CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 751

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

Sesión núm. 53

celebrada el jueves, 7 de abril de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias para informar en relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Por acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. (Número de expediente 121/000114.) ...
(Página
3)


- Del responsable del desarrollo de la Directiva-marco de Residuos del Clúster Català de la Recuperació i el Reciclatge, Recicat (Barfull).
(Número de expediente 219/000768.) ... (Página 3)


- De la señora directora de la secretaría técnica de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, Aeress (Rubio García). (Número de expediente 219/000769.) ... (Página 5)

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- Del señor director general de Ecoembes, Ecoembalajes de España, S.A (Ordóñez Sainz). (Número de expediente 219/000770.) ... (Página 6)


- Del señor director general de Ecovidrio (Puig De la Bellacsa Alberola).
(Número de expediente 219/000771.) ... (Página 9)


- Del señor director general de la Asociación para el reciclaje de lámparas, Ambilamp (Enrique Moreno). (Número de expediente 219/000772.) ... (Página 10)


- Del señor director general de Ametic (Pérez García). (Número de expediente 219/000773.)... (Página 12)


- Del responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace (Barea Luchena). (Número de expediente 219/000774.) ... (Página 15)


- Del señor president de la Asociació Retorna (Jiménez Beltrán). (Número de expediente 219/000775.) ... (Página 17)


- Del miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio (Peiró Montiel). (Número de expediente 219/000776.) ... (Página 21)


- De la señora vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE (Cabañas Varales). (Número de expediente 219/000777.) ... href='#(Página23)'>(Página 23)


- Del señor presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP (De la Serna Hernáiz). (Número de expediente 219/000778.) ... (Página 26)


- Del señor director de la Agència de Residuos de Catalunya (Tost i Borràs). (Número de expediente 219/000779.) ... (Página 28)


- Del señor director general de Cambio Climático de la Generalitat de Valencia. (Lamparero Lázaro). (Número de expediente 212/001482.) ...
(Página 30)


- Del consejero medioambiental de la Junta de Andalucía (Díaz Trillo).
(Número de expediente 212/0001483.) ... (Página 33)


- Del señor presidente de Fehrcarem y vicepresidente de Fehr (Rodilla).
(Número de expediente 219/000781.) ... (Página 38)


- De la señora directora general de Cicloplast (Martínez). (Número de expediente 219/000782.) ... (Página 39)


- Del señor director de la Fundación Fòrum Ambiental (Barquín). (Número de expediente 219/000783.) ... (Página 40)


- Del señor director general de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Aspapel (Reinoso). (Número de expediente 219/ 000784.) ... (Página 43)


- De la señora directora del departamento de calidad y medioambiente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, Anged (Marquiegui). (Número de expediente 219/000785.) ... (Página 45)


- Del señor presidente de Oficemen, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España (Estrada). (Número de expediente 219/000780.) ... (Página 48)


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Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.



COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA. (Número de expediente 121/000114.)


- DEL RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA DIRECTIVA-MARCO DE RESIDUOS DEL CLÚSTER CATALÀ DE LA RECUPERACIÓ I EL RECICLATGE, RECICAT (BARFULL SALVADOR). (Número de expediente 219/000768.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, con las comparecencias detalladas en el orden del día, relacionadas con la tramitación del proyecto de ley de residuos y suelos
contaminados. Las comparecencias se van a celebrar a lo largo de todo el día, en sesiones de mañana y tarde. Suspenderemos el tiempo que podamos entre unos comparecientes y otros, sobre las dos y media o las tres de la tarde, dependiendo de cómo
se desarrollen las comparecencias. Las hemos organizado de tal forma que hay cinco grupos de comparecientes. En el primer grupo, que es el más largo, hay seis. Por ello, hemos decidido que las comparecencias de cada uno de ellos sean de diez
minutos. Se harán todas seguidas, posteriormente se abrirá un turno de portavoces para hacer preguntas y después responderán todos los comparecientes. Cuando acabemos con este primer grupo, daremos paso al segundo. Les ruego que todos se atengan
al tiempo previsto de diez minutos y vayan a los aspectos esenciales del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que a cada uno de los sectores afectados les resulten más interesantes. Bienvenidos todos a la Comisión de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca. De todas las comparecencias y todos los debates que se van a celebrar el día de hoy, saldrá enriquecido el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.



Iniciamos las comparecencias del primer grupo con la intervención de don Joan Barfull, responsable del desarrollo de la Directiva marco de Residuos del Clúster Català de la Recuperació i el Reciclatge, Recicat.
Va a intervenir en nombre de
don Luis Ortiz de Zevallos, que es el director ejecutivo del Gremio de recuperación de Cataluña. Bienvenido, señor Barfull. Le doy la palabra por tiempo de diez minutos. (El señor Floriano Corrales pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Sí.



El señor FLORIANO CORRALES: Una cuestión de orden, señora presidenta. La idea que tiene el Grupo Parlamentario Popular sobre estas comparecencias, y así lo hemos propuesto, es que hablen los comparecientes. En ese sentido, solo vamos a
intervenir para preguntar alguna duda si la tuviéramos, porque queremos que sean los comparecientes los que hablen.
Pediríamos al resto de los grupos que, para hacer más ligera la Comisión, no tratasen de plantear hoy un debate de carácter
político, que ya tendrá su momento, y dieran el protagonismo a los comparecientes. Esa va a ser la voluntad del Grupo Parlamentario Popular independientemente de lo que haga el resto.



La señora PRESIDENTA: Estas comparecencias no se han planteado de otra forma que no sea para que los comparecientes manifiesten aquí la posición de su sector respecto al proyecto de ley y para que los grupos intervengan si tienen dudas y
preguntas o quieren aportar algo. El debate político es necesario en una comisión parlamentaria, pero eso queda a discreción de los grupos. Abriré un turno para los grupos políticos y que cada uno, muy brevemente, eso sí, lo utilice como estime
oportuno.



Señor Barfull, tiene la palabra por diez minutos. Bienvenido a la Comisión.



El RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA DIRECTIVA MARCO DE RESIDUOS DEL CLÚSTER CATALÀ DE LA RECUPERACIÓ I EL RECICLATGE, RECICAT (Barfull Salvador): En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de venir aquí y dar la opinión de Recicat
respecto al proyecto de ley de residuos.
También quiero excusar al señor Ortiz, que está de viaje fuera por trabajo. En su lugar ha venido una representación de Recicat.



Explicaré brevemente quiénes somos. Recicat es una federación compuesta por diversas asociaciones de gestores de residuos que tratan diferentes materiales. Se constituyó en 2008 y su labor es representar y defender los intereses del sector
de recuperación y tratamiento de residuos.
Nuestra actividad se centra principalmente en Cataluña, pero las asociaciones y empresas que forman parte de Recicat extienden su ámbito de trabajo a todo el Estado e incluso al extranjero. Los
principales materiales tratados y recuperados -les voy a ofrecer una lista de los principales- son: metales férricos, no férricos, papel, vidrio, vehículos fuera de uso, palets y embalajes de madera, cables, residuos de aparatos y equipos
electrónicos, residuos de construcción y residuos peligrosos.
Es un abanico muy amplio del sector de la recuperación de residuos. En cuanto a cifras, a través de las asociaciones que forman parte de Recicat se gestionan 30 millones de toneladas de
residuos y se generan 10.000 puestos de trabajo. Contamos con más de 500 instalaciones de gestión de residuos que tratan todos los materiales que hemos citado anteriormente y reunimos un parque de más de 2.000 vehículos industriales para el
servicio de recogida y transporte de residuos.



Ahora voy a centrarme en el articulado del proyecto de ley. Recicat presentó ya algunas alegaciones a la


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versión anterior del proyecto y en el articulado de la versión actual se han cambiado algunos temas. Por tanto, hablaremos aquí de los que a nuestro parecer no están aún demasiado claros y daremos nuestra opinión al respecto.



En primer lugar, en el artículo 3, en el apartado de definiciones, seguimos encontrando a faltar el concepto de transportista. Dentro de la definición de gestión de residuos se puede intuir que se está hablando del transporte de residuos,
pero igual que después se definen de forma específica cada uno de los operadores, desde el gestor, hasta el negociante y el agente, sería de utilidad definir el transportista como figura importante en la cadena de gestión.



Respecto al artículo 5, el concepto de fin de consideración de residuos, la directiva habla de una serie de materiales para los cuales se establecen los criterios que servirán para considerarlos residuos y para que entren en el concepto de
fin de consideración de residuos, pero el proyecto de ley estatal no indica ningún tipo de material para el que se vayan a establecer estos criterios. En cuanto al concepto de que el residuo pierde su condición como tal después de ser sometido a
una operación de valorización, creemos que debería concretarse más qué tipo de actuación podría dar lugar a que un residuo pierda su condición de tal. En este sentido, nuestras peticiones serían que se especificase, siguiendo lo que dice la
directiva, qué tipos de materiales se considerarán para fijar criterios que lleven al fin de consideración de residuo y qué tipo de operaciones darían lugar a ello.



El artículo 10 del borrador del anteproyecto hablaba del principio de autosuficiencia y proximidad. En la versión actual quizá no lo hemos sabido ver, pero entendemos que esto no aparece, mientras que la directiva sí habla de concepto de
autosuficiencia y proximidad. Pedimos que se considere este principio, sobre todo en lo que se refiere a poder gestionar los residuos dentro de la comunidad autónoma en la que son generados, siempre y cuando las condiciones de tratamiento den las
garantías suficientes para que esto pueda llevarse a cabo. Lo que pedimos es que, como hacía el texto del anteproyecto, se incorpore esta figura en la nueva versión y que en caso de hacerlo se siga igualmente el esquema que plantea la directiva e
incluir dentro de este concepto las plantas de gestión de residuos industriales, no limitarlo solamente a las instalaciones de eliminación de residuos o a las de valorización. Cuando la directiva y el texto del anteproyecto hablaban del concepto de
autosuficiencia y proximidad lo referían únicamente a las plantas de eliminación y a las de valorización de residuos domésticos y nosotros quisiéramos que se contemplara este principio y que se extendiera también a las plantas de tratamiento de
residuos industriales.



El artículo 12 habla de la comisión de coordinación y su punto 4 posibilita que la misma cree grupos de trabajo en los que se podrá llamar a participar a expertos en el sector. Nuestra petición sería cambiar el condicional 'podrá' y que sea
una praxis ya establecida que se constituyan estas comisiones de trabajo y se consulte a los expertos y profesionales que trabajan en el tema, puesto que de esta manera si cualquier proyecto de normativa, cualquier borrador cuenta por anticipado con
la participación del sector seguramente ayudaremos a que se ciña más a la realidad del mercado y del día a día de las plantas de tratamiento.



El artículo 20 habla de la recogida y preparación para la reutilización, reciclado y valorización y dice que se podrán adoptar medidas destinadas a facilitar el sistema de depósito, devolución y retorno. En este caso, desde Recicat queremos
que esto sea así, porque el sector ha realizado estudios comparativos sobre iniciativas que ya se están llevando a cabo en diversos países desde hace años, y en los mismos se observa que este sistema de depósito, devolución y retorno incrementa
significativamente el porcentaje de recuperación y la calidad de los materiales recuperados.



En cuanto al traslado de residuos dentro del territorio del Estado, lo que planteamos desde Recicat es que quizá sería necesaria cierta armonización en las condiciones de autorización de las plantas de gestión de residuos en todo el Estado,
en el sentido de que se exija a todas por igual que incorporen las mejores tecnologías disponibles y que las condiciones de las autorizaciones sean más o menos las mismas; es decir, que no pueda haber comunidades en las que se exijan condiciones
más estrictas que en otras porque, al final, esto produce una falta de competencia en las plantas de tratamiento y una cierta distorsión de mercado. Igual que pedimos que se armonicen las condiciones de autorización de las plantas también
solicitamos que se justifiquen con más claridad los motivos para que un residuo pueda moverse dentro del territorio del Estado.



El artículo 26 habla de autorización de las actividades de tratamiento de residuos y queremos ligarlo con el artículo 3, en el que decíamos que faltaba la incorporación de la definición del transportista. En este artículo echamos de menos
que se matice cómo es la autorización de empresas que se dedican al transporte de residuos. En las condiciones de autorización que establece este artículo no encontramos que se refiera a las empresas de transporte de residuos.



En cuanto a las exenciones de los requisitos de autorización, encontramos una posible interpretación en la versión del anteproyecto. Se ha matizado algo más, pero seguimos sin tener claro qué quiere decir este artículo.
Lo leo
literalmente: Podrán quedar exentas de autorización las entidades o empresas que lleven a cabo la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o que valoricen residuos no peligrosos. A nosotros no nos queda claro si
la segunda parte, es decir, lo de que 'o que valoricen residuos no peligrosos', se está refiriendo a los residuos propios de la empresa que los produce en el lugar de producción o se está refiriendo a que valoricen residuos no peligrosos de
terceros, porque el concepto es diferente. Lo que


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solicitamos es una revisión del articulado y una aclaración del concepto.



Respecto del archivo cronológico, quizá sería interesante introducir en el texto la posibilidad de mantener este archivo mediante medios telemáticos que sean válidos para la Administración como manera de agilizar el intercambio de
información entre las plantas y la Administración.



La disposición adicional sexta habla de la coordinación de garantías financieras -esto es más una opinión que una alegación a la disposición-.
Dice que las garantías financieras previstas en esta ley que cubran la restauración ambiental, en
lo que se refiere a este aspecto, se calcularán con arreglo a las previsiones de la Ley de responsabilidad medioambiental. Tenemos que hacer una mención a la inseguridad jurídica que en estos momentos existe, derivada del retraso y de los cambios
que se han ido introduciendo en la Ley de 2007, de Responsabilidad Medioambiental, en el sentido de que tenemos vigente una ley que conlleva una responsabilidad para todo aquel operador que cause un daño al medio ambiente, pero, por el contrario,
los mecanismos que la propia ley dice que hay que establecer para que la empresa pueda calcular el riesgo que puede tener de causar un daño, que es lo que le servirá para valorar el importe económico y la garantía financiera que debe contratar, no
son posibles a día de hoy, simplemente porque estos mecanismos para calcular el riesgo no están todavía aprobados. La última novedad al respecto es un calendario gradual que, según un riesgo prefijado que establece la orden ministerial, deja que
las empresas realicen esta metodología a dos, tres o cinco años, pero todavía no está aprobado. Simplemente quiero matizar que, por un lado, hay una responsabilidad pero, por otro lado, según la Ley de Responsabilidad Ambiental no tenemos todos los
mecanismos que permiten cubrir este riesgo.



- DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, AERESS (RUBIO GARCÍA). (Número de expediente 219/000769.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la comparecencia de la señora Rubio García, directora de la secretaría técnica de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria.



Tiene la palabra por un tiempo de diez minutos.



La señora DIRECTORA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, AERESS (Rubio García): Quisiera agradecer en nombre de Aeress la oportunidad que nos ofrecen para explicar nuestras
propuestas sobre el proyecto de ley de residuos, cuyas distintas versiones hemos ido remitiendo al Ministerio de Medio Ambiente y a los distintos grupos parlamentarios, con el objetivo de colaborar, desde la perspectiva de los recuperadores, en la
redacción de la misma. Desde Aeress queremos subrayar ante esta Comisión la importancia de que se incluyan determinados puntos en el texto que aseguren una verdadera apuesta por la prevención, la reutilización y los procesos de preparación para la
reutilización de residuos, ya que son parte importante del espíritu de la ley, así como de la propia directiva de residuos que traspone esta.



La reutilización, ya sea como medida de prevención o como el modo de revalorización de los residuos, se ha establecido como un método de gestión preferente en la Unión Europea. Es sabido que a través de la reparación de distintos enseres al
final de su vida y otorgando a los productos un nuevo uso se contribuye a reducir la cantidad creciente de residuos, mientras que al mismo tiempo se ahorran recursos y energía y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, es más,
queremos subrayar que las actividades de reutilización, reparación y venta de segunda mano son una realidad económicamente viable en la Unión Europea y en España actualmente y, por consiguiente, esta ley, a nuestro entender, no debe limitarse a una
declaración de intenciones y recomendaciones, no debe quedarse corta a la hora de potenciar esta actividad o de exigir unos niveles de reutilización, ni por miedo a no llegar a cumplirlos, porque ya se están consiguiendo, ni por tener que poner en
marcha procesos, porque estos ya están en funcionamiento. (El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.)


Para ilustrarlo, aprovecharé para darles algunos datos. Aeress agrupa hoy en día a treinta y cuatro entidades recuperadoras de residuos con fines sociales repartidas en trece comunidades autónomas. Son empresas de inserción, cooperativas
de iniciativa social, asociaciones o fundaciones, algunas de ellas históricas en el sector, como los Traperos de Emaús u organizaciones promovidas por Cáritas que dan trabajo a más de 2.100 personas, de las cuales más de 600 están en proceso de
inserción y que, en conjunto, el año pasado facturaron en torno a 46,4 millones de euros.
Todas las entidades de Aeress trabajan con un doble objetivo: la recuperación de residuos y la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión.
La variedad de fracciones gestionadas por nuestras entidades también es amplia: residuo textil, muebles, RAEE -residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-, además de otros como envases, papel, aceites o lámparas. Para las fracciones
potencialmente reutilizables se están llevando a cabo procesos de selección, reparación y acondicionamiento de los mismos antes de ponerlos de nuevo a disposición del consumidor. Para tener una idea de la dimensión del sector de la reutilización,
quisiera dar unas cifras. En 2009, en Aeress, se han gestionado más de 114.200 toneladas de residuo, consiguiendo un porcentaje de reutilización del 8 por ciento, porcentaje que aumenta si miramos algunas de estas fracciones de forma
individualizada: un 30 por ciento para residuo textil, 11 por ciento para


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voluminosos y entre un 7 y un 10 para los RAEE. Pero no solamente es una realidad en España, como he mencionado anteriormente, en Europa también existe esta actividad de una forma consolidada. La Plataforma europea de empresas
recuperadoras de residuos de economía social, Rreuse, agrupa a más de 1.400 entidades en diez países miembros, entre las cuales están las entidades de Aeress. Basándonos en los datos de que dispone Rreuse, podemos hablar como mínimo de 42.000
puestos de trabajo en Europa, más de 750 toneladas de residuos gestionadas por estas entidades y una facturación de alrededor de 1.240 millones de euros. Además, podemos decir que este sector ha demostrado una resistencia considerable a la crisis,
incluso registrando un crecimiento en la generación de empleo que en las entidades de Aeress ha supuesto un incremento del 8,4 por ciento en el periodo 2007-2009. También quiero destacar, como valor añadido, la relación tan estrecha de estas
actividades con el territorio, alejada de la deslocalización que provocan algunos otros sectores. Todos estos motivos son la base que argumenta parte de nuestras demandas que abogan por una mayor apuesta por la reutilización, por el apoyo a la red
de reutilización, que ya es una realidad en toda Europa, y que supone además una apuesta por sectores como los que promueve la nueva Ley de Economía Social, que son actividades generadoras de empleo, además de un tipo de empleo que acoge también a
los más desfavorecidos, que se está profesionalizando cada vez más y que está obteniendo unos resultados de reutilización significativos.



El potencial para aumentar los volúmenes de reutilización en el futuro es enorme y podría aumentar considerablemente si la recogida selectiva y la clasificación de los elementos reutilizables se realizara en la primera etapa de la cadena de
gestión y si se incluyese un objetivo específico para la reutilización en la normativa. Tanto la directiva como la nueva ley introducen un nuevo orden jerárquico que prueba el convencimiento existente acerca de la eficiencia y la eficacia de la
reutilización. Para no correr el riesgo de que se quede en una mera declaración de intenciones y perder la oportunidad de fomentar el crecimiento de este sector económico, hace falta una concreción en el articulado que permita establecer las bases
para potenciar verdaderamente la reutilización. Por ello desde Aeress se considera fundamental modificar tres cuestiones básicas que puedo resumir en los siguientes puntos.



En primer lugar, incluir objetivos de preparación para la reutilización específicos separados de los del reciclaje, que derivarían en una modificación del artículo 21. Lo entendemos así porque para asegurar la reutilización deben fijarse
objetivos específicos para este proceso, no hacerlo puede suponer que los datos sobre reutilización queden ocultos tras las cifras de reciclaje. Los objetivos que se establecen son poco ambiciosos tanto en cuantía como en tiempo y no responden a la
capacidad actual de la reutilización que se puede alcanzar a nivel estatal.



En segundo lugar, consideramos que se deben desarrollar y concretar articulados para definir, asegurar y regular los procesos de preparación para la reutilización, ya que son un proceso en sí mismo no vinculado a la prevención ni a la
valorización, sino a un proceso intermedio tal como establece la propia jerarquía, evitando así la ambigüedad que aún mantiene el texto en su actual versión. Esto llevaría a una modificación del artículo 20, que además podría llevar a unas posibles
matizaciones en los artículos 5, 8, 26 y 30. En esta línea se ha de concretar el apoyo a redes de reutilización y reparación que lleven a contar con centros de preparación para la reutilización homologados, así como permitir el acceso prioritario
de estos centros de almacenamiento de residuos en su etapa más temprana para segregar lo reutilizable y asegurar así un mayor grado de reutilización. Esto llevaría a una modificación del artículo 20 y de parte del anexo IV. La justificación a este
punto es la siguiente: para asegurar unos procesos de calidad que ofrezcan garantías se considera fundamental regular los centros de reutilización y que la definición de estos centros y sus procesos queden contemplados en el texto normativo. Para
ello es importante que la ley, al menos recoja esta intención para que pueda regularse en normativas de desarrollo. Para obtener un mayor grado de reutilización es fundamental asegurar una separación de objetos potencialmente reparables y
reutilizables en los puntos de recogida, evitando que su potencial reutilizable se vea reducido o anulado. Un ejemplo de ello son los electrodomésticos que se depositan desde una altura a un contenedor en los puntos limpios y que al caer se golpean
y son irremediablemente dañados y, por tanto, pierden todo su potencial para ser recuperados.



En último lugar, entendemos que también es importante que se aseguren la recogida selectiva y clasificación de fracciones potencialmente reutilizables o reciclables no mencionadas en el texto, como los RAEE, los muebles o el textil, para
potenciar y asegurar su gestión de forma separada.



Los detalles y propuestas de modificación del articulado que proponemos están contemplados con detalle en el último documento de alegaciones que les hemos enviado, ahora solo he expuesto las ideas fuerza. Desde Aeress confiamos en que todas
estas cuestiones se tengan en cuenta para la redacción definitiva de la ley y quedamos a su disposición para ampliarles cualquier cuestión que deseen.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Damos las gracias a la señora Rubio, que nos ha trasladado su opinión e información en nombre de Aeress.



- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ECOEMBES, ECOEMBALAJES DE ESPAÑA, S.A.
(ORDÓÑEZ SAINZ). (Número de expediente 219/000770.)


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El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra don Melchor Ordóñez Sainz, director general de Ecoembes. Le recuerdo, al igual que a todos los comparecientes, que después de esta primera intervención de aproximadamente diez
minutos habrá un turno de los grupos, como ha dicho la presidenta inicialmente, y breve turno de réplica de los comparecientes.



El señor DIRECTOR GENERAL DE ECOEMBES, ECOEMBALAJES DE ESPAÑA, S.A.
(Ordóñez Sainz): Muchas gracias, presidente y a todos por su tiempo y por permitirme exponer nuestras inquietudes en relación con la tramitación del proyecto de ley de
residuos y suelos contaminados.



En primer lugar quiero decir unas palabras para centrar el conocimiento sobre Ecoembes y que puedan conocer algunos de los datos más relevantes de la sociedad a la que represento. Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro. Esta
figura jurídica se crea al amparo de la Ley 11/1997, Ley de envases y residuos de envases, que pretende que las empresas obligadas a acatar las determinaciones de la ley puedan cumplir de una forma eficiente los compromisos de reciclaje y gestión de
sus residuos.
Tras catorce años de trabajo, Ecoembes se ha convertido en un modelo de referencia incluso internacional, y puedo mencionar con legítimo orgullo el hecho de que incluso países que empezaron con este tipo de trabajos antes que España
hoy en día vienen a conocer en detalle la experiencia de Ecoembes. Como cifras más relevantes he que decir que tenemos en este momento más de 12.000 compañías que se han adherido de forma voluntaria a Ecoembes; que tenemos acuerdos suscritos con
más de 7.000 ayuntamientos, y por supuesto con las diecisiete comunidades autónomas y con las dos ciudades autónomas, que permiten que el 98,5 por ciento de la población española tenga acceso hoy en día a la recogida selectiva. En términos
económicos, los compromisos con las entidades locales en el año 2011 ascienden a 400 millones de euros, que Ecoembes va a transferir a las administraciones locales. En cuanto a los resultados, tengo que decir que en el año 2010, desde Ecoembes y a
través de los convenios que hemos firmado con las entidades locales, hemos reciclado el 66 por ciento de los envases que tenemos adheridos al sistema. Este 66 por ciento -en términos coloquiales, de cada tres envases, en dos garantizamos su
reciclaje- significa que está 11 puntos por encima de lo que pide la Directiva 2004/12 y la propia Ley de envases, actualizada como consecuencia de esta nueva directiva.



Otro aspecto importante como labor de Ecoembes son los planes de prevención. En este momento tenemos 2.400 compañías dentro del sistema que están adheridas a los planes de prevención de Ecoembes, lo que supone tener que implantar medidas
adicionales, además de contribuir económicamente al sistema para tratar de reducir el peso de los envases que se ponen en el mercado y sobre todo elaborar medidas de codiseño que faciliten su posterior reciclado. Nuestros datos son que en los dos
últimos años, y a través de estos planes, las empresas que están adheridas han ahorrado 100.000 toneladas de materias primas, es decir, hemos dejado de poner en el mercado y por tanto hemos dejado de tener residuos por ese importe. Considero que es
una cifra importante. Por todo ello, yo diría que los datos constatan que Ecoembes ha sido una solución en su momento planteada de éxito. Por cierto, solución que es la que está vigente actualmente en todos los países de Europa.



En cuanto al proyecto de ley, tengo que decir en líneas generales que la valoración que hacemos desde Ecoembes es positiva. Es una reforma ambiciosa y, por otra parte, necesaria. Es fiel al espíritu de la Directiva de Residuos. En algunos
de sus artículos supone sin duda alguna un avance importante en políticas medioambientales, contribuye a la armonización de los países miembros y ratifica el modelo de gestión de residuos que Ecoembes viene aplicando desde hace catorce años. No
obstante, y este el motivo de la comparecencia, sí percibimos riesgos que queremos poner de manifiesto en esta comparecencia. En primer lugar, cambia de raíz el régimen jurídico de los sistemas colectivos. En segundo lugar, permite a las
comunidades autónomas limitar el traslado de residuos en su territorio. En tercer lugar, establece un complejo sistema de autorizaciones para la gestión de los residuos en las distintas comunidades autónomas. Por último, habilita la posibilidad de
imponer sistemas de depósito, devolución y retorno que, como luego veremos en detalle, tiene sus dificultades.



En primer lugar, el artículo 31.3 cambia de raíz el régimen jurídico de los sistemas colectivos, en el sentido de que el modelo de gestión requiere que se conviertan en asociaciones. Este cambio obligaría a Ecoembes a tener que renegociar
desde cero con prácticamente 12.500 compañías que tenemos adheridas al sistema, en unas condiciones evidentemente distintas. Como consecuencia del nuevo sistema, del nuevo cambio de la figura jurídica, tendríamos también que renegociar todos los
convenios que tenemos con todas las comunidades autónomas y con todos los ayuntamientos, con lo cual es evidente que por delante habría un trabajo cuyo resultado podríamos desconocer. De consumarse este nuevo modelo jurídico pensábamos que íbamos a
encontrarnos con uno que sería menos transparente, más difícil de controlar, porque a diferencia de las sociedades y entidades mercantiles, en general, que están sometidas a controles muy exhaustivos en materia de cuentas y auditoría y control
patrimonial, en el otro apenas sí hay controles. Se busca otra vez una mayor participación, pero el hecho de que el régimen jurídico que se contempla en el proyecto de ley establezca una representación proporcional a su cuota de mercado haría -y lo
puedo garantizar en el caso de Ecoembes- que cuarenta grandes empresas ostentasen el 51 por ciento de la participación económica en el sistema, es decir, cuarenta grandes empresas podrían dominar perfectamente la asociación, frente a 12.200 o 12.500
compañías. En


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conclusión, hoy tenemos un sistema transparente, que ha demostrado que es una fórmula correcta de éxito y, sin embargo, dentro de dos años no sabemos exactamente lo que tendremos. Por otra parte, la directiva no exige en absoluto este
cambio de régimen jurídico, por tanto, es un tema que depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno y queremos poner sobre la mesa los problemas que entendemos que pueden aparecer con este articulado.



El artículo 24.2 permite a las comunidades autónomas limitar el traslado de residuos en su territorio. En materia de traslado de residuos la directiva marco establece un mercado único europeo y España no debe establecer un mercado para
comunidad autónoma, porque iría absolutamente en contra de lo escrito en la directiva. La normativa comunitaria permite el traslado de residuos, a excepción de aquellos que vayan a eliminación, es decir, que vayan a vertido o a incineración. Por
tanto, las comunidades pueden limitar la entrada de ese tipo de residuos, pero no pueden limitar, desde nuestro punto de vista, la salida de residuos que vayan a ser reciclados. Además, esto vulnera el derecho a la libre circulación de mercancías.
Por tanto, desde nuestro punto de vista, concluimos que el artículo 24.2 debe fomentar la armonización del mercado interno y supeditar cualquier limitación que se quiera imponer desde una comunidad autónoma a que se cumplan los elementos que tiene
contemplados el reglamento 1013/2006 de la Unión Europea.



El tercer punto sería el artículo 31.3, que establece un complejo sistema de autorizaciones para la gestión de los residuos en las distintas comunidades autónomas. Se exige a los sistemas colectivos solicitar una doble autorización ante la
comunidad autónoma en la que el SIG tiene su sede social y, en segundo lugar, ante todas y cada una del resto de comunidades y ciudades autónomas. Este sistema que se prevé en el proyecto de ley lo que hace es duplicar los esfuerzos y añadir una
complicación adicional al sistema que ya teníamos establecido por la Ley de envases. Es más, según nuestro conocimiento, la Comisión Nacional de la Competencia ha recomendado al ministerio el establecimiento de una autorización única. Desde
Ecoembes pudiera ser un deseo tener ese tipo de autorizaciones únicas, porque simplificaría muchísimo al trabajo a nivel nacional, pero entendemos también que hay unas competencias que están transferidas, que las tiene cada comunidad autónoma y, por
tanto, nosotros no vamos a entrar en si es mejor la autorización única o la de cada una de las comunidades. Sea la que fuere, no queremos que el proceso que tenemos actualmente pueda complicarse de forma importante.



El artículo 20.2 habilita la posibilidad de imponer sistemas de depósito, devolución y retorno. El sistema de retorno, según la información que tenemos, parte de una premisa falsa. Se habla, se dice y se escribe que España solo recupera el
30 por ciento de los envases de bebidas. Puedo garantizar que esos envases de bebidas -tenemos datos auditados- adheridos a Ecoembes -seguro que Ecovidrio puede decir lo mismo- se están reciclando en un porcentaje que está en torno al 70 por
ciento. Abordar un sistema de retorno de envases no deja de ser una solución parcial de los compromisos que tienen las empresas para asumir la gestión de sus residuos, porque envases de bebidas, además de en PET, metálicos, de acero o aluminio, los
hay en bricks. Entendemos que la solución de Ecoembes, envases ligeros más papel y cartón, es la solución completa a los problemas de gestión de residuos de los envases de bebidas. El sistema de devolución y retorno pretende alcanzar un porcentaje
de reciclado que algunos estiman en torno al 80 o al 90 por ciento; de cualquier manera, hablamos de pasar de un 70 a un 80 o a un 90 por ciento, pero si hablamos en términos globales de todos los envases que se ponen en el mercado, lo estamos
haciendo de crecer 1 punto, como máximo 2, en el actual nivel de reciclado. Sin embargo, puedo garantizar que los costes de este sistema son muy elevados. Estamos pensando en un país que tiene 250.000 puntos de venta y habrá que habilitar algún
sistema para que los ciudadanos puedan llevar a cabo el retorno de esos envases.
Cuando hablamos de un hiper, a lo mejor es posible y factible ubicar una serie de máquinas, pero cuando hablamos de tiendas tradicionales no lo es, con lo cual es
evidente también que de cara al comercio tradicional esta medida puede ser muy perjudicial. En segundo lugar, estamos obligando a los ciudadanos a hacer un pago suplementario y además un esfuerzo adicional en el hogar, puesto que ya no hay que
tener solo la bolsa amarilla, la bolsa de los envases ligeros, sino que hay que tener otra distinta para aquellos envases que estén sujetos a retorno. Y por último, estamos duplicando un sistema de gestión y por tanto un sistema de transporte y
seguramente estaremos duplicando en parte las emisiones de CO2.



En conclusión, Ecoembes considera que hoy no se dan las circunstancias técnicas, económicas y medioambientales que hagan estudiar la introducción de este nuevo sistema de gestión parcial -insisto- de los envases de otro país.



Para acabar, ¿qué espera Ecoembes? Que se sepa que apoyamos la ley. Es una obligación que tenemos como país miembro. Tenemos que trasponer la directiva correspondiente, pero la incorporación de una serie de medidas de transparencia en la
gestión de residuos pretendida nos preocupa. En primer lugar, no consideramos que sea necesario un cambio en el régimen jurídico de los gestores de residuos, en particular los sistemas integrados de gestión. Sinceramente, una fragmentación en el
mercado de residuos podría generar ineficiencias muy importantes en el sistema. En segundo lugar, esperamos que no se incremente el grado de complejidad administrativa en la concesión de autorizaciones. Y, por último, el sistema de depósito debe
ser voluntario, teniendo en cuenta que haya estudios que sean obligatorios de viabilidad económica y ambiental y que se garantice el correcto funcionamiento del mercado.



Muchas gracias.



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El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Gracias, señor Ordóñez, por su información en nombre de Ecoembes.



- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ECOVIDRIO (PUIG DE LA BELLACASA ALBEROLA).
(Número de expediente 219/000771.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): En nombre de Ecovidrio, su director general, el señor Puig de la Bellacasa, tiene la palabra.



El señor DIRECTOR GENERAL DE ECOVIDRIO (Puig de la Bellacasa Alberola): Quiero expresar el agradecimiento de Ecovidrio por permitirnos exponer ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso nuestras opiniones con respecto al proyecto de
ley de residuos y suelos contaminados.



Somos un sistema de gestión que se dedica exclusivamente a la gestión de los residuos de envases de vidrio desde 1997, año en que la Ley de envases y residuos de envases entra en vigor. Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro gestionada
desde ese año, aunque realmente el nacimiento de la entidad data de 1995. Están integrados en ella todos los envasadores que utilizan envases de vidrio para comercializar sus productos, bien directamente a través de Ecovidrio -2.600 empresas están
adheridas directamente-, bien a través de Ecoembes, que también aporta sus fondos para la gestión de los residuos de envases de vidrio. En estos momentos nuestra financiación proviene fundamentalmente del llamado punto verde y está en torno a un
céntimo de euro por envase puesto en el mercado. No llega a un céntimo, es algo menos, pero esa unidad de medida -0,8 céntimos- no existe. Las 2.600 empresas que están directamente adheridas a Ecovidrio son fundamentalmente de los sectores
elaboradores de cerveza, vino, bebidas espirituosas y sidra. Otros sectores que utilizan ese material para envasado están dentro de Ecoembes y forman parte del sistema integrado de gestión en su conjunto. Prácticamente el 99 por ciento de las
empresas españolas que utilizan envases de vidrio para la comercialización de sus productos están adheridas al sistema integrado de gestión a través de uno u otro sistema. Estamos hablando de 1.506.000 toneladas puestas en el mercado en el año 2010
que suponen aproximadamente unos ingresos de 44,7 millones de euros provenientes del punto verde. Esas 1.506.000 toneladas representan entre 5.500 y 6.000 millones de unidades de envases de vidrio puestos en el mercado anualmente.



Desde el año 1998 en que Ecovidrio viene trabajando, el crecimiento de la recogida selectiva ha sido de un 170 por ciento. Se ha retirado un total de casi 6,5 millones de toneladas y el crecimiento ha sido continuado a lo largo de los años.
Ese crecimiento se ha visto algo frenado en los últimos años a raíz de la crisis económica fundamentalmente por una bajada del consumo. Concretamente, en el año 2010 disminuyó el consumo de envases de vidrio puestos en el mercado en 90.000
toneladas, mientras que la recogida se mantuvo con un crecimiento de 60.000 toneladas; es decir, hay un desfase porque ha caído más el consumo que la recogida y el mantenimiento.



Durante todos estos años se han ido poniendo todas las infraestructuras necesarias para que el ciudadano y los industriales de hostelería y restauración que utilizan envases de vidrio para su actividad comercial puedan llevar los residuos a
los contenedores. En estos momentos hay 171.400 contenedores en toda España y eso supone un contenedor por cada 274 habitantes. Prácticamente abarcamos todo el territorio de España y en el último año la inversión en contenedores fue
aproximadamente de 4.600.000 euros. Por tanto, hay una continuada acción de facilitación de la gestión para los ciudadanos. Desde ese punto de vista consideramos que es un modelo eficaz que ha funcionado bien a lo largo de todos estos años. Es un
modelo completo que recoge todos los envases de vidrio y los gestiona en su cadena completa de reciclado, como ahora expondré brevemente. Nuestra misión es fundamentalmente facilitar la interconexión de las administraciones públicas, que son las
responsables de la gestión de los residuos, los ciudadanos y las empresas que están obligadas a gestionar los residuos de los envases que ponen en el mercado. Tenemos 178 convenios de colaboración: los llamados convenios marco con todas las
comunidades autónomas -con cada una de las diecisiete comunidades autónomas y con las dos ciudades autónomas- y, además, hay convenios con el resto de entidades locales: diputaciones, mancomunidades, consorcios, consejos comarcales, cabildos
insulares o ayuntamientos directamente. Se recogen en más de 8.000 ayuntamientos, prácticamente en todos los ayuntamientos de España -hay más de 8.100 ayuntamientos en España- y estamos prácticamente en todos; hay contendores en la práctica
totalidad del territorio español. Por eso consideramos que es un referente, que es un modelo eficaz y fiable. Esta es la cadena de reciclado, que es lo que decía antes que incluimos en su totalidad, es decir, gestionamos desde que el consumidor
consume un producto, y por tanto genera un residuo, hasta que lo lleva al contendor, y esa cadena, que es un circuito cerrado, permite que cada envase de vidrio vuelva a ser reciclado y vuelva a ser fabricado, ya que todos los envases de vidrio que
hoy se ponen en el mercado contienen -depende del color de cada uno de los materiales- no menos de un 50 por ciento de material reciclado. Así pues, se trata de un modelo que está funcionando. Por cierto, el lunes hay una invitación a todos los
miembros de la Comisión para visitar una planta de reciclado. Lo apunto ya que estaremos encantados de recibir a todos aquellos que puedan venir a ver la planta de reciclado y el modelo directamente en funcionamiento.



Una vez dicho esto y situado el planteamiento de Ecovidrio en el ámbito de las realidades después de trece años de funcionamiento, vamos a plantear cuáles son


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nuestras propuestas de enmienda -por así decirlo- al proyecto de ley.
Consideramos que el proyecto de ley está bien estructurado y tiene una necesidad evidente de, primero, trasponer la directiva, y luego, de modificar algunas cuestiones
que posiblemente han sido disfunciones a lo largo de los años en el modelo de funcionamiento. En nuestra opinión podemos aportar aspectos positivos para la mejora de esa ley. Una de las cuestiones que nos preocupa está concretamente en el artículo
3.b), que se refiere a que se distinga demasiado o estrictamente entre residuos de consumo doméstico y los llamados residuos comerciales o que se generan en el ámbito de la hostelería y la restauración. Todos sabemos que una botella de vino que
consumimos en casa es igual a la que consumimos en el restaurante. Por lo tanto la diferenciación que pudiera producirse en caso de que unos se considerasen comerciales y salieran del circuito de las entidades locales, como responsables de la
gestión de los residuos, podría hacer que disminuyera la tasa de reciclado, porque no todos los más de 300.000 locales de hostelería y restauración que hay en España van a llevar el residuo al contenedor que hay en la calle, sino que tienen que
buscar circuitos alternativos, y seguramente terminaríamos con parte de los residuos de envases de vidrio incrementándose en la basura urbana.
Creemos que esto generaría confusión en el ciudadano y supondría un incremento de los impropios, es
decir, de los materiales no propios del sistema en los contendores, además de una disminución de los ingresos del sistema, puesto que diferenciar esos envases para dos circuitos distintos y con códigos de barras distintos generaría una confusión que
no debería producirse. Por tanto abogamos por que, al igual que dice la ley, los residuos de envases de vidrio que se consumen en la hostelería sean asimilables a los domésticos.



Otra cuestión que evidentemente nos preocupa es la obligatoriedad aparente del sistema de depósito, devolución y retorno frente al sistema integrado de gestión. En estos momentos en el caso del vidrio se está en un 60-62 por ciento de tasa
de reciclado. Realmente la aportación que pudiera suponer un sistema de depósito, devolución y retorno no iría más allá de otros 10 puntos porcentuales. Creemos que no está justificado, y en esta pequeña exposición lo presento. Si hoy estamos
pagando como ciudadanos, como consumidores un euro por el punto verde para que se recicle, si tal y como se está planteando en estos momentos el depósito aumentase a 25 céntimos, estaríamos multiplicando por 25 lo que cada ciudadano tenemos que
poner en el momento que compremos una botella directamente. Es verdad que se nos plantea que cuando vayamos a devolverlo se nos retorne ese dinero, pero de momento hemos pagado por un pack de seis botellas de un refresco un euro y medio más de lo
que estamos pagando ahora, por lo que deberemos calibrar los sistemas en el modelo. Hoy un contenedor de vidrio cuesta alrededor de 570 euros; si estamos hablando de más de 150.000 euros me parece que es un coste que debemos valorar. Cualquier
modelo de este tipo creo que no debe distorsionar lo que ya está funcionando adecuadamente. No quiero aburrirles mucho más.



En cuanto a la gestión de residuos en el marco de la responsabilidad ampliada del productor se plantea lo que hace un momento se decía: cuál es el modelo jurídico más adecuado para una entidad. Nosotros somos una entidad asociativa,
funcionamos adecuadamente así, presentamos la documentación pertinente a las administraciones públicas anualmente, e incluso -aunque no tengamos obligación- estamos presentando en el Registro Mercantil las cuentas anuales. Por tanto creemos que
puede ser perfectamente posible la existencia dos modelos jurídicos, que dependerá de la decisión de los empresarios que quieran cumplir con la ley.



Hay alguna otra cuestión como la de los sistemas colectivos. Creemos que la disposición derogatoria de la ley de envases debería contemplar un periodo transitorio, no ser automática, sino aplicarse con periodo transitorio, igual que otras
disposiciones que se prevé que van a ser derogadas por esta ley, aunque preferiríamos que se mantuviese como ley, pero esto ya son cuestiones más jurídicas. No obstante les pido a los miembros de la Comisión y al Congreso en su conjunto que lo
valore adecuadamente y que reflexione sobre ello porque puede tener consecuencias importantes sobre los modelos de gestión en los que estamos trabajando.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Muchas gracias, señor Puig de la Bellacasa, y a la Asociación Ecovidrio a la que representa como director general; gracias por sus interesantes aportaciones.



- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LÁMPARAS, AMBILAMP (ENRIQUE MORENO). (Número de expediente 219/000772.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Ahora es el momento para que nos informe don Juan Carlos Enrique Moreno, director general de la Asociación para el Reciclaje de Lámparas, Ambilamp.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LÁMPARAS, AMBILAMP (Enrique Moreno): Señorías, quiero agradecer en nombre de Ambilamp la invitación a realizar esta comparecencia, y la oportunidad que ello representa para
poder aportar a la nueva ley de residuos y suelos contaminados la experiencia de más de cinco años de nuestra organización. Ambilamp es una asociación española sin ánimo de lucro creada por las principales empresas de iluminación, que tiene como
fundamento la creación y puesta en funcionamiento de un sistema integrado de gestión especializado para la recogida y tratamiento de los residuos de lámparas. Por aquello de las confusiones con las lámparas aclaro que las lámparas son las fuentes
de luz, es decir, los tubos fluorescentes,


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las bombillas de ahorro de energía, las bombillas de alumbrado público, de los estadios, etcétera.



Nuestra actividad es exclusiva para lámparas debido a la alta especificidad de estos residuos, tanto por su forma y fragilidad como por sus necesidades muy diferenciadas de recogida y reciclado. Contamos en la actualidad con 131 productores
que representan más del 90 por ciento del mercado de fuentes de luz en España. Los fundadores de Ambilamp, Philips, Osram, General Electric y Sylvania pertenecen al ELC, European Lamp Companies Federation, y han constituido sistemas similares en el
resto de países europeos. Actualmente hemos sido reconocidos como el sistema de gestión de lámparas de referencia en Europa, tanto por los más de 19.000 puntos de recogida ya instalados en nuestro país -que esperamos hacer crecer hasta los 40.000
en los próximos tres años-, como por la cercanía y buen servicio a los distribuidores y usuarios.



El proyecto de ley de residuos incorpora en nuestra opinión claros avances para la organización y la gestión de los residuos. Avanza en la definición de la universalidad del servicio de recogida para todos los ciudadanos. También avanza en
la muy necesaria coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente. Igualmente lo hace la asociación al definir un modelo organizativo para los sistemas colectivos de gestión de residuos, que asegura por su carácter
participativo la propiedad y control de estos sistemas por aquellos productores que realmente constituyen el mercado, y elimina la posibilidad de que algunos advenedizos utilicen los sistemas integrados de gestión para fines que según nuestra
opinión son ilegítimos.



A pesar de estos avances existen elementos fundamentales a modo de principios básicos que creemos deben incorporarse o adaptarse en la nueva ley para poder dotar de la base jurídica adecuada al desarrollo del reciclado en España, y que desde
Ambilamp exponemos hoy al criterio de sus señorías. El primero es la incorporación de la necesidad de realizar auditorías a los productores sobre sus declaraciones de cantidad de producto puesto en el mercado. Actualmente, no existiendo regulación
ni exigencia oficial al respecto, solo el sistema integrado de gestión, futuro sistema colectivo de gestión de residuos, es responsable bajo su propio criterio de exigir o no estas auditorías, y no ejerciéndose control administrativo alguno sobre
ello. Esta situación deja la puerta abierta a aquellos productores que pudieran ver en el reciclado la oportunidad de hacer negocio fácil al declarar menos cantidad de producto del que realmente han puesto en el mercado, amparándose en sistemas
colectivos de gestión que no realicen estas auditorías o no lo hagan adecuadamente. Esto, además de ser un fraude al ciudadano, conlleva la posibilidad de prácticas anticompetitivas en el mercado. Si tomamos el ejemplo de un productor que haya
puesto en el mercado cien y solamente declare cincuenta, pagará al sistema integrado de gestión por esos cincuenta, y sin embargo habrá cobrado del ciudadano por parte de las cien. Con esas otras cincuenta que no ha declarado puede hacer varias
cosas: primero, guardárselas en su cuenta de resultados, y segundo, hacer actuaciones competitivas bajando precios ilegítimamente e ilegalmente.



El segundo elemento es la importancia de concretar en la ley la obligación de construir garantías económicas para la financiación del residuo futuro para aquellos productos que tienen una larga vida promedio de uso, y consecuentemente se han
de incorporar los criterios básicos para calcularlas. Cuando ponemos una bombilla en el mercado o cuando ponemos una televisión o una nevera en el mercado -que son productos que van a tener una larga vida, seis, ocho o diez años de vida- el FIC que
está pagando el ciudadano se dedica a dos conceptos totalmente diferentes. La primera parte se dedica a financiar el sistema integrado de gestión, los gastos operativos que tiene ese año. La segunda, debe crear una provisión para que cuando ese
producto genere -dentro de seis, ocho o diez años- un residuo, haya una garantía económica que ampare que, haya quebrado o no el productor que la puso en su momento en el mercado, va a tener dinero para ser recogido y reciclado. Esto es lo que dice
actualmente la ley y esto es lo que debería pasar. En el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos está ya recogida, tanto en la directiva europea como en el real decreto que lo regula, la obligación de generar esta garantía, bien
dejando el dinero depositado en el sistema integrado de gestión, bien en una cuenta bloqueada de un productor o bien por un seguro. Sin embargo lo que actualmente está ocurriendo es que las administraciones no están cumpliendo con su obligación
legal de exigir a los productores o a los sistemas integrados de gestión el cálculo y forma de cumplir con las garantías de financiación de residuo futuro.



Voy a poner dos ejemplos, el de una comunidad autónoma grande A y el de una comunidad autónoma de tamaño medio B, que son dos ejemplos reales.
Según el cálculo realizado por una consultora externa para Ambilamp, en esta comunidad autónoma
grande A la garantía debería ser -para tener una garantía adecuada para la gestión del residuo futuro en el caso de Ambilamp- de 10 millones de euros. La realidad es que nos han solicitado y nos están solicitado un aval por 18.000 euros, que no
cubre ni una quinientava parte -si es que se dice así- de la necesidad de garantías.
Si tomamos la comunidad autónoma mediana B, la realidad es que este auditor nos dice que deberíamos tener en torno a 2 millones de euros, y sin embargo el aval que
nos han solicitado es de 25.000 euros. En este caso hay cien veces menos de lo que realmente se necesitaría aproximadamente. Además llama la atención que la gran comunidad, que tiene mucha más garantía que cubrir, nos pide 18.000 euros y la
pequeña nos pide 25.000, lo que denota que no hay un criterio de cálculo en absoluto para este tema de avales.



Esta situación crea una inseguridad económica para la financiación del residuo futuro, ya que pueden existir muchos productores o sistemas colectivos de gestión que


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ante la falta de exigencia y control no crean las provisiones adecuadas, dándose el caso del llamado residuo huérfano, que es el residuo que en caso de quiebra de un productor ni el propio productor ni el sistema colectivo de gestión de
residuos ni la Administración tendrán responsabilidad ni fondos para financiar la gestión del reciclado de los residuos generados. En nuestra opinión es una oportunidad irrepetible para incorporar en la ley este principio básico, ya que además de
enviar un claro mensaje para su cumplimiento, tanto a las administraciones como a productores y sistemas colectivos de gestión, homogeneiza los criterios ya incorporados a este respecto por distintas regulaciones, como es el caso de los neumáticos
usados o los propios aparatos eléctricos y electrónicos.



El tercer elemento es la importancia de incorporar la visibilidad del coste que los productores aportan al sistema colectivo de gestión de residuos en toda la cadena, es decir, desde el productor hasta el consumidor final. Esta visibilidad
garantiza la máxima transparencia y trazabilidad en el control y seguimiento de la financiación de la gestión del residuo, fomenta tanto una compra como una venta responsable, informando al ciudadano e involucrando al distribuidor en el cumplimiento
de sus obligaciones en la gestión de residuos. Este aspecto es fundamental en países del sur de Europa como Francia, Italia o España, donde ni las estructuras de recogida de residuos ni el conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y
obligaciones para el reciclado están aún totalmente desarrollados ni asumidos. Además permite a las administraciones y a los sistemas colectivos de gestión la detección y control de productores fraudulentos que, o bien no incorporan el coste de
reciclado, o que cobrándolo no lo destinan a su objetivo.



El cuarto elemento está relacionado con la figura jurídica del sistema de gestión de residuos. Por una parte, entendemos que es necesario aclarar la necesidad de una única persona jurídica como fundamento organizativo de los sistemas
colectivos de gestión, ya que actualmente en el proyecto de ley queda confuso si han de generarse dos personas jurídicas o solo una. Y por otra, entendemos la necesidad de dejar libertad al productor para participar o no en la gestión operativa de
la organización, lo que permitirá una gobernabilidad de la entidad más ejecutiva y dinámica sin perder su naturaleza participativa. Podemos poner un ejemplo. Desde luego el ejemplo de Ecoembes con 12.000 empresas es mucho más claro que el ejemplo
de Ambilamp con 131 empresas. En cualquiera caso sabemos, por ejemplo, que de las 131 empresas de Ambilamp no todas están en condiciones ni tienen interés en participar en la gestión operativa, puede haber 20 ó 30 que tengan interés. Por eso
defendemos que tengan el derecho de participar, pero no la obligación de hacerlo. Esto no acabamos de verlo positivo ni para ellos ni para el control y gestión de la propia asociación.



Para precisar todos estos elementos hemos elaborado un documento de propuesta de seis enmiendas, que hemos enviado a sus grupos parlamentarios y que también hemos entregado para su consideración en este acto, y sobre las que será un placer
atender cualquier duda o aclaración que consideren necesaria.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Muchas gracias, señor Enrique por su aportación y sus interesantes informaciones en nombre de Ambilamp.
Efectivamente supongo que luego habrá más solicitud de ampliación de información, aparte de
que en la Comisión estamos abiertos a que envíen cuantos documentos estimen oportunos. Quiero agradecerles al mismo tiempo a todos el esfuerzo de síntesis, de decir en pocos minutos lo mucho que quieren expresar.



- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE AMETIC (PÉREZ GARCÍA). (Número de expediente 219/000773.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Ahora es el turno del señor Pérez García, director general de Ametic.



El señor DIRECTOR GENERAL DE AMETIC (Pérez García): Señorías, muchas gracias por la invitación a Ametic. La verdad es que esto de ser el último siempre facilita mucho las cosas, seguro que ni consumo los diez minutos porque muchos de los
argumentos que les iba a plantear ya han sido en alguna medida planteados por mis compañeros y las personas que me han precedido en el uso de la palabra en esta mesa. No obstante sí dedicaré unos segundos a introducir qué representamos y cuál es
nuestra actividad en el ámbito del reciclaje, para posteriormente citar también muy brevemente aquellos puntos que nos preocupan del proyecto de ley que estamos comentando.



En primer lugar, Ametic es una asociación de empresas del sector TIC, tanto de empresas productoras, fabricantes, como de empresas de servicios en general, pero que viene de la fusión de Asimelec y Aetic. Asimelec fue una asociación
inspiradora en su día y promotora de cuatro sistemas integrados de gestión, tres dedicados a productos y uno dedicado a pilas y baterías. Los de productos -y los cito para conocer nuestra actividad y la mecánica en el ámbito del reciclaje- son
básicamente los llamados RAEE de la categoría de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos de todas las categorías previstos por la directiva, salvo en el ámbito de lámparas y luminarias. El resto de los productos están asumidos por Ecofimática,
que es una fundación, un sistema integrado bajo la fórmula jurídica de fundación, que se dedica al reciclaje de equipos ofimáticos, de equipos de copiadoras e impresoras. También tenemos el Tragamóvil, que seguramente les sonará porque es un
sistema que fue pionero, que se constituyó en el año 2001, hace diez años, con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa que traspone la directiva de RAEE a nuestro país. Y en tercer lugar, Ecoasimelec que es un sistema que


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acoge, como digo, el resto de los productos indicados en la directiva, lo cual nos da una visión muy amplia de la complejidad y la heterogeneidad que supone crear diversos sistemas logísticos y operativos y dos sistemas de reciclaje, dada la
gran variedad de productos, desde un simple ordenador a un escáner de electromedicina que requiere toda una labor de instalación, transporte específico, etcétera. También tengo que citar como uno de los sistemas que hemos creado el sistema
ecopilas, que es el único sistema dedicado a la recogida y reciclaje de pilas y baterías en nuestro país, con más de 500 empresas adheridas y 10.000 puntos de recogida de pilas y baterías en todo el territorio español.



Esta es la fotografía de lo que hacemos, fotografía que quiero enfatizar porque creo que a lo largo de las exposiciones hemos venido defendiendo, dentro de los sistemas que aquí hemos referido, una idea básica y es la eficacia. Estamos
siendo eficaces en la recogida de residuos y estamos siendo eficaces en el tratamiento. El objetivo de cuatro kilos por habitante y año que prevé la directiva se ha conseguido ya. Y en materia de pilas en dos años hemos logrado establecer un nivel
de recogida del 29 por ciento como media nacional -en algunas comunidades autónomas como Asturias y Extremadura llegamos al 44 por ciento- de la recogida de las pilas y baterías que se ponen en el mercado español en un plazo de dos años, cuando la
ley nos obligaba o establecía como objetivo -trasponiendo la directiva europea- el 25 por ciento. Es un objetivo que se ha superado, con lo cual tanto por mis colegas anteriores como por mi parte creo que hemos hablado de un modelo de eficacia. Es
por ello por lo que nos preocupa que la introducción de modificaciones en la ley pueda afectar a ese modelo de eficacia.



¿Cuáles son aquellos puntos que nos preocupan de la ley y que, insisto, creemos que pueden afectarnos? En primer lugar, ya se han citado por el representante de Ecoembes prácticamente los tres puntos a los cuales me voy a referir. Por
ello, y dado que también en un documento de la CEOE que inspiramos desde Ametic se ha remitido a sus señorías nuestra posición en la materia, no voy a insistir mucho en la argumentación jurídica y en la base legal, pero sí nos preocupa el artículo
31.1 relativo a la forma jurídica de los sistemas. Como se ha dicho aquí no estamos en contra de las asociaciones, somos una asociación que hemos promovido sistemas integrados de gestión, pero sí nos preocupa que sea la fórmula jurídica exclusiva,
lo cual nos obligaría a las fundaciones a tener que cambiar el modelo jurídico sin que veamos razón para ello. Se ha comentado en el caso de Ecoembes que existen 12.000 empresas, en nuestro caso 500 empresas en Ecopilas y no todas están interesadas
-como decía mi compañero Juan Carlos- en participar en la vida activa. Y sobre lo de establecer cuotas de mercado, ¿de qué cuota de mercado estamos hablando? ¿Unidades? ¿Facturación? Yo les puedo hablar de una empresa que tiene el 2 por ciento
del mercado de copiadoras en España, pero es la que más toneladas mueve porque sus equipos pesan mucho más que el resto porque se dedica a grandes volúmenes y a grandes copias. ¿De qué cuota de mercado estamos hablando? Cuando hablamos de
reciclaje hablamos de kilos, no hablamos de unidades, no hablamos de facturación. Estos son aspectos en los que hay que tener cuidado, y cuando menos deben ser objeto de reflexión en el debate parlamentario a la hora de fijar esa regulación.

Insisto en que hablar también de la cuota de mercado que se debe hacer pública para manifestar una participación en el gobierno de la asociación cuando menos nos parece exagerado porque, por una parte, puede vulnerar el principio de intimidad
mercantil -no se puede hacer pública la cuota de mercado de una empresa, salvo que ella lo desee-, y por otra, también alteraría el sistema de funcionamiento de mayorías de las asambleas que prevé la propia Ley de asociaciones. Simplemente lo
citamos y lo dejamos ahí para su reflexión porque está adecuadamente recogido y justificado en la propuesta de enmiendas que hemos remitido a través de la ACD a sus señorías.



Respecto al segundo punto, el régimen de autorización de los sistemas, como también se ha dicho, ahora hemos solicitado y obtenido autorización, porque cuando iniciamos nuestra actividad simultáneamente acudimos a todas las comunidades
autónomas a pedir autorización. Ahora se pretende que se pida la del domicilio social, y a partir de ahí, hasta que no se consigue esta no se pueden pedir las demás, lo cual paralizaría totalmente la actividad. Nos parece que sería un error que no
facilita ni simplifica la tarea administrativa de autorización, tal y como dice la memoria explicativa del ministerio que inspira el proyecto de ley; esto no simplifica nada; esto nos complica mucho.



En tercer lugar, el apartado 24.2, relativo al traslado de residuos del territorio español, también se ha comentado. No hay una sola referencia en el texto legal al reglamento comunitario que regula el traslado de residuos en Europa y que
establece esa eliminación de barreras, y aplica el principio -como no puede ser de otra forma- de libre circulación de mercancías, tanto a nivel comunitario como a nivel del territorio español. Estos son los tres puntos que sinceramente nos
preocupan, y si se quiere cambiar algo y se quiere introducir alguna cuestión -sin duda alguna, después de estos diez años de experiencia, hay aspectos mejorables en alguno de los sistemas-, nos permitimos citar también para reflexión de sus
señorías que en primer lugar se analicen bien los programas de titularidad del residuo. Mi compañero de Ambilamp hablaba de cierta picaresca. Claro que existe picaresca; claro que hay gente al pie de los puntos limpios tratando de llevarse el
residuo que tiene valor para aprovecharlo, y aquel que no puede reciclar lo tira en un vertedero.
Claro que existe picaresca, por tanto establezcamos medidas de vigilancia y control, regulemos bien esas medidas de régimen sancionador adecuado para
evitar ese tipo de comportamientos; regulemos bien la titularidad del residuo, y regulemos bien


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también la participación de otros agentes en el proceso, no solo de los productores. Señorías, podemos tener unas magníficas plantas -como tenemos- de tratamiento, podemos tener unos productores que financian los sistemas, pero si no hay
campañas de concienciación, si no hay una involucración y el usuario al final no deposita el resido donde debe, aquí no lograremos absolutamente nada. Son muchos agentes, no solo el productor, los que participan en el proceso: consumidores,
distribución, servicios técnicos, etcétera. Si realmente queremos mejorar el funcionamiento y los modelos de eficacia, pensemos en esos tres elementos de reflexión que someto al criterio de sus señorías.



Como conclusión permítanme decir que debemos ser cuidadosos con las medidas que tomamos respecto a lo que lleva funcionando con eficacia alrededor de diez años, y como decía aquel famoso refrán inglés, si algo no está roto, por qué
arreglarlo. Créanme que los sistemas integrados de gestión, al menos en la parte que me corresponde, como han podido comprobar por los datos de mis compañeros, no están rotos, sino que están funcionando eficazmente; seamos prudentes con las
medidas que tomamos al respeto.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Damos las gracias al señor Pérez García, que nos ha informado en nombre de Ametic. A continuación invito a las señoras y los señores comparecientes a que suban a la Mesa para escuchar las opiniones,
sugerencias y preguntas de los distintos grupos parlamentarios, y hacer así más ágil el debate entre los grupos y todos ustedes. Realizaremos las intervenciones de los grupos de menor a mayor.
¿Desea intervenir la señora Buenaventura, de
Iniciativa per Catalunya? (Asentimiento.) Cuando quiera tiene la palabra.



La señora BUENAVENTURA PUIG: Tal como decía el representante del Grupo Popular, nuestra intención era poderles escuchar, no entrar aquí en debate. Por mi parte me gustaría agradecer sus explicaciones, y decir que en mi caso concretamente
las dos primeras comparecencias casi no he podido escucharlas al tener que ausentarme. Evidentemente las leeré con muchísima atención y seguro que nos van a servir para la reflexión que tengamos que hacer de cara al trámite parlamentario de esta
ley, una ley importante, como es la de residuos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el señor Campuzano por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer a los seis comparecientes su presencia aquí esta mañana. Poco o mucho en los últimos días, los portavoces hemos podido mantener reuniones bilaterales con algunos de ustedes para conocer con
más detalle sus aproximaciones. La comparecencia de esta mañana da formalidad a ese proceso de diálogo bilateral y nos va a permitir a los grupos parlamentarios, de una manera muy apretada y con poco tiempo, tener una visión global de este proyecto
de ley desde el punto de vista de los distintos sectores que están afectados. En este sentido, les agradezco sus comparecencias, y en cuanto a aquellos con los que no hemos podido mantener ningún encuentro de carácter bilateral, si en las próximas
horas o días pudiésemos hacerlo, estamos absolutamente abiertos a ello por parte de Convergència i Unió.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): En nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor Floriano tiene la palabra.



El señor FLORIANO CORRALES: Solamente deseo agradecerles a todos los comparecientes la síntesis y la claridad con la que han expuesto los problemas que ellos ven a la ley. Esperamos que esta comparecencia sirva precisamente para que como
diputadas y diputados a los que nos corresponde legislar, tengamos la capacidad suficiente para que salga la ley que mejor responda a los deseos de los ciudadanos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Finalmente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Morán.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Tomamos nota de la práctica coincidencia sobre la pertinencia de afrontar este proceso de actualización de todo el marco legislativo en materia de residuos y también de suelos contaminados -en este trámite de
comparecencias estamos más centrados evidentemente en los residuos-. Dibujan ustedes, con el resto de comparecientes, un mundo muy complicado, amplio y diverso, y probablemente la información que nos trasladan cada uno de ustedes y quienes les
sucederán en el uso de la palabra a lo largo de esta jornada, aun cuando en algunos casos se trate de posiciones o visiones contrapuestas, nos permitirá, sobre el texto que nos ha remitido el ministerio a la Cámara, avanzar en aquellas mejoras que
se puedan incorporar al mismo.



Por mi parte, teniendo en cuenta que han desarrollado ustedes a lo largo de los últimos meses un trabajo considerable de evaluación de la propia ley, que han traducido en aportaciones que nos han ido haciendo llegar, quiero agradecerles lo
que es una etapa más de ese proceso que no concluye hoy. En ese sentido, el hecho de que haya habido un contacto estrecho entre la Cámara y todos los colectivos afectados, indudablemente, redundará en un mejor texto al final de todo este recorrido.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Finalmente, la palabra es de la señora y los señores comparecientes. Si tienen alguna matización o alguna idea que exponer, es el momento y pueden hacerlo ahora en el orden que ustedes deseen.



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El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LÁMPARAS, AMBILAMP (Enrique Moreno): Muchas gracias por darnos la oportunidad de esta comparecencia; para cualquier duda que pueda surgir en estos días derivada de las
aportaciones que hemos hecho o para cualquier otra cosa que puedan necesitar, estamos totalmente abiertos por nuestra parte.
Asimismo estamos encantados de ser oportunos, porque justamente este es un momento muy importante para los residuos en
España.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra la señora Rubio García.



La señora DIRECTORA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, AERESS (Rubio García): Simplemente reitero lo que ha comentado Juan Carlos. Estamos igualmente a su disposición para
ampliar cualquier información sobre lo que ya hemos expuesto.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor Barfull, ¿tiene algo que añadir?


El RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA DIRECTIVA-MARCO DE RESIDUOS DEL CLÚSTER CATALÀ DE LA RECUPERACIÓ I EL RECICLATGE, RECICAT (Barfull Salvador): No hay ninguna novedad respecto a lo que han dicho mis compañeros. Tienen por escrito lo que
hemos ido comentando y simplemente estoy a su disposición por si quieren una charla posterior o matizar alguno de los puntos que nosotros defendemos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Tiene la palabra el señor Pérez García por si quiere añadir alguna idea más o hacer alguna matización.



El señor DIRECTOR GENERAL DE AMETIC (Pérez García): No, muchas gracias, señor presidente. Me uno al agradecimiento de mis compañeros y a la puesta a disposición para ampliar cualquier dato que consideren oportuno sus señorías.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Esto se llama darle agilidad a la Comisión.



El señor Puig de la Bellacasa tiene la palabra por si quiere añadir alguna cosa.



El señor DIRECTOR GENERAL DE ECOVIDRIO (Puig de la Bellacasa Alberola): Les agradezco que nos hayan dado la oportunidad de comparecer ante la Comisión. No todos los días tenemos la oportunidad de presentar a los legisladores las ideas y
resultados de lo que estamos haciendo nosotros cotidianamente y simplemente quería insistir en ese agradecimiento.
Espero que lo que les hayamos proporcionado sea para que ustedes hagan las mejores aportaciones posibles con el fin de que el
proyecto de ley tenga toda la eficacia que debe tener y sirva en definitiva para los intereses que estamos deseando todos que cumpla, es decir, una mejor gestión de los residuos y una mayor sostenibilidad y conservación del medio ambiente, adecuada
a un país como España, importante dentro de la Unión Europea. Muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Gracias a usted, señor Puig de la Bellacasa, y gracias a Ecovidrio, a quien representa.



Finalmente tiene la palabra el señor Ordóñez, director general de Ecoembes.



El señor DIRECTOR GENERAL DE ECOEMBES, ECOEMBALAJES DE ESPAÑA, S.A.
(Ordóñez Sainz): La desventaja de ser el último es que me temo que voy a repetir lo mismo que han dicho mis compañeros de mesa, pero en definitiva quiero agradecerles el
tiempo que nos han dedicado -estoy seguro de que va a poder enriquecer su proceso de decisión- y por supuesto desde Ecoembes me brindo a que si algún grupo parlamentario en particular quiere tener una reunión con nosotros, estaremos encantados de
poder disipar algunas dudas, aportar más datos y en definitiva repito que se trata de que el proceso de decisión sea lo más ajustado a la realidad posible y, como todos buscamos el bien del medio ambiente, que en definitiva sea una ley con pleno
éxito. Muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Muchas gracias a las señoras y señores comparecientes. Seguro que sus opiniones e ideas serán de gran interés para los trabajos que tienen que desarrollar los grupos parlamentarios y en definitiva
para sacar una buena ley de residuos, la mejor posible. Por el momento, simplemente les agradecemos su presencia y suspendemos la Comisión por cinco minutos hasta que se incorporen los nuevos comparecientes. (Pausa.)


- DEL RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE CONTAMINACIÓN DE GREENPEACE (BAREA LUCHENA). (Número de expediente 219/000774.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Reanudamos la Comisión con la comparecencia de los señores Barea Luchena y Jiménez Beltrán. Don Lulio Barea es responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace y el señor Jiménez Beltrán,
presidente de la Associació Retorna. Les ruego que suban a ocupar su puesto en la mesa y nos informen sobre la materia que concurre en esta Comisión. Primero hablará don Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace. Tiene
la palabra por diez minutos.



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El RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE CONTAMINACIÓN DE GREENPEACE (Barea Luchena): Muchas gracias al presidente de la Mesa y también a los grupos parlamentarios que nos han propuesto para hablar sobre la ley de residuos y suelos contaminados.
Tengo que decir que las enmiendas que hemos presentado y que vamos a comentar aquí brevemente están propuestas no solo por Greenpeace, sino también por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Comisiones Obreras, y son las que hemos estado
defendiendo con los distintos grupos parlamentarios. Vamos a tratar seis enmiendas a la ley que nos parecen prioritarias, aunque dentro del texto que les hemos hecho llegar hay alguna más. Estas son las más importantes y prioritarias y, dado el
tiempo que tenemos, son las que debemos desarrollar.



Para empezar directamente con la materia, consideramos que la ley, que como sabemos es una ley que tendrá una vigencia mínima de diez, doce o quince años, debería tener unos objetivos más avanzados y progresistas en el sentido medioambiental
y también económico y de empleo, porque precisamente esta es una de las oportunidades que presenta. La primera enmienda, en cuanto a la jerarquía que nos marca la directiva marco, que es lo que vamos a trasponer con esta ley, se refiere a la
reducción y reutilización, que son dos aspectos cruciales y que a nuestro entender la ley no considera de forma suficientemente obligatoria. En este caso no hay objetivos vinculantes tanto de reducción como de reutilización y nosotros planteamos
estos objetivos, que deberían hacernos llegar en el año 2020 a un mínimo del 30 por ciento de reducción de generación de residuos y a un 50 por ciento de reutilización. Ese sería un óptimo que se podría estar estructurando en un 3 por ciento anual
de reducción y un 5 por ciento de reutilización. Es un tema crucial que habría que conseguir para empezar en el año 2012 a estabilizar esa generación, que como sabemos sigue aumentando.



Otro de los aspectos que nos preocupa mucho de la ley y que se podría solventar es la gestión o la separación de los biorresiduos o la materia orgánica. También es un punto crucial porque como sabrán sus señorías prácticamente la mitad de
nuestra bolsa de basura diaria -cada español genera aproximadamente 1,5 kilos de residuos- es materia orgánica, materia orgánica que se puede valorizar materialmente, sobre todo en un país como el nuestro donde un tercio de la superficie está en
grave riesgo de desertificación, es decir, de pérdida de suelo y de fertilidad.
Por ello decimos que precisamente aquí tenemos un valor que hay que aprovechar, que no se está haciendo y que además está perjudicando muy seriamente, tanto cuando se
arroja a un vertedero como cuando se está quemando. En este caso los objetivos que plantemos dentro de estas enmiendas son una recogida selectiva, separada y obligatoria -esto es importante y crucial y sabemos que las comunidades autónomas han
mostrado su rechazo a ello-: sería para el año 2016 un horizonte de recogida y separación obligatoria del 50 por ciento y para el año 2020, que es lo que está fijando la directiva, aumentaremos ese nivel al menos al 70 por ciento, con una revisión
en el año 2016 para lograr que haya por lo menos o incluso menos de un 10 por ciento de impropios dentro de esa materia orgánica. Es muy importante para tener una materia orgánica de calidad que se pueda utilizar para cualquier tipo de uso, tanto
para suelos forestales como para agricultura.



Otro tema que desgraciadamente también nos ha decepcionado bastante en esta ley ha sido el de las bolsas de un solo uso. Como saben, el anterior Plan nacional integrado de residuos fijaba unos objetivos más ambiciosos que los que marca
actualmente la ley. La ley fija ahora mismo hasta el año 2018 su sustitución total. Nos estamos alargando hasta el año 2018 y nosotros lo que pedimos es la eliminación en el año 2018, en vez de esta sustitución, porque si no estaríamos trasladando
el problema de unos materiales, como en este caso el plástico, a otros materiales o biomateriales, que tampoco son la solución. Además tengo que informar a la Comisión que desde hace escasamente dos semanas la propia Comisión Europea se está
planteando elaborar no saben si un reglamento o una norma -ya veremos lo que hacen- para de forma unilateral obligar a los Estados miembros a eliminar mucho antes del año 2018, afortunadamente, estas bolsas de un solo uso. No sabemos cómo va el
proceso, pero ahí esta, con lo cual nuestra ley quedaría obsoleta antes de salir.



Otro tema fundamental que la ley no contempla suficientemente -no estamos dentro de los niveles de recuperación y reciclaje, ya que estamos en este tercer escalón- es la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno.
Consideramos que son fundamentales -el representante de Retorna explicarán mucho mejor estos sistemas- y apoyamos plenamente este tipo de métodos para separar y sobre todo para recuperar materialmente envases.
En nuestro país, como saben, a pesar
de las cifras que nos hayan podido dar los SIG, podemos demostrar que esos datos son muy sesgados. En este caso, voy a pasar un poco por encima del SDDR, pero que sepan que Greenpeace y el resto de colectivos que he mencionado anteriormente
apoyamos completamente este sistema porque es viable en España y ya se está haciendo en otros países. No solo es viable ambientalmente, sino también económicamente y en la vertiente de empleo, pues se generan bastantes empleos.



Otro aspecto que nos preocupa y que ha sido retirado de la ley es la desincentivación de la incineración de residuos y el vertido de residuos en vertederos. Nos preocupa mucho porque estamos hablando de los últimos estadios que fija la
directiva marco y sin embargo es donde priman más las políticas para gestionar los residuos. Lo que pretendemos precisamente es que se eliminen estas soluciones finalistas progresivamente, y una de las opciones que hemos planteado es que se imponga
un canon para intentar disminuir estos tratamientos finalistas y que ese canon revierta en políticas de recuperación, reciclaje e implantación de sistemas de recogida puerta a puerta, como ya se está haciendo en más


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de cien municipios en toda España, no solo en Cataluña, sino también en las Islas Baleares o en Euskadi. Se está haciendo en muchos lugares con un éxito extraordinario. Se está recuperando materialmente y puedo dar datos de Tiana,
Argentona e incluso de Hernani: hasta el 90 por ciento de los residuos urbanos que se generan a diario en los domicilios, y únicamente tenemos un 10 por ciento de rechazo, que nada tiene que ver con el rechazo que estamos generando en otros
lugares, un rechazo que es completamente inerte y que de momento podría tratarse en algún tipo de instalación-vertedero, pero sin ningún tipo de implicación ambiental como tienen actualmente los vertederos.



Por último, que no menos importante, también exigimos que para las etiquetas y embalajes de papel-cartón exista una obligatoriedad de certificado forestal, una certificación de estos materiales para que puedan demostrar su procedencia -en
este caso sostenible- acorde con una buena gestión de los bosques, teniendo en cuenta que buena parte de los residuos de envases y etiquetas podrían estar precisamente dentro de esta certificación. Como saben, Greenpeace forma parte de una de estas
certificaciones, FSC, y consideramos que en este caso es uno de los mejores sellos por el que se puede optar. Esto proporcionaría dos cosas: un reciclado de alta calidad en estos materiales y poder eliminar otro tipo de embalajes o de etiquetas
más tóxicos y con más problemas, como los plásticos, el PVC, etcétera.



He ido bastante rápido, ajustándome a los diez minutos -no sé si nos hemos pasado-, y estamos abiertos a cualquier cuestión. En el texto que les hemos facilitado está muy bien explicado todo lo que hemos planteado y, como digo, estamos
abiertos a cualquier tipo de comentario.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Señor Barea, no solo no se ha pasado de tiempo, sino que ha andado muy sobrado. Los diez minutos son una referencia -tampoco estamos con el reloj en la mano-. En todo caso, cualquier otra
aportación podrá hacerla después de que intervengan los grupos parlamentarios.



- DEL SEÑOR PRESIDENT DE LA ASSOCIACIÓ RETORNA (JIMÉNEZ BELTRÁN). (Número de expediente 219/000775.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): A continuación, tiene la palabra el señor Jiménez Beltrán, presidente de la Associació Retorna.



El señor PRESIDENT DE LA ASSOCIACIÓ RETORNA (Jiménez Beltrán): Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los grupos que han hecho posible que hoy esté Retorna aquí y que yo esté aquí como presidente de Retorna.
Voy a dividir mi
intervención en tres partes. En primer lugar, trataré de legitimar y explicar la lógica y la oportunidad que hay detrás de Retorna y de su objetivo, que es promover la implantación de un sistema de depósito, de devolución y retorno de cierto tipo
de envases. En segundo lugar, intentaré describir de alguna forma cuáles son las ventajas y las necesidades de un sistema de depósito, devolución y retorno, así como su viabilidad y oportunidad en el contexto actual, incluso en el contexto
económico y socioeconómico. Finalmente, me referiré a las enmiendas que para conseguir la implantación de este sistema pedimos en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que en este momento están ustedes considerando.



Está claro que a nivel comunitario -lo puedo decir porque está en la evaluación del sexto programa de acción en materia de medio ambiente- la política de residuos es uno de los grandes fracasos de la política comunitaria y probablemente de
todas las políticas ambientales nacionales. La prueba es que no se consigue desacoplar del desarrollo económico -es un desacoplamiento relativo-, sigue creciendo y crece en particular una fracción que además maneja materiales más nobles, que es la
de envases y embalajes. El fracaso se ha debido a un hecho singular que ya todos reconocemos pero que nadie sabe cómo enmendar, que en vez de reducir los residuos y pasarlos a recursos -que es lo que son-, hemos decidido gestionarlos. Imagínense
sus señorías que en vez de reducir el CO2 hubiéramos decidido gestionarlo, que es lo que en algún momento propuso a través de la geoingeniería Estados Unidos. Ese es un camino difícil.



¿Por qué se establece Retorna? Porque creemos que hay que dar un giro a esta política. Aparte de los elementos que ha mencionado Julio Barea, hay otro que puede ser el buque insignia del cambio y es establecer un sistema de depósito para
cierto tipo de envases de alto consumo. ¿Por qué puede suponer un cambio? En su definición original, residuo era aquello que su propietario destina al abandono. Si usted le pone un precio, inmediatamente ya no lo destina al abandono y deja de ser
un residuo. He vivido ocho años en Dinamarca y si encontraba una botella por la calle o, mejor, una caja de botellas, la recogía porque suponía un montón de coronas. Por tanto, la forma de hacer que se reduzcan los residuos es desclasificarlos en
algún momento como tales y convertirlos verdaderamente en recursos, que es lo que son cada vez más cuando están subiendo las materias primas y el petróleo. De ahí sale la idea de Retorna de empujar y promover lo que creemos que es inevitable:
establecer el SDDR en el futuro. La cuestión es que probablemente hay que hacerlo ya y hacerlo con un planteamiento ambicioso. Esta es la lógica del objetivo de Retorna alrededor del SDDR cuando el objetivo final es por supuesto lo que podríamos
llamar ambiciosamente -no utópicamente- residuo cero. Para ello se ha formado Retorna, que acoge a distintos grupos activos de la sociedad civil, no solo muchas ONG -cuya lista me costaría repetir-, sino también grupos que provienen de asociaciones
de consumidores, de extracción incluso sindical, y empresas que están interesadas en el reciclaje.



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Esta es la idea de la Asociación Retorna y el objetivo que persigue, que puede parecer mínimo pero que -como digo- es importante de cara al cambio.



¿Qué es lo que ofrece un sistema de depósito, devolución y retorno que ahora no tenemos? Ofrece sencillamente una optimización en los sistemas de gestión de envases y embalajes; optimización que no va en contra de lo existente -hablo de
Ecoembes y Ecovidrio-, sino que se construye sobre lo existente. Tiene dos objetivos muy simples desde el punto de vista final: aumentar la recogida y retorno de envases y embalajes y la calidad de los materiales que finalmente se van a reciclar,
desde un planteamiento socioeconómico, o sea, de optimización del sistema existente. No voy a discutir aquí las cifras, si es un 60, 65 o algo menos. Muchos creemos que es un 10 por ciento menos, porque pensamos que se está aumentando el numerador
-a través de la recogida de materiales de distinta procedencia- y disminuyendo el denominador, puesto que no todo lo que se recoge está en el ámbito de los SIG. Por tanto, puede haber ahí un cierto desfase entre las cifras, pero yo creo que no
merece la pena entrar en si es un 50 o un 60 por ciento. ¿Por qué? Porque lo importante no solo es lo que se recoge, sino lo que no se recoge, y aquí voy a referirme a los envases y embalajes de bebidas. Hay una fracción dentro de los envases y
embalajes que tiene un proceso especial, y son en particular los envases de bebidas carbonatadas, agua y cerveza. Aun representando una fracción dentro de los 3,7 millones de toneladas que se recogen a través de los SIG, que puede evaluarse en
aproximadamente un 25 o un 30 por ciento, la eficiencia en la recogida y, por tanto, en el reciclado es más baja, y además esa falta de eficiencia perjudica más al medio ambiente. Los pocos datos que tenemos en cuanto a recogida, en particular de
envases ligeros que se refieren a Cataluña, significan que sin discutir ese nivel de recogida del 50 ó 60 por ciento en los envases y embalajes que se gestionan en los SIG, los datos que tenemos con respecto, por ejemplo, a los envases ligeros de
este tipo de bebidas difícilmente llegan al 30 por ciento. ¿Qué pasa con el otro 70 por ciento? Que una parte -lo digo como murciano de adopción- se esturrea por el medio ambiente. Fíjense, una gran parte de ese 70 por ciento, pero no olviden sus
señorías de que estamos hablando de 18.000 millones de envases de bebidas carbonatadas, agua y cerveza al año, que son 50 millones diarios. Así pues, con que la mitad se esturreara, sería suficiente como para en un año echar o esturrear más de cien
envases por hectárea del territorio español. Todos sabemos lo que esto representa en nuestras costas, en nuestras ciudades, etcétera. Así pues, estamos hablando de una parte importante.



Existe un sistema, el llamado sistema de depósito, devolución y retorno, que funciona, y todos los países en que funciona están muy contentos. Por ejemplo, en el caso de Alemania se llega a una eficiencia en la recogida del 98,5 por ciento.
Fíjense, aquí se deja de recoger un 70 por ciento de estos 18.000 millones; en Alemania se deja de recoger un 1,5 por ciento.
El factor es de casi el 50 por ciento entre lo que aquí no se recoge y allí no se recoge. Esto demuestra que las
ventajas son importantes. No tengo tiempo para ilustrarles con todas las cifras de viabilidad del sistema, pero está claro que los costes son algo superiores a los de los SIG, aunque están ampliamente compensadas con las ventajas ambientales, que
ya he enumerado, las ventajas sociales -podríamos hablar de 15.000 o 20.000 empleos- y las ventajas económicas, sobre todo en esta actual situación. Les puedo decir que la financiación de este sistema se cubre ampliamente, primero, con lo que no se
retorna, porque en el caso de España estamos hablando de pagar un depósito de 25 céntimos de euro. El estudio realizado en Reino Unido muestra que una mitad del coste total del sistema se financiaría con lo que no se devuelve, es decir, con lo de
aquellos consumidores que no cumplen con su trabajo, lo que tienen que poner los envasadores y productores y, por supuesto, los ingresos que se generan por materiales. O sea que estamos hablando de una viabilidad económica que saben que en el caso
alemán se aleja solo un 30 por ciento en coste para los envasadores sobre lo que es el punto verde. Por tanto, hay una viabilidad económica bastante importante según los datos de que disponemos del sistema alemán y los estudios realizados en Reino
Unido.



Por todo lo dicho, lo que pedimos, y puedo por supuesto abundar en los datos, es que se hagan varias modificaciones en la ley existente. En primer lugar, en el artículo 20 transformar lo que es una habilitación de las autoridades
ambientales, que no solo es el Estado, sino también las comunidades autónomas, es decir, que se transforme la habilitación para establecer un sistema de depósito, devolución y retorno en el compromiso de establecer y, por tanto, crear la obligación
de que para cierto tipo de envases, como los que he mencionado, se establezca un sistema de depósito, devolución y retorno. Segundo, modificar el artículo 30 para que se especifique clarísimamente que eso se va a hacer mediante un desarrollo
reglamentario, que sería un real decreto-ley, pero que esa capacidad la tengan las comunidades autónomas. Y finalmente, las adicionales séptima y novena, para que la revisión de todos los instrumentos legales que va a desarrollar la ley o que hay
que modificar de acuerdo con la ley no se dejen a tres años sino que se haga en el plazo de un año, incluyendo el desarrollo reglamentario para el establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Ahora es el turno de los grupos parlamentarios, que les expondrán a ustedes algunas preguntas o dudas que hayan surgido de sus intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra la señora
Buenaventura del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



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La señora BUENAVENTURA PUIG: Sin entrar ahora en el debate, porque no es el objetivo de la sesión de hoy, porque hoy se trata de escuchar a los comparecientes distintos planteamientos sobre la ley, como hay tiempo pediría que explicaran más
con datos cómo ha funcionado en otros países el retorno y todo lo que están planteando. Cuántos años hace que está funcionando en Alemania y Suecia, qué tanto por ciento de recuperación se ha hecho. En definitiva, como hay tiempo, me gustaría que
explicaran un poco más la experiencia de otros países.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también las dos comparecencias. Con el señor Barea tuvimos ocasión de mantener un encuentro hace unos cuantos días y también tuvimos diversos encuentros en Barcelona con las personas de la
empresa Retorna. Por tanto, simplemente quiero agradecerles su comparecencia y esperar que en el trámite parlamentario seamos capaces de hacer una buena ley que sirva a los objetivos que creo que todos compartimos.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Por el Grupo Parlamentario Popular la señora De Lara tiene la palabra.



La señora DE LARA CARBÓ: Gracias por las explicaciones que nos han dado.
Quería hacer dos preguntas a los intervinientes. En primer lugar, me gustaría saber de dónde sacan ustedes las cifras que ponen en duda los datos que aportan los
sistemas de gestión en cuanto a la cantidad de reciclaje. Y en segundo lugar, cuáles son las ventajas ambientales del sistema de devolución, depósito y retorno, teniendo en cuenta que precisa mucho más transporte y, por consiguiente, genera más
emisiones de CO2.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Morán tiene la palabra.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: No es que sea ninguna novedad en la actividad legislativa, pero creo que a estas alturas de las comparecencias podemos concluir que el principal agente de todo el proceso sobre el cual estamos legislando es el
ciudadano, y es evidente que lo que debemos conseguir al final de todo este recorrido es que el ciudadano se sienta cómodo y participe activamente, y para eso nada mejor que ofrecerle un modelo de gestión más allá de lo que yo creo que debe ser lo
más importante de todo este proceso, que es iniciar en el ambiente escolar la formación en esta materia. Se han pedido algunas aclaraciones. Creo que hay tiempo para ellas y las escucharemos atentamente. Por último, quiero agradecerles su
comparecencia.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Sí que hay tiempo para ello, vamos muy bien de tiempo en la sesión de hoy. Por lo tanto, señor Barea, tiene la palabra y sin problemas de tiempo.



El señor RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE CONTAMINACIÓN DE GREENPEACE (Barea Luchena): Imagino que respecto a los datos por los que nos pregunta la señora Buenaventura le podrá contestar el señor Jiménez Beltrán. Por lo que se refiere a la
señora De Lara, le voy a contestar a las dos cosas, tanto a los datos de Ecoembes como a las ventajas ambientales. Voy a empezar por esto último, las ventajas ambientales son manifiestas y claras por varios motivos. Uno, porque se está recuperando
materialmente buena parte de los materiales que constituyen estos envases, que -como ha dicho el señor Jiménez Beltrán- no terminan en playas, ni en ríos ni en nuestros campos, pero además es material que se puede valorizar materialmente y que
muchas veces tenemos que importar. Estamos hablando de plásticos, de aluminio y de otros elementos que actualmente -y volveremos ahora con los datos de Ecoembes- están yendo en gran medida a un agujero en el suelo que se llama vertedero, controlado
o no, más o menos, o a una incineradora, con todos los problemas de emisiones, contaminación y, sobre todo, dilapidación de recursos naturales no renovables -hablamos, por ejemplo, del plástico, que procede del petróleo- que se están quemando,
destruyendo y contaminando. En este caso, son evidentes las ventajas ambientales de recuperar, lo más posible, estos materiales y volverlos a introducir dentro del ciclo productivo y tener una recuperación de buena calidad -como ha comentado el
señor Jiménez Beltrán-, precisamente porque estamos recuperando únicamente esto y tiene una calidad excepcional. Además, se está pagando en el mercado de recuperación -me imagino que los anteriores comparecientes habrán comentado el tema del valor
de estos materiales- muchísimo más. Estos datos quizá los pueda dar también el señor Jiménez Beltrán, en el sentido de valorizar mucho más, material y económicamente, estos materiales. Incluso, con los datos que en breve tendremos a nuestra
disposición, elaborados por el sindicato Comisiones Obreras, se demostrará cómo la implantación de este sistema generará decenas de miles de nuevos puestos de trabajo, esos famosos empleos verdes, que son más que interesantes en una economía como la
nuestra, que le está costando despegar y salir del bache, sobre todo cuando no nos va a costar dinero directamente, porque el sistema se autofinancia prácticamente solo, lo cual es una ventaja. Además, los ayuntamientos y mancomunidades terminarán
gastando menos dinero en la recogida y en la limpieza diaria, ya que estos envases dejarán de estar en las calles porque -como he dicho- tienen un valor. Yo, como ciudadano, cuando vea cinco botellas


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-o las que sean- tiradas en el suelo sabré que son veinticinco céntimos que rápidamente recuperaré. Esto está funcionando estupendamente, al menos en los países europeos que hemos podido visitar y que tienen implantado este sistema, como es
el caso de Alemania, que lo tiene hace más de diez años y que funciona estupendamente.



En cuanto a los datos de Ecoembes, precisamente he traído la noticia del día 9 de marzo, en la cual el director de Ecoembes manifestaba que los españoles reciclaron un 66 por ciento de los envases en 2010. Es cierto.
Ese dato es cierto,
pero tiene su trampa, porque después manifestaba cuánto se había recuperado, y lo ponía también claramente Ecoembes: 1.300.000 toneladas de envases ligeros y envases de papel cartón. Esto es lo que decían y está la noticia en los medios. ¿Cuántos
envases se han puesto en el marcado en el año 2010? Es muy difícil conseguir los datos, pero la estimación la podemos hacer igual con las bolsas de basura.
Sabemos que prácticamente el 40 o el 50 por ciento de nuestra bolsa de basura es materia
orgánica, 10 por ciento papel cartón, vidrio, etcétera, y los envases y envases ligeros ronda el 23 o 24 por ciento, depende de las cifras. Si hacemos una extrapolación con los datos del INE o del ministerio, ese 26 por ciento de envases o de
residuos de envases supone que, al año, salen al mercado o se pone a disposición de los consumidores 6,24 millones de toneladas de envases y residuos de envases. Si hacemos una simple regla de tres veremos que, si de los más de 6 millones y pico de
envases y residuos de envases, que es el cien por ciento, lo que ha recuperado Ecoembes es 1,3 millones, lo que han recuperado o reciclado es el 20,83 por ciento. Esto es lo que se ha recuperado materialmente de envases y residuos de envases.
Efectivamente, los datos de Ecoembes no son inciertos, pero están sesgados en cuanto a los resultados. No podemos decir más, porque los datos no son ni siquiera de Greenpeace, son los datos del propio sector y de los propios SIG.



- DEL SEÑOR PRESIDENT DE LA ASSOCIACIÓ RETORNA (JIMÉNEZ BELTRÁN). (Número de expediente 219/000775.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): El señor Jiménez Beltrán tiene la palabra.



El señor PRESIDENT DE LA ASSOCIACIÓ RETORNA (Jiménez Beltrán): Quisiera comenzar por la respuesta a una reflexión que ha hecho el señor Morán en su intervención sobre los ciudadanos. Desde Retorna hemos hecho una encuesta en un colectivo
de 2.000 personas, coordinada por la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, y salen respuestas curiosas. La primera es que nueve de cada diez consultados participarían y acogerían bien un sistema de depósito, devolución y retorno. La
segunda es que la mayoría de los ciudadanos, a través de su participación en los sistemas existentes, la mitad no sabe muy bien en qué están participando y dicen no saber muy bien como reaccionar ante los contenedores. La prueba es que hay una gran
campaña para decir unos señores: juro que no meterá en el contenedor amarillo no se qué. Es decir, que vamos a tener que juramentar a los consumidores para saber lo que tienen que hacer.
Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque el ciudadano
está esperando a que se le dé una señal para ver que finalmente participa activamente en el tema. Queramos o no, eso se ha visto en otros países. Alguna gran superficie me ha dicho: ¡Hombre!, es que esto funciona en Alemania y Dinamarca porque
están más concienciados ambientalmente. Como dice aquel, me lo has puesto a capón, porque si allí que están más concienciados han tenido que tocarles el bolsillo y ponerles un depósito, fíjate aquí que dices que no estamos tan concienciados. El
tema es que la sociedad está esperando que se le dé un instrumento en donde vea que participa.



En segundo lugar, creo que el señor Barea ya ha explicado bastante bien el tema de las cifras. En este momento - y si yo fuera parlamentario, también me preocuparía por las cifras- si algo está claro en el tema de los datos es que no están
claros. Los datos en residuos no corresponden de ninguna manera, ni los de Eurostat con los del ministerio, ni los que publican unos y otros. Por eso, desde Retorna -y aprovecho para decirlo- pedimos que se cree de una vez un observatorio, para
que se evite toda esta guerra de cifras. Digo guerra de cifras porque yo quiero pensar que no hay intencionalidad, sino sencillamente que cada uno manejamos y utilizamos cifras diferentes. Como ha dicho el señor Barea, basta con decir cuánto se
pone en eso y cuánto recoge usted, pero usted siempre puede disminuir el numerador, que son los envases que están en mi feudo, y aumentar el denominador, con el cual recoge lo de todos los feudos.
Luego, ¿cuál es el numerador y cuál es el
denominador? Tenemos nuestras dudas, pero yo no entraría en eso. Ojalá, estemos recogiendo el 60 por ciento. Pensamos que un sistema como este tiene su límite, probablemente los objetivos comunitarios están basados en el límite de los SIG. O
sea, admitamos que sea un 60 por ciento, pero aún admitiendo eso, el recorrido que queda es enorme para conseguir -y ahora paso a los datos de otros países- más del 90 por ciento que se consigue en la mayoría de los países donde hay un SDDR, hasta
el 98,5 - que casi da vértigo pensarlo- que se recoge en Alemania, que es el último país que ha puesto este sistema y que lleva ocho años en funcionamiento.



Señorías, en todos los países donde hay SDDR ninguno está arrepentido, incluso los detractores, en particular grandes productores y envasadores que por aquello de que no me cambies el negocio se han opuesto, ahora todos ellos están de
acuerdo y difícilmente lo pueden criticar; difícilmente lo pueden criticar porque las ventajas ambientales están claras. En Retorna también hemos hecho un estudio de análisis de ciclo de vida. Es cierto, tiene razón la señora De Lara en que
aumentan los transportes, aunque hay que mejorar la logística para


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que el camión que lo lleva no se vaya vacío, pero hay más movimiento de CO2 que se compensa clarísimamente con toda la cantidad y calidad de material reciclado que se recoge, en particular materiales nobles como el aluminio. Digo cantidad y
calidad porque si no miren ustedes los precios en el mercado del aluminio que se recoge aquí o el aluminio que se recoge en Alemania, y verán que las diferencias son a veces de uno a dos. Hoy creo que el aluminio español estaba en algo más de 600
euros, el alemán que yo recibí hace unos días era más de 1.000. Y así va con el plástico, donde por una tonelada de plástico, polietileno, en Noruega se llega a pagar 600 y pico euros y aquí los precios varían pero son mucho más bajos. Las
ventajas sobre todo para una automatización importante del sistema en materia ambiental y en particular de emisiones de CO2 son claramente favorables y tenemos los datos, como digo, del sistema de retorno.



En cuanto a los sistemas existentes, quizás el más ejemplar en este momento, porque es el más reciente, sea el sistema alemán. En el sistema alemán aparte de la eficiencia y la eficacia en la recogida en cuanto a cantidad y calidad, los
costes se han demostrado que no son muy superiores a los costes del SIG. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay unos ingresos importantísimos, que he mencionado antes, que es el retorno. Por tanto, el coste final, lo que tiene que pagar por cada
lata o por cada botella puesta en el mercado para el envasador, es muy poco superior al del SIG.



Terminaré diciendo algo que creo que es muy importante de cara a la pedagogía ciudadanía a la que ha hecho referencia el señor Morán.
Fíjense, en el momento actual el consumidor o el usuario que no usa los SIG se va de rositas, es decir, se
permite perfectamente -a veces me ha pasado- ridiculizarte: ¡pero qué haces ahí, pringado, echando eso en el bote! Ahí lo tiro. Pues bueno, en el sistema futuro va a ser al revés: usted que lo tira, se pierde los 25 céntimos del depósito y yo que
lo echo, me beneficio de mis 25 céntimos, pero además, disfruto del paisaje que usted me ha estropeado. Seguro que alguno de ustedes ha tenido esa experiencia cuando le ha echado la bronca alguien que tiraba algo por ahí. Probablemente te ganas
hasta un golpe, si son más que tú quienes están al otro lado. Creo que este es un tema importante. Yo pediría sobre todo a Ecoembes o Ecovidrio que, por favor, mirasen esto como un sistema a través del cual van a tener más trabajo, más materiales
recogidos y más posibilidades de generar más calidad. Como ha dicho el señor Barea, estamos hablando de más empleo -20.000-, estamos hablando de menos materiales importados, de menos energía, etcétera. Estamos empezando el proceso por donde
siempre debió empezar, la desmaterialización que lleva a la desenergización, que lleva a la descarbonización y que lleva a reducir el cambio climático. Es ahí donde empieza, por eso creemos que el SDDR es la punta de lanza del cambio en este
aspecto.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Damos las gracias al señor Barea que, en nombre de Greenpeace nos ha informado sobre la materia de forma exhaustiva, y al señor Jiménez Beltrán, que nos ha hablado en nombre de la asociación Retorna,
por su presencia. Suspendemos la sesión por unos minutos para continuar con los siguientes comparecientes. (Pausa.- La señora presidenta ocupa la Presidencia.)


- DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO (PEIRÓ MONTIEL). (Número de expediente 219/000776.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. En el tercer grupo van a comparecer representantes del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales, a los que damos la bienvenida. En primer lugar, en nombre del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, lo hará el señor Peiró Montiel, que, como sabe, tiene aproximadamente diez minutos de tiempo, aunque seremos un
poco benevolentes teniendo en cuenta que solo comparecen dos personas y es el último grupo que lo hace. Señor Peiró, tiene la palabra para expresar su posición en relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.



El señor MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO (Peiró Montiel): Muchísimas gracias en nombre del Consejo Superior de Cámaras de Comercio por la oportunidad que nos dan para expresar nuestra
opinión sobre el proyecto de ley de residuos. Ya les hemos remitido una documentación. Voy a ser breve porque comprendo que tienen ustedes unas jornadas muy largas y lo que es bueno y breve es lo que funciona. Voy a hablar nada más que de los
puntos más relevantes, aunque ustedes pueden preguntar y opinar perfectamente sobre toda la documentación que hemos aportado.



El primer punto relevante que nos preocupa es la unidad de mercado. El proyecto de ley recoge que las comunidades autónomas se pueden oponer a la recepción y al paso de residuos por su territorio para su tratamiento.
Esto es un riesgo
tremendo para los industriales y comerciantes por la sencilla razón de que va a producir un efecto frontera entre comunidades que para nosotros siempre ha sido nefasto. A los empresarios e industriales el efecto frontera nos hace muchísimo daño;
somos partidarios del mercado libre, y este tiene unas reglas. No podemos jugar con estas cosas. Proponemos dejar a criterio de las empresas intervinientes y homologadas determinar el lugar donde van a hacer el tratamiento de los residuos,
independientemente de lo señalado por las comunidades; lo que proponemos es tan sencillo como eso. Asimismo, ello evitaría obligar a las comunidades


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a estar preparadas con unas infraestructuras para el tratamiento de los residuos que podrían no ser rentables e incluso tener problemas importantes de movilización. Además, desde el punto de vista del empresario, y barriendo para casa,
encarecería el proceso. Con lo que nos ha costado y con el tiempo que llevamos mentalizando y andando el camino complicado de hacer buenas gestiones medioambientales, ahora que ya hemos conseguido que las personas y las entidades cumplan bien las
leyes esto va a desincentivar bastante. Se van a hacer con muchas menos ganas las gestiones adecuadas si -como dicen ahora, con la que está cayendo- se encarecen.



Otro punto conflictivo para nosotros es el acceso al mercado. Según el proyecto de ley son necesarias dos autorizaciones: una de ellas para el desempeño de la actividad y otra previa acreditando la autorización de las instalaciones.
Frente a esta doble obligación, nos conviene aclarar algunas cosas. Por ejemplo, si se tiene una autorización para una comunidad autónoma, ¿vale a escala nacional o hay que sacar una autorización en cada comunidad? ¡Dios mío! Por otra parte, el
otorgamiento de autorización de inicio de actividad en una comunidad no debe estar sujeto a que se tengan instalaciones en esa comunidad; se pueden tener en otra. Eso tampoco está claro. Pensamos que el otorgamiento de inicio de actividad en una
comunidad no debe estar sujeto a la existencia de instalaciones del solicitante en dicha comunidad.
Además, para obtener estas autorizaciones hay que acotar el tiempo. No puede ser que si para una tarda mucho, para dos nos asuste el tema. Hay que
acotar el tiempo para que no suponga un retraso del inicio de la actividad.



Otra cuestión con respecto al acceso al mercado es el carácter de servicio público. La ley otorga que las administraciones públicas declaren de servicio público todas o a algunas operaciones de gestión de residuos.
Esto tiene como
consecuencia una restricción de acceso para determinados operadores -debemos pensar en ellos- a un sistema en el que hasta ahora bastaba con la autorización. Por ello, proponemos acotarlo solo a casos en los que no exista otra alternativa; nos
gustaría que se estudiara y se replanteara. Asimismo, observamos en el artículo 3 del proyecto que no se incluyen como residuos domésticos los generados por el comercio. Sin embargo, el artículo de competencias municipales -no quiero aburrirles
mucho, pero creo que es el artículo 11.4 a)- hace referencia a ellos como si lo fueran. Esto conviene aclararlo porque afecta mucho a los gestores.



Hay otros aspectos de esta ley -los tienen ustedes en la documentación que hemos remitido- de los que me gustaría hablarles porque algunas definiciones son interesantes. En cuanto a los subproductos, las cámaras de comercio llevan desde
hace muchos años trabajando en la bolsa de subproductos, que al igual que el resto ha tenido sus fluctuaciones pero que realmente es importante para nosotros. Ahora la industria está pasando peores momentos, pero realmente ha funcionado bastante
bien durante años y pensamos que es una forma de poder trabajar. Lo que está claro es que nuestra filosofía como productores, como industriales, como comerciantes y como productores de residuos debido a nuestra actividad industrial pasa por lo
siguiente: primero, por minimizar la producción de los mismos en origen. Nadie quiere producir esto, por supuesto nadie quiere pagar y cuanto menos se pague mejor; es decir a nadie le interesan estos residuos. Segundo, hay que minimizarlos a lo
largo de los procesos; esto es una lucha continua. Cuando se va a una feria o a un sitio de maquinaria siempre se pregunta si tiene mejoras medioambientales. Se mira porque forma parte del balance; nadie quiere producir si es que todo ello le
cuesta muchísimo dinero; al final nos mueve el balance, como es lógico. Por último -y aquí tiene su residuo-, la perfección pasa por cerrar el ciclo y que ese residuo pase a subproducto. Si ese subproducto lo puede utilizar cualquiera, si no se
va buscando ninguna parte económica, si no quiere un beneficio económico pero se quiere que un residuo cuya destrucción y desaparición cueste dinero pase a subproducto y cualquier otro lo utilice para lo que sea, se estará encantado de que se lo
lleven, incluso gratis; no se quiere, e incluso compensa no sacar beneficio. Dentro de esta filosofía es muy importante ayudar a la parte tecnológica. Yo pienso que lo que tiene que hacer esta ley es mirar con esta perspectiva y con esta
filosofía de que la tecnología puede ayudar a cerrar ese ciclo, que es pasar de residuo a subproducto. Se ha dado la paradoja de que un residuo era subproducto en una comunidad y en otra no.
Debemos pensar en lo que sucede, que una empresa con la
misma actividad industrial tiene gestiones diferentes según los distintos centros de producción. Yo no entro en ninguna política, pero realmente esto no me parece coherente y no debería ocurrir. Es muy importante asimismo considerar la jerarquía
de los residuos. Hay que proponer su recuperación, su reciclado, su variación energética, etcétera. Es muy importante pensar en ese residuo: primero, si podemos transformarlo en subproducto y, segundo, cuando es residuo cómo podemos sacarlo antes
de destruirlo así por las buenas, porque es fundamental. Esta ley debería trabajar en esto bastante más.



Yo no me quiero alargar mucho más, porque tienen ustedes la documentación y hay muchos más asuntos. Hay otro aspecto que también queremos que se reconsidere, por lo que les rogaríamos que lo vieran, y es el relacionado con la amplia
responsabilidad del creador del producto. El proyecto de ley nos remite a su desarrollo mediante un real decreto. Nosotros pensamos que para garantizar un marco homogéneo y una seguridad jurídica sería suficiente una ley. Un real decreto suena
como si cayera una especie de losa. Perdonen ustedes mi expresión, a lo mejor como soy un empresario no tengo mucha dicción, pero realmente asusta un poco cuando cae un real decreto así tan bruscamente. Pensamos que con una ley sería suficiente.



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Además hay otros temas en la documentación sobre infracciones, suelos contaminados, bioresiduos, etcétera, pero no me voy a alargar porque en ella mostramos más o menos nuestra posición. Para terminar -no sé si voy bien de tiempo pero en
todo caso agradezco a la presidenta su benevolencia; a lo mejor mi compañera de los empresarios del CEOE puede entrar en temas más directos- hay un asunto que también nos preocupa, que hay que concretar mejor los preceptos que han derogado de la
Ley 11/1997, respecto de envases y residuos. Cuidado con este tema, porque no queda claro en el proyecto de ley; hay que darle una vuelta. Les rogamos que vean cómo quedan derogados ciertos preceptos de esta ley de envases y residuos.



Yo no quiero alargarme más. Perdonen ustedes mi poca experiencia en estos temas. Simplemente me queda agradecer la paciencia que han tenido, así como la deferencia de que podamos expresar nuestras opiniones al respecto, que además ha
tenido un consenso de todas las cámaras de España; yo me limito a ser su portavoz. Tienen ustedes el documento y por supuesto al final estaré dispuesto a atender cualquier pregunta que me quieran formular.



- DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (CABAÑAS VARALES). (Número de expediente 219/000777.)


La señora PRESIDENTA: A continuación intervendrá la señora Cabañas Varales, vicepresidenta de la comisión de desarrollo sostenible de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Tiene la palabra.



La señora VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (Cabañas Varales): En primer lugar quiero agradecer, en nombre de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, la posibilidad de comparecer en sede parlamentaria, concretamente en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, para poder dar la visión del sector empresarial sobre el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. En
segundo lugar, queríamos manifestar que el texto legal que hoy valoramos ha mejorado sustancialmente a lo largo de su tramitación y de su proceso de consulta y participación, enel que por supuesto hemos tomado parte. Este aspecto lo valoramos
positivamente, siendo consciente de que existen en estos momentos numerosas dificultades para conciliar todos los intereses contrapuestos.



Inicio por fin la intervención relativa al proyecto, advirtiendo que la CEOE percibe como una oportunidad la incorporación en el ordenamiento jurídico español de la trasposición de la Directiva 2008/98 CE en el caso de que esta trasposición
realmente promueva una verdadera modernización de la política española en materia de residuos y suelos contaminados, compatible con lo que se establece para esta materia en el conjunto de Europa. En este sentido la prioridad es clara, la
prevención. Se trata de conseguir o diseñar una política de prevención sólida que tenga en cuenta criterios ambientales pero que también considere los económicos y los sociales. No podemos obviar ninguno de ellos; si alguno de ellos falla la
política se debilita. Por otra parte una verdadera modernización, a nuestro juicio, de la política de residuos, tal como ya se anticipa en el reglamento 1013/2006, de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos, debe aspirar a crear reglas de
juego uniformes que no obstaculicen el desarrollo de un mercado interior económicamente viable para el reciclaje, es decir un verdadero mercado en el ámbito de la valorización de los residuos; puntualizo que no de la eliminación pero sí de la
valorización. Además, la experiencia española en la aplicación de estas políticas desde la Ley 10/1998 ha de servirnos para algo; ha de ser útil para que aprovechemos esta ronda e innovemos una regulación, con el objeto no solo de alcanzar los
objetivos deseados de prevención, reducción, reciclaje, etcétera, sino que se potencie al mismo tiempo la competitividad de la economía española, y creemos que esto es posible.
Por ello en CEOE destacamos cinco aspectos -para no aturdirles en el
día de hoy, tienen ustedes toda la documentación- que creemos mejorables o susceptibles de ser revisados en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que a su vez ya digo se desgranan en numerosas observaciones que han sido transmitidas
a la mayoría de los grupos políticos representados en esta Cámara. Enuncio de forma muy rápida cuáles son estos puntos, de los que seguramente habrán oído hablar en intervenciones previas. Yo voy a intentar sintetizar la esencia del porqué
defendemos esas modificaciones. Hablaremos, primero, de la limitación a los traslados de residuos; segundo, de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada y de la forma jurídica que se propone para ellos en este texto legal; tercero, de
las competencias administrativas en materia de residuos comerciales que entendemos deberían clarificarse para incentivar realmente las iniciativas privadas en este ámbito; cuarto, de la reparación de suelos en vía voluntaria, es decir de articular
un mecanismo que permita distinguir al administrado que es sorprendido por la Administración en un caso de suelo contaminado del que se acerca voluntariamente a la Administración para remediar o restaurar ese suelo; y quinto, de los sistemas de
depósito, devolución y retorno que están causando esos debates tan apasionados en diferentes medios de comunicación y me consta que en comparecencias previas a la mía.



En primer lugar, de qué se trata la limitación de los traslados de residuos. En realidad, lo que nos parece es que en el sistema o régimen de traslado de residuos -que se desarrolla en la sección cuarta de este proyecto


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de ley-, concretamente para el caso de traslado de residuos dentro del territorio del Estado, desde el punto de vista jurídico se otorga a los planes autonómicos un rango superior al que se debería, como criterio máximo para que una
comunidad autónoma pueda limitar la recepción de residuos o la salida de estos para su tratamiento en otras comunidades autónomas. Los planes autonómicos no deberían entenderse como el único criterio a considerar por parte de la comunidad autónoma
para determinar la salida o entrada de residuos. No cuestionamos en absoluto las competencias autonómicas en materia de gestión de residuos, sino la ausencia de un criterio técnico explícito en ese artículo exigible en toda Europa, del que ya
disponemos además en el acervo comunitario, cual es las reglas de juego y el propio reglamento comunitario 1013/2006 de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, que determina para todos los países miembros esos criterios. Si se
explicitase en el artículo 24.1 y en el 24.2 la referencia a los planes autonómicos, pero sobre todo al reglamento comunitario, todos tendríamos elementos comunes para valorar cuándo ese traslado de residuos para la valorización puede o no puede,
debe o no debe limitarse. Además, eso sería una trasposición más leal y directa del artículo 16 de la propia Directiva 2008/98 que trasponemos. Por eso, no creemos que esa consideración vulnere o atente contra ningún interés contrapuesto. En este
sentido, el ministerio nos argumentó que había establecido una cautela, en el punto 3 del mismo artículo 24, en el sentido de que las comunidades autónomas podían contabilizarse como propios los traslados de residuos para valorización que tuviesen
origen en su comunidad y destino en otro territorio.
Consideramos que esa cautela es positiva pero no suficiente, porque sospechamos que las motivaciones que han existido para limitar hasta la fecha el traslado de residuos no son de ese cariz, sino
que han estado motivados en algunos casos, o podrían haberlo estado, por causas exclusivamente económicas, es decir amortizar instalaciones que se han construido en un determinado territorio; y en otros casos se han oído argumentos en el sentido de
que las instalaciones que tratan residuos en un determinado territorio del Estado pueden estar mejor capacitadas desde el punto de vista ambiental que otras a las que pudiesen enviarse esos residuos sin tener las mismas garantías. La Directiva
2010/75 de emisiones industriales, que ha sido publicada recientemente, nos puede ayudar a homogeneizar el nivel de exigencia técnica de las instalaciones de tratamiento de residuos que se podrían observar en todo el territorio del Estado, sin que
en ese caso, cuando se haya implementado esa directiva, puedan existir desigualdades -no decimos que no existan-, como consecuencia del diferente nivel de avance en las distintas comunidades autónomas en la aplicación de la política de residuos.
Por tanto, las motivaciones económicas y las sectoriales o subsectoriales podrían ser resueltas si se explicita en ese artículo el amparo o la referencia máxima del reglamento comunitario como criterio para decidir cuándo puede entrar y salir un
residuo destinado a valorización.



El segundo punto -seré ya más rápida porque quizá el otro era el tema más complejo- se refiere a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, concretamente -aunque en este punto hay varias observaciones- al asunto en el que se exige
una forma jurídica única para todos ellos, la asociación. No acabamos de entender la razón última de esa homogeneización a la que aspira esta norma; una homogeneización a la baja porque, precisamente, la forma jurídica de la asociación no es la
más exigente en todos los casos, ni para los cumplimientos de obligaciones económicas ni para el control, por lo que no acabamos de entender esta motivación. Creemos que no debería fijarse una forma jurídica, no solo ya porque la directiva de
servicios y las leyes que han incorporado esa directiva de servicios podrían cuestionar mucho que exista motivación suficiente para imponer esa forma jurídica sino porque no es la única forma de organizarse, y se debería dejar libertad a esos
sistemas colectivos de responsabilidad ampliada para que escogiesen la mejor forma de llegar a los objetivos de la ley, que al final es de lo que se trata.
Así que no entendemos ese corsé tan estricto que por otra parte anticipa problemas
operativos de transición del sistema y los propios sistemas operativos derivados de otra imposición que se apunta en el proyecto de ley relativo a cómo se debe repartir el poder en esas asociaciones, que debe ser en función de la cuota de mercado en
términos coloquiales. Se nos antoja muy complicado hacer pública -además debe estar sujeto al secreto industrial- en todo momento cuál es la cuota de mercado y cómo podríamos conciliar lo que establece la Ley de asociaciones para adopción de
acuerdos por mayoría simple con el encaje entre esa movilidad de la cuota de mercado, que además sería asumida por una minoría de empresas que en estos momentos en determinados sistemas de colectivos de responsabilidad están adecuadamente
ponderados. Desde el punto de vista operativo desmantelar en algunos casos, porque no todos los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada sufrirían con este cambio con la misma intensidad, supone poner en riesgo un sistema que actualmente
funciona para no saber qué conseguir.



En lo que respecta al tercer punto que anunciaba al principio de las competencias administrativas en materia de residuos comerciales, lo que solicitamos es, en primer lugar, una coherencia en el texto legal. ¿En qué sentido? Parece que en
el artículo 16.3 de este proyecto de ley se invita a los productores de residuos comerciales a escoger la mejor forma para gestionar sus residuos; es decir se les hace responsables de sus residuos y se les invita a escoger la mejor forma a su
criterio, pudiendo optar por el sistema municipal en caso de que este servicio público esté puesto en marcha. En cualquier caso, se pide a estos productores de residuos que notifiquen a la Administración qué opción van a adoptar y que justifique,
en caso de no optar por el sistema municipal, la correcta gestión


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de sus residuos. Esto nos lo cuenta el artículo 16.3 y he de decir que esta canción nos parece que suena bien, pero se contradice curiosamente con lo que se apunta en el artículo 11.5.a) y en el 11.5.c).2º, donde parece que las autoridades
municipales pueden imponer y están obligadas a la recogida de residuos comerciales. ¿En qué quedamos? ¿Podemos escoger o no podemos escoger? No se les escapa a ustedes que el debate que está en el trasfondo de este articulado es la posibilidad de
imponer tasas por defecto y, en ese caso, desincentivar cualquier gesto en el sentido de innovar en materia logística para conseguir mejores resultados en la gestión de residuos o acaso poder desarrollar nuevas empresas de gestión de residuos o de
transporte de residuos. Creemos que eso en cualquier caso debería aclararse y ya expresamos explícitamente nuestra preferencia, que se explicite en el sentido de responsabilizar a los productores comerciales de residuos.



Respecto a los suelos contaminados este es el mensaje que es más amable y menos controvertido, porque lo que proponemos aquí es que se diseñe, es decir, no hay nada que se contraponga a lo que ya está contemplado en el proyecto de ley de
residuos y suelos contaminados, sino todo contrario, pedimos una enmienda de adición. Lo que queremos es que se incorpore un mecanismo voluntario de remediación de suelos contaminados. Queremos hacer atractiva la aproximación del propietario de un
suelo actualmente contaminado, que lo será fundamentalmente por razones históricas, a la Administración para resolver un problema que minusvalora su patrimonio.
Nos parece que el sistema de remediación de suelos que se instauró en la Ley 10/1998 y
su reglamento de desarrollo es excesivamente punitivo desde el punto de vista administrativo y debe reservarse a aquellas situaciones en las que los expedientes se inicien por la propia Administración competente. En la enmienda hacemos una
propuesta de redacción en ese sentido. Quiero comentar también que comunidades autónomas como Galicia o País Vasco ya disponen de un régimen voluntario de remediación de suelos con distintos niveles de gradación.



Por último hablaré -acabo ya mi intervención- del asunto que más polémica ha suscitado en los medios, el de los sistemas de depósito, devolución y retorno. Para este modelo de recogida de residuos debemos advertir dos cuestiones. La
primera que hay que tener muy en mente es que la ecuación sumatorio de sistemas de depósito, devolución y retorno igual a sistemas colectivos de responsabilidad ampliada no es cierta. Es decir, todo lo que en estos momentos se está recogiendo por
los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada no puede ser idéntico, aunque tuviésemos una multiplicidad hasta la ene, a los sistemas de depósito, devolución y retorno; por tanto estos sistemas deben convivir. La segunda consideración previa
es que cualquier decisión en este sentido -esta también es una medida de prevención- debe ampararse en el triple balance del que hablábamos antes (ambiental, económico y social). Cualquier decisión que flojee en una de estas tres patas será
seguramente débil o impactará en alguna de las partes interesadas con mayor o menor fuerza.



Pues bien, si tomamos como partida que estos sistemas deben convivir, y como también sabemos porque lo ha reconocido así la Administración pública -el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino- que los objetivos marcados en la Ley
de Envases se han cumplido con los actuales sistemas de gestión integrados de residuos, que serían los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, creemos que los sistemas de depósito, devolución y retorno deben ser contemplados
en la ley -por qué no-, pero deberían adoptarse con carácter voluntario. Es decir, son sistemas que presupondrían una innovación en nuestro país, que superarían en este sentido los objetivos que ya se cumplen por los sistemas integrados de gestión
y que, en cualquier caso, deberían ser aplicados si, y solo si, se cumplen las tres premisas de las que les hablaba antes, es decir que el balance ambiental sea positivo pero también el social o el económico.



Esta sería mi exposición, estos serían los puntos que he destacado como prioritarios del conjunto de temas de interés que defiende la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y a partir de aquí quedo a su disposición para
contestar a las preguntas que consideren oportunas.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos un turno de intervención de los portavoces de los distintos grupos. ¿De menor a mayor algún grupo quiere intervenir? (Pausa.) La señora Buenaventura tiene la palabra.



La señora BUENAVENTURA PUIG: Quiero agradecer a los comparecientes sus explicaciones; seguro que nos serán de utilidad para lo que nos ocupa, el trámite de la ley en sede parlamentaria. En cuanto a la documentación, a mi grupo no le ha
llegado ninguna de la que han hablado.



El señor MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO (Peiró Montiel): Yo creo que está remitido; al menos por nuestra parte se ha remitido.



La señora PRESIDENTA: La localizaremos y la haremos llegar a los grupos.



Señor Campuzano, tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también a los dos comparecientes su presencia esta mañana en la Comisión. En el caso de la posición de CEOE, tuvimos ocasión de mantener diversos encuentros para conocer sus planteamientos y
observo -como no podía ser de otra manera- que van en esa misma dirección. En el caso de las cámaras de comercio, como algún otro portavoz apuntaba, los grupos no hemos conocido


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la existencia de ninguna propuesta por escrito, por tanto nos vendría muy bien que nos facilitaran la documentación. En todo caso, la sesión de hoy sirve para que aquello que hemos podido discutir de manera bilateral podamos compartirlo y a
lo largo del día poder tener una visión más completa e integral de los diversos retos que afronta este proyecto de ley. En este sentido sus comparecencias sin lugar a dudas nos van a ser útiles.



La señora PRESIDENTA: Probablemente la documentación la tengan en la mesa del lateral.



¿Alguna intervención más por parte de cámaras de comercio o de la CEOE? (Pausa.)


El señor MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO (Peiró Montiel): Por nuestra parte, quiero agradecer también esta oportunidad y esperamos tener más en el futuro. Siento no hablar ahora de la
documentación, a lo mejor es un fallo. Por eso no he entrado en muchos más puntos, porque tiene usted la documentación y solamente he querido hacer hincapié en las partes más importantes, pero realmente hay puntos que sí nos gustaría que
reconsideraran porque nos preocupan mucho a industriales, comerciantes, etcétera. Además, esto está consensuado, como he dicho, por las comisiones de medio ambiente de las cámaras de comercio de toda España.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Peiró.



Tiene la palabra la señora Cabaña.



La señora VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (Cabaña Varales): En primer lugar, quiero reiterarles mi agradecimiento y, si queda todavía
algo de tiempo, destacar de algo que me han transmitido con respecto a una comparecencia previa relativa a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada y al debate entre sistemas colectivos, sistemas de depósito, devolución y retorno. Es una
simple reflexión a propósito del debate sobre la veracidad de los datos aportados por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, los hasta ahora conocidos como sistemas integrados de gestión. Quería recordar en esta sede que esos sistemas
integrados, hablo concretamente de Ecoembes o de Ecovidrio, están autorizados por la Administración y están autorizados por las administraciones autonómicas competentes. Por tanto, cualquier dato que fluya, que emane de estos sistemas integrados
puede ser comprobado y verificado, acaso debe ser comprobado y verificado, por quien les autoriza. De modo que me parece interesante recordar, para que lo tengan en consideración en ese debate más emocional que hay entre si un sistema es válido o
el otro lo es más, que el punto de partida, la información de la que debemos partir para tomar esa decisión está auditada por empresas privadas, pero sobre todo aprobada por autoridades y autorizaciones públicas expresas.



La señora PRESIDENTA: Gracias a los comparecientes, señor Peiró y señora Cabañas.



Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.



Eran las dos de la tarde.



Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.



- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, FEMP (DE LA SERNA HERNÁIZ). (Número de expediente 219/000778.)


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca con las comparecencias que corresponden al grupo cuarto, que son las administraciones, distintas comunidades autónomas y la Federación Española
de Municipios y Provincias.



Comenzamos con la FEMP. Va a comparecer el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el señor de la Serna Hernáiz, que además es alcalde de Santander, al que damos la bienvenida a esta Comisión.



Recuerdo, a efectos de poder organizar las comparecencias, que las intervenciones son de diez minutos y que después podrán intervenir los grupos parlamentarios. Esta mañana se han gestionado bastante bien las distintas comparecencias, por
lo que no tenemos problemas para poder ser más laxos en la medición de los tiempos.



Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y alcalde de Santander para realizar su exposición.



El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, FEMP (De la Serna Hernáiz): Señorías, voy a tratar de ser breve, puesto que me voy a referir exclusivamente a las enmiendas, a las
sugerencias que desde la Federación Española de Municipios y Provincias hemos remitido para que fueran contempladas en el proyecto de ley, algunas de las cuales ya han sido incorporadas y otras no. Por tanto, me voy a referir a las que entendemos
que no han sido incorporadas para que ustedes las conozcan y tengan la oportunidad de evaluar si todavía son de interés a la hora de poder incorporarlas en el texto definitivo.



Esta ley afecta, y mucho, a los ayuntamientos; por tanto, la Federación se ha tomado su análisis de una manera muy rigurosa. Se creó un grupo de trabajo específico, formado fundamentalmente por técnicos, que ha


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estado estudiando ese conjunto de observaciones, muchas de ellas -insisto- ya incorporadas. Queremos agradecer, en primer lugar, que se haya consultado a la Federación y, en segundo lugar, que se hayan contemplado algunas cuestiones que nos
preocupaban especialmente, como eran, sobre todo, las que hacían mención a exigencias, en cuanto a porcentajes de recogida, que iban más allá de lo que se establecía en el marco de la directiva. Repito que nos afecta como responsables de la gestión
de los residuos, si bien esta nueva ley deja bien claro que somos responsables de lo que se conoce ahora o se va a conocer como residuos domésticos y no de los residuos comerciales e industriales, pero también es cierto que podemos hacernos, tal y
como se establece, con la gestión de este tipo de residuos, si se considera e imputando los costes al gestor correspondiente. No queda totalmente claro, a nuestro juicio, si podemos o no establecer una obligación clara a las entidades privadas,
comerciales e industriales en cuanto a que seamos nosotros los que tengamos que realizar esa gestión, pero sí queda dirimido claramente cuál es la responsabilidad de los ayuntamientos.



Citando otra cuestión inicial, diré que también nos preocupa el hecho de que ahora tengamos que recoger dos fracciones: la de metales y la de plásticos, que sustituyen a la fracción de envases ligeros. Esto nos marca una serie de
obligaciones en cuanto a la disposición, por ejemplo, de contenedores en la vía pública que para los alcaldes, para los municipios siempre crea problemas de espacio, estéticos, de olores, problemas en cuanto a su recogida y ahora venimos a añadir un
nuevo contenedor. Estamos satisfechos de que se haya dejado margen para que al menos se considere la posibilidad de recogerlos conjuntamente, siempre y cuando se asegure que va a haber una posterior clasificación en función de esas dos fracciones,
puesto que esto nos deja abierta la vía para colocar un único espacio en el que garantizamos que en la posterior clasificación podemos hacer esa selección de manera adecuada.



También queremos trasladar el agradecimiento por haber modificado algo que inicialmente nos tenía muy preocupados, que era esa obligación en relación con los biorresiduos, residuos biodegradables, puesto que estábamos hablando ya -en ese
caso sí- de un nuevo contenedor. Hay muchos municipios que lo han iniciado y la FEMP favorece que se vaya a recoger la fracción orgánica separada la fracción resto, pero establecer una delimitación más normativa con la ley y obligar a un porcentaje
de recogida creíamos que en este momento era demasiado exigente para a los ayuntamientos.



Citaré algunas de las observaciones en cuanto a artículos sobre los que creemos que todavía podrían valorar su modificación. En cuanto al de las definiciones, hemos propuesto hacer una mención específica, que no viene, a los residuos
hospitalarios o clínicos, tal como se establecía posteriormente, puesto que pensamos que esto definiría claramente la gestión, las responsabilidades sobre todo en cuanto a la gestión, entendiendo que el transporte y la recogida de este tipo de
residuos genera problemas a los sistemas municipales de recogida y tiene que quedar claramente delimitado cómo tiene que ser la gestión de este tipo de residuos.



En cuanto a los aceites usados, el texto del artículo 3. f), que habla de todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, parece que no traspone al ordenamiento jurídico nacional el artículo 21 de la directiva, que
es el relativo a esta cuestión. La FEMP proponía que se aclarara si esta facción de residuos va a disponer de una normativa específica, puesto que en caso contrario lo que había que hacer es trasponer ese artículo 21 -que parece ser que no se ha
traspuesto- en relación con este tipo de residuos. Nosotros hemos seguido -creo que no se ha incorporado en el documento definitivo- mencionando la oportunidad, pero es una cuestión menor, de seguir llamándolos residuos biodegradables y no
biorresiduos, que es el término que se utiliza en la ley.



Hay un artículo, el 3. k), que habla de los poseedores de residuos, el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos, cuando define quién es el poseedor de residuos.
Este tema no es baladí porque
cabe que por este motivo se produzcan determinadas sanciones de otras administraciones a los gobiernos locales si el vertido se produce en espacios de la vía pública. Es importante aclarar que si es así, si son los gobiernos locales los que tienen
que gestionar los residuos abandonados en estos espacios públicos, entendemos que en ningún caso deberían ser culpados o sancionados por dichos abandonos.



Otra cuestión que puede parecer menor, pero que quizá no lo sea, es el término recogida separada. Nosotros hemos sostenido que es mejor mantener el término recogida selectiva. En este tipo de cuestiones siempre es importante, muy
importante, la sensibilización. Pensamos que es bueno que se mantenga ese término que ya está acuñado y muy asumido por la población en su conjunto, puesto que cambiar de términos a veces genera desconcierto entre los propios vecinos y creemos que
en este tipo de cosas hay que insistir en la forma de recoger los residuos, pero también en los términos que se utilizan.



La FEMP planteó, en cuanto al apartado de compost, el artículo 3. y), una sugerencia en cuanto a la definición del término. Planteaba incluir el término estabilizado con el fin de asegurar que el compost haya sido sometido a un tratamiento
biológico completo. Cuando se habla del compost, la federación proponía: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico, aerobio y termófilo estabilizado. La federación también hablaba de incluir el compostaje doméstico, porque el
compostaje doméstico podía generar un compost, un producto adecuado para su uso como compost. Consideramos importante el término estabilizado y añadir a la definición, en su parte final, de residuos biodegradables recogidos separadamente o procesos
de compostaje domésticos, incluidos los biorresiduos.



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Aunque no lo mencionado la FEMP, pero ya a título personal, la ley considera el compost como el que se obtiene de materia orgánica recogida de forma separada. Esta no es la realidad de muchos lugares donde se produce en estos momentos
porque no tienen esa recogida separada en origen y porque las plantas de compostaje, que ya existen, con inversiones que han supuesto un enorme esfuerzo para ayuntamientos y para las comunidades autónomas, generan también compost aunque tengan parte
de fracción resto. Parece más lógico que sean las características del producto final del proceso las que definan si es o no compost y no la forma de obtención de la materia prima, porque, al final, si este tipo de cosas no recibe la denominación
que tiene que recibir, afecta a la salida del producto al mercado y, por tanto, a la rentabilidad de algunas instalaciones.



En cuanto a las observaciones al artículo 7, en el punto 1.b), hablando de este tipo de instalaciones, se afirma: sin provocar incomodidades por el ruido o los olores. Estos son términos, a nuestro juicio, demasiado taxativos. Nosotros
utilizamos otras expresiones como 'siempre que sea técnicamente viable', puesto que, al final, que no genere ningún tipo de olor o ningún tipo de ruido no es fácil, a veces es imposible, y estos términos, tal y como están en la ley, pueden provocar
problemas para las administraciones que gestionan estas instalaciones.



También se había hecho una mención -aunque luego va a venir un responsable de políticas de cambio climático- dirigida a incluir el cambio climático en el marco de la ley. En uno de los artículos, como enmienda de adición, se trataba de
vincular las políticas de gestión de residuos y las políticas de cambio climático, de tal manera que fuéramos coherentes con el Plan nacional integrado de residuos. Aunque es una cuestión que puede parecer menor, parece apropiado hacerlo de esa
manera.



Desde un punto de vista más local, habíamos solicitado -se ha contemplado y queremos agradecerlo- que las entidades locales tuvieran representación en esa comisión de coordinación en materia de residuos. Finalmente van a tener tres
representantes, pero, como es lógico, seguimos reivindicando todavía más presencia. Así como hay una vicepresidencia para las comunidades autónomas, podría existir -y así lo hemos solicitado- una segunda vicepresidencia en la que haya un
representante de las entidades locales, puesto que tenemos mucho que decir en lo que compete a la propia ley.



De la misma manera, habíamos propuesto una modificación a la disposición transitoria segunda, en la que se establece el plazo de dos años de entrada en vigor de esta ley para aprobar las ordenanzas de desarrollo previstas en el artículo 7.3.
Nosotros pedimos que ese plazo no figure, porque muchos ayuntamientos -probablemente de los grandes no, pero sí otros muchos- van a tener problemas para adaptarse. Creemos que es un plazo demasiado escaso para aprobar estas nuevas ordenanzas, dados
los cambios que se van a producir en algunos de los asuntos que se incluyen en la ley. Así lo hemos pedido. Finalmente no se ha incorporado, pero lo vuelvo a citar por si sus señorías consideran oportuno retomar el tema.



Por otro lado, creo que han comparecido los representantes de Sistemas Integrados de Gestión, de Ecoembes, que tiene mucho que ver con las entidades locales. Ellos manifiestan algunas incertidumbres -que a nosotros también nos preocupan por
nuestra relación con ellos- en cuanto a su personalidad jurídica, si queda claro en la ley que pueden mantener el tipo de empresa que conforman en la actualidad, y en cuanto a los sistemas de depósito, devolución y retorno, hasta qué punto se puede
obligar a imponer este tipo de sistemas. Como sé que han estado aquí, ustedes les habrán escuchado y tomarán la decisión en la línea en que la quieran tomar. Únicamente quiero decir que es una preocupación de Ecoembes, pero que también nos importa
a los ayuntamientos.



Hay una última cuestión, que tampoco es una cuestión de la FEMP, sino más personal. En cuanto al porcentaje de recogida, no sé si el famoso 50 por ciento en peso se especifica singularmente para cada una de las fracciones de recogida o de
manera global, puesto que el término, tal como estaba en la ley, puede generar cierta ambigüedad en relación con si estamos hablando del 50 por ciento para cada una de las fracciones o el 50 por ciento del total. Había una propuesta de algún grupo
de trabajo de hacer una modificación, pero queremos que quede bien claro, porque esto sí que tendría trascendencia. Dado que en ese artículo no solo se habla del vidrio o plástico sino de otras fracciones y se podría entender que dentro de esas
fracciones están contemplados los biorresiduos, hablar de porcentajes aquí implicaría volver a sacar la necesidad de ir a porcentajes en la recogida de biorresiduos, lo que no es asumible. Así entendemos que se ha considerado por parte del
ministerio al hacer la modificación que había que hacer.



Hay algunos otros artículos que no se han contemplado, relativos a las bolsas de plástico y a la necesidad de incidir en la utilización de bolsas que contemplen algún tipo de producto, como las resinas, pero ya me he extendido en el tiempo y
estas son las cuestiones fundamentales que ahora mismo no han quedado cubiertas. Tengo que decir que muchas de ellas, que eran preocupantes, ya han quedado resueltas, pero quedan estas que ponemos en su conocimiento para que las consideren.



- DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA AGÈNCIA DE RESIDUOS DE CATALUNYA (TOST I BORRÀS). (Número de expediente 219/00779.)


La señora PRESIDENTA: Invito al director de la Agència de Residuos de Catalunya, el señor Tost i Borràs, a que suba para comparecer.



Bienvenido. Cuando lo desee puede comenzar su intervención.



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El señor DIRECTOR DE LA AGÈNCIA DE RESIDUOS DE CATALUNYA (Tost i Borràs): Quiero exponerles la experiencia catalana y algunas reflexiones, más allá de aportar un análisis de diferentes puntos que consideramos prioritarios.



En primer lugar, quiero hacer un análisis inicial del espíritu de la ley.
En Cataluña estamos muy contentos de la armonización que pretende la ley, para que entre todos avancemos desde el 14 por ciento de recogida selectiva que tenemos en
España hasta unas medias más europeas. La ley tiene ambición, es valiente. Confiamos en poder aportar la experiencia catalana en materia de residuos, desde hace más de quince años, y hemos analizado puntos clave que ayudarán a incidir en la mejora
de la recogida selectiva.



Básicamente, tenemos muy claro el tema de los biorresiduos. No es un tema baladí, porque, como saben ustedes, aporta casi el 40 por ciento en peso de los residuos que generamos. Hacer un correcto tratamiento y una correcta gestión de los
mismos nos ayudará a avanzar hacia niveles más que dignos en materia de recogida selectiva. Por eso, los apuntes principales que hacemos a la ley son sobre los biorresiduos, el traslado, los criterios de las autorizaciones, la responsabilidad -que
ha generado sus movimientos- y los suelos contaminados.



Respecto a los biorresiduos, apuntamos una pequeña modificación, que es dejar claro el tema de los biorresiduos de origen vegetal, por la función importante que tienen de evitar el colmatamiento de muchos vertederos y porque sirven también
como estructurantes para tratar los biorresiduos de tipo urbano y asimilarlos. También tenemos muy claro el tema del compost.
Para nosotros, el compost proviene de los biorresiduos recogidos separadamente. ¿Por qué? Porque es donde está el
máximo elemento de calidad, donde existen impropios a niveles por debajo del 5 por ciento, que nos permiten un uso sin ningún tipo de problemas para usos agrícolas.
Hemos de ser conscientes de que buena parte del territorio español está dentro de
los espacios -entre comillas- de desertización y empobrecimiento de suelos y es una lástima que no podamos aprovechar las toneladas y toneladas de residuos urbanos, de biorresiduos, que generamos para el uso agrícola y el uso agrícola requiere una
buena recogida. Por eso insistimos en que el compost, para nosotros, solo deben ser los biorresiduos recogidos de forma separada. Esto es posible. En Cataluña lo avalamos con la experiencia que tenemos desde hace muchos años. Como saben, desde
el año 2009 es obligatoria la recogida de los biorresiduos en todos los municipios de Cataluña. El último de los grandes ayuntamientos en incorporarse ha sido el de la ciudad de Barcelona, donde el éxito de la recogida ha sido importante. Estamos
dispuestos a aportar nuestra experiencia para el resto del Estado.



Hay un tema que ha comentado ya el alcalde de Santander y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP. Cuando se establece el 50 por ciento, tenemos muy claro que es para el conjunto de todos los productos.
A esta separación de
papel, metales, vidrio y plástico, queremos añadir el biorresiduo como un elemento de peso en la recogida. Es importante, porque un pequeño esfuerzo nos permitiría llegar fácilmente al conjunto del 50 por ciento en peso. Por tanto, es importante
incluir el biorresiduo en este artículo 21.



Quiero insistir en la importancia de sustituir, en el artículo 23, la expresión 'podrán' por 'deberán'. Es importante que nuestros municipios y nuestras comunidades autónomas sean conscientes de plantear de forma valiente planes y programas
de recogida de los residuos de forma separada y de impulsar el tema de los biorresiduos, por su importancia y por su volumen.



Respecto al traslado de residuos dentro del Estado, desde Cataluña hacemos dos simples reflexiones, que para nosotros no son baladíes ni menores, en torno a la defensa del principio de proximidad y autosuficiencia, es decir, que los residuos
se gestionen en su ámbito de creación y se eviten desplazamientos kilométricos, no solamente por el consumo de CO2 y de combustible. Lo lógico es que quien contamine pague o se lo pague en su casa. Creemos que este es un requisito básico y
esencial.



En cuanto al punto 2, hay un tema de homogeneización de normativas. Somos conscientes de que la normativa medioambiental catalana ha ido muchas veces por delante incluso de la europea y de que nuestros estándares son muy avanzados. Por
principio y por sentido común, si otros territorios tienen la misma normativa que nosotros no hay ningún problema, pero nos da miedo, señorías, siendo claros, que lleguemos al dumping en el tratamiento de los residuos. Por ello queremos dejar muy
clara esta reflexión. Puede ser cuestión de unidad de mercado, pero si no disponemos de una normativa a nivel autonómico y estatal homogénea para todos, con tecnologías homologables y homologadas para todo el Estado y métodos de tratamiento de
residuos equiparables para todos, podemos tener problemas, y esto queremos evitarlo. Por tanto, nos resistimos a traslados puros y simples.



Proponemos la eliminación del punto 4 del artículo 24, porque no encontramos justificado que si una comunidad autónoma quiere negarse al traslado entre territorios tenga que dar cuenta a un organismo central.
Por tanto proponemos su
eliminación.



En cuanto a autorizaciones, queremos hacer una matización, también de sentido común, al artículo 26, donde hace referencia al alto nivel de valorización energética. Para evitar disparidad de criterios, proponemos una homogeneización y
ponemos como referencia el famoso tema del R1. Esta matización es importante, porque esto está sujeto a muchas interpretaciones, no digo que ligeras. Para evitar dudas, es bueno que establezcamos un criterio mínimo y proponemos, como se establece
ya, el tema del R1.



En relación con las instalaciones, en el artículo 26.2, proponemos eliminar la doble autorización, manteniendo


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solo la autorización en cuanto a las instalaciones, matizando que sea sin perjuicio de lo dispuesto en otras normativas de carácter sectorial.



El punto que me ha provocado una mayor reflexión, no solo como director de la Agència de Residuos sino también como alcalde de un pequeño municipio y conocedor del tema, ha sido la responsabilidad ampliada del productor.
Es un tema en el
que, como saben sus señorías, la normativa europea es muy amplia. Hace muchos años que profundizo en ello y, en el fondo, nuestra ley, la ley que estamos analizando en estos momentos, recoge la experiencia, la valoración y los criterios que emanan
de Europa. En este artículo 30.2.a) -es un tema de finura- proponemos sustituir el uso posterior por a lo largo de todo su ciclo de vida, en cuanto a los productos.



En el anexo X, sobre los sistemas colectivos, se establecen una serie de requisitos que tienen que cumplir los famosos SIG. Creemos que debe ser un listado de contenidos mínimos. Establecemos también, en el tema de autorizaciones, que cada
territorio tenga las suyas, porque cada territorio, cada comunidad autónoma puede establecer unos estándares y requisitos. Evidentemente debe haber un espacio de cooperación, para que todos los territorios tengan los mismos criterios, pero siempre
debe haber un punto de partida mínimo.



Otro punto que nos pide el mundo local -como saben ustedes, todas las comunidades autónomas tenemos nuestras mesas de negociación entre el mundo local, los SIG y las comunidades autónomas-, aparte de temas tópicos y reiteraciones a lo largo
de las negociaciones, son las auditorías externas, porque siempre acaba habiendo un punto de conflicto sobre la regulación de los SIG, los montantes económicos que se mueven o las compensaciones al mundo local, que siempre son escasas. Por tanto,
proponemos que se establezca un mecanismo de auditoría externa para evitar las suspicacias que a veces aparecen.



En cuanto a los suelos contaminados, en el apartado 33.4, queremos que quede claro que en caso de que se declare un suelo contaminado, la administración autonómica puede paralizar la actividad que allí se realiza hasta que se haya limpiado y
recuperado.



Responsabilidad. Vemos que en la ley puede haber una cierta duda entre dos artículos y por tanto definimos claramente quién es el responsable ante un suelo contaminado, que es el operador, el causante, el propietario no poseedor y el
poseedor no propietario, para evitar que haya cualquier fuga en cuanto a responsabilidades en estos temas. Más allá de apuntar el análisis en diferentes artículos, queremos ofrecer estos puntos como un espacio de colaboración intrautonómica.
Tenemos muy claro el tema del respeto competencial y profundizar en ello es cosa del servicio jurídico central de la Generalitat. Queremos reivindicar el papel importante del servicio público de tratamiento de residuos especiales y ofrecer la
experiencia catalana en Grecat. Tenemos muy claro -y disculpen la transparencia de un alcalde, ahora director de residuos- la importancia de tratar correctamente los residuos municipales, de hacer una correcta gestión, de evitar espacios y puntos
de vertederos ilegales y de evitar un incorrecto tratamiento, en beneficio de las futuras generaciones. En cuanto a los residuos industriales especiales, hay que insistir aún más en la importancia de un control, de un correcto tratamiento. Todos
hemos evolucionado mucho y en materia de gestión de residuos es muy importante tener un cuidado especial. La contaminación por residuos provenientes de la industria en cloacas, en ríos, en puntos sin control no es un tema baladí. Desde Cataluña
apostamos por la necesidad -hasta que no se demuestre lo contrario- de que el Gobierno autonómico tenga un control, que sepa qué es lo que se genera en Cataluña y cómo se trata. Por tanto, para nosotros es importante el tema de servicio público en
este caso.



También proponemos -y elevo a la Comisión- un análisis de asignación de derechos de CO2 a los residuos municipales. ¿Por qué? La ley exige un papel activo a los ayuntamientos y este papel tiene sus costes. Podríamos premiar, a través de
los derechos de CO2, a aquellos ayuntamientos, a aquellos territorios que hacen bien su trabajo con una cierta compensación, porque tratar bien los residuos tiene su coste, y es un coste que todos hemos de estar dispuestos a asumir porque es
necesario para su correcto uso. Planteamos esta posibilidad de emisión además de ofrecer la experiencia desde Cataluña para un trabajo conjunto con los diferentes territorios, con el Gobierno central, para buscar y avanzar en las metas que pretende
la ley. Para nosotros -y lo digo con satisfacción- son importantes y creo que dentro de unos años, cuando hagamos balance de su resultado, todos estaremos satisfechos.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Tost.



- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA GENERALITAT DE VALENCIA (LAMPARERO LÁZARO). (Número de expediente 212/001482.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la intervención del director general de Cambio Climático de la Generalitat de Valencia, el señor Lamparero, a quien damos la bienvenida a la Comisión de Medio Ambiente. Cuando lo desee puede iniciar su
intervención.



El señor DIRECTOR GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA GENERALITAT DE VALENCIA (Lamparero Lázaro): Ilustres señoras y señores diputados, en primer lugar debo expresarles mi gratitud y reconocimiento por el honor que sus señorías me hacen de
permitirme intervenir en esta Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados. Antes de dedicarme a la gestión de la cosa pública fui diputado en las Cortes Valencianas durante tres legislaturas y guardo experiencias y
recuerdos imborrables,


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hasta el punto de que todavía leo y subrayo detenidamente la exposición de motivos de las leyes para asegurarme de lo que quiso decir el legislador.
Me preocupó entonces y me preocupa ahora que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos,
expresada en forma de ley por sus legítimos representantes, tenga como objetivo fundamental la satisfacción de sus necesidades y la solución de sus problemas, que las leyes sean coherentes con el interés general, sencillas en su aplicación, que no
exijan esfuerzos desproporcionados. Seguramente son expresiones que ustedes han utilizado más de una vez para referirse a las leyes que debaten y aprueban. Pues con estas convicciones hemos participado en todas las reuniones a las que nos han
convocado en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley. Hemos conocido y debatido media docena de borradores. Hemos dedicado recursos personales y técnicos para conseguir una propuesta que pudiéramos asumir. Pero, aun reconociendo que
algunas aportaciones han sido recogidas y han mejorado los textos esenciales, el resultado final en los aspectos importantes ha sido decepcionante.



Formalmente, el redactor del proyecto de ley puede en la memoria del análisis de impacto normativo enumerar fechas y reuniones, crear la percepción de un proceso participativo y dirigido a conseguir acuerdos, pero esto no ha sido así, y bien
que lo lamentamos. Esperamos que las observaciones de los diferentes agentes sociales y administraciones, como la que yo represento en esta comparecencia, puedan ser ponderadas y tenidas en cuenta por sus señorías en la redacción definitiva de la
norma. El redactor insiste en la mencionada memoria de acompañamiento en que la iniciativa legislativa persigue dos objetivos: uno, trasponer la directiva europea y otro, subsanar lagunas detectadas en la aplicación de la vigente Ley de Residuos.
Pues bien, el plazo para la incorporación al derecho interno de la normativa comunitaria terminó el 12 de diciembre de 2010. Su incumplimiento no solamente afecta al Reino de España en sus relaciones con sus socios comunitarios, sino también al
buen gobierno de las administraciones, donde residen la mayoría de las competencias de ejecución y gestión en materia de residuos. Los plazos se acortan y luego, como consecuencia, aparecen las prisas y las improvisaciones. Ya pasó con la Ley de
Responsabilidad Ambiental, ya pasó con la Ley de Calidad Ambiental; ya pasó esto. El segundo objetivo que dice pretender el legislador o el redactor de la norma en este caso es subsanar las lagunas detectadas en la aplicación de la vigente Ley de
Residuos. Esta es la frase hecha que sirve para justificar un nuevo modelo de relaciones entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas o la intromisión de la Administración en el libre mercado, cuestiones estas que no pueden ser
consideradas unas lagunas. Pueden parecerles excesivas estas afirmaciones, pero les aseguro que durante meses me he esforzado en trasladar a los interlocutores del ministerio que las comunidades autónomas son Estado, que no son servicios
periféricos del Gobierno de España y que el concepto de coordinación ya lo resolvió el Tribunal Constitucional hace más de veinte años, y esta ha sido una discrepancia fundamental.



Sus señorías observarán que en el texto se hace referencia constante a las autoridades y a las administraciones competentes, y aunque expresamente no se diga es claro que por razón de competencia se refiere en la mayoría de las ocasiones a
la autoridad ambiental de las comunidades autónomas.
Hasta en dieciocho ocasiones se cita el término de autoridades competentes y en veintidós más el término de Administración competente.
Era lógico que al trasponer la directiva el papel a jugar
por las comunidades autónomas en la ejecución y gestión de las políticas de residuos tuviera una gran importancia. Esa gran responsabilidad competencial exigía que los principios que deben regir las relaciones entre las administraciones públicas,
como son los de lealtad institucional, cooperación y coordinación entre ellas, fueran los elementos centrales de esta norma que pretende ser básica. En lugar de esto, esto es, trasponer la directiva en un Estado autonómico y complejo y limitarse a
establecer las normas mínimas de protección, que es lo que constitucionalmente le corresponde al Estado, el redactor de la norma se empeña incluso en diseñar los modelos de gestión de los entes autonómicos. No se conforma con fijar objetivos sino
que además establece los medios y los modos de conseguirlos. A título de ejemplo, llamo la atención a sus señorías sobre el título II, de instrumentos de las políticas de residuos, y especialmente sobre el artículo 13, que trata sobre planes y
programas de gestión de residuos. En la vigente ley la Administración General del Estado, mediante la integración de los planes autonómicos, elaboraba un plan nacional y en él fijaba objetivos de reducción, reutilización, reciclado, valorización y
eliminación. Parece lógico que para fijar los objetivos primero se haga una buena diagnosis de situación, se tengan en cuenta los condicionantes económicos y sociales que permiten diseñar itinerarios y metas, y esto quien mejor lo puede hacer es el
que por razones competenciales está cerca del problema y lo tiene que gestionar, esto es, las comunidades autónomas. En el proyecto de ley se cambia el orden: el ministerio elabora el plan nacional a cuyas orientaciones y estructura, repito
estructura, deben ajustarse los planes autonómicos. Si el cambio de sistema no se justifica, el contenido del artículo es inaceptable. Si se hace una lectura detenida se comprueba que el artículo viene a decir que el acuerdo del Consejo de
Ministros que aprueba el plan nacional determina los criterios y la estructura, repito estructura, de un decreto del Gobierno valenciano que aprueba el Plan de residuos de la Comunidad Valenciana, que además tiene la consideración de un plan de
acción territorial de carácter sectorial. Esto supone una invasión inadmisible en las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana reconoce a la Generalitat en materia de ordenación del territorio. Dicha
ordenación se lleva a cabo en el sector de los residuos en nuestra comunidad


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a través del Plan integral de residuos, aprobado por decreto del Gobierno valenciano, mediante el que la Generalitat coordina las actuaciones en materia de gestión en todo el territorio, ejerciendo la competencia planificadora que
expresamente le viene reconocida. El mencionado artículo 13 acota a través del anexo V el contenido de los planes autonómicos de gestión de residuos con una mala copia del artículo 28 de la directiva. Pero lo curioso y revelador es que, siendo
esta una ley del Estado, no hay otro anexo que acote el contenido mínimo del plan nacional. Esta anécdota es reveladora y no única. El redactor de la norma está obsesionado en explicar a las comunidades autónomas cómo y de qué manera han de
ejercer sus competencias, desconociendo nuestra capacidad de planificación.



Insisto en la idea que he esbozado al principio de mi intervención: las comunidades autónomas no pueden tener consideración de Administración periférica del Estado al modo de los servicios territoriales de la Administración del Estado, sino
que, con fundamento en el artículo 2 de nuestra Constitución, son tenidas por entes territoriales sustantivos, dotados no solo de poder administrativo sino también de poder político y, como señala el Tribunal Constitucional, por corporaciones
públicas de base territorial y naturaleza política. El ejemplo anterior, de una forma u otra, se repite a lo largo del texto. Cuando analicen ustedes el artículo 37, que habla sobre registro de producción y gestión de residuos, convendrán conmigo
en que tiene bastante lógica que un ciudadano no tenga que identificarse en todas las administraciones, que los datos de las administraciones puedan ser compartidos y deben serlo, pero es la autoridad sustantiva, normalmente la autonómica, la que
dicta una resolución autorizando a un gestor de residuos, la responsable de inscribir en un registro esta situación y es también responsable de los efectos que esta inscripción tiene. Entendemos la necesidad y conveniencia de que haya una base de
datos común, llamémosle archivo centralizado, pero no un registro único, como se propone en el proyecto de ley, donde nuevamente el redactor de la norma pretende disciplinar a las comunidades autónomas y advierte que desarrollará reglamentariamente
su contenido. Incluso los aspectos del proyecto de ley que se han destacado como logros o pretensiones de serlo no soportan fácilmente este análisis que venimos haciendo. La comisión de coordinación en materia de residuos creada en el artículo 12
del proyecto normativo es innecesaria, limitativa y no tiene, aunque se titule así, funciones de coordinación.
Sí tiene funciones de coordinación la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y en la norma que la regula se plantea la posibilidad de
crear órganos de cooperación abiertos a representantes de entidades locales que deberán constituirse -cuidado con lo que dice la norma- de común acuerdo entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Pues bien, esta comisión de
coordinación que el proyecto de ley diseña no surge del acuerdo. Parece una comisión paritaria al uso donde algunos de sus componentes difícilmente pueden ejercer las atribuciones que la norma dicta, duplica estructuras existentes que desde el año
1996, como la Comisión de Calidad Ambiental, vienen funcionando.



También el redactor de la norma trata de eludir responsabilidades que le impone la directiva cuando habla por ejemplo del traslado de los residuos. El artículo 24, sobre el traslado de residuos, entendemos que es contrario a la libertad de
empresa en el marco de una economía de mercado. En efecto, cabe recordar que la consagración de libertades de la circulación de mercancías, personas, servicios y capitales hunde sus raíces en el derecho comunitario originario, artículo 3.1.c) del
Tratado constitutivo de la Unión Europea. Además, la Directiva 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, hace hincapié en la importancia de eliminar los obstáculos a esas
libertades para fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea a fin de posibilitar un mercado competitivo de servicios. No olvidemos además que incluso el artículo 38 de nuestra Ley Fundamental reconoce
como principio rector de la política social y económica la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Pues bien, todos estos principios pueden resultar vulnerados a la vista de la regulación pretendida en el proyecto de ley, toda
vez que las competencias que pretende atribuir a las comunidades autónomas van más allá de la ejecución y gestión de residuos, interfiriendo en el funcionamiento del mercado, sin que las limitaciones o restricciones en el traslado de residuos puedan
encontrar justificación en la posibilidad que ofrece con carácter limitativo la Directiva 2008 sobre residuos.



Asimismo, señoras y señores diputados, hemos mantenido una discrepancia frontal con el redactor de la norma sobre la regulación que esta hace del compost. El Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes, establece
como enmienda orgánica denominada compost aquel producto higienizado y estabilizado obtenido mediante descomposición biológica aeróbica de materiales orgánicos biodegradables en condiciones controladas. Este producto, además, debe cumplir una serie
de requisitos que lo avalen, como son contenido mínimo de nutrientes, humedad, dimensión de las partículas, metales pesados y otros. En relación con el límite máximo de metales pesados se establecen tres categorías en función de la calidad del
producto fertilizante que se obtiene. La clase A es la más restrictiva y, por lo tanto, la de mayor calidad; la clase B es algo menos restrictiva que la anterior, y la clase C es la más permisiva en cuanto a los límites de concentración de metales
pesados y, por tanto, la de menor calidad, delimitándose en este caso las dosis de aplicación anual por hectáreas o aplicación orgánica. En este sentido, se concluye que un residuo orgánico biodegradable que haya sido higienizado y estabilizado
puede convertirse en compost independientemente del origen de los materiales


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que lo conformen, siempre y cuando cumpla con los requisitos que lo definen como tal. El listado de residuos orgánicos biodegradables que se incluyen como aptos para la obtención de enmiendas orgánicas incluye, entre otros, la fracción
orgánica obtenida de residuos municipales mezclados, cuyo código LER, el 200.301, conforme a la orden del Ministerio de Medio Ambiente, no ha sido recogido selectivamente, y han sido segregados en instalaciones de tratamiento de residuos urbanos.
Por tanto, resulta perfectamente factible la obtención de compost a partir de residuos urbanos mezclados, como así se está haciendo en las plantas de tratamiento de la Comunidad Valenciana desde hace bastantes años.



El proyecto de ley propone una definición de compost que se basa más en el proceso de la obtención que en la naturaleza del material obtenido. Esto para nosotros es inaceptable, no atiende a la calidad del compost, diseña un modelo, no
define un producto. Altera gravemente el mercado de compost, quebranta seriamente a las empresas que han invertido y apostado por tecnologías capaces de conseguir productos afinados con aceptación en el mercado. Hace que las enormes inversiones
económicas que se han realizado hasta la fecha sean, en cierto modo, inútiles y hace que los impuestos de los ciudadanos destinados a estos fines y los recursos de toda índole invertidos desde hace años en la gestión de estos residuos no tengan el
más mínimo sentido. Todo ello sin ninguna justificación ni ventaja para el interés público e incluso contra la propia definición de un real decreto joven, por cuanto que el real decreto que he mencionado antes sobre productos fertilizantes es del
año 2005. La experiencia de la Comunidad Valenciana en la obtención de compost a partir de material orgánico en plantas de tratamiento mecánico de residuos mezclados viene avalada desde hace más de diez años. Hemos hecho más de 200 muestras de
seguimiento analítico permanente en todas las plantas donde se hace compost, incluso aporto en el día de hoy -se lo dejaré a la Presidencia- un certificado del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias por el cual se comprueba cómo se obtiene
un compost de altísima calidad que está de alguna manera sirviéndose dentro y fuera de la comunidad. Durante años el esfuerzo de la Comunidad Valenciana se ha dirigido al fomento de este compost, y sin estar en contra de la recogida separada y
selectiva de la materia orgánica, sobre todo de los grandes productores -por aquello de que puede darse el caso de que la mezcla de ambos productos puede dar un afino de gran calidad-, la redacción de este artículo es un auténtico torpedo en la
línea de flotación del actual modelo de gestión de residuos que tenemos en la Comunidad Valenciana. La pregunta que me hago es quién costeará este cambio de criterio tan radical y al mismo tiempo tan arbitrario.



En conclusión, señoras y señores diputados, entendemos que el proyecto de ley propuesto altera y desvirtúa el modelo de planificación y gestión vigente, sin que se vea justificación alguna. Una cosa es realizar una directiva y otra es
cambiar el modelo actual por otro claramente intervencionista, que incluso altera las condiciones y la estabilidad del mercado. Además -y más importante-, no se han tenido en cuenta las realidades de las comunidades autónomas a la hora de redactar
este proyecto de ley.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lamparero.



- DEL SEÑOR CONSEJERO MEDIOAMBIENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (DÍAZ TRILLO). (Número de expediente 212/001483.)


La señora PRESIDENTA: Finalizamos este primer grupo con la intervención del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Después invitaré a los comparecientes para que suban a la Mesa para escuchar, si procede, las observaciones
que hagan los grupos. El señor Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, va a intervenir para cerrar este primer grupo. Tiene la palabra.



El señor CONSEJERO MEDIOAMBIENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (Díaz Trillo): Señorías, comparecientes, la Junta de Andalucía entiende que esta es una ley necesaria y oportuna, no solo porque traspone una directiva marco de especial importancia
sino también porque incide en uno de los aspectos centrales de la protección y la conservación del medio ambiente como es la gestión de los residuos. Entendemos en la Junta de Andalucía, como creo que entienden todos ustedes, que una gestión
adecuada de los recursos naturales que tomamos prestados es la columna vertebral para la garantía de un medio ambiente sano y para que podamos legar también a las generaciones futuras las mejores condiciones, de tal manera que eso que llamamos el
metabolismo urbano, la gestión no solo del agua o de la energía, sino también, y fundamentalmente, de los residuos forma parte central de los objetivos también políticos e institucionales en cada comunidad autónoma a la hora de afrontar el medio
ambiente. La directiva marco no solo tiene ese carácter de obligación al trasponerse al régimen de nuestro Estado a través de una ley que, repito, entendemos que es necesaria pero también oportuna. La ley avanza en los aspectos positivos, en una
idea de la prevención, de la reducción en cuanto a la emisión de residuos -luego les daré algunos datos ilustrativos de todo esto- y abunda también en la reutilización, el reciclaje y, por último, en la valorización de los residuos, convirtiendo
aquello que consumimos también en una oportunidad a la hora de generar energía, generar abono, etcétera.
Es cierto también que llevamos las comunidades autónomas y las administraciones locales un recorrido largo, de aproximadamente dos décadas, en
el que se ha dado un salto muy importante en esta materia.
Por tanto, entendemos de la ley, como


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he dicho, no solo la necesidad sino también la oportunidad.



Se ha abundado por parte especialmente de la Federación Española de Municipios y Provincias, también Cataluña ha hecho algún apunte y la Comunidad Valenciana sobre algunos aspectos que hemos alegado en el periodo de alegaciones; han sido
prácticamente ochenta las propuestas que ha hecho Andalucía. En resumen, la mayoría de ellas abundan en algo que aquí se ha comentado también, como es perfeccionar la ley, hacerla, si cabe, más útil, como herramienta fundamental para los próximos
años en la línea de protección y conservación del medio ambiente de la que venimos hablando. En tal sentido, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía hemos destacado sobre todo dos aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con el
tratamiento de los residuos desde la cercanía, desde la proximidad, entendiendo que han de ser las comunidades tanto autónomas como administraciones locales las que tienen que arbitrar los medios adecuados para establecer no solo sistemas de
recogida sino también de reciclaje y de reutilización. Por tanto, en cuanto al transporte y el traslado de residuos entendemos que tiene que llevarse a cabo en circunstancias concretas, con las autorizaciones pertinentes y con una estricta
vigilancia, y por eso hemos hecho algunas alegaciones en ese sentido. Otro de los aspectos, el segundo más importante para nosotros, tiene que ver también con la responsabilidad ampliada del productor.
Creemos que tiene que haber un compromiso
entre los sistemas integrados de gestión, los sistemas públicos y también las empresas que se dedican a la gestión de los residuos, de tal manera que haya un compromiso social importante para asumir no solo las responsabilidades sino también -y
hablaré algo de esto- el volumen y la importancia que tiene de generar recursos, actividad económica y posibilidades en cuanto a la reutilización de estos residuos. Por tanto, creemos que no debe ser una cuestión optativa sino que debe haber un
compromiso firme por parte de los productores. En tal sentido hemos hecho algunas alegaciones, como digo.



En último caso, me gustaría comentar también algo que se ha dicho sobre la definición del compost. La definición de esta ley me parece importante, sitúa un marco teórico y al mismo tiempo en la determinación, en el desarrollo de la ley,
desde el punto de vista de la utilidad y de la normativa, que va a ser especialmente útil, repito, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, nos parece que es perfectamente adecuado. Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
desarrollo también de nuestras competencias, hemos promulgado tanto leyes como decretos, especialmente una ley, la Ley de gestión integral de la calidad ambiental del año 2007, que se ha desarrollado a través de distintos reglamentos, y
recientemente, en el año 2010, también la Ley de Autonomía Local, que abunda en estos aspectos, especialmente en cuanto a los suelos contaminados, de los que trata la ley que nos ocupa. En ese sentido, a partir de esta ley andaluza, los
ayuntamientos tienen una responsabilidad principal. En cuanto a la planificación, que nos parece un paso fundamental desde el punto de vista de la comunidad autónoma, hay un desarrollo y esta ley puede contribuir a acompañarnos en la gestión de los
residuos desde el punto de vista que les mencionaba al principio, es decir, la importancia que tiene para una buena política y una buena gestión medioambiental la gestión de los residuos. El Plan territorial de Andalucía, el I Plan territorial, que
arrancó en el año 1999 y hemos evaluado recientemente en el año 2009, arroja datos alentadores. Es cierto -y creo que tengo algunos datos de contraste- que en la mayoría de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de las mancomunidades
se ha hecho un ejercicio de responsabilidad en la gestión de los residuos y se ha dado un salto fundamental, pasándose prácticamente de la existencia mínima de contenedores a una cifra incluso por encima de los parámetros que nos habíamos marcado en
el caso andaluz; repito que creo que en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos se ha ido más allá del cien por cien. Para que se hagan una idea, en Andalucía se había calculado concretamente en el I Plan director de residuos un
contenedor por cada 500 habitantes, y a día de hoy, cuando hemos evaluado este I Plan territorial, concretamente para vidrio hay un contenedor por cada 353 habitantes, uno por cada 314 habitantes para papel y cartón y uno por cada 153 habitantes
para envases ligeros. Les doy estos datos para que veamos el esfuerzo y conozcamos la importancia que ha tenido el trabajo en esta dirección, hasta tal punto que entendemos que la ley ha de acompañarnos y ha de ser cómplice precisamente de la tarea
que desarrollamos desde las comunidades autónomas.



Poco más que decir. Al principio les hablaba de la oportunidad, no solo de la necesidad de la ley. La ley tiene ese carácter y tendría que tener también la virtud -lo digo en alusión al interviniente anterior- de ser un marco de referencia
para todos y para todas que nos permita desarrollar las políticas adecuadamente. Entendemos que si se admiten además muchas de las cuestiones que se han alegado por parte de comunidades autónomas y de ayuntamientos, puede quedar una ley, como digo,
necesaria, pero también puede convertirse en una oportunidad para la generación de empleo y de riqueza. En el marco del II Plan director territorial que nos hemos marcado en Andalucía hablamos de una inversión aproximada de 2.184 millones de euros
y de la creación de 8.571 puestos de trabajo. Cuando se habla de economía verde, cuando se habla de la apuesta por el medio ambiente, por la protección y por la conservación, desde esta idea de la gestión de los residuos, es también una gran
oportunidad, repito, no solo para proteger y preservar el medio ambiente sino también para crear, generar riqueza y empleo. En tal sentido, esperamos desde la Comunidad Autónoma de Andalucía que una vez hechas las alegaciones y aportaciones y
compareciendo aquí y agradeciendo además a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados de


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España esta oportunidad, se mejore esta ley que entendemos que no solo es necesaria sino también oportuna.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.



Si los grupos desean intervenir ahora, invito al resto de los comparecientes a que suban a la Mesa. ¿Van a intervenir los grupos, alguien desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Sí, perfecto. Por favor, señor Tost y señor Lamparero, si no
les importa, pueden subir aquí.
Gracias. De menor a mayor, por Esquerra Republicana la señora Buenaventura tiene la palabra.



La señora BUENAVENTURA PUIG: Intervengo muy brevemente, señora presidenta, para agradecer la comparecencia de los representantes de las distintas administraciones autonómicas municipales. Estamos recibiendo explicaciones que son
importantes para luego poder debatir nosotros, llegar a conclusiones y aprobar por tanto una muy buena ley de residuos.
Es evidente que lo que han transmitido las comunidades autónomas y los municipios es muy importante pues son los que han
gestionado y gestionan los residuos, sobre todo los municipios pero también acompañados de las comunidades autónomas. El futuro es importante, pero el pasado, el trabajo ya hecho tanto por los municipios como por las comunidades, ha permitido que
se haya podido avanzar, seguramente no tanto como desearíamos, pero muchísimos ayuntamientos han trabajado muy bien durante estos años y por tanto es muy importante poder escucharles.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer estas cuatro comparecencias, que eran imprescindibles, de tres comunidades autónomas de tres colores políticos distintos y de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque la
política pública en materia de residuos se implementa, se desarrolla fundamentalmente en comunidades autónomas y ayuntamientos. Por tanto, insisto en que eran unas comparecencias imprescindibles. Además, desde Cataluña teníamos interés -estoy
seguro de que la señora Buenaventura coincide conmigo- en poner en valor el trabajo realizado durante todos estos años por los distintos gobiernos catalanes en materia de residuos. Modestamente, nos parece que en Cataluña ha habido un desarrollo
muy importante de políticas públicas en este ámbito, acompañado además por la presencia de un sector que provee servicios en todo este ámbito, de una industria de gestión de los residuos importante que es necesario reforzar. Vamos a tener otra
comparecencia esta tarde que va a reforzar esa idea. Teníamos interés en dar valor a esta acción realizada en Cataluña, y de ahí la presencia del señor Tost, en nombre de la Agència de Residuos de Catalunya. Me gustaría pedirles que profundizaran
en la cuestión de los biorresiduos respecto a aquello que contempla el proyecto de ley y a la mayor ambición que debería de contener en esta materia el mismo. Dicho esto, vamos a estudiar con detalle todas las intervenciones, tanto la del
representante de la Generalitat Valenciana como la del consejero de la Junta de Andalucía y el de la propia Federación Española de Municipios y Provincias a efectos de poder mejorar el contenido del proyecto de ley, más allá de la coincidencia con
los aspectos que el señor Tost ha expresado.



La señora PRESIDENTA: La diputada De Lara tiene la palabra.



La señora DE LARA CARBÓ: También quiero agradecer las explicaciones que nos han dado los distintos representantes que han venido aquí esta tarde.
De todo lo que estamos escuchando hoy tomamos buena nota a efecto de elaborar nuestras
enmiendas. Si lo he entendido bien, tanto el representante de la Agència de Residuos de Catalunya como el consejero Medioambiental de la Junta de Andalucía optan por el principio de proximidad y autosuficiencia en el traslado de residuos, no así el
representante de la Generalitat valenciana ni otros cargos que han venido a informarnos sobre el tema. Tomamos buena nota porque creemos que no se debe vulnerar ningún principio comunitario, y en el caso de intentar que todas las comunidades
autónomas tengan sus instalaciones creo que esto es algo que puede llegar a ser ineficiente y desde luego vulneraría este principio.



Ha quedado muy claro también, según nos ha explicado el representante de la Comunidad Valenciana, que hay invasión de competencias autonómicas en algunos aspectos, que tendremos en consideración. Luego me ha gustado mucho algo que ha dicho
el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias y que ha dejado caer el director de la Agència de Residuos de Catalunya, que es valorar más la incidencia favorable sobre el cambio climático con la
correcta eliminación de los residuos. La ley no contempla que también se puede mitigar el cambio climático con la buena gestión de los residuos y creo que sería un aspecto que deberíamos considerar. Por consiguiente, estimo que lo que ustedes han
aportado es algo novedoso y se lo agradezco.



La señora PRESIDENTA: Finalmente, el señor Morán tiene la palabra.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: En primer lugar, quisiera hacer una consideración de carácter general. Teniendo en cuenta que la ley y todo su desarrollo reglamentario será más o menos eficaz según seamos o no capaces de incorporar el
protagonismo insustituible del ciudadano como agente principal en todo este proceso -probablemente es el único agente insustituible en todo el proceso- y teniendo en cuenta también que hay que


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repartir las responsabilidades entre todos -el ciudadano es protagonista principal pero no responsable principal de todo el proceso-, el papel de las administraciones resulta indispensable. No se le puede encomendar al ciudadano
individualmente en atención a muchas limitaciones y peculiaridades de distinta índole que afectan a los mismos la responsabilidad de ser intérprete y ejecutor de los preceptos de la ley, y ahí entra el protagonismo de las administraciones. La Unión
Europea ha sido consciente y ha identificado que en los recorridos en materia de gestión de los residuos hay claras diferencias entre países y regiones; de ahí la tendencia a ir homogeneizando los mecanismos de gestión, a incorporar las mejores
prácticas de los territorios que más han avanzado en estos procesos, evitando situaciones que a lo largo de los últimos meses hemos podido identificar con un cierto rubor, como lo sucedido en el caso de la gestión de los residuos en Nápoles o en
Sicilia, que ha levantado algunas voces de alarma.



Es evidente que en el caso de España también hay diferentes recorridos y que también se identifican buenas prácticas que son susceptibles de ser reconocidas e incorporadas a los modelos de gestión de los distintos territorios,
fundamentalmente de aquellos que por diferentes razones van un poco por detrás en estos procesos de aplicación. Por eso creemos que estamos probablemente en uno de los bloques de comparecencias más importantes de la jornada de hoy y no tengo por
menos que agradecer la intervención tanto del representante de la Federación Española de Municipios y Provincias como de los representantes de las tres comunidades autónomas, en las que intentábamos compendiar el global de las diecisiete comunidades
autónomas por la dificultad que supondría haber hecho una comparecencia de cada una de las mismas. Por lo tanto, les agradezco el contenido de sus intervenciones, de las cuales tomamos nota, y entendemos que desde las aportaciones que se han hecho,
con la vocación de mejorar una ley que se identifica con carácter general como pertinente y necesaria, debemos intentar, en el trabajo que nos encomiendan los ciudadanos, mejorar el texto que nos ha sido remitido.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar este primer grupo de comparecencias, tienen la palabra si desean responder o hacer alguna reflexión a lo que se ha planteado aquí, y para ello estableceremos el mismo orden en el que han intervenido.
¿El señor Tost quiere hacer alguna reflexión a cerca de lo que ha preguntado el señor Campuzano? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Tost.



El señor DIRECTOR DE LA AGÈNCIA DE RESIDUOS DE CATALUNYA (Tost i Borràs): En cuanto a lo que decía el diputado Campuzano sobre la experiencia de muchos años en gestión de residuos, quiero hacer la aportación de que el ciudadano es una
persona inteligente que, explicándole los procesos, tiene en cuenta su factor activo en materia de reciclaje y recuperación, y que las administraciones tenemos que dar mecanismos.



Especialmente, respecto a los biorresiduos, de la fracción orgánica -popularmente dicha así-, es un factor muy importante que podamos recogerlos separadamente. Incido en el peso del 40 por ciento que tiene en el total de residuos que
generamos en nuestras casas y en la importancia de separarlos correctamente; es preciso hacerlo. He de incidir -repito- en el factor de recuperación de esta gran masa que puede enriquecer nuestros campos si la tratamos correctamente.



Quiero hacer referencia a lo importante que es explicar a los ciudadanos su papel activo en materia de recogida selectiva. Ese es el espíritu de la ley: la máxima recuperación; recuperación y prevención. Les pondré simplemente el ejemplo
del Pacto por la bolsa de plástico de asas, en Cataluña, del que estamos muy satisfechos. En un par de años habremos conseguido reducir casi un 40 por ciento el volumen generado por las bolsas de plástico con una simple acción de concienciación.
Nuestra ciudadanía ha evolucionado con nosotros y el factor medioambiental y sostenible está en todas nuestras casas. Por tanto, simplemente tenemos que darles mecanismos para que las cosas funcionen bien. Nuestra ciudadanía, repito, es
inteligente. Simplemente les debemos dar mecanismos para que su esfuerzo sea recompensado.



En cuanto al famoso tema de los costes -si tratar la orgánica vale dinero o no vale dinero-, hay experiencias, hay tecnologías, hay procesos en el resto de Europa que perfectamente podemos adaptar a nuestra realidad, a nuestros diferentes
territorios, a nuestras diferentes realidades sociales, que pueden hacer que el espíritu de la ley sea un éxito.



Les elevo la reflexión y les pido que miremos y analicemos experiencias y procesos muy baratos que se pueden aplicar en buena parte de la orgánica, sobre todo cuando hablamos de coste. ¿Coste respecto a qué? Contaminar y hacerlo mal
también tiene un coste que tenemos que valorar. Si a nuestros ciudadanos les explicamos que tenemos que recoger la orgánica y que esto vale un dinero, si les explicamos para qué sirve y en qué se invierte este dinero, están dispuestos. ¿Una tasa
media en mi territorio, en mi provincia, de 120 euros al año por recoger los residuos de una familia es caro o barato? Hagamos esta reflexión. No todo es cuestión de precio.
Tenemos que analizar. ¿Por tratar bien dos toneladas de residuos que
genera una familia -mi familia- de cinco miembros, 120 euros es caro o barato? Tenemos que hacer una reflexión clara, no todo es exclusivamente el precio. Yo les pido que en estos temas seamos muy reflexivos, con datos reales, con datos objetivos,
con datos sólidos, que nos permitan continuar avanzando.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Lamparero.



El señor DIRECTOR GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA GENERALITAT DE VALENCIA (Lamparero Lázaro): Sobre el tema del


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compost yo pongo a título de ejemplo un chascarrillo que seguramente se me entiende. Si tuviera que definir una hamburguesa no la podría definir por el origen de la carne, no podría decir: una hamburguesa es buena porque la ternera es de
Cantabria o de Asturias. Defino una hamburguesa en razón del contenido que tiene: cuánto tiene de carne, cuánto de tocino y cuánto de especias. Esa es la mejor definición que se puede hacer de un producto, saber lo que tiene. Yo voy a
incorporar, con permiso de la Presidencia, una certificación que me hace el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, de la Comunidad Valenciana, que lleva más de diez años haciéndonos analítica de muestras de todo el compostaje que se
trabaja en las plantas de tratamiento mecánico donde se separa de la bolsa de Todo uno la materia orgánica y se afina. Se está vendiendo en buenas condiciones fuera de la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en los secanos de la Plana de
Requena-Utiel y en la Comunidad de Castilla-La Mancha.



El otro problema que tiene el compost es que no todas las comunidades autónomas reflejan exactamente igual esa demanda y esa necesidad. Donde hay bosques caducifolios con gran cantidad de humus, como Asturias, el compost no tiene sentido.
En la huerta valenciana, donde está el riego por goteo, no tiene sentido. Muy bien que el redactor de la norma dibuje Alicia en el País de las Maravillas, pero eso no es lo real. Lo real es que el compost puede afinarse procedente de un
tratamiento mecánico en plantas de compostaje que ya están en uso y que tienen amplísima experiencia, con salida suficiente en el mercado y que no perturba el suelo, que no contamina y es perfectamente asumible por la agricultura.
Si se va más
allá, hablando de costes o dejando de hablar de costes, en los tiempos en los que estamos, esa norma no es real.



Yo recuerdo otras situaciones parecidas. Recuerdo la estrategia española ante el cambio climático, cuando se adivinaban crecimientos del 3 por ciento anuales en este país. No era real. Esto no es real. En los tiempos que corren, en una
familia con su cabeza de familia en paro y el hijo a punto de estarlo, 120 euros pican. Se puede hacer esa gestión por 60 exactamente igual y se responde exactamente igual al interés público.



La señora PRESIDENTA: Para finalizar, el señor Díaz Trillo, consejero Medioambiental de la Junta de Andalucía, tiene la palabra.



El señor CONSEJERO MEDIOAMBIENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (Díaz Trillo): Apuntaba un dato la señora De Lara cuando hablaba sobre el cambio climático. Desde Andalucía nos parece especialmente relevante la incidencia que tienen este tipo de
industrias de reciclaje y revalorización y el impacto positivo que se puede generar a partir de ahí. Andalucía, mediante un sistema voluntario de compensación de emisiones, participa en muchas de estas instalaciones y hay un beneficio hacia el
medio ambiente en estos reciclajes. Le voy a dar un dato que en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos me parece especialmente llamativo. Cuando reciclamos un frigorífico, el gas que contiene supone el equivalente a las
emisiones de CO2 que produce un vehículo que recorre 100.000 kilómetros de vida. Es una barbaridad. Al mismo tiempo, el vertido de ese gas -y con esto respondo a otra cuestión de las que hoy se han planteado- se almacena en Francia. Cuando
defendemos la posibilidad y la cercanía entendemos -contesto así a su señoría también- que hay determinados residuos concretos y específicos que pueden ser tratados en aquellas plantas o centros que puedan estar en otras regiones e incluso en otros
países.



Ahora bien, que la norma sea el intercambio, como ha puesto de ejemplo el señor Morán, que la basura doméstica o de los hogares de Nápoles pueda venir a España además nos parece que debe arbitrarse adecuadamente. Ya digo que a eso nos
referimos cuando hablamos de la proximidad, de la cercanía, de la capacidad también no solo de consumir más moderadamente, que sería lo primero. Me permito hacer esta reflexión, en ese plan territorial del que les hablaba en Andalucía hemos pasado
de un consumo medio diario de basura o residuos de 1,16 kilos al día a 1,66, casi medio kilo en diez años. Está claro que donde hay que empezar es precisamente en la reducción en origen; luego, lógicamente, el reciclaje y la revalorización.



Por último, en alusión a alguna intervención que ha hecho alguno de los comparecientes en cuanto a las bolsas de plástico, en Andalucía hemos apostado en este último año por una tasa disuasoria que persigue el consumo de bolsas de más de un
uso y penalizar aquellas bolsas de un solo uso. Quiero decirles, y con esto quiero terminar, que el ecobarómetro que utilizamos en Andalucía como termómetro de la opinión pública nos viene a decir que en este tipo de compromisos, de comportamientos
-no entro a considerar que tengan que ser caros o baratos, sino simplemente necesarios-, muchas veces en la contribución de los ciudadanos, son muy bien acogidos por parte de la ciudadanía hasta tal punto que, según estos barómetros de opinión
pública que se hacen anualmente, entienden ya el medio ambiente, y dentro del medio ambiente la recogida selectiva de residuos desde el hogar, como una de las pautas de contribución a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio
ambiente. Por lo tanto, creo que la ley, como decía al principio, es necesaria, oportuna y, por supuesto, mejorable, como se ha dicho aquí. En ese sentido, animo también a sus señorías a que la mejoren.



La señora PRESIDENTA: Gracias a los tres comparecientes por sus intervenciones y por su aportación para el debate en la tramitación del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.



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Suspendemos la sesión cinco minutos para ordenar las intervenciones del último grupo que intervendrá en relación con esta ley. (Pausa.)


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE FEHRCAREM Y VICEPRESIDENTE DE FEHR (RODILLA) (Número de expediente 219/000781.)


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión con el último grupo de comparecientes que representan a organizaciones sectoriales.



En primer lugar va a intervenir el presidente de Fehrcarem y vicepresidente de Fehr, el señor Rodilla, al que le damos la bienvenida, como al resto de los comparecientes de este grupo, y le agradecemos que haya atendido la petición de la
Comisión de Medio Ambiente para poder exponer su posición en nombre de la organización a la que representa en relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.



El señor Rodilla tiene la palabra por un tiempo aproximadamente de diez minutos.



El señor PRESIDENTE DE FEHRCAREM Y VICEPRESIDENTE DE FEHR (Rodilla): Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí para exponer la visión que desde la hostelería se tiene de la ley de residuos y
suelos contaminados.



La FEHR es una asociación que se creó en 1977 y está formada por 75 asociaciones empresariales de hostelería repartidas por toda España. Es la única organización empresarial que representa a nivel estatal a más de 340.000 establecimientos
hosteleros que integran el sector de la restauración. La FEHR está presente en todos los segmentos empresariales de la hostelería: restaurantes, cafeterías, bares, cadenas de restauración moderna, alojamientos y ocio nocturno. En su conjunto, la
hostelería representa, descontada la actividad hotelera, el 6 por ciento del PIB, con una producción de 111.000 millones en 2009, última fecha de la que disponemos de estadísticas publicadas, y da empleo a una media anual, porque aquí hay un empleo
muy estacional que varía a lo largo del año, de 1.200.000 trabajadores. El sector está formado fundamentalmente por pequeñas empresas y autónomos. Las cadenas de restauración moderna suponen un 10 por ciento del sector y están agrupadas en
Fhercarem, que es una asociación empresarial afiliada a la FEHR.



Desde el sector entendemos perfectamente la imperiosa necesidad de esta ley encaminada a la protección del medio ambiente, pero está claro que va a suponer un incremento en los costes de gestión de los establecimientos así como nuevas
inversiones para poder cumplir con los planteamientos de la ley. Algunos de los puntos que más preocupan al sector, aunque están todos recogidos en las enmiendas que se han facilitado a través de e-mail y directamente (si alguno de ustedes quiere,
tenemos ejemplares escritos) son, primero, una posible duplicidad de costes, porque si bien es cierto que la mayor parte de empresas van a acogerse al sistema de residuos que implanten los entes locales, habrá algunas que actúen a través de un
gestor que esté reconocido por la Administración, lo que puede provocar una duplicidad de costes entre las tasas de la Administración local y los costes que tenga la recogida del local. A tal efecto, se proponen modificaciones en el artículo 11,
apartados 5, 6 y en el artículo 30.2 para que aquellas empresas que opten por este sistema no incurran en una duplicidad de costes.



Hay otro tema que es el sistema de devolución de depósito y retorno de envases que va a afectar a los establecimientos de hostelería, porque va a obligar a realizar inversiones, reformas de locales, reducción de espacio de servicio al
público, no en todos los locales de hostelería, porque a algunos les afectará y a otros no, pero a una buena parte de los locales sí, e incremento de costes logísticos. Aquellos residuos biológicos van a suponer que, en algunos casos, la empresa
tenga que utilizar el sistema de lavado de envases. Por eso es necesario que la regulación que se haga sobre este tema establezca una metodología y tiempo para poder prever y racionalizar la implantación de todas las obras e instalaciones que serán
necesarias. En algunos casos habrá que poner sistemas refrigerados para conservar el residuo biológico, por lo que sería bueno que la ley marcara unas pautas de tiempo para la implantación de estos sistemas.



Respecto a las facilidades administrativas, en la ley se habla del registro de producción y gestión de residuos. Esto de la devolución de depósitos está reflejado en el artículo 20.2, en las propuestas de modificación que hacemos. En
cuanto al registro de producción y gestión de residuos, el gestor de residuos, en su caso, será el responsable de la elaboración y presentación de la documentación y archivo cronológico requeridos por la ley, liberando a la empresa de esta tarea.
Sería también importante, porque si se contrata con una empresa actualizada de gestión de recursos, la responsabilidad de toda esta tramitación debe funcionar de una forma diferente para que la empresa no tenga que asumir esa responsabilidad. Para
las empresas que están presentes en distintas comunidades autónomas, el cumplimiento de la norma se simplificaría si se creara un registro electrónico central compatible con las competencias autonómicas, ya que en caso contrario supondría un
incremento del coste por parte de las empresas si tienen que repetir la documentación en cada una de las comunidades autónomas. Esto lo hemos reflejado en las enmiendas propuestas para los artículos 37, 38 y 39.



Impacto medioambiental sobre el suelo. Algunas de las empresas asociadas a Fehrcarem están sujetas por la nueva normativa a realizar informes de impacto ambiental sobre el suelo y ya han realizado los informes correspondientes con arreglo
al artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero. Entendemos que sería adecuado introducir una disposición transitoria para eximir a


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dichas empresas de la obligación de volver a realizar nuevos informes, lo que supondría un coste adicional que en principio no parece que fuera muy necesario.



Un tema que afecta mucho a toda la hostelería -y quizá el más delicado- es el de las bonificaciones fiscales. Nosotros pretendemos que en la ley se incluya una disposición adicional que modifique la Ley de Economía Sostenible en donde se
establecen bonificaciones fiscales para todas aquellas empresas que tengan que realizar inversión como consecuencia de la nueva normativa de medio ambiente. Nuestra pretensión es que esas exenciones fiscales se apliquen no solo a la industria sino
que se amplíen al sector de los servicios. En este momento el sector está gravemente afectado por la crisis económica que viene influyéndole desde hace ya varios años. La nueva Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo ha tenido una
repercusión muy importante también en el sector de la hostelería. A todo el sector le está afectando en la venta pero está suponiendo la desaparición -y lo vemos en las últimas estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de marzo- de bastantes
empresas de autónomos. Incluso, si descontamos de las estadísticas el incremento estacional que se ha producido este año de forma especial debido al incremento de turismo en regiones como Canarias y alguna otra y que han supuesto incremento de
afiliación de empleados a la Seguridad Social, la verdad es que el sector está padeciendo toda esta normativa además de la crisis. Si descontamos estos empleos ocasionales, la realidad es que se están perdiendo ya empleos, a pesar de que solo
llevamos tres meses de implantación de la ley y a pesar de que aún no tenemos los datos definitivos de la encuesta de población activa. En esta situación creemos que es fundamental que esas bonificaciones fiscales que están establecidas para la
industria puedan recogerse mediante una disposición adicional- no sé cuál sería realmente el término o la fórmula legal adecuada para incluirlo en la ley- y que estas desgravaciones se pudieran extender al sector servicios. Fundamentalmente, estas
son las peticiones, que están todas recogidas en las enmiendas o en los cambios propuestos de enmiendas.



Quiero agradecer otra vez a la Comisión que nos haya recibido y, si tienen ustedes alguna cuestión que comentar, les contestaría con mucho gusto, si es que puedo hacerlo.



La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar, primero, con el resto de las intervenciones.



- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE CICLOPLAST (MARTÍNEZ). (Número de expediente 219/000782.)


La señora PRESIDENTA: Invito, en representación de Cicloplast, a la señora Martínez para que intervenga ante esta Comisión.



Comparece a continuación la señora Martínez, directora general de Cicloplast. Tiene la palabra.



La señora DIRECTORA GENERAL DE CICLOPLAST (Martínez): Muchas gracias por darme la oportunidad de exponer la visión de Cicloplast sobre el proyecto de ley de residuos en lo relativo a la disposición adicional segunda y a lo que tiene que ver
con la sustitución de bolsas de un solo uso.



Cicloplast es una entidad sin ánimo de lucro que representa a los industriales de plásticos, tanto a los productores de materia prima como a los transformadores, con un objetivo muy concreto: la promoción de la prevención, la reutilización
y el reciclado de los plásticos al final de su vida útil. La experiencia de Cicloplast en el tema concreto de las bolsas se puede resumir en tres tipos de actividades: campañas de sensibilización ciudadana, con el mensaje del consumo responsable;
colaboramos con Aenor en la normalización de bolsas reutilizables; y también llevamos a cabo habitualmente actividades de educación ambiental con el mensaje anti-litter. En esta diapositiva vemos uno de los símbolos de nuestras campañas, que sigue
utilizándose, y cada vez más, tanto por parte de los grandes centros comerciales como por parte de los pequeños comercios. Nos han pedido incluso, recientemente, autorización para utilizar este símbolo en otros países.



El proyecto de ley de residuos en su disposición adicional segunda, relativa a la sustitución de las bolsas de plástico de un solo uso, incluye básicamente los tres apartados siguientes: un calendario progresivo de sustitución hasta el año
2018, año en que se aplicaría una prohibición total; como alternativa se mencionan exclusivamente las bolsas biodegradables; y a partir del año 2015 el texto actual obligaría a un marcado en las bolsas, alusivo a sus efectos sobre el medio
ambiente. La enmienda propuesta por Cicloplast se resume en estos mismos tres aspectos clave. En primer lugar, calendario de objetivos intermedios de sustitución; sí, estamos de acuerdo, pero a definir por las comunidades autónomas, con un
objetivo general para el 2015 establecido por la ley; en ningún caso prohibir, no tiene justificación, en nuestra opinión. En segundo lugar, nuestra propuesta es que se admitan, además de las bolsas biodegradables, otras opciones igualmente
ecológicas, como son las bolsas reutilizables y las reciclables. En tercer lugar, obligar a marcar las bolsas; sí, pero con un sentido práctico de ayudar al consumidor a proporcionar la vía óptima de recuperación, adecuada a cada tipo de bolsa.
Por ejemplo, la bolsa biocompostable requiere ser tratada con la basura compostable, y la bolsa reutilizable y/o reciclable deberá ser depositada en el contenedor amarillo.



Expondré a continuación la justificación de apoyo a esta propuesta de enmienda que presentamos desde Cicloplast. Comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana tienen ya firmados acuerdos
voluntarios con los comercios para orientarse hacia alternativas de bolsas más ecológicas, por ejemplo el llamado pacto por la bolsa en Cataluña, que el señor Tost ha mencionado por


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sus resultados, así como por el éxito de la implantación de este tipo de medidas mediante acuerdos voluntarios, no por imposición.



En cuanto a las alternativas, por qué no considerar, además de las bolsas bio, la reutilización y el reciclado, pues ambas son opciones prioritarias por la propia Directiva marco de Residuos que precisamente esta ley pretende trasponer.
Cicloplast, por tanto, propone incluir en la ley la referencia a la norma de Aenor sobre bolsas reutilizables y reciclables de polietileno, la UNE 53 942 de 2009. En cuanto al marcado, proponemos adelantar la fecha pero que sea un mensaje útil que
permita que todas las bolsas que se pongan en el mercado vayan al destino adecuado al final de su vida útil para evitar el litter; un mensaje que ayude, en definitiva, al consumidor a distinguir unas de otras: biocompostable no debe ir al
contenedor amarillo y la bolsa reutilizable o reciclable sí debería ir al amarillo para su reciclado.



¿Cuál es la realidad actual del reciclado de las bolsas en España? Gracias al sistema de Punto Verde gestionado por Ecoembes y por acuerdo con las administraciones públicas locales y autonómicas, tenemos una infraestructura en nuestro país
de contenedores, plantas de selección y recicladores de plástico especializados además en reciclado de film, de bolsas. Existe un acuerdo voluntario desde 1998 entre comercios y fabricantes para cubrir los costes del reciclado. España es líder en
reciclado de bolsas de plástico. En el año 2009 se reciclaron 20.000 toneladas, que equivalen aproximadamente a 3.300 millones de unidades, pero todavía hay que hacer algo más, hay que seguir aumentando estos índices de reciclado, y la única manera
de conseguirlo es continuar realizando campañas de concienciación ciudadana que permitan disipar este desconocimiento que todavía existe entre la población sobre la reciclabilidad de las bolsas en el contenedor amarillo. Está claro que el problema
del litter es un problema de comportamiento y por tanto se soluciona con campañas de educación ambiental.



Ante la pregunta de cuál es la mejor alternativa a las bolsas actuales, la respuesta más completa y rigurosa está en los análisis de ciclo de vida, puesto que cubren todas las etapas y además todas las categorías de impacto. Existen tres
ACV sobre bolsas elaborados por tres organismos de reconocido prestigio: Ademe, la Agencia francesa de Medio Ambiente; la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y la Agencia estatal de Medio Ambiente del Reino Unido, pero podríamos coger cualquier
otro ACV sobre bolsas. Las principales conclusiones de cualquier ACV a nivel internacional y también de la Universidad Pompeu Fabra, a nivel nacional, son las siguientes: No existe un material ideal, no existe una solución única. La condición de
un solo uso es más determinante que el material del que está hecha la bolsa. Cuanto más reutilizable y reciclable sea, menor será su impacto ambiental. Esto lo dicen todos los ACV que podamos encontrar a nivel internacional y nacional. En
resumen, no existe una solución única; por ello, Cicloplast recomienda considerar no solo las bolsas bio, sino también las reutilizables reciclables. Es muy importante centrar el problema en su justa medida. Estamos hablando de una ley de
residuos que plantea prohibir un producto que supone tan solo el 0,4 por ciento del total, y eso suponiendo que todas las bolsas van a vertederos, lo que no es cierto porque parte de ellas se están reciclando, aunque desearíamos que en mayor
cuantía. Para terminar, algo todavía más relevante: el sector industrial se vería muy gravemente afectado por esta disposición si no se enmendara el texto actual; 350 empresas que representan 11.000 puestos de trabajo.



Quedo a su disposición para atender las cuestiones que quieran plantearme.



- DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN FÒRUM AMBIENTAL (BARQUÍN). (Número de expediente 219/000783.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la tercera comparecencia, de don Leandro Barquín, director de la Fundación Fòrum Ambiental.



El señor DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN FÒRUM AMBIENTAL (Barquín): Muchas gracias a esta Comisión por invitar a la Fundación Fòrum Ambiental a participar de este proceso para informar sobre los residuos. Me parece obligado en nuestro caso hacer
una breve presentación de la Fundación Fòrum Ambiental. Es una entidad sin ánimo de lucro con una antigüedad de doce años, situada en Barcelona. Hay una característica que nos define y que nos diferencia, que es la composición pública de su
patronato. En él están representados los diferentes niveles de la Administración catalana: la Generalitat, la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Lleida, las
principales empresas del sector económico del medio ambiente -empresas de agua, de energía, de cambio climático- y un peso importante de los gestores de residuos, que representan un 70 por ciento del total de la facturación en España. Por tanto, es
una plataforma de colaboración público-privada que tiene entre uno de sus objetivos -no el único- desarrollar el sector económico del medio ambiente.



Para que entiendan exactamente a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos en relación con los residuos, les voy a poner cinco ejemplos. Uno de ellos es el lanzamiento -que espero que sea a lo largo de este año- del centro de innovación de
tecnologías de los residuos municipales. De hecho, cuenta con una asignación por parte del Parlamento español en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Es un centro de innovación que será de colaboración público-privada, que
tendrá, entre otros objetivos, evidentemente la investigación, la innovación, plantas piloto, verificación de tecnologías, dar visibilidad a las soluciones españolas de gestión de residuos y ayudar en el proceso de internacionalización de las
empresas y del sector de los


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residuos español. Otro ejemplo es que llevamos tres años coordinando un proyecto en el que participan las diecisiete comunidades autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente, proyecto Eter, de comunicación electrónica para la gestión y
traslado de residuos peligrosos. En estos momentos estamos desarrollando este proyecto en colaboración con Portugal, con fondos Feder. Hace escasamente un mes hemos revisado, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Plan de gestión
de residuos del Gobierno de El Salvador. No solamente hemos revisado el plan, sino que, además, hemos elaborado una serie de recomendaciones y propuestas de actuación. Esta misma semana un conjunto de personas de la fundación están impartiendo
formación en gestión de residuos en Chile a responsables de residuos del Gobierno chileno. Por último -luego me extenderé un poco más en este apartado-, desde hace más de un año hemos puesto en marcha un grupo de trabajo sobre residuos y cambio
climático.
Estamos analizando escenarios y metodologías. Haremos propuestas y esperamos tener la posibilidad y la oportunidad de comparecer en esta Comisión para elevarles algunas de estas conclusiones y recomendaciones.



Respecto del tema que nos trae hoy aquí, la ley de residuos y suelos contaminados, no me voy a extender, fundamentalmente porque las alegaciones que hemos presentado -en concreto ocho- están recogidas en el informe que enviamos antes de ayer
a la Cámara y que pueden consultar. Sí quiero aprovechar el poco tiempo que tengo para reforzar tres ideas que me parecen fundamentales y que forman parte de la arquitectura y la estructura del informe que hemos elaborado. Para ello me parece
importante, señorías, poder compartir algunas de las variables del sector económico de la gestión de residuos español. En primer lugar, genera 140.000 puestos de trabajo directos, que representan el 27 por ciento del empleo verde en España, según
datos de 2009 del Observatorio de la sostenibilidad de España. Tienen que tener en cuenta que, además, en la parte de soluciones y tratamientos finales, prácticamente el 50 por ciento de estos empleos son perfiles profesionales de técnico medio o
licenciados universitarios. La facturación estimada en el año 2009 del sector privado de la gestión de residuos en España es prácticamente de 8.000 millones de euros. A esta cifra, que es de por sí ya considerable, deberíamos, sin duda, sumar o
incluir también las inversiones y las amortizaciones en las infraestructuras pagadas directamente por las diferentes administraciones del Estado. Por proximidad, en el caso de Cataluña les puedo decir que en el periodo 2004-2010 la inversión
directa e inducida por explotación de las plantas que fueron construidas con recursos públicos fue una cantidad de 2.600 millones de euros.



Otra característica que me parece importante reseñar es que España tiene un modelo de gestión de residuos que en determinadas soluciones es una referencia internacional. Un ejemplo claro sin duda, pero no el único, son las plantas de
tratamiento mecánico biológico, que son una referencia internacional y es uno de los elementos fuertes del modelo español.
Tenemos empresas de primer nivel, grandes gestoras que están fuertemente internacionalizadas, que son líderes mundiales en
muchos mercados, que tienen posiciones fuertes y primeras posiciones en Italia, Francia, Reino Unido, Mediterráneo, Oriente Próximo, Asia, América Latina, y en estos momentos hay empresas españolas que están participando y licitando en concursos en
los Estados Unidos de América del Norte, pero lo que no tenemos, señorías, es un tejido local de pequeñas y medianas empresas con base tecnológica que puedan acompañar a estas grandes empresas. Hacemos poca innovación, tenemos una fuerte
dependencia a nivel de tecnología y, en consecuencia, nos falta I+D.



A partir de este diagnóstico, que más que un diagnóstico sería una aproximación rápida por el poco tiempo que tengo, me gustaría poner encima de la mesa tres ideas básicas que no es que estén insuficientemente recogidas en la ley, sino que
directamente no están recogidas de ninguna manera en la ley, como explicaré a continuación, pensando que tenemos una oportunidad. La oportunidad no es solamente porque estamos haciendo la trasposición de una directiva marco, que la estamos
haciendo, sino porque estamos creando o estamos diseñando la ley marco que establecerá los objetivos y el horizonte de la gestión de residuos en los próximos años para España. La primera idea de la que quiero partir es la de que los objetivos que
se marca la ley de preservar la salud de las personas, minimizar los impactos ambientales y la eficiencia en el uso de los materiales, a nosotros, a la fundación nos parecen insuficientes. Nos parece que una gestión sostenible de los residuos es
aquella que aporta, además, mayor valor para la sociedad y mayor valor para la sociedad en términos socioeconómicos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que una gestión sostenible de los residuos ha de conseguir a corto plazo que las inversiones
multipliquen los efectos sobre el valor añadido y la ocupación, es decir, que induzcan a sectores de actividad económica y puedan generar riqueza allí donde se produzcan, en el territorio en el que se produzcan, comunidad autónoma o, en este caso,
en España. Por tanto, además, ser capaces de generar puestos de trabajo y ocupación. A largo plazo, cualquier inversión o cualquier planificación en gestión de residuos debería alinearse con los intereses estratégicos del país que, en materia de
gestión de residuos, deberían ser: tener un tejido industrial tecnológico local, autóctono, mejorar la competitividad y reducir las dependencias de nuestra economía, y todo esto solamente lo conseguiremos con innovación.



Segunda idea que me parece importante. Todavía predomina la visión del sector como un servicio de limpieza, incluso hay titulares de prensa en los que lo podemos ver como un servicio de recogidas de basuras en vez de verlo como una
industria potente del conocimiento. ¿Y qué ocurre? Que, como consecuencia de esta visión que tenemos, lo que hacemos son políticas


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de residuos; no hacemos políticas industriales ni hacemos políticas de innovación dirigidas a la gestión de los residuos. Esta fundación, y este compareciente sin duda, tenemos el pleno convencimiento de que conjuntamente con el sector
eólico y el termosolar, la gestión de los residuos y la gestión del ciclo integral del agua pueden situar a España en el primer nivel mundial en tecnologías medioambientales. De nada de esto habla la ley. Podemos estar de acuerdo en que puede
haber partes o zonas del articulado que no tienen demasiado sentido, pero sin duda hay una exposición de motivos, hay toda una filosofía y una intención por parte del legislador que debería ser ambiciosa en cuanto a situar los parámetros del modelo
hacia el cual tenemos que caminar. Y está claro que si queremos caminar hacia un modelo, como he dicho, innovador, diferenciado y sostenible, es fundamental que palabras como innovación, valor añadido, ocupación o política industrial aparezcan en
el texto de la ley.



Tercera idea que es importante y que, por lo que he oído antes en alguna de las intervenciones, también ha despertado el interés de sus señorías.
Me refiero a la relación entre la gestión de los residuos y el cambio climático. Ni una sola
vez en todo el texto de la ley aparece la palabra cambio climático. No hay ningún alineamiento de la política de la gestión de residuos con las políticas de cambio climático, evidentemente españolas, ni de los objetivos europeos. Es verdad que la
contribución a las emisiones directas del sector son bajas, representan sobre el inventario de 2009 solamente -y pongo entre comillas la palabra solamente- un 4,4 por ciento del total del inventario; pero siendo cierto este dato, también lo es que
se han incrementado: han pasado del 2,7 por ciento en 1990 al 4,4 por ciento en el año 2009. Además, señorías, es el único sector, tanto de los regulados por directiva como de los difusos, que ha incrementado sus emisiones netas en el último
inventario del año 2009. Por otra parte, tengo aquí dos informes que están a disposición de sus señorías si lo creen oportuno, aunque hay algunos más, del Gobierno alemán o de Naciones Unidas, que indican -y lo indican yo diría que con convicción-
que la contribución a la mitigación de gases de efecto invernadero del sector de la gestión de residuos puede estar entre las mayores de todos los sectores, tanto los de la directiva como de los sectores difusos.



Si me lo permiten, y de manera muy rápida, vamos a ver de qué manera contribuye la gestión de los residuos a la lucha contra el cambio climático. Por una parte, sin duda, reduciendo las emisiones directas, y hay dos maneras claras de
reducir estas emisiones directas: una, mediante el reciclaje, y la segunda, desviando lo que va a vertedero mediante la valorización energética y los diferentes tratamientos de la materia orgánica. España está a la cola de Europa en cuanto a la
cantidad de residuos que depositamos en los vertederos. Estamos hablando de que aproximadamente un 70 por ciento de los residuos que genera España acaban en el vertedero y estamos hablando de 12 millones de toneladas/año. Por tanto, la capacidad
de reducción del sector de la gestión de los residuos en emisiones directas yo diría que es fundamental, importante o de una gran trascendencia. Pero también -y yo creo que esto es importante para que se entienda el concepto- mediante la reducción
de las emisiones directas. Es verdad que el sector de la gestión de residuos está colaborando y está trabajando para ahorrar emisiones y que luego estas emisiones que se ahorran se adjudiquen y se pongan en el inventario de sectores regulados por
las directivas. Les voy a poner dos ejemplos.
Cuando sustituimos el clinker de las cementeras, que, como ustedes saben, tiene un componente fósil, por combustibles derivados de los residuos municipales, que tienen un efecto neutro de CO2, esa
reducción de las emisiones de CO2 son asignadas al sector cementero y no al sector de los residuos. Un segundo ejemplo, también muy claro, es que cuando reciclamos, el ahorro de la energía primaria fósil y por tanto la reducción de las emisiones,
no va al sector de los residuos, sino que se contabiliza en el sector energético. De ahí que Naciones Unidas hable de la fuerte contribución, tanto por reducción de emisiones directas como indirectas, de la gestión de residuos. A partir de esta
realidad, a partir de esta, digamos, capacidad de reducción que les he expuesto, nos parece lógico que una parte de los recursos contemplados en las políticas de mitigación y lucha contra el cambio climático se destinaran a financiar los costes y
las inversiones del sector de los residuos.
Especialmente ahora, con las nuevas exigencias de la directiva y la situación sin duda complicada, tanto de los entes locales como de los ayuntamientos, con las administraciones autonómicas, parece que
con más razón deberíamos hacer esta orientación. (El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.) También se deberían remunerar los esfuerzos adicionales que realizara el sector y que llevaran aparejada una mayor reducción de las
emisiones. En concreto y en el apartado de cambio climático, nosotros hemos hecho dos propuestas concretas. En los artículos 7 y 15 incluso nos hemos permitido plantear un posible redactado. En cualquier caso, entendemos que las dos propuestas no
solo se alinean con los objetivos europeos en la lucha contra el cambio climático, sino que son perfectamente coherentes con normas aprobadas por esta Cámara, tanto en la Ley de Economía Sostenible, artículos 90 y 91, como en la Ley 13/2010, que
regula el comercio de los derechos de emisión.



Acabo ya mi intervención enumerando o indicándoles en qué otros segmentos o elementos de la ley hemos hecho aportaciones y me extenderé brevemente en dos de ellos: flexibilidad para aplicar la jerarquía de residuos, promover el reciclado
local y con valor, y promover la valorización energética local y eficiente. Y una cuestión fundamental es que para tener un diagnóstico suficiente, elaborado, preciso y poder tomar decisiones que tienen que ver con la planificación lo que
necesitamos, señorías, es pedir a las autoridades ambientales que elaboren un


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mapa de situación de todas las instalaciones de residuos en España. Nos falta información. Este mapa de situación debería contener la caracterización de los residuos que entran, balance de masas, eficiencias, precios, salidas, emisiones de
CO2. Esta información es insuficiente, está poco coordinada o, si ustedes prefieren, descoordinada, y parece fundamental, como digo, para hacer diagnosis, para hacer planificaciones, contar con información precisa y fiable.



Por último, respecto a la participación, lo que hemos propuesto en nuestro informe es la presencia de los sectores económico y social en la comisión de cooperación y desarrollo que contempla el artículo 12. Hay treinta vocales en
representación de las autoridades competentes pero, a diferencia de lo que ocurre en otros órganos que existen en el organigrama del Ministerio de Medio Ambiente, que asesoran al Ministerio de Medio Ambiente y donde sí está prevista la participación
del sector económico y del sector social, en la comisión de cooperación técnica de desarrollo solo se contempla, y con carácter facultativo, la posibilidad de formar parte de las posibles comisiones de trabajo.



El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Gracias, señor Barquín, director de la Fundación Fòrum Ambiental, por la información.



- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN, ASPAPEL (REINOSO). (Número de expediente 219/000784.)


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo: Pedimos que comparezca, si tiene la amabilidad, don Carlos Reinoso, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Aspapel. (Pausa.)


El señor Reinoso tiene la palabra.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN, ASPAPEL (Reinoso): Señorías, en primer lugar quiero agradecer la posibilidad de llevar el punto de vista de un sector y un producto a esta
importante ley, que marcará aspectos muy importantes de nuestra política medioambiental en los próximos años. Evidentemente, este es un producto imprescindible en nuestra vida diaria; sería difícil imaginar nuestra vida sin él y, si me permiten,
señorías, también la suya propia, porque no olviden que fue el papel en forma de papeleta metida en una urna el que les permitió estar donde estamos ahora. Es un producto imprescindible para nuestra vida diaria.



Aspapel es la asociación que representa a las industrias fabricantes de pasta, papel y cartón en todo el país. Somos una asociación que representa a unas cien instalaciones productivas a lo largo de toda la geografía nacional. Estamos
hablando de 18.000 empleos directos, de una facturación de 3.500 millones de euros y de un sector en muy dura competencia internacional. Realmente estamos hablando de un sector que trabaja en un mercado abierto y, por tanto, los factores de
competencia internacional son absolutamente fundamentales en nuestra vida diaria. En mi intervención trataré de cubrir rápidamente cuatro aspectos y haré algunas reflexiones que creemos que son tremendamente importantes de cara a la ley que está
actualmente en discusión sobre el papel y la sostenibilidad. Me gustaría hacer alguna reflexión sobre el tema que probablemente es más relevante de cara a la ley, los aspectos del reciclaje del papel, y sobre la situación actual y el futuro,
aquellos retos que nosotros vemos en el horizonte, algunos importantes -yo diría muy importantes-, como es tratar de consolidar esa tendencia que tenemos y veamos los residuos no como un problema sino como una oportunidad, como un recurso.



Evidentemente todo empieza en nuestro sector con los tres grandes elementos que tenemos a la hora de reciclar el papel. Primero -se ha dicho ya a lo largo de estas comparecencias- está el consumidor, elemento imprescindible para que el
sistema funcione. Sin la concienciación y sin la participación voluntaria del consumidor es imposible que los materiales se separen y lleguen a los sistemas de recogida, sistemas que luego tienen que funcionar adecuadamente, con sus actores y que
permiten llevar los materiales, en nuestro caso, a las fábricas de papel, los centros de reciclado, donde ese material se transforma en nuevos productos papeleros que entran en su nuevo ciclo de vida.



Si hablamos de la evolución histórica del reciclado del papel tenemos que decir que es un caso de éxito. Es una de esas raras ocasiones en las que los motivos económicos y medioambientales han ido de la mano, y eso sin ninguna duda está
detrás de que actualmente tengamos en España una tasa de reciclado de papel del 72 por ciento. Dicho de otra forma, el 72 por ciento del papel que consumimos en España se está reciclando. Eso es algo de lo que todos tenemos que estar realmente
orgullosos y que ha sido debido a una conjunción de intereses y de voluntades entre todos los actores: consumidores, administraciones públicas y sector privado. Y ese trabajo, apoyado por una serie de trabajos conjuntos que hemos venido realizando
desde el sector privado en estrechísima colaboración y participación con las autoridades competentes, nos ha permitido estar donde estamos. Pero no siempre fue así, y si miramos un poquito al pasado, y no me voy tan lejos -estamos hablando
simplemente de seis años atrás-, nuestra tasa de reciclado estaba en el 50 por ciento; ahora estamos, decía antes, en el 72 por ciento. Hemos duplicado en estos seis años la recogida selectiva del canal municipal, la más difícil, la más compleja,
y eso -lo hemos oído en varias intervenciones- lógicamente es algo que ha costado un esfuerzo, que ha dado sus frutos, pero que no tenemos que dar por seguro de cara al futuro, y ahí es donde traemos algunas preocupaciones


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a sus señorías para que las consideren de cara a la ley que está en discusión.



Ese trabajo conjunto ha sido posible por el esfuerzo ejemplar de algunos ayuntamientos especialmente, de algunas corporaciones locales de este país, distribuidos por toda la geografía. Más allá de tamaños, de singularidades o de ubicaciones
hay administraciones públicas que están haciendo muy bien su trabajo, y esto es algo importante. Esta diapositiva es la lista de un sistema que nosotros tenemos de trabajo conjunto con los principales ayuntamientos en España, en el que evaluamos su
comportamiento en cuanto a la recogida selectiva de papel y cartón sobre la base de unos criterios, y conjuntamente elaboramos planes de mejora continua. Es un modelo de trabajo conjunto entre el sector privado y las administraciones públicas que
ha permitido llevarnos adonde estamos actualmente. Es un caso de éxito -ya lo decía antes- que hemos conseguido mediante esfuerzo ciudadano, mediante inversiones de la Administración pública, mediante una gestión correcta de la Administración
pública, pero también gracias a muy fuertes inversiones industriales, y yo creo que este es un tema importante. En la medida en que hemos ido incrementando nuestras recogidas selectivas de papel y cartón -línea azul en el gráfico-, el sector
industrial papelero hemos ido, en paralelo, invirtiendo y ampliando nuestras capacidades de reciclaje, porque públicamente dijimos ya hace una serie de años que el sector industrial papelero español se compromete a reciclar todo el papel que
recojamos selectivamente en España. Esto son inversiones de muchos cientos de millones de euros que hemos ido acometiendo en los últimos años y, al margen de situaciones más o menos coyunturales que podemos tener en los años recientes, ese
compromiso está ahí y esas inversiones industriales muy importantes -estamos hablando de cientos de millones de euros- están dando su fruto.



Ahí es donde estamos ahora, pero más importante es que miremos hacia dónde vamos. Aquí es donde queríamos compartir con ustedes algunas preocupaciones muy serias que tenemos y en las que creemos que la ley debe y puede jugar un papel
fundamental. ¿De qué estamos hablando? De que, desde nuestra perspectiva, el reto de futuro es asegurar el mantenimiento de esas capacidades de reciclaje que tanto nos ha costado construir en este país. Tenemos que evitar que se desactiven
eslabones importantes de la cadena de reciclaje porque eso significaría dos cosas: un impacto medioambiental muy importante y algo que también hemos oído reiteradamente a lo largo de la tarde, que es la pérdida de ese empleo verde que actualmente
tenemos gracias a este circuito virtuoso que yo comentaba antes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos un proceso de comercio mundial de las materias primas reciclables, en este caso del papel y cartón recuperado en España, que
está yendo de manera creciente y aleatoria a Asia, principalmente a China; estamos hablando de que, más allá de principios de proximidad, que muchas veces los entendemos como dentro de nuestro país o incluso dentro de Europa, tenemos grandes flujos
de materias primas secundarias principalmente destinadas a la industria papelera china, que está creciendo de manera muy importante, que no tiene la materia prima para satisfacer sus necesidades y que la está buscando allá donde la encuentra a lo
largo de todo el mundo: en Europa, en España como país especialmente sensible por nuestra dependencia y nuestra situación periférica, pero también en sitios como Estados Unidos. Si miramos lo que ha sido el proceso de evolución en España vemos un
desarrollo tremendamente preocupante, y es esa línea roja creciente de manera sostenible pero un tanto aleatoria, en la que vemos que año a año van creciendo las cantidades de papel y cartón que recuperamos en España en nuestros contenedores de
recogida selectiva, que estamos financiando con el dinero de las administraciones públicas y de los consumidores, y que al final termina en fábricas papeleras chinas para ser reciclado a tantos miles de kilómetros de distancia. Creemos que esto es,
uno, un sinsentido medioambiental y, dos, un sinsentido desde el punto de vista de la economía, de la creación de empleo y de riqueza en nuestro país. Esas exportaciones masivas que estamos teniendo de manera creciente año tras año de papel y
cartón recuperado selectivamente las estamos teniendo que compensar con importaciones que por nuestra parte está haciendo la industria española. Estamos hablando globalmente de que un millón de toneladas anuales en los últimos años ha salido de
España y se ha reciclado en China, y de que la industria papelera española ha tenido que importar ese mismo millón de toneladas como materia prima reciclable para fabricar nuevo papel que ponemos en los mercados. Insisto, estamos convencidos de que
esto es un sinsentido económico y medioambiental. De esto es de lo que estamos hablando. Hay un tráfico mundial creciente y creo que sus señorías tendrían que reflexionar sobre si este es el modelo de crecimiento sostenible que queremos en Europa
para nuestra economía y para nuestro medio ambiente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)


Centrémonos ahora en la segunda consecuencia. Hemos hablado de los aspectos medioambientales, pero esto también tiene consecuencias directas en la economía y el empleo. En Europa, el sector papelero emplea a 250.000 trabajadores
directamente y a casi 2 millones de trabajadores de manera indirecta, y estamos hablando de 1.200 centros de producción. Si nos centramos en España: 100 instalaciones productivas, 18.000 empleos directos y 90.000 empleos indirectos, que de una u
otra forma están afectados y en el alero de aquí a medio plazo si no somos suficientemente inteligentes como para resolver el problema estratégico que yo decía que tenemos encima de la mesa. Evidentemente, uno puede decir: Esto es la economía de
mercado; si al final alguien se lleva ese material de Europa es porque está pagando más por ello. Es cierto, pero lo que tenemos que ver es qué hay detrás, y tenemos que ser conscientes de que la


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Comisión Europea en un par de semanas publicará el primer caso combinado de antidumpin y antisubsidio que se ha aprobado en Europa y precisamente va a ser contra la industria papelera china. Lo que estamos diciendo y lo que este caso
demuestra es que la industria papelera china no está actuando conforme a las reglas del libre comercio. Y no lo decimos nosotros, que puede ser más o menos lógico como parte interesada, lo está diciendo la Comisión Europea y lo está diciendo con la
aprobación del Consejo Europeo, de todos nuestros gobiernos. Con lo cual ese funcionamiento no de acuerdo con reglas de mercado es lo que está generando su capacidad de compra de materias primas reciclables en Europa, en Estados Unidos, a los
precios que haga falta, porque lógicamente no competimos con las mismas reglas de juego. Estas son las consecuencias. Evidentemente siempre es desgraciado traer un caso concreto, pero lo hago a modo de ejemplo; esta foto es de una fábrica que
está muy cerca de aquí, una fábrica que está ubicada en Fuenlabrada, un complejo industrial de primer nivel tecnológico, realmente puntero a nivel mundial, que cierra una de sus dos líneas productivas precisamente por serios problemas de
abastecimiento de materia prima reciclable.
Estamos hablando de cosas concretas, no estamos hablando de entelequias.



Nuestras conclusiones son que de no resolverse esta situación creemos que se va a ir acentuando de cara al futuro. Estamos absolutamente convencidos. Creemos que esto va a llevar a situaciones de suministro progresivas en todo nuestro
circuito y nuestras capacidades de reciclaje, que antes o después van a poner en juego esto y van a hacer que esas instalaciones se vayan cerrando. Y el problema, más allá de las implicaciones económicas, es que el día que no tengamos las
capacidades de reciclaje y que esas compras se dejen de producir nos podemos encontrar con ingentes montañas de papel recuperado que nuestros contenedores van a seguir recuperando porque, como decíamos, nuestros ciudadanos están fantásticamente bien
educados y motivados, pero no tendremos esa capacidad de reciclar ese material si en un momento dado esos compradores dejan de actuar como han venido haciendo hasta ahora.
Nosotros creemos que la ley de residuos nos brinda una excelente oportunidad
si no de dar una solución definitiva al tema, por lo menos sí de dotarnos de herramientas que nos permitan de alguna forma ser capaces de contrarrestar algunas de las peores consecuencias de este proceso. En concreto, estamos pensando que a corto
plazo es necesario que la ley de residuos articule mecanismos que permitan, con carácter temporal, en manos de las autoridades públicas competentes, y cuando esté justificado por motivos medioambientales o porque esté poniendo en peligro nuestras
capacidades de recuperación y reciclaje, dar prioridad al reciclaje en cercanía, en Europa. Estamos hablando lógicamente de que tiene que haber libre circulación de estos materiales buscando las instalaciones de reciclaje más óptimas pero,
lógicamente, dar prioridad de reciclaje en cercanía. Nos parece que las administraciones tienen que tener la capacidad, la ley las debe dotar de la capacidad de que en caso de extrema necesidad, porque realmente esté en riesgo la supervivencia de
nuestros sistemas de recuperación y reciclado que tanto nos ha costado construir, puedan hacerlo.



A medio plazo tenemos que hacer bastante más. Tenemos que pensar realmente qué queremos hacer en Europa respecto a los mercados de materias primas secundarias, tenemos que pensar cuál es nuestra visión de futuro en cuanto a esta economía
verde, etcétera. Pero por lo menos a corto plazo nosotros creemos, y con esto termino, que la ley de residuos nos ofrece una fantástica oportunidad y que por tanto nos tenemos que centrar en ella. Se puede articular de varias maneras, tenemos
algunas sugerencias de enmiendas que lógicamente están a disposición de sus señorías y, por supuesto, estamos a su disposición para ampliarlo en la medida que crean conveniente en los próximos días.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Reinoso.



- DE LA SEÑORA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN, ANGED (MARQUIEGUI). (Número de expediente 219/000785.)


La señora PRESIDENTA: Por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución comparece la señora Marquiegui, directora del departamento de calidad y medio ambiente. Tiene la palabra.



La señora DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN (Marquiegui): Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero agradecer a los miembros de esta Comisión la
oportunidad que se ha dado a nuestra asociación de poder trasladarles la opinión de nuestro sector en relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.



Para que puedan valorar mis opiniones, empezaré contándoles muy brevemente qué es Anged. Anged es la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Se trata de una organización que integra a algunas de las empresas más
representativas del sector de la gran distribución en distintos formatos: hipermercados, grandes almacenes, grandes superficies especializadas, etcétera. Tenemos integradas dieciséis empresas, con un total de 236.000 empleos. No obstante, lo que
a continuación les expondré en relación con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados es compartido por otras asociaciones de distribuidores, como son ACES, Asociación de cadenas españolas de supermercados y Asedas, Asociación de
distribuidores, supermercados y autoservicios. Estas tres asociaciones representan los intereses de las empresas de distribución que,


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bajo todos los formatos, desarrollan su actividad empresarial a través de cadenas de distribución presentes en España y en varios países de la Unión Europea y, dado su volumen económico y número de trabajadores, representan mayoritariamente
la actividad del comercio minorista, que contribuye en un 12 por ciento al producto interior bruto.



Como saben sus señorías, las empresas de distribución que operan en España son bien valoradas por los ciudadanos hoy en día, ya que les otorgan su confianza y les permiten seguir creciendo y creando empleo aun en circunstancias como las
actuales, que no son precisamente las mejores.
Ello se debe a que en los últimos años las empresas de distribución están desarrollando modelos de negocio adaptados, cada vez más, a las necesidades de todos los consumidores. Lo han hecho, entre
otras cosas, gracias a la cada vez más estrecha colaboración con sus proveedores. Por ello, en sus relaciones en la cadena de suministro, las grandes empresas de distribución, tanto con la industria como con los consumidores, en sus modelos de
negocios lógicamente buscan la permanente eficiencia, la estabilidad en el suministro y el servicio al consumidor. Como conocen sus señorías, el negocio de la distribución es hoy en día, por así decirlo, tanto logístico, como comercial, básicamente
porque cada vez son más importantes la rotación y la eficiencia. Esta forma de operar, tanto logística como comercial, con una alta rotación de nuestros productos, hace que nos sintamos especialmente implicados en el proyecto de ley de residuos y
suelos contaminados. En particular, a lo largo de mi exposición me centraré en los dos artículos que son prioritarios para las empresas de distribución, el artículo 11, sobre competencias administrativas, y el artículo 20, sobre el sistema de
depósito, devolución y retorno. En relación con el artículo 11, sobre competencias administrativas, en el sector de la distribución destacamos el hecho de que por primera vez en una ley de ámbito estatal se diferencia entre residuos domésticos,
comerciales e industriales. No obstante, creemos que es necesario, para mejorar la seguridad jurídica de los productores de residuos comerciales, mejorar la redacción actual de la ley, ya que entendemos que el marco normativo debe propiciar el
desarrollo de un tejido empresarial de servicios medioambientales a empresas con capacidad de gestión e innovación -y no una fragmentación espacial injustificada de las actividades- para permitir una mayor eficacia en el logro de los objetivos
ambientales y, en segundo lugar, una gestión más eficiente, que permita tanto la realización de economías de escala como la búsqueda de soluciones integrales en la gestión de los residuos. En este sentido, consideramos esencial la racionalización
de las competencias de las entidades municipales en la gestión de los residuos -que se recogen en el artículo 11 sobre competencias administrativas-, puesto que de la actual redacción del proyecto de ley de residuos, los productores de residuos
comerciales, en este caso los distribuidores, pierden su potestad de poder elegir cómo gestionan sus residuos comerciales, quedando supeditados a que las entidades locales les puedan imponer un sistema de gestión público que supondrá, en su caso, un
aumento de los costes, que estarán basados en criterios más fiscales que en criterios de eficacia y eficiencia. En este sentido, consideramos que productor del residuo comercial debe ser quien decida qué gestión, cómo y con quién hace la gestión de
sus residuos y que deben eliminarse barreras al mejor tratamiento de gestión de los residuos. Debe tenerse en cuenta además que la responsabilidad de las entidades locales sobre los residuos es una responsabilidad subsidiaria, ya que no se trata de
algo que sea necesario o imprescindible para los implicados y, por tanto, debe ser de recepción voluntaria. Por lo anterior, desde la distribución consideramos que la entidad local solo debiera poder exigir la gestión pública a los productores de
residuos comerciales en los casos en los que el productor del residuo comercial no demuestre que está realizando correctamente la gestión de sus residuos con entidades privadas con personalidad o personas jurídicas que le gestionen correctamente los
residuos. En este sentido, solicitaríamos la modificación de este artículo de forma que quede claro que el productor del residuo comercial sea el que tenga la capacidad de poder elegir cómo gestiona sus residuos, siempre que demuestre que los está
gestionando adecuadamente.



El otro aspecto que es prioritario para nosotros es el sistema de depósito, devolución y retorno. Sobre este aspecto, quería recordarles que las empresas de distribución y las industrias están cumpliendo con sus obligaciones en relación con
la gestión de los residuos de envases a través de lo establecido en el marco de la Ley 11/97, y que esto está funcionando con éxito en relación con el cumplimiento de los objetivos marcados en la Directiva de Envases. Hoy en día no existe un
problema en el cumplimiento de las tasas de reciclado, que se superan, año tras año.
De hecho, los objetivos de reciclado que se han conseguido están un 20 por ciento por encima de los que marca la directiva. Los últimos datos procedentes de
Ecoembes indican que el 65 por ciento de los envases domésticos se han reciclado en el año 2010, por lo que no parece que haya un problema de reciclado. A partir de este marco estable fijado en el ámbito de la Ley 11/97, se puede ver cómo ha
evolucionado el sector fabricante y comercial. El hecho de alterar este marco sin tener en cuenta la realidad de la cadena de suministro en España, tendría consecuencias muy perjudiciales sobre el sector, consecuencias que resultaría difícil
valorar en este momento por lo perjudiciales que resultarían. En este sentido, cualquier modificación que afecte tanto a la industria como a la distribución, etcétera, en el marco en el que ya se está trabajando para el cumplimiento de la Ley de
envases debe basarse la profundización, la eficacia y la mejora del sistema actual. En sentido contrario, cualquier modificación que afecte de manera sustancial al marco actual resultaría incompatible con la cadena de suministro.



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En relación con las consecuencias económicas que implicaría la imposición de un sistema de depósito, devolución y retorno, cabe destacar que los informes que existen de los países de Europa en los que se ha implantado este sistema hablan de
aumentos del coste de aproximadamente tres veces por tonelada de material reciclado en el sistema de depósito frente a los sistemas integrados de gestión. Además, habría que tener en cuenta, por las características particulares de nuestro país en
cuanto al elevado número de puntos de venta y su dispersión geográfica, que estos costes que ha supuesto en otros países, en el caso de España serían muy superiores, insisto, por las características particulares de que en España hay puntos de venta
en todos los municipios de más de 8.000 habitantes. A la hora de valorar los costes económicos de implantar un sistema de depósito, devolución y retorno, habría que valorar no solo la inversión inicial que supone el desembolso en las máquinas, que
no es ni mucho menos despreciable, porque se está hablando de costes de más 500 millones de euros -tengan en cuenta que en un hipermercado grande se pueden llegar a necesitar diez máquinas de este estilo; imagínense que en un fin de semana, con
todo el comercio lleno, puede llegar a necesitarse un elevado número de máquinas-, pero no solo hay que tener en cuenta estos costes, sino que existen otros, como puede ser la modificación de los sistemas informáticos para la cajas de los comercios,
que no están amoldadas para devolver dinero sino para cobrar, con lo cual habría que modificar todo esto; los costes de mantenimiento y de limpieza de las máquinas y de las áreas de influencia; los costes de seguridad, porque esto va a tener un
valor y podrá estar sometido a robos, con lo cual será necesario tener establecido en los comercios un mecanismo de seguridad; los costes de los seguros de las máquinas, porque se nos está hablando de costes de entre 700 y 1.000 euros anuales por
máquina; el coste de oportunidad que supone el tener ocupado un comercio por una máquina del sistema de depósito en lugar de para otra cosa, y un largo etcétera con el que no querría aburrirles. Cabe destacar que todos estos costes sirven para la
financiación de la gestión del 9,1 por ciento del total de los envases domésticos, que supone el 1,3 por ciento del total de residuos sólidos urbanos. Si comparamos estos costes con los costes anuales que pueden suponer algunos de los sistemas
integrados de gestión de este país -que son de 400 millones de euros-, sin duda el dato del coste económico es más que significativo, porque, como les decía, hablamos de costes por encima de 500 millones de euros para el sistema de depósito.



Además, el sistema de depósito no tendría un efecto positivo sobre el empleo. Tengan en cuenta los costes que debería asumir la distribución así como la industria, lo cual, desde nuestro punto de vista, generaría una retracción en el
consumo, teniendo en cuenta el momento actual en el que el comercio está sufriendo una fuerte contracción. Según los datos más recientes disponibles del Instituto Nacional de Estadística, que corresponden al último mes de febrero, las ventas del
comercio minorista, tanto general como de alimentación, a precios constantes han caído por segundo mes consecutivo a pesar de que venimos de meses, como los de 2008 y 2009, con descensos de hasta el 6 por ciento de ventas en alimentación.



Por lo que respecta a los efectos sobre el medio ambiente, el sistema de depósito, devolución y retorno tampoco tiene unos efectos tan positivos como pudiera esperarse. Cabe destacar que el sistema de depósito, devolución y retorno
supondría un mayor consumo de combustible. Sería necesario establecer un sistema logístico específico para el sistema de depósito, lo que generaría sin duda mayores emisiones de CO2. Esto tendría un impacto ambiental aún mayor, como les comentaba
anteriormente, por las características particulares del comercio en España. Hay numerosísimos puntos de venta con una dispersión geográfica enorme y, evidentemente, esto generaría más emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, podría
suponer un retroceso en la optimización del peso de los envases, ya que actualmente con los sistemas integrados de gestión se realizan planes empresariales de prevención y los productores pagan en función del peso de los envases, con lo cual
evidentemente la promoción de la prevención de los envases está incentivada con el sistema integrado de gestión.



Además -no quisiera aburrirles ni extenderme más-, existen otros efectos negativos de los sistemas de depósito, devolución y retorno como riesgos para la salud ya que pueden suponer focos de contaminación microbiológica, generar problemas de
higiene, olores, suciedad, etcétera.
Asimismo, como les comentaba anteriormente, podría existir riesgo para la seguridad dado el valor que tienen los sistemas de depósitos que podrían estar sometidos a robos. Por todo lo anterior, consideramos que
el sistema de depósito, devolución y retorno debería ser de aplicación voluntaria y, en cualquier caso, solicitamos que al menos se mantenga la actual redacción del artículo 20.2 del proyecto de ley de residuos, que tiene en cuenta la necesidad de
realizar un estudio económico, técnico y ambiental.



Para concluir, me gustaría añadir que ni la realidad del cumplimiento de las tasas de reutilización de reciclaje, que se encuentran en mejora continua, ni la realidad del comercio y de la industria merece que se vea sometida a una nueva
modificación legal que incida sobre la operatividad y el funcionamiento de las ventas ni sobre sus costes financieros en un momento especialmente delicado de descensos del consumo, de las ventas y de la rentabilidad de las compañías. Nuestras
empresas han demostrado y demuestran su compromiso con el medio ambiente y con el cumplimiento de las normativas que disciplinan el mercado. No solo han contribuido en los últimos años a una mayor sostenibilidad ambiental con una mejora energética
en sus procesos, sino que, haciendo un esfuerzo educacional, han contribuido a que los consumidores también mejoren su comportamiento


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con el medio ambiente. Un ejemplo muy cercano son las tasas de reducción de bolsas de plástico utilizadas por el consumidor. Merecen, por tanto, certeza, estabilidad, seguridad jurídica del marco normativo que regula su actividad, entre
las que se encuentra esta nueva ley de residuos que agradecemos y creemos necesaria.



Les agradezco mucho su amable invitación y su paciencia. Consciente de haber abusado de ella, quedo a su entera disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme.



- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE OFICEMEN, AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE CEMENTOS DE ESPAÑA (ESTRADA). (Número de expediente 219/000780.)


La señora PRESIDENTA: Finalmente, comparece en representación de la Agrupación de Fabricantes de Cementos de España su presidente, el señor Estrada, al que invito a sentarse para iniciar su intervención. (Pausa.)


Señor Estrada, gracias por su presencia en esta Comisión. Tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE OFICEMEN, AGRUPACIÓN DE FRABRICANTES DE CEMENTOS DE ESPAÑA (Estrada): Muchas gracias, señorías, por su tiempo y, teniendo en cuenta que soy el último, trataré de ser lo más conciso posible.



Nuestra posición está basada básicamente en dos puntos, que creemos que son significativamente mejorables. El primero es el artículo 24, en cuanto a la limitación de traslado de los residuos entre las comunidades autónomas. La generación
de fronteras entre comunidades autónomas no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que no existen entre los Estados de la Unión Europea. Creemos que supondría trabas a la competencia, limitaciones al derecho a la libertad de empresa y, sobre todo,
ineficiencia económica. No tendría mucho sentido. Proponemos dos alternativas al texto: evitarlo o evitarlo simplemente para lo que se considera eliminación. La justificación legal es el Reglamento 1013/2006.
En cuanto a los traslados de
residuos al interior de un Estado miembro, es aplicabilidad directa, y no habría que hacer ningún cambio aquí. El reglamento establece que solamente puede limitarse para determinadas categorías de residuos, normalmente residuos peligrosos, y por
los motivos establecidos en los artículos 11 y 12 de eliminación y valorización, respectivamente. El principio de aplicación de proximidad y el de autosuficiencia se verían claramente cuestionados con esto y las limitaciones a la libre competencia
podrían ser también preocupantes. La Comisión Nacional de la Competencia dice que podría dar lugar a barreras geográficas interautonómicas de residuos, contribuyendo a generar situaciones de reparto territorial del mercado que podrían causar
malentendidos innecesarios.



Paso a darles gráficamente información que es valiosa. Creemos que es clave el precio de la tasa del vertido, y que esto lo condiciona radicalmente. El precio del depósito al vertedero en España no refleja adecuadamente -depende de
comunidades autónomas- sus costes reales, el impacto que tiene de emisiones de gases de efecto invernadero, olores, etcétera. El porcentaje de residuos que van a vertedero depende de la fuente. Antes se ha hablado de un 70 por ciento, nuestra
información es que es más del 50. En cualquier caso, no es tan importante como lo es la diferencia que hay con los países más desarrollados de Europa, a los que nos debemos parecer. Como ven, Alemania -que es una referencia- tiene el 0,5 por
ciento, que son 32 kilos per capita que van al vertedero. Como observan también abajo a la derecha, el porcentaje de reciclado en España es significativamente inferior al de nuestros socios de referencia. Desde el punto de vista cementero, ¿cuál
podría ser el benchmark, un modelo de éxito? Alemania, que tiene un impuesto al depósito en vertedero que desincentiva esta práctica y el precio del vertido realmente refleja los costes de la eliminación. Tienen una gráfica donde se ve el
porcentaje de sustitución de combustibles fósiles por valorización, por residuos o resto de los residuos en los diferentes países europeos y, como observan, en España estamos prácticamente a la cola. Las referencias son Alemania, Bélgica, Suiza u
Holanda. Está un poco distorsionado y sesgado porque solamente hay una planta de cemento y esa planta es la que utiliza el 80 por ciento, pero creo que Alemania es una referencia con ese prácticamente 60 por ciento.



Me gustaría hacer tres comentarios a este respecto. Uno, que la media de España esté escasamente por encima del 10 por ciento no quiere decir que no haya plantas en España que ya estén a los niveles, por ejemplo, de Alemania o por encima,
hay plantas en España que están en el 70 u 80 por ciento. Dos, hace diez años Alemania estaba prácticamente igual que España; es decir, escasamente en un 10 por ciento. Tres, ha coincidido en el tiempo -probablemente muchos de ustedes lo habrán
visto; hace un par de días se ha publicado en casi todos los medios de prensa-, una de las cementeras españolas, una multinacional que tiene operaciones en el Reino Unido, ha hecho un acuerdo con una de las principales compañías de tratamiento de
residuos, si no la más importante de España, que también es una multinacional. Bueno, la única diferencia que se puede hacer con el Reino Unido es que ha sido una inversión para poner una planta de tratamiento de residuos y ser utilizada la
fracción resto en una planta cementera en Inglaterra. La única diferencia entre España e Inglaterra desde este punto de vista es la tasa de vertedero en un país y otro, porque las compañías son las mismas, son multinacionales que hacen operaciones
en ambos sitios, y desde luego las instalaciones para hacerlo que hay en España son tan buenas o mejores que las de, en este caso, Inglaterra. Se me olvidó decirles antes que el sector cementero español es el más eficiente desde el punto de vista
energético


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de toda Europa y el tercero del mundo detrás de Japón y Corea, con lo cual en instalaciones y en know how estamos como mínimo tan bien como el mejor.



Como ven a la derecha, el uso de combustibles alternativos en España ha ido subiendo a pesar de ser todavía muy pequeño, y a la izquierda pueden apreciar que ya se ha eliminado la valorización de residuos en España. A pesar de ser un
porcentaje tan bajo, ha supuesto un equivalente a 223.000 toneladas equivalentes de petróleo, se evitó la emisión de 368.000 toneladas de CO2, lo que supone un 5 por ciento del total de las emisiones en España y estamos todavía -si me permiten la
expresión- en pañales, con lo cual imagínense la capacidad que tenemos. Algo muy importante que ha dicho alguno de los intervinientes que me han precedido, y que apoyo totalmente, es que el incremento de la valorización de residuos supondría una
fuente increíble de creación de empleo y de empleo sofisticado y de calidad con la construcción de nuevas instalaciones y el fomento de I+D+i claramente.



¿Qué es lo que proponemos? Introducir en el texto una modificación: Oídas las comunidades autónomas, establecerán medidas fiscales adecuadas que, de acuerdo con el principio de jerarquía de gestión de residuos, desincentiven la eliminación
de residuos en vertedero. Muy importante desde este punto de vista es que esta tasa debería ser disuasoria, no recaudatoria y finalista, es decir que en caso de que se recaude algo llevase a ser reinvertido en mejorar la gestión de residuos. Muy
relevante también es que estas medidas deberían ser homogéneas en todo el territorio nacional, a fin de evitar las consideraciones que he hecho anteriormente. ¿Cómo se podría hacer esto? Desde luego, fiscalmente no podemos decir nada que ustedes
no sepan, es muy complicado coordinar los entes locales, autonómicos y el nacional, pero creemos que definitivamente debería haber una base nacional y, a partir de ahí, hacer los ajustes autonómicos o locales en función de consideraciones
específicas. Desde nuestro punto de vista, el tributo tiene una finalidad extrafiscal y su justificación es que cumple claramente con el principio de jerarquía de residuos -muy importante-, de proximidad y de quien contamina paga, que creo que es
la clave.



La señora PRESIDENTA: ¿Desean los grupos hacer uso de la palabra? (Pausa.) No sé si son reflexiones y no es necesario que venga ningún representante para no tener un trasiego.



Tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Por educación, he de agradecer estas comparecencias, todas ellas muy diversas porque han abarcado aspectos distintos del proyecto de ley y en ocasiones coincidentes. Han demostrado -y en esto mi grupo tenía un
punto de escepticismo- la utilidad de la sesión de hoy, porque nos permite tener una visión amplia de la realidad de la problemática de los residuos, muy centrada en esta última parte en oportunidades que se generan en materia de creación de
riqueza, de creación de empleo, de impulso a la innovación y, al mismo tiempo, de riesgos para determinados sectores económicos de los que debemos ser conscientes. Insisto, esta última parte de la sesión ha sido muy sugerente e interesante y, al
mismo tiempo, tan amplia que no nos permite abrir un debate con cada uno de los comparecientes. Simplemente quiero rogar a los comparecientes, ya que tengo la sensación de haber recibido algunas propuestas, que las facilitasen por los medios
electrónicos al conjunto de los portavoces.



La señora PRESIDENTA: A lo largo del día de hoy han entregado los distintos grupos de comparecientes documentación que está a disposición de sus señorías en la mesa de la izquierda.



La señora De Lara tiene la palabra.



La señora DE LARA CARBÓ: Agradezco las explicaciones que nos han dado los grupos. Con la mayoría de ellos mi grupo parlamentario ya había tenido alguna reunión.



Ya veo que no hay tiempo, pero me hubiera gustado mucho que el representante del sector del papel me hubiera aclarado lo que está ocurriendo con el papel recuperado, porque nos ha dejado profundamente inquietos esto de que el papel
recuperado vaya a China.



La señora PRESIDENTA: Invito al señor representante del sector del papel que suba para hacer alguna aclaración en relación con esto.



Señora De Lara, puede continuar.



La señora DE LARA CARBÓ: También quiero decir que nos ha impresionado gratamente lo que ha explicado el director de la Fundación Fòrum Ambiental, porque ha sido el que más ha incidido en el tema del cambio climático. Creo que ha sido una
aportación importante. Esperamos las propuestas que nos hagan. De los demás sectores ya teníamos conocimiento de lo que proponían, y decidiremos.



La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, ha hecho alguna reflexión o pregunta concreta al representante del papel, así que le agradecería que la repitiese, ya que le hemos invitado a subir.



La señora DE LARA CARBÓ: Nos ha dejado un poco asombrados que el papel que recuperamos lo mandamos a China para que lo reciclen y luego lo importamos reciclado. Nos gustaría que pudiera explicarnos cómo es posible que ocurra esto o a qué
se debe.



La señora PRESIDENTA: Señor Morán.



El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Hay una conclusión que podemos evidenciar tras el último tramo de


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comparecencias y es que probablemente nos encontramos ante la evidencia de la existencia de un yacimiento renovable de materias primas, con carácter general, que probablemente requiere el paso de la cultura de la gestión de residuos a la
cultura de la gestión de materias primas. Esto nos obliga, evidentemente, a hacer un sobreesfuerzo a la hora de trasladar mensajes a la sociedad. Esta Cámara, que junto con el Senado constituyó a inicios de esta legislatura una Comisión mixta para
el estudio del cambio climático, no puede dejar pasar la oportunidad de recoger parte de las conclusiones que la Comisión mixta lleva ya avanzadas. Teniendo en cuenta que con carácter general se avanzan algunas conclusiones de la Comisión en
relación con la producción, generación y gestión de materias primas con carácter general en los sectores tradicionales de suministro de materias primas, ese aprendizaje no lo podemos desvincular de un sector que en estos momentos identificamos en
esas mismas condiciones. Por tanto, creo que se ha hecho una invitación clara, se ha lanzado un mensaje claro a la Comisión de que debemos incorporar con nitidez una identificación del recorrido de todo el proceso de gestión con la incorporación
del factor cambio climático también a una materia que va a convertirse en los próximos años en un eje central de la actividad en la generación de actividad empresarial y de empleo.



Quiero agradecer toda la información que se nos ha trasladado y el esfuerzo de todos los comparecientes por la concisión, la brevedad y la claridad.



La señora PRESIDENTA: Señor Reinoso, si quiere, puede aportar algo más en relación con la reflexión que le ha hecho la diputada señora De Lara.



El señor DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN, ASPAPEL (Reinoso): Muchas gracias por la oportunidad.



Si tuviésemos la respuesta completa, no estaríamos probablemente aquí porque también tendríamos la solución, pero básicamente yo creo que lo que está pasando es precisamente que aquí no estamos hablando de un problema, sino que estamos
hablando de un recurso y un recurso que como tal está en un mercado que se gestiona en los mercados internacionales y que, por tanto, aquel que paga más por esa materia prima secundaria es el que se lo lleva, por decirlo de alguna forma.



Lo que está pasando es lo que yo exponía y es que no estamos compitiendo de acuerdo con las reglas del libre comercio. Comentaba antes que tenemos un caso que va a ser aprobado en las próximas semanas en la Comisión Europea en el que se
demuestra que la industria papelera china está recibiendo subvenciones no en línea con lo que serían las prácticas de libre comercio, de la Organización Mundial de Comercio, y, por tanto, su capacidad de competir distorsiona absolutamente los
mercados.



Más allá de esta cuestión, tenemos que mirar un poco más allá de lo que son las implicaciones, uno, medioambientales y, dos, a nivel de lo que es cerrar nuestro círculo de creación de empleo y de riqueza en Europa. Este es un recurso que
nos permite crear riqueza, que nos permite volver a fabricar el papel que necesitamos para satisfacer las demandas de los consumidores y esa competencia desleal o no de acuerdo con las reglas de mercado es lo que está causando esta situación que es
creciente; vemos que va a más y que, ante un nuevo problema, Europa, los Gobiernos y los legisladores tienen que ser lo suficientemente atrevidos pero también estrictos para hacer de los recursos un bien que podamos incrementar en nuestro circuito
económico en Europa.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Reinoso.



En nombre de la Comisión agradezco a todos los comparecientes en el día de hoy el esfuerzo que han hecho para contribuir a la tramitación del proyecto de ley de residuos, la documentación que han aportado y también sus intervenciones.
Espero, señorías, sobre todo portavoces, que haya sido útil la comparecencia de hoy. Muchas gracias a todos.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.