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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 649, de 03/11/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 649
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MARÍA POSADA MORENO
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (Número de expediente 121/000098.) ... (Página 5)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
(Número de expediente 121/000098.) ... (Página 5)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Presupuestos para deliberar sobre todas las enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Antes de esta sesión hemos tenido una reunión de
Mesa y portavoces que ha acordado algunas disposiciones que quiero que conozcan. En primer lugar, ya tenemos subsanadas todas las enmiendas que se habían mandado a los grupos para llevar a cabo ese proceso y dentro de esas enmiendas había una en
especial que ya fue motivo de discusión en la reunión de Mesa y portavoces anterior, relativa a la reordenación de las secciones. Esa enmienda fue tramitada por la Mesa y está incorporada al texto. Ahora bien, en el seno de la Mesa el portavoz del
Grupo Socialista planteó la conveniencia de que por los servicios jurídicos de la Cámara se propusiese, a través de una enmienda de carácter técnico, la reordenación adecuada para acomodar el presupuesto a la nueva situación del Gobierno.
El
portavoz del Grupo Popular se ha opuesto a dicha propuesta por considerar que no era procedente y, sometida la cuestión a votación por la Mesa de la Comisión, se ha adoptado por mayoría la propuesta del Grupo Socialista. Un segundo punto discutido
en la reunión de Mesa y portavoces ha sido la contestación del Gobierno al escrito realizado en la anterior reunión de Mesa y portavoces para que, según establece el Reglamento, tomara posición sobre aquellas enmiendas que supusieran minoración de
ingresos o aumento de gastos. El Gobierno a estas alturas no ha contestado a esa petición de toma de posición sobre una serie de enmiendas, lo cual ha llevado al portavoz del Grupo Popular a proponer que no comience la sesión hasta que no se
conozca la posición del Gobierno en todas las enmiendas. Frente a ello, el portavoz del Grupo Socialista ha señalado que dicha posición se conocerá antes de la votación aunque no en este momento, y que, por tanto, se puede proceder al comienzo de
la sesión. Debo decir que tanto el portavoz de Convergència i Unió como la portavoz del Grupo de Izquierda Unida han mostrado su extrañeza respecto a que no estuviera ya aquí el papel en el que el Gobierno dice qué enmiendas acepta y cuáles
rechaza. Sometida también a votación dicha cuestión, la Mesa ha decidido por mayoría comenzar la discusión de las enmiendas y, naturalmente, antes de que se produzca la votación conoceremos la posición del Gobierno.
Establecido esto, por supuesto abriré un turno para que los grupos puedan pronunciarse respecto a mis palabras y decir lo que les parezca conveniente, pero antes voy a dar algunas reglas prácticas sobre cómo va a ser o pretendemos que sea la
discusión de las enmiendas. Empezaremos como siempre por los títulos, después las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos y, a continuación, pasaremos a las secciones por el orden establecido. A las siete de la
tarde procederíamos a realizar una primera votación y, si las cosas se desarrollan normalmente, a las veintiuna horas se discutirían, como es costumbre, las secciones 17 y 23 y el debate continuaría hasta terminar dichos puntos. Mañana empezaríamos
a las nueve, habría una votación sobre las doce y continuaríamos hasta agotar el orden del día y proceder a la votación final de las enmiendas. Por supuesto, no habrá pausa a la hora de comer sino que el debate continuará de manera ininterrumpida.
(El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Establecidos estos principios, el portavoz del Grupo Popular, señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, pido la palabra por una cuestión de orden. Antes de iniciar el debate de presupuestos, mi grupo plantea dos cuestiones, independientemente de que después, cuando se celebre otra reunión de
Mesa y portavoces una vez conocida la opinión del Gobierno, hagamos otra valoración de fondo.
La primera cuestión, que los servicios de la Cámara han hecho un informe sobre la enmienda número 2745, del Grupo Socialista, con la que pretenden dar una respuesta al reajuste ministerial y, más allá del debate político -mi grupo no
comparte que el reajuste ministerial se haga sin disminuir los gastos del Gobierno; entendemos que el reajuste ministerial debería conllevar que se minoraran los gastos, y no suprimir dos ministerios y sumar los gastos que ya tenía un ministerio a
los de otro, sin ningún recorte de gastos-, entendemos que técnicamente la enmienda 2745 no es correcta. De alguna manera, los servicios técnicos de la Cámara así lo avalan. Se ha votado en Mesa y portavoces y se tramitará, pero mi grupo quiere
dejar constancia de su posición.
La segunda cuestión me parece todavía más grave. Que empecemos el debate de presupuestos sin saber si podemos tramitar y debatir casi trescientas enmiendas, que empecemos el debate de presupuestos sin que el Gobierno nos haya dicho si nos
va a dejar o no tramitar, debatir y votar casi trescientas enmiendas, me parece un auténtico desatino. Me parece que es impresentable que el Gobierno, a estas horas de la mañana, no haya dicho si podemos tramitar, debatir y votar enmiendas que
hacen referencia a puntos nucleares del presupuesto, a puntos nucleares y políticamente muy relevantes de la posición que el Grupo Parlamentario Popular mantiene; que no sepamos si se van a dejar tramitar enmiendas que hacen referencia a bajadas de
impuestos a familias, a pymes, una bajada selectiva de impuestos; que no sepamos si se va a dejar tramitar, debatir y votar la no congelación de las pensiones. Me parece relevante. Por eso mi grupo entiende que, si el Gobierno no ha hecho la
tarea, deberíamos haber esperado y que esta Comisión comenzara cuando el Gobierno haya hecho la tarea que democráticamente tiene encomendada, que es decir si deja tramitar o no algunas enmiendas. Luego hablaremos -y entraré en el fondo de la
cuestión- de si es lógico y democrático que el Gobierno no deje tramitar algunos temas porque, de lo que entendemos por la prensa, el
Gobierno puede estar intentando hurtar del debate bajadas de impuestos, que es un punto nuclear, pero puede también intentar tapar la vergüenza que siente al congelar las pensiones el año que viene, puede intentar tapar el debate sobre la
congelación de las pensiones el año que viene.
Hemos tramitado una enmienda para comprar un barco por 36 millones de euros, que además hizo falta una revisión porque la cantidad no se ajustaba a la realidad y había que poner todavía más millones y
encima con cargo a deuda pública, y no nos dejan tramitar, debatir y votar la no congelación de las pensiones. Me parece, de verdad, un desatino y un talante antidemocrático. (El señor Cuadrado Bausela pronuncia palabras que no se perciben.)
Por eso mi grupo pedía esperar, y le pido al Grupo Socialista desde aquí que, antes de que llegue el papel, por el bien de la democracia, por el bien y el respeto al Parlamento, se piense muy bien el no dejar tramitar enmiendas. Sería la
primera vez -el año pasado empezó- que una enmienda de gastos no se tramita. El año pasado se comenzó un mal camino no dejando tramitar una enmienda de disminución de impuestos. Este año parece ser que no se quiere dejar tramitar una enmienda
sobre la pensiones. ¿Qué pasará el año que viene si seguimos esta dinámica? Yo pido al Grupo Socialista con todo respeto que, antes de llegar ese papel a esta Cámara, se piense muy bien el no dejar tramitar enmiendas. Sería una falta de respeto
al Parlamento. Y empezar un debate sin saber si el Gobierno deja tramitar 300 enmiendas me parece una irresponsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo, en cuanto al segundo de los aspectos que ha comentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, también quisiera hacer una manifestación. Nosotros comprendemos perfectamente la facultad que asiste
al Gobierno de poder vetar la tramitación de algunas enmiendas por cuanto estas pudieran desfigurar el equilibrio de los presupuestos. Cuando existe una facultad, quien la tiene, tiene capacidad para utilizarla, en función lógicamente -supongo que
el Gobierno lo defenderá adecuadamente- de poder llevar eso a cabo o no. Por tanto, no tenemos nada que objetar, en primer lugar, a que exista esta facultad, que está establecida por la propia Cámara y, en segundo lugar, a que el Gobierno la
utilice o no, ya sabrá dar la respuesta en este sentido. Lo que como portavoz en esta Comisión de Convergència i Unió quisiera mostrar es mi perplejidad absoluta porque, a pesar de que el Gobierno hace días ya que tiene este material y conoce las
enmiendas perfectamente -hubo también un Consejo de Ministros en el que me imagino que se deliberan asuntos de esta magnitud-, a pesar de todo ello, en estos momentos -que este portavoz conozca- no se dispone aún del, digamos, dictamen motivado del
propio Gobierno en cuanto a las enmiendas que juzga que no pueden tramitarse; es decir, que veta. Por tanto, mi grupo, que lógicamente somete las decisiones de la Comisión a la Mesa, en la que tenemos toda nuestra confianza, sí quiere hacer
constar de forma expresa nuestra perplejidad, nuestra extrañeza y sobre todo pedir al Gobierno que, aunque una decisión de estas decisiones siempre puede ser más o menos comprendida, si además llega tarde, genera aún más motivos para la
incomprensión. En cualquier caso, quisiera que constaran en acta estas manifestaciones hechas en nombre de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Buenaventura Puig, a la que quiero desearle los mayores éxitos en esta Comisión, a la que asiste por
primera vez. Tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Señorías, intervendré también brevemente para mostrar por parte de nuestro grupo político la extrañeza y la perplejidad por que a estas alturas no esté el documento del Gobierno, un Gobierno que hace justo
quince días ha sido remodelado y uno de los criterios para esa remodelación era precisamente para una mayor coordinación. Aquí se muestra que no ha habido coordinación. Además, con la gravedad de que la ministra de Economía no ha cambiado, con lo
cual la ministra de Economía está al cien por cien en su trabajo. Por tanto, extrañeza, perplejidad e incomprensión.
Por otro lado, tengo que decir que no nos parece un buen sistema el veto por parte del Gobierno a diferentes enmiendas, a que el Congreso pueda discutir sobre algunas enmiendas. Solamente mostrar nuestra extrañeza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Intervendré también muy brevemente para manifestar nuestra extrañeza por el hecho de que el Gobierno no haya comunicado si piensa vetar esas enmiendas, así como apuntar que nosotros no discutimos la prerrogativa
que tiene el Gobierno de ejercer ese veto, pero lo que hacemos no son valoraciones de índole reglamentaria, lo que hacemos son valoraciones de índole política, y si ejerciese ese veto entenderíamos que se está hurtando al Parlamento en el trámite de
enmiendas el discutir aspectos básicos de las políticas presupuestarias.
Por lo tanto, expresamos nuestro deseo de que no sea ejercido ese veto, de que no se evite que esta Cámara pueda pronunciarse en el trámite de enmiendas sobre aspectos básicos
de las políticas presupuestarias y reiteramos nuestra extrañeza por el hecho de que al inicio de esta Comisión desconozcamos aún si estas enmiendas pueden seguir su trámite normal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy a referirme a dos cuestiones. Nosotros entendemos que los servicios de la Cámara han hecho un trabajo destacado, importante, a fin de cuentas fue el trabajo que le encomendaron la Mesa y portavoces la última
vez que nos reunimos para delimitar, para deslindar el alcance de la enmienda 2745, sobre la que algunos grupos planteaban algún tipo de problemas y que nosotros incorporamos en aquel momento al informe de la Ponencia. En ese sentido tengo que
decir que, como ha coincidido una reforma de la estructura del Gobierno con la presencia ya del presupuesto en la Cámara, a nosotros nos parecía que los servicios jurídicos de la Cámara podían ejercer una función en virtud de la cual algunos
elementos de racionalización de la estructura administrativa se pudieran incorporar a lo largo del debate presupuestario. El Gobierno podría haberlo hecho en fase posterior, pero, estando ya aquí, a mí me parece que institucionalmente la Cámara
tiene que decir algo en esa cuestión. No oculto que tuvimos dudas en el momento de la discusión en Mesa y portavoces la semana pasada sobre si esperábamos o no el informe de los letrados. ¿Por qué? Pues porque quien pedía el informe tenía razón
para pedirlo, y nosotros no nos íbamos a oponer a que se pidiera, como así figuró en su momento, y forzar la situación con el criterio de que al margen o antes de ese informe se pusiera en marcha la reordenación correspondiente por parte de los
servicios de la Cámara no nos parecía pertinente. Creímos que era mejor esperar a conocer el informe y, una vez que el informe estuviera en manos de los portavoces, hacer esa tarea, que creemos que es importante. Lo hicimos porque queríamos, en la
medida de lo posible, atender la petición de aquel grupo de diputados que creían que podían existir algunas dudas respecto del procedimiento que había que seguir a partir de este momento. El informe está aquí, la posibilidad de incorporar ese
trabajo se puede hacer, los servicios de la Cámara, más que nosotros mismos, pueden llevar a cabo esa tarea y nosotros creemos que por esa dirección se avanza de una manera razonable y sin mayores tensiones.
El segundo tema es, una vez más, el derecho que tiene el Gobierno a hacer uso de una prerrogativa reglamentaria. Es la tercera vez que discutimos esa cuestión en este trámite parlamentario. Es más, tengo aquí el 'Diario de Sesiones' de 3
de noviembre del año 2009, en que hubo un debate intenso sobre esa cuestión. Pues bien, un año después volvemos a estar en la misma cuestión. En torno a este tema hay grupos y diputados que se expresan con emoción, y grupos y diputados que se
expresan con una actitud distinta. De hecho, hay quien cree que se cercenan los derechos de la Cámara, y es muy legítimo que lo crea; yo no lo creo así, pero se han oído voces en esta Comisión en este sentido, y hay otros que dicen que el Gobierno
hace uso de una potestad que le concede el Reglamento. Lo que está claro es que este Gobierno ya ha dado esa señal tres veces. Y está claro que de alguna manera un sector muy importante de la Cámara no comparte ese criterio. Entonces, deberíamos
ser capaces de abordar esta cuestión. Hemos abordado otras cuestiones relacionadas con la función que le corresponde al Congreso de los Diputados en materia presupuestaria. Mi grupo estaría dispuesto a discutir con otros grupos sobre esa cuestión
para aclararlo en la medida que podamos. Pero les diría a mis buenos amigos, que por otra parte tengo que decir que colaboran de una manera muy correcta en el trámite parlamentario, que no deberíamos quedarnos reducidos a una manifestación de
oposición, de enfado o de planteamiento más o menos radical una vez al año, que no se nos debe olvidar esta cuestión al día siguiente del trámite presupuestario. Y lo digo en primera persona del plural. Nosotros, como representantes de la
soberanía nacional y como parte del Congreso de los Diputados, deberíamos ser capaces de resolver esta cuestión, que no es una cuestión pacífica en el contexto de la Cámara pues hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. A mí me
han oído decir en varias ocasiones, y lo diré también en esta, que el Gobierno debe hacer uso de sus potestades. A veces le pedimos que se ponga un poco de lado, que porque no lo hizo durante mucho tiempo algún gobierno ahora no puede hacerlo. Yo
creo honestamente que el Gobierno, si tiene esa posibilidad y si quiere ejercerla, cumple con el derecho. Y si creemos que esto tiene que funcionar de otra manera, que funcione de otra manera, pero deberíamos ser capaces de superar esta instancia,
que es incómoda para todos. En la Comisión de Presupuestos se encuentran siempre salidas a estas situaciones, pero por tercera vez tenemos un problema al cual no le encontramos una salida razonable. Pongámonos a pensar, a ver si en el presupuesto
del año que viene tenemos una salida razonable. Porque mientras no haya otra normativa reglamentaria, el Gobierno, y creo que hace bien, lo que hace es cumplir con sus atribuciones. Y yo no se lo voy a censurar. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Sobre este punto tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, sobre este punto quiero hacer constar en el 'Diario de Sesiones' que no estamos en una tertulia de una televisión, no estamos en un trámite que consista en contraponer opiniones sobre un
tema. Estamos intentando aprobar la ley más importante que un parlamento aprueba cada año, que es la ley de presupuestos. Esto no es una discusión sin más, es un trámite legislativo que tiene como finalidad aprobar una ley que va al BOE y se
convierte en norma para todos los españoles. Que no se sepa si podemos hablar de 300 enmiendas, que son un porcentaje muy importante del conjunto de las enmiendas, o que si hablamos de ellas es a título de tertulia de café, me parece muy
inoportuno. (Un señor diputado: Es inadmisible, vamos.) Quiero que conste en el 'Diario
de Sesiones', porque entiendo que hay una mayoría que vota y gana las votaciones, pero una mayoría que vota y gana las votaciones no puede constituirse en un camino para que la mayoría ahora diga: ya no se debate nada más, el presupuesto es
el que es y nos vamos a nuestra casa. No.
Estamos en un parlamento para debatir y votar enmiendas. Mi opinión es que cuando ya comienza el trámite esas enmiendas ya están dentro del debate y, por tanto, se tienen que votar. Quiero dejar
constancia de un punto, y es que mi grupo dijo en la reunión de Mesa y portavoces precedente que había enmiendas que no se deberían mandar a consulta del Gobierno porque entendemos que hay enmiendas que no suponen minoración de ingresos porque
aunque es verdad que llevan bajada de impuestos, no necesariamente eso va a conllevar minoración de ingresos. Porque bajada de impuestos y minoración de ingresos no son lo mismo. Se pueden bajar los impuestos y como consecuencia de una mayor
actividad económica, y de que no haya 68.000 parados todos los meses más, como sucede con el dato que hoy conocemos, se pueden mejorar los ingresos. Por tanto, y volviendo al inicio, creo que es por lo menos rechazable la posición del Gobierno, que
deja que se empiece el trámite parlamentario de una ley sin saber si se va a poder tramitar un porcentaje muy importante de las enmiendas que, legítimamente y en virtud de las opciones de cada grupo, hemos presentado y nos hemos esforzado por
tramitar, por redactar, por que constituyan nuestra alternativa y no solo la del PP, sino también la de CiU, la del Grupo Mixto o la de Izquierda Unida-Esquerra Republicana. Son enmiendas que legítimamente hemos presentado, y que empecemos el
debate sin que se nos diga si se nos van a dejar tramitar, debatir y votar me parece improcedente. Dicho eso, mayoría, me someto a la mayoría, pero por lo menos que quede bien clara nuestra posición en el 'Diario de Sesiones'.
(Aplausos.-El señor
Arias Cañete: ¡Muy bien!)
- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011. (Número de expediente 121/000098.)
- EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2011.
(Número de expediente 121/000098.)
El señor PRESIDENTE: Establecidas las posiciones de los grupos, de acuerdo con lo votado en Mesa y portavoces, vamos a pasar a la discusión del presupuesto. Comenzamos con las enmiendas presentadas a los títulos I y II. Como siempre, el
orden será de mayor a menor, terminando el Grupo Socialista. En este primer punto tienen amplitud porque es la posición general ante el presupuesto. Por lo tanto, los portavoces pueden emplear el tiempo que les parezca oportuno, pero como siempre
les recuerdo que conviene ser más bien conciso que hablador. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, iniciamos la tramitación del presupuesto. Usted ha dicho que vamos a debatir las enmiendas, no sabemos cuáles, pero las enmiendas; algunas, otras no.
Estamos pendientes de que una fuerza
superior, el Gobierno, a no se sabe qué hora nos diga cuál sí y cuál no. Pero empezamos un debate en el que evidentemente el Gobierno tiene votos para sacar el presupuesto. No hay ninguna duda de que en la Comisión el Gobierno va a aprobar el
presupuesto, pero mi grupo se pregunta en el inicio del debate si este es el presupuesto que España necesita. En opinión del Grupo Parlamentario Popular, este no es el presupuesto que España necesita. Primero, porque se basa en previsiones
inciertas. ¿Se conseguirán los ingresos? Hay una parte del presupuesto que son ingresos y otra que son los gastos, y el gobernador del Banco de España, compareciendo en esta misma sala y en esta Comisión, dijo que era incierto el desarrollo del
presupuesto y que podía no alcanzarse el objetivo de ingresos porque la previsión de crecimiento no se ajustaba a la realidad, y él mismo planteó -y fue titular en todos los medios de comunicación- que haría falta tener un plan B: un presupuesto
que es el que quiere aprobar hoy el Gobierno y un presupuesto alternativo que no conocemos si conllevará incremento de impuestos, créditos de no disponibilidad de gastos... En cualquier caso, no solo estamos debatiendo un presupuesto, estamos
debatiendo un presupuesto y un plan B, un presupuesto oculto del Gobierno, como ya lo fue el del año 2010. Cuando debatíamos aquí este presupuesto el año pasado los funcionarios trabajaban honradamente y no sabían que en junio les iban a hacer en
su sueldo el recorte más alto que se ha hecho en la democracia. Cuando debatíamos el presupuesto del año 2010 se hacía con unas previsiones de inversión que nadie preveía que el Gobierno iba a recortar con la magnitud con que lo hizo, frenando la
actividad económica. No sabíamos que se iba a producir una congelación de las pensiones, como sucedió. Por eso, en primer lugar, mi grupo piensa que no es este el presupuesto que España necesita porque las previsiones no son verdad. Nadie, nadie
plantea un escenario similar. Segundo, aquí no hay un control del gasto. El Gobierno se afana en decir: austeridad más reforma; pues, mire, ni austeridad ni reforma. El eslogan del Gobierno no se hace más real porque mil veces se repita; no
hay más austeridad aunque mil voces del Gobierno o mil escritos del Gobierno digan que es un presupuesto austero; y no hay reforma -como decía un antiguo ministro socialista del Gobierno de Zapatero- por más que el Gobierno se empeñe en decir que
hay reforma. Las reformas son reformas de verdad. No por decir que se es reformista ya se hacen reformas.
Mi grupo piensa que la enmienda 223 del Grupo Parlamentario Popular la deberían estudiar con detalle. No sé si el Gobierno dirá que esta enmienda que yo estoy mencionando no se puede tramitar. No lo sé. No sé si me estoy refiriendo a una
enmienda que el Gobierno va a abortar antes de nacer, pero en el caso de que el Gobierno decidiera no abortar esa enmienda creo que sería muy bueno que la estudiaran porque es una enmienda que pretende que haya estabilidad presupuestaria de verdad.
Señoría, que una comunidad autónoma esté emitiendo una deuda a un año que les cuesta a los ciudadanos el 7,75 es un auténtico disparate y pone de manifiesto que aquí no hay control del gasto público; que aquí no hay un esquema de estabilidad
presupuestaria adecuado; que la Ley de Estabilidad Presupuestaria que reformó el Partido Socialista, cuando la había aprobado el Partido Popular, y que ahora el que la derogó, que es actualmente gobernador del Banco de España, dice que se vuelve a
reformar volviendo a su origen, no se está reformando y se debería reformar para controlar de verdad el gasto. Por eso les pido que estudien la enmienda 223, si tienen a bien dejar que se tramite.
Además este es un presupuesto que es la expresión de la ruina de un país; 27.000 millones de pago de intereses de la deuda es la prueba evidente de que han traído a la Cámara unas cuentas que son una ruina. Cuando estaba en la facultad se
enseñaba la regla de oro que decía que uno no se podía endeudar por más cantidad que la de las inversiones, que las inversiones siempre tendrían que ser mayores que el endeudamiento. Es así. Este año con los intereses no pagamos ni las
inversiones. Nos endeudamos para pagar gasto corriente. Este Gobierno está dejando endeudadas a las generaciones futuras, está haciendo que los españoles crezcan con una deuda bajo el brazo y está haciendo que las generaciones futuras sean más
pobres, por eso no nos parece un presupuesto adecuado. No nos lo parece porque no es transparente. Por eso hay varios grupos -no solo el Grupo Parlamentario Popular- que hemos presentado enmiendas que piden mayor transparencia. No es este un
presupuesto que esté bien estructurado, donde el gasto esté bien repartido. Cae la inversión, que es lo fácil, pero no se hacen reformas estructurales sobre el gasto. Se necesitan reformas estructurales y quizás institucionales para controlar el
gasto y este presupuesto no las aborda. Por eso, señorías, mi grupo pide que se voten las enmiendas que hemos presentado a este título y vamos a votar que no a este presupuesto porque con este presupuesto ni hay empleo ni hay bienestar, quizá lo
que haya sea un año más de Zapatero, pero ni empleo ni bienestar ni mejora del crecimiento español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también presentó en su momento una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado porque entendíamos que eran unos presupuestos que no
convenían a la economía española a fin de garantizar la confianza suficiente para generar inversión que a su vez pudiera generar puestos de trabajo. También presentó esa enmienda porque desde nuestro punto de vista esos presupuestos nacían con pies
de barro ya que estaban sustentados por algunas previsiones de crecimiento que pensábamos que no se ajustaban a la realidad y a las previsiones que planteaban la mayoría de organismos internacionales, todos ellos muy solventes, incluido, por
ejemplo, el Banco de España. Desde esta perspectiva, hemos planteado una serie de enmiendas dirigidas básicamente a que en el caso de que no prosperaran nuestras enmiendas -por eso vamos a intentar en este debate parlamentario convencer y
sensibilizar al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno- se tendría que poner en marcha un plan B en España que significaría una reducción más drástica del déficit público a través de reales decretos que se tendrían que convalidar en el año
2011, y que a la vez producirían sin ninguna duda más recortes sociales y un incremento fiscal de los aspectos que hacen referencia al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por este motivo hemos presentado una parte importante de
enmiendas dirigidas a impulsar la generación de empleo. Si queremos luchar contra el déficit público hay una partida muy significativa en los Presupuestos Generales del Estado que está reflejada con 30.000 millones de euros y que va a subsidiar el
seguro de desempleo. Por tanto, para rebajar esta partida tan importante, que asciende a 5 billones de las antiguas pesetas, hay únicamente una solución, que es la de generar empleo. En consecuencia, hemos presentado y vamos a defender aquí con la
máxima intensidad enmiendas dirigidas a la creación de empleo. Una segunda parte de nuestras enmiendas están dirigidas al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que es un aspecto muy relevante para nuestro grupo parlamentario, y
conjuntamente con el resto de formaciones políticas, excepto el Partido Nacionalista Vasco, hemos firmado una enmienda dirigida al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones para evitar la congelación de las mismas planteada por el
Gobierno en su proyecto de presupuestos. También planteamos un incremento del 2 por ciento aplicable a las pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional.
Planteamos también enmiendas dirigidas a garantizar la inversión que corresponde a Cataluña. No estamos de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el Gobierno respecto a la disposición adicional tercera. Seguimos manteniendo que no
cumplen con lo establecido en el Estatut de Catalunya.
También pretendemos evitar el incremento de nuevos impuestos que afectan básicamente a las rentas medianas y altas de los ciudadanos españoles, ya que estos impuestos, que solamente van a
recaudar alrededor de 250 millones de euros, no representan nada significativo para reducir el déficit público
y los consideramos, en cambio, impuestos ideológicos para intentar contentar a la parroquia socialista y también, por decirlo de otra manera, intentar congraciarse con los sindicatos. Presentamos otras enmiendas que van orientadas a la
supresión de recortes sociales, en concreto los relativos a la dependencia, las políticas familiares y la educación. Finalmente hemos planteado enmiendas que van en la dirección de que se cumpla la Ley de Morosidad a fin y efecto de que los
ayuntamientos -sobre lo que me extenderé cuando llegue el momento oportuno- puedan pagar a sus acreedores habituales para de esta manera formalizar lo que está previsto en la Ley de Morosidad en cuanto a que a través del ICO se orienten recursos
para que los ayuntamientos y las corporaciones locales puedan cumplir con sus obligaciones formales de pago.
Hay un aspecto muy relevante para nuestro grupo parlamentario, que son algunas propuestas que ha planteado el Gobierno en el articulado y que están dirigidas a las mutualidades de accidentes de trabajo. Entendemos que estas propuestas van
en la dirección de socializar estas mutuas de accidentes de trabajo y también en cierta medida -al menos esta es la posición y la sensibilidad que han hecho llegar las diferentes mutuas de accidentes de trabajo a este grupo parlamentario- pretenden
nacionalizar los excedentes de las reservas que mantienen o que han generado estas mutuas a lo largo de este ejercicio. Esta es una cuestión fundamental y primordial para nuestro grupo parlamentario, por lo que intentaremos llegar a un consenso y
establecer un diálogo formal con el Grupo Parlamentario Socialista en este debate o en el que se celebrará en el Pleno a fin y efecto de evitar la gran preocupación que existe en las mutuas de accidentes de trabajo del Estado español de que
prosperen las propuestas que el Gobierno ha planteado en el articulado de estos Presupuestos Generales del Estado. Por este motivo vamos a intentar forzar, dentro de nuestras posibilidades, el diálogo y el consenso con el Grupo Parlamentario
Socialista para, repito, evitar esta nacionalización encubierta de las mutuas de accidentes de trabajo.
Señor presidente, voy ya directamente a la enmienda que hemos presentado en este título I, que es la número 681. En ella pedimos que se unifique la gestión de las transferencias de las partidas correspondientes a la asistencia al autoempleo
de la Dirección General de Fomento de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo para obtener así una mayor eficacia en las políticas activas de empleo. Esta es la enmienda 681, que ya damos por defendida en este trámite
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Buenaventura. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.) ¿Señor Martínez-Pujalte?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Solo medio segundo. Presidente, ¿podría pedir a los letrados de la Cámara que, en relación con el artículo 133.4, que trata de lo que hemos hablado anteriormente, hagan un informe?
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, vamos a terminar la discusión de estos títulos I y II y antes de empezar el título III, si usted me pide la palabra, se la daré para que haga la petición de lo que considere oportuno. (El señor Sánchez
i Llibre pide la palabra.) Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Perdone, es que me he dejado sin defender las enmiendas al título II y, si me lo permite, las defenderé con la máxima brevedad.
El señor PRESIDENTE: Se lo permito.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Al título II hemos presentado concretamente cinco enmiendas dirigidas a eliminar la provisionalidad de la financiación de la cualificación personal en tanto no se desarrollen las
previsiones de la LOE. También planteamos una provisión de recursos necesarios para la atención de alumnos con carencias lingüísticas, competencias o conocimientos básicos, así como el alumnado con necesidad de apoyo educativo. También pedimos una
mejora en la dotación del orientador en secundaria, extensión a la educación infantil, primaria y bachillerato. En las enmiendas 685 y 686 solicitamos prever la dotación de los recursos necesarios para la atención de alumnos que presenten carencias
lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, así como al alumnado con necesidad de apoyo educativo, y plantear la ayuda necesaria destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes en centros concertados.
El señor PRESIDENTE: Señora Buenaventura, presentándole mis disculpas por estas interrupciones consecutivas, tiene usted por fin la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Mi breve experiencia como diputada es interrupción tras interrupción, pero no hay ningún problema, encantada.
Haremos la intervención conjunta entre el representante de Esquerra Republicana, Joan Tardà, y yo
misma.
A estos dos títulos no hemos presentado ninguna enmienda en concreto, pero nos gustaría plantear nuestro posicionamiento ante el presupuesto en general y las enmiendas concretas que hemos presentado a los distintos títulos y secciones.
Creemos, y así lo dijimos en la discusión sobre las enmiendas a la totalidad, que estos presupuestos son la concreción del ajuste económico más duro vivido en democracia. Son unas cuentas que ni sirven para superar la crisis económica ni sirven
para crear empleo. El ajuste presupuestario que plantea el Gobierno entorpece la recuperación de nuestra economía al repercutir negativamente sobre la demanda agregada
en un contexto de reducida actividad económica y elevado desempleo. Estos planteamientos ya se realizaron, como decía, en la defensa de nuestra enmienda a la totalidad, y las enmiendas que ahora presentamos tanto por lo que hace referencia
a ingresos como a gasto público intentan plasmar que con un cambio de orientación podemos realizar un efecto multiplicador de nuestra economía. Creemos que realizar un aumento selectivo de la fiscalidad para evitar que el déficit público presente
serios problemas a la hora de su financiación es un elemento vital. Lo planteamos así por motivos de equidad en la distribución de los esfuerzos para salir de la crisis, pero también porque en términos económicos el impacto negativo de un recorte
en el gasto público es superior al de un aumento de impuestos que afecte a los contribuyentes de mayor capacidad económica. Por el lado del ingreso, para potenciar la recaudación, proponemos como medidas más señaladas la recuperación del impuesto
sobre patrimonio; el aumento de la tributación de los rendimientos del capital en el IRPF, introduciendo un tramo más en su tarifa al 24 por ciento, y la incorporación a la base general de las plusvalías generadas por operaciones especulativas.
También proponemos un aumento hasta el 35 por ciento del tipo en el impuesto sobre sociedades para empresas con bases imponibles superiores a 100 millones de euros; la introducción de criterios ambientales en el sistema tributario, y por último, e
importantísimo, actuaciones decididas contra el fraude fiscal. Por el lado del gasto, priorizamos la inversión pública como un elemento esencial a la hora de consolidar la recuperación económica y el gasto social, especialmente el destinado a los
colectivos de menor nivel de renta, que son los que tienen mayor propensión a dedicar el aumento de sus ingresos a consumo. En este sentido, conjuntamente con otros grupos políticos rechazamos la congelación de la mayoría de las pensiones
contributivas. Además entendemos que se puede permitir con el superávit de la Seguridad Social sin tener que disminuir otras partidas sociales. Este superávit de la Seguridad Social nos permite, en primer lugar, atender sin complicaciones el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y, en segundo lugar, asegurar ese poder adquisitivo para poder sostener el consumo, la demanda y el empleo.
Nuestras enmiendas, además de a lo anterior, se orientan también a impedir los recortes de las políticas sociales, como el plan concertado, la atención a la dependencia y el Fondo de integración de inmigrantes; mejorar los recursos para las
políticas activas de orientación de trabajadores desempleados de inserción laboral; mejorar las políticas estatales de acceso a la vivienda; corregir el brutal recorte de la ayuda oficial al desarrollo; mejorar las inversiones para protección del
medio ambiente, los recursos para consolidar la investigación y el desarrollo, los recursos suficientes para la reconversión y reindustrialización dentro de la política industrial y aumentar la inversión en infraestructuras del transporte en la red
convencional del ferrocarril de cercanías y en la red convencional de carreteras. Estas son las líneas generales de las enmiendas que defenderemos en cada uno de los títulos y secciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Brevemente, puesto que mi compañera ya ha centrado la cuestión, voy a hacer algún matiz que de alguna manera determinará lo que va a suceder a lo largo de hoy, de mañana y de los próximos días, cuando debatamos las
cuentas en el plenario.
Ya hemos felicitado al Gobierno y al Grupo Socialista, puesto que ha tenido la capacidad de encontrar las mayorías suficientes para sacar las cuentas, lo cual habla bien de su capacidad parlamentaria. Legitimidad absoluta, pero eso no
significa que tengamos que aceptar como un axioma que sean las mejores cuentas. De hecho estamos en una disyuntiva; ustedes nos dicen que el sacrificio de hoy servirá para que dentro de unos años podamos volver a situarnos en un escenario de mayor
justicia social, porque en definitiva ustedes, socialdemócratas, a lo que aspiran es a esto, y lo compartimos, pero que hay sacrificarse ahora. Estas cuentas a nosotros se nos prefiguran como un espejo donde vemos una cierta mentira, porque resulta
que tienen que sacrificarse los de siempre y además sin que sufran -y utilizo con toda la mala intención la palabra sufrir- los que más tienen. Además, nos aseguran un escenario poscrisis con estos presupuestos que quizá no reconoceremos, puesto
que si la prenda a pagar para salir de la crisis es menos políticas sociales, como se demuestra en este presupuesto; ninguna garantía para cambiar el modelo productivo, con lo cual quizá acabaremos siendo una sociedad de trabajo low cost; y además
si no resuelve un contencioso, a nuestro entender muy importante como catalanes, que es el maltrato a Cataluña en estos presupuestos, entenderán que, sin discutir ni un ápice la legitimidad de este Gobierno, en tanto en cuanto ha encontrado las
mayorías suficientes, nosotros tengamos una posición muy crítica respecto a las cuentas del próximo año, cuentas que, a nuestro entender, ven incrementados -si me permiten que lo diga con un ejemplo que puede ser la guinda del pastel- los recursos
en Fogasa para poder despedir a más trabajadores de forma más barata.
Francamente, si esto lo hubiera hecho el PP estaríamos casi manifestándonos, si no en la puerta de su sede, en la esquina. Esto es inaudito y lo pongo como un ejemplo, por no
hablar de las falsas promesas y los incumplimientos del ex ministro señor Corbacho, cuando en esta sede parlamentaria -no sé si juró, porque debe ser agnóstico o ateo- dio palabra de que no se iba a reducir el Fondo para la integración de la
inmigración. No hablo tampoco de las dificultades para desarrollar la Ley de la Dependencia, la ley icono de las izquierdas de la pasada legislatura, etcétera.
Sin discutir ninguna legitimidad, la verdad es que para nosotros son unas cuentas que niegan las políticas sociales, niegan la posibilidad de cambiar el modelo
productivo e incluso niegan la disposición adicional tercera de un estatuto que es una ley orgánica española. Se podría entender que yo cuestionara sus leyes, pero no que ustedes no sean capaces de cumplir sus propias leyes orgánicas, como
es el Estatuto, en una disposición adicional tercera por la que se deberían destinar 3.143 millones a Cataluña cuando se destinan solamente 1.080, una media, por cierto, respecto al Ministerio de Fomento, inferior a la española. Por todo ello y por
mucho más que ya tendremos ocasión de debatir a lo largo de estos días, pongo de manifiesto nuestra gran decepción ante estas cuentas, que, repito, tienen toda la legitimidad pero que a nuestro entender no nos van a servir para salir del pozo en el
que estamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Procurando ser lo más breve posible a la hora de fijar posición sobre el conjunto de los presupuestos y de las enmiendas presentadas, empezaré por una obviedad. En un contexto en el que la política monetaria está
transferida, la política presupuestaria es el principal instrumento de que dispone un gobierno para influir en la marcha de la economía, lo cual es aún más relevante en un contexto de crisis profunda, de crisis estructural, como en el que estamos.
Partiendo de esta premisa, consideramos que este proyecto de presupuestos en primer lugar representa la renuncia a una salida social a la crisis. El Gobierno insiste en que el 65 por ciento del gasto está destinado al capítulo social, pero esto es
así por el peso que en un contexto de restricción presupuestaria tiene aquel gasto al que el Gobierno está obligado por ley y en el que no tiene margen de maniobra, en el que no tiene margen de discrecionalidad, pero si examinamos en detalle los
presupuestos observaremos cómo hay un recorte evidente de las políticas sociales.
Estamos ante los presupuestos de la congelación de las pensiones, de recorte de las políticas de dependencia; estamos ante unos presupuestos en los que, excepción
hecha del incremento de fondos a Fogasa, al que ya ha hecho alusión el señor Tardà, o de las prestaciones de cobertura al desempleo, hay un recorte en las políticas de empleo, en un contexto de 4,5 millones de parados; estamos ante unos
presupuestos en los que se pretende justificar una serie de recortes con la paradoja de que estos ajustes son necesarios para asegurar la viabilidad futura del Estado del bienestar, mientras se dan pasos irreversibles para ir desmontando un estado
del bienestar que ya en el Estado español era raquítico comparado con otros Estados de nuestro entorno.
Además, desde nuestro punto de vista son unos presupuestos mal orientados para salir de la crisis económica; son unos presupuestos en los que se antepone el objetivo de reducción del déficit a la necesidad de que la política presupuestaria
favorezca la dinamización de la economía, la recuperación económica y la generación de empleo. Por eso se opta por un recorte drástico de la inversión pública, cuando esta es fundamental en un contexto de importante parálisis de la iniciativa
privada para que la inversión pública tenga un efecto anticíclico reactivador de la economía.
Son unos presupuestos en los que se da la paradoja de que se justifican todas estas políticas para cumplir unos determinados objetivos de déficit,
objetivos que, para que sean verificables, es necesario que se cumplan una serie de previsiones macroeconómicas que figuran en estos presupuestos y que prácticamente todos los analistas, todos los expertos, consideran total y absolutamente
infundadas. Por tanto, puede darse la paradoja de que sean unos presupuestos que no sirvan ni para reactivar la economía ni para cumplir los objetivos de déficit, con la agravante de que, siguiendo las indicaciones -si me lo permiten- del inefable
gobernador del Banco de España, el Gobierno ya nos anuncia que si estas previsiones macroeconómicas y estos objetivos en reducción de déficit no se cumplen tendríamos un plan B, plan que ya podemos anticipar en qué consiste, más recorte aún de la
inversión pública, más recorte aún de las políticas sociales.
Estos presupuestos también pretenden alcanzar los objetivos de déficit única y exclusivamente a través de una vía que es recortar y desmantelar progresivamente las políticas públicas, renunciando a operar sobre los ingresos. Nosotros
estamos de acuerdo en que la subida de determinados impuestos en un contexto de crisis puede ser contraproducente para favorecer la recuperación económica y mejorar incluso la recaudación del erario público; estoy pensando, por ejemplo, en los
impuestos indirectos, en el IVA, que grava el consumo. Así, difícilmente se puede incentivar el consumo y la recuperación de la demanda. Nosotros creemos que en el Estado español es posible hacer un mayor esfuerzo fiscal concentrado en las rentas
altas que permita proveer de recursos a las políticas públicas para hacer frente a este contexto de crisis, para no desatender las políticas sociales y repartir de manera mucho más equitativa y justa el esfuerzo social, pero se renuncia a esta vía.
Las modificaciones que se introducen en este proyecto de presupuestos son meramente cosméticas, meramente propagandísticas; se renuncia a una reforma fiscal de calado, como muchos grupos en esta Cámara hemos demandado con insistencia.
Por otro lado, por segundo ejercicio consecutivo se produce un importante descenso en las inversiones en Galicia, descenso que desde nuestro punto de vista pone en peligro que se cumplan los calendarios comprometidos que afectan a nuestras
principales infraestructuras y que se corrijan los déficits que Galicia tiene acumulados en esta materia. Estas son las razones que en su momento motivaron la presentación de una enmienda de devolución del Bloque Nacionalista Galego y que motivan
la presentación de 240 enmiendas parciales de nuestra formación política a este proyecto de presupuestos.
Doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto en el conjunto de los títulos y secciones de este proyecto de presupuestos y voy a centrarme en la defensa de las enmiendas en las dos enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado
a los títulos I y II. La enmienda 2459 pretende acotar la posibilidad de transferencias de créditos a las Fuerzas Armadas a necesidades operativas e inversiones de las mismas de raíz estrictamente humanitaria y bajo el amparo de la ONU de la Unidad
Militar de Emergencias. Creemos que, en un contexto de restricción presupuestaria, donde hay que concentrar el esfuerzo de austeridad es en el gasto militar, no en políticas sociales, no en gastos de inversión productiva, no en políticas de gasto
que contribuyan a modificar el modelo de crecimiento, y nuestra enmienda pretende evitar una desviación abusiva de los créditos destinados a gasto militar. En segundo lugar, la enmienda 2460 pretende proporcionar unos mecanismos de información
periódica a las Cortes Generales sobre la evolución del presupuesto en materia de inversión y gasto público con una periodicidad menor y que mejoren la transparencia y la posibilidad de control efectivo por parte del Congreso de los Diputados en
toda la información relativa a la evolución de la ejecución presupuestaria en estas materias.
Doy por defendidas, como ya he dicho, el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores diputados, comienzo mi intervención diciendo que creo que esto de los presupuestos ocultos, de los presupuestos alternativos, debe estar de moda, porque con alguna frecuencia
una parte importante de las fuerzas políticas utiliza ese tipo de argumentario en relación con las demás. Sinceramente, no me parece que ese tipo de acusaciones tenga alguna novedad.
Decía el señor Jorquera -y yo creo que tenía razón- que, una vez que los instrumentos de política monetaria se sitúan en el Banco Central Europeo -en nuestro caso-, a los países les queda como instrumento fundamental la política fiscal, pero
no es menos cierto que en materia de política fiscal estamos asistiendo a una reordenación de las competencias, porque no tiene mucho sentido que esta unidad económica que hemos construido en la Europa continental tenga un andamiaje institucional
tan débil como el que tiene en este momento. Por lo tanto, sí merece la pena, en tanto en cuanto se vayan afrontando estas situaciones, ir viendo cuál es el espacio fiscal que existe en cada sociedad y cómo se es capaz de articular de alguna manera
políticas monetarias con políticas fiscales.
Por lo que uno lee en los periódicos, seguramente mañana se anunciará, por segunda vez en la primera economía del mundo, en Estados Unidos, un paquete de medidas de gastos que de alguna manera se
financian con déficit, además a través de un mecanismo que no es otra cosa que el intento de inundar -con dinero electrónico y quizá con dinero físico- los mercados internacionales con dólares. ¿Para qué? Para hacer frente a un problema de
deflación de aquella economía y de pérdida del crecimiento.
En Europa tenemos otras circunstancias y es que hay naciones que de alguna manera pudieran contribuir a que el ritmo de crecimiento avanzara y no parecen muy predispuestas a ello. Eso origina una serie de hechos que mi grupo no quisiera
dejar de poner de relieve al inicio de este debate. Hay una serie de países que viven bajo la lupa de los mercados y que han venido llevando a cabo un conjunto de políticas, fiscales fundamentalmente, que nos han hecho ir a todos a una especie de
mecanismo de concertación en unas políticas más bien de austeridad económica.
Nosotros podemos decir que hemos salido de esa zona de riesgo y, como consecuencia de ello, la imagen que hoy tienen los organismos internacionales, los operadores
económicos y -por qué no decirlo- los mercados respecto de la andadura económica de España es bastante mejor que la que tenían hace años. Estamos cada día menos sujetos a la lupa de los mercados y hemos puesto en marcha un conjunto de estrategias
de política económica que nos parecen pertinentes: la disciplina fiscal sin lugar a dudas, los elementos de cohesión social de una manera muy destacada y, por último, abordar una serie de reformas del sistema económico en España. Lo hemos hecho
porque entendíamos que la situación de la economía hace un año, cuando abordábamos este debate en esta Comisión, ni era estable, ni era sostenible. Por tanto, teníamos que dar respuesta a una estrategia de la política económica que tuviera algún
sentido.
El debate está abierto, no niego que el debate exista, pero hay quien cree que lo que hay que hacer es estabilizar para crecer y hay quien cree que lo que hay que hacer es crecer para estabilizar. Esa es la dinámica, la dialéctica en la
cual se desarrolla hoy la política económica en la Europa continental. El Gobierno de España ha llevado a cabo, con un conjunto de gobiernos de la Unión Europea, una política de contracción coordinada, que puede parecer novedosa, que no lo es tanto
en términos históricos y que tiene en este momento la idea de establecer un ritmo en virtud del cual creemos que en este momento es necesario, en el corto plazo, llevar a cabo un conjunto de políticas de estabilización de la economía que puede que
den origen en alguna medida a menor ritmo de crecimiento económico, pero que en el medio plazo esperamos conseguir una serie de beneficios que nos permitan volver a recuperar el crecimiento económico, aproximar el crecimiento real al potencial, lo
que no podría lograrse si no se hace esa política de ajuste. Ya no estamos en un mecanismo donde se pregonen soluciones para un único país, ya estamos en un área donde se definen un conjunto de políticas económicas que afectan al área en su
conjunto. Yo creo poco
en la realidad de las soluciones nacionales y creo que el camino que hemos hecho deberemos ser capaces de llevarlo a cabo de una manera razonable y que pasa por ajustar primero la economía como vehículo para la recuperación en una fase
posterior.
¿Estas políticas de ajuste son idénticas en todos los países y en todas las opciones ideológicas? La sensación que da es que en todos los países, no. Las mañanas de los domingos uno a veces se tropieza con algunas declaraciones políticas
que ponen de relieve que las opciones ideológicas también cuentan. De esto hablaremos a lo largo de los próximos días y también más adelante cuando discutamos en el Pleno el dictamen de la Comisión. Mi grupo cree que esta sociedad ha hecho y sigue
haciendo un esfuerzo importante en políticas de bienestar, que es verdad que se simplifica en un porcentaje del gasto social respecto del conjunto del gasto público, pero no es menos cierto que, si uno se acerca a los renglones del gasto social,
sigue teniendo una posición activa en desempleo, en protección social, en pensiones para muchos colectivos, en educación. Por lo tanto, en un momento difícil, en un momento complicado, en un momento en el que es preciso llevar a cabo un conjunto de
ajustes en el gasto público, el Gobierno ha puesto de relieve unas preferencias y esas preferencias, cuando uno las sitúa en el tiempo, puede decir que, a pesar de las dificultades de este momento, una parte importante de los renglones del gasto
público español tienen una referencia bastante idéntica en el año 2011 con la que tenían en el año 2006. Por cierto, ahora se habla mucho y bien del presupuesto de 2006, pero los que llevamos aquí algún tiempo sabemos que cuando discutimos el
presupuesto de 2006 éramos muy poquitos los que de alguna manera lo defendíamos con esa intensidad.
Austeridad concertada, un diseño de política fiscal que nos evite algunas de las tensiones que hemos padecido el conjunto del área en el mes de mayo, reconocimiento por parte de mi grupo parlamentario de que no estamos en la misma situación
y que hoy hemos sido capaces de abrir un hueco que nos va a permitir generar confianza -y a mí no me importa hablar de confianza en la economía internacional porque estoy en una economía globalizada-, atención a un conjunto de políticas sociales y
un impulso reformador, impulso reformador que hemos ido viendo a lo largo de los últimos trimestres en una serie de aspectos de la política económica, pero también hay aspectos que están aquí como reformadores en disposiciones incorporadas a la ley
de presupuestos.
La actitud de mi grupo, y termino, señor presidente, no puede ser otra que la que ha venido manteniendo a lo largo de los últimos años. Nosotros queremos llegar a acuerdos con un número significado de grupos parlamentarios de esta Cámara y
estamos trabajando en esa dirección; abordamos una serie de cuestiones en el trámite de Comisión y dejaremos otra serie de cuestiones pendientes del Pleno del Congreso. Pero quiero que quede claro, como expresión de nuestra voluntad, que una parte
importante de las preocupaciones digamos territoriales que en esta Comisión siempre salen nos gustaría poder dejarlas resueltas a lo largo del día de hoy y de mañana, a través de las correspondientes enmiendas transaccionales. Luego, los aspectos
que obedecen a enfoques de interés general, de debate político más global, nosotros querríamos poder debatirlos con intensidad en el Pleno, porque esta ley de presupuestos no solamente es la ley de los estados numéricos, esta ley de presupuestos es
la ley de los estados numéricos pero también es una ley que está íntimamente vinculada con una estrategia de hacer frente a la crisis que se inició en mayo del año 2010 y que nosotros queremos continuar a lo largo del año 2011. Hay disposiciones
que hacen referencia a infraestructuras, a mecanismos de protección social y a fiscalidad, que a nosotros nos parece relevante que se puedan discutir y que se puedan discutir en este momento en esta Comisión, para luego seguir pensando, ahora que
vamos a tener, por primera vez en mucho tiempo, diez días para ver cómo podemos buscar vehículos de encuentro y rematar con el mayor número posible de acuerdos en el Pleno del Congreso.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, en el bien entendido de que es porque se ha cerrado el debate de los títulos I y II y por una cuestión de orden muy rápida.
Mi grupo quiere pedir que los letrados de la Cámara hagan un informe rápido para que se determine si se pueden tramitar ya, una vez iniciado el debate, todas las enmiendas. Nosotros entendemos que el artículo 133.4, que dice: Las enmiendas
al proyecto de ley de presupuestos que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación, quiere decir que, previamente a la tramitación, el Gobierno tiene la potestad de determinarlo o de decirlo, pero una
vez iniciada la tramitación ya no ha lugar a nada más que decir que cualquier informe del Gobierno llega fuera de plazo o, en términos ciclistas, con el reloj ya sobrepasado. También hay que tener en cuenta el precedente. Y es que,
tradicionalmente, hasta que el Gobierno socialista, el señor Zapatero, decidió vetar enmiendas, todos los años se enviaban las enmiendas al Gobierno y con el silencio del Gobierno se entendía que se tramitaban todas ellas. Nunca jamás se entendió
de otra manera. Aquí hay rumorología, pero hay silencio y ante el silencio se inicia una tramitación y esa tramitación entendemos que ya no se puede interrumpir y, por tanto, se tienen que someter todas a votación.
El señor PRESIDENTE: Antes de nada quiero decir -no sé si lo he dicho antes- que obviamente cuando llegue el informe del Gobierno en el que se posiciona con respecto a las enmiendas que considere oportuno, tanto de ingresos como de gastos,
yo dejaré que se termine el título que estemos discutiendo, pero inmediatamente suspenderemos para tener una reunión de Mesa y
portavoces para estudiar ese escrito del Gobierno y tomar las medidas adecuadas. Como es lógico, para cuando tengamos esa reunión, yo estoy seguro, porque son excelentes profesionales, de que los letrados que nos asesoran habrán estudiado a
fondo ese artículo al que su señoría se refiere, puesto que ahí es donde se basa qué hace la Comisión cuando recibe el escrito. Por tanto, doy por admitida esa petición, que supongo que en todo caso se haría, porque es lo que los letrados deben
hacer, pero anuncio que, cuando llegue el escrito del Gobierno, se suspenderá la Comisión para que la Mesa y portavoces, insisto, deliberen sobre este tema.
Si les parece, vamos a seguir con el título III.
Tiene la palabra en primer lugar, para defender las enmiendas que han sido presentadas, la señora Ramallo como portavoz del Grupo Popular.
La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Tomo la palabra en nombre de mi grupo para defender dos enmiendas que hemos presentado al título III, que es el de los gastos de personal. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.) Una
de ellas, la 180, es una enmienda de modificación que trata de añadir un último inciso al apartado uno del artículo 23, para que se permita que, en situaciones excepcionales y debidamente justificadas, la entidad solicitante podrá autorizar a las
corporaciones locales que tengan población inferior a 50.000 habitantes que puedan cubrir aquellas plazas que sirvan para prestar servicios básicos; en particular nos estamos refiriendo a servicios de urgencia, de emergencias, personal que tenga
encomendado servicios de extinción y prevención de incendios, personal que sea necesario para el desarrollo de la Ley de Dependencia y personal de la Policía local. La justificación de esta enmienda es que, ante situaciones totalmente excepcionales
y siempre que sean debidamente justificadas por las corporaciones locales, puedan tener capacidad para ser autorizadas a ampliar sus plantillas, para que dichos servicios se puedan prestar con normalidad en beneficio de los ciudadanos. Esta sería
la enmienda 180.
La otra enmienda que hemos presentado a este título III sería la 181, donde en aras de la coherencia que hemos estado defendiendo y como justificación se propone añadir un nuevo artículo 38 bis a este título III, de gastos de personal. La
justificación de añadir un nuevo artículo 38 bis se entiende porque el Gobierno, desde el pasado ejercicio presupuestario, ha aplicado una desordenada reducción de personal al servicio de la Administración General del Estado, por la vía de
establecer una tasa de reposición de efectivos del 10 por ciento, tasa que tiene previsto mantener hasta el año 2013, siempre con visos a reducir 30.000 funcionarios. Creemos que esta medida puede ser ejecutada de forma radical e indiscriminada
teniendo en cuenta que el Gobierno, después de cuatro años de mantenimiento de la tasa de reposición de efectivos del cien por cien, la redujo al 30 por ciento en el año 2009, y acuciado por las autoridades comunitarias ha aplicado una fuerte
reducción. Sin embargo esto se contradice claramente con que el personal, tanto laboral como interino, ha crecido de manera vertiginosa al amparo de multiplicidad de órganos, agencias y entes creados en los años que supusieron bonanza
presupuestaria, por tanto sin fines concretos claros y sí con mucho presupuesto en el capítulo de personal. A nuestro modo de ver urge por ello no solo la reducción, que también, sino la reordenación, para lo que se precisaría una auditoría pública
que sepa determinar dónde y qué tipo de personal es necesario en el Estado, en los organismos, en las agencias y en los entes que de él dependen como paso previo -esta auditoría- a un plan estratégico de recursos humanos.
Entendemos que el Gobierno
debe presentar en el primer trimestre del año una propuesta de reordenación del personal del sector público de la Administración General del Estado, donde se incluyan organismos autónomos, agencias estatales, sociedades y entes del sector público
estatal como paso previo a lo que llevamos diciendo: que se aprobase un plan estratégico de recursos humanos. Es necesario incidir en que existe una clara desproporción entre las retribuciones de determinados empleados públicos, especialmente los
de libre designación, de los empleados de organismos autónomos, de agencias, de sociedades y de otros entes del sector público con respecto a los funcionarios de la Administración General del Estado. Existen verdaderas desproporciones. Por eso
presentamos esta enmienda número 181, y para ello recabamos el apoyo de los distintos grupos en esta Comisión, en la necesidad de ajustar los recursos humanos existentes en la Administración General del Estado, en la necesidad de ajustarlos a la
verdadera dimensión y a los cometidos que tiene la Administración General del Estado. Nuestra idea pasa por aprovechar al máximo la capacidad de nuestros empleados públicos, haciendo que sea excepción y no regla que la cobertura de los puestos
directivos se realice a través de funcionarios de carrera. Desde nuestro grupo se ha expresado en diversas ocasiones que los funcionarios han sido, junto con los pensionistas, los grandes perjudicados por las medidas de ajuste presupuestario de
este Gobierno, y en consecuencia creemos que deben ser compensados a través de que se potencie su carrera profesional. Eso es lo que planteamos con estas dos enmiendas al título III.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Al título III nuestro grupo parlamentario solamente tiene una enmienda, la número 687, que va en la orientación de plantear la necesidad de emprender un plan de austeridad en la Administración pública reduciendo
al máximo la tasa de reposición de efectivos, que ponemos en el límite del 5 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Gracias, señor Sánchez i Llibre, por la brevedad.
Señora Buenaventura, por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Nuestro grupo solo ha presentado una enmienda al título III, la 1406, que también hace referencia a la oferta de empleo público, pero en este caso lo que nosotros proponemos es que haya excepciones por lo que
hace referencia a las corporaciones locales.
Entendemos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé que la aplicación de la tasa de reposición en la Administración local va a ocasionar graves perjuicios a la prestación de los servicios
públicos por parte de las corporaciones locales, además de la incertidumbre que pesa sobre el modelo de financiación de los propios ayuntamientos para el mantenimiento de servicios esenciales tales como los servicios sociales, personal de
emergencia, etcétera. Resulta con toda claridad que las entidades locales no van a poder garantizar la prestación de dichos servicios, y ello en un contexto que hace más necesario que las administraciones públicas hagan el mayor esfuerzo para
paliar los efectos de la actual crisis económica. En particular el nivel de deterioro de los servicios públicos será previsiblemente mayor en los pequeños y medianos municipios, por contar con plantillas escasas en las que será casi imposible la
sustitución de nuevos efectivos que cubran las bajas de distinta índole que puedan producirse. Igualmente proponemos que la limitación no opere para el personal necesario para la aplicación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia en el conjunto de administraciones públicas. Esta es la propuesta de nuestra enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Tiene la palabra el señor Jorquera, por el BNG, Grupo Mixto.
El señor JORQUERA CASELAS: Reitero que damos por defendidas las enmiendas del resto de las fuerzas políticas que integran el Grupo Mixto a todos los títulos y a todas las secciones.
Centrándome en las enmiendas presentadas por el BNG hay un paquete de enmiendas concomitantes entre sí en las que se propone que en el año 2011 las retribuciones del personal al servicio del sector público sean las vigentes a 1 de enero de
2010, sin que sea de aplicación la reducción de retribuciones del 5 por ciento y sin perjuicio además de actualizar sus retribuciones conforme a la evolución del IPC en 2011. Aparte de lo injusta que se puede considerar esta medida contenida en el
plan de ajuste, en cuanto se concentra el esfuerzo de ahorro del gasto público en los empleados públicos, en los pensionistas, en los sectores más débiles de la sociedad, consideramos además que es contraproducente esta medida contenida en el plan
de ajuste como estrategia para favorecer la recuperación económica porque, si se reduce el poder adquisitivo de amplios segmentos de la población, difícilmente se puede recuperar el consumo, se puede recuperar la demanda y con ello favorecer la
recuperación económica. Pero además mucho nos tememos que esta medida acabe convirtiéndose en un referente para el mercado privado.
Antes, en mi anterior intervención, he hecho alusión al plan B defendido por el gobernador del Banco de España; plan B que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda se apresuró a anticipar en el debate de totalidad de los
presupuestos que se ejecutaría si fuese necesario, por no cumplirse los objetivos de déficit. Pues bien, el señor gobernador del Banco de España -cuyas propuestas, aunque con retraso, las acaba asumiendo, las acaba aplicando el Gobierno- en el
mismo contexto en el que defendía este plan B también defendía la necesidad de una reducción salarial generalizada para favorecer la competitividad de la economía, y con ello favorecer la recuperación económica. Nosotros consideramos que las
estrategias de salida a la crisis no pueden ir por ahí, y esta es la razón que fundamenta nuestra enmienda.
La enmienda 2464 relativa a la oferta de empleo público propone que la limitación establecida en la oferta de empleo público no sea de aplicación en las plazas relativas a ámbitos como sanidad, educación, servicios sociales, emergencias,
justicia, gestión de políticas activas de empleo, tramitación de prestaciones de desempleo, vigilancia e inspección laboral y seguridad alimentaria. Consideramos que, en un contexto con el elevado volumen de desempleo que existe, la primera
preocupación de las políticas públicas tiene que ser contribuir a la generación de empleo, contribuir a combatir el paro. Por tanto discrepamos de una reducción tan drástica en oferta de empleo público, porque creemos que no es la mejor estrategia
para favorecer la generación de empleo. Pero además entendemos que la limitación establecida no puede extenderse a ámbitos enormemente sensibles, donde esa tasa de reposición del empleo público tan baja pueda acabar afectando a servicios públicos
básicos y contribuyendo a su degradación. Esta es la razón que fundamenta la presentación de esta enmienda, con lo cual doy por defendidas las enmiendas presentadas a este título.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señora Batet, por el Grupo Socialista.
La señora BATET LAMAÑA: Antes de entrar en el título III, en los gastos de personal, creo que es importante contextualizar este título con dos medidas tomadas en el año 2010. No podemos olvidar el Plan de estabilidad aprobado por el
Gobierno, un plan de estabilidad ambicioso, que tenía como prioridad la contención del déficit y que abarca hasta el año 2013; y en segundo lugar, el Decreto-ley 8/2010, que establecía una bajada
media del 5 por ciento de los salarios de los empleados públicos. Son dos medidas ya tomadas en el año 2010 y que condicionan en gran parte también este título III que hoy abordamos.
Mi intervención sobre el título III la dividiré en dos partes: una primera haciendo referencia a las retribuciones, a los salarios de los empleados públicos, y una segunda que hace referencia a la tasa de reposición. En relación con los
salarios quiero destacar, en primer lugar, que se congelan las retribuciones de los empleados de todo el sector público, de manera que serán las fijadas en 2010. En segundo lugar, tampoco se incrementa el porcentaje de la masa salarial que las
administraciones pueden destinar para aportaciones a planes de pensiones de empleo o seguros colectivos, que queda fijado en el 0,3 por ciento. Se ha incluido por primera vez con carácter básico la definición de masa salarial del personal laboral,
para que haya una homogeneidad en los conceptos que la integran en todo el sector público. En cuarto lugar, se fijan las cuantías de las retribuciones básicas de los funcionarios de todas las administraciones públicas, tanto las de las nóminas
ordinarias como las de las pagas extraordinarias. Los límites retributivos se aplican a las fundaciones del sector público, a los consorcios participados mayoritariamente por las entidades que forman parte del sector público, y al Banco de España.
Y finalmente quería destacar la disposición adicional trigésimo segunda, que recuerda la congelación de las retribuciones del personal directivo y no directivo de las sociedades mercantiles que forman parte del sector público.
En ese sentido y respecto a las retribuciones querría aclarar algunos aspectos sobre esta regulación concreta y su manera de cálculo, y lo que supone realmente para los salarios de los empleados públicos. Los presupuestos generales para
2011 no suponen para los funcionarios ninguna reducción retributiva adicional a la ya establecida en el decreto-ley de mayo de 2010. Lo digo porque parece que estas cantidades y la manera en que se han calculado ha generado alguna confusión,
incluso ha generado alguna noticia con datos que no se ajustan a la realidad. La explicación de que el sueldo considerado a efectos de pagas extraordinarias sea menor que el correspondiente a las doce mensualidades ordinarias estriba en que la
reducción salarial correspondiente a cada grupo se ha distribuido de forma desigual. Por ejemplo, considerando la rebaja media del 5 por ciento, se rebaja en torno a 2 puntos en las nóminas ordinarias y el resto en las extraordinarias, de tal
manera que la rebaja salarial de los funcionarios tiene mayor peso en estas últimas, pero la rebaja global no ha sufrido -quiero volverlo a reiterar- ningún recorte adicional. Por otra parte, quiero aclarar también que en el mismo sentido la paga
extra de diciembre de 2010 no es menor porque se hayan trasladado a la misma recortes correspondientes a los cinco primeros meses de 2010. Las retribuciones de estos meses ya se habían devengado, por lo que no hubo ninguna rebaja ni en las
mensualidades ordinarias, ni en la parte correspondiente a las pagas extraordinarias. De hecho, aplicar retroactivamente esta rebaja hubiese tenido problemas seguramente de constitucionalidad. Por eso la razón de que la cantidad correspondiente a
la paga extra de diciembre sea menor es la misma que he expuesto antes respecto al año 2011, no a la acumulación de la rebaja de los primeros meses.
En cuanto a la oferta de empleo público se regula en términos restrictivos en estos Presupuestos Generales del Estado, así como ya se hacía en los anteriores, de manera que las plazas de nuevo ingreso no podrán superar el 10 por ciento de la
tasa de reposición de efectivos, y se destinarán a atender a los sectores prioritarios o a aquellos que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Para el año 2011 no se fijan sectores prioritarios ni excluidos; no se fijan
por tanto excepciones. Como en años anteriores la contratación de personal temporal y el nombramiento de funcionarios interinos solo podrá hacerse en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. En la parte no básica,
por tanto aplicable exclusivamente a la Administración General del Estado, se establece el requisito de autorización previa por parte de los ministerios de Economía y Hacienda y de Presidencia para los contratos de puesta a disposición con empresas
de contratación temporal.
Finalmente se destaca la prohibición de crear nuevas agencias estatales; no obstante se ha incluido una excepción a dicha prohibición para permitir la creación de la Agencia del Medicamento, que fue autorizada con
prioridad al Real Decreto-ley 8/2010.
Por lo expuesto no podemos aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por los distintos grupos, especialmente por Convergència i Unió, Grupo Popular y BNG. Las de Convergència i Unió proponen una mayor restricción respecto al 10 por
ciento propuesto en la ley de presupuestos. El Gobierno, cuando incluye en el proyecto de ley la tasa de reposición de hasta el 10 por ciento, lo hace teniendo en cuenta el plan de austeridad existente en la Administración pública, incluyendo
además la propuesta de dos acuerdos marco con comunidades autónomas y corporaciones locales, acordados en el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010. Entendemos que en el ámbito de todo lo indicado la previsión es la adecuada, teniendo en
cuenta que en todo caso cada Administración pública, respetando este máximo del 10 por ciento, puede de acuerdo con su capacidad autoorganizativa rebajar el citado máximo a lo que considere conveniente. Por otra parte, las propuestas del Grupo
Popular, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del BNG, aunque prudentes, nos parece que abren las puertas a las excepciones y no es este el ejercicio adecuado para ello, máxime cuando el mayor representante del
Grupo Popular, el presidente de su partido, en paralelo propone suprimir 500.000 empleados públicos. Cualquier excepción a la restricción de las plazas de nuevo ingreso tendría un efecto inmediato de expansión sobre los gastos de personal que no
puede ser aceptado en el actual contexto
económico. Priorizar las plazas allí donde son más necesarias ya es posible, tal y como he señalado, y así está previsto en la ley de presupuestos.
Finalmente quería hacer una mención a las enmiendas presentadas por el BNG, que buscan una modificación profunda de la ley, de los artículos referidos a las retribuciones que, de facto, lo que hacen es proponer la supresión o modificación en
profundidad del Decreto-ley 8/2010.
Evidentemente no las podemos aceptar; bastante duro fue tomar esta decisión por parte del Gobierno y de este grupo parlamentario como para ahora considerar la aceptación de estas enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Con esta intervención habríamos terminado lo referente al título III, y pasaríamos a los titulos IV y VIII, y sección 7.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Bravo Ibáñez.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Voy a defender conjuntamente los dos títulos. En primer lugar quiero decir que la política de las pensiones públicas es el paradigma del fracaso del Gobierno socialista. Supone el fracaso de una política, de un
proyecto, de un discurso y de la propaganda sobre la que se ha construido toda esta política de pensiones. La auténtica amenaza del sistema, la verdadera amenaza está en la quiebra de la confianza entre las generaciones. En su momento se aprobó
una ley que garantizaba el derecho a las pensiones, y la decisión del Gobierno de congelarlas perjudica claramente a nuestros mayores. Este presupuesto no avanza en mejoras para nuestros mayores, para nuestros pensionistas, sino que es un
presupuesto que retrocede claramente en estas políticas tan importantes para el Partido Popular, para nuestros pensionistas, y para nuestros mayores. Congelar las pensiones no logra congelar el gasto, y aunque no sé si puedo hablar de la
congelación de las pensiones, ciertamente he articulado mi discurso en torno a esa enmienda que es central y clave en estos presupuestos, esa enmienda que de forma conjunta hemos elaborado casi todos los grupos de esta Cámara. Digo casi todos
porque hay algunos que no la aprueban. Es un requisito imprescindible para el Partido Popular y es un requisito al que no vamos a renunciar de ninguna de las maneras, porque estamos en sede parlamentaria, estamos en la casa de la democracia, y como
creedores de los valores que nos avalan, como representantes de los ciudadanos españoles, vamos a seguir preocupándonos por el tema de la no congelación de las pensiones.
La revaloración anual de las pensiones conforme al IPC es una recomendación del Pacto de Toledo. El Gobierno ha estado ignorando sistemáticamente los acuerdos de las Cortes, por lo cual a través de las enmiendas del Grupo Popular les
instamos a dejar sin efecto la congelación de las pensiones aprobada por ese Real Decreto-ley 8/2010.
Los pensionistas no pueden pagar los errores de este Gobierno a la hora de valorar el alcance de la crisis, y además porque los pactos están para
cumplirse, y una de las recomendaciones más claras y concretas del Pacto de Toledo -llevamos mucho tiempo trabajando en estas recomendaciones- es la del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, y la absorción a su favor de eventuales
diferencias entre el IPC final y el IPC previsto. Estos dos criterios ni se contradicen ni se sustituyen, simplemente se complementan. La cuantía que se congela de las pensiones es relevante. No se trata de un pequeño recorte que queda compensado
por las ganancias del año pasado. Los pensionistas no tienen por qué ser penalizados por las desviaciones del IPC mal calculadas. No es una cantidad menor, porque estos incrementos se consolidan. Un pequeño recorte de hoy se convierte en un gran
recorte mañana, en un recorte que perjudica a toda una vida laboral, que perjudica a todos aquellos trabajadores que han estado contribuyendo durante toda su vida laboral al sistema, a nuestro sistema de pensiones, a nuestro sistema de Seguridad
Social.
El Gobierno congela las pensiones de más de cinco millones de españoles para disfrazar la entrada en números rojos de la Seguridad Social: 1.300 millones de euros que se les niegan a los pensionistas por la congelación de las pensiones, y
otros 200 por la supresión del periodo transitorio de la jubilación parcial, cuando el Estado está emitiendo este año 287.000 millones de euros de deuda pública. Esto es una muestra de inaceptable insolidaridad. Siquiera en un escenario de crisis
el Gobierno renuncia a establecer una distinción inaudita: congela las pensiones de los que han cotizado e incrementa las pensiones mínimas un 1 por ciento, pero no con los recursos de la solidaridad general, sino con cargo a las demás
cotizaciones. Con ello de nuevo quienes hacen el esfuerzo de una mayor cotización se ven doblemente penalizados.
Otro punto donde queremos incidir desde el Grupo Popular a través de nuestras enmiendas es en el Fondo de Reserva. Este presupuesto de nuevo no garantiza la dotación necesaria de este fondo. El superávit de la Seguridad Social ya se ha
acabado, y hay un menoscabo claro de las cuentas de la Seguridad Social. En esta línea presentamos una enmienda para que el Gobierno materialice en la cuenta del Fondo de Reserva las cantidades pendientes procedentes de los excedentes
presupuestarios de la Seguridad Social de los años 2008 y 2009, así como los intereses y rendimientos correspondientes a dicha aportación, que deberían haberse reintegrado en la misma. El Gobierno ha utilizado para otros fines ajenos al sistema de
la Seguridad Social las aportaciones que correspondían a los años 2008 y 2009. Este año 2010 va a acabar con las cuentas de la Seguridad Social sin superávit en un difícil equilibrio, es decir, estamos ya a las puertas del déficit. El único
excedente es el generado por los intereses del Fondo de Reserva que se incorporan al sistema.
Estamos en un punto de no retorno.
Otro apartado importante que siempre nos ha preocupado se refiere a los complementos a mínimos. De nuevo este presupuesto no profundiza en la separación de fuentes de financiación, sino que hace justo lo contrario, hace que la Seguridad
Social un año más cargue con más gastos ajenos que en años anteriores, rompiendo sus resultados económicos. El presupuesto del Gobierno le quita de nuevo a la Seguridad Social casi 5.000 millones de euros para sufragar los complementos a mínimos de
las pensiones, que la ley dice que han de ser sufragados con los impuestos. Se aprovecha de la Seguridad Social para financiar otros objetivos políticos. Por ello, acordes con nuestro discurso, presentamos enmiendas para que las acciones sociales
o de justicia distributiva que quiera hacer el Gobierno por encima del IPC previsto se paguen con cargo a los tributos del Estado, y no con las cotizaciones de la Seguridad Social, preservando con ello el principio de contributividad y respetando
las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Por último no quiero olvidarme de un sector muy machacado en estos momentos, como es el sector de los autónomos. Ha quedado muy claro que este presupuesto no va a incrementar el empleo ni va a mejorar la vida de los parados, pero tampoco va
a mejorar la vida de ese sector tan importante como es la pequeña empresa, la empresa familiar, la empresa española que en muchas ocasiones se compone de un solo trabajador, de un solo emprendedor. Este presupuesto descarga sobre los autónomos su
voracidad recaudatoria. Las previsiones de incremento de recaudación, que suben un 2,9 por ciento -mientras que las cotizaciones referidas a las empresas y trabajadores ocupados ascienden a un 4,45 por ciento-, descansan en las medidas que se
plantean de manera abrupta, con dos medidas con las que no estamos del todo de acuerdo. Una, por la anticipación de los 50 a los 45 años de edad en el RETA que pueden optar por la elección de las bases de cotización, y dos, por aquellos autónomos
que puedan tener más de 50 trabajadores y que en vez de cotizar por la base mínima que tiene el régimen de autónomos, si así lo deciden, a partir de ahora tendrán que hacerlo por la base mínima del régimen general. Una diferencia que puede llegar a
cerca de los 200 euros por trabajador. Estos esfuerzos no se justifican en la equidad, sino en la voracidad recaudatoria. Esto se impone de una forma brusca, sin periodo transitorio alguno, que es lo que proponemos en nuestra enmienda.
Proponemos
reformas, mejoras, proponemos analizar todos estos temas, pero que todo lo que se haga sea de una forma flexible, gradual y progresivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario tiene dos enmiendas al título IV, pensiones públicas, una se refiere a incrementar el 2 por ciento de la cuantía de las pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. Esta
tendría que ser una preocupación también del Gobierno, en el sentido de que todas aquellas personas que tienen una pensión inferior al salario mínimo interprofesional tendrían que gozar al menos de la sensibilidad por parte del Gobierno para poder
incrementárselas en un 2 por ciento, a fin y efecto de que puedan llegar con menos dificultades que las actuales a final de mes.
Hay otra enmienda que quizás es la nuclear, la 680, que hemos presentado juntamente con otros grupos parlamentarios y que ha sido suficientemente debatida. Desde el primer momento nosotros entendíamos que existían otras posibilidades antes
de ir a una congelación de las pensiones para el año 2011. El Estado tiene en estos momentos suficientes activos y participaciones en empresas que hoy son públicas. Probablemente, si se quiere recabar recursos -los 1.500 millones de euros para
evitar la congelación de las pensiones de todos los pensionistas españoles- habría otras soluciones. Una solución era esta, la de poder vender activos que están hoy en poder del Estado para evitar este recorte social tan importante que se va
aplicar a lo largo del año 2011 para todos los pensionistas españoles. Repito, son dos enmiendas de gran sensibilidad social. Entendemos que un partido que se define y se proclama como Partido Socialista Obrero Español tendría que tener esta
sensibilidad hacia las clases más necesidades. En este sentido, a lo largo de este trámite parlamentario no sé si vamos a ser capaces de convencerles para que sean sensibles al máximo hacia las propuestas que hemos presentado el resto de grupos de
la oposición.
Existen cuatro enmiendas referidas al título VIII, denominado cotizaciones sociales, que van dirigidas, como siempre ha hecho nuestro grupo parlamentario, a reducir los costes de cotización que afectan al sector agrario, que es un sector
importantísimo de nuestra economía. Por eso en la enmienda 735 planteamos la reducción de las cotizaciones por cuenta ajena de los trabajadores agrarios sometidos a este sistema. Hay otras enmiendas que pretenden beneficiar a un colectivo tan
importante como son los trabajadores autónomos, en el sentido de ampliar de 50 a 55 años la posibilidad de que un trabajador autónomo pueda escoger la base de cotización. También la enmienda 737 plantea la posibilidad de ampliar el periodo de
adaptación al nuevo cambio legislativo de las cotizaciones de los trabajadores autónomos. Asimismo la 738 propone la supresión del incremento de cotización de los trabajadores autónomos que hayan tenido contratado a su servicio a más de 50
trabajadores.
Finalmente, hay dos enmiendas de gran sensibilidad social como es la bonificación del trabajador autónomo discapacitado. Asimismo, la 740 hace referencia a que los trabajadores autónomos a los que sea de aplicación el punto 2 del artículo
131, apartado cuatro, también deberían ser informados de forma individualizada del contenido y consecuencias de esta disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: En primer lugar, doy por defendida todas las enmiendas presentadas por mi grupo, alguna de ellas presentadas juntamente con la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Todas ellas
tienen un mismo espíritu, el del rechazo clarísimo a la congelación de la mayoría de las pensiones contributivas.
Entendemos que la reducción del déficit público no debe hacerse sobre la base de la congelación de las pensiones y su no actualización
de conformidad con el incremento de los precios, pues tal congelación contribuye a una mayor desigualdad en el reparto de la riqueza y supone hacer pagar la crisis generada por los mercados financieros a quienes ni son los principales responsables
ni son las personas que mejor pueden soportar los ajustes en sus ingresos. Además, el superávit de la Seguridad Social permite atender sin complicaciones el mantenimiento del poder adquisitivo de estas pensiones y asegurar que este poder
adquisitivo ayude a sostener el consumo, la demanda y el empleo. En consecuencia, debemos restituir lo que fue una conquista social justa, el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas que cobran pensiones públicas.
Me gustaría hacer referencia a una enmienda sobre la base de cotización de los trabajadores autónomos. Proponemos que a 1 de enero de 2011 los que tengan una edad inferior a 50 años podrán seguir optando por la base elegida por ellos dentro
de la base máxima y mínima fijadas en el apartado anterior. El debate alrededor de una modificación estructural de las cotizaciones, como es el caso que presenta el texto enmendado, debe producirse en el Pacto de Toledo, y existe una Comisión en la
que se está revisando esta cuestión. En ningún caso, es concebible aprovechar los presupuestos para esta modificación que nos sitúa en la lógica de que se incrementarán a veinte años los utilizados para el cómputo del importe de la pensión
correspondiente, como propone el Gobierno. Esta medida todavía no ha sido aprobada en el seno del Pacto de Toledo, por lo que parece inadmisible este cambio legislativo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Actualmente, los autónomos
pueden elegir libremente su base de cotización entre los importes máximos y mínimos del sistema sin ninguna limitación hasta los 49 años; a partir de los 50 las bases máximas están topadas excepto para los autónomos, que cotizarán un importe más
elevado antes de esa edad. El objetivo es evitar que en el periodo que se tiene en cuenta para determinar la pensión se concentren las cotizaciones más elevadas, es decir, los últimos quince años de cotización. En cualquier caso, como decía al
inicio, el espíritu de la mayoría de las enmiendas es el rechazo a la congelación de las pensiones contributivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Las enmiendas números 2488, 2489, 2490 y 2491 presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a este título pretenden corregir la congelación de las pensiones contributivas, lo cual es concomitante
con la enmienda 680 suscrita por distintos grupos -también por el Bloque Nacionalista Galego-, por lo que ya anuncio la retirada de votación de nuestras cuatro enmiendas a este título para defender y votar la presentada conjuntamente por distintos
grupos.
Quizás estamos ante la cuestión más debatida desde la aprobación del plan de ajuste y desde el inicio del trámite de este proyecto de presupuestos, por lo que resumiré al máximo nuestros argumentos. Entendemos que esta es una medida injusta
porque transfiere los costes de la crisis a los sectores más débiles de la sociedad, crisis generada -como muy bien se acaba de decir- en los poderes financieros. Si tenemos en cuenta además que medidas como la congelación de pensiones, la
reducción del salario de los empleados públicos y otros recortes de índole social no van acompañadas de una reforma fiscal realmente progresiva, el Gobierno renuncia a un reparto justo y equitativo de las cargas de la crisis y opta por una solución
fácil, que es reducir el gasto público e intentar corregir el déficit allí donde es más fácil meter la tijera sin tener en cuenta otras consideraciones. En primer lugar, habría que recordar que las pensiones no dependen de los presupuestos; que la
caja de pensiones tiene un superávit de 60.000 millones de euros; que no hay ninguna razón de índole estrictamente presupuestaria que justifique esta medida. Desde nuestro punto de vista, con esta medida se crea un precedente muy grave, dado que
se está vulnerando el Pacto de Toledo y además anticipa una hoja de ruta muy preocupante, como son las propuestas que el Gobierno pone encima de la mesa en materia de reforma de las pensiones claramente regresivas tanto en lo que se refiere a la
elevación de la edad legal de jubilación como a la ampliación del periodo de cotización y del periodo de cómputo para calcular la pensión media. Creemos que con estas políticas el Gobierno está renunciando, como ya hemos manifestado en la anterior
intervención, a una salida justa y social a la crisis y simplemente se está limitando a hacer guiños a los mercados para decirles: Ustedes, señores, en el campo de las pensiones van a tener oportunidad de hacer negocio. Por lo tanto, para nosotros
es un tema clave en nuestra oposición a este proyecto de presupuestos.
Reiteramos nuestra defensa de la enmienda 608 y la retirada de las enmiendas 2488, 2489, 2490 y 2491 porque son concomitantes con los contenidos de la enmienda suscrita por distintos grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): En cualquier caso, si no le importa, le agradeceríamos que nos pasara por escrito las cuatro enmiendas que retira de la Mesa.
Finalmente, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Marañón.
La señora MARAÑÓN BASARTE: Comenzaré por encuadrar la defensa tanto del título IV como del título VIII con unas palabras que ha señalado antes el portavoz de mi grupo al inicio de esta jornada. Lo digo por la defensa que han hecho
anteriormente los grupos de sus enmiendas dirigidas sobre todo a las pensiones y autónomos, porque han enfocado sus intervenciones en torno a ello. Lo que quiero decir es que los presupuestos que estamos tratando de aprobar, que han sido aprobados
pero que ahora estamos mejorando a través de la fase de enmiendas, son tal vez los presupuestos más importantes en muchos años de democracia en nuestro país. Son unos presupuestos enmarcados precisamente en una situación de crisis que, como se ha
señalado por parte de mi grupo anteriormente, no es única de un país como España, sino que es una crisis europea, global, que nos afecta a todos, y prácticamente todos los países de la Unión Europea están defendiendo de una manera o de otra, pero
con caminos bastante similares, medidas de austeridad y de recorte potentes para encaminar una salida a lo que nos viene afectando. Digo esto porque, en definitiva, cuando hablamos de las pensiones podemos ver que los países de nuestro entorno de
una manera u otra están tomando prácticamente las mismas medidas, con un matiz muy diferente, y así se ve en las ideologías. Tenemos el ejemplo de Francia estos días con las movilizaciones en la calle, por las que nos echamos las manos a la cabeza
porque pasan de 60 a 62 años, pero hay una trampa muy profunda, porque el fondo de la cuestión es que pasan de cuarenta años de cotización a cuarenta y dos; por eso, y aunque no se diga, la gente joven se está movilizando en Francia. ¿Por qué digo
esto en el marco de la defensa de los presupuestos de hoy? Porque de alguna manera en España y a través del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero efectivamente vamos a tener que tomar medidas que afecten a las pensiones presentes y futuras, pero
los caminos serán diferentes y así lo veremos todos -creo y espero- en un breve espacio de tiempo, puesto que, como digo, no son iguales las izquierdas que las derechas.
En este sentido, y entro ya a hablar del conjunto de enmiendas que hablan fundamentalmente de la congelación de las pensiones para este año 2011, primero quiero señalar el buen estado de salud -y no hay que cambiar la realidad- del Fondo de
reserva de la Seguridad Social en nuestro país, con más de 60.000 millones de euros. Hay una previsión de asignación por parte del Gobierno para este año de más de 3.500 millones de euros.
También quiero decir a este respecto, porque se ha
comentado dónde estaba el dinero previsto en ejercicios anteriores y para qué se ha utilizado -tuvimos ocasión de verlo en Pleno y salió aprobado-, que esas cantidades, en definitiva, se dirigieron única y exclusivamente para posibilitar los
aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social por parte de determinadas empresas de nuestro país, con el fin de que estas pudieran mantenerse abiertas y no tener que cerrar por las penurias que venían atravesando. Ahí están esos 7.000 u 8.000
millones de euros aproximadamente; es decir, que no se han evaporado en la nada y sin ningún sentido.
Cuando hablamos de la congelación de pensiones para este año, tendríamos que decir también que hemos aprobado un decreto-ley en mayo. Un decreto-ley está para cumplirlo y ha sido aprobado por este Congreso de los Diputados por una mayoría.
Puede gustar o no, pero no deja de ser una mayoría. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Pero también habría que recordar de cara a los presupuestos que estamos defendiendo ahora que en el año 2009 todas las pensiones experimentaron una
subida del 2 por ciento, mientras que la inflación en ese ejercicio creció solamente un 0,3 por ciento, con lo cual todas las pensiones ganaron un 1,7 por ciento. Las pensiones no van a experimentar pérdida de poder adquisitivo si tenemos en cuenta
todos los datos. Además, en enero del año 2011, dentro de muy poco, habrá una paga por desviación de la inflación del 1,1 por ciento a fecha de hoy, que es lo que no se ha cobrado en el año.
Estas pensiones crecen en la nómina mensual en el mismo
porcentaje. Como este incremento descansa a medias entre lo que es el ejercicio del presupuesto 2010 -la paga de enero de la que he hablado- y el de 2011, es cierto que no hay crecimiento si lo miramos en términos presupuestarios, pero en términos
de caja, el dinero que los pensionistas van a ver en su nómina, en su cuenta, que en definitiva es lo que les importa, todas las pensiones generadas hasta 2009 van a cobrar en 2011 una cantidad superior probablemente en un 2,2 por ciento a la que
van a haber cobrado en el año 2010. Luego la congelación presupuestaria no es tal en los cobros de los pensionistas. Yo creo que estas cosas hay que aclararlas porque la gente se asusta con los titulares gruesos.
El mantenimiento de los parámetros de renta compatibles con el complemento a mínimos es otra versión del mismo problema al haber experimentado subidas muy importantes hasta 2009, que hacen innecesaria su revalorización sin merma del poder
adquisitivo. En todo caso, para terminar con este tema, quiero señalar que, aun así, el Gobierno va a incrementar en un 1 por ciento las pensiones mínimas, las de los que menos posibilidades económicas tienen en nuestro Estado, las no
contributivas, etcétera.
Por otro lado, básicamente el resto de grupos han hecho hincapié en la defensa de sus enmiendas en el sector de los autónomos. En cuanto al conjunto de enmiendas que hablan del adelanto de la fecha en la que puede producirse el incremento
de base para los autónomos de la mínima a la máxima, los autónomos pueden multiplicar sin límite la base mínima por dos si desean hacerlo. Hasta la fecha tenían limitada la edad en los 50 años. A partir de ahora pueden hacerlo antes de los 45.
Esta elevación es voluntaria y no obligatoria. Esto va a afectar a personas que se jubilen entre 2025 y 2030 y
que, si no, cobrarán una pensión inferior cuando se jubilen.
En cuanto a la elevación de cuotas a autónomos con más de cincuenta trabajadores, no es lo mismo una empresa con solo uno, dos o tres autónomos que empresas de autónomos con cincuenta trabajadores. Estas son realmente empresas verdaderas.
En ese sentido no son autónomos, aunque puedan regirse por este sistema, son grandes empresarios. Esto afecta a unos pocos centenares de empresarios que pagan por la mínima a sus trabajadores teniéndolos luego contratados por bases mucho más altas.
Creo que el sistema español es uno de los pocos en toda Europa que permite una cosa así hoy en día.
Hay más enmiendas de las que no han hablado y no voy a entrar en ellas.
También hablan de las policías autonómicas, etcétera. Como no las han defendido, tampoco entramos ahora, pero sí quiero señalar para finalizar que vamos a aceptar
algunas de las enmiendas que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida. En este sentido, hemos presentado una transaccional en cuanto a dos enmiendas, la 1447 y la 1472, que básicamente habla de la ampliación de la edad para el cobro de la pensión
de orfandad hasta el cumplimiento de los 25 años. Aceptaríamos en sus términos tres enmiendas, la 1412, que habla del complemento de pensión para alquiler de vivienda para aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas, y la 1446 y la 1476
que, en definitiva, hablan de la consideración de familia numerosa a aquellas familias monoparentales con dos hijos a cargo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Título V y Sección 6.
Para defender las enmiendas, tiene la palabra el señor Nadal del Grupo Popular.
El señor NADAL BELDA: Evidentemente, mi grupo no ha presentado enmiendas al título y la sección que se refieren a la deuda pública puesto que la deuda pública hay que pagarla. El problema es por qué hemos llegado al nivel de deuda pública
que tendremos a final del año 2011, según reza en los Presupuestos Generales del Estado, y cómo ha sido posible que España haya acumulado solo en deuda estatal 300.000 millones de euros en apenas tres años. Es evidente que el Estado ha acelerado
notablemente el crecimiento de su deuda pública, eso ha generado una factura enorme para el año que viene en intereses, la gran factura de los Presupuestos Generales del Estado, 27.000 millones de euros. Esta factura es la que ha reducido el
espacio para todo lo demás, haber acumulado deuda durante este tiempo y a la velocidad tan rápida a la que se ha acumulado ha generado una necesidad de pagos de intereses tan alta que ha llevado a una reducción de todo el gasto corriente y del gasto
en inversión, el gasto corriente en todas las partidas de las que solía hacer gala el Gobierno, esas llamadas partidas sociales, salvo una que también hay que pagarla, se quiera o no, como es evidente, el seguro por desempleo. Todo lo demás cae:
educación, sanidad, ayuda a la I+D, gastos sociales, apoyo a las administraciones territoriales y en mayor medida todavía la inversión pública. Ha habido un gravísimo error de política económica, si no ha sido un error, ha sido un profundísimo
fallo de análisis, se pensó o se quiso pensar que esto era temporal, que la caída de ingresos públicos que salían a razón de unos 70.000 u 80.000 millones de euros al año iba a ser temporal y que enseguida se recuperarían; esos ingresos no se
recuperan y los presupuestos para el año que viene no plantean esa recuperación y, mientras tanto, se siguió gastando lo mismo. Se gastaba lo mismo y se decía al resto de las administraciones que podían gastar exactamente lo mismo; se les dio
dinero a las comunidades autónomas en entregas a cuenta y a los ayuntamientos también; tres años más tarde se les está pidiendo que devuelvan ese dinero que se presupuestó erróneamente y para financiarlo se recurrió de manera masiva a la deuda.
Este fue el cálculo del Gobierno, podemos hacerse sentir a la población y al resto de las Administraciones públicas que aquí no pasa nada; fue un cálculo erróneo, y además se quedaron cortos en un año porque los mercados y la Unión Europea
-especialmente la Unión Europea en el mes de mayo de este año- dijo hasta aquí hemos llegado y en qué ha gastado usted los 300.000 millones de euros que les hemos estado financiando, que al final son 300.000 millones de euros que vienen de los
ahorradores españoles y del resto de los europeos. El Gobierno no sabe responder a los españoles en qué ha gastado los 300.000 millones de euros, desde luego no ha sido en preparar a la economía española para salir de esta crisis, hacernos más
competitivos e invertir más; ha sido sencillamente en hacer la táctica del avestruz y con la táctica del avestruz llegamos al techo de endeudamiento que los Presupuestos Generales del Estado nos está planteando y a la enorme factura de intereses.
Los españoles ahora mismo ya no tenemos ese margen financiero del que disponíamos antes porque el Gobierno lo ha dilapidado. Si había que operar al paciente, que eran las reformas económicas que desde siempre tenemos que hacer y en un periodo de
crisis especialmente más, el Gobierno se ha gastado la anestesia y ahora opera al paciente sin anestesia, con el dolor social que estamos viendo con los recortes que nos plantea el Gobierno día a día.
Como único hecho relevante, dentro del conjunto de las enmiendas que se han planteado, sorprende enormemente el incremento en 311,5 millones de euros de deuda pública con cargo a determinadas enmiendas del Grupo Socialista. Si tenemos un
techo de endeudamiento, y la cosa está muy justa, añadir 311,5 millones de euros -que es un tercio de décima de PIB, que es una cifra bastante notable- por acuerdos de última hora, no parece razonable. Ya sé que son con cargo al capítulo 8, pero
son también con cargo al techo de endeudamiento en unos presupuestos en los que el techo de deuda va justo también, porque tenemos un 6 por ciento de déficit
público en el conjunto de las administraciones, 6 por ciento en términos de PIB, y un 6 por ciento de incremento del endeudamiento, lo cual nos lleva a pensar que las operaciones financieras del Estado y del resto de las administraciones
deberían ir limitadas a cero. Por tanto, no se entiende que aumenten esas operaciones en 311,5 millones de euros en el trámite parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario tiene una sola enmienda al título V, la 689, que va en la dirección de que se pueda contemplar la obligatoriedad de remitir toda la información a las Cortes Generales, en el sentido de
plantear cuál es el grado de ejecución presupuestaria de todas las leyes y sociedades que engloban dichos Presupuestos Generales del Estado. Ustedes saben perfectamente que cuando comparece el secretario de Estado de Hacienda para informar de la
ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, hay algunas sociedades y entes territoriales en los que no está debidamente reflejado el cumplimiento de ejecución de dichas partidas. Por eso, aquí planteamos la obligatoriedad de remitir toda
esta información de todas las leyes que estén vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Sinceramente, este es un título importante porque en él se refleja una parte muy significativa de las relaciones económicas entre el Estado español y la comunidad internacional. Nosotros somos un país emisor de
deuda pública y de deuda privada y estas se colocan en los mercados internacionales. Por tanto, es evidente que hay desequilibrios y de alguna manera la actuación de estos mercados internacionales se caracteriza por dos cosas: primero, por la
inmediatez y, a veces, por la brutalidad. En la primavera pasada vimos como se producían hechos que justificaban este tipo de planteamiento. ¿La respuesta a los mercados se tiene que hacer con déficit, con dinero? No.
La respuesta a los mercados
se tiene que hacer con acción; con acción para mejorar el diagnóstico que se tenga en relación con la economía española para reformar los fallos que puede que ocurran. Hablé antes de que la estrategia del Gobierno está en una trébede que tiene
como elementos de apoyo la austeridad, la cohesión y la reforma. Todo esto se hace para ganar márgenes de libertad, para ganar posibilidades de acción en materia de política económica, en el presente, en el medio plazo y en el futuro. Y no me cabe
le menor duda de que una política con esa estrategia crea tensiones. ¿Esas tensiones desgastan a los gobiernos? Claro que los desgastan. No conozco ningún Gobierno de nuestro entorno que en este momento no esté sufriendo tensiones y desgastes. Y
el Gobierno de España está sufriendo tensiones y desgastes.
Ahora bien, ¿cuáles son nuestras circunstancias? Nosotros no tenemos un déficit de dos dígitos, ni tenemos una deuda del cien por cien del PIB.
Nosotros no estamos ahí. No estamos ni en el pozo, ni en el brocal del pozo. Hay países que
lamentablemente están en el pozo y hay países que están en el brocal del pozo, y la acción del Gobierno a lo largo de los últimos meses ha sido alejarnos del pozo y alejarnos del brocal del pozo.
¿Cómo se ha hecho eso? Tomando medidas y adecuando
las decisiones en materia de política económica para corregir los fallos que se pudieran estar viviendo en el conjunto de la sociedad española. Partimos de un hecho: que lo más costoso de la crisis es no afrontarla. Lo que nosotros queremos es
afrontar esa crisis, modernizar la economía y tratar de garantizar el bienestar material de la inmensa mayoría de los españoles; por lo tanto, estamos en las reformas. Voy a decir una cosa para que quede claro delante del Partido Popular: No
esperamos a nadie al otro lado de la esquina a la hora de hacer reformas. Nosotros no esperamos al aguardo, no vamos a cazar al aguardo. Nosotros creemos que hay que hacer las reformas y que hay que hacerlas aquí y ahora. Tengo buenos amigos en
el Partido Popular, y me van a permitir porque tengo algunas dudas respecto de la actitud de algunos de los dirigentes del Partido Popular.
Me las suscitaron la lectura de un periódico catalán, La Vanguardia, el domingo pasado en el que venía una
crónica del acuerdo que habían logrado en Portugal el gobierno y la oposición. Uno de los argumentos de un responsable del partido de Cavaco, no del partido de Socrates, es que harían todos los esfuerzos para, de alguna manera, impedir que llegara
el FMI y que Portugal tuviera que recurrir al FMI, para evitar que hubiera tutelaje, o como dicen ustedes cuando están un poco más aguerridos, que hubiera una situación de protectorado. No, esta sociedad tiene que ser capaz de afrontar su propia
realidad. Yo me pregunto qué hubiera pasado si en la sociedad española hubiéramos tenido que soportar estar en el pozo o en el brocal del pozo. ¿Se hubiera constituido un bloque como el que se ha constituido entre los demócratas portugueses para
llegar a esta situación? Tengo que decir que nosotros hemos constituido un bloque, lo que pasa es que lo hemos constituido con el PNV y con Coalición Canaria.
No oculto delante de esta Comisión que para mí es una sorpresa histórica.
Para los que
nos hemos educado en una determinada concepción de la democracia y de la política en España, que el nacionalismo y el Partido Socialista sean capaces de constituir un bloque y la derecha nacional esté a la vuelta de la esquina no se sabe esperando a
quién, nos produce una cierta insatisfacción. Pero la vida es así. Yo, honestamente, creo que en materia de convivencia política todos tenemos que aprender mucho, pero algunos más que otros.
Dicho todo esto, una parte del argumentario que se utiliza en contra de esta sección parte de un hecho con el que no estamos de acuerdo. La situación de los créditos que se dotan aquí no es peor este año que lo fue en el año 1997. Si uno
se fuera más atrás, también. En 1997 dedicábamos a gastos financieros algo así como el 14 por ciento del total del gasto presupuestario y el 4,1 por del producto interior bruto. Ahora vamos a dedicar el 7 por ciento del gasto presupuestado y el
2,5 del PIB.
Esto se discutió cuando vino aquí el señor Campa, porque la señora Gastón Menal le pregunto qué pasaba con esto. Y el señor Campa dijo: Tenemos unos gastos financieros bastante asequibles, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de
generar confianza.
Termino, pero me van a permitir que lo haga recurriendo a Roubini que, por lo visto, en la comunidad internacional es un predictor reconocido. -Hay gente que cree que hay predictores no reconocidos, pero vamos a hablar de los reconocidos-.
Roubini decía el domingo pasado que las crisis son animales de costumbres, que son como los huracanes, que pueden cambiar de dirección y que incluso pueden reavivar. Él hace un relato, una descripción de lo que ha sido la crisis. Fue una pequeña
crisis doméstica en el sistema financiero norteamericano, creó una crisis real en la economía mundial en el grado de gran recesión, dio origen a una crisis que se ha dado en denominar, de la deuda soberana, ahora es la crisis de la guerra de las
monedas, y dice Roubini: Esto no va a terminar, cabe la posibilidad de que se avive de otra manera y que se avive cuando haya que transformar deuda privada en deuda pública. Sinceramente, el problema del endeudamiento español no es un problema de
endeudamiento público sino de endeudamiento privado. Por eso, a la hora de hacer algunas manifestaciones conviene no crearles más dificultades de las habituales a los operadores privados. Por eso, cuando le preguntan a algún dirigente político:
¿Cómo es posible que los dirigentes privados, los organismos públicos y el Gobierno de España crean poco en algunas opciones? Porque hay que tener cuidado y no equivocarse. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminada la discusión sobre este título, pasamos al título VI. Para defender las enmiendas planteadas tiene la palabra el señor Tomé por el Grupo Popular.
El señor TOMÉ MUGURUZA: La defensa de las enmiendas del Partido Popular al título VI de este proyecto de presupuestos es una buena ocasión para hacer balance de lo que ha sido la política del Gobierno socialista en materia tributaria a lo
largo de los años. Ha sido, por decirlo en dos palabras, una política errática y caótica. Hemos visto cómo se bajaban y se subían impuestos; se introducía deducciones como la de los cuatrocientos euros o las ayudas por nacimiento de hijos para, a
continuación, suprimirlas; hemos visto como se reducía el IRPF para luego subirlo; hemos visto la subida de impuestos con efecto sobre las familias y personas de rentas medias y bajas más alta de la democracia, como ha supuesto el incremento del
IVA al que hemos asistido el año pasado. Al final, se está contraponiendo una vez más los dos modelos. Uno, el del Partido Socialista, que se enfrenta a la crisis con incrementos de gastos acompañados de incrementos de impuestos para luego darse
de bruces con la realidad, obligado por la Unión Europea, por los organismos internacionales, y tener que aplicar recortes como los que vimos el pasado mayo. Este presupuesto al final no es nada más que eso, la constatación de que esta política
presupuestaria y tributaria errática se ha acabado y al Partido Socialista no le queda más que ejecutar, falto de proyecto, los recortes que le han venido dictando desde instancias internacionales.
Hablaba hace un momento el señor Marugán de la actitud del Partido Popular ante las reformas y la política del Gobierno. El Partido Popular ha propuesto a lo largo de esta legislatura las políticas que siempre ha venido ofreciendo a los
ciudadanos con éxitos reconocidos y que están en la memoria de todos: políticas de reformas estructurales para ganar eficiencia, políticas de moderación en el gasto público, políticas de rebajas de impuestos condicionadas al cumplimiento de
objetivos de estabilidad macroeconómica. Entre todas las crisis que enumeraba el señor Marugán, que inciden en nuestra situación actual, se ha olvidado de mencionar la crisis doméstica, la que se deriva de factores estructurales, fruto de la
política que el Gobierno ha seguido a la hora de permitir el incremento del gasto público, permitir que se acumulasen graves desequilibrios hasta un déficit exterior del 10 por ciento; la actitud que ha tomado de acumular deuda pública a esa deuda
privada tan importante, que se ha acumulado por motivo de esos graves desequilibrios exteriores; la política de veto de las iniciativas de la oposición, la política que va del 8 al 12 de mayo de negar a la oposición la posibilidad de llegar a
aceptar sus propuestas en materia de moderación del gasto y de austeridad, a los recortes impuestos.
Por eso en nuestras enmiendas proponemos una alternativa coherente en materia tributaria adecuada a las circunstancias que existen. Por una parte, pedimos la supresión del artículo 63 del texto de los presupuestos en la enmienda 186. Es
una nueva cortina de humo que se nos ofrece desde el Gobierno, subida de los marginales máximos de renta con un efecto recaudatorio muy pequeño, tratando de ocultar ante los ciudadanos el efecto dramático que están teniendo sobre los presupuestos
familiares y sobre la actividad económica subidas masivas de impuestos como la del IVA. Son los mismos tipos marginales que primero se reducían, luego o ahora se suben; política tributaria que mientras que el Partido Popular bajaba el impuesto
sobre la renta en todos los tramos, el Partido Socialista cuando bajó el tipo marginal máximo al 43 subió el mínimo al 24, lo que sí afectó a las rentas más bajas. Eso no hay que olvidarlo.
Queremos también que se suprima la disposición que
elimina las deducciones por adquisición de vivienda. Es un ejemplo
más de esta política errática. Cuando España necesita ahorro, cuando necesita además que de forma eficaz se reestructure, se sanee el mercado de la vivienda y el mercado inmobiliario, se suprime un incentivo tradicional en nuestro impuesto
sobre la renta; en nuestra opinión no solamente no se debería suprimir sino que se deberían incorporar otros incentivos que favorezcan el ahorro a largo plazo en forma de planes y fondos de pensiones, en forma de otros instrumentos de ahorro.
Además hemos presentado enmiendas para que los menores de 35 años puedan seguirse beneficiando de la deducción por alquiler. Nos parece que reducir esa deducción del umbral máximo de los actuales 35 a 30 años es, en la práctica, eliminarla, cuando
son conocidas las dificultades que para la emancipación tienen los jóvenes en la actual situación de paro, que para esas cohortes de población alcanza la cifra del 40 por ciento.
Proponemos también reformas estructurales en el impuesto sobre sociedades para las pymes. Algo se apunta en el presupuesto que mejora el régimen fiscal de las entidades de reducida dimensión, pero no es suficiente.
Esta es una medida
estructural que hemos propuesto desde el comienzo de la legislatura y este es el momento adecuado para introducir de manera decisiva el fomento de creación de empresas. Hay otras medidas que afectan de manera muy importante a elementos claves de la
gestión tributaria para mejorar las posibilidades de financiación de las pequeñas y medianas a las que luego se referirá mi compañera, la señora Madrazo.
En resumen, insisto, estos presupuestos ponen también de manifiesto lo errático a lo largo de los años en materia tributaria de la política del Gobierno socialista y la carencia de soluciones, de alternativas, para afrontar con garantías de
éxito la crisis que viene.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado bastantes enmiendas al título VI, que hace referencia a las normas tributarias. Tiene alrededor de treinta enmiendas, pero básicamente me referiré a las más relevantes
con el fin de resumir adecuadamente cuáles son los objetivos, las motivaciones, de nuestro grupo para intentar cambiar, dentro de nuestras posibilidades, la hoja de ruta de política fiscal que ha emprendido el Gobierno socialista, porque pensamos
que va en la dirección contraria sobre cuál debería ser el objetivo fundamental, que es del generar confianza para que esta a su vez pueda generar inversión y tener capacidad de crear puestos de trabajo. Nuestras enmiendas más relevantes van, en
primer lugar, en la dirección de evitar este incremento de presión fiscal que se ha planteado en este proyecto de Presupuestos Generales del Estado a determinadas clases medias y altas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El
objetivo recaudatorio va a ser simbólico, solamente se van a recaudar con este incremento de impuestos alrededor de 230 millones de euros. Lo que van a plantear es que vaya calando en la sociedad que este Gobierno, para poder compensar y contentar
a su parroquia y a los sindicatos, ha implementado para determinadas escalas de renta un impuesto ideológico que va a gravar teóricamente a los que ellos denominan ricos cuando justamente van a gravar a todas aquellas clases sociales y trabajadoras
que con un nivel de renta determinado van a llegar a cotizar alrededor de un 47 ó 49 por ciento sobre lo que realmente ganan. Son planteamientos recaudatorios que van a provocar la fuga de talentos en España, que determinadas personas que trabajan
aquí incorporando un valor añadido dentro de sus capacidades se planteen ir a trabajar a otros países de la Unión Europea, donde no exista esta voracidad fiscal que va a plantear el Gobierno socialista a través de este proyecto de Presupuestos
Generales del Estado; por lo tanto, hay que evitar radicalmente, si es posible, dentro de nuestras posibilidades que se incremente la presión fiscal.
Hay otro elemento importante dentro de este título VI. Vamos a intentar suprimir la modificación de la deducción por adquisición de vivienda habitual. Entendemos que intentar eliminar esta deducción es otro error gravísimo de la política
fiscal del Gobierno precisamente cuando es uno de los elementos más negativos que viene arrastrando nuestra economía.
Hay un parque importantísimo de viviendas por comprar que están deshabitadas, y al Gobierno no se le ocurre otro planteamiento que
suprimir la deducción por vivienda habitual. Dentro de estos aspectos que hacen referencia a la normativa fiscal también hemos presentado la enmienda número 705, en la que proponemos evitar la doble imposición interna en el impuesto sobre
sociedades. Esta es una enmienda con la que quizás tenga sensibilidad el Grupo Socialista para llegar un acuerdo a lo largo de este trámite parlamentario. Otra cuestión sobre la que hemos debatido en reiteradas ocasiones es el pago del IVA de los
autónomos y las pequeñas y medianas empresas no el momento del devengo sino del cobro de las facturas. Este es un aspecto que hemos planteado reiteradamente en el Congreso de los Diputados y sobre la que hemos aprobado un sinfín de mociones, pero
no ha habido manera humana de hacerlas cumplir al Gobierno para así solucionar el problema de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos y que puedan equilibrar sus cuentas mensuales o trimestrales.
Finalmente hay algunas enmiendas que van en la dirección de que se aplique el tipo reducido del IVA a determinados bienes y servicios, como ocurre en algunos países importantes de la Unión Europea. Por ejemplo, pedimos que se aplique el
tipo de IVA reducido a la compra de viviendas de protección oficial o de promoción pública, o la reducción del tipo general de IVA al tipo superreducido para los pañales de uso infantil y adulto. Esta es una cuestión sobre la que en esta
legislatura se han aprobado varias mociones en esta dirección,
pero no hay manera de conseguir que el Gobierno haga caso a aquellas recomendaciones que emanan de la directiva europea y por la cual muchísimos países aplican el tipo de IVA superreducido a pañales de uso infantil y adulto. Desde esta
perspectiva hacemos la misma recomendación de aplicar un tipo reducido de IVA a los suministros de agua, gas y electricidad, como ocurre en una parte importante de los países de la Unión Europea, y exactamente lo mismo para el gasóleo agrícola,
ganadero o forestal.
Estas son las enmiendas más relevantes de las treinta que hemos presentado al título VI.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra en primer lugar la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Nuestro grupo parlamentario también ha presentado distintas enmiendas a este título, la mayoría de ellas siguiendo una filosofía que en diferentes momentos de los debates parlamentarios hemos ido presentando, y
que viene a decir que consideramos que nos encontramos ante un sistema tributario con escasa progresividad y un elevado fraude fiscal que afecta a la equidad y suficiencia del sistema. Las medidas fiscales incluidas en los presupuestos que hoy
estamos debatiendo no tienen efectos apreciables sobre la recaudación. La medida estrella, la que se ha presentado como la gran nueva aportación, ciertamente es cosmética. Es una subida muy moderada del tipo marginal en la tarifa estatal del IRPF
para los contribuyentes con bases liquidables generales superiores a 120.000 euros y a 175.000 euros; por tanto, se espera recaudar muy poco, apenas 200 millones de euros.
El presidente del Gobierno, después de anunciar las medidas de ajuste social en mayo de este año, declaró que era su objetivo que los mejor situados económicamente realizasen también un esfuerzo fiscal suplementario para aliviar nuestras
finanzas públicas, pero en la propuesta de presupuestos no lo vemos. El IRPF es el impuesto progresivo por excelencia y el que mayor recaudación aporta al conjunto de administraciones públicas; solo el 18,8 por ciento de los contribuyentes declara
una base imponible de más de 30.000 euros, proporción que baja al 4 por ciento de los contribuyentes a la hora de declarar una base imponible de más de 60.000 euros. Si se calculan los tipos efectivos sobre la renta se observa cómo estos
contribuyentes con mayores ingresos no soportan una mayor tributación. El impacto regresivo del tipo fijo sobre las rentas del ahorro es parte de la explicación, además de la posibilidad que tienen los contribuyentes de mayor capacidad económica de
acceder a mecanismos de ingeniería fiscal para reducir la carga impositiva. Por ello, no es de extrañar que la subida de la tarifa general que se incorpora en estos presupuestos apenas tenga impacto recaudatorio.
Respecto al impuesto sobre sociedades, el tercer tributo en volumen de recaudación según la última estadística del año 2007, solo el 42 por ciento de las sociedades declaran bases imponibles positivas, y estas empresas con beneficios que
soportan el tributo tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad. Esto es así porque las posibilidades de acceder a un mayor número de deducciones y beneficios fiscales es mayor cuanto mayor es la dimensión de la sociedad y porque son
las grandes empresas las que pueden realizar ajustes societarios para diferir y evitar la tributación. En cuanto al IVA, el segundo tributo en volumen de recaudación, si analizamos la comparativa internacional de la tasa impositiva implícita por
imposición indirecta -un indicador facilitado por Eurostat que compara la recaudación por IVA con el consumo privado de los hogares-, observamos que esa tasa en España es la segunda menor del conjunto de países de la Unión Europea, solo superior a
la tasa griega.
Aunque los tipos impositivos en España son de los más bajos de Europa se comprueba que Estados con tipos aún menores presentan un valor mayor, y que Estados con un valor de ITR que duplica el de España lo alcanzan con tipos
impositivos superiores a los nuestros pero que en modo alguno los duplican.
Otra de las medidas fiscales introducida en estos presupuestos pero que para nosotros es insuficiente, es una mejora en la tributación de las Sicav cuando estas realizaban reducciones de capital. Estas sociedades especulativas han sido
denunciadas en reiteradas ocasiones por nuestro grupo, recibiendo siempre la misma respuesta por parte del Gobierno, que las Sicav no se tocaban porque su funcionamiento era el correcto. Ahora el Gobierno rectifica con unas mejoras que no resuelven
cuestiones como que el cuerpo de inspectores de Hacienda recupere su control efectivo, la tributación de los capitales que no salen de las Sicav o las garantías para que todos los miembros de esta sociedad sean realmente inversores.
Estos son
ejemplos que señalan algunas de las deficiencias de nuestro sistema tributario. En consecuencia, hemos presentado enmiendas -aquí doy por defendidas todas las presentadas por mi grupo- para, en concreto, la recuperación del impuesto sobre
patrimonio -largamente discutido en este Parlamento-; el aumento de la tributación de los rendimientos del capital en el IRPF, introduciendo un tramo más en su tarifa al 24 por ciento; la incorporación a la base general de las plusvalías generadas
por operaciones especulativas y el aumento hasta el 35 por ciento del tipo en el impuesto sobre sociedades para empresas con bases superiores a 100 millones de euros.
Continúa mi compañero.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Paso a relatar algunas de las enmiendas a este apartado, uno de los que hemos enmendado con más profusión en este trámite parlamentario.
Al impuesto sobre la renta de las personas físicas hemos presentado tres enmiendas, la 1854, 1855 y 1856, mediante las cuales se introduce un nuevo tramo en la tarifa general para bases liquidables superiores a 100.000 euros anuales, que
serán gravadas a un tipo marginal del 50 por ciento, entendiendo que los contribuyentes que perciben retribuciones de elevada cuantía pueden realizar un esfuerzo suplementario para financiar el gasto público. Esto ya les suena de otros discursos
que contextualizan nuestra posición en estos presupuestos. Además, en la enmienda 1857 se mejora la progresividad en la tributación del ahorro con un tramo más en su tarifa para bases liquidables superiores a los 12.000 euros anuales a un tipo del
24 por ciento y se recupera además el requisito del plazo de permanencia para calcular la tributación de las plusvalías suprimido en la reforma fiscal del año 2006.
Asimismo la enmienda 1858 propone crear un gravamen extraordinario, tanto en el tramo estatal como autonómico, por la participación en beneficios superiores a 30.000 euros anuales con vigencia limitada al periodo 2010-2012, para atender las
necesidades urgentes de saneamiento de las cuentas públicas.
La enmienda 1890 propone suprimir el trato fiscal favorable a las Sicav, que no se soluciona con los presentes presupuestos. También recuperamos -otros grupos parlamentarios también defienden lo mismo- mediante las enmiendas 1865 y 1866 el
impuesto sobre patrimonio para aquellos contribuyentes que declaren un patrimonio individual neto de deuda superior a un millón de euros, lo cual a nuestro entender permitiría al Estado ingresar unos 1.500 millones de euros anuales como mínimo.
Déjenme que también haga referencia a unas enmiendas en tanto en cuanto afectan al contexto de nuestra crítica a estos presupuestos. Algunas de ellas son de especial relevancia porque en materia tributaría entendemos que sí puede incidirse
en aspectos que mejoren la productividad y la competitividad de las empresas. Para ello, mediante las enmiendas 1867 y 1975 se mejora el tratamiento fiscal a todo tipo de actividades de investigación y desarrollo en el impuesto sobre sociedades.
También existen otras medidas, en concreto la enmienda 1876 propone una tributación más favorable para microempresas y pymes, reduciendo el gravamen aplicable en el impuesto sobre sociedades.
Con la enmienda 1899 proponemos una reforma de la Ley del IVA que ha de permitir dotar de mayor liquidez a nuestras empresas, cambiando el actual modelo de devengo del IVA, al cual también hacía referencia hace un instante el compañero
Sánchez i Llibre, de Convergència i Unió. Por tanto, son enmiendas transversales que compartimos distintos grupos parlamentarios y que doy ya por defendidas mediante la explicación de sus justificaciones.
Finalmente quisiera prestar atención a las enmiendas 1904 y 1905 relativas a la aplicación de tasas más bajas al aeropuerto de Girona, que como ustedes saben ha sido una plataforma para el relanzamiento económico de algunas comarcas que
habían tenido una cierta crisis coyuntural hace unos años en la industria del turismo y que ahora ven cómo tienen que competir con el aeropuerto de Barcelona en vuelos de aerolíneas de bajo coste.
Sería interesante que el aeropuerto de Girona se
pudiera beneficiar -repito- mediante las enmiendas 1904 y 1905 con unas tasas más acordes con las necesidades del territorio.
Estas y otras enmiendas, que por economía de tiempo doy por defendidas, son las que conforman la parte enmendante de este título VI de los presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, voy a procurar en la medida de lo posible resumir al máximo las numerosas enmiendas presentadas por el BNG a este título.
La enmienda 2496 propone la exención de declarar el IRPF en el caso de las prestaciones por desempleo y las prestaciones extraordinarias por desempleo en algunos supuestos.
La enmienda 2497 propone la modificación de la Ley del impuesto sobre la renta de los no residentes para que la exención de los rendimientos derivados de la deuda pública obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España en
ningún caso sea de aplicación a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidos a través de los países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, y que, por tanto, tampoco sea de aplicación cuando la sociedad matriz tenga su
residencia fiscal o el establecimiento permanente en un país o territorio que tenga esta consideración.
La enmienda 2498 propone que en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible y en las operaciones sujetas a gravamen cuyos sujetos pasivos se encuentren en la categoría de
empresas de reducida dimensión o bien en la de trabajadores autónomos, el IVA se devengue en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.
Mantener la exigibilidad del IVA con el vigente sistema de
devengo supone que la empresa morosa pueda deducir un IVA que no ha pagado, mientras que la empresa proveedora tiene que liquidar e ingresar ese IVA pese a que no ha cobrado la factura. Por tanto, la medida que proponemos, y que es concomitante con
otras enmiendas similares presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya y Convergència i Unió, es necesaria para luchar contra la morosidad que acentúa los problemas de liquidez que padecen numerosas pymes y autónomos.
Otras enmiendas presentadas tienen un denominador común, mejorar la progresividad del sistema fiscal, y contribuir con ello a un reparto más justo y equitativo de la carga fiscal que permita operar también sobre los
ingresos para reducir el déficit sin recortar inversión pública y políticas sociales, y cumplir con la función redistributiva que tiene que tener el sistema impositivo. Así, la enmienda 2499 propone recuperar en las rentas del ahorro el
requisito del plazo de permanencia para calcular la tributación de las plusvalías suprimido en la reforma fiscal de 2006.
No nos parece justo ni equitativo que las ingentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban considerarse renta
del ahorro y beneficiarse de un tipo impositivo más favorable que el que grava la renta general. Estas plusvalías no aportan valor añadido a la economía, no benefician a la economía productiva y perjudican al adquirente, que sufrirá un aumento del
precio especialmente en el caso de operaciones especulativas sobre inmuebles.
La enmienda 2500 propone introducir en el IRPF un nuevo tramo en la tarifa general para bases liquidables superiores a los 100.000 euros anuales, que serán gravadas a un tipo marginal del 50 por ciento. Por tanto, pretende ir más allá que
la reforma introducida en estos presupuestos y que para nosotros es meramente cosmética. Las enmiendas 2501 y 2502 pretenden mejorar la progresividad en la tributación del ahorro con un tramo más en su tarifa para bases liquidables superiores a los
12.000 euros anuales a un tipo del 24 por ciento. La enmienda 2503 propone la supresión del régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. La opción por el régimen favorable para los impatriados está
limitada desde que se aprobara una enmienda en el trámite del proyecto de presupuestos para el año 2010 a aquellos que obtienen rentas inferiores a 600.000 euros. Sin embargo, desde nuestro punto de vista sigue sin ser justo que las millonarias
retribuciones de los aún numerosos deportistas de alto nivel o de los directivos de empresas y multinacionales impatriados tributen a un tipo fijo del 24 por ciento del impuesto sobre la renta de los no residentes, que es precisamente el tipo
marginal mínimo que se aplica a cualquier ciudadano residente en el Estado español.
La enmienda 2504 propone establecer en el impuesto sobre sociedades un tipo del 35 por ciento para las bases imponibles que superen los 100 millones de euros. Desde nuestro punto de vista, las grandes empresas que obtienen beneficios por
encima de esta cantidad pueden realizar un esfuerzo suplementario para financiar la inversión pública. Por último, la enmienda 2505 propone recuperar a partir de 2011 el impuesto sobre el patrimonio para aquellos contribuyentes que declaren un
patrimonio individual neto superior a un millón de euros.
Insisto, por tanto, en que con estas propuestas, similares a las que acaban de exponer otros portavoces, pretendemos operar también sobre los ingresos, con un reparto más justo y más equitativo de la carga fiscal.
La mayoría de ellas son
coincidentes con las contenidas en una proposición de ley que distintos grupos suscribimos en esta Cámara y que aún se encuentra en trámite parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Muchos portavoces han puesto de manifiesto, y a mí me gustaría también resaltarlo, que estos presupuestos deben transitar por un camino muy estrecho. Debemos asegurar una consolidación fiscal, debemos acompañar
el paso, la transformación a un nuevo modelo productivo y queremos -el Gobierno y el Grupo Socialista- hacer todo ello manteniendo y mejorando si cabe la cohesión social y la solidaridad entre todos los españoles. Como ha señalado muy bien mi
compañero el señor Marugán cuando defendía el resultado de la política fiscal -mayor o menor ingreso, mayor o menor gasto resultan en mayor o menor déficit y por lo tanto deuda-, este es un camino estrecho que no está en el brocal del pozo, en la
punta ni cerca de él, pero consideramos -y así lo vamos a defender- que es posible transitar por él. Es difícil, crea tensiones, pero estamos decididos a transitar por él.
De la vertiente del gasto no voy a hablar -empezaremos dentro de poco-, de la vertiente de la deuda ya se ha hablado y aquí nos toca concretar la vertiente del ingreso. La posición de mi grupo en relación con prácticamente todas las
enmiendas que sobre estos temas han presentado los grupos es de rechazo, con dos excepciones que voy a comentar más adelante, cuando toque, y me gustaría explicar el porqué de este rechazo.
Empezando por la imposición sobre la renta, la mayor parte
de las enmiendas del Grupo Popular y de Convergència i Unió se dirigen a suprimir las medidas de subida moderada en la tarifa estatal del IRPF para las rentas más altas, con el argumento, que a mí me ha sorprendido un poco, de que es humo
-pregúntenselo a las personas a quienes afecta-, de que tiene poca capacidad recaudatoria -el propio Gobierno lo ha estimado entre 200 y 300 millones de euros; no es espectacular, pero es una cantidad importante- y sobre todo de que esto va a
afectar a las clases medias, y la verdad, yo no sé cómo van a poder convencer ustedes a los españoles de que, con una renta per cápita media de alrededor 23.000 euros, una base imponible de 120.000 euros es propia de una clase media.
Tienen una
concepción de las clases medias muy poco compartida por el resto de los españoles.
Hay otras enmiendas que han defendido los grupos de Esquerra Republicana, de Iniciativa per Catalunya Verds y del Bloque Nacionalista Galego que se dirigen a lo contrario, a aumentar aún más esta contribución. A nosotros nos parece que el
camino emprendido por el Gobierno, ya con modificaciones el año pasado -con el aumento en la renta del ahorro- que se complementan este año con estas, es suficiente.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Colldeforns. Ruego, por favor, silencio para que podamos oír a la persona que está interviniendo.
Continúe.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, presidente.
Hay otras enmiendas que también son comunes a casi todos los grupos, unos por más, otros por menos, que son las relativas a la modificación en la desgravación de la vivienda. El portavoz del Grupo Popular ha dicho que el señor Fernández
Marugán se había olvidado de la mayor crisis doméstica, pero la mayor crisis doméstica es la que plantaron y regaron ustedes con la burbuja inmobiliaria, y este Gobierno inició medidas ya en la anterior legislatura para paliarla y continuamos por
esta vía. También debo poner en valor, porque creo que a veces nos olvidamos, que esta medida de modificación, de contención, digamos, de la desgravación a la compra de la vivienda se complementa -y ningún portavoz lo ha puesto de manifiesto- con
una política de mejora, de rebajas, de incentivos a la política de alquiler de viviendas, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Deben mirarse en su conjunto. Se trata de racionalizar y equilibrar este mercado. También es verdad que
se necesitaba un régimen transitorio, porque esta es una deducción que afecta a muchísimas personas en España, y por eso, aparte de las que había ya en los presupuestos, mi grupo ha presentado la enmienda 2740, que aclara y mejora este régimen
transitorio.
Continuando con el impuesto sobre la renta, celebro que ningún grupo se oponga al artículo 75, que no modifica el régimen tributario de las Sicav -debo aclararlo-, pero sí evita un caso claro de elusión fiscal que se había puesto de
manifiesto más recientemente con la crisis. A este respecto es preocupante, por ejemplo, que el Partido Popular quiera recuperar, como lo hace en la enmienda 228, fuentes de elusión fiscal que en el pasado habían sido muy acusadas y que eran un
verdadero boquete, como por ejemplo la reducción cuando se perciben planes de pensiones en forma de capital al finalizar su periodo. Esto, como saben ustedes, fue eliminado en la reforma de 2006 y había creado uno de los mayores boquetes de elusión
fiscal de este país.
Avanzo, señor presidente, tengo en cuenta el tiempo, no se preocupe. En cuanto al IVA, ha habido un conjunto elevado de enmiendas. La mayoría de las modificaciones que hay en los Presupuestos Generales del Estado se refieren -y quiero que
quede claro aquí-, bien a la adecuación a las directivas comunitarias, bien a la interpretación de las mismas que se da en sentencias en los tribunales de la Unión Europea. Mi grupo rechaza contundentemente las que suponen volver atrás en los
aumentos del año pasado, tanto en su aspecto sectorial como general, y también va a rechazar, por las razones que he dicho antes de la necesidad de consolidación fiscal, todas aquellas de Esquerra, Izquierda, CiU, Bloque Nacionalista Galego o el
Partido Popular -todos los grupos han presentado- que quieren aplicar el IVA superreducido a un número importante de bienes y servicios en nuestro país. Vamos a rechazar también, aunque nadie las ha mencionado, las enmiendas relativas a las tasas.
Creemos que la política de aumentarlas un uno por ciento, cuando el aumento de los costes, por lo menos del coste de la vida, puede que sea un poco superior, ya supone un esfuerzo de contención. A este respecto sí vamos a aceptar la enmienda 718,
de Convergència i Unió, que es simplemente una corrección ortográfica con la que estamos de acuerdo.
Vamos a rechazar las enmiendas que no son más que recuperar las propuestas habituales que una y otra vez el Partido Popular y Convergència i Unió
nos presentan sobre las distintas rebajas del IVA en bienes y servicios.
Con relación al impuesto de sociedades, celebro que casi ninguno de los grupos haya presentado enmiendas a la disminución en el impuesto de sociedades que suponen los incentivos que existen en el proyecto de ley a las pequeñas empresas que
quieren ganar tamaño. Me sorprende la enmienda 191 del Partido Popular, que elimina este incentivo y lo sustituye por otro más general. Habría entendido que lo quisieran añadir, pero nunca que lo quisieran suprimir. Debo referirme también al
núcleo importante de enmiendas que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana a modificaciones en el impuesto de sociedades, sobre todo relativas a mejoras en el tratamiento de la investigación, desarrollo e innovación, que en cualquier caso
vamos a rechazar, pero quisiera recordar que en el proyecto de ley de economía sostenible existe ya una propuesta en este sentido, y mi grupo está dispuesto a seguir hablando sobre esta base cuando debatamos este proyecto de ley. A este respecto, y
también en el ámbito del impuesto de sociedades, hemos presentado una enmienda transaccional a la número 705 de Convergència i Unió, en el sentido de una mejora técnica y una aclaración en el aspecto de evitar la doble imposición. Por lo tanto,
espero que la enmienda transaccional, que presentaré a la Mesa, se corresponda con la retirada de la enmienda 705.
Termino, señorías. Han hablado ustedes de política errática, de política caótica en relación con la política fiscal del Gobierno. Yo, con toda humildad, debo señalarle que creo que hacen una trampa, que esto es un poco de deshonestidad
intelectual; la trampa que ustedes hacen es colapsar en el tiempo las distintas fases que ha habido de la crisis. En respuesta a las primeras fases de la crisis, este Gobierno rebajó muchísimo los impuestos; la disminución en la recaudación ha
sido fruto no solo de la crisis sino también de las políticas activas, de la facilidad en aplazar, en dar liquidez, en rebajar, en estimular y en fomentar mediante una política fiscal no solo de gasto, sino también de ingresos, que ustedes no
reconocen. En unas fases posteriores ha habido que recuperar estos ingresos. Por tanto, no digan que es caótico lo que responde a distintas fases y situaciones en esta crisis.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al título VII, de los entes territoriales.
Para defender las enmiendas propuestas tiene la palabra por el Grupo Popular don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: El portavoz Fernández Marugán hacía mención antes a una información del
periódico La Vanguardia referida a los acuerdos alcanzados en Portugal. Yo le recomendaría al señor Fernández Marugán y a todo el Grupo Socialista que siguieran el ejemplo de los socialistas portugueses, llegar a acuerdos con el Partido
Popular. Le digo esto porque van a tener 507 oportunidades entre hoy y mañana de pactar con el Partido Popular, 507 oportunidades que son las 507 enmiendas que el Partido Popular ha presentado a estos presupuestos. La triste conclusión será que
mañana, cuando acaben las votaciones, ustedes habrán votado 507 veces no a las enmiendas del Partido Popular, y no solo a las enmiendas del Partido Popular, sino a enmiendas presentadas por otros grupos políticos referidas al ámbito de las
corporaciones locales y de las administraciones públicas. Lo evidente es que en materia de corporaciones locales, en materia autonómica, el partido del Gobierno no tiene un plan B, solo tiene un plan A que es el que lleva practicando desde hace
seis años: llevar a la asfixia económica y financiera a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas, sin escuchar a la oposición, sin escuchar al Partido Popular en todas las propuestas que le ha hecho, sin escuchar a la Federación
Española de Municipios y Provincias -año tras año el Grupo Socialista ha votado en contra de las enmiendas que presentaba la Federación Española de Municipios y Provincias que preside un alcalde socialista- y sin escuchar al resto de los grupos
parlamentarios. Y no solo eso, sin escuchar a esta Cámara cuando, en temas tan importantes como la financiación local, se le ha pedido una financiación local, porque ya anunció el presidente del Gobierno en su debate de investidura que iba a haber
financiación local, y al final ustedes mismos han dicho a través del vicepresidente señor Chaves que no va a haber financiación local. Por lo tanto, ustedes siguen empeñados en la política de acoso y derribo de las corporaciones locales y de las
administraciones autonómicas y, como consecuencia, también de muchas pymes y de muchos autónomos que están viendo cómo la asfixia de las corporaciones locales está provocando el impago de las facturas y el cierre de muchas pequeñas y medianas
empresas y de muchos autónomos.
Además, en este presupuesto el Gobierno pretende derogar las líneas ICO de apoyo a la financiación de los ayuntamientos previstas en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de Morosidad, y
poner el foco de las restricciones para el control del endeudamiento en los entes territoriales que, aunque como todos han de hacer un esfuerzo, no es justo que paguen en mayor medida los platos rotos de la desastrosa política económica de un
gobierno que cuando ya arreciaba la crisis se dedicó a despilfarrar, y ya se lo advertimos, y a esperar que el crecimiento económico de otros países, los que sí han hecho su reforma económica, tirara de nuestra economía y nos sacara adelante.
Frente a este presupuesto que presenta el Gobierno, el Partido Popular, a través de las enmiendas -doy todas por defendidas-, ha planteado una completa y ambiciosa alternativa en materia de política territorial. En materia local, nuestra
alternativa pasa por exigir el cumplimiento de los compromisos del Gobierno y los acuerdos que esta Cámara ha aprobado en relación con la reforma de la Ley de Régimen Local y su financiación, la adopción de medidas transitorias que palien las graves
dificultades económico-financieras por las que están atravesando las entidades locales, dando con ello respuesta a la mayor parte de las demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias, con objeto de facilitar el normal funcionamiento
de las corporaciones locales, y más en una época de crisis como es esta a la que nos ha llevado la política económica del Partido Socialista, que es cuando las entidades locales más política social realizan y cuando más demanda ciudadana hay de
política social por parte de los ayuntamientos, y ustedes se están dedicando a asfixiarlos y a impedirles que presten servicios básicos esenciales en política social, pero como ustedes son el Gobierno más antisocial de toda a democracia.
(Una
señora Diputada: Bueno, bueno.) Bueno, no. Vean ustedes sus medidas de congelación de pensiones, de bajada de sueldo de los funcionarios (Protestas.-Aplausos.), de quitar dinero de dependencia y luego dicen bueno, bueno, vale, vale. Pero eso se
lo dicen ustedes a los 46 millones de españoles que están sufriendo su política económica, no me lo digan a mí, aquí. Salgan ustedes a la calle y no se pongan tan nerviosos cuando escuchen la realidad de su política económica y de su política
presupuestaria. Además, les voy a decir otra cosa: les advertimos en los presupuestos 2008 y 2009 que ustedes estaban engañando en el presupuesto.
Y la demostración de su engaño fue que tanto corporaciones locales como comunidades autónomas van a
tener que devolver dinero a las arcas del Estado, porque ustedes previeron, y les dijimos que era una pura mentira, ingresos que eran absolutamente ficticios para cuadrar unos presupuestos que eran irreales y que han llevado a España a la situación
de crisis económica que tenemos. Esa es la realidad que consta en los presupuestos y en los anales de su política económica.
Dentro de nuestro programa de apoyo y de mejora de su política económica con respecto a las corporaciones locales, planteamos enmiendas dirigidas a incrementar el porcentaje de las entregas a cuenta por el sistema de financiación del 95 al
98 por ciento, como está previsto para las comunidades autónomas. También, flexibilizar la devolución de las liquidaciones negativas a las que he hecho referencia, de 60 a 120 mensualidades. Se flexibiliza su capacidad de endeudamiento corrigiendo
la discutible e ideológica arbitrariedad contemplada en el proyecto de presupuestos y que excepcionalmente para 2011 pueda destinarse el mismo a inversiones y gasto corriente. Al igual que ya sucediera en el ejercicio 2010, y hasta que se apruebe
la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone por parte del Grupo Parlamentario Popular que en 2011 se eleve del 110 al 125 por ciento el porcentaje establecido en el artículo 53.2 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. Se urge y se insta al Gobierno para instrumentar la nueva línea de crédito ICO-morosidad entes locales, prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio, con el fin de facilitar que el
ICO otorgue liquidez para que las empresas y autónomos con créditos pendientes puedan cobrarlo -es absolutamente increíble que este Gobierno no cumpla ni las propias normas y leyes que aprueba-; se mejore la financiación de municipios con población
inferior a 20.000 habitantes, incrementando el Fondo especial de financiación para municipios con población inferior a los 20.000 habitantes ya citados y dotando adecuadamente el Fondo especial de financiación para garantizar una participación en
tributos del Estado de 165 euros por habitante; se establezca el nuevo fondo para las entidades locales destinado a compensar a aquellas que tienen instalaciones militares en su territorio, dotado con 6 millones de euros.
El Ayuntamiento de Marbella y la ciudad de Marbella requieren una atención especial y por ello se propone que las cantidades derivadas de los procedimientos judiciales relacionados con las irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de
Marbella por el famoso y triste caso Malaya sean afectadas a la cancelación de la deuda que este ayuntamiento mantiene con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de la Administración Pública por las circunstancias tan
especiales que se han dado.
Con respecto a Madrid, se requiere un tratamiento especial derivado de su Ley de Capitalidad y por ello se propone el reconocimiento de obligaciones económicas para la financiación de instituciones con amplia proyección y relevancia del
municipio de Madrid, así como, en su caso, de servicios específicos prestados por el ayuntamiento.
Con respecto a las diputaciones provinciales y entes asimilados, con nuestras propuestas también verán sustancialmente mejorada la financiación prevista en sus presupuestos generales del Estado para 2011, al haberse planteado que las
entregas a cuenta no puedan ser inferiores a las que percibieron en el año 2009. Para garantizar unos ingresos mínimos a diputaciones de menor tamaño poblacional, y con la finalidad de mantener su capacidad inversora en las obras que destinan a
servicios obligatorios básicos de los pequeños municipios y a la mejora de la red viaria, se propone un incremento en los planes de cooperación para alcanzar los niveles ya dichos del ejercicio 2009.
Respecto a políticas autonómicas, y voy terminando, señor presidente, con nuestras propuestas las comunidades autónomas también verán flexibilizada la devolución de las liquidaciones negativas por los errores cometidos por el Gobierno
socialista en los anteriores presupuestos, pasando de las 60 mensualidades establecidas por el Gobierno en los presupuestos de 2011 a 120 mensualidades. La Comunidad Autónoma de Aragón se incorporará a las comunidades autónomas de Andalucía,
Castilla y León, Cataluña e Illes Balears, receptoras de fondos para inversiones derivados de lo preceptuado en sus respectivos estatutos de autonomía. Se propone que la Comunidad Autónoma de Andalucía pueda utilizar el mismo procedimiento para la
devolución de las liquidaciones negativas que ya utilizó el Gobierno para el pago de la deuda histórica de Andalucía, es decir, mediante la transmisión de propiedades, bienes y derechos de titularidad autonómica. Estas iniciativas se contemplan con
una propuesta para que el Gobierno impulse la llamada segunda descentralización, que permita concluir con el proceso descentralizador iniciado con la Constitución española, con la realización de un estudio que permita evaluar y realizar un
diagnóstico sobre las carencias y dificultades que tienen las entidades locales de menor tamaño poblacional para garantizar la prestación de los servicios públicos básicos.
En definitiva, señorías, presentamos un paquete de enmiendas de medidas económicas que pretenden mejorar el insistente y mal planteamiento en contra de las corporaciones locales y de las administraciones autonómicas que lleva el Gobierno
socialista en los últimos seis años y que, por mucho que quieran negarlo, provocan una auténtica crisis en el ámbito de las corporaciones locales que está afectando precisamente a las personas más desfavorecidas, puesto que ahora es cuando más que
nunca los ayuntamientos realizan una política social acorde a la crisis económica en la que el Gobierno socialista ha metido a toda España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta alrededor de quince enmiendas que hacen referencia al título VII, que define los entes territoriales. La mayoría de ellas van en la dirección de
intentar dotar de más recursos a las corporaciones locales, en el sentido de facilitarles más liquidez, incrementando al 98 por ciento la entregas a cuenta que les pueda hacer el Estado como consecuencia de su participación en los tributos del
Estado que hacen referencia a los municipios. Otra enmienda está dedicada a incrementar un fondo de 25 millones de euros para Barcelona en función de los compromisos adquiridos entre el Estado y la capitalidad de Cataluña, como es el municipio de
Barcelona. Finalmente, existe otra enmienda relevante, la número 734, relativa a la creación de un fondo especial de financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes, con la finalidad de dotar de un incremento per
cápita en función del número de habitantes de poblaciones que no superen los 20.000 habitantes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Nuestro grupo parlamentario ha presentado en este título trece enmiendas que recogen acuerdos de la Federación Española de Municipios sobre la financiación local y sobre todo para paliar las deficiencias que
observan en estos momentos los gobiernos locales, debidas a la situación económica y de crisis pero también por las liquidaciones del Estado inferiores en los últimos años respecto a los anteriores. Desde los años 2008-2009 ha habido una
disminución importante de las aportaciones del Estado a los municipios. En esta línea, las trece enmiendas que presentamos recogen distintas maneras de paliar esta situación, pero me gustaría decir que las entidades locales son la hermana pobre de
todas las administraciones, ahora y antes. Desde el año 1979 -hace treinta y un años- nunca ha habido una financiación como debería ser ni con gobiernos del Partido Socialista ni con gobiernos del Partido Popular. Las administraciones locales son
las más próximas al ciudadano, las que pueden conocer mejor sus necesidades y su problemática, por lo que, como decía, esta es una asignatura pendiente que deberíamos tomar en consideración Dicho esto, doy por defendidas todas las enmiendas que son
más en concreto para el presupuesto de 2011.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: En cuanto al título VII, entes territoriales, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría recordar una vez más que estos son los primeros presupuestos que recogen en su integridad el nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas y que, por tanto, en este aspecto no cabe comparación con el presupuesto anterior.
También queremos recordar que la mayor parte de las enmiendas presentadas a este título tienen que ver con la financiación
local. Creemos firmemente que el esfuerzo de austeridad que tanto venimos reclamando todos y todas y además el hecho objetivo de que la evolución de la recaudación de ingresos del Estado ha caído deben reflejarse también en los entes territoriales,
y por lo tanto, en la medida en la que creemos que el esfuerzo en austeridad es y debe ser conjunto, consideramos que es de justicia que para el conjunto de los entes territoriales este reparto sea así. Estos presupuestos recogen además en materia
de financiación local -queremos recordarlo- un aumento neto del 9 por ciento en las entregas a cuenta que se realizan a las entidades locales. Se insiste de nuevo en la petición de la financiación local, y a estas alturas les puedo garantizar que
nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, somos conscientes, en primer lugar, de la situación económica ante la que estamos, la situación económica general, y, en segundo lugar, somos conscientes sobre todo de que, mal que nos pese, hubo un antes
y un después del primer fin de semana del mes de mayo; un antes y un después claramente reflejado sobre todo en cuestiones de austeridad. A estas alturas, insisto, y siendo conscientes de esta diferencia, creemos que todos aquellos que
recurrentemente siguen pidiendo un nuevo sistema de financiación local lo utilizan -entiéndanme con cariño esta expresión- como un eufemismo, lo utilizan a modo de pedir más dinero para las entidades locales, algo que a todos -también al Grupo
Parlamentario Socialista- nos gustaría, puesto que no somos nosotros quienes neguemos esta necesidad para las entidades locales. Pero también creemos que a estas alturas no debiéramos confundir más dinero con más disponibilidades para estas
entidades. Podría ser así en mejores circunstancias económicas, pero si creemos en aquello -insisto- que recurrentemente todos y todas estamos pidiendo en cuanto a materia de austeridad, no creamos tampoco que aprobar ahora un sistema de
financiación local automáticamente conllevaría más dinero para los municipios, puesto que el pastel general a repartir no crecerá por aprobar un nuevo sistema de financiación local. Por lo tanto, que el reparto ante las circunstancias económicas
aumentara para los municipios o para cualquier otro destino en este caso lo que haría sería mermar el margen de la Administración General del Estado -entiéndase, vestir a un santo desvistiendo a otro- y entendemos que en estas circunstancias no
mejoraría la situación general.
En cuanto al detalle de las enmiendas presentadas por cada uno de los grupos, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado al presupuesto un conjunto de doce enmiendas que se refieren en su totalidad, al igual que han
hecho otros grupos, a un incremento del porcentaje del 95 al 98 por ciento en las entregas a cuenta para las entidades locales. Esta petición viene siendo recurrente en los debates presupuestarios, y entendemos que en el actual contexto para el año
2011 las entregas a cuenta -repito- crecerán un 9 por ciento respecto al año 2010, además un 9 por ciento neto, es decir, una vez deducidos los saldos que tienen las entidades locales que reintegrar derivados de la liquidación definitiva del
ejercicio 2008. Además debemos tener en cuenta el marco de austeridad y contención del gasto. Por tanto, para nosotros este esfuerzo en el aumento del 9 por ciento es considerable y no nos parece oportuna esta petición de incremento del 95 al 98
por ciento.
Sabemos que es una petición recurrente e histórica, como se ha dicho, pero también debiéramos tener en cuenta que, a la vista de la previsión de liquidación del ejercicio 2009 y de la caída en la recaudación de la Administración General
del Estado en dicho ejercicio, lo que haríamos aumentando ese porcentaje sería provocar que las devoluciones futuras por parte de las entidades locales aumentaran, luego tampoco sanearíamos las dificultades de los municipios y entidades locales en
general con esta medida. También nos presenta este grupo, igual que otros -lo comentaré más tarde-, un incremento del importe de 154 a 165 euros por habitante para municipios con población no superior a 20.000 habitantes. Entendemos que también
influye para estos municipios y dadas las circunstancias lo creemos suficiente. Aunque suficiente
no es la palabra correcta porque no hay cantidad suficiente en estos momentos para los municipios, creemos que es comprensible el esfuerzo del aumento del 9 por ciento neto en cuanto a entregas a cuenta y que ese es el margen que los
presupuestos, debido a la austeridad del ajuste del déficit necesario, pueden llegar a destinar para estos municipios.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también nos presenta un conjunto de enmiendas que proponen incrementar el porcentaje en las entregas a cuentas del 95 al 98, y sirve para ellas la explicación dada anteriormente sobre esta
cuestión. Un año más nos presenta su enmienda a este título VII pidiendo compensaciones a los ayuntamientos por bonificaciones en el IBI en cuanto a la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de peaje y de las cuales son
beneficiarias las sociedades concesionarias correspondientes de titularidad de la Administración del Estado y de comunidades autónomas, y un año más tenemos que manifestar a su grupo nuestra respuesta negativa a la petición, señor Sánchez i Llibre.
Para eso tendremos en cuenta la legislación vigente, tendremos en cuenta las sentencias del Tribunal Supremo y deberíamos tener en cuenta también que en la variable esfuerzo fiscal estos ayuntamientos, que suelen ser de pequeña población en
comparación con el total de los municipios de nuestro país, se ven más bien beneficiados por la existencia de estas autopistas en cuanto al concepto -insisto- de esfuerzo fiscal. Nos pide también el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
un reconocimiento de 25 millones de euros para la financiación de actividades culturales en Barcelona, y ojalá se pudiera atender esta petición para Barcelona y para otros municipios, pero insisto en que en el marco de la austeridad y de las
prioridades también debemos dar una respuesta negativa. Lo anteriormente expuesto para el caso de la enmienda de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya respecto a los municipios con población no superior a 20.000 habitantes sirve también de
explicación, a la cual añado que si bien el Grupo de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya ha planteado una baja en la sección 32 para poder en su caso atender esta petición, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se le ha
olvidado esta compensación para equilibrar el presupuesto.
Por último, en cuanto al Grupo Parlamentario Popular, me ceñiré, señor Merino, exclusivamente a las enmiendas que ha presentado y no a los comentarios que usted ha realizado. Me ceñiré exclusivamente a las enmiendas porque, en primer lugar,
una vez más sus comentarios apenas aportan nada y, en segundo lugar, porque ya nos tiene acostumbrados a que sus intervenciones le sirvan de terapia. Le tengo que decir, sin embargo, que estamos tratando el título VII, entes territoriales, y que
usted en su intervención nos ha hablado del título VII y de la gran cantidad de disposiciones adicionales que su grupo parlamentario ha presentado. A lo mejor es que no tienen pensado incluirlo en el debate que va a tener lugar a continuación, pero
le diré que son muchas las disposiciones adicionales que usted ha citado que tienen algo en común con las enmiendas que han presentado para el título VII -que le voy a ir detallando una a una- en las que ustedes prevén o una disminución de ingresos
o un incremento de gastos. Todas las disposiciones adicionales que tienen que ver con los entes territoriales, y en las que también piden ustedes un aumento de gasto, no se ven complementadas en absoluto con una baja en la sección 32. Por tanto,
ustedes, que tanto se quejan de los recortes -que les recordaré que son necesarios-, no tendrán que dar detalle alguno de los recortes que proponen, y así enmendaríamos cualquiera, proponiendo únicamente las altas sin tener en cuenta baja alguna.
Respecto a las disposiciones adicionales, por si no tienen pensado citarlas en el siguiente debate, únicamente le diré que en una de las que han presentado les vamos a dar la razón puesto que ya la ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Es la inclusión de Aragón en la disposición adicional trigésimo octava. Por omisión del ministerio no se incluyó esta comunidad autónoma, y ustedes la han presentado, pero ya está incluida en el informe de ponencia a través de una enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En cuanto a la petición de segunda descentralización y de los convenios con el Ayuntamiento de Madrid para mejorar su financiación local, posteriormente tendrá lugar el debate en el que podremos
contrastar todas estas peticiones con otras que realiza en cuanto a techos de gasto o incluso con alguna afirmación realizada, por ejemplo, por el señor Rajoy no en cuanto a la segunda descentralización sino a la primera. Así tendrán oportunidad de
debatir en conjunto.
En cuanto a las enmiendas del título VII, piden ustedes -así lo ha dicho, señor Merino- aumentar de 60 a 120 mensualidades el reintegro de los saldos deudores para entidades locales resultantes de la liquidación de la participación en los
tributos del Estado. Tenemos que decirle que se igualó al tema de las comunidades autónomas en 60 mensualidades el conjunto de las entidades locales. Esto se plasmó además en la Ley 22/2009, de reforma de la Lofca. Sin embargo, cabe recordar, en
cuanto a pedir que se pase de 60 a 120 mensualidades, que estos ingresos los ha tenido previstos la Administración General del Estado para la elaboración de su presupuesto. Por lo tanto, insisto, ¿han previsto ustedes una baja para esta disminución
de ingresos? Ya le digo yo que no; no hay enmienda alguna en la sección 32. Piden también el aumento del 95 al 98 por ciento en las entregas a cuenta. Además de las explicaciones previamente dadas, les pregunto si han preparado alguna enmienda
para equilibrar esta baja en l sección 32. Ya les digo yo que no. Nos piden también una financiación mínima para las diputaciones provinciales y que haya un techo mínimo de 26.000 miles de euros. ¿Hay baja en la sección 32 para este incremento de
gasto? No. Además les recordaré que el vigente modelo en cuanto a la participación en los tributos del Estado que se aplica a las diputaciones provinciales
recoge la garantía que se introdujo en el año 2003 en cuanto a la participación de tributos. Según esta garantía, ninguna diputación podía percibir una cuantía inferior a la obtenida en el año 1998, y lo que se ha hecho ha sido incrementar
año tras año aquel importe con arreglo a la evolución del IPC. Además la legislación vigente no permite que haya consideraciones financieras ad hoc, ni especiales ni garantías para las diputaciones provinciales, como ustedes piden, porque esto
vendría recogido en una modificación en su conjunto del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Nos piden de nuevo aumentar de 60 a 120 mensualidades las entregas a cuenta para las diputaciones. Tampoco han presentado enmienda
en la sección 32 para esta disminución de ingresos.
Nos piden, al igual que los grupos a los que anteriormente me he referido, un incremento de 154 a 165 euros por habitante para los municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes.
¿Han presentado baja en la sección 32 para este incremento de gasto? Tampoco.
Nos piden que la devolución de las comunidades autónomas también se produzca en 120 mensualidades, en lugar de en 60, contraviniendo, primero, el acuerdo que tuvo lugar
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, segundo, lo que recogía el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, es decir, dicho acuerdo. ¿Pero han presentado ustedes baja en la sección 32 para esta disminución de ingresos?
Tampoco.
Nos piden en su enmienda 212 un incremento en el importe de los fondos de compensación interterritorial. La cuantía incluida en estos presupuestos para 2011 cumple lo establecido en la ley vigente reguladora de dichos fondos, y además
respeta el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera al respecto, que recogía esta dotación mínima. Esta es la última enmienda de todas las que usted ha citado que se ciñe al título VII, y les haré la última pregunta sobre la última
enmienda: ¿han presentado ustedes baja en la sección 32 para compensar este incremento del gasto? Tampoco la han presentado.
Detallado el conjunto de enmiendas presentadas al título VII, me gustaría decirles que, si bien es legítimo y además loable pedir más para las entidades locales y para las comunidades autónomas, si bien se tiene por bueno pedir más gasto y
menos ingresos, lo correcto, sobre todo dadas las circunstancias económicas y de dificultad para hacer unos presupuestos en este marco de austeridad y de ajuste del déficit, es equilibrar el presupuesto y tener la contrapartida presentada en
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Comienzo el debate de estas disposiciones diciendo que a estas alturas del debate seguimos esperando la decisión del Gobierno acerca del veto a las enmiendas presentadas por nuestro grupo.
Empiezo diciendo esto
porque es una pena que un gobierno que ha fracasado claramente en su política económica -y ahí están los más de 4,5 millones de parados para corroborarlo- ni siquiera esté dispuesto a escuchar y a debatir otras propuestas y otras alternativas como
las que presenta mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Son alternativas para salir de esta crisis que hasta hora el Gobierno socialista se ha mostrado incapaz de presentar; medidas para la austeridad en el gasto público y racionalidad en el
funcionamiento de las administraciones públicas; medidas para reducir los impuestos a las familias y a las pequeñas empresas y autónomos; medidas para fomentar el empleo y en definitiva para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos.
Como las enmiendas que corresponden a estas disposiciones adicionales, derogatorias, finales y transitorias son muy extensas, voy a intentar centrarme en aquellas que tienen un mayor contenido fiscal, complementando las que ya expuso mi
compañero el señor Tomé al título VI, y haré mención a algunas otras que me parece importante recalcar. En primer lugar, hemos presentado la enmienda número 217, que pretende reducir el tipo de interés de demora y de interés legal que se establece
en esta ley de presupuestos y en especial pretende reducirlo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos que soliciten aplazamientos o fraccionamientos en el pago de sus deudas tributarias. La Agencia Tributaria está batiendo récords de
peticiones de aplazamiento porque lógicamente estas empresas no pueden pagar sus deudas tributarias.
Creemos que el tipo de interés que actualmente deben pagar por el aplazamiento de esas deudas es excesivamente elevado, y por eso presentamos esta
enmienda.
Presentamos también una enmienda para suprimir la disposición adicional cuadragésima, ya que propone la privatización de Loterías y Apuestas del Estado mediante una disposición adicional en esta ley de Presupuestos Generales del Estado para
2011. Consideramos que por la importancia y calado que tiene esta privatización debería hacerse un debate más profundo y más realista e incluirlo en un proyecto de ley, ya que nos parece que tiene la suficiente entidad como para no hacerlo a través
de una disposición adicional y por la puerta de atrás. Me parece importante resaltar la enmienda 223, porque queremos volver a modificar la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y volver al concepto de superávit o equilibrio en el ejercicio,
estableciendo techos de gasto en todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Por qué presentamos esta enmienda? Porque nos parece que la estabilidad presupuestaria es la verdadera garantía para
asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y, por tanto, la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Me parece importante también la enmienda 224 porque se refiere a una medida que ya se ha aprobado de forma reiterada por el
Pleno del Congreso. Pretende determinar el devengo del IVA en el momento del cobro
de las facturas y no en el momento de la realización del hecho imponible, en especial para el caso de pymes y autónomos. Pretendemos con ello limitar el efecto de la morosidad en las operaciones comerciales que están padeciendo nuestras
pymes y nuestros autónomos permitiéndoles no pagar el IVA de las facturas que no hayan cobrado. Esta es una petición que se ha aprobado ya en el Pleno en diversas ocasiones y que el Gobierno todavía no ha llevado a efecto, con la importancia y el
desahogo financiero que esto supondría para nuestras pequeñas empresas y nuestros autónomos. Proponemos en la enmienda 225 aplicar el tipo superreducido de IVA, el 4 por ciento, al sector turístico, para homogeneizar el tratamiento fiscal en el
impuesto sobre el valor añadido a las actividades del sector turístico respecto a los países de nuestro entorno, de acuerdo con lo que permite la normativa comunitaria. A través de la enmienda 226 pretendemos que se aplique también el tipo
superreducido de IVA a las prestaciones de servicios y asistencia social para personas dependientes. Con esto queremos que se amplíe el espectro de aplicación de esta reducción del IVA a la prestación de servicios y asistencia social para personas
en situación de dependencia, ya que nos parece una medida social muy importante y que afecta a un gran número de ciudadanos españoles, por lo que sería deseable reducir ese tipo de IVA.
La enmienda número 227 hace referencia a una nueva deducción
que proponemos incluir para el fomento del ahorro. Esta nueva deducción nos parece importantísima para promocionar e incentivar el ahorro a medio y largo plazo de familias y empresas. También me parece interesante mencionar la enmienda número 228,
dirigida a que se aplique nuevamente la reducción del 40 por ciento en el caso de prestaciones percibidas en forma de capital y provenientes de planes de pensiones, puesto que esta reducción fue suprimida por el Gobierno socialista y creemos que
cuando está en juego el futuro de nuestro sistema de pensiones cualquier medida que incentive el ahorro a largo plazo y el cobro de pensiones a través de otros sistemas alternativos, como son los planes de pensiones, sería importante considerarla.
En la enmienda 229 proponemos una medida novedosa que hemos aprobado ya en el Pleno del Congreso de los Diputados para conseguir la compensación de deudas tributarias pendientes de pago por pymes y autónomos con créditos reconocidos y pendientes de
cobro por parte de administraciones públicas, tanto Estado como comunidades autónomas y ayuntamientos. Repito que esta medida ya fue aprobada en el Pleno del Congreso, pero seguimos presentándola relacionada con estas disposiciones adicionales,
como disposición adicional nueva, para que el Gobierno cumpla ese compromiso ya aprobado por la Cámara.
La enmienda 231 nos parece también importante; en ella instamos al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley que reduzca a la mitad los plazos de resolución de las reclamaciones económico-administrativas para mejorar la efectividad
del sistema tributario y la seguridad jurídica de los contribuyentes. Dicha normativa permitirá además que, una vez pasados esos plazos legalmente establecidos, los contribuyentes sean liberados de la carga de mantener avaladas las cantidades en
disputa.
Encontramos interesante esta enmienda porque el índice de litigiosidad que se está produciendo en materia tributaria es cada vez más elevado, se produce cada vez más una mayor complejidad en nuestra normativa tributaria y una mayor
inseguridad jurídica que lleva a que los contribuyentes se vean obligados a interponer un mayor número de reclamaciones económico-administrativas y la demora en la resolución de estas reclamaciones supone un coste para el contribuyente, porque tiene
que avalar y garantizar el pago de esas deudas tributarias. Pensamos que así se incrementa la seguridad jurídica de los contribuyentes y se permite la reducción de los costes que está suponiendo la alta litigiosidad en materia tributaria.
Con la enmienda 232 queremos volver a incidir en medidas que serían importantes para la lucha contra el fraude. Estimamos que no se está haciendo lo suficiente desde el Gobierno socialista a través de la Agencia Tributaria en la persecución
y la lucha contra el fraude en la economía sumergida. Cada vez son más los organismos internacionales y nacionales que denuncian que se está produciendo un aumento de esta economía sumergida en nuestro país y mientras tanto el presupuesto de la
Agencia Tributaria disminuye año tras año. Por eso pedimos reforzar los medios materiales informáticos y personales de la Agencia Tributaria así como los medios informáticos y personales de la Inspección de Trabajo, entre otras medidas. También
proponemos una medida de fomento del empleo autónomo para jóvenes menores de 30 años y mujeres menores de 35 años, mediante la capitalización del cien por cien de la prestación de desempleo, siempre que se destine al inicio de una nueva actividad;
es la enmienda número 245 y nos parece que, en un país como España, donde la tasa de desempleo juvenil ronda el 40 por ciento, es importante este tipo de incentivos para que se puedan poner en marcha nuevas actividades e incentivar el espíritu
emprendedor en las nuevas generaciones.
Con la enmienda 246 queremos fomentar el empleo para los autónomos, incentivando la contratación con carácter indefinido de un trabajador y bonificando al 50 por ciento la cuota de cotización de la Seguridad Social por el primer trabajador
que contrate por cuenta ajena este trabajador autónomo. Nos parece necesario reactivar nuestro mercado laboral, nos parece primordial y esencial en estos momentos y, teniendo en cuenta que el tejido productivo de nuestro país está formado
fundamentalmente por estas pequeñas y medianas empresas, nos parece muy importante que el Grupo Socialista tuviera en cuenta esta enmienda. Voy a citar también la enmienda 252, que insta al Gobierno a redactar un plan de empleo destinado a los
jóvenes. Como decía antes, la tasa de paro juvenil en España más que duplica la media
de la Unión Europea y cualquier medida en este sentido nos parece que es fundamental.
Me quiero referir asimismo en este conjunto de enmiendas a las disposiciones adicionales, que son muy amplias pero que ya cada portavoz correspondiente en la materia se ha encargado de mencionar, a la enmienda 262, que va dirigida a
incentivar la iniciativa empresarial y fomentar el espíritu emprendedor. Pretende transferir los importes depositados en cuentas de ahorro vivienda a la cuentas de ahorro empresa, para que aquellos contribuyentes que hayan destinado cantidades a
las cuentas de ahorro vivienda y que no hayan podido adquirir esa vivienda habitual porque la situación actual del mercado inmobiliario no les permite acceder a ella no pierdan el derecho a la deducción por adquisición de vivienda que se ha venido
practicando y que puedan transferir esos fondos a una cuenta ahorro empresa destinada a incentivar el inicio de una nueva actividad empresarial.
Considero también necesario mencionar la enmienda 263, por ser noticia de actualidad la catástrofe producida este mes en la venta de automóviles.
Nos parece muy importante que el Gobierno presente un nuevo plan de competitividad del sector
del automóvil, que ha tenido una caída en las ventas cercana al 40 por ciento y que tiene en juego más de 10.000 puestos de trabajo; todo ello hace que nos parezca una enmienda fundamental en estos momentos. Voy a destacar una enmienda que nos
parece primordial para realizar un cambio en el modelo productivo de nuestro país y que la portavoz del Grupo Socialista dijo que iba a rechazar porque ya está contemplada en la ley de economía sostenible. Hemos repetido muchas veces que las
medidas fiscales no solamente son importantes en sí mismas, sino que también lo son por el momento en que se adoptan; habría que anticiparse lo más posible en tomar este tipo de medidas. Por eso quiero resaltar la enmienda número 270, que mejora
las deducciones por I+D+i en el impuesto sobre sociedades para actividades de investigación y desarrollo, innovación tecnológica y de fomento de las tecnologías de la información. En nuestra opinión no podemos esperar a que se apruebe la tantas
veces divulgada y prometida ley de economía sostenible porque el cambio de modelo productivo hay que empezarlo ya, desde hoy, y no demorarlo, como está haciendo el Partido Socialista.
Voy a destacar la enmienda número 273, que pretende hacer un estudio sobre la cantidad de organismos y empresas públicas que dependen de la Administración General del Estado para elaborar, si fuese necesario, un plan de reducción de la
proliferación que se ha producido en los últimos años de gobierno socialista de esos organismos y empresas públicas dependientes de la Administración General del Estado. Esta enmienda está complementada por la número 280, que plantea también la
reforma de las administraciones públicas a partir de un consenso entre el propio Gobierno y en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover la adopción de medidas
adecuadas para impulsar una reforma en profundidad de todas las administraciones públicas, en sus tres niveles, autonómico, central y local, en orden a evitar solapamientos, definir bien los límites competenciales de cada una de ellas y garantizar
los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos.
Asimismo quiero mencionar la enmienda número 281, que se refiere a la línea de crédito ICO para las administraciones locales, a fin de que paguen sus deudas a sus
proveedores, pero puesto que se ha referido a ella mi compañero Rafael Merino no alargaré más mi intervención.
Concluyo diciendo que me parece también importantísimo mencionar las enmiendas que conjuntamente hemos presentado con el resto de grupos, excepto el PNV, que son las números 679 y 680, enmiendas clave en estos presupuestos y que pretenden
derogar la congelación en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno socialista; creemos que no deben ser los pensionistas, los más de 5 millones de pensionistas, los que paguen las consecuencias del fracaso de la política económica del
Gobierno. Además, como la portavoz del PSOE ha hecho alusión en su anterior intervención a que el Partido Popular no propone de dónde va a recortar el dinero para poder derogar la congelación de pensiones, yo les diría que se leyeran atentamente la
enmienda 187 -creo que es esa-, en la que mencionamos exactamente las partidas en las cuales tiene que recortarse el dinero necesario para no proceder a la congelación de esas pensiones. La enmienda es exactamente la número 184. Insisto en que
lean atentamente esa enmienda que sí propone de dónde recortar gastos para poder permitir que nuestros pensionistas tengan actualizadas sus pensiones de acuerdo con la subida del IPC.
Y doy por defendidas el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a estas disposiciones adicionales, puesto que, como he dicho, regulan muy diversas y amplias materias y ya los portavoces de cada sección y de cada capítulo se
han encargado de defenderlas.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al Grupo de Convergència i Unió, quiero decir, en primer lugar, que ya está dispuesta la comida, como es habitual, para los que quieran utilizar el comedor, que debe de estar situado en un
despacho cercano. Segundo punto, cuando se vote se hará hasta las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos; es decir, las secciones no entrarán en la votación de las siete de la tarde. Por lo tanto pido a los
portavoces de todos los grupos que den cuanto antes a los letrados su cuaderno de votación hasta ese punto, para que a la hora citada podamos llevar a cabo la votación.
Tiene ahora la palabra por el Grupo de Convergència i Unió el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado
un grupo de enmiendas muy significativas a las disposiciones adicionales, a las disposiciones transitorias y a las disposiciones finales, objeto de este debate; en ellas planteamos varios de los aspectos fundamentales que en el inicio de mi
intervención ya he mencionado, para impulsar una serie de medidas dirigidas única y exclusivamente a evitar que, en el caso de que no fueran aceptadas por el Gobierno, nos viéramos obligados a impulsar un plan B, que representaría más reducción del
déficit público y más reducciones del gasto social. Voy a referirme y a detallar las más significativas, porque tenemos alrededor de cincuenta enmiendas de esos tres grandes apartados, muy transversales, que van dirigidas en primer lugar a impulsar
la creación de empleo. Este ha sido el leitmotiv de nuestro grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura, en el sentido de que entendíamos que para salir de este túnel, que desgraciadamente cada día está más negro, debíamos presentar
enmiendas dirigidas a favorecer el empleo, a favorecer la confianza y a impulsar la economía productiva.
Quizá una de las más relevantes es la número 752, en la cual planteamos una serie de cuestiones dirigidas básicamente a facilitar recursos a todas aquellas empresas que empleen o generen ocupación para personas que estén en estos momentos en
situación de desempleo. De la misma manera que en los años 1993 y 1994 ya hablamos de un cheque-empleo de 500.000 pesetas para cada trabajador que estuviera en paro y que fuera contratado por una pequeña y mediana empresa, que fue realmente un
éxito, planteamos ahora la posibilidad de dar un cheque-empleo para cada persona que sea ocupada por una pequeña y mediana empresa o por un trabajador autónomo de una cantidad de 5.000 euros, y demostramos de una manera clara y transparente que, por
cada euro que da la Administración para que este empleo sea una realidad, va a recibir a lo largo de los próximos seis o doce meses cuatro euros. De esta forma cuadruplicamos el euro de subvención que daríamos por cada empleo generado. Decimos que
solamente se pueda hacer una operación piloto de 150.000 empleos, para ver si realmente esto puede ser un éxito y, a partir de ahí, estudiar la posibilidad de irlo ampliando a más lotes o grupos de futuros empleos que se puedan desarrollar a lo
largo del año 2011.
Hablamos también de la posibilidad de recuperar la figura del pago de cotizaciones sociales mediante la propia prestación por desempleo. Esta es una medida importante ya contemplada y derogada prematuramente.
Planteamos asimismo ampliar la
capitalización del desempleo para quienes pongan en marcha su propio proyecto empresarial; esto ahora solo está para jóvenes de menos de 30 años y lo hacemos ampliable a jóvenes de hasta 35 años y para las mujeres. Al mismo tiempo hablamos de
bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a la creación del primer empleo de los trabajadores autónomos. Repito que es un grupo importante de enmiendas, orientadas única y exclusivamente a la financiación de empleo para que
podamos así también rebajar la partida presupuestada en las prestaciones de desempleo, que no olvidemos, señorías, que asciende a 30.000 millones de euros. Con unos planteamientos de subvencionar 30.000 millones de euros para todas aquellas
personas que están en paro difícilmente generaremos confianza.
Hay que ir justamente en la dirección contraria, intentar que estas personas, en vez de estar en el paro, puedan estar en la ocupación e incentivar a las pequeñas y medianas empresas y
a los autónomos para que puedan plantear la generación de puestos de trabajo.
Hay otra enmienda importantísima para nuestro grupo parlamentario que es la 755. Ya que el Gobierno, por una parte, deroga la disposición adicional para que se pueda dotar de recursos a los ayuntamientos a través de la línea ICO, tal como
estaba previsto en la Ley de Morosidad, nosotros no solamente pedimos la derogación de este planteamiento del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, sino que también vamos en la dirección de que podamos dotar a la línea ICO-morosidad
entes locales de una partida de 3.000 millones de euros para facilitar que nuestros ayuntamientos puedan cumplir con sus obligaciones. Otra enmienda que también consideramos relevante es la 756, orientada a garantizar el mantenimiento del
equilibrio financiero en las concesiones de autopistas de peaje. Este es un tema importante. En estos momentos los grupos afectados, los concesionarios empresariales que tienen por parte de la Administración la concesión administrativa de la
explotación de las autopistas, tienen una difícil situación económica. Nosotros hemos recogido la inquietud de este sector empresarial importante en España y hemos hecho esta enmienda para que se pueda garantizar en el futuro el mantenimiento del
equilibrio financiero de las concesiones de autopistas de peaje. En estos momentos se está estudiando la posibilidad de poder llegar a un acuerdo entre el Gobierno, el Ministerio de Economía y Hacienda y los diferentes grupos políticos, estudiando
estas posibilidades para ver si finalmente somos capaces a lo largo de esta tramitación parlamentaria de conseguir un consenso entre el Gobierno, el grupo parlamentario que le da soporte y los demás grupos que hemos presentado esta enmienda, en el
sentido de poder garantizar esta estabilidad financiera a muchas empresas. Si no fuéramos capaces de dar esta tranquilidad y esta seguridad, probablemente pagaríamos las consecuencias. Aunque no consigamos un acuerdo a lo largo de esta sesión
parlamentaria, vamos a intentar conseguir la complicidad del Gobierno para que en el trámite parlamentario del Congreso finalmente podamos conseguirlo. Repito que es muy beneficioso tanto para la Administración como para las empresas
concesionarias.
Otra enmienda relevante también a este respecto es la 763, una enmienda marca de la casa de Convergència i Unió, por decirlo de alguna forma, que es para crear un fondo para el fomento y difusión de las lenguas oficiales distintas al
castellano en las comunidades autónomas en que no sean oficiales, en universidades y en escuelas
oficiales de idiomas, dotado de 10 millones de euros para la gestión del consejo de coordinación universitaria. Otra enmienda que también va en la dirección de generar ocupación es la 760; intenta prorrogar el Plan de empleo 2000E para
fomentar la demanda de coches en España. Es cierto que en España la implementación del Plan 2000E ha sido un éxito hasta que se han acabado los recursos, pero no es menos cierto que en España hemos empezado estos planes de ayuda a la demanda un año
más tarde que el resto de países de la Unión Europea. Hoy, la situación del sector de fabricación de automóviles en España es una situación que yo calificaría de crítica, que puede pasar de ser coyuntural a ser una situación estructural para el año
2011; esto también se ha ampliado a los distribuidores de automóviles, con lo cual nosotros entendemos que, si no somos capaces de convencer al Gobierno de que se pueden implementar estas ayudas para plantear más potencia a la demanda del consumo
de automóviles, podríamos entrar en una situación yo diría que dramática a lo largo del año 2011. Nosotros seguimos insistiendo en el planteamiento de poder prorrogar el Plan 2000E para el año 2011 con una partida inicial de 150 millones de euros;
también estaríamos dispuestos, lógicamente, si el Gobierno o el grupo parlamentario lo considera oportuno, a pactar una cantidad más reducida.
Finalmente, hay dos o tres enmiendas que nosotros consideramos muy relevantes en este final de debate de las enmiendas al articulado que hacen referencia a las disposiciones transitorias, a las disposiciones derogatorias y a las
disposiciones finales. Son las enmiendas a las que me he referido al inicio de mi intervención y que van en la dirección de implementar unas enmiendas de supresión de determinadas normas transitorias, con la intención por parte del Gobierno de
modificar el régimen de mutuas de la Seguridad Social en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las mutuas de accidentes de trabajo. Estas son unas propuestas por parte del Gobierno que han sido desde nuestro punto de vista muy beligerantes
con las mutuas de accidentes de trabajo. Hay una verdadera preocupación en este sector dentro de todas las mutuas que territorialmente están ubicadas en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades autónomas del Estado, por estas
propuestas del Gobierno que van en la dirección de cambiar, yo diría, todo el régimen general de las mutuas. Podría llegar a considerarse, así lo manifiestan algunas mutuas afectadas, esta nueva legislación sobre las mutuas como una socialización
encubierta de las mutuas de accidentes de trabajo, cuestión esta que, si fuera así, nosotros no podemos compartir desde ningún punto de vista. También van dirigidas a una socialización de todas las reservas de las diferentes mutuas de accidentes de
trabajo con el objetivo de implementar un fondo de reserva único que estaría alimentado por todos los fondos de reserva de las diferentes mutuas de accidentes de trabajo, lo cual no dejaría de poder considerarse como una incautación o una
expropiación de unas reservas que han conseguido legalmente diferentes mutuas de trabajo en España. Esta es una cuestión en la que el diálogo está abierto.
Veo una sensibilidad especial en el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno para intentar resolver esta situación y que finalmente se pudiera producir un acuerdo entre los sectores afectados, como podrían ser las mutuas de accidentes
de trabajo y la Administración, lo cual veríamos con muy buenos ojos. Independientemente de que es muy posible que a lo largo de esta tramitación parlamentaria no podamos llegar a un acuerdo entre los diferentes grupos y el grupo parlamentario que
da soporte al Gobierno, quiero insistir en que es muy importante que desde mañana mismo hasta que se produzca el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados fuéramos capaces, entre todos, de poder sensibilizar al Gobierno en este caso, a la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de poder llegar a un consenso con las mutuas en alguno de estos aspectos relevantes, que, de entrada, son un poco feos y que pueden representar una socialización encubierta de las mutuas de accidentes de
trabajo y una expropiación de unos fondos que legalmente pertenecen a las mutuas y que finalmente han de garantizar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Hago esta manifestación yo diría que dura en las formas pero también
esperanzada, para que en los próximos días, en las próximas semanas, fuéramos capaces de llegar a un acuerdo. Por parte de Convergència i Unió no vamos a ahorrar esfuerzos para que este acuerdo sea posible y que, en esta tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado, que ha creado una expectación muy negativa en determinados sectores de las mutuas, pudiéramos conseguirlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Yo creo, señor presidente, que voy a intervenir solo esta vez pero sí quiero hacerlo para defender una enmienda que no se incorporó al texto en ponencia y que lo que pretende es la creación de una nueva disposición
adicional. Así se quiere dar cumplimiento a una propuesta de resolución que se aprobó por unanimidad en el debate del estado de la Nación. El objetivo de esta enmienda es que el Ministerio de Industria dote con un crédito de 50 millones de euros
con el fin de impulsar e incentivar el sector de la máquina de herramienta. Es un compromiso del debate del estado de la Nación que fue aprobado por todos los grupos y por eso es por lo que hemos presentado la enmienda y por lo que pedimos su
apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana e Izquierda Unida tiene en primer lugar la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario a las disposiciones adicionales y finales,
pero me gustaría destacar algunas de ellas, que pensamos que son vitales e importantes; se refieren al fraude fiscal. En nuestro posicionamiento en la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado hicimos hincapié en la
necesidad de una lucha clarísima contra el fraude fiscal y vemos que se reduce la partida al respecto en un 2,36 por ciento. Como el fraude y la economía sumergida son problemas estructurales en la economía española que más negativamente están
afectando a la recuperación, habría que esperar un mayor impulso de este plan y no su recorte.
Presentamos distintas enmiendas pero una en concreto pretende una disposición adicional nueva de lucha contra el fraude fiscal y tiene diez planteamientos de los que me gustaría destacar alguno. En primer lugar, proponemos que el Instituto
de Estudios Fiscales elabore un estudio que cuantifique la economía sumergida en España, con desagregación territorial sectorial y por impuestos, y que actualice bianualmente dicho estudio con la misma metodología o, en su caso, con la metodología
que apruebe la Comisión Europea. Este informe será presentado y debatido por las Cortes Generales y parlamentos autonómicos, que adoptarán las medidas correctoras oportunas. También proponemos en esta disposición adicional que la Agencia Estatal
de Administración Tributaria informe con carácter trimestral a las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los contribuyentes realizadas en cumplimiento de sus funciones, remitiendo datos de los
resultados de control en las distintas áreas, así como la detección de grandes redes de fraude organizado, de forma que se garantice una gestión transparente e independiente, posibilitando el seguimiento de su evolución temporal de la economía
sumergida en España. Pedimos igualmente que las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda propicien los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria del Estado y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal; son distintos puntos dentro de esta misma enmienda. Por último, dentro del contexto de
sostenibilidad presupuestaria, proponemos reforzar los medios personales de la Agencia Tributaria del Estado y del Ministerio de Economía y Hacienda, aplazándose los efectos económicos al momento en que se cumpla con los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
Dentro de estas enmiendas presentadas también me gustaría hacer mención a las que hacen referencia a la introducción de criterios ambientales en la fiscalidad. Es un tema debatido también en el Congreso de los Diputados a propuesta de
nuestro grupo parlamentario, en una proposición de ley que se presentó hace unos meses. Volvemos a presentar en este caso una enmienda a una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado en la que decimos que en el plazo de tres
meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley que contemplará, entre otras medidas, cambios en el actual marco normativo fiscal, introduciendo criterios ambientales, tanto mediante la
aplicación de los tributos que gravan la energía como mediante la conversión de algunos tributos ya existentes en medio ambiente, o mediante la creación de nuevas figuras con pleno respeto al marco comunitario y a las competencias normativas de las
administraciones territoriales. En particular, se establecerá un gravamen consistente en un importe unitario por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera en la combustión de carbón, derivados del petróleo y gas natural. La recaudación por dicho
impuesto tendrá como finalidad la promoción de cambios en el modelo productivo encaminados a alcanzar una mayor sostenibilidad. A su vez se establecerá un modelo fiscal sobre las sustancias y productos más contaminantes, y en particular una
fiscalidad específica sobre el uso y consumo de bolsas de plástico de un solo uso.
Dentro de las más destacables y aunque serían enmiendas más concretas, me gustaría hacer mención a la que proponemos sobre el aumento del Iprem, del indicador público de renta de efectos múltiples. Entendemos que proponer aumentar el Iprem
en un uno por ciento, cuando la propuesta del proyecto de ley es de congelación, es una actualización en términos reales, estableciendo un mecanismo de revisión automática con relación al nivel de precios, y esto ayuda a equiparar los salarios.
Como enmienda concreta e importante en el tema de igualdad de género pedimos que se suprima la disposición adicional decimoquinta referente a la modificación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de
paternidad. La pretensión de retrasar la entrada en vigor de la ampliación de la duración de los permisos por paternidad es una nueva muestra de intento de recorte generalizado en políticas sociales. Supondría también un paso atrás en las
políticas de igualdad, pues la diferencia existente entre los permisos por maternidad y los permisos por paternidad es una invitación a la continuación de las diferencias de trato por parte de las empresas, y al reparto de papeles sexista en el
cuidado de los niños y las niñas. Este tímido avance social consistente en la ampliación del tiempo de permiso por paternidad plasmado en una reciente ley ha tenido una favorable acogida por una amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas, por lo que
la demora en su aplicación es un nuevo ejemplo del traslado de los efectos y sacrificios de la crisis desde los responsables de la misma hacia sus víctimas.
Además entra en contradicción con lo aprobado en Europa hace una semana o quince días.
Por último pedimos reparar la desigualdad y discriminación existente entre los colectivos que conforman los cuerpos de policías autonómicos y locales, a quienes se excluyó de la aplicación de la medida objeto del acuerdo entre el Partido
Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco para el presupuesto de 2010.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Solamente quiero destacar algunas de las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos. Utilizo el argumento que ya ha puesto sobre la mesa el compañero Sánchez i
Llibre relacionado con la disposición final tercera y las disposiciones transitorias quinta y sexta, que nosotros pretendemos enmendar a través de las enmiendas 1842 a 1848, en todo lo relativo a las mutuas de accidentes de trabajo. De hecho creo
que el señor Sánchez i Llibre ya ha explicado la justificación -que nosotros compartimos-, razón por la cual también hemos presentado una serie de enmiendas.
También quiero poner encima de la mesa la enmienda 1850, que es una de aquellas enmiendas que no sabemos si han sido objeto de veto o no por parte del Gobierno. Es una, al margen de aquella otra que hemos firmado conjuntamente, relacionada
con la necesidad a nuestro entender de dejar sin efecto la suspensión, la congelación de las pensiones. Me refiero a la enmienda 1850 que complementa aquella otra que repito que hemos firmado conjuntamente con otros grupos parlamentarios, y que de
hecho desconozco cuál será en estos momentos el recorrido desde el punto de vista procedimental.
Quisiera igualmente destacar las enmiendas 1752 y 1756 relacionadas con las becas. En primer lugar, para ampliar la dotación de recursos que se destinan a ellas, y en segundo lugar, para crear un fondo de compensación para las comunidades
autónomas que realizan gastos adicionales en la gestión de becas y ayudas al estudio. Además también se crea un fondo para compensar a las comunidades autónomas en concepto de incremento del gasto que ha supuesto el aumento de tres a cuatro años de
algunas titulaciones universitarias, razón por la cual añadimos una nueva enmienda que es la número 1755.
Tenemos otra enmienda, la 1849, relacionada con la morosidad. Obvio relacionar su justificación, puesto que también ha sido relacionada por otros grupos parlamentarios que han enmendado en el mismo sentido.
También quisiera destacar unas
enmiendas relacionadas con infraestructuras, en concreto la número 1852 sobre el corredor ferroviario mediterráneo. Entendemos que debe impulsarse el eje mediterráneo que transcurre a través de cuatro comunidades autónomas distintas, y en ese
sentido hemos enmendado a fin y efecto de que se acelere la planificación y construcción de una línea ferroviaria para mercancías de ancho internacional entre Castellón y la frontera francesa.
También hemos enmendado, con la 1851, todo aquello
relacionado con una apuesta de Esquerra Republicana y de otros grupos parlamentarios catalanes relativa a la creación del consorcio del aeropuerto de El Prat.
Finalmente con las enmiendas 1853 y 1893 pretendemos que se tomen medidas mucho más
rotundas respecto al fraude fiscal. Pretendemos mejorar los resultados en la lucha contra el fraude fiscal. Es necesario para conseguir un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre los contribuyentes, y en ese sentido lo que ha sido
producto y consecuencia de otros debates previos en este mismo Parlamento, que han concluido en resoluciones o en aprobaciones de proposiciones no de ley, entendemos que debería estar también fijado en los Presupuestos Generales del Estado, y esto
es lo que pretendemos con estas dos enmiendas.
Finalmente, he empezado citando a Convergència i Unió, cuando hablaba de las mutuas de accidentes de trabajo, indicando que coincidíamos en el posicionamiento, razón por la cual habíamos presentado enmiendas muy parecidas, y termino hablando
de Convergència i Unió para mostrar mi absoluto desconcierto e incomprensión cuando pretende hacernos creer que los intereses de las concesionarias de autopistas son los mismos intereses de la ciudadanía, razón por la cual nosotros queremos
manifestar que vamos a votar en contra. Creo que Convergència i Unió, más que intentar buscar apoyos, que tiene toda la legitimidad para hacerlo, lo que debería hacer es retirar la enmienda para no generar escándalo público.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Aparte de dar por defendidas las enmiendas presentadas por otras fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto distintas del BNG, doy por defendidas las enmiendas 2506, 2507, 2508 y 2509, para centrar la defensa
en el resto de las enmiendas presentadas por el BNG a las disposiciones.
La enmienda 2510 propone la inclusión de una disposición adicional nueva, relativa a la Sicav, emplazando al Gobierno a remitir en el plazo de seis meses un proyecto de ley de modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Esta enmienda pretende evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable de patrimonios familiares que, cumpliendo los actuales requisitos, crean una institución de inversión colectiva cuando en realidad son auténticas
instituciones de inversión privada. El fin principal de estos abusos es eludir -y todo el mundo lo sabe- la tributación de las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos, de forma que sus partícipes no tienen necesidad de reintegrar su
participación, porque controlan íntegramente el destino de las inversiones de la Sicav familiar, y jamás tributarán en el IRPF por la renta del ahorro diferida. No parece justo ni equitativo que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
prevea un aumento de tributación de las rentas del ahorro, y precisamente las personas que poseen patrimonios milmillonarios no tributen en su renta personal, solo lo hará la Sicav por el uno por ciento de sus beneficios.
La enmienda 2511 propone una serie de herramientas para mejorar la información de las cuentas públicas. La enmienda 2512 propone la supresión de la disposición final decimoquinta, relativa al retraso de la entrada en
vigor de la ampliación del permiso de paternidad. Desde nuestro punto de vista es muy discutible que a través de la Ley de Presupuestos se pretenda modificar una conquista que estaba consolidada por ley, y discrepamos de una estrategia que
pretende situar el ahorro presupuestario precisamente en un recorte de políticas sociales y de avances sociales como en este caso. La enmienda 2513 propone la supresión de la disposición final decimoctava, en la que se pretende suprimir la línea
que se había establecido del ICO para los ayuntamientos, en aplicación de la Ley de Morosidad. Aparte de discrepar de esta técnica legislativa de que, a través de una disposición en la Ley de Presupuestos, se modifique una ley que fue aprobada y
que entró en vigor este año, consideramos que precisamente la implementación de esta línea ICO para los ayuntamientos permitía aliviar la situación económica de las entidades locales para que hagan frente a los pagos, y evitar una situación de
morosidad que está estrangulando a multitud de pequeñas y medianas empresas, y por tanto discrepamos profundamente de la supresión que se contempla en este proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
La enmienda 2514 que establece la creación de una disposición final nueva es concomitante con otras enmiendas que hemos presentado en otros títulos relativas a las percepciones de los empleados públicos, por tanto entiendo que los argumentos
ya están expuestos. La enmienda 2515 propone también la inclusión de una disposición final nueva que plantea ampliar durante al menos un año más la bonificación fiscal relativa a inversiones en tecnologías de comunicación e información, dentro del
programa Hogar conectado a Internet. Pensamos que este programa ha funcionado satisfactoriamente. Es un buen mecanismo para fomentar la extensión de las nuevas tecnologías, por lo que consideramos justificable que se prorrogue durante un año más.
Las enmiendas 2516, 2517, 2518 y 2519 pretenden resolver un problema real como es la dificultad que tienen algunos trabajadores emigrados para que les sea reconocido, a la hora de calcular las prestaciones a la Seguridad Social, el periodo durante
el cual han llevado a cabo la realización del servicio militar en el Ejército español.
Para concluir mi intervención quiero manifestar el apoyo a la enmienda 679, que contempla la inclusión de una disposición derogatoria en línea con lo ya expuesto en el debate sobre la congelación de pensiones. El BNG ha suscrito esta
enmienda conjunta de distintos grupos de la Cámara, y reitero nuestro total y absoluto apoyo a la derogación de esta congelación de las pensiones contributivas, que consideramos absolutamente injusta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Como se ha podido ver un año más en el debate de presupuestos el punto que estamos tratando, el de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias, finales y anexos, abarca una gran cantidad de materias. Si
bien es cierto que muchas por parte de los distintos grupos coinciden, hay otras que a lo largo de las secciones que iremos desgranando en la jornada de hoy y de mañana también se irán repitiendo a lo largo de las enmiendas. Por ello, un año más en
este punto permitan al Grupo Parlamentario Socialista, repetimos, también hacer una pequeña selección de la selección que ustedes como grupos parlamentarios realizan. Asimismo muchas materias de las que se ha hablado en este punto han sido
anteriormente tratadas, como por ejemplo todo lo relativo a fiscalidad, a impuestos. Mi propia compañera, la señora Colldeforns, en el debate del título VI ha dado por explicadas muchas de las disposiciones, sobre todo adicionales, que en este
punto se han venido apuntando.
En cuanto a las materias en las que se coincide por los distintos grupos me gustaría apuntar las que tienen que ver con la lucha contra el fraude fiscal. Las peticiones de medios para la Agencia Tributaria han sido solicitadas a modo de
disposición adicional por varios grupos, y tenemos que apuntar un año más que la propia Agencia Tributaria lógicamente este año ha visto reducido su presupuesto, en concreto en el 5 por ciento. Sin embargo cuando pedimos mayores dotaciones para la
agencia tenemos que recordar que hay un artículo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en concreto el artículo 21, donde se contempla la posibilidad para la agencia de generación de crédito a lo largo del próximo ejercicio mediante la
participación en la recaudación por actos de inspección, de liquidación y de gestión recaudatoria. Por tanto no es que a la agencia le parezca bien la reducción del presupuesto, como a ningún ministerio le gustaría ver reducido su presupuesto, pero
dadas las circunstancias lo considera suficiente para todo cuanto ustedes, los distintos grupos parlamentarios, están apuntando y además con la capacidad de poder generar crédito a futuro.
En el caso también apuntado por distintos grupos de las mutuas de accidentes de trabajo hay que decir -creo que así lo ha hecho el señor Sánchez i Llibre- que se está trabajando para buscar un consenso en la redacción de una transaccional.
La línea ICO morosidad ha sido también objeto de petición en diversas disposiciones por parte de los distintos grupos. En cuanto a la disposición adicional cuarta de la Ley de Morosidad tendremos que tener en cuenta que ya ha sido objeto no
solamente de debate, y que lo será a lo largo de las distintas secciones de este presupuesto, sino que será objeto de numerosas proposiciones no de ley a lo largo de los últimos meses en este Parlamento. Si bien es cierto que es una ley aprobada
con su disposición adicional incluida, y que por tanto el Grupo Parlamentario Socialista ha votado a favor cada vez que se ha solicitado el reconocimiento de la aprobación de una ley, tenemos que retrotraernos a una respuesta por parte del
presidente del Gobierno en esta materia en sesión de control parlamentario al hilo de este tema. Como se dijo y como también viene a recoger el espíritu de la disposición que incluye este
proyecto de ley de presupuestos, y a la que hacen referencia todas estas enmiendas relativas a la línea ICO-Morosidad, tenemos que ser conscientes de que en este momento en el que buscamos el ajuste del déficit, esta línea ICO-Morosidad
supone, tal cual está planteada, un incremento del déficit. Por tanto habrá que trabajar en aras de buscar una fórmula que, pretendiendo facilitar la financiación y la liquidez para las entidades locales -ojalá también sea a través del ICO-, no
repercuta sin embargo en el déficit, no compute como tal.
En el resto de peticiones se habla de fórmulas para el impulso de la creación del empleo por parte de algunos grupos; se habla también recurrentemente de incentivos fiscales en unos casos para el ahorro.
Desde el Grupo Socialista, al
margen de que se ha dado respuesta también en temas de fiscalidad, debemos decir que también consideramos importante incentivar en la medida de lo posible, y fiscalmente sobre todo, teniendo en cuenta los márgenes a los que tenemos que someternos,
la actividad económica, no buscar solamente incentivos al ahorro.
Se ha hablado también de búsqueda de acuerdo, de trabajo en transaccionales -y así es- en el tema de las autopistas de peaje. Señor Tardà, no podemos hablar en nombre del señor Sánchez i Llibre desde el Grupo Socialista, pero sí le puedo
garantizar que se está trabajando desde el Ministerio de Fomento en la búsqueda de un consenso para una transaccional, pero siempre pensando en los beneficiarios, en los usuarios, al menos hablo por el Ministerio de Fomento y por el Gobierno
socialista. Se está trabajando a través de una fórmula que, al igual que la línea ICO, no compute como déficit, puesto que la que en este caso el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió nos ha planteado en su enmienda sí haría que
incurriéramos en mayor déficit si se adoptara.
Del resto de enmiendas, de las muchas que han sido tratadas y que se han presentado pero no se ha hablado de ellas, nos gustaría centrarnos -en este caso es la señora Madrazo la que ha hecho referencia a ello- en la disminución del tipo de
interés de demora. También son temas recurrentes los que ha nombrado la señora Madrazo a lo largo de numerosas PNL que se han debatido en sesión plenaria en los últimos tiempos. En cuanto al tipo de interés de demora sí nos gustaría decir que con
la enmienda que ustedes presentan nos parece que no es de recibo facilitar o incentivar, entre comillas, que casi resulte más barato no atender a los pagos a las administraciones públicas que tratar de pedir financiación por otro lado.
El tipo de
interés tal cual se recoge en los Presupuestos Generales del Estado es razonable.
En cuanto a la disposición adicional cuadragésima, a la que también ha hecho alusión, lo que recoge es la creación de la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Usted ha indicado que esta disposición adicional es de profundo
calado. No sabemos el calado que ustedes le quieren dar, puesto que en la comparecencia que tuvo lugar la pasada semana con la presencia del secretario de Estado, señor Ocaña, lo que sí nos quedó claro fue el profundo calado que ustedes le darían,
ya que el portavoz de su grupo parlamentario nos dejó clarito en primer lugar que trataba de privatizarse. Nosotros insistimos en que mientras Loterías y Apuestas del Estado manejen lo que están manejando, que son los juegos del Estado, no podemos
hablar en ningún caso de privatización. Pero, es más, lo que pudimos escuchar en boca del portavoz del Grupo Popular es que si ustedes privatizaran lo que harían sería hacerlo bien. No sé qué calado buscan ustedes en esta disposición adicional,
pero sí nos queda claro qué es lo que buscarían si estuvieran en el Gobierno.
Nos habla de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una vez más, señora Madrazo, vemos cómo en algunas de sus enmiendas nos remiten a la búsqueda de la constitucionalidad de los techos de gasto, pero le tengo que recordar
-se lo he dicho también al señor Merino- que mientras piden fijar techos de gasto incluso para las comunidades autónomas, al mismo tiempo están haciéndonos otra serie de peticiones.
Nos están hablando de RH distintos, y es incompatible buscar
techos de gasto para distintas administraciones e incluso provocar que vengan incluidos en la Constitución -esto que, al parecer según ustedes, es tan fácil-, y al mismo tiempo buscar convenios para financiaciones especiales, como es el caso del
Ayuntamiento de Madrid en virtud de su ley de capitalidad, según ustedes. Ninguna de las dos nos parece que sea en estos momentos aprobable, y además representa una profunda incoherencia por estas peticiones.
Nos piden en otra disposición adicional impulsar ya una segunda descentralización. Por un lado nos piden pactos locales entre las comunidades autónomas y los municipios, y no entendemos qué pintaría, según ustedes, la Administración General
del Estado si lo que piden son pactos entre municipios y comunidades autónomas. Además nos parece curioso cómo, escuchando estos últimos días tanta crítica a la primera descentralización y tanta petición de menos comunidades autónomas, se lanzan
ustedes a pedir una segunda descentralización al mismo tiempo que critican todo el sistema autonómico. Nos piden aplicar IVA reducido, IVA superreducido. Al margen de que haya comentado la señora Colldeforns todos los temas fiscales, es que son
recurrentes todos estos asuntos en numerosas proposiciones no de ley en Comisión y en Pleno, y tienen numerosas contestaciones nuestras.
Le tengo que contestar a una aseveración que ha hecho para incentivar el ahorro en los fondos de pensiones. Señora Madrazo, no está en juego el futuro de nuestras pensiones. Lo que tenemos que hacer, en todo caso, es reformar el sistema de
pensiones para asegurar las futuras pensiones de quienes ahora mismo están cotizando, pero el futuro de nuestras pensiones -no mezclemos las cosas- no está en juego.
Nos habla también de un tema que se debatió en Pleno: compensación de deudas tributarias con créditos reconocidos por las administraciones públicas. Usted aludía a que presentan esta disposición adicional para
que precisamente se ponga en marcha. Señora Madrazo, le recomiendo que se lea literalmente la transaccional que aprobamos en el Pleno, puesto que lo que recoge no es que se tenga que cumplir, es que se está cumpliendo.
Como esto no
necesita aprobación alguna viene recogido en la normativa vigente, y además comprobará que lo que viene a decir es que tienen que coincidir administraciones y deudor como parte acreedora y parte deudora.
Por lo tanto no hay impulso que dar; está
recogido dentro de la normativa legal vigente. Lo que he dicho anteriormente puedo repetírselo en cuanto a las mejores dotaciones de recursos para la Agencia Tributaria. Me remito de nuevo al artículo 21 de esta Ley de Presupuestos Generales del
Estado. Cita también algo que recientemente debatimos en Pleno: transferir importes de cuenta ahorro vivienda a una cuenta ahorro empresa. Ambos productos están pensados desde su contratación para poder desgravarse fiscalmente de las imposiciones
que se van realizando en dichos productos a lo largo del año, y sin embargo lo que pretenden con esta petición es que una vez cumplido el plazo de los cuatro años no tenga que devolverse el importe a Hacienda. Lo que citan ustedes es para aquellos
que, una vez cumplido el plazo -y tengamos en cuenta que ha habido dos años adicionales de moratoria-, la situación actual del mercado inmobiliario no les permita acceder a una vivienda. Señora Madrazo, ustedes ven un problema dada la situación
actual, no del mercado inmobiliario, sino de las condiciones de las entidades financieras; el problema que vemos nosotros está en que aquellos a quienes las entidades financieras no les pueden facilitar en estos momentos una hipoteca -préstamo de
mayor garantía de todos los que hay- no creemos que tengan dificultad para obtener un préstamo en dichas entidades financieras para poder montar una empresa.
En último lugar, quisiera referirme a la enmienda que plantea la reforma de las administraciones públicas. Ustedes la citan como una reforma en profundidad, en sus tres niveles administrativos. Quieren definir los límites competenciales,
cosa que nos agrada porque a buen seguro podremos tener lugares de encuentro en la futura ley de gobierno local, precisamente planteada para eso, para delimitar las competencias, y pretenden también garantizar recursos para el cumplimiento de los
servicios públicos. Una vez leída la enmienda, les tendré que recordar que dar cumplimiento a los servicios públicos por los distintos niveles de las administraciones no comprende en exclusiva a la Administración General del Estado. Recuerden que
las comunidades autónomas en este caso también juegan un papel crucial. Por tanto, sería interesante su colaboración futura en la ley de gobierno local, el tratar entre todos por consenso de buscar los límites competenciales, sobre todo para los
municipios, y el tener en cuenta no solo a la Administración General del Estado sino a las comunidades autónomas -ustedes también están gobernando en algunas de ellas- y muchos municipios tendrían algo que decir al respecto. De todos modos, esta
reforma de las administraciones públicas, que este último fin de semana tanto han cacareado, que también incluye esa constitucionalidad de los techos de gasto, pese a la incoherencia de petición de financiación para según qué ayuntamientos que al
parecer necesitan no solamente para inversión en estos últimos años, sino para incremento del gasto corriente, algo que se escapa por completo del discurso que ustedes vienen haciendo, nos choca también al igual que lo hacía el tema de la segunda
descentralización con algo que ha venido recogido en cierto medio de comunicación. No sabemos exactamente, porque parece que haya que ir tacita a tacita leyendo ciertas entrevistas a los dirigentes del Grupo Parlamentario Popular, cuál sería esa
reforma que anhelan. Desde luego no viene aquí, pero no sabemos hasta qué punto esa reforma de las administraciones públicas tendría mucho o poco que ver -nosotros esperamos que poco, por lo que hemos leído este pasado fin de semana- con la reforma
que se viene planteando en algún otro país que ustedes ponen como adalid del sistema de ajuste del déficit y consolidación fiscal. Esperemos que no vayan por ahí las ideas del Partido Popular y que al menos los funcionarios, si bien están sufriendo
el reparto del esfuerzo que en estos momentos todos tenemos que hacer, no se vean perjudicados de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar ya la discusión de las secciones. En primer lugar, tenemos las secciones 01 a 05 y 08, en las cuales solo se ha presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida. Habrá esa defensa de las enmiendas, si los grupos me piden la palabra se la daré y volveré a darle la palabra a quien ha formulado las enmiendas para que pueda replicar. Por tanto, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Efectivamente, un año más el debate de los presupuestos nos permite poner encima de la mesa el gran tabú de las cuentas del Jefe del Estado. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.) De
hecho, cuando hablamos de opacidad, si tenemos que poner encima de la mesa un ejemplo -quizás el más evidente- de las deficiencias por parte del Estado en cuanto al control y la transparencia de sus instituciones, vamos a parar inevitablemente a la
Casa Real, al Jefe del Estado, al Rey y a su familia. Ello nos permite hablar de que con la Monarquía hemos topado, puesto que es evidente que de nuevo vamos a repetir las mismas posiciones, las republicanas, y las de los compañeros de otros grupos
parlamentarios que legítimamente opinan cosa distinta.
Debo decirles que este Parlamento está castrado en este ámbito; la soberanía popular está -repito- castrada, hasta el punto de que estamos a la espera de que el Tribunal de Derechos Humanos se pronuncie en este sentido. Estamos dentro de
los límites que de media tiene esta institución para pronunciarse sobre lo que, a nuestro
Secciones 01
a 05 y 08
entender, es una vulneración de los derechos de los diputados y diputadas de este Parlamento, a los que, como saben, corresponde la aprobación de las cuentas de la Casa Real y a partir de la cual ya no tenemos derecho a saber nada más sobre
su ejecución, nada más. Como saben, la Mesa de este Parlamento siempre se ha negado a tramitar preguntas o iniciativas parlamentarias en este sentido, algunas de ellas tan inocuas como que dentro del primer trimestre de cada año natural este mismo
Parlamento, que es el que aprueba las cuentas, reciba la liquidación presupuestaria del ejercicio del año anterior relativa a la Casa Real, es decir, aquello que hacen otros parlamentos también con institución monárquica, ni más ni menos.
En consecuencia, comunico a los compañeros de otros grupos parlamentarios que no nos llevarán al huerto diciendo que nuestras posiciones son extremas; nuestras posiciones son un calco mimético de lo que hacen otros parlamentos en Europa.
Reclamamos lo que hacen otros parlamentos, y si en este Parlamento no se puede hacer será porque el pecado original de esta institución todavía planea como un fantasma en este Parlamento. Es, por tanto, una posición centrada y moderada en la medida
en que en el centro está el equilibrio. No quieran ponernos ninguna trampa, puesto que -repito- no hacemos nada que no haga la democracia cristiana o la socialdemocracia en Europa en aquellos Estados con institución monárquica.
Dicho esto, quiero señalar que hemos presentado dos enmiendas que entenderán si hacen un ejercicio de extrapolación de la anomalía a la que hecho referencia. Pedimos que se asigne al jefe del Estado la misma cantidad que percibe el
presidente del Gobierno español, 78.185 euros, y que luego este Parlamento decida qué recursos y bajo qué prisma -igual a control- se destinan otras partidas para su mantenimiento. Por otra parte, el Rey, la Casa Real no ha jugado un papel
ejemplarizante, lo cual va bastante con la dinastía, en el sentido de ser solidario con su ciudadanía. De hecho, nosotros hace ya unos años, cuando apuntaba la crisis económica, reclamábamos que tuviera la responsabilidad de ser ejemplo de
austeridad, puesto que la ciudadanía empezaba a pasarlo mal, y ahora lo pasa peor. El primer año hizo caso omiso y después se ve que se le aconsejó que tuviera cuidado con los gestos. Señorías, si el presidente del Gobierno y los ministros se han
recortado un 15 por ciento el sueldo, él debería hacer lo mismo -solo faltaría-, y el hecho de que este Parlamento deba recordárselo debería ser motivo de vergüenza. Es decir, motu proprio la Casa Real tendría que haber enviado un mensaje al
Gobierno y al Parlamento diciendo: Yo, lo mismo que el presidente del Gobierno. Pues bien, si al parecer no le sale del corazón o no se lo aconsejan, que se lo diga este Parlamento. Con este propósito hemos presentado una enmienda de aminoración
de 872.000 euros -con los que podrán vivir-, que es el diferencial entre aquello que se han rebajado y el 15 por ciento que consideramos que debería ser la carta de presentación con los tiempos que corren.
Dicho esto, termino, señor presidente, recordando nuestras dos enmiendas y sobre todo reafirmándonos en nuestra posición moderada, centrada, homologable al resto de posiciones que tienen otros parlamentos y casi aconsejaríamos terminar con
este talón de Aquiles de esta institución, que al aparecer es tan sana, incluso en beneficio de la propia institución, puesto que deslindar lo público de lo no público es fundamental. Incluso, si me permiten, les recordaré que hoy mismo sale una
noticia en un periódico sobre algunas relaciones económicas, no demasiado claras, entre un miembro de la Casa Real y el presidente de la Generalitat del País Valencià. Los primeros interesados en ser ejemplo de todo deberían ser los miembros de la
Casa Real.
Les pido un voto favorable a estas dos enmiendas republicanas.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Un año más el señor Tardà viene a esta Comisión con una propuesta que sinceramente no entiendo cómo no le avergüenza traerla. Todos los años pretende usted con una enmienda a la ley de presupuestos modificar el
artículo 65 de la Constitución. Vaya usted por otro camino. Solicite que se modifique la Constitución. Se le podría ocurrir otro procedimiento: atacar a la Monarquía, a la figura de Su Majestad, que, en definitiva, es su objetivo, es lo único
que pretende.
El presupuesto le da igual. Supongo que tiene poca imaginación y año tras año incurre en el mismo disparate.
Al margen del procedimiento que pretende utilizar y de que creo, sinceramente, que el tema presupuestario a usted le importa tres higas, casi le agradezco esta absurda actitud, pues ella me da pie para dar a conocer a quienes no lo sepan la
gran austeridad que preside desde hace más de treinta años la Casa de Su Majestad el Rey. En el presupuesto de 2010 ya se congeló la asignación a la Casa Real, a petición de Su Majestad, situándola en la misma cifra que el año 2009; para el
ejercicio de 2011 se reduce un 5,2 por ciento, quedando situada la cifra por debajo incluso del ejercicio de 2006. Pero es oportuna la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya para recordarle que la Monarquía española es la más barata de todas
las jefaturas del Estado de Europa. El coste de sostenimiento de la Casa de Su Majestad el Rey nos cuesta a cada español en torno a 18 céntimos de euro al año. Si comparamos el coste por ciudadano de otros países europeos, observamos que a cada
alemán le cuesta 35 céntimos de euro; a cada griego, 52 céntimos; a cada británico, 75 céntimos; a cada belga, 1,26 euros; a cada sueco, 1,30 euros; a cada portugués, 1,64; a cada francés, 1,72; a cada danés, 2,34; a cada holandés, 2,40; a
cada italiano, 3,80 y a cada
noruego, 5,80. Esta es la realidad, les guste o no les guste. Es obvio decir que la enmienda 1750 de Esquerra Republicana de Catalunya, lógicamente, vamos a votarla en contra. Como lo vamos a hacer con la enmienda número 1751, en la que
propone el absurdo de que la cantidad fijada en el presupuesto para la Casa de Su Majestad el Rey se reduzca en un 15 por ciento más, bajo el peregrino argumento de que se les ha reducido el sueldo a los altos cargos de la Administración General del
Estado. Solo quiero recordarle dos cosas, señor Tardà: El presupuesto de la Casa de Su Majestad no es el sueldo del Rey, y usted lo sabe; y, segundo, que los altos cargos de la Casa de Su Majestad ya redujeron su sueldo motu proprio al tiempo que
el Gobierno lo hacía a los altos cargos de la Administración.
En fin, señor Tardà, que año tras año tratan ustedes por vía presupuestaria de atacar a la Monarquía, y realmente con ello consiguen que cada vez los españoles estén mejor informados del ejemplo de austeridad que año tras año nos viene dando
Su Majestad el Rey. Así que sigan por ese camino, que no desaprovecharemos la ocasión de reiterar que la Monarquía es la institución mejor valorada por el pueblo español y que Su Majestad alcanza un prestigio internacional sin precedentes en
nuestra historia contemporánea.
Hay una enmienda de doña Rosa Díez que, como se refiere al Senado, está en la sección 02, y querría aprovechar para fijar la posición de nuestro grupo. El Grupo Parlamentario Popular la va a apoyar porque en la misma se pretende que se
suprima la asignación al servicio de traducciones del Senado. Con ello somos coherentes con la posición de nuestro grupo parlamentario en el Senado contra la resolución reglamentaria que permitió hablar en los idiomas regionales en la Cámara Alta.
Es verdad que el Senado es una Cámara de representación territorial, pero de todo el territorio español. Además, conforme al artículo 66 de la Constitución, las Cortes Generales representan al pueblo español. El diputado o el senador de Barcelona,
de Vizcaya o de Pontevedra no solo representa a los habitantes de su circunscripción, sino a todo el pueblo español. Por tanto, aquella parte del pueblo español que no conoce otro idioma que el castellano tiene derecho a que sus representantes se
expresen en la lengua común de toda España, que es el castellano. Me parece muy bien que en los parlamentos autonómicos hable cada parlamentario el idioma propio o el común, pero en las Cortes Generales no debe ser así. Si además invocamos razones
de austeridad en plena crisis, gastar dinero en balde cuando todos los presentes en el Senado dominan la lengua de Cervantes parece un derroche inadmisible. Por lo expuesto, vamos a votar a favor de la enmienda 13 de Unión, Progreso y Democracia.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: He de decir que admiro la perseverancia del señor Tardà, que año tras año nos trae esta enmienda, este año con la salvedad de que ha hecho dos por si acaso una no salía. Este año nos propone la misma que el año
pasado, es decir, una equiparación de la Casa Real al sueldo del presidente del Gobierno. Con todos mis respetos, yo creo que se equivoca en la equiparación, no en otras cosas, supongo. No puede usted equiparar el sueldo del presidente con el
sueldo de la Casa Real, que se compone de algo más que Su Majestad el Rey. Es el Rey, es su familia, es la Jefatura, es la Secretaría General, es el Cuarto Militar, es la Guardia Real, en fin, todo aquello que hace que el Rey y la Casa Real puedan
cumplir con los compromisos que tienen asignados. Tiene unas actividades asignadas que tiene que cumplir y también hay cometidos de carácter administrativo y económico, cuyos gastos corresponden a esa sección 01 que tiene la consignación
presupuestaria de la que estamos hablando. Tanto él como la familia han de atender a las relaciones con los organismos oficiales, las entidades y particulares, y está esa rendición de honores reglamentarios y prestación de servicios de escolta
cuando así se establezca o se tenga a bien.
En cuanto a la reducción del 15 por ciento, tampoco me parece que sea oportuna, puesto que estamos aplicando el 15 por ciento al montante global de lo que es la Casa Real cuando no hay una asignación específica para la persona en sí del Jefe
del Estado. Como digo, no creo que sea equiparable al Jefe del Gobierno. Creo, señor Tardà, que para conseguir sus objetivos tiene usted que proponer una modificación de la Constitución. Mientras tanto, yo creo que esta enmienda que usted nos
trae año tras año va a tener pocos visos de prosperar.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Intervengo muy brevemente, señor presidente, y gracias por darme la palabra. Creo que queda justificada nuestra posición en la medida que yo previamente ya he dicho que este Parlamento no tiene capacidad para aprobar
y controlar, que es su obligación, los recursos públicos. Yo estaría dispuesto a darles la razón. Es decir, si usted como parlamentario, en defensa legítima de sus posiciones, o yo de las mías tuviéramos un recorrido de principio a fin -repito-
igual que el resto de parlamentarios en otros parlamentos europeos, entonces el debate sería claro, diáfano e incluso posiblemente habría convergencias y consensos.
Pero, como solamente vemos con un ojo, da lugar a estas posiciones tan distintas
que se irán repitiendo en la medida en que no se sustancie la verdadera capacidad de este Parlamento. En todo caso, yo no pretendía ofender; creo que usted se lo ha tomado personalmente y se ha referido a mí. Yo entiendo perfectamente que usted
defienda lo que defiende, es más, me quedaría patidifuso si usted dijera otra cosa. Ahora bien, no utilice el adjetivo barata cuando hable de la institución
porque incluso sorprende. Solo faltaría que además fuera 'barata'.
Defendemos nuestra posición y la ponemos a votación. Y ya les digo que estamos expectantes ante la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vamos a ver si de una vez por todas se pronuncia. Quizás el próximo año incluso se
vean obligados a ejecutar lo que diga el Parlamento o quizás nos quite la razón a nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Terminado este debate, pasamos al debate de las enmiendas a las secciones 12 y 34.
¿Se van a repartir el tiempo? (Pausa.)
El señor ROBLES OROZCO: En principio, voy a defender las enmiendas a la sección 12.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Voy a presentar las enmiendas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Hay dos partes diferenciadas, el ministerio y la parte de cooperación. Las enmiendas lo que pretenden básicamente es dotar al
ministerio, un ministerio que de por sí, quitando la parte de cooperación, es pequeño y que realmente tiene poco peso en el Estado desde el punto de vista presupuestario, y quieren hacer un reforzamiento de sus capacidades. El ministerio ha tenido
un recorte muy importante en lo que se refiere a sus aportaciones a los organismos multilaterales, y eso evidentemente daña la acción exterior del Estado.
Por lo tanto, con nuestras enmiendas queremos reforzar esa parte del multilateralismo de
nuestra acción exterior, que es muy importante, básicamente en lo que se refiere a nuestras contribuciones obligatorias a los organismos internacionales. También ha habido un recorte en la parte de la protección consular, en la parte de la
protección a los españoles en el exterior. Creemos que esa es una parte que necesita ser reforzada, así como otro aspecto que nos parece vital en una política exterior como es la defensa de los derechos humanos, especialmente en áreas para nosotros
importantes como América Latina y África.
Entrando en el detalle de las enmiendas que afectan propiamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, hay una enmienda destinada a reforzar nuestras capacidades en la formación de diplomáticos, por lo tanto, hay una enmienda destinada a
reforzar las capacidades de la escuela diplomática; hay otra enmienda destinada a reforzar la promoción de los derechos humanos, especialmente en América Latina, en Iberoamérica, que ha sido una de las que ha sufrido recortes; hay otra enmienda
destinada a afrontar la ayuda a las asistencias a la ciudadanía en personas que afrontan condenas de muerte, por lo tanto, esta es una cuestión que creemos que es importante recuperar; hay otra enmienda importante relativa a las violaciones de
derechos humanos en el exterior. Por último, en la parte de Exteriores hay dos que se refieren especialmente a la protección de españoles, a la protección consular. Con esto nosotros queremos subsanar el recorte que ha habido, que ha sido, a
nuestro juicio, un recorte no bien pensado, para que realmente la acción consular española, la protección de los españoles, tenga sentido. Hay una enmienda también en línea con lo mismo que hemos dicho de América Latina, relativa a la posibilidad
de reforzar nuestra defensa de los derechos humanos en África, un continente que carece de un desarrollo institucional y, por lo tanto, de la seguridad jurídica necesaria.
Como he dicho al principio, el recorte en las aportaciones obligatorias ha sido dramático, de un 33 por ciento. Hace muy poco la política del Gobierno precisamente hacía un énfasis especial en el aspecto multilateral y hoy prácticamente sin
explicación o sin debate suficiente nos hemos encontrado con recortes francamente drásticos en la FAO, en la Unesco o en la OMS, que hacen muy difícil mantener un discurso y una línea de continuidad de nuestra política multilateral. Hace muy poco
-insisto- era básicamente la línea argumental de la política exterior.
Por tanto, lo que pretendemos con esta enmienda es paliar ese recorte tan profundo y tan dramático que ha habido en la acción multilateral. Y hay una enmienda más sobre el
diálogo mediterráneo para dotarle de las capacidades.
Saltando al área específica de cooperación que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, aquí ya la situación es mucho más dramática. El recorte del Gobierno ha sido de 900 millones, que se suman a los anteriores
acuerdos de no disponibilidad. Llevamos acumulados en tres ejercicios 1.300 millones de recorte, y significa que eso nos aleja definitivamente del compromiso de alcanzar el 0,7 en esta legislatura.
Nos sitúa en este momento la AOD española por
debajo del 0,4 por ciento y hace poco menos que imposible muchos de nuestros compromisos. También muy especialmente hay que destacar que el Gobierno, cuando ha anunciado este importantísimo y dramático recorte, que supone más del 20 por ciento de
la AOD española o el 37 por ciento de la Secretaría de Estado de Cooperación, lo hace diciendo que no tiene demasiada trascendencia porque lo hacemos a organismos multilaterales. No sabemos si es que el dinero durante estos años no ha sido bien
utilizado y, por tanto, ahora se puede recortar; no sabemos si es que realmente era innecesario, y lo hemos estado gastando mal y no sabemos cuál es la razón por la que se ha decidido cortar, sin más, en las cooperaciones multilaterales, sin hacer
una reflexión de todos los instrumentos que tiene la cooperación española y de todos los elementos que podían haber sido revisados. Se recorta muy especialmente en el Fondo del agua -ya se lo ha dicho la secretaria de Estado- y se recorta,
desgraciadamente, en otros proyectos claramente humanitarios como es el Fondo global de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Se han utilizado palabras que quieren
camuflar el dramatismo de este fenómeno. Se habla de reprogramar la ayuda, pero reprogramar la ayuda significa retrasar la ayuda y retrasar la ayuda en temas tan importantes como es el Fondo global de lucha contra el sida, la tuberculosis y
la malaria significa que personas que hoy están recibiendo el tratamiento de antiretrovirales no lo van a recibir, y es duro decirle a alguien que espere a recibir un tratamiento médico cuando esa espera puede poner seriamente en peligro su vida.
Respecto a otro de los temas, como ha sido el Fondo del agua, vemos estos días con dramatismo lo que significan precisamente inversiones en agua en América Latina. Hoy estamos viendo el drama de Haití, donde se ha desatado un brote de
cólera dramático, que tiene que ver con la falta de saneamientos y con la falta de agua en condiciones de higiene. Por tanto, estos dos proyectos, que son los grandes proyectos que recorta la ayuda a la cooperación, tienen un impacto directo en dos
de los objetivos del milenio. Se acaba de celebrar una cumbre en Nueva York. Teóricamente habíamos manifestado nuestro compromiso y hemos recortado de una forma, creo poco reflexiva, dos proyectos claramente humanitarios que tienen que ver con los
objetivos del milenio.
Nuestras enmiendas van dirigidas a restituir estas capacidades. Van a disminuir el impacto que tienen estos recortes en estos dos fondos importantes, tanto en el Fondo global del sida como en el Fondo del agua, y también para dotar algo que
ya era una tradición en nuestra AOD, que era el Fondo de investigación y desarrollo en materia de cooperación internacional. Hacemos, por tanto, un ajuste en el capítulo 8, para reforzar claramente y mostrar nuestra voluntad política y apostar por
estos dos proyectos, y también hacemos unos ajustes en los capítulos 1, 2, 4 y 7 de la Agencia Española de Cooperación y la Secretaría de Estado de Cooperación para que cosas que pueden retrasarse, que pueden reprogramarse, que pueden esperar en el
desarrollo de inversiones de las casas de África, de Asia o las ayudas puntuales a determinados proyectos que no tienen trascendencia humanitaria o también en reuniones técnicas, seminarios, puedan tener un retraso y una reprogramación. Eso es
básicamente lo que pretendemos con las enmiendas al ministerio tanto a la parte de exteriores como a la de cooperación, que es retomar nuestras capacidades de acción exterior en lo multilateral y que no se vea afectado ninguno de los proyectos
humanitarios que tienen que ver con los objetivos de desarrollo del milenio.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos) Por el Grupo de Convergéncia i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene doce enmiendas a la sección 12, que van en la dirección de dotar de recursos a una serie de organizaciones que trabajan en la cooperación internacional,
organismos internacionales, y en la cooperación al desarrollo. Quizás esta es la más relevante en el sentido de incrementar este fondo de ayuda en 220 millones de euros, así como también a proyectos destinados a prevenir e investigar la malaria y a
otras entidades importantes como la Casa de Asia, el Centro de la Unesco de Cataluña, el Centro Tecnológico y Forestal de Cataluña para la financiación de programas de cooperación internacional, la asistencia a la ciudadanía que afronta condenas de
penas de muerte y también para la revista, Catalan Internacional View.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Brevemente. Nuestro grupo parlamentario presenta ocho enmiendas, siete hacen referencia al programa de cooperación para el desarrollo dentro de la sección 12. Quien me ha precedido en el uso de la palabra ya
lo ha explicado. En los últimos años ha habido un descenso espectacular en la ayuda al desarrollo y en el presupuesto que se presenta el descenso es del 17 por ciento, que son más de 9.000 millones. Si lo sumamos a los recortes que ha habido en
los últimos años, sumamos 1.200 ó 1.300 millones de euros la pérdida que ha habido en inversión a la ayuda al desarrollo. Las enmiendas que presentamos pretenden aumentar estas partidas, lo manifestábamos también en nuestra enmienda a la totalidad,
a la vez que bajen algunas partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Para nosotros es prioritaria la ayuda al desarrollo y nuestra cooperación en vez de realizar gastos en temas militares. Presentamos una octava enmienda a esta sección,
a la que también han hecho referencia anteriormente, relativa a la asistencia a la ciudadanía que afronta condenas de pena muerte, pues también ha habido una reducción, y pedimos que haya un aumento para continuar con el trabajo ya realizado.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Voy a empezar con una confesión. De la intervención del portavoz del Grupo Popular no me ha quedado claro si se mantiene o se retira la enmienda 360 de devolución de la sección. Por si la mantiene para la
votación, voy a anunciar lo que no creo que sorprenda a la Comisión, y es que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra. Y lo va a hacer con dos argumentos. Como se han reiterado en la exposición escrita, que no en la verbal que no se
ha hecho, los argumentos de los años anteriores respecto a la devolución, argumentos que no queda más remedio que reiterar, podría remitirme directamente al 'Diario de Sesiones' de esta Comisión de años anteriores para que se vea cuál es nuestra
argumentación. Para que
conste también en el 'Diario de Sesiones' correspondiente al año 2010, le diré que el Ministerio de Asuntos Exteriores quizá sea un ministerio con poco peso en el conjunto del gasto no financiero en los presupuestos del Estado. Es posible.
En cualquier caso, el peso del Ministerio de Asuntos Exteriores era del 0,665 por ciento del conjunto en el año 2004, último presupuesto que hizo el gobierno al que usted apoyaba, señor portavoz. En este momento, con la disminución que se ha
producido, que no se puede negar que es cierta y que ha sido, siguiendo sus repetidas admoniciones de disminución y reforma de las estructuras del ministerio, está colocado en el uno por ciento, es decir, casi el doble de donde lo dejaron ustedes en
2004. Lo cierto es que en este año el Ministerio de Asuntos Exteriores solo tiene 2.747,73 miles de millones de euros. Pero es también cierto, señorías, que en la VI Legislatura, la de 1997 a 2000, el total de la legislatura, de los cuatro años,
fue de 3.176 millones. En la VII Legislatura, 2001-2004, para el total de la legislatura fue de 3.804 millones. En la legislatura anterior, en la VIII, ya con Gobierno socialista, fue de 8.144 millones para el conjunto de la legislatura. Y en
esta legislatura, reitero, es de 2.747,73, lo cual significa que se mantiene perfectamente cualquier comparación. En una situación de restricción presupuestaria generalizada no se puede decir que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya sufrido
tales recortes que impidan, como se dice en la fundamentación escrita de su enmienda de devolución, que cumpla las funciones que tiene encomendadas. Nada de ello es cierto.
Tienen dotaciones muy superiores a las que les habían concedido sus
presupuestos no solo en moneda constante, sino también en cuanto a porcentaje en el total de los gastos de los Presupuestos Generales del Estado y por tanto su argumentación no se compadece con la realidad.
Estas son las razones por las que votaremos en contra de la enmienda de devolución. Vamos a ver rápidamente -porque han sido sus señorías también muy rápidas en sus intervenciones- las razones que nos llevan, en primer lugar, a presentar
como Grupo Parlamentario Socialista -este es el orden normal para hacerlo- nuestras enmiendas 2818 a 2820, la primera de las cuales coincide en cuanto a su contenido, no en cuanto al montante, con enmiendas presentadas por todos los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas a esta sección, que es la referente a la atención a los ciudadanos españoles que enfrentan situaciones de petición de pena de muerte en el extranjero. La enmienda 2818 del Grupo Socialista dota a esta
partida con 100.000 euros, porque no se trata, señora Buenaventura, de que haya mucho dinero para gastar mucho dinero en esta partida. En esa partida, y lo hemos reiterado en los debates -no es el primero que tenemos al respecto- lo ideal es que no
se ejecute ni un solo euro.
Estamos de acuerdo en que hay que tener la partida abierta y dotada por si es necesario usarla. Nuestra perspectiva y nuestro deseo es que no tenga que consumirse absolutamente ni un solo euro. En este momento por
suerte tenemos solo un ciudadano español en esta situación, un español a veces olvidado porque sus apellidos no son clásicos españoles, Nabil Manakli Kasaybati, condenado a la pena de muerte en Yemen sobre el cual ya no recaen gastos de defensa.
Está con todas las sentencias confirmadas en todas las instancias posibles pendientes de la gracia presidencial, para lo cual se hacen -se lo aseguro a ustedes, me consta y seguro que les consta a sus señorías- gestiones por parte de todas las
instituciones públicas del Estado en todas y cada una de las ocasiones posibles para evitar la aplicación de la pena de muerte a este ciudadano español.
Creemos, por tanto, que con la dotación que establecemos es suficiente para que esté la partida
abierta y confiemos y deseemos que en el año 2011 no deba ejecutarse ni un solo euro de la misma.
Otra enmienda que presentamos es consecuencia de lo aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 22 de octubre al aprobar la Ley del Fonprode. La enmienda número 2819 viene a colocar en los presupuestos la ejecución de lo que
aprobamos colectivamente con solo una abstención y 323 votos a favor, si no recuerdo mal, para establecer una partida presupuestaria propia, específica del Fondo de promoción al desarrollo dotada con 945.230 euros. Se trata de cumplimiento legal,
viene a complementar otras enmiendas presentadas también por nuestro grupo para la modificación del artículo 55 y la supresión del 57 y la aprobación de una disposición transitoria nueva vigésima. Todas ellas vienen a dar cumplimiento a lo acordado
por el Pleno del Congreso el pasado día 22 de octubre. La última de las enmiendas que presentamos y para la que solicitamos también el voto favorable de sus señorías, es la 2.820 referente a la dotación en cuantía de 300.000 euros de la fundación
Cultura de Paz. Esto es también necesario para dar cumplimiento a una ley aprobada por el Pleno del Congreso, ya plenamente vigente, que es la Ley de promoción de la cultura de paz, en la que se establecía la obligación de las autoridades e
instituciones públicas de fomentar esta cultura de la paz, y creemos que una de las formas de realizarlo es dotar presupuestariamente a esta entidad, la Fundación Cultura de Paz que desarrolla satisfactorios trabajos.
Me voy a referir ahora con mucha rapidez a las enmiendas presentadas por los distintos grupos con exclusión de las referentes a españoles en situación de condena o que se enfrentan a petición de condena de pena de muerte, a las que me he
referido anteriormente. No podré -no lo tomen sus señorías a descortesía- analizar cada una de las enmiendas, voy a referirme solo a algunas de ellas. Por ejemplo, las enmiendas 369 y 405 del Grupo Parlamentario Popular. Se establecen una serie
de altas para distintos conceptos de cooperación pero, sobre todo, porque en las altas la discusión es clara, está en sus términos, es que ustedes tienen unas preferencias, unas prioridades, nosotros y el Gobierno tenemos otras prioridades,
preferimos las nuestras y, por tanto, no votaremos favorablemente sus prioridades, pero me interesa destacar cuáles son las bajas que realizan
ustedes, porque estas bajas en muchas ocasiones me parece que van en contra del meollo real de de la moderna cooperación: la intervención de las políticas públicas de la sociedad civil en la cooperación. Pretenden bajas en las siguientes
partidas: la Casa Árabe, la Casa África, la Casa Sefarad-Israel, la Casa Asia, la Casa América, la Casa Mediterráneo, es decir, absolutamente todas las casas, ignorando completamente la labor de difusión y el trabajo extraordinario que estas casas
hacen en lo referente a relaciones exteriores y a cooperación. Si a ello le unimos las noticias que nos llegan, realmente alarmantes, respecto a los propósitos de no cumplimiento de compromisos de mantenimiento de estas casas por parte de otras
administraciones en las que gobierna el Partido Popular, de no cumplir las obligaciones respecto a estas casas, es que están ustedes pretendiendo sencillamente el desmantelamiento de algo que ha sido enormemente provechoso para la cooperación y para
las relaciones exteriores de España. Asimismo intentan ustedes bajas en la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, meritoria fundación que está realizando trabajos de fortalecimiento del Estado, por tanto,
de las democracias, en el conjunto del mundo y muy especialmente en Iberoamérica, lo cual resulta contradictorio con algunas de sus afirmaciones. Igualmente la cooperación universitaria y científica es objeto de baja en sus peticiones, mal andamos
por aquí; el Instituto Euroárabe de Educación y Formación también, lo cual resulta absolutamente contradictorio con su enmienda 368 respecto a la Unión para el Mediterráneo, a la que pretenden dar algo que quitan a través del Instituto Euroárabe de
Educación y Formación por otra parte. Quieren igualmente dar baja en la Fundación Averroes, así realmente funcionamos según ustedes en el diálogo euromediterráneo, la Fundación Carolina, la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento
Municipal e Institucional en Centroamérica y Caribe, lo cual es contradictorio con lo que intentan ustedes de desmenuzamiento de partidas para derechos humanos solo para Iberoamérica, olvidando que los derechos humanos son globales, universales y
deben tenerse en cuenta en todo el mundo. Para acabar de poner de manifiesto la contradicción también pretenden baja en el Secretariado General Iberoamericano. ¿Les interesa a ustedes Iberoamérica o no les interesa? Les interesa única y
exclusivamente continuar con denuncias respecto a determinados regímenes políticos en determinados países, que reiteran ustedes en cada ocasión que tienen. Si no les interesa el Secretariado General de Iberoamérica difícilmente les puede interesar
el conjunto del trabajo en Iberoamérica. Y por último, pretende usted además bajas en las partidas de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos. Estas son las razones, señor Robles, por las que no podremos votar favorablemente estas
enmiendas.
Respecto a las enmiendas que han presentado sobre el Fondo global contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, he de decirles que sencillamente en el periodo 2007-2009 este Gobierno ha aportado el 5 por ciento de los fondos de este fondo
global, que representan 459 millones de euros, más del doble del esfuerzo en relación con la riqueza propia de cada país que nuestros socios europeos que son también socios del fondo global. Lo que ocurre en el ajuste de estos presupuestos es que
se va a aumentar la aportación a formas bilaterales de lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis para ajustarnos, por una parte, a lo decidido por el Consejo de la Unión Europea sobre salud pública en mayo de 2010, que recoge el incremento
del esfuerzo bilateral, y también a lo que hacen nuestros socios europeos. En el caso de España, hasta este momento, el 86 por ciento de los fondos dedicados a la lucha contra el sida ha sido por métodos multilaterales, mientras que en el conjunto
de Europa está en el 23 por ciento. No vamos a llegar a estas cifras, pero vamos a tender a homologarnos con nuestros socios europeos. En cuanto al Fondo para el agua y saneamiento, creación de este Gobierno, se produce una nueva periodificación
de las aportaciones, que pasan de acabar en el año 2011 en los acuerdos creacionales a acabar en 2013. Al haber más tiempo se periodifican de forma distinta las aportaciones anuales, que se mantienen en el conjunto. No es tan contradictorio con la
finalidad, como usted pretende establecer, por cuanto la mayoría de los proyectos de este fondo son plurianuales, suponiéndose que van a ser mejor realizados manteniendo en el tiempo la aportación más que concentrándola. El próximo año, el último
que quedaba difícilmente iba a poderse ejecutar en su totalidad.
Voy a pasar con brevedad, porque son pocas, a las enmiendas presentadas por Convergéncia y Unió. Señor Sánchez Llibre, nos parecen absolutamente respetables las entidades a las que usted pretende dotar, pero le tengo que decir que nos
parecen igual de respetables las que nosotros dotamos.
Son prioridades distintas; muy localizadas las suyas, como es lógico, geográficamente; las nuestras, como también es lógico, están más repartidas por todo el territorio en cuanto a sus sedes
y actividad principal, y no vamos a sustituir nuestras prioridades por las suyas.
Respecto a Izquierda Unida, hay un problema para votar sus enmiendas, que las bajas han de ser de la misma sección y ustedes pretenden altas en la sección 12, en los
aspectos de cooperación, con bajas en la sección del Ministerio de Defensa. Esto no es posible tramitarlo. Por otra parte, no estamos de acuerdo en suprimir 233 millones de euros en el presupuesto del Ejército de Tierra porque haría enormemente
difícil la realización de las funciones de mantenimiento de la paz, que son las que en su mayoría están realizando en estos momentos nuestras Fuerzas Armadas, y que son también absolutamente importantes desde el punto de vista de las relaciones
exteriores y la cooperación. Al tratarse de un inconveniente reglamentario insuperable y porque no estamos de acuerdo en suprimir el ejército por vía de unas enmiendas a las partidas de cooperación de los Presupuestos Generales del Estado, no
votaremos a favor de las suyas. No habiendo sido defendidas las de Esquerra
Republicana, anuncio que si se mantienen en la votación, votaremos también en contra. (La señora Buenaventura Puig pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Muy brevemente, señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Quiero hacer una pequeña aclaración. No hablábamos de 200 millones de euros, sino de miles de euros, con lo cual pienso que el ejército puede continuar haciendo sus trabajos. Algún problema de mantenimiento
puede tener, pero no su desaparición. (El señor Pedret y Grenzner pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Aclaren ahora en el pasillo si son 200.000 o 200 millones. En cualquier caso, como parece que el sentido de la votación no cambia, si no les importa pasaríamos, dada la premura del debate, a la
sección 13, Justicia.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Decía hace algún rato a doña Carmen, la ilustre diputada socialista con la que suelo compartir este debate en la Comisión de Justicia, que empezamos a parecer un matrimonio de los de antes. Yo le insisto siempre en
los mismos temas y ella se resiste; y se resisten. El debate de presupuestos lo que va a hacer es poco más o menos permitirnos repetir la mecánica relacional que llevamos durante esta legislatura, y que ya nos ha permitido entrar en estos temas
con anterioridad en el seno de la Comisión de Justicia, porque las cuestiones que se recogen en nuestras enmiendas, señorías, son casi ya unos clásicos. Prácticamente podríamos centrarlas en tres temas fundamentales: por un lado, la modernización
tecnológica; por otro lado, la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia, y finalmente el aumento de la plantilla de jueces. En relación con las dos primeras, ya tuve la oportunidad de exponer la opinión de mi grupo ante
el ministro y el secretario de Estado. -No voy a alargarme-. Es evidente que cuando uno llega al ministerio -lo sé por referencias- tiene la intención y la ambición de hacer muchas cosas. La legislatura es corta y al final los proyectos son
limitados, pero siempre hay uno que constituye un poco el eje central de esa legislatura y de los trabajos del ministerio. En este caso, hablando del ministro Caamaño, es un ambicioso proyecto, como es la oficina judicial, en el que de alguna
manera nos embarcó a todos. El proceso de implantación de la oficina judicial requiere básicamente de inversiones; de inversiones en dos cuestiones absolutamente fundamentales a las que se comprometió el ministro en su momento. Por un lado, la
modernización tecnológica a la que hacía referencia con anterioridad y, por otro lado, la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia que tiene que poner en marcha esa reforma.
Estos presupuestos recogen una caída del 50 por ciento en el caso de la modernización y del 34 por ciento en el caso de la formación del personal. En nuestra opinión, en esta situación -esta es la situación que de alguna manera vienen a
tratar de reparar nuestras enmiendas- el proyecto va a fracasar, y es un proyecto en el que, repito, nos embarcamos también, nos dejamos convencer. No va a ser un fracaso que pudiéramos definir de neutral, por lo menos no en sus consecuencias.
¿Por qué? Porque si hay algo peor que no reformar es dejar una reforma a medias, porque si dejamos una reforma a medias, si dejamos una reforma frustrada e inacabada crearemos un estado de confusión todavía mayor. Va a haber unos juzgados
funcionando de una manera, otros de otra, sin capacidad de relación y en los que además incluso se habrá perdido la experiencia que permite eliminar o por lo menos soslayar algunos de los problemas o defectos que se tienen.
La otra cuestión de la que quería hablar brevemente también es la relativa a las plantillas de jueces. La justicia española tiene muchos problemas; los ha tenido históricamente. De todos modos, si tuviéramos que escoger uno como el
fundamental sería indudablemente la situación de colapso en la que vive en este momento la justicia española. A mi juicio y aun a riesgo de resultar simplista, al final es un problema de física, es decir, por un lado, nos entran más de nueve
millones de asuntos al año, estos han de reconducirse al embudo que supone el número de jueces que tienen que solucionar esos asuntos, y el resultado es un retaso, una dilación, un colapso que es a todas luces insoportable, porque ya se ha repetido
hasta la saciedad que una justicia tan extraordinariamente lenta no puede ser justa; no puede hacerse justicia a esa velocidad. Si tuviéramos una litigiosidad en la media europea y un número de jueces en la media europea, cabría atribuir esta
situación a otros condicionantes.
El problema es que nosotros tenemos una litigiosidad bastante superior a la media europea y muchos menos jueces de los que establece esa media europea. Sirva como ejemplo el que tantas veces he repetido y que doña
Carmen ya conoce: tenemos justo la mitad de jueces que Rumania. Claro, no hay que ser un genio para saber que con muchos más asuntos que en el resto de países europeos y muchos menos jueces, la carga de trabajo que se produce sobre esos juzgados
es insostenible, resulta insoportable, no se puede resolver ese número de asuntos. Lo que hacemos es generar cada vez un mayor retraso, unas mayores demoras y un mayor riesgo de colapso.
Decía el secretario de Estado que no es un problema cuantitativo, que en realidad es un problema cualitativo y que esto podríamos solucionarlo con determinadas mejoras en relación con la modernización, medios a disposición de los juzgados,
etcétera. Es un grave error mantener esta posición y es un grave error por lo que estaba comentándoles antes, porque si tuviéramos una
Sección 13
situación equiparable a la europea, si tuviéramos un número de asuntos y jueces equiparable a la media europea podríamos decir que este retraso tiene otros condicionantes y que, por tanto, mejorando las condiciones en las que cada uno de los
jueces presta su servicio podría mejorarse la situación actual. Pero la situación es de absoluto desequilibrio, luego es prioritario poner fin a esta situación. Esta es una de las cuestiones que traen a colación las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. Además, lo que no tiene mucho sentido es sostener que es falso que necesitemos más jueces, que podríamos solucionarlo a través de una mayor inversión, una mejora en las condiciones y una modernización tecnológica y, al mismo
tiempo, reducir esa inversión a la mitad, con lo cual estamos agravándolo por todos los lados. Sé que ustedes me dirán -no me duele reconocerlo- que han realizado esfuerzos; seguro. Lo que pasa es que también es un hecho que la situación actual
es peor que hace cinco años, el atasco es peor. Esto nos lleva a la conclusión de que o no se han realizado todos los esfuerzos necesarios o los que se han realizado no han sido en la dirección adecuada. La realidad es que, para empezar a hablar,
necesitamos aproximadamente el doble de jueces de los que tenemos. Tengo la sospecha de que ni siquiera va a ser real la promesa del ministro de que en estos tres años se cubrirían todas las plazas de jueces que se ofertan. Tengo la sospecha de
que ni eso va a ser verdad.
En cualquier caso, sí creo que deberíamos realizar un esfuerzo decidido por aumentar sensiblemente las plantillas de jueces de que dispone este país. Por tanto, en ese sentido les pido el apoyo a las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Relataré brevemente las tres enmiendas que nuestro grupo ha presentado a la sección 13, correspondiente al Ministerio de Justicia. En primer lugar, la enmienda 813 prevé una dotación de 3 millones de euros
destinados a que la Administración de Justicia -especialmente los jueces- acceda al conocimiento de las lenguas oficiales distintas al castellano, lo cual, como las señoras y los señores diputados saben perfectamente, es un desiderátum y, además, el
Estatut y las disposiciones normativas -al menos hablando por Catalunya- cada vez más tienden a que haya este conocimiento para que puedan operar en ambas lenguas. La enmienda 814 incluye una dotación suplementaria para la creación de juzgados de
lo mercantil en Catalunya. Con esta enmienda pretendemos poner de manifiesto uno de los problemas más importantes de la Administración de Justicia en Catalunya -también en alguna otra parte del Estado español- que es fruto de la situación
económica, del elevado número de percances mercantiles y, por tanto, de la necesidad de intervención judicial que está produciendo una situación que no solamente es grave por la necesidad de resolver los procesos concursales, sino que además afecta
en muchos casos gravemente a los propios trabajadores, que no pueden regularizar su situación o al menos percibir el subsidio de desempleo por los retrasos que en muchos casos tienen los procesos concursales. Por tanto, con ese objetivo nosotros
creemos que vale la pena dotar mejor esta partida para que se puedan crear más juzgados de lo Mercantil en Cataluña, aunque comprenderíamos que alguien nos propusiera una enmienda transaccional para poder extenderlo también al resto del Estado
español.
Finalmente hay una enmienda casi tradicional desde el punto de vista de Convergència i Unió que pide dotar con algo más de personal la Administración de Justicia. Reconocemos que hay necesidades perentorias de dotaciones que esta partida no
solucionaría en ningún caso, pero sí valdría la pena, en este momento en que se tramitan los Presupuestos Generales del Estado, poner de relieve la precariedad de medios personales con que están operando algunas de las instituciones judiciales en
nuestro país.
Estas son las enmiendas presentadas por Convergència i Unió para las que pido lógicamente el voto favorable de las señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: En este año en que debería ponerse en marcha la nueva oficina judicial entendemos que los trabajos legislativos se han hecho pero los medios humanos y materiales seguramente no son todavía los necesarios. Por tanto,
la sección 13, Ministerio de Justicia, sufre como casi todas un recorte muy notable que entendemos, y en ese sentido no hacemos reproches al Gobierno, pero pese a todo presentamos unas enmiendas en dos direcciones y apoyaremos determinadas
enmiendas, especialmente las que acaba de explicar el portavoz de Convergència i Unió.
En primer lugar, la necesidad de crear nuevos órganos jurisdiccionales en Cataluña es evidente, sobre todo porque los juzgados especializados están absolutamente desbordados, con lo cual la justicia acaba dejando de ser justicia por la
lentitud, por esta razón proponemos nuevos juzgados mercantiles en las cuatro provincias de Cataluña, porque los procedimientos concursales han acabado de desbordarlos. Ese es el sentido de nuestras cuatro enmiendas, las números 2074, 2075, 2078 y
2079. Lo mismo ocurre con algunos juzgados especiales, sobre todo los de violencia doméstica, que llevan también otros asuntos que acaban siendo aplazados porque se da prioridad, como parece normal en nuestros tiempos, a los casos de violencia
doméstica. Y otra enmienda asimismo tradicional en nuestro grupo va encaminada al apoyo a las lenguas cooficiales, porque el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la justicia en la lengua que les es más
propia o sencillamente les es más fácil debería ser garantizado. La enmienda 2077 va en esa línea al pretender una partida presupuestaria suplementaria para fomentar el uso de las lenguas, especialmente por jueces y fiscales, en la
Administración de Justicia.
En tercer lugar, vamos a dar apoyo a las enmiendas de otros grupos que coinciden con nuestros planteamientos y hacemos especial mención, porque debe ser así, a la enmienda 814, sobre transferencia de capital a la Generalitat de Catalunya
para la creación de nuevos juzgados, que ha presentado Convergència i Unió; la enmienda 815, que nace de una PNL de nuestro grupo, para la adaptación del nivel retributivo de los miembros de la carrera judicial y fiscal en las ciudades de Girona,
Tarragona y Lleida; y, como no podía ser de otra manera, la enmienda 813, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que prevé una dotación presupuestaria para el conocimiento de lenguas oficiales distintas al castellano de los miembros
de la carrera judicial y fiscal destinadas a comunidades autónomas con lengua propia.
Resumiendo, entendemos los recortes pero pensamos que hay que hacer un esfuerzo porque la justicia lo necesita para ser precisamente eso, justicia. Los ciudadanos no la perciben así con la lentitud con la que actualmente trabaja.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Señor presidente, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en este trámite fijaré el posicionamiento de mi grupo con respecto a las enmiendas presentadas a esta sección 13.
Señor Ferrer, puede que la mentira gane algunas bazas, pero la verdad gana el juego y para decir la verdad es necesaria muy poca elocuencia, como decía Sócrates. Y voy a centrarme en las enmiendas.
Viene siendo una práctica habitual por parte de su grupo parlamentario presentar una enmienda a la totalidad a esta sección, con los mismos argumentos y las mismas viejas inercias ya utilizadas en años anteriores.
Considero que el PP piensa
que cuando un marco se mantiene con fuerza, aunque no encaje con los hechos, lo mejor es ignorar los hechos y así su marco se seguirá manteniendo. ¿Y por qué le digo esto, señor Ferrer? Porque su marco no funciona bien en lo que se refiere al
encuadre de los hechos. Y voy a centrarme. Primero, su marco oculta el hecho de que en esta sección 13 para el año 2011 se cumple con el compromiso presupuestario de dotar los créditos necesarios para el desarrollo del objetivo de la modernización
de la justicia, más de 1.680 millones de euros, la segunda mejor cifra de la historia a pesar de la crisis; cifra, por cierto, superada por los presupuestos del año anterior. Y usted decía, señor Ferrer, que este Gobierno ha hecho unos esfuerzos
importantes, es cierto y se lo voy a enumerar de manera muy breve.
Segundo, su marco ignora el hecho de que en estos ocho años el Gobierno del Partido Popular invirtió en justicia -y ya lo dije en la comparecencia de presupuestos- 5.470 millones de
euros. En estos siete años este Gobierno socialista ha invertido más de 13.427 millones de euros, estará de acuerdo conmigo en que esta cifra es más del doble y aquí ustedes no pueden ni maquillarlas ni disfrazarlas porque las cifras son evidentes
tanto en términos absolutos como en términos relativos.
Tercero, como le decía, su marco ignora u oculta algunas cuestiones. En 2004, el último presupuesto elaborado por el Partido Popular sin crisis económica y sin ajustes, el crédito del
Ministerio de Justicia ascendía a 961 millones de euros. Pues bien, en 2011 -como bien dijo el secretario de Estado en la comparecencia de presupuestos- el presupuesto de justicia comprende 719 millones más, lo que refleja un incremento del 75 por
ciento. Cuarto, su marco ignora también que desde el año 2004 se han creado 148 unidades judiciales de media anual, es decir un 56 por ciento más que en el periodo anterior. Quinto -y voy terminando-, su marco oculta que en la legislatura anterior
se crearon 1.089 plazas de jueces y fiscales frente a las 521 de la última legislatura del P; repito, 1.089 frente a las 521 de la última legislatura del Partido Popular. Por tanto, y ya lo he dicho alguna que otra vez, no conviene perder la
perspectiva que nos da el pasado para valorar adecuadamente lo que está haciendo este Gobierno socialista. Y sexto, su marco también ignora que el ministerio ha conservado una elevadísima oferta de empleo público en tiempos de recortes y por eso se
mantienen las convocatorias de jueces, de fiscales y de secretarios judiciales en los niveles más altos de nuestra historia: 12.000 plazas al servicio de la Administración de Justicia en los últimos años.
Soy muy consciente de que a ustedes estas cifras les molestan, pero creo que las cifras deben valorarse con lo que de hecho reflejan. Decía el rector de la Universidad de Salamanca, el señor Unamuno, que la verdad, por evidente que sea, hay
que repetirla una y otra vez, una y otra vez, y por eso le he repetido todas estas cuestiones. Creo que estas cifras además adquieren mayor relevancia si se tiene en cuenta el actual contexto económico, un contexto económico desfavorable que ha
obligado a una drástica contención del gasto público en todos los departamentos ministeriales. Si me permite -y se lo digo con toda humildad-, de cara al próximo año, si vuelven a presentar una enmienda a la totalidad háganlo con más rigor, ya que
la enmienda de su grupo 407 dice: 'En tiempos de crisis, el esfuerzo presupuestario debe centrarse en lo estrictamente necesario, obviando el gasto superfluo'. Pero no proponen ninguna alternativa para la asignación de recursos. Una enmienda que,
si me permite, puede traducirse en: mejor calladitos, no vaya a ser que asustemos al personal.
Con respecto a las enmiendas parciales presentadas por su grupo no las vamos a aceptar, y se lo explicaré de manera breve. Por lo que se refiere a la enmienda 408,
somos conscientes de que la modernización pasa por una adecuada política de recursos humanos. Es cierto que la enmienda tal y como la plantean presenta dificultades técnicas, pero dejando aparte esos problemas de redacción quiero poner de
manifiesto que el capítulo 1 ha experimentado en términos homogéneos, descontando el Decreto sobre reducción del déficit público, un incremento de un 3 por ciento con respecto al año anterior, por lo que la inversión prevista es suficiente para
financiar los gastos de personal en los que se incluye la dotación de las nuevas 150 plazas de jueces creadas este año, las 100 de fiscales y las 50 de adscripción territorial.
Señores del Partido Popular, aunque ustedes lo sigan poniendo en duda año tras año, el objetivo de alcanzar las 2.000 nuevas plazas de jueces en cinco años viene expresamente recogido en el Plan estratégico de modernización de la justicia y
creo que es coherente -lo digo también de manera humilde- con el proyecto de presupuestos de 2011. Dentro de un año probablemente tengamos la ocasión de seguir debatiendo y revisando el cumplimiento de lo comprometido y, sobre todo, vamos a tener
ocasión de comparar lo que hemos hecho nosotros, lo que ha hecho este Gobierno socialista, con lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular. La enmienda número 409, del Grupo Popular, también adolece de la información para instrumentalizarla
de manera correcta. Pero, repito, dejando de lado esos errores conceptuales, hay motivos sólidos para el rechazo. Las inversiones en innovación tecnológica ocupan un lugar central en el proyecto de modernización con una dotación de más de 115
millones de euros, a lo que tenemos que sumar el programa Ius+Red con una dotación de más de 9 millones de euros, concretamente 9,6 millones de euros, lo que va a permitir, entre otras cosas, el despliegue de los sistemas informáticos de gestión y
potenciar los sistemas de información y comunicación del ministerio fiscal y su coordinación con los órganos judiciales. Les reitero que creo que estas actuaciones están dotadas adecuadamente para posibilitar en un plazo corto que los órganos
judiciales trabajen en red. Con respecto a la enmienda 410, somos muy conscientes desde el Grupo Socialista de que hacen falta mejores equipos informáticos, de ahí que en nuestro país se esté invirtiendo en equipamientos y en infraestructuras por
encima de la media europea; estamos invirtiendo más que en Francia. Tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas con competencia en la materia están invirtiendo en este aspecto en niveles superiores al 1,5 por ciento. Con esto
quiero decir que la inversión de reposición de inmuebles y equipos informáticos se encuentra debidamente dotada en el artículo 63 del programa 112.A.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no van a contar con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista. Paso a tratar de manera breve algunas de ellas. Las enmiendas 814 y 815 se pueden tratar
conjuntamente con la 2074, 2075 y 2079, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que tienen que ver con la creación de juzgados de lo Mercantil en Cataluña. Como ustedes conocen, la creación de órganos judiciales en
cualquier orden jurisdiccional no puede responder a reivindicaciones aisladas para una provincia o para una comunidad autónoma, sino a una planificación global que permita adaptar la planta judicial a las necesidades reales existentes conforme a la
evolución de las cargas de trabajo. Además, somos conscientes de que, teniendo en cuenta que los recursos no son limitados, se hace necesario compatibilizar ese objetivo con una adecuada racionalización de los recursos disponibles. Insisto, porque
ya lo ha repetido también el secretario de Estado de Justicia y el ministro Caamaño, durante el ejercicio 2011 se van a crear nuevas unidades judiciales cuyo ámbito se establecerá una vez que el Consejo General del Poder Judicial determine la carga
de trabajo de cada órgano y jurisdicción y atendiendo a las prioridades de cada comunidad autónoma con competencia en materia de justicia. El resto de las enmiendas de Esquerra Republicana tampoco va a contar con el voto favorable del Grupo
Parlamentario Socialista.
Voy terminando, para no cansarles. Concluyo diciendo que lo relevante para mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, es que la dotación de 2011 en esta sección refleja un claro compromiso de acelerar el proceso de modernización de la
justicia en el que nos hemos embarcado. Hay algo que a todos nos tiene que quedar claro: la crisis económica no puede suponer ni va a suponer una paralización de este proceso de modernización.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Pasamos a la siguiente sección, la número 14, Defensa.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Antes de empezar la defensa de esta sección me gustaría, porque me parece justo que conste en acta, mencionar que hace menos de un mes en esta Cámara, en esta misma sala, la subsecretaria del
departamento, doña María Victoria de San José, presentó aquí los presupuestos. Hemos tenido tres años de presupuestos dirigidos por la subsecretaria, cuyo cese vimos el pasado viernes en el Consejo de Ministros así como el cese del jefe de gabinete
de la señora ministra, y aunque nuestras discrepancias han sido grandes con la gestión del ministerio, siempre se han mantenido en un nivel político y hemos respetado enormemente la labor de la señora subsecretaria responsable de presupuestos y del
jefe de gabinete, y nos parece conveniente y nos gustaría que figurase en acta nuestro reconocimiento a su tarea.
Nosotros en la sección 14 presentamos siete enmiendas, seis en la propia sección y una en el articulado de la ley que paso a explicar. En la enmienda a la totalidad, que es un reflejo de todas ellas, creo que queda bastante claro, no es una
sección en la que se puedan
hacer enmiendas normalmente, alguna vez lo hemos comentado. Nuestro grupo no va a pedir que se haga un submarino más o un submarino menos, esas son magnitudes que exceden con mucho el sentido común de una enmienda, pero nos parece que por
tercer año consecutivo se están haciendo unos recortes de una enorme magnitud, estamos hablando este año de que hemos pasado ya el 50 por ciento del recorte del gasto en los grandes programas de inversiones. Por ejemplo, en el programa 122.B, que
es donde están los grandes programas, se están haciendo grandes recortes en inversiones, tan grandes que no se pueden seguir haciendo, no se deberían haber hecho nunca con mero criterio contable o doméstico de ir recortando un poquito por aquí, un
poco por allá o gestionando con más austeridad, como se nos dice. Esto, en un ministerio de la envergadura de este, con la larga duración en el tiempo del desarrollo de los programas para las industrias, requiere una reformulación. La ministra por
fin ha dicho la palabra y me parece que ha dicho reformular. Pues bien, este es el tercer presupuesto consecutivo donde sin plantear nuevos sistemas de financiación, sin plantear nuevos sistemas de gestión con las empresas, sin replantear las
prioridades, se actúa con criterio -vuelvo a decir- casi doméstico de ir recortando o administrando mejor. Esto ha llevado a crear una grave situación, a nuestro juicio, que podría afectar -no quiero decir que afecte ahora mismo- a la seguridad de
nuestros Ejércitos, porque aunque nuestras misiones en el exterior tienen un crédito específico, el 228, un crédito ampliable, nuestros Ejércitos no son una isla y si tenemos un 30 por ciento de vehículos inmovilizados, es indudable que nuestras
tropas van a estar peor adiestradas. Por lo tanto, en dos de nuestras dos enmiendas, además de en la de totalidad, pedimos que se envíen a la Cámara para su debate las dos cuestiones que nos preocupan: la nueva priorización, planificación,
planeamiento, como quieran llamarlo, de los grandes programas, incluidos los programas de mantenimiento que son extraordinariamente importantes y extraordinariamente caros, y, por otro lado, los sistemas de financiación.
En segundo lugar, igual que he dicho que una enmienda no es la vía por la que puedan plantearse grandes y nuevos programas, que sin duda harían falta pero sabemos en qué marco nos estamos moviendo, sin embargo hay dos carencias importantes:
una, la segunda fase de los buques de acción marítima que se fabrican sobre todo en los astilleros de Navantia, en Cádiz, y dos, el impulso a los UAV, un programa multinacional de desarrollo de unos UAV europeos. Hasta ahora nuestro ejército está
muy mal dotado, casi podríamos decir que el peor en sistemas no tripulados, pero es que además Europa necesita desarrollar -y los países están de acuerdo- su propio sistema de aviones no tripulados y no estar como estamos ahora, dependiendo solo de
Estados Unidos y de Israel. Creemos que tanto los buques de acción marítima BAM como los UAV en su desarrollo merecen que este Parlamento haga un esfuerzo e impulse los dos programas.
Por último -termino ahora mismo, señor presidente-, el tercer pilar de estos presupuestos es la carrera militar. Hay una enmienda nuestra en el articulado de la ley. Hemos insistido una y otra vez en los daños irreversibles que está
causando la implantación y el desarrollo normativo de la Ley de la carrera, la necesidad de parar en un sistema, la necesidad también de crear unos periodos transitorios y queremos decir que tanto nuestra enmienda como las del Grupo Socialista, que
también ha planteado alguna enmienda en este sentido que no va al fondo de la cuestión pero que es necesaria, y las de los otros grupos van a tener nuestro voto afirmativo. En lo demás no podemos ofrecer nuestro apoyo a las enmiendas de los demás
grupos.
Sí querríamos decir, y queremos que conste en el 'Diario de Sesiones', con el mayor respeto, que si tanto Izquierda Unida como UPyD no hubieran en su momento retirado sus enmiendas y votado en contra de las nuestras, que son exactamente las
que hoy están planteando en este proyecto de ley, tendríamos el problema solucionado desde hace un año. Se produjo entonces por parte de estos grupos un voto negativo que yo respeto, una retirada de su proposición de ley, y eso hace que un año más
tarde no hayamos avanzado nada en algo que podríamos haber resuelto hace ya un año.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo presenta a la sección 14, Ministerio de Defensa, cinco enmiendas que tienen un objetivo parecido, favorecer el retorno a las administraciones civiles de instalaciones que, habiendo sido utilizadas por
el ejército, en estos momentos se hallan desafectadas de uso militar. En este sentido va la enmienda 817, transferencia de capital al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí para obras de la Base Loran, antigua base americana, según el convenio de
cesión ya existente.
La enmienda 818, transferencia de capital al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí también para obras en la batería de la costa de Punta Milá, según el idéntico convenio de cesión a dicho ayuntamiento. Por otra parte, la
enmienda 819 prevé una transferencia al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat para obras en equipamiento de La Remonta. Finalmente, en la enmienda 820 se solicita la cesión al Ayuntamiento de Barcelona del cuartel del Bruc, una instalación
importante que, a nuestro juicio, debería pasar a manos del Ayuntamiento de la Ciudad Condal.
También planteamos una cuestión que ha sido ampliamente debatida y que incluso en algunos años contó con la aprobación de alguna partida que luego no fue desarrollada. Se trata de la creación de un fondo destinado al reconocimiento de los
servicios prestados por los soldados que hicieron el servicio militar o que actuaron
como militares de oficio en el territorio de Ifni y Sáhara. La partida es absolutamente simbólica, un millón de euros, pero entendemos que este fondo de reconocimiento de estos servicios prestados es una deuda más que moral que tenemos con
aquellas personas que en tiempos difíciles, en condiciones realmente muy complicadas, mantuvieron durante unos años el pabellón español en Ifni y en el Sáhara.
Estas son las enmiendas de Convergència i Unió. Quiero decir que vamos a votar a favor de una enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la 1491, que va destinada a asociaciones
civiles para el fomento de la paz. Nos vamos a abstener al resto de enmiendas de este grupo por tratarse de cuestiones que no afectan a Cataluña. Vamos a votar también favorablemente las enmiendas 1924 a 1929, presentadas por Esquerra Republicana,
que pretenden dedicar más partidas a actividades humanitarias -por ejemplo, el desminado-, cosa que compartimos plenamente, y en el resto de sus enmiendas vamos a abstenernos.
Por lo que hace referencia a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, vamos a abstenernos.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señora Buenaventura, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Intervengo muy brevemente para dar por defendidas nuestras enmiendas, que son tres en total.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Perfecto. Le agradecemos su brevedad en aras de la rapidez del debate.
Señor Cuadrado, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CUADRADO BAUSELA: Voy a ir refiriéndome a cada una de las defensas que se han hecho de las enmiendas por los distintos grupos empezando por el Grupo Parlamentario Popular. Por supuesto, me adhiero a la consideración que ha hecho
sobre el excelente trabajo que ha desarrollado la subsecretaria que ha estado al frente del área en el Ministerio de Defensa con consecuencias evidentes, sobre todo en la política de personal, que todos conocemos. Se ha ido cuando hay en este
momento en las Fuerzas Armadas españolas nada menos que 83.000 soldados y marineros. Esto para quienes hemos estado al frente de estas cuestiones durante estos años en el grupo parlamentario -igual que en otros grupos parlamentarios- sabemos lo que
significa. Es suficiente con decir eso para saber el excelente trabajo que ha desarrollado la hasta hace muy poco subsecretaria de Defensa, así como el propio director de gabinete de la ministra.
Paso directamente a las enmiendas. Si alguien -yo mismo- podía tener algún interés en ver cuál es la agenda en materia de política de defensa del Grupo Parlamentario Popular, hoy seguirá con las ganas de saberlo si tiene que averiguarlo a
través de las enmiendas -las pocas enmiendas- que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a la sección 14, Ministerio de Defensa. Si uno se pregunta por las grandes cuestiones de la política de defensa de España en materia de transformación,
de misiones en el exterior, de personal, de capacidades, de logística o de modernización de nuestras Fuerzas Armadas en cada uno de los apartados que ya conocemos de sobra quienes formamos parte de la Comisión de Defensa, no podrá responder a
ninguna de esas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué piensa el Partido Popular sobre la dotación de UAV a las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que cuando el Partido Popular estuvo el frente del Gobierno durante ocho
años y había una misión en Afganistán no contábamos con este instrumento tan importante para la seguridad de las tropas. Hoy sí tenemos ese instrumento y, para entendernos, ello significa que gracias a la dotación presupuestaria de ese tipo de
material nuestros soldados no tienen que asomarse a una colina para ver qué hay al otro lado, sino que pueden obtener la información mediante este instrumento tan importante para su seguridad.
Les aseguro que me he leído atentamente la primera de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que es la enmienda de totalidad, y no sé cuál es su alternativa. Dicen que estos presupuestos paralizan la transformación de las Fuerzas
Armadas españolas, pero ya me dirá usted, señora Rodríguez-Salmones, exactamente en qué paraliza y qué aspecto concreto de la transformación de las Fuerzas Armadas paraliza este presupuesto. Ni lo entiendo cuando leo su enmienda ni lo he entendido
en su intervención. Es muy contundente la afirmación de que se paraliza el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas españolas, pero cuando queremos ver qué quiere decir eso no lo encontramos y sigo sin encontrarlo.
El Grupo Parlamentario Popular tiene un pequeño bloque de enmiendas a las que me voy a referir inmediatamente. Son exactamente cinco enmiendas con un total de 10,9 millones de euros y que dicen dos cosas. Una es que hay que hacer estudios
para ver qué hacemos y plantea una dotación de 200.000 euros para uno de los estudios y de otros 200.000 euros para otro de los estudios, pero no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir el Grupo Parlamentario Popular con esto. No se sabe
porque no se refiere a ningún aspecto concreto que tenga que ser acometido a través de un estudio hecho por el Ministerio de Defensa.
La segunda parte se refiere a dos dotaciones concretas. Una de ellas son los UAV. Ya nos han explicado nuestros profesionales en el Estado Mayor de la Defensa, a ustedes y a mí también, que no necesitamos más que los que tenemos, porque ya
contamos con este instrumento
que antes no teníamos, nuestras Fuerzas Armadas lo utilizan. Pero cuando se analizan las necesidades de capacidades, efectivamente en Afganistán, por ejemplo, resulta que nuestros militares dicen que tienen suficiente con los instrumentos
de que disponen. Por tanto no entiendo de dónde nace esa singularidad, porque podrían haberse referido a blindados o a transporte estratégico; podrían haberse referido a multitud de cuestiones, pero han elegido un aspecto muy concreto, un aspecto
muy relativo del conjunto de capacidades de las Fuerzas Armadas.
Exactamente igual ocurre con los BAM. Sabe usted, señoría, que hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en la que se hace frente a la construcción de cuatro barcos, que tiene una gran trascendencia, como todo el mundo sabe, para
la Bahía de Cádiz, para los trabajadores de la zona y para Navantia. En consecuencia no entiendo por qué mantiene esa enmienda, ya que lo que solicita es menos ambicioso que lo que presenta el propio Grupo Parlamentario Socialista en relación con
este tema.
Ustedes hablan de capítulo 6 cuando estos barcos no se pagan con capítulo 6, porque el Estado, el Ministerio de Defensa, no va a utilizar mañana esos barcos, sino que se van a construir y se hace a través del capítulo 8 del Ministerio de
Industria. ¿A qué vienen pues 7 millones, que por cierto dan para muy poco de uno de esos barcos cuando no tiene ningún sentido, porque el ministerio no tendrá que pagarlos ni mañana ni pasado?
Entiendo que el Grupo Parlamentario Popular tenga que presentar enmiendas a los presupuestos, pero a la vista de estas enmiendas sigo sin saber exactamente qué es lo que quiere hacer el Partido Popular con la política de defensa de España,
con lo que, después de estar aquí durante toda la mañana, ratifico una imagen de la alternativa presupuestaria del Partido Popular. No es que tenga agenda secreta, al menos aquí en esta materia, ni secreta ni visible. No tiene ninguna política en
este tipo de materias, al menos en la que a mí me ocupa defender o responder en este momento desde el Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, esta es mi conclusión, no sé qué quiere hacer el Partido Popular con la política de defensa del país a
la vista de lo que está en el documento de los presupuestos. Sinceramente, no lo sé. Si se habla de seguridad, pero no hay ninguna enmienda que se refiera a seguridad, señorías, ¿qué quieren decir con mejorar?
Ha dicho incluso su señoría una frase muy contundente. Dice que la evolución de estos presupuestos podría afectar a la seguridad de nuestras tropas. Ha dicho: No quiero decir que afecte ya a la seguridad de nuestras tropas, pero podría
afectar. ¿En qué? Yo lo que sé es que con el Gobierno de Aznar, en Afganistán las tropas tenían BMR, según ustedes, obsoletos, y con el Gobierno de Zapatero hoy las tropas en Afganistán tienen RG-31. Esto es lo que sé, que no tenían UAV y que
tienen UAV; que el transporte se hace hoy con muchísima seguridad, como todo el mundo puede comprobar, en aviones normales, de los que utiliza la gente normal cuando se traslada a un país extranjero. Sinceramente, señoría, no entiendo esa frase de
que podría afectar a la seguridad de nuestras tropas.
Convergència i Unió ha presentado varias enmiendas, pero la verdad es que su aplicación no es viable. Si ustedes dicen que quieren que el Ministerio de Defensa haga obras en una instalación que ya no es del Ministerio de Defensa sino de un
ayuntamiento, cedida conforme a un convenio que está en vigor, no lo entiendo. Lo dicen en todas las que ustedes presentan por cierto. Entiendo mucho menos -la voy a citar explícitamente- la enmienda 819, que se refiere al cuartel de La Remonta en
el Ayuntamiento de L'Hospitalet, porque es un convenio en vigor, que tiene el protagonismo, puesto que lo han firmado y lo han puesto en marcha, de Carmen Chacón, la ministra de Defensa, de don José Montilla, presidente de la Generalitat, y de doña
Nuria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet. Este convenio está en vigor, por cierto con un porcentaje altísimo para viviendas de protección oficial. No sé qué quieren hacer ustedes allí con esta enmienda. La he leído atentamente y o es un error o no
la entiendo. Si lo que ustedes querían es lo que han conseguido los tres responsables públicos que he citado, ya está conseguido. Quizá quieran poner de relieve lo que han hecho allí -repito- la ministra de Defensa, el presidente de la Generalitat
y la alcaldesa de L'Hospitalet, pero lo han hecho, lo han firmado y lo están desarrollando. Quiero ponerlo de relieve y decir que no entiendo el significado de esa enmienda.
En cuanto a las enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña, son todas del mismo tenor. Cogen todo lo que nos gastamos en un helicóptero de ataque -lo dicen exactamente así- y lo dedican a operaciones humanitarias. Le aseguro, señoría,
que aunque parezca muy extraño, aunque nos choque mucho, para hacer una operación humanitaria en Afganistán, por ejemplo, hacen falta helicópteros de ataque. El señor Puig, que fue diputado de Esquerra Republicana, y yo mismo estuvimos en
Afganistán, en Kabul, el verano de 2004, y para movernos por allí nos tenían que acompañar unos helicópteros Apache para proteger la vida del señor Puig, la mía y por supuesto la de todos los militares que están trabajando allí y la de los médicos
que están haciendo la campaña de vacunación de la polio, porque si no es imposible. Establecer una división de este tenor supone ignorar lo que hoy significa el mundo de la intervención humanitaria, sea con Naciones Unidas o en algunos casos con
Unicef. Por ejemplo, las vacunaciones que se están haciendo en la frontera entre Pakistán y Afganistán contra la polio exigen protección militar y le aseguro que protección militar muy robusta, porque si no sería imposible vacunar al millón y medio
de niños que se han vacunado. Es muy difícil comprender la dinámica que se establece en estas enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Damos por terminado el debate de la sección de Defensa. Pasamos a la sección de Economía y Hacienda.
Tiene la palabra al señor Gallego por el Grupo Popular.
El señor GALLEGO BURGOS: Hemos presentado una batería de enmiendas en relación fundamentalmente con el capítulo de incentivos regionales a la localización industrial de esta sección 15. Nos parece muy preocupante en plena crisis económica.
Hoy hemos conocido los datos de desempleo en España: 68.000 nuevos parados, más de 4 millones de desempleados, según los datos de la semana pasada de EPA, más de 4 millones y medio de personas; destrucción masiva de empresas: a lo largo de toda
la crisis se han destruido más de 300.000 en nuestro país. Nos parece muy preocupante que el Gobierno de España reduzca las partidas de incentivos regionales a la localización industrial. Por eso hemos presentado un paquete de medidas para dotar
presupuestariamente esta partida, que nos parece una partida importante.
El programa de estos incentivos regionales a la localización industrial es muy interesante y su principal objetivo es el desarrollo económico regional mediante la concesión de subvenciones a fondo perdido a empresas privadas que realicen
proyectos de inversión y que se localicen especialmente en áreas geográficas definidas por el Gobierno, con el fin de reducir las diferencias derivadas de la situación económica interterritorial. En los últimos tres años los datos ponen de
manifiesto que el Gobierno quiere ir recortando esta partida. En 2009 invirtió 246 millones; en 2010, 196, aunque a fecha de hoy la ejecución presupuestaria es muy baja, de un 45 por ciento; y en 2011, 176 millones. Nuestro grupo ha presentado
ese paquete de medidas porque nos parece preocupante que se recorte precisamente en esas partidas que lo que pretenden es ayudar a empresas para que creen empleo en zonas geográficamente deprimidas. Esa es nuestra explicación.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Intervengo para defender también rápidamente las cuatro enmiendas que hemos presentado a la sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, que básicamente van dirigidas a incrementar recursos para el Fondo de
garantía del pago de alimentos hasta 2 millones de euros, así como para intentar compensar todas aquellas dotaciones para el pago de compensaciones por los beneficios fiscales que se derivan del IBI a las concesionarias de las autopistas, a raíz de
las diversas sentencias judiciales que han venido motivadas por las expropiaciones correspondientes, ya que hay una serie de pagos que se han de realizar a todas aquellas personas que hicieron los recursos correspondientes y en estos momentos no
habrá suficientes recursos.
Hay otra enmienda que consideramos relevante, la 823, que pretende incrementar los recursos para la cancelación de la deuda externa de los países pobres fuertemente endeudados, especialmente cuando se les va a disminuir la dotación del
Estado en 40 millones de euros respecto al presupuesto del año 2010. De esta manera intentamos compensar esta reducción por la que se van a ver afectados.
Finalmente, en cuanto a la enmienda 824, hemos planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de incrementar los recursos del ICO para que puedan favorecer y potenciar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y del tejido industrial y
productivo español. Por este motivo incrementamos en un 20 por ciento todas aquellas dotaciones destinadas a aumentar los recursos financieros de todas aquellas subvenciones de intereses por préstamos de líneas de mediación instrumentados por el
ICO en una cantidad de 12 millones de euros.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Tenemos dos enmiendas a esta sección. Una, al igual que la del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, proponía incrementar la cantidad asignada al Fondo de garantía del pago de alimentos. La otra está
dentro de los planteamientos más efectivos de lucha contra el fraude fiscal, en concreto, para la Región de Murcia.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Socialista, la señora Gastón.
La señora GASTÓN MENAL: Dados los grupos que han ido detallando sus enmiendas parciales a la sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, paso a explicar nuestra posición respecto a las mismas. Empiezo por orden inverso y en cuanto a las
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al hilo de otras que no han sido defendidas ahora pero que también, al igual que en la sección 15, se han presentado al articulado, vienen a reclamar mayor dotación, más
efectivos para la Agencia Tributaria. En concreto, la que ha defendido ahora la señora diputada está presentada explícitamente en el capítulo 1 para la Región de Murcia, pero en cuanto a las que tienen que ver con la Agencia Tributaria, debemos
decir que en general en el presupuesto de la agencia y en particular en el capítulo 1, de gastos de personal, la propia agencia, dada la austeridad del presupuesto y su reducción de un 5 por ciento necesaria, como en todo el conjunto de los
ministerios, en el total del presupuesto con respecto al del año 2010, la propia agencia, decía, considera que cuenta con recursos suficientes. De igual modo, para todas las enmiendas que tengan que ver con la Agencia Tributaria volveré a insistir
en el artículo 21 dentro de
este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, con la posibilidad de generación de crédito en cuanto a las actuaciones e inspecciones que desde la propia agencia se lleven a cabo.
Otra enmienda, en concreto la 1495, presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene que ver con un incremento en la dotación del Fondo de garantía del pago de alimentos. Creemos -y así se establece desde el ministerio- que
para el año 2011 la dotación de 600.000 euros, que es la misma que para los ejercicios anteriores de 2009 y de 2010, es suficiente, ya que tiene que cubrir el conjunto de anticipos que se vayan reconociendo a lo largo del próximo ejercicio.
Sobre
todo sirve como muestra ver el saldo de este fondo a 31 de agosto de este año 2010, que era de 8.482.000 euros y deriva precisamente de la dotación inicial del año 2008. Por tanto, a la vista de este saldo y de las necesidades cubiertas a 31 de
agosto, consideramos también desde el Grupo Socialista que va a ser suficiente la dotación presupuestada.
Respecto a la enmienda presentada por Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a la sección 15 que tiene que ver igualmente con el Fondo de garantía del pago de alimentos, doy por explicada nuestra posición en contra de la misma. En
cuanto a la enmienda que solicita compensaciones por la bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles de las concesionarias de autopistas para los ayuntamientos afectados, se le ha contestado al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió dentro
del título VII, entes territoriales. El señor Sánchez i Llibre o bien lee el 'Diario de Sesiones' o le vuelvo a comentar en esta sección también, un año más, nuestro rechazo a la misma. Brevemente, de forma muy sucinta, le volveré a insistir en el
artículo 9.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el cual recoge que para que la bonificación sea compensable, en este caso por estos municipios, es preciso en primer lugar que la ley que estableció la bonificación lo
hubiera recogido -no es el caso-; además la compensación debiera estar vinculada a la sustitución de unos recursos dejados de percibir. Tampoco es el caso en esta cuestión de las concesionarias de autopistas, pues no dejaron de recibir recursos
sino que ya nacieron bonificados. Añadiré también la existencia de sentencias del Tribunal Supremo, un año más. Por último le volveré a recordar nuestro parecer y es que estos ayuntamientos, en el conjunto global en su trato con el Ministerio de
Economía y Hacienda, en la variable esfuerzo fiscal, se ven más bien beneficiados, puesto que en el cómputo de esta variable se tiene en cuenta el total de la base susceptible del impuesto sobre bienes inmuebles. Por tanto, al hacer el reparto por
habitante se tiene en cuenta todo el conjunto, pese a tener la bonificación del 95 por ciento.
Otra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene que ver con un incremento a la dotación del Fondo de ayuda al desarrollo para instituciones financieras internacionales y gestión de la deuda
externa, para el FIDE. Consideramos que los recursos actuales, la dotación presupuestada es la necesaria para responder a los compromisos que están suscritos por España con los organismos financieros multilaterales para iniciativas de cancelación
de deuda multilateral.
La última de las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió tiene que ver con un incremento del 20 por ciento en la partida presupuestaria de subvención al tipo de interés por préstamos de líneas de mediación instrumentadas
por el ICO. Simplemente hay que señalar que el presupuesto para 2011 recoge que un 75 por ciento de la cuantía va destinada a compensar bonificaciones del tipo de interés de las líneas pyme, internacionalización, emprendedores y economía
sostenible, y con el restante 25 por ciento de dicha dotación consideramos también que hay partida presupuestaria suficiente para bonificar el tipo de interés de las inversiones en el año 2011, como solicita el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Por último, como el Grupo Parlamentario Popular no ha hecho referencia a su enmienda a la totalidad, yo les comentaré exclusivamente el conjunto de sus enmiendas parciales, todas las cuales -como ha dicho el señor Gallego- recogen un mismo
objetivo, el incremento de transferencias de capital a empresas privadas en el capítulo de incentivos económicos regionales. Me consta que la propia señora subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda en dos comparecencias en la Comisión de
Presupuestos en estas fechas le ha dado cuenta personalmente al señor Gallego del funcionamiento y del procedimiento de estas líneas de incentivos económicos regionales. Por un lado, tenemos que decir que no es necesario aumentar las subvenciones
de estas líneas de incentivos económico-regionales, puesto que en cumplimiento de la ley vigente cada presupuesto -como ocurre con la dotación de la partida consiguiente para el proyecto de presupuestos para el año 2011- recoge las subvenciones
aprobadas para el siguiente ejercicio. En su última comparecencia, la señora Lázaro ya dio cuenta de que en los últimos ejercicios, 2008, 2009 y 2010, estas subvenciones aprobadas han ido disminuyendo. Por tanto, podemos decir que el crédito
necesario para atender a dichas subvenciones conforme se vayan presentando las facturas es suficiente con los 176.800 miles de euros que recoge el presupuesto.
Por otro lado, si bien nos sorprende que sea el único objetivo y venga acompañado de una enmienda a la totalidad de la sección, dicen que les parece interesante ayudar a las empresas, algo que proponen complementado con distintas bajas, que
cabe recordar que corresponden a gastos corrientes, pero dada la austeridad con la que se ha visto obligado en este caso el Ministerio de Economía y Hacienda a elaborar este presupuesto, no resultan necesarias. Es el ejemplo de las bajas que
proponen en la propia subsecretaría, con la repercusión que esto conllevaría en cuanto a la política económica, fiscal y presupuestaria; de las bajas en gastos corrientes de
informática, y debemos tener en cuenta que están presupuestados al límite para no poner en riesgo el funcionamiento de los sistemas ni poner en peligro su operatividad; bajas solicitadas del total del crédito asignado al presupuesto que
gestiona precisamente las pensiones de 600.000 pensionistas -proponen ustedes una baja en esta partida del 10,55 por ciento-; bajas en cuanto a gastos corrientes del Instituto de Estudios Fiscales, lo que impediría que llevaran a cabo su tarea
investigadora; bajas en la Comisión Nacional de la Competencia, que dada también la presupuestación realizada al límite debido a la austeridad obligatoria, impedirían que continuara en buenas condiciones con su labor para garantizar el buen
funcionamiento de los mercados, más necesaria si cabe en la situación económica actual; bajas en gastos corrientes para el comisionado para el Mercado de Tabacos, para el ICAC, para la Intervención General de la Administración General del Estado,
para la Dirección General del Catastro y para la Agencia Tributaria, cosa que nos sorprende porque por un lado piden una baja y por otro hay enmiendas en las que piden mayores recursos. Sigo insistiendo en que todas estas bajas equilibran las
peticiones de alta que hacen. Sin embargo, todos los recursos que ustedes proponen minorar son necesarios para el buen funcionamiento de los múltiples organismos que dependen del Ministerio de Economía y Hacienda, puesto que la austeridad, al igual
que en el conjunto del presupuesto, ha sido el marco de elaboración del mismo y creemos que las partidas son necesarias para poder cumplir con su cometido en este próximo 2011.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Si no hay inconveniente, con esto terminaríamos el debate de la sección de Economía y Hacienda y pasaríamos a la sección 16, Interior. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Nosotros hemos presentado un grupo de enmiendas a la sección 16 basados fundamentalmente en dos principios. El primer principio es que la seguridad pública es un servicio esencial y en un momento de crisis que
sin duda exige una especial austeridad en los recursos públicos precisamente la seguridad debería ser una de las áreas prioritarias de inversión. El segundo motivo por el que presentamos estas enmiendas es porque consideramos que el gasto en
inversión en seguridad no solamente tiene el efecto de mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, sino que además puede tener un efecto económico positivo, en la medida en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad creen bienes
y equipos, en muchos casos producidos en nuestro país y que pueden también tener un cierto efecto de incentivo económico.
Hemos presentado una enmienda a la totalidad de la sección por tres motivos fundamentales, en primer lugar, porque entendemos que con este proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno para 2011 se va a generar más inseguridad porque
la oferta de empleo público va a crear un déficit muy importante de policías nacionales en las comisarías y de guardias civiles en los cuarteles. Podemos estar hablando de que con una oferta de empleo público prevista por el Gobierno que no llega a
los 300 efectivos para cada uno de los cuerpos, vamos a generar un déficit de al menos 4.000 policías nacionales y guardias civiles menos el próximo año.
Igualmente vamos a generar más inseguridad porque en muchas comisarías, en muchos
acuartelamientos de la Guardia Civil empiezan a faltar elementos tan esenciales como el material de oficina para transcribir las denuncias que presentan los ciudadanos o empieza a escasear el combustible, de forma tal que se han dado instrucciones
muy precisas por parte del Ministerio del Interior para reducir el número de patrullas o el número de kilómetros que recorren los coches policiales.
La segunda razón es porque este presupuesto va a generar también un creciente descontento, que hemos visto manifestarse con mucha intensidad tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, porque las promesas electorales y los
compromisos del Gobierno pasaban por un aumento de las retribuciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso en el programa electoral había el compromiso de una equiparación retributiva con las fuerzas y cuerpos autonómicos, y la
realidad es que este año las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen, como el resto de funcionarios públicos, una disminución importante de sus salarios y retribuciones, pero además, en lo que llevamos de legislatura, la diferencia respecto
a lo que cobran las policías autonómicas no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado muy significativamente, incluso se ha llegado hasta triplicar esa diferencia en los últimos cinco años.
En tercer lugar, consideramos que este es un mal presupuesto para el Ministerio del Interior porque quiebra por completo el proceso de modernización en el que estaban embarcadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde hace ya al
menos una década. Para que se hagan una idea, las inversiones en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil -es decir el capítulo 6- son menos de la mitad en términos corrientes de las que existían en el año 2004. Por tanto nos
retrotraemos no al año 2004 sino más allá.
En la misma línea o con los mismos argumentos con los que hemos planteado esta enmienda a la totalidad de la sección, hemos propuesto también un grupo de enmiendas parciales que van dirigidas en su mayor parte precisamente a un incremento de
las inversiones en algunos elementos tan sensibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como son las infraestructuras, como son los acuartelamientos de la Guardia Civil o las comisarías de Policía. En el caso de la Guardia Civil, el
propio Gobierno reconoce que al menos un tercio de sus acuartelamientos se encuentran en mal estado.
En segundo lugar, presentamos otra enmienda para incrementar en 10 millones de euros la adquisición de vehículos, puesto que, como también el propio Gobierno reconoce, hay un número todavía significativo de vehículos al servicio de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con más de diez años de antigüedad, y en algunas comisarías de Policía se ha llegado a producir la circunstancia de que teniendo 50 ó 60 policías de servicio, no ha habido disponibilidad de un solo vehículo
para sacar una patrulla por falta de mantenimiento de esos vehículos y por el mal estado en que se encuentran. Hemos propuesto varias enmiendas para algunos programas especiales. Nos parece especialmente importante el del SIVE, es decir la
vigilancia de nuestras costas. Son programas que este año habían tenido una paralización prácticamente absoluta.
Además de estas enmiendas de aumento de la inversión para intentar paliar el efecto tan negativo que la crisis económica y en definitiva la política económica del Gobierno están teniendo sobre la modernización de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, hemos planteado unas enmiendas que aumentan los créditos de productividad o de especial rendimiento al servicio. Estas enmiendas no tienen tanto por objeto paliar la pérdida de poder adquisitivo que sin duda se ha producido,
tanto en policías y guardias civiles como en el resto de funcionarios públicos, sino que tienen como objetivo fundamental el aumento del potencial de servicio tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil.
Porque de una forma algo anómala, los
créditos de productividad en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se utilizan en buena medida para pagar el alargamiento del horario de servicio que en muchos casos tienen que realizar policías nacionales y guardias civiles en función del
servicio que prestan a los ciudadanos. Por ello, insisto en que estos 10 millones de euros que hemos consignado para aumentar estos créditos tienen como finalidad fundamental el aumento de un potencial de servicio que, dado el dramático recorte de
oferta de empleo público hasta prácticamente su extinción, parece especialmente necesario en un momento en el que observamos un claro repunte de la delincuencia. Además hemos hecho estas enmiendas sobre la filosofía de equiparar en alguna medida la
gran diferencia que existe en los créditos de productividad per cápita entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Por tanto, la enmienda que dedicamos a la Guardia Civil es de más cantidad aunque también aumentamos los créditos de
productividad dedicados al Cuerpo Nacional de Policía.
Por último, quiero destacar -y ya termino, señor presidente- dos enmiendas que para nosotros tienen especial significación. Por un lado, una enmienda para que no disminuya -se trata al menos de congelar- las cantidades que se dedican a las
asociaciones de víctimas del terrorismo que tienen como finalidad la atención a las víctimas del terrorismo.
Nosotros entendemos que es un momento de austeridad, que todos tenemos que realizar algún esfuerzo, pero igual que en el Ministerio del
Interior se ha considerado que las asociaciones de víctimas de tráfico no verían mermada -aunque sí congelada dada la situación que vivimos- las ayudas que se les prestan desde los Presupuestos Generales del Estado, pedimos ese mismo tratamiento que
se da a las víctimas de tráfico para las víctimas del terrorismo. Si hay un colectivo con el que la sociedad española debe ser especialmente generoso es sin duda con el colectivo de víctimas del terrorismo. Y la segunda enmienda que planteamos
pretende hacer cuando menos una previsión para que la aprobación -que espero que sea pronto- de la ley de atención a las víctimas, que en estos momentos está debatiendo esta Cámara, pueda tener un respaldo financiero. En el presupuesto observamos
una disminución de los créditos dedicados a las indemnizaciones que tienen que recibir las víctimas del terrorismo. En la medida en que la ley necesariamente va a suponer un aumento de las mismas, nos parece que sería bueno hacer el gesto político
de prever una cantidad para, cuando la ley sea aprobada, poderla aplicar sin ninguna dificultad.
Este es, por tanto, el sentido de nuestras enmiendas que lo único que pretenden, en un momento especialmente complicado para la sociedad española, es que al menos el servicio de seguridad público no se vea deteriorado como consecuencia de
los efectos de la crisis económica.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado seis enmiendas a esta sección 16, Ministerio del Interior, que van en la dirección de resolver temas y objetivos puntuales de
cara a plantear una financiación o un nivel de recursos suficiente para la finalización de determinados proyectos u obras que están en puertas de ejecución. En primer lugar, por destacar las más importantes, mencionaré la que hace referencia a un
incremento de partida de 2 millones de euros para la finalización de una segunda fase de la carretera de acceso sur en el municipio de L'Ametlla de Mar incluida en el Plan Penta y la reposición de la Nacional-340. Después, distintas obras de
pequeña cuantía, como es la financiación de un convenio de traspaso y obras del cuartel de la Guardia Civil para fines sociales en Sant Quintí de Mediona; financiación del convenio de traspaso y obras de la casa cuartel de la Guardia Civil para
fines sociales del municipio de Castell-Platja d'Aro, así como del municipio de Sant Sadurní d'Anoia, del municipio de Horta de Sant Joan y del municipio de Sort.
Finalmente, también quiero destacar una enmienda que creo que tendría que gozar de la
simpatía, de la solidaridad y de la complicidad de todas las formaciones políticas, que trata de la creación de una partida nueva orientada básicamente a permitir realizar subvenciones a las fundaciones
que tengan como objetivo promover y difundir el pensamiento político, social y económico basado en la democracia, la libertad y el progreso social, entre otros valores, para que las fundaciones de los diferentes partidos políticos puedan
tener los recursos suficientes y necesarios para poder desarrollar esta profesión a veces tan ingrata. En definitiva, si lo que se propone y plantea es que todas las fundaciones de los partidos políticos puedan tener la posibilidad de obtener más
recursos económicos, entiendo que valdría la pena que entre todos la valoráramos para que finalmente tuviera éxito en su tramitación parlamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Intervendré muy brevemente, solo para defender tres enmiendas, dos de las cuales son de poca cuantía económica pero a nuestro entender de una gran importancia en tanto en cuanto pretenden dotar de un mínimo de
recursos al ministerio, a fin y efecto de poder ofrecer la suficiente competencia lingüística a los miembros de la Polícía Nacional y de la Guardia Civil que sirven en comunidades autónomas con una lengua distinta a la castellana. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Ustedes saben que en ese sentido todavía somos muy deficitarios, todavía hoy día es muy reducido el número de funcionarios que son competentes en catalán, en euskera y en lengua gallega y que pueden comunicarse con
las máximas garantías profesionales con la ciudadanía. En este Parlamento se ha debatido en múltiples ocasiones cuál es la intensidad de este déficit a partir de disfunciones que han surgido en la relación entre ciudadanos y miembros de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil, ya sea por insuficiente capacidad lingüística o bien por no tener la disponibilidad que requeriría el cargo que ocupan. Se ha debatido y siempre hemos resuelto que ante los déficits lo único que funciona es la
ilustración, y la ilustración requiere recursos. Repito, son enmiendas de poca cuantía económica pero entendemos que el solo hecho de que se aprobaran permitiría dar categoría a la voluntad política -que, por cierto, ya ha expresado el Gobierno en
tanto en cuanto ustedes saben que se aprobó hace tan solo unas semanas una iniciativa a raíz de una proposición no de ley del Grupo Vasco que instaba al Gobierno a presentar en este año natural una evaluación sobre el nivel de funcionalidad de la
Administración en relación con las lenguas cooficiales-, y a fin y efecto también de buscar aquellas soluciones y medidas que pudieran permitir de una vez por todas resolver el problema. Creo que sería una buena muestra de voluntad política que se
aprobaran estas dos enmienda que debo decirles que solamente suman 700.000 euros. Finalmente, hay otra enmienda que ofrece mayor cantidad de recursos al ministerio, en concreto 4 millones de euros, para fortalecer la lucha contra la trata y la
explotación sexual.
Esas son las tres enmiendas. Repito, una de 4 millones de euros, quizá difícil de asumir, pero otra les recuerdo que es de 500.000 euros para cursos de formación a la Policía Nacional y la otra de 200.000 euros para formación de los
miembros de la Guardia Civil que, sumados a unos recursos que siempre se nos dice que ya existen pero que nunca hemos tenido una prueba fehaciente de ello, creo que permitirían como mínimo avanzar, insisto, aunque sea solamente un pasito.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bar.
El señor BAR CENDÓN: La sección 16 ha recibido para su presupuesto de 2011 un total de 48 enmiendas, que vienen a ser una tercera parte menos de las que se presentaron en el año 2010. El hecho de que tres de ellas tengan consideración de
enmiendas a la totalidad -bien sea a la totalidad de la sección o, como en el caso de las dos del Grupo Popular, a la totalidad de un determinado programa-, me invita a hacer unas consideraciones de conjunto que creo que son imprescindibles para
abordar el análisis y la toma de posición con respecto a las 45 que veremos después y que son de detalle. Aquellas señorías que hayan estado aquí -nos hemos ido turnando todos-, los que hayan podido seguir la Comisión habrán podido reparar
rápidamente que el Ministerio del Interior es precisamente de los mejor tratados en estos presupuestos. En primer lugar, porque ha ascendido varios puestos hasta ser el tercer ministerio por volumen de gasto, solo por detrás de los de Trabajo y
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y por delante de otros ministerios de gran envergadura como pueden ser Fomento o Defensa; y en segundo lugar, porque es de los ministerios con menor reducción presupuestaria, un 3,1 por ciento o, si se
prefiere, detrayendo los importantes gastos electorales que están previstos para el año 2011, un 5 por ciento, pero muy lejos del 15,6 por ciento que es el promedio general. Estos dos elementos, que no me parecen baladíes, nos hablan en números
contantes y sonantes, más allá de la retórica, de que es aquí, en la seguridad de los ciudadanos y en la garantía de sus libertades, donde se sitúa una de las principales prioridades del Gobierno. Por eso, cuando se lee en la justificación a la
enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular que tenemos un presupuesto que no atiende a prioridades, la primera tentación que uno tiene desde luego es preguntarse qué entiende pues el Grupo Popular por prioridades.
Les voy a poner un ejemplo: ¿y si les restásemos a los 8.759 millones de este presupuesto la friolera de 2.500? ¿Estaría más de acuerdo el Grupo Popular y retiraría su enmienda a la totalidad? Pues entiendo que sí, porque estaríamos
frente a algo parecido a la gran poda a la Administración pública de la que habla el líder del Grupo Popular y además porque estaríamos -no me invento la cifra- con esos 2.500 millones de euros menos ante el último presupuesto que hizo el Partido
Popular en 2004, en época de bonanza, y que fueron 6.250 millones de euros. Así pues, diría que no nos hablen de prioridades porque, si trasladásemos aquí los magníficos presupuestos de 2004, tendríamos casi 36.000 policías y guardias
civiles menos -usted estaba preocupado, señor Cosidó, porque iba a haber 3.000 o 4.000 menos en dos años-, 36.000 menos de los que había en 2.004, la delincuencia sería, en consecuencia, 4,5 puntos mayor y la percepción de inseguridad en los
ciudadanos ni se parecería a la que hay hoy en día, ya que estaría 15 puntos por encima.
No me invento ninguna de estas cifras, son cifras del CIS, del Eurostat, y usted las debe conocer seguramente. Por esta razón rechazamos las enmiendas a la
totalidad, porque entendemos las prioridades de un modo muy distinto al Grupo Popular, porque pensamos que es un presupuesto razonablemente bueno en el contexto actual y porque, aunque haya partidas que a todos nos gustaría elevar, la contención del
gasto en lo no absolutamente prioritario, la reducción del déficit, contribuirá a una más rápida recuperación de la economía y a una nueva senda de crecimiento. Ahora toca hacer esto, como antes tocó elevar la inversión.
Yo creo que el Grupo
Popular tampoco pensó en ello mientras gobernaba, pero el Partido Socialista sí.
El gran aumento de la inversión en los últimos años en plantillas, en infraestructuras, en medios materiales, en coordinación y especialización en nuevas tecnologías es lo que puede permitir ahora un respiro sin temor a una merma en la
excelencia, en el cumplimiento de objetivos y en la atención a todas y cada una de las prioridades. Si en el sexenio 1998-2004 se invirtieron algo menos de 25.000 millones en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el sexenio de 2005 a 2011
casi 42.000, es decir, un 68 por ciento más, solo considerar esta cifra ya debiera inducirles a una reflexión y a retirar sus enmiendas a la totalidad. A la luz de estas consideraciones, a continuación voy a analizar algunas de las enmiendas -no
podré con todas por razón de tiempo- más concretas. Vamos a empezar con las del Grupo Popular.
En 2010 el Grupo Popular presentó 35 enmiendas por un monto total de 248 millones, este año presentan 17 por un monto de 66,62; es decir, 18 enmiendas y 181 millones de euros menos. Nos gustaría pensar que vamos aproximando posturas porque
ya no enmiendan tanto o tal vez la explicación quizá sea otra porque incluso veo la precipitación cuando alguna enmienda aparece repetida. Algunas ya fueron debatidas en Comisión y las razones del rechazo son conocidas. No es lógico pedir 5
millones para el SIVE -enmienda 440- cuando ya está a punto de completarse su instalación por todo el litoral nacional. Tampoco parecen racionales en este momento las subidas salariales en incentivos -no sé si son 10 ó 18 millones lo que piden,
porque las enmiendas aparecen repetidas, ya le digo, enmiendas 443, 444 y 445-, cuando se ha producido para el conjunto de la Función pública una contención del 5 por ciento y además ya está dotado este concepto con 303 millones de euros. En cuanto
a obras, todos quisiéramos más en cualquier momento y con cualquier presupuesto, eso está claro, pero ustedes piden 25 millones más en dos enmiendas, la 446 y la 447, cuando aquí hay previstos 85 millones. Ustedes dicen que es para presupuestar el
doble de lo que presupuestábamos nosotros, que era lo que tenían en 2004 o algo así. En el año 2004 -tengo aquí su presupuesto-, capítulo 6, Policía Nacional, 48 millones; Guardia Civil, 102 millones; suman 150. Y este año suman 85 millones más
40 que quedan remanentes del PlanE, es decir, 125. Algo de matemáticas, señor Cosidó, porque eso no es el doble ni de lejos. Nosotros hemos estado invirtiendo en los últimos años: 102 millones en el año 2010 más 210 del PlanE entre el año 2009 y
el año 2010. Ni en época de bonanza podría mantenerse este ritmo inversor y por tanto las prioridades han sido atendidas durante estos años y van a seguir siéndolo en el futuro. No hay tiempo para mucho más, pero voy a mencionar otro par de temas
relevantes sobre los que hay cuatro enmiendas.
Las enmiendas 441 y 442 se refieren -lo decía usted- a ayudas a víctimas del terrorismo. Hay, efectivamente, una merma del 12 por ciento pero con ustedes, en 2004 esta partida era de 120.000 euros. Lo tenemos aquí, usted mismo lo puede
comprobar: 2004, 120.000 euros para ayudas a víctimas del terrorismo. Durante los últimos cuatro años el Partido Socialista dedicó un millón cada año. Es decir, su Gobierno daba en total lo que ahora piden como incremento, porque piden un
incremento de 120.000; ese era el total que ustedes daban en el año 2004. ¡Hombre, ya son ironías de la vida! En la otra enmienda piden 3 millones para la aplicación de una ley que ustedes saben que está sin aprobar, está tramitándose y además con
bastante acuerdo, con bastante consenso, lo que nos debe satisfacer a todos, pero tendrá que tener luego su desarrollo reglamentario. Además hay una adicional -usted lo recordará- que difiere en un año el plazo de presentación de solicitudes, es
decir, que no tendrá carga presupuestaria durante el año 2011.
Por último, hay dos enmiendas que afectan a instituciones penitenciarias, la 449 y la 450. Esta última pretende suprimir una partida para un CIS que es algo absolutamente necesario en la provincia de Álava, como lo es también para las
provincias de Guipúzcoa o de Vizcaya, donde nadie ha puesto ningún género de problemas. Es cierto que sobre este tipo de instalaciones es difícil alcanzar la unanimidad, ni sobre estas ni sobre otras instalaciones que en principio no apetecen mucho
a la ciudadanía.
Precisamente por eso el PP está acostumbrado siempre a hacer soflamas de carácter populista cuando está en la oposición, es decir, arrimarse a quien diga que no rápidamente y multiplicar el posible efecto de la instalación de este
CIS. Pero el Partido Socialista está trabajando en ese consenso y, de hecho, si no se empezó a ejecutar, porque ya había un presupuesto en 2010 para ello, fue por continuar con la búsqueda del acuerdo. En la enmienda 449 piden añadir medio millón
a una partida en la que figuran 13 millones, 7 millones para la mejora de edificios penitenciarios, también tras unas inversiones que fueron récord en los últimos años. Esta enmienda de medio millón supondría, ya lo pueden entender, una
gota en el océano, por lo que como enmienda no es ni entendible.
Vamos a pasar rápidamente a las enmiendas del Grupo Mixto. No está la señora Díez y lo diré solo a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones'. Cuatro de sus seis enmiendas se repiten igual que las del año pasado, piden más recursos,
50 más 50 más 10 más 10 millones. Ya ven lo fácil que es pedir. El Grupo Popular pedía 66 millones y la señora Díez pide 120 millones. Ya puestos, ¿por qué no 240? Además la señora Díez no especifica dónde aplicar esos incrementos y olvidan que
durante estos años se han hechos obras en un sinnúmero de cuarteles -trescientos y pico, si no recuerdo mal- y comisarías, con lo cual muchas de las peticiones probablemente estén ya atendidas.
Pasando a las enmiendas de Convergència i Unió, nos encontramos también con algún clásico de otros años, en cierto modo es un corta y pega, que son las cesiones gratuitas de instalaciones de la Guardia Civil a los ayuntamientos respectivos.
Son las enmiendas 765, 826, 827, 828 y 829, y me obligan a decirles lo mismo que el año pasado -está ahora ocupado el señor Sánchez i Llibre-; es como el día de la marmota, es decir, cada vez que venimos aquí con los presupuestos volvemos otra vez
exactamente a las mismas enmiendas del año pasado, sobre las que ya les hemos dado una explicación. Esas cesiones gratuitas a los ayuntamientos requieren, desde luego, una modificación legal, deben formalizarse con unos trámites previos,
desafecciones y suscripción de convenios. En todo caso, de ello se encarga un organismo que no tiene por norma la gratuidad, puesto que además el resultado de esas operaciones suele aplicarse a la mejora de otras instalaciones de seguridad en la
misma comunidad autónoma. En cuanto al cuartel de Sort, enmienda 825, no puede incluirse en el presupuesto porque falta la redacción del proyecto del que se encarga precisamente el ayuntamiento. Al no estar ese proyecto, no puede haber previsión
para 2011. Finalmente, hay dos enmiendas que vuelven a estar fuera de sección, que son la 830 y la 831. En ambos corresponden a otros organismos y no al Ministerio del Interior. Por falta de tiempo no lo voy a detallar aquí, pero gustosamente, y
cuando esté más atento, se lo explicaré.
Por último, las enmiendas de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que, aunque sean las últimas, no las tratamos con menor esmero ni afecto. Hay también algunos clásicos en creación de infraestructuras y
ciertos traspasos. Las enmiendas 1497, 1498, 1499, 1500, 1501 y 2033, todas ellas están ya contestadas con los razonamientos dados a estos grupos. Ha habido una inversión enorme en estos últimos años y probablemente algunas de estas inversiones
que se piden estén ya atendidas. Se refieren concretamente al Seprona en la zona de La Unión. La Unión está atendida por el Seprona por las unidades de Torre-Pacheco, Cartagena y Murcia, con lo cual no hace falta un aumento de atención. En
Archidona se han efectuado mejoras por medio millón con cargo al PlanE y está prevista una ampliación de 3 millones.
Voy a pasar a dos grupos de enmiendas más, de las que nos habla Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya más que Izquierda Unida por lo que veo. Con respecto al puesto aduanero del aeropuerto de Lleida, que es la enmienda 2083, que
tiene una problemática específica, quiero informarles de que no se trata de un aeropuerto bajo la Administración de Fomento y no es un aeropuerto de los llamados de interés general. Por tanto, requeriría algunos cambios legislativos, ya que ahora
mismo no recibe pasajeros de fuera del territorio Schengen, con lo cual allí no pinta nada de momento un puesto aduanero. A no ser que lo que pretendan sea un traspaso competencial a Fomento, pero creo que no.
Con respecto a la enmienda 2085, que se refiere a Baleares, quiero informarles de que nuestro partido apuesta por el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, pero en tiempos y condiciones adecuadas. Para llevar
adelante la enmienda según se presenta creo que habrá momentos más propicios. De momento existe un buen grado de consenso en las instituciones baleares para que se inicien las conversaciones y trámites administrativos. Creo que hay una moción del
Parlament balear para que antes de marzo del próximo año se posibiliten unas conversaciones y trámites administrativos para que en el futuro Baleares cuente con policía autonómica. Pero de ahí a que se empiece ya a financiar, va aún muchísimo
trecho.
Por último, con respecto a las enmiendas 1932, 2084 y 2086, los éxitos policiales más recientes en la lucha contra la trata y la explotación sexual dan cuenta del buen hacer policial. Hablamos de uno de los delitos más repugnantes -ayer
mismo comparecía el ministro en la Comisión de Interior- contra el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil están luchan con ahínco, sobre todo en el marco de la lucha contra bandas organizadas que, como
sabemos, muchas son bandas internacionales. No se precisa ahora mismo la creación de un programa específico y con una dotación presupuestaria aparte, porque eso sería diluir o separar el esfuerzo presupuestario cuando necesitamos concentrar ese
esfuerzo.
Señor presidente, muchas gracias por su paciencia. Solo quiero concluir como comencé. Siempre nos gustaría dotar más aquello que consideramos prioritario, pero en esta sección, en este ministerio y en esta política que sustenta la
seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos el éxito sigue estando garantizado. Lo sigue estando porque se ha priorizado, no este año sino los seis últimos años, con unas inversiones que ahora nos permiten aguantar el tirón sin mermar la
excelencia. Son, por tanto, unos buenos presupuestos. Podemos seguir la discusión con más detalle en un aparte porque ya no da tiempo a más.
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a suspender -espero que muy brevemente- la Comisión porque el escrito del Gobierno sobre las enmiendas que considera que no deben tramitarse ha sido recibido. Lo tienen ya los portavoces y los miembros de
la Mesa, y ahora mismo vamos a celebrar una reunión de Mesa y portavoces. En cuanto termine la reunión de Mesa y portavoces -no puedo dar un tiempo, pero insisto en que quiero que sea muy breve- comenzaremos nuevamente la sesión de la Comisión.
Por tanto, ruego que se queden los que forman parte de la Mesa y portavoces.
(Pausa.)
Vamos a reanudar la Comisión, después de esta reunión de Mesa y portavoces.
Quiero dar cuenta sucintamente a la Comisión de los temas tratados por Mesa y portavoces. De acuerdo con el escrito que nos ha enviado el Gobierno, por el cual se excluyen una serie de enmiendas en la tramitación, en primer lugar, ha
informado el letrado tal y como ha solicitado el Grupo Popular y posteriormente los portavoces han manifestado su opinión. La opinión de todos los portavoces -excepto la del Grupo Socialista-, es decir, Grupo Popular, Convergència i Unió, Izquierda
Unida y Mixto es que estas enmienda no debían excluirse de la votación. La opinión del portavoz del Grupo Socialista ha sido que sí debían, de acuerdo con el escrito del Gobierno, excluirse de la votación.
Sometido a votación de la Mesa de la
Comisión, por mayoría se ha decidido que estas enmiendas queden excluidas.
Posteriormente por parte del portavoz del Grupo Popular, y teniendo el resto de los portavoces en contra, se ha pedido que se aplazara la votación de hoy hasta mañana. Sometido también a votación de la Mesa, por mayoría se ha adoptado la
decisión de que se proceda como está en el orden del día. Por tanto, anuncio que procederemos a votar -había puesto a las siete, pero se están haciendo los cuadernos y quizás sea un poco más tarde de las siete- a partir de las siete como estaba
previsto.
Establecido lo que ha ocurrido en la reunión de Mesa y portavoces se ha acordado también abrir ahora un turno de intervenciones para que los portavoces de los grupos, desde un punto de vista más político y por supuesto de acuerdo con sus
propias ideas, puedan explicar su posición y lo que consideren oportuno. Por tanto, comienza el portavoz del Grupo Popular, señor Martínez-Pujalte. (Rumores.)
Antes de que él tenga la palabra, ruego por favor a los diputados que guarden silencio para poder comprender las razones de cada uno de los portavoces. (Pausa.) Tiene la palabra señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, intervengo por una cuestión de orden. Una vez celebrada la reunión de Mesa y portavoces se ha dado por bueno que el Gobierno vete veintidós enmiendas -creo que son- de distintos grupos
políticos, del Grupo Parlamentario Popular y una firmada conjuntamente de CiU, de Esquerra Republicana y Grupo Mixto. Mi grupo entiende que este camino iniciado por el Gobierno hace un par de años de vetar la tramitación de enmiendas constituye un
clarísimo ataque a la democracia, constituye un clarísimo ataque al debate parlamentario y a la actividad de este Congreso de los Diputados. No entendemos por qué se inicia un camino donde no hay justificación alguna porque los grupos
parlamentarios recibimos un listado de enmiendas donde se dice que el Gobierno no deja que se tramiten; veta la tramitación sin ningún tipo de explicación ni de justificación. Simplemente hay un listado de enmiendas sobre las que dice que no se
tramitan. Con una peculiaridad, y es que enmiendas cuya tramitación impidió el Gobierno el año pasado este año sí deja que se tramiten, y enmiendas cuya tramitación el Gobierno no vetó el año pasado este año sí lo hace en un claro gesto de
coherencia, y valga la paradoja. Este año no hay ninguna enmienda de ingresos, como esta mañana presuponíamos que podría suceder; sin embargo hay enmiendas de gastos cuya tramitación no se permite.
Esta imposición de las mayorías sobre las minorías por tener más votos es un claro ataque a la democracia, porque las mayorías frente a las minorías ganan las votaciones pero no deben impedir el debate, y menos hacerlo de una manera
torticera. Por ejemplo, mi grupo plantea en las enmiendas 182 y 183 que no se lleve a cabo la congelación de pensiones solicitada por el Gobierno y el Gobierno veta la tramitación de la 182 y de la 183. La enmienda 184, del Grupo Parlamentario
Popular, propone una minoración de gastos paralela a las enmiendas de no congelación de las pensiones. En las enmiendas 182 y 183 mi grupo dice que no se congelen las pensiones para el año siguiente y en la 184 decimos que se deben reducir los
gastos en una serie determinada de partidas. Pues bien, se vetan las enmiendas 182 y 183 y no se veta la 184, que va en paralelo y cuya votación entenderán sus señorías que no tiene ningún sentido porque esa enmienda propone la minoración de gasto
que equilibra la ampliación de gasto que supone no congelar las pensiones.
Luego hay una serie de enmiendas respecto de las que no se sostiene que no se puedan tramitar y que son las que hacen referencia a ayuntamientos y comunidades autónomas. El Gobierno presenta como ingresos en el presupuesto las cantidades
que tiene que percibir de ayuntamientos y de comunidades autónomas independientemente del momento del cobro, lo cual no supone una minoración de ingresos puesto que tiene contabilizado el ingreso. Ya lo ha contabilizado -de hecho nosotros decimos
que está mal contabilizado-, ¿cómo nos dicen ahora que esa es una minoración de ingresos? Lo único que decimos es que dejen respirar a los ayuntamientos en una situación muy compleja para los mismos y que se amplíe el tiempo de devolución de las
cantidades que percibieron a cuenta por encima de los ingresos esperados como consecuencia de una mala previsión del Gobierno socialista. El ingreso sí se da en el año 2011, ¿por qué se dice que no se tramite? ¿Cuál es la justificación del
Gobierno? Ninguna. ¿Por qué no quieren que se tramite una enmienda que habla de la deuda histórica de Andalucía o de la situación financiera
de Ceuta y Melilla? En este sentido, que cada grupo hable de las suyas.
Señoría, creo que se está hurtando el debate parlamentario con una mala técnica.
Concluyo, presidente. Mi grupo y yo personalmente entendemos que aquí lo que se esconde es la vergüenza del Grupo Socialista por ser el Gobierno más antisocial de la historia (El señor Fernández Marugán: ¡Ay, Dios, pero qué dice!- Una
señora diputada: ¡Sí, señor!) y no quiere que se vote la enmienda que propone la no congelación de las pensiones. Resulta que un Gobierno lleva a más de 2 millones de personas al paro, a endeudar a las generaciones futuras, a congelar las
pensiones y ahora quiere cubrirse las espaldas diciendo que no se vota esta enmienda; y digo que no se vota porque ya se ha debatido. En este sentido mi grupo considera que el trámite está mal hecho, y es que el Gobierno, de vetarla, la tendría
que haber vetado antes del debate. Se ha debatido, se ha tramitado y se debería votar. Que cada grupo manifieste si quiere que los pensionistas adecuen su pensión al IPC o no. Eso es lo que debería pasar esta tarde. Si el Grupo Socialista acepta
el criterio del Gobierno de que no se vote, lo que están escondiendo es la vergüenza de aceptar una posición absolutamente antisocial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Ya ha manifestado el portavoz de mi grupo parlamentario en esta Comisión de Presupuestos, señor Macias, su perplejidad ante la posibilidad de que el Gobierno vetara la tramitación de determinadas enmiendas que
nuestro grupo había presentado a los Presupuestos Generales del Estado. Una vez materializado este veto por el que el Gobierno lógicamente aprovecha su posibilidad de vetar determinadas enmiendas, nuestro grupo quiere manifestar su posición
totalmente contraria a la del Gobierno, en el sentido de que con estos actos el Gobierno no hace otra cosa que mutilar, señorías, el voto de los diputados para poder recortar de una manera vergonzante la capacidad adquisitiva de todos los
pensionistas españoles, aprovechando dicho veto para congelar las pensiones para el año 2011. Por lo tanto, nosotros calificamos este hecho de vergonzante, señorías -y perdonen la expresión-, ya que nuestros pensionistas no se merecen este tipo ni
este estilo de hacer política, mutilando el voto de todos los diputados -la voz no pero el voto sí- que evitara una barbaridad de este calibre. Digo barbaridad porque realmente esta congelación va a presuponer que muchas personas con pensiones muy
bajas tengan muchísimas dificultades para llegar a últimos de mes y probablemente en algunos casos esta posición tenga finales dramáticos para dichas personas en el sentido de que al no poder subsistir van a dejar de pagar algunas cargas importantes
y en algunos casos incluso pueden llegar a perder su vivienda habitual. Por lo tanto, manifestamos nuestra perplejidad ante el estilo no adecuado de lo que ha sido siempre la sensibilidad del Partido Socialista Obrero Español, algo que nosotros
calificamos en esta ocasión de vergonzante.
Hay dos o tres enmiendas más que nos han vetado. Sinceramente, señores diputados del Grupo Socialista, no entendemos que veten lo de las pensiones, que ya es un hecho que va a causar unos daños considerables a la sociedad española, pero
tampoco entendemos que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ustedes no quieran plantear la votación de unas enmiendas que van dirigidas única y exclusivamente a que los ayuntamientos puedan tener recursos suficientes para pagar a sus
acreedores. Nosotros habíamos planteado una enmienda que posibilitaba, si aquí había el consenso suficiente, dotar a los ayuntamientos de los recursos precisos para poder pagar a sus acreedores, y ustedes también van a impedir el hecho, que
calificamos no solamente de vergonzante sino también de muy grave, de que votemos que los ayuntamientos puedan pagar con regularidad a sus acreedores.
Hay dos o tres aspectos que nos han llamado muchísimo la atención, referidos a los principios de lealtad institucional, y que se contienen en las enmiendas 763, 784 y 793, que van a afectar letalmente a las finanzas de las comunidades
autónomas, de los gobiernos autónomos, en el sentido de que ustedes van a evitar la posibilidad de que, por la aplicación del principio de lealtad institucional en razón de las normas tributarias que se puedan aprobar en este Congreso de los
Diputados o en las Cortes Generales que vayan a implicar más gasto social en las diferentes comunidades autónomas por la aplicación de dichas legislaciones, las comunidades autónomas puedan compensar todas aquellas deudas pendientes que tengan con
el Estado. Por tanto tampoco entendemos en este caso cómo su atrevimiento político puede llegar a este nivel de coartar la financiación de los ayuntamientos y también coartar la financiación, yo diría gravemente, de las comunidades autónomas y de
los órganos autonómicos sean del color que sean.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Brevemente, señor presidente, para manifestar igual que lo hicimos esta mañana nuestro total desacuerdo tanto en la forma como en el fondo con lo que en estos momentos estamos debatiendo, hablando o
manifestando. La forma: creemos que el veto a unas enmiendas en discusión por esta Comisión no puede ser presentado a las cinco de la tarde cuando ya llevamos muchísimas horas debatiendo y nos parece una falta de respeto al Congreso de los
Diputados por parte del Gobierno. El fondo: el hecho de que nos detraen de nuestra posibilidad de discutir, debatir y proponer planteamientos diferentes del que pueda hacer el Gobierno en cuanto al presupuesto en unos temas en concreto e
independientemente de los que sean. Por tanto manifestamos nuestro desacuerdo por este veto tanto en la forma como en el fondo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, sin discutir la base del informe proporcionado por los letrados de que el Gobierno aún estaba en plazo para interponer este veto y que no se ha incumplido el Reglamento, sin discutir eso ni la
potestad del Gobierno de interponer veto a algunas de las enmiendas presentadas, no sé si existe en cualquier caso algún precedente donde una vez iniciado un debate, sustanciado un debate -porque la mayoría de las enmiendas a las que se interpone
veto ya se han defendido en esta sesión-, el Gobierno manifiesta su voluntad de vetarlas para que no sean sometidas a votación. Nos parece como digo algo inaudito y nos retrotraemos y reafirmamos los argumentos expuestos hoy al inicio de esta
sesión: creemos que en el debate presupuestario y también en el trámite de enmiendas parciales debería estar sobre la mesa la posibilidad de debatir todos los aspectos que afectan a las políticas presupuestarias, desde si los objetivos de déficit
se deben de acomodar a las necesidades de la economía para no causar un recorte brusco en la inversión pública y en los gastos sociales hasta en qué partidas no se debe concentrar el esfuerzo de ahorro de reducción del gasto. Con este veto
entendemos que se impide que la Cámara debata y se pronuncie sobre un aspecto básico del contenido de los Presupuestos Generales del Estado de este año y, al margen de cuestiones reglamentarias, nos parece políticamente reprobable. Creemos que esta
manera de proceder del Gobierno es una falta de respeto a la Cámara, nos reiteramos en los argumentos ya expresados al inicio de esta sesión y manifestamos nuestra total crítica a este proceder.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, siempre he creído que en la vida y en la política el sano ejercicio de los límites es una virtud; y es una virtud a la cual uno no debería renunciar en ningún momento ni en ninguna
circunstancia. Los servicios de la Cámara creyeron en más de trescientas ocasiones que se podía dar lugar a esa norma en virtud de la cual las iniciativas parlamentarias que no deben suponer un exceso de gasto o una reducción de ingresos tenían que
ser cumplidas. Y hemos oído interpelaciones digamos grandilocuentes, ahora se dice sobreactuadas, que casi siempre vienen acompañadas por algunos adjetivos muy categóricos.
Sin los adjetivos las cosas también se expresan con la misma fortaleza,
pero parece ser que hay que poner sal gorda a estas cuestiones.
¿Qué hubiera pasado si el Gobierno hubiera coincidido con los temores de los servicios de la Cámara? Porque créanme, eran susceptibles en una proporción bastante elevada de calificarse como exceso de gastos o como minoración de ingresos
trescientas cuestiones. El Gobierno ha sido prudente, tanto que ha modificado una parte de sus criterios respecto del año pasado y de los temores de esta mañana. Esta mañana volví a escuchar aquella vieja filosofía económica que dice que bajando
los impuestos se eleva la recaudación. Eso solamente se lo cree un sector de la literatura económica y tengo que decir que el mismo ha anidado en la derecha española con una intensidad absolutamente sorprendente; pero, bueno, eso sería entrar en
el fondo de la cuestión y no tenemos por qué seguir.
El Gobierno ha puesto énfasis en dos elementos, uno conocido, reiterado en el decreto-ley, en unas proposiciones de ley y ahora -siendo coherente con esos planteamientos- en el debate presupuestario, y otro no tan conocido al cual me he
acercado con curiosidad intelectual. Este tipo de Estados complejos, con haciendas multiniveles, tenemos que ser capaces de amasarlos y de articularlos bien porque la idea de la consolidación fiscal y del ajuste de las circunstancias financieras
del sector público español no es única y exclusivamente una idea que se predique de la Administración General del Estado. No se puede predicar única y exclusivamente de la Administración General del Estado. Para cualquier persona que se acerque a
este tipo de enmiendas sinceramente esto causa sorpresa, a mí también, porque tengo la sensación de que hemos tratado de ver en qué medida los sitios y las instituciones con los que tenemos más vinculación política encuentran un alivio para no estar
o bien con los compromisos de las administraciones españolas en el seno de los órganos de cooperación o bien de los compromisos del Gobierno de España en las instituciones europeas. Por lo tanto, cada cual debería ser capaz de reconocer que el
tránsito que nos queda en esta sociedad para encontrar de nuevo una senda de recuperación será un tránsito dilatado en el tiempo y que será más dificultoso si entre nosotros no somos capaces de establecer mecanismos de cooperación.
Por lo demás, al Gobierno de España le corresponden dos cosas: cumplir con sus compromisos en política económica como al resto de los socios y también ejercer aquellas atribuciones que las leyes le confieren. Creo que en este caso el
Gobierno de España ha hecho las dos cosas y por eso nosotros no tenemos nada que decir al ejercicio y al planteamiento de estos vetos en esta sesión y en este trámite de la aprobación de los presupuestos del año 2011. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Establecidas ya por los grupos sus posiciones, continuamos con el debate de las secciones. Sección 25, Presidencia. Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Ramallo.
La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Me corresponde en nombre de mi grupo defender las enmiendas presentadas a la sección 25, Ministerio de la Presidencia.
Frente a lo que se dice, no es cierto que la reducción que presenta
el presupuesto de esta sección sea del 17,38 por ciento. Esa reducción solo corresponde al ministerio, sin incluir los organismos autónomos ni las agencias estatales que presentan reducciones de su presupuesto mucho menores. La reducción
total, por tanto, incluyendo Estado, organismos autónomos y agencias estatales, es del 7,12 por ciento. El presupuesto de esta sección llama a equívoco evidentemente, ya que incluye determinados datos que consideramos pueden resultar engañosos
cuando se contemplan como, por ejemplo, computar como reducción presupuestaria la no inclusión, por no haberla, de la partida destinada a la Presidencia española de la Unión Europea que supone en consecuencia un tercio del ahorro del presupuesto de
este ministerio. Los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Presidencia, que son seis, solo reducen su presupuesto un 3,05 por ciento, reducción por tanto muy alejada de la media total de la sección que vendría a situarse, como dije
anteriormente, en el 7,12 por ciento. En cuanto a las agencias estatales, si bien decrece porcentualmente su presupuesto más que en los seis organismos autónomos -decrece el 4,63-, este ahorro es exiguo porque sigue manteniendo los incentivos del
rendimiento en más de 800.000 euros.
Por último, grosso modo, quiero destacar que los estudios y trabajos técnicos suponen más de 12 millones de euros en esta sección.
Empezaré por la Presidencia del Gobierno. En este programa, pese a lo engañoso del porcentaje y lo que llevo diciendo, hay que descontar evidentemente el importe que se presupuestaba para la Presidencia española de la Unión Europea, que ha
supuesto más de 52 millones de euros. Por otro lado, pese a la aparente reducción de personal que se hace, resulta conveniente destacar que el año pasado prestaban su servicio en Presidencia 644 personas y este año lo prestarán 633, por lo que el
ahorro no nos parece tan austero como se predica. Si a esto sumamos que la reducción se debe a la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, del 5 por ciento de media de la retribución de los empleados públicos, es la partida de gastos de personal la
que supone una reducción de 1.478.950 euros menos. En cualquier caso, aparte de estas cifras, entendemos que lo significativo es que, descontados los gastos de Presidencia de Unión Europea, los gastos de personal, que representan un 64,74 por
ciento del presupuesto, pese a que se reducen los incentivos al rendimiento, siguen suponiendo una cantidad importante y se mantienen prácticamente igual los gastos protocolarios. En cuanto a otras partidas que conviene destacar -para no abundar
demasiado-, el programa 912, de relaciones con las Cortes, secretariado del Gobierno y apoyo a alta dirección, tiene el cometido de gestionar las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento y la cifra, pese a lo llamativo de la reducción de más de
52 millones de euros, también resulta engañosa, al igual que la cifra dada anteriormente, porque el núcleo fundamental, es decir, el 74,10 por ciento de esta cifra, se concentra en gastos corrientes debido a la reducción de más de 46 millones de
euros en la partida destinada a la Agencia EFE, que desaparece, aunque se mantiene igualmente la partida destinada a estudios y trabajos técnicos.
En cuanto a los organismos autónomos dependientes de esta sección, son seis: el Consejo Superior de Deportes, Muface, Patrimonio Nacional, el INAP, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el CIS. Por parte de mi grupo se ha
presentado una enmienda a la totalidad de esta sección y se han presentado otras veintidós enmiendas parciales a los distintos programas que en ella se contemplan. Respecto a la enmienda a la totalidad presentada a esta sección 25 me gustaría
destacar lo siguiente: en su conjunto no se garantiza la reducción del déficit, es decir, los criterios de austeridad de que tanto se habla y que deben presidir la totalidad de este proyecto de ley no se consiguen y, pese a la acusada reducción que
se dice tiene este presupuesto de la sección 25, del Ministerio de la Presidencia, esta reducción, como he dicho anteriormente, no es tal. Por tanto, creemos que es una austeridad engañosa, una austeridad mal dirigida por cuanto no se ahorra lo
suficiente en aquellas partidas en las que resultaría más fácil, como es el caso de los gastos de personal y los gastos corrientes y de servicios.
La enmienda a la totalidad más las 22 enmiendas parciales inciden en el siguiente esquema: que se
reduzca al menos el 50 por ciento de todos los programas que contemplan personal eventual. Es decir, todas las enmiendas que se presentan son de baja. Entendemos que la poda y el recorte en esta sección debe hacerse con más intensidad y solamente
presentamos una única enmienda de alta, que está incluida dentro del Ministerio de la Presidencia aunque depende directamente del presidente del Gobierno, relativa a las federaciones deportivas españolas y al Comité Olímpico español, que contiene un
millón de euros justificados por la próxima celebración del mundial de balonmano que se celebrará en España en enero de 2013 con distintas sedes en Granollers, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Ciudad Real, Sevilla y Málaga. Urge modernizar
en estas ciudades las instalaciones deportivas con objeto de adecuarlas a dicho evento, para ello justificamos la baja en lo que decía anteriormente, en lo que se puede seguir recortando, en lo que se puede seguir podando de este Ministerio de la
Presidencia, que es un millón de euros destinados al capítulo 2, que serían gastos en bienes corrientes y de servicios.
Para resumir, la reducción que planteamos en nuestras enmiendas se refiere al capítulo 1, los gastos en personal eventual en un 50 por ciento en distintos programas, y la reducción del 10 por ciento de gastos corrientes y de servicios. Creo
que no se reduce todo el ministerio por igual; los organismos autónomos, que son solo seis, se recortan en una cantidad mucho mayor, más que el grueso del ministerio, y lo mismo sucede con las distintas agencias estatales. Se dedican únicamente a
aplicar lo que sería el real decreto-ley en cuanto a gasto de personal referido a los funcionarios y siguen sin reducir partidas destinadas a gastos corrientes y de servicios.
Nosotros planteamos en nuestras enmiendas un mayor ahorro en una sección en la que puede producirse en mucha más cuantía de la que se manifiesta en la presentación de estos presupuestos. No queremos pensar que de cara al futuro el famoso
Plan B aludido constantemente a lo largo de esta mañana por parte de la vicepresidencia segunda y económica del Gobierno y en esta Comisión en varias ocasiones se vaya a poner en marcha de cara al año que viene, porque eso significaría que todavía
estos presupuestos albergarían una mayor poda, como de hecho estamos poniendo de manifiesto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Nuestro grupo presenta unas cuantas enmiendas a este Ministerio de la Presidencia con el objetivo de complementar algunas dotaciones a entidades o ayuntamientos. Concretamente presentamos la enmienda 1102 relativa a
la Asociación Catalana de Municipios para la Fundación del aula de altos estudios electos que contribuye a la formación de los electos -es una manera de decir los concejales, los alcaldes-, especialmente dedicado a los concejales de municipios de
poca población.
Otra de nuestras enmiendas hace referencia a un fondo de promoción de las selecciones deportivas autonómicas, lo cual para nosotros es un tema relevante, importante; estaría bien que desde este ministerio, que tiene las competencias de
deporte, se pudiera destinar una dotación modesta a esto. También dentro del epígrafe de deportes hay una partida para el Ayuntamiento de Mataró, otra para el Ayuntamiento de Amposta, otra para el Ayuntamiento de Calella, para el de Puigverd
d´Agramunt y de Bañolas.
Hay una dotación importante -nosotros creemos que esta es una partida que vale la pena- para ayudar a la Federación catalana de vela para que pueda acometerse el proyecto Barcelona International Sailing Center, de gran
interés no solamente a efectos deportivos sino también a efectos de la promoción de la ciudad de Barcelona.
Finalmente, hay una partida que prevé dotar al Ayuntamiento de Girona para que se le pueda hacer la cesión de la antigua sede de la subdelegación del Gobierno, que hoy día está desafectada y que además está anexa a un colegio público que
tiene una gran falta de espacio, y lógicamente con esta cesión podría coadyuvarse a superar esta situación que preocupa a los gerundenses.
En relación con las enmiendas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos vamos a abstener y de las de Esquerra Republicana vamos a votar a favor de la 1993, 1994, 1996, 1998, 2307, 2308, 2309 y 2310 y respecto al
resto nos vamos a abstener, como también nos vamos a abstener en todas las enmiendas del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: A esta sección presentamos distintas enmiendas que doy por defendidas. Sin embargo, respecto a una de ellas, la 1719, sí que me gustaría dar una explicación por la importancia que para nuestro grupo
parlamentario tiene. Representa un aumento de 2 millones de euros para los gastos de Presidencia en materia de recuperación de memoria histórica y exhumación de fosas. Consideramos que es necesario para financiar las acciones que se han de llevar
a cabo por el Gobierno en el marco de la Ley 52/2007, cuyo texto fue impulsado por la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto del año 2004, en el sentido de que se facilitarán económicamente las exhumaciones y, en su caso, se agilizará
el traslado de los restos humanos cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos, tal y como establece la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
El pasado 11 de mayo de 2010 se aprobó una moción consecuencia de interpelación urgente en el Pleno del Congreso en la que se instaba al Gobierno, primero, a transformar y potenciar la oficina para las víctimas de la guerra civil y la
dictadura con sede en el Ministerio de Justicia para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de dicha ley tanto en el seno
de la Administración General del Estado como en las relaciones con las demás administraciones públicas competentes. Segundo, seguir facilitando el asesoramiento sobre los derechos, las condiciones y los procedimientos para el ejercicio de los
derechos de las víctimas que contempla dicha ley a través de la oficina de víctimas de la guerra civil y la dictadura.
Tercero y último, garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e
identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser esta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de administraciones y por
la Administración General del Estado con carácter subsidiario. Por ello, como decía al principio, reclamamos un alta de 2 millones de euros para los gastos relativos a este menester.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Doy por defendidas nuestras enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Pérez Tapias.
El señor PÉREZ TAPIAS: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista afronta el debate correspondiente a esta sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011 con los criterios que viene defendiendo, que son
austeridad y rigor en el gasto público; preocupación y ocupación en lo que se refiere a la cohesión social, prioritaria para este Gobierno que apoya el Grupo Parlamentario Socialista que, dicho sea de paso, es seguro que no es el Gobierno más
antisocial de la historia reciente como acabamos de oír en esta sala, más bien lo contrario, y me permito advertir de paso que hay que tener cuidado en cómo se utiliza el lenguaje, no sea que se agote o se lleve al doble lenguaje que criticaba
Orwell, queriendo decir lo contrario de lo que las palabras significan.
Preocupación y ocupación en lo que se refiere a la cohesión social es criterio básico para todos los presupuestos y también para esta sección y, por último, conformidad con lo
establecido por los planes de austeridad aprobados para hacer frente a la crisis reduciendo el déficit público.
La sección 25 es cuantitativamente menor -salta a la vista-, pero significativa y relevante por aquello a lo que afecta: Presidencia del Gobierno, Ministerio de la Presidencia, Portavocía del Gobierno y toda la serie de organismos autónomos
vinculados al Ministerio de la Presidencia.
Como todos sabemos, los criterios con los que se abordan las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios son especialmente exigentes, dado el rigor que nos imponemos y que deseamos que
se comparta. Por tanto, el tratamiento de las enmiendas es consonante con esa disminución del gasto del 17,38 por ciento que ya se da con respecto a 2010 en este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta sección pasa de algo más
de 926 millones de euros a 765 millones de euros. Aquí se ha dicho por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que se ocultan cifras y que no se trata de una reducción de más del 17 por ciento, sino de una reducción del 7,12 por
ciento. Agradezco el tono, pero tengo que insistir en que aquí no se oculta nada. A la vista está que ella misma ha podido hacer las cuentas correspondientes para decirnos ese resultado que también está claramente expuesto en los presupuestos.
Evidentemente, no se computa lo que el año pasado aparecía como dedicado a la Presidencia de turno de la Unión Europea. Eso es parte de la reducción, pero obviamente no se agota ahí; una reducción del 7,12 por ciento nos parece una cifra
suficientemente razonable para ser valorada como se merece. Recordemos, por otra parte, que los gastos de personal activo se reducen en un 5,2 por ciento a tenor de lo establecido para todos los empleados públicos en general.
¿Qué decir a partir de aquí sobre las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios? Agradezco a todos los portavoces sus intervenciones y el tono empleado. Comenzaré por las del Grupo Parlamentario Popular. En primer
lugar, diré una palabra sobre esa enmienda a la totalidad que no puede faltar en su guión relativa a esta sección 25 y que responde a ese espíritu negacionista con el que el Partido Popular y su grupo parlamentario abordan todo debate en estos
tiempos de crisis. No a cualquier pacto, no a la colaboración, no a apoyar aquello que sea exigible por el interés general. A ese espíritu del no responde la enmienda a la totalidad. Con tanta negación y tanta carencia de colaboración, al PP solo
le queda decir -me va a permitir el presidente que utilice un tono un poco coloquial-, parafraseando una famosa pintada anarquista de años atrás: Que se pare el Estado, que nos bajamos. Parece que quisieran que con tanta reducción el Estado -ese
Estado que sobre todo se reduce en cuanto a Estado social- se vaya reduciendo al Estado mínimo al que quizá en los sueños del PP algunos quieren apuntarse. Nosotros no queremos que se pare el Estado, sino que por el contrario siga funcionando bien
al servicio de los ciudadanos aun en estos tiempos de crisis.
Respecto a las enmiendas concretas del Grupo Parlamentario Popular, como bien ha dicho su portavoz, hay dos bloques muy señalados. Unas abundan en una reducción del 50 por ciento de gasto en lo que se refiere a la cantidad destinada a
personal eventual en el ministerio, en el ámbito de la Presidencia del Gobierno, en la Dirección General de Administración Pública, en la Administración periférica del Estado, en el personal del CIS y del Centro de Estudios Constitucionales y hasta
en las instituciones del patrimonio histórico. Con esa reducción del 50 por ciento, justamente a la mitad -a uno se le viene a la cabeza El vizconde demediado de Italo Calvino-, parece que quieren un Estado demediado, no solo mínimo sino partido
por la mitad en lo que a personal se refiere.
¿Por qué el 50 por ciento? ¿En qué se basa esa cantidad de la propuesta con que se quiere enmendar los presupuestos del Estado? ¿Y cómo se aplica la cantidad resultante? ¿Con menos sueldo a los
trabajadores o con menos puestos de trabajo? Quisieran que con menos puestos de trabajo, pero ¿quiénes abandonan sus puestos de trabajo? Por lo demás, no se han puesto a hacer experimentos en los lugares donde gobierna el PP: ayuntamientos,
diputaciones -y al respecto podríamos señalar algunas muy destacadas- y comunidades autónomas. En tales enmiendas se aprecia una vez más el tratamiento obsesivo que el Grupo Parlamentario Popular hace de la cuestión. Se le puede aplicar el
conocido dicho, del Antiguo Testamento incluso, de que de la abundancia del corazón habla la boca, como habló la boca de Rajoy cuando salió de su posición horizontal y se levantó para contarnos el guión que iba incubando en su tiempo de barbecho;
esa poda que puede acabar en una tala de la Administración, ese adelgazamiento de las administraciones públicas, esa revisión incluso del Estado de las autonomías. Bien podría decirse que se despertó de sus sueños permaneciendo al dictado de lo que
se decía desde otras instancias, como pueden ser ciertas personas de la cúpula empresarial o de otros sectores económicos. Quienes quizá tengan por libro de cabecera Camino de Servidumbre,
de Friedrich Hayek, portavoz de los planteamientos neoliberales, puede que no descubran la servidumbre a esas otras instancias.
Volvamos al tema: Eventuales. ¿Qué eventuales, cuando aquí estamos aplicando una ley del Gobierno de 1997, cuando gobernaba el Partido Popular? Cuando hablamos de estos eventuales nos referimos al 0,4 por ciento de empleados públicos, y
de ese 0,4 por ciento el 73 por ciento son funcionarios, lo cual quiere decir que, siendo eventuales o no, en los puestos que ocupan en determinado momento sus sueldos corren a cargo de la Administración del Estado.
El otro grupo de enmiendas habla de una reducción del 10 por ciento en gastos de protocolo, de palacio en el complejo de La Moncloa, de gastos corrientes de bienes y servicios incluso en el Consejo Superior de deportes, donde se habla de un
recorte del 10 por ciento para luego pedir un millón de euros más para reforzar las sedes del Campeonato Mundial de Balonmano que, por otra parte, ya pueden ponerse al día desde otras fuentes de gasto. ¿Qué decir ante tal reiteración de enmiendas
de contenido que más parece arbitrario que razonable? El gasto de palacio, por ejemplo, hay que decir que incluye instalaciones de muchísimos metros cuadrados, más de 8.000, aunque fuera solo espacio físico, parcelas de más de 60.000 metros
cuadrados, más todo lo que es el mantenimiento necesario para que cubran los servicios que están llamados a realizar.
Barajando y actualizando las cifras mediante el índice de precios al consumo se puede indicar que desde 1995 ha habido un
decremento real de gastos de palacio, como se dice, del 27 por ciento a día de hoy, y en protocolo del 30,86 por ciento, aplicando el mismo criterio.
Un comentario especial merece la enmienda sobre el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Cuando se habla de reducción del 50 por ciento del personal, un decremento de 706.600 euros, no se tiene en cuenta que se trata de 45
puestos de trabajo de personal interino en zonas de alta seguridad de residencia de Sus Majestades los Reyes, según relación de puestos de trabajo aprobada en julio de 2005. Se pierden de vista en la enmienda 591 del Grupo Parlamentario Popular las
previsiones para 2011, que ya presentan una baja de 1.211.690 euros respecto al ejercicio del presente año 2010. Por tanto, ya hay una reducción considerable, pero parece ser que se quiere más para bloquear el funcionamiento del patrimonio
histórico, y todos sabemos a qué se dedican buena parte de los edificios de ese patrimonio histórico.
Por no ser más prolijo de lo conveniente, voy a hacer un último comentario sobre la enmienda 587 del Grupo Parlamentario Popular acerca del apoyo instrumental a la negociación colectiva. No estamos de acuerdo y, como en otros casos, con más
razones aún votaremos en contra de la misma. ¿Por qué? Primero, porque la partida que recogen los Presupuestos Generales del Estado es de 1.281.000 euros y se mantiene desde 2008 en esa cantidad. Segundo, porque su finalidad es clara: los gastos
por actividades sindicales para fomento de la participación, de la negociación y de la formación de empleados públicos en órganos de negociación creados por la Ley 7/2007, y concretamente por lo previsto en el Estatuto básico del empleado público en
su artículo 36. A ello hay que añadir que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno están convencidos de la necesidad de la actividad sindical, respaldada por la misma Constitución de 1978 y de la conveniencia de potenciarla como elemento
fundamental del diálogo social y para la regulación de las relaciones laborales a través de la negociación colectiva. Dicho esto, quiero insistir en esta sede parlamentaria en el recuerdo que merece la figura de Marcelino Camacho, recientemente
fallecido, a quien le deben mucho no solo los trabajadores y el mundo sindical, sino toda la sociedad española por lo que ha hecho por los derechos laborales, por lo que ha hecho desde Comisiones Obreras por normalizar las relaciones laborales en
España y porque facilitó con su esfuerzo y su compromiso político y sindical la transición a nuestra democracia. (Aplausos.) Dicho esto, podemos ver por qué esta justificado nuestro voto negativo a las enmiendas del Grupo Popular.
Me detendré brevemente, señor presidente, en las enmiendas que han presentado otros grupos parlamentarios. En el caso de Convergència i Unió no podemos aceptarlas, no solo por criterios cuantitativos sino en algunos casos por criterios
sobre cuestiones de forma y de fondo. Casi todas las enmiendas son relativas, como ha señalado el portavoz Pere Macias, a instalaciones deportivas y no cabe pensar que su urgencia o necesidad sean tales en los casos que se presentan como para
alterar las previsiones presupuestarias. Decimos esto habida cuenta de las competencias autonómicas para tales casos y de las convocatorias de concurrencia competitiva que normalmente hace el Consejo Superior de Deportes para subvenciones, sobre
todo en relación con actividades y eventos deportivos de carácter internacional. Comentario más detallado exigen algunas de ellas, concretamente la 1335 sobre el fondo para selecciones autonómicas. La cuestión ha sido abordada la semana pasada en
un debate, si no recuerdo mal, en el Pleno de la Cámara, por tanto es una cuestión que no está zanjada en el sentido que quisiera Convergència i Unió. Por lo demás, no es función del Consejo Superior de Deportes la promoción de este tipo de
selecciones autonómicas, sino más bien la promoción de las selecciones nacionales. La enmiendas 1102 sobre el fondo del Instituto Nacional de Administración Pública para la Fundación aula d´estudis para los cargos electos locales es una cuestión
que podemos compartir en su finalidad, pero a ello añadimos que ese objetivo ya lo cubre el mismo INAP. Lo dicho respecto a las enmiendas de CiU relativas a estas instalaciones deportivas explica a su vez la negativa del Grupo Parlamentario
Socialista a aceptar enmiendas similares de otros grupos -y aprovecho para indicarlo-, de Nafarroa Bai, del Bloque Nacionalista Galego, de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana de Cataluña
y de Unión del Pueblo Navarro. Lo mismo vale lo dicho para la enmienda de Esquerra relativa a las selecciones autonómicas. Una cuestión que también merece un comentario es la enmienda relativa a la cesión del edificio de la subdelegación
del Gobierno de Girona. Es una cuestión que no corresponde ser planteada en esta sección, de ahí la negativa, aunque pudiera haber razones para compartir la intención de esa enmienda.
En el caso de Esquerra, las enmiendas 1993 y 1994, sobre formación de funcionarios de la Administración General del Estado en lengua propia de la comunidad autónoma, en este caso en catalán, hay que decir que ello entra ya en los planes
formativos del INAP, por ello se rechaza. En cuanto a la enmienda 1719 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la que se piden 2 millones de euros más para actividades relacionadas con víctimas de la guerra civil
y de la dictadura, concretamente para exhumaciones, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ya recoge 5.253.850 euros para esa finalidad, cantidad que consideramos adecuada para la previsión existente de subvenciones al respecto.
Una última cuestión respecto a las enmiendas presentadas que no vamos a aceptar desde el Grupo Parlamentario Socialista es la que plantea la enmienda de Unión, Progreso y Democracia respecto a supresión del CIS. Se alude como justificación
la falta de objetividad. Ante la ausencia de la señora Díez, por cortesía parlamentaria no voy a entrar en cuestiones que me suscita esta enmienda y que podían ser comentadas como respuesta.
Simplemente diré que el CIS trabaja conforme a lo que la
legislación establece y no solo con la objetividad con que se trabaja en sociología, en este caso en el conocimiento acerca de la realidad sociopolítica española, sino con una independencia que ha ido ganando el CIS de manera creciente respecto a la
independencia que tenía en etapas de anteriores gobiernos de España. La situación es análoga a lo que pasa, por ejemplo, con Radiotelevisión Española. Podríamos hablar de qué concepto de objetividad está manejando la señora Díez cuando dice que el
CIS no es objetivo.
En cuanto a las enmiendas que proponemos -y con esto termino- desde el Grupo Parlamentario Socialista y que obviamente apoyaremos con nuestro voto, las voy a mencionar explícitamente. La 2984 es una subvención a la Fundación Príncipe de
Asturias de 300.000 euros. Todos sabemos que se trata de la fundación que, entre otras cosas, convoca los premios Príncipe de Asturias para promover valores culturales, científicos y humanísticos, susceptibles de ser compartidos como patrimonio
universal.
La proyección de esos premios y de la fundación misma y por tanto de España que lleva esos premios no solo hacia dentro sino hacia fuera, es enorme y merece ese esfuerzo presupuestario. Hay otras enmiendas, algunas para infraestructuras
deportivas, dado el estado de deterioro y las deficiencias en lo que a ciertas instalaciones se refiere, en este caso la del polideportivo de Esplugues y las infraestructuras en Vitoria y Lantarón. Estas dos últimas se abordan mediante enmiendas
suscritas conjuntamente entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Vasco del PNV, cuya razón de ser, señorías, conocen de sobra, pacta sunt servanda, máxime si los pactos están motivados por el interés general. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Con esto terminamos el debate de la sección 25, Presidencia.
Pasamos al debate de la sección 20, Industria, Turismo y Comercio. Como suele ocurrir, habrá varios intervinientes en cada grupo, por lo menos los mayoritarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Popular, señor Erias.
El señor ERIAS REY: Vamos a intervenir Enrique Fajarnés, María Salom y yo mismo.
Respecto de la sección 20, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad porque consideramos que la distribución de los créditos y gastos de esta sección no garantiza la consecución de los objetivos que se
entienden necesarios; entre ellos, el crecimiento sostenido de la economía, la creación de empleo y la vertebración del territorio. Asimismo, las políticas que se presentan son -a nuestro juicio- continuistas en su gran mayoría, y se han mostrado
ineficaces a la luz de la evolución reciente de los sectores productivos de que trata esta sección 20. Las enmiendas del Grupo Popular a esta sección son tres de devolución a los principales programas. El primero de ellos, la enmienda 519, a la
totalidad del programa de gastos 431.A, promoción comercial e internacionalización, puesto que en estos momentos de parálisis en la actividad de todos los sectores productivos de nuestro país creemos que es más necesario que nunca potenciar la
actividad económica de España en el exterior. Como pensamos que lo que presenta el Gobierno no va en esta línea, pedimos la devolución de este programa. La enmienda número 520 es de devolución a la totalidad del programa de gastos 431.O,
ordenación y modernización de las estructuras comerciales, puesto que a pesar de que en la última mitad de la década de los años noventa y primera del actual siglo el comercio interior experimentó fuertes reformas liberalizadoras que se vieron
reflejadas en una mayor calidad en el comercio y en un incremento moderado de los precios, la situación actual es completamente contraria. Las políticas propuestas nos parecen inadecuadas y por ese motivo pedimos la devolución. La enmienda número
521 a la totalidad del programa de gastos, normativa y desarrollo energético, puesto que para nosotros la energía resulta fundamental para el mantenimiento del Estado sostenible del bienestar, y los ciudadanos españoles se están viendo afectados por
las subidas de los precios, las amenazas a la seguridad del suministro energético y los cambios en el clima de nuestro continente. La energía sostenible, competitiva y segura es uno de los pilares básicos sobre los que debe apoyarse nuestro sistema
económico. Por ese motivo,
por creer también que no cumple los objetivos, presentamos esta enmienda.
Con respecto a las enmiendas de otros grupos, rechazamos todas las presentadas por los demás, excepto la 760 de CiU, que tiene que ver con que antes de finalizar el primer trimestre de 2011 se renovara el Plan 2000E con 150 millones de
euros. Esta enmienda es muy importante por ser el sector de la automoción un sector estratégico para el desarrollo de nuestra industria. Del mismo modo, apoyamos la enmienda 1008 de CiU relativa al ICEX, Instituto de Comercio Exterior, que
pretende suplementar con 10 millones de euros las operaciones de capital de este instituto. Por último, la enmienda 1629 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que propone reformar antes de final de 2011 la Ley de
envases, residuos y embalajes cuyo objetivo sea la prevención y reducción de los envases y sus residuos, así como de su impacto en el medio ambiente y la gestión de los mismos a lo largo de todo su ciclo de vida. Estas son las tres enmiendas que
vamos a apoyar en coherencia con las enmiendas parciales que nosotros hemos propuesto.
(Continúan los rumores.) Asimismo rechazamos el resto de las enmiendas que se corresponden a partidas nominativas y que suponen un aumento de gasto o que incluso
en algún caso llegan a recurrir a la emisión de deuda pública en momentos tan delicados para España y para nuestras cuentas públicas como los actuales. Por tanto, el Grupo Popular es coherente con las enmiendas de política económica presentadas,
que están orientadas básicamente como acabo de decir a la consecución de los objetivos de crecimiento, desarrollo, creación de empleo y mejora de la competitividad, todos ellos a nivel general, es decir nacional.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Fajarnés a continuación, ruego silencio, por favor; los que están haciendo grupos, por favor, salgan fuera a hablar.
Tiene la palabra.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Defenderé nuestras enmiendas a la Secretaría de Estado de Telecomunicación y Sociedad de la Información. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado unas enmiendas que persiguen aliviar el recorte del año 2009 que
llegó hasta un 70 por ciento de las ayudas a las empresas privadas del Plan Avanza y que resultan desde nuestro punto de vista indispensables para poder cambiar el modelo productivo, mejorar su competitividad y salir así de la crisis. Las altas de
dichas partidas que hemos realizado se efectúan con cargo a las transferencias y préstamos a entidades públicas como Red.es, Inteco y Cenatic, al considerarse más conveniente realizar convocatorias públicas desde el propio ministerio. Con las
enmiendas al articulado que presenta el Grupo Parlamentario Popular en materia audiovisual pretendemos obtener un ahorro sustancial, al suprimirse el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el CEMA, y encomendarse sus competencias al Comité
audiovisual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, así como limitar el número de canales de Televisión Española a un canal múltiple y digital, limitando en consecuencia el techo de gasto de la corporación Radiotelevisión Española a
1.000 millones de euros, con lo que se ahorrarían aproximadamente unos 200 millones de euros.
Con respecto a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios referentes a la sociedad de la información y telecomunicaciones nos abstendremos en todas, con excepción de la 123 que presenta el Grupo Mixto, que votaremos en contra, y la
1953 de Esquerra Republicana, que también votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señoras y señores diputados, los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene no son las cuentas que necesita el sector turístico español, porque en ellas no existe una prioridad de Estado hacia la segunda
industria de nuestro país y además consideramos que es un error en estos momentos que se contemple en los presupuestos del año que viene un incremento generalizado de las tasas aeroportuarias en torno a un 10 por ciento. Nos parece que en estos
momentos es un ataque, una agresión a una industria tan importante como la del turismo. En este sentido desde el Grupo Popular hemos planteado una serie de enmiendas. Una de ellas pretende que el turismo sea considerado un sector estratégico
prioritario y de primera magnitud en nuestro país. Se propone la creación cuanto antes de un plan nacional de turismo. A la vez, consideramos que hay que impulsar mucho la reconversión de determinadas zonas maduras que hay en España, tanto en la
playa de Palma como en San Bartolomé de Tirajana, en las islas Canarias, y en la Costa del Sol. A la vez, a nivel de paradores hay que impulsar, potenciar y hacer el esfuerzo de poner las piezas necesarias para que los paradores de Muxía y de
Guadalajara sean una realidad. Asimismo, en un momento de crisis, de dificultad económica, en un momento en que hay que intentar dinamizar la economía en nuestro país resulta importante una reducción selectiva de impuestos. En este sentido, en
materia turística es fundamental la reducción del IVA turístico al 4 por ciento. Desde el Grupo Popular hemos planteado una serie de enmiendas en las que solicitamos al Gobierno de la nación un IVA superreducido del 4 por ciento para el sector
turístico, puesto que consideramos que en un momento como el actual permitiría que ese sector, la segunda industria de nuestro país, fuera mucho más competitivo. Asimismo, frente al incremento del 10 por ciento de las tasas aeroportuarias
planteamos una reducción del 50 por ciento de las mismas en nuestro país. Señorías, esas son las enmiendas más importantes que planteamos en el Grupo Popular, y a la vez me gustaría
decir que vamos a apoyar la mayoría de enmiendas que presentan los otros grupos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario tiene planteadas a esta sección número 20 relativa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio alrededor de quince enmiendas en la dirección de potenciar
determinados organismos y secciones para implementar una política más solvente en los aspectos relativos a sectores estratégicos -al menos esta es la posición de Convergència i Unió-, como es el exterior, y potenciar al máximo la
internacionalización de nuestra economía para posibilitar que el máximo número de empresas que componen el tejido industrial español puedan internacionalizarse en la próxima década. En este sentido, hay una enmienda nuclear que propone dotar de más
recursos al ICEX, sociedad pública que depende del Ministerio de Industria, que en definitiva tendría que ser la escuela de negocios en la internacionalización del tejido productivo español.
Curiosamente en muchísimas ocasiones tanto el presidente
del Gobierno como el ministro de Industria, y otros, se han llenado la boca diciendo que uno de los retos y objetivos fundamentales de la economía española es internacionalizar nuestra economía con el fin de compensar la falta de consumo interno que
se producirá en las próximas décadas, motivada fundamentalmente por la crisis del sector de la construcción y del sector inmobiliario, por lo que habría que priorizar el sector exterior. Pues bien, precisamente a través de estos presupuestos que
consideramos muy nocivos para la economía al Gobierno no se le ocurre otra cosa que recortar drásticamente los recursos del ICEX destinados a implementar una política internacional mucho más solvente. Es en este punto donde pretendemos destinar más
recursos al Estado, y eso a pesar de que a veces se nos pueda acusar a los partidos nacionalistas de que no fomentamos políticas a nivel de Estado para dinamizar nuestra economía. En este caso vamos a intentar incrementar los recursos del
Ministerio de Industria para potenciar la internacionalización de la economía española. El año pasado a través de esta enmienda conseguimos la complicidad del resto de formaciones políticas así como la del grupo parlamentario que da soporte al
Gobierno para dotar de más recursos al ICEX; vamos a ver si ahora a lo largo del trámite de Comisión o en el trámite de Pleno somos capaces de dotar de más recursos al ICEX para que también se vea beneficiada nuestra economía, pero básicamente las
pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen más dificultades para exportar. Por tanto, apelo a la sensibilidad del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a don Jesús Alique, para ver si entre todos somos capaces en los próximos diez
o quince días de convencer al Gobierno de que es necesario dotar de más recursos al ICEX. Hay otro aspecto que ya hemos manifestado en determinadas ocasiones, y es que sería interesante que en nuestra política industrial el sector del automóvil
pudiera tener más recursos para que la crisis que le afecta, que hasta la fecha es coyuntural, no se transforme en estructural en los próximos años. Lo hemos discutido esta mañana y no hemos tenido éxito.
Las otras enmiendas que hemos planteado tienen quizás un sentido más territorial, como podrían ser el que impulsa al Instituto Catalán de Industrias Culturales; al Ayuntamiento de Vic para la reforma y nueva ubicación del mercado municipal;
al Ayuntamiento de Calella para la feria multisectorial de esta localidad; a la Generalitat de Catalunya con ayudas para la reconversión industrial en Terres de l'Ebre; a Cardona para el proyecto de balconada de la Vall Salina; a l'Anoia para la
construcción del Campus del Motor; al Ayuntamiento de Vic para el soterramiento de las líneas eléctricas; a la exposición de España en el pabellón Manège de Moscú, aprovechando el Año internacional de España en Rusia para intentar también fomentar
las exportaciones a esta país tan importante; al Ayuntamiento de Riudecanyes; a la construcción de un nuevo parador en Tossa de Mar; a la Seu d'Urgell para la creación de un anillo de fibra óptica para servicios de telecomunicaciones; al
polígono industrial y tecnológico del Ayuntamiento de Seu d'Urgell; al Instituto Catalán del Suro para proyectos de investigación, y finalmente al Ayuntamiento de Calonge para la finalización del proyecto nuevo pabellón ferial. Creo que en algunas
de estas enmiendas territoriales vamos a tener la suerte de poder llegar a un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista. Les agradecería que nos las hicieran llegar lo antes posible para poder darles nuestra conformidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Las doy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Doy por defendidas las enmiendas 2610, 2611 y 2612, y voy a centrar mi intervención muy brevemente en la defensa de las otras cuatro enmiendas que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego a esta sección. Todas
ellas tienen un denominador común, que es dotar con más fondos a programas dependientes del Instituto de la Minería para la reactivación económica de las comarcas dependientes de la minería del carbón y para dotar de más fondos a la Fundación para
el desarrollo de la formación de las comarcas mineras destinados a la formación de trabajadores en las mismas. En particular, concedemos una extraordinaria importancia a la enmienda 2609, en la que
proponemos un nuevo proyecto para dotar con 60 millones de euros un programa especial de reactivación económico de las comarcas mineras del carbón de la Comunidad Autónoma de Galicia. Estas enmiendas tienen desde nuestro punto de vista una
doble virtualidad: por un lado, contribuir a la diversificación de la actividad económica de las comarcas altamente dependientes de la minería del carbón para asegurar su sostenibilidad económica futura y, por otro, dotar específicamente a las
comarcas gallegas de As Pontes y Meirama de un fondo que contribuya a resarcir a estas comarcas de los efectos traumáticos que tiene la aplicación del decreto del carbón para la economía de estas comarcas. En este sentido, quiero congratularme de
que por decisión judicial, a efectos prácticos de aplicación, este decreto esté en estos momentos en suspenso. El BNG considera que la única solución de futuro para estas comarcas pasa por la modificación de los contenidos básicos de un decreto que
perjudica ostensiblemente a Galicia, además de que desde nuestro punto de vista es total y absolutamente incongruente con una estrategia energética que dice defender su sostenibilidad económica y medioambiental. Por tanto no nos situamos en el
terreno de las compensaciones por considerar que lo básico es asegurar el futuro de una actividad económica de la que depende la economía de estas comarcas gallegas a las que he hecho alusión. En cualquier caso teniendo en cuenta la situación por
la que están atravesando, es necesario un programa específico que fomente la diversificación de sus actividades económicas. Estas son las enmiendas que ha presentado el BNG a esta sección y solicito de sus señorías su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista van a intervenir varios diputados o diputadas, pero la primera va a ser doña Lourdes Muñoz.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Señor presidente, yo trataré el tema de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que tiene una partida de 1.116 millones de euros. Se mantienen los principales programas como
el Plan Avanza 2, recogido en la estrategia 2011-2012 con 232 millones de euros; y la línea ICO-Plan Avanza para financiación de equipamientos TIC de ciudadanos y empresas. Asimismo quiero remarcar la importante apuesta que ha realizado este
Gobierno en los últimos años por el desarrollo de la sociedad de la información con el Plan Avanza, que ha supuesto la movilización de más de 12.000 millones de euros entre 2005 y 2010. Este año mantenemos una apuesta importante con los 1.100
millones de euros. (Rumores.) Si bien supone una cierta bajada dado el contexto de reajuste presupuestario para conseguir los objetivos de este presupuesto, que son la austeridad, la eficiencia y las reformas estructurales, presupuestamos más del
doble por ejemplo del que dedicaba el Partido Popular en el último año de su Gobierno, el 2003.
A este presupuesto directo que aporta la secretaría de Estado en ciudadanos, administraciones públicas y empresas deberíamos añadir la apuesta que ya están empezando a hacer otros presupuestos en modernización y desarrollo de la
Administración pública TIC. Hasta ahora era el Ministerio de Industria quien más lo impulsaba, pero otros departamentos recogen ya un total de 78 millones de euros en innovación TIC y será la entidad pública Red.es quien los gestionará, por ejemplo
la Red IRIS, el programa Sanidad en línea del Ministerio de Sanidad y el programa Educación en red. Ha habido una cierta bajada por el gran esfuerzo realizado durante los dos últimos años para el despliegue y el tránsito a la TDT, realizado con
éxito hasta abril de 2010, que ahora ya no tiene sentido porque estamos en la televisión digital terrestre.(Rumores.)
Comentaré brevemente alguna de las enmiendas presentadas y comenzaré por algunas de las de nuestro grupo. El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de la parte social de la sociedad de la información y telecomunicaciones,
370.000 euros para la Fundació Privada del Foment de la Societat del Coneixement, el citilab de Cornellà, que es un proyecto emblemático, un laboratorio de la ciudadanía y las tecnologías y de empoderamiento de la ciudadanía del uso de las
tecnologías libres y la creación de empresas desde el espacio y la filosofía open. Asimismo comentaré algunas enmiendas de otros grupos. Casi todas las enmiendas o todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular suponen un incremento del gasto
corriente. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Muñoz.
Ruego por favor silencio para que podamos escuchar a la diputada.
Continúe.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Como digo eso nos parece un poco incoherente porque hemos de conseguir mantener y sobre todo reducir el déficit público. Comentaré en ese sentido las enmiendas 526 y 528 que suponen un incremento de las partidas
de Cenatic, dedicado al software de fuentes abiertas y al desarrollo del software, y de Inteco, para la seguridad pública. Les agradecemos que por fin den un apoyo público y explícito a estos organismos que ha creado precisamente este Gobierno.
Siguen con sus planes aunque ha habido una cierta restricción presupuestaria pero tienen el presupuesto suficiente para seguir con los proyectos empezados en los últimos años. La 529 y la 530 proponen un traspaso muy importante de proyectos
emblemáticos que hace Red.es con administraciones públicas y entes locales a favor de la ciudadanía y del desarrollo de infraestructuras. Todo esto lo darían de baja y lo traspasarían a ayudas a la empresa privada. No estaríamos de acuerdo porque
esto ya existe, puesto que siguen manteniéndose las ayudas Avanza para el desarrollo y equipamiento del sector TIC en el conjunto de las empresas. La enmienda 997 de Convergència
i Unió supone 3 millones de euros para el Instituto Catalán de Industrias Culturales. Se considera que en los últimos años se ha hecho una gran apuesta por este tema y se ha otorgado una gran dotación presupuestaria, ya que se han aportado
18 millones de euros desde el 2006 al 2009.
Sobre la enmienda 2050 de Esquerra Republica que supone un incremento, una partida específica para el desarrollo de la televisión digital terrestre y para la cobertura de los espacios llamados sombra, no estamos de acuerdo ya que la Ley de
medidas urgentes de las telecomunicaciones de 2009 marcaba la plataforma satelital y por tanto la recepción de la línea vía satélite como la solución para lograr la universalización y no la vía terrestre. Las zonas que ustedes marcan aquí serían
para recepción vía satélite. Tampoco apoyaríamos la enmienda de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de aportar 3,7 millones de euros a Acció Cultural del País Valencià. Sobre todo quería poner el acento en la
justificación que hacen de la enmienda porque dicen que este presupuesto hace que TV3 no se pueda recibir en el País Valencià, y no compete a este presupuesto, ni a este Gobierno, ni a esta Administración; será en todo caso la Generalitat
Valenciana, gobernada por el Partido Popular, la que hizo que Acció Cultural no pudiera emitir.
Si no tienen licencia -como saben ustedes las licencias de este nivel, de un ámbito inferior al autonómico, las pueden otorgar las comunidades
autónomas, y supongo que estaremos de acuerdo en respetar las competencias autonómicas- no tiene mucho sentido dar esa dotación presupuestaria puesto que no pueden realizar la emisión.
Aquí dejaríamos el comentario de las enmiendas de otros grupos reafirmando la línea de austeridad pero siguiendo con la importante apuesta por el Plan Avanza.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Intervengo en nombre de mi grupo para hablar del área de energía e industria de la sección 20 de los Presupuestos Generales del Estado. En primer lugar, quiero hacer referencia a la enmienda a la totalidad que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular para decir que la rechazamos porque no plantea medidas alternativas concretas que sean aceptables en un contenido admisible de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata únicamente de una serie de
consideraciones generales relativas a la política industrial y energética que desarrolla el Gobierno de España. En segundo lugar, quiero decir que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, y en concreto los del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, se ciñen a la realidad, es decir son unos presupuestos reales. ¿Por qué digo esto? Por dos cuestiones, la primera porque es un presupuesto austero como corresponde a la situación económica actual, y por eso hay una
importante reducción del gasto público y de manera muy significativa del gasto corriente para cumplir el objetivo del conjunto del presupuesto de reducir el déficit público al 6 por ciento. En segundo lugar, establece un importante avance en las
reformas estructurales e impulso al cambio de patrón de crecimiento económico-productivo, por ello en la sección 20 del presupuesto se contemplan varias partidas para continuar con el apoyo a la eficiencia energética como uno de los ejes de la
política energética del Gobierno, en concreto a través del IDAE, y también con un plan de apoyo a las empresas de servicios energéticos basado en la colaboración público-privada y materializándolo en los edificios públicos.
En lo referente a industria hay una serie de programas nuevos que me gustaría destacar porque van en la línea de la filosofía de la ley de economía sostenible, que va a ayudar lógicamente a la recuperación económica y también a cambiar ese
patrón de crecimiento económico-productivo: en primer lugar, el Fondo de inversión para la internacionalización de nuestras empresas; en segundo lugar, se crea un plan de crecimiento empresarial con 18,5 millones de euros, que es una clara apuesta
por las pequeñas y medianas empresas, para fortalecerlas y que jueguen también un papel fundamental en la recuperación económica, con un plan de apoyo integral dotado con 1.000 millones de euros que va a beneficiar a unas mil pequeñas y medianas
empresas españolas; en tercer lugar, se pone en marcha un nuevo programa de jóvenes emprendedores de 20 millones de euros, por el que van a recibir préstamos participativos de manera ventajosa aquellos jóvenes que quieran abrir algún negocio en el
año 2011; y existe un cuarto programa, muy potente, de 670 millones de euros para la implantación y el desarrollo del vehículo eléctrico en España, que es un claro apoyo a la industria del automóvil, a las renovables, a la reducción de la
dependencia energética y a la reducción de emisiones de CO2.
Por otra parte, estos presupuestos prevén programas de impulso a la competitividad de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo de la nueva economía industrial para que sea más fuerte y sostenible, con 466 millones de euros;
y, por supuesto, debemos resaltar el apoyo que se hace un año más a los programas de reconversión y reindustrialización dotados con 463 millones a favor de la dinamización económica y social de aquellas zonas con pérdida de tejido industrial.
Por
supuesto, se continúa con la línea ICO para sectores del textil, del calzado, del mueble, de la madera, del juguete, etcétera. Creo que todas estas son razones suficientes para rechazar la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular.
En cuanto a las enmiendas parciales por grupos, hay algunas, concretamente del Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y también de Nafarroa Bai, que piden como en años anteriores la supresión, bien directa o
indirectamente, del programa de apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la
defensa. Volveré a repetir lo que dije el año pasado. Estos programas impulsan procesos de asimilación, transformación y transferencia de tecnología hacia otras empresas y sectores industriales, y en la práctica está ocurriendo que hay
transferencia de tecnología a través de estos programas a sectores civiles como la aeronáutica o las telecomunicaciones. Por tanto, no podemos admitir estas enmiendas. Hay otras, también de este grupo y de CiU, referidas a los sectores
estratégicos. Quiero recordar que hay un programa que anualmente se convoca al que se pueden acoger. Igual ocurre con las enmiendas que se han presentado por distintos grupos, especialmente Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y CiU, referentes a proyectos de reindustrialización; cada año sale la oportuna convocatoria y no es necesario individualizar esos programas, aunque luego haré referencia a algunas enmiendas que han presentado estos grupos. Estos piden
también actuaciones concretas en el territorio para sectores como el mueble, la madera o el corcho. Quiero recordar que ya hay una línea ICO 2009-2011, dotada con 150 millones de euros, así como un conjunto de medidas de carácter financiero, fiscal
y laboral para ayudar a la competitividad y la modernización de los sectores manufactureros tradicionales. Hay otras enmiendas que, bien porque están presentadas técnicamente mal o porque se refieren a dotaciones que corresponden a otros
ministerios como el de Ciencia e Innovación, no se pueden admitir.
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y CiU presentan algunas enmiendas relativas a que el presupuesto público sufrague determinadas infraestructuras
energéticas que corresponden como competencia a las compañías eléctricas, y por tanto no se pueden admitir.
No querría terminar sin hacer mención a unas enmiendas que presentan el BNG e Izquierda Unida sobre el Plan del carbón 2006-2012 y decirles que la dotación que contempla el Presupuesto General del Estado para el año que viene es de 1.078
millones de euros y que en el marco de austeridad presupuestaria es cantidad suficiente para el cumplimiento de dicho plan.
Pese a lo comentado anteriormente, hay algunas enmiendas de Convergència i Unió y de Esquerra Republicana que tienen que ver
con reindustrialización, con sectores del mueble y del corcho fundamentalmente que están pendientes y sobre las que espero llegar a una transaccional y poder aprobarlas.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, para finalizar, doña Miriam Muñoz.
La señora MUÑOZ RESTA: Prometo ser breve, vista la hora y que todavía quedan bastantes secciones por debatir.
Me gustaría que me permitiesen sus señorías tranquilizar al PP, especialmente a la señora Salom y al señor Fajarnés, puesto que son compañeros de islas -la señora Salom es de Mallorca y el señor Fajarnés de Ibiza-. Es verdad que aprovechan
la ocasión en cada Comisión en la que se tratan temas de turismo para hablar de las tasas aeroportuarias.
Señores, tranquilícense, confíen no les diré en el ministro de Industria, Turismo y Comercio ya que no tiene gran poder en este asunto, sino
en el señor Blanco que es quien está trabajando en estos temas. Asimismo, les pediría apoyo para el Grupo Parlamentario Socialista en el tema de las tasas aeroportuarias porque, como sabrán y habrán visto, también están trabajando muy bien en este
sentido.
Pasando al tema que nos ocupa, que son los presupuestos, quiero decir que los presupuestos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el ejercicio 2011 responden a tres líneas estratégicas fijadas por el Gobierno: una sería la
austeridad y la eficiencia en el gasto público; la segunda, el avance hacia las reformas estructurales, y por último, el impulso al cambio de patrón de crecimiento productivo, todo esto con un objetivo, que es el de reducir el déficit público al 6
por ciento del PIB el año que viene. En este sentido, querría preguntar a la señora Salom, que ha sido quien ha intervenido en temas de turismo, pero veo que no está, así que me gustaría que conste en el 'Diario de Sesiones', me gustaría saber cómo
resolverían ellos la ecuación si lo que quieren es reducir ingresos y por otro lado subir los gastos, cuál sería la solución o la fórmula mágica para reducir el déficit. Aun así, a pesar de la insistencia de su portavoz, el ministerio sigue
trabajando y ha hecho unos presupuestos con ese objetivo.
Para 2011 el presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio asciende a 628 millones de euros, presupuesto suficiente para mantener los proyectos estratégicos puestos en marcha en ejercicios anteriores. Un ejemplo sería el Plan
FuturE, que tiene una dotación de 300 millones de euros, que servirían para el fomento e inversión en mejoras de la eficiencia energética en la implantación de nuevas tecnologías en instalaciones turísticas. Otro de los objetivos sería permitir
continuar avanzando en la aplicación del Plan del turismo español horizonte 2020 gracias a la consolidación del Fomit, que promueve la inversión de las administraciones locales en los destinos turísticos; en 2011 se destinan para esta partida 145
millones de euros. El Instituto de Turismo de España, Turespaña, consigna una dotación de 152,73 millones de euros, y cabe destacar que la inversión en la campaña internacional de producción del turismo español se ha mantenido respecto a la
dotación de 2010 en una cantidad de unos 39,5 millones de euros. Creo que estas son razones suficientes para no apoyar las enmiendas que han presentado.
Para finalizar me gustaría tener dos minutos para hablar sobre temas de comercio, tanto comercio interior como comercio exterior, que también están relacionados con esta Comisión. Veo que se olvida muchas veces este sector, por lo que
queremos dejar patente desde el Grupo Socialista que sobre comercio interior hay que destacar los 11 millones que hay para el Fondo de ayuda al comercio interior, con una finalidad, que es favorecer en
todos sus aspectos la situación competitiva del pequeño comercio minorista. También hay que destacar el mantenimiento de las dotaciones previstas para la mejora de la productividad y la competitividad en el comercio, con 5,7 millones; el
objetivo es la mejora de la eficiencia y competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales para lograr un equilibrio en la estructura del sector y un desarrollo equilibrado y sostenible de la estructura urbana de nuestras ciudades.
Por último, querría dar tres pinceladas sobre comercio exterior. Me gustaría destacar que el presupuesto es de 579,96 millones de euros y la importancia crucial de apoyo a la internacionalización en el momento económico en el que nos
encontramos. El sector exterior se está consolidando como un importante motor de la recuperación económica; este apoyo a la internacionalización de empresas españolas se va a reforzar, ¿cómo? Con un nuevo fondo para el apoyo más flexible y
adaptado a las necesidades del mercado con una dotación de 316 millones de euros. Este fondo financiará operaciones de interés especial para la estrategia de internacionalización, tales como las exportaciones e inversiones directas españolas, como
los estudios de consultoría asociados y otras operaciones que contribuyan a la internacionalización de la empresa. También me gustaría comentar que el ICEX cuenta con la segunda partida del presupuesto de apoyo a la internacionalización, con una
dotación de 186 millones de euros. Estas son razones suficientes para no apoyar las enmiendas presentadas. Me gustaría decir que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sobre todo la sección de Turismo y Comercio, ha hecho un gran esfuerzo
a la hora de presentar estos presupuestos. Creo que son razonables, son austeros y entran dentro de los objetivos presentados tanto por el Gobierno como cada uno de los ministerios.
Como le he prometido, señor presidente, creo que he sido suficientemente breve, pero concisa.
El señor PRESIDENTE: Hemos visto ya todas las secciones, pero, por lo que me informan los letrados, a pesar de que es público y notorio que llevan trabajando mucho rato y todos ustedes lo están viendo, sin embargo parece ser que hasta las
ocho como mínimo no podríamos votar. Entonces, podríamos seguir con las secciones de Fomento o Medio Ambiente si estuvieran presentes sus portavoces para ir ganando tiempo. ¿Están presentes los portavoces de estas secciones de los diferentes
grupos parlamentarios? (Pausa.) Parece ser que no están todos los portavoces en la sala. Por tanto, vamos a suspender cinco minutos la sesión. Son las siete y veinticinco, a las siete y media reanudamos, espero que con las sección de Fomento y,
si no, con Medio Ambiente. (Pausa.)
Vamos a reanudar la sesión. Como habíamos señalado, están ya los portavoces de la sección 17, Fomento, vamos a comenzar con ella. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Ayala, para
defender sus enmiendas.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, me corresponde defender las enmiendas a la sección 17 del Grupo Parlamentario Popular. Queremos destacar que el Grupo Parlamentario Popular en los presupuestos de 2011 ha hecho un ejercicio de
auténtica responsabilidad. Podíamos haber hecho cualquier otra cosa. Era un momento que podríamos haber utilizado para un mayor desgaste de un Gobierno en sus peores horas bajas. Como digo, hubiera sido muy fácil hacer enmiendas parciales de
aumento de gasto, enmiendas que supusieran compromisos territoriales difíciles de defender por los diputados en cada una de las circunscripciones. No hemos hecho eso. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.) Hemos hecho
un ejercicio de coherencia, un ejercicio de amplitud de miras y un ejercicio en sentido de Estado para demostrarle a la ciudadanía -no pretendemos ya a los diputados del Grupo Socialista- que con estos presupuestos del Ministerio de Fomento, al
igual que con los de las otras secciones, España no va a ningún sitio, porque hay un auténtico abandono de la inversión en una política equivocada de hacia dónde hay que dirigir el gasto y la visión que el Ministerio de Fomento ofrece a todos los
españoles es patética. La ejecución presupuestaria y la licitación del ejercicio 2010 no hacen más que abonar un campo ya bastante desahuciado y la programación de las anualidades de las pequeñas y pocas obras que están en marcha desde luego no
augura más que algo que venimos sosteniendo y defendiendo desde el mes de mayo, que la política de infraestructuras del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, defendida y jaleada por el señor Blanco, nos lleva a aumentar en más de medio millón los
parados que existen en España en este momento. Por tanto, el Grupo Popular solo ha presentado cuarenta y dos enmiendas, y quiero destacar la diferencia con otras anualidades. Encima, por cuestiones técnicas, de esas cuarenta y dos enmiendas,
veintitrés corresponden a autoridades portuarias y diez corresponden al articulado de las tasas aeroportuarias.
Así pues, en realidad el Grupo Parlamentario Popular lo que presenta son nueve enmiendas al Ministerio de Fomento, nueve enmiendas que
lo que tratan es de hacer patente la inexistencia de una política, hacer patente el abandono de la inversión y, por tanto, priorizar y hacer ver al Gobierno la necesidad de cambiar la orientación de la política presupuestaria que hace referencia a
esta sección.
La enmienda número 451, que es la de totalidad a la sección 17, con todos los organismos del Ministerio de Fomento, la defenderemos en el Pleno, por lo que no voy a hacer mención alguna de la misma. Sí voy a hacer referencia a lo que
significan las otras enmiendas, que van dirigidas a los modos de transporte. Es obvio que en materia ferroviaria, donde el Gobierno sigue tratando de blasonar la defensa a ultranza de este medio de transporte, las inversiones se reducen de una
manera muy importante y fundamentalmente con grave desequilibrio territorial. Hay regiones en las que las inversiones bajan hasta un 77 por ciento, como por ejemplo en Cantabria,
y otras en las que hay un descenso superior al 25 por ciento, todo ello sin olvidar que los dos elementos instrumentales que el Gobierno utiliza permanentemente para estas infraestructuras, como son ADIF y una parte de Seittsa, tienen una
reducción sustancial del 42 por ciento, el 40 por ciento en Seittsa, y lo mismo en lo que se refiere a ADIF. Por lo tanto, vemos que no es cierto que el ministerio mantenga la apuesta por este modo de transporte. Lo que pretende el Partido Popular
es que el Ministerio de Fomento reprograme las obras relativas a este medio de transporte, al igual que en las demás, de acuerdo con su situación y sus necesidades reales. Así pues, hacemos una referencia expresa a aquellos tramos que necesitan esa
atención especial para que no se produzca en España la situación que el señor Blanco está propiciando, y es que existe la España de tres condiciones: los que tienen el AVE en condiciones normales, los que van a tener altas prestaciones en un plazo
relativamente cercano aunque ya muy retrasado de lo que estaba previsto, y aquellos otros que se van a tener que conformar sin nada. Por tanto, esa política socialista de hacer ciudadanos de primera, de segunda y de tercera no puede tener encaje en
unos presupuestos de un ejercicio como el del año próximo, en el que la crisis va a seguir castigando a nuestro país.
No voy a hacer referencia expresa a cada uno de los corredores, pero sí mencionaré una obra que habíamos incluido dentro del corredor norte- noroeste como alta velocidad, la de Madrid-Ávila-Salamanca. Dicho corredor -hemos cometido un
error, y así lo reconozco- debía estar en la red convencional. Ahora bien, que no quiera el Partido Socialista hacernos creer que por haberle dedicado 50.000 euros a esta obra en sus enmiendas parciales, los ciudadanos de este corredor pueden
quedar satisfechos. Para quedar bien con los ciudadanos hay que llenar los platos. Los platos vacíos de las enmiendas parciales que el Grupo Socialista ya ha incorporado al dictamen de esta ponencia desde luego no son de atención. Cuestión
parecida podríamos señalar en cuanto a la enmienda 453, que precisamente se refiere al programa 453.B y C y a la parte correspondiente de Seittsa, referida a la red viaria de alta capacidad. No es posible que cuando se está hablando del
mantenimiento de la red existente y vemos que desaparece totalmente la inversión en obras nuevas de carreteras, la conservación baje un 13,7 por ciento. Si se ha estado blasonando permanentemente de que se ha de alcanzar el 2 por ciento del valor
de la red en conservación y mantenimiento, difícilmente se puede justificar ahora una bajada del 13,7. Asimismo, estamos señalándole y significándole al Gobierno cuáles son las obras que se deben de reprogramar y volver a traer a este Congreso,
referidas a cada uno de los corredores y de las comunidades autónomas. Quería hacer especial referencia tanto a la conservación y medio urbano como a los accesos a puertos y aeropuertos que se señalan por parte del Gobierno pero que luego quedan
totalmente abandonados. Hay algunos puertos y aeropuertos que deberían tener una mayor atención y, en concreto, creemos que tanto la bahía de Algeciras como los puertos de Melilla y de Ceuta, por razones que no creo que sea necesario explicitar en
esta Comisión, deben de tener un mejor trato por parte del ministerio, así como algunos aeropuertos. No quiero hacer mención concreta de ninguna obra, pero sí hacer referencia a la filosofía que informa las enmiendas del Grupo Popular.
Quería hacer alguna referencia, si me lo permite, señor presidente, a las veintitrés enmiendas que se refieren a las correcciones de errores sobre la aplicación de las tasas en puertos de la reciente Ley 30/2010. Creemos que serán admitidas
por el Grupo Parlamentario Socialista puesto que se trata de simples correcciones de errores interpretativos que no tienen mayor importancia. También quería hacer referencia a una cuestión importante. El Gobierno trata de defender su menor
inversión, su reducción importante en la licitación y, por supuesto, el deslizamiento de las anualidades en el Plan extraordinario de infraestructuras. Señores diputados, señores de los distintos grupos parlamentarios, el Plan extraordinario de
infraestructuras se ha convertido en un placebo. El Plan extraordinario de infraestructuras no es más que una cortina de humo para diferir aquellas cuestiones que no se saben o no se pueden abordar.
Este plan no es un plan de colaboración
público-privada. Este plan no es una demostración de la modernidad de nuestro modelo de gestión financiera y nuestra necesaria comunión entre el Gobierno, las empresas y el sector financiero. No es más que un vulgar aplazamiento a treinta años de
una serie de obras que todavía están sin definir, que no sabemos la trascendencia que tienen y que, en cualquier caso, no existe ninguna justificación para que puedan ser abonadas con arreglo al canon de disponibilidad. No existe ese riesgo y
ventura del contratista y, por lo tanto, estamos ante un maquillaje y un placebo frente a los ciudadanos, incluso frente a las empresas. Por tanto, hay un desequilibrio trascendental en el intento del Gobierno de querer hacernos ver que la falta de
inversión y de previsiones presupuestarias de la sección 17 y de los correspondientes programas va a poder suplirse con el Plan extraordinario de infraestructuras.
Quería hacer referencia a dos o tres enmiendas parciales que he señalado anteriormente. Hemos presentado una enmienda, la 236, a fin de que el Gobierno estudie el coste de los billetes aéreos en parámetros estandarizados en cuanto a la
distancia y el servicio a prestar para una mejor y más eficaz utilización de las subvenciones aéreas. Nos parece excesivamente simplista que el ministro diga que va a reducir determinados billetes, en cuanto a las subvenciones que haya, a los
habitantes de los archipiélagos de Baleares y Canarias o de Ceuta y Melilla. Lo que hay que hacer es un análisis y ver cuáles son los auténticos precios de los billetes, y no hará falta aumentar la cuantía de la subvención sino aplicarla mejor por
parte del Gobierno. Asimismo, nuestra enmienda 218 pretende que las subvenciones al transporte aéreo y marítimo sean consensuadas con las comunidades autónomas y sean más eficaces y eficientes. No pedimos
aumento del gasto, sino simplemente coherencia y eficiencia en la gestión del dinero público.
Quiero hacer dos referencias finales. La primera a nuestra enmienda 479, en relación con la rebaja de los peajes que plantea el proyecto de ley de presupuestos. Ya saben que el Partido Popular no es partidario globalmente de la reducción
de peajes, pero si el Gobierno quiere reducir peajes, redúzcalos en todo el territorio nacional, no los reduzca solo en aquellas zonas en las que, por la inminencia de determinadas elecciones autonómicas, el Partido Socialista se vea forzado a
plantear esta reducción de peajes. Asimismo, en coherencia, hemos planteado también la enmienda número 480 para que, de acuerdo con una iniciativa que hemos aprobado entre todos, incluido el Partido Socialista, para corregir todos los errores y
deficiencias en la señalización de carreteras, destinemos una cantidad mínima, que son 200.000 euros, para dar cumplimiento a una resolución aprobada en este Congreso de los Diputados.
Señor presidente, acabo significando que la filosofía que nos ha movido a nuestras enmiendas de la sección 17 y todas las sociedades que componen el Grupo Fomento, nos obliga a no descender a las enmiendas parciales de los distintos grupos
parlamentarios. Creemos que las enmiendas que suponen una cantidad individualizada para cualquier obra no son más que enmiendas que rompen la coherencia y esa reprogramación obligatoria que el Ministerio de Fomento viene dando por la incoherencia
de su ley de presupuestos en lo que se refiere a la materia de la que estamos hablando y, por lo tanto, no vamos a apoyar esas enmiendas parciales del resto de los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Macias, por Convergència i Unió.
El señor MACIAS I ARAU: Las enmiendas presentadas por Convergència i Unió a esta sección 17 del Ministerio de Fomento tienen un objetivo principal, como no se le puede ocultar a nadie, y es el estricto cumplimiento de la disposición
adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que prevé una inversión equivalente al porcentaje de Cataluña en relación con el producto interior bruto español. Como el propio documento presupuestario recoge que falta una cantidad, 369
millones de euros, para dar cumplimiento a este precepto estatutario legal, nosotros complementamos toda una serie de partidas para que de alguna manera se pueda dar cumplimiento al Estatuto. Lógicamente, como no podía ser de otra forma,
priorizamos cuáles de las inversiones en infraestructuras, referidas básicamente a Cataluña, nos parecen merecedoras de esta mayor dotación. En este sentido hay una partida prioritaria para dar cumplimiento al Plan de cercanías de Barcelona, un
plan que según el ministerio debía hacerse entre 2008 y 2014, con una dotación de 5.000 millones. No parece que los ritmos actuales permitan que se alcance esta cifra sino una que no creo que llegue al 20 por ciento. Por tanto, de manera modesta
nosotros prevemos algunas cantidades para que se pueda como mínimo superar este cumplimiento tan bajo del Plan de cercanías de Barcelona.
Hay otras prioridades que son conocidas por todas las señoras y señores diputados como es el corredor ferroviario mediterráneo, para el cual nosotros presentamos enmiendas cuyo objetivo es aumentar estas dotaciones. En contradicción con lo
que decía antes el portavoz del Grupo Popular, nosotros sí prevemos un fondo global de rescate de peajes. Sin embargo, no podemos rescatar peajes en las comunidades donde no hay peajes. La comunidad que tiene y sufre más peajes por habitante es La
Rioja, pero como no represento a La Rioja sino que represento a Cataluña, que es la segunda comunidad con más peajes, nosotros nos preocupamos de eliminar los peajes de donde existen y por tanto hay unas políticas con esta pretensión.
Nosotros compartimos buena parte de las políticas del Ministerio de Fomento con relación a la priorización de ferrocarriles, especialmente en el segmento que pretende acabar los grandes ejes de alta velocidad en curso y acometer planes de
cercanías, a los que ya me he referido, y sobre todo de establecer corredores, siguiendo por otra parte la política europea, destinados al tráfico de mercancías por ferrocarril. Esta es otra de nuestras prioridades, que nosotros ejemplificamos a
través de toda una serie de partidas.
Existe otra cuestión eternamente pendiente en Cataluña, que es la de la inversión en autovías. Cataluña tiene un porcentaje de autovías muy inferior al promedio de las autovías que existen en la mayoría de regiones y comunidades autónomas
españolas. De hecho, en Girona este índice es francamente ridículo. Solo hay dos ciudades autónomas -no comunidades- que tienen por razones obvias menos autovías que Girona, que son Ceuta y Melilla. Por tanto, como no nos parece que los
ciudadanos de Girona se merezcan tal castigo, creemos que hay que complementar alguna de las partidas para que se puedan ir construyendo estas autovías, que por otra parte están previstas en los planes del Estado.
Nosotros introducimos como siempre algunas cuestiones que, a pesar de que pueda parecer que no son relevantes, para nosotros lo son. Cuando uno apuesta por el ferrocarril y gasta muchos millones en el ferrocarril también tiene que apostar
por la historia y cultura del ferrocarril.
Nosotros creemos que conocer la historia de un país es tener también unas bases sólidas sobre las que plantear el futuro. En este sentido, siguiendo algo que ya en otros años habíamos hecho, planteamos
también dotaciones para tres museos del ferrocarril, para el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, para el Centro de estudios históricos del ferrocarril en España, con sede en este caso en Portbou, y para el Museo del Ferrocarril de Mora la
Nova. Aunque son dotaciones muy modestas -y espero que se llegue a un acuerdo en este sentido-, creemos que son importantes. Queremos darle también este tinte cultural a la inversión en infraestructuras.
Además hay temas de alcance que trascienden el territorio de Cataluña, como puede ser la prevención de accidentes de barcos monocasco o los costes de implantación del código internacional de protección de buques, algo mucho más importante
para Galicia que para Cataluña pero que hay que hacer, o la dotación para autopistas del mar y para el fomento de la intermodalidad.
Finalmente, a petición de nuestros socios de Unió Mallorquina-Unió Menorquina, hemos planteado que se suplemente la parte destinada a la subvención del tráfico aerorregular entre la Península e Illes Balears; de hecho esta partida se
plantea de manera conjunta con la de las islas Canarias. Este es un tema que también hay que complementar y hay otros grupos que plantean partidas en este sentido. En definitiva, como siempre nuestras enmiendas tienen una actitud constructiva
dentro de la lógica del discurso de infraestructuras, harto conocido por las señoras y señores diputados, y un rigor reconocido por la mayoría de grupos de la Cámara que nos gustaría que contara con algún aval por parte del grupo mayoritario en
forma de aprobación de algunas enmiendas relevantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Tiene la palabra la señora Buenaventura por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Intentaré resumir las más de cincuenta enmiendas que mi grupo ha presentado a partir de la filosofía que hay detrás de ellas. Se trata, como no podía ser de otra manera, de una apuesta decidida por un modelo de
movilidad sostenible y, por tanto, una apuesta decidida por el ferrocarril y por las cercanías, y no por el AVE; en este sentido es mantenida y conocida nuestra posición con respecto al tren de alta velocidad. Nuestras propuestas plantean, por
tanto, distintos proyectos para conseguir que en el Estado español exista una movilidad diferente, apostando, como decía, por el ferrocarril. Este es un aspecto que ejemplificaría con la enmienda 1521, en la que pedimos para Cataluña -esto sería
extensivo al resto del Estado español, como contemplan algunas de las enmiendas- que se efectúe el necesario traspaso a la Generalitat de Catalunya -actualmente gestionamos la red de cercanías y regionales- para implementar el Plan tren 2014, que
propone el desarrollo de un nuevo esqueleto ferroviario de Cataluña, hoy manifiestamente insuficiente, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, reducir la congestión y la contaminación y luchar contra el cambio climático; propuesta
trabajada en Cataluña y dentro de cuyo planteamiento está desde garantizar la ejecución del soterramiento de la vía de Renfe a su paso por Sant Feliu de Llobregat; un nuevo túnel para regionales y cercanías en Barcelona; cuadruplicar vías ligadas
al nuevo esquema de los túneles de Barcelona; cuadruplicar las vías Castelldefels-El Prat; cuadruplicar las vías El Papiol-Vilafranca, etcétera. En definitiva, distintos proyectos necesarios e imprescindibles para esta apuesta a la que me refería
al principio por un nuevo modelo de movilidad.
Por otra parte, en coherencia con nuestro planteamiento de movilidad sostenible y, por tanto, de temas ferroviarios, hay un conjunto de enmiendas que plantean la baja de proyectos que contemplan carreteras y autovías y que entran en
contradicción con la filosofía de esta nueva movilidad. Al mismo tiempo, hay distintas enmiendas que proponen mejoras mediante soterramientos, mejoras en cuanto a problemáticas existentes en algunas carreteras, desdoblamientos por temas de
seguridad. Se trata, en definitiva, de mejoras que redundan en la calidad de vida de la ciudadanía. Este sería el resumen muy concreto de las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Jorquera, tiene la palabra por el Grupo Mixto.
El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quisiera hacer una consulta.
Entiendo que estamos debatiendo conjuntamente la sección de Fomento y Medio Ambiente, como estaba previsto. ¿O no?
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): No. Fomento, nada más.
El señor JORQUERA CASELAS: En cualquier caso, voy a procurar resumir al máximo porque a la sección de Fomento hemos presentado -estoy hablando de memoria- del orden de setenta y cinco enmiendas, porque nos encontramos ante el principal
departamento inversor. Sin pretender cansar a sus señorías reiterando argumentos, como hemos manifestado en distintos momentos del debate consideramos contraproducente en un contexto de crisis una reducción brusca de la inversión pública porque
puede dificultar la recuperación económica. Eso además tiene el efecto añadido en nuestro territorio, en Galicia, de que se produce una caída en la inversión que pone en peligro el calendario que afecta a las actuaciones más importantes. En
cualquier caso, en todo el trámite de los presupuestos el BNG ha procurado no hacer demagogia fiscal, y al mismo tiempo que proponemos muchas enmiendas que conllevan un incremento del gasto, un incremento de la inversión, también hemos propuesto
enmiendas muy ambiciosas en materia impositiva que conllevarían también un incremento importante de la recaudación para proveer las políticas públicas, porque consideramos que es mala política desarmar las políticas públicas, máxime en un contexto
como en el que estamos.
Sin ser exhaustivo, explicaré simplemente los aspectos a los que concedemos más importancia en las enmiendas que hemos presentado. Por lo que se refiere al ferrocarril, nuestras enmiendas tienen los siguientes objetivos. En primer lugar,
nosotros entendemos que la apuesta por la llegada del AVE a Galicia, que además con la dotación
presupuestaria que tiene nos ofrece matices -en cualquier caso lo debatiremos cuando hablemos del sector público empresarial-, no puede desatender la red convencional. No solo del AVE vive el ferrocarril gallego. Por lo tanto, hemos
procurado a través de enmiendas mejorar la red convencional. Proponemos a través de una enmienda que exista una dotación para hacer un estudio sobre la viabilidad de implementar servicios de proximidad por ferrocarril en Galicia que mejoren la
movilidad en los entornos urbanos y, en particular, en nuestra fachada atlántica, en el eje atlántico, aprovechando para servicios de proximidad, servicios de cercanías, aquellas líneas que queden en desuso por ser sustituidas por las nuevas líneas
de alta velocidad. Consideramos que cuando menos sentar las primeras bases, como es la realización de un estudio sobre su viabilidad, es necesario.
Igualmente, nuestras enmiendas van encaminadas a un tema que es recurrente en todos los debates del BNG en la Comisión de Fomento, también en todos los debates presupuestarios -pero por el hecho de ser recurrente no consideramos que esté
menos fundamentado-, como es la necesidad de que se contemple el eje atlántico ferroviario en su integridad, por lo tanto, entre Ferrol y Tui, no solo en exclusiva entre A Coruña y Vigo. Estamos hablando de una actuación que no es simplemente
importante para asegurar la conexión por AVE con Madrid de todas las ciudades situadas en el eje atlántico, sino que es fundamental para mejorar la conectividad y la movilidad en la fachada atlántica gallega, conectando ciudades en cuyos entornos
urbanos lleva a una importante proporción de la población de Galicia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En lo que se refiere al ferrocarril, otras enmiendas pretenden mejorar la dotación para asegurar que se acometan las conexiones ferroviarias a los nuevos puertos exteriores de Ferrol y de A Coruña. Sinceramente, no observamos por parte del
Gobierno que se estén tomando estas conexiones ferroviarias con el interés y el impulso necesario. En cuanto a Ferrol, si no me traiciona la memoria, estos son los cuartos presupuestos consecutivos donde la dotación para acometer la conexión
ferroviaria a su puerto exterior es meramente simbólica. En lo que afecta al puerto exterior de A Coruña, podemos situarnos ante una situación paradójica: que, una vez concluido y puesto en funcionamiento en el año 2015, no estén resueltas ni las
conexiones viarias ni las conexiones ferroviarias imprescindibles para operativizar este puerto. En cualquier caso, asegurar la conexión ferroviaria con estos dos puertos exteriores es imprescindible para que estén en condiciones de competir con
otros puertos de la fachada atlántica peninsular y de la fachada cantábrica.
Por lo que respecta a actuaciones en carretera, hemos concentrado nuestros esfuerzos en varias prioridades, en primer lugar, en evitar retrasos en dos autovías que consideramos esenciales para la conexión interna de nuestro país. Una es la
A-54, que conectará Santiago y Lugo; con la dotación presupuestaria contemplada en este proyecto de presupuestos y la nueva programación plurianual va a sufrir un retraso muy considerable cuando entendemos que es una autovía fundamental para la
conexión de la Galicia interior. Otra autovía es la A-8, autovía do Cantábrico, para evitar retrasos sobre las últimas fechas comprometidas; en este caso estamos hablando de una autovía no solo importante para la conexión interna de Galicia, sino
para su conexión con el conjunto de la cornisa cantábrica. Otra prioridad para nosotros es impulsar la A-57, la nueva vía de alta capacidad llamada a conectar Vigo y Pontevedra y al mismo tiempo dotar a Pontevedra de una salida rápida a la meseta.
Consideramos que aquí es donde hay que concentrar esfuerzos en vez de lo que prevé el ministerio, que es concentrar los esfuerzos en ampliar el puente de Rande de la autopista del Atlántico. La ampliación del puente de Rande se pretende derivar a
que acometa esta inversión la concesionaria de la autopista a cambio de ampliar el periodo concesional. Sería una nueva ampliación sobre una autopista cuyo peaje tendría que haber sido rescatado ya en el año 2008 -si no me traiciona la memoria-,
pero debido a sucesivas renovaciones de los periodos concesionales mucho me temo que entremos en el siglo XXII y sigamos teniendo una autopista de peaje que conecta ciudades tan importantes como Ferrol, Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra,
Vigo, en definitiva, fundamental para nuestra movilidad interna. Consideramos que la prioridad tiene que ser fomentar, impulsar la autovía alternativa, no concentrar las actuaciones en la autopista del Atlántico.
Hay otras enmiendas que pretenden mejorar la conectividad con las principales ciudades y entornos urbanos de Galicia. Concedemos en ese sentido una importancia singular a mejorar la dotación de la AC-14, la llamada tercera ronda de Coruña,
en particular en el tramo As Lonzas-Zapateira. Con la dotación presupuestaria que figura en este proyecto más la programación plurianual prevista puede darse la paradoja de que en el próximo año 2011 esté concluido y abierto el primer tramo de esta
autovía pero precisamente el tramo que tiene que entroncar con la ciudad y el tramo que tiene que entroncar con una circunvalación a la ciudad, cuya ejecución corresponde a la Xunta de Galicia, quede aplazado de manera indefinida. Consideramos
imprescindible corregir esta situación porque estamos hablando de una autovía fundamental para resolver los problemas de congestión existentes en los accesos a la ciudad de A Coruña, para que yendo a A Coruña a través de la A-6, autovía del
Noroeste, no haya que pagar -perdónenme ustedes la expresión- portazgo, porque se da la circunstancia de que hoy en día es imposible ir de Madrid a Coruña y entrar en Coruña por una vía de alta capacidad sin pagar peaje. Esto se pretende resolver
con esta nueva vía que entroncaría la A-6 con la ciudad de A Coruña. Entendemos por tanto que es necesaria una mejor dotación.
También para mejorar la conectividad de las principales áreas urbanas la enmienda 2535 prevé dotar el
desdoblamiento de la ronda Norte de Lugo; la enmienda 2593, dotar mejor la conexión de Ourense con la variante norte de la N-120 y N-525; hay otra enmienda, la 2551, relativa a la ejecución de la circunvalación a Pontevedra, dotándola de
los recursos necesarios para por lo menos estar en condiciones de contratar en el próximo ejercicio la redacción del proyecto. Y también hay una enmienda para dotar presupuestariamente la ampliación de la AP-9 en el tramo Santiago norte-Santiago
sur. Esto tiene mucho que ver con algo a lo que antes dije al referirme al puente de Rande. La AP-9 entre Santiago norte y Santiago sur es un tramo exento de peaje, hace las veces de una circunvalación urbana que conecta las principales entradas y
salidas de Santiago. Creemos que esto tiene que acometerse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no confiando la ejecución de esta ampliación a la concesionaria de la autopista a cambio de una ampliación del periodo de concesión por
las razones antes aludidas.
Por último, muchas de las enmiendas presentadas pretenden asegurar la dotación suficiente para la necesaria conservación y mejora de la seguridad vial en la red convencional. No se pueden concentrar todos los esfuerzos en grandes
actuaciones y desatender la mejora y conservación de la red convencional máxime en un territorio como Galicia, donde por su dispersión de población y sus características orográficas mejorar las condiciones de seguridad de la red convencional es
indispensable si queremos reducir la siniestralidad. Estas son las razones que fundamentan la presentación de estas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señorías, a esta sección 17 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 se han presentado dos tipos de enmiendas. Por una parte, están las enmiendas de los grupos que procuran más inversión para
atender las lógicas demandas de infraestructura de transporte en los respectivos territorios, más inversión para paliar el ajuste que ya se ha iniciado en 2010 y que tendrá su continuidad en el ejercicio 2011, y después están las otras enmiendas,
las enmiendas del Partido Popular. Las enmiendas del Partido Popular se limitan a decir no a todo, dicen no al presupuesto del Ministerio de Fomento, no al presupuesto del Grupo Fomento, no al presupuesto de AENA, tampoco el de Renfe, tampoco el de
ADIF, ni siquiera el de Sasemar. Ni tan siquiera se admite que pueda desarrollarse el proyecto en lo relativo al organismo que planifica el salvamento marítimo y cuyo gasto se consensúa tradicionalmente entre el Estado y todas las comunidades
autónomas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular. El PP con tal de decir no es capaz de negarse a sí mismo. Con respecto a este segundo bloque de enmiendas del no a todo no somos partidarios.
Con respecto a las primeras quisiéramos, pero hay dificultades. ¿Por qué? Este es un presupuesto difícil, como se ha reiterado de manera significativa a lo largo de la jornada de hoy. Misión difícil pero ineludible la de compatibilizar
por una parte el ajuste inevitable en el presupuesto de gasto, y el nuestro, el de la sección 17, es el principal presupuesto inversor, con el mantenimiento de un ritmo razonable en la inversión productiva para seguir incrementando la
competitividad, la productividad de nuestra economía y de nuestra sociedad y para seguir contribuyendo desde la inversión en infraestructuras a la reactivación económica y al empleo. Esta es la misión difícil pero ineludible, insisto, que
afrontamos en el presupuesto de la sección 17, sección de infraestructura de transporte, compatibilizar el ajuste inevitable con el mantenimiento de un ritmo razonable de inversión productiva. Entendemos que el proyecto resuelve razonablemente esta
misión difícil, por eso no podemos aceptar la gran mayoría de las enmiendas que se presentan.
El presupuesto tiene que analizarse en su contexto, esto es algo que al parecer no entiende el principal grupo de la oposición. No es igual un presupuesto que se elabora en fase expansiva, con crecimiento económico, que un presupuesto en
fase de crisis. (El señor Ayala Sánchez: En fase terminal.) No es igual un presupuesto que se elabora con unos ingresos al alza que un presupuesto que se elabora con unos ingresos a la baja, no es igual un presupuesto en un contexto de ajuste de
gasto en toda Europa que un presupuesto que se elabora en un contexto de expansión del gasto. Ha habido fases de expansión aquí y fuera de aquí. ¿En qué contexto se elabora el presupuesto para 2011 en materia de infraestructura de transporte? En
un contexto de ajuste coyuntural y estructural. Coyuntural porque tenemos que atender las demandas de aceleración en la reducción del déficit que nos llega de nuestros socios en el euro. Y estructural porque hay una conciencia general de la que
participa, creo, el propio Grupo Popular sobre la necesidad de redimensionar las inversiones en materia de infraestructuras. Porque gastarnos en infraestructuras de transporte 20.000 millones de euros al año ya no está al alcance de nuestra
economía, ni con crisis ni sin crisis, no es un ritmo sostenible.
Por tanto, este es el contexto en el que se elabora el presupuesto de infraestructuras de transporte 2011, un contexto de ajuste, ajuste inexorable. Digo inexorable -insisto en
ello- porque el Partido Popular a veces hace un discurso contradictorio a este respecto. Escuchamos al señor Montoro con atención defender la política de reducción del déficit pero, a continuación, sus portavoces en materia de infraestructuras no
hacen sino invitarnos al gasto. Esto de las enmiendas a la totalidad contiene un cierto truco que para los ya avezados y con cierta experiencia no cuela, porque las enmiendas 453 y 454, del Partido Popular, nos plantean literalmente: No
pretendemos establecer situaciones de tensión presupuestaria. Esto se dice literalmente, pero a continuación el Grupo Popular nos pide:
Pero me hace usted la terminación y puesta en servicio de la A-7 en Granada y Almería, me termina usted la A-7 en Algeciras-San Roque, me conecta usted Dos Bahías, Algeciras y Cádiz, me desdobla usted la 435, y así hasta cien actuaciones en
carreteras y cien actuaciones en ferrocarril. Dicen que no quieren tensiones en el presupuesto, que no quieren que nos gastemos más, pero que se hagan hasta cien obras en carreteras y cien obras en ferrocarril. ¿Y con qué las pagamos, señor Ayala,
con billetes del Monopoly? (El señor Ayala Sánchez: No, con billetes del Banco de España.) ¿Cómo quiere usted que las paguemos? Dice: No incrementemos el déficit, no gastemos más, pero usted me hace estas cien obras. Incluso en mi
circunscripción me dicen: Y me soterra usted la carretera de Toledo a su paso por Getafe; no se gaste usted más dinero, pero me soterra usted la carretera de Toledo a su paso por Getafe. ¿Y cómo la soterro si no lo hacemos con más gasto y no
incrementamos el déficit? (El señor Ayala Sánchez: Con un pico y una pala.)
Mire, los trucos del almendruco aquí y a estas alturas no cuelan. O están ustedes por el ajuste o no lo están, o asumen ustedes que hay que acelerar la reducción del déficit o no, pero que no me diga una cosa por la mañana el señor Montoro
y otra cosa por la tarde el señor Ayala porque no cuela. El señor Jorquera nos lo ha explicado de otra manera. Nos ha dicho el señor Jorquera: Quiero más gasto, más inversión en el presupuesto de gasto, pero en el presupuesto de ingresos les
incremento a ustedes los impuestos. ¿Está el Partido Popular por incrementar los impuestos? (Rumores.) ¿Quieren que incrementemos los impuestos para financiar estas doscientas obras o no, o volvemos al Monopoly? Un poquito de seriedad, señores
del Partido Popular.
El ajuste es inexorable, ¿y cómo lo vamos a llevar a cabo? Con arreglo a los criterios que se han aprobado -se lo he dicho muchas veces- en sendas mociones en el Pleno de este Parlamento: con eficiencia económica, atendiendo a la cohesión
territorial y al criterio de las comunidades autónomas, con atención también a los criterios de rentabilidad social y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso aplicamos estudios de viabilidad a cada proyecto, por eso apostamos por
la intermodalidad. Segundo criterio, reducción del gasto corriente e incremento de la austeridad. Por eso rebajamos el capítulo 2 en un 10 por ciento en el presupuesto de 2011 y por eso emplazamos al Gobierno a un plan de eficiencia que ya está
dando resultados, un 22 por ciento de ahorro en los procedimientos de planificación, de contratación y de ejecución de obra pública. Por eso priorizamos el ferrocarril, en la alta velocidad, en las cercanías y en las mercancías, porque es el modo
de transporte más eficiente. Por eso vamos a gastarnos 7.500 millones de euros durante los próximos años en impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. Por eso vamos a priorizar la conservación sobre la construcción en las carreteras. Y
por eso apostamos también por la colaboración público-privada, que es una medida muy inteligente para obtener recursos del ámbito privado en épocas de ajuste del presupuesto público. Esto es razonable. ¿No es razonable también que si una
infraestructura va a estar en funcionamiento para la generación presente y para la generación futura la paguemos entre la generación presente y la generación futura? Parece también razonable. No solo no es una barbaridad o algo penoso, como han
manifestado los representantes del Partido Popular, sino que es algo tan interesante que está siendo imitado en otros países del mundo.
En fin, el señor Ayala nos decía que el ajuste inversor del Gobierno en materia de infraestructuras para el año 2011 merecía el calificativo de patético. Pues tiene usted que saber que la inversión que proyecta este Gobierno para el año que
viene que usted califica de patética es un 53 por ciento más alta que la proyectada y ejecutada por la media de los gobiernos del Partido Popular en los años 2000 a 2004 en valores absolutos y un 62 por ciento si lo contabilizamos en referencia al
producto interior bruto, ajuste que ustedes por cierto están haciendo allí donde gobiernan, y no sé si allí donde gobiernan considerarán ustedes a algunos ciudadanos de primera, de segunda o de tercera en función de la suerte que tengan en cuanto a
las inversiones realizadas por sus gobiernos.
En relación con la Secretaría de Estado de Transportes, con toda la inversión o el gasto relativo a transportes, tenemos que decir que en el ejercicio 2011 cambiamos un tanto las prioridades. No ponemos tanto énfasis -es verdad- en la
inversión como en la optimización eficiente de lo ya invertido, porque tenemos menos dinero, es evidente, pero también porque las inversiones pendientes para actualizar y modernizar nuestras infraestructuras de transporte en buena medida ya se han
llevado a cabo, y la prioridad ahora es primar la calidad sobre la cantidad, la gestión eficiente de lo construido, insisto, la intermodalidad, la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. Por ahí vamos por tierra, mar y aire, en el ferrocarril,
en los aeropuertos, en el tránsito aéreo y también en el tráfico marítimo.
Por hacer una referencia muy rápida a lo que plantean en concreto algunos grupos, diré que compartimos los objetivos de las enmiendas del Bloque Nacionalista Gallego, sobre todo el propósito de acelerar algunas obras importantes en materia
de ferrocarril, de carreteras. Solo tenemos un límite y el límite es el ajuste presupuestario al que me he referido, inevitable e inexorable. En todo caso quiero tranquilizar al señor Jorquera. Se cumplirán los propósitos, los objetivos y se
cumplirán los plazos comprometidos por el Gobierno en Galicia.
En cuanto a Convergència i Unió diré que compartimos también todos los objetivos, los que tienen que ver con las infraestructuras y los que tienen que ver con la cultura. También quisiéramos acelerar en mayor medida la marcha de algunas
obras. Tenemos el mismo límite del que hablaba hace un segundo, el límite de la inexorabilidad del ajuste presupuestario. No vamos a admitirle una parte del fundamento ideológico de su discurso, aquello del maltrato a Cataluña, de la
discriminación a
Cataluña. No. El último ejercicio que ha sido contabilizado en cuanto a inversión ejecutada hasta el final ha sido el ejercicio 2009 y en el ejercicio 2009 -lo repito una vez más- la primera comunidad autónoma en inversión ejecutada fue
Cataluña; en el periodo de Gobierno 2004-2009 también ha sido Cataluña la primera comunidad en inversión ejecutada. Por lo tanto compartimos el objetivo de invertir cada vez más, pero entiendan ustedes nuestro límite en relación con la
disponibilidad presupuestaria.
Estamos de acuerdo con el discurso de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre todo en lo que tiene que ver con la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental. El Gobierno se gasta cerca de 18.000 millones de euros en accesibilidad
en distintos modos de transporte. Creo que es un objetivo razonablemente conseguido, pero cualquier esfuerzo suplementario entendemos que sería positivo.
Con relación al Grupo Popular, estamos de acuerdo con varias de las enmiendas técnicas que nos plantean sobre Puertos del Estado. Les propondremos unas cuantas transaccionales al respecto. Sobre las subvenciones al transporte aéreo con las
islas, les pediría aquí un poquito más de seriedad. La realidad, más allá de la demagogia y de la espuma en este asunto, es que ustedes subvencionaban el 30 por ciento y nosotros subvencionamos el 50 por ciento. Cuando se quita la espuma, la
realidad que queda es esta, y la realidad es para hoy y es para el año próximo, porque el año próximo seguiremos subvencionando mucho más de lo que subvencionaba el Gobierno del Partido Popular, y ahora sigan ustedes enredando con la espuma, pero
esta es la realidad de la que los ciudadanos de Canarias, de Baleares, de Ceuta y de Melilla tienen perfectamente consciencia.
El señor PRESIDENTE: Se están sacando ya fotocopias del cuaderno de votaciones, con lo cual parece que en los próximos cuatro o cinco minutos lo tendrán los portavoces para que lo puedan estudiar y votar. Por tanto vamos a suspender unos
minutos, luego votaremos y después de la votación veremos Medio Ambiente.
Quiero decir a los portavoces, que han sido testigos, junto con los diputados que forman parte de esta Comisión, de lo verdaderamente nada fácil que es elaborar este cuaderno de votaciones, que dado que mañana vamos a votar hasta Medio
Ambiente, por favor, que les den el cuaderno votacional, a ver si, empleando la noche, mañana a las doce de la mañana podemos votar. Les pido, por favor, a los portavoces que lo hagan. En cinco minutos estaremos votando. (Pausa.)
Quiero decirles que para cuando terminen las votaciones, como es tradición en esta Comisión, hay una cena preparada en el despacho de enfrente y después de la votación seguiremos con la sección de Medio Ambiente. Les pregunto a todos los
portavoces si estamos en disposición de empezar a votar. (Pausa.)
El primer punto es la ratificación de la ponencia que ha informado estos presupuestos y que doy aprobada por asentimiento. (Asentimiento.)
Empezamos entonces con el título I, artículos 1 a 16. Del Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas 2459 y 2460 del señor Jorquera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán, la 681.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Esto produce un empate. Anuncio ya que en principio, si a ningún portavoz le parece mal, cada vez que esto ocurra haríamos otra votación nada más, no llegaríamos a la tercera. Luego mediríamos por el número de
diputados que representa cada uno de los grupos parlamentarios. Votamos nuevamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Esto se traduce en 175 votos a favor y 175 votos en contra. Como hay un empate, la enmienda queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular sometemos a votación la 165.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora el texto del informe relativo al título I, del artículo 1 al artículo 16, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título II. Del Grupo Parlamentario Catalán, de la 682 a la 686.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora votamos las enmiendas del Grupo Popular 166, 167, 168, 169, 170, 177 y 178.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del informe del título II, artículos 17 a 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título III. Enmiendas 1 y 2 de la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del señor Jorquera, enmiendas de la 2461 a la 2481.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 2508 y 2514.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Jorquera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1406 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Catalán, la 687.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular, la 180 y la 181.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Texto del informe, título III, artículos 22 a 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título IV, artículos 39 a 45. Del Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador, enmiendas 1784, 1785 y 1786.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Hay dos enmiendas del señor Jorquera que han sido retiradas. Pasamos por tanto a las de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos en primer lugar la 1409.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se repite la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se produce empate a votos. Quedan rechazadas las enmiendas.
Del Grupo Parlamentario Catalán, la 688.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora el texto del informe, título IV, artículos 39 a 45.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VIII. Empezamos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida, enmienda 1907.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán vamos a votar primero la 735 y la 736.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 737.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de CiU.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular vamos a votar la 213 y la 214.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Aquí hay una enmienda presentada por varios grupos, que es una nueva redacción al artículo 131, cuatro, 2. ¿Está localizada por los portavoces? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Ahora votamos el texto del informe, título VIII, artículos 131 y 132.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
La sección 07, clases pasivas, no tiene enmiendas y votamos por lo tanto la sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Título V. De la señora Díez González, la enmienda número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 4 de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Jorquera, números 2492 a 2495.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán, la 689.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular, la 185.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora el texto del informe, título V, del artículo 46 al artículo 59, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del artículo 50 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe.
No hay enmiendas en la sección 06, de deuda pública. Vamos a votar la sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Título VI. Del señor Jorquera votamos en primer lugar las enmiendas 2497 y 2498.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora votamos la enmienda 2496.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Jorquera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, empezamos por la enmienda 1420.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora votamos las enmiendas 1899 y 1766.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Hay empate. Se repite la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Igualdad en el número de diputados, quedan por tanto rechazadas las dos enmiendas.
Votamos las enmiendas 1859 y 1416.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 1414 y 1423; de la enmienda 1771 a la 1774; 1855, 1857, 1858, 1863, 1865, 1866, 1895, 1896, 1898, 1900 y 1901.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 2279.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1854.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1775.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1425.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; votos en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; votos en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos ahora con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Empezamos por las enmiendas 695, 696, 697, 698, 700 y 703.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; votos en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 691.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; votos en contra, 20; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, retiraríamos la 705 que ha sido transaccionada.
El señor PRESIDENTE: Bien, luego al final del título la votaremos como tal.
Ahora votamos la 701.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; votos en contra, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 704.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; votos en contra, 20; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; votos en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Las votamos todas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar la enmienda transaccional a la 705, que ha retirado el Grupo de Convergència i Unió y que supongo que los portavoces conocen.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Hay otra enmienda de modificación del artículo 78, que supongo que también conocen todos los portavoces. Por lo tanto la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar ahora el texto del informe; título VI, del artículo 60 al artículo 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; votos en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos ahora con el título VII. Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, votamos todas sus enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; votos en contra, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán votamos primero la 733.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos, votos en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora la enmienda 732.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de CiU.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar primero la 208 y la 209, conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el texto del informe; título VII, del artículo 98 al artículo 130.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos ahora con las disposiciones, que vamos a votar conjuntamente: adicionales, primera a cuadragésima cuarta y nuevas; transitorias, primera a décima y nuevas; derogatorias, primera a tercera y nuevas; y finales, primera a decimonovena
y nuevas. Empezamos con la enmienda del señor Salvador Armendáriz, la número 1787.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las de la señora Díez. Empezamos con la número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora la número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora votamos conjuntamente las números 6, 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Díez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos ahora con las del señor Jorquera. En primer lugar, la 2511.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número 2515.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora la 2506.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Repetimos votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se repite la votación, se repite el empate y, por tanto, queda rechazada.
Las números 2507 y 2508.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Jorquera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida... (La señora Buenaventura Puig pide la palabra.) ¿Sí?
La señora BUENAVENTURA PUIG: Perdone, señor presidente, retiramos la enmienda 1447 porque está transaccionada.
El señor PRESIDENTE: Lo tomamos en cuenta y la votaremos al final como transaccional.
Empezamos, enmienda 1460.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1464.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1445.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1752.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1465, 1466, 1468, 1469, 1473, 1475, 1883 y 1888.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1467, 1471 y 1477.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1457, 1777, 1853 y 1892.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1455, 1474, 1779, 1781 y 1782.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1450, 1753, 1755, 1756, 1757, 1778, 1780, 1842, 1843, 1844, 1845 a 1852, 1882 y 1903.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1885.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Repetimos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Repetida la votación, se repite el empate, queda rechazada.
Enmienda 1889.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se repite la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se repite el resultado, por lo tanto queda rechazada.
Enmienda 1459.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la 1453.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se repite la votación porque se ha empatado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Se vuelve a empatar, queda rechazada.
Votamos la 1781.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra; 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la 1890.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la 1906.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones; 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora resto de enmiendas de Esquerra Republicana-Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora votamos la 1783 del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Se ha empatado y se repite la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Vuelve a repetirse el empate y entonces vamos a traducir a diputados la ponderación. Haciendo esta transformación que parece más complicada, pero que debería ser sencilla, a favor de la enmienda hay 164 diputados y en
contra 169. Por tanto, la enmienda queda rechazada.
Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, se vota la 742.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora votamos la 990.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 759, 761, 762, 767, 769 y 783.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 758.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 754.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 756.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 789.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 763, 764, 784, 793 y 990.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda 776.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 786.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.) Dígame, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: La enmienda 748 la queremos votar por separado. Está en el resto.
El señor PRESIDENTE: Como todavía no la hemos votado, antes de votar el resto vamos a votar la enmienda 748.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Jorquera Caselas pide la palabra.) Sí.
El señor JORQUERA CASELAS: Aunque no altera el resultado, quisiera que conste nuestro voto como favorable.
El señor PRESIDENTE: Como no altera, a efectos prácticos aceptamos que se han abstenido.
Ahora resto de enmiendas de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora tenemos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Enmiendas 223, 237, 238, 240, 248, 260, 261, 265, 277, 278, 280, 287, 291, 293, 311 y 316.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 214, 217, 218, 220, 225, 227, 228, 243, 245, 246, 251, 255, 257, 262, 264, 270, 271, 272, 281, 282, 283, 284, 286, 299, 303 y 318.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 327.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 354.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 329, 330, 331 a 334, 339, 342, 343 y 348 a 350.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 229, 231, 232, 247, 281, 296, 297, 309, 315, 323, 326, 327, 335, 352 y 354.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 215.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 222.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 224.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 226.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 247.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 297.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 322.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, un compañero de mi grupo pide que votemos separadamente, aunque sea del Grupo Popular, una enmienda que no se ha votado hasta ahora, la número 285, que es una disposición adicional sobre el
saneamiento en Marbella.
El señor PRESIDENTE: Enmienda 285, que se vota aparte.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la número 1447 de Izquierda Unida, sobre la que hay una transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora tenemos una nueva disposición adicional que declara de interés general ciertas obras de infraestructura. ¿Los portavoces saben de qué estamos hablando?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: ¿Esta enmienda no se había votado por algo o es nueva?
El señor PRESIDENTE: Es una enmienda de adición que presenta el Grupo Socialista.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: ¿Pero sobre qué? ¿Sobre una transacción, una enmienda?
El señor PRESIDENTE: Disposición adicional trigésima. Declaración de interés general de determinadas obras de infraestructura. Se declaran de interés general las siguientes obras: reordenación de derechos y modernización de regadíos de
la zona regable de La Serna...
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Presidente, la tenemos. Lo que pregunto es si es una enmienda nueva, si es una enmienda in voce, si es una transaccional sobre algo. ¿Qué es?
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, esta enmienda, junto a algunas más, las anuncié no en la Mesa y portavoces de esta tarde ni de esta mañana sino en la que celebramos la semana pasada. Anuncié que las íbamos a presentar porque
había cometido errores de omisión y así las he incorporado a lo largo de esta mañana. Figuran varias -son seis o siete- que estaban en conocimiento de los miembros de la Mesa y portavoces y que se incorporan por este procedimiento a la tramitación.
No hay mucha novedad en este tema. El señor letrado se permitió decir que las que yo anunciaba eran enmiendas in voce y que las podría incorporar en Comisión en este momento, cosa que he hecho a lo largo de esta mañana.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: ¿Pero no se han registrado en ningún sitio?
El señor PRESIDENTE: En la reunión de Mesa y portavoces en efecto se habló de estas enmiendas y, pudiéndose incorporar a la ponencia, se consideró, y yo mismo lo consideré, una mejor forma de llevarlas que se trajeran a Comisión y se
votaran aquí. Se está haciendo lo que se decidió en Mesa y portavoces.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pero, presidente, en la Mesa y portavoces se entendía que las enmiendas que eran una omisión se iban a presentar en algún registro y aparecen hoy de repente sin haberlas registrado en ningún sitio. Mi grupo
aceptaría de buena gana que una vez registradas las admitiéramos, pero que aparezcan aquí de repente sin haberlas registrado en ningún sitio...
El señor FERNÁNDEZ MARUGAN: De repente, no.
El señor PRESIDENTE: Pero podrían haber sido in voce. Es decir, esto es una práctica, quizás un poco heterodoxa, pero que se ha hecho en esta Comisión desde hace muchos años, por lo menos desde que estoy yo de presidente y creo que ya era
una práctica antigua. Por tanto,
visto esto, vamos a proceder a la votación y si por algún portavoz se considera que no es procedente tiene formas para protestar, recurrir o hacer lo que le parezca.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No sé lo que hará mi grupo parlamentario, pero que se voten enmiendas que no han sido registradas en ningún sitio no me parece procedente cuando mi grupo mostró una voluntad firme de aceptarlas a tramitación
pero cumpliendo los requisitos formales.
El señor PRESIDENTE: Si hubiera sido una enmienda in voce, la estaríamos votando.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, en el trámite de una Comisión no se admiten enmiendas in voce. Hay que tramitarlas por registro o por transacción.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, vamos a proceder a votar la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Hay una nueva disposición adicional que se titula beneficios fiscales a la catedral de Santiago. No sé si tiene el mismo carácter o no pero, en principio, la vamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar ahora el texto del informe que se refiere a las adicionales, transitorias, derogatorias y disposición final.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Quedan por votar los anexos. En primer lugar votamos la enmienda número 1788, del señor Salvador Armendáriz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación la 1789.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos todas las del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del informe, de los anexos 1 a 15, sin perjuicio de las variaciones de las cifras del anexo 1 que puedan resultar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Hemos terminado las votaciones. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, independientemente de que mi grupo hubiera votado a favor de estas enmiendas... (Risas.) No, no, quiero dejar constancia de que la democracia también son formas y las formas hay que
cuidarlas. Que mi grupo acepte que se tramite no quiere decir que aparezcan sin que estén registradas en ningún sitio. Pediría que si mañana hubiera más enmiendas de estas, figuren registradas en algún sitio antes de que aparezcan en la ponencia.
Entiendo, señor presidente, que a lo mejor no es un fallo del portavoz socialista pero, aun estando a favor, mañana podemos impugnarlas.
El señor PRESIDENTE: Tomo nota y si se puede y es factible así se hará.
Terminada la votación, continuamos con la sección de Medio Ambiente.
Vamos a empezar con la sección de Medio Ambiente. Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, quiero anunciarle que distribuiremos nuestro tiempo y que dentro de la sección yo defenderé la parte relativa a medio ambiente y a pesca mientras que el señor Llorens defenderá la parte relativa
al medio rural.
Hay un viejo principio de la Hacienda pública trasladado a la ley según el cual los presupuestos son la expresión en cifras de una política. La valoración de esa expresión y de esa política ya la ha hecho el señor Rodríguez Zapatero cesando
a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino, con lo cual su gestión le debe haber merecido eso precisamente, un cese. Un cese que se ha traducido en unas cifras y por tanto en la expresión en cifras de una acción política. Ahora
nos encontramos con que la persona que tenía unas prioridades presupuestarias o políticas medioambientales y que las había expresado en cifras resulta que ha sido cesada. Nos encontramos con que la nueva ministra ha pedido su comparecencia para
explicar las nuevas prioridades en política medioambiental, lo que quiere decir que trae unas nuevas prioridades distintas a las que tenía la anterior ministra, si no para qué quiere comparecer a efectos de explicar las prioridades de su ministerio.
Por tanto, va a poner en marcha una acción política desarrollada en cifras que no se corresponde con su voluntad porque, si no, no tendría ningún sentido esa comparecencia.
Nosotros presentamos un conjunto de enmiendas que tratan de resolver los problemas medioambientales que no han sido resueltos por el Gobierno en estos años. No se trata de una cuestión de dinero; se trata de una cuestión de prioridades
políticas. Quiero decirles que mientras se rebajan todos los capítulos inversores, se mantienen las partidas destinadas a gasto corriente. De ahí que presentemos una iniciativa tendente a reducir un 10 por ciento todo lo relativo a suministros, a
gastos fungibles, etcétera, que tendrían que tener su traducción en un destino de esos dineros a las políticas inversoras. Además creemos que no es una cuestión de cifras porque muchas de las acciones políticas que hay que desarrollar no tienen por
qué tener una cuestión numérica, de dinero, sino que se trata de una acción política decidida, por ejemplo, me refiero a la lucha contra el cambio climático y a la decisiva acción que debería de ponerse en marcha en el ámbito de la energía para
luchar contar el cambio climático. El dinero destinado a la compra de derechos de emisión, que es y sigue siendo la política más grande en la lucha contra el cambio climático que se mantiene, es un ejemplo de cómo no se trata de una cuestión de
dinero sino de prioridades políticas en la acción medioambiental.
Algo por el estilo podríamos decir en lo relativo al agua. Después de siete años de gobierno del Partido Socialista seguimos teniendo necesidades de agua. Sus programas de agua no han resuelto nuestros graves problemas, sus políticas de
agua no han resuelto esos graves problemas, y vuelvo a insistir en que no es una cuestión de cifras sino que se trataría por ejemplo de haber ejecutado presupuestariamente en los años de bonanza económica lo que estaba previsto en la Ley de
Presupuestos. La prueba de que la política de aguas no ha valido es que el propio Partido Socialista invita ahora a un gran pacto social sobre el agua, y si esto es necesario es ni más ni menos porque la política de los últimos años sencillamente
ha fracasado.
Política de agua, política de lucha contra el cambio climático; políticas relacionadas con los residuos y políticas relativas al mantenimiento de la diversidad que sinceramente no vemos reflejadas en unos presupuestos para los que no sería
necesario más dinero sino un cambio en las prioridades que marca el ministerio.
Algo parecido sucede en el sector pesquero que, como por todos es conocido, sufre una crisis importante, y es de nuevo la acción política del Gobierno la que no resuelve los problemas del sector. La mayoría de las especies objetivo de
nuestras flotas están en peligro de sobreexplotación como resultado de no haber usado las medidas contempladas en la reglamentación comunitaria ni haber puesto en marcha las medidas para mejorar la competitividad de flotas de altura y de gran altura
diseñadas por la propia Comisión Europea.
En definitiva, presentamos un conjunto de enmiendas tanto a disposiciones adicionales como a la forma de movimientos presupuestarios que no suponen incrementos sino que, muy al contrario, suponen redistribución, buscando que las políticas
medioambientales tengan su sentido. En muchos casos no se trata de una cuestión de dinero sino de ejecución presupuestaria, de voluntad política; voluntad política en la que en la protección del medio ambiente y en el desarrollo de nuestro ámbito
pesquero el Gobierno ha mostrado una vez más muy poca sensibilidad. Se acaba la legislatura y tanto en política medioambiental como en política pesquera queda un gran terreno por desarrollar sencillamente por la inacción o por las políticas
equivocadas de este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores diputados, en realidad muchos de los argumentos que vamos a emplear este año son recurrentes, casi podríamos repetir los argumentos que hemos venido proclamando aquí y en todos los debates sobre
presupuestos. Si apelamos a la memoria histórica, a la memoria de la que se atreverán a decir aquí que es muy poco patriótica, ya les veníamos anunciando que esta política de gastos, que esta política de retraso en la reacción ante una crisis que
todos los países detectaron en cuanto se empezó a producir nos estaba llevando a la situación que lamentablemente tenemos la ocasión de ver reflejada en los presupuestos de este año. Ustedes han reaccionado a la crisis muy tarde y en la dirección
equivocada; han seguido gastando mucho más de lo previsto en los presupuestos y al final estamos ante un recorte, que se veía venir y que
ya denunciamos en los presupuestos del año pasado, en los dos ministerios inversores como son el de Fomento y el de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Sin embargo, ustedes, que hasta ahora se lo han gastado todo, no dejan de
sorprendernos con estas políticas como las que estamos viendo incluso ahora en plena campaña catalana, donde se anuncia el Plan ni-ni de subvenciones para los jóvenes que ni trabajan ni estudian y que viene a añadir gasto a más gasto respecto a unos
presupuestos que no son austeros; que no son creíbles porque se basan en previsiones del crecimiento que no sostienen ningún organismo ni ninguna autoridad internacional; que son unos presupuestos de la resignación porque son unos presupuestos en
los que se prevé un paro del 20 por ciento. Desde luego, desde este punto de vista, no pueden ser más sociales porque la mayor parte de las partidas van precisamente a las prestaciones al desempleo por ese paro que este Gobierno es incapaz de
contener.
Como les íbamos diciendo, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino es, después del de Fomento, el que mayor recorte experimenta, un recorte del 31,5 por ciento. No vale que se camufle la cifra real del recorte porque el
presupuesto consolidado, el que cuenta las transferencias dedicadas a la política agraria comunitaria, puede llevar a un cierto engaño, pero la verdad es que, si se descuentan los 7.500 millones de euros que para la política agraria comunitaria
proceden de Bruselas y que representan el 88 por ciento del presupuesto que se dedica a agricultura, resulta que la cantidad con cargo a la dotación nacional que se destina a agricultura es un 30,5 por ciento inferior a la que se destinaba en los
presupuestos del año pasado.
Con ser esto grave, la distribución de las partidas y la forma en que se recorta todavía nos parece mucho más perjudicial. Señorías, a la competitividad y calidad de la producción agraria se le recorta un 29 por ciento respecto a los
presupuestos del año 2010. Llevamos, pues, en los dos últimos presupuestos un recorte del 44 por ciento. Es decir, que ustedes a la innovación tecnológica, al fomento de las nuevas tecnologías, a la defensa de la sanidad agraria y a la mejora de
la productividad, les recortan prácticamente un 30 por ciento. A la competitividad y calidad de la producción ganadera, le recortan un 24 por ciento, el 31 por ciento en los dos últimos años. Esa es la atención que les merece la calidad, la
sanidad y la mejora de la productividad ganadera. Es llamativo que a la competitividad de la industria agroalimentaria le destinen un 49 por ciento menos que en los presupuestos del año pasado, un 62 por ciento con respecto a los dos últimos
presupuestos. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.) En el desarrollo del medio rural hay una cierta estabilidad porque el grueso de la partida son las transferencias que realiza la Unión Europea a través del CEAD, que
representa el mayor peso en este programa, pero en el programa de desarrollo rural sostenible, esa ley estrella que ustedes han sacado el año pasado a la luz de los medios y de la opinión pública, el recorte es del orden del 20 por ciento, un 64 por
ciento en los dos últimos años. Con respecto a esta prioridad política, a esta política estelar, destinan ustedes 162 millones para las políticas cofinanciadas por las comunidades autónomas, lo que supone que para llevarla a cabo las comunidades
autónomas tendrán que participar en la misma medida, y ya me dirán ustedes, con el déficit que tenemos, qué tipo de esfuerzo se está pidiendo a las comunidades autónomas.
Quisiera detenerme, aunque fuera de una forma rápida y resumida, en la gestión de los recursos hídricos para el regadío. El recorte en esta partida es del orden del 63 por ciento. Ya me dirán ustedes qué forma tienen de atender la
productividad y la sostenibilidad a la que ustedes tanto apelan. Sostenibilidad es mejora de los regadíos. Sostenibilidad es una mayor eficiencia en el uso del agua. A lo que son nuevos regadíos, a lo que es trasformación y mejora, a lo que es
una mayor eficiencia del uso del agua, les aplican ustedes un recorte del 63 por ciento. Por ejemplo ese recorte en nuevos regadíos, modernización, regadíos sociales y regadíos privados supone un 50 por ciento de dotación inferior a la destinada el
año 2009.
En las transferencias de capital a las Seiasa, los planes de mejora de regadío en colaboración con las comunidades de regantes, el presupuesto respecto al año pasado, la dotación presupuestaria, baja a 20,4 millones de euros; es decir de 87
millones de euros presupuestados el año 2010, para este año se presupuestan 20,4 millones. En nuevos regadíos el presupuesto era el año 2009 de 64 millones de euros, de los que se ejecutaron solo 30 millones de euros; por eso en 2010 ya solo se
presupuestaron 36, de los que se ejecutaron 23 millones de euros. Después de tanta falta de previsión, este año se limitan a presupuestar 8,1 millones de euros. En regadíos sociales el presupuesto en 2009 era de 12,8 millones de euros, que
prácticamente no se ejecutaron; mantuvieron en 2010 2,85 millones de euros, de los 12 millones de 2009, y como tampoco se han ejecutado más que una mínima parte, este año figura una partida de 0,9 millones de euros para los regadíos sociales. Y en
la consolidación de regadíos existentes el presupuesto de 40 millones de euros del año 2010 ha bajado a un presupuesto de 27 millones de euros.
Es también llamativo que a la modernización de explotaciones, planes de mejora e instalación de jóvenes agricultores destinen tan solo 9,3 millones de euros cuando el presupuesto era en 2009 de 51,5 millones de euros. Fíjense, señorías, qué
forma de fomentar el relevo generacional cuando resulta que, según los indicadores oficiales del ministerio, de cada cinco titulares de explotaciones agrarias que abandonan la actividad tan solo uno es sustituido por un joven agricultor. Miren
ustedes la atención que le supone el relevo de una población cada vez más envejecida y que está perdiendo efectivos ante la falta de rentabilidad.
No quisiera dejar de referirme a ese famoso plan de choque al que se comprometió el presidente Zapatero con todas las organizaciones profesionales agrarias y las
cooperativas como consecuencia de la gran manifestación que hubo a finales del año pasado aquí en Madrid, la mayor que se ha celebrado por el sector agrario en democracia y que recogía prácticamente todas las medidas contenidas en dos
mociones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y que prosperaron en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de todos los grupos políticos en la Cámara y a pesar del voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, pues esas
medidas, que eran muy importantes porque mejoraban la financiación en el sector agrario porque suponían una reducción del IVA de las tarifas eléctricas de regadío en un momento en el que se ha suprimido el carácter especial y se ha multiplicado su
coste a unos límites insoportables para el sector, en el que medidas que contenían mejoras fiscales de reducción de módulos, un aumento de gastos de difícil justificación para los agricultores que tributan por la estimación directa, etcétera;
bueno, pues de ese conjunto de medidas que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados -repito- por las dos mociones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y que se recogían en el famoso plan de choque del señor Zapatero, no queda nada.
No queda nada, no queda ni la foto a la que se comprometió el presidente del Gobierno con todas las organizaciones agrarias para evaluar el cumplimiento de ese plan de choque. Y naturalmente no es de extrañar que no quede nada porque con este
presupuesto ya me dirán ustedes cómo pueden dar soporte a todas las ayudas que nosotros estimábamos que eran absolutamente indispensables para el sector agrario.
Por eso, señoras y señores diputados, nosotros lamentamos este presupuesto: no hay por dónde cogerlo. Nosotros entendemos que en estos momentos tengan ustedes que hacer unos esfuerzos de contención del gasto y de reducción del déficit que
les vienen impuestos desde fuera porque durante los pasados ejercicios no hicieron lo que tenían que hacer, pero ahora están recortando precisamente en aquellos capítulos de inversión productiva, en aquellos capítulos que necesitan una atención
sobre todo en un sector como es el agrario en el que no me cansaré de recordar que todos los índices publicados por la memoria del ministerio recogen la dramática situación que está atravesando el sector, que en estos momentos tiene una renta que es
un 27 o 28 por ciento inferior a la del año 2004, que tiene una deuda que supera a la renta, que tiene un PIB que es por primera vez inferior al 3 por ciento del PIB y tiene un índice de paro que es superior al índice de paro general.
Ante esta situación, señoras y señores diputados, no entendemos cómo ustedes plantean un recorte del orden del 30 por ciento con cargo a las dotaciones nacionales para la parte que destinan al sector agrario en los presupuestos de este año.
Nuestro grupo presenta unas enmiendas de modificación; una de ellas para incrementar la partida destinada a modernización de explotaciones y a la instalación de jóvenes agricultores, y otra para incrementar la escasa dotación y gestión de recursos
hídricos para el regadío. Y luego, en unas disposiciones adicionales, pedimos al Gobierno que articule un plan para reconvertir el sector primario español para hacerlo competitivo y que se articule en torno a dos ejes. Primero, en torno a la
comercialización de los productos para impulsar la concentración de la oferta, la organización y la creación de nuevas organizaciones de productores para dotarles de mayor poder de negociación, así como también que se potencien de una forma real las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
Segundo, pedimos una transformación del sector primario español para impulsar la modernización de las estructuras productivas y para que se suprima el impuesto de gasóleo agrario profesional que
los agricultores recuperan, pero que lo hacen después del ejercicio en un retorno tardío que no entendemos cómo se sigue manteniendo. También pedimos que se aplique el IVA reducido al suministro de gas y electricidad a las explotaciones agrarias,
adecuando las tarifas eléctricas a la situación y utilización por el sector de esta energía. Estos son los dos grandes ejes en los que nosotros planteamos una actuación del Gobierno para hacer más competitivo al sector primario español.
En cuanto a la política agraria común, pedimos al Gobierno que garantice el mismo nivel de ayudas directas a los agricultores españoles, así como el mantenimiento de los fondos destinados al desarrollo rural; que se mantenga el actual
modelo de reparto de ayudas basado en los rendimientos históricos o que se articule uno que no perjudique las ayudas que está recibiendo el sector en estos momentos y que representan, como he dicho antes, el 88 por ciento de la dotación que se
destina al sector agrario en su conjunto; que se mantenga el actual flujo de retorno comunitario, esos casi 7.500 millones de euros que proceden de Bruselas y que están en riesgo en estos momentos porque las instancias comunitarias están amenazando
con que no se está cumpliendo con los criterios del déficit y los países incumplidores pueden perder esas importantes ayudas. Respecto a las negociaciones de la Unión Europea con Mercosur pedimos que se haga una valoración económica de dicho
acuerdo. Y en cuanto al acuerdo Unión Europea-Marruecos no entendemos que la primera actuación después del primer Consejo de Ministros al que asistió la señora ministra en Bruselas sea para alabar un acuerdo que es claramente perjudicial para
nuestro sector hortofrutícola y en el que por lo menos hay que pedir que se establezcan y se introduzcan los mecanismos para que se cumpla lo acordado y para que se planteen compensaciones para los sectores afectados.
Por último, en el capítulo de los recursos hídricos, que ha salido tan mal parado, pedimos que el Gobierno priorice el apoyo a las explotaciones de regadíos, que se fortalezcan las Seiasas, que parece ser que van a desaparecer con un recorte
brutal, un hachazo a las cuatro sociedades, que se van a unificar en una sola con mucha menos dotación presupuestaria que la suma de las cuatro
existentes, y que no se interrumpan los programas de modernización de los actuales regadíos.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Voy a relatar, con la brevedad requerida en estos momentos, las enmiendas de Convergència i Unió. He de decir que nuestras enmiendas, desde el punto de vista de las competencias ambientales del ministerio, van
dedicadas sobre todo a la protección de costas porque consideramos que no está debidamente atendido a lo largo de todo el litoral mediterráneo de Cataluña; a estos efectos, hay una serie de partidas que intentamos que se complementen.
Hay dos cuestiones que quería tratar con un pequeño detenimiento. Por un lado, lo relacionado con el delta del Ebro. El delta del Ebro requiere una inversión importante, una actuación contundente para evitar o para frenar de alguna manera
su regresión y para proteger básicamente el propio ambiente deltaico, pero también todas las actividades, especialmente explotaciones de arroz de todo el litoral. Por otra parte, un aspecto que tiene un carácter de protección pero también de
promoción del turismo que interesa, el turismo verde, el turismo ecológico. Se trata de los llamados caminos de ronda, cuya desatención es palpable y para lo cual recabamos, tanto en el litoral de Barcelona como en el de Girona y el de Tarragona,
unas partidas suplementarias.
Desde el punto de vista ambiental, como siempre, prevemos en las enmiendas unas partidas destinadas a distintas entidades que efectúan meritorias actuaciones ambientales y nos gustaría que algunas de ellas pudieran ser atendidas, tanto las
que van destinadas -repito- a estas entidades como las que van a múltiples ayuntamientos que están actuando de forma muy meritoria en la protección del medio ambiente y en la promoción de los valores ambientales.
Finalmente, desde el punto de vista agrario, uno tiene poco que añadir a la exposición enciclopédica del señor Llorens, pero sí queremos recabar mayores dotaciones para unos cuantos aspectos que me parecen importantes.
En primer lugar, la
financiación de un plan de renovación de frutales; en segundo lugar, los convenios de fomento de la apicultura; la mejora del sector de frutos de cáscara y los algarrobos; también la reestructuración de los frutos secos, que es un problema
latente en Cataluña que creemos que algún día habrá que resolver; la partida más importante que reclamamos, lógicamente no solo para Cataluña sino para el conjunto del Estado, es la mejora de la protección de los sectores del lácteo; y finalmente
prevemos genéricamente una partida de incremento destinada a la modernización de explotaciones agrarias.
Somos conscientes, señorías, de que el recorte se cierne sobre todos los ministerios, pero creemos que la atención a nuestro mundo rural, la atención a los sectores que trabajan desde la agricultura y desde la ganadería para la protección de
este territorio deberían tener en este momento una atención prioritaria por parte del Estado. Por ello, Convergència i Unió presenta todas estas enmiendas con la voluntad, por una parte, de recabar la aprobación de las señoras y señores diputados,
y por otra, de llamar la atención y decir una vez más que nuestro mundo rural, nuestra agricultura, no parece que tenga la atención que se merece.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Buenaventura.
La señora BUENAVENTURA PUIG: Intentaré también ser muy breve debido a la hora. Tendremos ocasión en otros debates de profundizar más en diferentes temas.
Nuestro grupo parlamentario presenta distintas enmiendas que intentan paliar la disminución que ha habido en los Presupuestos Generales del Estado en lo que hace referencia al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con un
recorte del 31 por ciento. Entendemos que no podemos pensar en una modernización ecológica de nuestro sistema económico con un presupuesto tan disminuido, por tanto, pedimos un aumento en programas concretos para este ministerio y a mí me gustaría
-evidentemente, al margen de planteamientos que hacemos por una gestión de residuos mucho más acorde con las directivas europeas, así como una gestión del agua mucho más acorde también con las directivas europeas- hacer especial mención, ya que el
año 2010 es el Año de la Biodiversidad, de unas propuestas que hacemos en concreto sobre la protección del medio natural, la conservación de nuestra diversidad biológica. Sabemos que a nivel mundial, y en concreto en Europa, hay una llamada de
atención sobre la pérdida de biodiversidad que se está contemplando en todo el planeta y evidentemente también en Europa y en el Estado español. Por ello presentamos dos enmiendas, la 1666 y la 1667, que vienen a plantear la necesidad de crear un
fondo para que puedan gestionarse todos los espacios que han sido contemplados como espacios de la Red de espacios protegidos Natura 2000, porque si no ponemos tanto medios como presupuesto y no hay una gestión responsable de estos espacios, por
mucha protección escrita o declarada, poco sirve para evitar realmente la pérdida de la biodiversidad, la pérdida del patrimonio natural de nuestro Estado. Son dos enmiendas que, como decía, contemplan estos fondos tanto para la Red Natura 2000
como también para temas de ecosistemas forestales y por tanto la protección de la mayor parte de nuestro espacio natural.
Como decía al comienzo de mi intervención, hay muchísimas más enmiendas para paliar, no solo en temas medioambientales sino también en temas agrícolas, las deficiencias de los Presupuestos Generales del Estado que se han presentado para el
año 2011.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Jorquera, por el BNG, Grupo Mixto.
El señor JORQUERA CASELAS: Voy a procurar ser extraordinariamente breve debido a lo avanzado de la hora. A esta sección hemos presentado numerosas enmiendas teniendo en cuenta que, junto con el Ministerio de Fomento, es el principal
departamento inversor, pero voy a centrar mi intervención simplemente en la explicación y defensa de cuatro de las numerosas enmiendas que hemos presentado.
Tres de ellas se refieren al medio ambiente. La 2622 propone incrementar significativamente la dotación para la estación depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela. Esta dotación adicional tiene como objetivo recuperar en el
calendario de inversiones la previsión que existía en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y cumplir así el plazo inicialmente previsto para su finalización, que es el año 2013. Entendemos que una actuación tan importante como
esta, fundamental para el saneamiento de Santiago de Compostela, no admite más demoras. Esta misma razón motiva la enmienda 2642, en la que proponemos incrementar de manera significativa la dotación para el colector general de Ferrol. Con ello
pretendemos asegurar que esté finalizado en el año 2012 y no en 2014, como se derivaría de la reprogramación que se desprende de este proyecto de presupuestos, para así hacerlo coincidir con la finalización y puesta en funcionamiento del emisario
del cabo Prioriño, si no se daría una situación hasta cierto punto paradójica, y es que se habría hecho una importante inversión para la finalización y puesta en funcionamiento por este emisario y a efectos prácticos estaría inutilizado dado que
para que cumpla su función es fundamental conectarlo con el colector general de Ferrol, de ahí la importancia de incrementar esa dotación para acelerar los plazos de ejecución.
La enmienda 2644 propone que se mantenga en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado una partida que ya existía en los presupuestos de 2010 y que ya existió en los presupuestos de 2009 pero que no se llegó a ejecutar; una partida de
un millón de euros para la regeneración de la ría de O Burgo que es, para los que desconozcan Galicia, el estuario de la ría de A Coruña, un espacio de gran valor medioambiental y también de valor productivo en la medida en que es una zona
tradicional de marisqueo pero normalmente degradada. Nosotros comprendemos que para acometer la regeneración de este sector de la ría de O Burgo es imprescindible que otras administraciones hagan sus deberes y asegurar que se deje de verter a la
ría, condición imprescindible para que la regeneración sea efectiva y que perviva en el tiempo. En cualquier caso, consideramos que es imprescindible que el Estado tenga la previsión de esta dotación porque no puede inhibirse de sus competencias y
a través de un proceso de diálogo con la Xunta de Galicia tiene que asegurar que se acometa esta regeneración demandada además por el conjunto de la comarca coruñesa.
Finalmente, quiero referirme a una enmienda de medio rural. La nueva ministra ha dicho que aspira a teñir de verde el nuevo ministerio y a nosotros nos parece muy bien, pero nos gustaría que no abandonase la importancia que tienen las
políticas de cara al sector agrario y ganadero. En ese sentido, en la enmienda 2624 proponemos una dotación muy importante para el Plan lácteo 2011-2014. El objeto de esta enmienda es proveer un fondo estatal para afrontar la grave crisis que
atraviesa este sector e inyectarle liquidez. Estamos hablando de un sector que en el caso de Galicia -no solo de Galicia; podríamos hablar también de la cornisa cantábrica y de otras comunidades- no solo tiene una importancia económica, sino que
es vital para el mantenimiento del medio para evitar la desertización poblacional del medio rural. Entendemos que es necesaria esta dotación para evitar la situación al borde de la quiebra en la que se encuentran muchas explotaciones y garantizar
su supervivencia. En definitiva, se trataría de una dotación destinada a compensar las pérdidas ocasionadas en este sector por la caída del precio en origen de la leche y aminorar el elevado grado de endeudamiento que tienen muchas explotaciones.
Además, cumpliría otro objetivo, que es evitar la desventaja comparativa que representa para las explotaciones gallegas y de otras comunidades autónomas la eliminación del sistema de cuotas en el año 2015. Este fondo debería destinarse
fundamentalmente a medidas dirigidas a ayudas de carácter agroambiental y de apoyo a las inversiones para favorecer su redimensionamiento, su eficacia productiva y estar en condiciones de competir. Creemos que muchas veces cuando se habla de
sectores estratégicos se desprecia el sector primario y en particular, en lo que a nosotros nos afecta, el sector lácteo, pero nosotros consideramos que es estratégico para un país tener un campo vivo, y un campo vivo pasa por tener un campo
productivo, y el sector lácteo en Galicia es lo que asegura mantener un campo vivo, la preservación del medio y evitar la desertización poblacional de nuestro medio rural.
Doy por defendidas el resto de las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): El Grupo Parlamentario Socialista va a repartirse el tiempo y tiene la palabra, en primer lugar, el señor Morán.
El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Seremos concisos por triplicado.
Respecto a la intervención del Grupo Popular, tal parece que hubiese cundido el ejemplo del consejo que se le daba al presidente del Grupo Popular en el sentido de no hacer nada de aquí al año 2012. Han presentado a plazos la enmienda de
totalidad que no prosperó en el trámite correspondiente, de manera que nos encontramos, excepto en el ámbito de pesca, con enmiendas de devolución para el resto de las secciones que afectan a la
sección 23. Quizá por esta razón han tenido que empeñar una parte bastante importante de su tiempo en defender las enmiendas que se habían presentado al articulado por parte del Grupo Popular, pero que no había lugar a defenderlas ahora
puesto que han sido votadas y rechazadas en el trámite anterior de votaciones, con lo cual se produce una situación curiosa, que es defender enmiendas que ya han sido votadas y rechazadas.
Si tuviésemos que hacer caso de la comparación que nos hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que para valorar con suficiente corrección el resultado presupuestario habría que atender a lo que ha ocurrido fuera de
los espacios de discusión del presupuesto -y ha hecho referencia expresa al reciente cambio de ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino-, podríamos llegar a conclusiones que el Partido Popular en ningún caso pretendería. Utilicemos ese
mecanismo y hagámoslo en cada una de las áreas que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha expuesto. Si esto tuviésemos que valorarlo en el ámbito del cambio climático, es evidente que en la comparativa con el último presupuesto que elaboró
el Partido Popular teniendo responsabilidades de Gobierno y teniendo en cuenta que en materia de cambio climático la consignación presupuestaria era cero, en consonancia con la defensa que hace alguno de los reputados portavoces del Partido Popular
en relación con la inexistencia del cambio climático, estaríamos en estos momentos concluyendo que el Partido Popular mantiene una posición política que se corresponde con su expresión presupuestaria en el último momento en que tuvo la oportunidad
de hacerlo, que es cero presupuesto destinado a cambio climático; además, ni siquiera con la presentación de enmiendas que pudiesen ir dirigidas a incrementar las dotaciones presupuestarias en este ámbito.
Si vamos al ámbito de las políticas de agua, confundir una oferta sincera que hace el Partido Socialista para poner en marcha un mecanismo de encuentro social de la envergadura que entendemos que requiere un problema como es el de decidir a
futuro la gestión del agua en este país con el hecho de que se haga la lectura de que quizá las políticas de agua del Gobierno del Partido Socialista han fracasado, tendría que llevarnos a la conclusión de que las políticas de agua del Partido
Popular durante los ocho años en que tuvo responsabilidades de Gobierno no solamente fueron un fracaso, sino que tuvieron prácticamente que salir por piernas del Gobierno. En el recorrido que tenemos hasta esos momentos en materia de políticas de
agua la conclusión es que en este país no había problemas de abastecimiento de agua y cuando llegamos al Gobierno algunas de las medidas que hubo que adoptar con carácter inmediato fueron precisamente aquellas dirigidas a garantizar el suministro de
agua potable para uso de boca en multitud de poblaciones de este país. Si en este momento hacemos esta oferta es precisamente porque entendemos que la situación socialmente está lo suficientemente tranquila como para que se pueda producir también
un debate lo suficientemente tranquilo.
En relación con las políticas de protección del medio ambiente, si la propuesta estrella que hace el Partido Popular, que es eliminar la Ley de Costas y renunciar al escaso porcentaje de deslinde del dominio público marítimo-terrestre que
resta por hacer y debemos traducir que eso es una política de protección del medio ambiente, evidentemente está a una distancia abismal de lo que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que son políticas de protección del medio ambiente.
En esta tesitura tenemos que entender que el Partido Popular ha renunciado a presentar propuestas que mejorasen los contenidos del proyecto de presupuestos en la parte que corresponde a la sección 23 que el Gobierno ha remitido al
Parlamento. Por tanto, más allá de las palabras y de las declaraciones más o menos altisonantes, es evidente que el Partido Popular no tiene una propuesta que mejore lo que el Gobierno ha remitido a la Cámara. En ese sentido, quizá hasta debamos
de agradecer la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Sobre el resto de enmiendas, coincidiendo con el discurso que se ha hecho con carácter general de que afrontamos un presupuesto que debe tener como característica básica la contención en el gasto y la eficiencia en la aplicación de las
medidas que tienen las dotaciones presupuestarias correspondientes, entenderán ustedes, señoras y señores diputados, que en la suma final de la totalidad de enmiendas presentadas, teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Popular no ha
presentado prácticamente ninguna a las partidas que aparecen recogidas en el proyecto de presupuestos -solamente 15 millones de euros en números redondos para las políticas de pesca-, tendrán que entender que 1.500 millones de euros en enmiendas a
la sección 23 excede con mucho esa declaración de contención del gasto. En último término van a producirse enmiendas en el entorno de los 50 millones de euros, que creo que intentan recoger las aportaciones que por parte de algunos de los grupos
parlamentarios se han hecho en el ánimo de mejorar el contenido del presupuesto. Más allá de lo que pueda suceder en relación con las enmiendas presentadas, y es que cada quien pueda justificar en su ámbito territorial que ha presentado la enmienda
correspondiente para el municipio de turno, supongo que ninguno de los grupos parlamentarios tendría conciencia de que estábamos en condiciones de modificar en nada menos que en 1.500 millones de euros el presupuesto presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor don Ceferino Díaz, por favor.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, en los diez años que llevo en este Parlamento siempre hemos hablado de la crisis del sector pesquero.
Gobernara quien gobernara, el sector pesquero siempre estaba en crisis.
En este momento yo tengo que decir
que en una crisis general como la que estamos viviendo, el sector pesquero no
atraviesa una crisis más grave que el resto de la economía. En todo caso podría decir que el sector pesquero no es de los que peor parado sale de la crisis y tampoco de este presupuesto. Una prueba de que esto es así son las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En estas enmiendas, señorías, no hay nada nuevo, no hay una sola idea nueva que no esté en el presupuesto presentado por el Gobierno.
Hablan ustedes de recuperación del caladero nacional. Señorías, esa es una preocupación del Gobierno, y hay un plan de recuperación de los caladeros nacionales desde el año 2005 que está dando resultados. Hablan ustedes de medidas
socioeconómicas para atender el desguace o la paralización temporal de la actividad. Pues bien, esas medidas están contempladas en los presupuestos, en concreto en el concepto 774. Además tienen dos enmiendas más; una de ellas es imposible y la
otra un desatino. Imposible porque la legislación comunitaria que nos obliga nos impide ayudas directas a la flota que faena con bandera de otro país, es decir, a la flota mixta. Hay que decir también que existen organismos, como Pymar, que
conceden avales a la fabricación y remodelación de pequeñas y medianas embarcaciones, pero no caben ayudas directas.
Piden ustedes también que se apoye a la acuicultura. En los presupuestos se apoya a la acuicultura, pero ustedes parten de un error grave. Ustedes dicen apoyar a la acuicultura para así mejorar nuestra balanza comercial.
Tengo que
decirles que esa es una medida totalmente errónea, porque desde hace tres años nuestra capacidad de elaboración de productos de acuicultura está infrautilizada porque no hay mercado para esa producción, por ello hay una caída o un estancamiento
importante de precios como consecuencia del exceso de capacidad, debido también a que no podemos impedir que de otros países de la Unión entren productos de acuicultura a precios más competitivos, luego no podemos seguir incrementando un sector que
está sobredimensionado. Por ello, nuestras ayudas están fundamentalmente dirigidas en el plano de la acuicultura a nuevas especies que puedan tener mercado y que permitan revalorizar este sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Para cerrar, tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Voy a ser muy breve.
El ánimo de mi intervención es concretar la posición del Grupo Socialista en relación con algunos temas que se han planteado y defendido por los portavoces de algunos grupos parlamentarios y que tienen que ver con la agricultura y la
industria agroalimentaria. En primer lugar, quisiera manifestar que el Grupo Socialista, reconociendo que estamos ante un presupuesto austero, restrictivo, piensa que es un presupuesto que va a poder mantener los prioritarios objetivos de política
agraria, que son fundamentalmente atender al mantenimiento de las rentas del sector primario español. Se ha tratado de minimizar por parte del portavoz del Grupo Popular el efecto positivo que tiene de red de seguridad en el presupuesto la
existencia de la política agraria europea, y nosotros queremos dejar aquí constancia que este presupuesto mantiene unas ayudas a la renta del sector primario de más de 7.000 millones de euros, que supone más del 35 por ciento de la renta agraria
española, por tanto esa seguridad en el mantenimiento de la actividad es una garantía en este presupuesto. Por parte del portavoz del Grupo Popular lo único que hemos escuchado un año más es un análisis burocrático de todas y cada una de las
partidas que sufren alguna merma en el presupuesto. Cualquiera puede comparar la cifra de este año con la del anterior y leer en dónde se producen los decrecimientos, sin analizar las políticas que se mantienen.
Es un análisis que respeto, pero
nos hubiera gustado mucho y creo que al 'Diario de Sesiones' también y seguramente a los agricultores haber escuchado la alternativa política del Partido Popular en estos presupuestos. No hemos escuchado al Grupo Popular defender ni una sola de las
escasas enmiendas presupuestarias que ha presentado. Hemos escuchado una crítica global generalizada a la política agraria española, pero en el tema presupuestario concreto no ha habido ni una sola defensa de enmienda. Es más, las tres enmiendas
que ha defendido el portavoz del Grupo Popular son enmiendas que ya se han votado. Su portavoz ha defendido tres enmiendas al texto articulado de las disposiciones adicionales que esta Comisión, soberana en este caso, ya ha votado hace unos minutos
o unas horas en sesión anterior. Del resto de enmiendas no hemos escuchado nada más que críticas generalizadas y ninguna defensa, ninguna alternativa. Habrá en esto también seguramente programa oculto, señor Llorens. No sabremos si habrá programa
oculto. Si el señor Rajoy en este tema también copia lo que dicen algunos líderes europeos es probable que si gobiernan alguna vez los 7.000 millones de euros de la política agraria que ustedes critican desaparezcan del presupuesto, como vienen
proponiendo algunos acreditados líderes europeos del Partido Popular (El señor Llorens Torres: O Sarkozy.) en los que el señor Rajoy piensa inspirarse si alguna vez llega al Gobierno. Ha criticado el señor Llorens la disminución de la política de
regadío, y le recuerdo que ustedes hace unos minutos en la votación anterior han votado en contra y han tratado de impedir la incorporación al texto articulado de una disposición adicional que declara de interés general unos importantes regadíos en
mi región que afectan a dos municipios agrarios muy importantes en la zona de La Serna, en La Solana. Mucho discurso, pero cuando ustedes tienen que votar no votan, como no lo han hecho en la ocasión anterior. En definitiva, ninguna alternativa.
Mucha crítica, pero ninguna alternativa en este tema de política agraria, como en otras políticas.
En relación con lo planteado por el resto de portavoces de CIU, IU y Grupo Mixto, quisiera trasladar tranquilidad. Son propuestas concretas de incremento presupuestario de determinadas partidas. Se ha hablado de los
temas que tienen que ver con frutales, apicultura, frutos secos, sector lácteo, modernización y medio rural. Efectivamente, hay recortes en el presupuesto, pero las cifras están ajustadas a las necesidades actuales.
Estas son políticas que
se gestionan cofinanciadamente con presupuestos de las comunidades autónomas, por lo tanto el nivel del presupuesto responde a un análisis y a un compromiso de cogestión de estos presupuestos en las distintas comunidades autónomas. Esta es la
posición del Grupo Socialista. Perdone, señor presidente, si me he alargado un poco más de lo que dije al principio. (El señor Llorens Torres pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): No se preocupe, señor Alonso.
Señor Llorens, tiene estrictamente un minuto.
El señor LLORENS TORRES: Ya estamos acostumbrados al discurso recurrente.
Usted sí que es recurrente, porque el conjunto de medidas está aprobado en las dos mociones que contienen todos los puntos que ustedes todavía no han cumplido y se
han negado a cumplir, a pesar de que hay un mandato de la Cámara que así lo ordena. Usted está haciendo un discurso. Si nosotros hubiéramos presentado unas enmiendas que hubieran supuesto un aumento del gasto hubiera hecho el discurso del señor
Simancas. Ya sabemos que ustedes se reparten los discursos según les convenga. Ha hecho una cosa que revela su estilo pedestre de hacer política. Mi compañero ha dicho antes que aunque nosotros apoyábamos las enmiendas que el señor Marugán había
presentado en el último momento por una cuestión de procedimiento tenían que haberse registrado. Esto lo sabe porque estaba aquí. ¡Es su estilo de hacer política! Usted me recuerda a esos boxeadores noqueados que hacen el clinch. Usted sabe que,
en el fondo, esas enmiendas -lo ha dicho el señor Pujalte- las íbamos a apoyar. Lo que estábamos criticando es que no se hubieran presentado en forma reglamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Llorens, ese tema ya ha sido debatido.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, quería aclarar esta cuestión y le agradezco su flexibilidad para poderlo hacer. (El señor Alonso Núñez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Un minuto, señor Alonso y acabamos.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Menos de un minuto. El señor Llorens siempre acusa el golpe. Él critica fuertemente pero no acepta la crítica democrática.
Las realidades se documentan con el 'Diario de Sesiones', señor Llorens.
El Grupo Popular
ha tratado de impedir la incorporación al texto de una disposición adicional nueva que declara de interés general unos regadíos.
Finalmente, cuando el presidente de la Comisión ha llamado a la votación de esa enmienda, tramitada conforme ha
establecido la propia Comisión, el Grupo Popular no la ha votado. Ustedes sabrán qué justificaciones tienen, pero ya me encargaré yo de decirle a los afectados que el Partido Popular no ha querido votarla, aun cuando ustedes tengan las excusas
formales, informales, éticas o morales que ustedes quieran.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Vamos a dar por terminado el debate de esta sección, no sin recordar que mañana a las nueve en punto de la mañana proseguirá el debate con la sección 18, Educación. Se levanta la sesión.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 614, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el martes 5 de octubre de 2010, en la página 1, línea 7, donde dice: 'Popular en el Congreso (212/001170)', debe decir:
'Popular en el Congreso (número de expediente 212/001225)'