de 2010 y hay propuestas
que creemos que son positivas, por lo que plantearíamos una modificación. El señor Matos hacía referencia a una enmienda del Partido Popular que sería positivo incorporar. En ese talante suyo de consenso y de diálogo, propondríamos que pudiera
presentarse una transaccional en este Pleno para incorporar la posición del Partido Popular. Propondríamos sustituir los puntos 4 y 5 de su propuesta ya que, como decía, el memorándum ya está elaborado y el consejo ya se ha celebrado también,
poniendo de manifiesto que el Pleno considera necesario el mantenimiento de una política de cohesión fuerte y ambiciosa a partir de 2014, que mantenga las disposiciones financieras actuales a favor de las regiones ultraperiféricas y en particular el
refuerzo de la asignación específica dirigida a compensar los condicionantes de la ultraperiferia. Sería una aportación realizable.
Quizá con la enmienda de modificación que ha planteado el propio Grupo Socialista, con la enmienda propuesta por el
Grupo Popular y con esta propuesta que hacemos in voce en este momento podríamos conformar un acuerdo unánime de todos. Debemos seguir creyendo -nosotros seguimos creyendo- para que esto no se quede en un brindis al sol sino que de verdad sea una
guía para el propio Gobierno, para este Parlamento y por supuesto para la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Señor Llamazares, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, anunciamos nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.
Compartimos la necesidad del máximo apoyo institucional a la estrategia de desarrollo diferenciado de las regiones ultraperiféricas de la Unión y muy especialmente de
las Islas Canarias. En el actual contexto de crisis económica consideramos necesaria una política que tenga en cuenta esta situación ultraperiférica y que ponga en valor todo el potencial de estas regiones muy representativas del conjunto de los
valores, tanto de unidad política como de cohesión social, de la Unión Europea. Resaltamos de esta iniciativa seis puntos. En primer lugar, que el Tratado de Lisboa conceda a las regiones ultraperiféricas una regulación que nos parece adecuada,
así como que se anime a que se concrete un nuevo paradigma que permita impulsar el desarrollo de estas regiones. En segundo lugar, que en esta iniciativa se promueva una nueva estrategia comunitaria respecto a las regiones ultraperiféricas para el
periodo 2004-2020. Tercero, la necesidad de apoyar las prioridades de desarrollo de las regiones ultraperiféricas tanto en sectores tradicionales -agricultura y pesca- como de futuro, incluyendo el apoyo a los sectores industriales y de servicios,
y lo mismo con respecto a la economía del conocimiento. En cuarto lugar, la necesidad de desarrollar y de considerar la localización geoestratégica de las
regiones ultraperiféricas en cualquier otra estrategia específica, es decir, no solamente una estrategia propia sino incorporar a estrategias sectoriales o territoriales específicas lo que tiene que ver con las regiones ultraperiféricas. En
quinto lugar, la elaboración de un memorándum conjunto entre los Estados y las regiones que incorpore estas recomendaciones de la Comisión mixta relativas a las regiones ultraperiféricas. Y en sexto lugar, el apoyo teniendo en cuenta las
singularidades de las Islas Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Estos son los elementos que nos parecen esenciales en la iniciativa que comentamos porque estamos en un momento crucial para el futuro de las regiones
ultraperiféricas, por ejemplo, en el marco de la reforma de la política agraria común.
Esta Cámara tiene la obligación de dar continuidad a una larga trayectoria de reconocimiento y apoyo a estas regiones, reforzando la política de cohesión en los años 2007-2013, pero sobre todo dando respuesta innovadora, mejorando los
transportes, el abastecimiento energético, la economía, el desarrollo a la investigación, valorizando los recursos naturales y agrícolas con su protección y protegiendo el medio ambiente con la potenciación de la política comercial, el turismo, el
apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes y la cohesión social. Para que estas ambiciones tengan consecuencias no solamente legislativas -que se han criticado aquí en la intervención del señor Perestelo- sino también económicas, será
necesario movilizar más recursos -esto es contradictorio con las políticas de recorte en el marco de la Unión Europea-, por ejemplo, en el Fondo europeo de desarrollo y en el Fondo europeo de desarrollo regional. Por eso vamos a respaldar esta
iniciativa, con reservas respecto a los compromisos legislativo y financiero. Al mismo tiempo quiero resaltar mis diferencias con el señor Perestelo en relación con la ley de prevención del tabaquismo. Si ha habido algún tipo de problema en la
traducción del debate del Senado y del Congreso de los Diputados estoy convencido de que no se ha debido al debate parlamentario, que creo que ha sido correcto, y creo que la ley no es responsable de lo que en estos momentos pueda ocurrir con
respecto a aspectos fiscales. De hecho, una de las cuestiones que nos vetaron en el debate legislativo fue cualquier medida fiscal, cualquier modificación fiscal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
¿El Grupo Vasco, PNV, desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán anunciando, en primer lugar, el voto favorable del Grupo de Convergència i Unió a esta iniciativa del Grupo Socialista, queriendo y deseando entrar en dos consideraciones: una,
sobre el fondo del asunto que nos ocupa, y otra, sobre el procedimiento parlamentario por el cual el Pleno del Congreso de los Diputados hoy considera las conclusiones de una ponencia elaboradas por la unanimidad de los grupos en la Comisión Mixta
de la Unión Europea.
No quiero negar, señorías, al revés, quiero subrayar, el impulso destacadísimo del diputado Segura Clavell en los trabajos de dicha ponencia en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, pero, señorías, en mis años
de vida parlamentaria he visto como a veces se han trasladado al Pleno algunos asuntos que se han ventilado en Comisión, pero en ningún caso como en este. Hemos visto cómo literalmente aquello que fue acordado por unanimidad el día 23 de marzo del
año 2010 por parte de todos los grupos y con la unanimidad de todos los grupos tenía entrada en el registro del Congreso de los Diputados el día 8 de junio del año 2010 por parte de un solo grupo parlamentario, revisando algunos aspectos,
ciertamente. Por ejemplo, donde se utilizaba la expresión 'asume el compromiso de', por dos veces se utiliza la expresión 'considerando necesario'. Excepto este cambio estilístico, señorías, un acuerdo adoptado por la unanimidad de la Comisión
Mixta Congreso-Senado -y tiene un gran valor el apoyo también del Senado en Comisión- se traslada como una iniciativa de parte. Yo quiero coincidir con el señor Perestelo. Lo valoramos favorablemente porque queremos ser coherentes con aquello que
expresamos en la Comisión Mixta de la Unión Europea, no queremos pensar que el hecho de que queden catorce semanas para las elecciones autonómicas en Canarias tiene nada que ver con esto y, si en derecho procesal se dice que la cosa juzgada no puede
volver a ser juzgada, la cosa votada literalmente en la ponencia en el trámite parlamentario sí que puede volver a ser considerada en Pleno, pero yo quería subrayar este aspecto.
Dicho esto, señorías, este texto -yo creo que el señor Segura Clavell coincidirá con el resto de los grupos que es el texto del conjunto de la Cámara y que hoy seguramente será aprobado por el conjunto de la Cámara- pone en valor, destaca,
el gran paso que supone con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el día 1 de febrero del año 2010, del tratamiento específico desde un punto de vista jurídico del acervo comunitario de las regiones ultraperiféricas, de la incorporación de una
estrategia europea.
Son regiones ultraperiféricas que tiene su consecuencia con el Consejo de Europa del mes de junio del año 2010, que recoge y desarrolla los mandatos, despliega los primeros pasos de las potencialidades del Tratado de Lisboa y,
sobre todo, de la importancia de desarrollar un acervo comunitario en materias de directa competencia con las regiones ultraperiféricas, entre las cuales, sin duda, la política de vecindad, entendida en un sentido amplio pero especialmente en lo
referente a la inmigración; la política de transportes; la política de energía; y, como muy bien se ha apuntado por parte de algunos otros portavoces, también la política
agraria común, que tiene el gran reto de su revisión en la perspectiva del año 2013. Por todo ello, nosotros valoramos positivamente aquello que por coherencia votamos en Comisión y que hoy se traslada al Pleno.
Señorías, no sé cuál va a ser la formulación final de esta proposición no de ley. Nos parecen acertadas las enmiendas presentadas por parte del Grupo Popular y las aportaciones in voce planteadas por parte de Coalición Canaria. En todo
caso, señor Segura Clavell, creo que usted entenderá que haga una referencia inicial al impulso conjunto que tuvo esta iniciativa en el seno de la Comisión mixta y una cierta sorpresa por la presentación de un solo grupo de esta misma iniciativa y
la expresión de coherencia de nuestro voto favorable en Pleno, como lo fue en Comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Señor Segura, ¿acepta su señoría para la votación la enmienda o alguna posición?
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, tenemos la intención de presentar una enmienda transaccional que podremos entregar a la Presidencia en un plazo de treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muy amable. Muchas gracias, señor Segura.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (Número de expediente 162/000767.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la Política Agraria Común. Para su defensa tiene la palabra don José Ignacio Llorens. (Pausa.) ¿Señor Llorens? (Pausa.) ¿Desea defenderla algún otro miembro del
Grupo Popular? (Pausa.) Se da por defendida.
Para fijar las posiciones, en primer lugar tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para fijar posición. Nosotros no tenemos enmiendas presentadas; las tiene la señora Fernández Davila, del Grupo Mixto, por lo que intervenimos solo en turno de fijación de posiciones.
Creo que hablar de la PAC es hablar del desarrollo agrario de toda la Unión Europea, de la defensa del sector primaria en la Unión Europea y de la defensa también de los productores comunitarios y de su nivel de renta. Es hablar de dos
pilares fundamentales: uno, el apoyo a las rentas y a los mecanismos de gestión de los mercados, y dos, el desarrollo rural, tan importante para mejorar la situación y la vida de los agricultores que participan de esta política.
Para Coalición Canaria es importante mantener las ayudas vinculadas a la producción y no a la superficie. Creemos que es fundamental que se prime al agricultor que produce y no que se haga en función de la titularidad de las tierras que
pueda aportar o su propio histórico. Debe vincularse a la producción. Por supuesto, creemos que hay que defender al productor comunitario con mecanismos de control fitosanitario, sobre todo en la entrada de producciones de terceros países que no
tienen el nivel de cultivo y de productos fitosanitarios. Por tanto, para lograr esa calidad alimentaria que producen las políticas agrarias comunitarias, se deben extremar las medidas de control fitosanitario, tal y como se plantea en la
iniciativa presentada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
La señora Fernández Davila tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego presenta una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Popular que consta de ocho puntos y nuestra enmienda va dirigida solo a dos de ellos, el 4 y el 7. Esto quiere decir, señorías, que el
Bloque Nacionalista Galego comparte la proposición no de ley del Grupo Popular de manera mayoritaria, pero mantenemos una diferencia en los puntos 4 y 7. En el punto 7 la discordancia puede no ser importante, aunque, desde nuestro punto de vista,
debería recogerse nuestra aportación por parte del Grupo Popular, ya que se trata de incorporar en la nueva PAC un mecanismo de regulación de mercados. No solamente hay que reforzar los mecanismos de gestión actualmente existentes, sino que es
necesaria una regulación de los mercados. Incluso presidentes como el señor Sarkozy han acabado reconociendo esa necesidad en la medida en que estamos en una situación de encarecimiento de productos básicos para la agricultura, como los cereales,
que además es consecuencia no de la escasez sino de la especulación. Por eso, los recursos de regulación de mercados nos parecen fundamentales.
Por otro lado, señorías, si bien en este punto podríamos llegar a algún acuerdo, lo que no podemos compartir -y si no hay algún acuerdo, señor Llorens, no podríamos votarlo favorablemente- es lo relacionado con el punto número 4. Nosotros
entendemos que lo que plantean es que se mantengan lo que se conoce como derechos históricos en el cálculo de las ayudas de la Unión Europea y nosotros pensamos que no. Desde el momento en que se iniciaron estas ayudas han cambiado muchísimas
cosas, sobre todo en el Estado español en relación con la actividad agraria. Por ello, mantener estas ayudas sobre la base de los derechos históricos es total y absolutamente injusto para el sector agrario o el ganadero. Las ayudas de la Unión
Europea al sector agrario deben estar basadas en actividad agraria y, además, una actividad agraria que contemple el número de personas que
están activas, porque nos encontramos en este momento con que hay ayudas a grandes explotaciones que no tienen la actividad productiva que tenían cuando les fueron concedidas las ayudas. Por tanto, eso no puede ser así.
Además, compartimos
con ustedes que no consideren oportuno el planteamiento de la Unión Europea de tasa plana, que contempla que el cálculo se haga sobre la función de la superficie. Señor Llorens, sería importante que ustedes contemplaran esa modificación en los
criterios para el cálculo de las ayudas de la Unión Europea porque es fundamental el reconocimiento de la actividad agraria. Su señoría sabe que por esta misma cuestión casi todos los grupos han presentado alguna enmienda. O bien hay alguna
transacción orientada a lo que nosotros planteamos -aunque no sea igual- o bien no votaremos así la cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Tarruella, tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Convergència i Unió quiere decirle al diputado José Ignacio Llorens, que en nombre del Grupo Popular ha presentado esta proposición no de ley, que mi grupo está de acuerdo y podemos suscribir la mayoría de los puntos de la proposición no de
ley que presentan.
Hemos presentado mayoritariamente enmiendas de adición a esta proposición no de ley, con la que, repito, estamos de acuerdo porque recoge ya muchas de las demandas del ministerio tras las conversaciones con las comunidades autónomas. Por
tanto, hemos presentado unas cuantas enmiendas de adición para aportar nuestro grano de arena para que esta proposición no de ley quede, si puede ser, un poquito más ampliada o más clarificada.
Por ejemplo, en el punto 2, cuando se habla de
mantener la estructura actual de la PAC con los dos pilares bien diferenciados, que uno esté destinado a las rentas y el otro a los otros mecanismos de gestión, Convergència i Unió propone en esta enmienda que se rechace cualquier medida que suponga
su renacionalización. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se mantenga la estructura de los dos pilares y el mantenimiento de su financiación al cien por cien, pero que no suponga en ningún momento una renacionalización de la PAC. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
En el punto número 3 de la proposición no de ley del señor Llorens nosotros también introducimos unas adiciones. Creemos que, en aplicación del principio de subsidiariedad, las comunidades autónomas tendrían que disponer de un margen de
maniobra para la adaptación de esta política agraria comunitaria a su respectivo ámbito territorial. En este sentido, nosotros solicitamos que se añada que en la aplicación se tenga en cuenta este principio de subsidiaridad y sobre todo las
negociaciones con las comunidades autónomas.
En el punto número 4 creemos que es muy importante que el mantenimiento de los pagos directos tengan en cuenta y no comporten nunca una competencia desleal ni ante los productores ni ante los Estados miembros, así como que tampoco se
justifique un tipo único para todas las hectáreas ya que no se correspondería con las condiciones económicas de las diversas orientaciones productivas muy diferentes en unas partes o en otras.
También en el apartado 5 pedimos que los criterios de
aplicación y de diferenciación de objetivos puedan ser cuantificables y que además puedan ser fijados anticipadamente para que sigan siendo básicamente apoyo de rentas y para que se posibilite la viabilidad de estas explotaciones agrícolas. Por
todo ello, debería incorporarse la representación de las comunidades autónomas en el Fondo español de garantía agraria de acuerdo con sus competencias, posibilitando la gestión directa de la distribución de estas ayudas comunitarias que le
corresponde a cada una de ellas.
Desde Convergència i Unió consideramos que esta distribución debe hacerse con criterios objetivos y cuantificables que, sobre todo, han de ser fijados también anticipadamente.
Con respecto al resto de los puntos, estamos de acuerdo con el 6 y el 7 en la forma en que están redactados, y con respecto al punto 8 hemos formulado una enmienda de adición para precisar que se debe tener un respeto a la preferencia
comunitaria, justificada por los imperativos de las normas y los modelos de las producciones europeas, sobre todo con los productos procedentes de terceros Estados, que deben verse sometidos a las mismas condiciones de trazabilidad, de etiquetado y
condicionabilidad medioambiental que se nos exige al resto de los Estados miembros. Espero que estas enmiendas puedan ser aceptadas por el grupo proponente y que puedan ser respaldadas por el resto de la Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero reconocer los esfuerzos continuados que el diputado señor Llorens viene realizando desde hace bastante tiempo introduciendo en esta Cámara el debate sobre la situación del sector agrícola. Evidentemente es
oportuna esta proposición no de ley teniendo en cuenta que, como se ha comentado, en el año 2013 finaliza el actual ciclo de la PAC y ya empiezan las primeras publicaciones oficiales con respecto al horizonte 20-20. Por tanto, es un tema que
preocupa y que generalmente suscita coincidencia de vocabulario. Todo el mundo habla de la agricultura como sector estratégico, pero lo que es evidente es que las personas que viven en ese mundo no lo ven tan claro porque las palabras no se
corresponden con las decisiones.
Por tanto, la situación de peligro latente o real es evidente. Todos estamos de acuerdo que la nueva PAC es una oportunidad para incorporar nuevas medidas que realmente puedan demostrar a la gente que vive del sector agrario que
consideramos la agricultura como un sector estratégico.
En relación con el texto presentado por el Partido Popular, coincidimos en los puntos 1, 2 y 8. En el primero, en no reducir el actual nivel de apoyo financiero, en mantener la estructura actual de la PAC en dos pilares bien diferenciados,
en que la PAC incorpore mecanismos de defensa de los productos comunitarios. Pero también mantenemos algunas diferencias que en ciertos casos coinciden con las que ha expuesto hace poco la señora Tarruella, y concretamente en los puntos 3, 4 y 7.
En el punto 3 hemos hecho una enmienda en la que planteamos mantener el mismo nivel no solo en las ayudas directas sino también en los fondos destinados al desarrollo rural. En el punto 4 partimos de unas cifras conocidas en el Estado español: que
el 6,4 por ciento de los perceptores, 58.210, se llevan más de la mitad de las ayudas. Es una situación que nos parece que debe corregirse. Por eso hemos redactado una enmienda en la que defendemos el mantenimiento de pagos directos como mecanismo
de mantenimiento de renta y que el cálculo de las ayudas directas no comporte competencias desleales, en la misma línea que ha anunciado antes la diputada Tarruella. Y pensamos que el apartado número 7 debe ampliarse. Por tanto, aparte de
coincidir en incorporar en la nueva PAC nuevos mecanismos de gestión de los mercados y reforzar los existentes para evitar la volatilidad de precios y la descompensación en la cadena agroalimentaria de valor, pensamos que deberíamos añadir
mecanismos contracíclicos para las caídas de renta, como por ejemplo en la cláusula de perturbación grave transversal para todos los sectores, y una red de seguridad de ingresos. A la espera de que pueda haber algunas transacciones en la
intervención que me imagino que por algún descuido no ha podido realizar antes, pero que escucharemos con atención, del señor Llorens, fijaremos nuestra posición. Esperemos que podamos llegar todos los grupos a un acuerdo porque la afirmación de
que el sector agrícola es estratégico, aparte de enunciarla entre todos, nos la hemos de creer.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quisiera dejar constancia clara del compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con los agricultores españoles y asegurar claramente nuestra mejor disposición para defenderles, aquí y en Europa, ante quienes desde
posiciones conservadoras y neoliberales pretenden eliminar o disminuir la política agraria europea.
Para nosotros la agricultura y la industria agroalimentaria son sectores estratégicos básicos para la economía, para el empleo, para la cohesión social de nuestro territorio, y por tanto nos vamos a dejar la piel en todos los ámbitos para
asegurar que no disminuyen los actuales niveles de apoyo. Nosotros consideramos la política agraria, sus ayudas, como una retribución justa a los agricultores, a los ganaderos; una contraprestación de la sociedad con un sector que sin duda aporta
mucho más de lo que recibe. Aunque algunos en este momento en Europa están cuestionando los principios inspiradores de la PAC, yo creo que los principios siguen plenamente vigentes: asegurar la seguridad alimentaria, retribuir económicamente las
actividades agrícolas y ganaderas en el medio rural, asegurar la pujanza de un sector, la industria agroalimentaria europea, netamente exportadora. En definitiva, principios que junto con los del medio ambiente son y están plenamente vigentes.
Se acaba de iniciar un proceso de negociación de una nueva política agraria europea para el periodo 2013-2020; una política agraria europea que va a regular los principios inspiradores de una actividad agraria que desarrollan en este
momento en Europa más de doce millones de agricultores. Pero es una política que va dirigida al conjunto de la sociedad, a 500 millones de consumidores en Europa que precisan de alimentos sanos y seguros. En definitiva, de una política que
responda a estos principios.
La negociación no ha hecho más que iniciarse. Y deben saber sus señorías que los primeros documentos legislativos de la Comisión aún no se han presentado. Solo hay una mera comunicación, una comunicación que sirve para lanzar los primeros
debates, pero los primeros documentos legislativos no se van a producir hasta final de este ejercicio, en octubre, en noviembre de este año. Y la culminación de las negociaciones será al final de 2012. Por eso nos ha sorprendido de alguna manera,
señor Llorens, la presentación de esta PNL. Usted sabe que hay una comisión Mixta en este Congreso, la Comisión Mixta para la Unión Europea, que está recibiendo comparecencias para fijar una posición común Congreso-Senado en relación con la
política agraria europea. Hay un documento de consenso entre el Gobierno y las comunidades autónomas, la Comisión está presidida por un diputado del Partido Popular -además experto en negociaciones agrícolas-, el señor Arias Cañete, y por eso de
alguna manera nos ha sorprendido la rapidez en la presentación de esta proposición no de ley.
Pero vayamos a la cuestión. Nosotros globalmente estamos de acuerdo sobre el conjunto de la proposición no de ley que ustedes han presentado.
Nosotros
vamos a reivindicar una PAC fuerte, suficientemente bien dotada en el marco financiero europeo, vamos a estar en contra claramente de la renacionalización de las ayudas, vamos a defender el mantenimiento de los dos pilares básicos de la agricultura,
las ayudas directas, las ayudas de mercado, el
mantenimiento de los fondos del desarrollo rural. Pero tenemos algunas discrepancias con su proposición no de ley y también algunas carencias, de ahí que hayamos presentado una enmienda transaccional que pretende redactar algunos aspectos
de forma distinta.
Por último, en relación con las discrepancias, señores del Partido Popular, queremos decirles una cosa en la que estamos claramente en desacuerdo. Me da la sensación de que el desacuerdo es unánime prácticamente, por lo que he oído al resto
de portavoces. Ustedes en su proposición no de ley, cuando hablan de los pagos directos, dicen que el cálculo de las ayudas se haga en base a las referencias históricas; en base a un sistema, en definitiva, que consagre los privilegios obtenidos
por la percepción de las ayudas durante los años 2001 y 2002. Están ustedes tratando de mantener una foto fija para algunos titulares de explotaciones que generaron derechos en esos años 2001 y 2002, y que quizá en este momento ni tengan ganadería
ni tengan actividad en una agricultura intensiva o en el regadío, y que nosotros -la política española- pelee en Europa por mantener estos privilegios durante el periodo 2013 a 2020 sin que quizá mantengan actividad. En esto no podemos estar de
acuerdo, señores del Partido Popular. El pago por referencias individuales históricas que ustedes defienden en esta proposición no de ley atendiendo no sé a qué interés, señor Llorens, no lo sé, quizá, si tiene oportunidad de explicarlo, sería
bueno...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Alonso, por favor.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Voy a terminar, señora presidenta. Porque este es un tema que no creo que en el Partido Popular pueda ser asumido en todas las comunidades autónomas del territorio. En definitiva, vuelvo a repetir, es una
proposición no de ley que globalmente nosotros podemos aceptar y, si hay una transaccional, muchísimo más. Si se mantienen algunas discrepancias tendremos que votarla a favor, porque lógicamente no podrá haber voto separado por puntos. Espero que
como esta negociación será larga podamos emitir en el futuro otras resoluciones, otros posicionamientos en la Comisión mixta que sean fruto quizá de un trabajo más sosegado y de una mejor preparación que la que tiene esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora presidenta, diputadas, diputados, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley que desde una perspectiva puramente de contenido no tiene casi nada que objetar, pero también tengo que decir
que tampoco contempla nada que no hayamos solicitado, explicitado y manifestado otras veces en esta tribuna. Pero está bien que exista una disposición e incluso una reiteración en aquello que creemos necesario y conveniente. La reforma de la PAC
es algo muy serio y, tal y como suelo incidir más de una vez en esta tribuna, afecta a todos y cada uno de nosotros en mayor o menor medida, porque el futuro de la agricultura europea también es cosa de todos. Aquellos economicistas tecnocratizados
y burócratas de la estadística que creen que la mejor política agraria es la que no existe y que en ella no ven más que un lastre subvencionado y que en los balances del PIB no genera atractivo alguno, evidentemente pensarán que lo importante es que
en los mercados haya alimentos, que la cadena de distribución funcione y que todo lo demás son milongas proteccionistas. Pero desde el Grupo Vasco creemos que una acertada política agraria europea garantizará o dejará en manos del destino el futuro
de nuestras explotaciones, de nuestros agricultores y de ganaderos y del mantenimiento de nuestro paisaje, del futuro de nuestros bosques y pastos y de la despensa alimentaria con productos de calidad. De todo eso estamos hablando cuando hablamos
de la PAC. Por lo tanto, yo agradezco la insistencia del señor Llorens en esta área, por su tenacidad y su constancia, y me muestro de acuerdo, como he comentado al principio, con casi todo lo que se plantea, porque por lo visto y oídos a otros
grupos creo que poco diferimos en lo básico.
Siguiendo los puntos que usted ha planteado, el punto 1, sobre la importancia del presupuesto, no hay duda alguna; sin un presupuesto potente poco o nada se podrá hacer. Pero quizá tengamos diferencias a la hora de concebir el reparto de
ese presupuesto. En cualquiera de los casos, no solo para poder seguir manteniendo el mismo apoyo que hoy en día llega a los agricultores, sino para acometer verdaderamente la importante labor reformadora que se nos viene encima, para eso también
hace falta el presupuesto. Sin presupuesto todo lo demás serán palabras.
Ahí hay que exigir que el Gobierno español en este caso ponga encima de la mesa sus prioridades y también que se retrate en Europa. En el caso de que el Gobierno fuera del
Partido Popular le pediría lo mismo, y creo que debería hacer lo mismo.
En el punto 2 no voy a repetir lo que he dicho y redicho cada vez que hablamos de este asunto en esta tribuna o en la Comisión. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el mantenimiento de los dos pilares, sí, creemos que es fundamental
diferenciar la renta del desarrollo rural, sin duda alguna, con todo lo que ello supone y beneficia. Por lo tanto, de acuerdo.
Estamos convencidos, en el caso del punto 3 que usted plantea, que el futuro de la agricultura se va a resolver cada día más entre Europa y, en nuestro caso, entre las comunidades autónomas, las administraciones más cercanas, que es como
debe ser; quizá usted difiera en ello, pero creo que algún otro grupo político también ha planteado lo mismo. Las competencias de agricultura están transferidas y sin duda alguna no necesitamos tutelajes intermedios entre Europa y las comunidades
o nacionalidades
que posean la competencia agraria. Por lo tanto, no poner obstáculos a que los organismos competentes participen en Europa a la hora de plantear y exigir posicionamientos que determinen la política agraria que afectará a su comunidad, no
solo para garantizar ayudas, que por supuesto, sino también para participar en el debate político.
En cuanto al punto 4, creo que podemos diferir en un aspecto importante, tal y como se ha dicho por parte de otros grupos, aunque coincidimos, dicho en pocas palabras, en que el pago directo sea a la producción y no a la superficie, digo
diferencia porque la producción corresponde a quien la produce y no a quien históricamente ha producido y sigue cobrando por ello. Eso es un fraude, señor Llorens, y no podemos convertir las ayudas a la agricultura en lo que en muchos casos
deberían ser ayudas sociales para quien ha trabajado la tierra y ya por edad ha dejado de hacerlo.
Deben existir esas ayudas pero no son estas, porque el que produce en estas tierras es el que debe de percibir ese pago, y podríamos hablar de qué
tipo de ayudas sociales deben recibir aquellos que en su día han trabajado la tierra y ahora por lo que fuera ya no lo hacen.
Por último, con respecto a la volatilidad de los precios, se deben buscar mecanismos, espero que el contrato de primera venta de la leche sea un ejemplo para evitar la descompensación de la cadena, pero ahí creo que la mirada ha de ir sobre
todo dirigida...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Agirretxea, por favor.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Sí, señora presidenta. Debe ir dirigida al sector de la distribución, que, como todos sabemos, casi se puede contar con los dedos de una mano.
En definitiva, en lo básico estamos de acuerdo y en un principio veremos a qué juego de transacciones se llega, pero por parte del Grupo Vasco no habrá problemas en apoyarla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señor Llorens, ahora es su turno estricto de aceptación o rechazo de las enmiendas, pero atendiendo a la imposibilidad que ha tenido su señoría de defender la proposición no de ley, le voy a dar un turno de tres minutos, y le ruego que
intente evitar en la medida de lo posible reabrir el debate.
El señor LLORENS TORRES: Muchísimas gracias, señora presidenta, por la benevolencia.
Les pido disculpas a todos ustedes, señoras y señores diputados, por no haber estado aquí presente -no saben cuánto lo lamento- en la defensa de esta iniciativa que creo que es tan importante y trascendente para el sector agrario. Pero
déjenme que les diga con toda la humildad del mundo, reforzada en este caso por mis propias carencias, que la iniciativa que hoy estamos presentando es absolutamente oportuna, no es que sea inoportuna, es que ha habido una comunicación en el mes de
noviembre para la reforma de la PAC, es que las reformas legislativas vienen en junio, es que va a haber una importante reforma de la PAC que tiene que acordarse el año 2012 y que cambiará sustancialmente el nivel de ayudas que recibe nuestro sector
agrario. Por tanto, señoras y señores diputados, independientemente de quien gane las próximas elecciones generales, que las puede seguir ganando el Partido Socialista o las puede ganar otro partido, es absolutamente necesario, y por eso hemos
presentado esta iniciativa, que pongamos unas líneas básicas, unas líneas rojas donde todos nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para defender un sector tan importante como es el sector agrario, que no nos cansamos de decir que tiene un enorme
valor estratégico para defender la producción y la suficiencia alimentaria en cantidad y calidad, al que cada vez le pedimos mayores exigencias ambientales de todo tipo para preservar el entorno natural, para preservar el paisaje y para luchar
contra el cambio climático. Y se va a encontrar ante una situación -señoras y señores diputados, dejémonos de demagogias- con graves dificultades, porque en estos momentos, además de la crisis por la que atraviesa el sector agrario español
suficientemente conocida, un sector que percibe desde Bruselas el 30 por ciento de unas rentas que caen en picado, se va a ver abocado a una serie de dificultades que provienen del desmantelamiento de los mecanismos de regulación que nos colocan en
una situación de indefensión ante una liberalización creciente de los mercados, ante unos acuerdos de asociación de la Unión Europea con otros países y que siempre acaban perjudicando al sector agrario, no al sector agrario del Partido Socialista,
no al sector agrario de Convergència, no al sector agrario del Partido Popular, sino al sector agrario de todos nosotros, de donde procedemos y donde hundimos todas nuestras raíces.
Por tanto, la primera consideración que queremos hacer es que no vean en esta iniciativa, que no puedo defender en toda su amplitud, otro interés que el de llegar a un gran acuerdo para reforzar la posición negociadora del Gobierno español,
porque estamos en un proceso negociador donde hay que establecer acuerdos, donde hay que establecer alianzas y no siempre el Gobierno español ha sido un ejemplo en la defensa de los intereses agrarios. No lo fue cuando nosotros presentamos unas
propuestas ante el chequeo médico de la PAC que no fueron escuchadas, no lo ha sido cuando no se aprovechó la Presidencia española de la Unión Europea para impulsar un documento que recogiera nuestros intereses, y a Europa, señora y señores
diputados, se va a defender intereses. Los intereses son que nosotros estamos percibiendo 7.500 millones de euros que suponen el 30 por ciento de las rentas de nuestro sector agrario, y eso es lo que hay que defender, con unos criterios o con
otros. Como ahora se están cambiando los criterios por los que se van a percibir las ayudas para nuestros productores y
cada vez se les someten a mayores exigencias ambientales y de todo tipo, habrá que diferenciar con absoluta claridad, primero, que hay que defender el presupuesto para la Unión Europea que se dedica a la agricultura; segundo, el presupuesto
que percibe España y, tercero, un presupuesto que atienda nuestras peculiaridades de producción, porque nosotros tenemos una superficie agraria útil que es muy superior a la de los países del norte de Europa que quieren repartirlo entre otro tipo de
superficies que no sirven para producir. Pero si lo que nosotros queremos es defender el papel de la Unión Europea como agente productor de alimentos en cantidad y calidad suficiente, tenemos que saber defender esos presupuestos.
Señora presidenta, no sé si me he excedido.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): No, pero se está excediendo. (Risas.)
El señor LLORENS TORRES: Me estoy excediendo. Entonces quería decir que estoy muy preocupado con el documento de la Comisión...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Ahora sí, señor Llorens, me tiene que decir si acepta, rechaza alguna enmienda o vamos a ir a transaccional.
El señor LLORENS TORRES: Naturalmente que sí. Entiendo que todos los grupos -y se lo agradezco- han hecho un esfuerzo muy importante para mejorar sin duda y enriquecer la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado.
(Rumores.) Por tanto, aceptamos las enmiendas número 9 y número 10, del Grupo Parlamentario Socialista, y sustituimos el punto 4 por la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y lamentamos no poder aceptar una
de Esquerra Republicana que es muy parecida pero que no nos parece tan completa.
Simplemente les pido a todos ustedes que enviemos un mensaje de unidad, de defensa de los intereses de nuestro sector...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor LLorens, estábamos en las enmiendas.
El señor LLORENS TORRES: Señora presidenta, le agradezco muchísimo su oportunidad. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchísimas gracias, señor Llorens.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA NECESIDAD DE REVISAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS. (Número de expediente 173/000185.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IV del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, sobre la necesidad de revisar el Convenio de cooperación para la defensa entre España y los Estados Unidos.
Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Después del debate de la interpelación, en el que la señora ministra anunció que el Gobierno mantenía el convenio y no lo denunciaba como correspondía a la expiración del mismo el 12 de febrero de 2011 y que únicamente aspiraba a mejoras en
dicho convenio, mi grupo parlamentario ha presentado una moción subsiguiente, situada fundamentalmente en las mejoras del convenio con Estados Unidos en relación con la defensa y sobre todo en lo que podríamos denominar los principios de la
soberanía, de la autonomía, de la jurisdicción y del control democrático con respecto a las bases militares de utilización conjunta. Mi grupo parlamentario no renuncia a la denuncia del convenio, muy por el contrario, piensa que las características
del mismo son difícilmente subsanables mediante mejoras; es un convenio totalmente asimétrico, es un convenio de subordinación y de realquilados en nuestras propias bases militares. Pero ya que el ministerio decide no denunciar el convenio,
nosotros, aunque en uno de los puntos de la propuesta planteamos la denuncia del convenio para el próximo año 2012, nos situamos en las propuestas llamadas de mejora e intentamos mejorar aun más esas propuestas de mejora que son, valga la
redundancia, manifiestamente mejorables.
Señorías, el convenio bilateral y el protocolo posterior entre los Estados Unidos y España pretendían fundamentalmente, en primer lugar, desnuclearizar nuestro país; en segundo lugar, disminuir la presencia militar norteamericana y, por
otra parte, recuperar la soberanía de nuestro país sobre las bases militares de utilización conjunta. El protocolo posterior realizado por el Gobierno del Partido Popular, en nuestra opinión, planteó algunos problemas añadidos como el del control
de los movimientos y el control de las actividades en las bases, que ya no se establece a priori sino que se establece a posteriori. Por otra parte, plantea un problema aun más grave, el de la intervención de la inteligencia militar norteamericana
en suelo español más allá de las bases. Pues bien, señorías, en las propuestas de mejora que nos anunció la señora ministra, es verdad que en relación con la actividad de inteligencia se establece un reglamento que mejora la arbitrariedad anterior,
que establece mecanismos de control; es verdad también que desde el Gobierno, por ejemplo, con respecto a los vuelos y a las
actividades en el ámbito de las bases militares de utilización conjunta se recupera el control antes frente al control post que existía en los últimos años. Ahora bien, creemos que hay algunas cosas que no se han subsanado y que son
difícilmente subsanables. Por ejemplo, la primera de ellas, el control democrático de este Parlamento sobre las actividades de las bases militares de utilización conjunta, control democrático nulo.
Este Parlamento no tiene control democrático de
las actividades de las bases de utilización conjunta y de los movimientos militares en las mismas. Muy al contrario, en el propio protocolo y en el propio convenio se vincula este tipo de control únicamente al comité permanente y al comité
bilateral, que tienen capacidad incluso de interpretación del propio convenio, que ya es bastante genérico como para que se establezca una capacidad de interpretación en órganos únicamente militares o en órganos de control administrativo que ni
siquiera se reúnen, señorías.
Esa es la realidad. Por tanto, parece bastante lógico que este Parlamento plantee un mecanismo de control parlamentario que tiene Estados Unidos con respecto a las bases españolas y que nosotros no tenemos establecido
con respecto a nuestras propias bases, a nuestra propia soberanía. Por tanto, control democrático, en primer lugar.
En segundo lugar, señorías, equilibrio y no subordinación. En estos momentos, en las bases de utilización conjunta es más importante la legislación norteamericana que la legislación española; es decir, en las actividades en las bases de
utilización conjunta y en los movimientos de material y de militares tiene más importancia la legislación norteamericana que la Ley de Defensa Nacional. La Ley de Defensa Nacional dice que para intervenciones militares en el exterior hay que
cumplir dos compromisos: primero, la legislación internacional y, segundo, la autorización y el conocimiento por parte del Parlamento español. Pues bien, ninguno de estos dos elementos se tienen en cuenta en los movimientos de tropas en las bases
de utilización conjunta; y hay que tener en cuenta que esos movimientos de tropas no se hacen con relación a las tropas existentes, sino que en el 80 por ciento son tropas circulantes. Por tanto, señorías, segundo aspecto muy importante que
podemos denominar soberanía española de la legislación española en la zona.
En tercer lugar, lo que podríamos denominar jurisdicción. Señorías, es difícil ya la jurisdicción de seguridad en las bases, hasta el punto de que se hace dejación de la misma en manos de la seguridad norteamericana; pero más difícil
todavía es la jurisdicción de la inteligencia norteamericana en el conjunto del Estado. Nosotros creemos que la inteligencia norteamericana y sus mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia deberían estar sujetos a la misma
jurisdicción que el Centro Nacional de Inteligencia al menos, es decir, con un juez concreto que controle y autorice cada una de esas intervenciones. No es así, señorías, y, por tanto, creemos que es otra de las materias en las que debemos avanzar.
En ese sentido va nuestra iniciativa parlamentaria que, como ven, señorías, cabe dentro de las mejoras que plantea el Gobierno, aunque no renunciamos a que se denuncie este convenio de difícil subsanación por su carácter ambiguo para Estados Unidos
-es la ley del embudo, la parte ancha para los Estados Unidos- y por su carácter muy concreto en los beneficios para Estados Unidos y muy abstracto en los beneficios para nuestro país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
A esta moción no se han presentado enmiendas por parte de ningún grupo.
Por tanto, pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo tiene, como es sabido por todo el mundo, una visión y un posicionamiento notablemente discrepante del grupo proponente de la moción, tanto en el tema particular que hoy propone a la consideración de la Cámara, el Convenio
de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos, como también sobre el contexto en el que se inserta este tema y que puede definirse como el conjunto de las relaciones que viene manteniendo y debe mantener el Estado español respecto a
Estados Unidos.
No es un tema nuevo y es ampliamente conocido este posicionamiento discrepante entre ambos grupos. En todo caso, sería excesivo afirmar que esta discrepancia de origen o como se quiera calificar, nos debiera llevar inexorablemente
a votar en contra de la moción que hoy presenta el Grupo de Izquierda Unida a la consideración del Congreso y especialmente nos debiera llevar, en su caso, a la votación en contra de todos y cada uno de los puntos. La verdad es que, tras escuchar
atentamente los términos en los que discurrió el pasado día 25 de enero la interpelación urgente y los discursos del representante de Izquierda Unida y la respuesta de la ministra de Defensa, así como después de leer con alguna atención los términos
en los que se ha redactado la moción consecuencia de aquella interpelación que hoy debatimos y votaremos, nuestra fijación de posición ha tenido un recorrido que es el siguiente. Para empezar, hemos tenido algunas dudas sobre si -como siempre es de
desear en temas de este alcance- nos íbamos a encontrar finalmente con un texto consensuado entre interpelante e interpelada o, si se quiere, entre interpelante y el grupo que apoya a la interpelada, o si, por el contrario, nos íbamos a encontrar
ante lo que parece que nos vamos a encontrar, que es una toma de posición discrepante. Esta duda no es gratuita. Tanto el tono del debate, tal cual este tuvo lugar el pasado día 25 de enero, como los términos de la moción, pueden inducir
razonablemente a pensar que puestos a buscar campos de acuerdo había, tanto, insisto, en los propios términos del debate como en los términos en que se ha
redactado la moción, campo para el acuerdo. Desde luego, con mi grupo lo hay en algunos aspectos. Dicho de otra forma, mi grupo no está en contra de todos los puntos de la moción. De forma que, puestos a especificar los posicionamientos
de mi grupo, por ejemplo, con el punto 1) y con el punto 2) no tiene ninguna discrepancia, como tampoco la tendría con el punto 4). En el punto 3) habría mucho matiz que introducir, y estaríamos en contra de los puntos 5) y 6). Pero ya se sabe,
los caminos del acuerdo como del desacuerdo son en todos los campos, y en la política también, muy insondables, muy imprevisibles; y en la moción, así como en la interpelación, había y hay contenidos sobre los que prácticamente es imposible que
todo el mundo se ponga de acuerdo, sobre todo si se va en esa dirección, y esos son los puntos 5) y 6) de la moción. Además, hay que reconocer que estamos ante un tema sensible. Todo ello llevaría a mi grupo a que si hubiera una votación única
sobre el conjunto de la moción, el voto de mi grupo sería en contra de esta moción. Si hay una votación particular punto a punto, ya he anunciado qué puntos podemos apoyar.
Para terminar, quisiera decir algo que, a pesar de su obviedad, no siempre se tiene en cuenta, y es que no hay texto de acuerdo suficientemente bueno que por sí mismo garantice el éxito. Buena parte del éxito de las leyes y de los acuerdos
bilaterales o no, se fundamenta no tanto en la literalidad de lo que recogen dichos acuerdos, sino en cómo se gestionan los mismos; el cómo se es exigente o no en la gestión de los mismos y cómo se controla o no en los términos en que están
redactados los mismos.
En este campo, el grupo proponente nos presenta un sistema de control parlamentario, que está en el punto 4), a través de un informe anual contra el que nosotros nada tendríamos. En resumen, si la votación va a ser sobre el
conjunto, mi grupo va a votar que no. Si la votación va a ser sobre cada uno de los puntos, mi grupo votará a favor en los puntos 1), 2) y 4); se abstendrá en el punto 3), y votará que no en los puntos 5) y 6) de la moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán para fijar nuestra posición ante la moción planteada por parte del diputado don Gaspar Llamazares. Quiero empezar agradeciéndole al diputado proponente y a su grupo la sinceridad y el
planteamiento frontal sobre la misma. El núcleo político de la discusión son los puntos 5) y 6) de la moción. Estos puntos 5) y 6) invitan a la Cámara, al Pleno del Congreso de los Diputados a que vote la denuncia del Convenio de cooperación para
la defensa entre España y Estados Unidos, que se acordó el 1 de diciembre de 1988 y que se actualizó, mediante protocolo de enmienda, el 10 de abril del año 2002 y que tiene una proyección jurídica hasta el año 2012.
Señorías, creo que este es el
núcleo político más importante. Hay un grupo político en la Cámara que plantea a los otros grupos políticos la denuncia del Convenio de cooperación en materia de defensa entre España y Estados Unidos.
Agradecemos la claridad del planteamiento y lo queremos poner en el contexto de lo que es nuestra posición en materia de política exterior y de defensa. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió cree que nuestra participación en la
Alianza Atlántica, nuestra condición de socios con Estados Unidos en materia de defensa y nuestra cooperación multilateral desde los criterios de la multilateralidad que inspiran la actuación del Gobierno y de Naciones Unidas también en materia de
seguridad es una garantía para la estabilidad y para la seguridad del Estado español en este momento y en este contexto tan cambiante, en lo que podríamos decir las manifestaciones clásicas de las amenazas y los riesgos para la seguridad de España,
las manifestaciones clásicas de las antiguas formas de guerra y las manifestaciones más modernas y más actuales de los peligros y de las amenazas que se producen en nuestro contexto. El contexto de inestabilidad, señorías, no es el contexto
europeo, pero sí lo es, por ejemplo, el euromediterráneo, en el cual este convenio y esta cooperación entre Estados Unidos y España tiene una virtud y una vigencia muy evidentes. Es por esto que nosotros nos oponemos cordialmente y desde la
discrepancia y la cortesía parlamentaria a los puntos 5) y 6).
A nosotros no nos repele sino al revés, nos parece muy bien la participación del Parlamento, el control parlamentario, la evaluación parlamentaria de la acción del Gobierno, señor Llamazares. Por eso, nos parece muy bien el punto 1) y lo
vamos a votar favorablemente, en el sentido de garantizar e informar, desde el punto de vista parlamentario, el seguimiento de este convenio. Creo que tanto este convenio como algunos otros que se votan en esta Cámara requerirían de más atención,
de más seguimiento por parte de las comisiones especializadas -mayormente la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Defensa-, de acuerdo con las tradiciones parlamentarias de otros parlamentos que dedican mucha atención y mucho debate al
cumplimiento y al seguimiento de los convenios. Es por esto que nosotros estamos de acuerdo con el punto 1).
Creemos que la intencionalidad del punto 2) tiene una cierta voluntad de desgaste. No es habitual que un parlamento someta a discusión
anual un convenio que tiene una vigencia - el actual renovado el año 2002- para diez años. Hay una intencionalidad de desgaste con el debate anual. Sí a la transparencia; sí a la información; sí al punto número 1); no a la intencionalidad que
se trasluce del punto número 2) de abrir y reabrir aquello ya votado por parte de las Cámaras.
Respecto al punto número 3), que es un protocolo de mayor transparencia y de mayor control por parte del Gobierno en relación con el Gobierno de Estados Unidos,
señorías, señora presidenta, nosotros podemos estar de acuerdo con muchos de estos puntos, pero nos es difícil votar el punto 3).a), donde dice que se tiene que adaptar el convenio a la Ley de Defensa Nacional. Estamos de acuerdo, pero este
convenio debe respetar el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Esperemos -y queremos manifestar la mayor- que este convenio ya respete el derecho internacional.
Finalmente, sobre la descontaminación de la zona de Palomares...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino, señora presidenta.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero este no es objeto de este convenio, sino de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos y del reciente diálogo hace dos semanas de la ministra de Asuntos Exteriores. Con lo cual,
nos abstendremos en el punto número 4), votaremos favorablemente el punto número 1) y votaremos que no a los restantes puntos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a hacer tres observaciones a la moción que nos somete a votación el señor Llamazares: la primera, sobre el sentido de nuestro voto. Si efectivamente hay votación separada, votaremos favorablemente el punto 1), que nos parece
muy correcto y además muy útil para este Parlamento, y votaremos que no a los demás puntos, concretamente al 3) porque se entremezcla con explicaciones que va a tener que dar la ministra sobre medidas que ella aquí propuso.
Mi segunda referencia es precisamente sobre las medidas que la ministra anunció en el Parlamento y sobre las que creemos que necesitamos más información parlamentaria. En principio nos parecen correctas, en esa fórmula suya de ni denunciar,
ni prorrogar, es decir, quedar bien con todo el mundo; nos parecen medidas correctas, algunas están ya en vigor y del resto tendremos información parlamentaria, y creemos que se entremezclan mucho con peticiones que hace el señor Llamazares en el
punto 3).
La tercera referencia que queremos hacer, señorías, parece de forma pero es de fondo y yo la encuentro importante. El otro día, en el debate del pasado miércoles 26, el señor Llamazares hizo una intervención muy dura con un aliado, con
Estados Unidos, muy dura, cargada de sospechas, denuncias, acusaciones; es una intervención que naturalmente respetamos y además desde su posición la entendemos. Fue una intervención, insisto, llena de acusaciones hacia un país aliado. Lo que a
nuestro juicio fue lamentable fue que la señora ministra aceptara todo ello con enorme naturalidad, es decir, que no hiciera una puntualización, no defendiendo pero dando la cara por un aliado. La señora ministra incluso llegó a decir que compartía
en parte las posiciones del señor Llamazares. Esto no es hacer honor a la lealtad debida a un aliado, no lo es. No dudamos, por otro lado, de que seguro que hay ese conocido doble discurso de salir de aquí, llamar inmediatamente a la embajada para
manifestarse en términos completamente distintos, pero es en esta Cámara donde hay que ser leales con los aliados, no en los teléfonos, ni en los salones. Señorías, nos sorprendió, nos disgustó esta postura de la señora ministra, aceptando con
naturalidad esta posición. Por otro lado, el debate tuvo, a nuestro juicio, un bajo rasante, el señor Xuclà ahora lo acaba de decir, donde cuestiones tan importantes de defensa mutua, de compromisos, de valores compartidos, de riesgos, de amenazas,
no tuvieron ni una sola palabra.
Señorías, si estamos con los aliados y con la Alianza simplemente por tener una interlocución, simplemente por tener unos apoyos o una respetabilidad, a nosotros nos parece insuficiente. Creemos que estamos con los aliados y con la Alianza
porque entendemos que es fundamental para la defensa de nuestras democracias. Yo estoy segura de que el Gobierno lo piensa también así, quiero creer que el Gobierno lo piensa también así, pero si es así, hacemos una llamada para que nunca se
vuelvan a producir aquí, sin defensa por parte del Gobierno, debates del tenor del otro día.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Decía el señor Beloki, y con mucha razón en mi opinión, que después de la intervención de la señora ministra de Defensa el día 25 de enero, hace dos semanas, lo previsible era que la moción que usted ha presentando hoy aquí, señor
Llamazares, como consecuencia de aquella interpelación, tuviese otro texto, porque evidentemente no se pueden mantener ahora mismo algunas de las cuestiones que se plantean en la moción después de que la ministra anunciara, señora
Rodríguez-Salmones, no que tenía intención de hacer modificaciones en el convenio, sino que están hechas y están vigentes, algunas desde el año 2007. Por tanto, esa realidad, señor Llamazares, señor portavoz de Izquierda Unida, es una realidad que
debería haber recogido usted, creo yo, en la moción, pero me da la impresión de que usted, al presentar la moción después de la interpelación y de las manifestaciones hechas en sede parlamentaria por parte de la ministra de Defensa, responde más a
ese criterio o a esa idea de a mí la realidad no me estropea un buen
titular. Usted ha mantenido aquí un discurso que, repito, no responde a la realidad después de las manifestaciones hechas con absoluta claridad y nitidez por parte de la ministra de Defensa con respecto a las propuestas que usted hace hoy.
Por ejemplo, dice usted -lo decía entonces y lo ha vuelto a reiterar hoy aquí- que no se puede modificar el convenio sin denunciarlo. La realidad le desmiente, porque el convenio se ha modificado en muchos aspectos -ahora le voy a citar unos
cuantos- sin necesidad de denunciarlo. Por tanto, la realidad desmiente su afirmación.
Dice usted, por ejemplo, que no se controla judicialmente -y conviene decirlo de manera clara y concreta- los servicios de investigación de la Armada
norteamericana y del Ejército del Aire norteamericano, no hablemos de los servicios de inteligencia sin precisión. No es cierto, desde 2007 -léase el Boletín Oficial del Estado del mes de julio- eso no es así; existe un control judicial preciso,
estricto y bien definido. Eso lo ha hecho el Gobierno del señor Zapatero modificando aspectos del convenio y del protocolo de enmienda sin necesidad de denunciar el convenio. También dice usted en la moción que debe prohibirse el almacenamiento de
bombas de racimo y de minas antipersona. Es que está prohibido; es que el Gobierno del señor Zapatero ha modificado el convenio, con el acuerdo de Estados Unidos, y hoy está prohibido. Dice usted, por ejemplo, que no es posible el control
parlamentario. ¿Cómo que no? ¿Qué es esto más que el control parlamentario? ¿Qué es la interpelación del otro día más que el control parlamentario y cuantas interpelaciones y preguntas usted quiera proponer y sistemas de control? Es que es una
realidad. Por lo tanto, la realidad desmiente su propia afirmación. También se dice que se comuniquen con antelación suficiente y con detalle los vuelos. Es que ya se ha modificado, es que ya está vigente, es que con siete días de antelación debe
comunicarse el vuelo y un memorándum que lo debe acompañar muy preciso sobre las características del vuelo, sus fines, objetivos, etcétera. Eso ya existe. (El señor Llamazares Trigo hace gestos negativos.) Sí existe, señor Llamazares, y por lo
tanto, la realidad le desmiente. Usted mantendrá el titular, porque el titular puede ser verdaderamente muy brillante o muy espectacular, pero esta realidad concreta le desmiente.
Luego hay una cuestión que el señor Xuclà le ha planteado correctamente.
No tiene sentido plantear aquí una solución a un problema de 1966, que son las tierras contaminadas de Palomares, en el marco de un convenio de defensa. Me parece
humillante para el Estado español plantear en el marco de un convenio de defensa con Estados Unidos la solución de este problema. Es bilateral. Y por cierto, ya se está haciendo. La visita de la ministra de Asuntos Exteriores el pasado 25 de
enero ha tenido resultados. Pronto visitará una comisión de Estados Unidos el terreno en concreto para proponer, en el marco operativo del problema, una alternativa específica a la limpieza de las tierras contaminadas. Esa es la realidad. Señor
Llamazares, ¿no me dirá en serio que quiere que apliquemos la Ley Orgánica de la Defensa Nacional a la política de defensa de Estados Unidos? (El señor Llamazares Trigo hace gestos positivos.) No, ni la Ley de Defensa de Estados Unidos se aplica en
España.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cuadrado, por favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señora presidenta.
Sí, la Ley de Defensa de Estados Unidos para Estados Unidos; la nuestra para nuestra política de defensa. Ahora, si usted pretende mantener, si Izquierda Unida pretende mantener erre que erre que Obama es lo mismo que Bush, se equivocan.
Conviene que Obama tenga éxito. Usted ha planteado cuestiones relacionadas con la tortura y con la violación de derechos humanos. Con Obama hay un punto y aparte en esa materia, y usted y nosotros -creo que el conjunto de los españoles-
necesitamos que Obama tenga éxito en ese camino, porque efectivamente Estados Unidos es hoy un excelente aliado de España, pero España...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cuadrado, por favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: ... con un presidente de Gobierno que merezca tal nombre, jamás estará subordinando España a nadie fuera de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor Llamazares, no tiene turno de aceptación o rechazo de enmiendas porque no hay enmiendas, pero estaría bien que nos dijera cómo se va a producir la votación de la moción.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
La votación, a petición de los grupos parlamentarios, también parece ser que del Pentágono, será por puntos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Al margen de su valoración de la petición de los grupos, que sería interpretable, ¿es punto por punto?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL FUTURO MODELO DE GESTIÓN AEROPORTUARIA QUE HA PROYECTADO EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000186.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha
proyectado el Gobierno, y para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, huelga decir de entrada que los aeropuertos son hoy en día muchísimo más que una infraestructura de transporte, son un factor de desarrollo económico de primer orden. Por eso precisamente, ya no tiene en este momento ninguna razón
de ser un modelo de gestión aeroportuario como el español, centralizado, radial, que no tiene parangón en el mundo, en que todo el sistema gira alrededor de un gran aeropuerto que es alimentado por otros aeropuertos considerados como secundarios, y
en el que, además, las principales decisiones se toman a través de un solo ente público estatal, cuya razón social radica en Madrid. Hoy lo que funciona en el mundo, señorías, bajo fórmulas distintas de gestión privada, público-privada e incluso
pública, es un modelo de gestión plenamente individualizado y singular en el que los aeropuertos compiten entre sí y en cuya gestión además tienen un papel relevante y determinante las administraciones territoriales e incluso las instituciones
económicas del territorio. Porque, ciertamente, aunque los aeropuertos son hoy en día empresas que compiten entre sí, no son una actividad económica aislada, se interrelacionan con el territorio más próximo y también con los sectores económicos.
En otro orden de cosas, señorías, el actual modelo aeroportuario no se ajusta ni se compadece con el modelo de organización territorial del Estado, es totalmente impermeable al Estado autonómico, algo a lo que, por cierto, no es ajeno el
hecho de que en origen este modelo aeroportuario vigente en el Estado español surgiera como una auténtica herramienta de ordenación del poder político para articular España y para potenciar principalmente un solo aeropuerto, el de su capital,
Madrid.
Sin duda, señorías, la legítima presión política e institucional desde distintos ámbitos, particularmente desde Cataluña, pero también la obsolescencia de un modelo ineficiente, deficitario en su conjunto -debo recordar que en 2009 tuvo
unas pérdidas antes de impuestos de 433 millones de euros- y contrario a las reglas de la competencia a nivel europeo obligaban al Gobierno a corregir el tiro; lo que ha hecho, debo reconocerlo. Hoy lo plasmamos en un importantísimo acuerdo
político, auspiciado por Esquerra pero de amplio espectro, en el que quiero destacar la presencia de todos los partidos de signo catalanista. Hasta hoy la discusión del nuevo modelo aeroportuario se había saldado en distintos proyectos power point
del Ministerio de Fomento y particularmente y a grandes trazos en el Real Decreto-ley 13/2010, aprobado en el mes de diciembre pasado, que suponía la separación, atendiendo a imperativos de carácter europeo y con el horizonte del espacio único a
nivel europeo, de la gestión aeroportuaria de la navegación aérea y también algunos elementos de privatización, aunque fuera parcial, del modelo.
Hoy presentamos una moción muy concreta, sin duda histórica y, diría más, inimaginable hasta hace muy poco tiempo, porque concreta la arquitectura del futuro modelo de gestión aeroportuario del Estado español, un modelo ya plenamente
descentralizado, un modelo competitivo, un modelo en el que los gestores van a depender básicamente de su propio acierto y con una participación determinante, con la capacidad incluso de bloqueo en las decisiones estratégicas para el futuro de los
aeropuertos, de las distintas comunidades autónomas. Por tanto, un modelo que acaba con la rigidez, con la obsolescencia y con el centralismo de kilómetro cero del actual modelo. Quién iba a decir, señorías, que el Estatut de Catalunya, como el
Cid Campeador, iba a ganar, diría yo, una batalla después de muerto, porque este es un tema que se planteó abiertamente desde Cataluña, desde sus instituciones, durante la discusión del debate estatutario. Ha debido pasar mucho tiempo para que
finalmente se haya cambiado este modelo.
La moción, por otro lado, distingue básicamente dos supuestos. El primero es el de los aeropuertos con especial complejidad en su gestión y con un alto volumen de tráfico, para los que se creará una sociedad filial participada por las
comunidades autónomas con un papel determinante en su órgano rector. Pero para el caso de aeropuertos singulares, como el de Barcelona, El Prat, o el de Madrid, se prevé además una gestión plenamente descentralizada y competitiva a cargo de una
sociedad concesionaria en cuyo consejo de administración se prevé la participación de las comunidades autónomas, administraciones locales concernidas e incluso de las instituciones económicas. Esto es un paso importantísimo, señorías, un paso que
además se ve incrementado sustancialmente por lo que se refiere al régimen de contraprestación, al régimen tarifario. Por un lado, en el primer supuesto, en el de los aeropuertos denominados secundarios, se prevé no solo la presencia de un régimen
de precios privados, sino que en el caso de los servicios que tienen todavía la consideración patrimonial pública se acaba con la rigidez y se permite al gestor modular, subir, incrementar, bonificar las tarifas. Y para el supuesto de los
aeropuertos de El Prat y de Madrid Barajas -por tanto, aeropuertos concesionados- se consagra la plena libertad tarifaria bajo la tutela o el arbitrio de un regulador, de una autoridad en materia tarifaria, de acuerdo con las directivas europeas.
Por tanto, es un excelente acuerdo.
Señorías, quiero agradecer no solo la predisposición y el talante del diputado Simancas, del Grupo Socialista, sino también la del ministro de Fomento, José Blanco, y del portavoz adjunto de Convergència i Unió, señor Macias, que suscribe
junto con Esquerra y el Grupo Socialista esta enmienda conjunta. Insisto, este es un muy buen acuerdo para el conjunto del catalanismo
político, para sus instituciones y para la sociedad civil, que venía batallando por esta cuestión desde hace muchísimo tiempo. Este es, repito, un muy feliz desenlace, que veníamos previendo y por el que veníamos trabajando desde hace
muchísimo tiempo y que, evidentemente, señora presidenta, no puedo más que saludar muy positivamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
A esta moción se han presentado enmiendas por varios grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como acaba de decir el representante de Esquerra, este es un tema muy trabajado. Me atrevería a decir que prácticamente todo está dicho, aunque según sea el momento también me atrevo a decir que nada está dicho. Está muy hablado,
pero dicho dicho en términos de dicho y hecho, nada. Lo cierto es que el objeto de esta moción, que genéricamente se denomina como el futuro o nuevo modelo de gestión aeroportuaria para el Estado español, es un tema muy hablado. Todo dicho o nada
dicho, como ustedes quieran, por parte de todos, aunque en esto hay que reconocer también que los grupos catalanes han tenido un protagonismo indiscutible.
De forma que, llegados a este punto, nosotros estamos plenamente de acuerdo en que esta es
la hora de hacer. Más que de hablar, es hora de actuar y de hacer, de poner en pie realmente este tan hablado nuevo sistema aeroportuario, tan anunciado, tan prometido. Además, estamos convencidos de que hay que hacerlo con decisión y con
agilidad. Yo diría que no queda mucho tiempo si las promesas tan escuchadas y tantas veces dichas en este Congreso van a cumplirse en esta legislatura. Si realmente en esta legislatura va a haber un nuevo sistema aeroportuario, nos queda poco
tiempo, porque en esto, también hay que reconocerlo, el Gobierno no ha andado ni de lejos lo diligente que debió andar si de verdad era su intención implantar en esta legislatura un nuevo sistema aeroportuario español. Debió promover las
modificaciones legales que ha promovido mucho tiempo antes. A nuestro juicio, para decirlo todo, debió andar más ligero, más decidido, más diligente y también creemos que debió andar con ideas más claras y con propuestas más explícitas y de mayor
calado. Pero todo esto es historia.
Ahora la moción de Esquerra Republicana viene a decirnos algo en lo que no podemos todos más que estar de acuerdo, y es que hechas las leyes, apliquémoslas; empecemos a aplicarlas, por algún lado. Ahora bien, hay que decir que las leyes
que hemos hecho y esta que vamos a terminar de hacer próximamente, la de las tarifas del nuevo sistema aeroportuario, no son de aplicación matemática indiscutible; no lo son, ofrecen muy distintas interpretaciones y pueden dar lugar a sistemas
aeroportuarios muy distintos siempre con las mismas leyes. Constituyen, por decirlo así, una especie de marcos, no todo lo amplios que a mi grupo le hubiera gustado pero marcos en cualquier caso, para que sobre los mismos o basándose en ellos se
vaya construyendo un nuevo sistema aeroportuario.
La moción de Esquerra Republicana, que finalmente parece venir además apoyada por Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la base de una enmienda transaccional, viene a
resolver el caso de dos aeropuertos, el de Barcelona y el de Madrid, y creemos que está en su perfecto derecho, aunque, llegados a este punto, nos parece, eso sí, excesivamente parcial, excesivamente centrada y limitada a dos casos. A nuestro
juicio, adolece de una cierta visión excesivamente reductora, de ahí la razón de ser de la enmienda que ha presentado mi grupo.
Prácticamente, incluso en su origen, no íbamos a discutir nada a la moción originaria de Esquerra Republicana,
simplemente íbamos a decir que cuando hablaba de un aeropuerto, hablara de aeropuertos y diera paso a que este sistema pudiera aplicarse incluso a distintos grupos de aeropuertos que ya se definirían en su momento bajo el prisma que cada cual pueda
defender.
De forma que esta moción nos parece oportuna en determinados casos pero excesivamente reductora desde otro punto de vista. Es perfectamente aplicable al aeropuerto de El Prat y también al aeropuerto de Madrid, pero deja en el aire la
solución del resto de los aeropuertos y además pareciera como que, hecha esta aplicación, a nadie más esta vía fuera aplicable, y ahí no estamos de acuerdo. Esa es la razón de ser de nuestra enmienda y va a ser la razón por la que, al no aceptarse
este pequeño cambio que no era más que abrir un poco los horizontes, no quedarnos en dos casos particulares, tampoco resolver todos los temas, pero abrir un poco este horizonte, al no aceptárnoslo, mi grupo va a abstenerse para la enmienda
transaccional que han acordado los tres grupos que he citado y a los que felicito porque a pesar de que uno no consiga lo que quiere, otros al parecer consiguen lo que ellos deseaban. Al menos, mis felicitaciones por ello.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como es sabido, el Gobierno de España afronta un programa amplio de reformas estructurales con objeto de mejorar la competitividad de nuestra economía, acelerando así la recuperación de la actividad y la generación de empleo. Pues
bien, una de las reformas emprendidas más importantes es precisamente esta, la referida a nuestro transporte aéreo.
¿Con qué objetivos se acomete la reforma? Con el objetivo de ganar eficiencia, ganar productividad, rentabilidad, competitividad
en suma. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Aplicando al transporte aéreo español el enfoque que se está consolidando en Europa en estos momentos: un enfoque empresarial. En el marco de la entidad pública de referencia, AENA, diferenciamos por vez
primera entre el servicio de la navegación aérea y la propia gestión aeroportuaria. La reforma eficiente en el ámbito de la navegación aérea ya se ha emprendido mediante dos leyes marco tramitadas precisamente en este Parlamento, la actualización
de la Ley de Navegación Aérea y la ley de seguridad aérea que se vota mañana mismo en el Senado.
Corresponde ahora, por tanto, emprender la reforma eficiente en la gestión de nuestros aeropuertos, y comenzamos ya con el decreto del pasado 3 de
diciembre. ¿De qué se trata? De cinco cuestiones muy sencillas. Primero, vamos a introducir la gestión mercantil con el desarrollo de fórmulas societarias; de hecho, antes de que termine este mes se va a constituir la sociedad mercantil AENA
Aeropuertos. Segundo, vamos a dar entrada a la participación privada tanto en el capital de AENA, hasta un 49 por ciento, como en la gestión de aeropuertos singulares a través de la fórmula concesionaria. Tercero, vamos a impulsar la gestión
individual, autónoma y competitiva de los aeropuertos grandes, bien a través de sociedades filiales de gestión pública o bien, como ya he avanzado, a través de concesiones privadas en Madrid y Barcelona especialmente. Cuarto, vamos a propiciar la
participación de las administraciones y de los agentes sociales y económicos de los territorios mediante su presencia en los consejos de administración de las filiales de AENA y mediante su corresponsabilización en los comités de coordinación
aeroportuaria. Y en quinto lugar, vamos a instaurar un nuevo modelo de fijación de tasas aeroportuarias gracias a la trasposición de una directiva europea que por una parte crea una autoridad de supervisión nacional para arbitrar un marco tarifario
que sea viable y sostenible y por otra parte va a posibilitar a estos gestores la aplicación individualizada de descuentos o de recargos en clave competitiva, tal y como ya se hace en los puertos de interés general del Estado.
En consecuencia, señorías, vamos a afrontar una reforma estructural de nuestro transporte aéreo importantísima, que va a aportar eficiencia y competitividad al conjunto de nuestra economía y que va a suponer una mejora significativa en la
seguridad y en la calidad del servicio al usuario. Además, señorías, queremos hacerlo desde el acuerdo con los grupos parlamentarios de esta Cámara y con las administraciones y los agentes económicos y sociales afectados. De ahí el importante paso
que damos esta tarde mediante la firma conjunta de un texto entre el grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, con la
activa e inteligente participación de nuestros compañeros del PSC. Es un texto que confío encuentre, señorías, el apoyo muy mayoritario en esta Cámara. Especialmente me dirijo en este minuto que me queda al Grupo Parlamentario Popular. Espero,
señorías del Grupo Parlamentario Popular, su apoyo por responsabilidad y por coherencia. Responsabilidad, porque esta es una reforma inspirada en el interés general, el interés general de la competitividad de nuestra economía, que debe estar en
nuestra consideración por encima de cualquier otro interés de parte o de oportunidad, interés general. Y coherencia, porque lo que se somete hoy a votación, señorías del Partido Popular, no es sino exactamente lo que ha venido solicitando su
partido en los últimos tiempos. Santander, señor Ayala, 26 de octubre de 2010, Foro de la empresa familiar, Mariano Rajoy: Debemos llevar a cabo un nuevo proceso de liberalizaciones en especial en trenes, puertos y aeropuertos.
Pues eso es lo que
estamos haciendo. Últimas elecciones catalanas, programa del Partido Popular, página 50: Consideramos necesario promover la participación de las administraciones catalanas en la toma de decisiones del aeropuerto de Barcelona y privatizar su
gestión para mejorar la actividad aeroportuaria. Pues eso es lo que estamos haciendo, señor Ayala. Pleno del Senado, 10 de marzo de 2010, enmienda transaccional firmada por todos los grupos incluido el Partido Popular: El nuevo modelo
aeroportuario contemplará para el aeropuerto de El Prat la creación de una figura jurídica de gestión en la que las instituciones catalanas tengan una participación de la mayoría determinante. Firmado por ustedes y por nosotros, 10 de marzo de
2010, Pleno del Senado. Pues eso, señoría, pero sin mayoría. Aquí sin mayoría. Responsabilidad y coherencia, se lo pido por favor, señor Ayala. Lo dicho, la reforma es buena, con consenso mucho mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Simancas.
A continuación tiene la palabra el señor Macias por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es a la vez el tercer firmante de la enmienda conjunta.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo, como ustedes pueden comprender, se ha sumado con satisfacción a esta enmienda entre el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo
Parlamentario Socialista que a nuestro entender despeja el camino del nuevo modelo de gestión aeroportuaria.
Esta es una larga aspiración de la sociedad catalana, yo puedo hablar, lógicamente, en nombre de parte de la población catalana a la que
nuestro grupo representa aquí, pero creo que también es una vieja aspiración de otras instituciones, por ejemplo, de una que preside un tal Ruiz-Gallardón, alcalde de la ciudad de Madrid, o de doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de
Madrid, que han reiterado en muchas ocasiones su voluntad de participar en el modelo de gestión aeroportuaria de un gran aeropuerto como es el de Barajas. Es por tanto un tema que no es estrictamente catalán, es catalán, lógicamente, y por eso
nosotros
participamos, pero es un tema, si me permiten ustedes decirlo, de interés general.
Nuestro grupo quiere hacer mención a algunos aspectos, puesto que el contenido de la enmienda a la moción ha sido ampliamente explicado ya. En primer lugar, nosotros queremos mostrar la satisfacción por cuanto en estos momentos el
secretario de Estado de Transportes, don Isaías Táboas, con quien hemos estado dialogando hace ya algunas semanas, está ayudando de forma muy positiva a que este nuevo modelo avance y lo haga con estos visos de sensibilidad autonómica. Creo que es
de justicia reconocer las situaciones y en este caso me gustaría tomar buena nota de ello. También, lógicamente, nuestro grupo -y la noticia no es de hoy, es de ayer- cree que el propio presidente del Gobierno se comprometió ante el presidente de
la Generalitat de Catalunya a que este nuevo modelo aeroportuario, repito, no solo para Cataluña sino para el conjunto del Estado español, se vaya desarrollando a lo largo de este año. Bueno es, pues, señorías, que aquello que ha sido negociado con
el Gobierno, entre los grupos parlamentarios, entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat de Catalunya, encuentre un reflejo parlamentario. Me parece, señoras y señores diputados, que esto dignifica nuestra labor, y en este
sentido la propuesta del señor Ridao de proceso de negociación que hay estos días con el señor Simancas me parece que es un buen modelo de proceso también.
Hoy, negro sobre blanco, ya empezamos a plasmar directamente por dónde va a ir este modelo. ¿Está todo hecho, señoras y señores diputados, a partir de la aprobación -supongo- de esta moción? No, evidentemente no, queda mucho trecho por
recorrer y nuestro grupo político, que lógicamente da pleno apoyo al Gobierno actual de la Generalitat, va a confiar en que las negociaciones establecidas entre el ministro de Fomento y el conseller Recoder avancen y permitan, a partir de lo que hoy
ponemos negro sobre blanco, definir plenamente este modelo y los aspectos del mismo que más directamente corresponden a Cataluña. ¿Cuáles son estos aspectos? El señor Simancas ha hecho referencia a una cuestión previa: la constitución de AENA
Aeropuertos, que es la matriz, la sociedad holding; bueno, si tenemos ya la sociedad holding, y la tendremos, parece ser, antes del 28 de febrero, lógicamente esta sociedad puede empezar a operar inmediatamente y puede empezar a crear filiales en
Barcelona o en Málaga, donde sea conveniente, lógicamente, no seré yo quien le diga al Gobierno en este caso lo que tiene que hacer. Por tanto, de una forma inmediata hay un proceso de negociación política en torno a los estatutos de estas
sociedades filiales que garanticen lo que aquí demandamos, que son los mecanismos de participación determinante. En esto es en lo que estamos, señorías. Creo que se ha hecho y se está haciendo un buen trabajo, un trabajo serio y que me gustaría
que abarcara todas las casuísticas del Estado, por descontado la que planteaba el señor Beloki o la que puede plantearse en los aeropuertos canarios o en los gallegos, por citar algunos casos, pero quizá también en los andaluces, y lógicamente
también en el aeropuerto de Barajas. Creo que este es un excelente acuerdo, señorías, y sería aún mejor si contara con el apoyo del máximo número de grupos políticos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Macias, por favor.
El señor MACIAS I ARAU: Voy acabando, señora presidenta.
Yo quisiera hacer una petición muy personal y muy sentida al Grupo Parlamentario Popular para que se sumara a esta moción, no solamente porque desde el Parlament de Catalunya, desde el Senado y desde esta Cámara ustedes han demandado esto y
lo demanda doña Esperanza Aguirre, sino también porque creo que vamos, señorías, por buen camino.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.
En el turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como el Bloque Nacionalista Galego ha manifestado en reiterados debates en esta Cámara, consideramos como una asignatura pendiente del sistema aeroportuario español la necesidad de abordar su real descentralización. En los Estados
de nuestro entorno el modelo más generalizado es el modelo de gestión descentralizada de los aeropuertos.
Además se ha demostrado como el modelo más eficiente. España, de hecho, es el único Estado de la Unión Europea de cierta dimensión
poblacional y territorial donde los aeropuertos están gestionados por un único ente centralizado. Este modelo de gestión aeroportuaria centralista es el causante, desde nuestro punto de vista, de un diseño radial y unipolar que en el caso de
Galicia ha acentuado nuestra condición de periferia, impidiendo que Galicia pudiese fortalecer la complementariedad entre sus tres aeropuertos, pudiese fomentar la diversificación de las conexiones, evitando la excesiva dependencia de las conexiones
vía Madrid, permitiese extraer ventajas comparativas de su ubicación en la fachada Atlántico y convirtiese en una oportunidad y no en un problema la cercanía de Portugal. En este sentido, el nuevo modelo de gestión aeroportuaria diseñado por el
Ministerio de Fomento, desde nuestro punto de vista, avanza mucho hacia la privatización práctica de los aeropuertos, pero avanza muy poco en el camino de la necesaria descentralización. Saludamos la transacción a la que se ha llegado en esta
moción consecuencia de interpelación porque representa un avance en este proceso de descentralización que consideramos necesario. Consideramos un avance que se contemple la participación determinante de las comunidades autónomas y, en su caso, de
las administraciones locales y
de los sectores económicos en los consejos de administración de determinados aeropuertos, y saludamos en particular que se contemple esa participación determinante en el consejo de la sociedad filial del aeropuerto de El Prat, respondiendo a
una demanda ampliamente compartida por la sociedad catalana. Se trata de satisfacer una demanda, insisto, ampliamente compartida por la sociedad catalana y representa un avance objetivo, aunque desde nuestro punto de vista insuficiente, en el
proceso de descentralización, y manifiesto que el Bloque Nacionalista Galego va a dar apoyo a la transacción a la que han llegado distintos grupos de esta Cámara. No obstante, quiero enfatizar que este diseño sigue siendo claramente insuficiente.
Desde nuestro punto de vista, las comunidades autónomas deben tener una participación determinante en los aeropuertos situados en su territorio, no solo en los aeropuertos de alto volumen de tráfico y especial complejidad de gestión,
concepto enormemente difuso que no se aclara, que no se determina y que puede excluir de esta participación determinante, por poner un ejemplo, a los tres aeropuertos gallegos, sino que además, desde nuestro punto de vista, debe contemplarse la
posibilidad de que existan consorcios públicos con participación determinante de las comunidades autónomas, con participación también de las administraciones locales y de los agentes sociales y económicos responsables de varios aeropuertos, de los
aeropuertos ubicados en el territorio de una comunidad autónoma. Para Galicia, por poner un ejemplo, es imprescindible concebir los tres aeropuertos gallegos como partes integrantes de un sistema aeroportuario gallego integrado, que permita, por lo
tanto, una planificación que atienda las necesidades de Galicia en su conjunto, que favorezca la complementariedad entre sus tres aeropuertos y, por tanto, incentive la especialización de cada uno de ellos para que sean partes que sirvan a un modelo
integral y al servicio de nuestro desarrollo como país. Creemos que hay que avanzar aún mucho más, pero atendiendo ante todo a que esta transacción satisface una demanda mayoritaria de la sociedad catalana y abre un proceso de cara a una mayor
descentralización, el Bloque Nacionalista Galego dará apoyo a esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la tramitación de esta moción consecuencia de la interpelación urgente de hace casi dos semanas al Grupo Parlamentario Popular le produce sorpresa -tanto una como la otra-, no por parte del grupo proponente, que
está a lo que está; parte de dogmatismo, de victimismo muy bien aderezado y de la alegría y el abrazo del oso que le ha dado al Gobierno. La moción original, que hoy no vamos a debatir, ya era un monumento a la confusión, pero nos encontramos hoy
y debatimos una enmienda firmada conjuntamente por Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Socialista a la que se ha adherido entusiastamente Convergència i Unió. Es sorprendente no por la postura que han adoptado Esquerra Republicana o CiU,
sino por parte del Grupo Socialista, del que soporta al Gobierno. Señores diputados, esta transaccional es la mayor demostración de que tenemos un gobierno a la deriva, un gobierno que no sabe dónde va, un gobierno incapaz de mantener sus
planteamientos más allá de dos meses, más allá de sesenta días, como luego veremos y un gobierno al que la lectura del segundo párrafo de la enmienda obliga a pedir inmediatamente explicaciones. Este párrafo dice: El Gobierno diseñará un nuevo
modelo que prevea la participación efectiva, etcétera.
Señor Simancas, no es verdad que estamos ante el desarrollo de un modelo que se viene anunciando por el Gobierno desde el mes de enero; no, es un nuevo modelo que ustedes van a pactar con
Esquerra Republicana y con CiU.
No hagan ustedes llamadas a la responsabilidad y no hagan llamadas a la coherencia porque ustedes han firmado que van a hacer un nuevo modelo que nada se parece a este modelo que el señor Blanco trajo y explicó aquí
el 10 de enero del año pasado, en nada se parece. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura directamente? ¿Qué pasa con el Real Decreto-ley 1/2010? ¿Qué pasa con la Ley 9/2010? ¿Qué pasa con un decreto-ley que usted ha citado aquí ahora y que usted
mismo se salta a la torera, con el Real Decreto de 3 de diciembre de 2010? ¿Qué pasa con el cumplimiento de la literalidad de ese real decreto?
En absoluto estamos de acuerdo con que estemos en el desarrollo del modelo que aquí ha venido defendiendo el Gobierno, en ningún caso; estamos ante uno nuevo. Además, estamos, como siempre, en la improvisación y el regate corto, porque no
hay más que leer el párrafo de la enmienda transaccional para ver que estaba preparado para hablar del aeropuerto, y de hablar del aeropuerto, cuyo nombre no hay que poner, hemos intentado llegar a una solución de los aeropuertos. Todo empezó en
uno nuevo, pero no era a ese al que se estaba refiriendo en la globalidad.
Fíjese, la exposición de motivos del Real Decreto-ley 13/2010 dice que se articularán dos vías para la posible gestión individualizada de los aeropuertos, que podrá articularse bien a través de la creación de sociedades filiales de AENA
Aeropuertos, bien a través del otorgamiento de concesiones a favor del sector privado. Los artículos 10, 11 y 12, cualquiera que sea la interpretación que hagamos de ellos -literal, sistemática, conceptual, hermenéutica, la que usted quiera, señor
Simancas-, llevan indubitablemente a que se tiene que hacer una cosa o la otra, porque precisamente la sociedad filial es sociedad filial gestora.
Por tanto, el planteamiento de la literalidad de su enmienda de que la sociedad filial es la que
sacará a concesión el aeropuerto de El Prat va en contra del Real Decreto 13/2010, a no ser que
lo deroguen ustedes el viernes. ¿O es que el Gobierno, como era el 13 de diciembre, no se enteró de lo que se aprobó en ese día con las múltiples correcciones que le fueron introduciendo a este real decreto?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor, Ayala, por favor.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta.
Por tanto, no le pida usted responsabilidad y coherencia a quien no sabe ni lo que está haciendo. Es el momento oportuno para que ustedes ahora -y lo demuestren mañana- acuerden que comparezca el ministro -tal como ha pedido el Partido
Popular- y se demuestre de verdad la existencia de un modelo aeroportuario que están ustedes desarrollando o, por contra, de un nuevo modelo que han pactado, al que en nada se parece, y que están rectificando su política porque son un gobierno a la
deriva.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ayala.
Señor Ridao, ¿entiendo que pasaremos a votación el texto de la enmienda conjunta de su grupo con el Grupo Catalán de Convergència i Unió y el Grupo Socialista?
El señor RIDAO I MARTÍN: Efectivamente, señora presidenta. No aceptamos las enmiendas que se han presentado por otros grupos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias,
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR EL FUERTE AUMENTO DEL COSTE DE LA VIDA PARA TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000187.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles. Para defender
la moción, en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado 26 de enero mi grupo presentó una interpelación dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para las familias españolas.
Una vez escuchado el debate, presentamos hoy una moción que pretende aportar soluciones para resolver estas dificultades. La respuesta de la señora Salgado no pudo ser más decepcionante porque, ante el sinfín de problemas a los que se enfrentan
actualmente las familias españolas, la conclusión que sacamos de sus explicaciones es que el Gobierno socialista no piensa hacer absolutamente nada para ayudarlas. Según su análisis, la subida de los precios es una especie de maldición bíblica en
la que nada tiene que ver el Gobierno socialista.
Señorías, el Partido Popular planteó esa interpelación por el alarmante dato de la inflación del pasado mes de diciembre que, según el Instituto Nacional de Estadística, se situó en el 3 por ciento interanual. Pero si entonces saltaba la
alarma, hoy, quince días después, se hace aún más necesario plantear medidas para intentar paliar esta subida generalizada de los precios. Hoy conocemos un nuevo repunte del índice de precios ya que, según el indicador adelantado del Instituto
Nacional de Estadística, escaló en enero hasta el 3,3 por ciento, la cifra más alta desde octubre de 2008, haciendo un auténtico roto en el bolsillo familiar con fuertes incrementos del gasto. Esta subida histórica se debe fundamentalmente al
repunte del precio de los alimentos, así como al aumento del coste de la luz junto a las subidas de gas y de transporte. En definitiva, señorías, hablamos de precios y tarifas que están reguladas por el Gobierno o de bienes y servicios para los que
el Gobierno no ha conseguido niveles deseables de competencia. Si a todo esto le unimos, señorías, la política fiscal socialista con sucesivos aumentos de los impuestos que incrementan el precio final de la cesta de la compra, no es de extrañar que
cada vez haya un mayor número de familias en situación desesperada, dramática, diría yo. ¿Es esta la política socialista, poner a las familias españolas al borde del abismo, obligar a muchos españoles incluso a acudir a Cáritas, cada vez en mayor
número, porque no tienen ni para comer?
Tengo que recordar aquí, una vez más, que hoy en nuestro país hay más de 4.700.000 parados, que hay 1.300.000 familias con todos sus miembros en paro, que hay ya nada más y nada menos que 1.500.000 de jóvenes sin trabajo, y mientras ustedes
congelan pensiones, reducen salarios y suben y suben los impuestos. ¿Se imaginan ustedes cuál es la situación actual de muchas familias españolas? Se lo voy a sintetizar: los abuelos con las pensiones congeladas, los padres en el paro y sus hijos
esforzándose por labrarse un futuro lejos de su país, eso sí, añadiendo otra inquietud más a las familias para las que nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Y este Gobierno se muestra incapaz de ofrecerles un futuro ilusionante dentro de
nuestras fronteras.
En este contexto, para las familias españolas se disparan las facturas por la subida de precios e impuestos y, mientras, merman los salarios, porque, según el Ministerio de Trabajo, los salarios han aumentado mucho menos en el año 2010 que
en 2008. Ante esta situación ¿qué piensa hacer el Gobierno socialista? Como dije al principio, parece ser que nada, porque la señora ministra se despachó con una frase que proviene de la política italiana: piove, porco governo, que viene a decir
que se
lavan las manos y eluden sus responsabilidades de gobierno. Según la señora vicepresidenta, la culpa del aumento de los precios es del petróleo, de los mercados, del tabaco, de la subida del IVA y, por supuesto, del Partido Popular que hace
ya nada menos que siete años que no gobierna. La culpa es de todos menos del Gobierno socialista. Según su análisis, el aumento de los precios se debió fundamentalmente a dos factores: el precio del petróleo y la subida de los tipos del IVA y del
impuesto del tabaco. Respecto al aumento de los precios del petróleo, me gustaría que nos explicase la señora ministra cómo es posible que la inflación en la eurozona haya sido en enero muy inferior a la española.
Respecto a la subida del IVA, qué
decirle. Si eran ustedes los que decían que no iba a tener ninguna repercusión sobre nuestra economía. Según el señor Sebastián, el aumento del IVA no se iba a trasladar a los precios, y según la señora Salgado, es uno de los factores
fundamentales del aumento de los precios. ¿En qué quedamos entonces, señores del Gobierno?
En definitiva, todo un muestrario de contradicciones, datos engañosos, verdades a medias y ninguna solución para las familias españolas que son las que sufren las consecuencias de su nefasta política económica. Por eso, el Partido Popular
presenta a través de esta moción varias medidas que pretenden paliar este aumento desproporcionado de impuestos, tarifas y tasas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En primer lugar, instamos al Gobierno a poner en marcha una verdadera
estrategia de austeridad presupuestaria que limite el gasto de todas las administraciones públicas. Pero proponemos austeridad de verdad, austeridad real, porque frente a sus promesas a la canciller Merkel, el señor Zapatero, ayer mismo, permite
endeudar a los catalanes por otros 2.500 millones de euros. No es de recibo que con la crisis económica que atravesamos se dilapiden recursos públicos que tendrán que pagar también los propios ciudadanos catalanes. En segundo lugar, instamos al
Gobierno a revisar los costes del sistema energético y el mecanismo de fijación de la tarifa de último recurso de energía eléctrica, evitando subidas desproporcionadas como la que se ha producido en enero en el recibo de la luz, que ha aumentado un
9,8 por ciento. Porque esta subida afecta a la mayoría de las familias españolas, unos 18 millones de consumidores. Por cierto, algunas de las causas que explican esta subida tienen relación directa con las erróneas decisiones del Gobierno en
materia energética.
En tercer lugar, instamos también al Gobierno a reforzar la independencia de los órganos reguladores y de competencia, de forma que garanticen que los precios reflejen los verdaderos costes de producción. Y por último,
proponemos aprobar una ley de unidad de mercado.
Termino con una frase con la que finalizó su intervención el pasado 26 de enero la señora Salgado, que dijo textualmente: nuestra economía está comenzando a mejorar. Teniendo en cuenta que es la ministra que también aseguró que había
brotes verdes hace ya dos años, señores del Gobierno, les instamos a que se atrevan ustedes a tener el valor de decírselo a las familias españolas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Para defender la enmienda tiene la palabra don Juli Fernández Iruela.
El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda en relación con la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas a tomar en relación con el aumento del coste de la vida
para los ciudadanos. Señora Madrazo, no me ha sorprendido su discurso catastrofista. Ustedes, ahora que el IPC tiene un repunte puntual, se rasgan las vestiduras cuando durante los ocho años que estuvieron gobernando el IPC nunca estuvo por debajo
del 3 por ciento y durante cuatro años consecutivos estuvo por encima del 3,6 por ciento.
Cuánto lamentamos esta actitud catastrofista.
Pero antes de pasar a explicar los motivos de la enmienda haré algunas referencias en relación con la exposición de motivos de la moción; una exposición de motivos que refleja el argumento tradicional del PP en toda la legislatura en
materia económica: menos impuestos, más gasto social, más transferencias a las administraciones públicas. Todo esto es incompatible con el objetivo de austeridad de las administraciones y con el déficit presupuestario. Ustedes, señores del PP,
aprovechan cualquier iniciativa para reclamar aquello que no hicieron cuando tuvieron responsabilidad de gobernar o aquello que no practican en las comunidades o ayuntamientos donde gobiernan. A ustedes solo les interesa el populismo y el discurso
demagógico con el objetivo de desgastar al Gobierno y llegar a La Moncloa sin ninguna propuesta concreta. Seguro que sí las tienen, pero prefieren no decirlas para amagar su verdadero discurso.
Ustedes siguen criticando la política económica del
Gobierno y consideran las decisiones tomadas como injustas; critican la subida de impuestos, hablan de congelación de pensiones, bajada del sueldo de los funcionarios, eliminación de transferencias a las familias; critican todo. Señorías del PP,
su discurso es igual de inconsistente ahora que el IPC tiene un repunte o un incremento medio del 1,8 por ciento en 2010 que cuando en 2009 era del 0,3. A ustedes no les preocupa el comportamiento del incremento de precios sino el desgaste del
Gobierno. Y si no, no podrían obviar que en este repunte coyuntural del incremento de precios tiene mucho que ver el precio de las materias primas, el precio del petróleo y el tipo de cambio euro/dólar.
Señorías, el Grupo Socialista y el Gobierno somos conscientes de la situación de crisis de nuestra economía y por eso actuamos con responsabilidad adoptando aquellas medidas que nos permitan mejorar la actividad
económica y productiva, y por tanto favorecer la ocupación. Señorías, para el Grupo Socialista y para el Gobierno la máxima preocupación es el desempleo y somos conscientes de que para crear ocupación nuestra economía debe crecer de forma
más sostenida pero con un modelo productivo menos dependiente de la construcción. Esta política requiere cambios estructurales en profundidad que se están afrontando: sistema financiero, mercado laboral, políticas activas de ocupación y mercado
energético son algunos ejemplos. Son cambios que a veces no son bien recibidos pero que en el Grupo Socialista entendemos que son imprescindibles para crear las bases de una economía más competitiva y sostenible en el futuro. Todo esto lo queremos
hacer sin renunciar a los avances sociales; nuestra máxima preocupación es consolidarlos. Y ya que ustedes hablan tanto de gasto social quiero dar algunos datos que son referencia. El Gobierno socialista invierte en 2011 un 60 por ciento más en
gasto social que el Gobierno del PP en 2004. El gasto en pensiones en el periodo 2004-2011 se incrementa un 51 por ciento; en el periodo 1996-2004, gobernando ustedes, el gasto en pensiones subió un 22 por ciento. En educación, periodo 2004-2011,
el gasto sube el 86 por ciento y ustedes, en su periodo de gobierno, lo incrementaron solamente un 68. En vivienda su incremento fue nulo, no subió ni un solo euro en vivienda, mientras que el Gobierno socialista lo ha incrementado un 82 por
ciento. Y así podíamos seguir.
Señorías, a ustedes durante ocho años de gobierno no les preocuparon en absoluto las mejoras en prestaciones por desempleo ni qué decir las personas dependientes; solo les preocupó incentivar un modelo productivo
basado en la construcción.
Señorías, la enmienda que presenta el Grupo Socialista pretende sumar, buscar consensos y aquello que nos puede unir, seguir avanzando en la estrategia de austeridad para la consolidación fiscal. Aquí se empezó a trabajar en el presupuesto
de 2010 y así se recogía también en el presupuesto de 2011; trabajar con el objetivo de eliminar posibles ineficiencias en el sector energético; trabajar en la mejora de la transparencia de la calidad alimentaria y también con la presentación del
proyecto de ley de servicios profesionales que, junto con la trasposición de servicios ya realizada, debe mejorar la competitividad en el sector de los servicios. Lamentamos la postura del Grupo Popular de no aceptar la enmienda porque pone de
manifiesto su nula voluntad de negociar y de consenso, cuando su única voluntad es desgastar al Gobierno con sus actitudes populistas y demagógicas.
Señorías, acabo señalando que la enmienda está presentada con el ánimo de buscar el consenso para seguir afrontando los retos que tiene nuestra economía y consolidar un crecimiento más sostenible en el futuro; unos retos que pasan por la
consolidación fiscal de las administraciones y por la mejora de la competitividad en todos los sectores estratégicos, como la energía y el sector servicios.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
A la hora de plantear mi posición, la posición de Unión Progreso y Democracia, sobre esta moción que ha defendido la señora Madrazo, quiero hacer una consideración previa. Quede claro que me voy a manifestar sobre las cuestiones
propositivas y no sobre los considerandos, sobre la exposición de motivos, y mucho menos sobre lo que ha sido la intervención de la señora Madrazo a la hora de defender con toda justeza, de la manera que ha considerado oportuna, esta moción. ¿Por
qué? Porque estando de acuerdo con la parte resolutiva en cada uno de los cuatro puntos -y explicaré ahora algunas cuestiones- que hoy nos somete a consideración y por tanto a votación, en algún momento de su intervención he llegado a pensar que
estábamos hablando de cosa distinta y que estábamos otra vez en esa cuestión de que cualquier oportunidad es buena para afearle la conducta al grupo que apoya al Gobierno. Por tanto, me pronunciaré sobre los cuatro puntos que se someten a
consideración y que se someterán a votación.
Acabo de explicar que mi voto va a ser un voto positivo, pero quiero hacer también algunas consideraciones al respecto a la señora Madrazo, al Grupo Popular. Mi voto va a ser positivo porque no podía ser de otra manera, por pura coherencia
con algunas de las cuestiones que aquí vienen planteadas. En su primer punto, en el que el Grupo Popular nos plantea hoy la necesidad de poner en marcha una estrategia de austeridad presupuestaria, de eliminar gastos superfluos para evitar --dicen
ellos- recortes de políticas sociales, yo le quiero recordar a la señora Madrazo que sometimos a consideración de la Cámara en mayo del año 2010 una proposición no de ley sobre esta misma cuestión, sobre el gasto autonómico, su eficacia y su
eficiencia, que contenía todas estas recomendaciones, así como la introducción de un gasto de techo obligatorio, sobre el no aval de emisiones de deuda -cosa a la que usted se ha referido en su intervención-, la necesidad de terminar con las
duplicidades en el conjunto de las administraciones, y ustedes no la apoyaron. Aquel debate se produjo y hoy digo: perdí la votación, pero políticamente parece que gané adeptos en un partido que unos meses más tarde, casi un año más tarde, propone
en una de sus mociones una cosa muy similar. Lo mismo le querría decir sobre las cuestiones que vienen reflejadas en los puntos 3.º y 4.º, que hablan sobre la unidad de mercado fundamentalmente, que también fueron objeto de una proposición no de
ley que se vio en Comisión, en este caso el 20 de enero, y que tampoco contó -desgracia mía- con el apoyo del Grupo Popular. Fue rechazada, pero allí se planteaban exactamente cuestiones de armonización y de defensa de la unidad de mercado que
usted, con muy buen criterio,
ha planteado hoy sobre este mismo escenario y ha defendido. Y yo digo: estoy completamente de acuerdo. Bienvenidos a esta cuestión; no les convencí a efectos numéricos pero parece que les convencí a efectos políticos, y bienvenidos sean.
Por último, el punto 2.º, que tiene que ver con la tarifa eléctrica.
También quiero recordarle sobre esta cuestión que en el mes de enero de este año, no por una propuesta de Unión Progreso y Democracia pero sí en un debate que hubo aquí
sobre el real decreto que trajo el Gobierno -cuestión que tenía que ver con la tarifa eléctrica-, el Grupo Popular tampoco votó en contra, se limitó a abstenerse. Estas cuestiones que hoy nos somete a consideración, que son cuestiones importantes y
que forman parte del debate y de la agenda política, que me parecen tan importantes que voy a apoyarlas, han sido objeto de debate y no han contado con el apoyo del Grupo Popular. Además, el Partido Popular gobierna en muchas instituciones públicas
en España y motu proprio, sin necesidad de que el Gobierno de la nación actuara -que está muy bien que le pidamos que actúe-, también podría actuar en este mismo sentido.
Por todo lo dicho, naturalmente tendrá mi voto positivo, y además permítame, ya que usted ha hablado de Caritas y de todas estas cosas, que termine no sé si con un refrán o con una jaculatoria muy común entre nosotros: arrepentidos los
quiere Dios; así que, bienvenidos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señora Buenaventura, tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señor presidente.
Señorías, el voto de nuestro grupo parlamentario va a ser en contra de esta moción presentada por el Grupo Popular por lo que plantea y por lo que no plantea. En primer lugar, por lo que no plantea. Nosotros consideramos que para hacer
frente al aumento del coste de la vida y para asegurar el poder adquisitivo de los ciudadanos y de las ciudadanas el primer punto es garantizar que los salarios van a estar en consonancia con el incremento del IPC, y por tanto, no se puede permitir
ninguna cláusula de descuelgue en los convenios colectivos ni tampoco congelaciones en las pensiones. Por otro lado, ustedes cuando hablan de racionalizar estructuras administrativas siempre miran en la misma dirección, siempre proponen recortar
las autonomías. Utilizan la crisis económica como excusa para cargar contra las comunidades autónomas, a pesar de que estas soportan la mayoría del gasto social de los pilares básicos del Estado del bienestar como sanidad o educación. Si quieren
racionalizar estructuras administrativas, en primer lugar se podría empezar por aquellos ministerios con competencias plenamente transferidas a las comunidades autónomas, y esto ustedes no lo plantean. Y podríamos continuar con un ejemplo muy
concreto. Nuestro grupo ha presentado hace pocas semanas una proposición no de ley solicitando el pleno traspaso de los efectivos de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, al Servicio Meteorológico de Cataluña. Se podría establecer fácilmente
un mecanismo de colaboración entre este servicio y la agencia estatal para que se dispusiera de los datos en Cataluña sin necesidad de tener duplicadas las estructuras. Seguro que esto ustedes no lo aprobarán.
Si entramos en el debate sobre las elevadas tarifas de servicios básicos a las que tienen que hacer frente las personas con menos recursos, entendemos que la tarifa de último recurso es un buen elemento, pero nosotros también vamos más allá
y planteamos en nuestra proposición no de ley presentada también hace unos meses sobre bonos sociales que hay que armonizar las tarifas sociales para personas sin recursos, concretamente los relativos a la tarifa de la luz y el teléfono, y extender
estos beneficios a otros ámbitos como el del gas natural y el butano. Sin ánimo de desprestigiar dichas tarifas sociales, en el contexto de crisis económica en el que está inmerso nuestro país, con una tasa de personas en riesgo de pobreza de casi
el 20 por ciento, un paro registrado ya del 20 por ciento, un endeudamiento familiar que alcanza niveles históricos, unas perspectivas lentas de recuperación y un Estado del bienestar cada vez más debilitado, es de justicia que empresas como las de
telefonía o las grandes compañías eléctricas y de gas natural puedan destinar parte de sus millonarios ingresos a ayudar a aquellos colectivos en mayor riesgo de exclusión. Mientras los ayuntamientos ven cómo cada día incrementan las partidas de
ayudas destinadas a urgencia social y concretamente las referidas al pago de las facturas de gas, luz y teléfono de personas al borde de la exclusión, observamos cómo las grandes compañías eléctricas a nivel estatal obtuvieron un beneficio conjunto
de 7.672 millones de euros en el año 2009. ¿Están dispuestos ustedes a aprobar esta proposición no de ley? Por todo ello y por todo lo que ustedes presentan y no presentan, entendemos que es necesario incrementar estas ayudas económicas a otros
productos energéticos para consumidores desfavorecidos como el gas natural y el butano, todo ello a cargo del sector empresarial, además de establecer unos criterios claros, transparentes y homogéneos para su concesión basados en la renta familiar.
Por lo que hace referencia a la competencia, consideramos que es positivo reforzar los organismos reguladores y de competencia, pero solo con ello no se solucionará el problema del precio de determinados productos, especialmente en aquellos
mercados que se encuentran prácticamente en situación de oligopolio o, incluso, de monopolio. Pongo otro ejemplo, lo dice incluso la Comisión Europea, los precios de los productos de Internet en España son los más caros y los que ofrecen peor
servicio. Una forma de moderar el coste de la vida es intervenir para fijar precios en aquellos mercados donde el consumidor está más desprotegido.
Como decía al principio, por lo que proponen y por lo que no proponen votaremos en contra de esta moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Buenaventura.
¿El Grupo Vasco, PNV, desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán la señora Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, si leemos la exposición de motivos de la moción presentada por el Grupo Popular sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida, nuestro
grupo parlamentario comparte la crítica situación económica y social que afecta a muchas personas y familias. Por ello, desde el inicio de la crisis nuestro grupo ha trabajado con la máxima contundencia, convicción y determinación en la línea de
proponer medidas orientadas a la reactivación económica, al mantenimiento del empleo y a la generación de nuevo empleo, convencidos de que reducir las tasas de paro y reconducir situaciones socialmente críticas para muchas personas y para muchas
familias pasa, necesariamente, por reactivar la actividad económica y, por tanto, por impulsar todas aquellas medidas de orden fiscal, laboral, financiero, administrativo que contribuyan y faciliten la reactivación económica. Todo ello teniendo en
cuenta el contexto económico financiero por el que atraviesa nuestra economía y, por tanto, teniendo en cuenta también la necesaria reconducción de los déficits actuales de nuestro sistema. Es cierto que no siempre el Gobierno ha actuado en la
dirección de impulsar medidas orientadas a la reactivación de la economía y del mercado laboral, lo que se ha traducido en incrementos del coste de la vida para gran parte de los ciudadanos, en una ralentización del proceso de reactivación económica
y en el mantenimiento de tasas de paro inaceptables en nuestra sociedad. Por todo ello, compartimos la necesidad de impulsar medidas de reactivación, y continuamos insistiendo en ello, y de que es necesario también impulsar medidas de contención
del gasto. Son las administraciones, cada una de ellas, en el respeto del modelo de Estado y de las competencias asumidas, las que han de activarlas. En este sentido, señorías, es responsabilidad de cada una de las administraciones activar las
políticas de ajuste y de reducción de costes, activar medidas que persigan una mayor eficiencia de las administraciones. No duden de que estamos en esta línea, en la línea de la rigurosidad, austeridad, responsabilidad y eficiencia y no solo por
efecto de la crisis, sino también por la misma eficiencia del sistema y por responsabilidad. En este marco volvemos a reiterar que, desde nuestro punto de vista, son cada una de las administraciones, en sus propias competencias, las que han de
tomar las medidas de ajuste necesarias en el respeto de los límites fijados por las leyes de estabilidad presupuestaria.
En relación con el segundo punto, no estamos de acuerdo con la evolución de la tarifa de último recurso, y somos conscientes de que la manera de fijar las tarifas no es la adecuada. Ello nace antes de 2004 y continúa hasta hoy. Las tarifas
no soportan los costes del sistema, por lo que también entendimos necesario el impulso de una subcomisión para tratar de llegar a un necesario acuerdo en materia energética que sentase unas bases sólidas de presente y de futuro para el sector,
permitiendo reconducir los déficits estructurales y evitar situaciones como las que se han dado, por ejemplo, con los incrementos registrados el pasado mes.
Por ello entendemos que lo que sería deseable, señorías, es que el Partido Popular se
sumase a un acuerdo que entendemos es importante en términos económicos y sociales y que ha de permitir establecer unas bases sólidas de cambio y de sostenibilidad para el sector. Referirnos al sector energético es referirnos, señoría, a una de las
reformas estructurales más importantes para nuestro sistema en términos económicos y sobre todo sociales.
Con lo que no podemos estar de acuerdo en absoluto es con el último punto de la moción. Señorías, no compartimos su modelo de Estado; el modelo de Estado presentado y defendido por el Partido Popular y no compartimos su nueva llamada a la
unidad de mercado, más insistente en la actual coyuntura. No compartimos su pretensión de recentralización de competencias porque estamos convencidos de que el modelo de Estado que hemos defendido y promovido es un modelo de éxito, de crecimiento y
de competitividad. La crisis no se debe al modelo, señorías. La crisis responde a los ciclos económicos y a una serie de factores bien analizados y trabajados en los últimos tres años. No podemos cuestionar un modelo como el que tenemos, que ha
favorecido el desarrollo, el crecimiento social y económico del conjunto del Estado. Señorías, señores del Partido Popular, nos separa un modelo de Estado bien claro. Su modelo de Estado es el eje vertebrador de la moción que han presentado y, por
ello, no podemos votar favorablemente la misma en los términos en que ha sido planteada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Señora Madrazo, ¿acepta su señoría alguna enmienda o tiene alguna propuesta que hacer para la votación?
La señora MADRAZO DÍAZ: No. No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, pero sí vamos a pedir a la Mesa que votemos nuestra moción en sus propios términos y cada punto por separado, con el ánimo de buscar consenso y puntos de
encuentro con el resto de grupos políticos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR), RELATIVA A LOS PLANES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE REGULAR LA DENOMINADA 'MUERTE DIGNA'
Y LA FORMA EN QUE PREVÉ COORDINAR LA NORMATIVA EXISTENTE EN ESTA MATERIA.
(Número de expediente 173/000188.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la moción del Grupo Mixto, relativa a los planes del Gobierno de España para regular la denominada muerte digna y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia.
Don Carlos Salvador tiene la palabra para su defensa.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace dos semanas interpelamos a la ministra de Sanidad ante el anuncio de una nueva legislación sobre cuidados paliativos y lo que algunos denominan muerte digna, que el Gobierno pretende incluir en su agenda social para 2011.
Permítanme que insista brevemente en algunas ideas que ya formulamos en aquel debate. Primera, si el Gobierno está convencido de querer legislar sobre esta materia, mi partido desearía que lo hiciera con la máxima participación de todos los
profesionales afectados, los expertos y la sociedad civil, con el más amplio consenso político posible y con el mayor y auténtico espíritu integrador. Segundo, quisiéramos que lo hiciera con el objetivo último de poner orden, coherencia, evitando
con ello la dispersión normativa autonómica que en poco tiempo podemos tener en nuestro país sobre este asunto. En tercer lugar, también pedimos, desearíamos, no pervertir estos objetivos, transformando una regulación sobre cuidados paliativos que
podría ser positiva en otra que pudiera dar lugar a división, a enfrentamiento o a conflicto.
Para ello, nuestra moción consta de tres apartados. En el primero pedimos al Gobierno que en esa futura ley se incluyan una serie de derechos y obligaciones para con los pacientes, de y para los profesionales sanitarios y de y para los
propios centros e instituciones que prestan estos servicios de cuidados paliativos. En el segundo apartado le pedimos al Gobierno que trabaje con las comunidades autónomas para armonizar la normativa autonómica aprobada en esta materia y la que
puede estar y está en tramitación, creando espacios de colaboración y coordinación, racionalizando procesos y utilizando el uso de las nuevas tecnologías. Y en el último, el tercero, en sintonía con el último pronunciamiento mayoritario del Pleno
de esta Cámara sobre esta materia, de 9 de marzo del año pasado, y con los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad en el debate de la interpelación que tuvimos hace dos semanas, pedimos que en el anunciado proyecto de ley de cuidados
paliativos no se dé en ningún caso acogida a ningún supuesto derecho a la eutanasia en España.
A nuestra moción, señorías, se han presentado varias enmiendas, en concreto por parte de tres grupos. Yo quisiera agradecer todas ellas y obviamente no aceptaremos aquellas que pretenden lo contrario de lo que Unión del Pueblo Navarro
plantea en su moción, es decir, que se aproveche la tramitación para incluir un supuesto derecho a la eutanasia en nuestro ordenamiento jurídico. Con relación a la que nos presenta el Grupo Popular, no compartimos que la actual legislación sobre
autonomía del paciente resuelva todos y cada uno de los problemas y cuestiones que se pueden plantear en una ley de cuidados paliativos. Por ejemplo, cabría preguntarse: ¿dónde encajaría en esa norma una regulación sobre lo que se denomina
sedación en la agonía? Y, por otro lado, compartiendo con el Grupo Popular que es bueno que exista una estrategia nacional sobre cuidados paliativos, entendemos que tiene todo el sentido plasmar en una ley de ámbito nacional los objetivos, los
medios, los recursos y los derechos y obligaciones de unos y otros diseñados y recogidos en esa misma estrategia. La prueba más evidente de que la norma puede ser oportuna en este momento es que las comunidades autónomas se han lanzado a una
carrera por regular los cuidados paliativos -y por qué no, la mal denominada muerte digna- cada una por su cuenta y riesgo. ¿Acaso -cabría preguntarse- el Grupo Popular defiende una diversidad normativa en esta materia?
Respecto a la que presenta el Grupo Socialista, que también agradezco, no tengo inconveniente en aceptar que presenta alguna mejora técnica sobre el texto original de nuestra moción en algunos puntos. Nos parece, me parece, muy correcta una
posible denominación de la futura ley que se plantea en la enmienda como proyecto de ley de cuidados paliativos y condiciones dignas en el proceso de la muerte. Nos parece desde luego más correcta que la denominación muerte digna. Y también nos
parece oportuna la ampliación a la mención junto al acompañamiento espiritual, que nosotros entendemos en el más amplio sentido del término, la que hace referencia a los aspectos psicosociales. Pero, como le comentaba a la portavoz socialista,
tenemos un cierto reparo en relación con su enmienda en el apartado tercero, que hemos podido transaccionar para encontrar un texto a medio camino entre el que nosotros proponíamos y el suyo, pero que consideramos que deja igualmente claro en
relación con el tema de la eutanasia el que la futura regulación no la contemple.
Para terminar, señorías, quisiera agradecer las aportaciones de todos los grupos, las reflexiones, el talante -si me lo permiten- y su disponibilidad para llegar a acuerdos. Por lo que yo puedo anunciar, parece que la transacción obtendrá
un importante consenso y así se lo agradezco a los grupos que han mostrado su predisposición a apoyarla.
Solo espero, señorías, que en el caso de que el proyecto de ley llegue a la Cámara, podamos finalmente aprobar una ley de la que todos podamos
estar orgullosos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Como grupos enmendantes, en primer lugar, por el Grupo Popular tiene la palabra don Santiago Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Señor presidente, señorías, me van a permitir que las primeras palabras que utilice para hablar de este asunto no sean propiamente unas palabras derivadas del debate político, sino las que emitía hace pocas semanas el
doctor Albert Jovell, en estos momentos presidente del Foro Español de Pacientes y una persona de reconocido prestigio en materia sanitaria en nuestro país. El doctor Albert Jovell, además de ser médico, ha trabajado durante mucho tiempo como
gestor sanitario, es un pensador de la sanidad de nuestro país y además tiene otra característica y es que, como él ha descrito en numerosas publicaciones, es un enfermo de cáncer que ha tenido la ocasión de ver los hospitales y el sistema sanitario
como a veces hay que verlo en la horizontalidad de una cama, desde la perspectiva de un paciente. El doctor Albert Jovell, cuando fue preguntado sobre la pertinencia del anuncio realizado por el Gobierno respecto de la posible promoción de una ley
sobre muerte digna y cuidados paliativos -así se denominó cuando fue presentada en esa mal llamada agenda social por el Consejo de Ministros-, dijo que con la correcta aplicación de la Ley de Autonomía del Paciente ya estaría resuelta esta cuestión.
Añadía, además, que este era un señuelo, un planteamiento político del Gobierno destinado a distraer la atención y decía también que no es necesario en estos momentos, y en atención a la realidad legislativa que hay en nuestro país, regular un
derecho que ya estaba garantizado. Esta apreciación -y la cito aquí con el criterio de autoridad que tiene dicha por quien la dijo- es algo que nosotros también compartimos como grupo parlamentario.
Compartimos que no es necesaria una nueva legislación sobre esta cuestión, sino que, por el contrario, lo que hay que hacer es aplicar, desarrollar y poner todos los medios necesarios para que la actual Ley de Autonomía del Paciente tenga el
desarrollo que seguro esta Cámara quiso cuando esta la aprobó. Es esa ley, la de la autonomía del paciente, la que permite hacer del paciente y de su entorno social y familiar el verdadero protagonista del hecho asistencial y es, por tanto, la ley
fundamental que debe ser leída, aplicada y entendida en los casos en los que la vida se apaga y la vida se apaga en un centro sanitario bajo el cuidado de los profesionales. En segundo lugar, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de la
necesidad que tiene nuestro país de plantearse una verdadera estrategia de cuidados paliativos y de que el Ministerio de Sanidad asuma el liderazgo que en esta materia le corresponde. Los cuidados paliativos se deben potenciar dentro de la
estructura sanitaria de nuestro país por muchas razones: por una razón fundamental de humanización asistencial, pero también por una razón objetiva demográfica de evolución, de cronificación de las patologías y, por tanto, de dimensionamiento de
los recursos sanitarios allá donde esos van a ser demandados. Y, en tercer lugar, nosotros hemos pedido que también en el plano político todos nos comprometamos con una gran claridad terminológica. Aquí se mezclan conceptos muy sensibles para una
parte importante de la ciudadanía, conceptos que no son equivalentes, conceptos que a veces se utilizan de manera interesada y que van desde la limitación de los esfuerzos terapéuticos hasta el suicidio asistido, la eutanasia pasiva y la eutanasia
activa; por tanto, pensamos que una obligación que tenemos -por supuesto los legisladores más que nadie- es ser muy precisos en la utilización de la terminología en estos asuntos.
Nosotros precisamente porque tenemos esta visión por el desarrollo
de la Ley de Autonomía del Paciente, por el desarrollo de los cuidados paliativos y claridad terminológica es por lo que hemos sido capaces de instar consensos en esta Cámara, el más reciente en el mes de diciembre en la Comisión de Sanidad sobre
esta materia.
Y es aquí, señor Salvador, donde le digo que precisamente usted que muchas veces habla y reclama esos consensos básicos en determinadas materias de interés social es donde puede encontrar esos consensos enunciados y formalizados en acuerdos
parlamentarios. Por tanto, nos resulta verdaderamente oportunista la moción que usted presenta en los términos en que los presenta. Nosotros no creemos que haga falta una nueva legislación sobre esta materia, quisiéramos ver en mejor aplicación la
legislación que ya existe y quisiéramos ver que efectivamente el Ministerio de Sanidad toma el liderazgo en esta materia de un interés para los ciudadanos, para los pacientes y para sus familias verdaderamente patente. Quiero decir que en este
sentido no hubiéramos votado una propuesta que dijera qué es lo que el Gobierno tiene que hacer en esta materia, porque entendemos que en los términos en los que se presenta la moción eso ya está resuelto en estos momentos en el ordenamiento
legislativo, pero precisamente en atención al hecho de que se ha logrado una enmienda transaccional y esa enmienda se tiene que aprobar en sus propios términos sin que quepa la votación por separado es por lo que nosotros nos vamos a sumar a ese
consenso no sin antes decir que, cuando el Gobierno traiga el proyecto legislativo que anuncia, vamos a ser especialmente escrupulosos en que en ese consenso nos podamos todos también ver representados igual que lo vamos a intentar hacer en esta
moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
Señor Llamazares, tiene la palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, a propuesta de Unión del Pueblo Navarro nos encontramos con una rara avis de la iniciativa parlamentaria. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Yo conocía, señorías, el control del Gobierno,
conocía también el impulso del Gobierno para la iniciativa política o legislativa; no conocía, lo conozco ahora, el veto al Gobierno. Esta iniciativa tiene como punto fundamental el veto al Gobierno, es decir, decirle al Gobierno sobre lo que no
puede legislar. Sobre eutanasia no se puede legislar en este país. Además, esta iniciativa aporta a la muerte digna algo, a mí me parece muy sustancial dentro de la cultura española, que es la atención espiritual.
Es decir, la iniciativa
pretende un veto de la iniciativa legislativa del Gobierno y, por otra parte, aporta algo valorable con respecto a la atención a la muerte, a la muerte digna, como es -creo que no tiene parangón en el ámbito internacional- el apoyo espiritual por
parte de las administraciones, en este caso por parte del Gobierno y de las administraciones sanitarias, me imagino.
Señorías, con este percal, nosotros realmente no tenemos nada que ver.
Nosotros quisiéramos decir en esta intervención algunas cosas que todos conocemos, pero que no decimos con esto del ambiente espiritual y los vetos a hablar de lo que no
se debe hablar, que parece ser que es de la muerte. En primer lugar, en España se muere bastante mal. Dirán ustedes que morirse bien es una contradicción en sus propios términos, pero creemos que se puede morir dignamente y que solamente el 30 por
ciento de los ciudadanos españoles tenemos lo que se puede decir unos cuidados paliativos de calidad. Eso demuestra que las cosas pueden mejorar y mucho en esta materia. En segundo lugar, las voluntades anticipadas son utilizadas de forma muy
parcial. Los ciudadanos no están informados y los ciudadanos no expresan la voluntad de manera anticipada, de manera mayoritaria, sino de forma minoritaria. Pero, señorías, en España se muere mal también no porque hay una ley que no contempla
alguna materia que al final de mi intervención diré, como es el suicidio asistido, sino porque hay una parte de la sociedad y una parte de mi profesión que está en rebeldía frente a la ley. La ley contempla la limitación del esfuerzo terapéutico y
una mala entendida defensa de la vida lleva a un esfuerzo terapéutico que se parece mucho al encarnizamiento terapéutico en el final de la vida. Por otra parte, la ley también -el Código Penal despenalizaba parcialmente esta materia- contempla la
sedación terminal, y hemos visto en el caso Leganés cómo una determinada posición política e ideológica está en contra de la sedación terminal, a pesar de que esta sedación terminal sea legal. Pero, señorías, no solo tenemos un problema de
incumplimiento de la ley o un problema de incapacidad de la Administración para proveer a los ciudadanos de una atención de cuidados paliativos suficientemente amplia, sino que además no queremos hablar y no hablamos de que la muerte digna incluye
la eutanasia, la ortotanasia, es decir, incluye también el suicidio asistido. Todo esto lo incluye la muerte digna por muchos eufemismos que utilicemos, señorías. Por lo tanto, creo que al menos deberíamos abrir el debate sobre el suicidio
asistido y la eutanasia en nuestro país y no cada vez que existe este debate intentar cortarlo antes de que incluso se produzca, cuando no intentar evitar que se aplique la ley en defensa de una muerte digna y de una decisión propia por parte de los
ciudadanos.
¿Qué significa eutanasia? Yo diría cuatro puntos: primero, hay un derecho de la persona a la autodeterminación sobre el fin de su propia vida; segundo, hay unos requisitos garantizados por parte de esa persona; tercero, hay una atención
profesional con derecho a la objeción de conciencia y, cuarto, hay una segunda instancia profesional y judicial.
Eso es la eutanasia, en este caso eutanasia activa, porque la eutanasia pasiva existe y, como digo, la ortotanasia también existe en
nuestro país, aunque lo mejor sea taparse los ojos, no ver nada y vetar estos debates siempre que se producen en la Cámara o en la ciudadanía.
Por esta razón, veto por veto, nosotros vetaremos esta transaccional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.
El pasado 26 de enero el señor Salvador decía que su interpelación era de carácter preventivo, porque quería saber qué tipo de legislación es la que quiere aprobar el Gobierno para regular la muerte digna y si esta nueva ley contendría
alguna puerta falsa para, como dijo el diputado, dar gato por liebre, introduciendo la eutanasia hablando de cuidados paliativos. En nombre de mi grupo parlamentario quiero decirle, reiterando lo que ya la ministra expresó con claridad en su
contestación, que en esta ley de cuidados paliativos y muerte digna -repito, en esta ley- no se regulará ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Permítame además que le diga, señoría, que este Gobierno no tiene por costumbre dar gato por liebre...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señora Grande.
Por favor, señorías, es imposible escuchar a la persona que está en la tribuna en el uso de la palabra. Les ruego, por favor, que si tienen urgencia salgan fuera y tengan sus conversaciones para que el orador pueda intervenir con
tranquilidad.
Muchas gracias.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.
Decía que este Gobierno no tiene por costumbre dar gato por liebre en ninguna de las leyes que presenta en esta Cámara, quizá debería mirar usted para otro lado de la bancada, entre otras cosas, porque somos después los diputados los que
podemos enmendarlas y darles una forma definitiva. Por tanto, si no se quedase usted tranquilo, señor Salvador, le puedo sugerir que solicite a su grupo ser el portavoz cuando tramitemos próximamente esta ley y así podremos escuchar, debatir e
incluso incorporar sus valiosas aportaciones.
La ley de cuidados paliativos significará un paso importante para seguir avanzando en un derecho de ciudadanía fundamental como es el de obtener cuidados paliativos integrales con calidad y con equidad en todo el territorio del Estado que
hagan que el proceso de la muerte se produzca en unas condiciones dignas tanto para el paciente como para su familia.
Señorías, desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno en el año 2004 no se ha hecho más que avanzar en esta materia. Les recuerdo brevemente que en el año 2005 se organizó una jornada sobre cuidados paliativos en el Sistema Nacional
de Salud que sentó bases. Se realizó un análisis exhaustivo de la situación de los cuidados paliativos tanto en nuestro país como en los países de nuestro entorno. Se aprobó en el Pleno del Consejo Interterritorial de marzo de 2007, consensuado
con las comunidades autónomas y las principales sociedades científicas, la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, que pretendía acordar en el conjunto del Estado unos criterios comunes y homogéneos de atención continuada a
estos pacientes, así como el apoyo a sus familias y ofrecer las herramientas necesarias a los profesionales sanitarios para llevar a cabo esta atención con los mayores niveles de calidad. En octubre de 2008 presentó la guía de práctica clínica
sobre cuidados paliativos para el sistema y dos meses más tarde subvencionó a las comunidades autónomas para el desarrollo de la estrategia de cuidados paliativos y su sincronización en todos los servicios de salud con la cantidad de 4,8 millones de
euros, lo cual permitió que durante el año 2009 se recogieran datos en todas las comunidades autónomas para proceder a la evaluación de la estrategia que se presentó -recuerdo a sus señorías- en el Pleno del Consejo Interterritorial del mes de mayo
de 2010 y que condujo a la actualización que se aprobó en Santiago de Compostela en el último consejo interterritorial, que servirá de referencia para esta ley de cuidados paliativos que próximamente el Gobierno traerá a la Cámara.
Mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución; también ha firmado una enmienda transaccional que votaríamos con todo el placer. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor, silencio.
La señora GRANDE PESQUERO: Lo ha hecho con el objetivo de colocar al paciente en el centro de la decisión clínica, porque creemos que es el titular de los derechos quien debe dirigir en todo el momento el proceso hasta el final de su vida,
impidiendo que los profesionales tomen decisiones sin su consentimiento, evitando por tanto que sea el profesional el centro de la relación clínica y que sus actuaciones estén basadas en sus creencias y convicciones personales, morales o religiosas,
las del profesional. De aquí la importancia de tener un documento de instrucciones previas que sea respetado y que dé seguridad jurídica no solo al titular sino también a los profesionales que actúan en este proceso. Me permito en este punto,
señor Salvador, recordarle que Navarra es la única comunidad autónoma que sigue sin tramitar su registro de instrucciones previas y, por tanto, sin poder sincronizarse con el registro general, por lo que aprovecho la ocasión para solicitarle que
hable con su consejera y se ponga manos a la obra para solucionarlo, ya que constituye un factor de inseguridad y de discriminación para los ciudadanos navarros. Como ya he dicho en muchas ocasiones -y termino, señora presidenta-, mi grupo
parlamentario ha defendido siempre que la esfera individual de decisión abarca toda la biografía de las personas, incluida por supuesto la fase final de la vida, y que formando parte de este derecho se encuentra el de recibir cuidados paliativos con
calidad y con equidad. Por tanto, señorías, tendremos la oportunidad de volver a debatir con todo el rigor y el sosiego que merece este tema cuando tramitemos la ley; debate, por cierto, apasionante, y al que mi grupo parlamentario no le teme en
absoluto porque, como decía Marlene Dietrich, uno debe temerle a la vida y no a la muerte.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Grande.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente y desde el escaño, si me permite, no porque no tengamos nada que decir sino porque consideramos que no ha llegado el momento para ello. Tenemos ante nosotros una moción consecuencia de interpelación que presenta Unión del
Pueblo Navarro que principalmente viene a decir tres cosas, tal y como se ha dicho aquí: qué debe de garantizar el Gobierno, si es que se presenta un proyecto de ley que regule los cuidados paliativos; que se armonicen las diferentes normativas
autonómicas en esta materia y, por último, qué no debe de contemplar esta futura ley.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Evidentemente, podríamos estar de acuerdo en el primer punto, por ejemplo, pero ese no es el caso; en su conjunto
esta es una moción que creemos que es restrictiva y miedosa. Como ha dicho el compañero Gaspar Llamazares, es una rara avis, una moción extraña porque dice qué es lo que no debe de hacer el Gobierno. Verdaderamente, creemos que esta moción limita
qué debe contemplar la ley; por otra parte -algo muy importante para nosotros- reduce las competencias que tienen las comunidades autónomas, recentralizando o pretendiendo recentralizar en una ley armonizadora cuando no se tiene competencia para
ello; y por último, le dice al Gobierno qué no debe de contemplar esa futura ley. Señor Salvador, creo que usted pone la venda antes de que se produzca la herida; cuando se produzca esa herida igual le ayudamos nosotros también, pero mientras
tanto estamos donde estamos.
Por otra parte, si usted considera que el tema de los cuidados paliativos no está bien legislado proponga algo mucho más concreto, pero no diga exactamente al
Gobierno qué es lo que no debe de hacer. Mi grupo considera que cuando llegue ese momento, si verdaderamente el Gobierno trae a esta Cámara un proyecto de ley de esa índole, participaremos activamente en aquello que contemplamos y que
consideramos que es oportuno, pero no permitiremos tampoco que el Gobierno entre en materia ya transferida porque las comunidades autónomas también tienen ya sus competencias en esta materia, algunas están legislando. Parece ser que al señor
Salvador le molesta que algunas estén legislando, que incluso hayan legislado en esta materia y que hayan tomado sus decisiones. Creo que no hay que tener miedo al debate en ninguno de los aspectos. No se le puede decir al Gobierno qué es lo que
no debe legislar. Cuando lo traiga, si estamos en contra -yo el primero- le diré que estoy en contra, si es que mi grupo así lo considera oportuno, pero no le vamos a decir que no elabore una ley de algo determinado. Al final no sé qué va a
ocurrir, porque parece ser que los de Izquierda Unida van a vetar la transacción. En ese caso, nuestro grupo considerará qué hace con el texto original, que no sé si se va a votar por puntos o en su totalidad. En cualquier caso, creemos que el
debate se ha planteado mal, no es el momento y la manera, porque cuando se tenga el texto es cuando se debe tratar, y se han mezclado muchas cosas diferentes: cuidados paliativos, eutanasia, ley armonizadora. Por lo tanto, si el texto se vota en
su totalidad, mi grupo se abstendrá.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Tiene la palabra doña Concepción Tarruella. (Rumores.) Por favor, les ruego que guarden silencio. (Rumores.) Por favor, tienen la bondad de bajar un poco el tono de sus conversaciones.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señorías, desde Convergencia i Unió tenemos que decir que esta moción, consecuencia de la interpelación hecha por el señor Salvador hace unos quince días a la ministra, no nos parece oportuna por unos argumentos
que en parte ya se han dicho aquí por otros grupos y por algunos más a los que ahora me voy a referir.
Para nosotros esta moción no haría falta que se presentara, por una parte, porque desde Convergència i Unió consideramos que no hace falta que haya una nueva ley de cuidados paliativos y muerte digna, ya que es una de las competencias de las
comunidades autónomas. Por otra parte -se me ha adelantado el señor Cervera-, tanto las mismas asociaciones de pacientes -el doctor Jovell, al que ha hecho mención el señor Cervera- como otras entidades científicas se han pronunciado, desde que la
ministra anunció que iba a presentar este anteproyecto de ley, sobre la no necesidad de regular desde el Estado todo lo que compete a los cuidados paliativos.
Esta es también nuestra convicción. (Rumores.) Desde Convergència i Unió creemos que los
cuidados paliativos no deben considerarse nunca un privilegio sino que son un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Por eso, garantizar el derecho a una atención de calidad al final de la vida debe ser la finalidad de todas las leyes
autonómicas que se han hecho hasta ahora y las que en otras comunidades autónomas en este tiempo se están debatiendo. (Rumores.) El término muerte digna a nosotros no nos gusta, como tampoco le gusta a la Organización Médica Colegial que hace unos
pocos días nos remitió un escrito a todos los grupos parlamentarios en este mismo sentido. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, un momento, señora Tarruella. Tengan la bondad de tomar asiento, quienes así lo deseen, y guardar respeto y silencio. (Continúan los rumores.) ¿Son tan amables quienes están en el pasillo en la parte de
arriba de sentarse por respeto a la oradora? (Pausa.) Está visto que no la quieren escuchar. Adelante, señora Tarruella. Haga lo que pueda.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Decía que las leyes autonómicas que se han regulado hasta ahora y las que se están haciendo son una parte importante y sustancial que tienen en cuenta todo lo que hace referencia a los cuidados paliativos. La
Organización Médica Colegial recomendó a los grupos parlamentarios que, de llevarse a cabo este proyecto de ley, se hiciera una enmienda intentando cambiar el título, para que en lugar de llamarse ley de cuidados paliativos y muerte digna se llamara
ley de calidad en la atención al final de la vida. Esto va más de acuerdo con nuestro pensamiento.
Voy a hacer un breve repaso a la cantidad de leyes que hay en este sentido en diferentes comunidades autónomas. Sobre todo, quiero mencionar la primera ley que hubo en Cataluña en el año 2000, ley que en el año 2002 un senador de
Convergència i Unió trasladó al Parlamento español y a partir de la cual salió la ley estatal sobre las últimas voluntades que está en vigor. Consideramos que con las leyes autonómicas que -vuelvo a recordar- tienen competencia en la materia no
haría falta presentar otro nuevo proyecto de ley. Además, hay otro tema muy importante, señorías.
Existe la estrategia nacional de cuidados paliativos. Esta estrategia nacional se hizo en el año 2007, se evaluó el mes de mayo de 2010 y se está
llevando a cabo en algunas comunidades autónomas, en algunas más que en otras, pero se va cumpliendo. Creemos que el ministerio tiene que hacer cumplir esa estrategia nacional, dar posibilidades a las comunidades autónomas y facilitarles los medios
para que se puedan llevar a cabo. En ningún momento hace falta una nueva ley. A pesar de todo, hemos visto que han ofrecido una transaccional desde el Grupo Socialista al proponente de la ley. Si esa se somete a votación la votaríamos
favorablemente; si no es así y hay que votar la moción original, nuestro grupo no puede votar favorablemente el segundo punto porque habla de armonizar las leyes autonómicas existentes. Para nosotros de ninguna manera podría ser aceptado porque
además creemos que sería inconstitucional.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Entiendo, señor Salvador, que se votarán separadamente el punto 1 y, de otra parte, el 2 y el 3. ¿Es así? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Popular lo ha solicitado. ¿Su señoría tiene dificultad en que así sea? (Rumores.)
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, he aceptado la enmienda transaccional que he presentado.
El señor PRESIDENTE: La enmienda transaccional no ha sido aceptada a trámite, en consecuencia no puede tramitarse. (Rumores.) El Grupo Parlamentario Popular solicita esta votación separada que le he indicado y quien se ha opuesto a su
tramitación, como probablemente no ha escuchado su señoría porque resultaba imposible hacerlo, era Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Le vuelvo a preguntar ahora que puede escucharme: ¿Acepta su señoría la
votación separada?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Si es posible, quisiera aceptar la enmienda del Grupo Socialista, que entiendo que no se puede votar de manera separada. No me queda más remedio.
El señor PRESIDENTE: Si se acepta la enmienda, no cabe la votación separada. En este caso, su señoría es dueño de lo que hemos de hacer.
¿Acepta la enmienda socialista?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Acepto la enmienda del Grupo Socialista en el espíritu del compromiso que hemos adquirido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En esos términos se votará con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 140/000036.)
El señor PRESIDENTE: Señor secretario primero, tenga la bondad de leer el comunicado que han elaborado los grupos parlamentarios.
El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia, señor presidente.
Declaración institucional de apoyo a la transición democrática en países del sur del Mediterráneo. Varios países árabes, y de manera especial Túnez y Egipto, atraviesan un momento decisivo en su historia. El conjunto de fuerzas políticas,
sociales y democráticas de estos países viene afrontando con determinación y valentía a lo largo de estas últimas semanas el protagonismo de liderar la transformación democrática de sus regímenes políticos. Son sociedades que reclaman en sus
respectivos países un cambio político y aspiran a conseguir en libertad, desde los valores democráticos de pluralismo y tolerancia, el respeto a los derechos humanos, el rechazo de la corrupción y la justicia social, condiciones todas ellas que
aseguren mejores condiciones de vida, bienestar y oportunidades para sus poblaciones. El fuerte compromiso ciudadano con la democracia mostrado en esos países quiere hoy ser reconocido de manera solemne en el Congreso de los Diputados de España.
Asimismo hacemos un llamamiento al diálogo político para el impulso de una transición pacífica, basada en gobiernos de amplia base, que conduzca a un proceso de reforma democrática en pleno respeto del Estado de derecho, las libertades fundamentales
y los derechos humanos, y que permita la celebración de unas elecciones libres y limpias. Del mismo modo, apelamos al reforzamiento de la cooperación y la solidaridad internacional, en especial de la europea, para contribuir al advenimiento y
consolidación de la democracia y al progreso de sus sociedades, así como a la integración y cohesión de los diferentes países de la región, compartiendo el objetivo de construir estabilidad, paz y prosperidad en toda la cuenca mediterránea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 31 BIS Y 59 BIS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número
de expediente 122/000232.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votaciones.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 337; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Ha de tenerse en cuenta el voto de la señora Quintanilla que, como en ocasiones anteriores, vota desde la zona central del hemiciclo.
Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS HACE SUYO EN SU INTEGRIDAD EL ACUERDO ADOPTADO EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE LAS CORTES GENERALES SOBRE LAS REGIONES
ULTRAPERIFÉRICAS EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000672.)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la proposición no de ley del Grupo Socialista, por la que el Pleno del Congreso hace suyo en su integridad el acuerdo adoptado en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes
Generales sobre las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea. Votamos el texto original con la autoenmienda del Grupo Socialista. ¿Es así? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (Número de expediente 162/000767.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la política agraria común. Se vota en los términos de una enmienda transaccional que ha sido presentada, si ningún grupo o diputado se opone a su tramitación. ¿Algún
grupo o diputado se opone? (Denegación.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 330; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA NECESIDAD DE REVISAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS. (Número de expediente 173/000185.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la necesidad de revisar el convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos. En primer
lugar, votamos el punto 1 de esta moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación votamos el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, nueve; en contra, 319; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL FUTURO MODELO DE GESTIÓN AEROPORTUARIA QUE HA PROYECTADO EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000186.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno. Se vota en los términos de la
enmienda conjunta de Esquerra Republicana, Convergència i Unió y Grupo Socialista. ¿Es así, señor Ridao? (Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 183; en contra, 148; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR EL FUERTE AUMENTO DEL COSTE DE LA VIDA PARA TODOS LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000187.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar el fuerte aumento del coste de la vida para todos los españoles. Se ha pedido votación separada de sus
cuatro puntos. ¿Es así,
señora Báñez? (Asentimiento.) Votamos, en primer lugar, el punto primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 147; en contra, 190.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 146; en contra, 190; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 148; en contra, 189.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 148; en contra, 189.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LOS PLANES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DE REGULAR LA DENOMINADA 'MUERTE DIGNA' Y LA FORMA EN QUE PREVÉ COORDINAR LA NORMATIVA EXISTENTE EN ESTA MATERIA. (Número de expediente 173/000188.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto relativa a los planes del Gobierno de España de regular la denominada muerte digna y la forma en que prevé coordinar la normativa existente en esta materia. Se vota en los términos
de la enmienda socialista. ¿Es así, señor Salvador? (Pausa.) ¿Sí o no? (Asentimiento.-Rumores.)
Abran las puertas cuando termine la votación y se proclame.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 176; en contra, nueve; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.