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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 78, de 23/04/2009
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2009 IX Legislatura Núm. 78
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 73 celebrada el jueves 23 de abril de 2009
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día:
Preguntas (continuación)... (Página 5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado. (Número de expediente 172/000082.)... (Página 16)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia.
(Número de expediente
172/000084.)... (Página 10)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:
- Enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) adoptadas por las resoluciones 63-2, el 28 de abril de 2008, y 63-3, el 5 de mayo de 2008, por la Junta de Gobernadores. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie
A, número 115, de 13 de marzo de 2009. (Número de expediente 110/000077.)... (Página 22)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha ('BOE' núm. 76, de 29 de marzo de
2009). (Número de expediente 130/000012.)...
(Página 22)
- Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. ('BOE' núm. 78, de 31 de marzo de 2009). (Número de expediente 130/000013.)...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número
20-1, de 30 de enero de 2009. (Número de expediente 121/000020.)... (Página 42)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación.)... (Página 51)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.)...
(Página 51)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 52)
Propuestas de creación de subcomisiones:
- Propuesta de la Comisión de Cultura, de creación de una Subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
D, número 110, de 21 de noviembre de 2008. (Número de expediente 158/000020.)... (Página 52)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Modificación del orden del día... (Página 5)
La Presidencia solicita una modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) señalada en el orden del día como punto 31 pase a examinarse después de examinado el punto 32, lo que se
aprueba por asentimiento.
Preguntas (continuación.)... (Página 5)
Del Diputado don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Tiene previsto promover el Gobierno alguna actuación inmediata ante
la Unión Europea respecto al mecanismo de almacenamiento privado para el aceite de oliva previsto en el artículo 33 del Reglamento 1234/2007? (Número de expediente 180/000507.)... (Página 5)
Del Diputado don Juan Gabriel Callejón Baena, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Qué previsiones de actuación
tiene el Gobierno ante el hecho de 'la construcción de un espigón sin autorización' en la costa de Berja, en Almería? (Número de expediente 180/000511.)... (Página 6)
De la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Cree usted que la aportación de un euro al día por dependiente es suficiente para
cubrir las expectativas de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia? (Número de expediente 180/000509.)... (Página 7)
De la Diputada doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad y Política Social: ¿Qué valoración hace el Gobierno del trabajo realizado por la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT)? (Número de expediente 180/000512.)... (Página 8)
Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Vivienda: ¿Cómo se están gestionando los 110 millones del Fondo español para el estímulo de la economía y el empleo, asignados
a la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos? (Número de expediente 180/000513.) ... (Página 9)
Interpelaciones urgentes... (Página 10)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia...
Formula la interpelación el señor García-Tizón López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta el señor ministro del Interior (Pérez Rubalcaba), en nombre del Gobierno.
Replica el señor García-Tizón López y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado...
(Página 16)
Presenta la interpelación el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Contesta la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Beloki Guerra y duplica la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página 22)
Enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) adoptadas por las resoluciones 63-2, el 28 de abril de 2008, y 63-3, el 5 de mayo de 2008, por la Junta de Gobernadores ... (Página 22)
Ningún grupo manifiesta su intención de hacer uso de la palabra.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página 22)
Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha...
(Página
22)
En defensa del real decreto interviene la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández Marugan, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica... (Página 32)
El señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez), expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Michavila Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Quijano
González, del Grupo Parlamentario Socialista.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página 42)
Proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias... (Página 42)
La señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Espinosa Mangana) expone las razones que han llevado al Gobierno a elaborar el proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de
determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.
En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Tarruela Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llorens Torres, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.... (Página 51)
La Presidencia pregunta a la Cámara si puede aprobarse por asentimiento el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con las enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional.
Así se aprueba.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.... (Página 51)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo, por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, se aprueba por 324 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, se aprueba por 179 votos a favor, uno en contra
y 146 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 152 votos a favor y 173 en contra.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)... (Página 52)
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias,
se rechazan por 20 votos a favor y 306 en contra.
Propuestas de creación de subcomisiones... (Página 52)
La Presidencia pregunta a la Cámara si se puede aprobar por asentimiento la propuesta de la Comisión de Cultura de creación de una subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual. Así se aprueba.
Se levanta la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Solicito la conformidad de la Cámara para una modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señalada en el orden del día como punto 31, pasaría a examinarse con posterioridad a
haberse examinado el punto 32. Han mostrado su conformidad los portavoces pero también hace falta la aquiescencia del Pleno de la Cámara. ¿Se aprueba? (Asentimiento.) Queda aprobado.
PREGUNTAS (CONTINUACIÓN):
- DEL DIPUTADO DON GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿TIENE PREVISTO PROMOVER EL GOBIERNO ALGUNA ACTUACIÓN INMEDIATA
ANTE LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO AL MECANISMO DE ALMACENAMIENTO PRIVADO PARA EL ACEITE DE OLIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO 1234/2007? (Número de expediente 180/000507.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Para formular la pregunta por él presentada tiene la palabra don Gabino Puche.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señora ministra, el sector del aceite de oliva está atravesando una crisis grave debido a la caída de los precios en origen en más del 30 por ciento y a un incremento importante de los costos de producción;
precios que hacen, además, que el 90 por ciento de las explotaciones estén por debajo del umbral de la rentabilidad. Usted sabe que en la OCM del aceite de oliva hay un mecanismo de ayuda al almacenamiento privado que se pone en funcionamiento
cuando durante dos semanas el precio del aceite cae por debajo de 1,77 para el virgen extra, del 1,71 para el virgen y del 0,51 para el lampante. Sin embargo, estos índices de referencia se fijaron con arreglo a la campaña 1997-1998, por lo que
doce años después es conveniente una revisión y una actualización de dichos precios para que el mecanismo pueda ser efectivo y operativo.
¿Tiene previsto la señora ministra promover alguna acción en la Unión Europea que permita la actualización de los precios del mecanismo de almacenamiento privado?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puche.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, coincido con usted en el análisis que hace del sector del aceite pero me gustaría añadir alguna connotación más para tener bien diseñado el escenario en el que nos movemos. Habría que añadir algunas dificultades financieras que
tienen algunas empresas, la ralentización de las operaciones entre los diferentes escalones comerciales, que hace que tengamos más stocks de los habituales, y, por otra parte, hay que tener en cuenta la reacción del consumidor en esta situación de
crisis económica que está moderando el consumo de los aceites.
Completo con esto la información que usted decía, pero quiero señalarle que el ministerio está haciendo un seguimiento continuo de la evolución de los precios para poder solicitar el almacenamiento privado ante la Unión Europea. Meternos en
un proceso de revisión de los precios, que también estamos valorando, nos llevaría a tener que modificar esa OCM y posiblemente nos fuéramos a muchísimos meses. Estamos barajando, insisto, dos procedimientos: seguimiento de los precios para que
estos alcancen el nivel mínimo y poder ir a ese almacenamiento privado y, en paralelo, trabajando con la Comisión y otros Estados miembros por si pudiera acelerarse el proceso de modificación de precios que limitan ese almacenamiento. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Puche.
El señor PUCHE Rodríguez-ACOSTA: Señora ministra, soy consciente de que estamos dentro de un marco jurídico y soy consciente también de las dificultades que puede entrañar, como usted dice, la petición de una actualización, incluso, de una
negociación, pero también soy consciente de la importancia que tiene el sector. Estamos hablando de más de 200.000 familias; estamos hablando de cientos de pueblos en Andalucía, también en Castilla y Cataluña; estamos hablando de más de 14
millones de jornales.
Por tanto, lo que le pide el sector a usted en la calle, los sindicatos, las asociaciones agrarias, su propio partido desde el Parlamento de Andalucía, es que reclame usted esa actualización. Además no solo que la pida sino
que ponga usted encima de la mesa un precio a partir del cual debiera de dispararse, ya que en los doce años transcurridos desde que se hizo, con arreglo al índice de la inflación acumulada estaríamos hablando de 2,3 o 2,5 euros kilo. Cualquier
precio por debajo de ese sería, señora ministra, un desastre. Lo que a usted le pasa es que tiene miedo a la negociación en Europa a la vista de la negociación que hizo usted con la OCM del aceite de oliva; una negociación torpe, una negociación
ineficaz, una negociación donde se mofaron de la delegación española, donde lEs tildaron a ustedes de pardillos, donde perdieron 180 millones de euros en la OCM del aceite de oliva. Le tiene usted miedo. Por tanto, cambie usted de ritmo. Donde
utilizó la arrogancia, utilice la inteligencia. Donde utilizó el talante, ponga el talento, que es la forma de defender a los agricultores de Jaén, de Andalucía y de España, señora ministra. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puche.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señoría, creo que ya esta Cámara está acostumbrada a que su partido haga siempre interpretaciones libres de las normas, por no decir otra cosa.
Primero, el reglamento al que usted se refiere es del año 2007. Desde el año 2007 hasta hoy no pasan los doce años a los que usted hacía referencia. Segundo, le recuerdo que esa negociación que yo tuve que hacer a las 48 horas de tomar
posesión heredaba lo que ustedes no habían hecho, y conseguimos por primera vez que en una OCM se incrementara la ficha financiera a pesar de lo que ustedes habían firmado. Quiero decirle que nosotros sí estamos trabajando, y que lo mejor que
podemos hacer por el sector del aceite -cuya importancia reconozco- es lo que hemos hecho, por ejemplo, el lunes de esta semana, presentando una campaña con el ICEX para tratar de llegar a países que en los que en estos momentos no estamos; campaña
que se hace además en colaboración con todo el sector, con toda la Administración, y que nos va a llevar a una situación de futuro y no lo que ustedes pretenden. Nosotros pretendemos ayudar en esta situación coyuntural para trabajar por el futuro.
(Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JUAN GABRIEL CALLEJÓN BAENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿QUÉ PREVISIONES DE ACTUACIÓN TIENE EL GOBIERNO ANTE EL HECHO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN ESPIGÓN SIN AUTORIZACIÓN EN LA COSTA DE BERJA, EN ALMERÍA? (Número de expediente 180/000511.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para la señora ministra. Para formularla tiene la palabra don Juan Gabriel Callejón.
El señor CALLEJÓN BAENA: Señor presidente, señora ministra. En los primeros días del pasado mes de enero pude comprobar la realización de un espigón en la costa del municipio de Berja, en Almería, promovida dicha obra por las propias
autoridades municipales, sin que sepa qué órgano de Gobierno del municipio tomó la decisión del realizarla. Sí sabemos que dicha obra fue realizada sin la preceptiva autorización del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
concretamente de la Dirección General de Costas. Quizá por eso el Juzgado de Instrucción número 2 de dicha localidad ha instruido diligencias previas por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. Su instalación ha
provocado protestas y peticiones públicas para su desmantelamiento por parte de múltiples asociaciones ciudadanas, especialmente asociaciones de vecinos, de núcleos de población costeros como Balerma, que ven cómo en los tres o cuatro meses
aproximadamente que lleva instalado son claros y evidentes los efectos negativos que está causando por la interrupción de la dinámica del litoral, precisamente en la costa de los municipios situada a levante de dicho espigón, una ya evidente
regresión de la playa y una clara erosión del soporte estructural del paseo marítimo de dicho núcleo o localidad. Por otra parte en los diferentes municipios de la comarca del poniente almeriense todos los grupos políticos han pedido su retirada
inmediata excepto el Partido Popular, que ha tenido una posición diferente según el sitio donde se debatiera y votara la propuesta. Así vemos cómo en el municipio de El Ejido el Partido Popular votó a favor de la propuesta y sin embargo en el
municipio de Berja votó en contra y en la propia diputación provincial, en un pleno en el que se debatió esta moción, ni sí ni no, se ausentaron del pleno precisamente para no tener que pronunciarse.
El ministerio ha invertido una importante cantidad en esta playa de Berja para obras de regeneración, por ello urge una solución que a mi entender pasa por la retirada
inmediata de dicho espigón. También quisiera que si es posible me aclarara quién va a correr con los gastos que originará su necesaria retirada, que estoy seguro que se producirá. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del
día: ¿Qué previsiones de actuación tiene el Gobierno en su calendario ante el hecho de la construcción de un espigón sin autorización en la costa de Berja en Almería?
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Callejón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la entidad local autónoma de Balanegra y el ayuntamiento de Berja iniciaron el pasado 10 de enero la construcción sin autorización de un espigón en el límite de este término municipal con el de El Ejido. La actuación
municipal solo puede calificarse de irresponsable. Dicen que no se atiende a sus demandas en orden a que se les construyan espigones que el ayuntamiento considera como única solución viable. Sin embargo todos los estudios realizados por el
ministerio de dinámica litoral indican que la construcción de espigones no resuelve ningún problema sino que generaría problemas mayores. El ayuntamiento de Berja debe saber que no hay inactividad del ministerio sino rigor, poniendo en marcha las
recomendaciones técnicas que indican que la actuación más adecuada es la aportación periódica de arenas, como ya se viene haciendo. Así en los últimos tres años se han aportado 40.000 metros cúbicos de arena y hemos invertido más de 140.000 euros
en el acondicionamiento de la playa.
Señoría, es triste decirlo pero la actuación del ayuntamiento sin criterio técnico ha aportado la peor solución y podría tener graves consecuencias para la playa. Por este motivo y por no disponer de autorización, la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar realizó la inmediata paralización de los trabajos y se procedió a incoar expediente sancionador al ayuntamiento, a la entidad local y a la empresa constructora. A mayores, por si dichos hechos pudieran ser
constitutivos de delito sobre la ordenación del territorio, el 22 de enero se dio traslado al ministerio fiscal y el 3 de febrero se procedió de oficio a incoar expediente de recuperación posesoria del dominio público marítimo terrestre ocupado. El
abogado del Estado nos indica que al estar el expediente sancionador en vía judicial la Administración deberá esperar y estar a lo que resuelva el juez antes de proceder a la demolición del espigón.
Señoría, usted sabe que el Gobierno siempre defenderá el interés general de los ciudadanos y el respeto medioambiental frente a los intereses, que desconocemos, que movieron al ayuntamiento de Berja. Como Gobierno hemos de ser respetuosos
con la justicia y espero que los ciudadanos lo entiendan en la confianza de que nuestros esfuerzos siempre irán dirigidos a recuperar la playa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿CREE USTED QUE LA APORTACIÓN DE UN EURO AL DÍA POR DEPENDIENTE ES SUFICIENTE
PARA CUBRIR LAS EXPECTATIVAS DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA? (Número de expediente 180/000509.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Sanidad y Política Social.
Para formular la por ella presentada tiene la palabra doña Lourdes Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora ministra, en primer lugar, quiero felicitarle por su nombramiento y además desearle mucha suerte, creo que la va a necesitar con la herencia que le han dejado. Le pregunto: ¿Cree usted que con un euro
por persona dependiente al día es suficiente? Porque eso es lo que repartió en su primer consejo territorial que usted anunció a bombo y platillo. Usted sabe que ni con este nivel acordado ni con el nivel mínimo ni con el actual presupuesto es
suficiente. Por eso me gustaría que me contestara: Cómo va a cumplir la ley para que el Estado aporte el 50 por ciento, cómo va a garantizar su financiación y si va a hacerlo a costa de recortar otras partidas sociales como se ha venido haciendo
hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez Monasterio.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, muchas gracias por su felicitación y por sus buenos deseos. La entrada en vigor hace más de dos años de la Ley de Dependencia ha supuesto un avance social sin precedentes que consolida nuestro Estado del bienestar. Un derecho de
esta naturaleza, de esta envergadura, requiere, como sabe, de un esfuerzo inversor importante y del tiempo necesario para su desarrollo, que la ley fija el año 2015.
A pesar de los plazos previstos, le informo que en algo más de dos años hemos destinado 2.829 millones de
euros a la dependencia, es decir, un 37,5 más de lo previsto inicialmente en la ley, y para 2009 hemos incrementado el presupuesto en un 79 por ciento más respecto al año anterior, es decir, un monto total de 1.158 millones de euros. Señora
Méndez, no sé muy bien cuál es la crítica que usted realiza, ni cómo ha realizado los cálculos objeto de su pregunta.
Coincidirá conmigo que un incremento del 79 por ciento del presupuesto indica una clara voluntad de llevar adelante la ley y de
consolidar este derecho como el cuarto pilar del Estado del bienestar. Le reitero que en tiempo de crisis e incertidumbre el Gobierno va a mantener intacto el gasto social y aumentará su protección y compromiso con los sectores más desfavorecidos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora ministra, un incremento de 78 por ciento de un presupuesto que es muy bajo, sigue siendo muy bajo, pero yo le he preguntado si va a aportar el 50 por ciento y si va a garantizar la financiación y cómo va
a hacerlo. Esas son las preguntas que requieren respuestas, porque esas cantidades que son importantes quedan muy lejos de la realidad cuando usted sabe que una plaza residencial cuesta alrededor de 2.000 euros, que una ayuda económica son 500 y
que un centro de día está alrededor de los mil. Señora ministra, estamos dispuestos a darle todo el crédito, pero siempre que no se aferre a un discurso de políticas fracasadas y de ministros cesados. Un discurso que da como resultado que no esté
garantizada la Ley de Dependencia y que, además, hayan dilapidado gran parte de la política social. Porque usted ha afirmado que el gasto social sube, que no se producirán los recortes sociales y que hay que esperar a que se consolide el sistema.
Pues bien, no se van a poder hacer más recortes sociales porque ya se han producido; ha desaparecido el Plan gerontológico, todos los programas específicos de apoyo a la familia, las ayudas a las familias en situaciones especiales, programas de
conciliación; han disminuido los fondos del Plan de acción de discapacitados, de personas sordas, de voluntariado, de gitanos; y, en cuanto a la Ley de Dependencia, me atrevo a sugerirle que no incurra en el error de afirmar que hay que esperar a
que se consolide el sistema. La prestación es un derecho subjetivo que la ley reconoce y que, además, hay que satisfacer. ¿O usted le va a decir a esa persona que precisa una residencia que espere a que se consolide el sistema? Señora ministra,
deseo que sea una buena ministra de Política Social de España, que gestione con eficacia la Ley de Dependencia y que no se olvide de las familias, esas que están ahora mismo aguantando la crisis y evitando serios conflictos sociales, y a las que
ustedes en cierta parte han despreciado. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez Monasterio.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien, señoría, ¿quiere que hablemos de financiación? Hagámoslo; pero hagámoslo con rigor. Le repito que solo en 2009 el Gobierno aportará 1.158 millones de euros y, como usted sabe, las comunidades autónomas deben contribuir, al
menos, con la misma cantidad que el Gobierno, con lo que esta cifra se tendría que multiplicar por dos. A ello hay que sumarle los 400 millones de euros del fondo extraordinario del Plan de estimulo de la economía, que van directamente a las
comunidades autónomas para plazas de residencia y centros de día. También, señoría, le recuerdo que el Gobierno financia las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores.
Hablamos de 62.000 cuidadores con una cuota de 1.850 euros por cuidador,
lo que supone 115 millones de euros más. Con estos datos, reconocerá, señoría, que no cuadran sus cuentas, y me reconocerá también que no ha realizado bien los cálculos. Coincidirá... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCEDES COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL TRABAJO REALIZADO POR LA ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT)? (Número de expediente 181/000512.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta también para S.S. Para formularla tiene la palabra doña Mercedes Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en primer lugar, déjeme que le dé la más sincera enhorabuena por su reciente nombramiento, además de desearle todo tipo de gestión fructífera, con la absoluta seguridad de que los que van a disfrutarlo son exactamente todos
los ciudadanos españoles.
El motivo de mi pregunta no tiene nada que ver con el hecho de que pertenezca a la Comisión de Sanidad, ni con que profesionalmente sea sanitaria, ni siquiera con el hecho de que tengo la absoluta seguridad de que tenemos un sistema
integrado de trasplantes que es la envidia del mundo entero. La hago desde el punto de vista estrictamente personal.
En mi familia, hace un mes, hemos sido receptores de un corazón. Es difícil explicar en dos minutos qué es lo que
pasa en el ámbito de una familia que tiene un hijo sano y, de repente, se enferma, y no de cualquier cosa, sino que se enferma del corazón, progresivamente se va deteriorando y tiene que formar parte de una lista de espera para trasplantes.
Tiene que trasladarse él y su familia a Madrid, porque si bien en Canarias tenemos un alto índice de trasplantes y de éxito en los mismos y somos una de las comunidades que más donamos, el corazón, por razones obvias, no puede dejar de latir para
ser trasplantado. Pues bien, él y su familia se han tenido que trasladar y ocupar un piso de acogida acompañado por diez familiares más de otras personas que, a su vez, están esperando corazones. Pueden imaginarse lo que supone esperar, día a día,
que aparezca un corazón, y más como es en el caso que nos ocupa en el que entró en el código cero, lo que quiere decir que hay que decirle que o aparece un corazón y vive u ocurre lo que inevitablemente tendría que ocurrir. En nuestro caso tuvimos
mucha suerte y apareció el corazón tan deseado. Podemos decir que en estos momentos tenemos vida y la familia está absolutamente feliz, fruto de la generosidad de las personas que son capaces de donar, día a día, los órganos, y también de un
sistema integrado que moviliza multitud de recursos y de personas por todo el territorio nacional y que da muy buenos resultados para los familiares y para los donantes.
Por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué opinión le merece a usted el Sistema Nacional de Trasplantes que poseemos y que depende del Ministerio de Sanidad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL (Jiménez García-Herrera): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, desde su creación en 1989, la Organización Nacional de Trasplantes y su director, el doctor Rafael Matesanz, han puesto en marcha y desarrollado un sistema de donación y trasplantes con excelentes resultados reconocidos
internacionalmente, que nos ha colocado en el primer puesto mundial, tanto por el nivel de donaciones como por el modelo que hemos venido desarrollando y consolidando. Esto es así, en primer lugar, porque disponemos de unos recursos materiales y de
una sofisticada y potente infraestructura. En segundo lugar, porque contamos con unos excelentes y cualificados profesionales que no tienen problema alguno en acudir a cualquier llamada, a cualquier hora del día y en cualquier momento de su vida.
Por último, porque disponemos de una organización modélica, perfectamente coordinada, eficaz y eficiente que es admirada y copiada en el resto del mundo. Sin embargo, todo lo anterior, no se podría llevar a cabo si no es gracias, como usted
señalaba, a la generosidad y solidaridad de nuestra sociedad.
Señoría, sin donantes no hay trasplantes. En este sentido, quiero manifestar la importantísima labor desarrollada por los distintos agentes sociales implicados, desde las asociaciones de enfermos y donantes, hasta los profesionales, pasando
por las administraciones, los medios de comunicación, etcétera. Le voy a dar algunos datos. En 19 años, España ha pasado de tener 14 donantes por millón de habitantes a tener 34,2 donantes, con mucho, los índices de donación más elevados del
mundo. A día de hoy, el modelo español ha permitido la realización de más de 70.000 trasplantes de órganos, además, 300.000 españoles han recibido implantes de tejidos o células. Señorías, efectivamente, gozamos de una situación privilegiada, no
solo porque tenemos las más altas cotas de trasplantes del mundo, sino porque nuestro Sistema Nacional de Salud, usted lo expresaba también, da cobertura universal y establece las bases y la igualdad de oportunidades. Nuestro sistema no discrimina
por razón de raza, sexo, posición social del ciudadano o lugar en el que resida. No se cobra nada por recibir un trasplante y tampoco se paga nada por ser donante. Todo ello hace que nuestra sociedad sea más solidaria.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra, pasó el tiempo.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿CÓMO SE ESTÁN GESTIONANDO LOS 110 MILLONES DEL FONDO ESPAÑOL PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO,
ASIGNADOS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS URBANOS? (Número de expediente 180/000513.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta. En este caso para la señora ministra de la Vivienda. Para formularla tiene la palabra don Antonio Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Plan español para el estímulo de la economía y el empleo que presentó en esta Cámara el presidente del Gobierno constituye a mi juicio una de las respuestas más potentes con las que un Gobierno de un país desarrollado ha
plantado cara a la crisis financiera internacional, que tan gravemente y de forma tan generalizada está afectando a las economía de todos los países sin distinción alguna. Este plan se configura, como usted sabe, en torno a cien medidas, pero yo
quiero referirme en esta pregunta al Fondo especial para el estímulo de la economía y el empleo que financia obras de construcción, rehabilitación y mejora así como otros proyectos para generar empleo en los sectores que lideran nuestro cambio de
modelo productivo: la I+D+i, el turismo, la dependencia y actividades relacionadas con el medio ambiente y la prevención del cambio climático, junto con las medidas dirigidas al sector de la automoción, que tan positivas han resultado y tan
recientemente hemos conocido y se están conociendo. (La señora
vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Le agradecería, por tanto, que dentro de las actuaciones de rehabilitación con que cuenta el fondo -hay una dotación especial de 110 millones de euros que gestiona el Ministerio de Vivienda-, me dijese, señora ministra, cómo, de qué forma y
a qué ritmo se están gastando estos 110 millones de euros de este Fondo para el estímulo de la economía y el empleo asignados a la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cuevas.
Señora ministra de Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señora presidenta, gracias señoría.
Como bien decía usted, ayer el presidente recordó una vez más lo consciente que es el Gobierno de la situación que atravesamos, la necesidad de dar respuestas inmediatas y de aplicar inmediatamente las medidas tomadas. En el PlanE, como
recordaba, hay medidas muy importantes en política de vivienda. Uno es el Plan estatal 2009-2012 y otro es el del Fondo especial de 3.000 millones de euros de inversión estatal directa, de los cuales el 75 por ciento ya está en marcha. El
Ministerio de la Vivienda, dentro del ámbito de los sectores estratégicos, gestiona 110 millones que se dedican a rehabilitación y mejora de edificios, viviendas y espacios urbanos, especialmente a la rehabilitación energética. Esta misma semana
vamos a dar la autorización de pago del 50 por ciento de este fondo -55 millones de euros- que van a ir a las comunidades autónomas que han presentado las propuestas antes del 1 de abril. El resto será pagado a partir del 15 de octubre si acreditan
que se han puesto en marcha las obras. Este fondo, y por tanto su puesta en marcha tan rápida, acreditan que el Gobierno es perfectamente consciente de la urgencia, es capaz de actuar con firmeza y eficacia y tiene muy claras las prioridades, que
son la protección social, la reactivación económica y del empleo y la modernización del patrón de crecimiento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Señora ministra, le agradezco muchísimo la información y el detalle en el ritmo de ejecución del plan. También se lo agradecerán los ciudadanos que no se creen la sistemática descalificación del trabajo del
Gobierno que practica el principal grupo de la oposición día tras día, y la sesión de ayer fue un buen ejemplo de lo que afirmo.
Si puede, señora ministra, y está en condiciones en este momento, creo que sería también bueno, en aras de esta
claridad, que ampliara la información en cuanto a la repercusión de estas medidas en la creación de empleo y también en el número de viviendas que se van a rehabilitar.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Cuevas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Efectivamente, la rehabilitación es prioritaria porque crea empleo pero además lo es porque es estratégica en varios sentidos. La creación de empleo con estos 110 millones de euros va a
llegar a los 30.000 nuevos puestos de trabajo. Es muy intensiva en mano de obra y además en mano de obra formada, que tiene mayor valor añadido. También consigue reactivar el sector: las empresas constructoras, fabricantes de materiales e
instaladoras y supone un cambio de modelo. Sí me gustaría decir a la Cámara que la construcción no es siempre sinónimo de ladrillo, que tiene un campo importante de innovación, nuevas tecnologías, eficiencia energética y energías renovables. Por
eso en el Plan estatal de vivienda que tiene un millón de objetivos, casi la mitad -470.000- se dedican a la rehabilitación y renovación urbana en su amplio sentido y de estos 110 millones que estamos comentando las 18 comunidades autónomas que han
presentado objetivos suman en total 43.000 viviendas que vamos a rehabilitar. Las que no puedan entrar en el fondo estatal porque se agote el presupuesto van a entrar en el plan estatal 2009-2012.
Simplemente diré que le aseguro que estamos sabiendo muy bien lo que hacer. La rehabilitación en la legislatura 2004-2008 alcanzó a 289.000 viviendas, que es un 56 por ciento más de lo que hizo en la última legislatura el Partido Popular.
Vamos a seguir acompañando al sector en su necesaria reconversión y desde luego nosotros, que sí creemos en nuestro país, sabemos que va a salir reforzado de esta crisis y se va a incorporar al nuevo patrón de crecimiento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA ALARMA SOCIAL CREADA A RAÍZ DE LOS FALLOS DE COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN Y LA DELINCUENCIA.
(Número de expediente
172/000084.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto VII del orden del día, que corresponde a las interpelaciones urgentes. En
primer lugar, interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas a adoptar ante la alarma social creada a raíz de los fallos de coordinación del Ministerio del Interior en la lucha contra el crimen y la delincuencia.
Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en una interpelación urgente al ministro del Interior en el momento actual parece obligado -y así lo hago- felicitar en su persona a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el éxito obtenido en las últimas operaciones de
detención de la cúpula de la banda terrorista ETA. Así lo hago en nombre de mi grupo parlamentario y en el mío propio, y le pido que traslade a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esta felicitación y este apoyo. Pero este apoyo no sería
completo si no extendiéramos esa felicitación y ese agradecimiento al Gobierno de Francia y a sus fuerzas de seguridad, que con su colaboración y con la ayuda prestada hacen posible que hoy los españoles estén más tranquilos y puedan sentirse más
seguros; especialmente que algunas personas de su partido y del mío puedan sentirse más tranquilas en los momentos actuales, por ser quizá los más amenazados por el terrorismo de ETA, según sus últimos comunicados.
Permítame también, señor ministro, expresar el apoyo de mi grupo parlamentario por sus últimas manifestaciones de que con ETA no cabe el diálogo, y que en lo sucesivo no habrá nuevos intentos de dialogar ni de negociar con la banda
terrorista, porque esa es la única política posible, la que siempre ha defendido el Partido Popular, la que nunca se debió abandonar y que no debe cambiar en el futuro. Los terroristas deben saber y comprender que no tienen otro camino que
abandonar la violencia, porque ningún Gobierno de España, sea del color que sea, pactará ni negociará con ellos. Así pues, señor ministro, pleno respaldo del Partido Popular a sus manifestaciones de que nunca más habrá diálogo con ETA.
Su actuación al frente del ministerio no se agota con la lucha antiterrorista, sino que se extiende a otro ámbito de especial sensibilidad para la sociedad, como es el de la seguridad ciudadana, el de la tranquilidad de que los ciudadanos no
van a ser objeto de agresión ni de ataque por parte de delincuentes comunes. En este ámbito, si me permite decirlo, señor ministro, sí que hay sombras y reproches a la actuación del ministerio, porque en nuestros días está creciendo la delincuencia
de forma alarmante; tanto la violencia de género como los delitos contra los menores, los homicidios, los asesinatos, los robos, los aluniceros, los asaltos a joyerías, los asaltos a bancos continúan y aumentan de forma creciente. Ante ello, es
nuestro deber como oposición pedir las correspondientes explicaciones, corregir los errores que se detectan, y exigir las oportunas responsabilidades; en una palabra, señor ministro, como usted bien sabe y conoce, controlar la acción política de su
ministerio.
En su comparecencia del pasado 28 de octubre ante la Comisión de Interior usted presentó un informe sobre la evolución de la criminalidad en el ámbito del Cuerpo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, lo que se llama territorio MIR,
que suponía un nuevo modelo estadístico respecto de años anteriores. Esos otros modelos de años anteriores eran exhaustivos y en ellos la evolución de la criminalidad se desglosaba por comunidades autónomas, por provincias, por tipos de delitos y
faltas, por cuerpos, etcétera, lo que permitía un conocimiento bastante aproximado de la realidad, y un contraste claro con lo que son otras estadísticas emanadas de otras magistraturas, por ejemplo las comunidades autónomas que tienen transferidas
competencias en esta materia, la fiscalía, etcétera. Estas nuevas estadísticas -made in Rubalcaba, si me permite usted la expresión- nada indican sobre el método de elaboración o las fuentes de que se alimentan, son de una brevedad y concisión
extraordinaria, y se limitan a decir que así son los números, sin apoyo ni justificación, y no permiten su contraste con otras de diferentes características. Interior dice que la criminalidad en el año 2007 desciende 3 décimas, mientras que la
fiscalía registra 3 puntos más. La fiscalía da un total aproximado de 4.500.000 actuaciones judiciales por delitos y faltas, en tanto que el ministro del Interior da 1.900.000, lo que supone una diferencia notable de 2.600.000.
Seguramente me dirá -porque así lo ha hecho en ocasiones anteriores- que una y otra forma de computar la delincuencia son distintas y que corresponden a ámbitos geográficos distintos; posiblemente me volverá a citar alguna operación, como
hizo en algún momento cuando citó la operación Malaya, que siendo una única operación da lugar a distintos sumarios; pero, señor ministro, esto no vale, y no vale porque aunque la operación Malaya sea una operación en su cómputo, lo cierto es que
son distintos delitos, distintas personas, y por lo tanto las actuaciones judiciales parece que se ajustan más a la realidad que lo que usted señala en sus estadísticas. Con ese nuevo método se hace verdad esa distinción de las mentiras que decía
Disraeli: hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. En eso estamos, en las estadísticas del señor Rubalcaba, que dicen lo que dicen porque lo dicen, y sin posibilidad de contraste alguno, y por tanto podemos incluirlas en la tercera fase de
esas categorías antes indicadas.
Usted ha impuesto un apagón informativo en materia de difusión de la evolución de la criminalidad. Parece que es un secreto de Estado, y se nos ocurre que con ello usted pretende ocultar a la opinión pública un deterioro evidente de la
seguridad ciudadana, que está sufriendo España como consecuencia de su política de seguridad, y que cuando se ve forzado a comparecer ante el Parlamento lo hace con cifras incompletas o manifiestamente manipuladas. Esperemos que en los próximos
años no venga con otra nueva forma de cómputo ni con otro
nuevo modelo estadístico para obtener tasas de delincuencia ideales, y ocultar así el fuerte incremento de la criminalidad. A veces da la sensación de que usted decide previamente cuál va a ser la información o el titular de prensa que va a
dar, y a continuación se ponen las estadísticas. Lo cierto es que con sus estadísticas a esta Cámara le es ciertamente difícil saber cómo evoluciona la seguridad.
Pues bien, esta situación se complica con el descontento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están llevando a cabo acciones conjuntas en defensa de sus derechos. Usted falta a su promesa de equiparación
salarial. Dirá que esto es muy complicado porque si el Estado las sube después las suben las comunidades autónomas, o también nos dirá aquello de la política de: tú más o tú menos respecto de las situaciones anteriores. Lo cierto es que quien es
ministro del Interior en la actualidad es usted, que al que hacen los reproches los sindicatos policiales es a usted, y que el que tiene que dar soluciones al respecto es usted. También le acusan -usted lo conoce- de un recorte de los derechos
sindicales: de que no convoca en sus plazos a los consejos de la Guardia Civil; de que incoa expedientes disciplinarios que luego se dejan sin efecto; de que intimida a la Guardia Civil con circulares absolutamente innecesarias sobre la
asistencia a manifestaciones legales y permitidas, en el ejercicio de sus derechos; de que suprime los permisos para celebrar asambleas y comisiones de servicio. En definitiva, usted hace lo posible para evitar la defensa de los derechos
sindicales.
Finalmente, usted hace un uso político de la Policía, así de claro, y hay algunas muestras de esto. Hace unos meses apareció una orden de detención indiscriminada de inmigrantes, que no digo que no tenga usted que hacer, pero cuando esto se
hace para desarrollar una mejora de la seguridad ciudadana por política de productividad no parece que sea muy de recibo.
Ha elevado usted el nombramiento a dedo en la carrera profesional de la Policía, aumentando en un 25 por ciento los puestos de
libre designación, de tal manera que en la actualidad el 90 por ciento de los jefes policiales se nombran a dedo. Y tiene usted sobre la mesa alguna denuncia judicial porque la Policía, cuando se trata de investigar casos que afectan al partido de
la oposición, lo hace sin respetar los principios de imparcialidad exigibles a las actuaciones policiales. Esto es algo de lo que usted debe tomar buena nota.
Asimismo, en el presupuesto actual usted dedica a las inversiones reales la menor cantidad de todos los ministerios: ha decrecido en un 27,67 por ciento en este año. Hay una reducción del 30 por ciento de los vehículos de la Policía y la
Guardia Civil, con lo cual son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que están pagando la política económica del Gobierno. Hay fuga de delincuentes, desapariciones, etcétera.
Por último, señor ministro, permítame hacer referencia a las últimas manifestaciones del fiscal general del Estado. El pasado día 18 de este mes de abril el señor Conde-Pumpido, en un desayuno público informativo, abrió un histórico e
inédito frente con el ministro del Interior al decir que solo con el trabajo de la Guardia Civil, y no de la Policía Nacional, se consiguió la ilegalización de ANV y el PCTV. Esto no fue un lapsus o una incontinencia verbal del señor Conde-Pumpido,
sino que a preguntas de los asistentes reiteró que la ilegalización de estas formaciones políticas lo fue gracias al trabajo de la Guardia Civil, que no de la Policía Nacional. La gravedad de estas manifestaciones -a nadie se le oculta- es causa de
una extraordinaria alarma social. El fiscal general del Estado puede ser muchas cosas y del mismo se puede decir casi de todo; nuestro grupo parlamentario -ya lo conoce usted- no tiene un especial criterio de él ni de su actuación frente a ETA, es
más, habida cuenta de la trayectoria, no parece que sea la persona más adecuada para dar lecciones sobre los procesos de ilegalización del entorno etarra, dada su conocida posición instrumental y oportunista de estos procesos.
Sin embargo no puede
decirse que sea una persona falta de preparación y que no sabe lo que dice, antes al contrario hay que pensar que cuando el señor Conde-Pumpido hizo una afirmación de tanta gravedad, como es que la Policía solo colabora con el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y no con la Fiscalía del Tribunal Supremo, sabía lo que estaba diciendo, era consciente de la trascendencia de sus manifestaciones, y quería hacerlo de forma pública y notoria, asumiendo
todas las consecuencias de tal manifestación. No dejará de reconocer que esas manifestaciones entrañan cuando menos una fisura en la lucha contra ETA entre autoridades y magistraturas esenciales del Estado para la erradicación del terrorismo
etarra. Señor ministro, es claro también que este episodio, extraordinariamente grave, no puede quedar cerrado sin más -como así lo ha pretendido el Gobierno-, dejando reducidas tales afirmaciones a un simple malentendido, ya solucionado con una
simple conversación o charla de amigos entre usted y el fiscal general del Estado, como así quiso hacernos ver la vicepresidenta del Gobierno. O el fiscal general del Estado es un insensato completo que no debe permanecer ni un minuto más al frente
de la Fiscalía General del Estado, dada esa insensatez y su incapacidad para el ejercicio del cargo, o su acusación tiene algún fundamento, y en ese caso usted tiene que cesar inmediatamente a la cúpula policial correspondiente, por falta de la
colaboración legal exigible con la Policía y una magistratura del Estado en la lucha contra ETA.
En conclusión, la situación descrita requiere, a juicio de nuestro grupo, un nuevo método estadístico para evaluar la delincuencia en España, que responda a las exigencias de transparencia y fidelidad de la realidad; una política
retributiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado equiparable a la que existe en el ámbito de las policías autonómicas y locales; una política respetuosa con los derechos sindicales de los funcionarios
de estos cuerpos de policía y fuerzas de seguridad; un incremento de las inversiones reales del ministerio...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor García-Tizón, tiene que acabar, por favor.
El señor GARCÍA TIZÓN-LÓPEZ: Sí, gracias, presidenta.
Como decía, un incremento de las inversiones reales del ministerio con el fin de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales oportunos y procurar su permanente modernización, y finalmente la apertura de una
investigación interna sobre las manifestaciones del fiscal general del Estado, dando cuenta a esta Cámara de sus conclusiones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor García-Tizón.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señora presidenta, señoras y señores diputados, quisiera comenzar por agradecer la felicitación del señor García-Tizón a las fuerzas de seguridad, que con mucho gusto les trasladaré.
Asimismo quisiera agradecer el apoyo que ha facilitado a mis declaraciones, que no son más que una manifestación de una estrategia antiterrorista concreta, como bien conoce usted. Ha dicho usted una frase: siempre estuvimos en contra del diálogo.
No es cierto; se autorizó el diálogo desde La Moncloa con el MLNV, y a nosotros nos pareció bien. Por tanto, cada uno hizo lo que tenía que hacer, hoy estamos donde estamos, y creo que la estrategia antiterrorista está bien definida y está dando
buenos resultados, lo que no quiere decir que ETA esté acabada, porque desgraciadamente no lo está.
He leído su interpelación para preparar esta mañana las palabras que he traído aquí escritas. Es verdad que sobre la marcha usted ha cambiado la interpelación y ha hablado de otras cosas distintas de aquellas que se recogían en su texto
inicial, lo cual es absolutamente legítimo en términos parlamentarios. Al interpelado le pone en alguna dificultad, pero en todo caso voy a procurar comentar algunas de las cosas que ha dicho usted en su intervención. Es verdad que en la
interpelación usted hablaba de dos cosas que ha mencionado vagamente en su intervención de esta mañana en la tribuna; hablaba de descoordinación, insistía mucho en la descoordinación. Alguien le ha debido decir: no te metas por ese camino porque
nosotros fuimos las hachas de la descoordinación, y te van a dar desde la tribuna, cosa que por supuesto voy a hacer. (Risas.) Es verdad que hablaba usted de la alarma social; hoy va a bajar un poquitín, porque usted conoce las estadísticas y la
demoscopia, como yo, y sabe cuándo hubo alarma social con la inseguridad ciudadana en España; cómo estaban las encuestas en 2002 y en 2003; cómo están ahora las del CIS, el mismo CIS, la misma encuesta, la misma metodología -a usted que tanto le
gusta la metodología estadística-, y le han debido decir: por ahí no vayas mucho tampoco, por si acaso, y ha cambiado un poco el territorio, lo cual es legítimo, repito, y alguna cosa le comentaré y alguna otra no.
Pero no me resisto a hablar de
descoordinación y de alarma social, y no me resisto a decirle que le han preparado a usted en su interpelación una ensalada en donde hay de todo. Se refiere usted a un fallo de ADN, y es que probablemente no haya visto el desmentido; se publicó
una noticia -¿se acuerda?- sobre el ADN en Sevilla, que era rotundamente falsa. Se refiere usted a la fuga de un abogado, el señor Rodríguez Menéndez que, como usted sabe, está detenido en Argentina después de una brillante operación policial
mixta Argentina-España -prueba de colaboración-, que se marcha porque le dan un permiso judicial con el cual no está de acuerdo la Administración penitenciaria, y que se va gracias a un fallo de coordinación en la base de datos del DNI y de
administraciones penitenciarias, que tenía que haberse resuelto desde el año 1985 y que nadie resolvió. Es verdad que hasta que no se fugó un preso -cosa que no es normal- no se detectó ese fallo de coordinación. Nosotros tenemos parte de culpa
porque estuvimos unos años; ustedes estuvieron ocho y no lo arreglaron; nosotros volvimos otros cuatro. Podemos hacer incluso el cálculo estadístico de cuánto les toca a ustedes y cuánto a nosotros, pero el hecho es que esto se ha resuelto. Ha
hablado usted también en su interpelación de un tema de Sevilla que sabe que es parte de una investigación judicial secreta, que está avanzando porque hay detenciones, y que confío en que se resuelva definitivamente. Habla usted finalmente del
fiscal general del Estado. El propio fiscal ha aclarado por la tarde las manifestaciones -yo las he aclarado también en público-, y creo que efectivamente se trata de un tema procedimental al que no resto importancia, porque usted es jurista y yo
no, pero los procedimientos tienen su importancia. En cualquier caso, quiero decir en esta Cámara, para que quede claro -y el fiscal con toda seguridad me apoyará-, que los informes de la Policía llegaron al fiscal del Supremo y al abogado del
Estado y que esos informes, los de la Policía y los de la Guardia Civil, permitieron lógicamente la demanda que condujo después a la ilegalización de dos listas, en este caso en las últimas elecciones: D3M y Askatasuna. Por tanto, el Estado de
derecho funcionó, toda vez que la fiscalía y la abogacía del Estado tuvieron a su disposición todos los informes de la Policía, y que ambos cuerpos colaboraron en este proceso.
Debo decir que en este caso singularmente más la Policía, sencillamente
porque tiene investigaciones más avanzadas en el mundo del llamado entorno abertzale, y sobre todo en los procesos de recomposición de las distintas marcas o partidos que una y otra vez ha utilizado la izquierda abertzale radical para intentar
presentarse a las elecciones, violando la Ley de Partidos.
Por tanto, hasta ahí los resultados y algunas de las cosas que ha dicho usted.
Le diré dos cosas más. Me acusa usted de oscurantismo sistemáticamente, y es verdad que lo hace en un tono mucho más pausado -que uno agradece- que el que vengo sufriendo en estos últimos años. Le quería decir que he sido el único ministro
del Interior que ha comparecido en el Parlamento sistemáticamente, en este caso dos veces seguidas, para hablar de criminalidad con datos y con una metodología que me he esforzado en pactar con los grupos parlamentarios y en que todos los grupos
parlamentarios conozcan. No lo ha hecho nadie nunca antes que yo, nunca, y nadie ha expuesto sus datos y su metodología. (Aplausos.) Nunca, y fíjese que ha habido, ¿eh? Fíjese que ha habido. Usted ha sacado aquí una retahíla de cosas
-seguramente algunas se las han dicho-; discutimos afanosamente sobre el fiscal, la memoria fiscal y la memoria de los cuerpos de seguridad. Señoría, usted es abogado; usted eso no me lo puede contar. Me ha hablado de Malaya, pero pongamos otra
más cercana, la Gürpel o Gürtel, que nunca sé cómo se llama. (Rumores.) Hay una investigación policial y que yo sepa ya hay tres sumarios abiertos, tres, y puede haber alguno más. Por tanto, ¿ve cómo no coincide? Esa operación para la Policía es
una y para la fiscalía son tres. Por tanto, no compare peras con manzanas porque no nos pondremos de acuerdo nunca; es más, lea por favor las explicaciones que sobre esta materia dieron don Jaime Mayor, don Ángel Acebes, el señor Astarloa y el
señor Morenés. Léalas en el 'Diario de Sesiones', que están muy puestas en razón y yo las suscribo. ¿Sabe por qué? Porque son verdad, porque son ciertas. Por tanto, sobre este tema de la criminalidad hemos intentado -debo decir que con poco
éxito- poner una metodología, una sistemática, unas obligaciones al Gobierno, porque cuando yo mando unos datos y una metodología al Parlamento puede usted entender que me estoy atando de manos, es decir, que tengo que volver el año que viene; de
hecho, ya he vuelto este año.
El año pasado fue la primera vez, este año he vuelto, y volveré a finales o a mediados de 2009 para contar la criminalidad de 2009, porque la de 2008 la he dado ya. Sistemáticamente el ministro del Interior -al menos
yo- va a comparecer para explicar los datos de criminalidad, cosa que nunca ha hecho nadie, con la misma metodología, y además tratando de sumar los números como Dios manda.
¿Sabe cuál es el problema que tienen ustedes? Que los datos no coinciden con los que ustedes quieren que pasen. A ustedes les gustaría que subieran los delitos y que efectivamente hubiera un panorama como el que ustedes sistemáticamente
tratan de describir, pero la realidad tozudamente dice que no es así. Es verdad que hay delitos -¡faltaría más!-, pero no es lo que ustedes dicen. Es más, cuando uno coge la serie estadística y la proyecta hacia atrás con la misma metodología,
llegamos a la conclusión de que los años estrella de la criminalidad en España fueron 2002 y 2003, cuando más delitos por habitante hubo, porque es como se mide la criminalidad, ¿sabe usted? No puedes medir la criminalidad si no tienes en cuenta el
número de habitantes. No es lo mismo tener 35 millones de españoles que tener 40. Eso lo entiende todo el mundo. Cuando conviertes los delitos en tasas de criminalidad, como hace cualquier país de la Unión Europea, llegas a la conclusión de que
la tasa en nuestro país está contenida, que es una tasa comparativamente buena si la vemos con los países de la Unión Europea, y sobre todo que es mucho mejor que en 2002 y en 2003. Lo he dicho muchas veces en la tribuna: no tiene mucho mérito,
porque lo que hemos hecho ha sido poner más policías y más guardias civiles. Ustedes los fueron quitando sistemáticamente. Al quitar los policías, había menos policías y lógicamente se resolvían menos delitos y había más delincuencia. Esa es la
historia -no crea que tiene un gran mérito-; eso y la coordinación, a la que usted no se ha referido hoy, pero a la que yo me voy a referir brevemente en el tiempo que me queda, porque es verdad que había una descoordinación pavorosa. Fíjese, no
había ninguna base de datos compartida, ninguna. Eso quiere decir que la más elemental, la de antecedentes policiales, no se compartía. La Guardia Civil tenía que mandar un fax a la Policía para que le mirara en su base de datos, cuando detenía a
alguien, si había algún delito en la otra base de datos respecto al mismo detenido. Ninguna, ni esa, ni la de huellas, ni la de vehículos, ni la de armas, ni la ADN. No había nada. Ya no es que no hubiera esquemas de coordinación en el
ministerio, no; es que no había ni siquiera base de datos compartida. Eso, señor García-Tizón, se está resolviendo poco a poco. En la base de antecedentes policiales que hoy se comparte hay exactamente en los últimos dos años -2007, 2008 y lo que
llevamos de 2009- 13 millones de consultas recíprocas. Es decir, ha habido 13 millones de consultas de la Guardia Civil sobre la base de la Policía y de la Policía sobre la Guardia Civil.
Fíjese usted si eso es coordinar y avanzar en materia de
información.
Hemos coordinado el ministerio, estamos coordinando los cuerpos con las policías locales y autonómicas, estamos coordinando nuestros cuerpos con las policías europeas -Europol, por supuesto, pero también otras-, estamos coordinando
nuestros cuerpos con las policías europeas y las africanas para luchar contra la inmigración ilegal, estamos haciendo todo aquello que dicta el sentido común. Y este es el dato: la delincuencia está como está. Se ponga usted como se ponga,
algunos delitos crecen, otros bajan, pero en conjunto están contenidos. Han bajado mucho respecto a los primeros años de esta década, que fue cuando hubo una delincuencia desatada en España -entonces sí que la hubo-. Han bajado mucho, están
contenidos, y el origen de esta contención no es otro que más policías, más guardias civiles, y por otra parte un poco más de coordinación o mucha más coordinación, que buena falta hacía.
Termino ya. Me encanta que hable de derechos sindicales. No sabe cómo le habría agradecido que nos
hubieran votado la Ley de derechos de la Guardia Civil. En lugar de hablar de derechos todo el día, ¿por qué no votan una ley donde por primera vez se les da derecho a los guardias civiles a reunirse? En lugar de reunirse con las
asociaciones, para las que ustedes no quisieron votar su realidad jurídica aquí, para ver si se imponen al ministerio, ¿por qué no votan aquí las leyes que traemos para mejorar los derechos de la Guardia Civil? (Aplausos.) Me encanta que lo hagan
ustedes ahora.
Un último comentario. En inversiones este año creo que no debería tampoco meterse, porque como sabe usted hay un fondo extraordinario del Gobierno para mejorar la inversión, y de ese fondo el Ministerio del Interior ha conseguido 380
millones para cuarteles, comisarías y dependencias penitenciarias, lo cual hace que este año el ministerio tenga el mayor presupuesto de inversión de la historia de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
Señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro del Interior, tanto usted como yo somos ya, no voy a decir viejos, sino antiguos usuarios de esta Cámara. Han pasado muchas cosas, hemos visto muchas cosas y nos conocemos, incluso hemos tenido alguna confrontación electoral
y en la misma circunscripción provincial. Por cierto, yo en la única, usted creo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en distintas circunscripciones electorales. (Rumores.) Desde hace mucho tiempo, señor ministro, mis discursos y mis
interpelaciones los preparo yo. Por tanto, los datos, buenos o malos, los hago yo. Usted tiene una enorme facilidad de respuesta en la tribuna, pero también es sumamente predecible y se limita a reproducirse a sí mismo en muchas cosas. Por
ejemplo, cuando se trata de errores policiales usted siempre dice que la culpa la tiene el subordinado, y cuando se trata de pedir responsabilidades políticas se refugia detrás de la institución, y la pone por delante, como si de escudo se tratase,
culpándola a ella. Usted no puede darnos lecciones de nada, señor ministro, especialmente si se refiere a casos como el caso Gürtel -por cierto, en estos momentos todavía en investigación, que yo sepa no hay ninguna condena al respecto-, cuando
ustedes son el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal, cuando en su partido tienen personas condenadas por un excesivo celo en la persecución de determinadas cosas, o cuando ustedes tienen una especial sintonía con algún juez de
la Audiencia Nacional, por cierto diputado en su día en esas filas socialistas, que no ha abandonado, que yo sepa, ese marchamo de socialista (Aplausos.), y desde esa posición y con ciertas conexiones policiales -todavía estamos esperando a saber
qué va a pasar con el comisario de policía judicial tan amante de cenas, cacerías y cosas de estas- queremos saber qué es lo que pasa. Al final, todas las cosas que ustedes nos cuentan del Partido Popular se quedan en agua de borrajas. Le recuerdo
un caso, el caso del lino, de tanta influencia e impulso socialista. ¿Dónde ha quedado? En cero, no ha quedado en nada, y todavía estamos esperando que haya algún responsable socialista que pida perdón, que pida disculpas por lo que hicieron en
aquella situación del lino. (Aplausos.) Por tanto, señor ministro, de lecciones, poquitas; yo le diría que ninguna.
En cuanto a coordinación, ustedes han hecho el mando unificado de la Policía, sí, pero por lo que se ve no vale para nada porque, a decir del fiscal general del Estado -que, por cierto, que yo sepa no es del Partido Popular, y si alguna
simpatía tiene siempre la demuestra hacia el Partido Socialista-, su coordinación dice pocas cosas. En cuanto a nuestra responsabilidad y nuestro amor por los derechos sindicales, nuestro amor es por los derechos que dice la ley y que la ley
concede a los cuerpos.
De nada vale que ustedes digan que son muy respetuosos con los derechos sindicales, y sin embargo no reúnan cuando proceda al Consejo de la Policía ni al Consejo de la Guardia Civil. No tiene sentido que tengan que hacer
declaraciones de conflictos y tarden cinco meses en reunir el Consejo de la Policía. Es sintomático que todos los sindicatos policiales y todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil le digan a usted que es el ministro peor de la
democracia, que es un ministro que miente, que -y algunos son bastante simpatizantes de su formación política- son las peores condiciones que se están viviendo en nuestra democracia. Si quiere, les preguntamos a los mismos qué decían del señor
Mayor Oreja, del señor Acebes o del señor Rajoy y lo que dicen de usted, que es el peor ministro de todos los que han pasado en la democracia. No el señor Acebes, no el señor Rajoy, no el señor Mayor Oreja, sino usted, señor Pérez Rubalcaba,
ministro socialista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. (Aplausos.) Por tanto, la responsabilidad nuestra, ¿sabe cuál es? Reunirnos con estas asociaciones y saber cuáles son sus problemas y, por ejemplo, saber que ustedes les están
camoteando en estos momentos la representación que tienen y se quejan y nos lo cuentan a nosotros, que, como oposición responsable, le tenemos que pedir a usted las responsabilidades correspondientes. No se oculte más detrás del de y tú más y lo
que pasó en el pasado. Porque usted vive del pasado y estamos en el presente, y el futuro desde luego no se llama señor Pérez Rubalcaba ni señor Rodríguez Zapatero.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor García-Tizón.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor García-Tizón.
Algo he conseguido al menos, que usted hable de cosas que no sacó para nada en la primera interpelación. Se ha limitado a contestarme de forma desabrida -que no le va muy bien- sobre cosas que no he mencionado pero, en fin, parece que todo
lo que le preocupaba antes le ha dejado de preocupar. Ha salido a hablar aquí de financiación de partidos.
Yo del caso Gürpel o Gürtel -que siempre me equivoco, mi alemán es muy malo- solo le he querido decir una cosa que se la voy a repetir. Se trata de una investigación policial y tres procesos sumariales distintos. Por tanto, no confunda los
datos judiciales con los policiales. No mezclemos los datos de la fiscalía con los de la Policía y la Guardia Civil a la hora de analizar la criminalidad; son cosas diferentes. Parece que a usted no le ha gustado mucho el ejemplo porque ha sacado
aquí no sé qué cosas. Déjelo correr, si no pasa nada. Déjeme que le diga que no pueden meterse sistemáticamente con los jueces y los policías cuando investigan a su partido y alabarles cuando hacen otras cosas, porque eso no cuadra.
Son los
mismos jueces y la misma Policía. La Policía que detuvo a un miembro de la cúpula de ETA el sábado en Francia es la misma que investiga el caso Gürpel o Gürtel y la misma que investiga algunos otros casos que afectan a mi partido. Es la misma
policía, los mismos mandos, los mismos jueces, los mismos fiscales. Eso, señor García-Tizón, es el Estado de derecho, y no vale esto de si la Policía me investiga a mí o a mis amigos es una Policía política y si la Policía investiga a otros es una
fantástica policía; eso no vale. Como no es razonable que ustedes feliciten sistemáticamente a la Policía cuando tiene un éxito y cuando tiene un fracaso digan al ministro del Interior que la culpa es suya.
Tampoco es razonable.
Responsabilidades claro que las hay. ¿Del ministerio? Cuando las hay las asumo sin ninguna dificultad, y la prueba es que vengo aquí y me ven todas las veces que quieren, cosa que no hacían mis compañeros anteriores de gabinete, que se escondían,
y mire usted las comparecencias parlamentarias que hemos hecho unos y otros.
Respecto a los sindicatos hay un conflicto, lo conoce perfectamente porque lo tuvieron durante mucho tiempo. Sin embargo, a la hora de valorar esto de quién es el mejor y el peor ministro le pediría que su compañero Cosidó -que está aquí-
le pasase el comunicado que hicieron todos los sindicatos policiales cuando se fue el señor Rajoy del Ministerio del Interior. (Rumores.) Que se lo pase, y lo leemos usted y yo en la Cámara, porque se lo va a pasar bien. Ya verá como hay cosas muy
parecidas.
Porque el señor Rajoy no vio jamás a ningún sindicato policial, jamás, y parece que no les gustó mucho y lo dicen. Hay un comunicado fantástico que se lo pasaré cuando quiera para que vea lo que valoraban los sindicatos policiales al
señor Rajoy. A continuación, compararemos las cosas.
Para terminar con estos dos minutos que me quedan le voy a contar una pequeña historia que creo que tiene importancia. En el año 2002 hubo una operación importante en España contra ETA. Era de la Policía y cuando llegaron para detener a un
comando importante se encontraron con que había allí unos señores con los que estuvieron a punto de enzarzarse a tiros. Resultaron ser de la Guardia Civil; 2002. Hace unos días hubo una operación importante contra ETA. Los dos cuerpos se
sentaron con el secretario de Estado porque había investigaciones paralelas y se decidió qué cuerpo estaba más avanzado para que fuese ese el que desarrollase la investigación. Durante el día de la detención, Policía y Guardia Civil estuvieron con
la Policía francesa todo el tiempo comunicándose las posiciones de los terroristas; todo el tiempo trabajando conjuntamente.
Se hizo la detención y no pasó absolutamente nada. Lo primero, es descoordinación, que es lo que ustedes tenían; lo
segundo, es coordinación, que es lo que ahora hacemos nosotros.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE REALIZACIÓN DE UN PLAN DE MODERNIZACIÓN Y REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 172/000082.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre realización de un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado, que formula
en nombre de su grupo el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, señora vicepresidenta.
Deseo comenzar aclarando que mi grupo terminó de tomar la decisión de presentar esta interpelación cuando tuvo conocimiento de la última remodelación del Gobierno. Los términos en que se ha hecho y se ha presentado la misma y los que el
presidente explicó el pasado día 7 de abril, fueron los que terminaron de animarnos a presentar con carácter de urgencia una interpelación que, como dice el enunciado, está orientada a conocer si está en el ánimo y en el propósito de este Gobierno
llevar a cabo, en qué plazo, de forma rápida y creíble, así como la forma que mejor corresponde a la situación general de crisis económica que atravesamos, un plan de modernización y reforma de la Administración General del Estado. Tras haber
presentado en el registro la interpelación urgente han ocurrido determinados hechos, de los que también deseo dejar constancia. Están, en primer lugar, las explicaciones -las explicaciones, entre comillas, a juicio de mi grupo- que ayer mismo el
presidente Rodríguez Zapatero dio en este mismo Congreso y en este mismo Pleno.
Están también los anuncios que usted misma hizo el pasado viernes, tras el Consejo de
Gobierno, sobre nuevas medidas para reducir cargas administrativas a ciudadanos y empresas. Creo recordar que usted habló como de 78 nuevas medidas, y también en el curso de esa rueda de prensa, además de hablar de 78 medidas y de
enunciarlas, habló de que está en su propósito seguir trabajando en la modernización y mejora de la Administración.
De todo ello hemos tomado nota, pero también le digo con la misma franqueza que, tras todo ello, creemos que sigue siendo urgente -de ahí esta interpelación- que el Gobierno muestre su voluntad real de si efectivamente va a llevar a cabo un
trabajo serio y a fondo de modernización y mejora de la Administración, porque no se han evaporado las dudas, los temores, las preocupaciones que mi grupo tenía sobre la voluntad real de este Gobierno para abordar este tema. Quiero aclarar que
hemos presentado la interpelación dirigida a la Administración general, pues hoy, mi grupo es de los que creen que esto no es solo un tema de la Administración General del Estado sino que debe serlo de todas las administraciones. Que lo que hoy voy
a requerir de su Gobierno, cualquiera tiene derecho -y yo mismo-, y hasta obligación, de requerirlo del conjunto de las administraciones, sea cual sea el nivel de las mismas. En cualquier caso, aquí y ahora toca Administración general.
Estoy
seguro que son muchas las coincidencias entre usted y yo, entre ustedes y nosotros, sobre lo que debe ser un enfoque general de una reforma de la Administración. Existe a este respecto una especie de literatura o de teórica común muy extendida.
Voy a aportar simplemente algunos rasgos de esta teórica, en los que seguramente estamos de acuerdo. Por ejemplo, que la Administración debe reformarse; que es terriblemente importante no solo para una mejora de los servicios de los ciudadanos
sino para la economía. Un estudio reciente del año 2007, de Balmaseda y Melguizo, cifraba nada menos que en un 5,7 por ciento del PIB el diferencial negativo de productividad entre el sector público español y el de la UE de Quince miembros. Fíjese
si es necesaria una reforma en serio de la Administración. Supongo que estamos de acuerdo en que las tecnologías de la información y de las comunicaciones, de reciente aparición -aunque la historia reciente empieza a no serlo tanto- constituyen una
magnífica oportunidad de avanzar. Supongo que también estamos de acuerdo en que esto no se hace de un día para otro, que esto no es de una medida ni de 24 ni siquiera de 78 sino de un esfuerzo continuo y en serio y, eso sí, de un propósito y de un
direccionamiento claros. Supongo que estamos de acuerdo y usted lo habrá comprobado con seguridad, si ha intentado, que las reformas nunca son fáciles y como decía Alejandro Nieto García, el principal obstáculo para una reforma es la resistencia
inercial de lo existente, y que esto es una enorme realidad también en la Administración. Supongo que estamos de acuerdo en que hace falta un liderazgo político claro y firme si de verdad se cree en la reforma de la Administración, que sin ella
muchas medidas se podrán tomar, serán parciales, podrán ser bien venidas, pero no se podrá modernizar sin un liderazgo político claro y firme. Y supongo a este respecto que estamos también de acuerdo en que este liderazgo lo que tiene que hacer
entre otras cosas es transmitir un mensaje claro, firme, en primer lugar a la Administración y al conjunto de la sociedad, de que se va a en serio. Supongo que en todo esto, vicepresidenta, estamos de acuerdo.
¿Por qué entonces presentamos esta interpelación urgente? Pues básicamente por dos razones. Primera, porque más allá de las palabras, de las teorías, no terminamos de ver una voluntad clara, firme y decidida de este Gobierno en esta
dirección, de transformar realmente y hasta donde sea necesario la Administración General del Estado; no terminamos de verla, mi grupo no la ve y si usted pregunta por ahí -y le puedo aportar todos los testimonios-, van a decirle que tampoco la ven
en la sociedad.
Segunda, porque es especialmente necesaria en un momento de crisis económica. La crisis económica hace aparecer muchos problemas que en épocas de bonanza parece que pasan desapercibidos. Eso está pasando con las empresas, muchos
problemas que parecían no existir, ahora afloran en toda su crudeza y en toda su realidad. Y la crisis obliga a actuar necesariamente; las empresas están tomando esas duras medidas, no por capricho sino por necesidad, porque han visto el problema
real en el que ya estaban antes que en un momento coyunturalmente complicado aparece en toda su crudeza y en toda su realidad.
La pregunta es: ¿Y por qué la Administración no hace otro tanto? ¿Por qué esta Administración no nos ha transmitido un mensaje claro en esta dirección, por qué no ha hecho de este tema un objeto de liderazgo claro y ha tomado una serie de
medidas claras? Insisto: de esto hemos hablado todos; yo todavía recuerdo la comparecencia de la vicepresidenta económica, señora Salgado, del 19 de junio de 2008, y recuerdo todavía más al señor Jordi Sevilla en su comparecencia de septiembre de
2007, en el Senado, cuando presentó el Plan Moderniza. Hablaba de la voluntad del Gobierno de hacer un conjunto de reformas para hacer una administración mejor al servicio de los ciudadanos, una administración más moderna y eficaz, capaz de
adaptarse a los cambios y prestadora de servicios públicos con calidad, con eficacia y eficiencia. Mire, yo estoy dispuesto a aceptar que don Jordi Sevilla tenía lo que la ministra Salgado calificó después de un impulso reformista; que lo tenía
realmente, que en la VIII Legislatura el señor Sevilla lo tenía y que de ahí se derivó el Plan Moderniza y cuajó también, por ejemplo, en el informe de Joan Prat. Pero alguien, vicepresidenta, con más autoridad que el señor Sevilla, tomó aquel plan
y lo metió no sé en qué cajón; el plan y el trabajo de don Joan Prat, y al rato a Jordi Sevilla lo alejaron del ministerio, lo dejaron fuera del ministerio. Alguien no debía creer en los planes de Jordi Sevilla. Yo creo que Jordi Sevilla iba de
verdad en serio, por lo que sea; quizá por eso que se atribuye también a algún presidente que dijo, sí, estos son temas muy importantes
pero ahora no toca, es que estamos con otros problemas.
La reacción que este Gobierno ha tenido, cuando se ha planteado la crisis y ha percibido que la crisis venía con toda su crudeza -el llamado PlanE-, nos vuelve a mostrar que este Gobierno no ha visto la necesidad de, al igual que tomar otra
serie de medidas, hacer y lanzar también un esfuerzo claro con la reforma de la Administración. El PlanE, como lo han calificado ustedes, es un plan del mayor impulso público a la actividad económica de nuestra democracia. Pues bien, el PlanE
tiene distintos apartados: fomento de empleo, medidas financieras y presupuestarias, medidas de apoyo a empresas y familias y, por último, medidas de modernización de la economía. Yo sé que ahí hay algo de la Administración, pero no está, en
absoluto, ni a la altura de las necesidades ni a la altura de los tiempos ni de las urgencias que nos ha puesto de manifiesto la crisis económica. Este impulso renovador de Jordi Sevilla ha desaparecido. No sé dónde, no sé en qué cajón está o si
definitivamente se ha evaporado. ¿No cree que hubiera sido lógico que, al igual que lo están haciendo las empresas y lo están haciendo todas las familias, todos los ciudadanos por necesidad, cuando les sacude la crisis, que la Administración
también hubiera lanzado un mensaje claro -por cierto, en solidaridad con la sociedad- de que emprendía un camino de ajustes, de reformas que le llevaran a prepararse y a formar parte activa de una economía y una sociedad que todos decimos que van a
ser nuevas -y lo dijo ayer el propio presidente- tras la crisis, ya que no vamos a estar en el mismo escenario que estamos? Pues bien, la Administración quiere estar en el mismo escenario y eso es un error estratégico. Entre otras cosas porque, de
ser así, la Administración condicionará en exceso que la propia actividad económica no esté a la altura de las circunstancias de estos nuevos tiempos, y algo más desarrollaré en la segunda parte, y le decía que fue con motivo de la remodelación
cuando decidimos. Por qué han vuelto a perder ustedes una oportunidad, por decirlo en lenguaje muy sencillo, y no por decir que con una remodelación se resuelve este tema, sino porque han vuelto a perder la oportunidad de lanzar un mensaje político
claro de que este Gobierno toma nota de la crisis y, por ejemplo, hace lo que todos: achicarse un poco, señora vicepresidenta, porque lo está haciendo todo el mundo. Con esto no se resuelve todo. Ni se resuelve el tema de la reforma de la
Administración, ni se resuelve la crisis, pero es lo que corresponde a este tiempo...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Beloki, tiene que ir acabando, por favor.
El señor BELOKI GUERRA: Termino, señora presidenta.
Decía que es, a juicio de mi grupo, un mensaje que era reclamado y que hubiera sido entendido con claridad. Esa explicación, señora vicepresidenta, hubiera ahorrado explicaciones que ayer escuchamos y a nadie convencieron.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señora presidenta.
En mi primera intervención parlamentaria en esta legislatura, en el seno de la Comisión Constitucional hace aproximadamente un año, afirmé que el funcionamiento de la Administración había mejorado y también que era posible mejorarlo mucho
más. El Gobierno ha venido trabajando desde el primer día en la pasada legislatura y también en lo que llevamos de esta para hacer más eficaces, más sencillos y de mayor calidad los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. Y le
aseguro, señor Beloki -quiero empezar por ahí-, que continuaremos porque no cabe duda que nos queda mucho camino por recorrer.
Antes de entrar de lleno en lo que ha hecho y tiene previsto hacer el Gobierno en materia de modernización y reforma de la Administración General del Estado, que fundamentalmente es lo que late en la preocupación del señor Beloki y lo que
motiva la interpelación que ha presentado, me va a permitir que haga algunas consideraciones que tienen que ver también con el texto de su interpelación. Usted mismo reconoce, y me alegra que lo haga, que el Gobierno está trabajando y adoptando
medidas desde hace meses contra la crisis económica, especialmente mediante el Plan de estímulo a la economía y al empleo. Y así es. Ante la crisis el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo económico y ha adoptado medidas que contienen también
reformas y actuaciones que en el corto y en el medio plazo tienen que incrementar necesariamente la competitividad de la Administración General del Estado, y yo le diría que de todas las administraciones públicas. Pero le diré también que el hecho
de que en el PlanE no aparezca una línea de actuación diferenciada para la reforma de la Administración General del Estado no implica, porque no es así, que no se esté desarrollando un ambicioso plan de modernización y transformación de la
Administración, y que en el PlanE no haya actuaciones que afectan a la modernización de la Administración como elemento importante del estímulo a la economía y al empleo. Le voy a dar algunas razones.
Como S.S. señalaba, el PlanE va dirigido, y todos ustedes lo conocen, a luchar contra la crisis, a reactivar la economía y el empleo y a hacerlo de manera que salgamos de este momento difícil reforzados y dotados de un modelo económico más
adecuado a lo que son los retos del futuro. En ese modelo es evidente que tenemos que tener unas administraciones públicas, diría yo también coincidiendo con el señor Beloki, que estén a la
altura del siglo XXI, que sean eficaces, que no solo tengan un nivel de productividad inferior, que hoy lo tienen, el sector público al sector privado, sino que, incluso, lideren esa productividad. Ese sería nuestro objetivo. Pero incluso
para llevar a cabo ese plan de reformas que estamos poniendo ahora en marcha, necesitamos, a su vez, una Administración abierta, eficaz y eficiente desde ya, desde este momento, comprometida con la innovación y centrada en el servicio a los
ciudadanos y a las empresas. En definitiva, necesitamos una administración más moderna. De ahí que hablemos siempre de modernización. Quiero señalarle que el Gobierno no ha descuidado este objetivo, como sabe el señor Beloki, porque muchas de las
medidas que han servido para modernizar la Administración General del Estado las ha traído, como usted señalaba, el Gobierno para debate al Pleno de esta Cámara. No exagero al afirmar que en los últimos años hemos abordado programas de
modernización y transformación muy intensos, probablemente mucho más intensos de los que se realizaban desde hacía mucho tiempo.
En junio de 2007 -le voy a hablar de un tema que me parece capital- esta Cámara aprobó la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que reconocía su derecho a la relación electrónica con las administraciones
públicas y que establecía como plazo máximo para hacer efectivo este derecho el 31 de diciembre de 2009. Bajo esta aparentemente simple y sencilla formulación, quiero señalarle que impulsamos entre todos la mayor palanca de transformación de los
últimos años destinada a modernizar las administraciones públicas. Y si en junio esta Cámara aprobó la ley, en diciembre del mismo año aprobamos el Plan de actuación específico para facilitar el acceso electrónico de los ciudadanos antes de que
acabe este año. De este plan se realiza un seguimiento detallado. Por darle algún ejemplo relevante le diré que hoy ya son 587 los procedimientos de la Administración General del Estado que están totalmente adaptados a la ley. En mayo de 2008
eran solo 241. Y si hablamos de lo que denominamos de alto impacto, de aquellos que más benefician a la ciudadanía, en mayo de 2008 eran 54 y hoy ya son 140. Al final de este año todos los servicios de la Administración General del Estado serán
accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento por medio de Internet. Además, como sabe S.S, hemos llevado a cabo también un intenso trabajo para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. La llamada web 060 permite ya
el acceso directo a la totalidad de los servicios de la Administración del Estado y de un buen número de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y el número de teléfono único 060 atiende consultas generales sobre los servicios de cualquier
departamento ministerial.
Hemos creado también una estructura cooperativa de oficinas de 060 entre las comunidades autónomas -entre las que, por cierto, no se encuentra el País Vasco-, entes locales y Administración General del Estado para que desde esas oficinas de
información y registro de cualquiera de ellas se pueda proporcionar información, registrar documentos o realizar trámites de cualquiera de las demás. La web 060 proporciona acceso hoy a más de 1.200 servicios en el teléfono 060 que atiende una
media de 1.800.000 llamadas anuales. Son ya más de 1.600 las entidades locales y 13 las comunidades autónomas adheridas a la Red de oficinas 060. Detrás de todas estas cifras, señoría, hay ciudadanos y ciudadanas que han sido atendidos con
eficiencia y con diligencia. Estas infraestructuras y servicios comunes están disponibles para el resto de las administraciones en ese impulso a la cooperación tanto autonómica como local. Además, lo mejor de todo es que se están utilizando.
Quiero destacar en este aspecto la Red de comunicación SARA que conecta a todos los ministerios con todas las comunidades autónomas y con más de 1.600 entidades locales. Estos avances suponen una transformación completa de la Administración del
Estado, suponen su inmersión en la sociedad del conocimiento y su orientación definitiva hacia un servicio eficaz y cercano a los ciudadanos y a las empresas. Creo que a través de estas acciones que estamos emprendiendo se ponen de manifiesto las
vías por las cuales vamos a impulsar claramente la productividad y la competitividad de la Administración pública. Así lo va a propiciar también, además de los elementos que he dicho, de manera especial, señoría, como no se le oculta, algunas
reformas estructurales que son las contenidas en la trasposición de la Directiva de Servicios europea.
El primer proyecto de ley, el correspondiente al establecimiento de los principios que van a permitir la eliminación de muchas trabas y trámites para el ciudadano, se encuentra en esta Cámara. Es un proyecto de ley que cambia de manera
radical la forma en que las empresas se relacionan con las administraciones. Un cambio que transformará completamente la cultura administrativa de nuestro país, ya que se pasa de un modelo general de petición de autorización para ejercer
actividades de servicios a un modelo donde la regla general es la comunicación de que se cumplen las condiciones para poder ejercer ese servicio. Además de las modificaciones legales que introduce, y que ya están en buena medida en curso, la
directiva también obliga a crear una ventanilla única electrónica. Sé que en muchas ocasiones hemos hablado de la ventanilla única electrónica.
Muchas, se lo reconozco. Pero algunas ventanillas de lo que va a ser la ventanilla única electrónica
ya han empezado a funcionar. Será ahí donde sea posible obtener toda la información necesaria y realizar los trámites para prestar actividades de servicio en cualquier parte del país. Hemos acordado entre todos un modelo de funcionamiento en
relación con este tema. Hay un grupo de trabajo con siete comunidades autónomas para el desarrollo de un plan y ya le puedo anunciar, señoría, que la previsión de tener este plan operativo estará aproximadamente en el mes de octubre para, a partir
de ahí, ir
extendiéndolo a lo largo de este mismo año en el conjunto del sistema.
Todas estas actuaciones han sido complementadas con un fuerte compromiso -usted hacía alusión a ello en su intervención- con la reducción de las cargas administrativas que como saben SS.SS. el Gobierno ha comprometido reducir en un 30 por
ciento para el año 2012. Este mismo mes de abril, como usted ya conoce, el Gobierno aprobó un total de 78 medidas para reducir cargas que benefician directamente a autónomos, a empresas y a trabajadores. Con ellas son ya cerca de 160 las medidas
aprobadas para seguir modernizando nuestra Administración pública. Igualmente, junto a la cantidad nos hemos ocupado de la calidad. Quiero señalarle que la normativa se ha erigido como una prioridad para el conjunto de los países de nuestro
entorno, debido al papel que los ordenamientos jurídicos juegan como motor del desarrollo sostenible, la competitividad y la creación de empleo. En este ámbito quiero anunciarle, señoría, que el Consejo de Ministros aprobará próximamente un real
decreto -yo me comprometí también en mi comparecencia ante la Comisión Constitucional a impulsarlo- por el que se regulará la memoria del análisis del impacto normativo, entre ellos, con un requisito de exigencia de introducción del impacto
autonómico. Su finalidad, por tanto, va a ser garantizar que a la hora de aprobar proyectos se conozcan perfectamente las consecuencias jurídicas, económicas, presupuestarias y de impacto de género. Señorías, estas son parte de las actuaciones que
en estos momentos tenemos en marcha. Un buen ejemplo también de estas actuaciones que estamos llevando a cabo lo constituye la gestión que se ha realizado -y se ha dicho aquí en algunas ocasiones, lo dijo ayer el presidente- del Fondo estatal de
inversión local que, dotado con 8.000 millones de euros, requería una gestión eficaz y eficiente para que llegase con la máxima celeridad a las entidades locales y estas pudiesen realizar las inversiones a las que estaban destinados.
Gracias al sistema de gestión electrónica de todo el proceso...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora vicepresidenta, tiene que acabar, por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Acabo ya, señora presidenta.
... a las infraestructuras y servicios comunes, a la extensión de Internet en nuestro país ha sido posible tramitar en un tiempo récord todas las solicitudes.
Creo que con esta breve exposición, señoría, queda acreditado el compromiso del Gobierno con la modernización de la Administración General del Estado. Hemos demostrado, estamos demostrando que somos capaces de superar modelos antiguos de
funcionamiento, que sabemos aprovechar las ventajas de la cooperación y los beneficios del trabajo en común, que queremos avanzar en una cultura de servicio a la ciudadanía. Mucho hemos cambiado en pocos años, pero le aseguro, señoría, que somos
conscientes de que hay que cambiar todavía mucho más. No tenga duda de que este Gobierno, en estos tres años de legislatura que todavía tenemos por delante, va a seguir dando un impulso, espero que muy importante, para la modernización de las
administraciones públicas, en el caso que nos incumbe de la Administración General del Estado, poniéndonos como objetivo prioritario el servicio a los ciudadanos y, en relación con el tema que usted plantea, el incremento de la productividad y la
competitividad de todas las administraciones públicas como elemento fundamental y dinamizador de la economía y de un nuevo modelo económico, político y social al que vamos a llegar tras la crisis que seguro que vamos a superar entre todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora vicepresidenta, me reafirmo: creo que el impulso reformador es francamente mejorable, por decírselo de la forma más suave.
Podría haber traído aquí citas suyas, de ministros, de ministras, sobre este tema a gogó, de
tiempos inmemoriales, recientes, de todo, porque existe una retórica al respecto, y usted lo sabe. No es menos cierto que junto a la retórica existen medidas, es cierto, pero así hemos llegado a una crisis que nadie se esperaba. ¿Había usted
escuchado que las cosas funcionan? No. Se ha llegado a una crisis económica porque no se habían hecho a tiempo las reformas, y fíjese la profundidad que tiene la crisis.
Lo mismo sucede con la Administración, no estamos a la altura de las
necesidades, ni mucho menos. No le niego las medidas que se hayan podido tomar y las que estén en su voluntad, pero estamos muy lejos del auténtico impulso reformador necesario, absolutamente necesario para hacer eso que usted ha dicho en el tramo
final de su intervención de una Administración cooperadora de una nueva sociedad y de una nueva economía a la altura del siglo XXI. Lo segundo es que estamos a tiempo y que la crisis nos da la oportunidad para adentrarnos a fondo en eso. Desde esa
perspectiva, no sé si el hecho de que los temas de Función pública hayan pasado a la Vicepresidencia Primera constituye una oportunidad para que alguien agarre un liderazgo político claro en este tema, porque el señor Sevilla no está ya en el
ministerio -no sé si él pudo lograrlo, tuvo voluntad-; ahora es necesario que alguien, al máximo nivel político, se haga con este tema y transmita, para empezar, un mensaje claro a la sociedad y a la propia Administración de que las cosas van a ser
distintas en poco tiempo. Usted sabe -y yo se lo he recordado- que las inercias de toda organización y de una organización administrativa son enormes; no
es un trabajo fácil. Me alegro de que usted me diga que todavía nos quedan tres años de legislatura y que en esto se va a trabajar. Si algo desearía yo y mi grupo de esta interpelación es que saliera un plan de trabajo claro para los tres
años de legislatura, para 2010, 2011 y lo que nos dé de sí el año 2012. Vamos a darles una oportunidad a través de una moción de que efectivamente ustedes, para empezar, den un mensaje claro a la sociedad de que este es un tema que se va a tratar a
la altura de las necesidades y de las circunstancias, en solidaridad con todo el mundo que en este momento está sufriendo la crisis económica, y de que además ustedes desde un liderazgo claro van a ir tomando medidas que vayan a hacer, en un tiempo
relativo, que la Administración cambie todo lo que es necesario cambiar, eso que nosotros predicamos a las empresas que deben cambiar.
Señora vicepresidenta, yo le pido que usted no esté tan conforme con lo que se ha hecho. Le voy a dar un dato, el señor don Juan Urrutia, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, escribía: Parece evidente que hay que continuar
con esfuerzos decididos y no tan timoratos como hasta ahora en materia de innovación. Hay un ministerio especializado -bueno, ya no lo hay tan especializado; se refería a este ministerio que se ha partido en dos, ya empezamos con un problema,
porque esto está escrito en vísperas de esta remodelación- y no cabe duda de que tiene mucho que decir a efectos de marcar el modelo de crecimiento español. Que este ministerio no haya tenido hasta ahora la impronta que debería en la política
general española dice bastante sobre la necesidad de renovar la Administración, una de las reformas estructurales, junto con la del mercado de trabajo, más necesarias pero que, sin embargo, no se suele citar como parte del paquete de medidas
urgentes. Esto es lo que mi grupo piensa.
En los segundos que me quedan le voy a contar la historia de la rana.
Usted sabe -y ese es el gran riesgo- que si echa una rana en un caldero hirviendo la rana reacciona y salta, pero si la pone en agua fría o templadita la rana empieza a
sobrevivir sobre el agua, y si pone fuego por debajo y va calentando el agua la rana sigue acostumbrándose y sobreviviendo y está tan cómoda, hasta que en un momento la rana deja de existir por su incapacidad de reaccionar a lo que, sin embargo, con
algún tipo de medidas tomadas en un determinado momento pudiera reaccionar. Que no nos ocurra lo de las ranas, señora vicepresidenta; para que no nos ocurra ha sido presentada esta interpelación y esperamos que el Gobierno nos responda
adecuadamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.
Señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señora presidenta.
Señor Beloki, hablamos de modernización, de reforma y de eficiencia de la Administración General del Estado, y desde luego esos han sido, son y van a ser objetivos prioritarios de la acción de este Gobierno. Como he repetido en muchas
ocasiones en esta Cámara -y no es retórica sino la expresión de lo que sustenta la acción concreta del Gobierno-, nos interesan, nos preocupan y nos ocupamos en estos momentos de forma particular de los ciudadanos, de los trabajadores autónomos, de
sus familias, de los emprendedores. Por eso, en estos momentos de forma particular estamos intentando, de la mejor manera y de la forma más rápida y más urgente posible, eliminar todos los obstáculos y todas las trabas para que esas empresas, esos
trabajadores y esos ciudadanos puedan afrontar sus dificultades y realizar sus gestiones en su vida diaria, en su trabajo cotidiano con el menor esfuerzo.
Sabemos que para salir de la crisis todos los sectores deben estar implicados, también la Administración pública. Creemos que la Administración pública es un pilar fundamental no solo de impulso para salir de la crisis sino que la propia
Administración pública tiene que salir modernizada, reforzada y colocándose como uno de los nuevos pilares que va a afrontar el nuevo sistema de funcionamiento desde el punto de vista económico, productivo, administrativo y social. Es evidente que
es así y, por tanto, le repito que el Gobierno está trabajando en un ambicioso programa de transformación, de modernización y de transparencia de la Administración pública para tener una Administración pública, le repito, más cercana, más eficiente,
que ponga su grano de arena y sume en la salida de la crisis. Estoy segura de que lo vamos a conseguir. Las iniciativas están ahí y, desde luego, estamos abiertos a cualquier sugerencia que ustedes nos puedan hacer, como siempre hemos hecho, como
siempre ha hecho este Gobierno y como han hecho los ministros de Administraciones Públicas, el ministro Sevilla y la ministra -hoy vicepresidenta segunda- Salgado.
No se puede negar que ha habido avances; claro que ha habido avances. No se puede negar, o, ¿es que se puede negar que el hecho de que a finales de año todos los servicios de la Administración General del Estado sean accesibles desde
cualquier lugar y a cualquier hora sea un avance muy importante? Yo creo que no. ¿Es que eso no va a mejorar la competitividad? Yo creo que sí y, señoría, el propósito del Gobierno -quiero dejarlo bien claro- es seguir avanzando en esa senda de
transparencia, de cercanía, de remoción de obstáculos, de eficacia, de eficiencia, de eficiencia del ahorro de tiempo, porque lo que perseguimos es la mejora no solo de la eficiencia sino de la calidad del servicio que la Administración presta, y
todo se reduce a una idea muy sencilla: el Gobierno cree y defiende el servicio público; creemos en el servicio público. También creemos que el servicio público puede y debe mejorar en su funcionamiento, y
creo que hemos conseguido muchas cosas aunque también creo que son insuficientes. El camino por recorrer todavía es largo; lo vamos a recorrer porque tenemos los medios para poder hacerlo y desde luego la voluntad política, que hoy aquí en
esta tribuna quiero reafirmar, del Gobierno al que represento. La puesta en marcha de un programa de infraestructuras y servicios va a permitir también la mejor eficiencia del gasto. El programa de reducción de cargas, como le decía, va a
propiciar la reducción de cargas, y el desarrollo de los servicios de atención a los ciudadanos y a las empresas va a mejorar la relación con los ciudadanos.
Señoría, somos conscientes de que para salir de la crisis económica todos somos necesarios y, desde luego, no tenga duda de que desde la Administración del Estado lo vamos a hacer. Tampoco tenga duda de que en estos momentos, con la nueva
responsabilidad que se me ha atribuido como vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, voy a impulsar -como le decía en mi anterior intervención- en los tres años que quedan de legislatura todas las reformas necesarias para mejorar el
servicio público, para mejorar la Función pública, para mejorar el funcionamiento de todas las administraciones públicas. Sabemos que hay resistencias, que no es fácil, pero estoy segura de que con voluntad política y el esfuerzo que el Gobierno
está haciendo vamos a conseguir en estos tres años una Administración más productiva, más competitiva y para ello, desde luego, estamos abiertos al diálogo con todos los grupos parlamentarios y, por supuesto, también con el suyo en la moción que
presenten ante esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
Damos por finalizado el punto del orden del día de las interpelaciones.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- ENMIENDAS DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) ADOPTADAS POR LAS RESOLUCIONES 63-2, EL 28 DE ABRIL DE 2008, Y 63-3, EL 5 DE MAYO DE 2008, POR LA JUNTA DE GOBERNADORES. (Número de expediente 110/000077.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): El punto VIII, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, tiene un solo punto, las enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional
adoptadas por las Resoluciones 63-2 el 28 de abril y 63-3 el 5 de mayo de 2008 por la Junta de Gobernadores. En este punto ningún grupo ha manifestado su intención de participar o de hacer uso de la palabra.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 4/2009, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN QUE PUEDA OTORGAR EL BANCO DE ESPAÑA A FAVOR DE CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente
130/000012.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, por tanto, al punto IX del orden del día, convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, el número 4/2009, de 29 de marzo, por el que se autoriza la concesión
de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Para defender el real decreto tiene la palabra en nombre del Gobierno la vicepresidenta segunda del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de comparecer por primera vez en calidad de vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda ante el Pleno de esta Cámara para presentar para su convalidación el Real Decreto-Ley 4/2009, de 29 de
marzo, por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. La actuación del Gobierno hasta la aprobación del decreto-ley que hoy se
somete a convalidación se ha centrado en la puesta en marcha de medidas enfocadas a reforzar la confianza y a mitigar los problemas de financiación. Este decreto-ley es una muestra del compromiso del Gobierno con el funcionamiento eficiente, con la
solvencia y con la viabilidad de nuestro sistema financiero, con el objetivo último de garantizar los derechos de los depositantes y acreedores y de minimizar los efectos de la crisis financiera sobre la actividad económica en general. Este
decreto-ley trae causa de la comunicación por parte del Banco de España de la necesidad de provisión de una financiación extraordinaria para superar las dificultades transitorias de liquidez de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha y así
posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general. Como conocen, el Banco de España acordó, con fecha 28 de marzo de 2009, la sustitución provisional de los
administradores de la entidad. Se trata de una actuación -me gustaría resaltarlo- que no remite a la primera opción adoptada en este proceso. Podríamos de alguna manera
decir que esta es una medida de carácter subsidiario, dado que la vía que podría denominarse privada no obtuvo resultados. Los gestores de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha trataron de alcanzar una solución a través de la fusión con
otra entidad privada, pero no fue posible lograr un acuerdo satisfactorio en este sentido.
Como saben SS.SS., los bancos centrales tradicionalmente han venido realizando la función de ser banco de bancos, y así viene recogido en la Ley de autonomía del Banco de España. Por tanto, el Banco de España para alcanzar los objetivos del
sistema europeo de bancos centrales y llevar a cabo sus funciones puede realizar todo tipo de operaciones financieras de conformidad con los principios generales y los instrumentos establecidos por el Banco Central Europeo y, en particular, puede
realizar operaciones de crédito con entidades de crédito y demás participantes en el mercado, basando las mismas -como mandata el Banco Europeo- en garantías adecuadas. Además, es tradicional que los bancos centrales actúen como prestamistas en
última instancia, de manera que concedan préstamos -evidentemente con las garantías adecuadas- ante dificultades puntuales de liquidez de las entidades de crédito. Precisamente, para que el Banco de España pudiera realizar, tras la sustitución
provisional de administradores, este préstamo de última instancia, es decir, esa asistencia de liquidez que contase como exige la Ley de autonomía con las garantías adecuadas, el real decreto-ley autoriza la concesión de avales de la Administración
General del Estado. Se trata de una autorización hasta una determinada cuantía, en este caso 9.000 millones de euros, que opera como límite máximo y que garantiza al Banco de España las obligaciones económicas derivadas de la citada financiación.
Se trata, por tanto, de una decisión instrumental en el marco del procedimiento ya establecido para la toma de decisiones de esta naturaleza en relación con una entidad de crédito. Cabe recordar que la concesión de esta garantía es coherente con lo
dispuesto en la normativa comunitaria y más específicamente con las funciones encomendadas al Tesoro público por la Ley General Presupuestaria, que son las de contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero nacional y específicamente
responder de los avales contraídos por el Estado según las disposiciones establecidas legalmente. Como SS.SS. saben, las garantías a conceder se imputan al límite a que hacía referencia el apartado uno del artículo 54 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2009; es decir, no se prevé un incremento del importe máximo de los avales a otorgar por el Estado, y se dispone también que, en caso de la eventual ejecución de las garantías, el Fondo de garantía de depósitos en cajas de
ahorros deberá reembolsar al Tesoro público la cuantía que resulte de aplicar a la cantidad por satisfacer por este al Banco de España el porcentaje que representen, a la entrada en vigor del presente decreto-ley, los depósitos garantizados por el
fondo sobre las obligaciones exigibles de la entidad. Las decisiones adoptadas se inscriben, por tanto, en las obligaciones del Gobierno en relación con la estabilidad del sistema financiero español y han ido dirigidas a garantizar que la entidad
siga operando con absoluta normalidad. Asimismo, las decisiones adoptadas cumplen con el principio de transparencia al que SS.SS. han hecho referencia en distintas intervenciones e iniciativas parlamentarias. Se han realizado en cumplimiento de
la normativa vigente y pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado y en la página web tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda.
Señorías, convendrán en que en este supuesto el requisito constitucional habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que justificaron la aprobación del presente real decreto-ley, por el que se autorizó la concesión de garantías
derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, derivaba de la necesidad de asegurar que la entidad estuviera en condiciones de seguir cumpliendo todas sus obligaciones frente a
depositantes y acreedores. Este es el objeto y justificación de este real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que hoy les presento, y confío, señorías, en que con su voto apoyen el contenido recogido en el mismo y manifiesten una
decisión favorable a su convalidación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno.
Ningún grupo ha mostrado su disposición a utilizar el turno en contra. Por tanto, pasamos a la fijación de posición de los distintos grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora vicepresidenta segunda del Gobierno, se nos pide que apoyemos la convalidación del Real Decreto 4/2009, con el que el Gobierno avala la intervención del Banco de España en la Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha. Mi posición es negativa a darles este aval y voy a tratar de explicar los motivos fundamentales en esta breve intervención. A nuestro juicio, este decreto conculca la letra y el espíritu de la política de estabilización financiera adoptada
por España en concordancia con los demás países de la Unión Europea, singularmente con los de la zona del euro. Este es el objetivo fundamental, y si me convenciera de que no se conculca ese acuerdo europeo probablemente cambiaría de posición.
Para nosotros este es el elemento fundamental.
La nota informativa del Gobierno sobre la intervención del Banco de España señala -abro comillas- que la situación de su capital regulatorio aconseja buscar soluciones que garanticen su futuro. Eso es lo que dice el Gobierno. Sugiere, por
tanto, que la Caja de Castilla-La Mancha no cumple los requerimientos mínimos de capital regulatorio. Eso es lo que viene a decir, que no se cumplen los requerimientos mínimos de capital regulatorio, pero según la web del Fondo de adquisición
de activos financieros -la propia web del fondo- la Caja de Castilla-La Mancha ha obtenido 244.521.950 euros de ese fondo, lo cual es una enorme contradicción, y estarían ustedes incumpliendo las normas del fondo o diciendo lo contrario de
la realidad a la hora de avalar la actuación del Banco de España por los motivos que ustedes mismos aducen para avalar esa decisión. Yo le quiero preguntar: ¿advirtió el Banco de España a los gestores del Fondo de adquisición que la Caja de
Castilla-La Mancha no cumplía los requerimientos de capital regulatorio? ¿Lo sabía el Gobierno? ¿Lo sabían los gestores del fondo cuando le dieron esos más de 240 millones? Más allá de la semántica, señora vicepresidenta, ¿cómo es posible -lo
dicen ustedes en su nota informativa, y usted lo ha dicho de otra manera, pero lo ha dicho también aquí en la tribuna- que haya problemas en el capital regulatorio y solvencia en el patrimonio neto? Explíquenos lo del capital regulatorio y el
patrimonio neto y explíquenos las interconexiones entre ambos. ¿Cómo es posible que se produzca finalmente lo uno y lo otro a la vez? Usted sabe que es imposible, que pueden convivir inicialmente las dos situaciones, pero finalmente no, están
íntimamente interrelacionadas. Por último, ¿desde cuándo sabían ustedes lo que estaba ocurriendo y por qué no hicieron nada antes? Por lo menos advertir a los gestores del fondo de lo que ahí se estaba produciendo. ¿Desde cuándo lo sabían y por
qué no hicieron nada?
Si se convalidara sin más esta norma tal y como llega en este momento aquí, se avalaría la arbitrariedad con la que ha actuado el Gobierno al vincular su respaldo a los créditos que el Banco de España otorga a la Caja de Castilla-La Mancha
con los instrumentos de la política de estabilización financiera. Esta es, a mi juicio, la clave de bóveda y la cuestión. Si lo avalamos, lo que estaremos haciendo será avalar esta arbitrariedad que ha apoyado la intervención en la Caja con los
instrumentos de la política de estabilización financiera, que no estaban previstos para esto, como muy bien sabe la señora vicepresidenta. A este respecto quiero recordar además, a mayor abundamiento, que el Congreso de los Diputados aprobó
unánimemente el 24 de marzo una proposición no de ley de esta diputada, de Unión Progreso y Democracia, en la que se le señalaba al Gobierno que -abro comillas- en ningún caso las intervenciones del Estado, en el marco de las medidas de
estabilización financiera, deben sustituir a las que en su caso pudiera tener que adoptar el Banco de España para intervenir en entidades financieras. Más claro, agua. Es clarísimo, no solamente están vulnerando los criterios previos, los acuerdos
europeos, sino que vulneran el mandato expreso del 24 de marzo del Congreso de los Diputados, una proposición no de ley planteada por esta diputada y aprobada unánimemente que, insisto, le dice al Gobierno que, en ningún caso, las intervenciones del
Estado en el marco de las medidas de estabilización financiera deben sustituir a las que en su caso pudiera tener que adoptar el Banco de España. Se podrá decir, y se me dirá seguramente y está en el ambiente -usted lo ha dicho también en su
intervención-, que si este real decreto no se convalida en este trámite se puede plantear una situación de hecho muy delicada, lo sé, pues se visualizaría la incapacidad del Gobierno español para afrontar una eventual quiebra bancaria con los
consiguientes efectos negativos sobre la confianza internacional en el sistema financiero español, y no es menor esa reflexión. Se visualizaría, si el Congreso rechazara la convalidación de este real decreto, lo que es una realidad por otra parte,
y es que el Gobierno está mostrando su incapacidad para intervenir a tiempo y correctamente.
Déjeme que le haga una reflexión, señora vicepresidenta, por si acaso podemos coincidir al menos ligeramente en ella. ¿No cree usted que tampoco cabe despreciar la posibilidad de que esta medida arbitrada podría ser considerada como una
ayuda del Estado que, por estar prohibida, tendría que ser reintegrada al Tesoro dando así lugar a una situación aún más delicada que la anterior? ¿No cree que eso es un riesgo real que estamos corriendo, más grave todavía que el anterior? A mi
juicio, sí. Por otra parte, creo que resulta más que evidente que el marco institucional del sistema financiero español requiere de cambios urgentes para que se puedan abordar las crisis bancarias en condiciones de mayor eficacia y que para ello se
necesitaría algo que usted ni siquiera ha mencionado, una revisión radical de la legislación estatal y autonómica sobre las cajas de ahorro que la reconduzca hacia los fines sociales que inspiraron su creación e impida que sus órganos rectores,
políticos, partidarios en su mayor parte, se repartan entre los actores políticos, insisto.
Por todo ello, porque todo el proceso ha sido una chapuza, porque no solo no clarifica el futuro ni da más estabilidad, ni más garantía ni más seguridad, y también por sentido de la responsabilidad, naturalmente, anuncio, insisto una vez
más, que rechazaremos la convalidación de este real decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Hace tan solo unas semanas el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro llegó a decir: Si las cosas van mal podemos tener riesgo sistémico. Algo tan dramático que prefiero no comentarlo. Al mismo tiempo, la patronal
bancaria calificaba al sector financiero como un árbol sólido. Entre ambas declaraciones el Gobierno tuvo que aprobar la medida que hoy genera el debate que estamos realizando. En la cuneta quedó la frustrada operación de fusión con Unicaja y los
rifirrafes enfermizos -creo yo- entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, en los que
su presidente llegó a acusar incluso al Partido Popular de ser los culpables de la caída de depósitos al desprestigiarla. Más allá de estas disputas, lo cierto es que el Banco de España ha manifestado no estar de acuerdo con los criterios
contables de la entidad usados en su avance de resultados, que daban un beneficio anual de 30 millones de euros, ya que criterios más estrictos pudieran arrojar pérdidas por valor de 400.
Desconocemos cuál será el desenlace del conflicto en esta
caja porque ciertamente hasta llegar a una hipotética liquidación de la entidad hay otras alternativas a valorar, pero ahí queda también la reivindicación de los sindicatos: mantener el empleo y depurar todas las responsabilidades.
En ese sentido,
es sorprendente que el Banco de España haya ratificado a estas personas en los cargos; repito, es sorprendente.
La gestión de Caja de Castilla-La Mancha es un caso paradigmático del modelo de excesos que ha presidido buena parte del crecimiento económico de estos últimos años, patrocinado por el Partido Popular y en parte por el Partido Socialista;
no hablemos ya del diabólico proyecto inmobiliario de Seseña o del aeropuerto de Ciudad Real y la inversión de 350 millones de euros. Todo ello ha acaecido mientras el Banco de España ejercía sus funciones de regulación e inspección, quizás no
actuando a tiempo para evitar males mayores. Por si les interesa, queremos manifestar nuestra total oposición republicana a cualquier proceso que induzca a la creación de un escenario de privatizaciones; absorción, directa o indirecta, por parte
de los bancos y superación del límite del 5 por ciento de las cuotas participativas, que evidentemente están sujetas a generar derechos políticos. Las cajas siempre han sido un caramelo muy deseado por parte de los bancos; no sería deseable que
estos aprovecharan el momento actual para debilitarlas. Debe debatirse cuáles son las fórmulas más propicias para reforzar su solvencia, cierto; deben corregirse algunos excesos de injerencia política, cierto. En ese sentido, déjenme que les
recuerde las palabras del presidente de la CECA que alababa el funcionamiento de las cajas catalanas, abogando incluso por exportar su modelo a España, desde el punto de vista de los límites de los organismos públicos respecto de sus órganos de
Gobierno. No deja de ser preocupante la presión que se ejerce para que la fusión entre cajas de una misma comunidad autónoma no requiera la aprobación del Gobierno. Tampoco nos gusta oír estas voces que dicen que hipotéticas fusiones entre cajas
de ahorro de distintas comunidades autónomas solamente tendrían la necesidad de la competencia estatal. Todo ello no puede justificar -digo yo- esta marejada actual; a su vez, esta tempestad actual no debería ser motivo para justificar el intento
de reducción de las competencias de las comunidades autónomas en todo aquello relativo a las cajas de ahorro. No deberían caer en esta tentación, puesto que entendemos que ello sería un mal servicio al actual sistema financiero español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a respaldar este real decreto porque, en primer lugar, creemos que hay razones de urgencia en aprobar esta iniciativa -así como en otros casos la fórmula del real decreto no nos parece
adecuada, en este caso sí-, y, en segundo lugar, porque queremos respaldar la iniciativa primero del Banco de España y luego del Gobierno, para dar viabilidad a Caja de Castilla- La Mancha.
Nos parece imprescindible. Quiero plantear algunas
preguntas que nos parece necesario aclarar, porque se ha abierto un debate que va más allá de una entidad financiera en concreto. En relación con Caja de Castilla-La Mancha en primer lugar cabe preguntarse si nos encontramos solamente ante un
problema de liquidez -con lo cual estas medidas serían suficientes- o si estamos ante un problema que va más allá, es un problema patrimonial. En ese sentido, si fuera un problema patrimonial, entrarían en función las medidas previstas en el real
decreto y, por tanto, nosotros exigiríamos que eso fuese así. Por otra parte, en relación con esta situación de quebranto, nos parece necesario que haya una mayor transparencia con respecto a la gestión de Caja de Castilla-La Mancha. Es decir, si
ha habido, como se ha dicho en algún momento, errores de gestión, nos parece imprescindible que haya transparencia y que, por otra parte, se produzcan las responsabilidades que tengan lugar.
Nos parece importante. Así mismo, tenemos una duda en
relación con Caja de Castilla-La Mancha en cuanto al sistema financiero y por el informe de ayer del Fondo Monetario Internacional que pone en el punto de mira a varias entidades bancarias de nuestro país y, en concreto, a las cajas como principales
afectadas por el riesgo inmobiliario en España. Está claro que no solamente las entidades financieras tienen un riesgo derivado de la crisis financiera internacional y de los activos tóxicos sino que nosotros tenemos nuestros propios activos
tóxicos. Los activos tóxicos españoles son fundamentalmente el excesivo riesgo inmobiliario.
En ese sentido, la debilidad de algunas cajas puede ser importante; ahí nosotros plantearíamos la necesidad de un itinerario -algo así se ha hablado
desde el Gobierno- para saber qué hacer en relación con estas situaciones delicadas y que no se produzca la situación que hubo con Caja de Castilla-La Mancha: un debate público en torno a su situación, un proceso de fusión también accidentado,
finalmente la desconfianza de sus propios impositores y una medida extrema. Creemos que eso debería evitarse en otras situaciones similares. Por tanto, emplazamos al Gobierno a que tenga ese itinerario. Quiero hacer una reflexión general sobre
las cajas. Parece que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid se ha abierto la veda de las cajas como entidades que pueden ser -son
en nuestra opinión- necesarias en nuestro sistema financiero. En relación con Caja de Castilla-La Mancha, alguien ha considerado el momento de cuestionarse la politización de las cajas de ahorros, como si para una gestión profesional fuera
un problema la representación de los municipios o de las comunidades autónomas. Nos parece que no es así. Puede haber una representación de municipios y comunidades autónomas; puede haber un organismo, como una caja, que tiene un interés social y
puede haber, al mismo tiempo, una muy buena gestión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, no aceptaríamos -queremos también decírselo al Gobierno- una dinámica por la cual a partir de la situación de Caja de Castilla-La Mancha y
de una mala gestión se ponga en cuestión nuestro sistema de cajas de ahorros y se modifique la Ley básica de Cajas de Ahorros. En esta dinámica no estaríamos de acuerdo con que pagasen justos por pecadores, por tanto mostramos nuestra oposición a
una reducción de la representación pública en las cajas de ahorro, que es de lo que estamos hablando en vez de una mejora de su gestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados.
Señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, ¡vaya comienzo! Toma usted posesión la semana de Pasión y me temo que la pasión trasladada al ámbito de lo económico la va a acompañar a usted el resto de la
legislatura, y, lo que es más preocupante, la vamos a sufrir con gran intensidad la mayoría de los ciudadanos que observamos que actualmente el Gobierno carece de rumbo y liderazgo en materia económica; esa falta de rumbo y liderazgo se va a
concretar en un aumento considerable de los parados y en una intensificación de la crisis económica. Espero y deseo sinceramente que usted como vicepresidenta tenga la posibilidad de tomar las riendas del debate económico y de la política
económica, aunque comprenderá que visto lo visto hasta ahora sea un tanto escéptico al respecto.
Hoy vamos a convalidar en esta Cámara un real decreto-ley aprobado con urgencia un domingo por la tarde hace más de tres semanas sobre el que el Gobierno no ha dado ninguna explicación hasta el día de hoy. Por eso hablo, señora
vicepresidenta, de falta de rumbo y liderazgo además, si me lo permite y con todo el respeto, de falta de respeto parlamentario. Este real decreto-ley se aprobó con el fin de avalar a Caja de Castilla-La Mancha tal y como recomendó el Banco de
España dado que dicha caja se encontraba con problemas de liquidez y solvencia. El real decreto-ley habilita, como usted nos ha señalado, un aval a favor de Caja de Castilla-La Mancha por un importe de hasta 9.000 millones de euros, una cuantía a
todas luces significativa. El Gobierno no da ninguna explicación hasta prácticamente un mes más tarde, y ello porque necesita convalidar este real decreto-ley. El gobernador del Banco de España compareció días después, cuando los gestores del
banco habían asumido el control de la entidad tras haber sido destituidos los máximos responsables de la caja, encabezados por su presidente, el señor Hernández Moltó. El gobernador compareció pero, permítame que se lo diga, señora vicepresidenta,
como usted hoy; no desveló ninguna de las claves de la intervención. Nos vino a decir casi que no pasa nada, que la entidad intervenida era solvente, que los activos eran superiores a los pasivos y que el único problema que tenía la caja era de
liquidez. Hoy usted lo ha corroborado también y nos ha hablado de necesidades transitorias de liquidez de Caja de Castilla-La Mancha. Desgraciadamente nos hemos enterado por la prensa de que la caja había apostado en exceso por el mercado
inmobiliario, se había metido en inversiones de muy dudosa rentabilidad como el aeropuerto de Ciudad Real, la cartera de participaciones industriales era si no sorprendente al menos muy dudosa, etcétera, y la gestión de sus responsables había sido
por tanto nefasta.
Hoy seguimos sin saber por boca del Gobierno cuáles son los auténticos problemas de la entidad y los motivos de fondo por los que el Gobierno ha firmado en su favor un aval de 9.000 millones de euros. Además se nos ha dicho que
el aval es de 9.000 millones de euros pero que solo se han librado 3.000 millones de euros. Por otra parte, parece que 3.000 millones de euros era la cantidad que pedía Unicaja para hacerse con Caja de Castilla-La Mancha y el Banco de España en
aquel momento solo estaba dispuesto -también según la prensa- a dar 1.500 millones o estimaba al menos que el agujero de la entidad estaba en torno a los 1.500 millones de euros. En este sentido quiero preguntarle de qué estamos hablando, señora
vicepresidenta: ¿De un aval que se va a ejecutar casi con toda seguridad o de un aval que no va a tener más repercusiones económicas para el Gobierno? ¿Por qué importe: por 1.500 millones, por 3.000, por 9.000? ¿Cuánto le va a costar en
definitiva esta operación a los ciudadanos de sus impuestos? Ya no podemos decir que el sistema financiero español es sólido y que a nosotros no nos va a afectar la crisis financiera. Hay ya una entidad, la de Castilla-La Mancha, que ha requerido
de intervención pública. Ahora la cuestión es saber cuántas más van a venir, señora vicepresidenta.
Ayer mismo podíamos leer en la prensa -se refería a fuentes políticas- que había una lista de siete cajas de ahorro que al parecer estaban siendo especialmente vigiladas en este sentido por el Banco de España. Hemos oído en multitud de
ocasiones, por parte del Gobierno y también del Banco de España, que si la situación de crisis se intensifica y se prolonga van a caer más entidades, ya sean bancos o cajas; que una caída del PIB llevará aparejado un aumento del paro, y este
incidirá en la morosidad
aumentándola significativamente lo que a su vez incidirá negativamente en la solvencia y obligará a intervenir. Pues bien, señora vicepresidenta, el PIB va a caer este año con toda probabilidad en torno al 3 por ciento y el año que viene
también lo hará -ahí están las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional-; la tasa de paro va a subir muy previsiblemente al entorno del 20 por ciento a lo largo de los próximos meses y, por tanto, la morosidad y la solvencia se van a
ver necesariamente afectados. No es por tanto una hipótesis, sino algo que muy previsiblemente va a ocurrir. ¿Cómo va a actuar en este sentido, señora vicepresidenta? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta del Gobierno? El gobernador nos dijo que la
hoja de ruta era, en primer lugar, buscar una solución con esta entidad, en el caso de Castilla-La Mancha; en segundo lugar, acudir al Fondo de garantía de depósitos y tan solo como última solución intervenir. Yo creo que se quedó tan tranquilo
como quien descubre el Mediterráneo. Ahora bien, nos enteramos también por la prensa que la liquidación de la entidad es una hipótesis bastante plausible.
Desde el Grupo Vasco, señora vicepresidenta, le pedimos en este sentido mayor concreción e
implicación. Queremos conocer en detalle la hoja de ruta y aportar nuestras ideas al respecto. Si quieren nuestro compromiso en un futuro, con relación a una intervención en una entidad financiera, tenemos que saber cómo está abordando esta
cuestión el Gobierno. Por la prensa también nos hemos enterado de que, al parecer, de este tema el Gobierno está hablando con el Partido Popular. Nos parece muy bien que lo haga, pero nosotros también reclamamos información para participar en
estas cuestiones. La desinformación, como usted bien sabe, genera solo sospechas y fomenta la especulación. De ahí que también estemos profundamente preocupados por el supuesto borrador de proyecto de reforma de Ley de Cajas de Ahorro, de la que
también a través de la prensa nos hemos podido enterar. Curiosamente, insisto, es a través de la prensa y no del Gobierno como nos hemos enterado de esta cuestión. Sé, señora vicepresidenta, que usted está haciendo un esfuerzo -se lo agradezco-
para tener más informados sobre este aspecto a los grupos parlamentarios.
Es un borrador elaborado por el Banco de España, y que solo lo conocen, insisto, el Partido Popular y el Gobierno que, me imagino, incorporará las reflexiones que hizo al
respecto el gobernador en la citada comparecencia. Yo critico, señora vicepresidenta, y digo que esto no puede ser, que es una falta de respeto parlamentario. Espero que usted lo corrija y creo que así va a ser.
Sabemos que la política monetaria está en manos de la Reserva Federal Americana y en menor medida del Banco Central Europeo. También sabemos que la política económica ahora, tanto en su vertiente económico-social (pensiones, prestaciones)
como reguladora (Ley de Cajas), está al parecer en manos del gobernador del Banco de España. El Gobierno en este caso, permítame que le diga, haciendo zapaterismo, mirando para otro lado, dejando que pasen los días y actuando de forma airada e
improvisadamente cuando la situación se ha deteriorado hasta el extremo, que es lo mismo que hacer tancredismo político. Le dijimos al gobernador, y hoy se lo quiero repetir a usted señora vicepresidenta, que no tengan la tentación de aprovechar,
tal y como ha señalado también el representante de Izquierda Unida, que el Pisuerga pasa por Valladolid para reformar la Ley de Cajas. Los problemas son de las entidades financieras, bien sean bancos o cajas; no es un problema exclusivo de cajas
ni de la cuestión política. Además, de serlo, lo será de alguna caja mal gestionada, como en este caso de Castilla-La Mancha o de una caja que últimamente anda especialmente alborotada, como puede ser Caja Madrid. Mi caja, la de mis ahorros, la
BBK está magníficamente gestionada y funciona perfectamente.
Eviten, por tanto, los atajos para llevar a cabo reformas no consensuadas, que afecten a diferentes niveles políticos e institucionales, y si tienen intención infórmenos, pero no por la
prensa.
Por lo demás, somos conscientes de la importancia del sistema financiero en la economía y de su papel dinamizador y garante del crecimiento económico. Para ello, vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley, como
la mayoría de los grupos de esta Cámara, como lo hemos hecho siempre con una medida económica, con un proyecto o con un real decreto-ley que es necesario poner en marcha. Lo hacemos por responsabilidad, pero en el futuro, cuando piensen aprobar
estas iniciativas, procedan de otra forma si quieren nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda ante su primer Pleno como ministra de esta cartera, que la está estrenando en estos momentos, y
al mismo tiempo, aprovechando la presencia del señor Solbes, ex ministro de Economía y Hacienda, agradecerle su sensibilidad y cooperación con este grupo parlamentario a lo largo de tantos años. En primer lugar, quisiéramos manifestar que desde
Convergencia i Unió vamos a votar favorablemente el real decreto-ley por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, por una
serie de consideraciones a las que más adelante me referiré.
En la comparecencia del gobernador del Banco de España en la Comisión de Economía y Hacienda nuestro grupo ya se posicionó favorablemente ante esta intervención y manifestamos que no pondríamos ningún inconveniente para que se produjera la
convalidación de este real decreto. A raíz de tantas y tantas manifestaciones
que van surgiendo cada día en los medios de comunicación, le dije al gobernador del Banco de España en nombre de Convergencia i Unió que sería interesante que sus manifestaciones no se produjeran semanalmente. Él rápidamente ironizó en su
contestación en la réplica y dijo que solo comparecía ante los medios de comunicación cada dos meses, pero visto lo que está sucediendo últimamente no comparece cada dos meses sino que son dos veces por semana. Este tipo de manifestaciones, tanto
personales como mediáticas, no están haciendo ningún bien al sistema financiero español.
Ante la convalidación de este real decreto-ley quisiéramos dar un mensaje de seguridad y tranquilidad a todos los ahorradores españoles que han depositado su
confianza en el sistema financiero español. Por tanto, primer mensaje de Convergéncia i Unió ante esta convalidación de seguridad y de tranquilidad. Nosotros seguimos pensando, señora vicepresidenta segunda del Gobierno, que el sistema financiero
español goza de una buena salud, que el sistema financiero español es solvente.
Eso no quiere decir que no exista alguna entidad financiera que pueda tener dificultades como las tienen muchísimas empresas españolas, y que es seguro, porque así lo
han manifestado reiteradamente desde el Banco de España, el ex ministro Solbes -y creo recordar que la señora vicepresidenta también ha hecho alguna manifestación al respecto-, que el sistema financiero español necesita una reestructuración. Hay
que mantener la premisa primera y fundamental de que el sistema financiero español goza de una buena salud.
Respecto a la intervención del Banco de España de la entidad financiera de la Caja de Castilla-La Mancha vamos a decir hoy lo que manifestamos en la comparecencia del gobernador del Banco de España. Creemos sinceramente que, aparte de ser
acertada -y no vamos a entrar en el fondo de la cuestión porque lo manifestamos en su momento-, quizás en este caso se mareó la perdiz durante demasiados meses. Probablemente este hecho sin tomar decisiones concretas en los momentos oportunos
provocó lo que finalmente ha sido el detonante para que esta intervención se produjera.
Ante este mareo de la perdiz y manifestaciones y contra- manifestaciones de los diferentes consejeros y del Banco de España hubo una fuga de depósitos, por lo
que finalmente se tuvo que intervenir, ya que la viabilidad de la entidad financiera estaba puesta en cuestión. Las intervenciones han de producirse en el momento oportuno y la misión de los organismos reguladores, en este caso el Banco de España,
y también la del Gobierno son para intentar cortar por lo sano aquellos aspectos que tienden a la rumorología y que, finalmente, no dan ni tranquilidad ni confianza. Por lo tanto, es importante que los organismos reguladores, y también en este caso
el Gobierno, puedan anticiparse en el futuro a los acontecimientos. Cuando sea el momento oportuno, si se ha de intervenir en una entidad precisa -lo que no quiere decir que el sector esté contaminado sino todo lo contrario, el sector goza de buena
salud-, que se intervenga pero sin necesidad de que se produzcan meses y meses de declaraciones y contradeclaraciones que hacen que se deje de tener tranquilidad, creando ansiedad en los depositantes, y finalmente no queda más remedio que producir
la intervención cuando ya prácticamente la entidad está en una vía bastante muerta.
También sería interesante, señora vicepresidenta, que usted a partir del inicio de sus actividades como ministra de Economía y Hacienda ponga en marcha rápidamente, dentro de sus posibilidades y en el menor tiempo posible, esta hoja de ruta
que se aprobó con el consenso de todas las formaciones políticas para que todos sepamos cuál es la que va a seguir el Gobierno para abordar la reestructuración del sector financiero español. Se ha de intentar evitar al máximo realizar declaraciones
mediáticas, porque -repito- finalmente su resultado va en la dirección contraria a la que nosotros pretendemos, que es dar seguridad y tranquilidad a los ahorradores. También hay otra cuestión importantísima desde nuestro punto de vista. Esta
tranquilidad y este sosiego que necesita el sistema financiero español es muy importante también mediáticamente desde la óptica financiera internacional, porque determinadas informaciones periodísticas españolas cuando tienen su traslado a la óptica
internacional desde el punto de vista financiero puedan perjudicar la solvencia financiera y mediática de las instituciones financieras españolas.
A continuación también me gustaría aclarar, señora vicepresidenta, para que usted sepa cuál es la posición de Convergència i Unió, cuál es la posición de este grupo parlamentario en relación con aspectos que hacen referencia a la salud de
las entidades financieras y a otros que entendemos que son muy importantes. Partimos del hecho de que es básico y fundamental desligar la propiedad de las empresas del sector financiero porque en función de ella una entidad puede ir muy bien o
puede no ir tan bien. Entendemos que la propiedad es importante, pero lo fundamental, señor vicepresidenta, es la gestión. Actualmente hay entidades financieras españolas, como podrían ser los bancos, en las que la gestión ha sido extraordinaria y
están en el número uno de los ránquines de los sectores financieros mundiales; también hay entidades financieras, que son cajas, cuya propiedad no es privada y cuya gestión ha sido realmente espectacular. Por tanto, es importante desvincular la
propiedad de las compañías del sistema financiero español para no hacer valoraciones a priori de que, en función de si es de uno o es de otro, la entidad financiera puede ir bien o puede ir muy mal. Quizá cabría citar cuáles han sido los resultados
de gestiones privadas de entidades importantísimas, como Salomon Brothers o Bank of America, por poner algunos ejemplos.
En cuanto a los cambios de regulación, de los que últimamente hemos leído u oído en algunos medios de comunicación que probablemente el Gobierno, a instancias o a sugerencias del Banco de España, pudiera tener la tentación de realizarlos en
todos aquellos aspectos que hacen referencia a las cajas de ahorros, Convergència i
Unió va a estar radicalmente en contra -repito, radicalmente en contra-, señora vicepresidenta, de un cambio de normativa de las cajas de ahorros que lamine las competencias de las comunidades autónomas. Vamos a plantear una oposición muy
beligerante que no va a tener fronteras, va a ser una oposición sin límites. Por tanto, pienso sinceramente, señora vicepresidenta, que usted tiene que saber cuál va a ser la posición de Convergència i Unió.
Entendemos, y lo seguimos manteniendo, que hay un modelo de cajas de ahorro que no está contaminado por el modelo político y que está funcionando muy bien, y hay comunidades autónomas que pueden plantear ejemplos que van en esta dirección;
no tendría ningún sentido que se cambien la reglas del juego y se modifiquen los comportamientos de todos aquellos gestores que han realizado una gestión muy brillante. Desde esta perspectiva, entendemos que sería fatal -ya he dicho anteriormente
que en ese caso plantearíamos una oposición frontal y beligerante- que el regulador en vez de corregir todas aquellas conductas o gestiones desafortunadas planteara en el futuro mecanismos que desincentivaran las conductas o las gestiones virtuosas.
Creemos, señora vicepresidenta, que se trata de evitar que la mala gestión de algunas instituciones pueda contaminar a la globalidad de las mismas; por tanto, lo que hay que hacer es prevenir todas aquellas conductas inapropiadas y no modificar la
normativa, ya que en este caso no se puede hacer pagar a justos por pecadores. Desde Convergència i Unió entendemos que sería totalmente inadmisible que el resultados de los...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre; debe acabar.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy acabando, señor presidente.
Pensamos que sería totalmente inadmisible que los episodios de la mala gestión en algunas entidades financieras o las luchas políticas en otras dieran como resultado que hubiera que modificar la normativa de las cajas de ahorro. Repito,
señora vicepresidenta, que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no pasaría por esta cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Cristóbal Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, en todas las ocasiones en política lo importante es la claridad, especificar claramente cuáles son las posiciones políticas que se adoptan, que tienen todos los grupos políticos y que desde luego
tiene el Partido Popular. Por eso subo a la tribuna en la mañana de hoy para anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a lo que es, en definitiva, una solución, una salida a la Caja de Castilla-La Mancha, por una única razón: lo
que nos importa es el presente y el futuro de Caja de Castilla-La Mancha, lo que nos importa en este momento es clarificar el presente y el futuro para los depositantes de Caja de Castilla-La Mancha, lo que nos importa es la capacidad operativa de
Caja de Castilla-La Mancha en esta comunidad autónoma para favorecer los créditos y las inversiones para las empresas, para la pequeña y mediana empresa, para los autónomos y para las familias, y porque lo que nos importa en este momento son los
trabajadores de Caja de Castilla-La Mancha. (Aplausos.) Esa es realmente la posición del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular.
Dicho esto, subo a esta tribuna a continuación de la vicepresidenta, -que ha dicho que se estrenaba esta mañana; no, usted se estrenó ayer, señora vicepresidenta, en lo que es una sesión de control- para decirle, en primer lugar, que ha
despachado usted esta cuestión en siete minutos, que tiene usted una actitud de rechazo al Parlamento porque no compareció ante la Comisión de Economía, que estaba convocada el pasado martes por la mañana para que diera las explicaciones pertinentes
sobre en qué ha consistido la intervención de la Caja, cuál es el instrumento financiero que ha utilizado y, en definitiva, para ver las responsabilidades del Gobierno. Eso es lo que usted no ha aceptado. Y lo que quiero dejarle claro es que hoy
estamos ante esta cuestión por la responsabilidad del Gobierno socialista de España y por la responsabilidad del Gobierno socialista de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; por eso estamos hoy aquí, porque si el Gobierno de España no
hubiera negado la crisis, si el Gobierno de España hubiera reconocido las dificultades de nuestro sistema bancario y de nuestro sistema financiero no estaría protagonizando una intervención pública que es la más grave, en el grado más alto que se
puede producir, como es la remoción de un consejo de administración de una entidad financiera un domingo por la tarde, con un instrumento financiero, señora vicepresidenta, que es lo que se llama técnicamente ingeniería financiera y vulgarmente
chapuza. Que el Tesoro público, que el Estado, avale una línea de financiación del Banco de España, ya me contarán ustedes en que país del eurosistema se aplica.
¿Sabe lo que ocurre? Que cuando en cualquier país del eurosistema una entidad
bancaria tiene problemas el que da la cara con el dinero público es el Tesoro, es el Gobierno, pero aquí -no quiero ser peyorativo en el sentido de referirme a ningún territorio de España en esta circunstancia- estamos ante un Gobierno que no quiere
reconocer los problemas que tenemos delante y que tiene usted delante. Señora vicepresidenta, está usted en la mejor de sus sonrisas; se le ha pegado enseguida la sonrisa del presidente Zapatero para cubrir la falta de decisión, de intervención y
de anticipación de un Gobierno, pero lo que tendría que haber hecho este Gobierno es
haber programado ya una hoja de ruta para identificar cuáles son los problemas de nuestro mapa bancario, para clarificar cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para rescatar a entidades bancarias y para decirnos cuál es el futuro
de esas entidades bancarias que sean susceptibles de rescate. Nos lo dijo ayer el presidente de la CECA una vez más: hace falta un plan. Y no voy a reproducir ya sus palabras sobre a qué llama plan; no sé si es un plan de emergencia, un plan de
salvamento, un plan de rescate; a estas alturas ya me da igual, y a mi partido político y a mi grupo parlamentario menos que a mí. Lo que necesitamos es la actuación de un Gobierno, que les diga a los españoles la verdad de lo que está pasando,
que les diga exactamente qué va a hacer con nuestro sistema bancario porque si no restablecemos las cañerías de nuestro sistema bancario, no habrá crédito suficiente para que las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las familias puedan
hacer frente a esta crisis económica que es la más grave de la historia de España.
Señora vicepresidenta, le rogaría que volviera a hacer uso de esta tribuna para dar las explicaciones pertinentes, pero sé que no lo va a hacer; va a seguir en el mejor estilo de un Gobierno pegado a la silla, soportando la tormenta que le
está cayendo no a él sino a los españoles, que son los que realmente están sufriendo las consecuencias. Quiero insistir en un planteamiento que hoy es una obviedad: el caso de Caja de Castilla-La Mancha es el primero; van a venir más, no sabemos
cuántos pero es seguro que vienen en un número importante. Estamos ante una de las reconversiones económicas que es la reestructuración más importante de nuestro sistema financiero, estamos ante lo que tiene que ser una prioridad política pública
en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Ante ello, señora vicepresidenta, el Grupo Parlamentario Popular exige transparencia, control público de los recursos del Estado; en definitiva, un salvamiento de entidades financieras que no
tape a nadie, que no evite las responsabilidades de nadie, que los gestores que han actuado de forma incorrecta asuman esas responsabilidades pero que finalmente no paguen los de siempre, los trabajadores que pierden su puesto de trabajo, los
autónomos que no pueden seguir adelante porque no tienen crédito, que no sean las pequeñas y medianas empresas las que tengan que cerrar por falta de crédito. Eso es lo que estamos reclamando también en esta actuación y eso es lo que estamos
criticando del Gobierno de España. Ustedes no lo quieren ver. No sé cuántos domingos por la tarde se tienen que reunir, no sé cuántos domingos por la tarde le van a dar un susto a los españoles. Nosotros estábamos anticipándonos a esta situación
exigiéndoles que estuvieran ustedes en su sitio y que asumieran esa responsabilidad. Se lo dije ayer y se lo vuelvo a repetir hoy, señora vicepresidenta: tiene usted un mal bautizo parlamentario, un pésimo bautizo parlamentario. No hay que subir
a la tribuna del Congreso de los Diputados para leer el preámbulo, la exposición de motivos de un decreto-ley, sino para dar explicaciones públicas y políticas, señora vicepresidenta, y eso es lo que usted no ha hecho esta mañana sencillamente
porque no puede hacerlo. Se lo dije ayer. La lealtad, señoría, está en el compromiso con los ciudadanos; la lealtad significa verdad y transparencia. Este es el único camino para recuperar la confianza y para salir de la crisis económica que
tenemos en nuestro país. Claro que pedir lealtad, pedir verdad, pedir transparencia a un Gobierno cuyo presidente protagonizó ayer el acto parlamentario de la confusión y en definitiva del descrédito que vivimos en esta Cámara, quizá sea
demasiado.Señora vicepresidenta, no sé dónde está el presidente del Gobierno, él es leonés y es posible que esté en Babia, una excelente comarca de León, pero dígale usted que también en esa comarca de León hay problemas y crisis y que lo que
tenemos que hacer es afrontar esos problemas y esa crisis con la verdad por delante.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, mis primeras palabras tienen que ser de felicitación a la señora Salgado por su nombramiento. Quiero desearle el mayor de los éxitos posibles -en política es bueno
tener y encontrar buena suerte- y desde luego expresarle el apoyo de mi grupo parlamentario en un momento difícil y complicado de la situación económica que vive España y quizás muchos más países.
En segundo lugar, he de decir que mi grupo, como es lógico y natural, va a votar a favor de la convalidación del decreto-ley que nos ocupa en la mañana de hoy. Creemos que es una medida urgente y necesaria que va a permitir el mantenimiento
de un tejido del servicio financiero en una comunidad autónoma como la de Castilla-La Mancha. Esta institución, la Caja de Castilla-La Mancha, ha tropezado a lo largo de los últimos meses con una serie de problemas derivados de una inadecuada
gestión de riesgos muy concentrada en el sector inmobiliario y financiada en los mercados mayoristas internacionales. Asimismo, ha sufrido los avatares de un debate político mediático que ha surgido en la comparecencia del gobernador y ha surgido
en el día de hoy. Ha habido un grupo político importante en aquella comunidad que en lo que va de año ha realizado más de cien ruedas de prensa en aquella región dedicadas a poner de relieve los problemas de la Caja, hecho inaudito en la forma de
hacer política en el seno de la sociedad española. Por lo tanto, ha habido sobreactuaciones que han contribuido a un drenaje de recursos que a lo largo del último año se pueden evaluar en algo así como 2.000 millones de euros. Las autoridades
económicas y monetarias han actuado para estabilizar esta institución para evitar cuantos problemas de liquidez pudieran surgir,
dando una respuesta rápida que creemos que debería encontrar el apoyo de esta Cámara, con el mayor refrendo posible. Soy optimista después de las intervenciones de muchos grupos parlamentarios porque consideramos que este tipo de
comportamiento es el que esperan los agentes sociales de esa comunidad autónoma. Es el momento por lo tanto de la colaboración, de la cooperación y de que confiemos todos en el buen funcionamiento de nuestras instituciones.
Para acercarme un poco al tema que hoy nos ocupa quisiéramos poner de relieve dos hechos. En primer lugar, que se ha producido la sustitución de todos los administradores de esa entidad y que han sido reemplazados por tres profesionales que
se van a encargar a partir de ahora de la administración de la Caja. En segundo lugar, que el Gobierno proporciona a la Caja el aval del Estado, tal como requiere la normativa comunitaria, con un límite de 9.000 millones de euros. El aval no es
una inyección de capital público por esta cuantía de 9.000 millones de euros, ni es el reflejo de un desajuste patrimonial de esa magnitud. La Caja, como ha dicho la señora Salgado, tiene un patrimonio negativo/positivo y lo que necesitaba era una
financiación temporal que se le proporciona a través de este instrumento jurídico. Coincido con el señor Sánchez i Llibre y me alegra haberle oído decir que, después de la intervención que se ha realizado, los clientes, los proveedores, los
trabajadores y los agentes sociales de la comunidad autónoma pueden y deben estar tranquilos porque sus ahorros están garantizados y porque la Caja va a poder cumplir con todas sus obligaciones. Pero además el debate que hoy nos ocupa ha dado
origen a una serie de hechos que quisiera poner de relieve a la vista de las conversaciones que hemos mantenido con algunos grupos parlamentarios en estos días. CCM es una institución que incorpora, por su dimensión, un escaso riesgo sistémico, a
fin de cuentas representa solamente el 0,8 de los activos del sistema financiero español. Por lo tanto a la hora de acercarse a esta institución y a la hora de valorar este sistema financiero español tenemos que ser capaces de diferenciar lo que
hay de cualitativo y de cuantitativo. Anteayer, cuando el Fondo Monetario Internacional hacía una evaluación de la toxicidad del sistema en el conjunto, hablaba de 3 billones de euros en toda Europa, en Estados Unidos y en Japón, es decir, una
magnitud que sinceramente sobrecoge. Y ante esta situación creo que nosotros tenemos la obligación de ser rigurosos a la hora de analizar lo que está ocurriendo entre nosotros.
Decía Sánchez i Llibre y lo ha dicho algún otro portavoz, que tenemos
que acercarnos sosegadamente a la valoración de nuestro sistema financiero.
Creemos que sigue siendo uno de los más solventes del mundo; lo decimos sin sacar mucho pecho pero desde luego sin encogernos ante la actual situación. Y esa solidez del
sistema financiero español se pone de relieve por una serie de circunstancias que a mí no me cuesta ningún trabajo reconocer en este momento. Uno de los analistas del Washington Post, el señor Schumacher, decía en un medio de prensa español no hace
muchos días que la solidez financiera del sistema español tiene su origen en un conjunto de normas que fuimos capaces de hacer aprobar en los años ochenta. En aquel momento, audazmente, el Gobierno nacionalizó temporalmente los bancos, eliminó a
los accionistas y a los ejecutivos, aisló los activos tóxicos en un banco liquidativo y se deshizo cuanto antes pudo del mismo, trasladándolo a la iniciativa privada. Ese es uno de los procedimientos y de los mecanismos que estamos llevando a cabo
en este momento. La verdad es que el sistema mantiene una solidez importante, pero, como bien se ha dicho esta mañana, eso no es óbice para que pueda existir en alguna institución la necesidad de hacer algún ajuste fino. Esto se pone de relieve
por un hecho que hay que constatar, que España es una de las sociedades donde menos nos hemos gastado hasta el momento en esta situación. Por lo tanto, tenemos un sistema sólido, como he oído decir alguna vez al señor Azpiazu, pero también tenemos
un sistema que no es inmune y tenemos que ser capaces de hacer compatible la solidez y los avatares que puedan aparecer en alguna institución.
Con la señora Oramas, con el señor Jorquera, con el señor Herrera, con el señor Azpiazu y con el señor Sánchez i Llibre he tenido la oportunidad de discutir a lo largo de los últimos días esta situación. Nosotros hemos aguantado bien los
envites y realmente tenemos que decir, al menos desde el Grupo Parlamentario Socialista, que esa capacidad para aguantar los envites nos ha permitido situarnos en una mejor posición. Alguien me va a decir que me ajusto demasiado a aquella
expresión, lejana en el tiempo, de San Agustín cuando decía: Cuando me comparo, me exalto, y cuando me examino, me atribulo. En este momento soy capaz de decir en honor a la verdad que no hay ninguna exageración cuando uno defiende la solidez del
sistema financiero español, y lo acaba de decir el FMI hace unos días. En Europa, el Estado que ha dedicado más recursos a sostener su sistema financiero es Irlanda con el 14 por ciento. Todo el tipo de medidas que se han podido llevar a cabo han
pesado el 14 por ciento del PIB, y le siguen los Estados Unidos y Gran Bretaña con el 13 y el 12 por ciento. En España cuesta trabajo llegar a medir apoyos generales que pesen más del 3,5 por ciento. Por lo tanto, en realidad nosotros podíamos
estar en una situación peor en una crisis, en esa gran recesión de la que se habla ahora si no se hubiera tenido la sagacidad, el interés y la actuación pública por parte del Gobierno de España.
Si sigo con la idea de San Agustín, tengo que decir que a mí la derecha no me atribula y que en modo alguno me preocupa en ese sentido. La verdad es que a mí la derecha española me estimula. Todos somos conscientes de que el señor Rajoy
cree que tiene una gran oportunidad para recuperar el poder y ha puesto al frente del estado mayor de su partido para recuperar el poder al señor Montoro. Cuando uno pone al señor Montoro, a don Cristóbal, al frente de una tarea como la que tiene
enfrente, uno tiene razones para estimularse, porque se
debate siempre entre lo que le dicen que diga -le han dicho que diga que quiere garantizar la Caja- y le han aplaudido, pero luego a lo largo de los últimos meses ha estado diciendo las cosas que figuran en el 'Diario de Sesiones', que el
sistema financiero español está al borde de la crisis.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Marugán, debe ir acabando.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, termino de verdad.
Además, es incapaz de valorar la alarma y la incertidumbre que ante muchos ciudadanos crean este tipo de intervenciones, a las cuales el señor Montoro nos tiene acostumbrados.
Señorías, es el momento de que nos planteemos considerar un problema que no adquiere entre nosotros la magnitud que adquiere en otros lados, porque el Gobierno de España lo ha orientado de una manera muy eficaz y desde luego exige la
colaboración, la cooperación y el buen crédito por parte de todos para poder generar en las próximas semanas un mayor clima de confianza.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
- REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000013.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Para exponer las razones que han
obligado a la promulgación del decreto tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señor presidente, señoras y señores diputados, tengo el honor de comparecer en esta sesión del Pleno del Congreso para presentar el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, por el que se
aprueba un conjunto de medidas en materia concursal, así como en materia tributaria y financiera, que a continuación detallaré. La aprobación del presente real decreto-ley por el Consejo de Ministros responde a la necesidad de adoptar medidas de
naturaleza legislativa para hacer frente a la situación económica actual.
El agravamiento de la crisis ha determinado que la economía española tenga que hacer frente a los retos de una coyuntura adversa de carácter global y nacional en el contexto
de una difícil situación financiera internacional. En este contexto, el Gobierno ha venido adoptando un conjunto de medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis para las familias y las empresas y ha puesto en marcha reformas estructurales
que contribuyen a impulsar la capacidad de crecimiento y recuperación de nuestra economía y de nuestras empresas. Las medidas recogidas en el presente decreto-ley, de naturaleza tributaria unas, financiera otras y relativas a la normativa concursal
la mayoría, modifican normas que inciden directamente sobre la actividad empresarial y que pretenden fortalecer la competitividad de nuestro modelo productivo. Algunas de estas medidas acogen iniciativas promovidas por esta Cámara, por los grupos
parlamentarios, y en particular por el Grupo Parlamentario Vasco y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El Gobierno agradece ese esfuerzo compartido en la búsqueda de soluciones a los problemas que hoy viven los ciudadanos y
las empresas.
Señorías, una parte relevante de este decreto-ley que les presento tiene por objeto, como les decía, la reforma de la Ley Concursal. Con ella se persigue un triple objetivo: en primer lugar, dar respuesta a los problemas actuales de
refinanciación de las empresas mediante la incorporación de mecanismos de prevención de la insolvencia; en segundo lugar, reducir los costes del proceso concursal y, en tercer lugar, ganar agilidad reduciendo trámites y acortando la duración del
proceso. Además, y como elemento complementario, se ha considerado necesario recoger ciertas reglas aclaratorias de algunos de los supuestos más conflictivos en la práctica forense, con el fin de mejorar la eficacia de la regulación hoy existente.
La Ley Concursal aprobada en el año 2003 supuso un notable avance, superando una regulación entonces dispersa y arcaica que había sido objeto de severas críticas, pero aquella ley se elaboró en un contexto económico bien distinto del actual, por lo
que era necesario y urgente acondicionarla a la nueva realidad en la que tienen que actuar nuestras empresas. A lo largo de los últimos meses se ha producido un inesperado pero significativo aumento de los procedimientos concursales, con el
consiguiente incremento de la carga de trabajo de los juzgados de lo Mercantil, el alargamiento temporal de los procesos y la necesidad de adoptar medidas inmediatas con el fin de facilitar la viabilidad de las empresas y garantizar el derecho de
los acreedores.
El decreto-ley que les presento responde a esa situación de necesidad y contiene soluciones eficaces. Un primer grupo de medidas tiene por objeto estimular las operaciones de refinanciación en beneficio de las empresas viables que, sin
embargo, pese a esa viabilidad, están pasando dificultades. Hasta ahora, muchas empresas con posibilidades de reflotamiento veían dificultado su acceso al crédito por el riesgo de que los acuerdos con las entidades refinanciadoras pudieran ser
rescindidos si finalmente se iniciaba un concurso. Pues bien, para solucionar este problema se establecen una serie de determinaciones normativas dirigidas a facilitar los acuerdos de refinanciación. En concreto se limita el
carácter rescindible de las operaciones derivadas de esos acuerdos y se restringe igualmente la legitimación para impugnarlos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Esta suerte de escudo protector de los
acuerdos de refinanciación tiene ciertamente contrapartidas: en primer lugar, la exigencia de que vayan acompañados de un plan de viabilidad a corto y medio plazo; en segundo lugar, que sean suscritos por una mayoría cualificada de los acreedores;
en tercer lugar, que se formalicen en escritura pública y, por último, que estén avalados por el informe técnico de un experto independiente. Con esta regulación de los acuerdos de refinanciación se persigue que muchas empresas viables puedan
adquirir capacidad para generar solvencia y eviten así el inicio del procedimiento concursal. Era una medida, señorías, imprescindible y necesaria. Se trata, por tanto, de una medida muy positiva para la continuidad de todas aquellas empresas cuyo
problema no es la viabilidad de su proyecto empresarial sino la solvencia.
Un segundo conjunto de medidas contempladas también en esta reforma se destina a conseguir una tramitación mucho más ágil de los procedimientos concursales. Con el fin de ahorrar trámites posteriores, se potencia fundamentalmente la
suscripción de convenios anticipados. De este modo se facilita que las empresas que vayan al concurso hayan tenido la oportunidad de consensuar con sus principales acreedores un futuro convenio que impida la liquidación. Los deudores que
comuniquen al juez su voluntad de negociar una propuesta de convenio anticipado contarán con un aplazamiento de tres meses del deber de declarar el concurso, un tiempo que estimamos más que razonable para llegar a acuerdos con los acreedores.
Además, para facilitar que esos acuerdos concluyan con éxito se permite y se suprimen, a su vez, prohibiciones injustificadas de convenir, se rebaja significativamente el porcentaje de adhesiones necesarias para las propuestas de convenio y se
facilita su aprobación por la mayoría del pasivo en determinados supuestos especificados por la ley. Asimismo, se introduce la posibilidad de liquidación anticipada para evitar los casos en que el coste del procedimiento agota o reduce muy
significativamente la masa disponible para integrar igualmente cuando se trata en todo caso de empresas llamadas a su liquidación. La solución adoptada agiliza la liquidación de la empresa cuando su situación económica pone de manifiesto que este
es el fin razonable del proceso, evitando así una mayor pérdida, una mayor reducción de su valor. En esta misma línea de agilización, se han ampliado los supuestos de aplicación del procedimiento abreviado previsto en la ley, al elevar de uno a 10
millones de euros el límite del pasivo, y se amplifica también y se amplía el procedimiento al hacer prescindibles ciertos trámites, como la celebración de la vista, el informe de la administración económica competente o la celebración de la junta
de acreedores en determinados macroconcursos, permitiendo que en estos casos la tramitación se realice enteramente por escrito.
El tercer objetivo perseguido mediante la reforma es la racionalización de los costes en el procedimiento. Se ha revisado la fórmula de retribución de los administradores concursales y se asegura además -algo que parecía imprescindible- una
retribución mínima garantizada por la ley a los administradores de aquellas empresas concursadas sin suficientes fondos.
Se ha introducido además un innovador sistema de publicidad simplificada y telemática con el fin de ahorrar costes a operadores
y usuarios. En concreto, se establece la publicación urgente y gratuita de extractos de las resoluciones judiciales en el Boletín Oficial del Estado, se eliminan requisitos de publicación en periódicos y se prevé la creación de un registro público
concursal que además será de acceso gratuito a través de Internet.
Finalmente, tal y como expuse al inicio de mi exposición, se han clarificado determinados problemas interpretativos generados en la práctica forense y que reclamaban una unificación urgente. Se trata, en suma, de reglas aclaratorias en
materia de reconocimiento de créditos de derecho público, de calificación de créditos garantizados con fianza o créditos de subordinación de determinados tipos de crédito. En esta misma línea de clarificación y ajuste de nuestra legislación
concursal a la realidad que a diario están viviendo nuestras empresas y sus trabajadores, se ha precisado el momento a partir del cual el juez que atribuye el concurso debe conocer también las peticiones de modificación sustancial de las condiciones
de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales.
Señorías, con este decreto-ley el Gobierno ha adoptado las reformas de la Ley Concursal más eficaces para responder de forma inmediata a las necesidades de nuestras empresas y de sus trabajadores en el momento actual. La experiencia habida
en estos años aconseja además iniciar un proceso de reflexión para abordar una reforma de la Ley Concursal de mayor calado y alcance. En este sentido, quiero anunciarles que encomendaremos a la Comisión General de Codificación la elaboración de una
propuesta de actualización integral de la Ley Concursal que aborde, entre otros temas, las condiciones de apertura del concurso voluntario necesario, la posición de los trabajadores en el procedimiento, las especialidades procedimentales para
atender a los casos de sobreendeudamiento de los consumidores y de las familias, o la coordinación de las acciones de responsabilidad contra los administradores de sociedades concursales. Todo ello será objeto de estudio, y espero poder traer
pronto a esta Cámara un proyecto de ley con esta reforma integral que será debatido y espero que pueda alcanzar -como en su día lo hizo la ley del año 2003- el consenso mayoritario de todos los grupos parlamentarios.
Como les decía, señorías, el decreto-ley también contiene una serie de relevantes medidas de orden financiero y tributario. Así, se ha reducido el tipo de interés legal del dinero y el de demora a efectos tributarios, que pasan,
respectivamente, del 5,5 y 7 por ciento al 4 y 5 por ciento. Esta medida, pedida por diversos grupos parlamentarios en este hemiciclo, responde a la necesidad de adecuar los tipos a la situación económica, teniendo en cuenta específicamente
que la actuación coordinada de los Estados y de los bancos centrales ha contribuido a producir una bajada muy sensible y muy significativa del interés del dinero. Quiero recordar aquí que esta es una materia por la que ya se había mostrado una
especial preocupación en esta Cámara, singularmente por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también por el Grupo Vasco, y a tenor de esas iniciativas las hemos evaluado y las hemos incorporado al decreto- ley.
Asimismo, en el
decreto-ley se introducen modificaciones en la legislación tributaria para mantener con carácter indefinido la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, cuya desaparición a partir del 1 de enero de 2012, como
les consta a SS.SS., se había establecido en la reforma fiscal operada en el año 2006.
En el convencimiento de que la I+D+i va a ser una de las principales palancas de revitalización de nuestra economía, hemos apreciado la necesidad de dotar a las
empresas de un marco jurídico estable que permita una adecuada planificación y programación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica a medio y largo plazo.
Por otro lado, se abordan modificaciones puntuales de
naturaleza financiera, como la habilitación al Consorcio de Compensación de Seguros para que pueda desarrollar actividades de reaseguro del crédito y la caución ante las dificultades aparecidas en el mercado internacional de reaseguros.
Finalmente, la necesidad de completar las medidas puestas ya en funcionamiento y que fueron recogidas en el Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el plan de acción
concertada en los países de la zona euro, el decreto-ley ha determinado la modificación de algunos aspectos recogidos en el mismo. En concreto, la experiencia de los mercados interndacionales ha planteado la necesidad de que se prevea que el Estado
abone un interés de demora para el supuesto de que sea necesario ejecutar los avales otorgados al amparo del citado decreto-ley. Desde el punto de vista de la eficacia de las medidas adoptadas, es necesario que estas emisiones, al contar con el
aval del Estado, sean calificadas por las diferentes agencias de rating con la misma calificación de que goza el Reino de España en los mercados financieros internacionales.
Señorías, este es en esencia el contenido del decreto-ley que hoy les presento, una norma de gran importancia para paliar los efectos de la crisis sobre la actividad empresarial y promover las condiciones necesarias para que nuestras
empresas recuperen su vigor. Por ello espero que con su voto se pronuncien a favor de su convalidación.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.
Ningún grupo ha mostrado su disposición a utilizar el turno en contra de la convalidación de este real decreto, por lo que pasamos al turno de fijación de posiciones, y tiene para ello en primer lugar la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, intervengo muy brevemente desde el escaño para anunciar mi voto. Yo comparto la opinión del ministro en relación con la necesidad de abordar este debate y modificar esta legislación, y tanto la comparto que mi
partido tiene pendiente de debate en la Cámara una proposición no de ley que aborda la mayor parte de las cuestiones que aquí se han mencionado y alguna más que ha quedado fuera de este real decreto. Pero es que, señor ministro, este Gobierno ha
tomado demasiada querencia a gobernar... Siento que el ministro no me esté escuchando, pero, bueno, son las cosas de este Gobierno. Decía que el Gobierno ha cogido excesiva querencia a gobernar por real decreto, que ha convertido en norma lo que
debe ser excepción y continuamente no nos da más opción que la de estar a favor o en contra globalmente. Además, en este real decreto en concreto creo que el Gobierno ha ido demasiado lejos, ha propuesto un real decreto de modificación en el que no
solamente aborda la Ley Concursal sino también la modificación de muchas leyes y muchos reales decretos, desde la Ley 2/2008 hasta la Ley 35/2006, por citar solo algunas; el texto refundido de la Ley 4/2004, de 5 de marzo; el Real-decreto 7/2008.
Insisto, por citar solo algunas. No solo le cogen gusto a gobernar por real decreto sino que ya regulan por real decreto la modificación de un montón de leyes que, sin duda alguna, sería muy interesante y muy necesario que trajéramos a esta Cámara
y las debatiéramos en ella, porque la verdad nunca está solo en una parte. Yo creo que el debate, aparte de ser una obligación democrática, siempre es muy positivo y siempre se incorporan cosas necesarias y positivas.
Insisto en que en este caso,
además de la querencia demostrada por hacer norma la excepción, o sea gobernar por real decreto, se han puesto a modificar leyes y decretos y se les ha ido la mano demasiado lejos. Por tanto, mi posición va a ser contraria a la convalidación de
este real decreto. No sé si algún grupo lo planteará, pero yo votaría favorablemente que se tramitara como ley, porque es verdad que hay que abordar esta cuestión, pero creo que hay que abordarla, nunca mejor dicho, con el concurso de todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar la posición en sentido positivo de nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con el Real Decreto de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, y lo vamos a votar favorablemente
por las siguientes razones. Desde nuestro punto de vista, las modificaciones contempladas en materia tributaria y financiera, algunas sobrepasando el ámbito meramente técnico, no suponen modificaciones de entidad, siendo además congruentes con los
cambios necesarios acordes al contexto económico. Así, en la evolución de los tipos de interés de mercado condiciona la evolución del tipo de interés oficial y el tipo de mora, lo que a nuestro entender justifica la decisión adoptada. En cuanto a
la supresión del limite temporal para las deducciones en algunas inversiones en I+D en el impuesto de sociedades, se trata de una mejora fiscal para las empresas que ha demandado en varias ocasiones el BNG puesto que a pesar de no defender un modelo
de impuesto de sociedades plagado de supuestos para deducciones, sí consideramos necesario reforzar la deducción por inversiones en I+D.
Asimismo, las modificaciones en materia financiera son acordes a las dificultades concretas que supone la actual
situación económica y tienen como fin último incrementar la eficacia de determinadas medidas ya adoptadas o de organismos existentes, como el Consorcio de Compensación de Seguros. Respecto a las medidas relativas a la Ley Concursal, las de carácter
más técnico incrementarán la eficacia y rapidez del proceso, mientras que las más políticas apuntan a una orientación más correcta.
Por tanto, como hemos dicho al principio, teniendo en cuenta la inmediatez con la que es necesario aplicar estas
medidas y que las modificaciones propuestas apenas contienen modificaciones de calado político, vamos a apoyar este real decreto sin solicitar su consideración como proyecto de ley, aunque, señor ministro, estamos a la espera de que lo antes posible
ese proyecto de ley que usted acaba de anunciarnos llegue a esta Cámara y podamos profundizar en aquellas cuestiones que el real decreto trata.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Para Esquerra Republicana, para los republicanos, la aprobación de la Ley 22/2003, Concursal, fue en términos generales positiva e introdujo modificaciones significativas, como una más pronta, eficaz y económica resolución de las situaciones
excepcionales a las que se ven abocadas, por desgracia, demasiadas empresas. Positiva, pues, incluso como la concentración en un mismo órgano judicial de las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación con el patrimonio del
concursado. En comparación con la situación anterior, hoy las resoluciones son dictadas con mayor celeridad, mayor coherencia, en definitiva, con mayor seguridad jurídica, que no es poco, más allá de otros beneficios tendentes a aumentar las
posibilidades de acuerdo entre acreedores al implementar medidas más transparentes en lo relativo a la reestructuración, reflotamiento y, si es preciso, liquidación de un negocio. Del mismo modo, cambios como el relativo a la estabilidad de los
incentivos fiscales, actividades de I+D+i y otros contenidos del texto que estamos llamados a convalidar hoy consideramos que van en el buen camino, pues fomentan la continuidad empresarial, que es lo que debe preocuparnos a todos. Otros avances,
como la implementación del procedimiento de la simplificación de la publicidad y la liquidación anticipada, merecen también especial mención. Lamentablemente, la urgencia con la que se ha tramitado este real decreto debido al contexto económico que
vivimos quizá sea la causa de que no se hayan llevado a cabo mayores reformas o una reforma de mayor calado. Preceptos como los relativos a la retribución de la administración concursal o la modificación de los honorarios de otros profesionales
implicados en la resolución de este tipo de conflictos, a la reintegración de la masa y los acuerdos de refinanciación, precisan, a nuestro entender, un debate más pausado. Especialmente quería subrayar la modificación del artículo 190, relativo al
procedimiento abreviado, pues pese a haberse incrementado el número de personas que pueden acogerse a este proceso simplificado, creemos que no se han valorado algunas variables vinculadas a la organización, financiación y volumen de gestión a los
cuales deberá hacer frente la administración concursal a partir de la aprobación de este real decreto. Algunos de ellos están contenidos en una proposición no de ley también presentada por nuestro grupo parlamentario en el registro que todavía no
se ha debatido, razón por la cual nosotros entendíamos que valía la pena solicitar que este real decreto fuera tramitado por ley una vez convalidado con nuestro voto favorable. De hecho, renunciamos a solicitar esta tramitación por ley atendiendo
al compromiso adquirido por el ministro hace unos instantes en esta misma Cámara al debatir el punto que estamos discutiendo.
Entendemos que el actual contexto económico comporta una presión que exige celeridad. Sin embargo, repito, desde diversos agentes sociales, distintos colectivos profesionales nos han hecho llegar una serie de sugerencias, propuestas,
iniciativas, producto de la realidad inmediata de ámbitos profesionales tanto del mundo de la economía como del mundo de la judicatura, que creo que deben incorporarse a fin y efecto de enriquecer el corpus jurídico y poder encarar todo aquello que
requieren la gravedad del momento económico en que vivimos y su afectación en el mundo empresarial.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, fijamos posición sobre una serie de medidas urgentes tributarias, financieras y concursales que si bien en su mayoría nos satisfacen, alguna de ellas es, como en una macedonia de frutas, fruta de bote. En relación con la reducción
del interés legal del dinero hasta el 4 por ciento para el año 2009 y hasta el 5 por ciento en lo que se refiere al interés de demora -hoy es del 5,5 y del 7 por ciento respectivamente-, es una medida positiva que habíamos demandado y que
respaldaremos. Por otra parte, se da estabilidad a los incentivos fiscales, a las actividades de I+D+i, manteniendo las deducciones en el impuesto de sociedades. La Cámara, a través también de nuestro grupo parlamentario, ya se había pronunciado
favorablemente sobre este particular. Por tanto, también respaldaremos esta iniciativa. Además, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que pueda desarrollar actividades de reaseguro del crédito y la caución, prevención de riesgos
empresariales y recobro de impagados, y se prevé el abono por parte del Estado de un interés de demora en el caso de que sea necesario.
Son medidas también necesarias y razonables considerando la situación de los mercados financieros y la situación
de excepción por la que atraviesan.
Hay otra cuestión en la que consideramos que se dan un paso adelante y dos pasos atrás. Nos referimos a la Ley Concursal, una ley que vio la luz con un elevando consenso, pero que, según el Gobierno, cuando la crisis financiera
internacional se ha trasladado a las empresas se ha comprobado la inadecuación de alguna de sus previsiones. Se supone que las modificaciones pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no
hagan ineludible una situación de insolvencia, agilizar los trámites procesales, reducir los costos de tramitación y mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean afectadas por procedimientos colectivos. En
esta materia hay acuerdo por parte de las organizaciones sindicales, y nosotros por tanto también lo tenemos, si bien siguen reclamando más reformas de la Ley Concursal, como el reconocimiento de la legitimación de los sindicatos para intervenir en
el concurso, la presencia de un representante de los trabajadores en la administración concursal, devolver las competencias declarativas en los procedimientos colectivos a la autoridad laboral o a los juzgados de lo social, soluciones en cuanto a la
responsabilidad de grupos de empresas o empresas aparentes y recuperar la ejecución separada de los créditos laborales. Sin embargo, señorías, el problema es otro y puede ser grave en la siguiente materia. Voy a la fruta de bote que decía antes.
Señorías, en el apartado 3 del artículo 8 se introduce una nueva disposición adicional cuarta en la Ley Concursal que puede producir serias distorsiones y discriminaciones. Se pretende excluir a los acuerdos de refinanciación, como los que han
tenido lugar con las grandes inmobiliarias -Martinsa, por ejemplo- de las acciones que puedan ser anuladas durante el concurso de acreedores para dar, cito textualmente, mayor seguridad a las entidades financieras. Con lo que regula esta
disposición puede ocurrir que en un plan de refinanciación el resultado sea que el deudor, por ejemplo una constructora, tenga hipotecados o pignorados la totalidad de sus bienes. Si se declara en concurso, con la ejecución de estas garantías no
quedará ningún bien libre para pagar a los demás acreedores, por lo que el concurso terminará sin liquidación y los trabajadores solo tendrán el Fogasa. Además, los otros acreedores no podrán impugnar el acuerdo de refinanciación porque esto solo
puede hacerlo la administración concursal. Con ello se otorga, en nuestra opinión, un privilegio excesivo e injustificado al sector bancario. Aún más, el acuerdo de refinanciación puede salir adelante con el voto de acreedores con privilegio
especial -los bancos y cajas con garantía real- o subordinados -las empresas del mismo grupo- que carecen de voto para aprobar el convenio del concurso. En definitiva, los perjudicados son los acreedores ordinarios, los acreedores con privilegio
general y los subordinados que no son parte en el mismo grupo. En este sentido, este aspecto parcial nos parece un paso atrás y no podremos apoyarlo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados, señor ministro de Justicia, otra convalidación de un real decreto, el segundo en esta misma sesión. El Gobierno, a nuestro juicio, se está acostumbrando a
legislar mediante este procedimiento excepcional, haciendo excepción lo común y tratando de evitar el debate y la confrontación parlamentaria. Esta, sinceramente, no nos parece la mejor manera. De hecho, nos parece francamente mal. No quiero
decir que no haya algunos motivos que justifiquen la urgencia de ciertas medidas, incluso algunas de las contempladas en este real decreto, pero de ahí a traer un cajón de sastre, un popurrí de medidas heterogéneas metidas formal y forzadamente en
un real decreto va un trecho. Además, muchas de las medidas cobran vigencia por la inacción previa del Gobierno, que no ha sido capaz de anticiparse y adoptar las decisiones cuando la situación lo requería. Así, por ejemplo, no entendemos cómo no
se ha modificado antes el tipo de interés legal del dinero y el tipo de interés de demora. Que estos estuvieran fijados por ley para el año 2009 en el 5,5 por ciento y en el 7 por ciento respectivamente era algo realmente difícil de entender en un
momento económico
como el actual, en el que por un lado los tipos de interés han ido disminuyendo paulatinamente y de manera considerable -por ejemplo, el tipo fijado por el Banco Central Europeo está en el 1,25- y por otro se desea que las empresas y
familias dispongan de la liquidez que en muchos casos el sistema financiero les niega, y para lo que también hemos adoptado diferentes acuerdos en esta Cámara. Los tipos de interés legal del dinero y de demora en vigor en estos momentos han quedado
en unos niveles excesivamente altos para la realidad de los mercados financieros según están contemplados en los presupuestos del año 2009.
La actual situación de crisis económica se caracteriza por una importante contracción del crédito que las entidades financieras están poniendo a disposición de los ciudadanos y de las empresas, con las consiguientes tensiones sobre la
financiación de todos ellos y en especial con problemas particularmente graves en los flujos de tesorería de los mismos. Según los datos que se van conociendo derivados de la gestión de las administraciones tributarias, ha aumentado el número de
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de las diferentes deudas tributarias, en conexión precisamente con las dificultades que el acceso a la financiación está provocando para la tesorería de las empresas y los particulares. En estos
momentos de crisis económica, en los que ya se ha certificado que la economía ha entrado en profunda recesión, la exigencia de unos tipos de interés como los establecidos en la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, que trae causa de la Ley 24/1984, de 29 de junio, se manifiesta de todo punto injustificada, muy alejada de la realidad y de la racionalidad económicas y absolutamente incoherente con
las medidas de apoyo y reactivación financiera que están realizando las diferentes administraciones. Estos eran básicamente los argumentos que nuestro grupo parlamentario planteaba cuando presentamos a la Mesa de la Cámara la proposición de ley con
el fin precisamente de modificar ambos tipos de interés, el legal y el de demora. Nuestro planteamiento, señor ministro, era reducirlos al 3 y al 3,75 por ciento respectivamente, frente al 4 y al 5 por ciento que propone el Gobierno. Nos parecen
más adecuados los tipos propuestos por nuestro grupo dada la realidad económica; en todo caso, votaremos a favor de la medida, porque esto era lo que pretendía nuestro grupo parlamentario.
De igual manera, nuestro grupo ha apoyado cuantas iniciativas se han planteado en esta Cámara con la intención de impulsar la actividad de I+D+i de las empresas, entre ellas la de suprimir el límite temporal de deducibilidad de las
inversiones de I+D+i. Lo que no entendíamos era por qué antes no se nos hizo caso a los que defendíamos esas medidas. Si entendemos que el mejor modelo de crecimiento de la economía tiene que contener una parte significativa de innovación, de
investigación y desarrollo, las políticas tendentes a fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación han de ser absolutamente prioritarias. Nuestro grupo parlamentario, así como el Gobierno vasco, han sido firmes defensores de esta
política, tal y como pueden comprobar SS.SS. si analizan las propuestas y las políticas desplegadas por el Gobierno vasco durante los últimos años, de la misma manera que si analizan los contenidos de los acuerdos presupuestarios alcanzados entre
el Grupo Socialista y el Grupo Vasco a lo largo de estos últimos años. No sé lo que pasará con el Gobierno vasco en el futuro, lo que quiero poner de manifiesto es lo que ha venido haciendo hasta ahora en una materia tan importante para el
crecimiento económico futuro.
En cuanto a los cambios referentes a la Ley concursal, que van en la línea de simplificar trámites, abaratar costes en el procedimiento, de considerar inatacables, vía acciones de la integración, las hipotecas formalizadas para garantizar
deudas con la Hacienda Pública, aunque dicha hipoteca se hubiera formalizado en fechas cercanas a la declaración del concurso, incluir también en la masa pasiva del concurso como créditos contingentes las cantidades que resultan de los
procedimientos de comprobación en transacciones cuando el inspeccionado se encuentre en un procedimiento concursal y en los casos de procedimiento concursal de procedimientos por delito fiscal, creemos que son medidas necesarias. El resto de las
medidas que plantea también el real decreto nos parecen oportunas. Sin embargo, creemos que estos no son los únicos cambios que se deberían haber abordado en una situación como en la que nos encontramos. Por esta razón mi grupo solicita que este
real decreto-ley se tramite como proyecto de ley, con el fin de poder incorporar los cambios necesarios que el Gobierno no ha tenido en cuenta en este real decreto.
Para concluir, solo me resta señalar que el Grupo Vasco va a votar favorablemente tanto la convalidación del real decreto-ley como su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro de Justicia, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente este real decreto que hace referencia a algunas
modificaciones que van orientadas básicamente a impulsar la economía productiva de nuestro país y a impulsar la internacionalización de nuestras compañías. Lógicamente, impulsando la internacionalización y la economía productiva probablemente
podamos conseguir un incremento de productividad considerable de nuestro tejido económico.
Hay otro motivo importante por el cual nosotros vamos a apoyar la convalidación de este real decreto-ley
que hoy estamos debatiendo en esta Cámara, y es porque algunos de los aspectos más relevantes que están incorporados en él básicamente obedecen a iniciativas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que fueron aprobadas en la Comisión
de Economía y Hacienda hace algunas semanas o algunos meses pero dentro de este periodo de sesiones. Me referiré concretamente a tres de ellas que para nosotros son de vital importancia en cuanto a la competitividad de nuestro tejido productivo,
como decía anteriormente, para fomentar la internacionalización y para incrementar la competitividad de nuestras compañías.
Nosotros damos una gran importancia a uno de estos aspectos porque consideramos que es de rabiosa actualidad, como es el mantenimiento indefinido de la deducción por las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Nuestro grupo
parlamentario tuvo un papel destacado en la última reforma fiscal, en la que con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista y del ex ministro Pedro Solbes conseguimos convencer al Gobierno de que las deducciones en el impuesto sobre
sociedades por actividades de investigación, desarrollo e innovación eran fundamentales para mantener la competitividad de nuestro tejido productivo. Es verdad que conseguimos incorporarlas y que conseguimos convencer al Grupo Parlamentario
Socialista, es cierto que conseguimos convencer al Ejecutivo socialista, pero no es menos cierto que en este acuerdo sobre la última reforma fiscal -en la cual también se bajó cinco puntos el tipo del impuesto de sociedades- tuvimos que consensuar
con el Gobierno que estas deducciones por investigación, desarrollo e innovación fueran solamente temporales, a corto plazo, hasta el año 2011. También establecimos la posibilidad de que a lo largo de esta legislatura desaparecieran los límites
temporales a las deducciones por investigación, desarrollo e innovación. Por este motivo nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa en esta dirección y hoy formalmente vamos a dar luz verde para que en el modelo fiscal español desparezca
la posibilidad de que no existan las deducciones por investigación, desarrollo e innovación.
Ayer el presidente del Gobierno se apuntó merecidamente la medalla de que probablemente en la factoría de SEAT se incorpore a corto plazo la fabricación del Q3, pero no deben olvidar SS.SS. que si el Q3 se va a fabricar en las instalaciones
de SEAT en Martorell una de las bazas importantes que ha calibrado la dirección general de SEAT, concretamente el presidente de SEAT España, Erick Smith, es que desaparezcan en el tiempo la limitación de las deducciones por investigación, desarrollo
e innovación. Por lo tanto, pienso sinceramente que es relevante, al menos para este grupo parlamentario, que ustedes admitan nuestra paternidad -que podemos compartir con todos los grupos de esta Cámara- a la hora de conseguir uno de los aspectos
más importantes para que se pueda fabricar el nuevo Q3 en la factoría de SEAT en Martorell, que es que se mantengan indefinidamente las deducciones por inversión en investigación, desarrollo e innovación. Dicho está y pienso que para este grupo
parlamentario es importantísimo que esta convalidación pueda gozar de la máxima mayoría de todos los grupos de esta Cámara.
También hay otro aspecto, que fue iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de Economía y Hacienda, que es la reducción del interés legal del dinero y del interés de demora. El interés legal del dinero
aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 estaba hinchado en un 30 o un 40 por ciento en función del tipo de interés legal del dinero del Banco Central Europeo.
Consideramos que esta también es una medida que va a facilitar
la liquidez de nuestras compañías y de nuestro tejido productivo. También nos parece importantísima otra iniciativa como es que pueda haber una participación efectiva del Estado en todas aquellas operaciones de seguro de crédito a través del
Consorcio de Compensación de Seguros.
Probablemente este apoyo público garantizará que se lleven a cabo operaciones comerciales por un valor de hasta 40.000 millones de euros, ya que en este caso el riesgo que asume el Consorcio de Compensación de
Seguros es de 200 millones de euros, si bien se espera lograr un resultado neutro en un plazo de tres años compensando las posibles pérdidas del primer año con beneficios posteriores. Por tanto, estos son tres aspectos relevantes, tres aspectos
importantes que, repito, van a favorecer la liquidez de nuestras compañías y la competitividad de nuestro tejido productivo y lógicamente van a generar una internacionalización más efectiva de nuestras compañías. Al mismo tiempo, muchísimas
inversiones que puedan venir de la Unión Europea o de otros países industrializados podrán gozar de unas deducciones fiscales que nosotros siempre hemos calificado como las más privilegiadas de todos los países de la Unión Europea.
Hay otro aspecto en el que básicamente coincidimos con lo planteado por el señor ministro de Justicia, y es el referido a las modificaciones relativas a la Ley Concursal. Señor ministro, en este sentido desde Convergència i Unió nos
gustaría -usted lo ha dicho en su intervención- que la nueva ley concursal que usted vaya a plantear en esta Cámara siguiera la senda del ex ministro José María Michavila que, cuando tuvo a bien implementar la actual Ley Concursal, intentó plantear
los mecanismos necesarios para desembocar como resultado final en la colaboración de todas las formaciones políticas, de todos los sindicatos -UGT, Comisiones Obreras y otros sindicatos menos importantes-, del Consejo General del Poder Judicial, ya
que este es el camino a seguir. Asimismo, en su intervención ha dicho que también va a recoger algunos aspectos que desde la perspectiva de Convergència i Unió no han quedado suficientemente clarificados. Es cierto que esta modificación va a
permitir que la refinanciación de las deudas a las empresas sea más viable, aspecto relevante por el cual vamos a dar el voto positivo, pero no es menos
cierto que Convergència i Unió va a presentar una proposición no de ley para que cuando ustedes planteen el proyecto puedan incorporar aquellas iniciativas de Convergència i Unió que puedan mejorar o complementar este real decreto-ley o la
iniciativa global que usted va a presentar en la Cámara. En cualquier caso, es interesante que en los aspectos referidos a la Ley Concursal, a los temas de justicia, podamos volver a lograr el pacto de todas las formaciones políticas que en su
momento consiguió el señor Michavila.
Señoras y señores diputados, en algunas consideraciones del señor ministro hay aspectos laborales que hacen referencia a los ERE, que en cierta medida rompen la unidad judicial que se mantenía en la actual Ley Concursal, por lo que vamos a
intentar modificarlos en la futura ley concursal o mediante alguna iniciativa que permita corregir algunos pequeños detalles que consideramos puntuales e importantes para mejorar dicha ley y básicamente para conseguir el objetivo global de que las
empresas que desgraciadamente se vean inmersas en un concurso de acreedores puedan mejorar la refinanciación o la financiación y finalmente actualizar la fiabilidad de la empresa.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Michavila.
El señor MICHAVILA NÚÑEZ: Presidenta, señorías, querría que mis primeras palabras fueran para decirle al señor ministro de Justicia, hoy desde la tribuna, lo que le dije personalmente el día que se le nombró nuevo ministro de Justicia.
Espero, señor ministro de Justicia, que su mandato sea la gran oportunidad de recuperar en la justicia lo que nunca se debería haber perdido, el espíritu de consenso, el espíritu de diálogo y sobre todo el sentido común para, entre todos, tirar del
mismo carro en la misma dirección. Eso es lo que hace una justicia mejor; eso es lo que hace que desde la justicia se resuelvan mejor los problemas de los ciudadanos. La prueba la tenemos en esta ley que hoy se reforma, desgraciadamente por
decreto-ley, señor ministro. La prueba es que todos los oradores que han subido a esta tribuna han dicho que la ley del año 2003 es una buena ley, y es buena no porque la impulsara el Gobierno del Partido Popular. Fue buena porque se aprobó con la
unanimidad de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es buena porque se hizo como se deben hacer las buenas leyes, con diálogo y con acuerdo, contando primero con los sindicatos, porque se pactó con Comisiones Obreras y UGT -como bien ha
dicho el señor Sánchez i Llibre, cuya mención le agradezco singularmente-, se pactó, después de haber escuchado al Consejo General del Poder Judicial, con una Comisión general de codificación que la apoyó, hubo un acuerdo con todas las asociaciones
de jueces, de fiscales y de secretarios judiciales. Eso no fue una excepción, señor ministro, y usted lo sabe. Yo creo que ese espíritu de hacer las leyes desde el acuerdo en materia de justicia, de hacer las leyes desde el sentido común en
materia de justicia se demostró en esta Cámara no hace mucho tiempo que es posible, que es posible y que es bueno porque a esta Ley Concursal le acompañaron dieciocho leyes más.
Hubo diecinueve leyes aprobadas entre 2001 y 2004 por unanimidad de toda la Cámara que mejoraron e hicieron más ágil la justicia, desde los juicios rápidos en materia penal hasta la orden de protección contra las mujeres víctimas de la
violencia doméstica, pasando por la dotación de más medios, hubo muchas cosas que hicieron SS.SS., los diputados que hoy han subido a esta tribuna. Ese es el camino que se demostró posible y además el que se ha demostrado el único posible. Por lo
tanto, señor ministro, ojalá volvamos a ese tiempo, a ese espíritu y a ese acuerdo.
Desgraciadamente tengo la certeza, señor ministro -además me lo ratifican quienes bien le conocen- que usted hubiera preferido no estrenarse trayendo este decreto-ley a la Cámara; tengo la certeza y su asentimiento me lo confirma. Es
verdad, para un ministro de Justicia, antes secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, catedrático de derecho constitucional, traer hoy aquí, a la Cámara, este decreto-ley es sin duda no diré una novatada pero sí una faena que le ha hecho el
Gobierno, señor ministro de Justicia. Porque tener que defender un decreto-ley que reforma, por decreto-ley, una ley que se hizo por diálogo, reflexión, acuerdo y consenso es un trago, pero tener que defender siendo ministro de Justicia un
decreto-ley que reforma otras siete leyes económicas, financieras y crediticias es otro trago, señor ministro de Justicia. Y tener que hacerlo porque la situación económica, como usted bien ha dicho, es la que es, que no tiene nada que ver con la
de 2003 cuando se aprobó la ley que por decreto-ley se reforma, es también, señor ministro, otro trago.
Estoy convencido de que usted, que ha sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes -por cierto, pasar de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a ministro de Justicia lo que sí garantiza es el respeto al Parlamento y
espero que esa garantía también sea cumplida en su caso-, como ha estado ahí sabe lo importante que es el Parlamento en una democracia y que al Parlamento hay que venir a hablar, a negociar, a dialogar, a consensuar, a escuchar. Sobre todo cuando
las cosas están más difíciles para un país es cuando más importante es la acción del Parlamento. La crisis económica, señor ministro, no la resuelve solo el Gobierno, por muy brillante e inteligente que sea Rodríguez Zapatero, no la resuelve él
solo, y trabajar a golpe de decreto-ley es querer hacer las cosas solo, sin contar con el Parlamento, sin contar con las opiniones de los demás, sin contar con los grupos parlamentarios, sin contar en definitiva con la gente, con los ciudadanos, que
están
aquí en la Cámara representados. Por eso, señor ministro, sé que usted hubiera preferido no traer de esta manera esta reforma.
Usted es catedrático de derecho constitucional. Convendrá conmigo en que el decreto-ley no está para esto. El decreto-ley está para una medida de extraordinaria y excepcional urgencia. Hay razones de urgencia pero hay otros caminos, y
usted que ha estado en la fábrica -en Relaciones con las Cortes- sabe como yo que si el Gobierno quiere y el Parlamento quiere -y estoy seguro de que el Parlamento querría porque está dispuesto a ayudar para salir delante de la crisis económica-, en
35 días se aprueba una ley que pasa por el Pleno del Congreso y por el Pleno del Senado en lectura única y con la participación de todos los grupos parlamentarios y después de haber escuchado a los agentes sociales. Había otro camino y no han
querido cogerlo, han cogido el del decreto-ley. ¿Será porque le tienen miedo a la Cámara? ¿Será porque le tienen miedo al Parlamento? ¿Será porque le tienen miedo a la opinión de los ciudadanos que se expresa en los grupos parlamentarios? ¿Será
porque el señor Zapatero desde su soledad hoy no es capaz de tender la mano a los ciudadanos, a la calle, a la gente y al Parlamento para resolver los problemas de la economía?
Señor ministro de Justicia, usted ha sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, catedrático de constitucional, pero está hoy en un Gobierno como ministro de Justicia. Este Gobierno, su presidente, empezó negando la crisis;
después, cuando pasaron las elecciones, dijo que sí había crisis pero solo un poquito; después, cuando dijo que había mucho más que un poquito de crisis, dijo que iba a durar muy poquito, que en marzo acababa, y acaba el mes de marzo aprobando dos
decretos-leyes que trae hoy a la Cámara para decirnos que la crisis es grandísima pero que se empieza a vislumbrar su fin. Zapatero fue el último en querer enterarse de la crisis y el primero en decir que salimos de ella, pero no se sale de la
crisis en esta alocada carrera de decretos-leyes. Este es el número catorce de los decretos-leyes que en este año, en esta legislatura -en los doce meses de legislatura que llevamos-, trae el señor Rodríguez Zapatero. Trajo el primero el 21 de
abril -Decreto-ley de impulso a la actividad económica, otro el 19 -mejorar el empleo-, otro el 3 de octubre -avales en el sector financiero-, a la semana otro decreto-ley -liquidez en el sistema financiero-, tan solo tres días después otro
decreto-ley -medidas urgentes en materia económica por la crisis económica-, otro con el nombre exactamente igual que este y cuando este modifica aquel decreto-ley que se hizo solo hace seis meses, otro decreto-ley el 28 de noviembre y otro
decreto-ley el 12 de diciembre -uno para ayuntamientos, otro para liquidez de la economía-. Nos traen ahora un decreto-ley, el número catorce de los decretos-leyes. A golpe de decretos-leyes en una carrera sin sentido no se resuelve la crisis,
señor ministro. Están tomando medidas precipitadas y sin sentido. En este decreto-ley se llega a derogar en alguno de sus artículos la Ley de Presupuestos que se aprobó hace tan solo noventa días. En este decreto-ley se deroga la modificación del
impuesto de I+D y vuelve al que nosotros aprobamos, afortunadamente. Señor ministro, gobernar a golpe de decreto-ley no es gobernar, es improvisar, y para salir de la crisis económica no hay que improvisar, hay que gobernar.
Usted anunció aquí una reforma global de la Ley Concursal. Nosotros queremos colaborar con quienes deseen hacerlo. Desde luego lo que sí le anuncio es que nuestro grupo va a presentar una proposición de ley para que esto, que se ha hecho
con carácter de urgencia y sin oír a nadie, se haga con carácter de estabilidad, con criterio y tratando de escuchar a todos. Señor ministro, insisto, deseo que su mandato permita recuperar el acuerdo, el clima y el sentido común para que todos
juntos aportemos lo que cada uno tenga que aportar para mejorar la justicia. Su estreno no ha sido el mejor de los posibles, pero es posible que ese estreno sea algo que usted no tuvo más remedio que hacer. A veces la política tiene esas cosas.
Señorías, mi grupo parlamentario va a pedir la tramitación como proyecto de ley de este decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Michavila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Quijano.
El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Nos trae aquí el debate sobre la convalidación de un decreto-ley que tiene ciertamente contenido variado y complejo. No voy a hacer más referencia que la que ya se ha hecho en el debate a algunas partes del decreto-ley, que han sido bien
valoradas de manera prácticamente unánime, y me refiero a los temas de tipo de interés, deducciones fiscales, posibilidades de reaseguro o ampliación de avales en ciertos supuestos. Me parece que esa parte del decreto-ley ha sido ampliamente
compartida y no necesita mayor insistencia.
Hay otra parte del decreto-ley, cuantitativamente la más numerosa, que contiene una reforma de la Ley Concursal, indudablemente opinable, como pasa con toda iniciativa de estas características, pero quiero hacer una consideración previa,
porque también hemos podido observar cómo, a propósito del debate de la reforma concursal, lo que se ha hecho aquí en algunos casos ha sido una reivindicación del pasado, supongo que legítima, y un debate no sobre el fondo de la reforma, sino sobre
el instrumento utilizado. Me parece que no es una forma muy clara esta de centrar el debate sobre el instrumento y no sobre el contenido, porque probablemente eso demostraría que no se quiere entrar de verdad en el contenido, pero yo quiero entrar
en ambas cuestiones. Al final se ha hecho un debate sobre lo que serían las buenas prácticas en la técnica legislativa, y creo que
quienes generaron una forma de entender las leyes de acompañamiento, como todos conocemos, donde se modificaba sin el más mínimo criterio de claridad ni de seguridad jurídica todo lo que hiciera falta, o quienes aprovechaban la Ley de
Arbitraje para modificar el Código Penal mediante enmienda en el Senado, deberían ser un poco más prudentes al hablar de las buenas prácticas legislativas. (Aplausos.) Si no, yo tengo que deducir que no se quiere entrar verdaderamente en el fondo
de la cuestión.
El uso del decreto-ley es perfectamente legítimo cuando se dan las condiciones constitucionales para ello, y las condiciones constitucionales, como sabemos, no son cuantitativas -el decreto-ley puede ser lo abundante que tenga que ser-, son
cualitativas, esto es, que haya urgencia y necesidad de acometer esas reformas siempre que no afecten a las materias constitucionalmente reservadas a ley o ley orgánica. Estas son las condiciones. Por tanto, el debate es: ¿el contenido del
decreto-ley es de urgente solución? Ese es justo el debate que no se ha hecho. Este es el sentido del debate que estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? En efecto, hay una Ley Concursal vigente, de 2003, que entró en vigor en
2004, fruto del Pacto por la justicia -quiero decirlo-, que reunió un importante grado de consenso y que supuso una modernización en el derecho concursal histórico español que estaba detenido en el siglo XIX o en los principios del siglo XX. Lo más
moderno era la Ley de suspensión de pagos de 1922, derogada por la Ley Concursal precisamente. Por tanto, la Ley Concursal cumple una buena función en el derecho concursal español, y no me duelen prendas en reconocerlo, porque sé de qué hablo, pero
también quiero decir una cosa: aquí y en el resto del universo, a las leyes concursales se les ven las costuras cuando se tienen que aplicar en condiciones como las actuales.
Mientras tanto, es muy difícil saber el juego que darán. Repito,
démonos un paseo por algunos juzgados mercantiles y preguntemos o hagamos un cotejo de derecho comparado, y probablemente alguna de SS.SS. se sorprendería de por qué en época reciente se ha modificado legislación concursal, también reciente, en
Francia, en Italia, en Alemania o en otros países con larga tradición jurídica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que las condiciones en que se está aplicando la Ley Concursal han puesto de manifiesto algunos problemas que necesitan solución
urgente, y o se hace ya o no tendrá sentido hacerlo. Este es el problema de esta reforma. Por tanto, ahí hay una base absolutamente indiscutible de legitimidad del uso del decreto-ley. O se hace ya o no tendrá sentido hacerlo. Poniendo ejemplos,
o se modifica ahora el régimen de publicidad de las decisiones concursarles, dando preferencia a una vía más rápida y más barata, como es la telemática, o no tendrá sentido hacerlo cuando vuelva a haber -ojalá que pronto- una época de bonanza
económica y la Ley Concursal necesite ser menos aplicada. O se reforma ya el asunto de los acuerdos de refinanciación -por cierto, creo que no está presente el señor Llamazares-, pero con todas las garantías que se pueden poner, de mayoría
cualificada, intervención de experto independiente e instrumento público -qué más garantías de validez y corrección del acuerdo de refinanciación-, o las entidades bancarias seguirán alegando que corren un riesgo cierto con la refinanciación, si
luego en un plazo de dos años la persona o la entidad refinanciada cae en concurso y tiene que ser revisado el acuerdo de refinanciación. No insistiré con más ejemplos; o se hace ahora o no tendrá sentido hacer esta reforma.
Y la última cuestión a la que quiero referirme, ¿esta reforma agota una revisión de fondo del modelo concursal español, sobre la base de la experiencia que se está acumulando precisamente en esta etapa? Pues ya les digo yo que no, como lo
ha dicho el señor ministro en su intervención. Hay otro conjunto de temas, algunos de modelo concursal, de los que me limitaré a citar tres, porque me parecen principales: uno, el papel que deben tener los convenios preventivos extrajudiciales,
que en la ley de 2003 no están bien encajados, según mi opinión. Dos, cómo se debería regular diferenciadamente el sobreendeudamiento de consumidores o familias que no tienen carácter empresarial, y por tanto que deben poder someterse a un
procedimiento mucho más aliviado. En alguna parte de eso sí opera la reforma positivamente, haciendo obligatorio el procedimiento abreviado. Tres, cuál debe ser la coordinación entre vías concursales y derechos sindicales de trabajadores, acciones
de responsabilidad contra administradores de sociedades. Decía el señor Michavila que la Ley Concursal tuvo el acuerdo completo de los sindicatos, pero no es totalmente cierto. Hay una serie de demandas sindicales que eran, son y seguirán siendo
en relación con competencia judicial para la tramitación de expedientes que afectan a las relaciones colectivas de trabajo, derechos de separación o de ejercicio preferente en el seno concursal, de créditos laborales, etcétera. Por tanto, hay una
base suficiente para que se pueda hacer un análisis, en un futuro no muy lejano, sobre una reforma de otro calado de la Ley Concursal. Sin duda, por la vía de la Comisión General de Codificación, que es una garantía técnica de buena práctica
legislativa. Ahí podremos abordar todo este conjunto de asuntos. Por eso no sería ni prudente ni aconsejable tramitar este decreto-ley como procedimiento de ley. Sería mandar un mensaje de inseguridad ahora, justamente cuando existe el problema,
y de incertidumbre sobre el marco jurídico a aplicar. Es mucho más razonable buscar ahora una solución urgente de los problemas planteados, y una reflexión en la otra línea, con tiempo y margen en el procedimiento que ha indicado el señor ministro,
y que mi grupo parlamentario obviamente comparte.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Quijano.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL ESTADO EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO Y DE DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. (Número de expediente 121/000020.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto X del orden del día, relativo a debates de totalidad de iniciativas legislativas. En concreto el del proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el
ámbito agroalimentario, y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. A ese proyecto se han presentado dos enmiendas de totalidad.
Para la presentación del mismo tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, comparezco en esta Cámara para exponer las razones que han llevado al Gobierno a elaborar este proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario, y de determinación de las
bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias; organizaciones profesionales a las que agradezco la presencia en la tribuna de esta Cámara. Señorías, es un proyecto de ley que pretende dar respuesta a un compromiso social con
las citadas organizaciones, y el cumplimiento de un mandato constitucional. Nuestra Constitución impone a los poderes públicos el deber de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, y
permite la elaboración de una norma que recoja el derecho de los agricultores y ganaderos a participar, a través de las organizaciones profesionales, en la defensa de sus intereses. Por otra parte, las organizaciones profesionales agrarias han
venido manifestando la necesidad de la creación de un nuevo marco institucional que permita su interlocución con la Administración del Estado de forma más ágil y efectiva. Señorías, estamos ante un proyecto de ley fruto de la participación y del
consenso y ello me satisface personalmente. Deseo reconocer y agradecer el trabajo y dedicación de todos los que lo han hecho posible.
Antes de entrar en el contenido del proyecto de ley, entiendo oportuno hacer una breve reflexión de cómo hemos llegado a la situación actual. El asociacionismo agrario se ha convertido en algo consustancial a nuestro sector agroalimentario
y manifestación de su nivel de desarrollo y modernización. Cumple así funciones de reivindicación y defensa de sus intereses, de interlocución con los poderes públicos y con otros grupos socioeconómicos, de prestación de servicios y asistencia en
materia de formación, de información y asesoramiento, de gestión de recursos comunes, y en general de promoción y divulgación de sus actividades profesionales y sociales. Por otro lado, los poderes públicos necesitan, necesitamos constituir nuevos
lugares de encuentro entre los representantes de la sociedad civil, la Administración, los técnicos expertos y científicos, para dialogar, confrontar e intercambiar ideas y puntos de vista; para buscar el consenso sobre una realidad tan compleja y
variada, con implicaciones territoriales, económicas, sociales y ambientales relacionadas con el sector. Sin duda el dinamismo del sector agroalimentario y la importancia de los cambios experimentados hacen necesaria la incorporación en su seno de
nuevos actores y grupos de interés que van emergiendo a su alrededor, y que permiten aportar una visión integral y de conjunto del medio rural. Para la elaboración de las políticas agrarias, rurales y alimentarias los poderes públicos necesitan no
solo de las organizaciones profesionales agrarias, sino también de los trabajadores, de las industrias, de los consumidores, de los grupos ecologistas, de otras entidades y de la ciudadanía en general. En definitiva, nuevos marcos de interlocución,
más abiertos y participativos, más dinámicos que los rígidos sistemas corporativos de las cámaras agrarias. No podemos olvidar que en nuestro país este proceso de reforma e innovación se produce de manera similar a los países de nuestro entorno,
pero conviviendo con antiguas estructuras corporativas.
A ello habría que añadir la concurrencia de dos importantes procesos en el ámbito de la Administración pública. Por un lado, la descentralización de competencias y el traslado de servicios y
funciones a las comunidades autónomas, y por otro, el nuevo marco referencial de las instituciones europeas de forma especial en materia de política agraria común.
La ausencia de un sindicalismo libre y democrático hasta 1977, y la continuidad en la democracia del viejo sistema corporativo de las cámaras agrarias no han sido sin duda el mejor escenario para el desarrollo de las organizaciones
profesionales agrarias, quienes a pesar de ello han contribuido decisivamente a la modernización del sector agrario, circunstancia que no se ha dado entre las cooperativas agrarias, que a lo largo de su existencia han mantenido un fuerte y continuo
proceso de expansión y consolidación; proceso que se vio reforzado con la llegada de la democracia y que las convirtió en uno de los principales ejes vertebradores de la agricultura y el territorio, y en elementos de cohesión económica y social.
Todo este mundo cooperativo se ha integrado, a través de las federaciones territoriales, en la antigua Confederación de Cooperativas Agrarias, hoy Cooperativas Agroalimentarias de España, renocida como interlocutor del cooperativismo agrario
español. Esta situación también es aplicable a algunas de las más importantes organizaciones sectoriales que articulan los intereses de los agricultores y ganaderos en determinadas ramas productivas o del sector industrial.
Señorías, cuando en el año 2005 este Congreso de los Diputados aprobó la ley que derogaba la que establecía en 1986 las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias, ya señalábamos que junto a la pérdida de funciones de estas
corporaciones existían en la normativa derogada elementos que venían constriñendo la capacidad de las comunidades autónomas para regular dichas entidades, en la forma que mejor se adecue a su ámbito territorial, en orden a servir a los intereses del
sector agrario. También señalamos que se mantendría la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal, derivada de las elecciones a cámaras agrarias, hasta que se estableciera un nuevo mecanismo de medición de
la misma, comprometiéndose para ello el Gobierno a tramitar el correspondiente proyecto de ley. Para dar cumplimiento a este compromiso, el Gobierno elaboró un anteproyecto de ley tras recabar la opinión al respecto de una comisión de expertos en
la materia de reconocido prestigio, cuyo dictamen, suscrito por unanimidad, fue básico en la redacción de dicho anteproyecto, que se sometió a informe del Ministerio de Administraciones Públicas así como a información pública de los sectores
implicados, e igualmente se recabó dictamen al Consejo Económico y Social, que fue emitido favorablemente el día 28 de noviembre de 2007.
El actual proyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros de enero de 2009, y en él se establece un conjunto de criterios objetivos para medir la representatividad, en el ámbito de las competencias de la Administración General del
Estado, de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general. Estamos hablando de aquellas que abarcan la defensa de todos los intereses agrarios sin limitación alguna por sectores productivos o características personales de los
correspondientes profesionales. Por otro lado, además de cumplir con el compromiso enunciado, el Gobierno establece con este proyecto de ley dos órganos colegiados solicitados reiteradamente por todos los colegios profesionales del sector
agroalimentario: el Consejo Agroalimentario del Estado y el Comité asesor agrario. El primero, para asesorar a la Administración General del Estado en la determinación de las orientaciones generales de la política agroalimentaria; el segundo, con
la finalidad de asesorar respecto de las cuestiones relacionadas de interés general agrario y rural. Órganos que se constituyen, como señalaba al inicio de mi intervención, como lugares de encuentro, de diálogo y contraste de opiniones, de debate e
intercambio de ideas y sensibilidades distintas, y para buscar el equilibrio sobre una realidad diversa y con implicaciones productivas, económicas, sociales, culturales, ambientales, territoriales y de sostenibilidad ligadas a nuestro modelo de
desarrollo. En este sentido cabe señalar que estos consejos consultivos son instancias donde se construye lo que ahora se denomina capital social; un capital basado sobre todo en la confianza como elemento clave de solidaridad en la gestión de los
asuntos públicos.
Por ello consideramos que todo lo que sea promover las relaciones de confianza dentro de estos órganos de participación constituye una vía para profundizar en la democracia.
En estos órganos colegiados se debatirán líneas de actuación propias de la Administración General del Estado en orden a sus competencias en materia de adecuación de la economía, y de cara a las directrices de la política agraria común de la
Unión Europea, no invadiendo en ningún caso las competencias de las comunidades autónomas. De hecho, son similares a los ya existentes en otros sectores y en las propias comunidades autónomas, con funciones asimismo de asesoramiento y colaboración,
como los consejos regionales agrarios bajo esta u otra denominación. Por otro lado, las competencias de las comunidades autónomas en materia de agricultura y ganadería no impiden que la Administración General del Estado se dote de los órganos de
asesoramiento y colaboración que estime necesarios para cumplir adecuadamente su cometido.
Es importante destacar que, entre los objetivos de este proyecto de ley, no se encuentra el de regular el funcionamiento de las organizaciones profesionales agrarias, y determinar sus derechos y obligaciones. Esto es así porque la figura
jurídica de organización profesional no se corresponde únicamente con el sector agrario, y por tanto la mencionada regulación tendría que hacerse en una disposición de carácter económico general. Por el contrario, sí se determina en este proyecto
de ley el mecanismo de medición de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, y se hace para, además de cumplir con el mandato antes señalado, determinar aquellas que, al ser reconocidas como más representativas, estarán
presentes en los órganos colegiados que se establecen, (El señor presidente ocupa la Presidencia.) mecanismo en el que se utilizan criterios totalmente objetivos, como los resultados electorales de aquellos comicios que solo las diversas comunidades
autónomas pueden convocar y regular en su ámbito territorial.
Además la ley prevé otra vía de acceso a la consideración de entidad más representativa, también con criterios objetivos, según orden de prioridad, como es por ejemplo el propio reconocimiento de suficientemente representativa que haga una
determinada administración autonómica con respecto a una organización agraria. Sería deseable la existencia de comicios en todas las comunidades autónomas para aplicar, como criterio para medir la representatividad, la base de los correspondientes
resultados electorales. Es de esperar que en breve tiempo, tras la aprobación de la presente ley, los referidos procesos electorales alcancen a las diecisiete comunidades autónomas. También conviene destacar que el actual proyecto no cierra el
número de entidades más representativas, sino que, al contrario, establece una nueva evaluación periódica, lo que permite incorporar a las nuevas designadas como más representativas. Por último, se establece una modificación de la Ley de
Cooperativas de 1999, que permite eliminar la actual limitación
del número de consejeros del consejo rector para dar cabida a la mayor representatividad autonómica, y como así nos ha sido solicitado por el Consejo rector de las cooperativas agroalimentarias de España.
Señorías, quiero remarcar el escrupuloso respeto al reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas, e igualmente con la legislación y convenios internacionales en la materia objeto de esta regulación, en un proyecto de ley que se
dicta al amparo de los artículos 52, 129.1 y 149.1.18ª de la Constitución. En definitiva, se trata de un proyecto demandado por el sector y consensuado con el mismo, que pretende evitar una situación de precariedad y de inseguridad jurídica, al
tiempo que garantizar la participación e interlocución de todos los agentes económicos y sociales, con el objetivo de apoyar y potenciar un sector estratégico fundamental para España, dando así cumplimiento a un mandato legal, dirigido al Gobierno
por las Cortes Generales, en la disposición adicional única de la Ley 18/2005, de 23 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras Agrarias. Asimismo estoy convencida de que durante su debate parlamentario, con
diálogo y consenso, podremos mejorar su contenido de acuerdo con las aportaciones y puntos de vista de los diferentes grupos parlamentarios. Entre todos, señorías, tendremos la oportunidad de situar a nuestras organizaciones agrarias y entidades
representativas del medio rural en el lugar que les corresponde. Por eso, en nombre del Gobierno, les pido el máximo esfuerzo para que este compromiso sea una realidad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Vamos a examinar las enmiendas a la totalidad. En primer lugar, la presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Canet.
Rogaría a las señoras y a
los señores diputados que tengan la bondad de percatarse de que, si a las 14,30 no hubiésemos terminado el examen de este proyecto de ley, iría como resultas al próximo jueves, que no está previsto, si no fuese por esta incidencia, la celebración de
Pleno. Por tanto, invoco su comprensión y, a ser posible, la limitación temporal o la autolimitación.
Señor Canet, tiene la palabra.
El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Haciendo el máximo caso posible a su recomendación, intentaré en la mitad del tiempo previsto explicar los motivos que han llevado a nuestro grupo a presentar la enmienda a la totalidad. Básicamente son tres motivos. En primer lugar, nos
parece que es un proyecto técnicamente insuficiente, que además parece elaborado desde y para determinadas organizaciones profesionales. En segundo lugar, y pese al optimismo y contundencia que ha mostrado la señora ministra, creemos que sí que
invade competencias de las comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, hay un motivo que tiene que ver con la casi nula voluntad del Grupo Parlamentario Socialista por intentar llegar a acuerdos, porque las enmiendas a la totalidad a veces pueden
ser retiradas cuando hay voluntad clara de diálogo, pero clara y con elementos concretos encima de la mesa. Si eso no se produce, es imposible retirarla. Por eso estamos defendiéndola aquí. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista,
muy legítimamente, y por tanto no es ninguna crítica, pero sí una constatación, ha preferido forzar la retirada en uno de los plenos y en el siguiente debatirla, pero, insisto, sin negociar, al menos con cierto rigor, con los grupos que hemos
planteado la enmienda a la totalidad. Eso dibuja un escenario muy conocido ya, que es el del acuerdo previo con el Partido Popular, y digo previo, aunque me da la sensación de que es algo más que previo, es un acuerdo casi completo -el tiempo
demostrará si nos hemos equivocado o no- del cual los demás -seguramente porque el portavoz socialista hablará de diálogo posterior- alguna cosa podremos aportar, pero me da la sensación de que será relativamente poco. Ya no nos sorprende que en
temas que se pueden llamar competenciales, de Estado, etcétera, las coincidencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista suelen ser algo más que esporádicas. No quiero ser agorero. Veremos el final del proceso. Pero, insisto, no puedo
callarme el pesimismo que en este momento nos invade.
En cuanto al contenido del proyecto de ley nos parece que es insuficiente.
Podríamos decir que se queda corto. Debería recoger, y no lo hace, un catálogo de funciones que se le atribuyen a las organizaciones profesionales agroalimentarias,
por ejemplo a partir del artículo 7 de la Constitución española, o por ejemplo el proyecto de ley se diferencia restrictivamente de la disposición transitoria única de la Ley 18/2005, que establece como funciones de las organizaciones profesionales
en general, además de la representación institucional, la reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos. A posteriori, recordémoslo, la Ley 20/2007, de 11 de junio, del
Estatuto del Trabajador Autónomo confiere a las organizaciones de autónomos determinadas funciones colectivas que no vemos en el proyecto de ley. Cito solamente un par. Por ejemplo participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de
controversias, o por ejemplo ser consultadas cuando las administraciones públicas diseñan políticas públicas que inciden sobre el trabajador autónomo. Además pensamos que las personas que se dedican por cuenta propia a las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, si no se corrige el actual proyecto de ley, se quedarán sin el reconocimiento legal de las funciones y atribuciones que hoy en día tienen en nuestro ordenamiento jurídico como entidades de defensa colectiva de los intereses
de trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta ajena y ocupadores. Y aún más, añadiríamos que para las organizaciones
empresariales más representativas deberían reservarse otras, además de la función de representación institucional ante la Administración General del Estado, ya prevista en el proyecto de ley. También cito solamente un par: el uso y
disfrute de patrimonio de titularidad pública o -y lo he comentado antes- participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias, como juntas arbitrales, jurados de expropiación, etcétera. De ahí que acertar bien en la
representatividad -que es el siguiente punto que voy a tocar- es fundamental, y nos parece que el proyecto de ley no lo resuelve adecuadamente.
De entrada pensamos que el proyecto de ley, en lo que se refiere a los criterios de representatividad, entra en contradicción con los convenios de la OIT que España tiene suscritos e incorporados al ordenamiento jurídico, en concreto el
Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el Convenio 141 sobre organizaciones de trabajadores rurales. Quiero recordar que la OIT ha establecido, sobre la determinación de la condición de más representativo
o más representativa, dos criterios fundamentales que entendemos se conculcan en el proyecto de ley. Por una parte, los criterios en que se inspire la distinción entre organizaciones más o menos representativas tienen que ser de carácter objetivo,
y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso. Y, por otra, que deben existir en la legislación criterios objetivos, precisos y previamente establecidos para determinar la representatividad de una organización
profesional agraria, ya que dicha apreciación no puede dejarse a la discreción de los gobiernos. A nuestro grupo le parece evidente la falta de objetividad y proporcionalidad en el establecimiento del mínimo de nueve comunidades autónomas para que,
con independencia del tanto por ciento de votos obtenidos, se pueda considerar como más representativa a una organización profesional. Además, nos resulta obvio que todos los criterios establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 4 del proyecto
de ley son contrarios a los criterios -otra vez cito a la OIT- que relegan la determinación de representatividad a la discreción de los gobiernos autonómicos y del Gobierno del Estado. Eso es lo que pasa en el proyecto de ley y creemos que no
debería ocurrir.
Añadiré otro despropósito, a nuestro juicio, del proyecto de ley: la ponderación de la representatividad por comunidades autónomas prevista en este artículo estará en manos del Gobierno del Estado, mientras que en su caso los procesos
electorales y la determinación de quiénes son electores estarán en manos de las comunidades autónomas. Todo ello con el agravante de que una organización profesional puede tener tanto el 15 por ciento de los votos como los 20 puntos, según los
criterios del Gobierno del Estado, pero no estar reconocida por los posibles criterios dispares de reconocimiento en suficientes comunidades autónomas. Además el proyecto de ley deja fuera de la consideración de la representatividad de las
organizaciones profesionales a las personas profesionales del sector forestal.
En cuanto a los órganos institucionales de representación diríamos -para abreviar- que el Comité asesor agrario está falto, a nuestro juicio, de una regulación sistemática de sus funciones, de la periodicidad de sus reuniones o del derecho
de sus miembros a sugerir convocatorias, así como de la clarificación de si dicho órgano consultivo sustituirá a los otros órganos consultivos en materia agraria de la Administración General del Estado. Competencialmente hablando -insisto,
discrepando de la opinión de la ministra- consideramos que las materias que han de tratarse en el Consejo Agroalimentario del Estado y del Comité asesor agrario son todas ellas materias consideradas de competencia exclusiva de las comunidades
autónomas. Además, excepto en los temas relacionados con la fiscalidad de las actividades productivas y la Seguridad Social, la configuración de la opinión y las actuaciones de la Administración General del Estado ante la Comunidad Europea se ha de
realizar con la consulta a las comunidades autónomas, cosa que no se contempla en el proyecto de ley. Por ello, a nuestro juicio, sí que invade competencias. Pese a lo que he manifestado, mantenemos la disposición que siempre hemos mantenido al
diálogo.
Esperemos a ver cuáles son las propuestas que, el Grupo Socialista y eventualmente los dos que seguramente hoy acuerden derrotar las enmiendas a la totalidad, nos ofrezcan.
No quisiera terminar sin una apelación, que seguramente es retórica, a los diputados del PSC integrados en el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados. Saben -no hace falta que se lo recuerde- que las competencias en materia
agroalimentaria en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña corresponden a su partido. Un mal proyecto de ley que se traduzca en una mala ley no perjudicaría únicamente a Cataluña sino también a otras organizaciones de otras comunidades autónomas,
lo que exigiría pedirles responsabilidades. Esperemos conseguir entre todos que el proyecto de ley derive en una buena ley que mejore el sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de creación de los órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las
bases de representación de las organizaciones agrarias, porque consideramos que el proyecto adolece de un gran número de defectos tanto formales como de fondo. Sin ánimo de extenderme demasiado, voy a exponer a continuación algunos
extremos del proyecto que nos suscitan más dudas y que nos han llevado a plantear esta enmienda a la totalidad.
Ya ha explicado la señora ministra cómo en la anterior legislatura se aprobó la Ley 18/2005 que derogaba la Ley 23/1986, por la que se establecían las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias. La tramitación de esta ley suscitó ya
una gran polémica. Con su aprobación se generaba una situación de inseguridad jurídica en relación con la representatividad de las organizaciones agrarias, ya que estas cámaras agrarias eran el instrumento de medición de la representatividad de
estas organizaciones. No se sustituyeron por otros mecanismos y se limitaron a establecer que en los próximos tres años se procedería a determinar un nuevo mecanismo para medir dicha representatividad. Finalmente, a través de una modificación, el
plazo de esos tres años que dijo el Gobierno para presentar en las Cortes el proyecto de ley se rebajó a dos. Han pasado cuatro años y han incumplido todos los plazos, desde la entrada en vigor de la Ley 18/2005, hasta los tres de la derogación y
los dos a los que finalmente ustedes se habían comprometido.
Señorías, para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió el proyecto presentado por el Gobierno vulnera algunos derechos fundamentales en lo que se refiere a la regulación de la representatividad de las organizaciones profesionales
agrarias. En primer lugar, las de las competencias autonómicas que tienen la gran mayoría de las comunidades autónomas, ya que sus estatutos les otorgan competencias exclusivas en agricultura y en ganadería. En el caso de Cataluña, corresponde a
la Generalitat la regulación de la participación de las organizaciones agrarias y ganaderas en los organismos públicos. En segundo lugar, en este proyecto la representatividad de dichas organizaciones ante las instancias del Estado o su
reconocimiento ante las instituciones europeas, viene más condicionado por el número de comunidades autónomas donde una organización ha podido concurrir que por el peso y la representatividad de la propia organización. Para que una organización
profesional pueda ser representativa y estar presente en estos organismos creados por esta ley no importa mucho el apoyo que obtenga entre los agricultores y los ganaderos, sino que para ustedes lo más importante es haberse presentado a procesos
electorales al menos en nueve comunidades autónomas. Es un muy curioso requisito, señora ministra. En estos momentos usted sabe que solo tres comunidades autónomas, Cataluña, Castilla y León y Madrid, han hecho estos procesos electorales. Además,
da una segunda opción, que es estar reconocido en doce comunidades autónomas y obtener 20 puntos de un total de 100 que el Gobierno regulará reglamentariamente a partir de un baremo que, señorías, desconocemos.
Para nosotros esta regulación de la representatividad no supera el abecé de los principios básicos de la representatividad en democracia. Además, los criterios contemplados en este proyecto son arbitrarios, y contrarios a los derechos
fundamentales de no discriminación y libertad de asociación, así como a los convenios suscritos por el Estado español con la Organización Internacional del Trabajo. El compañero del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ya ha hablado de este
capítulo cuando defendía su enmienda a la totalidad, por lo tanto, yo me lo voy a saltar. Para nosotros hay una gran falta de objetividad y proporcionalidad en el establecimiento del 15 por ciento de los votos electorales, como mínimo de esas nueve
comunidades autónomas, con independencia del porcentaje de los votos obtenidos que se puedan considerar como más representativos de una organización profesional.
Señorías, no nos parece justo que se consideren iguales las comunidades autónomas en
cuanto a la determinación de la representatividad agraria sin contar con el peso que tienen los agricultores en las comunidades agrarias. No son lo mismo determinadas comunidades como Cataluña o Castilla-La Mancha que Asturias o Ceuta y Melilla en
cuanto al número de agricultores. El 15 por ciento de los votos electorales no es lo mismo además si como base del censo con que se van a hacer las elecciones en cada comunidad autónoma se toman las personas incluidas en el régimen especial de los
trabajadores agrarios, en cuyo caso nos saldrían 300.000 electores, o si se toman como base las personas físicas, agricultores familiares, donde se incluyen los titulares, los cónyuges y los otros familiares, más las explotaciones agrarias con
titularidad de personas jurídicas porque en este caso el censo se elevaría a 2.200.000 personas.
A nuestro entender, deben fijarse como profesionales aquellas personas físicas que, de acuerdo con su habitualidad en la actividad agrícola, ganadera, forestal o una combinación de ellas por cuenta propia, estén dadas de alta en el régimen
especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, así como las personas jurídicas que en sus estatutos tengan recogido como objeto exclusivamente la actividad agrícola, ganadera, forestal o una combinación de ellas. Esa base permitiría
homogeneidad al acreditar y ponderar, con lo cual la acreditación por parte de las comunidades autónomas sería objetiva al tener que sumar la Administración General del Estado la representatividad de cada una de estas organizaciones en cada
comunidad autónoma. Hasta que más de la mitad de las comunidades autónomas no hayan acreditado la representatividad de estas organizaciones agrarias en su ámbito, debería mantenerse este sistema transitorio actual, ya que de no ser así existiría un
periodo de tiempo en el que no habría ninguna organización profesional agraria considerada como más representativa a nivel del Estado.
En cuanto a la evaluación periódica de la representatividad, estimamos que es arbitraria y contraria al criterio electoral, ya que los procesos electorales, es decir la periodicidad de las elecciones y su convocatoria, son competencia de las
comunidades autónomas, y es posible que las legislaciones autonómicas contemplen la celebración de las elecciones con una periodicidad inferior a la que establece el proyecto, con lo que no se verían reflejados los resultados electorales. Por lo
tanto, señorías,
para nosotros hay una falta evidente de objetividad y de proporcionalidad en el establecimiento del mínimo de estas nueve comunidades autónomas, con independencia del tanto por ciento de los votos obtenidos. Señorías, quiero pedirles su
apoyo a esta enmienda a la totalidad, y me voy a dirigir de una manera especial a la parte derecha de este hemiciclo, a SS.SS. del Grupo Popular, ya que muchos de ustedes comentan -lo mismo que he oído comentar a todos los grupos políticos- que
este proyecto de ley no hay por dónde cogerlo. Por eso les pido, señorías, que apoyen esta enmienda a la totalidad. Si no es así, sentiría que no nos den su apoyo para devolver este proyecto de ley porque el Grupo Popular se va a poner de acuerdo
con el Grupo Socialista, simplemente para no reconocer la invasión de competencias y la vulneración de los estatutos de autonomía de muchas comunidades autónomas. Quiero hacer una mención especial y referirme a los compañeros diputados del Partido
Socialista de Cataluña.
A ellos les voy a recordar muy brevemente unas palabras que hace muy pocos días en el Parlament de Catalunya pronunció el conseller Llena respondiendo a una interpelación de un compañero de mi grupo sobre este mismo proyecto
de ley que aquí contemplamos. Dijo textualmente: Hay alguna parte del proyecto que me preocupa, como es el artículo 3.2, que dice que uno de sus organismos realizará el seguimiento de la situación social y económica del sector agrario. No estoy
nada de acuerdo. En ningún caso es competencia de este organismo realizar el seguimiento de estas cuestiones, y puedo compartir con ustedes que para los intereses de Cataluña no son buenas estas restricciones o estos condicionantes, como es la
presencia de más de nueve comunidades autónomas o un tanto por ciento de los votos en cada una de ellas. Son palabras sacadas del 'Diario de Sesiones'. Señoras y señores diputados del PSC, les pido que sean consecuentes y nos den su apoyo.
Este proyecto de ley, pues, llega cuatro años tarde, mal hecho; como decimos los catalanes (Pronuncia palabras en catalán.), y vulnera derechos fundamentales en cuanto a regulación de representatividad y en cuanto a las competencias
exclusivas, como acabo de explicar. Parece que el único objetivo de este proyecto de ley es hacer más España sobre la base de marginar sindicatos y organizaciones agrarias que no sean del ámbito estatal. Por ello, señorías, en Convergència i Unió
les pedimos su voto a los efectos de que este proyecto de ley sea devuelto al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Mixto en primer lugar tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar nuestro apoyo a la enmienda de totalidad que ha presentado Convergència i Unió, porque en Coalición Canaria pensamos que en una materia como es la agricultura, teniendo en cuenta las competencias propias de la
comunidad autónoma y las transferencias, se debería haber escuchado la opinión de las comunidades autónomas. Por otro lado, nos parece realmente absurdo el silencio impuesto a las organizaciones agrarias de pequeño ámbito que sin ser de ámbito
estatal son mayoritarias en sus comunidades autónomas, y sobre todo en la defensa de los intereses de cultivos, como ocurre en el caso de Canarias. Por ello, es fundamental apoyar esta enmienda a la totalidad presentada por Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Oramas.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, en relación con el proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de
representación de las organizaciones profesionales agrarias. Me gustaría decir que nuestra posición ante esta propuesta de devolución que formulan los grupos de Esquerra Republicana y Convergència i Unió no puede ser otra que la de votar
favorablemente la misma por varias razones, bien por coherencia con las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presenta a este proyecto de ley, bien por argumentaciones que los propios enmendantes acaban de exponer en esta tribuna.
Si nuestro grupo inicialmente no optó por la enmienda de devolución fue porque pensaba que podríamos llegar a un entendimiento a través de las enmiendas presentadas, pero una vez transcurrido un tiempo desde la presentación de estas
enmiendas, e incluso después de que se produce un aplazamiento de la enmienda de devolución, como mis antecesores en el uso de la palabra han comentado, y de que todos esperásemos una posición de diálogo por parte del Gobierno o del grupo
mayoritario de esta Cámara para negociar las enmiendas presentadas, en vista de que no hubo nada de esto entendemos que no hay voluntad por parte del Grupo Socialista, en representación -como grupo que apoya al Gobierno- del Gobierno, de llegar a
acuerdos en las enmiendas que nuestro grupo ha formulado y que, como digo, presentan cierta similitud a las presentadas también por Convergència i Unió y Esquerra Republicana. Evidentemente esta coincidencia no podía ser de otra manera porque
nosotros también reconocemos en el proyecto que presenta el Gobierno, no solamente interferencias en las competencias autonómicas -dado que tiene
competencias en materia agroalimentaria pero también en relación con las organizaciones representativas del sector-, sino que de nuevo volvemos a comprobar cómo desde una legislación estatal se limitan o se deniegan los derechos de aquellas
asociaciones sindicales -en este caso las organizaciones de productores o incluso las que tienen relación de cooperativas agrarias-, se les deniegan sus derechos representativos en aquellos órganos que se crean a nivel estatal. Esta posición de
nuestro grupo, del BNG, fue ya discutida en muchas ocasiones en relación con este derecho de representatividad sindical, en momentos determinados en relación con las organizaciones profesionales agrarias, en otras ocasiones en relación con las
organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras.
Por lo tanto, por razones expuestas y dada la premura de tiempo que tenemos y que está en relación con las competencias de las comunidades autónomas, con la representatividad de las organizaciones agrarias -que entendemos que se le debe
reconocer a aquellas de ámbito autonómico, independientemente de su representación a nivel estatal-, quiero hacer en este momento una matización: no entendemos en este caso la postura del Grupo Socialista ni del Grupo Popular, en tanto que en esta
ley no solamente hay una limitación o una denegación de derechos, desde el punto de vista objetivo, a organizaciones de productores de ámbito autonómico en relación con nacionalidades históricas y por lo tanto de contenido nacionalista, sino que
dada la idiosincrasia del sector hay una serie de organizaciones de productores en otras comunidades autónomas que no tienen esta condición de nacionalidad histórica o de nación como nosotros la entendemos, y que evidentemente el proyecto de ley
perjudica. Nuestra posición desde el punto de vista democrático y de la objetividad de una ley, es la más adecuada y la más correcta: apoyar la enmienda de devolución que presentaron los grupos de Esquerra Republicana y de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, con su venia intervengo desde el escaño para agilizar el trámite y para poder ser más breve, no porque no tengamos cosas que contar sino para que podamos acabar.
El Gobierno ha presentado un proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.
Se han presentado dos
enmiendas a la totalidad y nosotros como grupo ya anunciamos que vamos a apoyar la enmienda a la totalidad porque consideramos que esta es una ley con trampa, porque con el contenido de la representación la trampa está en la forma de la
representación, en cómo se representa. Con la Ley 18/2005, como se ha anunciado antes, se deroga una ley estatal de bases, la Ley 23/1986, de bases de régimen jurídico de las cámaras agrarias, pero no se suprimen las cámaras agrarias. La
institución sigue existiendo desde el momento que están constituidas y no se procede a su disolución; además son muchas las leyes autonómicas que las configuran y regulan. El sistema de selección previsto por el proyecto de ley para designar los
órganos profesionales agrarios que pueden participar en los órganos consultivos, resulta tan restrictivo que únicamente podrían cumplimentar los mínimos exigidos algunas organizaciones mayoritarias en el Estado, que según parece puede que coincidan
con las que han negociado el texto del proyecto de ley con la Administración del Estado. La ley pretende por tanto limitar la participación de organizaciones profesionales agrarias a unas pocas mayoritarias en el Estado, lo que no quiere decir que
con ello representen los intereses del conjunto de las comunidades autónomas, cuyas realidades económicas, medioambientales o socioculturales pueden diferir de las que identifiquen con criterios de generalidad. Como es sabido, el Estado, al no
tener atribuidas competencias en materia de agricultura, viene recurriendo de manera sistemática al artículo 149.1.13ª de la Constitución española, bases y coordinación de la planificación general de la economía, título de tal magnitud que le
permite dictar normativa básica en materia de agricultura, lo que, teniendo en cuenta la extensión que suele conferírseles a dichas bases, tiene efectos perniciosos sobre todo en las políticas que en esta materia se desarrollan, en mi caso, en la
comunidad autónoma de Euskadi.
Sin embargo, en esta ocasión la competencia sobre la que la Administración del Estado sustenta la redacción de este proyecto ley, suponemos que es la potestad genérica a la autoorganización de las administraciones públicas, en este caso la
estatal. Con fundamento en esta potestad, el proyecto articula un sistema de órganos consultivos en materia agroalimentaria y agraria de carácter cerrado, hasta tal punto que, como queda referido en los términos en los que se encuentra diseñado el
sistema de selección de las organizaciones profesionales agrarias, en dichos órganos consultivos no resulta aventurado adelantar que serán escasas las organizaciones profesionales agrarias con voz en dichos foros. Por lo tanto, mi grupo va a apoyar
la enmienda a la totalidad, sobre todo por la falta de proporcionalidad y objetividad en el establecimiento del mínimo de nueve comunidades autónomas para que, con independencia del porcentaje de votos obtenidos, se pueda considerar como más
representativa ante una organización profesional agraria. Porque las materias que han de tratarse tanto en el consejo agroalimentario del Estado como en el comité asesor agrario son competencias de las comunidades autónomas. ¿A qué viene tanta
necesidad de crear órganos,
comités, consejos, etcétera, en definitiva, instrumentos o -permítaseme la palabra- artefactos que muestran que el Estado está ahí, siempre vigilante, incluso donde no debe estar?
La invasión competencial es una usurpación; pero no solo eso, es considerar que el Gobierno de turno puede decidir qué le compete o no, asumiéndose para sí mismo el criterio de salvaguarda de los intereses del Estado. Vulnera algunos
derechos fundamentales en lo que se regula de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Por lo tanto, nos da la sensación de que en este caso han coincidido el Partido Popular y el Partido Socialista. No sé si algún que
otro pacto ha iniciado una pequeña relación en este tipo de cuestiones, en aquellas en las que el Estado siempre ha de estar presente. Por lo tanto, apoyaremos la enmienda a la totalidad de los dos grupos, tanto de Esquerra Republicana como de CiU.
Ese será nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ignacio Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados (Pronuncia palabras en catalán.), como decimos en catalán, por consejo de la Presidencia, a estas alturas de la sesión queremos anunciar, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular que el proyecto
que nos ocupa no es un buen proyecto, viene tarde, muy tarde. El Gobierno se comprometió en septiembre del año 2005, con la Ley de extinción de las cámaras agrarias, a que iba a remitir a las Cortes en un plazo máximo de dos años un proyecto para
medir la representatividad y la interlocución de las organizaciones profesionales agrarias. Ha pasado el doble del plazo previsto. El Gobierno socialista no ha cumplido. No es ninguna novedad. La novedad sería lo contrario, pero si por una vez
hubiera cumplido nos habríamos ahorrado muchos de los problemas que posteriormente han ido apareciendo.
Señorías, el proyecto del Gobierno además no nos gusta, pero no podemos apoyar las enmiendas a la totalidad de devolución que se han presentado hoy, porque si hemos tardado más de cuatro años y rechazamos el proyecto de ley ahora que nos lo
trae el Gobierno, a saber cuándo lo volveremos a ver. Ahora, en estos momentos de especial gravedad del sector agrario, que está en una situación límite, como señalan todos los indicadores publicados, señora ministra, en la memoria de su
ministerio, con récords históricos a la baja en renta agraria, en producto interior bruto agrario, en ocupación, con los precios en origen congelados a la baja, con los costes disparados, el campo demanda más que nunca una interlocución válida. En
este sentido la creación del comité asesor agrario y del consejo agroalimentario del Estado representa un avance. El proyecto de ley viene a reconocer por primera vez y con rango jurídico y a través de los correspondientes procesos electorales, el
papel histórico vertebrador del sector agrario que han venido representando hasta ahora las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y las entidades representativas del sector. Con este reconocimiento vamos a terminar de una vez por
todas con el capricho y la arbitrariedad de la ministra de turno, que convoca a las organizaciones que le da la gana y cuando quiere.
No se preocupen, señores enmendantes, porque no le hemos dado un cheque en blanco al Gobierno. Tenemos el compromiso de mejorar en común sustancialmente el proyecto, y lo tenemos firmado con el Grupo Socialista. De algo tiene que valer el
talante que hemos descubierto por fin ahora en el Gobierno socialista desde el 1 de marzo. Ya les adelanto que no vamos a poner puertas al campo. Los requisitos para que las organizaciones profesionales agrarias sean consideradas representativas a
nivel estatal serán mucho más flexibles que los que vienen del Gobierno, y vamos a eliminar, porque no lo consentimos, los 20 puntos que vienen en el artículo 4.3.b) del proyecto de ley de un total de 100 que el Gobierno pretende arrogarse a partir
de un baremo que se desconoce, para con ello tener manos libres y discrecionalidad absoluta para otorgar el reconocimiento a las entidades más representativas. Esta arbitrariedad -ya lo conoce el Grupo Socialista- no la vamos a consentir porque es
inaceptable. Tampoco estamos de acuerdo con la evaluación periódica de la representatividad prevista cada cinco años en el artículo 6 del proyecto de ley. A medida que las comunidades autónomas, como no podía ser de otras manera, convoquen los
correspondientes procesos electorales, esos resultados serán trasladados automáticamente y quedarán reflejados en la ley a efectos de la representatividad estatal que se propone en este proyecto.
En suma, señorías, hemos vencido la tentación de aislar al Gobierno en un cordón sanitario, como viene siendo fácil en estos últimos tiempos. Al Grupo Parlamentario Popular no le obsesiona derrotar a nuestros principales adversarios
políticos al precio que sea, como ha venido haciendo el Gobierno hasta el pasado 1 de marzo y durante toda la pasada legislatura. Tenemos otras prioridades: el interés general, el interés de los agricultores y ganaderos, que está por encima de
cualquier otro interés. Para nosotros lo importante, lo primordial, son los intereses del sector, y tenemos ya el compromiso del Gobierno para mejorar el proyecto en el trámite de Comisión a favor del sector agrario. Esta es nuestra prioridad.
Contestando a la petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), naturalmente la compartimos y aceptamos. Tenemos el objetivo común de ayudar a nuestros agricultores y ganaderos, a los catalanes y a los de toda España, y lo
vamos a hacer de dos maneras: primero, diciendo lo mismo en el Parlamento de Cataluña y aquí, que ha sido una de las
condiciones que hemos puesto para apoyar el proyecto del Gobierno, y segundo, porque no sometemos a transacción los intereses del sector.
Permítame, señora representante, me habría gustado que en el último proyecto presentado por el Partido
Popular para reducir las tarifas especiales de riego hubiéramos contado con ese mismo interés al que se apela en defensa de los intereses del sector.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens. Le agradezco el esfuerzo que ha hecho de reducción de su intervención.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Seré breve, atendiendo la petición de la Presidencia me ajustaré al tiempo. Estoy seguro de que Sant Jordi nos lo va a agradecer.
Estamos debatiendo sendas enmiendas de totalidad, de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana de Catalunya, en un proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado. Se han defendido las enmiendas de totalidad por sus
portavoces y, lógicamente, lo primero que tengo que decirles es que nos vamos a oponer. Vamos a darles algunas razones que justifican nuestra posición. Tanto Esquerra Republicana como Convergència i Unió argumentan su enmienda de totalidad, en
primer lugar, en que existe una invasión competencial, según ellos. Se dice que no se han regulado las funciones de las organizaciones profesionales agrarias, se dice que no se respetan los convenios internacionales y, por último, se alega que los
criterios que la ley marca para la determinación de la representatividad no son aceptables por estas organizaciones. Quizás aquí -después me referiré a ello- es donde está el nudo gordiano de la ley. Sí sería bueno que la Cámara sepa que los
criterios, la justificación y el contenido de las enmiendas responden, literalmente, a la literalidad de un documento entregado a todos los grupos políticos por una organización profesional nueva -surgida recientemente- y que, al menos por el
momento, no apoya los contenidos y los criterios de este proyecto de ley. Quiero dejar claro que, desde nuestro punto de vista, no es cierto que la ley invada competencias autonómicas. Ninguno de los portavoces que han hecho esta alegación ha
dicho cuál es la invasión competencial, qué competencias trata de quitar la ley a una comunidad autónoma. Las comunidades autónomas, la catalana, la vasca, cualquiera, tienen competencia exclusiva y, precisamente por ello, van a poder convocar
procesos electorales, van a poder constituir órganos de consulta, órganos de representación, de acuerdo con su autonomía; libremente decidirán si convocan elecciones o no y si constituyen consejos consultivos o no. El Estado, por otra parte, no va
a convocar ningún proceso electoral. Va a determinar la representatividad...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alonso.
¿Podrían, por favor, si son tan amables, bajar un poco el volumen de sus conversaciones privadas por respeto al último orador del Pleno que pronto va a terminar?
Adelante, señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Cada comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, va a decir quién es más representativo en su territorio y será la Administración General del Estado quien, por sumatorio de todo lo que ocurre en el territorio nacional, determine
quién se sienta en estos consejos consultivos que van a crearse al amparo de esta ley.
Se ha dicho que la ley no especifica cuáles son las funciones de las OPA -las organizaciones profesionales agrarias-; efectivamente, porque la ley no pretende regular cuáles son las funciones. La ley pretende dar cumplimiento a un mandato
de otra ley anterior, la que derogó la ley de cámaras agrarias, que establecía un plazo de tres años para remitir a esta Cámara un proyecto de ley. Se ha utilizado el argumento de que esto llega tarde. Pues deben saber ustedes que el Gobierno
elaboró en la pasada legislatura un proyecto de ley similar al que hoy tenemos encima de la mesa y fueron las organizaciones profesionales agrarias las que pidieron al Gobierno que se retrasara su tramitación hasta llegar a un acuerdo como el que
hoy sustenta este proyecto de ley. No creemos que se vulnere ningún convenio internacional; los criterios que establece la ley para medir la representatividad son objetivos, y ahora me voy a referir a ellos, porque este es el tema esencial, el
nudo gordiano de la discrepancia en este momento. El proyecto de ley, como decía al principio, acepta que sean las comunidades autónomas las que libremente, autónomamente decidan si desean o no convocar procesos electorales para medir la
representatividad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Sabemos que algunas comunidades autónomas han convocado elecciones. También sabemos que hay otras que no han convocado nunca elecciones, ni siquiera cuando era obligatorio en cumplimiento de la ley antigua básica de
cámaras agrarias. Estoy de acuerdo en que lo más deseable sería que todas las comunidades autónomas convocaran elecciones, y que además lo hicieran en la misma fecha y con los mismos procedimientos electorales, pero precisamente por respeto
competencial, por respeto a la autonomía de las comunidades autónomas, eso no lo puede imponer la Administración General del Estado.
La comunidad autónoma decidirá si convoca elecciones, decidirá la fecha y decidirá el procedimiento. Si no convoca elecciones, como ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas, será ella la que decida cuál es el procedimiento para la
determinación de qué organizaciones son más representativas en ese ámbito territorial. Por tanto, es obligado lo que establece la ley que tenemos encima de la mesa. La ley establece dos vías objetivas para determinar quiénes son más
representativos en el ámbito del Estado. Establece una primera vía para aquellos territorios donde se hayan celebrado elecciones, y dice el proyecto de ley que será más representativa aquella organización profesional que habiendo concurrido al
menos a procesos electorales...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ALONSO NÚÑEZ:...en nueve comunidades autónomas, la mitad más una, haya obtenido más del 15 por ciento de los votos. Puede gustar el criterio o no, pero el criterio es absolutamente objetivo. Y se abre una segunda vía para
aquellas comunidades autónomas donde no se convocan elecciones. En este caso, será organización más representativa aquella que haya sido reconocida por al menos diez comunidades autónomas, una más que en el procedimiento anterior. Tenemos el
compromiso -lo hemos hablado con el Grupo Popular- de eliminar en el trámite de enmiendas el sistema de valoración por puntuación, y tenemos también previsto en el trámite de enmiendas eliminar el plazo de cinco años para efectuar la evaluación;
argumentos que contiene el proyecto de ley. Por tanto, que todas las organizaciones profesionales agrarias tengan claro que será reconocida como más representativa de las actuales y de las futuras o de las que vengan, cualquier organización
profesional que sea capaz de presentar cualquiera de los dos argumentos que fija la ley: nueve comunidades, 15 por ciento; diez comunidades en la que haya sido reconocida como más representativa. No podemos aceptar que el proyecto de ley trate de
beneficiar a unas organizaciones profesionales frente a otras. No podemos aceptar que el proyecto de ley trate de blindar la situación actual frente a la aparición de nuevas organizaciones profesionales.
Termino con una reflexión en relación con lo que se ha planteado. En el campo la realidad es que cada vez hay menos agricultores. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿tendrían la bondad de una mínima cortesía, que probablemente en cualquier otro ámbito se tiene con quien está hablando, con el diputado que está terminando su intervención?
El señor ALONSO NÚÑEZ: Ya termino, señor presidente. Ni un minuto.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En un sector, el sector agrario, donde cada vez hay menos agricultores -y menos agricultores profesionales- sería una barbaridad política que hiciéramos un proyecto de ley que favoreciera la desintegración de la
organización representativa. Tenemos, por tanto, la obligación de hacer el esfuerzo de aprobar leyes que fortalezcan la representatividad, que fortalezcan la interlocución y que sean capaces de canalizar la voz de los agricultores, de los ganaderos
en estos consejos.
Nuestro criterio es seguir ampliando el acuerdo que en este momento tenemos con el Grupo Popular. Nuestro compromiso es ampliar, trabajar en la ponencia y en la Comisión, y esperamos que los grupos parlamentarios que hoy van a
votar a favor de la enmienda de totalidad, puedan en el trámite de ponencia y de Comisión ampliar el consenso que en este momento permitirá la no devolución del proyecto de ley al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
- ENMIENDAS DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) ADOPTADAS POR LAS RESOLUCIONES 63-2 EL 28 DE ABRIL DE 2008 Y 63-3 EL 5 DE MAYO DE 2008 POR LA JUNTA DE GOBERNADORES. (Número de expediente 110/000077.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos las votaciones.
En primer lugar, pregunto a la Cámara si puede aprobarse por asentimiento el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con las enmiendas del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Se aprueba por
asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado el dictamen.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES (VOTACIÓN.)
- REAL DECRETO-LEY 4/2009, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS DERIVADAS DE LA FINANCIACIÓN QUE PUEDA OTORGAR EL BANCO DE ESPAÑA A FAVOR DE CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente
130/000012.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2009, de 29 de marzo,
por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.
Votamos en primer lugar su convalidación o derogación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 324; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
¿Algún grupo desea su tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley? (Pausa.) Ningún grupo lo solicita, en consecuencia no se pasa a votación.
- REAL DECRETO-LEY 3/2009, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA, FINANCIERA Y CONCURSAL ANTE LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000013.)
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
Se ha solicitado a la Presidencia la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En consecuencia, pasamos a votar si se tramita como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 152; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL ESTADO EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO Y DE DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE REPRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. (Número de expediente 121/000020.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias. Pasamos a votar las enmiendas a
la totalidad que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Siendo coincidentes en su intención, se pasan a
votación de manera conjunta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 20; en contra, 306.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE LA REFORMA DE LA LEY 23/2006, DE 7 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (Número de expediente 158/000020.)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Comisión de Cultura, de creación de una subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
¿Se puede aprobar por
asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.