CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 723

TRABAJO E INMIGRACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO

Sesión núm. 43

celebrada el miércoles, 9 de marzo de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Terrón i Cusí), para informar sobre:


- El Plan piloto de refuerzo de la convivencia y la cohesión social en barrios con un alto índice de población inmigrante, que se desarrollará en virtud del convenio firmado entre la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Trabajo e
Inmigración. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001365.) ...
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- Las razones objetivas del aumento de la presión migratoria en Melilla desde octubre hasta el momento actual. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001399.) ... (Página
2)

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- La evolución de los programas de retorno voluntario. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001431.) ... (Página 2)


- El reglamento de la Ley de Extranjería. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001432.) ... (Página 17)


- El texto articulado del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009. A propuesta del Gobierno. (Número
de expediente 212/001452.) ... (Página 17)


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (TERRÓN I CUSÍ), PARA INFORMAR SOBRE:


- EL PLAN PILOTO DE REFUERZO DE LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN BARRIOS CON UN ALTO ÍNDICE DE POBLACIÓN INMIGRANTE, QUE SE DESARROLLARÁ EN VIRTUD DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/001365.)


- LAS RAZONES OBJETIVAS DEL AUMENTO DE LA PRESIÓN MIGRATORIA EN MELILLA DESDE OCTUBRE HASTA EL MOMENTO ACTUAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001399.)


- LA EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RETORNO VOLUNTARIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001431.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración con la comparecencia de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, para informar sobre los puntos que figuran en el orden del
día. Hemos acordado con los portavoces de los grupos parlamentarios que vamos a hacer dos bloques. El primero será la comparecencia sobre los puntos 1.º, 2.º y 3.º del orden del día, en un bloque, y en el otro bloque haremos la comparecencia de la
secretaria de Estado sobre el punto 4.º del orden del día, referida al Reglamento de la Ley de Extranjería, comparecencia que está solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. La comparecencia solicitada por el Gobierno, que entró en el
Registro el día 2 de este mes de marzo, la incluiremos también en el orden del día a continuación del punto 4.º; o sea que veremos conjuntamente el punto 4.º y el que sería el punto 5.º


Sin más preámbulos, muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su presencia y, cuando usted quiera, tiene la palabra.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Terrón i Cusí): Gracias, presidente. Señorías, gracias también por el interés que manifiestan ustedes en nuestro trabajo y por las preguntas que dan lugar a esta primera parte de
la comparecencia. Empezaré en el orden que me han marcado -después, en un segundo bloque, hablaremos del reglamento-, es decir, respondiendo a la pregunta sobre el Plan piloto de barrios que se está empezando a ejecutar en este momento en Cataluña
en virtud de un convenio firmado entre la Secretaría de Estado del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la propia Generalitat y los ayuntamientos de los barrios en los que vamos a intervenir.



Déjenme empezar señalando que este conocido como plan de barrios se puso en marcha a finales de 2008 como una medida apropiada para favorecer el proceso de integración de los inmigrantes en entornos de riesgo en los que la existencia previa
de deficiencias dificulta o impide la plena incorporación en nuestra sociedad. En 2009 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Junta de Andalucía en un proyecto que tiene la pretensión de proporcionar
instrumentos y mecanismos que en el actual contexto de crisis impidan la aparición de conflictos y mejoren la cohesión social en zonas de riesgo.
En 2010 este proyecto se ha extendido a la Comunidad Autónoma de Cataluña, mientras continúa, ya en
fase de finalización, en la comunidad andaluza.



Se basa el plan, y es importante tenerlo claro, en las premisas sobre las que se concibió el Plan estratégico de ciudadanía e integración y la intervención en barrios es una de las conclusiones a las que se llegó en la IV Conferencia


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Ministerial sobre Integración en Zaragoza en el marco de la Presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Ahí se hacía mención de la necesidad de atender de modo especial a los barrios con riesgo de exclusión social y
una importante población de inmigrantes, lo cual suele ir unido. ¿Por qué es necesario un plan piloto al hilo de esa propuesta o de esa línea de actuación que se reafirmaba como prioritaria en Zarogoza? ¿Por qué hay que recoger buenas prácticas en
este ámbito? Porque entendemos que de esa actuación en lugares donde, como en nuestro país, ha llegado de una forma muy rápida y en muy poco tiempo un número notable de inmigrantes podemos aprender cómo actuar de la mejor forma en el ámbito de la
convivencia.



El plan piloto implementa una serie de proyectos dirigidos a fomentar la cohesión y la convivencia en los barrios, poniendo en valor el esfuerzo conjunto que todos los vecinos hacen para mejorar su entorno, y sirve para poner en marcha
proyectos que pretenden enriquecer este capital social, lo cual creo que también es importante tenerlo en cuenta. No son acciones dirigidas a la población inmigrante, son acciones territorializadas, son acciones que pretenden impactar sobre el
conjunto de la población de este territorio, para fortalecer, en barrios que presentan una fuerte componente de diversidad, la actuación a favor de esa inclusión social. La relevancia del proyecto deriva de cuatro aspectos fundamentales: la
colaboración interinstitucional, que implica un compromiso entre los distintos niveles de Administración que actúan ahí, incluyendo la administración comunitaria, porque se enmarca en ese programa de buenas prácticas que luego vamos a trasladar a la
Unión Europea; se deriva también del ámbito espacial elegido, el barrio, que se considera el espacio adecuado para hacer una intervención de este tipo, es decir, una intervención con una cierta fuerza; el trabajo en red, porque es imprescindible
que haya la colaboración de otros actores sociales, ese destino a la sociedad en su conjunto; y sobre todo, que es lo que nos permite actuar ahí, la selección de buenas prácticas. La Secretaría de Estado se reserva la capacidad de poner en marcha
ese tipo de programas para poder después seleccionar buenas prácticas europeas en relación con el trabajo para la convivencia.



Se ha seleccionado en este segundo proyecto Cataluña -debo decir que no fui yo, que estaba hecho antes de mi llegada, si no, no hubiésemos podido implementarlo-, como se hizo con Andalucía, por razones de cifras, pero no solo por eso. Se
trata de intervenir complementariamente donde hay una concentración mayor de población inmigrante, y ese es un eje fundamental, pero también allí donde existen planes de trabajo previos y donde la colaboración interinstitucional es un valor añadido
que suma y no que resta. En este caso, el plan llegará a cuatro barrios de Badalona, al sector centro de Salt, a tres barrios de Terrassa, al centro de El Vendrell y a tres barrios de l'Hospitalet, que son lugares donde se cumplen esos requisitos
que nosotros hemos exigido para poder seleccionar. Los requisitos son la evolución de presencia de población inmigrante e índice de paro, las cifras de población según nacionalidad, edad y sexo -se toman así- y el crecimiento en los dos últimos
años, la existencia de déficit de tipo sociocultural, la existencia de planes de intervención por parte del ayuntamiento -es importante que se intervenga, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda y en ámbitos donde el plan piloto no lo va a hacer,
para que en conjunto se puedan generar sinergias y actuaciones positivas- y la detección de situaciones de conflictividad social y vecinal.



Los ejes básicos, como les decía, son el fomento de la cohesión social y la mejora de las competencias para afrontar situaciones difíciles, especialmente en tiempo de crisis, y poder superarlas. Por eso se trabaja en un primer eje, que es
la cohesión social en el municipio, con programas destinados a acogida e integración de personas inmigrantes y reagrupadas, actuaciones de carácter general que favorezcan la integración social de las familias y la atención de los menores en su
entorno educativo. Y, en el segundo, programas de alfabetización, inserción laboral, mejora de las competencias lingüísticas y valoración de las capacidades académicas. A diferencia de Andalucía, donde el liderazgo en estas actuaciones se puso más
por voluntad de las administraciones a partir de organizaciones no gubernamentales, en Cataluña se hace fundamentalmente a través de los ayuntamientos. El presupuesto en Andalucía fue de 3,5 millones de euros; en este plan ha sido de 2,5 millones,
de los cuales 2 millones son aportaciones de la Secretaría de Estado y 500.000 euros de la Generalitat de Catalunya. Ese es el objetivo con el que hemos actuado, fomentar la cohesión social, promover las relaciones entre las diferentes personas que
conforman la comunidad y el barrio, prevenir conflictos y lograr una adecuada interrelación entre ciudadanos procedentes de distintos lugares.



Continúo hablando de un tema distinto -así me confirma el presidente que lo haga-, que es el aumento de la presión migratoria en Melilla, utilizando lo que decían los autores de la pregunta. Quiero decir que las valoraciones sobre el
aumento de la presión migratoria a las que voy a responder deben constreñirse lógicamente al ámbito de mis competencias y, por lo tanto, espero que no quieran ustedes que reflexione sobre el estado de la situación socioeconómica en nuestros vecinos
del sur o en procesos intrarregionales que pueden darse en el norte de África. Me ciño solo a los datos de los extranjeros extracomunitarios residentes con certificado o tarjeta en vigor en Melilla, donde a finales de 2010 residían 4.781 personas,
lo cual supone un incremento de 363 personas en relación con el tercer trimestre de 2010, y de 992 con la cifra cerrada a finales de 2009. Además, déjenme decirles que las autorizaciones iniciales tramitadas en Melilla durante 2010 han sido 1.500,
lo que significa que la situación está en los márgenes de la más absoluta normalidad.



Hablando de presión y dado el contexto regional, es posible que la pregunta se refiera a flujos de inmigración


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irregular, que no están dentro de mis competencias, pero en cualquier caso sí quiero ser clara en este ámbito. El trabajo de las fuerzas de seguridad y la colaboración con las fuerzas de seguridad marroquíes en este caso también se están
desarrollando en el ámbito de la más absoluta normalidad. La posición geográfica de Melilla explica que el control de las fronteras en este ámbito sea un tema de importancia capital y que desde 2004 se hayan abordado ahí trabajos importantes para
gestionar el día a día de esta frontera, lo cual está haciendo que no aumente, sino que realmente disminuya la presión de manera general y en Melilla en particular, especialmente después de los esfuerzos que se hicieron en el año 2005. Hemos
apostado por una inmigración ordenada. Es verdad que en Melilla vivimos una presión fruto, insisto, de su posición geográfica y en ningún caso estamos ante una situación en este momento de anormalidad, ni mucho menos. Estamos gestionando con
Marruecos la frontera en Melilla.
Sigue habiendo reingresos, sigue habiendo entradas de las personas que encontramos en la frontera en situación de absoluta normalidad y también sigue habiendo un marco de cifras que están dentro de las normales en
relación con las distintas actuaciones que hacemos en Melilla. No es una pregunta que me hayan hecho ustedes, pero añado la información, porque sí es una pregunta que me hacen sistemáticamente en la prensa en los últimos días; tampoco, en relación
con la situación que se vive en el norte de África, estamos teniendo hoy ningún tipo de impacto relacionado con los movimientos migratorios en nuestro país y desde luego no en el ámbito de Melilla ni de Ceuta.



Paso a contestar la pregunta sobre los programas de retorno voluntario, aunque adelanto que vamos a hablar también de retorno cuando veamos el reglamento. Como ustedes saben, hemos impulsado una serie de programas de retorno voluntario que
acompañan la decisión de retornar a sus países de inmigrantes que vinieron aquí por razones económicas y que, en muchos casos por las mismas razones u otras de tipo familiar, quieren volver a su país de origen. Es un programa -y déjenme hacer
hincapié en ello- que va a ser un elemento permanente de la política de inmigración de este Gobierno y que no debe vincularse, por tanto, exclusivamente a la situación económica que vivimos; tiene intención de permanecer y de ser un elemento más
del Gobierno de la movilidad de las personas en este mundo en el que vivimos. La decisión de retornar se adopta por causas diferentes, es una decisión que, insisto, nosotros queremos acompañar y el objetivo del Gobierno es que haya un instrumento
que facilite y que permita esta decisión, velando en la medida de lo posible para que el proceso se haga de una forma ordenada.



Existen en este momento dos programas de retorno diferentes. Uno que facilita el retorno voluntario de aquellas personas extracomunitarias en situación de vulnerabilidad social, al que también pueden acogerse las personas que están en
situación de irregularidad administrativa; son los programas de retorno voluntario de atención social. Y otro programa que facilita el retorno de aquellas personas que quieren retornar a sus países de origen por razones de oportunidad vital,
económica, familiar u otras; son los programas de ayudas complementarias al abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo y programas de retorno productivo. En el primer caso, los programas están destinados a todo aquel que se
encuentre en situación de vulnerabilidad y quiera volver, están cofinanciados con el Fondo europeo de retorno, que persigue ese mismo objetivo, y forman parte por tanto de la política de inmigración europea de la que evidentemente participamos. En
el segundo caso, los programas permiten el abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo a los extranjeros a quienes les corresponde y que, estando en nuestro país, quieren retornar a su país de origen. Les ofrecemos, por tanto, la
posibilidad de que puedan emprender una actividad económica en su país de origen y es imprescindible que este país sea alguno con los cuales España tiene suscrito un convenio de Seguridad Social, cosa que esperamos que dentro de poco sea con toda
América Latina, porque están ya depositados los instrumentos de ratificación de todos los países para el acuerdo multilateral. En algunos casos complementamos estos programas con ayuda complementaria para el retorno de la unidad familiar.



Desde su puesta en marcha, unas 30.000 personas han retornado a sus países de origen -sería mejor decir que se han acogido a estos programas-, con lo cual hay que añadir ahí las cifras de las personas que forman parte del núcleo familiar de
aquellos inmigrantes que se han acogido al Plan de retorno productivo. Es un proceso que nos parece que abarca una cifra muy notable de personas, implica una decisión individual que no siempre es fácil y nosotros vamos a seguir acompañando esa
decisión con estos programas. Además, y agradezco la pregunta para poder hablar de ello, teniendo en cuenta que el ciclo y el momento migratorio han cambiado y que existe este grupo de personas que quiere volver a su país de origen algunos de cuyos
países están creciendo, como Paraguay, al 7,5 -lo que no hacemos por desgracia y esperamos que por breve tiempo en nuestro país-, estamos introduciendo, además de los programas que tenemos, la posibilidad de cerrar acuerdos con países de origen.
-algunos nos lo han pedido, Uruguay lo ha hecho- para ver cómo podemos poner en contacto la información sobre las oportunidades y posibilidades de empleo en estos países con las personas de ese origen que residen en España. Hemos quedado con
Uruguay en tener una reunión de nivel técnico de los servicios de empleo dentro de algunas semanas, muy pocas semanas, y hay otros países que nos han pedido hacer lo mismo. Piden, sobre todo en el caso de Uruguay, por ejemplo, personas que tengan
cualificación profesional en el ámbito de la construcción y otros; nosotros tenemos -se trata de poner en contacto los programas de retorno, que los están haciendo, de estos países- la demanda de empleo con las personas que están aquí.



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Queremos seguir construyendo esta arquitectura que nos permita la mejor gestión de la movilidad de las personas en el siglo XXI, que es un siglo en el que se mueven los bienes, los capitales, los intangibles y, desde luego, también los seres
humanos, y nuestra misión es el gobierno de este movimiento.



Muchas gracias por su atención.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su amplia exposición.



Ahora, en primer lugar intervendrá el grupo solicitante de la comparencia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y tiene la palabra el señor Campuzano. Si, además de fijar su posición sobre este primer punto, desea en este
turno fijar posición sobre los otros dos puntos restantes expuestos por la secretaria de Estado, no hay inconveniente.
Señor Campuzano, tiene usted la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Primero quiero agradecer la intervención de la señora secretaria de Estado.



Convergència i Unió tenía interés en que el Gobierno explicase en sede parlamentaria el denominado plan de barrios, antiguo plan piloto que también se había desarrollado en Andalucía hace un cierto tiempo, primero, porque sin lugar a dudas
esta era una política en términos políticos y en términos cuantitativos suficientemente relevante para que la Cámara la pudiese conocer, para que la Cámara ejerciese su función de control y para que la Cámara también pudiese trasladar al Gobierno
sus impresiones, preocupaciones, observaciones, tanto respecto a esa actuación como sobre todo en el horizonte en el que el Gobierno sitúa esta política. Sabiendo también que estamos en la fase final de la legislatura, a la espera de lo que pueda
suceder cuando se convoquen las próximas elecciones generales, no sé si el Gobierno va a tener demasiadas ocasiones de reeditar una operación de las características de este plan.



Lógicamente una iniciativa que facilita recursos, instrumentos, medios, al Gobierno catalán y a los municipios, a ese grupo de municipios, para reforzar las políticas de cohesión social y orientar el fomento de la incorporación de las
personas de origen extranjero a facilitar la cohesión social, siempre va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió.
Por tanto, de entrada esa primera consideración. Además, conocemos también que por parte del Gobierno de Cataluña la relación
institucional con el Gobierno del Estado en esta materia ha funcionado de manera razonable y que en concreto en un municipio que está pasando, viviendo unas semanas complicadas y difíciles en la propia convivencia entre sus ciudadanos como ha sido
el municipio de Salt, el conjunto de las administraciones implicadas, que son administraciones de color político distinto, han tenido una capacidad de respuesta conjunta frente a los retos que se plantean en ese municipio. Mi grupo valora muy
singularmente el esfuerzo que se está haciendo en una ciudad como Badalona. Esta misma semana la secretaria de Estado firmó el convenio con el Ayuntamiento de Badalona, con una enorme complejidad en alguno de sus barrios, o con el municipio de El
Vendrell, desde esa coincidencia en esos planteamientos.



Ahora bien, sí que es cierto que mi grupo necesariamente en esta intervención debe también recordar todo el proceso de recorte que ha tenido el Fondo estatal de acogida, creado precisamente con el cambio de Gobierno en el año 2004-2005.
Hemos pasado de un volumen de 200 millones de euros a un volumen, si no recuerdo mal, de 66 millones de euros. El recorte que se ha producido es significativo. Por lo tanto, es inevitable que el debate que se plantee en la Cámara sea el debate
sobre si el Gobierno abandona la orientación del Fondo estatal de acogida y piensa desarrollar sus actuaciones en el ámbito de la integración, de la participación, de la incorporación de las personas de origen extranjero en nuestra ciudad, no a
través ya del fondo estatal sino de planes de las características de los que se han puesto en marcha en Cataluña y en Andalucía. En todo caso, es evidente que viéndose Cataluña beneficiada de la creación de este plan, lo cierto es que el recorte
que se ha producido del fondo es significativo, más en tiempos de crisis y en tiempos en que los ayuntamientos deben hacer frente a más necesidades en el ámbito de lo social, de la convivencia. Mi grupo ha mantenido con el Gobierno esa discrepancia
en ese recorte del fondo, junto con otros grupos de la Cámara. En segundo lugar, si el Gobierno considera que sus actuaciones, sus políticas en el ámbito de la acogida y de la integración deben responder a las características de los planes que se
ponen en marcha y si usted entiende que esta es una política que de alguna manera debe de estabilizarse en el tiempo. Insisto, estamos en el final de la legislatura, vamos a ver qué sucede el año que viene, pero si en el diseño del Gobierno los
planes como los desarrollados en Cataluña y Andalucía son algo más que una actuación puntual que se produce en el año 2010 y en el año 2011 o si se enmarcan en una política global del Gobierno en esta materia y, desde ese punto de vista, cómo encaja
esta política. A mi grupo no le parece mal que el Gobierno diseñe, junto con los municipios y las comunidades autónomas, políticas que refuercen esa perspectiva de integración y participación. El Estado tiene una capacidad de gasto superior a la
que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por tanto, me parece bien que esa capacidad de gasto superior se oriente en ese sentido, pero si pretendemos estabilizar esa política, entonces convendría tener una visión mucho más amplia,
mucho más global, mucho más estratégica sobre ese tipo de actuaciones que se están desarrollando. Por otro lado, seguramente no terminan de encontrar un encaje muy claro en la actual legislación en materia de extranjería y podrían mantenerse
discusiones conceptuales sobre cómo deben desarrollarse los programas que incorporan subvenciones que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, deben repartirse de una determinada


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manera en el seno de los órganos de colaboración y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Creo que se suscitan otros debates suficientemente relevantes para que tengamos perspectivas sobre esa política. Por tanto,
valoración positiva de la existencia del plan, sentido crítico con respecto al recorte del fondo estatal y necesidad de tener una perspectiva más global de cómo el Gobierno del Estado piensa desarrollar sus políticas de acogida, de integración, de
participación, siendo estas unas políticas fundamentalmente desarrolladas por comunidades autónomas y por ayuntamientos. Esta es una consideración en relación con nuestra petición de comparecencia.



En cuanto a la política de retorno, que es fruto de una iniciativa planteada por el Grupo Popular, simplemente quiero reclamar también -y tendremos ocasión de abordarlo en la discusión del propio reglamento- una visión global de la política
de retorno, que forme parte de la política de gestión de los flujos migratorios. Seguramente el Gobierno, no su equipo pero sí el anterior, planteó con cierta frivolidad la política de retorno como una solución fácil y simple a un problema mucho
más complejo, en la que los instrumentos de políticas públicas podían ser más eficaces para descompresionar algunas situaciones que se empezaban a producir en España fruto de la crisis económica. Hubo una cierta frivolidad y recuerdo que en esta
Comisión ya algunos grupos advertíamos, por los antecedentes existentes en otros países, de que ese tipo de políticas tenían unos impactos relativos. Por tanto, no sería bueno generar expectativas en relación con estos retornos. También decíamos
que cualquier medida que diese una oportunidad a una persona de rehacer, de reorganizar su vida, de generar una mejor situación que la que tenía en España no iba a ser discutida por parte de Convergència i Unió. Decíamos también que una gestión
demasiado rígida de esa política, en la medida que no facilitase esa entrada y salida de quienes se beneficiaban de esos programas, quizá tampoco iba a permitir el desarrollo de todas las oportunidades que una política de estas características podía
tener.
Desde este punto de vista, es evidente que los hechos, por desgracia, han terminado por confirmar aquello que afirmábamos hace tres años. Por tanto, reclamamos al Gobierno una visión más global de ese conjunto de medidas que faciliten la
entrada y la salida, la generación de menos expectativas en la opinión pública sobre esas dinámicas, sabiendo que buena parte de la población residente de origen extranjero va a continuar residiendo en España. El reto va a estar relacionado con ese
número mayoritario de ciudadanos y buena parte de los retornos van a depender más que de los estímulos que introduzcamos en nuestra regulación, sobre todo de las condiciones de los países de origen de estas personas. Por tanto, demos a esta
política el valor que tiene en el marco de una política global de gestión de los flujos migratorios.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular se ha pedido una intervención por cada uno de los puntos de la comparecencia. En relación con esta y con el plan piloto entre la Generalitat y el Ministerio de Trabajo, tiene la
palabra don Antonio Gallego.



El señor GALLEGO BURGOS: Antes de entrar a valorar el plan piloto o la iniciativa que impulsa el Gobierno con la Administración autónoma de Cataluña quiero hacer una reflexión que sirva un poco de paraguas para fundamentar la intervención
posterior. En Cataluña hay 1.241.522 personas extranjeras empadronadas -como bien conocerá la señora secretaria de Estado, a la que le agradezco su comparecencia en el día de hoy-, un 20 por ciento del total del conjunto de los inmigrantes de
España, aproximadamente. De estos, un 20 por ciento, a su vez, son marroquíes, que es la primera etnia, por decirlo de alguna manera, en esta comunidad autónoma. Los datos de paro en Cataluña no son muy positivos; no son muy positivos en ninguna
parte de España, pero tampoco lo son en Cataluña. La tasa de empleo de los extranjeros en Cataluña es del 54,4 por ciento y hace tres años era del 67,13. La tasa de paro es ahora del 30,28 por ciento y hace tres años era del 11,55. Evidentemente
algo ha cambiado en Cataluña también para la inmigración a lo largo de estos últimos años.
Podría seguir dando datos, como que el abandono escolar está en torno al 45 por ciento y es mucho más elevado que el de la población autóctona. Es cierto
que hay ciudades que por su propia estructura urbanística, social, económica, han recibido un número de inmigrantes muy superior al de otras en muy poco tiempo. También es cierto -y usted conoce perfectamente la situación- que hay colectivos o
nacionalidades que tienen más facilidad o más voluntad de integrarse en la comunidad de acogida que otros. Esto es evidente, no todos los colectivos se integran de la misma manera y diferentes estudios así lo ponen de manifiesto, y si todavía no
hemos aprendido que esto es así es que algo estamos haciendo mal realmente. Le voy a poner un ejemplo: en Cataluña hay setenta y seis municipios donde hay más de un 20 por ciento de extranjeros. En aquellos municipios donde el extranjero es de
carácter comunitario, fundamentalmente europeo, sobre todo en aquellas ciudades vinculadas a municipios turísticos -muchísimos, le hablo de setenta y seis-, históricamente no ha habido problemas de inmigración, no los ha habido. Los problemas de
inmigración o los problemas de convivencia que son objeto a su vez del plan piloto del que hoy hablamos ocurren en municipios en los que la inmigración ha venido en los últimos tiempos de una manera muy numerosa, de una manera muy rápida y donde
acumulan porcentajes de determinado colectivo. No sé si esto es políticamente correcto decirlo, pero no es lo mismo atendiendo a las cifras, atendiendo a las tipologías y atendiendo a la realidad que vivimos en Cataluña. Soy concejal de una ciudad
de Barcelona, conozco perfectamente el área metropolitana, conozco perfectamente las cuatro ciudades a las que hace referencia


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el plan piloto. Conozco perfectamente lo que ocurre en el Vendrell, lo que ocurre en Badalona, lo que ocurre en Salt, en Tarrasa, y los problemas se producen por lo que le estoy diciendo ahora mismo. No precisamente porque se hayan
convertido en municipios turísticos, no precisamente porque a lo largo de los últimos años hayan llegado legiones de señores de Alemania o de Gran Bretaña a vivir en estas ciudades. Es un tema que hay que tenerlo claro. Determinados problemas se
dan con colectivos que nosotros en Cataluña tenemos muy determinados. Nosotros nos encontramos con la realidad de las políticas sociales en los ayuntamientos. La realidad del día a día de los ayuntamientos nos ponen de manifiesto que con
colectivos de marroquíes, por ejemplo, tenemos mucha más dificultad para que se integren. ¿Motivos? Obviamente está el motivo del idioma, de cultura, de costumbres, de manera de entender la convivencia, y ahí tenemos -ahora le hablo como
ayuntamiento- un tipo de demanda de intervención por parte de servicios sociales que no se ajusta a la que tenemos con otro tipo de colectivos. Hemos tenido problemas recientemente en Badalona con personas de etnia gitana de origen rumano que no
tienen nada que ver con personas que son del mismo país pero que no son de etnia gitana. Y ni siquiera voy a hablar de inmigración. A lo largo de los últimos años hemos tenido en muchas ciudades algunos problemas de integración con personas
absolutamente españolas, tan españolas como nosotros, personas de etnia gitana, y se han tenido que tratar de una manera diferente, de una manera especial. No digo que sean ni mejores ni peores, pero sí digo que hay barrios en los que se tiene que
actuar de una manera y no de otra.



¿Por qué este plan piloto? Tengo aquí el decreto publicado en el BOE por el que se firma este plan piloto que dice: Porque son municipios que tienen un porcentaje de inmigración que están por encima...



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN(Terrón i Cusí): Barrios. Se computa el barrio.



El señor GALLEGO BURGOS: Sí, ya lo sé. Son barrios que tienen un porcentaje de inmigración elevada. Se han dejado muchos ayuntamientos. Se ha dejado Hospitalet, que tiene más de un 20 por ciento de media en la ciudad. Hay barrios que
tienen más de un 30 por ciento de inmigración. Es una ciudad de más de 250.000 habitantes. Se ha dejado Santa Coloma de Gramanet, hay muchos barrios de Santa Coloma de Gramanet que tienen más de un 35 por ciento de personas inmigrantes. Se ha
dejado Vic, se ha dejado Manlleu, se han dejado muchos barrios de muchas zonas de Cataluña.
Y yo le pregunto: ¿Por qué estos cuatro y no otros? ¿Por qué se ha fijado en estas cuatro ciudades cuando en otros barrios hay porcentajes de inmigración
incluso superiores a los que contempla el plan piloto?


Quiero hacer una referencia al concepto plan piloto. Que a estas alturas de la película el Gobierno de España tenga que aprobar un plan piloto para resolver, para abordar, para intentar dar soluciones a clarísimos problemas de integración
en barrios de Cataluña es porque algo se está haciendo mal. No se ha sabido controlar bien los flujos de inmigración, es evidente, y en 2011 estamos impulsando planes piloto para lograr reducir la conflictividad social y los graves problemas de
convivencia que hay en esos barrios. Si no hubiese problemas de convivencia, si no hubiera problemas de degradación urbana, si no hubiera problemas de seguridad ciudadana, supongo que este Gobierno no plantearía ese plan piloto. Leo la prensa cada
día y estas cuatro ciudades han sido elegidas no precisamente porque tengan un porcentaje superior de inmigración al de los barrios de otras ciudades como Hospitalet, Vic, Manlleu o Santa Coloma de Gramanet, sino porque han sido ciudades con barrios
que han protagonizado casos mediáticos de conflictividad social. Desde mi punto de vista es una buena iniciativa. Como catalán estoy encantado de que el 4 por ciento de lo que destina el Gobierno de España a políticas de integración sea para
Cataluña. El año pasado se destinaron 66 millones -si no es así la secretaria de Estado me corregirá- a políticas de integración en este país. Ha habido importantes recortes a lo largo de los últimos años. Hace tres años en los Presupuestos
Generales del Estado se dotaban 200 millones, luego recortaron y pasaron a 100, luego a 66.
Centenares de ayuntamientos en Cataluña, que es la zona que conozco, han enviado mociones al Gobierno de España instando a que se incrementen esos fondos.
También es verdad que diferentes grupos parlamentarios se han quejado de la reducción drástica de fondos para la acogida e integración de inmigrantes en este país. Por lo tanto, estoy contento de que nos lleguen 2,5 millones para la integración
para cuatro ciudades, o, mejor me lo pone, para barrios, porque supone un porcentaje muy elevado de esos fondos. Pero aprovecho la ocasión para pedirle que esos fondos para la integración de las personas inmigrantes se vayan incrementando en
consonancia con lo que le piden todos los grupos políticos, que piden más recursos para la integración de la inmigración, integración que ha recortado muy drásticamente el Gobierno de España a lo largo de los tres últimos años.



Nada más, señora secretaria de Estado. Creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Lo hemos planteado en diferentes ocasiones. No procede ahora que recordemos que nosotros tenemos otras maneras de afrontar esa integración, ni
siquiera hacer referencia al contrato de inmigración que propone nuestro grupo político, pero se pueden hacer las cosas mucho mejor. Ojalá, y quiero acabar con este mensaje positivo, el plan piloto para la integración de personas inmigrantes sea un
éxito. Ojalá se acabe con los problemas de convivencia que hay en estas cuatro ciudades porque todos saldremos beneficiados.



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El señor PRESIDENTE: Para intervenir en relación con el segundo punto, la presión migratoria en Melilla, tiene la palabra don Antonio Gutiérrez por el mismo grupo parlamentario.



El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Bienvenida, señora secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. No soy habitual en esta Comisión, a la que no pertenezco. Por tanto, el señor presidente y sus señorías me disculparán por mi natural torpeza
a la hora de exponer los temas y a la hora de defender la posición o las preguntas. En cualquier caso, como tampoco sé del tiempo del que dispongo, basta cualquier insinuación, por mínima que sea, del señor presidente para inmediatamente me
interrumpa.



El señor PRESIDENTE: Diez minutos, don Antonio.



El señor GUTIÉRREZ MOLINA: No me van a hacer falta los diez. En cualquier caso, le agradecería al señor presidente que me hiciera una leve seña con objeto de adecuar mi intervención.



Señora secretaria de Estado, el problema no es la acumulación de comparecencias, lo cual dificulta centrar la posición. Sé que usted no tiene la culpa. El problema está en que la respuesta para establecer las causas objetivas de la presión
migratoria sobre Melilla, no solo de Marruecos sino en general, no se compadece con el voluntarioso informe que la señora secretaria de Estado ha emitido a esta Comisión referente a este punto. Lo cierto es que en agosto y septiembre se produjeron
estos incidentes en la frontera de Melilla, por decirlo de una manera suave, y no quisiera molestar la sensibilidad de la señora secretaria, incidentes en los cuales muchas mujeres policía fueron vejadas, fueron agredidas, y en una reciente pregunta
mía al Gobierno sobre si se les iba a dar algún tipo de recompensa por la actuación ciertamente impecable de estas mujeres, se me dijo implícitamente que no, emboscándose en leguleyismos difíciles de comprender para una persona de tan limitada
entendedera como yo. Cuando pasó todo aquello empezó un goteo permanente de inmigrantes de todo tipo, subsaharianos principalmente, pasando por medios hasta entonces no conocidos como pueden ser barcas neumáticas. Ni siquiera hablo de pateras
porque la distancia -y me consta que la señora secretaria de Estado lo conoce perfectamente- hace que no sea necesaria una patera, simplemente un salvavidas para pasar de la frontera de Marruecos a Melilla por mar. Hasta entonces esos medios no se
conocían.
Empezó a existir este goteo permanente de inmigrantes y yo preguntaba por las causas objetivas, porque llevo ya cierto tiempo en el Congreso de los Diputados y en el año 2005 ya nos preocupábamos por la situación, no es un problema de
ahora sino que es un problema cíclico que ocurre cuando el régimen de Rabat se ve sometido a algún tipo de situación interna, externa o mediopensionista -eso lo dejo a juicio de su señoría-, que vierte sobre Melilla algún tipo de presión. A lo
mejor no es políticamente correcto decirlo pero hay que hablarlo en sede parlamentaria. El régimen de Rabat, Marruecos, se ve sometido este pasado verano a una serie de circunstancias internas -que no viene al caso de relatar- que se tradujeron,
como si se despejara una incógnita, en un aumento de la presión migratoria sobre Melilla. ¿Qué tiene que ver esto con 2005? Que no es un problema de ahora, sino que se presenta cada vez que ocurre una situación de estas. Yo ya preguntaba por
escrito, no a usted, señora secretaria, sino a los responsables del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si existía alguna nueva actitud de las autoridades de Marruecos en orden a aceptar la devolución de menores extranjeros no
acompañados, porque también es un tema que conviene tocar.
Sé que son muchos temas y que se han unificado las comparecencias y que es difícil contestarlo todo, pero no es necesario que lo haga ahora, me basta con que lo responda por escrito.
Tampoco quiero poner a su señoría en un trance de dificultad en esta Comisión. Sencillamente es para que me informe, si no puede ahora por escrito, con datos objetivos. Lo importante es que lo conteste y no lo deje sin responder, como ha pasado
otras veces; fíjese qué cosa tan simple. Entonces ya se me decía -esta pregunta sí se respondió- que como resultado de la prioridad que para el Gobierno tiene la colaboración con Marruecos desde abril de 2004 se ha potenciado la aplicación del
memorándum de entendimiento sobre repatriación asistida de menores no acompañados, firmado por ambos países el 23 de diciembre de 2003. Se ha hecho un grupo de trabajo, un comité, un memorándum. Me gustaría saberlo -ya le digo que no tiene que ser
ahora- y por eso quisiera que constara la pregunta para que se respondiera sobre el estado actual y la evolución desde entonces a ahora, porque nos dará también parte de la clave de la presión migratoria que está ocurriendo en Melilla. Es que es
así; no es ni bueno ni malo ni regular; es un dato objetivo. Y permítame la desviación profesional porque soy médico, pero es la medicina basada en la evidencia; es que es así. Como es así, hay que ver las causas, la etiología, el tratamiento,
el diagnóstico previo, para poder curar la situación, porque si no estaremos en un estado logorreico que no va a ningún sitio.



Señora secretaria de Estado, señor presidente, creo que también convendría que el Gobierno insistiera en los planes de reintegración de menores extranjeros no acompañados cerca de países con los que se tiene memorándums o acuerdos, en este
caso Marruecos. No quisiera focalizar exclusivamente mi intervención sobre Marruecos; país con el que, por otra parte -y permítaseme la digresión-, nos conviene llevarnos no bien sino extraordinariamente bien, y sobre todo en el ambiente y en el
hábitat de mi ciudad y de mi circunscripción. Por tanto, sentada esta premisa sería bueno que la secretaria de Estado profundizara en cómo van los planes de reintegración de menores extranjeros no acompañados para


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llegar a ver cuáles son las causas objetivas de este aumento de presión, dando por sentado -aunque a lo mejor se me niega la mayor- que existe un aumento de presión de la inmigración desde octubre para acá. Si se niega esto, naturalmente
todo lo que digo sale como un torpedo de la línea de flotación, pero es que yo tengo no la sensación sino este criterio y estos datos objetivos.



También hay un tema sobre el que me gustaría que, si no ahora, la secretaría de Estado me contestara por escrito. El 11 de noviembre de 2005 -parece que fue ayer- yo pregunté por escrito al Gobierno, al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de entonces lo siguiente: Dónde tiene previsto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales instalar los centros de acogida para menores extranjeros no acompañados dentro del marco de colaboración abierto con Marruecos. Se me respondió lo
que sigue: Dentro de ese marco de colaboración con el régimen de Rabat en materia de inmigración se está trabajando activamente -y si se está trabajando activamente desde 2005 no cabe duda de que ahora, en 2011, el trabajo está perfectamente hecho
dada la actividad- en la problemática de los menores no acompañados, y dentro de las actuaciones previstas se incluye la creación de cuatro centros de menores en Marruecos financiados con cargo a los programas de cooperación española -Agencia
Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores- y la ubicación de centros es decisión conjunta de España y de Marruecos, y se ha acordado que los dos primeros centros se ubiquen en las ciudades de Nador y Beni Mellal.
Quisiera saber cómo está esto porque Melilla está a poco más de 12 kilómetros de Nador y yo paso mucho de Melilla a Nador.
Seguramente yo, por mi escasa capacidad de orientación, no soy capaz de dar con los mencionados centros, que seguro que
están. ¡Pues no faltaba más! Pero me gustaría que se correspondiera con esto, porque en otra pregunta se me contesta que están en otro sitio distinto, que no voy a decir ahora por economía procesal. Me gustaría que se centrara esta posición, no
vaya a ser que esté yo en un error. A mí también me gusta que me corrijan. Por escrito, no ahora porque el tiempo es breve y huye -además me tengo que marchar a la Comisión de Asuntos Exteriores, pero por la mínima cortesía voy a esperar las
respuestas de la señora secretaria de Estado-, me gustaría saber cómo está ese trabajo, cómo están los centros de Nador y Beni Mellal y si están en esas ciudades o si están en otras, como me dicen en la respuesta a otra pregunta, por insólito que
parezca. Todas estas situaciones y otras más que no digo porque ya el señor presidente me mira y sé que estoy terminando, nos llevan a la conclusión de que hay un aumento de la presión, que era sobre lo que yo preguntaba y por lo que mi grupo pedía
la comparecencia de su señoría a la que tan amablemente ha respondido. Los datos objetivos están ahí, y aquí no cabe invocar que es cuestión menor. ¿Es que es cuestión menor, señor presidente, la situación geográfica, la frontera, el índice de
colaboración con Marruecos y España? No faltaba más, claro que sí. No tiene nada que ver tampoco la situación de los países donde ha habido revueltas más que en un aspecto, en que ninguno tiene libertad plena.
Salvo esa cuestión, que puede
parecer menor pero que para mi grupo y para mí es fundamental, no tiene nada que ver lo que ocurre en Libia con lo que pueda o no pueda ocurrir en Marruecos, en absoluto. Ni tiene nada que ver tampoco con los datos objetivos de la presión
migratoria sobre Melilla. Por tanto, como yo no soy profeta y mis límites de profecía son mínimos, no sé que va a pasar en Marruecos, ni en Argelia ni en ningún otro sitio. Sé lo que está ocurriendo y con este ánimo constructivo, que es con el que
he basado mi intervención, he pretendido que comparezca ante la Comisión, explique lo que pueda por economía procesal a lo largo de la misma, y lo que no pueda lo responda por escrito. He intentado darle una pincelada para que con los antecedentes
que haya en su ministerio pueda tener una situación actualizada antes de que acabe no digo este periodo de legislatura, sino la legislatura que finaliza en el año 2012.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar el turno del Grupo Popular tiene la palabra doña Carmen Guerra para exponer su posición sobre el punto tercero en relación con la evolución de los programas de retorno voluntario.



Doña Carmen, cuando usted quiera.



La señora GUERRA GUERRA: Bienvenida a esta Comisión, señora secretaria de Estado. En la línea de lo que han apuntado mis compañeros, y sobre todo de lo caballerosos que han sido a la hora de exponer y facilitar el que usted esté en esta
Comisión -yo creo que es una obligación de su cargo-, quiero señalar, como usted decía anteriormente, que no se trata de contestar a una pregunta, sino que lo que nosotros hemos pedido es la comparecencia en su caso para contestar a lo que nosotros
hemos presentado. Y lo que ha solicitado mi grupo es que se informe sobre el retorno voluntario del que usted ha hablado hace un momento. Me ha llamado mucho la atención lo que usted ha comentado en un principio, porque prácticamente ha expuesto
lo mismo que se extrae de la página web del ministerio o del Gobierno de España con respecto al Plan de retorno voluntario. Lo único que ha sido diferente, o que sabemos de sus palabras esta tarde, es que se han acogido a él 30.000 personas,
inmigrantes en este caso. Usted ha dicho que en muchos casos no son personas físicas, sino también familias las que se han acogido a este Plan de retorno.



Antes de empezar a preguntarle por este tema y de hablarle sobre lo que opinamos del mismo, me gustaría decir que usted compareció el día 28 de abril de 2010 -era su primera comparecencia en esta Comisión- y había dos aspectos muy
importantes en los que quiero basar mi intervención de esta tarde. Decía usted -y esto está en el 'Diario de Sesiones', son sus palabras-: Es verdad que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración y
extranjería,


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ya que la política de inmigración, por su contenido y por los intereses afectados, tiene carácter estatal. Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Por otro lado, también decía usted: En este breve balance, quiero mencionar algo que vamos a
desarrollar en el futuro inmediato, y que es el impulso de las políticas de retorno voluntario para adaptarlas a las nuevas necesidades de la realidad migratoria y para dar respuesta a las aspiraciones individuales y colectivas de los inmigrantes.
Esto lo decía usted el 28 de abril del año 2010; estamos prácticamente a un año de estas palabras. Le quiero decir que está claro que la política de inmigración del Partido Socialista tiene un pasado, y en ese pasado lo que ha ocurrido es que,
cuando en el año 2004 llega el Partido Socialista, los inmigrantes empadronados que había en España en aquel momento eran 1.700.000. En plena campaña se hablaba de que quedaban 600.000 o 700.000 de manera irregular, y que llegado el Partido
Socialista iba a arreglar el problema de la inmigración en este país, se iba a solventar y se iba a regularizar esa situación. Hoy, lo que hay en este país, después de haber hecho una política de regularización masiva (Varios señores diputados:
Normalización.) y, además, de papeles para todos (La señora Arnaiz García: ¡De eso nada!). A mí me gustaría, señor presidente...



El señor PRESIDENTE: Por favor.



Continúe, doña Carmen.



La señora GUERRA GUERRA: Después de una política de regularización masiva y de papeles para todos, lo que hay en este momento -además, está clarísimo, porque están empadronados y se tiene un censo de las personas- son 5.747.000 extranjeros
censados en este país y más de un millón de extranjeros de forma irregular. O sea, hemos pasado de un 2 a un 12 por ciento de extranjeros en este país. Siendo así el pasado, está clarísimo que el presente es de yo invito y tú pagas, y eso lo dicen
las comunidades autónomas, los cabildos, las diputaciones, los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales. Lo digo sobre todo porque como se hablaba antes del plan piloto, que era uno de los puntos de su comparecencia, lo que está claro
es que está habiendo muchísimos problemas en muchísimos lugares del territorio español, por ejemplo, en cuanto a la sanidad, que es competencia de las comunidades autónomas -porque está clarísimo que hay que atender a esas personas que han llegado-
y, por lo tanto, tienen esa dificultad y ese problema. También lo tienen en la educación, y son las comunidades autónomas las que tienen que llevar adelante proyectos de estas características para atender a estas personas. Asímismo, tienen
dificultades en la atención social, también competencia de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, el mayor problema de todos está en el desempleo. En estos momentos en este país hay 4.696.600 desempleados y más de un millón -exactamente
1.095.000- son extranjeros; lo que supone que tengan dificultades con sus permisos de residencia, muchos de ellos concedidos en este caso por sus contratos de trabajo. Todo ello viene a decir claramente que se ha tenido que llevar a cabo una
política de retorno voluntario. Ustedes han tenido que crear cosas nuevas porque está clarísimo que la situación en este país no es la que se vivía hace unos años. La situación en este país es otra, y hay mucha gente que quiere regresar a su país.
Pero en esa política de retorno voluntario hay dos aspectos en los que vamos a basar lo que estamos comentando esta tarde.



Se han acogido -esos son los datos que yo tengo, porque, como usted decía, hay dos maneras de acogerse en este caso a estos planes- unos 17.000 extranjeros al Plan de capitalización por desempleo. Por lo tanto, entre el año 2009 y 2010 han
sido 23.493 personas las que se han acogido a ese plan. Ustedes decían que serían unas 100.000 personas las que se acogerían al plan. Es verdad que dieron esas cifras en un principio, pero después, lógicamente, las rebajaron viendo que las
posibilidades eran pocas. Es más, tienen ustedes una lista de espera -esos son los datos que tenemos de las respuestas que se han venido dando por parte del Gobierno- de más de 3.000 extranjeros por no tener ustedes los recursos necesarios y tener
paralizada, por esa falta de recursos, la lista de espera; sea, las personas que pueden salir de este país acogiéndose a estos programas.
Lo que quiero decirle es que la política ha llevado a que ustedes tengan que tener este tipo de recurso, que
no ha satisfecho las expectativas que ustedes esperaban, porque hay gente que, aun pasándolo muy mal en este país, prefiere permanecer aquí que marcharse a su país de origen. Yo sabía que tenía esta comparecencia desde el viernes pasado y, viniendo
hacía acá anteayer, leía un periódico local en el que se dice que el secretario de Estado -lo digo porque sería bueno que usted hablara con él porque quizá en materia de inmigración no está tan puesto como usted y sería bueno que le hiciera una
advertencia- manifiesta: El secretario de Estado de Seguridad asocia el freno de la inmigración a las políticas de Estado. Quiero decirle que las políticas de Estado no son las que han frenado la política de inmigración, y creo que eso lo saben
hoy todos los españoles y, sobre todo, los inmigrantes. Lo que ha frenado el fenómeno de la inmigración está claro que es la situación de este país; adonde ha llevado a este país la política de inmigración que se está haciendo por parte del
Gobierno de España. Lo peor del caso no está en lo que ha pasado con los inmigrantes, es que realmente en Canarias, de donde yo soy, muchas personas se están viendo abocadas a emigrar porque no tienen posibilidades y recursos por la situación que
allí se está viviendo.



Enlazando todo esto -aunque veo que sus compañeros están bastante alterados en mi intervención-, le puedo decir que las cosas no nacen solas, no vienen solas, y que cuando uno tiene problemas busca soluciones. Ustedes han buscado en el
proceso de retorno voluntario una de las herramientas que posibilite que haya gente que pueda marchar, pero en su momento


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llamaron a esa gente para que viniera, porque teníamos un país en unas condiciones que desde luego no eran las de ahora para nada. Partiendo de esos recursos, quiero preguntarle cómo van a solucionar ustedes el problema del desempleo, sobre
todo para aquellas personas, que aun queriendo el retorno voluntario, no quieren perder su tarjeta de residencia, cosa que ha comentado ya el Partido Popular y ha dicho que es uno de los grandes problemas a la hora de marchar de este país. Quiero
que me diga usted cuántas personas -ya ha dicho cuántas personas han salido, ha hablado de unas 30.000, entre ellos núcleos familiares- cuántos recursos tiene el Gobierno, si es verdad lo de la lista de espera por no tener recursos, y, finalmente,
queremos saber claramente cuál va a ser el proceso de regreso voluntario a su país de los inmigrantes.



El señor PRESIDENTE: Concluido el turno del Grupo Parlamentario Popular, iniciamos el turno de los demás grupos.



Por el Grupo Mixto, tiene la palabra doña Ana María Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Quiero saludar a la secretaria de Estado y pedirle además que me disculpe porque, aunque en el punto en el que tenía más interés era en el del reglamento de la Ley de Extranjería, tengo la comparecencia de la
señora ministra para el tema de cooperación y a los grupos pequeños nos pasa lo que nos pasa. En cualquier caso, como no voy a estar, quiero agradecer a la secretaria de Estado el cambio de impresiones que tuvo con esta portavoz antes de la
elaboración del reglamento de la Ley de Extranjería.



Me iba a ir a las cinco, porque estaba la ministra, pero, como diputada, no puedo quedarme sentada aquí oyendo determinadas afirmaciones y sugerencias. Me abochorna, y lo quiero decir. Estamos con la secretaria de Estado de Inmigración y
Extranjería y estamos hablando de los gitanos españoles; estamos hablando de inmigración y nos estamos refiriendo a dos clases de rumanos -ciudadanos europeos-; estamos al final usando el término etnia marroquí. Pero, señores, somos diputados del
Congreso de los Diputados de este país, somos representantes de la ciudadanía, a quien transmitimos determinados valores y principios. Por eso me he quedado aquí, para decir que esto no puede ser, que no podemos volver a hablar de guetos en esta
sociedad española, no podemos asociar delincuencia y extranjería, ni asociar determinados elementos a ciudadanos españoles que tienen o pueden tener otra cultura pero que no se les tiene por qué nombrar en una Comisión donde no estamos hablando de
ciudadanos españoles. ¿O es que en este país queremos a las mujeres marroquíes para que limpien nuestras casas, pero sus hijos nos molestan cuando están en los colegios? ¿Es que queremos contratar en hostelería, en las cocinas, a la mano de obra
marroquí, a los trabajadores -porque, si no, no estarían trabajando en este país-, pero después nos molesta si la mujer del camarero o del cocinero está sentada a nuestro lado en el centro de salud? Nosotros no somos tertulianos en una televisión o
en una radio para alentar a las masas, somos representantes de los ciudadanos de este país.



Yo he sido alcaldesa de una ciudad, en Canarias, donde tuve 8.000 personas, en el verano del año 2006, en el aeropuerto de Los Rodeos -repito 8.000 personas en el mes de agosto-, y los canarios hicimos un ejercicio de responsabilidad
impresionante en un momento como el de aquel verano en el que llegaron 60.000 personas. Y he sido alcaldesa de esa misma ciudad donde tenía el número de personas más importante de Canarias de cultura gitana, personas maravillosas, con problemas de
otro tipo, de absentismo escolar y de determinadas cuestiones que han sido culpa nuestra fundamentalmente, de los regidores políticos de este país, por no haber hecho en su momento determinado tipo de formación laboral y educativa para que tuvieran
una igualdad de oportunidades en esta sociedad. Pero, ¿hablar de guetos, sobre todo en el Congreso de los Diputados, cuando nos referimos a ciudadanos españoles? Exclusivamente quería dejar esta reflexión en el ambiente porque es terrible. Visto
y oído desde fuera es terrible. Eso es lo que quiero decir.



Muchas gracias, señor presidente, y discúlpeme porque me tengo que ir.
(Aplausos.)


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Barranco, ¿puedo intervenir por alusiones a mi grupo?


El señor PRESIDENTE: No, vamos a seguir con el turno de los grupos parlamentarios.



El señor HERNANDO FRAILE: Es que como se va a ir la señora Oramas, quizá sea el momento.



El señor PRESIDENTE: Pero no hay alusiones en este turno, son las posiciones del grupo.



El señor HERNANDO FRAILE: Ha hecho una descalificación global.



El señor PRESIDENTE: Eso está en la crítica normal y en el debate político parlamentario.



El señor HERNANDO FRAILE: No, ha hecho una manipulación evidente de unas palabras para llevarse el ascua a su sardina.



El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Hernando, pero no ha habido alusión.



Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Nosotros no hemos pedido las comparecencias que se han sustanciado con anterioridad o las que se están sustanciando ahora


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en la intervención de los grupos parlamentarios, pero sí tenemos una preocupación que podemos compartir en relación, por ejemplo, con los planes piloto y el Fondo de inmigración. Tanto Esquerra Republicana como Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya somos grupos que hemos respaldado e impulsado el Fondo de inmigración y que hemos visto con preocupación que ese fondo se recortaba sustancialmente en el periodo en que más necesario era, en el periodo de crisis, crisis que golpea al
conjunto de los ciudadanos y también a los ciudadanos inmigrantes, y, por tanto, hubiera sido necesario que no solamente hubiera habido planes piloto -que no rechazamos, sino al contrario consideramos necesarios y por eso se llaman planes piloto-,
sino que además hubieran sido complementarios del Fondo de acogida e inmigración que, como he dicho, hemos visto con tristeza y con preocupación que se ha recortado de manera drástica a lo largo del periodo más agudo de la crisis. En ese sentido,
queremos reclamar del Gobierno y de la secretaria de Estado que, junto con las medidas piloto, se mantengan esas políticas de integración que, en nuestra opinión, no se favorecen cuando se recortan los presupuestos ni tampoco cuando se plantean
problemas al agrupamiento familiar, que es una medida, en nuestra opinión, muy importante también de integración del colectivo inmigrante en nuestro país; tener la familia aquí y tener su entorno en nuestro país también es una forma de consolidar
esa inmigración y esa integración.



Por otra parte, en relación con otro de los capítulos a que se ha referido la secretaria de Estado, que es el retorno voluntario, hay que ver la dimensión real del mismo: 30.000 personas demuestran lo que dijimos en su momento, que las
expectativas que se creaban con ello eran excesivas, que iba a ser una medida muy limitada, aunque no cuestionábamos su necesidad, y que, sobre todo, cuestionábamos el carácter simbólico de la misma, porque acentuaba esa idea de que el colectivo
inmigrante es necesario cuando hay crecimiento económico en nuestro país y cuando ese crecimiento económico se interrumpe, cuando se inicia la crisis, entonces puertas abiertas y sobran. Ese, en nuestra opinión, es un mal mensaje, no solamente para
los inmigrantes, sino para los ciudadanos españoles, porque convierte al colectivo inmigrante en el problema, y nosotros no compartimos esa visión. Creemos que es una parte de la realidad y que no es en absoluto un problema.



La gestión de esa materia puede convertirse en un problema y en ese sentido tengo que explicar mi estupefacción también con respecto a algunas intervenciones anteriores. Tengo catarro, quizá no entiendo bien o no sé captar bien lo que se
dice por parte de los diputados, pero me ha sonado a subirse al caballo loco de la xenofobia, y, desde luego, no deberíamos hacerlo en ningún caso. Se ha hablado de teoría conspirativa sobre el aflujo de inmigrantes a nuestro país, aunque al final
se niega esa teoría conspirativa porque se dice que ya no hay efecto llamada. Me ha aclarado mucho la intervención. No hay efecto llamada porque si ahora no vienen es porque hay crisis económica, luego antes, si venían, no era por el efecto
llamada sino por el crecimiento económico. Es bueno también ser tan sinceros hasta el punto de entrar en la lógica, que a veces es aplastante, en este caso, con respecto al efecto llamada por parte del Grupo Popular. He oído teoría conspirativa,
efecto llamada y también el traslado de El choque de civilizaciones de Huntington a los barrios de Cataluña. He visto también ese choque de civilizaciones hasta el punto de atribuir una etnia inexistente, pero han definido claramente que el Grupo
Parlamentario Popular pretende cabalgar a lomos de la xenofobia en precampaña electoral. Es un error y, además, está basado en absolutos prejuicios, por ejemplo, el de la sanidad y la educación. ¿Pero es que no leen los documentos que demuestran
cómo los ingresos que estamos obteniendo en nuestro país a través del trabajo del colectivo inmigrante son muchísimo mayores que los gastos de los servicios públicos? ¿No saben también que el carácter, la edad de esos inmigrantes hace que, por
ejemplo, su demanda de servicios sanitarios sea inferior a la demanda de servicios sanitarios por parte de los ciudadanos llamémosle de origen español? Estamos funcionando con prejuicios, y así no nos vamos a entender, señorías. Si es únicamente
en base a prejuicios y al intento de utilización de la inmigración en campaña electoral, no nos vamos a entender, y estas comparecencias van a ser bastante inútiles.



El señor PRESIDENTE: En último lugar, en representación del Grupo Parlamentario Socialista y para fijar la posición de los tres puntos que estamos tratando tiene la palabra don Rafael Herrera.



El señor HERRERA GIL: Bienvenida, señora secretaría de Estado.



El plan de barrios es un plan piloto y solo es posible instalarlo donde existe la voluntad de colaboración de la Administración central, de la Administración autonómica y de los ayuntamientos. La iniciativa se enmarca dentro del Fondo
europeo para la integración de la Comisión Europea, que está suponiendo una inversión en bienestar social de un total de 2,5 millones de euros en cuatro municipios catalanes: Badalona, Salt, Terrassa y El Vendrell. Con este plan se pretende,
mediante una actuación integral, reforzar el mecanismo de acercamiento de la población autóctona e inmigrante, con objeto de prevenir conflictos sociales no deseados y lograr una adecuada interrelación entre ciudadanos procedentes de diferentes
culturas. El proyecto cuenta con dos ejes básicos: el fomento de la cohesión social y la aplicación de medidas contra la crisis económica. Dentro del primer eje se están impulsando programas de acogida e integración, así como proyectos orientados
hacia la plena integración de las familias y hacia una óptima atención a los menores de su entorno educativo. Paralelamente, en el segundo se incide en la formación de las personas inmigrantes para mejorar su acceso al mercado laboral. Sus
objetivos -que compartimos-


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son: garantizar la igualdad de oportunidades -muy importante-, con la promoción del éxito escolar y la mejora del capital educativo de las familias; potenciar la formación y el conocimiento mutuo entre recién llegados y población
autóctona; promover el asociacionismo y la participación juvenil, y facilitar la formación, la orientación, la inserción laboral, especialmente, entre el colectivo de jóvenes. No podemos evaluar en profundidad el plan de Cataluña, porque lleva
cuatro meses vigente y es poco el recorrido.



El plan de barrios se pone en marcha a finales de 2008 como una medida para favorecer el proceso de integración de los inmigrantes en entornos de riesgo y se pone en marcha con un convenio de colaboración entre el ministerio y la Junta de
Andalucía, para el desarrollo de un plan piloto de actuación integral en zonas sensibles de Andalucía con presencia significativa de inmigrantes. Se firma el convenio el día 11 de diciembre de 2008. Los ejes de intervención, los ejes transversales
son de género y juventud y las actuaciones: intervención socioeducativa, detección temprana de situación de abandono, maltrato y explotación, interculturalidad y espacios públicos de ocio y cultura, formación y empleo y sensibilización. Se firman
las prórrogas del convenio en 2009 y 2010. Se hace una evaluación el día 19 de marzo de 2010. Resulta su fortaleza modelo de cooperación entre administraciones. Esto permite concluir que la intervención en los barrios, desde un modelo de
cooperación entre las administraciones y contando con la participación de las organizaciones vecinales, representa una prioridad política de integración durante estos años: 18.511 actuaciones de sensibilización, 17.100 actuaciones socioeducativas,
3.673 actuaciones de integración comunitaria, 3.080 actuaciones sociolaborales; más de 40.000 actuaciones producen una valoración muy positiva circunscrita en las cuatro provincias -Almería, Cádiz, Granada y Sevilla- y dentro de los barrios.

Dichos planes deben implicar y necesitan la corresponsabilidad del conjunto de las instituciones y los agentes de cada municipio y la colaboración comunitaria mediante la cofinanciación por el Fondo europeo de integración. El ámbito espacial es el
barrio, que se considera el espacio más adecuado para una acción directa y en el que pueden obtenerse experiencias exportables a otros espacios. Se trata de construir una red estable de apoyo a todos los vecinos del barrio -y remarco a todos los
vecinos del barrio- con la colaboración de los diferentes servicios y recursos municipales, así como las entidades de ámbito social, cultural y deportivo que operen en la zona. Vamos a animar a esta secretaria de Estado a seguir explorando esa
voluntad de las administraciones para trabajar en conjunto y extender las buenas prácticas por el territorio.



En segundo lugar, en cuanto a la presión migratoria en Melilla, hay una pregunta del día 15 de septiembre que formuló el señor Gutiérrez Molina al ministro del Interior: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno ante el aumento de la presión
migratoria que está sufriendo la ciudad de Melilla? El ministro del Interior le respondió en la competencia del ministro del Interior. La causa objetiva es que Melilla está donde está, que Melilla está en una encrucijada de caminos y que la
frontera con más diferencia económica y de libertades precisamente es esta en el Mediterráneo. Se han abierto nuevas rutas de migraciones. Usted le va a responder por escrito, por tanto, no voy a hacer más defensa que la de que la posición de
Melilla está ahí.



En cuanto al retorno voluntario, la política sobre el mismo persigue garantizar un retorno digno de las personas inmigrantes y su reinstalación en sus países de procedencia. Los programas de retorno voluntario que se enuncian en la
Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, BOE del 27 de octubre de 2010 menciona programas de retorno voluntario de atención social, que se ponen en marcha para atender a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad por estar en riesgo de exclusión social, tener necesidades específicas y pertenecer a colectivos de vulnerabilidad social, como pueden ser los menores, menores no acompañados, personas con discapacidad,
personas de edad avanzada, personas solas con hijos menores o que han sido sometidas a tortura, violación y otras formas de violencia psicológica, física o sexual, y el programa de retorno voluntario productivo, modalidad en fase incipiente, con la
que se pretende fomentar y favorecer el regreso productivo de los extranjeros no sujetos a obligación de retornar, que pretenden retornar a sus países de procedencia con un proyecto productivo viable, sostenible y posibilitar el desarrollo de
proyectos empresariales, microempresas o pequeñas empresas familiares. El APRE, el programa de ayuda complementaria al abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo a trabajadores extranjeros extracomunitarios que retornan
voluntariamente a sus países, consiste en el abono acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo, complementando con ayudas para el viaje. La finalidad de estas ayudas es facilitar el traslado a sus países de procedencia a
aquellos inmigrantes que tienen reconocido el derecho al abono de la prestación por desempleo por el Servicio Público de Empleo Estatal, no estén sujetos a la obligación de retornar y hayan percibido efectivamente el primer pago, así como sus
familiares directos. Usted ha anunciado 30.000 personas en el conjunto del retorno voluntario. Nos podríamos hacer tres preguntas. ¿Conviene evaluar el programa de retorno voluntario? Después de dos años funcionando este es un buen momento.
¿Hay que incorporar mejoras? Es deseable. ¿Hay que hacerlo más atractivo? Es imprescindible. Tenemos que explorar varias vías: conveniencia de potenciar la modalidad del retorno productivo, que es incipiente, lograr el apoyo de los países de
origen, que evidentemente si no contamos con su colaboración, no podremos hacerlo, e incorporar, como anunciará usted, un apartado específico en el proyecto de reglamento de las condiciones para el regreso de aquellos que se han


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acogido al retorno voluntario en el programa APRE. Los programas de retorno voluntario están en consonancia con las recomendaciones realizadas desde la Unión Europea con el fin de garantizar un retorno digno. Vamos a animar a la secretaria
de Estado a explorar nuevas vías para que el retorno sea un mecanismo que palie la dificultad de las personas vulnerables. Y lo que es más importante, no es un programa puntual ni debe ser un programa puntual, debe tener vocación de permanencia.
Ya he respondido a los tres puntos, pero mi grupo suscribe la intervención de la señora Oramas por su sensibilidad. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones suscitadas en las intervenciones de los distintos portavoces tiene la palabra la secretaria de Estado, doña Ana Terrón.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Terrón i Cusí): Voy a responder en el mismo orden de intervención. Empezamos con los planes de barrios. Antes de nada quiero darles alguna información o hacer alguna precisión
sobre cosas que se han dicho aquí que no son ciertas. En Hospitalet se va a intervenir, en Collblanc, Torrassa, La Florida, Les Planes, Pubilla Casas y Can Serra. Son cinco municipios, Badalona, Salt, Terrassa, El Vendrell y Hospitalet. Además,
en Hospitalet son barrios con una mayoría de población de origen latinoamericano en el ámbito de la inmigración. Hemos presentado tres de estos programas, que se han ido configurando a medida durante los últimos meses, y los firmamos en octubre, es
decir, que esto ha tenido la colaboración de más de un gobierno de Cataluña, ya que lo firmamos en octubre con la señora Capdevila y lo hemos ido desarrollando y lo estamos presentado ahora con los actuales responsables de la Generalitat.



Antes de entrar en la reflexión más global que me pedía el señor Campuzano, déjenme decirle por qué estos barrios y no otros. Lo he intentado explicar, y es que hay un paquete de requisitos. En ningún caso ha influido la mediatización de
los conflictos en el caso de Salt.
Nosotros incluimos este municipio y firmamos el convenio en octubre.
Entonces Salt no había salido en los periódicos, y hemos estado durante estos cuatro meses desarrollando este programa con ellos. Sin duda el
origen de alguien tampoco es motivo de ninguna actuación. La mayoría de la población de Salt es de origen subsahariano, la mayoría de la población inmigrada de Hospitalet es de origen latinoamericano, y en otros lugares son de otros orígenes. A lo
mejor sí es verdad que los marroquíes tienen una diferencia muy notable para algunos en relación con otras poblaciones, una diferencia que realmente en algunos casos debe ser importante. No van a votar en las municipales, porque tardan diez años,
no dos, en obtener la nacionalidad o en poder solicitarla y porque no hemos podido firmar con Marruecos el acuerdo de reciprocidad. Seguramente esa sea una diferencia objetiva entre los marroquíes y los demás ciudadanos extranjeros, así como con
algunos de origen inmigrante que ya no son extranjeros. Por lo tanto, los criterios, repito, eran -y ahora explicaré el porqué cuando entre en la valoración más global-: lugares donde ya hay actuaciones y donde ya existe una experiencia. Por lo
tanto, piloto no quiere decir nuevo, quiere decir otro tipo de medida que pretende otra clase de impacto. La mayoría de estos barrios están en un plan de la Generalitat de Cataluña que pretende intervenir sobre la vivienda. Ello nos ayuda mucho
porque acompañar con medidas de impacto sobre la población, sobre las personas, en ámbitos en los que la parte dura -digamos- se va a abordar también desde otros planes, las proporciones y, sobre todo, las evoluciones en relación con criterios que
he mencionado -como porcentaje, situación socioeconómica y sociocultural, etcétera- han sido los elementos que nos han hecho valorar estos barrios y no otros; desde luego no la proporción de inmigrantes. Usted conoce Cataluña y sabe que hay
lugares donde hay más de un 50 por ciento de inmigración, por ejemplo Guissona -sabemos de lo que estamos hablando-, y no hay ningún problema por razones de tipo socioeconómico o por el origen de las personas. Hay dificultades en aquellos barrios
que ya habían acogido población en una situación difícil y que por razones sobre todo de vivienda y de entorno ha sido sustituida por otra en cuanto ha mejorado su situación. Ese grupo de requisitos son los que nos han hecho decidir impactar en
estos barrios.



Déjenme juntar la respuesta que le doy a usted con la que le doy al señor Campuzano en lo referido a las cuestiones más generales. En primer lugar, el fondo. Creo haber explicado ya aquí la disminución, pero no de este año, que
prácticamente no ha habido, si entendemos que el presupuesto general ha sufrido un recorte del 12 por ciento, ya que estamos hablando de que el fondo, que estaba en 70 millones, ha pasado a estar en 66,7, casi por aquello de que todas las líneas
presupuestarias debían tener su ajuste, pero no ha experimentado el recorte lineal que ha sufrido el presupuesto este año. Saben ustedes que en la disminución que sí se sufrió el año pasado hay una parte muy notable que se explica en relación con
la falta de adicionalidad de este fondo sobre la población total en la que impacta. Además, el acuerdo de financiación autonómica incorporó a las personas con otros problemas -que luego veremos- realmente empadronadas al cómputo de la financiación.
Por lo tanto, en el ámbito de la integración y de las competencias propias de las comunidades autónomas, a partir de este dinero, que sale del mismo Presupuesto General del Estado, el que ya se da en función de las personas que están empadronadas,
deben hacerse esas políticas. De todas formas, hemos querido, no ya por razones de adicionalidad a unas personas que no estaban contempladas sino por razones de criterio, que el Estado siga trabajando en el ámbito de la integración, tal y como por
otro lado prevé la ley, y ese es el origen del mantenimiento de este fondo y de otras políticas que llevamos a cabo.



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Respecto a su pregunta le diré que el fondo va a mantenerse con los criterios actuales y que ninguna política territorializada o sectorializada va a sustituirlo. El 40 por ciento del fondo sigue destinándose a refuerzo educativo, el otro 40
por ciento a apoyo a los municipios, por tanto a la red básica de la integración que significan los municipios, y el restante 20 por ciento a aquello que cada una de las comunidades autónomas en virtud de su capacidad cree que es importante en aquel
territorio. Por tanto, no vamos a abandonar la política que tiene que ver con la integración en ese sentido, es decir, en el sentido más integral, que es el que aborda el fondo.



¿Para qué sirven los planes? Para una cosa diferente. Lo que queremos es un impacto fuerte en un corto plazo para que tenga impacto positivo en la vida de todos los ciudadanos que viven en aquel municipio, porque no podríamos utilizar
fondos públicos para algo que no fuese el interés general. Pero además, el sentido de piloto es porque pretende identificar buenas prácticas, identificar cuáles de esas actuaciones hechas de manera territorializada y con un fuerte impacto, dado que
se hacen en un periodo corto de tiempo sobre determinadas situaciones, tienen un resultado positivo. Ahora lo vamos a evaluar con relación a Andalucía, y en ese sentido estaré en Algeciras el lunes para hacer la presentación no ya de los planes,
sino del resultado de los mismos. Esa es la idea del plan piloto, planes que nos ayuden a aprender; por eso los impulsamos de esa forma desde la Secretaría de Estado de Integración, no solo hacia nosotros sino al resto de la Unión Europea, que
hace ese ejercicio de identificación de buenas prácticas, y más adelante tendremos tiempo de hablar de ello. ¿En qué marco lo hacemos? No lo hacemos porque se nos haya ocurrido aquel día que alguna de estas cosas puede resultar una buena idea; lo
hacemos en el marco de algo que nos permite tener esa visión general y que también tiene vocación de continuidad, como es el PECI, el Plan estratégico de ciudadanía e integración. Saben que ha estado vigente desde 2007 hasta 2010 y que ahora
estamos evaluando el plan anterior y acabando de diseñar y definir el de los próximos años. Es ahí donde tiene cabida esa discusión más general sobre cuáles son los ejes de la política de integración en España, cuáles son los ejes que identificamos
como tales.



Entre los planes pilotos y el PECI hay una doble relación: una relación de orientación y una relación de verificación de si esas orientaciones son buenas y si el impacto de medidas en este sentido puede tener o no un efecto positivo. Ese
es el sentido de fondo de los planes pilotos que, insisto, no están en el fondo; es dinero adicional que en algunos casos está en el ámbito intergubernamental de las políticas europeas, de aquello que nosotros aportamos, y de ahí también la
incorporación en esa política de identificación de buenas prácticas por parte de la Unión Europea y que tiene vocación de continuidad en otros territorios. En Andalucía evidentemente no hemos acabado abruptamente el plan de 2010, y se continúa
aplicando; se ha iniciado en Cataluña. Vamos a continuar porque también una forma de testar ese tipo de actuaciones es hacerlo en territorios diferentes con realidades distintas, elegidos siempre en función de esos parámetros de los que les
hablaba, de esa combinación entre situación socioeconómica, población de origen inmigrante, etcétera.



Con relación a Melilla, no le niego la mayor. Seguramente debería haber pedido usted la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad y del secretario de Estado de Asuntos Exteriores para que le hablaran de la situación puntual. (El
señor Gutiérrez Molina: Está pedida.) Como sabe, por un lado evaluamos a las personas que residen en Melilla y, por el otro, como también sabe, nos hacemos cargo de algunas de las personas que finalmente pueden entrar hasta que se resuelve su
situación. Lo que le puedo decir es que en este apartado, que es el que más tiene que ver con lo que me decía en su intervención, es verdad que hemos identificado prácticas nuevas, pero también es verdad que en el marco de la reunión bilateral
anual que se celebra con Marruecos -se celebró hace muy poco- hemos hablado de esto y la actitud de Marruecos es receptiva. También es verdad que nosotros controlamos mucho la frontera y que ellos controlan la frontera. Seguramente me estoy
extralimitando en mis funciones porque esta cuestión debería contestarla el secretario de Estado de Seguridad, pero le puedo decir que también sabíamos lo de las lanchas neumáticas a las que se refiere, y esa es una información que hemos puesto
inmediatamente en manos de Marruecos, porque es cierto que hemos identificado a personas de algún origen muy determinado que utilizaban técnicas que no habíamos visto antes. En cualquier caso, quiero señalar que esto no ha continuado, con lo cual
entendemos que esa doble función que hacemos tanto nosotros en nuestro territorio como Marruecos en el suyo tiene su resultado. Conocimos el tema de las lanchas, lo dijimos; no hay lanchas. Entiendo que por parte de Marruecos la seguridad tampoco
es del cien por cien y respecto al control de lo que pasa en el ámbito de la inmigración ilegal le puedo decir que lo hacen a partir de una relación bastante práctica con nosotros. También sabe que hay momentos del año en los que por razones
meteorológicas pasan más o menos cosas, aunque el espacio que separa Melilla de Marruecos es directamente una línea, con lo cual esto tiene menos impacto que en las llegadas a la Península. En todo caso, las llegadas de inmigrantes irregulares a
España han bajado sustancialmente en el año 2010 y, si bien puede ser que en Melilla en una situación puntual puedan aumentar, no está en el marco de mi competencia ni tengo la información suficiente como para decir si tiene que ver con una cosa o
con otra. Lo que le digo es que aquello de lo que nos hacemos cargo desde mi secretaría de Estado este año no ha tenido una situación diferente de la de los otros años considerados normales; porque, como sabe bien, sí hemos tenido momentos
complicados.



También le puedo decir que los dos centros hechos por España en Nador y en Beni Mellal están funcionando


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normalmente y que la situación de los menores no acompañados es una de las preocupaciones permanentes entre nosotros y Marruecos, y así lo transmitimos de forma especial. Como sabe, los centros están muy orientados a la prevención de la
emigración de menores no acompañados; hacen un trabajo de inserción social, laboral, educativa en función de las edades, y le puedo confirmar -si quiere le puedo dar la dirección- que en Nador existe un centro y en Beni Mellal otro. Espero no
haber dejado de contestar nada de lo que era necesario.



Señora Guerra, me permitirá que le conteste solo con relación al retorno y no a otras cuestiones más generales. Déjenme decir de entrada -y el señor Campuzano me hablaba de la globalidad y de la coherencia del programa de retorno- que
nosotros hemos introducido una pieza más de la política de retorno en el ámbito del reglamento de extranjería, y me permitirá que lo comente después al hilo de la presentación del mismo. Por lo que respecta a la parte de actuación política y no
normativa, nosotros -eso espero, porque creo que nuestro Gobierno no lo hizo y entiendo que el suyo tampoco, porque fue una época de altísimas entradas de inmigración irregular, regularizada después- no hicimos una política de Estado de llamamiento
de la inmigración. Hubo una situación económica en la cual, con un modelo migratorio vinculado a la situación de empleo, entró una determinada cantidad de personas. Por la misma razón no hay una política de Estado de devolución de estas personas;
hay un acompañamiento por parte del Gobierno de fenómenos diferentes. Todos vinieron por razones económicas; algunas personas por las mismas razones piensan que en este momento pueden estar mejor en su país de origen. Estamos acompañando este
fenómeno con un apartado normativo que tiene que ver con lo que usted me decía de las tarjetas de residencia, que le voy a explicar en el próximo bloque de la comparecencia. Tanto es así que el retorno que nosotros acompañamos es una acción
voluntaria, que los datos que se nos dan por parte de Fomento hablan de la salida voluntaria y por su cuenta, sin acogerse al programa, de un número alto de personas. Y fijándonos en los países donde hay más salidas sin vuelta coinciden altísimas
cifras, por ejemplo en Perú, y cifras más bajas en lugares de donde también tenemos inmigración pero que tienen una situación más difícil.



¿Qué es lo que debe ser una política de Estado? El gobierno de estos fenómenos. Las políticas de Estado no son ni de llamada ni de reenvío.
Son de reenvío de aquellas personas que por decisión judicial y del Gobierno tienen que ser
expulsadas, pero por lo demás lo que hacemos es una política de gobierno, de gestión que, por esa misma razón, tiene voluntad de permanecer y de ir encajando más piezas y de ser una política global, coherente, de movilidad y de retorno de las
personas que se van voluntariamente. Les he hablado del programa de retorno productivo, del programa de retorno por razones sociales y del acuerdo con países de origen en el que vamos a seguir trabajando. Después les hablaré de la parte normativa
y de la pieza que falta, desde mi punto de vista, que es la de un mejor encaje con algunos de los programas y políticas de cooperación en nuestro país. Todo eso pretende una política de acompañamiento del retorno, igual que la hacemos de la entrada
en el ámbito de la integración, en el ámbito de la gestión de los permisos, etcétera, una entrada que desde luego en nuestro modelo -hay otros; hay gente que tiene un modelo de cupos-, que es el que defendieron ustedes y hemos defendido nosotros,
que es el de la vinculación al mercado de trabajo, no sucede por voluntad política sino por situación de ese mercado de trabajo. De todas formas, estoy de acuerdo con el señor Llamazares en que la lógica no es la de utilizar a las personas cual
caja de herramientas. Le necesito, ahora ya no le necesito y le guardo en el garaje, en el armario o se larga usted a su casa porque no le queremos ver. No, por eso tenemos un procedimiento que regula distintos momentos de la entrada de esta
persona y que finalmente acaba en una tarjeta de larga duración y en una situación consolidada que en toda Europa, y en virtud de la directiva de residentes de larga duración, protege contra la expulsión porque entendemos que son personas que han
hecho la opción de trabajar aquí, lo que no es así en fases anteriores de esa política migratoria. En cualquiera de estas, las personas que voluntariamente quieren volver van a ser acompañadas por los distintos programas del Gobierno.



En relación con la pregunta concreta que me hacía usted, señora Guerra, sobre la lista de espera, en un momento del año 2010 hemos tenido más demandas en el marco del programa social que las que estaban presupuestadas. Hubo un momento de
impasse presupuestario que en algunos casos ayudaron a gestionar -y debo agradecerlo aquí- las organizaciones no gubernamentales con las que trabajamos, por ejemplo Cruz Roja, y que en este momento ha sido resuelto; han sido pagadas -por decirlo
así- las deudas que contrajimos en aquel momento con alguna ONG y se ha dado salida ya a todas las personas que pidieron el retorno asistido. Pero es verdad que hubo un momento en el que hubo que hacer un ajuste presupuestario; ajuste
presupuestario que -lo digo en esta sede porque son ustedes autoridad en la materia- a lo mejor también hay que hacer el año en curso. Pero en cualquier caso no ha habido mayor dificultad que esta.



Creo que he contestado a todas las preguntas. Pido disculpas al portavoz socialista por no haberme dirigido directamente a él porque he intentado contestar a preguntas concretas. Si me permiten volver a atrás, quiero decir finalmente al
señor Gutiérrez que efectivamente nosotros no estamos viendo lo que está pasando en Libia como algo que pueda impactar en nuestro actual sistema migratorio. En Libia -y creo que es interesante que esta Comisión también lo vea- se ha dado una
situación muy particular que es una crisis de la gestión de los trabajadores inmigrantes en el marco internacional. Acnur se puso a trabajar en Libia y se encontró con que


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estaban gestionando las cosas como si fueran refugiados porque teníamos capacidad de gestionar refugiados, pero no eran refugiados sino personas que querían volver al país del que habían salido para trabajar en Libia, lo cual ha hecho que
entre todos -y también desde la Unión Europea- se haya incorporado a la Organización Internacional de Migraciones en el proyecto de atención a las personas que salían de Libia y se esté gestionando básicamente a través de puentes aéreos. Lo que
había en Libia era un problema logístico, no un problema de refugio ni de salida de sus nacionales. Lo que puede pasar en el norte de África no lo sé, pero espero que sea un avance sustancial y sustantivo de la democracia.



- EL REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001432.)


- EL TEXTO ARTICULADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, TRAS SU REFORMA POR LA LEY ORGÁNICA 2/2009. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número
de expediente 212/001452.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la segunda parte del orden del día de esta comparecencia. Entramos de lleno en la exposición por parte de la secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para informar sobre el reglamento de la Ley
de Extranjería, comparecencia que estaba solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el propio Gobierno.



Cuando usted quiera, doña Ana Terrón, tiene usted la palabra para explicarnos el reglamento de la Ley de Extranjería.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y MIGRACIÓN (Terrón i Cusí): Voy a intentar no alargarme mucho, aunque no querría dejar de presentar, tal como me comprometí a hacerlo ante esta Cámara, el que va a ser el reglamento de
desarrollo de la Ley de Extranjería.



Nosotros venimos a presentar este reglamento seguramente en un momento muy distinto al momento en que se presentó la ley. Comparecí hace poco menos de un año ante ustedes para explicarles cuáles iban a ser las principales líneas y
prioridades en relación a la inmigración y a la emigración, y en aquel momento ya les avancé que el reglamento iba a ser uno de los puntos clave. Responde el reglamento al mandato del legislador, como saben ustedes bien, de desarrollar en un plazo
de seis meses las previsiones de la ley orgánica. Como reglamento que es, este texto, este real decreto no puede ir más lejos de lo previsto por la ley, pero sí nos permite dar respuestas ágiles y eficaces a los retos actuales en el nuevo contexto
migratorio. ¿De qué contexto estamos hablando? ¿Cuáles son los principios que inspiran nuestra política migratoria y el reglamento? Por un lado, como les decía ahora, la ordenación de los flujos migratorios laborales de acuerdo con las
necesidades de la situación nacional de empleo, lo que implica entradas en el momento en que hay trabajo y ausencia de ellas y autorregulación en caso contrario y, por otro lado, la integración social de los inmigrantes mediante políticas
transversales dirigidas a toda la ciudadanía. Lo que queremos es una sociedad integrada, no la integración de algunos porque eso entra dentro del terreno de lo difícil. Queremos una sociedad integrada y, por tanto, trabajamos con este objetivo.
Les decía que el reglamento en esos dos ámbitos no va más allá de la ley sino que procede a desarrollarla y, como ustedes saben bien porque hemos hablado de ello en distintas ocasiones, eso lo hemos hecho no en los seis meses que nos pedía la ley,
lo hemos hecho en un tiempo un poco más largo y lo primero que quiero hacer es explicarles las razones de por qué ese periodo más largo para la elaboración del reglamento.



En primer lugar, hemos querido revisar el texto en profundidad y adaptarlo, siguiendo el modelo diseñado por la ley, a un nuevo ciclo migratorio, un modelo que ha sido y se ha demostrado válido en situaciones diferentes, tanto en momentos de
entradas como en un momento como el actual; como saben ustedes, 2010 ha sido un año en el que por primera vez hemos reducido el número de personas no comunitarias en nuestro país, se ha reducido en un 1,45 por ciento de personas. Responder a este
nuevo contexto es un reto que queríamos enfrentar con este reglamento. En segundo lugar, hemos querido potenciar el diálogo con los principales actores implicados, y después me extenderé sobre este punto.
Hemos querido hablar con todos los actores
y hemos querido que este reglamento responda a sus preocupaciones; diálogo y consenso han guiado la elaboración de este reglamento, y lo hemos hecho con los participantes en el diálogo social, lo hemos hecho con organizaciones no gubernamentales,
lo hemos hecho con comunidades autónomas y saben ustedes que lo hemos hecho también y de forma continuada con los portavoces de los grupos parlamentarios. El borrador pretende, pues, optimizar en un nuevo contexto económico y migratorio los
principios que han inspirado a este Gobierno desde 2004 y que fueron formalmente recogidos en la reforma de la ley: ordenación de flujos, integración social y lucha contra la inmigración irregular, y coordinación con las políticas de la Unión
Europea. La aprobación de un nuevo reglamento nos permite mejorar la regulación de todos los procedimientos para darles mayor seguridad jurídica -luego vamos a verlo- con objeto de regular las autorizaciones de forma ordenada, distinguiendo entre
requisitos y formas de acreditarlos para evitar dobles comprobaciones, aspectos que nos han sido reclamados y a los que hemos intentado responder. En este mismo sentido y en este mismo ámbito con este reglamento también


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hemos querido hacer algo a lo que la Administración está obligada por ley, introducir las nuevas tecnologías y facilitar a través de ellas los diferentes trámites.



De manera resumida, déjenme entrar en lo que han sido las líneas principales de este reglamento. En primer lugar, consolidar un modelo basado en la regularidad y vinculado al mercado de trabajo. Hemos luchado desde siempre contra la
irregularidad. Por cierto, lo lamento porque el diputado se ha ido y no me he acordado de hacerlo antes, pero desmiento absolutamente las cifras de inmigración irregular que se han dado en esta sede. No tiene nada que ver con la pregunta, pero por
si acaso y por higiene pública las desmiento de forma categórica. Nosotros -continuando con el reglamento- hemos querido consolidar este modelo basado en la regularidad y vinculado al mercado de trabajo. Partiendo de la vinculación entre
inmigración y necesidades del mercado laboral, el reglamento regula los instrumentos de medición de la situación nacional de empleo mejor que lo hacíamos, conjugando la agilidad en el funcionamiento de los mismos con la necesidad de que estos sean
un reflejo de las necesidades de contratación en origen. Ahí hay una serie de medidas concretas que son relevantes. En primer lugar, la consolidación y mejora del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura como instrumento principal de medición
de la situación nacional de empleo, buscando la agilidad y la transparencia en el procedimiento de elaboración de dicho catálogo así como la revisión de los criterios de medición del mercado interno para su mayor conexión con la situación, en este
caso de desempleo, que se de en cada momento. Respecto de aquellas ocupaciones no incluidas en el catálogo, la reforma concreta el contenido mínimo de los certificados que los servicios autonómicos de empleo deben hacer sobre la inexistencia de
trabajadores disponibles y adecuados para cubrir puestos de trabajo demandados. Hemos querido introducir esos criterios mínimos de forma que podamos también leer mejor la situación real de empleo en este país, junto con lo que les decía hasta
ahora.
Luego, la dotación de un mejor y más estable marco jurídico respecto de la gestión colectiva de contrataciones en origen, en concreto respecto del contrato de temporada. Se establece una vinculación más clara entre la previsión de
ocupaciones a ofertar y la situación nacional de empleo, como me parece que debíamos hacer en este momento.



Hay otra novedad en el reglamento que me parece importante. Apostamos por limitar aquellas contrataciones que pueden tener un efecto negativo en nuestra voluntad de fortalecer el vínculo entre inmigración y mercado de trabajo. Así, el
empleador en nuestro país deberá mantener su compromiso de contratación, salvo que razones objetivas evidentemente lo impidan. De no ser así, se va a limitar la capacidad de contratar en el futuro de estos empleadores. Para decirlo de una forma
comprensible, cuando alguien contrata a alguien por un año y lo contrata en origen o da un contrato para proceder al arraigo, si esa persona no cumple con este compromiso de empleo no podrá volver a hacer ese tipo de contrato. Y estamos hablando no
solo de empresas sino de empleadores, porque en este país los empleadores somos muchos. Eso nos parece que tiene que ver con nuestro modelo, un modelo que vincula la entrada al empleo y que le da al empleador -no al Estado- la capacidad de
contratar a alguien cuando no puede contratar a una persona que está en nuestro país de origen. Nos parece que si le damos esa capacidad, también tiene que responder con una cierta responsabilidad a la hora de gestionar ese contrato.



En segundo lugar, fomentamos -como les decía- la integración y la igualdad de derechos y deberes en nuestro país. Seguimos la lógica de la ley en este ámbito de la igualdad de derechos y deberes, y en esta materia desarrollamos en el
reglamento una serie de previsiones legales con el objetivo de promover la integración de los extranjeros. Perfeccionamos y consolidamos la reagrupación familiar de cónyuges y descendientes, que nos parece una pieza clave en la integración de las
personas. A la vez, hemos establecido en este reglamento una idea objetiva, objetivada, de lo que es la capacidad económica, el requisito económico que se pide para la reagrupación familiar y, por lo tanto, contemplable por parte de quien debe
hacer esa gestión. Además, en el ámbito de los derechos y deberes de los inmigrantes hemos desarrollado el contenido mínimo del informe relativo al esfuerzo de integración que deben emitir las administraciones autonómicas en el marco de los
procedimientos sobre renovación de autorizaciones de residencia. Permítanme recordarles que el reglamento define la naturaleza de esta figura, que no será un requisito a acreditar en el procedimiento sino algo a valorar positivamente en el caso de
que el extranjero no pueda acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos generalmente exigibles. Eso lo conocen porque lo prevé la ley y nosotros lo único que hemos hecho es desarrollarlo. Pero insisto en que no debe presentarse este
informe cuando se cumplen los demás requisitos para la renovación, lo cual lo convierte en una figura excepcional.



En tercer lugar, quiero señalar que en el reglamento hemos querido fortalecer la colaboración con las administraciones locales y autonómicas. El reglamento, en desarrollo de lo ya previsto en la norma legal, reconoce el potencial de las
comunidades autónomas en las cuestiones relacionadas con la integración -y yo diría que también en aquellas cuestiones relacionadas con la gestión de la inmigración- y reconoce el papel de los entes locales en ámbitos como el arraigo y la
reagrupación familiar. Hemos previsto, pues, mejorar los mecanismos de colaboración existentes que son estables y operativos y fortalecerlos. El intercambio de información es también un elemento clave que nos va a permitir poner de relieve la
importancia de la colaboración interadministrativa para una mejor gestión de los servicios públicos.
Tenemos un compromiso -y lo hemos desarrollado en el reglamento- de información a las comunidades autónomas de aquello que va a suceder en su
territorio


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y que nosotros conocemos en relación con la gestión que hacemos en las oficinas de extranjería. Al margen de que se establezcan mandatos expresos en cuanto a fórmulas futuras de colaboración entre administraciones públicas -que tenemos la
intención de desarrollar-, en relación a las actuaciones relativas a las víctimas de trata de seres humanos, régimen especial de investigadores o menores extranjeros no acompañados, quiero destacar principalmente la regulación dada a la
participación de otras administraciones territoriales con la emisión de informes en materia de integración en renovación de autorizaciones de residencia temporal, adecuación de vivienda e integración de los extranjeros. Sobre los informes
autonómicos, quiero recordar especialmente aquí que los mismos se enmarcan en las competencias constitucionalmente atribuidas a las comunidades autónomas en materia de asistencia social y de integración, y que su emisión en el marco de los
procedimientos previstos en la norma reglamentaria deriva estrictamente de las previsiones establecidas en la propia ley orgánica. La emisión del informe no deriva de ninguna atribución competencial vía reglamento, cosa que saben ustedes que,
aunque hubiese querido, no hubiese podido hacer por razones más que elementales de nuestro ordenamiento jurídico; por el contrario, deriva del desarrollo reglamentario y de una concreción, vía norma con rango de ley, de una competencia
constitucional y estatutariamente atribuida a las distintas comunidades autónomas.



También queremos -y entro en algo que tiene que ver con lo que estábamos viendo anteriormente- promover mecanismos de fomento y garantía de la movilidad y el retorno voluntario. Hemos establecido para los extranjeros residentes que se
acogen a programas de retorno voluntario un procedimiento de regreso a España, pasado el periodo mínimo de tres años, que mantiene los tiempos de residencia en periodos anteriores. Más allá del reconocimiento de los programas de retorno voluntario,
el objetivo perseguido trata también de impulsarlos mediante el establecimiento de procedimientos específicos para que, transcurridos los tres años de compromiso de no retorno y siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello, el extranjero
que lo desee pueda volver a ser residente en España mediante un procedimiento preferente y con plazos reducidos. Nos parece razonable que esto sea así, y además nos parece que es reconocer a las personas que han contribuido en este país esa
aportación que han hecho y no decirles que son personas a las que no conocemos y que pueden volver a su país de origen y, si algún día quieren regresar a España, que se pongan en la cola de aquellas personas que quieren hacerlo. Pensamos que esa es
una vía que puede facilitar a personas que por razones económicas, familiares o incluso estrictamente personales querrían volver a su país de origen pero no se atreven a tomar la decisión definitiva de hacerlo -no quieren pensar que nunca más van a
salir de allí-, la posibilidad de que tomen esa decisión con más facilidades. Por lo tanto, esa es una pieza normativa importante en el marco de las políticas de retorno e, insisto, de gestión de la movilidad internacional de las personas; creo
que utilizamos demasiado a menudo categorías del siglo xix y principios del xx para referirnos a la inmigración y tenemos que ir acostumbrándonos a categorías que encajen mejor en este mundo acelerado en que vivimos en el que las personas se mueven
con esquemas migratorios muy diferentes de aquellos que utilizaron nuestros abuelos, nuestros padres e incluso algunos de nuestra generación -hablo en este caso para los más mayores-. Por otro lado, hemos querido recoger en el reglamento un
mecanismo ágil de atracción de investigadores y de personal altamente cualificado para favorecer la competitividad de la economía española y que se enmarca también en esa nueva movilidad de las personas -movilidad que ejercen algunos de nuestros
ciudadanos y que a mí me parece enormemente positiva- hacia el exterior, hacia lugares donde creen que mejor pueden hacer un periodo de su vida profesional. En este marco, también de movilidad, hemos querido incorporar en el reglamento las dos
directivas del Consejo, la de procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación y la llamada tarjeta azul para personal altamente cualificado. En la misma línea, además de incorporar las dos
directivas, hemos hecho algo que yo creo que tiene mucho sentido, que es permitir a través del reglamento que la pequeña y mediana empresa, que están creando empleo en nuestro país, puedan beneficiarse de la posibilidad de uso de la vía preferente
de contratación en origen de este personal, siempre y cuando el interés económico, social, laboral y cultural de nuestro país así lo permitan.
Por lo tanto, incorporamos a esa vía de gestión de la inmigración altamente cualificada a determinadas
pequeñas y medianas empresas que puedan atraer a nuestro país talento, teniendo en cuenta siempre los equilibrios necesarios entre nuestra situación de empleo, la no atracción de talentos de países en vías de desarrollo que pueda revertir en un
problema para la inversión que ellos han hecho en capacidad de sus ciudadanos y el interés económico de nuestro país. Por lo tanto, hemos incorporado también esa cláusula ética en la gestión de la inmigración altamente cualificada.



En quinto lugar -y eso creo que es importante señalarlo-, hemos querido que este sea un reglamento que ordena y facilita el día a día de la extranjería en nuestro país. Por eso nos hemos propuesto mejorar la seguridad jurídica, concretar al
máximo el contenido de los preceptos evitando en la medida de lo posible la remisión o el reenvío a otras normas y facilitar los trámites y procedimientos de residencia y trabajo de manera que se hagan de la forma menos engorrosa posible. Hemos
estructurado los procedimientos, garantizado la coherencia y la articulación de las actuaciones de las distintas administraciones e integrado plenamente las nuevas tecnologías en los procedimientos.
Pretendemos incorporar aquellas mejoras
normativas y procedimentales cuya necesidad se ha detectado desde la aprobación del reglamento de extranjería hoy vigente, de lo que ya hace cierto tiempo. La concreción


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de la documentación a aportar en los procedimientos en materia de extranjería y la simplificación de la misma es un objetivo, y se alude expresamente a la necesidad de requerir de oficio determinados documentos. Hemos querido estructurar
mejor los procedimientos para garantizar la coherencia de las actuaciones de las distintas administraciones públicas u órganos administrativos y evitar duplicidades, así como la integración de las nuevas tecnologías en los procedimientos de
extranjería. Insisto en ello, y les digo que hemos asignado una dirección electrónica de extranjería, así como un tablón edictal de resoluciones de extranjería.



Quiero señalar igualmente porque me parecen importantes los esfuerzos realizados por la norma reglamentaria en la concreción de aspectos muy relevantes en esa gestión del día a día de la extranjería. En primer lugar, la separación entre los
listados de requisitos exigibles y los de la documentación a presentar para acreditar su cumplimiento. No es lo mismo el requisito que la prueba, y hemos querido establecer muy detalladamente qué exigimos en los dos ámbitos: cuáles son los
requisitos y cuáles las pruebas para acreditarlos. En segundo lugar, una definición clara en los procedimientos en los que interviene oficina consular y órganos administrativos dentro del territorio español de los requisitos y documentación a
presentar, cuya valoración corresponde a cada órgano.
Algunos de los portavoces aquí presentes me han insistido en este tema, en el de la gestión de consulares y la gestión de las oficinas de extranjería, y en este momento hemos establecido
claramente quién hace qué en función del ámbito en el que actúa. En tercer lugar, en base a un indicador económico público y anualmente revisado, el Iprem -indicador público de renta de efectos múltiples-, hemos establecido las cuantías de medios
económicos que se deberán acreditar en los diferentes procedimientos, con lo cual estamos evitando de forma notable la posibilidad de decisiones diferentes en lugares diferentes, y además la gestión enormemente farragosa de la acreditación de esos
medios entendidos como medios en general. Los hemos contabilizado, los hemos basado en un indicador público y los hemos objetivado, algo que era una reivindicación unánime del mundo de la extranjería en nuestro país.
Finalmente, en coherencia con
dicho marco, la reforma reglamentaria consolida ya pasos dados en la reforma de mediados de 2009 en materia de renovación de autorizaciones de residencia temporal y de trabajo para evitar que personas extranjeras en situación de residencia legal en
España se vean abocadas a la irregularidad como fruto de disfunciones administrativas.



Desde este momento, y como les decía con anterioridad, hemos apostado por promover el diálogo y el consenso. Déjenme en este sentido que les explique aquí también cuál ha sido el objeto de acuerdo en el marco del diálogo social a partir del
cual hemos recogido muchas de las preocupaciones de los distintos actores económicos y sociales en nuestro país, además de otras, entre ellas, de los grupos parlamentarios. Quiero ampliar esta información específicamente referida al acuerdo en el
marco del diálogo social, un acuerdo al que doy mucho valor porque saben ustedes que no fue posible en relación con la ley. Por tanto, quiero agradecer mucho el sentido de la responsabilidad de los interlocutores sociales en este momento, el
esfuerzo que han hecho para llegar a un acuerdo sobre un reglamento que desarrolla una ley en la que no estuvieron de acuerdo. Hemos incorporado con CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT algunos elementos importantes. El fortalecimiento de
distintos canales de inmigración laboral regular mediante la regulación de flujos basada en contratación en origen siempre que lo permita la situación nacional de empleo y algunas de las novedades que están en el reglamento, entre ellas la
coherencia entre los distintos procedimientos, son fruto de este acuerdo de diálogo social, así como lo son la mejora en la determinación de la situación nacional de empleo. Igualmente ha sido objeto de acuerdo el hecho de incorporar en el
reglamento aquellos elementos que aseguran que la contratación en el exterior garantice los derechos de los trabajadores migrantes y permita la integración social de esta población, incluyendo como parte de la integración, como les decía, la
sistematización de la reagrupación familiar, especialmente descendientes y cónyuges.



Ha habido también un acuerdo importante en relación con las previsiones de internacionalización de las empresas, de acuerdo con la necesidad de nuestra economía y que les he explicado hace muy poco. Asimismo hemos acordado -eso sí ha sido
específico del diálogo social y se lo quiero comentar ahora- el incremento de la información dirigida a los interlocutores sociales, igual que lo vamos a hacer con comunidades autónomas y ayuntamientos, en este caso sobre el desarrollo de los
distintos procesos de regulación de los flujos migratorios laborales, canalizado a través de la comisión laboral tripartita. (La señora vicepresidenta, Elías Cordón, ocupa la Presidencia.)


El diálogo social ha sido una prioridad, pero no la única. Como saben ustedes, hemos hablado también con otras administraciones, con distintos actores sociales. El 22 de febrero tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Inmigración y nos
quedan todavía algunos pasos que dar, especialmente el del 4 de marzo que es la recepción del informe del Foro para la integración social de los inmigrantes. Hemos culminado así un proceso en el que hemos querido primar la coherencia de un modelo
que funciona, y que se ha demostrado que funciona, la oportunidad de adaptarnos mejor a las circunstancias, y la primacía del diálogo y la búsqueda de consenso en la medida de lo posible en relación con este reglamento, voluntad que les transmití en
su día y que tiene como uno de sus elementos esta comparecencia de hoy, y también -previamente a esta comparecencia- las reuniones que hemos podido mantener con ustedes.



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La señora VICEPRESIDENTA (Elías Cordón): Tiene la palabra el representante del Partido Socialista, don Oscar Seco.



El señor SECO REVILLA: Bienvenida, señora secretaria de Estado. Mis primeras palabras son para agradecer su comparecencia en esta Comisión, porque es un hecho poco frecuente que alguien del Gobierno venga a dar cuenta de una actuación que
forma parte, según el artículo 97 de la Constitución, de su potestad exclusiva -es la potestad reglamentaria-, y lo haga incluso antes de haberla llevado a cabo en todas sus consecuencias. Este gesto, que creo que denota una voluntad de acuerdo sin
precedentes, es un buen cierre para todo el proceso de diálogo y de consenso que ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración con las fuerzas parlamentarias, en el ámbito del diálogo
social que en este ámbito de diálogo social ha sido exitosa, y que en cualquier caso este Grupo Socialista tiene que saludarlo con efusividad.



La segunda cuestión que quiero resaltar es que el Grupo Socialista, cuando solicitó esta comparecencia, lo que quería era manifestar un profundo interés en debatir el modelo migratorio español. Lo hicimos en parte de forma exhaustiva cuando
hace algo más de un año se aprobó la Ley Orgánica 2/2009, y parece muy oportuno que se haga en este trámite de elaboración del reglamento. Quiero significar también que es una oportunidad para que quienes discrepan de este modelo se retraten en sus
apuestas políticas y sociales en materia de inmigración, y digan en qué no están de acuerdo y cuáles son sus propuestas, de manera que podamos confrontar con ellas.



Cumpliendo el mandato de las Cortes que se hizo en la Ley 2/2009, en ella se planteó un desarrollo reglamentario en un triple sentido: uno era desarrollar el reglamento de ejecución de la ley, otro era regular reglamentariamente una
resolución de la secretaría de Estado de 28 de febrero de 2007, relativa a la autorización de entrada y trabajo de trabajadores cuando concurran razones de interés económico, social o laboral, que se hace definitivamente en este texto, y una tercera
-que esperemos que alumbre pronto- que es la del desarrollo reglamentario de las condiciones regimentales de los CIE. Tengo que decir que aunque haya quedado justificado el motivo del retraso -poco más de seis meses respecto del lapso de tiempo que
dio el legislador y que ha estado motivado, primero, en el cambio del titular del ministerio y también en el cambio del equipo de la secretaría de Estado-, creo que a la luz del documento que se nos ha enviado queda sobradamente justificado, y
además bienvenido dicho retraso, porque se da a luz una herramienta que entendemos que es muy satisfactoria.



Dedicaré un breve comentario a resaltar algunos extremos que me parece que son significativos, en los que hasta ahora quizá no ha tenido tiempo de incidir la secretaria de Estado, y que desde el punto de vista de mi grupo son verdaderamente
llamativos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El primero es el esfuerzo que se hace por reducir el margen de discrecionalidad de la Administración. Me gustaría recordar a este respecto cuando -lo mismo lo han olvidado ya los compañeros
del Partido Popular- al frente de la política de inmigración y de extranjería estaba la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, dependiente del último Gobierno de Aznar. Me gustaría evocar aquellos momentos porque eran
momentos de una ingente producción de ese subproducto del derecho que se llevó a cabo y que estaba tan de moda entonces, que era la proliferación de instrucciones, circulares, notas, directrices, que además no se publicaban en ningún sitio, que eran
ocultas, y creo que con este reglamento se pone punto y final, aunque tengo que recordar que en los últimos años todas las instrucciones estaban publicadas en la página web de la secretaría de Estado, hemos ido haciendo un progreso bastante
significativo y ahora queda definitivamente erradicado lo que anteriormente he dicho. Es muy importante el esfuerzo que hace este reglamento por unificar las dispersas disposiciones que se encuentran en la diversidad de instrucciones. Por otra
parte quiero poner de manifiesto el buen trabajo que se ha realizado en este sentido. No es casual un incremento en el articulado de 165 a 264 e incluso el incremento en la extensión de los artículos. Esto nos conduce a la interdicción de la
arbitrariedad a la que me refería antes.



Me gustaría poner cierto énfasis en lo que supone el borrador del reglamento respecto a las víctimas de violencia de género. Creo que la regulación que usted nos presenta hoy propone tres novedades que desde mi punto de vista son
significativas. Una es la vinculación de la posibilidad de obtener una autorización de residencia y trabajo en situaciones de violencia de género a la orden de protección o alternativamente al informe del ministerio fiscal, como ya quedó apuntado
en la ley; otra, la suspensión de tramitación o ejecución de cualquier procedimiento sancionador motivado por la situación irregular, y la extensión de la protección a hijos menores. Esto sí que no venía en la ley, es una novedad significativa, y
es justo resaltarla como una innovación que mejora con mucho el texto de la ley. Esta modificación facilitará a la mujer y a sus hijos en situación administrativa irregular en España una mayor integración social. A este respecto -ya que como sabe
tenemos pendiente una proposición de ley en materia de reforma del artículo 31 bis y 59 bis de la Ley de Extranjería- me gustaría consultarle si, desde su punto de vista, esta reforma que acometemos vía reglamentaria encaja con los fundamentos o con
la razón de ser de esa reforma que está enunciada vía proposición de ley, que está en trámite en esta Cámara. Lo digo porque, desde mi punto de vista, hay que intentar cohonestar los dos textos, entre otras cosas por las graves deficiencias que
tiene la proposición de ley presentada a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y las consecuencias que puede tener de no poder


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impedir una expulsión acordada y otras accesorias que tiene esa modificación.



Si es posible me gustaría hacer un breve inciso sobre la nueva regulación que nos propone en materia de menores extranjeros no acompañados. Lo quiero introducir porque es el Partido Popular, con motivo de su acto de la semana pasada sobre
el programa marco que hizo en Palma de Mallorca, el que está proponiendo hacer una nueva legislación específica sobre menores de edad, y viendo el texto que nos propone en el reglamento, que son cinco artículos bastantes exhaustivos donde se regulan
los derechos, el procedimiento y las garantías, le pregunto si cree que la situación de los menores no acompañados es una situación de desprotección jurídica que exija una reforma o una proliferación de leyes de carácter autonómico para favorecer su
integración, o si el problema está en otro lado, el problema puede estar en algunas comunidades autónomas que desatienden a los menores cuando sus previsiones de acogida son inferiores al número de menores que tienen en sus centros de acogimiento,
porque creo que es más este problema que el otro.



En materia de permisos de residencia por circunstancias excepcionales, autorizaciones de residencia, en algunas ocasiones el señor Hernando ha dicho que el modelo de arraigo que llevamos defendiendo es un modelo de zulo, de resistencia, en
el que se compensa al que aguanta. Tengo que decir que, a la vista de la propuesta de texto que usted nos traslada, se pone de manifiesto que no es un premio a la resistencia, sino un conjunto de instrumentos que valoran la permanencia durante más
de tres años, tener un contrato de trabajo, y un informe de integración social, a diferencia de lo que pasaba cuando el Partido Popular hacía reglamentos, en los que premiaba la integración real en el mercado de trabajo, lo cual suponía una
infracción, y la residencia en situación irregular, otra infracción. De aquel premio a la doble infracción hemos pasado a premiar la integración. Esa es la gran diferencia entre un modelo y el otro.



Es también muy significativa una previsión a la que no ha hecho excesiva mención, que es la autorización de residencia a los padres de menores españoles, lo que se denomina en el texto el arraigo familiar. Realmente es un hecho
significativo que sirva de precedente a la sentencia que ayer mismo publicó el Tribunal de la Unión Europea, diciendo exactamente lo mismo que venía diciendo el Gobierno español, que siempre que el menor esté a cargo y conviva con el progenitor que
solicite la autorización se ha de conceder autorización de residencia y trabajo a los padres extranjeros, para evitar privar al menor del disfrute efectivo de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión.



Se me va acabando el tiempo y quería confrontar el modelo del Gobierno socialista con el prototipo de modelo que nos ofrecerá el Partido Popular. Realmente no tengo más herramienta que el programa marco del que han hecho publicidad este fin
de semana en Palma de Mallorca. Tengo que decirles que me agrada mucho que después de siete años de gobierno socialista se avengan con nosotros a proponer políticas de integración que favorezcan la igualdad en derechos y en deberes con los
españoles. Es un esfuerzo al que les invitamos en la reforma de la Ley de Extranjería, que rehusaron, y al que son nuevamente bienvenidos. Siete años de gobierno socialista, varias sentencias del Tribunal Constitucional que han salido en su contra
probablemente les sirvan de acicate para avenirse a nuestras razones, pero lo que verdaderamente me preocupa no es el programa oficial, el que aprueban en Palma de Mallorca, es el programa oculto, que es el verdaderamente estremecedor. Me parece
importante, señor Hernando, que ponga de manifiesto qué es lo que hacen sus compañeros de Pozuelo o de Badalona, incluso que rectifique a sus compañeros por lo que han dicho en el día de hoy. En la lucha contra la xenofobia estamos todos -ustedes
también- implicados, o por lo menos deberían estarlo, y es momento para que manifiesten su estupor y su perplejidad por aquellos compañeros suyos cuyas alambradas mentales quieren trasladarlas a los barrios. (Rumores.) Es momento para que despejen
esos prejuicios, para que hagan una respuesta democrática firme frente a la xenofobia y el etnicismo racista (Varios señores diputados: ¡Muy bien!), porque después de lo que se ha oído antes es inadmisible que no hagan una rectificación sobre este
tema. Ni hay miedo a ninguna invasión, ni hay criminalización del inmigrante, aunque lo diga su compañero senador, ni hay consignas como los españoles primero; todos iguales, como dicen en su programa, en derechos y en deberes.



Siento no poder hablar de muchas cosas que me gustaría decir, pero quiero mencionar, como conclusión, que quizá esta sea una de las últimas oportunidades de la legislatura para que los grupos políticos debatamos con altura de miras sobre el
modelo migratorio español y la necesaria actualización, y que además busquemos un consenso huyendo de demagogias superficiales. Por último quiero saludar el enfoque del borrador del reglamento. Creo que es una herramienta -ya lo he dicho antes-
capaz de conjugar el modelo de bienestar, el mercado de trabajo y sus necesidades, con la dignidad de todas las personas y el disfrute de sus derechos y obligaciones. Creo que en ello está en juego la convivencia y la cohesión de nuestra sociedad.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, entiendo que usted quiere cerrar los turnos o prefiere intervenir el último. (Asentamiento.) Le correspondería ahora intervenir al señor Tardà, pero creo que está en la Comisión de Asuntos Exteriores,
así que si los demás portavoces no tienen inconveniente, le doy la palabra al señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Lógicamente quiero agradecer también la comparecencia de la señora secretaria de Estado. Es bueno que podamos discutir el reglamento antes de que el mismo sea aprobado.



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He venido a esta comparecencia con dos sensaciones y sentimientos, pero tanto la intervención de la secretaria de Estado como la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me están dejando una cierta sensación de inquietud.
Por lo que veo hay quien aprovecha este debate sobre el reglamento de la Ley de Extranjería para discutir sobre el programa electoral del Partido Popular, y la verdad es que mi grupo tiene poco interés en discutir el programa electoral de cualquier
grupo de esta Comisión en este trámite, y creo que si el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista apelaba a un debate de altura que generase consenso, la peor manera de hacerlo es discutiendo en este momento sobre el programa del Partido Popular.
Por tanto me quedo con esa inquietud.



Más inquietud me provoca que la secretaria de Estado afirme, yo creo que con un punto de osadía, que el modelo que ha configurado desde el año 1985 la gestión de los flujos migratorios en España, y que la legislación vigente reafirma,
incluido este reglamento, es un buen modelo, visto cómo ha funcionado en la época de expansión del boom migratorio ese modelo, basado en los instrumentos normativos que hemos ido diseñando durante estos años, aquellos que efectivamente en la
práctica legal y política, más allá de la retórica, el Partido Popular y el partido Socialista comparten. Decía la señora Terrón -y me ha parecido un comentario preciso- que el modelo basado en esas necesidades del mercado de trabajo, expresadas a
través del contingente y especialmente a través del catálogo, entre ustedes es fundamentalmente el mismo, así como el que nosotros hemos apoyado a lo largo de estos años. Pero precisamente durante la discusión de la última reforma mi grupo afirmaba
-usted lo sabe, porque además en algún momento hemos tenido ocasión de trasladárselo- que el modelo que ha funcionado desde el año 1999 hasta el año 2008 no ha sido un buen modelo, porque se ha basado en entradas irregulares, en una cierta ficción
del catálogo, y en una cierta ficción que supuso el contingente. Deberíamos replantearnos precisamente ahora, cuando la presión migratoria es menor, si ese modelo es el que vamos a necesitar cuando razonablemente superemos la crisis, y
razonablemente volvamos a necesitar flujos migratorios que tengan significación. Por eso digo que es osado que la secretaria de Estado afirme que el modelo es bueno. Yo creo que el modelo es, como mínimo, discutible, y que sería razonable que esta
Cámara entrase en ese debate.



Coincido con usted en que difícilmente el reglamento puede ir más allá de la ley, y en este sentido el reglamento debe responder a la ley. Pero he de decirle que un aspecto fundamental que explica por qué Convergència i Unió apoyó esta ley,
con el contenido que hoy mi grupo conoce, no refleja tan solo el sentido de la ley ni el espíritu del legislador de la ley, sino sobre todo el sentido del acuerdo político de Convergència i Unió con el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno
durante la tramitación del proyecto de ley, y es en lo que hace referencia al desarrollo de las previsiones del artículo 31 de la ley con relación a la renovación del permiso de residencia temporal, y el papel que los informes de las comunidades
autónomas deben tener sobre esfuerzo e integración. Usted misma ha sido muy clara y me ha levantado la preocupación. Yo esperaba que, de los comentarios que el Gobierno de Cataluña le había trasladado, el Gobierno hubiese recogido estos
planteamientos, porque en el borrador de reglamento se afirma que estos informes jugarán un papel en el supuesto de que la persona extranjera no pueda acreditar el cumplimiento de alguno de los requisitos previstos para la renovación de la
autorización. No podemos compartir esa interpretación. No es un tema menor, señora Terrón, y ya le advierto que si no somos capaces de resolver bien esta cuestión durante los próximos días, Convergència i Unió no podrá avalar el reglamento de la
Ley de Extranjería, y considerará que el reglamento no responde a la ley.
Además, si hay un problema de interpretación de la misma quizá podamos aprovechar el trámite parlamentario en marcha de la Ley de Extranjería para resolver esa cuestión.
Creo que tenemos ahí un problema político que responde a una interpretación a la baja del sentido de lo que pretendíamos.



Cuando introdujimos de común acuerdo con la señora Rumí, el señor Corbacho y la señora Esteve la previsión del esfuerzo e integración precisamente pretendíamos dotar a los gobiernos autonómicos de instrumentos, no desde la formalidad
simplemente de un contrato, ni tampoco del establecimiento de ningún tipo de obligación especial y específica para los ciudadanos extranjeros, pero sí instrumentos que estimulasen la participación efectiva de los ciudadanos de origen extranjero en
actividades orientadas a la integración y a la acogida de estas personas en la sociedad española. Esa era la pretensión. Tal como ustedes lo formulan lo sitúan en un nivel residual, y por tanto las potencialidades para que las autonomías, a través
de los informes de integración, puedan desarrollar sólidas políticas en este campo queda disminuido de manera muy considerable. Y como hablo de aquello que discutimos con el señor Corbacho, con la señora Esteve y con la señora Rumí me permito ser
muy contundente a la hora de interpretar el sentido del legislador. Los legisladores fuimos los que nos sentamos en este lado de la mesa, y por tanto sugeriría al Gobierno que recuperase el sentido de esta discusión política.



Yo espero que el conjunto de aportaciones que los gobiernos autonómicos han trasladado en relación con la mejora de la colaboración en todos los procesos de selección, tramitación de contingente y posibilidades de formación en origen que se
contemplan en la ley tengan un desarrollo reglamentario lo más ambicioso posible respecto a la previsión de la ley.
Del mismo modo espero que seamos capaces de que en el reglamento finalmente aprobado las competencias en materia laboral atribuidas
a los estatutos de autonomía, las competencias en materia de inspección de trabajo se respeten de manera clara. Al mismo tiempo espero que


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las posibilidades de colaboración y cooperación con el Estado de las policías autonómicas, fundamentalmente la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, se puedan ver reflejados en el propio reglamento.



Finalmente es evidente que el nuevo marco legal, tanto la ley como el reglamento, establece nuevas obligaciones para las comunidades autónomas, y los gobiernos autonómicos le están trasladando al Gobierno del Estado que se deberían
contemplar las correspondientes previsiones económicas para que esas nuevas obligaciones se pudiesen desarrollar. En este sentido también se le ha trasladado al Gobierno que el reglamento incorporase alguna referencia a una valoración económica de
los impactos que la nueva regulación va a tener para las comunidades autónomas, para tomar las correspondientes decisiones en el marco de las relaciones bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas. A más obligaciones es justo que se
tengan en cuenta las transferencias correspondientes por parte del Estado.



Mi grupo pactó -y termino- con el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, desde la lealtad más absoluta, la ley hoy vigente, y mi grupo espera que el Gobierno corresponda a esa lealtad y que seamos capaces de resolver esos puntos de
discrepancia. Creo que nos equivocaríamos si en algunas cuestiones fundamentales que ustedes saben que son relevantes para la posición política de Convergència i Unió, en el trámite del reglamento, deshiciésemos el camino que recorrimos juntos, en
el trámite del proyecto de ley.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de portavoces tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Rafael Hernando.



El señor HERNANDO FRAILE: Señora secretaria de Estado, gracias por su comparecencia hoy aquí, por el esfuerzo de explicarnos las líneas básicas o generales de lo que va a ser el nuevo reglamento, un reglamento que parece ser que todavía es
un borrador, que no es definitivo y que lleva así bastante tiempo.



Señora secretaria de Estado, un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la Administración para desarrollar una ley, y eso es lo que pretende el reglamento de extranjería, desarrollar la reforma de la Ley de
Extranjería que ustedes hicieron hace ya más de un año; una reforma que ustedes decidieron hacer de forma prácticamente unilateral y para la que encontraron un socio que en aquel momento fue Convergència i Unió, que, por lo que acabo de escuchar,
parece que no está muy de acuerdo con lo que han hecho en el reglamento. Esto quiere decir que si estaban prácticamente solos en el desarrollo de aquella norma, ahora están solos en el desarrollo del reglamento. Por tanto, pueden buscar por ahí
todos los consensos y todos los acuerdos que quieran para desarrollar aspectos puntuales de la ley -en esas cosas a lo mejor logran algún acuerdo-, pero esta no es la ley que necesitaba nuestro país para afrontar una nueva situación de un país con
47 millones de personas, 6 de los cuales son extranjeras, con el mismo modelo con el que se afrontaba la situación diez años antes sobre la base de la Ley del año 2000 que, por cierto, en aquel entonces sí se hizo con consenso y en aquel entonces se
aceptaron las enmiendas de su grupo parlamentario; como también se hizo en la reforma de 2003. Por eso, cuando se nos pregunta por nuestras propuestas solo puedo decir que hay 68 enmiendas que se presentaron a la ley que ustedes reformaron. Ahí
están nuestras propuestas, señor Seco; si usted tiene dudas, vaya al 'Diario de Sesiones' y recoja las argumentaciones de entonces, porque ahí quedó todo recogido con luz y taquígrafos de forma clara y por escrito en esta Comisión y en este
Parlamento.



Nosotros advertíamos ya en el año 2008 de la situación de crisis y, por tanto, buscamos hacer un modelo legal que afrontara esa situación de crisis. Ustedes en aquel momento decían que no había crisis; el más avispado venía a decir que
aunque había habido crisis ya estábamos con aquello de los brotes verdes y por tanto no había por qué alarmarse, pero la situación hoy es la que es, señora Terrón. La situación es que en estos momentos hay 1.100.000 inmigrantes en paro en nuestro
país; el 30 por ciento de los ciudadanos extranjeros está en situación de desempleo; ha aumentado la economía sumergida; ha aumentado la marginalidad entre el sector de población extranjera; ha aumentado por tanto espectacularmente la
precarización y la marginalidad entre este colectivo de personas, y desgraciadamente la situación, lejos de mejorar, parece que no va a ser así, a pesar de los anuncios continuos que el presidente del Gobierno suele hacernos cada mes. Ya sabemos
que en los próximos meses, cuando venga el verano, aumentará un poco el empleo, pero ya veremos qué sucede a continuación, sobre todo cuando no se han hecho las reformas necesarias.



Quiero insistirle en que en la propia reforma que hicieron se dieron a ustedes mismos un plazo de seis meses para elaborar el reglamento; seis meses, disposición final tercera. Pues bien, estamos en la fecha en la que estamos y seguimos
hablando de un borrador. Si usted tiene en cuenta que la ley se publicó el 11 de diciembre y que el reglamento tenía que haber estado publicado y aprobado por tanto el 11 de junio del año pasado, resulta que en estos momentos estamos funcionando
con una ley sin desarrollo reglamentario, lo cual provoca situaciones de inseguridad jurídica por las que usted ha pasado de puntillas. Eso es una evidencia; no tiene más que ver cómo subdelegaciones del Gobierno en provincias distintas toman
decisiones diferentes, o sencillamente no toman decisiones, y eso está provocando que en estos momentos situaciones que tienen que ver con expedientes de renovación de papeles de los extranjeros en nuestro país tengan una media de resolución de
siete meses, y eso es el día a día.



Respecto a por qué estamos todavía hoy sin reglamento, se lo voy a decir aunque usted no pueda hacerlo. A nosotros no nos gustaba la ley, pero es que a usted


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tampoco le ha gustado la ley, y por eso está en esta situación en la que todavía no tenemos un reglamento. Si la reforma de la ley que hicieron les hubiera gustado, habría sido muy sencillo: ya tendríamos reglamento desde el 11 de junio.
Todo lo demás son sencillamente excusas de personas que no saben muy bien por dónde van y que intentan resolver los problemas con muy buena intención pero con muy malos resultados.



Quiero decirle que este reglamento -tampoco lo hacía la ley- no va a mejorar los mecanismos de entrada ni va a impulsar la inmigración circular, lo cual debería haber sido el objetivo de una nueva regulación legislativa en la situación en la
que estamos después de una experiencia de muchos años en la que muchos gobiernos han hecho muchas cosas; unas acertadas y otras equivocadas. Esta es una reforma que perjudica la empleabilidad de las personas; no es una reforma que vaya a servir
para frenar la ilegalidad. Por cierto, usted ha discrepado de las cifras de ilegalidad que le ha dado mi compañera pero no nos ha dicho cuáles son las suyas, porque las últimas veces que les hemos preguntado sobre cifras de ilegalidad la
contestación de su Gobierno ha sido la misma: que como son ilegales es imposible determinar cuántas personas ilegales hay. Pues bien, como le he visto ciertamente alterada a la hora de avalar las cifras expuestas por mi compañera y ha dicho que
esas no son, me gustaría que por favor diera la cifra de inmigrantes ilegales que hay en estos momentos; de los que estaban ilegales, de los que han entrado ilegales y de las personas que han perdido sus papeles en estos momentos o que están en
proceso de renovación y no saben si están en nuestro país de forma legal o ilegal, pero que evidentemente según la ley estarían incurriendo en situación de ilegalidad.



Además, esta reforma reglamentaria, al igual que ocurría con la ley, establece obligaciones nuevas para las comunidades autónomas, y eso sin presupuesto, y lo hace además reduciendo paralelamente los fondos para la integración. Por tanto,
esto tampoco creo que vaya a mejorar los procesos de integración. Las competencias en materia de extranjería corresponden exclusivamente al Estado y la cesión de esta responsabilidad a las comunidades autónomas, como se hace a lo largo del texto
reglamentario, no busca una mayor sencillez administrativa sino que va a provocar, tal y como le han advertido a usted las comunidades autónomas, nuevas trabas administrativas, más burocracia, más limitaciones y por tanto mayores perjuicios para la
integración rápida de las personas extranjeras en nuestro país.



Ya le he hablado de cuál es la situación del desempleo. Yo creo que este reglamento no va a resolver de verdad los problemas de los inmigrantes en nuestro país. Sigue o se va a imponer un modelo que no corresponde a la situación que
tenemos en este país, ni de población, ni de de flujos migratorios, ni de situación que tiene que ver con el reto de nuestra economía ahora y para el futuro. Sigue sin fomentar la entrada regular de los extranjeros en España. No ha cambiado nada.
Relega el contingente a ser un trámite sin trascendencia ni relevancia real y no favorece que el que realmente tenga un empleo aquí, aunque esté fuera, pueda venir de forma sencilla y fácil a encontrar y a ocupar ese empleo. No responde a las
necesidades actuales del mercado laboral -ya se lo he dicho- y le he dado las cifras de desempleo, pero lo que es evidente es que esta reforma no va a fomentar el retorno voluntario. No se establecen criterios claros para que el inmigrante pueda
regresar a España con su permiso anterior una vez terminado el plazo de compromiso de no retorno ya que tiene que tramitar su permiso de nuevo buscando un contrato de trabajo y pasando otra vez por todas las etapas. Esto hace que los inmigrantes,
salvo los más desesperados, no retornen puesto que prefieren aguantar como sea a perder lo conseguido con esfuerzo durante todos estos años. Porque se empeñe usted o no la mayoría de las personas que hoy en día tienen papeles en nuestro país los
tienen gracias a distintos procesos de regularización. Es así y eso es lo que tedríamos que haber intentado cambiar y eso es lo que ni la ley ni el reglamento van a cambiar. Y mientras en este país sea más sencillo venir de forma ilegal y quedarse
para optar posteriormente a una regularización que venir y hacerlo legalmente con un empleo seguiremos sin avanzar absolutamente nada. Este es el meollo de la cuestión que queda sin reformar y sin arreglar en esta reforma. No se fomenta tampoco la
movilidad laboral de las personas extranjeras. Al revés, se establecen rémoras, vinculaciones a territorio, vinculaciones a profesiones. Y eso, en un sector como el de la inmigración que lo que tiene como cualidad en muchas ocasiones es la
posibilidad de desplazarse a lo largo del territorio nacional, aparece como un hándicap. No se fomenta tampoco la captación de talento como valor añadido a la inmigración. En el reglamento no se eliminan las trabas y las limitaciones para fomentar
la llegada a España de inmigrantes cualificados ya que, para empezar, no existe una definición clara de lo que es un inmigrante cualificado ni existe la regulación reglamentaria prevista en la propia ley. No se evita la irregularidad sobrevenida;
el reglamento solo contiene medidas nuevas que moderan esta situación. Solo se unifican y elevan a rango reglamentario medidas anteriores que ya han demostrado su ineficacia y tan solo puede salvarse quien tenga a su cónyuge o a su pareja de hecho
trabajando. Por lo tanto, como le he dicho antes, aumenta la burocratización y la arbitrariedad del sistema pese a lo que usted sostiene. No facilita el acceso del ciudadano inmigrante a la Administración y a la justicia.



Cambiando de tema, ha salido en el debate y en el planteamiento del señor Seco la reforma que tenemos prevista de la situación de la trata y de los malos tratos. Espero que si el señor Seco considera que es insuficiente posponga las
enmiendas que sean necesarias, que sea pronto y que lo podamos regular lo más rápidamente posible. A ver si es posible que sea inmediatamente y no tengamos que esperar seis meses ni dos años para hacer la adaptación de nuestro reglamento a la nueva
regulación. Seguimos con la redistribución aleatoria de competencias.



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Se lo he dicho antes: esto es un tema de Estado en el que la responsabilidad la tiene que asumir el órgano al que le corresponde constitucionalmente, que es la Administración General del Estado. Ustedes han redactado una reglamentación y
un reglamento con los que pretenden cargar la responsabilidad para luego echar la culpa a las comunidades autónomas como esta misma tarde hemos visto ya aquí. La responsabilidad o los informes de integración que se pretende que hagan las
comunidades autónomas no van a hacer sino complicar el proceso de forma absurda.
Vamos a tener comunidades autónomas que no tienen competencia alguna, por ejemplo en materia de seguridad, teniendo que hacer informes sobre personas con las que no
han tenido o no tienen relación alguna y sobre las que a las comunidades autónomas les es muy difícil determinar, señora Terrón, el esfuerzo que han hecho para integrarse o no, cuando además estas mismas personas inmigrantes lo que hacen es moverse
a lo largo de todo el territorio nacional. Por lo tanto no estuvimos de acuerdo cuando ustedes formularon lo de estos informes del buen catalán, el buen castellano, el buen andaluz o el buen gallego y no nos parece que la plasmación reglamentaria
que pretenden hacer de esto aporte absolutamente nada. Nos ha sorprendido que en todo el articulado no se haya hecho una referencia a los programas de acción bienales y, como ya le he dicho, la reducción de los fondos de acogida no van a favorecer
la integración.



Por último dos cuestiones puntuales. El señor Seco ha insistido mucho en esto, que viene en el argumentario del Partido Socialista -un poco pasado-, en lo del programa oculto. Le vuelvo a insistir, señor Seco, no hay programa oculto. Hay
unas enmiendas presentadas a la ley y a ustedes, tan tolerantes, no les gustó ninguna pero están ahí. Y hay un programa electoral -que veo que es el próximo del PP- que le ha llamado la atención, que parece ser que le gusta y sobre el que muestra
mucho interés. Le voy a leer a usted el programa electoral de su partido del año 2008. En aquel momento ustedes pedían la creación y agilización de procedimientos de expulsión para aquellos que delincan, mantengan conductas antisociales o alteren
el orden. Supongo que esto es lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Hospitales, que pretendía atribuirse competencias para no renovar los papeles a aquellas personas que tuvieran conductas antisociales. (Rumores.) A mí lo que me gusta poner
sobre la mesa son los discursos de algunos y las acusaciones que se hacen sobre otros cuando surgen las cosas. Quiero recordar también a la Cámara que no fue un alcalde del PP el que vinculó inmigración a delincuencia. Lo hizo el anterior ministro
de Trabajo, el señor Corvacho, ni ningún vicepresidente del Partido Popular. (Una señora diputada: ¿Qué dices?) Sí, sí. (Un señor diputado: Un senador del Partido Popular.) No, perdone, está en los recortes, en El País publicado. (Un señor
diputado: En el 'Diario de Sesiones' del Senado.) Leáse usted El País, sosiéguese y déjeme continuar si no les importa. No ha sido mi grupo político el que inició el discurso del burka en Cataluña. Me parece que fue el suyo. Por tanto, cuando se
hacen determinadas acusaciones, menos cinismo y más coherencia. No ha habido, como le decía, ningún vicepresidente de un Gobierno del Partido Popular que haya sostenido que el futuro de los inmigrantes ilegales es volver a su país. Eso lo dijo la
vicepresidenta primera y eso está ahí. Sobre esto de utilizar determinados discursos para hablar de xenofobia ya estamos curados de espanto. Vemos cómo cuando hay interés electoral se dicen unas cosas, especialmente su partido en Cataluña, y
cuando no se dicen otras.



Por último, sí quiero hacer una reflexión similar para la señora Oramas.
Cuando Canarias tuvo problemas porque llegaban muchos inmigrantes la señora Oramas dijo -y está en el 'Diario de Sesiones' y en las hemerotecas- que a esas personas no
había que abrirles los ayuntamientos.
Y ella era alcaldesa. Es decir, lo que dijo es que había que trasladarlos a la Península, lo que dijo es que había que echarlos. Por lo tanto, a mi me gustaría que esta gente que se rasga las vestiduras, en
algunas ocasiones fuera coherente a lo largo de su vida. Coalición Canaria es la única formación política que existe en este país que ha dicho que hay que limitar el número de habitantes que tiene que haber en su territorio. La única formación.
Por tanto, que aquí vengan algunos a rasgarse las vestiduras o a tildar de xenófobos... Tenemos mucha experiencia en esto, hemos oído muchas cosas pero, de verdad, intentar manipular las palabras de las personas para pretender hacer falsas
demagogias, no.



El señor PRESIDENTE: ¿Ustedes pretenderán hablar también, no? (Asentimiento.) Yo apelo también a la benevolencia del resto de los portavoces -si no tienen inconveniente- teniendo en cuenta que tenían que atender otras comisiones. Le voy a
dar la palabra, en primer lugar, al señor Tardà y posteriormente al señor Olabarría.



El señor TARDÀ I COMA: Gracias por su indulgencia puesto que he tenido que asistir a distintas comisiones y por esto he salido y he entrado y he entrado y he salido para ir a intervenir y a votar. Gracias, señora Terrón, le agradecemos que
haya venido antes de que finalizara el plazo para la recepción de alegaciones.



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Tardà, disculpe un segundo. Les recuerdo a los portavoces que una vez que finalicemos tenemos reunión de Mesa y portavoces.



Continúe, señoría.



El señor TARDÀ I COMA: Decía que le agradecemos que haya venido antes de finalizar la recepción de alegaciones porque hubiera sido muy fácil no venir o acudir dentro de unas semanas y esto hay que agradecerlo.



Para nosotros es un tanto difícil hablar del reglamento en la medida en que como no votamos afirmativamente


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la ley; tampoco podemos esperar del Ejecutivo que atienda demasiado a razones. La verdad es que el reglamento, en la medida en que no prostituye la ley, sino que lo que debe hacer es desarrollarla, es evidente que tiene puntos que nos
parece que deberían mejorarse, máxime atendiendo al hecho de que ya teníamos diferencias respecto al patrón ley. Al hilo de lo que decía el diputado del Partido Popular debo decir que ahora hace diez años, cuando no gobernaba la izquierda española
sino que gobernaba el Partido Popular, en Barcelona, además puedo decirlo porque andaba por allí, hubo encierros en iglesias y huelgas de hambre. A pesar de todos los déficits, y ya he dicho que votamos en contra de la ley, uno piensa que se ha
luchado mucho para conseguir el escenario en el que estamos. Cuando estaba gobernando el Partido Popular hubo que salir a la calle, además con acciones no demasiado bien comprendidas por la ciudadanía, pero que denotaban que había una contradicción
y que la movilización comportaba llegar hasta donde hemos llegado. Quiero poner en valor lo hecho por este Gobierno, a pesar de las diferencias y el contenido del reglamento. Repito, hace diez años nos pegábamos bofetadas a las puertas de las
iglesias con la policía y los inmigrantes hacían huelgas de hambre, esos nuevos ciudadanos que todavía no lo eran y aún hoy muchos de ellos todavía no lo son, no tienen reconocidos sus derechos. Aun así, déjeme que le diga que la oficina de
extranjeros de Barcelona no funciona demasiado bien todavía. Si usted me puede decir si están en train de, como dicen los franceses, para solucionar los déficits que se arrastran todavía.



Déjeme que le diga, puesto que lo he leído hoy en el periódico, de hecho es el único, de los pocos periódicos que hay de izquierdas en España, Público que tiene una sensibilidad que hay que agradecer ante tanta bazofia en las televisiones
digitales de los ultraderechistas. Tengo el goig, como decimos en catalán, de decir que hay algunos periódicos que tienen una cierta sensibilidad. Creo que vale la pena decirle que el periódico Público hacía referencia a la noticia de que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los sin papeles que tengan un hijo con nacionalidad de la Unión Europea tienen derecho a residir y trabajar en el Estado español, pues lo contrario supondría privar al menor de su condición
de ciudadano comunitario. Sin embargo, como usted sabe, el reglamento de extranjería limita ese derecho y por eso le pregunto si van a modificarlo para adaptarlo a la sentencia referida. Efectivamente, hacía referencia a otra noticia del caso de
una ciudadana colombiana sin papeles que tiene dos hijos con documento nacional español y no colombiano, a quien no regularizan, lo que los coloca en una situación definida como sangrante y escandalosa por el propio Consejo General de la Abogacía.
Son temas al hilo de la situación en la que nos encontramos.



Vayamos a temas que nos hace llegar la Taula del Tercer Sector de Cataluña. Sé que ellos han tenido mucha relación con usted, y debo decirle que hablan bien de usted desde el punto de vista de la gestión que hace, pero ellos también saben
que usted tiene en estudio sus peticiones. Como usted ha tenido el atrevimiento -cosa que le agradezco- de venir antes de que finalice el periodo de aceptación de las alegaciones, aprovecho la ocasión de que usted está aquí para que me diga qué hay
de las demandas de la Taula del Tercer Sector que, como usted sabe, va desde Cáritas hasta las ONG e instituciones que trabajan a pie de calle desde hace muchos años y que merecen todo el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía catalana. Usted
sabe que ellos plantean un conjunto de medidas, todas ellas relacionadas con... Por cierto, ellos nos dicen que tienen ciertos temores, atendiendo a lo que pueda ocurrir dentro de unos meses, a que algunos temas importantes no quedaran fijados en
el reglamento y se desarrollaran posteriormente mediante órdenes ministeriales. En concreto, hablaban tanto del registro de entrada y de salida de extranjeros como de la modificación del plazo de tres años para el retorno o los plazos y requisitos
para el arraigo social. Quisiera saber si este es un temor un tanto infundado o alarmista o si no lo es.
Todo ello con el afán de saber hasta qué punto esto debe preocuparnos o no.



Respecto a la residencia por arraigo nosotros creemos, y coincidimos, que es poco realista el contrato por un año que se reclama. Es poco realista.
Además, también debo decirle que los medios económicos en los casos de residencia no
lucrativa son muy exigentes, están muy por encima del salario mínimo interprofesional, sobre todo en el caso de la renovación.
Nosotros consideramos que se deberían distinguir los parámetros entre los que pretenden entrar de los que se exigen para
los que desean renovar.
Además, de esto hemos hablado en alguna ocasión con algún compañero socialista y creo que aquí valdría la pena explorar si no somos demasiado exigentes, en la medida en que el contexto económico es el que es y atendiendo a
esta gran preocupación que tenemos todos desde hace muchos meses sobre todas las irregularidades sobrevenidas. Por cierto, en la medida en que el reglamento de extranjería deja abierto todo aquello relacionado con el arraigo social es verdad que
nos encontramos instalados en una contradicción. Por un lado, como ciudadanos catalanes queremos el máximo autogobierno posible. De hecho, como usted sabe porque además participaron los socialistas catalanes, hemos hecho un pacto nacional y hemos
legislado una ley de acogida, que no de extranjería, y gracias a ello deseamos poder implementar todo el conjunto de medidas previstas para cohesionar a la ciudadanía catalana y sobre todos a los nuevos catalanes. Para nosotros el arraigo es un
banderín de enganche, un gancho magnífico que hay que desarrollar. En esto el reglamento debería ser más garantista con las potencialidades de las comunidades autónomas.
No podemos permitir que los municipios actúen de una forma aislada porque,
además, se impediría la sistematización y les recuerdo que, en el debate de la distribución de los recursos contenidos en el Fondo de inmigración, defendíamos que los recursos fueran a las


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comunidades autónomas, puesto que estas tenían una visión nacional o regional y sistematizaban los recursos para darles un sentido y un discurso económico y social. Pues bien, imagínese lo que puede ser el Partido Popular gobernando en
algunos ayuntamientos catalanes -ojalá que no ocurra- o bien a partidos xenófobos gobernando en algunos ayuntamientos da igual de qué territorio del Estado español y en la ciudad limítrofe con unos criterios; esto sería el caos y el caldo de
cultivo para que pudieran entrar en la competencia y en la concurrencia las banderas destinadas a movilizar sobre la base de la xenofobia. Quien debe tener -a nuestro entender- todas las capacidades tiene que ser la comunidad autónoma, que es la
que, además, tiene que hacer de interlocutor con la Administración General del Estado. No debería haber ningún recelo por parte de la Administración General del Estado, por parte del Gobierno, y no cortocircuitar el poder de las comunidades
autónomas.



El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, por favor, vaya finalizando, si es tan amable.



El señor TARDÀ I COMA: En ese sentido, creemos que el reglamento debería concretar algo más y esperamos que nos pueda dar algo más de luz.



Con respecto a la trata, tanto Amnistía Internacional como la red contra la trata le ha hecho llegar un conjunto de sugerencias relacionadas con el periodo de reflexión de la víctima, con la seguridad de los derechos de la víctima y con la
protección de la víctima retornada, por lo que me gustaría saber el grado de recepción de estas sugerencias. Finalmente, creo que la disposición adicional tercera de la ley mandataba que en el plazo de unos meses -no sé si eran seis o nueve, el
diputado don Oscar Seco que sabe la ley de memoria seguro que me lo recordará-, seis, se redactaría un reglamento para los CIE. Siempre hemos dicho que podíamos bajar más o menos la beligerancia de nuestras críticas con respecto a la Ley de
Extranjería si en aquello que competía a los derechos humanos éramos muy pero que muy estrictos. ¿Qué sentido tiene que hoy en día no tengamos todavía un reglamento -no sé si incorporado como una adenda al reglamento de extranjería- para que de una
vez por todas sepamos lo que es de entrada; no es una cárcel, tampoco un hotel, pero no es una cárcel, y evidentemente se tengan todas las garantías y transparencia con respecto a todo aquello que ocurre y la funcionalidad de los centros de
internamiento para extranjeros. Le agradecería que nos pudiera ilustrar sobre este tema.



El señor PRESIDENTE: Para finalizar, en representación del Grupo Parlamentario del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Existe un uso no escrito en las Cortes Generales que aconseja no intervenir con demasiada prolijidad, sobre todo cuando no se ha escuchado la exposición de la compareciente. Por lo tanto, voy a limitar mi
intervención a exponer una sola pregunta que ya le he expuesto en privado y en forma pública y semipública también. Por cierto, le agradezco a la secretaria de Estado que comparezca para explicar un reglamento porque formalmente no es necesario.
Una norma reglamentaria no tiene que ser objeto de explicación en sede parlamentaria, y eso indica una diligencia y una proclividad al parlamentarismo de la secretaria de Estado dignas de encomio. Sin perjuicio de estos agradecimientos, quiero
decirle en relación con los menores no acompañados que el tema sigue sin estar eficientemente resuelto ni en la ley ni en el reglamento. Señora Terrón, le voy a comentar lo que le he explicado siempre. No tiene sentido una distribución tan falta
de equidad, de igualdad y de justicia como la que existe en la actualidad. No pueden existir o estar tutelados por los servicios asistenciales de la Comunidad Autónoma Vasca 800 menores no acompañados, menos de 100 en la Comunidad Autónoma de
Valencia, menos de 100 en la Comunidad Autónoma de Madrid y ninguno en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Desde esa perspectiva, le pediría, le rogaría, si me permite la expresión, que busquemos una solución. Aquí se hacen invocaciones
terriblemente solemnes en relación con esta cuestión, se saca pecho con mucha facilidad, y en las cuestiones troncales, en las cuestiones de nervio, en las cuestiones más atinentes a la solidaridad interterritorial, particularmente en este momento,
todo el mundo se calla porque todo el mundo tiene vergüenzas que ocultar. Desde esa perspectiva, le rogaría que me indicase si tiene en las previsiones del desarrollo reglamentario en cuestión, este y otros, sobre todo cuando veo tan enfáticas
reflexiones pretendidamente o proclives o proactivas a la solidaridad por parte de otros compañeros de esta Comisión, este problema, que es terriblemente delicado, es objeto de ocultación porque no hay ninguna legitimidad o no existe ninguna
legitimidad por los que tanto levantan la voz para hablar en esta materia en concreto que yo le estoy exponiendo sobre los problemas de la extranjería en relación con los menores no acompañados que tienen que ser tutelados por los servicios sociales
de las distintas comunidades autónomas. Aquí sí que se acredita el perfil solidario y progresista en materia de extranjería; en otras cuestiones todo es demagogia, todo es falsa elocuencia, todo es falsa erudición, todo es retórica, en definitiva.



El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones planteadas por los distintos portavoces tiene la palabra la secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Terrón i Cusí): Les agradezco sus palabras de agradecimiento. No me arrepiento de haber venido, pero voy a tener que ordenar las respuestas sin tenerles aquí a ustedes hasta
mañana por la mañana, que entonces dejarían de agradecerme que hubiese venido. Desde luego, siempre fue mi intención celebrar esta reunión antes de la aprobación del reglamento,


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y aunque efectivamente no me preocupa la soledad en el sentido de que el reglamento es una potestad del Gobierno, sí me preocupa compartir con ustedes y llegar al mayor grado de acuerdo en relación con esta materia por razones obvias de
gestión de un tema que en nuestro país tiene su importancia. Voy a empezar por temas muy puntuales, si les parece, y luego contesto a algunas de las cosas que han dicho los portavoces.



En primer lugar, violencia de género. El señor Seco nos transmitía la preocupación por el encaje entre la propuesta de reforma, la actual ley y el reglamento. Nosotros hoy por hoy nos hemos quedado donde la ley nos permite. Creo que
cabría hacer una interpretación más amplia de la ley en el sentido de la reforma, pero a la vez como usted dice habría que ver técnicamente cómo acaba plasmada la reforma en la ley. Nosotros tenemos todos una intención muy clara, que es proteger a
la víctima, proteger a la víctima contra la expulsión y facilitar la denuncia. Desde luego, la idea es esta. Ahora, si en los próximos días -porque señor Hernando el reglamento estará en Consejo de Ministros en días- conseguimos hacer esto, lo
sensato sería prever un reglamento que no tuviese que ser modificado después de un trámite parlamentario de reforma de este punto muy específico de la ley.



Hay otra cuestión en la que también querría entrar que es la de los menores no acompañados. Señor Olabarría, nosotros hacemos unas cuantas cosas en este reglamento muy precisas y muy desarrolladas -y contesto también el señor Seco con
relación a esta cuestión- que tienen varios objetivos. En primer lugar, dejar negro sobre blanco que nosotros actuamos, como no puede ser de otra manera y porque así lo dice la ley, en función del interés superior del menor. Pero el interés
superior del menor igual que entendemos que lo es para los niños de las familias que viven aquí y dejan su país de origen y la familia, lo es también para los niños que están aquí y sus familias están en el país de origen. El interés del menor,
salvo que se demuestre lo contrario, debe ser crecer en su entorno familiar y en su medio familiar. No hay nada positivo en tener niños solos tutelados, no lo hay. En este tema soy incluso un poco beligerante con algunas de las posiciones que
mantiene gente con la que tenemos una buena colaboración, por otro lado. Dicho esto, otra cuestión que figura en el reglamento es la determinación de la edad, que la abordamos en la medida que podemos. Asimismo, hay un tema que me parece básico
que incorpora el reglamento, que es el establecimiento de un trámite completo para la repatriación del menor, así como la correcta identificación del menor en nuestro país. Nosotros movemos a pocos menores, no hay un Estado que coja a los niños que
están aquí y los lleve allí, no. Hay una red, que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, en la cual hay una serie de menores. Miento, sí trasladamos, en virtud de acuerdos con las comunidades autónomas, a menores que están o que
estaban en Canarias. Ahora, hay una cosa básica, y es que nosotros sepamos qué menores no acompañados están en nuestro país y quiénes son.
No todas las comunidades -y contesto al señor Seco- nos dan ni siquiera la información de los menores que
ellos tienen, no nos la dan. Eso nos preocuparía relativamente, lo que nos preocupa es que tenemos menores en este país documentados cinco veces, porque si el menor cambia de nombre y de comunidad autónoma se reabre un expediente del menor, y eso
es malo para el menor, porque no sabemos cuál ha sido su recorrido, y malo para todos. Entonces, vamos a intentar acreditar con datos biométricos a los menores en una base de datos tutelada por fiscalía, que es quien tiene la tutela de los menores,
y va a ser fiscalía, no la policía, quien le va a pedir a las comunidades autónomas la transferencia de los datos reales de estos menores, lo cual por lo pronto nos permitirá tener los datos, iniciar los procesos de repatriación -que esos sí nos
corresponden a nosotros- y todo ello, señor Seco, bajo una tutela judicial, jurisdiccional que deben tener los menores tal y como prevé la ley y así lo desarrollamos en el reglamento. La tutela prevista en la ley se mantiene y se desarrolla en el
reglamento, y lo único -lo único no, es mucho- que hemos introducido en él es ese procedimiento completo de repatriación del menor atendiendo a su interés, y vamos a introducir mejoras también en la capacidad de gestión de este fenómeno por parte
del Gobierno y para empezar de conocimiento.



Déjenme ir ahora al tema de los padres y de los menores con nacionalidad.
Este es un tema que para nuestra perplejidad y sorpresa tuvo y tiene gran eco mediático. En realidad se trata de documentar a los padres de aquellos niños -que son
muy pocos- que obtienen la nacionalidad española y ahora dice el Tribunal de Justicia que de cualquier país de la Unión Europea, por razones obvias. Nosotros no teníamos una previsión legal en este sentido, pero los jueces en este país de forma
unánime y permanente nos estaban diciendo que deberíamos documentar a los padres de los niños que por razones extraordinarias obtienen la nacionalidad. No son un caso amplio, hay muy pocos, hay poquísimos, porque en nuestro país y en la Unión
Europea en general no tenemos ius soli, eso pasa en América, lo que aunque es que hay gente que tiene más cultura jurídica norteamericana gracias a las series de televisión que cultura jurídica nacional, entonces en algunos casos se ha confundido la
idea de documentar a los padres de los niños con nacionalidad con los niños nacidos aquí, no.
Desde 2004, en que tenemos documentado el primer caso, hemos acreditado por esa vía a 78 progenitores, lo que pasa es que a nosotros nos parecía que
seguir haciendo que la gente vaya a los tribunales, gane el caso, nos obligue al Estado a pagar las costas y acabemos teniendo que documentar a los padres de los niños con nacionalidad, no tenía ningún sentido, y ahí avanzamos a la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que poco después de aparecer el borrador salió diciendo exactamente lo mismo en un caso de padres colombianos de unas niñas con nacionalidad belga, en realidad quienes fueron al Tribunal de Justicia fueron
los belgas. En cualquier caso, lo que está diciendo


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es que debemos aplicar la directiva en relación con los familiares de comunitarios y, por lo tanto, eso es lo que prevé el reglamento. Yo espero que este no siga siendo un tema de gran presencia mediática porque genera mucha confusión en el
exterior, pero desde luego me parece que era nuestra obligación, y así lo hemos hecho, resolverlo en el reglamento.



En relación con las circunstancias extraordinarias, vamos por partes. La documentación obtenida por arraigo social se consigue, como dice el propio reglamento, por razones extraordinarias, es decir, hay una serie de razones que hacen que
nosotros decidamos que a unos señores que han estado residiendo aquí de una forma más o menos permanente les demos la residencia. Extraordinarias son extraordinarias, y yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos -porque estamos en el siglo
xxi- de no ser un país que tiene un cartelito que dice: tenemos un procedimiento de arraigo permanente. En eso debemos ser cuidadosos y lo hemos tenido en cuenta. En cambio, con relación a la reagrupación -y lo digo porque se ha confundido muchas
veces el debate-, la reagrupación familiar sí es un derecho, y ahí los informes que pedimos son informes con un contenido tasado, que es el de vivienda, y requerimos la acreditación de medios económicos objetivados. Señor Tardà, esto es como todo,
a algunos les parecerá mucho y a otros poco. A mí me parece que el salario mínimo interprofesional y que el contrato en tiempos menores a un año no son elementos válidos para la gestión de la extranjería, aunque lo sean para la gestión de otros
elementos en nuestro país. El objetivo que tiene el salario mínimo interprofesional es proteger determinadas profesiones en nuestro país de salarios de miseria. Ahora bien, debemos hacer reflexiones diferentes cuando le estamos permitiendo a
alguien venir a vivir y a trabajar a nuestro país y, por tanto, le estamos sacando de su país de origen, le estamos trayendo aquí, muchas veces con muchos kilómetros de distancia por medio y billetes de avión muy caros, luego el salario mínimo
interprofesional no parece una medida razonable para establecer criterios relacionados con la extranjería y con personas que después tienen que vivir y tener una integración social adecuada en nuestro país. Hemos establecido estos criterios
económicos, que a algunos les parecerán mucho, a otros muy poco, pero que creo que son razonables y que están en la media de lo que es sensato utilizar para acreditar que uno puede vivir por su cuenta y que puede reagrupar en condiciones a su
familia. En cualquier caso, son bastante limitados.



En segundo lugar, los informes para la renovación de los permisos de residencia. Señor Campuzano, la discusión que tenemos con el Gobierno de Cataluña no es para cuántos, sino sobre su carácter preceptivo. (El señor Campuzano i Canadés
hace signos negativos.) Sí, sí, es sobre su carácter preceptivo. Aquí quiero ser muy clara y esto también lo he dicho al hilo de alguna propuesta de los ayuntamientos que no ha recogido la Federación de Municipios, algunas de las cuales ni siquiera
nos han llegado como alegaciones al reglamento. El permiso de residencia se da para residir en el Estado español y circular libremente en la Unión Europea. Soy catalana y conozco perfectamente las discusiones sobre esto. Defiendo absolutamente el
hecho de que los niños deben aprender la lengua del lugar donde viven y, además, no lo hago por razones ideológicas, es que mi abuelo era de Guadalajara y mi padre solo me ha hablado en catalán, por lo que sé que eso es una verdad operativa en el
ámbito de la integración y lo sé por pura experiencia, no porque nadie me haya llevado a decir eso. Dicho esto, estamos autorizando a las personas a residir en el territorio del Estado español y a circular libremente en la Unión Europea, con lo
cual la persona que obtenga un permiso de residencia de larga duración o un permiso de residencia de dos años en la oficina de extranjería de Murcia y viva en la población de Mula o lo haga en Jaca y viva en Aragón, se va a poder ir a vivir a
Cataluña o a Andalucía, y un ciudadano que haya obtenido la tarjeta de residencia en la oficina de extranjería de Barcelona se va a poder ir a vivir a Mula o a Jaca. Por eso, lo que hemos establecido son contenidos mínimos de los informes e
informes de integración, que va a valorar quien da el permiso de residencia. Esto es introducir una garantía mínima también con relación a las personas que van a poder acabar viviendo en el territorio de uno y han obtenido la tarjeta de residencia
en otro. Ese es el objetivo del desarrollo reglamentario y todo esto dentro del marco y de las previsiones establecidas en la ley, porque más allá de la ley no podemos ir. Además, señor Hernando, insisto en que no podemos repartir competencias con
el reglamento de extranjería. Las competencias que no existen no las puede dar el reglamento de extranjería y, viceversa, tampoco podemos quitarle competencias a nadie con el reglamento de extranjería.



¿Eso tiene costes económicos? Los informes que prevé el reglamento son los que prevé la ley vigente desde 2009. Son informes que ya están haciendo los ayuntamientos, porque las comunidades autónomas -pudiendo hacerlos desde que se aprobó
la ley- no los han reivindicado ni los han hecho en ningún momento. Por tanto, no generamos ninguna carga administrativa adicional con el reglamento de la Ley de Extranjería. Como prevé la ley, esos informes los pueden hacer las comunidades
autónomas y lo único que pedimos en el reglamento es que nos informen. ¿Quién lo ha hecho? Andalucía. Andalucía ha aprobado una ley en el Parlamento andaluz que dice que los ayuntamientos andaluces seguirán haciendo los informes de integración y
los demás. Genial. Si la comunidad autónoma establece que sus ayuntamientos van a seguir haciendo estos informes y los ayuntamientos están de acuerdo, perfecto. Lo único que pedimos en el reglamento es que nos digan en cada territorio quién va a
hacer los informes de integración. Si es la comunidad autónoma, como prevé la ley, perfecto. En cualquier caso, quien nos lo tiene que decir es la comunidad autónoma, que es la competente en función de lo previsto en la Ley de Extranjería. Ahora,
ni son cargas nuevas ni van a ser preceptivas, como no lo es ningún otro elemento. Finalmente, el expediente de cada persona se va a valorar y decidir en función


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de los criterios marcados por la ley y por el reglamento. Tengo aquí las alegaciones que ha hecho en este sentido la Generalitat de Catalunya.
Entonces, lo que estamos discutiendo es esto, el hecho de que sean preceptivos los informes.
Finalmente, quien debe valorarlo -y no lo podríamos hacer de otra manera por un problema de competencias- es la oficina de extranjería. Quien va a valorar el expediente entero y el informe es quien va a dar la tarjeta de residencia. Otra cosa es
que el informe deba hacerse y deba ser valorado. Además, no hay casos de informes municipales contrarios, por ejemplo, al arraigo social que no hayan sido tenidos en cuenta. No los hay; yo me he molestado en averiguarlo y en preguntarlo. Señor
Hernando, las comunidades autónomas saben quién vive ahí y si no, lo pueden preguntar a los ayuntamientos. Es mucho más fácil que sepan ellos cuál ha sido el recorrido de una persona que el Estado, que no tendría manera humana de conocerlo. Dicho
esto, la competencia para dar permisos de residencia es del Estado. Si algún día hay otros Estados, la tendrán, señor Tardà, pero hasta el día de hoy la tiene el Estado. Por tanto, vamos a valorar los informes atendiendo a lo que nos dicen las
administraciones que lo saben y vamos a proceder a su tramitación. En relación con las cuestiones económicas, tengo aquí los datos de renovaciones de los últimos años y los podemos ver con total tranquilidad.



En cuanto al reglamento de los CIE, que es un tema relevante, el Ministerio del Interior ha elaborado ya y va a tramitar un reglamento interno de los CIE. Hemos incorporado en el reglamento que desarrolla la ley -lo habrá visto usted-
determinados elementos de mínimos que nos parece que debían incluirse y que prevén la atención de las organizaciones no gubernamentales a las personas que están en los CIE, el máximo de días que puede estar una persona en un CIE, los motivos para el
ingreso, los motivos de salida, etcétera. Falta el marco del régimen interno de los CIE, que va a estar en un reglamento que va a presentar Interior y que va a hacer el mismo recorrido que este reglamento. Es decir, va a salir a exposición
pública, van a ser consultadas las mismas personas y va a tener el mismo trámite y, por lo tanto, el mismo grado de transparencia que ha tenido este. No sale de este reglamento para ser escondido en algún trámite de Interior. No, desarrolla la
ley, y lo que hemos acordado con Interior por razones prácticas y de economía procesal -porque nos hubiese llevado a sentarnos, verlo, hablarlo y discutirlo cada vez con ellos- es que ellos lo iban a hacer, nosotros íbamos a ser coproponentes en el
sentido de que somos parte interesada, y que el trámite del reglamento de los CIE iba a ser el mismo. En principio estaba previsto que fuese más o menos por las mismas fechas. El reglamento existe, así que va a ser dentro de poco tiempo. Dicho
esto, nosotros hemos incluido en el reglamento de extranjería todo este marco de garantías mínimas no en el ámbito del reglamento interno, sino en el general.



Señor Hernando, yo no sé que decirle. Déjeme hacerle una aclaración factual. No hay 6 millones de personas dependiendo de este reglamento.
No, tenemos una confusión mental notable en nuestro país, tenemos 2.401.632 extranjeros no
comunitarios, que son los afectados por el régimen jurídico de la extranjería. El resto son comunitarios, y este reglamento no les afecta, sino que les afecta la Directiva de libre circulación y la directiva que regula los demás ámbitos en el marco
comunitario. Muchas de las cosas que usted dice me parecen más que razonables. Ahora bien, en el ámbito general de este país y en el ámbito de la extranjería, en particular, vivimos una política virtual y una política real con el riesgo de que
pase lo mismo que en la economía, que al igual que la economía virtual se cargó a la economía real, la política virtual corre el riesgo de cargarse a la política real. Yo nunca sé en qué situación estoy, si en la de discutir sobre la política real,
cosa que hemos hecho en bastante profundidad, o en la de la política virtual, en la que debo reconocer que me manejo realmente mal; no soy experta ni tertuliana vocacional, me manejo realmente mal.



En cuanto a los temas concretos de los que usted me hablaba, creo haber contestado a aquello referido a los informes. Creo que no es verdad lo que dice usted del retorno. Si usted me dice que la gente que se va tres años puede volver luego
sin requisitos, convenza usted al resto de su partido, trasládelo al ámbito de la política virtual y entonces empezaremos a hablar, pero creo que eso sería problemático. Lo que nosotros estamos diciendo no es que luego se vayan a poner en la cola,
sino que luego van a tener un procedimiento preferente que no va a contemplar la situación nacional de empleo. Ahora, tener un empleo para volver al cabo de tres años, insisto, por vía preferente, me parece algo de mínimos. Lo que no vamos a
hacer, si dentro de tres años alguien ha cumplido con su compromiso de estancia en el país de origen y no tiene ni siquiera la posibilidad de contar con un empleo en nuestro país, es decirle: venga usted, aquí está y sigamos hablando. No me parece
que esto sea razonable porque, ¿qué hacemos con este señor, lo llevamos directamente a los servicios sociales municipales? Con lo cual, lo único que pedimos es el requisito de que pueda firmar un contrato de trabajo o que demuestre medios para
vivir, como está previsto en la ley. Creo que esa ha sido una medida bien acogida por parte de las organizaciones de inmigrantes y que entra en la vía de la gestión de la circularidad, inmigración circular que contemplamos.



Hay algunas cosas que usted señala que hemos abordado razonablemente. El tema del territorio. Para mi perplejidad y sorpresa fue la patronal la que dijo que el primer permiso territorializado. No se lo digo porque usted tenga que estar de
acuerdo con la patronal, igual que yo no siempre tengo que estar de acuerdo con los sindicatos, como a veces pasa, pero ahí entraron en consideración elementos de la política de acuerdo en el ámbito laboral de nuestro país. Me fío de los que saben.
Por otro lado, nosotros no relegamos el contingente, no nos parece que sea el momento de tener una política más amplia en relación al contingente. Respecto al tema del acceso a la Administración de Justicia, creo que está razonablemente


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cubierto en el reglamento. Si quiere, luego lo vemos más al detalle. El resto entiendo que se trata del ámbito de la política virtual. Déjenme decir solo que yo nunca he dado una cifra de inmigración irregular, porque me parece que las
especulaciones no son titulares, ni cifras, ni información. Pero todos sabemos de qué estamos hablando y de qué situación estamos hablando en el país. No sería posible. Hay extrapolación de datos que juegan con el padrón que son simplemente
absurdos, porque saben ustedes tan bien como yo que no hay ningún incentivo para que alguien se dé de baja del padrón de nuestro país.
Igual que nosotros nos vamos y no nos desempadronamos, los extranjeros no se desempadronan. Al contrario, se
reempadronan sistemáticamente, lo cual quiere decir que hasta que se cruza el censo -ahora estamos con lo del censo estadístico o el censo real, que me aterroriza, porque ya no vamos a tener datos- no lo verificamos, con lo cual eso es un pozo de
gente que en un momento dado se ha empadronado. Es más, cuando ustedes me hablan de la diferencia entre los extranjeros del padrón y las tarjetas de residentes están contando gente que se ha nacionalizado gente que se ha ido a su país de origen y
una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. No voy a dar la aproximación, no voy a dar la cifra. Hay algunos elementos que permiten aproximarse mucho más, como las personas que están dadas de alta en los consulados, etcétera, y le aseguro
que estamos muy por debajo de otros momentos históricos y, además, con prácticamente cero entradas. Es muy interesante -les invito a que lo hagan- ver los datos que están colgados en la página web de la secretaría de Estado de 2010, también sobre
el tipo de tarjetas que tenemos. Cada vez se incrementan más las cifras de larga duración y decrecen las otras tarjetas de residencia. Quiero decir que hay muy pocas entradas y, por tanto, van pasando a la larga duración y a la nacionalidad un
número notable de personas. Lo dejo aquí. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Sí.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, ¿me permitiría dos minutos, por favor?


El señor PRESIDENTE: Sí, cómo no.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora Terrón, intervengo para aclarar de qué estamos discutiendo. Fíjese que yo en mi intervención no le he planteado en ningún momento si el informe de integración en la renovación del permiso de residencia
temporal es determinante o no. Yo le he planteado que en cualquier caso debe considerarse y que en cualquier caso aquello que determina el esfuerzo de integración es el informe que realiza la comunidad autónoma, que es lo que dice la ley. En la
redacción que ustedes plantean en el artículo correspondiente, en el 51.4 b) del borrador del reglamento que conocemos en estos momentos, es que igualmente se valorará, teniendo en consideración el informe positivo de la comunidad autónoma, de su
lugar de residencia, el esfuerzo de integración. Y en segundo lugar, que dicho esfuerzo podrá ser alegado por el extranjero en los supuestos de que falte alguno de los requisitos previstos para la renovación de su autorización. Eso diluye
sustancialmente la previsión de la Ley de Extranjería, con relación a las finalidades que tenía el informe de integración. Por tanto, hay soluciones en el marco de la voluntad de la ley que permiten darle todo el sentido al informe que elaboren las
comunidades autónomas. Sin que ese informe sea necesariamente determinante, aquello que determina el esfuerzo de integración es el informe realizado por las comunidades autónomas. Creo que ahí ustedes podrían recoger perfectamente ese
planteamiento que les traslada la Generalitat.



Con relación a los costes de gestión de la ley, no sé si el anterior Gobierno de Cataluña lo planteó o no lo planteó, pero el nuevo Gobierno ha planteado esta cuestión. El nuevo Gobierno que lleva desde principios del mes de enero ha
planteado esta cuestión. Finalmente -y me sorprende que no haga referencia a ello, señora Terrón-, su mayoría parlamentaria en Cataluña aprobó una ley de acogida que precisamente clarifica bastante cuál es el marco normativo con relación a estas
cuestiones en Cataluña, en paralelo a la aprobación de la Ley de Extranjería. Precisamente esa ley pactada en el Parlamento de Cataluña entre Esquerra, Iniciativa, PSC y Convergència i Unió pretendía que todo ese esfuerzo que se articula en esa ley
de integración tuviese acomodo en estos instrumentos de renovación del permiso de residencia temporal, arraigo, etcétera. Por tanto, en Cataluña existe un modelo, aceptado por el PSC, por Esquerra Republicana, por Iniciativa per Catalunya y por
Convergència i Unió, basado en que ese esfuerzo de integración articulado en la participación de los ciudadanos extranjeros en actividades de formación tuviese efectos en esa renovación y que esos efectos fuesen los que determinasen el esfuerzo de
integración. Insisto, tal como el reglamento ya está formulado nosotros no lo podríamos aceptar y espero que antes de la aprobación del reglamento en esta materia podamos resolverlo.



El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.



El señor HERNANDO FRAILE: No pretendo abrir un turno, señor presidente.
Intervengo solamente para constatar una cosa. Estoy seguro de que si la señora Terrón hubiera sido secretaria de Estado cuando se elaboró la ley, hubiera sido mucho
más fácil para mi grupo haber llegado a un acuerdo en virtud de la exposición que hoy ha hecho.



En segundo lugar, quería decirle una cosa sobre el tema del retorno. La propuesta de retorno que formula mi grupo es la que se aprobó aquí en una proposición no de ley, que la aprobamos el conjunto de las fuerzas parlamentarias y que no
está registrada. No tiene que ver con el retorno o los procesos de retorno realizados a través del proceso actual que prevé la capitalización. No, era un proceso de


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retorno voluntario, que no era aquel que tenía otro tipo de recompensa.
Precisamente la recompensa era no perder la tarjeta de residencia y que no caducara o no corriera el tiempo para perder los derechos que ya habían adquirido. Eso era y
esa es sencillamente nuestra propuesta de retorno. Yo no creo que eso sea política virtual, señora Terrón. Me parece que es política real y que está basada en la experiencia en nuestro sistema de regularización; a mucha gente -vuelvo a
insistirle- le ha costado mucho tiempo estar aquí y entrar de forma ilegal para poder hoy tener unos papeles que le dan unos determinados derechos y que no quieren perder de ninguna de las maneras.



Por último, quiero hablar sobre el desarrollo reglamentario en sí. Han pretendido regular de forma extraordinaria muchos procesos, pero hay todavía muchas cosas en temas calientes o en temas importantes que ustedes han remitido a órdenes
ministeriales. Yo no voy a hablar de agendas ocultas, eso lo dejo para otros. Pero creo que eso deja en evidencia una cosa: que este reglamento no es definitivo, que va a estar todavía en una situación de provisionalidad. Hay asuntos importantes
y relevantes que todavía, como dice el propio reglamento, están sometidos a discusión entre ustedes y cuyas decisiones finales veremos no sé cuando.
Solo quiero añadir que lo de su abuela de Guadalajara es un mérito; se lo dice uno que también ha
nacido allí. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Don Emilio Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perdón, señor presidente, es que estoy oyendo alguna referencia sobre Guadalajara que no termino de saber interpretar.
(Risas.) Pero me imagino que no estamos en una clase de geografía sino en una comparecencia y,
al margen de esta circunstancia, me gustaría hacer solo una pregunta muy concreta. La secretaria de Estado me ha contestado sobre repatriaciones de menores no acompañados, y me gustaría que me explicitase a qué menores no acompañados piensa la
secretaria de Estado que se puede repatriar, sabiendo que la Ley de Extranjería de 2000 -y sus reformas- es muy enfática en este ámbito y en la necesidad de tutelar a estos menores no acompañados. Me ha parecido entender que usted hablaba de
repatriaciones de menores de estas características y me gustaría saber a qué colectivo en concreto se está refiriendo.



El señor PRESIDENTE: Señor Seco, y ya terminamos.



El señor SECO REVILLA: Solo quería hacer una pequeña mención a algo que ha dicho el señor Campuzano, porque yo también participé en la elaboración de la ley y puedo decirle que en todo momento las acciones de formación para la integración
previstas en el 2 ter.2 de la Ley de Extranjería eran acciones formativas de carácter voluntario, como así se concibe y se comprende en la normativa autonómica de la Comunidad Valenciana y en tantas otras. De esa suerte, una acción que es
voluntaria no puede imponerse como un requisito necesario e ineludible para conseguir la renovación; tiene que tener por tanto, como ya dice la ley, un alcance valorativo. Habrá quien aporte el informe y habrá quien no lo haga porque sencillamente
se haya dedicado a trabajar y a estar con su familia. La no aportación de ese informe ante una acción formativa que es voluntaria, desde mi punto de vista, no puede deparar en ningún caso, por razones de seguridad jurídica, la negativa a obtener la
renovación de un permiso o de una autorización de trabajo y residencia o de residencia no lucrativa.
Por eso, yo creo que la posición del reglamento es positivo. (El señor Campuzano i Canadés: Solo puede ser positivo.) Expongo mi posición. Por
último, felicito sinceramente a la secretaria de Estado y a todo su equipo por el trabajo realizado y por el que todavía queda pendiente, que estoy seguro de que va a ser muy exitoso.



El señor PRESIDENTE: Para concluir las comparecencias tiene la palabra la secretaria de Estado.



La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Terrón i Cusí): Señor Hernando, casi estoy por tomarme como un cumplido lo de que el reglamento no entra en el detalle, porque me han dicho tanto lo contrario, me han dicho tanto
que es reglamentista, que tiene 264 artículos y que bajamos al detalle más absoluto, que incluso el día que lo presentamos -con perdón de los amigos periodistas que están aquí- algunos me preguntaban: ¡pero qué quiere que haga con esto, si tiene
264 artículos y no sé cuántas disposiciones!


No ha habido una situación de inseguridad jurídica porque se han utilizado las instrucciones y los subproductos del derecho de los que hablaba el señor Seco en el periodo que ha ido desde la aprobación de la ley hasta hoy -aparte de que la
ley es de aplicación directa- para ajustar algunas cuestiones, y desde luego no es tan largo porque no nos gustase la ley sino que seguramente lo que no nos gustaba era el reglamento de 2004, que era el vigente y el que había que modificar en
profundidad. Ya le he dicho que le contestaba a todo lo que tenía que ver con la política real.
En cualquier caso, en cuanto al retorno nosotros hemos introducido en el reglamento el retorno voluntario de las personas que no se acogen a ningún
programa de retorno. Lo único que les pedimos es un compromiso de ausencia de tres años para no favorecer a los que se van por su cuenta y además porque, teniendo en cuenta el tipo de inmigrante que está volviendo, básicamente latinoamericanos que
toman decisiones por un cierto periodo, lo que hemos hecho es equipararlo en el reglamento y convertir esto en un incentivo para aquellos que no se acogen a los programas remunerados, que son muchísimos. Los datos que tenemos de compañías aéreas
-que además son muy creíbles porque los que más salen son de aquellos países donde más se crece- son cifras mucho más altas que aquellos que se acogen al programa de retorno productivo, como es razonable porque además mucha gente


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agota el paro. Son muchos más que los del programa de retorno y precisamente a estos, por la razón que usted dice -por no limitarles su capacidad de decisión-, me parece de justicia decirles -a la gente que ha estado aquí, que ha trabajado,
que ha contribuido y que ha estado perfectamente integrada en nuestra sociedad- que en el momento en que tengamos necesidad de gente con unos requisitos, ellos tendrán preferencia en relación con otros potenciales inmigrantes que no han estado en
España; me parece razonable.



El reglamento sí tiene vocación de ser definitivo, hay muy pocas remisiones a normas posteriores, y ya le digo que casi me lo tomo como un cumplido porque nos han acusado de hiperreglamentistas. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras
que no se perciben.) Decía que nos han acusado, más o menos con cariño, o sea que no está mal de vez en cuando oír algo.



Señor Olabarría, todos los niños en principio son repatriables, todos, y tenemos que hacer un esfuerzo por evaluar los casos, y así se va a hacer porque así se establece en el reglamento cuando se recoge la tutela judicial para estos
procesos; con todas las garantías, vamos a ver en qué casos proponemos la repatriación del menor. La pregunta a contestar en relación con la repatriación de los menores, y que no es siempre la que se ha hecho hasta el día de hoy pero así lo
fijamos, es si hay algún motivo para no proceder a la reinserción con su familia. Esa es la pregunta, que muchas veces hemos sustituido por otra: ¿Es que estos niños son integrables en España? Vamos a ver, salvo extremos casos, todos los niños en
general, convenientemente acogidos y tutelados, son integrables en una sociedad, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si hay algo que impida que estos niños efectivamente vivan con sus padres y familiares en el país de origen. En algunos
casos hemos repatriado ya niños; en otros se ha localizado a la familia, y en todos los casos en que se han repatriado la familia ha declarado la voluntad de que estos niños viviesen allí, por lo que creo que es un poco mítico eurocéntrico eso de
que la gente tira a los niños en barca al mar para que vayan a vivir a otro sitio. No, no es el comportamiento natural de la madre de ningún país del planeta. En general los padres estamos programados genéticamente para hacer lo contrario, y
además tenemos testimonios de gente que está trabajando con menores en Marruecos de familias desesperadas porque ha habido niños que han salido atraídos por lo que ya sabemos, hermanos mayores o literatura sobre el extranjero. Esa realidad también
hay que contemplarla y, por lo tanto a priori y con todas las garantías, cualquier niño puede ser repatriado. Yo siempre digo -y me van a coger manía los nacionales de este país- que si nos encontramos a un niño islandés en el aeropuerto de Madrid
lo devolvemos en dos horas, y no se nos ocurre ir a ver si el padre del niño es alcohólico, cosa que puede pasar, o si la madre es una señora de vida poco doméstica y vive solo con la madre, cosa que le podría pasar al niño islandés, pero suponemos
que los padres de aquella criatura lo reciben en el país de origen. No estamos hablando de ningún disparate, es lo que haríamos con menores en general. No es la misma situación, evidentemente, pero sí son los mismos motivos los que nos deben hacer
pensar que a priori los menores son repatriables con sus familias. Salvo que después se demuestre lo contrario, ese es el procedimiento que vamos a iniciar.



No vamos a entrar en los detalles de los informes, de los supuestos. Yo creo que al final todos nos aclaramos. Hay determinados supuestos. En 2010 ha habido 190.276 solicitudes de renovación, de las que se han denegado 7.820, y son muchas
menos, tanto las solicitudes como las denegaciones, que en periodos anteriores. De estas es muy evidente que hay solicitudes de renovación que deben ir acompañadas del informe de integración y del informe del esfuerzo de integración, y las hay que
son casi de signo automático. Estoy absolutamente a favor del esfuerzo de integración, pero no hay atajos. Eso no es algo que vayamos a conseguir por una vía reglamentaria, incrementando los supuestos en los que esto es necesario. Yo creo que si
echamos un vistazo al detalle técnico del reglamento, nos vamos a poner de acuerdo rápidamente sobre cuáles son los supuestos y cuáles son los informes preceptivos, que no vinculantes.



Acabo refiriéndome al modelo, porque no quiero dejar de contestar a esto.
Si quiere se lo digo de otra manera. Nuestro modelo es tan malo como el del resto del planeta, de todos, salvo excepciones que tienen elementos subjetivos que les
diferencian de los demás. Estuve -porque me lo pidieron- presentando el caso español de inmigración en Estados Unidos y casi me fui hinchada porque de las intervenciones de los stakeholders norteamericanos cualificados -fue algo que organizó la
embajada con la German Marshall Fund- parecía deducirse que el modelo bueno era el nuestro en relación con el de América; estaban totalmente deprimidos y desechos y con unos problemas de gestión política muy notables.



He dicho también en algún momento de mi intervención que para hablar de inmigración tenemos la costumbre de utilizar categorías de los siglos xix y xx, y en este ámbito y en el de estas categorías el nuestro es un buen modelo o tan malo como
todos los demás. Desde luego tenemos la obligación de repensar en el futuro no inmediato, y creo que hay que distinguir las medidas concretas, el futuro inmediato del esfuerzo intelectual, y a medio plazo tenemos que hacer un esfuerzo intelectual
para ver cómo gestionamos la movilidad de las personas en el siglo xxi, y en eso estoy de acuerdo.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Ana Terrón, por sus cuatro horas y media de comparecencia, de explicaciones. Gracias a todos. Les recuerdo que ahora tendremos una Mesa real, de reuniones reales entre los portavoces y la Mesa
para fijar el calendario hasta el mes de junio.



Se levanta la sesión.



Eran las ocho y treinta minutos de la noche.