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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 416, de 25/06/2010
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de junio de 2010
Núm. 416
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000005 Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, de una Subcomisión para el fomento de la economía social.
Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al Pleno ... (Página 3)
Secretaría General
292/000048 Convocatoria pública de 18 de junio de 2010 para la provisión, en régimen de contratación laboral, de cinco plazas vacantes de Programador con destino en el Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados ... (Página 3)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las primas en el Mundial de Sudáfrica ... (Página 8)
162/000689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar el debate a nivel comunitario e internacional sobre un marco preventivo de gestión de crisis financiera ...
162/000690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la obligación de consolidación contable en España para empresas dominantes cuya matriz es de un país de fuera de la Unión Europea ...
(Página 9)
162/000691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas en materia de política energética que hagan posible el mantenimiento del precio de la tarifa de último recurso ...
162/000692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acuerde la cartera de
prestaciones para el Grado I del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página 11)
162/000693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incentivos fiscales a la iniciativa empresarial ... (Página 12)
162/000694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reparación de los daños causados por las inundaciones producidas por las lluvias que han afectado a diversas Comunidades Autónomas
durante el mes de junio de 2010 ...
(Página 13)
Otros textos
Estabilidad presupuestaria
430/000004 Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo
de estabilidad presupuestaria para el período 2011-2013, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2011 ... (Página 15)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000005
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la comunicación por la que la Comisión de Economía y Hacienda acordó someter a la aprobación del Pleno de la Cámara la propuesta de creación en el seno de la misma de
una Subcomisión para el fomento de la economía social, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión del día 13 de abril de 2010, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión para el fomento de la economía social, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha acordado,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la siguiente propuesta de creación de Subcomisión:
'A finales del año 2006, se constituyó en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda la Subcomisión para estudiar la situación de la Economía Social en España, que no pudo continuar sus trabajos por la finalización de la Legislatura.
Continúan las razones que aconsejaron en su momento la creación de dicha Subcomisión, por lo que se propone la creación de una Subcomisión con idéntica composición y finalidades que la que aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados el día
14 de diciembre de 2006, de modo que sea posible finalizar los trabajos previstos sobre la base de todas las comparecencias que se celebraron en la pasada Legislatura hasta el día de su disolución.
A estos efectos tendrá las siguientes características:
A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de cien Diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de diez Diputados y un representante
de cada uno de los Grupos Parlamentarios restantes.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá estudiar la situación de la Economía Social en España y proponer las medidas que permitan seguir impulsando el sector.
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión emitirá un Dictamen con propuestas en el plazo de dos periodos de sesiones, con los resultados de sus trabajos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2010.-El Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, Antonio Gutiérrez Vegara.
SECRETARÍA GENERAL
292/000048
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS VACANTES DE PROGRAMADOR CON DESTINO EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
En ejecución de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión celebrada el día 16 de febrero de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4º del vigente Convenio Colectivo del personal laboral del
Congreso de los Diputados, y no habiéndose cubierto en el proceso de selección interno ninguna de las plazas de la convocatoria interna de 16 de febrero de 2010, se procede a la convocatoria pública para la provisión de cinco plazas vacantes de
Programador con destino en el Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Asimismo, del total de las plazas convocadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, se reserva una plaza para su provisión entre personas con
discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que reúnan los requisitos de la convocatoria, superen las pruebas selectivas y, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes. La plaza correspondiente a este cupo que no se cubra incrementará el turno libre.
Dicha convocatoria se regirá por las siguientes bases:
Primera. Régimen jurídico.
El régimen jurídico de este puesto de trabajo será el laboral. El contrato será por tiempo indefinido una vez superado el período de prueba establecido en el Estatuto de los Trabajadores. La remuneración será la establecida en el Convenio
Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
Segunda. Funciones.
Las funciones del puesto serán las propias de Programador, especificadas en la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Dependerá, a tales efectos, del Centro de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Tercera. Requisitos generales.
Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser mayor de edad.
c) Estar en posesión del título de Diplomado universitario o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
d) Acreditar una experiencia mínima de tres años en tareas de Programación Informática.
e) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado, por cualesquiera causas, para el ejercicio de la actividad
profesional.
Los anteriores requisitos deberán reunirse en el día en que expire el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, en su caso.
Si en algún momento del proceso selectivo la Comisión de selección tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, o de la documentación aportada resultara que su
solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten su acceso al grupo profesional de Programadores podrá acordar, previa audiencia del interesado, la exclusión del mismo.
Cuarta. Comisión de Selección.
La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados que estará integrada por los siguientes miembros:
- Un miembro de la Mesa de la Cámara, que presidirá la Comisión.
- El Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.
- El Coordinador del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados.
- Un Profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, propuesto por ésta y designado por la Mesa de la Cámara.
- El Jefe del Área de Desarrollo del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretario.
Uno de los miembros del Comité de Empresa podrá participar como observador en el proceso de selección.
Si se estimase oportuno, la Comisión de Selección podrá disponer la incorporación de asesores especialistas y colaboradores para las pruebas correspondientes a los ejercicios que crea necesarios.
La Mesa del Congreso designará a los miembros suplentes de la Comisión de Selección, que sustituirán a los titulares en caso de renuncia justificada o de imposibilidad para el desempeño de la función.
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, cuando menos, de tres de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente de la Comisión de Selección.
Corresponden a la Comisión de Selección las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
Quinta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección, que se ajustarán al modelo que se publica al final de la convocatoria como Anexo I, deberán dirigirse al Secretario General del Congreso de los Diputados, y se presentarán en el
Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de dicha Cámara, en días laborables -excepto
sábados- entre las diez y las catorce horas -o remitirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común-, dentro del plazo de diez días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
El candidato consignará en la solicitud su nombre y apellidos, número de DNI, domicilio, teléfono y demás datos reflejados en el modelo de solicitud. En particular deberá manifestar de manera clara y expresa el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes. Asimismo deberá expresar necesariamente el título que aduce para participar en el
proceso de selección así como acompañar un currículum vitae y acreditar mediante documento original fehaciente su experiencia profesional, durante el plazo de presentación de solicitudes. Por último deberá acompañar fotocopia del documento nacional
de identidad.
El candidato hará constar expresamente en su instancia que, en caso de resultar seleccionado, presentará los documentos previstos en la base undécima en el plazo establecido en la misma y que asume el compromiso de firmar el correspondiente
contrato e incorporarse al servicio de la Secretaría General del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de la Mesa por el que se autoriza su contratación.
Sexta.
Los aspirantes que tengan reconocido legalmente un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento y deseen participar en las pruebas selectivas por el cupo de reserva de discapacitados, deberán hacerlo constar así en la
solicitud.
Con independencia de que opten o no al citado cupo de reserva, los aspirantes que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas podrán solicitar las adaptaciones de
tiempo y/o medios oportunos, debiendo reflejar la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria. Con el fin de que la Comisión de Selección pueda resolver con objetividad la solicitud planteada, el interesado deberá
aportar, junto con la solicitud, dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de minusvalía. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos
correspondientes.
Séptima. Admisión de aspirantes.
Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Selección dictará resolución declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas, con expresión de los
motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, en el tablón de anuncios y en la página web de la Cámara. A efectos de lo que dispone la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con esta publicación se considerará realizada la oportuna notificación a los interesados.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento, la resolución declarando aprobada la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos y en la que se indicará el lugar, fecha y hora de realización de la primera prueba y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios se harán públicos por la Comisión de Selección en el tablón de anuncios de la Cámara y en la página Web de la misma, con veinticuatro horas al menos de antelación al comienzo
de las pruebas.
Octava. Procedimiento de selección.
El proceso de selección se ajustará a las siguientes fases:
1. Contestación por escrito a un cuestionario tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la correcta. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y versará sobre las materias recogidas en la base novena de la
convocatoria.
2. Realización por escrito de una prueba de conocimientos. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y versará sobre las materias recogidas en la base novena de la convocatoria.
3. Realización de una prueba de traducción de inglés técnico.
4. Quienes hayan superado las dos primeras fases serán convocados a una entrevista final con la Comisión de Selección. Dicha entrevista versará sobre la experiencia profesional de los aspirantes, funciones específicas del puesto convocado,
y, en general, sobre aclaraciones que se consideren necesarias con relación a la documentación aportada por el aspirante.
Novena. Materias objeto de la prueba de conocimientos.
- Sistemas operativos: UNIX, Linux y Windows.
- Lenguajes de programación C, C++, Shell-Script, .Net.
- Modelo de bases de datos relacionales.
- Herramientas de desarrollo de aplicaciones de ORACLE.
- Bases de datos documentales.
- Arquitecturas y protocolos de comunicaciones. TCP/IP.
- Redes de área local y redes inalámbricas.
- Sistemas de ficheros de red.
- Configuración y administración del correo electrónico.
- Servicios de Internet.
- Distribución de servicios multimedia a través de Internet. Streaming.
- Programación en entorno Windows.
- Sistemas de almacenamiento de datos.
- Seguridad y protección de sistemas, redes y comunicaciones.
- Entorno de desarrollo JAVA. Servlets, JSP.
- Aplicaciones web. HTML, JavaScript.
- Intercambio de datos entre aplicaciones. Servicios Web. XML.
- Arquitectura de aplicaciones. Modelo de 3 capas.
- Certificación y firma electrónica.
- Identificación y autenticación de usuarios. Directorios LDAP.
- Ofimática: Paquetes y Herramientas.
- Documentación de aplicaciones.
- Conocimientos de inglés técnico.
Décima. Aspirantes propuestos.
Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisión de Selección hará pública en el tablón de anuncios de la Cámara, y en la página web de la misma, la relación de los aspirantes cuya contratación se proponga, elevando dicha propuesta a la Mesa
del Congreso de los Diputados para su aprobación.
Undécima. Presentación de documentos.
Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga pública la relación de aspirantes propuestos para su contratación, éstos deberán presentar en
la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad original y fotocopia para su compulsa.
b) Documento original del título por el que haya sido admitido a participar en las pruebas selectivas, con arreglo a lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria y fotocopia del mismo para su compulsa.
Asimismo deberá presentar justificación de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
Los aspirantes que hubieran optado por el cupo de reserva de discapacitados deberán presentar certificación de los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Política Social o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que
acredite su condición legal de discapacitados con grado igual o superior al 33 por ciento y su capacidad funcional para desempeñar las tareas propias del grupo profesional de Programadores, si no lo hubieren aportado anteriormente.
En el caso de que alguno de los candidatos propuestos, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase, dentro del plazo fijado, la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base
tercera, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Duodécima. Formalización contractual y período de prueba.
Una vez aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados la propuesta de la Comisión de Selección, el órgano competente procederá a la formalización del contrato.
Transcurrido el periodo de prueba de dos meses, y superado éste satisfactoriamente, el contratado adquirirá la condición de personal laboral fijo.
Decimotercera. Recursos.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante la Mesa del Congreso de los
Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. La resolución adoptada por la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2010.-El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000678
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Reformulación de su Proposición no de Ley sobre las primas en el Mundial de Sudáfrica.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno
de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales', comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las primas en el
Mundial de Sudáfrica, para su debate en la Cámara de este Pleno.
Los jugadores de la selección española van a recibir la prima más alta del torneo si ganan el Mundial de entre los 32 equipos que participarán en Sudáfrica, concretamente 600.000 euros para cada futbolista. Tan solo Argentina y Reino Unido
se acercan a esta cantidad, Italia recibiría la mitad y Brasil una tercera parte.
Si España gana el Mundial supondrá 13,8 millones de euros en primas, cantidad equivalente a al sueldo de mil mileuristas durante un año.
Si bien valoramos positivamente la riqueza generada por la industria futbolística, que genera 85.000 puestos de trabajo, representa el 1.5% del PIB español y aporta a nuestra economía 10.000 millones de euros anuales, entendemos que ante la
situación de crisis económica que vive nuestro país y los recientes recortes aprobados por el Gobierno, este hecho no puede pasar desapercibido y nos parece coherente apelar a la austeridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Situaciones como
esta causan perplejidad y rozan los límites éticos asumibles: no podemos estar a la cola en desempleo y en la salida de la crisis y a la cabeza en primas futbolísticas. Por otra parte, no es comprensible que se considere necesario llegar a estos
extremos en la motivación de los jugadores, cuya convicción y entrega están fuera de duda.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad asociativa de utilidad pública, cuyos presupuestos son controlados por el Consejo Superior de Deportes, se hace necesario el impulso de una
regulación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover y auspiciar un pacto entre la federación española de fútbol, las ligas profesionales de fútbol y las asociaciones de deportistas profesionales para establecer unos límites en el ámbito de los emolumentos profesionales bajo la
propuesta de autorregulación.
2. Crear una comisión interministerial, dependiente de Presidencia, que analice las vías de financiación en relación con la ley de mecenazgo; y por otro lado, la financiación pública a entidades cuya financiación no va destinada al interés
general de promoción del deporte, como establece el mandato constitucional'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. -Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar el debate a nivel comunitario e internacional sobre un marco preventivo de gestión de crisis financiera, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La crisis financiera global que padecemos ha tenido y sigue teniendo un enorme coste para la sociedad mundial, europea, y española.
En nuestro país ha ralentizado el crédito, ha hecho entrar en recesión a la economía y ha destruido cientos de miles de puestos de trabajo. Si bien el Gobierno de España nunca tuvo que inyectar capital en el sistema financiero a fondo
perdido, otros países europeos sí han sufrido este coste directo de la crisis pues realizaron operaciones de rescate con fondos públicos.
La crisis financiera también está teniendo un fuerte coste indirecto: se estima que la crisis habrá costado a la Unión Europea en su conjunto, para finales de 2011, tres billones de euros. Dicha cantidad supone 6.000 euros por persona. La
crisis financiera está causando también una crisis económica y en el empleo: son ya siete millones de europeos los que han perdido su trabajo por su causa. España no es ajena a esta situación y está sufriendo especialmente esta destrucción de
empleo.
En este contexto, uno de los puntos que centra el debate en distintos foros internacionales es el establecimiento de un marco preventivo, es decir, dotarnos de aquellos elementos que permitan evitar crisis de esta naturaleza en el futuro.
Este marco no debe ser un seguro para que las entidades financieras se permitan asumir riesgos en la convicción de que el Estado saldrá en su rescate en futuras crisis.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reforzar el debate a nivel comunitario e internacional sobre la implementación de mecanismos que garanticen la adecuada contribución del sector financiero para sufragar los costes de la resolución de las crisis financieras.
- Impulsar su posicionamiento favorable en la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el G-20, a la recaudación de recursos privados a través del peaje sobre las transacciones financieras transnacionales, evitando tanto cargas
desproporcionadas como la ausencia de contribución de estos flujos a la resolución de crisis financieras.
- Continuar apostando en las entidades supranacionales y en los organismos internacionales de los que forma parte España, por la necesidad de regular la economía financiera global de cara a evitar que en los próximos años volvamos a vivir
una crisis financiera como la actual, producto de los excesos de un paisaje financiero sin regulación suficiente de cara a su óptimo funcionamiento, su sostenibilidad y su contribución al desarrollo de la economía productiva internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2010.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la obligación de
consolidación contable en España para empresas dominantes cuya matriz es de un país de fuera de la Unión Europea, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La legislación contable española exige a las compañías que las sociedades de cabecera o sociedades dominantes de grupos empresariales españoles la presentación del balance y las cuentas de resultados consolidadas en la que se incluya tanto
la sociedad dominante como todas sus filiales acorde con la normativa contable
vigente en España y sus principios y reglas contables. Sin embargo, en la normativa española hay una excepción cuando la sociedad dominante del grupo español tenga a su vez una matriz dentro de la Unión Europea. En este caso es la matriz
la encargada de preparar los estados financieros y el informe de gestión consolidados que han de estar auditados de acuerdo a los principios y reglas contables de la Unión Europea.
El problema surge cuando las compañías matrices no se encuentran dentro la Unión Europea. En este caso, aquellas empresas multinacionales que se plantean utilizar España como una plataforma de inversión internacional se ven obligadas a
tener que preparar y auditar sus estados financieros y el informe de gestión de la sociedad dominante española y todas sus filiales según los principios y reglas contables españolas. En consecuencia, se les está obligando a duplicar la información
en la medida en que la sociedad matriz ya prepara y audita los estados financieros y el informe de gestión consolidado para todo el grupo mundial. Los efectos de esta situación provocan una elevación de los costes tanto internos, como son por
ejemplo la necesidad de una infraestructura informática y de personal de la empresa matriz, para que pueda coordinar y supervisar el trabajo al existir determinadas diferencias en los principios contables, como externos, entre los que destacan la
necesidad de asesores contables y auditores españoles y la elaboración de documentación específica para España, lo cual duplica el trabajo al tener que hacerse en idiomas diferentes.
El artículo 11 de la Séptima Directiva 83/349/CEE establece la posibilidad de incorporar una segunda excepción por la cual, en los casos en los que una sociedad matriz de la sociedad dominante de la Unión Europea esté localizada fuera de la
UE, se podría eliminar la obligación de la consolidación cuando se cumplan, ente otras, las condiciones de estar consolidadas en un grupo mayor y de que la consolidación se haya realizado de manera similar y análoga a lo establecido en la Séptima
Directiva.
Esta segunda excepción recogida en la Séptima Directiva ha sido incorporada a los ordenamientos jurídicos de diversos países de la Unión Europea entre los que se encuentran Holanda, Alemania, el Reino Unido, Francia y Luxemburgo. En estos
países se exige que a la sociedad dominante que deposite en el Registro Mercantil una copia traducida al idioma local de los estados financieros e informe de gestión consolidados, así como su auditoría preparada en el país de origen de la empresa
matriz.
Esta posibilidad fue recogida en la legislación española en la disposición final primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en
la normativa de la Unión Europea. Dicha disposición autorizaba al Gobierno, mediante Real Decreto, a que aprobase, entre otras medidas, la eliminación de la consolidación siempre y cuando sea de conformidad con lo dispuesto en las directivas
comunitarias y considerando las normas de información financiera adaptadas por los Reglamentos de la UE. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno no ha llevado a cabo la elaboración de ese Real Decreto con el consiguiente perjuicio para la situación
de algunos grupos españoles cuyas matrices se encuentran fuera de la UE.
Por todo lo anterior el Grupo Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses apruebe un Real Decreto que desarrolle todas las medidas pendientes de la disposición final primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de
la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, y en especial, los aspectos relacionados con la consolidación contable para empresas dominantes de un grupo español cuya
matriz esté fuera de la Unión Europea en la línea de lo realizado por las principales economías de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2010.-Juan Manuel Albendea Pabón, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas en materia
de política energética que hagan posible el mantenimiento del precio de la Tarifa de Último Recurso para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La capacidad adquisitiva de las familias está viéndose mermada de manera muy gravosa principalmente a causa de la dramática situación por la que está pasando el mercado laboral.
El número de hogares con todos sus miembros en paro ha crecido desde el último trimestre de 2007 un 194% hasta alcanzar los 1.298.500. Por el contrario, el número de hogares con todos los miembros ocupados
ha disminuido en 1,5 millones hasta los 9.195.000 hogares.
Según el INE, el 36% de los parados existentes llevan buscando trabajo desde hace más de un año. Este colectivo ha aumentado en más de un 220% desde el último trimestre del 2007, desde los 557.200 parados hasta los 1.681.600 del primer
trimestre del 2010,
España lidera la tasa de paro de la Zona Euro con un 19,7%, siendo el segundo que mayor tasa registra después de Letonia en la Unión Europea 27, El Gobierno reconoce en la última actualización de mayo del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria 2011-2013, que se llegará a una destrucción de empleo este año del 2% después del 6,8% registrado en 2009, Asimismo, ha revisado al alza la tasa de paro del 19% al 19,4% de la población activa para 2010.
La situación del mercado de trabajo se refleja en las cifras de la demanda interna. El consumo final de los hogares, que lleva cayendo ininterrumpidamente desde el tercer trimestre de 2008, en tasa interanual cayó en el primer trimestre de
2010 un 0,6%.
Las ventas del comercio minorista, que caen desde diciembre del 2007, a excepción del mes de marzo por el efecto de la Semana Santa, se contrajeron de nuevo en abril un 2,3%.
A pesar de la fuerte caída de la demanda y de la grave situación que viven las familias españolas, que constatan los datos anteriormente citados, el Gobierno pretende seguir subiendo el precio de la luz. Desde que el PSOE llegó a Gobierno,
las familias han experimentado incrementos de la factura de la luz muy superiores a la inflación, la mayoría de ellas en dos ocasiones al año.
De media, la variación de la tarifa eléctrica doméstica en España ha crecido un 27,5% desde el año 2005 hasta la última subida media del 2,6% de enero de este año.
Además, a esto hay que añadir la subida del 16% al 18% del tipo general del IVA a partir del mes de julio, que encarecerá aún más el recibo de millones de españoles, que verán cómo su capacidad adquisitiva se verá más dañada aún por la
política fiscal del Gobierno.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aplicar las medidas necesarias de política energética para que la Tarifa de Último Recurso y los peajes de acceso no suban el próximo mes de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2010.-Fátima Báñez García, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para impulsar que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acuerde la cartera de prestaciones para el Grado I del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Para el Gobierno Socialista las políticas sociales, la lucha contra la desigualdad, contra la discriminación y contra la pobreza, son una prioridad. Esta sensibilidad quedó patente con la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que reconoce un nuevo derecho de ciudadanía: el derecho de las personas mayores y de las personas con discapacidad, que no se pueden valer por sí mismas, a ser atendidas por los poderes
públicos.
La Ley crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la participación y colaboración de todas las administraciones públicas. Los ciudadanos, una vez valorados, tienen derecho a recibir servicios, de acuerdo al
Catálogo de la ley, o prestaciones económicas: vinculada a un servicio, de cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada.
Tanto las organizaciones sociales que impulsaron la Ley como los grupos parlamentarios que la apoyaron fueron conscientes de la dificultad que tenía lograr la implantación de toda una red de servicios y prestaciones partiendo de una
situación en la que el peso de la atención a las personas en situación de dependencia recaía casi exclusivamente en las familias, si bien es cierto que algunas Comunidades Autónomas ya habían realizado esfuerzos en este sentido. Por ello, se
introdujo en la disposición final primera de la Ley un calendario de aplicación de 8 años, de modo que, en primer lugar, pudieran acceder al Sistema los casos más graves y, de forma progresiva y gradual, se fueran incorporando el resto de los
beneficiarios.
En la actualidad más de 500.000 ciudadanos se están beneficiando de los servicios y prestaciones de la Ley. Se trata de los valorados con el Grado III, niveles 1 y 2; y con el Grado II, niveles 1 y 2.
En el desarrollo e implantación de la Ley ha jugado un papel fundamental el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el año 2009 se han celebrado dos reuniones del. Consejo Territorial, que han
permitido alcanzar acuerdos para:
- Fijar el marco de cooperación entre administraciones y los criterios de reparto de créditos de la Administración
General del Estado para la financiación del nivel acordado.
- Establecer objetivos y contenidos comunes de la información del SAAD, para determinar los datos básicos que las comunidades autónomas han de trasladar al Sistema.
- Fijar criterios comunes en materia de formación e información de cuidadores no profesionales, cuya finalidad es establecer las condiciones mínimas que debe contener la formación básica y de apoyo a las personas cuidadoras. Establecer un
plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho de dependencia.
- Reforzar la calidad de los cuidados en el entorno familiar, mediante el seguimiento de las condiciones en las que vive el beneficiario y el establecimiento de garantías de idoneidad de la persona cuidadora que recibe la prestación
económica.
Estos acuerdos demuestran la implicación de todas las administraciones públicas, así como su interés. en que el Sistema se implante de manera eficaz para dar respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos.
El año 2011 marcará el inicio de la efectividad del derecho a las prestaciones para quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada. Para ello, es necesario que, en el marco del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, se establezca la cartera de prestaciones correspondiente a dicho grado.
La magnífica labor que hasta ahora ha desempeñado el Consejo Territorial, materializada en la consecución de numerosos pactos fundamentales para la puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, avala la
confianza en que próximamente se alcanzará un acuerdo que concrete la cartera de prestaciones para el Grado I. Dicho acuerdo hará posible que la aplicación progresiva prevista en la Ley siga siendo una realidad que culminará en el año 2014 con la
plena implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar que el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acuerde la cartera de prestaciones para el Grado I del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2010.-María Soledad Pérez Domínguez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a incentivos fiscales a
la iniciativa empresarial, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La gran exposición de la economía española al sector inmobiliario y de la construcción en general, ha tenido un fuerte impacto sobre los demás sectores económicos y sobre el empleo del conjunto de la economía.
Según el INE, el 36% de los parados existentes llevan buscando trabajo desde hace más de un año. Este colectivo ha aumentado en más de un 220% desde el último trimestre del 2007, desde los 557.200 parados hasta los 1.681.600 del primer
trimestre del 2010.
Los hogares con todos sus miembros parados ha crecido desde el último trimestre de 2007 un 194% hasta alcanzar los 1.298.500. El número de hogares con todos los miembros ocupados ha disminuido en 1,5 millones hasta los 9.195.000 hogares.
Sin embargo, la drástica caída de la actividad en el sector de la construcción residencial no se ha reflejado en un ajuste proporcional en los precios de la vivienda.
Desde el último trimestre de 2007, en pleno proceso de restricción de crédito a empresas y a hogares, el precio de la vivienda ha caído un 9,5%, siendo el ajuste del precio de la vivienda de obra nueva de tan sólo el 4,3%. Mientras tanto,
la ocupación en el sector de la construcción se ha reducido en el mismo periodo un 38,26%, lo que implica 1.030.500 empleos netos destruidos, el 50% del total destruido en la economía desde el último trimestre del 2007.
En este contexto de falta de crédito, elevado endeudamiento y con un mercado laboral que no da señales de recuperación, los agentes económicos, familias y empresas están posponiendo sus decisiones de inversión, y por lo tanto, mantienen una
mayor proporción de su renta disponible en forma de ahorro.
Las deducciones aplicadas a la cuentas de ahorro-vivienda para la adquisición de viviendas y la de ahorro-empresa para constitución de una sociedad con actividad y contratación de personal son instrumentos muy eficaces para fomentar este
ahorro con fines finalistas.
Sin embargo, la grave situación económica por la que atraviesan cientos de miles de familias en España, junto con la falta de percepción por los ciudadanos de un verdadero ajuste de los precios del sector inmobiliario, obligan a muchos
agentes a desistir de la compra de vivienda, replanteándose o posponiendo esta decisión de compra al momento en que se indicie la mejoría en el mercado de trabajo y se consolide la recuperación económica.
Ello significará que los sujetos que cancelen su decisión de compra de primera vivienda, y que hayan hecho imposiciones a dicha cuenta, tendrán que devolver las deducciones aplicadas en los cuatros años de plazo.
Teniendo en cuenta que en un contexto de fuerte endeudamiento tanto público como privado, el fomento del ahorro, sobre todo para inversiones productivas generadoras de empleo, es una necesidad imperiosa para la economía española, sería muy
razonable permitir que se pudieran transferir los recursos depositados en la cuanta ahorro-vivienda, con el mantenimiento de las deducciones, a la cuenta ahorro empresa. Con esta medida se estaría fomentando el ahorro para inversión productiva
generadora de empleo, la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, de tal manera que los sujetos que se beneficien de la deducción por cuenta ahorro vivienda puedan transferir los importes a una cuenta ahorro empresa, o cambiar la condición jurídica de la
cuenta, con el fin de seguir beneficiándose de la deducción y con el objetivo último de emprender un negocio.
Los ejercicios vencidos en la cuenta ahorro vivienda se computarán como transcurridos en el cambio hacia la nueva cuenta ahorro empresa constituida, de tal manera que en ningún caso las deducciones se aplicarán más de cuatro ejercicios en el
cómputo total de las dos cuentas.
El porcentaje de la deducción será del 15% en la cuenta ahorro empresa con un límite de 9.015 euros por ejercicio.
El coste de dicha operación debe ser nula para el sujeto titular de las cuentas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2010.-Pablo Matos Mascareño, Diputado. -María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la reparación de los
daños causados por las inundaciones producidas por las lluvia que han afectado a diversas Comunidades Autónomas durante el mes de junio de 2010, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El miércoles 9 de junio un temporal de lluvias cruzaba la península, afectando principalmente al norte de España, originando una situación histórica y excepcional por la insistencia e intensidad de las precipitaciones para esta época del
año.
En apenas doce horas más de 87 litros por metro cuadrado cayeron sobre algunos puntos de Asturias y de la provincia de Lugo provocando inundaciones por desbordamiento de ríos, principalmente en las zonas costeras. En tres días se acumulaban
precipitaciones hasta seis veces superiores de lo normal en un mes de junio.
Como consecuencia de las precipitaciones, en pocas horas se inundaron y provocaron numerosos destrozos en municipios de Vegadeo, Abres, El Bao-Navia, Valdés, Gozón, Avilés y en general en todo el suroccidente del Principado de Asturias. Las
zonas de A Mariña lucense y el noroeste de la provincia de A Coruña fueron igualmente afectadas, especialmente las localidades de Burela, Viveiro, Cervo, Ortigueira y Ribadeo.
Los daños han sido de distinto índole. En Vegadeo una mujer murió el jueves arrastrada por el agua y su marido, un hombre de 82 años, desapareció. Además un conductor falleció al caer desde un puente arrastrado por el agua en el municipio
de Siero.
La lluvias también han provocaron otros daños materiales. El temporal ha dejado tras de sí carreteras cortadas, árboles caídos, viviendas y puentes gravemente dañados y multitud de vías municipales afectadas. La carretera nacional N-634,
la principal vía de comunicación entre Galicia y Asturias, perdió 30 metros de su arcén a causa de estas riadas, y el tráfico se vio cortado en el tramo asturiano de El Bao-Navia. En esta misma zona, el agua del río Barayo se embalsaba y dejaba
anegadas varias viviendas de este municipio asturiano. La intensidad de la lluvia obligo a suspender el tráfico ferroviario en la red de Feve que recorre la costa entre Asturias y Galicia.
Las inundaciones ha afectado a los cultivos, especialmente las plantaciones de maíz forrajero, la faba asturiana y los cultivos de hortalizas, frutas y legumbres en general, y a las infraestructuras de las explotaciones agrarias, que
repercutirá en la pérdida de renta para los agricultores y ganaderos.
Hasta siete provincias, Lleida, Girona, Barcelona, Huesca, Teruel, Guadalajara y Cuenca, permanecieron en alerta por riego de lluvias muy intensas en los días siguientes.
Entre los días 14 y 15 de junio, tras atravesar el cuadrante sureste de Castilla-La Mancha, en concreto las provincias de Cuenca y Albacete, el frente alcanzaba la costa mediterránea donde se llegaron a registrar 70 litros por metro
cuadrado, provocando inundaciones de diversa intensidad en viviendas y cortes de carreteras, especialmente, en las comarcas del sur de la provincia de Valencia y norte de la provincia de Alicante y Andalucía oriental.
En la capital alicantina, un intenso aguacero provocó inundaciones en locales comerciales. Las lluvias dejaron 60 litros por metro cuadrado en Denia y 43 litros en Xàbia. Las tormentas con pedrisco afectaron a unas 1.000 hectáreas de las
comarcas de Requena-Utiel afectando a viñas, olivos, almendros y cereal con daños de distinta consideración. En la zona de Jaén, con inundaciones en viviendas y carreteras, destacar los efectos en las localidades de La Carolina, Úbeda, Baeza,
Canena y Linares.
El frente de la borrasca, situada sobre el sur de Francia, volvía a tomar contacto con la costa cantábrica en la madrugada del miércoles 16. En esta ocasión la Comunidad más afectada era la de Cantabria donde dieciocho carreteras
autonómicas de quedaban cortadas al tráfico por las inundaciones y desprendimientos de tierra. La línea de Feve entre Cantabria y Asturias quedaba suspendida por el acumulo de una balsa de agua, barro y piedras. Varias personas eran evacuadas ante
el riesgo de que sus viviendas quedaran inundadas, como las 16 rescatadas en Caranceja, por el desbordamiento del río Saja, algunas en Unquera y cuatro más en Renedo de Piélagos. El desbordamiento del Saja afectó especialmente a los municipios de
Molledo y de Reocín, en el que se encuentra el pueblo de Caranceja. La escena de casas anegadas se repitieron en los en la localidad de Treceño (Valdáliga), con algunos heridos de consideración, y en los municipios San Vicente del Monte, Roiz y
Cabuérniga. Además se desbordaron los ríos Deva, Saja y Nansa a su paso por Unquera y la Travesía de Muñorrodero (Val de San Vicente) y Villanueva de la Peña (Mazcuerras).
En Villaviciosa toda la zona del centro quedaba anegada, inundando garajes y bajos comerciales y afectando al mobiliario urbano. Gijón registra también zonas anegadas tras la pleamar de la mañana que provocó, entre otros incidentes, el
desbordamiento del río Piles en varios de sus tramos. Las inundaciones han sido generalizadas al desbordarse tramos de los ríos Nalón, Piloña, Sella y Deva en su tramo asturiano. En Arriondas y Cangas de Onís se evacuaron varias personas.
En el País Vasco los problemas se originaron en las proximidades de los cauces de los ríos Nervión, Butrón y Gobela, donde los desalojos y los cortes de carreteras y calles fueron la tónica habitual en las localidades vizcaínas ribereñas.
En Arrankudiaga se desbordó el río Nervión dejando aislados varios caseríos. Municipios como Getxo, Basauri y diferentes zonas rurales del entorno del Butrón, incluidos municipios como Mungia, Gamiz-Fika, Maruri y Gatika, estuvieron anegadas por el
agua. El río Cadagua se desborda a su paso por Alonsotegi y Güeñes. Un grupo de 40 personas quedaron atrapadas en el polígono Sangroniz de Sondika debido a la crecida del río Asua. El Río Barbadun se desbordaba inundando las calles del Muskiz.
Así, en tan sólo una semana, varios frentes borrascosos han dejado abundantes precipitaciones en distintas regiones, afectando de diferente manera e intensidad, pero provocando daños extraordinarios que deben ser tenidos en cuenta y tomados
en consideración.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, de forma inmediata, las ayudas previstas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, en las zonas afectadas.
2. Aprobar un Real Decreto-ley específico por el que se adopten medidas urgentes para reparar los daños causados por las intensas tormentas de lluvia e inundaciones que han afectado a las diferentes Comunidades Autónomas durante el mes de
junio de 2010.
3. Determinar los municipios afectados y beneficiarios de las ayudas y evaluar el conjunto de los daños causados.
4. Planificar las actuaciones para reparar las infraestructuras dependientes del Estado, y la limpieza y restauración de los cauces afectados.
5. Avanzar en los sistemas de predicción y alerta temprana de fenómenos meteorológicos extremos y en los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
OTROS TEXTOS
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
430/000004
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.
AUTOR: Gobierno.
Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de
estabilidad presupuestaria para el período 2011-2013, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2011.
Acuerdo:
Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, y en el artículo 74
del Reglamento de la Cámara y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CONJUNTO DEL SECTOR PÚBLICO Y DE CADA UNO DE LOS GRUPOS DE AGENTES QUE LO INTEGRAN PARA EL PERÍODO 2011-2013 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
ESTADO PARA 2011
El artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, señala que corresponde al Gobierno la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria
referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público como para cada uno de los grupos de agentes que lo integran.
Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de comunidades autónomas, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Economía y Hacienda abrió un periodo de consultas con las comunidades
autónomas que se inició el 17 de mayo mediante comunicación de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.
Transcurrido el periodo de consultas, el Ministerio de Economía y Hacienda elaboró la propuesta de objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las comunidades autónomas para el periodo 2011-2013, que fue objeto de informe
favorable por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en su sesión de 15 de junio de 2010, de conformidad con el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/2001.
Por su parte, y a tenor de los artículos 8 y 20 del texto refundido, la Comisión Nacional de Administración Local emitió informe favorable, en su sesión de 16 de junio de 2010, respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria 2011-2013
propuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda para el conjunto de las entidades locales.
El texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece, en su artículo 12, que el presente acuerdo debe fijar el importe que ha de constituir el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el
próximo ejercicio. Dicho importe ha de ser el que se corresponda con un gasto en términos de contabilidad nacional que resulte consistente con el objetivo de estabilidad que se fija para el Estado.
Conforme al artículo 8 del texto refundido, el Acuerdo de Consejo de Ministros en el que se fije el objetivo de estabilidad presupuestaria deberá remitirse a las Cortes Generales acompañado de un informe que evalúe la fase del ciclo
económico previsto para la economía española, el cual servirá de referencia para la fijación del objetivo de estabilidad.
Cumpliendo este precepto, el Ministerio de Economía y Hacienda elaboró dicho informe, previa consulta al Instituto Nacional de
Estadística y al Banco de España y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 16 de junio de 2010,
ACUERDA
1. Se establece el objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 para el conjunto del sector público y cada uno de los agentes que lo integra, de conformidad con los términos previstos en el texto refundido de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que figura en el Anexo que se acompaña.
2. El objetivo correspondiente a las entidades locales deberá computarse en términos de Contabilidad Nacional con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido antes citado y debe entenderse aplicable a cada una de las entidades locales en
términos consolidados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
3. El límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el ejercicio 2011 se fija en 150.056 millones de euros.
4. La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo acompañado de la documentación a que se refiere el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria.
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Ministerio de Economía y Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas
y a la Comisión Nacional de Administración Local sobre el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el ejercicio 2011 fijado en este Acuerdo.
ANEXO
Objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2011-2013
Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-95
(En porcentaje del PIB)
;2011;2012;2013
Administración Central
Sin incluir el efecto de las liquidaciones de las CCAA y EELL;-2,3
-4,8;-3,2
;-2,1
Comunidades Autónomas (a)
Sin incluir el efecto de las liquidaciones de las CCAA;-3,3
-1,3;-1,3
;-1,1
Entidades Locales (b)
Sin incluir el efecto de las liquidaciones de las EELL;-0,8
-0,3;-0,3
;-0,2
Seguridad Social;+0,4;+0,4;+0,4
Total Administraciones Públicas;-6,0;-4,4;-3,0
(a) El objetivo de estabilidad presupuestaria está condicionado a la presentación o actualización por parte de las comunidades autónomas de los planes económico-financieros de reequilibrio, a los que se refiere la Ley Orgánica 5/2001, cuyas
medidas sean declaradas idóneas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En caso de que no presenten o actualicen dichos planes, y teniendo en cuenta las previsiones incluidas en el informe sobre la posición cíclica de la economía española, el objetivo de estabilidad deberá respetar los siguientes límites
establecidos en la Ley Orgánica 5/2001: -0,75 en 2011 y 0,00 en 2012 y 2013.
Los importes contemplados en el objetivo de estabilidad no podrán verse superados por el déficit excepcional derivado de los programas de inversiones productivas.
(b) De conformidad con el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, las entidades locales deben presentar sus presupuestos en equilibrio. No obstante, las entidades
locales que liquiden sus presupuestos cumpliendo la senda establecida en este cuadro, quedarán exentas de la obligación de presentar planes económico-financieros de reequilibrio.