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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 161, de 11/05/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 161
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 152
celebrada el martes, 11 de mayo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 5)
Avocación por el Pleno:
- Del proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general. (Número de expediente 121/000024.) ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:
- De la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la modificación de la disposición adicional trigésima del real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de la seguridad
social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 17-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000017.) ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de
estatutos de autonomía o de su modificación (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 227-1, de 26 de febrero de 2010. (Número de expediente 122/000204.) ... (Página 13)
Proposiciones no de ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), para que el baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad tenga en cuenta las restricciones de movilidad que presentan las personas con
ceguera y deficiencia visual grave por razón de su discapacidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 371, de 9 de abril de 2010. (Número de expediente 162/000622.) ... (Página 23)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la transparencia de las estadísticas de paro registrado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 375, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente
162/000636.) ... (Página 28)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los graves perjuicios que ha sufrido la actividad económica en España a causa de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla. (Número de
expediente 173/000137.) ... (Página 32)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación de la memoria histórica. (Número de expediente 173/000138.) ... (Página 37)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento del Plan estatal de vivienda 2009-2012. (Número de expediente 173/000139.) ... (Página 44)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.) ... (Página 48)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 49)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente solicita a la Cámara una modificación del orden del día de la sesión de mañana, miércoles, consistente en el cambio de tema de la comparecencia del señor presidente del Gobierno que en principio estaba fijada para
explicar la situación y perspectivas futuras del conflicto bélico en Afganistán y comparezca para informar sobre la reunión extraordinaria del Eurogrupo, del 7 de mayo, en relación con el rescate de Grecia y la situación de los mercados financieros,
lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo informa que la Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad que la interpelación que figura en el punto número 27 del orden del día pase a examinarse y debatirse tras el punto 29, lo que se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno ... (Página 5)
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara el señor presidente somete al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y prestación de servicios en los puertos de interés general, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página 5)
De la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la modificación de la disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social ... (Página 5)
Presenta la toma en consideración el señor Conesa Mínguez, en nombre de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría
Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 13)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de
estatutos de autonomía o de su modificación (orgánica) ... (Página 13)
Defiende la toma en consideración el señor García-Tizón López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y los señores Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ridao i Martín y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 23)
De los grupos parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), para que el baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad tenga en cuenta las restricciones de movilidad que presentan las personas con ceguera
y deficiencia visual grave por razón de su discapacidad ... (Página 23)
Defienden conjuntamente la proposición no de ley la señora Medina Teva, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Vañó Ferre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la transparencia de las estadísticas de paro registrado ... (Página 28)
Defiende la proposición no de ley la señora Villalobos Talero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Membrado Giner, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 32)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los graves perjuicios que ha sufrido la actividad económica en España a causa de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla ...
Defiende la moción la señora Salom Coll, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Larrosa Piqué, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación de la memoria histórica ...
(Página 37)
Defiende la moción el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista y Esteban Bravo, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Herrera Torres.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento del Plan estatal de vivienda 2009-2012 ... (Página 44)
Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
y la señora Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación.) ... (Página 48)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la modificación de la disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se rechaza por 146 votos a favor, 167 en contra y 19 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso
previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de estatutos de autonomía o de su modificación (orgánica), se rechaza por 144 votos a favor, 186 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 49)
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos Socialista y Vasco (EAJ-PNV), para que el baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad tenga en cuenta las restricciones de movilidad que
presentan las personas con ceguera y deficiencia visual grave por razón de su discapacidad, se aprueba por 331 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la transparencia de las estadísticas de paro registrado, se aprueba por 332 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ...
(Página 49)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los graves perjuicios que ha sufrido la actividad económica en España a causa de la erupción del volcán islandés
Eyjafjalla, se rechaza por 153 votos a favor, 170 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de sustitución del propio grupo que la presenta y del Grupo Parlamentario Socialista, a la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la
recuperación de la memoria histórica, se aprueba por 186 votos a favor, 145 en contra y una abstención.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento del Plan estatal de vivienda 2009-2012, se aprueba por 331 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, como asunto previo, deseo plantear a SS.SS. si aceptan una modificación puntual del orden del día consistente en el cambio de la personación del presidente del Gobierno ante el Pleno que habían solicitado 83 diputados del
Grupo Parlamentario Popular para que explicara la situación y perspectivas futuras del conflicto bélico en Afganistán, y en su lugar comparezca el señor presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para informar sobre la reunión extraordinaria
del Eurogrupo, celebrada el 7 de mayo, en relación con el rescate de Grecia y la situación de los mercados financieros. La Junta de Portavoces así lo ha acordado por unanimidad. ¿Aceptan SS.SS. la modificación? (Asentimiento.) Queda aceptada.
En segundo lugar, la Junta de Portavoces ha aprobado también por unanimidad que la interpelación que figura en el punto número 27, de la señora Oramas, pase a examinarse y debatirse tras el punto 29 del orden del día. ¿Aceptan la
modificación? (Asentimiento.) Queda aceptada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 48/2003, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000024.)
El señor PRESIDENTE: Por último, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, someto al Pleno de la misma la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general. ¿Acuerda la Cámara la avocación de este proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda acordada la avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
- DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 125/000017.)
El señor PRESIDENTE: Examinamos el punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. De la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la modificación de la disposición
adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha comunicado a la Presidencia que intervendrá en su nombre don Daniel Conesa Mínguez, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando lo desee, puede ocupar la tribuna y presentar el anunciado
proyecto.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (Conesa Mínguez): Señor presidente, señorías, el 19 de diciembre de 2007 se presentó en el registro de esta Cámara, a iniciativa de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, la proposición de ley para la modificación del apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificado en su día
por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Para mí es motivo de orgullo y satisfacción intervenir en esta Cámara en nombre de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, que me ha designado delegado de la misma para la defensa de esta proposición de
ley que consideramos de suma importancia.
Señorías, es preciso recordar que nuestra ciudad, como las comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta, dispone de la potestad de iniciativa legislativa en virtud de lo dispuesto, en nuestro caso -en el caso de Melilla y en el de
Ceuta-, en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de ambas ciudades. Esta capacidad para elevar al Congreso proposiciones de ley solo se ha utilizado una vez, en el caso de la ciudad de Melilla, con la presentación de una proposición de ley de
régimen económico y fiscal a iniciativa de la Asamblea melillense, y aunque su toma en consideración fue apoyada por esta Cámara en el Pleno celebrado el 10 de marzo de 1998, finalmente y por distintas circunstancias que no vienen al caso no llegó a
convertirse en ley. Por tanto, señorías, esta proposición de ley que hoy defiendo es la segunda que formula la Ciudad Autónoma de Melilla en sus quince años de acceso a la autonomía, y en el caso de que sea tomada en consideración por los grupos
del Congreso y aprobada posteriormente, tras el pertinente trámite parlamentario, supondrá un importante impulso a la economía de Melilla y, por extensión, a la de Ceuta y lógicamente un importante impulso, como no puede ser de otra manera, a la
generación de empleo en unas ciudades que tienen una de las tasas de desempleo más altas en el conjunto de nuestro país. Refiriéndome a datos de la última encuesta de población activa, Melilla tenía un porcentaje del 21,02 por ciento y Ceuta un
22,42 por ciento de desempleo sobre la población activa. Si nos fijamos en los datos de demandantes reales de empleo inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal, la situación es aún mucho peor, afectando este problema del desempleo, esta
situación de altas tasas de desempleo fundamentalmente a dos grupos sensibles, como son los jóvenes y las mujeres. Ha de resaltarse que Melilla tiene una población eminentemente joven, con un porcentaje de jóvenes que se incorporan al mercado de
trabajo, y que la propia estructura económica de la ciudad hace imposible su absorción, un producto interior bruto inferior a la media nacional y una economía basada fundamentalmente en los intercambios comerciales con el vecino Reino de Marruecos,
los cuales se están viendo afectados por el paulatino desarme arancelario de este país con respecto a las importaciones de productos provenientes tanto del territorio de la Unión Europea como de fuera de él. A esto debemos añadir sin duda la
especial situación de Melilla, provocada por nuestra ubicación geográfica fronteriza con Marruecos, de la que se derivan muchos aspectos positivos para la ciudad, pero también entenderán SS.SS. que esto plantea muchos y distintos problemas
relacionados algunos de ellos con la saturación que determinados servicios que en la ciudad se prestan sufren como consecuencia de la presión que sobre los mismos ejerce una población del otro lado de la frontera cuyo nivel de renta es muy inferior
al que disfrutan los ciudadanos españoles, como todas SS.SS. podrán perfectamente comprender. Indudablemente hay que tener en cuenta otros condicionantes que no se dan en otros lugares de España y que son determinantes en el desarrollo de la
actividad económica de ambas ciudades: reducido territorio, gran densidad de población, alto índice de fracaso escolar -el más alto de España en el caso de Melilla-, elevados costes del transporte de mercancías y de personas, etcétera.
Por todas estas cuestiones, y con el fin de incentivar determinados sectores productivos de las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta, se produjo en su momento la modificación del apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprobó, como se ha dicho al principio, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificación que se materializó mediante la disposición adicional trigésimo novena de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social, quedando redactado en su momento de la siguiente forma: Los empresarios dedicados a actividades encuadradas en los sectores de comercio, hostelería,
turismo e industria, excepto energía y agua, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla respecto de los trabajadores que presten servicios en sus centros de trabajo ubicados en el territorio de dichas ciudades tendrán derecho a una bonificación
de hasta el 40 por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial.
Asimismo, los
trabajadores encuadrados
en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos dedicados a actividades encuadradas en los sectores de comercio, hostelería, turismo e industria, excepto energía y agua, que residan y ejerzan su actividad en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla tendrán derecho a una bonificación de hasta el 40 por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes en los términos previstos en el párrafo siguiente: Las bonificaciones a que
se refieren los párrafos anteriores se establecerán, en su caso, por un periodo de tiempo limitado a los efectos de proceder a evaluar periódicamente el grado de eficacia de la misma en relación con los objetivos sociales que se pretenden alcanzar y
requerirá petición previa de los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla e informes favorables del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Pues bien, señorías, esta disposición fue aplicada a través de la Orden 471/2004 del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, siendo posteriormente las bonificaciones recogidas en esa norma prorrogadas sucesivamente cada dos años,
tal y como se ha dicho anteriormente, previa petición de los presidentes de ambas ciudades y los informes favorables del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración, prórroga que se ha realizado
a través de distintas órdenes ministeriales, la última concretamente del pasado mes de marzo, la 530/2010.
Por tanto, después del tiempo trascurrido desde su puesta en marcha, la aplicación de esta medida, sin duda estimuladora de la economía y el empleo en la ciudad de Melilla, ha resultado a todas luces eficaz, como así lo demuestra el hecho de
que el actual Gobierno la ha prorrogado hasta en tres ocasiones a petición de los presidentes de ambas ciudades, lo cual también -no me duelen prendas reconocerlo- es digno de agradecimiento por parte de la Asamblea de Melilla. Concretamente, en la
última orden ministerial a que me he referido, la 530/2010, de 5 de marzo, por la que se prorroga la aplicación de las bonificaciones de cuotas para los próximos dos ejercicios, se indica: Una vez evaluada la aplicación de las bonificaciones
durante el periodo prorrogado, oídos los presidentes de las ciudades de Ceuta y Melilla y previo informe favorable de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, este ministerio considera que se están cumpliendo los objetivos
establecidos y que es preciso continuar con la aplicación de la medida durante un nuevo periodo de dos años. También estimamos, señorías, que, conocida la eficacia de la medida tal y como el propio Gobierno de la nación reconoce, en estas fechas y
en la actual situación de crisis global en la que nos encontramos, es una medida notoriamente insuficiente, como digo, máxime en estas circunstancias que padecemos en nuestro país e indudablemente en la ciudad de Melilla. Por ello consideramos
necesario realizar -y este es el contenido de la proposición de ley que hoy defiendo- dos nuevas modificaciones en la disposición adicional trigésima del texto refundido de la Seguridad Social: la primera, para incrementar del 40 al 50 por ciento
las bonificaciones en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social, y esto por una cuestión meramente de asimilación del porcentaje de bonificación al porcentaje de deducción que tienen distintas figuras impositivas que se
aplican en la ciudad de Melilla y en la ciudad de Ceuta, y también por supuesto para establecer unos periodos de tiempo más amplios, concretamente de cinco en lugar de los dos años establecidos en la norma actual, prorrogables una vez realizados los
trámites pertinentes. La segunda modificación que se plantea en esa disposición adicional trigésima es la extensión de la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social a todos los empresarios de todos los sectores económicos en crisis,
incluidos por supuesto los encuadrados en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. La actual regulación -quiero resaltarlo, señorías- deja fuera de su ámbito de aplicación fundamentalmente a numerosas pequeñas empresas que
no estaban encuadradas en los grupos originalmente beneficiados por la medida. Me estoy refiriendo a pequeñas empresas del sector servicios que no pueden beneficiarse ni siquiera del 40 por ciento. De ahí la propuesta que se hace de extender la
medida a todos los sectores económicos en crisis. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Como se contempla en la exposición de motivos de la presente proposición de ley, su aplicación contribuiría a corregir los significativos desequilibrios que se producen en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta derivados de su condición
extrapeninsular, de lo limitado de sus ámbitos territoriales y de la escasez de recursos naturales, significando sin duda un estímulo para las inversiones mediante la reducción de los costes laborales de las empresas privadas que desarrollan sus
actividades en todos los sectores económicos de ambas ciudades. Cabe señalar también que de estas bonificaciones se benefician los trabajadores de las empresas a las que se aplica la medida, habida cuenta de que un significativo porcentaje de las
bonificaciones, concretamente el 40 por ciento de las mismas, tiene reflejo en sus salarios, lo que da un componente social importante a las medidas que contiene la iniciativa, las cuales -también tengo que decirlo- han sido apoyadas en distintas
ocasiones en ambas ciudades por diversas organizaciones empresariales y sindicales.
En definitiva, señorías, esta proposición de ley supone una importante iniciativa para incentivar la economía y la creación de empleo en las ciudades de Ceuta y Melilla en una época de crisis y sería de aplicación no solamente, como acabo de
decir, a la ciudad de Melilla, a la cual yo represento, sino también a la ciudad de Ceuta, porque la iniciativa se extiende a las dos ciudades, y también quiero recordar que la propia Asamblea de la ciudad de Ceuta presentó en su momento una
iniciativa idéntica en
el registro de esta Cámara y que posiblemente será objeto de debate en este hemiciclo en las próximas semanas o meses.
Quiero volver a recordar, porque me parece la cuestión fundamental, las características especiales de ambas ciudades, sobre todo las altas tasas de desempleo como consecuencia de las dificultades y obstáculos derivados de las peculiaridades
ya señaladas anteriormente. No cabe duda, por tanto, de que constituye una iniciativa necesaria y oportuna, ya que estamos además absolutamente convencidos de que produciría efectos dinamizadores sobre nuestra economía y sobre el empleo, siendo la
consecuencia más probable que, aunque se aumente la bonificación en un 10 por ciento y se extienda a todos los sectores productivos en crisis en el ámbito de las dos ciudades, al contribuir a generar mayor empleo y consecuentemente mayor número de
cotizantes el resultado global no sería la disminución de ingresos de la Seguridad Social en el ámbito de las dos ciudades, sino que, al contrario, podría suponer incluso el incremento de los mismos.
Por ello, señorías, dadas las circunstancias ya señaladas que concurren en ambas ciudades y las consecuencias positivas que supondría la aprobación de la presente iniciativa, solicito de esta Cámara su solidaridad con nuestra ciudad y con la
ciudad de Ceuta y el apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley, al objeto de que pueda continuar el pertinente trámite parlamentario para que ahí los grupos de la Cámara puedan llegar a los acuerdos necesarios sobre el alcance de
la iniciativa, los sectores a los que puede o debe afectar, en definitiva, para que pueda ponerse en marcha esta segunda iniciativa legislativa de la Asamblea de la ciudad de Melilla.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Conesa.
A esta toma en consideración no se ha presentado ningún grupo para ejercer el turno en contra. Pasamos, por tanto, a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme, dar la bienvenida en nombre del Grupo Mixto al representante de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. Mi intervención va a ser una intervención muy breve, de cortesía, para darle la bienvenida a esta Cámara.
Como entenderán SS.SS., no puedo fijar la posición del resto de representantes del Grupo Mixto. Coalición Canaria entiende que es una iniciativa que indudablemente se puede mejorar en su trámite parlamentario, podemos coincidir o no en algunos
aspectos que plantea, dudamos incluso de que algunos de estos planteamientos sean los mecanismos que puedan impulsar esa dinamización de la actividad económica, pero somos conscientes de las barreras que pueden tener Ceuta y Melilla como ciudades
autónomas a la hora de realizar actividades económicas o de impulso de las mismas. Recientemente esta Cámara aprobaba por unanimidad en su Comisión Mixta Congreso-Senado un informe sobre regiones ultraperiféricas. En aquel entonces hablamos en
algún momento del debate sobre la especificidad de Ceuta y Melilla y la posibilidad de incorporarse a un protocolo especial en el marco de las relaciones con la Unión Europea. De hecho, se va a crear una ponencia en la Comisión Mixta para estudiar
esas posibilidades. Por eso, en Coalición Canaria vamos a votar la toma en consideración, aunque entendemos que se puede mejorar en el debate en la Cámara. En todo caso, esperamos ese apoyo mayoritario que nos permita tratar y debatir sobre este
asunto en la Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Quiero dar también la bienvenida al representante de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla a esta Cámara y anunciar un voto favorable, con reparos, a la iniciativa presentada. La proposición de ley presentada por Melilla trata de
aumentar las bonificaciones en la Seguridad Social y extenderlas a todos los sectores económicos. Nosotros pensamos que esta iniciativa puede ser tomada en consideración aunque, como he dicho, tenemos reservas con respecto a su extensión y con
respecto a su contenido, y trataré de explicarlas.
En primer lugar, compartimos que los problemas de Melilla, siendo similares a los del resto del país, sumido en una crisis económica y a las puertas de un durísimo ajuste, tienen también especificidades que acaban por traducirse en unos
niveles de desempleo superiores al 21 por ciento de la población activa. Por tanto, nosotros consideramos que es necesario adoptar también medidas especiales en relación con territorios como Melilla por razones territoriales, geográficas y de otro
tipo. La Orden 471/2004 dictó las normas para la aplicación de las bonificaciones de cuotas establecidas por el apartado 2 de la disposición adicional trigésima del documento general sobre la Seguridad Social respecto de empresas y trabajadores por
cuenta propia de las ciudades de Ceuta y Melilla. Me refiero a la ley y a su texto refundido. La bonificación se fijó en un 40 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social y se estableció para empresas y autónomos dedicados a actividades
encuadradas en sectores como comercio, hostelería, turismo e industria, exceptuando energía y agua. Estas bonificaciones, establecidas por un periodo de tiempo de dos años, trataban de evaluarse periódicamente en su grado
de eficacia, pretendiendo estimular la creación de empleo y la actividad económica de estos sectores. Señorías, nuestro grupo, con carácter general, no es partidario de las bajadas de cotizaciones y somos muy escépticos con las bondades de
las bonificaciones en las cuotas sociales, aunque sean de forma temporal y selectiva. Estamos convencidos de que no hay estudios comparados que demuestren una mínima aportación a la competitividad de las empresas y a la mejora de la economía. Por
tanto, estamos en el amplio campo valorativo. No obstante, podemos entender que los sectores económicos de Ceuta y Melilla están afectados negativamente por su situación geográfica, por su alejamiento de la Península. Es un coste adicional que
debe ser compensado, en nuestra opinión, por motivos solidarios. El sistema que teníamos hasta ahora se ha prorrogado a su vencimiento, la última vez en febrero de este año. Se ha considerado que es preciso continuar con su aplicación durante un
nuevo periodo de dos años, incentivando la economía de las pequeñas y medianas empresas que se benefician de estas bonificaciones. Lo que ahora nos propone la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla es tomar en consideración un aumento de la
bonificación hasta el 50 por ciento nada menos, su extensión a todos los sectores económicos y que sea por periodos mucho más largos, prorrogables por cinco años. Sabemos que esta cuestión tiene una importante magnitud desde el punto de vista
económico y no es una cuestión baladí. Por eso, vamos a apoyar con reservas la toma en consideración de esta iniciativa, con la intención de estudiarla en su contenido y, en su caso, de enmendarla si se produce su tramitación.
Señorías, nosotros pensamos que los estímulos no son tales si son generales; si son generales no son estímulos, sencillamente forman parte de la normalidad. En segundo lugar, si los estímulos no son específicos sino que se convierten en
estructurales, tampoco en este caso pueden considerarse tales y pierden su verdadera naturaleza. Tampoco coincidimos con el Grupo Parlamentario Popular en el círculo virtuoso de rebajas fiscales, rebajas de cuotas, estímulo de la economía e
incremento de la recaudación. Es un círculo virtuoso que, como otros tantos, carece de demostración en la realidad. Por todas estas razones vamos a votar favorablemente con reparos esta iniciativa, pero vamos a enmendarla a fondo por razones de
fondo y por razones de coyuntura.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero que mis primeras palabras sean también de saludo y de reconocimiento al esfuerzo hecho por la Asamblea de Melilla con relación a una cuestión importante y que no generaría mayores reservas intelectuales a mi
grupo parlamentario para su aceptación, porque forma parte ya del acervo de mi grupo, por tradición, aceptar prácticamente de forma acrítica en la generalidad de las ocasiones las iniciativas parlamentarias que dimanan o de parlamentos autonómicos o
de asambleas parlamentarias de ciudades autónomas, como es en este caso.
Incluso les diría a ustedes que desde una perspectiva de cierta empatía particular, porque las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad Autónoma del País Vasco
comparten algo en lo que no sé si ustedes han reparado: somos las únicas entidades que no han sido todavía beneficiadas con la transferencia de una competencia importante como es la relativa a las políticas activas de empleo. Pero al margen de
esta cuestión, hay una excepción con relación a este criterio de mi grupo parlamentario de la aceptación de cualquier iniciativa de un parlamento autonómico, que es la que hace referencia a las materias atinentes al sistema público de pensiones, al
sistema público de Seguridad Social. Le voy a explicar en qué se fundamenta esta reserva o esta prevención de carácter político. En primer lugar, porque las cuestiones atinentes al sistema de pensiones y la bonificación de contingencias (las
contingencias comunes que ustedes pretenden, preconizan, unidas con carácter general a la reducción de contingencias en materia de desempleo, Fogasa y formación profesional, forman parte del sistema de pensiones formalmente a través de las
previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1994) requerirían una evaluación previa por parte de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Ustedes no lo han podido hacer, no han podido acudir al Pacto de Toledo, y a nosotros nos gustaría
conocer cuál es la valoración del impacto económico y, sobre todo, del efecto del precedente que aquí se consigna en relación con el futuro del sistema o de la sostenibilidad financiera del sistema en el Pacto de Toledo. Yo recomendaría a los
partidos que están presentes en la Asamblea de Melilla, y particularmente al Partido Popular, la presentación de una iniciativa de naturaleza diferente ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo para la evaluación del impacto de una medida
de estas características.
En segundo lugar, y el señor Llamazares lo ha dicho con lucidez, las bonificaciones de cuotas requieren ser analizadas con suma prudencia, con suma atención, saber cuál es su eficiencia en relación a la generación de empleo (que es lo que
ustedes pretenden con absoluta legitimidad, porque una de las cuestiones en las que fundamenta su pedimento es la situación del desempleo en la ciudad de Melilla y la ciudad de Ceuta, que es superior a la media del Estado español, siendo la tasa de
desempleo del Estado español más alta de toda la Europa comunitaria, fundamento, por tanto, absolutamente legítimo) porque se ha comprobado, a tenor de las comparecencias y de los estudios y evaluaciones realizados en la Comisión de seguimiento del
Pacto de Toledo, que no es el sistema consistente en la bonificación de contingencias o de cuotas a la Seguridad Social el mejor instrumento para la creación de empleo, que hay instrumentos
mejores. Es más, se ha revelado la manifiesta ineficiencia, si algo se ha podido comprobar empíricamente con las aportaciones también doctrinales de personas importantes como el estudio del profesor Toharia y otros, que las bonificaciones
de cuotas son un instrumento que podríamos considerar neutro o ineficiente para crear empleo. Lo prueba una circunstancia que ustedes comprenderán perfectamente. Ustedes ya han obtenido y han podido beneficiarse, en relación con determinados
sectores económicos de la ciudad de Melilla o de la ciudad de Ceuta -aquellos que han sido ya citados, comercio, turismo, etcétera, de los que se exceptúan la energía fundamentalmente y el agua-, de importantes bonificaciones de cuotas durante
cuatro años, del año 2000 al año 2006, en primer lugar, y del 2006 a 2008 en segundo lugar, y seguramente habrán podido apreciar la ineficiencia o la ineficacia de estas medidas a efectos de generar o de crear mayor empleo. Porque si no no
estaríamos ante la tesitura de estar manejando unas cifras de desempleo particularmente lacerantes y que afectan tanto a la ciudad de Melilla. Es un porcentaje importantísimo. Ya en el año 2008 eran 6.000 desempleados para una ciudad de 60.000
habitantes. En este momento estaríamos en un porcentaje que supera más de 3 puntos a la media del Estado español. Estas medidas no han resultado particularmente eficientes. Desde esa perspectiva ahí manifestamos también cierta reserva. En todo
caso, esta es una cuestión debatible, una cuestión polémica. A nosotros tampoco nos parece razonable, desde una perspectiva conceptual y a tenor de lo que estamos debatiendo en el Pacto de Toledo, hacer reflexiones sobre el fondo del asunto
-permítanme la expresión- forense, sobre si las bonificaciones de cuotas de contingencias comunes de desempleo, las relativas a Fogasa y a la formación profesional, son el mejor o el peor instrumento para la generación de empleo. Pero honestamente
les tenemos que decir que tenemos severas dudas en las que coinciden todas las personas que han compartido la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, en relación a la bondad de este instrumento para generar empleo. Yo buscaría otros
procedimientos. Honestamente buscaría otras previsiones e intentaría además evaluar, en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, la bondad de esta medida que ustedes bienintencionadamente y con toda legitimidad nos presentan aquí. Desde esa
óptica, vamos a hacer una excepción a este criterio de aceptación de todas las iniciativas que dimanan de parlamentos o de asambleas autonómicas y nos vamos a abstener.
No nos parece tampoco razonable, entre otras cosas por respeto institucional,
votar que no a la iniciativa. En su caso, si prospera, manifestaremos nuestras aportaciones e intentaremos enriquecerlo, porque todo lo que usted ha comentado es cierto. Melilla y Ceuta tienen problemas específicos: extrapeninsularidad, un ámbito
territorial reducido y una dependencia del sector terciario que llega al 70 por ciento. Algo hay que hacer con estas características demográficas, poblacionales y económicas, pero seguramente no sea esto lo mejor.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Quiero dar también la bienvenida al comisionado de la Asamblea de Melilla y agradecerle su intervención. Ello permite al conjunto de la Cámara escuchar desde la voz del representante de Melilla cómo está viviendo hoy la crisis esa ciudad.
Pero tal como han formulado otros portavoces Convergència i Unió, que tradicionalmente toma siempre en consideración las proposiciones de ley que nos llegan desde los parlamentos autonómicos, por una cuestión de coherencia con la esencia de nuestra
fuerza política, por respeto a esa voluntad que expresan los parlamentos autonómicos, hoy no a votar favorablemente esta toma en consideración, insisto, rompiendo nuestra tradición. No lo podemos hacer por diversos motivos. Uno de ellos es que no
sé si en los debates que se mantuvieron en su día en el Parlamento de esa ciudad autónoma se tuvo demasiado presente, si la fórmula de proposición de ley de parlamento autonómico es la mejor medida, la mejor fórmula de mejorar una determinada
política pública, una determinada bonificación al empleo indefinido. No estamos hablando de una modificación sustancial de un régimen legal; no estamos hablando de una modificación sustancial de un marco institucional; estamos hablando de
modificar de manera puntual aspectos concretos de una política pública concreta, la política orientada a la generación de empleo a través de las bonificaciones; y no tanto creando una bonificación nueva sino introduciendo matices en esa
bonificación ya existente desde hace unos cuantos años. Estoy seguro de que si los grupos políticos que votaron a favor de esta proposición de ley pretendiesen resolver a fondo esta cuestión, quizá estarían de acuerdo conmigo en que el mecanismo
más práctico y más eficaz en términos parlamentarios sería la Ley de Presupuestos Generales del Estado; sería la próxima revisión, no ya del Pacto de Toledo sino incluso del sistema de bonificaciones a la contratación indefinida.
Durante unas cuantas semanas intensas la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados ha estado analizando la política de bonificaciones, y hemos llegado a aprobar un paquete de recomendaciones al Gobierno para revisar esa
política de bonificaciones. Es más, hoy, en el marco del diálogo social entre la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, la CEOE y el Gobierno, está en discusión esa política de bonificaciones. En ese contexto, si hoy se llega a tomar
en consideración esta proposición de ley -no lo sabemos-, mi grupo tiene razonables dudas de que esa
toma en consideración termine en aquello que ustedes pretenden, en una modificación de la legislación vigente que pueda permitir mejorar ese régimen de bonificaciones a la contratación indefinida. Lo más previsible es que los cambios que se
produzcan en los próximos días, en las próximas semanas en el marco del diálogo social, o en el supuesto de que no hubiese acuerdo por parte de una iniciativa del Gobierno, van a terminar de resolver, quizá de manera insatisfactoria, las cuestiones
que ustedes hoy nos plantean. En este sentido va a ser relevante que, cuando llegue esa discusión a la Cámara del nuevo sistema de bonificaciones, los grupos que hoy voten a favor de esta toma en consideración, muy especialmente el Grupo Popular,
podrán presentar las correspondientes enmiendas en esa previsible tramitación parlamentaria para mejorar ese régimen que se mantiene para Melilla. En consecuencia, tenemos dudas de que el instrumento adecuado para resolver esa cuestión fuese el de
una iniciativa de un parlamento autonómico. Estamos bastante convencidos de que, en todo caso, de aquí a finales de mayo o principios de junio este marco cambie, y tendremos una oportunidad de discutir sobre si esas medidas que excepcionalmente
afectan a Ceuta y Melilla deben continuar, deben variarse o deben introducirse otras de nuevo en un contexto concreto -lo afirmaba el señor Olabarría- en el que se está discutiendo si la política de bonificaciones al empleo ha sido una buena
política.
-Creo recordar que el señor Llamazares también lo ha formulado-.
Precisamente la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y un informe de la Universidad de Alcalá, han indicado que la excesiva amplitud de nuestra política de bonificaciones no ha tenido un efecto sustancial en la generación de empleo.
Yo desconozco -al menos no me viene ahora a la memoria, no sé si las portavoces del Grupo Socialista van a profundizar sobre eso-, si el informe de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas analiza específicamente el impacto que ha tenido la
política de bonificaciones en las ciudades autónomas; no sé si el informe de la Universidad de Alcalá ha analizado ese impacto; no sé si los gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla lo han hecho; no sabemos si esas excepciones generosas que ya
existen en el caso de las dos ciudades autónomas y en determinados sectores, están siendo un factor que ayude a la generación de empleo o no; tampoco sabemos si quienes crean empleo lo hacen al margen de la existencia de esas bonificaciones, razón
de más para que en este contexto actual, y después de los informes de Toharia y de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, seamos más prudentes en esta materia. Insisto, desde el respeto a la iniciativa legítima de la Asamblea de Melilla
hoy Convergència i Unió va a abstenerse en esta toma en consideración, pero va a sugerir a los proponentes que utilicen la vía de los grupos parlamentarios básicamente Socialista y Popular, que son quienes están representados en la Asamblea de
Melilla y que gozan de una amplísima mayoría en la Cámara, para que en el debate de este verano de revisión de la política de bonificaciones se pueda incorporar esta dimensión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señora presidenta.
Mis primeras palabras tienen que ser forzosamente de bienvenida a la delegación de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla que encabeza el portavoz que acaba de intervenir aquí, don Daniel Conesa, y que viene acompañado por los
vicepresidentes, señor Marín y señor El Barkani, así como el consejero de Fomento, señor Marín, y el director general de Presidencia.
Señora presidenta, señorías, el Grupo Popular ya adelanta en esta Cámara que va a votar a favor de la iniciativa que la Ciudad Autónoma de Melilla presenta para su consideración en esta Cámara. Muchas son las razones que podríamos invocar
en nuestro voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley que la Ciudad Autónoma de Melilla a través de su asamblea ha presentado aquí. Me gustaría realzar, porque no podría ser de otra forma, algunos de los argumentos que el
señor representante de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha presentado aquí, así como hacer una serie de reflexiones para disipar quizá las dudas razonables que a algunos grupos parlamentarios de esta Cámara les puedan asaltar en este
momento, en el que se debate algo que para los melillenses que estamos a pie de suelo sí que es importante para nuestra ciudad. Se trata sencillamente de una toma en consideración. Otros portavoces que han hecho uso de la palabra antes que yo lo
han puesto encima de la mesa, han mostrado su sí relativo, sus dudas razonables. Pero es lo cierto y verdad, señora presidenta, que en el trámite parlamentario esta proposición de ley que la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla presenta, no
solo no va en contra de ninguna iniciativa legislativa o discusión en otro foro, sino que su aceptación indicaría el respeto necesario a un parlamento que con las limitaciones necesarias como el de la Ciudad de Melilla -y el de la Ciudad de Ceuta-
implica y necesita de esta Cámara. Por consiguiente, aparte de esta razón abstracta, de estas razones siquiera teóricas o empíricas como la del respeto a la voluntad de los parlamentos autonómicos -hago especial hincapié a los grupos nacionalistas
de esta Cámara, el Catalán y el Vasco, que en otras circunstancias han mostrado su absoluto respaldo a los parlamentos autonómicos- sí, señora presidenta, aparte de estas razones abstractas, hay un serie de razones concretas; razones concretas que
ha dicho ya el representante de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. Melilla aparte de tener unos precedentes, que no es que haga una competencia desleal, que no es que haga dumping económico a cualquier otra
autonomía, tiene una serie de limitaciones, de particularidades, señora presidenta, señorías, que no es que la hagan diferente, es que la hacen ser necesariamente tratada no digo de una manera desigual, pero sí de una manera donde se permita
al menos la toma en consideración de la proposición para enmendarla, para enriquecerla, para discutirla en los foros necesarios, entendiendo que el Grupo Popular va a mostrar desde el primer momento el consenso, la necesidad de acuerdo, la necesidad
de que todo el arco parlamentario vote a favor, ampare esta cuestión, que es tan fundamental para la Ciudad de Ceuta y para la Ciudad de Melilla, para la Ciudad de Melilla y para la Ciudad de Ceuta.
Lo ha dicho el portavoz de la Asamblea, la tasa de paro, la tasa de paro femenino, las limitación de transporte, el transporte caro -valga la redundancia- la extrapeninsularidad, son importantes elementos que hacen que la proposición de ley
no sea solamente una proposición económica donde nos podamos entender o donde nos podamos extender en aspectos legales o administrativos respetabilísimos más o menos apreciables, sino que es para nosotros los melillenses una mera cuestión social.
Como ha dicho el señor representante de la Asamblea de Melilla, esta proposición de ley no es un capricho, señora presidenta, señorías; no es un capricho más o menos provisional, más o menos aleatorio de los representantes de la ciudad de Melilla;
no es una especie de argumentario para tener una mayor cuota de ventaja sobre otras autonomías. Si Melilla y Ceuta, en este caso la Ciudad Autónoma de Melilla, tienen algo a gala es la solidaridad con el resto de las autonomías que engloban España
y, por tanto, al Grupo Parlamentario Popular le parece que sería una posición verdaderamente apriorística votar que no sin ni siquiera dar la posibilidad de discutir, con independencia de que se sigan caminos paralelos en otros foros de debate sobre
esta proposición de ley, cuando otras veces en otros parlamentos en otras comunidades autónomas proposiciones de ley exactamente de la misma enjundia, exactamente de la misma responsabilidad para los ciudadanos de esas autonomías, han sido aprobadas
sin ningún tipo de reticencia por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. No es buena la excepción, señora presidenta, señorías, al tratarse de Melilla y Ceuta de hacer seguramente sólidos debates administrativos, pero que no van a
convencer a los habitantes melillenses en este caso, ni a los ceutíes tampoco, cuando se tengan que explicar aquí y allí los votos y posicionamientos de cada grupo parlamentario.
Nosotros con la torpeza que nos caracteriza lo hemos explicado lo mejor posible en esta Cámara y también lo hemos explicado en la Ciudad Autónoma de Melilla; otros grupos tendrán que explicarlo aquí y allí. Nosotros hemos entendido que era
necesaria, pertinente y oportuna, pese a la aparente extemporaneidad de la presentación de la misma en esta Cámara habida cuenta del tiempo presentado, porque son fijas las razones objetivas que el portavoz de la Ciudad Autónoma de Melilla ha
presentado en esta Cámara. No es necesario que persistan estas circunstancias, no es necesario que estas connotaciones sean desdeñables, que sean más o menos políticas generadoras de empleo porque persiste lo fundamental, señora presidenta,
señorías: la extrapeninsularidad, el transporte difícil y caro, el paro juvenil, el paro femenino, la singularidad explícita e implícitamente necesaria y reconocida de las particularidades de la Ciudad Autónoma de Melilla -cuando diga Melilla por
economía procesal digo también Ceuta-. Nosotros tenemos un régimen de tributariedad especialmente distinto del resto de las autonomías españolas, porque se reconoce implícita y explícitamente las dificultades y las características de nuestra
ciudad, y es necesario volverlo a decir aquí seguramente con toda la voz que me falta pero con toda la verdad que me asiste y asiste a mi grupo: existe esta dificultad de transporte, existe esa dificultad -insisto una vez más-, de la particularidad
que nos da no digo excepcionalidad de tributación pero sí nos hace especialmente distinguible del resto de las autonomías de España, y no por eso implica competencia desleal ni significa ningún tipo de privilegio, sencillamente significa compensar
las circunstancias que la ciudad de Melilla tiene y son de todos conocidas.
Por eso digo que el rechazo de la toma en consideración sería poco entendible en la ciudad de Melilla, no lo entenderíamos en el Grupo Parlamentario Popular, porque no implicaría más que el hecho de que este Congreso de los Diputados que es
la representación del resto de los españoles, representa la soberanía nacional de todos los españoles, de la soberanía popular, siquiera tenga la deferencia con la ciudad de Melilla de ir matizando, ir enriqueciendo, ir armonizando, ir enmendando,
ir contando con el consenso del Grupo Parlamentario Popular que desde este momento pongo encima de la mesa; no se comprendería, señora presidenta, señoras y señores diputados. Tampoco es ningún tipo de filípica ni de reprensión a los criterios
legítimamente retribuidos y representados por cada grupo político de esta Cámara. Sí me permitirán que haga énfasis en estas circunstancias que el portavoz de la Asamblea de Melilla ha presentado y que son las legítimas por las que nos creemos en
la obligación de votar a favor y de presentar hoy aquí, en esta Cámara, esta proposición de ley, que consideramos ajustada, justa y necesaria para los intereses generales de España y, sobre todo, para los intereses generales de los melillenses.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Gutiérrez Molina.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista también quiero dar la bienvenida a los representantes de
la Asamblea de Melilla y desearles que pasen un buen rato aquí entre nosotros.
¿Qué nos pide la iniciativa de la Asamblea de Melilla? Nos pide pasar al 50 por ciento en todos los sectores, lo que ahora tienen unos cuantos sectores al 40 por ciento. He oído aquí argumentos de varias naturalezas.
Hemos estado en una
comisión -ya lo decía el señor Campuzano- estudiando cómo armonizamos las bonificaciones, porque en el momento en que bonificas todo a todos los sectores, ya no estamos hablando de bonificaciones, estamos hablando de rebajas de cuotas. Por lo
tanto, en estos momentos no podemos admitir pasar al 50 por ciento las bonificaciones y, además, a todos los sectores. ¿Por qué? ¿Me puede alguien confirmar que las empresas BBVA, el Santander o las eléctricas están en crisis como para que les
tengamos que hacer esta rebaja? Porque, claro, hablamos de todos los sectores. Don Antonio Gutiérrez nos ha ofrecido consenso y se lo agradezco, pero donde tenía que haber consenso es en Melilla porque, razonablemente, los compañeros del PSOE de
Melilla estaban de acuerdo en el 50 por ciento pero no para todos los sectores.
Porque una cosa es hablar del 50 por ciento y otra cosa es hablar de extenderlo a todos los sectores. Claro que el PSOE y mi grupo parlamentario estamos a favor de
todas aquellas medidas que puedan significar un bien común para Melilla y Ceuta, pero también tenemos que entender, en ese contexto, que el Gobierno acaba de aprobar una orden el pasado mes de marzo en la que amplía por dos años más las
bonificaciones al 40 por ciento.
La Ley de Seguridad Social, en el apartado dos de la disposición trigésima, dice que para volver a renovar esas bonificaciones hay que hacer una evaluación, ver para qué han servido, ver qué han generado y si realmente hay que seguir con
ellas. Eso es lo que acaba de hacer el Gobierno, y lo acaba de hacer hablando con los dos presidentes, con el presidente de Ceuta y con el de Melilla. Junto a los demás informes se ha acordado renovar por dos años más esta medida de bonificación
del 40 por ciento. Hoy, ni un mes después, estamos hablando aquí no solo de pasar al 50 por ciento, sino en todos los sectores de la actividad.
En consecuencia, señorías, mi grupo no puede aceptar esto en estas condiciones, máxime cuando todas las iniciativas que hemos hecho de Seguridad Social las hemos llevado al Pacto de Toledo. Hay algunos diputados aquí que la semana pasada
estuvimos cuatro horas debatiendo qué hacíamos con las bonificaciones a la Seguridad Social. Hemos tenido que pedir informes porque no acabamos de ver que eso signifique el objetivo de generar más empleo. Por consiguiente, no lo podemos votar
porque, repito, no hace ni dos meses que hemos apoyado la continuidad por dos años más del 40 por ciento. Me decía hoy mi compañero Dionisio Muñoz que hay un informe de las patronales de Ceuta y Melilla donde se habla de ir al 50 por ciento, pero
no a todos los sectores. Es decir, la misma patronal de Ceuta y Melilla -ese documento lo tienen ustedes y lo tenemos nosotros- dice de ir al 50 por ciento a los sectores que hay o añadir alguno más, pero a todos no, porque, señorías -pongo un
ejemplo, y acuérdense de la situación que tenemos en el conjunto del país-, ¿qué pasaría si bonificamos todo el transporte al 50 por ciento en la ciudad de Melilla, o a la construcción? Que estaríamos hablando de una medida que no conseguiría el
objetivo que todos tenemos, y además estaríamos abriendo una puerta para otras situaciones de otras provincias del Estado que también tienen situaciones complicadas. Por tanto, en primer lugar, tendríamos que ser coherentes en el Parlamento. El
Partido Popular nos tiene acostumbrados a que nos critica en televisión porque no recortamos el gasto y somos unos despilfarradores, y después aquí no hay iniciativa que no suponga aumentar el gasto. Esta en concreto significa un aumento del 301
por ciento de lo que tenemos en estos momentos concedido sobre el 40 por ciento. Repito, para todos los sectores es inviable.
Para terminar, no tengo ningún inconveniente, así se lo he dicho a mis compañeros, de explicar aquí, al igual que en Melilla, lo mismo, porque les recuerdo que es con este Gobierno socialista cuando cada dos años se han ido renovando las
bonificaciones del 40 por ciento, con este Gobierno, no con el anterior. Y aunque reconocemos que la primera iniciativa la tomó del PP en el mes de febrero -a todas luces, unos días antes de las elecciones-, hemos considerado, una vez analizados
los dos años, que había que ir renovándolo, y así lo hemos hecho. Pero entendemos que no se pueden ampliar a todos los sectores las bonificaciones de la Seguridad Social. Insisto, me gustaría saber cómo se pondrían de contentos el Banco de
Santander o el BBVA o Endesa. No me irán a decir ustedes que todas estas empresas están en crisis y solo en crisis en una ciudad concreta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por ello, señorías, mi grupo va a decir que no, y lo puede
explicar aquí y en Melilla con el mismo convencimiento. Ese consenso que hoy nos piden aquí, ojalá lo supieran aplicar en Melilla con nuestros compañeros del PSOE, y hubieran llegado a un acuerdo con ellos y hablaran de un incremento solo de un
porcentaje y no de todos los sectores. En el PSOE también les brindamos el consenso para que podamos llegar en Melilla y aquí a presentar propuestas y llegar a futuros acuerdos y poderlos sacar adelante.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA RECUPERACIÓN DEL RECURSO
PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA LOS PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA O DE SU MODIFICACIÓN (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000204.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley. Toma en consideración del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de
inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de estatutos de autonomía o de su modificación. Tiene consideración de orgánica. Para su defensa tiene la palabra don Arturo García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor presidente, señorías, me cumple en este momento dar respuesta al trámite del artículo 126 del Reglamento respecto de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por nuestro grupo, al que
acaba de hacer referencia el señor presidente.
Ciertamente este es un tema que ha tenido ya ocasión la Cámara de debatir, incluso recientemente, con motivo de la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a
propósito de lo que se denominaba el blindaje vasco, puesto que una enmienda presentada por nosotros prácticamente era reproducción, o esta es reproducción de lo que decíamos en aquella enmienda. Sin embargo, señorías, permítanme que llame la
atención de la Cámara sobre la importancia y la trascendencia de esta proposición que nosotros le presentamos, que sinceramente nos gustaría que obtuviese el respaldo unánime de la Cámara, puesto que es uno de los temas esenciales que afectan a
nuestro control de constitucionalidad de las disposiciones, especialmente de los estatutos de autonomía. Desde que apareció la figura del control previo de la constitucionalidad se ha discutido mucho, y no ha habido siempre una posición unánime al
respecto.
En este sentido, recuerdo que en el debate de la antigua ley del año 1979 se discutió si era posible con nuestro texto constitucional hacer un control a priori de disposiciones de ley orgánica y estatutos de autonomía o si, por el
contrario, nuestra Constitución solamente permitía un control a posteriori. Se basaban para ello en la propia terminología de la Constitución, en el sentido de que no estaba expresamente reconocido en la misma, a diferencia de lo que sí pasaba con
el recurso de inconstitucionalidad.
También se dijo que ese recurso o control previo de inconstitucionalidad alteraba el propio procedimiento legislativo y que este trámite no estaba previsto dentro del procedimiento legislativo común ordinario o del procedimiento legislativo
que afectaba a leyes orgánicas o a estatutos de autonomía. Sin embargo, lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en la Sentencia 66/1985, de 25 de mayo, en la cual reconoció que este recurso tenía
perfecto encaje dentro de lo que era nuestro sistema constitucional, que podía ser opinable la oportunidad o no de un control previo de la misma, pero que no había ninguna medida, ninguna disposición constitucional que lo impidiera. Es más, este
control previo de constitucionalidad es algo normal y usual en otros ordenamientos jurídicos y el derecho comparado nos demuestra que está dentro de las modernas tendencias del constitucionalismo democrático de los países de nuestro entorno y, si
quiere un ejemplo, ahí tiene el caso de Alemania con el tribunal federal.
Por tanto, no existe ninguna dificultad para reconocer y para admitir que este control previo de constitucionalidad tiene perfecto encaje dentro de nuestro sistema político,
habida cuenta que nosotros no estamos en un sistema de competencias tasadas respecto del Tribunal Constitucional, sino que es numerus apertus, puesto que el artículo 161 admite que pueden ser conocidas por el Tribunal Constitucional aquellas
cuestiones que recoge la propia Constitución o que se recojan en las propias leyes orgánicas.
Se ha dicho también que este control previo de constitucionalidad era contrario a la presunción que entraña la Cámara, que entraña la soberanía nacional, que entrañan sus representantes, por cuanto es una forma de controlar lo que viene a
ser una actividad propia del órgano supremo de la soberanía popular. Pero, señorías, lo cierto es que este control no se produce en el seno del procedimiento legislativo, sino una vez que ha terminado el procedimiento legislativo. En el momento en
que han terminado su labor las Cámaras, Congreso y Senado, es cuando entra. La única diferencia en el control previo es que tiene lugar antes de que entre en vigor, bien porque le falte su publicación en el Boletín Oficial del Estado, bien porque
le falte un trámite de referéndum, pero lo cierto es que en el control previo de constitucionalidad siempre han terminado su trabajo las respectivas Cámaras. No se ve la diferencia de por qué este control tenga que ser contrario a la presunción que
entraña la soberanía en los representantes de la Cámara en ese momento y no después.
Tendremos que reconocer que una y otra forma, tanto el control previo como el control a posteriori a través del recurso de inconstitucionalidad, no son más que
modos, formas o manifestaciones de un mismo control, y así también lo ha venido a reconocer el Tribunal Constitucional.
Se ha dicho también que la desaparición del control previo de constitucionalidad realmente no afecta al funcionamiento de nuestro sistema político, porque no pasa nada si una vez que ha entrado en vigor -llámese leyes orgánicas, que no es el
caso de nuestra proposición, o el caso de los estatutos de autonomía- el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos. Estas son manifestaciones y palabras recogidas ampliamente en muchos artículos -es el caso de la
propia presidenta actual del Tribunal Constitucional, doña María Emilia Casas, o incluso del propio presidente del Gobierno, que también lo ha reconocido a través de alguna manifestación-, según las cuales no pasa nada
si después de ultimada la tramitación de un estatuto de autonomía, que incluso ha sido objeto de referéndum, posteriormente el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional en algunos de sus aspectos. En opinión de estas personas, no
pasa nada, sin embargo, nosotros creemos que sí pasa; creemos que se está cuestionando el sistema respecto a muchas situaciones que se pueden producir.
Estos días estamos viendo lo que está pasando con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, respecto del que muchos sectores y muchas formaciones políticas tienen dificultad para aceptar una sentencia del Tribunal Constitucional que no fuera
absolutamente conforme con las posiciones que se mantienen, que son las que aparecen determinadas. Por tanto, comparto esas manifestaciones, y es verdad que no pasa nada o no debería pasar nada. En consecuencia, si el Tribunal Constitucional
dictase una sentencia que no fuese acorde con lo que ha salido de las distintas Cámaras que han intervenido en este proceso, todos somos conscientes de que esa situación no es la más conveniente ni la más adecuada para el desarrollo de nuestro
sistema político. Por eso, no es extraño que fuerzas políticas muy alejadas de lo que puede ser o representar el Partido Popular se hayan manifestado en los últimos tiempos acerca de la conveniencia de recuperar el recurso previo de
inconstitucionalidad como una forma de evitar ese sometimiento a tensión que en estos momentos experimentan determinados estatutos de autonomía. Por tanto, aquello también sería conveniente.
Señorías, como pueden ver, el alcance de la reforma se limita a dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es incorporar los estatutos de autonomía dentro de las posibilidades que tiene el Tribunal Constitucional de examinar con un
control previo su constitucionalidad y el segundo que esta previsión, que este control previo, que esta recuperación del control previo de constitucionalidad solamente se aplique a los estatutos que puedan entrar en el futuro, porque no sería
aplicable a los estatutos que están actualmente en tramitación en la Cámara. Hay que decir que es una reforma de futuro, una reforma que tiene como finalidad evitar las consecuencias dañosas que la experiencia ha demostrado.
Posiblemente, se nos podrá decir que el anterior sistema de control previo del año 1979 provocó una disfuncionalidad en el mecanismo de control de la constitucionalidad, por cuanto podía ser entendido o aprovechado por la minoría para
bloquear iniciativas de la mayoría. Señorías, sin dejar de reconocer lo que pueda haber de razón en la historia de nuestro constitucionalismo y de nuestro sistema de control de constitucionalidad, pienso que la fórmula no es la privación total y
absoluta en nuestra legislación de un control previo de constitucionalidad. Así -lo saben ustedes perfectamente-, nuestro Consejo de Estado, en el informe de febrero del año 2006, reconoció la conveniencia de recuperar el control previo de
constitucionalidad al menos en lo referido a los estatutos de autonomía, porque al ser las normas determinantes de una determinada comunidad autónoma, que se sujetaban de forma inmediata a la Constitución, era conveniente que antes de su entrada en
vigor tuviesen ese examen, si parecía oportuno, de constitucionalidad, de tal manera que no entrasen en vigor hasta no tener perfectamente clara su constitucionalidad.
Me consta, como les decía antes, que muchas de SS.SS. e importantes representantes de unos y otros grupos políticos se han manifestado últimamente en la conveniencia de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad o el control previo
de constitucionalidad a estos efectos. Señorías, se diría que, al retirar completamente el control previo de constitucionalidad en el año 1985, después de la experiencia del año 1979, se fue la mano, se fue más allá de lo que posiblemente los
propios autores querían, y de alguna manera recuperar el control previo de constitucionalidad en un elemento tan sensible a la conformación de nuestro sistema y régimen político sería algo conveniente y deseable por parte de esta Cámara.
En definitiva, señorías, nuestro grupo político somete a su consideración que se tome en consideración -valga la redundancia- una norma que es buena para el funcionamiento de nuestro sistema político, que es conveniente para evitar
disfunciones como las que se han producido en los últimos tiempos y que, sin dejar de reconocer que el problema no está en que solamente haya o no recurso de inconstitucionalidad, sino en la celeridad o no celeridad con que el Tribunal
Constitucional debería resolver los recursos que se le presentan y que muchas veces esa falta de celeridad es lo que provoca estas situaciones, la realidad es la que es, y seguramente muchos de los problemas que actualmente aquejan a nuestra
sociedad en la conformación de algunas de nuestras autonomías indudablemente tendrían una solución más fácil y más conveniente si hubiésemos mantenido el control previo de constitucionalidad en lo referido a los estatutos de autonomía. En ese
sentido, entendemos que el recordatorio que hizo en su momento el Consejo de Estado no debe ser una consideración baladí, que esta Cámara no debería tomársela a beneficio de inventario y que sería bueno que tomáramos en consideración esta
proposición de ley. Luego SS.SS. podrán determinar a través de los distintos grupos políticos qué hay que mejorar o modificar en esta proposición que nosotros les presentamos, porque -vuelvo a decir- su alcance está exclusivamente limitado a los
estatutos de autonomía que vengan en el futuro, pues los que están en tramitación no tendrían cabida en esta reforma.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
Para fijar la posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señor García-Tizón, sabido es que Unión, Progreso y Democracia no tiene más que un voto en esta Cámara, pero a la vista está que tiene mucha influencia, porque no es la primera vez que alguno de los grupos de la Cámara recoge una
iniciativa de Unión, Progreso y Democracia -que por aquello de los límites del Grupo Mixto no ha podido ser discutida todavía- y es sometida a debate y podemos, por tanto, someterla a votación. Digo esto porque hace unos meses discutimos aquí una
proposición de ley del Grupo Popular de reconocimiento de la autoridad al profesorado, que un año antes había sido presentada por Unión, Progreso y Democracia, y tuve la satisfacción, por tanto, de poder apoyar esa iniciativa. Días más tarde, hace
un par de meses aproximadamente -bien es cierto que, en ese caso, sin éxito-, pude plantear una iniciativa en relación con la despolitización de los órganos de las cajas de ahorro, que no contó con la aquiescencia de nadie de la Cámara y que el
propio Grupo Parlamentario Popular votó en contra, pero, cosas del destino, luego se reunieron el presidente del Partido Popular y el presidente del Gobierno y se pusieron de acuerdo en aquello. Aquí me votaron en contra, pero allí se pusieron de
acuerdo, y yo dije: ¡Qué influencia tenemos! Es un solo voto, pero qué influencia. Ahora me encuentro con esta iniciativa, que comparto -y brevísimamente diré por qué-, pero quiero llamar la atención en el sentido de que esta fue una iniciativa,
casi literalmente por supuesto, que Unión, Progreso y Democracia presentó el 20 de mayo de 2008. Les agradezco que tomen en consideración nuestras iniciativas, que llevemos este buen camino de encontrarnos los unos y los otros, porque creo que, al
paso que vamos, ustedes o ustedes (Señala a ambos lados de la Cámara.) dentro de nada presentarán una iniciativa para reformar la Ley Electoral, y entonces podremos votar por fin una reforma de la Ley Electoral. A este paso, habida cuenta de la
influencia de los grupos pequeños, en este caso con una representación unipersonal, y dada la trayectoria, estoy segura de que, antes de las elecciones o después de ellas, cualquiera de ustedes dos, en función de las necesidades, traerán aquí una
iniciativa para reformar la Ley Electoral.
Dicho todo eso, estoy de acuerdo con los enunciados que contempla esta proposición de ley, con los argumentos jurídicos que ha dado el señor García-Tizón, y solamente añadiré dos consideraciones de carácter político. A mí no me preocupa
algo que usted ha explicado bien y es qué pasará. ¿Pasará lo que está pasando con el Estatuto de Autonomía de Cataluña o no? No me preocupa mucho lo que pueda pasar, porque al final la ley se impone, sino que me parece que recuperar el recurso
previo de inconstitucionalidad solo para los estatutos de autonomía, que forman parte del bloque de constitucionalidad, es una buena decisión, al margen de las cosas que están ocurriendo ahora y de la coyuntura. El legislador decidió en 1985
modificar y quitar de nuestra legislación el recurso previo de inconstitucionalidad, que entonces alcanzaba no solo a los estatutos de autonomía, sino a las leyes orgánicas. Me parece bien que queden fuera las leyes orgánicas, pero la situación en
aquel momento en España y en relación con los estatutos de autonomía no era la que es en este momento. Yo creo que en los últimos años se ha modificado la Constitución por la puerta de atrás, modificando los estatutos de autonomía, sin un debate
claro y previo, en el que seguramente hubiéramos encontrado un consenso, en el que hubiéramos determinado hacia dónde queríamos llegar, si queríamos un modelo federal, confederal, jacobino, el que fuera, porque podemos modificar la Constitución.
Eso no se puso de manifiesto en ningún momento, se modificó la Constitución por la puerta de atrás y sin ese debate político necesario en todo caso. Por eso me parece imprescindible que para aprobar aquellas leyes, como los estatutos de autonomía,
que forman parte del bloque de constitucionalidad haya recurso previo de inconstitucionalidad. Por eso apoyaré la iniciativa que el Grupo Popular ha presentado hoy.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con la iniciativa que ha presentado el señor García-Tizón en nombre del Grupo Popular, la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de estatutos de autonomía o su modificación. Para Coalición Canaria, lo que necesita el Tribunal
Constitucional con urgencia es renovarse cuanto antes y recuperar una legitimidad y una autoridad perdidas que no se recuperan con propuestas exclusivas como la que se plantea hoy. Creemos que los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido
Socialista, debieran modificar el sentido de las cuotas de representación. Y si hablamos de cuotas de representación, parece razonable plantear que los cuatro magistrados que debe elegir el Senado, y que no se han renovado en los últimos dos años,
debieran elegirse por cuotas de representación territorial. Si el Senado de verdad es la Cámara de representación territorial, parece razonable que se pueda plantear, si hablamos de cuotas, una cuota de los territorios, porque, a pesar del esfuerzo
que ha hecho Coalición Canaria en los últimos años, jamás un magistrado ha sido de Canarias.
Señorías, el recurso que reforma esta proposición de ley es para Coalición Canaria invertir la lógica, la de presunción de constitucionalidad, en una ley que emana del lugar donde radica la soberanía popular, es decir, de las Cortes
Generales, es hacer caer la sombra de la duda de la inconstitucionalidad sobre los estatutos de autonomía, pero también es dar el poder a minorías ideológicas
o territoriales no solo de suspender la tramitación del estatuto durante mucho tiempo, no solo los cuatro años que se está tardando en resolver los recursos contra el Estatut, sino incluso más tiempo, porque hay recursos que llevan hasta
doce años en el Constitucional y no han sido resueltos. Por eso entenderán que Coalición Canaria va a votar que no a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Hay una vacante sin cubrir; un miembro recusado; cuatro magistrados sin renovar desde hace más de dos años; otros tantos que dentro de poco estarán en la misma situación; magistrados que publican cartas en medios de comunicación sobre
sus exigencias para votar favorablemente una propuesta de sentencia; cinco intentos fallidos de dictar sentencia sobre un estatuto en vigor desde hace casi cuatro años, aunque, eso sí, los magistrados encuentren tiempo para, puro en ristre,
compartir palco con Los Morancos para ver los toros en Las Ventas. Señorías, estos son los problemas reales que afectan al Tribunal Constitucional. Esto es lo que hace que a los ojos de un importante sector de la sociedad su imparcialidad esté
totalmente cuestionada, que sea una institución cada vez más desprestigiada. Esta es la consecuencia de la pugna por el control de esta institución, de la tentación de hacer del tribunal una tercera Cámara que actúe como un contrapoder a las
instituciones depositarias de la soberanía popular, de la tentación, en definitiva, de hacer un uso instrumental del mismo para imponer una visión sectaria y restrictiva de la Constitución y del desarrollo autonómico.
Señorías, para el BNG la reforma necesaria, la reforma realmente urgente es la que debatimos recientemente en esta Cámara, fruto de sendas proposiciones de ley de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana de Catalunya, la reforma que
ahora promueven la práctica totalidad de las fuerzas políticas catalanas. Señorías del Grupo Popular, su proposición de ley es una cortina de humo, una cortina de humo para cambiar el centro del debate, una cortina de humo para eludir sus
responsabilidades en la situación que atraviesa esta institución. Además, con esta proposición ustedes pretenden tratar como menores de edad a las comunidades autónomas y a las Cortes españolas. Por esta razón, señorías, expreso el rechazo del
Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, vista la más que breve y azarosa vida que tuvo el recurso previo de inconstitucionalidad para mí -y créanme que no quiero ser petulante- resultaría muy fácil reproducir aquí y ahora, aunque sea sensu contrario con lo que decía el
diputado García-Tizón, los argumentos que ya en 1985 llevaron al legislador a su desaparición mediante la supresión del artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por cierto, fue una derogación confirmada por el Tribunal
Constitucional con el argumento, entre otros, de que no había previsión constitucional y de que, por tanto, era disponible para el legislador orgánico. En segundo lugar, hay otros argumentos de tipo sobrevenido. No hay que ser un Einstein para ver
que esta cuestión entra nuevamente en escena veinticinco años después, es decir, han transcurrido unos cuantos años, en un contexto que podríamos denominar de hostilidad guerrera del Partido Popular, del grupo hoy proponente, contra el Estatut, que
parece como si ahora quisiera redimirse o expiar sus culpas, pretextando que un control previo de inconstitucionalidad hubiera ahorrado a todo el mundo este penoso trance del Estatut. Pero, señorías, eso es falso. El Estatut -y el PP lo sabe- es
plenamente constitucional; el Estatut no supone para nada una reforma encubierta de la Constitución y, además, es perfectamente conocido que el Partido Popular es titular de un lúgubre expediente, de un historial delirante, no solo con el Estatut,
sino también con Cataluña; se autoexcluyeron del pacto estatutario en Cataluña, recogieron cuatro millones de firmas contra el Estatut, recurrieron en amparo la admisión a trámite en esta Cámara del proyecto de Estatut, interpusieron un recurso
contra el Estatut y, además, han inducido todo tipo de maniobras inicuas en el interior del Tribunal Constitucional, y estamos todavía así. Ahora este recurso previo, esta iniciativa, constituye un triste corolario a toda esta trayectoria que
exhibe el Partido Popular.
Vayamos por partes. Primero, quiero decir que, como es sabido, el recurso previo -y así se dijo en su día- constituye tanto una fractura de nuestro modelo de control constitucional sucesivo como una indeseable injerencia del Poder Judicial
en el Legislativo, además de una clarísima judicialización de la vida política, como se puso de relieve durante unos cuantos años. Esto es, el recurso previo de inconstitucionalidad propicia que el tribunal se extralimite en su estricta función de
control, de modo que el tribunal deje de ser un simple legislador negativo, para convertirse en una auténtica tercera Cámara, como el Congreso y el Senado, introduciéndose como una auténtica instancia más, como una especie de Poder Legislativo
añadido, al que se le otorga el derecho de veto sobre la autoridad legislativa del Parlamento,
que, además, indica al legislador la ruta y el camino que debe transitar un proyecto legislativo y, lo que es peor, destruyendo la presunción de legitimidad del Parlamento como representante de la voluntad popular. En resumen, podíamos
decir, señor García-Tizón, que este recurso previo de inconstitucionalidad es como la guerra preventiva de Aznar, pero trasladada, en este caso, a la democracia y a este Parlamento.
En segundo lugar, la experiencia demuestra que ustedes -de hecho son los únicos legitimados activamente para interponer este tipo de recursos- hicieron una utilización política con una clara voluntad de obstruir. Y no quiero que nadie
olvide que la derecha utilizó precisamente este recurso para ir en contra de la Ley Orgánica de Educación, en contra de la Ley de Libertad Sindical, y lo hizo también en contra de la reforma del aborto cuando se incorporaron los cuatro supuestos con
la modificación del Código Penal. Por tanto, la trayectoria del Partido Popular en relación con el recurso previo no es precisamente para tirar cohetes.
Tercera cuestión, y última, este recurso previo de inconstitucionalidad tiene mucho que ver, como he dicho, con el Estatut. Este debate incide en esta obsesión enfermiza que ustedes han exhibido hoy -y también la señora Rosa Díez- de que el
Estatut es una especie de atajo prohibido, un fraude de Constitución, un intento de reformar la Constitución por la puerta falsa. Por cierto, es el mismo argumento que ustedes exhibieron cuando quisieron abortar de forma prematura, intempestiva y
radicalmente incompatible con el papel del tribunal, el proyecto de reforma del Estatuto Vasco, llamado también el Plan Ibarretxe. También en 2006 plantearon esta cuestión por primera vez después de un cuarto de siglo cuando el Estatut entró en
esta Cámara. Lo digo porque el Partido Popular sabe que existe un debate sobre si el Tribunal Constitucional debiera o no ser el juez de constitucionalidad de estatutos como el catalán, de estatutos del 151, que gozan de un plus de legitimidad y es
que han sido refrendados por el pueblo de Cataluña en las urnas. Por tanto, tienen un plus democrático. En este caso, como creo que la Constitución es muy clara, la garantía última del derecho a la autonomía reside en el pueblo convocado a las
urnas, y eso es lo que pasa con estatutos como el catalán del 151 de la Constitución. El Estado no puede imponer su voluntad, pero la garantía de la plena constitucionalidad del Estatut es el Parlamento, las mismas Cortes, que son el guardián de su
constitucionalidad, es decir, su decisión no debería ser, en ningún caso, revisada por nadie.
Por consiguiente, señorías, el problema no es si debe existir o no un recurso previo, sino si, sobre lo que han dicho estas Cortes, el Parlamento y la
voluntad popular en las urnas, puede haber alguien que diga algo más y, todavía peor, si ese alguien es el actual Tribunal Constitucional, que no goza de las mínimas condiciones de credibilidad y de legitimidad, porque, señorías, no hay tribunal que
pueda juzgar los sentimientos de los ciudadanos de Cataluña. Lo que marcará, en definitiva, el futuro de Cataluña, no tengan ninguna duda, es la amplia voluntad de la mayoría de los catalanes y catalanas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo parlamentario don Joan Herrera tiene la palabra.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Creo que no es la vía, señor García-Tizón. La vía no es, ahora, cambiar las reglas a mitad de la partida. La vía no es la que nos propone el Partido Popular. Ese mismo Partido Popular que votó setenta y siete artículos del Estatuto
andaluz, que luego recurrió ante Cataluña. Y lo digo porque sencillamente creo que lo que hay que hacer es cumplir con las leyes, renovar órganos muy pocos legitimados y garantizar que, si hay sentencia, esa sentencia lo que haga sea avalar la
plena constitucionalidad del Estatuto. Jordi Solé Tura, ponente de la Constitución por el PSUC y por el PC, mostraba su oposición a que los estatutos de autonomía aprobados por la vía del artículo 151 de la Constitución se vieran sometidos a ningún
otro control que al derivado de la voluntad popular expresada en referéndum. Y advertía que la Ley del Tribunal Constitucional le otorgaba un derecho de veto sobre la actividad legislativa, que no se encuentra en la Constitución, que va contra la
Constitución, que es anticonstitucional de una forma clara y radical.
Hoy podríamos añadir que esa prerrogativa del Constitucional, creo que discutible en sus orígenes, es aún más cuestionable. Hay que recordarlo.
En el año 2007, estas Cortes aprobaron una reforma de la ley que introducía la participación de
los parlamentos autonómicos a la hora de designar los magistrados nombrados por el Senado. El Parlamento de Cataluña nombró, en 2008, a dos personas, a dos profesores, a Encarna Roca y a Antonio Rovira, como candidatos, como tantos parlamentos
autonómicos. Lo que ha pasado ahora es que ha habido bloqueo y que este lo que ha producido es una situación especialmente anómala, que el Tribunal pueda pronunciarse sobre la cuestión más trascendente para el Estado de las autonomías, incumpliendo
la propia ley e incumpliendo la renovación del mismo órgano. Por eso creo, señor García-Tizón, que la vía es lo que decía Jordi Solé Tura, que la vía es lo que dicen diferentes especialistas y diferentes constitucionalistas; que, en definitiva, la
vía no es la que ustedes proponen. Jaume Bosch, portavoz de Iniciativa en el Parlament, me recordaba hace pocos días que el rey Juan Carlos había firmado en las Cortes, con motivo del XXV aniversario de la Constitución, que la Carta Magna ha
demostrado ser lo suficientemente amplia para que las distintas visiones y planteamientos de nuestro arco político democrático puedan expresarse y traducirse en enriquecimiento para todos.
Hoy, la visión y los planteamientos mayoritarios del pueblo catalán podrían ser expulsados del consenso constitucional. El problema no sería para Cataluña, el problema sería también para España, porque rompería con el pacto constitucional.
Querer la Constitución no es fosilizarla, señor García-Tizón. Querer la Constitución es entender que la Constitución es un texto en el que cabemos todos. En el año 1978, los partidos políticos, también las fuerzas políticas catalanas y
catalanistas, renunciaron a cosas, pero entendieron que cabía el autogobierno y que cabía avanzar en el autogobierno. Así lo entendieron ponentes como Jordi Solé Tura y como Miquel Roca i Junyent; defendieron las bases del pacto aceptado por
Cataluña, un modelo abierto y flexible en el que se podía avanzar hacia un modelo más federal, federalizante. Hoy, todo eso está en duda, señor García-Tizón, es cierto, y lo está por quienes pretenden romper el pacto constitucional. Y quien
pretende romper el pacto constitucional no son las fuerzas catalanas, no, son aquellos que fosilizan la Constitución, son aquellos que entienden que normas que forman parte del bloque constitucional, como es el Estatut de Catalunya o el Estatuto
andaluz -ese estatuto que no han recurrido y que sí han votado, a pesar de tener contenidos idénticos al Estatuto catalán-, no caben en la Constitución.
Por todo ello, vamos a votar en contra, señor García-Tizón, como creo que imaginan. Ante su actitud, no una afrenta hacia Cataluña, sino una afrenta hacia el modelo de Estado y hacia el pacto constitucional, también le digo que lo que no
cabe es la inacción. Por eso esperamos que en los próximos días el Gobierno tome nota y que lo que no haga es quedarse de brazos cruzados a esperar cómo alguien, de forma muy irresponsable, no solo rompe con el Estatuto, sino incluso rompe con el
pacto constitucional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
El señor García-Tizón sabe que la propuesta que ha efectuado tiene tantas vías de agua que desde el principio de su discurso ha empezado a ponerse vendas donde suponía que iban a ir las heridas. Efectivamente, para empezar, todo eso que
usted ha mencionado es una debilidad de su propuesta, porque, en opinión de nuestro grupo, si usted quiere recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad lo que debe hacer es modificar la Constitución. El sistema que el título IX y el artículo
161 señalan es un modelo de carácter sucesivo, esto es, opera sobre normas vigentes, y si la Constitución quiere fijar una excepción debería decirlo. De hecho, ya lo hace en el artículo 95, para los tratados internacionales, que por eso es el caso,
por cierto es el caso alemán. Pero ya lo hace la Constitución española, marca una excepción ella misma. Lo que no vale es tirar del 161.1.d), que dice que el Tribunal Constitucional podrá conocer de las demás materias que le atribuyan la
Constitución o las leyes orgánicas, para argumentar que es posible colocar un recurso previo. No, porque eso sería traicionar el espíritu de la propia Constitución, y no, porque no aparece una nueva materia, sino que se trata de algo ya regulado en
el artículo 161.1.a) de la propia Constitución. Por lo tanto, proponer lo que usted está proponiendo es hacer trampas contra el propio texto constitucional.
Usted ha señalado también otro de los problemas -y decía que todo solucionable-, el de los plazos. ¿Qué puede suceder aquí si los plazos que el Constitucional maneja en estos momentos para resolver las cuestiones que tiene entre manos son
los mismos? Desde luego yo no creo que se puedan conseguir plazos muy breves, pero, aparte de eso, nos encontraríamos también con problemas de congruencia con artículos como el 91 -si no me equivoco-, que habla de la sanción de las leyes y de que
hay un plazo de quince días una vez que la aprueben las Cortes Generales.
Sinceramente, la práctica durante los años que estuvo vigente este recurso demostró que para lo que se utiliza es para hacer una política obstruccionista, una política de
filibusterismo. Y, con la dinámica que existe hoy por hoy y en estos últimos años, en estas últimas legislaturas, en la Cámara, estoy seguro de que el uso que se volvería a hacer del mismo sería ese y muy directamente por parte de su grupo
político, de su formación política. Ustedes dicen que así evitaríamos el daño de una inseguridad en el ordenamiento jurídico, de provocar inconstitucionalidades sobrevenidas. ¿Usted está en condiciones de asegurar que, en situaciones de igualdad,
va a recurrir todas las leyes? Porque le recuerdo que artículos idénticos a los que tiene el Estatuto de Cataluña -que están recurridos- existen hoy en otros estatutos, como, por ejemplo, el andaluz. Y ustedes no lo han recurrido. Por lo tanto,
la coherencia de las normas y del ordenamiento jurídico no se salvaría con este tipo de actitudes por su parte.
Nosotros tenemos muy claro que otorgar a doce personas no elegidas por el pueblo -por muy excelentes técnicos que sean, porque no están ahí para hacer política, sino para aplicar las leyes- la capacidad de condicionar al Parlamento en su
labor dice muy poco de la división de poderes y menos otorgar a estas doce personas la posibilidad de poner su voluntad por encima de la de todo un pueblo que ha refrendado ese estatuto y que lo ha hecho sobre la base de un acuerdo obtenido por las
fuerzas políticas en esta Cámara. No es solo nuestra opinión, sino la opinión de la doctrina.
Y cuando hablamos en términos generales y no entramos en temas como los estatutos -el Estatuto catalán, por ejemplo- todo el mundo lo acepta;
aceptémoslo también cuando hay problemas. La opinión es que la Constitución en muchos de sus artículos es un texto genérico, vago, impreciso, y que la Constitución debe ser interpretada, y así lo dice la doctrina, a través de la luz que le otorga
el cristal del bloque de constitucionalidad. Y del bloque de constitucionalidad forman parte fundamental los estatutos de autonomía.
Por tanto, como hay que interpretar la Constitución -es una constitución, insisto, que en muchas de sus
afirmaciones, y como pasa en muchas ocasiones en derecho, puede tener una interpretación más abierta o más cerrada-, lo que hay que hacer es interpretar ese texto a la luz de lo que dicen, de cómo lo complementan los estatutos de autonomía que
forman parte del bloque de constitucionalidad. Querer poner un parche anterior a que esté conformado ese bloque de constitucionalidad, por encima de la voluntad política de la Cámara, es algo que, en nuestra opinión, va en contra del sistema, del
ordenamiento jurídico que tenemos.
Aunque ustedes digan que con este recurso quieren preservar la coherencia del ordenamiento jurídico y preservar la consistencia del título VIII de la Constitución, el daño ya está hecho. El Estado de las autonomías va cerrando el círculo de
su recorrido, del recorrido que algunos habían previsto, un sistema ideado para soltar las riendas en un momento para que se desarrollaran unas autonomías, pero dirigido de tal manera a posteriori que esas riendas se han ido retomando, y uno de los
elementos de esas riendas no es otro que el uso que algunos quieren hacer del Tribunal Constitucional. Hagan lo que hagan, la capacidad del sistema de justicia constitucional en este país para resolver las grandes cuestiones políticas, los grandes
hitos políticos, ha fenecido, ya no tiene capacidad ni tiene legitimidad el sistema constitucional español para resolver esos grandes hitos. Urge un nuevo modelo, un modelo que vaya más allá del actualmente establecido, que sea más participativo y,
desde luego, un modelo en el que quede asegurada una imparcialidad por encima de la voluntad política de los partidos mayoritarios, porque si algo es la justicia constitucional es el sistema de protección de las minorías. Y hoy por hoy no hay
voluntad política de afrontar una España autonómica en los términos en los que se produjo en su momento el pacto estatutario y sobre todo con los territorios donde más vivamente se manifestó este deseo autonómico, como eran Euskadi y Cataluña. No
hay voluntad política, no la hay, y se considera que el problema está acabado y que las tensiones y las demandas autonómicas están acabadas. Eso no es así y el tiempo lo acabará demostrando.
Desgraciadamente, el sistema constitucional actual no tiene ya ninguna legitimidad y no la tiene sea cual sea la mayoría que haya en el Tribunal Constitucional, porque los augurios que se hacían de una sentencia supuestamente favorable a la
constitucionalidad del Estatuto catalán rompían absolutamente por la mitad las premisas sobre las que se construyó el acuerdo en la ponencia que se creó en esta Cámara entre representantes del Parlamento catalán y representantes del Congreso de los
Diputados y después en el Senado. No hay voluntad política, ni siquiera entre los supuestos más favorables a cohonestar las normas e insisto en que la Constitución no es algo definido, sino que viene matizado a través de los estatutos de autonomía
y lo que debe hacerse es cohonestar ambas normas de manera que pueda hacerse viable la interpretación que permita una coexistencia armónica de ambas. Por tanto, es claro que nuestro voto va a ser contrario a la propuesta que hoy plantea el Grupo
Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, se nos convoca a discutir una proposición de ley que en el fondo supone más madera en el debate actual que hay desde hace cuatro años sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en otros contextos, pero el propio señor
García-Tizón ha hecho referencia al Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Se nos plantea la recuperación del control previo de inconstitucionalidad.
A mí me gusta hablar del control previo de presunta inconstitucionalidad, voy a hacer referencia a ello dentro de un momento. Como muy bien saben SS.SS., este
mecanismo de control previo fue cancelado en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1985, que superó este mecanismo que estuvo operativo desde el año 1979 hasta el año 1985. En aquel momento lo hicimos juntos el grupo de
la mayoría, el Grupo Socialista, y otros grupos, con la oposición enfrente de Alianza Popular.
Me remito a los argumentos de la reforma del año 1985; en primer lugar, una presunción de inconstitucionalidad; en segundo lugar, un supuesto derecho
de veto de una duración teórica, nunca práctica -cuando fue operativo-, de 30 días; un derecho de veto de facto más propio de los sistemas presidenciales que de un sistema de representación de la soberanía de un sistema parlamentario. Repetimos
también en aquel momento que el Tribunal Constitucional no se podía convertir en una tercera cámara legislativa; no se trata de una opinión que informa al legislador, no se trata del informe del Consejo de Estado, se trata de mandatar al legislador
en el momento en que una ley aprobada por las Cortes Generales está transitando de las Cortes Generales al Boletín Oficial del Estado.
Me remito a aquella argumentación. Vamos a votar que no, porque entre otras cosas, señorías, la propuesta del
Grupo Popular no plantea el control previo -me remito a la literalidad de la proposición de ley-, sino que plantea el control previo y el control posterior de constitucionalidad, lo cual supone un mensaje de las Cortes Generales de mayor
constreñimiento al legislador a la hora de afrontar la legislación de algunos temas, como son los estatutos de autonomía.
Se oponen también sectores importantes de la doctrina. Ha escrito sobre ello ni más ni menos que Cruz
Villalón, que fue presidente del Tribunal Constitucional, pero quiero poner en valor especialmente la opinión absolutamente contraria al recurso previo del catedrático de derecho constitucional Enrique Álvarez Conde, que fue alto cargo
precisamente en época del Gobierno del Partido Popular, con una argumentación -la del señor Álvarez Conde- absolutamente razonable y que nosotros compartimos. Pero, señorías, nos equivocaríamos si esta tarde pensáramos que estamos discutiendo
simplemente sobre una mejora técnica de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; estamos discutiendo en un momento político determinado y por eso me quiero dirigir a las filas de la mayoría, a las filas del Grupo Socialista, al portavoz del
Grupo Socialista en asuntos constitucionales, al diputado Jesús Quijano, también portavoz en este debate.
El año 1985, señorías, el Grupo Socialista y otros grupos nos pusimos de acuerdo para actualizar y para mejorar los mecanismos de funcionamiento del Tribunal Constitucional. El momento político y el momento actual nos vuelven a convocar a
una actualización de estos mecanismos. ¿Cuál es este momento? Este es un momento nuevo, señorías. Por primera vez en treinta y un años de vida democrática, una ley singular -no he dicho una ley orgánica, después haré referencia a ello-, aprobada
por las Cortes Generales ha sido sometida a referéndum de la ciudadanía y ha sido posteriormente planteado un recurso de inconstitucionalidad, evidentemente ante el Tribunal Constitucional. Se ha dicho muchas veces que un estatuto tiene rango de
ley orgánica; es algo más que una ley orgánica. Hay un plus de legitimidad incuestionable, que es el referéndum por parte de la ciudadanía. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por cierto, este plus tiene un
carácter bidireccional. Si algún día las Cortes Generales, que tienen capacidad de iniciativa para reformar un estatuto, plantearan la reforma de un estatuto Congreso-Senado, en los estatutos de la vía del 151 la última palabra la tendría siempre
un referéndum de la ciudadanía de la comunidad autónoma. Por eso estamos hablando de leyes de carácter absolutamente singular. Si ustedes me plantean si en la arquitectura constitucional la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, les
voy a decir que sí, pero también les voy a decir qué Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional con cuatro magistrados fuera de plazo desde diciembre de 2007 -se deberían reformar los artículos 17 y 23 de la Ley del Tribunal Constitucional,
tal y como se planteó a través de una proposición de ley del grupo de CiU hace un par de meses y que, creo que de forma desafortunada, no votó favorablemente el grupo de la mayoría, aunque puede ser que dentro de pocas semanas se vuelva a plantear
este mismo asunto en el Congreso o en el Senado-, cuatro magistrados cuyo mandato caduca en noviembre de este año.
Señorías de la mayoría, señorías del Grupo Socialista, es el momento de afrontar en el Senado o en el Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que debe contemplar, en primer lugar, la renovación automática de los
miembros del Tribunal Constitucional que están fuera de plazo, como sucede en tantos Estados europeos y en tantos Estados con una cultura jurídica parecida a la estructura del Tribunal Constitucional español. Este es un requerimiento de exigencia
que en el marco europeo se debe plantear. Y como la realidad es dinámica y como por primera vez se ha planteado la tensión entre un estatuto refrendado por la ciudadanía y un recurso, debemos estudiar también que el Tribunal Constitucional no pueda
entender de un control constitucional posterior a un estatuto refrendado por la ciudadanía. La realidad es dinámica, señorías, hemos actualizado la Ley del Tribunal Constitucional. En el modelo italiano existen las leyes, las leyes orgánicas y una
categoría más, las leyes constitucionales, que son las que están fuera del control de constitucionalidad. Pues bien, aquellas leyes que han sido sometidas a referéndum deberían estar sometidas a un control constitucional muy importante, el de las
Cortes Generales y el posterior referéndum. Les quiero recordar que en la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, la conocida como sentencia de la Loapa, el propio Tribunal Constitucional recuerda que la distinción entre el poder
constituyente y los poderes constituidos no opera tan solo en el momento de establecerse la Constitución. Una aprobación de un estatuto de autonomía tiene elementos de poder constituyente por parte de las Cortes Generales y esta característica se
debe tomar en consideración a la hora de plantear el control de constitucionalidad. Por eso nosotros compartimos la visión de dos padres de la Constitución como Miquel Roca y como Jordi Solé Tura, que consideran que los estatutos sometidos a
referéndum, los estatutos de la vía del 151, no deben ser sometidos a control posterior de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional después del referéndum. Señorías, esto forma parte del pacto constitucional. También les tengo que
apuntar que las reformas constitucionales de la anterior legislatura nos han llevado a que algunos artículos que no estaban a la luz del artículo 151, por ejemplo, el Estatuto valenciano, a partir de la siguiente reforma también estarán sometidos a
referéndum; y como el valenciano algunos otros estatutos. La realidad es cambiante, y las respuestas, por la credibilidad de las instituciones, de las Cortes Generales y del Tribunal Constitucional, también son cambiantes.
Voy terminando. Señor presidente, creo que he dejado meridianamente clara nuestra posición. Si algún día sucediera que el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieran de acuerdo en reformar la Ley del Tribunal Constitucional, les
tengo que decir que nosotros consideraríamos el mal menor el control previo, no el control posterior. Les quiero dejar claro que esta no es nuestra posición, sino que es el mal menor ante el debate que algún día se va a suscitar.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Xuclà, por favor, tiene que acabar.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señora presidenta, termino y lo hago diciendo que muchas veces decimos que lo hemos hecho mal. En este asunto los que lo han hecho mal son el PSOE y el PP, que no se han puesto de acuerdo para renovar dos años y
algunos meses después los miembros del Tribunal Constitucional y que nos han llevado a esta situación cuatro años después de que las Cortes Generales, el 31 de marzo del año 2006, votaran definitivamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Pasamos finalmente a la fijación de posición del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Quijano González.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Comprenderá la señora presidenta que se me ha amontonado el trabajo, dicho en expresión de castellano puro, porque yo venía relativamente preparado para debatir con el señor García-Tizón y es evidente que la intervención del señor Xuclà ha
introducido, con apelación concreta, además, una variante del debate que, en feliz expresión de su antiguo líder, no toca, pero que por algún motivo tampoco debe ser eludida de forma total.
Quiero decirle, en primer lugar, que no hace muchas semanas tuvimos ocasión de debatir, quizá en otro ámbito, con otro contenido, en otro momento y en otras circunstancias, sobre la problemática que todos sabemos que está debajo del asunto.
En aquel momento expresé, o intenté expresar, una posición bien concreta. Dije que yo no era, que mi grupo no era partidario de alterar las reglas del juego desde la convicción de que el régimen jurídico del Tribunal Constitucional español es
correcto y que otro problema distinto es la voluntad política de cumplir esa Ley Orgánica del Tribunal Constitucional facilitando -subrayo facilitando, con toda la carga política que eso tiene- la renovación cuando hay que hacerla. Creo que aquel
día le dije que a ese respecto debía mirar hacia otra bancada. No voy a reproducir los hechos tal y como son, me limito a recordar que no es un buen procedimiento para facilitar la renovación hacer en los parlamentos autonómicos una propuesta de
dos nombres cerrados que implican que o lo tomas o lo dejas. Creo que esa no es una buena estrategia para facilitar la renovación, pero, insisto, a ese respecto mire hacia otra bancada. Lo que me ocurre ahora es que aquel día defendí con el señor
García-Tizón la tesis de que no era bueno alterar las reglas del juego en mitad del partido, y hoy veo que tengo que seguir defendiendo esa tesis frente a él, porque lo que hace hoy es, en última instancia, traer aquí una alteración de las reglas
que todos sabemos el alcance que tiene. Habría razones para pensar que hay en esto -no sé cómo llamarlo- algún grado de incoherencia, algún grado de oportunismo, esta técnica de crear inquietud, a la que luego me referiré, para la hipótesis de que
esto se aprobara, porque ese es el tema que también hay que valorar. Pero, en fin, no quiero hacer muchos juicios de valor al respecto; quiero entrar, en la medida del tiempo disponible, en lo que me parece la dimensión jurídica del asunto. Los
juicios de valor yo sé que son libres, pero no quiero entrar en esa dinámica.
La cuestión del recurso previo es sin duda un asunto recurrente, estimulante desde el punto de vista del debate jurídico intelectual, no me cabe ninguna duda, sobre la que han corrido ríos de tinta y que tiene también algunos antecedentes.
Existió el recurso previo. Fíjese que tampoco voy a discutir si en aquel momento de desarrollo del modelo pudo ser positivo que existiera, cuando el modelo ofrecía todavía algunas inquietudes que a mi juicio ahora no ofrece. También es verdad que
el recurso previo terminó teniendo mala prensa por un uso -voy a eludir también calificativos- pertinaz, con alguna finalidad de obstrucción de ciertas leyes, etcétera, que tuvo. Ese no fue un buen precedente, pero obviamente usted me dirá que la
responsabilidad, al maestro Armero, aunque el maestro Armero esté más cerca de usted que de mí a este respecto.
La cuestión ahora hay que plantearla desde el punto de vista de la respuesta a dos preguntas fundamentales para llegar a una valoración jurídica correcta del asunto que discutimos. En primer lugar, cuál es el modelo de control de
constitucionalidad que hay en nuestro ordenamiento, eso que yo llamaba antes las reglas del juego, que yo quiero defender y lamento encontrarle hoy en otra trinchera -tome esto entre comillas y solo a efectos del debate parlamentario-. Y en segundo
lugar, en el caso de que se introdujera esta modificación, se recuperara el recurso previo, qué consecuencias tendría, porque a partir de ahí podremos hacer un juicio de coherencia y un juicio de oportunidad, porque también la oportunidad de las
cosas es muy importante en el debate político e incluso en el debate jurídico. El modelo constitucional español -creo que no nos ofrecerá duda- es un modelo de control de constitucionalidad a posteriori, este es el modelo de partida. Por tanto, es
un modelo de control de constitucionalidad de leyes aprobadas, sancionadas, promulgadas y vigentes, subraye los cuatro calificativos, que entiende perfectamente bien el señor García-Tizón, y lo que cada uno añade sobre el anterior. Por tanto no es
un modelo suspensivo. La única vez que la interposición de un recurso de inconstitucionalidad tiene efecto suspensivo es porque la propia Constitución lo dice como excepción: el caso de normas autonómicas recurridas por el Gobierno de la nación,
como sabe perfectamente. Y esa es una excepción tasada, porque la dice expresamente la Constitución. Usted alega que no, que en ese rótulo general de las otras materias del artículo 161 encaja esto. No, no, en absoluto. Haga repaso incluso del
debate constitucional. Otras materias son otras materias; y estas son las mismas materias. Los estatutos de autonomía ya están sometidos a control de constitucionalidad. Lo que se produce con esto es otra vía de control de las mismas materias,
pero no materias
distintas; otra vía de control con naturaleza y con efectos distintos, efectos suspensivos que operan en un momento en que el itinerario legislativo no está concluido. ¡Vaya si es diferente! Esta sería la consecuencia. El recurso previo
convertiría al Tribunal Constitucional -entiéndalo también a efectos del debate y entre comillas- en una especie de tercera Cámara que, antes de que termine el proceso legislativo de manera completa y esté perfeccionado el texto legal, interviene
pudiendo suspender, según su texto, sine díe, porque no ponen siquiera límite a la resolución del recurso previo, y además como consecuencia de la interposición del recurso. Ni siquiera han tomado la precaución de decir: si el recurso es admitido
a trámite -lean su propia proposición de ley; ni siquiera han tomado esa precaución-, de manera que la mera interposición del recurso, que es voluntad política de parte -entre comillas- produciría esta consecuencia que no es nada deseable. Por
tanto -voy concluyendo- estas son las circunstancias del modelo, y estas serían las consecuencias de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad en este momento.
También hay una cuestión final de oportunidad. Fíjese qué cosa tan curiosa: tal y como está redactada su proposición, primero, los proyectos de Estatuto de Autonomía. Si es que de eso ya no va a haber; no me imagino yo ese escenario: la
hipótesis de que se constituyera alguna comunidad autónoma ex novo que ahora no existe, por división de una de las existentes. No sé si usted está pensando en ese escenario; yo sinceramente no, y creo que usted tampoco. Segundo, las propuestas de
reforma -se entiende que las que vengan- con lo cual estaríamos dando un tratamiento a las comunidades autónomas que hasta ahora no han tramitado una propuesta de reforma distinta, yo creo que sin ninguna razón, salvo que haya alguna desconfianza en
algunas de las que faltan, no sé si en la de Murcia o en la de La Rioja, que todavía no lo han tramitado, de que van a venir aquí con algo inconstitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Quijano, por favor.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Termino. Señorías, llevemos hasta el final la presunción de constitucionalidad sobre la base de que también eso forma parte del modelo. Y tercero, si está pensando en un caso concreto -yo creo que está pensando
en él-, ese caso concreto ya pasó; ese caso concreto no entraría dentro de la aplicación de la ley, y están pensando en ese caso concreto. Por tanto, el objeto no tendría mucho sentido ni mucho alcance. Termino, y no sé si se lo podría decir con
un estribillo de una famosa canción de Joan Manuel Serrat, pero se lo diré en puro castellano: el undécimo, no enredar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Quijano.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y VASCO (EAJ-PNV), PARA QUE EL BAREMO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD TENGA EN CUENTA LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON
CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL GRAVE POR RAZÓN DE SU DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000622.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la de los grupos parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV), para que el baremo para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad tenga en cuenta las restricciones de movilidad que presentan las personas con ceguera y deficiencia visual grave, por razón de su discapacidad.
Para la defensa de la proposición no de ley, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Medina Teva.
La señora MEDINA TEVA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el 80 por ciento de la información necesaria para nuestra vida cotidiana implica al órgano de la visión. Esto supone que la mayoría de las habilidades que poseemos, de los conocimientos que adquirimos y de las actividades que
desarrollamos los aprendemos o ejecutamos basándonos en la información visual. La visión representa de esta forma un papel central en la autonomía y el desenvolvimiento de cualquier persona.
Cuando hablamos de ceguera o deficiencia visual grave
nos estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual, es decir, nos estamos refiriendo a personas que o bien no ven absolutamente nada o bien -en el mejor de los casos- ven mucho menos de lo
normal. Esta pérdida grave de funcionalidad de la visión se va a manifestar, por un lado, en limitaciones muy severas de la persona para llevar a cabo de forma autónoma sus desplazamientos, vida diaria o en el acceso a la información, y por otro,
en restricciones al acceso y a la participación de la persona en sus diferentes entornos vitales -hablamos de educación, trabajo, ocio, etcétera-, y que adoptan la forma no solo de barreras físicas y arquitectónicas, sino también sociales y
actitudinales. En este contexto, señorías, no extraña por tanto que una de las principales repercusiones de la pérdida total o parcial de visión sea la limitación severa del desplazamiento autónomo en cualquier entorno, y muy especialmente en la
utilización de los transportes colectivos. De hecho, y comparadas con las personas sin discapacidad, las personas con ceguera o deficiencia visual grave presentan unas necesidades específicas y concretas en el ámbito
de la movilidad en general, y de la utilización del transporte público en particular, que les supone además unos costes económicos extraordinarios o adicionales, tanto directos como indirectos.
Con el fin de compensar estos costes adicionales efectivamente las administraciones públicas contemplan diferentes tipos de ayudas y subvenciones. Para ser beneficiario de las mismas debe acreditarse la dificultad para acceder al transporte
colectivo, mediante el baremo contemplado -como seguro que todas SS.SS. saben- en el anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Al analizar este baremo se
observa que los diferentes ítems que lo integran hacen referencia a las características funcionales y estructurales de índole físico-motriz, sin referencia alguna a las de carácter sensorial o perceptivo, particularmente la relativa a la visión, que
resultan necesarias para utilizar el transporte colectivo. De ahí, señorías, señora presidenta, la presentación de esta iniciativa, en la que instamos al Gobierno a establecer un nuevo baremo que tenga en cuenta y puntúe ajustadamente, a través de
nuevos criterios y factores, las restricciones de movilidad que presentan las personas con ceguera y deficiencia visual grave, siendo conscientes por otra parte desde mi grupo de que el Gobierno ya está trabajando en esta línea a nivel general.
Señorías, es cierto que todavía persisten muchas situaciones de injusticia y de dificultad para las personas con discapacidad, pero no es menos cierta la sostenida transformación a que ha sido sometido en los últimos años nuestro derecho de
la discapacidad y consiguientemente nuestras políticas públicas de la discapacidad. Es un hecho reconocido, que no dice esta diputada solamente, que la legislación española es una de las más avanzadas de Europa, pero también es cierto que tras
ratificar nuestro país la Convención de la ONU -y yo creo que es digno de mencionar que hemos sido el segundo país de la Unión Europea en ratificar tanto la convención como su protocolo- se hacía necesario analizar nuestra legislación, y realizar
los ajustes técnicos convenientes para adaptarla y adecuarla a esas nuevas directrices internacionales. De algún modo los valores, los principios, los conceptos y las obligaciones que llevan consigo la convención ya forman parte a grandes rasgos de
nuestro ordenamiento jurídico. La convención sanciona desde su rango de tratado internacional algo que ya venía fraguándose en España, pero evidentemente este es un proceso que aún no ha concluido, y no solamente es que no ha concluido, sino que de
lo que se trata es de profundizar y acelerar precisamente esos cambios.
Además, también cumpliendo otro de los preceptos de la convención, que es la participación de las personas con discapacidad en el diseño de todas aquellas políticas que les afecten, el Cermi fue designado como el primer organismo
independiente de la sociedad civil organizada para la supervisión y seguimiento en nuestro país de la aplicación de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. España, señorías, tiene la suerte de tener uno de
los movimientos asociativos de la discapacidad más potentes de Europa -yo diría que del mundo-, y esto sin duda nos ayuda en nuestro día a día: ayuda al Gobierno y ayuda también a los grupos de esta Cámara porque, aunque son muy exigentes, también
hace que estemos atentos y que sigamos trabajando para que las personas con discapacidad de nuestro país tengan igualdad de oportunidades respecto al resto.
Termino. Señorías, señora presidenta, con este espíritu hemos presentado junto al Partido Nacionalista Vasco esta iniciativa. Un espíritu que, estoy segura, comparten el resto de los grupos aquí representados, y con ese espíritu
precisamente solicitamos el apoyo de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Medina.
Por el otro grupo proponente, el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señora Medina, quiero saludarle en su condición de nueva portavoz para la discapacidad, y espero que sus aportaciones rayen las de su predecesora, que dejó el listón muy alto. No es
una advertencia lo que le digo, sino una mera constatación.
Señora Medina, esta es una proposición que tiene varias características, una de las cuales es manifiestamente infrecuente en esta Cámara: que ha sido suscrita por dos grupos parlamentarios. ¿Qué significa esto? Que dos grupos
parlamentarios han tenido la sintonía suficiente para apreciar un problema, para apreciar una atrofia que debe ser objeto de resolución, y armonizar los criterios necesarios para acometerlo. Es un buen precedente. Ni siquiera a pesar de sus altas
prestaciones fui capaz nunca con su predecesora de llegar a un nivel de concordancia como este. Es un buen augurio. Esperemos que sigamos así en algo tan sensible como los problemas de la discapacidad y los muchos deberes que todavía en esta
materia tienen que acometer las instituciones públicas, todos los poderes públicos del Estado. Es una reflexión que hace referencia a un problema específico de la discapacidad que usted ha glosado perfectamente, que es el de la discapacidad que
afecta a las personas ciegas o con capacidad visual reducida. Es una discapacidad compleja y no bien atendida por el ordenamiento jurídico. Usted ha comentado cuál es la gran disfunción que tendremos que remover, que es precisamente el anexo 3 del
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, donde se configura un baremo que hace referencia a la discapacidad in genere, que es una situación perversamente recurrente en el ordenamiento jurídico, en las leyes sectoriales que afectan a la
discapacidad, pero que son de carácter no transversal y no afectan a
todos los problemas de la discapacidad, que son problemas muy heterogéneos -las situaciones de discapacidad son muy diferentes entre sí y los requerimientos de los discapaces, por esa misma razón, también-, sino que como todas las leyes
relativas a la discapacidad conectan además el problema de la discapacidad, que afecta a las personas ciegas o que tengan la capacidad visual reducida, con derechos constitucionales que poseen, dimanantes todos del artículo 49 in genere y de
artículos específicos, como el derecho de libertad de movimientos, de la movilidad, que está previsto también constitucionalmente, y en este baremo se observa que pueden superar las consignaciones o los requerimientos del anexo 3 personas que tienen
disfunciones de carácter motriz, de carácter psicomotriz o de carácter funcional, pero ese baremo no lo superaría una persona ciega, y una persona ciega que no supera un baremo de estas características es una persona a la cual no le estamos
reconociendo eficientemente los derechos que le otorgan la propia Constitución y la Convención de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad del año 2006, que usted ha citado, no suscrita demasiado diligentemente por cierto por el Estado
español, que tardó dos años, y hasta el año 2008 no se pudo suscribir, y que tiene un comité de seguimiento del cual yo me honro en ser el único diputado que tiene presencia en esa Cámara, y por esto manifiesto cierta sensibilidad con estos
problemas, que espero que sea compartida por la generalidad de los miembros de esta Cámara.
Tenemos que corregir este anexo 3 para evitar que las personas ciegas renuncien a viajar, y efectivamente renuncian a viajar. Las dificultades en el acceso a los transportes públicos, a las estaciones, a las taquillas, a los andenes, a
itinerarios conocidos, a itinerarios desconocidos donde se agrava mucho su dificultad, la falta de señalización adecuada y la falta de remoción de obstáculos arquitectónicos específicos para los ciegos hacen que la encuesta sobre la discapacidad,
deficiencias y estado de salud realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 1999 nos proporcionara una dramática reflexión: el cien por cien de las personas con cegueras admitían la casi imposibilidad de viajar libremente, y el 45
por ciento de las personas con mala visión indicaban la misma dificultad, la necesidad de tener que superar obstáculos manifiestamente complejos, tener muy severas dificultades para poder utilizar los transportes públicos y los transportes privados,
recurriendo a procedimientos más caros y más onerosos, como son los que usted ha citado: tener que recurrir a un servicio de taxi, tener que contratar a un acompañante, tener que recurrir en definitiva a servicios que siempre generan un mayor coste
económico, lo cual ya supone una discriminación objetiva y razonable cuya constitucionalidad sería dudosa.
El legislador hasta la fecha de hoy, hasta que hemos concretado o articulado una proposición no de ley de estas características no ha sabido -y nunca mejor utilizada la expresión- no ha visibilizado -y utilizo conscientemente esta expresión-
los problemas que afectaban a las personas con esta específica discapacidad de ceguera manifiesta o importante disminución visual. Esto provoca los problemas que hemos comentado: las personas desisten de viajar, es imposible que las personas
superen este verdadero, casi épico calvario que supone ir desde su casa a la estación, buscar el andén, buscar la taquilla, encontrar e interpretar las señales para el acceso al lugar adonde quieren trasladarse; en los transportes públicos y en los
transportes privados tienen que recurrir a servicios privados altamente costosos, y nos encontramos con que muchas de estas personas, un alto porcentaje de las personas con esta discapacidad, con ceguera o una capacidad visual disminuida además son
personas de escasos recursos económicos que no pueden permitirse la licencia de contratar a un acompañante, o no pueden permitirse la licencia de contratar permanentemente un servicio de taxi o un servicio privado de transporte que les posibilite lo
que la Constitución española, la Convención de Naciones Unidas que hemos citado y las leyes relativas a los derechos de los discapacitados, aprobadas en el Estado español y en diversas comunidades autónomas, ya les reconocen. Desde esa perspectiva
me felicito -y con esto acabo mis palabras, señora presidenta-, en primer lugar, por el consenso concitado con otro grupo parlamentario con el que muchas veces hemos debatido desde posiciones manifiestamente contradictorias; por el consenso que
espero del resto de los grupos parlamentarios de la Cámara sobre una materia tan sensible, y sobre un colectivo olvidado incomprensiblemente, cuando es un colectivo afectado por una de las situaciones de discapacidad más severas y más onerosas que
cabe concebir. Vamos a presentar a corto plazo una proposición no de ley sobre el problema de los sordociegos, que es otra situación lacerante y olvidada también incluso en la recientemente aprobada ley que declara oficial el lenguaje de signos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y después de felicitarnos todos, en este contexto de alegría colectivizada y socializada, por los consensos obtenidos, señora presidenta, espero que el resto de grupos parlamentarios también participen de esta
alegría que la portavoz del Grupo Socialista y yo mismo enfáticamente invocamos en este momento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas por parte de ningún grupo. Pasamos por tanto al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vamos a participar de esta alegría a que nos invitaba el señor Olabarría porque nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, va a apoyar esta iniciativa, dado que desde nuestro punto de vista no puede ser de otra manera. Nosotros
entendemos que es una iniciativa muy oportuna, además de muy necesaria. Por lo tanto felicitamos tanto al Grupo Socialista como al Grupo Vasco por haber tenido el acierto de presentar esta proposición no de ley de manera que hoy podamos
posicionarnos favorablemente. Independientemente de que se haya legislado para mejorar la vida diaria de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, no es menos cierto tampoco que, en la medida en que estas personas se van incorporando al
empleo, a la actividad social, en definitiva a una integración en la vida social, laboral, etcétera, evidentemente se van a poner de manifiesto determinadas dificultades para esa actividad de la que estamos hablando. Por lo tanto la materia que se
presenta en esta proposición no de ley por los dos grupos, desde nuestro punto de vista, no es motivo de modificación legislativa, pero sí habría que resolverlo a través de un decreto, de un real decreto o incluso de una orden; es conveniente
resolverlo, porque el hecho es que estas personas con poca visión o sin visión, es decir, personas ciegas, necesitan una respuesta que en estos momentos no existe. Por eso, señora presidenta, con toda brevedad, nos posicionamos a favor de esta
proposición no de ley y felicitamos a los dos grupos que han tenido la idea de traerla a esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ya teníamos noticia de que desde el Imserso, y con participación de los miembros de la Comisión estatal de valoración, donde están
integrados distintos profesionales de los distintos equipos de valoración de las comunidades autónomas, se estaba trabajando en ello -y creo que la compañera diputada socialista ya ha hecho mención a esos trabajos-, de manera que entendemos que la
parte dispositiva de la proposición no de ley contiene dos requerimientos muy necesarios. En primer lugar, pone calendario a los trabajos, es decir, se habla de presentar el proyecto en el plazo de un año, lo cual es de agradecer, puesto que no
dudamos que estén trabajando en ello, pero uno ya está curado de según qué espantos, y a veces los trabajos se eternizan, y es importante que precisamente ustedes -porque va firmada por el Grupo Parlamentario Socialista y no creo que el Grupo
Parlamentario Socialista diga A y el Gobierno tenga previsto B- pongan fecha a la presentación de la modificación de la normativa.
En segundo lugar, ustedes también hablan de la necesidad de buscar y encontrar el consenso con las distintas comunidades autónomas. Esto es importante porque yo recuerdo, por ejemplo -y permítanme que haga referencia a algo colateral, pero
que no lo es tanto-, que el Govern de la Generalitat de Catalunya tuvo que presentar precisamente un requerimiento de incompetencia, a raíz de la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el cual se regulaban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de las formas de transporte para personas con discapacidad. Parece que estuviéramos en disposición de ir corrigiendo errores anteriores y no muy lejanos. De
manera que, más allá de ver con buenos ojos esta iniciativa parlamentaria, remarcamos el hecho de que se ponga fecha, y que además se diga ya desde el primer día que todo ello solamente será posible con el acuerdo y el consenso de todas las
comunidades autónomas, porque lo que no puede ser es que desde la Administración General del Estado se regularice y que sean luego las comunidades las que -permítanme la expresión popular- paguen el pato. Y usted me ha entendido, diputada
socialista. De manera que esto hay que hacerlo desde la responsabilidad y la lealtad entre las distintas administraciones.
Finalmente, y a manera de reflexión, estamos con ustedes en el contenido de la iniciativa parlamentaria, pero también hay otra derivada necesaria a debatir, que es alejarnos de un cierto paternalismo, y quiero que se me entienda. La
diputada socialista ha dicho que el Estado español ha avanzado mucho en la legislación, ciertamente, en este ámbito, pero hoy día todavía es imposible para una persona ciega acceder a un billete, por ejemplo, de Renfe, porque en el sistema de
navegación de los expendedores de billetes de Renfe no existe el recurso de voz. Hoy día, por lo que se refiere a las páginas web de AENA, de Iberia, y a todo lo que afecta al ámbito de la navegación es absolutamente inaccesible a las personas
sordociegas. Es evidente que estamos por el contenido de la iniciativa parlamentaria, pero no deben olvidar que la gran batalla que debemos ganar es en contra de aquellos escollos que no permiten que una persona pueda vivir de forma autónoma. Lo
progresista creo que es encontrar el escenario en donde sea posible la autonomía personal -recuerden la filosofía de la Ley de Dependencia por ejemplo- y no solamente buscar la gratuidad, la subvención o el soporte económico para hacer posible el
acceso a los transportes públicos. Son dos debates que no tienen que ir paralelos sino que tienen que converger.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Agradecemos lógicamente que el Grupo Vasco y el Grupo Socialista hayan presentado conjuntamente esta iniciativa, que por lo que conoce Convergència i Unió pretende dar salida a una problemática que quizá se centra mucho en la Comunidad
Autónoma vasca, en esa aplicación del baremo de discapacidad que no permite a personas ciegas beneficiarse de las ayudas vinculadas a las cuestiones de movilidad. Esta misma tarde he podido conversar con la delegada territorial de la ONCE en
Cataluña para conocer si en Cataluña se estaba planteando algún problema de estas características. Nos decía que no, que en Cataluña no existen esas dificultades. Es evidente sin embargo que la problemática existe y si la misma se deriva de la
configuración legal del baremo, abordemos la revisión del mismo. Por tanto, bienvenida esa iniciativa y contará con todo el apoyo de Convergència i Unió.
Comparto dos comentarios que hacía el señor Tardà, en el sentido de que hubiese sido interesante haber fijado plazos concretos para poder evidenciar este compromiso, visto el éxito práctico que tienen muchas de nuestras iniciativas de estas
características, y no olvidar la dimensión competencial de este asunto siempre polémico. Más allá de estas consideraciones, bienvenida sea esta iniciativa, lo que no obsta para que aprovechemos el trámite que nos brindan el Grupo Vasco y el Grupo
Socialista para trasladar algunos puntos de vista.
Hoy, nuestro sistema de reconocimiento a las personas con discapacidad va a necesitar una revisión mucho más global. En ello están la propia Administración General del Estado y los organismos de consulta y representativos de la
discapacidad, pero en esa revisión global deberíamos superar por ejemplo la perversión que supone que la obtención de una determinada ayuda para la contratación esté vinculada al reconocimiento de un determinado grado de discapacidad, que muy a
menudo no tiene nada que ver con las capacidades o no de esa persona de incorporarse al mercado de trabajo. Eso está provocando disfunciones, porque sobre la base de ese reconocimiento del grado de discapacidad, si es que llegas al mismo, si es que
superas el correspondiente 45 por ciento, el empleador o el centro especial de trabajo que te contrate tiene determinado nivel de ayudas. ¿Ese baremo de la discapacidad valora el nivel de empleabilidad, de ocupabilidad o de productividad de esa
persona? Parece que no, está considerando otras variables, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. ¿Tiene sentido que en la construcción y el desarrollo de la Ley de la dependencia y la autonomía personal mantengamos, más allá de la
valoración que ya se ha hecho para acceder a la situación de discapacidad, otra valoración para determinar el servicio de dependencia que le corresponde a efectos de la puesta en marcha del correspondiente plan de atención individual? Me refiero,
señorías, a que en todo este ámbito, además de la necesidad de adecuar el baremo de la discapacidad a las nuevas normativas internacionales que orientan la manera en la que las políticas públicas se acercan a estas personas y donde pretendemos
incorporar visiones mucho más basadas en la concepción integral de la persona, hoy tenemos normativas diferentes quizá para resolver situaciones parecidas y normativas no adecuadas que determinan determinados apoyos públicos. Ojalá seamos capaces
en esta legislatura de pasar de una reflexión a configurar un sistema de reconocimiento de las situaciones que impliquen discapacidad, que en la medida que vayan vinculadas a apoyos públicos, sirvan realmente para resolver los problemas. En todo
caso, bienvenida sea esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, presidenta.
Señorías, mi grupo es sensible, como ha demostrado en muchas ocasiones, al reconocimiento de iniciativas como la que hoy trae el Grupo Vasco junto con el Grupo Socialista. Creemos que es una revisión de justicia. El actual baremo de 1999
sobre reconocimiento, declaración y calificación de las personas con discapacidad sí contemplaba, dentro de la discapacidad, a las personas con movilidad reducida, pero no incluía en ese grupo de personas con movilidad reducida a las personas
ciegas, sordociegas y con deficiencias visuales graves. Efectivamente, stricto sensu, las personas ciegas tienen posibilidad de movilidad; lo que no tienen es una capacidad de movilidad autónoma. Por lo tanto, sí se puede considerar a este sector
-y esta iniciativa es bienvenida y está muy bien traída- personas con movilidad reducida, sobre todo a efectos de la utilización del transporte público, porque efectivamente el transporte público accesible y adaptado debería ser para todos por
igual. En ese sentido hay una serie de ayudas y subvenciones en las cuales creo -y mi grupo así lo considera- que este colectivo tiene todo el derecho a participar en igualdad de condiciones.
Estamos de acuerdo en la modificación de la situación
de este sector concreto de la discapacidad que son las personas ciegas y en incorporarla a este nuevo baremo.
He de decir que nuestra intención era presentar una enmienda porque si la idea era modificar el baremo, ya que lo modificamos, deberíamos hacerlo en su totalidad, tal y como estaba previsto en esta legislatura con compromiso del Gobierno.
Pero en atención a sugerencias del sector y en aras del acuerdo de todos los grupos parlamentarios, hemos preferido no hacerlo, de manera que al ser todos una voz discutiendo y acordando en el mismo sentido, creo que será más eficaz. Incluso
podremos pedir, como ha dicho el señor Tardà, ajustarnos a los tiempos, que verdaderamente lo que se dice
en la proposición no de ley se lleve a cabo, es decir, que en un año -y si es posible en menos- se lleve a cabo la efectividad de esta norma.
Esperamos que sea así. No obstante, queremos recordar que en febrero de 1999 en la Comisión de
Discapacidad se aprobó por mayoría una iniciativa socialista en la cual todo el mundo pedía -y estábamos de acuerdo- establecer un nuevo baremo de acuerdo con la clasificación internacional de funcionamiento. Hubo un real decreto en diciembre de
2009 del Gobierno en el que se modificaba en cierto modo ese baremo. Se hacía una pequeña modificación en la que había dos facetas importantes, una adecuación terminológica y conceptual y la incorporación de un representante en la comisión estatal
de seguimiento, pero no había una verdadera y profunda modificación del baremo de la discapacidad ateniéndonos a la clasificación internacional de funcionamiento, a la convención de Naciones Unidas y a su protocolo firmado por esta Cámara, y según
lo que establece la Organización Mundial de la Salud, no había una actualización. Además en enero de 2009 los representantes del sector, en una nota de prensa, proponían y pedían al Gobierno que cumpliera su compromiso electoral de establecer un
nuevo baremo con arreglo al nuevo modelo social de la discapacidad, un nuevo baremo para la discapacidad en el que no se considerara como culpable a la persona con discapacidad, sino que hubiera una interacción entre la sociedad y la persona con
discapacidad, es decir, que se estableciera dicho baremo. Como consideramos que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno, vamos a votar a favor con todos los grupos para que salga adelante, y cuanto antes mejor, y por supuesto plantearemos la
iniciativa para exigirle al Gobierno que lleve adelante ese nuevo baremo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Vañó.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA DE LAS ESTADÍSTICAS DE PARO REGISTRADO. (Número de expediente 162/000636.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la mejora de la transparencia de las estadísticas de paro registrado. Para defender dicha proposición no de ley
tiene la palabra en nombre de su grupo la señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias, presidenta.
Efectivamente, es mi propuesta debatir con todos ustedes una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relacionada con las estadísticas de paro registrado. En primer lugar, creo que los debates sobre esta cuestión deben ser
debates sosegados, un debate que deje al margen la situación del paro en nuestro país. Digo esto porque hay un consenso generalizado tanto de partidos políticos como de organizaciones sindicales y patronales y de los propios gobiernos de la Unión
Europea sobre cuáles son las consideraciones para la medición del paro. De hecho hay declaraciones del propio Grupo Parlamentario Socialista y tengo aquí la intervención del señor Torres Mora, compañero mío de circunscripción, en el año 2006, en la
Comisión de Trabajo, donde dice: Estoy de acuerdo en que el paro registrado no debe utilizarse como un indicador de paro, porque el indicador de paro, a efectos estadísticos de comparaciones internacionales y de debates políticos, debe ser la
encuesta de población activa. En el mismo sentido, el acuerdo o declaración conjunta que suscriben los interlocutores sociales y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la aplicación del Sispe también dice claramente que es necesario
recordar que el concepto de paro registrado no debe ser el indicador fundamental del seguimiento de la coyuntura del mercado de trabajo ni de la medición del desempleo, tareas que corresponden a la encuesta de población activa. Exactamente igual
dice la declaración que firman el conjunto de comunidades autónomas con el Ministerio de Trabajo.
Por tanto, para medir la situación del desempleo en nuestro país es necesario irse a la encuesta de población activa, es la medición desde el punto de
vista técnico, la medición europea comparativa con el resto de los países de la Unión y de debate político. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Esto del debate político es muy importante recalcarlo aquí porque a veces se ha utilizado -en este último mes con las filtraciones sobre el paro registrado respecto a la EPA del primer trimestre del año 2010-. Por eso he dicho que es
necesario, en un momento sosegado, que seamos capaces de analizar cuál ha sido la conclusión de la transformación de la metodología, convertida en el Sispe desde el momento en que se transfieren a las comunidades autónomas las políticas activas de
empleo.
Creo que es el momento de analizar si la metodología es la adecuada, si la Orden ministerial de 11 de marzo de 1985 sigue estando vigente en este momento o si tenemos que analizar y concluir la necesidad de introducir algún tipo de
reformas, que por otro lado sería radicalmente necesario que se produjeran juntamente con las comunidades autónomas, hoy competentes en la materia, y los interlocutores sociales, esenciales para el debate que tenga algo que ver con el mercado de
trabajo.
Si cogemos los datos del mes de abril, si ustedes tienen la curiosidad que he tenido yo y todos los que se dedican a esta cuestión, los demandantes de empleo eran 5.558.111. Si quitamos los ocupados, que son 933.684, llegamos a la
conclusión de que la cifra de los parados, realmente parados -porque los DENO y los demás como todo el mundo sabe, según la Organización Mundial del Trabajo, son parados en esa consideración-,
es similar a la de la encuesta de población activa. Nos da 4.624.000 y la encuesta de población activa del primer trimestre era de 4.612.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo podemos utilizar como medición de paro por lo que se
refiere a la EPA, porque los datos serían los mismos. Lo que ocurre es que el paro registrado es un instrumento diferente y diferenciador de las encuestas de población activa y funciona esencialmente para la aplicación de los planes de empleo y de
políticas de formación de las comunidades autónomas y del Ministerio de Trabajo. Yo creo que es necesario que hagamos entre todos pedagogía en este sentido, porque hoy le toca al Gobierno socialista presentar los datos del paro registrado desde el
Ministerio de Trabajo, pero dentro de un año y medio lo más seguro es que no le corresponda, habrá otro partido y volverá a presentar los mismos datos. Por lo tanto es necesario que haya un consenso en esta Cámara de que son datos de uso interno
para las comunidades autónomas y para el ministerio pero no un exponente de la situación del desempleo en nuestro país, porque estaremos equivocados y lo convertiremos en un arma arrojadiza entre partidos políticos, y creo que esto debe permanecer
al margen, y en ese sentido sinceramente yo me quiero felicitar y quiero felicitar a todos los grupos de la Cámara, y al Grupo Parlamentario Socialista especialmente, por haber conseguido entre todos una enmienda transaccional que creo que resume
todo lo que he dicho hasta ahora. En esta enmienda -recogida de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista- se plantea la necesidad de que se analice con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la información estadística
derivada de los registros de desempleados y su metodología, que es de la que he hablado yo en este momento, y de que se identifiquen aquellos aspectos que pudieran ser mejorables para, en su caso, adoptar las medidas oportunas para seguir
garantizando la transparencia y fiabilidad.
Desde luego, en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, como en la política económica, es fundamental la transparencia y la fiabilidad, porque eso nos conduce a la confianza en que las administraciones están tomando las decisiones
adecuadas para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. Creo que es necesario que las comunidades autónomas, los interlocutores sociales y este Parlamento analicen si es necesario mantener, al margen de las políticas de empleo directas
de las comunidades autónomas, a determinados colectivos que aparecen fuera de la denominación de paro registrado. Ese sosiego que creo que nos da esta enmienda transaccional nos ofrece posibilidades para que en el medio plazo seamos capaces entre
todos de buscar soluciones que no alteren una realidad, que es la situación de más de 4 millones de parados en nuestro país, y, a su vez, la necesidad de políticas activas que reintegren a estos parados en el mercado laboral.
Al mismo tiempo un segundo punto de esa enmienda transaccional plantea algo que yo creo que es bueno que se traiga a esta Cámara y es que el Ministerio de Trabajo remita a esta Cámara un informe después de cuatro años de aplicación del
Sispe, cómo ha ido, qué conclusiones ha tenido y cómo ha funcionado la Orden ministerial del año 1985. Creo que con estos parámetros de consenso, de búsqueda de soluciones conjuntas al grave problema con el que nos enfrentamos, saldremos ganando
todos, que a fin de cuentas espero -estoy convencida- que sea el objetivo primero de todos los que estamos aquí.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Villalobos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular nos trae hoy una proposición no de ley que desde mi punto de vista es un tanto contradictoria porque en la exposición de motivos pone en cuestión el sistema de registro
del desempleo al más duro estilo de confundir y polemizar y, sin embargo, en la proposición yo creo que no hay una correlación entre la exposición de los motivos y los puntos planteados.
Me gustaría recalcar esa posición porque indudablemente estoy
en estos momentos no diría que de acuerdo con la totalidad de la intervención de la señora Villalobos, pero sí le tengo que reconocer y agradecer la intervención que ha hecho porque ha tenido un elemento fundamental de racionalidad tanto en la
búsqueda de solución a la PNL presentada como en las argumentaciones aquí vertidas. Como yo creo que es justo reconocer aquello que es positivo para el sistema, en este caso así lo hago. No obstante, quería hacer algunas matizaciones a la portavoz
del Grupo Popular y sobre todo a la letra escrita, que escrita queda.
La primera de ellas es que los datos del paro que se publican todos los meses, señorías, son fruto de la cuantificación de esa partida que las distintas comunidades autónomas aportan y deciden, y por tanto ahí se produce un elemento
clarificador de transparencia y al mismo tiempo un elemento de coordinación. Ese es el primer punto que quería subrayar. El segundo es que esta cuantificación se hace sobre la base de una orden ministerial que nada más y nada menos data del 11 de
marzo del año 1985.
¿Cuántos ministros han pasado desde entonces? Nueve; han pasado nueve ministros, señora Villalobos, de los cuales cuatro son del Partido Popular, y ni el señor Arenas ni el señor Pimentel ni el señor Aparicio ni el señor
Zaplana pusieron nunca en cuestión la orden ministerial, porque hay que reconocer que ha servido como un elemento central de referencia. Ha sido positiva aunque, lógicamente, ha habido que modificarla.
El señor Caldera hizo modificaciones que introdujeron fundamentalmente elementos de adecuación en un sistema que se llamó Sispe, por una sencilla razón, señora Villalobos, porque era necesario adecuar el sistema anterior -el sistema con el
que estábamos funcionando
hasta ese momento- registrando parados provenientes de un espectro laboral diferente, los inmigrantes, que no estaban registrados, así como era necesario hacer una adecuación de los sistemas públicos de empleo transferidos a las distintas
comunidades autónomas para tener algún elemento de coordinación a la hora de recepcionar todo ese sistema. Este sistema todavía funciona así. Se recogen los datos que aportan las distintas comunidades autónomas, eso sí, sobre la base de la Orden
ministerial del 11 de marzo del año 1985. Por eso, en mayo del año 2005 no se cambia la forma de clasificar a los demandantes, ni muchísimo menos; lo que se hacen son cruces entre la Seguridad Social y los datos que aporta el desempleo, se
incorpora a los extranjeros y fruto de esos cruces surgen -señora Villalobos, lo sabe usted muy bien- 453.150 parados más. Por lo tanto, en aquel momento el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno socialista no querían engañar a nadie.
Simplemente querían reconocer una realidad. Casi medio millón de parados más hicimos en aquel momento, mayo de 2005. Si lo extrapolásemos a estos momentos, estaríamos hablando de que tendríamos registrados un millón de parados menos, pero
estaríamos actuando injustamente, porque personas que están en situación de desempleo no las tendríamos registradas. Eso es lo que hizo el Sispe fundamentalmente.
En febrero de 2006, un año después, desde distintas comunidades autónomas se vio la necesidad de hacer un cambio cualitativo. Había elementos que se estaban registrando como parados al uso que tenían dificultades de encaje. Esas
dificultades de encaje son el número de parados denominados demandantes que precisan servicios previos al empleo. ¿Fundamentalmente quiénes son? Son jóvenes que no tienen itinerarios formativos, sobre los que hay que trabajar. ¿Cuántos?
Señorías, en año y medio han pasado de 13.627 que había a 9.000 que hay en estos momentos. Por eso, consideramos que hay un sistema que ha funcionado, que indudablemente puede ser mejorado; que hay que introducir, como decía la señora Villalobos,
elementos de reflexión y que esta PNL puede ser un elemento de encuentro, en tanto en cuanto nadie pone en cuestión el sistema que existe en estos momentos en cuanto a transparencia y fiabilidad, pero sí que se plantea la necesidad de recoger
informes del Ministerio de Trabajo -a través de la Comisión de Trabajo- para, primero, evaluar el Sispe y al mismo tiempo ver si hay que hacer algo con la Orden ministerial del 11 de marzo del año 1985. Ahí coincidimos, señora Villalobos, porque
para nosotros es fundamental que en estos momentos las instituciones permanezcan, que se les dote de contenido, de recursos y de la objetividad adecuada y que en ningún momento sean manipuladas ni por exceso ni por defecto. Si eso es lo que usted
está planteando con esta PNL, nosotros estamos lógicamente coincidiendo con ustedes, lo cual nos satisface.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular tiene dos aspectos, de una parte, el relativo a la transparencia, que consideramos favorablemente y así lo hemos votado en otras ocasiones en la Cámara,
pero tiene otro que nos preocupa -aunque ha despejado en parte nuestra preocupación la portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, que es poner en duda la fiabilidad de nuestras estadísticas sobre desempleo. Nos ha despejado las dudas porque
teníamos cierto miedo a que finalmente nos encontrásemos ante una nueva iniciativa que no solamente cuestionase la gestión concreta del Gobierno, sino que pusiese en duda las instituciones del Estado. Creemos que no sería admisible, en unas
condiciones como las actuales -delicadas, de crisis, donde existe la tentación populista de poner en cuestión al Estado y a la política-, que diésemos argumentos nuevos para que una institución que tiene que ver con los datos de empleo y desempleo
se pusiese en cuestión y al final no nos pusiésemos de acuerdo siquiera sobre la gravedad o sobre la importancia de nuestra situación de desempleo. Nos han despejado las dudas y por tanto nos vamos a atener a la propuesta hecha sobre las
estadísticas de empleo, que reitera una iniciativa anterior del Congreso y que además mantiene otro punto que favorece el primero de los aspectos a que nos referíamos, que es una mayor transparencia sobre los datos de desempleo.
En la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular volvemos a caer -y no es nuevo en nuestro país- en una utilización de parte respecto a las distintas fuentes estadísticas sobre el desempleo -que si la EPA, que si el Instituto Nacional de
Empleo-, y además parece ser que como no coinciden, hay confusión en lugar de transparencia. Creemos que se obvia la distinta naturaleza de la encuesta de población activa y de los registros del Instituto Nacional de Empleo, así como la distinta
utilidad de esas dos fuentes de información sobre la situación del empleo en nuestro país. Creemos que son complementarias, que son necesarias y que tienen una relevancia que no se limita al interior de nuestras fronteras, sino que también son
reconocidas internacionalmente. Discrepamos sobre que las variaciones en estas encuestas y en estos datos -que además han sido alcanzadas de común acuerdo en el marco de la concertación social y que por otra parte han sido reiteradas y respaldadas
por parte de las comunidades autónomas- puedan tener una interpretación o un sesgo político partidista que merme la fiabilidad de los datos de desempleo, tanto de la encuesta de población activa como del Instituto Nacional de Empleo. En nuestra
opinión eso no es así y si bien teníamos nuestras reservas respecto a algunos de los puntos que nos proponía el Grupo Parlamentario Popular, en estos momentos y a la vista de lo que hemos
firmado estamos de acuerdo. Lo que no podíamos votar -y lo decimos de nuevo aquí y saludamos que se haya retirado- es que en una de las fuentes de información hubiera dos expresiones de la fuente de información: la anterior a la última
reforma y la posterior a la última reforma. Eso sí que sería totalmente contrario a la transparencia y a la comparación de nuestros datos con otros datos de carácter internacional. Por tanto, saludamos que se haya retirado ese punto de la
propuesta del Grupo Parlamentario Popular y respaldaremos el acuerdo al que hemos llegado entre los grupos parlamentarios, que es un acuerdo en torno a la transparencia y a la ratificación del necesario informe por parte del Gobierno, pero no un
acuerdo ni para la confusión ni para la creación de dos registros que finalmente lo que harían sería, en nuestra opinión, confundir más que aclarar con respecto a los datos de empleo en nuestro país, cosa que no nos merecemos y, sobre todo, no se
merecen los parados en estos momentos en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Nosotros estamos de acuerdo también, parafraseando al señor Llamazares, con lo que hemos firmado, aunque parezca una reflexión un tanto tautológica. Nos agrada además mucho que sobre una cuestión de esta naturaleza se hayan podido poner de
acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, una cuestión relativa al desempleo, nada menos, y a su forma de medición. No compartimos alguno de los argumentos manifestados por el señor Llamazares, no es cuestión baladí la forma de medir ni
es una cuestión que no genere polémicas desde el ámbito sindical particularmente, en donde siempre ha habido imputaciones o reflexiones relativas a que se ha intentado, en una atribución de responsabilidad un tanto perversa, maquillar los datos de
desempleo mediante el uso de sutiles metodologías de medición, que es una opinión o una crítica sindical que yo comparto y he compartido en muchos casos. Señor Llamazares, ya desde que se cambió el SILE, el anterior sistema de medición, al Sispe,
afloraron por arte de birlibirloque 480.000 desempleados más. Esta no es una cuestión en absoluto baladí. Cuando creamos figuras nuevas que se desagregan de las estadísticas de desempleo, como pueden ser las que usted mismo ha citado recientemente
-a los demandantes de servicios previos de empleo a los que se considera inadecuados o con una formación insuficiente se les ofrece la posibilidad de realizar un curso de formación-, estamos creando un colectivo que, a pesar de ser un colectivo
desempleado, no activo, no integra sin embargo las estadísticas de desempleo. Lo mismo ocurre con los perceptores del TEAS, los subsidiados, hoy perceptores de la renta agraria; lo mismo ocurre con trabajadores en condiciones especiales o
disponibilidad limitada. Esta no es una cuestión que carezca de trascendencia porque si el desempleo es la patología social en la que, desde una perspectiva del consenso, todos deberíamos comprometernos, no es irrelevante conocer cuántos
desempleados de verdad existen en el Estado español, y como no es irrelevante me parece bien que se llegue a una transacción y a un consenso político sobre la forma de medir esta cuestión. En un problema tan serio como este no podemos llegar a
cuestiones que rayan en la charlotada. Lo que no es admisible es que el Ministerio de Trabajo e Inmigración declare que en este momento existen 5.600.000 demandantes de empleo. Si son 5.600.000 demandantes de empleo, son personas que pertenecen a
la denominada población activa y que no están trabajando.
¿Les podemos llamar desempleados? Bueno, depende, según los criterios de medición que se utilicen. Usted dice que no, pero depende, se pueden utilizar otros criterios y decir que sí, pero
que luego el paro registrado se reduzca en un millón, a 4.160.000 desempleados, y luego nos encontremos con la sorpresa de que la EPA eleva esta cuantía nada menos que en 2009 a 4.400.000 y el Eurostat lo reduzca a 4.363.000, cuando bailan tantos
las cifras algo está fallando en la forma de medir las cifras del desempleo. Por tanto, puesto que la invocación un tanto deletérea, un tanto genérica, al consenso nos parece particularmente pertinente -y lo que vamos a hacer a partir de ahora es
trabajar en métodos estadísticos coherentes, razonables, que nos permitan conocer la dimensión del problema principal que tiene este país que es el desempleo-, nosotros vamos a participar de este consenso, pero no relativicemos las cuestiones porque
todos sabemos que las cifras de desempleo, primero, se han utilizado desde una perspectiva en nuestra opinión un tanto perversa, por no decir bastarda, para tener réditos electorales, unos reduciéndolas, siempre el partido gobernante, y otros
incrementándolas un tanto artificiosamente. Vamos a dejar de jugar a esto y vamos a buscar una forma de medir, lo que configura el problema más importante y más lacerante que tiene un Estado-sociedad.
Desde esa perspectiva, señor presidente, estamos en una tarde de novedades. Mi grupo ha podido firmar una proposición no de ley con el Partido Socialista y el Partido Popular se ha puesto de acuerdo con el Partido Socialista sobre una
cuestión como el desempleo. Ojalá haya muchas tardes o continúen las tardes a partir de lo que queda de legislatura con estas características que nos provocan, como antes comentaba, particular alegría.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para decir que debemos felicitar a la señora Villalobos por su iniciativa y especialmente por su notable inteligencia política en aras a permitir que la Cámara alcance un acuerdo en la cuestión de fondo que usted
planteaba, que es la necesidad de que todos estemos de acuerdo respecto a cuál es la situación de desempleo en función de los datos estadísticos que manejan las administraciones públicas. Existe un mandato al Gobierno, a las comunidades autónomas y
a los agentes sociales que esperamos que se cumpla, porque ese consenso que usted reclama es lo que además debería permitir al conjunto de los actores públicos y privados implicados en estas materias desarrollar políticas comunes.
Señorías, yo tenía la tentación de afirmar que el debate principal que hoy tenemos no es precisamente un debate sobre las estadísticas sino sobre aquello que está detrás de las mismas, ese 20 por ciento de desempleo que castiga duramente
nuestra economía, ese 3 por ciento del producto interior bruto que debemos destinar al pago de las prestaciones por desempleo y que explican en buena parte el déficit público que padece España -en este sentido vamos a ver si en el debate de mañana
se nos empiezan a aclarar algunas cuestiones- y el drama que existe detrás de ese 20 por ciento. Esos son los debates de fondo, o bien si el Gobierno de una vez por todas es capaz de alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para dinamizar ese
mercado de trabajo, esa reforma laboral que arrastramos desde hace dos años en esta legislatura y que el Gobierno hasta ahora ha sido incapaz de acordar.
Leíamos estos días que parece ser que para finales de este mes de mayo va a ser posible que exista un acuerdo con los agentes sociales. Lo cierto es que van pasando los días, van pasando las semanas y las cifras -con independencia de que
sean las de la EPA o las del antiguo INEM sobre el desempleo registrado- continúan indicando que el problema más grave que tiene planteada la sociedad española es el desempleo. Eso es lo que está cuestionando la fiabilidad de las cuentas públicas
de España en términos de déficit público y eso es lo que hoy está provocando los problemas a los que nuestra economía está haciendo frente. Espero que esta iniciativa de la señora Villalobos, a la que de nuevo queremos felicitar, sirva para que al
menos en materia de los datos estadísticos todos estemos de acuerdo en entender que esos datos indican lo más cerca posible cuál es la realidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señora Villalobos, debo entender que la enmienda que me entregaba, para dejar constancia en el 'Diario de Sesiones', ha sido aceptada por todos los grupos con carácter de transaccional. (Asentimiento.) Muchas gracias por su confirmación.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS GRAVES PERJUICIOS QUE HA SUFRIDO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA A CAUSA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS EYJAFJALLA. (Número de
expediente 173/000137.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los graves perjuicios que ha sufrido la actividad económica en España a causa de la erupción del volcán Eijafjalla.
Tiene la palabra para defender la moción doña María Salom.
La señora SALOM COLL: Señor presidente, señoras y señores diputados, el pasado 15 de abril comenzó la mayor crisis económica de la historia del sector aeronáutico, que duró aproximadamente seis días. Esta crisis fue provocada por la
decisión de cerrar parcialmente el espacio aéreo europeo. Como todos ustedes saben, los vuelos se suspendieron como medida de seguridad ante el riesgo de que los motores de los aviones se pudieran ver afectados por la erupción del volcán islandés.
Eso obligó nada más y nada menos que a cancelar unos 100.000 vuelos y 10 millones de pasajeros se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo. Pues bien, señorías, esto no fue un hecho aislado. Ayer y hoy estamos viendo cómo una parte del
espacio aéreo se está cerrando por la nube de cenizas y esto provoca, como es natural, retrasos y anulaciones de vuelos. Hoy muchas de las señoras y señores diputados nos hemos visto afectados por esos retrasos y evidentemente eso provoca pérdidas
importantes en el sector. Más grave aún, existe la sensación o la percepción de que estos cierres se producirán, o pueden producirse también, en plena temporada turística de verano. Eso provoca incertidumbre y preocupación en el sector turístico
español. El turismo de sol y playa representa más o menos el 70 por ciento del conjunto del turismo en España. Resulta que en el turismo de sol y playa las ventas de último minuto representan entre un 30 y un 35 por ciento. ¿Se imaginan que en
plena temporada turística se cierre una parte del espacio aéreo europeo? ¿Se imaginan las consecuencias que esto puede tener para el sector? (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Les voy a dar un dato donde ya se percibe que hay una tendencia a volar menos, a desplazarse menos. Los datos son que AENA-Madrid en los últimos meses crecía alrededor de un 5 por ciento; en el último mes de abril
ha bajado un 4 por ciento. Es decir, las personas que se vieron afectadas, los más de 10 millones de pasajeros que se vieron afectados, a la hora de comprar un nuevo billete de avión para un nuevo desplazamiento se lo repiensan y a veces
deciden no volar. ¿Ha pensado el Gobierno en algún tipo de seguro para dar garantías, seguridad y certeza a los futuros usuarios de los aeropuertos?
La Comisión Europea ha manifestado que está conforme con las circunstancias excepcionales de la crisis y que se pueden justificar determinadas medidas para compensar las pérdidas. El Ejecutivo comunitario ha anunciado que autorizará a los
Estados miembros, por ejemplo, a conceder subvenciones públicas a las compañías aéreas. Hoy España necesita medidas extraordinarias para minimizar el impacto de esta crisis en el sector turístico español. Ha habido pérdidas, las hubo en el mes de
abril, las hay hoy y probablemente las haya en el futuro. ¿Va a tomar el Gobierno del señor Zapatero alguna medida para compensar las pérdidas del sector turístico español, que es la segunda industria de nuestro país? Es un hecho objetivo: ha
habido pérdidas millonarias. En cuanto a lo que dijo en esta tribuna el ministro Blanco en la interpelación que tuvimos sobre que una vez evaluadas las pérdidas y los mayores ingresos al final el resumen sería lo comido por lo servido, yo les digo,
señorías, que esto es rotundamente falso. Las compañías aéreas en Europa han cifrado las pérdidas entre 1.500 y 2.500 millones de euros.
El sector turístico español ha computado las pérdidas en 252 millones de euros. Hoy hace falta liderazgo
turístico del Gobierno español, hoy tenemos que lanzar un mensaje, España tiene que mandar un mensaje: que apuesta por el turismo. Por eso, debe aprobar una serie de medidas como las que el Partido Popular plantea en su moción. Medidas que
podrían ser, por ejemplo, cuantificar los daños económicos de las pérdidas juntamente con el sector turístico español y, después de analizadas y valoradas las pérdidas, aprobar un plan de ayudas en coordinación con las distintas comunidades
autónomas. Evidentemente parece normal que el ministro Sebastián, en un plazo de quince días, comparezca en esta Cámara o en Comisión para explicarnos los daños, los perjuicios, las pérdidas y las ayudas que se van a tomar en beneficio del sector
turístico español.
Tercer punto. Desde el Partido Popular pretendemos que se reduzca el IVA que afecta al sector turístico español. El Partido Popular apuesta por un IVA superreducido del 4 por ciento. Eso es posible hoy. (Rumores.) En Alemania y en
Francia están bajando el IVA que afecta al sector turístico; en España, no. En España se ha optado por parte del Gobierno socialista por subir el IVA que afecta al sector turístico. España va en dirección contraria, hay que rectificar.
Desde el Partido Popular, como cuarto punto de la moción, apostamos por reducir las tasas aeroportuarias en un 50 por ciento. Como quinta medida apostamos -lo pide el sector- por posibilitar el aplazamiento de los pagos de las cuotas a la
Seguridad Social. Como punto número seis proponemos que en dos meses, en coordinación con las comunidades, se cumplimenten los acuerdos que se tomaron en la última reunión del Consejo Español de Turismo. Como punto séptimo, proponemos que en el
tiempo de dos meses se firme el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento para la apertura comercial de los pasillos aéreos que son de uso militar exclusivo. Con esa medida las compañías aéreas ahorrarán
costes y combustible y ahorraremos también tiempo.
Desde el Partido Popular estamos cansados de ver cómo el turismo es la hermana pobre del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. En la ley de economía sostenible que se tramita estos días no hay ni un artículo dedicado al turismo. Hagan
algo, Gobierno socialista, en beneficio del sector turístico español. Nosotros hemos propuesto unas medidas. Hay otras, como por ejemplo aplazar la subida del IVA...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Salom, por favor.
La señora SALOM COLL: ...al día 1 de noviembre, que es lo que exige el sector turístico español. Se lo pedimos desde el Partido Popular. Creo que esta iniciativa es positiva y redunda en beneficio de una parte importante de la economía
española.
Señora presidenta, para que sea más fácil que los grupos puedan apoyar esta moción solicitaremos que se voten por separado todos y cada uno de los puntos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Salom.
A esta moción no se han presentado enmiendas. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Yo creo que en esta Cámara a nadie se le escapa la importancia que para la economía de Canarias tiene el sector turístico. Por tanto, entenderán SS.SS. el impacto que puede producir cualquier situación como la que se plantea en esta
moción, tanto en la exposición de motivos como en la interpelación sustanciada la semana anterior y en el planteamiento que hace la portavoz del Grupo Popular en defensa de la moción. Bien es cierto, también hay que decirlo, que la respuesta del
Gobierno, del Ministerio de Fomento, ha estado acertada y atinada en un momento de imprevisión y en el que sobre todo se necesitaba coordinación. Desde Canarias podemos hablar de coordinación entre la Administración General del Estado, AENA, el
Ministerio de Fomento y las autoridades canarias, que permitió dar respuesta inmediata a situaciones que afectaban a muchos ciudadanos y sobre
todo a lo que puede ser la imagen de Canarias, la imagen de España como destino turístico. Por tanto, me satisface valorar de manera positiva la respuesta por parte del Ministerio de Fomento y de las autoridades de AENA, y sobre todo la
coordinación con el Gobierno y con las autoridades de Canarias a la hora de dar respuesta a estas situaciones que se planteaban, que no eran deseables para nadie.
La iniciativa que hoy se trae a esta Cámara parte de unos planteamientos que nos parecen razonables: evaluar y estudiar el impacto en el sector turístico de la situación motivada por la emisión de cenizas de este volcán que todavía sigue
emitiendo, por lo que se siguen cerrando aeropuertos, concretamente en la mañana de hoy varios aeropuertos canarios y esta tarde el aeropuerto de La Palma seguía cerrado por esta causa. Pero está claro que podemos caer en la tentación, sin esa
evaluación, sin ese trabajo, sin ese compromiso, de generar falsas expectativas en los afectados. Podríamos aprobar una iniciativa que probablemente tuviera enormes dificultades en un momento como el actual para poder llegar a los afectados, a las
personas que de verdad esperan un compromiso riguroso del Gobierno. Por eso nos parece que esta medida debiera plantearse, y lamentamos que el grupo mayoritario de la Cámara que apoya al Gobierno no presentara una alternativa o unas enmiendas que
establecieran un criterio que permitiera a los grupos parlamentarios buscar una transaccional que diera una respuesta que esperan el sector turístico y los afectados en este momento por parte del Gobierno. Sin embargo, como digo, hay partes de la
iniciativa en las que no podemos votar en contra, pero pensamos que esta iniciativa se queda corta en unos aspectos y en otros quizá va más allá de lo que creemos seriamente y en rigor que se pudiera aplicar por parte del Gobierno, de ahí que vamos
a intentar votar la iniciativa por lo menos en las partes que estamos planteando como necesarias.
Hay un tema que nos parece importante y al que se comprometió el Gobierno, por ejemplo, el sector turístico canario en estos momentos está demandando una promoción exterior que permita recuperar las camas que se han perdido por esta crisis.
En este sentido, hay un compromiso por parte del Gobierno de España de trabajar con las autoridades canarias precisamente en esa promoción exterior, en una campaña de promoción exterior específica para recuperar esas camas porque los empresarios no
están planteando recibir una serie de ayudas concretas en estos momentos, están planteando tener actividad económica, tener turistas que permitan generar el trabajo y la economía que quieren en estos momentos. Por eso, señorías, a nuestro grupo le
hubiera gustado mucho hoy escuchar una posición de compromiso del Gobierno a través del Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que existen compromisos en estos momentos entre gobiernos; conocemos la sensibilidad que ha habido en el Gobierno de
España para con Canarias en este tema y el compromiso que existe con Canarias. Como digo, tampoco nos podemos oponer a la moción presentada.
Se ha planteado por parte de la proponente la votación por puntos, seguro que vamos a coincidir en muchos
de los puntos de la moción; en otros, aunque coincidamos, somos conscientes de que la realidad objetiva de la situación actual impide planteamientos que no puedan ser cubiertos y que generen falsas expectativas en las personas que están afectadas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Hoy nos viene el Grupo Popular con una propuesta de ayuda, de rescate del sector aéreo. Me suena mucho a las propuestas de rescate, en este caso, del sector financiero. Mañana nos vendrán con que hay que ajustar el déficit, que hay
ajustar, por tanto, el gasto de forma considerable.
Seguramente lo que vendrá pasado mañana, si somos coherentes, será que tendremos que ajustar el gasto social, si no lo propone antes el Grupo Socialista o el mismo Gobierno. Las consecuencias
serán que habrá ajuste y que el Partido Popular hará mañana un discurso, un análisis, un diagnóstico, que nada tendrán que ver con lo que nos ha dicho hoy la señora Salom. No se puede hacer un ajuste drástico del déficit y, a la primera de cambio,
acudir al rescate, hoy, del sector aéreo; antes, del sector financiero. Es más, cuando todo eso se hace sin voluntad alguna de reformas fiscales en materia ambiental, permitiendo que el principio de quien contamina paga se aplique a la fiscalidad;
cuando todo ello se hace boicoteando, por ejemplo en Baleares, aquello que podía significar un paso adelante, como fue la ecotasa; cuando todo ello se hace diciendo que no a la subida de la fiscalidad sobre las rentas más altas, todo ello acaba
suponiendo que los planes de rescate, hoy del sector aéreo, mañana del sector financiero, pasado mañana no sabemos exactamente de quién, acaben cayendo sobre las espaldas de los sectores sociales más desfavorecidos.
Por tanto, nosotros, en consecuencia con lo que vamos a expresar en el debate que se va producir mañana, en consecuencia con lo que hemos dicho, vamos a decir que no, que no es hora de rescate del sector aéreo, que es hora de una fiscalidad
justa, progresiva y ambiental, que es el momento de hacer los deberes para cambiar el modelo y que no estamos al lado de aquellos que plantean planes de rescate del sector financiero a cambio de nada o ahora planes de rescate al sector aéreo a
cambio de nada.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo no va a apoyar la moción. Por decirlo breve y directamente, no va a apoyarla por enfoque o, si se quiere, por discrepancia en el enfoque que me parece preside la moción que hoy se somete a nuestra consideración. También
por el enfoque que presidió hace ya un par de semanas la interpelación de la que trae causa esta moción.
El enfoque de la moción está excesivamente centrado, por un lado, en medidas a corto, y también en medidas a nivel nacional. Pues bien, no es
que mi grupo esté cerrado en teoría a que puedan o no adoptarse medidas a corto y medidas en el ámbito estatal o nacional, como usted llamaría, pero nos parece que no es un momento para centrarse en eso, y voy a intentar explicar por qué.
Coincido, por supuesto, con S.S. en la gravedad de lo ocurrido. Ahí está el informe, del que supongo usted ha extraído los datos que nos ha aportado, o la nota informativa remitida a la Comisión el pasado día 27 de abril por el señor
Kallas, de acuerdo con los señores Almunia y Rehn, donde se habla de los 100.000 vuelos suspendidos entre el 15 de abril y el 21, de los 10 millones de pasajeros afectados y, si se quieren más datos, de una caída del 64 por ciento del tráfico de
pasajeros previsto en la Europa a Veintisiete, en algunos países -que no en éste- hasta del 90 por ciento. Por lo que respecta al tráfico de mercancías ahí están también los datos de un 61 por ciento menos de tráfico en un sector que supone el 20
por ciento de todo el transporte de mercancías por lo que a su valor se refiere. Porque el tráfico de mercancías por vía aérea es de mercancías de alto valor añadido. De ahí que afectó ni más ni menos que al 61 por ciento del 20 por ciento del
conjunto del tráfico de mercancías en Europa, en una Europa a Veintisiete. Por otra parte, de forma añadida, supone un 0,3 por ciento de la economía europea, con una incidencia muy superior de forma indirecta.
En resumen, una auténtica catástrofe económica en una economía que ya está con graves problemas, y especialmente en un sector, el aéreo, que, como usted sabe, viene de dos años enormemente difíciles. Estoy hablando del sector aéreo y no
-que también se puede hablar- del sector turístico. La causa inmediata de todo esto es la nube volcánica en cuestión. Pero me permito añadir lo siguiente, que entiendo y entiende mi grupo es sustancial. El volumen y la gravedad de los efectos que
la nube volcánica ha producido se deben también, en parte, a otra causa: La mala operatividad del sistema con el que veníamos funcionando en Europa y que no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria. Pero donde mayores perjuicios ha causado
no es, como le digo, en el Estado español. Dicho con otras palabras: esta crisis ha enseñado -como se dice en el informe que he citado-, si era necesaria alguna prueba de ello, la crucial importancia de una mejor integración del espacio aéreo
europeo a través del espacio único europeo. Esta es la conclusión que hay que sacar. Hay que sacar conclusiones, por un lado, en el marco europeo y, en segundo lugar, a medio plazo, y después, si usted quiere, también a corto en el ámbito estatal,
por esta diferencia de enfoque, que a nuestro juicio es terriblemente importante, porque parece no llegar nunca el tiempo para abordar los problemas en el nivel y con la perspectiva con la que hay que abordarlos. Creo que el desastre económico que
se ha producido con la nube volcánica nos ha enseñado, si hacía falta -que personalmente creo que no hacía falta- que ya es hora de ir a planteamientos en el ámbito europeo serios y a fondo y con medidas que también vayan a medio y largo plazo;
medidas que tienen que hablar de nuevos instrumentos, medidas que tienen que hablar de nuevas tecnologías, medidas que tiene que hablar de nuevas normativas y de la aplicación urgente de algunos de los pasos con los que se había empezado a caminar.
Pero no se quiere avanzar. Este es el enfoque que a mi grupo le hubiera gustado, este es el enmarque de las medidas que a nuestro grupo le hubiera gustado; enfoque y enmarque que no están para nada, no estuvieron en la interpelación de hace ya
quince días y que no están tampoco en la moción de hoy. De forma que estas son las razones por las que mi grupo ha decidido abstenerse en esta moción.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, defendida por la portavoz, María Salom, por varios motivos. Desde este
punto de vista nos gustaría hacer algunas consideraciones. Esta moción persigue incorporar al Gobierno a una serie de complicidades orientadas a ayudar a cuantificar, desde diferentes ópticas, todos los perjuicios económicos que ha podido ocasionar
la erupción del volcán islandés Eyjafjalla. Aprovechando que estamos hablando del sector turístico, uno de los sectores relevantes en la economía española, no deja de ser uno de los motores de la economía española que continuará siendo en los
próximos años uno de los sectores más importantes que han de influir positivamente en la generación de empleo y en la modernización de nuestro país, y aplicando políticas activas a la industria turística española, plantea una serie de aspectos
positivos que gozan en este caso de una buena perspectiva política por parte de nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió. A lo largo de esta legislatura hemos venido defendiendo aplicar una serie de medidas correctoras,
desde el punto de vista fiscal, en el sentido de convencer al Gobierno para aplazar la subida del IVA del mes de julio de este año al mes de octubre.
Era una demanda insistente por parte del sector turístico, y de habernos hecho caso hubiéramos hecho un gran favor a este sector tan importante, al menos para Convergència i Unió. No entrábamos en el debate de fondo de evitar la subida de
impuestos. Vimos en su momento que no gozábamos de la mayoría suficiente para convencer al Gobierno de que evitara esta subida de impuestos, pero sí insistimos en reiteradas ocasiones en convencer al Gobierno de que si no querían evitar esta
subida, la pospusieran al momento de finalizar la temporada turística. Hubiéramos dado señales de confianza a un sector que probablemente se va a ver, como otros sectores, muy maltratado por la crisis económica, pero no conseguimos la complicidad
del Gobierno. Por este motivo, nos ha defraudado la actuación del Gobierno ante un sector que consideramos relevante, al no ser capaces de consensuar algunas iniciativas que iban en la dirección que la mayoría de los sectores turísticos nos pedían,
no solo a Convergència i Unió sino al resto de formaciones políticas. Esta moción en algunos aspectos va más allá. Plantea el IVA reducido del sector turístico, como han aplicado otros países importantes de la Unión Europea, para darle más
suavidad, para pasar la crisis de este año y probablemente también de los próximos años, desgraciadamente para España. Propone aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social en empresas que estén en una situación importante de crisis. Propone
otra serie de cuestiones que son interesantes y que no incrementan el déficit público. Pienso sinceramente, señores del Grupo Parlamentario Socialista, que si queremos dar señales de confianza, señales de que estamos tocando con los pies en el
suelo y que conocemos exactamente las dificultades del sector, no costaría nada intentar buscar una solución -sea esta u otra complementaria- para poder dar alguna noticia positiva al sector turístico español. Probablemente esto no sea así, pero
estando de acuerdo en el fondo de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular vamos a votarla favorablemente en su literalidad.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Larrosa.
El señor LARROSA PIQUÉ: Gracias, señora presidenta.
Debemos ser los únicos que tocamos con los pies en el suelo, señor Sánchez i Llibre, porque desde que ha intervenido la señora Salom hasta este punto nos piden, de entrada, 1.200 millones de euros para ponerlos encima de la mesa. Y lo que
sí es tocar con los pies en el suelo es la posición que va a mantener el Grupo Socialista delante de esta moción. Estamos aquí ante una iniciativa compleja puesto que mezcla diferentes temas. El Partido Popular sabe -porque se lo hemos dicho desde
esta tribuna y en las diferentes Comisiones- que estamos dispuestos a debatir y a aceptar aquellas propuestas que vayan en una dirección propositiva y en la defensa y mejora del sistema turístico español. Sin embargo, lo que hoy nos presentan aquí
-con todos los respetos, señora Salom- es un lío impresionante. Vamos por partes. Primero, como usted indica en su moción y ya sabe a estas alturas, la Comisión está evaluando los daños que han sufrido las compañías aéreas. Así lo ha manifestado
el comisario de Transportes Siim Kallas y se está analizando también los requisitos que deberían cumplir a fin de que puedan acudir a los diferentes Estados para solicitar compensaciones por el cierre de los aeropuertos. Sin embargo, también debe
saber que esta idea no ha sido bien acogida por parte de bastantes países miembros de la Unión. Por consiguiente, habrá que esperar a que la Comisión decida y faculte a cada país para tomar sus decisiones dentro de las reglas de juego que se
determinen. Sin embargo, hacen ustedes una mención interesante en su moción cuando hablan de que el plan de ayudas debe hacerse en colaboración con las comunidades autónomas, pero no dicen si ello conlleva también el copago de las mismas. Le voy a
poner un ejemplo, que es donde empieza el lío, y hablamos en clave autonómica que es la que le gusta también al señor Sánchez i Llibre, al Grupo de Convergència i Unió. Vueling, en su vuelo Lleida-París, ¿a quién recurre Vueling, a Francia, que ha
cerrado el aeropuerto de París?, ¿a la Generalitat, que es la propietaria y la titular del aeropuerto de Lleida o a la Dirección General de Aviación Civil? Lo mismo puede pensarse de cualquiera de las empresas, de las compañías hoteleras de
Baleares cuando tengan que buscar responsables para hacer frente a estas indemnizaciones. Ustedes dicen que venga y lo resuelva el ministro Sebastián. Eso sí, con las comunidades autónomas, pero que lo resuelva el ministro Sebastián. Coincidirá
conmigo en que resuelven mal ese punto.
A continuación plantean las medidas estrella estándar a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular últimamente. Este domingo hará dos meses desde que debatimos los mismos temas en este hemiciclo. Hablamos del IVA superreducido. Es
impresionante, y no puedo estar sin decirlo, la capacidad de manipulación que tienen en este aspecto. (Un señor diputado: Muy bien.- Aplausos.) Cuando dicen que la rebaja del IVA, al margen de las limitaciones legales que establece la directiva
europea, contribuye a dinamizar el consumo, ustedes que en su interpelación hicieron referencia al señor Sarkozy vayan y pregúntenle el fiasco que ha supuesto en Francia la rebaja del IVA en la restauración con respecto al precio final del servicio.
Franceses y turistas en Francia pagan exactamente el mismo precio por los mismos menús que se tomaban antes de la rebaja del IVA. O pregúntenle al señor Davies, aún hoy ministro de Comercio del Gobierno británico, sobre lo que no ha
supuesto la rebaja de seis meses que aplicaron en el IVA, y encima lo plantean en clave de competitividad. Solo cuatro países de Europa se quedarán por debajo de nosotros cuando entre en vigor el incremento de un punto del IVA en el sector
de la restauración, entre ellos Polonia o Luxemburgo que como saben son grandes competidores turísticos de España.
Insisten en las tasas aeroportuarias, esconden que se han rebajado ya las que afectan a aeropuertos insulares y Melilla y que son de
las más bajas de Europa. Sobre los aplazamientos de pago piden algo que ya contempla el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En su moción hacen referencia también a los acuerdos del Consejo Español de Turismo.
Efectivamente
en ese marco se han aprobado medidas en el ámbito del marketing, del conocimiento, de la simplificación normativa, modernización de zonas turísticas maduras, etcétera.
Dígame, señora Salom, ¿están usted y su partido de acuerdo en favorecer, por poner un ejemplo, que la Comunidad Valenciana acate una recomendación surgida de este Congreso y en el plazo de dos meses pueda adoptar reformas en la legislación
hotelera, cuando tienen competencias plenas en ello?, ¿o es que quizá es mejor proponer fórmulas de colaboración, como plantea este Gobierno, entre administraciones y que se debata en el marco del Consejo Español de Turismo? Existe ya una comisión
interministerial, la Cidefo, y el órgano permanente de gestión del espacio aéreo para coordinar el espacio aéreo español. Además los ministros de Transportes se han comprometido a trabajar en la creación de un ente gestor único para un espacio
único europeo. Por tanto, también aquí se está trabajando desde Bruselas para avanzar en esta materia. Por cierto, no he oído ningún comentario de felicitación a este Gobierno, tanto al ministro de Fomento como al ministro de Industria, porque
esto sí que son buenas enmiendas, señor Perestelo, acción decidida del Gobierno, coordinando el trabajo de entes, organizaciones, instrumentos, precisamente para facilitar el tráfico aéreo y adelantando acciones de promoción, acciones de promoción
para adelantar la compra de las vacaciones. (Aplausos.)
Termino, señora presidenta. Hace dos meses les dije que no eran capaces de sorprender a nadie. Hoy les tengo que decir que me aburren, que el sector turístico lo conducen al hastío con falsos debates y falsas expectativas (Rumores.). Y
esto, perdónenme, no es hacer política, es hacer teatro.
Cometen un error. Por todo ello, vamos a votar en contra de los puntos de su moción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Larrosa.
Señora Salom, ha manifestado S.S. la voluntad de votación separada de los puntos de su moción. ¿Quiere decir de cada uno de ellos por separado o agrupados de alguna manera? (Pausa.)
La señora SALOM COLL: Después de oír las intervenciones, puede ser votación conjunta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Conjunta de toda la moción.
Muchas gracias, señora Salom.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 173/000138.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la recuperación de la memoria histórica. Para la defensa de la moción tiene la
palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy existe un clamor, un clamor internacional, que dice que es insólito lo que está pasando en España en torno a la investigación sobre el franquismo. Sin ir más lejos, el 5 de mayo en el examen periódico universal del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas no fueron pocas las críticas que recibió España por parte de Estados y de organizaciones no gubernamentales. Todo el mundo decía y consideraba que era insólito que hoy no se pueda, de conformidad con las obligaciones
internacionales, investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada. Pero es más, Human Rights Watch en sus recomendaciones para esta ocasión dijo claramente que la decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean
acusadas hoy de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y la efectividad de la Unión Europea en la lucha contra la impunidad por delitos graves. Han llegado a afirmar que existe una falta de voluntad política para asumir la localización de
las víctimas del franquismo. En una reunión reciente de Naciones Unidas, el pasado 24 de abril, multitud de países hablaban de la ausencia en España de políticas reparadoras hacia las miles de víctimas, de familias, de la guerra civil y de la
dictadura.
Hoy existe un clamor y ese clamor lo han reproducido multitud de periódicos. New York Times hablaba de la injusticia en España y afirmaba que los crímenes reales son las desapariciones, no la investigación de Garzón. En España altas
instituciones no han estado a la altura y quizás por ello hoy el juez Garzón tenga un periodo de excedencia. Pero hoy lo que vamos a conseguir es que haya una declaración de este Congreso que diga que el ordenamiento jurídico vigente en España
obliga de modo indudable y suficiente a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio. El hecho de que este Congreso lo diga es una buena noticia, a pesar de que algunos han querido hacer saltar por los aires el pacto
constitucional desnaturalizando la Ley de Amnistía,
diciendo que esos son argumentos jurídicos para no perseguir los crímenes de lesa humanidad y de genocidio. En segundo lugar, la interpelación y la moción tenían un segundo objetivo: acompañar a las víctimas. Hoy nos acompaña gente del
Foro de la memoria; podríamos explicar multitud de casos; yo les podría explicar hoy el caso de la cueva de Humarraña en Valladolid, en Merindad de Montija, pero podría poner multitud de casos en que las víctimas van juzgado por juzgado sin tener
nadie que las socorra, sin tener a nadie que les acompañe a la hora de recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Hoy las víctimas se sienten solas, se sienten abandonadas y aquellas personas que tienen a sus familiares desaparecidos, que están
en fosas comunes, que están en cunetas, se encuentran que no tienen a nadie -ni en muchos casos a la Administración- que les acompañe para recuperar los cuerpos de sus seres queridos; no les acompaña el Gobierno, no les acompaña la ley, no les
acompaña la justicia que les da la espalda.
La moción tenía un segundo objetivo, y es decirle al Gobierno que tiene que cambiar la política en materia de exhumación y de fosas, y lo hemos conseguido a pesar de algunos. Hemos incorporado que se garantizará la responsabilidad pública e
institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas y que para ello se impulsarán las reformas normativas necesarias, porque la ley se ha mostrado insuficiente y porque la política en materia de fosas no está
acompañando a las víctimas que hoy también nos acompañan. Y eso es, sin lugar a dudas, una buena noticia. Tercer objetivo que tenía la moción: cumplir con la disposición adicional tercera, que el Gobierno haga políticas públicas para la
recuperación de la memoria, como hacen, por ejemplo, gobiernos como el de Cataluña, para garantizar que es una responsabilidad de las administraciones; porque entendíamos que el Gobierno no cumplía con esa oficina de información a las víctimas que
tiene tres o cuatro personas para atender a la información pero sin coordinación entre ministerios; porque el Gobierno lo único que ha presentado es el mapa en materia de fosas, que es un trabajo de las comunidades autónomas pero que hace que donde
las comunidades autónomas no cumplen, las víctimas del franquismo simplemente estén indefensas ante la ley y a la hora de recuperar sus derechos. Por eso es positivo que hoy se asuma que debe ser esa oficina la que tiene que hacer los deberes, la
que tiene que hacer también las políticas públicas.
Tengo que reconocer que no hemos conseguido todo lo que queríamos, como tantas veces, porque el Gobierno no quiere ir tan lejos como la sociedad -no nuestro grupo- le reclama, no quiere avanzar en la fiscalía ni en el alto comisionado, no
quiere avanzar en un pleno despliegue de la disposición adicional tercera y no quiere avanzar, por supuesto, en la nulidad por ley. En cualquier caso consideramos desde Izquierda Unida y desde Iniciativa que hoy damos un paso adelante. Espero que
nadie se atreva a decir que en época de crisis no es hora de gastar un solo euro en permitir la exhumación de las fosas porque la dignidad de las familias no tiene precio. Yo no puedo imaginar lo que sería -lo que es- no poder recuperar los restos
de un padre, de una madre, de un hermano, pero sé que hoy damos un paso adelante garantizando que las administraciones asuman la responsabilidad pública, aquello que no conseguimos en la ley, que no estaba en la ley, y haciendo que las
modificaciones normativas lo permitan. Vamos a dar pasos relevantes, es importante que en este país se diga que nuestro ordenamiento jurídico permite enjuiciar los crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Estamos dando un mensaje clarísimo para
que nadie se equivoque, para que nadie malinterprete las leyes, y es importante que las administraciones garanticen las exhumaciones y que para ello se realicen las modificaciones normativas necesarias. Espero que este sea el compromiso leal del
Congreso, y que en ese compromiso leal del Congreso y de las fuerzas que aprueben la moción acompañe el Gobierno. Espero que nadie dé marcha atrás y que nadie eche agua al vino, que no lo hagan mañana ni pasado, que no lo hagan la semana que viene;
espero que a nadie se le ocurra echar agua al vino esta misma tarde porque la falta de sensibilidad de algún despacho de Moncloa a la hora de acompañar a las víctimas sería inconcebible. Sería inconcebible que alguien no entendiera que la ley en
materia de fosas no está sirviendo.
Por eso, estoy convencido de que la aprobación de la moción de hoy es un paso adelante, sin lugar a dudas, y espero que cuente no solo con la voluntad del Congreso, de los grupos parlamentarios, sino también del
Gobierno.
Acabo ya, presidenta, diciendo que esperamos tener no gobiernos valientes, sino gobiernos que cumplen simple y llanamente con los acuerdos y con lo que aquí se va a aprobar. Damos un pequeño paso adelante, tendríamos que ir mucho más lejos.
Lo que está claro es que hoy hay muchos que dicen que no puede haber impunidad y que se tiene que acompañar a las víctimas, y que esa es la responsabilidad de las administraciones; que todo el mundo esté a la altura, que nadie eche agua al vino y
que el Gobierno cumpla con lo pactado. Responsabilidades históricas son estas y la responsabilidad de un Gobierno -ya no valiente ni de izquierdas, sino simplemente digno con la memoria- es cumplir con lo que vamos a aprobar.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
A esta moción se han presentado enmiendas por tres grupos. En primer lugar, para defender las suyas el señor Jorquera tiene la palabra en nombre del Grupo Mixto.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego para expresar nuestro total apoyo a los contenidos de esta moción. Los dos años transcurridos desde la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica han puesto claramente de manifiesto las
insuficiencias de la misma.
Por lo tanto, coincidimos en la necesidad de modificar la ley para establecer con claridad que es responsabilidad de las administraciones públicas satisfacer los derechos de los familiares de las personas desaparecidas, como también es
responsabilidad de las administraciones públicas satisfacer el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad sobre los hechos. Además, nos parece de singular relevancia la propuesta contenida en el punto 7 de la moción, a la que hemos presentado
una enmienda de adición que lo único que pretende es complementar y enriquecer el texto original. Lo hacemos porque estamos asistiendo en el Estado español a situaciones inauditas. Es inaudito que la justicia española haya procesado a Pinochet o
haya abierto una causa por los crímenes cometidos por la dictadura argentina, y ahora estemos asistiendo al espectáculo bochornoso de que un juez es procesado a instancias de organizaciones fascistas por intentar abrir una causa por los crímenes del
franquismo. De ahí que consideremos necesario acometer reformas legales que eviten, en el futuro, situaciones tan vergonzosas.
Señorías, en 1977 la Ley de Amnistía fue aprobada con el objetivo de ser aplicada a las personas perseguidas o condenadas en aplicación de las leyes del régimen franquista por defender la democracia, los derechos de los pueblos y el fin de
la dictadura. Pero es que se ha pretendido imponer una interpretación de la citada ley que ha servido de coartada para defender que los crímenes y violaciones de los derechos fundamentales cometidos por el franquismo, no pueden ser perseguidos.
Una interpretación de la Ley de Amnistía de la que discrepamos profundamente pero que, en definitiva, pretende hacer de la misma una ley del punto final. Por eso presentamos esta enmienda, para corregir este extremo.
Señorías, hay quien descalifica los planteamientos que estamos defendiendo afirmando que conllevan una revisión del pacto de la transición. La transición, señorías, pudo ser un punto de partida pero no se puede hacer de ella un punto de
llegada. Un país maduro, treinta y cinco años después, no puede seguir temiendo enfrentarse con su pasado. Una democracia no puede construirse desde el olvido y la desprotección de las víctimas. Por estas razones damos nuestro apoyo a todos los
puntos de esta moción. Consideramos un avance los términos de la transacción a la que se ha llegado -ya expuestos por el señor Herrera-, por lo tanto ratificamos nuestro apoyo a la misma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Díez. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias.
Quiero hacer mi intervención no tanto sobre el texto que nos ha presentado el señor Herrera, sino sobre el contexto; porque me parece importante que al menos para el 'Diario de Sesiones' quede clara la posición política que defiende esta
diputada. Defiendo que todas las familias de todas las víctimas que quieren encontrar y enterrar a sus muertos reciban todo el apoyo institucional con toda diligencia, con todo respeto y con toda responsabilidad. Defiendo que se haga justicia y
que se cumpla la ley; defiendo que el Gobierno asuma la responsabilidad de hacer justicia, de cumplir la ley y de que las familias de todas las víctimas tengan esa protección a su memoria y a su dignidad; que asuma el Gobierno esa responsabilidad
cuando no lo asuman otras instituciones que tienen la competencia para hacerlo en este caso y otros tantos, y que lo haga por la vía del 150.3 de la Constitución o por cualquier otra, pero que hagan que se cumpla la ley. Sin embargo, me opongo a
que para que estos principios se cumplan se derogue lo que supuso la transición española. Me opongo a que estos principios sean incompatibles con lo que supuso la transición que, naturalmente, no es un punto de llegada, sino que es el que nos ha
permitido construir la democracia; en la que vivimos. Me opongo a que el reconocimiento a la memoria y a la dignidad de las víctimas en la aplicación de la ley suponga que neguemos lo que hicieron nuestros predecesores, las personas que más habían
sufrido no solo la guerra civil, sino sobre todo la posguerra y que en un ejercicio de generosidad, en un ejercicio de un tremendo sacrificio pactaron una transición y la Ley de Amnistía que es el preámbulo de la Constitución española, que hizo
posible la constitución que hoy disfrutamos todos. En aquella Ley de Amnistía, cuyos orígenes se quieren negar, en aquella Ley de Amnistía, unos cedieron más que otros, efectivamente; unos se sacrificaron más que otros, efectivamente, pero porque
unos habían sufrido más que otros, no tanto en la guerra, sino, sobre todo, en la posguerra, que fue la crueldad absoluta en la que solo sufrieron unos.
Allí, unos cedieron más que otros, pero gracias a esa cesión después tuvimos la Constitución
que hoy tenemos, que ampara principios democráticos y que sitúa a nuestra democracia entre las más representativas, más generadoras y reconocedoras de derechos del mundo.
Por eso, insisto, en que el reconocimiento de los derechos de las víctimas, su derecho a la memoria y a la dignidad, a que se cumpla la ley, a que todas las víctimas y todos sus familiares entierren a todos sus muertos no significa en modo
alguno -yo me opongo a ese reconocimiento- derogar lo que supuso la transición y lo que supuso en concreto la Ley de Amnistía. Y precisamente para que recuperemos -los que la han perdido o los que no la han tenido, porque también hay muchos jóvenes
en nuestro país que no tienen esta memoria democrática- esa memoria o para que la conozcamos -al fin y al cabo es memoria parlamentaria y memoria democrática-, recomiendo a todo el mundo que lea los debates que se produjeron en esta Cámara cuando se
aprobó la Ley de Amnistía. Que lo lean completo y particularmente -porque ha sido un diputado de Izquierda Unida el que ha planteado esta iniciativa- que lean la intervención de Marcelino Camacho, en su conjunto, la intervención de un
hombre del Partido Comunista que reivindicó la transición y la amnistía, y que lo hizo en nombre de los comunistas, en un mes y en un año en el que los artistas del Partido Comunista recorrían toda España con una exposición gráfica, con una
exposición artística en la que apelaban a la reconciliación, que no es olvido, que es perdón y entendimiento. Había muchas obras expuestas en esa muestra; algunas que algunos teníamos en nuestra casa y que a mi juicio representan bien lo que
supuso la transición y la Ley de Amnistía que no debemos olvidar. Es este cuadro de Genovés, El abrazo. (Muestra un documento a la Cámara.) Haríamos mal si negáramos lo que hemos hecho y, sobre todo, haríamos muy mal si no les reconociéramos a
nuestros mayores el sacrificio que hicieron, la generosidad que mostraron para que sus hijos y sus nietos no tuvieran que vivir y repetir su historia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Daniel Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
La aprobación en este Parlamento de la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica, supuso el mayor reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura que ha habido en nuestra democracia. El Grupo Socialista se
siente especialmente orgulloso de esta ley porque con ella dimos respuesta a una serie de causas justas que no la habían tenido a lo largo de los más de treinta años de singladura constitucional. Fue una respuesta adecuada como lo fue, por cierto,
hace treinta años la Ley de Amnistía, que fue una victoria de la oposición democrática y de la izquierda y una de las piedras angulares de la transición y del pacto constitucional. Ciertamente, no todo el mundo lo ve así. Sin ir más lejos,
Álvarez-Cascos acusó al Gobierno el pasado viernes de 'esconder detrás del discurso de la recuperación de la memoria histórica la manipulación de los recuerdos lejanos'. Todo indica, me temo, que el señor Álvarez-Cascos vuelve para renovar el
Partido Popular, pero lo hace pertrechado con las obras completas de Pío Moa.
La aprobación de la ley supuso para los socialistas la adquisición de un compromiso, el de una plena e íntegra aplicación. Este ha sido, es y será, el empeño del Gobierno y del grupo parlamentario que le da apoyo.
Como mi tiempo es
reducido, me limitaré a subrayar cinco realidades: se han mejorado más de 800 pensiones a favor de viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la guerra civil; 13.000 pensiones de orfandad a favor de huérfanos
e incapacitados han sido incrementadas; el Ministerio de Justicia ha expedido más de 600 declaraciones de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictatura; a fecha de hoy,
señorías, más de 91.000 ciudadanos han podido recuperar la nacionalidad de sus abuelos que tuvieron que partir hacia el exilio; y el Gobierno ha procedido a la retirada de símbolos franquistas en las dependencias de la Administración General del
Estado y sus organismos autónomos. ¿Queda tarea por realizar? Evidentemente, señorías, pero también hay mucha y buena labor realizada, que algunos se empeñan en desconocer.
En coherencia con lo dicho, la enmienda que hemos presentado y acordado con el grupo proponente va en la dirección de impulsar y aclarar el camino que nos queda por recorrer para alcanzar el pleno desarrollo de la ley. Proponemos, en primer
lugar, que la Oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura asuma funciones de dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la ley. Nuestro objetivo es potenciarla para avanzar con más eficacia en ámbitos como
el de la indagación, exhumación e identificación de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Y para ello, si fuera necesario, estamos dispuestos a impulsar reformas normativas, siempre desde el respeto al marco competencial vigente para las
diferentes administraciones públicas. En la España de 2010 nadie debería sentirse ajeno al cometido de hacer todo lo humanamente posible, para que todo español y española pueda dar digna sepultura a familiares o seres queridos víctimas de la guerra
civil y de la dictadura.
En segundo lugar, aprovechamos nuestra enmienda para aclarar -por si todavía alguien tiene alguna duda- que el ordenamiento jurídico vigente en España obliga de modo indudable y suficiente a la persecución de los crímenes contra la humanidad
y de genocidio y que la aplicación de esta legislación corresponde a unos jueces y tribunales a los que este Congreso de los Diputados, como no podía ser de otra manera, muestra su respeto. Por suerte, quedan muy lejos los tiempos en que quien
legislaba, juzgaba, ejecutaba y gobernaba en nuestro país era la Falange Española de las JONS. (Aplausos.)
Acabo, señorías. En julio de 1936 el Grupo Parlamentario Socialista tenía 99 diputados en la carrera de San Jerónimo: 59 de ellos acabaron en el exilio; 32 fueron ejecutados -por cierto, 10 cuando la guerra ya había concluido- y los 8
restantes, a excepción de uno que falleció por enfermedad antes de concluir la contienda, fueron detenidos. Uno de ellos, Julián Besteiro, ustedes lo saben, presidente de esta Cámara falleció en la cárcel de Carmona en 1940.
Quienes somos y nos sentimos herederos de estos españoles que ocuparon estos mismos escaños tenemos la obligación de estar a la altura de su compromiso y de su generosidad con nuestro país. Recuperar su memoria y la de todos los que se
sacrificaron por la democracia y la libertad forma parte, sin duda, de este compromiso, pero lo que realmente nos aproxima a ellos, lo que realmente
nos aproxima a su altura es el esfuerzo constante que hagamos entre todos para que algún día en España los muertos de los unos y los muertos de los otros desaparezcan para convertirse a través de una memoria compartida en los muertos de
todos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Una vez más subo a la tribuna para hablar de la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Memoria Histórica, para señalar los defectos no tanto de la ley, sino de la diligencia del Ejecutivo a la hora de su cumplimiento.
Cada tres o cuatro meses se presenta alguna interpelación y alguna moción por parte de Izquierda Unida, la anterior a esta por parte de mi grupo y de nuevo ahora por parte de Iniciativa solicitando cosas concretas. Esta es una iniciativa muy lógica
porque no podemos estar satisfechos con el cumplimiento de la ley. Ahora bien, nuestro grupo no está de acuerdo con que la ley no tenga más potencialidades y no pueda incluso dar satisfacción a las demandas que en estos momentos se plantean en la
sociedad. El problema es que uno esperaba más contundencia del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno, que se suponía que entendía qué significaba ese dolor y esa memoria, y que desde la posición privilegiada que le otorgaba el Gobierno iba a
lanzar una política pública de impulso no solo de actuaciones concretas, sino normativas y también de apoyo presupuestario.
¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que algunos apartados de la ley todavía no se han cumplido; nos hemos encontrado, además, con un desarrollo normativo, con un desarrollo reglamentario que traicionaba los términos
pactados entre los grupos políticos de esta Cámara.
Evidentemente, hay cosas que no se reflejaron en la ley, pero que se hablaron entre todos los grupos políticos. Es más, la normativa de desarrollo cercena, limita, mete en un embudo lo que se
dispone en la ley; cosas que no se dicen en la ley se dicen en la normativa de desarrollo para que todo sea más restrictivo, y en ese sentido no podemos estar satisfechos.
En cuanto a las fosas, evidentemente, vamos a apoyar la propuesta inicial de la moción de Iniciativa -ya hablaremos del pacto al que ha llegado con el Grupo Socialista-, pero creemos que ya en la ley se dicen cosas muy concretas y se mandata
al Gobierno para elaborar un protocolo de actuación científica y multidisciplinar que asegura la colaboración institucional y adecuada intervención en las exhumaciones -cosa que no se ha hecho; artículo 12-. Respecto a las autorizaciones
administrativas para actividades de localización e identificación, la ley dice que las administraciones públicas competentes autorizarán las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de las víctimas de acuerdo con la normativa
sobre patrimonio histórico y el protocolo de actuación que se apruebe por el Gobierno. Todavía lo estamos esperando.
Por tanto, la ley sí da base al Gobierno para tener más actuaciones y actuaciones más decididas, pero el Gobierno no lo ha hecho.
Ahora se dice: vamos a buscar una voluntad política. Adelante, pero la base ya está en la ley.
En nuestra enmienda solicitábamos mayor concreción en todos estos protocolos que he mencionado, por ejemplo, respecto a exhumaciones, pero también se ha dicho aquí por el portavoz socialista que ya se ha aprobado un decreto para retirar toda
la simbología franquista de los edificios del Estado. Sí, pero la ley va mucho más allá. La ley hablaba de los edificios públicos en general, pero también de los símbolos que pudieran estar en lugares privados, y se decía que quien se negara a
cumplimentar la ley debería retirarse de la subvención. No he visto todavía ningún decreto ni ninguna normativa regulando eso. No puede ser que dejemos claramente establecido en la ley que no tiene que haber ninguna restricción para hacer
búsquedas o consultas en libros de defunciones de registros civiles, por ejemplo, y la Dirección General de los Registros y del Notariado diga en la normativa de desarrollo que es necesario argumentar interés legítimo fundado en la realización de
investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio o la transición. Esto es volver atrás con respecto a lo que pactamos en la ley y esto es lo que está haciendo hoy en día el Gobierno, una y otra vez. No puede
ser que en el desarrollo del artículo 10 se den determinados derechos a personas que sufrieron la dictadura franquista -acabo, señor presidente- y en la normativa de desarrollo, en el real decreto, se pongan restricciones que no aparecen en la ley.
Pero ¿qué espíritu de reconciliación y de devolución de sus derechos a las víctimas es ese? Sinceramente, apoyaremos la moción, pero no confiamos en que el Gobierno vaya a enderezar su rumbo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán para fijar posición no sobre el texto inicial planteado por el diputado Joan Herrera sino sobre la enmienda del Grupo Socialista, que creo que en cuestión de minutos se va a anunciar que es la
enmienda aceptada por parte del grupo proponente.
Lo digo porque algunas intervenciones de distintos portavoces se han centrado en el texto inicial y creo que nos debemos fijar en esta enmienda de sustitución que da un nuevo impulso a la Ley de
Memoria
Histórica, pero que saca del debate hoy por hoy algunos asuntos que en su momento procesal veremos y discutiremos. Por ejemplo, la redacción inicial de la moción de Iniciativa per Catalunya Verds en su punto número 7 indirectamente hace una
referencia a la Ley de Amnistía que ha provocado distintas intervenciones por parte de algunos grupos. Vaya por delante nuestra posición favorable, nuestra valoración absolutamente positiva sobre lo que significó y significa dentro del pacto
constitucional la Ley de Amnistía, pero permítanme que no entre en el fondo de esta cuestión, ya que no es fruto del texto transaccionado, el que supone en todo caso un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) participó en la negociación, introdujo distintos elementos y votó favorablemente la Ley de Memoria Histórica. Dijimos en aquel momento que quizás para este viaje no se necesitaban estas
alforjas, que se había creado una gran expectativa y que al final la Ley de Memoria Histórica afrontó de forma insuficiente aspectos referidos a la simbología, a las fosas, al reconocimiento de la nulidad de las sentencias dictadas por tribunales
políticos durante la guerra civil y el franquismo, a las compensaciones para las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y que quedaban otros aspectos. Hoy, con este texto se da cumplimiento a algunos de estos aspectos.
Creo que debemos poner especialmente el acento en el punto 3, que hace referencia a las fosas. La política del derecho a que la gente conozca dónde están sus antepasados y pueda enterrar con dignidad a las víctimas -a todas las víctimas, a
las víctimas de cualquiera de las dos partes- es un ejercicio de dignidad y es el elemento más sustancial de esta moción.
Lo vamos a apoyar y vamos a recordar que en Cataluña esta es una política que impulsó el anterior Gobierno, que ha impulsado
este Gobierno y que sea cual sea el futuro Gobierno creo que también la va a impulsar en esta línea de pleno reconocimiento del derecho a la dignidad de las víctimas y del derecho a la memoria de sus familiares. También es importante que el mapa de
fosas sea un mapa integral -dice el texto- del conjunto del territorio del Estado.
Quiero poner también el acento en el nuevo impulso que se da a la Oficina para las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, oficina que en el texto final viene a sustituir lo que en la primera propuesta de la moción de Iniciativa per
Catalunya Verds se llamaba el alto comisionado. Mi grupo parlamentario y este diputado que les habla hemos tenido contactos con esta oficina para hacer gestiones para distintas víctimas del franquismo y les tengo que decir que es una oficina que
básicamente se ha dedicado durante estos años a decir no, no y no a muchas de las reclamaciones, con lo cual quiero aprovechar esta intervención y esta tribuna para pedir que esta oficina tenga una sensibilidad más resolutiva ante tantos y tantos
afectados, víctimas y familiares de las víctimas del franquismo.
Para finalizar, señor presidente, vamos a votar favorablemente el conjunto de este texto, también el punto 1, que no hace referencia a ningún juez en concreto. Lo digo porque me quiero atener a la literalidad de lo que vamos a votar. Una
cosa son los discursos, otra la guerra de la transmisión a los medios de comunicación de lo que se vota y otra estrictamente lo que se vota. Es evidente que España se ha incorporado a pactos de derechos internacionales en materia de derechos
civiles y políticos que tienen efectos a partir del momento en que España adoptó estos acuerdos internacionales y que, evidentemente, no tienen efectos retroactivos. Lo digo para finalizar, señor presidente, a efectos de inventario para posteriores
debates que se plantearán en esta Cámara en los próximos meses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, escuchando determinados debates parecería que estamos en el túnel del tiempo, porque son debates que se corresponden con hechos que pasaron hace treinta y cinco años o hace setenta años,
que sucedieron en la primera mitad del siglo pasado. Cuando hoy, 11 de mayo de 2010, las preocupaciones tienen que ver más con lo que mañana debatiremos, lo que ha acordado el Eurogrupo con relación al rescate de Grecia y la situación económica y
social gravísima por la que está atravesando nuestro país, hay algunos que viven como la mujer de Lot, mirando al pasado, y corren el riesgo de convertirse en estatuas de sal, y lo malo es que ellos están gobernando el país. Ustedes están
gobernando el país, y el país quiere mirar al futuro desde el presente y no recrearse en el pasado. En todo caso, habría que mirar al pasado para resolver las cuestiones pendientes y para aprender de aquellas cosas del pasado que no deben volver a
reproducirse.
Y con el espíritu de determinados debates me da la impresión de que ni resolvemos las cuestiones pendientes ni estamos en condiciones de afrontar debidamente el presente y el futuro.
De entrada, han conseguido ustedes una cosa, señorías, y lo digo para que reflexionen sobre ello. Llevamos unos días en que se ha abierto en canal el debate sobre la pieza jurídica que constituyó la clave de bóveda de nuestra transición y
de nuestro pacto constitucional: la Ley de Amnistía.
Hoy aquí se ha hablado de la Ley de Amnistía. Hay enmiendas presentadas para reformar la Ley de Amnistía... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿pueden guardar un poco de silencio?
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En la moción inicialmente planteada por el señor Herrera se hablaba de la reforma de la Ley de Amnistía, hay iniciativas parlamentarias ya presentadas que pretenden reformar la Ley de Amnistía, y eso no es un avance, es un retroceso
absoluto. Ya se ha citado aquí, por ejemplo, a don Marcelino Camacho, quien el 14 de octubre de 1977, representando al Grupo Comunista en aquel entonces, decía que ellos, los comunistas, que tanto hemos sufrido y que tantas heridas tenemos, hemos
enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Algunos no solo quieren desenterrar a sus muertos, sino que quieren desenterrar rencores pasados.
Señorías, hay que reconocer que el señor Herrera tiene una gran habilidad parlamentaria, porque ha conseguido llevar al Gobierno y al Grupo Socialista por donde desea, y eso es mérito suyo y demérito de ustedes.
Reformó la Ley de Memoria
Histórica sensiblemente en su trámite parlamentario respecto al proyecto de ley que había aprobado el Gobierno; ha conseguido una moción en la que sus objetivos políticos quedan casi plenamente satisfechos y, por si fuera poco -insisto- ha
reabierto el debate de la Ley de Amnistía.
Quiero reafirmar solemnemente en nombre de nuestro grupo, señorías, que por supuesto nosotros reconocemos, respetamos y apoyamos el derecho de toda persona, de toda familia a que sus muertos sean enterrados debidamente y a que, en su caso,
sean localizados sus restos para ser enterrados dignamente. Efectivamente, apoyamos y estamos dispuestos a que se reabran las tumbas que procedan, pero no al precio de reabrir heridas.
Esto lo queremos decir, porque decía el otro día el señor
Herrera que la Ley de Amnistía no es una ley de amnesia; por supuesto que no es una ley de amnesia, pero nuestros constituyentes, señor Herrera y señor Fernández, saben ustedes perfectamente que no padecieron precisamente de amnesia, sino que,
teniendo muy presente el pasado, para no volverlo a reproducir quisieron actuar con generosidad y aplicar la paz, la piedad y el perdón de verdad. Eso fue realmente lo que propició nuestra transición y lo que propició el pacto constitucional que
generó la Constitución de la conciliación, del consenso, la Constitución de la democracia, que es el ordenamiento jurídico y el régimen político en el que felizmente estamos desarrollando nuestras actividades.
Todo eso se ha puesto en cuestión ahora, señorías, por eso quiero decir solemnemente que nuestro grupo parlamentario no va a acompañarles por ese camino. Nosotros ya el 20 de noviembre de 2002 -fíjese en la fecha, señor Madina, cuando usted
no era diputado-, en una Cámara que tenía 183 diputados del PP, que, por tanto, tenía mayoría absoluta para hacer todas las condenas que quisiera, mayoría absoluta para legítima y democráticamente hacer todas las proclamaciones solemnes que
quisiera, quiso ir con el espíritu de la transición y con el espíritu del pacto constitucional. Por eso, con absoluta unidad, en la Comisión Constitucional se aprobó una declaración institucional en la que, entre otras cosas, se decía lo que ahora
les voy a leer: El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos
padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso que sirva
para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil. Señorías, eso se aprobó en una Cámara con 183 diputados del Partido Popular. Por tanto, no nos van a llevar ustedes al terreno que desean, no vamos a reafirmar un día sí
y otro también, a condenar un día sí y otro también algo que ya fue afirmado positivamente el 6 de diciembre de 1978 al aprobarse la Constitución por el pueblo español, y no van a conseguir tampoco que reafirmemos un día sí y otro también cosas que
se determinaron solemnemente en la Comisión Constitucional por unanimidad, y con mayoría absoluta del Partido Popular,.
Termino, señorías, diciéndoles que, por si fuera poco todo lo anterior, no ha sido necesario aprobar una Ley de Memoria Histórica para reparar injusticias o agravios existentes con ocasión o como consecuencia de la guerra civil. Saben
ustedes perfectamente que hasta la Ley de Memoria Histórica se habían aprobado un total de doce disposiciones normativas con distinta jerarquía que afectaron, en el sentido positivo del término, a 570.000 personas, que significaron una cuantía
económica de 16.000 millones de euros, que siempre se aprobaron por el Gobierno, con consenso de la oposición y por unanimidad, cuando la jerarquía normativa lo exigió, de este Congreso de los Diputados. Por tanto, señorías, lecciones ninguna.
Repito, por sus frutos los conoceréis, y ya ven ustedes cómo aquí estamos hablando de si es oportuno o no remover la Ley de Amnistía nada más y nada menos.
Señor presidente, concluyo volviendo desde el túnel del tiempo hasta la actualidad. Las entidades memorialistas, como las define el señor Herrera, llevan ya obtenidas unas cuantías económicas que superan los 19 millones de euros.
Sinceramente, nos parece que en un momento de restricción presupuestaria, de reducción del gasto público, de reducción del déficit público como el que nos ha impuesto la Unión Europea, ya hay suficiente. Nos parece que para reducir el gasto público
y para contribuir a una mejor convivencia constitucional en este ejercicio presupuestario esas partidas pueden y deben quedar suspendidas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
Señor Herrera, por favor, ¿es tan amable de decir a la Presidencia si acepta S.S. alguna enmienda para su votación?
El señor HERRERA TORRES: Sí, acepto nuestra enmienda, firmada también por el Grupo Socialista, que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: La enmienda conjunta del Grupo Socialista y de su propio grupo proponente.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2009-2012. (Número de expediente 173/000139.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el cumplimiento del Plan estatal de vivienda 2009-2012.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo de Convergència i Unió presenta una moción con un objetivo muy claro, y es hacer posible el cumplimiento del deber constitucional de una vivienda digna a todos los ciudadanos españoles. Para
ello, el Estado cuenta con un instrumento que es el Plan de vivienda y rehabilitación 2009-2012. Y como este plan lleva ya vigente prácticamente un ejercicio y cuatro meses, es bueno que reflexionemos en un contexto tan complejo para el
cumplimiento de este deber constitucional. Fruto de esta reflexión es esta moción de nuestro grupo, que pretende que se introduzcan en este plan una serie de mejoras para hacer posible su mayor adecuación a las necesidades actuales.
Para ello la moción presentada, que es una moción extensa, contempla, en primer lugar, la mejora de la información y de la eficiencia administrativa del Plan de Vivienda con el objetivo de que, a través de la Comisión de Vivienda, se pueda
evaluar periódicamente el cumplimiento del plan, así como la ejecución de las líneas crediticias que el ICO tiene aprobadas a promotores y a ciudadanos para el acceso a la vivienda.
También prevemos en nuestra moción la presentación de un estudio
de itinerarios administrativos, porque nos da la impresión de que hay excesiva carga burocrática en la tramitación de los planes de vivienda, lo cual no va precisamente en beneficio de su buena ejecución. Sin embargo, el epígrafe segundo es el más
importante de esta moción. En este epígrafe es donde nosotros concentramos la demanda de una serie de mejoras.
En primer lugar, solicitamos la incorporación de mejoras destinadas a las familias numerosas, de acuerdo con una proposición no de ley de nuestro grupo ya aprobada en Comisión. En segundo lugar, impulsando el acceso a la vivienda, mediante
la movilización de stocks de vivienda en venta, también de acuerdo con otra moción aprobada en Comisión. En tercer lugar, un aspecto muy importante, que es la declaración de rentas exentas de tributación en el impuesto de la renta de las personas
físicas, en todas las ayudas de acceso a la vivienda, incluida la renta básica de emancipación; asimismo, la incorporación de la actualización del IPC en la regulación de los precios de venta de viviendas de alquiler a diez años y otras medidas, de
las cuales quisiera destacar una muy importante, que es la modificación de las condiciones propias de los préstamos convenidos con las entidades financieras para la adquisición de viviendas protegidas para ampliar hasta el 95 por ciento el importe
concedido en primera hipoteca, que actualmente es solo del 80 por ciento, lo cual no casa con la modificación del reglamento hipotecario, aprobado hace pocos meses, donde se podía ampliar esta cifra hasta el 95 por ciento. El último paquete de
medidas que incluimos en esta moción es la necesidad de adaptar todas las medidas de moratoria temporal parcial en el pago de cuotas de hipotecas. Y, finalmente, algo muy importante como es la transformación del uso de bienes integrantes del
patrimonio del Estado adscritos al Ministerio de Defensa, Interior, Fomento para que se puedan destinar a vivienda protegida. Reiteramos finalmente algo que ya fue aprobado por este Congreso, la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a
precios asequibles a través de distintas medidas que detallamos.
A esta moción se han presentado varias enmiendas y quiero agradecérselo a todos los grupos enmendantes. Con relación a las enmiendas de Iniciativa, la primera queda subsumida en la propia moción; la segunda, no la aceptamos porque va en el
sentido contrario; la tercera, no podemos aceptarla pero sin embargo en la transacción final queda recogida.
Finalmente, una enmienda que a nosotros nos parece especialmente interesante es la que introduce la dación de vivienda en pago de las
ejecuciones hipotecarias; nos hubiera gustado que también hubiera sido incluida en la enmienda transaccional, no ha sido posible, pero es un tema muy relevante. Me consta que el Grupo de Iniciativa va a reincidir en ello y va a contar con nuestro
apoyo, puesto que se trata de un tema de extraordinaria importancia y de un gran relieve social. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas. La primera, una modificación; pide una evaluación trimestral, pero con la evaluación que
se introduce a través de la Comisión de Vivienda podía considerarse transaccionada; la segunda enmienda, al punto 2, con tres apartados nuevos, hace referencia a cuatro acuerdos de la Comisión, uno de 9 de junio, a través de la aprobación de
instrumentos económicos y financieros e incentivos fiscales para la incorporación del stock de vivienda nueva.
Este acuerdo queda recogido en la enmienda transaccional, así como la de su punto m), también referido a un acuerdo de la Comisión de
Vivienda, de 9 de junio de 2009. No así el punto k) bis, que hace referencia a dos acuerdos de 18 de noviembre y de 24 de febrero. Nosotros compartimos estas
enmiendas, sin embargo en la enmienda transaccional final que hacemos sobre la base de la enmienda socialista, por motivos de acuerdo general, no ha sido posible aceptarlas. En relación con la enmienda socialista, que consiste en la
reproducción de nuestra enmienda sin algunos de nuestros puntos, algunos muy importantes y que lamentablemente no han podido ser asumidos, nuestro grupo anuncia que la batalla continúa y que vamos a reincidir en ellos, puesto que creemos que hay que
perfeccionarlos. Nos parece importante que en la enmienda transaccional que finalmente se recoge figuren la mayoría de nuestros aspectos, concretamente dos y solo por eso ya vale la pena que podamos aprobar esta moción. Uno es que se pase del 80
al 95 por ciento, muy importante para las familias numerosas y para las familias trabajadoras. Y, otro, la transformación del uso de los bienes integrantes del patrimonio del Estado. Solo por estos dos puntos, repito, vale la pena todo el trabajo
que SS.SS. han hecho en este Parlamento.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente, y de forma breve.
Vamos a votar favorablemente la moción presentada por el señor Macias.
Consideramos que es positiva, especialmente la modificación de las condiciones propias de los préstamos convenidos con las entidades financieras, para que la adquisición
de vivienda protegida se amplíe hasta el 95 por ciento. Pero tengo que decir que, sin reformas estructurales del sector financiero, esto no va a ser una realidad. Hoy, en Cataluña se han puesto más viviendas protegidas que nunca al servicio de la
ciudadanía. Lo cierto es que son las entidades financieras las que no están cumpliendo la parte del pacto. No están dando apenas créditos, créditos por valores de unas decenas de millones de euros, pero sin permitir el acceso a la vivienda
protegida; y esto es un problema.
Segunda consideración. Creo que la moción pone de manifiesto que el desahucio exprés que aprobó Convergència i Unió y el Grupo Socialista, que tenía que dinamizar el mercado de la vivienda, está siendo un
fracaso, un fracaso que está suponiendo que multitud de personas estén en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Es de las cosas de las que no se habla, que no aparecen en los titulares, pero creo que es una de las expresiones de
insensibilidad social por parte de este Gobierno en la presente legislatura.
Dos últimas consideraciones. Nuestro grupo parlamentario consiguió, en el conocido como decreto de Zurbano, incorporar una ampliación de los porcentajes de inembargabilidad. Saben ustedes que hoy es embargable todo el salario, exceptuando
el salario mínimo interprofesional, en caso de ejecución hipotecaria. Esto supone que haya miles de personas que tienen que vivir solo y exclusivamente con el salario mínimo interprofesional.
Nosotros planteábamos dos líneas de trabajo, una se
aprobó en el debate del estado de la Nación; que para cada miembro de la unidad familiar no sea embargable el equivalente a la mitad del salario mínimo interprofesional. Finalmente se ha incorporado el 20 por ciento por cada miembro de la unidad
familiar. Es un avance, pero es insuficiente, hay que decirlo. Creemos que es hora de plantear la dación en pago, sabiendo que tampoco es una solución limpia, en el sentido de que esta supondría inmediatamente un incremento de los seguros por
parte de las entidades financieras, pero entendiendo que hoy las ejecuciones hipotecarias suponen que haya personas que están en una situación de ejecución hipotecaria, que les hipotecan su vivienda pero que les hipotecan su salario de por vida. Y
hoy hay miles de personas, gente joven que accedió a la vivienda en los años 2005, 2006, 2007, que se tienen que refugiar en la economía sumergida para tirar adelante, porque, si trabajan y tienen un salario, lo que les acaba pasando es que ese
salario es embargado y solo con el salario mínimo interprofesional no pueden sacar adelante a sus familias ni alimentar a sus hijos.
Yo creo que un gobierno con sensibilidad social tiene que plantear estas reformas. Y lo digo en un contexto en el que se habla mucho de reformas laborales, en el sistema de pensiones, pero ninguna reforma del sector financiero. Tiene que
haber esfuerzos, claro que sí, y esfuerzos compartidos, por supuesto, pero los esfuerzos no solo se tienen que poner del lado de trabajadores y pensionistas. La dación en pago es la expresión del esfuerzo del sector financiero, entendiendo que él
también tiene su parte de responsabilidad en el sobreendeudamiento familiar y que no podrán ejecutar sus hipotecas para siempre sobre familias que están en una situación de extraordinaria vulnerabilidad.
Vamos a votar favorablemente la moción, aunque creo que algunos de los elementos fundamentales en materia de vivienda -y estos que les he trasladado son elementos muy importantes- no se incorporan y que vamos a continuar trabajando en esta
línea.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Pablo Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente esta moción cuyo texto ha quedado totalmente devaluado por la transaccional presentada. Es completamente inocua, no aporta nada malo y por lo tanto la vamos a apoyar. Le
recuerdo, señor Macias, que
la transaccional suprime seis apartados y medio de la moción que usted ha presentado en esta Cámara, una moción que pretendía en un principio mejorar la eficiencia del Ministerio de Vivienda y sobre todo que intentaba sacar de su parálisis,
de su desesperante pasividad, a un ministerio, el de Vivienda, que se nos había presentado como la solución a los problemas de vivienda en España y que se ha convertido en uno de los más sonoros fracasos; parálisis que se puso en evidencia en la
intervención de la señora ministra cuando se debatió la interpelación. En su intervención no se aportó absolutamente nada nuevo; ni un solo indicio, ni un solo síntoma, aunque fuera el más mínimo gesto, para adaptar la política de vivienda a los
problemas actuales, a la dramática situación en la que se encuentran cientos de familias españolas y a la dramática situación en la que se encuentra el sector de la vivienda y de la construcción en España.
Es un ministerio que actúa con una desesperante pasividad, de quien cree que todo marcha sobre ruedas; de quien no muestra sentir la más mínima preocupación por las 118.000 ejecuciones hipotecarias producidas en el año 2009, un 550 por
ciento más que en el año 2004; de quien no tiene la conciencia de que se puede hacer algo más ante la restricción del crédito, que no solo está impidiendo que muchísimos ciudadanos accedan a una vivienda sino que está incrementando el stock de
viviendas nuevas sin vender y constituyendo un auténtico tapón al sector de la construcción, que ya acumula 437.000 de los 2.535.000 españoles que han perdido su empleo desde el año 2007. A ellos, a los verdaderos problemas actuales, iban dirigidas
nuestras enmiendas, que incomprensiblemente no han sido aceptadas, a pesar de estar incluso aprobadas por la Comisión. Iban dirigidas a adoptar las medidas necesarias para que el crédito llegue a las familias, a buscar instrumentos económicos y
financieros que movilicen el stock y lo incorporen al mercado de alquiler, pero sobre todo iban dirigidas, porque este es el verdadero problema que tenemos actualmente, a evitar que más de 100.000 familias, muchas de ellas familias cuyos miembros
han perdido su empleo, también pierdan la vivienda que constituye su hogar familiar.
Señorías, el 1 de enero de 2009 el Gobierno puso en marcha una línea ICO-moratoria, dirigida a que los ciudadanos que perdían su empleo y que estuvieran pagando una hipoteca pudieran aplazar el pago de la mitad de la cuota de amortización
mensual. Esta línea estaba dotada con 6.000 millones de euros. Pues bien, señorías, tras casi un año y medio a esta línea se han acogido algo menos de 13.000 ciudadanos y se han consumido alrededor de 76 millones de euros, el 1,26 por ciento de
los 6.000 millones de euros de los que estaba dotada. Por dos veces, el 18 de noviembre de 2009 y el 24 de febrero de 2010, la Comisión de Vivienda, a propuesta del Partido Popular, ha instado al Gobierno a modificar las condiciones de acceso a
esta línea de crédito, para que dejara de ser el fracaso que hoy constituye, pero la ministra nos ha contestado en la última sesión de la Comisión de la siguiente forma, y tengo el 'Diario de Sesiones': Nosotros creemos que es una buena noticia que
no se haya usado masivamente la línea de crédito, porque eso significa que no hay tantas familias, como podíamos temer, que estén en esta situación tan desesperada. Es decir, 2.022.000 ciudadanos que han perdido su empleo desde el 1 de enero de
2009, 118.000 ejecuciones hipotecarias, y la ministra dice que no hay tantas familias que estén en una situación tan desesperada que necesiten aplazar el pago de su hipoteca. Desesperante pasividad o desesperante desidia por parte del ministerio.
Dos veces -repito- pidió la Comisión por unanimidad el cambio de las condiciones de acceso, para evitar el fracaso de esta línea de crédito, modificar el ámbito temporal de esas condiciones -de la constitución del préstamo o de la pérdida del
empleo- o modificar los límites de los ingresos, que está establecido en tres veces el Iprem, o modificar la exigencia de no haber incurrido ni una sola vez en mora. Pero para modificar los errores el ministerio ni está ni se le espera.
Señor Macia, le adelanto el voto favorable al texto devaluado e inocuo que se va a votar, pero no hemos querido firmar un papel que, por no pedir, no pide ni que se cumplan las resoluciones que hemos aprobado en la propia Comisión de
Vivienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Ana María Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo, como bien ha dicho el señor Matos, ha presentado una enmienda -y digo bien, el señor Matos-, porque hemos intentado, aunque se están haciendo muchísimas cosas por parte del Ministerio de Vivienda, seguir trabajando y demostrar que
hay dos formas de trabajar, mejorar las soluciones que damos y sobre todo poner en el día a día la imaginación de muchas personas, porque entendemos que podemos aportar grandes beneficios a los demás. Pero con ustedes ya se sabe, como decía Guerra,
no el compañero de la Cámara sino el torero, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, y con ustedes, señorías del Partido Popular, siempre es imposible. Tenemos que poner en valor aquello que se está haciendo y que están viviendo
los ciudadanos en el día a día y lo cierto y verdad, les guste a ustedes o no les guste, es que hoy traemos una enmienda transaccional a la cual se han unido varios grupos políticos, por lo que somos capaces de llegar a acuerdos a los que ustedes no
son capaces.
El Plan de rehabilitación, el Plan de vivienda, como usted sabe, no es un plan que se haya puesto de forma unánime por parte del Gobierno central; se ha acordado, se ha gestado, se ha pactado con las comunidades autónomas,
con los entes locales, con todos y cada uno de los sectores implicados.
Han sido muchas personas por lo tanto las que han entendido que este Plan de rehabilitación para la vivienda, que este Plan de acceso a la vivienda, que este plan que
desde luego es el que más dinero ha invertido y el que más objetivos se ha planteado, está en marcha; está en marcha y está andando, por lo tanto no hay desidia. Donde sí hay desidia es en la Comunidad de Madrid, que aprobó el reglamento para
desarrollar el plan y solamente ha cumplido el 31 por ciento de sus objetivos; frente a esto vemos cómo la Comunidad de Cataluña, que aprobó diez meses antes el real decreto que desarrollaba el plan, ponía en marcha el 127 por ciento del plan, con
lo cual estaba acudiendo a fondos comunes para poder ejercitar más objetivos. Por lo tanto, dos formas de entender la política, dos formas de ver los problemas que tienen los ciudadanos.
Estamos convencidos de que vamos a poner en marcha acciones suficientes para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la vivienda; además, en una circunstancia en la que es importantísimo que se genere empleo, que se generen recursos.
Porque desde luego no me podrán negar, señorías del PP, que la crisis a la que nos estamos enfrentando es una crisis sin parangón; tampoco nos podrán negar, señorías del PP, que, cuando hablamos del stock, los años en que más se produce es
precisamente en 2002 y 2003.
Por lo tanto estamos reduciendo una situación, señor Matos, que hemos heredado y gracias al plan se ha hecho posible que 13.346 viviendas que eran libres pasen a ser transformadas en viviendas protegidas. Así pues
estamos caminando. Evidentemente tenemos que seguir poniendo medidas en marcha, claro que sí, y lo estamos haciendo escuchando a todos los grupos políticos, teniendo en cuenta cuáles son los recursos con los que cuenta actualmente el Estado. No
podemos decir que hay que bajar el déficit y al mismo tiempo incrementar el dinero que consume cada uno de los ministerios. Por lo tanto, dejen de hacer demagogia porque es el peor de los momentos, porque nuestra economía necesita de acuerdos, de
seriedad, de sosiego y sobre todo nuestros ciudadanos necesitan que demostremos que, cuando estamos en esta Cámara, no estamos pensando en los intereses de un partido político, sino en los intereses de los ciudadanos que están pasando una situación
muy complicada.
Señor Matos, estamos andando, lo estamos haciendo bien y vamos a seguir haciéndolo, con los entes locales, con las comunidades autónomas, con los distintos grupos de la Cámara y con todos aquellos que puedan y quieran aportar algo, pero
desde luego no lo vamos a hacer siguiendo la imposición de ningún partido político que nunca escucha a nadie.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fuentes.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomamos la palabra para posicionar a nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, a favor de la moción que nos presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Y lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, porque
compartimos las cuestiones que el señor diputado acaba de defender. También es verdad que vamos a apoyar la transacción que finalmente hemos acordado los distintos grupos, de acuerdo con la generosidad del proponente con los grupos enmendantes.
Queremos decir dos cuestiones que nos parecen importantes, tanto de la moción presentada como de la transacción que finalmente se va a someter a votación. Nosotros entendemos que es necesario que el Gobierno dé cuentas de aquellas cuestiones que se
están haciendo en el Ministerio de Vivienda y, concretamente, en relación con la política de vivienda que se está haciendo desde el Gobierno. En muchísimas ocasiones hemos escuchado el discurso del presidente Zapatero hablando de los grandes
proyectos que se iban a hacer en este sector, incluso justificando la creación de un ministerio diciendo que la vivienda era prioridad del Gobierno, y nuestro grupo no puede, en absoluto, apoyar esa justificación por varias razones.
Una de ellas es
que las competencias en materia de vivienda prácticamente son de las comunidades autónomas y por lo tanto en distintas ocasiones el ministerio ha interferido en las políticas que tienen que hacer esas administraciones autonómicas. Otra es que no
vemos en la práctica grandes movimientos en la política de vivienda.
Hoy, en la moción que se va a aprobar -porque damos por hecho que se aprueba- hay una medida que no entendemos que a estas alturas se tenga que poner en una moción instando al Gobierno a llevarla a cabo, como es que se elabore un estudio
sobre las medidas a adoptar para desarrollar un modelo de colaboración público-privada que impulse la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a precios asequibles. Y lo digo, señorías, porque esto es algo a lo que el Gobierno se
comprometió desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la legislatura pasada, y que a día de hoy estamos viendo que es necesario instar desde el Congreso de los Diputados al Gobierno a llevarlo a cabo.
Señorías, nosotros vamos a apoyar esta moción, esperando que, después de tantas otras que fueron apoyadas, también proposiciones no de ley -por cierto, como propuestas del Grupo Catalán-, por una vez el Gobierno pueda asumir lo que aquí se
aprueba y llevarlo a cabo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debo reconocer que el señor Macias, representante y defensor en nombre de CiU de la moción que nos somete a consideración y votación, es algo así como un activista en temas de vivienda en este Congreso. No en vano es presidente de
la Comisión del mismo nombre. No es mi caso, no es el caso de mi grupo, el Grupo Vasco. Me gustaría iniciar la fijación de posición de mi grupo respecto a la moción presentada por el señor Macias justamente explicando a SS.SS. la razón de ser de
esta diferente actitud entre el señor Macias y su grupo y la mía personal y la de mi grupo. Dejo para el señor Macias que explique, si lo desea, las razones de esa proactividad.
Paso a explicar las razones de lo que en mi grupo es algo así como una propasividad, si SS.SS. me permiten ese palabro. Por propasividad quiero dar a entender que ante el Ministerio de Vivienda de este Gobierno y de sus políticas -no solo
ni principalmente por la iniciativa de hoy- mi grupo suele dudar entre abstenerse o simplemente ausentarse. Esta posición de mi grupo se debe, como se pueden imaginar ustedes, no tanto al hipotético acuerdo o desacuerdo con esta o aquella política
del ministerio, sino a que para este ministerio, al parecer por razones que mi grupo no termina de entender, el País Vasco y Navarra son dos territorios ausentes. De forma que se trata de un ministerio que los vascos y navarros no sabemos si se
trata de un ministerio ovni, no identificado, o un ministerio simplemente fantasma. Me explico. Decía la ministra en la interpelación de la que trae causa la moción que hoy debatimos lo siguiente: Todos los objetivos que acabo de enumerar han
sido distribuidos entre las comunidades autónomas a través de los convenios bilaterales de aplicación del Plan estatal que el ministerio ha firmado con todos los gobiernos autonómicos, a excepción del País Vasco y Navarra (sic), que, como saben, no
participan en la gestión del plan.
Esto decía la ministra en la interpelación la pasada semana.
Debo confesar que cada vez que he preguntado a las distintas ministras el porqué de un no convenio de colaboración con el País Vasco y Navarra, las respuestas que he recibido simplemente no las he entendido. La respuesta desde luego no está
en el Plan de vivienda; no lo está, por ejemplo, en el plan que hoy está en vigor. No hay sino que repasar, aunque sea superficialmente, el artículo 16 de dicho plan, donde habla de que el Ministerio de Vivienda celebrará convenios de colaboración
con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución del plan, cuya duración coincidirá con la vigencia del mismo, precisando a continuación los contenidos a convenir. Pues bien, aquí no se habla nunca de que con todas las
comunidades autónomas menos con el País Vasco y Navarra; no se dice en ningún momento en el plan, pero en su aplicación, ministra tras ministra van diciendo que esto del convenio con el País Vasco y con Navarra no procede, por razones, insisto, que
nunca he logrado entender. De ahí el calificativo de un ministerio ovni o, si quieren ustedes, un ministerio fantasma. Es un ministerio que en otras ocasiones ha decidido intervenir en el País Vasco; dice que no a un convenio de colaboración,
pero, por ejemplo, gracias a la hoy ministra de Defensa y en su día ministra de este ramo, la renta de emancipación -tema que forma parte del plan- sí se aplica en el País Vasco. De forma que aparece o desaparece el ministerio y los vascos no
entendemos por qué, no lo entendemos. Acostumbran a decir en ocasiones que porque tienen un sistema de financiación distinto, lo cual simplemente es un sin sentido.
En todo caso no es hoy el día de debatir este tema, quizá algún día lo hagamos,
quizá algún día mi grupo presente alguna iniciativa en este sentido.
Señor Macias, ya que estamos aquí y usted me pide el voto, se lo voy a dar. No disfrutaremos los vascos, no disfrutarán los navarros; si hay suerte, que disfruten las otras quince comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Pero sí le digo,
y con esto ya termino definitivamente, objetivos ambiciosos como los que necesitamos, con medios escasos como los disponibles y sin método exigente de aplicación, conducen a la frustración de las expectativas. El señor González y los sabios acaban
de decirlo a través de un informe sobre la Comunidad Europea y es de perfecta aplicación al caso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Señor Macias, se ha presentado una enmienda transaccional que para que conste en el ´'Diario de Sesiones' S.S. asume. ¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación de la enmienda transaccional a esta moción? (Pausa.) Se tramitará,
por tanto, en los términos de la transaccional.
Dentro de tres minutos iniciaremos las votaciones. (Pausa.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN.)
- DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 125/000017.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la modificación de la disposición adicional trigésima del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 146; en contra, 167; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PARA LA RECUPERACIÓN DEL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PARA LOS PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DE
ESTATUTOS DE AUTONOMÍA O DE SU MODIFICACIÓN (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000204.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para la recuperación del
recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de ley orgánica de estatutos de autonomía o de su modificación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 144; en contra, 186; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y VASCO (EAJ-PNV), PARA QUE EL BAREMO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD TENGA EN CUENTA LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON
CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL GRAVE POR RAZÓN DE SU DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000622.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Vasco, para que el baremo para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad tenga en cuenta las
restricciones de movilidad que presentan las personas con ceguera y deficiencia visual grave, por razón de su discapacidad. No se ha presentado enmienda, en términos de aceptación, y por tanto se vota en los términos de la proposición.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 331; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA DE LAS ESTADÍSTICAS DE PARO REGISTRADO. (Número de expediente 162/000636.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la mejora de la transparencia de las estadísticas de paro registrado. Se ha presentado una enmienda transaccional firmada por
todos los grupos parlamentarios, y ninguno se ha opuesto a su tramitación. En consecuencia, se vota en los términos de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 332.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS GRAVES PERJUICIOS QUE HA SUFRIDO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA A CAUSA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS EYJAFJALLA. (Número de
expediente 173/000137.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los graves perjuicios que ha sufrido la actividad económica en España, a causa de la erupción del volcán
islandés. Se vota sin enmiendas y en votación conjunta. ¿Alguna observación? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 153; en contra, 170; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 173/000138.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la recuperación de la memoria histórica. Esta moción se vota en los términos de la
enmienda de sustitución del propio grupo proponente y del Grupo Socialista. El grupo proponente solicita que se corrija en el punto 3, por razón que el proponente ha calificado de estilo, la palabra franquismo por guerra civil y dictadura. ¿Algún
grupo o diputado se opone a esta corrección que solicita el grupo proponente en los términos de la enmienda de sustitución anunciada? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 186; en contra, 145; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2009-2012. (Número de expediente 173/000139.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el cumplimiento del Plan estatal de vivienda 2009-2012, en los términos de la transacción que ha sido aceptada y que nadie ha
propuesto oponerse.
Comienza la votación. (Pausa.) No abran las puertas hasta que no se dé el resultado de la votación. (Aplausos.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 331; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.