Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 567, de 15/06/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 567
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 39
celebrada el martes, 15 de junio de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de las ponencias designadas para informar las siguientes iniciativas legislativas, así como aprobación con competencia legislativa plena, a la vista de los informes elaborados por dichas ponencias, sobre:
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000063.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000064.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000065.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000066.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000067.) ...
(Página
2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000068.) ...
(Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000069.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000070.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condicion es de dicha cesión. (Número de expediente 121/000071.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000072.) ...
(Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000073.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000074.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000075.) ...
(Página
2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000076.) ...
(Página
2)
- Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. (Número de expediente 121/000077.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión.
En primer lugar, quiero anunciarles que la votación de estos proyectos de ley será a las once y cuarto. Comentaba con los portavoces que para abordar el debate del orden del día, como método, podría ser más conveniente que cada uno de los
portavoces de los respectivos grupos haga su exposición, defienda las enmiendas que tengan, etcétera, en una sola intervención. Luego seguiríamos, como siempre, de mayor a menor y cerrando el Grupo Socialista. Empezamos por el Grupo Popular y
tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Nos corresponde aprobar hoy en esta Comisión de Economía y Hacienda los diversos proyectos de ley del régimen de cesión de
tributos del Estado a las quince comunidades autónomas de régimen común, consecuencia todos ellos del nuevo sistema de financiación aprobado ya en esta Cámara y contenido básicamente en la Ley Orgánica 3/2009, de financiación de las
comunidades autónomas, y en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. En estos quince proyectos de ley, prácticamente idénticos puesto que son
comunidades autónomas de régimen común, se procede a ampliar los porcentajes de cesión, pasando del 33 al 50 por ciento en el impuesto sobre la renta, del 35 al 50 por ciento en el IVA y del 40 al 58 por ciento en los impuestos especiales y se
procede, asimismo, a incrementar la capacidad normativa de las comunidades autónomas de régimen común para legislar sobre estos tributos cedidos parcialmente por el Estado.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no se va a oponer a la aprobación de estos quince proyectos de ley, puesto que todos ellos han sido acordados en el seno de las comisiones mixtas formadas por el Estado y las diferentes comunidades
autónomas y queremos guardar una actitud respetuosa con las decisiones adoptadas en su momento por las distintas comunidades autónomas dentro de las competencias que tienen atribuidas, como no puede ser de otra manera. Por otro lado, estas leyes no
son más que una consecuencia del nuevos sistema de financiación aprobado por el Gobierno socialista. En su momento, el Grupo Parlamentario Popular ha expresado nuestro rechazo total y contundente al citado sistema, el nuevo sistema de financiación,
que entendemos que en nada beneficiará a las comunidades autónomas y mucho menos a España.
Este conjunto de proyectos de ley que hoy tramitamos no son más que una parte del complejo sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Se trata de una parte fundamental, pues estamos hablando de la cesión de tributos como el
impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el valor añadido, que sin duda configuran el grueso de los ingresos de nuestro sistema tributario. Estamos hablando, por tanto, de impuestos que pagamos todos los españoles y estamos hablando de cómo se
repartirá su recaudación a las distintas comunidades autónomas, que deben administrar estos recursos en forma de servicios públicos para los ciudadanos que viven en sus respectivos territorios. Señorías, aquí es donde nos encontramos, a juicio del
Partido Popular, con el primer gran engaño del Gobierno socialista con respecto a este nuevo sistema de financiación, que en palabras del propio Gobierno aportará unos recursos adicionales a las comunidades autónomas de 11.000 millones de euros,
porque, efectivamente, aumenta el porcentaje de recaudación que se cede a las comunidades autónomas para financiarse, pero es que resulta que la recaudación de estos tributos está cayendo estrepitosamente en los años 2008 y 2009 y no parece que vaya
a dejar de hacerlo en el año 2010, a juzgar por los datos de recaudación que ya ha adelantado hasta ahora la Agencia Tributaria. El pasado 8 de junio comparecía en la Comisión de Presupuestos de esta Cámara el señor López Carbajo, nuevo director de
la Agencia Tributaria, y los datos que aportaba eran realmente demoledores para las comunidades autónomas, en definitiva, para los ciudadanos que viven en ellas. El pasado día 8, el director de la Agencia Tributaria desvelaba que, como consecuencia
de esa caída en la recaudación tributaria, las comunidades autónomas tendrán que devolver al Estado más de 20.000 millones de euros por los anticipos a cuenta realizados en el año 2009, que superaron con creces la recaudación tributaria real de ese
ejercicio. Además, las comunidades autónomas deberán devolver otros 5.700 millones de euros por este mismo motivo, correspondiente a la liquidación definitiva del año 2008. Los errores del Gobierno en las previsiones de ingresos de los distintos
presupuestos los van a pagar las comunidades autónomas, en definitiva todos los ciudadanos. El Gobierno socialista ha quedado en evidencia con estos datos. Las comunidades autónomas en lugar de disponer de más dinero van recibir menos en los
próximos años, con el agravante de que serán los futuros gobiernos autonómicos que surjan de las urnas de las próximas elecciones autonómicas y municipales los que tendrán que pagar las consecuencias futuras de este absoluto desastre que ha generado
el Gobierno socialista.
El Grupo Parlamentario Popular ya ha dicho, a lo largo de la tramitación legislativa de este nuevo sistema de financiación, que no era el momento de hacer una reforma del sistema de financiación justo cuando las administraciones públicas han
perdido más de la tercera parte de sus ingresos desde el año 2007. ¿Cómo puede tener el Gobierno socialista la desfachatez de prometer a las comunidades autónomas unos recursos adicionales de 11.000 millones de euros cuando los Presupuestos
Generales del Estado del año 2010 les recortaban 10.000 millones de euros? Queda en evidencia, señorías, que el nuevo sistema de financiación se ha hecho en un momento totalmente inoportuno, de espaldas a la crisis y prometiendo un aumento de
recursos a las comunidades autónomas, que ya ha quedado claro que es totalmente falso porque los números hablan por sí solos. Ha quedado claro también que la única oportunidad que buscaba el Gobierno al aprobar este nuevo sistema de financiación
era su propia oportunidad política, su necesidad de contentar a un determinado gobierno autonómico, el tripartito catalán, y a ello han supeditado el interés general de todos los ciudadanos españoles que, como consecuencia de sus errores, de su
oportunismo político y su pésima gestión económica, verán mermada la calidad de nuestro Estado de bienestar y, si no, que se lo pregunten a nuestros pensionistas.
Estos proyectos de ley que hoy debatimos, a la luz de las últimas decisiones tomadas por gobiernos autonómicos socialistas, ponen también en evidencia otra conclusión: el uso que hacen los distintos gobiernos socialistas de esa mayor
capacidad normativa sobre algunos tributos que les atribuyen precisamente estas
leyes. Ese uso consiste para ustedes siempre en lo mismo: en subir impuestos a los ciudadanos. Las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía lo han anunciado recientemente. En Extremadura, el señor Fernández Vara ha anunciado
subidas de impuestos como el impuesto sobre la renta, los impuestos sobre hidrocarburos, el llamado céntimo sanitario o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, al mismo tiempo que se propone recortar las ayudas por nacimiento. Algo parecido
a lo que se propone el señor Griñán en Andalucía, o lo que han hecho ya los socialistas en la comunidad de la que yo procedo, en Cantabria, volviendo a reimplantar el impuesto sobre sucesiones que había suprimido el Gobierno del Partido Popular y
recortando también las ayudas por nacimiento de hijos, que implantó también el Gobierno del Partido Popular, lo contrario de lo que han hecho las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Madrid, La Rioja, Valencia o Murcia rebajaron
a partir de 2007 los tipos del tramo autonómico del impuesto sobre la renta. Son ejemplos claros de dos formas muy diferentes de gobernar: la socialista que derrocha el dinero público, generando déficit, deuda pública y paro, compensando esa mala
gestión con subidas de impuestos a los ciudadanos y recortes del gasto social. Y, por otro lado, lo que propone el Partido Popular: austeridad en el gasto público, equilibrio de las cuentas públicas, en definitiva, una gestión eficaz de nuestros
recursos públicos para generar riqueza y empleo, disponiendo así de más recursos con que atender el gasto social y poder bajar impuestos a los ciudadanos.
Señorías, termino por donde empecé anunciando que el Grupo Parlamentario Popular no votará en contra de estos proyectos de ley por responsabilidad y por respeto a las decisiones que ya se han adoptado en el seno de las comisiones mixtas
Estado-comunidades autónomas. Sin embargo, queremos y debemos denunciar una vez más el nuevo sistema de financiación aprobado por el Gobierno socialista; un sistema, señorías, que no generará más recursos a las comunidades autónomas sino todo lo
contrario; que no garantiza la financiación de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos como la sanidad, la educación y los servicios sociales; que no garantiza la autonomía financiera de las comunidades autónomas porque no premia a
las comunidades autónomas más dinámicas por su buena gestión económica y sus buenas políticas económicas y castiga precisamente a las que bajan impuestos; y, lo peor de todo, un sistema de financiación que no garantiza la igualdad de todos los
españoles vivan en el territorio en el que vivan y que es profundamente insolidario al repartir de forma totalmente arbitraria los 11.000 millones de euros de fondos adicionales mediante fórmulas negociadas con absoluta falta de transparencia y
beneficiando especialmente a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta. En definitiva, un modelo que viene a sustituir en el peor momento económico al anterior que aprobó el Gobierno del Partido Popular y que nació del consenso y la
unanimidad de todas las comunidades autónomas sin excepción, muy lejos del respaldo conseguido por el actual modelo de financiación. Señorías, cuando lo único que se genera desde el Gobierno socialista es paro y ruina económica lo único que se
puede repartir a las comunidades autónomas es esa misma ruina, y los españoles pagarán en el futuro las consecuencias de esta nefasta gestión económica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado once enmiendas a este proyecto de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión. Ya en su momento nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados, en primer lugar, básicamente porque este proyecto de ley representará,
en caso de aprobarse, una gran deslealtad hacia Cataluña, ya que entendemos que incumple flagrantemente el modelo de financiación previsto en el Estatuto de Cataluña. En segundo lugar, porque desde nuestro punto de vista este modelo de financiación
y esta cesión de tributos castiga y penaliza económicamente a Cataluña pues no tiene en cuenta, señorías, el mayor esfuerzo fiscal de los catalanes ya que en lugar de premiar el esfuerzo fiscal, como está previsto en nuestro Estatuto, se nos condena
a incrementar nuestro déficit fiscal en lugar de reducirlo. También otra posición, motivada por la presentación de esta enmienda a la totalidad -que lógicamente después se va a trasladar en enmiendas parciales al articulado-, es que perjudica y va
a empeorar básicamente la calidad de los servicios sociales que se van a dar en Cataluña como dependencia, asistencia social, sanidad y educación porque todos ellos van a disponer de menos recursos económicos ya que no se va a tener en cuenta en
esta cesión de tributos nuestra mayor contribución fiscal a los ingresos generales del Estado con respecto a otras comunidades autónomas.
Finalmente, hay otros aspectos que, en caso de aprobarse -como probablemente va a ocurrir- van a representar un modelo desleal hacia Cataluña. Desde nuestra posición entendemos que engaña y maltrata a Cataluña y a todos los catalanes ya que
no se cumplen diferentes supuestos a los que más adelante me referiré como, por ejemplo, la creación de un consorcio paritario entre la Administración de la Generalitat y la Administración del Estado, que tendría que haberse constituido antes del
año 2008 y que hasta la fecha todavía está por crear. Por lo tanto, sobre estas cuatro grandes consideraciones, hemos presentado once enmiendas que van en esta misma dirección de intentar cambiar diferentes puntos del articulado para que finalmente
este Estatuto se pueda regir por los planteamientos aprobados por las Cortes Generales españolas. En primer lugar, como más relevantes,
hemos presentado unas enmiendas que van en la dirección de prever la capacidad de la comisión mixta para avanzar en la asunción de competencias para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, así como para acordar todos
aquellos mecanismos de cooperación que sean precisos para el adecuado ejercicio de funciones de revisión en vía del Económico-administrativo. También planteamos una serie de enmiendas que van en la dirección de la adecuación a lo previsto en el
Estatuto sobre la capacidad normativa que prevé el actual Estatuto de Cataluña. También hay otras enmiendas que van en la dirección de poder reconocerse en dicho articulado el principio de mayor esfuerzo fiscal, el principio de la aplicación de la
variación de la población inmigrante y poderse aplicar la aplicación de los costes ordinales. Hay también otra enmienda relevante -la número 8- que va en la dirección de que se pueda aplicar, y pueda ser una realidad, que una vez hechas todas las
aportaciones de las diferentes comunidades del Estado según sus ingresos no se pierda el principio de ordinalidad previsto en el Estatuto. Concretamente, en este caso el principio de ordinalidad desgraciadamente se pierde porque Cataluña pierde dos
o tres puestos del ranquin general de renta per cápita una vez hechas las diferentes aportaciones a la tesorería o a los recursos económicos de los ingresos, en este caso del Ministerio de Economía y Hacienda. También hay otras enmiendas que van en
la dirección de contemplar que el incremento de recursos de Cataluña derivado de la previsión de los tributos cedidos establecidos en el Estatuto de acuerdo con estos nuevos porcentajes sea íntegramente respetado, y tampoco lo es en la realidad, así
como también la aplicación de la supletoriedad de las normas relativas a la coordinación de la gestión tributaria en Cataluña. En este sentido también planteamos la posibilidad de que se pueda prever que corresponde a la Comisión mixta de asuntos
económicos y fiscales del Estado-Generalitat de Cataluña establecer todos los mecanismos bilaterales de valoración por aplicación del principio de lealtad institucional, al mismo tiempo que planteamos la posibilidad de contemplar que la
actualización quinquenal del sistema de financiación y su aprobación corresponde a la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat.
Finalmente, hay otra cuestión que ha motivado mi intervención inicial, como es la creación del consorcio de la Administración tributaria de Cataluña y el mandato a la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales del Estado-Generalitat de
Cataluña para que en un plazo de seis meses después de la aprobación de sus estatutos -han pasado casi dos años y todavía no se ha creado esta Comisión mixta- acuerde las medidas necesarias para alcanzar la gestión consorciada del catastro
inmobiliario en Cataluña por parte de la Administración General del Estado, de la Generalitat de Cataluña y de todos los municipios. Finalmente, la creación de los fondos económicos destinados a las inversiones del Estado en Cataluña
correspondientes a la diferencia respecto a la suma total prevista en los Presupuestos Generales del Estado del año 2007 ya liquidado, 2008 y 2010 de acuerdo con la disposición adicional tercera del Estatuto, porque existen unas diferencias entre lo
presupuestado y lo liquidado, cantidades que suponen alrededor de 2.500 millones de euros.
Estas son básicamente las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto intervendrá el diputado del BNG señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Como ya expusimos en el debate de la reforma de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y de la ley complementaria creemos, en primer lugar, que con el nuevo sistema no se asegura la
suficiencia financiera de Galicia sobre todo debido a la infraponderación del peso que determinados factores tienen en el coste real de los servicios públicos, como es el caso de la dispersión y el envejecimiento de la población. En segundo lugar,
el nuevo sistema atenta contra el principio de equidad. En tercer lugar, es un sistema más complejo y opaco y por lo tanto menos transparente, incrementando la discrecionalidad del Estado a la hora de asignar recursos a las comunidades autónomas.
Además, con esta reforma no se avanza de manera significativa en la autonomía y corresponsabilidad fiscal. Esta última razón es la que motiva la única enmienda que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego al proyecto de ley de régimen de cesión
de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia. En esta enmienda proponemos elevar los porcentajes de cesión sobre el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, estableciéndolo para todos ellos en el 82 por ciento. ¿Cuál es la razón,
señorías? Voy a centrar mi exposición en explicar el porqué de esta enmienda.
Con la reforma que estamos debatiendo se opta en gran medida por generalizar al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común los porcentajes de cesión establecidos en el Estatut de Cataluña. A nosotros el Estatut de Cataluña nos
merece pleno respeto, pero entendemos -y lo que voy a decir creo que es una obviedad- que el Estatut de Cataluña es de aplicación para Cataluña, no puede ser de aplicación para el conjunto de las comunidades autónomas. Y, ¿qué ocurre? Ocurre que
en una coyuntura económica normal, con las recaudaciones normales, con estos porcentajes de cesión, algunas comunidades podrán autofinanciar en gran medida las competencias que tienen atribuidas, pero en Galicia con estos porcentajes y según
distintos estudios solo se cubrirá el 66 por ciento de sus necesidades de financiación, teniendo que recurrir, por tanto, para cubrir sus necesidades financieras al resto de mecanismos contemplados en la reforma del sistema de financiación
autonómica.
Con este modelo, desde nuestro punto de vista, se proyecta la falsa imagen de que Galicia es estructuralmente deficitaria y que está necesitada del auxilio permanente del Estado, al tomarse como referencia para evaluar su capacidad fiscal,
su capacidad recaudadora, única y exclusivamente los porcentajes cedidos en materia de IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, no el conjunto de lo que recauda el Estado en Galicia por los distintos conceptos impositivos. Si tomamos como
referencia lo que recauda el Estado en Galicia por los distintos conceptos impositivos, partiendo de los datos de la última liquidación publicada -la del año 2007- nos encontramos con que el Estado recauda en Galicia 12.500 millones de euros y
transfiere a Galicia para cubrir las necesidades de financiación de la comunidad autónoma 8.100 millones de euros, realidad que contrasta de manera evidente y palmaria con la falsa imagen que se pretende proyectar de una Galicia deficitaria y
necesitada del auxilio permanente del Estado.
El Bloque Nacionalista Galego considera que en el Estado español hay una contradicción: es un Estado con un alto grado de descentralización en el gasto, pero sigue siendo un Estado enormemente centralizado en los ingresos. Creemos que
sería muchísimo más congruente avanzar hacia un modelo de plena territorialización de los tributos, que es perfectamente compatible con que las comunidades autónomas, a través de parámetros previamente convenidos, contribuyan en la parte que les
corresponda al sostenimiento del Estado común y también es perfectamente compatible con articular mecanismos de corrección de las desigualdades interterritoriales. Este modelo de plena territorialización de los tributos introduciría muchísima más
transparencia y al mismo tiempo significaría avanzar de manera real, de manera clara, en la autonomía y la corresponsabilización fiscal por parte de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, nosotros creemos que por lo menos lo lógico sería establecer para cada comunidad autónoma una cesta propia de impuestos, tanto propios como cedidos, que cubriese sus necesidades de financiación.
Creemos que hay que buscar
la igualdad en el punto de llegada, en la resultante final, para asegurar las necesidades de financiación de cada una de las comunidades autónomas; no establecer la igualdad, como pretende esta reforma, en el punto de partida. Esta es la razón que
motiva la enmienda que hemos presentado al proyecto de ley de régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, pero diré para concluir que la única intención del Bloque Nacionalista Galego a la hora de presentar esta
enmienda era dejar constancia de nuestra discrepancia con el modelo, dejar constancia de que desde nuestro punto de vista es posible un modelo alternativo, un modelo que sí asegure la suficiencia económica de nuestra comunidad y avance de manera más
real en autonomía y corresponsabilidad fiscal. En cualquier caso, como entendemos que este es un debate en gran medida ya sustanciado en el trámite de reforma de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y la ley complementaria y
estamos hablando de un proyecto de cesión de tributos que tiene el acuerdo de la comunidad autónoma sustanciado en el marco de la Comisión mixta Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, no vamos a obstruir que se pueda aprobar, pese
a nuestras discrepancias, y por tanto hago constar que, hecha esta defensa de nuestra enmienda, la retiro para su votación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señorías, los proyectos que hoy debatimos son el último trámite necesario para cumplimentar el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, de acuerdo con lo que está previsto en la Lofca y según el
procedimiento seguido en todos los sistemas pactados hasta el momento desde 1980, en que se aprobó la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. El mismo procedimiento, señora Madrazo, por tanto, concédale al menos la misma
transparencia y la misma igualdad de trato que en la negociación de sistemas anteriores, sistemas anteriores que algunos de los que estábamos aquí entonces sí recordamos cómo se gestaron y cómo se presionó a muchas de las comunidades autónomas para
que aceptaran aquel modelo, un modelo que muy pronto se manifestó insuficiente y necesaria su reforma con una reclamación casi unánime de todas las comunidades autónomas para que el Gobierno de la nación abordara la transformación de dicho modelo.
Digo que se presionó y se chantajeó incluso a muchas comunidades autónomas. ¿Sabe con qué elemento, señora Madrazo? Con la necesidad de las transferencias sanitarias a todas aquellas comunidades autónomas que no tenían todavía las transferencias
sanitarias. Se obligó a la aceptación de esas transferencias en el mismo momento que se firmaba el nuevo sistema de financiación autonómica. Ese fue el gran elemento transparente y de convicción que utilizó el Partido Popular cuando estaba
gobernando, para que las comunidades aceptaran ese modelo.
Es verdad que el proceso ha sido largo, precisamente porque ha sido un proceso transparente y para convencer y que lo aceptaran a todas las comunidades autónomas; un proceso largo de negociaciones bilaterales y multilaterales que alcanzó un
acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 15 de junio de 2009, que conllevó la elaboración y la aprobación por esta Cámara de las leyes de reforma de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y de la
aceptación expresa por esas comunidades del nuevo sistema de financiación en las respectivas comisiones mixtas entre el Estado y las comunidades autónomas, celebradas los días 21 y 22 de diciembre de 2009. Estos proyectos de ley que el Gobierno ha
trasladado a las Cortes para su aprobación, los que hoy debatimos, responden, por tanto, al acuerdo alcanzado con cada una de las comunidades en su respectiva comisión mixta y en dichos acuerdos se
incluía el texto íntegro de los respectivos proyectos de ley que hoy vamos a aprobar. Cada uno de estos proyectos de ley es a su vez la traslación a cada comunidad de los acuerdos globales que se han aprobado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que ha ejercido, tal como le corresponde, tal como le otorga la ley, la función de coordinación y de estabilidad, garantizando que los acuerdos se basaran en los principios de equidad, de igualdad y de solidaridad entre todos
los territorios y para con los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan.
Esta ha sido la manera más clara de garantizar estos principios: el acuerdo que se alcanzó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Señorías, no se
puede afirmar que el nuevo método de financiación autonómica es producto exclusivo de las negociaciones bilaterales con una sola comunidad. ¿Creen realmente ustedes que el resto de las comunidades autónomas son menores de edad y no han sido capaces
de defender sus propios intereses como gobierno, como autoridad y los intereses de sus propios ciudadanos? En todo el proceso ha habido contactos bilaterales con todas las comunidades para poder articular un acuerdo particular que hoy se ve
trasladado a la ley, y ha habido conversaciones y negociaciones entre todos -como les decía- dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sin duda han sido decisivas para por poder configurar un modelo que finalmente todas y cada una de
las comunidades pueden suscribir, porque entienden que ha sido el mejor modelo posible en estos momentos para el conjunto del Estado, pero también el que mejor puede dar respuesta a los intereses y a las necesidades peculiares y particulares de cada
comunidad autónoma.
Señorías, no tiene mucho sentido volver a repetir aquí los debates y argumentos que se produjeron con anterioridad en esta Comisión y en el Pleno con motivo de la aprobación de la Ley orgánica 3/2009 y de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
que establecieron el nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas. Estos proyectos de ley -quince, uno para cada comunidad de régimen común- de cesión de tributos se limitan, y no es poco, a dar rango de ley a los acuerdos de las
comisiones mixtas Estado-comunidades, constituyendo una actuación obligada para el Gobierno, que ha de cumplir con lo acordado en dichas comisiones mixtas, y no significa ninguna modificación del sistema de financiación ya aprobado. Este nuevo
modelo y estas leyes que hoy vamos a aprobar significan la concesión de una gran autonomía financiera y una gran capacidad normativa a todas las comunidades autónomas. Se pasa a un porcentaje de cesión de tributos del 50 por ciento en el IRPF y en
el IVA, y del 58 por ciento en los impuestos especiales. Al mismo tiempo se establece un nuevo alcance normativo con una capacidad importante, sobre todo en lo referido al IRPF, en el que se establece, por una parte, la obligación de legislar de
todas las comunidades autónomas con efecto de enero de 2001, en lo que se refiere al tramo autonómico, pero se aumenta también prácticamente sin límites la capacidad normativa de este impuesto en lo que se refiere al tramo autonómico por parte de
todas las comunidades autónomas, salvando fundamentalmente el principio de progresividad. Se aumenta también, y no es menos importante, la capacidad de competencia en la resolución de las reclamaciones económicas administrativas que podrán ejercer
las comunidades autónomas.
Me referiré a continuación, señor presidente, a las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. En relación con las presentadas por el Grupo Popular a la exposición de motivos, no acabo realmente de entender muy bien por
qué quieren que se suprima la expresión se ha clarificado y perfeccionado la definición del principio de lealtad institucional, tal como aparece en su primera enmienda, y tampoco entiendo muy bien por qué quieren suprimir el párrafo que hace
referencia a los ejes y al alcance del nuevo sistema de financiación, definiendo como ejes básicos el refuerzo del Estado del bienestar dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, el incremento de la equidad y la suficiencia de la financiación
del conjunto de las competencias autonómicas, el aumento de la autonomía y de la corresponsabilidad fiscal, la mejora de los principios de solidaridad y de igualdad y la estabilidad en el conjunto del sistema. No comprendo por qué piden la retirada
de estos términos y de estas expresiones de la exposición de motivos del proyecto de ley. La única explicación que puedo encontrar es el peculiar sentido de la lealtad institucional que tienen y que ejercen ustedes cuando permanentemente anteponen
sus intereses partidarios a los de los ciudadanos o el peculiar sentido que le dan a la autonomía política y económica que estas leyes confieren a los gobiernos autonómicos, también a los del Partido Popular, que han aprobado íntegramente estos
párrafos que hoy quieren suprimir.
Partimos de un principio de igualdad entre todos los territorios, pero al mismo tiempo se otorga la capacidad y la autonomía económica a cada uno de ellos para abordar de la mejor manera posible la financiación de los servicios públicos que
prestan. Algunas de las comunidades autónomas ya han anunciado que van a ejercer estos derechos y que van a hacer uso de la capacidad normativa que les confieren estas leyes en la regulación del tramo autonómico del IRPF. En estas semanas de
atrás, como usted ha mencionado, hemos visto algo realmente insólito en cuanto a la falta de respeto a los gobiernos elegidos democráticamente por las comunidades autónomas en relación con su partido político, y en concreto a la intervención del
señor Rajoy desde Génova prohibiendo a los gobiernos autonómicos del Partido Popular ejercer ese derecho en la capacidad normativa del IRPF y hacer modificaciones al respecto haciendo el uso legítimo de la capacidad que le otorga la ley. Ha sido,
sin duda, una decisión autoritaria que pone de manifiesto el poco respeto que tienen ustedes por los gobiernos autonómicos, por las leyes que les confieren esas capacidades y por los ciudadanos que les han votado. Pero, al mismo tiempo, señorías,
señora Madrazo, que se producía esa instrucción del señor Rajoy, había
otros responsables políticos del Partido Popular, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, que decía durante el debate del estado de la comunidad, en un ejercicio de sensatez y de responsabilidad política, lo siguiente:
La región está enferma, pero no en situación terminal. El Partido Popular no quiere ser el problema, sino parte de la solución. El presidente de Extremadura ha contado con nuestro apoyo, renunciando nosotros incluso a nuestros propios
planteamientos. Lo que esperamos ahora es que todas las medidas aprobadas a favor de la incentivación de la economía y el ahorro del gasto público se cumplan.
Creo que sobran los comentarios, pero le diré que actitudes como esta son las que están
esperando de ustedes, no los partidos políticos representados en esta Cámara, sino todos los ciudadanos de este país.
Espero que en algún momento lo entiendan. No es el Partido Socialista, no es el Gobierno socialista, el que está esperando este
cambio de actitud hacia posiciones más responsables del Partido Popular, es el país, son los españoles los que están esperando este giro, este cambio, por parte de ustedes.
Señor presidente, en relación con la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego que considera que no se debe otorgar con carácter general a las comunidades autónomas, en este caso referido a Galicia, el mismo trato en la cesión de
tributos y que debe ser cada comunidad autónoma la que independientemente decida el porcentaje de cesión de impuestos en relación al IRPF, al IVA y a los impuestos especiales, pasando, como se pide en este caso para Galicia, de un porcentaje del 50
ó 58 por ciento al 82 por ciento en todos los casos. No podemos aceptar esta enmienda por varias razones. En primer lugar, porque sería contrario a lo aprobado en la Lofca y en la nueva redacción de la reforma de la Ley 3 y la Ley 22, de 18 de
diciembre de 2009, donde se establecen los aspectos normativos recogidos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y los nuevos porcentajes de cesión de tributos para estos impuestos. En segundo lugar, porque, como usted sabe,
señor Jorquera, el pleno de la Comisión mixta Estado-Comunidad de Galicia, que se celebró el 21 de diciembre de 2009, aceptó como propio el sistema de financiación para Galicia y expresamente los nuevos porcentajes de cesión de estos tributos. El
propio Estatuto de Galicia establece con relación a los tributos cedidos que se podrán modificar mediante acuerdo del Gobierno con la comunidad autónoma y que este acuerdo tendrá que ser tramitado por el Gobierno de la nación como proyecto de ley.
Esto es lo que recoge expresamente el Estatuto gallego. Por tanto, esta ley de cesión de tributos para Galicia, al igual que para el resto de las comunidades, se limita a fijar el alcance y las condiciones de la cesión de los mismos en iguales
términos que se ha acordado en la Comisión mixta. También en este caso, como en todos los demás, el acuerdo de la Comisión mixta que ha firmado cada comunidad autónoma incluía íntegramente el texto del proyecto de ley que hoy vamos a aprobar. En
tercer lugar, no podemos aceptar la enmienda porque significaría aceptar una capacidad unilateral de cada comunidad autónoma, aunque en este caso se refiera solo a Galicia, para establecer el alcance y las condiciones de la cesión de los tributos
del Estado. Ello significaría clarísimamente una ruptura de los principios básicos de la igualdad, de la equidad y de la coordinación debida entre todas las comunidades, consagrados en nuestro bloque constitucional. El sistema de financiación es
muy complejo porque requiere de esos acuerdos parciales y comunes entre cada una de las comunidades y el conjunto de ellas entre sí y entre el Estado.
Las enmiendas 5 y 6 de Convergència proponen que se faculte a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos para poder atribuir a las comunidades autónomas, en este caso a Cataluña, competencias normativas distintas de las que establece la Ley 22,
de 18 de diciembre, a la que antes he aludido, por la que se regula el sistema de financiación autonómica. Como saben ustedes, y como sabe el señor Sánchez Llibre, esta ley plasma los aspectos normativos recogidos en el acuerdo. En concreto, el
artículo 19 recoge las competencias normativas que las comunidades autónomas pueden asumir en materia de tributos cedidos, y es la ley quien contempla la forma de asignar y de aceptar estas competencias. En la Comisión mixta del día 22 de
diciembre, Cataluña aceptó expresamente el alcance de las competencias en cesión de tributos, y el propio Estatuto catalán establece también en su disposición adicional séptima que el alcance y las condiciones de la cesión de tributos se
establecerán por la Comisión mixta y que el Gobierno lo tramitará como proyecto de ley, que es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la enmienda es contraria a todo el bloque constitucional del que forman parte la Lofca y la Ley de Financiación
recientemente aprobada, en diciembre de 2009, y al acuerdo de la Comisión mixta Estado-Generalitat. Además, existe una sentencia de 2007 del Tribunal Constitucional que señala literalmente que la autonomía financiera ha de tener en cuenta los
principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles y que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que le corresponde la coordinación entre la actividad financiera de las comunidades y la Hacienda
del Estado. También se refiere a la Comisión mixta cuando la sentencia del Constitucional dice literalmente: No puede ignorar el marco de cooperación interterritorial que debe ser respetado y reconoce que las comisiones mixtas son órganos
bilaterales específicamente previstos para concretar la aplicación a cada comunidad de los criterios acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, señor Sánchez i Llibre, queda claro que no se pueden atribuir a una comunidad
autónoma competencias distintas de las que se han acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, previamente, están establecidas por la Lofca.
Las enmiendas 7 y siguientes -la 7 se refiere al Fondo de garantía de servicios públicos y al cálculo de participación de Cataluña en dicho fondo, la 8 al Fondo
de competitividad, la 9 a los mecanismos de nivelación, la 10 y la 14 a la creación del consorcio paritario entre la Agencia Tributaria del Estado y la de Cataluña-, todas quieren dar la vuelta a las leyes vigentes para conseguir lo que no
han podido obtener a través de las mismas y pretenden ignorarlas, como si estas normas no existieran. Los acuerdos adoptados por la Generalitat de Catalunya con el Estado y con otras comunidades son la materia de norma y la materia de ley que hoy,
finalmente, trasladamos en el debate y aprobación en esta Comisión al texto normativo que nos va a regir a todos. Lamento que no esté aquí el señor Sánchez i Llibre porque quería decirle que no todo vale, porque lo que no vale -y estoy segura de
que él lo compartiría- es que cuando un acuerdo no nos gusta, no estamos de acuerdo con él -como es el caso, no le gusta el acuerdo al que ha llegado la Generalitat con el Estado y con el resto de comunidades- queramos cambiar las reglas del juego
comunes que todos nos hemos dado y aceptado para poder conseguir los objetivos que pretende.
Nos parece que eso no es lícito, ya que las reglas de juego tienen que ser las mismas para todos y más en este caso concreto que esas normas de juego
tienen categoría de leyes y han sido aprobadas recientemente por esta Cámara. Por todo ello, no vamos a votar a favor de estas enmiendas, ya que si lo hiciéramos estaríamos claramente dándole la razón a los argumentos que planteaba la portavoz del
Grupo Popular, la señora Madrazo, cuando decía que este sistema de financiación está basado en un acuerdo bilateral con Cataluña. La muestra más clara de que esto no es así son las enmiendas que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, la
defensa que ha hecho de ellas y los principios en los que están basadas.
Señor presidente, para finalizar quiero decir que con la aprobación de estas leyes concluimos la creación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que es un pilar fundamental y básico en nuestro Estado autonómico. Este nuevo modelo ha
sido largo y complejo en su gestación pero, sin duda, es un sistema más igualitario, más transparente y que adopta medidas claras para paliar las insuficiencias del modelo anterior; modelo que fue cuestionado unánimemente por todos los gobiernos
autonómicos en el momento en que se conoció su primera liquidación, correspondiente al año 2001. Dicha liquidación, por cierto, no se conoció hasta el año 2004; tuvieron que pasar tres años desde la entrada en vigor del sistema para que se
conociera la primera liquidación. En el momento en que se conoció se evidenció claramente cuáles eran sus carencias, no solamente en cuanto a la cuantía de los recursos disponibles, sino porque no establecía mecanismos que permitieran su
actualización, con lo que las carencias se fueron agravando con el paso del tiempo. No se reconocía ni el crecimiento de la población -que en este periodo fue de 6 millones de habitantes más en nuestro país- ni su dispersión ni la insularidad ni la
incorporación de la población escolar ni el envejecimiento de la población.
Por cierto, señora Madrazo, quiero decirle dos cosas. Por un lado, usted sabe que el Estado ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para facilitar a los gobiernos autonómicos la
devolución que tienen que hacer por la disminución de ingresos que han tenido en la participación de ingresos del Estado durante los ejercicios 2008 y 2009. Las cantidades que se han liquidado, y a las que hacía usted referencia antes, corresponden
al anterior sistema, no al actual son las correspondientes a los años 2008 y 2009. Precisamente ha habido un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que la devolución de esas liquidaciones negativas se fraccione y se atrase en el
tiempo, de manera que no tengan que devolverlas en el ejercicio 2010, tal y como estaba previsto. No son fallos del nuevo sistema que ahora estamos aprobando, son la pérdida de ingresos que todo el Estado ha tenido. Las entregas a cuenta no han
sido falsas previsiones, sino que los acuerdos que había de entregas a cuenta del Gobierno a las comunidades autónomas se han cumplido tal y como estaban establecidas. Eran entregas a cuenta prácticamente del cien por cien de los ingresos
tributarios que corresponden al Estado. Por eso, al disminuirse esos ingresos -y usted lo sabe perfectamente-, las transferencias del Estado a las comunidades autónomas han sido superiores a lo que finalmente les ha correspondido y se ha visto en
esas liquidaciones. Por lo tanto, señoría, esta es una buena razón para entender y no para rechazar este nuevo sistema. Este nuevo sistema va a significar una mayor aportación, de cerca de 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas, en
una situación de dificultad y de crisis, así que, ¿puede decirme, si estuviéramos con el anterior sistema, cómo iban las comunidades autónomas a poder solventar sus problemas de financiación? ¿Con qué recursos iban a poder hacer frente a los
servicios que tienen que prestar con un sistema absolutamente insuficiente y con graves carencias, como las propias comunidades autónomas nos habían manifestado?
Señorías, culminamos así, como les decía, un proceso de negociación y de acuerdos bilaterales y multilaterales en los que se han respetado y considerado los nuevos estatutos de autonomía, que otorgan un consistente fortalecimiento y
estabilidad al Estado de las autonomías,porque se fortalece la equidad, la solidaridad en el conjunto del Estado y la suficiencia y corresponsabilidad financiera de todas las comunidades autónomas. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, yo creo que no ha habido una alusión pero, como disponemos de un poco de tiempo -y ha de ser consciente de que si usted interviene lo hará también la señora Pozuelo-, estrictamente dos minutos para cada
intervención.
La señora MADRAZO DÍAZ: Quería hacer tres breves puntualizaciones a la señora Pozuelo. En primer lugar, acaba de afirmar que las liquidaciones negativas
como consecuencia de la bajada de la recaudación tributaria son debidas al anterior sistema de financiación. Quería puntualizar que no es así, esas liquidaciones negativas se deben a lo mal que ha presupuestado el Gobierno socialista los
ingresos públicos. Como en los años 2008 y 2009 previeron unos ingresos inflados porque para ustedes no había crisis, las comunidades autónomas tienen ahora que devolver ese dinero. Por otro lado, decía que no entendía las enmiendas que presenta
el Grupo Popular.
Yo se lo explico: porque nos parece que en la exposición de motivos de estas leyes de cesión de tributos no es necesario hacer esa referencia al sistema de financiación, pues la única finalidad de estas leyes es fijar el alcance
y las condiciones de la cesión de los tributos.
Ha dicho que nuestro presidente, el señor Rajoy, ha prohibido a las comunidades autónomas subir impuestos y quiero rebatírselo. Para prohibir cosas están ustedes; nosotros somos menos aficionados a prohibir. Lo que hace el señor Rajoy es
simplemente coordinar las políticas fiscales de las comunidades autónomas (Un señor diputado: Ah, bueno, vale.), y las políticas fiscales del Partido Popular siempre consisten en lo mismo, en bajar impuestos (La señora Colldeforns i Sol: Para
bajar los gastos.), al contrario que ustedes, porque para el Partido Popular aumentar impuestos en situación de crisis contrae la actividad económica y el consumo y al final agrava el problema.
El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señora Madrazo, usted misma reconoce que estamos hablando de la liquidación de los años 2008 y 2009; dos ejercicios económicos en los que estaba vigente el anterior modelo de financiación autonómica. En segundo
lugar, no es cuestión de que estuviera mejor o peor presupuestado; estamos hablando de que en esta liquidación lo que hace el Estado es transferir a las comunidades autónomas, según el acuerdo que había establecido hasta ese momento, prácticamente
el cien por cien de su participación en los ingresos tributarios del Estado. Como los ingresos del Estado se han reducido -evidentemente se han reducido y no por la mejor o peor presupuestación del Gobierno de la nación, sino porque estamos en una
seria crisis y los ingresos del Estado se han venido abajo-, la participación en los ingresos del Estado que tienen las comunidades autónomas, la parte correlativa que les corresponde también se ha reducido. Por eso la liquidación que se presenta
de esos dos ejercicios es una liquidación negativa, y por eso precisamente, para que tenga un menor impacto en las cuentas autonómicas, el Estado ha ofrecido a las comunidades autónomas la posibilidad de fraccionar y aplazar en el tiempo la
devolución de esa liquidación negativa para las comunidades autónomas, para que no tuviera todo su impacto en el ejercicio 2010, que ha sido y está siendo un ejercicio en el que se vive una situación de crisis económica importante.
Por último, cuando se refiere la señora Madrazo a que el señor Rajoy coordina pero no prohíbe, creo que solamente hay que ver cómo se han recibido esas instrucciones. Si usted quiere que yo no utilice la palabra prohibición, le diré que son
instrucciones de autoridad. Con la autoridad que tiene conferida el señor Rajoy, ha dado instrucciones a sus comunidades autónomas para que no hagan ejercicio de la capacidad legal que tienen en el uso de su capacidad normativa. Eso es así, y
luego se puede llamar o interpretar como se quiera.
El señor PRESIDENTE: Interrumpimos la reunión hasta las once y cuarto en punto, cuando procederemos a las votaciones. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, procede ratificar las ponencias de los 15 proyectos de ley. Haremos esta ratificación global.
¿Están de acuerdo? (Asentimiento.) Quedan ratificadas.
Ahora tendremos que votar cada uno de los proyectos de ley con las correspondientes enmiendas, que es el método que corresponde. En primer lugar, sobre el primer proyecto de ley, el que está referido a Andalucía, tenemos las dos enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular que votamos conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Tenemos que votar ahora el informe correspondiente a la ponencia de este proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El segundo proyecto de ley es el referido a la Comunidad Autónoma de Aragón. Igualmente hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Cataluña. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán que se votan en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, uno; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Galicia. Dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Madrid. Dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Autónoma de Murcia. Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Proyecto de ley referido a la Comunidad Valenciana. Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la mañana.