CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 596

VIVIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PERE MACIAS I ARAU

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles, 15 de septiembre de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Vivienda (Corredor Sierra), para informar sobre:


- Las medidas de ajuste del Plan estatal de vivienda y rehabilitación derivadas del programa de austeridad del Gobierno. A petición propia.
(Número de expediente 214/000179.) ... (Página 2)


- La supresión de las ayudas a la compra de viviendas protegidas, la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo para la construcción de viviendas protegidas, el recorte de las subvenciones para la
promoción de vivienda nueva protegida de alquiler, así como la concreción presupuestaria del anuncio de austeridad del Plan estatal de vivienda y rehabilitación en los próximos dos años. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 213/000838.) ... (Página 2)

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- La modificación del Plan de vivienda y el recorte presupuestario anunciado el 27 de julio de 2010. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000843.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Vivienda, que tiene que sustanciar la celebración de tres comparecencias: en primer lugar, a petición propia de la ministra de Vivienda para informar sobre las medidas
de ajuste del Plan estatal de vivienda y rehabilitación derivadas del programa de austeridad del Gobierno; en segundo lugar, y a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la comparecencia de la ministra de Vivienda para
informar sobre la supresión de las ayudas a la compra de viviendas protegidas, la supresión de la ayuda a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo para la construcción de viviendas protegidas, el recorte de las subvenciones para la
promoción de vivienda nueva protegida de alquiler, así como la concreción presupuestaria del anuncio de austeridad del Plan estatal de vivienda y rehabilitación en los próximos años; y en tercer lugar, a petición del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, la comparecencia de la ministra de Vivienda para informar sobre la modificación del Plan de vivienda y sobre el recorte presupuestario anunciado. Lógicamente vamos a acumular las tres comparecencias en una, y como siempre la sesión se
desarrollará, en primer lugar, con la intervención de la señora ministra, seguida de un turno de los grupos parlamentarios, que como es tradición en la Comisión se llevará a cabo de menor a mayor y durante un tiempo máximo de quince minutos, y
posteriormente se producirá una nueva intervención de la señora ministra y de réplicas con carácter excepcional en su caso. Por tanto, dando la bienvenida a la señora ministra de Vivienda iniciamos ya la sesión.



Tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Señorías, señoras y señores diputados, la verdad es que para mí siempre es una buena noticia comparecer en una nueva sesión de debate en esta Comisión. Estamos estrenando en parte el nuevo
curso político y espero que nos pueda seguir permitiendo intercambiar pareceres y trabajar juntos por la política de vivienda en España. Por mi parte ya saben que como hasta ahora pueden seguir contando con toda mi disponibilidad para comparecer y
para responder a sus preguntas e interpelaciones, y también pueden contar con mi voluntad de debatir con todos ustedes sin dobleces, como lo hemos hecho hasta ahora, y con la predisposición a un franco intercambio de ideas, que al fin y al cabo es
una característica saludable en la democracia y en la que creemos firmemente todos los miembros del Gobierno y, desde luego, quien les habla. Ya tuve ocasión de decirlo el otro día ante el Pleno de esta Cámara, y si me lo permiten lo repetiré
ahora.
Nunca hemos rehuido el debate, sino que queremos afrontarlo siempre de forma leal y transparente, aunque con firmeza, para defender los argumentos y nuestras posiciones e incorporar -cuando haya lugar- sus aportaciones en aras de lograr el
máximo consenso posible.



Hoy comparezco ante ustedes, como reza el orden del día de la sesión, a petición propia. Solicité esta comparecencia a finales de julio para explicarles en detalle, como representantes de la soberanía popular y como miembros de esta
Comisión, las medidas de ajuste del Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, de las que fueron informadas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial celebrada el 27 de ese mismo mes. Como saben se trata de unas medidas
derivadas del actual marco de austeridad presupuestaria y de la aprobación del techo de gasto para el conjunto de la Administración General del Estado por acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de junio de este año, en el que quedaron fijados los
objetivos de estabilidad presupuestaria de todo el sector público para el periodo 2011-2013 y también el límite de gasto no financiero del Estado para 2011. Así pues solicité esta comparecencia el mismo día de la celebración de dicha conferencia
sectorial, es decir, cuando aún en el ministerio se estaban analizando en fase preliminar las líneas clave de la propuesta de reprogramación de objetivos del plan para poder cumplir nuestros compromisos presupuestarios.



Señorías, siempre hemos respetado escrupulosamente el reparto competencial diseñado por la Constitución y por eso siempre hemos mantenido el máximo respeto hacia las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de
desarrollar la política de vivienda en sus respectivos territorios. Por ello, a fin de explicar la postura del ministerio y de recabar las primeras impresiones sobre ella, se convocó una reunión multilateral, preparatoria de la propia conferencia
sectorial, con los directores generales de las comunidades y ciudades autónomas, donde ya se anticiparon las principales


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novedades que estábamos estudiando. Unos días después, el 27 de julio, se celebró la Conferencia Sectorial de Vivienda entre el ministerio y los consejeros, así como la reunión del consejo rector del Plan estatal de vivienda para informar
oficialmente a las comunidades y ciudades autónomas y a los agentes económicos y sociales de nuestra propuesta para adaptarnos al Plan de reducción del déficit y recabar de primera mano sus impresiones y pareceres. Fue como saben una reunión
intensa y difícil -desde luego no voy a pretender lo contrario-, puesto que como conocerán hubo planteamientos críticos frente a las medidas que había propuesto el Gobierno.



Señorías, siempre es complicado anunciar una reducción de los recursos disponibles y un reparto inferior a lo esperado, pero les aseguro que lo afrontamos desde la responsabilidad y la serenidad que da el convencimiento de que es
absolutamente necesario para garantizar la sostenibilidad de la política de vivienda a medio y a largo plazo. En esta coyuntura ofrecí a los representantes autonómicos y a los miembros del consejo rector diálogo y flexibilidad, pero creo que
tampoco es esto una novedad en el modus operandi del departamento que dirijo. Por eso desde el día siguiente a la celebración de ambas reuniones hemos estado abiertos a recibir las aportaciones, las sugerencias y por supuesto también las críticas
que nos han ido haciendo llegar tanto las comunidades y ciudades autónomas como los agentes económicos y sociales, y hemos intentado incorporar el mayor número de ellas al borrador del real decreto, que desde el pasado día 2 y hasta el próximo 24 de
septiembre está ya en trámite de audiencia pública. Queremos escuchar a todos y queremos tener en cuenta todas las opiniones. Por ello, antes de someter el real decreto a la aprobación del Consejo de Ministros incorporaremos también las
alegaciones que nos lleguen en este periodo y que sean compatibles con las dos únicas líneas rojas de las que hemos advertido: en primer lugar, cumplir con el compromiso presupuestario y, en segundo lugar, mantener la prioridad de las políticas de
fomento del alquiler y de la rehabilitación. Por tanto, señorías, todas la reprogramación del Plan estatal se está haciendo de forma constructiva, abierta y transparente, con plena lealtad a las instituciones y, por supuesto, asumiendo la
responsabilidad ante los ciudadanos. Queda por tanto un espacio para la flexibilidad, para concretar el detalle y para la mejora técnica y la resolución de dudas al objeto de que el real decreto permita el más amplio espacio de consenso posible.



La finalidad de mi intervención inicial en esta Comisión va a ser explicar y argumentar los cambios propuestos por el ministerio en el Plan estatal de vivienda y rehabilitación, que ya están recogidos en el proyecto de real decreto al que me
he referido. Para ello, y si me lo permiten, recordaré en primer lugar la estructura del plan, tal y como fue diseñado en 2008, las prioridades políticas y económicas a las que obedecía y los programas de actuación que contenía. Esta
recapitulación permitirá demostrar la coherencia de los cambios que ahora acometemos con los objetivos sociales y económicos del plan desde su concepción. En segundo lugar, y con el mismo objeto, realizaré un breve análisis de la ejecución de este
plan hasta la fecha, con sus luces y sus sombras, procurando aportar datos concretos que puedan respaldar las decisiones que ahora adoptamos. En tercer lugar, les daré cumplida cuenta de en qué va a consistir la reprogramación de objetivos del plan
y a qué motivos obedece, incluyendo las matizaciones que ya se han introducido en el texto del borrador del real decreto que ustedes conocen. Una vez terminada esta exposición estaré, como siempre, abierta a sus preguntas, sugerencias, comentarios
y críticas.



Empezaré, por tanto, con unas breves consideraciones sobre los antecedentes del Plan vigente de vivienda, aunque no me voy a extender pues sé que conocen en detalle el contenido del mismo. A pesar de que he dado cuenta de su formulación, de
su aprobación y de su desarrollo ante esta Comisión y ante el Pleno de esta Cámara, no está de más y puede ser útil traer a colación alguna de sus coordenadas principales. Como saben, el 24 de diciembre de 2008, el BOE publicaba este Plan estatal
de vivienda y rehabilitación que el Consejo de Ministros había aprobado mediante real decreto el 12 de diciembre del mismo año. Los objetivos para cuya consecución lo diseñamos fueron, de una parte, seguir facilitando el acceso a una vivienda a las
familias con más dificultades o ayudarles a mejorar la que ya disfrutaban y, por otra, acompañar y orientar al sector de la construcción residencial en su necesaria reconversión, puesto que los últimos años se había confiado de forma excesiva en la
construcción de viviendas como uno de los motores de la economía española, tanto en término de PIB como de generación de empleo.
Sin embargo, esta desproporcionada actividad inmobiliaria trajo consigo, como muy bien saben SS.SS., las consecuencias
negativas que todos conocemos en empleo, en dificultades de acceso a la vivienda de las familias y de sostenibilidad de nuestro crecimiento económico, consecuencias que se agravaron con la crisis financiera y económica internacional. Por ello,
desde el comienzo de la legislatura, el Ministerio de Vivienda se propuso avanzar hacia un triple equilibrio: entre la vivienda libre y protegida, entre la compra y el alquiler y entre la construcción de obra nueva y la rehabilitación. Por tanto,
el fomento de la rehabilitación y del alquiler ha formado parte en nuestras prioridades desde un primer momento, desde el mismo diseño de la estructura y del contenido del Plan estatal. Me voy a referir brevemente a cada una de estas líneas.



En primer lugar, la rehabilitación. Los anteriores planes de vivienda, tanto en la época de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista, tradicionalmente se venían denominando planes estatales de vivienda. El actual, como
bien saben, lleva por rúbrica Plan estatal de vivienda y rehabilitación, y no es una mera cuestión semántica sino que pone de manifiesto que ya desde el comienzo de esta legislatura la rehabilitación


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se ha convertido en uno de los ejes estratégicos de la política de vivienda, como lo demuestra el hecho de que el plan reservara a esta actividad la mitad de todas sus actuaciones protegidas. Nuestro objetivo es rehabilitar cerca de medio
millón de viviendas en cuatro años, para lo que se dispuso un presupuesto destinado a este fin superior a los 1.700 millones de euros. Como recordarán SS.SS., el plan incorpora el programa Renove con ayudas directas para la mejora de la eficiencia
energética, higiene, protección ambiental, seguridad y accesibilidad de edificios y viviendas y refuerza las ayudas en las áreas de rehabilitación integral de renovación urbana, ampliando al mismo tiempo la participación ciudadana en estos procesos.
Por tanto, la rehabilitación dio un salto cualitativo, además de cuantitativo, con el Plan de vivienda actualmente en vigor. Esto es importante por razones de diversa índole, tanto económica como social o medioambiental. Sus señorías me lo han
oído decir muchas veces, pero creo que es importante recordarlo. En primer lugar, porque la rehabilitación genera actividad económica para los fabricantes de materiales de construcción y para las empresas e industrias auxiliares, que por cierto son
las que emplean al 73 por ciento de la mano de obra del sector. En segundo lugar, porque tienen un gran potencial de creación de empleo. La rehabilitación es una actividad intensiva en mano de obra que va a permitir que miles de trabajadores que
han perdido su empleo en este duro ajuste puedan mejorar su formación e incorporarse a una actividad más especializada con mayor valor añadido y que contribuye a incrementar la productividad de la construcción residencial. Ya conocen el informe que
demuestra que por cada millón de euros invertido en obras de rehabilitación se generan 56 puestos de trabajo, por tanto más que en la obra civil o en la construcción residencial. Y, finalmente, porque a través de la rehabilitación urbana integrada
avanzamos hacia un modelo urbano más cohesionado, que se centra en los procesos de renovación y puesta en valor de la ciudad existente y del patrimonio ya construido más que en la ocupación de suelo para la construcción de nuevas viviendas.
Tratamos de recuperar el centro de las ciudades, los barrios más desfavorecidos y obsoletos y los núcleos rurales, fomentando una mayor cohesión social frente a los graves inconvenientes de la urbanización dispersa. Además, el impulso que estamos
dando a la rehabilitación es coherente con la estrategia europea 2020 para el crecimiento y el empleo y también lo es con la Ley de Economía Sostenible que promueve el Gobierno y cuya tramitación aborda esta Cámara. El objetivo de ambas estrategias
es que la rehabilitación represente en 2020 el 35 por ciento de la inversión total del sector residencial, frente al exiguo 24 por ciento que alcanza en la actualidad, acercándonos de esta forma a la media de los países europeos de nuestro entorno,
que se sitúa en un 40 por ciento. Apostar por la rehabilitación y por la regeneración urbana como instrumentos estratégicos para alcanzar un modelo de crecimiento urbano más inteligente, más sostenible y socialmente cohesionado es lo que nos exigen
además las normas comunitarias, como la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, aprobada este mismo año 2010, y también forma parte de los compromisos europeos alcanzados en la Declaración de Toledo de 24 de junio, de los que España fue
promotora durante el semestre de nuestra Presidencia rotatoria. Siguiendo con las líneas prioritarias diseñadas en el Plan estatal, en segundo lugar se asumieron con el compromiso inequívoco del impulso del alquiler. De hecho, supone el 40 por
ciento de todas sus actuaciones protegidas, incluyendo las viviendas disponibles después de su rehabilitación, la promoción en alquiler, las ayudas a inquilinos y la incorporación de la figura del alquiler con opción a compra, como forma alternativa
de acceso a la vivienda, y también es un compromiso del Gobierno recogido en la referida estrategia para la economía sostenible que en 2020 un 20 por ciento de las familias españolas residan en una vivienda en alquiler frente al aún escaso 13,5 por
ciento actual, alejado también, como en la rehabilitación, de la media europea.



Señorías, cuando en 2004 el presidente del Gobierno diseñó las líneas prioritarias de la política social podía haber tomado otro camino. Podría haber renunciado a la política de vivienda como cuestión de Estado o podría haber optado por un
planteamiento continuista, sin incrementar las cuantías destinadas a las viviendas o sin comprometerse con ideas nuevas, como la apuesta por el alquiler y la rehabilitación; o podría haber decidido no aprobar una legislación estatal de suelo que
afrontara la lucha contra la especulación y apostara por un desarrollo urbano sostenible. Pero no lo hizo, muy al contrario. Se tomó un sendero más comprometido, más social y también más difícil. En apenas seis años se ha incrementado el
presupuesto destinado a la política de vivienda en un 125 por ciento. Se han iniciado medio millón de viviendas protegidas. Hemos ayudado a un millón de familias a acceder a su vivienda o a mejorar la que ya poseen. Se han puesto en marcha tres
planes de vivienda. Se ha aprobado la Ley Estatal del Suelo y su texto refundido. Se ha modificado la legislación arrendaticia y la fiscalidad del alquiler. Se ha dispuesto la renta básica de emancipación como derecho subjetivo para que los
jóvenes españoles puedan iniciar una vida independiente. Se ha reforzado la inversión en rehabilitación con ayudas directas y una mejora de su fiscalidad. En suma, señorías, el Gobierno socialista ha hecho de la política de vivienda una prioridad
social y también una prioridad económica para la consolidación de un equilibrio más sostenible de nuestro PIB. El hecho de que el pasado año 2009 el 85 por ciento de las ayudas a la política de vivienda de todo el Estado las financiara el
ministerio da fe de la incidencia política, económica y social que está teniendo el actual plan y, por extensión, la acción del departamento que tengo el honor de dirigir.



El Plan 2009-2012 se elaboró, en suma, con la colaboración y cooperación de las comunidades autónomas,


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los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales, y concitó un amplio consenso de todos ellos, pese a la distinta filiación política de los consejeros y la lógica disparidad en las particularidades de sus territorios. Y es que el plan
aporta una potente financiación de los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a una competencia que, efectivamente, es autonómica según nuestra Constitución. Sin embargo, conviene destacar que la competencia del Estado para desarrollar
los planes de vivienda trae causa de la planificación económica general que el artículo 149.1.13ª de la Constitución confiere al Gobierno de la nación, ya que habida cuenta del peso que el sector inmobiliario tiene en el PIB y en el empleo en
nuestro país está sobradamente justificado el interés del Estado por lograr primero y consolidar después el equilibrio al que antes me refería entre los distintos subsectores de la construcción residencial y del mercado inmobiliario. Hay que
subrayar, con todo, aunque es una obviedad, que las comunidades autónomas mantienen exactamente las mismas competencias para desarrollar su política de vivienda antes y después de la actual reprogramación de los objetivos del Plan estatal. Tienen
además fuentes propias de ingresos públicos por distintas vías, incluida la impositiva, para distribuir su presupuesto según la agenda determinada por las prioridades políticas de cada Gobierno autonómico, exactamente igual que la Administración
General del Estado. La Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, reformada por este Gobierno mediante la Ley Orgánica 3/2009, establece un marco muy avanzado de autofinanciación, precisamente y entre otros objetivos, para que
puedan hacer frente con holgura a sus competencias propias. Siendo así, señorías, creo que puedo afirmar que el respeto a la competencia autonómica en materia de vivienda es perfectamente compatible con el funcionamiento del Plan estatal y,
precisamente por ello, hasta la fecha ninguna comunidad autónoma ha querido renunciar a esta vía de financiación y han adaptado su política de vivienda a las líneas diseñadas por el ministerio. Las comunidades autónomas tienen, por tanto, total
libertad para invertir en aquellos ámbitos que consideren fundamentales para su territorio y para sus ciudadanos. En esto no pueden ni deben rehuir su responsabilidad. Son, pues, soberanas para impulsar aquellas ayudas sociales y actuaciones en
materia de vivienda protegida que consideren pertinentes o para subsidiar los programas y líneas que no reciban financiación del Plan estatal o, en general, del presupuesto del ministerio; así era antes y así sigue siendo ahora. Por lo tanto, la
opción del Gobierno de priorizar la rehabilitación y el alquiler, haciendo recaer el grueso del ajuste sobre las demás líneas del Plan estatal, no puede ni debe condicionar la acción política de las comunidades autónomas. Hasta aquí, señorías, este
breve repaso a las coordenadas generales en las que se enmarca la política estatal de vivienda en lo que concierne al Plan estatal.



En cuanto a sus líneas básicas -que conocen sobradamente- me permitirán hacer un resumen muy breve al objeto de encuadrar las reprogramaciones que luego comentaré. El plan se estructura en torno a seis ejes: en primer lugar, la promoción
de vivienda protegida para la venta, el alquiler, el alquiler con opción a compra y alojamientos temporales; en segundo lugar, las ayudas a demandantes de viviendas, inquilinos o adquirentes; en tercer lugar, los programas destinados a la
rehabilitación integral, a la regeneración urbana y a la erradicación de la infravivienda y el chabolismo; en cuarto lugar, el Plan Renove para la rehabilitación energética o de accesibilidad de edificios y viviendas; en quinto lugar, la
adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida; por último, el sexto eje se refiere a las ayudas para instrumentos de información. Todas estas líneas, prácticamente sin excepción, han tenido una gran acogida por parte de las
comunidades autónomas, aunque el grado de ejecución alcanzado en cada una de ellas difiere en algún caso de forma significativa. Ya tuve ocasión de dar cuenta ante el Pleno de la Cámara de las cifras de ejecución relativas al primer año de vigencia
del Plan estatal 2009-2012. De ellas, quisiera destacar como especialmente significativos un par de datos. En primer lugar, en el año 2009, y a pesar del proceso de adaptación de la legislación propia de las comunidades autónomas, se superó el 107
por ciento de los objetivos financiados sobre los convenidos, y las líneas que mayor grado de ejecución alcanzaron fueron precisamente la rehabilitación con una ejecución superior al 114 por ciento, la promoción en alquiler que se ejecutó al 96 por
ciento y las ayudas a inquilinos con un 255 por ciento de ejecución. Por el contrario, la línea de promoción para compra logró una ejecución media del 66 por ciento. Los ajustes que hemos propuesto realizar en el Plan de vivienda son coherentes,
como veremos, con este escenario, que a su vez es un barómetro de aceptación, demanda y utilidad social de las distintas líneas de financiación existentes.



Señorías, señoras y señores diputados, después de este preámbulo voy a pasar a profundizar en el núcleo central de la comparecencia por cuanto concierne a la reprogramación de los objetivos del Plan estatal de vivienda y rehabilitación. Voy
a empezar enmarcando este reajuste en su contexto económico: la necesaria consolidación fiscal de las cuentas públicas para retomar el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2013, objetivo con el que estamos comprometidos todos los países
europeos.
Efectivamente, a lo largo de estos dos largos años de crisis económica todos hemos seguido la misma hoja de ruta. En la primera fase de la crisis evitamos el colapso financiero fortaleciendo la solvencia y la liquidez del sistema.
Posteriormente, para paliar la paralización del crédito y la inversión privados, todos los organismos internacionales desde el FMI a la OCDE, pasando por el G-20, coincidieron en la necesidad de realizar una fuerte inversión pública para estimular
la actividad económica. Fue necesario tomar medidas de estímulo de la economía y del empleo movilizando un notable volumen de recursos públicos. Ello llevó a un fuerte incremento


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del endeudamiento público, inferior en España a la media de los países de la zona euro, al que estamos haciendo frente con un ambicioso plan de ajuste duro y más acelerado de lo inicialmente previsto debido a la crisis de la economía griega,
pero que nos exige nuestra responsabilidad de Gobierno. Un plan que va en la línea de los presentados por nuestros socios europeos y que también, como ellos, persigue fortalecer y proteger la moneda única frente a los ataques especulativos.
España, a través de un real decreto-ley y tres acuerdos del Consejo de Ministros del 20 de mayo, se sumó a los compromisos alcanzados en el Ecofin del pasado 10 de mayo y aprobó el Plan de acción inmediata 2010 y el Plan de austeridad 2011-2013,
para que en 2011 el déficit se reduzca a un 6 por ciento y progresivamente se alcance en 2013 un máximo del 3 por ciento del PIB.
España tiene un compromiso con sus socios europeos y al Gobierno corresponde la responsabilidad de tomar las medidas
necesarias para cumplirlo. Para ello, el Gobierno ha elaborado un exigente Plan de austeridad para los próximos años 2011, 2012 y 2013; un plan que supone un ajuste duro y muy difícil aunque necesario, pero que podemos afrontar en mejores
condiciones gracias al extraordinario esfuerzo que desde el año 2004 ha venido desarrollando este Gobierno en materia de política social. Por poner algunos ejemplos, hemos incrementado el presupuesto destinado a pensiones en un 51 por ciento, y en
el caso del complemento a las pensiones mínimas el aumento ha sido del 198 por ciento; además de un presupuesto para educación que se ha duplicado, incluyendo un aumento del 67 por ciento en becas. Cuando llegamos al Gobierno no existían las
ayudas a la dependencia; ahora el Gobierno destina 1.600 millones de euros anuales a esta política social de la que ya se benefician más de seiscientas mil familias. El salario mínimo interprofesional ha aumentado en un 35 por ciento, siempre por
encima del IPC anual. En vivienda hemos incrementado el presupuesto en un 125 por ciento y más de 213.000 jóvenes han recibido la renta básica de emancipación. En total, el gasto social en España ha crecido un 58 por ciento solo en seis años.



Me van a permitir realizar un inciso breve para hacer un apunte en lo que respecta a la política de vivienda. En primer lugar, la inversión estatal de los últimos cuatro años supera los 3.700 millones de euros, frente a los 1.600 millones
que se invirtieron en idéntico intervalo en el periodo 2000-2003. En segundo lugar, en los próximos tres años, y por duro que sea -que lo es-, el ajuste presupuestario, las cifras destinadas al Plan de vivienda seguirán en máximos históricos, muy
por encima de las anteriores a 2004, a las que habría que sumar después la renta básica de emancipación. Señorías, nuestro compromiso es firme y está contrastado con la contundencia de los hechos. Como ya les he adelantado, los principios rectores
para adaptar el Plan estatal de vivienda a las actuales circunstancias serán, de una parte, el compromiso de alcanzar el 3 por ciento del déficit en 2013 desde el punto de vista económico y, de otro lado, el mantenimiento de nuestras prioridades
políticas, esto es alquiler y rehabilitación. Hemos optado por concentrar los recursos presupuestarios en estas dos líneas, en lugar de aplicar el mismo recorte proporcionalmente a todas y cada una de las líneas y programas del Plan estatal para
alcanzar una mayor efectividad con los menores recursos disponibles. De otra forma no conseguiríamos incidir específicamente en los sectores que el mercado y el sistema financiero tienen mayores dificultades para atender, y que son precisamente el
alquiler y la rehabilitación. Dar cumplimiento al nuevo escenario presupuestario requiere de un ajuste significativo. En el programa 2009, coincidiendo con el primer año de vigencia del Plan estatal, el presupuesto del Ministerio de Vivienda
sufrió un recorte en aplicación de los acuerdos de no disponibilidad adoptados también por Consejo de Ministros y que afectaron a todos los departamentos ministeriales; no obstante, en 2009 contamos con 110 millones de euros adicionales en el marco
del PlanE que destinamos íntegramente a rehabilitación. En este momento, y debido al funcionamiento de los planes estatales y a sus flujos presupuestarios -que como saben implican compromisos de gastos plurianuales-, nos encontramos con un margen
de disponibilidad menor que en años anteriores para afrontar nuevos compromisos cara a los ejercicios de los próximos años 2011, 2012 y 2013.



Entrando en materia, hemos adoptado una serie de medidas para el año 2010 que mantienen y garantizan los compromisos suscritos en los convenios de colaboración que firmamos en 2009 con las comunidades y ciudades autónomas para la gestión del
Plan estatal. Así, durante 2010 no será posible acceder a la reserva de eficacia que, como saben, está siempre sujeta a disponibilidad presupuestaria. Es cierto que en años anteriores hemos hecho un esfuerzo suplementario para financiar objetivos
por encima del cien por cien de los convenidos en aquellas líneas más demandadas por las comunidades autónomas con este remanente presupuestario, pero no vamos a contar en 2010 con él; por tanto, a pesar de ello intentaremos ser todo lo flexibles
que el presupuesto nos permita para lograr financiar el mayor número de objetivos dentro de los programas más solicitados. La reserva de eficacia en 2010 tenía un presupuesto aproximado de 140 millones de euros. También compensaremos una parte del
pago de las ayudas para nuevos objetivos con fondos ya transferidos a las comunidades autónomas, en concepto de subvenciones derivadas de planes anteriores y que después de varios años aún no se han justificado. En la medida en que las comunidades
autónomas no sean capaces de justificar esos fondos, estos podrán aplicarse a financiar nuevos objetivos en el marco del plan actual. A día de hoy existen más de 600 millones de euros transferidos por este concepto a comunidades y ciudades
autónomas y que no han sido debidamente justificados. La excepcionalidad del momento exige que nos replanteemos la forma en que se ha venido operando en años con mayor dotación y disponibilidad presupuestaria. En


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un tiempo en el que en toda Europa se impone una vuelta a la austeridad buscando la máxima eficiencia de los recursos públicos, todos, en el ámbito de nuestras respectivas competencias, hemos de tomar las decisiones que nos sitúen con
realismo en esta nueva coyuntura. Por ello, debemos estudiar la posibilidad de regularizar las justificaciones de lo ya transferido para garantizar la legalidad y la igualdad entre las comunidades autónomas antes de seguir transfiriendo recursos.



Señorías, no les oculto que el ajuste más duro se plantea para los programas 2011 y 2012, que exigirán una suspensión de algunas de las líneas del plan mientras se mantenga la coyuntura presupuestaria, y que requiere de una modificación del
real decreto que regula el Plan estatal, para lo que hemos elaborado el borrador al que me he referido anteriormente.



Entrando en el detalle de las medidas planteadas, y en primer lugar, la propuesta del ministerio implica la suspensión de las subvenciones a la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida. Creemos que esta medida está ya
compensada por otras acciones dependientes del Gobierno ya que, como conocen SS.SS., el ICO ha comenzado recientemente a financiar la promoción de vivienda protegida destinada a la compra, así como la adquisición de suelo destinado a este fin. Por
otra parte, desde el Ministerio de Vivienda, a través de Sepes, estamos contribuyendo al desarrollo de más de un 1,4 millones de metros cuadrados de suelo residencial, sobre el que se podrán construir más de 1.600 viviendas protegidas. De sobra
conocen SS.SS. el compromiso estratégico de Sepes para garantizar la cohesión territorial y económica en España, ya que tiene convenios de colaboración para el desarrollo de actuaciones residenciales y también industriales con casi todas las
comunidades autónomas. Con la precaución de saber que aún no están cerradas las cuentas definitivas para los presupuestos de los departamentos ministeriales de 2011, la previsión que tenemos según el cálculo previo del montante de la suspensión de
estas subvenciones a la urbanización es que permitirá ahorrar en los años 2011 y 2012 unos 67 millones de euros.



Otra de las medidas que el borrador del real decreto incorpora es una rebaja de las subvenciones destinadas a la promoción de viviendas protegidas en alquiler y de alojamientos temporales. Estas ayudas, que se reducirán en torno a un 40 por
ciento de media, en algunos casos venían siendo complementadas por las comunidades autónomas con recursos adicionales propios. En una primera etapa del plan, el potente impulso público a estas promociones ha tenido pleno sentido para consolidar una
línea de negocio que hasta el momento había gozado de escaso interés para el sector. Y de hecho, según los datos de ejecución de este programa en el ejercicio 2009, superiores -como antes apuntaba- al 95 por ciento de los objetivos convenidos, las
ayudas públicas han contribuido al objetivo que perseguían, es decir, al impulso de la promoción de vivienda protegida en alquiler, que encontraba serias dificultades para obtener financiación privada. Sin embargo, creemos que ya no es necesario
seguir reforzando en la misma medida la financiación pública de esta modalidad de promoción si queremos que sea una opción plenamente sostenible financiera y económicamente para los promotores públicos y privados, más aún cuando ahora cuentan además
con apoyo financiero a través del ICO y con la posibilidad de obtener del Banco Europeo de Inversiones fondos para la construcción de vivienda protegida destinada al alquiler y con un tipo de interés muy competitivo. Con el cálculo previo de esta
medida, en el periodo 2011 y 2012 podremos ahorrar más de 206 millones de euros, el ahorro en la categoría de alojamiento supone 41 millones de euros más en el mismo periodo. Insisto en que se trata de previsiones realizadas antes de conocer el
presupuesto definitivo del ministerio para 2011.



Adicionalmente, señorías, para los programas 2011 y 2012 no se renovarán las subvenciones destinadas a cofinanciar las ventanillas únicas de vivienda de las comunidades autónomas, puesto que el objetivo de esta ayuda era contribuir a la
difusión del Plan estatal 2009-2012, que debería estar cumplido después de sus dos primeros años de vigencia. Esto no afectará a las ayudas contempladas en los programas de áreas de rehabilitación, de renovación urbana y de erradicación del
chabolismo, que seguirán manteniendo la subvención que se recoge en el programa correspondiente a las oficinas técnicas de gestión. Además, permítanme recordar a este respecto a SS.SS. que la plataforma social para el fomento de la rehabilitación,
la accesibilidad y la eficiencia energética en edificios y viviendas impulsada por el ministerio y recientemente constituida, prevé la creación de oficinas técnicas de apoyo a los ciudadanos, que no suponen coste adicional para las diferentes
administraciones que participan en el proceso de rehabilitación, pues su financiación y gestión correrán a cargo del sector privado. No mantener la subvención estatal a estas ventanillas supondrá para la Administración General del Estado un ahorro
aproximado de 30 millones de euros en el periodo 2011-2012.



Me referiré ahora, señorías, a la medida que sin duda ha despertado mayor controversia de cuantas hemos anunciado: la ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) no continuará en vigor más allá del 1 de enero de 2011.
Permítanme reiterarles
a este respecto los argumentos que ya expuse a los consejeros de vivienda en la última conferencia sectorial del 27 de julio. Hay varios tipos de razones que pueden explicar esta decisión. En primer lugar, la razón presupuestaria. En tiempos de
crisis han de priorizarse ciertas líneas de actuación frente a otras. Para consolidar el presupuesto en 2013 con el escenario de ajuste comprometido por el Gobierno, hay que recortar las partidas y capítulos que más pesan a corto plazo en el
presupuesto, como es el caso de la AEDE. Su suspensión a partir del 1 de enero de 2011 nos permitirá ahorrar en los próximos ejercicios unos 750 millones de euros aproximadamente, siempre con la prevención de tratarse de cifras, insisto,
estimativas, anteriores al cierre del


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presupuesto de 2011. En segundo lugar, las cifras de ejecución de 2009 demuestran que han sido las líneas de alquiler y rehabilitación las más demandadas tanto por comunidades autónomas como por promotores y ciudadanos, y este creemos que
ha de ser el camino del futuro. El objetivo del ministerio es reequilibrar el mercado inmobiliario residencial. Este Gobierno entiende que es bueno y necesario aquí y en este momento, diseñar las bases de la política de vivienda que creemos más
adecuada a medio y largo plazo, y para ello hay que privilegiar unas u otras opciones para impulsar y consolidar el modelo y el equilibrio económico que queremos para el futuro. En tercer lugar, la AEDE no ha demostrado ser la medida más eficaz y
equitativa para ayudar a los demandantes de vivienda protegida pues su importe llegaba en ocasiones a los adjudicatarios años después de firmar la escritura pública de compra y el préstamo hipotecario, es decir que no disponían de ella en el momento
de afrontar el pago de la entrada. Y decimos que no es equitativa porque no llegaba a todos los demandantes de vivienda protegida, sino tan solo a unos pocos afortunados, en muchos casos por la vía de sorteo. Sin embargo, las ayudas a inquilinos
pueden hacer más asequible para muchas más miles de personas acceder a una vivienda en el caso del alquiler.



Por otra parte, quisiera destacar ante esta Comisión que la supresión de la AEDE no implica la desaparición de otras facilidades y ayudas públicas, que seguirán estando disponibles para facilitar el acceso a la vivienda protegida en
propiedad. Las familias y los ciudadanos con mayores dificultades para acceder a una vivienda tienen hoy, a partir del vigente Plan 2009-2012, la posibilidad de elegir con mayor libertad y de la forma que mejor se adapte a sus circunstancias y
necesidades, si quieren comprarla, alquilarla o alquilarla primero y optar a comprarla después. Efectivamente, señorías, los precios de las viviendas protegidas están tasados legalmente, de forma que se adaptan a la capacidad económica de las
familias según accedan al régimen especial, general y concertado, y quizá sea interesante recordar que por parte del Gobierno no se ha incrementado el módulo básico que determina el precio de las viviendas protegidas. Estas familias pueden
disfrutar también de subsidios que les ayuden a pagar su hipoteca durante diez años y que pueden alcanzar los 11.000 euros. Además, estas familias siguen teniendo acceso a un préstamo convenido entre el ministerio y las entidades financieras
colaboradoras con mejores condiciones y tipos de interés que los del mercado. Y como saben, vamos a permitir que el préstamo hipotecario para la compra de vivienda protegida pueda alcanzar hasta el 90 por ciento de su valor de tasación, dando así
cumplimiento casi completo a una proposición no de ley aprobada por el Pleno de esta Cámara antes del paréntesis veraniego. Esta medida tiene en la práctica idéntica finalidad que la AEDE: evitar la necesidad de ahorro previo para adquirir una
vivienda, con la ventaja de que el 90 por ciento del préstamo estará siempre disponible desde el momento de la firma de la escritura. Además, esta medida origina otro efecto positivo para el adquirente de una vivienda protegida: al incrementarse
el préstamo convenido se incrementa también la cuantía global de la subsidiación a que tiene derecho, es decir, que aumenta la parte de la cuota del préstamo que subsidia el Estado. Conviene recordar por último que el Plan estatal permite también a
las familias optar a una vivienda protegida en alquiler con opción a compra, de manera que pueden canalizar progresivamente su ahorro hacia la adquisición de su casa sin tener que hacer un desembolso inicial, y todo ello pagando un IVA reducido
gracias a la reforma legal que promovimos el año pasado.



Llegados a este punto, señorías, me gustaría detenerme en el régimen transitorio que se recoge en el proyecto de real decreto que hemos enviado a información pública y que en buena parte incorpora aportaciones y sugerencias recibidas desde
las propias comunidades autónomas y de los agentes económicos y sociales. El principio que sobrevuela la regulación transitoria propuesta es que ningún ciudadano que hubiera completado una parte sustancial del proceso de compra de su vivienda
protegida pierda su expectativa legítima de percibir la ayuda, porque somos conscientes de que esta sería una de las razones que influyeron decisivamente en su toma de decisiones. Por ello, en la disposición transitoria única del borrador de real
decreto se contemplan las circunstancias en las que la ayuda estatal directa a la entrada podrá hacerse efectiva con posterioridad a la fecha de 1 de enero de 2011, siempre que el derecho a percibirla se haya consolidado en las fechas que el propio
decreto determina. Así, en primer lugar, podrán acceder a la AEDE después del 1 de enero de 2011, los adquirentes de viviendas calificadas como protegidas en el marco del vigente Plan estatal 2009-2012 que se hayan subrogado en el préstamo
convenido obtenido por el promotor de dichas viviendas y siempre que dicho préstamo al promotor haya sido notificado al ministerio con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto; o bien que hayan obtenido un préstamo directo y la concesión
de dicho préstamo haya sido notificada al ministerio. También podrán hacerlo después de esa fecha, los adquirentes de viviendas usadas -en el marco del mismo plan- que obtengan préstamos convenidos que hayan sido notificados al ministerio con
anterioridad a la entrada en vigor del real decreto, siempre dentro del cupo de objetivos convenidos entre el ministerio y cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Por último, los adquirentes de viviendas calificadas como protegidas en el
marco del Plan estatal, correspondientes a promociones en régimen de cooperativa o de promoción para uso propio, también contarán con AEDE más allá del 1 de enero de 2011 siempre que hubieran obtenido calificación provisional con anterioridad a la
entrada en vigor del real decreto. Estas medidas constituyen una suave transición hacia la desaparición de la AEDE, preservan la seguridad jurídica y las expectativas legítimas de los adquirientes de vivienda protegida y creemos que son


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fundamentales para que los ciudadanos que se encontraran en una fase avanzada del proceso de adquisición no se vean perjudicados inopinadamente por la reforma del plan.



Finalmente, señorías, y merced también a las aportaciones recibidas, hemos incorporado al texto del real decreto una medida adicional, independiente y ajena al ajuste presupuestario que acometemos. Efectivamente, como recordarán, el
Ministerio de Vivienda ya incorporó en las disposiciones transitorias del Plan estatal una serie de medidas de carácter coyuntural con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas del sector inmobiliario y entre ellos especialmente el
excedente de viviendas terminadas sin vender. En esta misma línea de medidas coyunturales, ahora hemos incorporado una novedad en las condiciones de financiación de los préstamos convenidos destinados al promotor de vivienda protegida con el
objetivo de facilitar el acceso al crédito para iniciar nuevas promociones. Para ello, se amplía la horquilla aceptada para el diferencial aplicable sobre el Euribor para calcular el tipo de interés en este tipo de préstamos, que pasará desde el
máximo actual de 125 puntos básicos a un máximo de 200 puntos básicos. Con los tipos fijados hasta ahora muchas operaciones no eran técnicamente viables, por lo que la modificación que proponemos creemos que redundará en una mayor flexibilidad en
la valoración del riesgo promotor por parte de las entidades financieras colaboradoras. Sin embargo, quiero dejar meridianamente claro que esta subida del diferencial para el cálculo del interés no afectará en ningún caso a los préstamos convenidos
destinados a particulares, a los subrogantes, que seguirán beneficiándose de un diferencial sobre el Euribor reducido de entre 25 y 125 puntos básicos como hasta ahora.



Voy terminando ya, presidente, señoras y señores diputados. A la luz de estas modificaciones y medidas propuestas, ¿cuál es el balance que cabría realizar? Es cierto que la mayoría de las reformas que proponemos en el Plan estatal
conllevan una reducción de diversas partidas presupuestarias, no obstante, la modificación del plan no constituye ni pretende ser simplemente una forma de reducción del crédito disponible, ejecutada sin más, sin criterio ni dirección política, muy
al contrario, es una adaptación responsable y valiente a la nueva realidad económica manteniendo el compromiso social que identifica al Gobierno y la coherencia con los objetivos políticos diseñados desde el principio de la legislatura. El plan ha
preservado su espíritu adaptándose a las circunstancias y a la irrenunciable exigencia de consolidación fiscal en el horizonte 2013. Por ello, el recorte no se ha repartido de forma alícuota entre todas las partidas de gasto. Hablamos de
reprogramación de objetivos porque efectivamente ese es nuestro propósito. No hemos querido limitarnos a realizar una reducción homogénea que tenga únicamente como finalidad ahorrar una cantidad determinada de los presupuestos, sino que hemos
querido aprovechar las circunstancias para mejorar la eficiencia del plan, a pesar de tener menos recursos disponibles, haciendo -si me permiten SS.SS. la expresión- de la necesidad virtud. Desde 2004, como antes recordaba, este Gobierno ha
financiado más de medio millón de viviendas protegidas; un millón de familias ha recibido ayudas estatales para acceder a su vivienda o mejorarla. Hoy por hoy, el 85 por ciento de las actuaciones en materia de vivienda que tienen lugar en España
las financia el ministerio. A pesar del ajuste, mantenemos la inmensa mayoría de las ayudas que llegan directamente al ciudadano, desde las ayudas al alquiler y la rehabilitación, pasando por la renta básica de emancipación y buena parte de las
medidas que facilitan la compra de una vivienda protegida; se mantiene el precio tasado, el acceso a los préstamos convenidos y también los subsidios para pagar la cuota de la hipoteca. El plan, señorías, sigue destinando a la vivienda
prácticamente el doble que la cuantía presupuestada antes de 2004. La reprogramación que proponemos permite mantener los objetivos políticos, sociales y económicos de fomentar el alquiler y la rehabilitación. La forma en que se está haciendo, de
manera transparente, dialogando con todos y con escrupulosa lealtad a las comunidades autónomas, nos permite sumar e incorporar muchas de las aportaciones de las demás administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos, aunque
lógicamente existan discrepancias derivadas de la diversidad, especificidad de cada territorio y de los legítimos intereses que cada organización representa y defiende.



Señorías, el Plan estatal de vivienda y rehabilitación sigue teniendo vocación de largo alcance, pues quiere coadyuvar a la consolidación de un equilibrio y de un modelo económico nuevos más sostenibles, capaces de ofrecer a los empresarios
y a los trabajadores de la construcción residencial nuevas oportunidades de formación, de especialización y de actividad. Quiere favorecer la movilidad geográfica y social de los ciudadanos, impulsar la eficiencia energética y la accesibilidad de
las viviendas, incorporar las nuevas tecnologías y la innovación al ámbito residencial y doméstico y garantizar la habitabilidad de los núcleos urbanos en su conjunto. Pero, sobre todo, nos comprometemos a seguir facilitando a los jóvenes, a las
familias, a las personas y a los colectivos más desfavorecidos el acceso a una vivienda digna. Nosotros no renunciamos, el Gobierno no se resigna y desde la sede de la soberanía popular me permito solicitar a SS.SS. y a los grupos políticos que
representan que no renuncien ni se resignen. La política de vivienda necesita de la cooperación, coordinación y lealtad institucionales para poder ser efectiva y llegar a los ciudadanos, a quienes todos nos debemos. Espero seguir contando con su
apoyo y su compromiso para hacer que el derecho a la vivienda sea un derecho real y efectivo para todos.
(Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su intervención, por los datos que nos ha suministrado. Como siempre, el consejo por parte del presidente de la Comisión es que, cuando un interviniente


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dé una cantidad de datos tan importante que sea materialmente imposible captarlos, es una atención que siempre se agradece que se reparta, aunque sea con posterioridad, la intervención de la señora ministra. Es un consejo que creo que puede
ayudar a estos objetivos de transparencia y a que los depositarios de la soberanía popular puedan ejercer su función sin necesidad de algoritmos especiales.



Vamos a empezar el turno de los portavoces. En primer lugar, el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki, que tiene la palabra por un tiempo máximo de quince minutos.



El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora ministra, por las informaciones que nos ha dado.



He acudido a esta Comisión con la duda de la utilidad de la misma, de si era oportuna incluso esta comparecencia suya, visto el tiempo en el que estamos viviendo. Si no estoy muy equivocado, dentro de veinte días aproximadamente usted o
miembros de su ministerio tendrán que volver a acudir aquí para explicarnos lo que de verdad se va a hacer o se proponen hacer de acuerdo con el proyecto presupuestario en el año 2011, que es lo que a mi grupo le interesa, porque respecto a lo que
este año se pueda hacer o dejar de hacer, estamos ya con el año excesivamente transcurrido para hablar demasiado de lo que podemos hacer en estos pocos meses que nos quedan. Desde esta perspectiva, uno duda, como ha dudado también con la
comparecencia de algún otro ministro, de qué utilidad tiene estar diciendo cómo se van a hacer los planes el año que viene si dentro de poco, insisto, con un proyecto presupuestario que ya habrán enviado, será cuando se sabrá de verdad lo que
ustedes quieren hacer; luego saldrá del proyecto presupuestario lo que salga. Siempre tengo esta duda de hasta qué punto es útil ir anunciando día a día lo que hoy pienso -lo cual en si mismo está bien-, porque los tiempos no los fija uno
necesariamente.
Una cosa es que uno tenga proyectos, todos los días se tienen proyectos, pero los proyectos van evolucionando. Y el Gobierno, más allá de la evolución del día a día, va a tener que fijar su plan para el año 2011.
Todavía no ha
ocurrido, todavía al menos este Congreso no tiene constancia de cuáles son los planes reales del Gobierno a través de un proyecto presupuestario que espera desarrollar en el año 2011, y de ahí esta duda que asalta a mi grupo de la conveniencia de
este tipo de comparecencias, por la precariedad que pueda resultar de las informaciones que en algunos casos se están dando, y hemos sido testigos, insisto, con algún otro ministro de ello, que un día anuncia determinados recortes y a los dos días
dice que no, que va a haber 500 millones más y lo va a hacer distinto. Está muy bien para seguir hablando de las cosas, pero creo que para fijar la posición del Gobierno y en su caso de los grupos parlamentarios se requieren hechos más sólidos, más
consistentes, y esos además están ahí, al cabo de la esquina. Creo que entre los días 5 y 7 van a tener lugar las comparecencias de los distintos ministerios para decirnos lo que de verdad ha cuajado de sus intenciones en un proyecto
presupuestario. A este respecto, esta duda que tiene mi grupo de la oportunidad, o de la utilidad si se quiere, de esto es también porque mi grupo está en una reflexión propia, que no tenemos ningún inconveniente en hacérsela llegar, muy al
contrario, al Gobierno y a quien nos quiera escuchar, de que estamos viviendo un tiempo en el que parece que hay una doble concepción de la situación en la que vivimos.
Hay una concepción por la que un día habríamos entrado en un bache que se llama
la crisis económica y que más o menos cualquier día de estos vamos a vernos fuera del bache, no se sabe muy bien por qué; se entiende la crisis económica como un bache. Esta es una concepción que mi grupo no comparte. Mi grupo entiende que hemos
entrado en la crisis económica que nos ha fijado un nuevo suelo que es completamente distinto al suelo sobre el que veníamos caminando previamente a la crisis, y este es el suelo; se podrá ir elevando el suelo pero este es el suelo, no es un bache
que se rellena de una determinada forma porque a alguien se le ocurre hacer una ley o a no sé quién se le ocurren cosas ingeniosas; este es el suelo sobre el que va a tener que caminarse en los próximos años. A nosotros nos gustaría, al menos
desde nuestra reflexión, que el Gobierno y también cada uno de los ministerios entraran en esta reflexión desde la concepción de que ya nada va a ser igual a lo que era hasta ayer, de que va a haber que cambiar, y muy a fondo, muchas políticas en
todos los órdenes, por supuesto también en el orden de su ministerio. Por supuesto, nadie va a renunciar, al menos mi grupo, ni se va a resignar a que todos los ciudadanos no se merezcan una vivienda digna, pero eso era real antes de que existiera
este ministerio y es de suponer que va a seguir siéndolo haya o no ministerio, haya o no un plan de estas características u otras dentro de la Administración central. Pero sobre todo, la continuidad es imposible. Entiendo como continuidad también
la jibarización de los proyectos, seguimos más o menos con todo y más pequeñito. A nosotros nos parece que eso no tiene recorrido; bien que nos gustaría a nosotros que tuviera un recorrido, que se redujeran un poquito las cosas y más o menos
pudieran seguir así, pero eso no tiene un recorrido. De forma que estamos ante un corte, estamos ante la necesidad de plantear a fondo las cosas, y lógicamente a fondo significa no únicamente que cada ministerio debe emplearse a fondo, debe
emplearse también el Gobierno en su totalidad a fondo. El Gobierno tiene que reflexionar en su conjunto y tienen que reflexionar el resto de los gobiernos: los municipales, los territoriales, los autonómicos, todos ellos, porque estamos ante un
nuevo suelo y ese nuevo suelo no permite jibarizar todo aquello en lo que se estaba como si reduciendo un poquito pudiéramos seguir con las cosas.



Nosotros estamos esperando ver los resultados de esta reflexión o los de su reflexión, los que fueren por parte del Gobierno para saber cómo se plantea el ejercicio presupuestario del año 2011. Mi grupo está en una


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actitud abierta hacia el Gobierno pero queriendo saber cuáles son las reflexiones de fondo, cómo ve el Gobierno que afecta no a este ministerio o a otro, sino al conjunto de la situación económica y presupuestaria y, por lo mismo, política,
para ver si efectivamente estamos en una concepción compartida de las cosas o estamos en que vamos a jugar a que pasa lo menos posible; nosotros creemos que no, pasa lo que pasa y a eso hay que sacarle las consecuencias. Evidentemente, manteniendo
los ideales, manteniendo los objetivos, manteniendo las intenciones, los propósitos y el máximo esfuerzo que se pueda y también, lógicamente, haciendo el giro con la máxima prudencia posible. Usted ha hablado de que efectivamente hay que mantener,
por ejemplo, la máxima seguridad jurídica de todas las medidas que se han podido ir tomando y que no se puede hacer como que de un día para otro nada hubiera existido, evidentemente hay que seguir, con prudencia, con seguridad jurídica, pero que
esto no signifique mirar para otro lado, y a ese respecto entendemos que los compromisos contraídos habrá que mantenerlos. Nosotros sinceramente, y ayer lo decíamos con ocasión de una moción, no vemos margen para más gasto y menos ingreso, es
decir, que todas aquellas políticas que vayan hacia un gasto mayor y un ingreso menor en algunas cosas puede pasar, pero no desde una concepción troceada de un ministerio que va considerando sus cosas como si fuera un mundo aparte del resto.
Nosotros creemos que eso no es realista, no va a ocurrir en el año 2011, de forma que la línea general es que efectivamente va a ser un ajuste duro y el ajuste duro es lo contrario de ir a más gasto y a menos ingreso; le llamemos como le llamemos,
eso es así. Desde esa perspectiva, creemos que hay que sacar las consecuencias de la situación y que a la hora de sacar esas consecuencias hay un elemento que a mi grupo siempre le ha parecido clave: cada cual a lo que le toca, cada nivel
administrativo a lo que le corresponde, esta es la regla de juego básica competencial. Si esto se rompe -y esto estaba divertidamente roto-, se crea una confusión que evidentemente se podrá mantener mientras haya dinero, entre comillas, sobrante,
pero en la situación actual es imposible mantenerlo. (La señora vicepresidenta, Corral Ruiz, ocupa la Presidencia.)


Mi grupo -voy terminando- no le va a discutir ninguna de las medidas que ha adoptado, está a la espera de cuáles serán las medidas definitivas que este ministerio y el conjunto de los ministerios vayan a adoptar en relación con el
presupuesto del año 2011 y su concepción hacia el futuro.
Nos gustaría, eso sí, que las medidas que ustedes adopten, las adopten desde estas reglas de juego de la prudencia, por un lado, de considerar que no es posible seguir en los mismos términos
en los que estábamos, que simplemente no es posible. Mucho menos es posible querer ir más aun en esa dirección de más gasto y menos ingreso, y a la hora de ajustar las cosas un elemento absolutamente clave es el régimen competencial de cada cual.
Ustedes -con esto termino- permanentemente están hablando de las autonomías y del conjunto de acuerdos de colaboración que han adoptado con las autonomías estos años, hay dos excepciones que usted conoce perfectamente, son Euskadi y Navarra,
básicamente, supongo -quiero entender- por el régimen competencial, de forma que yo ya desisto de plantear eso que alguna vez he preguntado: si alguna vez Euskadi y Navarra podrían contar con un convenio de colaboración con su ministerio como
cuentan el resto de comunidades autónomas, pero desistido de esto, quiero saber si llevados por la situación y ateniéndonos a la situación, cuáles son las reglas del juego que usted va a proponer en caso de que el ministerio siga, que dice el otro,
para que efectivamente sepamos todos cuáles van a ser las nuevas reglas de juego que en el ámbito de la vivienda va a plantear este Gobierno, que deben ser nuevas, necesariamente nuevas, porque lógicamente es el Gobierno el que tiene que decidir en
primer lugar para que los demás podamos fijar una posición definitiva al respecto. Espero, pues, esa definitiva reflexión a fondo de su ministerio, de lo que eso cuaje en los presupuestos, y ahí fijará mi grupo la posición.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A continuación tiene la palabra el señor Macias.



El señor MACIAS I ARAU: Quiero agradecer las explicaciones de la señora ministra.



De entrada, señora ministra, esto va a ser redundante pero usted conoce perfectamente el apoyo tácito que dio nuestro grupo al acuerdo de ajuste presupuestario. Nuestro grupo es consciente de la necesidad que tiene la Hacienda estatal de
consolidarse fiscalmente, de poder atender a sus futuras obligaciones y de frenar el deterioro progresivo a lo largo de muchos meses de la Hacienda pública. Una Hacienda pública deteriorada es el peor aliado para las políticas, entre ellas las que
a usted y a su grupo tanto les gusta proclamar, que hacen las políticas sociales; otros creemos que las hemos hecho, las hacemos y las deseamos y por ello creímos que este ajuste era imprescindible y consecuentemente dimos nuestro apoyo, repito,
tácito, para que el Gobierno pudiera sacar adelante las medidas de ajuste.



También he de decir que unos meses después de estas medidas, entre las cuales, como todo el mundo sabe, nosotros disentimos de una, que es el tema de las pensiones, como hemos recordado reiteradamente, pero habiendo estado de acuerdo con la
globalidad del acuerdo, nuestro grupo en este momento quiere constatar que parece que estas medidas han empezado a surtir efecto desde muchos puntos de vista, en primer lugar desde el punto de inflexión de lo que podemos llamar el deterioro de la
Hacienda pública, el déficit público ya no sigue creciendo en la magnitud que lo hacía y por tanto esta es una buena noticia. Desde el punto de vista de la capacidad de financiación de las necesidades de endeudamiento por parte de la Hacienda
española, también en estos momentos se ha asistido a una mejora de la capacidad de financiación y por tanto a la baja de los


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costes de esta financiación. Por tanto, todo nuestro discurso parte de comprender las necesidades de ajuste y de querer ser coherentes con dicho ajuste. A pesar de ello, señora ministra, voy a expresarle una sorpresa no del día de hoy,
pero sí del día que usted anunció ante la conferencia sectorial y ante los ciudadanos el contenido del ajuste en lo que afectaba a su ministerio; sorpresa por la magnitud -además usted hoy nos ha dado cifras, yo he hecho un ejercicio de suma y ya
me dirá usted si es correcto o no-; sorpresa también por las características especiales de este ajuste y una sorpresa añadida por la ingeniería semántica que usted ha utilizado para justificarlo.



Vamos a empezar por hablar de la primera sorpresa, por la magnitud. Los 750, 140, 67, 247 y 30 millones suman una cifra que además es divertida: 1.234 millones de euros, una cifra ciertamente sustancial que, evidentemente, se debe repartir
entre tres ejercicios, el de 2010, que usted ha dicho que afectaba a la reserva de eficacia, y el resto entre el de 2011 y el de 2012. Este es un porcentaje importante del presupuesto del ministerio, del presupuesto que usted y, por tanto, el
Estado destinan a la política de vivienda. Por ello, sorpresa por la magnitud.
Yo que he vivido desde mi calidad de portavoz de la Comisión de Fomento, con otros de esta misma sala, los recortes de otro ministerio que quizá tienen cifras
superiores, creo que, relativamente, la magnitud total de las cifras del Ministerio de Fomento es de un porcentaje mucho menor que la que ha afectado a la política de vivienda. Este es un elemento a tener en cuenta que a mí me causó sorpresa y me
causa pesar en estos momentos.
No es bueno que suframos un ajuste de esta magnitud.



Me ha sorprendido también el ajuste por las características -voy a intentar justificarlo-, por las prioridades. Me va a permitir, señora ministra, que diga algo que esta misma mañana decía la diputada de nuestro grupo Inma Riera a su
compañero ministro de Industria, señor Sebastián, en relación con las ayudas al sector del automóvil. Es cierto que cuando hay un periodo de crisis no se pueden obviar los objetivos sociales del Gobierno, es más, hay que estar más atento porque hay
más gente que sufre y que sufre más, y yo lo comparto plenamente, pero si solo se presta atención a estos objetivos y sobre todo se actúa dejándose llevar, si quiere, incluso por el corazón, atendiendo a estos objetivos sociales, pero olvida los
objetivos económicos, es decir, que se produzca más y, por tanto, que haya más para repartir a los que no tienen, que es la única ecuación que funciona en el mundo normal, al final se está equivocando. Nosotros creemos que su Gobierno, como ha
denunciado nuestro portavoz Duran i Lleida en reiteradas ocasiones, se está equivocando, puesto que, repito -y soy el primero que ha dicho que nosotros creemos que hay que atender estos criterios sociales- para poder atender a los objetivos sociales
necesitamos que no todo se pare. Por tanto, necesitamos que la política de vivienda tenga también como objetivo la reactivación del sector y, si me lo permite, tenga en cuenta actuar en la reactivación de aquellos subsectores más sociales, como por
ejemplo el de alquiler o compra por los ciudadanos con menos poder adquisitivo, y nosotros creemos que esto con sus ajustes no se consigue. Vamos a ver algunos de los razonamientos que nosotros hacemos.



Usted rebaja la subvención a los entes que promueven viviendas en alquiler. Usted y yo hemos hablado de este tema en relación con lo que sucede en Cataluña, donde se han agotado estos fondos que sobre todo utilizan empresas, muchas de ellas
públicas, cooperativas, empresas del tercer sector que estaban haciendo un grandísimo esfuerzo y promoviendo vivienda en régimen de alquiler. Para mí, cortar las alas a estas ayudas en estos momentos es fatal no solo por los objetivos sociales,
sino porque además este sector que empezaba a tener algo de aire, a tener algo de vida, lo va a tener muy difícil. Tenga usted en cuenta que la reducción de la subvención para la construcción de viviendas protegidas de alquiler hace casi inviable
su construcción, ya que su amortización a un plazo razonable por parte de una empresa ya era muy ajustada especialmente en promociones pequeñas, que es lo que hay. En Cataluña -creo que en muchas partes de España, pero conozco más Cataluña- con
menos de veinte viviendas no nos salen los números. También hay una discriminación a los municipios reducidos, entre 10.000 y 30.000 habitantes, y no digamos a los menores, que no pueden hacer grandes promociones, tienen que hacer promociones
reducidas, y si no tienen estas ayudas difícilmente pueden acometerse. Por tanto, a nosotros no nos parece que ahorrar 206 millones de euros, según dice usted, sea una buena solución.



Otra de las medidas que usted ha tomado o va a tomar a través de este real decreto es la reducción de la ayuda estatal directa a la adquisición.
Nosotros podríamos estar de acuerdo con usted y decir: como no tengo fondos, esto me cuesta
mucho dinero -usted ha hablado de 750 millones de euros-, voy a intentar sustituir este esfuerzo por elevar el préstamo hasta el 90 por ciento, haciendo por una vez caso al mandato de la Cámara. No sé si la van a echar a usted del Gobierno, porque
una ministra que hace caso a la Cámara es casi una excepción. En cualquier caso, usted hace caso a una resolución de la Cámara y autoriza préstamos de hasta el 90 por ciento, pero usted sabe perfectamente, señora ministra, que decir que se van a
poder dar préstamos de hasta el 90 por ciento cuando las entidades financieras tienen las dificultades que tienen para darlos y más bien les gustaría pasar del 80 al 70, como en la realidad está sucediendo, no deja de ser un brindis al sol o un
desiderátum. Veo que usted intenta favorecer que se den más préstamos y de ahí esta medida adicional de ampliar el diferencial, lo que, traducido al lenguaje normal, es encarecer el crédito en 75 puntos básicos. De todas formas, nos tiene que
contar cómo se debe hacer para que no afecte a los subrogantes de la operación, pero, en cualquier caso, esto es lo que va a prever el plan. A pesar de este mayor pago que usted da al crédito, va a ser difícil, y en este sentido, ayer mismo nuestro
grupo intentó -no lo consiguió y


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lo lamentamos- que hubiera un acuerdo entre los grupos mayoritarios de la Cámara para que se aprobara una moción que presentó el señor Matos en la cual, entre otras circunstancias, pretendíamos añadir que se tuviera en cuenta la posibilidad
de dar seguros de crédito hipotecario, que es una medida que puede ayudar a pasar de este 70 ó 80 por ciento al 90 por ciento en la financiación de hipotecas y a garantizar en situaciones de paro, etcétera, el cumplimiento de las obligaciones
hipotecarias. Por tanto, nuestro grupo va a insistir en esta cuestión. A mí me gustaría, ya que está usted aquí, conocer su opinión y saber si su ministerio o el Ministerio de Hacienda están trabajando en la autorización de esta nueva modalidad,
que podría complementar y, en cualquier caso, suplir la desaparición de esta ayuda, que a nosotros se nos antoja que si no está perfectamente cubierta va a limitar, lógicamente, el acceso de la gente que tiene menos posibilidades a la adquisición de
una vivienda.



Voy acabando ya, porque tengo que dar ejemplo con el tiempo. Tuvimos en esta sala dos sesiones de ajuste presupuestario en la Comisión de Fomento, creo que una fue a finales de julio y otra a finales de agosto.
En la segunda, el ministro
del ramo se sacó de la chistera un recorte del recorte, es decir, donde había dicho que había que recortar cien dijo que había recuperado diez. Muy bien; está bien, no me parece mal. Le voy a plantear a usted lo mismo, y si hace falta volver a
esta sala volvemos de aquí a un mes. ¿Puede usted conseguir lo mismo que consiguió su compañero ministro de Fomento, visto que, según dicen el presidente del Gobierno y la vicepresidenta de Economía, va a haber ciertos parámetros que mejoran la
capacidad de financiación y, por tanto, el presupuesto puede ser menos fatal de lo que era? El bueno de Blanco recuperó aquí un 10 por ciento de los recortes: 500 millones más 200 millones de ahorros internos. Esto es lo que textualmente dijo en
esta sala. Por tanto, le tengo que plantear también, señora ministra, si usted sigue los caminos, repito, del bueno del señor ministro de Fomento y recupera estas cantidades y, por tanto, coadyuva a que el ajuste sea menor y por tanto algo más
podamos ayudar o no. En cualquier caso, señora ministra, nosotros comprendemos la necesidad de un ajuste. Nos sorprendemos por la magnitud. No compartimos algunos de los alcances de este ajuste, aunque disfrutamos intelectualmente con la retórica
o la ingeniería semántica que le aplica a usted el ministerio para explicarlo, pero no nos convence, y nos gustaría que cuando diseñaran respuestas lo hicieran también pensando en que la única manera que tenemos de crear empleo es que alguien lo
cree, es decir, que los sectores económicos retomen la actividad, y esto también puede conseguirse en el sector de la vivienda.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Matos.



El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, en nombre de mi grupo parlamentario también le damos la bienvenida a esta Comisión de Vivienda, en la que, según dice usted, comparece a petición propia, pero también lo hace a petición de dos
grupos parlamentarios con motivo del recorte presupuestario que usted anunció a finales de julio pasado. No sé quién le ha preparado su intervención, no sé si lo ha hecho usted sola, pero me imagino que apoyada también por su equipo del gabinete.
Fuera quien fuera quien la preparara quiero felicitarle por la redacción de su intervención. Es el mejor ejercicio que yo he visto para justificar lo que es absolutamente injustificable. De verdad, la felicito por ello.
Usted ha repartido su
intervención en una especie de preámbulo, en una justificación de la situación económica y de las causas del déficit y ha hablado también del recorte en sí y de las conclusiones. Voy a dejar el recorte en sí para el final y voy a comentar lo que
usted ha manifestado.



La verdad es que lo que ha dicho me ha dejado asombrado. Ha dicho que este recorte es absolutamente necesario para garantizar las políticas de vivienda. Yo creo que no, yo creo que este recorte destroza las políticas de vivienda, aunque a
lo mejor ustedes lo consideran necesario para reducir el déficit y cumplir con los mandatos de la Unión Europea. Ha hablado del Plan estatal de vivienda y rehabilitación y ha dicho que no es casual el nombre, que es la primera vez que se llama Plan
estatal de vivienda y rehabilitación. Yo creo que prácticamente lo único que cambia es el nombre, porque no debe usted obviar que en todos los planes anteriores también se planteaba la rehabilitación. Es verdad que ustedes apuestan más por la
rehabilitación integral y que hay otros planes que también apostaban más por la rehabilitación aislada de edificios y viviendas. Como el señor Bono nos ha actualizado los TIC y los medios de comunicación, me he bajado el Plan de Vivienda 2002-2005,
que está en el Real Decreto 1/2002. En el artículo 1 ya se habla de las actuaciones protegidas y de la rehabilitación de áreas, de viviendas y de edificios; en el artículo 29 se habla de las áreas de rehabilitación; en el artículo 31, de la
rehabilitación de edificios y viviendas aisladas, y en el artículo 36, de la rehabilitación de edificios para su venta o arrendamiento. Son tres programas de rehabilitación, cada uno con sus subvenciones y sus préstamos subsidiados. Por lo tanto,
no es la primera vez ni es ninguna novedad que se hable de rehabilitación. Ha hecho una manifestación que también me ha asombrado: que las comunidades autónomas tienen, después del recorte, las mismas competencias y que además tienen recursos
propios. Claro, lo que no tienen son fondos del Estado porque usted se los ha recortado o tienen prácticamente la mitad de los fondos que tenían previsto recibir anualmente. Tienen, por supuesto, las mismas competencias; lo curioso hubiera sido
que aparte de recortarles los fondos les recortaran también las competencias.



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Ha hablado del déficit y ha hecho el ejercicio de decir que en un momento determinado el Fondo Monetario Internacional aconsejó una fuerte inversión pública y eso disparó la deuda pública y el déficit.
Normalmente ustedes le echaban la
culpa del déficit al Partido Popular y a sus políticas, ahora se la echan al Fondo Monetario Internacional. Y el déficit lo ha causado exclusivamente el Gobierno, gastándose lo que no estaba en los escritos en unos momentos de crisis, cuando
ustedes actuaban como los más ricos del planeta, con el cheque de 400 euros para todo el mundo, incluso para los que ganaran miles y miles y miles de euros; el cheque bebé para todo el mundo, ganara lo que ganara la mujer que tenía un hijo.
Gastos, de verdad, como los más ricos. Recuerdo haber leído que el pabellón de la última Expo era el cuarto más caro de todos, por encima de Estados Unidos y de Alemania; y en el PlanE se gastaron lo que no está en los escritos también, abriendo y
cerrando aceras. Por lo tanto, es un déficit del que son responsables ustedes por el despilfarro de 2008 y 2009.



Usted ha dicho que esto también sirve para concentrar los esfuerzos en la renta básica de emancipación y rehabilitación. Esto es absolutamente falso, porque si usted quisiera concentrar los esfuerzos en la renta básica de emancipación y en
la rehabilitación, lo que haría sería que los 600 ó 700 millones que va a recortar de unos programas los pasaría a la rehabilitación y a la renta básica de emancipación, pero esto no va a ser así. Usted recorta esos programas y no incrementa los de
rehabilitación.
Por lo tanto, no vista este recorte diciendo que va a dar prioridad a unos programas sobre otros, cuando lo único que hace usted es aplicar un recorte y un tijeretazo increíble. Luego dice que la ayuda a la entrada, la AEDE, no es
la medida más eficaz y equitativa. ¿Lo era cuando aprobó el plan, cuando lo puso en vigor el 1 de enero de 2009? ¿En un año ha dejado de ser una medida eficaz y equitativa, ahora que lo tiene que recortar? Creo que no, que usted se ha visto
obligada a recortarlo y así lo ha hecho. Además lo justifica diciendo que a partir de este recorte los ciudadanos tienen más libertad. En las conclusiones también dice lo mismo, que con este recorte, que yo calculo que debe de ser el 50 por ciento
del presupuesto anual en los próximos años, el plan conserva su espíritu. Yo creo que lo único que conserva es el espíritu, le quita los fondos y le deja el espíritu, pero con el espíritu los ciudadanos no acceden mejor a una vivienda ni los
promotores hacen viviendas protegidas de alquiler o venta. Para hacer eso necesitan ayudas, necesitan subvenciones; no necesitan que la ministra les garantice el espíritu. Nos pide que no nos resignemos, y eso es lo que hago yo, no me voy a
resignar a este recorte presupuestario.



Voy a empezar por el recorte. Señora ministra, el recorte es un disparate en el fondo y en la forma. Le voy a recordar algunas de las declaraciones que han hecho los representantes de comunidades autónomas gobernadas por ustedes en la
conferencia sectorial de julio, de la que se hicieron eco los medios de comunicación. Representante de Extremadura: Comprendemos la compleja situación económica, pero no compartimos para nada sus propuestas. Los representantes de Asturias y
Cataluña: Los recortes perjudican principalmente a las políticas de vivienda más progresistas.
La representante de Andalucía, refiriéndose a usted, ha dicho: Usted hace política en negativo sin posibilidad de diálogo previo al anuncio. Con estas
frases creo que no hace falta que les diga también lo que dijeron las comunidades del Partido Popular. ¿Qué valoración hace la señora ministra cuando las comunidades, incluso las gobernadas por ustedes, se oponen de esta manera al recorte? Le voy
a decir otra cosa: ayer en la Cámara el Grupo Socialista vetó un texto transaccional firmado por cuatro de los seis grupos parlamentarios por el que se instaba al Gobierno a reconsiderar el brutal recorte que usted ha intentado explicar. Esos
grupos que firmaron el texto transaccional representan a 176 diputados de esta Cámara. Es cierto que como vetaron la transaccional, y yo no pude, por responsabilidad, porque no era bueno en esos momentos aceptar el texto de las enmiendas de
Izquierda Unida, retiraron el apoyo y la propuesta y tal como la habíamos planteado salió derrotada. ¿A usted le dice algo que 176 diputados, es decir, la mayoría de la Cámara, firmaran un texto transaccional en el que le pedían que reconsiderara
este brutal recorte? ¿Piensa que son cosas del PP, de la oposición? ¿Qué pasa entonces con la oposición que mantuvieron al firmarlo tanto Convergència i Unió como Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo
Mixto? ¿A usted no le hace recapacitar que este brutal recorte tiene la oposición de las comunidades autónomas y de la mayoría de esta Cámara?


Voy a centrarme en el recorte. Yo también he intentado hacer un cálculo, pero es difícil porque usted se refirió a algunas cifras que están en los presupuestos de 2010 y en otras lo que hizo fue referirse al bienio 2011-2012. Yo lo he
valorado más o menos para este ejercicio en los 93 millones del acuerdo de no disponibilidad, más los 140 millones de eliminar la reserva de eficacia. La reserva de eficacia no era algo más, gracioso, que se les iba a dar a las comunidades
autónomas, está en un partida presupuestaria, en la partida 75, como transferencias a las comunidades autónomas, lo que pasa es que el ministerio se reservaba repartirlo de otra manera a lo que ya estaba nominativo. Pero son transferencias de 140
millones de euros que se recortan este año. Para los siguientes, si se bajan en ese mismo importe las transferencias y el acuerdo de disponibilidad y además se quita la ayuda a la entrada, que son 302 millones en 2010, más la ayuda a la promoción
de vivienda protegida en alquiler, que era en torno a 140 millones de euros, más la ayuda a la adquisición de suelo, que era alrededor de 41 millones, más la supresión de las ventanillas únicas, calculo unos 700 millones de euros de recorte para
2011 respecto a 2010, y esto supone prácticamente el 50 por ciento del Plan de vivienda. Esto desmantela completamente el Plan de vivienda, que es otro si se hace este


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brutal recorte. Por lo tanto, le vuelvo a pedir que lo reconsidere porque es una barbaridad recortar en políticas de vivienda un 50 por ciento.
Creo que el Gobierno se vuelve a equivocar reduciendo el déficit a costa de las políticas
sociales. Creo que fue un error enorme la congelación de las pensiones -ya le ha dicho el Pleno del Congreso de los Diputados que no, que reconsidere esa posición- y es también un error enorme hacer recaer el recorte del déficit en el Plan de
vivienda. Lo que pasa es que el Gobierno ha ido a las partidas más gordas, en vez de estudiar partida por partida los miles de gastos superfluos que están en todo el presupuesto.



Señora ministra, yo uno el recorte que les han hecho a ustedes con alguna noticia que ha salido hoy en los medios de comunicación. Hoy ha salido que parece que usted desea dejar el ministerio y volver al Registro de la Propiedad. Sabe que
nosotros valoramos su formación y su capacidad. Yo no sé si esto es cierto o no, pero entiendo que lo haga, de verdad que entiendo que lo haga porque debe ser frustrante la falta de apoyo del Gobierno a las políticas de vivienda que dirige usted en
estos momentos.
Señora ministra, me resulta incomprensible que a la ministra Trujillo la apoyaran en todo lo que hizo, incluso lo de los minipisos y la zapatillas de deporte que les regalaba a los jóvenes para que buscaran un vivienda; que a la
ministra Chacón le permitieran dar un rueda de prensa en la escalinata de La Moncloa para anunciar como nueva una medida que estaba vigente cuatro años antes de que ella lo anunciara, y a usted la obligue el Gobierno a estar absolutamente quieta, a
estar muda ante muchísimos de los dramáticos problemas que le hemos expuesto en esta Comisión de Vivienda, como las ejecuciones hipotecarias y la restricción del crédito.
La han obligado a mantener el capricho del señor presidente del Gobierno que
es la Sociedad Pública de Alquiler. Por cierto, le he pedido desde el 28 de mayo que nos diga cuáles son los resultados de la Sociedad Pública de Alquiler a 31 de diciembre de 2009 y no nos ha llegado esa información. Como ustedes deben de haber
depositado las cuentas ya en el Registro Mercantil, imagino que no tendrá inconveniente en decirme cuáles fueron los resultados económicos de la Sociedad Pública de Alquiler a 31 de diciembre. Ahora, también la obligan a hacer el recorte
presupuestario mayor de todo el Gobierno; no hay, que yo haya visto, ningún otro ministerio al que le reduzcan sus políticas cerca de un 40 por ciento y lo dejen prácticamente en la mitad. Con la reconsideración que le vuelvo a pedir -usted nos
pidió que no nos resignáramos y no lo voy a hacer- voy a intentar que usted reconsidere el disparate que le han obligado a hacer.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Santamaría.



El señor SANTAMARÍA I MATEO: Señora ministra, bienvenida de nuevo. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos resaltar su más que evidente y sincera predisposición a comparecer ante esta Cámara a petición de los grupos o, como en
esta ocasión, a petición propia. Quiero felicitarle particularmente por su fortaleza y entereza ante los exabruptos de carácter personal que el señor Matos le ha ofrecido esta tarde. Le agradecemos su predisposición, más allá de la obligación,
porque también pone de manifiesto la distinta forma de atender la responsabilidad pública por parte de unos gobiernos y otros. Por ello, aprovecho la ocasión y en este sentido reivindico la misma voluntad de intercambiar argumentos sin rehuir
responsabilidades y sin trampas que usted atesora desde el mismo momento de su nombramiento como ministra de Vivienda del Gobierno de España, y la reivindico para mis paisanos y paisanas de la Comunidad Valenciana y del resto de territorios
españoles que padecen la desaparición de sus gobiernos autónomos en la obligación de responder, de comparecer, de rendir cuentas permanentemente instalados en el no sé, no contesto. Sepan SS.SS., sepa, señora ministra, que mis compañeros diputados
y diputadas en las Corts no tienen ni siquiera la posibilidad de sorprenderse, como el señor Macias, o de retorcer la intervención de la señora ministra, como ha hecho el señor Matos. Queremos saludar desde nuestro grupo, sin fisuras y por encima
de los contenidos finales de la programación, la claridad y transparencia con la que su ministerio está trabajando con las comunidades autónomas, pero especialmente por su lealtad con ellas y, como ha señalado, con los ciudadanos. Estamos seguros
de que no todos los representantes en la conferencia sectorial responden de igual manera. Estamos asistiendo diariamente, y en vivienda no es diferente, a la triste danza del interés electoral antepuesto al general. Lástima de esfuerzos baldíos.
Señora ministra, aunque no obtenga la misma respuesta de las hordas ultra conservadoras, no abandone los principios de los que hemos hablado.



Señorías, en la contraposición de nuestros argumentos, razones o criterios con el resto de grupos parlamentarios no nos mueve ni nos motiva nada personal respecto a quienes los representan en cada ocasión. Sirva esto por si SS.SS. detectan
en algún momento una defensa más entusiasta de nuestros argumentos o mayor vehemencia en la exposición, insisto, nada personal. Reflexionamos desde la política y con los valores que nos caracterizan. Por ello, tampoco es casual que coincidamos con
los planteamientos del Gobierno por ser ambos, este y nuestro grupo, socialistas. Hemos escuchado con atención su comparecencia y quisiéramos, en primer lugar, resaltar los objetivos con los que el plan a reprogramar fue concebido. Y lo queremos
hacer porque al hablar de vivienda, facilitar el acceso o mejorar la existente, reequilibrar vivienda libre y protegida, reequilibrar compra o alquiler, o reequilibrar la construcción nueva y la rehabilitación es, en definitiva, aumentar las
posibilidades de acceso a un coste razonable. Reorientar un sector desbocado es hacer, en definitiva, política para solucionar problemas de los ciudadanos. Esto contrasta con los


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planteamientos conservadores de hacer negocio con la necesidad. Por cierto, asistimos atónitos al espectáculo cotidiano de la negación.
Asistimos estupefactos a la negación de la llamada burbuja inmobiliaria, calificada como crisis de la
codicia, amamantada por la teoría de la construcción infinita. Un fallo de valores calculado, del que el Partido Popular sabe mucho. Borrachera de avaricia con elixir del negocio fácil y rápido. Y es que hay quienes hoy quieren borrarse de su
responsabilidad.
Aparta de mí este cáliz, dirían. La culpa es siempre de los socialistas.
Ahora las consecuencias del egoísmo vivido a costa de la vivienda, la destrucción del empleo adicional, el efecto llamada al abandono escolar, la escasez de
vivienda protegida o la esclavitud de elevadas hipotecas no va con ellos. ¿Quién creo las condiciones para todo esto? Parece como si nada hubiera ocurrido, como si nadie hubiera dejado el suelo a merced del mercado, con el que se especuló
codiciosamente (Risas.) -ríanse, lo pagan los españoles hoy en día-, sobre el que anidó la corrupción, también.
¿Quién desprotegió con leyes ese bien escaso cuyo precio condiciona, dígase lo que se diga, el de la vivienda? Nada importaba. Se
podía pagar.
Eso sí, a costa de una vida para beneficio de pocos. ¿Quiénes dejaron de regular el abuso de la oficinas parabancarias? Para qué hacer política de vivienda, pensaba el ministro cazador. ¿Alguna vez se preguntó el honoris si las
familias podrían hacer algo más que trabajar para pagar la renta o la hipoteca?


Señorías, entre el año 2000 y 2007, según los datos del Banco de España, el esfuerzo de acceso a la vivienda pasó del 12,40 por ciento al 50 por ciento de la renta disponible, rozando el 60 por ciento en el caso de los jóvenes. Ahora se
pueden cargar las culpas sobre el actual Gobierno, pero es evidente que en materia de vivienda esa moto no se compra. Las consecuencias de las decisiones en este campo tardan años en aparecer. Un ejemplo, señorías. La acción del Gobierno
socialista desde 2004 por medio del ministerio que tanto denostan ciertos grupos parlamentarios, pero al que no dudan en solicitar aumento de gasto, junto con otras circunstancias globales refleja hoy, tras varios años y según también el mismo
organismo, que el esfuerzo al que nos referíamos para el segundo trimestre del año 2010 se sitúa muy cerca del objetivo que el programa electoral socialista comprometía. Leo textualmente: El principal objetivo del PSOE es que ningún español tenga
que comprometer más del 30 por ciento de su renta para disfrutar de una vivienda nueva, usada, en propiedad o en alquiler. Señorías, estamos alrededor del 32 por ciento.
Pero también hay otras buenas noticias. El precio de la vivienda se
estabiliza y por séptimo mes consecutivo se han incrementado las compraventas.



En su clara exposición, señora ministra, nos hablaba de la ejecución del plan, y aunque aludía a una gran acogida por parte de las comunidades autónomas, también refería oscilaciones entre unas y otras.



A esto también nos queremos referir por ser otro elemento de diferenciación entre la acción de unos gobiernos y otros. Desde el conocimiento, lamentamos que no se actúe lealmente desde posiciones conservadoras. Decimos esto porque mientras
el ministerio y usted, señora ministra, tratan sin sectarismos a todas las comunidades autónomas por igual, algunas gobernadas desde la contraposición al Gobierno de España no tienen esa lealtad para con sus ciudadanos. Véase la ejecución de
determinadas comunidades autónomas que apenas rozan el 32 por ciento de los objetivos previstos. ¿Qué les decimos a los ciudadanos de Madrid, que por renta tendrían derecho a que el plan les atienda su necesidad y no lo ven cumplido? ¿Que se
esperen a que el Gobierno regional anteponga las necesidades de sus ciudadanos a los intereses electorales? Esto sí es una desfachatez. ¿O sería fachatez? Haré una reflexión. ¿Podía haber habido algún gobierno de alguna ciudad que
deliberadamente no hubiera promocionado, incentivado o recomendado a sus vecinos promotores y constructores a acogerse a los planes de vivienda estatales porque ello supondría acoger o mantener vecinos con niveles de renta no oportunos para esas
ciudades? Quiero creer que no y que ha sido tan solo el producto de fomentar un codicioso negocio inmobiliario en renta libre.



La señora ministra nos enmarcaba la reprogramación del Plan de vivienda en los recientes acontecimientos sobrevenidos y las adecuadas medidas adoptadas no solo por nuestro país, sino por el conjunto de la Unión Europea. Es decir, un
compromiso común exigido por la responsabilidad de gobierno, tornada en irresponsabilidad por quienes exigen ajustes del déficit, por un lado, y, a continuación, demandan incremento del gasto público. Eso sí, el gasto que se traslada al beneficio y
negocio de unos pocos. Y no estoy refiriéndome precisamente a los casos Gürtel, Fabra o Brugal. Esos ya los verá la justicia. Los argumentos que hoy nos muestra sobre la responsabilidad de la reprogramación dan respuesta adecuada a determinadas
afirmaciones relativas a la liquidación del Plan de vivienda y rehabilitación 2009-2012. La exageración y la desmesura siguen acompañando determinadas argumentaciones. Nos ha ido desgranando los aspectos que pueden modificarse como consecuencia de
un duro y necesario ajuste que, como usted bien ha dicho, podremos afrontar con garantías gracias a la política social del Gobierno socialista; que quede claro, la mayor que ningún Gobierno haya hecho jamás, cerca del 60 por ciento de incremento en
seis años. Usted, señora ministra, lo relataba: dignidad y mejores pensiones para nuestros mayores; más oportunidades para quienes más lo necesitan en educación, en independencia e incluso -a pesar del griterío- en vivienda, 3.700 millones de
euros frente a los poco más de 1.600 millones de euros del Gobierno Popular en el mismo lapso de tiempo.
Creemos con sinceridad que las medidas sobre las que están trabajando y que serán las que modifiquen parte de los programas contemplados en el
Plan de vivienda y rehabilitación, si bien comportan reducción presupuestaria, no afectan a los compromisos adquiridos ni modifican sus objetivos. En algunos casos,


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como en la regularización de fondos transferidos y objetivos justificados, no solo ayuda al esfuerzo común sino que constituye una obligación.
Entendemos que en momentos de dificultad hay que ajustar aquello que o bien ya ha tenido el fruto
para lo que se puso en marcha o bien para la sostenibilidad debe seguir el camino sin el apoyo que en un principio resultaba necesario.



Compartimos los argumentos relativos a la opción de privilegiar el alquiler y la rehabilitación, no solo por el objetivo del reequilibrio inmobiliario sino porque ello contribuye a la necesaria reorientación del modelo económico y la
creación de empleo más estable. Como bien dice, esto es hacer política; esto no es acumular un ladrillo encima de otro o un valor que crece desmesuradamente para engordar la avaricia y condenar a la esclavitud a quienes tienen necesidad de un
hogar. Buena aportación también del régimen transitorio en la figura de la AEDE. La flexibilidad que muestra su propuesta disipa incertidumbres, muestra seguridad jurídica y no frustra expectativas legítimas. En definitiva, señora ministra,
observamos un ajuste coherente, necesario y respetuoso con los objetivos políticos, adecuado a la coyuntura social y económica y sobre todo leal con los compromisos adquiridos.



Por otro lado, nos preguntamos si, como bien dice, el 85 por ciento de las actuaciones en materia de vivienda las financia su ministerio, ¿a qué viene tanto reproche, tanto reclamar, tanto exigir? Al igual que por muchas elecciones que
pierda el Partido Popular nunca pagará el abandono de la escuela que han sufrido nuestros jóvenes por el espejismo salarial, por mucho ajuste que se haga del Plan de vivienda y rehabilitación vigente nunca se llegará a la escasez de recursos y nulo
respaldo a la vivienda protegida y la alfombra tendida a la selva inmobiliaria que sufrimos entre 1997 y 2004. ¿Por qué no hubo algarabía popular en esas fechas? ¿Qué pasaría, pues, si volviéramos a esas cifras, señora ministra? Usted lo refería;
aun ajustando, el Gobierno socialista de España destina a vivienda el doble de lo que hicieron los del Partido Popular. Recuerden SS.SS. la predicación y el trigo. Y aprovechando las palabras del señor Matos, fue una barbaridad la actuación del
Gobierno del PP en materia de vivienda porque es justo el 50 por ciento de lo que destinamos hoy.



Señora ministra, tiene nuestro apoyo para continuar el esfuerzo de favorecer el acceso a la vivienda para aquellos que lo necesitan, con rigor y responsabilidad. Por otro lado, también nos da tranquilidad su afirmación de que, de mejorar la
coyuntura, podrán readaptarse aspectos que hoy se anuncian a reprogramar. Reiterando nuestro agradecimiento por su comparecencia, claridad y sinceridad, nos tiene a su disposición.
Cuente con nosotros y nosotras en ese compromiso con la gente.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Les comunico a SS.SS. que la señora ministra necesita salir unos minutos. Suspendemos, por tanto, la sesión durante dos o tres minutos. (Pausa.)


Reanudamos la sesión tras este breve paréntesis. Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda para contestar a las preguntas y las inquietudes de SS.SS.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Señorías, gracias una vez más por sus aportaciones, por sus sugerencias y por sus comentarios sobre la reprogramación de los objetivos del Plan estatal de vivienda que he querido hacerles
llegar y explicarles en la comparecencia de esta tarde. Agradezco también el tono de sus apreciaciones y el carácter constructivo con el que me las dirigen. Quisiera empezar contestando a algunos de los comentarios que ha hecho el portavoz del
Grupo Vasco, señor Beloki. Respondiendo a su comentario de que en pocos días habrá que volver a pasar por esta sede para explicar en detalle cómo queda la propuesta del Gobierno en cuanto al presupuesto del Ministerio de Vivienda, tengo que decirle
que evidentemente se hará con la lealtad y la transparencia que caracteriza al Gobierno y al ministerio, lo cual no es óbice para que esta ministra considerara indispensable venir a dar cuenta de esta reprogramación del plan en la sede de la
soberanía popular una vez que lo había hecho con las comunidades autónomas en conferencia sectorial. Me pareció de imprescindible buen tono democrático e incluso una obligación parlamentaria dar cuenta ante esta Comisión de la línea directriz de la
reprogramación del plan aun antes de saber a ciencia cierta cómo iba a quedar el presupuesto para 2011.



No se le escapa al señor Beloki que el Plan de austeridad aprobado en mayo por el Gobierno plantea un escenario a 2013, mientras que según el modus operandi habitual el presupuesto que se presenta es para el ejercicio del año siguiente, por
tanto, ha resultado especialmente complejo hacer una previsión a 2013 con un presupuesto cuyos gastos están plurianualizados en un buen porcentaje para poder llegar al equilibrio presupuestario en 2013, y esto lo hemos hecho todos los ministerios.
Hemos tratado de ajustar lo más posible el presupuesto a este escenario partiendo de la aprobación del techo de gasto que tuvo lugar en mayo y que reducía el margen de disponibilidad de la Administración General del Estado en casi un 8 por ciento
-un 7,7-, así como el reparto aproximado de la disminución del presupuesto al que se refirió también el Ministerio de Economía y el presidente de alrededor del 15 por ciento del presupuesto de los ministerios. Es evidente que un recorte
presupuestario a tres años en un ministerio inversor y con un gasto plurianualizado en buena medida naturalmente tenemos que realizarlo cargando el ajuste sobre todo en las partidas que pesan más a corto plazo. Si tuviéramos que hacer un ajuste a
cinco, siete o diez años podríamos haber optado por unas decisiones distintas, pero como el ajuste tenía que ser necesariamente a 2013 hemos tenido que hacerlo en las partidas que nos permiten alcanzar este objetivo presupuestario. No obstante,
quisiera insistir en que el principio fundamental que ha seguido el ministerio al diseñar la reprogramación del


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plan no solamente ha sido este, llegar a la consolidación fiscal en 2013, que, como decía antes, es una de las líneas rojas que hemos marcado.
Fundamentalmente ha tenido por objeto reprogramar la política de vivienda de forma que a medio y
largo plazo se consolide una nueva senda, como veníamos advirtiendo desde 2008. Usted, como miembro de esta Comisión, me ha oído muchas veces hablar del objetivo del Gobierno de reequilibrar el mercado inmobiliario. Hemos venido sufriendo las
consecuencias de un sector inmobiliario residencial dedicado prácticamente en exclusiva a la promoción de nuevas viviendas y a la ocupación de nuevo suelo; sin embargo, el mercado inmobiliario necesita urgentemente diversificarse y conseguir nuevos
ámbitos de actividad que generen la creación de empleo estable de mayor calidad, unos trabajadores mejor formados que puedan darle a su trabajo mayor valor añadido y más productividad y competitividad al sector. Además, necesitamos evitar que
nuestro país siga siendo uno de los países de la Unión Europea con menor porcentaje de viviendas disponibles en alquiler y con menor porcentaje de inversión de la construcción residencial en rehabilitación.



Ya se diseñó el plan con este objetivo, por tanto coincido plenamente en su apreciación en cuanto que no se trata de jibarizar. Es decir, claro que tenemos un suelo nuevo, claro que nada va a ser como antes y claro que tenemos que empezar a
pensar que lo que hemos vivido en el sector inmobiliario no es la normalidad, que el objetivo de la recuperación del sector no es llegar a las cifras de iniciación de nuevas viviendas que teníamos hace unos años; el objetivo es llegar a un nuevo
equilibrio que permita al sector diversificarse. Por eso, no hemos querido reducir proporcionalmente todas las partidas porque de esta forma efectivamente estaríamos jibarizando y no estaríamos dando un impulso definitivo a medio y largo plazo al
cambio en la política de vivienda; estaríamos siendo poco eficaces.



En este punto quisiera incidir en el ámbito al que se han referido usted y otros portavoces en relación con el reparto competencial. Como no puede ser de otra forma, el Ministerio de Vivienda siempre ha reconocido desde la primera
comparecencia que tuve en esta Cámara en junio de 2008 la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de vivienda, puesto que es lo que dice la Constitución. La competencia del Estado para intervenir en el mercado inmobiliario se
deriva del 149.1.13 de la Constitución, relativo a la programación económica general.



Ninguna de SS.SS. podrá discutir que si el sector inmobiliario tiene en el PIB la importancia que tiene y ha demostrado que el desequilibrio del sector inmobiliario nos ha llevado a un desequilibrio de toda nuestra balanza y de todo nuestro
sistema económico, se debe intervenir en el reequilibrio de este sector y asegurar que contribuye al PIB y al empleo de forma más sostenible y que en caso de que vuelva a ocurrir una nueva crisis económica financiera cíclica no nos encontremos con
una caída del empleo y de la actividad como la que nos hemos encontrado. Por tanto, estará de acuerdo el señor Beloki en que al Estado le importe y además tenga la obligación de tratar de equilibrar el sector inmobiliario en los términos a los que
me he referido, y en España las dos partes más débiles dentro sector inmobiliario son la rehabilitación y el alquiler. Por tanto, en el momento en que tengamos que priorizar las líneas de actuación vamos a intervenir preferentemente en el alquiler
y en la rehabilitación, sin perjuicio de que desde las respectivas comunidades autónomas y en el ámbito de sus competencias, como hasta ahora, puedan destinar los recursos propios que consideren oportunos con arreglo a sus prioridades políticas a
otro tipo de actuaciones en política de vivienda, llámese ayuda a la entrada u otro tipo de subsidios y ayudas que puedan considerar interesantes. Esto ha sido así siempre, lo que pasa es que la consecuencia práctica que ahora estamos constatando
es que realmente siempre se estaba llevando a cabo la política de vivienda diseñada desde el Plan estatal, por eso el 85 por ciento de las actuaciones en política de vivienda en todas las líneas estaban siendo financiadas por el presupuesto del
ministerio.



De esta forma, quiero dar la razón a lo que usted comentaba de que no se trata de seguir como hasta ahora, sino de darle un giro a la política de vivienda, algo que ya se planteó desde el ministerio cuando se diseñó el Plan estatal. El Plan
estatal contiene en su diseño original casi un millón de actuaciones, de las cuales la mitad estaban destinadas a rehabilitación; el 40 por ciento de todas las ayudas protegidas están destinadas al alquiler. De esta forma se cumplía el programa
electoral, pero, además, cuando se apuesta por una línea deficitaria con la potencia con la que se ha hecho, naturalmente se tiene mayor margen de maniobra y deficiencia en la intervención estatal. En consecuencia, hemos tratado de adaptar el Plan
estatal a la exigencia presupuestaria y a las prioridades políticas que el ministerio se ha marcado desde el respeto absoluto a las competencias de las comunidades autónomas, como hasta ahora siempre hemos tratado de hacer.



El hecho de que ahora mismo el mercado inmobiliario esté dando síntomas de estabilización nos lleva a tener fe en que las medidas que se han ido tomando a lo largo de los más de dos años que llevamos ya de legislatura no solamente por el
ministerio sino por el Gobierno en general eran las adecuadas. El sector inmobiliario es muy sensible a la política fiscal y creo que las medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de la fiscalidad también van a redundar en un mayor equilibrio
en el sector inmobiliario. No solamente me refiero a la desaparición a partir del año que viene de la desgravación para la compra para contribuyentes con ingresos superiores a 24.000 euros sino, y muy especialmente, a la mejora sustancial de la
fiscalidad en materia de alquiler para aquellos que pagan su vivienda en alquiler y también de la rehabilitación no solamente en el IVA sino en el IRPF.



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La evolución del mercado de la vivienda, apuntaba el señor Santamaría, y hoy hemos tenido nuevos datos que así lo acreditan, es hacia la estabilización. Hemos visto cifras de transacciones recientemente publicadas por el Instituto Nacional
de Estadística que hablan de casi medio millón de compraventas de viviendas en los últimos doce meses, es decir, un mercado que está dando respuesta a las necesidades de creación de nuevos hogares de las familias españolas. Hemos visto estadísticas
de precios que apuntan a la estabilización también del mercado. Insisto en que esta tendencia a la estabilización no debe llevarnos a pensar que llegará la normalidad cuando volvamos a las cifras de los años anteriores, que ya le digo que no
consideramos normales, ni tampoco pretendemos volver.



En relación con lo que comentaba una vez más el señor Beloki sobre la especificidad de Euskadi y Navarra en relación con el Plan estatal de vivienda, es cierto que no forman parte del Plan estatal, pero no lo es menos que tanto Euskadi como
Navarra son sujetos de la política del Ministerio de Vivienda en varios aspectos muy importantes. Los jóvenes navarros y también los vascos son beneficiarios de la renta básica de emancipación. También estas dos comunidades han sido invitadas a
sumarse a la plataforma social para el fomento de la rehabilitación. Además, en el PlanE, cuando se dispusieron los 110 millones de euros para destinarlos a la rehabilitación, también se incluyó tanto al País Vasco como a Navarra en el reparto del
presupuesto. Las actuaciones del Ministerio de Vivienda en el programa de rehabilitación de los edificios del patrimonio histórico también se desarrollan en Euskadi y en Navarra, y Sepes también tiene actuaciones en Euskadi de desarrollo de suelo
residencial. Por tanto, en el ámbito en que la especificidad de Euskadi y de Navarra nos lo permite, el compromiso del Ministerio de Vivienda con la sociedad y con la economía de estas dos comunidades está fuera de toda duda.



En relación con los comentarios que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, una de las cosas que comentaba el señor Macias es que el Gobierno proclama que hace política social. Lo proclama porque efectivamente hace
política social. Quiero agradecer la responsabilidad de su grupo parlamentario cuando hubo que aprobar en el mes de mayo algunos acuerdos difíciles pero fundamentales para la estabilidad de la economía española y europea. Esta responsabilidad está
fuera de toda duda y también, por tanto, cuando se aprobó el límite del techo de gasto para la Administración General del Estado. Digo que la hacemos y no solo la proclamamos. La política social no solo se predica, sino que se practica. Ya lo he
recordado a lo largo de mi intervención y también el señor Santamaría ha traído a colación algunas de las medidas más importantes que hemos adoptado en política social en los últimos seis años, en primer lugar en relación con las pensiones, sobre
todo en la parte de las no contributivas, que se han incrementado de forma clara y exponencial en los últimos seis años. Respecto a esto quisiera recordar que ningún pensionista va a ver mermada su pensión, ni siquiera aquellas pensiones cuya
congelación se ha anunciado lo sufrirán, puesto que todas serán revalorizadas el 1 de enero de 2011. Creo que debemos ser muy escrupulosos con la realidad para no alarmar de forma inútil a los pensionistas, que desde luego no se lo merecen.
También hemos subido el salario mínimo interprofesional por encima del IPC, el número de becas, las ayudas a la dependencia, la protección por desempleo. Por primera vez aquellos desempleados que hayan agotado su prestación tienen derecho a seguir
cobrando durante un tiempo, de forma que se garantiza su dignidad.
Y en política de vivienda ya he dado las cifras y después me referiré brevemente de nuevo a ellas.



Comentaba el señor Macias que sintió sorpresa en el mes de julio cuando se hicieron públicas las medias del ministerio por la magnitud de los recortes y por las características de los mismos. En relación con las previsiones, insisto a todos
los portavoces, a las señoras y señores diputados, que lo que hemos hecho es una previsión en base a cifras que no se encuentran cerradas e -insisto- con un presupuesto plurianualizado, dependiente en buena medida de los convenios con las
comunidades autónomas y de las solicitudes de algunas de estas ayudas. Por tanto, tendremos que ver exactamente cómo quedan las cifras cuando se cierre el presupuesto de cada uno de estos ejercicios y, además -insisto-, el plan de austeridad está
previsto en un determinado escenario, pero el cálculo de los ingresos del Estado se realiza de forma habitual y cuando, como ha dicho esta mañana la vicepresidenta segunda, hay margen de maniobra en las cuentas públicas para retomar algunas de las
partidas que habían sido coyunturalmente suspendidas así se ha hecho. Por tanto, mientras la coyuntura presupuestaria se mantenga, las cifras que hemos planteado nos permiten alcanzar la consolidación fiscal, pero naturalmente en un escenario de
refuerzo de las cuentas públicas naturalmente se recuperarán las partidas que estén al alcance de este ministerio y de todos los demás.



En relación con la suma de los recortes, quisiera volver a repetir algo a lo que me he referido en la intervención, y es que tenemos en la actualidad más de 600 millones de euros ya transferidos a las comunidades autónomas que, sin embargo,
no han sido justificados. Es decir, las comunidades y ciudades autónomas no han justificado que han destinado estos fondos a la finalidad para la cual se transfirieron. Consideramos que es legítimo y equitativo que antes de transferir nuevos
fondos para objetivos de los ejercicios siguientes podamos exigir la justificación de los fondos ya transferidos, y en el caso de que no se puedan justificar podrán aplicarse estos seiscientos y pico millones de euros a los objetivos pendientes de
convenir para los programas siguientes. Esto da un margen de maniobra al ministerio bastante aceptable. Y como le comentaba también al señor Beloki, el ajuste aproximado del 15 por ciento del presupuesto de


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cada ministerio al que se refería el presidente del Gobierno va a recaer evidentemente de forma más intensa en los ministerios inversores: desde luego, en el Ministerio de Fomento, que usted conoce bien; en el Ministerio de Vivienda, que
es uno de los ministerios inversores, y en algún otro ministerio.



También comentaba que el Gobierno está empeñado en mantener al máximo la cobertura social en todas las partidas de gasto en los diferentes ministerios y desde luego también la política social de vivienda. Las prioridades sociales han sido
nuestra seña de identidad y lo van a seguir siendo, pero a lo largo de la intervención también he querido dejar claro -espero haberlo conseguido- que las prioridades del Gobierno también son económicas. Es decir, nosotros tenemos intención de
reactivar un sector, como es el inmobiliario residencial, fundamental en la generación de actividad económica y de empleo, pero queremos hacerlo desde un nuevo paradigma, desde un nuevo equilibrio. Por eso y precisamente porque nos importa que se
reactive el sector, ya hemos ido tomando a lo largo de estos dos años y medio algunas disposiciones para tratar de ayudarle a llegar a una reconversión menos traumática y reorientar su actividad.
Pero también fuimos muy conscientes de cuáles eran
sus mayores debilidades, por eso ya en 2008 en el Plan estatal se incorporaron como disposiciones transitorias una serie de medidas destinadas a conseguir que parte de las viviendas que estaban terminadas y sin vender pudieran ser accesibles para
las familias que las necesitaban. No solo permitimos su conversión en viviendas protegidas, sino que dimos acceso a más familias, hasta siete veces el Iprem, es decir, familias que tienen ingresos superiores a 50.000 euros al año, para que pudieran
acceder a estas viviendas. Todavía está vigente esta disposición hasta finales de este año.



Sugería el señor Macias y también lo ha vuelto a decir el señor Matos que no estamos fortaleciendo con fondos adicionales que proceden de los recortes las partidas que consideramos que tenemos que priorizar, es decir, que para priorizar el
alquiler y la rehabilitación no estamos transfiriendo a estas líneas el presupuesto que hoy no destinamos a las ayudas públicas. Creo que es bastante evidente que si se trata de hacer un ajuste y, por tanto, disponemos de menos fondos, el trasvase
de unas líneas a otras no supone ningún ahorro y, por tanto, tenemos que priorizar también desde ese punto de vista.



Se refería más específicamente el señor Macias al aspecto relativo a subvenciones para la promoción de vivienda destinada al alquiler.
Comentaba que en Cataluña se habían agotado los fondos. Yo le confirmo al señor Macias datos que ya
conoce, y es que a 30 de junio la Consejería de Vivienda de la Generalitat de Cataluña había ya agotado un 180 por ciento de todos los objetivos convenidos para todo 2010 para la promoción de viviendas destinadas al alquiler. Nosotros siempre, este
año y todos los demás, hemos sido lo más flexibles posible para que pudieran financiarse por las comunidades autónomas que lo solicitaban objetivos por encima del cien por cien en las líneas que consideraban prioritarias. Nosotros hemos ofrecido ya
en su momento a la Generalitat estudiar dentro del resto de líneas destinadas a alquiler cuáles de ellas pueden ser reconvertidas para los objetivos que ellos quieren de alquiler para evitar que esta partida pudiera resultar comprometida, porque
desde luego coincido plenamente con usted en que la promoción en alquiler es una de las prioridades y una de las líneas hasta ahora más débiles del sector inmobiliario. Por eso, quisiera recordar que se ha reforzado el apoyo a la promoción de
vivienda protegida en alquiler a través del ICO y que también, como sabe, tanto el ministerio como los promotores públicos y comunidades autónomas estamos viendo con el Banco Europeo de Inversiones cómo poder conseguir fondos que a través de
entidades financieras españolas puedan destinarse a este tipo de promociones de vivienda.



También hablaba el señor Macias de la propuesta del ministerio de compensar la supresión de la AEDE a partir de 2011 con la posibilidad de que el préstamo convenido pueda cubrir hasta el 90 por ciento del valor de la vivienda. Hablaba el
señor Macias de que había dificultades para que las entidades financieras pudieran hacer frente a este 90 por ciento.
Quisiera recordarle, aunque no haría falta, que la iniciativa de la que hablaba y que fue aprobada por el Pleno partió del grupo
parlamentario que el señor Macias representa y, por tanto, creo que ya habrían previsto cuando lo plantearon que precisamente esta es una de las cuestiones en las que tenemos que profundizar: cómo conseguir que las entidades financieras puedan
cubrir ese 90 por ciento del préstamo hipotecario. No está de más recordar que precisamente la cartera hipotecaria destinada a vivienda protegida es la que menos morosidad tiene de todo el sistema financiero. Son préstamos que tienen un valor de
tasación indubitado puesto que el precio de la vivienda está determinado por ley y por tanto les da a las entidades financieras una mayor garantía de cara a garantizar la solvencia de los adjudicatarios y por tanto de los hipotecados. No obstante,
como somos conscientes de que la restricción del crédito es una de las dificultades que siguen encontrando los promotores y adquirentes de vivienda protegida, ya hemos incorporado al borrador del real decreto la posibilidad de incrementar el tipo de
interés aplicable al préstamo del promotor, el diferencial del tipo de interés hasta los 200 puntos básicos. Quisiera comentar que, evidentemente, es una medida que nos ha sido solicitada por parte también del sector de los promotores. Las
entidades financieras nos hacen llegar que de esta forma el riesgo promotor al que tienen aversión muchas entidades financieras -porque naturalmente su exposición al riesgo promotor ha subido en algunos casos más de lo deseable- de esta forma, con
este incremento del diferencial en el préstamo puente -el tiempo que se tarda en construir la edificación antes de la subrogación- podían ser facilitados muchos de los préstamos que actualmente se están denegando por los departamentos de riesgo de
las entidades financieras. En


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cualquier caso, estamos en contacto fluido con las entidades financieras, como sabe el señor Macias, y vamos a estudiar con ellas todas las posibles medidas de impulso para que las entidades financieras puedan cubrir este 90 por ciento para
los demandantes de vivienda protegida. En cualquier caso, insisto, creo que es una medida más eficaz y más equitativa; llega a todos ellos y hace que la necesidad de ahorro previo para acceder a la vivienda se reduzca sustancialmente.



En relación con lo que comentaba el señor Macias de la proposición que ayer finalmente no salió adelante y de la posibilidad de suscribir un seguro de crédito, mi opinión personal es que un seguro de crédito adicional encarecería el
préstamo, la cuota que tiene que pagar el adquirente, supondría favorecer e impulsar de nuevo un excesivo endeudamiento de las familias que es precisamente todo lo contrario de lo que queremos y venimos recomendando y supondría una sobregarantía
para la entidad de crédito frente al hipotecado. La entidad de crédito tiene suficientemente garantizado el crédito y el préstamo que otorga no solamente a través del valor acreditado de la vivienda sino a través de otra serie de instrumentos que
garantizan que la vivienda no pierda valor durante el tiempo que esté hipotecada, suficientemente consolidados tanto en la normativa hipotecaria como en la normativa económica. Por tanto, sinceramente no creemos que el seguro de crédito vaya a
ayudar a conseguir esta cobertura sino que significaría en su caso un mayor coste para los hipotecados. Insisto en que nuestro propósito ha sido recomendar que las familias españolas no destinen más de un 30 por ciento de su renta disponible al
pago de su vivienda y -como bien recordaba el señor Santamaría- los datos del Banco de España acreditan que se está consiguiendo este objetivo. Para aquellos que tienen aún deducción por vivienda el esfuerzo medio para acceder a la vivienda
actualmente es del 27 por ciento de la renta familiar y para los que no ronda el 32 por ciento, como comentaba el señor Santamaría. Por lo tanto estamos en la buena dirección y no creo que en este momento dar la impresión de que empujamos a las
familias a endeudarse adicionalmente a través de otro préstamo, a través de otro seguro sea una buena solución. No se preocupe, señor Macias, que esta ministra peleará duro por conseguir que el recorte presupuestario sea el menor posible y que en
el caso de que hubiera más disponibilidad presupuestaria por la mejora de las cuentas públicas allí estaré la primera para tratar de cubrir el mayor número posible de mis partidas.



También comentaba el señor Macias, al hilo de la necesaria recuperación del sector para garantizar la actividad económica y el empleo, que no debemos olvidar que este es uno de los sectores económicos que más ha tirado de ambas cosas durante
los últimos años. Precisamente por eso, porque estamos de acuerdo, creemos que el empleo que se pueda recuperar a través de actividades de rehabilitación es de mejor calidad y más estable que el que se estaba dando en el ámbito de la construcción
residencial destinada exclusivamente a la obra nueva. Por eso hemos reforzado el apoyo a la rehabilitación. Como sabe, a partir del 1 de julio las obras de rehabilitación tienen un IVA reducido 10 puntos inferior al IVA general y, como sabe
también, a partir de esa misma fecha todos los que realicen obras de mejora en su vivienda habitual pueden deducirse hasta un 10 por ciento de las obras en su declaración de la renta de manera que sea una actividad que esté favorecida por una mayor
absorción de empleo y por una mayor actividad económica. Le recuerdo también al señor Macias que, como decía a lo largo de la intervención, las empresas auxiliares del sector de la construcción residencial -las instaladoras, las fabricantes de
materiales, incluso las tecnológicas e innovadoras no solamente de paneles solares o de sistemas avanzados de ahorro de agua sino también de aislamiento térmico, por ejemplo, o acústico- son las que dan empleo al 73 por ciento de la mano de obra del
sector. Y todas ellas tienen fácil encaje en la actividad de rehabilitación. Además en la rehabilitación, como también decía, se pueden generar hasta 56 puestos de trabajo por millón de euros invertido, lo cual supera con mucho la creación de
puestos de trabajo por la construcción residencial y la obra civil. Por tanto, creo que la preocupación del Gobierno por reactivar la actuación del sector residencial y del empleo en este campo está fuera de toda duda.



Tanto al señor Macias como al señor Matos les quiero agradecer sus elogios al estilo literario de esta ministra, pero en cualquier caso el único interés que he tenido a lo largo de mi intervención ha sido hablar con toda la transparencia y
claridad posible para que quedara clara cuál es la postura y la propuesta del ministerio. De todas formas estoy hablando en un momento en el que el borrador del real decreto que el ministerio ha propuesto está en trámite de audiencia pública y por
tanto está al alcance de SS.SS. y también, por supuesto, de todas las demás administraciones públicas y los agentes económicos y sociales, que lo han recibido ya. En cualquier caso he querido hacer un esfuerzo de claridad y transparencia para
exponerles de forma nítida cuál es la propuesta del ministerio y cuál es el alcance del recorte presupuestario.



Hablaba el señor Matos de que este recorte supone destrozo o desmantelamiento de la política de vivienda. Yo entiendo que el señor Matos piense así puesto que para el Partido Popular la única política de vivienda posible ha sido la
ocupación indiscriminada de suelo, la especulación con el mismo y la construcción de nuevas viviendas de forma expansiva y no han prestado atención a lo largo de los años que tuvieron el Gobierno de este país a actividades alternativas como la
rehabilitación, el alquiler o el urbanismo sostenible y el crecimiento racional de los núcleos urbanos. Entiendo también que la postura del señor Matos sea esta teniendo en cuenta que la política de vivienda en la época en que gobernaba su partido
era inexistente. Ya le recordé datos esta semana en el Congreso de los Diputados; datos que llevan a la elocuente cifra de que en cinco años, es decir, desde 2004


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y pese a la crisis económica, el Gobierno socialista hay promovido medio millón de viviendas protegidas, lo cual es un 46 por ciento más de las que promovió el Partido Popular en ocho años y mientras que a nosotros nos ha tocado la crisis
inmobiliaria a ustedes les tocó el bum inmobiliario. También como saben entre 2000 y 2003, como recordaba también el señor Santamaría y yo misma en mi intervención, por parte de su Gobierno se destinaron en ayudas a la vivienda 1.600 millones de
euros mientras que en los últimos cuatro años de gobierno se han destinado más del doble, casi 3.800. Ahora se queja amargamente el señor Matos de reducciones y recortes cuando en 2003 el presupuesto destinado a los planes de vivienda era de 530
millones de euros y el año pasado, como sabe muy bien, solamente en la política de vivienda -sin contar la renta básica- se alcanzaron los 1.020 millones de euros, es decir, prácticamente el doble. De este presupuesto, señoría, el 98 por ciento se
ha destinado íntegramente a las políticas activas de vivienda. Por tanto, entiendo que le parezca un desmantelamiento de la política de vivienda puesto que en la época del PP era inexistente.



También llama la atención que el señor Matos se queje ahora también de esta reducción y este recorte, porque en la época en la que ustedes gobernaron ni siquiera el presupuesto oficialmente pintado para la política de vivienda se destinaba a
tal y así, como sabe, el Tribunal de Cuentas investigó dónde habían ido a parar los fondos del Plan de vivienda 1998-2001 puesto que no se destinaban a la política de vivienda sino a otras partidas dentro del presupuesto del ministerio del que
dependía. Así que le entiendo, señor Matos, pero la política de vivienda no pasa solamente por la edificación y ocupación expansiva del suelo sino también por otro tipo de actividades como son la rehabilitación y el alquiler.



El plan se llama de vivienda y rehabilitación porque apuesta definitivamente por la rehabilitación no solamente en forma cuantitativa -que también- sino también cualitativa, como decía en mi intervención.
Desde el punto de vista
cuantitativo el plan recoge casi medio millón de actuaciones mientras que el plan al que usted se refería, por ejemplo, el 2002-2005 que dependía de su partido, recogía 189.000 actuaciones. Por tanto, aunque solo sea cuantitativamente la apuesta
por la rehabilitación es claramente mayor. Pero también cualitativamente. El Plan estatal de vivienda recoge las actuaciones en rehabilitación en todos los ámbitos en los que está palabra se puede aplicar. Desde luego la rehabilitación aislada,
la mejora de viviendas de particulares de cara a mejorar su eficiencia energética, su accesibilidad, la seguridad y todas las instalaciones, el ahorro de agua, el acceso a las nuevas tecnologías.
También recoge las áreas de rehabilitación integral,
las áreas de renovación urbana, las ayudas para la erradicación del chabolismo y, además de las ayudas previstas en el Plan estatal a través de subvenciones, subsidios y ayudas directas, el Gobierno ha modificado, como he dicho antes, la fiscalidad
de la rehabilitación, lo cual, como muy bien sabe el señor Matos, influye directamente en la eficacia de las medidas. En ese sentido, recientemente se ha aprobado una rebaja de 10 puntos del IVA en relación con el general que se aplica a las obras
de rehabilitación, se ha ampliado el concepto de rehabilitación a efectos de la aplicación del IVA a todas las actividades que se refieren a la rehabilitación entendida de forma general y más específicamente en lo que se refiere a la rehabilitación
de la vivienda habitual y la mejora ya que, como también he comentado, hemos incorporado una deducción adicional en el IRPF para la mejora de la vivienda familiar. Por tanto, no solamente son ayudas y subsidios sino también fiscalidad. Esto se
diferencia netamente de la apuesta por la rehabilitación que supuestamente hacía el Gobierno del Partido Popular.



Hablaba también el señor Matos de las comunidades autónomas y del recorte que se ha hecho a su presupuesto para política de vivienda. Le insisto, señor Matos, la financiación autonómica está aprobada por la Ley orgánica de financiación de
las comunidades autónomas y en esta ley lo que se garantiza a las comunidades es la disponibilidad, el margen de maniobra, de autofinanciación necesario para hacer frente a las políticas y a las competencias que les son propias. Por tanto, las
competencias propias de las comunidades autónomas se cubren a través de la financiación estatal que reciben por la Lofca y también la política de vivienda. El ministerio ha transferido -y sigue haciéndolo- fondos a las comunidades autónomas en la
medida que le permiten ejecutar su competencia en programación económica general y, por tanto, la política de vivienda como competencia de las comunidades autónomas no está sujeta ni debe estarlo al presupuesto estatal sino, en todo caso, a lo que
considere cada comunidad autónoma prioridad política en el ámbito de sus respectivos territorios.
Ningún recorte en el Ministerio de Vivienda tiene por qué afectar a ningún ciudadano de ninguna comunidad autónoma salvo que así lo decida el
consejero de Economía o de Vivienda o los dos juntos en cada uno de sus territorios.



Es inútil seguir insistiendo en lo que el señor Matos opina en relación con el déficit público de nuestro país y el déficit público de los países de nuestro entorno, no solamente europeos; por ejemplo, me gustaría saber qué pensaría la
Administración de los Estados Unidos de su opinión sobre el impulso fiscal y de estímulos públicos a la actividad y al empleo.
Creo que eso está superado por la contundencia de los hechos y de los datos económicos. Insisto en que concentrar
esfuerzos para potenciar otros implica evidentemente priorizar qué líneas van a ser las que van a mantener su plena disponibilidad presupuestaria y esto naturalmente hay que hacerlo a costa de otras líneas porque en otro caso no podríamos ahorrar.
Le preguntaría al señor Matos cómo pretende lograr la cuadratura del círculo: recortar trasvasando fondos de un lado a otro y subir los gastos y disminuir los ingresos. Esto no es política, esto es magia y le podría sugerir que para su inexistente
equipo económico -creo que están buscando urgentemente un titular- pueda quizá citar a


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un mago de renombrado prestigio que está ahora mismo en la mente de todos.
En otro caso, no entiendo cómo podemos conseguir recortar el presupuesto subiendo los gastos, bajando los ingresos y trasvasando fondos de una línea a otra.



Dice usted que la propuesta de mantener el espíritu es un disparate. Vamos a ver, un disparate es que siendo una competencia propia de una comunidad autónoma la vivienda, esta comunidad autónoma no destine fondos propios a la vivienda y que
cuando tiene disponibles fondos estatales solo utilice un tercio de los mismos. Es el caso claramente de la Comunidad de Madrid, aunque no solo. Llama la atención que en una comunidad como la de Madrid, donde el acceso a la vivienda es de los más
difíciles de España por el precio de las mismas y donde los jóvenes tienen dificultades para acceder a ellas, el Gobierno autonómico, que tiene disponibles fondos estatales para poder subvenir a las necesidades de vivienda de sus ciudadanos, sea
incapaz de ejecutar el presupuesto destinado a ellas en apenas un 30 por ciento. Por tanto, el disparate es criticar un recorte presupuestario cuando directamente no se están utilizando los fondos disponibles para la política de vivienda. En
cualquier caso, quiero reiterar que el hecho de que ahora mismo se valore tanto el recorte presupuestario pone de manifiesto hasta qué punto era y es importante el presupuesto del ministerio para la política de vivienda en todo el Estado.



Pregunta el señor Matos qué opinión me merece que un número de diputados firmara una enmienda transaccional. A mí lo que me parece es que es mucho más importante que un número de diputados apruebe una enmienda o no en el Congreso de los
Diputados. Nosotros podemos recoger firmas para lo que a usted le parezca oportuno, pero solamente si lo aprueba el Congreso de los Diputados, que es la sede del poder legislativo, es cuando se convierte en un mandato. Por tanto, yo creo que como
compensación moral está muy bien conseguir que una serie de diputados apoyen supuestamente una enmienda pero la realidad es que la enmienda no prosperó y que el Congreso de los Diputados no la aprobó. Dicho todo esto sin acritud, señor Matos.



En relación con algunas de las cuestiones que ha comentado en su intervención, por ejemplo la reserva de eficacia, le diré que la reserva de eficacia es una medida de incentivo que el ministerio dispuso para que las comunidades autónomas
fueran activas y tuvieran una compensación en aquellas líneas en las que superasen el cien por cien de los objetivos convenidos. Por tanto, siempre ha estado sujeta a disponibilidad presupuestaria, siempre. La disponibilidad presupuestaria es lo
que marca la existencia o no de la reserva de eficacia y el acceso o no de las comunidades autónomas a la reserva de eficacia. Sin embargo, sí quisiera reiterar que todos los objetivos convenidos y firmados con las comunidades autónomas en
convenios y acuerdos suscritos se van a mantener, por tanto el no acceso a la reserva de eficacia es la primera consecuencia práctica de la menor disponibilidad presupuestaria del ministerio. Usted hacía referencia a 140 millones de euros.
Nosotros tuvimos en enero un acuerdo de no disponibilidad que al Ministerio de Vivienda también le afectó, como al resto de departamentos, y tuvimos que tomar como primera medida el no acceso a la reserva de eficacia, que, como le digo, siempre está
sujeta a disponibilidad presupuestaria.



En relación con el supuesto desmantelamiento de la política de vivienda, señor Matos -y simplemente para concluir-, creo que la foto que arroja ahora mismo el sector inmobiliario es más esperanzadora para todos de lo que era hace unos años.
No voy a repetirle las cifras de promoción de vivienda protegida aunque quizá sería interesante que diéramos datos concretos de media; por ejemplo, la inversión de vivienda por años.
Durante los años que gobernó su partido, de 1996 a 2003, la
media anual en millones de euros fue de 576 de inversión; la media del Partido Socialista durante los años 2004 a 2009 fue de 962 millones de euros, es prácticamente el doble. Lo mismo en iniciación de viviendas protegidas, la media durante los
años que gobernaron ustedes fue de 57.000, y le insisto que coincidieron con el bum inmobiliario; la media de los años que lleva gobernando el Partido Socialista es de 83.000, e insisto, nos hemos encontrado en esta época con el ajuste brusco del
sector inmobiliario, y precisamente los dos años en que más viviendas protegidas se iniciaron fue en 2006 y 2008, a pesar de que tanto en 2006 como en 2008 la coyuntura económica e inmobiliaria era bien distinta. Por tanto, señoría, le invito a que
reflexione sobre los reproches que le hace al ministerio en cuanto a la inversión y el compromiso con la política social de vivienda.



Pero no solamente las cifras de inversión y las cifras de iniciación de vivienda son elocuentes en relación con la diferencia de compromiso entre su Gobierno y el nuestro, hay otros muchos datos que así lo atestiguan.
Como le decía, hay
213.000 jóvenes que han podido obtener la renta básica de emancipación para iniciar una vida independiente, renta básica de emancipación que se puso en marcha en 2008, por tanto con anterioridad era inexistente. Para estos 213.000 jóvenes el
esfuerzo para poder pagar su vivienda se reduce a la mitad, los que no la cobran tienen que dedicar un 42 por ciento de su sueldo a pagar su casa y los que la cobran solo un 24 por ciento. Por tanto, estos 213.000 jóvenes se han incorporado al
millón de familias adicional que ha obtenido ayudas del Estado para poder acceder o mejorar su vivienda. También, lo recordaba el señor Santamaría y yo misma hace un momento, el esfuerzo para acceder a la vivienda se ha reducido para las familias
españolas en más de 15 puntos en año y medio, gracias no solamente a la contención del precio de la vivienda sino también de los tipos hipotecarios, a la ampliación del mercado del alquiler y a la ampliación de la oferta de viviendas.



El precio de la vivienda tiende a estabilizarse. Como bien sabe el señor Matos, en la actualidad estamos llegando, en el caso de la vivienda usada, prácticamente a un crecimiento cero, y en la vivienda nueva en algunos


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casos se inicia ya un periodo de normalización. También se han tomado medidas importantes en materia de fiscalizad. Como antes recordaba, se han adoptado medidas de apoyo a la rehabilitación pero también al alquiler. Hay 5 millones de
personas que hasta ahora no habían podido obtener ningún beneficio fiscal por alquilar o rehabilitar su casa y que ahora se van a poder incorporar a los beneficios fiscales, de forma que podamos superar la tradicional discriminación fiscal con las
familias que compraban su vivienda. En definitiva, señor Matos, la política del Gobierno en materia de vivienda supera con creces el apenas esbozo de lo que debería ser una política de vivienda que se hacía en los años que ustedes gobernaban; en
cualquier caso, las cifras son elocuentes y no quiero insistir en este tema.



Simplemente quiero comentarle al señor Santamaría, en relación con la intervención del Grupo Socialista, que creo que han entendido que la oportunidad que tenemos ahora no es solamente la de tratar de mantener al máximo posible todas las
ayudas que van al ciudadano a pesar del recorte sino que tenemos la ocasión de replantear la política de vivienda pública a medio plazo de forma que el mercado inmobiliario no vuelva a ser un lastre para la economía española sino todo lo contrario.
Por eso les invito a que reflexionen sobre si debíamos dejar pasar la oportunidad de impulsar definitivamente el alquiler y de impulsar definitivamente la rehabilitación como alternativas a un sector que las necesita. El sector necesita una
alternativa puesto que la construcción de viviendas nuevas ya no va a ser nunca lo que era.



Con esto espero haber contestado a los comentarios de los grupos. En cualquier caso, si hay opción a un turno de réplica, volveré a referirme a lo que tengan por oportuno.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Muchas gracias, señora ministra, por la exhaustividad con la que ha contestado a los diferentes grupos políticos. No sé si hay alguno que necesite alguna aclaración. (Pausa.) Señor Beloki.



El señor BELOKI GUERRA: Señora ministra, brevemente dos apuntes.



No tengo intención alguna de abrir un debate sobre la razón, o sinrazón de ser, de que no haya convenios de su ministerio con las comunidades autónomas de Euskadi y de Navarra. No tengo ningún interés en abrir hoy ese debate, pero lo cito
porque no entiendo lo que usted justamente acaba de contarme, por qué en virtud de algún razonamiento no procederían los convenios y luego si procede que la ayuda para la emancipación de los jóvenes y el PlanE se apliquen en Euskadi. No termino de
entender los criterios que expliquen consistentemente lo uno y lo otro, pero, insisto, no tengo ningún ánimo de abrir este debate.



En segundo lugar, me alegro mucho de que, si he percibido bien, tengamos un enfoque básicamente general y coincidente con lo que habría que hacer en esta situación en su ministerio y como concepción general del Gobierno; es decir, cómo
podemos abordar esta situación que es realmente complicada. Para eso de entrada hay que tener un cierto enfoque general, más o menos coincidente, porque si se va con enfoques contradictorios no es posible. Me alegro de que haya una cierta
coincidencia en ese enfoque general, lo que pasa es que eso tampoco me impide -yo creo que hasta me obliga-, hablar de la dificultad de ese enfoque general y que debiéramos ser usted, yo y todos, a mi juicio, conscientes de la enorme dificultad, a
pesar de saber teóricamente por dónde vamos a ir o creer que sabemos por dónde hay que enfocar las cosas de la aplicación de eso. Hay que ser muy conscientes, entre otras razones, porque a todos los ciudadanos hay que hacerles conscientes de la
enorme dificultad de la situación también en este campo.



Es evidente que hace falta una reingeniería financiera del menos 15 por ciento en unos casos y del menos 30 por ciento en otros; mire si eso es una reingeniería financiera en los presupuestos. Todos los que hemos tenido alguna experiencia
administrativa sabemos lo que eso significa.
Eso no es duro solo especialmente para la ministra y para los secretarios, sino para todos aquellos que creían que ese ministerio atendía sus necesidades y que ahora, por la razón que sea, va a dejar de
atender determinadas necesidades. Por tanto, la reingeniería financiera es importante. Mi grupo coincide básicamente -si le entiendo bien- en que hay que hacer esa reingeniería financiera no reduciendo todas las partidas un poquito, no jibarizando
el presupuesto, como decíamos antes, sino enfocando algunas grandes líneas. Usted enfoca dos que a mí y a mi grupo nos parecen bien: la rehabilitación y las viviendas en alquiler; que se camine por ahí. No me parece mal que, como enfoque
general, se vaya por ahí. Quiero llamar la atención sobre algo que me parece especialmente necesario y difícil, y ahí tienen ustedes -iba a decir- que hacer cierta autocrítica. Más allá de la autocrítica, tienen un trabajo que hacer en el futuro.
Hay que cambiar de cultura.



Todavía recuerdo al comienzo de la pasada legislatura la primera intervención de la primera de las ministras que yo he conocido en el primer Ministerio de Vivienda que se conocía en la democracia. Lea usted lo que dijo aquel día y adécuelo
a esta situación. Es evidente que no se venía para esta situación; hemos habituado tanto a la gente que nadie se podía imaginar que esto podía llegar. No me extrañan nada las citas que menciona el señor Matos de gente de su ámbito que dicen que
la ministra está rompiendo las reglas de juego. Las reglas de juego se han puesto para todos y a aquellos que estaban habituados a que el ministerio hiciera lo que hacía -incluso diputados autonómicos- ahora ya no les atiende; y debajo de los
consejeros autonómicos están las empresas del sector. ¿Es que alguien cree que la Administración va a resolver el problema de las empresas de la construcción? ¿Alguien cree esto? ¿Seguimos soñando todavía? Quien dice empresas de la construcción
dice ciudadanos o un montón de gente que -entre comillas- admiraba


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el presupuesto y del presupuesto sacaba las conclusiones que sacaba. Hace falta cambiar de cultura. El propio ministerio va a tener que cambiar de cultura, como el Gobierno, la oposición y, por supuesto, las administraciones autonómicas.
Tendremos que adecuarnos a unas nuevas reglas del juego; de otra forma, a los que no tenemos ganas de quitarla a usted y ponernos nosotros en el ministerio -eso es algo que no pretende este grupo- únicamente nos puede entrar una enorme melancolía
al pensar que aquellos tiempos fueron magníficos y estos son desgraciados, pero con eso no se resuelve el futuro. Con eso no se camina ni se resuelven los problemas del futuro.



Termino, señora presidenta. Por tanto, señora ministra, hay que hacer la reingeniería financiera, hay que fijar unos objetivos básicamente coincidentes y tenemos que ir todos -usted la primera, como iba el otro por la senda constitucional-
hacia el cambio cultural en estos temas; falta hace para que, ya que tenemos este suelo, algún día podamos ir subiendo escalón a escalón en vez de ir bajando más. Todavía debajo de este suelo hay baches posibles.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A continuación, don Pere Macias.



El señor MACIAS I ARAU: Voy a ser muy breve.



Señora ministra, si algún interés tienen estas comparecencias es que la señora ministra y su equipo, que nos acompaña, escuchen. La información que usted nos ha dado básicamente es la que dio ya hace algunas semanas a los consejeros
autonómicos, y estos, la prensa o usted misma nos la han ido contando; por tanto la novedad es relativa. Nosotros decimos nuestra opinión, y todo esto está muy bien; pero si el parlamentarismo tiene algún sentido es que el Gobierno -usted es la
máxima representante del Gobierno en esta sala- tome buena nota de lo que nosotros le digamos -desde nuestra capacidad de equivocarnos o no- y no se dedique a despacharlo con tres frasecitas. ¿Por qué le digo esto? Porque se nos antoja que estamos
ante la tramitación de la ley de economía sostenible, que es una ley que se presenta -porque el Gobierno así lo hace- como una especie de macroley de acompañamiento y que estaría bien para regular algunas cosas. Nosotros vamos a presentar enmiendas
para que se regule la aplicación del seguro de crédito hipotecario. No me parece de recibo que usted se despache con tres frases diciendo que va a costar mucho, que no va a servir para nada y que va a hacer que se endeuden más. Usted es una
persona rigurosa por su profesión y formación, y no me suena nada bien que diga esto. Vamos a seguir intentando convencerla, tanto como al Gobierno y a los diputados del grupo mayoritario, para que estos temas avancen.



Le voy a poner un ejemplo. Usted misma me ha dicho que se ha aprobado el IVA reducido. ¿A instancias de quién? ¿Quién llevaba no sé cuántas iniciativas, muchas de ellas -al menos las quince primeras- con el voto contrario del Grupo
Parlamentario Socialista, pidiendo este IVA reducido? Finalmente, por lo sea, se nos escuchó y ahora usted se erige en su propagandista, lo cual me parece muy bien porque usted es el Gobierno; pero no despache tan rápido temas importantes e
interesantes y dé soluciones que desde nuestra modestia -somos diez, somos pocos y estamos en la oposición en casi todas partes- presenta nuestro grupo. Nos duele, nos duele muchísimo, señora ministra, que no se tengan en cuenta estas propuestas o
que nos cueste tantísimo; no porque nos cueste, porque lo vamos a hacer con mucho gusto, sino porque, como en el caso del IVA, perdemos meses, meses y meses, pero quienes pierden son los ciudadanos.
Por tanto, le pido que se tome usted las cosas
con el debido interés, que las estudiemos y debatamos. Ayer figuraba esto en la famosa transacción de don Pablo Matos. Yo creo que lo volverá a ver usted de aquí a pocos días, repito, en las enmiendas de CiU, como mínimo a la LES. Esta ley tiene
que servir también para perfeccionar otras cuestiones relativas a las políticas de vivienda, y creo que la deberíamos utilizar en este sentido. Desde luego mi grupo va a plantear esta cuestión como algo importante porque creemos que puede ser un
instrumento útil hasta donde lo sea, pero útil.



Señora ministra, usted sabe que nuestro grupo nunca ha sido un defensor de la existencia del Ministerio de Vivienda y que incluso hemos dicho que a lo mejor bastaría con una secretaría general dependiendo de Hacienda para que pudiera
acompañar las dotaciones que llegan a ayuntamientos y comunidades autónomas. Cuantos menos recursos tenga usted, nuestro argumento más va creciendo; no nos dé el gusto. Denos usted el gusto en otras cosas, pero en esto no. Por lo tanto, le ruego
por el bien de la política social de vivienda que haga todo lo posible -estoy convencido, por otra parte, de que lo está intentando- para que se puedan recobrar todos los créditos necesarios, en los próximos presupuestos, para la política de
vivienda. En esto va a contar, como sabe perfectamente, con el apoyo de nuestro grupo.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): A continuación, tiene la palabra el señor Matos. Le rogamos encarecidamente cierta brevedad.



El señor MATOS MASCAREÑO: Lo intentaré, señora presidenta.



Comencé mi primera intervención felicitando la expresión literaria de la intervención de la ministra. Sin embargo, la intervención del señor Santamaría es la más mediocre que he oído en el Parlamento durante estos seis años que llevo aquí.
Me asalta una duda. Cuando un portavoz parlamentario se sienta ante un lápiz y un papel o un ordenador a escribir una intervención sobre los recortes presupuestarios debido al déficit público y a la situación económica que está atravesado el país,
¿se sienta y lo único que se le ocurre es utilizar términos como hordas ultraconservadoras, borrachera de avaricia,


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especulación, etcétera? ¿Se queda contento del ingenio que tiene? (El señor Cuadrado Bausela pronuncia palabras que no se perciben.) ¿De verdad se puso nota? ¿Se puso una nota alta después de ver las sandeces que ha puesto en la
intervención? (El señor Cuadrado Bausela: ¡Eh! No se pase.) Si hay algo que debería saberse es que esto no es la barra de un bar sino las Cortes españolas y se les pide una mayor...



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Señor Matos, vamos a centrarnos en el tema que nos trae aquí esta tarde.



El señor MATOS MASCAREÑO: ... Le pediría una mayor altura en su intervención.



Solo voy a referirme a una cosa. No admito que diga que yo he dicho exabruptos de carácter personal a la ministra; todo lo contrario. Le he reconocido públicamente su capacidad y su formación en múltiples ocasiones. Lo que lamento es que
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero haya decidido hacer el recorte brutal del déficit, pagándolo las pensiones y la política de vivienda; es lo que he dicho. Por lo tanto, le ruego una mayor prudencia en su intervención posterior.



Señora ministra, haré algunas matizaciones a lo que usted ha dicho. Usted ha criticado que yo haya hecho un comentario sobre que se mantenía el espíritu del plan. Yo dije que se mantenía el espíritu del plan pero no los fondos del plan;
de nada sirve un plan con espíritu pero sin fondos, es lo único que dije. Entiendo que usted tenga que defender algo que le han impuesto, porque estoy seguro de que a usted no se le ocurrió ir al Gobierno a decir: Voy a recortar este año el 40 por
ciento del presupuesto. Se lo han impuesto y usted lo ha llevado a cabo. Lo que yo lamento es que el Gobierno haya impuesto el recorte presupuestario en materia de vivienda.



Con respecto a la rehabilitación, lo que dije fue que no era algo nuevo, y le cité artículos del Plan 2002-2005 donde se hablaba de rehabilitación.
Ustedes han puesto más peso en la rehabilitación integral y nosotros a lo mejor lo poníamos
en la rehabilitación aislada de edificios y en los edificios para rehabilitar y luego alquilar. Usted se ha pasado un tiempo justificando que este plan tiene más fondos que el de 2002-2005. Sí, señora ministra, y el de 2002-2005 tenía más fondos
que el último plan de los gobiernos de Felipe González; y estoy seguro de que los planes de 1979-1982 -no recuerdo si eran exactamente esos años- tenían más fondos que las planes de la UCD. Cada vez que se van subiendo los presupuestos se le va
dando más fondos a la política de vivienda. Ahora, ya está bien de estar hablando, después de seis años, de la política de vivienda del Partido Popular. Le recuerdo que los años a los que ustedes se refieren siempre como los años más horribles de
la historia de España eran unos años en los que un joven se formaba, terminaba su formación, conseguía un puesto de trabajo, veía una vivienda asequible a sus posibilidades, iba a un banco, pedía un préstamo, se lo daban, compraba la vivienda y
además podía pagar el préstamo. Eso para ustedes es una política antisocial.
Resulta que es una política social que en el año 2004 se ejecutaran las hipotecas de 14.346 ciudadanos o familias y 93.000 en 2009. Eso lo llaman ustedes una política
muchísimo mejor; se está viviendo ahora el acceso a la vivienda muchísimo mejor que en 2003, cuando hay 100.000 familias que se han quedado en la calle, y a usted el Gobierno no le deja hacer nada.
Estoy seguro, señora ministra, de que a usted
esto le preocupa, pero no le han dejado tomar ninguna iniciativa. Ya está bien; después de seis años de Gobierno, no pueden aparecer como si estuvieran por primera vez en las Cortes Generales como grupo de Gobierno. ¿De verdad cree que esta
situación es mejor, cuando no hay nadie que acceda a un préstamo hipotecario, cuando no hay nadie que pueda acceder a una vivienda, cuando se les quitan las viviendas porque están perdiendo su empleo o porque las líneas de crédito que han creado no
sirven para nada por los requisitos estrictos que han puesto? Ya está bien de hablar de la época del Partido Popular en vez de estar defendiendo o justificando lo que están haciendo ahora.



Me ha puesto otra vez el ejemplo de la Comunidad de Madrid. Tiene usted obsesión. Tengo aquí los datos. No me voy a referir a los cuatro años, sino a los dos años que lleva usted de ministra. En Andalucía se han hecho, entre 2008 y 2009,
38.024 viviendas protegidas en una población de 8.302.000 ciudadanos. Esto significa que se han hecho 45 viviendas cada 10.000 habitantes entre los años 2008 y 2009; en Cataluña 26 viviendas por cada 10.000 habitantes y en Madrid 60 viviendas por
cada 10.000 habitantes. Ya está bien de que vengan ustedes a hablar otra vez de Madrid, cuando gracias a Dios lo único que han hecho bueno en comparación con Madrid ha sido calcar el programa de arrendamiento con opción de compra, que ha dado un
resultado magnífico.



Con respecto a la transaccional dice que es una recogida de firmas por parte de los diputados. No; lo que quiero que usted comprenda, señora ministra, es que hay una mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara, y no solo el Partido
Popular, que le está pidiendo que reconsidere el recorte; que vaya al Consejo de Gobierno y diga que no es posible recortar la política de vivienda. Cuando yo digo que se desmantele el Plan de vivienda no es que se desmantele la política de
vivienda, sino este plan. Si este plan nace con un presupuesto, con un tipo de programas, con un tipo de ayudas, y unas las suprimen y otras las reducen, están desmantelando el plan. Claro que le queda algo que hacer en política de vivienda, pero
este plan lo ha desmantelado. Lo que yo deseo es que negocie con las comunidades autónomas si acaso otro, pero este lo ha desmantelado.



Habla de la financiación autonómica; yo nunca me he referido a la financiación autonómica, me he referido a las transferencias a las comunidades autónomas, a la financiación para el Plan de vivienda. Por mucho que usted hable del
presupuesto 2010, capítulo 75, que está


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compuesto de la partida 75, transferencia a comunidades autónomas y subvenciones para construcción y rehabilitación de vivienda, eso son 437 millones de euros en 2010. Dentro de ese grupo hay una partida, resto sin asignar, de 140 millones
de euros, que es lo que se llama la reserva de eficacia. Por lo tanto, la partida 75, transferencias a comunidades autónomas, se reduce en 140 millones de euros para 2010. Esto, llámelo como lo llame, diga que era para dárselo después a los que
cumplieran objetivos, es una reducción de la partida 75 de 140 millones de euros. Es así, no lo vista de otra manera.



Termino con dos cosas: primera, me gustaría saber a cuánto va a ascender el recorte presupuestario. He calculado que es un recorte del 40 por ciento. Si no, dígame: No, es del 10. Intentaremos verlo en los presupuestos. Me gustaría
saber también, y estoy seguro de que usted lo sabe, señora ministra, el resultado económico de la Sociedad Pública de Alquiler. No me responde por escrito; se lo pregunto aquí. Estoy seguro de que lo sabe; seguro que ha tenido la curiosidad de
ver si ha mejorado.
Le pido que me responda. Señora ministra, le ofrezco todo el apoyo que le podamos dar, y seguro que lo tiene de los grupos parlamentarios que firmaron esa transaccional, para intentar que el recorte presupuestario que se lleve
a la próxima ley de presupuestos no sea tan brutal como el que ha anunciado a las comunidades autónomas. Tiene todo el apoyo de mi grupo parlamentario para decirle al Gobierno que recorte de otros lados; nosotros no queremos cuadrar el círculo,
sino que recorten de otros lados, de gastos superfluos, de los que hay miles de partidas en los presupuestos, en vez de irse a las grandes partidas de gastos sociales, como ha hecho el Gobierno.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Señor Santamaría.



El señor SANTAMARÍA I MATEO: Siempre desde la mediocridad, prefiero hacer intervenciones diciendo la verdad que ser tan listo como el señor Camps, el señor Fabra o el señor Ripoll, vaya por delante.



Señora ministra, solo he dicho la verdad, lo que pensamos los socialistas y nuestro grupo. Si hablamos de corrupción es porque la ha habido. Por lo tanto, es una verdad, no es ninguna barbaridad. Hemos hablado de las consecuencias de
determinadas políticas que se ejercieron durante gobiernos del Partido Popular que hoy traen sus consecuencias. El señor Matos se empeña siempre en contarnos el cuento del señor que encontraba empleo, que podía pagar la vivienda, etcétera. La
podía pagar ese día.
(El señor Matos Mascareño: Tenía trabajo.) Y hoy, ¿la puede pagar? ¿Dedicar un 50 por ciento de la renta familiar significa poder vivir? Eso es consecuencia de su política. (El señor Matos Mascareño: Después de seis años
de ustedes.) Eso es consecuencia de su política, dedicar el 50 por ciento de la renta familiar a pagar la vivienda; por cierto, viviendas sobrevaloradas que lo único que hicieron fue engordar a determinados individuos que vinieron al mundo de la
construcción y de la promoción de la mano de la ignorancia y buscando el negocio fácil. De eso hemos hablado, desde la mediocridad, señor Matos; eso es una verdad.
Nosotros le contaríamos otro cuento que es cierto, el cuento del chaval que
abandonó el instituto porque en la construcción se ganaba dinero, que fue un espejismo. Hoy, posiblemente ese chaval está en el paro y sin formación. (La señora Carballedo Berlanga: Dígaselo a Zapatero.) ¿Es que nadie lo vio? Si lo vieron,
todavía es peor. Nadie advirtió de esas consecuencias. Eso fueron consecuencias de su política, no de la nuestra, señor Matos. Esto está ahí y no es un cuento, es una realidad. Pregúntele usted a esos chavales que hoy están en el paro y con la
letra del coche por pagar. De todo eso hemos estado hablando, pero hay que ser positivos, señora ministra. En ese sentido, queremos contribuir a que el sector de la vivienda retome la senda que nunca debió abandonar: construir vivienda para
constituir hogares y no para hacer negocio.



El señor Beloki decía que esto nos debe servir para el cambio de cultura.
Y ahí nos apuntamos. Hemos hablado hoy, con mediocridad, eso sí, de la libertad, de las posibilidades de elegir el acceso a la vivienda, no solo a la nueva y de
construcción, sino a la de alquiler, etcétera. Eso es hablar de libertad y de posibilidades, insisto, desde la mediocridad. En definitiva, señora ministra, hemos hablado esta tarde, y a eso nos apuntamos, de política que es lo que hace falta para
solventar las necesidades de los ciudadanos. Entiendo que sea difícil de comprender para los señores del Partido Popular, pero hoy más que nunca es necesaria la política porque existen ya nuevos derechos de ciudadanía de nueva generación y nuevas
necesidades que el mercado es imposible que las pueda satisfacer, ni siquiera las pueda respetar, y creo que ni siquiera las puede intuir. Por eso, reivindicamos la política para satisfacer necesidades. De ahí que se precisen políticos para la
política, no simple firmones de talones para repartir dinero entre las comunidades.



Señora ministra, nos tiene a su disposición para continuar trabajando en favor de las personas.



La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): Para finalizar tiene la palabra la señora ministra.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Intentaré ser muy breve.
En primer lugar, quiero volver a agradecerles a todos sus aportaciones y concretamente al señor Beloki su punto de vista, porque es el mismo que tiene el Gobierno,
este ministerio. Precisamente porque nosotros entendemos que es necesario cambiar la orientación del sector inmobiliario en general en España es por lo que planteamos en 2008 un plan de vivienda que rompía claramente con la tendencia de los
anteriores, puesto que, como les recordaba, recogía un 40 por ciento de sus actuaciones protegidas para el alquiler, la mitad de sus ayudas destinadas a rehabilitación. Por


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eso ahora, cuando ha habido que priorizar de nuevo las partidas en las que vamos a incidir de forma más presupuestariamente hemos optado también por las partidas de rehabilitación, porque creemos que son los dos sectores que hay que
reequilibrar. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en su planteamiento y somos plenamente conscientes de ello. Aunque es muy difícil tomar una decisión de recorte como dejar de dar una ayuda estatal directa a la entrada, creemos que es nuestra
responsabilidad hacerlo, a pesar del coste político que esto pueda suponer. Ha quedado bastante claro que este Gobierno toma las decisiones que cree que tiene que tomar por el bien de España, independientemente de que esto tenga una repercusión
electoral, lo cual no creo que se pueda predicar de todos los grupos políticos.



En relación con las dificultades para su aplicación práctica, naturalmente que es muy difícil. Nosotros hemos intentado desplegar todos los instrumentos que estaban a nuestro alcance para poder ser lo más eficaces posible. En el Plan
estatal de vivienda se disponen las líneas de ayuda, subvenciones, subsidios y préstamos convenidos, pero no era suficiente.
Por eso hemos puesto en marcha una serie de medidas adicionales para tratar de incidir según las posibilidades del
ministerio y del Gobierno en el medio inmobiliario; medidas que no solamente van en el ámbito fiscal, a las que me he referido también, sino también en el financiero y legislativo. Voy a ser muy breve al recordarlas, y esto me sirve para contestar
al señor Matos. No solamente se ha puesto en marcha el Plan estatal de vivienda, sino que también, como sabe, pusimos en marcha la Ley de fomento y de agilización procesal del alquiler, de forma que igualmente se pudiera garantizar más la seguridad
jurídica de los inquilinos, la renta de los propietarios, sin mermar los derechos de los inquilinos de buena fe. Esta Ley de fomento y agilización procesal del alquiler, como sabe, se aprobó con un amplio consenso por el Congreso de los Diputados.
Se aprobó la renta básica de emancipación, a la que ya me he referido, con sus 213.000 jóvenes que la han cobrado. La Sociedad Pública de Alquiler, sí, señor Matos, que en el primer semestre ha incrementado en un 97 por ciento el número de
contratos de arrendamientos suscritos, en relación con el año anterior, ha beneficiado ya a 36.000 ciudadanos. Está gestionando 5.500 inmuebles de las cajas de ahorro, 30.000 que han puesto a su disposición también los promotores, y concretamente,
como sabe, está suscribiendo unos convenios de colaboración para la gestión del parque inmobiliario de importantes entidades financieras de nuestro país, a las que creo que les podría usted preguntar por qué han suscrito con la Sociedad Publica de
Alquiler un convenio si tan nefasta es su gestión. También el Gobierno, desde el punto de vista fiscal, ha tomado ayudas de apoyo al alquiler, como equiparar la desgravación del alquiler a la de compra. Ha mejorado el tratamiento en el IRPF de las
rentas obtenidas por los arrendadores. Se ha mejorado la fiscalidad del alquiler con opción a compra y se le aplica un IVA reducido. Se puso en marcha la línea ICO-Vivienda, también para apoyar el alquiler con opción a compra.



En relación con la rehabilitación, y además de las medidas en el Plan estatal, en la Ley de agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios se mejoró el sistema de toma de acuerdos en las comunidades de
propietarios para favorecer todas las actuaciones en materia de eficiencia energética. Se ha constituido la plataforma social para el fomento de la rehabilitación a la que, por cierto, no se han sumado las comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular, demostrando claramente que no tienen interés en la creación de empleo en el ámbito residencial. En relación con la rehabilitación también se han tomado medidas fiscales a las que ya me he referido. En la construcción y compraventa
de vivienda protegida, el ministerio puso en marcha la línea ICO-Cobertura para tratar de favorecer la financiación de ese tipo de hipotecas para la compra de vivienda protegida. Sepes ha intensificado su actuación en el ámbito residencial para
poder obtener un suelo asequible para la promoción de vivienda protegida y también se ha movilizado una ingente cantidad de suelo de la Administración General del Estado, suelo patrimonial del Estado, para destinarlo también a la venta de vivienda
protegida con algunas actuaciones en concreto muy importantes derivadas de los acuerdos con el Ministerio de Vivienda. Todas estas actuaciones demuestran que el Gobierno ha tratado de poner toda la artillería que tiene a su alcance -ayudas
públicas, medidas legislativas, medidas fiscales y financieras- para tratar de reorientar el equilibrio del sector residencial. Sería poco modesto por mi parte pretender que se ha conseguido el objetivo; es un objetivo a medio y largo plazo. Mi
tranquilidad es haber puesto toda la batería de medidas que estaban a mi alcance para poder conseguir este reequilibrio, y a medio plazo veremos el resultado. Las noticias que estamos teniendo de moderación del precio de la vivienda, de moderación
del esfuerzo de las familias para acceder a ella, de moderación de los tipos de interés hipotecario y de reactivación de las transacciones de viviendas de forma que cubran la demanda de nuevos hogares -sí, señor Santamaría, la demanda de nuevos
hogares- y no un componente especulativo como el que había tenido, son buenas noticias, dicho todo desde la enorme prudencia que debemos tener en un momento de cambio de ciclo, de punto de inflexión, en el que todavía las expectativas del mercado
inmobiliario no tienen una plena seguridad. En relación con Euskadi y Navarra, si aceptamos la especificidad que tienen ambas comunidades en cuanto a su régimen fiscal, esta especificidad naturalmente también influye en el resto de las relaciones y
en los convenios por el compromiso en todos aquellos ámbitos en los que el régimen fiscal específico de estas dos comunidades lo permite. Nosotros hemos apostado por seguir apoyando a la sociedad y a la economía de Euskadi y de Navarra con las
medidas que en el ámbito del Ministerio de Vivienda hemos desplegado allí.



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En relación con lo que comentaba el señor Macias, en esta comparecencia no me he limitado a reiterar la información que se les dio a las comunidades autónomas. Nosotros fuimos a la conferencia sectorial con unas propuestas abiertas, ni
siquiera teníamos un borrador del real decreto. El borrador del real decreto se ha ido formando y redactando con las aportaciones que hemos recibido durante todo el mes de agosto. Ahora mismo está en trámite de audiencia. Por tanto, venimos aquí
con una redacción concreta de la propuesta del Gobierno. Les he concretado además las medidas transitorias que creo que son muy importantes. Me importa mucho garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de todos aquellos adjudicatarios de
vivienda protegida que tuvieran muy avanzado el proceso de adquisición de su vivienda. También les he comentado algunas medidas nuevas como, por ejemplo, la posibilidad de incrementar el tipo de interés al promotor para facilitar la viabilidad de
las operaciones, desde el punto de vista financiero. Por tanto, creo que he añadido bastante información a la que se pudo dar en julio a las comunidades autónomas.



Quiero agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a las iniciativas del Gobierno y también las suyas propias. Pero quisiera recordar a la pregunta que hacía en relación, por ejemplo, con la fiscalidad de la
rehabilitación y el IVA reducido, que el primer impulsor de las medidas fue el Ministerio de Vivienda, que ha estado dos años dando argumentos al Gobierno y al Ministerio de Economía en concreto para conseguir que se aplicara esta reducción. No
solo hemos contado con el apoyo de su grupo, que ha sido muy importante y que agradecemos, sino también con la demanda en el mismo sentido de todo el sector residencial, de los promotores, de los sindicatos y de todos los agentes económicos y
sociales que están implicados en la rehabilitación. Precisamente porque todos hemos ido en la misma dirección, con la excepción del Partido Popular que ha decidido no sumarse a la plataforma de apoyo a la rehabilitación, se ha conseguido, al final,
que se pudiera aprobar una medida, creo que revolucionaria, como es aplicar este IVA reducido a las obras de rehabilitación y a la mejora en el IRPF.



Dice el señor Macias que la mengua en el presupuesto del ministerio es una razón más para defender su desaparición. Reitero que el Ministerio de Vivienda no basa sus competencias en la política de vivienda sino en la programación económica
general. Con mayor o menor presupuesto, el objetivo que tiene es incidir en el mercado inmobiliario en la medida en que esto es importante para el equilibrio económico general y para la creación de empleo en nuestro país. Por eso, con mayor o
menor disponibilidad presupuestaria, vamos a seguir apostando por las líneas que consideramos deficitarias, no solo porque son las que menos cubre la financiación privada, como el alquiler y la rehabilitación, sino deficitarias porque suponen un
lastre para el crecimiento y el dinamismo de la economía española. En algún momento hablaba el señor Beloki de cambio de mentalidad. Es cierto que en España hay un déficit de familias y de ciudadanos que optan por el alquiler, pero también es
cierto que el problema no es tanto la cultura de estos ciudadanos sino la oferta de viviendas de alquiler a precio asequible que se les da. Por tanto, más que de un cambio de mentalidad, yo hablo de libertad de elección.
Nosotros tenemos que
garantizar una oferta de viviendas en alquiler de calidad suficiente a precios asequibles para que las personas, las familias y los ciudadanos, cuya primera opción por sus circunstancias sea el alquiler, puedan acceder a ella y no como venía
ocurriendo en la actualidad. Por tanto, más que un cambio de mentalidad, una mayor libertad de elección, y más que un cambio de mentalidad, una mayor diversificación de actividades del sector residencial. Hay países en la Unión Europea, como por
ejemplo Alemania, donde de toda la inversión del sector residencial el 67 por ciento está destinado a rehabilitación. En un país como Alemania con más de 80 millones de habitantes se han construido al año solo 200.000 viviendas nuevas y el resto de
la inversión se ha destinado a rehabilitación. Por tanto, creo que tenemos un camino que recorrer en este sentido y precisamente por eso, señor Macias, que el ministerio tenga menor presupuesto no quiere decir que su capacidad de influencia en el
reequilibrio del mercado inmobiliario vaya a ser menor.



En relación con lo que ha comentado el señor Matos, yo creo que una vez más, si el objetivo del señor Matos era sacarle los colores al Gobierno por la falta de compromiso con la política de vivienda desde el punto de vista social y
económico, ha quedado de nuevo en evidencia, no solamente por las cifras sino también por la propia naturaleza de las medidas. Yo acabo de resumir muy brevemente toda la actuación del ministerio y del Gobierno en estos dos años y medio, solo en dos
años y medio para conseguir el reequilibrio y la reactivación del mercado inmobiliario. Las cifras lo atestiguan. Es verdad que si el señor Matos y el Grupo Parlamentario Popular ha tardado dos años y medio en interesarse en este Parlamento por la
política de vivienda, no tengo ninguna esperanza de que en el año y medio que queda de legislatura le dé tiempo a interesarse por la batería de medidas a la que acabo de hacer referencia, por eso yo gustosamente se las reitero cuando tengo ocasión
en una comparecencia parlamentaria.



En cuanto a los datos de las comunidades autónomas y los datos de ejecución, yo no tengo ninguna obsesión por la Comunidad de Madrid, simplemente es la realidad, es la comunidad autónoma que menos ha ejecutado su presupuesto. Siendo la
segunda comunidad autónoma con mayor presupuesto disponible, ha ejecutado el presupuesto en un 31 por ciento.
Yo le puedo citar otras comunidades autónomas como por ejemplo Galicia, que lo ha ejecutado en un 73 por ciento; Cataluña, que ha llegado
al 196 por ciento; Andalucía, que ha llegado al 127 por ciento; Asturias al 132 por ciento o Baleares al 157 por ciento. Por tanto, no es ninguna obsesión, es una constatación empírica de la realidad. Esto tiene también mucha relación con el
interés que han tenido las comunidades


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autónomas por trasponer el Plan de vivienda a los decretos propios de sus territorios. Por ejemplo, mientras que Cataluña lo traspuso en el mes de marzo, la Comunidad de Madrid se demoró prácticamente hasta el último momento, hasta bien
entrado el mes de diciembre, para hacer lo propio con su legislación. Eso es también una causa de la diferencia del grado de ejecución. El hecho de que la Comunidad de Madrid tenga viviendas protegidas que naturalmente no inicia la comunidad, sino
que se inician en la comunidad por los ayuntamientos que tienen realmente fe en la vivienda protegida, no quiere decir que la Comunidad de Madrid esté haciendo mejor las cosas. Puede ser discutible que no destine de su presupuesto a la política de
vivienda al menos una cantidad mayor de la que destina a la política de propaganda o publicidad institucional, pero desde luego lo que no es defendible es que los ciudadanos de Madrid ni siquiera puedan disponer del presupuesto que el Estado les
destina porque la comunidad autónoma es incapaz de gestionar este presupuesto. En relación con lo que me preguntaba de cuánto es el importe del recorte, yo se lo he dado, le he dado cifras y le he dicho que se ha hecho el cálculo con un escenario
de ajuste a 2013 y con base en lo que el presidente del Gobierno dijo, que es el techo de gasto de la Administración General del Estado y en la reducción de una media del 15 por ciento de los ministerios, que es con lo que hemos estado trabajando.
Naturalmente, en muy breves fechas, como ya señalaba el señor Beloki, vamos a tener ocasión de explicar detenidamente el presupuesto del ministerio cuando se consolide, aunque después tiene que haber un trámite parlamentario donde también se pueden
modificar las partidas del presupuesto de este ministerio y de todos los demás.



Queda claro para el señor Matos, debido a su nostalgia de aquellos tiempos a los que se refería en su dúplica, que echa mucho de menos y añora la única política de vivienda que se hacía, que era construcción extensiva, sálvese quien pueda,
incremento del precio de la vivienda al 150 por ciento, del suelo en un 500 por ciento y que todas aquellas personas ahora mismo sean incapaces de hacer frente a la hipoteca que suscribieron en su día. Bueno, pues para nosotros creo que la realidad
actual demuestra realmente el compromiso social y económico con la vivienda.
Usted hablaba de algún joven que podía obtener una vivienda con un préstamo hipotecario fácil. Probablemente muchos de ellos son los que ahora mismo ya no pueden
afrontarlo, por el precio al que se adquirió esa vivienda. Nosotros tenemos medio millón de viviendas protegidas más en cinco años. Ustedes en ocho años hicieron un 46 por ciento menos. Tenemos un millón de familias que se han beneficiado de las
ayudas a la vivienda desde 2004. Hay más de 213.000 jóvenes recibiendo la renta básica de emancipación. El esfuerzo familiar para acceder a la vivienda ha caído quince puntos en año y medio. Se ha mejorado la fiscalidad del alquiler y la
fiscalidad de la rehabilitación. Cinco millones de familias más van a poder disfrutar de esta ayuda en el ámbito de la vivienda. Se ha dictado una Ley del Suelo y un texto refundido de la Ley del Suelo que garantizan el principio de crecimiento
urbano sostenible, el principio de transparencia y de lucha contra la especulación. La moderación en los precios y los tipos de interés acreditan una normalización del mercado de vivienda. Señor Matos, yo no tengo absolutamente ninguna nostalgia
por aquellos tiempos a los que usted se refería, en línea con lo que decía algún responsable de su partido al que parece ser que ahora mismo no tiene mucha intención de recuperar, que los precios de la vivienda eran esos porque los españoles los
podían pagar.



Finalmente, señor Matos, a lo largo de sus intervenciones y de la interpelación que el otro día tuvo lugar en el Pleno usted ha querido transmitir la idea de que el grupo que está comprometido con las ayudas sociales es el suyo y no el
nuestro, pero cuando estuvieron en el Gobierno desde luego su actuación fue otra y las cifras lo recuerdan.
Como hemos recordado aquí, desde 2004 el gasto del Estado en políticas sociales ha crecido casi en un 60 por ciento. Dicen que quieren
transformar España en una economía competitiva, pero en el ámbito del sector inmobiliario no tienen interés en apostar por el alquiler, ni por la rehabilitación, ni por la eficiencia energética, ni por la incorporación de las energías renovables en
las viviendas. Solo han demostrado interés por la desregulación, por la planificación urbana sin criterios de sostenibilidad y por la expansión inmobiliaria sin mesura.
Dicen que quieren crear empleo, pero rechazan sumarse a la plataforma social
por la rehabilitación que tantos apoyos ha generado y que crea puestos de trabajo y actividad económica. Dice que las ayudas sociales son más necesarias que nunca -que lo son-, pero insiste en la desaparición de este ministerio que dedica el 98 por
ciento de todo su presupuesto a las políticas activas y a la inversión y que financia el 85 por ciento de las actuaciones de las comunidades autónomas. No importa, señoría. Yo, como le he dicho a lo largo de mi intervención, ni renuncio ni me
resigno, y voy a seguir trabajando con toda la intensidad y la seriedad con la que hasta ahora he intentado hacerlo, aportando datos y desmontando con cifras y hechos algunas interpelaciones que tienen un cierto componente demagógico.



Muchas gracias a SS.SS. por su interés. Quedo, como siempre a disposición de la Comisión para nuevas comparecencias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Corral Ruiz): En nombre del señor presidente de esta Comisión, de los diputados y diputadas aquí presentes, queremos agradecer a la ministra su comparecencia, la amplitud de la información que nos ha trasladado
que, sin duda, redundará positivamente en los trabajos de los diferentes grupos parlamentarios aquí presentes.
Esperamos que se haya sentido cómoda en esta su Comisión que siempre está encantada en recibirla. Gracias a las personas de su
ministerio que nos han acompañado y a los servicios de la Cámara.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.