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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 131, de 15/12/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 131
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 123
celebrada el martes, 15 de diciembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. (Número de expediente 130/000023.) ...
Inclusión en el orden del día ... (Página 5)
Proposiciones no de ley:
- Del grupo parlamentario socialista, sobre solidaridad con la señora Aminetu Haidar. (Número de expediente 162/000544.) ... (Página 5)
Tramitación directa y en lectura única:
- De la Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. (Número de expediente 124/000004.) ... (Página 5)
Prórroga de plazo ... (Página 6)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para el reforzamiento de las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta.
'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 202-1, de 23 de octubre de 2009. (Número de expediente 122/000181.) ... (Página 6)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo y Sra. Oramas), sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 195-1, de 4 de septiembre de 2009.
(Número de expediente
122/000174.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre las prioridades y objetivos de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2010. 'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie D, número 299, de 27 de noviembre de 2009. (Número de expediente 162/000532.) ... (Página 17)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Fondo estatal de acogida e integración y refuerzo educativo para las personas inmigradas. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie
D, número 171, de 24 de marzo de 2009.
(Número de expediente 162/000360.) ... (Página 24)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre solidaridad con la Sra.
Aminetu Haidar. (Número de expediente 162/000544.) ... (Página 28)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el suministro eléctrico y los entes locales. (Número de expediente 173/000108.) ... (Página 35)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias. (Número de expediente 173/000109.) ... (Página 39)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 43)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 44)
Habilitación del mes de enero para los trabajos de la subcomisión de reforma de la Ley 23/2006 ... (Página 44)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página 5)
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el señor presidente somete a la Cámara la exclusión del punto número 27 del orden del día consistente en la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2009, lo que se aprueba por asentimiento.
Inclusión en el orden del día ... (Página 5)
El señor presidente propone la inclusión en el orden del día de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre solidaridad con la señora Aminetu Haidar, lo que se aprueba por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única ... (Página 5)
El señor presidente propone la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, reguladora de los fondos de compensación interterritorial, lo que se aprueba por asentimiento.
Prórrogas de plazo ... (Página 6)
De acuerdo con la propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces el señor presidente solicita la prórroga de los trabajos de la subcomisión de la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 6)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para el reforzamiento de las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Becerril Bustamante, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà
i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo y Sra. Oramas), sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias ... (Página 12)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y
Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 17)
De los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre las prioridades y objetivos de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2010 ...
Defienden conjuntamente la proposición no de ley los señores Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista; Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Jorquera Caselas.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Xuclà i Costa.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Fondo estatal de acogida e integración y refuerzo educativo para las personas inmigradas ... (Página 24)
Defiende la proposición no de ley el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Guerra Guerra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Esteve Ortega, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre solidaridad con la señora Aminetu Haidar ... (Página 28)
Defiende la proposición no de ley la señora Valenciano Martínez-Orozco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ridao i Martín y Llamazares Trigo del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Barkos Berruezo, el señor Salvador
Armendáriz, la señora Díez González; y los señores Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y De Arístegui San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 35)
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el suministro eléctrico y los entes locales ... (Página 35)
Defiende la moción el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Canet i Coma.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias ... (Página 39)
Defiende la moción el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Domínguez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y
Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Perestelo Rodríguez.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para el reforzamiento de
las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, se aprueba por 338 votos a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo y Sra. Oramas), sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias, se aprueba por 338 votos a favor.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 43)
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), sobre las prioridades y objetivos de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en
2010, con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a los puntos 2, 3, 7 y 8, y con las enmiendas de Coalición Canaria 1, 2 y 3, se aprueba por 329 votos a favor y nueve
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Fondo estatal de acogida e integración y refuerzo educativo para las personas inmigradas,
con la enmienda conjunta de los grupos Socialista y proponente, se aprueba por 336 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre solidaridad con la señora Aminetu Haidar, se aprueba por 190 votos a favor y 148 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el suministro eléctrico y los entes locales, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba
por 336 votos a favor.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sr.
Perestelo, sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias, con la adición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al punto 4 y con la sustitución
del Grupo Parlamentario Socialista al punto 3, se aprueba por 336 votos a favor y dos en contra.
Habilitación del mes de enero ... (Página 44)
Sometida a votación la habilitación del mes de enero para el trabajo de la subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, se aprueba por 333 votos a favor y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 14/2009, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA EN DETERMINADAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. (Número de expediente 130/000023.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Asuntos previos. En primer lugar, de acuerdo con la Junta de Portavoces, someto a la Cámara la exclusión del punto número 27, consistente en la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/2009, que pasaría a ser examinado en un Pleno
subsiguiente.
¿Da la Cámara su conformidad? (Asentimiento.)
Queda por tanto excluido.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SOLIDARIDAD CON LA SEÑORA AMINETU HAIDAR. (Número de expediente 162/000544.)
El señor PRESIDENTE: Inclusión en el orden del día de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre solidaridad con la señora Aminetu Haidar.
¿Acuerda la Cámara la inclusión? (Asentimiento.)
Queda incluida por acuerdo de la Cámara.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:
- DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.
(Número de expediente 124/000004.)
El señor PRESIDENTE: Otro asunto previo es la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley 22/2001, reguladora de los fondos de compensación interterritorial.
¿Acuerda así la Cámara la inclusión? (Asentimiento.)
Queda aprobada, por tanto, la tramitación directa y en lectura única que se incluye en el orden del día con plazo de enmiendas hasta las 18 horas de mañana miércoles, 16 de diciembre, e igualmente la acumulación de esta
proposición con las dos ya preexistentes y que se señalan con los puntos 32 y 33 del orden del día. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Queda así acordado.
PRÓRROGAS DE PLAZO.
El señor PRESIDENTE: ¿Acuerda la Cámara la prórroga de los trabajos de la subcomisión en prórroga de la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, por el plazo de
dos meses propuesto por la Mesa y Junta de Portavoces? (Asentimiento.)
Queda acordada la prórroga por unanimidad de la Cámara. Votaremos al final de la tarde si se habilita el mes de enero para que esta subcomisión pueda trabajar durante este periodo intersesiones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/1994, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A DICHA COMISIÓN MIXTA.
(Número de expediente
122/000181.)
El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar el examen del orden del día, deseo saludar y dar la bienvenida en nombre del Congreso a la señora presidenta en funciones de la Asamblea Nacional de Hungría que nos honra con su presencia en la tribuna
de invitados. Bienvenida. (Aplausos.)
A continuación, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para el reforzamiento de las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra por el Grupo Popular doña Soledad Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se preguntaran ustedes, no muchos, porque no es que haya un entusiasmo extraordinario en esta Cámara a estas horas de la tarde, en general. (El señor López Villena: Solo allí.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Se preguntarán algunas personas cuál es el objetivo de modificar una ley de mayo de 1994 que establece y da las competencias a la Comisión Mixta para Unión Europea de las Cortes Generales. El objetivo es que
esta Comisión, que se ocupa como su nombre indica de los asuntos de la Unión Europea, trabaje más, que haga más por la construcción europea y que haga más para trasladar a la opinión pública cómo funciona y cómo se está desarrollando la construcción
europea en estos momentos. La Unión Europea ha avanzado mucho y ha cambiado mucho, según algunos expertos. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa hay una nueva Unión Europea, porque hay más capacidad para decidir; porque las
instituciones europeas tienen más competencias en seguridad, competencias en defensa, competencias en acción exterior; porque la Unión se ha ampliado extraordinariamente pasando a veintisiete miembros; porque los parlamentos nacionales ocupan un
lugar destacado en el funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea ha cambiado, se ha ampliado, tiene más capacidad para decidir y además los parlamentos deben seguir con más afán y con mayor interés lo que pasa en la Unión de los
veintisiete países europeos. Por eso, desde el Grupo Popular creemos que esta Comisión que, con el apoyo de todos los grupos, ha desarrollado un buen trabajo en esta legislatura, en la que yo he estado y he visto lo que se ha hecho, puede hacer
más; que es insuficiente la tarea que hoy en día tiene encomendada de saber qué ha pasado o qué va a pasar en los consejos europeos de la Unión a través de la comparecencia del ministro o del secretario de Estado; asimismo nos parece insuficiente
la tarea que hoy tiene de hacer un seguimiento de los documentos más importantes de las instituciones europeas. A esta Comisión le falta un aspecto importante que otros parlamentos ya tienen en sus comisiones para la Unión Europea, que es
fundamentalmente la labor de control del Gobierno.
Qué va a hacer el Gobierno en relación con un acto legislativo europeo, o qué piensa hacer o decir el Gobierno en relación con un acuerdo marco europeo o con un pacto europeo. Esto es lo que
nosotros queremos darle a esta Comisión. No es ningún lamento, no es ninguna queja hacia la Comisión ni hacia sus miembros ni de estos años ni de los anteriores. Se trata sencillamente de darle más capacidad porque la Unión Europea actúa más y más
y porque un porcentaje enorme de las decisiones que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos vienen derivadas de decisiones europeas. Podemos decir que cada vez nuestra vida está más influida por decisiones tomadas en el ámbito de la Unión
Europea, por tanto es lógico que esta Comisión amplíe sus competencias, que amplíe sus capacidades y también sus instrumentos. Lo han hecho otros parlamentos de distintos modos; no hay una homogeneidad en el funcionamiento de estas comisiones.
Si
esta proposición se aprueba -les pediría que consideraran su aprobación por el interés de todos-, estableceremos exactamente los mecanismos de funcionamiento sin menoscabo de la responsabilidad del Gobierno ante las decisiones europeas, pero en el
futuro esta Comisión podrá preguntar a los ministros y al Gobierno qué posiciones van a tomar en relación con asuntos que en futuras semanas o meses se van a decidir en la Unión Europea.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Por ejemplo, habría sido muy interesante para los ciudadanos saber la posición del Gobierno de España en relación con el Pacto sobre la inmigración del año 2008. ¿Por qué tenemos que enterarnos a posteriori? ¿Por qué los ciudadanos se
enteran a posteriori? Lo razonable es que este Parlamento conozca qué va a hacer el Gobierno en relación con ese o con otro documento, escuche la opinión de los grupos y se informe sobre qué piensa la mayoría de la Cámara. ¿Acaso no habría sido
interesante, por ejemplo, que este Parlamento hubiera conocido con anterioridad aquella Directiva de Servicios del año 2006 que en un principio se llamó Directiva Bolkestein y que produjo muchos conflictos y roces en la sociedad? ¿No sería
interesante, por ejemplo, que este Parlamento supiera qué piensa hacer el Gobierno respecto al presupuesto comunitario para los próximos años, incluyendo el presupuesto de la política agraria común, qué posición va a tomar y qué piensan los grupos
en relación con esa cuestión? Por ejemplo, ¿no sería interesante que el Parlamento supiera qué va a hacer el Gobierno cuando en los próximos días, quizá horas, se decidan las cuotas pesqueras de los países de la Unión Europea? Este Parlamento
debería conocer la posición del Gobierno y debería oír a los grupos parlamentarios para posteriormente resolver.
Esto es lo que queremos hacer; queremos ampliar la capacidad de esta Comisión, estudiar el procedimiento más correcto y darle la capacidad que requiere en unos momentos tan importantes de ampliación de la Unión y de ampliación de las
competencias y al mismo tiempo de un mandato que se deriva del Tratado de Lisboa que dice que los parlamentos deben intervenir en la construcción europea. Este es el resumen de la proposición que hoy traemos y yo les pido que consideren la
posibilidad de votarla a favor -nos gustaría mucho- y que a lo largo de la tramitación estudiáramos la mejor manera de organizar este nuevo sistema de funcionamiento de la Comisión Mixta para la Unión Europea. El preámbulo de la ley es un poco
complejo, tiene una terminología técnico-jurídica enormemente compleja y precisa también. Ya sé que a alguno de los grupos les ha llamado la atención, pero estoy segura de que serán benevolentes con esta exposición de motivos tan técnica, en un
lenguaje no excesivamente claro; creo que luego, viendo los propósitos y los objetivos de la proposición de ley, podremos contar con el voto afirmativo de la mayoría de esta Cámara.
Gracias por su atención y gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Becerril.
Ningún grupo ha manifestado su intención de utilizar el turno en contra de la señora Becerril. Por tanto, pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera. (Pausa.)
No parece que el señor Jorquera esté en el hemiciclo, por tanto pasamos al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, presidenta.
No utilizaré todo el tiempo asignado, pero en primer lugar quería comentar algo a la ponente del Grupo Parlamentario Popular. Lo puedo decir en términos religiosos o en términos laicos; voy a escoger los laicos. Si desde aquí ejercemos
algún magisterio, no echemos la bronca a los que asisten sino a los que no asisten al Pleno de hoy, porque los que estamos seguimos estando, no vaya a ser que tiremos piedras a nuestro propio tejado los diputados y diputadas. Los que estamos aquí,
estamos aquí y nos responsabilizamos de nosotros mismos (Aplausos.).
En relación con la iniciativa, mi grupo parlamentario va a apoyar su toma en consideración. Ahora bien, queremos hacer algunas valoraciones críticas. En primer lugar, no es un ejemplo de técnica legislativa. No es un ejemplo de técnica
legislativa que hace cuatro días hayamos llegado a un acuerdo para modificar una ley, la Ley 8/1994, y que ahora de manera unilateral nos demos cuenta de que falta un mayor control parlamentario de la acción del Gobierno en la Unión Europea y
hagamos una modificación legal específica. Creo que no solamente volvemos locos a los estudiantes de derecho, sino que a veces corremos el peligro de volvernos locos nosotros mismos. Hace unos días hemos modificado esta ley, ahora nos acordamos y
volvemos otra vez a modificarla. Además, creo que es una mala técnica parlamentaria, porque si había un acuerdo parlamentario -que creo que lo había en la Comisión Mixta para la Unión Europea-, qué ha pasado para que se haya roto el acuerdo y ahora
nos encontremos con una iniciativa por parte de uno de los grupos que suscribe el acuerdo. No somos nosotros que no suscribimos el acuerdo, son una parte de los que suscriben el acuerdo los que nos traen hoy una iniciativa al margen del denominado
consenso. En nuestra opinión, por lo tanto, es poco comprensible.
Por otro lado, tengo la impresión de que una vez desahuciada la reforma del Reglamento de la Cámara nos dedicamos a picotear todos los días, a ver cómo podemos sanar problemas parlamentarios modificando o bien puntualmente el Reglamento o
bien iniciativas legislativas o leyes como esta, la 8/1994. Creo que no es la mejor técnica legislativa y creo que no es tampoco un buen servicio al parlamentarismo. En todo caso, nosotros vamos a apoyar su toma en consideración porque, como se
dice, lo que abunda no daña y, por tanto, si hay un mayor control del Gobierno desde el Parlamento y desde la Comisión Mixta para la Unión Europea, a nosotros nos parece bien que se produzca antes y que se produzca después de las reuniones de los
consejos europeos o de otros organismos importantes en la Unión Europea.
Ahora bien, nosotros vamos a enmendar esta iniciativa y vamos a presentar propuestas alternativas, porque no nos gustaría -y esto lo digo como presidente de la Comisión de Sanidad- que cuestiones que tengamos que tratar en una comisión
sectorial las trate únicamente la Comisión Mixta para la Unión Europea. Por ejemplo, sanidad transfronteriza, que ha sido una gran batalla -que ha tenido poca repercusión en el ámbito mediático en este país-, una batalla ganada por los pelos además
en el último momento, pero muy importante, nos gustaría que este tema se tratara en nuestra Comisión, en la Comisión de Sanidad y Política Social del Congreso, no que el ámbito de la Unión Europea sirva para hurtar competencias a las comisiones de
esta Cámara en favor de la Comisión mixta. Estoy seguro de que la Comisión mixta no lo quiere porque sería demasiado trabajo para ella, y ni poco ni tanto, ni poco trabajo ni tanto trabajo para una sola Comisión. Por tanto, anuncio que vamos a
tomar en consideración la iniciativa y anuncio también que presentaremos enmiendas.
Termino de la misma manera que empecé, considerando que la participación de los parlamentarios se produce de forma muy diferente a lo largo de los actos parlamentarios y no deberíamos ser nosotros los que tirásemos piedras a nuestro propio
tejado; ya bastantes piedras caen para que nosotros mismos nos las lancemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
La proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular somete hoy a la consideración de la Cámara plantea, con un gran sentido de la oportunidad, un elemental y casi me atrevería a calificar de irrenunciable mecanismo de control del
Parlamento sobre la actuación del Ejecutivo en los órganos de la Unión Europea, un mecanismo de control que es habitual en otros países de la Unión, un mecanismo que debería haberse instaurado hace ya algunos años, y un mecanismo, en fin, que uno no
sabe cómo ha podido ocurrir que transcurriese el tiempo sin que tuviera lugar su implantación efectiva. Anticipo ya, por tanto, sobre la base de todas estas consideraciones, nuestra conformidad con la iniciativa y nuestra disposición a apoyar su
toma en consideración.
Como bien expresaba la portavoz del grupo proponente, la principal medida que contempla esta proposición que debatimos consiste en exigir que los ministros que van a participar en los Consejos de Ministros de la Unión Europea en sus
distintas formaciones comparezcan previamente ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, a fin y efecto de explicar a los diputados y senadores reunidos en la misma la posición que defenderán en relación con los asuntos incluidos en el orden del
día de cada sesión. La medida, insisto, constituye un mecanismo de control ex ante que resulta imprescindible para que el Parlamento conozca a tiempo, cuando todavía es posible retocarla, matizarla o sencillamente influir de alguna manera sobre
ella, la posición que el Gobierno va a defender ante ese órgano comunitario. Se trata, por tanto, de establecer un control eficaz, real y efectivo, no un control meramente simbólico o protocolario, porque el control ex post, el que opera sobre lo
ya hecho, puede revestir una notable fuerza testimonial -puede hacerlo-, incluso puede resultar útil para hacer balance y evaluar lo hecho, pero es evidente que carece de la virtualidad necesaria para anticiparse a los hechos y, en su caso,
corregirlos o mejorarlos y además hacerlo a tiempo. Pero además de un instrumento de control, la propuesta que debatimos representa también un medio muy necesario por otra parte de intensificar la participación en los asuntos comunitarios. En un
momento en que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa viene a reforzar el papel de los parlamentos nacionales en la elaboración de la legislación comunitaria, no parece muy acertado ni tampoco muy coherente, todo sea dicho, mantener a estas
instituciones al margen de los debates que sus propios Ejecutivos puedan suscitar en los órganos comunitarios y de la posición que en ellos vayan a mantener.
Es obvio, pues, que la medida propuesta mejorará la salud democrática interna, en la
medida en que permitirá someter a control parlamentario previo ámbitos de la actuación del Gobierno que hasta el momento carecían de él y mejorará también la implicación del Parlamento en los asuntos europeos, algo que resulta muy necesario y que a
la altura en la que nos encontramos mi grupo considera que es altamente plausible.
Complementariamente, la proposición de ley establece que, al término de cada periodo de Presidencia semestral, los ministros comparezcan de nuevo ante la Comisión
Mixta para la Unión Europea para hacer balance y evaluar los resultados. Al leer este aspecto de la propuesta uno se ve forzado a exclamar: ¡Dios mío, pero cómo ha podido ser posible que no nos hubiéramos dado cuenta antes de esto y no se
estableciera ya este control ex post de modo regular y normalizado! Y después de formular esta exclamación, a uno no le queda más remedio que apoyar la medida con toda su energía y solicitar la inmediata tramitación de la proposición de ley al
objeto de que pueda estar en vigor para cuando concluya la Presidencia semestral que comenzará el próximo 1 de enero.
Somos conscientes -mi grupo lo es- de que la propuesta, tal y como aparece formulada, adolece de algunas deficiencias técnicas que probablemente requerirán un retoque durante la tramitación de la iniciativa en las Cortes Generales,
deficiencias técnicas que tienen que ver fundamentalmente con dos aspectos. Primero, la iniciativa no toma en consideración una circunstancia muy importante a los efectos que interesan: el hecho de que el Gobierno, antes de presentarse en el
Consejo de Ministros europeo correspondiente, no puede desvelar todas sus cartas, no puede dar a conocer ilimitadamente
cuál es la estrategia negociadora que seguirá ante los órganos de la Unión Europea en los que va a participar. Por tanto, es oportuno conciliar la comunicación al Parlamento y el debate previo necesario para garantizar el control de éste
sobre el Ejecutivo con una mínima y elemental discreción imprescindible para que la estrategia negociadora del Gobierno ante la Unión Europea no quede definitivamente desbaratada. Esto lo corregiremos sin duda durante la tramitación de la
proposición. Hay otro aspecto que habrá que tomar en consideración también durante la tramitación de la iniciativa -acaba de hacer referencia a ello el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-: habrá que buscar una fórmula para
conciliar la participación de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aglutina el grueso de las responsabilidades de ambas cámaras, Congreso y Senado, en relación con las instituciones comunitarias, con la responsabilidad y las competencias que
tienen atribuidas las comisiones sectoriales. Habrá que buscar, por tanto, fórmulas adecuadas para conciliar los diferentes intereses en juego, pero mi grupo parlamentario no tiene ninguna duda de que podremos ir depurando estas deficiencias a lo
largo de la tramitación de la iniciativa en esta Cámara primero y en el Senado después y que lo haremos, sin ninguna duda, con acierto y precisión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para expresar nuestro voto favorable y nuestro apoyo a esta proposición de ley planteada por el Grupo Popular y que viene a ser una contribución positiva a la
actualización del parlamentarismo y de la actividad de esta Cámara de acuerdo con el actual reparto de poder político. En los últimos años, de forma incuestionable, el Estado ha operado una transformación y un traslado de poder político -yo creo
que tenemos que hablar también de la palabra soberanía- a distintos niveles. Por una parte, a nivel de las comunidades autónomas, y en este Parlamento de forma intensa y a veces apasionada tenemos debates sobre esta relación entre el poder político
de los órganos centrales del Estado y el poder político que ejercen las comunidades autónomas, pero también en estos últimos años, a raíz de la incorporación de España en la Comunidad Económica Europea, se ha producido un importantísimo traslado de
poder político, con impacto directo en las decisiones que afectan a los ciudadanos de los Estados miembros, a nivel de la Unión Europea. Pues bien, mientras que existe en el debate parlamentario un gran foco de atención en esta relación de poder
entre Estado y comunidades autónomas, no existen en el Congreso, en el Senado y en la Comisión Mixta esta misma tensión y esta misma atención en relación con aquellos atributos competenciales que el Estado español y el Parlamento han decidido
trasladar a nivel de la Unión Europea. Es evidente que en este Parlamento, que tiene una intensa actividad cada semana, discutimos a través de proposiciones no de ley y de distintas iniciativas elementos de inquietud y de motivación territorial.
Pero tan interesante como esto sería y debería ser -y esto está en la motivación y en la raíz de la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular- hablar y discutir de todos aquellos asuntos que no nos pueden llegar servidos y cocinados
por parte de las instituciones europeas, Consejo y Parlamento, sino que requieren también de un debate previo: proyectos de directivas, debates sobre reglamentos europeos, debates alrededor de decisiones de la Unión Europea, etcétera. Señorías,
ustedes saben perfectamente que más de una, de dos y de tres leyes -bastantes más- que hemos tramitado durante este año que estamos terminando son trasposiciones de directivas europeas. No puede ser que tengamos el debate solo en la fase final,
incumpliendo por otra parte un buen principio que adopta el Tratado de Lisboa, que adoptan los Estados miembros y por tanto que adopta también este Parlamento.
El Tratado de Lisboa incorpora el principio de subsidiariedad y el análisis caso a caso, política a política y competencia a competencia de los criterios de subsidiariedad. Y será bueno que activemos -y así lo tramitamos en la sesión de la
semana pasada- una modificación de la ley que hoy también es objeto de discusión para que los mecanismos de alerta temprana contemplados en el Tratado de Lisboa se activen para que este Parlamento discuta sobre proyectos normativos europeos, para
que acerque a los ciudadanos de los Estados miembros y a los parlamentos autonómicos en aquellas competencias que pertocan a aquellas producciones normativas de la Unión Europea que no pueden ser ni son -con estos nuevos mecanismos del Tratado de
Lisboa- oscuras y grises decisiones de la burocracia bruselense, sino que tienen que ser y deben ser procesos participativos en los cuales intervengan los Estados y los parlamentos autonómicos en el ámbito de sus competencias. Pues bien, este
principio de participación del Parlamento en el sistema de alerta temprana, en el sistema definido por el principio de subsidiariedad es exactamente lo que nosotros consideramos que informa la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a
votar favorablemente su toma en consideración, en primer lugar, porque en parte traslada al derecho positivo aquello que ha sido una práctica que ha impulsado el propio Gobierno socialista en los dos últimos meses cuando ha facilitado la
comparecencia de los distintos ministros del Gobierno antes de la Presidencia española de la Unión Europea para expresar las prioridades y los criterios de los distintos departamentos ante esta Presidencia. Se trata de trasladar al derecho positivo
aquello que ya es consuetud, aquello
que ya se ha impulsado por parte del actual Gobierno. En segundo lugar, apoyamos esta iniciativa porque equipara el Parlamento español con otros parlamentos de la Unión Europea, en la cual la presencia de los miembros del gabinete para
discutir de asuntos europeos con carácter previo a la discusión de los consejos sectoriales europeos es práctica habitual.
Finalmente, también estamos a favor del fortalecimiento de la Comisión Mixta para la Unión Europea porque es bueno que este
Parlamento vaya tomando conciencia de la carga de trabajo y de la dimensión que va a tener esta Comisión con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y creo que el conjunto del Parlamento aún no es consciente de ello. El análisis con carácter
previo de los distintos proyectos normativos europeos requerirán elevar la categoría, no jerárquicamente, pero sí de facto del trabajo de la Comisión Mixta. Permítanme el paralelismo, que creo que es apropiado. De la misma forma que en el Senado
existe la Comisión General de Comunidades Autónomas dedicada a discutir con un énfasis especial y con una categoría notable sobre los asuntos autonómicos, la Comisión Mixta para la Unión Europea se convertirá, con la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa y de sus mecanismos, también en este dispositivo excepcional o singular para tratar los asuntos europeos.
Algún otro portavoz apuntaba el debate sobre si esta iniciativa supone hurtar competencias a las comisiones sectoriales. Nada más lejos de nuestro deseo. El deseo de aquellas personas que habitualmente trabajamos en la Comisión Mixta para
la Unión Europea sería que en el seno de las distintas comisiones sectoriales se suscitara bastante más interés y preocupación por aquellos asuntos referidos a la Unión Europea. Si al final esto crea una sana competencia entre las comisiones y la
Comisión Mixta, bienvenida sea esta competencia que desembocará, al final, en la definición del reparto de trabajos entre los portavoces sectoriales y la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Hay algunos aspectos, señorías, de esta proposición de ley planteada por el Grupo Popular que pueden ser y serán objeto de enmienda durante la tramitación parlamentaria. Por ejemplo, el Grupo Popular nos plantea que después de cada
presidencia semestral los distintos ministros comparezcan en la Comisión Mixta para expresar la valoración de dicha presidencia.
Seguramente esto es adelantarme algunos años a la realidad de la Unión Europea, pero siendo perfectamente consciente de
que el Tratado de Lisboa hace compatible la existencia de un presidente de la Comisión, de un presidente semestral de la Unión Europea y la creación de la nueva figura, del nuevo cargo de presidente permanente de la Comisión Europea, con un mandato
de dos años y medio, es evidente que las presidencias semestrales de la Unión Europea estaban diseñadas para una Unión Europea de diez, de doce o de quince miembros y que cada vez tienen menos sentido. No estoy enmendando la Presidencia semestral
española que se va a inaugurar en 15 días, pero es evidente que esta Europa de los Veintisiete, que se puede convertir en la Europa de los Veintinueve en pocos años, tendrá que empezar a reflexionar sobre el sentido de las presidencias semestrales y
tendrá que incrementar el papel y el protagonismo del presidente permanente con un mandato de dos años y medio. La posición de mi grupo parlamentario es que este presidente permanente no debe ser simplemente un chairman que presida las reuniones,
sino la cara y el rostro visible que decida y oriente las políticas europeas. Pero este, señorías -y termino, señora presidenta-, en todo caso, será otro debate que tendremos durante la tramitación parlamentaria de esta proposición a la cual
nosotros le vamos a dar el voto afirmativo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con el máximo entusiasmo, como reclamaba la señora Becerril, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, anticipándoles nuestro voto favorable a la toma en consideración de la proposición de
modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Se trata del segundo debate de toma en consideración de modificación de esta ley que tenemos en esta Cámara en escasos días. El anterior fue el pasado 24 de noviembre. En ambos casos, la iniciativa está dirigida a reforzar y ampliar las
competencias de la Comisión Mixta, si bien cabe señalar que en la anterior partíamos del consenso y trabajo previo de los grupos parlamentarios. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa confiere a los parlamentos nacionales nuevas oportunidades y
también responsabilidades en el control de las iniciativas legislativas europeas.
El reto para nuestras Cámaras es apasionante, ya que nos permitirá, desde nuestro Parlamento nacional, también desde los parlamentos autonómicos, participar en el
proceso político de construcción de la Unión Europea, acercando a los ciudadanos a las instituciones europeas y ejerciendo un control democrático sobre la legislación europea. A tal fin, y en cumplimiento de lo previsto en el Tratado de Lisboa -que
ya ha iniciado su entrada en vigor bajo la Presidencia sueca y que continuará con el despliegue de buena parte de las reformas institucionales bajo Presidencia española-, nos ha permitido, con acuerdo de todos los grupos, impulsar la modificación de
esta ley, a fin de adaptar las nuevas competencias que se atribuyen a los parlamentos nacionales. En concreto, permitirán a este Parlamento, a través de nuestra Comisión Mixta para la Unión Europea y también con la participación de los parlamentos
autonómicos, el control del principio de subsidiariedad y proporcionalidad
en relación a las iniciativas legislativas europeas, el denominado sistema de alerta temprana, establecido con la finalidad de que la legislación comunitaria no pueda interferir en aquellas competencias exclusivas atribuidas al Estado,
gobiernos autónomos o locales. Además, la futura modificación de esta ley permitirá la posibilidad de solicitar al Gobierno la interposición ante el Tribunal de Justicia de un recurso de anulación contra un acto legislativo europeo por infracción
del principio de subsidiariedad u oponerse a iniciativas que pueda tomar el Consejo Europeo para modificar reglas sobre mayorías o procedimientos legislativos, o evaluar con carácter general las actividades de Eurojust y Europol. Es evidente que
esta nueva atribución de competencias a la Comisión Mixta para la Unión Europea va a comportar un intenso cambio en la actividad y capacidad de esta Comisión, y quienes formamos parte de ella lo afrontamos con la máxima ilusión y disposición. No
puedo desaprovechar esta tribuna para pedir a la Mesa de la Presidencia del Congreso, señora vicepresidenta, su comprensión ante las nuevas necesidades que en recursos humanos va a precisar esta Comisión, y muy especialmente la presencia en Bruselas
de un letrado funcionario de estas Cortes que pueda en origen hacer seguimiento del conjunto de instrumentos legislativos comunitarios sobre los que la Comisión Mixta deberá emitir sus dictámenes.
La iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, días después de la toma en consideración de la reforma de la misma ley, propone sentar la obligatoriedad de la comparecencia ante la Comisión Mixta de los ministros competentes,
antes de la celebración de los consejos de ministros de la Unión Europea, y la obligatoriedad de comparecencia de los ministros al finalizar cada Presidencia semestral para hacer balance de los resultados obtenidos en los distintos consejos.
Vamos
a votar favorablemente la toma en consideración, aunque van a permitirme alguna discrepancia y aportación que esperamos pueda incorporarse al futuro texto de la reforma con el amplio consenso deseable. Probablemente, la iniciativa viene motivada e
inducida por la disponibilidad y transparencia sin precedentes que ha supuesto que todos los miembros del Gobierno, sin excepción, hayan comparecido ante la Comisión Mixta para informar de las prioridades de la próxima Presidencia española de la
Unión Europea. Podemos compartir con el conjunto de la Cámara que estas comparecencias han sido útiles y que han producido debates y aportaciones de enorme interés. Ello pone de manifiesto la máxima predisposición del Gobierno. El propio
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá mañana en esta Cámara para dar la máxima información sobre las reuniones del Consejo y sobre la próxima Presidencia. En la mayoría de parlamentos nacionales de los países miembros
de la Unión Europea, y específicamente en las comisiones para la Unión Europea, resultan habituales las comparecencias de miembros del Gobierno, secretarios de Estado o altos funcionarios, mayoritariamente, como práctica regular tras los consejos
europeos, aunque no con carácter obligatorio. Este es el caso del Bundestag alemán. Si bien el propio reglamento de la Cámara y también la resolución conjunta de las mesas, Congreso y Senado, permiten solicitar convenientemente en Pleno o en
Comisión la comparecencia de los miembros del Gobierno cuando se considere oportuno, sin la obligatoriedad que plantea la proposición de ley, parece razonable que puedan incluirse estas comparecencias informativas ante la Comisión Mixta, pero de
forma menos rígida, como hoy se ha planteado aquí. Existe, no hay duda, la máxima disposición en el Gobierno, pero en la tramitación parlamentaria plantearemos la necesidad de que exista una mayor flexibilidad en cuanto a los comparecientes. En
este sentido, deben permitirse, no solo las comparecencias de ministros, sino también de secretarios de Estado, que están habilitados como miembros del Consejo de la Unión Europea, o secretarios generales con responsabilidad específica, en función
de las materias tratadas en los consejos.
También deberemos valorar en el trámite parlamentario -así lo han explicado los señores Llamazares y Erkoreka- si es conveniente que todas las comparecencias tengan lugar ante la Comisión Mixta o que, en función de alguna cuestión sectorial
específica, pueda acordarse la comparecencia en otra Comisión, si bien es cierto que la propia composición de la Comisión Mixta cuenta con diputados y senadores especializados en todos los ámbitos sectoriales y que perfectamente también puede
intervenir otro diputado o senador de otra Comisión sectorial. Habiéndose ya iniciado una modificación de esta Ley 8/1994, deberemos ser capaces de integrar ambas reformas e incluso abordar alguna cuestión más. Ello me permite sugerir la
oportunidad de incluir en la reforma de la ley las nuevas competencias o el nuevo papel que va a desempeñar la Comisión Mixta, derivada de su pertenencia a la Conferencia de los órganos parlamentarios especializados en los asuntos comunitarios, la
Cosac, cuya próxima reunión tendrá lugar en Madrid durante la Presidencia española.
Concluyo, señora presidenta, reiterando nuestro voto afirmativo a la toma en consideración y nuestras objeciones ya mencionadas, que estamos seguros podrán ser aceptadas por el grupo proponente, por el tono de la intervención de la señora
Becerril, y el resto de grupos en la tramitación parlamentaria. Estamos seguros de que vamos a saber mantener el clima de consenso de la propia Comisión Mixta, la manifestada también en los propios objetivos de la Presidencia española de la Unión
Europea y, en definitiva, en todo aquello que refuerza el papel de España como país de clara vocación europea y en los instrumentos que acercan Europa a los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO Y SEÑORA ORAMAS), SOBRE DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000174.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto del señor Perestelo y de la señora Oramas, sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias.
Para defender esta proposición de ley tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que me tome la licencia de comenzar directamente con una analogía geográfica construida desde la mentalidad insular pero para mentes continentales, que son una amplia mayoría en esta Cámara. España no tiene ningún lago;
imaginen por un momento que sí; háganse a la idea de que en el territorio peninsular estuviera el lago Michigan, de 57.000 kilómetros cuadrados o el lago Tanganika, de 38.000; imagínense superficies superiores a las de Extremadura, Aragón o
Castilla-La Mancha cubiertas completamente de agua. Imagino que se hacen ya el dibujo mental y creo que lo perciben perfectamente sus señorías. Ahora piensen por un momento que les dijesen que esas aguas no son españolas. ¿Cómo reaccionarían?
¿Qué pensarían de quien les asegurara eso? Señorías, eso lo llevamos escuchando en Canarias durante los últimos treinta años, desde los albores de la democracia. La extensión de tierra de Canarias es de 7.450 kilómetros cuadrados pero el contorno
de sus aguas interiores, tal como lo define nuestra propuesta, supera los 38.600 kilómetros cuadrados, una extensión superior a la de Cataluña o a la de Galicia.
Háganse a la idea de que fuéramos un Estado archipielágico como Filipinas o Indonesia;
conciban a España por unos momentos como un conjunto enorme de islas separadas por los ríos que actualmente la atraviesan.
¿Admitirían que esas aguas fueran internacionales?
Señorías, para los insulares nuestro mar es también nuestra tierra.
Entenderán perfectamente la reivindicación histórica de Canarias si se ponen en nuestro lugar, si perciben y también sienten el ejercicio mental que les he propuesto, es
decir, si por unos momentos miran el mapa con una mentalidad insular o mejor archipielágica. ¿Qué pretendemos de nuevo con este proyecto de ley que hoy se somete a su toma en consideración? Se trata de definir real y legalmente cuáles son las
aguas interinsulares de Canarias, nuestro propio mar, esa inmensa superficie que los engloba, ese ámbito acuático que durante siglos constituyó una barrera para la unidad política y social de todos los canarios pero que hoy es una amplia pista o
base para nuestro encuentro y para fraguar en Canarias ese viejo sueño de ser auténtica plataforma tricontinental, nodo de pueblos de progreso, de comercio y de cooperación; un nodo esencial para la relación de Europa con África y América del Sur,
con peso e identidad propia en una gran red mundial de centros avanzados y líderes en su entorno; un nodo que nos permita superar nuestra vieja condición ultraperiférica alejada de los polos de desarrollo mundiales para convertirse en centro de
nuestra área de influencia. Ese es el futuro que nunca alcanzaremos si no trabajamos permanentemente por ser cada día más archipiélago y menos una mera relación o suma de islas.
Fíjense en que podría apelar para ello a sentimientos patrios, no ya solo del nacionalismo canario o de los canarios, que sienten esta auténtica falla jurídica y política como un sinsentido histórico, como un absurdo inconcebible. También
podría apelar a los sentimientos del propio nacionalismo español, que se duele de anacronismos históricos, como el Peñón de Gibraltar, un espacio de menos de 7 kilómetros cuadrados o que descubrió al islote de Perejil, donde apenas caben diez campos
de fútbol, como la base de una palanca desde la que remover los viejos patriotismos más allá de lo que ya los exalta la propia selección española de fútbol, hoy sin duda embajadora de España en el mundo. Pero sin despreciarlos ni minusvalorarlos,
no es necesario apelar a argumentos más pasionales que racionales para reclamar algo que es de sentido común, algo que debe permitir que Canarias, más allá de crecer territorialmente, pueda conseguir su consolidación como un único pueblo y un único
espacio capaz de afrontar retos en común, como los que señalaba hace un momento.
Necesitamos esa unidad marítimo-terrestre para llegar a ser lo que podemos ser, para superar los cortocircuitos históricos con los que la historia nos ha separado, y
ahora lo podemos rebasar con la ayuda de las nuevas tecnologías, de los mejores transportes y con el reconocimiento del derecho que hoy reclamamos.
Durante los últimos treinta años los diputados y senadores canarios hemos presentado iniciativas en más de cuarenta ocasiones para que de una vez se reconozca a Canarias como un todo, como un auténtico archipiélago, como un espacio marítimo
y terrestre único y no como el mero enunciado de la suma de siete islas -ocho con La Graciosa- y nueve islotes o roques.
Por tercera vez en los últimos seis años Coalición Canaria vuelve a presentar en las Cortes una nueva proposición de ley de
delimitación de los espacios marítimos de Canarias y, para ser sinceros, no podemos afirmar que no se haya avanzado, pero cuando refresquen los últimos episodios coincidirán conmigo en que hemos avanzado muy poco. ¿Por qué? Porque hasta el año
2003, cuando el entonces senador, don Victoriano Ríos, presentó la antepenúltima proposición de ley de delimitación de los espacios marítimos de Canarias, las propuestas canarias siempre eran respaldadas por todos los grupos parlamentarios excepto
por el que sustentaba al Gobierno, fuera socialista o conservador, y lógicamente se alternaban entre el sí y el no, según ocuparan o no el banco azul. No les extrañará, señorías, porque no es un fenómeno nuevo. Pero desde el año 2003 algo cambió;
los grupos gobernantes dejaron
de usar la Convención sobre el derecho del mar de Montego Bay, de 1982, como injustificable parapeto sobre el que amparar su nación. Y por segunda vez, en el año 2005, a instancias del hoy presidente de Canarias, don Paulino Rivero, se
aprobó casi por unanimidad la toma en consideración de este proyecto, no sin dejar de recordarnos las supuestas cortapisas del Tratado de Montego Bay, que no son tales, se lo aseguro. Y no solo porque así lo haya asegurado un granado ramillete de
académicos y expertos en derecho del mar, sino porque durante los últimos años, mientras a Canarias se le daba largas, otros países reconocían las aguas interiores de su Archipiélago, negando así su condición de aguas internacionales. Entre otros,
son los casos de Australia, Portugal -Azores y Madeira-, Dinamarca -islas Feroe-, Noruega -islas Spitsbergen- y Ecuador -islas Galápago-. Países que no hicieron una interpretación restrictiva de los acuerdos internacionales y decidieron actuar en
consecuencia sin molestar a nadie, como también pretendemos en este caso.
Incluso algunos aspectos de orden competencial que incomodaban en las redacciones anteriores de la propuesta fueron eliminados en 2005 en aras de conseguir una unanimidad más
impulsiva y proactiva, como la manifestada siempre en el Parlamento de Canarias o la suscitada en Canarias en diferentes momentos sobre este punto en el proyecto de nuevo estatuto de autonomía, que también aborda este tema. Como decíamos, hasta
2003 no se produjo ningún avance. A partir de esta fecha, el proyecto se tomó en consideración en esta Cámara, pero en las dos legislaturas anteriores decayó en los vericuetos y trámites parlamentarios, agotándose los mandatos sin decisión
aprobatoria o denegatoria. No ha habido valor moral ni político para decir que no a lo obvio y a lo justo en los últimos años, pero tampoco ha existido el coraje ejecutivo para decir que sí y acabar de una vez con esta anomalía histórica, por no
definirlo en términos más crudos. Razonablemente, Coalición Canaria espera que se desande la historia, que no se vuelva a los tiempos del carpetazo y a otra cosa, y que se tome en consideración este proyecto de ley para que lo podamos debatir y
afinar en la Comisión, no solo porque sea una reivindicación unánime de todos los partidos presentes en el Parlamento de Canarias, sino porque existen razones que van mucho más allá de las políticas, razones de orden jurídico, económico y social
sobre las que debatir en Comisión.
Es una ley tan sencilla que el mero enunciado de su artículo único lo explica todo. La delimitación de los espacios marítimos de Canarias se define por el perímetro comprendido entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes
que integran, según su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias. Para la determinación de dicho espacio se trazará un polígono de líneas de base recta cuyos vértices se corresponderán con los puntos más salientes y extremos de las
islas e islotes, tal como se establece en el anexo de esta ley. Las aguas interinsulares serán aquellas que quedan encerradas dentro del perímetro configurado en el punto anterior. Los demás espacios marítimos reconocidos internacionalmente serán
contados a partir de las líneas de base recta que configuran el perímetro del Archipiélago.
Para concluir, recapitulo e insisto en los argumentos unánimemente compartidos en Canarias. Señorías, para nosotros es importante. Es un absurdo que en estos momentos, en pleno siglo XXI, se siga sin reconocer lo que parece de justicia, un
reclamo del pueblo de Canarias. Espero que SS.SS. entiendan los argumentos que he intentado desgranar en esta intervención y que, por supuesto, apoyen la toma en consideración. Tiempo habrá, señorías, de andar un nuevo camino, un camino de
consenso, un camino de diálogo, un camino de dar respuesta a las inquietudes, a las iniciativas que se han venido planteando en estos últimos años en Canarias. Es todo un despropósito que las aguas interinsulares no tengan una definición jurídica
precisa, lo que permite que el resto de los países y aun el propio Estado español las consideren aguas internacionales. No es concebible que a estas alturas ni España ni Canarias tengan pleno control sobre este espacio marítimo interinsular en unos
tiempos en los que crece la amenaza medioambiental por vertidos o pesca abusiva, aumenta la inseguridad por el tráfico clandestino de personas, drogas y armas, y se extiende el terrorismo global. No es admisible que a estas alturas de la historia
Canarias y España carezcan de auténtica soberanía sobre las aguas interiores de Canarias, que forman parte de nuestra propia comunidad tanto como las lagunas, las montañas o los espacios naturales del territorio continental. No es por más tiempo
tolerable que a día de hoy cualquier tipo de tráfico marítimo pueda surcar las aguas interinsulares canarias sin que podamos objetar lo más mínimo con el derecho en la mano.
Me permitirán, señorías, que vuelva a pedirles un nuevo ejercicio mental como al principio. ¿Se imaginan ustedes que entre todas las provincias españolas existieran franjas de mar donde cada cual pudiera transitar de cualquier manera? ¿No
sería un absurdo improrrogable? Les animo a que nos ayuden a acabar con una situación absolutamente surrealista en los tiempos que vivimos. Les solicito por ello que tomen en consideración nuestra propuesta, en la convicción de que estamos
aportando chorros de sentido común, que acabarán barriendo a la postre este largo sinsentido histórico.
Permítanme, para terminar, tener un recuerdo especial para una persona que seguro que estará siguiendo este Pleno desde su casa, una persona que ha destinado parte de su trabajo en la política a conseguir ese objetivo.
Estoy seguro de que,
con nosotros, señorías, se sentirá muy feliz al ver aprobada esa ley, porque seguro que estará compartiendo con nosotros este momento en estas Cortes Generales. Me refiero, como entenderán perfectamente, a Victoriano Ríos Pérez, que seguro que
estará siguiendo este intervención y que nos estará animando desde su casa en La Punta a que hagamos los deberes correspondientes y consigamos ese objetivo.
Señorías, depende de todos nosotros, depende de todos ustedes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.
Ningún grupo ha pedido utilizar el turno en contra para esta proposición.
Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Por tercera vez en los últimos seis años volvemos a discutir una proposición de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Mixto, de Coalición Canaria, que pretende la delimitación de los espacios marítimos de Canarias, con la intención de
reconocerle como un auténtico archipiélago y como un espacio marítimo y terrestre único y no como la suma de diversas islas o islotes.
Señorías, cuando estaba el ponente presentando la iniciativa y nos proponía una mirada sobre el territorio español de carácter archipielágico, me recordó un pasaje de El Gatopardo, no el habitual que se utiliza siempre de que cambie todo
para que en realidad no cambie nada, sino otro en que se establece una conversación entre el aristócrata y el político. El aristócrata le rechaza el ofrecimiento diciéndole: Yo todavía, porque soy mayor, no tengo tu misma capacidad de autoengaño.
Me da la impresión de que el riesgo de esta iniciativa es que nuestra mirada no sea miope o hipermétrope, es decir, que nuestra mirada no sea una mirada atípica y que la mirada del derecho internacional nos dificulte o nos impida -y siendo además
una mirada compartida por otros muchos- esa visión que propone el ponente. En ese sentido mi grupo parlamentario no va a poner ninguna dificultad a esta iniciativa. Mi grupo parlamentario tiene la mejor voluntad y la mayor capacidad de autoengaño,
pero tenemos dudas de que esta iniciativa no corra la misma suerte que han corrido iniciativas similares en esta Cámara: que las aceptemos de forma educada, que las tomemos en consideración y que finalmente duerman el sueño de los justos.
A mi grupo parlamentario no le gustaría porque no iría a favor del grupo proponente, no estima al grupo proponente quien aprueba esto únicamente para darle carpetazo. Ni tampoco iría a favor del parlamentarismo o de este Parlamento de nuevo
abrir una dinámica consabida, que no termina en un acuerdo ni en una modificación como a la que aspira el grupo parlamentario proponente, sino únicamente termina en una nueva frustración. Nosotros queremos hacer ejercicio también en política de
algo que no es el voluntarismo sino que es la confianza y, por tanto, vamos a votar favorablemente la toma en consideración. Una toma en consideración que coincide con la voluntad y la mirada del grupo proponente en un espacio singular, pero que
conoce las dificultades que existen para tener ese reconocimiento de espacio singular, ya que hasta lo que nosotros conocemos se necesita ser un Estado. Las dificultades que tiene un espacio que no es un Estado, que es parte de un Estado más amplio
y, por tanto, que tiene difícil encaje dentro del actual derecho internacional, que puede cambiar, pero que en todo caso, es la mirada compartida, no es la mirada únicamente de los que comparten el archipiélago, ni siquiera la mirada de aquellos que
en este caso tendríamos afinidad con la propuesta que nos hace Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, vamos a votar favorablemente la iniciativa con el optimismo de la voluntad pero con cierto pesimismo de la razón.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Macias, ¿desea intervenir en nombre de su grupo? (Denegaciones.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, intervengo ante la Cámara para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición de ley de delimitación sobre los espacios marítimos de Canarias.
El asunto que hoy centra la atención forma parte de una cuestión recurrente ampliamente tratada y debatida a lo largo de las últimas décadas, como bien recordó el portavoz del Grupo Mixto señor Perestelo y que por distintos factores no ha
tenido un desarrollo correlativo a pesar, dicho sea de paso, del modulado consenso que este asunto ha suscitado en las distintas etapas en las que se ha tratado. En este sentido no me gustaría dejar de hacer en mi intervención en el día de hoy un
justo reconocimiento a otros canarios destacados como Victoriano Ríos, Jerónimo Saavedra o Felipe Baeza, que estudiaron y defendieron con rigor este tema capital para los intereses de Canarias. En el día de hoy intentamos sumarnos nuevamente con
nuestro voto favorable, como ya hiciera mi compañera María Australia Navarro en el Senado en el año 2003 o mi compañero Pablo Matos aquí en el Congreso en la última admisión a trámite de esta proposición el 28 de junio de 2005. Como digo,
quisiéramos sumarnos a la edificante y no menos necesaria tarea de dar un nuevo y renovado impulso político a esta iniciativa de gran importancia estratégica para los intereses generales de Canarias, dada nuestra condición ultraperiférica, y por
ende también de extraordinaria importancia para España.
A la luz del enfoque que reza en el texto de la proposición, quisiera exponer y plantear una serie de reflexiones y consideraciones en nombre de mi grupo parlamentario (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En primer lugar, cabe
recordar, como todos sabemos, la falta de desarrollo legislativo de la Ley 15/1978, sobre la zona económica exclusiva, y las consecuencias que ello ocasiona a un territorio fragmentado con especificidades estructurales como es el nuestro. En
segundo lugar, permítanme hacer alusión a la declaración establecida por la Organización Marítima Internacional, ya que con
el empuje inicial de la Administración del presidente Aznar se dio un paso significativo a la hora de reconocer la especial sensibilidad de nuestra zona marítima. En tercer lugar, no está de más hacer referencia a la inexistencia de
aparente obstáculo jurídico a la hora de articular la delimitación de los espacios marítimos de Canarias, considerando particularmente la última sentencia dictada por la Sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo
en julio de 2008. Dicha sentencia estableció que no hay ningún impedimento legal en el derecho internacional para que el Estado trace las líneas exteriores de Canarias con vistas a definir la titularidad de las aguas archipielágicas. Por tanto, ni
la Convención de Naciones Unidas de Montego Bay de 1982 ni la legislación internacional impiden a España trazar las líneas archipielágicas de Canarias con el fin de declarar las aguas como españolas archipielágicas. Tampoco hay impedimento alguno
para el desarrollo de la Ley 15/1978, que en su artículo 1 -cito textualmente- dice que en el caso de los archipiélagos el límite exterior de la zona exclusiva se mediría a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos externos de las
islas e islotes que respectivamente los componen, de manera que el perímetro resultante siga la configuración general del archipiélago. Como ya se ha recordado en ocasiones anteriores, existe la posibilidad de llevar a cabo una amplia
interpretación del marco establecido en la Convención de Naciones Unidas, lo que por aplicación analógica permitiría reproducir naturalmente el esquema seguido por otros Estados mixtos, es decir, con territorio continental y con territorio insular.
Además de las islas y países señalados por el señor Perestelo, quisiera hacer especial referencia, y en nuestro entorno más próximo, a Portugal, donde ya tienen esa consideración tanto Madeira como las Azores.
Entre las razones de fondo que motivan la resolución de esta cuestión pendiente y sin ánimo de extenderme por razón de tiempo, quisiera decir que no es preciso explicar y resaltar aquí, por manifiesta obviedad, la crucial y decisiva
importancia que la delimitación de los espacios marítimos de Canarias guarda para la seguridad transversal de las islas en su vertiente jurídica de protección medioambiental, en materia de control delictivo, etcétera, teniendo en cuenta además que
gozamos de una situación geoestratégica que nos convierte en ruta marítima de paso obligatorio. En este sentido recientemente la Organización Marítima Internacional manifestaba que -y cito textualmente- se ha venido detectando en las últimas
décadas cierto deterioro de las aguas costeras debido al aumento del tráfico marítimo y a la contaminación que tal actividad conlleva. Piensen, señorías, que pasan por nuestras aguas alrededor de 1.500 buques petroleros al año, una cifra que, con
el desarrollo que se está intuyendo en el Golfo de Guinea, crecerá de manera exponencial, y otros muchos barcos que no tienen que dar cuenta de su contenido, con el riesgo que se infiere de esta afirmación. No nos encontramos por tanto ante un
debate menor en cuanto que, cuando hablamos de zona económica exclusiva, hacemos referencia a derechos de soberanía y administración de los recursos naturales, investigación científica marina, protección y preservación del medio ambiente, energía,
etcétera.
Finalmente queremos pedir a todas las fuerzas políticas desde esta tribuna que en el ulterior debate parlamentario presida nuestras actuaciones el consenso y que en el seno de la ponencia se abra un espacio para escuchar a expertos que
contribuyan a conseguir una ley que sea eficaz y positiva para el futuro de las próximas generaciones de isleños. No podemos convertir este asunto de extraordinaria relevancia para todos los españoles en un mar de confusión donde no prevalezca el
interés general para la defensa y garantía de ese mar que forma parte de nuestra identidad, que nos separa y que nos une, tan canario y español como la tierra de cada una de las islas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señorías.
Para mejor comprender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la materia contenida en esta proposición de ley creemos necesario hacer referencia a nuestra legislación propia y a la de naturaleza internacional enmarcada en los
compromisos suscritos por el Reino de España en los foros internacionales con competencias en la amplia materia de índole marítima. Por un lado el Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de
1982, firmado por España el 5 de diciembre de 1984, ratificado mediante instrumento de 20 de diciembre de 1996, depositado ante Naciones Unidas el 15 de enero de 1997 y publicado en el Boletín Oficial del Estado números 38 y 39, de 13 y 14 de
febrero respectivamente, marcan un campo que debemos tener presente. Por otro lado el objetivo de la proposición de ley objeto de este debate se recoge claramente en su artículo único: delimitación de los espacios marítimos de Canarias, que se
pretende definir como parte integrante de la superficie encerrada por el perímetro poligonal comprendido entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran la Comunidad Autónoma de Canarias, según se señala en su propio
actual Estatuto de Autonomía y para lo cual se propone el trazado de una línea poligonal de base recta cuyos vértices se corresponderán con los puntos más salientes y los extremos de las islas e islotes, configurando las aguas interiores desde las
cuales se contarán los restantes espacios marítimos reconocidos internacionalmente. Con ello el Grupo Parlamentario Socialista se identifica y este interviniente, como es obvio, también. La realidad es que hasta ahora, en treinta años de
democracia, el Gobierno español no ha procedido de forma unilateral al trazado de estas
líneas de base recta en el archipiélago canario, de manera que el perímetro resultante siguiera la configuración general del mismo, sino que se ha limitado a trazar líneas de base recta entre las islas más cercanas de Fuerteventura,
Lanzarote, Alegranza, La Graciosa, Montaña Clara y Lobos, en virtud de la Ley de 8 de abril del año 1967 y según reza en el Real Decreto de 5 de agosto de 1977, pese a que ya estaba en vigor la Ley de 4 de enero de 1977 sobre el mar territorial. En
consecuencia -y ojo a este dato, que debe quedar reflejado en el 'Diario de Sesiones'- no aplicando y desconociendo las expectativas generadas por la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona económica exclusiva, que en su artículo 1º, apartado
primero relativo al caso de los archipiélagos españoles, dice textualmente lo que aquí ha sido expuesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Específicamente en el párrafo segundo se dice: En el caso de los archipiélagos, el límite
exterior de la zona económica se medirá a partir de las líneas de base recta que unan los puntos extremos de las islas e islotes que respectivamente los compone, de manera que el perímetro resultante siga la configuración general de cada
archipiélago. Es decir, señorías, tenemos, por un lado, normativa comunitaria, normativa derivada de la Organización Marítima Internacional, normativa del Convenio Montego Bay de derecho del mar del año 1982 y, por otro, normativa interna española.
Los archipiélagos de Estado, es decir, grupos de islas -incluidas las aguas que las rodean- estrechamente relacionadas entre sí y sobre las cuales un determinado Estado denominado mixto ostenta soberanía además de sobre un territorio
continental, lamentablemente de forma explícita no están regulados expresamente en la Convención de Jamaica de 1982, sino que el régimen jurídico de sus espacios marítimos se asimila al de las islas en general. Ello supone, y ha traído consigo, una
clara y manifiesta discriminación de los archipiélagos de Estado con respecto a los Estados archipielágicos por cuanto esa discriminación es poco coherente desde un punto de vista lógico y técnico y se corresponde solamente con los intereses en
aquel momento del año 1982 de las grandes potencias marítimas y a las convenciones de los Estados archipielágicos.
A estos -¡ojo!- Estados archipielágicos se les concede la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de trazar líneas de base
archipielágica recta que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes emergentes más alejados del archipiélago para formar un perímetro que englobe las aguas archipielágicas y, sin embargo, nada de esto se permite a los archipiélagos de
Estado, aunque tampoco se prohíbe expresamente.
Partiendo, pues, de la base de que un archipiélago de Estado, que es nuestro caso, es una realidad gráficamente idéntica -repito, señorías, el archipiélago de Estado es una realidad geográficamente
idéntica- a un Estado archipielágico soberano e independiente, esto es, siendo indiferente el estatus político dependiente o independiente de dicha realidad y teniendo en cuenta que lo realmente determinante del principio archipielágico es el
fenómeno natural del archipiélago, podemos plantearnos las siguientes hipótesis: en primer lugar, las particulares condiciones geográficas de estos archipiélagos y en especial su lejanía con respecto del territorio al cual pertenecen pueden
considerarse una circunstancia especial o relevante para la delimitación marítima; en segundo lugar, la concurrencia de esa circunstancia especial o relevante constituirá un fundamento jurídico válido y equitativo para trazar líneas de base recta
formando un perímetro alrededor del archipiélago y delimitando a partir de ellas los espacios marítimos correspondientes, incluso cuando linden con los de terceros Estados. En este segundo supuesto, para lograr una delimitación equitativa, resulta
determinante considerar al archipiélago como un todo unitario. En consecuencia, cualquiera que sea el método práctico de delimitación adecuado en función de las demás circunstancias relevantes, considerar al archipiélago como una unidad supone que
la delimitación no deberá realizarse entres las costas del otro Estado y las costas insulares de cada una de las islas que componen el archipiélago sino entre aquellas y el correspondiente segmento del perímetro archipielágico. Ahora bien, tampoco
se trataría de aplicar el régimen convencional previsto para los Estados archipielágicos a los archipiélagos de Estado ampliando su ámbito de aplicación, sino simplemente de permitir que sus espacios marinos se delimiten desde un perímetro
archipielágico, ya que lo contrario no sería equitativo en la medida en que se iría contra el principio de respeto a la naturaleza, desconociendo el hecho de que los archipiélagos son geográficamente un todo unitario y como tal deben ser tratados a
efectos de delimitación de sus espacios marinos. Señorías, esto es doctrina sentada por la academia, por los catedráticos de derecho internacional público de nuestro país y doctrina sentada por la Unión Europea. Esta es la razón por la cual este
interviniente lleva a cabo estos razonamientos.
Cierto es que aquí cabría preguntarnos por el viejo adagio según el cual todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Este es el concepto que queremos defender en la tramitación de este proyecto de ley cuando ya rebase las
fases en las que nos encontramos, porque estimamos que desde luego hay un desequilibrio, un tratamiento desigual entre los Estados archipielágicos y los archipiélagos de Estado. Los archipiélagos son un fenómeno natural con independencia de la
situación geopolítica de los mismos. Aquí en España el Grupo Socialista y este interviniente mantenemos el ejercicio intelectual de que la cuestión de si un archipiélago lo es de un Estado mixto o constituye un Estado archipielágico resulta a todas
luces un hecho intrascendente o irrelevante, dado que el fundamento del principio archipielágico reside en las particulares características que configuran jurídicamente a un grupo de islas como un archipiélago en sentido geopolítico. Sin embargo,
hasta ahora los sucesivos gobiernos no han utilizado esta posibilidad, en la que nosotros sí creemos y que se encuentra expresamente prevista en la Ley 15/1978, de zona económica
exclusiva. Así lo han hecho Dinamarca, Ecuador y Noruega con sus correspondientes archipiélagos.
Toda esta doctrina, señorías, ha sido corroborada por el Tribunal Supremo español, que ha dictado dos sentencias, una en el año 1992 y otra en el año 2008. En esas sentencias queda muy claro. La primera es ante el recurso de la Compañía
Trasmediterránea, que tenía que pagar unos cánones vinculados al combustible que consumía en el transporte interinsular en la comunidad canaria, y la segunda, del año 2008, dictada por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Supremo, lo deja muy claro ante un recurso de la compañía Telefónica, que tenía que tender un cable telefónico desde un punto de la isla de Gran Canaria a un punto de la isla de Tenerife. Recurrió una disposición de la Audiencia ante el
Tribunal Supremo y éste le dio la razón y recomienda al Gobierno de España que de una vez por todas ponga en marcha los contenidos recogidos en la Ley del año 1978. No obstante, tal doctrina del Tribunal Supremo no puede considerarse aislada. Esta
es una doctrina que el Tribunal Supremo recomienda al Gobierno aprovechando para pronunciarse en la legitimación del Gobierno del Estado para trazar líneas archipielágicas conforme a la normativa interna e internacional y, en consecuencia, es una
recomendación que eleva al Gobierno y de la que creo que el Grupo Parlamentario Socialista y los restantes grupos debemos hacernos eco.
En suma, con estos argumentos de naturaleza jurídica que acabamos de exponer hemos puesto de manifiesto nuestra clara posición a favor de la admisión a trámite y nuestro serio compromiso para estudiar a fondo lo que significa toda la
temática que esta proposición de ley conlleva, lo que para el nuevo Estatuto de Autonomía implica que no se violenta el principio básico de libre circulación de las embarcaciones que pasen por nuestras aguas.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, debe acabar.
El señor SEGURA CLAVELL: En consecuencia se trata de consolidar un proyecto en el que cree la mayoría de los ciudadanos que residimos en la comunidad canaria y en el que tiene que creer la mayoría de los ciudadanos españoles aquí
representados por sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2010. (Número de expediente
162/000532.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (PNV), sobre las prioridades y objetivos de la Presidencia española del Consejo de la
Unión Europea en 2010.
En primer lugar y para la defensa de la proposición, por el Grupo Socialista tiene la palabra don Juan Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Debatimos hoy esta proposición no de ley que presenta una importante doble dimensión, una proposición no de ley que presenta un importante acuerdo sobre los objetivos y prioridades de la Presidencia española del primer semestre de 2010. Una
dimensión doble, como decía, por la implicación política que tiene un acuerdo como este, un acuerdo de calado, un acuerdo de Estado sobre estas prioridades, y también por su dimensión concreta sobre su contenido, un acuerdo sobre la agenda y sobre
las prioridades, con muchas cuestiones concretas y específicas a las que luego haré referencia. Es un texto extenso y quiero dar las gracias a todas las personas que han intervenido en la larga negociación y redacción de esta iniciativa. Primero
al equipo de mi propio grupo liderado por Elena Valenciano y en el que han participado los eurodiputados Ramón Jaúregui y Enrique Gurrero además de yo mismo; por supuesto a los portavoces de otros grupos, como don Miguel Arias Cañete del Partido
Popular, al portavoz vasco Josu Erkoreka y por el Grupo Catalán los diputados Josep Antoni Duran i Lleida y Jordi Xuclà. En definitiva, un acuerdo para apoyar e impulsar la acción del Gobierno español durante la Presidencia española de la Unión
Europea y un acuerdo sobre elementos troncales en materia de construcción europea, de refuerzo de las políticas comunes y sectoriales y también de aplicación de nuevos instrumentos y políticas del nuevo Tratado de Lisboa.
Señorías, en las últimas dos semanas hemos alcanzado dos importantes acuerdos en esta Cámara. El primero -al que ha hecho antes referencia el diputado Sáez Jubero en su intervención- sobre la aplicación de los principios de proporcionalidad
y subsidiariedad, y el papel que los parlamentos nacionales en coordinación con los parlamentos autonómicos van a desempeñar a partir de ahora en el nuevo marco comunitario. Acuerdo que constituye un avance en el parlamentarismo y una profunda
transformación, porque si realmente queremos primero que el proceso político europeo se legitime es necesario que los parlamentos nacionales intervengan en él para que no se le acuse de que se hace a espaldas de la soberanía de los ciudadanos, y
también porque es el único camino para reforzar el conocimiento de los ciudadanos sobre la construcción europea.
Solo así, con este nuevo papel de los parlamentos nacionales podremos seguir avanzando hacia la unión política y también podremos tener
a los ciudadanos motivados y partícipes en este proceso. Más Parlamento, más ciudadanos y más Europa.
El segundo acuerdo, señorías, es el que hoy debatimos relativo a esta proposición no de ley y confío en que goce hoy de un amplio acuerdo en esta Cámara. Quiero resaltar el hecho de que los partidos que hemos suscrito este acuerdo hemos
querido concederle un carácter parlamentario porque, como decía, las Cortes van a ser a partir de ahora un lugar fundamental para construir Europa. También quiero recordar que lo hacemos a pocas semanas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
en el marco del amplio consenso con que este nuevo tratado tan deseado cuenta en nuestro país. Un acuerdo, este que votamos hoy, señorías, que demuestra que en el inmenso océano de la política, en la búsqueda de consensos y acuerdos de Estado, la
brújula europea sigue funcionando bien. Sin duda, esta brújula europea es el principal instrumento de navegación de nuestra democracia. No es poca cosa, señorías, porque a veces, como ha ocurrido en las últimas horas, es lo único que tenemos. Y
lo digo hoy, un día importante, a dos semanas de la entrada en vigor de la Presidencia española, un día antes de la comparecencia del Presidente del Gobierno ante esta Cámara y desde esta tribuna para explicar las prioridades de la Presidencia y
también tras las dieciocho comparecencias de todos los ministros y vicepresidentes en la Comisión Mixta para la Unión Europea, en un proceso inédito y nuevo que ha demostrado la voluntad de este Gobierno, sin duda, por llegar al máximo en su
esfuerzo de información a las Cortes sobre la Presidencia. En este sentido, quiero agradecer también el esfuerzo del secretario de Estado, don José Luis de Francisco y de su equipo a la hora de organizar y coordinar todas estas comparecencias.
Digo que no es poco el acuerdo que hoy debatimos, y lo digo hoy especialmente, insisto, porque aunque algunos lo duden este texto contiene una clara hoja de ruta para salir de la crisis.
Señorías, la lucha por la recuperación económica y la consolidación de un nuevo modelo de crecimiento que genere empleo estable y de calidad constituyen el punto primero y esencial del acuerdo. Incluye cuestiones prioritarias
importantísimas, como la renovación de la estrategia de Lisboa, la integración de la política energética europea o el desarrollo de políticas comunes para hacer frente al cambio climático. Es un acuerdo de escala europea muy relevante porque,
insisto, tiene connotaciones claramente nacionales, no solamente porque afecta a cuestiones que solo podrán ser abordadas desde una dimensión europea, sino porque contiene claras implicaciones en la política doméstica sobre la que tanto cuesta
alcanzar acuerdos en temas fundamentales, más aún tras la presentación del proyecto de ley de economía sostenible y más aún tras el desacuerdo de ayer en la Conferencia de Presidentes. El texto que hoy votamos es un gran paso adelante porque
incluye compromisos muy importantes que deberían trasladarse pronto a la política nacional. Además, demuestra que existe más margen de acuerdo en muchos ámbitos del que algunos quieren reconocer. Por ejemplo, el acuerdo reconoce tanto el carácter
imprescindible de las políticas de gasto y expansión fiscal que han servido para reducir el impacto de la crisis y la destrucción de empleo -lo reconoce- como la necesidad de ir moderando su volumen, de ir saliendo para cuando aparezcan indicadores
consolidados que anuncien el comienzo de la recuperación. Principios estos, tanto el de las medidas fiscales como el de la salida necesaria, sobre los que no vendría mal alcanzar un acuerdo y cerrar el artificial debate que existe en nuestro país.
A esta prioridad absoluta se le unen otras siete que ustedes conocen bien: avanzar en la ciudadanía europea del siglo XXI; fortalecer el espacio de Seguridad, Justicia y Libertad; aplicar el Tratado de Lisboa; impulsar Europa en el mundo
como actor global; la política exterior europea; consolidar la política europea de regiones ultraperiféricas, de ultraperificidad; poner en marcha un nuevo modelo energético europeo; y también empezar a reflexionar sobre el nuevo marco
financiero, los nuevos presupuestos de la Unión Europea que deberían entrar en vigor en el año 2014.
Señorías, y termino ya, señor presidente, nos jugamos mucho en este semestre. Los retos a los que nos enfrentamos son muy importantes y solo podrán ser superados con políticas, primero, de consenso, con políticas supranacionales y políticas
que se hagan, sobre todo, desde Europa. Ha habido enmiendas al texto, y quizá luego podremos hacer referencia a las mismas, que estamos dispuestos a aceptar de varios de los enmendantes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.
En nombre del Grupo Popular y para la defensa de la proposición tiene la palabra don Jorge Moragas.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Gracias, presidente.
Señorías, presentamos a la Cámara un esfuerzo conjunto de consenso cuyo principal objetivo es que el Gobierno cuente con la orientación y el respaldo de la soberanía, a la hora de abordar las importantes responsabilidades que se derivan de
la Presidencia europea de la Unión Europea. Olvidaremos por esta ocasión los retrasos habidos y la displicencia del Gobierno, que en un primer momento parecía poco o nada interesado en contar con la participación de la Cámara.
La iniciativa que hoy planteamos conjuntamente ha sido el resultado de un trabajo sostenido y de una voluntad política conformada a lo largo de varios meses. Es importante recordar el relato de lo ocurrido e identificar el origen de este
impulso para el consenso. Al inicio del curso, en septiembre, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Mariano Rajoy, presentó a la sociedad española un documento denominado, Propuestas populares para Europa. Ese documento fue el resultado
de la reflexión constructiva que hizo el Partido Popular pensando en la Presidencia española. Y lo hicimos con tiempo, como deben hacerse las cosas. Ante la gravedad de la situación económica de España y ante el deterioro,
en nuestra opinión, que estaba sufriendo la imagen exterior de nuestro país, nuestro partido, por indicación del presidente, nos encargó este trabajo. La idea era muy sencilla: aquí no se la juega Rodríguez Zapatero, aquí se la juega
España. España tiene la oportunidad en esta Presidencia de marcar una agenda europea que deje una huella española en la Unión de la que todos los españoles nos podamos sentir orgullosos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la
Presidencia.) Una huella que permita que cuando a este Gobierno le suceda otro, los nuevos gobernantes hereden una posición en Europa asumible y una agenda de trabajo creíble. Uno de los objetivos es evitar desandar el camino transitado durante la
Presidencia española. El Partido Popular ha trabajado este consenso para proyectar también solidez y continuidad a una política de Estado, pero, señorías, que nadie se lleve a engaño; en esta proposición no de ley se insta al Gobierno a trabajar
unas prioridades que no se agotan en la Presidencia española, sino que deben ser continuadas por la Presidencia húngara y la Presidencia belga. En síntesis, la idea que defendemos es que esta no es una agenda para seis meses sino que es una agenda
para dieciocho meses como mínimo. Hemos trabajado esta iniciativa negociando, enmendando, modificando el texto inicial en varias ocasiones durante más de un mes, hasta que hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo que hoy presentamos al refrendo de
la Cámara no es una declaración de intenciones ni un salvoconducto para que el Gobierno se cubra las espaldas políticamente. Más bien es el documento de referencia que nos servirá para dentro de siete meses comenzar a evaluar la Presidencia
española en función del cumplimiento de los compromisos suscritos hoy aquí. Este documento demuestra que si hay voluntad de trabajo en común por el Partido Socialista, aquí está el Partido Popular para aportar ideas y propuestas, para enriquecer y
encauzar la defensa del interés general. Prácticamente todas nuestras propuestas del documento original del Partido Popular han encontrado asiento en la proposición no de ley que hoy presentamos. Incluso podríamos decir que el Partido Socialista
ha captado nuestras ideas para Europa, ideas que rechaza para España. En todo caso, esa es otra cuestión.
Permítanme, señorías, sintetizar lo que considero que es el núcleo, el tuétano de la iniciativa. Aquí se plantean cuatro retos esenciales. En primer lugar, organizar bien la estrategia de salida de la crisis económica y financiera, esto
es, mediante la progresiva retirada de los apoyos fiscales y la necesaria vuelta a los saludables criterios de estabilidad, control del gasto, en definitiva. En segundo lugar, el reto del cambio climático. Si hay acuerdo en Copenhague habrá que
desarrollar una estrategia conjunta para implementarlo, pero si no hay acuerdo habrá que articular medidas para evitar la deslocalización de empresas en Europa cuando ésta decida aplicar su compromiso del 20-20-20. Tercer reto, el reto del
presupuesto y la agricultura. La Presidencia española debe influir desde ya para que las líneas maestras que la Comisión presente en junio tengan en cuenta los intereses españoles. Los agricultores y los ganaderos de toda España es lo que han
pedido hace escasas fechas en las calles de Madrid. Nosotros les hemos escuchado, y espero que el Gobierno haya entendido también el mensaje del campo español. Y, en cuarto lugar, el reto de una verdadera política exterior común.
Señorías, ya ha llegado el momento de que la Unión Europea se proyecte al mundo de un modo unívoco, claro y con determinación. El mundo del siglo XXI no puede decidirse sin Europa. Sobre este punto debemos reconocer que ha habido
diferencias insalvables en este acuerdo. Por ejemplo, Cuba ha quedado fuera del mismo. Bien es cierto que el ministro Moratinos anunció desde La Habana que Cuba sería una de las prioridades de la Presidencia española europea. Al no figurar Cuba
en la relación de prioridades que se relatan en la proposición no de ley, entendemos que si la Cámara aprueba esta proposición no de ley en cierto modo estará enmendando al ministro en esta pretensión. En todo caso, sabemos que el ministro
Moratinos perseverará en su idea e intentará cambiar la posición común. Nosotros, con el mismo espíritu de consenso que ha alumbrado este acuerdo, le pedimos al ministro, incluso le suplicamos, si hace falta, que no vacíe nuestra política exterior
en Europa de los valores y, sobre todo, de la defensa de los derechos humanos. Esa es una cuestión para nosotros innegociable, porque no se negocia la identidad de Europa que está precisamente en sus valores.
Quiero hoy aquí en esta tribuna agradecer y reconocer el trabajo del excelente equipo Popular que me ha acompañado en esta tarea de consenso.
A Miguel Arias Cañete, a Soledad Becerril y a Luis de Grandes, que han demostrado ser como el
apellido de este último, grandes y sabios. A los eurodiputados y diputados que han aportado su conocimiento, a los asesores del Congreso y de Génova, que se han vaciado en esta tarea tan importante para España. Todos ellos y mi grupo
parlamentario, con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, también merecen un reconocimiento. Y por qué no, quiero agradecer la buena disposición de la delegación socialista encabezada por Elena Valenciano.
Termino ya. Es cierto que el interés general de España como nación existe, por lo menos yo lo he visto en las reuniones que hemos mantenido ambas delegaciones en los despachos de este Congreso de los Diputados, y hoy lo podemos tocar en el
texto que vamos a aprobar. El sentido de Estado y la defensa del interés general existen, están aquí y seguramente se manifiesta en raras ocasiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Moragas, termine, por favor.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Voy terminando.
Solo hace falta voluntad política, trabajar los temas con tiempo y con antelación, no como ocurrió ayer, y
pensar en el interés general y, sobre todo, saber mirar un poquito más allá de la primera colina.
Gracias, presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moragas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán como grupo coautor y cofirmante de esta iniciativa que pretende ser una expresión de consenso -y de consenso parlamentario- ante el inicio de la Presidencia española a partir del
próximo 1 de enero. En el inicio de los debates de esta iniciativa que, cronológicamente, se deben describir como una propuesta inicial del Partido Popular que formuló al grupo de la mayoría, el Grupo Catalán en el Comisión Mixta para la Unión
Europea viene insistiendo en que Europa y el europeísmo no pueden ni deben ser una cuestión de pacto y de diálogo entre dos; que Europa y el europeísmo están en los elementos fundacionales de algunos otros grupos políticos representados en esta
Cámara y que, afortunadamente, a diferencia de otros parlamentos, este es un parlamento en el cual no se pueden detectar elementos políticos euroescépticos. Cada partido político, cada formación, cada grupo, desde su singularidad y desde su acento
debe y puede participar en la formulación de esta política de consenso de cara a la Presidencia semestral. Así, cuatro grupos parlamentarios planteamos un texto conjunto que espero y deseo que durante este tarde pueda recibir el apoyo también de
otras fuerzas políticas. Permítanme que ponga el acento en algunas de las aportaciones y preocupaciones del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
En primer lugar, sin duda la primera de las prioridades de la Presidencia española deberá ser adoptar las medidas oportunas para salir de la crisis económica a partir de un marco que es el de la economía de mercado, a partir de una revisión
de la regulación de los mismos, a partir de la actualización de un gran reto que es la supervisión de los mecanismos de control de los sectores financieros, y a partir de la búsqueda de nuevos sectores innovadores para la creación de riqueza. En
segundo lugar, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha tenido un especial interés en poner el acento en la importancia de que durante el semestre de la Presidencia española se redefinan los ejes prioritarios en materia de
infraestructuras, siendo tres los ejes que interesan a España. Los tres son compatibles pero entenderán que para el Grupo Catalán es importante que el eje mediterráneo, este eje de transporte de mercancías ferroviario pero también de
infraestructuras de alta capacidad de autovías y autopistas que va de Algeciras hasta Helsinki, adquiera la condición de eje prioritario dentro de la planificación europea. En tercer lugar, y en el ámbito de la revisión de las políticas de
seguridad y política interior, también es un buen momento para hacer una muy singular contribución española a la agilización de los visados para aquellas personas que vienen a España a consumir; el primer sector económico de España es el turismo.
En cuarto lugar, será durante la Presidencia española cuando se va a definir un nuevo modelo energético y será la Europa a Veintisiete la que tendrá que participar en esta definición. En quinto lugar, es evidente que debemos afrontar este semestre
para definir la Agenda posLisboa para acceder al objetivo de la plena ocupación, que no se ha cumplido para 2010, del mejor espacio de educación y conocimiento del mundo en la perspectiva del próximo decenio.
En sexto lugar, Europa durante estos
seis meses también tiene que ser un gran espacio de profundización en su condición de actor en la política internacional, especialmente en dos dimensiones: en la actualización de la política euromediterránea, que nació bajo Presidencia española el
año 1995, y en el fortalecimiento de los vínculos transatlánticos que siempre para Europa y para España -más allá del color político en España y en Estados Unidos- deben ser una prioridad.
Dos referencias finales. También este será un semestre para dar paso al inicio de dos nuevos instrumentos muy importantes de la institucionalidad definidos en el Tratado de Lisboa. En primer lugar, la figura del presidente permanente,
representante durante dos años y medio. Esta es una figura de nueva creación y dependerá de la Presidencia española en buena medida crear el precedente, que esta no sea una figura que presida simplemente los consejos de los presidentes y jefes de
Estado de los Estados miembros, sino que tenga una lógica fuerte, una lógica de la Europa federal. En segundo lugar, es el momento de poner también en funcionamiento un servicio exterior que permita que Europa tenga una representación directa en
130 Estados del mundo.
Señorías, es también una preocupación y un interés muy prioritario del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la profundización en el carácter plurilingüístico y el reflejo del carácter plurilingüístico del Estado español en las
instituciones europeas. Este es un acuerdo que se ha construido a partir del criterio de la unanimidad de los distintos grupos que hemos participado en el mismo. Ha sido voluntad del Grupo de Convergència i Unió incorporar también, -y por eso
hemos presentado la enmienda que espero que pueda ser incorporada y votada por los restantes grupos, para subrayar y reiterar nuestro deseo- la importancia de que durante el semestre de la Presidencia europea se continúe trabajando en la expresión
del carácter plurilingüístico de España en los órganos y las instituciones europeas, reconociendo aquello en lo que hemos trabajado y conseguido en los últimos años en la Comisión, en el Consejo Europeo, en el Tribunal de Justicia y en el Tribunal
de Cuentas, pero recordando que queda una gran asignatura pendiente, que es el uso de las distintas lenguas cooficiales distintas del castellano en el ámbito del Parlamento Europeo. Hubo un intento -que fue fracasado- en la anterior legislatura, y
acogemos favorablemente
la expresión en sede parlamentaria formulada por el secretario de Estado para la Unión Europea el miércoles de la semana pasada, coincidiendo con los planteamientos de los postulados de Convergència i Unió y asumiendo como propia la
prioridad del Gobierno de que durante la Presidencia española se trabajará también en reflejar en las instituciones europeas, y singularmente en esta gran asignatura pendiente que es el Parlamento Europeo, esta pluralidad lingüística que es
constitutiva de nuestra realidad como Estado.
Por ello pido el voto favorable al resto de los grupos y a todos aquellos que han presentado enmiendas, para poder forjar y ampliar este consenso, que es un buen precedente y un buen inicio del semestre de la Presidencia española de la Unión
Europea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el próximo 1 de enero constituirá sin duda una fecha reseñable para los europeístas de esta Cámara, y lo será por varias razones. En primer lugar, por supuesto, porque ese día arrancará la Presidencia española que se desarrollará
a lo largo del próximo semestre, lo cual siempre constituye un estímulo para incrementar el compromiso con la Unión Europea de los ciudadanos del Estado miembro al que le corresponde en cada ocasión ese honor. No solamente por esa razón será
importante el inicio del año 2010, y digo que no solo lo será por esa razón porque el Estado español ha ejercido la Presidencia rotatoria en otras tres ocasiones anteriores y en ninguna de ellas se ha podido ponderar con tanto rigor como en esta la
transcendencia del momento. Lo que cualifica la ocasión -a juicio de mi grupo parlamentario-, lo que la hace distinta de las presidencias anteriores es el hecho de que en este caso la Presidencia semestral coincide en el tiempo con el primer y
además el principal impulso que ha de recibir el proceso de aplicación del Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre, pero cuyas previsiones institucionales solo empezarán a hacerse efectivas a partir del próximo mes de enero.
Desde esa fecha los órganos comunitarios estarán en condiciones de adoptar decisiones más eficaces y más democráticas, y gozarán además de una plataforma institucional adecuada para diseñar e implementar una política exterior coherente y efectiva.
Actuarán o al menos tendrán condiciones para actuar en un marco institucional inédito, que ha sido expresamente concebido y diseñado para ganar en transparencia y también en eficacia. El momento por tanto es importante, requerirá de grandes dosis
de clarividencia y determinación por parte de los llamados a gestionarlo, porque de lo que se haga o no se haga durante este periodo, es más, de lo que se haga bien o de lo que se haga mal durante los próximos meses dependerá en buena parte el hecho
de que la aplicación del Tratado de Lisboa se lleve a cabo con arreglo a un firme compromiso europeísta o muy alejado de este espíritu.
Hay un segundo motivo que autoriza a destacar con justicia la trascendencia de este momento. La Presidencia española y la puesta en marcha del Tratado de Lisboa coinciden en el tiempo con una feroz crisis económica, una crisis económica que
está poniendo a prueba la capacidad de la Unión Europea para promover actuaciones coordinadas y eficaces de lucha contra la recesión, pero coincide también en el tiempo con un notable avance de la conciencia europea y mundial en torno a los riegos
que entraña el cambio climático y la necesidad, cada vez más apremiante, de adoptar compromisos terminantes en favor de la protección del medio ambiente y del crecimiento económico sostenible. Es, en definitiva, todo este cúmulo de coincidencias,
de importancia crucial para el futuro del proyecto europeo en un entorno global viable, el que determina la trascendencia del momento. Por eso me permito reiterar ahora, después de estas reflexiones, la consideración básica con la que di comienzo a
mi intervención. El próximo 1 de enero será una fecha reseñable para todos los europeístas. La proposición no de ley que hoy sometemos a la consideración de la Cámara recoge las bases compartidas que, a juicio del los grupos parlamentarios que la
suscribimos, permitirán responder con determinación y con acierto a estos retos que la Unión Europea ha de afrontar en el próximo futuro. La proposición incorpora un amplio elenco de medidas que, gestionadas desde una actitud de máximo compromiso
con el proyecto europeo, podrán sin duda ayudar a recuperar y reforzar el interés y la ilusión de los ciudadanos en la construcción de la Unión Europea, algo que se había diluido francamente durante los últimos meses.
El programa de actuaciones que
la proposición contempla afronta las cuestiones más importantes y también las más urgentes que Europa tiene planteadas en este momento. Su ponderada implementación puede constituir un importante espaldarazo para la causa europeísta; así lo creemos
al menos quienes la suscribimos.
Señorías, Europa vive momentos decisivos. Su sentido político y su viabilidad futura dependen en buena medida del acierto con el que seamos capaces de gestionar la delicada coyuntura que hoy atravesamos. Nadie puede desentenderse del
proyecto europeo. Europa es para los europeos el buque en el que navegamos en los mares de la globalización, y el buque es imprescindible para que no acabemos todos hundidos. El documento que hoy presentamos puede constituir un excelente puerto de
partida para iniciar una singladura con vocación de ser fructífera y satisfactoria. Por eso pedimos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios de la Cámara, porque la proposición nace con vocación integradora y tiene como propósito ampliar el
consenso sobre el que descansa a otros grupos parlamentarios que puedan coincidir
con la sintonía básica que inspira el proyecto, que es profundamente europeísta, profundamente comprometido con el proyecto europeo, y con la implementación desde el espíritu más europeísta posible del Tratado de Lisboa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Erkoreka.
Para defender las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Tanto desde Iniciativa como desde Izquierda Unida consideramos que esta proposición no de ley tiene, en primer lugar, un vicio, el de su método.
Es una proposición no de ley pactada para toda la Cámara, pero firmada exclusivamente por
determinados grupos. Así se ha querido que sea. En cualquier caso, queremos constatar ese vicio, ese pecado original. En segundo lugar, en parte, los contenidos y es que esta Presidencia tiene todo como prioritario, hablar con ONG, con actores
sociales, con actores económicos; lo prioritario es todo. En esta proposición no de ley se vuelve a priorizar el todo absoluto, y a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque entendemos precisamente que la Presidencia debería liderar una salida
solidaria de la crisis, donde se enfatizase la necesidad de mantener esas políticas expansivas y anticíclicas, que hoy en Europa son importantes que se mantengan, pero que en España son imprescindibles que se mantengan. Asimismo, debería plantear
liderazgo desde lo ambiental, pero un liderazgo concreto, tal como les están planteando desde foros europeos para que exista ya un nuevo tratado de las energías renovables, igual que existe el Euratom. En un contexto como el del 2010,
necesitaríamos de esa radicalidad lúcida que hoy le falta a la Unión Europea y que aún no se plantea por parte de esta proposición no de ley. En el marco institucional necesitaríamos también de mayor liderazgo para que haya procedimientos
normalizados que, por ejemplo, otorguen al Parlamento Europeo la capacidad de iniciativa legislativa, que hoy no se le incorpora ni se le mantiene. En el ámbito internacional requeriríamos que España liderase precisamente aquellos aspectos que
tiene como asignatura pendiente y hoy Europa y España en particular tienen una asignatura pendiente. Esa asignatura pendiente es Sáhara, ese tema que España no ha querido plantear como una asignatura pendiente por parte de la Unión Europea, y que
España deberá liderar para garantizar que de una vez por todas se consiga lo que llevamos tantos años de retraso. Eso es lo que nosotros echamos en falta y ese es el motivo por el que hemos incorporado multitud de enmiendas; enmiendas que
garantizasen también que desde la Presidencia española se liderase para reconocer el papel de regiones y de parlamentos autonómicos en esa España tan plural, tan plurinacional, tan plurilingüística, que tiene que tener una concreción también de
liderazgo en la Presidencia española, que no hemos visto, por otro lado, en la proposición no de ley. Por eso hemos presentado enmiendas y por eso no vamos a dar apoyo a la proposición no de ley.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.
Señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señora presidenta. Para ser breves intervendré desde el escaño, si me lo permite.
Esta es una proposición no de ley que como se ha dicho llega quince días antes de la Presidencia española de la Unión Europea. Aparentemente el hecho de que en este plazo tan perentorio se discuta esta proposición no de ley, nos sugiere dos
cuestiones en cuanto al método. La primera ya la ha planteado mi compañero Joan Herrera, con relación al hecho de que hoy el Gobierno, el grupo que le da apoyo y también el Partido Popular, lo que buscan es una cierta legitimación parlamentaria a
una propuesta que surgió unilateralmente desde el Gobierno y que luego fue pactada con el principal grupo de la oposición, pero nunca con la voluntad de alcanzar un acuerdo o con el concurso de todas las fuerzas políticas. De hecho, hay otras
fuerzas políticas que se han planteado su concurso en esta iniciativa más que nada como un auténtico contrato de adhesión y, por tanto, su presencia es más bien testimonial.
La segunda observación se refiere a la ausencia, en este caso, de las comunidades autónomas en el diseño de las principales directrices y objetivos de esta Presidencia europea. Y lo digo al día siguiente del fiasco que tuvo lugar en el
Senado con la Conferencia de Presidentes Autonómicos. La ausencia de las comunidades autónomas en este diseño choca y colisiona frontalmente, señora presidenta, señorías, contra la necesidad de consolidar una Unión Europea, no como un club de
Estados sino también como un auténtico reflejo de la pluralidad no solo Europea, sino también de la diversidad interna de la mayoría de Estados que la componen, que son como ustedes saben Estados compuestos. Eso es básicamente lo que plantean
algunas de nuestras enmiendas que, por cierto, se inspiran en algunas propuestas que ha sugerido el Gobierno catalán y que dirigió en su momento al Gobierno español sin que fuera atendidas. Es decir, aprovechar esta ocasión para mostrar a Europa no
solo su compromiso con su base pluricultural y plurilingüe, y por tanto abanderando también estos derechos a nivel europeo, sino también otorgando a las comunidades autónomas en el seno de la Unión Europea una visibilidad de la que hoy no disponen.
Me refiero a la garantía de la participación de las comunidades autónomas en los consejos europeos, al despliegue de las distintas novedades institucionales del Tratado de Lisboa
que potencian la presencia de las regiones a nivel europeo, también a la reforma de la política europea de cohesión para que participen las instituciones territoriales del Estado y, finalmente también, al respeto de la distribución
territorial interna del Estado español, por tanto, a la complejidad propia -insisto- de un Estado compuesto y plural.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para defender las enmiendas por él presentadas, tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Intervengo desde el escaño y primero quiero valorar en nombre de Coalición Canaria el trabajo realizado por los grupos parlamentarios, como aquí se ha puesto de manifiesto, en la elaboración de un documento que puede ser positivo a la hora
de establecer los criterios y prioridades de la Presidencia española de la Unión Europea. Para nosotros es importante que se entre en detalles como, por ejemplo, el Gran Telescopio Europeo Extremadamente Grande en el Observatorio del Roque de los
Muchachos, en Canarias. Sin embargo, hay dos asuntos en los que nos parece que no se entra en profundidad, motivo por el que planteamos estas enmiendas. Por un lado, en cuanto al transporte, aspecto que produce cohesión si hablamos de regiones
ultraperiféricas, debemos establecer criterios que permitan el establecimiento de ayudas del Estado al transporte, porque eso posibilita acuerdos como el obtenido, por ejemplo, en la Ley de Puertos, que en estos momentos se está debatiendo en la
Cámara. Asimismo, cuando hablamos del programa aprobado en la Cumbre de Estocolmo, en el espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, la referencia a los menores extranjeros no acompañados nos parece insuficiente; creemos que es necesario
establecer un compromiso mucho mayor en lo que se refiere a la tutela de estos menores extranjeros no acompañados y de ahí la presentación de esta enmienda de adición.
Por último, en el marco de la Comisión Mixta para la Unión Europea se ha creado una ponencia para establecer la estrategia de las regiones ultraperiféricas en el marco de la Unión Europea. Parece razonable que esta Cámara incorpore las
resoluciones de esa ponencia en esa Comisión al documento que sirva de guía o de modelo en la Presidencia española.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el mismo grupo, para fijar posición tiene en primer lugar la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Cada vez que he tomado la palabra en nombre de mi partido he pedido máximo esfuerzo a los grupos mayoritarios para intentar superar diferencias y llegar a acuerdos en temas importantes. Por tanto, hoy, este acuerdo, que supone una isla en
el mar del desencuentro por el que navegamos habitualmente, merece nuestra felicitación. En este caso quiero añadir que para mi partido, UPN, la Presidencia de la Unión Europea no puede ser una carga, ni puede ser una excusa, ni puede ser un
altavoz internacional para airear nuestras disputas internas o nuestras contradicciones.
Tampoco sería bueno negar que también el proyecto europeo padece los efectos de la crisis económica, social y de valores, que soporta nuestra civilización.
Por un lado, la crisis ha hecho que todos los países se miren hacia dentro y se retraigan en aquellos proyectos más alejados del día a día, obviamente pensando que así pueden responder mejor a la defensa de sus intereses, porque la desconfianza,
señorías, se ha instalado en todas nuestras decisiones. Por otro, no parecen claros las prioridades y los objetivos de la Unión, lo que traslada una preocupante crisis de identidad del proyecto común europeo, como reflejan los debates iniciados en
la vecina Francia. Igualmente los Estados-nación, que han impulsado procesos de vaciamiento de competencias, tanto a nivel infranacional como supranacional, están obligados ahora a examinar la viabilidad económica y productiva del andamiaje
institucional creado. Por último, sobrevolando todos esos perversos efectos de la crisis, el despliegue fáctico de un relativismo radical generalizado, como señal identitaria de los tiempos que vivimos, que implica cuestionarlo todo y tener que
estar permanentemente legitimando y justificando cada una de las decisiones e instituciones y su compatibilidad con criterio de utilidad. Incluso tendremos que reconocer, señorías, igualmente -hoy más que ayer-, que resulta difícil construir una
unidad política y social superior o pretender que la ciudadanía crea en ella si no somos capaces de garantizar, ni de creer, ni de defender las bondades y los beneficios de nuestra propia Unión.
Señorías, en todo caso, cada vez que por turno presidimos la Unión Europea renovamos nuestra vocación europeísta y, por tanto, para nuestro partido esta proposición no de ley recoge de manera aceptable un mínimo común denominador, un espacio
libre, un espacio de libertad interior y el impulso de una política exterior y de seguridad común. Nosotros esperamos que defender nuestro modelo también contribuya al bienestar fuera de nuestras fronteras, al progreso y al bienestar de otros
pueblos, y por eso nuestro voto será afirmativo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.
Finalmente tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Con toda la brevedad posible anuncio que el Bloque Nacionalista Galego no puede apoyar esta proposición no de ley, en primer lugar, porque tenemos una profunda discrepancia de método respecto a la misma. Recientemente hemos discutido en
esta misma Cámara una moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular, que recogía una serie de medidas para hacer frente a la crisis, moción que fue descalificada por la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara por entender poco
menos que se estaba trascribiendo el programa del Partido Popular y que por tanto no tenía sentido sustanciar una moción consecuencia de interpelación en esos términos. Pues ahora estamos ante un hecho muy similar, estamos hablando de una
proposición no de ley nada más y nada menos que de diez folios, con multitud de puntos, fruto de un proceso de consenso entre cuatro grupos parlamentarios, sin que se haya contado con el resto. Y se nos da ahora comido y servido al resto de los
grupos. No podemos estar de acuerdo con este método.
Discrepamos además de algunos de los aspectos contenidos en esta proposición no de ley. No hemos recurrido a la presentación de enmiendas porque entendemos que, con el limitado margen de tiempo del que disponemos en un debate de una
proposición no de ley, recurrir a la presentación de enmiendas a un texto tan amplio y exhaustivo como este era poco menos que ridículo. En cualquier caso y simplemente como anotación diré, por ejemplo, que observamos en la proposición no de ley
una obsesión excesiva por un retorno a una política de estabilidad presupuestaria y por lo tanto por una retirada progresiva de las medidas de estímulo económico, cuando, desde nuestro punto de vista, en un contexto donde no se ha iniciado aún la
reactivación económica, esta no tiene que ser la prioridad. Desde nuestro punto de vista, también los aspectos que se refieren en particular a Galicia requerirían algunos matices.
Ya para concluir, señorías, nos parece muy bien que se busque consenso entre los dos principales grupos de esta Cámara, que se trabaje durante meses, como ha dicho el señor Moragas. Nos gustaría que ese consenso estuviese presente en más
foros y creemos que en la Conferencia de Presidentes de ayer se ha desaprovechado una buena oportunidad para demostrar ese sentido institucional. Pero con lo que no estamos de acuerdo es con políticas donde al resto de los grupos se nos sirve algo
total y absolutamente digerido y sin posibilidad de introducir la más mínima matización. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por esa razón vamos a abstenernos, no votaremos en contra para no introducir elementos de discrepancia en algo tan
importante como la Presidencia española de la Unión Europea, pero por esas cuestiones de método y también de fondo no podemos votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
De los grupos proponentes, está presente el señor Xuclà. Le ruego tenga la bondad de decirme si aceptan alguna enmienda para su tramitación y posterior votación.
El señor XUCLÀ I COSTA: ¿Para su posterior votación? Todas.
El señor PRESIDENTE: ¿Incorporan todas las enmiendas para que se voten con su moción?
El señor XUCLÀ I COSTA: Esta es una iniciativa planteada por cuatro grupos en la cual en estos momentos el Partido Socialista y el Partido Popular han expresado la incorporación de algunas enmiendas. Ahora trasladaré a la Mesa las
enmiendas que nosotros aceptamos, de forma rápida.
El señor PRESIDENTE: Conviene que se aclaren y que nos trasladen entre todos los proponentes lo que aceptan de las enmiendas, porque algo hemos de votar.
Muchas gracias, señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUYNA VERDS, SOBRE EL FONDO ESTATAL DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN Y REFUERZO EDUCATIVO PARA LAS PERSONAS INMIGRADAS. (Número de expediente 162/000360.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds sobre el Fondo estatal de acogida e integración y refuerzo educativo para
personas inmigradas. Para la defensa de la proposición tiene la palabra don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, con su permiso empezaré por las conclusiones, empezaré por el final y les diré algo que ustedes ya saben, que rectificar es de sabios y sabia ha sido la decisión del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno de rectificar y
pactar con el grupo proponente, con Esquerra Republicana de Catalunya, una enmienda firmada por los dos grupos parlamentarios que garantiza que el próximo año el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes, así como para el refuerzo
educativo de los mismos, no contemplará 100 millones -que es lo que se ha presupuestado- sino 200 millones de euros, es decir, la misma cantidad que ya aparecía consignada en los Presupuestos
Generales del Estado de este ejercicio. De manera que, repito, no serán 100 millones sino 200. Por cierto, la misma cantidad que ya estaba congelada en los últimos tres ejercicios. Y lo celebramos. Celebramos esta rectificación, puesto
que estábamos ante un error político de mucho calado, no solamente porque el fondo ha demostrado sus bondades, no solamente porque este fondo no ha sido cuestionado por las distintas comunidades autónomas aun cuando estuvieren gobernadas por el
Partido Popular o el Partido Socialista, puesto que ustedes saben que este fondo, creado a raíz de una iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya en el año 2004 pactada con el Grupo Socialista para el ejercicio de 2005, hoy recibe muchas
alabanzas de todas las administraciones, ya que gracias a estos recursos las comunidades autónomas han podido trasladar aportaciones y recursos a los municipios para hacer políticas e implementar programas de acogida, integración y refuerzo del
sistema escolar, en un contexto de incremento poblacional a raíz de las nuevas inmigraciones. Así pues, era una solución, era un procedimiento para dotar de recursos a los municipios, que, repito, no ha sido cuestionado, sino que ha sido alabado
por las mismas comunidades autónomas, puesto que además la fórmula que se eligió no ofrecía problemas. Tantos recursos hay, tantos inmigrantes hay en cada uno de los territorios, una simple operación aritmética, lo que ha permitido que no hubiera
problemas.
Ustedes recordarán además que durante los tres últimos ejercicios la cifra ya estaba congelada, lo cual ya era un error, a nuestro entender. Es más, este fue uno de los motivos de disenso entre ustedes y nosotros, puesto que no entendíamos
que se congelara la aportación cuando el incremento poblacional a raíz de las inmigraciones no se había congelado; es decir, teníamos un sistema escolar o un sistema de prestaciones, unos servicios sociales, francamente estresados, puesto que,
máxime en un contexto de crisis económica, de una cierta recesión, de un sufrimiento económico de los municipios, entendían que el escenario era francamente difícil. Por eso, ya le dijimos en una sesión de control al ministro Corbacho: ¿Cómo puede
ser, ministro Corbacho, que usted, habiendo sido alcalde de L'Hospitalet, una ciudad que recibió muchos inmigrantes, nuevos ciudadanos, acepte que se recorten 59 millones de euros a raíz de la propuesta del Gobierno de hacer un ajuste de la partida
del año 2009? Ciertamente, el ministro Corbacho supo rectificar y la partida de 2009 no se tocó, pero entenderán nuestra sorpresa cuando presentaron un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 en el que aparecía esta
laminación, esta división por dos del fondo. Por eso, desde el primer día que conocimos la noticia, durante el trámite parlamentario, nuestra misión, nuestro objetivo -y no solamente el nuestro, pongo también en valor el trabajo hecho por el
diputado Campuzano- ha sido presionarles para que rectificaran. Debo decir que han rectificado y celebro el trabajo del Grupo Parlamentario Socialista, y en especial, en este caso, de una compañera del Partido Socialista de Cataluña, porque ha
trabajado y luchado mucho, porque conoce los beneficios que ha significado para el Gobierno catalán disponer de ese dinero y para los distintos gobiernos autonómicos, que, gracias estos recursos, han podido implementar, repito, esas políticas,
también con recursos de las comunidades autónomas.
Así pues, no le digo que estamos felices, puesto que estamos hablando de una cantidad congelada, felices no podemos estar, pero, atendiendo al hecho de que hace veinticuatro horas estábamos en 100 millones y ahora estamos en 200, la verdad
es que estamos felices. Por cierto, déjeme que le diga una cosa, confiamos en su compromiso. Aquí no solamente está en juego la palabra dada por el Grupo Parlamentario Socialista, aquí está también el honor político del ministro Corbacho. El
ministro Corbacho ha dado la cara, si me permiten la expresión, ha dado el compromiso del Gobierno, por boca del Grupo Parlamentario Socialista, de que el próximo año habrá 100 millones más, 200 millones. Y ustedes dirán: ¿Cómo este diputado
repite, repite, repite, una vez y otra lo mismo? Porque queremos garantizar que sabemos exactamente qué estamos aprobando. Estamos aprobando que el próximo año todas las comunidades autónomas se podrán distribuir la misma cantidad que se ha
distribuido este año, es decir, 200 millones de euros.
Nosotros esperamos que el resto de los grupos parlamentarios vote favorablemente la enmienda firmada de forma conjunta por el Grupo Socialista y el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, dentro del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; sabemos, en el caso de Convergència i Unió, que también tienen una enmienda en el mismo sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Popular tiene la palabra doña Carmen Guerra.
La señora GUERRA GUERRA: Gracias, señor presidente.
Antes de nada me gustaría decir al señor Tardà que antes había 100 millones y sigue habiendo 100 millones. Al final, lo que no está en los presupuestos todavía no está. La cronología que usted ha dado de lo que ha venido ocurriendo me
parece que ha sido muy desacertada. Sobre todo le quiero comentar una cosa, deberíamos tener todos en cuenta que la historia no ha empezado cuando esta tarde se presenta esta proposición no de ley por su grupo. El día 13 de febrero del año 2009,
el Consejo de Ministros aprobaba un ajuste presupuestario de 1.500 millones de euros, y de ahí se sacaban 59 millones del Fondo para la integración de inmigrantes, eso sí, mientras el Gobierno decía que no se iban a recortar los derechos sociales.
La historia empezaba ahí,
señor Tardà, y de ahí sí se sacaron los 59 millones. Es más, el 14 de febrero, un día después, en la conferencia sectorial, delante de todos los consejeros de las comunidades autónomas, el ministro decía que solo se iba a congelar el fondo.
Pues no fue verdad, se sacaron 59 millones de euros, o sea, el 30 por ciento del fondo. Pero la historia continuaba. El 3 de marzo fue cuando se anunció a las comunidades autónomas, en una carta que les envió el Gobierno, que de este fondo se iban
a retirar los 59 millones de euros, o sea, el 30 por ciento, y es el 11 de marzo cuando usted presenta la proposición no de ley para su debate en Pleno. Es la que traemos el día de hoy. Pero es que la historia ha cambiado. El 28 de abril, a
instancias del Grupo Popular, en una Comisión y por acuerdo de todos los grupos se pide el restablecimiento de los 59 millones de euros que han sido detraídos del fondo, defensa que hizo mi portavoz en la Comisión, adoptándose el acuerdo de que
estos 59 millones se reintegraran.
Le quiero decir algo más. Hoy, 15 de diciembre, podríamos estar diciendo que todo aquello pasó, que los 59 millones volvieron, que hubo una Comisión donde esto se arregló, donde todos los grupos estuvimos de acuerdo, pero fíjese por dónde,
a pesar de todo, eso ha quedado obsoleto.
Y le digo por qué, porque al día de hoy en la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 no solo hay el recorte de 100 millones del que usted ha hablado hace un momento -y
simplemente ha dicho de palabra que va a haber una enmienda transaccional-, sino que yo le puedo decir que del Fondo de Integración van a faltar 100 millones; de menores no acompañados van a faltar 8 millones; de atención humanitaria de
inmigrantes, 12 millones y de subvenciones a la Cruz Roja para atender a inmigrantes llegados a las playas españolas van a faltar 2 millones. Esa es la actualidad.
Señor Tardà, estos últimos días, a través de la Conferencia de Presidentes, el Grupo Socialista ha tenido la oportunidad de comentar a esos presidentes que esos fondos se iban a quitar, pero no lo ha hecho.
No lo ha dicho por una sencilla
razón, porque la política que se hace por parte del Partido Socialista es la de siempre, yo invito pero tú pagas.
Así pasó en el año 2005 con Papeles para todos. La situación de la inmigración en este país hoy es: más de 5 millones de
inmigrantes, unos integrados y otros no por diferentes razones que no vienen al caso. Más de un millón está en este país de manera irregular, en las calles de cualquier lugar, y son las comunidades autónomas o los ayuntamientos los que tienen la
responsabilidad, o los servicios sociales, o las parroquias, en cualquier momento. Pero le voy a decir una cosa, señor Tardá, en definitiva voy a pedirle algo, pedir dinero a los españoles para el Fondo de Integración es algo que, desde luego,
viniendo de usted me llama muchísimo la atención. Porque, mientras pide el dinero para la integración, por otro lado también apoya la desintegración en este país.
No es fácil apoyar la integración por un lado y pedir la desintegración por el otro.
Pero nosotros, el Partido Popular, estamos dispuestos a apoyar para que en este país sobre todo podamos integrar a todos aquellos inmigrantes que vengan y para que sigamos en un país integrado, a pesar de grupos como el suyo en la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guerra.
Para defender la enmienda del Grupo Catalán tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Tengo que agradecer la oportunidad de esta iniciativa del señor Tardà. No es la primera vez que S.S. se preocupa por estos intentos de recorte de este Fondo de acogida por parte
del Gobierno. Y espero que esa enmienda transaccional, que Convergència i Unió va a apoyar, sirva efectivamente para poder resolver aquello que durante la tramitación presupuestaria no hemos podido resolver. Cuando esta mañana he leído en un
teletipo que usted anunciaba el acuerdo con el Grupo Socialista, he procurado interesarme por si en el trámite del Senado de la Ley de Presupuestos esta cuestión se había resuelto, y mis colegas en el Senado me han dicho que no estaba resuelto. Y
hace un rato, usted mismo, en el escaño, me lo confirmaba. Voy a seguir con mucha atención, lógicamente, la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, para conocer con exactitud los compromisos que se han asumido.
Permítanme, señorías, que mantenga un punto de desconfianza en relación con ese acuerdo que se ha alcanzado, no por el buen trabajo del señor Tardà ni por la buena fe de la señora Esteve, sino por los precedentes que tenemos en esta materia.
Ha habido diversos intentos del Gobierno, en un contexto de ajuste presupuestario, de recortar este fondo; hubo un intento a principios de este año -y lo recordaba la portavoz del Grupo Popular- y, precisamente, fue la presión de todos los grupos
de la Cámara lo que impidió que aquello que intentaba hacer el Gobierno finalmente se concretase. En el trámite del Senado esa cuestión se podía haber resuelto, se hubiese podido pactar una enmienda que incorporase esos 100 millones, se pudo haber
hecho en el Congreso, había enmiendas de diversos grupos que iban en esa dirección. Por tanto, si aquello no se ha resuelto durante la discusión de presupuestos nos quedan dudas de que se pueda resolver a través de ese texto que se va a aprobar.
Espero que el compromiso de la señora Esteve sea muy explícito, el señor Tardà ha sido extremadamente explícito en su intervención. Me gustaría escuchar la misma contundencia de la señora Esteve en su intervención. En todo caso, desde las
posiciones de Convergència i Unió vamos a hacer un exhaustivo seguimiento de este acuerdo, porque me parece que lo que todos compartimos es la importancia de este fondo desde la perspectiva de las capacidades de las comunidades autónomas
y de las corporaciones locales de desarrollar políticas de acogida y de integración, especialmente en las materias más sensibles, como es lo que está vinculado al refuerzo educativo. Y, en el contexto económico de crisis en el que estamos
instalados, mantener la tensión y la atención en las políticas sociales que inciden en elementos básicos para la convivencia y la cohesión social es absolutamente fundamental. Es bastante sorprendente que el Gobierno, al que le gusta marcar sus
posiciones en materia de protección y cohesión social, en plena crisis, en dos ocasiones, y a los hechos nos remitimos, haya intentado recortar esa partida. Por tanto, como les decía al principio de mi intervención, este no es un tema menor.
Convergència i Unió lógicamente prefiere un acuerdo discreto a no resolver el problema y espero que el acuerdo de esta tarde lo podamos ver reflejado en las correspondientes medidas a tomar por el Gobierno en los próximos meses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, señorías, como hay demanda, voy a tratar de fundamentar en el poco tiempo que tengo el porqué de esta enmienda conjunta, señor Tardà, con su grupo, y pedir, además, como ha hecho usted, el apoyo de
todos los grupos a la misma. Es verdad, señor Tardà, yo recuerdo su propuesta y su determinación para crear un fondo estatal para la acogida e integración de personas inmigrantes, que fue hecho realidad por un acuerdo con mi grupo, con el Grupo
Socialista, que tuvo efectos presupuestarios en 2005. No antes. Nadie se había inventado nada. Fuimos nosotros, preocupados por el tema, porque pisamos municipalismo, porque estamos trabajando siempre en la proximidad. El Gobierno lo puso en
marcha. Este Gobierno, no otro. Y la experiencia de estos años ha puesto de relieve que el fondo es una herramienta eficaz para la cooperación entre administraciones.
Le voy a dar cifras, porque hay quien no sabe contar y hace un batiburrillo con los datos. Por cierto, señor Hernando, hoy le he echado de menos, porque al menos usted entiendo que se ajusta un poquito más a los datos. Los cerca de 1.000
millones de euros que se han puesto durante estos años -que no es poco, 1.000 millones de euros- a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos constituyen la prueba más contundente del compromiso de este Gobierno con una
auténtica política de integración. No se puede decir lo mismo de los escasos recursos de los gobiernos del PP (Aplausos.), no se puede decir lo mismo, en un momento de gran presión migratoria donde lo que más se amparaba era en cierta manera el
trabajo precario. Hay que destacar que este fondo se dirige -y esto es importante detallarlo, señor Tardà, usted me ha pedido concreción- a complementar actuaciones de las administraciones autonómicas en las que se detectan mayores necesidades,
pero en ningún caso estamos de acuerdo con que sea a gasto social directo, que se financia a través de otras partidas -es importante diferenciar-, con las cuales el Gobierno lo garantiza con los recursos que más inciden en la cohesión social y en la
convivencia, tal y como se refleja en los presupuestos que vamos a aprobar la próxima semana. Por tanto, no mezclemos todo.
Sobre ellos y sobre su iniciativa, señor Tardà, quiero señalar dos aspectos que, a mi modo de entender, no han tenido ustedes suficientemente en cuenta. Usted ha hablado con contundencia y yo quiero hacer lo mismo y también dirigirme al
señor Campuzano. Primero, la situación de crisis económica. ¿Es que, en la situación de crisis económica, uno puede empezar a gastar precisamente de manera incrementalista, sin ningún tipo de topes? Precisamente es cuando más se requiere
austeridad y solidaridad, una solidaridad que es muy difícil encontrar en las filas del PP. Lo vemos cada día. (Aplausos.) Por tanto, priorizar el gasto es responsabilidad del Gobierno, priorizar, en aquellos sectores que más pueden contribuir a
la salida de la crisis. Por ejemplo, generando riqueza y empleo, esto es fundamental, pero, además, garantizando la protección social. ¿Cuántas medidas no hemos aprobado para poder garantizar la protección social de los grupos más vulnerables? Yo
creo que esto no se tiene suficientemente en cuenta. Mil millones, por un lado. Un esfuerzo de todos, efectivamente, pero aquí hay un Gobierno que se moja día a día. Segundo. El nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, del que
nadie habla, supone un significativo incremento de los recursos económicos. Esto nos va a permitir reforzar aquellos servicios públicos dirigidos al conjunto de la población, pero también, y especialmente, a la población inmigrante. Aquí quiero
decir una cosa, si no, no me voy a quedar tranquila, señor Campuzano, y me dirijo también a los compañeros del PP. Uno de los problemas es que este nuevo modelo de financiación nos va a permitir aliviar la deuda que tenemos en sanidad, en servicios
sociales y en escuelas. ¿Qué ha pasado? Que vivimos de un modelo de financiación autonómico pactado anteriormente que nos llevó a la ruina, que no contemplaba el incremento de las personas, ni inmigrantes ni de otro tipo, de la población.
(Aplausos.) Sí, señor Campuzano. Y los municipios y las comunidades autónomas hemos tenido que comernos una nueva realidad poblacional sin que esto tuviera ningún efecto en los presupuestos que se aprobaban cada año y que ustedes apoyaban. Por
tanto, me parece que no es de recibo.
Voy acabando, señor presidente, porque usted me avisa. Estas circunstancias nos permiten afirmar que las políticas públicas en esta materia tienen asegurada su sostenibilidad y expresan la inequívoca voluntad de seguir apostando por una
política que tiene en su prioridad la plena integración de las personas inmigrantes, pero en la cooperación y apoyo a los ayuntamientos y
comunidades autónomas. Y acabo con una frase. Con esta reflexión, y a pesar de ella, señor Tardá, creo que hoy hemos hecho un buen trabajo parlamentario. Hemos acordado esta enmienda y vamos a trabajar por ella.
Me parece bien que se
haga un control, así se debe hacer, y volver a las dotaciones económicas del año 2009. Me parece un avance. Pero esto nos tiene que servir para lo que es más importante: facilitarnos que estas políticas se puedan llevar a cabo, que son la mejor
inversión para la convivencia de hoy y de mañana, no solo en Cataluña, como usted decía, sino en toda España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
Para la fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, mi grupo no está aquí ubicado para realizar prácticas de estilismo retórico ni de prospectiva especulativa y menos de demagogia.
Señor presidente, si el grupo que realiza el pedimento coincide con el grupo que apoya al
Gobierno, resulta estéril cualquier tipo de especulación complementaria, sobre todo si los demás grupos manifiestan además su conformidad. Lo que no entiendo es la retórica, la farfolla especulativa que hemos escuchado para llegar todos a la misma
conclusión, que puede resultar la razonable, señor presidente. Aquí se ha configurado un puzle retórica y políticamente extraño. Esquerra Republicana creía en el fondo de integración y solicitó su incremento y su potenciación. El Grupo
Parlamentario Socialista ha tenido siempre reticencias sobre el fondo de integración y sus virtualidades en materia de integración, acogida, potenciación de la integración y de la educación de los inmigrantes, de los extranjeros. Sin embargo, en el
debate presupuestario, y nosotros tenemos que asumir cierta responsabilidad porque les apoyamos en estas previsiones, procedimos a una reducción de las consignaciones presupuestarias para su apoyo. Ustedes han conseguido la cuadratura del círculo.
Han configurado un puzle perfecto. Quienes no creían en un aspecto han relativizado sus posiciones, quienes no creían en el otro aspecto también las han relativizado, y hemos llegado a una cuadratura perfecta. Todos estamos de acuerdo, todos somos
felices, señor presidente. En este contexto, voy a hacer también una contribución a esta felicidad colectiva adelantándole que vamos a votar, inevitable y fatalmente, que sí a esta transacción tan peculiar. Porque, y permítame este desahogo, señor
presidente, que resulta un tanto reglamentariamente heterodoxo, hemos recibido, no voy a decir presiones, pero sí incitaciones para votar a favor de uno y del otro, y la sorpresa se produce esta mañana cuando nos encontramos con que los que nos
incitaban estaban de acuerdo en todo. En este contexto, señor presidente, qué le voy a decir, nosotros estamos de acuerdo también.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Señor Tardà, ¿cómo queda para votar la proposición? La pregunta es exactamente qué enmienda es la que vamos a incorporar.
El señor TARDÀ I COMA: La firmada por el Grupo Socialista conjuntamente con nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se procederá a la votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SOLIDARIDAD CON LA SEÑORA AMINETU HAIDAR. (Número de expediente 162/000544.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre solidaridad con la señora Aminetu Haidar. Para la defensa de la proposición tiene la palabra doña Elena Valenciano.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Señorías, Aminetu Haidar lleva treinta días en huelga de hambre. Pide volver a su casa. El objetivo último de su lucha es la defensa del derecho de autodeterminación de su pueblo, el Sáhara
Occidental. Aminetu Haidar es una reconocida defensora de los derechos humanos que fue expulsada de Marruecos por negarse a reconocer una nacionalidad que no considera suya. Con su expulsión, Marruecos vulneró la legalidad internacional y las
leyes nacionales.
Haidar fue aceptada por las autoridades de frontera españolas porque dispone de un permiso de residencia en vigor basado en razones humanitarias. El auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Las Palmas de Gran
Canaria así lo determina. Si se hubiera rechazada la entrada de Haidar no se habría cumplido la ley. Si no hubiera podido entrar en Lanzarote, ¿a qué la habríamos condenado? ¿Dónde habría ido Aminetu Haidar? El desafío pacífico de Haidar tiene
raíces profundas que en otras ocasiones hemos analizado en esta Cámara, pero la prioridad hoy es hacernos eco de un sentimiento colectivo y tratar de encauzarlo. No queremos que Aminetu Haidar ponga en peligro su vida. La intención de esta
iniciativa, que se ha convertido en una transacción sobre la base de las enmiendas de la mayor parte de los grupos de esta Cámara, es fundamentalmente tratar de trasladar el sentimiento de la inmensa mayoría de la sociedad española a un pueblo y a
una persona. El pueblo es el pueblo saharaui y la persona es Aminetu Haidar, que protagoniza la acción política más definitiva, la de arriesgar su vida por una causa. El mensaje de la señora Haidar se oye con mucha claridad tras prácticamente un
mes de
huelga de hambre: No me rendiré; llegaré a donde quiero llegar viva o muerta. La intención del Grupo Socialista y de los grupos que finalmente son proponentes de esta iniciativa es que la señora Haidar escuche que el Congreso de los
Diputados de España quiere que ella vea realizada su voluntad, es decir, que vuelva a casa, y que deseamos que pueda seguir defendiendo libremente su causa, que respetamos y acompañamos. También queremos decirle que ni España ni el Gobierno de
España son responsables de esta injusta situación que condenamos. Aminetu Haidar sabe bien, porque ha estado muchas veces entre nosotros, que en España tiene muchos amigos, mucha gente que milita en su causa, y que nuestras palabras son sinceras y
nuestros sentimientos limpios.
Quisiera reiterar en nombre del Grupo Socialista que nuestro compromiso no ha cambiado: defendemos el valor de la democracia, de la consulta a los pueblos y de la legalidad internacional. Hoy pedimos unidad para que se escuche nítidamente
la voz de esta Cámara en Lanzarote, en El Aiún, en Tinduf, en Rabat y en Argel. No hay país más amigo de los saharauis que España. Este es un Gobierno que ha apoyado al pueblo saharaui; este es un país que sabe de su compromiso con el Sáhara. No
hay un colectivo más amigo de los saharauis que los socialistas españoles, como hemos demostrado durante mucho tiempo, y la mayoría de esta sociedad. Los amigos saharauis lo saben y los dirigentes del Frente Polisario también lo saben. España ha
cumplido con la ley y con la razón. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha ofrecido a la señora Haidar todos los instrumentos legales de que dispone y toda la ayuda que sea necesaria. El Gobierno ha desplegado una intensa actividad
diplomática, que aún no se detiene, con Marruecos, con Argelia, con Mauritania, con el Frente Polisario, con la Unión Europea, con Naciones Unidas, de quienes hemos recibido, por cierto, todo el apoyo. Porque esto ya no es una cuestión bilateral
entre España y Marruecos, señorías, y porque no podemos ofrecer a Aminetu Haidar lo que no tenemos ni podemos devolverle lo que no le quitamos. Hemos hecho de la amistad y de la defensa de los saharauis una política activa. La cooperación española
ha querido mejorar en lo posible la vida de todos los habitantes de los campamentos. Hemos hecho como país un esfuerzo de solidaridad para que varias generaciones de saharauis tengan unas mínimas condiciones de dignidad, y hay muchas familias
españolas, muchas, que comparten prosperidad y felicidad, salud y educación con niños y niñas saharauis desde hace muchos años.
Esta iniciativa contiene también un mensaje para nuestro gran vecino marroquí, para que no lleven al extremo la decisión injusta y desproporcionada que tomaron el día que expulsaron a Haidar, para que no sigan impidiendo que Aminetu Haidar
regrese a casa y para que tampoco permitan que España se convierta en el campo de batalla involuntario de un conflicto largo y enquistado que solo hallará una solución aceptable para las partes por la vía del diálogo franco que todos apoyamos en el
escenario de un gran Magreb integrado y en paz, como sabemos que Marruecos desea. (Aplausos.) Cada uno tiene que hacer su parte sin que esta situación nos cueste volver atrás en una relación cercana pero a la vez muy frágil. Los dos países sabemos
cuánto nos conviene desarrollar nuestra vecindad. Es el momento de demostrar que somos capaces de estar a la altura de la amistad que tantas veces proclamamos. Si no hay valor ni voluntad de resolver lo que puede arreglarse con la apertura simple
de una puerta, ¿cómo vamos a convencer a nuestras sociedades de la urgente necesidad de tolerancia, qué esfuerzo vamos a pedirles para que convivan y se integren?
Hay un tercer mensaje, para el Frente Polisario, al que Haidar reconoce como único representante legítimo del pueblo saharaui: no hay statu quo que mantener, no hay nada que conservar, hay que avanzar. Quisiéramos escucharles decir que la
vía del suicidio no es la escogida para luchar por su pueblo y que Haidar debe seguir viva para seguir siendo una de sus mejores embajadoras en el mundo. Señorías, esta proposición no de ley puede reunir hoy a todos los grupos de esta Cámara para
lanzar un mensaje a todos los actores implicados: Marruecos, Polisario, Argelia, Unión Europea, Estados Unidos de América, Naciones Unidas y nosotros mismos. No estamos dispuestos a desperdiciar el siglo XXI sin resolver el problema del Sáhara
Occidental. La acción de Aminetu Haidar no se paga con un pasaporte. Entendamos bien el alcance de su mensaje; su lucha solo hallará recompensa con el avance claro de las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario para hallar una
solución definitiva, aceptada por ambas partes, y que en todo caso deberá respetar el derecho de los saharauis a su libre determinación. Esa es la tarea de España y de la comunidad internacional. Aminetu Haidar tiene que poder seguir luchando con
la palabra a favor de sus ideales. Sus derechos como ser humano, sus derechos políticos y civiles, no pueden seguir siendo vulnerados por un país tan importante y fuerte como Marruecos. El Grupo Socialista y esta Cámara esperan una respuesta
urgente de Marruecos, que no es otra que abrir la puerta a una mujer valiente y pacífica que jamás debió ser expulsada de su territorio. También esperamos -todos lo hacemos, estoy segura- que Aminetu Haidar escuche a este Parlamento defendiendo hoy
su dignidad y su vida.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valenciano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra en primer lugar don Joan Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.
Señorías, Aminetu Haidar es una de esas personas que se dan muy raramente entre los seres humanos, pues mientras su cuerpo en estos momentos se consume, su
ideal de mujer libre y su espíritu forjado en la lucha a golpe de torturas es lo que mantiene inquebrantables y firmes algunos de sus principios, entre ellos la defensa del derecho del pueblo saharaui a su libre determinación y el cese de
una ocupación ilegal e ilegítima por parte del Reino de Marruecos. En treinta y cinco días de huelga de hambre que se cumplen hoy Haidar ha conseguido situar el conflicto del Sáhara una vez más en el epicentro no solo de algunas conciencias sino
también de la agenda política, y ha contribuido a derrumbar -podríamos decir- auténticos muros de olvido y de indiferencia, y además ha provocado -digámoslo claro- un auténtico conflicto institucional, político y diplomático de primer orden. Pero,
señorías, morir es una derrota aunque pueda ser útil. La verdadera victoria es vivir y, por tanto, que Haidar pueda volver a florecer pronto con los suyos. Por tanto, antes que nada, desde Esquerra queremos hacer votos para que Aminetu Haidar
ponga fin a su agonía.
Mientras tanto, esta proposición no de ley pretende buscar una posición común de los distintos partidos y dar también, por qué no, una cobertura al Gobierno español, que quizá, legítimamente, en este momento teme lo peor. Nosotros vamos a
apoyar esta iniciativa. Además, hemos contribuido decisivamente con distintas enmiendas a una transacción que se va a someter a votación, entre otras cosas, porque aparece, como no lo hacía en el texto primitivo, una referencia explícita al derecho
del Sáhara a su libre autodeterminación. Pero eso, señorías, no sana de ninguna manera la actitud del Gobierno español ante este conflicto, que es una actitud, podríamos decir, de auténtica doble moral, que le retorna como un bumerán, es decir como
lo que es: una verdadera ignominia, una vergüenza histórica que constituye quizá la última de las herencias negras del franquismo. Porque España, señorías, todo el mundo lo sabe, a cambio de distintos intereses económicos y territoriales, no ha
molestado nunca al primo o al amigo marroquí. ¿Para qué molestar a Marruecos con Ceuta y Melilla de por medio, con las Chafarinas, con Alhucemas, con los derechos de pesca en juego? El precio de no molestar al primo o al amigo -señorías, tanto es-
ha sido abandonar históricamente al pueblo saharaui a su suerte y su destino, el de deambular por aquel limbo territorial, incluso hacinado en un palmo de desierto. Señorías, España no es en este caso la víctima inocente de una astuta y taimada
maniobra marroquí, aunque sea impresentable la actitud chulesca y desafiante del Reino de Marruecos. Esta es, señorías, la factura pendiente del Sáhara con España, el reflejo doloroso de una historia y de una relación también de sumisión y de
complacencia interesada del Gobierno de España con el de Marruecos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero saludar brevemente la presencia del representante para Europa del Frente Polisario, Mohamed Jadad, y quiero que esta iniciativa -mi grupo parlamentario ha contribuido a ello- sea una iniciativa de exigencia al Gobierno
marroquí para que reponga los derechos de la señora Haidar, y también de exigencia al Gobierno para que redoble a todos los niveles las gestiones para la vuelta a casa de una luchadora de los derechos humanos que en estos momentos se encuentra en un
trance muy difícil.
Señorías, no voy a explicar los desacuerdos de mi grupo respecto a la cuestión saharaui. La diplomacia de los intereses ha ahogado durante años la voz de la diplomacia de los valores en el Sáhara. Tampoco voy a explicar demasiado la
posición de mi grupo parlamentario, una posición crítica respecto a la aceptación/complicación que ha tenido el Gobierno en relación con la llegada a España de la señora Haidar. Esta iniciativa es sobre todo una iniciativa de presente y de futuro;
pretende suponer un punto de inflexión en esta Cámara y un punto de inflexión en relación con Marruecos y con las gestiones del Gobierno español. Por eso hemos incorporado a la propuesta que las gestiones se realicen al máximo nivel para lograr la
solución de un problema que se enquista y también la solución a un problema personal dramático que no merece un final infeliz.
En nuestra opinión, el final debe ser el final con vida y con dignidad no solamente de Haidar sino también de la causa
saharaui.
Por otra parte, proponemos en la iniciativa el respeto del derecho de retorno de la señora Haidar por parte del Gobierno marroquí, que es lo que se ha vulnerado. Marruecos va a salir de esta cuestión con una imagen que no deseaba, la imagen
de un país ocupante que no reconoce ni respeta los derechos humanos de los saharauis. Por otra parte, reiteramos también las repetidas posiciones de esta Cámara sobre el derecho de autodeterminación mediante referéndum del pueblo saharaui y la
vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en este caso con una reclamación ya importante por parte de la Minurso. Estas iniciativas pretenden una presión suficiente sobre el Gobierno de Marruecos para que reponga los derechos de
la señora Haidar, para que inicie un camino de reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui. Pero también nos guardamos en la recámara nuevas presiones. No ha sido posible, pero seguimos considerando que el Estatuto de asociación sería
insostenible en esta situación. Si esta situación se mantiene, si Marruecos se empecina en no reconocer los derechos y en ejercer una presión insostenible sobre los saharauis y sobre el propio Gobierno español, el Estatuto de asociación con la
Unión Europea sería también insostenible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto en primer lugar tiene la palabra doña Uxue Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para mostrar nuestro apoyo a la resolución que, planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, se nos ha ofrecido al conjunto de los grupos de la Cámara; resolución consensuada finalmente en torno a cinco puntos, según el
último acuerdo al que hemos llegado con la supresión de ese tercer punto, en un texto que trabajábamos en las últimas horas y, por tanto, a través de las enmiendas presentadas por varios de los grupos de esta Cámara.
Mostrada, por tanto, la posición de Nafarroa Bai en este sentido, me gustaría señalar que en el encuentro en ese texto final se dan quizás algunas divergencias respecto a los objetivos mostrados con esta proposición no de ley por el grupo
proponente. Quiero señalar que el objetivo de Nafarroa Bai con esta proposición no de ley es que se nos escuche no en Lanzarote, exclusivamente en Rabat, que nos escuche aquel Gobierno que está vulnerando las leyes internacionales en materia de
derechos humanos. Por tanto, esta proposición no de ley expresa un mensaje dirigido a Rabat, y evidentemente todo el apoyo y el calor no solo a Aminetu Haidar sino también a todo el pueblo saharaui. Se preguntaba la portavoz socialista también
dónde hubiera ido Haidar en el caso de no haber sido enviada a Lanzarote. No sé si es el objeto ni si es el cometido de los diputados en esta Cámara. Nuestro cometido es plantearnos dónde debe ir y devolverla a El Aaiún.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Carlos Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo brevemente, señorías, para anunciar nuestro voto favorable al texto resultante. Con esta proposición no de ley nos unimos a todas las personas que piden a la señora Haidar que renuncie a la huelga
de hambre y continúe con el mismo coraje que ha demostrado siempre, pero por otros medios, su lucha legítima por la causa del pueblo saharaui. Con esta PNL pedimos al Gobierno, comprometiendo la ayuda de mi partido en este caso, que refuerce todas
las gestiones para que la señora Haidar pueda volver a su casa con los suyos. Con esta PNL esperamos que las fuerzas representadas en esta Cámara, sin perjuicio de las críticas políticas por la gestión de este asunto, no utilicemos este conflicto
como nueva munición para enfrentarnos más entre nosotros en busca de un titular o un reproche histórico colectivo que pueda suponer una nueva grieta que ahonde los muchos problemas y diferencias que ya tenemos y que nos debilitan claramente como
país. Con esta PNL exigimos a nuestros vecinos marroquíes responsabilidad, lealtad y colaboración para que todos los españoles, saharauis y marroquíes podamos convivir en paz con seguridad y en libertad. Y por último, con ella pretendemos hacer
pedagogía política, defendiendo la lucha por un mundo más justo y más humano, en cuya consecución no cabe tratar las vulneraciones de los derechos humanos de forma selectiva y arbitraria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice: 'Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado'. El artículo 13 de esa misma Declaración Universal dice: 'Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país'. La situación que vive Aminetu Haidar no es una situación derivada de su decisión,
sino una situación derivada directamente de que el Reino de Marruecos ha vulnerado su derecho. Esta declaración que hoy hacemos, este debate y la proposición no de ley que espero que hoy se apruebe no tienen como objetivo que Aminetu Haidar
resuelva su huelga de hambre, acabo de oír lo contrario, muy al contrario; tampoco tiene como objetivo -en ninguna parte lo dice- que nos escuche Lanzarote. Solo tiene como objetivo que aquel que vulnera los derechos humanos del pueblo saharaui, y
particularmente y en este momento los de Aminetu Haidar, conforme a esta declaración de derechos universales que les acabo de leer, ese que los vulnera, que es el Reino de Marruecos, deje de hacerlo. A él nos dirigimos, y a nuestro Gobierno, para
que nuestro Gobierno presione al Reino de Marruecos a fin de que se repongan la libertad y el respeto a los derechos humanos. Solamente a Marruecos nos dirigimos y solamente por eso esta diputada va a votar favorablemente esta proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Hace pocos días leíamos en Canarias 7 a su corresponsal en el Parlamento, Loreto Gutiérrez, y también hace muy poco en el diario Público un grupo de profesores decía: Aminetu te queremos viva. Y ese es el mensaje que hoy quisiéramos
trasladar exclusivamente a Aminetu: Te queremos viva para seguir trabajando. El resto -comparto lo que se ha dicho por parte de algunos portavoces- del mensaje de esta proposición no de ley
tiene que estar dirigido al Reino de Marruecos, tiene que estar dirigido a Rabat. Por eso nuestro empeño en defender la dignidad de Aminetu solicitando la anulación del punto 3 de la propuesta inicial. De ahí que presentáramos una enmienda
de supresión de ese punto 3 y de ahí nuestra insistencia en la transaccional para suprimir este punto 3, porque respetamos la dignidad de Aminetu Haidar desde nuestra posición de solidaridad con el pueblo saharaui, y por eso también saludamos al
representante del Frente Polisario que se encuentra en este Congreso, una posición expresada largamente desde instituciones canarias y también a través de nuestra presidenta, Claudina Morales. También creíamos conveniente incorporar un nuevo punto
-de ahí la presentación de otra enmienda-, y es que como queremos hablar con Marruecos, como queremos hablar con Rabat, pedimos la congelación del Estatuto avanzado de asociación del Reino Marruecos con Europa, porque estas son las razones que
entenderá Marruecos para llevar esta situación a feliz término.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por último, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero expresar la solidaridad y el apoyo del BNG a Aminetu Haidar, que desde nuestro punto de vista está dando un auténtico ejemplo de dignidad en la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, porque,
señorías, los derechos colectivos existen y los derechos individuales emanan precisamente del reconocimiento de los derechos colectivos, del reconocimiento de los derechos del pueblo, frente a discursos que pretenden confrontar ambos conceptos
afirmando que solo existen derechos de las personas y que los pueblos o territorios no tienen derechos. Al pueblo saharaui le asiste el derecho a determinar libremente su futuro para poder vivir en una patria libre y soberana.
Desde nuestro punto de vista, la situación tiene un culpable claro, la actuación del Estado marroquí, que atenta contra los derechos humanos más elementales y contra el derecho internacional, en definitiva, la deportación forzosa de una
ciudadana efectuada además vía administrativa, sin intervención judicial. Pero el Estado español también tiene una responsabilidad, que debe ser clarificada y asumida, por haber obligado de facto a la señora Haidar a entrar en su territorio contra
su voluntad.
Por otra parte, hay una responsabilidad histórica que va más allá de la manera concreta en que se está gestionando esta situación, y que es la responsabilidad histórica por ser una antigua potencia colonial y por la situación de
ocupación ilegal que padece el pueblo saharaui respecto a su territorio. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, no es el momento de dirimir diferencias sobre la gestión de esta situación; es el momento de mandar un mensaje alto y claro
al Estado marroquí para que deponga su actitud, a la comunidad internacional para que vele por el respeto a los derechos de la señora Haidar y del pueblo saharaui, y al Gobierno español para que redoble sus actuaciones. Por este motivo daremos
apoyo a la transacción suscrita por distintos grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, esta proposición trata de Aminetu Haidar, pero trata sobre todo de algo mucho más importante y más profundo, si cabe. Estamos hablando de derechos humanos, o más exactamente de la falta de derechos humanos; estamos hablando
del incumplimiento de decisiones internacionales continuadas, como el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui; estamos hablando de decisiones unilaterales de un Estado, el marroquí, por encima de tratados que ha firmado y que se
supone que forman parte de su derecho interno. Todo esto a través de una persona -derechos humanos, decía antes- que, no lo olvidemos, pasó cuatro años en las cárceles marroquíes con los ojos vendados.
Marruecos claramente está haciendo burla del Estado español en este caso, trasladándole un problema que solo Marruecos ha creado. Es cierto que quizás habrá que ver en la Administración española qué responsabilidad ha habido a la hora de
que Marruecos haya podido expulsar de su territorio y depositar en territorio español a esta persona, pero desde luego el que ha creado el problema y el único que puede solucionarlo es Marruecos. No se puede decir -como hemos oído a algún
representante del Gobierno marroquí- que ella ha elegido, que no se siente marroquí. Ella tiene unos derechos y desde luego el Estado no es dueño de los corazones ni de los sentimientos pero, como ciudadana de un Estado, todos los derechos le
corresponden. Tampoco han elegido estar en el desierto por generaciones aquellas personas que están en Tinduf y a las que les gustaría regresar a su tierra, si es que se cumpliera la legalidad internacional. Marruecos debe cumplir el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, entre otras cosas, en el artículo 12.4 habla del derecho a regresar a su país de todas las personas, llámese como se llame, para unos será Marruecos Sur y para otros será Sáhara. Decía el Gobierno
marroquí que no nos engañemos, que no se trata de un asunto de derechos humanos, que se trata de un asunto con trasfondo político. Claro que lo es, claro que es un asunto político, no nos engañamos. Haidar representa en este caso el sufrimiento de
un pueblo y el espejo de la falta de un Estado democrático de derecho en Marruecos.
Evidentemente, señora Valenciano, nadie quiere que muera Aminetu Haidar, pero esta PNL va en otra dirección. Marruecos no puede amenazar por lo bajinis diciendo al Estado español que podría adoptar determinadas medidas, y España tragar sin
más. Hay que hacer que se cumplan los derechos humanos en el Sáhara y entre otras cosas no parece que encaje con el espíritu de la Unión Europea que un Estado que los viola tan flagrantemente goce de estatuto avanzado de asociación y, desde luego,
tal y como Marruecos apunta algunas cosas hacia Europa, creo que ha llegado la hora de que Europa apunte algunas cosas hacia Marruecos. Nos congratulamos de que gracias no a la proposición del Grupo Parlamentario Socialista sino a las
modificaciones introducidas por las enmiendas del resto de los grupos la Minurso pueda tener en el futuro un papel de custodia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, porque en estos momentos nadie sabe exactamente qué está pasando allí
porque ni siquiera a parlamentarios de países teóricamente amigos como España nos han permitido durante años acudir en visita oficial a esos territorios. Desde luego, así no se trata a los parlamentarios de países amigos.
Se habla claramente en la proposición del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, del derecho de retorno de la señora Haidar a su hogar y de que tampoco se retire el pasaporte a otras personas, porque la señora Haidar no es la
única, hay una veintena de personas más a las que se les ha retirado unilateralmente y sin ningún tipo de proceso el pasaporte, y esperamos que este problema se solucione satisfactoriamente y que la señora Haidar pueda regresar a su casa. Pero la
deposición o no de la huelga de hambre debe partir del convencimiento de la señora Haidar, solo de eso, de que ella esté convencida. Esperamos que esta proposición ayude. Lo más útil para su caso y para la causa saharaui es deponer esa huelga de
hambre. En todo este proceso Marruecos ha dado una imagen internacional deplorable que le va a causar daño, y el derecho del pueblo saharaui ha salido fortalecido de todo este proceso. Así lo esperamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Señorías, estamos ante un tema que traemos a debatir hoy que no tendríamos que estar discutiendo, y no tendríamos que estar discutiéndolo porque si el Gobierno de España, el Gobierno socialista, no hubiese
cometido los gravísimos errores que ha cometido no estaríamos aquí. (Rumores.) Si el Gobierno de España no hubiese aceptado el ingreso ilegal en nuestro territorio de la señora Haidar, no estaríamos discutiendo esto aquí esta tarde. (Aplausos.)
Era un tema evitable, señorías, pero este Gobierno hace gala una vez más de su cósmica incompetencia.
Hagamos memoria. La señora Haidar viajó de Las Palmas a El Aaiún; allí es desprovista de su pasaporte, otros dicen que renunció a su nacionalidad.
Poco importan los hechos, lo cierto es que fue expulsada por el Reino de Marruecos, llega a
España y hoy ya sabemos que la instrucción vino de Madrid porque las autoridades policiales lo han dicho de una forma muy clara; lo que es increíble es que el Gobierno haya querido echar la culpa a la delegada del Gobierno, como si fuese la
delegada de Marte, pero es la delegada del Gobierno, señorías. La orden vino de Madrid, y como ya no podían echarle la culpa a nadie más lo han tratado de hacer con la policía, como han denunciado los sindicatos policiales. El Gobierno infringió
el artículo 25 de la Ley de Extranjería y forzó al comandante de la aeronave a infringir el artículo 66 también de la Ley de Extranjería, y hoy se sabe, señorías, que llegó la señora Haidar a territorio español sin documento de identidad que la
acreditara para viajar, sin causas de expulsión, que son preceptivas, y se le obligó a permanecer en territorio español en contra de su voluntad; se quebró la voluntad de la señora Haidar y se quebró la voluntad del piloto de la aeronave. Esto es
lo que hace el Gobierno socialista, señorías. El señor ministro de Exteriores, el señor ministro del Interior y el presidente del Gobierno han demostrado una vez más su irresponsabilidad, han tratado de escurrir el bulto y esto ha sido una vez más
un caso claro de cobardía política.
Vamos a hablar de las prioridades. Estamos ante una crisis que se está enquistando, con graves consecuencias para España, para Marruecos y para los saharauis. Lo que tenemos que hacer es garantizar la vida y la salud de la señora Haidar,
pedirle, como todos, que deponga su actitud.
Respetamos que defienda por otros medios igualmente pacíficos sus ideales. Nosotros instamos al Gobierno a que siga, a que redoble sus esfuerzos diplomáticos bilateralmente, en el plano multilateral,
ante las Naciones Unidas y en el ámbito de la Unión Europea. Nosotros mismos, cuando recibimos en la Comisión de Asuntos Exteriores al presidente de la Cámara de Consejeros -el Senado de Marruecos-, le transmitimos en nombre de nuestro grupo que
pedíamos diligencia a Marruecos, imaginación y flexibilidad, y yo además le pido al Gobierno de España responsabilidad y tenacidad. Esta es una crisis en la que todos tienen que cumplir la ley: el Gobierno de Marruecos, el Gobierno de España -que
no lo ha hecho- y también la señora Haidar. La información venía a trozos, y también se han quejado otros portavoces de la falta de información, pero un día abrimos los periódicos y nos encontramos con el esperpento del 4 de diciembre: el intento
de devolver a la señora Haidar sin decir exactamente qué ni cómo ni quién iba a ir en ese avión. ¿Qué hacia el director del gabinete del ministro en ese avión? ¿Qué hacía la señora Blanco en ese avión? ¿Ustedes no se dan cuenta de que con eso lo
único que hicieron fue agravar aún más la crisis? Por cierto, si no podía volver el mismo día porque no tenía pasaporte, ¿por qué podía volver el 4 de
diciembre si tampoco tenía pasaporte? (Aplausos.) La incoherencia del Gobierno es extraordinaria.
Señorías, nosotros queremos subrayar y destacar nuestro respeto a la posición de la señora Haidar, que defiende sus ideales. Aquí no se trata de quién los comparte o quién no los comparte; se trata de defender los derechos humanos y su
derecho a retornar a su casa, y se trata de subrayar, porque somos la oposición, los increíbles e incomprensibles errores de este Gobierno. Resulta sorprendente, incomprensible e inaceptable que el Gobierno esté constantemente escurriendo el bulto
y echando hacia abajo las responsabilidades que le corresponden. De la misma manera también vamos a decir con toda claridad, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular no acepta la insinuaciones más que desafortunadas del ministro de Asuntos
Exteriores del Reino de Marruecos, jugando con cosas tan importantes y tan serias como son la seguridad y la inmigración. Nosotros siempre abogamos por una buena relación con el Reino de Marruecos, pero esto se construye desde el respeto mutuo, la
transparencia y la responsabilidad, y en tiempos de crisis lo que hay que hacer es mantener la calma, no echar más leña al fuego.
Queremos terminar diciendo, señorías, que hoy nos han traído a esta Cámara una PNL salvavidas, una PNL para diluir su responsabilidad, para disfrazar su incompetencia, para esconder su desorientación y para tratar de de disimular su total
impotencia. Con todo y con eso hemos intentado subsanarlo con consenso y hemos presentado una serie de enmiendas que espero que ustedes acepten, incluida la necesidad absolutamente perentoria de que el Gobierno comparezca ante esta Cámara porque
hay un clamor social para que responda ante la sociedad en sede parlamentaria de sus errores gravísimos, de su incompetencia e incapacidad de gestión.
Pero ya se sabe, señorías, ya lo dijo el señor Zapatero hace seis años...
El señor PRESIDENTE: Señor De Arístegui, debe acabar.
El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: ... esto lo soluciono yo en seis meses.
Ya se ha visto. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor XUCLÀ I COSTA: El grupo de la mayoría, el Grupo Socialista, nos somete a debate un asunto de alto contenido político en las relaciones internacionales, un asunto que afecta a España. ¿Por qué afecta a España? Seguramente por una
determinada decisión del Gobierno sobre la cual no vamos a discutir hoy en este plazo de tiempo. El próximo jueves el ministro de Asuntos Exteriores comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores y será en aquel momento cuando podremos
discutirlo. El grupo de la mayoría quiere someter y someterá a votación un aspecto importante que tiene dos dimensiones: una dimensión hace referencia al conflicto humano y humanitario de la activista Haidar, a la cual queremos expresar nuestro
apoyo ante una situación que afecta a los derechos humanos, pero ustedes también nos traen esta tarde a colación un debate antiguo, un debate profundo sobre los derechos colectivos del Sáhara Occidental. En los contactos que tuvo la Comisión de
Asuntos Exteriores con representantes marroquíes y saharauis insistimos en que el final exitoso de la situación de la activista señora Haidar pasaba precisamente por tratar como pieza separada, al margen de las relaciones con Marruecos y al margen
del fondo de la cuestión sobre el Sáhara, la situación humanitaria que se nos plantea.
Pero hoy el grupo de la mayoría pide al Parlamento un amplio apoyo en un asunto sobre el cual el Parlamento no tiene información suficiente. No tiene esta información la Comisión de Asuntos Exteriores, no la tienen su presidente ni sus
portavoces. El ministro de Asuntos Exteriores nos anunció hace unos meses el deseo de activar lo que él definió como un sistema de consulta e información informal para trasladar a los grupos de la Cámara las situaciones que afectaban especialmente
a la política exterior. Pues bien, ¿qué asunto más importante, qué asunto de más relevancia en los últimos meses que este para que sean convocados los grupos parlamentarios para recoger información suficiente, para fijar criterio suficiente, para
fijar un mensaje de unidad? Seguramente, ante la situación que está viviendo la señora Haidar, esta tarde no tendríamos que estar discutiendo una proposición no de ley con el mecanismo de la votación, de las mayorías, de las minorías y de las
enmiendas. Esta tarde tendríamos que estar discutiendo una declaración institucional unitaria a la cual hubiéramos podido llegar sin trasladar a la opinión pública un mensaje de lógica, de debate parlamentario, como es el propio de la proposición
no de ley.
Les tenemos que decir que nosotros, que tenemos puntos de coincidencia con el redactado inicial de la iniciativa planteada por el Grupo Socialista, discrepando de la forma de plantear un asunto como este a través del mecanismo del debate y
la confrontación parlamentaria, como es una proposición no de ley, hay aspectos sobre los cuales no coincidimos, sobre los cuales tenemos nuestras reservas. No sé cómo interpretar la expresión en que se insta al Gobierno a hacer las gestiones
necesarias al máximo nivel, solo sé que seguramente lo que estamos haciendo desde el Parlamento a través del redactado que hoy se nos somete a votación es ejercer una acción limitante y limitadora al Gobierno en aras a conseguir el éxito del
objetivo final que nos proponemos. Por ello, debemos reflexionar mucho, en profundidad, sobre la contribución que hace este Parlamento, que es un parlamento democrático en el cual evidentemente hay
puntos de coincidencia y puntos de discrepancia, el servicio que hace este Parlamento a un gobierno que tiene competencia exclusiva en materia de política exterior y a un gobierno que no ha consultado de forma suficiente a los distintos
grupos, ni les ha trasladado de forma suficiente información para poder coadyuvar en la consecución definitiva del éxito en relación con la situación humanitaria que está viviendo la señora Haidar. Con lo cual, señor presidente, aquí termino. El
Parlamento sí puede y debe tener opinión sobre la situación que está viviendo la señora Haidar desde la unidad, y nos parece que hay un error de base y de método planteando una proposición no de ley, por lo cual nosotros queremos expresar en este
turno de portavoces nuestras reservas al método e insistir en que queremos hacer una buena contribución al Gobierno y deseamos que el texto que hoy se somete a votación no sea un texto limitante a las gestiones que debe hacer y que está haciendo
-nos consta- el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
La señora Valenciano me traslada que esta proposición no de ley será objeto de una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? (Pausa.) Antes de la votación ruego que nos hagan llegar la transacción, para la que no hay
oposición de ningún grupo parlamentario.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LOS ENTES LOCALES. (Número de expediente 173/000108.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el suministro eléctrico y los entes locales. Para su defensa tiene la palabra don
Francesc Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo presentó una interpelación seguida de la moción que hoy vamos a defender por la situación generada, sobre todo a los ayuntamientos, en el proceso liberalizador del mercado eléctrico. (La señora vicepresidenta, Cunillera i
Mestres, ocupa la Presidencia.) Las normativas europeas han acabado traduciéndose en normativas en el Estado español y en concreto la última, la que más afecta, es el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que establecía que a partir del 1 de julio
de este año todos los contratos superiores a los 10 kilovatios debían integrarse en el mercado libre y ya no eran susceptibles de acogerse a la tarifa de último recurso. Era fácil suponer -y así lo demuestra una lectura de los medios de
comunicación de esos momentos previos al 1 de julio- que los ayuntamientos entrarían en un contexto de muchas dificultades y a veces de cierta indefensión, dificultades en algunos casos procedentes de las pocas ofertas que recibían de las operadoras
para el mercado libre, quizá temiendo la morosidad tradicional de los ayuntamientos pero sin tener en cuenta los servicios públicos que están prestando. En otros casos, las dificultades provenían y provienen de los plazos que la propia legislación
establece, de las penalizaciones que también establece con el objetivo de incentivar precisamente el acogimiento al mercado libre. La fecha clave, la espada de Damocles, es el mes de abril próximo. Y si tenemos en cuenta además el contexto de
crisis y de falta de financiación municipal entenderemos que pueden llegar a estar en peligro la prestación de servicios básicos por parte de algunos ayuntamientos.
En ese contexto, proponíamos algunas soluciones. Somos conscientes de que algunas están en marcha y que empiezan a concretarse en acuerdos supramunicipales -integración de diversos entes locales- para poder negociar mejor con las operadoras
ese acogerse a la tarifa del mercado libre. Podríamos poner muchos ejemplos, me satisface poder comentar el firmado el 16 de noviembre por las dos asociaciones municipalistas de Cataluña con una de las operadoras, lo cual facilitará mucho a los
ayuntamientos el poder acogerse al mercado libre. Pero pensábamos también que algunas de las medidas deberían ser no tanto fruto de la buena voluntad o de esas integraciones supramunicipales, sino que necesitarían el impulso del Gobierno o incluso
algunos cambios legales, por eso lo que proponemos en la moción. Básicamente había dos tipos de medidas a nuestro juicio. Una y fundamental, que esta Cámara pueda emitir un mensaje claro e inequívoco de que los ayuntamientos deben ser tratados de
acuerdo a su misión social importante y por tanto había que apremiar a las operadoras del sector eléctrico a realizar ofertas asumibles para las finanzas de las administraciones y entes locales para que pudieran acogerse al mercado libre eléctrico.
Un segundo paquete de medidas importantes eran modificaciones en la normativa. Por ejemplo, pedíamos prolongar el plazo legal establecido para acogerse al mercado libre o suspender las penalizaciones que prevé la legislación. Un elemento para
nosotros fundamental es que los servicios e instalaciones municipales, como el alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias de tercera edad, centros de servicios sociales, albergues, etcétera, deberían poder acogerse
a la tarifa de último recurso, con las facilidades de financiación que eso implica. Por tanto, pensábamos que era necesario completar las medidas en marcha con algunas medidas legales o con impulsos desde el propio Gobierno.
Después de presentar la moción hemos de reconocer que el grupo que da apoyo al Gobierno, el Grupo Socialista, ha entendido que era necesario dialogar y llegar a un acuerdo. Nosotros estamos satisfechos de haber podido trabajar en ese
sentido conjuntamente, a partir de una necesidad que antes he comentado, ese mensaje claro de apremiar a las operadoras a facilitar la integración en el mercado libre eléctrico de los ayuntamientos. Hay que recordar que están prestando servicios
que no les corresponderían, las llamadas competencias impropias, y en contextos de crisis eso es difícilmente asumible, aunque lo están haciendo. Creemos que ese mensaje es importante, lo recoge la transacción que hemos pactado con el Grupo
Socialista, pero también entendemos, porque es de lógica, que las medidas legales que proponemos tienen que estar precedidas de un estudio riguroso, pero a la vez urgente. Por tanto, la propuesta que nos hace el Grupo Socialista de que, previo a la
adopción, en su caso, de medidas legales, haya que hacer un estudio a cargo de la Comisión Nacional de la Energía nos parece una petición razonable, lógicamente siempre antes de esa fecha tope -esa espada de Damocles de la que yo hablaba- del mes de
abril, que es cuando las penalizaciones van a ser efectivas. Por tanto, entendiendo que en el redactado de la enmienda se alude precisamente a solicitar a la Comisión Nacional de la Energía con carácter urgente un informe sobre la incidencia que
está teniendo el proceso de liberalización eléctrica en los entes locales, entendemos que esa urgencia no puede ir más allá del plazo en el cual los ayuntamientos no integrados en el mercado eléctrico libre deberían sufrir las consecuencias
económicas. En ese sentido, entendemos que podemos aceptar la propuesta de transacción que nos hace el Grupo Socialista.
Lógicamente, nada tenemos en contra, sino más bien justamente a la inversa, de la implicación de las comunidades autónomas y
la apuesta por la eficiencia energética en el contexto de la economía sostenible, que es un objetivo preciado para los ayuntamientos. Por tanto, celebramos -repito- la transacción a la que hemos llegado y esperemos que el resto de grupos estén de
acuerdo y podamos aprobarla por unanimidad. El mensaje será positivo para los entes locales del Estado español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Canet.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para defenderla tiene la palabra el señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Hablamos de energía y permítanme que haga una reflexión de carácter general. Nuestro grupo entiende que la política se escribe con mayúsculas cuando se tienden puentes que facilitan el acuerdo, cuando el único horizonte al que se mira es el
del interés general. Yo creo que esto es lo que esperan los ciudadanos de sus representantes políticos, sobre todo en un momento como el que actualmente atraviesa nuestro país.
Evidentemente, para eso hacen falta dos cosas: la primera, tener
voluntad para llegar a acuerdos y la segunda, dejar a un lado los intereses de partido. Por eso, yo espero que el pacto que ha ofrecido el Gobierno sobre energía sea un camino que todos podamos recorrer juntos, pues en ello nos va el futuro de la
economía y el bienestar de la sociedad. En este sentido, quiero agradecer la voluntad de entendimiento del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, del señor Canet, con la enmienda que presentamos que entendemos mejora la propuesta inicial.
Como SS.SS. conocen, desde el pasado día 1 de julio se ha procedido, de acuerdo con las directivas europeas, a la liberalización del sector eléctrico en nuestro país. El modelo que ha llevado a cabo el Gobierno socialista es el de proteger
a los consumidores más pequeños. De esta manera se crea la TUR, la tarifa del último recurso, que va a beneficiar a 20 millones de consumidores, y una medida de política social, como es que a cinco millones de hogares, que tienen que ver con las
pensiones mínimas, con las familias numerosas, con las familias que tengan a todos sus miembros en paro o las que tengan una potencia inferior a tres kilovatios, tengan congelada la tarifa de aquí al año 2012. Al mismo tiempo, se elimina el déficit
tarifario, ese sistema perverso que puso en marcha el Partido Popular, tan perverso que hoy estamos pagando parte de la luz que consumimos hace ocho o diez años, además con intereses. El nuevo modelo protege a los colectivos más vulnerables
económicamente, da seguridad jurídica a las empresas y a los hogares y beneficia al conjunto de los consumidores, entre ellos a los entes locales, por cuatro razones.
La primera, porque se incrementa notablemente la libertad de elección de los
consumidores. La segunda, porque el precio regulado que representa la TUR sirve como referencia, como precio máximo que tienen las compañías para hacer ofertas a los consumidores. En tercer lugar, porque permite la elaboración de ofertas por parte
de las comercializadoras a la medida de las necesidades de cada consumidor, y les recuerdo que más competencia es sinónimo de precios más bajos y de una mayor calidad de servicio, como hemos tenido ocasión de comprobar en otros servicios como la
telefonía móvil, fija o Internet. Y la cuarta, porque fomenta el ahorro y la eficiencia energética, incentivando que seamos todos más responsables en el consumo eléctrico en beneficio del bienestar económico, social y medioambiental.
Estamos constatando, en términos generales, lo decía también el señor Canet, que el proceso de adaptación de los entes locales al mercado libre se está solventando de una manera razonable, con soluciones que van desde ofertas más atractivas
y competitivas en el mercado (para ello se están asociando los municipios) hasta crear sus propias comercializadoras, que hagan posible llevar a cabo sus propios negocios de contrato. Además, se están
llevando a cabo proyectos piloto con los ayuntamientos para la mejora de la eficiencia energética en general y del alumbrado público en particular con empresas de servicios energéticos. Esta vía, tal cual decimos en nuestra enmienda, supone
un beneficio, porque, en primer lugar, significa ahorrar energía. Eso es bueno para el conjunto de la economía de nuestro país, para el empleo y también para los ayuntamientos, porque una parte de lo que ahorran va a significar que tengan que pagar
menos al ser eficientes en su consumo. Otra medida que está beneficiando es el fondo local, conocido popularmente como plan Zapatero, que va a permitir que muchos ayuntamientos puedan aliviar sus cuentas al poder destinar el 20 por ciento al gasto
corriente y que realicen también inversiones en proyectos de ahorro y eficiencia energética. Estas y otras medidas son las que se han puesto en marcha, pero queremos seguir estando al lado de los ayuntamientos y por eso hemos propuesto que la
Comisión Nacional de la Energía elabore un informe sobre la incidencia que en el caso de las entidades locales está teniendo el proceso de liberalización eléctrica, señor Canet, evidentemente con la urgencia necesaria para garantizar los derechos
ciudadanos, en especial el de los servicios esenciales, con pleno respeto a la normativa comunitaria.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Alique.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Tenemos, como todo el mundo reconoce, un modelo eléctrico necesitado de algo más que de retoques, necesitado de reformas incluso de calado. En todo caso, esto no obsta para reconocer que cada vez que se inicia un proceso siquiera mínimo de
retoque, ello tiene dificultades, tiene problemas y no es nada fácil dar los pasos de forma pacífica. De uno de esos problemas, surgido a raíz de determinados pasos dados en el proceso de liberalización, proceso comedido por lo demás del mercado
energético, trató la interpelación que presentó el pasado día tres de diciembre el diputado Francesc Canet, de Esquerra Republicana, y de eso va también la moción que hoy presenta para debate y votación en este hemiciclo. Mi grupo va a poyar la
moción que, finalmente, tras transar el grupo proponente con el grupo socialista, va a sometérsenos a votación. Es evidente que no hay recorrido para ninguna reforma y tampoco para la que hace referencia a una liberalización, siquiera parcial, del
mercado energético sin que surjan por el camino tensiones y contradicciones. En este caso se trata de tensiones en las que se han visto envueltos los municipios a raíz de la entrada en vigor del Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta
en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica. Dicho decreto obligaba, y obliga como es justo que lo haga a nuestro juicio en términos generales, a los ayuntamientos a acogerse forzosamente al mercado libre a
través de una comercializadora. Toda regla puede tener excepciones, pero, sobre todo, toda regla merece que sea aplicada con tiento, teniendo en cuenta en todo momento la problemática que su aplicación genera. Y de esto último trata, si bien
entendemos nosotros la moción que hoy se nos presenta a votación.
Son tres tipos de medidas las que finalmente parece que van a ser recogidas en la moción. Determinadas medidas que instan, que intentan propiciar una aplicación menos traumática,
con menores tensiones para que los ayuntamientos efectivamente puedan hacer frente a una obligación legal. De eso tratan los puntos 1 y 2, bien mediante al apremio a las operadoras del sector eléctrico, bien mediante la participación de las
comunidades autónomas. Un segundo bloque es el que hace referencia al estudio y en su caso a la posibilidad de nuevas reformas para que efectivamente las entidades locales, en el cumplimiento de sus obligaciones, no resulten perjudicadas hasta
donde no deben resultarlo.
Tampoco nos parece fuera de sentido esta segunda parte de las propuestas.
Pero quiero subrayar para terminar la última línea de trabajo que apunta la moción, que es las medidas de ahorro y eficiencia energética en este
caso aplicadas a los entes locales. Iniciaba mi intervención hablando de que tenemos un modelo eléctrico necesitado de algo más que de retoques incluso que de reformas de gran calado. Pues bien, el patito feo de todas estas reformas hasta el día
de hoy sigue siendo que no hemos entrado de lleno y de verdad en la definición y en la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética no solo en el ámbito que hoy se trata de los entes locales sino en general. De ahí que nos parece
excelente que aprovechándose esta coyuntura de dificultad de las entidades locales para aplicar la normativa que les hace referencia en el modelo eléctrico que en este momento se está liberalizando, se trabaje en que se definan y se apliquen medidas
de ahorro y eficiencia energética que, insisto, son las medidas que también se deben aplicar en el conjunto de la economía con mucha más decisión de lo que se ha hecho hasta el presente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará positivamente la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya con el texto finalmente transaccionado con el Grupo Socialista. La liberalización
del mercado energético
es positiva. Debemos enmarcarla en un contexto europeo, pero también en el ámbito local sobre todo con la incidencia del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril; decreto que al final determinó un plazo, el de 1 de julio del presente año, en
el que quedaban derogadas las tarifas integrales y muchos consistorios, muchas corporaciones locales lo están pasando y lo han pasado mal por esa obligada adaptación, porque tenían un tipo de contrato y ahora tienen que acceder al mercado en
condiciones difíciles.
Por tanto, entendemos que el grupo proponente haya planteado una moción y nos congratulamos de que al final se llegue a un acuerdo en el que se va a pedir a las operadoras que las ofertas que realicen puedan ser asumibles
para las finanzas locales. Pongamos también esta moción en el contexto de unas finanzas locales muy dañadas en estos momentos por la crisis económica, por la bajada de la participación de los municipios en la PIE, en la participación en los
ingresos del Estado -ya que en este presupuesto baja esa participación- y por que no tenemos aún esa nueva ley de haciendas locales. Lo están pasando mal, están pasando una situación financiera alarmante y, por tanto, es positivo el mensaje que hoy
se lanza en esa moción, así como que se solicite a la Comisión Nacional de la Energía que, con carácter urgente, realice un informe sobre la incidencia que en el caso de las entidades locales está teniendo el proceso de liberalización eléctrica.
Será bueno y positivo tener ese informe, sacar conclusiones del mismo y, sin perjudicar a las operadoras, buscar la compensación necesaria para que las entidades locales puedan adaptarse plenamente a esa liberalización del mercado energético. Esto
es también lo que pretende Convergència i Unió. Nos congratulamos hoy de ese punto de acuerdo y votaremos a favor del mismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo que está claro es que la situación de crisis económica que estamos padeciendo en España está dejando ver con toda su crudeza la difícil situación financiera por la que atraviesan muchos ayuntamientos desde hace años. Como todavía
continúa pendiente la reforma de la financiación municipal y como los ayuntamientos son las administraciones más próximas y eficaces y atienden en muchos casos competencias impropias, y además para atender estas normalmente carecen de la
financiación adecuada, cada paso se abre más la brecha entre ingresos y gastos. El suministro eléctrico a los ayuntamientos para cubrir sus necesidades propias o de servicios, como alumbrado, educación, sanidad, etcétera, parte de la categoría de
los contratos de alta tensión, y con la normativa de julio pasado solo quedan seis meses de plazo para que acudan al mercado libre, o lo que es más grave, si no han cambiado de compañía deben soportarlo con un recargo del 5 por ciento mensual desde
hace un año, y desde el 1 de julio pagar el precio que se fije en la TUR más el 20 por ciento de incremento adicional. Para los ayuntamientos el problema es doble. Por un lado, han estado pagando más por la luz que si se hubieran acogido al libre
mercado ... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor, señorías.
El señor ERIAS REY: ...ya que durante el periodo de transición a los clientes de alta tensión que seguían acogidos a la tarifa regulada se les iba incrementando el recibo con recargos a modo de penalización y, por otra parte, la
liberalización de la luz pone al descubierto la situación endémica de morosidad que han practicado los ayuntamientos con las compañías eléctricas. En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que en el recibo de la luz el 50 por ciento de lo que se
paga procede del precio de la energía y que en los últimos meses este está cayendo. El otro 50 por ciento corresponde a las tarifas de acceso a peajes, que incluyen el transporte, la distribución y las primas a las renovables. Por estos motivos,
consideramos que impulsar medidas excepcionales y transitorias que permitan a los ayuntamientos acogerse al libre mercado es bueno para superar la crisis; asimismo, fomentar el ahorro y la eficiencia energética va a ayudar a reducir el consumo y a
rebajar la factura energética local. Por último, la propuesta de un informe de la CNE sobre las repercusiones que tiene la liberalización eléctrica sobre los entes locales creemos que es muy necesaria. El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la
moción presentada por Esquerra Republicana y la transacción a la que ha llegado con el Grupo Parlamentario Socialista, y lo hace en el mismo sentido que ha propuesto medidas excepcionales y de carácter transitorio para superar la crisis económica en
lo relativo a los precios de la energía para las pequeñas y medianas empresas y las familias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Erias.
Señor Canet, me ha parecido entender de su intervención que el texto que finalmente se pasaría a votación es el texto de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor CANET I COMA: Sí, porque incluye puntos de nuestra moción y de su enmienda.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet, así lo haremos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL GOBIERNO EN LAS COSTAS DE CANARIAS. (Número de expediente 173/000109.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Perestelo, sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias.
Para defender la moción, tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada sustanciábamos en esta Cámara una interpelación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en relación con la situación de las costas en Canarias y sobre todo con las competencias sobre el litoral.
Diferenciábamos claramente lo que significaba un plan de obras de costas, un convenio de costas en función de unas partidas presupuestarias, y la ejecución de lo que debe ser un plan estratégico sobre el litoral de Canarias, sobre sus costas. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Avanzábamos también en lo que podía ser un nuevo marco competencial en relación con el tratamiento de las costas, partiendo de la situación de derecho público del litoral y sobre todo del respeto al espacio
público en el litoral.
La señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino nos hablaba en la comparecencia de algo que nos parece fundamental, nos hablaba de la lealtad institucional, un concepto que no es la primera vez que se emplea en esta Cámara y en
el Senado para hablar de las costas de Canarias; un compromiso que en su día asumió la entonces ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, en relación con una interpelación y una moción consecuencia de interpelación de Coalición Canaria en el
Senado, defendida por el entonces senador y presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior. Recuerdo que nos planteábamos las actuaciones de recuperación posesoria en función de un acuerdo, un acuerdo de lealtad entre ayuntamientos, cabildos,
Gobierno de Canarias y Administración General del Estado, Demarcación de Costas, Dirección General de Costas.
Decíamos que la situación en el litoral no era exclusivamente responsabilidad de los usuarios de ese terreno de propiedad pública, sino
también, por acción o por omisión, de los gobiernos respectivos -ayuntamientos, cabildos, gobiernos, Administración General del Estado- y que la recuperación posesoria de este territorio tendría que ser consecuencia de un diálogo y de un consenso.
Como he dicho, en aquel momento la propia ministra Narbona hablaba de lealtad institucional y nosotros seguimos manteniendo que esta es fundamental para resolver un tema de tanto calado, sobre todo desde el punto de vista social; en Canarias, como
en el resto del territorio, hemos visto muchas situaciones relacionadas con las connotaciones sociales de este tema. Por tanto, es necesario sustanciar esa lealtad, establecer cómo vamos a organizar las relaciones entre gobiernos para posibilitar
ese marco de lealtad institucional. Por eso, esta moción establece en el punto 3 el nuevo marco competencial que planteamos, incluso utilizamos unos términos en los que no llegamos al final del proceso, en función de la situación actual de
tramitación del Estatuto de Autonomía o de la propia Ley Orgánica de Transferencias a Canarias, y decimos que existen fórmulas jurídicas que permiten un gobierno en lealtad institucional de nuestro litoral. Sin perder el marco competencial del
Estado, se puede establecer un convenio por delegación, incluso hablamos de la encomienda de gestión como fórmula que permita tener ese espacio de lealtad institucional que reclamaba hace unos años -cinco ya- la ministra Narbona y que reclamaba la
semana pasada la actual ministra en el marco de esa interpelación.
La realidad objetiva, señorías, es que en Canarias sigue habiendo problemas incluso para ejecutar el propio Plan de Costas o el convenio de costas, como genéricamente se titula. Citaré un titular de un periódico de esta misma semana: La
costa espera respuesta. Habla de nueve proyectos en una isla que están paralizados por lo de siempre. El cabildo dice que es porque costas bloquea y costas dice que es porque el cabildo no autoriza o porque el ayuntamiento tiene otras servidumbres
que no están resueltas en el procedimiento administrativo para posibilitar la inversión. En definitiva, cada día comprobamos más -y ese es el espíritu que trae Coalición Canaria aquí- que son necesarios el diálogo institucional, la lealtad
institucional y la confianza. De ahí esta iniciativa en los términos en los que la hemos planteado. Por eso -y lo reconocía la propia ministra, que manifestaba también su voluntad política de llegar a acuerdos no solo con Coalición Canaria sino
que entendía que esa colaboración se extendía más allá del ámbito parlamentario, al ámbito gubernamental y a la relación entre gobiernos-, el primer punto de nuestra moción contempla el diseño de un plan, en colaboración con el Gobierno de Canarias,
de una estrategia integral para las costas canarias, que prime su recuperación y conservación, algo que decía también la ministra en su intervención, pero también su sostenibilidad social, económica y medioambiental en unos momentos en los que
Canarias precisa de todo estímulo posible para reducir sus altos índices de paro. También decimos, como consecuencia de esa respuesta de la propia ministra, en un punto segundo: desarrollar y ejecutar, en coherencia con la estrategia anterior, un
plan de regeneración de costas y playas de Canarias consensuado con el Gobierno de Canarias, de forma que superen las actuales limitaciones del convenio de costas y se garantice la máxima colaboración institucional con el Gobierno, los cabildos y
los ayuntamientos canarios. Señorías, en esta iniciativa estamos exclusivamente planteando lo que fue la respuesta
de la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a la interpelación que Coalición Canaria propuso en el Pleno anterior. No hemos querido llegar más allá. En el punto tercero es cierto que planteamos una estrategia para llegar al
final del proceso de transferencias de competencias del Estado hacia Canarias, pero somos conscientes del marco estatutario actual, del marco constitucional y en ese marco entendemos, señorías, que existen fórmulas que permiten llegar a acuerdos,
respetando esa lealtad institucional, para dar solución a los múltiples problemas que cada día se están presentando en el uso del litoral, sobre todo en el uso público del litoral. Por consiguiente, tendremos que plantear una serie de iniciativas
para recuperar ese uso público del litoral y sobre todo los accesos libres de cualquier ciudadano al litoral o al mar. Señorías, Coalición Canaria espera que esta iniciativa en forma de moción tenga el apoyo de las fuerzas parlamentarias y
consigamos un apoyo unánime que permita establecer una vía de diálogo, una vía de lealtad institucional, como bien decía la ministra como consecuencia de la interpelación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Manuel Domínguez.
El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hablar de Canarias indiscutiblemente es hablar de costas, de igual forma que hablar en el resto del territorial nacional de costas es hablar de sus archipiélagos, de Baleares o de Canarias. Permítanme que hoy comience mi
intervención como si de un cuento se tratase: Érase una vez una ley promulgada para proteger a la costa del ladrillo y del hormigón, para promover el desarrollo sostenible y garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos. Después de veinte años
vemos como tras escuchar a la señora ministra contestar la interpelación el pasado Pleno del señor Perestelo, todavía sigo sin encontrar ese final a ese cuento.
Sí, pero no; hay que ceder competencias, pero tenemos acuerdos; tenemos acuerdos,
pero no los aplicamos; y así una y otra vez. Todo esto refleja la ambigüedad y poca claridad de un Gobierno desgastado y que se oculta cada vez que existen problemas. Desde el Grupo Popular consideramos y estimamos oportuno diseñar una estrategia
integral, desarrollar un plan de regeneración de costas y de playas, pero también es necesario que existan compromisos firmes y detallados, donde se refleje la clara intención del Gobierno por el desarrollo de nuestras costas y de nuestro litoral,
en definitiva, que el trabajo se guíe hacia la obtención de un beneficio turístico. Por ello, nuestra primera enmienda persigue que el Gobierno fije un calendario de actuación en referencia tanto a la estrategia anteriormente detallada, como al
Plan de regeneración de costas y playas, o bien al convenio de gestión integral del litoral, al cual hacía referencia la señora ministra. Lo que no tiene sentido alguno, señor Perestelo -espero que esa modificación transaccional llegue a buen
puerto a partir de hoy- es ese punto número 3 en el cual se solicitaba la transferencia de las competencias al Gobierno de Canarias. Consideramos oportuno ese trabajo a través de su sostén jurídico, que no es otro que el Estatuto de Canarias, ese
Estatuto que aún no tiene luz verde y que todavía no ha llegado a ser una herramienta eficaz y eficiente para aspectos tan importantes como el que se debate en el día de hoy.
Haré una doble diferenciación en esta moción: en primer lugar, el litoral y sus asentamientos urbanísticos y, en segundo lugar, las costas y el desarrollo económico de Canarias. Señorías, en cuanto a la primera vertiente, el litoral y sus
asentamientos urbanísticos, tengo que decirles que mi grupo aboga incondicionalmente por la conversión, regeneración y deslinde del mismo, pero nunca tal y como lo ha hecho el Gobierno de la nación. Cho Vito, ubicado en Canarias, en Tenerife, en el
municipio de Candelaria, es un claro ejemplo de la arbitrariedad y de la mala actuación de un Gobierno como el actual. Cho Vito fue demolido y maltratado y las actuaciones allí desarrolladas en ningún momento cumplieron con el compromiso del Estado
de coordinación con el Gobierno de Canarias y con el cabildo insular. Así pues, hoy tenemos a un pueblo expulsado y sin haber recibido indemnización alguna. Decía que daría una doble vertiente a mi intervención, y la segunda hace referencia a las
costas, a nuestras playas, a su litoral y a todo lo que en ellos se puede desarrollar. El turismo en Canarias representa algo más del 30 por ciento en cuanto a su producto interior bruto se refiere, una cifra que sin duda refleja la importancia del
mismo. Teniendo en cuenta estos datos así como la imposibilidad de separar el binomio turismo-costas, Canarias necesita una buena e inmediata aplicación de esta ley, no como cortapisa sino como posibilidad de ofrecer una ventaja comparativa con el
resto de destinos turísticos. Son muchos y variados los destinos turísticos que compiten directamente con Canarias y que tienen y mantienen ese binomio costas-turismo. Respetan y conservan el litoral -sus costas, sus playas-, pero al mismo tiempo,
bajo un claro desarrollo sostenible, ofrecen sus costas y playas como ventaja competitiva. En Canarias nos encontramos con arenas procedentes del machaqueo, con impedimentos para el desarrollo de actividades de ocio; en definitiva, con un sinfín
de limitaciones. Pueden ser muchas las actuaciones que se planifiquen o se desarrollen en y para Canarias con el fin de paliar las altas cifras de paro. Podemos hablar de planes integrales, de zonas de baja tributación, pero, señorías, tengan
claro que el turismo es y será la mejor medicina para este mal.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domínguez.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Mercedes Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, yo subía a esta tribuna para defender la postura del Grupo Socialista y agradecer que en un tema tan importante como son las costas para todos los políticos canarios -siempre tenemos que ver con costas porque al
fin y al cabo somos isleños- se aceptaran las enmiendas que Coalición Canaria ha tenido la generosidad de aceptar.
Supuestamente Coalición Canaria era con quien pensé que iba a tener más problemas, pero ahora me sorprende que el Grupo Popular no se
sonroje al decir que la Ley de Costas de 1988, que ellos mismos pudieron haber modificado mientras gobernaban, ha sido tremendamente mala para Canarias y ha originado unos destrozos y unos deslindes con los que no están de acuerdo. Eso, señor
Domínguez, se llama demagogia; eso se llama hacer política de oportunismo y no respetar la legalidad vigente.
(Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores.) Yo creía que habíamos encontrado un punto de
encuentro y resulta que estamos desencontrados totalmente. Por otro lado, Coalición Canaria, que siempre ha estado luchando por mantener el dominio marítimo-terrestre en determinadas actuaciones, ha tenido la generosidad de aceptar que podamos
buscar fórmulas alternativas mientras se formulan otras, como el Estatuto de Autonomía, que le den más autonomía. Pero aquí hablamos de turismo y de turismo sostenible y después hablamos de que casas que fueron construidas después de la Ley de
Costas -se lo puedo asegurar yo, que me pude bañar en esas playas en aquella época y que no estaban allí-, pretendían que no las tiráramos. Es que esas casas se tenían que tirar porque las construyeron después de la Ley de Costas de 1988. (El
señor Domínguez González hace gestos negativos.) Sí, sí las construyeron, se lo puedo asegurar porque yo me bañaba en aquellas playas y porque toda mi familia procede de ese entorno, o sea que no me diga que no porque es así.
Con frecuencia se habla de que no hacemos el suficiente ejercicio de buena voluntad para integrar las distintas propuestas que mejor ayudan a nuestras islas y que anteponemos el interés político al de los ciudadanos. En esta ocasión yo
creía que no iba a ser cierto. Hemos realizado un ejercicio de acercamiento que deberíamos ser capaces de practicar con más asiduidad y no tener lapsus u olvidos perentorios que van de 1996 a 2004, años en que podían haber modificado la Ley de
Costas si hubieran tenido voluntad de hacerlo. En Canarias hay que hablar de costas, hay que hablar de un dominio marítimo-terrestre, tendríamos que hablar de que hay muchas competencias municipales, de los cabildos, del Estado e incluso de aguas
internacionales que a veces son compartidas, lo que impide que a veces se realicen determinadas actuaciones. También deberíamos hablar de que en ocasiones en el dominio marítimo-terrestre existen determinadas actuaciones que sí tienen un componente
etnográfico y que deberían ser objeto de algún estudio somero y buscarles una solución, pero esto no tiene nada que ver con lo que de una manera demagógica se intenta hacer con algunas actuaciones que ya se han hecho dentro de la ley y de la
legalidad vigente, y por lo tanto no se puede estar diciendo una cosa y practicando otra. Lo que nosotros queremos decir es que la gestión del litoral canario no es competencia -como usted bien sabe y como dijo la ministra el otro día aquí- ... y
hemos de ser capaces de pasar de lo complejo a lo sencillo a través de la creación de una comisión u organismo, como ha pedido el Partido Popular y como usted también hacía referencia en algunos de sus puntos, con el fin de plasmar en realidades que
puedan disfrutar a corto plazo los ciudadanos, remarcando que la costa está para el disfrute de todos y de todas y no de unos cuantos. Nunca debemos permitir que unos cuantos, por su propia voluntad, lleguen allí, construyan en primera línea de
playa y después pretendan que aquello sea su primera vivienda cuando todos sabemos que no lo es; tampoco debemos permitir, en aras del medio ambiente, que se haga chabolismo en las costas Canarias porque nos ha perjudicado incluso de cara al
turismo; ni tampoco debemos permitir que nos saltemos a la ligera, para hacer grandes actuaciones en el litoral, informes medioambientales que ponen en peligro la flora y la fauna. Debemos buscar un desarrollo de la costa que sea compatible con un
medio turístico que nos convenga a nosotros, que pueda hacer disfrutar a los canarios de la costa y que permita mantener el indudable valor medioambiental que tenemos tanto en la playa, las costas y el límite marítimo-terrestre como en el plano
submarino, lo cual a veces impide realizar actuaciones como ocurre con los farallones, que impiden recuperar algunas playas que nunca han servido para bañarse ni van a servir y que además pueden afectar a la vida submarina de algunas especies
canarias que ustedes saben que están en peligro de extinción. Por lo tanto, no estamos hablando de algo tan sencillo, y le agradezco al Grupo de Coalición Canaria que haya tenido a bien aceptar la postura que el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino nos ha presentado para que busquemos, dentro de un consenso hasta que se encuentren las fórmulas definitivas, la solución para nuestras costas, que será buena para los ciudadanos y ciudadanas canarias, para nuestro turismo y
para nuestro desarrollo. Dejémonos de demagogia, que creo que no nos conduce a ningún sitio bueno. Nosotros desde luego vamos a apoyar todo esto.
Muchas gracias (Aplausos.).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Coello.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparto la inquietud de la Cámara. Aunque en el caso de los diputados pueda deberse a unas razones, en mi caso es que llevo prácticamente votando que sí a todas las iniciativas en la tarde de hoy, y no va ni con mi carácter ni
con mi tradición. Por lo tanto, voy a anunciar el voto contrario a esta iniciativa no porque sea la excepción a la regla esta tarde, sino porque tenemos razones para un principio de precaución, señorías.
En la iniciativa anterior del Grupo Parlamentario Mixto y de Coalición Canaria votamos que sí. Era una iniciativa legislativa que podemos corregir en el debate parlamentario y por otra parte era una iniciativa de mirada larga y profunda
hacia las aguas interinsulares. En este caso, es una mirada corta y tenemos miedo de que sea una mirada codiciosa. Por lo tanto, no vamos a utilizar el principio de confianza que utilizamos en ese momento, sino el principio de precaución
ambiental, que nos parece el más adecuado en este caso. ¿Y por qué decimos esto? Señorías, porque por la exposición de motivos y tras el debate con la señora ministra creemos que el grupo proponente tiene razones en relación con las competencias
de su comunidad autónoma y con el planteamiento de una reforma del Estatuto que nosotros respaldamos; también creemos que tiene razones con respecto a los desencuentros en el convenio, pero tenemos mucho miedo de que la alternativa a competencias y
a convenios sean únicamente planes de un término que antes tenía mucho contenido, mucho significado, que era el desarrollo sostenible pero que hoy sirve para un roto y para un descosido -sirve para desarrollo sostenible desde el punto de vista
ambiental, sirve para desarrollo sostenido, que es económicamente apreciable pero ambientalmente bastante negativo, y sirve prácticamente para todo- y, además, porque hay experiencias que nos llevan a ese principio de precaución.
Señorías, cuando hemos visto esta iniciativa nos hemos acordado de Granadilla y de Las Teresitas, y no tenemos una buena impresión de ninguna de esas iniciativas en la costa de Canarias. Y no solo nos hemos acordado, sino que nos ha venido
a la mente lo relativo al Plan insular de la isla de La Palma que pretende pasar de 9.000 a 25.000 plazas turísticas: puertos deportivos, proliferación de instalaciones portuarias, en definitiva, un modelo de construcción y de turismo que creemos
que está agotado y que no es bueno para el futuro de Canarias. Es necesario recuperar el empleo y también la economía, pero hay que hacerlo con un cambio de modelo si no queremos llegar a las mismas conclusiones a que hemos llegado en esta crisis
económica: empleo precario, situación de impacto ambiental importante y baja redistribución de la renta, es decir, escaso Estado social. A nosotros no nos convence ese modelo y, por tanto, por mucho que lo sintamos -y hoy rompemos la regla del
sí-, vamos a votar negativamente a esta iniciativa por un principio, en este caso, no de desconfianza sino de precaución ambiental.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Vasco, PNV, el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente, solo para decir que nuestro grupo apoyará esta iniciativa de Coalición Canaria porque consideramos que en situaciones de crisis hacen falta nuevas alternativas de economía, nuevas oportunidades de economía, y las
islas Canarias ofrecen todo eso y más. Es un buen momento para que con lo que plantea esta moción se llegue a acuerdos de colaboración y de cooperación, se transfieran aquellas competencias que aparecen en esta moción para que la Comunidad Autónoma
de Canarias pueda gestionar sus recursos lo mejor posible. Por lo tanto, nuestro grupo apoyará esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
También con la máxima brevedad anuncio el voto positivo de Convergència i Unió a esta moción. En cualquier caso, nuestro voto hubiera sido entusiasta si no se hubieran aceptado las enmiendas que la rebajan considerablemente, al menos en su
tercer apartado, en el cual nosotros participamos. Como saben los amigos de Coalición Canaria, siempre hemos defendido que el traspaso a las comunidades autónomas, especialmente a aquellas donde la costa es tan importante como en Canarias, de las
competencias en materia de costas son un elemento de racionalidad extraordinario. Desde Cataluña, y en esta misma Cámara, en el año 1933 se reclamaba el traspaso de las competencias en materia litoral, y en aquellos momentos hubo un acalorado
debate en esta Cámara, alguien dijo que traspasar las competencias de autorización litoral, los chiringuitos para entendernos, rompía la unidad nacional. Hoy a ustedes no les han roto la unidad nacional, pero sí les han roto su moción. En
cualquier caso, vamos a darle el voto y anunciamos que Convergència i Unió va a presentar a debate este tema en el próximo periodo de sesiones, puesto que es un tema de gran calado, y esperamos que, como hace sesenta o setenta años, por pedir una
competencia tan clara, tan lógica, tan racional, que entra tan de lleno en la planificación urbanística y territorial de las comunidades autónomas, no se nos acuse de querer romper la llamada unidad nacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señor Perestelo, ¿puede indicar a la Presidencia qué enmiendas acepta S.S.
para la votación? (Rumores.)
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, agradeciendo la presentación de las enmiendas, que entiendo pueden mejorar la iniciativa planteada, queremos manifestar a la Mesa que vamos a admitir la enmienda de adición que plantea el
Partido Popular como punto número 4 y la enmienda de sustitución que plantea el Partido Socialista como punto número 3, con lo cual lo que se sometería a votación sería una propuesta en la que estarían los dos primeros puntos de la iniciativa de
Coalición Canaria, el punto 3 se sustituiría por la enmienda del Partido Socialista y el punto 4 iría con la enmienda de adición del Partido Popular.
(Rumores.) Si me permitiera treinta segundos, intentaría convencer al señor Llamazares...
(Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Perestelo. Ya es bastante con que podamos entendernos. Creo, señor Perestelo, haber entendido bien que acepta S.S.
para la votación la enmienda de adición del Grupo Popular al punto 4 y la enmienda de
sustitución del Grupo Socialista al punto 3. ¿Es así? (Asentimiento.) Muchas gracias.
En dos minutos iniciamos las votaciones. (Pausa.)
Vamos a iniciar las votaciones. Por favor, tomen asiento, si es que desean votar.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/1994, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A DICHA COMISIÓN MIXTA.
(Número de expediente
122/000181.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para el reforzamiento de las funciones
asignadas a dicha Comisión Mixta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. PERESTELO Y SRA. ORAMAS), SOBRE DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DE CANARIAS. (Número de expediente 122/000174.)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Perestelo y señora Oramas, sobre la delimitación de los espacios marítimos de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 338.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad también la toma en consideración de esta proposición.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2010. (Número de expediente
162/000532.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la toma en consideración de proposiciones no de ley. Proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Popular, Vasco (PNV) y Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades y objetivos de
la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2010. Esta proposición se vota con las enmiendas de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds correspondientes al punto 2, energías renovables; punto 3,
automóvil; punto 7, infancia; punto 8, emigración. E igualmente con las enmiendas 1, 2 y 3 de Coalición Canaria.
En estos términos comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 329; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL FONDO ESTATAL DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN Y REFUERZO EDUCATIVO PARA LAS PERSONAS INMIGRADAS. (Número de expediente 162/000360.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Fondo Estatal de Acogida e Integración y Refuerzo Educativo para
las personas inmigrantes. Se vota con la enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Socialista
y del grupo proponente, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En los términos antedichos comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SOLIDARIDAD CON LA SEÑORA AMINETU HAIDAR. (Número de expediente 162/000544.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la proporción no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre solidaridad con la señora Aminetu Haidar. Esta proposición no de ley se vota en los términos de la enmienda transaccional para la
que no ha habido oposición a su tramitación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 190; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LOS ENTES LOCALES (Número de expediente 173/000108.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el suministro eléctrico y los entes locales. Se vota esta moción con la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL GOBIERNO EN LAS COSTAS DE CANARIAS. (Número de expediente 173/000109.)
El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señor Perestelo, sobre los planes y proyectos del Gobierno en las costas de Canarias. Se vota con la adición del Grupo Popular al punto 4 y con la
sustitución del Grupo Socialista al punto 3.
En estos términos comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 336; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
HABILITACIÓN DEL MES DE ENERO PARA EL TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY 23/2006, DE 7 DE JULIO.
El señor PRESIDENTE: Por último, votamos la habilitación del mes de enero para el trabajo de la subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor 333; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Habiendo alcanzado la mayoría absoluta que señala el Reglamento, queda habilitado el mes de enero para la subcomisión.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.