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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 514, de 01/02/2011
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
1 de febrero de 2011
Núm. 514
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/002062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a revisar el estatuto de los ex Presidentes del Gobierno y promover las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la
transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados ...
(Página 7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en el Oriente Medio.... (Página 8)
161/002051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del ejercicio de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales por los disidentes políticos en la República de Cuba
... (Página 8)
161/002057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a garantizar la protección de los cristianos y demás comunidades religiosas en ejercicio del derecho de libertad religiosa ...
Comisión de Justicia
161/002044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia ... (Página 11)
161/002045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inmediata puesta en marcha de la Oficina Judicial ... (Página 11)
Comisión de Interior
161/002067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la instalación de un horno crematorio de drogas en la provincia de Cádiz ... (Página 13)
Comisión de Defensa
161/002039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el replanteamiento de la financiación de la deuda contraída por el Ministerio de Defensa, a través del programa presupuestario 464B, con el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ... (Página 13)
161/002041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la elaboración y remisión a la Cámara de una reformulación, actualización y planificación de los Programas logísticos y de Modernización de
las Fuerzas Armadas ... (Página 14)
Comisión de Economía y Hacienda
161/002046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el impuesto de las transacciones financieras ... (Página 15)
161/002054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la internacionalización de la economía ... (Página 16)
161/002055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para facilitar la conversión de las cuentas de ahorro-vivienda en cuentas de ahorro-empresa ... (Página 17)
161/002066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del actual Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición ...
Comisión de Fomento
161/002047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al futuro del aeropuerto de Lanzarote (Las Palmas) ...
(Página 18)
161/002069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la política de peajes de la AP-9 y a la financiación de su ampliación ... (Página 19)
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/002053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 60% hasta el 100% para aquellos parados que decidan
convertirse en trabajadores por cuenta propia ... (Página 20)
161/002058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la capitalización del 80% de la prestación por desempleo para destinarla a formación y reciclaje profesional ...
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/002052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas vinculadas a operaciones del Plan 2000E que por problemas en el funcionamiento no fueron tramitadas ...
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/002042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de que el Gobierno adopte medidas debido a los acuerdos sobre los TAC y cuotas pesqueras que perjudican a la flota de arrastre ...
161/002050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Política Agraria Común ... (Página 23)
161/002059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno se oponga al nuevo capítulo agrícola del Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos en los términos acordados en diciembre
de 2009, para defender los intereses del sector hortofrutícola español ... (Página 24)
Comisión de Política Territorial
161/002060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ampliación del régimen sobre incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración ... (Página
25)
Comisión de Cultura
161/002048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a prestar su apoyo a la candidatura de la Sierra de Tramuntana de Mallorca como Patrimonio Mundial de la UNESCO en la
categoría de Paisaje Cultural.... (Página 26)
161/002063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la apropiación patrimonial por parte de las sociedades de gestión de determinados derechos
de autor ... (Página 27)
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
161/002049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre los procesos electorales en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ...
161/002061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el objeto de elaborar en el plazo de tres meses un nuevo Plan de Infancia y Adolescencia ... (Página 29)
161/002064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para mejorar la atención a las personas con trastornos del espectro del autismo ... (Página 30)
161/002068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para la mejora de la financiación de la Ley de Dependencia ... (Página 31)
Comisión de Igualdad
161/002040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno adopte las medidas necesarias que garanticen la protección de la mujer embarazada ...
(Página 32)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura ...
(Página 32)
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/002043 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Mixto,
sobre prevención laboral y seguridad vial ...
(Página 34)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Interior
181/003227 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre impacto que tendrán los recortes salariales en la paga extraordinaria del mes de diciembre de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ... (Página 36)
Comisión de Economía y Hacienda
181/003242 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre razones de la privatización del 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.... (Página 36)
181/003243 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre valor de la futura Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ... (Página 36)
181/003244 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre tasaciones tenidas en cuenta para conocer el valor actual de mercado de la futura Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ...
181/003245 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre forma en la que se privatizará la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ... (Página 37)
181/003246 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre necesidad de que antes de proceder a la privatización de la totalidad de la red de ventas de administraciones de loterías se encuentran sometidas al derecho
privado para el ejercicio de la actividad ... (Página 37)
181/003247 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre forma en la que se prevé la entrada en el accionariado privado de los actuales titulares de las administraciones de loterías ...
181/003248 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre fecha prevista para que se haga efectiva la privatización anunciada del 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ...
Comisión de Presupuestos
181/003259 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre grado de ejecución de las partidas destinadas al pago de expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras, autovías y actuaciones ferroviarias en
Cataluña en los últimos cinco años ...
(Página 38)
181/003260 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre número de personas que están pendientes de cobrar y cuantía de la deuda en concepto de expropiación de terrenos a causa de obras en carreteras, autovías e
infraestructuras ferroviarias en Cataluña ... (Página 38)
181/003261 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre importe de los intereses de demora por las expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras, autovías y actuaciones ferroviarias en Cataluña ...
(Página 38)
Comisión de Fomento
181/003251 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre número de personas que están pendientes de cobrar alguna cuantía en concepto de expropiación de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías en
Cataluña ... (Página 38)
181/003252 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre importe pendiente de pago en concepto de expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías en Cataluña ...
(Página
39)
181/003253 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre motivos del retraso en el pago de las expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías en Cataluña ...
(Página
39)
181/003254 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre importe de los intereses de demora por las expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías en Cataluña ...
181/003255 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre número de personas que están pendientes de cobrar alguna cuantía en concepto de expropiación de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la
alta velocidad en Cataluña ... (Página 39)
181/003256 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre importe pendiente de pago en concepto de expropiaciones de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la alta velocidad en Cataluña ...
181/003257 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre motivos del retraso en el pago de las expropiaciones de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la alta velocidad en Cataluña ...
181/003258 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macías i Arau (GC-CiU), sobre importe de los intereses de demora por las expropiaciones de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la alta velocidad en Cataluña ...
181/003263 Pregunta formulada por la Diputada doña Vicenta Tortosa Urrea (GS), sobre negociaciones entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana para la modernización de las cercanías ... (Página 40)
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/003228 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre previsiones acerca de regular la figura del arraigo en el futuro reglamento de extranjería.... (Página 40)
181/003229 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de que en la encuesta del CIS la inmigración aparezca como uno de los principales problemas de los españoles ...
181/003230 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre previsiones acerca de incluir en el desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería la pretensión del Ayuntamiento de Hospitalet de denegar el
permiso de residencia por reagrupación o arraigo a las personas que tengan conductas incívicas ... (Página 40)
181/003231 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre valoración del rendimiento escolar de la población inmigrante según los datos del Informe Pisa 2009 ... (Página 41)
181/003232 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre valoración de la situación de los menores no acompañados acogidos por las Comunidades Autónomas en centros de menores ...
181/003233 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre valoración del impacto de la ampliación del periodo de permanencia en los CIES hasta sesenta días de extranjeros en situación irregular ...
181/003234 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre políticas y directrices del Gobierno para proceder a la expulsión de los extranjeros condenados por sentencia judicial firme con penas superiores al
año ... (Página 41)
181/003235 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre previsiones acerca del contingente 2011 ... (Página 41)
181/003236 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre medidas para favorecer la inmigración circular según lo dispuesto en la directiva europea de retorno ... (Página 42)
181/003237 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre medidas para favorecer el retorno a sus países de origen de los ciudadanos extranjeros que están inmersos en situaciones de paro de larga duración
... (Página 42)
181/003238 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre previsiones acerca de realizar una nueva regularización para resolver los casos de inmigración ilegal sobrevenida, en la que están incurriendo
numerosos extranjeros que se quedan en paro por un largo periodo de tiempo ... (Página 42)
181/003239 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre motivos por los que se ha incumplido el mandato de la Cámara, aprobado por unanimidad, de restituir el Fondo de Acogida e Integración de Inmigrantes
a los niveles del presupuesto del año 2009 ...
(Página 42)
181/003240 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre valoración y evaluación del funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los
mismos durante los años 2008 a 2010 ... (Página 42)
181/003241 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), sobre razones que han motivado al Gobierno para incumplir lo dispuesto en la Ley de Extranjería en relación con la elaboración de un Reglamento en el
plazo de 6 meses ... (Página 42)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/003250 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (GMx), sobre disposición del Gobierno a dialogar con el sector pesquero afectado por los acuerdos del Consejo de Ministros de Pesca de la UE sobre los topes
autorizados de captura (TAC) y las cuotas de pesca para diversas especies para el año 2011 ... (Página 43)
181/003264 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (GMx), sobre actuación para cumplir la propuesta aprobada en el Pleno de la Cámara para avanzar en el derecho de participación, decisión y objeción de las
Comunidades Autónomas en la adopción de decisiones que afecten a las zonas costeras en materia de pesca ... (Página 43)
Comisión de Igualdad
181/003249 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (GMx), sobre estudio realizado sobre la inadecuada atención que se ofrece a las mujeres víctimas de maltrato machista que tienen que acudir a los Juzgados de
Instrucción o de Primera Instancia ... (Página 43)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
232/000048 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 8675/2006, promovido por el Defensor del Pueblo, contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, relacionados en dicha providencia ... (Página 43)
232/000049 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 9330/2006, promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja y, en su representación y defensa, por el Letrado del
mismo, contra los artículos 3.1; 117.1, 2, 3 y 4; 128.3; 144.1. g); 169.6; 174.3; 183; 201; 202.3. b); 204.1 y 4; 205; 206.3 y 5, y 210; y disposiciones adicionales 2.ª; 4.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª y 11.ª, y disposición adicional
final 2.ª, de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ... (Página 44)
Comunidades Autónomas
093/000029 Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas en materia de protección civil y gestión de emergencias ... (Página 46)
093/000030 Convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y León para la prevención y extinción de incendios forestales ... (Página 48)
Otros textos
Iniciativa legislativa popular
120/000099 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por doña Laura Pinyol Vidal y don Frederic Monell i Lliró, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para el empleo estable y
con derechos ... (Página 52)
120/000010 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Francisco García Ruiz y otros por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia
Civil ... (Página 52)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/002062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Rosa María Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en
Comisión, instando al Gobierno a revisar el estatuto de los ex Presidentes del Gobierno y promover las iniciativas legislativas necesarias para garantizar la transparencia en su régimen de retribuciones y regular su régimen de incompatibilidades
entre la percepción de retribuciones con cargo a fondos públicos y privados.
Exposición de motivos
El Real Decreto 2102/1983, de 4 de agosto, estableció el estatuto de los ex Presidentes del Gobierno atribuyéndoles ciertas prerrogativas 'durante los cuatro años inmediatos siguientes a partir del momento de su cese' (artículo 1). En
particular, como dotación económica se preveía una asignación equivalente a 15.025,30 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles, en todo caso, limitada al indicado plazo de cuatro años.
Posteriormente, mediante el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, se suprimió dicha limitación temporal, de forma que las prerrogativas asignadas a los ex Presidentes, ampliadas respecto a la normativa anterior, pasaban a poder disfrutarse
con carácter vitalicio. Además, se les reconocía derecho a la pensión indemnizatoria prevista en el artículo 10, número 5, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981.
Este es el régimen legal que perdura hasta nuestros días con apenas modificaciones, entre ellas la operada en 2008 con la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado que creaba la categoría de consejero nato retribuido con carácter
vitalicio para los ex Presidentes del Gobierno de España. Así, para el presente año 2011 se prevé una dotación presupuestaria de 238.010 euros para los ex Presidentes Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar -unos 80.000 euros para cada
uno- retribuciones con cargo al erario público que resultan además compatibles con los ingresos y rendimientos que obtengan los ex altos mandatarios como consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido patrimonial.
Pues bien, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas descansa en el principio de transparencia en la gestión de los fondos públicos, de forma que sea posible conocer, controlar y evitar en su caso la percepción
simultánea de retribuciones públicas y privadas, susceptibles de ser consideradas como claramente abusivas, especialmente en la actual situación de grave crisis económica, con una tasa de desempleo en España del 20,3% y más de 4,7 millones de
personas en paro.
Proposición no de Ley
'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de dos meses presente un Proyecto de Ley regulador del estatuto de los ex Presidentes del Gobierno que, sin perjuicio de la consideración y respeto que han de
merecer las personas que hayan desempeñado dicho cargo, establezca un límite temporal a las prerrogativas concedidas al cesar del mismo, así como el régimen de incompatibilidades entre retribuciones o derechos de contenido patrimonial procedentes de
fondos públicos con los derivados de su actividad profesional de carácter privada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, l4 de enero de 2011.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre defensa de la libertad
religiosa en el mundo, especialmente en el Oriente Medio, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La terrible masacre terrorista, acaecida recientemente en una iglesia católica de Bagdad, en la que perecieron al menos cincuenta y ocho personas, tres sacerdotes entre ellas, es un trágico episodio más de la violenta persecución religiosa
que está padeciendo la minoría cristiana en Irak y en otros países del Oriente Medio. En un comunicado transmitido por Internet la organización terrorista Al Qaida ha señalado que 'todas las iglesias y las organizaciones cristianas y sus líderes
religiosos son un objetivo legítimo de los combatientes islámicos'.
Según las Naciones Unidas 'muchos cristianos son el punto de mira de ataques sistemáticos y ya no gozan de la mínima seguridad en el país'. En efecto, en los últimos años se han producido numerosos asesinatos contra la minoría cristiana por
motivos religiosos. Son frecuentes los secuestros, las palizas, las violaciones, las amenazas, la intimidación y los ataques a casas, tiendas y lugares sagrados. Al menos cincuenta y una iglesias han sido objeto de ataques en los últimos tiempos.
Esta terrible persecución está provocando un éxodo de cristianos de muy altas proporciones, que, según autorizadas fuentes, supera el medio millón.
Algunos expertos han afirmado que existe la posibilidad alarmante de que en unas décadas desaparezca
una presencia significativa de la comunidad cristiana en Irak y en Irán.
Hemos celebrado recientemente con gran solemnidad el sesenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su frontispicio se proclama 'como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias'. Y en el mismo Preámbulo se afirma que 'todos los pueblos y naciones deben esforzarse' ...a 'asegurar el reconocimiento y aplicación
universales y efectivos de estos derechos y libertades'. Entre ellos, el artículo 18 declara: 'Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia'.
Las naciones que han asumido sinceramente la Declaración Universal de Derechos Humanos como 'ideal común' de la 'familia humana' no pueden desentenderse de la grave y sistemática conculcación de la libertad religiosa allí donde se produzca.
Resulta imprescindible adoptar una conducta de defensa activa de la libertad religiosa, al ser uno de los pilares en que deben basarse la paz, la justicia y la libertad en el mundo. Las democracias no deben abdicar de su responsabilidad, porque la
libertad de creencias no puede tener fronteras y concierne a todos. La Comunidad Internacional debe adoptar las iniciativas y medidas necesarias para salvaguardar y proteger a todas las personas y comunidades con el fin de que puedan ejercer su
inviolable derecho a practicar la religión que profesen, así como para impedir cualquier tipo de persecución por razones religiosas.
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Condena con la mayor firmeza los brutales ataques terroristas y la persecución religiosa sistemática que están sufriendo las comunidades cristianas en Irak y en otros países de Asia y África.
2. Expresa la necesidad de una decidida acción de la comunidad internacional en defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en aquellos países en los que se está conculcando de manera flagrante el ejercicio de dicha libertad
fundamental.
3. Insta al Gobierno a que promueva cuantas iniciativas sean pertinentes, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en la Comunidad Internacional, a fin de impulsar y acordar medidas conducentes a proporcionar una efectiva protección a
las personas y comunidades para que puedan libremente practicar la religión que profesan sin sufrir ningún tipo de violencia, coacción o discriminación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2010.-Eugenio Nasarre Goicoechea, José Eugenio Azpiroz Villar y Ángel Pintado Barbanoj, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/002051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la defensa del ejercicio de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales por los disidentes políticos en la República de Cuba, para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En los últimos días se ha conocido la negativa del Gobierno de Cuba a concederle permiso de salida de aquella República al disidente cubano Guillermo Fariñas para viajar a Estrasburgo a recoger el Premio Sajarov que le había sido otorgado
por la Unión Europea.
Esta realidad es claramente indicativa de la ausencia de cambios políticos significativos en la dictadura cubana, aspecto que ha de estar presente por tanto en las conclusiones del informe que ha de realizar la Comisaria Ashton respecto a la
situación de los Derechos Humanos y las Libertades en la República de Cuba.
Puesto que se puede considerar que Europa, sus instituciones, sus partidos políticos y los políticos democráticos de este continente deben asumir un compromiso firme con quienes trabajan por la Democracia, los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales en la República de Cuba, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'- El Congreso de los Diputados entiende necesario que el Gobierno asuma un firme compromiso en defensa del ejercicio de las Libertades Fundamentales por los disidentes políticos en la República de Cuba, garantizando el respeto a los
Derechos Humanos.
- El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a que, en el seno de la Unión Europea, impulse el firme compromiso de todos los países de la Unión para el despliegue de una red de protección que haga posible a la disidencia pacífica interna
de Cuba el ejercicio de las Libertades Fundamentales de la persona, especialmente los derechos de opinión, de creación y de divulgación, y la garantía del respeto a los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador Armendáriz, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la protección de los cristianos y demás comunidades religiosas en ejercicio del derecho de libertad religiosa, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Recientemente hemos asistido a toda una serie de terribles atentados contra distintas comunidades cristianas en el mundo: la matanza de la catedral de Sayedat al-Nayat en Bagdad (58 asesinados); el atentando en la iglesia de Al Kidissine,
en Alejandría (21 asesinatos). Junto a ellos, se han producido distintos ataques en Filipinas, Nigeria, Indonesia, China, Cuba, Sudán, la Isla de Java, ... incluso en España, se sabe del intento de incendio de una iglesia en Majadahonda (Madrid).
Junto a estos episodios cruentos a lo largo del planeta contra las comunidades cristianas, numerosos organismos y observatorios internacionales que trabajan contra la intolerancia y la discriminación denuncian en los últimos tiempos un
aumento de los fenómenos de acoso y persecución a estas comunidades, incluyendo incendios de iglesias, agresiones a religiosos y sacerdotes, la retirada de símbolos cristianos, la limitación de los derechos de expresión, reunión, asociación, o la
privación del ejercicio del derecho a la libertad de conciencia.
En este mismo sentido, Benedicto XVI, el patriarca de los católicos, ha llegado a reconocer, no sin motivos, que actualmente los cristianos son el grupo religioso que sufre el 'mayor número de persecuciones' en el mundo.
Al mismo tiempo, los más reconocidos organismos también vienen denunciando los ataques a los derechos de los ciudadanos a la libertad religiosa en otras confesiones, normalmente minoritarias en países en las que son objetivo a batir. A modo
de muestra, resulta interesante el Informe anual (2010) que publica la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos que señala la relación de 'países de especial preocupación' (países CPC) -aquellos en los que la libertad
religiosa es un derecho humano en peligro-: Myanmar, China, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam; y que distingue de la 'lista de observación' de países cuyas graves violaciones
de la libertad religiosa exige un control cercano: Afganistán, Bielorrusia, Cuba, Egipto, Indonesia, Laos, Rusia, Somalia, Tayikistán, Turquía y Venezuela.
Sobre las limitaciones a la libertad religiosa, Juan Pablo II, en su encíclica Redemptor Hominis se expresaba de la siguiente forma: 'la limitación de la libertad religiosa de las personas o de las comunidades no es sólo una experiencia
dolorosa, sino que ofende sobre todo a la dignidad misma del hombre, independientemente de la religión profesada o de la concepción que ellas tengan del mundo. La limitación de la libertad
religiosa y su violación contrastan con la dignidad del hombre y con sus derechos objetivos... Nos encontramos, en este caso, frente a una injusticia radical respecto a lo que es particularmente profundo en el hombre, respecto a lo que es
auténticamente humano'.
Las reacciones de líderes políticos y de personas con responsabilidad institucional de dimensión internacional son constantes, convirtiéndose en especialmente críticas en estos últimos días con motivo de los recientes asesinatos en Egipto.
Así, para la canciller alemana Angela Merkel la libertad religiosa 'es un valor esencial, uno de los valores fundamentales de la política exterior alemana' y el Estado alemán busca la protección de la vida e integridad de las minorías religiosas 'a
nivel mundial'. Para el presidente francés Nicolas Sarkozy 'no se puede aceptar que esa diversidad humana, cultural y religiosa que es la norma en Francia, en Europa y en la mayor parte de los países occidentales desaparezca de esa parte del mundo'
-en alusión a los países de Oriente Medio-. Y también el propio Presidente de la Comisión Europa, José Manuel Durao Barroso, ha declarado que está 'profundamente preocupado por la violencia religiosa reciente que han sufrido las comunidades y
creyentes cristianos' y advierte de que 'esta situación puede escalar si no se previene con antelación y de forma decidida'.
Resulta necesario incidir en el hecho de que la lejanía en la localización de los episodios enunciados no es sino una apariencia en un mundo globalizado que puede favorecer el acercamiento de culturas distintas pero que también puede
provocar un contacto no pacífico entre las mismas.
Por tanto, ésto no debe equivocar el diagnóstico de una situación que exige un compromiso amplio de la sociedad internacional, europea, y en especial la española, para evitar la expansión de un
movimiento político-religioso que, como alguien ha escrito recientemente, 'en última instancia sirve de instrumento para la justificación de comportamientos radicales o violentos'.
España, cuya sociedad se ha transformado en la última década como consecuencia de la recepción de aproximadamente cinco millones de extranjeros, se caracteriza por respetar de forma escrupulosa el derecho de libertad religiosa -consagrado en
el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, así como en el artículo 16.1 de la Constitución Española de 1978- de todos los ciudadanos que residen en nuestro territorio, incluidas las minorías.
Además, es un país eminentemente católico. En una reciente encuesta del CIS al respecto, el 73,2% de la población de España se declaraba católica.
Estas circunstancias propias, permiten hablar de España como un país respetuoso con los derechos humanos que debe velar por el cumplimiento de la legalidad internacional, por tanto del respeto del derecho de libertad religiosa en cualquier
parte del mundo, pero al mismo tiempo concebirlo como un país que es víctima de los fundamentalismos religiosos y movimientos extremistas contra los cristianos, especialmente afectado por el gran número de fieles pertenecientes a la Iglesia
Católica, razones todas ellas que le acreditan como actor fundamental en el escenario material con dimensión internacional.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados:
I. Condena todos los atentados que a lo largo del planeta se han dirigido y perpetrado contra las comunidades cristianas y manifiesta su apoyo y solidaridad para con las víctimas directas de los mismos, así como para con la totalidad de la
comunidad cristiana en el mundo.
II. Rechaza de plano todo acto de persecución que sufren determinadas comunidades religiosas, cualquiera que sea la confesión que practiquen y el lugar del mundo en el que se produzcan, por el mero hecho de pertenecer a ellas y de vivir
conforme a sus creencias.
III. Insta al Gobierno de España a:
i) Condenar todos los ataques a comunidades cristianas que son una realidad constante en las sociedades de muchos países, especialmente el asesinato a cristianos en Egipto durante la pasada Navidad.
ii) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en España el pleno desarrollo en el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa (artículo 16.1 CE), en cumplimiento del deber de cooperación con las confesiones que el Estado
tiene atribuido por el artículo 16.3 CE, en especial con la Iglesia Católica, conforme al tenor literal del citado artículo.
iii) Llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la igualdad de todas las personas, sin que exista discriminación alguna por razón de religión, conforme al artículo 14 CE, comprometiéndose a no aprobar acción alguna dirigida a
marginar ninguna confesión religiosa, especialmente la católica, profesada por la gran mayoría de la sociedad española.
iv) Comprometerse plenamente a perseguir las ideologías del odio y del fanatismo fundamentalista que incluirá desde la debida tipificación de las manifestaciones de intolerancia, la consecuente aplicación de las leyes penales y la exigencia
de responsabilidad a los delincuentes hasta la promoción de valores cívicos que combatan tanto la violencia por motivos religiosos como la ideología que la hace posible y la justifica.
v) Solicitar una respuesta concertada de la Unión Europea con objeto de garantizar la protección de los cristianos y del resto de comunidades religiosas minoritarias en el ejercicio del derecho de libertad religiosa en todos los países,
especialmente en Oriente Medio, de acuerdo con la reciprocidad con la que los Estados miembros se respetan los derechos de sus ciudadanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2011.-Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/002044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la mejora de la
formación del personal al servicio de la Administración de Justicia, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La modernización de la Oficina Judicial y su adaptación a las directrices impuestas por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no será posible sin una nueva política de personal
que incida en la formación y en la estabilidad de los funcionarios.
No basta con nuevos edificios judiciales y equipamiento informático si el capital humano y la organización para la que han de servir continúan ancladas en el siglo xix, si no se deslindan responsabilidades entre todos los componentes de las
oficinas y se hace gravitar el peso de toda la Administración de Justicia en la figura del Juez.
Promulgadas las reformas procesales, estamos a la espera de la implantación de la nueva Oficina Judicial y de la confección de las RPT, cuestiones clave para el éxito de la reforma pues, a la espera de la redistribución que ha de comportar
la nueva oficina, las plantillas de personal auxiliar o de soporte a la Oficina Judicial prácticamente no han sufrido modificaciones, no hallándose adaptadas en la actualidad, ni a los procedimientos judiciales actuales, ni a la realidad
demográfica.
La interinidad y la falta de formación de los funcionarios se convierten en una constante que preocupa cada vez más. No es casualidad que en la reciente Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el estado actual de
la Administración de Justicia en dicha Comunidad Autónoma, por ejemplo, se ponga de manifiesto que, un año más, haya que lamentar la situación en la que se encuentran muchos órganos jurisdiccionales, en 'los que lo que debería ser la excepción, la
cobertura de las plazas por funcionarios interinos, se convierte en la regla general'.
Cierto es que en tiempos de crisis, la asignación de recursos se restringe, lo cual obliga a que deban ser administrados extremando todos los cuidados, dirigiéndose a lo estrictamente necesario, y obviando el gasto superfluo que no van a
contribuir a conseguir una Administración de Justicia eficaz.
Aun cuando esta premisa debe constituir el criterio rector a la hora de aprobar el presupuesto para 2011 del Ministerio de Justicia, resulta evidente que la distribución de las partidas no garantiza la consecución de los objetivos que se
entienden prioritarios, como es la puesta en marcha de la Oficina Judicial, una puesta en marcha en la que siendo muy importante la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia, las partidas destinadas a su formación caen
aproximadamente un 40%.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de forma urgente, adopte las siguientes medidas:
1. Dotar al personal interino de la formación necesaria para desarrollar su trabajo con la calidad y garantías exigibles en tanto en cuanto no se produzca la cobertura de todas las plazas de funcionarios de la Administración de Justicia que
integran las plantillas de los Juzgados y Tribunales.
2. Dotar al personal al servicio de la Oficina Judicial de formación en materias de índole organizativa y de recursos humanos, proporcionándoles las capacidades necesarias para cumplir su función.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la inmediata puesta en
marcha de la Oficina Judicial para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La situación de la Administración de Justicia es crítica. Los datos estadísticos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial, muestran una realidad que lejos de mejorar empeora año a año. La pendencia de asuntos sin resolver que
acumulan los juzgados es cada vez mayor, el tiempo promedio en el que se resuelven los asuntos es mayor que hace 5 años, y a los retrasos crónicos en perjuicio de los ciudadanos se suman la obsolescencia del material, la dispersión de programas
informáticos y la acumulación de ejecuciones.
Esta crítica situación requiere un serio compromiso político para la adopción de medidas que trasciendan los intereses partidarios y tengan una verdadera vocación de permanencia. Con ese espíritu, y a iniciativa del Gobierno del Partido
Popular el 28 de junio de 2001, suscribimos con el Partido Socialista Obrero Español un Pacto de Estado de Reforma de la Justicia a fin de que 'la Justicia actúe con rapidez, eficacia, y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos
complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles'.
En ese contexto, se llevaron a cabo varias reformas legislativas importantes, entre ellas, la reforma de la Oficina Judicial, con el objetivo de racionalizar y actualizar sus medios personales y materiales para una mejor y más rápida
administración de la Justicia. Asimismo se preveía su adaptación para permitir la progresiva incorporación de nuevas tecnologías en este ámbito y obtener una atención de calidad a los ciudadanos.
Lamentablemente, al romperse el Pacto de Estado, por decisión unilateral del Partido Socialista, esta verdadera revolución que debía transformar a la Justicia en un servicio verdaderamente eficaz, se vio truncada, perdiendo el impulso que se
requería para su completo desarrollo.
Para el Partido Popular convertir a la Justicia en un servicio eficaz, que verdaderamente satisfaga las necesidades de los ciudadanos, constituye una prioridad inaplazable que debe ser abordada de inmediato. Con esa convicción, y con el
objeto de recuperar el consenso perdido, que asegure el éxito de las reformas que han de acometerse para modernizar la Administración de Justicia, al inicio de esta legislatura, suscribimos en 2008 un pacto con el Gobierno Socialista, mediante el
cual se renovaban los compromisos de 2001-2003 y se volvía a comprometer el consiguiente aumento presupuestario para la política de Justicia.
Uno de los puntos sobre los que gira dicho acuerdo, que debe direccionar los recursos materiales destinados a Justicia, se centra en la Oficina Judicial. De esa forma, como primer paso para dejar expedita la inmediata puesta en marcha de
esta importantísima figura, se abordó la reforma de 15 leyes procesales, aprobadas en julio de 2009 con nuestro respaldo.
Paralelo a ello, la Cámara en la Resolución n.º 39 aprobada en la sesión de Pleno celebrada el 19 de mayo de 2009 con ocasión
del Debate del estado de la Nación, instó al Gobierno a incrementar en 200 millones de euros la dotación de la sección para ser invertidos en la puesta en marcha inmediata de la Oficina Judicial y la implementación de un sistema informático de
ámbito nacional para la Justicia, que sea accesible y compatible para todos los Juzgados y Tribunales del territorio español.
No obstante, más allá de la experiencia piloto de Murcia, que ya va por su tercera inauguración, ha transcurrido más de un año, y ni la Oficina Judicial se ha puesto en marcha, ni el incremento presupuestario prometido ha sido cumplido
Cierto es que en tiempos de crisis, la asignación de recursos se restringe, lo cual obliga a que deban ser administrados extremando todos los cuidados, dirigiéndose a lo estrictamente necesario, y obviando el gasto superfluo que no va a
contribuir a conseguir una Administración de Justicia eficaz.
Aun cuando esta premisa debe constituir el criterio rector a la hora de aprobar el presupuesto para 2011 del Ministerio de Justicia, resulta evidente que la distribución de las partidas no garantiza la consecución de los objetivos que se
entienden prioritarios, como es la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la implementación de un sistema informático de ámbito nacional para la Justicia, que sea accesible y compatible para todos los Juzgados y Tribunales del territorio español.
Precisamente estas partidas han sufrido un recorte del orden del 50%, respecto del ejercicio pasado, por cierto, muy lejos de la cifra comprometida por el Gobierno en 2009.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de forma urgente, adopte las medidas necesarias para:
1. Concretar y poner en marcha de forma inmediata y sin mayor dilación, la Oficina Judicial, para cuya implantación en la estructura procesal española este Congreso aprobó, con el apoyo de todos los Grupos, ya hace más de un año, la
modificación de más de quince leyes procesales.
2. Atender las necesidades de mantenimiento y conservación de los edificios y material informático de los Juzgados y Tribunales
3. Incorporar definitivamente nuestra Administración de Justicia a la Sociedad de la Información para ofrecer un servicio más ágil, accesible, transparente y de calidad al ciudadano, estableciendo mecanismos de compatibilidad entre los
distintos sistemas informáticos con objeto de facilitar la comunicación e intercambio de información entre todos los agentes que operan en sede judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/002067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la instalación de un
horno crematorio de drogas en la provincia de Cádiz, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Cádiz es una de las provincias donde más hachís se incauta. Se calcula que un 25% del total de España. También se han hecho importantes incautaciones de cocaína y otras sustancias estupefacientes.
En Cádiz actualmente ya no hay sitios seguros para almacenar más droga. Se calcula que hay más de 100.000 kg cuya vigilancia y control no ofrece garantías, por lo inadecuado y disperso de los lugares de almacenamiento.
Al no haber sitio apropiado para almacenar ni para destruir la droga, ésta debe trasladarse a la planta incineradora del Consorcio de Pescadores de Serín (Gijón), a 1.000 km de distancia.
La droga es transferida con grandes medidas de seguridad e introducida bajo vigilancia en la incineradora, lo que supone una logística de transporte y vigilancia especial que en parte también provoca dilaciones que incrementan el período de
almacenamiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Instalar un horno crematorio para incinerar los miles de kilos de droga que se incautan en la provincia de Cádiz con objeto de evitar su almacenamiento prolongado y posterior traslado a más de 1.000 km de distancia para su destrucción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2011-Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/002039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el replanteamiento de la
financiación de la deuda contraída por el Ministerio de Defensa, a través del programa presupuestario 464B, con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado 4 de marzo de 2009, el Grupo Parlamentario Popular presentaba una Proposición no de Ley relativa a los programas de modernización y su contratación con las industrias de Defensa. La proposición fue aprobada, acordándose un texto
transaccional por el que el Secretario de Estado de Defensa comparecería en la Cámara para presentar un informe sobre la materia. La comparecencia se substanció el 24 de junio de 2009, y en ella el SEDEF, además de exponer detalladamente la
situación de los programas de modernización, se extendió sobre los detalles de planificación de las capacidades, y abordó el problema de la financiación, en especial la deuda que el Ministerio de Defensa ha contraído para prefinanciar los grandes
programas con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En el mencionado debate, el Secretario de Estado reiteró su voluntad y su compromiso para llegar a acuerdos con todos los grupos de la Cámara y consensuar soluciones para la planificación y mantenimiento de los programas de modernización, y
en especial, para trazar nuevas vías de financiación que consiguiesen saldar la gran deuda existente derivada de las cantidades adelantadas por Industria, Turismo y Comercio (cifradas recientemente por el propio SEDEF en 15.000 millones de ), y
permitiesen continuar el proceso de dotar a nuestros Ejércitos y Armada de las capacidades militares no solo necesarias sino indispensables. En el debate fijó también el plazo de seis meses para remitir una propuesta a la Cámara sobre esta materia.
Sin embargo, casi l8 meses más tarde, no ha habido propuestas ni novedades por parte del ministerio para avanzar en un, ya urgente, acuerdo para solucionar este problema de endeudamiento que ahoga nuestra capacidad, no sólo de mantener
nuestra modernización, sino ya de sostener los compromisos con las industrias de defensa. No podemos olvidar que hablamos de un sector del que dependen más de 60.000 empleos, ya sean directos o inducidos, de muy alta calificación técnica y cuya
actividad se concentra geográficamente de forma que hay comarcas enteras que viven, literalmente, de dichas industrias que han llegado a formar un tejido muy fuerte, de alto valor tecnológico y con mercados multinacionales potentes.
En su reciente comparecencia con motivo del debate de presupuestos, el pasado mes de octubre, el Secretario de Estado subrayó la 'voluntad de encuentro' que 'en los próximos tiempos debemos aprovechar', para
referirse a la búsqueda de soluciones en sede parlamentaria sobre la financiación. Por ello, creemos que es el momento de dar el siguiente paso y abordar directamente esta cuestión, sin postergar un debate urgente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, en el plazo de tres meses para su debate en Comisión, un informe sobre la viabilidad o la modificación del actual sistema de financiación de los programas de
modernización del Ministerio de Defensa, la disponibilidad financiera del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las fórmulas alternativas de financiación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración y remisión a la
Cámara de una reformulación, actualización y planificación de los Programas logísticos y de Modernización de las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La importante crisis económica por la que atravesamos, unida a la llegada a término de programas de modernización, y a la falta de iniciativa y criterio en el desarrollo de una nueva programación conforme a nuestras capacidades económicas,
coherente con las capacidades militares previstas en nuestro planeamiento y acordes con nuestros compromisos internacionales, han conducido, tanto a los programas de modernización de las Fuerzas Armadas como a las industrias de defensa que los
desarrollan, a un punto que prácticamente equivale al de no retorno.
El tercer año consecutivo de recortes presupuestarios se centra, con una carga demagógica inaceptable, en las inversiones de la sección 14, Defensa. Se nos vuelve a decir, de modo automático y sin mayor esfuerzo de reflexión y debate, que
los recortes son inevitables: cultura de austeridad y de eficiencia y hacer más con menos. El recorte se está haciendo de un modo inercial y puramente contable, poniendo en riesgo nuestras capacidades. Y una de ellas, y no la de menor importancia
ya que hay más de 60.000 empleos en juego, es la de tener un tejido industrial vinculado a la defensa de alto valor tecnológico.
No podemos ser ajenos a un proceso de reflexión, replanteamiento y reprogramación que han emprendido absolutamente todos nuestros aliados.
No podemos seguir con los mismos programas pero recortados, sin abordar un solo programa nuevo. Es
indispensable reflexionar en profundidad sobre nuestro modelo, repensar nuestras prioridades y sopesar qué ejército necesitamos tener y qué recursos estamos dispuestos -o podemos- emplear en conseguirlo. Un dato ilustrativo: en la exposición de
motivos de la Proposición No de Ley sobre esta materia que debatimos en el Congreso de los Diputados en el año 2009 planteábamos que en el ejercicio 2012 la demanda del Ministerio de Defensa a las industrias, si no se tomaban medidas correctoras y
se lanzaban nuevos programas, estaría por debajo de 800 millones de euros. Se nos llamó catastrofistas. Pues bien, en los PGE para el 2011, la partida presupuestaria del programa 464B es de 770 millones de .
Estamos ante una situación de emergencia que hace indispensable plantear nuevos proyectos que continúen la modernización de nuestros ejércitos, el mantenimiento de sus capacidades e impulsen el desarrollo, el nivel tecnológico, la creación
de empleos y la presencia internacional de nuestra industria. Es urgente reformular el marco de relación público-privado, la extensión de los programas a lo largo de toda la vida de los sistemas, las nuevas modalidades contractuales y los apoyos a
la exportación. Se hace necesaria también la búsqueda de una nueva programación previsible y adecuada, que clarifique al sector industrial y permita conocer cuáles serán los calendarios y la financiación de los programas que realmente se han de
iniciar en los próximos años. La previsibilidad de programas que requieren muy largo plazo de ejecución es elemento esencial. Hoy la incertidumbre es el único marco en la relación público-privada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara, para su debate en un plazo de 6 meses, una reformulación, actualización y planificación de los programas logísticos y de modernización de las Fuerzas Armadas
(Grupo de programas 122).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Hacienda
161/002046
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley sobre el impuesto de las transacciones financieras.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 153348 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/002046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impuesto de las transacciones financieras, para su debate en la Comisión de
Economía.
El actual contexto de profunda crisis económica global ha evidenciado la incapacidad de los actores estatales y los gobiernos para poner límites a los mercados financieros internacionales y a la especulación. En cambio, los mismos gobiernos
no han dudado en poner en marcha recortes del gasto social y reformas perjudiciales para los derechos de la ciudadanía en general y de los trabajadores y trabajadoras; argumentando la necesidad de satisfacer las demandas de estos mismos mercados
internacionales.
Ante esta injusta situación, diferentes organizaciones de la sociedad civil -como la Plataforma 2015 y más, CCOO, UGT y Attac España- han instado al Gobierno de España a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la adopción de medidas
alternativas como la puesta en marcha de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) junto con un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos fiscales.
Los firmantes del 'Manifiesto por un Impuesto a las Transacciones Financieras y la supresión de los paraísos fiscales' exigen la implantación inmediata de dicho impuesto y la lucha decidida contra la evasión fiscal, desarmando el entramado
de los paraísos fiscales de modo que se recuperen recursos que legítimamente pertenecen a los ciudadanos y se generen otros adicionales suficientes para combatir las desigualdades sociales.
El ITF es una propuesta para gravar las transacciones financieras en un sector que favorece esencialmente la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía no productiva, pero también sobre los recursos
energéticos e incluso sobre los alimentos -mientras 1.000 millones de personas no saben si podrán comer cada día- y el agua potable.
Su viabilidad técnica está fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI y la reciente comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y Consejo de Jefes de Estado. La dificultad no se encuentra en las barreras técnicas, que pueden
abordarse y resolverse, sino en la voluntad política. Diferentes Jefes de Estado y de gobierno de la UE ya se han manifestado por su implantación, como es el caso de Merkel, Sarkozy y el propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio.
Pero hasta ahora todo ha quedado en debates y gestos, sin llegar a concretar la propuesta. Ha llegado el momento no sólo de la aplicación inmediata del impuesto, sino también de la fijación de unos tipos impositivos que disuadan a los
especuladores de seguir apostando en el casino financiero.
Aunque el alcance del impuesto ha de ser preferentemente global, se resalta la oportunidad de comenzar su aplicación en primer lugar en la UE o, por lo menos, en la zona euro, por ser un importante espacio económico desde donde podría
después generalizarse.
El Manifiesto exige también a los gobiernos de la UE la adopción y promoción de medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia financiera y combatir la evasión, el fraude fiscal y el lavado de dinero
de todo tipo de delitos realizados a través de los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes. La erradicación de los paraísos fiscales es perfectamente posible y es una exigencia política y moral que alcanza el más amplio consenso
social. Los paraísos fiscales son el auténtico agujero negro de las finanzas internacionales, facilitando que cada año salgan de forma ilícita un billón de dólares
de los países en desarrollo. No existe justificación alguna para permitir marcos fiscales desiguales y la elusión de la responsabilidad fiscal de unos pocos (multinacionales y grandes fortunas) frente a los esfuerzos soportados por el resto
de la ciudadanía.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que sitúe como prioridad política de sus participaciones en el Ecofin, el Consejo Europeo y las reuniones del G20:
- El impulso de un Impuesto a las transacciones financieras.
- Un calendario concreto de aprobación del impuesto.
- El establecimiento de un tipo impositivo que disuada a los inversores financieros a realizar operaciones únicamente especulativas.
- El impulso de las medidas legales y administrativas concretas que permitan la lucha contra los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2011.-Nuria Buenaventura Puig, Diputada.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/002054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el impulso de la
internacionalización de la economía, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Debido a la parálisis de actividad en todos los sectores productivos de nuestro país, hoy es más necesario que nunca potenciar la actividad económica de España en el exterior.
España sigue perdiendo competitividad en costes laborales relativos. El coste por hora trabajada sigue subiendo en España, a pesar de la fuerte destrucción de empleo. En 2009, el coste por hora trabajada subió en España un 5% frente a un
2,6% en la eurozona, o al 2,1% de Alemania. En el primer trimestre de 2010, el aumento en España fue más moderado, del 2% en línea con la media.
Según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, la cuota de las exportaciones españolas en el comercio mundial de mercancías ha caído en la última década, pasando del 1,79% en el año 2000 al 1,75% en 2009. En cuanto a las
exportaciones de servicios, España apenas ha aumentado su cuota en el comercio mundial, solo 0,17 puntos, desde un 3,59% en el año 2000 al 3,69% en 2009.
Asimismo, las exportaciones, medidas en términos TARIC, han pasado de representar el 17,6% del PIB en 2003 al 15,2% del PIB en 2009. Las exportaciones han aumentado un 14% mientras que la media en la Unión Europea lo ha hecho un 23%,
Alemania un 27%, Italia otro 23% y Francia un 23,4%. La cuota de mercado de la exportación española ha caído del 2% al 1,7%, con 15% de caída de la cuota de mercado. Estos son los principales indicadores de competitividad que se emplean en todas
partes.
El volumen de inversión extranjera en España se ha desplomado un 80%.
Según Naciones Unidas, hemos pasado del puesto 6.º al 20 en captación de inversiones.
Asimismo, el último informe del World Economic Forum asegura que, de un total de 139 países analizados, España ha descendido 9 posiciones en el ranking de competitividad, del puesto 33 al 42 en este último año, 13 puntos en los dos últimos
años y 19 puntos desde 2004. La pérdida de competitividad, se ha acelerado acentuadamente en este último año.
Es urgente adoptar las medidas necesarias para aumentar la base exportadora, aumentar la participación de España en el comercio internacional y garantizar la seguridad jurídica de las empresas españolas en el mundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan anual de Competitividad que fijará los objetivos y actuaciones en esta materia, e informes trimestrales de competitividad que serán debatidos en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En
dicho Plan se garantizará un mínimo de recursos para las políticas de internacionalización.
2. Establecer una evaluación sistemática (coste-beneficio) del impacto de los instrumentos de apoyo a la internacionalización para renovarlos de forma permanente y mejorar su eficacia.
3. Recuperar las deducciones para la internacionalización de la empresa española.
4. Definir y calcular las tasas de retorno para las empresas españolas de las operaciones crediticias del Estado con el exterior.
5. Desarrollar un papel más activo en la defensa de los intereses españoles en las negociaciones comerciales
de la Organización Mundial de Comercio y en la Unión Europea.
6. Apoyar una conclusión equilibrada de la Ronda Doha en la OMC que aumente la libertad de comercio y favorezca el crecimiento económico.
7. Facilitar que la empresa española pueda mejorar y ampliar su acceso a las garantías que CESCE ofrece para fortalecer la posición de las compañías españolas en el exterior.
8. Crear una línea de apoyo jurídico para las PYMEs españolas en su proceso de internacionalización y crear un seguro de litigio jurídico para el conjunto de las empresas españolas en el exterior.
9. Fomentar los Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones y de Doble Imposición, claves para la seguridad jurídica de las empresas españolas que deciden apostar por su internacionalización.
10. Crear instrumentos adecuados para detectar la presencia de barreras de entrada a los productos españoles en los mercados exteriores.
11. Potenciar la coordinación entre la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Comunidades Autónomas, Cámaras de Comercio y demás agentes protagonistas en la internacionalización de las empresas españolas, para mejorar la eficiencia del
proceso de expansión internacional y de aumento de las exportaciones.
12. Optimizar los recursos económicos y humanos especializados en internacionalización que utiliza el ICEX.
13. Reforzar los planes de empresa que gestiona el ICEX para las PYMESS.
14. Potenciar la difusión del Plan Estratégico ICEX 2009-2012 entre las asociaciones de exportadores y entre las propias empresas exportadoras.
15. Impulsar los instrumentos de información sobre los mercados exteriores de forma que sean más completos y accesibles para la empresa española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para facilitar la conversión de las
cuentas de ahorro vivienda en cuentas de ahorro empresa, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Según el INE, el 41% de los parados existentes llevan buscando trabajo desde hace más de un año. Este colectivo ha aumentado en más de un 262% desde el último trimestre del 2007, desde los 515.800 parados hasta los 1.872.000 del tercer
trimestre del 2010. Los hogares con todos sus miembros parados ha crecido desde el último trimestre de 2007 un 192% hasta alcanzar los 1.292.300.
En este contexto de falta de crédito, elevado endeudamiento y con un mercado laboral que no da señales de recuperación, los agentes económicos, familias y empresas están posponiendo sus decisiones de inversión, y por lo tanto, mantienen una
mayor proporción de su renta disponible en forma de ahorro. Las deducciones aplicadas a las cuentas de ahorro-vivienda para la adquisición de viviendas y la de ahorro-empresa para constitución de una sociedad con actividad y contratación de
personal son instrumentos muy eficaces para fomentar este ahorro con fines finalistas.
Sin embargo, la grave situación económica por la que atraviesan cientos de miles de familias en España, junto con la falta de percepción por los ciudadanos de un verdadero ajuste de los precios del sector inmobiliario, obligan a muchos
agentes a desistir de la compra de vivienda, replanteándose o posponiendo esta decisión de compra al momento en que se indicie la mejoría en el mercado de trabajo y se consolide la recuperación económica.
Ello significará que los sujetos que cancelen su decisión de compra de primera vivienda, y que hayan hecho imposiciones a dicha cuenta, tendrán que devolver las deducciones aplicadas en los cuatros años de plazo.
Teniendo en cuenta que en
un contexto de fuerte endeudamiento tanto público como privado, el fomento del ahorro, sobre todo para inversiones productivas generadoras de empleo, es una necesidad imperiosa para la economía española, sería muy razonable permitir que se pudieran
transferir los recursos depositados en la cuenta ahorro-vivienda, con el mantenimiento de las deducciones, a la cuenta ahorro-empresa. Con esta medida se estaría fomentando el ahorro para inversión productiva generadora de empleo, la iniciativa
empresarial y el espíritu emprendedor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los reglamentos necesarios para que aquellas personas con cuentas ahorro-vivienda puedan aprovecharse de sus ventajas fiscales para emprender su propio negocio, mediante las
siguientes líneas directrices:
1. Modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, de tal manera que los sujetos que se beneficien de la deducción por cuenta ahorro-vivienda puedan transferir los
importes a una cuenta ahorro-empresa, o cambiar la condición jurídica de la cuenta, con el fin de seguir beneficiándose de la deducción y con el objetivo último de emprender un negocio.
2. Los ejercicios vencidos en la cuenta ahorro-vivienda se computarán como transcurridos en el cambio hacia la nueva cuenta ahorro-empresa constituida, de tal manera que en ningún caso las deducciones se aplicarán más de cuatro ejercicios
en el cómputo total de las dos cuentas.
3. El porcentaje de la deducción será del 15% en la cuenta ahorro-empresa con un límite de 9.015 euros por ejercicio.
4. Igual tratamiento se aplicará a los fondos de la cuentas ahorro-vivienda que se destinen a la creación y desarrollo de un negocio en los mismos términos que establece la cuenta ahorro-empresa, o bien al desarrollo formativo del titular
de la cuenta a través de estudios de grado o de postgrado en centros homologados por el Ministerio de Educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación del
actual Convenio entre el Reino de España y los EE.UU. de América para evitar la doble imposición, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
La internacionalización de nuestras empresas y nuestra proyección en el exterior, así como la necesidad de atraer inversiones extranjeras hacia nuestro país, son requisitos necesarios para aumentar la competitividad de nuestras empresas y de
la economía española.
El régimen fiscal específico de este tipo de operaciones internacionales se encuentra regulado en la normativa general, básicamente el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre Sociedades y, además, por los Convenios de
Doble Imposición suscritos con determinados países.
Dada la importancia de este tipo de Convenios para evitar la doble imposición internacional y en especial con países con un gran potencial económico y comercial, como los EE.UU., es fundamental
que el Gobierno de España se interese por actualizar el Convenio de Doble Imposición vigente, de manera que facilite a nuestras empresas la proyección exterior en ese país, al mismo tiempo que facilite la inversión de empresas residentes en el
mismo, en nuestro territorio, consiguiendo ventajas fiscales en ambas direcciones.
Según respuestas del Gobierno, se han mantenido contactos informales por parte del Ministerio de Economía y Hacienda con las autoridades competentes de los EE.UU., pero la situación actual de nuestra economía hace que la revisión de este
convenio de doble imposición sea urgente y prioritaria con el fin de incrementar nuestra competitividad frente al exterior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, con la máxima urgencia, la modificación del actual Convenio entre el Reino de España y los EE.UU. de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
respecto de los impuestos sobre la renta, de 22 de febrero de 1990, con el fin de alcanzar acuerdos fiscalmente más favorables y favorecer la inversión recíproca de nuestros respectivos países y la competitividad de nuestra economía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2011.-Ana María Madrazo Díaz, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento
161/002047
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa al futuro del aeropuerto de Lanzarote (Las Palmas).
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 153068 y considerando que solicita el debate
de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/002047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto suscribe la Proposición no de Ley presentada por el Diputado don José Luis Perestelo, con número de registro de entrada: 0153006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2011.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa de la Comisión de Fomento
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don José Luis Perestelo Rodríguez (Coalición Canaria), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley, relativa al futuro del aeropuerto de Lanzarote (Las Palmas), para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado día 4 de enero, la Cámara de Comercio de Lanzarote, las organizaciones empresariales y representantes de distintas fuerzas políticas de la isla firmaron una declaración conjunta en la que demandan a AENA que cumplimente una serie
de acciones para fortalecer el papel del aeropuerto de dicha isla como 'puerta de entrada' a Lanzarote y como una 'infraestructura básica para el sostenimiento de la actividad económica insular'.
El consenso de las organizaciones empresariales y las fuerzas políticas se selló tras las múltiples cancelaciones y desvíos de vuelos registrados especialmente durante el pasado mes de diciembre como consecuencia de las limitaciones que
ofrece el sistema de aproximación al aeropuerto de Lanzarote si las condiciones climáticas son adversas.
Estas limitaciones ha tenido como consecuencia la cancelación de rutas aéreas y la inevitable pérdida de competitividad del tercer aeropuerto de Canarias más importante en el tráfico de pasajeros.
Los firmantes de la declaración conjunta exigen que se acometan 'urgentes inversiones para adaptarlo al nivel de operatividad y modernidad que le corresponde'.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que garantice la mayor operatividad del aeropuerto de Lanzarote, dotándolo de los sistemas de aproximación y guía que se consideren más adecuados.
Que proceda de manera inmediata a la ampliación de la actual pista del aeropuerto, en consonancia con el consenso existente a tal efecto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2011.-José Luis Perestelo Rodríguez, Diputado.
161/002069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la política de peajes de la AP-9 y a la financiación de su ampliación, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Circular por la autopista AP-9 en Galicia no sólo resulta prohibitivo, hay que pagar unos 13 euros para ir de A Coruña a Vigo y 5,30 euros entre A Coruña y Santiago, sino que además está excluida del programa de rebajas y descuentos que las
concesionarias realizan a personas jubiladas, a desempleados o personas con minusvalía o a los usuarios que la utilizan un número determinado de ocasiones al mes.
Hay que tener presente que los peajes de la AP-9 se incrementaron a día 1 de enero un 0,04% más que la media del Estado. Así que es fácil concluir que los usuarios gallegos de esta autopista, que no cuenta con una alternativa real dada la
situación de la N-550, les está representando una carga muy onerosa viajar en coche por esta vía en un momento en el que se enfrentan también a un incremento de los precios de los combustibles.
Además, y amén de las excesivas subidas, la principal autopista de Galicia tampoco cuenta en el programa
de descuentos que sí aplican otras concesionarias de autopistas en otras CC.AA.
- En este caso, la concesionaria de la AP-9, AUDASA, pretexta, en informaciones publicadas en los medios, que dichos programas de descuentos son responsabilidad de la Administración del Estado. Afirman que corresponde al Ministerio de
Fomento la iniciativa en la toma de decisiones sobre este tipo de cuestiones.
Sin embargo, desde el mismo Ministerio de Fomento se señala que es la concesionaria la responsable de los planes comerciales y de descuentos a los usuarios.
En este tira y afloja, son los ciudadanos que utilizan esta vía de alta capacidad los perjudicados por la falta de iniciativa de uno y otro lado.
En el caso de la empresa concesionaria está claro que no le interesa aplicar este tipo de
políticas que benefician a la economía de los ciudadanos, pero reduce los suculentos beneficios que obtienen por los altos costes de los peajes.
Y en el caso de la Administración del Estado, observamos cierta indiferencia o pasividad ante un tema que es de interés ciudadano en Galicia.
El mismo Presidente de la Xunta de Galicia se pronunció públicamente sobre esta cuestión a raíz de las informaciones publicadas en prensa, demandando los mismos descuentos para las autopistas gallegas, aunque mucho nos tememos que no haya
acompañado la queja de las gestiones pertinentes.
Por otro lado, y en relación con el régimen de concesión de la AP-9 el pasado 15 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición no de Ley del BNG para que no se ampliase la concesión de explotación de la AP-9, que expira
en el año 2048, y que según la actual ley no se puede prorrogar más allá puesto que se estaría a punto de alcanzar el tope temporal de la concesión establecido por ley. En su búsqueda de nuevas fórmulas para financiar la ampliación de la AP-9, ha
trascendido que el Ministerio de Fomento está estudiando distintas alternativas, como la modificación de la Ley de Concesiones para hacer viable la ampliación de la actual concesión, o bien la posibilidad de aumentar el coste del peaje.
Pretensiones que el BNG, y con toda seguridad la sociedad gallega, rechaza de plano. Los peajes de la AP-9 están entre los más altos del Estado como bien demostraron los incrementos de precios de comienzos de año.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Realizar las gestiones necesarias ante la concesionaria de la autopista gallega AP-9 (AUDASA, perteneciente a Citigroup), para que incluya un programa de descuentos a los usuarios de esta vía a semejanza del que ofrecen otras
concesionarias de autopistas del Estado.
- Buscar fórmulas de financiación de la ampliación de la AP-9 que no pasen por la modificación de la vigente Ley de Concesiones para ampliar el período de concesión, ni por el incremento del coste de los peajes, que están entre los más altos
del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2011.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/002053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a aumentar el porcentaje de capitalización
de la prestación por desempleo del 60% hasta el 100% para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En la actualidad la capitalización por desempleo sólo se puede cobrar cuando se tiene derecho a una prestación por desempleo; se capitaliza el 60% de la prestación por desempleo en una sola vez, y el 40% restante se distribuye en cuotas
mensuales pagadas por la Seguridad Social. Sólo se puede capitalizar con carácter general el 60% de la prestación por desempleo en el caso que la misma se destine a la puesta en marcha de un negocio, y el 80% en caso de jóvenes menores de 30 años y
mujeres mayores de 35 años.
La medida recuperada del Gobierno del Partido Popular ha tenido un efecto muy positivo para este colectivo. En 2004 se acogieron a este sistema de capitalización 50.250 desempleados; en 2005 fueron 78.869 y en 2006 lo hicieron un total de
114.776, lo que supone un incremento del 128% en dos años.
Es necesario resaltar que en estos momentos de grave crisis económica la medida ha seguido siendo efectiva. Así, según los datos de la Secretaría General de Empleo, desde el mes de enero a finales de mayo del presente año, 20.617 personas
han capitalizado la prestación por desempleo en su modalidad de pago único para constituirse como trabajadores autónomos o participar como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales.
Este dato representa un aumento del 25,58% con respecto al mes anterior, siendo el importe medio líquido capitalizado por trabajador de 8.102,87 euros.
Si importante resulta el aumento y la cifra de desempleados que han optado en convertirse en autónomos utilizando el sistema de la capitalización, no menos importante, es destacar que el 90% de las actividades
generadas con el dinero de la prestación contributiva de desempleo se mantiene, al menos, doce meses.
Desde las asociaciones de trabajadores autónomos se viene reclamando que sea el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo hasta un 100%, y podría considerarse como una opción para aquellos trabajadores que son despedidos
por las multinacionales o para aquellos que provienen de las reconversiones industriales, o simplemente para aquellos que se quedan en situación de desempleo y tienen el deseo de crear su propio negocio puesto que la financiación al inicio de la
actividad resulta fundamental para el emprendedor y es un dinero que le pertenece.
La voluntad política del Partido Popular es la de continuar avanzando de forma prioritaria a favor de los emprendedores, de los que crean empleo, de quienes generan riqueza.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, previa consulta con los sindicatos, adopte la siguiente medida:
- Aumentar el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 60% actual hasta el 100% para todos aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia, en la forma que reglamentariamente se determine.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la capitalización del
80% de la prestación por desempleo para destinarla a formación y reciclaje profesional, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Exposición de motivos
La crisis por la que atraviesa la economía española está siendo especialmente virulenta en el mercado de trabajo. En España hay 1.573.600 parados de entre 16 y 29 años, un tercio del total de la población desempleada. La tasa media de
desempleo en la Unión Europea entre los que todavía no han cumplido 25 años es el 20,2% (julio de 2010), la mitad de la tasa de paro juvenil en España.
El fracaso escolar es considerado en la actualidad un problema de primer orden, muy especialmente en España, donde las tasas están por encima de la media europea y de los países de la OCDE. La formación de nuestros jóvenes y, en concreto,
el problema del fracaso escolar, supone una preocupación para nuestra sociedad ya que pone en riesgo la adaptación de muchos jóvenes y puede lastrar el crecimiento y el bienestar futuro de nuestra sociedad. Esta situación tiene un fiel reflejo en
los datos de desempleo. Así, aunque el desempleo es un problema generalizado entre los jóvenes, varía bastante en función del nivel de estudios. Los que estudiaron hasta Bachillerato o han cursado FP tienen un desempleo del 40,6%. Los
universitarios, a pesar de los años de estudio, afrontan ahora más dificultades que nunca para encontrar trabajo: un 28,3%.
Los jóvenes, por lo tanto, están siendo los principales afectados por la crisis económica, que o bien les está impidiendo acceder por primera vez al mundo laboral, retrasando su completa emancipación, o bien les ha obligado a interrumpir su
carrera profesional, destruyendo sus expectativas de desarrollo personal.
Las medidas emprendidas hasta ahora no sólo han sido escasas sino poco efectivas. Es el momento de demostrar voluntad política y de plantear reformas que sean capaces de modernizar nuestro mercado de trabajo y permitir el acceso al empleo a
nuestros jóvenes. Es por ello necesario, que, de forma urgente, se adopten otras medidas eficaces que contribuyan a invertir esta tendencia y a proteger a quienes están quedando desamparados como consecuencia de la fuerte crisis económica. Es
necesario buscar otras alternativas que puedan reorientar y reciclar la formación de nuestros jóvenes con el fin de que puedan acceder a la mayor prontitud al mercado laboral.
Es por todo lo cual que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adicionar un apartado bis al artículo núm. 2 del Real Decreto 1975/2008, que desarrolla la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, para que permita a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo capitalizar el 80% de la prestación para destinar su uso a la formación y
reciclaje profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/002052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las ayudas vinculadas a
operaciones del Plan 2000E que, por problemas en el funcionamiento, no fueron tramitadas, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El Plan 2000E se articuló mediante un sistema de ayudas directas a la compra de turismos de 500 euros por parte de la Administración Central, otros 500 euros por parte de las CC.AA. y otros 1.000 euros comprometidos por los concesionarios.
El sistema de concesión de dichas ayudas públicas se realizaba a través de la FITSA (Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil).
La apertura del registro de FITSA se abrió en el mes de marzo, dos meses después de que la demanda de turismos cubriera el presupuesto destinado al Plan 2000E. Cuando se abrió el registro, se produjo un colapso en el sistema, con lo que
miles de solicitudes quedaron fuera, aunque cumpliendo todos los requisitos exigidos Real Decreto que regulaba el Plan.
Según la asociación FACONAUTO, las Administraciones Públicas adeudan un montante total de 4,7 millones de euros, por 9.578 operaciones, de los cuales 3,4 corresponden a las comunidades autónomas y 1,3 al MITYC.
Los concesionarios afectados aplicaron los descuentos que correspondían en base a lo reglamentado por el Gobierno, sin embargo no han recibido tales importes mientras que sus clientes si han sido beneficiados de ellos, y por tanto soportado
en su totalidad por los concesionarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'En Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, con urgencia, de acuerdo con el sector de distribución de automóviles, una solución para satisfacer todas aquellas operaciones vinculadas con el Plan 2000E que, por problemas en el
funcionamiento de su acreditación, no fueron beneficiarias del mencionado Plan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Agricultura y Pesca
161/002042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a la necesidad de que el Gobierno adopte medidas debido a los acuerdos sobre los TAC y cuotas pesqueras que perjudican a la flota de arrastre, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Recientemente, el Consejo de Ministros de Pesca de la UE acordó los Topes Autorizados de Captura (TAC) y las cuotas de pesca para diversas especies para el próximo año 2011.
Los acuerdos alcanzados contaron con el voto favorable del Gobierno español a pesar de que algunas de las cuotas acordadas resultan perjudiciales para la flota gallega, en concreto para la flota de arrastre.
En tan importante reunión para el sector pesquero, el Gobierno español estuvo acompañado del representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura que acudió en representación de las CC.AA. que cuentan con mar, y por tanto, con flota
pesquera, como es el caso de Galicia. Una cuestión que debe reseñarse, sobre todo porque el 20 de octubre de este año el Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de ley del BNG que instaba al Gobierno a 'establecer las medidas
necesarias para que, de cara a los Consejos de Ministros de Pesca de la UE, participen las CC.AA. marítimas, teniendo en cuenta la relevancia en el sector de los asuntos incluidos en el orden del día'.
Precisamente el Consejo de Ministros de Pesca de la UE que trató los TAC y cuotas deja en evidencia que no cumplió con los mandatos del Parlamento, pues un tema de tanta relevancia para las Comunidades con mar fue asumido por una Comunidad
que no posee costa. Causa especial sorpresa que estuviesen representadas por Extremadura, que hasta la fecha nunca ha tenido mar.
Una vez más, es necesario trasladar al Gobierno el absurdo sistema utilizado para posibilitar la presencia de las CC.AA. en el ámbito comunitario que da lugar a irracionales esquemas como el que acabamos de reseñar.
Además de esta cuestión, al BNG le preocupan los acuerdos alcanzados que resultan perjudiciales para la flota de arrastre gallega, que perdió el 93% del tope de lirio que tenía autorizado a pescar este año. Para el próximo año cada barco
dispondrá sólo de unas cien toneladas de cuota para faenar en el Cantábrico noroeste y que según representantes del sector la actividad terminará en enero.
Los problemas se suman a los recortes sufridos en otras especies como la bacaladilla, el jurel o la caballa.
El recorte en la bacaladilla es enorme ya que sufre una reducción del 93% respecto al año 2010. Se trata de 824 toneladas a distribuir entre los 93 buques que componen la flota de arrastre de litoral.
El gallo del Gran Sol registró un recorte del -5%, la cigala del -12% en Irlanda y del -15% en Escocia; y la caballa del -8,29%.
Respecto a la merluza, el incremento resulta insatisfactorio para el sector puesto que el aumento del 14,9% resulta insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta la abundancia de esta especie en nuestro litoral.
Dado el panorama, especialmente para la flota de arrastre, el sector prevé cierres y la pérdida de puestos de trabajo.
La flota de arrastre plantea una solución al Gobierno español que pasaría por demandar en la UE la modificación de los TAC en la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental (NEAFC) para que se aumenten las cuotas en las zonas VIII y IX,
las correspondientes al Cantábrico noroeste y Portugal.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar las gestiones oportunas en la UE para que se modifiquen los TAC en la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental (NEAFC), de manera que se aumenten las cuotas en las zonas VIII y IX, las correspondientes al Cantábrico
noroeste y Portugal.
- Adoptar las medidas necesarias para reducir el impacto negativo sobre la flota de arrastre por los acuerdos de la UE en materia de capturas y cuotas pesqueras para el año 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2010.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz Grupo Parlamentario Mixto.
161/002050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la Política Agraria
Común, para su debate en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
A finales del 2009 se filtró un borrador sobre la reforma de la Política Agraria Común, y comenzaron las presentaciones por parte de la Comisión Europea de documentos de trabajo sobre diversos componentes del gasto comunitario. El 19 de
noviembre de 2010 se publicó el primer documento oficial sobre la reforma de la PAC; la Comunicación de la Comisión en el Horizonte 2020. Es un documento orientativo porque no concreta cifras económicas, pero da ciertas orientaciones.
Según la Comunicación de la Comisión, la renta agraria europea es un 40% más baja que la del resto de sectores de la economía y la renta por habitante de las zonas rurales es el 50% de las zonas urbanas por lo que la disminución de las
ayudas repercutiría negativamente no sólo en los ingresos y el PIB agrario, sino en el empleo rural y en la actividad de la cadena agroalimentaria, reflejándose en serios perjuicios sociales y medioambientales por lo que el montante final del
Presupuesto de la PAC va a ser determinante para el sector ya que una disminución o un reparto perjudicial para nuestro país se traduciría, con toda seguridad, en un deterioro y abandono del medio agrario y rural.
También, las ayudas de la PAC suponen el mayor de los flujos financieros que provienen de la UE, permitiendo a España seguir siendo perceptor neto, según cumplimiento de los planes ya aprobados, de unos 1.300 millones de euros para 2011.
La bajada de la cuantía que recibimos de los Fondos Feder y de Cohesión hace necesario no descender en los Fondos Agrícolas y hace necesario considerar al sector agrario como sector estratégico y obrar en consecuencia, ejerciendo en el seno
de la UE la máxima defensa de nuestros intereses, máxime dado la necesidad de recursos que necesita la economía española.
Después de la Comunicación de la Comisión del 19 de noviembre de 2010 se sucederán debates en los Consejo de Ministros y Parlamento Europeos. El primero de ellos se ha producido los días 13 y 14 de diciembre de 2010. Y se sucederán
sucesivos debates, ya con cierto fundamento, sobre los diferentes aspectos clave de la reforma, como concretar el apoyo a las zonas desfavorecidas, modulación, hectáreas elegibles para pago único hasta que empiecen a concretarse las normas jurídicas
reglamentarias.
El 13 y 14 de diciembre se discutió en el Consejo de Ministros de Agricultura Europeo la definición de agricultor activo. Y por tanto se empieza a debatir quién entraría en la definición de agricultor activo para recibir ayudas.
Es indudable el efecto positivo que los fondos comunitarios han tenido en la evolución de la economía y el tejido productivo español.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Procurar que no se reduzca el actual nivel de apoyo financiero que recibe la agricultura europea,
dado que la estrategia 2020 requiere un presupuesto de la UE ambicioso.
2. Trabajar activamente en la Unión Europea para garantizar el mismo nivel de ayudas directas a los agricultores españoles, así como el mantenimiento de los fondos destinados al desarrollo rural.
3. Mediar de forma activa para que se mitiguen las posibles diferencias de ayudas entre Comunidades Autónomas y regiones ante el nuevo reparto de fondos europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero de 2011.-José Ignacio Llorens Torrens, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para que el
Gobierno español se oponga al nuevo capitulo agrícola del Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos en los términos acordados en diciembre de 2009 para defender los intereses del sector hortofrutícola español, para su debate en la Comisión de
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
España es el primer productor comunitario de cítricos, tomate fresco, fresas, entre otras producciones. La economía y el empleo de un buen número de municipios de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia, Canarias y Comunidad
Valenciana dependen de la producción y de la exportación de esas frutas y hortalizas.
En los últimos años, tanto agricultores como empresas de estos sectores, vienen realizando una importante apuesta a favor de la modernización, con continuas inversiones, logrando mejorar su competitividad y en consecuencia posicionarse de
forma sostenida en los mercados de la Unión Europea.
En el ámbito de la producción de frutas y hortalizas, las relaciones comerciales con los países terceros mediterráneos son especialmente importantes, ya que sus producciones entran en competencia directa con nuestro país, debido a la
cercanía del mercado comunitario y a la coincidencia de calendarios.
La UE establece relaciones comerciales con los países terceros mediterráneos que van más allá de los Acuerdos Multilaterales, por medio de Acuerdos Bilaterales o Acuerdos de Asociación.
Actualmente se están renovando muchos de los acuerdos avanzando en la liberalización de los intercambios, como consecuencia de la creación del Área Euromediterránea de Libre Comercio en 2010.
El Acuerdo de Asociación con Marruecos, que se aplica desde el 1 de marzo del año 2000, establece, especialmente en lo relativo a las exportaciones, en concreto de tomate, un status muy ventajoso para este país que lo ha consolidado como un
importante competidor de nuestras producciones de frutas y hortalizas tanto en el mercado nacional como en el comunitario, como lo demuestra el continuo crecimiento de sus exportaciones de tomate a la UE, en detrimento, principalmente, de las
producciones españolas y, también, de otros países comunitarios.
Así, el contingente impuesto por la UE al tomate de Marruecos que ha venido siendo limitativo en general, en las últimas tres campañas se ha visto ampliamente sobrepasado, detectándose serias ineficiencias en la aplicación del derecho de
aduana pese a que, en los últimos años, los agricultores españoles están esforzándose por escalonar de forma adecuada la producción, introduciendo nuevas variedades de tomate y nuevas técnicas de producción.
Sin embargo, este esfuerzo no será eficaz si se consolidan los aumentos de las concesiones a Marruecos de forma importante.
En febrero de 2006 comenzó a negociarse la renovación del Acuerdo y en diciembre de 2009 se cerró el capítulo agrícola y pesquero que fue aprobado por la Comisión Europea el 16 de septiembre pasado y remitido al Consejo de Ministros Europeo
y al Parlamento Europeo para su aprobación.
Dicho acuerdo viene a otorgar nuevas concesiones a Marruecos, especialmente en algunos productos como el tomate, que perjudica gravemente los intereses españoles y particularmente los intereses de los
agricultores Andalucía, Canaria, Murcia y Valencia; y liberalizando prácticamente la exportación de productos como melón, sandía o pimiento.
Tras pasar por las comisiones de Comercio, Agricultura y Pesca, será el Parlamento Europeo quien aprobará o rechazará el tratado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Exponga ante el Parlamento Europeo la necesidad que se introduzcan medidas correctoras que eviten las excesivas concesiones realizadas a las exportaciones marroquíes de frutas y hortalizas, ya que no sólo incrementa los cupos acordados
para determinados productos sensibles, como los tomates y las clementinas, sino que elimina todas las restricciones cuantitativas para muchos otros productos marroquíes, como las naranjas, melón, sandía o pimiento.
2. Apoye la declaración suscrita por lo Consejeros de Agricultura de la Comunidades Autónomas de Murcia, Andalucía, Valencia y Canarias relativa a la defensa del sector español productor y exportador de frutas y hortalizas, firmada en
Murcia el pasado 4 de octubre del 2010, y que expresamente demanda:
- La defensa de los intereses del sector productor y exportador de tomates en fresco, prevaleciendo en todo momento el principio de preferencia comunitaria en cualquier acuerdo de Europa cierre con países terceros.
Dicho principio será
también aplicable al resto de frutas y hortalizas incluidas en los acuerdos comerciales con países terceros.
- La no ratificación del actual Acuerdo con Marruecos en los términos pactados en lo relativo a nuevas concesiones de frutas y hortalizas, ya que perjudica directamente al sector español.
- La reforma del régimen de precios de entrada y la mejora de su gestión para garantizar una correcta aplicación del acuerdo en vigor y el pago de los derechos de aduana específicos, con el fin de evitar el hundimiento de los mercados
comunitarios por debajo de los niveles previstos en los precios de entrada.
- El refuerzo de los controles aduaneros en frontera para asegurar el cumplimiento de los acuerdos en cada momento, así como intensificar los controles fitosanitarios y los relativos a la seguridad alimentaria para garantizar que los
productos agrícolas extracomunitarios ofrecen las mismas garantías al consumidor que los cultivados en el UE.
- La exigencia de reciprocidad respecto a las condiciones de producción de los terceros países en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales, siendo imprescindibles incluir esta cuestión en el Acuerdo con Marruecos.
De lo contrario, supondría una discriminación para los productores españoles en el mercado comunitario y la aceptación de un dumping social de graves consecuencias sociales en todas las zonas productores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-José Ignacio Llorens Torrens, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial
161/002060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a la ampliación del régimen sobre incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La existencia de conflictos de intereses entre el ejercicio de una responsabilidad decisoria pública y una actividad privada concreta no se circunscribe solamente al período en que dicha responsabilidad pública se ejerce. Por ello, el
régimen sobre incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración ha ido ampliando paulatinamente su radio de acción, abarcando también situaciones en los que la incompatibilidad o conflicto de intereses no es
simultánea, sino temporalmente anterior o posterior al ejercicio del cargo público.
La citada normativa ha evolucionado, ciertamente, desde un enfoque más restrictivo orientado a prohibir o limitar determinadas actividades que, de hecho, entrañan una manifiesta incompatibilidad entre las responsabilidades públicas y los
intereses privados que pueden influir indebidamente en el cumplimiento objetivo e imparcial de las obligaciones de un cargo público, hacia una regulación dirigida a prevenir también potenciales conflictos de intereses.
Sin embargo, las nuevas exigencias o cautelas que se han incorporado a la legislación reguladora del conflicto de intereses de los cargos públicos aún permiten que se produzcan situaciones cuya ética es discutible, pues pueden hacer pensar
razonablemente a los ciudadanos que se adoptan decisiones, aun en un ámbito privado, guiadas por una influencia indebida que deriva del hecho de haber ocupado altas responsabilidades públicas y de las decisiones que se han tomado en el ejercicio da
las mismas.
El régimen regulador sobre los conflictos de intereses o incompatibilidades está íntimamente relacionado con el ejercicio transparente de las funciones públicas y la promoción de la ética en la actividad política al servicio de los
ciudadanos. Por ello su regulación positiva debe ser ampliada, no sólo bajo la aspiración de minimizar las situaciones reales o potenciales que encierran un conflicto entre la actividad pública y el interés privado, sino con la firme intención de
elevar las exigencias éticas en el ejercicio de la actividad política, antes, durante y después de cuando se ostentan responsabilidades públicas, y también con ello de reforzar la calidad democrática de nuestro sistema político.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la vigente regulación sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la
administración, bajo los siguientes criterios y orientaciones:
a) Una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas con posterioridad al período de ejercicio del cargo público, ampliando los períodos de limitación vigentes desde que se ha producido el
cese.
b) Ampliar las situaciones legales en las que existe incompatibilidad o conflicto de intereses a aquellos supuestos en los que se realizan asesorías o consultorías especiales a los órganos de dirección y administración, o se participe como
miembro o asesor especial en dichos órganos, de empresas privadas cuya actividad está relacionada con el ámbito de competencias ejercido desde el ámbito público, con independencia de la participación accionarial ostentada en las empresas.
c) Modificar el estatus reglamentario de los expresidentes del Gobierno, exigiendo la renuncia a las prerrogativas consignadas en la actualidad -salvo las vinculadas a garantizar su seguridad- en caso de que ejerzan actividades remuneradas
por cuenta de empresas privadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2011.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura
161/002048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para solicitar el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España para la candidatura de la Sierra de Tramuntana de Mallorca como Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural, para su debate en la Comisión de
Cultura
Exposición de motivos
La Serra de Tramuntana es el espacio natural de excepcional valor paisajístico y cultural y, concretamente, Mallorca y es un lugar reconocido mundialmente por esta circunstancia. Su importancia es trascendental para el futuro de nuestra
comunidad tanto desde el punto de vista cultural, paisajístico, natural y también desde la vertiente económica.
Situada en la costa noroeste de Mallorca, con una longitud de 90 kilómetros por 15 de ancho, con una superficie de 83.500 hectáreas y una altura máxima de 1.445 metros, es la cordillera más importante y la principal región montañosa de las
Islas Baleares.
El paisaje cultural de la Serra de Tramuntana es un ejemplo excepcional de paisaje agrícola mediterráneo por su peculiar combinación de los sistemas hidráulicos aplicados al regadío de origen islámico con los sistemas de cultivo del olivo y
la vid de origen cristiano, muy condicionados por los escasos recursos que ofrece el medio en la comarca, debido a su clima, a su orografía y al hecho insular.
Esta zona de Mallorca ha causado la admiración tanto de viajeros, como de pintores, músicos, poetas y escritores, y la riqueza de leyendas, tradiciones y fiestas ligadas al territorio definen la singularidad de este paisaje.
Su paisaje es, pues, un fiel reflejo del aislamiento que padeció la isla de Mallorca a lo largo de los siglos, por su lejanía de las tierras continentales y por constituir un territorio de frontera, a medio camino entre África y Europa,
sometido a las invasiones procedentes tanto del norte como del sur, que supusieron un intercambio cultural de primer orden.
Fueron estos los valores que impulsaron al Consell de Mallorca a acordar impulsar la candidatura de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural.
Esta candidatura significa impulsar el desarrollo sostenible de un espacio inigualable por sus valores paisajísticos pero, que también es y debe seguir siendo un reclamo extraordinario para los millones de visitantes que pasan cada año por
las Islas Baleares. La Declaración de Patrimonio de la Humanidad representaría un reconocimiento extraordinario a la vez que supondría una promoción sin precedentes para la comunidad.
Por esas mismas razones, el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno español escogió la Serra de Tramuntana como la única candidatura que presenta España como Paisaje Cultural ante la UNESCO en el año 2011.
Vistos los innegables valores naturales, paisajísticos, históricos y patrimoniales que hacen de nuestra Serra de Tramuntana un espacio único para entender la evolución de nuestra isla y la acción del hombre sobre la naturaleza, también reúne
los valores necesarios para representar en toda su plenitud la concepción de un modelo turístico sostenible en el que prima el entorno y el paisaje como elementos de atracción.
A la vista de que para lograr el reconocimiento de la UNESCO, es importante el apoyo a esta candidatura de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a prestar su apoyo a la candidatura de la Sierra de Tramuntana de Mallorca como Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural.'
Palacio de Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2011.-Pablo Martín Peré, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la apropiación patrimonial por parte de las sociedades de gestión de determinados
derechos de autor en la Comisión de Cultura.
El derecho de autor es necesario para garantizar la creación cultural y la autonomía creativa, pero no puede entrar en contraposición con los derechos ciudadanos y de acceso a la cultura, así como tampoco obviar las nuevas formas de creación
cultural.
Las propuestas del Gobierno sobre la gestión de la propiedad intelectual, como el canon digital o la disposición final segunda en la ley de economía sostenible, pueden vulnerar derechos fundamentales, como lo son el derecho a la libertad de
expresión y a la información. Pero además parten de una concepción alejada de la realidad de los actuales medios de difusión de la cultura y del otorgamiento de privilegios injustificados a las sociedades de gestión.
El objetivo principal de la Ley de Propiedad Intelectual debe ser proteger la creación y la innovación, a los creadores y creadoras y consecuentemente a los medios de producción y distribución del arte, la cultura y el conocimiento. La era
digital ha permitido que surjan nuevos modelos más eficaces que la imposición de un canon indiscriminado gestionado por sociedades de gestión opacas, que tienden a fines recaudatorios en lugar de fomentar lo creativo.
Hoy necesitamos garantizar los derechos de autor para garantizar la creación cultural. Pero no se pueden contraponer esos derechos al acceso a la cultura. Por ello planteamos respetar las conclusiones de la Subcomisión para la modificación
de la Ley de la Propiedad Intelectual y no realizar ninguna modificación de la ley que perjudique a usuarios y consumidores de cultura. A la vez, para reforzar el reparto equitativo de los derechos de autor, consideramos que es necesaria una
profunda revisión del modelo español de reparto de los derechos mediante entidades de gestión, que tienen un elevado poder de mercado, realizando normalmente su actividad desde una posición monopolística.
Tal y como se indica en las conclusiones del Informe sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual, elaborado en 2009 por la Comisión Nacional de la Competencia 'En el ámbito tarifario, no existe control ex-ante sobre las
tarifas que fijan unilateralmente las entidades, ya sea a través de la introducción de obligaciones eficaces o a través de la supervisión de una autoridad competente, puesto que las facultades que la LPI asigna a las Administraciones Públicas son
muy generales y ambiguas, y sin ningún poder sancionador. Esta circunstancia conduce a que el proceso de negociación con los usuarios no garantice que las tarifas sean razonables y equitativas. Las entidades gozan de un elevado poder de mercado y
el marco legal permite que, ante una falta de acuerdo, se apliquen las tarifas generales fijadas previamente de modo unilateral por la entidad monopolística, lo que reduce los incentivos de esta última para entrar en una negociación real.'
Todo ello ha evidenciado la necesidad de que en el modelo actual de gestión de los derechos de autor las sociedades gestión tengan un mayor control público en el desarrollo de sus actividades, en tres sentidos: primero, en lo que se refiere
a sus prácticas de recaudación de los derechos de autor; segundo, en la posterior distribución de los ingresos entre los artistas y autores; y tercero, en las inversiones que llevan a cabo.
Las sociedades de gestión son entidades privadas que deben administrar única y exclusivamente las 'cuentas' de sus miembros, que nunca suponen la totalidad de la comunidad creativa. Es decir, que en ningún caso su objetivo debe ser la
actual inversión en equipamientos y en puestos de empleo, como sucede actualmente en algunos casos. Las sociedades de gestión deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos, y no deberían recaudar fondos
provenientes del uso de obras que están publicadas explícitamente con una licencia libre. En contraposición a la inversión en patrimonio, entendemos que sí se deberían condicionar a les entidades en un porcentaje de la recaudación con finalidad a
la ayuda a la nueva creación. Además, los autores y autoras siempre deberían poder revocar el mandato de las entidades de gestión y no debería permitirse que ninguna sociedad de gestión impida a artistas o autores usar licencias libres.
Otro elemento que evidencia la disfuncionalidad y opacidad del reparto de los derechos de autor es el porcentaje de ingresos recaudados en concepto de propiedad intelectual que no son repartidos entre los autores o autoras, engordando
inexplicablemente el patrimonio de las sociedades de gestión. En el citado Informe sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual de la CNC se explica que 'es importante señalar
que las entidades generan montantes de cantidades recaudadas y no repartidas a ningún titular. Es decir, recaudan dinero por un titular y después el titular no lo recibe. La información sobre este tema es bastante escasa, y toda la que
existe proviene de las propias entidades y de sus memorias. Según datos de AEVAL, de la recaudación media anual en 2005-2007, 65,8 millones de euros (un 13,6%) no fueron asignados al realizar el primer reparto. Con el paso del tiempo este
porcentaje desciende a niveles menores, puesto que algunos titulares son finalmente encontrados; de esta forma, las cantidades finalmente no repartidas se sitúan en torno al 4% de la recaudación total, según AEVAL. En todo caso, las cantidades
pagadas por los usuarios y no repartidas a ningún titular que se van acumulando en el tiempo ascienden a volúmenes muy considerables: en el caso de la SGAE, y según su balance de situación al cierre del ejercicio 2008, los derechos pendientes de
reparto ascendían a 164,3 millones de euros.'
Teniendo en cuenta que una parte fundamental de los ingresos de las sociedades de gestión proviene de las Administraciones públicas, esta cifra supone un desvío injustificado de dinero público hacia sociedades privadas, situación inadmisible
en un contexto como el actual de recortes presupuestarios en materias como la social.
A la vista de todos estos datos, parece injusto que se criminalice a consumidores y consumidoras de cultura en internet, sin abordar las graves disfuncionalidad de las sociedades de gestión.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en el siguiente sentido:
- Garantizar la devolución a las Administraciones públicas, empresas y particulares de todas aquellas cantidades abonadas en concepto de propiedad intelectual que las sociedades de gestión que no hayan podido ser repartidas a su titular.
- Aumentar el control público y la transparencia en el reparto de los ingresos en las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual.
- Acotar las actividades de las sociedades de gestión, limitando sus inversiones patrimoniales e incrementando las inversiones en el fomento de la creación y la cultura.
- Garantizar que las sociedades de gestión administren exclusivamente las cuentas de sus miembros, quedando excluido el cobro de derechos de autor de titulares ajenos a la sociedad, de obras no incluidas en su base de datos o en el caso de
que el autor/a manifieste la renuncia al cobro de dichos derechos.
- En caso de que no sea posible el retorno a las personas administraciones públicas, empresas y particulares de las cantidades recaudadas por propiedad intelectual y no repartidas entre los autores o autoras, las entidades de gestión
devolverán al Gobierno los ingresos no repartidos para la creación de un fondo público de promoción y fomento de la cultura y la creación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2011.-Núria Buenaventura Puig, Diputada.- Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Comisión de Sanidad, Política Social
y Consumo
161/002049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los procesos electorales en la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social e Igualdad
El reconocimiento de la ONCE como entidad de la economía social a través de la Ley de Economía Social, vinculado a su condición de corporación de derecho público de carácter social, hace imprescindible que desde el estado se vele por un
impecable funcionamiento interno democrático y plural. La condición de la ONCE como entidad de la economía social la hace deudora de la aplicación estricta de los principios de transparencia, democracia y participación que definen a dichas
entidades, según lo dispuesto por el artículo 4 de la previsible redacción final de la Ley de Economía Social. La condición de corporación de derecho público obliga a las administraciones públicas competentes a velar por el cumplimiento efectivo de
los mencionados principios, al margen del resto de obligaciones contempladas en el Real Decreto 358/1991, que deben ejercerse a través del Consejo del Protectorado del Estado sobre la ONCE.
Partiendo de estas premisas, han de adoptarse medidas inmediatas que permitan garantizar la transparencia, la democracia y la pluralidad en las próximas elecciones que se han de convocar en la ONCE para la elección del Consejo General de la
ONCE, máximo órgano representativo y de gobierno de la entidad, cuyo mandato concluye el 24 de abril de 2011.
La elección de los componentes de este órgano por el conjunto de los afiliados de la Organización se lleva
a cabo a través de elecciones territoriales en cada una de las 17 Comunidades Autónomas del Estado español, asignándose mediante cómputo estatal de las diversas candidaturas concurrentes las 15 vocalías del citado Consejo General, amén de
conformar los 17 Consejos Territoriales según el resultado propio de cada demarcación.
En la actualidad los quince consejeros generales de la ONCE pertenecen a un único grupo denominado unidad progresista (U.P.). Tal circunstancia de dominio absoluto por una opción electoral viene produciéndose desde 1996 de forma continua.
Esta situación es posible gracias a un modelo electoral vigente desde 1989, que no garantizan la objetividad e imparcialidad de la administración electoral, ni la transparencia en la emisión de los votos por correo, ni el carácter de secreto del
voto, ni la pluralidad en los mecanismos de participación en el proceso electoral.
Habrá quien afirme que la composición del máximo órgano de la ONCE responde a la voluntad de los y las afiliadas a dicha organización, pero tal afirmación carecerá
de valor alguno mientras el proceso electoral no garantice los principios básicos de cualquier sistema electoral verdaderamente democrático y libre ya rige el mismo modelo de normativa electoral con el cual se ha eliminado en la práctica toda
pluralidad política en el seno de la ONCE.
Como quiera que dicha institución está regulada por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, sobre Reordenación de la ONCE, en su texto refundido vigente, promulgado en 2008 por el entonces Ministerio de Sanidad y Política Social, y que en
dicha norma se atribuye al Ministerio de Asuntos Sociales las funciones de protectorado para, entre otras competencias, controlar la legalidad y la alta inspección de todas las actividades de la Organización, es necesario que dichas funciones sean
ejercidas con efectividad y agilidad, al objeto de que no vuelvan a desarrollarse unas elecciones internas sin garantías democráticas, y teniendo en cuenta que con frecuencia los comicios se anticipan sobre su fecha límite.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar elecciones limpias en el seno de la ONCE y asegurar el principio de democracia interna, para lo que deberá promover, a través del Consejo del Protectorado del Estado sobre la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, la modificación de la actual normativa electoral de dicha organización con carácter previo a la próxima convocatoria. Dicha modificación deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
1. No exigencia de avales a las asociaciones legales participantes.
2. Regulación del voto por correo de forma idéntica a la contemplada por la Ley Orgánica Electoral General.
3. Garantía de una administración electoral neutral, con presencia de representantes de la Administración pública y sorteo puro para la elección del resto de sus miembros.
4. Disponibilidad de censos electorales completos en pie de igualdad por todas las opciones que pretendan presentar candidaturas.
5. Transparencia y control estricto por los grupos concurrentes del uso de medios institucionales.
6. Regulación de un procedimiento ágil de resolución de los recursos electorales, en el marco del propio proceso electoral, con garantía de imparcialidad de los órganos decisorios internos y posibilidad de recurso ante el Consejo del
Protectorado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2011.-Núria Buenaventura Puig, Diputada.- Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/002061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley con el objeto de elaborar en el
plazo de tres meses un nuevo Plan de Infancia y Adolescencia, para su debate en Comisión de Sanidad y Política Social.
Exposición de motivos
El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009 estableció de forma consensuada las grandes líneas estratégicas para el desarrollo de las políticas de infancia y adolescencia. Se trataba de un instrumento integrador que
quería alcanzar, a medio plazo, el pleno desarrollo de los derechos, la equidad interterritorial y la igualdad de oportunidades para la infancia y la adolescencia, dentro de un marco común y flexible que respetaba las singularidades y la capacidad
de autogobierno de cada Comunidad Autónoma.
Este Plan tuvo su origen principalmente en las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre el II Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (junio de 2002), donde se instaba al Gobierno español a
'formular una estrategia global sobre la infancia, tomando como base los principios y disposiciones de la Convención y a desarrollar y aplicar políticas intersectoriales sobre la infancia'.
Este Plan finalizó hace un año sin que el Gobierno haya puesto en marcha un segundo plan para la infancia y adolescencia, a pesar de haberse comprometido a ello en varias ocasiones. En el informe del Comité de los Derechos del Niño,
realizado el pasado mes de octubre, sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en España, se alerta de las carencias del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009) que 'han hecho mermar su eficacia', según
refleja el propio informe.
Según los datos provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, en 2010 el 24,5% de los niños y niñas menores de 16 años se encontraban en situación de pobreza. España se halla entre los países de
la UE con más alta tasa de pobreza infantil.
La crisis está teniendo en los hogares con menores de edad un impacto aún más significativo que para la población en general. Este impacto no sólo se refiere a renta (pobreza relativa) o a indicadores de privación (problemas en cuanto a
condiciones de vida), sino también en términos de exclusión social.
Tal y como reconoce UNICEF en su Informe Infancia 2010-2011, una de las principales causas del elevado índice de pobreza infantil en España es la escasez, e incluso ausencia, de políticas públicas y medidas concretas para combatirla.
El Comité de los Derechos del Niño considera necesario adoptar un nuevo Plan de Infancia y Adolescencia, prestando especial atención a los problemas de pobreza infantil y fracaso escolar eh nuestro país.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de tres meses:
- Remita a esta Cámara una evaluación sobre la efectividad del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.
- Elabore una propuesta para consensuar con agentes sociales, comunidades autónomas, entidades locales y grupos políticos un nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2011-2014, donde se dé prioridad a la adopción de medidas
de lucha contra la pobreza infantil y el fracaso escolar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2011.- Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la
Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, una Proposición no de Ley para mejorar la atención a las personas con trastornos del espectro del autismo.
Antecedentes
El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno neurológico que afecta a la percepción y al procesamiento cerebral de la información. Se presenta con una prevalencia de 1 de cada 155 nacimientos (los últimos estudios en Estados
Unidos apuntan una prevalencia de 1 de cada 91, cuando hace apenas dos décadas se registraba un caso por cada 2.500 nacimientos. Es también un trastorno cuatro veces más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. En España son ya decenas
de miles los afectados, algunas estimaciones los sitúan en 350.000 casos.
El diagnóstico de TEA incluye un colectivo muy diverso de personas que muestran, en todo caso, una alteración significativa en el desarrollo de las habilidades de comunicación, lenguaje y relación social, y que a menudo manifiestan intereses
restringidos y conductas repetitivas y estereotipadas.
El trastorno autista se hace evidente antes de los tres años, a pesar de que a menudo se diagnostica más tarde. En algunos casos puede no ser detectado hasta la edad escolar obligatoria. No obstante, los instrumentos de detección temprana
y diagnóstico específicos permiten identificarlo durante el segundo año de vida.
El TEA acostumbra a asociarse a la población infantil; sin embargo, es un trastorno que persiste a lo largo de la vida por lo que los niños que un día lo padecen se convierten, con el tiempo, en adultos con necesidades y problemáticas
distintas. No recibir un tratamiento adecuado hace que el TEA en la edad adulta se atienda prácticamente siempre, con el ingreso de estas personas en residencias y centros. Suponiendo un coste para las administraciones y para sus familias mucho
mayor que el que supondría haberles dispensado un tratamiento adecuado de forma continuada.
La evidencia científica ha demostrado que una detección precoz y una intervención psicoeducativa especializada y con la intensidad necesaria mejoran significativamente el pronóstico y la calidad de vida de las personas con TEA, ya que les
permite adquirir habilidades comunicativas y de relación, y desarrollar un mayor grado de autonomía personal.
Las personas con TEA son ciudadanos de pleno derecho especialmente vulnerables por su diversidad.
Es necesario garantizarles los soportes necesarios en todos los ámbitos para hacer posible su inclusión educativa, laboral y social.
Considerando además el incremento de la incidencia de este tipo de trastornos, el Estado debería también, a su vez, incrementar su esfuerzo de atención y tendría que hacerlo facilitando, con mayores recursos económicos, la labor que las
Comunidades Autónomas deben desempeñar en este sentido.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Considerar la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la seguridad y la utilidad sanitaria de los tratamientos de terapia conductual destinados a las personas con trastornos del espectro autista (TEA), tal como concluyen los estudios
realizados por el Instituto de Salud Carlos III, entre otros.
- Proponer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, una actualización de la cartera de servicios comunes para incluir el tratamiento de terapia conductual
destinada a las personas con TEA, teniendo en cuenta las evidencias científicas y los beneficios sociales derivados.
- Incrementar los recursos destinados a las Comunidades Autónomas, ante el aumento de la incidencia de los trastornos generales del desarrollo y, en concreto, de los TEA, para que, en el ejercicio de sus competencias, puedan prestar la
atención necesaria en sanidad, educación, servicios sociales y trabajo a las personas afectadas por TEA y a sus familias.
- Impulsar en coordinación con las Comunidades Autónomas medidas que mejoren la información de las familias y la sociedad en general, respecto a los TGD y en concreto de los TEA, para incorporar sobretodo a las familias en materia de
detección precoz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley,
relativa a la mejora de la financiación de la Ley de Dependencia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, la financiación ha sido siempre el punto más problemático. Mejor dicho, ha sido el problema principal para impulsar las prestaciones que en la Ley se contemplan. El compromiso de las
Administraciones autonómicas ha sido desigual en todos los aspectos, incluido el económico. Bien es cierto que esa desigualdad en la atención a las personas dependientes ya existía con anterioridad a la promulgación de la Ley. En todo caso, la Ley
no ha sido capaz de garantizar la igualdad en las prestaciones a las situaciones de dependencia en todo el territorio del Estado.
Desde nuestro punto de vista, y al margen de las competencias y de las responsabilidades que corresponden a las CC.AA., el sistema de financiación que se establece en el artículo 32, punto 3: 'la aportación de la Comunidad Autónoma será,
para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado', va a ser inviable. No será posible alcanzar la financiación necesaria para cubrir las necesidades puesto que las CC.AA. no podrán asumir, en el marco de la cooperación
interadministrativa que se recoge en la Ley, ningún convenio más allá de lo que le permita su capacidad o 'compromiso' presupuestario.
Por esa razón, siempre hemos defendido que el compromiso de la Administración General del Estado en la financiación de la Ley de Dependencia debería ser el necesario para garantizar su total desarrollo y equilibrio en la prestación de los
servicios más adecuados para cada persona.
Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley, el problema de financiación se agrava y, como se recoge en el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, el modelo de paridad financiera se ha roto.
En el año 2010, según
señala el informe, la aportación del Gobierno ha sido del 32%, frente al 54% de las administraciones autonómicas, el 14% restante corresponde al copago de los usuarios.
A la vista de los Presupuestos Generales del Estado 2011, y dada la reducción practicada en la partida correspondiente (5,2%), todo indica que, lejos de corregirse, dicho desequilibrio va a agrandarse. Con el incumplimiento del Gobierno,
está en peligro la sostenibilidad del modelo.
Dado que en los presupuestos autonómicos también se han rebajado las partidas destinadas a Servicios Sociales, mucho nos tememos que la financiación pueda ser tan deficitaria que no permita mantener los servicios que en la actualidad se
están prestando.
Desde nuestra perspectiva, se hace necesaria una modificación del sistema de financiación de la dependencia que permita garantizar el derecho subjetivo que
se le ha reconocido en la Ley a las personadas en esa situación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Revisar los criterios de distribución de los fondos adicionales para la dependencia incluidos en el nuevo sistema de financiamiento autonómico.
- Impulsar un nuevo sistema de financiamiento de los servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia que están reconocidos en la Ley, que permita a las CC.AA. cubrir todos los niveles de atención en base a un marco de
financiación estable y sostenible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2011.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Igualdad
161/002040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno adopte las
medidas necesarias que garanticen la protección de la mujer embarazada, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Toda mujer tiene derecho a ser madre sin renunciar a ningún ámbito de su realización personal, sin verse discriminada por ese motivo y con la garantía de mantener una igualdad de oportunidades con los hombres.
Los poderes públicos deben asegurar el ejercicio de este derecho y remover los obstáculos que dificulten su realización, como proclama el artículo 9.2 de la Constitución española, por cuanto constituye un elemento consustancial con el
principio de libre desarrollo de la personalidad enunciado en el artículo 10 del mismo texto. De igual manera, el artículo 39 de la Constitución configura la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección integral de los
hijos como uno de los principios rectores de la política económica y social.
La sociedad debe valorar la maternidad como un bien en sí mismo, especialmente teniendo en cuenta la caída de la natalidad en nuestro país. Según los últimos datos del INE, el número promedio de hijos que tuvo cada mujer en España se situó
en 1,40 en el año 2009, frente a 1,46 en 2008, a lo que hay que sumar el problema de envejecimiento de nuestro país donde la población mayor de 64 años aumentará en 1,3 millones entre 2010 y 2020, alcanzando casi el 20% de la población total, según
el informe 'Proyección de la Población de España a Corto Plazo 2010-2020' hecho público por el INE.
Por ello, en un Estado social y democrático de Derecho la protección de la maternidad debe incluir medidas positivas de apoyo y asistencia, especialmente en relación con las mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad y con necesidades
específicas. En este sentido se han aprobado diversas leyes de ámbito autonómico, como son la Ley de la Comunidad Autónoma de Valencia 6/2009, de 30 de junio, de protección a la maternidad, o la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
14/2008, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula una red de apoyo a la mujer embarazada.
El Grupo Parlamentario Popular considera necesario establecer un marco jurídico que fomente la natalidad y garantice la protección de la mujer embarazada en todo el territorio nacional, asegurando especialmente medidas de conciliación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de tres meses, presente a esta Cámara un Proyecto de Ley que garantice la protección de la mujer embarazada, prestando especial atención a las mujeres gestantes en situación
de vulnerabilidad y con necesidades específicas, con el objeto de fomentar la natalidad y con medidas específicas de conciliación de la vida laboral y familiar'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2010.-Lourdes Méndez Monasterio y Alfonso Alonso Aranegui, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad
161/002070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura, para su debate
en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad.
Exposición de motivos
El Congreso de los Diputados es consciente de que las políticas inclusivas de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida social constituyen una garantía de que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Los impedimentos de accesibilidad para las personas con discapacidad en ámbitos como el de la cultura son muchas veces más decisivos y condicionantes que las propias limitaciones funcionales de la persona. De ahí, la necesidad de incorporar
la accesibilidad universal como principio fundamental para lograr la igualdad de oportunidades, y como criterio básico en la gestión de la acción pública.
Nuestra legislación ha abordado directamente las necesidades de accesibilidad, aunque necesita ser complementada con medidas que favorezcan el establecimiento de un equilibrio entre el potente impulso de las acciones a favor de la
accesibilidad y la promoción de otras actuaciones que procuren mayor participación social de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura.
Desde el marco internacional, la 'Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad', aprobada en 2006 por la ONU y que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008, en su artículo 30, que trata de la participación en la
vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, establece en cuanto a la cultura y las personas con discapacidad lo siguiente:
'1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con
discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia
cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio, sino también para el
enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o
discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.'
El contenido de este artículo debe ser referente necesario, no sólo en la normativa que se apruebe a partir de su ratificación y entrada en vigor, sino en las medidas de acción pública adoptadas por las administraciones con el fin de
solventar el hecho de que las personas con discapacidad todavía encuentran importantes barreras para su participación en los eventos y actividades culturales, tanto en calidad de espectadores como de actores, y de garantizar el reconocimiento de que
estas personas tienen pleno y efectivo derecho al acceso a la cultura en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Todo ello sin perjuicio de los significativos avances y de las actuaciones que ya se han emprendido en la materia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a adoptar políticas y medidas de actuación en el ámbito de la cultura dirigidas a conseguir los siguientes objetivos:
- Garantizar la accesibilidad física en los espacios culturales que gestione la Administración del Estado. La política de obras y compras públicas en estos espacios culturales estará orientada a garantizar la accesibilidad universal.
- Garantizar la accesibilidad sensorial, mediante pantallas, signoguías, pictogramas, cartelería, etcétera, en dichos espacios culturales.
- Promover mediante talleres, exposiciones u otros eventos culturales la participación activa de las personas con discapacidad en la creación artística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2011.-Francisca Medina Teva, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico
161/002043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre de los Grupos Parlamentarios, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
prevención laboral y seguridad vial, para su debate en la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico.
Exposición de motivos
La Comisión no permanente sobre Seguridad Vial acordó, por unanimidad, celebrar un conjunto de comparecencias a los efectos de recibir información y propuestas de mejora de los distintos actores e instituciones implicadas ante los índices de
siniestralidad vial directamente derivados del desarrollo de la actividad laboral. Así, la Comisión, tomada conciencia de la relevancia de tal cuestión, celebró un conjunto de sesiones informativas sobre seguridad vial y prevención de riesgos
laborales, y, en concreto, con la Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el Presidente del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), con el Director del Instituto Mapfre de Seguridad Vial, con la Presidenta de la
Fundación Antena 3, con representantes de la organización empresarial CEOE y de los sindicatos más representativos CC.OO. y UGT, con el Presidente de la empresa Dupont España y Portugal, y con expertos de reconocido prestigio como el Catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social don Juan Antonio Sagardoy, el Decano del Instituto de Empresa y el Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de ICADE, culminando las comparecencias el Director General de Tráfico.
Sobre la base de las aportaciones recibidas los grupos parlamentarios han formulado las propuestas que se recogen como contenido de la presente.
Proposición no de Ley
'1. En el ámbito legislativo:
- Realizar las modificaciones pertinentes en la actual Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para incluir tanto la evaluación como la prevención en su ámbito de protección para los accidentes de tráfico que se
producen como consecuencia de la actividad laboral: in itinere y en misión. Al mismo tiempo, fomentar la redacción de planes de movilidad en empresas y polígonos.
- Elaborar un reglamento específico que regule la aplicación de el artículo 115.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. En dicho reglamento se deben
regular los cuatro requisitos para la consideración de accidente in itinere que hasta ahora la jurisprudencia contempla, (teleológico, cronológico, topográfico y modal)
- Modificar los contenidos mínimos de los programas de los cursos de 30 horas para el desempeño de las funciones de nivel básico y de los cursos de 50 horas para el desempeño de las funciones de delegado de Prevención recogidos en el anexo
IV, apartados A y B del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, a fin de incluir un módulo de dos y tres horas, respectivamente, sobre seguridad vial, los accidentes de tráfico y su prevención.
- Modificar el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, incorporando al contenido obligacional de la negociación colectiva cláusulas específicas
sobre la seguridad vial laboral referidas a los problemas y riesgos de los trabajadores en el ejercicio de sus actuaciones profesionales.
2. Relacionadas con el seguimiento de datos y accidentalidad:
- Elaborar y presentar con periodicidad anual el informe sobre la evolución de los accidentes de trabajo en los desplazamientos de los trabajadores en sus actuaciones profesionales, así como un estudio y evaluación sobre las características
de los mismos.
- Realizar un protocolo de investigación y registro de los accidentes de tráfico y ampliar los datos recogidos en el mismo. Asimismo es necesario coordinar esta información entre los órganos implicados en el seguimiento de los accidentes,
desarrollando la conexión de las bases de datos de accidentes de circulación que tiene la Dirección General de Tráfico y el de accidentes de trabajo que mantiene el Ministerio de Trabajo.
3. Sobre Planificación:
Incluir la mejora de la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo, tanto dentro de la jornada laboral como al ir o volver al centro de trabajo, como una línea estratégica de actuación, dentro del Plan Estratégico de
Seguridad Vial para el período 2011-2020 actualmente en fase de elaboración.
4. Sobre promoción en las empresas:
- Realizar, en el plazo de un año, una campaña de comunicación a fin de concienciar e informar a los empresarios y a los trabajadores sobre los riesgos derivados
de los desplazamientos al ir o al volver del trabajo o relacionados con el trabajo. Al mismo tiempo impulsar las campañas de sensibilización que se realicen sobre esta materia.
- Promover la creación de un sello de calidad apoyado por instituciones y organismos competentes que avalen el compromiso de cada empresa en la prevención de los accidentes de tráfico entre sus empleados. Este sello de calidad estará sujeto
a los controles que se estimen oportunos.
Este compromiso se verá reflejado en un protocolo que estará respaldado y promovido por el máximo representante de cada entidad.
Al mismo tiempo, crear un premio anual a las mejores prácticas en el ámbito de la salud laboral vial.
Fomentar la inclusión de la Seguridad Vial en los planes de responsabilidad social corporativa de las empresas.
Crear y fomentar programas de apoyo, con el fin de favorecer la implementación de programas de seguridad vial en flotas representativas, líderes o 'ejemplarizantes' como las administraciones públicas. Con objeto de ser útiles a otras
entidades se realizará una difusión de las buenas prácticas llevadas a cabo.
- Promover o incentivar la elaboración de planes de seguridad vial en las empresas como medida para prevenir los accidentes de trabajo en misión y los accidentes in itinere, así como a establecer o determinar el contenido mínimo de los
mismos que sirva como guía para su elaboración y consideración a los efectos formales y de homologación en su caso.
Implantar planes de seguridad vial en las empresas dependientes del sector público empresarial y en la propia Administración. En dichos planes de seguridad vial en la empresa es necesario incluir programas de gestión de los desplazamientos
de los trabajadores (gestión planificada de los desplazamientos), una gestión de toda la flota de vehículos y una gestión de la formación de los trabajadores en este ámbito, en la que se definan las medidas preventivas necesarias para minimizar los
riesgos derivados de la movilidad laboral.
- Impulsar la incorporación de la seguridad vial en la prevención de riesgos de las Administraciones Públicas.
- Incorporar la educación vial en los planes de formación continua y ocupacional de los trabajadores que usan un vehículo en el ejercicio de sus actuaciones profesionales, de los trabajadores expuestos a riesgos en el trayecto in itinere, y
de los conductores profesionales para que puedan responder a las necesidades y a las nuevas exigencias originadas por la evolución del mercado del transporte, modernizando así la profesión de conductor.
Promover los cursos de conducción segura y eficiente como una buena práctica empresarial para la actualización de conocimientos y habilidades entre los trabajadores.
- Impulsar en las grandes empresas la investigación de los accidentes de tráfico para evaluar los riesgos viales de sus trabajadores. En este sentido, es necesario el registro sistemático de los datos sobre accidentes de tráfico de los
trabajadores, fijar objetivos e identificar las acciones para conseguir estos objetivos.
- Promover o incentivar la disposición de elementos de seguridad activa y pasiva en vehículos destinados al uso laboral, especialmente grandes flotas, prestando especial atención a aquellos destinados al transporte de personas. Al mismo
tiempo es conveniente mejorar el conocimiento por parte de los usuarios de estos elementos de seguridad, elaborando, por ejemplo, materiales divulgativos adaptados a los diferentes colectivos.
5. En materia de participación:
- En colaboración con los gobiernos autonómicos competentes, contribuir a hacer a los actores a cargo de los diferentes ámbitos de la política de seguridad vial partícipes y responsables de la implementación de sus correspondientes medidas,
mediante la debida consideración de la seguridad vial en las normas socio-laborales.
Impulsar las actuaciones de formación e información de las Administraciones públicas competentes, que analicen factores de riesgo y gestión en los desplazamientos.
- Incluir la presencia del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial para facilitar la necesaria coordinación en la materia.
- Desarrollar planes específicos en colaboración con la Inspección de Trabajo y, en su caso, con los subinspectores de trabajo para realizar diagnósticos de carácter sectorial sobre la situación de riesgos laborales en el ámbito de las
actividades consistentes en la movilidad in itinere o en misión.
Incorporar a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las vulneraciones que eventualmente se pueden producir en relación a los trabajadores que deben
realizar trayectos en misión como parte troncal de sus obligaciones contractuales.
- Impulsar que las ayudas a la formación establecidas por la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento y el 0,7% de las cotizaciones empresariales de la Seguridad Social en concepto de formación se destinen a
la obtención y renovación del certificado de aptitud profesional.
- Fomentar la corresponsabilidad de las administraciones públicas, las empresas y del conjunto de la sociedad para cambiar las pautas de movilidad basadas en el coche privado. De esta forma propone:
a) Desde las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben incrementarse
los esfuerzos para fomentar el cambio modal en la movilidad de los trabajadores mediante la mejora del transporte público urbano e interurbano, en especial en aquellos trayectos con destino a los grandes centros de producción, como los
polígonos industriales. En caso que las empresas o polígonos fomenten el transporte colectivo, éstas deberían obtener un tratamiento fiscal favorable en los gastos que les comporte.
b) La promoción y el estímulo del uso del transporte público por parte de las diferentes administraciones públicas con competencia en la materia, pudiendo desempeñar las empresas un papel de colaboración o cooperación en el objetivo de
reducción de la contaminación mediante la difusión de campañas de sensibilización y concienciación a los trabajadores.
6. Impulsar, en el plazo de un año, a organización de un encuentro sobre 'Los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo y su prevención', con el fin de dar a conocer e intercambiar las mejores prácticas empresariales en materia de
seguridad vial laboral.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/003227
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Qué impacto tendrán los recortes salariales acordados por el Gobierno en la paga extraordinaria del mes de diciembre de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
Comisión de Economía y Hacienda
181/003242
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Antonio Gallego Burgos
Texto:
A la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda.
¿Por qué razón se ha dispuesto la privatización del 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.
181/003243
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Antonio Gallego Burgos
Texto:
A la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda
¿Cuál es el valor estimado de la futura Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.
181/003244
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Antonio Gallego Burgos
Texto:
A la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda
¿Qué valoraciones o tasaciones se han tenido en cuenta para conocer el valor actual de mercado de la futura Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.
181/003245
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Antonio Gallego Burgos
Texto:
A la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda
¿Puede explicar de qué forma se procederá a la privatización de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.
181/003246
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Antonio Gallego Burgos
Texto:
A la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda
¿Considera necesario el Gobierno que antes de proceder a la privatización, la totalidad de la red de ventas de Administraciones de Loterías se encuentran sometidas al derecho privado para el ejercicio de la actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.
181/003247
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Antonio Gallego Burgos
Texto:
A la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda
¿De qué forma contempla el Gobierno la entrada en el accionariado privado de los actuales titulares de las Administraciones de Lotería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.
181/003248
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda
Diputado don Antonio Gallego Burgos
Texto:
A la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda.
¿En qué fecha considera el Gobierno se hará efectiva la privatización anunciada del 30% de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.
Comisión de Presupuestos
181/003259
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos:
¿Cuál ha sido el grado de ejecución de las partidas destinadas al pago de expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras, autovías y actuaciones ferroviarias del Estado en Catalunya en los últimos 5 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003260
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos:
¿Cuantas personas están pendientes de cobrar, y cuanto dinero total se adeuda, en concepto de expropiación de terrenos a causa de obras en carreteras, autovías e infraestructuras ferroviarias del Estado en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003261
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos:
¿Cuál es el importe, calculado a día de hoy, en concepto de intereses de demora que deberá pagar el Estado a los afectados por las expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras, autovías y actuaciones ferroviarias del Estado en
Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
Comisión de Fomento
181/003251
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Carreteras:
¿Cuantas personas están pendientes de cobrar alguna cuantía en concepto de expropiación de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías del Estado en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003252
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Carreteras:
¿Cuál es el importe total pendiente de pago en concepto de expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías del Estado en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003253
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Carreteras:
¿Cuáles son los motivos para el retraso en el pago de las expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías del Estado en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003254
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Carreteras:
¿Cuál es el importe, calculado a día de hoy, en concepto de intereses de demora que el Ministerio deberá pagar a los afectados por las expropiaciones de terrenos a causa de obras en carreteras y autovías del Estado en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003255
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Infraestructuras ferroviarias:
¿Cuántas personas están pendientes de cobrar alguna cuantía en concepto de expropiación de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la alta velocidad en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003256
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Infraestructuras ferroviarias:
¿Cuál es el importe total pendiente de pago en concepto de expropiaciones de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la alta velocidad en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003257
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Infraestructuras ferroviarias:
¿Cuáles son los motivos para el retraso en el pago de las expropiaciones de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la alta velocidad en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003258
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macías i Arau
Texto:
Al Director General de Infraestructuras ferroviarias:
¿Cuál es el importe, calculado a día de hoy, en concepto de intereses de demora que el Ministerio deberá pagar a los afectados por las expropiaciones de terrenos a causa de obras en las líneas ferroviarias y la alta velocidad en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2011.-Pere Macías i Arau, Diputado.
181/003263
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Vicenta Tortosa Urrea
Texto:
Negociación entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana para la modernización de las cercanías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2011.-Vicenta Tortosa Urrea, Diputada.
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/003228
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno regular la figura del arraigo en el futuro Reglamento de Extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003229
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Qué opinión le merece al Gobierno, según la encuesta del CIS, que la inmigración sea uno de los principales problemas de los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003230
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno incluir en el desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería la pretensión del Ayuntamiento de Hospitalet de denegar el permiso de
residencia por reagrupación o arraigo a las personas que tengan conductas incívicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003231
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre el rendimiento escolar de la población inmigrante según los datos del Informe Pisa 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003232
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la situación de los menores no acompañados acogidos por las Comunidades Autónomas en centros de menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003233
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el impacto de la ampliación del periodo de permanencia en los CIES hasta 60 días de extranjeros en situación irregular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003234
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Cuáles son las políticas y directrices del Gobierno para proceder a la expulsión de los extranjeros condenados por sentencia judicial firme con penas superiores al año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003235
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el contingente 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003236
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿De qué forma piensa el Gobierno favorecer la inmigración circular según lo dispuesto en la Directiva europea de retorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003237
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para favorecer el retorno a sus países de origen de los ciudadanos extranjeros que están inmersos en situaciones de paro de larga duración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003238
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Tiene el Gobierno previsto llevar a cabo una nueva regularización para resolver los casos de inmigración ilegal sobrevenida, en la que están incurriendo numerosos extranjeros que se quedan en paro por un largo periodo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003239
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Por qué el Gobierno ha incumplido el mandato de la Cámara, aprobado por unanimidad, de restituir el Fondo de Acogida e Integración de inmigrantes a los niveles del presupuesto del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003240
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Qué valoración y evaluación hace el Gobierno sobre el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Acogida e integración de Inmigrantes, así como el Refuerzo Educativo de los mismos durante los años 2008-2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
181/003241
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Rafael Hernando Fraile
Texto:
¿Qué razones han motivado al Gobierno para incumplir lo dispuesto en la Ley de Extranjería en relación
con la elaboración de un Reglamento en el plazo de 6 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2010.-Rafael Hernando Fraile, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/003250
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Cuál es la disposición del Gobierno a dialogar con el sector pesquero, afectado por los acuerdos del Consejo de Ministros de Pesca de la UE sobre los topes autorizados de captura (TAC) y las cuotas de pesca para diversas especies para el
año 2011, para escuchar sus propuestas al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2011.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/003264
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
En relación con la propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso del 27 de abril pasado para: 'Avanzar en el derecho de participación, decisión y objeción de las Comunidades Autónomas en la adopción de decisiones que afecten a
las zonas costeras en materia de pesca, reforzando los acuerdos de la Conferencia Sectorial y la participación activa de las Comunidades Autónomas en los órganos de decisión de la Unión Europea, en los estatus representativos que la propia Unión
Europea establece, cuando se trata de temas que les afecten'.
¿Ha realizado el Gobierno alguna actuación para cumplir con dicho acuerdo? En caso contrario, ¿a qué se debería? En caso afirmativo ¿cuáles serían las conclusiones de dichas gestiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2011.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Comisión de Igualdad
181/003249
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad
Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Ha realizado el Gobierno algún estudio sobre la inadecuada atención que se ofrece a las mujeres víctimas de maltrato machista que tienen que acudir a los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2011.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000048
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 8675/2006, promovido por el Defensor del Pueblo, contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, relacionados en dicha providencia.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo,
don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, y don Manuel Aragón Reyes, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 8675-2006, interpuesto por el Defensor del Pueblo contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Han comparecido y
formulado alegaciones el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, así como el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por medio de sus respectivas representaciones procesales. Ha sido Ponente el
Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en consecuencia,
Declarar que:
1.º Queda extinguido el recurso, por desaparición sobrevenida de su objeto, respecto de la impugnación de la expresión 'y preferente' del apartado 1 de su artículo 6; el inciso 'con carácter exclusivo' del apartado 1 del artículo 78; el
artículo 97; los apartados 2, letras a), b), c), d) y e), y 3 del artículo 98; los incisos 'y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña' de los apartados 5 y 6 del artículo 95; el inciso 'por el Presidente o Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y' del apartado 1 del artículo 99; el apartado 1 del artículo 100; el inciso 'o al Consejo de Justicia de Cataluña' del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 101; el inciso 'como principios o
mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto' del artículo 111.
2.º En cuanto a las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña impugnadas, ha de estarse a lo señalado en los FFJJ 1 y 4.
3.º No son inconstitucionales, en los términos expresados en los correspondientes fundamentos jurídicos que se indican: el artículo 5 (FJ 4); el apartado 2 del artículo 6 (FJ 6); el apartado 5 del artículo 33 (FJ 6); el artículo 34 (FJ
6); el apartado 2 del artículo 95 (FJ 8); el artículo 110 (FJ 9); el artículo 112 (FJ 9); el apartado 3 del artículo 127 (FJ 9); el artículo 129 (FJ 9); el artículo 138 (FJ 9); el artículo 180 (FJ 8); el apartado 1 del artículo 183 (FJ 10);
los apartados 1 y 2, letras a), b) y d) del artículo 210 (FJ 10); y las disposiciones adicionales octava, novena y décima (FJ 8).
4.º Se desestima el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 16 de diciembre de 2010.
232/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 9330/2006, promovido por
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja y, en su representación y defensa, por el Letrado del mismo, contra los artículos 3.1; 117.1, 2, 3 y 4; 128.3; 144.1 g); 169.6; 174.3; 183; 201; 202.3 b); 204.1 y 4; 205;
206.3 y 5 y 210; y disposiciones adicionales 2.ª; 4.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª y 11.ª, y disposición adicional final 2.ª, de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo,
don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 9330-2006, interpuesto por el Letrado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, actuando en representación y defensa del Consejo de Gobierno de La Rioja, contra diversos preceptos de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Han comparecido el Abogado del Estado, el Parlamento de Cataluña y la Generalitat de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el
parecer del Tribunal.
Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 11 de octubre de 2006, el Letrado del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja artículos impugnados del EAC y la infracción por parte de los mismos
del Estatuto de Autonomía de La Rioja, precisando que esa doble infracción constitucional y estatutaria la producirían los preceptos antes examinados que la demanda encuadra en las materias de gestión del agua, denominaciones de origen
intercomunitarias y sistema de financiación.
Debemos recordar, como ya dijimos en un proceso en el que se examinaba la posible colisión entre dos Estatutos de Autonomía, 'que el único parámetro para enjuiciar la validez constitucional de una disposición incluida en un Estatuto de
Autonomía es la propia Constitución; esto es, la constitucionalidad de un precepto estatutario sólo puede enjuiciarse sobre la base de su conformidad con la Norma fundamental' (SSTC 99/1986, de 11 de julio, FJ 4 y 247/2007, de 21 de diciembre, FJ
6). Dado el planteamiento de la demanda, en cuanto a las infracciones del Estatuto de Autonomía de La Rioja que se denuncian y que están estrechamente conectadas con las impugnaciones de la Constitución, y por consecuencia de lo argumentado podemos
concluir reiterando la fundamentación y pronunciamientos que hemos realizado respecto de estas últimas.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.º Declarar la pérdida de objeto de la impugnación del inciso 'siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar' del artículo 206.3 EAC.
2.º Declarar que no son inconstitucionales, en los términos de lo expresado en los correspondientes fundamentos jurídicos que se indican, el apartado 3 del artículo 174 (FJ 2); el apartado 1 del artículo 183 (FJ 2); el apartado 1 del
artículo 210 (FJ 2); los epígrafes a), b) y d) del apartado 2 del artículo 210 (FJ 2); las disposiciones adicionales 8, 9 y 10 (FJ 8); y el apartado 5 del artículo 206 (FJ 11).
3.º Desestimar en todo lo demás el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 16 de diciembre de 2010.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
093/000029
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.
Autor: Comunidad Autónoma del País Vasco-Gobierno.
Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas en materia de protección civil y gestión de emergencias.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS
Las Comunidades Autónomas firmantes con competencias en materia de Protección Civil y gestión de emergencias
EXPONEN
La cooperación y la colaboración entre las diferentes Comunidades Autónomas resultan fundamentales e imprescindibles en estos momentos de desarrollo y consolidación del Estado de las Autonomías y en los que la ciudadanía exige una mayor
coordinación entre las diferentes administraciones para prestar unos mejores servicios y de mayor calidad.
La Protección Civil, entendida, según la Ley 2/1985 de Protección Civil, es un Servicio Público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones Públicas y su objetivo es según se establece en dicha
Ley la protección física de las personas y de los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria.
Las relaciones entre todas las administraciones públicas con competencias en materia de protección civil han de regirse por los principios de cooperación, coordinación, solidaridad territorial, asistencia recíproca y mutuo auxilio, como
pilares que garanticen un mejor sistema de protección civil, capaz de dar respuesta a todas las situaciones de riesgo que puedan producirse en nuestro territorio.
La Ley 2/1985 de Protección Civil y la Norma Básica de Protección Civil establecen la planificación como la herramienta básica de coordinación frente a las situaciones de riesgo de los diferentes recursos y colectivos que actúan en las
mismas y determinan la tipología de planes de que cada administración ha de disponer para hacer frente a determinados riesgos.
En cumplimiento de la Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1991 que establece la obligación de los Estados miembros de introducir el número telefónico 112 como número único de llamada de urgencia europeo y del
Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112, las Comunidades Autónomas establecieron sus
correspondientes Centros 112 que desarrollan un papel fundamental en el servicio de protección civil y gestión de emergencias.
Así, la legislación estatal y de las Comunidades Autónomas en materia de Protección Civil y gestión de emergencias, los instrumentos de planificación y la existencia de recursos de cada administración al servicio de la protección civil y la
importante función social de este servicio público obliga a las Administraciones Públicas a fomentar los mecanismos de colaboración y coordinación que faciliten el apoyo mutuo, la solidaridad territorial y una efectiva actuación conjunta en casos de
necesidad.
Por todo ello, las Comunidades Autónomas firmantes consideran imprescindible establecer las fórmulas de colaboración en este ámbito que contribuyan a la mejora en la prestación del servicio de protección civil en beneficio de la protección
de las personas, sus bienes y el medio ambiente.
En virtud de lo que antecede se considera necesaria la suscripción del presente convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El objeto del presente Convenio es establecer el marco de cooperación y colaboración de las Comunidades Autónomas firmantes en las actuaciones de protección civil y gestión de emergencias.
Segunda. Salvaguarda de las competencias autonómicas.
El presente convenio se firma con la salvaguarda de las competencias que cada una de las Comunidades que lo firman ostentan en materia de protección civil y gestión de emergencias.
Tercera. Normativa aplicable en materia de protección civil y gestión de emergencias.
El ejercicio de las actuaciones relacionadas con la protección civil y la gestión de emergencias se regirá en cada territorio por la normativa dictada por la respectiva Comunidad Autónoma.
Cuarta. Coordinación en materia de Protección Civil.
1. Las Comunidades Autónomas firmantes elaborarán coordinadamente programas específicos de concienciación y sensibilización en materia de protección civil orientados a la prevención y la autoprotección.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior las partes firmantes se comprometen a colaborar con las siguientes actuaciones:
A) Preparación, programación y realización de proyectos, cursos, encuentros o seminarios concretos en relación con la materia.
B) Intercambio de información, documentación, publicaciones y material didáctico.
C) Preparación y formación del personal que participe en las tareas de protección civil y gestión de emergencias.
D) Campañas de Comunicación.
E) Cualquier otra modalidad de colaboración y cooperación de carácter práctico o técnico acordada por las partes.
2. Las partes definirán, en cada caso concreto, los modos de financiación de las actuaciones de coordinación que se desarrollen en materia de protección civil y gestión de emergencias y podrán formar parte de las mismas, de común acuerdo,
instituciones y organismos propios o ajenos.
Quinta. Colaboración en materia de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
1. Las Comunidades Autónomas firmantes colaborarán entre sí en situaciones de grave riesgo declaradas aportando los medios materiales, humanos y económicos de acuerdo con el presente convenio.
Sexta. Teléfono de Emergencias 112.
1. Las peticiones de ayuda y colaboración en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas se canalizarán a través del teléfono de emergencias 112.
2. Cada Comunidad Autónoma deberá identificar los cargos y las personas que tienen capacidad para llevar a cabo la solicitud de ayuda, así como designar a la persona a la que se debe dirigir, en su caso, la petición, y la forma de su
localización.
Séptima. Ayuda recíproca en materia de protección civil y gestión de emergencias.
1. Las Comunidades Autónomas firmantes del presente convenio podrán solicitar en régimen de reciprocidad la ayuda material y humana que sea necesaria para hacer frente a una situación de grave riesgo o catástrofe.
2. La Comunidad Autónoma receptora de la petición de ayuda determinará en cada caso, a través de su Centro de Coordinación, la existencia o no de recursos disponibles, su número y composición, comunicándolo al Centro de Coordinación de la
Comunidad Autónoma peticionaria procediendo de manera simultánea a la movilización de dichos recursos.
3. Las Comunidades Autónomas se comprometen a elaborar un modelo común de las peticiones de ayudas y confirmación de recursos.
Octava. Dirección Única de las actuaciones de Protección Civil.
1. Las actuaciones conjuntas que se deriven de la aplicación del presente convenio se realizarán bajo la dirección única de la autoridad de protección civil en función de la correspondiente planificación de la Comunidad Autónoma
peticionaria.
2. Los recursos de cada Comunidad Autónoma actuarán siempre a las órdenes directas de sus mandos naturales.
Novena. Gastos de asistencia.
1. No será exigible ningún pago de una Comunidad a otra como reembolso por los gastos de asistencia y por los materiales perdidos, destruidos o dañados como consecuencia de las actuaciones de ayuda derivadas del presente Convenio.
2. Los gastos ocasionados por el aprovisionamiento y alojamiento de los medios desplazados, así como el suministro de los artículos necesarios para el funcionamiento de los vehículos y otro material correrán a cargo de la parte asistida.
3. Las partes se comprometen a tener cubiertos, mediante los correspondientes contratos de seguro de
responsabilidad y accidente los riesgos derivados de las actuaciones objeto de este convenio.
Décima. Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento.
1. En el plazo máximo de dos meses desde la comunicación a las Cortes Generales, se constituirá una Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento, con la finalidad de dar cumplimiento al presente convenio, formada por todas las Comunidades
Autónomas firmantes a través de sus representantes en la materia.
2. La Comisión estará formada por el titular o los titulares de los órganos competentes de cada una de las Comunidades Autónomas firmantes del presente convenio en materia de protección civil y gestión de emergencias.
3. La Comisión se encargará de elaborar un plan de actuación para el cumplimiento del presente convenio, efectuando el seguimiento y control de su desarrollo posterior. En particular la comisión tratará de homogenizar las actuaciones que
derivan del presente convenio con las dispuestas en otros convenios o protocolos en materia de protección civil y gestión de emergencias que afecten a las Comunidades Autónomas firmantes del presente convenio.
Undécima. Resolución de controversias.
1. La Comisión de Seguimiento resolverá de común acuerdo las divergencias que pudieran surgir en la aplicación y ejecución del presente convenio.
2. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, dada la naturaleza administrativa del presente convenio.
Duodécima. Plazo de vigencia y eficacia.
1. El presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y tendrá una duración indefinida. En todo caso, los efectos no se producirán, para cada una de las Comunidades Autónomas firmantes, hasta el transcurso de los plazos que para
la vigencia vengan exigidos por sus Estatutos de Autonomía.
2. Los efectos de la entrada en vigor del presente convenio se producirán sin perjuicio de la vigencia de los convenios o protocolos que en materia de protección civil y gestión de emergencias hayan celebrado las Comunidades Autónomas
firmantes.
Decimotercera. Adhesión de otras Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas firmantes promoverán las acciones necesarias para que el resto de Comunidades Autónomas que lo deseen se adhieran al presente convenio.
Decimocuarta. Extinción y modificación del convenio.
1. El Convenio se extinguirá por el común acuerdo entre las partes o por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el mismo.
2. Cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes podrá promover la revisión de alguno de los términos del Convenio. Las modificaciones deberán incorporarse al Convenio y ser suscritas por todas las partes.
Decimoquinta. Separación del convenio.
1. Cualquiera de las Comunidades Autónomas podrá separarse del Convenio previa comunicación, con una antelación mínima de dos meses, a las restantes por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción. La separación producirá
efectos desde el 1 de enero del año siguiente.
2. En caso de separación de cualquiera de las Comunidades firmantes, el convenio continuará en vigor respecto a las restantes Comunidades Autónomas.
Por todo lo expuesto,
En prueba de conformidad, se firma el presente convenio para que surta efectos en todas la Comunidades Autónomas que, ostentando competencias en materia de protección civil, lo suscriban.
Por el Gobierno de La Rioja,
Por el Gobierno de Euskadi,
Por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
Por la Xunta de Galicia,
Por la Junta de Andalucía,
Por la Generalitat Valenciana,
Por el Gobierno de Aragón,
Por el Gobierno de les Illes Balears,
Por la Junta de Castilla y León.
093/000030
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.
Autor: Senado.
Convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y León para la prevención y extinción de incendios forestales.
Acuerdo:
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ASTURIAS, CANTABRIA Y CASTILLA Y LEÓN, PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
En Oviedo, a 1 de octubre de 2010
REUNIDOS
El Excmo. Sr. a Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias, actuando en nombre y representación del Gobierno del Principado de Asturias, en el ejercicio de las competencias de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y de acuerdo con las facultades que le son conferidas a la Comunidad Autónoma por el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, en la redacción ordenada por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero.
El Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, actuando en nombre y representación del Gobierno de Cantabria, en ejercicio de las competencias de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y de acuerdo con las facultades que le son conferidas a la Comunidad Autónoma por el artículo 25.7 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de
Autonomía de Cantabria, en la redacción ordenada por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre.
El Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León, nombrado por Real Decreto 864/2007, de 28 de junio, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 27.1 d) del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, y 6.5 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en ejercicio de las competencias que en materia de protección del medio ambiente atribuye a la Comunidad Autónoma el
artículo 71.1.7.ª del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, en su actual redacción tras las reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 11/1994, de 24 de marzo, 4/1999, de 8 de enero, y 14/2007, de 30 de
noviembre.
MANIFIESTAN
El artículo 145.2 de la Constitución Española establece que los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas puedan prever la celebración de Convenios de Colaboración entre las Comunidades Autónomas, para la gestión y prestación de
servicios propios correspondientes a las mismas.
En este sentido, el Principado de Asturias, las Comunidades Autónomas de Cantabria, y de Castilla y León, prevén en sus respectivos estatutos que las referidas Comunidades Autónomas pueden celebrar Convenios con otras Comunidades para la
gestión y la prestación de servicios propios correspondientes a materias de su competencia exclusiva.
El Principado de Asturias ostenta, en el marco de la legislación básica del Estado, competencias en materia de protección del medio ambiente en virtud del artículo 11.5 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de
diciembre.
La Comunidad Autónoma de Cantabria ostenta, en el marco de la legislación básica del Estado, competencias en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas en virtud de lo previsto en el artículo 25.7 de la Ley Orgánica
8/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba su Estatuto de Autonomía.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León ostenta, en el marco de la legislación básica del Estado, competencias en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas en virtud de lo previsto en el artículo 71.1.7.ª de su Estatuto
de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero.
El Principado de Asturias, el Gobierno de Cantabria, y la Junta de Castilla y León, considerando la condición de vecindad geográfica existente entre ellas, y siendo conscientes del alto riesgo que suponen los incendios forestales, consideran
de interés común establecer mecanismos de colaboración que permitan hacer frente de un modo coordinado a siniestros de esta naturaleza, especialmente en las zonas limítrofes, con un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles por parte de las
tres Administraciones.
Es propósito de estas Comunidades Autónomas suscribir un Convenio de Colaboración en materia de prevención y extinción de incendios forestales que permita hacer efectivos los objetivos señalados.
En consecuencia, en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía, los firmantes acuerdan formalizar el presente Convenio, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones para la colaboración, coordinación y cooperación de las Comunidades Autónomas firmantes en la prevención y extinción de incendios forestales.
Segunda. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio tiene como ámbito de aplicación el territorio de las comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y León.
Tercera. Procedimientos operativos de extinción.
1. Los Órganos ejecutores, los competentes en las materias de prevención y extinción de incendios forestales, de las Comunidades Autónomas firmantes podrán solicitar la ayuda de la otra parte en caso de incendio forestal en las zonas de
asistencia y socorro. Se constituyen las zonas de asistencia y socorro inmediato, en las áreas limítrofes de las provincias colindantes a dos o las tres Comunidades Autónomas firmantes. Estas zonas abarcarán la totalidad de los términos
municipales incluidos en una banda a ambos lados de la línea divisoria de las Comunidades hasta una distancia de 2 kilómetros contados a partir de la misma.
2. En los incendios forestales que se desarrollen en las zonas limítrofes y puedan afectar a varias Comunidades, los efectivos de extinción de incendios de cualquiera de ellas que se encuentren más próximos al siniestro, actuarán dentro de
la zona de asistencia y socorro inmediato de la Comunidad colindante sin necesidad de petición de ayuda con el objetivo de impedir la propagación del incendio e independientemente del ámbito territorial amenazado.
3. Las partes firmantes, reconociendo que la eficacia de los socorros depende de la rapidez de la intervención, dispondrá de su propia Central de Comunicaciones, estableciendo que las peticiones de ayuda se realizarán únicamente de una
Central a otra.
4. La Comunidad Autónoma receptora de la petición de ayuda determinará en cada caso, por medio del Jefe de Guardia del operativo contra incendios forestales, la existencia o no de recursos disponibles, su número y composición, comunicándolo
a la Central de la Comunidad peticionaria, simultáneamente a la orden de despacho.
5. Para la mejor coordinación de las Unidades actuantes, las mismas dispondrán de elementos comunes de radio enlace. En su defecto, las instrucciones o comunicaciones se realizarán de Central a Central de cada Comunidad Autónoma.
6. En todas las actuaciones conjuntas existirá un Mando Único Responsable designado con arreglo a los siguientes criterios:
a) Cuando el incendio se desarrolle exclusivamente en el territorio de una de las Comunidades, el Mando Única Responsable será nombrado por la Comunidad afectada.
b) Cuando el incendio afecte al territorio de más de una Comunidad de las firmantes, el Mando Único Responsable será designado de común acuerdo por las Comunidades afectadas.
Las Unidades de cada Comunidad Autónoma actuarán siempre a las órdenes directas de sus mandos naturales.
7. Cuando se dé por finalizada una actuación, pero las circunstancias aconsejen dejar un retén de prevención y vigilancia, cada Comunidad Autónoma organizará los grupos necesarios para atender su propio territorio. Las Unidades requeridas
no se retirarán del siniestro sin afrontar y recibir el visto bueno del Mando Único Responsable de la actuación conjunta.
8. Ambas partes potenciarán la programación periódica de visitas de mandos, con objeto de conocerse e intercambiar experiencias y conocimientos, así como tomar contacto con los medios y materiales específicos.
Cuarta. Gastos de asistencia.
1. No será exigible ningún pago de una Comunidad a otra como reembolso por los gastos de asistencia y por los vehículos u otro material perdido, dañado o destruido en las actuaciones realizadas.
2. Los gastos originados de manutención o alojamiento, u otros de naturaleza operativa o logística correrán a cargo de la parte asistida.
3. La Comunidad que presta la ayuda requerida tendrá, sin embargo, derecho al reembolso de los gastos extraordinarios ocasionados, cuando excedan de las partidas presupuestarias previstas o designadas para la lucha contra los incendios
forestales.
Quinta. Cobertura de seguros.
1. En el caso de producirse víctimas o daños personales en los componentes de los Operativos desplazados, la Comunidad de donde proceda este personal renuncia a formular cualquier reclamación a la otra parte.
2. Las partes se comprometen a tener cubiertos, mediante los correspondientes contratos de seguro de responsabilidad civil y de accidentes, los riesgos derivados de las actuaciones objeto de este Convenio.
Sexta. Cooperación práctica y técnica.
1. A fin de lograr la mayor efectividad de este Convenio y, en general, del mejor funcionamiento de los servicios de prevención y extinción de incendios
forestales, las partes se comprometen a colaborar con las siguientes actuaciones:
a) Preparación y realización conjunta y/o coordinada de programas y proyectos concretos de prevención y de operaciones conjuntas de extinción. En estos programas o proyectos deberán especificarse, entre otros aspectos, sus objetivos, su
duración, las obligaciones de las partes y, en su caso, la forma de financiación conjunta que se considere oportuna.
b) Diseño y desarrollo de simulacros y operaciones conjuntas.
c) Envío de técnicos para la prestación de servicios de asesoría y consulta.
d) Aceptación de personal de cualquiera de las Comunidades firmantes en los servicios de prevención y extinción de incendios de las otras para su formación y perfeccionamiento profesional y técnico.
e) Organización de reuniones, encuentros, cursos y seminarios sobre las materias objeto de este Convenio.
f) Intercambio de información, documentación, publicaciones y material didáctico. La difusión de la información objeto del intercambio podrá ser excluida, restringida o limitada do la parte que la haya facilitado, así lo manifieste
expresamente.
g) Cualquier otra modalidad de cooperación práctica o técnica acordada por las partes.
2. Las partes definirán, en cada caso concreto, los modos de financiación de las actuaciones de cooperación desarrolladas en aplicación de este Convenio y podrán solicitar, e interesar, de común acuerdo, la participación de Instituciones y
Organismos, propios y/o ajenos, en el desarrollo de los programas y proyectos conjuntos en cualquiera de sus diferentes modalidades.
Séptima. Comisión Técnica de Seguimiento.
1. A fin de garantizar el efectivo cumplimiento del presente Convenio, se constituye una Comisión Técnica de Seguimiento paritaria integrada como mínimo por dos representantes de cada uno de los órganos designados en la cláusula precedente.
La Comisión se reunirá al menos una vez al año. La convocatoria primera la realizará Asturias siguiendo posteriormente el orden alfabético. Quien convoque hará de secretario de la Comisión debiendo levantar acta de los asuntos tratados y acuerdos
adoptados.
2. La Comisión tendrá como función el seguimiento y control del cumplimiento del Convenio así como el acuerdo de las normas técnicas de coordinación para el caso de incendios forestales que obliguen o aconsejen el desplazamiento de medios
entre las Comunidades Autónomas firmantes, resolviendo las dudas que puedan suscitar su interpretación o aplicación. Igualmente deliberará y propondrá la programación de actividades a realizar, efectuando el seguimiento y control de su desarrollo y
proponiendo las modificaciones y adaptaciones que, en cada caso, se estimen pertinentes.
Octava. Tramitación y vigencia.
1. Las partes firmantes se comprometen, si estuviesen obligadas a ello, a someter inmediatamente este Convenio a la aprobación o ratificación de los Órganos Legislativos de sus respectivas Comunidades Autónomas.
Obtenida esta aprobación o
ratificación, las Partes se darán cuenta de la misma.
2. Conforme a lo preceptuado en los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas firmantes la celebración del presente Convenio será comunicado a las Cortes Generales. El Convenio entrará en vigor transcurrido el plazo
legalmente estipulado desde dicha comunicación, sin que se hubiesen manifestado reparos.
3. El presente Convenio tendrá vigencia de un año a contar desde el día de su entrada en vigor.
Novena. Prórroga.
1. Expirada la vigencia del Convenio, el mismo quedará automáticamente prorrogado por sucesivos periodos de un año, salvo comunicación en contrario realizada por escrito por cualquiera de las partes y con una antelación mínima de un mes a
la fecha de vencimiento del Convenio de su intención de no renovarlo.
2. El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante comunicación dirigida a las otras por escrito. Los efectos del Convenio cesarán transcurridos seis meses desde la correcta comunicación de denuncia, siempre que este
plazo se encuentre comprendido dentro del natural de vigencia establecido en el presente artículo.
3. Salvo decisión conjunta en contrario, la pérdida de vigencia no afectará a los programas y proyectos en ejecución.
Décima. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente Convenio, serán resueltas de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y en su caso del Tribunal Constitucional.
En prueba de conformidad firman el original por triplicado en el lugar y fecha indicado ut supra.
Por el Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Roiz.-Por el Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.-Por la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000009
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autor: Doña Laura Pinyol Vidal y don Frederic Monell i Lliró.
Proposición de Ley para el empleo estable y con derechos.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a
los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la iniciativa legislativa popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
120/000010
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular
Autor: Don Francisco García Ruiz y otros.
Proposición de Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a
los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la iniciativa legislativa popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.