CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 588

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

Sesión núm. 19

celebrada el miércoles, 30 de junio de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado por la subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general. (Número de expediente 154/000002.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la reunión de la Comisión Constitucional con el orden del día que conocen: Debate y aprobación en su caso del informe elaborado por la subcomisión sobre las posibles modificaciones del Régimen
Electoral General.



Como bien conocen SS.SS., se constituyó una subcomisión para los posibles cambios electorales compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios y con la fijación de que los acuerdos se realizarían por voto ponderado. Hemos
estado desde octubre del año 2008 celebrando una veintena de reuniones en esa subcomisión. Debo decir que la cláusula del voto ponderado prácticamente no ha sido necesario utilizarla porque la gran mayoría de los acuerdos se han realizado por
unanimidad -algunos no, en alguno ha habido discrepancia e incluso algunos votos particulares-, y hemos llegado a unas conclusiones en la subcomisión que se elevan para conocimiento y debate de la Comisión Constitucional del Congreso. Ahora bien,
debe quedar muy claro que estas conclusiones no son una iniciativa legislativa, es decir, que hoy, si en su caso se aprueba el dictamen, no se está cambiando ninguna ley electoral, se está aprobando un dictamen, un informe hecho por la subcomisión
del cual se podrán deducir, si lo estiman pertinente los grupos parlamentarios, iniciativas legislativas que sí serán las que puedan cambiar la legislación vigente.



Durante este tiempo hemos procedido al estudio de la Ley Electoral vigente y para mejor conocimiento hemos solicitado diversas comparecencias: del director general de Política Interior del Ministerio del Interior; del secretario general de
Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores; del director de la Oficina del Censo Electoral; del secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios de Asuntos Exteriores y hemos utilizado documentación, bien
solicitada por la subcomisión a los organismos competentes, bien porque ya estaban emitidas y las hemos utilizado, así como la documentación aportada por la Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores;
la del director general de política interior del Ministerio del Interior; la aportada añadida del Ministerio de Asuntos Exteriores; el informe de la Junta Electoral Central; el informe sobre cuestiones concretas de la Junta Electoral Central
solicitada; el dictamen del Consejo de Estado; el dictamen emitido por el Observatorio del Derecho Europeo Autonómico y Local sobre las reformas necesarias para posibilitar algunos de los procedimientos de votación; el informe de fiscalización de
la contabilidad de las elecciones locales; la exposición realizada por el presidente del Tribunal de Cuentas en la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y la nota del Tribunal de Cuentas de 24 de junio de 2010.
Estudiadas todas estas cuestiones y sobre todo estudiadas las propuestas que realizaron los grupos parlamentarios, la subcomisión ha emitido un dictamen o informe de conclusiones que, como ustedes podrán apreciar, se compone de dos partes: parte
primera y parte segunda. ¿Por qué hemos hecho esta diferenciación en dos partes? Porque los asuntos que se tratan en la parte primera han sido objeto de estudio durante todo el tiempo de la subcomisión, y el asunto que se trata en la parte segunda
ha sido objeto de estudio solo en la última parte de las reuniones de la Comisión. Por eso hemos querido facilitar, por acuerdo de la subcomisión, que hubiese dos votaciones para que pudiesen expresarse mejor las posiciones de los distintos grupos
parlamentarios.



Hay también un acuerdo unánime, posterior a la última reunión de la subcomisión en cuanto que una de las propuestas que se hacen, exactamente al artículo 66, que es la introducción de un segundo párrafo en el artículo 66.2, es que por
unanimidad los miembros de la subcomisión manifiestan que no refleja técnicamente con precisión la redacción de lo que se había hablado en la subcomisión y por tanto tienen el acuerdo unánime de la necesidad de precisarlo técnicamente. Es decir,
que con posterioridad esto será precisado, con lo cual no tendremos el párrafo exacto que aquí se pronuncia, pues no está en el dictamen en este momento hasta que no tenga la precisión técnica de los miembros de la subcomisión.



Dicho esto, que es el informe del trabajo que ha hecho la subcomisión, quiero agradecer a todos los miembros de la misma el trabajo, que se ha hecho con dedicación, con esfuerzo y con un grado de entendimiento y respeto mutuo bastante
grande. Estoy personalmente presidido por acuerdo de la formación de la subcomisión y tengo que agradecer y manifestar mi satisfacción con todos y cada uno de los miembros de la subcomisión porque me ha parecido que la trayectoria del trabajo, más
allá de lo que se considere su resultado, es muy acorde con lo que el sistema parlamentario democrático exige. Quiero agradecer y reconocer a todos los miembros de la subcomisión la técnica, la disposición y el talante personal con que han estado
un año y medio trabajando sobre este tema, complicado, pero del que creo que se han sacado algunas mejoras, que serán los miembros de la Comisión los que las consideren positivas o no, pero que tienen el aval y el respeto de un trabajo bien hecho.



Dicho esto vamos a proceder al debate de este dictamen de la subcomisión.
Se han presentado cuatro votos particulares al dictamen; tres de los votos han sido presentados por el Grupo Parlamentario Mixto. Su portavoz doña Ana María Oramas
nos concederá el placer de escuchar sus votos particulares. Tiene la palabra la señora Oramas.



La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, doy por defendido el voto particular presentado por el Bloque Nacionalista Galego y por UPyD y paso a una intervención sobre mi posición acerca del dictamen de la subcomisión, así como sobre
el voto particular presentado por Coalición Canaria.



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Comienzo por una afirmación que ha hecho el presidente, que creo que es fundamental para el hilo de mi intervención, y es que esto es un dictamen, un dictamen que se puede quedar en dictamen o un dictamen que puede llevar a otras
iniciativas, de modificación de la Loreg, a una posible modificación de la Constitución o a una iniciativa del Gobierno.
En ese sentido quiero manifestar una frustración importante, porque al final, con todo el valor del trabajo que se ha hecho,
intenso -quiero agradecer a mi compañero Francisco Jorquera su presencia en varias de las sesiones de la subcomisión-, al final esta propuesta que viene hoy incluye práctica o exclusivamente la eliminación del voto en las municipales de los
emigrantes, el voto en urna; el tema del transfuguismo municipal en algunos aspectos que pueda limitar ese transfuguismo, no en la totalidad; algunas limitaciones para el tema de campaña electoral y uso indebido de medios de comunicación y el tema
de los ayuntamientos vascos, que separo rotundamente.



En el momento que nos sentamos realmente a trabajar en la subcomisión se quería ver, después de treinta años de un sistema electoral, qué mejoras se podían introducir que mejoraran la calidad democrática de nuestro país y que se adaptaran a
la realidad de nuestro país. Creo que hay un clamor general; por un lado de la mejora de la representación proporcional en el Congreso y la conversión del Senado en una verdadera cámara territorial, como planteó Coalición Canaria desde el punto de
vista nacionalista.
Coalición Canaria no ve inconvenientes a la modificación de la Ley D'Hont, a la mejora de esa representatividad que ha afectado en los últimos procesos electorales en concreto a UPyD y también a Izquierda Unida, con una
reivindicación por parte de los mismos, pero creemos que eso sería posible si realmente se asumiera esa transformación de cámara territorial en el Senado. Hay otra serie de modificaciones que veíamos nosotros, que veían incluso las instituciones
que nos mandaron los informes, pero como afectaban a temas de la Constitución desaparecen, no se profundiza y no se llega a acuerdo en el informe de la subcomisión. Y vuelvo a lo que dijo el presidente: yo creo que hubiera sido bueno que este
trabajo de dos años hubiera terminado lo que consideramos que hay que modificar para mejorar el sistema electoral de este país, aunque después quedara archivado si no había iniciativas de modificaciones constitucionales o de determinadas
modificaciones legislativas. Pero eso no se ha hecho al final, como he dicho al empezar mi discurso, en los cinco temas que he mencionado. Nosotros creemos que no plantear cuál es la posición, porque no es el momento político para modificar una
constitución, no es óbice, porque la situación política dentro de un año podría ser distinta y no tendremos un reflejo documental de cuál era la posición que teníamos, con bastante consenso, en alguno de los aspectos que estoy señalando. Si cambia
el aspecto político, por ejemplo. Yo no creo que haya un gobierno de coalición en este país ni otra serie de cosas, pero por qué no, y por qué a siete meses del cierre de la legislatura no se puede plantear, porque no hay solo temas de la Loreg en
esa modificación constitucional. Está, aparte del tema canario, el periférico, el tema de la sucesión y determinadas cuestiones que hubiéramos podido plantear. Considero que es una pena que ese trabajo, ese debate, en el tema de la mejora de la
calidad electoral después de treinta años de democracia, no quede reflejado en un acta, que se quede en un limbo y que cuando se quiera asumir eso se reinicie el trabajo.
Creo que para la sociedad y para muchos electores de este país, de esas
fuerzas que son minoritarias pero que hubieran tenido una representación distinta, y esa ambición de que el Senado juegue ese papel de cámara territorial adaptado también a lo que es la realidad de España, que son autonomías y no provincias, hubiera
estado bien tenerlo. Y como no es así, respecto a las propuestas, desde Coalición Canaria apoyamos todo excepto la retirada del voto en las municipales a los emigrantes. Estamos muy satisfechos de que por fin la reivindicación desde hace quince
años de Coalición Canaria de que se pudiera votar en urna quede plasmada en este documento; creemos que es buenísimo, e igualmente sería bueno que para las próximas elecciones se implante en todos los países en los que el Gobierno español tenga
infraestructura para implantar este sistema.
Respecto a la retirada del voto en las municipales, fundamentalmente por el miedo a que con la Ley de Memoria Histórica quinientas mil personas puedan acceder a la nacionalidad, personas que nunca
estuvieron en España, que no conocen España, me parece que se debería haber previsto en una cláusula transitoria de acceso a los derechos políticos durante los próximos cuatro o cinco años. Hay gente -y hablo en el caso de Canarias- que tiene
propiedades en municipios de Canarias, donde pagan sus impuestos, donde anual o bianualmente vienen, donde de ven afectados en la política municipal por los impuestos que pagan por sus propiedades en Canarias, y que ahora se le retire ...
Consideramos que en el Estatuto de Autonomía de Canarias se reconoce la ciudadanía de Canarias a los canarios en el exterior; en concreto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, no sé en el resto de los estatutos. Coalición Canaria buscará la
fórmula jurídica para recurrir si esto se lleva adelante y tenemos todo el respaldo de gente que paga sus impuestos, que tiene sus propiedades y que pueden acreditar que conocen y que vienen a su ciudad o municipio reiteradamente. Exclusivamente
por esta cuestión me voy a abstener en el dictamen de la subcomisión que afecta a modificaciones de la Loreg general, señalando, y que quede claro, que apoyo todas las modificaciones menos esta, y por eso presentamos un voto particular que lo único
que señala es que sea en todo tipo de elecciones y en las convocatorias a referéndum, y dejamos tal cual el informe de la Comisión para incluir las elecciones municipales.



Termino. Respecto a la problemática de aquellas fuerzas políticas ligadas al terrorismo y a la violencia y la solución para buscar el camino de que no estén representados en los municipios vascos, es una propuesta


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planteada desde el Gobierno y desde las fuerzas políticas, con acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Coalición Canaria cree que en política antiterrorista hay que estar siempre, siempre, con el Gobierno, hasta cuando se
equivoque y más cuando hay un consenso amplio; tenemos algunas dudas de perfiles jurídicos y creemos que sería bueno que en la conversión en ley eso se perfile, porque hay dudas, y en ese sentido, con una decisión política clara y rotunda de apoyo
respecto a la no presencia de los violentos en las instituciones democráticas, vamos a votar que sí a esa propuesta aunque creo que en el trámite de desarrollo legislativo habría que pulir determinados aspectos de duda jurídica.



El señor PRESIDENTE: Para defender su voto particular, presentado por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, voy a hacer una intervención que quizá pueda provocar reacciones en los miembros de la subcomisión y por eso quiero previamente valorar el trabajo de la misma y de su presidente, pues me parece
un trabajo importante y además hecho con un talante en el que, como se ha dicho, prácticamente las modificaciones, salvo alguna en concreto, como por ejemplo la que tiene que ver con el voto emigrante, se han producido por consenso. Pero igual que
hago esta valoración quiero que me permitan hacer una valoración política, valoración política de lo que considero no una reforma sino una reafirmación en el modelo bipartidista y conservador heredado prácticamente del final de la dictadura y el
principio de la transición.
Decía alguien que nos preside hoy, Jordi Solé Tura, que era mucho más difícil para él aceptar el modelo electoral que aceptar la forma de Estado, y lo argumentaba porque decía: el modelo electoral es la condena a muerte
al pluralismo político y a la tercera fuerza política del país.
La sorpresa -y en este caso me refiero no a Jordi Solé Tura sino a algún catedrático de Derecho Constitucional- es que la tercera fuerza política y el pluralismo político se hayan
mantenido en este país a pesar de este modelo electoral, modelo electoral hecho al servicio de los dos grandes partidos, de un bipartidismo imperfecto que únicamente permite el juego con los partidos de ámbito territorial. Y un modelo, además, que
veta el pluralismo político, no el pluralismo territorial y la influencia de la tercera fuerza política del país, configurando parlamentos distintos de la voluntad popular. Es decir, la voluntad popular ha sido -salvo una legislatura-
mayoritariamente de izquierdas, el voto ha sido mayoritariamente de izquierdas, salvo en una legislatura, y sin embargo los parlamentos, en tres legislaturas, han sido mayoritariamente conservadores. La pregunta es cómo es posible. Pues es posible
porque se prima el territorio sobre el voto, con lo cual hay diez diputados de partida conservadores, antes incluso de que se produzca el momento electoral, y se prima a los dos grandes partidos, de tal manera que nosotros ya no somos un sistema
proporcional, es mentira, es falso, somos uno de los sistemas más mayoritarios de Europa, más que el sistema británico. El sistema británico, no en estas elecciones, en elecciones anteriores, concentraba aproximadamente, mediante un sistema
mayoritario, el 80 por ciento de los escaños en las dos fuerzas políticas mayoritarias. Nosotros en las dos fuerzas políticas mayoritarias concentramos más del 90 por ciento de los escaños. Esa es la realidad de un sistema bipartidista,
conservador e imperfecto, que solo tolera la influencia territorial en la configuración de las mayorías, para luego acusar a los partidos nacionalistas de una influencia excesiva en función de si uno está en el Gobierno o en la oposición.



Señorías, me permitirán que considere que esta reafirmación electoral, que no reforma electoral, esta reafirmación electoral supone un veto a la recuperación de la proporcionalidad de nuestro sistema; supone un veto a la primacía de la
representatividad sobre la gobernabilidad; supone un fraude a la Constitución española en su artículo 68; supone el agravio y la exclusión a más de un millón de electores -a veces hasta un millón y medio de electores- que se considerarán, con
justicia, marginados y expulsados del sistema político. Por decirlo de alguna manera, esta reafirmación en el sistema bipartidista es la ilegalización de Izquierda Unida, la ilegalización del pluralismo político y la ilegalización de la tercera
fuerza política del país. Permítanme esta exageración porque, primero, he colaborado en el trabajo de la subcomisión y, en segundo lugar, sirva como testamento político en esta Comisión.



Señorías, esta no reforma, esta reafirmación, en el carácter excluyente, en el carácter bipartidista y conservador de nuestro sistema electoral, tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo, tiene mucho que ver con el giro a la
derecha y la restauración en el política española de la segunda década del siglo XXI, giro a la derecha y restauración que tiene tres aspectos que me gustaría únicamente apuntar.
Giro a la derecha y restauración, desde el punto de vista social,
mediante un ajuste de mercado, que significa el recorte de las escasas conquistas sociales en nuestro país y que va a suponer, que está suponiendo ya, crispación social, desafección ciudadana, en estos momentos en nuestras calles. Giro a la derecha
también en relación con la reciente sentencia con respecto al Estatut de Catalunya. Nueva Loapa, una segunda Loapa, en nuestro país, que no solo limita la concepción abierta del título VIII de la Constitución, sino que es una loapa democrática al
Parlamento español por parte de un órgano, en nuestra opinión, sobre todo técnico y, por otra parte, una loapa corporativa, porque si se fijan ustedes en la sentencia lo que defiende también son intereses corporativos, que pretenden la primacía de
uno de los poderes del Estado, del Poder Judicial, no elegido, frente a otros poderes del Estado, como el Poder parlamentario, que es, en mi opinión, el centro de nuestro


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sistema político, la soberanía popular. Es una loapa que nos remite a un españolismo rancio y a una normalización del proceso autonómico, también del proceso democrático, por qué no decirlo.



De esta Loapa y de este giro a la derecha forma parte lo que hoy estamos discutiendo, el veto electoral y el agravio, no solamente a nosotros.
Vamos a aprobar en el dictamen veto electoral y agravio también a los emigrantes; manca finezza
en esta materia; podíamos haberlo hecho sin afectar a derechos básicos y sin crear una dinámica de conflicto. En definitiva, aunque algunas cosas -lo he dicho antes- significan lucha contra el transfuguismo, avances en relación a la situación
electoral de partida, lo fundamental no se modifica, lo fundamental se reafirma


Nosotros teníamos, señorías, una propuesta alternativa, que presentamos en nuestro voto particular, que no significaría, que no requeriría, reforma constitucional y que de alguna forma significaría una reforma de nuestro sistema electoral
que diera un régimen electoral general, porque este no lo da. Da un régimen para nosotros, que estamos a dieta desde hace mucho tiempo, y finalmente es en la práctica un menú a la carta para las fuerzas políticas mayoritarias, que se benefician de
nuestros escaños.
Porque ¿qué dirían ustedes de una liga o qué dirían ustedes de un mundial en el que, para empatar, yo necesite meter diez goles, mientras mi adversario mete solo uno? Dirían que es una liga totalmente injusta. Si, además, las
condiciones económicas mediáticas del partido van en función de este juego tan desequilibrado, dirían ustedes que este juego está trucado, que es fraudulento. Bien, pues esa es la impresión que tiene mi formación política con respecto al truco de
este sistema electoral.
Nosotros proponíamos un fondo de restos -no es nada extraño, existe en otros sistemas democráticos y constitucionales- que permitiera equilibrar en mayor medida el pluralismo político y el pluralismo territorial; en segundo
lugar, proponíamos un mínimo provincial, mínimo provincial que es táctico y que se calculó en el momento de la elaboración del sistema electoral para favorecer al territorio sobre los ciudadanos y podríamos de alguna manera recuperar ahí la
representatividad de los ciudadanos, eliminando esos 10 ó 12 escaños que van siempre en el mismo sentido, hacia la derecha, y, por otra parte, un cambio en la Ley D'Hont, para favorecer una mayor proporcionalidad en el sistema. Con ello lograríamos
que la tercera fuerza política del país fuera la tercera fuerza política de la Cámara; en estos momentos, la tercera fuerza política del país es la sexta fuerza política de la Cámara. Y la fuerza política que tiene un millón de votos tiene un
quinto de los diputados que tienen fuerzas políticas que no tienen 600.000 votos. Es un escándalo, señorías, un escándalo, desde el punto de vista democrático.



Señorías, en definitiva, mantener este sistema es una vergüenza, mantener este sistema es un escándalo, es un esperpento porque deforma la opinión y el pluralismo político de este país, en el sentido del esperpento de Valle Inclán; supone
la consolidación del bipartidismo, del giro a la derecha, supone la ilegalización de las fuerzas políticas distintas de las dos mayoritarias, la ilegalización de Izquierda Unida y la ilegalización de algo muy importante, de una parte de la clase
obrera que está en el origen de la transición democrática de este país, la ilegalización también de una parte de esa clase, que ha sido garante de la transición democrática, y la ruptura con uno de los sujetos de la transición democrática.



No nos vamos a quedar tranquilos, señorías, y por eso hemos presentado nuestra propuesta alternativa y seguiremos haciéndolo en las instituciones y en la calle, porque estamos convencidos de que la disidencia frente a estas medidas
arbitrarias, la resistencia también de los ciudadanos y la rebeldía conseguirán cambiar las cosas.



Con respecto a este parásito que nos ha aparecido en el último momento del trabajo de la Comisión para la reforma electoral. Yo no sé si este tema tenía que estar aquí, la verdad, porque contamina todo lo que toca. Es cierto que la no
condena de la violencia contamina todo lo que toca, pero también en este caso contamina el propio trabajo de la reforma electoral.
A mi grupo no le gusta, porque además distrae el problema fundamental de la reforma electoral o de la reafirmación
electoral hacia otra cuestión muy diferente, pero no voy a eludir una posición en esta materia.
Nosotros somos partidarios de toda la fuerza del Estado de derecho en la lucha antiterrorista, de toda la solidaridad con las víctimas del terrorismo,
de buscar las medidas que eviten los fraudes de ley que hemos visto que utiliza la organización abertzale, violenta, Batasuna, para intentar eludir las leyes. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros somos partidarios de mantener todas las
garantías judiciales y no estamos seguros de que esta medida mantenga todas las garantías judiciales y la presunción de inocencia. Por otra parte, somos partidarios también de mantener y preservar los derechos políticos de todos y este país no es
país de militancia constitucional; aquí no es necesario proclamarse adherido a la Constitución para estar dentro de ella. Y el planteamiento que se hace con respecto a la declaración ex post del elegido para ser compatible o finalmente para tomar
posesión a nosotros nos parece una exageración que no garantiza, en nuestra opinión, esos derechos políticos. En términos sanitarios -lo he utilizado en el seno de la subcomisión-, tengo la impresión de que estamos, en estas medidas que tienen que
ver con la Ley de Partidos, ante un tratado de patología, de patología política, y siempre existe el riesgo de considerar patología incluso lo que es normal; ese riesgo creo que en democracia no nos lo podemos permitir. Por perseguir, en nuestra
opinión legítimamente, hasta el último cargo público de Batasuna, lo que no se puede uno llevar por el camino son ni las garantías de los derechos fundamentales ni los derechos políticos de los ciudadanos. Creemos que estamos en esa situación y por
eso nosotros no vamos a votar favorablemente esta propuesta, que no nos gusta que vaya aquí, porque no tiene


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nada que ver con lo que estamos haciendo, nos gustaría que fuera en otro ámbito.



Termino, señorías, agradeciendo la generosidad para mi intervención y lamentando la frustración de la reforma electoral. Esta reforma no nació de la voluntad parlamentaria para realizar un maquillaje y una reafirmación de un sistema
electoral bipartidista y conservador. Nació derivada de circunstancias políticas -la legislatura pasada y esta legislatura- para reparar lo que provoca un exceso de gobernabilidad sobre la representatividad de los partidos políticos y la pluralidad
política de este país. Esta iniciativa no lo repara, consolida el agravio y expulsa a las terceras fuerzas políticas del panorama democrático. Yo les pregunto: ¿se lo pueden permitir ustedes? Yo creo que no.



El señor PRESIDENTE: Hemos defendido ya por sus presentadores los votos particulares, no hay votos particulares de otros grupos. Pasamos ahora a las intervenciones de los grupos que no tienen votos particulares y quieren expresar su
posición sobre el dictamen que ha elaborado la subcomisión. En primer lugar, en nombre del Grupo Vasco, PNV, don Aitor Esteban tiene la palabra.



El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, yo quiero reseñar en primer lugar el excelente ambiente de trabajo que ha habido durante estos años en la subcomisión y también el talante personal de cada uno de los miembros de la misma. Creo que
se ha trabajado en muchos aspectos, en todos los que han querido elevar a la subcomisión, no solo sus miembros sino también agentes externos a ella; hemos acordado algunas cosas, hemos descartado otras, pero desde luego lo que no se puede poner en
duda es que hemos discutido de todo. Y a mí me parece que hay un buen número de medidas interesantes, materia de mecánica electoral, de campaña, el voto de residentes ausentes, etcétera, en los que en muchos casos, en muchísimos, en la mayoría, ha
habido una unanimidad absoluta y, en casos puntuales, una mayoría abrumadora. Evidentemente, habrá quienes, desde fuera de la subcomisión, puedan pensar que al final no se ha hecho nada, cosa que no es cierta; otros se sentirán decepcionados si es
que no se han modificado determinados temas para ellos nucleares y absolutamente necesarios. Desde luego, que no se toquen esos temas, que se mantengan, no significa que no se hayan estudiado, que no se hayan estudiado con detenimiento y que no se
haya debatido sobre los pros y los contras. Lo que está claro es que no hay un consenso mayoritario para su modificación y además, también hay que decirlo, yo creo que es una conclusión que se puede obtener de forma mayoritaria de los trabajos de
la subcomisión, que el sistema en su conjunto ha funcionado razonablemente.



Nuestro grupo podía haber presentado también votos particulares con relación a aquellas cuestiones que suscitamos y que fueron rechazadas; se me ocurre ahora, por citar algunos, como ejemplo, la circunscripción europea, el tema de que no
haya una única circunscripción europea, o que el reparto de escaños de las circunscripciones al Congreso de los Diputados, las circunscripciones provinciales, fuera en función del censo electoral y no de la población, ya que este sistema, que está
en vigor desde el inicio de la Loreg, en su momento no producía cambios reseñables, censo y población, en los resultados del número de escaños que había que elegir por cada provincia, pero sin embargo, con los nuevos movimientos poblacionales, el
aumento de la inmigración, etcétera, sí que hay diferencia verdaderamente. Estas son algunas cuestiones, hay también otras, que no fueron contempladas. Sin embargo, entendimos que, en aras del consenso amplísimo, unánime, al que en la mayoría de
los casos se había llegado, lo mejor era -evidentemente, cada uno mantendrá sus reivindicaciones- no presentar, como he dicho, el voto particular y apoyar lo que se ha denominado por el presidente y en el propio informe la primera parte del informe.
Por tanto, no voy a volver a suscitar esas reivindicaciones que no obtuvieron un consenso mayoritario y sí voy a apoyar aquello que todos, en conjunto, avanzamos.



He de señalar sin embargo que no puedo mostrar el apoyo de mi grupo a la segunda parte de ese informe y voy a intentar explicarlo. Por un lado, yo creo que en esta segunda parte, que es la que atañe a modificaciones en la Loreg pero
relativas a la Ley de Partidos Políticos, una vuelta de tuerca más a esta ley, no se ha intentado ni siquiera el consenso, consenso que evidentemente en el caso de mi partido iba a ser complicado -nuestra posición con respecto a la Ley de Partidos
Políticos quedó explicitada en su momento y voy a intentar resumirlo de nuevo muy brevemente-, ni siquiera se ha llegado a explorar la posibilidad de consenso o de introducir algún matiz, puesto que es conocido por todos los miembros de la
subcomisión que el texto de esta segunda parte se nos explicó veinte minutos antes de cerrar la última sesión y se nos entregó diez minutos antes de cerrar esa última reunión de la subcomisión este lunes pasado. Mientras tanto, este tema ha estado
ausente de todas las deliberaciones que hemos llevado a cabo en la subcomisión; ha podido ser tratado -parece que es así, por lo que a uno le llega en manifestaciones de compañeros parlamentarios y también por lo que se refleja en los medios-, pero
ha sido una negociación entre Partido Popular y Partido Socialista ajena en todo caso a las deliberaciones internas de la subcomisión. Y, como digo, un texto que, anunciado con mucho tiempo de antelación por el ministerio, a nosotros se nos
entrega, y ya lo he dicho, diez minutos antes de cerrar la subcomisión. Por tanto, creo que no ha habido una voluntad de extender el consenso más allá de los partidos mayoritarios.



En segundo lugar, aparecen en el texto de la segunda parte del informe nuevas figuras de ilegalización, incompatibilidad sobrevenida, que provocan dudas más que razonables sobre su inconstitucionalidad. Retirar el acta de cargo público son
palabras mayores, a candidaturas


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presentadas legalmente y que han obtenido un apoyo popular. De hecho me consta que esas dudas las comparten ustedes, las tienen que compartir ustedes. De otro modo no se entiende que desde que se anunciara por parte del Ministerio del
Interior una reforma de la Ley de Partidos y lo concerniente a ella de la Loreg haya pasado meses y meses sin que los dos partidos hayan podido concretar el texto e incluso hayamos llegado casi fuera de tiempo, casi a puerta cerrada de la
subcomisión, para entregar ese texto concreto. Todavía estaban ustedes afinando la pluma la mañana del lunes; eso quiere decir que las dudas sobre su constitucionalidad tienen que ser grandes. En nuestro caso lo son y en el suyo no sé si del
mismo tamaño pero tiene que haberlas, es indudable, porque de otra forma no se entiende este retraso.



Es más que probable, no lo pongo en duda, que los tribunales y a la cabeza de todos el Tribunal Constitucional bendecirían esta reforma. Recordemos el inefable comentario del presidente del Tribunal Constitucional -y que iba a ser ponente-
de la sentencia sobre la Ley de Partidos, cuando expresó su confianza en -abro comillas- lo hagamos lo mejor que sepamos a efectos de conseguir el objeto pretendido, que no es otro que la ilegalización de Batasuna -cierro comillas-. Después, de
resultas de estas palabras, tuvo que rechazar, tuvo que renunciar a ser el ponente e incluso a intervenir en la sentencia. Quiero poner de manifiesto que el hecho de que el propio presidente del tribunal hiciera estas manifestaciones ya nos daba
una idea de por dónde iban a ir. Por tanto, más que probablemente, los tribunales y el Tribunal Constitucional a la cabeza volverían a refrendar esta modificación. Pero en esta ocasión no vamos a poder saber qué habría ocurrido, puesto que al
estar Gobierno y Parlamento vascos en manos de la entente Partido Popular-Partido Socialista, por mor del efecto electoral resultante de la propia Ley de Partidos, ningún sujeto legitimado presentará recurso de inconstitucionalidad. Nos ahorramos
el trámite.



De todos es conocida la postura discrepante del Partido Nacionalista con respecto a la Ley de Partidos, básicamente por tres razones: en primer lugar, porque entendemos que constituye un atajo que defrauda a las garantías materiales y
procesales del derecho punitivo, con graves consecuencias en el terreno de las libertades; en segundo lugar, porque creemos que es potencialmente vulneradora del derecho de participación política de los ciudadanos; y en tercer lugar, porque la
aplicación de la Ley de Partidos se ha llevado a cabo con arreglo a un criterio tan partidista y electoralista que ha quedado completamente deslegitimada, al menos en nuestra opinión, en Euskadi. Esto es, se ha aplicado ad beneficium proprium según
las conveniencias electorales de cada momento, manipulándose el mapa electoral y obteniéndose réditos que de otro modo serían de imposible consecución. Ahora vienen unas nuevas elecciones municipales y las anteriores de 2007 fueron un claro
ejemplo, con listas de ANV que se aceptaban en un lugar y se dejaban de aceptar en otros, sin saber exactamente a qué criterios respondían, porque muchas de esas candidaturas que fueron plenamente legales estaban ocupadas por miembros que en su
momento habían ocupado candidaturas, en otros comicios, por parte de Batasuna. Eso induce a pensar que detrás había otros intereses.
Ahora, en la reforma que se nos propone se introduce una nueva figura, una nueva posibilidad, la de ilegalizar
candidaturas de un partido político en las que se incluyan personas que pudieran tener algún tipo de relación, más o menos cercana, con formaciones ilegalizadas. Antes ha dicho la representante de Coalición Canaria: con respecto a los municipios
vascos. En el texto no se dice municipios vascos, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Yo ahora digo que en este asunto también sabemos todos de lo que estamos hablando, estamos hablando de Eusko Alkartasuna y la posibilidad de que
incluya, como así lo ha manifestado el propio secretario general de su partido, determinados nombres del mundo de la izquierda abertzale en sus listas.



No será por tanto extraño en absoluto ver ayuntamientos en los que la lista de Eusko Alkartasuna sea anulada, si así conviene al logro de una mayoría PSOE-PP en ese lugar. Y donde esta mayoría no sea posible, por el número de votos y la
fuerza que tienen estos partidos, simplemente se optará por permitir que esa lista de EA, minoritaria y seguramente inexistente en otras circunstancias, si se fuera a conformar con sus militantes... Si es así, permitir esa lista de EA si se
perjudican los intereses del Partido Nacionalista, mayoritario, formación a la que represento. Permítame que, a la luz de la experiencia, manifieste mi convencimiento de que esto va a pasar de nuevo, en beneficio de intereses espurios.



Por todas estas razones, mi grupo no puede dar su apoyo a esta segunda parte del informe, y lo lamento profundamente porque entiendo que se ha trabajado bien y que se había llegado a consensos amplios; había materias en las que
evidentemente no se podía llegar a ese consenso pero pensaba que iba a salir una reforma electoral como deben salir, con la mayoría de los partidos políticos apoyándola. Y quizás esta segunda parte va a estropear un poco esa imagen. En cualquier
caso, insisto, mi partido apoya plenamente la primera parte del informe.



El señor PRESIDENTE: Para manifestar la posición del Grupo Catalán de Convergéncia i Unió tiene la palabra don Jordi Xuclà. Un momento; antes tiene la palabra el señor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: Diez segundos solo, señor presidente. Quiero disculparme por salir en algún momento de la Comisión, pero es que hay otras dos comisiones en la casa en las que también tendría que estar y por eso quería hacerlo
constar.



El señor PRESIDENTE: Le esperamos, sin embargo, a la hora de la votación, señor Esteban.



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El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, por favor. Gracias.



El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, señorías, yo también quiero empezar destacando el buen tono en el acuerdo, el buen trabajo, y especialmente el buen método con el cual esta subcomisión ha trabajado en este último año y medio; ya
me gustaría que en el trabajo legislativo de esta casa en otras comisiones y en otros ámbitos aplicáramos este mismo método de aproximación a los asuntos para llegar a distintas conclusiones. A veces somos críticos con nosotros mismos, pero
también, cuando hacemos las cosas bien, desde un punto de vista metodológico, debemos asimismo subrayarlo.



Estamos hablando de reforma electoral y por tanto estamos hablando de algo que durante los treinta y un años de democracia ha venido presidido por la máxima de un amplio consenso para afrontar cualquier tipo de reformas.
Creo que hoy sería
un buen día para recuperar los escritos iniciales que presentamos los distintos grupos parlamentarios como prioridades para discusión en el seno de esta subcomisión, para recuperar también las recomendaciones de la Junta Electoral Central, que nos
han ayudado, no nos han vinculado pero nos han iluminado, y las recomendaciones del Consejo de Estado. Sería bueno recuperar aquellas recomendaciones y prioridades iniciales de cada grupo parlamentario para poder destacar que, al final, las
concesiones, las renuncias y el consenso no se han construido solo con el sacrificio de un solo grupo parlamentario, como se podría desprender de las palabras hasta ahora escuchadas, sino a partir de la renuncia de distintos grupos parlamentarios.



¿Esta es una reforma menor? No. Esta es una reforma de mejora técnica en algunos aspectos y es una reforma rigurosa que modifica algunos aspectos importantes, a los cuales quiero dar valor. Pero en cualquier reforma de carácter electoral
tan importante es lo acordado como aquello que ha sido discutido y que ha sido descartado. Evidentemente, al final, en el dictamen de la subcomisión se refleja aquello que es acordado, pero creo que también es importante, muy importante, decir que
hemos discutido otros puntos y que simplemente, por amplia mayoría y por no estar de acuerdo con la Constitución, por no estar de acuerdo con los principios que inspira la Constitución, no los hemos incorporado.



Como última consideración previa quiero decir que esta subcomisión de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no era ni es, evidentemente, una ponencia de reforma constitucional. El Grupo Parlamentario Catalán de
Convergéncia i Unió está dispuesto a hablar de la reforma constitucional y de hecho nos parece bastante inaudito que en treinta y un años de democracia se haya producido una sola reforma constitucional por un tema puntual de engarce con la
legislación de la actual Unión Europea. Nosotros estamos dispuestos a hablar de reforma constitucional hoy, ayer, pero también hoy, y especialmente hoy, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Autonomía de Cataluña,
tema que no es objeto de debate ni en la subcomisión ni en la Comisión de hoy. Pero nosotros estamos dispuestos a revisar en profundidad temas de fondo sobre las relaciones en el ámbito autonómico entre Cataluña y el conjunto del Estado y el
conjunto de España, pero si no ha habido reforma constitucional en estos últimos treinta y un años de alguien será responsabilidad. Quiero recordar que el año 1996 el Partido Popular se presentó a las elecciones con un planteamiento de reforma
constitucional y que en el periodo 1996-2000 se avanzó muchísimo en una propuesta de reforma constitucional del Senado. Llegó el año 2000 y en la legislatura 2000-2004 se cerró la posibilidad de la reforma constitucional; llegó la legislatura
2004-2008 y el presidente del Gobierno, en su debate de investidura, anunció -yo creo que con poca pasión y con poco acierto en cuanto a los puntos a reformar y discriminando otros puntos que también habrían sido dignos de mención- una reforma
constitucional, que no fue posible por no estar de acuerdo el primer partido de la oposición.



Digo todo lo anterior porque no hace tantos años, el año 1996, parecía que había un clima favorable a una reforma constitucional y aquella reforma hoy nos habría llevado también, seguramente, a la reforma de algunos aspectos de la Ley
Electoral que hoy no se pueden plantear. Por tanto, no es de recibo decir que no hemos planteado aquello que no se puede plantear en una reforma de la Ley Electoral sino que se tiene que plantear en una reforma constitucional. Sea como sea, solo
quiero recordar que hoy por hoy la Constitución tiene un mandato que forma parte del Pacto constitucional por el cual el sistema electoral se tiene que regir por dos criterios, no solo por uno, por dos: sistema regido por un criterio proporcional y
elección de miembros del Congreso de los Diputados por circunscripciones provinciales y de senadores por otras circunscripciones. Esto no forma parte solo de la Constitución, sino que forma parte del Pacto constitucional en el cual los partidos
nacionalistas participamos y pusimos el acento en este aspecto.



Dicho esto, voy a subrayar algunos acuerdos concretos alcanzados que creo que no son menores, sino que son importantes. Voy a hacer también una distinción, tal como ha apuntado el presidente, entre aquello discutido durante un año y medio
sobre la Loreg y aquello discutido en la sesión de tarde de la última subcomisión. Creo que es una medida muy buena la modificación de la Ley electoral para poner dificultades a la presentación de mociones de censura por parte de los tránsfugas.
Cada escaño municipal es propiedad del titular, de la persona, no de los partidos políticos -la sentencia constitucional al respecto está absolutamente consolidada-, pero creo que hemos encontrado una fórmula que, siendo perfectamente
constitucional, la del incremento de la mayoría necesaria para presentar la moción de censura, en el caso de que esta moción de censura sea firmada por parte de concejales que, habiendo sido elegidos por una formación


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y habiendo sido encuadrados en un grupo municipal, se pasan al Grupo Mixto, sin duda que esta medida, que no es una reforma menor sino que ella sola, por sí misma, da sentido a la reforma de la Loreg, va a dar mayor estabilidad a los
ayuntamientos y, no desde un punto de vista jurídico sino desde un punto de vista político, va -yo creo- a facilitar que en los ayuntamientos se produzcan menos casos de corrupción. Yo estoy absolutamente convencido de que la mala imagen y las
tachaduras de corrupción que se producen en España en buena medida se producen por una necesaria revisión de la autonomía municipal e incluso de los contenidos de las competencias de los ayuntamientos.



Al Grupo Parlamentario Catalán de Convergéncia i Unió, al lado de esta acertada modificación sobre la presentación de mociones de censura, agravadas en caso de participación de tránsfugas, nos habría gustado también una reforma para dar
mayor estabilidad a los ayuntamientos y para hacer que algunos ayuntamientos dependan menos de un concejal de una lista independiente que, presentado de forma perfectamente calculada, al final rige o codirige los destinos del ayuntamiento. Esta es
una buena medida, pero también quiero expresar algo que ha sido parte de nuestro programa y de nuestra renuncia en los trabajos de la subcomisión.



Segundo punto que quiero poner en valor, el voto CERA, las garantías del voto en urna y algo que nos han dicho, el voto por correo dentro de cualquier país, porque evidentemente lo que no podemos hacer es que los españoles residentes en
cualquier país que tiene su consulado a 200, 100 ó 300 kilómetros tengan que desplazarse al consulado para votar en urna.
Creo que es bueno que haya un voto en urna o un voto por correo dentro del municipio y un sistema de traslado del voto desde
terceros países a España a través de valija diplomática y que esto da un sistema mucho más garantista que el que hemos vivido estos últimos años. Creo que es una muy buena medida. Para el resto, me remito al informe del Consejo de Estado respecto
al derecho de voto de los españoles en el extranjero en los distintos comicios, poniendo de relieve algo que anunciaba al inicio de mi intervención: tan importante es aquello acordado como aquello descartado. Y quiero subrayar que los españoles en
el extranjero continúan votando en la elección de diputados, de senadores, elecciones europeas, referéndums y también elecciones autonómicas. Insisto en que es una buena medida y que es un acierto que los distintos grupos parlamentarios hayamos
acordado que las candidaturas al Congreso y al Senado vayan avaladas por una representación mínima del censo de la demarcación. Es acertado que las candidaturas sin representación parlamentaria expongan que tienen una mínima vinculación con el
territorio, concretamente la exigencia de un 0,1 por ciento del censo.
Les quiero recordar que una agrupación electoral debe estar avalada por el uno por ciento del censo y que en las elecciones europeas también se exige un número de firmas de
ciudadanos o de cargos electos.



Creo que esta mínima vinculación va a hacer que las listas que se presenten aspiren a representar los intereses de los ciudadanos porque representan una mínima y muy viable vinculación con los intereses de los ciudadanos de cada provincia o
de cada circunscripción. A mi grupo, en aras del consenso esto no ha sido posible, le habría gustado que esto que ahora es necesario para las elecciones europeas, para el Congreso y para el Senado, y que estoy convencido de que mucha legislación
autonómica también va a inspirarse en esta medida, también fuera una medida válida para las elecciones municipales. A nuestro grupo parlamentario no nos gusta el creciente número de listas fantasmas integradas por cero miembros censados en el
municipio que se presentan en las elecciones municipales; en todo caso, hasta aquí hemos llegado, sé que algunas dificultades había, alguna particularidad también para las elecciones municipales, pero quiero dejar constancia de que esta es una
aspiración para el futuro de nuestro grupo, del Grupo catalán.



Es un acierto también la regulación de los concejos abiertos -no voy a extenderme en ello-, la posibilidad de que los consejos abiertos de uno a cien habitantes -imposible que haya un municipio con cero habitantes- puedan tener un
consistorio formado por tres miembros y que este consistorio y el conjunto de los vecinos decida si se producen las deliberaciones por concejo abierto o si se rigen por esta corporación integrada por tres miembros, en un país con más de 8.000
municipios, bastantes de los cuales -esta es otra reflexión- tienen cien habitantes o menos. En el ámbito de lo simbólico, creo que también es un ejercicio de madurez democrática que finalmente los ciudadanos puedan ser los que introduzcan el voto
en la urna. Ustedes me dirán que esto es muy simbólico, pero es importante la discusión de quién mete el sobre en la urna. Evidentemente, era un reflejo de la tutela hacia quien no sabía votar, después de cuarenta años de franquismo, que el
presidente de la mesa tuviera que poner el sobre en la urna. Y aquí sí importa quién pone el sobre en la urna.



Sobre la reducción de gastos electorales creo que al final hemos quedado en un criterio razonable, hemos vuelto a incorporar un claro deslinde entre lo que es campaña electoral y lo que es precampaña electoral. En estos últimos años se
había difuminado absolutamente una fase y otra. Se ha venido trasladando a la opinión pública y a los medios de comunicación que habrá diferencia entre los quince días de campaña; quiero recordar que todavía es posible tres semanas de campaña
electoral, aunque ya nadie convoca elecciones con tres semanas de campaña electoral. Deslindando claramente las posibilidades de campaña y de precampaña, una disminución de los gastos razonables sobre el techo de gasto del 15 por ciento, sobre el
espacio de propaganda en el exterior, la posibilidad de un gasto del 25 al 20 por ciento. Creo que hemos llegado bien hasta aquí y también creo que es muy acertado que nos hayamos alejado de algunos planteamientos populistas que estaban en el
inicio de la propuesta.



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Quiero ahora destacar dos aspectos a los cuales Convergéncia i Unió ha renunciado. Por una parte, la mayor estabilidad en los gobiernos municipales, en los ayuntamientos -ya lo he dicho y no quiero extenderme más en ello- y en nuestra
aspiración de que esta reforma electoral hubiera servido también para incorporar circunscripciones subestatales -fíjense que no digo autonómicas, sino subestatales- para la elección de los eurodiputados. Y esto que proponíamos y que forma parte de
nuestro programa de futuro no parece tan extraño cuando en Francia -si quieren adjetivar, en la jacobina Francia, quizás es caricatura-, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia, hay circunscripciones subestatales para la elección de los
eurodiputados. Yo, que soy europeísta, y mi grupo parlamentario, que también lo es, creemos que una demarcación subelectoral ayudaría mucho más a pedir cuentas a los eurodiputados de su trabajo durante los cinco años de legislatura europea, cosa
que ahora no es fácil que se pueda producir con la elección de 50 -que espero que sean 54 eurodiputados en breve- en una única circunscripción. Fíjense que no les hablo de demarcaciones autonómicas; es imposible dividir 50 eurodiputados en 17
comunidades, pero sí -lo que pasa en Francia, lo que pasa en Gran Bretaña- que el eurodiputado tiene que dar cuenta en su circunscripción.



Sin haber sido exhaustivo, creo que he hecho referencia a algunos puntos que pueden justificar perfectamente este trabajo de reforma de la Ley Electoral. Les he hablado de un trabajo de un año y medio y les he hablado de un documento que se
ha incorporado al dictamen, que ha sido elaborado exclusivamente por el Partido Socialista y por el Partido Popular y que nos fue entregado en la tarde del lunes, media hora o una hora antes de terminar la Comisión y sin posibilidad de modificación.
Me refiero a las modificaciones de la Loreg respecto a la anulación de candidaturas de quienes no condenan la violencia o de quienes ya estando en las instituciones continúan no condenándola.



Debemos hacer un balance positivo de algunos aspectos de la Ley de Partidos. Ustedes saben que mi grupo parlamentario votó favorablemente la citada ley favorablemente, después de presentar reservas, de enmendar y de formular algunos
interrogantes. La Ley de Partidos tiene algo que la hace débil: que una candidatura puede mantener la condena a la violencia hasta el día de su proclamación, quitarse la careta y presentarse con una nueva cara desde el día de su proclamación hasta
el día de las elecciones. Al Grupo Catalán le parecen bien modificaciones legislativas para que también se pueda producir la anulación de candidaturas hasta el día de las elecciones si desde el día de la proclamación hasta el día de las elecciones
hay un cambio en el cual se ha producido un fraude de ley en la presentación de la candidatura y una burla a las instituciones. Hay una segunda fase que también se presenta en la modificación de la Loreg: que los dos grupos que la han planteado,
que son coautores de esta iniciativa, definen como la incompatibilidad sobrevenida, esto es, cargos electos que han tomado posesión de su escaño en el municipio, en las juntas provinciales o en cualquier parte -me permitirán que hable de allí donde
se piensa- y que una vez han tomado posesión de su función constitucional se les imputa una incompatibilidad sobrevenida. Nosotros tenemos nuestras dudas jurídicas sobre la redacción de esta parte y sobre la posibilidad de cancelar la condición de
concejal a quien ya ha sido proclamado como tal. Es más, como es un acuerdo entre dos partidos en el que un partido quería desde un principio anular toda la candidatura y el otro quería anular la persona que no condenara expresamente el terrorismo,
al final se ha llegado a un acuerdo de compromiso con algunas medidas que desde la lealtad en la lucha contra el terrorismo -que no se le debe cuestionar a este grupo parlamentario-, pueden ser contraproducentes. Se propone una suerte de acto
sacramental laico de repudio a la violencia con una fase de quince días y una presentación ante la Junta Electoral de zona que, tiempo al tiempo, al final puede conseguir un objeto contrario al deseado en el planteamiento de los dos grupos.
Insisto, entre la anulación de toda la lista -cosa muy discutible- y la suspensión de sus funciones de un cargo electo -algo que jurídicamente también es muy cuestionable-, esta medida intermedia de los quince días que se nos presenta como una
medida garantista nos plantea dudas jurídicas y estimamos que es una medida de ingeniería electoral de cara a las próximas elecciones municipales que se van a celebrar concretamente en el País Vasco.



Señorías, aunque no lo había anunciado, quiero manifestar que vamos a votar favorablemente la primera parte del dictamen, convencidos y contentos del trabajo realizado, pero vamos a abstenernos en la segunda parte a la espera del desarrollo
legislativo en el próximo otoño, con la posibilidad de introducir algunas mejoras en esta segunda parte.



Como últimamente nos criticamos mucho, quiero terminar felicitando a los miembros de esta subcomisión por el buen trabajo, al presidente por el buen gobierno de la subcomisión, por los buenos criterios que nos ha trasladado, yo diría que
incluso van más allá de las partes y de la adscripción a un grupo político determinado. Hemos hecho un buen trabajo, de lo cual debemos congratularnos y deseamos que se plasme con celeridad en el próximo otoño.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà por su intervención y de una manera especial por sus amables palabras sobre la Presidencia.



Tienen ahora la palabra los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, que han manifestado que harán una intervención doble. En primer lugar, intervendrá el señor Vera.



El señor VERA PRÓ: Yo también quiero que sean mis primeras palabras de agradecimiento y reconocimiento al presidente de la Comisión, don Alfonso Guerra,


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y a los letrados de la misma, don José Luis Peñaranda y Manuel Fraile por todas las horas que nos han dedicado a los miembros de la subcomisión, por facilitarnos y ayudarnos en los trabajos que hemos realizado.
Coincido con lo manifestado
por el señor Xuclà en cuanto al método de trabajo que hemos desarrollado en estos meses. Escuchando alguna de las intervenciones, parece que la subcomisión se ha limitado a aprobar reformar menores, algo que el señor Llamazares ha llamado
reafirmación electoral, pero ello es debido sin duda a que algún grupo no ha alcanzado algunas de sus pretensiones que consideran la única reforma importante.
Quienes hemos estado veinte meses trabajando en la subcomisión, sabemos que esta
afirmación no responde en modo alguno a la realidad. Muchos hemos hecho un esfuerzo, a veces un gran esfuerzo para ponernos de acuerdo y hemos buscado soluciones a muchas cuestiones para intentar mejorar nuestra Ley Electoral. Al inicio de los
trabajos muchas eran las propuestas que los grupos parlamentarios pusieron encima de la mesa, unas de mayor entidad que otras, pero otras cuestiones han ido surgiendo a lo largo de los trabajos.



La Ley Electoral es, como he dicho en muchas ocasiones, una ley medular de nuestro sistema democrático y como tal debe contar para su reforma con el mayor de los respaldos: cuanto mayor sea el respaldo, mejor será la Ley Electoral. Yo
puedo asegurar que mi grupo parlamentario ha hecho el mayor esfuerzo por sumar la voluntad de todos en todas las reformas que hoy se someten a la consideración de esta Comisión Constitucional. Como se ha puesto de manifiesto, no han tenido entrada
en el informe de conclusiones algunas de las propuestas de reforma defendidas por los diferentes grupos, que hoy han originado algunos votos particulares. Como decía el señor Xuclà, ello se ha debido a que no han gozado del mínimo respaldo.
Por
ejemplo, mi grupo parlamentario no ha podido convencer a todos los grupos parlamentarios de la bondad de una propuesta que se recoge en nuestro programa electoral. Me refiero a aquella que propone que en los ayuntamientos, cuando se den
determinadas condiciones, gobiernen las listas más votadas. La intención de nuestra propuesta era garantizar que se plasme en las instituciones la voluntad mayoritaria de los electores, evitando que candidaturas independientes confeccionadas única
y exclusivamente a estos efectos puedan decidir el gobierno de un municipio, obteniendo contraprestaciones políticas que no se corresponden con el respaldo popular obtenido. Entendemos que con nuestra propuesta se facilita la gobernabilidad del
ayuntamiento, se contribuye a la estabilidad institucional del mismo y se refuerza la legitimidad del alcalde y el sentimiento de los electores de que su voto vale precisamente para elegirle. Estimamos que la respuesta negativa del grupo
mayoritario y también del señor Llamazares responde probablemente a intereses electorales, pero lo cierto y verdad es que no ha habido consenso y no se ha podido introducir en nuestra Ley Electoral. Eso es lo que hay y nos ha pasado a todos, como
decía el señor Esteban.



Respecto a otras cuestiones a las que se han hecho referencia, relativas a la reforma del sistema electoral, solo añadiré -pues ya hemos manifestado muchas razones en la subcomisión- que mientras algunos solo piensan en la proporcionalidad
pura, sin importarles nada más, otros preferimos un sistema proporcional que facilite la estabilidad y la gobernabilidad. Con su hipotética reforma equitativa no se gana pluralismo y lo único que se gana es algún escaño más. Pero, ¿qué sucede con
la eficacia? Con su propuesta, como dicen algunos analistas políticos, hay una pérdida de eficacia del sistema para la formación de gobiernos estables.



Finalmente, recordaré a aquellos que califican el sistema electoral de injusto y antidemocrático, hoy bipartidista, conservador o imperfecto, que cuando se pide la proporcionalidad pura en el sistema electoral, también se debiera pedir para
el sistema parlamentario. A la señora Oramas le diría que a lo mejor le parece bien trasladar el sistema electoral canario al sistema electoral general.



Señor presidente, cuando íbamos a iniciar los trabajos de la subcomisión, tuve ocasión de poner sobre la mesa cuál era la postura de mi grupo parlamentario acerca de los trabajos de la misma para que no hubiera género de dudas sobre nuestras
pretensiones. Decía entonces que para nosotros la Ley Electoral no es cualquier ley, no es una ley más. Es una ley que ha sido y sigue siendo útil para nuestra democracia. Añadía que para el Grupo Popular el sistema electoral era un sistema
aceptable y que iríamos a la subcomisión con la mejor disposición, dispuestos a aportar ideas y a buscar soluciones a los problemas planteados. Así lo hemos hecho y hemos llegado hasta donde hemos podido llegar. Hemos sacado adelante muchos temas,
unos propuestos por los grupos parlamentarios, otros por la Junta Electoral Central, por el Consejo de Estado, por el propio Senado en lo relativo a sus papeletas, incluso por particulares.
Hemos mejorado técnicamente muchos aspectos de la Ley
Electoral, tal y como nos pedía la Junta Electoral Central, actualizando la norma, definiendo mejor los plazos de resolución de recursos o las condiciones para recibir subvenciones. Hemos reformado aspectos que guardan relación con la jornada
electoral, ampliando la edad para poder pertenecer a las mesas electorales, para hacer efectivo que el voto sea personal hasta el mismo momento de introducir el sobre en la urna o para clarificar los supuestos en los que un voto debe ser considerado
nulo. Y hemos definido las reglas del sistema de concejo abierto para facilitar la gestión municipal en pequeños ayuntamientos. Asimismo, hemos establecido los avales que necesitarán los partidos sin representación parlamentaria para presentarse a
las elecciones. En definitiva, son muchos los aspectos que hemos modificado y cada uno de ellos, por pequeño que sea, nos ha llevado horas de discusión para buscar consensos que nos permitiesen mejorar nuestra Ley Electoral. Ahora bien, hay
algunas


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reformas concretas que por su importancia le gustaría destacar a mi grupo parlamentario. Yo me referiré a algunas y mi compañero, Bermúdez de Castro, lo hará a otras en su intervención.



Durante treinta años en muchos ayuntamientos se ha producido una anomalía que incidía negativamente en el sistema democrático y representativo. Me estoy refiriendo a lo que comúnmente hemos denominado tránsfugas. No vamos a poder evitar
que sigan existiendo, pero sí que éstos cambien gobiernos municipales. Sí podremos impedir que con su actuación modifiquen la voluntad popular y cambien gobiernos municipales. Esto ha sido siempre un escándalo y todos los grupos lo hemos padecido:
personas electas en las candidaturas de un partido que abandonan su grupo y modifican las mayorías de gobierno. Era una necesidad imperiosa encontrar una fórmula para que esto no volviera a producirse y creo que después de estos años, la hemos
encontrado.



Saben el señor presidente y los miembros de la subcomisión la cantidad de borradores que hemos tenido que redactar para encontrar una fórmula que, desde el respeto a la doctrina del Tribunal Constitucional, desactive -esperemos que
definitivamente- el poder de los tránsfugas. Es una medida de regeneración democrática que, estamos convencidos, va a eliminar las tensiones políticas y sociales y que favorecerá de cara al futuro la estabilidad en la vida municipal.



Con su permiso, señor presidente, le cedo la palabra a mi compañero Bermúdez de Castro.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bermúdez.



El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Decía mi compañero, el señor Vera, que han sido muchos los aspectos que hemos mejorado en la Ley Electoral.
Se refería en último lugar a una mejora muy importante que va a desactivar el poder de los
tránsfugas en la vida municipal.



Yo voy a destacar otros tres aspectos para referirme, en último lugar, al refuerzo de las garantías legales para que los que legitiman la violencia o justifican el terrorismo no puedan volver nunca más a las instituciones democráticas.
Quiero significar, en primer término, que hemos incorporado una reforma de la cual no se ha hablado, pero que es muy importante, que se refiere a la definición y elaboración del censo electoral, que va a clarificar con carácter definitivo los plazos
de censo cerrado para cada elección, así como los tiempos y supuestos concretos en que los electores pueden solicitar la rectificación de sus datos censales en periodo electoral.



Señorías, siendo el censo electoral el elemento definidor del cuerpo electoral, y por tanto un instrumento para la formación de la voluntad popular, estos aspectos a los que me he referido no podían quedar al albur de interpretaciones de la
oficina del censo electoral. Tenían que estar en la ley. Y eso es lo que hemos hecho. Así hemos definido que el censo vigente para cada elección será el cerrado al segundo mes anterior al de la convocatoria y que los electores en periodo de
rectificación del censo no puedan solicitar reclamaciones por cambio de residencia de una circunscripción a otra en los dos meses anteriores a la convocatoria, plazo que será de hasta un año tratándose de españoles en el exterior, impidiendo para
ello los denominados empadronamientos fraudulentos o de conveniencia con fines electorales y que consigan su objetivo. He querido destacar algo de lo que no se ha hablado y que considero importante resaltar, que hemos aprobado todos los grupos por
unanimidad. Hemos modificado también el procedimiento de votación del censo de españoles residentes en el exterior. Señorías, el voto de nuestro compatriotas en el exterior no podía ser un voto permanentemente bajo sospecha. No podía ser que cada
vez que se celebraba un proceso electoral y la adjudicación de algún escaño dependía de un puñado de votos, pesara una sombra de duda, de posible fraude o manipulación de los votos de nuestros compatriotas en el exterior. No podía ser. La Junta
Electoral, de hecho, dictó el año pasado, con ocasión de las elecciones gallegas, una instrucción garantista cuyos criterios hemos incorporado a un nuevo procedimiento muy garantista, basado en tres principios: el de personalidad, para evitar
suplantaciones de voto; el de transparencia para evitar manipulaciones de voto; y algo también muy importante, el de efectividad, para garantizar que el voto emitido en tiempo y forma por nuestros compatriotas en el exterior finalmente se
contabilice en el escrutinio. Un procedimiento -decía- muy garantista, que introduce una novedad muy importante: por primera vez y para futuros procesos electorales nuestros compatriotas que viven en el extranjero podrán votar en consulado en
urna. Era una reclamación antigua y la hemos introducido en el procedimiento para que puedan hacerlo durante los tres últimos días de campaña, sin perjuicio de mantener el voto por correo para todos aquellos que no puedan desplazarse a votar en
urna en el consulado. Junto a ello hemos atendido la recomendación que ha realizado el Consejo de Estado, para unir indefectiblemente el ejercicio del derecho de sufragio en elecciones locales a la condición de vecino de un municipio.



Señorías, la Constitución nos dice en el artículo 140 algo muy claro: que los concejales son elegidos por los vecinos de cada municipio. Pero la Ley de Bases de Régimen Local establece que la condición de vecino de un municipio se adquiere
mediante la inscripción en el correspondiente padrón municipal de dicho municipio. Así las cosas, la asimilación de la condición de vecino de un municipio a personas que no residen en el mismo, ni siquiera en el territorio español sino en el
extranjero, era, como decía acertadamente el Consejo de Estado, formal y ficticia. De eso se trataba, de eliminar esa ficción, de acomodarse, de ajustarse a la realidad. Y mucho más teniendo en cuenta algo que fue discutido y debatido


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en la subcomisión: que en muchos municipios españoles la incidencia del censo de españoles residentes en el exterior era determinante no ya para elegir un concejal, sino para decidir la corporación entera. Por eso hemos introducido esa
petición del Consejo de Estado. Eso sí -lamento que no esté presente la señora Oramas-, sin eliminar ningún derecho -el derecho lo tienen como españoles-, sino condicionando su ejercicio a figurar inscrito en el censo de españoles residentes en
España, porque es la forma de obtener esa condición de vecino, manteniendo el modelo actual -lo ha recordado en positivo el señor Xuclà- sin ninguna variación para el resto de los procesos electorales en España. Señorías, no es solo el Grupo
Popular, sino que todos los grupos -al menos el nuestro- siempre nos hemos sentido muy cercanos en la defensa de nuestros compatriotas que viven en el extranjero. Estamos dispuestos a defender otras reivindicaciones, pero en esta reforma nuestro
grupo espera de ellos su comprensión porque, al fin y al cabo, con este nuevo procedimiento jamás podrá nadie poner en duda la validez de sus votos.



Hay otra reforma importante que guarda relación con las campañas electorales. Se trataba, primero, de evitar la incidencia -yo diría la mala práctica, la mala costumbre- que tenían los poderes públicos de hacer campañas institucionales -que
en realidad eran promocionales- de logros y realizaciones de gobierno y de inauguraciones de obras -¡qué casualidad!- con ocasión de una convocatoria electoral. La Junta Electoral ya había puesto ciertos límites a estas actuaciones. Ahora,
señorías, las prohibimos. No se pueden hacer esas campañas con el dinero de los contribuyentes. Como decía, era una mala práctica que con el consenso de los grupos hemos eliminado y que evitará injerencias en las campañas electorales. No solo
hemos prohibido ese tipo de campañas institucionales o promocionales, también hemos simplificado las campañas eliminando lo que se venía a denominar las precampañas, es decir desde la convocatoria hasta el inicio legal, basadas en la contratación de
soportes de publicidad exterior o en medios de comunicación. Ahora, con la reforma, ese tipo de soportes publicitarios solo podrá contratarse en los quince días estrictos de campaña, lo que va a permitir algo muy importante que yo creo que es
positivo para nuestra democracia: que los partidos políticos nos centremos en los puntos de interés de los ciudadanos, que hagamos menos publicidad y propaganda, más debate, más cercanía y más incidencia sobre los programas y propuestas concretas
que cada uno de los partidos propone. Menos publicidad y también más ahorro.
Y menos gasto, porque hemos acordado también reducir un 15 por ciento con carácter definitivo nuestro techo electoral; es decir, la cantidad máxima que cada partido
puede gastarse en campaña electoral, congelando además las subvenciones por voto/escaño y mailing a lo largo del año que viene.
Es una nueva medida de ajuste para los partidos, como lo fue también la modificación que aprobamos en este Parlamento
durante la legislatura pasada en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Podría haber sido superior y nosotros lo propusimos, pero en aras al consenso -porque afecta a los partidos que formamos parte de la médula espinal de nuestro sistema,
reconocido ni más ni menos que en el título preliminar de nuestra Constitución, en el artículo 6, con unas funciones claramente reconocidas en nuestra Constitución- lo hemos aceptado sobre todo porque esa medida inicial que nosotros proponíamos se
ha visto complementada con otra importante de reducción de gasto, que es un acuerdo -unánime también de todos los grupos- para que la Administración reduzca en un 15 por ciento las partidas de campaña institucional de información sobre fecha de
votación y de que minore también en lo posible otros gastos con ocasión de las campañas electorales.



Es verdad, señorías, que la crisis no es culpa de la democracia. Lo ha dicho algún portavoz y yo creo que acertadamente. Todo el mundo sabe quién es el principal responsable de lo que está ocurriendo. La crisis no es culpa de la
democracia, pero en una situación tan difícil como la actual, en que hay que ir transformando una mentalidad de gasto a una mentalidad de ahorro, lo importante es que los partidos demos ejemplo y que seamos los primeros en ajustarnos el cinturón.
Eso es precisamente lo que hemos hecho en un ejercicio de austeridad y de responsabilidad, y creo que hemos cumplido con nuestra obligación.



Por último voy a referirme a la segunda parte del informe, a la reforma de las garantías legales para evitar que los violentos se introduzcan en las instituciones. Señorías, hace ocho años este Parlamento aprobó por abrumadora mayoría una
de las leyes más importantes para la defensa de nuestra democracia: la Ley de Partidos. Una ley de fortalecimiento democrático, impecable desde el punto de vista constitucional, impecable, que conllevó la ilegalización de un partido que no era un
partido, que en realidad era la prolongación de la amenaza, la violencia y la coacción de una banda terrorista. Pues bien, esa ilegalización, que suscitó muchas dudas para algunas fuerzas políticas, ha sido respaldada el pasado año ni más ni menos
que por una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dictaminó que la ilegalización de Batasuna era una necesidad social imperiosa para la defensa de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos,
pues era un instrumento al servicio de la estrategia de una organización criminal.
Eso es lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lamento que no esté aquí el señor Esteban, pero de intereses espúrios nada de nada, de intereses
electorales nada de nada. Por principios, por necesidad social imperiosa en defensa del sistema democrático. Eso es lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso la ilegalización de su partido le hizo tanto daño a la banda
terrorista, porque perdió su brazo político, su altavoz de propaganda, uno de los instrumentos principales de financiación y precisamente por eso desde entonces ese mundo siempre ha intentado burlar la ley para conseguir presentarse


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a las elecciones. Lo ha hecho intentándolo de todas las formas posibles, mediante plataformas electorales o agrupaciones de electores o mediante nuevos partidos o partidos ya inscritos en el registro, y casi siempre el Estado de derecho ha
descubierto su fraudulento disfraz y ha conseguido impedirlo. Digo casi siempre y hoy no toca analizar los casos y las causas en que los que legitiman la violencia pudieron salvar en estos últimos ocho años la aplicación de la ley y volver a las
instituciones.
Hoy no toca ese debate. Lo que toca hoy es adoptar las medidas para evitar que eso pueda volver a suceder en el futuro. Por eso apoyamos estas propuestas del Grupo Popular y las presentamos a la subcomisión, para reformar las
medidas legales que impidan que los que justifican la violencia y el terror puedan encontrar el más mínimo resquicio legal en democracia para volver a las instituciones, incluso si utilizan para ello las candidaturas de un partido legal. Y si a
pesar de cerrar esos recovecos y ampliar los plazos de recursos para impedirlo consiguen, en fraude de ley, representantes en las instituciones, introducimos una causa de incompatibilidad sobrevenida que no será de aplicación automática, que podrán
salvar para continuar en su mandato, eso sí, mediante una declaración expresa e indubitada de las causas que han dado lugar a la ilegalización del partido con el que concurrieron en sus listas electorales. Decía el señor Llamazares -lo debatimos en
la subcomisión- que España -lo ha dicho el Constitucional- no es una democracia militante. Se puede defender cualquier idea, pero no el método. El método tiene que ser democrático. Es el método lo que está proscrito, no son las ideas. Se puede
defender cualquier idea, pero solo por el método democrático. Esa es la seña de identidad de nuestro sistema democrático y la democracia, señorías, tiene derecho a expulsar de sus instituciones a quien quiere imponer por la fuerza a los demás sus
objetivos.



De ahí, señorías, la necesidad de esta reforma, que es un paso más; que a juicio del Gobierno es suficiente para el objetivo que persigue: para evitar que vuelvan a entrar en las instituciones. Por tanto, si es suficiente para el
Gobierno, aunque nosotros ofrecimos otras propuestas, llegamos a este consenso, confiamos en ese compromiso de suficiencia que nos ha trasladado el Gobierno y el Grupo Socialista y que en todo caso podrá verificarse en las elecciones municipales del
próximo año y en otros procesos electorales.



Termino como empezaba mi compañero. Agradezco a todos los diputados que han formado parte de la subcomisión, a los que no han tenido la oportunidad de intervenir hoy pero sí otras muchas veces -don Ramón Aguirre, al señor Delgado, que no
está aquí presente, a los portavoces del resto de los grupos, al señor Llamazares, a la señora Oramas, al señor Esteban, que tampoco está ahora aquí, al señor Xuclà, que ha conseguido durante estos dos años, con reflexiones ponderadas y en muchos
casos atinadas buscar fórmulas de consenso y por supuesto, dentro del Grupo Socialista al señor Quijano, al señor Aranda, a la señora Batet y al señor Benegas, con quien he trabajado muchas horas- su labor, ha sido un placer y creo que hemos
cumplido con nuestra obligación. También a los letrados y al señor Guerra, que a mi juicio -puedo decirlo en nombre de nuestro grupo- ha dirigido los trabajos de la subcomisión de manera ejemplar, algo que quiero reconocer y agradecer.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro por su intervención, por sus observaciones y desde luego por las generosas y amables palabras que dedica a la Presidencia. También muchas gracias, señor Vera Pró, por su
intervención y sus palabras amables.



Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Socialista, don José María Benegas.



El señor BENEGAS HADDAD: Intervengo en nombre del Grupo Socialista para expresar nuestro apoyo al dictamen emitido por la subcomisión para la reforma de la Ley Electoral en sus dos partes. Antes de entrar en sus contenidos permítanme
algunas consideraciones previas.



En primer lugar, quiero resaltar que nuestra valoración como Grupo Socialista y como Partido Socialista sobre el sistema electoral actualmente vigente en España es altamente positiva. En esto coincidimos con una buena parte de los grupos
parlamentarios de esta Cámara -no con todos-, pero muchos grupos parlamentarios en el curso de las discusiones han hecho una valoración similar sobre el conjunto del sistema electoral vigente en nuestro país. Es un sistema que garantiza la limpieza
y la transparencia electoral. Desde esta perspectiva nadie pone en duda las garantías que ofrece el sistema electoral español, más bien todos son alabanzas efectuadas por los estudiosos, por gente que pone como ejemplo el modelo español a la hora
de hablar de la transparencia y limpieza de las elecciones.



El sistema también asegura una correcta representación del pluralismo político que reina, existe, en la sociedad española. Haré algunas alusiones más adelante a los argumentos esgrimidos aquí en contra de esta idea por parte del señor
Llamazares. Así mismo podemos afirmar que a lo largo de más de treinta años de experiencia democrática el sistema electoral vigente ha propiciado en general la formación de gobiernos estables, ha permitido la alternancia política en la gobernación
del país y ha garantizado la presencia de las minorías en las Cámaras. A partir de esta valoración positiva se puede entender sin dificultad que la mayoría de los grupos parlamentarios hayamos optado por el mantenimiento de los elementos básicos de
nuestro sistema electoral y de los principios más relevantes en los que se asienta. En consecuencia, con esta consideración lo que proponemos hoy son reformas que pretenden mejorar, pretenden perfeccionar el sistema o abordar cuestiones que el
constituyente no pudo prever, pero siempre manteniendo la estructuras básica del mismo.



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En otro orden de cosas y refiriéndome a la metodología de trabajo de la subcomisión, hemos partido de la consideración de que el sistema electoral, la Ley Electoral, forman parte de lo que podemos denominar bloque constitucional, que
requiere para el buen funcionamiento de la democracia un sólido consenso básico sobre el que fundamentar la convivencia democrática de los españoles. De acuerdo con esta idea, cualquier reforma del sistema electoral debía contar con el mayor apoyo
parlamentario posible, considerando como un mínimo necesario e imprescindible el acuerdo entre los dos principales partidos de ámbito estatal, con el ánimo de extenderlo a otras formaciones políticas. Creo que así hemos trabajado logrando en la
mayoría de las cuestiones llegar a acuerdos, aunque debo reconocer que no en todos los temas que se han planteado durante las discusiones.



Es preciso tener en cuenta también para valorar este dictamen que hubo un entendimiento casi unánime por no decir unánime -voy a decir casi unánime después de oír a la señora Oramas- en que no convenía o no era el momento o los partidos
políticos no estaban dispuestos a abordar una reforma constitucional, lo cual ha supuesto una autolimitación a los trabajos de la subcomisión en el sentido de que todas aquellas propuestas que implicaban una reforma de la Constitución han sido
descartadas. Debo decir que la mayor parte de ellas además han sido descartadas también por no contar con nuestro apoyo, con nuestro beneplácito. En alguna, como por ejemplo la que ha mencionado esta mañana en su intervención la señora Oramas
podríamos haberla abordado, podríamos haber discutido sobre ella, como es la reforma del sistema de elección del Senado, y posiblemente podríamos haber llegado a un acuerdo, pero una reforma del sistema de elección del Senado implica una reforma
constitucional y, como metodología al inicio de los trabajos de esta subcomisión, se decidió que no abordaríamos temas que plantearan una reforma constitucional.



Hemos tardado tiempo en emitir un informe, pero los ciudadanos deben saber, los medios de comunicación deben conocer, la opinión pública también, que la subcomisión como aquí se ha dicho ha analizado, discutido, debatido y decidido sobre
todas las propuestas de todos los grupos parlamentarios, sobre las provenientes de los grupos parlamentarios, del Consejo de Estado, un informe muy extenso de la Junta Electoral y también de muchos ciudadanos que se han dirigido directamente a la
subcomisión. Hemos dedicado muchas horas a debatir con rigor todas las posibilidades de cambio, de mejora, insisto, que no implicaran una reforma de la Constitución.



Hemos tenido especial consideración con el alegato de Izquierda Unida sobre la disfunción que según ella se produce entre su número de votos y los escaños obtenidos en las últimas confrontaciones electorales. Paso a discutir algunas de las
propuestas que se hicieron al principio de los trabajos de la subcomisión y que constan en el voto particular que presenta el señor Llamazares.



Me han parecido muy duras las palabras que ha utilizado usted, señor Llamazares, a la hora de valorar los trabajos de esta subcomisión y a la hora de hacer algunos análisis de diagnósticos sobre nuestro sistema electoral. Algunas de sus
afirmaciones no resisten ni un minuto. Decir que el español es el sistema más mayoritario de toda Europa no es muy riguroso. Ustedes, ¿qué es lo que proponían para resolver esta disfunción entre voto y representación? Proponían una medida que era
incrementar de 350 a 400 el número de diputados. Las discusiones que tuvimos en la subcomisión y en los tiempos que corren de crisis económica, de llamamientos a la austeridad en este país, no nos ha parecido oportuno aceptar estar propuesta,
porque desde luego no sería entendida por lo ciudadanos. Además, si hacemos una extrapolación de los últimos resultados electorales a una Cámara de 400 diputados, en términos porcentuales no mejoraría la representación de Izquierda Unida
significativamente.



Lo mismo ocurriría con un sistema que tuviera en cuenta los restos porque, señor Llamazares, los demás partidos también tenemos restos -los grandes partidos más restos- y por tanto a la hora de distribuir restos o de aplicar los restos como
si fuera una única circunscripción tampoco mejoraría su situación electoral. Se alega que el hecho de que la circunscripción sea la provincia distorsiona su representación. En España tenemos un ejemplo de circunscripción única nacional, que son
las elecciones... (El señor Llamazares Trigo: El mínimo provincial.) Ahora hablaré del mínimo. La circunscripción nacional se aplica en las elecciones europeas y sus resultados no son mucho mejores de los que obtienen para el Congreso de los
Diputados.



La segunda propuesta consistía en reducir el mínimo por provincia de dos a uno. Hemos considerado que esta propuesta es de dudosa constitucionalidad porque las provincias que en función de su población solo pudieran elegir un diputado
pasarían de un sistema proporcional a un sistema mayoritario, ya que solo podrían elegir un diputado: el de la mayoría. Eso es de dudosa constitucionalidad.



Se ha propuesto también por parte de ustedes el cambio del sistema D'Hont por otro sistema, el de un tal Saint-Laguë, pero este matemático francés no ha conseguido siquiera que su sistema se aplique en su país, que es Francia. Usted propone
que cambiemos el sistema D'Hont por el sistema del señor Saint-Laguë. Todos los grupos lo debatimos y debo decir que aprobamos mantener, con el voto en contra de ustedes, el sistema D'Hont.
Todos los sistemas electorales tienen sus defectos, sus
dificultades. Es muy difícil estar satisfecho con todo el sistema electoral, siempre puede haber quejas pero los resultados que ha habido a lo largo de estos años con este sistema no distorsionan tanto como ustedes mantienen su representación
parlamentaria o política. Porque le tengo que recordar, señor Llamazares, que de vez en


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cuando igual no es conveniente ver solo causas del problema de su representación en las consecuencias del sistema; con ese sistema electoral, con el sistema D'Hont, el Partido Comunista de España tuvo veintidós diputados en esta Cámara.
Entonces, ¿por qué no pensamos que quizá las causas de la supuesta infrarrepresentación son de otra índole? Como usted ha sido un poco crudo en sus expresiones, sin ser crudo, se lo diré. ¿Por qué no pensamos en que llevan ustedes perdiendo votos
elección tras elección y que eso inexorablemente tiene que conllevar una pérdida de su representación parlamentaria? Hemos analizado todas sus propuestas y ninguna nos ha parecido que fuera conveniente adoptarla por las razones antedichas.



En cuanto a los contenidos de la reforma, intervenir en último lugar tiene el inconveniente de que prácticamente todos los subcomisionados y los miembros de la Comisión ya han explicado todo con mucho detalle. Respecto al voto de nuestros
compatriotas residentes en el extranjero ya se ha dicho que hemos pretendido garantizar una mayor transparencia y evitar posibilidad de fraude, así como admitir una reivindicación que era muy querida por nuestros compatriotas: el que puedan votar
en urna. Vamos a dar el paso para que puedan votar en urna durante tres días para facilitar los desplazamiento. Además van a seguir votando en elecciones autonómicas, generales -Congreso y Senado-, europeas y referendos, y el sistema será de voto
rogado para garantizar que no se produzcan fraudes.



Queda la discrepancia que usted plantea sobre el artículo 140 de la Constitución. Hemos recibido el informe del Consejo de Estado en el que se indica que es necesario cumplir el artículo 140 de la Constitución, donde se establece, como aquí
ya se ha expuesto, que los concejales son elegidos por los vecinos, y el concepto de vecino es un concepto muy claro. ¿Pueden votar personas que viven en Argentina o en Venezuela? Pueden votar, siempre y cuando figuren inscritos en el censo de
españoles residentes en España. Todas estas personas que dice usted que van cada tres meses y que pagan sus impuestos allí pueden inscribirse en el censo de residentes en España y votar en las elecciones municipales.



Coincido con los que han señalado que el trasfugismo ha sido un problema político sobre todo en el ámbito municipal que hasta el momento presente no habíamos conseguido resolver. No voy a volver a reiterar la propuesta pero esta va a
imposibilitar que prosperen mociones de censura en el ámbito municipal apoyadas por trásfugas y esto va a contribuir a una mayor limpieza de nuestra vida política por lo menos en el ámbito municipal.



En cuanto a las campañas electorales, ¿qué proponemos? Reducir la publicidad y la propaganda para impulsar la información y el debate programático. Ya se ha dicho, no cabrá publicidad institucional pagada con dinero público que resalte
logros, no cabrá hacer inauguraciones durante las campañas electorales y quedará también prohibido hasta el inicio de la campaña oficial todo lo que pueda ser propaganda electoral mediante carteles o soportes comerciales, así como inserciones en
prensa, radio, etcétera. También pensábamos que para garantizar una mayor información de los ciudadanos había que hacer participar de alguna manera en esta información a las televisiones privadas pero, como ha explicado el presidente de la Comisión
al inicio de esta sesión, la redacción habría que mejorarla técnicamente de acuerdo con las discusiones que hemos tenido en la subcomisión.



No voy a insistir en la reducción de gastos, ya se ha dicho aquí, además se hizo público en su día. Sería muy prolijo enumerar todas las reformas que proponemos en relación con el censo -las ha explicado también el señor Bermúdez de
Castro-, su actualización, cierre del mismo, reclamaciones, impugnaciones, medidas para evitar el fraude. Son muy numerosas las reformas y además tienen sus importancia.



En otro orden de cosas, también hemos asumido el cambio de formato de la papeleta del Senado. Algo que también se ha dicho y que tiene importancia es que los españoles vamos a poder depositar por nosotros mismos, por nuestros propios
medios, la papeleta en la urna. Hemos atendido con dedicación y hemos tenido una especial consideración con la sugerencia que llegó a la subcomisión en relación con las situaciones de embarazo o maternidad de diputadas y senadoras. Hemos
descartado la posibilidad de la sustitución por entender que no lo permite el artículo 79.3 de la Constitución cuando señala que el voto de senadores y diputados es personal e indelegable. No obstante, hemos acordado hacer una recomendación a la
Mesa del Congreso y a la Comisión del Reglamento para que estudie cómo garantizar el voto en las mencionadas situaciones, así como en otras en impidan el desplazamiento, mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Es muy importante atender
esta petición, que surge de la Comisión de Igualdad y que plantea un problema que puede afectar a nuestras diputadas y senadoras, de modo que se resuelva por la vía reglamentaria.



Como ha explicado el presidente, la segunda parte del dictamen está directamente relacionada con los problemas del terrorismo y sus apoyos políticos que se han generado en nuestro país. Estas reformas, como aquí se ha dicho, han sido
pactadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista con el Gobierno, presentadas -reconozco que tardíamente, ayer- al resto de los subcomisionados y están relacionadas directamente con la estrategia antiterrorista, y cuando digo estrategia
antiterrorista me refiero al objetivo de la estrategia antiterrorista en estos momentos, que es terminar con ETA y terminar con sus apoyos políticos. La Ley de Partidos de 2002 tuvo como objetivo impedir que se utilizara la participación política
democrática con fines antidemocráticos por los que no respetan los derechos humanos, por los que no respetan el derecho a la vida y utilizan, apoyan o no rechazan la violencia para conseguir objetivos políticos, pretendiendo beneficiarse al mismo
tiempo del sistema


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democrático. Esta ley ha tenido efectos my positivos y ha sido ratificada, como se ha dicho, en su legalidad democrática por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. No obstante, desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos en el
año 2002 los apoyos políticos de ETA han desplegado mucha imaginación para buscar subterfugios con la finalidad de burlar la ley. Tenemos ya una experiencia acumulada de cómo lo hacen y las medidas que se proponen tienen por objeto cerrar cualquier
vía para que los que no condenan la violencia ni aceptan las reglas democráticas puedan concurrir a las elecciones y acceder a las instituciones. Lo que proponemos son reformas que no niego que tengan un carácter instrumental en el sentido de que
quienes tienen que saberlo sepan que vamos a taponar las vías ambiguas por las que sin rechazar la violencia o sin distanciarse definitivamente de ETA o sin exigir la disolución de ETA pretendan buscar un resquicio legal para participar en las
elecciones. La misma advertencia sirve para partidos democráticos que tengan la tentación de coadyuvar a fines espurios en relación con el respeto a las reglas democráticas, cuyo principal principio reside en la renuncia a utilizar la violencia
para dirimir conflictos políticos.



No puedo aceptar, señor Esteban, que se diga que la Ley de Partidos ha servido para manejos espurios desde el punto de vista electoral. No es muy digno por su parte que esto se diga porque no ha sido así. Ha podido haber equivocaciones
pero no ha habido un componente de interés partidista a la hora de tomar decisiones que, en definitiva, son los jueces y el Tribuna Supremo los que las adoptan. Lo que sí le garantizo que no va a pasar es que un lendakari pueda ser elegido con el
voto de los que apoyan la violencia, como sucedió una vez con Ibarretxe, porque esto no va a volver a ocurrir. Espero que estemos en el final de la lucha contra el terrorismo en el sentido de que pueda desaparecer ETA, podamos acabar con ETA, y que
al final se acepten las reglas democráticas y la participación política por parte de todos.



Quiero terminar esta intervención agradeciendo al presidente de la Comisión, Alfonso Guerra, como ha hecho el resto de los portavoces, su sabia habilidad para conducir los debates y propiciar la aproximación de posiciones inicialmente
contrapuestas. Resaltaré también que todos los ponentes de la subcomisión han desarrollado un trabajo caracterizado por el rigor, en un ambiente presidido por el afán de alcanzar consensos, un debate fundamentado en razonamientos sólidos y en un
clima de una extrema cordialidad parlamentaria. En este sentido quiero resaltar la labor desarrollada por el diputado Bermúdez de Castro por su dedicación, por sus aportaciones, por su tenacidad infatigable en la defensa de sus convicciones, que
han enriquecido sobremanera nuestros debates, al igual que lo han hecho todos los portavoces y miembros de la subcomisión. Ha sido un buen trabajo, hemos discutido mucho y hemos reflexionado porque en el fondo es una reflexión sobre los problemas
de la democracia.



En cuanto a mí personalmente respecta, debo decirles que participar en este trabajo durante este tiempo me ha hecho recordar y revivir el espíritu que presidió la transición española. Muchas gracias. (El señor Llamazares Trigo pide la
palabra.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Benegas, por su intervención y las amables palabras. Espero no presidir ninguna otra subcomisión porque mi ego puede sufrir una inflación.



El señor Llamazares ha pedido la palabra. ¿Por alusiones, supongo? Una breve intervención, señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, muy brevemente, señor presidente.



Con el clima de la subcomisión. Yo esperaba que una reflexión fuera entendida por tal y no como parte de una confrontación. Era una reflexión sobre el sistema electoral que era debida por parte de mi fuerza política. Yo creo que alguien
no la ha entendido, porque la ha entendido como una confrontación y yo creo que se ha equivocado.



El Grupo Parlamentario Socialista, en mi opinión, ha pasado el Rubicón -términos clásicos-, teníamos una relación de preferencia, que dio lugar a esta Comisión, y hemos pasado a una relación indiferente y conflictiva, y hoy tengo la
impresión de que la relación es beligerante. Esa es mi opinión con respecto a esa intervención. Solo daré un dato, señor Benegas. Si se aplicara el mismo criterio de las elecciones europeas, que es el criterio proporcional, en vez de dos
diputados, nosotros tendríamos catorce diputados, porque en las elecciones europeas elegimos cincuenta.
Aplique usted la regla y tendríamos catorce diputados. Nunca he planteado en esta Comisión el sistema proporcional puro y lo que usted ha hecho
con el análisis de nuestra propuesta ha sido una caricatura que creo que no se merecía mi fuerza política. En todo caso, tomamos nota de que con buen talante, con el que seguimos, han cambiado las relaciones. (El señor Benegas Haddad pide la
palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Benegas.



El señor BENEGAS HADDAD: Señor presidente, siento que el señor Llamazares interprete mis palabras como llenas de un acto de beligerancia a su formación política. Nada más lejos de mi intención. Siempre hemos mantenido buenas relaciones,
lo que pasa es que las calificaciones que se han hecho sobre la democracia española, sobre el sistema electoral y sobre el trabajo de esta comisión también han parecido un poco desmesuradas, pero le garantizo que no hay por parte de nuestro grupo
-desde luego personalmente tampoco- ninguna actitud beligerante sino todo lo contrario. Otra cosa es que no podamos compartir sus argumentos y que ese grupo haya entrado a debatir sus propuestas, las propuestas


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que llegaron a la Comisión, y a explicar por qué no las podemos aceptar.



El señor PRESIDENTE: Hemos llegado al final del debate. Vamos a proceder a las votaciones.



Votaremos los votos particulares presentados, que son cuatro, incidiendo en lo mismo que dije para el dictamen que se votará posteriormente. No estamos modificando ninguna ley. El voto particular que fuese aceptado quedaría incluido en el
dictamen, que después de la votación tampoco cambiará ninguna ley.



En primer lugar votamos el voto particular presentado por el Grupo Mixto y firmado por la señora doña María Oramas, que no Oramás porque sería muy rezadora si fuera Oramás. (Risas.) Así que de la señora Oramas votamos el voto particular del
Grupo Mixto.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



El segundo voto particular que votamos está presentado también por el Grupo Mixto y firmado por el señor Jorquera.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



El tercer voto particular que votamos está presentado también por el Grupo Mixto y firmado por la señora Díez González.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



Finalmente votamos el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



Votamos ahora el dictamen de la subcomisión que, como saben ustedes, se votará en dos partes: lo que llamamos primera parte, que afecta a todos los asuntos de los que tienen ustedes documentación, y la segunda que afecta solo al tema de la
elección de los responsables cuando tengan alguna relación con la violencia.



Votamos la primera parte y, como recordarán ustedes, queda también pendiente, por tanto decaída, la enmienda al artículo 66.2, pendiente de la precisión técnica. Votamos la primera parte del dictamen.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,; 36; en contra, uno; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos la segunda parte del dictamen, que ya conocen ustedes a qué hago referencia.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Con esto, señoras y señores, hemos terminado la tarea que nos traía aquí.
Quiero agradecer a todas las señoras y a todos los señores comisionados el trabajo y muy especialmente, si ustedes me lo permiten, porque el trabajo ha sido muy serio
en la subcomisión, de muchísima discusión -naturalmente teniendo cada uno parte más fuerte en una defensa o en una contraposición-, pero debe constar en el 'Diario de Sesiones', en nombre del presidente de la Comisión, mi agradecimiento a la señora
Oramas, parcialmente cuando ha venido al señor Jorquera, al señor Llamazares, al señor Esteban, al señor Xuclà, al señor Bermúdez de Castro, al señor Vera, al señor Aguirre y al señor Delgado, también al señor Quijano, al señor Aranda, a la señora
Batet y a don José María Benegas. En cuanto al método, creo que es una subcomisión que ha trabajado a mi juicio personal de una manera ejemplar y debemos agradecerlo en nombre de la Mesa y de la Comisión. Muchas gracias.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.