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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 776, de 24/05/2011
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2011 IX Legislatura Núm. 776
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 24 de mayo de 2011
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias:
- Del jefe de proyecto de la Asociación Libre de Barreras (Marín Ramos), para informar sobre la labor que está llevando a cabo dicha asociación en el ámbito de la discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 219/000655.) ... (Página 2)
- Del catedrático de psiquiatría de la Universidad de Valencia, coordinador científico del Plan estratégico de salud mental del SNS aprobado en el 2006 (Gómez Beneyto), para que informe de los objetivos de la estrategia en salud mental
aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS en el 2006 y sobre la situación de la atención a los trastornos mentales graves en España. A petición del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 219/000145.) ...
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS:
- DEL JEFE DE PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE BARRERAS (MARÍN RAMOS), PARA INFORMAR SOBRE LA LABOR QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO DICHA ASOCIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 219/000655.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad que, como saben, está dedicada íntegramente a la celebración de dos comparecencias.
La primera de ellas es del
jefe de proyecto de la Asociación Libre de Barreras, don Pedro Marín Ramos, para informar sobre la labor que está llevando a cabo dicha asociación en el ámbito de la discapacidad.
Bienvenido a esta Comisión, esta es su casa. Sin más preámbulos,
tiene usted la palabra.
El señor JEFE DE PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE BARRERAS (Marín Ramos): Antes de nada quiero agradecer a la Comisión el hecho de poder estar aquí para explicar el proyecto, especialmente a don Higinio Almagro, que es quien nos ha
ofrecido la oportunidad de venir aquí. Voy a acompañar mi exposición de una presentación en pantalla.
Quiero empezar haciendo una introducción para explicar de dónde viene este proyecto. Surge de una conversación entre amigos, de la idea de mejorar o ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es un proyecto que
en un principio decidí llevar a cabo sin contar con ningún tipo de ayuda. Después de mucho trabajo y esfuerzo conseguí sacar una primera versión del proyecto que voy a explicar a continuación y, sorprendentemente, siempre recibía apoyo y palabras
de ánimo de todo aquel al que se lo enseñaba. Los primeros apoyos fueron del proyecto Guadalinfo, del Ayuntamiento de Peligros, que es el municipio de donde yo vengo, y de la asociación de personas con discapacidad de allí, que se llama Amipe. Con
ese apoyo, más tarde, en 2010, y gracias al Consorcio Fernando de los Ríos, se creó una aplicación para teléfonos móviles que complementaba perfectamente el proyecto, y este año hemos creado una asociación con la idea de darle sostenibilidad.
¿Qué es Libre de Barreras? Libre de Barreras es una iniciativa que pretende crear un mapa de accesibilidad universal contando con la colaboración de toda la ciudadanía. También pretende marcar los puntos accesibles y crear rutas de
accesibilidad, así como mejorar la calidad de vida gracias a la información que hay en este proyecto. ¿Qué servicios ofrece o qué se puede hacer con el proyecto Libre de Barreras? En realidad la base del proyecto es un portal web donde cualquier
usuario puede subir información sobre accesibilidad. Los usuarios pueden ser ciudadanos, asociaciones, empresas o entidades públicas. Cada usuario que utiliza el portal o la herramienta puede realizar una serie de acciones.
Por ejemplo, las
entidades públicas o los ayuntamientos pueden publicar información sobre turismo accesible, pueden publicar las rutas accesibles de su municipio, y las empresas pueden informar de que son accesibles (de que sus aseos están adaptados, etcétera).
Aparte el proyecto está traducido a los idiomas nacionales principales, al euskera y al catalán, y como pretende ser un proyecto universal también está traducido al portugués, al inglés, al alemán y al italiano. ¿Qué tecnologías se usan en el
proyecto? En este proyecto cada vez que una empresa, una entidad pública o una asociación se da de alta se genera una ficha. Esta ficha aumenta la visibilidad de estas entidades en Internet, porque muchas de las que se han dado de alta en la
práctica se ha visto que ni siquiera tenían página web. El hecho de darse de alta y utilizar las plataformas les ayuda a tener más visibilidad. También este portal se puede entender como una herramienta para los ayuntamientos y las asociaciones,
ya que puede enmarcar información privada -no todo lo que se sube es público- en la web.
En la pantalla podemos ver una muestra de ficha asociada a un entorno accesible. Se puede ver, por ejemplo, un mapa con la disposición exacta del punto; información concreta de ese punto; datos técnicos; el punto más cercano; se puede
subir una imagen; se puede ver el entorno en tres dimensiones. Toda esa información se puede asociar a cada punto. Como he dicho antes no solamente se basa el proyecto en una plataforma web. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación para un móvil
con tecnología iPhone; esta misma aplicación se puede usar para tecnología Android. Gracias a estos dispositivos podemos subir información a la página web desde el punto donde estemos y también podemos consultar información en tiempo real desde
cualquier punto, desde cualquier ciudad. Lo importante de estas aplicaciones que hemos desarrollado es que están adaptadas para personas con discapacidad y solamente con tres acciones se puede subir información a la página web. A la izquierda
podemos ver también un ejemplo de ruta accesible. Uno de los beneficios de usar esta herramienta es que conforme vamos haciendo la ruta en tiempo real vemos un perfil de la ruta; el perfil es muy importante para personas que van en silla de
ruedas. Así, podemos generar una ruta que aparte de que sea accesible tenga un perfil llano. Estas rutas se pueden compartir y se pueden guardar a título privado. ¿Hasta ahora qué con el proyecto? Hemos conseguido más de 300 usuarios, 1.140
puntos marcados en el mapa, más de 80 empresas accesibles dadas de alta y más de 7.000 visitas en este año.
Puede que estos números al lado de un portal web de negocios no sean muy grandes, pero teniendo en cuenta que solamente hay tres personas
detrás del proyecto
y que ha funcionado con el boca a boca creo que son números muy buenos.
También estoy convencido de que este año va a ser el año en el que el proyecto va a salir para adelante.
Colaboraciones que hemos tenido en el proyecto. La principal colaboración ha sido la de Guadalinfo y la del Consorcio Fernando de los Ríos.
Guadalinfo se ha implicado al cien por cien en el proyecto y gracias a esa red de telecentros -no
sé si los conocéis, son más de 700 telecentros en Andalucía- se puede subir información al proyecto Libre de barreras.
Hay una persona, un dinamizador, que es el encargado de tutorizar o de enseñar a esas personas a usar el portal. El consorcio
siempre ha estado ayudando al proyecto, ha desarrollado las dos aplicaciones para tecnología móvil, y aparte hemos tenido siempre el apoyo del Ayuntamiento de Peligros. Hemos hecho un convenio con Fegradi, la Federación de Personas con Discapacidad
Física de Granada, y también tenemos el apoyo de dos empresas, que son la Fundación I+D Software Libre, que ha desarrollado las aplicaciones, y BJ Adaptaciones, que siempre ha mostrado su apoyo y ha ayudado al mantenimiento de la web.
Hemos tenido un reconocimiento internacional. A principios de este año hemos conseguido el bronce en los premios INCA europeos sobre tecnología móvil; nos hemos llevado el primer premio de la red de usuarios, de la Asociación de Usuarios
de Internet, al mejor proyecto sin ánimo de lucro, y también nos hemos llevado el primer premio en 2009 de la Comunidad de Redes de Telecentros. ¿Qué es lo que queremos conseguir con este proyecto? Queremos ser un referente internacional. Ahora
mismo no hay ninguna base de datos centralizada sobre accesibilidad ni sobre barreras arquitectónicas, y esta herramienta puede ser la solución a ese vacío que hay. La herramienta está completamente preparada y se puede usar en cualquier país
europeo. Queremos dar un enfoque positivo de accesibilidad, centrándolo en los puntos accesibles, en las rutas accesibles y en las empresas accesibles. Queremos dejar abierto el debate sobre accesibilidad y también queremos conseguir una vía de
comunicación entre las entidades públicas y la ciudadanía. Un ejemplo de eso es el hecho de que yo esté hoy aquí, un ciudadano que ha desarrollado un proyecto, que esté hablando en el Congreso. Asimismo queremos generar valor en torno a la
accesibilidad, gracias al turismo y a las empresas accesibles. Finalmente, queremos ayudar a eliminar esos puntos menos accesibles que hay en las ciudades, comunicando a las entidades públicas los puntos más difíciles de acceder para la ciudadanía.
Por último, quiero aprovechar que estoy aquí para volver a agradecerles la oportunidad que me han dado para poder explicarles el proyecto, pero también quiero mencionar, aunque sea por encima, a todas las personas que han colaborado en él.
En primer lugar, quiero dar las gracias al Consorcio Fernando de los Ríos y a todo su equipo técnico que ha ayudado al desarrollo de la tecnología móvil. También quiero mostrar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Peligros, a la Asociación Amipe, a
Fegradi (Federación de Personas con Discapacidad). Asimismo quiero mencionar a las personas concretas que han ayudado al proyecto y que han hecho que este proyecto, que empezó -repito- como algo personal y sin ningún tipo de ayuda, haya conseguido
llegar hasta aquí. Quiero mostrar mi agradecimiento a Salvador Ruiz, que fue quien me dio la primera idea de este proyecto; a Luis El Moga, que ha desarrollado todos los diseños del proyecto; a Mertxe, Eliana, Brigitte, Ainoa y Pepe Luis, que han
traducido el proyecto a los distintos idiomas; a todos los compañeros de Guadalinfo; a María Ramón que me ha apoyado mucho y está aquí presente; a Guadalupe Urbano, que también me ha ayudado mucho y ha conseguido que el proyecto salga adelante;
y, por último, a Miguel Ángel Muñoz y a Rafael Villalba, que están al fondo, con los que hemos conseguido crear la asociación y empezar a hacer viable el proyecto.
Estoy a su disposición para cualquier pregunta o duda que quieran hacerme.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar inicio a los turnos en nombre de los grupos parlamentarios. En primer lugar en nombre del Grupo Socialista, grupo solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra don Higinio Almagro.
El señor ALMAGRO CASTRO: En primer lugar y en nombre de todos mis compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer a don Pedro Marín y a todo el equipo -porque creo que ha venido todo el equipo, no ha faltado
nadie- su comparecencia ante esta Comisión y trasladarle además nuestra felicitación por la iniciativa Libre de Barreras y lo que es más importante nuestro reconocimiento por la contribución que con este proyecto hace a la mejora de la calidad de
vida no solo de las personas con discapacidad sino de las personas que tengan movilidad reducida. Es un proyecto que tal como se ha visto en la comparecencia ha merecido el reconocimiento de distintas entidades y asociaciones a través de premios;
reconocimientos que coinciden en subrayar la importancia del trabajo desarrollado para resaltar el papel de la accesibilidad, así como el valor -y creo que esto es fundamental- de la participación ciudadana a la hora de generar una buena fuente de
información y también a la hora de despertar una conciencia colectiva sobre este problema. Estamos, tal y como se ha dicho, ante una iniciativa que nace en Andalucía, concretamente en el municipio granadino de Peligros y al calor de la red de
centros Guadalinfo, que es una red promovida e impulsada por la Junta de Andalucía, que se extiende a 637 municipios de menos de 10.000 habitantes y que se tiene como objetivo fundamental facilitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento y al
uso de las TIC, especialmente a colectivos como el de jubilados, jóvenes, minorías culturales, personas con discapacidad o en situación de desempleo. Por ello, y con la complicidad de don Pedro Marín y de su
equipo, surge de esa forma Libre de Barreras, una herramienta que a través de la participación ciudadana, tal como se ha dicho, permite localizar y marcar en tiempo real la ubicación exacta de puntos accesibles y barreras arquitectónicas que
todavía hoy se distribuyen por pueblos y ciudades.
Cumple, por tanto, con varios objetivos que yo quisiera recalcar. El primero de ellos es informar a ciudadanos y autoridades sobre barreras existentes todavía; por tanto esta herramienta tiene un
elemento de servicio público y también de denuncia por cuanto los ciudadanos pueden plasmar cuáles son todavía hoy las barreras que existen en nuestros pueblos y ciudades. Otro de los objetivos sería el de sensibilizar a la ciudadanía sobre la
accesibilidad y los problemas de la accesibilidad, para acceder a la accesibilidad plena, y favorecer, como tercer objetivo, la participación ciudadana. Por desgracia, todavía son demasiados los pueblos y ciudades discapacitados a la hora de
abordar y dar respuesta a la accesibilidad y a la efectiva integración de las personas con movilidad reducida. Baste echar un vistazo o pasearse por las calles para constatar que esas barreras existen a la hora de transitar por ellas o de acceder a
determinados espacios o establecimientos. Es cierto, sin embargo, que se han producido avances normativos importantes y también, en lo que a la acción de las administraciones se refiere, en todo aquello que tiene que ver con la eliminación de
barreras, pero siguen existiendo, y mientras eso suceda hay que militar activamente para conseguir su eliminación. Pueblos y ciudades accesibles para todos. Ese es el objetivo que nos debe ocupar y preocupar, de ahí la importancia de herramientas
como Libre de Barreras, que constituyen un paso más para que la propia denominación de esta iniciativa, Libre de Barreras, se convierta en un rasgo característico que defina a nuestros pueblos y ciudades. Es una cuestión de derechos, es una
cuestión de justicia.
Me gustaría plantearle un par de cuestiones. En cuanto a la primera ya que he escuchado la posibilidad de que esta herramienta traspase nuestras fronteras, quisiera saber: ¿Tiene capacidad la herramienta para cargar datos de todo el ámbito
europeo? Es decir, ¿podemos movernos por toda Europa con la posibilidad de que esta herramienta nos sea útil, práctica, efectiva y funcione en todo el ámbito europeo? En cuanto a la segunda, quisiera incidir sobre todo, si es posible, en los
beneficios que pudiera aportar esta herramienta a los ayuntamientos como Administración más cercana al ciudadano y a la que por supuesto le interesa eliminar todas las barreras y posibilitar esa accesibilidad plena de todas las personas,
especialmente de aquellas que tienen movilidad reducida, sean discapacitadas o no.
Le reitero mi agradecimiento en nombre de todo el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Antes de nada agradezco la comparecencia de don Pedro Marín, que nos viene a presentar hoy este proyecto de Asociación Libre de Barreras y el trabajo desarrollado por todo su equipo.
Me gustaría plantearle varias preguntas y también poner sobre la mesa una serie de reflexiones sobre la accesibilidad. Es verdad que tanto a nivel europeo como estatal, e incluso a nivel autonómico, tenemos leyes que obligan a que las
administraciones públicas tengan que cumplir tanto, por un lado, lo que la propia Lismi ya nos indicaba como la propia Liondau, que obliga a los poderes públicos a eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas que afectan a los ciudadanos que
tengan movilidad reducida. En principio veo positivo este mapa que usted nos presenta de accesibilidad universal, libre de barreras, que por lo que he visto por Internet y por las nuevas tecnologías más bien están circunscribiendo su trabajo al
entorno de Andalucía. Yo, que soy gallega, le digo como anécdota que echo de menos que no lo traduzcan también al gallego. Usted habla el portugués, pero si lo traducen al catalán y al vasco entiendo que también lo tendrían que traducir al
gallego. Como diputada gallega se lo reclamo. Veo que sus trabajos se están circunscribiendo al ámbito local de municipios de Andalucía y todo su entorno. En ese sentido, entendiendo que los poderes públicos deberían hacer este trabajo, e incluso
-yo iría más allá-, viendo que las normas estatales se están incumpliendo en gran medida y las propias normas autonómicas, que son las que tendrían que ejecutar que se cumpliesen estas normas, casi hablaría más de un mapa de inaccesibilidad. Viendo
ahora el mapa que ustedes nos presentan, le quiero poner sobre la mesa un ejemplo de lo que echo en falta. Usted nos pone ejemplos de ayuntamientos de Andalucía, pero yo se los puedo poner de la ciudad de La Coruña, donde el 85 por ciento de los
aparcamientos tienen barreras arquitectónicas y tan solo un 50 por ciento tienen ascensores. Simplemente le pongo un ejemplo. Ya no hablo de la accesibilidad a las playas, como municipio costero que es, que son inaccesibles; no es que lo
denunciemos nosotros, sino que las propias asociaciones y el sector que está trabajando a lo largo y ancho de toda España lo denuncian considerablemente.
Me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta que ustedes hablan de mapa de accesibilidad, para que el ciudadano cuelgue en su página web lo que ellos entienden que es accesible: ¿usted considera que todos los ciudadanos tienen conocimiento
de lo que es accesible? Porque, si hablamos de rampas, una que tiene un porcentaje del 50 por ciento para mí es accesible, pero para una persona que tiene que estar en una silla de ruedas no lo es; hablo de accesibilidades incluso a las propias
playas o en algunas vías o en accesos a mercados, etcétera. En ese sentido, ya que veo que la iniciativa es muy positiva, les pediría que hicieran el esfuerzo de poner en su propia página lo que debería ser accesible, tanto para aparcamientos
públicos subterráneos como en
las vías, lo que deben ser accesos a edificios públicos, a jardines, etcétera. En ese sentido me gustaría conocer su opinión. A lo mejor usted me convence y me dice que los ciudadanos tienen ese grado de conocimiento. Usted nos habla de
un porcentaje también importante de asociaciones, de particulares, de ciudadanos, de usuarios que han accedido a su página. Nos gustaría saber si a través de Libre de Barreras ustedes se han puesto en contacto con las administraciones, bien
locales, bien autonómicas, para trasladarles lo que denuncia el propio ciudadano cuando algo es inaccesible y si han tenido respuesta positiva o están a la espera, para saber en qué medida es eficaz esta página y sobre todo para ver las rutas
accesibles. Yo entiendo que a una persona con movilidad reducida a veces le interesa saber qué ruta no es accesible, y ahí a lo mejor es donde tenemos que incidir más. En ese sentido, queremos saber si se han corregido esas deficiencias, porque
por desgracia y aun teniendo, como decía antes, normativa europea y normativas autonómicas, vemos cómo día tras día asociaciones de personas con movilidad reducida o discapacitados denuncian que nuevas obras que se ponen en marcha siguen teniendo
barreras, y a nosotros eso nos preocupa. ¿Nos podría hacer usted un balance? Porque, aún sabiendo que tenemos un marco normativo amplio y detallado para la eliminación de barreras, entendemos que la normativa se sigue incumpliendo en muchas
ocasiones. Vemos cómo en muchos ayuntamientos no hay ordenanzas municipales al respecto y me gustaría saber si desde su Asociación Libre de Barreras podrían enfocar el tema dándole un impulso cara a las propias administraciones. Por todas estas
quejas u opiniones que se les trasladan, me gustaría saber si usted tiene conocimiento de que haya muchas ocasiones en que se incumpla la aplicación de las normas. Es decir, tenemos normas y leyes, pero no se están aplicando desde los poderes
públicos o incluso desde los entornos privados. En ese sentido, nos gustaría saber en qué medida ustedes van a actuar.
Muchísimas gracias por darnos esta información, porque este es un trabajo importante. Yo creo que se debe trabajar más y en más comunidades autónomas y que las propias administraciones deberían estar más implicadas en este proyecto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Al igual que mis compañeros quiero felicitar a Pedro Marín Ramos y a su asociación por la tarea que desarrollan por esta iniciativa cívica que viene a demostrar una vez más que, sin perjuicio de la tarea que tenemos
atribuida como responsables públicos, es extraordinariamente importante y muy necesario que los ciudadanos también se organicen en muchos casos para complementar la tarea de los políticos y en otros para impulsar que hagamos nuestra propia tarea y
cumplamos con nuestra obligación. En ese sentido, quiero agradecerle no solo las explicaciones que aquí nos ha dado sino que hayan tomado esta iniciativa.
Voy a hacer una reflexión brevísima sobre el concepto de universalidad, que no es tanto una reflexión para ustedes mismos, sino para la propia Comisión, para nosotros. Ustedes se califican como una asociación que plantea esta universalidad
a la hora de dar todo un servicio basado precisamente en una información que haga posible que las personas con discapacidad puedan acceder en las mejores condiciones o conocer cuáles son los problemas, pero estamos hablando de una universalidad que
es física. Ustedes están extendidos, tienen los datos de toda España, quieren acceder a nivel internacional, como planteaba mi compañero del Grupo Socialista, pero hay personas con discapacidad que tienen problemas de accesibilidad que no son
físicas, son sensoriales, psíquicas. Ya sé que esa no es su responsabilidad. No sé si han pensado que a la hora de quitar barreras hay muchos enfermos mentales, por ejemplo, que tienen otro tipo de barreras y no se resuelven dando información
sobre barreras arquitectónicas, que es importantísimo, sino que requiere otro tipo de actuación. No sé si ustedes que tienen ya una red por toda España han pensado en eso o si sería algo sobre lo que debiéramos reflexionar. En todo caso le
agradezco esta iniciativa. Es verdad que entre todos hemos hecho muchísimas cosas. La iniciativa ciudadana ha sido fundamental para que nos pongamos las pilas -si me permiten la expresión coloquial- y es verdad que tenemos mucha tarea por hacer
para garantizar esa accesibilidad arquitectónica de la que estábamos hablando que tiene algunos lugares o referencias más importantes por las personas que deben poder acceder en condiciones de igualdad a esos centros. Me refiero particularmente a
los centros educativos de titularidad municipal; hay datos que demuestran que, a pesar del camino recorrido, tenemos mucha tarea por hacer. Por ceñirme a Madrid, según los datos de 2009, tan solo el 6 por ciento de los colegios de titularidad
municipal son accesibles y transitables, lo cual es un enorme fracaso. Un 6 por ciento en 2009 en un ayuntamiento como el de Madrid no es un fracaso de la corporación en términos de señalar responsables políticos, pero es un fracaso colectivo en
una materia en la que la idea general es que hemos avanzado muchísimo, pero hay al menos un 94 por ciento más que avanzar en esta referencia de accesibilidad a centros municipales. Creo que es muy necesario promover el incremento de la flota de
eurotaxis; que sea un requisito imprescindible para conceder la licencia de apertura de un establecimiento público el que se cumpla con los requisitos técnicos de accesibilidad. Ahí es donde nosotros somos los que tenemos la palabra los que
tenemos que plantear exigencias mayores porque también, según Facua, casi uno de cada cuatro establecimientos públicos no son accesibles. Por último, creo que es muy importante insistir en la necesidad de una formación especializada y continua a
los profesionales que diseñan y gestionan actividades culturales, deportivas, de ocio, aquellas que van dirigidas
al conjunto de los ciudadanos para evitar que haya una parte de ellos que no tenga acceso al disfrute de ese tipo de actividades.
Termino agradeciéndole, en primer lugar, su tarea, tarea muy concreta y positiva, que va dirigida a las personas que tienen una discapacidad y, en segundo lugar, la tarea de tomar por la solapa a los propios responsables políticos que
observamos con interés y, por qué no decirlo, con una cierta admiración que todavía desde la sociedad civil surjan estas iniciativas que nos comprometen a todos nosotros y prestan un enorme servicio al conjunto de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑÓZ: Pido disculpas, señor presidente, sobre todo al señor compareciente porque no he tenido el gusto de poder oírle. No es de un uso parlamentario ortodoxo tomar la palabra sin haber escuchado al compareciente, pero
me gustaría, si no tiene inconveniente el presidente y el propio compareciente, hacer una pregunta.
Nosotros hemos presentado con cierta recurrencia iniciativas respecto a la identificación de municipios en donde hay una resistencia, digna de mejor causa por parte de las corporaciones municipales, a la remoción, que muchas veces es
sencilla, de obstáculos arquitectónicos en las propias calles en municipios de orografía compleja, y que se basa no se sabe muy bien en qué. Se nota el empecinamientos del alcalde -le podría poner algún ejemplo, aunque no se trata de citar a nadie
ya a estas alturas-, que nosotros hemos denunciado en esta propia Comisión, cuando incluso las obras que proveían de remoción de barreras arquitectónicas a personas con movilidad reducida eran más baratas que las acometidas, más fastuosas, por la
propia corporación municipal, seguramente buscando con estas obras alternativas beneficios ajenos a los intereses de las personas con discapacidad. Solo me gustaría saber si ustedes tienen identificados algunos puntos negros en municipios donde
estas prácticas han sido por ustedes detectadas. Si es tan amable, nos podría hacer alguna indicación al respecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en turno de contestación don Pedro Marín Ramos.
El señor JEFE DE PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN LIBRE DE BARRERAS (Marín Ramos): Sobre la capacidad de expansión del proyecto por la que me ha preguntado el señor Almagro, tengo que decirle que tiene unos cuantos puntos marcados en Colombia; un
punto marcado en Estambul, de un viaje además de puntos en Portugal. Se está perfectamente preparado, si queremos, para marcar puntos en Tokio, en Estados Unidos. Se usa tecnología de Google Maps y no hay ningún problema. La capacidad de carga,
como nosotros simplemente guardamos en nuestros servidores datos de geolocalización y comentarios, prácticamente es ilimitada; no hay problemas. En cuanto al acceso a herramientas, como está compartido con herramientas de Google, tampoco hay
problemas. Lo bueno también es que con estas herramientas no hay nada parecido a nivel europeo ni internacional. Son unas herramientas en las que la gente puede colaborar y en las que hay distintos roles en los que cada uno puede usar una parte de
ellas, pero ahora mismo no hay nada a nivel europeo.
Respecto a los beneficios para los ayuntamientos, como he dicho, hay varios tipos de usuarios. Los ayuntamientos se pueden dar de alta en la herramienta. Ahora vamos a ver el tema de las barreras, y me voy a centrar en los beneficios. Lo
bueno de esta herramienta es que los datos que se aportan no se quedan solamente en la página libredebarreras.es; yo puedo exportar esos mapas a mi página web, de forma que si un ayuntamiento sube toda la información sobre accesibilidad de su
municipio pueda meter ese mismo mapa en su página web, así no tiene que duplicar datos ni hacer nada. Estamos intentando colaborar con el área de accesibilidad de Granada y nos van a pasar todos los aparcamientos reservados de Granada, de forma que
en nuestra web aparezcan todos los aparcamientos reservados y ellos puedan exportar ese mapa a la página de accesibilidad de Granada sin ningún problema. Más beneficios: publicidad positiva en Internet de los municipios. Hemos solicitado que
siempre se ingresen los datos de todas las barreras en la búsqueda de Google. Si nosotros buscamos accesibilidad o barreras arquitectónicas en Granada la primera presencia es de Libre de Barreras. Esto sería una publicidad positiva de ese
municipio en la web y el fomento del turismo accesible.
Si voy a viajar a una ciudad y me ofrece todos los puntos accesibles, prefiero ir a esa ciudad antes que a otra porque no voy a encontrar ninguna sorpresa.
Respecto a la pregunta de la señora Do Campo sobre el gallego, la traducción a otros idiomas ha sido porque la gente se ha ofrecido voluntariamente. Yo tengo un documento con todos los términos en español y en inglés, y todo se ha
conseguido a través de colaboración en Internet. He hecho llamamientos a través de Facebook y de Twitter para que la gente, si quiere, colabore. Hasta ahora toda la gente que ha colaborado en el proyecto lo ha hecho de forma desinteresada. Detrás
de este proyecto no hay ninguna empresa, solo la colaboración de la gente.
Estaría encantado si alguien se ofrece a traducirlo al gallego, no habría ningún problema; me sentiría bastante orgulloso de tenerlo en los principales idiomas nacionales.
Sobre la accesibilidad y si la gente conoce qué sitios son accesibles y qué sitios no, una de las cosas que nosotros queremos es que esto sea educativo, que la gente sepa a través de la vista de otras personas qué puntos son accesibles y qué
puntos no son accesibles. En esta imagen aparecen puntos azules, puntos verdes y puntos rojos. El proyecto empezó siendo un sitio de
denuncia de barreras arquitectónicas. Estos son los iconos. El tema de denunciar barreras arquitectónicas fue lo primero que se nos pasó por la cabeza y fue el primer proyecto que iniciamos. En un principio se llamaba No barreras y era
solamente de denuncia de barreras arquitectónicas.
Sigue siendo un proyecto de denuncia, pero creemos que después de ver la cantidad de barreras que hay en las ciudades es más fácil decir dónde no hay barreras que dónde sí. De todos modos, el
proyecto sigue conservando la parte de denuncia. Los iconos rojos que se ven en la pantalla son puntos que las personas marcan y dicen que ahí hay un punto inaccesible.
Suben la foto, sube el punto exactamente a donde está y lo comunica. Como he
dicho antes, como hay varios usuarios, si un ayuntamiento se da de alta, todos los puntos rojos que alguien marque en tu mapa se le va a comunicar por correo electrónico de forma automática. Si yo me doy de alta como el Ayuntamiento de Peligros,
cualquier punto rojo que marque un ciudadano mío se me comunica de forma automática sin necesidad de hacer nada más.
Lo que tenemos ahora en pantalla es el recorrido de una barrera arquitectónica. Si el ayuntamiento se compromete a eliminar esa barrera arquitectónica, puede marcarla como amarilla, de modo que los ciudadanos saben que el ayuntamiento o
entidad pública ha recibido el mensaje. Sé que algún día, cuando tengamos presupuesto, cuando entre dentro de la actividad o de las acciones del ayuntamiento, se marcarán como amarillas y si ese municipio consigue derribar esa barrera
arquitectónica puede marcarla como una barrera verde, el cono tumbado. Está contemplado que todo ese proceso de eliminación de barreras entre dentro del proyecto, aparte de toda la parte de comunicación de puntos accesibles. Esto también entra
dentro de los beneficios del ayuntamiento. Yo puedo tener un historial de actuaciones sobre un municipio, puedo decir todas las barreras que se han denunciado, todas las barreras que se han eliminado y tener un historial a lo largo del tiempo de
todas las actuaciones que ha hecho el municipio. También un municipio puede marcar sus propias barreras, pero para hacerlas públicas; puede tener un listado privado cada ayuntamiento de barreras arquitectónicas y hacer un catálogo. Las
asociaciones igual; las asociaciones pueden marcar barreras y tenerlas privadas, no tienen por qué publicarlas, y tener un catálogo de barreras arquitectónicas. Eso no existe ahora mismo. Algunas asociaciones tienen unas barreras marcadas,
después se les pasan, no saben si están otra vez... Con esto, al tener la ventaja del tiempo real y del historial, en cualquier momento se puede tener conocimiento de cuántas barreras hay en un municipio. Es sorprendente la cantidad de barreras
que hay, por eso quisimos darlo la vuelta y poner los puntos accesibles. Respecto a la respuesta de la Administración pública, hasta ahora no hemos tenido. Nos ha ayudado el Ayuntamiento de Peligros, que se ha implicado mucho, ha puesto a
disposición de la asociación el área de obras y servicios para que nos diga cómo actúan, y el área de movilidad del Ayuntamiento de Granada nos va a dar un listado de aparcamientos, pero todavía no se ha implicado ninguna entidad pública pidiendo
que se le comuniquen las barreras de su ciudad.
Tema de las rutas no accesibles. Si nos fijamos en el mapa, aparecen puntos rojos, unos cuantos conos rojos y la ruta que los va bordeando. La idea inicial era que tú desde tu casa puedas hacer una ruta bordeando los puntos rojos que otros
ciudadanos han marcado. Tú puedes crearte tus propias rutas y antes de ir a un sitio ver el mapa y decir voy a ir por aquí, por aquí... por aquí y te lo descargas en el móvil. Lo de la ruta ha ido evolucionando y aparte de eso se pueden marcar
rutas accesibles para que otros ciudadanos no tengan que hacer ese trabajo previo. Yo pueda decir: Para ir desde el aparcamiento público de La Alhambra hasta La Alhambra coge este camino que es accesible, porque todo lo demás es inaccesible.
Estamos ahí, intentando buscar el lado positivo, porque el lado negativo es muy grande; es impresionante la cantidad de barreras. En algunos municipios de Granada, que es donde más me he movido, todo lo que se ha conseguido ha sido con el boca a
boca; no hemos publicitado nada, apenas hemos trabajado con gente y todas las barreras que hay están en el mapa. Tenemos barreras en Barcelona, tenemos barreras en Menorca, barreras y puntos accesibles, y todo ha sido con el boca a boca.
Otra cosa muy interesante que no he comentado antes es el tema de la normativa. Un proyecto que tenemos entre manos es que al propio programa, cuando alguien marque una barrera y diga qué tipo de barrera es, se le asocie la normativa que
hay actualmente vigente. Estamos trabajando en eso, pero necesitamos tiempo, recursos, gente, y con lo que tenemos vamos poco a poco. Lo ideal sería que cuando alguien marca un punto y se lo comunica al ayuntamiento, el ayuntamiento reciba el
punto y la normativa y sepa cómo arreglarlo. Esto también educa, porque si yo me meto, veo los puntos y tengo la normativa, aprendo, me sensibilizo. Todos esos puntos están contemplados en el proyecto. Está contemplado y está funcionando.
Sobre el tema de discapacidad sensorial, al que se ha referido doña Rosa Díez, tenemos pensado marcar los semáforos adaptados para personas ciegas. Hay que tener en cuenta que el proyecto está basado en la geolocalización, que todo lo que
se pueda marcar como un punto accesible -da igual si es para personas con discapacidad física, discapacidad mental, personas ciegas, personas sordas- se puede marcar, está pensado para marcarlos, pero al ser geolocalizado tiene preferencia la
discapacidad física. Por ejemplo, se podrían marcar todas las asociaciones de personas con discapacidad, da igual si es física o no; se pueden marcar en el mapa. Si se fijan en esta ficha, es una ficha de un punto marcado. En la parte de abajo
pone los puntos accesibles cercanos y las asociaciones cercanas. Si yo marco un punto en el mapa, veo todas las asociaciones que hay en la zona, da igual que tipo de asociación sea mientras se haya dado de alta
en la web. Cuanta más información se introduzca en esta web, mejor, porque esa información después puede estar accesible a través del móvil.
Por último, el tema de los puntos negros. Prácticamente he respondido a eso. Nosotros ponemos puntos rojos. La ciudadanía marca esos puntos y lo bueno es que con el móvil no hace falta meterse en la página web. Si tenemos la aplicación
en el móvil, hago una foto, le doy a subir y le digo qué tipo de punto es. Si quieren, cuando termine, les enseño la aplicación, que la tengo en mi móvil, y verán que es muy fácil de usar.
Hemos intentado que sea muy sencillo el proyecto, que de
cara al usuario sea muy fácil de usar y que la aplicación móvil cuantos menos golpes se tenga que dar al ratón, mejor.
Espero haber respondido a todas las preguntas. De todos modos, ahora fuera podemos hablar todo el tiempo que quieran.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pedro Marín Ramos. Le deseamos éxito, como no podría ser de otro modo. Estoy seguro de que recibirá el apoyo de los diversos grupos parlamentarios en todo aquello que pueda impulsar el desarrollo
de esta herramienta tan extraordinaria. Ese será también nuestro compromiso. Gracias por su comparecencia.
Dos minutos para el intercambio de comparecientes y reiniciamos la sesión.
(Pausa.)
- DEL CATEDRÁTICO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, COORDINADOR CIENTÍFICO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL DEL SNS APROBADO EN 2006, (GÓMEZ BENEYTO), PARA QUE INFORME DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL
APROBADO POR EL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS EN EL 2006 Y SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS MENTALES GRAVES EN ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 219/000145.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Tenemos ante nosotros al segundo compareciente, a quien agradezco su presencia, que es el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Valencia y coordinador científico del Plan estratégico de salud mental del Servicio Nacional de Salud
aprobado en el año 2006, para que informe de los objetivos de la estrategia en salud mental aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el año 2006 y sobre la situación de la atención a los trastornos mentales graves en
España, don Manuel Gómez Beneyto.
El señor CATEDRÁTICO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (Gómez Beneyto): Catedrático, pero lamentablemente jubilado.
En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión, y particularmente a Rosa Díez, la oportunidad que me proporciona de, como ya se ha dicho, informar sobre los objetivos de la estrategia en salud mental que fue aprobada por el consejo
interterritorial en el año 2006 y sobre la situación de la atención a los trastornos mentales graves en España, tal como se me ha requerido. El esquema que voy a seguir tiene seis puntos: trastorno mental grave, qué es, concepto y características;
qué es la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud; cuáles son los objetivos de la estrategia en salud mental que se relacionan con el trastorno mental grave, porque la estrategia es algo muy amplio; qué evaluación se ha hecho de
estos objetivos relacionados con el trastorno mental grave y, finalmente, unas recomendaciones -he escogido seis, por ser concreto- que evidentemente van a responder a mi sesgo particular.
Empecemos con el trastorno mental grave. Desde el punto de vista de manejo de gestión clínica, gestión asistencial, los trastornos mentales se clasifican en dos grandes grupos. Uno es el trastorno mental común, que constituye el 99 por
ciento de los trastornos conocidos y que incluye la depresión, las fobias, los trastornos de ansiedad, etcétera, que aunque interfieren a veces de forma sería con el bienestar y con la felicidad no llegan a causar incapacidad grave. Los trastornos
mentales graves que sí causan una incapacidad grave son una minoría, pero es tal su importancia social, económica y humana, y tal el gasto sanitario que suponen que casi toda la estructura de la atención a la salud mental está basada precisamente en
la atención a los trastornos mentales graves. Son trastornos que duran más de dos años, que causan una discapacidad grave y que requieren para su abordaje terapéutico intervenciones complejas de distintos especialistas: psiquiatras, psicólogos
clínicos, trabajadora social, enfermera en salud mental, etcétera. La mayoría son trastornos esquizofrénicos que comienzan pronto, entre los 25 y 35 años, que cursan con una pérdida del sentido de la realidad, es decir, con alucinaciones y
delirios, y sobre todo con pérdida de iniciativa. Antiguamente decíamos que perdían la volición, la capacidad para llevar a cabo conductas voluntarias, y este es uno de los problemas que se presentan para su clasificación. Son trastornos que
incapacitan para la ocupación, para el trabajo, para las relaciones sociales, para el ocio y causan una fuerte carga familiar, un peso muy importante en las cuidadoras; digo cuidadoras porque son mujeres, generalmente entre 55 y 65 años, que han
dedicado su vida a un hijo o a un hermano que enfermó a los 15 o 20 años y que han seguido interfiriendo de forma muy grave en su propia vida-. Estos trastornos tienen un coste difícil de estimar porque no hay transparencia en este terreno de la
salud mental con respecto a los gastos, pero se estima en 12.000 euros por paciente y año, es decir, unos 3.000 millones de euros al año. Es un trastorno sujeto a estigma y discriminación como ningún otro, con una tasa de prevalencia de 3 a 5
personas por 1.000 habitantes de población general, lo
que en conjunto para España representaría unas 200.000 personas.
¿Qué es la estrategia en salud mental? Antes de decir de qué se trata es necesario ver la estrategia en el contexto de la red de servicios para la atención comunitaria a los trastornos mentales graves, que requiere de la responsabilización
y de la financiación desde tres sectores distintos; el sector de instituciones penitenciarias, el sector del Sistema Nacional de Salud y el sector de servicios sociales, y el sistema de autonomía y atención a la dependencia. El de instituciones
penitenciarias es un sector que se ocupa por supuesto de la seguridad y de la custodia, se ocupa de unidades de salud mental en las cárceles y de los dos hospitales penitenciarios que hay en España. En cuanto al Sistema Nacional de Salud, en
concreto la estrategia en salud mental, hay los aspectos propiamente sanitarios que son el tratamiento y la rehabilitación, el tratamiento con unidades de psiquiatría en los hospitales generales, hospitales de día, y unidades de rehabilitación con
camas, sin camas, régimen de día, y algo que se refiere a una intervención a nivel poblacional, que es la lucha contra el estigma y la defensa de los derechos humanos de las personas con trastorno mental grave, que, como ustedes saben muy bien, son
frecuentemente violados. Finalmente, los servicios sociales y el sistema de autonomía y atención a la dependencia, que se ocupa del apoyo social, es decir, residencias, pisos supervisados, programas de ocio y tiempo libre, apoyo al empleo y
prestaciones económicas.
En este contexto general vemos que la estrategia en salud mental se ocupa solamente de la parte sanitaria, es muy importante recordar este aspecto.
¿Qué es la estrategia en salud mental? Es un plan de acciones promovido por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad consensuado entre las instituciones autonómicas, las asociaciones científicas concernidas y las asociaciones de usuarios y de familiares, que fue aprobado por el consejo interterritorial, como hemos dicho, en
diciembre de 2006, para promover mejoras en la salud mental de las personas y de la población. No es, pues, un plan nacional de salud mental, que requeriría un presupuesto especifico y un cronograma de actuación, sino que es un acuerdo entre las
instituciones autonómicas y otras partes interesadas para ejecutar un plan en cada una de las autonomías con sus responsabilidades correspondientes, es decir, con el presupuesto de autonomía y con la normativa correspondiente a cada autonomía,
situación que por una parte es de gran beneficio puesto que de esta manera es posible ajustar más los planes de salud mental autonómicos a las necesidades locales, pero por otra parte, como ya veremos, ha supuesto también una desigualdad en el
desarrollo y por lo tanto una falta de equidad del sistema. Con esta estrategia lo que se pretende es equilibrar el sistema en cuanto a su nivel de equidad. Fue aprobada por el consejo interterritorial en el año 2006, fue evaluada dos años más
tarde, tal como estaba previsto, fue actualizada y aprobada de nuevo por el FIS en 2009 -la revisión- y se prevé otra evaluación en 2013. Es decir, una estrategia, un proceso continuo de planteamiento, implementación, evaluación, etcétera. La
estrategia, como decía, es muy amplia pero contiene algunos objetivos relacionados con el trastorno mental grave que vamos a ver ahora con cierto detalle. Tienen ustedes un documento -no sé si se lo habrán pasado- con los objetivos más detallados y
aquí haré un resumen. Hay primero unos objetivos de lucha contra el estigma y la discriminación, revisar y actuar sobre las barreras normativas que pueden afectar al pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas con trastorno mental grave y
promover nuevas normativas que faciliten la inclusión de este colectivo desde el punto de vista social y laboral. Otro aspecto ligado también a la lucha contra el estigma, aunque no lo parece, es que se propone que el ingreso de las personas con
trastornos mentales en fase aguda se realice siempre en unidades de psiquiatría integradas en hospitales generales, lo cual no es una novedad; en la Ley General de Sanidad ya se hace esta propuesta, convenientemente adaptada a las necesidades de
estos pacientes. En la misma línea de respeto a los derechos humanos, definir protocolos para cualquier intervención contraria a la voluntad del usuario. Desgraciadamente, como ustedes saben, este trastorno cursa con una falta de conciencia de la
enfermedad y a veces hay que llevar a cabo intervenciones en contra de la voluntad; es necesario hacerlas de acuerdo con un protocolo que respete la dignidad y los derechos de las personas intervenidas. También hay objetivos para mejorar la
calidad de la atención, en concreto en atención primaria, para proporcionar a las personas con trastorno mental grave un cuidado adecuado de su salud general. Dirán ustedes: Naturalmente. Pues no lo reciben, porque generalmente el hecho de que
sean personas tan alteradas mentalmente hace que se descuiden los aspectos físicos de su salud. Está también el apoyo sanitario y social a los familiares que los cuidan; así como mejorar la calidad de la atención a nivel de la atención
especializada, aumentando el porcentaje de pacientes que reciben rehabilitación y de familias que reciben intervenciones específicas para prevenir las recaídas de estos trastornos. A nivel especializado, establecer que las personas con trastorno
mental grave se inserten en un plan individualizado de atención, y también disponer de un sistema organizativo que evite los abandonos. Precisamente esa razón que decía antes de falta de conciencia de la enfermedad hace que abandonen con frecuencia
el tratamiento, con lo cual se deteriora su salud. Es necesario poner en práctica sistemas organizativos que retengan al paciente en el sistema sanitario y, si lo abandonan, que sea posible seguirlos de una forma asertiva, de una forma proactiva,
para devolverlos a él. Objetivos para mejorar la coordinación y cooperación entre sectores, desarrollar modelos de colaboración con los órganos de justicia e instituciones penitenciarias y establecer también -esto me parece especialmente
importante- un marco general para la aplicación de la Ley de Dependencia a nivel de las autonomías. Mejorar la coordinación y la cooperación
entre otros sectores, implantar mecanismos de coordinación y cooperación a nivel institucional e interinstitucional y sobre todo implantar mecanismos y vías para la participación de los profesionales, pero sobre todo de los usuarios y de sus
familiares, incluyendo aspectos tan importantes como son la planificación y la evaluación de los servicios.
Vistos estos objetivos de forma muy somera, vamos a ver qué evaluación se hizo de ellos en el año 2008. En diciembre de 2008 se solicitó de las consejerías de salud que respondiesen a un cuestionario sobre el grado de cumplimiento de estos
objetivos; es una evaluación, diríamos, muy poco seria, es la evaluación que fue posible porque no disponíamos de sistemas informatizados que nos permitiesen hacer una evaluación cuantitativa. Es una evaluación cualitativa y además una evaluación
de parte, es decir, son las propias consejerías las que se autoevalúan, con lo cual entre los sesgos y la imprecisión de lo cualitativo esta evaluación tiene el valor de ser una primera evaluación que nos permitirá dar un paso adelante en el futuro
y hacer evaluaciones más rigurosas. En cualquier caso, de los catorce objetivos que fueron evaluados, siete fueron calificados como iniciados, es decir, prácticamente desde el punto cero, y siete como parcialmente conseguidos. Finalmente se
derivan de estas evaluaciones unas nuevas propuestas, más de seis; yo he escogido las seis que de acuerdo con mi criterio parecen más interesantes. Terminar de desmantelar los hospitales psiquiátricos monográficos todavía existentes. Como ustedes
saben, esta es una reivindicación de las reformas psiquiátricas que en el mundo ha habido y que en España todavía no hemos concluido; todavía existen varios hospitales monográficos en los que los pacientes, pese a reformarlos para proporcionar un
mayor confort y mejorar la calidad de los servicios, están claramente discriminados en un lugar que no les corresponde pues su lugar es el de la sanidad general. Aumentar el número de personas con trastornos mentales que reciben el servicio de
empleo con apoyo, que es un servicio que se ha probado, hay evidencias empíricas de que es muy eficaz para emplear a estas personas. Reforzar la atención a las personas con trastorno mental grave que consumen drogas, ya que un tercio de las
personas con trastorno mental grave consume heroína, consume marihuana, lo cual empeora su situación y son precisamente este tercio que consumen drogas aquellos que suelen tener comportamientos sociales más reprobables o antisociales, no ya tanto
por la propia naturaleza del trastorno mental grave sino por el consumo de drogas, de manera que hay que centrar la atención en este colectivo particularmente.
En relación con el sistema de autonomía y de atención a la dependencia, que no cae dentro de la estrategia, pero desde la estrategia, hacemos la propuesta de que debería consensuarse entre el Estado, las instituciones autonómicas, las
asociaciones científicas, los usuarios y sus familiares un marco general para la aplicación de la Ley de Dependencia. Si en algún momento sale en el debate las desigualdades que existen entre las comunidades y que hacen necesario este marco, lo
comentaremos.
Finalmente, en relación con las instituciones penitenciarias, que por supuesto también cae, fuera de la estrategia, pero desde la estrategia solicitamos que se desmantelen los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y
Sevilla, proporcionando a estos pacientes otros medios de atención comunitaria que les permita recibir una atención equivalente a la de los otros ciudadanos que están fuera de las cárceles.
Por último, hay que consensuar un modelo de atención para
las personas con trastorno mental grave, sujetas a medidas del Código Penal y la Ley del Menor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su intervención, por su profundidad y claridad. Empezamos el turno de los grupos. En primer lugar, la señora Díez en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, solicitante de la comparecencia. Tiene
usted la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, don Manuel Gómez Beneyto, por la exposición tan concreta y pedagógica que nos ha hecho en esta Comisión, que a mí me ayuda mucho a comprender no solamente el interés de esa estrategia, sino que se
utilice todo lo posible el conocimiento que ustedes están acumulando, que no tiene otro objetivo que servir al conjunto de la comunidad. (El señor vicepresidente, Garre López, ocupa la Presidencia.) Por tanto, enhorabuena por su trabajo. Es muy
interesante que nos pongan los puntos sobre las íes respecto a cuestiones en las que ustedes están trabajando y que pueden ser muy útiles para que esa decisión que se tomó, como usted recordaba, en el año 2006, sea verdaderamente efectiva, eficaz y
que sirva para aquello para lo que se decidió. Por tanto, esta estrategia nace con la vocación de constituir un texto de apoyo para la coordinación en todo el Estado de los planes y programas de promoción de la salud mental y de los programas de
prevención. Naturalmente, se trata de que todo ese conocimiento que ustedes están acumulando tenga un efecto y sea realmente puesta en práctica.
Más allá de las conclusiones, ha destacado algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. Dentro de las conclusiones, usted ha destacado una cuestión, advirtiendo que no es exactamente la estrategia, pero que desde la misma nos harían
esta recomendación, que nos ha ocupado, como no podía ser de otra manera, muchas veces en esta Comisión y que tiene que ver con la aplicación de la Ley de Dependencia. Es una reflexión que ha de estar viva y que debe llevarnos a nosotros mismos a
tomar alguna decisión sobre qué hacer para que la aplicación de una ley, que a mi juicio es una muy buena ley, sea aplicada con criterios homologables y comunes en el conjunto de España. Esa es realmente la asignatura pendiente que tenemos. Se
hizo en la legislatura pasada -no participé en esa tarea- una ley muy buena, que supuso una gran avance a la hora de reconocer nuevos
derechos a los ciudadanos, pero el hecho de que la competencia sea de las comunidades autónomas, y posiblemente el hecho de que no hayamos sido capaces de encontrar un instrumento para resolver esta cuestión, hace que su aplicación no sea
homogénea, no sea homologable y, por tanto, los derechos que se reconocen a todos los ciudadanos españoles por el hecho de serlo, después no hemos encontrado un mecanismo para hacerlos efectivos en las mismas condiciones en toda España. Esta no es
una reflexión de carácter ideológico, es una reflexión en la que podríamos estar de acuerdo todos. Más allá de la concreción de quien ha de tener o no la competencia, sí está el hecho de que quién proclame el derecho tiene que tener algún
instrumento para que ese derecho sea efectivo e igual para todos los españoles. A mi juicio, está muy puesto en valor y en su tiempo instarnos a que sigamos reflexionando sobre esta cuestión.
Por pasar al asunto más general, después de cinco años desde la puesta en marcha de esta estrategia, nos convendría hacer un análisis y una evaluación sobre su cumplimiento de forma más concreta y más apreciable, como ustedes lo pueden hacer
desde su tarea. No lo ha dicho, pero yo quiero plantearlo. Hay que hacer una reflexión -seguramente usted la tiene hecha e incluso evaluada- respecto a la financiación. Sabemos que la estrategia es un plan de acciones consensuado entre las
comunidades autónomas y el conjunto de las administraciones, que financia y ejecuta, como usted nos ha recordado, cada una de las comunidades en su ámbito, sobre la base precisamente de esas competencias que tienen atribuidas.
Sin embargo, parece
que este hecho, junto a una deficiente coordinación interterritorial, puede estar provocando graves desigualdades a la hora de atender a personas con enfermedades mentales. No sé si con el actual reparto competencial en materia sanitaria puede
existir alguna forma de garantizar que todas las comunidades autónomas destinen los recursos necesarios para garantizar -insisto otra vez- que no existan desigualdades a la hora de atender a los enfermos mentales. Digo esto porque la autonomía
parte de la autonomía política también. No sé si con este reparto competencial tenemos un instrumento para garantizar que todos dediquen, desde su autonomía política, los recursos necesarios para atender de forma homogénea a los enfermos mentales
en todos los territorios de España. Dejando esa reflexión para todos, le querría preguntar si considera graves las desigualdades en la atención a las personas con enfermedades mentales que se están produciendo en las comunidades autónomas. Me
gustaría saber si no es solamente cuantitativa, sino cualitativa, la gravedad en la desigualdad que ya se está planteando y también si existe alguna fórmula para compensar esas desigualdades dentro de nuestro marco político actual, sin entrar en más
cuestiones, y si se puede vigilar desde la propia estrategia una implantación más homogénea de la atención.
También querría preguntarle si, a su juicio, existen grandes diferencias en el presupuesto que destinan las comunidades autónomas al desarrollo de la estrategia, es decir, no solo si se producen situaciones de gravedad a la hora de
aplicarla, sino si existen grandes diferencias de carácter económico. También me gustaría que nos dijera, y esto me parece particularmente interesante, si conocen ustedes que alguna de las comunidades autónomas haya puesto en marcha algún mecanismo
de control del gasto y evaluación de la calidad del servicio prestado. Esto tiene su importancia en un país como el nuestro, donde hacemos muchas cosas muy bien, pero las evaluamos muy pocas veces. A veces hay evaluaciones internas que los demás
no conocemos, que se están haciendo y que igual le permiten a la institución que la hace mejorar la calidad del servicio, la eficiencia y la eficacia de los recursos que destina a prestar ese servicio, pero como no se pone en común, no se puede
aplicar en otros sitios algo que puede ser una decisión importante, sin perjuicio de que creo que uno de nuestros defectos es que no se evalúan con mucha continuidad las cosas que se hacen. Me interesaría saber si ustedes conocen que alguien lo
esté haciendo, que se esté evaluando por parte de alguna comunidad autónoma, y si esa evaluación o instrumento que se haya podido poner en marcha - no se lo pregunto porque crea que alguien lo están haciendo, sino porque lo desconozco-, a su juicio,
podría ser de utilidad para ser generalizado en el conjunto de las administraciones autonómicas y públicas.
Agradezco su comparecencia y sus explicaciones, y sobre todo el trabajo silencioso, poco conocido pero extraordinariamente necesario que están haciendo ustedes.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Gómez, también yo le quiero agradecer su exposición sintética y pedagógica. Nos ha ilustrado sobre un tema poco tratado en esta Comisión, un tema casi fronterizo entre los propios de la Comisión de Sanidad y
los de esta Comisión, que se refiere a los problemas de la discapacidad, pero hay un umbral donde se comparte la etiología del problema que estamos analizando.
Yo tengo que empezar diciendo, con el cariño que nos profesamos y la falta de hostilidad, que no termino de comprender las reflexiones de la señora Díez invocando de nuevo esta especie de recentralización de competencias ya transferidas a
las comunidades autónomas. La verdad es que no he percibido en su discurso, en su exposición, reflexiones de esa naturaleza, procentralizadoras, jacobinas -como usted quiera llamarlas- y poco respetuosas con las comunidades autónomas. Se ha
reflexionado aquí con cierta prolijidad por parte de la señora Díez sobre la Ley de Dependencia, ley que, por
cierto, señor Gómez, crea un derecho al que se denomina derecho de ciudadanía, y en el mundo del derecho, en el mundo de los juristas, nadie sabe qué es exactamente un derecho de ciudadanía. Yo no sé si usted nos podría ilustrar desde el
mundo de la psiquiatría sobre la naturaleza de un derecho de estas características, llamado de forma absolutamente arbitraria por el legislador, sin ninguna referencia constitucional o ninguna norma del ordenamiento jurídico, derechos de ciudadanía.
No creo que usted haya profundizado en la naturaleza o en el fundamento ontológico de un derecho de estas características, pero, si por casualidad a algún compañero suyo o a usted mismo como psiquiatra le ha dado por analizar si el legislador
realmente está equilibrado desde una perspectiva psiquiátrica a la hora de crear derechos sin referencia normativa o referencia constitucional; alguna reflexión por su parte nos podría venir bien.
Pero a lo que íbamos, señor Gómez. En este momento en la Ley de Dependencia, que, como usted sabe, tendría que estar siendo financiada a partes iguales por la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, se ha
provocado un peligroso deslizamiento en tanto en cuanto las comunidades autónomas están financiando un 80 por ciento de las prestaciones de las personas que ya han sido declaradas dependientes, los grandes dependientes, los de la primera fase de una
ley que, como usted sabe, se va aplicando en forma de tracto sucesivo, aunque vamos incumpliendo los tractos o el calendario previsto en la propia ley porque no están todavía cubiertos todos los dependientes severos y en estas fechas tendrían que
estarlo. Me gustaría saber si a usted le parece razonable este descompromiso de la Administración central, que no se compadece con esta especie de invocación a la centralización de estas competencias en tanto en cuanto se comprueba que hay mayor
sensibilidad, mayor compromiso presupuestario o mayor compromiso político en las comunidades autónomas que en la Administración central, por lo menos en la financiación, y cuando se habla de la financiación en una ley como esta se está hablando de
todo, prácticamente de todo.
Al margen de esta circunstancia, yo le quería hacer únicamente tres preguntas, señor Gómez, basándome en lo sugerente de su exposición, si me permite que le vuelva a adular de esta manera. En cuanto a la psiquiatría hospitalaria
penitenciaria, estoy totalmente de acuerdo con la desaparición de los hospitales penitenciarios. Estoy de acuerdo, además, con que la atención psiquiátrica a las personas ingresadas en prisión se tendría que proveer por los sistemas ordinarios de
salud, autonómicos también. De hecho, esto ocurre en Euskadi. Osakidetza, que es el servicio básico de salud, en uno de los tres centros penitenciarios de Euskadi, el centro de Nanclares, el centro alavés, presta asistencia psiquiátrica 365 días
al año, 24 horas al día. Esto ha provocado un problema o una circunstancia -vamos a utilizar una locución mejor- y es que la mayoría de los presos con problemas psiquiátricos en el Estado español están ubicados en este centro penitenciario. ¿Por
qué? Por la desatención de los demás. Me gustaría saber -yo lo comparto- si usted mantiene o considera razonable que se generalice la asistencia a las personas privadas de libertad, la atención por el sistema de salud ordinario autonómico y que
desaparezcan efectivamente, como me parece haber entendido de usted, los hospitales psiquiátricos existentes en la actualidad. Yo creo en el modelo, lo que pasa es que un modelo disperso y que solo se cumple en algunos centros penitenciarios
provoca un deslizamiento de la población penitenciaria con estos problemas a esos centros y luego resulta muy difícil gestionar dichos centros. Seguramente no será usted desconocedor de que este centro penitenciario, el de Nanclares, tiene el
triste récord de ocupar la primera plaza en la Europa comunitaria de suicidios de personas ingresadas en el mismo, algo tendrá que ver con lo que estábamos comentando.
En segundo lugar, usted ha hablado también de patologías en el sistema escolar, donde hay patologías nuevas, sobre las cuales yo no sé si desde el segmento de la ciencia que usted representa se ha analizado con suficiente profundidad. Estoy
hablando de un problema que hace referencia a las adaptaciones curriculares de escolares con problemas psiquiátricos, en donde me da la impresión de que el sistema escolar todavía tiene muchos déficits, muchos gaps, muchas asignaturas -nunca mejor
usada la expresión- que utilizar. Con respecto a las patologías conocidas, hay alumnos con problemas psiquiátricos de muchas naturalezas, en los que las adaptaciones curriculares no funcionan en absoluto y el fracaso escolar es algo fácil de
prevenir prácticamente en el cien por cien de los casos.
Hay nuevas patologías que empiezan a ser cada vez más frecuentes relacionadas con los hijos adoptados en situaciones verdaderamente calamitosas -por los lugares en donde han sido adoptados-
con síndromes que todavía no están bien definidos y que, sin embargo, existen y no estaban identificados ni siquiera en el mundo o en el sector de actividad que usted representa. Hay un estudio -y con esto acabo, señor presidente- de la Diputación
Foral de Bizkaia en el que se han analizado a trescientos niños adoptados de este territorio histórico. En relación con dichos niños adoptados, se han percibido siete ítems de conductas desviadas con respecto a las conductas normales de un niño
escolarizado, que provocan problemas en el rendimiento escolar, problemas de adaptación a la escuela, de adaptación y conexión con los otros alumnos, etcétera.
No sé hasta qué punto todos -esta Comisión, este Parlamento, y ustedes mismos como
profesionales- tenemos una asignatura en el descubrimiento de patologías, que quizá no son nuevas, pero que empiezan a aflorar dada la abundancia o mayor número de personas que están en estas condiciones.
Para acabar, quiero darle las gracias de nuevo por lo pertinente de sus aseveraciones; y perdóneme, señor presidente, si en algún momento he proyectado la apariencia
de que estaba contradiciendo a la señora Díez, algo lejos de mi intención en todo caso.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Luis Maldonado.
El señor MALDONADO FERNÁNDEZ DE TEJADA: Don Manuel, muchísimas gracias por su comparecencia y bienvenido a esta casa, como ya le han expresado todos mis compañeros.
En primer lugar, quiero sumarme a los planteamientos de doña Rosa Díez en contra de lo que me ha parecido entender al señor Olabarría. Parece ser que el señor Olabarría y yo no vivimos en el mismo país, puesto que pienso que determinados
servicios, determinadas prestaciones y determinadas atenciones no restan un ápice de soberanía a las comunidades autónomas, y le puedo hablar en primera persona. Desgraciadamente, en mi entorno familiar hay una persona con esquizofrenia. Vive en
Canarias habitualmente y no tiene a nadie familiar allí. No les quiero contar los problemas graves que hemos tenido que solucionar en mi entorno más próximo para poder pasar de un sistema de salud a otro; en este caso del Servicio Canario de Salud
al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Esos derechos de la ciudadanía que usted decía, señor Olabarría -y no me remonto a los jacobinos ni a los acontecimientos de 1798- son el derecho a la salud y el derecho a ser tratados igual en todos los
territorios. En este caso no es así, porque las comunidades autónomas en sus prestaciones no van todas a la misma velocidad, y nos encontramos con trabas puramente burocráticas que parecen defender más su corralito que los derechos de los
ciudadanos.
Dicho esto, señor Gómez, quisiera saber si tiene datos sobre los porcentajes de trastornos mentales graves provocados por estupefacientes, por el consumo de drogas, porque creo que dentro del tema que estamos tratando la prevención es
importantísima. Incluso debería haber determinados recorridos transversales entre el Plan nacional contra la drogadicción y el Plan estratégico que hoy nos trae aquí, porque sería interesante una labor pedagógica y educativa mayor de la que se está
haciendo, así como seguir incidiendo en el tema, porque, si logramos que alguien no caiga en el consumo de estupefacientes, a lo mejor estamos logrando evitar una persona con un trastorno mental grave en el futuro.
Me gustaría saber si tenemos
algún tipo de dato en este sentido.
También nos gustaría incidir en qué medidas está aplicando bien la Ley de Dependencia y si cree que esta debería haber incidido de manera más específica o con más fuerza en el tema de los trastornos mentales graves precisamente por lo mismo
que estamos diciendo, y es que también se ha dejado la aplicación de esta ley a las comunidades autónomas. No tenemos nada que objetar, nos parece muy bien, pero a lo mejor adolecemos de una falta de coordinación. Me parece estupenda la evaluación
que ha hecho y también quiero incidir -creo que ha sido la señora Díez quien lo ha dicho- en que a veces hacemos mucho y evaluamos poco, y la verdad es que les felicito por esta evaluación a nivel nacional de las comunidades autónomas para saber en
qué punto se encuentra este plan estratégico. A lo mejor sería bueno también en la aplicación de la Ley de Dependencia, en el caso concreto de los trastornos mentales graves, conocer su opinión sobre si habría que incidir un poco más en este
aspecto. Por otra parte, también nos ha llamado la atención en sentido positivo que diga que hay que aumentar el número de personas con trastornos mentales graves en situación de empleo con apoyo. ¿Podría decirnos desde qué punto arrancamos? Es
decir, cuántas personas son y qué datos tiene de las personas que en este momento se puedan encontrar en esta situación.
Volviendo a los temas transversales, como también decía muy bien el señor Olabarría, este tema está en la frontera entre dos Comisiones, la de Sanidad y la de Políticas Integrales de Discapacidad. Volcándonos un poco más en la sanidad, nos
gustaría que incidiesen desde ese plan estratégico en otro tema que también conozco bien y que está a medio camino entre el tema puramente penitenciario y el sanitario; casi es el primer paso. Es decir, las personas pertenecientes a una cabeza de
partido judicial que ingresan en un calabozo porque han cometido un delito, y que tienen un trastorno mental grave, en esos primeros momentos la atención psicosanitaria que reciben es mínima, -hablo con bastante conocimiento de causa- porque lo más
que hace el médico de guardia del centro de salud de turno es darle un trankimazin, y poco más. Mientras tanto, tenemos entre rejas a una persona que ha cometido un hecho delictivo y está en el calabozo a la espera de ser llamado por el juez, que
en las 24 o 48 horas siguientes tomará una decisión, sin tratamiento y sin atención. Nos gustaría que también se incidiese un poco más en este tema. Muchísimas gracias por su comparecencia, y espero sus respuestas.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Concepción Sanz.
La señora SANZ CARRILLO: En primer lugar, quiero agradecer la presencia de don Manuel Gómez Beneyto en esta Comisión de Discapacidad, así como felicitarle por la magnífica exposición que nos ha realizado sobre el tema que venía a explicar,
que es la estrategia de salud mental y trastorno mental grave. Venía a hablarnos sobre la estrategia de salud mental y el trastorno mental grave, por lo que quizá otros temas tendríamos que haberlos dejado para otras comisiones.
Como muchos de ustedes saben, soy psiquiatra y he ejercido como tal hasta no hace mucho, por lo que realmente es un honor para mí hoy tenerle a usted aquí. Como él nos ha dicho, don Manuel ha sido catedrático
de Psiquiatría de la Universidad de Valencia; autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales; presidente de nuestra Comisión Nacional de Especialidad; representante español en Europa sobre salud mental y, lo que es
importantísimo, tiene una larga trayectoria clínica. Es decir, en estos momentos estamos ante una persona que conoce muy bien cómo está la salud mental en su comunidad, pero también cómo está la salud mental en el resto de las comunidades. Conoce
muy bien la formación de nuestros especialistas y las nuevas necesidades que están demandando, así como los cambios que deseamos se puedan introducir con las nuevas especialidades, entre ellas, la especialidad de psiquiatría
En este sentido, e insistiendo una vez más en darle nuestra felicitación por su intervención tanto en su contenido como en su extensión, querría hacer algún comentario sobre el informe que ha venido hoy a contarnos, el informe elaborado por
el comité de seguimiento y evaluación de la estrategia de salud mental aprobada por el consejo interterritorial en noviembre de 2009. Como usted nos ha dicho, este informe es el resultado de la valoración del cumplimiento de los objetivos
establecidos conforme a las múltiples líneas estratégicas definidas en la estrategia original.
Además del informe de valoración, se incluyen anexos referidos a resúmenes de resultados, actuaciones del ministerio para la implantación de la
estrategia y diversas medidas adoptadas por las diversas comunidades autónomas. Pero también este informe nos deja algunas dudas, en especial sobre la cumplimentación de sus objetivos durante todos estos años que, como usted ya nos ha dicho, ha
sido regular desde el punto de vista territorial y que, como también usted ha comentado y ha publicado en alguna ocasión, regiones como Madrid incluso van contra el espíritu del plan. Querría, pues, solicitarle que en la medida de lo posible nos
aclarase estas diferencias a nivel de los territorios.
En cualquier caso, creemos que la primera consideración a realizar sea la de congratularnos porque la estrategia sigue su proceso de implantación y ha sido posible realizar una primera evaluación. En este informe de evaluación -el primero
de los previstos, como usted ha dicho, cada dos años- se ha analizado el impacto sobre la salud mental de la población y el grado de cumplimiento de los diversos objetivos en cada una de las comunidades autónomas. Para ello, el comité de
seguimiento y evaluación, constituido por los representantes de las comunidades autónomas y de las asociaciones científicas y de usuarios y familiares, consensuó unos criterios de evaluación que incluían una serie de indicadores recogidos en
encuestas y bases de datos nacionales, que permitían un acercamiento a la evaluación del impacto en la salud mental de la población y también, aunque, como usted también ha dicho, de forma más complicada, una evaluación cualitativa del grado de
cumplimiento de los objetivos por cada servicio autonómico de salud.
Cabe señalar, por lo tanto, el importante esfuerzo que ha supuesto para todos los integrantes del comité de seguimiento el plasmar en un documento -que, son estos dos documentos que tengo aquí- de forma sistematizada y completa toda la
información relativa al desarrollo de los sistemas de atención a la salud mental en cada autonomía. Recordemos también -y recordémoslo ahora- cómo en el año 2002 la ausencia de un sistema de información a nivel estatal impidió conocer el estado de
la organización y la evolución de los servicios de salud mental en las diversas comunidades autónomas. Así, en la evaluación el primer problema evidenciado es -repetimos una vez más- la falta de homogeneidad de las definiciones de los diferentes
recursos y servicios. El análisis de los resultados de la evaluación evidencia otro de los aspectos que pueden dar lugar a interpretaciones contrapuestas, dado que, según se recoge en el documento, los resultados indican que el grado de
implementación de la estrategia es diverso y moderado. El informe finaliza con unas conclusiones, que, además de señalar la importancia de que se hayan aunado esfuerzos aportando datos y experiencias, recomiendan la adecuación de los sistemas de
información para poder evaluar la estrategia en futuras ediciones.
Quedan, sin embargo, temas pendientes que todos mis antecesores han repetido, pero yo tampoco querría olvidarme, y en especial en esta Comisión, de preguntar su opinión sobre la aplicación de la Ley de Dependencia a las personas con
trastornos mentales, las modificaciones que deberíamos realizar en los criterios de evaluación y su distinta implantación en las diversas comunidades autónomas. Por último, y dado que no pretendo extenderme más, sobre los trastornos mentales
graves, sí quisiera hacer una mención específica a la publicación reciente de la Guía clínica sobre atención psicosocial al trastorno mental grave, dado que ha sido realizada y coordinada por mis propios compañeros de hospital y de comunidad, es
decir, de Aragón. La guía práctica clínica ha sido financiada mediante el convenio suscrito entre el Instituto de Salud Carlos III y nuestro Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Desde aquí quiero darles las gracias a todos ellos.
Para finalizar, y como usted también nos ha comentado con anterioridad, y dado que ya todos conocemos cómo los pacientes afectos de un trastorno mental grave presentan severas y graves dificultades en el funcionamiento personal y social como
consecuencia de la propia enfermedad y precisan de unas intervenciones psicoterapéuticas y psicosociales, además de farmacológicas, que generan un considerable consumo de recursos sociosanitarios y ocasionan, por lo tanto, en estos momentos un
importante impacto económico; y dado que también en el propio informe de la estrategia de salud mental se señalaba la necesidad de diferenciar claramente el trastorno mental grave del trastorno mental común, incluyendo entre las buenas prácticas
las intervenciones destinadas a integrar la atención de las personas con
trastorno mental grave por su grado de discapacidad y de disfunción social, y recomendando que han de ser atendidas mediante diversos recursos sociosanitarios de la red de atención psiquiátrica y social, solo me gustaría conocer su opinión
sobre cómo cree que se están llevando a la práctica estas recomendaciones en estos momentos y hacia dónde cree usted que debemos avanzar.
Sin más, quiero reiterar una vez más nuestro agradecimiento por su presencia hoy aquí y por su intervención, que ha sido especialmente ilustrativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Para responder a las preguntas y sugerencias de los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor Gómez.
El señor CATEDRÁTICO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (Gómez Beneyto): No podré contestar a todas las preguntas porque son muchas; no obstante, hay ciertos temas comunes que han salido en las cuatro intervenciones, de manera
que me centraré sobre todo en ellos. Uno de los temas hace referencia a la cuestión de las desigualdades, lo que en sanidad llamamos la inequidad del sistema. Aunque podría rozarlo en algún momento, no voy a tratar aspectos políticos de la
cuestión -evidentemente, no es mi competencia, ni mi intención-, sino que me voy a centrar exclusivamente en aspectos técnicos -evidentemente, a medida que se han ido realizando las transferencias de las competencias sanitarias a las comunidades
autónomas se ha ido diversificando el sistema de atención. Se ha ido diversificando por diversos motivos, un motivo obvio son las distintas capacidades económicas dentro de cada autonomía, otro motivo obvio son las distintas posiciones ideológicas
acerca de cómo tratar el problema de la salud mental. Es obvio para todos ustedes que hay distintas posiciones políticas en lo que se refiere a la seguridad, y este es el tema central. ¿Debemos priorizar la seguridad de los ciudadanos frente a los
derechos de las personas con trastorno mental grave o debemos respetar los derechos humanos de las personas con trastorno mental grave por encima de todo y secundariamente ocuparnos de la seguridad? Es una cuestión de tipo ideológico a debatir, que
también afecta a los partidos políticos y que evidentemente ha tenido distintos desarrollos en las distintas autonomías. Igualmente, la enfermedad mental no es una enfermedad que tenga una misma prevalencia en todas las comunidades autónomas,
factores sociodemográficos y factores de otro tipo como, por ejemplo, el grado de inmigración o el grado de ruralidad pueden influir no solo en la tasa de trastornos mentales graves, sino en cómo estos se comporten y cuáles sean sus características
clínicas. De manera que todos estos factores han generado una diversificación de los recursos y de la manera de organizar estos recursos en las distintas comunidades autónomas. Sin duda esa diversificación tiene un aspecto positivo, cuanto más
cerca del ciudadano individual estén los núcleos de decisión sanitaria mejor se podrán satisfacer sus necesidades clínicas, pero también tiene un aspecto negativo, que no toda esta diversidad cumple esa función sino que hay también una diversidad
injustificada clínicamente, y esa parte tiene que ver con aspectos que ya he mencionado anteriormente y que están ahí, realmente es así. De manera que existe diversidad, pero también inequidad. Justamente esto es lo que ha sido el motivo del
planteamiento de la estrategia en salud mental. Los dos grandes argumentos han sido que este país tiene un sistema sanitario no equitativo y este país tiene un sistema sanitario de baja calidad para la salud mental. Estos dos motivos: mejorar la
equidad y mejorar la calidad, han sido la justificación de la estrategia.
Se planteaban ustedes cómo de lejos se puede llevar esto. ¿Es posible de alguna forma conseguir una mayor aplicación de la estrategia en salud mental en las comunidades autónomas? Evidentemente, no. Esto sí es una cuestión política en la
que no voy a entrar, pero las transferencias de las competencias sanitarias están hechas y creo que el Estado no puede hacer nada más al respecto que utilizar el sistema que en la Unión Europea se emplea precisamente en estas circunstancias.
Ustedes saben que en la Unión Europea hay directivas que son de obligado cumplimiento, pero también hay multitud de recomendaciones que harían deseable una mayor uniformidad en distintos aspectos de la vida social, y concretamente en sanidad
también. ¿Qué sistemas se emplean en la Unión Europea? El sistema que se llama método de coordinación abierta, que sigue unos pasos que son los que hemos seguido, aunque no imitándolo porque por entonces no éramos conscientes de ello, en el
desarrollo de la estrategia. El primer paso es obtener un consenso acerca de lo que debería hacerse entre las partes concernidas. En segundo lugar, establecer unos indicadores de si esos objetivos acordados se cumplen o no. Y, en tercer lugar,
difundir y publicar esos resultados para que tengan un efecto revulsivo en las distintas partes implicadas. Así lo hemos hecho. Además, para reforzar ese cumplimiento hay un compromiso político en el seno del sistema del consejo interterritorial
por parte de todos los consejeros de llevarlo a cabo. Eso es todo lo lejos que se puede llevar: compromiso político y el sistema abierto de coordinación. ¿Cuál ha sido el resultado? Escaso. En algunas comunidades se ha llegado a cumplir más, en
otras un poco menos, en otras nada, y en otras, incluso, se están siguiendo líneas que son totalmente contradictorias con lo planteado en la estrategia.
Me pedían que comentase más concretamente estas diferencias entre las comunidades. Hay algunos aspectos que son obvios y que alguna sociedad científica, concretamente la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ha denunciado de forma
sistemática. Uno de ellos se refiere a un tema delicado de gran sensibilidad política, que es la externalización de los servicios sanitarios. Es decir, hasta qué punto es bueno o malo para la eficacia clínica de los servicios sanitarios
externalizarlos y ponerlos en manos de empresas privadas, particularmente la gestión,
que es lo que se está haciendo, sobre todo, ahora. Desde el punto de vista clínico, tiene graves inconvenientes. El primer inconveniente y más importante es que, mientras que es cierto que un servicio privado puede funcionar tan bien o
mejor que un servicio público, está demostrado y hay evidencias de que generalmente no es así. Pero, sobre todo, con la externalización del servicio se externaliza, casi necesariamente, la responsabilidad. Ese es el problema. Si se pudiese
mantener un sistema de acreditación riguroso, un sistema de control de la calidad y de seguimiento de esa calidad adecuado, una actitud clara frente esto y unas especificaciones de los contratos bien claras, se podrían externalizar los servicios.
Pero esto no se está haciendo. Lo que se está haciendo, como decía, es externalizar la responsabilidad, es decir, lo dejo en sus manos. Aunque no puedo darles cifras porque no se ha hecho ningún estudio, mi impresión es que la calidad asistencial
se deteriora cuando el servicio se externaliza y no se controla y se hace un seguimiento adecuado. Saben ustedes que esto está ocurriendo en algunas comunidades.
El otro aspecto asociado, aunque no necesariamente a la privatización, pero sí al concepto de mercado libre y de libre competencia dentro de sanidad que hace también daño a la eficacia clínica, es lo que se suele llamar el sector o área
única. El primer principio de la atención comunitaria a la salud mental es la responsabilidad del servicio público por un área geográficamente definida. De esta manera no solo se controla bien la gestión de los recursos, sino que se llegan a
conocer las necesidades de esa área concreta más a fondo. Es el principio de centrarse en áreas geográficas de pequeño tamaño, concretamente de 200.000 habitantes, el principio de atención comunitaria, atención comunitaria que ha sido defendida por
organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o el Consejo de Europa, y que ha sido defendida en nuestra Ley General de Sanidad, en el informe ministerial y también en la estrategia. De manera que, aunque hay un acuerdo
documental y legislativo sobre que la atención comunitaria es la que debe prevalecer en nuestra atención a la salud mental, sin embargo en algunas comunidades se está pretendiendo disolver el concepto de sector o de área geográfica definida con el
perjuicio que puede llevar para el desarrollo de esta atención comunitaria, y esto también ustedes saben dónde está ocurriendo de una forma evidente.
Con respecto a la Ley de Dependencia, ustedes saben tanto como yo, o probablemente mucho más, acerca de las desigualdades que se están llevando a cabo. En algunas comunidades hay noticia de que están empezando o incluso de que están muy
avanzados en la aplicación de la ley a los trastornos mentales graves y en otras prácticamente ni siquiera se ha iniciado. Hay desigualdades evidentes. No quiero hablar de qué haría falta para promover, puesto que esto es una cuestión política,
sino centrarme en lo que me he referido de encontrar un marco general para la aplicación de la ley, porque pueden aparecer disfunciones muy graves.
Saben ustedes que la Ley de Dependencia propone que los equipos evaluadores desarrollen un plan
individualizado de atención para las personas a las que se apliquen las prestaciones y que este plan individualizado de atención tendría que ser con el acuerdo de los familiares y de las personas en este caso con trastorno mental grave.
Pero hay
otro plan individualizado de atención en sanidad. La estrategia propone -y se está llevando a cabo en muchas comunidades, y yo espero que se popularice más- el desarrollo de un plan individualizado de atención para los trastornos mentales graves.
Tenemos dos planes individualizados de atención: uno, de sanidad; y otro, del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Eso es necesario de alguna forma coordinarlo.
Por otra parte, en cuanto a la aplicación de la Ley General de Dependencia, es necesario que haya también una coordinación no ya solo concretamente en el plan individualizado de atención, sino una coordinación más general entre servicios
locales, servicios sociales locales, municipales y autonómicos, por una parte, y el sistema de atención a la dependencia, por otra parte, así como el sistema sanitario y también intervienen vivienda, trabajo, educación, etcétera. Es absolutamente
imprescindible llegar a un consenso, que se sienten las partes implicadas y llegar a un consenso marco para el desarrollo de estas funciones de una forma integrada. Este sería otro aspecto que yo creo que es fundamental. Esto con respecto a la Ley
de Dependencia.
Tendríamos otros aspectos a considerar, pero, como supongo que no tengo todo el tiempo necesario, voy a intentar resumir, y en todo caso, si hay una segunda intervención, ampliaré mi punto de vista.
En relación con el consumo de drogas y el trastorno mental grave, les diré que una tercera parte, el 33 por ciento, es el número que se repite sistemáticamente en todas las comunidades autónomas de personas con trastorno mental grave que
consumen drogas. Es precisamente ese consumo el que genera conductas más problemáticas desde el punto de vista social.
Es un problema gravísimo desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista del sufrimiento personal de las
personas afectadas, de las familias y de la sociedad en general. Es un problema muy grave que no está siendo adecuadamente tratado. En muchas autonomías está separada la atención a las conductas adictivas del sistema sanitario, lo llevan servicios
sociales de algunas comunidades separado del sistema sanitario, y por otra parte estarían también los servicios sociales, etcétera, sistema de atención a la dependencia. Es necesario aunar estos tres sectores y, como usted decía muy bien, tener en
cuenta que hay un Plan nacional de drogas, que también debería estar incluido. Esto no se ha hecho, es decir, hay una descoordinación que es necesario atender y es necesario hacerlo porque hoy en día hay programas de atención integrada a lo que
llamamos la patología dual, es decir, a las personas con trastorno mental que consumen drogas, programas eficaces, pero que deben ser impartidos por estos sectores que ahora están separados. Este
es otro aspecto en el que se debería incidir, pero, como desde el Estado no se puede hacer, tendría que ser de nuevo a través de un consenso entre las comunidades autónomas y las otras partes concernidas.
Me hablaba del concepto de ciudadanía. Por supuesto no es mi oficio entrar en este tema, pero sí puedo hacer algunos comentarios que explicarían el porqué de la presencia de ese concepto en estos momentos en documentaciones y en general en
la opinión pública en este terreno de la salud mental. Antes no hablábamos de ciudadanos, antes hablábamos de pacientes. Hay una línea de desarrollo a lo largo de todas las reformas que habido en la atención a la salud mental que va desde la
existencia del asilo o manicomio en la Edad Media y hasta principios de este siglo, hasta el desarrollo de la atención comunitaria; una línea que viene marcada fundamentalmente por quién ha definido las necesidades de las personas con trastorno
mental grave. En los asilos o manicomios las necesidades de las personas recluidas o internadas en ellos eran definidas por la propia institución, por los directores y los gerentes de las instituciones: café para todos. El asilo empezó a
desmontarse y a convertirse poco a poco en hospitales psiquiátricos donde se introducían ya elementos sanitarios, es decir, definiciones y clasificaciones psiquiátricas, el uso de medicaciones eficaces, etcétera. En este segundo peldaño de la
atención psiquiátrica las necesidades eran definidas fundamentalmente por los profesionales sanitarios, es decir, las personas internadas en los hospitales psiquiátricos necesitaban atención psicológica o atención de enfermería o atenciones
biológicas, electrochoque, psicofármacos, etcétera. El siguiente peldaño de desarrollo histórico, lo que llamamos la desinstitucionalización y el comienzo de la atención comunitaria, empieza debido a que las personas internadas, que tenían escasas
necesidades de las que acabo de mencionar -alojamiento, custodia y clínica- al vivir en la comunidad amplían sus necesidades a las propias de los ciudadanos que viven libremente en la comunidad: necesidades de trabajo, necesidades de ocio, de
tiempo libre, necesidades de relaciones sociales, necesidades afectivas, necesidades existenciales, de espiritualidad, de religión, etcétera. ¿Quién define ahora esas necesidades? Esas necesidades empezaron a definirlas en años muy recientes los
profesionales en colaboración con las personas con trastornos mentales, en colaboración con lo que ahora ha dejado de llamarse paciente y empieza a llamarse usuario. Pero hay un movimiento posterior que a España todavía no nos ha llegado, que es un
movimiento de empoderamiento de las personas con trastornos mentales graves a los que se les pone en el centro del escenario, es decir, en estos momentos están siendo los protagonistas para definir cuáles son sus necesidades, con la colaboración de
los profesionales. Es en este momento cuando estamos dejando de hablar de usuarios y estamos empezando a hablar de ciudadanos.
De manera que esa línea de empoderamiento sucesivo es la que nos ha llevado a que este término -que muchas veces no es
más que un término al que se presta un servicio verbal y no pasa de ahí- esté ahora en la opinión pública en el ámbito de la salud mental. Creo que he respondido de una forma muy global a la mayor parte de las preguntas.
Me resta hablar de la cuestión escolar. No solo la atención a los escolares que padecen trastornos mentales concretos, identificables, clasificables, diagnosticables y tratables por la ausencia de medios y especialmente por la ausencia de
una especialidad en la atención a la salud mental de niños y adolescentes es un problema grave, sino que además hay otro que queda al margen de la psiquiatría -estaría más próximo a la psicología, pero también ajeno a ella-, que es lo que podríamos
llamar indisciplina escolar y falta de valores en muchos escolares en la actualidad, y no pueden ni deben ser definidos desde un punto de vista psiquiátrico. La psiquiatría tiene unos límites muy concretos, y cuando los ha desbordado ha empezado a
medicalizar la vida normal. Esto es algo muy negativo de lo que debemos defendernos. Sin embargo, como decía el señor Olabarría, hay un problema evidente de niños y adolescentes que tienen comportamientos inadecuados, que sufren y hacen sufrir a
sus familias y que conducen a un fracaso escolar. Hay soluciones para ello, pero que no han entrado en nuestro país, que pasan por la prevención y la promoción de la salud mental. En estos momentos hay programas eficaces probados -con pruebas
empíricas científicas- que pueden promocionar y disminuir este tipo de comportamientos, aplicando estos programas colectivamente. Asimismo, existen programas concretos y eficaces que llamamos de medicina basada en la evidencia que pueden prevenir
el desarrollo de depresiones y estados de ansiedad en adolescentes. Pero para la aplicación de estos programas, aparte de recursos económicos, hace falta la colaboración del sistema escolar. Eso es -se lo digo a ustedes porque tengo experiencia-
extraordinariamente complicado y difícil porque no es eficaz que venga un equipo externo y aterrice en la escuela y desarrolle un programa de promoción y prevención. No digo que no sea útil, por supuesto que lo será, pero no es lo que se busca. Lo
que se busca es imbricar a todo el medio escolar en la aplicación de estos programas de promoción de la salud mental, tal y como se está haciendo en estos momentos en Inglaterra y en algunos estados americanos. Por tanto, es posible darles
solución, pero todavía nos encontramos muy lejos.
No sé si hay alguna otra pregunta a la que no haya contestado.
El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Agotado el orden del día y agradeciendo al catedrático su comparecencia, levantamos la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.