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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 190, de 21/09/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 190
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 179
celebrada el martes, 21 de septiembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica de libertad ideológica, religiosa y de culto. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 85-1, de 25 de abril de 2008.
(Número de expediente 122/000071.) ...
(Página 5)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), orgánica de reforma de la Ley de Régimen Electoral General. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 99-1, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000085.) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 412, de 18 de
junio de 2010. (Número de expediente 162/000683.) ... (Página 24)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador Armendáriz), sobre la publicidad relacionada con el comercio sexual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 395, de 21 de mayo de 2010. (Número de expediente 162/000662.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para favorecer la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional español. (Número de expediente 173/000161.) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar una recaída de la actividad y del empleo en el sector de la automoción. (Número de expediente 173/000164.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas económicas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la confianza en la economía y la creación de empleo. (Número de expediente 173/000165.) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 48)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 48)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 48)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio en relación con un señor diputado. (Numero de expediente 140647.) ... (Página 50)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Inclusión en el orden del día ... (Página 4)
El señor presidente solicita a la Cámara autorización para la inclusión de un nuevo punto en el orden del día relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica de libertad ideológica, religiosa y de culto ... (Página 5)
Defienden la toma en consideración los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno en contra interviene el señor Fernández Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo y duplica el señor Fernández Díaz.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez González), orgánica de reforma de la Ley de Régimen Electoral General ... (Página 17)
Defiende la toma en consideración la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV);
Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos ... (Página 24)
Defiende la proposición no de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuadrado Bausela, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador Armendáriz), sobre la publicidad relacionada con el comercio sexual ... (Página 28)
Defiende la proposición no de ley el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 33)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para favorecer la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional español ... (Página 33)
Defiende la moción el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Domínguez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
y Pezzi Cereto, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Jorquera Caselas.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar una recaída de la actividad y del empleo en el sector de la automoción ... (Página 39)
Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la
señora Fernández Aguerri, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas económicas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la confianza en la economía y la creación de empleo ... (Página 44)
Defiende la moción la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Fernández Davila y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Llamazares Trigo, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Orgánica de libertad ideológica, religiosa y de culto, se rechaza por siete
votos a favor y 330 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Díez González, Orgánica de reforma de la Ley de Régimen Electoral General, se rechaza por dos votos a favor, 33 en contra y dos
abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 337 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Salvador Armendáriz, sobre la publicidad relacionada con el comercio sexual, se aprueba por 337 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sr. Jorquera, sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para favorecer la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional
español, se aprueba por 332 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Sometidos a votación separada los tres puntos de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar una recaída de la actividad y del empleo en el sector de la
automoción, se rechaza el punto 1 y se aprueban los puntos 2 y 3.
Sometidos a votación separada los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas económicas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la confianza en la economía y la creación de empleo, se
rechazan los puntos 1, 2 y 4 y se aprueba el punto 3.
Se suspende la sesión con carácter público.
Se reanuda la sesión con carácter secreto.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo que establece el Reglamento solicito la autorización de la Cámara para incluir un nuevo punto del orden del día, que he consultado también con la Junta de Portavoces, relativo a un dictamen de la Comisión del Estatuto
del Diputado. ¿Dan su conformidad? (Asentimiento.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA DE LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO. (Número de expediente 122/000071.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica de libertad ideológica, religiosa y de culto.
Para su defensa, en primer
lugar, tiene la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, podría decirse que en materia de libertad religiosa lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Lo digo a la vista de que el Gobierno allí donde dijo digo ahora dice Diego. El Gobierno viene prometiendo, como ustedes
saben, desde finales de la anterior legislatura una reforma de una ley orgánica de libertad religiosa que data de 1980, una ley a todas luces obsoleta. El Gobierno además había venido anticipando y anunciando incluso su probable contenido, a tenor
de algunos mandatos de esta Cámara, para prohibir la exhibición de símbolos religiosos en edificios públicos, incluso la laicización de los funerales del Estado e incluso la extensión a otras religiones y confesiones más allá de la católica, otras
confesiones de notable arraigo, de algunos privilegios de los que goza la mayoritaria confesión católica. No se olvide que la Iglesia católica recibe cada año del erario público 6.000 millones de euros. Este Gobierno finalmente ha puesto el freno
de mano, no sabemos incluso si ha puesto la marcha atrás, porque ha dicho que no habrá ley y que se lo va a tomar con calma.
El Gobierno, por tanto, no tiene política propia en materia de libertad religiosa y además no la tiene con el pretexto de que la crisis económica es prioritaria, lo cual se nos antoja un argumento más bien pintoresco.
La realidad, señorías,
es que esta es una excusa de mal pagador porque la verdad es que la agenda en materia de libertad religiosa de este Gobierno se la marca otro Estado que es el Vaticano. Por tanto, el Estado español es un Estado formalmente aconfesional pero con una
querida, con una mantenida, que es la Iglesia católica, dicho sea de paso, con el debido respeto. Es decir, además del error que supone juzgar inoportuna y extemporánea esta reforma de la ley, se rechaza de forma clara en el año 2010 el principio
de igualdad como criterio básico de la política del Estado en materia de culto, lo cual debo poner de relieve antes que nada.
Es como si hoy en día -cuando lógicamente no resultaría defendible que la Iglesia católica pretendiera un Estado
teocrático- la Iglesia católica recurriera -como de hecho lo hace- a la herencia histórica, a la desamortización de bienes eclesiásticos del siglo XIX o al concordato de la Santa Sede del año 1979 para reclamar un trato privilegiado en cuanto a
símbolos y en cuanto a financiación en el ámbito de la educación.
Además, la Iglesia -lo ha dicho por boca de su jerarquía- rechaza como algo aberrante, como un auténtico ataque e incluso como un retroceso de la civilización cualquier cambio en
este statu quo privilegiado. Es iluso pensar que se avanza hacia una sociedad más laica, donde existe un espacio público cada vez más amplio a disposición de los ciudadanos para ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de igualdad, una
ciudad de hombres y no una ciudad de Dios -parafraseando a San Agustín-, cuando todavía hay alguna confesión religiosa, en este caso la Iglesia católica, que mantiene un privilegio en un Estado moderno, en pleno siglo XXI. Me refiero, por ejemplo,
a lo incomprensible que supone que la próxima visita del Papa en el mes de noviembre a Santiago de Compostela y a Barcelona, tenga en el caso gallego un coste estimado de entre 3 y 4 millones de euros -no se sabe en el caso de Barcelona- y que
además lo haga en estos tiempos de austeridad. No consta, por cierto, que se haya previsto, como en el Reino Unido, que las administraciones solo asuman una parte del gasto de la visita, en este caso de un jefe de Estado.
Tampoco es razonable que
esta misma mañana haya tenido lugar una misa de apertura de tribunales -oficiada, por cierto, por el cardenal Rouco- como un acto más del inicio del año judicial en un Estado, al menos tal como proclama la Constitución, plenamente aconfesional.
Digo todo esto entre otras cosas porque el meollo de este debate, además de otras cuestiones, está sobre todo en la financiación de la actividad de la Iglesia católica. No hay nada más contradictorio en un Estado laico que el hecho de que
la hacienda pública ejerza de recaudador de impuestos para sostener las cargas de una determinada religión, sea la que sea y con el debido respeto, lo cual además creemos que es claramente inconstitucional y más cuando, como recordarán SS.SS., el
propio Vaticano se comprometió en los acuerdos de 1979 a autofinanciarse con un denominado impuesto religioso. Es sabido también que en 2007 el presidente Zapatero renunció a exigir ese compromiso e incluso elevó la asignación a la Iglesia católica
en el IRPF un 54 por ciento; pasó del 0,52 al 0,7 por ciento. También es insólito, señorías, que todavía hoy en la Ley Hipotecaria, en su artículo 206, se confiera a los obispos católicos la potestad de expedir certificados de dominio para
inscribir inmuebles en los registros públicos como si la Iglesia estuviera dotada de fe pública como un funcionario.
Señorías, la moral de esta fábula -si se puede decir así- es muy sencilla: las instituciones del Estado deben ser totalmente neutras eliminando entre otras cosas la presencia de la religión en las instituciones y en los poderes públicos.
No se pretende con esta iniciativa excluir a Dios de la sociedad sino excluirlo en todo caso
de los poderes públicos. Lo que nos interesa con esta iniciativa legislativa es asegurar la neutralidad religiosa de las instituciones, como, por cierto, ya viene diciendo la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este
propio Congreso de los Diputados a través de reiterados mandatos, por ejemplo en relación con la presencia de símbolos religiosos. Es legítimo que una confesión religiosa pueda influir en el poder público como hacen otros colectivos sociales -eso
no lo negamos-, que tenga una presencia activa en la vida pública, que se manifieste en la calle e incluso que en algún momento pueda amenazar con la excomunión a determinados cargos públicos, pero lo que no es aceptable es que todavía hoy subsistan
privilegios hacia alguna confesión religiosa.
Acabo con un último ejemplo en relación con el ámbito educativo. Señorías, la Ley de Educación todavía hoy sigue manteniendo la religión como una asignatura dogmática en el marco de la educación obligatoria, en el currículum educativo, con
un profesorado y unos contenidos determinados por la propia Iglesia católica confundiendo los términos y el espacio donde desarrollar la formación religiosa. Debe ser el marco de cada confesión religiosa donde se garantice la formación. En la
educción reglada los contenidos deberían ser científicos y no de fe, que evidentemente tiene otro ámbito y otra circunstancia. Por tanto, señorías, no hay nada en todo lo que planteamos hoy que vaya en contra de nadie ni en contra de ninguna
confesión religiosa concreta. La laicidad debe ser vista básicamente como un hecho positivo, como una oportunidad no solo para regular la libertad de pensamiento y de conciencia, sino también para actualizar una ley claramente obsoleta de libertad
religiosa sobre la base y con sometimiento, sobre todo, al principio de igualdad y al principio de libertad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo parlamentario y con el mismo fin tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención haciendo un emocionado recuerdo a un gran diputado, a un gran compañero y a una gran persona que ha fallecido recientemente, al compañero Labordeta. (Aplausos.)
Señorías, el grupo parlamentario al completo, Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, presenta una ley para modernizar lo que regula en nuestro país la libertad de conciencia y la libertad religiosa -treinta años de
la ley actual ya es suficiente-, pero, por otra parte, proponemos una ley que nos equipara con el conjunto de los Estados democráticos modernos, que van desde Estados aconfesionales a Estados laicos. Señorías, nuestra legislación actual es una
legislación obsoleta. En primer lugar, porque no se corresponde siquiera con la letra y el espíritu de la Constitución. La legislación de 1980 sobre libertad religiosa bebe más del concordato y de sus posteriores reformas que del carácter
aconfesional de la Constitución española. De hecho, pocas cosas hay en el desarrollo legislativo en nuestro país en materia de libertad religiosa que respeten la aconfesionalidad del Estado y la cooperación con la mayoría de confesión católica, y
hay demasiado de confesionalidad de herencia del nacionalcatolicismo y hay demasiado, en nuestra opinión, de contrato-convenio con el Estado Vaticano, herencia también de aquel pasado. Esta iniciativa pretende abrir el debate de la modernización y
de la actualización de nuestra Ley de Libertad Religiosa, que data de hace treinta años, y, por otra parte, de incluir la libertad de conciencia, habida cuenta de que no solamente es necesario regular la aconfesionalidad del Estado -en un Estado que
no es confesional pero que tampoco es aconfesional en estos momentos, podríamos denominarlo pseudoconfesional-, sino que además es necesario incluir la libertad de conciencia de aquellos que no tienen confesión religiosa y, sin embargo, necesitan
que sus confesiones sean también reguladas y respetadas.
Señorías, ese es el sentido de esta iniciativa. Pero hay un sentido más profundo y es hacer compatible la regulación legal con la realidad social. La realidad social española es en estos momentos laica, hay un pluralismo moral y un
pluralismo de conciencia evidente en la sociedad española, sin embargo, la realidad legal no se compadece con la realidad social. La realidad legal sigue siendo, como he dicho antes, una realidad que tiene más que ver con herencias
preconstitucionales que con el desarrollo de la Constitución española. Esto es así, por ejemplo, señorías, en la no neutralidad del Estado, en la confusión entre Estado y confesión religiosa católica, que permea prácticamente todas las
instituciones del Estado hasta la toma de posesión de los ministros del Gobierno. Y esto es así también en relación con la financiación de la Iglesia católica, que no es verdad que sea financiada por sus fieles, sino que es financiada con cargo al
conjunto de los ciudadanos porque si fueran sus fieles sería un recargo sobre sus declaraciones de renta. Por otra parte, también estamos ante una situación pseudoconfesional en relación a la enseñanza, tanto en los colegios públicos como privados.
Es una enseñanza en la que se confunde la formación con la doctrina; formación y doctrina, y no precisamente doctrina del Estado ni doctrina del Gobierno, sino doctrina católica y de otras confesiones religiosas que, en nuestra opinión, deberían
estar en el marco de sus propias instituciones. Ese es el objeto de nuestra iniciativa que pretende derogar preceptos preconstitucionales de acuerdos entre Estados que conculcan, en nuestra opinión, el carácter aconfesional del Estado, como es el
concordato y sucesivas modificaciones del mismo. Pretende esta iniciativa también la separación efectiva entre Iglesia y Estado, es decir, la no confusión entre las instituciones estatales y la religión católica como herencia del
nacionalcatolicismo en el Ministerio de Defensa, en otros ministerios y en la propia
toma de posesión de los ministros. Pretende esta iniciativa la libertad religiosa, el reconocimiento y el desarrollo al máximo de la libertad religiosa y también de la libertad de conciencia. Y pretende, asimismo, la igualdad ante la ley
de todos los ciudadanos, tengan una confesión o no la tengan; igualdad ante la ley, que en algunos preceptos, por ejemplo, del Código Penal, deja bastantes dudas con calificaciones como, por ejemplo, la blasfemia. Señorías, queremos declarar en
esta ley la escuela como un ámbito laico, de formación y no de doctrina, así como plantearnos verdaderamente el objetivo de la ley anterior: la autofinanciación de la Iglesia católica. Ese es el sentido de estas iniciativas. Esperamos la posición
favorable de los grupos parlamentarios a una posición que nos parece básica. Señorías, la primera libertad es la libertad de conciencia. Lo decían los clásicos y nosotros creemos que es así.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
En turno en contra de la toma en consideración, tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, esta proposición de ley trae causa inmediata, desde la perspectiva del grupo proponente, del incumplimiento por parte del Gobierno del compromiso asumido en reiteradas ocasiones de enviar
a la Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 julio, de Libertad Religiosa. De hecho, el último y más formal de estos compromisos incumplidos por el Gobierno ha sido la moción aprobada el pasado 18 de mayo que,
recogiendo una enmienda del Grupo Socialista, literalmente decía que en aquel periodo de sesiones se aprobaría por el Gobierno al anteproyecto de ley correspondiente y que, en consecuencia, en este periodo de sesiones estaríamos debatiendo ese
proyecto de ley. El incumplimiento del Gobierno, y en particular de la palabra dada por su presidente, ha hecho que en estos días estén de especial actualidad la credibilidad y la palabra del señor Zapatero, del propio señor presidente del
Gobierno. Sin ir más lejos, el señor Ridao, que ha intervenido anteriormente, sale hoy en los medios y ha dicho literalmente que la palabra del señor Zapatero tiene la misma credibilidad que un chimpancé o un pitufo. Y otro dirigente catalán ha
dicho que su credibilidad tiene fecha de caducidad, como los yogures. Como ven, señorías, son muchos los que se sienten ya defraudados y engañados por los compromisos y la palabra del señor presidente del Gobierno y de su Gobierno. Y yo, en nombre
de mi grupo, puedo decirles: señorías, bienvenidos al club. Porque somos muchos los que por desgracia ya hace mucho tiempo que nos hemos visto en la misma tesitura.
De todas maneras, señoría, quisiera que quedara claro que esta afirmación inicial mía no hace buena ni muchísimo menos ni justifica ni merece que demos nuestro apoyo a la iniciativa que debatimos, la admisión a trámite de la proposición de
ley Orgánica que desarrolla el artículo 16 de la Constitución sobre libertad ideológica, religiosa y de culto. Tengo que decir, señorías, a juzgar por lo que han dicho el señor Ridao y el señor Llamazares en sus intervenciones, que efectivamente
estaríamos poco más o menos en el siglo XIX y que, como han dicho ellos, se trata de actualizar y modernizar el marco de relaciones entre las confesiones religiosas en general y la comunidad política, entre la Iglesia y el Estado, como normalmente
decimos. Pero si entramos en el contenido concreto de esta proposición de ley nos damos cuenta de que una cosa es lo que desde esta tribuna se dice y otra cosa lo que en el papel está escrito, lo que la iniciativa contiene, el contenido material de
la proposición de ley.
Entonces veremos lo que entienden ustedes por modernización y lo que entienden ustedes por actualización. Porque el grupo proponente ha optado por un desarrollo del artículo 16 de la Constitución española radicalmente
distinto del que en su día el legislador -el legislador del ochenta- con casi total unanimidad -porque no hubo ni un solo voto en contra y solo hubo cuatro abstenciones-, decidió en orden al desarrollo de ese artículo de la Constitución, de tal
suerte que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa vigente excluye la regulación de toda libertad no vinculada directamente con el hecho religioso. Concretamente el artículo 2 de esa ley orgánica dice literalmente: Quedan fuera del ámbito de
protección de la presente ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos
a los religiosos. Esto dice la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Y este artículo fue aprobado por unanimidad.
Tengo que decir que en nuestra opinión el legislador acertó plenamente con el desarrollo que dio en aquel entonces al artículo 16 de la Constitución. Al no incluir el desarrollo normativo del derecho fundamental a la libertad ideológica nos
parece, como ha señalado la doctrina del Tribunal Constitucional, que los derechos fundamentales son de aplicación directa desde la Constitución y no requieren necesariamente desarrollo normativo. Y así como hay otros derechos fundamentales -como
el de asociación, el de reunión, el de manifestación y el de libertad religiosa- que por su propia naturaleza requieren de ese desarrollo normativo, hay otros como el de libertad ideológica que evidentemente no requieren de desarrollo porque sería
tanto como cuestionar el carácter profundamente democrático y liberal de nuestra Constitución. Por tanto entendemos que acertó. Ustedes, por el contrario y pese a lo que dice nominalmente el título de su proposición de ley, de hecho dicen ya en el
artículo 1º -también en la exposición de motivos- que el objeto y ámbito de la aplicación de la ley no es como dice la Constitución -y lo dicen ustedes en el título de su iniciativa-, la libertad ideológica, religiosa y de culto, sino de
pensamiento, de conciencia y de religión o creencia, que evidentemente son cuestiones
conexas pero que no son exactamente lo mismo. Por supuesto que la libertad de conciencia y la libertad a la que aluden ustedes en su proposición de ley, la libertad ideológica, están absoluta y directamente vinculadas; de hecho el Tribunal
Constitucional ha dicho que la libertad de conciencia es común a la libertad, forma parte indisoluble de la libertad ideológica y de la libertad religiosa. Pero el legislador constituyente, como muy bien saben, no incluye en el catálogo de derechos
fundamentales de manera expresa y explícita la libertad de conciencia, no la menciona. Lo cual, insisto, no quiere decir que no esté implícita en la libertad ideológica y en la libertad religiosa. Es más, de la misma manera que existe la objeción
de conciencia reconocida expresamente en la Constitución para el servicio militar obligatorio o para determinadas cláusulas que afectan a la profesión periodística, en otras cuestiones, cuando se ha tratado de poner límites al ejercicio de la
libertad de conciencia, es decir al actuar en conciencia, cuando choca contra el ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha ido casuísticamente analizando el derecho general a la objeción de conciencia y ha dicho de manera expresa que no
existe un derecho general a la objeción de conciencia, aportando el Constitucional como solución a la objeción de conciencia, que en desarrollo de la libertad de conciencia se plantea, un proceso de ponderación de intereses ajustado a las
circunstancias de cada caso concreto. En unos casos ha negado el amparo, por ejemplo para no formar parte de mesas electorales, o en la llamada objeción fiscal; en otros casos lo ha adicionado, como por ejemplo en la objeción de conciencia, con el
personal vinculado con la práctica del aborto. Es decir, se va creando un cuerpo de doctrina muy consolidado, de tal suerte que en nuestra opinión confirma el acierto del legislador de 1980 de no incluir un pretendido desarrollo normativo del
derecho fundamental a la libertad de conciencia. Por tanto, en lo que hace referencia al objeto y aplicación de su proposición de ley, no estamos de acuerdo. Nos parece más adecuada la regulación de la libertad religiosa y culto que establece la
Ley vigente de 1980.
Si entramos, señorías, más a fondo en el análisis del contenido material de su proposición de ley, podemos comprobar que responde a una concepción del hecho religioso y del derecho fundamental a la libertad religiosa que no tiene claramente
cabida en nuestro texto constitucional, como luego señalaré. Pero permítanme que les indique a esos efectos, y a modo de ejemplo no exhaustivo, meramente enunciativo, algunas joyas del texto articulado cuya admisión a trámite estamos debatiendo en
estos momentos.
Por ejemplo, el artículo 3.3 de su proposición de ley afirma que -literal-: Los poderes públicos no privilegiarán ni discriminarán a ninguna creencia u opción de conciencia respecto a otras. Perfecto, pero es que un artículo
después, el artículo 4.3 dice literalmente: No podrá obligarse a los poderes públicos a trasladar al ámbito jurídico civil los valores o principios religiosos de la conciencia de los fieles. Al parecer, otros valores o principios de la conciencia
de los fieles que no sean religiosos sí que pueden ser trasladados. ¿No habíamos quedado, señorías, en el artículo anterior en que no puede haber discriminación de ningún tipo? ¿No se dan cuenta de que les basta un artículo para entrar ya en una
auténtica contradicción in terminis. Esta contradicción in terminis entre el artículo 3.3 y el 4.3 refleja muy bien cuál es el auténtico espíritu y la letra -no lo que aquí se ha dicho, no, sino el espíritu y la letra- de la proposición de ley cuya
admisión a trámite estamos debatiendo y que informa y desarrolla toda esta particular visión que ustedes tienen del artículo 16 de la Constitución española, sin duda legítima pero que no compartimos y además entendemos, con todo respeto, que no cabe
para nada en la Constitución. Se trata, lisa y llanamente, de provocar por la vía de ley orgánica una auténtica mutación constitucional, de convertir el Estado aconfesional cooperativo definido en el artículo 16 de la Constitución, con su conexo el
27, en un Estado laico laicista, que tienen todo el derecho a reclamarlo pero, mire usted, la Constitución no dice eso.
Por si tienen alguna duda respecto a lo que decía, les mostraré algún ejemplo más. Artículo 4.2: Los cargos públicos deberán abstenerse de participar en ceremonias o ritos de cualquier creencia. Fantástico, o sea que una autoridad o cargo
público puede asistir como tal -de hecho se da en nuestro país cada día- a todo tipo de acontecimientos, eventos, actos deportivos, culturales, concursos; visitar empresas grandes, pequeñas, medianas; dar premios; visitar exposiciones,
inaugurarlas..., pero, eso sí, cuando se trata de una ceremonia religiosa no pueden hacerlo. ¿Y hablan ustedes de que no se puede discriminar por creencias o convicciones y que a nadie se le puede preguntar acerca de sus convicciones, creencias o
increencias? ¿No se dan cuenta ustedes, señorías, de que se contradicen flagrantemente con lo que dice el texto de su iniciativa legislativa?
Otra joya. En la disposición adicional tercera, y siguiendo por cierto el método usado durante la revolución francesa por la Convención, por el que quien gobierna es el Parlamento, se señala que las Cortes establecerán un calendario festivo
adecuado a esta ley; eso sí, teniendo en cuenta las tradiciones culturales arraigadas en el Estado. Sinceramente, creo que ni Robespierre lo hacía mejor que ustedes. Y el estrambote final por si alguien tenía alguna duda: disposición transitoria
primera, se derogan los acuerdos Iglesia-Estado que, como saben, señorías, tienen rango de tratado internacional y que como tal tienen un sistema de denuncia y de revisión en su caso expresamente regulado en su seno. Señorías, ya que hablaba el
señor Llamazares de actualizar y de modernizar, con una ley como esta que nos proponen, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI no hubiera podido realizar una visita como la que acaba de hacer al Reino Unido.
Seguramente será que el Reino Unido es una
democracia del siglo XVIII, del siglo XIX, tercermundista; a lo mejor la monarquía británica es una república bananera. No hubiera podido dirigirse a políticos
y personalidades de aquel país como lo ha hecho nada más y nada menos que en Westminster Hall, donde solo han merecido ese honor anteriormente el presidente De Gaulle de Francia y Nelson Mandela. Siguiendo su iniciativa, el Papa Benedicto
XVI no hubiera podido hacer lo que acaba de hacer en la que creo que es la democracia parlamentaria más antigua del mundo, la monarquía parlamentaria, la democracia parlamentaria británica.
Por cierto, ni hubiera podido hacer lo que hizo hace dos
años en su visita oficial a Francia, en la cuna de la revolución francesa, en la misa celebrada en la explanada frente a Los Inválidos; asistió el presidente de la Asamblea Nacional, asistió el presidente del Senado, asistió el primer ministro
Fillon, asistieron cuatro ministros del Gobierno, etcétera. Con su normativa no lo podrían hacer. Debe ser que la República Francesa laica también está demodé, porque ustedes dicen que el modelo español está anticuado y que lo que ustedes
defienden es la actualización y la modernización, o sea que ni Gran Bretaña ni Francia están actualizadas ni modernizadas. Pero voy a ir más allá: ni siquiera la Cuba de Fidel Castro podría hacer lo que hizo en la visita del Papa Juan Pablo II en
enero de 1998, porque en esa visita Fidel Castro, en la misa que celebró el Papa en la plaza de la Revolución, estaba en primera fila con todo el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y usted, señor Llamazares, seguro que lo sabe. Eso con
su normativa no lo podría hacer, o sea que su modelo, tan actual y tan moderno, no sirve ni para la Cuba comunista de Fidel Castro ni para la Francia laica ni para la monarquía británica, cuna del parlamentarismo. Dice usted que quiere actualizar y
modernizar. ¿Qué modelo es el suyo? ¿En qué país se aplica? Explíquennoslo, señor Llamazares, señor Ridao, y seamos serios, porque, como digo, una cosa es predicar y otra dar trigo, una cosa es lo que ustedes dicen y otra es lo que hacen, que es
de finales del XVIII, porque es del momento cumbre de la revolución francesa, no es precisamente moderno. Podría continuar para justificar este turno en contra, pero creo que con lo dicho ya es suficiente.
Señoría, dado que el Gobierno solo ha aplazado su compromiso de traer a esta Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y no lo ha eliminado, quiero que quede claro en nombre de mi grupo parlamentario lo
que ya reiteradamente mi partido y mi grupo parlamentario han dicho al respecto: que consideran que el actual modelo de relaciones Iglesia-Estado y en general comunidades religiosas, confesiones religiosas, creencias, iglesias y Estado o comunidad
política es el definido por la Constitución, por el artículo 16, por el artículo 27, por los convenios suscritos con las comunidades evangélica, judía e islámica, con los acuerdos con rango de tratado internacional Iglesia-Estado, y que ese acuerdo
fue uno de los pilares que pretendió solventar la cuestión religiosa en nuestro pacto constitucional y, por tanto, que inventos, con gaseosa, no con estas cosas tan serias.
Señorías, nuestro modelo es de aconfesionalidad cooperativa, no es lo mismo Estado laico que estado aconfesional, y, por cierto, la aconfesionalidad con cooperación, que es nuestro modelo, es lo que el Tribunal Constitucional ha acuñado,
aunque expresi verbis no aparece en la Constitución, como laicidad positiva, es decir, considerar como algo positivo, real, digno de respeto y protección por parte de los poderes públicos el hecho religioso y a partir de ahí establecer las adecuadas
relaciones de cooperación desde la neutralidad, que no indiferencia y mucho menos hostilidad, de los poderes públicos con las asociaciones o iglesias que representen a la mayoría de los ciudadanos españoles. Hoy por hoy, las cosas son como son, si
algún día cambian mucho, evidentemente, con ese mismo marco normativo y con una adaptación y aplicación distinta, sin modificar el marco, nos adaptaremos a la realidad. Hoy por hoy no es necesario. Termino diciéndoles, señorías, que tengan ustedes
muy presente que los dos riesgos con los que nos encontramos en estos momentos son los de aquellos que pretenden imponernos su libertad a costa de la verdad, que son los relativistas, y los que pretenden imponernos su verdad a costa de nuestra
libertad, que son los fundamentalistas. Huyan ustedes de los dos extremos por el bien común.
Muchas gracias (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
En turno de réplica tiene la palabra en primer lugar don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señor Fernández Díaz, dice usted que seamos serios. No estamos en contra de la visita del Papa al Estado español ni tampoco, evidentemente, de la visita del Papa a Londres, pero, fíjese, según los datos oficiales del Gobierno británico, la
visita del Papa va a tener una factura de aproximadamente 20 millones de libras, es decir, 24 millones de euros, los cuales serán sufragados por mitad por la propia Iglesia católica en Reino Unido, cosa que aquí, por cierto, no va a pasar, entre
otras cosas porque son las administraciones públicas las que van a subvenir, con cargo al impuesto que paga cada uno de los contribuyentes, el gasto de la presencia del Papa en España. Evidentemente, eso hoy es inaceptable, entre otras cosas,
señorías, porque de lo que estamos hablando básicamente hoy es del hecho de que no parece razonable ni sostenible que la Iglesia católica mantenga muchas de las prebendas históricamente otorgadas incluso por poderes no democráticos como el
franquismo. Quizá sea legítimo que la Iglesia católica quiera mantener algunos de estos privilegios, pero, señorías, en pleno siglo XXI y en un Estado de derecho no parece razonable que en una sociedad democrática podamos consentirlo.
Así lo han
argumentado incluso las instituciones europeas, y quiero insistir en la doctrina que emana del propio Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos cuando recomienda al Estado español e incluso le inflige un correctivo diciendo que debe retirar cualquier presencia de símbolos religiosos en las instituciones públicas. Como tampoco es aceptable, señor
Fernández Díaz, que, por ejemplo, haya representantes de la Iglesia católica que se excusen en creencias religiosas e incluso abiertamente proclamen la desobediencia civil para no cumplir con leyes aprobadas por el Estado. Por ejemplo,
recientemente el arzobispo de Tarragona ha dicho que no piensa cumplir la Ley del Aborto, lo cual ciertamente tampoco demuestra una profunda cultura democrática por parte en este caso de este prelado, pero en buena parte también, y ustedes lo saben,
por una parte muy importante de la Iglesia católica.
Para acabar, señor Fernández Díaz, no desenfoquemos el debate. Nosotros, evidentemente, no podemos compartir la definición que usted hace de aconfesionalidad o de aconfesionalidad cooperativa, que es compatible, según usted, con la
presencia de símbolos religiosos, por ejemplo, en los lugares públicos, destinados, por cierto, al desempeño de las funciones propias de la comunidad política. Tampoco es aceptable que cada año destinemos 6.000 millones de euros del erario público,
una parte importante de los cuales va destinada a pagar el sueldo de capellanes castrenses, de capellanes hospitalarios o del mantenimiento, por ejemplo, del ingente patrimonio de la Iglesia católica, que debo recordar que es el segundo gran
propietario, después del Estado, en el Estado español.
Tampoco comparto esa particular visión de laicismo que niega cualquier tipo de exhibición religiosa en el espacio público.
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar.
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente. Con esta iniciativa se pretende una escrupulosa neutralidad religiosa en las instituciones. Ya que cita usted tanto a Francia y a la revolución francesa, en Francia, por ejemplo, se
habilitan espacios ecuménicos en todas partes, en los hospitales, en los aeropuertos, en cualquier lugar, para la práctica del culto. Desde los valores republicanos que fundamentan, señorías, cualquier sociedad democrática, incluso la nuestra, el
laicismo es hoy un concepto y un principio igualitario de respeto a cualquier creencia religiosa, sea la que sea, y por tanto eso no debería tolerar ningún privilegio ni ninguna preeminencia de una por encima de las otras. De eso es de lo que hoy
se trata, señor Fernández Díaz, con esta iniciativa que el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida presenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señor presidente.
No sé muy bien si la intervención del señor Fernández Díaz tiene que ver con la iniciativa que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado, porque ha dedicado una buena parte de
su intervención, una parte inicial importante de su intervención, a soltar mandobles al espíritu de la norma y no a la norma. Digo al espíritu de la norma porque, en primer lugar, ha echado en falta la presentación de la ley de libertad religiosa
por parte del Gobierno y se ha dedicado a hacer oposición al Gobierno en las espaldas del grupo parlamentario que propone una iniciativa legislativa concreta y bien diferente, señor Fernández Díaz, y, en segundo lugar, porque no sé si interpretarlo
como una polémica jesuítica, pero lleva al extremo la propuesta que le hace el grupo parlamentario de referencia para no hablar de lo concreto. Usted ha hablado de Cuba y de Inglaterra, pero esta es una iniciativa que tiene que ver con la
legislación española, y ha llevado al extremo, hasta la caricatura, las propuestas que hace mi grupo parlamentario y que, en todo caso, forman parte del debate en el caso de que se tome en consideración la iniciativa legislativa, y sin embargo ha
eludido, como de la quema, cualquier referencia a la realidad de la relación entre Iglesia y Estado en nuestro propio país. No es lo mismo, señor Fernández Díaz, la visita de un representante del Estado Vaticano a un país que una relación cotidiana
entre Iglesia y Estado en la que se confunde a la institución estatal con la confesión religiosa, por ejemplo, como he dicho en un principio, la promesa de ministros -no la jura, sino la promesa- con el crucifijo presidiendo esa promesa. No es lo
mismo. Y no es lo mismo lo que usted dice respecto a ese laicismo exacerbado que los privilegios de la Iglesia católica en nuestro país. No tienen que ver con la laicidad o aconfesionalidad cooperativa que usted observa en la Constitución
española; no, tienen más que ver con el periodo preconstitucional que con la propia Constitución española, porque aconfesionalidad debería ser sinónimo de autofinanciación, de neutralidad y de separación entre formación y creencias. Eso no ocurre
en nuestro país, y está bien que haya eludido la realidad para subirse a las propuestas más extremas. Como en El Quijote, podría decir que con la Iglesia hemos topado, pero lo que usted ha hecho ha sido transformar en gigantes lo que solo son
molinos para dedicarse a dar mandobles a los gigantes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, que conste que en algo estoy de acuerdo con ustedes, y lo dije al principio: los incumplimientos del Gobierno son flagrantes y este es un incumplimiento más. Otra cosa es que en este caso nosotros nos congratulemos del
incumplimiento, pero eso no obsta para que
dejemos constancia de que la moción que se aprobó el pasado 18 de mayo les comprometía a una cosa que, una vez más, incumple el Gobierno. Al final, quien siembra vientos recoge tempestades. Ustedes han traído esta iniciativa porque el
Gobierno ha incumplido su compromiso y porque hace seis años el señor Zapatero ya empezó con aquello de más gimnasia y menos religión. Y al final pasan estas cosas.
El señor Ridao y el señor Llamazares me han dicho algunas cosas que quiero precisar. En primer lugar, señor Ridao, que diga yo que nuestro modelo constitucional de relación Iglesia-Estado o comunidad religiosa-comunidad política es de
aconfesionalidad cooperativa tendría la importancia que tiene y sería descriptible. Pero es que no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Señor Ridao, usted es constitucionalista y lo sabe. La doctrina muy consolidada del Tribunal
Constitucional habla de laicidad positiva, interpretando que laicidad positiva es el modelo definido por nuestro bloque de constitucionalidad y que ese modelo es de aconfesionalidad cooperativa. Lo dice el Tribunal Constitucional, no lo digo yo;
yo recojo lo que dice el Tribunal Constitucional. Ahora bien, ustedes no votaron la Constitución y entiendo que sigan estando fuera de la Constitución, sobre todo en un pilar del pacto constitucional, como he recordado. En segundo lugar, en contra
de lo que ha dicho el señor Llamazares y usted también, señor Ridao, sí me he leído el texto. Ustedes han hecho aquí un discurso de modernización y de actualización y yo he dicho que el papel lo aguanta todo. Pero yo me he leído el papel y en el
papel se dicen cosas como las que he leído. Por eso he dicho que ustedes actualizan y modernizan de tal manera que ni el señor Fidel Castro, tan querido para el señor Llamazares -dicho con todos los respetos-, hubiera podido recibir al Papa como le
recibió en Cuba. Estaba en primera fila en la misa en la plaza de la Revolución y ustedes se lo prohibirían. O, como les he dicho, el Gobierno francés, la cuna de la revolución francesa. O hace unos días en Gran Bretaña; debe ser que no es una
democracia parlamentaria la monarquía británica. Ese es el sentido que tienen ustedes de la actualización y de la modernización. Insisto en que me digan ustedes un país democrático que tenga un modelo como el que ustedes plantean aquí. Díganme
uno.
Siguiendo con esta cuestión, la praxis política del derecho comparado ya tiene muy estudiado el modelo de relaciones que hay y el catálogo de modelos está muy claro. Hay Estados que son confesionales con libertad religiosa y el Reino Unido
es un ejemplo paradigmático. También Grecia, donde la iglesia oficial es la Iglesia ortodoxa, pero tiene libertad religiosa. Porque sin libertad religiosa -derecho fundamental donde los haya- no se puede entrar en un club democrático como es la
Unión Europea.
Ese es el problema que tiene Turquía. Es una república laica que tolera ilimitadamente pero no recoge ni respeta la libertad religiosa. Como ustedes saben, este es el problema fundamental que tiene Turquía para ingresar en la Unión
Europea. Hay otros modelos, como el español genuino y singular de aconfesionalidad cooperativa. Hay modelos de separación plena Iglesia-Estado o confesiones religiosas y comunidad política, como la laica Francia, aunque con libertad religiosa.
Pero el modelo que plantean ustedes ni respeta la libertad religiosa -y he puesto algunos ejemplos para ponerlo de manifiesto- ni cabe en el arco de relaciones que en el mundo entero existen en estos momentos con la Iglesia católica y con otras
convicciones. Por eso les he dicho que ustedes, tan modernos y tan actuales, nos tienen que decir adónde nos quieren llevar con este texto que hoy someten a admisión a trámite a debate aquí, porque le digo que Corea del Norte, evidentemente, no es
un país democrático y sé que ustedes no nos quieren llevar allí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, vamos a oponernos a la toma en consideración de esta ley a pesar de que este proyecto incluya algunas medidas de progreso de la laicidad del Estado que apoyamos, como son la neutralidad respecto a las diversas confesiones o la
exigencia de laicidad en los actos públicos, porque los presupuestos de la ley son, a nuestro juicio, incompatibles con los de una democracia verdaderamente laica y con los del Estado de derecho. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres,
ocupa la Presidencia.)
Intentaré explicar brevemente lo que a nuestro juicio es una contradicción expresa en la ley. El objetivo expreso y confeso de esta ley, recogido particularmente en su artículo 1, regula la libertad de pensamiento y de conciencia; eso es
lo que dice el artículo 1, que es para regular la libertad de pensamiento. En cualquier otro país a eso se le llama censura. Pues bien, tales libertades, la de pensamiento o la de conciencia, solo pueden serlo si el individuo, que es quien piensa
y quien tiene conciencia, puede ejercerlas sin ninguna coerción, limitación ni regulación legal por parte del Estado. En contra de lo que sostiene la exposición de motivos de esta proposición, el Estado no es la fuente ni el origen de la libertad
de pensamiento y de conciencia, incluyendo aquí las creencias religiosas de cualquier tipo o su total carencia. El Estado democrático tiene la función de garantizar precisamente que tales libertades sean, efectivamente y en todos los aspectos,
derechos básicos absolutos, libres de cualquier regulación que pueda interferir, condicionar o limitar su pleno desarrollo por y en cada uno de los ciudadanos. La pretensión de que el Estado las regule por la vía legal, más allá de su
imprescindible reconocimiento constitucional, solo se entiende a partir de la falsa premisa de que es el Estado el que concede a los ciudadanos la capacidad de pensar y de tener conciencia, de modo que venga obligado a
regular su desarrollo. No podemos compartirlo. Que sea el Estado el que nos deje pensar es una idea completamente ridícula y que, por cierto, no merece la menor protección legal, como se pretende en esta proposición, y solo se entiende
dentro de una concepción intervencionista del Estado, en la que este no tiene límite alguno para entrometerse en la esfera íntima y privada de los individuos. Añadamos que es completamente falsa y no menos ridícula -con todo el respeto, por
supuesto, señorías, no hace falta que se lo diga a los proponentes- la pretensión de que se pueda regular legalmente la libertad de pensamiento y de conciencia de los colectivos. ¿Cómo se va a poder regular la libertad de pensamiento? Insisto,
esto se llama censura.
Estamos ante una proposición que choca frontalmente con los principios del Estado laico; aunque se pretenda y proclame lo contrario, choca frontalmente contra los principios del Estado laico. Ningún Estado laico podría aprobar una
propuesta como esta que ustedes nos traen, que avanza hacia la instauración de un Estado que pretende regular lo que piensan los ciudadanos y su libertad de conciencia y que comete este abuso a partir del inaceptable principio de que todas las ideas
y creencias merecen la misma protección legal, en lugar de pertenecer a la esfera inviolable de las libertades y derechos básicos y de someter su validez al debate racional y civilizado, pero selectivo, de las mejores ideas y de las creencias para
ejercer la ciudadanía, porque, señorías, ustedes lo saben, no todas las creencias ni todas las ideas son compatibles con el Estado de derecho y con la democracia, no hace falta que les ponga ningún ejemplo. En resumen, lo que se propone al Congreso
que apruebe es que el Estado pueda regular la libertad de pensamiento, que el Estado reconozca por ley la existencia de fantasmagóricos pensamientos y conciencias colectivas, cosa que en modo alguno podemos defender, y por último, que el Estado
considere dignas de la misma protección -insisto- las ideas que en nombre disparatado de creencias aberrantes son contrarias al propio Estado de derecho.
Insisto, hay ideas que no son respetables, que son contrarias a la democracia por sus objetivos, como religiones -insisto, tampoco hace falta que cite ninguna de ellas-. No todo vale, ni todas las ideas son iguales, ni todas las religiones
lo son. Son todas las que son a la vez compatibles con la democracia, con el Estado de derecho y con las libertades colectivas e individuales. Con una ley como esta el Estado restringiría, en vez de proteger, las libertades que se dice quiere
mejorar, y no dudo en modo alguno que esa sea la pretensión. Sería posible con una ley como esta que ideas y creencias disparatadas y reaccionarias recibieran la misma protección legal que las racionales y progresistas; por ejemplo, que grupos
contrarios a la teoría de la evolución pudieran introducir teorías alternativas en el programa escolar, como ocurre en ciertos lugares, porque es una idea merecedora, entre comillas, de la misma protección estatal, o que la creencia de algunas
religiones en la inferioridad de la mujer o en la criminalidad de la homosexualidad fuera tan protegida como las creencias a favor...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señoría Díez, debe terminar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ...de la igualdad de sexos en todos los sentidos.
Sé que no es la pretensión de los proponentes, no me cabe la menor duda,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, por favor.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ...pero esa sería la conclusión y la consecuencia de que aprobáramos una regulación como la que ellos nos proponen. En definitiva, aunque se proclame y se crea lo contrario -insisto-, la aprobación de esta ley
traería medidas y consecuencias regresivas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, ha acabado su tiempo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Por eso no vamos a apoyar esta toma en consideración.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora presidenta, permítanme que mis primeras palabras en el día de hoy sean, en nombre del Grupo Mixto y en el mío propio, de recuerdo entrañable y al mismo tiempo muy grato de nuestro compañero en la legislatura pasada y en mi
caso compañero y vecino de escaño. José Antonio Labordeta siempre estará con nosotros. (Aplausos.)
Señorías, la Constitución de 1978 declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esta afirmación rotunda supuso la superación del estatus confesional que el Estado español mantenía hasta esa fecha en virtud del Concordato de 1953
con la Iglesia católica, por el cual el Estado se identificaba con la religión católica, de forma que existía una inspiración directa de la moral y la religión católicas en la actividad y decisiones de los poderes públicos. La aconfesionalidad del
Estado español sitúa las creencias religiosas en la esfera de la conciencia íntima de las personas. El texto constitucional, al mismo tiempo que garantiza la libertad religiosa de las personas, no acoge una identificación de cualquier religión con
la actividad del Estado. Sin embargo, señorías, esa aconfesionalidad que se recoge en el texto constitucional no se puede verificar en la práctica. La Ley 7/1980 no fue capaz de desarrollar como se debiera el concepto de aconfesionalidad y se
limita a regular la libertad de culto, y poco más.
Señorías, sin dejar por nuestra parte de reconocer la primacía de la religión católica en las culturas del Estado, no nos parece oportuno, de acuerdo con el significado de libertad religiosa, un acuerdo con la Santa Sede -por cierto, un
acuerdo preconstitucional- que siga permitiendo que Estado e Iglesia parezcan inseparables. La separación de Iglesia y Estado es para el BNG, como defensor de la libertad religiosa y de culto, fundamental. Por eso, señorías, nos parece necesario
avanzar desde el punto de vista legislativo en la dirección que se propone en esta proposición de ley. De ahí que consideremos fundamental lo que se recoge en el artículo 4 de esta propuesta, donde se dice: separación, neutralidad y laicidad de
los poderes públicos, sin dar lugar a dudas, señorías, y evitando polémicas innecesarias en la búsqueda del descrédito político basándose en valores y tradiciones propias de otros tiempos antagónicos con la democracia. Entendemos que se debe
verificar en la práctica esa separación de los poderes públicos y la Iglesia. Señorías, la realidad social y cultural en el Estado español en los últimos veinticinco años ha experimentado muchos cambios, de manera que no solo se cuestiona cada vez
más la vinculación que existe entre Iglesia y Estado, y en particular en el sistema educativo, sino que se reclama, por necesario, mayor reconocimiento y derecho de la diversidad religiosa y al mismo tiempo de las personas no creyentes.
Señorías, vamos a dar el voto favorable a esta proposición de ley porque, aun reservándonos -como es natural- nuestro derecho a presentar enmiendas, consideramos que recoge todas aquellas cuestiones que entendemos deben ser tratadas en una
ley como la que se propone. Señor Fernández Díaz, usted ha hecho, con toda legitimidad, una exposición que desde nuestro punto de vista ha sido tremendamente demagógica en relación con el contenido de la propuesta que se hace y la explicación o
entendimiento que usted ha dicho que tiene de la misma. Por lo tanto, señorías, manifestamos de nuevo nuestra posición favorable a la toma en consideración de esta ley. Evidentemente, como en todas las propuestas que se hacen, hay cuestiones que
sería necesario modificar, pero felicitamos al Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida por esta iniciativa y lamentamos que el Gobierno, después de haberlo anunciado tantas veces, aún no se haya decidido a presentar la ley de libertad
religiosa. Señoras y señores diputados del Grupo Socialista -porque el Gobierno no está en este momento-, no sé si esta ocasión es una de esas en las que hay que decir aquello de que con la Iglesia hemos tomado.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández Davila, ha acabado su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Yo creo que sí. El Gobierno y el Grupo Socialista, en esa situación, deberían ser más valientes, y en este caso creemos que no lo ha sido hasta ahora.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
No es esta la primera vez que llega de la mano de Esquerra Republicana este debate al Pleno. Tengo que repetir de nuevo lo mismo que les dije en una ocasión anterior en respuesta a una moción que presentaban: no vemos la urgencia del
debate, pero tampoco nos oponemos a discutir de todo esto. En cualquier caso, de la presentación de la iniciativa me han surgido muchas dudas. Me ha dado la impresión contraria a la del señor Fernández, que decía: las palabras, las intervenciones
del señor Ridao y del señor Llamazares han sido muy claras y ordenadas, pero la trampa está en el texto que se presenta. A mí el texto no me produce ningún problema discutirlo, matizarlo en algunos casos, pero es un texto como otro cualquiera que
se podía utilizar como base para discutir sobre estos temas. Lo que sí me ha dado la impresión de la presentación de las intervenciones es que en vez de estar hablando de libertad religiosa parecía que estábamos hablando de la Iglesia católica,
porque las opiniones básicamente se han centrado en la Iglesia católica en relación con el Estado. Parecía que el objeto era cargarse el concordato o modificar el estatus que en estos momentos tiene la Iglesia católica.
Desde luego, me parece que
es legítimo que se presente si se piensa así, pero hacer una presentación con unos objetivos -me ha dado la sensación- bastante concretos apuntando a determinada confesión religiosa y no hablando de libertad religiosa en general, utilizando como
arma el concepto de libertad religiosa porque así parece que queda más bonito, más plástico, más abierto, no me parece correcto.
En cualquier caso, voy a olvidarme de eso y voy a intentar centrar la posición de nuestro grupo en cuanto al texto que se ha presentado. Yo, la verdad, no tengo la sensación de que la Iglesia marque la agenda al Gobierno del Estado; más
bien creo que tienen bastantes berenjenales encima de la mesa como para poner uno más; bastantes dificultades tienen, incluso con la aprobación presupuestaria próxima, o no, como para incluir un tema más en la agenda, polémico donde los haya,
acercándonos ya al final de la legislatura. Yo creo que la Iglesia católica no marca la agenda del Gobierno ni la de los grupos parlamentarios de esta Cámara, y no excluyo a ninguno. Sinceramente, pienso -ya se lo dije en la anterior intervención-
que no hay una demanda social sobre este tema, que no hay una absoluta urgencia. Es cierto que la ley tiene muchos años -viene de 1980-, pero también es verdad que en la práctica la legislación que se ha ido aprobando y que ha ido tocando aspectos
de la libertad ideológica y religiosa ha ido dando pasos importantes en el desarrollo constitucional y a favor de una laicidad, que no laicismo. Yo creo que se han dado pasos
importantes, y también a través de sentencias de los tribunales y de la práctica. ¿Que ha habido una misa en la presentación del año judicial? Lo desconozco, pero es posible. ¿Que quizás no debería ser así? Estoy de acuerdo con ustedes.
¿Que eso demuestra que hay determinados, digamos, ámbitos sociales en los que la presencia de lo religioso o de los ritos religiosos está más arraigada? Pues también, pero tampoco lo veo como un problema que esté preocupando a la sociedad. De
hecho, me parece que la sociedad actúa con gran tolerancia frente al hecho religioso de manera general, que la sociedad vive la convivencia entre las creencias con menos crispación de la que a veces podemos vivirla en esta Cámara. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Es más, creo que si tenemos identificado -porque luego se ha concretado dónde estaban los puntos de fricción y las cosas que molestaban: el concordato, la inclusión de la enseñanza religiosa en determinados ámbitos
escolares si así lo quieren los padres, incluso determinadas actuaciones del Gobierno-, si los grupos proponentes tienen identificadas cuáles son las cosas que molestan más, lo más fácil -en vez de presentar un ley de complicada tramitación y, dada
la composición de la Cámara, de dificultosa aprobación- sería presentar iniciativas concretas: proposición de ley de modificación de la LOE, en cuanto a la enseñanza religiosa en las escuelas; modificación o denuncia del concordato. Preséntese
así y vamos a discutir de ese tema concreto. Incluso la Ley del Gobierno, y que se aborde -un ejemplo que también se ha mencionado por el señor Llamazares- la toma de posesión por parte de los ministros y ministras, aunque a mí, sinceramente, que
alguien quiera hacerlo sobre la Constitución o que quiera ir más allá de un juramento civil, tampoco me molesta. No me molesta con el crucifijo y no me molestaría con el Corán, en absoluto, y tampoco creo que la ley lo impida. Pero, insisto, si
hay cosas determinadas -porque se vienen repitiendo una y otra vez en este tipo de debates- que molestan, preséntese una modificación específica.
Nosotros en estos momentos no vemos una demanda social ni la conveniencia de abrir un debate genérico sobre la base de esta proposición, pero, como les digo, tampoco nos cerramos en banda; en ningún momento estaríamos en contra de que esto
pudiese ser discutido y este texto nos parece tan válido como pudiera serlo otro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió también sean para expresar las condolencias por la muy reciente muerte de José Antonio Labordeta, quien fue diputado de este
Congreso durante dos legislaturas y persona honesta, muy honesta, que defendió con convicción sus ideas y su territorio de Aragón.
Paso a fijar la posición de CiU sobre esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Puedo entender desde la lógica de la agenda de prioridades de este grupo
parlamentario que se nos haya planteado hoy esta proposición de ley a la luz de la evolución de la posición cambiante del Gobierno. Ciertamente, en el mes de mayo de este año se aprobó una moción por la cual el Gobierno se comprometía a aprobar el
anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Libertad Religiosa antes de finalizar el anterior periodo de sesiones, con la previsión de tramitarla precisamente durante el actual periodo de sesiones. En aquel momento, mi grupo parlamentario no tuvo
necesidad de posicionarse porque aún no existía ninguna propuesta de texto articulado. Hoy se nos presenta la primera propuesta de texto articulado y, como se ha dicho, tenemos que deslindar claramente los discursos que hemos escuchado esta tarde
respecto a la literalidad de los veinte artículos que conforman esta proposición de ley. Si me permiten el símil, con una eventual ley de libertad religiosa como la que en un momento determinado se había planteado el Gobierno podría suceder algo
parecido a lo que en la anterior legislatura sucedió con la llamada Ley de Memoria Histórica, una ley de componentes retóricos muy notables, que genera una gran expectativa, pero que al final se centra en un par de asuntos muy determinados. Uno de
los asuntos muy concretos a discutir que en un momento determinado el Gobierno quería plantear y que el grupo proponente quiere plantear es la financiación de las confesiones religiosas, sabiendo que hoy por hoy ya en el IRPF existe la opción de dar
una parte de la recaudación para fines religiosos o para otros fines sociales. El segundo gran tema es la denuncia o la no denuncia del concordato con la Santa Sede en un país en el que más del 70 por ciento de sus ciudadanos se declaran católicos,
practicantes o no.
Estos son los dos temas de fondo sobre los cuales el Gobierno había decidido en un momento determinado plantear este debate en la Cámara y ahora ha reconsiderado su posición. El grupo parlamentario proponente nos plantea estos
asuntos y otros a través de veinte artículos, muchos de los cuales son simplemente pura expresión de coherencia con derechos y libertades ya reconocidos en la Constitución. Nuestro grupo parlamentario no es partidario de la hiperproducción
legislativa retórica; no es partidario de reproducir. Por ejemplo, artículo 2.2: Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia, o sobre la ausencia de las mismas. Señorías, con la Constitución esto está
perfectamente protegido. Igual ocurre con el artículo 2.3: Nadie puede ser obligado a prestar servicios personales o a contribuir al sostenimiento de una confesión, lugar de culto o comunidad religiosa.
Esto con la Constitución está garantizado,
como también el artículo más amplio de esta
proposición, el artículo 9, sobre el cual también hay una protección constitucional.
En todo caso, nos parece digno de ser mencionado que el equipo de parlamentarios que hayan escrito esta proposición de ley presentan a través de ella algo que podríamos denominar un cambio de enfoque o de paradigma de las filas desde las
cuales se presenta esta iniciativa. Si algunos de los grupos políticos tienen una tradición más bien de ateismo militante, este es un texto muy protector y muy respetuoso con los hechos religiosos, incluso hiperregulador de los hechos religiosos,
no en la tradición laicista de algunos partidos políticos firmantes de esta iniciativa. Así, se propone una regulación muy concreta del derecho a celebrar bodas, del derecho a los funerales en sus distintas creencias religiosas, de la protección a
las formas de suministro de alimentos en función de las creencias religiosas en distintas instituciones públicas, de la adecuación de las fiestas y los calendarios laborales a las distintas manifestaciones de los hechos religiosos que conviven en
España, incluso se propone la regulación de los sacrificios de animales para la celebración de los ritos de las distintas confesiones religiosas que hay en España. Todo esto no nos parece mal y, de hecho, a la luz de los distintos convenios
existentes seguramente todo esto está ya notablemente regulado. Simplemente, señorías, quiero subrayar que el grupo proponente, en una posición que nos merece todo el respeto, pasa de una tradición más bien laicista a, en primer lugar, un
reconocimiento del hecho religioso y, en segundo lugar, una muy notable protección de los rituales de las distintas religiones. Existe una notable diferencia respecto a nuestro marco constitucional entre un estado aconfesional y laico y el fomento
del laicismo. Este es un debate que hemos tenido reiteradamente en la anterior legislatura y en esta. Señorías, hay un estado en la Unión Europea, Grecia, que prohíbe expresamente el proselitismo de cualquier otra religión que no sea la religión
que vertebra en cierta manera la identidad del Estado. Este es un asunto notablemente controvertido en los tribunales europeos en relación con el respeto a la esfera privada y al derecho a practicar una religión y hacer proselitismo sobre una
religión. Este es un extremo pero es que el grupo proponente en el artículo 4.2 mandata a los cargos públicos e institucionales abstenerse de participar en ceremonias o ritos de cualquier creencia en el desempeño de sus responsabilidades, sin
menoscabo de que a título personal ejerciten los derechos y las libertades que como ciudadanos o ciudadanas les reconoce la presente ley.
Señorías, no se puede deslindar la condición de cargo electo, de cargo representativo, de la condición de
persona con su esfera privada de creencias o no. Este punto bascula en el otro extremo de la protección del hecho religioso y seguramente vulnera el derecho individual reconocido en el artículo 16 de la Constitución española.
Se habla también de una escuela laica. La escuela en España es una escuela aconfesional pero con el derecho de los padres a poder proporcionar educación religiosa a sus hijos. Se habla también de separar los actos religiosos de los actos
militares o de los actos judiciales. Es una buena decisión la adoptada estos últimos años de separar claramente los actos militares de las misas castrenses o los actos judiciales de actos previos y voluntarios evidentemente, que se tienen que
respetar, de participación en actos religiosos. Y se habla de la obligación aún hoy de prometer o jurar un cargo con simbología religiosa. Señorías, esto no es así. Hace muchísimos años que notables miembros del Gobierno, cuando han querido, han
comunicado el deseo de prometer el cargo sin simbología religiosa y ha sido respetado. Tengo memoria y conocimiento de esta posibilidad, como mínimo, desde el año 1982.
Les he querido ilustrar con estos casos concretos para decirles que esta es una ley de veinte artículos, la mayoría de ellos perfectamente cubiertos por parte del cuadro de derechos fundamentales de la Constitución española y con dos temas
nucleares: la derogación del concordato con la Santa Sede y la financiación de las confesiones religiosas, que es un asunto que, si quieren, podemos plantear separando este jardín de artículos y afrontando directamente el debate.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, debe acabar.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino, señor presidente. Por todo lo expuesto, vamos a votar en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Quijano.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Me permitirán que me sume a los reconocimientos, las palabras que han pronunciado ya otros portavoces en recuerdo y homenaje a José Antonio Labordeta, sin duda personaje -subrayo la palabra personaje- tan entrañable como singular.
La cuestión que nos trae a debate hoy creo, por el tono de las intervenciones que se han producido, que merece alguna consideración previa, sobre todo por aclarar un concepto. De una manera o de otra, todos o casi todos los intervinientes
han hecho algún juicio de valor sobre el ejercicio -en este momento así es la falta de ejercicio de iniciativa- por parte del Gobierno, y quiero aclarar ese aspecto como primera cuestión en mi intervención. Es cierto que a lo largo de la
legislatura ha habido algunos reconocimientos expresos -y probablemente en anteriores; yo me remito a esta legislatura porque es de la que puedo dar testimonio personal al estar presente- de la intención del Gobierno en relación con la necesaria
-así lo entiendo- modificación de la vigente Ley de Libertad Religiosa de 1980. Es cierto -coincido en eso con algunas de las intervenciones- que las circunstancias
han cambiado; España en este momento es un país donde la pluriconfesionalidad es un hecho evidente, mucho más de lo que lo era en 1980. Es cierto que una buena parte la sociedad española, yo creo que mayoritariamente, acepta como algo
natural ese hecho, y es cierto también que debiera producirse desde la perspectiva legislativa alguna acomodación del derecho vigente a esa realidad. De eso, no me cabe duda.
Debo decir a continuación que en todo caso -también esto lo han dicho
representantes y responsables del Gobierno- el objetivo no está abandonado; el objetivo no está abandonado. He oído literalmente en la Cámara que se sigue trabajando en la preparación de un texto que reúna las condiciones adecuadas, y a eso me
referiré también a continuación. Lo que ha dicho el Gobierno es que no considera prioritario en este momento el debate sobre el asunto. Piense cada uno lo que considere más oportuno al respecto, pero convengamos en una cosa: ese es el derecho del
Gobierno; en cierto modo, su prerrogativa: acomodar las prioridades de iniciativas legislativas a las circunstancias como considere oportuno.
Por supuesto, eso incluye el derecho a equivocar la valoración de esas circunstancias; piense cada uno
lo que considere oportuno al respecto, pero esa es la legítima valoración política del Gobierno y en ese sentido convengamos que es su responsabilidad y también su riesgo. Eso, en definitiva, es la política y el Gobierno ha venido indicando con
reiteración que en este momento considera que las prioridades están más en la zona de lo económico-social, dicho en sentido amplio, que en otros aspectos de las iniciativas legislativas. Es por tanto una cuestión de oportunidad y así lo quiero
expresar. Tratándose, como se trata el asunto, del desarrollo, de la actualización de un tema sensible -es un derecho fundamental pero además es un tema sensible-, es indudable que la libre valoración del Gobierno para elegir el momento adecuado y
la forma adecuada es respetable. Insisto, libre juicio de valor de cada grupo parlamentario, pero esta es mi opinión. Probablemente lo que no es forma adecuada para un tema sensible de estas características es precisamente una iniciativa
unilateral y en alguna medida sesgada. A eso quiero dedicar la segunda y última parte de mi intervención.
Yo coincido con algunos portavoces en este criterio, bastante contrario al que expresó el señor Fernández, respecto del cual debo decir que algunas de las consideraciones que voy a hacer pueden sonar a turno en contra del turno en contra
tanto como a turno de fijación de posición, pero este es el sentido y en su caso la gracia del debate. Aprovecho para decirle una cosa. Yo creo que el señor Fernández confunde la condición de primado de una confesión religiosa del Sumo Pontífice
-lo digo todo en términos cuasi teológicos- con la condición de Jefe de Estado del Papa. Hago esa diferenciación incluso terminológica. Y no se debe confundir. Si discutiéramos del asunto, seguramente llegaríamos a una conclusión. Le anticipo mi
opinión. Yo creo que una parte importante de los problemas que tiene la Iglesia católica en este momento derivan de que el Papa, como Jefe de Estado, quiere todavía ejercer más poder temporal del que le corresponde como Sumo Pontífice de una
confesión religiosa. No sé si estaríamos de acuerdo en esa conclusión pero se la anticipo y hacemos el debate cuando tenga por conveniente. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Aplausos.-Rumores.) Vuelvo a la cuestión que nos trae hoy al debate.
A mí también me ha sorprendido -como a algún otro portavoz pero en sentido contrario, decía, que al señor Fernández- ver en el texto algo más -digamos- de tolerancia confesional de la que ha habido aquí en la intervención porque la
intervención de presentación ha sido un alegato en relación con un asunto, las relaciones del Estado español con la Iglesia católica, y el tema es mucho más amplio, como bien demuestra el texto de la proposición de ley que se nos ha traído a debate.
Es más, yo la leí con todo interés y en efecto creí ver que había algunos signos, como el reconocimiento de festividades de origen religioso que se han podido hacer tradicionales a efectos de calendario laboral, la garantía de la asistencia del
servicio religioso en ciertos espacios del ámbito público, etcétera, que me parecieron sanas manifestaciones de una perspectiva tolerante en relación con el hecho religioso; una especie de laicismo parcialmente tolerante, por decirlo con un término
más exacto. Sin embargo, la intervención que ha hecho aquí pone de manifiesto que hay algunas intenciones últimas que no concuerdan bien con el texto que se nos ha presentado, y hago referencia a tres cuestiones, brevísimamente porque me parece que
el tiempo -ya me gustaría disponer de más- no me da para más.
Primera. Yo creo que el texto adolece de una confusión conceptual notable.
La proposición de ley se titula también libertad de pensamiento pero luego solo hay regulación de supuestas garantías, ejercicio, etcétera, de libertad religiosa.
Y no es lo mismo; aunque en la Constitución haya una mención combinada, conceptualmente son cosas distintas. La libertad de pensamiento o libertad ideológica es la libertad intelectual, que es mucho más amplia que la libertad religiosa: la
libertad de profesar una creencia o no profesarla. Pero entonces, si la ley quiere plantearse -como su título indica- como una ley que garantice en su conjunto -garantice entre comillas; porque lo dice el texto, otra cosa es que sea así en todos
los casos- la libertad ideológica o de pensamiento en sentido amplio, no debiera luego reducir todo su articulado a concretar aspectos exclusivamente de la libertad religiosa. Creo que ahí hay una confusión importante que se proyecta sobre el
conjunto del texto en su globalidad. Segundo -muy brevemente-, hay también una confusión desde el punto de vista competencial. Miren, es ley orgánica o no lo es; hay desarrollo del contenido esencial de un derecho fundamental, como creo que lo
hay desde el punto de vista de la técnica legislativa, o no lo hay, pero, si es así, no hagan ya desde el principio -me parece que en el artículo 1- salvaguardia de competencias autonómicas. No vale, es que no las hay; es una cosa o
es la otra, pero no introduzcamos esta confusión en este aspecto no conceptual pero sí legal constitucional, porque evidentemente eso no es de recibo. Tercero y último. Al final, la disposición transitoria es la que resume, según la
intervención aquí, todo el sentido último y no es posible. Una ley orgánica no deroga un tratado internacional, como bien saben. Un tratado internacional es el fruto de dos voluntades y no se puede unilateralmente con la ley orgánica de una de las
partes, en este caso el Estado español, derogar o dejar sin efecto un acuerdo internacional, porque evidentemente, por su intervención aquí, que creo que es la que delata el fondo del tema, aunque no lo digan se están refiriendo a los acuerdos con
la Santa Sede. Si ese es el objetivo, háganlo de una manera explícita, pero sepan que hoy por hoy, estando la Constitución como está, una ley orgánica -insisto, y termino-, que es la voluntad unilateral de una de las partes, no tiene efecto
jurídico -ni derogatorio ni modificativo- sobre un tratado internacional como hoy por hoy son los acuerdos con la Santa Sede.
Por todas esas razones, no consideramos favorablemente su iniciativa, sin perjuicio de que podamos compartir en última instancia la necesidad del fondo del tema, que es la adecuación de la legislación relativa a la libertad religiosa en
España en este momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quijano.
Deseo hacer notar a la Cámara que hemos dedicado una hora y media al examen de esta iniciativa, que probablemente lo exigía, pero de seguir por este camino tendremos resultas de votación para el día de mañana y, por tanto, solicitaría a los
portavoces que tengan a bien atenerse a las indicaciones que la Presidencia les hará, bien en la tribuna o bien de manera privada antes de que suban a la misma.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. DÍEZ GONZÁLEZ), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000085.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el examen de la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez, relativa a la orgánica de reforma de la Ley de Régimen Electoral General.
Tiene la palabra la señora Díez para su defensa.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, el 23 de febrero de este año defendí en esta misma Cámara una proposición no de ley que instaba al Gobierno a impulsar urgentemente la reforma de la Ley electoral. Lo hice a la vista de que esta iniciativa legislativa que hoy
discutimos dormía el sueño de los justos desde abril del año 2008 en la Comisión Constitucional. En aquel momento únicamente Izquierda Unida apoyó la propuesta, el resto de grupos parlamentarios criticó duramente mi osadía por traer este tema a
debate. Se me dijo: ¿Cómo se atreve usted a traer aquí un asunto que ya estamos analizando en la subcomisión? Esto es una burla al Parlamento. En fin, a la vista de la conclusión de los trabajos de esa subcomisión no cuesta demasiado imaginarse
el verdadero objetivo de la misma o por lo menos de algunos: evitar el debate transparente y frenar todo tipo de avance hacia un sistema electoral más justo, todo ello gracias al pacto de hierro entre el Partido Socialista y el Partido Popular para
que nada cambie y se consoliden los privilegios y la desigualdad en la ley que regula el sistema electoral.
El sistema electoral español vigente se diseñó en plena transición política -quiero recordar- para cumplir con lo que parecía entonces un objetivo importante: promover un bipartidismo fuerte y evitar la excesiva atomización de fuerzas
políticas en el Parlamento para facilitar los acuerdos y construir la democracia. Pero han pasado más de treinta años y lo que entonces pudo tener una explicación ya no es de recibo; no podemos permitir que un sistema injusto y contrario a la
igualdad, que aleja a los ciudadanos de la participación política y pervierte el sentido de su voto -esto me importa mucho- se convierta en intocable. El argumento principal que me lleva a proponer una reforma urgente de la Ley Electoral está pues
en la defensa de la igualdad consagrada y conectada en distintos artículos claves de nuestra Constitución: igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, participación de los ciudadanos en la vida política, acceso a los cargos
públicos y voto igual. El sistema actual conculca dos derechos fundamentales: el derecho pasivo de todas las formaciones políticas a ser elegidas en igualdad de condiciones y el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de elegir en igualdad de
condiciones. Me importa destacar que lo más intolerable, en términos democráticos, es que el voto de cada ciudadano tenga un valor diferente a la hora de transformarse en representación política en función de la parte de España en la que viva o de
la opción política que apoye, porque esa ecuación desigualdad y devaluación desmotiva a los ciudadanos y les aleja de la participación democrática, y todos sabemos lo que ocurre cuando los ciudadanos pasan de la política: que a las instituciones
democráticas llegan personas -o pueden llegar- que pasan también de los ciudadanos y que las instituciones democráticas se debilitan. Urge pues corregir la ley para que el voto de cada ciudadano pese lo mismo que el de su vecino a la hora de
transformar su voto en escaños. Dicho de otra manera, hay que cambiar la ley para que a nadie le cueste seis o diez veces más que su voto se transforme en diputado que lo que le cuesta a aquel ciudadano que opta por votar al Partido Popular, al
Partido Socialista o a otra fuerza política nacionalista.
Que la ley actual es fuente y origen de desigualdades y de desafección de los ciudadanos es conocido y aceptado por el propio Gobierno, que pidió un informe al Consejo de Estado en el que solicitaba propuestas que,
siendo compatibles con la Constitución -esa fue la única condición que puso el Ejecutivo-, contribuyeran a incrementar la calidad democrática del sistema político y a facilitar el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos. El
Consejo de Estado remitió su informe el 24 de febrero de 2009 e hizo varias propuestas concretas para cumplir el requerimiento del Ejecutivo, algunas de ellas coinciden sustancialmente con las propuestas que Unión Progreso y Democracia ya había
registrado y que forman parte de esta proposición, pero es más importante que nos fijemos en los argumentos del Consejo. El informe confirma la existencia indiscutible de un primer problema: existen desigualdades en la distribución y atribución de
escaños, lo que ataca directamente el principio constitucional de igualdad de voto o sufragio, por eso el consejo plantea reducir el mínimo por circunscripción y elevar a 400 el número de diputados para -abro comillas- buscar un incremento de la
calidad democrática del sistema político; incrementar la calidad democrática del sistema político, este es el objetivo. El informe sostiene taxativamente que el sistema electoral actual produce primas que obtienen los partidos más votados y
penalizaciones que sufren los menos votados, especialmente cuando estos últimos cuentan con un electorado disperso. O sea, este sistema prima a las dos grandes formaciones políticas de ámbito nacional y castiga al resto de partidos nacionales,
vean, si no, los números de las últimas elecciones generales: El Partido Socialista necesitó 66.801 votos para conseguir un escaño, el Partido Popular necesitó 66.740, Izquierda Unida 484.973 y Unión Progreso y Democracia 306.079. Más claro,
señorías, agua.
Me interesa incidir en las reflexiones del Consejo de Estado en relación con la igualdad del voto. Dice así: En principio, la igualdad de sufragio se contempló en los textos constitucionales para significar que cada elector solo tiene un
voto. No obstante, la jurisprudencia alemana ha superado esa interpretación clásica de la igualdad de voto, afirmando que este principio impone tanto el igual valor numérico como el igual valor de resultado del sufragio. Igual valor numérico
significa que el número y la fuerza del voto de cada elector deben ser los mismos, igual valor de resultado supone que todos los votos deben contribuir de manera semejante a la obtención de la representación. Es claro el ejemplo -lo dije antes-, mi
vecino solo vota una vez, pero su voto puede valer seis o diez veces más que el mío. Luego el principio de igualdad está claramente pervertido.
El consejo sigue analizando las peculiaridades del sistema proporcional en relación con el mayoritario en el que solo son eficaces los votos emitidos a favor del candidato ganador, e insiste en que en un sistema proporcional los votos deben
tener, a parte de un idéntico valor numérico, un igual valor de resultado. Esta es, a mi juicio, la clave desde la perspectiva de la regeneración democrática, igual valor de resultado. Hablamos pues no solo de justicia, hablamos de regeneración
democrática, algo que nos importa a todos nosotros. Este aspecto fue también objeto de tratamiento en el código de buenas prácticas en materia electoral aprobado en el año 2002 por la Comisión de Venecia. Allí se distingue con toda nitidez entre
igualdad de los derechos del voto y la igualdad del poder del voto. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Es indiscutible que el resultado práctico de la aplicación de la Loreg está produciendo claros ejemplos de injusticias, tanto por lo que respecta al derecho individual de cada ciudadano como al derecho de los partidos políticos a ser
tratados en condiciones de igualdad ante la ley.
Nuestra Constitución proclama en su artículo 1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, lo que nos obliga a todos a promover un sistema
electoral que sea respetuoso con ese principio esencial de la democracia y que no distorsione la voluntad libremente manifestada por los ciudadanos en las urnas. Por eso les insisto hoy en la necesidad urgente de modificar y mejorar nuestra Ley
Electoral. Es una cuestión prioritaria e improrrogable de cara a consultas electorales próximas, lo es como instrumento fundamental para regenerar la democracia. Lamentaría mucho, señorías, que quienes no quieren que nada cambie vuelvan a tomar
hoy y en este debate el rábano por las hojas y, si hace unos meses, se parapetaron detrás de la subcomisión para rechazar una proposición no de ley que tenía el mismo objetivo, hoy se quejen del gasto, entre comillas, que supondría ampliar el número
de diputados de 350 a 400. Si nos ponemos a analizar esas cosas, fíjense lo que nos ahorraríamos suprimiendo instituciones sin contenido como son las diputaciones provinciales, por poner solo un ejemplo.
Por eso quiero terminar recordándoles que lo que hoy les pido es que apoyen la toma en consideración de una proposición que tiene como objetivo cambiar la Ley Electoral, que en el trámite de debate puede y debe ser modificada y enriquecida.
Hay otras muchas fórmulas tales como el sistema biproporcional, la doble vuelta, la atribución de restos para corregir la desigualdad, incrementando el número de escaños en el número que resulte a partir de 350, etcétera; otras muchísimas
propuestas que han de ser tenidas en cuenta porque buscan o pueden buscar el mismo objetivo, un instrumento más justo que permita también a los ciudadanos recuperar el control sobre la política, sobre los partidos políticos y, a partir de ahí, sobre
las instituciones democráticas. Lo importante es abrir el debate teniendo voluntad política para hacerlo. No nos engañemos. Finalizo. Si esta modificación no prospera la culpa no será de los nacionalistas que en este caso se limitan a acompañar
al Partido Popular y al Partido Socialista, que son quienes mantienen un pacto de hierro en esta materia aun a costa de vulnerar la libertad individual y la igualdad jurídica de los ciudadanos. Señorías, cuando el sistema electoral pervierte el
sentido del voto se pervierten las instituciones y se pervierte la democracia. Mientras no resolvamos esta cuestión será imposible abordar en serio la regeneración democrática. Por eso les reitero que la
reforma de la Ley Electoral es para Unión Progreso y Democracia un elemento estratégico y les anuncio solemnemente que esta reforma, la que ha de iniciarse, condicionará cualquier acuerdo político que en el futuro podamos abordar desde el
partido que represento. Condicionará cualquier acuerdo político y con cualquiera, porque para nosotros es una cuestión estratégica que tiene que ver con la razón de ser de nuestra existencia, la regeneración democrática y la igualdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene en primer lugar la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Comparezco en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para respaldar la iniciativa de reforma del sistema electoral que presenta hoy Unión Progreso y Democracia. En nuestra opinión el sistema democrático, la democracia liberal
reconoce la desigualdad de los ciudadanos en términos económicos y sociales, pero procura superar esa desigualdad mediante la igualdad en el sistema político, la igualdad en relación con el sistema democrático y también la igualdad en relación con
ley, la aplicación de la ley por igual. Pues bien, un sistema político que es económica y socialmente desigual y que, lejos de buscar la igualdad en el ámbito democrático y en la aplicación de la ley, se aleja de esa igualdad pretendida, en nuestra
opinión se está devaluando a sí mismo. Esa es la situación de nuestro país, la situación de un sistema electoral que se aleja cada vez más de la igualdad, que se aleja cada vez más de la representación de los ciudadanos, que se aleja cada vez más
del principio democrático. Ese es nuestro problema.
Nuestra Ley Electoral -tengo que decir algo parecido a la iniciativa anterior- bebe tanto del pacto constitucional como de los condicionantes preconstitucionales. Alguna relación hay de ello en textos a los que no me voy a referir, pero
donde claramente se hacen varios repasos al modelo electoral hasta que se llega a una conclusión. Es un sistema que beneficia fundamentalmente la continuidad en el poder de la derecha en condiciones democráticas y, por otra parte, es un sistema que
beneficia la gobernabilidad del Estado, es decir, un sistema bipartidista.
Solamente así se explica que en este país, donde solamente ha ganado una vez las elecciones generales, la derecha haya gobernado tres veces después de unas elecciones
generales, porque a priori el sistema electoral está escorado a favor de la derecha y el sistema electoral además es un sistema que prima las posiciones mayoritarias en detrimento de las minorías.
Sin embargo, señorías, hemos llegado a una situación en la que nuestro sistema político real, nuestro sistema electoral es contrario al principio democrático de una persona, un voto, y contrario al carácter proporcional que consagra la
Constitución española. En realidad en la mayor parte de las circunscripciones nuestro sistema electoral es mayoritario y el resultado en esta Cámara es contraproporcional, contraproporcional; es decir, aquellos que tienen 300.000 votos multiplican
por tres la representación de aquellos que tienen un millón de votos. Eso es contraproporcional, es una perversión y una devaluación del sistema democrático. Por eso es urgente abordar la reforma de nuestro sistema electoral. Además hay
propuestas, como la del Consejo de Estado, que permiten una reforma del sistema electoral dentro de la Constitución.
En ese sentido, respaldamos la iniciativa de UPyD y consideramos inaplazable la reforma de nuestro sistema electoral, a no ser que
se quiera condenar a la ilegalidad a una parte de la representación política de los ciudadanos, probablemente a más de un millón de ciudadanos sin representación política.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como decía la señora Díez al inicio de su intervención, figura que el sistema electoral es formalmente postconstitucional, pero materialmente no lo es porque fue acuñado por el primer Gobierno Suárez para las primeras elecciones
democráticas, en junio de 1977, y ahí está imperturbable e inalterable la provincia como circunscripción, la horquilla entre 300 y 400 diputados en la Constitución de 1978, y el resto el número de escaños mínimo por provincia, la fórmula d'Hondt,
proporcional en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por tanto, nadie hasta ahora se ha atrevido seriamente a definir a través de un debate en condiciones inequívocamente democráticas una de las piezas más esenciales de cualquier sistema
político. Hay quien defiende abiertamente que en algunos sistemas no haría falta incluso una constitución si hubiera una buena ley electoral. Eso es así porque, como bien decía la señora Díez, el actual sistema beneficia de forma extraordinaria a
los dos grandes partidos; todo el mundo lo sabe y es profecía y, en consecuencia, es tremendamente injusto con todos los demás o con casi todos los demás. La señora Díez ha defendido -no es la primera vez- que este es un sistema que casi resulta
neutro para los llamados partidos nacionalistas; eso no es verdad y luego intentaré justificarlo. En cualquier caso, en lo que sí estamos de acuerdo es en la injusticia de un sistema claramente desproporcional, poco representativo y poco
igualitario y, en segundo lugar, en que este es un sistema que conduce además de forma aviesa y negativa a una extrema polarización política muy superior a la que existe en nuestra sociedad real. No digo que el sistema caricaturice, pero en
definitiva la empobrece con una
síntesis muy simplificada y, como consecuencia de ello, estamos viendo a diario y estamos asistiendo a una capacidad de abordar grandes problemas desde el diálogo, como llegar a un consenso para salir de la crisis económica y para renovar la
composición de los órganos constitucionales, un pacto sobre nuestro modelo educativo, e incluso llevamos al paroxismo debates como el del modelo territorial, es decir, lo que proyecta el actual modelo es lamentablemente un empate infinito entre PP y
PSOE que provoca por consiguiente una atmósfera en muchos momentos casi irrespirable.
Por tanto, el sistema -en eso estamos de acuerdo- debería permitir una representación más plural y mayor proporcionalidad sin poner en duda la garantía de la estabilidad, que es cierto que es un elemento o una nota que está en el actual
sistema, pero ello no es suficiente. Es insostenible, como se ha dicho, que Izquierda Unida tenga casi un millón de votos y cada diputado le cueste 400.000 sufragios. También es insostenible que UPyD y Esquerra -por cierto, con idénticos votos que
el PNV, y lo digo con el debido respeto y en términos numéricos- obtuvieran uno y tres diputados respectivamente y que cada diputado de Esquerra costara el doble que esta otra formación política o, en el caso de usted, señora Díez, hasta seis veces
más. Por tanto, eso no es exclusivo y privativo de usted y del señor Llamazares; lo digo porque las cosas hay que decirlas bien. Pongo estos dos ejemplos no solo en relación con lo que usted dice, sino con relación a lo que hace el Consejo de
Estado en su informe, porque siempre se acostumbra a hablar de las disfunciones y desventajas sufridas por algunos partidos de ámbito estatal, que no tienen el mismo arraigo o representatividad que PP y PSOE -para dejar las cosas en su debido
lugar-. Este es un sistema que privilegia al PP y al PSOE que, por cierto, se niegan a reformar la ley apelando a la necesidad de un amplio consenso e impulsando una subcomisión, una reforma de la Loreg, que para nosotros constituye un cuerdo
mínimo vergonzoso y que además solo atiende a algunos problemas puntuales de segundo orden.
Su propuesta, con ello acabo rápidamente, señora Díez, pretende corregir este déficit. Tiene algún aspecto positivo, como la reducción a un solo diputado por provincia, pero déjeme decirle que el resto es francamente dudoso, por no decir
tramposo, porque es verdad que está bien que las comunidades autónomas sean circunscripción, pero no que la mitad de las elecciones de los diputados se hagan en una circunscripción estatal reservada a partidos de amplia implantación territorial, lo
cual penaliza a fuerzas como Esquerra Republicana...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor.
El señor RIDAO I MARTÍN:. que es un partido no de ámbito estatal pero de una representatividad homóloga a la suya. Por ello esa vía no refuerza el bipartidismo, pero sí un bipartidismo imperfecto, y además constituye todavía un ataque a la
representatividad que nosotros no podemos compartir. Por tanto, vamos a votar en contra de esta iniciativa legislativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Déjà vu. Esto ya me suena a repetición. El mismo debate, exactamente con los mismos argumentos y exactamente con la misma propuesta que ya hizo la señoría Díez. Por tanto, me voy a remitir a darle los mismos
argumentos y las mismas ideas con las que le contesté en nuestro debate anterior. No voy a reproducir palabra por palabra el 'Diario de Sesiones' por respeto a los diputados y las diputadas, pero podría hacerlo perfectamente, se lo aseguro. Es una
iniciativa de nuevo purista, que da a entender que el sistema está viciado, que el sistema no es democrático, que esto no funciona, y haciendo afirmaciones que no son exactas. El Consejo de Estado hace un informe, por ejemplo, que es un informe
interesante desde un punto de vista jurídico en muchos de sus aspectos, pero lo que dice muy claramente el Consejo de Estado es que las desviaciones de proporcionalidad que pueda haber en la Cámara, en las Cortes, tienen su causa principal no en la
regulación de la Loreg, en la regulación de la legislación electoral, sino en la Constitución, que usted tanto defiende, que tanto desea conservar, mantener y dar brillo.
Las desviaciones que puedan producirse -lo dice el Consejo de Estado, no yo-
las provoca más la normativa que surge de raíz de la Constitución que no el desarrollo de la legislación electoral. Ya se ha dicho por ahí, usted lo ha reconocido, que si vamos a una proporcionalidad absolutamente pura de una única circunscripción
en el Estado quienes pierden escaños no son los grupos nacionalistas -alguno podría tener alguno menos, que se compensaría con otro escaño más de otro grupo nacionalista-, quienes verdaderamente resultarían perjudicados serían el Partido Popular y
el Partido Socialista. Básicamente, lo que propone es de 350 a 400 diputados. Y dice: No me saquen ahora a colación que esto es aumentar el gasto. Sí, claro que lo saco a colación y, además, merecidamente, cuando usted ha hecho declaraciones
públicas hablando de la dejadez del hemiciclo en general, de lo vacío que se encontraba en muchas ocasiones, etcétera. Por tanto, un hemiciclo vacío, que no trabaja, con unas supuestas pensiones millonarias -también usted habló de esas cosas-, esas
cosas que son un escándalo, pero ahora en vez de 350 queremos pasar a 400. ¿Por qué? Porque a mi partido le interesa, quizá no en un futuro, si es que logra concentrar el voto. Entren dentro, juzguen dentro del sistema y concentren el voto.
Pero, hoy por hoy, como me interesa, las críticas que hacía antes no importan. Ahora en vez de 350 pasan a 400, y no pasa absolutamente nada.
Sobre el no a la provincia, creía que su opinión, su discurso, es que la Constitución era perfecta y el constitucionalismo su guía, cuando precisamente es la Constitución la que consagra a la provincia como circunscripción electoral. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Ahora no le gusta ese sistema y prefiere que vayamos a una circunscripción genérica. Sin embargo, en Cataluña sí defiende a la provincia. Uno puede observar lo que su partido dijo en Cataluña en meses
pasados cuando surgió toda la polémica sobre las veguerías, porque esta nueva distribución que haría peculiar a Cataluña no les hace ninguna gracia y ahí hay que defender la provincia. Usted defiende esta actitud antiprovincia con respecto a la
Loreg y llegan a decir que, por lo menos, se reduzca a una la circunscripción. Si hay que mantener las provincias, que se reduzca a un escaño el que puedan tener las provincias con menor número de habitantes. Hay provincias que ya se han quedado
con dos escaños, con una representación mínima, por ejemplo, Soria, y si lo redujéramos a uno eso sí sería la mínima expresión para poder trasladar su problemática a esta Cámara.
¿No es democrático un sistema mayoritario uninominal como el británico o un sistema uninominal mayoritario a dos vueltas como el francés?, ¿no son democráticos?, ¿no valen?, ¿el sistema electoral alemán no sirve? Ya que ha citado usted
la doctrina alemana, hay que hacer una mención especial también a esa supresión del 3 por ciento como barrera mínima para acceder al Congreso. Da la sensación de que usted lo que anhela es una especie de República de Weimar en la que no habiendo
límites mínimos, lo que se produjo fue una multiplicidad de partidos dentro de la Cámara con los cuales era sencillo formar mayorías negativas en contra del Gobierno, pero absolutamente imposible -ello llevó al fracaso del propio sistema- conformar
un Gobierno. Las cosas hay que medirlas. Estoy diciendo algo que es como es, República de Weimer, ningún límite, multiplicidad de partidos. Eso es lo que ustedes están defendiendo. Yo creo que el sistema actual da una cierta estabilidad y una
capacidad de representatividad relativamente razonable. El problema que tienen algunos partidos como el suyo e Izquierda Unida -de momento, vaya usted a saber en las próximas elecciones que diría usted en una próxima legislatura si es que alcanza
el escaño, igual todo lo contrario- es que no están concentrando últimamente sus votos, pero no achaquen sus problemas al sistema electoral, porque con ese mismo sistema Izquierda Unida, por ejemplo, tuvo 21 escaños en esa Cámara. Concentre su voto
y entonces podrá condicionar esos acuerdos políticos que usted ha señalado que intentará condicionar como base fundamental con una modificación de la Loreg, pero no diga que el sistema no es democrático. No diga que no hay ninguna voluntad y que no
se ha estudiado, porque sí se ha hablado de esto largo y tendido en la subcomisión de la Loreg, y el propio señor Llamazares ha estado presente en ella. Por lo tanto, no intente engañar a la Cámara como si aquí tuviéramos un sistema absolutamente
antidemocrático, cuando no es cierto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el ámbito judicial se utiliza en los tribunales no solo la expresión sino un criterio que es el de la cosa juzgada. Aquello que ha sido juzgado no vuelve a ser visto por los tribunales. Con el Reglamento de esta Cámara en la
mano la diputada proponente puede plantear esto cada semana, pero desde el punto de vista político, señorías, este es un asunto que fue discutido en Pleno hace unos meses, pero fue especialmente discutido en profundidad en la subcomisión de reforma
de la Ley Electoral, cuyo dictamen se votó el último día del mes de junio de este año, en el cual los distintos grupos parlamentarios y los distintos diputados del Grupo Mixto fijaron su criterio sobre esta propuesta que hoy se vuelve a plantear en
el Pleno. Si en los tribunales se habla de cosa juzgada, en el ámbito político este es un debate de cosa ya votada y cosa ya discutida en esta legislatura. En consecuencia, no voy a utilizar mucho tiempo en reproducir los argumentos que ya se han
recordado para decir que democráticamente este es un modelo que se ha descartado.
Además, señorías, cuando subo a la tribuna me gusta hablar de aquello que está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y fijar posición respecto a lo
que se nos plantea, y no a los discursos que a veces se desvían de lo que está impreso en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Señorías, en la propuesta que hoy se somete a votación en un artículo único y en una sola disposición transitoria
se plantean hasta tres modelos distintos. Artículo único, apartado uno: El Congreso de los Diputados pasa de 350 a 400 diputados. Artículo único, apartado tres: Un diputado para Ceuta, otro para Melilla y 348 diputados a distribuir según los
criterios a), b) y c); 350 ó 400. Y disposición transitoria: Una vez aprobada esta ley de los 350 diputados, el Gobierno iniciará la tramitación de una reforma de la Constitución para que se elijan en una circunscripción única 200 diputados.
Señorías, incluso me es difícil subir a esta tribuna a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán sobre lo que se nos somete a votación, porque creo que la diputada proponente no tiene criterio definido. Se puede invocar al informe
del Consejo de Estado, pero ¿qué votamos: 400 diputados, 348 más uno por Ceuta y uno por Melilla o una reforma de la Constitución para pasar a 400 diputados, de los cuales 200 serán elegidos por una circunscripción única de carácter uninominal? He
preferido hacer referencia a esta inconcreción porque me es muy difícil decidir sobre qué me posiciono.
Dicho esto, la Constitución habla de que el Congreso de los Diputados estará formado por entre 300 y 400 diputados; la Ley Electoral ha optado por 350 diputados, a la luz de algo que forma parte del pacto constitucional, que es que los
parlamentarios del Congreso de los Diputados son elegidos por sistema proporcional -si no, propongan una reforma de la Constitución- y por circunscripciones provinciales -si no, propongan una reforma de la Constitución, repito-; tienen que
concurrir estos dos criterios: proporcionalidad y sistema de elección por provincias. Se ha dicho de paso -lo han recordado la propia diputada proponente y otros portavoces- que al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no le iría bien alguno
de los sistemas planteados. Barcelona es la segunda circunscripción con mayor población, Girona y Tarragona eligen seis diputados y Lleida elige cuatro diputados. A nosotros, haciendo números, quizás seguramente no nos iría mal, pero no se trata
de hacer números, de momento, porque quizás a la diputada proponente las cosas le vayan muy bien y en la siguiente legislatura tenga cinco diputados y grupo propio, o no. No se trata de hacer números, se trata de discutir si reescribimos y abrimos
la reforma constitucional, que quizás después de treinta y dos años sería posible, para plantear una reforma del sistema electoral. Esto forma parte del pacto constitucional. En una de las versiones, lo digo porque hay tres, se nos ofrece por la
diputada proponente elegir 200 diputados por una circunscripción única. Señorías, yo solo conozco un sistema electoral de circunscripción única que es el sistema electoral de Israel, y ustedes saben que Israel no es precisamente un ejemplo de
estabilidad parlamentaria que permita proporcionar estabilidad a sus gobiernos. Tampoco sé exactamente si este es el criterio del grupo proponente. Se han mencionado algunos lugares comunes que la realidad no confirma. Yo creo que la elección de
un solo diputado por provincia es contraria al mandato de la Constitución del sistema proporcional, es una contradicción en sus términos evidentísima; es un sistema mayoritario para algunas provincias. Podríamos echar números sobre si este sistema
está escorado a la derecha. En treinta y dos años de democracia la mayoría de ellos este país ha estado gobernado por una opción de izquierdas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRÓ: Con la venia. Señor presidente, señoras y señores diputados, la señora Díez ya nos ha anticipado cuál va a ser la posición de los diferentes grupos de esta Cámara ante la toma en consideración de la proposición de ley
que hoy nos presenta. Por mi parte no le voy a llevar la contraria, no la voy a desmentir. Como ella misma ha anunciado, la posición de mi grupo va a ser contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley, entre otras razones porque
no alcanzamos a ver si la reforma que se nos propone es para aumentar la proporcionalidad y el pluralismo o si persigue exclusivamente intereses coyunturales.
Además, nos consta que esta iniciativa no cuenta con el menor respaldo, con el respaldo
que debe tener cualquier reforma de la Ley Electoral.
Como hemos vuelto a comprobar a tenor de las intervenciones, solo tiene el apoyo de la señora Díez y de Izquierda Unida. Desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos manifestado la
necesidad de que toda modificación de la Ley Electoral cuente con un respaldo más que mayoritario de esta Cámara, tanto más cuando se trata de reformar y modificar las reglas del juego democrático.
Durante dos años hemos venido trabajando en una subcomisión creada en el seno de la Comisión Constitucional para estudiar y abordar las posibles reformas que nos permitieran mejorar nuestra ley con esas propuestas que contaran con ese
respaldo al que me refería. Algunas de las posibles reformas que fueron planteadas por los diferentes grupos, por el propio Consejo de Estado, por la Junta Electoral Central, por la Oficina del Censo, por el propio Senado e incluso por ciudadanos
particulares han sido aceptadas y acogidas en el informe de la subcomisión que fue aprobado por la Comisión el pasado día 30 de junio; como es lógico, otras no han podido ser aceptadas. Precisamente una de las propuestas que no contó con el
respaldo mínimo exigible para ser tomada en consideración fue la que hoy nos trae aquí la señora Díez. Sobre su contenido ya tuvimos la oportunidad de debatir en este Pleno hace unos meses -la misma señora Díez recordaba que fue en el mes de
febrero-, cuando nos trajo una proposición no de ley sobre este mismo asunto, y sobre ella hemos hablado y debatido con profundidad en los trabajos de la subcomisión. Hoy quiero volver a decir lo que ya dije cuando se iba a constituir la
subcomisión porque para mi grupo parlamentario la Ley Electoral no es una ley más, no es cualquier ley, no es una ley orgánica más; es una ley medular de nuestro sistema democrático y por eso debe tener voluntad de permanencia y ser estable. Es
una ley que ha sido y sigue siendo útil a nuestra democracia. Desde luego para el Grupo Popular nuestro sistema electoral es aceptable; lo es porque es representativo de la voluntad de los ciudadanos, porque permite la gobernabilidad, porque da
estabilidad y porque es un sistema equilibrado que da representación a las minorías.
Nuestra valoración de él es sin ninguna duda positiva y consideramos que es un auténtico disparate calificar a nuestro sistema de injusto y de antidemocrático por
el mero hecho de que algunos puedan considerarse merecedores de uno o dos escaños más. No sé si a la señora Díez le parecía injusto este sistema cuando militaba en las filas del Partido Socialista Obrero Español y encabezaba alguna de sus listas o
si simplemente callaba; ni si al señor Llamazares cuando con este mismo sistema Izquierda Unida obtenía 21 escaños le parecía un sistema injusto.
Lo que sé es que en aquella época sus grupos
parlamentarios en ningún caso presentaron ninguna iniciativa para reformar este punto de la Ley Electoral.
Señorías, nuestra Ley Electoral no es un sistema injusto ni antidemocrático ni pervierte, como se ha dicho, los principios de proporcionalidad e igualdad, ni supone una estafa a los ciudadanos, como también se ha sugerido. Nuestra
Constitución establece la provincia como circunscripción electoral y que la elección en cada circunscripción se verificará atendiendo a criterios de proporcionalidad. Nuestra Ley Electoral puede gustar más o menos en función de intereses
particulares o partidistas, pero lo fundamental de una ley electoral es que cuente con un gran respaldo de las fuerzas en liza, y nuestra Ley Electoral fue aprobada en el año 1985 con la unanimidad de esta Cámara. De esta proposición de ley, como
he dicho antes, hemos debatido en los trabajos de la subcomisión y hemos valorado algunos de sus aspectos, pero desde luego no los que se refieren a modificar la Constitución, como hace la disposición transitoria; me refiero a la propuesta de
aumentar a 400 el número de escaños de esta Cámara, que es verdad que a lo mejor contribuiría a hacer algo más proporcional el sistema, distribuyendo estos escaños en función de la población. Pero quién entendería que en estos momentos en nuestro
país se produjera ese aumento, quién saldría a la calle a explicar que con la que está cayendo consideramos que es necesario aumentar en cincuenta diputados más esta Cámara. ¿Saldría usted, señora Díez? ¿Explicaría que no solo es el aumento de
diputados, sino que habría que reformar este hemiciclo y dotar a esos cincuenta nuevos diputados de despachos y espacio en este Congreso, con todo lo que eso conlleva? Sinceramente, no creo que tenga que profundizar más en este argumento. Por otro
lado, no nos parece razonable que para mejorar la proporcionalidad haya que bajar de dos a uno el número de diputados de cada circunscripción, porque sencillamente para dar mayor proporcionalidad en unas circunscripciones convertimos a otras
provincias en provincias de elección mayoritaria. Finalmente, tampoco estamos de acuerdo en suprimir el listón de tener que superar el 3 por ciento de los votos válidos emitidos en cada circunscripción para entrar en el reparto de escaños. Antes
al contrario, a lo mejor mi propio partido lo que querría es aumentar ese listón. En fin, señor presidente, que nunca llueve a gusto de todos.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Elviro Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, he leído con detenimiento la iniciativa que nos presenta la proponente así como las intervenciones que se han hecho aquí esta tarde sobre este asunto, en particular las
de Rosa Díez y Gaspar Llamazares. Tengo que decirles, con todo respeto, que esta iniciativa y sus argumentos están llenos de tópicos, tópicos falsos, y se usan argumentos notablemente incorrectos cuando no falsos. Intentaré explicar brevemente por
qué es así.
Señorías, como todos saben el sistema electoral es un conjunto de normas técnicas de carácter matemático y sociológico que sirven para expresar algo muy fácil de decir pero muy difícil de producir, que es la transformación de los votos en
representación, en escaños. Por eso el sistema electoral es algo verdaderamente medular y fundamental en un Estado democrático, porque sirve para conformar la representación en una democracia representativa. Esto es una obviedad pero está bien
empezar señalándolo. Luego, si estamos ante un sistema que está articulado en torno a técnicas de carácter social y matemático, pero que al mismo tiempo tiene que recoger elementos que son de carácter político, constitucional e incluso derechos
fundamentales, ese sistema puede ser perfectible, es decir puede ser modificable. Todos los sistemas electorales son mejorables siempre y cuando se tengan en cuenta todos los intereses que entran en juego en su funcionamiento. Por tanto, si
queremos hacer una reforma electoral no debemos confundirnos. Tenemos que saber qué queremos hacer y tenemos que procurar no equivocarnos en cómo lo hacemos. En primer lugar, mi partido y mi grupo parlamentario no están de acuerdo en entrar en una
reforma electoral que no suscite el acuerdo, el apoyo similar al que dio lugar la actual. Pero, desde el punto de vista material también es importante que una vez que hayamos suscitado ese consenso tengamos en cuenta los diferentes principios o
valores del sistema electoral que son relevantes para su funcionamiento. Si entramos en eso, lo primero que habría que hacer es no analizar los sistemas electorales con anteojeras. Muchas veces cuando se critica el sistema electoral, como lo hacen
la señora Díez y el señor Llamazares, se hace con las anteojeras de un principio que es razonable, importante: el de la proporcionalidad; pero hay otros elementos también en nuestro sistema electoral que son relevantes y que hay que ponderar, que
hay que tener en cuenta. Por ese motivo, la subcomisión que ha estado trabajando en esta Cámara durante casi dos años ha desestimado entrar en la reforma del sistema electoral porque el 95 por ciento de esta Cámara considera que ha funcionado
razonablemente.
La señora Díez nos ha presentado una reforma de la Ley Electoral que considero que es una reforma de parte, que tiene un interés inmediato, que es conseguir un beneficio a corto plazo para los intereses de su partido. Eso ya la descalifica
en cuanto a la forma. También quiero traer aquí argumentos materiales sobre por qué su propuesta es inoportuna.
Señora Díez, no solamente con esta reforma no va a conseguir lo que pretende para los intereses de su partido, sino que además
generaría graves problemas en el sistema electoral. Lo que usted pretende es lo siguiente: primero, que esta Cámara pase
a constituirse de 350 a 400 diputados, y usted dice que eso sirve para mejorar la proporcionalidad. Yo le digo: Sí, obviamente. Es verdad, con 400 escaños a repartir entre 52 circunscripciones se mejoraría la proporcionalidad, con 450
más, con 500 más todavía, y así sucesivamente.
Lo que pasa es que, como decía Bentham, las decisiones políticas, además de ser buenas, deben ser oportunas para que los ciudadanos las entiendan cuando se ponen en práctica. Sin duda alguna hoy en
día, en las circunstancias en las que nos encontramos, probablemente esta no es una decisión política oportuna. En segundo lugar, usted nos dice que se reduzca el número de escaños fijos por circunscripción, de dos a una, para mejorar también la
proporcionalidad. No es exactamente para eso, es para mejorar la igualdad del voto; es lo que llama usted la doctrina del Tribunal Constitucional, del tribunal alemán, la igualdad material del voto. Es cierto que sería así, pero fíjese usted en
la paradoja de lo que acaba de hacer. Resulta que viene usted a hacer una proposición para mejorar la proporcionalidad del sistema, y se carga usted la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas y acaba haciendo usted un sistema
mayoritario, además de no tener en cuenta otros elementos del sistema electoral que son importantes. Por ejemplo, que haya más de dos escaños por circunscripción sirve para favorecer la alternancia institucional dentro de esas circunscripciones,
que también es importante en un sistema pluralista.
Lo que se descubre de su iniciativa, señora Díez, es la propuesta final.
La disposición transitoria dice que una vez que se haya reformado la Loreg, en treinta días, en un mes, se ponga en marcha un procedimiento de reforma constitucional
agravado. ¿Para qué? Para que todo lo que hemos hecho un mes antes lo tiremos a la papelera y constituyamos un sistema de circunscripción regional y circunscripción nacional. Qué sentido tiene hacer una reforma si el abecé de la técnica
legislativa dice que, si estamos de acuerdo en que hay que hacer esto, primero hagamos la reforma constitucional y después la reforma electoral. Obviamente, parece de sentido común. ¿Qué sentido tiene que hagamos esto? Está claro. Usted quiere
conseguir un fin inmediato, que es reformar la ley para intentar conseguir beneficios políticos inmediatos para su partido. Señora Díaz, por todos estos argumentos precipitados que he tenido que exponer, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar
en contra, porque esta iniciativa es inoportuna -hay un informe de la ponencia que va a dar lugar a una proposición de ley, y ahí podremos discutir de todo lo que usted quiera y más- y porque además es una iniciativa de parte, que no es bueno en
técnica legislativa electoral. Es una iniciativa que en el fondo perjudicaría al sistema, señora Díaz; perjudicaría gravemente al sistema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Elviro.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA EXPORTACIÓN DE ARMAS A PAÍSES QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000683.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos.
Para la defensa de la
proposición tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente, porque es la tercera intervención y empiezo a estar cansado.
Señorías, hay que reconocer que las estadísticas oficiales presentadas por el Gobierno español sobre comercio exterior de material de defensa y de doble uso muestran avances respecto a anteriores informes. Sin lugar a dudas se debe a la
aplicación de una ley, la 53/2007 que, a tenor de estos datos, ha tenido efectos positivos. Esto pone en evidencia que es importante el control parlamentario en esta materia, así como la aprobación y elaboración de un dictamen detallado y
propositivo; sin embargo, señorías, los datos que tenemos del último año mueven a este grupo a la preocupación. Las estadísticas de venta de material de defensa de doble uso nos llaman la atención porque ha habido un aumento del 44 por ciento en
las exportaciones, con un total de 1.346,5 millones de euros, batiendo el récord histórico de exportación de armas. Pero lo más alarmante es que se han vendido cantidades muy significativas de material de defensa a destinos preocupantes y algunos
de ellos contradictorios con la ley, bien porque están en conflicto armado, con situaciones de grave inestabilidad interna, o bien porque violan flagrantemente los derechos humanos, vulnerando el artículo 8 de la Ley 53/2007, sobre comercio de armas
y código de conducta europeo. Esa es la razón para esta iniciativa parlamentaria.
Los principales avances en materia de transparencia y de control reflejados en las estadísticas oficiales son, en primer lugar, la incorporación al informe de los datos sobre la transferencia de armas de caza y tiro deportivo, una
reivindicación recurrente de las organizaciones no gubernamentales que no se había cumplido hasta ahora; en segundo lugar la inclusión de razones de las denegaciones de las autorizaciones de exportación, cuestión que tampoco se había cumplido; en
tercer lugar la aclaración de las razones sobre la disparidad de los datos de las aduanas, en algunos casos flagrante; y en cuarto lugar el decidido compromiso político del Gobierno con la erradicación de las bombas de racimo, que hemos apoyado.
Sin embargo, tal y como señalan las prestigiosas organizaciones
no gubernamentales Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, existen algunas áreas en donde los avances son muy limitados y requieren de evidentes mejoras. Se mantienen por un lado las transferencias a
destinos preocupantes; por otro, la información proporcionada sigue siendo insuficiente para realizar un control parlamentario efectivo y, en tercer lugar, la aplicación de los mecanismos de control a priori y a posteriori es aún laxa en muchos
casos, cuando no bastante difícil de concretar. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Lo más alarmante, como he dicho antes, es la venta de cantidades muy significativas de material de defensa y de doble uso a
destinos preocupantes, y pongo algunos ejemplos. Tailandia: 50 millones de euros en aeronaves, 155.000 euros en armas de calibre inferior a 20 milímetros, pese al conflicto de Camboya y la represión militar y policial contra la oposición civil.
Sri Lanka: 1,29 millones en bombas, torpedos, cohetes y misiles, pese a la guerra contra los Tigres Tamiles, con la reclusión de 250.000 personas y 2.000 víctimas civiles. Israel: con exportaciones por valor de casi 800.000 euros, de los que
624.000 corresponden a la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes y misiles) y más de 120.000 en cartuchos de escopeta. Lo más preocupante es el volumen de operaciones de exportación que se autorizaron en 2009 y que posiblemente se estén realizando
en este momento pese a las continuas y gravísimas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como ha ocurrido durante el reciente asalto en aguas internacionales a la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda
humanitaria. Colombia: un avión de transporte por más de 30 millones de euros con autorización de un millón más, pese al grave conflicto armado interno y pruebas de graves violaciones de los derechos humanos. Marruecos: 30 millones de euros,
entre ellos 28 millones en vehículos todoterreno, 1,7 millones en aeronaves, pese al conflicto del Sáhara Occidental y la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara. Guinea Conacry: 4,1 millones de euros en cartuchos
de escopeta y autorización para otros 3,2 millones, pese al golpe de Estado de 2008 y la represión de los manifestantes de cualquier tipo de discrepancia y oposición política.
Señorías, es por esta razón por la que presentamos esta iniciativa que pretende, en primer lugar, que se garantice el cumplimiento riguroso del artículo 8 en materia de exportación de material de defensa y de doble uso, que en nuestra
opinión está siendo orillado o vulnerado y, en segundo lugar, que se verifique la situación de los países de destino, tanto desde el punto de vista de países de destino como desde el punto de vista de los derechos humanos, y se suspenda la
autorización de exportación de armas a Estados que o bien mantienen conflictos armados o no garantizan el respeto a los derechos humanos, vulnerando el código de conducta de la Unión Europea y, como he dicho antes, el artículo 8 de la Ley 53/2007.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos. En primer lugar, para defender las del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Llamazares, también es mi tercera intervención esta tarde y fíjese que con 350 diputados algunos tanto y otros tan poco, y lo digo por el debate del anterior punto sobre la composición de esta Cámara.
Hemos presentado una enmienda de ampliación del contenido de esta iniciativa que nos plantea el señor Llamazares sobre mejora y perfeccionamiento de la Ley de venta de material de defensa y de doble uso, la Ley 53/2007, que es una ley que ha
tenido una aplicación positiva, que nosotros valoramos muy positivamente, especialmente en algo que en su origen fue una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y que evidentemente fue bien aceptada por los restantes grupos
parlamentarios; una enmienda referida a la obligación de que la persona que ocupe la Secretaría de Estado de Comercio presente anualmente un informe sobre la venta de material de defensa y material de doble uso, por tanto que se produzca un debate
parlamentario y haya un gran ejercicio de transparencia sobre la venta de armamento a países terceros.
Creo que lo principal del objetivo, señor Llamazares, se ha cumplido.
Usted nos habla de garantizar el cumplimiento riguroso del artículo y nos pide un certificado de últimos destinos firmado por las autoridades de cada país importador.
Esto nos parece que es muy importante y lo valoramos positivamente. Si usted repasa los informes de los dos últimos años verá, por ejemplo, que en materia de venta de material de caza y de tiro hay un par de países africanos que concentran más del
85 por ciento de la venta de este tipo de armamento. Es difícil pensar que estos países son los destinatarios últimos de este armamento; evidentemente esta es la puerta de entrada a quién sabe qué lado oscuro de este mundo de la venta de armamento
de países débiles o países fallidos. Por tanto, nos parece positivo este punto número 1.
Nos parece una contradicción en sus términos el punto número 2 cuando nos plantea que se verifique la situación de los derechos humanos en los países de destino. Nosotros en nuestra enmienda de sustitución en el punto número 4 también
hacemos referencia al criterio de los derechos humanos en los países compradores de armamento, pero usted plantea también suspender la autorización de exportación de armas a Estados que mantengan conflictos armados. Pues bien, generalmente los
países que compran armamento son los países que tienen conflictos armados en potencia o en acto. Lo digo porque ya ve que nosotros tenemos un punto de coincidencia alto con los planteamientos de mejora del despliegue de la ley, pero suspender la
autorización de venta de armamento
a Estados que mantengan conflictos armados cuando estos conflictos armados precisamente pueden servir legítimamente para la defensa de estos Estados, nos parece un punto un poquito débil. También pedimos que el Gobierno tome en
consideración las recomendaciones que anualmente elaboramos desde la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados a la luz del cumplimiento de la Ley 53/2007; recordamos que algunas de estas recomendaciones no se han tomado en consideración y
que algunas otras han sido objeto de un forcejeo entre el Parlamento y el Ejecutivo como, por ejemplo, hacer públicos los países a los cuales se ha denegado la venta de armamento, y finalmente se ha hecho público también el listado de países a los
cuales el Ejecutivo ha denegado la venta de armamento.
Finalmente, en el punto cuarto de nuestra enmienda de sustitución pedimos que en la venta de armamento se verifique la situación de países de destino en cuanto a cumplimiento de los derechos humanos. Pero sería muy importante huir del
maniqueísmo entre países buenos y países malos solo a la luz de criterios del cristal ideológico con el cual se observa la situación geopolítica desde el arco parlamentario español. Usted ha hecho referencia a algunos países y...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, ha acabado su tiempo.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señora presidenta, termino.
Algunos otros grupos parlamentarios de forma maniquea hacen referencia a países absolutamente distintos. Creo que en este asunto tendríamos que extremar el rigor en el análisis.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Empiezo la defensa de esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular destacando la importancia estratégica que tiene el sector de la defensa para nuestro país, un sector reducido con una facturación de 4.000 millones de euros al año que da
empleo a poco más de 18.000 personas, pero con dos peculiaridades importantes: primero, su alto contenido en investigación, desarrollo e innovación y, en segundo lugar, con una capacidad exportadora muy importante, más del 50 por ciento de su
producción va dedicado a la exportación, y quiero destacar que este es un dato positivo que muestra la competitividad de este sector, máxime cuando más del 70 por ciento de sus exportaciones van dedicadas a países de la Unión Europea, a países de la
Alianza Atlántica y por tanto aliados de España. Es un sector estratégico no por su dimensión económica, sino porque gracias a este sector podemos dotar a las Fuerzas Armadas españolas de las capacidades necesarias para llevar a cabo sus misiones
constitucionales y, en segundo lugar, porque este sector es parte importante de nuestra política de seguridad, permitiendo también a través de estas exportaciones hacer que nuestro socios, nuestros aliados, puedan sentirse más seguros, lo cual es
tanto como decir que mejoran nuestra propia seguridad.
El régimen de control de exportaciones es un régimen basado en tres principios fundamentales: en primer lugar, no es un régimen autónomo en el caso de España, estamos en el marco de la Unión Europea con un mandato a través de un código de
conducta que debe ser respetado. En segundo lugar, yo diría que dentro de los países de la Unión Europea España es el que mantiene unos controles más estrictos sobre la exportación de armas, y a mi grupo le parece bien este especial rigor en el
control de este tipo de exportaciones. Y en tercer lugar, hemos logrado una participación muy activa de esta Cámara, del Parlamento, en este régimen del control de armas, y además lo hemos hecho con un grado de consenso muy importante, lo cual creo
que siempre es positivo cuando hablamos de materias de política de defensa y de política de seguridad.
Al último informe remitido por el Gobierno se le presentaron y se aprobaron en la Comisión de Defensa un total de 27 recomendaciones -además se aprobaron por una abrumadora mayoría-, y precisamente ahora estamos en el trámite de debatir el
dictamen del último informe, del informe del año 2009, que el Gobierno ha remitido a la Cámara. Mi grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley de Izquierda Unida por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque ni podemos
compartir ni podemos asumir la exposición de motivos en la forma en la que está redactada. En esta exposición de motivos se incluyen algunos países, como pueden ser Colombia o Israel, que son países amigos, que son países democráticos y que son
países que con toda la legitimidad están ejerciendo un derecho a defenderse de la amenaza terrorista. En segundo lugar, y por el contrario, se omiten países a los que España ha exportado material de defensa y seguridad o material de doble uso, como
es Cuba, como es Irán y como es Venezuela, que claramente son regímenes que pisotean diariamente los derechos humanos y que constituyen una amenaza para la estabilidad y la seguridad internacional en muchos casos. Señor Llamazares, las dictaduras
no son buenas o malas en función de las proximidades ideológicas, las dictaduras son malas porque pisotean las libertades, porque violan los derechos humanos, porque esclavizan y oprimen a sus pueblos y porque constituyen una amenaza en sí mismas
para la seguridad internacional.
Al margen del preámbulo, hay también alguna diferencia en el contenido estricto de lo que es el petitum de la proposición no de ley, porque entendemos que en algún punto entra en contradicción con lo que nuestra legislación vigente mantiene
y a nosotros nos parece que la legislación vigente
es la adecuada. Por tanto, mi grupo ha planteado que hagamos una referencia genérica al espléndido trabajo que en la Comisión de Defensa se está desarrollando en esta materia instando, eso sí, al Gobierno a que cumpla con la mayor
diligencia posible el conjunto de recomendaciones que desde la Comisión se le ha planteado. No obstante, mi grupo queda abierto a que, a raíz de las enmiendas presentadas por mi propio grupo, por el Grupo Catalán y por el Grupo Socialista, podamos
llegar a un consenso en esta materia que creo que sería positivo para todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cosidó.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a empezar por aquello en lo que hay acuerdo unánime en toda la Cámara, un acuerdo unánime que empezó con la aprobación de la Ley del año 2007, sobre el control del comercio de material de defensa y de material de doble uso, que
se aprobó por unanimidad. Digo que voy a empezar por ahí, por esa parte concreta, porque efectivamente, señorías, este Parlamento y el conjunto del país pueden sentirse orgullosos de tener la legislación sobre el comercio de armas más avanzada de
todo el mundo. No hay ningún país en el mundo, señorías, y en eso todos estamos de acuerdo, que tenga unas normas sobre el control del comercio de armas, sobre la transparencia de ese comercio, sobre el seguimiento de ese comercio, sobre la
información parlamentaria de ese comercio, no hay ningún país en el mundo que tenga una legislación tan avanzada como la nuestra. Para empezar, pocos países tienen una ley específica sobre el comercio de armas. Por tanto, señorías, yo creo que ese
es el argumento más importante en un debate que plantea Izquierda Unida con una proposición donde propone mejoras para la legislación y, sobre todo, para el control parlamentario de este tipo de comercio Señorías, no solo somos el país que tiene una
legislación más avanzada, incluso teniendo una industria de defensa importante -ojalá fuera más importante de lo que es ya, porque hay sectores que tienen una posibilidad de crecimiento, sobre todo con un componente de I+D muy considerable, que le
vendría muy bien al país-, sino que además nuestro país ha sido modélico en algunos aspectos concretos de un tema que pone a prueba el instinto humanitario de una sociedad como es, por ejemplo, la eliminación de minas antipersona o de bombas de
racimo, incluso con un sacrificio empresarial y laboral importante para España. No hay ningún país que haya ido por delante de España en esta materia o, al menos, ninguno que haya ido más lejos. Esta es la primera cuestión que quiero poner de
relieve y, por lo que veo, en esto hay un acuerdo unánime de todos los grupos.
En segundo lugar, señorías, la última comparecencia del 8 de junio de la secretaria de Estado de Comercio supuso -conviene recordarlo y el señor Xuclà estuvo allí presente- un antes y un después en cuanto al control parlamentario de este
tipo de materias. Fue así hasta tal punto, señor Llamazares, que la información que nos proporcionaron todos los grupos -Intermón Oxfam, Greenpeace, Amnistía Internacional, la Fundación para la Paz y algún organismo más-, que es del 7 de junio y
parte de la cual usted ha utilizado en este debate, cambia radicalmente en un informe que ellos mismos hacen el 25 de junio. Es más, señor Llamazares, esas organizaciones hicieron un chequeo a la comparecencia de la señora secretaria de Estado de
Comercio y sobre doce pruebas a las que sometieron la información, le dan un sobresaliente en ocho, una nota de aprobado en tres y un suspenso en una. Es un documento que conviene revisar, porque para mí supone una buena evaluación de la capacidad
del Gobierno y del propio Parlamento para hacer el máximo control en un tema tan importante. Pero no solamente tenemos esta prueba. Si hoy estudiamos la resolución que planteamos todos los grupos sobre las cosas que hay que mejorar, hay que dar
sobresaliente al Gobierno en esta materia. Me he leído todas las resoluciones -las del Grupo Parlamentario Socialista, las de Izquierda Unida, etcétera- y hay que dar sobresaliente, sobre todo si se comparan con resoluciones anteriores.
Por tanto, señor Llamazares, estamos de acuerdo con usted en el objetivo de su propuesta, que es mejorar y avanzar en esta materia. A usted le preocupa especialmente el comercio con países donde existen situaciones de riesgo, tanto desde el
punto de vista de los derechos humanos como desde el punto de vista de los conflictos. En ese sentido, le hemos hecho dos propuestas que creo que suponen una mejora en el texto desde el punto de vista del respeto a la legislación y sería
interesante tenerlas en cuenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Cuadrado, por favor, tiene que acabar.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señora presidenta.
Señorías, estamos discutiendo un tema en el que España es líder en el mundo. Es verdad que en el mundo hay mucho comercio ilícito de armas, pero si todos los países hicieran lo que hace España estaríamos mucho mejor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Cuadrado.
Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, intervengo desde el escaño muy brevemente.
El mandato de la ley de diciembre de 2007 está ahí; el artículo 8.1 a) lo dice a las claras. Pero necesitamos más información de la que se debatió con la presencia
del secretario de Estado a raíz de la presentación del informe en su momento en la Comisión de Defensa y que a posteriori va a tener su reflejo en el debate y votación de las propuestas que los grupos parlamentarios han presentado sobre el
tema y que se celebrará en la Comisión. Quizá ese sea el momento en el que haya que precisar muchas de las cosas que se presentan hoy en esta iniciativa.
El informe dice cosas que van más allá de lo que se expresa en la exposición de motivos. Se comienza a dar información de aquellos países a los que se ha denegado la venta de sustancias o de armamento. Por ejemplo, no se autorizó la venta
de sustancias químicas en toda la zona del Oriente Medio y también se denegó la venta de armas a países que en principio no tendrían que ser conflictivos, como Costa Rica, por el peligro de que esas armas pudieran pasar a terceras manos. Del
listado de países a los que se ha vendido armamento que plantea la iniciativa, yo creo que en el caso de Guinea Conakry se suspendió en el momento del golpe de Estado la venta de armas, pero también echo en falta otros países. Efectivamente,
hablamos de conflictos armados y del respeto a los derechos humanos de la población civil, con lo que yo estoy muy de acuerdo, pero a Venezuela se ha vendido material antidisturbios por valor de 841.692 euros, más siete buques; en Cuba se han hecho
también ventas.
Por tanto, echo en falta otros países que también tienen conflictos armados, como por ejemplo en la zona nordeste de India, de Pakistán para qué vamos a hablar, que también aparece como receptor de ventas de armamento, Ruanda, un
país que ha generado ciertas discusiones en esta Cámara a raíz de la actuación de los grupos armados de ese país apoyados incluso por el Gobierno, o Kenia, al que se han vendido bombas de aviación y que tiene conflictos importantes en estos momentos
también dentro de sus fronteras. Por lo tanto, yo creo que es bastante difícil marcar la línea, dónde está la línea, dónde se puede y dónde no se puede.
A mí me parece bien que se pidan los certificados de último destino en la medida de lo
posible, que tengamos como norte la no exportación de armas a quienes mantengan conflictos armados y no respeten los derechos humanos de la población civil -sobre todo esto, el respeto a los derechos humanos de la población civil-, pero creo que es
a través de la Comisión de Defensa y en la práctica de la presentación, una y otra vez, de estos informes, como se va a poder ir afinando, incluso con iniciativas concretas respecto a países concretos. En cualquier caso, me parece que si se llega a
un consenso -creo que va a ser así- con alguna de las enmiendas presentadas, evidentemente nuestro grupo votará favorablemente la iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Esteban.
Señor Llamazares, su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Acepto las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Socialista, pero no puedo aceptar enmiendas de totalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SALVADOR ARMENDÁRIZ), SOBRE LA PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL COMERCIO SEXUAL. (Número de expediente 162/000662.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador Armendáriz, sobre la publicidad relacionada con el comercio sexual.
Para defender su proposición no de ley tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que inicie mi intervención enviando un saludo emocionado y cariñoso a la familia y amigos de don José Antonio Labordeta.
Ha pasado escasamente un año desde que la ministra de Igualdad afirmara en esta misma tribuna que la prostitución era, es, la nueva esclavitud del siglo XXI y se comprometiera -comprometiendo así la labor del Gobierno y del grupo mayoritario
que lo sustenta- de forma valiente a luchar contra este fenómeno de explotación ofreciendo su trabajo y su esfuerzo para dignificar la vida de las mujeres ofreciéndoles nuevas oportunidades y contribuir con ello a construir una sociedad mejor.
Quisiera empezar mi intervención agradeciéndole su valentía y su claridad ante este fenómeno que sin duda nos preocupa a todos, porque lo cierto es que han sido muchísimas las iniciativas parlamentarias presentadas por casi todos los grupos
parlamentarios y debatidas en Comisión y en Pleno que demuestran el interés tanto del Congreso como del Senado por buscar una solución a este grave problema social. Esta proposición es una modesta iniciativa más, que no pretende obviamente ser la
única ni seguramente será la última. Se une, eso sí, a todas las iniciativas que van dirigidas a mantener viva la defensa de aquellos principios y valores que el negocio de la prostitución vulnera, principios fundamentales que inspiran no solo
nuestro ordenamiento jurídico, sino que deben ser el cemento con el que edificar y construir una sociedad cada día mejor. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hablo de recuperar la dignidad de estas mujeres presas de las redes de la
prostitución; hablo de respetar y proteger su libertad individual, de defender el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de conseguir que sea una auténtica realidad el principio de igualdad radical entre hombres y mujeres; hablo de la
proscripción, de la violencia y de la coacción que realizan los tratantes de personas. He de añadir que este asunto no solo ha merecido el interés del Senado y del Congreso, sino también el de otras asambleas parlamentarias autonómicas y
locales. Ahora mismo, señorías, el Parlamento Foral de Navarra tiene en su agenda inmediata el estudio de una proposición de ley foral por la que se promueven medidas contra la inclusión de anuncios discriminatorios, atentatorios contra la dignidad
de las personas. En todo caso, señorías, repasando los antecedentes, no podemos obviar el magnífico trabajo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, que elaboró el informe sobre la situación actual de la
prostitución en nuestro país y que vio la luz en mayo de 2007. Este estudio recoge toda una batería de recomendaciones al Gobierno, agrupadas en seis apartados: recomendaciones generales, medidas de formación, medidas de atención integral a las
víctimas, medidas legislativas policiales y medidas de ámbito internacional. A estos cinco apartados se une otro específico de medidas de sensibilización, y dentro de este se le pide al Gobierno que solicite a los medios de comunicación que, en el
marco de sus códigos deontológicos, se planteen -dice así- la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual. Hoy, tres años y medio después de esta
recomendación, ya sabemos que los códigos deontológicos de algunos medios o no existen o no recogen esta renuncia o, si la contemplan, obviamente se incumple. También sabemos, porque nos lo han dicho, que el Gobierno habría cumplido, sin éxito, eso
sí, lo recomendado en este apartado, ya que habiéndose dirigido a través de la ministra de Igualdad y de la propia vicepresidenta a los directores y responsables de los medios generalistas que insertan este tipo de publicidad para solicitarles la
retirada de los anuncios, su solicitud, su petición habría sido rechazada, salvo excepciones, por todos los medios que publicitan prostitución. Soy consciente de que nos enfrentamos a un problema de solución jurídica nada sencilla y fácil, es más,
soy de los que está convencido de que soluciones sencillas a problemas complicados son soluciones equivocadas.
Para evitar equivocarnos a la hora de defender y debatir el petitum de la proposición no de ley, quisiera definir una serie de líneas rojas que no quisiera traspasar. Primera, no deseo quebrar el consenso casi unánime de los grupos a la
hora de afrontar este problema. No deberíamos caer en dogmatismos y en maximalismos que hagan imposible avanzar en una solución realista. No deberíamos rebajar el listón de nuestra denuncia ni retroceder en el camino que otras iniciativas
anteriores han abierto, pero deberíamos dar contenido a los compromisos, es decir, animar, presionar, si me lo permiten, al Gobierno a que pase de las palabras y declaraciones grandilocuentes a los hechos. En nuestra proposición pedimos un balance
de las medidas adoptadas por el Gobierno en este tiempo para eliminar esta publicidad. Solicitamos conocer sus proyectos hasta 2011 y pedimos que en estos proyectos se incluya la eliminación de la publicidad institucional en aquellos medios que
continúen insertando este tipo de anuncios.
Hemos estudiado con atención las enmiendas que se han presentado a nuestra proposición por parte de Esquerra Republicana de Catalunya, del Grupo Popular y del Grupo Socialista y quisiera agradecer sinceramente el interés que han demostrado
en este tema. Todas aportan ideas interesantes, pero más allá del voluntarismo intencionado de algunas, creo que en este caso merece la pena ser pragmático y buscar un equilibrio que creo puede recoger la enmienda transaccional que hemos pasado a
los grupos. Señorías, en su formulación la transacción recoge todo lo que queremos: primero, que los medios entiendan motu proprio que deben hacer desaparecer estos anuncios; segundo, que debemos implementar con otras administraciones públicas
medidas de sensibilización; y, tercero, que el Gobierno tiene unos deberes con relación a este tema que tiene que cumplir, trayendo a esta Cámara una propuesta clara para hacer desaparecer estos anuncios que todos, señorías, repudiamos. Además, es
una enmienda transaccional respetuosa con los tiempos. El Consejo de Estado tiene, como saben, señorías, el mandato de emitir un informe que debe servir de base para las futuras medidas legislativas que podamos adoptar y parece, como nos dicen está
a punto de aparecer, que es respetuoso esperar a que el Consejo de Estado emita ese dictamen. También con ella queremos mantener viva la llama de esta denuncia social ampliamente respaldada por los grupos parlamentarios y por la sociedad de forma
mayoritaria. Con ella también comprometemos al Gobierno y al partido mayoritario a encontrar una fórmula definitiva que elimine este tipo de publicidad tan odiosa. A su vez, señorías, envía un mensaje diáfano y claro a quienes deben oírlo de que
no somos neutrales; de que esta Cámara, de forma unánime, sigue siendo beligerante en este tema y va a seguir buscando vías legales para combatir esta nueva esclavitud y su publicidad y que, además, este es un camino que no tiene vuelta atrás.
Señorías, para todo ello pedimos a los grupos que se adhieran a esta enmienda transaccional y le den su apoyo para, entre todos, contribuir a que esta esclavitud de la que hablaba -o así calificaba la ministra de Igualdad- quede definitivamente
superada en nuestra sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, si en la década anterior las denuncias de las mujeres se centraron en campañas publicitarias discriminatorias o sexistas, actualmente el debate es más
importante. El debate público al que hoy nos enfrentamos en esta Cámara es la lucha contra la explotación sexual y, en particular, eliminar los anuncios de sexo en los medios de comunicación. Los anuncios de contactos de sexo masculinos
pero mayoritariamente femeninos constituyen, a todas luces, casos de publicidad ilícita que atentan contra la dignidad de la mujer y del hombre y representan un trato vejatorio para la mujer y son el escaparate de la trata y la explotación sexual de
seres humanos. Por eso, hoy tenemos que felicitarle, señor Salvador, por traer el debate a esta Cámara, pero tenemos que tener presente que aunque enfoquemos el problema hacia las mujeres, el hombre no es ajeno. Por lo tanto, debemos afrontar un
debate serio y plantear unas acciones eficaces encaminadas a luchar contra la explotación sexual, proteger la dignidad humana y establecer el valor de la igualdad como un derecho. Nuestra Constitución protege la dignidad humana y la igualdad.
Nuestra Ley General de Publicidad es clara y dice que todo aquello que atente contra la dignidad o vulnere los derechos reconocidos en la Constitución es realmente publicidad ilícita, es realmente un atentado a la dignidad de las mujeres. Por eso,
hoy en el debate es importante que entendamos que no solamente es un debate a nivel de nuestra comunidad, es un debate también de la comunidad internacional. Lo dijo y lo dejó claro el Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres
humanos, que ratificó nuestro Gobierno, que efectivamente es claro a la hora de decir que hay que tomar medidas, exigir medidas a los gobiernos para que de una vez por todas se termine con el tráfico de seres humanos para la explotación sexual. Es
obvio, señorías, que los anuncios de contactos suponen la aceptación y legitimación social de la prostitución. Estos anuncios ponen de manifiesto la hipocresía social que por un lado condena la explotación y la trata de mujeres y por otro
contribuye a ello. No es éticamente sostenible condenar la explotación y luego, tres páginas después, publicar reportajes, porque indiscutiblemente estamos atentando contra la dignidad de las personas. Al final, lo importante es mantener una
jerarquía de valores, tener un claro compromiso con los seres humanos y luchar contra la trata y el tráfico que hoy es real en España.
Señorías, Naciones Unidas ha dicho que uno de los focos más importantes en la Europa occidental para el tráfico y la trata de los seres humanos es España, una circunstancia contra la que todos debemos luchar con todos los medios a nuestro
alcance. Por eso, señorías, yo creo que es importante que todos estemos de acuerdo. Creo que es importante que en este debate parlamentario todos los grupos parlamentarios planteemos la situación que tenemos en España, que todos los grupos
parlamentarios seamos conscientes de que el tráfico de seres humanos mueve un montante económico de 18.000 millones de euros al año y 50 millones de euros al día en España, que 140.000 mujeres son prostituidas en la Europa occidental y que además
nuestro grupo parlamentario ha sido claro. No podemos entender que el Plan contra la trata de seres humanos un año después no haya podido contener y fomentar de una manera más ejecutiva la autorregulación de los anuncios. Por tanto, nuestra
iniciativa, nuestra propuesta de enmienda va en ese sentido, para fomentar la autorregulación de los anuncios de contacto, de los anuncios detrás de los cuales sabemos que está el tráfico de seres humanos.
También, como no podía ser de otra manera,...
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, debe acabar.
La señora QUINTANILLA BARBA: Ya termino, señor presidente.
... queremos que se hagan campañas de sensibilización en colaboración con las comunidades autónomas para que efectivamente todos, absolutamente todos llevemos ante la sociedad en general la realidad de la explotación sexual que aparece
detrás de los soportes publicitarios que se vinculan a esa explotación sexual. También queremos que el Gobierno, en el plazo de seis meses, presente un informe de alternativas y propuestas normativas relativo a la publicación de los contactos
sexuales en los medios de comunicación y que se tenga en cuenta a dos ministerios importantes en esta lucha, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Igualdad.
Efectivamente, como anunciaba el señor Salvador, espero que a lo largo de la tarde la enmienda transaccional en la que hemos trabajado todos los grupos parlamentarios salga adelante y este Parlamento de una vez por todas diga no al tráfico
de seres humanos con fines de explotación sexual.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Quintanilla.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como utilizamos de forma recurrente la palabra hipocresía, vale la pena recordar que aquello que en el año 2007 se creía que era un acierto, es decir, instar a los medios de comunicación a la autorregulación, hoy día podríamos
afirmar que ha fracasado, puesto que hipocresía hay y mucha por parte de algunas empresas editoriales, de periódicos que incluso se autodefinen como progresistas. Algunos periódicos han hecho el trabajo, han hecho los deberes, por ejemplo, algunos
escritos en lengua catalana como Avui o El Punt, en lengua gallega: O Xornal, y en lengua española; incluso, fíjense, periódicos de ámbito ideológico distinto: La Razón y Público. Ha habido empresas que han estado por la labor y otras,
francamente, han sido profundamente reaccionarias, puesto que además han incorporado un elemento de competencia desleal. En época de crisis económica, resulta que algunos periódicos, algunas
cabeceras -que seguramente lo están pasando fatal desde el punto de vista económico ya que las ventas han descendido mucho-, precisamente las que han cumplido -repito, periódicos de menor tirada que otros-, van a tener mayores problemas
económicos, y periódicos de gran tirada hoy día continúan publicando anuncios de contactos, sin llegar a corregir ni tan solo la putrefacta literatura que incorporan, puesto que no han tenido la delicadeza de mantenerlos con un redactado muy
distinto a la literatura a la que nos tienen acostumbrados, de manera que muy mal, muy mal algunos periódicos. De hecho, creo que vale la pena destacar la labor de las cabeceras que se han comprometido en esta autorregulación que se ha demostrado
poco eficaz.
Cuando nuestro grupo parlamentario presentó una moción hace unos meses pidiendo precisamente que el Gobierno fuera fuerte con los fuertes y no débil con los fuertes, el Grupo Socialista consideró que no, que había que apostar de nuevo por la
autorregulación. Repito, creo que ha sido un fracaso. Por eso hoy pedimos una actitud valiente por parte de este Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a retirar a partir del 1 de enero del próximo año la propaganda institucional,
porque más allá del perjuicio económico que les ocasionaríamos a estas empresas -que se lo merecen-, hay otro factor más importante y es la labor pedagógica y didáctica que debe hacer este Gobierno precisamente destacando la actuación positiva de
algunas cabeceras y condenando -entrecomillado- a otras cabeceras con el sambenito de ser prensa colaboradora de la difusión de valores tan reaccionarios como aquellos que vulneran la dignidad de las personas, básicamente mujeres, y que incluso son
cómplices pasivos de algunas situaciones delincuenciales, como se ha demostrado últimamente cuando la policía ha descubierto una red mafiosa que utilizaba los contactos para publicitar el tráfico sexual. (La señora vicepresidenta, Cunillera i
Mestres, ocupa la Presidencia.)
Termino, señora presidenta. Nosotros pedimos que se tenga en cuenta nuestra enmienda para que, repito, el Gobierno retire la publicidad institucional de los medios de comunicación que hacen oídos sordos a la autorregulación. Si hay que
enfrentarse a Prisa, uno se enfrenta si es un Gobierno progresista,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: ... si hay que enfrentarse a don Pedro J. Ramírez, también; y al señor conde de Godó, también.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señora presidenta.
Antes de comenzar quiero recordar a José Antonio Labordeta, diputado ejemplar y singular con el que tuve la oportunidad de compartir trabajo en la realización de leyes de ampliación de derechos ciudadanos, como la reforma del matrimonio
civil, y al que recordaremos siempre con respeto y con cariño.
Señora presidenta, señorías, la ONU califica la prostitución como la última esclavitud y así es como debemos verla, sin ambigüedades, sin equidistancias y sin relativismos. La prostitución atenta contra la dignidad y los derechos humanos de
las mujeres y debemos conocer que la prostitución en España en más de un 90 por ciento se practica de forma forzada, vinculada a las redes de tráfico y de trata. Estas tres afirmaciones son realidades indiscutibles, por lo que es hora de que en la
prensa seria española y en las principales cabeceras de periódicos dejen de incluirse anuncios sobre comercio sexual. Es vergonzante saber que España es de los pocos países europeos en los que prácticamente toda la prensa escrita de calidad publica
este tipo de anuncios, unos anuncios que contribuyen a banalizar y a normalizar que existan mujeres prostituidas, que lanzan el mensaje a la sociedad de que que las mujeres sean traficadas y prostituidas es una opción válida; anuncios que
transmiten la idea de un género femenino sumiso, subordinado, servil e inferior y que implican un trato vejatorio y degradante; unos anuncios que denigran la imagen y atentan contra la dignidad de las mujeres, que vulneran los derechos y valores de
la igualdad reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico y perpetúan los estereotipos sexistas favorecedores de la violencia de género. Además, contribuyen a dar salida y a promocionar la explotación sexual fruto del tráfico y de la trata de
mujeres, porque no podemos obviar que está demostrada la conexión entre las mafias y ciertos anuncios de prostitución. Son unos anuncios a los que también podemos sumar que no se atienen a las normas de protección de los menores. En conclusión, se
trata de unos anuncios que no deberían existir. Para terminar con la explotación sexual de las mujeres, algunas menores de edad e incluso niñas, también necesitamos la complicidad y el compromiso de las empresas de comunicación, de la prensa. Ya
no pueden quedar al margen de la discusión. Deben comprender que el lucro es injustificable cuando se violan los derechos y dignidad de las mujeres.
Señorías, el debate que estamos realizando no ha comenzado con la iniciativa de hoy. Ya en la VIII Legislatura esta Cámara estudió el tema en profundidad y en esta legislatura también ha sido extensamente tratado en la Comisión de Igualdad.
El Gobierno está comprometido firmemente con esta causa. Así lo han expresado el presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad. Como consecuencia de ello el Consejo de Estado está elaborando un informe sobre las posibilidades de prohibir esta
publicidad, asegurando la plena constitucionalidad de las medidas necesarias para ello.
Otros grupos también han elaborado propuestas, entre ellos mi propio grupo, que ha presentado una iniciativa para la desaparición de la publicidad de la prostitución que nos hubiera gustado tramitar conjuntamente en esta sesión, pero que el
PP lo ha impedido mediante su veto. Aunque la tramitación conjunta no ha sido posible porque el PP no lo ha permitido, hemos querido plantear una enmienda que a nuestro entender va más allá de lo planteado inicialmente por UPN. Hacemos una
propuesta basada en la sensibilización, porque mientras exista demanda habrá oferta, sustentada en mujeres procedentes de países empobrecidos y de situaciones sociales desfavorables, por lo que es necesario dejar claro que quien paga por una mujer
prostituida está siendo cómplice, y en la autorregulación, y aquí quiero valorar muy positivamente aquellos periódicos que voluntariamente han renunciado a los ingresos de estos anuncios, pero esta medida es válida para el corto plazo, porque
después de algún tiempo la autorregulación no ha sido efectiva al cien por cien.
Por ello, también proponemos contundencia y que cuando los medios no quieran colaborar se pueda actuar con las medidas apropiadas que permitan eliminar los anuncios de
prostitución. Estamos hablando de que ha llegado el momento de prohibir esta publicidad y de establecer un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
Termino, señorías, agradeciendo que esta propuesta pueda servir para llegar a un acuerdo a través de una transaccional que apoyaremos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista esperamos que de la sesión de hoy podamos salir con una voz
unida, fuerte, una voz única hacia el camino de la eliminación de los anuncios de prostitución, y que digamos unánimemente que la dignidad de las mujeres no es un negocio.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Montón.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, tal y como se ha indicado por los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, el tema que nos concierne, relativo a la publicidad del comercio sexual o de prostitución, no es novedad en este hemiciclo.
El diputado que les habla, el 30 de octubre de 2009, realizó una pregunta oral a la ministra de Igualdad en la sesión de control relativa a qué pensaba el Gobierno que debía de hacer en torno a los anuncios y publicidad de servicios sexuales y de
prostitución en los medios de comunicación generalista o de tirada general. La verdad es que parece que se abrió la brecha de una batalla que ha de ser social y legal, ambas en coordinación. Después vinieron iniciativas de otros grupos, que
entiendo que enriquecen el debate y muestran claramente que este es un tema que ha pasado de ser de preocupación a ser un tema de ocupación, porque como decía aquel sabio chino, de los problemas hay que ocuparse, no hay que preocuparse. Pero aunque
todos tenemos la responsabilidad política de dar respuesta a las demandas sociales, en este caso es el Gobierno el que tiene no solo la responsabilidad sino, yo diría, la obligación de dar una respuesta veraz y contundente sobre algo que en esta
Cámara ha quedado meridiano: nadie de los que estamos aquí queremos que haya anuncios de comercio sexual en los periódicos. ¿Qué va a hacer quien tiene la responsabilidad de gobierno para que desaparezcan? Me alegran mucho las palabras de la
portavoz socialista, pero creo que llevamos mucho tiempo de su Gobierno, en el que se podría haber avanzado en otra serie de cuestiones, independientemente de que las tareas que ya se están llevando a cabo sean positivas. Por tanto, hay una
unanimidad conceptual y eso es positivo. Ahora es el momento de aprovechar este consenso para buscar la fórmula que sea legal y que a su vez cumpla el deseo de esta Cámara. Señoras y señores, para eso estamos, y como decía el portavoz de Unión del
Pueblo Navarro, las respuestas fáciles no suelen ser a veces las mejores.
Está claro que tampoco nos tenemos que confundir apuntando a la luna y mirando al dedo. Sería pueril pensar que el problema son los anuncios, que son sin duda el reflejo de una realidad que hemos de cambiar. Alguien dirá que allá los
periódicos y su conciencia, pero no podemos legislar sobre la base de ver si se porta bien el personal por voluntad propia.
Creo que tenemos que superar ya ese estadio. Lo que hemos de tener claro es que no podemos ayudar a mantener dentro de la
legalidad la publicitación de una actividad que, independientemente de los criterios morales y éticos de cada uno -y no voy a entrar en ello, porque aunque alguien quiera distorsionar el debate, no va de eso-, es el reflejo que, como poco, genera
interrogantes. ¿Están esas personas anunciadas en régimen de libertad? ¿Son dueñas de su actividad y de sus beneficios? ¿Han decidido libremente o, por el contrario, son personas que han sido captadas en redes de trata, bajo promesas falsas y
quimeras imposibles? ¿Son personas que no tienen posibilidad de dejar de anunciarse? Seguramente no son ellas las que se anuncian a sí mismas, incluso. En el mejor de los casos, aunque sabemos que es un porcentaje muy, muy pequeñito, así y todo
no consideramos que a través de un periódico de tirada general, al que acceden toda serie de personas, incluidos menores, alguien pueda sin cautela alguna observar, conocer e informarse con todo lujo de detalles sobre la venta de servicios sexuales
pura y dura. Por tanto -y no es cuestión de mojigatería, es cuestión de ética social-, esos anuncios deben desaparecer de esos medios. No voy a entrar en si en otros espacios especializados podrían o deberían aparecer, porque ese no es el debate
de hoy. Hoy estamos hablando de lo que estamos hablando, como bien han señalado otros compañeros. Son los medios de comunicación, las cabeceras, las grandes tiradas las que representan el problema de este tema en estos momentos.
El texto que se nos trae -acabo, señora presidenta- no es el original, se ha generado una transacción a la cual
nos vamos a sumar. No nos hubiera importado apoyar el original, lo digo claramente, pero estando siempre por el consenso, en este caso también, optamos por sumarnos a esta mayoría en un asunto que no se puede demorar más y que exige, además
de la autorregulación y buenas voluntades, acciones legales por parte del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, señorías, desde Convergència i Unió agradecemos la iniciativa que hoy nos presenta don Carlos Salvador. No sabemos si es debido al azar que este debate se celebre en fecha cercana al Día
internacional contra la explotación sexual, que es justamente pasado mañana, 23 de septiembre, pero en todo caso nos va a permitir reflexionar y dar un nuevo impulso a la erradicación de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación
generalistas.
Desde Convergència i Unió vamos a posicionarnos teniendo en cuenta varias consideraciones. La primera sería una total sintonía acerca de la conceptuación que tanto los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra como la
exposición de motivos de la iniciativa que estamos viendo han dado acerca de unos anuncios que contribuyen a banalizar, normalizar y promocionar la explotación sexual de las mujeres, que perpetúan estereotipos sexistas de las mismas y denigran su
imagen, atentan contra la dignidad de las mujeres y contribuyen o pueden contribuir a dar salida a la explotación de las mujeres víctimas de la trata, tal como se ha podido constatar en la reciente desarticulación de una de las mafias que trataba
con mujeres; además constituyen un auténtico manual de pornografía con fotos y descripciones sexuales al alcance de todos los menores sin limitación de horarios ni de contenidos.
Una segunda consideración apunta a señalar tanto la anomalía que supone la existencia de estos anuncios en nuestra prensa generalista como el éxito únicamente relativo que han tenido las llamadas a la autorregulación.
Anomalía porque
conviene señalar una vez más que en los países de nuestro entorno los diarios generalistas de prestigio no contienen publicidad de la prostitución. Por lo que se refiere a la autorregulación, que siempre nos ha parecido la medida más respetuosa con
los propios medios, aunque hemos de reconocer y valorar positivamente que algunos medios de diversas corrientes ideológicas no publiquen ya anuncios de prostitución -y aun a riesgo de olvidarme alguno quiero señalar 20 minutos, Avui, Público, La
Gaceta de los Negocios y La Razón-, la autorregulación no ha sido por el momento suficiente para que los anuncios desaparezcan de todos los medios generalistas, que sería lo deseable. Es necesario pues seguir proponiendo nuevas medidas.
Cierto es que tanto la ministra de Igualdad como el presidente del Gobierno -ya se ha señalado hoy aquí- se han comprometido públicamente a trabajar para hacer realidad la retirada de esta publicidad en los medios generalistas y en este
sentido se ha solicitado un informe al Consejo de Estado que, por lo que se nos informa, está en este momento debatiéndose.
La solicitud de este informe nos hace pensar que si del mismo se desprende que nada obsta en nuestro ordenamiento jurídico a
la regulación restrictiva de una actividad no prohibida -como pasa actualmente con la publicidad del tabaco, que está prohibida aunque no lo estén ni la venta ni el consumo del mismo-, si esto es así, se darán desde el Gobierno pasos adelante en
este sentido, pero es únicamente una conjetura, porque de momento no hay ninguna propuesta al respecto. Por ello coincidimos con el grupo proponente y también con buena parte de las enmiendas presentadas por los otros grupos en la necesidad de
seguir adoptando medidas, de dar pasos adelante en la buena dirección, de señalar un camino en el que no haya marcha atrás, medidas para desincentivar a los medios que sigan publicitando la prostitución, para seguir fomentando la autorregulación,
para promover la sensibilización social contra la explotación sexual y los anuncios vinculados a la misma, y medidas para impulsar una línea de actuación del Gobierno para que después de la recepción del informe del Consejo de Estado se pronuncie en
el sentido de que promueva la desaparición de los anuncios a tenor de las pautas que puedan establecerse en el propio informe.
Estas son las líneas de la enmienda transaccional que se nos ha hecho llegar, que al parecer ya han firmado todos los grupos que habían presentado enmiendas y a la que anuncio que vamos a votar afirmativamente desde la consideración de que
significa un paso más, un paso importante en la lucha contra la explotación sexual, con el valor añadido que en este caso supone el importante consenso al que al parecer se va a llegar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.
Señor Salvador, entiendo que hará llegar a la Mesa la transaccional que habrá que someter a votación. (Asentimiento.) Muchas gracias, señor Salvador.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA IMPULSAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER LA TRANSPARENCIA Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000161.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar,
la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Jorquera) sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para favorecer la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional español. El señor Jorquera interviene en nombre de su
grupo y al mismo tiempo defiende la enmienda que ha presentado juntamente con el Grupo Socialista.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, sin pretender reiterar los argumentos expuestos en el debate de la interpelación que da origen a esta moción, permítanme no obstante recordar algunos datos. La deuda total de los clubs de fútbol profesional es
una bola de nieve que sigue engordando.
Mientras temporada tras temporada hay un goteo de noticias que hablan de traspasos multimillonarios, de jugosos pagos de comisiones o de grandes cantidades destinadas al pago de fichas y primas, en la campaña
2008-2009 la deuda de los veinte clubs de primera división ascendía a 3.526 millones de euros. Esa misma temporada solo tres clubs de la primera división cerraron el ejercicio con equilibrio entre ingresos y gastos, una deuda total que otras voces
elevan ya hasta cerca de los 5.000 millones si consideramos el conjunto del fútbol profesional, y todo ello después de que en los años noventa el plan de saneamiento del fútbol español, que contó -es necesario recordarlo- con la colaboración de los
poderes públicos, permitiese saldar una deuda de 35.000 millones de pesetas que arrastraban los clubs en aquel entonces y que contribuyó a recapitalizarlos.
Además, señorías, esta deuda en parte la pagamos todos. No es una deuda que afecte única y exclusivamente al ámbito privado. Cuando digo que esta deuda en parte la pagamos todos no me estoy refiriendo a noticias que también hablan de
ayuntamientos que acuden al rescate de clubs de fútbol profesional, de noticias que hablan de ayuntamientos que propician auténticos pelotazos urbanísticos para que los clubs de fútbol puedan especular con sus terrenos, enjugar la deuda y
capitalizarse. Ocurre, señorías, que los clubs de fútbol profesional tenían en octubre de 2008 una deuda con la Agencia Tributaria de 627 millones de euros y una deuda con la Seguridad Social de 4.912.000 euros, es decir una deuda total con los
organismos públicos de 632 millones de euros, 105.100 millones de las antiguas pesetas. Prefiero traducirlo a pesetas, señorías, para que tengamos en cuenta la magnitud del problema del que estamos hablando. Son 105.000 millones de pesetas, nada
más y nada menos que la mitad del ahorro que el Gobierno estima va a representar a las arcas del Estado la congelación de las pensiones, una medida que afecta nada más y nada menos que a 6 millones de personas, una deuda con los organismos públicos
que además sigue creciendo, como se deriva de las sucesivas respuestas parlamentarias dadas por el Gobierno cuando fue interrogado por esta cuestión.
Señorías, como he enfatizado en representación del BNG en la interpelación que dio origen a esta moción, en absoluto negamos la importancia económica del deporte y del deporte profesional, en absoluto negamos su importancia social.
Reconocemos importantes valores asociados a la práctica deportiva: el fomento del trabajo en equipo, el esfuerzo de sacrificio, de superación, incluido el deporte de masas, el deporte profesional, el deporte espectáculo. En el propio debate de la
interpelación enfaticé que soy un gran aficionado al fútbol, que me une esa pasión que vincula a millones de ciudadanos, pero con 4 millones de parados, con los enormes sacrificios que están soportando amplios sectores de la población, por mucho que
nos guste el fútbol, no es admisible el despilfarro existente en el fútbol profesional, máxime cuando ese despilfarro, insistimos y como hemos expuesto, en parte lo pagamos todos. No se puede apelar a que amplios sectores de la población se
aprieten el cinturón y al mismo tiempo ser tolerante a la hora de exigir a los clubs de fútbol el pago de las deudas que tienen contraídas con los diferentes organismos del Estado y ser tolerante e inhibirse a la hora de exigirles que adopten las
medidas de equilibrio presupuestario que hagan posible el pago de esas deudas. Como tampoco se puede mirar hacia otro lado ante los distintos escándalos que salpican al fútbol profesional y que introducen dudas con respecto a la limpieza de la
competición con noticias que hablan de pinchazos telefónicos que destapan presuntas compras de partidos, con noticias que hablan de jugadores que se justifican diciendo que siempre ha sido así o de denuncias de supuestas compraventas ilegales de
acciones de clubes. Por eso entendemos, señorías, que es necesario poner en marcha nuevas medidas encaminadas a que los clubes de fútbol sufraguen en el menor tiempo posible las deudas que tienen contraídas con los organismos públicos y, en
particular, con Hacienda y con la Seguridad Social.
También creemos, señorías, que hay que utilizar esta exigencia del pago de sus obligaciones con los organismos públicos para, a través de un proceso de diálogo con la Liga de Fútbol Profesional, instar al mundo del fútbol a que adopte las
medidas necesarias para introducir racionalidad y mesura porque de eso se trata, de racionalidad y de mesura, adoptando aquellas medidas de control que aseguren el equilibrio presupuestario y la solvencia de los clubes para realizar los fichajes y
cubrir las remuneraciones de los jugadores, estableciendo, por tanto, si fuese necesario, límites en el gasto por estos conceptos. Es necesario también demandar de todos los responsables de ejercer la potestad disciplinaria en el fútbol profesional
la máxima celeridad y contundencia para investigar, sancionar, si hubiese lugar, y corregir las posibles irregularidades que pongan en cuestión la limpieza y la transparencia de la competición. Es una cuestión, señorías, simplemente de moralidad
social. En ese sentido tengo que decir que creo que en el proceso de diálogo previo al debate de esta moción hemos llegado a un acuerdo satisfactorio con el grupo que da soporte
al Gobierno, con el Grupo Socialista, que avanza en la dirección que acabo de exponer.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, quiero manifestar la coincidencia del BNG con las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya, pero entendemos que van más allá del objeto de
esta moción. Por tanto, convidamos a Esquerra Republicana de Catalunya a que en futuras iniciativas dé forma de iniciativa propia a estas enmiendas que tendrán nuestro apoyo.
Con respecto a la enmienda propuesta por el Grupo Popular, estamos total y absolutamente de acuerdo en que es necesario cuanto antes presentar a esta Cámara un proyecto de ley del deporte profesional que tenga en cuenta las conclusiones
adoptadas en el seno de la subcomisión, pero entendemos que no se puede referenciar la solución de estos problemas a esa futura ley. Es necesaria, pero el Estado ya tiene mecanismos para avanzar en esta dirección.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jorquera, por favor, termine.
El señor JORQUERA CASELAS: Ya concluyo, señora presidenta.
Si esa enmienda no fuese una enmienda de sustitución y fuese una enmienda de adición al texto que hemos pactado el Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Socialista, por supuesto que estaríamos totalmente dispuestos a incorporar también al
Grupo Popular a esa transacción porque entendemos que en un tema tan importante como este es necesario el acuerdo de todos.
Recabo el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Domínguez González.
El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, permítanme que desde este lugar de privilegio mis primeras palabras vayan como felicitación a la selección española de fútbol por ese triunfo tan deseado por todos o casi todos los españoles, por ese triunfo que
tanto se ha hecho esperar y que definitivamente hemos podido brindar en cada uno de los rincones de nuestro país.
Dicho esto, tengo también que declarar en el día de hoy que hay muchas cosas que me llaman la atención y todo no será porque no existen motivos para enmendar o sacar adelante alguna moción ante un Gobierno como el del Partido Socialista.
Ciertamente hay muchas otras iniciativas que podrían ser motivo de moción, de interpelación y de otras iniciativas que nos lleven adelante en todo este trabajo. Lo digo porque cuando todos esperábamos con ansia el proyecto de ley que será remitido
por el Gobierno viene usted y, sin esperar a la propuesta gubernamental -que confiamos en que de una vez sea buena-, se adelanta con esta moción que me permito calificar de absolutamente injustificada por innecesaria. Pero las sorpresas no solo
vienen del señor Jorquera, también vienen del Gobierno. ¿A qué se debe que el interlocutor válido haya sido el vicepresidente tercero del Gobierno? ¿Acaso estamos hablando de una materia de política territorial? Más aún cuando de las palabras del
presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, se puede deducir que toda aquella materia vinculada al deporte es su responsabilidad directa; no en vano ha transferido las competencias desde el Ministerio de Cultura hacia la Presidencia.
¿Será que el presidente solo está para sumarse a los éxitos y aparecer en las fotos junto a nuestros deportistas? ¿O será que no conoce los asuntos y el trabajo que nos ha llevado esta laboriosa Subcomisión del Deporte Profesional?
Señorías, desde el primer día que llegué a esta casa, al Congreso, continué con el magnífico trabajo de mi compañero Paco Antonio en esta subcomisión del Deporte Profesional. Es una subcomisión que escuchó multitud de enriquecedoras
comparecencias y que se documentó lo suficiente para poder entregar esas conclusiones el pasado día 26 de mayo en la Comisión. En dichas conclusiones se plasmó un acuerdo mayoritario al que PNV y CiU han presentado votos particulares y que ha dado
lugar al debate de múltiples cuestiones de bastante fundamento e importancia: definición del deporte y del deportista profesional; regulación de las apuestas por Internet; mejora de la articulación de las competencias entre las federaciones
deportivas, las ligas profesionales y las administraciones públicas; sistema de supervisión económico-financiera y, en este caso, profundizamos bastante en decir sí o no a un órgano independiente de control; liberar las fórmulas asociativas, ya
que en el pasado se hacía una apuesta por las sociedades anónimas deportivas y se ha concluido que no es ni la única ni la mejor fórmula asociativa, sino que lo importante es que se cumplan los requisitos económico-financieros; reformular la
situación de insolvencia de las entidades deportivas profesionales; y así un largo etcétera. Me pregunto, señor Jorquera, dónde estaba usted ese día y por qué en ese momento no presentó usted votos particulares a esas propuestas, como lo hicieron
otros grupos, si no estaba de acuerdo con todas esas conclusiones.
En su moción habla de limitar la inversión y los sueldos de los clubes o sociedades. Como usted ha dicho, nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución al punto segundo de esa moción o de la enmienda conjunta presentada por usted y
el Grupo Parlamentario Socialista. Ante esta situación le pedimos al Gobierno la máxima celeridad posible para la presentación ante esta Cámara de ese proyecto de ley, porque lo lógico es esperar a ese proyecto para entrar en un debate más profundo
y certero.
Es la mejor forma de conseguir que se regule no solo el fútbol, sino todo el deporte profesional
en su máxima expresión sin parches como los de hoy. Emitir juicios etéreos sin un proyecto jurídico en las manos nos parece temerario. Aún así, hemos llegado a ese principio de acuerdo e incorporaremos como enmienda de adición ese punto de
solicitud al Gobierno para que traiga lo antes posible esa propuesta para el debate. Aún más, consideramos oportuna esa incorporación ya que servirá como toque de atención al señor Lissavetzky, quien seguro está más pendiente de otras cuestiones,
que me imagino que todos tendrán en mente, que de la presentación de este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Domínguez.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.
No voy a entrar a valorar la oportunidad o no de la presentación de la moción por parte del grupo del señor Jorquera, pero como se han hecho muchas alusiones, como persona vinculada a la gestión deportiva desde hace mucho tiempo -desde los
ya tan lejanos Juegos Olímpicos de Barcelona-, me parece siempre oportuno sacar a colación determinados temas. Yo creo que hoy el señor Jorquera, tanto en la interpelación como en la presentación de la moción, ha puesto el dedo en diversas llagas,
y eso siempre acaba resultando higiénico. Ha hablado de posible corrupción y ha hablado de endeudamiento reiterado de los clubes. Yo podría añadir que los ejemplos son muy visibles, sencillamente cambiándose una letra, desapareciendo y
refundándose, se ha dejado en la estacada a centenares de pequeños proveedores y de jugadores de futbol. En definitiva, creo que el tema es fundamentalmente grave y que por tanto todo es positivo si contribuye a arreglarlo, aunque sea con algunos
parches. Evidentemente también el perjuicio a las arcas públicas -ya lo ha puesto en relieve-, dinero que no se ha ingresado y debería haberse ingresado, dinero recibido por parte de federaciones, que son entidades privadas pero subvencionadas con
dinero público, y que culminó en el detalle de que, más allá de los hechos deportivos a los que se ha referido el Partido Popular, esas primas multimillonarias por cumplir con un objetivo deportivo escandalizaron a bastantes ciudadanos de este país.
La respuesta del vicepresidente, más allá de si tenía que darla él o no, en cualquier caso fue la esperada: las medidas están en marcha. El texto de la moción, como ya se intuye, lo compartimos, pero pensamos que se puede y se debe ir un poco más
allá. Al margen del deporte profesional es evidente que hay otro deporte que siempre suele estar muy mal financiado, el deporte escolar, y especialmente el no competitivo, el deporte de las personas con discapacidad y, por tanto, pensamos que
podríamos introducir, y deberemos plantearlo al final en otro tipo de iniciativa, lo que podríamos llamar un elemento de corrección social. Ya sabemos que es difícil no solo en un mercado libre como el fútbol, sino también en otros deportes y por
ello creemos que sería bueno destinar -y en ese sentido va dirigida una de nuestras dos enmiendas fundamentalmente- un porcentaje en los traspasos y en la masa salarial de los jugadores profesionales y de los clubes -sobre todo los más importantes
económicamente- a promoción del deporte no competitivo en edad escolar y, sobre todo, en personas con discapacidad. Tenemos muchos ejemplos de otros países que lo han conseguido. Cuando se habla de limitar salarialmente los topes de los jugadores
profesionales tenemos que mirar hacia Estados Unidos, que hace mucho tiempo que lo ha puesto en práctica con resultados que para algunos resultarían sorprendentes.
La segunda enmienda va dirigida a recordar que no solamente las arcas públicas del Estado quedan a veces mermadas por los impagos, sino que también las arcas de otros organismo autonómicos, aunque les afecte seguramente en menor medida y,
como ha comentado hoy el señor Jorquera, estamos hablando de instar a ello al Gobierno. Por tanto celebramos que al menos podemos compartir el éxito de la transacción, aunque pensamos que hay que ir más allá, y recogiendo lo que usted ha comentado
-yo en privado ya lo había dicho- presentaremos una iniciativa en el sentido que estaba explicando porque pensamos que el deporte profesional puede ayudar mucho al resto del deporte; las cifras son realmente apabullantes cuando se observa en
general la escasa inversión en el Estado español a ese otro deporte no profesional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
Para defender la enmienda firmada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pezzi.
El señor PEZZI CERETO: Señora presidenta, señorías, puede que en esta Cámara haya algún diputado o diputada que no sea aficionado o aficionada al fútbol o no lo siga habitualmente, pero no me negarán que el fútbol nos impregna todo, nos
rodea queramos o no. Todos hemos vivido con especial atención el Campeonato del Mundo de Sudáfrica y el brillante papel de nuestra selección al ganar esta competición. Asimismo es difícil no recordar noticias de posibles huelgas de futbolistas, de
la eliminación del privilegio fiscal de la llamada Ley Beckham para que todos los futbolistas tributaran como cada hijo de vecino. ¿Cómo podemos olvidar que el argentino Messi tiene un esguince provocado por una escalofriante entrada del checo
Ujfalusi, que el juez ha embargado a Lopera bienes y las acciones de Betis, que el Recreativo solicita acogerse a la Ley Concursal o cientos de noticias sobre Del Bosque, Guardiola, Mourinho y muchos más?
El deporte en general, y en particular el fútbol, sobre todo el profesional, está en nuestras vidas, como también el baloncesto, la Fórmula 1, el motociclismo, el tenis, el golf, el atletismo y otros deportes que ocupan a diario una gran
parte de las conversaciones de los españoles y espacios en medios de comunicación, en gran medida porque somos una potencia mundial en competiciones deportivas y estamos en primera línea, en la élite en muchos deportes. Somos, si me lo permitís,
señorías, un poco Guardiola o Casillas, pero también Alonso, Nadal, Lorenzo, Pedrosa, Gasol y un largo etcétera. El deporte ha ocupado a esta Cámara y casi siempre se han conseguido consensos muy amplios para tramitaciones legislativas, como la Ley
contra la violencia en el deporte o la Ley de lucha contra el dopaje en el deporte. El último esfuerzo de consenso lo hemos hecho a lo largo de un año en la subcomisión de Deporte Profesional en España, en la que hemos pedido hacer una nueva Ley
del deporte profesional y hemos pedido también organizar este deporte de una manera razonable.
En la subcomisión se planteó asimismo el establecimiento de límites legales a los sueldos de los jugadores de fútbol con fórmulas parecidas a la de la liga inglesa, la Premier. Por cierto, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional
española en declaraciones al Financial Times ha señalado que los clubes españoles están dispuestos a aceptar límites a los salarios de sus jugadores equivalentes al 70 por ciento de los ingresos del club. Con esto quiero señalar que la enmienda
presentada conjuntamente por el BNG, señor Jorquera, y el Grupo Socialista responden claramente al trabajo realizado en la subcomisión de Deporte Profesional en España y al impulso de la opinión pública, que está preocupada por los casos de
corrupción de compras de partido o actuaciones inasumibles en un Estado de derecho avanzado como el nuestro. Nosotros queremos fútbol de calidad, queremos ser los mejores del mundo, pero queremos erradicar cualquier sospecha de irregularidades y
que se investiguen, sancionen y corrijan inmediatamente y con contundencia. Y queremos que se haga en el ámbito administrativo, llegando hasta el Comité Español de Disciplina Deportiva, pero también aplicando a rajatabla el nuevo artículo 286 bis.
4 del Código Penal, conforme al cual se castigarán con penas de hasta cuatro años los sobornos protagonizados por los miembros y colaboradores de entidades deportivas y por los deportistas y árbitros, encaminados a predeterminar o alterar el
resultado de un prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que tenga carácter profesional. Ambos caminos, el administrativo y el penal, están plenamente en vigor.
Apliquémoslos rigurosamente.
En cuanto a la economía del fútbol, queremos que la nueva Ley del deporte profesional regule cuidadosamente todas esas facetas, y que lo haga supervisando y controlando el uso de la economía de los clubes para que no pueda haber impagos a
los jugadores, para que no pueda haber impago a la Seguridad Social, para que no pueda haber impago a la Agencia Tributaria. Nos parece que la moción enmendada del señor Jorquera reúne requisitos para recordar de nuevo el camino que hemos iniciado
con la subcomisión de Deporte Profesional. Agradezco esa iniciativa y también el consenso que hemos realizado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Pezzi.
Para defender la posición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora vicepresidenta.
Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, y estamos de acuerdo en sus términos. Eso no quiere decir que no vayamos a votar esa autoenmienda que han presentado junto con el Partido
Socialista, pero estamos de acuerdo en esos términos porque esto no es un debate nuevo y nuestra posición fue explicitada ya en la subcomisión, en la que decíamos que compartíamos muchas de las observaciones del documento aprobado por la subcomisión
pero que había cierta ambigüedad en algunos temas. Digo literalmente lo que proponíamos: el fútbol es hoy en el Estado español una gran burbuja económica que produce un fuerte endeudamiento contra el que no se están tomando medidas legislativas o
de otro tipo. De manera que situaciones con consecuencias evidentes en ámbitos diferentes del deporte quedan sorprendentemente impunes; ni hay consecuencias civiles ni penales ni deportivas. Por una parte, un país en una situación económica como
la del Estado español no puede ni debe permitir tal despilfarro económico. Si no se toman medidas, el sistema será insostenible, con muchas plantillas de segunda división y alguna de primera que ya hoy no cobran sus haberes. Por otra parte, la
situación resulta una competición viciada, porque hay determinados clubes que no cumplen con la normativa fiscal o contractual sin que repercuta en su situación deportiva.
Por último, los cuantiosos desembolsos económicos de los clubes más poderosos han llevado a una carrera en el gasto a la que se han sumado la mayoría de los clubes por encima de sus posibilidades, en un comprensible afán de lograr un nivel
competitivo para hacerse con los servicios de jugadores con altísimo caché. Ello está creando una situación de inflación en el mercado que a buen seguro produciría unos resultados similares con la mitad del gasto actual. En este sentido, sería
bueno plantearse la posibilidad de salary caps, de límites salariales, más allá de un posible límite porcentual en razón del presupuesto de cada uno.
Asimismo que fuera la liga profesional, a manera de muchos lugares en Europa, quien negociara el
conjunto de los derechos audiovisuales y no los clubes uno a uno, lo que probablemente redundaría en un mejor acuerdo, pero también en una mayor proporcionalidad en el reparto de beneficios. Esto es lo que propusimos y desgraciadamente nos quedamos
absolutamente
solos. Hoy va a tener usted más éxito y creo que va a salir adelante la iniciativa. Pero volvemos otra vez a las suavidades, a las medias tintas, al ya veremos.
En estos momentos en los que todas las administraciones y las empresas están apretándose el cinturón, aquí parece que hay un sector que es inasequible al desaliento y que está excluido de absolutamente todo lo que le pasa al común de los
ciudadanos. Eso es el fútbol profesional en España. En mayo pasado se señalaba que los veinte clubes de Primera División de la liga sumaron, en la temporada 2008-2009 -ya hace un tiempo y esto ha crecido-, 3.526 millones de euros de deuda frente a
3.490 de la temporada anterior. Ahora es todavía mayor. Mientras esto sucede, los ingresos descienden alarmantemente. Deuda, 5.000 millones de euros una y otra división, de los que 3.400 corresponden a Primera División. Cuando entró en vigor el
sistema de las SAD, las sociedades anónimas deportivas, la deuda era de tan solo 172 millones de euros; de 172 a 5.000 millones.
Hay clubes en auténtica quiebra; algunos de ellos con un 159 por ciento con respecto a su patrimonio de deuda; otros
en suspensión de pagos; clubes que no pagan a los jugadores; y encima, a finales del año pasado, hace aproximadamente un año, en noviembre, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional se permitía solicitar a esta Cámara que se generaran una
serie de beneficios fiscales, de manera que el IVA de las entradas a los eventos deportivos del fútbol profesional tributara a un tipo más bajo. Esto no es serio cuando hay unas deudas importantes con Hacienda y con la Seguridad Social. Hay que
decirlo alto y claro: si no se toman medidas, el sistema va a ser insostenible. Muchas plantillas ya no cobran hoy sus haberes. Además, la situación deportiva resulta viciada, porque hay clubes que no cumplen ni con la normativa fiscal ni con la
contractual y, sin embargo, esto no repercute en absoluto en la situación deportiva. No pasa nada. Cumpla usted con la ley o no cumpla esto no va a repercutir en absoluto ni en un procedimiento penal ni en la situación del club. Deudas a la
Seguridad Social, a Hacienda, a otros clubes y no ocurre nada.
Voy acabando, señora vicepresidenta. No puede ser que no haya consecuencias civiles ni penales ni deportivas de ningún tipo. Los dirigentes no responden con su patrimonio. Pueden hacer cualquier barbaridad y aquí no pasa nada; suspensión
de pagos y, como algún dirigente decía, esta es la mejor solución que le puede suceder al club.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por eso nuestra propuesta era poner salary caps y no con estos porcentajes. A alguno le parecerá, incluso,
pequeño, señor Pezzi. No, la liga profesional le ha ofrecido que el 70 por ciento de su presupuesto se gastaría en salarios. ¡Le parecerá poco! Seguro que con tres o cuatro cracs menos en la liga española esto no perdería mucha calidad. Aquí
estamos discutiendo sobre bajadas de salarios, sobre quitar ayudas al Tercer Mundo, hasta de miles de millones menos en inversión pública y, sin embargo, por un jugador se pueden pagar 40 u 80 millones, pagar un dineral a jugadores de la selección
deportiva española y aquí no pasa nada. Eso, a toda la ciudadanía le parece normal.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Si no dice nada nadie, y los clubes y la Liga de Fútbol Profesional desde luego se van a mirar unos a otros pero no lo van a decir, esa tarea corresponde a esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) doña Montserrat Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción del Bloque Nacionalista Galego nos permite entrar en un debate ciertamente interesante, que ya estuvo presente en gran parte de las sesiones de trabajo de la subcomisión de Estudio de la Situación del Deporte Profesional
en España, tal y como han mencionado los portavoces que me han precedido. Y este no es otro tema que el de la transparencia y contención en el gasto en el fútbol profesional español o, en definitiva, la economía del fútbol profesional y sobre todo
su gestión.
Dejando a un lado las anecdóticas preferencias deportivas de cada uno, la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego coincide con un debate abierto en los últimos tiempos relativo a las importantes cantidades que se pagan en el fútbol, que se
contradicen con la actual coyuntura económica, así como con la situación financiera de muchas entidades deportivas. Sabemos que en estos momentos es complicado justificar determinados costes en los fichajes en el fútbol en comparación con la
necesaria contención que intenta predicarse en gran parte de otros sectores de nuestra economía y también de la Administración. Así en ocasiones da la impresión de que en el mundo del deporte, y muy especialmente en el fútbol, los principios que
rigen no van acompasados con la situación que impera en nuestra sociedad. En ocasiones incluso podría afirmarse que desde un punto de vista moral o ético esto es difícilmente comprensible o justificable.
Ahora bien, no podemos olvidar que estas
decisiones son tomadas en el ámbito de lo privado, es decir, son sociedades anónimas deportivas o clubes los que afrontan la decisión del gasto. Son esas entidades, sus representantes, los que, en definitiva, llevan a cabo la gestión económica que
creen más conveniente, aunque ello no es tampoco excusa para que el Gobierno o la Administración miren hacia otro lado. Porque el mundo del deporte tiene una vertiente de interés social que excede de lo meramente privado, sobre todo cuando la
propia Administración pública -como se ha dicho anteriormente- da apoyo económico a determinadas entidades deportivas para ayudarlas a paliar sus dificultades, que en algunos casos -como bien saben- son
derivadas precisamente de gestiones económicas más que dudosas, asumiendo gastos excesivos a sus posibilidades reales.
Por tanto, todo ello nos conduce a un debate interesantísimo que no es otro que el papel que debe asumir la Administración pública o el Gobierno ante esta situación compleja y, si es posible, tomar medidas al respecto.
Es aquí donde el
Bloque Nacionalista Galego pretende tres medidas. Una primera referente a la pronta liquidación de la deuda de determinadas entidades deportivas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Evidentemente, no podemos decir otra cosa,
compartimos plenamente este objetivo. De hecho, ni tan siquiera debería estar esta propuesta en una moción o una proposición no de ley, porque ya se da por supuesto que tiene que ser así, que tienen que cumplirse y aplicarse igual para todos las
exigencias de la Administración Tributaria y de la Seguridad Social.
Otra medida sería la de promover límites en los fichajes y remuneraciones de los jugadores, debiendo siempre cumplir con las obligaciones de pago a la Agencia Tributaria y a la
Seguridad Social, es decir, que se cumplieran esos condicionantes en cualquier caso. Nosotros estamos por ese debate, creemos que es necesario que haya ese equilibrio presupuestario al que se hace referencia en la moción. Creemos que pueden
emprenderse acciones desde el Gobierno en ese sentido para que tanto los clubes como en general las entidades deportivas asuman esos principios de equilibrio presupuestario sin que haya una injerencia excesiva o un intervencionismo excesivo en esas
entidades porque, como hemos dicho anteriormente, los valores que imperan en las entidades deportivas exceden en muchas ocasiones de lo estrictamente privado. En este punto en los trabajos de la subcomisión salieron a colación otras cuestiones, por
ejemplo, la gestión de los derechos audiovisuales, otro punto que es fundamental en la situación financiera de las entidades deportivas porque, como muy bien saben todos ustedes, la principal fuente de financiación en estos momentos son precisamente
los ingresos derivados del cobro de los derechos audiovisuales. Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento en el cual se podría incidir para conseguir finalmente el equilibrio presupuestario y que los gastos se ajustaran a la realidad de la economía y
de las entidades deportivas.
El señor PRESIDENTE: Señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: En definitiva, entendemos que la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, igual que la enmienda transaccional que ahora nos proponen, cumple con los objetivos o las conclusiones aprobadas y apoyadas
por nuestro grupo parlamentario en los trabajos de la subcomisión y por lo tanto desde aquí anunciamos que les vamos a dar nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Señor Jorquera, entiende la Presidencia que desea que su moción sea votada con la enmienda conjunta firmada por S.S. y el Grupo Socialista.
El señor JORQUERA CASELAS: Vamos a presentar una transacción sobre la base de la enmienda conjunta presentada por el BNG y el Grupo Socialista que incorpora como añadido, no como sustitución, la enmienda presentada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Si va a ser transaccional le ruego que la haga llegar a la Presidencia por escrito.
El señor JORQUERA CASELAS: Sí, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR UNA RECAÍDA DE LA ACTIVIDAD Y DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. (Número de expediente 173/000164.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar una recaída de la actividad y del empleo en el sector de la automoción.
Para su defensa tiene
la palabra don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha planteado una moción consecuencia de una interpelación urgente que hacía referencia a las medidas que tenía que adoptar el Gobierno para
evitar la recaída de la actividad y del empleo en el sector de la automoción, y básicamente lo hemos hecho basándonos en unos datos muy relevantes y que producen escalofríos cuando se les presta atención. Si analizamos la evolución del sector del
automóvil desde el año 2007 al año 2010 vemos que los resultados son espectacularmente negativos. Por ejemplo, se van a dejar de producir más de 600.000 vehículos, se matricularán casi 900.000 coches menos, se van a perder 150.000 empleos y se van
a recaudar 3.200 millones de euros menos en concepto de IVA y de impuesto especial sobre la matriculación. Si hacemos la extrapolación y comparamos los datos del año 2010 respecto a los del año 2009 -cuando, como ustedes saben, ya se pusieron en
marcha las ayudas del Plan denominado 2000E- vemos que también son realmente espectaculares. Creemos sinceramente que valdría la pena prestar atención para evitar que vayamos en la
dirección del precipicio. Las previsiones son las siguientes, señorías: se prevé que para el año 2010 exista una disminución de ventas de vehículos de 160.000 unidades aproximadamente; también existe la previsión de que en el año 2010
respecto al año 2009 los ingresos caerán en picado en 435 millones de euros en concepto de IVA e impuesto de matriculación, y asimismo se calcula que en 2010 respecto a 2009 se perderán alrededor de 40.000 puestos de trabajo. Por lo tanto,
señorías, queremos evitar que se dejen de vender 160.000 unidades, que la Hacienda pública pierda una recaudación de 435 millones de euros y que se destruyan 40.000 puestos de trabajo, y por eso hemos planteado que para este cuatrimestre exista una
prórroga del Plan Prever. Por cierto, en cuanto a este plan, ya aprobamos en su día con todos los votos menos con los del Grupo Parlamentario Socialista una iniciativa del Grupo Popular y otra de Convergència i Unió en las que se planteaba al
Gobierno que en este segundo semestre era necesario implementar la prórroga del Plan Prever; prórroga que no se ha implementado. Dado que las cifras son espectacularmente negativas, creemos que valdría la pena que el Gobierno tomara conciencia de
que para este cuatrimestre debería poner encima de la mesa la cantidad de 60 millones de euros para que se puedan implementar unas ventas de 150.000 unidades, se pueda incrementar la recaudación en casi 350 millones de euros -que en caso de no
aprobarse estas medidas va a perder Hacienda- y que pudiéramos evitar que alrededor de 20.000-25.000 personas -no 40.000- puedan pasar de una situación de empleo a una situación de paro. Por este motivo pedimos esta prórroga para este cuatrimestre
a fin de evitar que los datos del sector del automóvil sean catastróficos y, lo más importante, señorías, para que en el año 2011 no se caiga en una tendencia negativa de la demanda y estos datos sean peores que los del año 2009. Nosotros creemos
en el sector del automóvil y en el sector de los componentes. Entendemos que el sector del automóvil ha de continuar siendo una de las industrias relevantes e importantes de la economía española, y por eso hemos planteado una iniciativa que
entendemos que el Gobierno ya tendría que haber puesto en marcha y una vez más ha hecho caso omiso de dos iniciativas parlamentarias que, repito, presentamos en su momento el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario
Popular.
Hay un segundo aspecto importante, que es aprobar un plan integral de la política industrial del año 2020, un nuevo plan de competitividad del sector de la automoción, incorporando a las empresas fabricantes y a los proveedores de
componentes de la industria y de la automoción, operadores logísticos y gestores de infraestructuras, así como la industria de dos ruedas. Este es un aspecto que creemos sinceramente que el Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al
Gobierno, no tendría que tener ningún inconveniente en aprobar y al que se refiere el punto 2.
Hay un tercer punto, importantísimo a nuestro entender, que se refiere a impulsar con urgencia, de acuerdo con el sector de la distribución de los automóviles, una solución para satisfacer todas aquellas operaciones vinculadas con el Plan
2000E que por problemas en la tramitación de su acreditación no fueron beneficiadas por el mencionado plan. Hay muchísimas compañías del sector de la distribución que dieron la ayuda que les correspondía a las diferentes comunidades autónomas y la
adelantaron para no perder ventas, y ahora, por razones informáticas u organizativas, siempre por culpa de la Administración del Estado, que no pudo implementar logísticamente este plan al cien por cien, esos distribuidores han adelantado el dinero
y la Administración es acreedora de estas ayudas.
Señorías, esta es una moción para evitar que mucha gente vaya al paro y que se pierdan puestos de trabajo y para conseguir que la Hacienda pública pueda recaudar más impuestos. Nos han presentado una serie de enmiendas que, para poder votar
separadamente los tres puntos, no vamos a aceptar, no porque no estemos de acuerdo con ellas, sino para intentar al menos salvar alguno de los puntos relevantes de la misma.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Celso Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para posicionarnos sobre la moción derivada de la interpelación que la pasada semana formulaba la diputada Inma Riera sobre el sector de
la automoción; un sector que tanto preocupa a este grupo parlamentario, como hemos venido manifestando a través de numerosas iniciativas en esta legislatura, muchísimas de ellas aprobadas.
Recordemos que la red de comercialización ha perdido en los dos últimos años la venta de 600.000 unidades, que desde que comenzó la crisis han desaparecido más de 30.000 puestos de trabajo entre los vendedores y cerca del 10 por ciento de
las pymes concesionarias y que la actual pérdida de ventas podría llevar al paro a un número de entre 10.000 y 20.000 personas hasta final de año. Pues bien, desde el Grupo Parlamentario Popular llevamos muchos meses advirtiendo de que el
encarecimiento que iban a sufrir los vehículos como consecuencia de la subida del IVA y del fin de estas ayudas iba a provocar un brusco desplome en el mercado de particulares, lo que acarrearía que se pudieran dejar de vender no menos de 160.000
unidades en esta segunda parte del año, y decíamos al mismo tiempo que lo único que podría salvar esta situación sería la prórroga de las ayudas directas hasta fin de año.
Lamentablemente, se han cumplido nuestras previsiones. En agosto de 2010
cayeron las ventas de coches un 23,8 por ciento, que llegaron al 37 por ciento en el mercado de particulares, y en la primera quincena de septiembre se han matriculado un 25,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.
Recientemente escuchamos aquí las respuestas del señor ministro, que presumió de un plan VIVE que fue un auténtico fracaso -hasta mayo de 2009 el mercado español tenía un retroceso del 42,7 por ciento-, después nos ha dicho que las ayudas del Plan
2000E nacieron con un marcado carácter temporal y que por eso no se podían prorrogar, pero olvidó decir que en los países de nuestro entorno estas ayudas han mantenido una vigencia de dieciocho meses, mientras que en España solo han tenido una
vigencia de doce meses y que se han retirado de un modo unilateral. El señor ministro argumentó también algo increíble: que el 85 por ciento de las ayudas del Plan 2000E se destinarían a crear empleo fuera de España porque importamos el 85 por
ciento de los vehículos. Pero ¿en qué quedamos, fueron buenas o no las ayudas del Plan 2000E? Claro que fueron buenas. Según Anfac, la Asociación de fabricantes de vehículos españoles, desde que se pusieron en marcha se incrementó en 100.000
unidades la venta de los turismos fabricados en España y destinados a nuestro mercado. Por lo tanto, se incrementó la cuota de producción nacional que se vendía en España. Desde el punto de vista de la distribución, las ayudas del Plan 2000E
generaron en el año 2009 una demanda adicional de 130.500 vehículos y en el primer semestre del año 2010, de 110.000; en total, 240.500. La pregunta es: si estas ayudas fueron buenas mientras el Gobierno las tuvo y se seguían produciendo los
mismos efectos en relación con los países de Europa, ¿por qué ahora el señor ministro argumenta en sentido contrario? Es absolutamente insostenible su argumento y, desde luego, es contrario al sentido común y a la lógica. Argumentó también que
estas ayudas generaban déficit público, pero el señor ministro obvió un dato, y es que por cada vehículo que se vende se recaudan vía impuestos y tasas 3.200 euros, nada más y nada menos. Por tanto, no son ayudas a fondo perdido, sino ayudas que
generan retorno, que generan recaudación.
Señorías, el mantenimiento de estos incentivos evitará la destrucción de miles de puestos de trabajo y producirá retornos fiscales que estimamos en el segundo trimestre de un total de 790 millones de euros si se saben gestionar adecuadamente
los programas. En definitiva, señorías, el señor ministro nos dijo que seguiríamos vigilantes y que si los demás países de Europa pusieran en marcha estas ayudas quizás él se animaría a hacernos caso. Nosotros pensamos que no, que es el momento de
reaccionar y no esperar a que se siga desplomando más el mercado. Ya tardaron estas ayudas en implementarse y los efectos se dejaron sentir. Desde luego, la recuperación de la venta y de la producción como consecuencia de su implantación fue, como
dije antes, muy clara. Por eso nuestro grupo parlamentario va a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y como la quiere mejorar ha introducido un par de enmiendas. En el primer punto pretendemos es decirle a
esta Cámara: Señorías, lo que vamos a votar aquí ya está aprobado. Está aprobado en concreto el 27 de abril de 2010, en esta Cámara, a través de dos iniciativas, una de Convergència i Unió y otra del Partido Popular, y el Gobierno socialista,
desoyendo los mandatos de esta Cámara, no las ha puesto en marcha. Hoy vamos a votar aquí y podemos llegar a aprobar esto mismo. ¿Será nuevamente respetado por el Gobierno? Esperemos que en esta ocasión sea así. Finalmente pedimos que se esté
muy pendiente del reembolso a los concesionarios de las ayudas que en su momento adelantaron. Por todo eso, señorías, vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Es innegable, señorías, que el sector de la automoción es uno de los pilares básicos, como se ha dicho, de nuestra economía y es un sector estratégico por su peso en el PIB y en las cifras de ocupación. Es un sector que resulta
especialmente importante para Cataluña y también ha sido clave en el proceso de industrialización del Estado español. No obstante, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, no vemos necesario prorrogar las ayudas a dicho sector, aun admitiendo
que han tenido efectos muy importantes en la demanda y en la venta de vehículos en tiempos de aguda crisis económica. Ningún país de la Unión Europea ha prorrogado las ayudas impulsadas en su día para estimular la demanda, ni tampoco a día de hoy
existe ninguna comunidad autónoma que haya solicitado formalmente su renovación; recordemos que financian parte de este plan. Hemos de tener presente que, efectivamente, casi el 85 por ciento de los vehículos fabricados en el Estado español se
vende en el mercado exterior y por tanto la ocupación de este sector apenas tiene que ver con la demanda interna. Además, un programa de ayuda al sector debe tener una limitación muy clara, por ejemplo, el Gobierno de Cataluña ya ha estimulado la
compra de vehículos durante un año y tres meses, de mayo de 2009 a julio de 2010, habiendo aportado 40 millones de euros entre el Plan 2000E, Autocat y MotoE, y pensamos que no puede prorrogarse indefinidamente en el tiempo, entre otras cuestiones,
por la mermada tesorería de las comunidades autónomas y del Estado. Las necesidades de contención del déficit del Estado español y la obligación de reducción del gasto público hacen necesario que seamos muy cautos en el otorgamiento de ayudas. Por
tanto, no podemos votar favorablemente el primer apartado de la moción por lo que acabo de indicar; por ello hemos
presentado una enmienda de supresión de ese párrafo. En cambio, sí consideramos posible votar favorablemente los dos apartados subsiguientes de la moción y esperamos a ver si la votación es por separado o no para tomar la decisión
definitiva.
Es cierto que ha habido algunos problemas técnicos de funcionamiento del PlanE en su acreditación que han impedido que personas beneficiarias del citado plan hayan obtenido las ayudas. Estimamos necesario que reciban esas ayudas, pues de lo
contrario estaríamos cometiendo agravio comparativo y tratando de manera desigual a aquellas personas que, gozando de idénticos requisitos, sí obtuvieron las ayudas del plan. Por tanto, y a pesar de que existe un compromiso en el Ministerio de
Industria con el sector para estudiar la posibilidad de que se otorguen finalmente estas ayudas, creemos necesario apuntalar este compromiso con un mandato parlamentario. De igual manera, nos posicionamos a favor de la necesidad de reforzar el
compromiso del ministro de renovar el Plan de competitividad del sector para 2011 en la línea ya conocida de apoyar sectores estratégicos para fomentar las empresas industriales de automoción, la optimización de los procesos y la orientación de la
producción hacia productos de mayor valor añadido, más sostenibles y más seguros, que son los objetivos del plan y es hacia donde se debe encaminar toda política industrial, es decir, en la dirección de crear valor añadido, apostar por la innovación
y el desarrollo, que es uno de los aspectos que desde nuestro punto de vista más destacan de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No votaríamos el primer punto, pero si la votación fuese separada votaríamos
favorablemente los otros dos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra para la defensa de su enmienda doña María José Fernández Aguerri.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Gracias, señor presidente.
Como han apuntado muy bien los intervinientes que me han precedido, el sector industrial es muy importante para todos los grupos de esta Cámara, para el nuestro también, y especialmente el sector de la automoción, que representa el 6 por
ciento de nuestro PIB. Y es importante por el potencial que tiene en I+D+i, en empleo, en generación de nuevos productos a medio y largo plazo. Así lo ha entendido este Gobierno, y, como en la interpelación anterior reconocía la señora Riera, no
han sido pocas las medidas que este Gobierno ha tomado al respecto: el Plan 2000E, del que estamos hablando, el Plan VIVE, el Plan Prever. Enmarcados todos dentro del Plan integral de la automoción, han contribuido muy positivamente en el aumento
de la demanda de vehículos hasta el pasado mes de julio, en que finalizaron estas ayudas a la adquisición de nuevos vehículos.
La moción que nos presenta hoy Convergència i Unió es un calco de la que nos presentó el día 27 del pasado abril, y en ella solicitan la continuidad del Plan 2000E hasta finalizar el presente ejercicio.
Solamente la mitad de los países
europeos implantó medidas de este tipo, España junto con Alemania han sido los países con mayor apoyo a la adquisición de vehículos, y en nuestro país se han beneficiado medio millón de vehículos en dos años, es decir, uno de cada cuatro. Como muy
bien saben SS.SS., estas ayudas se establecen -y de hecho se han establecido en los países europeos que las han adoptado- para salir al paso de la actual coyuntura y, reconociendo el beneficio que han supuesto para concesionarios, particulares y
para el propio parque de vehículos, no sería razonable que se perpetuaran, y así lo ha entendido el resto de países europeos que las han agotado y de momento no tienen ninguna intención de renovarlas. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno es reducir el déficit público, la adopción de estas medidas contribuiría justo a lo contrario e iría en contra de la política que ha emprendido en los últimos meses de ajuste y consolidación fiscal ya que estaríamos
ayudando a vender vehículos que se fabrican en un 85 por ciento en el extranjero y acabaríamos siendo el único país de Europa que las mantiene. Por otra parte, ninguna de las comunidades autónomas que han colaborado en este plan ha solicitado la
continuidad de estas ayudas. Siendo importantes las matriculaciones, creemos que lo prioritario ahora mismo es la producción de vehículos por la estrecha relación que tiene con el mantenimiento y la creación de empleo y porque el 80 por ciento se
destina a la exportación y no al mercado interior.
Creemos totalmente contraproducente prorrogar estas ayudas de forma aislada en el conjunto de Europa, porque en este supuesto estaríamos favoreciendo la creación de empleo en otros países y no en
el nuestro.
En cualquier caso, señorías, sería conveniente que analizaran el interesante informe que ha elaborado la Comisión Nacional de la Competencia, que se publicó el pasado 6 de septiembre y en el que se analizan los resultados de las ayudas
directas del Plan 2000E.
Comprobarán que en el supuesto de que se reeditaran estas ayudas habría que introducir sustanciales variables a las mismas. Este sector ha sido una constante preocupación de este Gobierno en su conjunto. Todos recordamos
el intenso trabajo que desarrolló el Gobierno y en especial el ministro de Industria con cada una de las marcas productoras para conseguir que los centros de decisión de cada una de ellas -que por cierto están todos fuera de nuestro país-
mantuvieran su productividad y empleabilidad y aseguraran su futuro con el compromiso de la fabricación de nuevos modelos, como así ha sido. El Plan de competitividad del sector del automóvil 2009-2010 y la línea de avales específica para este
sector han facilitado la financiación y el desarrollo de nuevas inversiones y han sido un importante apoyo a la compleja situación de crisis que atravesamos. El resultado ha sido evidente: no ha cerrado ninguna planta de automóviles y la gran
mayoría ha asegurado su futuro a medio y largo plazo
con la asignación de nuevos modelos, a lo que hemos de añadir la apuesta del futuro coche eléctrico, que permitirá nuevos desarrollos industriales del sector.
En lo referente al segundo punto de la moción de Convergència, el Gobierno ya ha manifestado su intención de continuar con el Plan de competitividad del sector del automóvil en 2011, del que serán beneficiarias, como en las dos ediciones
anteriores, las empresas fabricantes de vehículos y componentes. No se considera apropiado incluir empresas de otros sectores que se verán beneficiadas de manera indirecta por el efecto arrastre. La inclusión de nuevos sectores como posibles
beneficiarios implicaría una mayor dotación presupuestaria y la necesidad de modificar la orden de bases, aspecto que en futuras convocatorias sería necesario evaluar.
En cuanto al tercer punto de su moción, que se refiere a aquellas operaciones que por diferentes razones quedaron fuera del plan, la entidad gestora del Plan 2000E ya ha solicitado a las asociaciones los listados de expedientes de aquellas
operaciones que, vinculadas al Plan 2000E, no fueron registradas en tiempo y forma, y las están estudiando una por una con el fin de incluir el Plan 2000E en aquellas que sean procedentes. En estos tiempos en los que nos movemos en la contención
del gasto, los ajustes presupuestarios y la optimización de recursos públicos es indispensable priorizar, y nuestra apuesta decidida es por aquello que nos hemos marcado como objetivo: el empleo, la oferta, la producción, la innovación, la
competitividad y la internacionalización.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, debe acabar.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Voy terminando, señor presidente. En este sentido va la enmienda que hemos presentado y que espero que cuente con el apoyo de sus señorías. En cualquier caso, si no se acepta votaríamos que no si fuera en su
conjunto, y evidentemente que no al primer punto de la moción de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Aguerri.
Para fijar la posición por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo muy brevemente para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la iniciativa de Convergència i Unió, que trae esta moción con el fin de evitar la recaída de la actividad y el empleo en el
sector de la automoción; un sector que, como tantos otros, se encuentra muy afectado por la bajada de la demanda derivada de la crisis económica. Es de sobra conocido que cuando van mal las cosas lo primero que hacen las familias y las empresas es
posponer aquellas decisiones de consumo que pueden retrasar y evidentemente la compra del coche es una de ellas. También es cierto que en el primer momento de la crisis económica el Plan 2000E, que apoyamos sin reservas, ha servido para impulsar y
favorecer la compra de vehículos o más bien adelantar esas decisiones que, merced a la crisis, se habían demorado.
Así, las compras de vehículos experimentaron el pasado semestre unos aumentos más que considerables. Al Plan 2000E se le sumó
también la anticipación derivada de la entrada en vigor del nuevo tipo de IVA aplicable a partir del mes de julio. Ello significa que necesariamente el ritmo de compraventa de vehículos se tiene que ver en el futuro negativamente afectado. Ante
esta cuestión, ¿es entendible que se prolonguen las ayudas hasta final de año? ¿Y por qué no tres meses o también el año 2011? No cabe ninguna duda de que cuando los mecanismos de incentivación desaparecen ello afecta directamente al negocio, pero
no quiere necesariamente decir que debamos mantenerlos indefinidamente. Como saben SS.SS. y como la portavoz socialista ha dicho, un porcentaje muy elevado de los vehículos que se compran en el Estado español son de importación. Por tanto, con
las ayudas se incentiva a los fabricantes extranjeros, aunque no hemos de olvidar, y en ello hemos sido muy sensibles, a los concesionarios de automóviles que venden sus vehículos y con su actividad generan muchos empleos. Por ello creemos que
cabría pensar en instrumentos más específicos para el sector de los concesionarios. Es necesario repensar esta política y es por ello por lo que este grupo se abstendrá en la votación del punto primero. En cambio, votará positivamente el punto 3,
de manera que, de acuerdo con el sector de la distribución, se alcance, como señala la moción, con urgencia una solución para satisfacer todas aquellas operaciones vinculadas al Plan 2000E que por problemas en el funcionamiento no fueron
beneficiarios del mencionado plan. A nuestro juicio, es obligado reconducir y corregir dichas deficiencias.
Por último, en relación con el punto segundo nuestro grupo mantiene sus reservas competenciales. La política industrial de promoción de la actividad económica y el establecimiento de un plan de competitividad son o bien competencia
autonómica o bien hay que desarrollarlas en el marco de la colaboración y de la cooperación necesarias con las comunidades autónomas. Queremos realizar esta reserva y, en consecuencia, abstenernos también en la votación de este segundo punto. En
el caso de que tuviéramos que votar conjuntamente la iniciativa, nuestro grupo se abstendría, pero en el caso de hacerlo por puntos, como parece que va a ser, votaremos favorablemente el tercero, tal y como ya he manifestado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Sánchez i Llibre, si es tan amable, ¿puede comunicar a la Mesa si acepta alguna de las enmiendas para su votación?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, ya lo he manifestado en mi intervención: no vamos a aceptar ninguna para poder votar por puntos nuestra moción.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta, por tanto, la votación separada?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Exacto, y no aceptamos ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA ECONOMÍA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000165.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas económicas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la confianza en la economía y la creación de empleo. Doña Fátima Báñez tiene la palabra para
defenderla.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno socialista ha demostrado su incapacidad para dirigir la política económica de este país. No supo anticiparse a la crisis, no quiso afrontarla cuando la reconoció y ahora es incapaz de articular una estrategia creíble
de salida que recupere la senda del crecimiento generador de empleo. Después de haber gastado miles de millones en una sucesiva presentación de decretos-leyes y después de haber presentado un improvisado plan de austeridad económica, la economía
española sigue prácticamente estancada, se sigue destruyendo empleo y continúa la desconfianza. Las medidas extraordinarias para reducir el déficit de mayo o, mejor dicho, señorías, el mayor recorte de derechos sociales de esta democracia en forma
de decreto-ley, pese a su dureza, no solo no han servido para hacer creíble un programa de consolidación presupuestaria, sino que están provocando un desplome de la confianza en este país.
Además, las constantes rectificaciones del Gobierno tanto
en política fiscal, como energética, laboral, en las pensiones, en la reducción del gasto público y en política de infraestructuras, están generando más incertidumbre en la evolución de nuestra economía. Esto no afecta solo a la política o al
riesgo país, sino que afecta también a las expectativas de salida y de recuperación económica.
Señorías, los datos son tozudos y dejan en evidencia la política económica del Gobierno socialista. Estos días hemos conocido que las grandes economías europeas han tenido fuertes crecimientos económicos en el segundo trimestre, encabezadas
por Alemania con un crecimiento de un 3,7 por ciento en términos interanuales. Por eso el mismo Banco Central Europeo ha elevado sus estimaciones de crecimiento para la zona euro entre el 1,4 y el 1,8 por ciento. Ustedes, señores socialistas,
siempre han dicho en esta Cámara que la recuperación llegaría cuando llegase a las economías europeas más desarrolladas. Pues bien, la recuperación se está iniciando en el resto de los países de Europa y España sigue sin un tímido atisbo de
recuperación. Más bien al contrario. España, lejos de unirse al tren de la recuperación europea, será la única economía desarrollada en recesión en el año 2010 y la que experimentará además un crecimiento más débil en 2011. Señores diputados,
vamos a seguir estando en el vagón de cola y siendo además un lastre para la recuperación europea. Pero, lo que es peor, esas pésimas perspectivas económicas no permiten anticipar una mejora en la evolución del empleo. Así, mientras la tasa de
paro en Alemania está en el 6,9, en el Reino Unido en el 7,8 y en Francia en el 10 por ciento, España sigue duplicando la media europea con un 20,3 por ciento de paro, una cifra vergonzante. Desde que se inició la crisis, señores diputados, el 72
por ciento de los parados de la zona euro son españoles. Lo ha dicho hasta el Fondo Monetario Internacional, que ha reconocido la dramática situación del mercado laboral español. Por eso decimos en el Grupo Parlamentario Popular que la crisis en
España es la crisis del paro, es lo que nos diferencia y lo que nos aleja de Europa y del resto del mundo.
Señores socialistas, están empobreciendo a todos los españoles y, lo que es más terrible, están robándole el futuro a una generación de jóvenes que no pueden encontrar un empleo ni iniciar una carrera profesional. Por eso urge realizar
reformas estructurales de calado que mejoren la productividad y la competitividad de nuestra economía, que generen confianza y que se inicie cuanto antes la recuperación económica.
Señorías, España debe ser lo que ya fue, una economía dinámica,
generadora de empleo y con un estado del bienestar sostenible. Mucho me temo que eso no volverá a pasar hasta que no quitemos de en medio, hasta que cambiemos este Gobierno socialista. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, su Gobierno ha
tomado decisiones improvisadas y coyunturales.
La única política económica que se conoce en este país es la de subida de impuestos y recorte de derechos sociales. Por tanto, el resultado no puede ser otro que más paro, nuevos sacrificios para las
empresas y sobre todo para las familias. Ahora, estas reformas estructurales que deberían ser inaplazables las confían a la llamada ley de economía sostenible que debatiremos el próximo jueves, una ley a la que se dio mucho bombo en el momento de
su presentación, que el Gobierno conscientemente ha silenciado durante un año y que ahora se presenta otra vez como la solución de todos los problemas económicos. Se trata de una ley que es un cajón de sastre, una ley de medidas menores, de
principios y objetivos que constituyen trasposiciones de directivas europeas, pero no son un programa ambicioso de reformas como el que necesita nuestro país. Es simplemente una ley de acompañamiento, una ley donde esconderán lo que no
quieren meter en el presupuesto y quieren que pase lo más desapercibido posible. Por supuesto, lo que no va a suponer en ningún caso es lo que vosotros, el Partido Socialista y el Gobierno, defendíais, ese cambio del modelo productivo español. Más
bien al contrario, sus efectos serán inmediatos y otra vez demoledores; traerá nuevas subidas de impuestos y además penalizará -sí, señorías, penalizará- la independencia de los jóvenes de este país, porque eliminará la deducción por inversión en
vivienda habitual. Por todo ello es preciso cambiar cuanto antes la política económica con un plan global de medidas contra la crisis que traiga un programa de reformas ambiciosos, empezando por un presupuesto austero y creíble, que priorice el
gasto productivo frente al corriente, que traiga una política fiscal que se dirija a no cargar de impuestos a los ciudadanos sino a permitir que las empresas se puedan recuperar y crear empleo y, sobre todo, que rectifique lo más injusto que ha
decidido nunca este Gobierno, la decisión de congelar las pensiones en 2011, una decisión que rompe unilateralmente el Pacto de Toledo y que además es una grave injusticia porque son los pensionistas de este país los que pagan el despilfarro y los
errores de Zapatero. Señores diputados, la congelación de las pensiones es una gran injusticia social, pero sobre todo es un gran error económico porque -hablando de confianza- solo generará más desconfianza de los ciudadanos. Por tanto, es
necesario un plan global de reformas en ese plan global contra la crisis, un plan que nos saque cuanto antes de la situación de desempleo y de la incertidumbre en la que vive nuestro país, un plan que nos aúpe a la recuperación y nos meta en el
vagón de la recuperación europea.
No voy a aceptar en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, ninguna enmienda, porque prefiero que nuestra iniciativa se vote por puntos para tener el mayor consenso posible de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Para la defensa de las enmiendas y por el Grupo Parlamentario Mixto tiene en primer lugar la palabra doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente,
Intervengo para dar por defendida la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
La enmienda que ha presentado Unión Progreso y Democracia pretende que se añada un nuevo punto 5, que dice textualmente: Que el Gobierno promueva y supervise a través de los mecanismos que le otorga la Constitución la aplicación de los
criterios señalados en el punto 1.B de los presupuestos de las comunidades autónomas. El punto 1.B es el que dice que los presupuestos han de ser austeros en el gasto corriente y, entre otras medidas, dar cumplimiento a los diferentes mandatos del
Congreso de los Diputados relativos a la reducción de la estructura del Gobierno y altos cargos y racionalización del sector público estatal. A nosotros nos parecen bien estos criterios pero naturalmente creemos que estos criterios de austeridad
han de extenderse al conjunto de las administraciones públicas, en las que gobiernan unos y en las que gobiernan otros, por eso hemos planteado esta enmienda de adición, que sería un punto 5 y nuevo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Damos por defendida la enmienda que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para decir que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular no puede contar con el apoyo de mi grupo, ni con el de Esquerra Republicana ni con el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque en ella se
dan todos los tópicos del Partido Popular, de mister Hyde; el mismo mister Hyde que lleva al Partido Popular a perseguir sindicalistas aunque al día siguiente surja de nuevo doctor Jekyll y se convierta en un partido de los trabajadores. Pero en
esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular nos propone la cura de hambre, frente a la cura de adelgazamiento que nos proponen el Partido Socialista y el Gobierno. Parece ser que se ha comenzado una loca carrera sobre el ajuste presupuestario.
Ya no basta únicamente con el ajuste durísimo presentado por el Gobierno, sino que para el Grupo Parlamentario Popular es insuficiente. Comprenderán que nosotros no podemos apoyar una cura de hambre presupuestaria para nuestro país porque estamos
convencidos de que ya el ajuste actual va a provocar una
recaída en relación al crecimiento económico, que esperamos se recupere, pero con estos mimbres no parece que sea pronto.
Por otra parte, nuestro grupo parlamentario no comparte en este caso la música, porque la letra prácticamente la desconocemos, de las propuestas de reforma del Grupo Parlamentario Popular, eso que llama reformas estructurales y que
normalmente son recortes y privatizaciones; no las compartimos cuando las propone el Gobierno y en este caso en que la música es la misma pero más fuerte, tampoco. Por tanto, no podemos apoyar la mayor parte de estas iniciativas. Únicamente
coincidimos con el Grupo Popular, que a veces se identifica con los intereses de los trabajadores -las menos de las veces, pero a veces se identifica con esos intereses-, porque en este caso propone que no se congelen las pensiones. Nosotros
estamos de acuerdo con esa medida, con que no se congelen las pensiones.
Vamos a apoyar esta iniciativa de nuevo en el Congreso de los Diputados y le pedimos al grupo que apoya al Gobierno, al Grupo Parlamentario Socialista, que, al igual que ha
rectificado parcialmente respecto a las inversiones públicas para el próximo año y que ha rectificado también parcialmente en la prórroga de los 426 euros, se dé una oportunidad para pensar la congelación de las pensiones y rectifique también en
materia de congelación de pensiones con respecto al presupuesto para el próximo año.
Será el único punto que votaremos a favor de los puntos que nos propone el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, don Pedro Azpiazu tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, compartimos con el Grupo Popular y con el resto de los grupos de la Cámara la preocupación por la situación de la economía española, cuya crisis diferencial, más aguda y más intensa que en el resto de los países
de su entorno, es un hecho incontestable: menos crecimiento económico o un crecimiento aún negativo frente a las economías del entorno, que muestran ya un mayor dinamismo; más déficit publico en términos de PIB que los países de la Unión Europea,
y sobre todo una cifra récord de tasa de paro que duplica la europea y se sitúa entre las más altas del mundo, lógicamente del mundo que tiene estadísticas con relación al desempleo, además de un considerable endeudamiento, baja productividad, baja
cualificación de la mano de obra, brecha tecnológica en relación con los países de la Unión Europea, etcétera, dibujan un panorama un tanto desolador de la economía española.
Por ello, es preciso abordar, tal y como plantea grosso modo la
iniciativa del Grupo Popular, un presupuesto riguroso y unas reformas estructurales pendientes, un presupuesto que se sustente, lógicamente -eso parece una evidencia-, en previsiones económicas realistas; que sean austeros -no hay más remedio-, en
el gasto corriente, tratando de conseguir, como señala la moción, ahorro público positivo y no sacrificando aquellas políticas de futuro, como pueden ser la I+D, la educación y algunas infraestructuras dinamizadoras de la actividad económica. Para
ello es necesario, como se señala, simplificar y reducir las estructuras políticas y administrativas. Hay que replantear las políticas públicas ineficientes y las estructuras también ineficientes.
Nuestro grupo, como saben, presentó en esta Cámara
una proposición de ley, que fue aprobada, para reducir el número de ministerios. Además, es lo que exigen los mercados y, sobre todo, a lo que obligan las propias cuentas públicas. La Unión Europea y el Consejo Europeo no van a permitir que las
cuentas de la economía española se descontrolen, y creo que cumplir con esta restricción es la intención del Gobierno, a tenor de las manifestaciones que está realizando al respecto. La mayoría de esta Cámara podemos coincidir con lo que se plantea
en este primer punto, aunque me da la sensación de que con las mismas palabras estamos hablando de diferentes cosas. Nuestro grupo se va a abstener a la hora de votar este punto.
También es preciso evitar las subidas de impuestos que distorsionen efectivamente las decisiones económicas, pero aquellas que distorsionen de verdad las decisiones económicas. No todas las subidas de impuestos tienen ese efecto y hay que
distinguir entre un tipo de subidas y otro.
En este apartado, al menos el Grupo Popular ya no habla de bajar los tipos impositivos, lo cual demuestra que se ha dado cuenta de que la Unión Europea no permitiría bajadas de impuestos que pongan en
riesgo las cuentas públicas y, si me permiten, han dejado de lado la demagogia con la que defendían la bajada de impuestos, la subida de ciertos gastos y a la vez la reducción del déficit público, es decir, la cuadratura del círculo. Vamos a darle
cierto margen de confianza y nuestro grupo se va a abstener en este punto que plantea el Grupo Popular.
Lo que sí queremos decir es que nuestro grupo parlamentario se manifestó claramente en contra de la congelación de las pensiones. Esta medida tenía que haberse adoptado, en todo caso, después de otras muchas. Los primeros paganos de la
crisis y de los recortes de ella derivados no debían ser los pensionistas. Pero, dada la situación de las finanzas públicas, sería conveniente que el Grupo Popular nos planteara una reducción del gasto público que permitiera la no congelación de
las pensiones. No obstante, queremos votar favorablemente esta iniciativa, ya que es una cuestión que nuestro grupo defendió anteriormente.
Por último, es preciso ahondar y trabajar con intensidad en las reformas estructurales, en las que señala el Grupo Popular en su moción y en otras. Se olvidan en esta moción precisamente una a la que se refirió el señor Rajoy el fin de
semana; se olvidan de la poda. Nuestro grupo parlamentario ha venido defendiendo la reforma del gasto
público, la necesidad de evaluar las políticas públicas, de eliminar los gastos públicos duplicados e ineficientes; no estrictamente la poda, porque con la poda se puede ir la mano y podemos cortar aquello que funciona y que es eficiente.
Hemos venido defendiendo el desarrollo estatutario para que sean las comunidades autónomas las que ejerzan las competencias en sus ámbitos territoriales, y no solo por cuestiones políticas sino por criterios de eficiencia y eficacia políticas. Si
la reforma se plantea en términos de racionalidad, estaríamos dispuestos a debatir. Sin embargo, nuestro grupo, teniendo en cuenta que faltan unas reformas y que no todos tenemos la misma concepción, se va a abstener en la votación de este punto,
puesto que entiende que aunque la mayoría de ellas son intenciones, más vale que nos pongamos a trabajar para salir de la crisis. Insisto, si votamos separadamente, nuestro grupo se va a abstener en los puntos 1, 2 y 4 y vamos a votar
favorablemente el punto número 3.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Socialista, para fijar posición, tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, voy a intervenir con mucha brevedad porque ya es una hora un poco subida.
Llevamos algunos años viviendo un momento de gran dificultad económica.
Llevamos tres
años en los que las economías de las sociedades avanzadas han ido cayendo con dureza y han experimentado una pequeña recuperación; pero, desde luego, esas recuperaciones aquí y fuera de aquí están lejos del producto potencial que teníamos antes del
año 2007. Hemos tenido que hacer frente al rescate del sistema financiero internacional a través de un colosal manejo de estímulos monetarios y fiscales y hemos asistido a un hecho novedoso, a una fase más de esta larga crisis, que es la crisis de
la deuda soberana. En este momento los países de la Unión Europea tienen en marcha políticas de austeridad, tratando de mantener la sostenibilidad de sus cuentas públicas.
Pues bien, quisiera iniciar mi intervención señalando que quien defendió hace unos días la interpelación al Gobierno de España sobre esta cuestión nos dijo que la crisis se podía haber prevenido y que de alguna manera era perfectamente
anticipable, y también nos dijo que para superarla era bueno aplicar las políticas del año 1996. Quizás en un exceso de entusiasmo llegó a decir aquello de: Cuando yo era ministro de Hacienda... Señoras y señores diputados, yo me pregunto y le
pregunto a la Cámara: ¿alguien cree que se puede aplicar el vademécum de medidas de política económica en una situación de crisis, esas medidas económicas que existían y que se aplicaron cuando no había crisis? Por qué no he de decirlo si lo
pienso: ¿Es que alguien cree que de la crisis se sale aplicando la política económica del señor Aznar? Sinceramente, yo creo que llevamos asistiendo a una serie de arremetidas contra el Gobierno por quienes creen que de alguna manera a través de
la crisis es como pueden conseguir una cierta oportunidad política. En el tiempo que ha transcurrido no hemos sido capaces de que presenten un planteamiento económico razonable y auspicien una salida positiva para el conjunto de los españoles,
hasta el punto de que me atrevería a decir que en esta sociedad nadie identifica al Partido Popular con una alternativa de política económica creíble, que la mayor parte de los ciudadanos lo que hacen es escuchar las cosas que dicen los dirigentes
populares, pero en modo alguno los atienden.
Por tanto, sí tendría que decir que esta es una situación un tanto paradójica, porque de alguna manera hacen un discurso que no es capaz de hacer frente a los problemas de esta sociedad. Hablan de confianza; hoy la señora diputada que me
ha precedido en el uso de la palabra ha hecho referencia a este hecho. Yo creo, sinceramente, que hablan con un tono relativamente pretencioso, como si el Partido Popular tuviera el depósito de la confianza y me parece que hacen justamente lo
contrario: procuran en todo momento y circunstancia que en lugar de certidumbre nos movamos en el mundo de la incertidumbre. Y yo tendría que decirle, por si no lo sabe -y ella lo sabe sin lugar a duda-, que en este momento a los mercados lo que
les preocupa es la falta de acción y lo que valoran es que se recupere la acción. Eso lo acabamos de vivir las pasadas semanas.
Los gobiernos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia y de España han visto cómo se reducía el coste de su deuda, y
han visto cómo se reducía el coste de su deuda a pesar de que emitían más préstamos. Y yo le recomendaría, porque ya lo conoce pero así se lo recuerdo, el Financial Times del 16 de septiembre, que a fin de cuentas no está tan lejos, que decía que
los inversores consideran que Portugal, Irlanda y Grecia forman parte del grupo débil de las economías periféricas, pero que España, los bonos españoles, ya se intercambian a tipos parecidos a los bonos italianos y, como consecuencia de ello, hoy
hay una recuperación de la imagen de España que es realmente impresionante. En el circuito internacional se afirma que España ha salido del grupo débil de economías europeas y que estamos trabajando en la buena dirección. Además con eso se hace
referencia no solo a la deuda pública; en la mañana de hoy Irlanda ha pagado por los bonos a ocho años el 6 por ciento cuando nosotros estamos pagando solamente el 4, y ha habido también un aluvión de deuda pública privada, de deuda corporativa,
que de alguna manera no quisiera dejar de recordar.
Termino, señor presidente, y agradezco su gentileza. El Gobierno está haciendo un esfuerzo considerable, lo está haciendo la Administración; se está aplicando una panoplia de medidas y de iniciativas para tratar de mejorar la imagen de
España. Y de los presupuestos qué le voy a decir. La semana que viene se presentan en esta Cámara y tendremos la oportunidad de discutir con S.S. y con todos los miembros de esta Cámara las distintas opciones de política económica. Tengan
paciencia,
tengan sosiego y sigan en estos momentos donde están porque es un sitio donde es bueno para el conjunto de la sociedad española que se mantengan.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Iniciaremos las votaciones dentro de dos minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar las votaciones. Por favor, cierren las puertas.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA DE LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO. (Número de expediente 122/000071.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, orgánica de libertad ideológica, religiosa y de
culto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, siete; en contra, 330.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. DÍEZ GONZÁLEZ), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000085.)
El señor PRESIDENTE: Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez, orgánica de reforma de la Ley del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, dos; en contra, 333; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA EXPORTACIÓN DE ARMAS A PAÍSES QUE VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 162/000683.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos.
Se vota con la enmienda
del Grupo Socialista. ¿Es así, señor Llamazares?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí.
El señor PRESIDENTE: Se vota con la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SALVADOR ARMENDÁRIZ), SOBRE LA PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL COMERCIO SEXUAL. (Número de expediente 162/000662.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, sobre la publicidad relacionada con el comercio sexual. Esta proposición no de ley ha recibido una enmienda transaccional. ¿Algún grupo
parlamentario se opone a su tramitación? (Denegaciones.) Se vota, por tanto, en los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. JORQUERA), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA IMPULSAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER LA TRANSPARENCIA Y LA CONTENCIÓN DEL GASTO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. (Número de expediente 173/000161.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Jorquera, sobre las medidas
que piensa impulsar el Gobierno para favorecer la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional español. Ha sido presentada una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Denegaciones.) Se vota en
los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 332; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR UNA RECAÍDA DE LA ACTIVIDAD Y DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN. (Número de expediente 173/000164.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar una recaída de la actividad y del empleo en el sector de la automoción.
Ha solicitado el grupo
proponente que se voten por separado sus tres apartados.
Votamos en primer lugar, el apartado número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 159; en contra, 169; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 328; en contra, uno; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA ECONOMÍA Y LA CREACIÓN DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000165.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas económicas que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la confianza en la economía y la creación de empleo.
No se han aceptado enmiendas y se solicita la votación separada de sus cuatro puntos. Votamos, por tanto, el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 157, en contra, 168; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 161; en contra, 168; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 174; en contra, 161; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Votamos a continuación el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 145; en contra, 166; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación vamos a iniciar la sesión con carácter secreto. Ruego al personal de servicio que permanezca en el salón y procure el desalojo rápido de quienes no formen parte de la Cámara. (Pausa.)
Se suspende la sesión con carácter público.
Se reanuda la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO EN RELACIÓN CON UN SEÑOR DIPUTADO. (NÚMERO DE REGISTRO 140647.)
El señor PRESIDENTE: Declaro secreta la sesión.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio referido a un señor diputado. ¿Algún miembro de la Cámara desea hacer uso de la palabra? (Denegaciones.) En tal caso, procedemos a la votación del dictamen, en
el bien entendido de que votar sí significa pronunciarse a favor del dictamen y votar no es votar en contra del dictamen. ¿De acuerdo? (Pausa.)
Se reanuda la sesión con carácter público.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.