Ogi-apurra
Argitalpenak
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 103, de 15/09/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 103
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 95 celebrada el martes 15 de septiembre de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 4)
Ampliación del orden del día ... (Página 5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 184-1, de 18 de mayo de 2009.
(Número de expediente
122/000164.) .... (Página 5)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la transferencia de aeropuertos catalanes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 88-1, de 25 de abril de 2008. (Número de
expediente 122/000074.) ....
(Página 14)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para impulsar la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, mediante sistemas de colaboración público-privado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
D, número 234, de 3 de julio de 2009. (Número de expediente 162/000457.) ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pensión de viudedad relativa a las parejas de hecho. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 78, de 7 de octubre de 2008. (Número de expediente 162/000211.)...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente 173/000085.) ....
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso de su política económica para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social, y dar cobertura a las personas en situación de
desempleo. (Número de expediente 173/000086.) ... (Página 40)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio en relación con un señor diputado. (Número de registro 82847.) ... (Página 46)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 4)
Ampliación del orden del día ... (Página 5)
El señor presidente pregunta a la Cámara si de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces se acepta que como último punto del orden del día de esta sesión se pueda examinar y votar el dictamen
de la Comisión del Estatuto del Diputado, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 5)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos ... (Página 5)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley interviene el señor Sánchez i Llibre, en nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la transferencia de aeropuertos catalanes ...
(Página 14)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley interviene el señor Ridao i Martín, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez y Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 24)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para impulsar la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, mediante sistemas de colaboración público-privado ... (Página 24)
Defiende la proposición no de ley el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; las señoras Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pensión de viudedad relativa a las parejas de hecho ... (Página 29)
Defiende la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Bravo Ibáñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario
Socialista.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Olabarría Muñoz.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 35)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra ... (Página 35)
Defiende la moción la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Barkos Berruezo.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso de su política económica para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social, y dar cobertura a las personas en situación de
desempleo ... (Página 40)
Defiende la moción la señora Álvarez-Arenas Cisneros, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto da por defendida su enmienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Álvarez-Arenas Cisneros.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos, se rechaza por 166 votos a favor y
172 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la transferencia de aeropuertos catalanes, se rechaza por 27 votos a
favor, 311 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página 44)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para impulsar la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, mediante sistemas de colaboración público-privado,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 184 votos a favor, seis en contra y 148 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pensión de viudedad relativa a las parejas de hecho, con la autoenmienda del grupo proponente más la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se rechaza por 19 votos a favor, 312 en contra y ocho abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 45)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, Sra. Barkos, relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de las competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, se rechaza por 27
votos a favor, 311 en contra y una abstención.
Sometido a votación el texto de la moción, excepto el punto 3, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fracaso de la política económica para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la
Seguridad Social, y dar cobertura a las personas en situación de desempleo, se rechaza por 163 votos a favor, 174 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el punto 3 de la moción anunciada, se rechaza por 151 votos a favor, 174 en contra y 13 abstenciones.
Se suspende la sesión con carácter público.
Se reanuda la sesión con carácter secreto.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Vamos a proceder a la toma de juramento o promesa a dos nuevos diputados.
Conforme a lo establecido por
el Reglamento de la Cámara, se procede al llamamiento de los señores diputados proclamados electos por la Junta Electoral Central para prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
En sustitución de don César Antonio Molina Sánchez, pregunto a don Francisco Javier Carro Garrote si jura o promete acatar la Constitución.
El señor CARRO GARROTE: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En sustitución de don Pedro Solbes Mira, pregunto a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón si jura o promete acatar la Constitución.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Don Francisco Javier Carro Garrote y don Pedro Sánchez Pérez-Castejón han adquirido la condición plena de diputados. Bienvenidos y enhorabuena.
AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Pregunto a la Cámara si de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces aceptan SS.SS. que como último punto del orden del día de esta sesión se pueda examinar y votar el
dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado en relación con el suplicatorio para un señor diputado. ¿Se acepta? (Asentimiento.) Queda aceptado e incluido.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES A FAMILIARES DIRECTOS. (Número de expediente 122/000164.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el primer punto del orden del día, proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos. Para la
defensa de la proposición de ley tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ¿por qué Convergència i Unió ha presentado una vez más esta iniciativa parlamentaria de supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares directos de primer grado, o sea, todas aquellas
herencias o donaciones que vayan de padres a hijos o de hijos a cónyuges o de padres a cónyuges, única y exclusivamente para familiares de primer grado? Por varios motivos, pero principalmente voy a exponerles seis razones por las que nuestro grupo
parlamentario, una vez más a lo largo de esta legislatura, ha presentado ante SS.SS. la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares directos.
En primer lugar, porque desde Convergència i Unió consideramos este impuesto como el peaje de la muerte; repito, porque desde Convergència i Unió consideramos este impuesto como el peaje de la muerte, o lo que es lo mismo, señorías, la
mordida que han de pagar los herederos a la Hacienda pública para disponer de todos aquellos ahorros de sus familiares directos cuando estos fallecen; peaje, señorías, con el que nosotros entendemos que se castiga básicamente a las clases medias
españolas. En segundo lugar, porque nosotros consideramos que este es un impuesto claramente confiscatorio y de una voracidad fiscal insaciable, por el que uno está pagando durante toda la vida -yo diría que cristianamente-, ahorrando toda la vida
y cuando uno fallece sus herederos han de volver a pagar esta mordida -que he calificado anteriormente- para poder disponer de los ahorros de sus familiares. En tercer lugar, porque a raíz de estas dos consideraciones también nosotros pensamos
desde Convergència i Unió que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es una figura impositiva que fulmina y dinamita las economías familiares de las clases medias españolas que han ahorrado durante toda su vida en vez de gastarlo en
liberalidades, y no se produce, a nuestro entender, una transmisión adecuada de sus ahorros en el momento de su fallecimiento y una parte de los mismos, a través de este peaje de la muerte, revierte a la Hacienda pública y no a los que lo han de
heredar legítimamente. En cuarto lugar, porque a raíz de estas tres primeras consideraciones, también nosotros pensamos que este es un impuesto que castiga y desincentiva al ahorro y lógicamente también premia, desde esta perspectiva, a los que
malgastan y no ahorran. En quinto lugar, porque también nosotros consideramos la eliminación o la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones como una cuestión de equidad, tanto desde la perspectiva social como desde la perspectiva fiscal.
Tiene sentido, señorías, que todos aquellos ahorros que han hecho los diferentes contribuyentes españoles y que los han invertido en activos empresariales afectos a la actividad productiva no tengan que pagar cuando existe el fallecimiento de los
propietarios de estos inmuebles afectos a las actividades empresariales o acciones y, en cambio, nosotros creemos que es un contrasentido que todas aquellas personas que no invierten en actividades empresariales e invierten en depósitos o en ahorros
o en activos financieros, sí tengan que pagar a la hora de su fallecimiento.
Por tanto, aquí existe una disfunción fiscal realmente importante que la corregiríamos si al mismo tiempo tuvieran la misma tributación fiscal los ahorros directos, que
van directamente a las actividades empresariales,
que los ahorros que van en otra dirección, como son los que van directamente a las actividades financieras.
También hay una sexta razón, a nuestro entender importante, para pedir la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que es una tónica en el comportamiento de nuestro grupo parlamentario que está en contacto con la economía real, en
contacto con los ciudadanos, en este caso de Cataluña, de las asociaciones de Cataluña, una concretamente de reciente creación como es la Asociación de No Successions, que está pregonando e insistiendo deliberadamente en la supresión de este
impuesto, que se está dirigiendo a todas las clases políticas, a todas las formaciones políticas. Conscientes de lo que representa la injusticia de este tributo, especialmente en todas aquellas transmisiones de bienes mortis causa o inter vivos a
favor de ascendientes, descendientes y cónyuges, Convergència i Unió también desde hace varios años -como he repetido anteriormente- se ha manifestado en contra de este impuesto y por este motivo lo presenta ante sus señorías. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Hay otros aspectos y otras consideraciones técnicas por las cuales nosotros creemos sinceramente que se tendría que suprimir este impuesto, que voy a detallar rápidamente, y son las siguientes. En primer lugar, porque no cumple con las
funciones pretendidas de redistribución e igualación de las rentas. En segundo lugar, porque se aplica de forma indiscriminada, sin tener en cuenta suficientemente las circunstancias personales del sujeto pasivo y la tributación previamente
soportada sobre los bienes que conforman en caudal relicto. En tercer lugar, hay otra consideración importante como es que la fiscalidad sobre sucesiones y donaciones supone una doble imposición, es decir, unas mismas rentas o bienes han sido
gravadas al causante o al donante, que ha tributado durante su vida por ellas, y son gravadas de nuevo a los herederos o donatarios, penalizando así a aquellas personas o familias que han priorizado la actitud de ahorrar frente a la de gastar
deliberadamente, como he mencionado al inicio de mi intervención. En cuarto lugar, la definición de la capacidad contributiva en el impuesto rompe el principio de progresividad, de tal forma que determinadas rentas tienen un acceso más fácil a
ventajas fiscales que otras, como ha ocurrido con la posibilidad de que los ahorros que están orientados única y exclusivamente a las actividades empresariales estén exentos. Esto es algo que nosotros hemos promovido y aplaudido, y lo seguiremos
haciendo a lo largo de esta legislatura, porque nos parece de justicia que aquellos ahorros que van orientados básicamente a la generación de puestos de trabajo estén exentos de tributación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero al
mismo tiempo también pedimos que las rentas que en vez de estar afectas a actividades empresariales vayan destinadas al ahorro en cuentas corrientes o en activos financieros no productivos tengan la misma calificación impositiva. En quinto lugar,
porque la actual configuración del impuesto comporta cada vez más que el esfuerzo fiscal recaiga sobre las clases medias españolas, que son las que no pueden optar por configurar patrimonios no gravados por el mismo. También esto es una
consecuencia de la explicación anteriormente fijada por este portavoz.
Hay otra consideración importante desde nuestro punto de vista y es que en las comunidades autónomas donde el impuesto sobre donaciones y sucesiones mantiene una elevada carga recaudatoria, como en el caso de Cataluña, resulta habitual que
la aceptación de la herencia quede condicionada a la capacidad o no del pago del impuesto por parte de los herederos. También puede suceder, como ocurre en Cataluña y en otras comunidades autónomas, que cada día se produzcan más deslocalizaciones
fiscales de patrimonios desde Cataluña a otras comunidades donde existe una bonificación importante en el impuesto sobre el patrimonio. Con esta iniciativa también queremos evitar estas deslocalizaciones empresariales y de patrimonios afectos a
estos impuestos para que puedan tributar en el territorio de origen. Otra cuestión relevante es que no se reclama únicamente por parte de los ciudadanos la supresión del impuesto para las herencias entre familiares directos sino que también el
Defensor del Pueblo, en su informe del año 2003, formulaba la siguiente recomendación a la que pienso que sería importante que estuvieran atentas SS.SS. para intentar remar todos en la misma dirección. Decía la recomendación que en el ámbito de
las competencias que ostenta el Estado se adopten todas aquellas medidas necesarias a fin de reformar el impuesto sobre sucesiones enervando la fiscalidad de las herencias directas, superando así las desigualdades existentes, tanto en su regulación
como también en su aplicación.
Señorías, existen experiencias en otros países de la Unión Europea que van en la misma dirección de la propuesta planteada por Convergència i Unió.
En Dinamarca, por ejemplo, están exentos del pago del tributo los hijos, los nietos, los
cónyuges y los padres del causante. En Italia no se paga el impuesto sobre sucesiones y donaciones como norma general. En Portugal este impuesto se suprimió el 1 de enero del año 2004 y en Suecia el 1 de enero del año 2005. Existen otros países
que están en proceso de supresión de este impuesto y hay otros países de la Unión Europea en los que sí existe pero con unas bases imponibles muy importantes que hacen que la mayoría de las clases medias residentes en los mismos estén prácticamente
exentas del pago del impuesto de sucesiones y donaciones.
Por este motivo hemos apelado a la sensibilidad política y social de los diferentes grupos parlamentarios que van a fijar posición con posterioridad a la intervención de este portavoz.
Quiero agradecer de antemano la posición de algunos grupos parlamentarios que sé que van a optar por apoyar esta toma en consideración. En caso de que prosperara esta toma en consideración, en la Comisión de Economía y Hacienda escucharemos cuáles
son las posiciones de todos los grupos parlamentarios para que, finalmente,
pudiéramos suprimir plenamente este impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares de primer grado. Como no voy a tener oportunidad de hacerlo después, quiero agradecer ahora la posición que va a tener el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que ya me ha manifestado su intención de apoyar esta proposición. También conozco los esfuerzos que va a tener que hacer el señor Ridao para apoyar esta iniciativa. Soy consciente de que no está de acuerdo con el cien por cien de la
iniciativa que ha planteado Convergència i Unió pero estoy convencido de que tras la toma en consideración -que espero que podamos aprobar- podremos buscar con Esquerra Republicana de Catalunya -que ya apoyó la iniciativa que planteó Convergència i
Unió en el debate sobre el estado de la Nación- puntos de confluencia ya que en este asunto existen puntos de coincidencia que también quiero agradecerle. Quiero manifestar de antemano mi agradecimiento a los portavoces de Coalición Canaria, que
van a ir en la misma dirección que Convergència i Unió, tal y como se planteó en el último debate del estado de la Nación. Vamos a intentar conseguir a través de mi intervención que los diferentes portavoces del Bloque Nacionalista Galego cambien
su posición para incorporarse a una mayoría importante que probablemente se dará en este debate parlamentario, haciendo esto extensivo a UPN y Nafarroa Bai. También quiero agradecer la posición del Grupo Parlamentario Popular, que ya ha manifestado
anteriormente, porque va a compartir los objetivos más importantes que persigue Convergència i Unió en esta tramitación de la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Al mismo tiempo, quisiera que el Grupo Parlamentario Socialista hiciera una reflexión ya que estoy convencido de que muchos de sus integrantes están de acuerdo con las afirmaciones que plantea Convergència i Unió sobre que sería interesante
plantear la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Señorías, a pesar de que ustedes llevan manifestando desde hace aproximadamente un mes diferentes subidas fiscales que van a afectar tanto a impuestos directos como indirectos, esta
propuesta de Convergència i Unió no es un desafío, ni muchísimo menos, a los planteamientos del PSOE, sino una iniciativa que mantiene Convergència i Unió desde hace varias legislaturas. Le pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que tenga la
sensibilidad política y social para no bloquear esta toma en consideración de la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Quizás con su voto favorable pueda dar luz verde a una mayoría, que estoy convencido que se va a configurar, para
que se pueda tramitar con toda normalidad y tranquilidad en la Comisión de Economía y Hacienda. Seguramente la mayoría de la clase media española se lo agradecerán y también a todas las formaciones políticas.
Hay otro aspecto que nuestro grupo parlamentario quiere comentar. De conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de noviembre, de financiación de las comunidades autónomas, como es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y la
propiedad de este impuesto corresponde a la Administración del Estado, es a él al que le corresponde la autorización para poder proceder a esta supresión. Por tanto, desde esta perspectiva, en nuestra proposición de ley hacemos referencia al
principio de lealtad institucional para establecer la correspondiente compensación de los recursos a todas aquellas comunidades autónomas que hasta la fecha tenían unos ingresos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones porque es un impuesto
cedido y, al mismo tiempo, si esta supresión fuera efectiva a lo largo de esta tramitación, lógicamente, le corresponde al Estado por este principio de lealtad institucional establecer la correspondiente compensación por los recursos que están
generando las diferentes comunidades autónomas para poder resarcirlas de los ingresos que hasta la fecha venían percibiendo.
Señorías, finalizo mi intervención apelando a su sensibilidad social y a la justicia fiscal de los diferentes grupos parlamentarios para, a través de esta iniciativa legislativa presentada por Convergència i Unió, pedirles el voto favorable
para de una vez por todas eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones que nosotros calificamos como el peaje de la muerte.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Sánchez.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, al Grupo Parlamentario Mixto, comenzando por la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente para anunciar mi posición y para dar algún argumento cortito en el tiempo que tengo del porqué de la misma. Mi posición, la de Unión Progreso y Democracia, es contraria y se expresará con un voto negativo
a la tramitación de esta proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tan amable y correctamente ha explicado el diputado Sánchez i Llibre.
Como saben SS.SS., al menos los que hayan seguido mínimamente mi forma de actuar ante las proposiciones de ley, soy en general favorable a apoyar la tramitación aunque esté en desacuerdo con el contenido y a actuar con las enmiendas
pertinentes en el trámite de enmiendas, salvo aquellos supuestos en los que la propia tramitación de la proposición de ley mande un mensaje a la sociedad española que a mí me parezca negativo. Este es el caso, desde mi punto de vista, y por eso voy
a votar en contra de la tramitación de esta proposición y no porque crea que no hay que abordar la reforma fiscal en España y que no hay que hacer ese trabajo de abordar en profundidad una reforma fiscal. Precisamente porque creo que la reforma
fiscal, la fiscalidad es un todo y ha de hacerse su reforma de una manera coherente me parece tan poco
responsable plantear hoy la supresión de este impuesto como poco coherente que el presidente plantee antes de ayer la subida de otro y pasado mañana la rebaja o la subida de otro. Este es un tema muy serio. La reforma fiscal en España hay
que abordarla en su conjunto, de la misma manera que, a mi juicio, hay que abordar la reforma del mercado laboral -por cierto, juntas las dos- y ambas teniendo como objetivo reformar nuestra economía, nuestro modelo productivo y, además, generar
empleo de calidad.
No creo que este juego de subo un impuesto, bajo el otro, hoy un grupo nos dice que lo va a subir a los unos, a los otros, este cruce de calificaciones, que no se ha producido, entre los que son de izquierdas y los que son de derechas porque
suben o bajan impuestos, me parece que es un mensaje muy poco edificante para la sociedad, máxime en una situación de desequilibrio presupuestario y de déficit como el que vive España y con más de 4 millones de ciudadanos en paro. Esto hay que
abordarlo en serio. Por eso me parece que lanzaríamos un mensaje -por lo menos por la parte que a mí me corresponde- negativo, poco edificante a la sociedad si nos lo tomáramos como un trámite más, en el que luego ya veremos; es un mensaje que yo
creo que no se corresponde con lo que debiera ser nuestra tarea de responsabilidad, que practica habitualmente el Grupo de Convergència i Unió, y por eso voy a votar en contra de la tramitación de esta iniciativa.
Añadiré brevísimamente un punto más. Yo no pensaba hablar de ello, pero lo ha dicho el señor Sánchez i Llibre al final de su intervención. Es verdad que es una competencia de las comunidades autónomas y que cada una de ellas regule de una
manera o de otra puede romper el mercado. Lo ha dicho de otra manera, pero además ha dicho que, en la medida en que hay ingresos para las comunidades autónomas, el Estado tiene que regular pero luego nos compensará. Mire, señor Sánchez i Llibre,
esto es la independencia subvencionada por España, o sea que el Estado hace desaparecer el impuesto y además compensamos a las comunidades autónomas con el dinero de todos los españoles. Pues mire, no. Esto de la independencia uno se lo toma en
serio y lo que no vale es: ustedes asuman la responsabilidad y luego me lo pagan. No, esto no es serio y como no es serio nosotros no vamos a votar a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.
Señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición de ley sobre supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos presentada por Convergència i Unió responde a la lógica y al sentido común y por ello anuncio el voto favorable de Coalición
Canaria a esta iniciativa. Es una propuesta que se encuadra perfectamente en el espíritu pragmático y moderado que caracteriza a la acción política de Convergència i Unió, que históricamente ha sido y es un buen contrapeso en esta Cámara a las
extralimitaciones que por exceso o por defecto han pretendido sacar adelante las mayorías de gobierno. Especialmente juiciosas son en esta Cámara las propuestas fiscales de CiU, sobre todo por el hecho de que no se limita a realizar apelaciones o
consideraciones generalistas sino que concreta sus apuestas tanto en su discurso desde esta tribuna como en las iniciativas legislativas que presenta. En esta propuesta se viene a corregir una auténtica injusticia fiscal que se ceba sobre todo en
las clases medias y en las familias más modestas, ajenas por lo general a los artilugios jurídicos y societarios que permiten minimizar el coste fiscal de las personas o familias que disponen de grandes patrimonios. Es una iniciativa que permite
homogeneizar las situaciones en toda España después de que una serie de comunidades autónomas, entre ellas la canaria, hayan suprimido en la práctica este impuesto. De hecho, en Canarias se establece una bonificación del 99,9 por ciento de la cuota
tributaria derivada de las adquisiciones mortis causa y de las adquisiciones inter vivos a los sujetos pasivos incluidos en los grupos 1 y 2 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones. Cuando la tributación directa estaba escasamente desarrollada y
Hacienda debía aprovechar las circunstancias de la aceptación de las herencias y donaciones para quedarse con una parte importante de las plusvalías generadas a lo largo del tiempo por las personas o familias más acomodadas, aunque con tipos fijos,
este impuesto aportaba una cierta progresividad fiscal porque detraía recursos de los más pudientes en beneficio de la bolsa común. Por suerte, la situación ha cambiado en las últimas décadas, pero el progreso de este país, que se concentra
especialmente en el periodo democrático, ha permitido a la mayoría de las familias concretar y materializar sus ahorros en viviendas, inmuebles y pequeños negocios, fruto del esfuerzo y tesón de estas generaciones de españoles que tuvieron que
levantar este país después de la guerra civil y de un casi estéril periodo de autarquía, privándonos de muchas cosas que hoy consideramos necesarias.
Porque la ilusión de nuestros padres y abuelos siempre fue asentar bases más fuertes para que sus
hijos y nietos pudiesen arrancar con más fortaleza y oportunidades de las que ellos tuvieron. La inercia de un sistema tributario que tenía que atender a necesidades crecientes de servicios públicos ha hecho pervivir en el tiempo una situación
claramente injusta, de forma que continúa una especie de doble imposición precisamente sobre aquellas personas que lo destinaron al ahorro y no al disfrute y al propio consumo. Por ello es procedente que se anule esta anacrónica carga a las
familias y por ello votaremos a favor de la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.
Señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego. Así lo pensaba hacer pero me siento más obligado aún después de las apelaciones expresas hechas por el señor Sánchez i Llibre a que el Bloque Nacionalista
Galego pueda reflexionar y por tanto modificar su sentido de voto inicial teniendo en cuenta sus argumentaciones. En ese sentido tengo que decirle a mi buen amigo Sánchez i Llibre que el Bloque Nacionalista Galego está de acuerdo en que el impuesto
sobre sucesiones y donaciones merece reforma en algunos aspectos, en particular para reducir la carga fiscal en aquellos contribuyentes con menor capacidad de pago en las sucesiones y donaciones entre familiares directos. Pero no compartimos la
filosofía que emana de la proposición de Convergència i Unió de suprimir el impuesto para los familiares directos, independientemente de cuál sea la renta o la cuantía de la transmisión o la donación. En la pasada legislatura autonómica se llevó a
cabo en Galicia una modificación en el sentido que antes expliqué, pero en los términos en que lo plantea CiU este impuesto perdería por completo cualquier carácter progresivo.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre este impuesto, de manera que es factible llevar a cabo tal reforma por parte de las comunidades que así lo deseen.
Por lo tanto, esta
proposición de ley supone además una interferencia en las ya de por sí escasas competencias tributarias de carácter normativo que posee el ámbito autonómico. En ese sentido quiero hacer una reflexión y compartirla con el señor Sánchez i Llibre
porque, aunque tenemos diferencias en algunas cuestiones, compartimos la misma visión sobre cómo debe evolucionar el Estado español y cuál debe ser el modelo de Estado.
Amigo Josep Lluís, señorías, consideramos que es enormemente peligroso utilizar
argumentos que apelen como perniciosa a la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Aunque no lo pretendamos, por esta vía al final lo que hacemos es avalar argumentos que consideran que las políticas autonómicas pueden poner en peligro la
unidad de mercado.
Nosotros consideramos que la autonomía política debe conllevar una mayor corresponsabilización fiscal y, por tanto, la posibilidad de diseñar políticas fiscales propias. En ese sentido hay que tener en cuenta que, en los
términos en que la plantea Convergència i Unió, está supresión tendría un impacto en la financiación autonómica y, aunque en la proposición se contempla que el Estado debe compensar a las comunidades autónomas por esto, desde nuestro punto de vista
añadiría un horizonte de incertidumbre en una financiación autonómica que además no nos satisface en absoluto.
Me reservo para el final el argumento fundamental para el Bloque Nacionalista Galego, que hace que no podamos votar a favor aunque sea simplemente para que sea tomada en consideración y modificarla en la tramitación parlamentaria. El señor
portavoz de Convergència i Unió sabe perfectamente que el gran debate de este reinicio de curso político es la política fiscal, vinculada a lo que tienen que ser las políticas presupuestarias del Gobierno, y el Bloque Nacionalista Galego no está a
favor de cambios en la política fiscal que vayan prefigurando un modelo antes de que exista una reflexión compartida sobre cuál tiene que ser la política fiscal en su globalidad. Nosotros consideramos que hay que huir de un debate demagógico sobre
si hay que bajar o subir impuestos; habrá que bajar unos y subir otros. En cualquier caso, para nosotros lo fundamental es asegurar que el sistema fiscal sea justo e incrementar su equidad y su progresividad.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Jorquera, por favor.
El señor JORQUERA CASELAS: Precisamente para evitar lecturas equívocas a este respecto, nos vamos a oponer a la emisión a trámite de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez i Llibre, la postura de Iniciativa per Catalunya y la postura de Izquierda Unida va a ser inequívoca. Y va a ser inequívoca en torno a un titular que usted ha dado, el peaje de la muerte, que tiene una paternidad. La
paternidad es la del señor Bush, la de los think-tanks neocons, que cuando hablaban de este impuesto hablaban del peaje de la muerte. Por aquel entonces había un tal Paul Krugman que le decía que no, que esa no era la política. Pues bien, si usted
está con la terminología de George Bush, yo estoy humildemente con aquello que predicaba Paul Krugman. Se lo digo porque lo que está en juego es, en primer lugar, el modelo de corresponsabilidad fiscal, la capacidad normativa y competencial de las
comunidades autónomas. Sí, hoy el impuesto sobre sucesiones y donaciones pertenece a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma hace lo que cree, porque algunos creemos en la mayoría de edad de las comunidades autónomas. La pregunta es si
una fuerza catalanista, nacionalista, puede intentar decidir aquí lo que no tiene mayoría para decidir en el Parlament de Catalunya. Yo creo que no debería hacerlo porque lo cierto es que hoy esa capacidad está en las comunidades autónomas y es una
mala tarjeta de presentación para una fuerza que se llama catalanista intentar solventar aquí lo que no puede solventar en el Parlament. Si ustedes quieren quitar el impuesto, quítenlo
y vayan a las próximas elecciones catalanas a decir que la prioridad en vez de estar en educación está en reducir en más de 700 millones la recaudación en torno a sucesiones y donaciones. Pero no intenten solventar aquí lo que no solventan
allí, porque en Cataluña hay un consenso, en el Parlament y en el Govern, y ese consenso es que hay que evitar que por una sucesión pequeña, modesta, por el piso de tus padres, tengas que pagar el impuesto, pero no que se elimine ese impuesto para
las grandes fortunas.
Segundo elemento. Usted siempre habla de las clases medias. ¿Por qué no desenmascaramos ese discurso? El 60 por ciento de las declaraciones tiene una cuota íntegra, por ejemplo en la mayoría de las comunidades autónomas y en Cataluña,
igual a cero; el 60 por ciento. El 75 por ciento representa una recaudación del 4 por ciento; el 75 por ciento de los declarantes. ¿Y por qué no lo decimos clara y abiertamente? A usted lo que le preocupa es ese 0,66 por ciento que representan
el 35 por ciento de la recaudación. Estaríamos de acuerdo en modificarlo, como lo estamos haciendo en Cataluña, precisamente para aquellos que reciben el piso, pero no estamos de acuerdo en eliminarlo para las grandes fortunas. Por tanto, tras el
discurso de las clases medias lo que se esconde es el descaro de aquellos que quieren que en época de crisis los que más tienen no es que paguen más, sino que incluso paguen menos, y ahí a nosotros no nos encontrará.
Es verdad, existe dumping fiscal entre comunidades autónomas, pero cuando existe dumping fiscal entre comunidades autónomas lo razonable es ver cómo hacemos para evitarlo y sería con una medida tan sencilla como que el impuesto de sucesiones
y donaciones se tributara en función de los años de residencia en cada comunidad autónoma. Esa sería una medida razonable, pero no la eliminación de golpe y porrazo del impuesto.
El tercer argumento -el primero es que desde el punto de vista competencial lo que ustedes quieren es declarar hoy la certificación de la minoría de edad de las comunidades autónomas y el segundo es que nosotros no estamos para que los que
más tienen encima ahora paguen menos- es el momento económico. No es que este sea un mal paso, es que es un paso atrás, es un paso atrás en el actual contexto. ¿Saben ustedes lo que supone para las comunidades autónomas, para el conjunto de la
economía, que hoy haya menos recaudación? En un escenario de crisis, cuando hace apenas una semana estábamos hablando en esta tribuna del escenario de déficit, cuando hablábamos de la necesidad de incrementar el gasto social, de hacer políticas
anticíclicas, de incrementar las políticas públicas, el mensaje es que sí, que se elimine el impuesto de sucesiones. Y la pregunta es ¿para qué?, ¿para aumentar el consumo? Porque usted sabe tan bien como yo que esos más de 2.000 millones de
euros en el año 2007 no van a aumentar el consumo, van a aumentar el flotador de aquellos que ya nadan muy bien pero no van precisamente a las políticas sociales que es necesario hacer hoy más que nunca. Por tanto, creo que no tiene sentido alguno
esa pérdida de recaudación. Sí, tiene un sentido en relación con ese discurso tan cacareado del partido de la responsabilidad; que hoy, desde las tribunas económicas, las social liberales e incluso las que se ubican en su terreno deberían estar
diciendo que traer hoy a esta Cámara esta propuesta es una gravísima irresponsabilidad, y más grave sería aún que se admitiese a trámite dicha propuesta. Es un mal paso en general, pero es un paso atrás en el actual contexto, especialmente es un
mal paso en el actual contexto. Hoy la mayoría de países, aquellos que no han practicado una política neocon como la Administración Bush, mantienen el impuesto de sucesiones; hoy, en la OCDE: Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica... y
podría continuar, señor Sánchez i Llibre, podría continuar. No vale la lógica de la doble imposición; no es cierto, si en la doble imposición está la directa, la indirecta y muchas más. Lo que tiene es un elemento redistributivo, como marca la
Constitución, y es cierto que lo que supone en definitiva es que grandes fortunas, grandes herencias, tributen. ¿Que hay elementos que solventar en las comunidades autónomas? Por supuesto que sí y en eso también estamos.
Ya para acabar, señora presidenta, The Economist decía hace poco: The party is over, la fiesta se ha acabado. Hoy podríamos certificar que la fiesta se ha acabado; que la fiesta se acabó en las reducciones de impuestos que no tenían
sentido alguno, cuando no se trataba de inflar más la economía, de crecer al 4 por ciento, sino de intentar precisamente cambiar las fases del modelo. Y hoy en un escenario precisamente de crisis, en un escenario de necesidad de políticas públicas,
en un escenario de políticas sociales, en el contexto en definitiva de que necesitamos reivindicar lo público precisamente para salir del atolladero, lo que tenemos que decir es que sí, que la fiesta se ha acabado, que no puede ser que ahora encima
la fiesta la paguemos eliminando impuestos a los que tienen grandes fortunas; no puede ser.
Eso, para un partido que se llama responsable, debería ser como mínimo motivo de sonrojo. También tengo que decir que de esos polvos, estos lodos; que
precisamente de la política de supresión de impuestos, por ejemplo del impuesto de patrimonio, tenemos hoy esta subasta infinita que no sabemos hasta dónde llegará; hoy estamos en la subasta del impuesto de sucesiones después de la eliminación del
de patrimonio. Pues bien, yo creo que hay que reivindicar una fiscalidad progresista, una fiscalidad redistributiva, la necesidad precisamente de hacer políticas públicas y políticas sociales, de minimizar el impacto de la crisis entre la gente que
la está padeciendo más. Y hoy ustedes podrán hablar de centralidad, pero no es nada centrado, es muy radical hablar de ese impuesto del que hablaba el señor Bush, de ese peaje de la muerte que apadrinaron los neocon.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Herrera.
Tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, se diga lo que se diga y desde la responsabilidad, lo que en origen, al menos en el plano teórico, era un impuesto progresivo, equitativo, redistributivo se ha convertido en la práctica en un impuesto con muchas distorsiones y
además incluso con muchas injusticias como consecuencia no solo de las sucesivas reformas de su estructura sino de un tratamiento distinto por parte de las comunidades autónomas que han introducido un elemento de competencia fiscal entre todas
ellas, y ese es un elemento que no se puede desdeñar, y en algunos casos evidentemente debido a la doctrina desfiscalizadora de derecha en algunas comunidades autónomas.
Vamos a votar en Esquerra Republicana a favor de esta toma en consideración en primer lugar porque es eso, una toma en consideración; en segundo lugar por coherencia, porque el plan de gobierno en Cataluña prevé precisamente la modificación
en profundidad de este impuesto; en tercer lugar porque votamos una resolución recientemente en ese sentido, el propio Parlament tiene adoptada una resolución en esta dirección desde el mes de marzo del año pasado, concretamente dirigida a una
reforma que garantice la progresividad y la equidad perdida. No compartimos, obviamente, toda la propuesta que hace Convergència i Unió, una propuesta que va a caballo entre lo que podríamos llamar una supresión casi total de este impuesto y una
reducción de la capacidad normativa de las comunidades autónomas configurando un núcleo tributario único, entre otras cosas porque va en contra de ese principio de los espacios fiscales a nivel federal. Nosotros proponemos una amplia reforma más
progresiva, más equitativa, fijando un mínimo exento que deje fuera los patrimonios más bajos de las clases más desfavorecidas, que se beneficie sobre todo a los familiares directos, que se exima la transmisión para los patrimonios familiares e
incluso que se modifique el impuesto sobre la renta de las personas físicas para evitar la doble tributación, en este caso la transmisión ínter vivos que luego paga en las transmisiones mortis causa.
Por tanto, se trata de enmendar algunos errores
e injusticias del pasado y en segundo lugar de recomponer esa estructura originaria de este impuesto, que debía ser equitativo, en beneficio de las clases populares y más desfavorecidas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió trae hoy a esta Cámara para su toma en consideración una proposición de ley cuyo fin es la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones a familiares
directos. Como señala en su exposición de motivos, el impuesto grava los incrementos patrimoniales que se producen en el momento de la herencia, legado o cualquier otro título sucesorio o entre vivos, patrimonios que por otra parte han sido ya
gravados en fases anteriores. No voy a entrar a debatir y menos a rebatir los argumentos que plantea Convergència i Unió en su iniciativa, puesto que a pesar de que tenemos discrepancias en relación con bastantes de ellos, eso no es relevante en
este momento de la tramitación, podremos discutir los temas más a fondo cuando se tramite la proposición en esta Cámara. Lo que el Grupo de Convergència i Unió propone es que se suprima el impuesto al menos para familiares directos y se compense la
caída de recursos que ello pueda suponer a las comunidades autónomas por parte de la Administración Central del Estado. De la misma manera que el señor Rodríguez Zapatero eliminó el impuesto sobre el patrimonio, lo cuantificó en 1.800 millones y
decidió compensar con un importe equivalente a las comunidades autónomas, creo que esta propuesta tiene el mismo planteamiento y la misma legitimidad. Por tanto, no es que obligue a Cataluña o a otra comunidad autónoma a suprimir el impuesto, que
mediante exenciones y bonificaciones puede ser de facto suprimido, como lo han hecho algunas otras comunidades autónomas, sino que les compense por la pérdida de recaudación que una decisión de este tipo conlleva. En el ámbito de la Lofca se trata
de un impuesto cedido al cien por cien sobre el que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa en el ámbito de la base imponible, pudiendo establecer las pertinentes bonificaciones e, insisto, muchas de ellas lo han hecho.
Como ustedes saben, en el ámbito foral se trata de un impuesto concertado de normativa autónoma sobre el que las diputaciones forales disponen de plena capacidad normativa. De hecho, la bonificación del cien por cien que esta iniciativa de
Convergència i Unió pretende está aprobada a modo de exención desde hace más de quince años en los territorios históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por este motivo, sin estar de acuerdo con todos los argumentos, como decía anteriormente,
nuestro grupo parlamentario no puede oponerse a la toma en consideración de esta proposición, por lo que la vamos a votar favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha manifestado en multitud de ocasiones que estamos dispuestos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Era y es un compromiso programático de nuestra formación política y en ese
sentido queremos que todos los españoles se beneficien de la eliminación de este impuesto en todo el territorio nacional. Por tanto, aunque no coincidimos al cien por cien con la formulación de la proposición, sí estamos de acuerdo con los
objetivos y con la filosofía que inspira la iniciativa que ha presentado hoy el Grupo de Convergència i Unió. El Grupo Popular votará a favor de esta iniciativa y, si procede, presentaremos las enmiendas oportunas a lo largo de su trámite
parlamentario. Es tan firme nuestro rechazo a este impuesto, tan absolutamente firme que en todas las comunidades autónomas donde gobernamos, absolutamente en todas, hemos bonificado el 99,9 por ciento de la tarifa, de la base imponible de este
impuesto. En Castilla y León, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, ahora también en Galicia -ha sido recientemente anunciado por el presidente Feijóo-, los ciudadanos ya no pagan ese impuesto. Resumiendo, solo se paga en las comunidades
autónomas donde gobierna el PSOE y esto es un ejemplo claro de que hay una diferencia a la hora de analizar este impuesto. Por tanto, esta intervención viene respaldada por hechos; no es una invocación política contra este impuesto, sino que allá
donde gobernamos eliminamos esta tarifa lo máximo que es posible. Esto, señorías, se llama coherencia y en este sentido me gustaría que el PSOE también practicara un poquito.
Antes han comentado el resto de los portavoces que este tributo está cedido en términos de gestión a las comunidades autónomas, de manera que estas tienen la capacidad de fijar la base imponible, las tarifas, los coeficientes, las
bonificaciones, etcétera, y en virtud de esta potestad algunas comunidades autónomas deciden eliminar el impuesto, que es absolutamente injusto y confiscatorio, y otras no. Antes el diputado Sánchez i Llibre con buen criterio hablaba del peaje de
la muerte.
Efectivamente, la plataforma No Successiones quería colocar en los autobuses de Barcelona una pegatina en la que hablaba del peaje de la muerte. De ese tema se hablado y se ha hablado mucho últimamente en Cataluña y yo, que soy diputado
por Barcelona, conozco perfectamente hasta qué punto este impuesto puede afectar a la economía de una familia.
Voy a poner un ejemplo claro, y yo creo que puede ser muy representativo de lo que es este peaje. Una herencia de 100.000 euros de padre
a hijo en Cataluña pagaría hasta 9.688 euros, eso es lo que pagaría el hijo por recibir 100.000 euros de su padre. En cambio, en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, donde no se paga este impuesto, pagaría 103 euros. Si
comparamos estas tarifas, podemos hablar de que en ciertas comunidades autónomas se aplica como mínimo un abuso, porque estamos hablando de una diferencia de más de 9.000 euros para una herencia de 100.000 euros. Hay casos en los que este impuesto
puede llegar a arrebatar más de un 30 por ciento de la herencia a familiares directos.
Esto es absolutamente desproporcionado para nosotros. Y no solamente en Cataluña se aplica de esta manera este impuesto, pasa exactamente igual en otras
comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Aragón, etcétera.
Por tanto, señorías, el mantenimiento de este impuesto crea una evidente desigualdad entre españoles y potencia la deslocalización de patrimonios.
En pleno siglo XXI ya no tiene razón de ser; ya no se dan las circunstancias económicas y
sociales que fundamentaron la creación de este gravamen. La sociedad evoluciona y también debería evolucionar la política fiscal en España, y este impuesto no consigue, ni por cuantía ni por concepto, redistribuir ni igualar la riqueza, tal y como
dicen desde los bancos de la izquierda. Señorías, a lo largo de nuestra vida estamos continuamente pagando impuestos: de ámbito estatal, regional, metropolitano, comarcal, municipal, etcétera, y lo que no tiene sentido es que cuando el causante o
el donante se ve en la obligación de transmitir los bienes por los cuales ha estado pagando a lo largo de toda su vida, al final de la misma tenga que volver a pagar. Esta doble tributación no es de recibo y, por lo tanto, no estamos de acuerdo con
el actual concepto de este impuesto. Hay veces que hijos, viudos o ascendentes no pueden hacer frente a ese impuesto. Hay familias que ni siquiera pueden pagar el impuesto, no pueden pagar lo que necesitan para recibir la herencia. Se ven
obligados a malvender propiedades; algunos han renunciado a la herencia. Esto realmente afecta a las clases medias; no afecta tanto a los altos patrimonios, como comentaban anteriormente.
Esto está afectando a miles de trabajadores que
simplemente han considerado oportuno dejar un legado para proteger a su familia y han apostado a lo largo de su vida por el ahorro. En el caso de una familia española que haya podido ahorrar 100.000 euros -era el ejemplo que ponía con anterioridad-
o que haya podido comprar una segunda residencia, no podemos hablar de que esta sea una familia de ricos; definamos qué es una familia de ricos, porque yo creo que no es una familia de ricos. En ese sentido, estamos penalizando descaradamente a
las clases medias.
Acabo. Este es un impuesto que está claro que es injusto, desproporcionado, confiscatorio, hace mucho daño a las familias en momentos especialmente complicados, atenta contra las rentas medias y penaliza el ahorro. En este sentido, le pido
al Grupo Parlamentario Socialista que recapacite, que elimine el impuesto y, si me permite la expresión, a ver si les puede entrar en la cabeza que a veces eliminar ciertos impuestos puede generar efectos muy positivos para la economía española;
sería una buena medida en el contexto actual. A España precisamente no le sobra ahorro; no podemos mantener impuestos que penalizan el ahorro. Sería una buena medida acabar con este impuesto y no subir más los impuestos, que es lo que tienen
previsto hacer y lo
que les gusta hacer. Tampoco es que nos sorprenda, pero siempre que gobiernan pasa lo mismo, que suben los impuestos, y de esta manera no saldremos de la crisis económica en la que ustedes nos han metido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Gallego.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Presidenta, diputados y diputadas, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una proposición de ley, para su toma en consideración, de supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones
a familiares directos, grupos 1 y 2 de parentesco, proponiendo la modificación de la Ley 26/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Debo recordar que el mismo grupo presentó una proposición no de ley para la supresión del citado impuesto
en los casos de transmisiones mortis causa e ínter vivos a favor de ascendientes, descendientes y cónyuges, que se discutió en la Comisión de Economía y Hacienda en el mes de junio, el día 23, y fue rechazada. En ambos casos, el Grupo Catalán (CiU)
plantea o planteaba además que el Estado compense o compensara a las comunidades autónomas por la supresión de este impuesto. La posición del Grupo Socialista, al que represento, en relación con la toma en consideración de esta proposición de ley,
en coherencia con la posición mantenida en la mencionada discusión de la PNL, va a ser de rechazo. Técnicamente, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo estatal que se configura en el sistema de financiación de las comunidades
autónomas como un impuesto cedido totalmente a las mismas y en el que estas tienen amplias competencias normativas para graduar el nivel efectivo del gravamen. El sistema de cesión de impuestos del Estado a las comunidades autónomas constituye uno
de los recursos que permiten a dichas administraciones públicas el cumplimiento del principio de autonomía financiera. Por lo tanto, las diferencias del impuesto en las distintas comunidades autónomas son una consecuencia de la configuración
autonómica del Estado establecida en la Constitución. De acuerdo con este principio, se estableció el principio de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, en virtud del cual estas han de compartir con el Estado la responsabilidad
política inherente al establecimiento de los tributos con cargo a los cuales deben financiar su respectivo gasto público. A este respecto, cabe recordar que el sistema de financiación de las comunidades autónomas, configurado por la Ley 21/2001,
vigente desde el 1 de enero de 2002, supone una importante profundización en el principio de corresponsabilidad fiscal, corresponsabilidad y disponibilidad de recursos financieros que se van a ver incrementadas con el proyecto de ley que
próximamente va a enviar el Gobierno a esta Cámara con el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, nuevo modelo aprobado en el Consejo de Política Fiscal, que incluye en sus cálculos el impuesto sobre sucesiones. De la aplicación
de la capacidad normativa y competencial atribuidas a las comunidades autónomas resultan, lógicamente, diferencias entre las mismas que no dejan de ser sino la consecuencia del Estado autonómico y de la efectiva aplicación de principios consagrados
en la Constitución; es decir, la España autonómica no es homogénea en todos sus aspectos y, si creemos de verdad en el Estado autonómico, tendremos que reconocer la mayoría de edad de las comunidades autónomas para decidir lo que les corresponda en
lo que les corresponda y rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, el contenido de la proposición de ley presentada por CiU contiene efectos negativos para los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que supondría la intervención estatal en la
regulación de un impuesto cedido, en el que, si bien el Estado conserva competencias normativas esenciales del impuesto -con la excepción del País Vasco y Navarra en virtud de sus respectivos regímenes fiscales especiales de concierto y convenio
económico con el Estado-, corresponde a las comunidades autónomas decidir la regulación aplicable en función de la recaudación que esperen obtener por el impuesto y de la función que otorguen al mismo en el conjunto del sistema.
Por otra parte, y en clave ideológica, la redistribución de la riqueza es un tema que no se puede obviar. El objetivo de reducir las desigualdades en el reparto del fondo de riqueza originario para llegar a sociedades donde la equidad y la
igualdad de oportunidades sean una realidad es un objetivo que forma parte de la esencia ideológica de mi grupo. Mi grupo entiende que el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto que contribuye a una mejor distribución de la renta y a
generar mayores niveles de igualdad y de equidad social, y además creemos en un valor personal y colectivo, como el esfuerzo, el trabajo y el mérito, para progresar en la escala social y hasta en la política. Este impuesto, como ha mencionado
también algún otro interviniente, se aplica en la mayoría de los países de la OCDE, como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Irlanda, etcétera. Por otra parte, estamos hablando de fiscalidad, y en ese sentido el
Gobierno socialista ya ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio y ha bajado los impuestos en varias ocasiones, llegando a devolver a la sociedad, con esas bajadas de impuestos aplicadas en una época de bonanza de las cuentas públicas, la
cantidad de 20.000 millones de euros, cifra en el entorno del 2 por ciento del PIB español.
Para una izquierda moderna una parte de la política fiscal es instrumental y las bajadas o subidas de impuestos no tienen por qué ser en sí mismas un mérito o un demérito, dependerán, en esa parte instrumental que suponen, de las políticas
que se persigan y de la coyuntura económica.
Señoras y señores diputados, subir o bajar impuestos, por tanto, no es de izquierdas o de derechas. Lo que sí es de derechas es el discurso de querer bajar siempre los impuestos en cualquier circunstancia y a ser posible beneficiando a los
que más tienen, a pesar de que la experiencia ha demostrado que políticas de rebajas impositivas a los más ricos, como las llevadas a cabo en su día por los gobiernos republicanos de Bush, solo generan más desigualdad. Comprenderán que los
socialistas no estemos a favor de bajar los impuestos a los más ricos así como así, es una cuestión de equidad social, y ahí sí que se ve la diferencia entre la derecha y la izquierda. Las izquierdas trabajamos por avanzar hacia la igualdad de
oportunidades, y la fiscalidad es un instrumento para lograr ese objetivo. El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto progresivo porque grava más a quien más tiene y produce un efecto redistributivo sobre la riqueza originaria de las
personas. Además, resulta evidente que este no es el mejor momento para plantear la supresión de este impuesto, cuando precisamente el Gobierno ha anunciado una revisión de las figuras impositivas con el objetivo de incrementar los ingresos
fiscales en una cifra cercana al 1,5 por ciento del PIB nacional para financiar los gastos en protección social y los gastos para reactivar el tejido productivo. ¿Le parece mal a CiU, o a los señores y señoras del PP, que, por ejemplo, los
pensionistas o los parados catalanes tengan unas pensiones o unas coberturas por desempleo más dignas? ¿Les parece mal que el Gobierno haga un esfuerzo presupuestario muy importante para ayudar al tejido productivo español a superar la crisis y
cambiar el modelo económico hacia un modelo más sostenible, más competitivo, con mejor formación de las personas y empleos de mayor calidad? (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Esto hay que financiarlo, porque no se trata de mantequilla o
cañones, no puede ser una cuestión simplista de: o más gasto social o más gasto productivo.
Tenemos que afrontar al mismo tiempo y con la intensidad necesaria ambas cuestiones, y eso hay que financiarlo. Una vía, como saben ustedes, es el
incremento fiscal. Así y todo, este Gobierno seguirá manteniendo una presión fiscal inferior a la existente con los gobiernos de la derecha del señor Aznar. Por ello, nadie entendería que precisamente en un momento coyuntural difícil como el
actual, en el que el Gobierno va a pedir un esfuerzo colectivo de solidaridad, se eliminara por parte de ese mismo Gobierno el impuesto sobre sucesiones, favoreciendo a colectivos afortunados de recibir bienes y derechos en herencia o donación y que
además con ese incremento impositivo se compensara a las comunidades autónomas por su supresión. Sería un sinsentido absoluto. Por eso pido desde esta tribuna el apoyo de todos los grupos de izquierda y de progreso de esta Cámara a la posición de
mi grupo, contrario al planteamiento de supresión de este impuesto hecho por CiU.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista votará en contra de la toma en consideración de la proposición presentada por CiU.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA TRANSFERENCIA DE AEROPUERTOS CATALANES. (Número de expediente 122/000074.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la transferencia de aeropuertos catalanes. Para la defensa de la proposición de ley tiene la
palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como es sabido, los aeropuertos son hoy en día, sin ningún género de dudas, mucho más que una infraestructura de transporte, son un elemento, un factor de primer orden de desarrollo económico, también de dinamización social de un
territorio, cuyo impacto hay estudios que estiman entre el 2 o el 3 por ciento del PIB, incluso se estima que genera 3.000 puestos de trabajo por cada millón de pasajeros. En Cataluña, ello vendría a suponer, por ejemplo, la creación de 120.000
puestos de trabajo y un impacto económico equivalente a los 4.000 millones de euros. De tal forma que, modernamente, cualquier territorio o cualquier ciudad muestra un interés creciente no solo en autogobernarse sino también en tener una incidencia
en la gestión de las infraestructuras, como una herramienta indispensable para diseñar su propio futuro. En ese sentido, el modelo de gestión aeroportuario español, el mejor del mundo, según dijo a la sazón la ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, es un modelo que se forjó en el año 1990 con la Ley de acompañamiento presupuestario, con la creación -como ustedes saben- de un ente público, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que por lo pronto es verdad que vino a dar una
mayor pátina de profesionalidad, incluso de racionalidad, al conjunto del sistema, pero que era un sistema continuista y tributario del modelo anterior, es decir, un modelo que venía del franquismo y que, paradójicamente, se inspiraba incluso en los
modelos claramente centralizados de algunos países del Este. Además, este es un modelo singularísimo que hoy no tiene -dígase lo que se diga- parangón en el mundo, es una auténtica rara avis, un caso único, un modelo de gestión fuertemente
centralizado, en el que AENA corta el bacalao toda sola, mientras que lo que hoy funciona en el mundo -como ustedes saben perfectamente- son fórmulas diversas tanto de gestión privada como de gestión pública exclusiva, de concesiones
administrativas, de propiedad aeroportuaria, de intervención de la Administración local, de los poderes regionales locales, etcétera.
Normalmente, independientemente de esa fórmula de gestión, los aeropuertos compiten entre ellos, son auténticas empresas que compiten entre sí y están gestionadas -repito- con la participación de capital público o privado. En cualquier
caso, es verdad que en este país todo el mundo pide un modelo distinto, un cambio de modelo. Lo han dicho así las cámaras de Comercio, cuyo consejo así se pronunció, lo piden algunas instituciones, como la Generalitat, la Comunidad de Madrid,
etcétera. Y además de competir entre sí, los aeropuertos, contrariamente a lo que supone el actual modelo, no forman red entre sí en ningún país del mundo, forman red otras infraestructuras del territorio como por ejemplo carreteras, trenes, metro,
servicios de transporte público. ¿Por qué es así aquí? Pues porque parte de una concepción también muy peculiar de que los aeropuertos son un servicio universal y que algunos aeropuertos son de interés general, por una consideración de carácter
social, pero curiosamente o paradójicamente en la sanidad o en la educación, que evidentemente son un servicio público universal, es evidente que existen hospitales y escuelas pero no funcionan en red, en todo caso funcionarán los equipos médicos o
el personal, pero no los hospitales entre sí.
Además, no existe hoy en puridad ningún aeropuerto de interés general, quizá en Luxemburgo por su tamaño, quizá también en Finlandia, donde el 93 por ciento del tráfico pasa por el aeropuerto de
Helsinki, pero en el Estado español el aeropuerto que agrega más tráfico, como ustedes saben, es el aeropuerto de Madrid-Barajas, con el 16 por ciento del total.
Insisto, no hay aeropuertos de interés general que justifiquen este funcionamiento en
red. Otra cosa es que se pueda discutir el interés estratégico que centralmente se pueda otorgar o dar a un aeropuerto o a otro. Por ejemplo, es evidente que el interés estratégico de Barcelona-El Prat para AENA es funcionar como un alimentador de
Barajas, como un aeropuerto claramente subsidiario. Por eso, cada día es más urgente clarificar el régimen de gestión de El Prat para que las decisiones que se tomen beneficien claramente a los intereses de Cataluña y no solo se hagan en clave de
interés de AENA. ¿Por qué entonces este modelo? Porque, primero, claramente AENA surge como una herramienta ideológica para ordenar el poder político a nivel territorial, para articular -digámoslo así- España, sobre todo para potenciar su capital
como una capital bien conectada con todo el mundo. Y en segundo lugar, porque este sistema centralizado va asociado inevitablemente a una gran opacidad y falta de transparencia sobre su situación financiera. Se dice que el modelo AENA es
autosuficiente, se vanaglorian de ello sus gestores, que justifican, por ejemplo, la existencia insólita de un aeropuerto por cada provincia española, pero la realidad es que de los cuarenta y siete aeropuertos que hay, casi todos ellos de carácter
provincial, solo ocho tienen resultados positivos. El de Barcelona es el que aporta más en forma neta a toda la red aeroportuaria, y con cargo a esa famosa caja única, que se nutre tanto de las tasas aeroportuarias como de la actividad comercial
que se presta en los aeropuertos, hay una distribución no siempre equitativa y normalmente arbitraria de los recursos, y se perpetúa un sistema de subsidios cruzados entre aeropuertos de la misma red que normalmente no se conocen.
En otro orden de cosas, quizá se me dirá que en Barcelona se acaba de inaugurar una nueva terminal. Quiero decir de entrada que esa es una muy buena noticia. Sin duda, aumentará la capacidad de El Prat, permitirá más y mejores conexiones
para ese aeropuerto, pero el problema del aeropuerto de El Prat no es un problema de espacio. En segundo lugar, la inversión de AENA y del Estado en los distintos aeropuertos ha sido más bien heterogénea. Por ejemplo, la inversión en Barajas en el
periodo 1985-2005 ha sido una inversión estructural porque ha venido a concentrar hasta el 52 por ciento del total de la inversión aeroportuaria, mientras solo concentra aproximadamente el 22 por ciento del total del tráfico. En el mismo periodo de
tiempo esta inversión en Cataluña fue del 16 por ciento; en Baleares y en Canarias, por debajo del 10 por ciento a pesar del tráfico que concentran sus aeropuertos, y en el resto de aeropuertos la inversión ha sido del 6 por ciento. Insisto, el
problema de El Prat no es un problema de espacio o de capacidad. La vieja terminal, con cinco veces menos espacio, ya podía gestionar un tráfico de hasta 30 millones de pasajeros y estaba capacitada para cualquier tipo de operaciones
internacionales, también a nivel europeo. La prueba es que existen otros aeropuertos más pequeños en Europa, como el de Milán, Viena o Manchester, con más vuelos intercontinentales, pero Barcelona solo acumula el 5,4 por ciento de estos vuelos en
el conjunto del Estado. La pregunta es: ¿qué tienen estos aeropuertos que no tenga Barcelona? Pueden coincidir en tener un gran potencial económico y demográfico; pueden coincidir con Barcelona en que son capitales de una gran región muy potente
-Barcelona lo es de toda esa eurorregión que va desde Murcia hasta Perpiñán pasando por el País Valenciano y por el Principado de Cataluña-, pero lo relevante, más allá de eso, es que su gestión es plenamente competitiva y descentralizada y los
gestores dependen básicamente de su acierto. Y eso es precisamente lo que queremos hoy para el aeropuerto de El Prat, es decir, un aeropuerto competitivo, con conexiones rápidas desde Barcelona hacia todo el mundo, sin pasar por Madrid, enlazando
con los cinco continentes; que se apueste, en definitiva, por convertirlo en un auténtico hub.
Dijo una vez también la inefable ministra de Fomento Magdalena Álvarez que El Prat se estaba hinchando, y los datos dicen exactamente todo lo contrario, que El Prat está perdiendo oportunidades a capazos; pierde viajeros cada año; el
número de vuelos se ha reducido; Iberia no tiene prácticamente vuelos intercontinentales desde Barcelona. Se mantienen, como ustedes saben,
distintos convenios internacionales sobre transporte aéreo que fijan a Barajas como único destino y a Iberia como única compañía operadora. Pero sobre todo el gran problema, repito, es que AENA ha decidido estratégicamente ya desde hace
mucho tiempo que en el Estado español debe haber un solo hub. Este es Madrid, que monopoliza prácticamente las conexiones y los vuelos de alto radio porque todos los aeropuertos que no son Barajas sirven básicamente para alimentar los vuelos
intercontinentales con destino o con partida desde Madrid. Al mismo tiempo, por si ello no fuera poco, Iberia, como compañía de bandera, como ex monopolio, en línea con esta decisión estratégica, no apuesta claramente por Barcelona. Acaba, por
cierto, de cerrar hace muy pocas semanas el único vuelo que le quedaba con Londres. La mayoría de vuelos regionales de media distancia han sido cedidos a su compañía de bajo coste, con lo que para Iberia el aeropuerto de El Prat es un aeropuerto
low cost.
Esta es, por tanto, una discusión muy importante y además larga, por no decir también penosa y tormentosa. Ustedes recordarán que se retrotrae a la discusión del mismo Estatuto catalán. El texto del Estatut que aprobó el Parlament el día
30 de septiembre del año 2005 no solo planteaba el traspaso de la titularidad del aeropuerto de El Prat sino que también trataba sobre las bases de un nuevo modelo de gestión descentralizado, con la participación de las instituciones catalanas, con
una posición determinante y mayoritaria en la planificación, en la ordenación y en las decisiones estratégicas de este aeropuerto. Estos presupuestos iniciales del Estatut, que constituían una auténtica pared maestra, se desmoronaron, como ustedes
saben, o, si lo prefieren, fueron cepillados a su paso por las Cortes Generales. Recordarán ustedes que la discusión, sin embargo, polarizó buena parte del debate estatutario, lo cual es una demostración de la importancia que dieron a todo ello la
parte catalana, las instituciones y también la sociedad civil. Hubo incluso quien ironizó diciendo que el Estatuto catalán estaba hecho para hablar y discutir sobre el aeropuerto. Lo cierto es que a partir de ese debate el Gobierno español adoptó
un compromiso que se centraba en la presentación de un modelo. Esa fue una victoria ideológica, aunque, igual que al Cid Campeador, esa victoria llegara una vez muerto el debate estatutario. Ha habido distintos compromisos, el primero de los
cuales tenía fecha de otoño de 2007; el segundo, debido al impulso de una moción de Esquerra Republicana en junio de 2008, fijaba el plazo para ese modelo de gestión coincidiendo con la inauguración de la nueva terminal de Barcelona, que se
inauguró en mayo de este mismo año. También ha habido un cambio de titular en el Ministerio de Fomento. Se supone que se está trabajando en esta cuestión, pero no se sabe nada más. Lo cierto es que este debate lleva un retraso evidente, por lo
que es un debate oportuno, aunque esta iniciativa es instrumental ya que pretende forzar y acelerar este debate, que, insisto, se esta alargando demasiado. Lo único que conocemos, hoy por hoy, es la propuesta que el 1 de agosto del año 2008 la
ministra de Fomento presentó en estas Cortes. Fueron unas directrices básicas que tan solo se referían a la separación entre la parte de la navegación aérea, la gestión aeroportuaria y la creación de una sociedad estatal con capital privado hasta
el 30 por ciento y con participación de las comunidades autónomas. Hasta ahí puedo leer porque nada más desveló la ministra. Lo cierto es que esta propuesta no coincide con lo que en su día propuso el Estatuto catalán, con lo que tiene mandatado,
por cierto, este Congreso de los Diputados, garantizando la presencia y la participación determinante de las instituciones catalanas en algunas funciones estratégicas de El Prat, y es evidente que las cosas están así.
Por lo anteriormente expuesto, como no hemos sido consultados, como este es un tema que lleva mucho retraso, como queremos un compromiso más concreto y explícito sobre un modelo que garantice una participación decisiva y determinante e
incluso una fecha determinada, no nos ha quedado hoy otra alternativa que recurrir a esta proposición de ley que, como ustedes habrán leído, no solo habla del traspaso de la titularidad de este aeropuerto, sino también del modelo de gestión
descentralizado que nuestro grupo defiende desde hace tiempo y que el conjunto de instituciones catalanas y la sociedad civil también defienden. En función de los compromisos que pueda adquirir hoy el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro grupo
va a administrar convenientemente esta iniciativa. En caso contrario, vamos a someterla a votación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.
Para fijar posición en esta toma en consideración, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene, en primer lugar, la palabra don José Luis Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con la toma en consideración de esta iniciativa legislativa de Esquerra Republicana de Catalunya, presentada y defendida aquí por el señor Ridao.
Bastaría decir que compartimos cada uno de los argumentos que ha expuesto sobre el debate el representante de Esquerra Republicana de Catalunya. Por tanto, este es un tema recurrente y para Coalición Canaria no es nuevo. Hemos traído muchas veces
este asunto tanto al Congreso como al Senado y otras veces hemos participado de iniciativas que en algunos casos han sido planteadas por Convergència i Unió. Recuerdo algún debate con el señor Macias, tanto en su etapa como senador como en esta
etapa en el Congreso, y también la intervención del actual presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, que en aquel momento, como senador, defendía una posición similar a la que se plantea hoy en esta iniciativa. Compartimos la exposición
de motivos que plantea la iniciativa sobre la importancia de los aeropuertos en territorio continental y mucho más en un territorio insular. Juegan un papel decisivo en la economía de estos territorios y en destinos turísticos, como es el
caso de Canarias, juegan un papel preponderante. De ahí el constante planteamiento que ha hecho Coalición Canaria, llegando a acuerdos puntuales con el grupo que apoya al Gobierno en el sentido de coparticipación en la gestión de los aeropuertos.
Estamos hablando de la toma en consideración de una iniciativa. Tomar en consideración significa un proceso de debate en la Comisión correspondiente, un plazo de presentación de enmiendas y un profundo debate y una oportunidad para el consenso
político de todas las fuerzas que están presentes en la Cámara. Por eso animamos a otras fuerzas políticas a optar también por el voto favorable al debate de esta proposición de ley en el que se pueden realizar todas las aportaciones.
Se hablaba de la promoción exterior del aeropuerto. Muchas veces la trascendencia de un aeropuerto no está en función de la población sino en que la propia gestión de AENA centralizada movilice las operaciones de los aviones. Barajas es
importante no por la población de Madrid, sino porque AENA lo ha convertido en el centro distribuidor del tráfico aéreo en todo el territorio del Estado. Las compañías aéreas solo vuelan a Barajas y a partir de ahí se distribuyen al resto de
aeropuertos. La promoción, como digo, es importante desde el punto de vista turístico.
Canarias, como destino turístico, no puede dejar a un lado la promoción de sus aeropuertos porque son un atractivo que genera actividad económica en torno a
este sector tan importante en la economía de Canarias. El modelo de gestión que se plantea por un consorcio en el que forman parte la Administración General del Estado, las comunidades autónomas -en Canarias también los cabildos insulares-, los
ayuntamientos y, por supuesto, los sectores económicos y sociales es importante, tal como se recoge en el articulado propuesto por Esquerra en la proposición de ley.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa en consonancia con lo que hemos manifestado en anteriores ocasiones, con lo que hemos defendido tanto en el Senado como en el Congreso, y por supuesto esperamos el apoyo de otras fuerzas políticas
porque entendemos que es una oportunidad para el debate, para el consenso y para avanzar en algo que lleva mucho tiempo en el debate político, que llevó incluso a un acuerdo del Consejo de Ministros o por lo menos al anuncio por la ministra anterior
de una voluntad de dar participación. Se hablaba entonces de dos aeropuertos como Barajas y El Prat, independientemente de que Canarias en estos momentos reivindica un papel similar porque el tráfico de pasajeros de Canarias considerado como un
solo aeropuerto es similar al de El Prat y, por tanto, entenderíamos que formábamos parte también de esa propuesta del Gobierno. En todo caso, tenemos aquí una oportunidad para el consenso y por eso vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente para fijar la posición en nombre del Bloque Nacionalista Galego y anunciar nuestro apoyo a esta proposición de ley.
Se da la circunstancia de que mañana en esta sesión plenaria el Bloque Nacionalista Galego
interpelará al Gobierno sobre la situación y perspectivas de los aeropuertos gallegos, en particular en lo que respecta a su gestión en el marco de un cambio de modelo de gestión aeroportuaria. Por tanto, hay una coincidencia de fondo entre las
razones que nos llevan a interpelar al Gobierno sobre esta cuestión y esta proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya.
Estamos totalmente de acuerdo en que los aeropuertos constituyen infraestructuras básicas para el desarrollo económico de una comunidad, son un elemento clave para la vertebración territorial y la dinamización socioeconómica de los entornos
territoriales en los que están insertos, en conexión con otras modalidades de transporte, de ahí la importancia de que la planificación y la gestión de estas infraestructuras recaigan en las administraciones más próximas al territorio. Así ocurre
en la mayoría de los Estados de nuestro entorno. El sistema de gestión aeroportuaria descentralizado se ha mostrado como el más eficiente y en la mayoría de los Estados de la Unión Europea el control de los aeródromos está en manos de entes
gestionados bien por administraciones regionales, bien por ayuntamientos. El Estado español, de hecho, es el único Estado de cierta dimensión poblacional y territorial de la Unión Europea donde los aeropuertos están gestionados por un único ente
centralizado. En la pasada legislatura y en el inicio de la actual en distintas ocasiones el Gobierno verbalizó su compromiso de modificar el modelo de gestión aeroportuaria, de avanzar hacia un modelo de gestión descentralizada.
Pero de momento,
como ya ha expuesto el señor Ridao, lo único que conocemos son los planes de la anterior ministra de Fomento, que defendió una reforma del actual modelo que más parecía encaminada a ir abriendo la puerta a la progresiva privatización de la red de
aeropuertos gestionada por AENA que a una auténtica descentralización. El actual ministro de Fomento, señor Blanco, anunció que antes de fin de año presentaría su modelo, pero de momento nada sabemos del mismo y todos los indicadores nos hacen
sospechar que no habrá un avance real en materia de descentralización. Por eso consideramos positivo que se tomen iniciativas parlamentarias como la impulsada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds para que se aborde esta cuestión y apoyamos todos y cada uno de los términos de la misma.
Termino con una última reflexión, haciéndome eco de un debate que en su momento se mantuvo en la Comisión de Fomento. Tesis sostenida hasta ahora por el Gobierno es que una de las grandes cualidades del sistema español es que es un modelo
en red y eso asegura mejor la atención a las necesidades de su conjunto. La red -como algunos portavoces nos preocupamos de intentar hacer ver en aquel debate- se caracteriza por el policentrismo, no por el unicentrismo. El sistema aeroportuario
español es un sistema radial y unipolar, unicéntrico, fruto de un modelo de gestión centralista, y esto provoca los problemas que están viviendo nuestros aeropuertos gallegos y de los que tendré ocasión de dar debida cuenta en el debate de mañana.
Por tanto, reitero nuestro apoyo a esta proposición de ley, consideramos que es pertinente, que es necesario abordar de una vez por todas esta cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana vuelve a plantear hoy en esta Cámara, en este caso a través de una proposición de ley, un tema político-administrativo, podríamos decir, el
de la cesión a la Generalitat de Catalunya de la gestión del aeropuerto de El Prat, sobre el que cabe hacer de entrada y como mínimo las siguientes afirmaciones. Una es que en el fondo constituye una reivindicación ampliamente compartida en la
política y en la sociedad catalana; la propia proposición, en su exposición de motivos, da argumentos y aporta hechos que avalan una afirmación de este tipo.
Otra afirmación es que por lo que respecta a su forma se plantea por diversos grupos
políticos catalanes, sobre todo dos, que hoy la plantean, Esquerra Republicana y CiU, nacionalistas ambos. Es un tema que casi de forma recurrente se viene planteando en esta Cámara. Cabe también hacer la afirmación de que, más allá del fondo
común, se plantea en formulaciones que no coinciden necesariamente unas con otras; buscan un objetivo común, pero podríamos decir que dependiendo de las iniciativas y de los días se hace por vías distintas. Y cabe afirmar también que,
indefectiblemente, sea cual sea la formulación con la que se plantean en cada caso bien sea por unos o por otros, reciben una y otra vez, sin solución de continuidad, el no de los dos grupos mayoritarios de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular
y el Grupo Parlamentario Socialista, y el sí asimismo, sin falla prácticamente, entre otros, del Grupo Parlamentario Vasco, al que pertenezco. También podríamos decir en todo caso que el tema forma parte en algún sentido de una problemática más
amplia, de una temática y geografía más amplias que las que hoy recoge la proposición de ley. Quiero decir que, más allá del objeto propiamente de esta proposición de ley, que es el aeropuerto de El Prat, el tema forma parte de una temática que se
extiende no solo al conjunto de los aeropuertos catalanes sino que me atrevería a decir que al conjunto del sistema aeroportuario y a su gestión, debatiéndose en el fondo si esta, la gestión, debe ser centralizada, como en la actualidad, a través de
AENA o si debe ser descentralizada, sean cuales sean las fórmulas diversas que se planteen para tal gestión, y que va también más allá no solo del ámbito de Barcelona sino incluso de Cataluña para extenderse al conjunto del Estado. Ese es el
trasfondo -entiendo yo- de esta proposición de ley. Sin olvidar, por cierto, que también se plantea en lo que podríamos decir el conjunto o el contexto general europeo, al que por otra parte se suele hacer alusión permanentemente por distintos
grupos una y otra vez que se habla de este tema.
Insisto en esta última reflexión para subrayar que a juicio de mi grupo, y a pesar del apoyo que una vez más daremos de forma entusiasta a una propuesta como la que hoy nos trae Esquerra Republicana para el aeropuerto de Barcelona, estamos
ante una temática que, por las afirmaciones que acabo de recoger, está simplemente atascada. Salvo que nos equivoquemos del todo, no creemos que se vaya a desatascar hoy a través de esta proposición de ley. Por cierto, nos gustaría equivocarnos,
pero creemos que no ha de ser así. En todo caso, para ello se deberían dar por parte de la Administración central y de quien la dirige, el Grupo Socialista, algo que no parece que todavía podamos esperar, y es que la Administración central abra la
puerta -yo diría que ha estado cerrada a cal y canto hasta la actualidad- a una gestión aeroportuaria que, al igual que ocurre en otros países europeos, no tenga por qué pasar necesariamente en todos sus extremos por las manos centralizadas y
centralistas de una única institución: AENA. Por cierto, mucho más centralizada y centralista que otra autoridad, la Autoridad Portuaria estatal. Siendo así, se podría formular una cierta analogía en ambos casos, en la portuaria y en la
aeroportuaria, pero AENA está mucho más centralizada en su gestión que el tema portuario.
Como tantas veces hemos insistido los partidarios de una descentralización real, no aparente, de la gestión aeroportuaria, de la portuaria y también de la ferroviaria, por cierto, dicho sea de paso, en España, no se trata de que algunos nos
hayamos lanzado a un planteamiento puramente político por razones ideológicas, al margen de lo que pueda ser o dejar de ser un sistema que todos deseamos que sea eficaz en la gestión del modelo aeroportuario, portuario o ferroviario, muy al
contrario, se trata de que, desde nuestro punto de vista, el aire de los tiempos, por decirlo de una forma genérica, va en la dirección de los aeropuertos que se incardinan, que se insertan en los entornos económicos, sociales y políticos en los que
están situados, porque tienen una enorme necesidad de incardinarse en los mismos, y al mismo tiempo son capaces de promover una competencia real en el conjunto de los aeropuertos que pueden formar parte de un sistema. Por cierto, estén dentro de un
Estado
o estén a uno y otro lado del Estado; siempre que estén cerca unos de otros, porque compiten también igualmente. Se puede pensar que nuestra concepción choca con las leyes, pero yo diría que muy relativamente, porque las leyes permitirían
otro modelo de gestión, por ejemplo, el que hoy presenta el grupo proponente para El Prat. Yo creo que con lo que choca es con otras concepciones y, digámoslo con claridad, con unos intereses que todo el mundo es capaz de entender que existen
-porque existir existen-, pero que no necesariamente tendrían que seguir existiendo en el futuro y, sobre todo, no deberían condicionar hasta los extremos que, a nuestro juicio, están condicionando el necesario entendimiento político. Por ejemplo,
en este caso entre la política y la sociedad catalana y, digamos, la sociedad española representada en este caso por este Parlamento y por AENA. Lo mismo cabría decir en otros ámbitos.
Como decía anteriormente, dudo que haya llegado el momento en el que se pueda atisbar que se vayan a abrir nuevos derroteros en este camino, que se podría definir como un auténtico diálogo de sordos, con todos los respetos. En todo caso, mi
grupo va a seguir apoyando el que se siga promoviendo este debate en este hemiciclo y en cuantos lugares proceda, porque es necesario y porque de seguir esperando al Ministerio de Fomento y a la Administración central en su conjunto para que nos
formulen con un cierto fundamento y detalle lo que ellos califican como un nuevo sistema o un nuevo modelo aeroportuario, tan prometido tantas veces, si estamos esperando a que esto ocurra por iniciativa del propio ministerio y del Gobierno, en
términos de un modelo realmente descentralizado, esto sería estar esperando a un Godot que tampoco en esta ocasión va a llegar. De forma que mi grupo lo va a apoyar. En cuanto a lo de estar esperando a Godot, cabría aportar aquí numerosos ejemplos
que lo demostraran, porque si uno repasa la hemeroteca todavía reciente o ya no tan reciente, uno se acuerda del ministro Jordi Sevilla hablando de la necesaria desclasificación de los aeropuertos catalanes y de entrar al debate de la gestión del
aeropuerto de El Prat. Ya lo saben ustedes, Jordi Sevilla dejó de ser ministro y ahora ha dejado incluso de ser miembro de este hemiciclo. A eso le llamo yo estar esperando a Godot, si estamos esperando que el Ministerio de Fomento nos plantee lo
que otros creemos necesario que se plantee ya. Por eso, mi grupo seguirá apoyando en este caso esta proposición de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya que, insisto en ello, tiene un objeto muy preciso pero que encaja en una
problemática a cuyo conjunto habría que mirar cuanto antes mejor incluso para buscar soluciones particulares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, este es, como ya se ha dicho, un nuevo episodio de una larga, larguísima historia; una larga historia que empezó hace ya unos cuantos años con la creación del organismo AENA. Aquel organismo que fue creado para un fin positivo,
que era lograr una gestión civil de los aeropuertos del Estado español, conllevó también de entrada la aceptación de un modelo de centralización en la gestión de los mismos. Estamos hablando de un periodo de más de veinticinco años y es lógico que
en estos veinticinco años los modelos puedan haber caducado. De hecho, la aviación que teníamos en aquellos finales de los ochenta y el modelo de aviación que hoy tenemos no tienen casi nada que ver. En aquellos momentos no teníamos un sistema
liberalizado, había las compañías de bandera, había poco espacio para otras compañías, había un control directo por parte de los Estados no solo de los aeropuertos sino también de las compañías de navegación, y hoy día estamos en un modelo
sustancialmente distinto, en primer lugar, en el seno de la Unión Europea, donde el mercado de la aviación civil ha sido francamente liberalizado, con sus aspectos positivos, por cierto, y también algunos no tan positivos. Y uno se pregunta: si
hemos participado de este nuevo modelo de la aviación, si hemos vivido esta transformación brutal del mercado del sector aéreo, ¿por qué hasta hoy nadie se ha planteado desde este Parlamento, desde este hemiciclo, desde los escaños de las mayorías o
minorías, a veces cambiantes, cambiar de modelo, al margen de las iniciativas como la que hoy presenta el Grupo de Esquerra Republicana o las múltiples que ha presentado aquí y en el Senado Convergència i Unió o han presentado otros grupos como
Coalición Canaria o el Grupo Vasco? Alguien puede decir que doña Magdalena Álvarez planteó un cambio de modelo, pero no fue un cambio, fue un maquillaje para que siguiera envejeciendo durante muchos años este modelo yo diría que ni siquiera con
dignidad. Por tanto, no ha habido esa preocupación. La preocupación de adecuar el modelo de gestión aeroportuaria que han tenido incluso Estados con una gran tradición centralista como el francés, ha surgido pura y simplemente de aquellos partidos
que nos llamamos nacionalistas. Y ha surgido, entre otras cuestiones, porque una de las consecuencias peores de este modelo ha sido haber creado un extraño corpus aeroportuario con una gran cabezota -por cierto, una cabezota ilustre, una cabezota,
por qué no decirlo, arquitectónicamente muy bella, pero poco funcional-, haber defendido con argumentos que no soportarían el paso de ningún examen de bachillerato el concepto de red aplicable a los aeropuertos. Esto ya no lo defiende nadie en
Europa. La red en Europa ya no existe desde el punto de vista de gestión aeroportuaria.
Yo creo que lo que se plantea en estos momentos es hacia dónde debe ir este modelo. Evidentemente, aquí puede haber un debate entre lo público y lo privado, pero más allá de este debate entre lo público y lo privado creo
que conviene debatir entre la centralización, la burocracia, la ineficiencia, la estulticia y, por otro lado, sobre lo que sería simplemente una gestión moderna. Tenemos un sistema, señores diputados, que se basa en invertir 7.300 millones
de euros y no saber si se amortiza, porque como todos ustedes saben, si no nos ha mentido el anterior ministro de Hacienda hoy ausente -y espero que no nos mienta la actual vicepresidenta-, no disponemos en este momento de contabilidad analítica que
nos cuente los costes que tiene, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas. ¿A alguien se le puede ocurrir en nuestro mundo -públicos o privados, y más a mi favor si son públicos- invertir 7.300 millones sin siquiera preocuparse de saber si pueden ser
amortizados? Esta es la realidad de este modelo que hoy supongo va a ser defendido una vez más desde esos bancos y desde estos, porque me imagino, amigo Ridao, que no va a contar usted con el apoyo de estas mayorías, cosa que nuestro grupo
desearía. Usted sabe -ha hecho alusión- que por parte de su grupo y del nuestro hubo intentos al menos en lo referido a los aeropuertos catalanes de modificarlos a través del Estatut de Autonomía, y debo decir, porque creo que a veces hay que hacer
justicia, que el actual ministro del Interior, en aquel momento portavoz del Grupo Socialista, pactó con la parte catalana un avance importante, que era la desclasificación de interés general de Reus y de Girona -por cierto, señor Ridao, no están
presentes en su proposición de ley, aunque ya lo corregiríamos, lógicamente- y pactó también un consorcio del cual solo quedaba discutir el punto final de mayorías o minorías, y lamentablemente este pacto formulado entre los representantes del
Parlament de Cataluña y los representantes del grupo mayoritario fue saboteado por los altos funcionarios -por suerte algunos de ellos hoy desaparecidos- del ministerio que hoy preside el señor Blanco. Esta es la verdad, el interés de unos pocos,
es decir, su interés corporativo de mantener unas prebendas, de mantener un coto cerrado de empleo privilegiado ha prevalecido sobre el interés general de saber qué pasa con 7.300 millones que son de todos los españoles.
Hoy el señor Ridao presenta una proposición de ley con el objetivo de dar respuesta al problema de los aeropuertos catalanes, pero creo que lo que cabe reflexionar hoy es si unos y otros siguen dando su apoyo a este modelo. Aquí se ha
hablado de concepciones radiales. Esta concepción radial de España nació de forma sólida el año 1762; entonces un personaje famoso llamado Bernardo Ward de la mano del rey Fernando VI hizo un programa de gobierno -yo creo que vale la pena echarle
una ojeada, fue publicado hace pocos años por el Ministerio de Economía y Hacienda-, concretamente un programa económico, en el que entre otras cosas se hablaba de las infraestructuras españolas y se establecía por primera vez la famosa red radial
con centro en Madrid; 1762. Han pasado bastantes años, han pasado dos siglos y medio, y seguimos en esta concepción. Los intentos de los representantes tanto catalanes, como canarios, como vascos de apelar a la racionalidad, de apelar a la
modernidad, de apelar al futuro y de apelar, sobre todo, al buen uso de los recursos de todos, hasta ahora han chocado con una dura e intransigente pared. Solo desearía que hoy se aprobara esta proposición de ley, que se tomara en consideración y
como plan B desearía que las promesas del nuevo ministro de presentarnos este modelo, no el maquillaje del modelo de la señora Magdalena Álvarez, se cumplan por una vez y podamos ya sepultar, descanse en paz, al buen Bernardo Ward.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario Popular para fijar posición tiene la palabra don Andrés Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, debatimos hoy una oportuna proposición de ley para la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la titularidad del aeropuerto de El Prat, nada más. Esta proposición de ley se registró el 16 de abril de 2008,
es decir, hace justo 17 meses, y es casi idéntica a la registrada por el grupo parlamentario antecedente del actual el 19 de septiembre de 2006, hace 3 años. Es casi idéntica, varía solo la denominación, dos nuevos párrafos de la exposición de
motivos, un nuevo párrafo del artículo 4 y en lo demás es idéntica hasta en las comas y acentos. La de 2006 decayó porque el grupo parlamentario no encontró la oportunidad de debatirla. Hoy sí la ha encontrado y por eso decimos que es oportuna.
Pero no oportuna para Cataluña, no oportuna para el Estado, no oportuna para España ni para el interés general, no, oportuna única y exclusivamente para el grupo parlamentario que la presenta. Por tanto, oportunista. Y lo que más llama la atención
de esta proposición de ley y también de las intervenciones que hemos tenido ocasión de oír es que Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pretende bastante más de lo que determinó el Estatuto de Autonomía, no el que se
aprobó en esta Cámara, sino lo que emanaba del proyecto aprobado por el propio Parlamento de Cataluña. Es decir, que esta proposición de ley es contradictoria con el Estatuto de Cataluña y con su proyecto inicial. Por tanto, pretendemos vía
Congreso, vía proposición de ley, conseguir lo que no se fue capaz de obtener en el Parlamento que apoya el Gobierno del tripartito.
Es curioso que hoy todos los grupos parlamentarios que están dispuestos a apoyar esta proposición hayan hablado del modelo aeroportuario, del centralismo y de la necesidad de la evolución. El señor Ridao se ha investido de talante en una
buena intervención -lo tengo que reconocer-, pero no ha sido así seguido por otros portavoces que se han permitido el lujo, tirándose al monte, de llamarnos estultos a los que no estamos de acuerdo
con su planteamiento, cuestión inédita sobre todo en democracia. Pero, claro, señor Ridao, la proposición de ley dice lo que dice, y lo único que dice la proposición de ley es que se transfiera la titularidad, que no la gestión, del
aeropuerto de El Prat, ni modelo, ni qué pasa con el resto de aeropuertos de Cataluña, ni qué pasa con el resto de aeropuertos de España, ni qué pasa con nadie. Solo interesa que se transfiera, insisto, la titularidad del aeropuerto de El Prat.
Creo que, cuando presentamos una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, debemos tener al menos un poco de rigor y analizar el marco competencial en el que aquí venimos a hacer una proposición de ley, y yo me he permitido hacerlo por
saber qué sentido y qué profundidad tenía esta proposición de ley. Primero, he echado mano al artículo 140 del proyecto de Estatuto que salió del Parlament de Cataluña. El apartado 1 dice expresamente que están excluidos los aeropuertos de interés
general. El apartado 2 de aquel inicial artículo dice que se pretendía solo la gestión, que no la titularidad, y que esa correspondiera a la Generalitat. En el texto que se aprobó aquí, en el Congreso de los Diputados, el 20 de marzo de 2006,
dicho artículo 140 tenía una redacción del apartado 1 idéntica y la redacción del apartado 2 decía que la Generalitat podría participar de la gestión de los aeropuertos de interés general o asumir la gestión, de acuerdo con la previsión de las
leyes, es decir, que tampoco en ningún caso el Estatuto hablaba de titularidad. No voy a recordar aquí el artículo 149 de la Constitución en cuanto a los aeropuertos de interés general, pero sí que tengo que hacer referencia a que un BOE reciente,
como es el de 17 de agosto, publica una ley de la Generalitat de Cataluña, del Parlament de Cataluña, la Ley 14/2009, de 22 de julio, que regula los aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarios, y en la que en el párrafo primero
de su preámbulo y en el artículo 2, en cuanto al ámbito competencial, expresamente dice que se refiere a los aeropuertos carentes de la consideración de interés general. Por tanto, si el Estatuto no lo prevé, si la Constitución reserva al Estado
las competencias exclusivas sobre los aeropuertos de interés general, si la ley autonómica recientísima y apoyada por ustedes los excluye, si la proposición de ley erróneamente no prevé la desclasificación como aeropuerto de interés general de El
Prat, que tendría que haberlo hecho, si la proposición de ley tampoco tiene carácter de orgánica para poder utilizar la vía del artículo 150.2 sobre el que, aunque lo dice en el preámbulo, usted no ha dicho hoy ni media palabra y, por último, y en
contradicción, prevé la transferencia de la titularidad, que no de la gestión, ¿cómo es posible que ante esta incongruencia nos estemos planteando revisar o siquiera admitir a trámite este proyecto de ley? No se puede aceptar por alguien que
mínimamente crea en un Estado de derecho, porque estamos rompiendo lo que se llama el marco de la legalidad e incluso el marco de la constitucionalidad, porque se traen aquí disposiciones que están contradiciendo leyes absolutamente vigentes.
Entonces, ¿por qué se ha traído aquí esta proposición de ley? Se ha traído no por razones de eficacia y eficiencia de las infraestructuras, dicho sea con todos los respetos, señor Ridao, porque en este momento a ustedes eso les importa un bledo.
Estamos en un debate que es el que se está viviendo en Cataluña en cuanto a su falta de credibilidad, su falta de liderazgo, su falta de peso, su falta de fuerza y tienen que recurrir permanentemente a la estrategia, desbordando la Constitución y
saliéndose incluso de cumplir su Estatuto, de tratar de decir que son los que más defienden a Cataluña, repito, incluso saliéndose ustedes de ese Estatuto, sobre el que dicen que no están dispuestos a admitir que se modifique ni una letra por el
Tribunal Constitucional. Ustedes sí lo pueden modificar; el Tribunal Constitucional no lo puede modificar. Por tanto, estamos ante una proposición de ley que no se sostiene.
También hay que decir algo del contenido de esta proposición de ley, porque se han dicho muchas vaciedades, muchos lugares comunes y, desde luego, que tengamos que oír aquí que se gestiona mejor porque se cambia de la Administración titular,
eso hay que demostrarlo. Que se diga aquí que hoy en día AENA es una herramienta ideológica, está muy bien para oírlo en otros foros, pero no en este. Decir que España está ajena a las tendencias generalizadas de los sistemas aeroportuarios, es
sencillamente no haberse leído el documento que nos han facilitado por parte de AENA para propiciar nuestra visita a otros aeropuertos europeos y ver cuáles son los modelos. No es verdad que no exista el modelo de red en Europa, no es verdad, por
lo tanto venir aquí a defenderlo es un capricho. Y desde luego no es verdad que El Prat se vea discriminado en inversiones y que se haya perjudicado su condición de hub, porque entre otras cosas no hay más que ver la Terminal 1; preciosa, por
cierto.
Es curioso que en el párrafo que añaden de la proposición anterior demuestran sus ansias anexionistas sobre la Comunidad Valenciana y las Baleares y pontifican sobre la mala gestión y subordinación de los aeropuertos de estas comunidades
autónomas. Me gustaría que fueran a visitarlos, porque parece que ustedes ni siquiera los han visitado.
Curiosamente, cuando hacen la distribución de participación en el consorcio, que se olvidan de la participación privada, dejan una
representación residual para el Estado y, claro, dentro de esa defensa que se ha hecho aquí de la gestión eficaz y eficiente que se diga que el consorcio que se va a crear fijará las tarifas y tasas aeroportuarias para automáticamente decir que AENA
aportará lo que falte para las inversiones que ese mismo consorcio haya aprobado, es sencillamente de risa. O sea, ustedes ponen las tarifas que quieren, no les preocupa el equilibrio presupuestario, hacen dumpin para que luego venga AENA a darles
lo que han decidido invertir y no pueden recaudar por hacer competencia desleal. En fin, una lección de coherencia política.
Por tanto, señorías, esta proposición de ley no se puede aceptar y me va a permitir el señor presidente un último comentario sobre la tan manida argumentación
acerca del perjuicio para el hub del aeropuerto de El Prat. Un hub no lo crea la Administración ni AENA ni un consorcio, lo crean los operadores, y si no vean ustedes el ejemplo de Palma de Mallorca, que no lo quieren citar nunca. Palma es
un hub porque lo han querido los operadores alemanes, ni más ni menos, y ustedes lo saben perfectamente porque si no no tiene otro motivo la adquisición de Spanair para que sea un operador en El Prat. Pero, claro, cuando este año las pérdidas de
explotación se van a comer el capital social, necesariamente tenemos que volver a pedir no la gestión, sino la titularidad de El Prat para tapar esa auténtica pifia que han hecho con Spanair. Por tanto, a ustedes, señores de Esquerra Republicana,
hoy les conviene más que no se apruebe esta proposición de ley que que se apruebe, porque así lo podrán vender con el victimismo al que acostumbran en Cataluña. El Partido Popular sí quiere una mejora de la gestión aeroportuaria, el Partido Popular
sí quiere que los privados intervengan en esa gestión, sí quiere que las administraciones territoriales intervengan en la planificación y en cuál sea el futuro de las autoridades portuarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Desde luego, en ningún caso de esta manera tan exclusiva y tan excluyente y solo para el aeropuerto de El Prat.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muy amable, muchas gracias.
Para fijar su posición por el Grupo Socialista tiene la palabra don Daniel Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
La sucesión de debates parlamentarios sobre la gestión de nuestras infraestructuras aeroportuarias puede llegar a producir en los ciudadanos la errónea impresión de que nos encontramos ante un sector de nuestras infraestructuras
especialmente achacoso, y nada más lejos de la realidad.
Tal vez la mejor manera de evitar percepciones equivocadas sea, por ejemplo, aprovechar esta proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya sobre el aeropuerto de Barcelona El Prat,
el octavo aeropuerto europeo por número de pasajeros, para compartir la realidad de este aeropuerto con el conjunto de la Cámara, porque si hay algo que resulta difícil de discutir es la clara apuesta del Gobierno por el aeropuerto de Barcelona. La
inversión total prevista en el mismo es de 5.100 millones de euros. A fecha de hoy se han ejecutado inversiones por valor de 3.600 millones de euros a través del Plan Barcelona, 2.500 millones en el periodo 2004-2008. Este esfuerzo inversor
culminó con la puesta en explotación de la nueva T-1 a partir del pasado 17 de junio. La nueva terminal del aeropuerto de Barcelona se ha convertido en una de las obras de referencia de la ciudad, un espacio moderno y práctico que satisfará las
necesidades de pasajeros y compañías, consolidando a Barcelona como la cabeza del espacio mediterráneo y del sur de Europa. La T-1 está diseñada como centro de distribución y conexión de vuelos, así como un gran centro de servicios, permitiendo
procesar en solitario más de 55 millones de pasajeros al año, el doble de la demanda actual. Con la nueva terminal, el aeropuerto incrementa su capacidad hasta las noventa operaciones por hora. Las cifras de la nueva T-1 hablan por sí solas. Una
superficie de 544.000 metros cuadrados, que multiplica por cuatro la capacidad actual del aeropuerto; 1.258 millones de euros en inversión; una plataforma de 600.000 metros cuadrados con 74 plazas de estacionamiento de aeronaves; 11.000 plazas de
aparcamiento de vehículos, etcétera. En definitiva, un aeropuerto de grandes dimensiones que, sin embargo, ha sido pensado al servicio de las personas. La puesta en servicio de la T-1 supone la creación de 3.000 nuevos empleos, aumentando en un 20
por ciento la cifra de los 15.000 trabajadores que tiene en la actualidad el aeropuerto de El Prat. A estas ocupaciones se han de sumar las que se crearán en los próximos años, que representan 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos,
confirmando así al aeropuerto de Barcelona como una de las primeras empresas generadoras de empleo en Cataluña y en el conjunto del Estado. Además, en el caso concreto del aeropuerto de El Prat, desde el año 2005 la Generalitat de Cataluña, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona vienen colaborando de manera efectiva en el desarrollo de rutas aéreas desde Barcelona a través del Comité de desarrollo de rutas aéreas, comité que, por cierto, preside la Generalitat
de Cataluña. Sus objetivos se orientan al establecimiento y la promoción de nuevas rutas aéreas, especialmente en los mercados de vuelos intercontinentales, mercados del Este y de la región euromediterránea, así como respecto a la carga aérea.
Según los últimos datos de tráfico de dicho comité los vuelos intercontinentales en el aeropuerto de Barcelona han aumentado un 4 por ciento en el primer trimestre de 2009. Esta cifra se traduce en un total de 728.511 pasajeros, es decir, 28.620
viajeros más que en el mismo período del año pasado, y esto en un contexto de crisis económica internacional como la que estamos padeciendo. Con este dato se mantiene la tendencia positiva registrada en 2008, un año en el que las rutas
transoceánicas crecieron un 20 por ciento en el aeropuerto de Barcelona. En el primer semestre de este año el aeropuerto de Barcelona ha conectado la ciudad con tres nuevos destinos intercontinentales: Islamabad, Lahore y Vancouver. A estos
destinos también se deben añadir los nuevos vuelos a Casablanca, Tánger y Nador, así como un nuevo destino extracomunitario: Zagreb. Por otra parte, las rutas entre Barcelona y las ciudades de Casablanca, Tánger, Nador, Montreal, Toronto, Bogotá y
México han aumentado el número de frecuencias semanales. Finalmente, se han reforzado también los
vuelos con Rusia y determinados países de la Europa del Este.
Vale la pena recordar, además, que el objetivo principal del Gobierno es conseguir que el mayor número de compañías aéreas españolas pueda operar en los distintos mercados internacionales, y al revés, que el mayor número de compañías
extranjeras pueda operar en el mayor número de aeropuertos españoles. Concretamente, el objetivo del Gobierno es conseguir que el cien por cien de los convenios aéreos suscritos por España incluya el aeropuerto de Barcelona como destino para las
compañías aéreas extranjeras. Los efectos de esta labor ya se notan en aeropuertos como el de Barcelona; compañías aéreas tan importantes como Singapore Airlines lo han elegido como el aeropuerto para desarrollar sus operaciones en España.
Asimismo, como consecuencia de este esfuerzo negociador, compañías cargueras chinas importantes como Air China o Jade Cargo han iniciado operaciones desde China y Taiwán al aeropuerto de Barcelona, y la compañía luxemburguesa Cargolux ha podido
también aprovecharse de estas negociaciones con Hong Kong para establecer una ruta entre este país y Barcelona. En definitiva, señorías, cuando hablamos o debatimos sobre territorialidades o fórmulas de gestión hemos de hacerlo sabiendo que el
aeropuerto de Barcelona y el resto de aeropuertos españoles no solo gozan de una excelente salud sino que están preparados para dar un ambicioso salto adelante en el crecimiento económico y social de nuestro país. ¿Este salto adelante requiere un
nuevo modelo de gestión aeroportuaria? Nosotros creemos que sí, pero creemos también con la misma convicción que sin las inversiones realizadas y las que están en marcha un salto adelante planteado solamente desde el cambio de modelo de gestión
sería un brindis al sol.
¿El nuevo modelo ha de incorporar la participación activa de comunidades autónomas, entidades locales y otras entidades sociales de relevancia en los aeropuertos? ¿Ha de incorporarse, en suma, la proximidad a la gestión aeroportuaria?
También decimos que sí. Esta posición del Gobierno ha quedado claramente expresada en reiteradas intervenciones, tanto del presidente del Gobierno como del ministro de Fomento, son conocidas y no las voy a repetir aquí. Es una posición y un
compromiso que está en el Plan estratégico de infraestructuras y transportes. Además de este compromiso existe un calendario. El ministro de Fomento, en sus comparecencias tanto ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados como en la
Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, ha manifestado su compromiso de presentar, antes de que finalice el año, un nuevo modelo de gestión aeroportuaria que dé entrada al sector privado e incorpore a las comunidades autónomas.
Respecto al tema que hoy nos ocupa, el Gobierno tiene unos objetivos claros, unos compromisos parlamentarios que desea cumplir y un marco temporal para llevarlos a cabo. En este contexto, el señor Ridao comprenderá que el Grupo
Parlamentario Socialista prefiera impulsar y seguir la ruta aeronáutica que ha trazado el Gobierno y no apoyar con su voto una iniciativa legislativa que no aborda el conjunto del modelo aeroportuario español. Creo, sinceramente, que la virtud más
relevante que tiene esta iniciativa es el debate que ha generado en esta Cámara, un debate útil también para el Gobierno, que está trabajando para hacer una propuesta solvente que garantice a los usuarios del transporte aéreo los mejores niveles de
seguridad y calidad y una mayor aportación al desarrollo económico, al desarrollo social y al desarrollo territorial de nuestro país. El ministro de Fomento, por cierto, está en disposición de compartir la evolución de dichos trabajos con todos
aquellos portavoces parlamentarios que han demostrado un especial interés en esta materia.
Creo también que la voluntad expresada tanto por el Gobierno como por el Grupo Socialista de trabajar en una propuesta de nuevo modelo de gestión
aeroportuaria coherente con las resoluciones parlamentarias aprobadas en esta Cámara, constituye un territorio común y suficiente sobre el que todos podemos avanzar. Deseo resaltar dos mociones: la aprobada por el Senado el 15 de marzo de 2005 con
el asentimiento de todos los grupos parlamentarios, así como la referida explícitamente al aeropuerto de El Prat, que aprobamos en esta Cámara a iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya el 10 de junio 2008.
El Gobierno está trabajando con determinación una propuesta que incorpore a las comunidades autónomas y a los municipios a la gestión aeroportuaria, en el marco de un modelo público de gestión en red. Este es el modelo que defendemos los
socialistas. Hoy, lo coherente y lo realmente efectivo es continuar con los estudios y análisis que se están desarrollando en el Ministerio de Fomento para determinar las posibles alternativas de participación de las administraciones autonómicas en
un modelo que garantice la seguridad y la calidad de los servicios portuarios, que incremente la capacidad de las instalaciones, que facilite la conectividad del territorio y la movilidad de los ciudadanos, asegure la autonomía financiera del
sistema aeroportuario y, al fin, -y esto es fundamental para nosotros- que avance en la consecución del cielo único europeo. En esta dirección, señorías, van a seguir trabajando el Ministerio de Fomento, el conjunto del Gobierno y el Grupo
Parlamentario Socialista. Queremos seguir trabajando con todos aquellos grupos parlamentarios que quieran participar en esta orientación. Lo vamos a seguir haciendo desde la responsabilidad, lo vamos a seguir haciendo desde el trabajo serio y
sereno, y lo vamos a seguir haciendo sin acrobacias, ni políticas, ni aeroportuarias. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN GRAN PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER A PRECIOS ASEQUIBLES, MEDIANTE SISTEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADO. (Número de expediente 162/000457.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al II punto del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no del ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para impulsar la creación de un gran parque de viviendas
de alquiler a precios asequibles, mediante sistemas de colaboración público-privado.
Para su defensa tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, Convergència i Unió presenta una proposición no de ley con un objetivo que creo puede ser compartido por la mayoría de los grupos de la Cámara; un objetivo doble. Pretendemos conseguir un mandato
constitucional, el acceso a una vivienda digna por parte de todos los españoles y, especialmente, a precios asequibles. Este doble objetivo nos lleva a buscar el mantenimiento en lo posible de la actividad económica y empresarial del sector de la
construcción.
Convendrán conmigo, señoras y señores diputados, que en estos momentos nos enfrentamos a una serie de problemas en este sector, en el cual un diagnóstico podría ser el siguiente. En primer lugar, que las políticas públicas no han conseguido
dar una solución global al acceso a la vivienda. Creo que es una clara constatación. En segundo lugar, que el sector de la construcción ha estado en el periodo reciente excesivamente orientado a la inversión y a obtener beneficios a corto plazo.
Saben SS.SS. que se ha producido una limitación drástica de la financiación en el sector inmobiliario. Todo ello ha provocado una gran acumulación de viviendas sin vender que algunos estiman ya cercanas al millón de unidades. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
La situación actual del sector inmobiliario es, en primer lugar, de grave paralización de la actividad. De hecho los últimos datos que hace públicos el Ministerio de Vivienda hablan de que solo se venden a lo largo del mes unas 50.000
viviendas nuevas; cifra realmente muy reducida.
En tercer lugar, hay una destrucción del tejido empresarial de la ocupación que afecta a un tejido empresarial muy variado, no solamente a los promotores o las inmobiliarias, como alguien a veces
dice, sino a los constructores, a los instaladores, a los electricistas, a las empresas de materiales de construcción y a un amplísimo tejido productivo y social.
Finalmente, esta situación podría definirse como que en estos momentos tenemos un
exceso de viviendas construidas pero a precios altos, inasequibles para buena parte de la población. Ante esta situación el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone la creación de un sistema estable de colaboración público-privada
para la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles.
Voy a intentar describir rápidamente algunas características de este modelo de colaboración público-privada que prevé Convergència i Unió.
Nosotros creemos que con este modelo se pueden proveer precios de alquiler entre 250 y 375 euros para
viviendas de entre 50 y 90 metros cuadrados construidos. Nuestro modelo contempla que el sector privado financia, construye y mantiene este parque de viviendas, mientras que las administraciones públicas actúan ante la demanda de pisos de alquiler
a precios asequibles. Para lograrlo se utiliza suelo libre; no hace falta siquiera que sea calificado de vivienda de protección oficial, aunque lógicamente también puede serlo. Las nuevas viviendas se construyen sobre suelo público o privado,
cedido al constructor en régimen de concesión privada por un mínimo de 10 años, aunque el modelo funciona mejor con un periodo de 25 años. Las administraciones contratan el usufructo de las viviendas que a su vez alquilan a los usuarios.
Este modelo presenta las siguientes ventajas. En primer lugar, permite que no haya que recurrir a la vía hipotecaria para la financiación sino a la titulización de los activos. En segundo lugar, permite que las sociedades gestoras de
concesiones de vivienda -que es el nombre que provisionalmente le hemos dado- puedan titulizar las rentas futuras procedentes de derechos de usufructo que van a percibir durante el periodo de concesión de, repito, 10, 20, 25 ó 30 años. La
contratación del usufructo se haría con entidades públicas, por ejemplo la SPA -no sabemos qué está haciendo en estos momentos y aquí le damos la posibilidad de rentabilizar su actividad-, o dependientes de las comunidades autónomas o de
ayuntamientos importantes, lo que puede minimizar los riesgos financieros. En cualquier caso, el modelo que hemos estudiado prevé rentabilidades eficientes superiores al 6,5 por ciento para los inversores. En definitiva, Convergència i Unió
presenta este modelo con una proposición no de ley que pretende que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda estudie esta posibilidad y haga lo posible para su implantación.
Nuestro grupo quiere agradecer a los tres grupos que han presentado enmiendas a nuestra proposición en un tono muy constructivo la presentación de estas iniciativas. En primer lugar, al Bloque Nacionalista Galego, al Grupo Parlamentario
Mixto, que ha presentado cuatro enmiendas parciales pero importantes con varios objetivos, entre ellos la preservación de las competencias de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, al Grupo Parlamentario Popular que presenta una enmienda
global. Y finalmente al Grupo Parlamentario Socialista que presenta una enmienda que será aceptada por nuestro grupo y admitida en su totalidad para la votación. No compartimos al cien por cien el optimismo en relación con la SPA y una cierta
dilación en cuanto a los plazos.
Sí nos parece importante que el Gobierno, en boca del grupo que le da apoyo, acepte la propuesta y el concepto...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Macias, por favor, tiene que ir acabando.
El señor MACIAS I ARAU: Voy acabando, señora presidenta.
Repito que es importante que el Gobierno acepte el concepto presentado por Convergència i Unió y aceptamos su enmienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.
Pasamos, a continuación, al turno de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, la presentada por el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo la sensación de que no es ni la primera ni la segunda ni posiblemente la última vez que hemos visto, votado e ignorado por quien tiene la obligación de llevar adelante la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo. Son
innumerables las ocasiones en que este mismo asunto de frente, de revés o de costado se ha traído a este Parlamento.
Eso debería, de una vez por todas, hacer reflexionar al Gobierno sobre si su política de vivienda, con ministerio y todo, está
cumpliendo con las expectativas que se crearon y que, lamentablemente, no se están cumpliendo. El incumplimiento de los objetivos, como decía antes, vuelve a ponernos en canción para ver si entre todos, o al menos entre los preocupados, somos
capaces de modificar la dirección para recuperar la senda de un sector como el inmobiliario tan tocado por una crisis económica que no solo incide en él, sino que la agrava. Señorías, desde esa preocupación que en estos momentos palpamos en la
sociedad española y que conlleva desempleo, decrecimiento, falta de confianza y de credibilidad, nuestro ánimo emprendedor, como lo ha sido siempre, con el fin de construir -y nunca mejor dicho- y dinamizar de nuevo un sector tan importante en
nuestro país como es el inmobiliario, queremos recoger el guante que nos lanza Convergència i Unió por medio de esta iniciativa.
Entrando ya de lleno en los términos de la proposición no de ley, tengo que decir, en primer lugar, que nuestro grupo parlamentario comparte ampliamente con el proponente el diagnóstico que en la exposición de motivos hace de la situación
del sector de la construcción. Por un lado, la destrucción de empleo y tejido productivo y, por otro, el fracaso de las políticas públicas que deberían facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menores ingresos. En segundo lugar,
coincidimos en el doble objetivo de la iniciativa: devolver, por una parte, la actividad al sector de la construcción y, por otra, dar respuestas más efectivas desde una mayor colaboración entre el sector público y el sector privado. En tercer
lugar pero no por ello menos importante, participamos de la necesidad de impulsar el desarrollo de los parques de viviendas en alquiler.
Lamentablemente, no pueden ser todo coincidencias y, por ello, sería injusto no reseñar aquello que no compartimos con el texto, unas veces por insuficiente y otras por injustificadas. Así, no podemos apoyar por su ambigüedad y, en muchos
casos, por su complejidad el único instrumento que detalla la proposición no de ley, que no es otro que una nueva entidad o sociedad gestora de concesiones. No crea tampoco, señor Macias, como usted tan bien conoce al igual que el resto de grupos
parlamentarios, que lo apoyaríamos con la intervención de la Sociedad Pública de Alquiler, sobre la que nuestra posición tajante, firme, conocida y en el tiempo ha estado siempre en contra, llegando incluso a hacer posible que este Parlamento
solicitara y aprobara su disolución.
Zambulléndonos de nuevo en la iniciativa que debatimos, la posibilidad de utilizar la cesión del derecho de superficie en la promoción de viviendas protegidas ya ha sido complementada en las últimas leyes del
suelo y en últimos planes de vivienda, incluso los elaborados por gobiernos del Partido Popular, pero su utilización por las comunidades autónomas -que son las que ostentan las competencias en materia de vivienda y usted lo sabe bien- ha sido
tristemente muy escasa por la complejidad de su gestión. De igual forma, también echamos de menos en el texto un mayor compromiso, una referencia más clara y menos imprecisa de la relación que debe existir entre la gestión privada de los alquileres
y el aseguramiento de los riesgos de desocupación por parte de la Administración pública.
Hablaba al principio de mi intervención de las buenas intenciones que aporta esta proposición no de ley. Es verdad que no solo así se corrige la actual situación de crisis por la que atraviesa el sector de la construcción. Hay que dar un
paso más, apostar clara y decididamente, sin titubeos, por una estrategia real, por una estrategia viable y no de titulares y humo a la que estamos acostumbrados por parte de este Gobierno. Hay que poner en práctica ya medidas dirigidas a
incrementar la capacidad adquisitiva, la protección y las ayudas a las familias con hipotecas y el apoyo a quienes quieren adquirir una vivienda. Hay que impulsar el desarrollo de suelos, reducir cargas fiscales y promover viviendas a precios
asequibles. En definitiva, señorías, una verdadera y posible política de vivienda. Apostar por la colaboración entre los sectores públicos y privados en estos momentos nos parece fundamental. Lo hemos dicho siempre, y por eso lo defendemos en
nuestra enmienda. De igual forma que nuestra propuesta quiere centrarse en el impulso a los parques públicos de viviendas en alquiler en suelo de patrimonio público en cotitularidad con las comunidades autónomas porque serán estas, en definitiva,
las
que promoverán la construcción y la gestión de viviendas protegidas. A su vez, apostamos por adoptar medidas para el desarrollo del sector privado que favorezca la entrada en el mercado de alquiler de nuevos agentes que dinamicen, por una
parte, y activen, por otra, el sector, como fondos inmobiliarios o promotores de alquiler, así como hacer posible que se creen marcos normativos y fiscales que faciliten el desarrollo de las sociedades inmobiliarias.
Señorías -y con esto acabo-, no es hora de repetir sistemáticamente iniciativas que, lamentablemente, acaban siendo meras intenciones y papel mojado para el Gobierno. Aquí falta un claro y contundente modelo de futuro para saber qué hacer
con un sector que a día de hoy no tiene objetivos definidos y casi vive al día. Hace falta una verdadera reforma estructural que nos saque de la incertidumbre, la improvisación y la ineficiencia que está caracterizando la política del Gobierno del
señor Zapatero en materia de vivienda y en otras muchas más y es que sin una política definida, que al parecer tienen que estar marcando los grupos de la oposición, la actuación del Gobierno se ha caracterizado por el incumplimiento de su programa
electoral, por las constantes y graves contradicciones entre las ministras anteriores y la actual y por una absoluta falta de ideas e iniciativas y bajo el síndrome de la rectificación continua. Señorías, es hora de empezar la casa por los
cimientos y, aunque el momento que atraviesa España no es el mejor, sí les aseguro que otra política de vivienda será posible en poco tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde luego que otra política de vivienda es posible. Pero también es posible otra forma de hacer oposición, una forma constructiva, incluso cuando nos referimos a una proposición no de ley como la que trae a esta Cámara el grupo
que propone modificar las pautas de alquiler, en la que hemos querido ayudar y trabajar. El Gobierno trabaja, como ha hecho hasta ahora, profundizando en las políticas de vivienda, haciendo posible que el Plan estatal de vivienda 2009-2012 tenga en
cuenta a la vivienda de alquiler y que muchísimos jóvenes accedan a ellas gracias a las rentas básicas de emancipación o instrumentando reformas jurídicas como las que estamos realizando actualmente para que haya más garantías para los arrendadores
y los arrendatarios.
Señorías del Grupo Popular, por supuesto que hay otra forma de hacer política, concebir las políticas de vivienda fundamentalmente pensando en el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda digna y en que tienen que bajar los precios de
los alquileres. Esta enmienda pretende que todos los ministerios, y en especial el Ministerio de Vivienda, sigan trabajando de forma coordinada, como están haciendo hasta ahora, en colaboración con el sector privado pues nos preocupan los puestos
de trabajo que genera dado el stock de viviendas existente, lo que puede hacer que los ciudadanos accedan a ellas de una forma rápida, eficaz y por supuesto más barata. Apostamos por una herramienta que está haciendo que muchas personas accedan al
mercado de alquiler con garantías, como es el caso de la Sociedad Pública de Alquiler. De ahí que no propongamos la creación de un nuevo organismo sino utilizar el que hasta ahora está trabajando y cuya actuación mejora cada día dando garantías
tanto a arrendadores como a arrendatarios. Aunque en su origen tuvo algunos problemas se están resolviendo, haciéndolo más eficaz, más actual, más innovador como el mercado, un mercado que en un momento de crisis se está reinventando a sí mismo.
Señorías, compartimos todos un mismo modelo: que tiene que haber políticas transversales de vivienda. Para ello el sector privado tiene que trabajar de forma conjunta con el sector público. Pero la Administración tiene que conectar todos
los esfuerzos que se están haciendo, con el máximo respeto a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Para nosotros el trabajo que se está haciendo día a día con todas ellas es puntero -podríamos citar algunos ejemplos, como el de Cataluña-
para facilitar el alquiler de los ciudadanos. Se puede hacer oposición de otra forma y se puede gobernar de otra forma. Se puede gobernar para los ciudadanos. Y se puede hacer oposición dándole la espalda a los ciudadanos, pensando en el día a
día y no en resolver la situación que están viviendo todos los españoles, que tiene que ser lo que de verdad nos ha de preocupar. Hemos presentado esta enmienda que mejora el texto técnicamente, para seguir avanzando en ese modelo global que
modificará las pautas de vivienda de este país y permitirá a los ciudadanos, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fuentes.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para argumentar las razones por las que presentamos enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, una de nuestras enmiendas a la que ya ha hecho referencia el señor Macias -para nosotros es una
cuestión fundamental- estima que es necesario defender las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda. Lo hemos comentado en muchas otras ocasiones. Nuestra enmienda nos parecía conveniente por considerar que la
proposición no de ley puede crear algún conflicto competencial. Por otra parte, la iniciativa pretende fomentar la promoción de nuevas viviendas para ser destinadas al alquiler en condiciones ventajosas pero, desde nuestro punto de vista,
más que aumentar el stock de viviendas en alquiler con la construcción de nuevas viviendas, se deberían recuperar las viviendas construidas que se encuentran vacías para destinarlas al alquiler, cuestión que ya hemos defendido en alguna otra
ocasión. Desde nuestro punto de vista, más que fomentar el alquiler de viviendas, la proposición no de ley pretende fomentar la construcción masiva de nuevas viviendas como hemos dicho anteriormente.
En opinión del Bloque Nacionalista Galego, no debemos volver a caer en el mismo error de apostar por una política económica que sobredimensione el sector de la construcción. Defendemos, sin matices, una reorientación de las políticas
económicas, apostando por los sectores productivos. En definitiva, señorías, el sector público debe diseñar políticas que defiendan el acceso a una vivienda digna, pero no apoyando la construcción masiva de nuevas viviendas, sino con una adecuada
política pública de alquiler que consiga movilizar la vivienda sin uso, evitando la carga de la nueva construcción. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El BNG defiende una orientación distinta de las políticas de fomento del alquiler basada
en el impulso de auténticas políticas públicas de alquiler, con el acceso a líneas de fomento del alquiler dirigidas a los sectores sociales con mayores dificultades, y con la creación por parte de las comunidades autónomas de un programa de
vivienda en alquiler a precios sociales a través de la concesión de subvenciones para el pago de la renta con criterios de progresividad.
Para finalizar, estas son las razones que esgrimimos para la presentación de las enmiendas que estamos defendiendo. El problema de acceso a la vivienda en condición desfavorable no debe ser utilizado -y redundamos en este argumento- para
fomentar la construcción masiva de nuevas viviendas; lo que desde nuestro punto de vista sería necesario es establecer los mecanismos que permitan movilizar las viviendas deshabitadas para ser destinadas al alquiler. Después agradeceríamos al
señor Macias que nos dijera lo que va a hacer o pretende hacer con nuestras enmiendas para saber cuál será nuestro posicionamiento en el voto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Fijación de turno de posición. Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Señor Macias, la verdad es que leyendo su proposición no de ley nuestro grupo ha tenido alguna reserva. Y le explicaré por qué teníamos alguna reserva. En primer lugar, porque algunas de estas políticas se están haciendo muy bien en sitios
como Cataluña. Pero se están haciendo con condiciones, porque todos sabemos que hoy el stock, en torno al millón de viviendas que no se sitúa, supone un freno para la reactivación del sector, y lo que tampoco vale es que después de la fiesta sea la
Administración, sea el Estado o sean las comunidades autónomas las que compren la vivienda a precios de mercado un poquito más bajos, si usted me lo permite. Lo que veíamos en su proposición no de ley es quizás esa intención. ¿Qué es lo que nos
preocupa? Que el segundo argumento para no apoyarla era el argumento competencial. Sabe tan bien como yo que las transferencias en esta materia las tienen mayoritariamente las comunidades autónomas. Concretamente, el artículo 137 del vigente
estatuto habla de que en Cataluña esa competencia corresponde a la Generalitat, y usted proponía la coordinación estatal sobre medidas que, por un lado, ya estén previstas en el actual plan estatal y que, por otro lado, ignoren que el derecho se le
pueda otorgar al propietario del suelo, es decir, aspectos en materia civil, pero dichas competencias están claramente en manos de la comunidad autónoma.
¿Qué es lo que nos preocupa? Se lo confieso, podríamos suscribir la enmienda del Grupo Socialista al cien por cien, porque corrige aquellos elementos que desde una perspectiva de orientación nos gustaban menos de su proposición no de ley,
pero hay un apartado 4 que es demoledor. Este dice: la Administración General del Estado, a través de la SPA, la Sociedad Pública del Alquiler, procederá a contratar con el sector privado la gestión integral de las viviendas correspondientes a
promociones nuevas. Se estudia la posibilidad de que estén construidas sobre el suelo público, etcétera, por periodos mínimos de diez años, más tres de construcción. Y la pregunta es, ¿y si las comunidades autónomas, que son las que tienen la
competencia, lo quieren hacer de forma distinta? ¿Y por qué no? Y después dice: para ello deberá contar con la participación de las administraciones competentes de las comunidades autónomas. Pero, ¿qué participación? Aquí no se trata de
participación, el liderazgo está en las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, señor Macias, si es que en Cataluña lo estamos haciendo ya. Y la pregunta es, aquello que se está haciendo, pero se hace de forma distinta en lo que ustedes
plantean, con condiciones en las viviendas que precisamente han quedado desocupadas, haciendo que el precio sea de acuerdo con el de las viviendas de protección, con condicionantes que usted no planteaba, ¿a partir de ahora lo tendremos que hacer en
coordinación con la SPA, con la Sociedad Pública de Alquiler? Ya le digo que si no corregimos ese texto vamos a votar que no por un elemento estrictamente competencial.
Coincidimos con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista en todos los
apartados excepto en el punto 4. Yo tenía preparada otra intervención pero subo a la tribuna para decir que corrijan ustedes el punto 4 porque si no, con toda modestia pero con toda la autoridad de ser una fuerza política que está en el Govern de
la Generalitat y que está dirigiendo las políticas de
vivienda en Cataluña, vamos a votar que no. Por tanto, me gustaría que corrigiesen este punto 4 porque no queremos avalar una política que ahora tenga que dirigir la SPA cuando ustedes saben que no tiene que dirigirla la SPA y cuando
-además creo que es un consenso bastante compartido- se está haciendo bien por parte de algunas comunidades autónomas entre las que está la del Govern de la Generalitat. No podemos hacer que la SPA tenga ahora nuevas atribuciones en un tema que
competencialmente le toca hacer a quien le toca.
Si alguna cosa positiva tiene la proposición no de ley es que habla de algo que hoy se tiene que abordar en las políticas, española y autonómicas, en materia de vivienda, que es la utilización de los derechos de superficie y de figuras
análogas para promover el acceso a la vivienda. Eso es lo positivo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema está en que la proposición no de ley no establece las garantías que antes les decía. Desde nuestro punto de vista, había argumentos
competenciales para votar en contra, había argumentos de decir que esto se está haciendo y, por poner un ejemplo, en Cataluña se hace, como les decía, poniendo condiciones sobre las viviendas. También le quería trasladar al señor Macias la
necesidad de mejorar técnicamente algunos conceptos porque en torno al derecho de superficie y usufructo sí hay una cierta confusión.
Para ceñirme al tiempo, señor presidente, no me extenderé más, pero estas son algunas ideas que quería trasladar sin haber podido explicar motivos más de fondo que le trasladaré personalmente al señor Macias con el objeto de poder compartir
ideas y de intentar que no se abra la veda; ahora para la fiesta, para intentar sacar al sector de la situación en la que está, ahí sí nos encontrará.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don José Ramón Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el representante del Grupo de Convergència i Unió ha explicado nuevamente los términos de la propuesta que conocíamos ya, hasta con amplitud habría que decir en esta ocasión dada la formulación con la que este grupo parlamentario
redactó y presentó la proposición no de ley, de una extensión no habitual, que es la que hoy somete a nuestra consideración y votación en relación con el tema de la vivienda, en concreto en relación con el impulso para la creación de un gran parque
de viviendas de alquiler a precios asequibles mediante sistemas de colaboración público-privado. Así reza la proposición no de ley. Ya se sabe que en principio todos los grupos parlamentarios estaríamos dispuestos a afirmar y firmar si fuera
necesario cuando menos tres cosas: primera, que de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución todos los ciudadanos del Estado español tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Segunda, que por mucha afirmación solemne que
haga la Constitución o que hagamos aquí o en cualquier sitio que la hagamos, la haga quien la haga, la aplicación práctica de este derecho está en la realidad llena de agujeros negros, de excepciones y de muchísimos matices. Tercera, que dígase lo
que se diga, propóngase lo que se proponga y hágase lo que se haga, sea quien sea quien lo haga, por decirlo suavemente, no estamos acertando en lograr de verdad ese objetivo deseable y que todos perseguimos, con poca fortuna en la realidad habría
que decir, y es que todos dispongamos de una vivienda digna y adecuada.
Frente a esa voluntad de todos y frente a este no acierto que en gran medida también es compartido por todos, es como a nuestro juicio cobra sentido y se vuelve digna de apoyo
la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo de Convergència i Unió, ¿porque es necesario revisar las políticas de vivienda? Sí, dada la realidad en la que estamos. Es necesario con todas las políticas y más con aquellas que dejan tanto
que desear por lo que a su resultado se refiere y porque esta es la realidad.
Y al respecto, ¿queda algo por inventar? Cabe al menos preguntarse e intentar inventar algo. Dicho de otra forma: el fracaso de las políticas de vivienda puede tener
juicios diversos de a qué se debe, si porque no están las medidas debidamente diseñadas, si las medidas diseñadas no se implementan debidamente o si no hemos terminado de diseñar las medidas adecuadas que nos ayuden a lograr los objetivos que
perseguimos. En cualquier caso, este debate de qué es lo que no funciona nos llevaría excesivamente lejos y hoy no es el día. El grupo proponente entiende que cabe diseñar nuevas políticas, esto es lo que afirma y habla de que cabe estudiar
fórmulas novedosas, complementarias de las políticas que ya desarrollan las distintas administraciones públicas.
Mi grupo entiende que innovar nunca está de más o intentar innovar cuando menos, que en concreto en las políticas de vivienda estamos todos, como decía, altamente necesitados no sé si de innovar, de cumplimentar o de hacer efectivas algunas
políticas, de forma que no tenemos ningún inconveniente -porque en esto consiste la proposición no de ley- en que se estudie. Y a este respecto no tenemos la menor duda de que a la hora de estudiar, como se propone que se estudie conjuntamente con
las comunidades autónomas el régimen competencial que está establecido en la Constitución y en los estatutos, se analizará debidamente. Es decir, que una vez hecho el estudio, esperemos que aquello que se proponga sea algo novedoso, pero que cumpla
con rigor el régimen competencial establecido, que se estudie; en el fondo creemos que no debe haber ningún inconveniente. En todo caso, una vez hecho el estudio y propuestas las medidas, si se intentara en ese momento hacerlas efectivas
volveríamos a tener algo que decir, lo que entendemos no podemos decir a la hora de proponer un estudio. Y todavía tenemos menos inconvenientes
cuando además se acota el tiempo de estudio, que en la proposición no de ley es de tres meses. De forma que estúdiese, y si del estudio se deriva una innovación, mejor que mejor, porque necesitados estamos todos de dar con algunas fórmulas
que mejoren los resultados en una política de vivienda que enuncia grandes objetivos, pero que no conseguimos entre todos al menos tan rápido como desearíamos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.
Señor Macias, le ruego tenga la bondad de indicarme si acepta, para la votación, alguna de las enmiendas.
El señor MACIAS I ARAU: Sí, la del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD RELATIVA A LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de expediente 162/000211.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV-EAJ), sobre la pensión de viudedad relativa a las parejas de hecho.
Para su defensa tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, vamos a presentar esta proposición no de ley y defenderla, como sabe el señor presidente, con una enmienda de adición perfectamente conexa con la materia que es objeto de tratamiento por
tratarse esta conexidad de algo que dimana de una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto la sentencia 134/1987 en relación al sistema de protección de las situaciones de necesidad acogidas al sistema público de pensiones del Estado
español, en interpretación del contenido esencial del artículo 41 del mismo.
En relación a las parejas de hecho, señor presidente, tenemos que comentarle que a mi grupo le preocupan profundamente sentencias que hemos conocido de las salas de lo Social de los distintos tribunales superiores de Justicia de comunidades
autónomas, en las que se deniega en relación con las viudas dimanantes de parejas de hecho el reconocimiento de la pensión de viudedad, incluso acreditando nada menos que dieciocho años de convivencia efectiva mediante medios de prueba admitidos en
derecho.
¿Esto qué acredita, señor presidente? Esto acredita que la Ley 40/2007, la última que aprobamos en la anterior legislatura, en relación con el reconocimiento del acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho, tiene deficiencias
que intentamos corregir mediante la presentación de una proposición de ley, que desafortunadamente no fue tomada en consideración, que pretendía remover las tres dificultades en la salas de lo social de los tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas, que están creando una situación de desigualdad, de injusticia, de vulneración del principio de igualdad ante la ley que puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley que la Constitución reconoce.
Hay tres dificultades que intentamos remover en relación con esta materia.
En primer lugar, los elementos para acreditar la convivencia. Se exigía en la Ley 40/2007 como elemento de acreditación de la convivencia el registro de las parejas
de hecho en los registros públicos de parejas de hecho, requisito que no es objeto de aceptación por todas las parejas de hecho que se constituyen -de esa circunstancia pueden dimanar castigos o limitaciones en cuanto a la acreditación o a la
situación de pareja de hecho-, para que realmente puedan acceder a las prestaciones y en concreto a esta contingencia, a la pensión de viudedad. En segundo lugar, nos encontramos con que en la Ley 40/2007 se exigían periodos de convivencia
acreditados de cuantía superior a las que se exigían a los matrimonios de naturaleza convencional previstos en el Código Civil. En tercer lugar, nos encontramos con que se impedía en la Ley 40/2007 la posibilidad de acreditar la situación de
convivencia por medios de prueba diferentes a los mencionados anteriormente, a la inscripción en el registro, como pueden ser certificaciones notariales, certificación de las autoridades públicas, certificaciones en definitiva que acreditaban la
convivencia real.
Dicho esto, señor presidente, hemos presentado una enmienda relativa a la cuestión de los 420 euros, a las personas que han agotado la prestación y el subsidio de desempleo. Porque es una cuestión también vinculada al sistema de protección
social y también vinculada por la sentencia que hemos citado, que es la que establece la situación de conexidad entre el pedimento primero y el pedimento que a continuación vamos a explicar.
Señor presidente, cuando el Gobierno del Estado español y
el ministro de Trabajo mediante una predicción digna de mejor causa que haría válida las predicciones del barón de Kelvin cuando decía que la radio no tenía ningún futuro, que los rayos X eran una farsa y que instrumentos que tuvieran un peso
específico superior al aire era imposible que volaran, la capacidad de prospectiva, la capacidad de adivinar de alguna forma el futuro del ministro de Trabajo quebró brutalmente. Utilizamos esta metáfora o este símil. El señor ministro indicó que
era imposible antes del 1 de agosto generar una pensión, una prestación -exposición de motivos del real decreto-ley que intentaremos convalidar el próximo jueves- y que era imposible proceder a la protección de todo el colectivo afectado o de todos
los desempleados que habían agotado ya la prestación y el subsidio de desempleo. El señor ministro de Trabajo intentó posteriormente establecer la fecha, el 1 de junio en concreto, en virtud de la cual se podía proteger a los que habían agotado la
prestación
y el subsidio de desempleo. Y por fin, sentando sus reales y su autoridad, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista estableció el 1 de enero como la fecha a partir de la cual se podría proteger a las personas desempleadas que habían
ya agotado la prestación y el subsidio de desempleo.
Esto plantea dos problemas que de forma muy sucinta voy a glosar, señor presidente. En principio, el adelantamiento del 1 de agosto al 1 de enero, es decir, la incorporación de 1.300.000 euros más a los Presupuestos Generales del Estado o
la atribución o el destino de créditos por una cuantía de 1.300.000 euros más. Ya la vicepresidenta económica del Gobierno, la señora Salgado, indicó que no afectaba al déficit público, a pesar de los sortilegios del ministro de Trabajo contra los
problemas del déficit público que había anunciado cuando se le pedía por todos los grupos parlamentarios e interlocutores sociales, que adelantara del 1 de agosto al 1 de enero la protección del desempleo de estos desempleados. Al final, la
vicepresidenta económica del Gobierno, la señora Salgado, por el adelantamiento consistente en una cuantía o en la generación de créditos por 1.300.000 euros, ha considerado que esto no afecta al déficit público y que esto no perturba los
requerimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, luego no hay un problema económico para universalizar la prestación del desempleo. Pero en relación a esta prestación que está en el real decreto-ley que se va a convalidar el próximo jueves,
tendríamos que decir lo siguiente. Primero, la naturaleza de la prestación que aquí se articula es una naturaleza cuando menos enigmática -es la expresión-, a pesar de que la exposición de motivos la califica como prestación extraordinaria de la
Seguridad Social. Si se califica como prestación extraordinaria de la Seguridad Social, ya estamos excluyendo un subsidio, estamos excluyendo una renta de inserción, una renta de garantías de ingresos mínimos y estamos excluyendo también una renta
activa de inserción, que es lo que solicitaban los interlocutores sociales, luego estamos en una prestación de Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con esto, señor presidente.
Si estamos en una prestación garantizada por el sistema público de pensiones, tiene que acogerse a los requerimientos del título tercero de la Ley General de la Seguridad Social, el Real Decreto Legislativo 1/1994, configurado por el
contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, so pena de incurrir en inconstitucionalidad, es decir, la prestación tiene que ser universal.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Decía que la prestación tiene que ser universal, y el 1 de enero del año 2009, señor presidente, 278.000 desempleados habían agotado ya la prestación y el subsidio de desempleo, luego nos gustaría conocer qué
previsiones tiene el Gobierno, atendiendo a los requerimiento de la jurisprudencia constitucional y del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, para establecer una protección universal para todos los desempleados que con fecha 1 de
enero del año 2009 hayan agotado la prestación y el subsidio de desempleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular doña Concepción Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señor presidente, subo a esta tribuna para explicar, en primer lugar, la valoración que hacemos de la autoenmienda del Partido Nacionalista Vasco. Entendemos la solicitud de universalizar la protección de la
contingencia por desempleo, pero solo la entendemos, entre otras cosas porque creemos que este decreto es un parche más y una nueva improvisación. Este decreto se ha hecho a la carrera y sin contar con la colaboración de los agentes sociales y de
los grupos parlamentarios.
Dicho esto, paso a debatir el contenido de nuestra enmienda, el contenido que el Partido Popular plantea a la proposición no de ley. Nuestra enmienda dice: el Partido Popular insta al Gobierno a remitir a la Cámara, en el plazo máximo de
tres meses, un proyecto de ley que aborde definitivamente la reformulación integral de las pensiones de muerte y supervivencia, en cumplimiento del contenido de la recomendación decimosegunda de la renovación del Pacto de Toledo de 2003. El Partido
Popular cree que este es un debate importante, es un debate trascendental para muchas personas, personas que en este momento, en el marco de la actual crisis, son las que más están padeciendo la situación económica a la que nos ha conducido el
Gobierno del Partido Socialista con su política errática y descoordinada. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) Esta situación afecta a casi 2.300.000 personas, personas que cargan con una historia de soledad, de
carencias, de pérdidas de su cónyuge y, sumado a todo ello, una situación de desamparo, de vulnerabilidad y de penurias económicas que a lo largo de 2009 se han ido agravando, situaciones particulares y concretas a las que el Gobierno no puede dar
la espalda ya ni un minuto más. De todas estas personas, la mayoría son mujeres: 2.000.093 viudas perceptoras de esa pensión de viudedad, y muchas de estas mujeres simbolizan en este momento el rostro de la pobreza, el rostro de la soledad, el
rostro de la vejez.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Hablamos de personas con problemas diarios de subsistencia, con escasa calidad de vida y con ausencia clara de recursos para garantizar un bienestar acorde
con lo
que esta sociedad puede y debe garantizar, acorde con las políticas del señor Zapatero, de las que hace gala en todos sus discursos. La pensión de algunas de estas viudas es de escasamente 420 euros, lo que sitúa a estas pensionistas en el
umbral de la pobreza, en la posibilidad de convertirse en un colectivo en riesgo de exclusión social, tal y como señala el último informe de Cáritas.
La situación de las viudas en España comenzó a cambiar con los gobiernos del Partido Popular. El Partido Popular ha sido y será extremadamente fiel en el futuro a este compromiso de mejora de las pensiones de viudedad. Lo fue en el pasado
cuando gobernó, incrementando las pensiones mínimas de viudedad y todas las demás, esas que por desconocimiento el señor Zapatero dice ahora que fueron congeladas por el Partido Popular.
Con los gobiernos del Partido Popular se subió el porcentaje
de cálculo de la base reguladora de estas pensiones del 45 al 52 por ciento; con los gobiernos del Partido Popular se mejoraron todas las pensiones de viudedad y sobre todo las de menor cuantía; se reformaron las pensiones de orfandad, ampliando
los límites de los 18 a los 22 y a los 24 años, y fuimos los que determinamos la compatibilidad entre las pensiones de orfandad y las retribuciones lucrativas superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Finalmente, en nuestro
programa electoral para marzo de 2008 mantuvimos el compromiso de aumentar este porcentaje de cálculo de la base reguladora de todas las pensiones de viudedad hasta el 70 por ciento, y hasta el 90 por ciento en el caso de las viudas con cargas
familiares. Por eso solicitamos que se presente este estudio integral. Ya no cabe esperar más. El Partido Popular está esperando una propuesta firme.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Bravo, por favor, ha acabado su tiempo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Un segundo, si es usted tan amable.
Decía que el Partido Popular está esperando una propuesta firme y contará con la disposición, la voluntad y el compromiso del Partido Popular, pero queremos trabajar para algo. Garantizamos el acuerdo si se avanza en elementos de
sostenibilidad, solvencia, equilibrio, unidad del sistema, contributividad, mejoras de atención estudiadas y adecuadas. Si dejan pasar esta ocasión, toda la responsabilidad caerá sobre ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Bravo.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, dicho brevemente, estamos totalmente de acuerdo con los puntos que contiene la iniciativa parlamentaria que ha presentado el diputado Olabarría; de hecho, coinciden con enmiendas que en su momento Esquerra Republicana presentó
durante la tramitación de la ley, luego entendemos más que oportuna que la perseverancia del diputado Olabarría hoy haya permitido volver sobre el mismo asunto. De aprobarse, cubriríamos estos déficits que en su momento fueron motivo de debate.
Debo decirles que nosotros hemos presentado dos enmiendas. La primera afecta a la redacción final del punto 2 d) que presenta el diputado. Entendemos que debe suprimirse el ámbito temporal de aplicación de dicha medida prorrogándolo
indefinidamente, puesto que la ley hablaba de doce meses como plazo para poder acogerse a la tramitación. Atendiendo a que se planteaba la resolución de un déficit que se arrastraba por razones de carácter histórico que venían de lejos, además esta
fecha ya ha prescrito y nos parece que debería incorporarse una ampliación del calendario, en la medida en que posiblemente todavía hay personas que por razones diversas no han tramitado la solicitud, la demanda, de lo contenido en la ley. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Nosotros creemos que debería suprimirse esta condición temporal. Esta es una enmienda de carácter técnico, pero que nace de casos que hemos conocido de personas que se han encontrado con este problema.
La segunda enmienda, a nuestro entender, tiene mayor interés, puesto que se trata de casos de personas que durante años formaron pareja de hecho con el causante de la pensión, que murió antes de que culminara todo el proceso de separación
que conducía a la sentencia del divorcio, lo que afecta sobre todo a personas ya mayores, porque, aunque la Ley del Divorcio ya tiene unos años de vigencia, ustedes saben que había todo un proceso de previas separaciones en un momento en el que las
cosas, desde el punto de vista cultural, eran muy distintas a las actuales. En fin, conocemos bastantes casos de personas que hoy día no pueden tener acceso a la pensión o a la parte alícuota que les corresponde de la misma en tanto en cuanto la
persona difunta, aun cuando vivía con quien reclama esta pensión, en el momento de su muerte todavía estaba casada con otra persona. Entendemos que hay que modificar el artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a
fin y efecto de permitir que aquella pareja de hecho que haya convivido con el causante en el momento de su muerte, a pesar de que este no esté divorciado legalmente, pueda ser acreedora de la pensión de viudedad, siempre que se acredite que el
causante ha cesado la convivencia con su anterior cónyuge, como es lógico. Se trata, pues, de una enmienda de carácter técnico y de otra que, repito, nace de un universo de casos que conocemos, no muchos pero que existen y además los tenemos muy
localizados, y creo que, aprovechando la ocasión que nos brinda el Partido Nacionalista Vasco con esta iniciativa, valdría la pena introducirlo.
Finalmente, voy a dar una explicación que se merece el diputado Olabarría.
Aun cuando nosotros podamos compartir su demanda respecto a los 420 euros, debo decirle que somos esclavos de un acuerdo al que llegamos con el Partido Socialista, a
través del cual el Partido Socialista corregía la primera redacción del real decreto y retrocedía hasta el 1 de enero el ámbito para tener la posibilidad de acogerse a esta ayuda. Entenderá que, si hay un acuerdo, hay que cumplirlo. Aun así,
entiendo su demanda; es más, pensamos que en la tramitación del real decreto en el mes de marzo habrá que volver sobre la cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como acertadamente se expone en la proposición no de ley que estamos discutiendo, la protección social, económica y jurídica de la familia, que encomienda el artículo 39 de la Constitución, no cita exclusivamente la matrimonial y,
por tanto, la convivencia matrimonial no supone en la actualidad la única forma legítima de familia. Partiendo de este punto de referencia constitucional, debemos avanzar en la necesidad de equiparar las uniones de hecho al matrimonio, en el
sentido de extenderle las normas y soluciones legales aplicadas que afectan especialmente a lo relativo a cuestiones que adquieren una dimensión pública en cuanto son de interés supraindividual, concediendo asimismo a los integrantes de esas uniones
de hecho los mismos efectos jurídicos en el acceso a la protección social.
A pesar de los avances que se han conseguido paulatinamente en esa dirección de equiparación de derechos a las personas que integran las uniones de hecho con las conyugales, aún persisten diferencias de tratamiento desde nuestro punto de
vista no justificadas. En lo que atañe al reconocimiento de la pensión de viudedad, la convivencia afectiva debe ser acreditada de una forma más procelosa y exigente en los supuestos de que el solicitante hubiera convivido más en el seno de una
unión de hecho que en la matrimonial e incluso se incorporan requisitos adicionales, como es el caso de haber tenido hijos comunes, que suponen una clara desigualdad de trato a la hora de poder acceder a esta prestación.
Además, señorías, esas
diferencias no se justifican en la naturaleza de la prestación. La pensión de viudedad, enmarcada en la protección social por muerte y supervivencia, persigue la finalidad de atender situaciones de necesidad en las que se ven inmersas aquellas
personas que dependían económicamente o participaban de los ingresos de la persona fallecida con la que convivían. La ausencia de uno de los miembros de la unidad familiar conlleva, por tanto, la falta o minoración de ingresos en esa unidad
familiar, por lo que se establece una presunción objetiva de necesidad y por ello se otorga una prestación económica compensatoria. El objetivo primordial que cumple la pensión de viudedad es dar satisfacción a la necesidad de suplir las rentas en
una unidad familiar por la desaparición de uno de sus integrantes, por lo que la simple acreditación de ese hecho y la convivencia común son suficientes para reconocer la prestación de viudedad como plantea la proposición no de ley.
En suma, señorías, vamos a apoyar esta iniciativa presentada por el Grupo Nacionalista Vasco, ya que desde nuestro punto de vista es justo reconocer los mismos derechos cuando las situaciones son equiparables en la realidad. El
fallecimiento de una persona provoca idénticos problemas económicos a las personas que convivían en ese momento con el mismo, sea la relación que les unía matrimonial o de hecho. La fórmula escogida para formalizar su compromiso de convivencia no
tiene nada que ver con el derecho a una prestación que pretende compensar la minoración de ingresos provocada por la ausencia de uno de los integrantes de dicha unidad familiar, por lo que se deben, conforme a las pautas que recoge la iniciativa,
acometer las reformas legales necesarias para que el reconocimiento de esa prestación se efectúe bajo idénticas condiciones y requerimientos a los interesados. Por estas razones, señorías, volvemos a manifestar nuestra posición favorable a la
proposición no de ley defendida por el señor Olabarría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
También para fijar posición por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El señor Olabarría en su intervención ha hablado de dos cuestiones distintas: del texto original y de una enmienda que ha presentado, y sobre esas dos cuestiones Convergència i Unió se va a pronunciar.
En relación con el texto original de su iniciativa, plantea de nuevo con testarudez una cuestión que en su momento supuso un cierto avance, el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, pero que es evidente que no
terminamos de resolver bien en la modificación legislativa que introdujimos en el año 2006. Hemos tenido oportunidad de discutir sobre ello en diversas ocasiones; antes incluso del verano, en la ponencia parlamentaria abierta sobre la reforma
integral de la pensión de viudedad la cuestión fue planteada. Y me parece que el conjunto de los grupos con más o menos intensidad compartimos la necesidad de abordar de una manera ciertamente acelerada la reforma de la configuración actual.
Las
injusticias que se están produciendo, el importante nivel de litigiosidad en los tribunales -usted hacía referencia a diversos pronunciamientos
de salas de lo Social- urgen a esta Cámara a abordar ya esa reforma. Su iniciativa insiste en ello y en ese sentido encontrará el apoyo y la simpatía de Convergència i Unió. Ello no quita -y lo hemos hablado con los portavoces del Grupo
Socialista y del Grupo Popular- que sería bueno que eso tuviese un traslado lo más pronto posible al ordenamiento jurídico, no que se diera tan solo en el terreno de instar al Gobierno a, sino que también tuviera reflejo en la correspondiente
modificación legislativa. Y ojalá seamos capaces, en las próximas semanas y en la perspectiva del final de este año, de aprovechar la tramitación de los presupuestos para entre todos encontrar una solución a ese problema. Creo que eso será
posible. Por tanto, bienvenida sea esa iniciativa del señor Olabarría, porque refuerza el compromiso de los grupos en esa dirección, y la enmienda que planteaba la portavoz del Grupo Popular también ayuda a avanzar en ese terreno.
Por otro lado, señor Olabarría, en su enmienda nos hablaba de una cuestión de fondo importante, la configuración legal de esa nueva prestación que vamos a convalidar el próximo jueves en el Pleno de la Cámara.
Simplemente quiero trasladarle
que su debate también nos debe permitir abordar una cuestión de fondo que Convergència i Unió ha manifestado en diversas ocasiones: la fragmentación de la protección social a las personas en situación de desempleo. Ese nuevo subsidio, la renta
activa de inserción, el subsidio no contributivo de la Seguridad Social, todo ello además sin la participación en su gestión de las comunidades autónomas, hoy es un freno a la reactivación de nuestro mercado de trabajo y a la garantía del conjunto
de la protección de las personas en situación de desempleo. Por tanto, su debate sobre esa configuración legal nos debe llevar a racionalizar ese sistema y a reforzar las capacidades de gestión del mismo por parte de las comunidades autónomas.
Esa
ha sido la posición que Convergència i Unió ha mantenido en relación con esta cuestión. En la moción de la semana pasada, que se aprobó por el conjunto de los grupos de la Cámara, se insta al Gobierno a presentar un estudio sobre el conjunto del
sistema de protección social que en este campo de las personas que no tienen protección al desempleo hoy estamos garantizando. En este caso concreto el Gobierno tendría que haber optado no por crear un nuevo instrumento, sino por racionalizar los
ya existentes. Se ha hecho lo que se ha hecho, quizás las urgencias no permitían hacer otra cosa, pero su intervención de esta tarde sí nos permite reiterar ese planteamiento.
En aras del consenso de la Cámara, sería más interesante que el señor Olabarría mantuviese la votación en aquello que afecta estrictamente a las pensiones de viudedad, donde creo que es posible alcanzar unanimidad y quizás trasladar el
debate sobre la configuración de ese nuevo subsidio a la tramitación parlamentaria que va a iniciarse este próximo jueves. En todo caso, contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
También para fijar posición por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Elvira Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde esta tribuna quiero manifestar la perplejidad y la desolación que me ha entrado al tener que intervenir sobre una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en la cual se nos había introducido
a un tema, que eran las pensiones para las parejas de hecho, pero en la que de repente nos hemos encontrado esta mañana con que tenemos otro tema añadido, es decir, una autoenmienda que lleva aparejado el planteamiento de la prestación para las
personas en desempleo sin ningún tipo de prestación.
Yo creo -y es digno reconocerlo en esta Cámara- que el tema de las pensiones de viudedad y de la prestación por muerte y supervivencia ha acarreado cantidad de trabajo parlamentario, reconozcámoslo; nadie se ha quedado fuera en esta
materia. Ha habido interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley, proposiciones de ley. Todos han trabajado al unísono en un tema que las mujeres agradecemos y que nos preocupa soberanamente. No podemos olvidar que hay 2.092.000 mujeres que
cobran la prestación y la pensión de viudedad y solamente 300.000 varones; por eso las mujeres en esto nos sentimos doblemente involucradas. Sí que quiero comentar a la señora Bravo respecto a su intervención que, cuando decía que las prestaciones
hoy en día eran de 420 euros, solamente se dan para las personas menores de 65 años. Por lo tanto, no parece muy correcto que se plantee que esta es la prestación que se está dando.
Durante el gobierno del Partido Popular -creo que es bueno ponerlo en evidencia- se incrementó la base de cotización del 45 al 52 por ciento, pero se eliminaron los complementos a mínimos. La perseverancia del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) le honra en esta materia y la verdad es que a nosotros también nos ocupa y nos preocupa. Ahí está la creación de la ponencia en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por la cual ya se ha encarrilado el estudio de las prestaciones
derivadas de muerte y supervivencia. Es un elemento clave a la hora de atajar esta situación, porque en la prestación por viudedad cada casuística es totalmente diferente. Nos estaba contando el señor Tardà una historia compleja y hay muchas más
que devienen de situaciones personales muy variopintas y poliédricas. Con el informe que nos ha remitido la Secretaría General de la Seguridad Social podemos tener un elemento que aglutine y que nos dé la foto y la secuencia de todos los supuestos
y situaciones que nos podemos encontrar. Me parece importante la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de exigir al Gobierno -y creo que en esto estaríamos todos de acuerdo- que en el plazo
de seis meses presente un proyecto de ley para ver cómo se puede abordar esta situación.
Hay una cuestión que no quiero dejar pasar por alto. Todas las cuestiones que se planteen en relación con la prestación de viudedad y con la reforma de cualquier tipo de supuesto de la Seguridad Social tendrán que pasar por el Pacto de
Toledo, porque este tiene dos pilares: el acuerdo político y, cómo no decirlo, el diálogo social. Si aquí llegamos a acuerdos, esto irá hacia delante. Si no, el Grupo Socialista siempre se va a manifestar en contra de tomarlo en consideración o
de apoyarlo.
Por último, quiero decirles que esta es mi última comparecencia. Después de catorce años, voy a renunciar al acta de diputada, cosa que tiene su anverso y su reverso: por una parte, te hace ilusión cambiar y, por otra, lo echarás de menos.
Eso nos ocurre a todos los humanos. Pero sí quiero agradecer a la Cámara, a todo el personal que ha trabajado aquí, su profesionalidad. También quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios y, en concreto, a SS.SS. el tiempo, el afecto, las
buenas relaciones que nos hemos dedicado. Me parece que un elemento muy, muy importante es seguir trabajando en la línea de conseguir acuerdos y consensos; la situación de crisis esperemos que se superará. Entre mis agradecimientos hay uno que no
puedo dejar de citar y es el de la ciudadanía guipuzcoana, que durante cuatro legislaturas me ha dado su voto y su confianza. Me despediré solamente con un deseo, señor presidente, hay una iniciativa de la acuñación paritaria de las monedas de
euro; por favor, no la dejen al olvido. El 51 por ciento de la sociedad está conformado por mujeres, la peseta en 136 años no se acordó de que existíamos, yo creo que ahora en el siglo XXI lo podemos hacer.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortajarena. La despedimos con afecto y le deseamos suerte en su nuevo trabajo.
Pregunto al señor Olabarría si, de la proposición no de ley que ha defendido, acepta alguna enmienda para votación.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, con relación a la despedida que ha manifestado la señora Cortajarena, quiero manifestarle mi afecto, desearle suerte en sus nuevas funciones relevantes y sobre todo comentarle que no hay mejor manera de despedirse quizás de
una institución de esta naturaleza como la de realizar una acción en el voto proclive al consenso...
El señor PRESIDENTE: ¿Significa eso que acepta su enmienda, señor Olabarría? (Risas.)
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente. Con su clarividencia característica, usted ha captado perfectamente la intención de mi voto.
En todo caso, quiero que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de que algunos vamos a echar de menos a la señora Cortajarena, porque hemos compartido responsabilidades y hemos sido conocedores de su proclividad al consenso, que es un
valor que no abunda. Lo que sí abunda es la ausencia de diputados...
El señor PRESIDENTE: No debo dejarle seguir. (Risas.)
Señor Olabarría, ¿dígame, dígame si acepta alguna enmienda?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No. Señor presidente, acepto la mía por razones de congruencia elemental, que no hace falta glosar, y las de los otros grupos parlamentarios con relación a la parte de la proposición no de ley sobre la cual se han
manifestado. Yo no sé, señor presidente, si sería posible...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, para que todos podamos aclararnos, incluso el presidente, si S.S. acepta su autoenmienda no puede aceptar más que la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds. ¿La acepta?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Aceptada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Puede tomar asiento.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Lo que no veo es la incompatibilidad con la enmienda del PP, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Haga el favor de tomar asiento.
Queda aceptada la enmienda de Esquerra Republicana, que se pasará a votación.
En relación con las autoenmiendas, deseo decir a la Cámara, a los efectos que tenga de precedente, que, efectivamente, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha presentado una autoenmienda, que es práctica habitual en el Congreso de los
Diputados, y, en consecuencia, no hay problema alguno en su admisión.
En cuanto a la congruencia de las enmiendas presentadas respecto al texto de origen, no le puede corresponder a la Presidencia de la Cámara juzgar, ya que tendría que hacerse un mínimo análisis de contenidos, pero anuncio que pediré a los
servicios técnicos información bastante para ver si las enmiendas pueden variar absoluta y totalmente del texto de origen. En esta ocasión, y en beneficio del grupo proponente, se acepta para su tramitación, pero se estudiará el caso con el
suficiente detenimiento, a fin de no desvirtuar que la palabra enmienda significa corrección, modificación, pero no
puede desconocer total y absolutamente el texto básico.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. BARKOS), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL TRASPASO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN MATERIA DE TRÁFICO A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000085.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen del III punto del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, relativa a la posición del Gobierno en relación con el traspaso de las competencias exclusivas en materia de
tráfico a la Comunidad Foral de Navarra.
Para la defensa de su moción tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Clarito y sin autoenmienda -lo digo por poner las cosas fáciles-, clarito y lineal en lo que puede leerse de esta moción consecuencia de interpelación urgente por parte de Nafarroa Bai, poco más que el texto que tienen en sus manos. En el
punto 1 llama a la convocatoria de la Junta de Transferencias en el plazo de un mes. Parece razonable. Y en el 2, centra la negociación de este traspaso, demandado -lo recordamos en el texto de la moción- por unanimidad por el Parlamento de
Navarra en los órganos competentes.
Decía moción como consecuencia de interpelación. Y la verdad es que solo podía ser de esta manera. La pasada semana, el martes, además, teníamos oportunidad de interpelar seguramente al último eslabón en esta cadena de secuencia, en lo que
debe ser el arranque del traspaso de una competencia, como era con respecto a la materia afectada el ministro del Interior, y ha de decir esta diputada, en nombre de Nafarroa Bai, que a pesar de que calor, calor, por acometer la transferencia por
parte del ministro del Interior ciertamente no vimos, al hilo del debate que se mantuvo desde esta tribuna lo cierto es que algún tipo de incompatibilidad para acometer la misma ¡ni mucho menos! Y las palabras del ministro del Interior en este
sentido, amén de que el debate fuera más largo de lo requerido para aquellas afirmaciones, lo cierto es que llamaban a una moción de estas características. Así pues, llamar a la Junta de Transferencias en el plazo de un mes y centrar la negociación
en esta junta para evitar la tentación de incardinar el traspaso de una materia tan sensible como es la de la competencia exclusiva en materia de tráfico, centrarla, incardinarla, en la Junta de Transferencias y por tanto en los órganos competentes.
Eso nos parece absolutamente fundamental.
A esta moción de Nafarroa Bai se han presentado dos enmiendas de sustitución. La primera de ellas corresponde al Grupo Parlamentario Popular y he de decir, señorías, que agradezco profundamente el cambio de tono que se produce en esta
enmienda de sustitución con respecto a la que su grupo presentó en el Senado hace unos cuantos meses, a instancias de una moción presentada por Unión del Pueblo de Navarra en aquel caso, donde se trataba de incardinar o de acotar, a través de una
enmienda de adición, cualquier tipo de actuación para acometer la transferencia en esta materia al respeto escrupuloso, al tener en cuenta, al acotar, como digo, cualquier tipo de transferencia a las competencias o a la materia de lucha
antiterrorista. Sinceramente, esta diputada debe decir que pensó que cualquier tipo de enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular vendría en esta materia. Y la respuesta era fácil, en cualquier caso la señalé ya en el debate anterior, en
la interpelación. ¡Hombre!, sería doble castigo a los ciudadanos navarros, como al resto de los ciudadanos del Estado, pero muy especialmente a los navarros, guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses, al sufrir una amenaza real y ciertamente más cercana
como es la de ETA, condicionar cualquier tipo de transferencia o de materia administrativa al cumplimiento o al mejor trabajo de todas las herramientas posibles a la lucha antiterrorista. Esto se daba por descontado. Cierto es que la enmienda que
nos trae hoy el Partido Popular es de otra dimensión, es de otra forma, dijéramoslo así, y por tanto lo agradezco profundamente; creo que al final esto camina en un sentido positivo. Ahora bien, sinceramente, no podemos aceptarla. Y me voy a la
segunda línea de la enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en relación con la posible negociación... No. En este caso la moción de Nafarroa Bai -y es el autor de la materia- insta al Gobierno a iniciar la negociación para
la transferencia.
El Partido Socialista nos presenta también una enmienda de sustitución y en este caso quizá con una mayor voluntad de no expresar de manera tan clara, una voluntad, vuelvo a repetir, que ya notábamos, ya se detectó por boca del ministro del
Interior una falta de calor a la hora de acometer un reto como este, vuelvo a recordar, votado por unanimidad por parte del Parlamento de Navarra, en el programa del Partido Socialista de Navarra en las elecciones de 2007 y en cualquier caso -no voy
a repetir todos los argumentos que se utilizaron en esta tribuna el pasado martes por parte de Nafarroa Bai- asisten razones, siendo la primera y fundamental la efectividad en la atención a los ciudadanos en una materia tan sensible como es la
atención en carretera. Voy a recordar algunos datos muy, muy básicos: más de 200 agentes de la Policía foral están dedicados en Navarra a la atención de las carreteras y por tanto a cualquier tipo de problema en la seguridad vial que requiera de
la atención policial, frente a una media, con respecto a los números que ofrece la Dirección General de la Guardia Civil en materia de tráfico, de unos 100 agentes. Pero los números día a día nos dan la razón, tres
de cada cuatro accidentes o tres de cada cuatro asuntos que se producen en las carreteras navarras son atendidos por la Policía foral. Todo esto nos hace basar y argumentar en términos de efectividad, en términos de mejor atención a los
ciudadanos la solicitud de la transferencia y, por lo tanto, el que se acometan las negociaciones. Como digo, el Grupo Parlamentario Socialista nos ofrece también una enmienda de sustitución por la que se insta al Gobierno a que inicie
negociaciones con el Gobierno de Navarra en relación con este traspaso. No, señores del Grupo Parlamentario Socialista, el inicio de las conversaciones o de las negociaciones ya se ha producido; se producía el pasado mes de julio en visita del
vicepresidente Chaves, vicepresidente que se dedica a la materia, en reunión con el presidente del Gobierno de Navarra, don Miguel Sanz. Por lo tanto, a tenor de los compromisos adquiridos por el propio vicepresidente Chaves en declaraciones
posteriores a este encuentro, las negociaciones ya han comenzado. La pregunta es si queremos dar continuidad a esta materia desde este hemiciclo, desde esta Cámara, pero dársela con seriedad y con rigor y, por lo tanto, iniciar el traspaso de la
competencia. Pues hagámoslo desde el órgano competente, que en estos momentos no es otro que la Junta de Transferencias.
Termino ya, señor presidente, veo que son pocos los segundos que me quedan. Como decía, en aquella reunión el vicepresidente Chaves hablaba de desatascar las transferencias de tráfico. Esta era la palabra literal que utilizaba, desatascar.
Me hacen gestos desde la bancada socialista, pero en fin, a tenor de las crónicas periodísticas de aquella jornada, y coinciden varios diarios -me temo que en este caso el mensajero tiene poco ataque-, la palabra utilizada fue desatascar. A mí no
me sorprende después de haber escuchado aquí, en esta misma tribuna, al ministro del Interior. Le encuentro todo el sentido del mundo.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Voy terminando, señor presidente.
En cualquier caso, será el vicepresidente Chaves quien deberá explicar la profundidad de este término, que efectivamente más parece un ataque, pero esta es una impresión personal de esta diputada. Pero, además, el señor Chaves dijo aquel
día -y termino, presidente- que se acometería también la reforma del amejoramiento del fuero para permitir el adelanto electoral con capacidad de mantener una legislatura completa. Miren, señorías, este punto sí ha tenido respuesta ya, el Consejo
de Ministros del pasado viernes, en el que textualmente el Gobierno designó a los representantes del Gobierno central en la negociación de la reforma del amejoramiento del régimen foral de Navarra.
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, debe acabar.
La señora BARKOS BERRUEZO: Termino ya, señor presidente.
Bien, nos parecería una cuestión de cortesía parlamentaria y por supuesto de simple cortesía con el representante primero de los ciudadanos de Navarra, ya que en las conversaciones con el presidente se acometió este segundo punto de índole
marcadamente oportunista en lo electoral, que se acometa aquel otro punto en las conversaciones de índole marcadamente evidente en el interés general del conjunto de los ciudadanos...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos. Se lo agradezco mucho.
Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular don Santiago Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias.
Quien atendiera al tenor literal de la moción que se nos presenta tanto como a las palabras de la mocionante, podría pensar que este es un asunto de relativa fácil solución, tanto como generar el impulso parlamentario necesario para que se
reúna la Junta de Transferencias de la Comunidad Foral de Navarra y el Estado, y aborde esta cuestión. Pero todos ustedes lo saben, ninguno de nosotros somos ajenos al hecho de que este es un tema recurrente. Es recurrente legislatura tras
legislatura, gobierno tras gobierno, y es una cuestión de la que venimos hablando tanto en Navarra como en el conjunto de España desde hace ya bastante tiempo. Esto es así porque este es un asunto que no tiene la fácil solución que se nos quiere
presentar a través de la moción que hoy se nos somete a votación.
En esta moción se asumen dos principios expuestos de una forma relativamente taxativa, como no puede ser de otra manera. Por una parte, se pide el impulso parlamentario para que se
reúna la Junta de Transferencias, lo cual, en nuestra opinión, es algo absolutamente innecesario. Para que se reúna la Junta de Transferencias basta con que una de las partes lo solicite y, dentro de la correspondiente lealtad entre las dos
administraciones, se produce esa reunión sin ningún tipo de problema. Pero, por otra parte -y aquí está la cuestión más sustancial de lo que aquí estamos tratando-, se está hablando de materias competenciales que se quieren tratar de forma
exclusiva de acuerdo con lo que escuchamos en la pasada interpelación y lo que recoge esta moción.
Estamos hablando de una competencia, la competencia de tráfico, suficientemente perceptible por parte de los ciudadanos, que todos los ciudadanos,
toda la sociedad, y por supuesto también su representación política, queremos que sirva a los intereses civiles, a los intereses de la seguridad vial y al mejor funcionamiento del sistema del tránsito por carreteras. Pero no estamos hablando aquí
solo de eso; lo pudimos ver en la pasada sesión donde tuvo lugar la interpelación. Creo que está implícito en lo que se nos propone por parte de la mocionante. Estamos hablando de una competencia que tiene relación con asuntos relativos
a la seguridad, con asuntos relativos a la lucha contra la delincuencia y también con asuntos relativos a la lucha contra el terrorismo. Por tanto, este es un tema que así entendido, de esta forma, por parte de Navarra y también por parte
de los gobiernos sucesivos que han tenido responsabilidades en la Administración General del Estado, ofrece la imposibilidad de alcanzar hasta el momento un punto de encuentro suficiente como para que se produzca esta transferencia.
En nuestra opinión, este es un asunto que no se puede tratar desde una visión basada meramente en el análisis del competencialismo, de a qué Administración le corresponde llevar a cabo la ejecución en estas materias, sino que tiene que
entenderse de una forma mucho más general, se tiene que entender desde el punto de vista de la operatividad que tiene el servicio de control de tráfico relacionado con otros servicios que se prestan a la propia seguridad ciudadana y a la seguridad
del Estado. Por ello, este asunto efectivamente puede requerir la concurrencia de intereses por parte de las dos administraciones, la General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, pero hasta el momento eso no ha permitido encontrar una salida
a esta demanda de traspaso competencial.
Quiero hacer aquí una referencia a algo que también citaba la mocionante, que es el papel que viene a desempeñar en esta materia desde hace unos meses el vicepresidente Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno de España que acudió a la
Comunidad Foral de Navarra a anunciar que entre los meses de septiembre y octubre se reuniría la Junta de Transferencias para abordar esta cuestión. El vicepresidente Chaves -lo hemos dicho en varias ocasiones- es un vicepresidente que nominalmente
tiene competencias de secretario de Estado, que desconocemos cuáles son sus funciones y que desde luego sabemos y hemos constatado que tiene un nulo peso político dentro del Ejecutivo español. Por eso fue desacertada su alusión, que en términos
textuales citaba la mocionante, respecto a la posibilidad de desatascar este asunto. Este no es un asunto que se vaya a poder desatascar simplemente porque medie una voluntad, sino después de un análisis exhaustivo y de una capacidad de encuentro
que se establezca en términos estrictos de lealtad entre la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno de la nación.
Nuestra enmienda, señor presidente -y con esto concluyo-, se explica en sus propios términos. Es una enmienda en la que se recoge como prioridad el buen servicio que se debe prestar en esta materia de seguridad viaria y entendemos que es
una enmienda que es absolutamente congruente con lo que la propia sociedad navarra viene demandando en esta materia, que es que los servicios, la regulación y el control del tráfico y del tránsito en la Comunidad Foral, en sus carreteras y en su
sistema viario, atienda al interés general de todos los ciudadanos. Creemos que es posible conciliar los intereses que demanda Navarra respecto de los que es capaz de aportar la Administración General del Estado y a eso es a lo que emplazamos a las
partes. Nuestro voto, dentro de la textualidad estricta de la moción que se nos presenta, será congruentemente negativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra don Juan Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, debatimos hoy por tercera vez en lo que va de año en las Cortes Generales la cuestión del traspaso de las competencias de tráfico a Navarra, cuestión que en mi opinión y en
la de mi grupo quedó totalmente aclarada tras la intervención del pasado miércoles del ministro de Interior en la interpelación de la que fue objeto por parte de la diputada Uxue Barkos.
No es esta una cuestión nueva, es una cuestión antigua, un
largo debate que ha centrado también debates en el Parlamento de Navarra desde hace mucho tiempo sobre una competencia que es cierto que Navarra ejerció prácticamente de manera continuada desde el año 1841 hasta la conocida decisión del general
Alonso Vega en el año 1959; debates -es cierto también- que han llevado a que en el Parlamento de Navarra se adopten mociones, algunas de ellas por unanimidad.
El pasado mes de mayo, en el Senado, en la moción planteada por UPN, mi compañero el senador Javier Sanz Carramiñana dejó bien claro entonces, como también el ministro, que no existe ningún problema por parte del Gobierno para iniciar
contactos con el Gobierno foral, aunque todos recordamos que durante algún tiempo no existió un cauce abierto de comunicación entre ambos gobiernos, comunicación que, sin embargo, afortunadamente ahora es abierta y positiva. En aquel debate
expusimos las cuestiones técnicas que impedían o dificultaban, en nuestra opinión, dicho traspaso. Por ejemplo, cómo implicaría en materia de tráfico de mercancías y de viajeros a la unidad de mercado, cuestiones relacionadas con la parcelación de
la gestión del tráfico, cuestiones relacionadas con la circulación de mercancías peligrosas o cómo organiza la Dirección General de Tráfico la cuestión de la gestión; cuestiones sobre las que creo que no hay que volver porque quedaron muy
aclaradas.
La semana pasada el ministro del Interior explicó con claridad que no existía problema para discutirlo, explicó también que la situación competencial que se da en Navarra en materia de tráfico es particular, es singular, es un modelo
distinto. Como el ministro explicó, la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra incorpora un artículo, el 9.1, que dice que la Policía foral tiene competencia en materia de tráfico dentro del territorio de la comunidad, y añade: conforme a los
convenios de delimitación de competencias en la materia concluidos con el Estado y vigentes en cada momento. Asimismo -reconoció el ministro-, dicho convenio incluye una cláusula que especifica que se entiende que la discusión
en materia competencial en la Comunidad Foral no está cerrada. Sin embargo, el Gobierno explicó con claridad que no se niega a entablar una discusión sobre el modelo competencial y a hacerlo en términos jurídicos, competenciales y por
supuesto funcionales, porque el modelo de cooperación entre Policía foral y Guardia Civil da en Navarra unos resultados excelentes, mejores que los de la media nacional y que aunque se negocie como propone nuestra enmienda, no quiere decir que las
competencias de uno y otro queden a salvo, sobre todo en el sentido de que la Guardia Civil debe mantener intactas sus competencias en lo referente a la lucha contra el crimen organizado y al terrorismo en Navarra.
Así lo dijo también el vicepresidente del Gobierno en su visita a Pamplona el pasado 1 de julio. Dijo que la relación es buena, es positiva, que está abierto a dialogar y que la cooperación entre administraciones es excelente. Además,
ambas administraciones -vicepresidente y presidente de Navarra- dejaron bien claro que la cuestión del tráfico no será nunca una cuestión de confrontación entre ambas administraciones. Como ejemplo de cooperación tenemos que la Junta de Seguridad
de Navarra aprobó por consenso, el pasado 30 de junio, las decisiones que permiten la coordinación entre Guardia Civil y Policía foral. Ambas policías, Guardia Civil y Policía foral, comparten no solamente las carreteras navarras, sino que
comparten medios, comparten la gestión a través de las PDA y sistema de gestión de la Guardia Civil por ejemplo, y también para que SS.SS. lo sepan, las multas las ponen ambas policías pero es la Dirección General de Tráfico la que las cobra. Es
decir, hay un esquema de coordinación excelente cuyos resultados hacen, por ejemplo, que Navarra haya sido la única comunidad autónoma en la cual en el mes de agosto no hubo ni un solo muerto en accidente en las carreteras. En definitiva, es un
modelo que implica tener mucho cuidado antes de empezar a modificarlo.
Quiero destacar también que no se ha recibido en el Gobierno ninguna petición por parte de la secretaría de la Junta de Transferencias que reclame ese traspaso ni reclame esa
negociación, con lo cual no tiene nada que ver con lo que señalaba la diputada Barkos al referirse a otra cuestión que fue aprobada la semana pasada.
En definitiva, entendemos que nuestra enmienda, que insta al Gobierno a iniciar negociaciones en el marco de las competencias, en el marco de lo que prevé la Loradna en materia tanto de tráfico como de Policía foral y en sintonía con la
Constitución española y también con las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia, es más que adecuada y reconoce fielmente la praxis y la tradición de acuerdos paccionados, de diálogo, de consenso y de mutua lealtad entre el Gobierno
de la nación y el Gobierno de Navarra que desde mi grupo siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando. Por eso consideramos que es una lástima que el Grupo Mixto, en este caso Nafarroa Bai, no lo aproveche y no vote a favor de nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo brevísimamente desde el escaño para anunciar nuestro voto favorable a la moción presentada por Nafarroa Bai, instando el traspaso de competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Nos
parece una petición justa y razonable reunir la Junta de Transferencias y centrar la negociación en los órganos competentes.
Después de haber escuchado con interés la interpelación de la semana anterior y haber leído con atención el acta de la sesión, nos parece que no hay impedimento jurídico para acceder a lo que pide la moción presentada y defendida por la
señora Barkos. Incluso la negativa, que ya se intuía, del señor ministro de Interior aludía más a razones prácticas que no jurídicas. Por tanto, pensamos que es un problema de voluntad política. Si esa voluntad existiese, se encontraría el modelo
jurídico adecuado. Por tanto, nosotros, como decía, votaremos favorablemente la moción presentada por la señora Barkos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora Barkos, intervengo para apoyar con entusiasmo la moción tan lúcidamente defendida y tan correctamente presentada en su tenor literal. La verdad es que a usted le acoge la
legalidad, le acoge la legitimidad y le acoge la ética en relación con el pedimento que usted establece. La legalidad de la Ley de Amejoramiento del Fuero, la Ley Orgánica 13/1982, donde hay dos preceptos, el artículo 49 y el artículo 51, que
reconocen a la Policía foral navarra competencias integrales en materia de tráfico, entre otras, además de seguridad ciudadana y otras competencias. Cuando usted interpeló al señor ministro hizo una digresión solo parcialmente cierta mediante la
equiparación a lo que ocurrió en la Comunidad Autónoma Vasca.
Él interpretaba que era una especie de extrapolación del régimen histórico que se mantenía residualmente en Álava a los demás territorios históricos, cuando no es así, cuando es un
requerimiento del artículo 17 del Estatuto de Autonomía que tiene una impronta foral inequívoca y que tiene una raíz foral inequívoca. Es un derecho histórico de los constitucionalizados por la disposición adicional primera de la Constitución, pero
es un precepto estatutario y que forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero tanto como el artículo 17, que atribuye a la Ertzaintza competencias
exclusivas e integrales como policía integral que es en todas las materias atinentes a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, al tráfico y a la seguridad civil, estas competencias están atribuidas a la Policía foral navarra en los
dos preceptos que le he precitado.
Desde esta perspectiva es falsa la interpretación de la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca que el señor Rubalcaba glosó, porque es una dimanación o dimana del precepto estatutario y de la jurisprudencia constitucional en relación
con el bloque de constitucionalidad. Está legitimada por el bloque de constitucionalidad, luego su pedimento tiene perfecta legitimidad. Pero además no solo tiene perfecta legitimidad jurídica -usted lo dijo muy bien, usted lo dijo con
corrección-, es que ya de los 1.000 agentes que existen en la Policía foral navarra, 220 se dedican a actividades vinculadas al tráfico. Prácticamente tres de cada cuatro accidentes son atendidos por esta policía. Hay razones prácticas que también
aconsejan la transferencia. La transferencia no tiene más inconvenientes que razones de oportunidad política, razones de coyuntura política. Si las razones de coyuntura política son las que glosa Unión del Pueblo Navarro, cuya opinión nos gustaría
conocer, y la señora Caballero, su portavoz en el Senado, indicando que es solo la voluntad del señor Pérez Rubalcaba la que impide la transferencia, nos encontraríamos ante una absoluta arbitrariedad de naturaleza jurídico-política. Si hay razones
más profundas, y se nos antoja absolutamente inconexa y falta de todo contenido y de fundamento teórico la vinculación de las competencias de tráfico a la política antiterrorista, las que justifican o dificultan la transferencia, estaríamos ante
otra cuestión. Señora Barkos, usted y yo sabemos que una cosa son las competencias en materia de tráfico y otra cosa sustancialmente diferente y sin ningún punto de conexión las competencias relativas a la política antiterrorista. Luego estamos
ante verdaderas cortinas de humo, ante verdaderas políticas de distracción para evitar el cumplimiento de la legalidad, luego a usted le asiste la legalidad foral, la legalidad estatutaria, la legitimidad que provee el bloque de constitucionalidad y
la Constitución española. Quien diga que su pedimento no tiene legitimidad, está contradiciendo las legitimidades que le he glosado y si no, que me demuestren lo contrario. Por tanto, nuestra adhesión incondicional y entusiasta a la moción tan
lúcidamente defendida y tan bien redactada por su señoría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para la fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán para fijar la posición de voto favorable a esta iniciativa presentada por la diputada de Nafarroa Bai. Estamos ante una materia de autogobierno, estamos, a través de una moción, instando al
Gobierno en materia de Policía foral, en concreto al traspaso de la materia de tráfico, algo que, como muy bien ha sido descrito por parte del señor Olabarría y de la diputada proponente, está avalado por la legalidad, por el derecho foral y por el
derecho al incremento dentro de este marco legal del autogobierno.
A partir de esta iniciativa se ha planteado una enmienda de sustitución, de una cierta aproximación tímida a la materia por parte del Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda frontalmente contraria a la propia aplicación de la ley por
parte del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros vamos a votar favorablemente esta materia, recordando que en su momento Convergència i Unió también participó, primero, en la definición de un modelo policial que contemplaba la capacidad para tener
una policía integral y también una policía en materia de tráfico para distintas comunidades autónomas. No somos partidarios, y lo hemos dicho distintas veces, de la generalización de las policías autonómicas, porque esta no es una demanda del
bloque de exigencia de autonomía de muchas comunidades autónomas, pero claramente sí lo es en el ámbito de Navarra. En segundo lugar, hay que recordar que en el anterior Estatuto de Cataluña, el Estatuto del año 1979, la competencia de tráfico no
estaba contemplada como objeto de transferencia y fue precisamente en la legislatura 1996-2000, bajo un gobierno del Partido Popular, con mayoría relativa del Partido Popular, cuando se aplicó por primera y única vez durante estos poco más de
treinta años de democracia el artículo 150.2 de la Constitución española para permitir la transferencia de las competencias de tráfico a la Generalitat de Cataluña. El nuevo Estatuto, el Estatuto de 2006, ya contempla esta competencia que creemos
que por derecho corresponde a unas cuantas comunidades autónomas en estricta aplicación de la ley, entre las cuales está Navarra. Por eso anuncio nuestro voto positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Señor Barkos, ¿acepta S.S. alguna de las enmiendas presentadas para la votación?
La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, entiende esta diputada que vulneraría el acuerdo unánime del Parlamento de Navarra si aceptara cualquiera de las dos enmiendas, la del Grupo Popular o la del Grupo Socialista. Por tanto, en aras
del respeto a ese acuerdo unánime del Parlamento de Navarra, no aceptaré ninguna de las dos enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FRACASO DE SU POLÍTICA ECONÓMICA PARA CREAR EMPLEO, FRENAR EL INCREMENTO DEL PARO Y LA CAÍDA DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y DAR COBERTURA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO. (Número de expediente 173/000086.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre el fracaso -dice- de su política, pero yo creo que quiere decir de la política económica del Gobierno para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la
afiliación a la Seguridad Social y para dar cobertura a las personas en situación de desempleo. Para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular nuevamente ejerce esta tarde desde esta tribuna su leal y responsable tarea de oposición. Lo hicimos la semana pasada con una iniciativa de control al Gobierno, como es nuestra
obligación, y lo hacemos esta semana con una alternativa al Gobierno, con una propuesta al Gobierno. Señorías, esta es una materia tan importante por la situación que tenemos de crisis económica y de desempleo en España que pediría el concurso de
todos los grupos, y tengo que entender que pueda llegar a ser así porque no se han presentado enmiendas, solamente una de la señora Díez, y voy a esperar a su defensa para que mi grupo pueda posicionarse. Ha presentado una enmienda y, como todos
hacemos, la ha justificado como mejoras técnicas, pero no conocemos las razones de dicha enmienda.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara una vez más una iniciativa para arrimar el hombro, como tanto se nos demanda desde el grupo que apoya al Gobierno y desde el propio Gobierno. Lo venimos haciendo durante toda la
legislatura -insisto- y en esta ocasión pretendemos que el Gobierno sepa rectificar a tiempo. Señorías, como dice el refranero español, rectificar es de sabios y queremos entender que el Gobierno tiene cintura política, responsabilidad y capacidad
para rectificar y asumir cualquiera de las propuestas que le estamos formulando para mejorar nuestra situación económica y la situación de los trabajadores y de los parados españoles.
Señorías, el Gobierno está solo en este momento y lo está desde los organismos internacionales. Lo acabamos de ver con la información del World Economic Forum, que manifiesta claramente su preocupación por la situación de carencia de
competitividad de la economía española, su preocupación por la elevada rigidez de nuestro mercado laboral, situando a España en términos de competitividad en el puesto 122, lo que verdaderamente es preocupante. Los datos que ha ofrecido el
comisario europeo, el señor Almunia, que no es dudoso que sea del Partido Popular, anuncian el incremento del paro hasta finales de 2010 y que vamos a cerrar el año 2009 con un decrecimiento de nuestra economía del 3,7 por ciento. Y lo dice el INE,
que también avanzó ayer que ha habido una caída del 23,3 por ciento en la creación de empresas en el mes de julio, dato sumamente preocupante, señorías, porque, si no son las empresas, ¿quién va a crear empleo?, ¿quién va a sacar a España de esta
situación de crisis económica si no son los pequeños y medianos empresarios y los autónomos? Por eso, señorías, impulsamos esta iniciativa, en la cual exigimos desde luego un plan de austeridad para poder mantener las políticas sociales. Señorías,
ayer la vicesecretaria de Organización del Partido Socialista emplazaba al Grupo Popular a que dijera cómo es posible que bajemos los impuestos y mantengamos las políticas sociales.
Decía que no íbamos a contestar y yo sí quiero contestar a la
señora Pajín. Que coja los presupuestos de los años 2007, 2008 ó 2009 que elaboró el Gobierno del Partido Popular y verá cómo es posible no subir los impuestos, cómo es posible mantener, como ha dicho mi compañera, incluso mejorar, cuando hemos
hablado de las pensiones de viudedad, las políticas sociales y permitir un crecimiento económico sostenido, lo cual permitió crear un Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a España colocarse en lo que se venía en llamar el milagro español y en
el euro cuando nadie daba un duro por él. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno, aprender de políticas que son posibles y que han sido llevadas a la práctica. Por eso proponemos en esta moción, consecuencia de la interpelación que
brillantemente defendió mi compañero señor Echániz, adoptar políticas para incentivar a las pymes. Señorías, las pequeñas y medianas empresas están necesitadas, en primer lugar, de un marco estable, y por ello apelo también al Gobierno para que
retome la senda del diálogo social. Es imperativo que haya diálogo social, es socialmente imprescindible en este momento, pero no puede haber un diálogo social con imperativos, con apriorismos y con descalificaciones de las partes sino con una
colaboración leal para poner de acuerdo a ambas partes y facilitar que verdaderamente se produzca ese diálogo y poder abordar unas reformas que son, repito, absolutamente imprescindibles en este momento de crisis. Por tanto, hay que facilitar a las
pequeñas y medianas empresas esa estabilidad que viene del diálogo social; hay que facilitar su competitividad, señorías, con reformas, pero no tienen por qué ser solamente reformas que abaraten los costes sociales o laborales, también hay que
hacer reformas que abaraten los costes de transporte, que son tan importantes para el movimiento de nuestras mercancías, para el movimiento de las personas; de información, tan necesaria en este momento para nuestras empresas y para su
internacionalización; políticas
de abaratamiento de energía, tan importante para la productividad y la competitividad de nuestras empresas, y políticas de formación, de cualificación profesional y de mejora de los sistemas de colocación: que haya una colaboración entre
los sistemas públicos y privados de empleo, como ocurre en muchas partes de Europa. Tiene que mejorar nuestro sistema de formación profesional y atender también, por qué no, señorías, a las políticas activas. Las políticas activas son una
conjunción entre la formación y el empleo, además con cotizaciones a la Seguridad Social, una alternativa muy positiva para muchos de los trabajadores que están en este momento en situación de desempleo. También, como proponemos en el punto 5,
abordar algo tan grave y que afecta de una manera tan seria a nuestra productividad y a nuestra competitividad como es el absentismo laboral.
Señorías, termino con lo mismo que dice el primer punto de nuestra moción: atender a las políticas sociales. En el centro de las preocupaciones del Grupo Parlamentario Popular está atender a los más necesitados en este momento, a esas
personas -lo debatimos en el Pleno pasado en una moción de Convergència i Unió- que han agotado ya sus prestaciones por desempleo, que han agotado también sus subsidios, pero que han venido cotizando y colaborando a los ingresos del Estado a través
de sus cotizaciones. A esas personas que ya se quedan en situación de desprotección hay que atenderlas, como proponemos ahora y como propusimos el otro día, sin hacer una exclusión o un corte de temporalidad; en todo caso, empecemos por un corte
de necesidad, pero no de temporalidad.
Proponemos atender a todas esas personas, insisto, apoyándonos en el punto primero, que es un plan de austeridad que permita atender...
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, debe ir terminando.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor presidente.
...lo más importante que tenemos, a las personas más desfavorecidas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
La señora Díez da por defendida su enmienda.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señores del Partido Popular, mi grupo parlamentario va a rechazar esta iniciativa convencido de que no solamente no nos ayuda a salir de la crisis sino que profundiza aún más las causas de la misma, seguramente porque no
compartimos una misma lectura sobre la crisis económica que padecemos y seguramente porque no compartimos intereses en relación con la crisis y con la salida de la misma.
Señorías, varios grupos de esta Cámara consideran que nos encontramos solamente ante una crisis del Gobierno de España, una crisis provocada por el Gobierno del señor Zapatero, culpable de todos los males que en el mundo han sido. Otros
grupos de la Cámara pensamos que hay responsabilidades, por supuesto, del Gobierno, pero que estamos ante una crisis más profunda y si no nos damos cuenta de ello no saldremos ni juntos ni por separado. Estamos antes una crisis especulativa, ante
una crisis de la especulación a nivel internacional y en nuestro propio país ligada a la especulación inmobiliaria, pero estamos, sobre todo, ante un trasfondo que no se quiere ver, ante el trasfondo de la crisis de la desigualdad, porque ha sido
precisamente la desigualdad la que ha provocado el endeudamiento privado y la inversión especulativa. Y esa desigualdad es la que no se quiere ver por parte de la derecha y, en vez de apostar por una salida a la crisis solidaria, justa, que palie
la desigualdad y que por tanto consolide la salida de la crisis, el Grupo Popular y la derecha económica de este país no solamente no están dispuestos a aportar ningún esfuerzo a la salida de la crisis, sino que aspiran a salir más fuertes todavía
de esta crisis. Han salido fuertes del crecimiento, han tenido los mayores beneficios de las últimas décadas de tal manera que hoy hay una enorme disparidad de renta en nuestro país y quieren, en plena crisis, salir fortalecidos. Y, señorías, así
no es posible el acuerdo. O bien nos ponemos de acuerdo en que aquellos que más han ganado en el periodo de crecimiento y que además están en el trasfondo de la crisis tienen que ceder más a aquellos que menos se han visto beneficiados o no nos
pondremos de acuerdo en que la derecha y la derecha económica se lo lleve todo como consecuencia de la crisis, se lo lleve todo económicamente y se lo lleve todo políticamente. Nosotros no pasamos por ahí. Sabemos que para salir de una crisis, y
sobre todo para salir de una crisis tan importante como esta, hay que hacer concesiones, pero no estamos dispuestos a que las concesiones las hagan los más débiles, la inmensa mayoría de los ciudadanos, hacia los más fuertes. Nos parece
inaceptable. Y salvo la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular puramente asistencial de que hay que proteger a aquellos que se quedan sin protección al desempleo, que espero que lo hagan en el trámite del próximo decreto, el resto son
medidas de máximos de la derecha que ha intentado imponer en la mesa de concertación social y que, una vez que ha fracasado en esa mesa, intenta imponer en esta Cámara. Medidas tan locas como que para salir de esta crisis haya que ajustar el gasto
público, cuando todo el mundo está diciendo que en esta crisis es imprescindible el impulso público y no solamente de un año sino probablemente de más de un año y, en segundo lugar, proponiendo una reforma laboral o, mejor dicho, una flexibilización
laboral, olvidándose de la necesaria reforma empresarial
y de la reforma de nuestro tejido productivo, que nos ha traído las consecuencias que hoy sufrimos.
Señorías, por todo lo dicho no podemos apoyar el programa máximo de la derecha, igual que los sindicatos tampoco han podido concertar con ese programa máximo de la derecha.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para fijar la posición tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Hemos leído con atención la moción redactada por el Grupo Popular en el Congreso, que se compadece poco con el discurso, con un cierto tic apocalíptico, del señor Echániz, su portavoz, en la interpelación presentada. La verdad es que
encontramos manifestaciones o propuestas de reforma razonables y otras que lo son menos. Esto provoca siempre, señor presidente, dudas kantianas a la hora de configurar una posición. Estamos en una situación dramática en relación con el desempleo,
4.200.000 desempleados; perspectivas de decrecimiento del empleo trimestral gravitando entre el 7 y el 9 por ciento; manifestaciones dramáticas del comisario de Economía de la Unión Europea que pertenece al mismo partido político que usted, señor
presidente; reflexiones que se complementan con un 39 por ciento de jóvenes que buscan su primer empleo y que no lo pueden encontrar y con los mayores de 52 años que han perdido toda esperanza de ser reempleados, unas circunstancias que requieren
manifestaciones o actitudes realmente generosas, ejemplares y vinculadas a la responsabilidad histórica. Creo que tenemos que estar todos a la altura de la responsabilidad, lo que pasa es que nos encontramos con un diálogo social roto, un diálogo
social desestructurado por las razones o por la culpa de quien fuere, por una falta de consenso o de posibilidad de consenso entre los interlocutores sociales, por dificultades en relación con qué medidas se deben acometer respecto a las reformas
del mercado de trabajo, que no están en absoluto vinculadas al abaratamiento o no del precio del despido, que es una simplificación y un reduccionismo estratégicamente inteligente pero que no es lo que están propugnando los interlocutores sociales.
La reforma del mercado de trabajo hace referencia a la reforma de la negociación colectiva, a la indiciación de los salarios a parámetros diferentes al incremento del IPC nominal -como puede ser la productividad o el mantenimiento del empleo-, a la
movilidad funcional, a la reactivación o la modernización de los servicios públicos de empleo, a la formación profesional, particularmente la ocupacional, manifiestamente deficiente en nuestro país. En definitiva, reformas que se deben acometer
desde una perspectiva de consenso con los interlocutores, con todos los que ostentan la condición de mayor representatividad y entre los agentes políticos. Pero como esto no es posible y en este momento es una pura utopía política pensar que una
materia como esta no va a ser fruto de una controversia o confrontación con pretensiones de obtención de rendimientos electorales fáciles de conseguir, tenemos dudas conceptuales de tal magnitud que nuestra posición, a la postre, va a ser, sin
perjuicio de la bondad de algunas de las propuestas presentadas y de las reservas que nos generan otras, de abstención en relación con esta moción.
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por favor, silencio.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Es de agradecer esta iniciativa de la señora Álvarez-Arenas que permite de nuevo a la Cámara discutir sobre lo que es la principal preocupación de la ciudadanía, la situación del mercado de trabajo y el desempleo.
Nos plantea una moción que en la mayoría de sus puntos contará con el apoyo de Convergència i Unió, por un lado porque algunas de ellas son cuestiones también planteadas en el reciente debate económico por parte de nuestro portavoz, el señor
Duran i Lleida, y por otro lado porque la mayoría de ellas -y aquí discrepo de mi amigo y colega el señor Llamazares- tienen poco contenido ideológico. Plantear una reducción del gasto público inútil para mantener el gasto social, ser capaces de
adoptar una política de incentivos fiscales a la creación o al mantenimiento de la ocupación con especial referencia a pequeñas y medianas empresas y autónomos, plantear en el marco del diálogo social reformas en la línea de las cuestiones que aquí
se apuntan o hacer frente a los problemas de absentismo laboral son cuestiones que yo diría que más tarde o más pronto formarán parte de cualquier salida a la crisis económica. No es esta una agenda de la derecha sino una agenda pragmática para
hacer frente, insisto, a esa principal preocupación de los ciudadanos, al principal problema de nuestro mercado de trabajo. Estoy seguro de que si el Gobierno y el Grupo Socialista tuviesen una aproximación menos ideológica a la crisis, algunas de
las cuestiones que han defendido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y otros grupos de la Cámara estarían en la agenda. Además, señorías, en un contexto en el que todos los
analistas apuntan que avanzamos de manera irremediable hacia un 20 por ciento de desempleo, que los efectos del PlanE se van a ver agotados en las próximas semanas, que esa medida que ha sido útil va a empezar a agotarse en sí misma, que la
destrucción del empleo está empezando a afectar al empleo indefinido; en un contexto en el que el Gobierno en materia laboral tan
solo es capaz de poner encima de la mesa medidas necesarias pero estrictamente insuficientes por su carácter asistencial y paliativo; en un contexto en el que 1.500 convenios colectivos en toda la geografía española están pendientes de
acuerdo entre las partes, con una importancia trascendental para el mantenimiento del empleo y con el principal instrumento de la política social y laboral desde el año 1996, compartido por gobiernos de la izquierda y de la derecha, empantanado: el
fracaso del diálogo social. Mi grupo ha de insistirle al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno que se inspiren en otras reformas que en materia de mercado de trabajo se han efectuado en España cuando gobernaba el PSOE y cuando gobernaba el
PP, en 1994 y en 1997. Hubo gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular que tuvieron la determinación política, el valor político y la inteligencia política de ser capaces de plantear reformas que ayudaron a la economía y a la sociedad a
salir de la crisis. Hoy el fracaso del diálogo social, el fracaso del proceso de la negociación colectiva, la ausencia de medidas en materia de empleo corresponden principalmente a la incapacidad política del Gobierno para poner de acuerdo a los
agentes sociales para dar salida a esta crisis. La principal responsabilidad del fracaso del diálogo social no está en una de las partes, está principalmente en el Gobierno. Es un planteamiento maniqueo y equivocado intentar atribuir el fracaso a
una de esas partes, porque difícilmente vamos a salir de la crisis sin generar la confianza del conjunto de la sociedad en la iniciativa de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes empresas y del conjunto de los trabajadores autónomos. Tan
solo desde la confianza en la iniciativa empresarial se puede salir de la crisis. Es evidente que debe haber una intervención pública, es evidente que hay que apoyar medidas como las del PlanE, pero es necesaria también esa confianza en el sistema
económico.
Todo ello, señor presidente, nos lleva a pedirle la votación separada del punto número 3 de la moción del Grupo Parlamentario Popular, que Convergència i Unió no podrá votar favorablemente. El resto de los puntos los votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Rumores.)
Les ruego silencio, por favor.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, debatimos hoy una moción que desde nuestro punto de vista está cargada de contradicciones, de negatividad y de ánimo de crispar, a pesar de lo que diga la señora portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Una moción que tiene por título: La denuncia del fracaso de la política económica para crear empleo, para frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social y dar cobertura a las personas en
situación de desempleo.
Señorías, hace solo siete días debatimos a propuesta de Convergència i Unió una moción sobre el impulso a las políticas de protección a las personas en situación de desempleo, con un carácter radicalmente distinto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Membrado.
Les ruego que tengan la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones por una mínima cortesía al diputado que está en el uso de la palabra. No me obliguen a llamar por su nombre a quienes más percibo, que faltan a esa elemental cortesía.
Adelante, señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Gracias, señor presidente.
Desde nuestro punto de vista, con solo leer los títulos se puede apreciar la buena o la mala fe con la que se presenta una iniciativa parlamentaria, su intención última. ¿Qué es lo que se busca con esta moción? Descalificar. Y de esta
lectura se desprende, sin ninguna duda, su contradicción y el carácter populista, manipulador y demagogo de la intención que tiene esta moción, una moción que rompe con lo discutido hace siete días, porque la moción de Convergència i Unió fue
aprobada por la totalidad de la Cámara con la sola abstención del Partido Popular y recogía iniciativas positivas de cara a la creación de empleo y de cara al mantenimiento de la protección.
Señorías, seamos serios. Ustedes plantean en el primer punto instar al Gobierno a realizar un plan riguroso de austeridad que conlleve una reducción del gasto público que permita el mantenimiento de la política social sin subir impuestos,
es decir, ustedes están planteando la cuadratura del círculo para, a continuación, hacer una propuesta que supone un incremento de gasto en los incentivos de la ayuda a las pymes y a los autónomos, generalizar los 400 euros a los autónomos y a los
que no están haciendo en estos momentos declaración de rentas, reducir el importe que supone el absentismo laboral, aproximadamente 4.000 millones de euros, y al mismo tiempo hacer que los 420 euros no tengan un carácter vinculado al empleo, sino
que tenga un carácter de renta de inserción para todas aquellas personas que lo necesiten. Por tanto, están planteando en estos momentos un incremento de gasto enormemente considerable sin decir de qué partidas lo quieren detraer y sin decir al
Gobierno cuáles son las partidas de las que ustedes consideran que se debe ahorrar. Desde nuestro punto de vista, esto es una sinrazón. No tiene ningún sentido que ustedes hagan una propuesta de estas características, con un incremento de gasto de
semejante envergadura y pedir que ese gasto venga por la reducción de las partidas presupuestarias existentes en estos momentos.
Además, señorías, yo quisiera reseñar que la señora portavoz del Partido Popular ha hecho una intervención en aras de lo que ella interpreta como una alternativa leal
al Gobierno por parte del Partido Popular; una intervención que tiene muy poco que ver con la que hizo en la interpelación el pasado día el señor Echániz, en la cual, además de denunciar algunas de las cuestiones anteriormente planteadas,
pidió que hubiese un modelo sindical en nuestro país, acusó a los sindicatos actuales de tener una calcificación ideológica y estar absolutamente trasnochados y denunció la existencia en estos momentos de una connivencia entre el movimiento sindical
y este Gobierno. La verdad es que de aquella interpelación no solamente nos quedó muy mal sabor de boca, sino que nos pareció un modelo de lo que interpretan ustedes que debe ser la oposición y la calificación de dignos representantes de los
trabajadores.
Por todo lo señalado, vamos a votar en contra de esta moción y hacemos un llamamiento al Partido Popular a la cordura, a la sensatez y a la responsabilidad para que el próximo jueves, cuando tengamos la oportunidad de convalidar en esta
Cámara el Real Decreto del 13 de agosto, celebremos un debate constructivo, pensando de verdad en dar soluciones a los ciudadanos y anteponiendo los problemas de los que más padecen a los intereses partidistas.
Señorías, esta moción es un despropósito no en algunos de sus contenidos, sino en plantear una reducción de ingresos por la vía de los presupuestos y un incremento de gastos absolutamente desproporcionado. Con mociones como esta, señorías
del Partido Popular, se fomenta la desconfianza, se fomenta el rechazo a la política y el descrédito de los políticos.
El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, debe acabar.
El señor MEMBRADO GINER: Por eso y por lo anteriormente expuesto le pido al Grupo Popular que sea coherente, que deje de hacer populismo y participe en buscar alternativas y medidas posibles para superar la crisis, que se olvide de la
demagogia y haga política de Estado. Yo sé que eso es pedirle mucho, pero seguro que el país se lo agradecería.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Álvarez-Arenas, ¿acepta S.S. la enmienda para la votación?
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, no aceptamos la enmienda que no ha sido defendida por doña Rosa Díez y sí aceptamos la votación separada del punto que ha propuesto Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas, me ha quedado muy clara su posición aun cuando la votación separada es derecho del grupo que lo solicita siempre que no se acepten enmiendas; de aceptar enmiendas no se podría
votar separadamente. En cualquier caso, muy amable. Muchas gracias.
Vamos a iniciar las votaciones. Les ruego que tomen asiento.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES A FAMILIARES DIRECTOS. (Número de expediente 122/000164.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 166; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA TRANSFERENCIA DE AEROPUERTOS CATALANES. (Número de expediente 122/000074)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la transferencia de aeropuertos catalanes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 27; en contra, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN GRAN PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER A PRECIOS ASEQUIBLES, MEDIANTE SISTEMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADO. (Número de expediente 162/000457)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para impulsar la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, mediante sistemas de
colaboración público-privados. Esta proposición no de ley se vota con la enmienda aceptada e incorporada del Grupo Parlamentario Socialista. En esos términos, comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 184; en contra, seis; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD RELATIVA A LAS PAREJAS DE HECHO. (Número de expediente 162/000211)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la pensión de viudedad relativa a las parejas de hecho.
Esta proposición no de ley se vota con la autoenmienda del propio grupo más la enmienda del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (La señora Fernández Davila pide la palabra.)
¿Señora Fernández Davila?
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias. ¿Pudiéramos votar por separado los puntos, es decir la proposición no de ley original y las enmiendas que asume el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, acabo de explicar en la petición anterior que resulta imposible: aceptada una enmienda por el grupo proponente, resulta imposible votar separadamente, de modo que lo lamento.
Votamos, en los términos que quedan dichos, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 19; en contra, 312; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. BARKOS), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL TRASPASO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS EN MATERIA DE TRÁFICO A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000085)
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (de la señora Barkos), relativa a la posición del Gobierno en relación al traspaso de competencias exclusivas en materia de tráfico a la Comunidad Foral de
Navarra. Este texto de la moción se vota sin ninguna enmienda en los términos en los que ha sido propuesto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 27; en contra, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FRACASO DE SU POLÍTICA ECONÓMICA PARA CREAR EMPLEO, FRENAR EL INCREMENTO DEL PARO Y LA CAÍDA DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y DAR COBERTURA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO. (Número de expediente. 173/000086.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre el fracaso de la política del Gobierno para crear empleo, frenar el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social y dar cobertura a las personas en
situación de desempleo. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.) Sí, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, nosotros pediríamos votación por separado del punto número 3.
El señor PRESIDENTE: Sí, lo iba a anunciar, señor Sánchez i Llibre. Le evitaba ponerse en pie.
Tal y como ha sido solicitado, y siendo reglamentariamente posible, se vota el texto de la moción con excepción del punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 163; en contra, 174; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazado el texto de la moción excepto el punto 3, que pasamos a continuación a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 151; en contra, 174; abstenciones,13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Señorías, a continuación prosigue la sesión en régimen secreto para decidir y examinar el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado.
Ruego a los servicios de la Cámara que tengan la bondad de despejar de público las tribunas e
igualmente advierto que el diputado afectado puede permanecer en la sala si lo desea y está, pero no puede participar en la votación.(Pausa.)
Se suspende la sesión con carácter público.
Se reanuda la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO EN RELACIÓN CON UN SEÑOR DIPUTADO. (Número de registro 82847.)
El señor PRESIDENTE: Se va a someter a continuación a la consideración del Pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio en relación con un señor diputado.
(Pausa.)
Se reanuda la sesión con carácter público.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.