CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 702

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 41

celebrada el jueves, 10 de febrero de 2011

ORDEN DEL DÍA:


Celebración conjunta de las comparecencias:


- De la señora Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), para informar del contenido del acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones. A petición propia.
(Número de expediente 214/000208.) ... (Página 2)


- Del señor Ministro de Trabajo e Inmigración (Gómez Sánchez), para informar del contenido del acuerdo para la reforma y fortalecimiento del sistema público de pensiones. A petición propia. (Número de expediente 214/000207.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, y dando cumplimiento a lo acordado en Mesa y portavoces vamos a hacer acumulación de ambas
comparecencias. En consecuencia, empezará interviniendo la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, a continuación el señor ministro de Trabajo y después intervendrán los grupos parlamentarios como es costumbre
y de la forma que habitualmente se hace en esta Comisión. Habrá réplica por parte de los comparecientes y, en su caso, dúplica por parte de los señores diputados, cerrando en todo caso la señora vicepresidenta del Gobierno.



Bienvenida señora vicepresidenta, bienvenido señor ministro. Tiene la palabra, señora vicepresidenta, por el tiempo que quiera, como ya sabe.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Señorías, es para mí un honor comparecer ante esta Comisión para presentarles las principales líneas de la reforma del sistema público de
pensiones. Lo primero que hay que decir es que esta reforma ha sido acordada con los agentes sociales después de muchas horas de trabajo y después de un gran ejercicio de responsabilidad por parte de los sindicatos y de las organizaciones
empresariales. Por tanto, sean mis primeras palabras de agradecimiento a esa responsabilidad.



Es una reforma del sistema público de pensiones que, tras los preceptivos dictámenes, va a ser remitida próximamente a este Parlamento en forma de proyecto de ley. Una reforma de las pensiones que se enmarca en el amplio programa de
reformas estructurales que este Gobierno está llevando a cabo, unas reformas estructurales orientadas a la recuperación económica, pero también a establecer las bases de un cambio en nuestro modelo productivo que nos asegure un crecimiento más
sostenido y más sostenible en las próximas décadas con más empleo y de mayor calidad. Estábamos inmersos, como saben, en un escenario de consolidación fiscal que está recuperando la credibilidad en los sólidos fundamentos de nuestra economía y
además está sentando los pilares de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas en el medio y largo plazo. En este marco abordamos hoy el análisis de una reforma que es necesaria e inaplazable, pero que tiene la gran virtud de que la iniciamos,
la hacemos y la planteamos con la previsión suficiente para beneficiarnos de ella ya desde hoy a través de la confianza en nuestra economía y en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y que nos permite una implementación gradual a lo largo
de los próximos dieciséis años.



Señorías, el Pacto de Toledo en sus quince años de historia ha desempeñado y va a seguir desempeñando en el futuro un papel fundamental en la evolución del sistema público de pensiones; una evolución que es crucial, puesto que tenemos que
ir adaptando nuestro sistema público de pensiones a los cambios sociodemográficos que se vayan produciendo de manera que se garantice la sostenibilidad de lo que sin duda es el pilar básico de nuestro Estado del bienestar. Por eso, como no podía
ser de otra manera, esta reforma de las pensiones que hemos acordado con los agentes sociales responde a las recomendaciones de esta Comisión del Pacto de Toledo para adaptar nuestro sistema -que quiero recordar que es un sistema de reparto- a los
desafíos que plantea la evolución demográfica, preservando el principio de que las pensiones en el futuro sean adecuadas. Se da respuesta prácticamente a todas las recomendaciones, si bien es cierto que con intensidades distintas, como la
contributividad, los incentivos al empleo, la suficiencia de las pensiones, la flexibilidad, la protección de la mujer y la evaluación continua. Esta reforma es absolutamente necesaria para evitar que el sistema incurra en un déficit estructural
que, en el supuesto de no llevarse a cabo, se materializaría sin duda alguna a principios de la próxima década como muy tarde. Aunque los superávits del pasado se aprovecharon para ir dotando el Fondo de reserva con un volumen que supone el 6 por
ciento del PIB, a largo plazo el déficit anual del sistema de pensiones podría aproximarse al 7 por ciento del PIB. Insisto, no el gasto, sino el déficit. Por tanto, eso no se puede asumir sin graves implicaciones para otros ámbitos de nuestra
economía, para la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, puesto que los factores demográficos van a afectar también al gasto sanitario y al gasto en atención a la dependencia.



Hemos hecho -y también lo hace el Pacto de Toledo en sus conclusiones- un ejercicio de previsión. Por tanto, las proyecciones que hoy les voy a comentar no están exentas de incertidumbre, pero el grueso de los resultados que hoy les voy a
ofrecer es consecuencia de factores demográficos que en buena parte ya se han producido. Ya se ha producido el descenso de la tasa de natalidad, ya se ha producido el incremento de determinadas cohortes de población y ya se está produciendo la
reducción de nuestra inmigración. Además de todo ello, la existencia de cierto margen de error en las proyecciones no puede servir nunca de excusa para la inacción. El desafío demográfico se deriva de la baja tasa de natalidad pasada y del
progresivo aumento de la esperanza de vida de nuestra población. En promedio, la esperanza de vida aumenta en aproximadamente un año. En los últimos años, además, este proceso se ha acelerado. Por darles solo algunos datos, en este momento la
esperanza de vida a los 65 años es de 21,8 años para las mujeres y de 17,8 años para los hombres. En el año 2030, cuando hayamos implementado plenamente esta reforma, alcanzará previsiblemente los 24,3 años para las mujeres y los 20,1 para los
hombres. Dicho de otra manera, 2,3


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años más para los hombres y 2,5 años más para las mujeres. Por tanto, este aumento de la esperanza de vida tiene una implicación inmediata. La población mayor de 65 años va a aumentar de manera muy significativa en 1,3 millones entre el
año 2010 y 2020 y en 2 millones entre 2021 y 2030.
Por el contrario, la población en edad de trabajar, de 16 a 64 años, que es la definición más común, ha comenzado a reducirse ya en este año 2010; de acuerdo con el escenario demográfico del
Instituto Nacional de Estadística, entre 2010 y 2030 se va a reducir en 1,5 millones de personas y entre 2030 y 2040 en casi 1,8 millones de personas.



Si queremos impulsar el crecimiento potencial de nuestra economía, si queremos garantizar la extensión de nuestro Estado del bienestar, no podemos permitirnos que disminuya la población en edad de trabajar de una forma tan importante como se
prevé si no acometemos reformas, y la variable que tenemos a nuestro alcance para que no disminuya la población en edad de trabajar es que esta edad de trabajar vayamos alargándola en el tiempo. Si ahora hay cuatro personas en edad de trabajar por
cada persona mayor de 65 años, a largo plazo esta ratio se va a reducir a 1,6.
La tasa de dependencia va a pasar del 25 por ciento en el año 2010 al 61 por ciento en el año 2050, con un incremento que no es lineal a lo largo de todo el periodo,
sino que se va a intensificar a partir del año 2030, cuando la población nacida en la segunda mitad de los años sesenta y la primera mitad de los setenta, unas cohortes que son las más numerosas de nuestra historia, alcancen los 65 años. Esto va a
hacer que, partiendo de una situación más favorable que el promedio de la Unión Europea en este momento, terminemos en ese horizonte de 2050 en una posición mucho más adversa. Y conviene recordar -como les decía antes- que el aumento de la
población de mayor edad no solo se traduce en un mayor gasto en pensiones sino que implica además un aumento del gasto sanitario y de los cuidados de larga duración. Por eso, las proyecciones en el marco del Comité de Política Económica de la Unión
Europea estiman un incremento de gasto de hasta 2,5 puntos del PIB por estos conceptos en el año 2060.



Todos los gastos se van a financiar a través de los impuestos generales de una u otra manera y van a tener que satisfacer la población de futuras generaciones, por tanto, la reforma de las pensiones es imprescindible para mantener la equidad
entre las distintas generaciones. Además, debemos tener en cuenta que la valoración de la sostenibilidad de las finanzas públicas de un país, y España no es una excepción, se realiza en función de las proyecciones a largo plazo de gastos e ingresos
públicos, y el largo plazo tiene distintas denominaciones; puede ser diez años para algunas variables, veinte años para otras o treinta años para otras. Por eso, el eventual impacto presupuestario futuro del sistema de pensiones tiene
consecuencias inmediatas sobre las finanzas públicas. Así, las obligaciones futuras que tendrá que afrontar el sistema de pensiones público juegan ya en este momento un papel muy destacado. De hecho, el aumento futuro de déficit y de deuda
asociado al cambio demográfico se refleja ya en la actualidad en la prima de riesgo que hay que pagar por la carga de deuda pública que se emite -nosotros estamos emitiendo en España incluso títulos a treinta años-, con un aumento de la carga de
intereses de la deuda. Ello drena los recursos de los presupuestos públicos que podrían ser dedicados a actividades más productivas para mejorar la situación de los más afectados por la crisis. De no acometerse la reforma, este drenaje será mayor
en el futuro y continuará en el tiempo. Además, los tipos de interés que se pagan en la deuda pública son una referencia fundamental para determinar el coste de financiación del sector privado. Por tanto, un encarecimiento de la deuda pública
implica que a los hogares españoles y a las empresas les resulta y les resultaría más caro obtener financiación.



Los estudios disponibles demuestran que, de no acometer reformas, España presentaría un riesgo alto de sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, y esto, con estas palabras, es una valoración del Consejo Ecofin y de la Comisión
Europea. En concreto, las proyecciones del Comité de Política Económica del Ecofin de 2009 mostraban que el gasto total en pensiones aumentaría más de 6 puntos del PIB entre 2010 y 2060, y estimaciones más actuales que van a ser publicadas en breve
plazo sugieren que el aumento podría llegar a ser de 7 puntos de PIB. Solo cinco países en la Unión Europea tenían previsto, con esa valoración del año 2009, aumentos mayores. Esos países son: Luxemburgo, Grecia -que ya ha acometido una reforma
de las pensiones-, Rumania, Eslovenia y Chipre.
Es decir, ningunos de los grandes países de la Unión Europea. Por tanto, a pesar de que el punto de partida en España era más favorable, en el año 2060 el peso del gasto en pensiones sobre el PIB
superaría a prácticamente todos los países de la Unión Europea, incluidos entre ellos Alemania, Francia e Italia. Porque cabe recordar que la mayoría de los países que salían peor parados que España, y también algunos otros, pero entre los que he
mencionado antes, Rumania y Chipre, por ejemplo, han implementado, además de Grecia, reformas en sus sistemas de pensiones durante el año 2009 y 2010 o han planteado esta reforma, como es el caso de Eslovenia.



La reforma es coherente con las recomendaciones -como les decía al principio- no solo del Pacto de Toledo, que lo es, sino también de los organismos internacionales y está en línea con las que se han realizado en los países de nuestro
entorno. En concreto, el Comité de Política Económica, bajo el ámbito Ecofin, y también la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, reiteran la necesidad de reformar el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, y sus recomendaciones
consisten en aumentar la edad de jubilación, ligar la edad o la pensión a la evolución de la esperanza de vida con ajustes automáticos, aumentar el periodo de cómputo a toda la vida laboral y reducir el porcentaje de acumulación


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por año cotizado, mejorando así la proporcionalidad entre lo cotizado y la pensión. Estas recomendaciones no son anómalas en el contexto internacional porque, en una visión rápida de los sistemas europeos y de sus reformas, en la mayoría de
los países la edad de jubilación a partir de la que se obtiene la pensión completa supera los 65 años o la va a superar de inmediato en Alemania, Francia, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Holanda y Portugal, porque aunque Portugal ha
establecido un hito en los 65 años su factor de sostenibilidad hace que a esos 65 años exista un descuento sobre la pensión que se puede compensar aumentando la edad. Lo han hecho la mayoría de los nuevos Estados miembros y los sistemas de reparto
que incorporan instrumentos financiero-actuariales basados en las aportaciones individuales de los cotizantes y sus teóricos rendimientos a lo largo de la vida laboral, es decir, los conocidos como sistemas de cuentas nocionales, donde aumentar la
edad permite una mayor pensión. Además, en la mayoría de los países europeos se tienen en cuenta más de veinticinco años para calcular la pensión, con tendencia a tomar toda la vida laboral. Alemania, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Suecia,
Dinamarca e Irlanda están en este supuesto y numerosos países han ampliado los años cotizados necesarios para alcanzar la pensión completa a cuarenta y más años: Alemania, Francia, Portugal, Grecia y otros más con cuentas nacionales. Finalmente,
una mayoría de países tienen ya en cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida y de la tasa de dependencia en sus sistemas de pensiones. Portugal, Dinamarca, Francia, Alemania -a través de la tasa de dependencia-, Suecia, Italia, Bulgaria,
Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Rumania. Todos ellos han incorporado en la reforma de su sistema de pensiones un factor de sostenibilidad.



Debido a las peculiaridades de nuestra evolución económica y social en el siglo pasado, los desarrollos demográficos españoles llevan aproximadamente una década de retraso con respecto a la media europea.
Esto en estos momentos es para
nosotros una ventaja, ya que permite que la reforma se implemente de manera más gradual; permite, por tanto, que las personas se puedan adaptar a la nueva regulación. Pero hay que tener en cuenta que si nos retrasamos en la implementación, ello
implicaría que lo que hoy es una ventaja se convertiría en un inconveniente, puesto que llevaría parejo un fuerte acortamiento del periodo transitorio. Eso tendría consecuencias severas para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, que
verían sustancial y abruptamente trastocada su situación, en particular con respecto a aquellos que les hubieran precedido apenas unos pocos años antes. Dicho esto, está claro que el primer objetivo de la reforma es fortalecer nuestro sistema
público de pensiones ante los desafíos del escenario demográfico y social de las próximas décadas; conlleva reforzar las bases del Estado del bienestar y para ello se trata de incentivar la oferta de trabajo, de manera que la reducción de la
población entre 16 y 64 años se compense con una mayor tasa de actividad de la población de más de 60 años. La reforma mejora también la contributividad y la proporcionalidad entre contribución y prestación, y ello supone un sistema más justo. Es
un sistema más cohesionado que tiene en cuenta situaciones especiales, carreras largas, la mujer trabajadora, como pretende este proyecto. Estos aspectos también van a traducirse en un aumento de la oferta de trabajo sin ninguna duda. Pero un
elemento clave de la reforma -lo he mencionado ya- es blindar el sistema ante los aumentos futuros de la esperanza de vida, y para ello es fundamental incorporar el factor de sostenibilidad. La reforma va a permitir que se reduzca el aumento
esperado del gasto en porcentaje del PIB y que aumenten los ingresos del sistema. Podremos pasar de un riesgo alto a un riesgo medio en el análisis de sostenibilidad de la Unión Europea y a un riesgo bajo a medida que vayamos terminando el proceso
de consolidación fiscal que está en marcha con la correspondiente mejora del saldo público estructural.



El ministro de Trabajo e Inmigración les va a explicar, sin duda con mucho más detalle, los contenidos de la reforma de pensiones, por ello, únicamente voy a esbozar aquí los aspectos principales para poder valorar a continuación su impacto
económico.



Una característica, como decía, de esta reforma del sistema de pensiones es la flexibilidad. Se ha introducido flexibilidad en muchos aspectos. En primer lugar, en la implantación, en la que flexibilidad sería más bien una gradualidad;
flexibilidad en que no todo es igual, en que el derecho a la jubilación anticipada se conceptúa ahora como derecho a los 63 años siempre que se haya cumplido una carrera de cotización; una flexibilidad también en el sentido de que incorpora la
posibilidad de elegir mejor el momento en el que se produce la jubilación entre los 63 y los 67 años; flexibilidad también porque se incorporan los puestos de trabajo especialmente penosos y hay compromiso en el acuerdo social de completar ese
catálogo; una flexibilidad también que permite a las mujeres adaptar su situación laboral y que eso no tenga consecuencias en lo que pueden ser sus carreras de cotización -que pueda completarse una carrera de cotización- por el hecho de haber
tenido un número de hijos, con el máximo, como saben, de dos años. Es decir, flexibilidad en muchos aspectos: mayor gradualidad, flexibilidad, mayor equidad. Por eso, respecto de la edad de jubilación hay que señalar que se posibilita el
mantenimiento de la edad de jubilación en los 65 años cuando se acredite un determinado periodo de cotización -38,5 años de cotización al final del periodo transitorio- puesto que esta medida se va a implementar gradualmente entre los años 2013 y
2027. Se aborda también la jubilación parcial, modificando los criterios de cotización. Se permite, como he dicho, la jubilación a partir de los 63 años, con un coeficiente reductor del 7,5 por ciento anual. Se suprime la jubilación especial a
los 64 años, que en este contexto de mayor flexibilidad deja de tener todo su sentido. Se establece una gradualidad en forma lineal entre ese periodo de cotización mínimo, que


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sigue siendo de quince años para obtener el 50 por ciento de la base reguladora hasta el cien por cien. Se hace que el cómputo sea mensual y con un incremento totalmente lineal. En el cálculo de la base reguladora se va a pasar de quince a
veinticinco años, realizando el tránsito durante diez años, pero con un periodo de cómputo más favorable para trabajadores que sean despedidos durante el periodo transitorio. También incrementamos los incentivos a la prolongación voluntaria de la
vida laboral. El factor de sostenibilidad, que es el último factor que voy a considerar, resulta crucial para asegurar que el sistema siga mejorando a partir del año 2027; por eso, a partir de esa fecha, cada cinco años se actualizarán los
parámetros según el aumento de la esperanza de vida a los 67 años entre el año de revisión y el año 2027. Finalmente, quiero trasladarles que el Gobierno va a incorporar estas modificaciones a las clases pasivas, tal y como recomienda el Pacto de
Toledo, mediante una negociación en la mesa de la Función pública. Mientras tanto, les quiero señalar que no hemos incluido ese impacto en lo que es cálculo del impacto económico de la reforma.



Voy a señalar brevemente cuáles son los impactos económicos más significativos de esta reforma. Respecto al efecto sobre el PIB potencial, la reforma va a elevar la tasa de actividad de los mayores con respecto al escenario sin reformas.
La tasa de actividad de la población entre 16 y 61 años podría aumentar entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. A partir del año 2030 incorporamos ya ese factor de sostenibilidad y el PIB del escenario real con reformas sería entre 1,4 y 1,7 superior en
ese horizonte. Este efecto dinamizador del crecimiento es fundamental, puesto que no se les escapa que un mayor crecimiento va a permitir compatibilizar una mejora del poder adquisitivo de las pensiones con el peso de estas pensiones en relación
con el PIB. El tercer efecto que se deriva del cambio en el porcentaje aplicable a la base reguladora y el aumento de 35 a 37 años para alcanzar el cien por cien podemos establecerlo en tres décimas de PIB a partir del año 2040. A este efecto, que
es significativo, se aportan tanto el cómputo mensual como la linealidad en la escala aplicada. También el aumento del periodo de cómputo de quince a veinticinco años implica a largo plazo, únicamente a largo plazo, un importante ahorro al sistema,
que podemos cifrar en el año 2050 en el entorno de un punto de PIB. Con esta medida, como saben, se tienen en cuenta las bases de los primeros años de la vida laboral, que sobre todo en los grupos más altos de cotización tienden a ser menores. Hay
que señalar que en los grupos más bajos de cotización el impacto de esta medida es mucho menor puesto que sus salarios a lo largo de la vida laboral son mucho más estables. Con esto quiero señalar que se produce también un cierto efecto
redistributivo en el caso del alargamiento de la vida del periodo de cómputo. Finalmente, el factor de sostenibilidad implicaría un ahorro del sistema de Seguridad Social, que podría llegar a ser de un punto de PIB en el año 2050. En resumen,
sumando estos efectos, podríamos decir que con el esquema que les planteamos los ahorros podrían llegar a ser de 3,5 puntos de PIB en el año 2050. Con ello este incremento esperado del peso del gasto en pensiones sobre nuestro PIB se reduciría a la
mitad y con ello España se situaría aproximadamente en la media europea. Por darles unos datos de nuestras estimaciones, en el año 2050 estaríamos aproximadamente en un 14,3 por ciento sobre PIB -únicamente me estoy refiriendo a las pensiones
contributivas-, y después de las reformas que se han hecho, en el caso de Alemania estarían en el 12,3, en el caso de Francia en el 14,5 y en el caso de Italia en el 14,7. Por tanto, estaríamos en la media de los grandes países. El caso del Reino
Unido, como saben, es especial puesto que allí las pensiones son en general mucho más bajas en relación con los salarios.



Concluyo, señorías. La reforma parte de las conclusiones de los trabajos de esta Comisión y del gran esfuerzo de todos por alcanzar el mayor grado de consenso posible. Señalo la importancia de este consenso con los agentes sociales
simplemente mencionándoles que las reformas que se han hecho en otros países no han contado con este acuerdo. Ni las reformas que se han hecho en Francia ni las que se han hecho en Alemania, por contabilizar solo dos de los países a los que hecho
referencia, pudo contar con el acuerdo de los agentes sociales. Por eso solo me cabe esperar que los grupos parlamentarios seamos capaces de sumarnos a ese consenso, a ese acuerdo de los agentes sociales y que por tanto podamos ser capaces de
reformar nuestro sistema de pensiones de la manera que merece el futuro de nuestro país y, por supuesto, la sostenibilidad de nuestro sistema público.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señorías, quisiera antes de nada manifestar mi satisfacción por comparecer de nuevo ante esta Comisión, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, con objeto de informar sobre
el contenido del acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones.



Mi intervención se dividirá en tres partes. Una relativa a la gestación del acuerdo social y económico y al significado de dicho acuerdo junto al resto de los aspectos más destacados de su contenido. Con carácter previo me gustaría hacer
un par de consideraciones que sirven de enlace con la intervención de la vicepresidenta segunda, que me ha precedido en el uso de la palabra. En primer lugar, quiero decir que la firma de este acuerdo y las propias recomendaciones del Pacto de
Toledo no se explican bien sin tener presente una circunstancia muy concreta: la existencia de un amplio consenso dentro y fuera de nuestro país acerca del reto que supone para los sistemas públicos de pensiones de los países más avanzados el
significado del envejecimiento de la población durante las próximas décadas.



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Creo que no es necesario que insista en las proyecciones demográficas, pero quisiera resaltar que la atención que merece este fenómeno del envejecimiento por parte de la opinión pública debe servir para poner de manifiesto que más allá de
las pensiones el envejecimiento de la población tiene muy importantes implicaciones para la sociedad en muy diversos ámbitos. La segunda consideración previa pasa por destacar que este acuerdo -el acuerdo para el fortalecimiento y la reforma del
sistema de pensiones- es la culminación de un intenso proceso de diálogo, de un intenso proceso de debate que ha involucrado al conjunto de la sociedad española y por supuesto, de manera muy particular, a esta Comisión. Antes del estallido de la
crisis económica que padecemos, la situación financiera de la Seguridad Social española era elogiada por todos por su fortaleza, y no sin motivo, como lo demuestra que nuestro sistema de pensiones haya soportado bien los embates de la crisis. Solo
a modo de ejemplo, permítame recordar que a pesar de la pérdida de empleo que hemos sufrido en el último año la Seguridad Social ha cerrado 2010 con un superávit de alrededor de 0,22 décimas de punto de PIB y casi 65.000 millones de euros en su
Fondo de reserva. Sin embargo, desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha seguido reiterando la necesidad de impulsar reformas en el sistema español de Seguridad Social para anticiparse a la amenaza de los desequilibrios en el medio y largo
plazo como consecuencia del fenómeno al que me refería anteriormente del envejecimiento de la población.



El pasado 1 de diciembre comparecí ante sus señorías para exponer la posición del Gobierno acerca del proceso de renovación del Pacto de Toledo que entonces afrontaba ya su recta final. Aquella comparecencia puso de manifiesto que las
posturas de los distintos grupos parlamentarios eran, en mi opinión, mucho más coincidentes de lo que el ruido externo daba a entender. De un lado, existía un consenso básico sobre la necesidad de adoptar reformas para salvaguardar nuestro sistema
de pensiones y, de otro, constatamos que las discrepancias se limitaban casi en exclusiva a un aspecto concreto, la edad de jubilación. Se trataba sin duda de una discrepancia muy seria, aparentemente insalvable y que también fuera de esta Comisión
planteaba importantes objeciones, pero creo que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios salimos convencidos de que todavía había margen para el acuerdo. El tiempo y los acontecimientos han demostrado que, en efecto, existían posibilidades
de lograr un punto de encuentro, y debo decir con satisfacción que todos, comenzando por los miembros de esta Comisión, lo hemos sabido aprovechar.
Siguiendo el relato cronológico de los hechos, el pasado 29 de diciembre la Comisión del Pacto de
Toledo aprobó por amplia mayoría unas nuevas recomendaciones persistiendo únicamente en el mismo punto controvertido, la edad legal de jubilación. Unas semanas después, el 25 de enero el Pleno del Congreso ratificó el informe de la Comisión y sus
recomendaciones con igual grado de consenso; por cierto, debo decir que también equivalente al que recibieron en su momento las recomendaciones del año 2003. No obstante, a instancia de Convergència i Unió -es justo reconocerlo-, la mayoría de la
Cámara encontró una vía para resolver la discrepancia en torno a la edad legal de jubilación. El resultado final es que gracias al esfuerzo, al espíritu constructivo y al sentido de la responsabilidad de todos los grupos el Parlamento avaló unas
nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo que indudablemente favorecieron las posibilidades de alcanzar un acuerdo en esta materia en el marco del diálogo social, que ya estaba en su recta final. En este sentido, a principios del mes de enero los
contactos con las organizaciones sindicales y empresariales alcanzaron un ritmo intenso de negociación, un ritmo especialmente alto. Tras unas semanas de negociaciones que habían comenzado a mediados de diciembre, el Gobierno y los interlocutores
sociales alcanzaron formalmente un acuerdo suscrito el pasado 2 de febrero, el denominado acuerdo social y económico, en el que se incluía una parte dedicada especialmente a la reforma y al fortalecimiento del sistema público de pensiones. No era
obviamente el único contenido importante del acuerdo, pero era sin duda un contenido esencial del mismo. El acuerdo, que se inserta en la tradición de concertación social española, plasmaba en materia de pensiones prácticamente todo el contenido de
las recomendaciones del Pacto de Toledo; fijaba contenidos y criterios sobre las cuestiones más delicadas; cuestiones que se han concretado en el anteproyecto de ley que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de enero y que, como
saben sus señorías, ya ha sido remitido al Consejo Económico y Social para que dictamine sobre él.



No descubriré nada si destaco el reconocimiento unánime de la trascendencia del acuerdo social y económico en su conjunto, y una de las partes más relevantes de su contenido, sin duda, como decía antes, es la referida al sistema de
pensiones. Más allá de las previsiones específicas del acuerdo a las que luego me referiré, el acuerdo en esta materia constituye un acontecimiento de gran magnitud, sobre todo por sus implicaciones en el diseño, en la configuración de nuestro
modelo social.
En primer lugar, es la expresión sobre todo del consenso social. Existe hoy tras este acuerdo un grado importante de consenso alrededor de una cuestión básica para nuestro modelo social, para nuestro país: la defensa del sistema
público de bienestar social, la defensa de nuestro sistema de Seguridad Social como pieza básica, como pieza irrenunciable de nuestro modelo de protección social o, lo que es lo mismo, la defensa de nuestro sistema de Seguridad Social como
patrimonio de todos los ciudadanos en cuanto seña de identidad básica de nuestro Estado del bienestar. En segundo término, el acuerdo supone sin duda un espaldarazo al Pacto de Toledo y a su sentido fundacional desde una doble perspectiva, por una
parte, por la implícita reivindicación de la validez del Pacto de Toledo, lo que representa el compromiso al fin y al cabo de toda la sociedad española, con nuestro


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sistema público de reparto en cuanto instrumento clave para la protección de los ciudadanos, para la solidaridad y para nuestro nivel de cohesión social; y, de otra parte, esta centralidad del Pacto de Toledo simboliza también la asunción
de la necesidad de adoptar periódicamente reformas en el sistema público de pensiones dirigidas a su preservación y a hacerlo a través de cambios paramétricos que no desfiguren su actual fisonomía como sistema de reparto basado en el compromiso
entre generaciones. La firma de este acuerdo en materia de pensiones va a suponer, en tercer lugar, el impulso de la reforma del sistema de pensiones más ambiciosa de los últimos treinta años. Como decía el pasado 2 de febrero uno de los firmantes
del pacto, es una reforma equivalente en contenido y en implicaciones a las tres grandes reformas que se han llevado a cabo en nuestro sistema desde 1985. Es una reforma que incorpora además un importante componente de gradualidad e introduce
cambios sustantivos, pero también de forma progresiva en el tiempo, haciendo que la aplicación de las medidas sea paulatina hasta 2027. Ello implica que los ciudadanos que se jubilen en los próximos años no deben notar abruptamente sus efectos, y
el resto, los más jóvenes, tendrán tiempo suficiente para adaptar sus decisiones vitales al nuevo régimen de jubilación. En definitiva, se trata del periodo transitorio más prolongado aplicado hasta la fecha, con lo que ello tiene de garantía para
las actuales expectativas de los futuros pensionistas. En cuarto y último lugar, el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales es -creo yo- la mejor expresión de la garantía de sostenibilidad y de progreso del sistema de Seguridad
Social en el medio y en el largo plazo; de sostenibilidad porque se prevé una progresiva adaptación del sistema de pensiones a un realidad sociológica futura mucho más envejecida, asegurando que el gasto en pensiones se incrementa de forma
moderada, sin poner en peligro el equilibrio patrimonial del sistema, y es también garantía de progreso porque de este modo asentamos las bases para que el sistema de pensiones sea capaz, dentro de cuarenta años, de pagar un número mucho más alto de
pensiones, algo más del doble, que las existentes en el momento actual. También, por cierto, de mayor cuantía y durante más tiempo.



Señorías, paso a analizar ahora lo que constituye propiamente el contenido del acuerdo, para lo que hay que identificar dos ejes fundamentales, contributividad y edad de jubilación. Sin duda alguna, el aspecto de la reforma de las pensiones
planteada que más repercusión ha tenido en la opinión pública ha sido la reformulación de sus previsiones en torno a la edad de jubilación. El objetivo perseguido por la nueva regulación es doble: por una parte, pretende lograr un retraso de la
edad real de jubilación coherente con la ampliación de la esperanza de vida y preservar así el equilibrio del sistema de pensiones frente al reto demográfico. Se apuesta como medida más efectiva por desplazar la edad legal de jubilación y,
adicionalmente, se refuerzan los incentivos para la prolongación de la vida laboral más allá de esa edad general de referencia. De otra parte, también se plantea como objetivo la reformulación de la filosofía que inspira la normativa sobre la edad
de acceso a la jubilación. En este sentido, se aborda la regulación de esta cuestión de una manera distinta, más acorde con la realidad socioeconómica de nuestro tiempo y se refuerza con ello la concepción de la jubilación como un derecho, a través
de los principios de gradualidad y de flexibilidad.



Delimitados los objetivos, las novedades normativas más importantes contenidas en el acuerdo y plasmadas en el anteproyecto de ley son las siguientes. Con carácter general se eleva progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67
años a lo largo de un periodo transitorio al que me refería antes, que concluye en 2027. Pero desde la mencionada concepción de la jubilación como un derecho, el sistema contempla también diversos supuestos en los que se reconoce a los trabajadores
la posibilidad de jubilarse antes de esa edad de 67 años. En primer lugar, se mantienen los 65 como edad legal de jubilación con derecho a una pensión plena siempre que se reúnan al menos treinta y ocho años y seis meses cotizados, en lugar de los
treinta y siete que se exigen para la misma pensión plena a la edad de 67 años. Se premian, por tanto, las carreras de cotización más largas. En segundo lugar, se contemplan también dos supuestos de jubilación anticipada a partir de los 63 o de
los 61 años respectivamente. Se consagra un nuevo derecho a la jubilación anticipada a partir de los 63 años para aquellos que reúnan al menos treinta y tres años cotizados con aplicación, eso sí, de los correspondientes coeficientes reductores en
función del número de trimestres de adelanto de la jubilación respecto de la edad legal general de referencia. Además, la nueva regulación pretende también atender situaciones de desprotección que sufren aquellos trabajadores que se ven expulsados
del mercado de trabajo en edades próximas a la edad legal de jubilación. Por ello, se contempla la posibilidad de jubilación anticipada a partir de los 61 años, en lo que viene a denominarse situación de crisis. En este punto, el acuerdo contiene
dos previsiones adicionales de importancia: una se refiere a la fijación de límites al coeficiente reductor aplicable a la jubilación a los 61 años y, otra, el reconocimiento expreso de que las jubilaciones producidas con anterioridad a la reforma
no se verán afectadas en este aspecto. Por último, a partir de esa edad de 61 años se sigue manteniendo la posibilidad de jubilación parcial. Con el fin de evitar el sobrecoste que la regulación hasta ahora vigente representa para las arcas de la
Seguridad Social, se prevé que al final del periodo transitorio la cotización del relevista, el que pasa a la jubilación parcial, y el relevado, el que entra en la plantilla de la empresa que utiliza el sistema, sea íntegra para uno y para otro.



Como complemento de esta nueva regulación de la edad de jubilación, y en coherencia con la voluntad de reforzar el derecho a la jubilación, se incorporan nuevas previsiones específicas para favorecer el acceso a esta pensión de algunos
colectivos. El primero de ellos es el


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de las mujeres que interrumpan su carrera profesional, su carrera laboral para el cuidado de un hijo. La rémora que para las madres supone este parón, a efectos de una jubilación con derecho pleno, se compensa a través de una fórmula
novedosa, que permite adelantar la carrera de cotización teniendo en cuenta hasta nueve meses por hijo, con un límite máximo de dos años en este caso. Además, se extiende a tres años el periodo considerado de cotización efectiva en los supuestos de
excedencia para el cuidado de hijos. El segundo colectivo contemplado es el de los jóvenes, en concreto aquellos que participan en programas formativos vinculados a estudios universitarios o de formación profesional previa.
Conscientes en este
caso de la escasa protección social con la que ingresan en el mundo profesional, sobre todo los jóvenes becarios, se refuerzan los mecanismos para la cotización previa a través de los convenios especiales con la Seguridad Social. Por último, el
tercero de los colectivos es el de los trabajadores más veteranos que desarrollen actividades marcadas por la penosidad, por la toxicidad, por la peligrosidad o por la insalubridad y siniestralidad. El mayor desgaste físico, el riesgo para la salud
que implican tales profesiones ha llevado a los firmantes del acuerdo a abordar la puesta en marcha de un procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación así como la incorporación de un primer catálogo de
profesiones en las que pueda resultar aplicable este procedimiento.



El segundo de los ejes de la reforma acordada es el fortalecimiento del principio de contributividad. Las medidas contenidas en este bloque persiguen un objetivo evidente, reforzar la proporción entre cotizaciones y prestaciones, y hacerlo
como un elemento clave para el equilibrio, para el sostenimiento del nivel contributivo de la Seguridad Social. Además de ello tiene dos implicaciones reseñables: por un lado, vincular de forma más directa cotizaciones y prestaciones constituye un
incentivo también para lograr carreras de cotización más amplias, más largas y, por otro, creo yo aun más relevante, la mejora de la contributividad del sistema refuerza siempre la necesidad y la legitimidad de otros mecanismos de naturaleza
solidaria como son también los complementos a mínimos. Entre las novedades contenidas desde esta perspectiva en el acuerdo de reforma destaca, en primer lugar, la ampliación del periodo de cómputo de quince a veinticinco años para poder determinar
la base reguladora que sirve para el cálculo de la pensión. La repercusión de esta medida en la cuantía de las nuevas pensiones a corto plazo varía según los casos y es, en todo caso, limitada. Además, se adapta mejor a un perfil de carrera
profesional más propio de la realidad de nuestro mercado laboral. No solo eso, la experiencia de otras ampliaciones del periodo de cómputo en el pasado permite asegurar que esta medida va a ser compatible con un incremento de las pensiones en el
medio y en el largo plazo. En segundo lugar, se modifica la escala que se aplica a la base reguladora para el cálculo de la pensión. Se trata con ello de implantar progresivamente una estructura totalmente regular y proporcional, de manera que
cada año de esfuerzo de cotización reciba exactamente el mismo tratamiento. Esto se producirá sucesivamente y se alcanzará al final del periodo de tránsito, con dos importantes matices: por un lado, se mantiene la actual previsión, según la cual
al mínimo de quince años de cotización corresponde un tipo del 50 por ciento de la base reguladora; y, por otro, ya he mencionado la existencia de incentivos a la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación, unos incentivos
que varían de acuerdo con la carrera previa de cotización y que llegan, o pueden llegar, hasta el 4 por ciento anual. Para la mejora de la contributividad del sistema también se contempla, en tercer lugar, la revisión de las bases máximas de
cotización, siempre que en este caso la situación económica y del empleo lo permitan. En concreto, se prevé que el Ministerio de Trabajo e Inmigración y los interlocutores sociales examinen la relación entre las citadas bases y los salarios medios
como elemento de referencia para producir esa revisión. En cuarto lugar, la convergencia del régimen especial de trabajadores autónomos respecto del régimen general también puede interpretarse en clave de mejora de la contributividad del sistema.
No en vano la mayor intensidad de la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia debe lograrse, según el acuerdo, a través de la previsión de que las bases medias de cotización del régimen de autónomos experimenten un crecimiento similar
al de las medias del régimen general. Por último, como manifestación de la otra vertiente de la contributividad, la dimensión solidaria en este caso, el acuerdo considera necesario hacer un esfuerzo adicional para mejorar las pensiones mínimas de
aquellos pensionistas de edad avanzada que viven solos.



El acuerdo, además, recoge otros compromisos de interés. Quisiera destacar -ya se ha hecho aquí- la introducción de un factor de sostenibilidad por su estrecha vinculación con los dos ejes de la reforma expuestos anteriormente y por su
considerable importancia para la futura sostenibilidad del sistema y para el equilibrio a largo plazo de nuestras finanzas públicas. Con él, en mi opinión, se hace explícita la necesidad de someter un sistema de reparto como el nuestro a revisiones
periódicas, a revisiones necesarias para adaptarlo de forma continuada a los cambios demográficos. Constituye, en suma, un instrumento adicional para la reforma de los parámetros del sistema que garantiza el equilibrio generacional de las
pensiones, sin descartar, según el acuerdo, otras alternativas de financiación complementaria. Este es un tema que también me gustaría destacarles en este momento.



En conclusión, señorías, permítanme apuntar las siguientes ideas- fuerza.
La reforma del sistema público de pensiones que hemos acordado es la mejor de las posibles porque cuenta con el aval del Pacto de Toledo y con el respaldo de los
interlocutores sociales -de los empresarios y de los sindicatos, de los trabajadores y de los empresarios-, aquellos que financian con sus cotizaciones


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el sistema público de Seguridad Social. La reforma consolida y refuerza también el sistema público de pensiones, y lo hace ante desafíos indudables en el escenario demográfico y social de las próximas décadas.
La reforma se dirige a
eliminar los riesgos de desequilibrio financiero del sistema; se dirige a fortalecerlo, no a debilitarlo sino a fortalecerlo; potencia la solidaridad y el compromiso entre generaciones y garantiza de forma solvente más pensiones y mejores
pensiones para el futuro de nuestra sociedad. En definitiva, es una reforma que da confianza. Va dirigida a dar tranquilidad a la sociedad española, porque de una u otra forma está fortaleciendo el corazón de nuestro Estado del bienestar.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular intervendrán el señor Montoro y el señor Burgos. Usted se distribuyen el tiempo como estimen oportuno. Inicia el turno el señor Montoro.



El señor MONTORO ROMERO: Señores miembros del Gobierno, desde mi grupo político, desde el Partido Popular, lo que tenemos que mostrar es nuestra profunda incomodidad ante la situación que se está creando en el seno de la Comisión por un
Gobierno que viene a plantearnos lo que no es sino el recorte, el ajuste más duro del sistema de pensiones de nuestra democracia como un elemento esencial para mantener la viabilidad de ese sistema con una proyección de cuarenta años. Señorías, lo
que sostiene al sistema público de pensiones, lo que sostiene toda la protección social de un país, lo que sostiene la confianza de un país es el empleo, y eso es lo que el Gobierno socialista no está siendo capaz de crear. Ese es el fracaso de una
política económica y de una política social que no es capaz de crear empleo, y por eso, en un momento como es este, comienzos del año 2011, en el que la sociedad española está dudando sobre su capacidad de volver a la senda del crecimiento
económico, creador de empleo, lo fundamental sería tener políticas económicas efectivas de creación de empleo, señorías. Esa es la confianza de una sociedad, ahí radica la confianza, ahí está basada la confianza de una sociedad, ahí está basada
también la confianza de una sociedad en su Gobierno; no en lo contrario, no en presentar las cosas como no son, porque plantear una proyección económica de dimensión social, como es la del sistema público de pensiones, al año 2050 es hacer no
política de ficción, sino una ficción de cualquier ciencia social. Por eso, nuestra primera reclamación al Gobierno es preguntarle, y especialmente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, por qué en la memoria
que sustenta este proyecto de reforma del sistema público de pensiones no se incorporan con toda claridad los escenarios económicos para España, por qué no se precisan esos escenarios económicos; cuáles son las estimaciones que plantea el Gobierno
en crecimientos medios para las décadas futuras, esta en la que ya estamos y las siguientes hasta alcanzar 2050; cuál es la proyección económica; qué espera el Gobierno que haga en términos de crecimiento del producto interior bruto, por tanto de
la riqueza de nuestro país, la economía.



Me temo, señorías, que en esas proyecciones lo que hay es una profunda resignación. El Gobierno no cree que en España podamos alcanzar el pleno empleo, no lo cree; el Gobierno no cree que podamos alcanzar una tasa de actividad normalizada
con los países más desarrollados del mundo en Europa y fuera de Europa, y el Gobierno no cree que podamos mejorar nuestro potencial de crecimiento. Este es el auténtico problema y el dilema al que nos enfrentamos, señorías. ¿Cómo se puede sostener
una proyección si no tenemos la base económica? En una anterior reunión con el Gobierno yo se la solicité y se me dijo que estaba en la memoria económica. No está en la memoria económica porque no tiene presentación pública, señorías; no está,
estaba seguro de que no se incorporaba en la memoria económica. Cuando las cosas no se pueden explicar, justificar ni presentar, luego no se puede aspirar a merecer confianza en esas proyecciones. ¿Cuál es el crecimiento de la economía española
que está estimando el Gobierno para la década entre 2030 y 2040? ¿Cuál es el crecimiento medio? Esta es la pregunta sobre la que hay que basar exactamente todas esas previsiones, y esto no figura. He escuchado con mucha atención a la
vicepresidenta y al señor ministro de Trabajo y se ha llegado a presumir de la reforma más completa del sistema público de pensiones. Si usted lo mide, señor ministro de Trabajo, por la osadía de la proyección, desde luego jamás habríamos pensado
que pudiera llegar a tanto, a trazar el horizonte futuro del año 2050.



Señorías, en el año 1995 firmamos el Pacto de Toledo; en el año 1995, el Partido Popular en la oposición firmó el Pacto de Toledo. Yo tuve el honor de ser uno de los firmantes del Pacto de Toledo, en concreto uno de los dos representantes
del Partido Popular. En aquel momento, en el año 1995, casi todos los estudios de proyección económica para España, que llegaban desde el año 1995 al año 2000, afirmaban que el sistema público de pensiones estaría quebrado en el año 2000. ¿Por
qué? Porque ningún estudio anticipó la capacidad de España de crear empleo, la capacidad de España de incrementar su población y demostrarnos que efectivamente la población, señorías, depende del crecimiento económico del país y no al revés, como
se nos quiere presentar continuamente por gobiernos que están siempre en la misma tesitura. Es algo así como considerar el paro, con estas tasas de paro del 20 por ciento, como el problema estructural de España que genera tanto dentro como fuera de
ella las dudas de los mercados financieros. Y ahora vamos a dar al sistema público de pensiones una proyección en la que no explicamos ni a los agentes económicos ni a los mercados financieros cuáles son los supuestos básicos de esa proyección.
Esto es lo que nos trae un planteamiento, por tanto, muy inconsistente. No esperaba otra cosa, la verdad es que no, en ese sentido no me siento defraudado. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!) El Gobierno que no fue capaz hace


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tres años en esta misma sala de anticipar la gravedad de la crisis económica nos habla ahora del año 2050 con toda propiedad. (Protestas.-La señora López i Chamosa: ¡Rato!) Señorías, la fiabilidad y la credibilidad está en las obras
realizadas en los caminos recorridos. Esa es la credibilidad y la fiabilidad merecedora. A partir de ello -se decía-, todo lo demás, sus propuestas, sus pronósticos, son esa resignación, ese entreguismo a que en España nunca tendremos pleno
empleo, insisto, a que en España nunca tendremos tasas de actividad absolutamente normalizadas, empezando por la participación de la mujer en la fuerza laboral de nuestro país, y en definitiva en España tendremos un sistema, como ha dicho el señor
ministro de Trabajo, en el que con esa proyección duplicaremos el valor medio de las pensiones. O sea que lo que promete el Gobierno con esta reforma -he oído la expresión media- es que la pensión a la que tendrán derecho en el año 2050 los jóvenes
que estén trabajando hoy será de 2.000 euros. Claro, la media actual es la que es, señor ministro de Trabajo. A partir de ahí, esto reforzará y garantizará esa evolución. Además le voy a añadir un elemento, que es el relativo al orden prioritario
de las reformas a efectos de esa confianza. El Grupo Parlamentario Popular está convencido de que lo que España necesita es austeridad presupuestaria; son reformas laborales reales, no como la que se ha acometido el pasado verano en esta Cámara;
son reformas relativas al sistema energético del país; son reformas relativas a la modernización, a la innovación empresarial y a la internacionalización; son reformas de nuestro sector bancario que si se hubieran acometido en tiempo tendríamos
ahora una financiación holgada del mismo. Son, en definitiva, un conjunto ordenado de reformas que harían encajable un planteamiento como el del Pacto de Toledo en términos de programar y de prever una evolución normalizada de nuestro sistema
público de pensiones.
Además, la señora vicepresidenta no se ha referido -el señor ministro de Trabajo sí- a que cabe la aportación de otros recursos al sistema. ¿O es que la única visión del sistema público de pensiones que tiene el Gobierno
socialista son las cotizaciones a la Seguridad Social? ¿Por qué no abrimos ya, de una vez por todas, la aportación de otro tipo de recursos, de otras posibilidades? ¿Por qué no hablamos de lo que es, en definitiva, la financiación del Estado en
España y la modernización de ese Estado a través de las reformas tributarias, que también son fundamentales para recuperar el crecimiento de nuestro país?


Por lo expuesto, señorías, nuestro grupo parlamentario se siente profundamente incómodo en esta situación a la que nos está llevando una política económica determinada, y la relación o la comparación con el conjunto de Europa es, como sabe
la señora vicepresidenta, muy relativa.
Por supuesto, siempre tenemos que tenerla ahí, pero el envejecimiento de la población, que es una cuestión general, es un hecho positivo y el alargamiento de la esperanza de vida es también un hecho positivo.
Por eso nosotros entendemos que lo más importante sería prolongar voluntariamente la estancia en la actividad laboral de las personas, es decir, crear los estímulos, los incentivos, para que efectivamente esas personas continúen trabajando porque
les es rentable hacerlo y da sentido no solo económico sino también vital a esa esperanza de vida. Esta es una salida en la que el Gobierno socialista no cree. Obviamente, no cree nada que no sea lo contrario, como está demostrando. Este
ejercicio es el primer año en que, por presión de los mercados, se han congelado las pensiones a la gran mayoría de los pensionistas en España. La primera vez que ocurre lo hacen debido a la presión de los mercados y además vulneran el Pacto de
Toledo -obviamente, porque el Pacto de Toledo está muy lejos de ser esto, es todo lo contrario-, además de ir en contra de la ley que promovió un gobierno del Partido Popular que garantizaba la capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas.
Ustedes, en definitiva, no creen que la economía se mueva desde la voluntad de los individuos y fundamentalmente a través de incentivos, que hay que estimular desde los poderes públicos. Eso es lo que da fiabilidad, confianza y seguridad en un
futuro, eso es lo que hace sostenible cualquier sistema de protección social y es lo que garantiza la solidaridad intergeneracional, que es otro de los grandes rasgos que caracterizan a un sistema de reparto de pensiones. Eso es lo que traería a
corto plazo, no solo para el año 2030, el año 2040 o el año 2050, una importante y urgentísima creación de empleo, que sería la base de la confianza de los actuales pensionistas y del conjunto de la sociedad española, que, en definitiva, en un
futuro seguirá confiando en su sistema público de pensiones.



El señor PRESIDENTE: Señor Burgos.



El señor BURGOS GALLEGO: Señora vicepresidenta, señor ministro, yo creo que mi antecesor en el uso de la palabra ponía el dedo en la llaga. No se trata de reclamar de ustedes contundencia en la argumentación e incluso fervor por justificar
sus posiciones, porque estas argumentaciones de hoy, que podrían ser perfectamente justificables, razonables o que incluso pueden ser compartidas en alguna medida, solo serían planamente creíbles, señorías, si vinieran acompañadas de algún tipo de
reconocimiento expreso de los errores cometidos. Porque la misma contundencia y el mismo fervor mantenían hace tan solo poco más de un año para decir exactamente lo contrario. La demografía obviamente no ha cambiado, faltaría más que en nueve
meses hubiéramos descubierto los problemas demográficos del país, la crisis económica ya era una realidad dramática antes del 29 de enero del año 2010 y los llamamientos de las instituciones europeas e internacionales se habían sucedido, y nada de
eso les había hecho cambiar de opinión. Empezamos esta legislatura no con una propuesta de reforma amplia y ambiciosa, sino todo lo contrario, con su voluntad expresa manifestada en numerosas ocasiones de plantear como innecesaria cualquier reforma
en profundidad


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del sistema de pensiones. Acordémonos de las descalificaciones al gobernador del Banco de España, a las instituciones europeas, a todo tipo de instituciones, y lo inadecuadas e inadmisibles que fueron aquellas manifestaciones coactivas del
Gobierno -es verdad, señor ministro, que usted no estaba-, que no encajaban con el escenario que se nos pretendía trasladar. Ni problemas, ni restricciones, ni reformas bruscas, ni reformas de calado, ni nada de nada era necesario hace tan solo un
año en este país. Cada estudio que conocíamos nos daba y nos sigue dando un año distinto para la supuesta aparición de ese déficit del sistema que nos colocaría en una situación ciertamente preocupante. Hablan de 2013, de 2016, la señora
vicepresidenta ha vuelto a insistir hoy en que ese déficit solo llegará en la segunda década de este siglo. Es curioso, porque la fundación de su partido acaba de hacer público que tendremos el déficit en el año 2014, lo cual quiere decir que si ni
siquiera ustedes son capaces de ponerse de acuerdo para evaluar cuándo podemos incurrir en el déficit del sistema, y existe entre el partido y el Gobierno una diferencia de diez años sobre la evaluación de ese déficit, imagínese lo que podemos
pensar del resto de las proyecciones a 30, a 40 o a 50 años.



Ustedes rehuyeron sistemáticamente afrontar una reforma de calado del sistema y además siempre utilizaban de forma permanente la coletilla en todas sus intervenciones, que ahora resulta cuando menos curiosa. Decían con insistencia: No se
hará ninguna reforma en el sistema de pensiones que no cuente con el acuerdo del Partido Popular. Ahora lo que se dice es: Se hará la reforma que quiere el Gobierno y el Partido Popular debería sumarse. No me negarán que hay un cambio bastante
sustancial también en estos planteamientos. Lo importante, como bien ha dicho mi compañero el señor Montoro, es que son el déficit público, la deuda, la situación económica de España los que nos abocan a esta reforma; no es el escenario
demográfico, no son esas preocupaciones sobrevenidas que ustedes muestran ahora, que no existían hace unos meses, y que nos fuerzan a adoptar -es así- esa reforma extremadamente ambiciosa, porque para ustedes a más recortes, más ambición, a mayor
endurecimiento de las condiciones de acceso de los pensionistas presentes y futuros, más elogios a su generosidad y a su preocupación por el futuro del sistema de pensiones. De hace pocos meses tenemos notables perlas de la comunicación clara y la
coherencia política que hablan bien a las claras de cómo se han planteado aquí las cosas. El 3 de febrero de 2010: El Gobierno no ha propuesto ni propondrá nunca ampliar el periodo para calcular las pensiones -doña Elena Salgado en una entrevista
en la Brújula de la economía de Onda Cero-; esta no es una propuesta del Gobierno ni lo va a ser. De eso hemos pasado a promover veinticinco años en el periodo de cálculo de las pensiones. Apelábamos ya en aquella época al cumplimiento del pacto
en aquello que de verdad es importante para los ciudadanos de hoy y de mañana, y es que en un entorno de crisis se apueste por que el sistema de pensiones garantice la estabilidad, garantice la confianza de los ciudadanos, y eso se llama
revalorización automática de las pensiones. Nada hay en este acuerdo social sobre la revalorización de las pensiones en este país. ¿No es un tema de debate? ¿No es un tema de interés? ¿Abre la puerta a nuevas congelaciones de pensiones? ¿No
parece suficientemente importante, después de lo que el Pacto de Toledo ha dicho sobre esta cuestión, que figure ni una sola frase en relación con la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas perdido este año 2011? ¿Es además
previsible -como ya anunció el señor Zapatero, al que le gustaba la propuesta de Alemania de haber congelado tres años seguidos las pensiones- o posible que sigamos en esa línea? Porque el acuerdo social no dice nada en esa dirección.



Ustedes han hecho también estos días un notable ejercicio de desmemoria, por no decir de cierto sectarismo, en relación con el sistema de pensiones. Han citado ustedes hasta la saciedad como hito la reforma de pensiones de 1985, por cierto,
otro notable recorte en los derechos de los ciudadanos, como viene siendo habitual cada vez que toman ustedes estas ambiciosas medidas de reforma de los sistemas. (Rumores.) ¿Y desde entonces nada, nada hasta hoy? ¿No hay nada antes, no hay nada
entre, no hay nada después de los socialistas en materia de pensiones en este país? (Rumores.-Un señor diputado: ¡Nada!) Entonces, para qué realizamos el Pacto de Toledo en el año 1995. Para qué cuatro leyes en materia de reforma de pensiones con
el Gobierno del Partido Popular, por cierto, para mejorar las prestaciones, por cierto, para revalorizar las pensiones, por cierto, para asegurar las reservas, por cierto, para separar las fuentes de financiación, elementos absolutamente
intrascendentes -¿verdad, señor ministro?- en materia de pensiones. Pero el esfuerzo de entonces, el esfuerzo del Gobierno del Partido Popular consistió en pasar en ocho años de un déficit del 0,72 por ciento del PIB a un superávit en el año 2004
de más del 1,1 por ciento del PIB, y nos hemos mantenido en ese entorno hasta que en tres años se nos ha venido abajo.



Evidentemente, todo acuerdo social nos parece razonable y positivo. Este se ha buscado expresamente para legitimar, más que las medidas adoptadas, a los propios interlocutores; pero esa es otra cuestión. Lo que sí parece bastante evidente
es que los acuerdos no operan por su mera firma. Pese a la parafernalia con la que se ha planteado la suscripción de este acuerdo, más allá de la foto inicial y de la imagen, lo relevante es su desarrollo posterior, es la letra pequeña, y eso es lo
que a nosotros nos plantea numerosas dudas, sobre todo si evaluamos el precedente inmediatamente anterior, el acuerdo de 2006. Porque parece que ustedes firman grandes acuerdos sociales y con eso ya está todo realizado; cumplen ustedes el
requisito de la foto y de la imagen y a partir de ahí entran en la habitual modorra política para los sucesivos desarrollos de esos contenidos. (Rumores y Protestas.) No han cumplido los elementos más importantes


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del acuerdo de 2006: no han cumplido ni la separación de fuentes de financiación; no han cumplido el acceso a la jubilación anticipada de los colectivos con trabajos penosos, tóxicos o insalubres, ni la integración en el régimen general de
aquellos regímenes especiales como el agrario por cuenta ajena o el de empleadas del hogar. Es que el acuerdo de 2011 es en gran medida una fotocopia del acuerdo de 2006. ¿Va a seguir la misma dirección? Firmar algo con este Gobierno
desgraciadamente no es garantía de nada. Por tanto, antes de presumir, antes de plantear con esa dosis de seriedad los contenidos de este acuerdo, convendría que hicieran una cierta revisión crítica de cuál ha sido su actuación en estos últimos
tiempos. Insisto, hay un riesgo: la sobreactuación en una materia como esta, y el Gobierno se excede en la parafernalia. Yo creo que no hay sitio para el éxito ni para la euforia en relación con estas medidas. Son medidas que condenan a los
españoles a más sacrificios, a más esfuerzos a cambio de menos, y eso no puede ser, salvo que sea desde la más radical insensibilidad, muestra de contento ni de estima por parte de nadie, ni siquiera de los firmantes de ese acuerdo. Son reformas de
supermercado, señor ministro. (Rumores.) Si analizamos el acuerdo vemos que no tiene la más mínima coherencia interna, parece que han cogido ustedes de cada estante una propuesta y las han integrado en un todo que no tiene elemento alguno de
conexión y de racionalidad. El acuerdo sin duda podría ser importante por lo que dice. Hay elementos que nosotros hemos venido reiteradamente reclamando, como que las mujeres tengan derecho a ver reconocida su aportación demográfica, sus hijos,
también en el sistema de Seguridad Social, bien es verdad que no solo para acceder a una edad de jubilación anticipada menor que la de los demás, sino sobre todo para adquirir el derecho a una pensión propia en función del esfuerzo económico y
demográfico realizado. Ahora bien, no puede venderse la corrección del disparate que en la Ley de Igualdad se consagró por el cual las mujeres en el sector privado tienen acceso a unas excedencias de dos años mientras que en el sector público las
tienen de tres -menuda igualdad entre las mujeres en este país- como el gran avance o el gran éxito de este acuerdo. (Rumores.)


No se contempla nada de la revalorización de pensiones, ningún compromiso con las obligaciones financieras del Estado con la Seguridad Social, nada en relación con la separación de fuentes, que saben ustedes que es uno de los principales
elementos de estabilización económica en relación con el futuro del sistema de pensiones. No es solo importante lo que nos cuesta el sistema de pensiones, lo que supone en gasto de pensiones, también con qué lo estamos cubriendo desde el punto de
vista económico, si lo estamos haciendo con cargo exclusivamente a las cotizaciones sociales, si estamos generando problemas sobrevenidos de empleo. Nada serio se dice sobre la viudedad y la orfandad en este país. Se han sacado de la manga este
término de las unidades económicas unipersonales, que me recuerda aquello de las soluciones habitacionales -probablemente también unipersonales-.
Pero esto no tiene nada que ver con la reformulación integral de la viudedad ni con los aspectos de
protección social asociados a la misma.
Es una reforma extraordinariamente abierta, señores del Gobierno, que implica cambios y modificaciones incluso en el periodo de aplicación.
Señorías, no está aprobada -y va a tardar varios meses en ser
aprobada- y ya se están reclamando modificaciones sustanciales en sus contenidos. El señor ministro ya ha dicho que hay que ampliar a toda la vida laboral.
Hoy mismo un documento del BBVA dice que hay que anticipar el factor de sostenibilidad
porque no tiene sentido esperar al año 2027, que hay que aplicarlo ya, cuanto antes. La creación de la agencia... ¿Van ustedes a modificar, dándole la vuelta como a un calcetín, la entidad administrativa más importante que tiene la Administración
del Estado en estos momentos, que es la Seguridad Social, con un artículo en un anteproyecto? ¿El acuerdo social no dice nada sobre cambiar la estructura administrativa de la ahora llamada agencia de la Seguridad Social? ¿No ha reclamado de
ustedes la más mínima consideración modificar de raíz una estructura administrativa que tiene más de cien años de historia y que está implantada en todas las provincias y en casi todos los rincones? ¿Pretenden hacer una deslegalización de la
agencia de Seguridad Social española en un solo artículo de una ley? Aprovechando no que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que el Pisuerga no pasa por San Petesburgo, porque no hay razón para que esto les merezca tan poca consideración.



Termino, señor presidente. Se confunden las prioridades, pero no solamente en relación con las reformas que necesita nuestro país para asegurar nuestro crecimiento económico y la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, sino que se
confunden también las prioridades en el propio sistema de pensiones, las prioridades dentro de la configuración del sistema de protección social. Lo prioritario sería una estrategia global de empleo para los trabajadores de mayor edad; eso sería
lo que tendríamos que estar discutiendo desde hace muchos meses en este país: cómo garantizar el empleo a aquellos ciudadanos que en este momento lo están perdiendo -cientos de miles- sin poder configurar una carrera de cotización completa y que
son expulsados anticipadamente del mercado de trabajo con 53, 54 ó 56 años. Ustedes les suben la edad de jubilación para que sea todavía mucho más inviable que esas personas puedan llegar a una edad de jubilación con una pensión razonable.
Señorías, el Gobierno renuncia a incentivos serios sobre la prolongación voluntaria de la vida laboral. Realmente es ingenuo pensar que a partir de los 67 años, como edad forzosa de jubilación, van a ser operativos los incentivos a la prolongación
de forma voluntaria de la vida laboral. No, es que los incentivos son necesarios mucho antes de los 67 años para que de verdad actúen de forma efectiva sobre nuestro mercado de trabajo. Las jubilaciones anticipadas se penalizan con el 7,5 por
ciento por cada año


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que un trabajador se retire anticipadamente, no cuentan los años trabajados a efectos de la penalización. ¿Da igual la carrera de cotización que un ciudadano tenga? ¿Va a ser penalizado exactamente igual por retirarse anticipadamente del
mercado de trabajo? No se me ocurre nada más contrario a la equidad que tratar igual a los que tienen carreras de cotización sustancialmente distintas. Mi grupo no cree en los efectos taumatúrgicos de un acuerdo, no cree que por el hecho de firmar
un compromiso vaya a cambiar la faz de nuestro mercado de trabajo, la empleabilidad de nuestros trabajadores mayores y la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Creemos que hay elementos para la preocupación en el acuerdo social por lo que
está, pero en mayor medida probablemente por lo que no está. Algunos de estos elementos ya los he citado en el día de hoy.



En todo caso, mi grupo parlamentario, en el trámite parlamentario de esa ley, que vendrá pronto, intentará seguir aportando todos aquellos elementos que de verdad se centren en lo importante, que no abunden en los recortes por los recortes,
que no configuren nuestro sistema de pensiones como una especie de seto que hay que recortar permanentemente para que no se nos doble, sino que apostemos decididamente por la confianza de los ciudadanos en la estabilidad que debería darles -y más en
momentos de crisis- un sistema de pensiones adecuado. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: ¿Señora vicepresidenta, señor ministro, desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Díez por el Grupo Mixto.



La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora vicepresidenta y señor ministro de Trabajo, utilizo este turno que comparto con la portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión del Pacto de Toledo para agradecerles, sobre todo, la oportunidad que tengo de
expresarles personalmente y por primera vez como diputada y portavoz de Unión, Progreso y Democracia mis comentarios, mis reflexiones y mis primeras propuestas sobre ese acuerdo social, ya que hasta este momento he podido enterarme de lo que decían
a través de los medios de comunicación pero no he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de ustedes dos. Por ello utilizaré este turno para hacerles llegar unas primeras reflexiones sobre este acuerdo social, sin dedicar ni medio minuto a
hacer una reflexión que contextualizaría todo esto porque realmente las contradicciones que hay en el origen del debate que hoy tenemos en esta Comisión respecto de sus planteamientos iniciales -los del Gobierno y los que hoy argumentan para
defender esta reforma- ya están en las hemerotecas, por lo que no necesito dedicar demasiado tiempo para llamar la atención sobre el hecho de que utilizan ustedes el mismo desparpajo para afirmar como una verdad absoluta lo que hace cuatro días
negaron con la misma rotundidad.



Una reflexión sobre la reforma de las pensiones. El anterior informe de la Comisión del Pacto de Toledo -creo que merece la pena recordar estas cosas- es, como ya se ha dicho, del año 2003 y el acuerdo sobre pensiones con los agentes
sociales es de mayo de 2006 y la ley que lo plasmó es de diciembre de 2007. El proceso duró, por tanto, casi cuatro años, a lo mejor fue un proceso un poco largo, pero dio tiempo a un buen acuerdo derivado de un consenso por primera vez total, muy
importante, muy positivo y avalado por todos los aquí presentes como algo histórico y muy positivo para el conjunto del sistema y, por tanto, para los ciudadanos.
En el proceso actual, desde la aprobación del informe de la ponencia del Pacto de
Toledo, si lo consideramos en su versión de salida del Pleno del Congreso, hasta el acuerdo de los agentes sociales han pasado escasos dos días y el proyecto de ley ha tardado un día más. Es cierto que ya veremos las reformas que se producen desde
el anteproyecto que está en este momento en informe a lo que llegue el Congreso, pero en lo que ha sido su génesis, un día más. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso son además, desde mi punto de vista, significativas: menos de cuatro
días ahora y casi cuatro años antes, y se pretende que consideremos esto como un gran pacto y algunos, incluso ustedes, han llegado a decirnos que debiéramos considerarlo algo así como los Pactos de la Moncloa. Fíjense ustedes si en aquellos pactos
el entonces presidente del Gobierno, señor Suárez, hubiera cometido la osadía de mandarle un fax al señor Carrillo y otro al señor González, citándoles a que fueran a La Moncloa a ver cómo firmaban el pacto con los agentes sociales en su conjunto.
A todos los que aquí estamos se nos ocurre inmediatamente cuál hubiera sido la respuesta.



Por otra parte, después de esta génesis que les acabo de contar, no puedo por menos de afirmar aquí en esta Cámara que hemos de dar gracias de cómo se han precipitado los acontecimientos porque, si por el Gobierno hubiera sido, la jubilación
hubiera sido generalizada a los 67 años, como ustedes anunciaron; el periodo de cálculo de la pensión hubiera sido el de toda la vida laboral, como también ustedes anunciaron y siguen diciendo que a lo mejor; las lagunas no se hubieran rellenado
con el SMI -salario mínimo interprofesional-; hubieran desaparecido las jubilaciones anticipadas para los trabajadores con carreras larguísimas; la misma base reguladora para todas las prestaciones, etcétera, es decir, todo eso que antes no he
citado, pero que está en las hemerotecas y que ustedes han ido diciendo, no en versión anuncio sino en versión amenaza, que era lo que iban a hacer. Si ahora podemos decir que hay que trabajar más para tener una pensión más pequeña durante menos
tiempo, con las propuestas del Gobierno el desastre hubiera sido, a mi juicio, insubsanable.



Hace varios meses que Unión Progreso y Democracia propuso la necesidad de un gran pacto de Estado para afrontar la situación económica y social y se nos tachó de alarmistas. Ahora se presume, como dije antes, que el pacto recientemente
alcanzado, el pacto social, tiene ese rango, exagerado hasta el extremo de que ustedes,


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como he dicho antes, lo quieren y lo quisieron comparar, si quiera en el modo de la foto, con los pactos de la Moncloa.



Me referiré muy brevemente a alguna de las medidas que aparecen en el acuerdo y en el anteproyecto, aunque, como dije antes, ya veremos lo que nos llega cuando pase el tiempo suficiente y antes de que podamos ver el texto definitivo.
Algunas de las medidas que aparecen en el acuerdo nos parecen fuera de tiempo. En nuestra opinión, debieran haberse planteado más adelante si hubieran hecho falta. Seguimos pensando que no era el momento de plantar la edad de jubilación a los 67
años, seguimos pensando que veinticinco años es ahora demasiado para calcular la base reguladora y que el sistema de pensiones español no necesitaba ahora una reforma de estas características. A nuestro juicio, mantener la edad en los 65 años y
profundizar en la flexibilidad de la jubilación restringiendo las jubilaciones anticipadas y mejorando incentivos para retrasar voluntariamente la edad de jubilación junto al incremento de la contributividad del cálculo hubiera bastado para mantener
el sistema sin déficit y poder mejorar las pensiones más desfavorecidas, como la pensión de viudedad, que ya se ha citado y es, también a juicio de Unión Progreso y Democracia, la gran olvidada de este acuerdo. Con estas medidas, y continuando con
la filosofía que destila el Pacto de Toledo en su papel de vigilante cíclico del sistema, hubiera, a nuestro juicio, bastado, pero el Gobierno tenía otros objetivos y otras urgencias que han obligado a transitar por otros caminos y propuestas y,
aunque hayan sido frenadas en alguna medida por el trabajo de los agentes sociales, fundamentalmente los sindicatos, no se han podido evitar del todo recortes, a mi juicio y como portavoz de Unión Progreso y Democracia, innecesarios.



El pacto mejora sensiblemente, insisto y concluyo, la propuesta gubernamental y la alternativa a no firmarlo hubiera sido catastrófica.
Quiero recordar esto, pero eso no significa que sea un pacto satisfactorio. No haberlo hecho, haber
evitado, haber imposibilitado que los agentes sociales doblaran un poco o mucho el brazo del Gobierno, evitaran que el Gobierno hiciera lo que nos había amenazado que iba a hacer hubiera sido muchísimo peor, pero la conclusión no es como para echar
cohetes. El acuerdo es menos malo que la alternativa a la que parecía abocada España, pero, insisto, los propios agentes sociales reconocen que han conseguido minimizar pérdidas, evitar el peor de los escenarios posibles y llegar al acuerdo en
pensiones. Señora vicepresidenta y señor ministro, ustedes lo saben porque están escuchando directamente a los agentes sociales, que les han dicho que este acuerdo ha permitido llegar al acuerdo en pensiones menos satisfactorio de todos los
derivados del Pacto de Toledo. Creo que merece la pena que esto, al menos entre nosotros, lo pongamos en común y lo reflexionemos.



Por otro lado, como portavoz de Unión Progreso y Democracia, me preocupa que el informe del Pacto de Toledo incluya demasiadas cuestiones, reflexiones y llamadas a aspectos relacionados con supuestas competencias de las comunidades autónomas
en asuntos del sistema de pensiones.
Introducir factores que deformen la gestión unitaria de la Seguridad Social española, que pongan en peligro la caja única y que desplacen a las comunidades autónomas o puedan desplazar competencias, patrimonio o
prestaciones públicas de carácter general del sistema de pensiones sería tanto o más peligroso que una reforma coyuntural mal hecha.



Termino, señor presidente. Insisto en que estas son unas primeras apreciaciones ante un anteproyecto que conocemos, que está siendo objeto de informe, pero sobre el que ya se nos advierte que no será el texto definitivo del proyecto de ley
que llegue a la Cámara. Es un poco complicado, por no decir un poco raro, en términos de lo que tiene que ser el diálogo entre el Gobierno y el Parlamento, que se nos pida que nos pronunciemos sobre un texto que no conocemos verdaderamente porque
todavía no nos ha llegado el texto definitivo. Por tanto, mis reflexiones son reflexiones, como no podía ser de otra manera, provisionales. Tampoco esto es una cuestión de confianza. Lo que se nos pide al tener que opinar sobre un texto que no
conocemos en su carácter definitivo no es confianza sino fe, y eso es algo que para una persona como yo... En fin, de creer, en el Dios verdadero, tampoco vamos a creer en el Gobierno. O sea, que prefiero someter estas reflexiones a la
provisionalidad que merecen ante un texto, insisto, que en este momento se sigue negociando. Señora vicepresidenta y señor ministro, pronunciarse definitivamente, aunque sea entre comillas y en minúsculas, sobre lo que ustedes hoy nos han explicado
aquí que, insisto, se está renegociando en este momento, mientras estamos hablando, sería una temeridad, tan temerario como construir un edificio sobre arenas movedizas.



El señor PRESIDENTE: Doña Olaia Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, agradecer al ministro de Trabajo y a la vicepresidenta segunda su comparecencia en esta Comisión para exponernos, por un lado, los puntos que recogen los acuerdos firmados con los agentes
sociales y, por otro lado, las razones en las que el Gobierno justifica estos acuerdos y estas reformas.



Dicho esto, señorías, señor ministro y señora vicepresidenta, ustedes me permitirán que nosotros, el Bloque Nacionalista Galego, hagamos una valoración de los acuerdos, así como de las razones que justifican los mismos, desde nuestra
posición política, que no es otra que la que contempla un modelo social, un modelo económico que contenga criterios de distribución de riqueza que permitan superar las desigualdades sociales.
Digo esto para enmarcar nuestra posición porque lo
primero que tenemos que decir es que los acuerdos firmados no van en esa dirección. Desde nuestro punto de vista, y


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analizados, van en la dirección contraria. Entendemos que se remarcan aún más las desigualdades entre las personas que van a ser pensionistas dentro de unos años. Es decir, las desigualdades que ya existen en este momento se van a ver
acrecentadas en el futuro al llevarse estos acuerdos adelante, después de la correspondiente tramitación de la ley cuando llegue al Congreso. Por cierto, esperamos que algunas cuestiones puedan ser solventadas en la tramitación parlamentaria, pero
respecto de aquellas cuestiones básicas que son más motivo de nuestra crítica, por lo que ha expuesto el Gobierno en otras ocasiones no hay posibilidad alguna de modificación, de alguna manera está ya la decisión tomada y se refuerzan en ese
acuerdo, y se refuerzan también -como dijo el ministro de Trabajo- porque se sienten avalados por el documento de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobado recientemente en esta casa.
Nosotros en su momento así lo dijimos, que era un
aval al Gobierno para hacer las reformas que quería hacer.



Dicho esto, queremos decir que las exposiciones no han presentado ninguna novedad en relación con otros debates que hemos tenido en esta Comisión, pero sí tengo que reconocer que la exposición de la señora vicepresidenta introduce una
novedad que desde nuestro punto de vista es importante: el reconocimiento del ahorro que va a suponer para el Estado estas reformas, sobre todo cuando estén en la debida aplicación en el año 2040 o en 2050, es decir, siempre que se analizaron esas
proyecciones demográficas, de empleo, de cotizaciones, de futuros pensionistas, etcétera, no se planteó con tanta claridad el ahorro. Pero también es verdad que en ninguna de las dos intervenciones se ha planteado con claridad la pérdida que para
los pensionistas van a representar estas reformas o estos acuerdos alcanzados. Y lo digo porque desde nuestro punto de vista estas reformas realmente son unas reformas que significan recortes en nuestro sistema de pensiones y concretamente en la
cuantía de las mismas.



Señorías, señor presidente, señor ministro y señora vicepresidenta, nosotros sí somos favorables a la necesidad de introducir reformas en nuestro sistema de Seguridad Social, y de pensiones concretamente, y las hemos expuesto debidamente en
nuestro voto particular al informe del Pacto de Toledo, que no vamos a volver a plantear aquí, porque en su momento, y además muy recientemente, han sido defendidas y, por supuesto, nos basaremos en ellas para presentar las enmiendas
correspondientes al proyecto de ley en su tramitación. Pero también es verdad que nuestra propuesta de reforma está orientada hacia posiciones que en nada recortarían esas cuantías en las pensiones a nuestros futuros pensionistas porque
efectivamente se basa incluso en reforzar el sistema contributivo y el sistema de financiación de las pensiones públicas, donde se contemplan también cuestiones de mejora contributiva en relación con los salarios y, por tanto, la subida de las bases
de cotización y también de los Presupuestos Generales del Estado. Quiero decir con esto que no somos contrarios a las reformas en el sistema que garanticen la sostenibilidad del mismo en el futuro, a lo que somos contrarios es a que lo que se haga
sean unos recortes de los derechos que actualmente tenemos y, sobre todo, unos recortes de unas pensiones que ya no son lo suficientemente dignas en muchos casos para muchos y muchas pensionistas.
Lo hemos recordado en alguna otra ocasión: el 77
por ciento de los pensionistas del Estado español son mileuristas o malamente llegan a mileuristas. Estamos muy por detrás, y esto es importante matizarlo porque de nuevo la señora vicepresidenta echa mano de las reformas hechas por otros Estados,
como Alemania o Francia. Sí, pero también hay que tener en cuenta que la Unión Europea de los Quince está por delante del Estado español en el gasto en pensiones con diferencia, mientras que en el Estado español estamos en un 9 por ciento del PIB
la media de la Unión Europea está en el 12 por ciento, y además las pensiones del Estado español están en el 70 por ciento de las pensiones de la Unión Europea de los Quince. Por tanto, hacer comparaciones con Estados que ya su nivel de pensiones
está mejor o en mejores condiciones que el español no nos parece oportuno. Además del otro matiz, que no es baladí, que es el matiz político de los gobiernos de esos Estados: son gobiernos de derechas, gobiernos conservadores, por tanto, gobiernos
a los que les corresponde hacer las políticas neoliberales que justamente está haciendo en el Estado español un gobierno que se define como socialdemócrata.



Cuando hablábamos de los recortes en las cuantías de las pensiones y en lo que realmente significan, lo hacíamos porque efectivamente cuando hay una modificación en la jubilación anticipada a los 63 años, que antes no era voluntaria y que
ahora pasa a ser un derecho voluntario con el coeficiente reductor correspondiente, se mantiene un coeficiente de un 7,5 y antes existía la posibilidad de diferencias de ese coeficiente de acuerdo a los años de cotización que se tenían. No sé si en
el trámite parlamentario esto se podrá o no mejorar en relación con lo que está en los acuerdos, pero desde luego no parece que sea razonable que, mientras se reconocen treinta y ocho años y medio como una vida laboral completa para la pensión a los
65 años, no se reconozca ningún beneficio a vidas laborales de cuarenta o cuarenta y cinco años, independientemente de los años que se tengan. Sabemos perfectamente que la no consideración no es porque no sea de justicia, sino porque evidentemente,
si se considera, no se avanzaría en el ahorro que el Gobierno quiere que haga el Estado. Y esa es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa.



Otra de las cuestiones, señorías, es que más allá de lo que más resuena en este debate de tantos meses sobre los recortes de las pensiones y que se centra fundamentalmente en la prolongación de la vida laboral de los 65 a los 67 años, y más
allá de la flexibilidad que en estos acuerdos se haya alcanzado, nosotros siempre valoramos como una de las cosas más negativas que se pueden introducir en cualquier reforma de nuestro sistema de pensiones la ampliación de los años para el cálculo
de


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la pensión. Y lo decimos, señorías, porque ya no es lo que digan los expertos que no comparten las propuestas de estas reformas o lo que puedan plantear los sindicatos no conformes con estos acuerdos o nuestro grupo político, el Bloque
Nacionalista Galego, sino el propio Gobierno.
El propio Gobierno reconoce que la ampliación de quince a veinte años representaría el 3 por ciento de minoración de la cuantía de la pensión y, por tanto, de veinte a veinticinco años estaríamos
hablando de un 6.
Estoy hablando de lo que el Gobierno, aunque no lo haya dicho en las exposiciones públicas, sí ha reconocido en esta Comisión en más de una ocasión, eso es así. Nuestros cálculos van más allá y están en un 5 por ciento. Pero,
independientemente de que nuestros cálculos estén equivocados o no, lo que sí es cierto es que en pensiones de 800 euros un 3 por ciento es muy importante y, por supuesto, en el futuro también lo va a ser.



No voy a entrar a analizar pormenorizadamente los acuerdos, primero, porque vamos a tener tiempo en la tramitación de la ley a través de las enmiendas que presentemos, etcétera, pero sí me parece importante traer a colación estas cuestiones
porque dejan en evidencia que estas reformas son recortes de las pensiones: recortes en derechos y recortes en las cuantías de las mismas. Y hay otra cuestión sobre la que nos parece importante reflexionar en esta comparecencia porque ustedes la
han expuesto también como una cuestión a señalar de manera importante, el comportamiento en relación con las mujeres, mujeres genéricamente. Aquí hay varias cosas, y se lo recrimino al Gobierno porque en esta casa en distintas ocasiones se
aprobaron propuestas que instaban al Gobierno a incorporar en cualquier mesa de diálogo social una cuestión, la discriminación salarial que existe con las mujeres trabajadoras. De nuevo el Gobierno perdió la ocasión en esta mesa de diálogo de
incorporar el tema de esa discriminación salarial. Esto era muy importante también para el tema de las pensiones porque tenemos que ser conscientes -no es ninguna novedad que lo comente- de que, además de mejorar y de reconocer la desigualdad
existente en este momento en trabajos que siendo de igual valor no tienen el mismo salario, estaríamos hablando de mejorar las bases de cotización de estas mujeres y, por lo tanto, estamos hablando de mejorar la cuantía de las pensiones en el
futuro. Pero se ha perdido esta oportunidad. Señor ministro, usted fue quien más hablo de estas incorporaciones importantes. Me gustaría que en el trámite parlamentario de la ley resolvamos alguna cuestión y creo que será posible hacerlo. Es
decir que cuando hablemos de cuidado de mayores o de hijos y de que hay que incorporar esas medidas -desde luego, lo que es bueno no vamos a decir que no se aplique, como ese reconocimiento de los nueve meses, etcétera, yo estoy hablando de aquello
que no podemos compartir. Eso lo compartimos; podemos pedir más, pero no vamos a decir que no a algo que nos parece importante-, recordemos que eso no es una responsabilidad que se pueda achacar única y exclusivamente a las mujeres. Es necesario
que eso quede plasmado en la ley y que no sea una ventaja para las mujeres, sino algo que es necesario dar a las personas independientemente de su género. Hombres y mujeres tienen que asumir responsabilidades de cuidado de hijos o de mayores,
pudiendo ambos tener, por lo tanto, los mismos derechos a ese reconocimiento en caso de que abandonen su puesto de trabajo para estos menesteres o accedan a las excedencias por atención a hijos menores. No podemos seguir hablando de estas
cuestiones únicamente en femenino porque si seguimos haciéndolo estamos manteniendo las desigualdades y estamos hablando de que es necesario ir sumando trabajos y propuestas que eliminen las mismas.



En relación con las pensiones, señorías, estos acuerdos vuelven a incidir negativamente en las pensiones de las mujeres de manera genérica. ¿Por qué? Porque todavía son las que tienen menos carrera de cotización por las diferentes razones
de nuestro modelo económico, social y cultural, que esperamos que cambie, pero desde luego por el momento no es así. Las personas que van a acceder a la pensión con menos de veinte años o en ese tiempo son mujeres y ya las pensiones de las mujeres
en este momento son las más precarias, entre otras razones porque las reformas del año 1995 incidieron en lo mismo. Por tanto, hay dos aspectos importantes que el Gobierno resalta de estos acuerdos, dos aspectos que mejoran lo que hay, pero es
necesario que no olvidemos esos otros aspectos porque, comparando, es muchísimo más grave lo que se pierde en relación con los derechos y la cuantía de las pensiones de las mujeres que lo que se les reconoce como primeras cuestiones en estas
reformas.



Señorías, hay una cuestión que nos gustaría plantear como reflexión final al hilo de esta comparecencia -ya hemos hablado mucho en esta Comisión a propósito de los votos particulares que presentamos- y es que a nosotros no nos convence nada
esto -y en esta Comisión hubo muchas comparecencias que incidieron en las justificaciones que la señora vicepresidenta nos daba hoy para hacer estas reformas-, sobre todo porque en el debate quedó clarísimo el hecho de que estas reformas no se van a
aplicar en el año 2013, sino que van a ser progresivas, para que estén en pleno rendimiento en los años 2040 y 2050. Esto quiere decir que nuestro sistema de pensiones en este momento no necesita la reforma. Como dijo un diputado de esta Comisión
en un programa reciente en televisión a propósito de este debate, el señor Carles Campuzano -hago esta referencia porque él lo resume mucho mejor que yo cuando quiere hablar del tema de los mercados, etcétera-, la reforma se hace porque hay una
especulación en relación con la situación económica del Estado español y la deuda y hay que tranquilizar a los mercados. La reforma se hace no por necesidades del sistema, sino por la manipulación, especulación, del sistema financiero que nos
obliga a hacer unas reformas, aquellas que las políticas neoliberales necesitan y les conviene. En este sentido, como hay nuevas polémicas -en los tiempos de las asonadas aquellas de los años pasados de la historia de España


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podríamos decir que de nuevo hay ruido de sables-, la subida salarial vinculada a la producción y no al IPC, el copago en la sanidad pública, etcétera, la cosa nos preocupa. Finalizo con esto, señor presidente, por una razón. En el mes de
julio, cuando nos posicionábamos en relación con la reforma laboral, manifestábamos que nuestra mayor preocupación ya no estaba solo en lo que representaba de negativo aquella reforma, sino que éramos conscientes de que era el principio de unas
reformas que iban a incidir muy negativamente en la sociedad del Estado español. En este momento estamos hablando de nuevas reformas y de nuevos recortes, lo cual evidencia que nuestro discurso entonces iba en la línea correcta. Ahora estamos
hablando de estos recortes y nos preocupa -dado que el acuerdo, al margen de la pormenorización que se hace en la cuestión de pensiones, es un enunciado, únicamente a título de que aparezca en el documento- que cuando se haga la reforma de la
negociación colectiva podamos plantearnos que la subida salarial esté vinculada a la producción y no al IPC, por mucho que ustedes hayan dicho estos días que no. También han dicho que no en estas reformas de las pensiones y en algunas de las
cuestiones de la reforma laboral.



Señora vicepresidenta, señor ministro, señorías, a propósito de las informaciones de los últimos días, me gustaría decir que cuando se habla de vincular la subida de los salarios a la producción, ¿en qué estamos pensando? El señor Malo de
Molina anteayer defendió en esta Cámara esta cuestión. ¿En qué estamos pensando? ¿En la producción que queda después de pagar las retribuciones a los ejecutivos de las entidades financieras o de las empresas que cotizan en Bolsa, que recientemente
la información de la CNMV nos dice que se subieron el 8 por ciento en un año de recesión tan grande como 2010 y estamos hablando de 300.000 y más millones al mes? ¿Estamos hablando de la producción que resta de eso? Porque eso es el mercado. Esas
retribuciones son las que cobran los ojos, los oídos y la voz del mercado. El mercado no es una cosa abstracta sino concreta, y ese mercado es el que está condicionando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como les gusta a ustedes decir, en
estas políticas, que son políticas neoliberales, políticas de derechas y por eso, señora vicepresidenta y señor ministro, el Partido Popular está tan incómodo.
Como dijo el señor Montoro, es una incomodidad tremenda la situación que tiene el
Partido Popular, que no puede por una cuestión política y electoral decirles que sí a todo lo que están haciendo. (El señor Montoro Romero: Tampoco es eso.) Eso y más. Pero nosotros, desde la posición política que teníamos desde el principio, no
estamos incómodos y creemos que realmente no podemos en absoluto avalar estas políticas de recortes sociales, de recortes de derechos y de recortes de cuantía de pensiones.
Es así; si no fuera así, no podían ustedes plantear el ahorro que acaban
de plantear. Por cierto, en toda la proyección de cuestiones que ustedes hacen -demográficas, etcétera- para ese futuro de 2040, 2050, no nos hablan de cómo pueden ser los ingresos en base a la propia contributividad. Es decir, no nos hablan de
cómo pueden evolucionar también los salarios en ese tiempo, al margen de cuántos van a estar trabajando por pensionistas, etcétera. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Podemos ser muchos trabajando y, como diría uno que escribía en un blog
recientemente a propósito de mi comentario anterior sobre la retribución a los ejecutivos de las empresas que cotizan en Bolsa, lo que tenemos que hacer los trabajadores y trabajadoras es trabajar más y cobrar menos para que tengan más beneficio. A
lo mejor podemos llegar incluso -me refiero a algunas medidas que tienen previsto aprobar próximamente- al pleno empleo con salarios como los que había en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, en los que teníamos que trabajar todos mucho para ser
pobres como las arañas, algo que después de lo que hemos avanzado socialmente espero que no vuelva a ocurrir. Por eso, señorías, señor ministro y señora vicepresidenta, no van a tener el apoyo del Bloque Nacionalista Galego en una reforma que, como
digo, es tan negativa para resolver las desigualdades sociales y para actuar en la distribución de la riqueza, que incide en todo lo contrario: en políticas de inequidad, y no en políticas de equidad, que es lo que nosotros defendemos.



El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo, como es lógico, la intervención de la vicepresidenta segunda del Gobierno y del ministro de Trabajo, y diciendo algo que era previsible pero con lo que no me resisto a
comenzar mi intervención, y es que nosotros no estamos incómodos respecto al anteproyecto de reforma del sistema de pensiones -tampoco creemos que sea la única reforma posible o, como ha dicho el ministro de Trabajo, la mejor de las posibles-, sino
que estamos en desacuerdo respecto a esa reforma. Reconocemos que es una reforma más moderada a raíz de la intervención de los sindicatos y gracias a la huelga general, pero en definitiva es un recorte, y en nuestra opinión no es el momento del
recorte; en estos momentos no hay ningún recorte justificado en nuestro sistema público de pensiones. Pensamos como pensaba el Gobierno hace dos años; pensamos que tenemos un buen sistema público de pensiones; pensamos que no solamente es
sostenible a corto plazo, sino que es sostenible y viable a medio y largo plazo, y no compartimos ni la catástrofe demográfica que se nos anuncia ni el discurso solapado de los mercados, que también está en esta reforma que se nos propone.



Señorías, a estas alturas yo quiero recordar a Malthus, que decía que la producción de alimentos crecía de forma aritmética mientras la que la población lo hacía de forma geométrica, y anunciaba la conocida como catástrofe malthusiana, es
decir, la catástrofe social. Además Malthus lo hizo en distintas ocasiones y en distintos periodos, algo que se me parece mucho a lo que hace la


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señora vicepresidenta del Gobierno. Hace tan solo unos meses la catástrofe se iba a producir en 2050, ahora ha hablado de la próxima década, periodo en el que ya habrá un desequilibrio en el sistema público de Seguridad Social. Hace unas
semanas se decía que si no tomábamos medidas, si no recortábamos nuestro sistema público de pensiones llegaríamos en 2040 a un gasto del 14 por ciento del PIB; pues bien, ahora no, ahora han subido 3 puntos del PIB y ya la señora vicepresidenta del
Gobierno dice que si no tomamos medidas en 2040 llegaremos al 17 por ciento del PIB. (La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Salgado Méndez: En 2050.) La verdad es que eso se me parece mucho a la
catástrofe malthusiana, catástrofe que demostró ser falsa y estar animada únicamente por un prejuicio brutal frente a la ciudadanía que se incorporaba a las sociedades como sujeto político.



En este caso la señora vicepresidenta y el señor ministro intentan utilizar un hecho incontrovertible, que es la evolución demográfica, como si fuera una amenaza sobre nuestro sistema público de pensiones, como si entre la demografía y la
realidad social no existiera la técnica, no existiera la política; en definitiva como si fuera una calamidad natural.
Señorías, hace tiempo que nos emancipamos de las calamidades naturales, al menos relativamente -cada vez nuestras decisiones
pueden influir más en las calamidades naturales-, pero en política no vale únicamente hablar de lo que va a ocurrir en términos demográficos y hacerlo de forma sesgada, y es sesgado decir en estos momentos que la evolución de la población en nuestro
país fuerza necesariamente un recorte fuerte del sistema público de pensiones, algo que nos parece sesgado desde el punto de vista de la expectativa de vida. No voy a entrar en los debates sobre la esperanza de vida -ya ha habido muchos debates
públicos-, pero sí quiero entrar en uno al que ustedes han hecho referencia y que no se corresponde con sus datos; no se corresponde con sus datos hablar de que la esperanza de vida va a continuar incrementándose de forma exponencial a lo largo de
los próximos años. Sus datos dicen que continúa incrementándose la esperanza de vida, pero que se ha desacelerado el incremento de la esperanza de vida porque hay una cosa que se llama el límite natural de la vida biológica que también influye en
la esperanza de vida. En ese sentido me parece sesgado anunciar únicamente ese factor.
Asimismo en mi opinión es sesgado decir -ese fue el gran error de anteriores previsiones, por ejemplo, la del BBVA, y no me importa hablar de autores- que
nuestro sistema de Seguridad Social estaría hoy quebrado.
Pues bien, se olvidaron de dos detalles, del de la inmigración y del de la incorporación de la mujer al trabajo. Ustedes se han quitado de delante la inmigración y da la impresión de que
aquí a 2040 no va a haber inmigración, y que o bien el mundo va a crecer de forma igualitaria o bien no va a provocar expulsiones de inmigrantes hacia países desarrollados -que es mucho decir-, pero por otra parte se han quitado ustedes de en medio
la incorporación de la mujer al trabajo, que a mí me parece un factor fundamental, porque se reduce el número de hijos por mujer, y eso es cierto, sobre todo de forma coyuntural en los momentos de crisis laboral de manera más importante, pero
aumenta el número de mujeres que están en el mercado laboral. Por tanto en este punto hay que buscar un equilibrio y no vale únicamente utilizarlo de manera sesgada para amenazar con la demografía.



Pero además de la demografía hay otros factores que no tienen por qué incidir negativamente en los próximos años. Da la impresión de que, como se ha dicho antes, al Gobierno no le importa la evolución económica o no la valora en cuanto a su
posible impacto, en cuanto a la sostenibilidad o no de las políticas sociales y en concreto de las pensiones, como si fuera un tema menor. Da la impresión de que también es un tema menor la calidad del empleo, que en nuestro país es muy baja, lo
cual tiene mucho que ver con las cuotas y con los ingresos del sistema, y da la impresión de que al Gobierno tampoco le importa la productividad de la economía, que es importante, y el Gobierno utiliza de manera engañosa el porcentaje del PIB.
Señorías, no es lo mismo el 8 por ciento hoy del PIB en el sistema de pensiones que el 14 por ciento en el año 2040, cuya equivalencia con hoy puede ser de 250 a 100 en términos de producción.
Por tanto no es lo mismo, y en mi opinión no se puede
utilizar de manera sesgada. Pero sobre todo lo que no es lo mismo es que no hay un dictat demográfico; no se trata de demografía, se trata de democracia; se trata de discutir aquí con ustedes cuánto piensa dedicar España a políticas sociales. Da
la impresión, porque ustedes quieren estabilizar en el 8 o en el 9 por ciento -esto lo decían hace unos días; ahora parece que es más- el gasto en pensiones, de que vamos a gastar lo mismo. (El señor Campuzano i Canadés: Y más.) Dicen que se
pretende equilibrar el gasto en el sistema público de pensiones, pero hay que decir que nosotros estamos lejos de gastar como los demás de nuestra Unión Europea, así como en paridad de poder de renta, en materia de pensiones y en materia social;
estamos muy lejos en gasto social con respecto a la Unión Europea.



¿Cuál es la apuesta del Gobierno? Da la impresión de que la apuesta del Gobierno es la de consolidar o estancar el gasto social en nuestro país como un factor de competitividad de la economía española; el factor de competitividad de la
economía española son todo factores del pasado: precariedad en el empleo, bajo gasto social, digamos que también una baja incorporación de la tecnología. Todo eso es el factor de competitividad por el que apuesta el Gobierno y por eso tenemos que
estabilizar o estancar el gasto social. Nosotros desde luego no lo compartimos. En ese sentido, en relación al Pacto de Toledo ya le planteamos al Gobierno nuestro desacuerdo con lo que hemos denominado los continuos empujones al Pacto de Toledo
que hemos vivido, y que han estado al borde de desestabilizar el Pacto de Toledo en el ámbito parlamentario. El Gobierno anunció y tomó alguna decisión que, en nuestra opinión, rompe con la estabilidad y


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rompe con la confianza de los ciudadanos en un buen sistema público de pensiones. Primero, el Gobierno rompió con algo fundamental que es la revalorización de las pensiones, algo que estaba ya prácticamente en el ADN de Pacto de Toledo.
Luego el Gobierno anunció una reforma de la cual se extraía un único elemento simbólico, romper con la jubilación a los 65 años. No es poquita cosa; hace casi cien años que se instituyó esta cuestión de los 65 años como edad de jubilación; no es
poquita cosa; creo que fue en 1919. El Gobierno se plantea estos dos objetivos y se los plantea junto con otras medidas que se han dicho aquí, que van todas en el sentido de un hachazo brutal al sistema público de pensiones en nuestra opinión
inaceptable. Han tenido que ser los sindicatos -y nosotros saludamos la presencia de los sindicatos, tanto en las negociaciones como en la negociación- los que palien estas medidas del Gobierno. Quiero poner del lado de los sindicatos, en primer
lugar, que en vez de imposiciones en esta materia haya concierto o concertación social; me parece un avance significativo, a mi grupo le parece un avance significativo. Por otra parte, que los sindicatos hayan logrado algo que no estaba nada
claro, que puede todavía estar en dificultades, como es consolidar el sistema del Pacto de Toledo, que tenía dos elementos fundamentales, uno de ellos parlamentario, pero otro social, y algunos estaban decididos a cargarse por el camino el Pacto de
Toledo, totalmente decididos, aquellos que decían que el Parlamento no tenía nada que decir y que los sindicatos tampoco, y que los que tenían que decirlo eran los expertos. Pues bien, los sindicatos, en mi opinión, han aportado también la
consolidación del Pacto de Toledo. Luego los sindicatos han modulado, han moderado las peores medidas del Gobierno. Mi grupo parlamentario quiere significarlo, quiere significar que el Gobierno pretendía la aplicación de los 67 años de edad de
jubilación, con algunas excepciones en trabajos penosos, y que los sindicatos han abierto la posibilidad -en este anteproyecto está así- de una horquilla de jubilación que significará que el 50 por ciento se jubilará a los 65 años, y otro 50 por
ciento se jubilará a los 67, de otros ya se ha hablado y no voy a profundizar en esta materia, pero nos parece importante.



Igual de importante nos parece que frente a la propuesta de periodo de cálculo de toda la vida laboral o periodo de cálculo automático se haya producido por parte de los sindicatos una modulación importante en esta materia, y que en periodo
de cómputo, sobre todo lo que afecta a aquellos que tienen menores carreras de cotización, eso no se haya tocado, aunque sí fue la propuesta del Gobierno que llegó a las Comunidades Europeas. A nosotros este tema nos parece destacable. De la misma
manera queremos destacar también las aportaciones, aunque parciales, que se hacen en relación con lo que podemos denominar la maternidad o la paternidad; estoy de acuerdo con que no es un tema unilateral, que tiene que ser un tema en el que quepan
los padres y las madres. Y por otra parte, con respecto a los jóvenes las medidas que se adoptan por parte del Gobierno.
En todo caso, señorías, aun valorando la aportación de los sindicatos, nosotros creemos que se lleva a cabo un recorte, y un
recorte duro.
Podríamos decir que se lleva a cabo un recorte que adelanta recortes futuros en relación con el sistema público de pensiones, y que si antes sin negociación podría estar en torno al 25 por ciento de la pensión media, en estos momentos
ronda el 13 o el 15 por ciento de la pensión media en su conjunto. Por tanto es un recorte significativo. Nosotros no renunciamos a defender nuestras propuestas en el Parlamento, las defenderemos en relación con la edad de jubilación, con el
periodo de cálculo, con los colectivos más afectados, aun a sabiendas de que en el Parlamento no gozamos precisamente de una relación de fuerzas muy favorable. Soy sincero y sé lo que hay en estos momentos. Por tanto esto será lo que vamos a
hacer, pero anuncio también que seremos, con la fuerza que tenemos, aguerridos en la defensa de que las cosas no empeoren o no vuelven a la propuesta inicial de recorte brutal que pretendía el Gobierno. En ese sentido irá la actividad de mi grupo
parlamentario.



Sigo convencido, porque no comparto el dictat de la catástrofe demográfica y mucho menos el dictat de los mercados, de que tenemos un muy buen sistema público de pensiones, a años luz de los sistemas privados de pensiones, que están que se
caen; sigo convencido de que adelantar esta reforma precisamente en un momento de crisis, una reforma que significa un recorte, no es el mejor mensaje de confianza a los ciudadanos. De hecho, los ciudadanos no están de acuerdo con este recorte,
han demostrado y han mostrado, tanto en la calle como en las encuestas, que están en desacuerdo con este recorte, que no les parece que garantice el Estado del bienestar, sino que les provoca un gran malestar. Esa es la realidad. Nosotros creemos
que se podía haber adoptado alguna medida que tiene que ver con reformas paramétricas, pero alguna medida que no supusiese un recorte, y mucho menos un recorte traumático. Éramos partidarios, y seguimos siendo partidarios, de la jubilación a los 65
años. Además estamos convencidos de que el mecanismo de jubilación voluntaria que tenía este país era eficaz, de hecho éramos los que teníamos la jubilación más tardía, la jubilación más cercana a la jubilación teórica a los 65 años de nuestro
entorno en la Unión Europea.
Por tanto, si era eficaz, ¿por qué tomamos esta medida? Porque hacemos un sacrificio fundamentalmente a los mercados, sacrificamos nuestro sistema público de pensiones y el éxito de nuestro sistema público de pensiones
a los mercados.



Por otra parte creemos que se puede y se debe evitar la planificación de las pensiones. Ese es un problema real, pero para evitar la planificación de las pensiones no pueden pagar justos por pecadores; no pueden pagar aquellos que tienen
carreras irregulares derivadas de nuestro modelo económico y laboral. En nuestra opinión, tanto mujeres como jóvenes no salen bien, aunque salen un poco mejor de la propuesta inicial, de esta reforma


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del sistema de pensiones, y será una de nuestras preocupaciones. También intentaremos comprometer al Gobierno más que en 2006 con respecto a los ingresos. Da la impresión de que el Gobierno está muy preocupado por los gastos, pero cuando
toca ingresos se escapa como una anguila. Por ejemplo, ¿cuándo la unificación de regímenes? El Gobierno establece un calendario claro de unificación de regímenes, separación de fuentes, que pueden significar 5.000 millones de euros de ingresos al
sistema público de pensiones. Por ejemplo, el ministro habla sobre el tema de las cuotas y dice que en condiciones económicas favorables hay empresas que han aumentado su productividad multiplicando su cuota por 5, por 6 o por 10.
Yo creo que eso
debería tenerse en cuenta en materia de ingresos en el sistema público de pensiones. Echo de menos algo que han planteado también los compañeros en la Comisión: cómo queda la medida relativa a la congelación de las pensiones, y si tendremos que
asistir a partir de ahora al no reconocimiento de la revalorización del sistema público de pensiones, o a la utilización de criterios sui generis para la revalorización del sistema público de pensiones. Es un temor que también tuvimos en la
negociación.



Hay dos cuestiones que nos preocupan, y termino con ellas. La que tiene que ver con la pensión de viudedad era una orientación del Pacto de Toledo que el Gobierno no toca prácticamente, y la orientación del Pacto de Toledo era clara: el
mantenimiento del carácter subjetivo con respecto a la pensión de viudedad; y por otra parte, también la mejora de la pensión de viudedad en determinados colectivos muy concretos, los que tienen una peor situación económica y familiar, y eso
prácticamente no se ha abordado. Luego introducen ustedes un tema que además los sindicatos dicen que no es de ellos, sino suyo. Únicamente es una frase y no sé muy bien qué quiere decir: cuando ustedes hablan de los fondos, de estimular la
complementariedad de los fondos privados de pensiones. Saben que a nosotros esto no nos gusta. Nos cuestan más de 2.000 millones de euros en términos lineales, año a año, las subvenciones a los fondos privados de pensiones, porque finalmente su
rentabilidad es mínima y el único interés que tienen es la desfiscalización, son los beneficios fiscales. Ustedes plantean este tema y no sé con qué ánimo. Nosotros desde luego nos vamos a oponer a esta medida porque nos da la impresión de que
traduce una idea muy negativa: por una parte, se recorta al sistema público, y por otra parte, se quiere ampliar el sistema privado. ¿Cuál es el modelo que defiende el Gobierno? ¿El modelo contributivo? ¿El Gobierno defiende un modelo de
reparto, o se está apuntando poco a poco al llamado modelo multipilar, en el cual hay una parte obligatoria, hay otra parte obligatoria privada, y hay otra parte individual? Esa pregunta me parece pertinente sobre todo con un párrafo tan lacónico
por parte del Gobierno.
Nosotros creemos que esa es una cuestión que hay que clarificar en el proceso de enmiendas.



Termino, señorías. Como he dicho, nosotros no compartimos este recorte.
Sabemos que ya no es un hachazo, que es un recorte duro gracias a la aportación de los sindicatos. Nosotros sí creemos que exista alternativa; existe alternativa a
las políticas con respecto a la crisis económica.
Por ejemplo, en vez de la deuda exterior, tener una mejor fiscalidad, y ustedes han dejado de ingresar 30.000 millones de euros por sus alegrías fiscales. Nosotros no estamos de acuerdo, y en ese
sentido no compartimos las propuestas del Gobierno. Por otra parte también creemos que puede haber una concepción en la que no solamente se mantenga el Estado social o el Estado del medioestar que tiene este país, sino que se apueste por que este
país a corto plazo, no ad calendas graecas, tenga un sistema de bienestar que sea equiparable al resto de la Unión Europea, y eso significa políticas sociales y también un buen sistema público de pensiones, con pensiones más dignas que las que hay
hoy.



Esas son las razones, las posiciones de mi grupo parlamentario, que -termino- no está en estos momentos ni eufórico ni tampoco deprimido. Si hay algo muy negativo en la política española es este contraste entre el triunfo y la catástrofe.
Nosotros no apostamos por ser políticos neuróticos, queremos ser políticos que en este caso podemos estar en desacuerdo con el Gobierno. Queremos intentar cambiar la política del Gobierno en el Congreso y también en la presión social, pero no nos
vamos a desquiciar.



El señor PRESIDENTE: Don Emilio Olabarría tiene la palabra.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Reitero mis agradecimientos a la vicepresidenta segunda y al ministro de Trabajo.



Señor presidente, usted y yo llevamos desde el año 1995 en esta Comisión de seguimiento. Podemos alegar cierta legitimidad vinculada a los trienios, a la antigüedad, que no es un dato irrelevante precisamente.
Hemos estado en los pactos y
hemos intentado configurar los del año 1995 así como los de 2003, y yo creo que esto no lo hemos hecho desde una perspectiva ni neurótica ni paranoica ni psicótica (Risas.) -espero-, si no la situación del sistema de pensiones sería particularmente
preocupante. Hemos visto cosas curiosas en el argumentario y en la perspectiva analítica o metodológica que se ha debatido aquí. Ha habido -y es la segunda vez; lo ha planteado la señora Díez- debates de naturaleza teológica, invocando la
identificación del Dios verdadero. Si identificamos al Dios y sobre todo al verdadero, ya estarían cumplidos sobradamente los requerimientos que los comisionados tenemos en esta Comisión. (Risas.)


En segundo lugar, le tengo que decir con toda honestidad, señor presidente -usted y yo tenemos ya muchos trienios en esta materia-, que cuanto más solemne es el formato de esta Comisión su dimensión en cuanto a


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los comparecientes es más relevante, jerárquica y orgánicamente, y sobre todo si hay un seguimiento televisivo y mediático razonable; el argumentario es más retórico y menos real, menos material, y menos útil para la resolución de los
problemas que plantea la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Yo voy a intentar rehuir de la retórica, cosa que en mi caso requiere un cierto esfuerzo intelectual, honestamente se lo digo. (Risas.) Voy a intentar rehuir también de las
simplificaciones -aquí hemos escuchado no pocas simplificaciones y banalizaciones-, y vamos a ver qué es lo que nos requieren los ciudadanos de verdad, que es establecer mecanismos ya en este momento, en virtud de lo previsto de forma articulada en
un anteproyecto de ley, para garantizar la sostenibilidad de un sistema de pensiones que tiene unas características que están configuradas por dos preceptos constitucionales: los artículos 41 y 50 de la Constitución, de los que les considero
conocedores a todos los aquí presentes, no solo de su contenido material y literario, sino del contenido esencial de los mismos, ya determinado por prolija jurisprudencia constitucional. No vamos a entrar en estos debates porque en numerosas
ocasiones lo hemos hecho, sino que vamos a intentar hacer lo que nos están pidiendo los ciudadanos, que es cómo podemos garantizar las pensiones de su futuro, y no las de los que en este momento se encuentran en esta situación de proximidad a ocupar
una posición de pensionista o de asumir la protección que provee nuestro ordenamiento jurídico en relación con las contingencias protegibles y protegidas por el sistema, sino a los futuros, a los hijos de los futuros pensionistas, y a los nietos de
los futuros pensionistas, y eso nos obliga a eludir la retórica y la demagogia.



Yo acabo de escuchar -con mucha atención y con el respeto que me merece- al señor Llamazares, y me gustaría saber, en relación con una reflexión apologética de la aportación sindical a los acuerdos interprofesionales -de los que dimana esta
ley y otras que vamos a tener ocasión de debatir en esta Cámara-, cuáles son estas aportaciones que han realizado las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales más representativas, eso sí, llamadas a configurar o prefigurar estos
acuerdos. Entre lo que se ha aprobado -y consta en un anteproyecto de ley que tengo encima de mi mesa- y lo que he conocido en cuatro versiones diferentes, proporcionadas por los distintos ministerios o el Gobierno del Estado español, no aprecio
ninguna diferencia. La fluctuación entre una prejubilación de 63 a 67 años no es un logro sindical, estaba sobre la mesa desde el primer momento, desde el minuto uno; el incremento de los periodos de cotización obligatoria para causar derecho al
cien por cien de la jubilación estaba, con otros guarismos, desde el minuto uno; la determinación de la duración del periodo de carencia, con su incremento, estaba desde el minuto uno; el problema que plantea la diferencia desmesurada en el Estado
español entre la edad legal y la edad real de jubilación -los 65 años que configuran la edad legal o que prevé el ordenamiento jurídico en relación con la edad legal- y los 63,5 meses que constituyen la edad real, estaba sobre la mesa desde el
minuto uno; la etiología o el diagnóstico sobre por qué se producía esto, que es por el efecto de retroacción de tantas prejubilaciones, convertidas perversamente en un instrumento de regulación de empleo, cuando el sistema de prejubilaciones no
estaba concebido para esto, estaba desde el minuto uno. Luego, con todos los respetos al señor Llamazares, me va a permitir el señor presidente que relativice las consideradas por él relevantes aportaciones sindicales y empresariales, acuerdos que
muchos ya conocíamos y compartíamos desde la perspectiva del diagnóstico, desde la perspectiva de la etiología de los problemas y desde la etiología o desde las fórmulas de solución de dichos problemas.



Dicho esto, señor presidente, voy a intentar ser congruente con el principio ontológico o filosófico esencial del primer Pacto de Toledo suscrito, el del año 1995, y lo voy a hacer en un momento que igual no es el más afortunado o el más
oportuno, en un momento en el que hay un seguimiento mediático importante; desvincular la problemática o el debate sobre las pensiones de los intereses partidarios y de la bastarda o perversa utilización de estos debates, muy propensos a la fácil
demagogia, a la generación del pánico y a conseguir fluctuaciones electorales con muy poco esfuerzo argumentativo. Voy a prescindir de esto y voy a comentar lo que el grupo parlamentario que yo represento modestamente opina sobre los problemas que
tenemos que resolver. Pero tenemos que resolverlos no por interés propio, por interés de los demás que estamos aquí, los tenemos que resolver por el interés que afecta a todos los ciudadanos del Estado español en relación con el futuro y la
sostenibilidad del sistema de pensiones, que les va a afectar ahora, en el año 2025, en el año 2030 y en el año 2050.



Aquí hay dos cuestiones que de alguna manera son de flujo vectorialmente contradictorio u opuesto. En primer lugar, yo comprendo que cuando el Gobierno del Estado español plantea dos problemas que hay que resolver lo hace con pertinencia y
con fundamento conceptual suficiente. Uno es este elemento cuasi sacramental -y perdóneme, presidente, otra vez la referencia etiológica- que se ha consagrado en las propuestas de reforma tanto de las recomendaciones del Pacto de Toledo como del
anteproyecto de ley, que ya obra en poder de los grupos parlamentarios, el principio de contributividad. Este principio de contributividad tiene dos manifestaciones. Una, acabar con la perversión de naturaleza macroeconómica que impediría la
sostenibilidad financiera del sistema. No puede concebirse un sistema en donde las expectativas de vida de los beneficiarios del mismo se alargan en el caso de las mujeres hasta los 86 años y en el caso de los hombres hasta los 81; este sistema no
puede convertirse en un sistema en el cual los mecanismos aritméticos de cálculo de la pensión de jubilación provoquen el efecto paradójico de que se perciben mayores cuantías en el ámbito de la jubilación o a través de la pensión de jubilación de
las aportaciones


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realizadas a la financiación del sistema. ¿Esto por qué ocurre? Precisamente por el distorsionado y poco afinado mecanismo de cálculo para el cómputo de la pensión de jubilación, que consiste fundamentalmente en considerar como relevantes
los quince años anteriores a la jubilación real, las bases reguladoras o las bases de cotización inmediatamente anteriores a la jubilación real, en considerar solo el 3 por ciento de las bases reguladoras entre el año decimoquinto y el año vigésimo
quinto anterior a la jubilación real y solo el 2 por ciento del año vigésimo quinto hacia atrás de la jubilación real. Esto provoca esta distorsión, y es que realmente con expectativas de vida provocadas, a pesar de la relativización de los
planteamientos malthusianos que ha hecho el señor Llamazares -por cierto, Malthus fue premio Nobel de economía también-, señor presidente, yo le tengo que decir que esto es una perversión que impide el mantenimiento o la garantía de la
sostenibilidad del sistema financiero. Pero sobre todo tenemos que hablar -no se puede banalizar, me parece una imprudencia y una frivolidad política banalizar- del problema relativo a la tasa de dependencia. El problema relativo a la tasa de
dependencia, que es la tasa consistente en relacionar la población activa, la población en edad de trabajar, con la población que esté percibiendo pensiones del sistema, nos lleva, con las prospecciones demográficas que en este momento obran en
nuestro poder, a una situación en un sistema de reparto como es el del Estado español basado en la solidaridad intergeneracional, donde las personas que trabajan financian las pensiones de los protegidos por alguna de las contingencias; nos lleva a
la previsión de que en el año 2050 va a haber trabajando una persona o un poco más de una persona -yo no sé estos demógrafos cómo pueden medir una parte de una persona, pero lo hacen, y de hecho es o resulta así (Risas.)- por cada persona
beneficiaria de las prestaciones o de las contingencias que están protegidas por el sistema en el día de hoy. Ya me explicará alguien cómo es sostenible un sistema de reparto puro, no un sistema de reparto mixto, un sistema de reparto además con un
sistema complementario privado tan preterido y tan refutado en el día de hoy. ¿Cómo se puede mantener un sistema de estas características?


El sistema complementario libre de pensiones está en el artículo 41 de la Constitución, que prevé tres ámbitos o tres niveles de protección: el público -el troncal-, el público y privado complementariamente, y el sistema complementario
libre a través de dos instrumentos fundamentales, los fondos de pensiones, en primer lugar, ley regulada en el año 1987 por esta Cámara, y otras entidades como son las entidades de previsión social voluntaria. Mire hasta qué punto, señor
presidente, no es irrelevante la cuantía o la dimensión del sistema complementario que hay sistemas complementarios, como el sistema holandés, por ejemplo, en donde el volumen de los fondos de pensiones equivale al 122 por ciento del producto
interior bruto del país. Esto es una garantía del sistema, para el sistema o para la complementación del mismo, y es una garantía de una buena dirección del ahorro hacia elementos que además tienen que invertir obligatoriamente partes de sus fondos
de reservas en actividades que son buenas para la consolidación de las estructuras económicas del país. A mí la refutación de algo que está en la propia Constitución -yo no soy particularmente constitucionalista, como sabe usted, señor presidente,
lo cual no quiere decir que no conozca la Constitución mejor que la mayoría o muchos diputados de esta Cámara; la petulancia es pertinente (Risas.)- me parece mal; en principio a mí me parece mal refutar lo que está en la propia Constitución
española, pero más aún demonizar los sistemas complementarios privados, que son un instrumento de ahorro, en primer lugar, y de complementación de prestaciones, en segundo lugar, y que en el Estado español han fracasado estrepitosamente desde el año
1987 fundamentalmente por una razón, señor presidente, porque desde el año 1987 el 85 por ciento de los configurados son del sistema individual o de la modalidad individual y solo el resto son de la modalidad de empleo. Es decir, el 85 por ciento
de los asistentes desde ese momento son de la modalidad individual que engrosan el mercado bancario, engrosan el mercado financiero, y solo el resto son del sistema de empleo, aprobados en la negociación colectiva laboral y controlados por las
comisiones de seguimiento de los convenios colectivos; son fondos que de alguna forma no engrosan o engordan el mercado bancario -no voy a hacer ya disquisiciones casi metafísicas sobre si engordar o engrosar el mercado bancario es bueno o malo
para la economía, ya que este sería otro debate-, pero no lo hacen, y esto supone un fracaso que tenemos que corregir. Este es también uno de los elementos de crítica para el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno, donde tampoco hay
elementos de estimulación de sistemas complementarios libres o complementarios privados previstos en la Constitución española que ayuden a generar ahorro y que, además, mediante sus inversiones obligatorias potencien entre otras cosas la deuda
española, por poner un ejemplo, y complementen las pensiones el día de mañana. Esta son las materias, esto es el momio, esto es lo que tenemos que tocar para afrontar los problemas que tiene el sistema de pensiones del Estado español y su
sostenibilidad.



Ha habido un segundo problema, señor presidente, que es el desenfoque, la perversión del debate teórico sobre las medidas a adoptar para corregir las disfunciones del sistema, que existen y no son irrelevantes, y no he visto que nadie, ni
los sindicatos ni los empresarios ni nadie, hagan aportaciones particularmente ilustres o relevantes sobre esta cuestión, que es la focalización de todos los problemas del sistema sobre la edad legal de jubilación. No sé por qué se han ido a
focalizar en eso; seguramente para desorientar a los ciudadanos sobre los demás problemas que hacen referencia a la contingencia de jubilación, que debe ser valorada en su conjunto. La edad legal de jubilación es solo una de las variables del
sistema de esta contingencia, de la jubilación en concreto,


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pero ni siquiera la más importante, es una de ellas, entre otras cosas porque la edad legal no existe, y sobre todo con el planteamiento del Gobierno no existe, existe una edad fluctuante entre los 63 y 67 años, con periodos de cotización
diferentes para causar derecho a un tipo de pensión, a una cuantía de pensión u otra, por cierto, como existe en todos los países de nuestro contexto socioeconómico. No sé por qué se ha focalizado en los 67 años; podríamos decir con la misma
legitimidad que la edad legal sigue siendo de 65 años, solo que para causar derecho al cien por cien de la pensión de jubilación ya no basta con haber cotizado 35 años, tenemos que haber cotizado 38,5 años, o que puede ser 63 años con cláusulas de
corrección o de penalización, y puede ser 67 años. ¿Que son regresivas estas cláusulas? Seguramente. ¿Que son necesarias? Probablemente también. No voy a adelantar la posición de nuestro grupo sobre la validación o no validación, la
presentación o eventual presentación de enmiendas sobre esta cuestión, pero comprendo las posiciones del Gobierno desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema y de las previsiones actuariales, que tampoco se pueden banalizar, salvo que
recurramos a procedimientos como pensar que los actuarios no saben o hacer desaparecer estas profesiones tan beneméritas.



Dicho esto, señor presidente, tengo que decirle que también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice lo que dice; el ministro la conoce perfectamente. El Tribunal Constitucional ha desarrollado en numerosas sentencias lo que
denomina la jurisprudencia constitucional el contenido esencial de los artículo 41 y 50 de la Constitución, y establece que no estamos ante un sistema puramente contributivo, a pesar de la sacramentación de la contributividad, sino que estamos ante
un sistema legal, es decir, ajustable o que debe atender necesariamente a los requerimientos de la coyuntura económica. Por eso toleró desde el año 1985, en una sentencia del año 1987, a través de la aplicación de lo que técnicamente se denomina
medidas anticúmulos, el tope máximo de las pensiones de jubilación. Pero dijo otra cosa importante con relación a esta cuestión, y me gustaría que me escuche, señor ministro. Dijo que el derecho a una cuantía predeterminada de pensión es una
manifestación específica del derecho de propiedad privada, previsto en otro precepto de la Constitución, en el artículo 33. (El señor De la Rocha Rubí: No, no lo dice.) Sí, sí que lo dijo. Lo siento, señor De la Rocha, pero lo dijo. Si quiere
luego podemos debatir sobre esta cuestión ex post. Dijo que es una manifestación del derecho de propiedad privada, previsto en el artículo 33 de la Constitución, solo limitable mediante una invocación de una causa de interés público -que yo en el
anteproyecto no la he visto invocada en ningún sitio-, solo mediante un expediente de expropiación y con la correspondiente indemnización posterior. Mire, acometiendo sistemas de incremento de los periodos de cotización para causar derecho al cien
por cien de la pensión de jubilación e incrementando el periodo de carencia de 15 a 25 años, que son las dos grandes reformas en materia de periodos de cotización que acometen estas reformas legales, evidentemente lo que va a dimanar es que se van a
incorporar al sistema de cómputo pensiones más antiguas en el tiempo y, por tanto, inferiores en su dimensión y cuantía, y el resultado va a ser un decremento de las pensiones de jubilación dimanantes, salvo que en el debate parlamentario -que lo
dudo, porque no he visto tampoco ninguna reflexión ni sindical, paradójicamente, ni empresarial, lógicamente, sobre esta cuestión- logremos incrementar las bases más antiguas, más pequeñas, que provocarían el efecto perverso de reducir la cuantía de
la pensión final, con coeficientes no de reducción, sino de elevación de estas pensiones más antiguas en el tiempo. Estas son las cuestiones que tenemos que debatir a partir de ahora en un proyecto de ley que es complicado, si me permite la
expresión, señor presidente, es poliédrico, porque tiene muchas cuestiones, que se han reducido mediante un procedimiento de simplificación intelectual digno de mejor causa cuando estamos hablando de cosas tan importantes, que tienen tantas
variables, que tienen tantos componentes y tienen tantas dificultades como las que estamos debatiendo.



Aquí hay muchas cuestiones que podríamos comentar. No voy a agotar el tiempo, uno tiene ya la impresión de que este debate tiene un cierto punto de recurrencia porque sobre esta cuestión hemos debatido en público, en privado, de forma
regular, extra forma y hasta de forma clandestina. Al margen de esta cuestión, aquí hay muchas cuestiones que están todavía sin resolver en el anteproyecto de ley, pero lo preocupante no es que estén sin resolver, lo preocupante es que ni se tocan,
ni se afrontan. Una de ellas, dentro de las perspectivas o prospecciones actuariales y de las prospecciones macroeconómicas, es que estamos hablando, si no fallan los cálculos realizados por el ministerio y vicepresidencia, que representa la señora
Salgado, de un compromiso en relación con el producto interior bruto del Estado español que no va más allá de 3 puntos. Le sigo preguntando lo que le pregunté en el Pleno, donde se debatieron las propuestas de resolución del Pacto de Toledo. ¿Es
que 3 puntos en relación con el producto interior bruto para consagrar, sin minorar derechos y sin recortar pensiones, es un compromiso que desestabilice las estructuras o los equilibrios financieros del Estado español? ¿Es que tan grave es
comprometer 3 puntos del producto interior bruto desagregados en tres conceptos de 0,8, 0,8 y 0,8, que no le voy a reproducir a usted porque los conoce mucho mejor que yo? ¿Es que es tan importante y tan esencial, tan determinista -esto sí que es
malthusiano- como para impedir que el equilibrio financiero de las balanzas del producto interior bruto del Estado español se vean severamente comprometidas? Honestamente pienso que no y que podríamos llegar a soluciones menos traumáticas en
algunos casos que las que aquí se proponen, que son el incremento de los periodos de carencia y la dilatación de los periodos de cotización para causar derecho al cien por cien de las pensiones.



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¿Qué va a pasar con el Fondo de reserva obligatorio previsto en el Pacto de Toledo y sus inversiones? ¿Sus inversiones se van a concentrar en deuda española fundamentalmente, sabiendo el diferencial que poseemos con otras posibles
inversiones que se pueden hacer? ¿Qué va a ocurrir con las bases de cotización? Por una parte, los empresarios les están pidiendo una rebaja. Una rebaja de un punto equivale a 3.500 millones de euros prácticamente; no es irrelevante la rebaja.
¿Van ustedes a optar por rebajas de las bases de cotización en este momento? Es una pretensión, una reivindicación que podemos considerar, como todas las reivindicaciones con relación a esta materia, tan legítima como todas las demás. ¿Qué va a
ocurrir con las bases de cotización con relación -esta pregunta va para usted, señor ministro- a una circunstancia que es grave, en mi opinión, que el 25 por ciento de los trabajadores españoles están cotizando por bases mínimas de cotización? ¿Hay
alguna posibilidad, sobre todo para los autónomos? Por cierto, autónomos que antes cotizaban por bases mínimas de cotización voluntariamente y saltaban en los últimos quince años a la base máxima. Operaciones fraudulentas de esta naturaleza
comprendo que se repriman, pero que estén cotizando por bases mínimas de cotización y, por tanto, accedan solo a la pensión mínima el 25 por ciento de la población trabajadora española, me parece preocupante y aquí hay que hacer un esfuerzo en la
regulación de las bases de manera diferente.



Lo del empleo ya ha sido comentado por otros compañeros, pero los problemas con relación al empleo y las políticas activadoras del empleo o la situación de desempleo del Estado español ha provocado la pérdida en los tres últimos años de
1.700.000 cotizantes a la Seguridad Social. Es que la tasa de dependencia está muy condicionada también por el número de cotizantes. No basta relacionar la población activa con la población pasiva; hay que saber de la población activa cuántos
están realmente trabajando y en condiciones de trabajar.



Qué pasa con otras cuestiones como las demográficas, que se relativizan mucho por los que no creen en Malthus y en las prospecciones demográficas, que ya me gustaría saber por qué no creen, porque son reflexiones tan inteligentes o
relevantes como otras. En el año 2010 nos encontramos con que el porcentaje de menores de 65 años es el 17,5 por ciento de la población, pero en el año 2060 el 30 por ciento de la población va a ser mayor de 65 años y, además, en el año 2060 de
estos van a tener más de 80 años el 12,1 por ciento. Estas son las cuestiones que debemos debatir, señor presidente. Aquí se podrían hacer discursos retóricos, discursos políticos, competenciales o de cualquier naturaleza.
Siempre se olvida un
concepto sacramental de orden constitucional o creado por la jurisprudencia constitucional que es el concepto de caja única, siempre malinterpretado. Tal y como lo prevé la jurisprudencia constitucional estamos hablando más de un concepto contable
que de un concepto de distribución de competencias, pero le recuerdo, señor ministro, que hay una disposición transitoria quinta en el Estatuto de Autonomía de Gernika del País Vasco que atribuye al Gobierno vasco la gestión del régimen económico de
la Seguridad Social. Ya sé que esto les provoca una especie de vade retro (Risas.), de oposición, también de naturaleza cuasi teológica, pero es que si vamos a renunciar también a los requerimientos del bloque de constitucionalidad por mor del
sostenimiento del sistema de pensiones, es que ya estamos renunciando a demasiadas cosas.



Renunciando a la retórica -y con esto acabo, señor presidente-, tenemos un sistema que tiene dos paradigmas o dos referentes intelectuales que deberían ser indiscutibles y que deberíamos trabajar por su mantenimiento. Las concepciones del
príncipe Bismarck, un sistema bismarckiano, y el sistema complementado por las aportaciones de lord Beveridge, sistema de Beveridge, que es con el que estamos conviviendo, un sistema de reparto puro que no existe en todos los países de Europa.
Hay
tres países, Reino Unido, Irlanda y Holanda, que tienen un sistema mixto de reparto y de capitalización, no de capitalización privada, sino de capitalización pública. Esta reflexión recurrente de que todos los sistemas de Europa son de reparto puro
es falsa. Hay también sistemas híbridos y hay sistemas de capitalización pura, los dos quebrados, el de Chile y Singapur. Creo en los sistemas con los que convivimos y que fueron configurados copiados de la Constitución de Weimar y de los dos
paradigmas del Estado del bienestar, en primer lugar, políticas orientadas hacia el pleno empleo que consagren el derecho a trabajar de cualquier ciudadano y el deber de trabajar de cualquier ciudadano -hablar de deber de trabajar de cualquier
ciudadano ya resulta manifiestamente patético- y, en segundo lugar, un sistema público de pensiones o de protección social que proteja de forma suficiente cualquier situación de necesidad. A esto es a lo que no podemos renunciar y estamos
dispuestos a hacer sacrificios para no renunciar a estos paradigmas, a renunciar a la retórica, a renunciar a la demagogia, a colaborar con el Gobierno y con los demás grupos parlamentarios como, por cierto, hasta ahora se ha hecho históricamente en
la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, y también con los interlocutores sociales, con todos, que hay más interlocutores sociales que los que han suscrito estos acuerdos recientemente aprobados. Estos son los principios y estos son los
paradigmas que vamos a defender. Desproveyéndonos, como le he dicho al principio, de la retórica fácil y del fácil recurso al bastardo procedimiento de utilizar las pensiones para captar fácilmente votos es como lo vamos a hacer.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En primer lugar, agradezco las intervenciones de la señora vicepresidenta y del señor ministro. Empiezo de nuevo poniendo en valor el consenso alcanzado en esta Cámara. Hace muy pocos días una inmensa mayoría
de los grupos parlamentarios votamos favorablemente veintiuna recomendaciones


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que sustentan la reforma que vamos a tramitar en los próximos días. A pesar de algunas retóricas, hay una mayoría que compartimos el análisis de fondo del problema del sistema de pensiones y compartimos la ruta de las reformas que se deben
plantear. Si no, difícilmente hubiésemos podido alcanzar ese acuerdo reflejado en las veintiuna recomendaciones votadas por el Grupo Popular, el Grupo Vasco, Coalición Canaria, Convergència i Unió y el Grupo Socialista. Eso tiene un valor y creo
que es bueno que le demos ese valor. Además, el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, que se va a reflejar en el proyecto de ley correspondiente, responde al contenido de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Mi grupo, con todos los
matices que corresponden y que en el trámite parlamentario habrá que resolver, se siente identificado con el contenido de ese acuerdo en la medida en que responde al contenido de las recomendaciones. Echamos en falta cuestiones en ese acuerdo que
estaban contempladas en el Pacto de Toledo, vemos cosas en el anteproyecto de ley que no estaban en el acuerdo social, pero globalmente estamos respondiendo a la lógica de las reformas que hemos hecho desde 1995. Acuerdo en sede parlamentaria sobre
recomendaciones, acuerdo social que desarrolla estas recomendaciones, proyecto de ley que responde a unos y a otros. Si uno escucha el debate de sus señorías parecería que no ha habido acuerdo en el Pacto de Toledo, parecería que el acuerdo social
no tiene nada que ver con las recomendaciones, parecería que el anteproyecto de ley no está vinculado ni a una cosa ni a otra. Eso no es estrictamente cierto. En un momento en el que algunos sectores cualificados de la opinión pública han
pretendido descalificar el método político de reforma de pensiones basado en el consenso y basado en el acuerdo con los agentes sociales, me parece lamentable que los portavoces que están a mi derecha y a mi izquierda sean incapaces de darle valor a
eso. Porque una de las características -creo recordar que lo afirmaba la señora Salgado- es que somos el único Estado de la Unión Europea que es capaz de plantear reformas sustanciales en sus sistemas públicos de pensiones con los niveles de
consenso social y político que se alcanzan en España desde el año 1995. Eso forma parte de los activos que tiene esta sociedad y esta Cámara y que deberíamos ser capaces de trasladar a la opinión pública, y no instalarnos en ese discurso pesimista
y catastrofista que tan solo abunda en ese narcisismo de las pequeñas diferencias y en el que supongo que algunos esperan encontrar algún tipo de éxito político en los próximos tiempos.



Se están haciendo las cosas razonablemente bien en las últimas semanas, considerando -es evidente- que el Gobierno durante todo el año 2010 podría haber gobernado de manera más inteligente este proceso de reformas. Las subidas y las
bajadas, las contradicciones y los mensajes confusos y las medidas que se han tomado de congelación de las pensiones, todo eso ha dificultado enormemente todo el proceso. Quizá era inevitable que eso pasase, pero en estos momentos estamos
orientando de manera adecuada la reforma de las pensiones, que, queramos o no, está vinculada al proceso de consolidación fiscal. Ahí agradezco la claridad de la señora vicepresidenta del Gobierno, nos va a gustar más o nos va a gustar menos, pero
los hechos, las decisiones del Gobierno y los errores del Gobierno han llevado a que la reforma del sistema de pensiones esté en el centro de la salida de la crisis y que, por tanto, la salida de la crisis exigía una reforma del sistema de pensiones
ambiciosa, lo que justificaba también esta reforma, sin lugar a dudas. Señorías, yo puedo remitirme a las intervenciones de Convergència i Unió en esta Comisión al inicio de esta legislatura en las que defendíamos que en ella debíamos ser capaces
de alcanzar el acuerdo social en la Comisión y la reforma legislativa.
Puedo remitirme a intervenciones con la presencia del señor Corbacho y a afirmaciones nuestras en las que decíamos que esta reforma de las pensiones debía ser necesariamente
ambiciosa y audaz porque el problema de fondo, que es el problema demográfico, existe.



Me sorprende la frivolidad con la que los conservadores de derechas y los conservadores de izquierdas niegan la existencia de un problema económico asociado al cambio demográfico; me sorprende. Por la derecha me sorprende porque, si
fuésemos a las hemerotecas, estoy seguro -el señor Montoro, el señor Rato, don Gerardo Camps, el señor Aparicio y el señor Pimentel, todos los líderes del Partido Popular desde el año 1994 y el año 1995 han afirmado que existe un problema
demográfico- de que veríamos que ellos dicen que son necesarias reformas sobre el sistema público de pensiones para garantizar su viabilidad, y las políticas que desarrollaron en los periodos de Gobierno iban en la línea de las reformas que se nos
han planteado. Que los conservadores de derechas pretendan situarse en esa lógica de negación de la existencia de un problema demográfico debe ser original en todo el mundo civilizado y democrático; debe ser original.
Tengo interés en conocer sus
razones de fondo. Que la izquierda conservadora niegue el impacto que tiene para las sociedades avanzadas el envejecimiento en términos de incremento del gasto en salud, en pensiones, en dependencia, y que sobre esa realidad no hay que operar, es
una enorme irresponsabilidad en términos del progreso y garantía de las generaciones futuras.



No se trata de ningún tipo de determinismo ideológico ni biológico, sino, como lo hacen los sindicatos -Comisiones Obreras no niega la existencia de un problema demográfico, al contrario-, de llegar a la discusión de: ante el incremento del
gasto que se va a producir en función del envejecimiento de nuestra sociedad, ¿qué otros recursos se movilizan para mantener un gasto en pensiones que sea del 15 o del 16 por ciento? Ustedes podrán defender que el gasto en pensiones sea del 15 o
del 16 por ciento, la otra cuestión es qué otros gastos no vamos a poder asumir en ese periodo para poder mantener ese gasto en materia de pensiones.
Sepamos -para no confundir a la opinión pública- que los escenarios


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con los que se está trabajando dibujan un aumento del gasto en pensiones en la perspectiva de los años 2030, 2040 y 2050; sería un incremento del gasto menor del que se produciría si no se introdujesen reformas paramétricas sobre el
sistema. Me parece que es frívolo negar la existencia de la cuestión demográfica, por tanto me sorprende. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


También he de decirles que es evidente -ahí podría coincidir con algunas consideraciones que se han hecho por parte de otros portavoces- que no todas las soluciones a esa cuestión están vinculadas al cambio de las reglas del sistema, a las
reglas paramétricas del sistema; evidentemente que no. La cuestión es mucho más compleja; va a tener que ver con la capacidad de nuestra economía de crecer, de ofrecer puestos de trabajo de calidad, de generar un mercado de trabajo mejor que el
que tenemos, porque, en definitiva, las pensiones con un sistema de reparto contributivo no son más que la expresión de la vida de un trabajador a lo largo de todos sus periodos de actividad. Eso va a estar muy vinculado también a la capacidad de
promover buena formación y buena educación.
Estoy seguro de que si mis colegas de la izquierda conservadora leen al experto principal del mundo, que precisamente es profesor en la Pompeu Fabra, sobre el Estado del bienestar. En su reciente libro
precisamente, aceptando la necesidad de actuar sobre los parámetros del sistema, defiende otras políticas, por ejemplo las relativas a la mejora de los niveles de formación de las personas, muy vinculadas a la inversión en educación en los primeros
años de los niños como garantía para el futuro sistema de pensiones. Niños mejor formados tendrán mayores opciones de encontrar buenos empleos cuando sean adultos y van a generar mejores pensiones cuando sean mayores. Estoy de acuerdo en que
operemos sobre esa cuestión; los retos no son tan solo sobre los parámetros del sistema, pero no podemos negar que sobre las reglas paramétricas del sistema público de pensiones, si queremos que el nivel de gasto sea sostenible, mayor que el que
tenemos, pero no imposible de sostener para quienes deban pagar nuestras cotizaciones, también hay que operar; y eso por otro lado forma parte de la ortodoxia del Pacto de Toledo. Desde el año 1995 todas las reformas que hemos hecho han pretendido
que la gente trabajase más años y que la pensión que se recibe tuviese más con los esfuerzos de contribución que se habían hecho a lo largo de la vida, todas. En este sentido, la reforma es muy continuista, profundiza, pero es muy continuista. No
se aleja de las reformas que se han producido desde 1995 o 1997. Introduce un tema novedoso que a nosotros nos gusta porque también lo hemos defendido en algunos debates, que es el factor de sostenibilidad en la línea de los países más avanzados de
Europa -en el caso de Suecia el factor sostenibilidad está situado en 2027-, y que me da una cierta tranquilidad. Por tanto, señorías, no estamos ante un escenario que algunas de sus señorías están aquí dibujando.



Es bueno que traslademos a la opinión pública confianza en ese método de reformas y en nuestro sistema público de pensiones. Leía estos días, esta semana, que un grupo de ilustres profesores tachaba el Pacto de Toledo de perverso, oscuro y
algún otro calificativo que no recuerdo. Me hubiese gustado que mis colegas de la izquierda y mis colegas de la derecha hubiesen salido en defensa de lo que estamos haciendo, porque tiene que ver no exclusivamente con la demografía, sino sobre todo
con la democracia, que es decidir entre todos, los que somos representantes de los ciudadanos, las reformas que hacemos en el sistema público de pensiones, porque decidimos no dejar en manos de los tecnócratas ese tipo de reformas. Ese es el mérito
político que tiene el proceso en el que todos hemos estado inmersos, implicados. Mi grupo aplaude el esfuerzo que se ha hecho en el marco del diálogo social. Nos vemos reflejados en él.
Agradezco la mención que el ministro de Trabajo ha hecho
sobre que el voto particular que se aprobó en el Pleno en materia de edad legal de jubilación con el apoyo del Grupo Nacionalista Vasco y del Grupo Socialista ayudó a conformar ese acuerdo social. También en materia de edad legal de jubilación lo
que el acuerdo recoge responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo, y valoramos muy significativamente el esfuerzo que han hecho las organizaciones sindicales y empresariales para participar de ese acuerdo. Han hecho importantes sacrificios
políticos también -lamento que los grupos de la izquierda no sean capaces de valorarlo con todas sus consecuencias- convencidos de que las reformas garantizan el sistema público de reparto, solidario, contributivo, de prestación definida. Los
sindicatos han tenido más responsabilidad de la que iban a tener el Grupo Popular y los grupos de la izquierda parlamentaria, y yo lo lamento. Como las diferencias no son tan sustanciales en el fondo más allá de la retórica de tertulia, espero que
el trámite parlamentario sirva para recomponer esta política, y ahí apelo especialmente al Grupo Popular. Estoy convencido, señor Montoro y señor Burgos, de que cuando ustedes gobiernen la reforma que se apruebe en esta legislatura no la van a
modificar. Como estoy convencido de esto -apelo a la coherencia que nos conviene a todos para dar credibilidad a la acción política- les pido que sean capaces de incorporarse al consenso, en el que ya participan, votando esas veintiuna
recomendaciones, y seamos capaces entre todos de mejorar este proyecto de ley en el trámite parlamentario.



Señores del Gobierno, ya les anuncio que mi grupo no ve reflejadas en el anteproyecto de ley algunas de las recomendaciones sustanciales del Pacto de Toledo, y muy singularmente la reforma de la pensión de viudedad, en la que el Pacto de
Toledo escribe de manera muy diáfana, muy clara lo que representa una consenso de todos los grupos, incluido el Grupo Socialista: el aumento del porcentaje de la base reguladora de las pensiones de viudedad para las personas mayores de 65 años, que
tienen como ingreso principal esa renta, con el objeto de


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garantizar un nivel de renta equiparable al que tenían cuando convivían con su pareja. El pacto es muy claro en los términos en los que se formula, y sería necesario que en el trámite parlamentario diésemos respuesta a ese mandato; ahí el
empeño de Convergència i Unió va a ser absoluto. Creo que en esta materia existe mayoría amplia, incluido el Grupo Socialista, para alcanzar un acuerdo. Vamos a procurar también ser incisivos en incorporar los asuntos pendientes del acuerdo del
2006 que aún el Gobierno no ha desarrollado. Hay cuestiones importantes, por ejemplo, en incentivos al mantenimiento del empleo de los trabajadores mayores de 55 años. Creo que hay que dar respuesta a esos acuerdos del año 2006. Además, alguna
salida habrá que dar a una vieja reivindicación nuestra, que estos días está inundando nuestros correos electrónicos, como es la consideración de los periodos de servicio militar a efectos de alcanzar los años necesarios para obtener el cien por
cien de la pensión.
Sobre esta cuestión tendremos que movernos. Nos movimos en el 2006 con timidez en materia de jubilación anticipada; nos movimos entonces y hay margen para movernos en esta reforma.



Le reclamo al Gobierno que sea capaz de hacer más pedagogía, que sea capaz de combinar la explicación que hacía la señora ministra sobre que el ahorro está vinculado a esa consolidación fiscal imprescindible para superar la crisis, pero
también les pido que hagan pedagogía alrededor de que el futuro que estamos dibujando no es peor que el presente. El futuro debe ser mejor, y estas reformas deben garantizar que quienes se jubilen en el 2030, 2040, 2050, junto con las reformas
económicas que hemos de hacer sobre nuestro mercado de trabajo, sobre nuestras políticas de formación y educación en la lucha contra el fracaso escolar, van a disfrutar un futuro mejor que el presente. Si el único discurso sobre el futuro que
aterriza es el de que va a ser peor, si el futuro va a ser peor, vamos a dar alas a los extremistas. Apelo al Gobierno y al Grupo Socialista para que sepan construir un discurso sobre las reformas del futuro en positivo; no tan solo el discurso,
claro, sino la capacidad de convertir esas reformas en políticas efectivas que transformen la realidad. Convergència i Unió está en esa lógica, lo estamos desde el año 1995. Yo me siento, señorías, extremadamente cómodo, porque he leído las
intervenciones de mis colegas en los debates de los años 1994, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, y las mías en la pasada legislatura y estamos en la línea de las cosas que se han de hacer, que se han hecho en el resto de Europa, y las sociedades
democráticas, modernas, avanzan, avanzan. Por tanto, en esa senda hay que avanzar, abiertos, eso sí, a facilitar también que el máximo de grupos participen de este proceso. Estoy convencido de que podemos hacer una buena reforma del sistema
público de pensiones, de que podemos garantizar que las generaciones futuras puedan sostener nuestras pensiones, puedan sostener las pensiones de los baby boom y que los baby boom podamos recibir buenas pensiones públicas, acompañadas también, eso
sí -el señor Olabarría lo ha explicado con mucha claridad-, para la mayoría, de un buen sistema complementario, transparente y responsable socialmente. Creo que podemos ser capaces de hacerlo y Convergència i Unió va a ir en esa dirección.



El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Socialista doña Isabel López i Chamosa tiene la palabra.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, quiero dar la bienvenida a esta Comisión a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda y al ministro de Trabajo e Inmigración y a la vez
felicitarles, tanto a ellos como al conjunto del Gobierno, por el acuerdo alcanzado. Desde nuestro punto de vista es importante, importantísimo, fundamental; es un acuerdo que además tiene un triple objetivo: el crecimiento, el empleo y la
garantía de las pensiones para el futuro. Esos son los tres temas fundamentales que en este país hoy preocupan de verdad a los ciudadanos. Yo creo que el acuerdo va en esa dirección. Quisiera también agradecerles el esfuerzo que han hecho por
recuperar el diálogo social en un momento como ese, cuando veníamos de una huelga general en septiembre. El valor de recuperar como herramienta de trabajo el diálogo social es un esfuerzo que mi grupo quiere agradecer. También quiero expresar el
agradecimiento de mi grupo y el mío personal a los agentes sociales, que han hecho un esfuerzo importante por alcanzar este acuerdo; acuerdo que en estos momentos no es fácil porque las situaciones son complicadas y, por tanto, dificultan cualquier
acuerdo. Con este acuerdo queda clara la prioridad del Gobierno y de los agentes sociales, la generación de empleo y la garantía de la protección social para el futuro, porque nadie ha dicho qué estamos discutiendo aquí con esta reforma. Estamos
discutiendo nada más y nada menos que la gente que hoy tiene 30 ó 40 años, cuando tenga 65 ó 67, tenga pensión en las mismas condiciones que nosotros en estos momentos.



Creo que el Pacto de Toledo es el acuerdo de nuestra democracia más valorado y hemos tenido la sabiduría todos los grupos, al margen de los discursos, de hacer un esfuerzo para alcanzar un acuerdo nuevamente, como hicimos en la Comisión del
día 29 de diciembre y luego el 25 de enero con las veintiuna recomendaciones. Hay una recomendación cero que yo quiero poner en valor, porque es la apuesta firme por el fortalecimiento y la mejora del sistema público de reparto y de solidaridad, y
eso ni siquiera lo habían dicho los anteriores pactos de Toledo; lo decimos por primera vez. Es verdad también que hace un año, cuando hablábamos de que iba a haber acuerdo, de que al final habría consenso en el Pacto de Toledo, algunos se
sonreían porque lo daban por muerto. Realmente habrán visto que se han equivocado. Hemos sabido alcanzar un acuerdo porque hemos puesto en valor el objetivo futuro que es la consolidación del futuro de nuestras pensiones. Por tanto, quiero
reivindicar aquí


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una vez más el trabajo hecho en la Comisión del Pacto de Toledo y rechazar todas aquellas acusaciones de oscurantismo. Hemos sido transparentes, hemos estado trabajando dos años con la documentación y las comparecencias de todos los agentes
sociales (las asociaciones, los demás grupos, catedráticos y demás) que tenían algo que decir y que nos han dejado su documentación. Quiero poner en valor tanto eso como el esfuerzo que realmente hemos hecho todos. Hablamos de las reformas del
futuro. El Grupo Popular decía antes que la reforma y el acuerdo de hoy es una copia del acuerdo de 2006. Señor presidente, yo no soy tan antigua como el señor Olabarría, pero yo llegué a esta Cámara en 1996, justo para participar, por suerte, en
la reforma del año 1997. Entonces hicimos una reforma en profundidad del sistema, porque pasamos el cómputo de ocho a quince años, cambiamos la correspondencia entre años cotizados y base reguladora, le añadimos unos años porque dejamos de
contabilizar a aquella gente que hoy les preocupa tanto y que a nosotros los socialistas ya nos preocupaba en el año 1997 y en el 2002, con la ley de jubilación gradual y flexible, que afecta a los que pierden el empleo con 52 años o más y tienen
que ir obligatoriamente a una jubilación anticipada. Nos preocupaba porque hasta el año 1997, cuando se jubilaban, sus cotizaciones eran de cuando estaban en activo. A partir de 1997 se contabiliza desde el año en que cumplen la edad de acceso a
la jubilación. Eso sí que fue una tremenda rebaja para la gente que se jubilaba obligatoriamente. Me extraña que el Grupo Popular venga aquí y nos hable de la reforma y del acuerdo firmado en el año 2006. Creo que el Partido Popular tiene de
verdad un problema, porque deciden firmemente que todo aquello que no les gusta no existe. Si no les gusta este acuerdo, no existe acuerdo. No se puede tener una alegría por un acuerdo como este porque la situación no lo da. Por ejemplo, señor
Montoro, podría usted haber aprovechado y felicitar a la vicepresidenta por la lucha contra el fraude fiscal, que ha permitido que durante 2010 hayamos recaudado más de 10.000 millones; es una gestión bien hecha. Podría haberla puesto en valor en
medio de tanto sin valor y sin contenido (El señor Burgos Gallego: Tiempo habrá.) En el año 2001 ustedes no fueron capaces de consensuar con todos los agentes sociales. Les recuerdo que los únicos que han conseguido un acuerdo firmado por todos
los agentes sociales es este Gobierno y es este pacto, así como algunos otros que ha habido en los años 2007 y 2008. En 1997 no firmó la CEOE ni la Cepyme y en el año 2001 no firmó la UGT, y ahora vienen y dicen que pasan ustedes de quince a
veinticinco años. ¿Recuerdan ustedes lo que pedían en el año 2001 en ese acuerdo? Pedían toda la vida laboral. ¿Cómo es posible que en 2001 ustedes hablaran de toda la vida laboral y ahora les parezca mal que vayamos a veinticinco años? No tiene
realmente ningún sentido. Dicen que las reformas se hacen porque lo quieren los mercados. Entonces, para qué nos sirve el Pacto de Toledo, porque el Pacto de Toledo decía que había que empezar en el año 2008, con crisis, sin crisis, con mercados y
sin mercados, a hacer la revisión del Pacto de Toledo. Tocaba en el año 2008 lo mismo que volverá a tocar en el 2015; será así sin tener en cuenta la situación económica en ese momento.



Podemos discutir los efectos del envejecimiento de la población, podemos decir que creemos o no, pero hay cosas que son incuestionables. Por ejemplo -voy a hablar del pasado, por lo que no puedo equivocarme pues ya es pasado-, en 1980 la
población española de cero a veintinueve años constituía el 49 por ciento, en el año 2010 es el 35 por ciento. Los mayores de 60 años en 1980 constituían el 15,4 por ciento; actualmente, en 2010, son el 21,5 por ciento. Esa es una realidad que
está ahí, por lo que tenemos que ofrecer una solución. Durante los años setenta, cuando se jubilaba una persona cobraba siete u ocho años como media de pensión; hoy, como media, los hombres cobran diecinueve y las mujeres veinte. Por tanto, o
hacemos reformas o no es posible que con las condiciones de 1967 o de 1970, con una situación de jubilación más pequeña, tengamos que afrontar la jubilación de 2010 o de 2020. El Pacto de Toledo así lo ha reivindicado y en sus recomendaciones dice
que estamos en la línea adecuada. ¿Por qué el acuerdo y sus contenidos? Dice que no están todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es verdad, pero ustedes saben que las recomendaciones nunca se cumplen en una sola reforma de ley.
Nosotros
tenemos recomendaciones que tendremos que trabajar y desarrollar a lo largo de los próximos cinco años; no vamos a agotar la reforma con el proyecto de ley que venga a esta Cámara.



Para empezar con las recomendaciones, este es un acuerdo importante. Tiene cosas que nos pueden gustar más o menos, pero establece un derecho subjetivo a los trabajadores que antes no tenían. Hasta ahora, si un trabajador se quería jubilar
voluntariamente o era mutualista o no lo podía hacer. A partir de ahora con 63 años lo puede hacer sin que nadie le despida o le obligue; por voluntad propia, por su derecho, puede decidir que quiere jubilarse a los 63 años con treinta y tres
cotizados y con el correspondiente descuento que le corresponda. Eso es nuevo, no estaba, porque los mutualistas el año que viene ya dejan de poder ejercer ese derecho. Seguimos manteniendo la jubilación a los 61 años para aquellos que pierden el
empleo en un expediente o por un despido. Por tanto, podemos hablar de que ahora vamos a tener una jubilación desde los 61 a los 67 años, y la inmensa mayoría de este país podrá jubilarse a los 65 si así lo estima con sus treinta y ocho años y seis
meses de cotización. No me negarán también una realidad, que los que ahora tenemos 55 ó 57 años, como yo, entramos a cotizar a los 14 años. Ahora se entra a los 25, y eso también tiene un significado, por lo que supongo que habrá que tenerlo en
cuenta. Esto es lo que está haciendo el acuerdo, incidir en esa medida. Así mismo, por primera vez este pacto incorpora una recomendación referida


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a la mujer y a la protección social. Cuando nosotros hablamos de porcentajes con Europa nunca cogemos las dos cosas.



Decía doña Olaia que la pensión media española es el 70 por ciento de la pensión media alemana o de la pensión media de la Unión. Pero es que no lo podemos medir así. Tendremos que medir qué porcentaje es la pensión media alemana respecto
al salario medio alemán y qué porcentaje es la pensión media española respecto al salario medio español. He de decirle, doña Olaia, que nuestro sistema es uno de los que tienen mayor cobertura, mayor tasa de sustitución. Le gustará o no, pero por
mucho que no nos guste la realidad se acaba imponiendo. Otro aspecto que también incluye el acuerdo es que la gente que trabaje con penosidad o con materias peligrosas o inflamables o según qué trabajadores no tengan que estar con 65 años en el
puesto de trabajo. Incluimos también algo muy importante, y es que por primera vez tanto para madres como para padres los hijos puedan ayudar a cubrir aquellas lagunas en compensación al abandono del puesto de trabajo que tuvieron que hacer para
cuidar hijos. ¿Que a lo mejor nos gustaría más de otra forma? Sí, pero por algún lado hay que empezar, y hemos empezado por esto. Asimismo, incluimos como cotizados a la gente que cursa programas de formación o investigación. Fíjense bien que
decimos que tendrán obligación de cotizar aunque no tengan relación laboral; eso se llama apostar por los jóvenes y por que tengan carreras largas de cotización. También hablamos de ampliar el cómputo de quince a veinticinco años, aspecto que
hemos discutido largamente en la Comisión, y en este sentido hay que hacer referencia a dos aspectos. Uno es que el que pierde el puesto de trabajo en los últimos años, el que entra y sale del mercado de trabajo en los últimos años, cuantos más
años le incluyamos más pensión tendrá. ¿A quién le perjudica? Es decir, ¿quién disminuye un poco? Aquel que empieza a trabajar y a lo largo de su vida su trabajo es constante y no tiene ningún cambio, con la particularidad -ustedes lo saben igual
que yo- de que el hecho de que una persona entre a trabajar con 20 o con 25 años en una empresa y se quede ahí hasta su jubilación ocurre cada vez menos; lo que sucede cada vez más es que la gente entre y salga del mercado de trabajo. Por tanto,
considerar los quince años para quienes vienen de expedientes, de despidos individuales, de cierres, etcétera, les beneficia y mejora su pensión. Como estamos hablando de un sistema de solidaridad intergeneracional, creo que eso también tiene su
reflejo.



También introducimos el incentivo a la permanencia en el trabajo, y el Grupo Popular preguntaba cómo se iba a hacer. Pues hay una serie de aumentos, es decir, el que tenga 65 años y quiera seguir trabajando y tenga treinta y ocho años y
seis meses cotizados tendrá un 4 por ciento; el que tenga treinta y siete cotizados y 60 años y siga trabajando tendrá un 4 por ciento; el que tenga veinticinco años y demás tendrá un 2 por ciento. Es decir, se hace una escala en función de las
condiciones de cada uno. Por tanto, creo que es un acuerdo que hemos de saludar. Habla de la separación de fuentes el acuerdo, lo dice, teniendo como referencia las recomendaciones del Pacto de Toledo. En este punto me gustaría decir que hay una
cosa que me molesta muchísimo, quienes me conocen saben que me molesta muchísimo que se diga que en el año 1996 la Seguridad Social estaba en quiebra. (El señor Burgos Gallego pronuncia palabras que no perciben.) Eso es mentira. No hay que
suavizarlo, es que es así. Ustedes saben que en el año 1996, y el Pacto de Toledo así lo decía, con las cotizaciones sociales estábamos pagando sanidad, servicios sociales y una serie de conceptos que no le correspondía, por eso hicimos (El señor
Montoro Romero: Hicieron, hicieron...) -o hicieron mis compañeros y ustedes- el Pacto de Toledo, cuya primera recomendación hablaba de la separación de fuentes, para evitar ese problema, pero incidir y volver a incidir en esto confunde a la gente.



Yo creo que hemos hecho todos los deberes. La Comisión del Pacto de Toledo ha hecho bien su trabajo; los grupos hemos hecho un esfuerzo para alcanzar un acuerdo en las veintiuna recomendaciones; el Gobierno lo ha hecho muy bien con los
agentes sociales y los agentes sociales también, alcanzando un acuerdo, y ahora el Gobierno transformará ese acuerdo en proyecto de ley y volveremos a tener el debate en el Parlamento -mejor lugar que ese, imposible-. Seguramente el acuerdo no
tiene todo lo que debería tener, pero, señor Campuzano, algo hay que dejar para las enmiendas; si no, cómo íbamos a consensuar el final si no hay ni siquiera espacio para ninguna enmienda. Yo espero y pido la colaboración de todos los grupos de la
Cámara para que hagan las enmiendas que tengan que hacer y que, con el mismo espíritu que hemos alcanzado los acuerdos en el Pacto de Toledo, volvamos a consensuar y hacer entre todos una ley para que convencer a los ciudadanos de que tienen un
sistema de pensiones fuerte y con futuro y su pensión garantizada. No equivoquemos las preguntas, porque al ciudadano hay que explicarle las cosas como son, y cuando se les explica en qué consiste y que con 65 años podrán seguir jubilándose con
treinta y ocho años y seis meses cotizados, la inmensa mayoría está de acuerdo. Ahora, si se le pregunta: ¿A usted le gustaría trabajar más? Respondería: Pues no. A nadie, ni a nosotros ni a ellos. Pero no se trata de trabajar más sino de
hacer más flexible la jubilación.



Termino como empecé, agradeciendo y felicitando al Gobierno. Yo me siento contenta con este acuerdo. Creo que es verdad lo que decía el señor Campuzano respecto a que tenemos que hacer pedagogía con él y explicarlo; pero creo que este
Gobierno y los agentes sociales pueden sentirse satisfechos por la responsabilidad que han puesto en este acuerdo en un momento tan difícil como el que vivimos, porque han demostrado dónde están sus prioridades: en el país y en la mejora de las
condiciones de los trabajadores. Y dejaremos al Partido


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Popular que siga en la nube sin explicar ni adónde va ni de dónde viene ni por qué camino quiere ir.



El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión diez minutos. (Pausa.) Señorías, continuamos la sesión. Señora vicepresidenta, tiene la palabra.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Quería comenzar por supuesto agradeciendo a la señora López i Chamosa su contribución no solo en la sesión de hoy sino también en el Pacto de
Toledo, y particularmente a este informe de la Comisión del Pacto de Toledo que ha sido la base para la reforma del sistema de pensiones que ahora planteamos. Quiero señalar de lo que ha dicho, porque me parece muy relevante, la mención que ha
hecho a la tasa de sustitución. Nuestra tasa de sustitución, entendiéndola como la relación entre la pensión y los últimos salarios, es, de acuerdo con las cifras de la OCDE, la más alta entre los países de la OCDE. Era la segunda, después de
Grecia, y una vez que Grecia ha hecho la reforma del sistema de pensiones y que está en este momento ya vigente, es la más alta del conjunto de países de la OCDE. Por lo tanto, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones es un elemento que
tenemos que procurar mantener, sin perdernos en consideraciones que desde luego tienen que ir acompañadas con el crecimiento de nuestra economía, de nuestra riqueza, pero que en nada alteran el equilibrio futuro.



Al señor Campuzano quiero agradecerle que haya puesto en valor muy especialmente este acuerdo con los agentes sociales y también todas las manifestaciones que ha hecho, y coincido absolutamente en lo que me parece más importante: esta
reforma se hace para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y para que nuestras pensiones mejoren. Puede ser que en el futuro nos jubilemos más tarde, que trabajemos más años, pero no debería suceder que nuestras pensiones no
crezcan. Por lo tanto, con esta reforma nuestras pensiones crecerán y por supuesto, previsiblemente, en media tendremos una vida laboral más larga, trabajaremos más años y nos jubilaremos más tarde. También quisiera decir con carácter general que
es evidente -y creo que es una consideración que todos ustedes entenderán- que hemos agotado mucho del margen que teníamos en estas largas negociaciones, en estos días de negociación con los agentes sociales, y por lo tanto no vulnero ningún secreto
si les digo que hemos llegado hasta donde podíamos sobre la base de conseguir un acuerdo. Han hecho grandes esfuerzos de responsabilidad los agentes sociales y nosotros hemos hecho también grandes esfuerzos de flexibilidad y de tratar de agotar los
márgenes que los números, las cifras nos permitían. Con esa idea central por supuesto que escucharemos y atenderemos con todo interés los planteamientos que se hagan en la tramitación de este proyecto de ley. Ya más en general quisiera decirle,
señor Campuzano, por si le tengo que liberar -también respondiendo a doña Olaia, que sé que tiene que abandonar la sala-, que nosotros entendemos que esta es una reforma dirigida a la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Créame
que yo considero que es una reforma de izquierdas, de la misma manera que le tengo que señalar que en el caso de Alemania fue el Partido Socialdemócrata, el SPD, el que hizo la reforma; en el caso de Suecia, fue el Partido Socialdemócrata el que
hizo la reforma; en el caso de Portugal es también el Partido Socialista el que ha planteado la reforma, al igual que en el caso de Grecia, y no hay muchos más países socialistas en el contexto europeo. Por tanto, han sido los partidos socialistas
o socialdemócratas los que se han preocupado de la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Para mí esta es una reforma que incardina la socialdemocracia, porque lo que procura es la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto que
sea general para todos los trabajadores, que permita pensiones dignas, que tiene elementos muy importantes de solidaridad, no solo entre generaciones sino también dentro de la misma generación, y que tiene todo un esquema de pensiones no
contributivas y de pensiones mínimas. Por tanto, insisto, yo me siento absolutamente cómoda con esta reforma del sistema de pensiones que planteamos.



Contestando de alguna manera al señor Olabarría, que no está aquí, él nos hablaba de los 3,5 puntos que vamos a ahorrar. Yo sé, doña Olaia, que usted me ha entendido perfectamente. Vamos a ahorrar respecto a un incremento previsto de siete
puntos de PIB. No ahorramos. El gasto en pensiones contributivas va a pasar, según nuestras previsiones, de algo más de un 9 por ciento, un 9,5 por ciento en este momento, al 14,3 por ciento en el año 2050. Por tanto, va a incrementarse en 5
puntos de PIB con esta reforma. Si no hiciéramos la reforma, este gasto en pensiones superaría el 17 por ciento del PIB en el año 2050. Es bastante fácil, se puede hacer una cuenta sencilla. En el momento en que teníamos una presión fiscal más
alta en los últimos años nuestra presión fiscal era del 37 por ciento, lo que quiere decir que teníamos unos ingresos equivalentes al 37 por ciento del PIB. Con los esquemas que ustedes pueden plantear y que puedan asumirse en legislaturas futuras,
con un crecimiento económico, podríamos pensar hacer una estimación de a qué presión fiscal podemos llegar como máximo, o si usted lo quiere qué presión fiscal es la que tienen otros países de nuestro entorno europeo.
¿El 42 por ciento sobre el
PIB, por ejemplo? Pues empiece a restar. Si no hubiéramos hecho la reforma, 18 por ciento o 17,5 por ciento las pensiones. ¿Cuánto atribuimos a la sanidad y a la dependencia? Nos dicen todas las proyecciones que el gasto en sanidad y dependencia
va a incrementarse en al menos 3,5 puntos con relación al PIB. Estamos en este momento en algo más del 7, luego un 10,5 por ciento. Vaya sumando: 17,5 más 10,5 son 28. ¿Cuánto dedicamos a educación? Un 6 por ciento, un 5 por ciento en este
momento: 28 más 5 son 33. Por tanto, con los 12


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puntos restantes tenemos que ser capaces de financiar las inversiones, los gastos propios de la Administración, la defensa, la seguridad... Las cuentas no nos salen a nosotros, pero tampoco le salen a ninguno de los países socialdemócratas
europeos. Por eso han hecho la reforma.



En cuanto a la aparente contradicción que han manifestado algunos de ustedes con respecto a que nuestro gasto en pensiones es inferior al francés, es absolutamente cierto en este momento que nuestra demografía va entre cinco y diez años
retrasada con respecto al resto de los países de Europa con los que nos queremos comparar. Por eso ahora es verdad que nuestro gasto en pensiones contributivas está en este momento algo por encima del 9 por ciento, mientras que Alemania está ya en
el 10,4 por ciento y Francia en el 13 por ciento. Pero si no hiciéramos la reforma, en el año 2050 nosotros tendríamos un gasto en pensiones del 17,5 y Francia tendría, sin la reforma que han hecho, un 14,5. Por lo tanto, es simplemente que
nuestra demografía va algo más retrasada, y por eso un gasto en pensiones que ahora es bastante más bajo que el de la media de la Unión Europea se convertiría en un gasto mucho más alto que el de la media de la Unión Europea en el intervalo de
únicamente treinta años. Así pues, yo quiero decir aquí que ha facilitado muchísimo el hecho de llegar a un acuerdo con los agentes sociales, que no ponen en cuestión las consideraciones demográficas ni lo que sería tendencialmente el incremento
del gasto en pensiones si no se hiciera esta reforma. La diferencia entre los datos de Comisiones Obreras y los datos del Gobierno para el año 2040 era escasamente de medio punto en cuanto a la repercusión en el PIB de nuestro sistema de pensiones
contributivas. Eso ha facilitado muchísimo las conversaciones, de la misma manera que no hemos tenido diferencias importantes en lo que suponían cada una de las medidas en términos de PIB. Incluso haciendo esa proyección en los años 2030 y 2040 no
hemos tenido ninguna diferencia importante a la hora de determinar qué influencia tenía en el gasto en pensiones en relación con el PIB cada una de las medidas que finalmente han aparecido en el acuerdo, porque los agentes sociales, particularmente
los sindicatos, tienen buenos expertos en pensiones. A lo máximo que hemos llegado -esto va dirigido al señor Llamazares- es a hacer bromas sobre si el límite vital está en 110 años, está en 120 o está en 125, y algunos decían incluso que podría
ser hasta asintótico. Pero más allá de algún momento de distensión relativo a cuánto sería el máximo que podríamos vivir dentro de cincuenta años, en lo que no hemos tenido ninguna duda es en que la esperanza de vida, por lo menos en el horizonte
que estamos contemplando, va a ir incrementándose. Por tanto, ni diferencias en el incremento de la esperanza de vida, ni diferencias en la evolución democrática, ni diferencias en el gasto de las pensiones en relación con el PIB. Le insisto, eso
ha facilitado muchísimo el hecho de poder llegar a estos acuerdos, y por eso quiero señalarlo.



Al señor Montoro yo quisiera recordarle simplemente que cuando en el año 2003 se hicieron previsiones en el marco europeo el gasto en pensiones ya aumentaba 6 puntos del PIB en las proyecciones y no se hizo nada. Se decidió que esta
Comisión del Pacto de Toledo comenzara a trabajar sobre ese tema. Entonces gobernaban ustedes con mayoría absoluta y, por tanto, hubieran podido hacer una reforma para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones en ese momento. No lo
hicieron, lo vamos a hacer nosotros, como han hecho gobiernos socialdemócratas de otros países europeos, porque somos bastante más responsables. Por supuesto, en nuestras proyecciones está incluido el incremento de la tasa de actividad de las
mujeres, casi 9 puntos en el horizonte de la proyección, y por supuesto también está incluida la productividad total de los actores y su incremento que, en las series largas, estimamos el 1,2 por ciento anual, acumulativo evidentemente. Todo eso
está incorporado ya en estas previsiones, todo eso es lo que hace que nuestro producto interior bruto crezca. Porque el hecho de aumentar las contribuciones unipersonales evidentemente produce un alivio momentáneo en las cuentas de la Seguridad
Social, pero razonablemente se traducirá en un incremento de las prestaciones. Por lo tanto, no es eso lo que más contribuye al equilibrio del sistema; contribuye, y mucho, la productividad total de los factores y por eso es importante lo que se
ha expresado aquí de esas consideraciones sobre lo importante que es mejorar la educación, sobre lo importante que es mejorar la sociedad del conocimiento, implantar las nuevas tecnologías y todo ello nos aleja mucho del modelo económico que hemos
tenido vigente. Porque, claro, yo he dicho -y por eso digo, contestando al PP, que me siento también absolutamente cómoda con lo que he dicho- que como tarde, el desequilibrio de nuestro sistema de pensiones comenzará a principios de la próxima
década; como he dicho como tarde, desde luego esa afirmación no es incompatible con ninguna otra que haya podido hacer ninguna persona del Partido Socialista antes que yo. He dicho que como tarde, comenzará a principios de la próxima década, es
decir, dentro de muy poco tiempo. Y creo que es frívolo refutar la dificultad de sostenibilidad en el medio plazo de nuestro sistema de pensiones mencionando las previsiones que se hicieron en los años noventa con el hecho de que nuestro sistema de
pensiones no haya tenido dificultades en el año 2000, porque yo desde luego no me juego la sostenibilidad del sistema de pensiones a la llegada de 4 millones de inmigrantes en esta década, además por una razón muy sencilla: porque llegaron al calor
de un modelo económico que queremos cambiar; nosotros no queremos un modelo económico con pies de ladrillo, creemos que eso debe quedar ya en el pasado. Por lo tanto, señoría, no podemos pensar, no es razonable pensar en ello. Además, el señor
Burgos, cuando hace muy pocos días en una reunión yo le decía que, según nuestros cálculos, nuestro sistema podría no tener problemas hasta el año 2023, me ponía una cara diciendo


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que tal vez los tendría antes. Por tanto, señoría, tenemos escasamente una década para poner en marcha una reforma. ¿Es que en esta década es razonable pensar que van a llegar 4 millones de inmigrantes como sucedió en las décadas
anteriores respecto de las previsiones que se hacían en ese momento? Insisto, nuestra obligación como Gobierno, como Gobierno socialista, es garantizar el futuro de nuestras pensiones y que esas pensiones sean cada vez mejores, y por eso planteamos
esta reforma, pura y sencillamente.



También nos decía el señor Montoro que no supimos prever los efectos de la crisis económica. Hombre, yo creo no es un buen día para hacer mención a las previsiones sobre la crisis económica, sinceramente. (El señor Montoro Romero: ¿Cómo
que no?) Le voy a leer con todo el cariño lo que ha dicho el señor Nadal, se lo leo textualmente, dice: Si en este mundo tuviésemos que criticar a todos los que no han sido capaces de anticipar la crisis, nos quedábamos en cuadro, cierre de
comillas. (El señor Montoro Romero: El cuadro es este. El cuadro es el aquí presente.) Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Creo que se refería al señor Rato, pero, vamos, por otra parte... (El señor Montoro Romero: A eso se refería.) Creo que se
refería al señor Rato.



Al señor Burgos simplemente decirle que lo que ha hecho el Gobierno en materia de cálculo para la cuantificación de la pensión es seguir exactamente la recomendación del Pacto de Toledo. Si quiere le leo el párrafo relativo a
contributividad, pero seguro que lo conoce igual que yo. Por eso no se lo leo, pero ya le digo que es exactamente eso. Por tanto, señoría, negar la necesidad de esta reforma del sistema de pensiones sobre la base de que las proyecciones
macroeconómicas o las proyecciones demográficas están equivocadas, sinceramente se lo digo, a mí me parece de una extraordinaria frivolidad, y como me parece de una extraordinaria frivolidad, también le digo que esa desde luego no es la posición del
Gobierno y por eso planteamos esta reforma; una reforma que seguramente ustedes hubieran debido plantear en el año 2003, no lo hicieron y por eso tiene que ser un Gobierno socialista el que la lleve a cabo.



Señor presidente, me parece que para los otros temas contestará mejor el ministro de Trabajo que yo misma.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Trabajo.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Seré muy breve, dada la hora, siguiendo el orden de aparición de las intervenciones en la sesión. Hay que destacar el hecho de que el Pacto de Toledo a estas alturas sigue
plenamente vivo. (La señora Báñez García: Con la congelación de las pensiones.) Esta es la primera conclusión que habría que resaltar. Por supuesto, siempre con dificultades. El pacto nunca ha tenido unanimidad en todas y cada una de sus
conclusiones, pero sí ha tenido la virtud de lograr un grado de convergencia, un grado de cohesión suficiente en las grandes cuestiones.



Me referiré solo a dos cuestiones importantes que me parece oportuno subrayar en este momento. El señor Montoro hablaba de la osadía de las proyecciones. En general, en algunas intervenciones hay ciertas dudas respecto a las proyecciones,
y es lógico, porque las proyecciones, sobre todo las de largo y muy largo plazo, suponen algún ejercicio no diría de osadía, diría en muchas ocasiones de responsabilidad. Por ejemplo, hemos dicho que dentro de cuarenta años, a la altura de 2050,
nuestras proyecciones -no las nuestras, no solo las del Gobierno, las de la inmensa mayoría de los que se dedican a estudiar estas cuestiones, lo mejor de nuestro conocimiento científico, social, etcétera- dicen que España tendrá 17,5 millones de
pensiones. Lo dicen y nosotros creemos, el Gobierno cree que hay un grado de razón y de probabilidad muy alta de que eso ocurra. Lo hemos dicho en la medida en que pensamos en que esos que serán mañana los futuros pensionistas ya están con
nosotros y sabemos bien cuál es su esperanza de vida. Y nunca será suficiente insistir en esta cuestión. Sabemos con un grado muy alto de probabilidad cuál será el volumen de nuestros pensionistas dentro de cuarenta años.



En 1995 la Seguridad Social hizo una proyección de cuántas pensiones habría hoy, en 2010; tituló a esa proyección, que está publicada: La Seguridad Social en el umbral del siglo xxi, y pronosticó que habría 8,5 millones de pensiones. Hay
8.600.0000 pensiones cuando termina el año 2010, es decir, que quince años antes proyecta con un grado de fiabilidad enorme cuál es el volumen de nuestras pensiones. Eso, responsablemente, sabemos que no es una osadía, que es un ejercicio necesario
en cualquier ámbito de la previsión social, y este es uno de ellos, el esencial. Y hemos dicho, junto a un escenario de Seguridad Social que duplica el número de pensiones, ¿cómo serán esas pensiones en el futuro, en qué cuantía? Dice el señor
Montoro a veces con esa suficiencia que, como diría el señor Olabarría, es digna de mejor causa: Oiga, ¿por qué se va a duplicar el número de pensiones? Porque lo dice nuestro mejor conocimiento. (El señor Montoro Romero: Yo no he dicho eso.) Y
dice: ¿Y por qué se va a duplicar su cuantía? (El señor Montoro Romero: Yo no he dicho eso, lo ha dicho usted.) Dice usted que lo he dicho yo y no lo he dicho, pero le ratifico y voy a darle algún dato que me ayudará a explicarle por qué. En el
año 2000, hace solo diez años, la pensión media de las altas de nuestro sistema de jubilación era de 644 euros; en 2010, diez años después, la pensión media de las altas era de 1.172, es decir, que en diez años, solo en diez, se había duplicado.
Fíjese usted cuánto subirá la pensión dentro de cuarenta años. Se ha duplicado la pensión media de la alta en diez años y dentro de cuarenta años se triplicará largamente; no se duplicará, se triplicará largamente. Por eso cuando dejamos entrever
este tipo de afirmaciones es mejor que vayamos siempre nuevamente a los datos, como corresponde,


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y los datos nos dicen que en términos nominales la pensión crecerá muchísimo y en términos reales también crecerá muchísimo.



En 1985 si hizo una reforma importante -hace bien el señor Burgos en resaltarla-, una reforma que está detrás de que hoy tengamos también un gran sistema, un sistema sólido de Seguridad Social, por supuesto que sí.
Una reforma que en lo
esencial elevó el periodo de cómputo desde los dos últimos años a ocho años. Ustedes después gobernaron y volvieron a elevar ese periodo de cómputo. No volvieron a poner dos años. Dicen ustedes que siempre que gobernamos recortamos. En 1985 eran
dos años y el Gobierno socialista de entonces lo puso en ocho años. Ustedes cuando gobernaron no lo volvieron a poner en dos, lo pusieron en quince. (El señor Montoro Romero: Sí, lo hicimos.) E hicieron muy bien en ponerlo en quince, porque
sabían que eso contribuiría a sostener el sistema de Seguridad Social. Y ahora es muy bueno que un Gobierno socialista en 2011, de acuerdo con los interlocutores sociales y de acuerdo con los empresarios, ponga el periodo de cómputo en veinticinco
años. (El señor Montoro Romero: No estamos hablando de eso.) Y que lo haga poco a poco, no de una vez como siempre se ha hecho en la Seguridad Social española. Hay que hacer reformas flexibles y progresivas, reformas que no afecten a los
pensionistas de hoy, sino que afecten poco a poco a las condiciones de los futuros pensionistas. Debemos hacer que el sistema poco a poco sea más sólido. Esa es la clave de nuestras reformas, las que han hecho los gobiernos socialistas y las que
han hecho ustedes.



Por cierto, ustedes han hecho reformas y de vez en cuando han sido muy cicateros con la cuantía de las pensiones. Tienen que hablar con más humildad de los complementos a mínimos y de la política de apoyo y de financiación del complemento a
mínimos. En 2000 el complemento a mínimos que aportaba el Estado era de 3.999 millones de euros -4.000- y en 2004 eran 4.000; o sea, en cuatro años ustedes no pusieron nada más que lo que se encontraron en complemento a mínimos. ¿Por qué? Porque
dejaron prácticamente congelada la pensión mínima, porque ustedes no mejoraron en ningún momento la pensión mínima. Este fue el resultado de la segunda legislatura de su Gobierno. Y critican ustedes que el Gobierno hoy no haya asumido el conjunto
de los complementos a mínimos cuando ha realizado la mayor revalorización de las pensiones mínimas que se produjo desde ese tiempo. Ustedes hicieron una política de mínimos de práctica congelación -encontraron la aportación del Estado en el 22 por
ciento y la dejaron en el 22- y ahora está casi en el 40, en más del 38 por ciento. Decía San Agustín: Cuando me observo me empequeñezco y cuando me comparo me ensalzo. Pues ustedes deben también observarse de vez en cuando; deben observar lo
que hicieron de vez en cuando.



La cuestión fundamental de esta discusión, que me parece la clave de todo esto, es que la esperanza de vida juega un papel fundamental en los sistemas de reparto. Es el centro y el corazón del problema. Los sistemas de reparto se basan en
la esperanza de vida. La fundamental preocupación de un presbítero escocés, uno de los impulsores del primer sistema de reparto para los presbíteros de la época, era saber cuánto vivían los presbíteros a partir del momento en que abandonaban su
iglesia. Se conservan los estudios que realizó a mano y toda su obsesión era lograr saber cuánto vivían. Esta es la clave de un sistema de reparto. En 1900 nuestra esperanza de vida era de 38 años al nacer y, si hubiera habido un sistema
prácticamente universal como el de ahora, bastarían muy pocos puntos de cotización para financiarlo. Ahora la esperanza de vida es prácticamente de 85 años, veinte años más después de alcanzar los 65 y, si no fuera por el extraordinario crecimiento
del empleo que ha habido hasta este momento, ya haría tiempo que hubiéramos tenido una crisis en nuestra posibilidad de financiar un sistema como el nuestro sin hacer reformas. Sabemos que mañana vamos a tener ese volumen de pensiones: 12,5
millones en 2035 y 17 millones en 2050. En ese periodo y en ese contexto se produce esta reforma, basándonos en que si no queremos afectar a los pensionistas de mañana es mejor empezar ahora la reforma poco a poco, lenta y progresivamente, con
flexibilidad, priorizando las carreras largas de cotización. Esto es lo que hemos hecho en esta reforma y yo creo que -lo digan o no lo digan- esta reforma es compartida en lo esencial y ustedes lo saben bien. Saben bien que no harían cosas
sensatamente muy distintas de las que estamos haciendo ahora; quizá congelarían las pensiones mínimas otra temporada más, como hicieron durante estos dos años. Pero en el corazón del sistema, en el corazón de la reforma saben muy bien que esta es
una reforma que consolida el sistema -lo saben muy bien- y que lo fortalece. Hay que acompañarla, por supuesto, de creación de empleo, que es la base del sostenimiento de las pensiones pero no hay sistema de pensiones en la sociedad del futuro que
pueda gastar, sin más, 16 ó 17 puntos de su PIB en pensiones. No hay ninguno que pueda hacerlo si, además, tenemos que gastar todo lo que vamos a tener que gastar en otras funciones de nuestro Estado social, como la sanidad, la educación, la
dependencia, etcétera.



Se refería el señor Campuzano -y hacía bien- a Esping-Andersen. Tiene un buen ensayo, Los tres retos del Estado del bienestar. Ha sintetizado bien el principal objetivo que él trazaba. En realidad, si hubiera que escoger una función de
gasto en la que priorizar para asegurar nuestro modelo de protección social -decía él- yo elegiría, desde el primer momento, gastar mucho en una muy buena educación infantil. No solo en una muy buena educación infantil -decía-, en la mejor posible
entre los 0 y los 6 años.
Es verdad que esa es, desde el punto de vista del futuro de nuestro Estado de bienestar, la función más eficiente en cuanto a su resultado.
Es cierto, pero con 17 puntos de proyección de gasto en pensiones respecto del
PIB y con un gasto educativo


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que necesariamente tenemos que elevar, lo razonable es pensar en reformas que no gasten menos respecto de la situación actual. No vamos a gastar menos de 9 puntos hoy, vamos a gastar bastante más de 9 puntos en el futuro, como gastamos hoy,
25 años después, mucho más en pensiones que lo gastábamos en 1985, con aquel recorte al que se ha referido el señor Burgos. Después de 25 años de aquel recorte gastamos ostensiblemente más en pensiones que lo que gastábamos en 1985 y la cuantía de
la pensión en euros reales es prácticamente un 60 por ciento más que entonces; en euros, si se pudiera hacer la conversión de 1985. Este es el resultado.
Sobre esa base merece la pena volver a los datos, volver a la realidad y ver que esta
reforma está sólidamente asentada en lo mejor de nuestro conocimiento social, científico y también en lo mejor de nuestra tradición de reformas en el sistema de la Seguridad Social española.



Hay dos cosas más que me gustaría resaltar de un debate que ha sido rico.
El señor Llamazares hablaba -y con razón- de demografía enfrentada a la política y hablaba -también con razón- de demografía enfrentada a la técnica. Creo que hay
algunas cosas que tienen todo el sentido del mundo plantearlas así. No creo que haya que enfrentarlas y que sean distintas.
La demografía no debe estar nunca enfrentada a la política. La política tiene que resolver los problemas demográficos
-para eso está- y algún otro más, y la técnica también tiene que estar al servicio de nuestros problemas sociales. El problema es que la solución no es solo la productividad. Él decía -y con razón- que el porcentaje del PIB que tendremos dentro de
cuarenta años no nos dará para financiar un gasto en pensiones tan alto y, al fin y al cabo, seguir cumpliendo con nuestras funciones sociales esenciales. El problema es que no y la solución no es solo la productividad. Esa es nuestra opinión y mi
opinión personal también. Es decir, el problema de la productividad es que mejorará, sin duda, nuestra pensión. Por supuesto que sí; nuestras pensiones del futuro serán mejores gracias a la productividad y al progreso social. Sí, pero la
productividad no solo generará ahorros en el sistema, sino que se traslada al salario, el salario se traslada a la base de cotización y la base de cotización será la pensión del futuro. Gracias a la productividad tendremos mejores pensiones, por
supuesto que sí, pero el gasto en pensiones en proporción al conjunto de nuestro producto no tiene por qué reducirse gracias a ella. Tendremos mejores pensiones pero si no sujetamos la demografía y no respondemos a la situación demográfica con
reformas en el sistema el gasto en pensiones, en proporción al conjunto de nuestro producto, crecerá. Y por ahí -lo ha dicho bien la vicepresidenta- ha empezado este grado de consenso social alcanzado en el acuerdo. Ha empezado por ponernos de
acuerdo en que si no se hace nada no es una gran fantasía imaginar un mundo en el que, dentro de unas décadas, gastemos más del doble del PIB en pensiones de lo que gastamos ahora. Y como no es una fantasía y nos podíamos poner de acuerdo en
imaginar cuál es ese mundo razonablemente, a partir de ahí hemos trazado la reforma.
Esta es la clave. Y yo creo, señor Montoro, señor Burgos, que no sería difícil que nos pudiéramos poner de acuerdo en imaginar cómo será nuestra sociedad dentro
de treinta o cuarenta años. No debería ser difícil porque buena parte del conocimiento social y científico que hemos acumulado en todo este tiempo es un conocimiento perfectamente compartible por ustedes. Y ustedes lo saben bien.



Por último, respecto a las cuestiones vinculadas, una aclaración al señor Llamazares. La referencia a la complementariedad en el acuerdo no es respecto de los fondos complementarios. Hay una referencia a que hay una alternativa de
financiación complementaria en el medio y largo plazo -creo que el señor Montoro hacía mención también a esa cuestión-. Hay un planteamiento de complementariedad pero más referido a la financiación complementaria, no a fondos privados. En el
acuerdo... (El señor Llamazares Trigo: Me refería al párrafo de la exposición de motivos.) Perdón, creí que se refería a la mención de complementariedad que hay respecto a la financiación complementaria. Aclarado entonces. En ese contexto de
medio y largo plazo -si queremos sujetar suficientemente nuestro nivel de cotización y no aumentarlo en exceso porque grava el coste laboral y desestimula nuestras posibilidades de competitividad externa-, sobre esa base de consideración previa
nacía la idea de una alternativa de financiación complementaria en el medio y largo plazo.
Esta es una poco la idea que se traducía en ese apartado concreto del acuerdo, pero -insisto- ahí no nos referíamos obviamente al papel de los sistemas
complementarios privados.



Hay un par de cuestiones a las que ha hecho referencia doña Olaia. Ya no está y quizá tiene poco sentido que me refiera a ellas. Hay también otra referencia a convenios colectivos, salarios, productividad, etcétera.
Quizá este no sea el
momento más adecuado para hablar de estas cuestiones. Me gustaría terminar con este retorno al comienzo. Yo creo que hay que saludar positivamente el acuerdo, el acuerdo social. La situación en la que hoy discutimos en esta Comisión es muy
distinta de la situación que teníamos a comienzos de diciembre cuando discutimos aquí el final de los trabajos de la Comisión. Yo creo que tenemos un nivel más importante de consenso respecto de los grandes temas del que teníamos en aquellos
primeros días de diciembre. Creo que se ha producido un proceso positivo en ambas vertientes. Los avances que se producían en el Congreso, en el Parlamento, influían favorablemente en la dinámica de negociación social entre Gobierno, empresarios y
sindicatos. Y los avances que se producían en esa negociación también han terminado influyendo favorablemente en la visión que de estos temas tenemos en el Congreso, en el Parlamento. Ha habido una buena reacción entre lo social y lo político. Yo
creo que el catalizador han sido los propios interlocutores sociales y hay que agradecerles el papel que han desempeñado en la negociación, el buen


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nivel de diálogo que han mantenido en paralelo, no solo con el Gobierno, sino también con los demás grupos parlamentarios. Son ellos los que con su contribución no solo han permitido que hoy haya un acuerdo social importante en esta
materia. También han influido en que hoy haya un mayor grado de cercanía y de consenso entre el conjunto de los grupos parlamentarios que componen esta Comisión. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Señores portavoces, ¿alguien quiere intervenir? (Pausa.) Señor Montoro, pero, por favor, con brevedad si es posible.



El señor MONTORO ROMERO: Muy brevemente, sin entrar ni mucho menos en el debate. Hemos visto que el Gobierno está muy satisfecho con lo que trae a la Cámara.



Hay una cuestión material que yo he planteado en mi intervención inicial y es por qué el Gobierno presenta una memoria económica sin los escenarios de crecimiento económico cuando es evidente que los tiene porque la señora vicepresidenta se
ha referido a la productividad del total de los factores. Es decir, tienen toda una curva, lo que sería una auténtica función de producción; la tienen. Entonces ustedes, como Gobierno, si están diciendo a la sociedad española que están muy
preocupados por lo que será la sociedad en los años 2040 ó 2050, deberían hacer públicas las previsiones de crecimiento de PIB, de tasa de actividad, que eso sí lo han hecho, pero detrás de esa tasa de actividad hay una tasa de paro y deberían al
menos hacer públicas esas dos cosas. Manejan los términos realmente mutilados. Es imposible que estén hablando de productividad de los factores. Es imposible que estén hablando sobre tasa de actividad si no tenemos unas tasas de crecimiento del
PIB y tasas de paro detrás de ello. No puedo entender y no debo aceptar como representante político en esta Cámara una memoria económica que carece de este planteamiento, que es un planteamiento absolutamente esencial para entender cómo está viendo
el Gobierno y cómo acepta el Gobierno esa previsión y, si lo acepta otro organismo de previsión, señor ministro de Trabajo, allá ese organismo de previsión. Me refiero, insisto, al conocimiento; esto es para el conocimiento, no para debate, para
conocimiento de la sociedad española y creo que no es pedir demasiado, es pedir lo justo cuando se está diciendo a la sociedad española que hay que hacer un esfuerzo a treinta, cuarenta o cincuenta años vista.



El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Por supuesto que incluiremos la metodología en el texto final. Simplemente le quiero comentar que es la metodología del grupo de trabajo de
envejecimiento de la Unión Europea. Ningún secreto.
(El señor Montoro Romero: Pues dígalo.)


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo muy brevemente con respecto a alguna de las apreciaciones.



Tengo la impresión de que cuando se quiere llegar a un lugar, y el Gobierno quiere llegar a una medida que ya tenía previamente establecida, quizá con razones distintas, se agrandan los problemas y se disminuyen las soluciones. En este caso
se agrandan los problemas insalvables, se convierte la cuestión demográfica en la cuestión única y las soluciones se menosprecian. Se menosprecia la productividad, parece ser que nuestro modelo económico de futuro no va a necesitar mano de obra de
fuera. Eso mismo pensaban hace quince años y no ocurrió eso. Y con respecto a la incorporación de la mujer, parece ser que tampoco se va a producir la incorporación de la mujer al empleo en nuestro país.



Un interrogante en relación a esta materia. En estos diez últimos años, donde se ha hecho un esfuerzo -nosotros hemos compartido ese esfuerzo en políticas sociales- no hemos convergido nada con la Unión Europea.
Tenemos una diferencia de
siete puntos de gasto social. Incluso en ese escenario que ustedes plantean, el escenario catastrófico, ¿sería descartable un incremento de nuestro gasto social manteniendo la capacidad económica y la capacidad fiscal? No veo realmente el problema
y tengo la impresión de que hay un prejuicio previo.



La última pregunta es si lo que se dice de que han sido gobiernos socialdemócratas los que han hecho estas reformas-recortes no nos ha llevado donde nos ha llevado: la izquierda en peligro de extinción. Si no nos han llevado estas medidas
a tener un verdadero peligro de extinción en la Unión Europea.



El señor PRESIDENTE: Señora ministra.



La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Creo que lo he dicho, la tasa de actividad femenina hemos considerado que aumenta casi nueve puntos en el escenario.
Con relación a si vamos
a necesitar o no trabajadores de fuera, como decía el señor Llamazares, evidentemente que los vamos a necesitar. Lo único que he dicho es que no es previsible que en lo que queda de esta década lleguen cuatro millones, simplemente he dicho eso.
Por supuesto que en el futuro sí que los vamos a necesitar. El señor Llamazares dice que tal vez estas reformas del sistema de pensiones es lo que ha llevado a que en este momento haya tan pocos gobiernos socialdemócratas. Yo lo veo de otra
manera. Seguramente esas reformas lo que han llevado es a que en este momento en esos países haya unos buenos sistemas de pensiones.



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El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Solo un comentario sobre este mismo asunto. Señor Llamazares, hay una diferencia en gasto social, es verdad, y en pensiones esa diferencia se explica por una razón importante. De
pasada, ha hecho una referencia a ella la vicepresidenta. La razón es que nuestra demografía es menos madura que la europea. Nosotros gastaremos más. Nuestra tasa de crecimiento del gasto en pensiones en el futuro como consecuencia de esa
demografía será mayor.
Por esa razón, a la altura de 2035 ó 2040 estaremos gastando prácticamente lo mismo que esté gastando en términos de PIB Alemania o Francia. Esto es lo que pasará. Tenemos algunas otras funciones que nos separan un poco en
educación, algo también en vivienda, no tanto en desempleo, en desempleo estamos gastando la media y un poco más. Pero en pensiones, que es una parte de lo que nos explica esa diferencia, la demografía también tiene su importancia. El mayor grado
de madurez de los sistemas públicos de pensiones europeos respecto al español, para bien o para mal, esa distancia se reducirá durante las próximas décadas. No le quepa ninguna duda.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos, especialmente a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda y al señor ministro de Trabajo e Inmigración. Preveo, señores, que no va a ser la última vez que
comparezcan ustedes en esta Comisión.



Se levanta la sesión.



Eran las nueve y diez minutos de la noche.