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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 589, de 17/06/2011
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de junio de 2011
Núm. 589
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Secretaría General
292/000071 Convocatoria pública para la provisión, en régimen de contratación laboral, de una plaza de Traductor Intérprete del Congreso de los Diputados (francés e inglés). Designación de los miembros de la Comisión de Selección ...
292/000072 Convocatoria pública para la provisión, en régimen de contratación laboral, de una plaza de Traductor Intérprete del Congreso de los Diputados (inglés y francés). Designación de los miembros de la Comisión de Selección ...
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la licencia de Ascó I ... (Página3)
162/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia ... (Página5)
162/000880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la transparencia de las cuentas públicas en un marco de lealtad y cooperación institucional para
recuperar la confianza ... (Página5)
162/000881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre recuperación del requisito del mantenimiento del empleo para la libertad de amortización ...
(Página7)
162/000882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación del 'Semestre español' ... (Página8)
162/000883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis alimentaria por E. coli ... (Página10)
162/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre rectificación del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la
Historia ... (Página11)
162/000885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa al impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito y
almacenamiento de residuos ... (Página13)
Otros textos
Autorizaciones
095/000011 Solicitud de autorización para prorrogar la participación de unidades militares españolas en el marco de la crisis de Libia ... (Página14)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
SECRETARÍA GENERAL
292/000071
De conformidad con lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 24 de mayo de 2011, la Comisión de Selección para la provisión de una plaza vacante de Traductor Intérprete del Congreso de los Diputados (francés e
inglés) (convocatoria pública de 22 de febrero de 2011) estará integrada por los siguientes miembros:
Excmo. Sr. D. Javier Barrero López (Secretario Primero del Congreso de los Diputados), que presidirá la Comisión.
Excmo. Sr. D. Manuel Alba Navarro (Secretario General del Congreso de los Diputados).
Ilmo. Sr. D. Francisco Martínez Vázquez (Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados).
Ilma. Sra. D.ª Helena Boyra Amposta (Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados).
D.ª Cristina García Ohlrich (Traductora Intérprete del Congreso de los Diputados), que actuará como Secretaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2011.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
292/000072
De conformidad con lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 24 de mayo de 2011, la Comisión de Selección para la provisión de una plaza vacante de Traductor Intérprete del Congreso de los Diputados (inglés y
francés) (convocatoria pública de 22 de febrero de 2011) estará integrada por los siguientes miembros:
Excmo. Sr. D. Javier Barrero López (Secretario Primero del Congreso de los Diputados), que presidirá la Comisión.
Excmo. Sr. D. Manuel Alba Navarro (Secretario General del Congreso de los Diputados).
Ilmo. Sr. D. Francisco Martínez Vázquez (Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados).
Ilma. Sra. D.ª Helena Boyra Amposta (Directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados).
D.ª Cristina García Ohlrich (Traductora Intérprete del Congreso de los Diputados), que actuará como Secretaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2011.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000878
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre la licencia de Ascó I.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que en los puntos 4 y 5 de la parte dispositiva se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la licencia de Ascó I, para su debate
en el Pleno de esta Cámara.
El grave accidente ocurrido en Fukushima, del cual todavía desconocemos todas las consecuencias está haciendo replantear a nivel mundial el papel de la energía nuclear y más concretamente las cuestiones relacionadas con la seguridad de las
centrales. La Unión Europea acordó realizar pruebas de esfuerzo a todas las centrales nucleares y en este sentido el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la necesidad de realizar 'stress test' a todas las centrales nucleares españolas antes
de finalizar el año 2011, condicionando la continuidad de su actividad al resultado de las mismas.
La media de cierre de las centrales nucleares en el mundo es de veintidós años y en Europa entre veinticuatro y veinticinco años. Hoy prescindir de las centrales nucleares no es ninguna utopía, como lo demuestra Alemania, uno de los países
más ricos e industrializados del mundo. El Gobierno alemán ha decidido que todas sus centrales nucleares dejarán de funcionar definitivamente en el 2022 y, como primera medida de este plan de cierre, las ocho centrales nucleares más antiguas
paralizadas tras el accidente de Fukushima, no volverán a funcionar.
En Catalunya las centrales se están acercando a la edad media de cierre, Ascó I tiene veintinueve años, Ascó II veintiséis y Vandellós II, veinticuatro. Además de la edad crítica de estas centrales tenemos que añadir la carencia de
mantenimiento, el deterioro de la cultura de la seguridad (Informe del CSN de 2005) y la precariedad laboral derivada de los altos niveles de subcontratación que llegan hasta el 60% en las tres centrales. Estos elementos hacen que las tres
centrales catalanas gestionadas por ANAV, qué representan un 40% del total de la potencia nuclear del país hayan tenido en los últimos años un 60% del total de incidentes además de haber sufrido tres de los cuatro accidentes más graves en la
historia de la industria nuclear española: incendio de Vandellós I en 1989, corrosión de los sistemas de refrigeración de Vandellós II en 2004 y fuga radiactiva de partículas en Asco I, en 2007.
En el caso de Ascó I, la central más antigua, concentró durante el 2010 el 40% de los sucesos notificados por el Parque Nuclear Español, 10 de las 25 notas informativas y 17 de las 39 reseñas que se han producido, el último el pasado 1 de
junio.
Ascó I tendrá su piscina de almacenamiento saturada en el 2012 y por lo tanto hará falta, mientras no se disponga de un Almacén Temporal adecuado, que se vacíe y guarde en seco estos residuos, para reducir el riesgo de accidente, según pone
de manifiesto el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS), órgano de asesoramiento del Gobierno de la Generalitat desde 1999, en su informe 'Recomendaciones del CADS ante el nuevo contexto de las centrales nucleares' de 27 de abril.
La licencia de funcionamiento de Ascó I vence en octubre de este año, el CSN deberá emitir informe sobre la renovación de la licencia, como lo hizo el año pasado con Vandellós II (autorizando para diez años más su funcionamiento).
El cierre de la central nuclear de Ascó, en estos momentos, es posible. Según los datos de Red Eléctrica Española el total de potencia instalada es de 97.000 MW, de esta producción sólo 7.800 MW, un 8%, son producidos por las centrales
nucleares. Y la central nuclear Ascó I sólo representa un 1% del total de la potencia instalada. Cabe recordar que la máxima demanda, producida el 2007, no llegó a los 45.000 MW.
Por otra parte, en estos momentos el Estado español exporta el 3% de la energía que produce.
Por tanto, en estos momentos es posible no renovar la licencia a la central nuclear Ascó I, como primer paso de un proceso de cierre gradual de las centrales nucleares que vaya acompañado de un plan para garantizar la dinamización económica
de las comarcas afectadas por el cierre y de un impulso decidido de las energías renovables y de las estrategias de ahorro y eficiencia energética.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir al Gobierno la no renovación de la licencia de explotación de la central nuclear Ascó I.
2. Reclamar al Gobierno el cierre inmediato de las centrales nucleares que no cumplan con las condiciones establecidas por los informes y los 'stress test' de seguridad.
3. Impulsar un plan de dinamización social y económica de los territorios afectados por el cierre de la central nuclear Ascó I con el objetivo de garantizar la ocupación.
4. Reclamar al Gobierno la aprobación de una Ley de Energías Renovables con el objetivo de generar, en el conjunto del Estado, al menos el 50% de la electricidad
mediante energías renovables en 2020 y del 100% antes de 2050.
5. Reclamar al Gobierno la aprobación de una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética, con el objetivo obligatorio de reducir la energía primaria del 20% para el año 2020 sobre los niveles de 2005'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El día 26 de mayo, la Real Academia de la Historia presentaba el Diccionario Biográfico Español. El conocimiento por la opinión pública de alguno de los contenidos biográficos del citado diccionario ha causado una encendida polémica, tanto
entre los ciudadanos como en los ámbitos intelectual y político, debido a las imprecisiones e incorrecciones históricas en las biografías de algunos de los personajes. Así, en la figura de Franco se destaca su valor militar, sin hacer referencia a
su perfil represor, o se define su régimen político como un 'régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las fuerzas políticas que le apoyaban (...) quedaron unificadas en un Movimiento y sometidas al Estado'.
Las mismas incorrecciones se pueden encontrar en otros personajes históricos, denotando una insoportable falta de rigurosidad y neutralidad en los trabajos llevados a cabo por una institución cuyo objetivo final, así declarado en la portada
de su página Web, sería aclarar 'la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido'.
Para la elaboración del Diccionario Biográfico Español, la Real Academia de la Historia firmó un convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 21 de julio de 1999, con objeto de formar dicho Diccionario en un plazo de ocho
años. Así mismo, a través del citado convenio, la institución ha recibido para su elaboración 6,4 millones de euros de los Ministerios de Educación y de Industria con el compromiso, por parte de la Academia, de 'dar una visión ecuánime' de los
personajes históricos. Este compromiso ha sido claramente incumplido, entre otros, con aquellos personajes históricos que participaron, directa o indirectamente, en los acontecimientos históricos relacionados con la Guerra Civil Española.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a la Real Academia de la Historia que proceda a la mejora y, en su caso, rectificación del Diccionario Biográfico Español, constituyendo a tal efecto una Comisión Científica compuesta por historiadores de reconocido prestigio,
independientemente su pertenencia o no a la citada institución, que revise aquellas entradas en las que se detecte falta de objetividad de los trabajos académicos.
2. Exigir la interrupción de su difusión, en España y en el extranjero, hasta que exista un pronunciamiento de la citada Comisión Científica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2011.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la transparencia de
las cuentas públicas en un marco
de lealtad y cooperación institucional para recuperar la confianza, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El cambio de Gobierno en Cataluña puso en evidencia que la realidad de las cuentas públicas catalanas no coincidía con los balances presentados por el Gobierno saliente. Tras las elecciones del 22-M se va a producir un traspaso de poderes
en muchas CCAA y Ayuntamientos, y el caso de los socialistas catalanes pone sobre aviso de la necesidad de aclarar la situación de las cuentas públicas en estas instituciones.
Los datos de ejecución presupuestaria de las CCAA, que podían estar desvirtuados por el aplazamiento de la contabilidad de facturas de 2010 a 2011, han mostrado la preocupante situación por la que atraviesan las arcas autonómicas.
El déficit de las Comunidades Autónomas, en términos de contabilidad presupuestaria, se ha duplicado entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2010, pasando desde los 2.540 millones de euros, hasta los 4.995 millones de
euros, un 0,46% del PIB.
El Partido Popular ha apostado siempre por la transparencia. En esta crisis se ha demostrado que decir la verdad a tiempo es la mejor manera de generar confianza. Si algo se ha demostrado en este tiempo es que los problemas no se
solucionan ocultándolos.
El Partido Popular ha apostado también por la lealtad institucional. Hemos ofrecido nuestra colaboración al Gobierno a la hora de poner en marcha políticas positivas para el país, y hemos rechazado aquellas que podían poner en riesgo la
recuperación económica o la estabilidad institucional.
En este sentido, tal y como ha anunciado el presidente del Partido Popular todos los representantes autonómicos y locales del PP electos en estos comicios, van a actuar con transparencia y con lealtad institucional, pero también con la
exigencia inaplazable de afrontar la necesaria reducción del déficit público.
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular quieren impulsar la máxima cooperación y coordinación territorial en un marco de lealtad institucional, al servicio del interés general, pero para ello es necesaria la reunión
urgente de los órganos de coordinación y de cooperación a través de los cuales se articula el funcionamiento de nuestro modelo de Estado.
Al Gobierno de la Nación le corresponde asumir el impulso de las políticas que más allá del ámbito de una comunidad autónoma y de sus entes locales, requieren una voluntad y una decisión concertada y coordinada de todas las administraciones
territoriales para abordar las principales reformas para salir de la crisis.
Es, por tanto, el momento de solicitar la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera con objeto de proponer las medidas urgentes y necesarias para lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2011, y dar
cumplimiento a la Ley de Financiación Autonómica y a los acuerdos del CPFF. Además es necesario que se aprueben o, en su caso, actualicen los planes económico-financieros de reequilibrio. Igualmente sigue pendiente el establecimiento de techos de
gasto autonómicos, tal y como el Presidente del Gobierno se comprometió ante Bruselas.
De igual forma hay que convocar de manera urgente la comisión nacional de Administración Local para poner en marcha políticas de austeridad, garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales y coordinar las actuaciones que
permitan cumplir los límites de déficit y endeudamiento previstos.
Y por último y habida cuenta del tiempo que lleva sin reunirse, es imprescindible convocar con carácter urgente la Conferencia de Presidentes, órgano máximo de cooperación territorial que no se reúne desde 2009 a pesar del progresivo
deterioro de la situación política y económica de nuestro país y de la necesidad de poner en marcha una estrategia coordinada con todas las administraciones públicas para salir de la crisis.
El gobierno no puede desentenderse de sus responsabilidades y seguir dando largas a las reformas urgentes que demanda nuestra situación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que proceda a la convocatoria urgente de:
- El Consejo de Política Fiscal y Financiera con objeto de proponer las medidas urgentes y necesarias para lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2011. A tal fin, debería abordarse:
a) Compromiso de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
b) Cumplimiento de la Ley de Financiación Autonómica y de los acuerdos del CPFF.
c) Actualización de los Planes de Reequilibrio Financiero de las CCAA.
- La Comisión Nacional de Administración Local y la FEMP, para poner en marcha políticas de austeridad, garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales y coordinar las actuaciones que permitan cumplir los límites de déficit
y endeudamiento previstos.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender a la solicitud de los distintos Gobiernos autonómicos para, una vez constituidos, proceder a la Convocatoria
urgente de la Conferencia de Presidentes, como una verdadera Conferencia Política, para que se aborden, entre otras, las siguientes cuestiones:
a) Reformas económicas para la creación de empleo.
b) Reformas educativas.
c) Garantía de los servicios públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000881
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre recuperación del requisito del mantenimiento del empleo para la libertad de amortización.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del
Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre recuperar el requisito del
mantenimiento del empleo para la libertad de amortización, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Recientemente hemos conocido cifras del incremento de los despidos en grandes empresas. Desde diciembre del pasado año, se ha disparado un 210% el número de trabajadores de grandes compañías afectados por despidos colectivos. En enero,
febrero y marzo los expedientes de empresas de más de 1.000 trabajadores han aumentado un 15%, muy por encima del 8,2% de incremento de EREs en el conjunto de las empresas. Una de las causas de este incremento es la novedad introducida en el Real
Decreto-ley 13/2010 que permite la libertad de amortización para empresas con beneficios incluso en el caso de que estas reduzcan su número de empleados.
La libertad de amortización como incentivo fiscal en el pago del Impuesto de Sociedades, se implantó en la Ley 4/2008. Pero esa reforma fiscal, que eliminó impuestos a las personas con más recursos y dejó al Estado sin los fondos necesarios
para tener más margen inversor y evitar el elevado déficit, limitaba la libertad de amortización únicamente en caso de que se conservaran los puestos de empleo de las empresas beneficiadas. Sin embargo, el Real Decreto-ley 13/2010, modificó la
disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y se eliminó el mantenimiento de los puestos de empleo como requisito para la libre amortización.
La libertad de amortización en el impuesto de sociedades es el mayor incentivo fiscal para las empresas. Por eso es absolutamente irresponsable no condicionar este incentivo a un requisito tan básico como el mantenimiento del empleo,
teniendo en cuenta que el desempleo es el principal problema de la economía española. Medio año después del inicio de su aplicación y demostrados sus efectos devastadores sobre el empleo, serían decenas de miles los despidos que se podrían evitar
en caso de rectificar y recuperar este requisito.
Sin duda, esta modificación no es ni mucho menos la única que necesita el Impuesto de Sociedades ni el sistema tributario en su conjunto para poder tener una fiscalidad justa. Pero es una de las medidas más urgentes y uno de los errores más
flagrantes incluso desde la lógica neoliberal que dirige las decisiones en materia económica del Gobierno.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar con carácter de urgencia el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para recuperar la exigencia de que 'la plantilla media total de la entidad se
mantenga respecto de la plantilla
media de los doce meses anteriores' como requisito para que las empresas puedan amortizar libremente las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, puestos a
disposición del sujeto pasivo en los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Rosa Díez González de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la creación del 'Semestre español', para su debate en Pleno.
Exposición motivos
Uno de los más graves defectos del actual modelo de organización territorial del Estado, que la presente crisis económica ha puesto de manifiesto, es la ausencia de un efectivo mecanismo de coordinación entre Administraciones en el ámbito
presupuestario, fiscal y financiero que, liderado por el gobierno central, permita garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este campo para el conjunto de las Administraciones Públicas, así como los compromisos adquiridos por
España en el marco de la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria.
Esta carencia resulta especialmente preocupante en el caso de la coordinación de las Comunidades Autónomas entre sí y con el gobierno central. Las administraciones autonómicas gestionan ya el 36% de todo el gasto público y la experiencia
del periodo transcurrido de crisis económica nos muestra que, por una parte, los desajustes presupuestarios han sido profundos y crecientes, por otra, la necesaria coordinación que permita actuar a las distintas administraciones públicas como un
conjunto coherente no parece haber funcionado con éxito, más bien todo lo contrario.
Así, hemos podido comprobar que el organismo específico de coordinación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha sido prácticamente vaciado de funciones, al limitarse a formalizar acuerdos previamente alcanzados en reuniones
bilaterales entre el gobierno central y los respectivos gobiernos de las Comunidades Autónomas. En este mismo sentido, y siendo cierto que en este órgano se establecen objetivos individuales de déficit para las Comunidades Autónomas, una vez
definidos éstos, su incumplimiento no lleva aparejada sanción alguna ni ninguna otra repercusión que, respetando, la autonomía financiera de estas administraciones, garantizara la disciplina financiera. El hecho de verse obligadas a presentar
planes de reequilibrio en tales situaciones no puede considerarse como una medida realmente eficaz para el fin perseguido. Y lo que es peor, el incumplimiento de los compromisos adquiridos mediante dichos planes tampoco tiene consecuencias, salvo
la limitación del acceso a nuevos tramos de endeudamiento, barrera que podría quedar sin aplicación en el momento en que las Comunidades incumplidoras sean mayoría y no sea posible impedir el acceso a la financiación sin mermar la prestación de
servicios esenciales al ciudadano como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Situación que podremos ver en un futuro más cercano de lo que todos deseamos.
La experiencia reciente ha demostrado igualmente que es incluso posible que una Comunidad Autónoma, amparándose de manera discutible en el citado principio de autonomía financiera, apruebe sus presupuestos sin respetar los compromisos en
materia de disciplina fiscal previamente adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto es, la necesaria corresponsabilidad fiscal y la imprescindible lealtad institucional que se requiere de las Comunidades Autónomas no se han
verificado, y las continuas reformas en el sistema de financiación -aportando recursos adicionales sin contrapartida alguna- han incentivado este comportamiento irresponsable.
En este mismo sentido, ha quedado patente la imposibilidad de que el gobierno central, responsable de la estabilidad del conjunto del Estado, controle el crecimiento presupuestado del gasto de las Comunidades Autónomas, de manera que los
objetivos de déficit en los presupuestos autonómicos pueden ser fácilmente burlados simplemente elevando los ingresos previstos hasta el nivel necesario para alcanzar el desequilibrio acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los datos de ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas correspondientes al ejercicio 2010 y al primer trimestre del presente año, así como los datos de la deuda conocida de estas Administraciones que facilita el Banco de España,
confirman que la ausencia de coordinación entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas pone en riesgo la estabilidad fiscal del conjunto de las administraciones públicas, al igual que los compromisos de España como país ante las
instituciones comunitarias, lo que afecta seriamente a la credibilidad de las cuentas públicas y, en definitiva, a la capacidad de acceso a los mercados financieros internacionales. La reducción del déficit del conjunto de las Administraciones
Públicas hasta el 6% este año, el 4,4% en 2012 y el 3% en 2013 es un reto que requiere del compromiso de todas las partes implicadas,
y que no se alcanzará si no se toman las medidas precisas para que la coordinación de todos los esfuerzos sea una realidad. En este sentido, la crisis de la deuda que actualmente está causando graves problemas en socios comunitarios como
Grecia, Irlanda o Portugal, nos obliga como país a actuar responsablemente y hacer frente a nuestros compromisos con total solvencia y seriedad, y por tanto es un motivo más que apremia a avanzar en la vía de vertebrar España, en este caso en los
ámbitos fiscal y financiero.
Tampoco podemos olvidar que el peso del gasto público controlado por las administraciones autonómicas es cada vez mayor, y a ellas les compete gestionar los servicios públicos fundamentales, lo que hace más urgente la necesidad de contar con
un mecanismo que permita coordinar los esfuerzos para estabilizar las finanzas públicas sin menoscabar las prestaciones públicas a los ciudadanos. En definitiva, la preservación del conjunto de servicios públicos que conocemos como el 'Estado del
Bienestar' pasa por equilibrar las cuentas públicas y muy especialmente las de las Comunidades Autónomas.
Al mismo tiempo que estas graves deficiencias de coordinación interadministrativas están poniendo en entredicho la capacidad del gobierno de la Nación para garantizar la estabilidad fiscal en nuestro Estado, la Unión Europea ha puesto en
marcha el mecanismo denominado 'semestre europeo', que consiste en un ciclo de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros de seis meses de duración y cuya finalidad es garantizar la estabilidad fiscal y financiera del conjunto
de la Unión, integrar los diferentes instrumentos de supervisión y orientar la elaboración de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Mediante dicho mecanismo se pretende revisar las políticas presupuestarias de los países para
detectar posibles incoherencias y desequilibrios, con el fin de reforzar la necesaria coordinación. Este procedimiento implica que las instituciones comunitarias han de revisar no sólo los presupuestos en fase previa, sino que han de aprobar los
planes nacionales de estabilidad que cada país elabora anualmente, así como los programas nacionales de reforma -que afectan a todos los niveles de gobierno dentro de cada Estado-, una vez que tales programas son evaluados por la Comisión.
El ejemplo comunitario nos muestra que no sólo es necesario, sino que es posible establecer mecanismos de coordinación entre partes dotadas de autonomía, e incluso de soberanía en este caso, que preserven la estabilidad del conjunto sin
menoscabo de dicha autonomía o soberanía. Si tal procedimiento tiene sentido y es posible en el ámbito comunitario, parece que cobra aún más sentido y debería ser más factible dentro de las fronteras de cada país con subniveles de gobierno dotados
de autonomía fiscal y financiera.
Ciertamente, nuestra Constitución consagra el principio de autonomía de las Comunidades Autónomas en diversos artículos, como el artículo 2 o el 137, y concretamente en el ámbito financiero, en el artículo 156. Pero no es menos cierto que
la Constitución otorga al Estado el papel de coordinación y supervisión general, también en materia fiscal y financiera, papel al que ha renunciado, bajo los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, para satisfacer objetivos políticos partidistas. La
actual impotencia e incapacidad manifiesta no es sino la consecuencia de una deriva política muy negativa que se podría haber evitado, pues la Constitución atribuye al Estado, en su artículo 149.1.13.a, las 'bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica', y la competencia exclusiva sobre la 'Hacienda general y deuda del Estado' en el artículo 149.1.14.a. Los artículos 103.1, 128.1, 131.1 y 150.3 también sirven de base para apoyar medidas de corrección y
racionalización de las finanzas públicas como las que solicitamos con esta moción. Incluso en el mismo artículo que consagra la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas el legislador quiso dejar bien claro que la misma está supeditada a
'los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles'.
Por todo ello, y con el fin de garantizar la estabilidad fiscal y financiera del país en su conjunto, cumplir nuestros compromisos internacionales y salvaguardar los logros alcanzados en el llamado 'Estado del Bienestar', es urgente poner en
marcha un mecanismo de coordinación presupuestaria, fiscal y financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas que, actuando de forma similar al instrumento desarrollado en la Unión Europea, formalice un ciclo de seis meses de duración en el
que se materialice la imprescindible cooperación y coordinación interadministrativa, y que tendrá la denominación de 'semestre español'.
Proposición no de Ley
'En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Aborde de manera inmediata las modificaciones en el marco regulador en materia presupuestaria, de estabilidad fiscal y de financiación de las Comunidades Autónomas que permita instaurar un mecanismo de coordinación entre éstas y el Estado a
lo largo de un periodo de seis meses, denominado 'semestre español' cuya finalidad última es la de garantizar la estabilidad fiscal y financiera del país en su conjunto, cumplir los compromisos internacionales de España y salvaguardar los logros
alcanzados en el llamado 'Estado del Bienestar', y cuyos elementos fundamentales son los siguientes:
1. A comienzo del citado ciclo, el Ministerio de Economía informará a las Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de los principios y aspectos esenciales que han de inspirar la elaboración de cada uno
de los presupuestos
autonómicos en el siguiente ejercicio, y que se derivarán de los objetivos del conjunto de las administraciones públicas y de los compromisos internacionales de España, y que tendrán en cuenta la situación particular de cada Comunidad
Autónoma.
2. Así mismo, en ese mismo marco multilateral, el Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un límite máximo de crecimiento del gasto y un objetivo de déficit individual para cada Comunidad, que sean compatibles y coherentes entre sí y
con los objetivos globales del conjunto de Administraciones Públicas. De no alcanzarse acuerdo, ambos límites serán establecidos por el Ministerio de Economía y Hacienda.
3. Sobre la base de dichos principios y aspectos generales, y bajo el respeto a los límites de gasto y déficit establecidos, las Comunidades Autónomas elaborarán sus proyectos de presupuestos para el siguiente ejercicio.
4. Los proyectos de todas las Comunidades serán remitidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de proceder a su envío a la correspondiente Asamblea autonómica.
5. El Ministerio de Economía y Hacienda emitirá un informe para cada proyecto presupuestario en el cual se informe, de acuerdo con los principios y límite establecidos, de su conformidad con el mismo o, en caso contrario, de las
recomendaciones de modificación que considere oportunas.
6. Las Comunidades Autónomas deberán modificar sus proyectos presupuestarios siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Economía y Hacienda en el caso de que no hayan obtenido la conformidad por parte de éste. Una vez modificado y con
el informe de conformidad por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, el proyecto presupuestario iniciará el habitual trámite parlamentario.
7. En caso de que el proyecto que no hubiera obtenido la conformidad por parte del Ministerio de Economía y Hacienda iniciara el trámite parlamentario sin ser modificado siguiendo las recomendaciones de éste, el gobierno de la nación podrá
establecer medidas coercitivas para lograr tal modificación, entre las que se incluyen:
a) Denegación de la autorización para acceder a operaciones de endeudamiento.
b) Retrasar los anticipos establecidos en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, así como cualquier otra transferencia corriente o de capital acordada mediante convenio.
c) En el caso en el que la ejecución presupuestaria autonómica provocara incumplimientos de compromisos europeos que llevaran aparejados sanción, ésta sería repercutida a las Comunidades Autónomas causantes, en la cuantía proporcional
correspondiente.
Finalizado el ciclo del 'semestre español', que pretende coordinar los presupuestos autonómicos y el estatal antes de su aprobación y hacerlos coherentes con las necesidades y compromisos adquiridos por el conjunto de las administraciones
públicas, el procedimiento de control continuará de manera similar al establecido en la actualidad, y que se describe a continuación:
8. Superado el trámite de aprobación parlamentaria en cada Comunidad Autónoma, éstas deberán remitir información trimestral sobre la ejecución presupuestaria al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una vez remitida, el Ministerio de
Economía y Hacienda informará, a través de este mismo órgano, de su conformidad con la senda de ejecución presupuestaria y en vista del cumplimiento de aspectos como crecimiento del gasto, déficit, cumplimiento de planes de reequilibrio, etc. En el
caso de que no existiera tal conformidad, el Ministerio emitiría las recomendaciones que considere oportunas y la Comunidad Autónoma correspondiente deberá enviar al Consejo un plan de reequilibrio con detalle de las medidas concretas para corregir
las desviaciones observadas. Así mismo, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá poner en práctica las medidas coercitivas para corregir los desequilibrios e incumplimientos detectados, entre las que se encuentran las citadas anteriormente.
9. Finalizado el ejercicio se repetirá el procedimiento de control sobre el presupuesto finalizado, de manera similar al establecido para los controles trimestrales.
A través del 'semestre español' se persigue garantizar la estabilidad financiera del conjunto de las administraciones públicas y consolidar un procedimiento eficaz de coordinación en materia presupuestaria, fiscal y financiera entre el
Estado y las Comunidades Autónomas que permita a España cumplir sus compromisos internacionales como país miembro de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2011.-Rosa María Díez González, Diputada.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la crisis alimentaria por E. coli, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 26 de mayo de 2011 la senadora de Salud de Hamburgo comunicó a la prensa que un brote de E. Coli, que había afectado hasta entonces a más de 1.400 personas, de las que 300 estaban graves y 15 habían fallecido, tenía su origen en el
consumo de pepinos producidos en España (posteriormente estas cifras se han incrementado hasta más de 2.000 afectados y 22 fallecidos). Dicha información, que finalmente se ha demostrada falsa y carente de respaldo científico, se basó en que, tras
analizar cuatro muestras de pepinos, dos de las tres que dieron positivo procedían de empresas españolas, una de Málaga y otra de Almería. La otra muestra positiva provenía, al parecer, de los Países Bajos. La gran mayoría de las infecciones se
localizaron en el norte de Alemania, siendo el foco principal la ciudad de Hamburgo.
La Unión Europea, dando credibilidad a la información procedente de Alemania cuelga en su página web la alerta y en la misma se acusa a España de ser el origen del brote infeccioso, provocando de forma inmediata unos efectos perniciosos que
se han extendido a todo el mercado de productos hortofrutícolas de España y también de otros países de la UE. Las empresas exportadoras vieron cerradas todas sus posibilidades de ventas de mercancías y al tratarse de productos perecederos se han
visto en la necesidad de destruir productos o, en algunos casos, desviarlos a industrialización. Las pérdidas son cuantiosas en el sector de la producción y han ido más allá del sector productor, extendiéndose al transporte y a la distribución.
El pasado 1 de junio se levantó la alerta tras la remisión de los resultados de los análisis realizados por el laboratorio de referencia que confirmaron la ausencia de la cepa O104 de E. Coli tanto en pepinos como en agua y suelo.
Desde la declaración de la alerta sanitaria, se ha producido la cancelación de pedidos de Estados miembros de la UE; y determinados países terceros, como Rusia y Líbano, han cerrado sus fronteras a los productos hortícolas comunitarios.
Además, EEUU y Canadá analizan exhaustivamente todos los productos procedentes de la UE.
Durante este período se ha constatado una caída generalizada del consumo en los países de destino tradicionales de las exportaciones hortofrutícolas españolas, que ha afectado no sólo a los pepinos sino a los productos frescos en general.
Por ello es necesario adoptar medidas por parte de la Administración española y de la Europea para reestablecer la situación, recuperar la demanda y para compensar los daños que el sector ha sufrido de forma totalmente injusta.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un informe exhaustivo de las repercusiones en los distintos productos y empresas, concretando la disminución de ventas asociadas a esta crisis alimentaria.
2. Exigir a la Comisión Europea la puesta en marcha de medidas excepcionales en base al artículo 191 de la OCM Única, que permitan compensar los daños comerciales producidos por esta alerta sanitaria para todos los productores afectados.
3. Solicitar a la Comisión Europea la financiación necesaria para la puesta en marcha de medidas concretas de apoyo a la promoción de los productos hortofrutícolas españoles, para difundir su variedad y calidad, poner de manifiesto los
sistemas de producción, de control de calidad y de trazabilidad, así como para fomentar el consumo de frutas y hortalizas. El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas afectadas, desarrollará dichas actuaciones de promoción,
especialmente en los países en los que se ha producido una mayor detracción de la demanda.
4. Proponer en la Unión Europea que:
- revise el sistema de funcionamiento del sistema de alertas sanitarias que eviten a futuro situaciones como las acontecidas en esta crisis.
- mejore la aplicación de los sistemas de trazabilidad, exija reciprocidad e incremente el control en frontera de las importaciones de terceros países.
5. Solicitar a la Comisión Europea la incorporación en las propuestas de reglamento de la futura PAC, que deberá presentar próximamente, de las medidas de gestión de mercados que den respuesta eficaz a las situaciones de crisis.
6. Informar al Parlamento de las actuaciones desarrolladas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2011.-Alejandro Alonso Núñez, Javier Barrero López, Joan Calabuig Rull, José Javier Mármol Peñalver y Françesc Vallès Vives, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
162/000884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre rectificación del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la Historia, para su debate en el Pleno.
La Real Academia de la Historia, en uno de los tomos del 'Diccionario Biográfico Español', publica una referencia biográfica a Francisco Franco Bahamonde, en la que se ensalza al Caudillo y se oculta la represión de su régimen con eufemismos
y afirmaciones contrarias a la verdad. Entre otras perlas se afirma que:
- 'Una guerra larga de tres años le permitió derrotar a un enemigo que en principio contaba con fuerzas superiores. Para ello, faltando posibles mercados, y contando con la hostilidad de Francia y Rusia, hubo de establecer estrechos
compromisos con Italia y Alemania';
- 'El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 proporcionó al largocaballerismo la ocasión de llevar a cabo la prometida liquidación, por vía revolucionaria, de la República';
- 'Francisco Franco pronto se hizo famoso por el frío valor que sobre el campo desplegaba';
- 'Montó un régimen autoritario pero no totalitario';
- 'La Ley de Principios del Movimiento' dibujó 'el nuevo orden constitucional'.
Entre otras lindezas, en el Diccionario se sostiene que Franco no fue un dictador y sí lo fue Negrín. El golpe de Estado y la guerra se definen como 'cruzada' y 'Glorioso alzamiento nacional'. Los mismos errores se encuentran en las
entradas referidas a otros personajes, de modo que el conjunto de las valoraciones sobre la guerra civil y la dictadura configuran la historia de los vencedores de 1939, el triunfo obsceno del revisionismo histórico.
La realidad, interpretada por los más prestigiosos españoles e internacionales, es que Franco fue un dictador y su forma de ejercicio del poder, una dictadura nacida de un golpe de estado que, al no lograr la toma del poder, desencadenó una
cruenta guerra civil con el apoyo de Hitler, Mussolini y Salazar.
Estamos, por tanto, ante un hecho muy grave, ante un escándalo nacional e internacional. Algunas biografías de esta obra son un monumento al Revisionismo histórico, una apología de Franco y del franquismo, que niega y exculpa a la
dictadura, un libelo contra la democracia y contra la República. Es una vergüenza que con dinero público se haya pagado esta gran mentira, este insulto a la inteligencia, a la ciencia y a la verdad, una burla a la memoria y un fraude académico.
Un puñado reducido de pseudo-historiadores han manchado el buen nombre de la Academia, con el agravante de empañar injustamente la figura de Su Majestad el Rey, patrono de la Real Academia de la Historia, y de Su Majestad la Reina, académica
de honor, en la medida en que esta publicación provoca un grave daño y es un obstáculo a los esfuerzos de la sociedad española de rescatar y dignificar nuestra historia y nuestra memoria compartida.
Con este escándalo, si no se rectifica de inmediato, la Academia se convierte en guardiana ideológica de la ortodoxia franquista, acentuándose su pésima imagen, inmune a los cambios sociológicos y lastrada por ritos religiosos, cargos
vitalicios, hegemonía masculina y desatención por la España contemporánea.
Por mucho que la Academia sea una Corporación de derecho público y el Gobierno sólo mantenga con ella una relación administrativa, debe tener un funcionamiento democrático, honorar sus compromisos con el Gobierno y responder de sus actos por
una obra publicada en papel, una página web y una edición on line financiadas con unos seis millones de euros por el erario público a través del Ministerio de Educación por Convenio, del Ministerio de Industria con una subvención del Plan Avanza
para el Centro Digital de Estudios Biográficos, del Ministerio de Ciencia e Innovación con una subvención a la página web y con el apoyo expreso del Ministerio de Cultura.
La Real Academia de la Historia ha violado claramente el Convenio firmado con el Ministerio el 21 de julio de 199 para este Diccionario y su compromiso 'dar una visión ecuánime de los personajes históricos', falseando deliberadamente la
historia y traicionando sus estatutos fundacionales y su objetivo de aclarar 'la importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la
antigüedad o tiene sepultado el descuido'.
Sorprende que se haya encargado la biografía de Franco a un ex Secretario de Universidades de Franco, Patrono de la Fundación Francisco Franco y presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos, y que ha declarado públicamente su 'profundo
desprecio hacia la democracia'. También sorprende que la propia Academia no haya supervisado la obra para contrastar la veracidad de sus contenidos y evitar estos disparates históricos.
El daño está hecho, pero aún se está a tiempo de cortar la hemorragia.
En un plano general, la mayor parte de las ocho Reales Academias permanecen ancladas en el pasado, con un funcionamiento anacrónico y unos estatutos establecidos durante el franquismó en 1947 o modificados en los años sesenta. Bajo el
paraguas del Instituto de España, reciben cuantiosas subvenciones públicas de las que justifican poco más que los gastos administrativos.
La Real Academia Española es la más democrática, dinámica y avanzada, con cargos electos con límite de mandato y renovación de vocales cada dos años. Los anquilosados Estatutos de la Real Academia de la Historia, sin embargo, mantienen que
el cargo de director se puede renovar sin límite y, a la vez, es el mismo director el que designa a la Junta de Gobierno.
El Gobierno ha iniciado recientemente un proceso de renovación de los Estatutos del Instituto de España y de algunas de las Reales Academias, como es el caso
de la de Ciencias Morales y la Nacional de Medicina, pero aún queda mucho por hacer, como lo demuestra la situación estatutaria de la Real Academia de la Historia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Promover la retirada de los tomos contaminados de esta edición del Diccionario Biográfico Español y se paralice su difusión en España y en el extranjero.
2) Promover la rectificación en breve plazo de las biografías que no se ajustan a la realidad ni responden a la necesaria objetividad académica, por una comisión científica de historiadores de reconocido prestigio, pertenecientes o no a la
Academia.
3) Garantizar que ningún organismo público o dependiente del Estado compre esta colección, ni se exponga en bibliotecas u otros espacios públicos mientras no se rectifique su contenido.
4) Impedir la publicación del Diccionario en su edición on line hasta que no haya sido rectificado.
5) No conceder ninguna subvención adicional a la Academia para la traducción del Diccionario al inglés o para la puesta en marcha del Centro Digital de Estudios Biográficos, mientras el texto no haya sido rectificado.
6) Denunciar o revisar el Convenio de 1999, para precisar las condiciones de apoyo institucional o financiero del Estado.
7) Promover un Estatuto Marco regulador de las Reales Academias, para que tengan un funcionamiento democrático, como al que están obligados las asociaciones, sindicatos y partidos políticos, y para que rindan cuentas de las subvenciones y de
los trabajos realizados con ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impuesto sobre la producción de
energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
Esta Proposición no de Ley pretende desarrollar uno de los tributos imprescindibles para una verdadera fiscalidad ambiental. Se propone la creación del Impuesto sobre la energía nuclear, que constituirá un gravamen sobre la producción de
energía termonuclear y sobre el depósito y el almacenamiento de residuos radiactivos.
La imposición sobre la generación de energía nuclear se justifica por multitud de razones, entre las que destaca el impacto y riesgo ambiental que genera, problemas no resueltos como los residuos nucleares, así como su importancia relativa
sobre el total de producción eléctrica.
Otras razones las podemos encontrar en los escandalosos beneficios que obtienen las empresas eléctricas. Según acredita no solo un informe de la CNE (Comisión Nacional de la Energía), avalado por la opinión de diversos expertos, los
titulares de la centrales nucleares, debido a la mala regulación acumulan más de 2.000 millones de euros por los conocidos como 'beneficios caídos del cielo'. Si a esto se le suma una política que a efectos prácticos conlleva el alargamiento de la
vida útil de las centrales nucleares ya existentes, este acaba siendo un negocio para las empresas eléctricas
Las centrales nucleares en funcionamiento hoy en nuestro país tendrán una vida útil que depende principalmente de las decisiones políticas y de los problemas técnicos que puedan generar. Por ello, está plenamente justificado que la
rentabilidad de las centrales nucleares se vea disminuida con la internalización de parte de los costes ambientales que generan, y la imposición del Gobierno podría significar una palanca adicional para acelerar la decisión empresarial y política de
cierre de su explotación.
Existen diversas alternativas para gravar la energía nuclear, la propuesta más lógica sería la de crear un impuesto sobre el kWh nuclear y complementarlo con otra imposición específica sobre los residuos nucleares, pero lo destacable es que
en coherencia con una transición energética que tenga como finalidad el cierre de las centrales nucleares está plenamente justificado aplicar impuestos ambientales sobre este tipo de energía y que su carga impositiva crezca conforme avance su vida
útil.
Es por tanto lógico pensar que en un momento que se exige tanto esfuerzo a tantos sectores y a tanta gente, un sector como el nuclear aporte más para salir de la crisis dada la rentabilidad económica que reporta a las eléctricas.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer el impuesto de alcance estatal sobre la producción de la energía termonuclear y sobre el
depósito y almacenamiento de residuos radiactivos, con la finalidad de gravar la contaminación y los riesgos sobre el medio ambiente y la salud humana que ocasionan.
2. En las Comunidades Autónomas que ya tuvieran aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley otros impuestos con el mismo hecho imponible, la compensación por parte del Estado deberá tener un alcance suficiente para
compensar económicamente su derogación.
3. Una parte del rendimiento derivado de este impuesto quedará afectado y se destinará a un fondo de desarrollo de alternativas económicas a las zonas con centrales nucleares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
OTROS TEXTOS
AUTORIZACIONES
095/000011
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(095) Operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Autor: Gobierno.
Solicitud de autorización para prorrogar la participación de unidades militares españolas en el marco de la crisis de Libia.
Acuerdo:
En ejercicio de las competencias que el artículo 31.1.4.º y 5.º del Reglamento confiere a la Mesa, y ante la ausencia de previsión reglamentaria, someter a la Comisión de Defensa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, entendiendo que la comparecencia solicitada por el Gobierno mediante escrito número de registro 174930 sería la comparecencia para informar sobre la presente solicitud de autorización, y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
ACUERDO POR EL QUE SE DECIDE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA PRORROGAR LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS EN EL MARCO DE LA CRISIS DE LIBIA
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, el Consejo de Ministros acordó, el 18 de marzo de este año, solicitar la autorización o en su caso la ratificación del Congreso de los Diputados previstas en los
artículos 17.2 y 17.3 de dicha Ley para la participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis de Libia, y autorizar el uso de bases militares españolas por las fuerzas extranjeras que actúen al amparo de las resoluciones 1970 (2011) y
1973 (2011). La participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis de Libia fue ratificada por una muy amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del Presidente del Gobierno el día 22 de marzo de 2011. Ante
la gravedad de la situación, se produjo el despliegue inmediato de algunos de los recursos militares españoles previstos en el Acuerdo del Consejo de Ministros mencionado.
En un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de marzo, se concretó el despliegue y participación de las unidades españolas en el marco de la crisis de Libia, disponiéndose un período de vigencia inicial de un mes para las unidades
participantes en las operaciones de Zona de Exclusión Aérea y de tres meses para las participantes en las operaciones de embargo, pudiendo prorrogarse en ambos casos si las circunstancias así lo aconsejasen.
Una vez iniciadas las operaciones, y a la vista de la evolución de la situación, mediante un nuevo Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 abril se sometió al Congreso la autorización de prórroga de la participación de las fuerzas españolas
asignadas a las operaciones de la Zona de Exclusión Aérea por dos meses más. Ello unificó el período de actuación de todos los medios españoles participantes en la crisis de Libia en tres meses.
El 27 de marzo de 2011 el Consejo del Atlántico Norte aprobó hacerse cargo de la ejecución y dirección de todas las operaciones militares en el marco de la intervención de la Comunidad Internacional en Libia, por un periodo inicial de
noventa días. A partir de entonces, las operaciones de embargo de armas a Libia, imposición de una Zona de Exclusión Aérea y protección a los civiles amenazados por las fuerzas del Coronel Gadafi, quedaron englobadas dentro de la operación
'Protector Unificado' llevada a cabo por 1a OTAN junto con sus socios contribuyentes.
En su reunión del 1 de junio, el Consejo del Atlántico Norte revisó la situación humanitaria y de seguridad en Libia así como la evolución de la operación 'Protector Unificado'. Todos los aliados y socios contribuyentes coinciden en que la
operación debe continuar mientras no se cumplan los tres objetivos fijados por los Ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Berlín el pasado 14 de abril: el fin de toda violencia y ataques contra civiles, la retirada de las fuerzas militares de
todas las ciudades ocupadas o asediadas, y el acceso seguro y garantizado de ayuda humanitaria a todo el territorio libio.
En consecuencia, en la reunión del Consejo del Atlántico Norte del día 1 de junio, la OTAN acordó formalmente la extensión por otros noventa días de la operación 'Protector Unificado', a partir el 27 de junio.
Las operaciones de la Alianza Atlántica en Libia están teniendo resultados positivos: la campaña aérea ha logrado evitar un incremento de ataques a civiles; el embargo de armas está resultando efectivo; no se han producido violaciones
confirmadas de la Zona de Exclusión Aérea y se ha conseguido aliviar el asedio en la ciudad de Misrata permitiendo la entrada de ayuda humanitaria por mar.
Sin embargo y pese a lo anterior, se sigue verificando sobre el terreno la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo libio por parte del régimen del Coronel Gadafi que motivara en su día la reacción de Naciones Unidas, por lo
que la comunidad internacional, en cumplimiento del párrafo dispositivo 4.º de la Resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ejerciendo la responsabilidad de proteger, debe continuar tomando todas las medidas necesarias
para la protección de los civiles y las áreas de población civil amenazadas en Libia, evitar la llegada a la zona de conflicto de nuevas armas o combatientes y posibilitar la distribución de la ayuda humanitaria allá donde sea precisa.
Por otro lado, la búsqueda de una justa solución al conflicto sólo será posible si se mantiene la presencia de una fuerza militar de la Comunidad Internacional dispuesta a hacer cumplir las resoluciones en vigor, cuya actuación permita el
establecimiento de las condiciones necesarias para la negociación de una solución a la crisis que responda a las demandas legítimas del pueblo libio.
En definitiva, las necesidades de la operación internacional en Libia para proteger a la población y áreas pobladas frente a posibles ataques, nuestra participación en la resolución de la crisis como aliados de la OTAN, así corno el
compromiso español con los valores universales consagrados en la Carta de Naciones Unidas de respeto a la vida y los derechos de las personas, aconsejan prorrogar la participación de unidades militares españolas en la operación 'Protector Unificado'
de la OTAN, en sintonía con lo acordado con nuestros aliados en el Consejo del Atlántico Norte.
En consecuencia, la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Ministra de Defensa someten a la aprobación del Consejo de Ministros el siguiente
ACUERDO
Primero. Solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar la participación de fuerzas españolas en las operaciones para la resolución de la crisis de Libia, en aplicación de las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011)
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hasta que finalice la operación 'Protector Unificado' de la OTAN.
Segundo. La entidad máxima de efectivos a desplegar, incluidos los representantes en Cuarteles Generales, es de 500 efectivos.
Tercero. Delegar en la Ministra de Defensa la realización de los trámites de solicitud de autorización oportunos, así como el desarrollo operativo de esta prórroga.
Cuarto. Los gastos derivados de esta participación se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria 'Participación de las FAS en Operaciones de Mantenimiento de la Paz', aplicación 14.03.122M.128, 14.03.122M.228 y 14.03.122M.668 del
Ministerio de Defensa.
Madrid, 10 de junio de 2011.