Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 556, de 25/05/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 556
POLÍTICA TERRITORIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
Sesión núm. 12
celebrada el martes, 25 de mayo de 2010
ORDEN DEL DÍA:
- Relativa a la aplicación del artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, para que el Gobierno disuelva las corporaciones locales gobernadas por Acción Nacionalista Vasca. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000088.) ... (Página 2)
- Sobre la mejora de la financiación de los entes locales. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000411.) ... (Página 8)
- Relativa a la reforma del gobierno local y su financiación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000872.) ... (Página 15)
- Relativa a la reforma del gobierno local y su financiación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001236.) ... (Página 15)
- Relativa a la solicitud de devolución y abono del impuesto sobre bienes inmuebles de la base naval al Ayuntamiento de Rota (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000990.) ...
- Sobre la promoción de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001722.) ... (Página 21)
- Sobre el papel de las administraciones territoriales en la estrategia europea 2020. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001723.) ... (Página 23)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, PARA QUE EL GOBIERNO DISUELVA LAS CORPORACIONES LOCALES GOBERNADAS POR ACCIÓN NACIONALISTA VASCA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000088.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Comenzamos el orden del día con la proposición no de ley relativa a la aplicación del artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, para que el Gobierno disuelva las corporaciones locales gobernadas
por Acción Nacionalista Vasca, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señorías, como verán, se trata de debatir en esta comisión una proposición no de ley presentada el 20 de mayo de 2008; una proposición no de ley que dio origen a una interpelación al Gobierno y a una posterior
moción discutida en el plenario de las Cortes el 16 de diciembre de 2008. ¿Qué se pide? Se pide que el Gobierno de la nación aplique todos los instrumentos legales y del Estado de derecho para revocar una situación indigna, indigna desde el punto
de vista democrático, indigna desde el punto de vista de los derechos humanos, indigna desde el punto de vista del respeto a las víctimas y, además, que se compadece mal con las resoluciones del Supremo y del Constitucional respecto a este grupo
político llamado Acción Nacionalista Vasca, que fue declarado por ambos altos tribunales como parte de la organización terrorista ETA.
Se pide al Gobierno de la nación, como se hizo cuando se redactó esta proposición no de ley -insisto, en mayo de 2008- y, posteriormente, en la moción de 16 de diciembre de 2008, que el Consejo de Ministros utilice la ley vigente, en este
caso la Ley reguladora de las bases del régimen local, para disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, y
que viene explicitado y explicado en el segundo apartado de este mismo artículo número 61, que dice que se considerarán en todo caso decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior los
acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen y los que menosprecien o
humillen a las víctimas o a sus familiares.
Se pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que utilice no solamente este artículo de la ley que ya he mencionado, sino a que respete, utilizándola, la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, una ley que lleva por nombre -y
esto tiene su importancia- para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales; que respete la ley y que respete también la voluntad del legislador, que llamó a la ley de esta manera, para la garantía de la
democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.
Señorías, no estoy planteando un debate viejo. Habrá quien pueda pensar, si no entra en el fondo de la cuestión, que una proposición no de ley presentada hace más de dos años debería haber caducado por haber caducado el objetivo político de
la misma. Nada le gustaría más a esta diputada que eso fuera así. Nada me gustaría más que en la reunión para conformar el debate del orden del día de hoy, pudiera haber dicho: no, esta PNL ya está resuelta, o bien porque ha sido aceptada en el
trámite de moción que antes les reseñé -el 16 de diciembre de 2008- o bien porque el Gobierno de la nación ha cumplido con su obligación, o por la vía que solicito
nuevamente en esta proposición no de ley o por otra vía alternativa.
Quiero recordar que el día que se debatió la interpelación y el día que se debatió la moción, el 16 de diciembre del año 2008, el Gobierno en la interpelación y el Grupo Socialista en la moción le dijeron a esta diputada que no era ese el
trámite, que no era esa la ley que se debería utilizar -cuestión que no comparto- pero, sobre todo, lo que dijeron es que estaban dispuestos a modificar las leyes para cambiar la situación que denuncio en esta proposición no de ley. Hace dos años
el Gobierno de la nación nos dijo que iba a cambiar la legislación para revocar esta situación de indignidad desde el punto de vista democrático. No solamente no aceptaron la filosofía que da origen a esta proposición no de ley, sino que tampoco
han hecho las modificaciones legislativas. Ciertamente, las han anunciado y ciertamente el Consejo de Ministros dijo que iba a remitir a la Comisión Constitucional, si no recuerdo mal, las modificaciones legislativas para fundamentalmente en este
caso impedir que se reprodujeran estas situaciones en el futuro, pero, por lo que yo conozco, esa remisión al Parlamento todavía no se ha producido. Por tanto, el Gobierno no solamente no utiliza los instrumentos que tiene en su mano, el Grupo
Socialista no solo no rechaza que no se utilicen los instrumentos que el Gobierno tiene en su mano, sino que no promueve la modificación de la ley, dando por bueno el criterio del Gobierno de que con esta no se puede, pero que habría que hacer otra,
para modificar esta situación de indignidad.
Señorías, esta proposición no de ley no solamente es plenamente vigente porque no se haya hecho lo que a mi juicio se tiene que hacer, sino porque en Euskadi y en Navarra existe un mapa que se podría definir como el mapa de la indignidad.
Es este mapa que con anterioridad también se lo he enseñado a ustedes. (Muestra un mapa.) Es el mapa en el que se ven dentro del País Vasco y de Navarra los municipios que están gobernados por una organización que los tribunales españoles, no la
diputada Rosa Díez o cualquier partido político con una determinada opinión, han determinado que son terroristas, que es una organización terrorista. Es este mapa, insisto, 42 ayuntamientos gobernados por una organización que el Supremo y el
Constitucional han dicho que es una organización terrorista. Hay que terminar con este mapa de indignidad. De la misma manera que ponemos nombre a las víctimas para que no sean un número, hay que poner nombre también a los victimarios, nombre de
organización política que se ha determinado por los tribunales que es una organización terrorista. Hay que terminar con esta indignidad democrática. No quiero hablar del pasado, no quiero referirme -ni lo haré- a por qué están o dejan de estar en
estos municipios. Ese no es el debate de hoy; el debate de hoy es qué tenemos que hacer para que no sigan un año más gobernando a los ciudadanos libres organizaciones terroristas. Qué tenemos que hacer para que esta indignidad no se siga
produciendo, para que no estén en los ayuntamientos, en las corporaciones democráticas los enemigos de la democracia, los que son enemigos jurados de la democracia. No es una consideración de carácter ideológico como todas SS.SS. saben, esto es
que somos los demócratas, todos los que estamos aquí -votemos lo que votemos al final sobre la proposición no de ley-, y luego están los enemigos de la democracia. Hay que revocar esta situación de indignidad democrática, hay que cambiar, hay que
acabar con esta situación. Para eso lo que pido al grupo mayoritario y naturalmente a los portavoces de los demás grupos que están aquí presentes es que reconsideren su posición y utilicen la ley, todas las leyes y el Estado de derecho para
defender al Estado de derecho y para defender a los ciudadanos.
No quiero pensar lo que nos perturbaría y lo que sufriríamos todos -insisto, los que vamos a votar a favor y los que van a votar en contra- si desde alguno de estos focos de la maldad, donde están los malos gobernando, se organizara algún
atentado contra los buenos. No quiero imaginar qué pensaríamos todos nosotros si por no haber actuado les estuviéramos dando instrumentos para utilizar con más facilidad toda su maldad para terminar con los buenos, con los demócratas, con los que,
en definitiva, no defendemos más que la libertad de expresión y las sociedades libres y plurales. Por eso les pido su voto y sobre todo su reflexión sobre esta proposición no de ley y anuncio en este trámite -les voy a pedir que me disculpen porque
a las doce tendré que marcharme-, en esta primera y última intervención, que acepto la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, que consiste en añadir un segundo punto en el que lo que se busca precisamente es que no se reproduzcan en el futuro
situaciones como esta a la que nos ha llevado el pasado. Acepto esa enmienda en sus propios términos y pediré por tanto que se vote la proposición no de ley con la incorporación de esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: Como acabamos de oír, se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra don Eugenio Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Mi grupo va a votar a favor de la iniciativa presentada por doña Rosa Díez. Como ella misma ha dicho, hemos presentado una enmienda de adición que constituye un lógico corolario al planteamiento y al contenido
de la iniciativa de la diputada. Estamos completamente de acuerdo con el contenido de la iniciativa porque es la misma posición que venimos manteniendo reiteradamente. En coherencia con ello y proyectándolo hacia el futuro, tiene sentido nuestra
enmienda, que se compone de dos elementos a mi juicio complementarios esencialmente.
Señores diputados, que todavía a estas alturas 42 municipios de España estén gobernados por individuos de un partido político disuelto por formar parte de la trama terrorista de ETA es incomprensible jurídicamente, es humillante para
cualquier español, es una ofensa a las
víctimas y es inaceptable para una democracia que se basa en el Estado de derecho. A mí, señores diputados, me produce bochorno y vergüenza que se siga manteniendo esta monstruosa anomalía en una democracia, porque parece que estamos
consintiéndola o que nos consideramos impotentes para resolver esta situación. Es tan monstruosa la anomalía que, en todo caso, demuestra que estamos en una democracia enferma.
La posición de mi partido es pública y notoria y la voy a repetir sintéticamente. No hay otra solución frente al terrorismo etarra que su derrota completa, que expulsarlo de la historia como se hizo con los nazis, y esa derrota requiere dos
elementos, el primero, las medidas policiales y judiciales, siempre con las reglas y principios del Estado de derecho -los éxitos policiales a los que estamos asistiendo merecen nuestro apoyo, nuestro aplauso y nos parecen muy importantes para
caminar hacia la derrota de ETA-; el segundo punto consiste en apartar de todas las instituciones democráticas de España a las personas que formen parte del entramado de los terroristas, lo que implica dos cosas, señor presidente, primero, la
expulsión inmediata, sin dilación, sin ningún tipo de búsqueda para ganar tiempo, cuando hubieran conseguido colarse, y, en segundo lugar, impedir en el futuro su presencia, adoptando en consecuencia todas las medidas legales y jurídicas que hagan
imposible que logren lo que en estos momentos es el objetivo estratégico fundamental para la banda. Tenemos que ser muy conscientes. Harán todo lo que esté en su mano para lograr volver o mantenerse en las instituciones.
De ahí el sentido de
nuestra enmienda de adición, porque si lo consiguieran, si fuera así, sería un terrible retroceso, un retroceso gravísimo en la lucha para derrotar a ETA.
Señor presidente, creo que no podemos eludir algunas preguntas. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos años? ¿Por qué gobiernan todavía más de 40 municipios en España los terroristas, formando parte de ese mapa de la indignidad? Recuerdo que
el Tribunal Supremo acordó, en sentencia de 16 de septiembre de 2008, la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y su disolución, así como la de sus grupos municipales, basándose en la doctrina ya consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional sobre la estrategia del desdoblamiento entre la actividad terrorista y la política. Desde septiembre de 2008, nada menos, ANV fue declarada ilegal, precisamente por formar parte del entramado terrorista.
Fue, desde luego, una
importante victoria jurídica de la democracia. Pero la consecuencia lógica de esa sentencia era -y no me cabe pensar otra cosa- la expulsión de sus miembros de las instituciones que gobernaban y para ello es cierto que nuestro ordenamiento jurídico
dispone de un instrumento legal preciso, establecido en el año 2003 precisamente para estos supuestos, el artículo 61 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, conforme a la redacción de la Ley orgánica de 2003 que ha explicado la
diputada que me ha precedido en el uso de la palabra y sobre lo que, por tanto, no insistiré.
He de recordar que en diciembre del año 2008 ya mi grupo instó al Gobierno a que pusiera en marcha el mecanismo previsto en la ley, que exige ciertamente la iniciativa del Gobierno. Lo hizo en una moción en el Senado defendida
brillantemente por el senador Luis Peral. No había ninguna razón para no hacerlo, ninguna razón ni jurídica ni política. Era una obligación, tanto jurídica como política, del Gobierno poner en marcha dicho mecanismo. El Gobierno no quiso hacerlo,
alegando razones que desde luego no comparto y que me parecen inconsistentes y endebles.
En todo caso, el 12 de diciembre del año 2008, en Bruselas, el presidente del Gobierno habló de la necesidad de modificar la Ley reguladora de las bases del
régimen local para, dijo, hacerla más operativa y útil y para que la legitimidad del Estado a la hora de disolver esos 43 ayuntamientos no se resintiera.
Pues bien, estamos en un momento en el que el compromiso del señor Rodríguez Zapatero no se ha cumplido. Ha pasado año y medio desde que lo dijo y no hay nada de nada, ni se aplica la ley ni se la modifica. Es decir, estamos en un supuesto
que refleja perfectamente una seña de identidad del señor Rodríguez Zapatero como gobernante, una de las características de su acción de Gobierno: decir una cosa y hacer la contraria; expresar una opinión y expresar la contraria; tener una
amnesia de lo que ha dicho, y encima dice que no hay bandazos en su política. Eso se aplica en muchos campos, pero en este que es especialmente grave está sucediendo, y el resultado de esta inacción es que esos 42 ayuntamientos siguen gobernados
por unas personas pertenecientes a un partido político disuelto que, en palabras del Tribunal Supremo, ha colaborado reiterada y gravemente con Batasuna, complementando y apoyando políticamente en consecuencia a la organización terrorista ETA.
Estas son palabras del Tribunal Supremo. ¿No es terrible que suceda esto en nuestra democracia? Por eso -ya voy terminando, señor presidente-, este es un punto crucial en estos momentos. Los dos puntos de la proposición, el de la señora Díez y la
enmienda de adición que hemos presentado, están indisolublemente unidos, el uno reclama al otro; tanto hay que poner en marcha la disolución de estos ayuntamientos como adoptar todas las medidas para impedir que los terroristas se cuelen de nuevo
en las próximas elecciones locales. Para que el presidente del Gobierno dé una prueba fehaciente de su voluntad inequívoca de acabar con la presencia del entramado de ETA en las instituciones y de impedir que se presenten a las próximas elecciones,
es preciso aprobar la proposición en sus dos términos. Necesitamos esa prueba, necesitamos la prueba de esa voluntad, lo necesita el conjunto de la sociedad española, todos los españoles, porque es esencial para saber que nos proponemos la completa
derrota de ETA. Porque, señorías, tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos, si no disuelve los 42 ayuntamientos, ¿qué confianza podemos depositar en el presidente del Gobierno, en el Gobierno, de que realmente va a adoptar todas las
medidas para evitar que
personas del entramado etarra concurran en las próximas elecciones? ¿Qué confianza -porque no hay cheques en blanco en una democracia-, qué seguridad podemos tener cuando todavía no sabemos nada de lo que pasó en el proceso de negociación
con la banda terrorista, que fue autorizado por esta Cámara el 17 de mayo de 2005? La regla de oro de la democracia es la transparencia -luz y taquígrafos-, la rendición de cuentas, sobre todo en los actos autorizados. Aquel proceso concluyó,
ciertamente -concluyó, gracias a Dios-, pero tenemos derecho a saber a posteriori lo que pasó, precisamente para que no vuelva a ocurrir, para que no se presente una nueva tentación. Kant, en su opúsculo famoso La paz perpetua, defendió que el
vínculo entre política y moral es la transparencia. Todo lo que no se puede contar pertenece al mundo de lo tenebroso, decía. Señorías, estamos en un momento crucial, que exige claridad y mensajes inequívocos.
Pido humilde y modestamente a los
diputados del Grupo Parlamentario Socialista que voten esta moción. Es importante que lo hagan y que haya un claro compromiso del Gobierno de que ningún ayuntamiento de España siga gobernado por personas pertenecientes al mundo etarra antes de las
próximas elecciones locales.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, vaya concluyendo, por favor.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Voy terminando, señor presidente.
Sinceramente, no veo excusas para no dar ese paso. Resulta vital, y si no sucede así, no podré desechar de mi cabeza, aunque lo intente, aunque lo desee fervientemente, el más tenebroso de los escenarios, porque ningún gobernante está por
encima de las leyes económicas ni tampoco de las leyes morales. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la toma de posición tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Díez, señor Nasarre, sus intervenciones han resultado retóricamente elocuentes pero, me van a perdonar la licencia, jurídicamente huecas, vacías de contenido. Les voy a decir por qué. Kant no estaría en
desacuerdo con las reflexiones que voy a hacer, porque no son en absoluto tenebrosas. Voy a intentar ser claro. Si lo que ustedes están afirmado, si lo que ustedes de forma retórica han enunciado fuera verdad, si hubiera organizaciones terroristas
o ediles, concejales o alcaldes pertenecientes a una organización terrorista gobernando, el ministerio fiscal hubiera actuado ya, estarían detenidos, porque hubieran cometido alguno de los delitos previstos entre los artículos 515 a 518 del Código
Penal o, en su caso, en el artículo 510, que como el señor Nasarre sabe perfectamente, recoge una figura específica nueva, que es el enaltecimiento de actos terroristas. Es decir, si ocurriera lo que prevé la Ley reguladora de las bases del régimen
local en su artículo 61.2, que los representantes municipales de determinado municipio, con sus acuerdos y actuaciones, estuvieran dando cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su
ejecución, el ministerio fiscal debería actuar, se los debería detener, se los debería enjuiciar y se los debería ingresar en prisión.
Señora Díez, le voy a hacer una recomendación. A usted que es una diputada brillante, y además esta brillantez ha sido reconocida por los ciudadanos, que han valorado muy positivamente sus actuaciones, le voy a dar una indicación de
naturaleza jurídico-procesal. Usted donde tiene que presentar esta iniciativa no es en este Congreso de los Diputados, sino seguramente ante el ministerio fiscal en forma de denuncia o ante el juzgado competente en forma de querella o de denuncia,
porque lo que usted está afirmando no tácitamente -no es una deducción o una elucubración que podría deducir de una expresión sutil por su parte- sino explícitamente es que hay municipios en este momento que están siendo gobernados por miembros de
una organización terrorista. Usted sabe que eso es metafísicamente imposible -y usted, señor presidente, de esto sabe, porque tuvo oportunidad de debatir sobre esta cuestión con la señora Díez cuando ocupaba otro tipo de responsabilidades
institucionales en el Estado español, no en esta Cámara-, porque la sentencia del Tribunal Constitucional que validó la Ley de Partidos Políticos del año 2002 explicitó con mucha claridad un principio, un principio, señora Díez, que usted
conociéndolo es muy renuente, sin embargo, a su aceptación, por lo menos en sede parlamentaria, y es que una vez sobrevenida la ilegalidad de un partido que concurrió legalmente a las elecciones, sus miembros no pierden su condición de
representantes, sí del partido, pero no de representantes de la institución, de la entidad local en este caso. Lo dice el Tribunal Constitucional. A usted le parecerá mejor o le parecerá peor. Señor Nasarre, a mí me puede parecer mejor o me puede
parecer peor la afirmación del Tribunal Constitucional, pero en todo caso no nos corresponde a nosotros, como diputados, entrar en valoraciones sobre las decisiones del Tribunal Constitucional, y si me apura, señor presidente, menos en este momento
en que este órgano constitucional está padeciendo las tribulaciones que todos conocemos.
No es tenebroso -parafraseando de nuevo a Kant- lo que estamos diciendo, porque es la jurisprudencia, es la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de representación política y no vamos a refutarla a través de una proposición no de
ley presentada en el año 2008. Si a usted le preocupa el aserto que usted afirma, pero que es incierto, que la organización terrorista ETA está gobernando 42 municipios -a mí me preocuparía también-, a quien le debería preocupar es a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, le debería preocupar al ministerio fiscal. Lo que pasa es que ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni el ministerio fiscal,
ni ningún órgano de la jurisdicción penal pueden actuar en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional ha establecido el criterio que le he comentado.
Desde esta perspectiva, señor presidente, le voy a añadir una última dificultad que dimana de la ley invocada por la señora Díez, que es la del año 2003, relativa a la democratización de entidades locales; denominada así. Aquí se plantea
un problema o una situación excepcional respecto a Euskadi, en general. Así como cuando se disuelve una organización municipal, un municipio porque pierde, por las razones que fueran -ocurrió en Marbella, que es el ejemplo que usted invoca-, más
del 51 por ciento de sus concejales, en cualquier lugar del Estado español, salvo en Euskadi, se procede al nombramiento de una entidad gestora por parte de la diputación provincial. Esta ley, la de 2003, impide que las diputaciones forales vascas
puedan acometer esta operación. ¿Y usted sabe lo que ocurre, señora Díez? Usted sabe que son los demás partidos no ilegalizados los que tienen que cubrir el número de concejales que tienen que abandonar su situación de representantes políticos por
la razón dimanante de la ilegalización de la organización a la que pertenecen.
¿Qué ocurre? La dificultad práctica es que los demás partidos legales no quieren presentar a otros candidatos que cubran esas vacantes producidas mediante una
ilegalización ex post o que esas personas que son designadas por los partidos políticos no quieren aceptar su designación, por razones que no es menester en este momento pormenorizar, y a nadie en este país se le puede obligar a asumir un cargo de
responsabilidad pública y, en definitiva, ocurre lo que está ocurriendo en 20, no en 41, municipios de Euskadi en este momento, que carecen de gobierno municipal por esta razón, porque se ha disuelto su organización municipal, porque las
diputaciones forales vascas no tienen la competencia atribuida para nombrar una entidad gestora y están en este momento en la más absoluta ingobernabilidad o no gobernación, sin entidad municipal que pueda representar y atender los derechos y
deberes que tiene que atender una entidad municipal.
Esta ley -que por cierto el vicepresidente tercero del Gobierno ya ha anunciado que en la futura reforma de la Ley reguladora de las bases del régimen local va a proponer que desaparezca; veremos a ver lo que deciden las Cortes Generales
del Estado; yo soy un firme partidario de la desaparición de la Ley de 2003- incorpora dificultades de naturaleza práctica adicionales a lo que ha consagrado ya el Tribunal Constitucional, y es que cuando un partido es ilegalizado, los
representantes ex post tras las elecciones, sus representantes políticos no pierden la representación, pierden la capacidad de actuar en nombre y representación del partido ilegalizado, pero no la capacidad de actuar en nombre personal. Luego
fíjese hasta qué punto se puede parafrasear, señor Nasarre, a Kant. No es nada lúgubre, lo dice el Tribunal Constitucional.
Ustedes tendrán la opinión que tengan sobre el Tribunal Constitucional -me parece que se han convertido en unos apologetas
sobrevenidos obviamente del Tribunal Constitucional últimamente-, pero estoy citando, señor presidente, doctrina constitucional y desde esa perspectiva no se me podrá reprochar, a pesar de la brillante retórica practicada por los portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, que no estoy diciendo nada carente de razón, ni nada que no esté basado en el principio de autoridad, como debe ser considerado el principio de autoridad, consagrado nada menos que por el Tribunal
Constitucional en la sentencia que validó la Ley de Partidos Políticos del año 2002. Dicho lo cual, mi recomendación -y con esto acabo mis palabras, señor presidente- es que iniciativas de esta naturaleza se pongan en conocimiento del ministerio
fiscal para que este proceda, suponiendo que el ministerio fiscal, que es particularmente diligente en esta materia, no lo hubiera hecho ya en caso de que esto que se ha denunciado hubiese ocurrido de verdad, pero como no ha ocurrido de verdad, ni
va a prosperar una denuncia de estas características ante el ministerio fiscal ni este va a actuar, y todo lo demás es retórica pura, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para la toma de posición por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO REVILLA: Volvemos a examinar esta cuestión, como ya ha manifestado la señora Díez, después de que fuera debatida en Pleno hace año y medio, quizá porque la proponente no se quedó conforme con los resultados que allí obtuvo, o
puede ser también porque quizá le interese hacer de este tema un motivo para mantener la presencia mediática o incluso, pensando peor, para buscar réditos electorales en el terrorismo o en la lucha contra el terrorismo.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, tengo que reconocer y decir que no me sorprende tampoco su posición en esta PNL. Desde el año 2005 su lealtad al Gobierno en materia de política antiterrorista creo que está por demostrar, al menos
en la misma medida en que lo demostró el PSOE cuando estaba en la oposición. ¿Dónde queda su sentido de responsabilidad y de lealtad en materia de unidad en la lucha contra el terrorismo? Yo les pido que dejen a un lado el oportunismo en este
tema, porque creo que les será más rentable política y socialmente. Después de año y medio desde el anterior debate, he de confesarles que esperaba que trajeran, bien la proponente, bien el Grupo Parlamentario Popular, un completo dosier, un
catálogo de actuaciones, penales sobre todo, en las que hubieran incurrido los 42 ayuntamientos de ANV -ahora creo que 41-.
Esperaba que hubiesen traído innumerables acuerdos y actuaciones de alcaldías, de juntas de gobierno local, de plenos
corporativos, de posicionamientos de órganos complementarios, que también regula la Ley de Régimen Local, donde se pusiera de manifiesto aquello que expresa el párrafo segundo del artículo 61 de dicha. Pensaba que al peso de sus convicciones
añadirían pruebas. ¿No las tienen?
Puede ser disculpable que la proponente, en su soledad parlamentaria, no aporte contundentes argumentos jurídicos. No tan disculpable es que el Partido Popular no traiga sesudos informes para demostrar que es posible disolver corporaciones,
disolver ayuntamientos porque al frente de los mismos esté el alcalde de una formación ilegalizada.
El artículo 61 de la Ley de Régimen Local se expresa muy claramente. Habla de disolver órganos, no corporaciones, y el artículo 20 de la Ley de Régimen Local dice cuáles son los órganos, la organicidad del ayuntamiento. Dice además que por
gestión dañosa expresada en acuerdos o actuaciones de esos órganos. No son actuaciones de cargos electos, son de los órganos municipales. Asimismo dice que se hagan de forma reiterada y grave. Y acaba diciendo que expresen esos actos apoyo,
enaltecimiento o cualquier forma de cooperación terrorista, actos todos ellos que exigirían al menos la participación de la Audiencia Nacional o de los jueces centrales de instrucción. Probablemente sus servicios jurídicos estén más ocupados en
otras cosas. Buena prueba de que este artículo 61 es inaplicable está en la pregunta oral que formuló al Gobierno el senador don Luis Peral en septiembre del año pasado, que pedía al Gobierno un proyecto de ley de reforma de la Ley de Régimen Local
para hacerla más operativa y útil para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. Después de más de treinta años de democracia, debemos -considero- tener aprendida la lección: contra el terrorismo, Estado de derecho, aplicación firme de la
ley, sin atajos, y la ley no se puede desfigurar al antojo de cada uno hasta hacerla irreconocible, como pretende la proponente, para lograr unos propósitos, por muy meritorios que estos sean.
Señorías, a mi grupo no le sienta nada bien, nos parece éticamente nauseabundo que haya 40 alcaldes de ANV. La correcta aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin embargo, no les priva a estos electos del derecho a
permanecer en sus cargos públicos, y el Partido Socialista de Euskadi se encargará, en la medida de sus posibilidades, de que no vuelvan a repetir en esos cargos. Por eso, hace poco más de un mes se ha formulado por el Gobierno una propuesta de
reforma de la Loreg para perfeccionar la legislación que, entre otros aspectos, subraya una nueva causa de incompatibilidad sobrevenida en los electos de candidaturas ilegalizadas, y en torno a este supuesto creemos que es donde merece la pena
desarrollar una labor conjunta.
La actual política antiterrorista, señores del Partido Popular, nos va francamente bien. Tenemos a ETA descabezada y a sus comandos dispersos.
Pueden darnos disgustos, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las fuerzas de
seguridad francesas los tienen atosigados. Al frente de esta labor está el impecable trabajo del ministro Rubalcaba, del ministro del Interior, muy bien secundada, por cierto, por el lehendakari del País Vasco y por su excelente consejero del
Interior.
Solo les pido que se sumen a esta labor con lealtad. ¡Qué ganan confrontando! Ante las acusaciones de tibieza que pone de manifiesto la proposición no de ley o de contemporización, yo me quedo con la disyuntiva que plantea el ministro
Rubalcaba, o bombas o votos.
Ahora, si me lo permite el presidente, quiero hacer mención a una efeméride que desgraciadamente empezamos a celebrar ahora, y es que hace ya diez años, entre mayo de 2000 y abril de 2001, empezaron con carácter general a llevar escolta
todos los concejales constitucionalistas en el País Vasco; modestos concejales de a pie viviendo en extremada vulnerabilidad, con escolta las veinticuatro horas del día, de lunes a domingo. Se lo digo por experiencia. Me gustaría en este momento,
para acabar y en esta Comisión, hacer un homenaje sentido a tantos concejales, muchos de ellos del Partido Socialista, que trabajan por la dignidad y la libertad de nuestro entrañable pueblo vasco. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿La señora Díez quiere intervenir en turno de réplica?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Si pudiera intervenir en turno de réplica, señor presidente, le pediría la palabra para réplica, pero como entendía que no había réplica y lo que creo es que se ha producido una situación que me da lugar a apelar al
artículo 71 del Reglamento, le pido al presidente que me permita intervenir.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos para su intervención, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha pronunciado sobre mi persona lo que considero una imputación insultante e inconcebible. Ha acusado a esta diputada de buscar réditos políticos con el terrorismo, un
juicio de valor sobre mi persona y sobre la actividad política que he desarrollado a lo largo de mi vida y que desarrollo en este momento que me parece un verdadero insulto, impropio de cualquier partido democrático y, desde luego, mucho más
impropio todavía por parte del partido político que gobierna España y que gobierna Euskadi. Me parece verdaderamente una vergüenza. Realmente uno puede estar en contra de los argumentos políticos e incluso jurídicos de otro, como ha hecho el señor
Olabarría, pero insultar a los diputados por defender las causas que se consideran justas y hacerlo con algo tan terrible, diciendo que se está haciendo política para buscar réditos políticos con el terrorismo a una persona que lleva dieciocho años
con escolta, me parece un insulto no solamente hacia mí, sino hacia todas las personas que en el País Vasco -algunas de las que él ha citado- viven desgraciadamente con escoltas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Saben que se presentó una enmienda que ha sido aceptada y, por tanto, la votación se producirá en los términos de la enmienda. Quiero aclararles que aunque
el cálculo puede ser por aproximación, desde luego no votaremos antes de la una.
- SOBRE LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LOS ENTES LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000411.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día con la proposición sobre mejora de financiación de entes locales presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Para su defensa, en los términos de la autoenmienda de
sustitución presentada, tiene la palabra el señor Jané, al que recibimos encantados y esperamos que su salud esté plenamente reconstituida.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, Convergència i Unió trae hoy una proposición no de ley que fue presentada al inicio de esta legislatura en materia de financiación local. La situación económica ha cambiado, a peor desgraciadamente, pero
la situación financiera de los ayuntamientos, de nuestras corporaciones locales, también se ha modificado en estos dos años de legislatura, igualmente, señor presidente, a peor. Los entes locales están sufriendo directamente la falta de un marco
normativo estable de financiación local que les asegure una suficiencia financiera en sus recursos. Existe ese déficit, así como la necesidad de abordar con urgencia una nueva ley de haciendas locales. Esa necesidad que plantea y planteó
Convergència i Unió tuve ocasión ya de defenderla en el Pleno a finales del anterior periodo de sesiones. Se aprobó, con el voto en contra del PSOE, en esta Cámara que antes del 30 de junio vendría un proyecto de ley de haciendas locales. Después
otro grupo parlamentario lo planteó en el Pleno y fue aprobado prácticamente por unanimidad, porque el Grupo Socialista también votó afirmativamente hace escasamente un mes -estamos hablando del pasado 13 de abril- en el Pleno de la Cámara que
tendríamos un nuevo proyecto de ley de haciendas locales antes del 30 de junio.
¿Qué pedimos? Hemos hecho una autoenmienda porque la propuesta inicial pedía que se tramitara en el año 2009. Como estamos ya en 2010, hemos hecho un reajuste a nuestra propuesta inicial, un reajuste realista sobre lo que podemos pedir en
estos momentos -somos conscientes de las limitaciones-, pero entendemos que más que nunca hoy nuestras corporaciones locales necesitan certezas, necesitan que desde el Gobierno se diga que se apuesta por ellas, entendiendo que son ellas, la
administración más próxima al ciudadano, las que prestan muchos servicios que en teoría no les correspondían, pero aquí vamos modificando leyes y les vamos dando nuevas atribuciones a las corporaciones locales. Cada vez más están prestando
servicios que inicialmente no tenían atribuidos.
Están cansadas de sorpresas vía decreto-ley. Me refiero, señor presidente, señorías, a la sorpresa que ayer muchos alcaldes y muchas corporaciones locales tuvieron al leer el Boletín Oficial del
Estado; de qué manera en el Boletín Oficial del Estado de ayer aparecían unas medidas muy estrictas, muy duras y de directa aplicación para entes locales que incluso algunos tuvieron que celebrar sesiones plenarias extraordinarias ayer mismo para
dar respuesta a esa situación de urgencia que el decreto-ley les creaba a partir de la aprobación de su artículo 14.2, en el que se prohibía a las corporaciones locales acudir al crédito público o privado a largo plazo, y esto se hacía con carácter
inmediato.
La reacción ha sido generalizada. Me han llamado alcaldes de Convergència i Unió, pero me consta que alcaldes socialistas, alcaldes del Partido Popular, alcaldes de otras formaciones políticas, todos ellos se han movilizado en contra de
esta disposición, que -¡oh sorpresa!- hoy mismo, por una corrección de errores, nada más y nada menos, cambia ese plazo de endeudamiento y lo que era urgente hoy, para que hoy fuera ya de aplicación, no lo será hasta el 1 de enero de 2011. Hoy se
ha cambiado el decreto-ley en ese aspecto. Importante cambio, ya que da mayor margen a las corporaciones locales. Quizá se va a conseguir el efecto contrario.
Se pretendía menos endeudamiento y ahora van a ver las corporaciones locales cuál es el
horizonte de la fecha y, por lo tanto, aquellos que lo precisen van a realizar esas operaciones, porque no se puede legislar de espaldas a las corporaciones locales. No podemos mirar hacia otro lado cuando estamos hablando de la financiación de esa
Administración local, sobre la que estudios de la Diputación de Barcelona hace años ya cifraban el porcentaje de servicios impropios que prestaban las corporaciones locales pero que no les correspondían en más de un 30 por ciento. Esto era en el
año 2002. Imaginen cómo ha evolucionado con reformas de leyes como la de la Dependencia, leyes que estamos aprobando -y lo sabe también mi buen amigo don Emilio Olabarría- como una reforma del Código Penal. Al final, todo ello conlleva más
atribuciones municipales, en los delitos de faltas, en la policía de proximidad, que lo es también la Policía local.
En cada reforma legislativa que llevamos a cabo en esta Cámara, las corporaciones locales tienen que prestar mayores servicios.
Incluso, hoy entra en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial en la que también las corporaciones locales tienen que realizar adaptaciones a su proceso sancionador. Cada vez las cargamos de más obligaciones y ellas reciben menos. Por lo
tanto, lo que pedimos desde Convergència i Unió es que se cumpla el mandato por dos veces del Pleno de la Cámara. Por dos veces el Pleno de la Cámara pide al Gobierno que presente el proyecto de ley de haciendas locales. Como en la última ocasión
-y solo hace unas semanas- ese acuerdo contó con el voto favorable del Grupo Socialista, que votaba que sí a que antes del 30 de junio tuviera entrada en esta Cámara ese proyecto de ley, esperemos que no cambien como cambia el texto del decreto-ley
de un día para otro y no cambie esa certeza que teníamos de que antes del 30 de junio tendríamos
ese proyecto de ley, que no quiere decir que la ley esté aprobada; quiere decir que enfocamos la nueva legislatura municipal que tendrá lugar con las elecciones de mayo del año que viene con las cartas sobre la mesa sobre cuál es el ámbito
de recursos que merecen las corporaciones locales. El Gobierno también va a presentar la ley de modernización, o mal llamada del Gobierno local. Esa ley de modernización o del Gobierno local, junto con la de haciendas locales, deberían ir a la
par, porque las nuevas competencias que asuman los municipios deben ir encajadas con la nueva financiación que esos municipios tienen derecho a recibir.
¿Estamos en un tiempo de austeridad? Sí, pero las corporaciones locales necesitan una mayor atención. Estamos aprobando leyes como una promovida por mi grupo parlamentario, los plazos de pago de las administraciones, en donde también las
corporaciones locales van a tener obligación de pagar sin tantas demoras y, por lo tanto, necesitan una financiación adecuada. Por eso, pedimos que se cumpla ese mandato, que tengamos ese proyecto de ley antes del 30 de junio, que ese proyecto de
ley tenga en cuenta la necesidad de la suficiencia de recursos económicos de los entes locales, que incrementen sus recursos incondicionados, que tengan una financiación de acuerdo con el tamaño del municipio, con especial atención a los pequeños y
medianos; que se tengan en cuenta todos esos servicios, todas esas competencias no obligatorias y de carácter supletorio de otras administraciones y que se tenga en cuenta que cuando cambiamos las leyes -que las estamos cambiando continuamente- eso
tiene también una incidencia sobre esa administración más próxima que son las corporaciones locales.
Doy por defendida en este turno la propia autoenmienda que sustituiría al texto presentado, que es la que someterá a votación mi grupo parlamentario, y como la siguiente proposición no de ley tiene un contenido similar, doy ya por defendida
la posición de mi grupo sobre la misma, que será favorable a la autoenmienda que ese grupo presenta, porque va en la misma línea de que antes del 30 de junio se tenga ese proyecto de ley. Qué bueno sería para esta Comisión de Política Territorial y
para el propio Ministerio de Política Territorial y para la Vicepresidencia Tercera tener esos dos textos normativos. Daría fuerza a la Comisión y fuerza al Ministerio de Política Territorial -ya que a veces se discute su labor-, les daría plena
fuerza y eficacia tener dos proyectos de ley de esa importancia, Gobierno local y haciendas locales, tramitándose en paralelo en esta Cámara en el próximo periodo de sesiones. Para hacerlo necesitamos que antes del 30 de junio se presenten los
proyectos de ley en el registro de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, entiendo que se va a ausentar, por lo que me gustaría que nos dijera si acepta alguna de las enmiendas que se han presentado.
El señor JANÉ I GUASCH: Solo acepto mi autoenmienda y la sometería a votación con el texto de la misma.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado, efectivamente, dos enmiendas, una por el Grupo Popular y otra por el Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra don Antonio Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Efectivamente volvemos a hablar de financiación de los entes locales y de la necesaria fijación de un nuevo marco competencial ajustado a la realidad del municipalismo español. No es un tema nuevo pero sí muy
importante, capital para el bienestar de los españoles y para cerrar de una vez por todas una correcta vertebración institucional de España. Estamos todos de acuerdo en que es urgente definir un nuevo proyecto de ley de financiación local
conjuntamente con el proyecto de ley del Gobierno y Administración local, tema que como es obvio no se ha resuelto de manera adecuada. A lo largo de los últimos años los ayuntamientos, los consistorios, los cargos públicos estamos haciendo frente
-yo también soy concejal- a muchas competencias que no nos son propias. Como Administración más próxima al ciudadano, los ayuntamientos tienen que dar la cara ante los vecinos -tengan o no tengan las competencias; tengan o no tengan los recursos-
y esa realidad es tal y como se la planteamos; tal y como recordaba anteriormente el portavoz de Convergència i Unió, los ayuntamientos no se pueden esconder. En infinidad de ocasiones los ayuntamientos tienen que resolver cuestiones propias de
otras administraciones, fundamentalmente de las comunidades autónomas.
Si este desajuste competencial y de recursos se ha venido dando a lo largo de los últimos años, es ahora, en momentos de profunda crisis económica, cuando los desajustes se agudizan de manera notable. El Gobierno de la nación ha recortado
cada vez más las aportaciones a los ayuntamientos; cada vez son más las demandas sociales a las que tienen que hacer frente; cada vez son más las personas que van a los servicios de promoción económica de los ayuntamientos a pedir asesoramiento
para intentar conseguir un nuevo puesto de trabajo. Es decir, los ciudadanos están picando -si me permiten la expresión- a las ventanillas de los ayuntamientos cada vez más y eso tiene un coste, por lo que la situación actual de los ayuntamientos
se convierte en insostenible. Por eso urge esa reforma, urge la reforma competencial de los entes locales y por supuesto también la reforma financiera de las administraciones locales.
El inmovilismo y las incumplidas promesas por parte del
presidente del Gobierno están asfixiando a las corporaciones locales. El Senado y esta propia Cámara, el Congreso de los Diputados, han votado favorablemente varias resoluciones en esa línea presentadas por diferentes grupos
políticos. Toda la Cámara demanda esos cambios legislativos y financieros.
A lo largo de los últimos años España se ha convertido en el país quizá más descentralizado de Europa; a lo largo de nuestra reciente historia democrática la Administración del Estado ha ido cediendo recursos y competencias fundamentalmente
a las comunidades autónomas. En otras palabras, el Estado central se ha ido adelgazando profundamente -se puede ver de manera muy gráfica si analizamos el conjunto de recursos que gestiona el Estado- y las comunidades autónomas han engordado en
esas misma proporciones; a veces puede hasta dar la sensación de que ciertas comunidades autónomas padecen de cierta obesidad, si me permiten la expresión. En cambio, los ayuntamientos siempre han permanecido igual, siempre han permanecido en ese
13 por ciento de gestión de los recursos públicos de nuestra nación; siguen igual de escuálidos que hace veinte años, y esa cuestión se tiene que resolver si queremos ser un país moderno, un país que se crea el principio de subsidiariedad,
principio por el cual siempre se pueden resolver las demandas de los ciudadanos desde la Administración más cercana de una manera más eficiente y más positiva que si se hace desde una administración más lejana.
Probablemente el Estado central
tendrá que ceder competencias a los ayuntamientos, pero desde nuestro punto de vista son las comunidades autónomas las que tienen que impulsar y participar notablemente en ese proceso descentralizador para hacer justicia, para ganar en eficiencia y
para ofrecer mejores servicios públicos, que en definitiva es lo que nos ocupa a todos nosotros. Por tanto, ponemos encima de la mesa ese concepto que hemos reiterado en diferentes ocasiones y que es el de la segunda descentralización y a partir de
ahí, y pivotando sobre esa base, se tienen que impulsar los cambios necesarios en esta cuestión.
Como bien han dicho diferentes diputados a lo largo de estos últimos meses en los que hablamos de esta cuestión, la Federación Española de Municipios y Provincias, que también lo entiende así -también entiende que la situación viene a ser
muy parecida a la que acabo de reflejar-, por unanimidad -es importante destacar el valor de la unanimidad dado que este tipo de reformas se tienen que impulsar por unanimidad- acordó, solicitó exigir al Gobierno la tramitación parlamentaria y la
aprobación en 2010 de las nuevas leyes de régimen local y de financiación para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2011. Por tanto, el conjunto de los municipios de nuestro país creen que se tienen que hacer así las cosas; por eso nosotros
presentamos una enmienda en ese sentido, enmienda que recoge literalmente el espíritu de la demanda del conjunto de los municipios de España, que, insisto, por unanimidad consideran que se tienen que hacer las cosas así y de manera muy urgente.
Desde nuestro punto de vista, el vicepresidente del Gobierno Chaves desperdició una buena ocasión que consistía en vincular esos cambios normativos y económicos a la reforma del sistema autonómico. Realmente no es que el vicepresidente
Chaves tenga muchas competencias como ministro de Política Territorial, pero esta es una de las cuestiones que tiene que abordar y que no puede aparcar mucho más. Tiene que liderar este proceso y tiene que dar respuesta a las demandas de los
ayuntamientos, que, como he dicho anteriormente, son los que están dando la cara ante los problemas sociales tan importantes y crecientes que se están produciendo en España en los últimos años. Por tanto, todos estamos de acuerdo en que hay que
trabajar para acercarnos al cumplimiento de esos principios de suficiencia y autonomía de las administraciones locales; los ayuntamientos no tienen por qué pagar todo el pato de la crisis. Muchos ayuntamientos se han comportado de manera muy
responsable a lo largo de los últimos años; los ayuntamientos no son precisamente los culpables de esta crisis económica, ni siquiera del déficit público que hay en España.
Las cifras cantan.
Nosotros, sobre la base de lo que comentaba el portavoz de Convergència i Unió, queremos reiterar que este es un acuerdo que tiene mucho valor. El día 13 de abril se aprobó una moción en el Pleno con 321 votos a favor en la que se
solicitaba remitir antes de que finalice el actual periodo de sesiones el proyecto de ley de financiación local, conjuntamente con el proyecto de ley de Gobierno y Administración local. Esto es lo que en cierto modo solicita el Grupo de
Convergència i Unió, por eso el Grupo Popular dará apoyo a la autoenmienda que ha presentado su grupo; no estábamos de acuerdo con el planteamiento inicial de la proposición no de ley presentada porque había quedado algo desfasada. Era una
propuesta que se había presentado en septiembre de 2008 y desde entonces han cambiado muchas cosas. Asimismo nos consta que han retirado el punto 2 de la PNL inicial en la que pedían flexibilizar los criterios para que las corporaciones locales se
pudieran endeudar un poco más. La realidad pone de manifiesto que esa no era la línea adecuada sino que la línea adecuada es contemplar el control del déficit público de los ayuntamientos con cierto criterio, con cierta justicia y con cierta
equidad. El Partido Popular en el año 2003 impulsó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sobre esa base es sobre la que hay que controlar el déficit de los ayuntamientos y no a través de decretos como el que se aprobó ayer, se deshizo esta mañana
y probablemente esta tarde se vuelva a deshacer, de prohibir el endeudamiento a tantos ayuntamientos de España, decisión profundamente equivocada, profundamente injusta, desproporcionada, incoherente y que humilla una vez más a los ayuntamientos
ante la situación económica española. Insisto, no son los ayuntamientos los culpables de esta crisis.
Nosotros votaremos a favor, por tanto -con esto concluyo-, de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y pensamos que sería muy importante -y acabo como lo hizo el portavoz de Convergència i Unió- que se
alcanzara un acuerdo en esta materia, porque alcaldes, concejales y corporaciones locales nos piden a todos un amplio consenso para
resolver esta situación que cada vez va a más y que es muy preocupante para todos nosotros.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Partido Socialista tiene la palabra don Pedro Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Los distintos grupos que han intervenido con relación a esta proposición no de ley han glosado distintas iniciativas parlamentarias que a lo largo de este periodo de sesiones se han venido realizando en el
Pleno del Congreso de los Diputados. En concreto se mencionaba como antecedente parlamentario a esta proposición no de ley la moción aprobada por todos los grupos políticos el pasado 13 de abril en el Pleno del Congreso. Pero si ustedes están
atentos a lo que ocurre en los medios de comunicación y en la economía mundial sabrán que del 13 de abril al 25 de mayo han pasado muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la respuesta concertada por parte de todos los Gobiernos europeos de recortar
el gasto público, de asimilar una menor deuda pública por parte de los Gobiernos, y en consecuencia ese compromiso tiene que ser trasladable al Gobierno de España, que lo ha asumido como propio, y al conjunto de las administraciones territoriales,
que gestionan más del 50 por ciento del gasto público en nuestro país, también de los entes locales y de los ayuntamientos. Ha cambiado mucho el panorama político y económico desde el 13 de abril al 25 de mayo.
Lamento que no esté el señor Jané para responder a algunas de las cuestiones de su intervención, pero también me gustará contestar algunas de las cuestiones manifestadas por el portavoz del Partido Popular. Con todo el respeto, después de
las palabras del portavoz del Partido Popular y del señor Jané no me queda claro que ustedes tengan claro, valga la redundancia, cuál es la situación económica que vive y atraviesa la economía europea, la economía mundial y, por consiguiente, la
economía española. Estamos en otro plano del debate, en el plano de reducción del gasto público, de reducción y contención de la deuda pública y, en consecuencia, de la de todos los ayuntamientos. Al escuchar al portavoz del Partido Popular que la
prohibición de un mayor endeudamiento a los entes locales es una injusticia, he pensado que a lo mejor se está refiriendo al Ayuntamiento de Madrid, que es el más endeudado de toda España. Eso sí es un ejemplo de insolidaridad respecto al resto de
ayuntamientos porque, como ustedes bien saben, el endeudamiento se fija en términos agregados para los entes locales y lo que ocurre como consecuencia de ese alto endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid es que se han cerrado las puertas al acceso a
la financiación, al crédito, por parte de otros muchos ayuntamientos que también necesitaban responder a las necesidades de sus ciudadanos. Ya que ustedes hablan de injusticia, de insolidaridad, aplíquense el cuento y digan al Ayuntamiento de
Madrid que controle esa deuda pública no solamente hoy, sino desde hace seis o siete años que lleva gobernando la ciudad de Madrid el señor Ruiz-Gallardón.
Estamos de acuerdo en que el actual sistema de financiación local es insuficiente, que dota insuficientemente de recursos económicos a los ayuntamientos de España, ya lo dijimos en el año 2003, cuando ustedes aprobaron en el Gobierno ese
sistema de financiación local. Aquí lo sorprendente es escuchar al Partido Popular renegar de la paternidad de esa ley, que es suya. Es como escuchar la canción Cómo hemos cambiado, de Presuntos Implicados, porque ha sido cambiar el Gobierno por
la oposición y convertir lo que era blanco en negro; pasar de decir que es un buen sistema de financiación local como consecuencia -en palabras de la señora Barberá- de que se suprimía el IAE y no se compensaba a decir ahora mismo que es un
desastre este sistema de financiación local. Lo que hace el Gobierno de España en el real decreto es exigir también a la Administración local, igual que se exige a sí mismo y a las administraciones territoriales, las comunidades autónomas, un
esfuerzo en la contención de gasto y un control de la deuda pública.
Por cierto, no es correcto lo que dice el portavoz del Partido Popular de que el Gobierno de España ha recortado los recursos a los ayuntamientos.
Usted sabe bien que durante estos seis años -no sé si usted tuvo ocasión de estar en la
Comisión de Política Territorial pasada, pero creo que el secretario de Estado de Política Territorial lo dijo bien claro- han sido 20.000 millones de euros los puestos a disposición de los ayuntamientos, y ha sido el Gobierno de España quien los ha
puesto: 13.000 millones de euros a través de esos fondos de inversión local que, entre otras cosas, no han servido solamente para crear empleo, sino también para hacer esas inversiones sin incurrir en deuda pública por parte de los ayuntamientos.
Esos fondos de inversión local también han servido para no aumentar la deuda pública de los ayuntamientos en momentos de crisis y asumir el Estado -y, por tanto, hacer un ejercicio de solidaridad con los entes territoriales, con los entes locales en
este caso- las inversiones realizadas en momentos de crisis.
Por tanto, sí a que hay un problema de insuficiencia en el sistema de financiación local, lo sabemos, somos conscientes de ello. Por eso de seis años a esta parte hemos estado corrigiendo mucho de ese camino andado por ustedes, por ejemplo
compensando a los ayuntamientos por la supresión del IAE en 700 millones de euros, los 15.000 millones de euros puestos a cargo de los fondos de inversión local o, por qué no decirlo también, por mencionar la proposición que es objeto de debate y la
autoenmienda de CiU, la necesidad de financiación de los municipios según el tamaño. Hay que recordar aquí que, en función de una partida específicamente creada por el Gobierno de España, los ayuntamientos pequeños tienen garantizada una
financiación mínima, vivan donde vivan, de 140 euros por habitante, gracias a una decisión política de este Gobierno.
Digamos las cosas claras, y digamos la verdad, no contemos la película según nos conviene, porque entonces estarán ustedes haciendo un ejercicio de demagogia, y por cierto de bastante inconsistencia, porque -y permítanme la digresión-
escuchamos al Partido Popular decir que es una injusticia prohibir un mayor endeudamiento de los entes locales cuando por la tarde estarán presentando iniciativas en Pleno que vamos a poder debatir de modificación de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, y eso sí es de verdad cortar el grifo a la financiación de los ayuntamientos. Léanse ustedes el 'Diario de Sesiones' y léanse cuáles son los puntos que se van a debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados, para saber
exactamente cuáles son las iniciativas que lleva su grupo. Su grupo lleva iniciativas para reducir el IVA a determinados sectores, iniciativas para contener el déficit público en este país e iniciativas para modificar la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria y, por tanto, controlar aún más si cabe el endeudamiento y el déficit público por parte de las administraciones, también de los entes locales.
Aquí, sin embargo, se ponen ustedes la camiseta de delantero centro y proponen medidas que
van a suponer un mayor gasto estructural para los entes locales, gastos de personal y gastos corrientes. Lo que proponemos en nuestra enmienda es modificar el sistema de financiación local y modificar en consecuencia la ley de gobierno local, pero
cuando las circunstancias económicas lo permitan.
Quisiera hacer dos consideraciones con relación a la autoenmienda presentada por CiU para que conste en acta nuestra posición. En el punto a) de la autoenmienda presentada por CiU se habla de la suficiencia de recursos económicos y se
vincula a recursos incondicionados a lo largo de los próximos años como consecuencia de esa asunción de competencias impropias por parte de los entes locales, es decir, de los ayuntamientos.
Aquí hay que recordar algunas de las cosas que dijo el
secretario de Estado de Política Territorial en su última comparecencia. Cuando estamos hablando de recursos incondicionados estamos hablando de la participación en los ingresos del Estado por parte de los ayuntamientos, es decir, de los fondos
incondicionados. El señor Zarrías lo decía claramente en su comparecencia. Por cierto, esta PIE, por utilizar el acrónimo -la participación en los ingresos del Estado-, representa el 30 por ciento de los ingresos de las corporaciones. En el año
2000, esta PIE ascendía a 8.837 millones de euros, y en el año 2008 han sido 15.058 millones de euros, con lo cual no me digan, señorías del Partido Popular, que el Partido Socialista, en el Gobierno, no ha aumentado los recursos económicos hacia
los ayuntamientos, porque lo ha hecho, y mucho. No habremos modificado la letra de la ley, pero lo que sí hemos hecho ha sido aumentar por la vía de los hechos los recursos a los ayuntamientos aumentando su participación en los ingresos del Estado.
Ya nos hubiera gustado que aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular hubieran aprobado sistemas de financiación estables hacia sus ayuntamientos, es decir, la PICA, la participación en ingresos de las comunidades
autónomas por parte de sus entes locales. Si uno ve los datos, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Murcia existe ningún sistema estable de financiación y participación de los entes locales en los ingresos de las comunidades autónomas -por cierto,
tres comunidades autónomas gobernadas por ustedes-, y en aquellas otras dos comunidades donde gobiernan y sí existe -La Rioja y Castilla y León, esta última por cierto con una buena parte de los municipios de nuestro país- es como el chocolate del
loro, son 6 millones de euros en la Comunidad de Castilla y León. ¿Este es el ejemplo que están dando de compromiso y de solidaridad con los entes locales allí donde gobiernan? Me parece que es un ejercicio de absoluta hipocresía exigir a los
demás lo que ustedes no hacen donde gobiernan. Es más, no reconocer que el Gobierno de España ha aumentado los recursos de la participación en los ingresos del Estado y, por tanto, ha aumentado la financiación incondicionada por parte del Gobierno
de España hacia los ayuntamientos. Sin embargo, insisto, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Murcia, existe ningún sistema estable de financiación incondicionada a favor de los ayuntamientos por parte de sus gobiernos autonómicos.
Aquí se ha mencionado a la FEMP -y con esto termino, señor presidente-. El presidente de la FEMP, señor Castro, lo decía claramente: Las comunidades autónomas están actuando como organismos centralizadores de gasto y, por tanto, no están
siendo solidarias con los entes locales. A lo que se estaba refiriendo con las competencias impropias, señorías -porque las competencias impropias, sobre todo, son educación y sanidad, yo también he sido concejal, señorías, y por tanto sé de lo que
estoy hablando-, es a que son competencias que corresponden a las comunidades autónomas y, por tanto, si hay que solventar esas competencias impropias que están siendo asumidas por los entes locales, quien tendrá que hacer ese ejercicio de
solidaridad tendrán que ser las comunidades autónomas y no el Gobierno de España, que bastante ha hecho ya aumentando los recursos, vía inversión con los fondos estatales de inversión o vía aumento de la participación en los ingresos del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, debe ir acabando, por favor.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Ya termino, señor presidente.
Por cierto, me parece una broma de mal gusto que usted diga que por unanimidad se tiene que aprobar un nuevo sistema de financiación local porque ustedes en el año 2003 no exigieron esa unanimidad para aprobar ese sistema de financiación
local. El Partido Socialista votó en contra, y de esos polvos, estos lodos.
Termino, señor presidente, diciendo que la enmienda que nosotros tenemos es decir sí a una nueva ley de gobierno local, es decir sí a un nuevo sistema de financiación local, pero ahora no, ahora no toca, ahora lo que
toca es contención del gasto, restricción del presupuesto por responsabilidad de país. Por tanto no hagamos ejercicios de demagogia como hemos escuchado aquí por parte de algún grupo político.
El señor PRESIDENTE: Para toma de posición y por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Debatimos tres proposiciones no de ley con un contenido similar y creo que en el fondo todas están intentando resolver un problema que me temo que a estas alturas resulta ya una cuestión endémica. Es
relativamente sencillo, desde mi punto de vista, hablamos en el fondo de la dimensión de la estructura administrativa a nivel local de España, las funciones que tiene, los servicios que presta y cómo da la sensación de que todo ello debería estar
sostenido por unos ingresos que ahora mismo no tienen los ayuntamientos y que me temo que por el cambio de modelo productivo u, obviamente, por la crisis que padecemos, no van a tener. Es decir, que no es una cuestión de colores -rojos, azules o
amarillos- o de ideologías, sino que en España hoy tenemos 8.000 ayuntamientos que prestan una serie de servicios y que tienen una serie de competencias para las cuales requieren una financiación que no tienen y que no van a tener, es un agujero
negro.
Ahora cada uno debemos aplicarnos el cuento, porque ayuntamientos hay en todas las comunidades autónomas. Es decir, ¿qué vamos a hacer para afrontar este problema? Creo que es sensato, cuando tenemos este problema que objetivamente nos
afecta a todos, que busquemos un consenso, que busquemos un gran acuerdo, que pensemos cuál debe ser a futuro la financiación que necesitan nuestros ayuntamientos y lo hagamos entre todos y lo lidere el Gobierno.
Vemos tres proposiciones no de ley que tienen fecha de octubre de 2008, marzo de 2009 y septiembre de 2009, y lo que entonces era necesario y urgente hoy es vital. Yo, como además soy un pesimista patológico, no creo que podamos
solucionarlo. Al final, vamos a tener que llegar a un acuerdo para solucionar un problema de quiebra, porque no somos conscientes de que hoy muchos de ellos prácticamente están en quiebra técnica, están absolutamente asfixiados. Vivimos la peor
crisis de nuestra historia; somos un 40 por ciento más pobres como país, por lo que tiene lógica pensar que aquella administración, aquel particular, aquella empresa que no se dimensione en un 40 por ciento menos, no va a sobrevivir. No somos
conscientes. El Gobierno debería hacer un esfuerzo y hacer pedagogía, y todos los demás entender que cuando estamos hablando de llegar a un gran acuerdo sobre financiación, no estamos hablando de financiación, porque ese no es el problema, que
también lo es, pero el problema es de dimensión estructural. El modelo productivo que prestaba una serie de servicios y competencias no va a volver. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que están pidiendo en el fondo las proposiciones no de ley que
estamos discutiendo hoy. Nosotros creemos que son oportunas porque no podemos esperar a que se den económicamente las circunstancias oportunas para llegar a un acuerdo. Es que tenemos que llegar, es que es el gran acuerdo nacional, es que uno de
los pilares básicos es la estructura local de nuestro país. El Gobierno se tiene que encerrar y sentarse con los agentes, con los ayuntamientos y con los partidos y ver cómo le metemos mano a esta situación. Esto es fundamental porque es la
primera escala, la más cercana al ciudadano.
Me generaba una serie de dudas apoyar o no estas iniciativas en la medida en que uno no sabe en el fondo qué es lo que piden. Se pide un gran acuerdo de financiación y tampoco se sabe si lo que se pretende por parte de los proponentes es
más o menos financiación. Creo que si la filosofía de lo que se pretende, tanto en esta proposición no de ley como en la siguiente, es llegar a ese acuerdo en el que todos entendamos la situación límite en la que estamos, me parece sensato, aunque
me parecería más sensato traerla a final de año que no en junio, porque me da la sensación de que no es posible traer un proyecto de aquí a junio.
Pero convocar al Gobierno a que se siente -con la cuota de responsabilidad que también nosotros
debemos adquirir- y sacar esto adelante, creo que es un reto que hoy por hoy requiere dejar partidismos a un lado y tener altura de miras, porque si no vamos a ser incapaces de hacerlo, y tenemos demasiados frentes abiertos en este país para que, al
final, por cuestiones de partido no estemos a la altura de ese reto. Por eso mi voto será favorable.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición tiene la palabra, por el Grupo Vasco, el señor Ola barría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que no sé si en su dimensión patológica, pero ser pesimista es la única actitud inteligente que cabe asumir en los tiempos que corren y a tenor de las reflexiones de unos y otros, que sin ser
contradictorias no son iguales, parafraseando una canción de Silvio Rodríguez muy conocida.
Señor presidente, qué decir sobre estas tres proposiciones. En primer lugar, quiero hacer una invocación a la Presidencia: algunas son del año 2008. Usted es nuevo en estas lides, pero quizá convendría agilizar un poco más los trabajos de
la Comisión para que algunos de los debates no resulten extemporáneos, y me estoy refiriendo particularmente al primero que se ha dilucidado hoy. Es una petición que humildemente hago a la Presidencia y a la Mesa en general, para ver hasta qué
punto pueden estar más ajustadas a la coyuntura política las cuestiones que se debatan.
En cuanto a las proposiciones, he escuchado atentamente al portavoz del Grupo Popular y algunas de sus reflexiones me parecen inteligentes y bien configuradas, pero también las del Grupo Socialista y las del señor Jané.
No encuentro un
punto de conexión entre las tres
proposiciones que permita identificarlas, aglutinarlas en un solo pedimento, en una sola reivindicación; creo que son sustancialmente diferentes, y lo son en un principio filosófico que me gustaría que quede claro, señor presidente. Si la
llamada segunda centralización o tercera descentralización del Estado tiene que ser, como invocaba el portavoz del Grupo Popular, adelgazando las competencias de las comunidades autónomas, a las que ha calificado en algunos casos de obesas, le tengo
que manifestar nuestra brutal oposición -brutal es una expresión quizá demasiado solemne y melodramática-, nuestra intensa y muy enfática oposición. La que está obesa es la Administración Central del Estado, y lo puedo identificar mediante un
informe de la propia Agencia de Evaluación y Valoración de la Vicepresidencia Tercera, en el que se establece una especie de equiparación -es un informe que le voy a pasar luego; si tengo la oportunidad se lo daré esta tarde en el Pleno- entre el
número de órganos, entes, instituciones, órganos constitucionales, entidades gestoras, reales academias, sociedades públicas, etcétera, existentes o que configuran ese gran leviatán que llamamos genéricamente Administración o poder central del
Estado, en mejor locución, y sus homónimas o equivalentes de las administraciones autonómicas. La proporción es sesenta instituciones u órganos en la Administración Central del Estado por una de cada comunidad autónoma. Dígame usted dónde está la
obesidad o cuál de los dos entornos institucionales está más grueso. Si en su opinión son obesas algunas comunidades autónomas, estaríamos hablando de una obesidad mórbida en relación con la Administración Central del Estado, donde no sé hasta qué
punto hay que seguir contando con reales academias, entidades gestoras, sociedades públicas y todo este gran leviatán, parafraseando a Hobbes. Desde esa perspectiva, nunca vamos a aceptar que la tercera descentralización sea una descentralización
que gravite sobre las competencias de las comunidades autónomas; primero, porque no se han transferido todas las que deberían haber sido transferidas a las comunidades autónomas en virtud de los títulos de sus estatutos de autonomía. Y luego,
porque muchas de las transferidas han sido degradadas o por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o por una interpretación desmesurada de la legislación básica del Estado o de la legislación marco, o por la creación de cuerpos de
funcionarios de carácter nacional y mil procedimientos que usted conocerá tan bien como yo que han servido para laminar los títulos competenciales de las competencias ya transferidas a las comunidades autónomas. La filosofía en relación con la
tercera descentralización, que gravita en opinión del Partido Popular sobre las competencias autonómicas, nunca la vamos a compartir. Es más, me preocupa mucho que lo haya dicho el portavoz del Grupo Socialista. El Partido Socialista parece
compartir esta opinión de que la tercera descentralización gravite sobre las competencias autonómicas. ¿Por qué? Si el gran leviatán, la obesidad mórbida está en la Administración Central del Estado, pero no en la administrativa, sino en los
órganos constitucionales, en la Administración de Justicia, en las entidades gestoras de la Seguridad Social, en las sociedades públicas, en las reales academias, en las sesenta instituciones de naturaleza jurídico-pública por cada una de las
comunidades autónomas, según la Agencia de Evaluación de la Vicepresidencia Tercera. Ahí es donde hay que desengrasar, ahí es donde hay que proponer un régimen nutritivo verdaderamente intenso. Esa es la tercera descentralización pertinente.
Dicho lo cual, parece que nos encontramos con un nuevo inicio de la legislatura. El real decreto-ley que se va a convalidar o no el próximo jueves -veremos lo que ocurre- parece que establece un antes y un después, una especie de Rubicón,
de frontera entre una legislatura que empezó con ciertas características, planes y objetivos y la legislatura que queda a partir de ese real decreto legislativo, que tampoco sabemos cuánto durará. Desde luego, vamos a ser particularmente cautelosos
y prudentes a la hora de exigir pronunciamientos, manifestaciones o actuaciones a la Administración y al legislador que comprometan el gasto público, porque hay un problema que es evidente. Hemos partido de un superávit del 2 por ciento y hemos
llegado a un déficit público del 11 por ciento; trece puntos de diferencia por razones un tanto deletéreas.
Mi grupo todavía no ha sabido comprender bien por qué en tan pocos años se ha podido incrementar el déficit público del Estado español de
forma tan abultada, son trece puntos de diferencia. Desde esa perspectiva, las medidas que se imponen no son medidas que impone el Gobierno, son medidas que imponen instituciones comunitarias, el Ecofin, el Fondo Monetario Internacional. Hay que
ser corresponsable con medidas de esta naturaleza en una situación de penuria -vamos a calificarla así, por usar una expresión eufemística- económica que compromete incluso acuerdos formalmente asumidos por esta Cámara. Nosotros vamos a relativizar
el contenido o la fuerza de obligar de estos acuerdos en tanto comprometan el déficit público u otros parámetros macroeconómicos. En este momento nuestra actividad fundamental y prioritaria es intentar corregir el déficit en la medida de nuestras
posibilidades y puede que haya acuerdos en torno a la presentación de determinados proyectos de ley que son muy razonables porque es evidente la asfixia financiera que usted citaba de nuestros municipios, donde las competencias llamadas impropias no
se atribuyen solo mediante la atribución de competencias de las comunidades autónomas. No; esto no ocurre nunca, siempre es mediante la atribución de competencias estatales. Son las que decía el señor Jané, las que se les atribuyen en el nuevo
Código Penal, en la nueva Ley de Seguridad Vial, en numerosas leyes de carácter estatal. Esas son las competencias impropias que se les atribuye a los municipios en la generalidad de las ocasiones.
Es muy difícil que, dada la porosidad existente
entre un gobierno autonómico y sus municipios, se puedan endosar competencias que no corresponden a los ayuntamientos, sobre
todo por el celo de la mayoría de los gobiernos autonómicos de retener todas sus competencias. Usted lo conoce perfectamente. Es mucho más fácil que las competencias impropias se endosen desde la Administración Central del Estado. Desde
esa perspectiva aquí hay muchas cuestiones filosóficas y económicas. Estamos en una coyuntura económica en la que lo que se impone es el principio de responsabilidad por encima de todo. Parece que la legislatura se inicia de nuevo desde esa
perspectiva, una perspectiva de responsabilidad que mi grupo está dispuesto a asumir en relación con estas proposiciones y, por tanto, en principio no las votaremos, señor presidente, pero no sin decir que nos parecen muy pertinentes. Felicito a
los tres grupos que han propuesto tres iniciativas sobre esta materia, que son contradictorias entre sí, por cierto, todo hay que decirlo y no sabría cuál de ellas votar, si votar las tres o ninguna de ellas. Pero, al margen de esta circunstancia,
por las reflexiones que he hecho anteriormente parece que en este momento merecen un voto cautelarmente negativo a la aceptación de las mismas.
El señor PRESIDENTE: El señor Jané ya manifestó que no aceptaba ninguna de las enmiendas presentadas.
- RELATIVA A LA REFORMA DEL GOBIERNO LOCAL Y SU FINANCIACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000872.)
- RELATIVA A LA REFORMA DEL GOBIERNO LOCAL Y SU FINANCIACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001236.)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos a debatir dos proposiciones de ley del Partido Popular acumuladas, puntos 3.º y 5.º del orden del día: proposiciones 872 y 1236, unificadas ambas en el petitum por la autoenmienda de
sustitución que ha presentado el Partido Popular.
Para su defensa, tiene la palabra don Juan José Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: El Grupo Popular, efectivamente, ha presentado dos enmiendas de sustitución a las dos proposiciones que ahora debatimos y que se refieren básicamente a los dos proyectos de ley que sobre Administración local -la nueva
ley del Gobierno y el nuevo sistema de financiación- están pendientes de ser aprobados y remitidos por el Gobierno y que vienen siendo reclamados por esta Cámara, por el Senado, por la Federación Española de Municipios y Provincias y, por supuesto,
por los propios ayuntamientos, diputaciones y el conjunto de las corporaciones locales.
Las enmiendas están justificadas porque los textos que se proponían han quedado superados y no se corresponden con el momento actual. En primer lugar, quiero recordar, aunque ya se ha comentado también en algunas intervenciones, que el
Pleno del Congreso aprobó muy recientemente, en la sesión plenaria del día 13 de abril, una moción que insta al Gobierno a remitir antes de que finalice el actual periodo de sesiones el proyecto de ley de financiación local, conjuntamente con el
proyecto de ley del Gobierno y Administración local. Este mandato parlamentario, aprobado a propuesta del Grupo Popular, viene a sumarse a otros también aprobados en periodos de sesiones anteriores, del año 2009 e inclusive de 2008, unos a
propuesta de Convergència i Unió y otros a propuesta de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Los Verdes.
Señorías, el texto de sustitución que proponemos está en línea con lo aprobado en el Pleno del día 13 de abril y recoge, literalmente, el último acuerdo adoptado unánimemente por la Comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios
y Provincias el pasado 6 de abril. Este acuerdo, apoyado insisto por el Partido Socialista, el Partido Popular, Convergència i Unió y también Izquierda Unida, insta al Gobierno a la tramitación parlamentaria y aprobación en 2010 de las nuevas leyes
de régimen local y de financiación para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2011. Este es el texto de las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. Tengo que decir, señorías, que viendo las medidas extraordinarias referidas a las
corporaciones locales que con nocturnidad, alevosía y rectificación el Gobierno ha aprobado en el decreto de recortes sociales para reducir el déficit, es todavía mucho más urgente que de una vez los entes locales dispongan de esta nueva
legislación. Los ayuntamientos no pueden seguir dependiendo de las ocurrencias de este Gobierno: ayer decide una cosa, hoy la rectifica; porque no es que corrijan, como dice el Boletín Oficial del Estado, corrección de errores técnicos, no, no,
es que es una rectificación política porque este es el Gobierno de las chapuzas, de los bandazos y de la improvisación permanente. Por eso creemos, señorías, que sería positivo que tanto la proposición de Convergència i Unió como la del Grupo
Popular fueran aprobadas por esta Comisión; servirían para hacer un recordatorio al Gobierno, porque falta muy poco, un poco más de un mes, para que finalice este actual periodo de sesiones y ese es el mandato que la Cámara, el Pleno del Congreso,
aprobó el pasado 13 de abril, insisto, por una abrumadora mayoría de 321 diputados.
Aunque tengo que decir que los últimos acontecimientos -el decreto publicado ayer y rectificado hoy, y luego diré que nos lo ha confirmado la enmienda del Grupo Socialista- ya nos indicaban que el Gobierno no está por la labor de cumplir ese
mandato del Congreso, sino más bien todo lo contrario, porque cada medida que adopta este Gobierno del señor Zapatero va en detrimento de la autonomía municipal y en detrimento de la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Si nos que
daba alguna duda de lo que podría pasar, aquí tenemos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley de Convergència i Unió y a la proposición del Grupo Parlamentario Popular.
Aprovecho, si me lo permite, señor presidente, para manifestar nuestra posición sobre la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en este momento y así solventamos este trámite. Señor Sánchez Pérez-Castejón, tengo que agradecerle la
enmienda al Grupo Parlamentario Socialista, pero evidentemente no la podemos aceptar, porque sería un retroceso alarmante sobre otras decisiones de esta propia Cámara, incluida la adoptada en el Pleno de la Cámara el día 13 de abril, y porque además
contiene afirmaciones incorrectas, inciertas, que no se corresponden con la realidad que han vivido los últimos años y que viven hoy las corporación locales. En cualquier caso, como le digo, se la agradecemos porque nos clarifica definitivamente la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, que el Grupo Parlamentario Popular imagina que será la misma que la posición del Gobierno -lo desconocemos, pero imaginamos que debe ser la misma-, y que nos revela que no se va a cumplir el mandato del
Pleno del Congreso de 13 de abril, apoyado por 321 diputados; les recuerdo, señorías, que el Grupo Parlamentario Socialista votó favorablemente.
Señor Sánchez, ¿en qué quedamos? ¿Los proyectos de ley aumentan el déficit público, señor Sánchez?
Usted ha hecho referencia a la situación económica, nosotros tenemos clara cuál es la situación económica de España -ya lo creo- desde hace bastante tiempo, los que parece que la han descubierto ahora son ustedes, cuando la Unión Europea ha obligado
al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero a tomar medidas porque llevan arruinando la economía española muchos años, desde el año 2004. Por cierto, señor Sánchez, para defender su posición ha citado a grandes autoridades en la materia, al señor
Zarrías y al señor Castro. Tengo que decirle que, con estos profesores, no me extrañan las cosas que usted dice, por ejemplo, cuando habla del Ayuntamiento de Madrid. ¿Usted no sabe que una cosa es el endeudamiento y otra cosa es el déficit? En
fin, para qué seguir.
Señoría, el Gobierno tiene acumulados muchos incumplimientos en esta materia y ha perdido oportunidades para acometer las reformas que las corporaciones locales necesitan desde hace tiempo. Porque es verdad que los problemas no son nuevos,
que el problema de la financiación local no es un problema nuevo, pero también es verdad que los problemas institucionales y sobre todo los de financiación se han visto agravados por la crisis económica y por la ineficacia de un Gobierno que no solo
no ha sido capaz de hacerle frente, sino que con su errática política incluso ha acentuado lo que está pasando en las corporaciones locales en los últimos años. Por tanto, como decía el señor Jané, el Gobierno es responsable de esta grave situación
financiera de ayuntamientos y diputaciones porque, insisto, a los problemas estructurales del actual sistema de financiación -que, por supuesto, los tiene- ha sumado una gestión ineficaz, que ha provocado el descenso de los ingresos propios de los
ayuntamientos, debido a la caída de la actividad económica, y ha provocado también el descenso de los ingresos -el descenso de los ingresos, señor Sánchez- procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, 3.000 millones en el año 2010 y 4.000
millones previstos para el año 2011. La situación económica de los ayuntamientos se complicará más todavía, porque a la caída de los ingresos locales por la recaudación y al descenso de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado se
va a tener que sumar lo que los ayuntamientos van a tener que devolver por unas liquidaciones que van a ser negativas. ¿Y por qué? Por unos presupuestos que se han hecho sobre un fundamento que no tenía ningún sentido, con unas previsiones
económicas irreales que hizo el Gobierno socialista para ocultar la gravedad de la crisis y por no querer aceptarla. Todo es consecuencia de la desastrosa y errática política económica del señor Zapatero.
Por último, a todo esto, señorías, por supuesto hay que sumar el incremento de las demandas ciudadanas en atenciones sociales, a las que cada día las corporaciones locales -lo saben muy concejales, alcaldes y ex alcaldes que hay aquí- tienen
que hacerles frente sin disponer de los recursos necesarios, porque están acometiendo, en contra de lo que decía el señor Olabarría- competencias propias de las comunidades autónomas, recursos que tienen que destinar a sanidad, a educación,
etcétera.
En definitiva, señorías, creo que garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos -lo dijimos en el Pleno de 13 de abril- es una cuestión de Estado que debe abordarse de forma urgente, y lo decía el diputado de UPN hace un momento.
El Gobierno ha perdido muchas oportunidades y los incumplimientos en esta materia de financiación local han sido reiterados. Se han incumplido mandatos parlamentarios, mandatos legales, la Ley de Presupuestos Generales del Estado; ha habido
incumplimiento de compromisos del Gobierno, del Partido Socialista y, por supuesto, del señor Zapatero. Lo que pasa es que al señor Zapatero no le ha interesado nunca, no le ha convenido nunca afrontar de verdad este problema porque su continuidad
no depende de ayuntamientos y diputaciones. El último ejemplo de este comportamiento antimunicipalista, insisto, del Gobierno socialista lo tenemos con las medidas extraordinarias contenidas en el real decreto para la reducción del déficit;
medidas que no han sido negociadas con nadie, que son injustas porque la Administración local, señor Sánchez, es la que menos déficit tiene, un 0,5 frente al 2,2 de las comunidades autónomas y al 9,5 de la Administración General del Estado.
Por eso
son injustas, señor Sánchez, y son además contradictorias con otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros hace apenas un año en las que autorizaban operaciones de crédito que ahora se impiden; medidas que -lo hemos comprobado- son
una vez más improvisadas, que son parches, que se aprueban hoy y se rectifican mañana. ¿Qué ha pasado de anteayer a ayer para que el Gobierno rectifique la medida contenida en el real decreto en la que se establece que no se podían endeudar
las corporaciones locales para inversiones desde hoy hasta el 31 de diciembre del año que viene y veinticuatro horas después eso se lleva al 1 de enero de 2011? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dado cuenta de que es una medida improvisada e ineficaz de
tantas como ha tomado el señor Zapatero en los últimos años?
Señoras y señores diputados, la reforma de las leyes locales -la Ley del Gobierno, insisto, y la Ley de Financiación- no pueden seguir esperando.
Cuanto más se retrasen más va a empeorar la situación de los ayuntamientos y más necesario
será ir adoptando soluciones extraordinarias que sin duda serán muy complicadas en el contexto económico actual, pero que serán necesarias para evitar el colapso de los ayuntamientos y no poner en riesgo -insisto, que se pondrían- servicios públicos
y sociales que prestan los ayuntamientos. Justamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en el famoso real decreto publicado ayer donde se contienen medidas como la prohibición de crédito para la financiación de las inversiones que, aunque
retrasado ahora seis meses, va a suponer más desempleo, más pymes y autónomos cerrados y, por supuesto, nuevos recortes que afectarán a las personas que más ayudas demandan y necesitan de los ayuntamientos. Porque los paganos de las políticas del
señor Zapatero son siempre los más débiles: los funcionarios, los pensionistas y, en el caso de la Administración pública española, los ayuntamientos y las corporaciones locales en general.
Termino, señor presidente, diciendo que el consenso en esta materia es imprescindible, señores del Grupo Socialista, todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y al acuerdo, pero lo primero
es que el Gobierno cumpla y remita a esta Cámara los proyectos de ley que le ha mandatado el Congreso. Por último, señor presidente, como el texto de sustitución que hemos propuesto es coincidente para las dos proposiciones no de ley le solicito
que en el trámite de votación se dé por retirada la número 161/000872.
El señor PRESIDENTE: Por el Partido Socialista se ha presentado a las dos proposiciones la misma enmienda, que se está tramitando acumuladamente.
Para defenderlas tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Señorías, volvemos a repetir en cierta medida el mismo debate que hemos tenido en la anterior proposición. El portavoz, en este caso del Partido Popular, señor Matarí, ha vuelto a hacer referencia a esos
antecedentes parlamentarios que efectivamente se produjeron el 13 de abril. Pero, insisto, entre el 13 de abril y el 25 de mayo hay un día, que es el 9 de mayo, donde todos los gobiernos europeos cambian su política económica como consecuencia de
la crisis económica que está atravesando singularmente Europa. Como consecuencia de ello se anuncian recortes en el gasto público y por tanto acelerar, adelantar la senda de la estabilidad presupuestaria. Señores, yo simplemente quiero recordar
que, por ejemplo, el Gobierno italiano ha anunciado un recorte del gasto público de 20.000 millones de euros para los próximos años; que el Gobierno conservador británico ha anunciado también un recorte del gasto público en unas cifras similares;
que el Gobierno portugués, por cierto, contando con la oposición, va entre otras cosas a recortar el gasto público y a elevar impuestos, en un ejercicio de responsabilidad -inédito en esta Cámara- por parte del principal partido de la oposición; en
Francia también y en otros tantos países de la Unión Europea, sobre todo los de la zona euro, se están ajustando y se están apretando el cinturón como consecuencia de que ahora mismo la nueva cara de la crisis económica tiene más que ver con la
deuda pública soberana de los países de la Unión Europea que con esa primera fase que nos ha llevado a esta segunda, relativa a las políticas de gasto expansivas que necesariamente se tuvieron que poner en marcha por parte de todos los Gobiernos de
las economías del mundo y también, por consiguiente, de las economías europeas. Por tanto, el escenario tanto político como económico ha cambiado radicalmente. Evidentemente, nosotros defendemos que hay que reformar tanto el sistema de gobierno
local como el sistema de financiación local, pero cunado escampe, es decir, cuando la situación económica contribuya a mejorar esa necesaria financiación local por parte de los ayuntamientos, que nosotros hemos defendido siempre y que defendimos
incluso cuando ustedes la pusieron en marcha, que fue en el año 2003, sin ese consenso político que ustedes invocan ahora que están en la oposición.
No sé si hacer una pregunta retórica pero muchas veces, señor Matarí, cuando les escucho a usted, al señor Merino y a otros tantos diputados que están representando al Partido Popular en otras comisiones, no sé muy bien a qué partido
representan porque ustedes aquí se ponen la camiseta de delantero centro e intentan, insisto, proponer iniciativas de mayor gasto público cuando otros compañeros del Partido Popular en el Pleno del Congreso y en otras comisiones están exigiendo un
mayor recorte y un mayor ajuste en las cuentas públicas. Por ejemplo, esta tarde vamos a ver a los diputados del Partido Popular ponerse la camiseta de porteros y aquí tienen ustedes la camiseta de delanteros centro, con lo cual habrá que
preguntarse a qué partido representan en esta Comisión, o el Partido Popular a qué partido representa, si son una coalición de intereses demagógicos y apasionados abogados del no, porque dicen una cosa y la contraria. La noticia ya no es la
incoherencia y la contradicción del Partido Popular en su discurso, sino que lo digan sin el más absoluto rubor en sus palabras. Señorías, nosotros somos coherentes con la línea política marcada por todos los gobiernos de Europa y lo que
solicitamos es un aplazamiento en la aprobación de esos dos proyectos de ley hasta el momento en que la situación económica lo permita.
El señor Matarí ha hecho varias consideraciones que me parecen absolutamente desafortunadas. Dice que el señor Zapatero ha reducido los ingresos propios de los ayuntamientos, incluso ha llegado a decir que ha arruinado las arcas públicas;
Zapatero al final es el responsable de los siete males; incluso también -ya que ustedes son de Andalucía- del problema de CajaSur. Justo lo contrario. Lo dijo aquí el secretario de Estado de Política Territorial, el señor Zarrías, cuando dijo que
los principales problemas del sistema de financiación local en este país tienen mucho que ver con la mala gestión del Gobierno del Partido Popular en el año 2003, con la aprobación primero de la Ley del Suelo, que reducía la cesión obligatoria a los
ayuntamientos y por tanto la financiación de los ayuntamientos, y segundo, con la supresión y no compensación del impuesto sobre actividades económicas. Nosotros lo que hemos tenido que hacer al final ha sido deshacer el camino andado por el
Partido Popular, porque con la supresión y no compensación del IAE lo que ustedes hicieron fue arruinar las arcas municipales, abriendo un boquete así de grande, señorías, en las arcas municipales que hoy por hoy siguen tiritando. Nosotros hemos
tenido que poner encima de la mesa 700 millones de euros para compensar esa supresión del IAE, y ustedes aplaudían la medida de la supresión de ese impuesto y no compensarlo a las arcas públicas, cuando se lo estaba diciendo, señor Matarí, no
solamente todo el mundo local -también sus ayuntamientos- sino también todo el mundo académico que sabe de la financiación local.
Señor Matarí, a mí no me dé lecciones sobre lo que es la deuda pública y lo que es el déficit público. Yo le voy a dar simplemente un gráfico para que sepa exactamente cuál es la deuda pública del Ayuntamiento de Madrid, de cuatro cifras,
6.762 millones de euros, que es superior a la suma de la deuda de las principales capitales de provincia de este país, con lo cual lecciones sobre austeridad, control de gasto público y deuda pública, las justas viniendo del Partido Popular porque
el campeón de la deuda municipal en este país es precisamente el Ayuntamiento de Madrid, e insisto, es un problema de insolidaridad del Partido Popular. Porque, se lo vuelvo a repetir, señor Matarí, el techo de deuda pública para los entes locales
se calcula de manera agregada y con esta deuda del Ayuntamiento de Madrid ocurre que limita el acceso a la financiación y al crédito por parte de otros entes locales que seguro que tienen las mismas necesidades que los ciudadanos y ciudadanas de
Madrid. Con lo cual, señorías, el problema es la insolidaridad de los lugares donde ustedes gobiernan. Y le repito una idea que he dicho en la primera proposición y que me parece fundamental, que nosotros no habremos modificado la Ley del sistema
de financiación local; estoy de acuerdo con ustedes, de hecho hemos dicho -e insisto: desde 2003- que teníamos que modificar el sistema de financiación local; pero los números cantan, señorías, y por la vía de los hechos nosotros hemos mejorado
la financiación local de los ayuntamientos y eso es blanco y en botella. (Un señor diputado: No, no.-Rumores.) Ustedes lo podrán negar, pero nosotros efectivamente hemos mejorado la financiación local de los ayuntamientos, 20.000 millones de euros
adicionales durante estos últimos seis años puestos a disposición de los ayuntamientos de España. (Un señor diputado: No, no.) Quince mil millones de euros a través de los fondos de inversión local, insisto, adelantando inversiones y por tanto no
recurriendo al endeudamiento por parte de los entes locales, 700 millones de euros para compensar el desastre y la ruina que supuso la supresión y no compensación del IAE por parte de los gobiernos del Partido Popular; anticipos a cuenta a los
ayuntamientos desde el año 2005 al año 2008, y una larga, larga lista de medidas para mejorar la financiación de los ayuntamientos que ha sido largamente debatida en otras sesiones de la Comisión de Política Territorial y por eso yo no voy a
repetirlo aquí. Pero sí quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que el Gobierno de España no habrá modificado la letra del sistema de financiación local, pero los números los ha multiplicado con creces durante estos últimos seis años, y negar
eso es hacerse trampas, señorías del Grupo Parlamentario Popular, en el solitario. Y ya que ustedes hablan de que hay que dar una mayor estabilidad a las cuentas de los entes locales, y lamento que no esté el señor Olabarría porque cuando estamos
hablando de competencias impropias estamos hablando de competencias que corresponden a las autonomías y que si las están prestando los ayuntamientos deberían contar con esa financiación por parte de las comunidades autónomas; insisto, mientras el
Gobierno de España ha multiplicado casi por dos la participación en los ingresos del Estado, en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Valencia, por ejemplo en Murcia, no han puesto en
marcha las famosas PICA, los sistemas de financiación que permitan una participación estable en los ingresos de las comunidades autónomas.
Señor presidente, no voy a hacer mención a la enmienda porque es la misma que la presentada en la anterior proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y simplemente diré que nuestro compromiso político sigue siendo
modificar el sistema de financiación local, modificar también la Ley de gobierno local para adecuarla a los tiempos que corresponden, pero en política, efectivamente, no nos podemos abstraer del contexto económico que están viviendo Europa y el
mundo y como consecuencia de ello lo que estamos pidiendo en esta enmienda es, señorías, aplazar esas modificaciones al momento económico que corresponda, que permita hacer este tipo de modificaciones legales. Y decirles, señorías, que para
nosotros este es un momento de responsabilidad y no de demagogia como la que ustedes están haciendo aquí y en otras comisiones defendiendo lo contrario de lo que dicen
aquí, por eso quiero agradecer en este caso el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a las posiciones que por el Grupo Parlamentario Socialista se han venido manifestando en relación con posponer esas modificaciones legales y
criticar, claro que sí, al principal partido de la oposición, que no está pensando en el interés de España, está pensando única y exclusivamente en su rédito electoral. Pero yo les digo y les adelanto que eso, por supuesto, va a contar con la
crítica y la oposición de los españoles cuando toque, en 2011 y en 2012.
El señor PRESIDENTE: Para toma de posición, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, intervengo para dar por reproducido mi pesimismo y el alegato a favor del consenso, la responsabilidad y la altura de miras, y anunciar mi voto positivo.
El señor PRESIDENTE: Señor Matarí, entendí en su intervención que no aceptaba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MATARÍ SÁEZ: Yo creo que ha quedado claro. Si quiere que le comente algún extremo, lo hago encantado.
El señor PRESIDENTE: Son trámites puramente formales, es para que quede del todo claro. Muchas gracias.
- RELATIVA A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Y ABONO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE LA BASE NAVAL AL AYUNTAMIENTO DE ROTA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000990.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la solicitud de devolución y abono del impuesto sobre bienes inmuebles de la base naval al Ayuntamiento de Rota
(Cádiz). Para defenderla tiene la palabra el señor Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Hoy todas las iniciativas están referidas a la financiación de las corporaciones locales, por eso comprendo que la posición del señor Sánchez es difícil, porque no es que estemos hablando de un ayuntamiento en
concreto, sino de todos los ayuntamientos en general, y principalmente de los del Partido Socialista, que están en una situación delicada. Me gustaría que se diese una vuelta por Andalucía y viese cómo están algunos ayuntamientos, por ejemplo el de
mi ciudad, el de Jerez de la Frontera. Se mete usted con los ayuntamientos del Partido Popular, pero mire el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con 700 millones de euros de deuda, un expediente de regulación de empleo que ha tenido que ser
rechazado, 2.500 trabajadores que están todos los días en la puerta del ayuntamiento, y se trata de un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista. Por tanto, señor Sánchez, permítame que le diga que habla de los errores del Partido Popular,
pero estos suponen 5.000.000 de empleos, y los aciertos del señor Zapatero 4.600.000 desempleados. Esos son los errores y los aciertos de uno y otro.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Como la exposición de motivos de la iniciativa que hoy voy a defender es muy explícita, voy a ser extremadamente breve. El objetivo de esta iniciativa no es más que exigir al Gobierno que cumpla la ley. Este es el objetivo de esta
iniciativa, ni más ni menos, que el Gobierno cumpla la ley. El Ayuntamiento de Rota se ve imposibilitado de liquidar los impuestos municipales por las obras y construcciones que se están llevando a cabo en el recinto de la base naval de Rota, que
se encuentra en el término municipal de dicho ayuntamiento. Este ayuntamiento tiene conocimiento no formal de la realización de obras que están dentro del perímetro de la base naval de Rota y, por tanto, quiere liquidar los impuestos que le
correspondan por dichas obras, conforme figura en el artículo 100 del Real Decreto 2/2004, que establece que estas obras pueden constituir el hecho imponible del impuesto de construcciones, del IBI, así como de la tasa por el otorgamiento de
licencia urbanística. El Gobierno, incumpliendo el artículo 93 de la Ley General Tributaria que obliga a la Administración a facilitar toda clase de datos que puedan tener trascendencia tributaria relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, no facilita dato alguno.
El Ayuntamiento de Rota ha requerido al Gobierno y a la Marina de los Estados Unidos para que aporten las obras que se han realizado -no nos estamos refiriendo ni mucho menos a las obras de interés general- y no recibe contestación alguna,
por lo que se ve obligado a reiterar estos requerimientos, cumpliendo el artículo 94 de la Ley General Tributaria, y haciéndolo en la persona del subdirector general de Patrimonio del Ministerio de Defensa y del director general de Infraestructuras
de dicho ministerio. La respuesta ha sido la negativa a facilitar dato alguno, lo que impide al ayuntamiento liquidar los correspondientes impuestos que, como a cualquier contribuyente, está obligado a satisfacer la Administración General del
Estado. Esta negativa del Gobierno a facilitarles estos datos obliga al ayuntamiento a iniciar un tortuoso procedimiento para exigir al Gobierno que cumpla la ley. Conocido es que el Ayuntamiento de Rota tiene un convenio con el ministerio en
cuanto al impuesto de circulación de los vehículos que existen dentro de la base.
El Ministerio de Defensa se ha negado a suscribir un convenio similar respecto al impuesto de bienes inmuebles, lo que ha obligado al ayuntamiento a acudir a la vía
de compensación respecto de liquidaciones del IRPF, del IVA y de otros conceptos. La Administración estatal ha recurrido por la vía contencioso-administrativa
contra estas liquidaciones de compensación y ya son varias las sentencias favorables al ayuntamiento reconociéndole su derecho a practicar las mismas.
En definitiva, el Gobierno está intentando por todas las vías que el Ayuntamiento de Rota pueda practicar y girar las liquidaciones que le corresponden por los distintos impuestos y tasas municipales. Ante esta situación, esta iniciativa
pretende instar al Gobierno a que autorice al Ayuntamiento de Rota a realizar las inspecciones necesarias en el recinto de la base naval de Rota para ver las obras que se han realizado en la misma desde el año 2002 y, por tanto, a exigir toda la
documentación relativa a las obras llevadas a cabo en dichas instalaciones. Estamos ni más ni menos, como decía al principio de mi intervención, que pidiéndole al Gobierno que, como cualquier ciudadano, cumpla la ley y cumpla con sus obligaciones
tributarias. Sabidos son los equilibrios presupuestarios que tienen que realizar los ayuntamientos para prestar los servicios que les corresponden para que, encima, se le impida recaudar por una de las fuentes de financiación que legalmente le
corresponde a la Administración local. Por todo ello, solicitamos el voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señorías, el Grupo Popular presenta una proposición no de ley que, como bien ha dicho, solicita que el Gobierno autorice al Ayuntamiento de Rota a obtener toda la información relativa a las obras realizadas en el
recinto de la base naval, para poder liquidar las cantidades correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de la base, pudiendo llevar a cabo cuantas inspecciones fueran necesarias. En nombre de mi grupo parlamentario, me gustaría empezar
diciendo que este es un tema de gran interés para el Ayuntamiento de Rota; para el actual donde gobierna una coalición formada por Roteños Unidos y el Partido Popular, y para el anterior gobernado por el PSOE. ¿Por qué digo esto? Porque sea cual
sea el partido que gobierne el Ayuntamiento de Rota solicita la recaudación del IBI de las instalaciones de la base; y sea cual sea el partido que gobierne en España se actúa conforme a la ley y a la Constitución. Es precisamente con un alcalde
socialista, Domingo Sánchez Rizo, cuando se decide el procedimiento de compensación del IBI con aquellos bienes que no estén afectos a la defensa nacional dentro de la base, como podría ser un campo de golf o una piscina, ya que la ley solo recogía
que estaban exentos aquellos que estuvieran afectados directamente a la defensa. En ese sentido, hay diversas sentencias tanto de la Audiencia Nacional, en julio de 1997, como del Tribunal Supremo, en julio de 2002, que han reconocido el derecho
del ayuntamiento de liquidar las cantidades correspondientes por dicho tributo. Por aquel entonces, el Gobierno de la nación, del Partido Popular, incluyó en la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales una ampliación de la
exención para que se declaren exentos todos los bienes integrantes de dicha base naval; es decir, todos, también los que antes no se recogían.
Consecuentemente, con esta modificación de la ley el Ministerio de Defensa ha procedido a impugnar en
vía administrativa y jurisdiccional cuantas liquidaciones del impuesto se han practicado a partir de la vigencia de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A pesar de ello, el ayuntamiento ha seguido compensándose la deuda.
Recientemente -el señor Romero no lo ha mencionado, quizá lo desconozca- el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, en sentencia de 3 de marzo de 2010, ha estimado la solicitud de exención del IBI de la base naval de
Rota. Para ello, se ha apoyado en sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de junio en la que se reconoce la exención del IBI para todas las instalaciones de la base aérea de Torrejón, y también en la sentencia del
Tribunal Superior de Andalucía, de fecha 20 de enero de 2010, en la que se indica que la afección se deriva de su adscripción a una entidad destinada al cumplimiento de los fines que señala el artículo 62 del texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales. Sabemos que el Ayuntamiento ha recurrido este contencioso y, por tanto, no nos queda más que esperar a que se produzca una sentencia firme y definitiva, una sentencia que o bien declarará el sometimiento de las instalaciones de la base al
IBI o, en su caso, la exención tributaria. No obstante, en tanto en cuanto no haya esa sentencia firme el Ministerio de Defensa está obligado a ejecutar la defensa de los intereses del Estado mediante la impugnación de los actos dictados para la
liquidación o pago anticipado del IBI.
Por consiguiente, señor Romero, es un Gobierno del PP el que amplía a todos los bienes la exención de dicho impuesto en la base de Rota conforme a esa Ley de Haciendas Locales. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Cádiz
basa su sentencia en esa modificación, sentencia que no es firme porque está recurrida. Por eso, señor Romero, muestra usted una gran falta de rigor y de coherencia; aquí vale echar todas las culpas al Gobierno socialista respecto a un tema que
cuando gobernó el Partido Popular no quiso compensar -por eso cambió la ley- y que ahora, nos guste o no, hemos de esperar a que resuelva la justicia.
Señorías, todo este debate previo es necesario para entender que por distintos motivos -un procedimiento judicial abierto, una ley que no ampara lo que se pide en esta iniciativa- la proposición no de ley no tiene sentido en estos momentos.
Se pide que se dé un requerimiento al Ayuntamiento de Rota para inspeccionar las instalaciones de la base con la finalidad de tener información sobre la obra realizada, cuando hay una sentencia que dice que las instalaciones que están dentro no
tienen que pagar IBI. Además, tengo que recordar que la defensa es una competencia exclusiva del Estado, tal y como se recoge en nuestra Constitución, y como tal, instalaciones como las bases militares solo deben ser inspeccionadas
por los órganos de la Administración del Estado, y aun así con las prevenciones derivadas de su clasificación de seguridad, de acuerdo tanto con la legislación española sobre secretos oficiales como con la normativa de la OTAN de la que
España es miembro de pleno derecho. Por eso, señorías del Grupo Popular, no nos pidan que nos saltemos la Constitución, la legislación española sobre secretos oficiales y la normativa de la OTAN; como también hemos de respetar el Convenio entre el
Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la Defensa de 1 de diciembre de 1988, en cuyo artículo 69 se detallan los bienes que están exentos de cualquier impuesto, texto que también tengo que recordar que se revisó el 10
de abril de 2002 -Gobierno del Partido Popular- por el protocolo de enmiendas y en el que ustedes no introdujeron ningún cambio al respecto.
Por otro lado, ha de señalarse que la posibilidad de que el Ayuntamiento de Rota realizase directamente actuaciones inspectoras supondría vulnerar el régimen de competencias en materia catastral, al otorgar de manera individual a un solo
ayuntamiento funciones que corresponden a la Dirección General del Catastro. Además, según nos ha informado la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz, este tiene una comunicación fluida con los responsables de la base naval de Rota que han
venido suministrando a la oficina catastral cuanta información le ha sido solicitada, dándose la circunstancia de que esta información se está incorporando al catastro contando con la colaboración del Ayuntamiento de Rota en el marco del convenio
que en materia de gestión catastral tiene suscrito desde el año 1999 con esa entidad local. No obstante, señor Romero, si no es así es que no nos han dado bien la información desde el catastro de Cádiz y nos informaremos al respecto para que ese
intercambio de información se lleve a cabo.
Señor diputado, la incoherencia de su grupo le lleva a pedir algo que en estos momentos no se puede hacer quizás porque la proposición no de ley esté desfasada -se presentó hace más de un año cuando ni siquiera había salido la última
sentencia judicial-, pero usted es libre de decir que los socialistas no tenemos en cuenta a la ciudad de Rota ni a los roteños o que si ustedes gobernaran lo harían -queda muy bien que usted les diga eso allí a los vecinos y a los medios de
comunicación-, pero también le recuerdo que debería explicarles por qué durante cuatro años votaron en el Congreso en contra de compensar económicamente a la ciudad de Rota y a sus ciudadanos por tener una gran instalación militar en su territorio
(El señor Romero Girón hace gestos negativos.) y por qué llevan seis años votando en contra de esa misma compensación que sí le está dando a la ciudad el Gobierno socialista, compensación que asciende en estos seis años a 2.250.000 euros; 2.250.000
euros a los que el Partido Popular ha dicho seis veces que no.
La verdad sólo tiene un camino. Fue el PP quien endureció la exención del IBI de la base de Rota en la Ley de Haciendas Locales. Hay una sentencia judicial que no da la razón al Ayuntamiento de Rota, y mientras esa sentencia no sea firme
el Gobierno no puede hacer más que decir que acatará lo que los tribunales decidan, dicho lo cual espero que el Grupo Parlamentario Popular respete en la sede del Poder Legislativo lo que dicen las leyes. Mi grupo parlamentario va a votar en contra
porque, por encima de aspiraciones y deseos que también son los del Partido Socialista en Rota, hemos de respetar siempre los procedimientos legales.
- SOBRE LA PROMOCIÓN DE LAS AGRUPACIONES EUROPEAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (AECT). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001722.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre promoción de las agrupaciones europeas.
Para su defensa tiene la palabra el señor Román.
El señor ROMÁN GUERRERO: La propuesta que trae el Grupo Socialista creo que es muy interesante desde el punto de vista de la política territorial, porque la construcción europea ha conocido muchos avatares en los últimos años, los que hemos
conocido nosotros, y la verdad es que ha sido un proceso muy largo, muy complejo, muy difícil, con idas y venidas pero siempre hacia delante. Este es un complemento del proceso de la unificación europea, un proceso que no afecta solo a los Estados,
sino también a las personas, y tiene que afectar también a unidades territoriales menores, como es el caso que hoy nos ocupa. En consecuencia, la propuesta va en la buena dirección de que entidades territoriales, que no son los Estados, también
participen en el proceso de cooperación de una manera positiva, y puedan conseguir logros importantes para las poblaciones afectadas por los acuerdos que a continuación detallaremos. Estamos hablando de mejorar o potenciar las agrupaciones europeas
de cooperación territorial. Actualmente hay nueve en funcionamiento y veinte en trámites de constitución en el conjunto de Europa. España está afectada por cuatro -Galicia-norte de Portugal, Duero-Douro, Zasnet y Pirineos-Mediterráneo-, pero es
evidente que hay también otras comunidades que están gestionando nuevas estructuras de este carácter. Está regulado por un reglamento de la Unión Europea, de julio del año 2006, y hay un decreto que regula su aplicación para nuestro país y que
explicita el conjunto de los requisitos que tienen que cumplir estas agrupaciones, que se hizo un año y medio más tarde que el reglamento de la Unión Europea, el 18 de enero de 2008. Lo que se persigue es aumentar la cohesión en el conjunto de los
territorios, no solamente desde el punto de vista transfronterizo, que es muy importante, sino transnacional.
Hay elementos muy importantes cuando se constituye una unión de esta naturaleza, porque tienen que definir quiénes son los miembros, pero también qué lengua va
a ser la lengua de trabajo, qué presupuesto se le va a dar y cuáles son las finalidades que va a perseguir. En definitiva, de lo que estamos hablando es también de conseguir fondos europeos que pueden cofinanciar programas que planteen
estas unidades territoriales, sacados de los diferentes fondos que tiene la Unión Europea -el Fondo europeo de desarrollo regional (Feder), el Fondo social europeo, el Fondo de cohesión, etcétera-, para beneficiar a sus poblaciones y llevar a cabo
programas que afectan a estas unidades territoriales. El ámbito de aplicación es el conjunto de las actuaciones que tienen actualmente las comunidades autónomas. Puede ser en el ámbito de las infraestructuras, del medio ambiente, de la
investigación, de la formación, de la energía, de la asistencia social, etcétera. En definitiva, eso es todo lo que podemos pensar en la actuación de este conjunto de unidades territoriales.
Hace unos días, el 22 de mayo, se celebró en Cáceres una cumbre sobre cooperación territorial europea y se subtitulaba, las agrupaciones europeas de cooperación territorial y transfronteriza. Ahí participaron la mayor parte de estas
agrupaciones, la Presidencia de turno europea, nuestro ministerio y el Comité de representantes del Comité de regiones y de la Comisión Europea. Se debatieron las líneas de futuro que tenían que tener estas agrupaciones europeas de cooperación
territorial.
¿Qué punto le pedimos al Gobierno? Con esto concluyo, y espero la unanimidad de todos los grupos. En primer lugar, potenciar la creación de las agrupaciones europeas de cooperación territorial con la participación de la Administración
española. En segundo lugar, promover la simplificación de los trámites administrativos que se exigen para la autorización de la participación de las administraciones españolas, que son bastantes, me refiero a los trámites. Y, en tercer lugar,
facilitar el intercambio de información entre las agrupaciones que ya están constituidas. Es una propuesta positiva, que va a afectar a las constituidas o a las que se están constituyendo, y que viene a facilitar el trabajo de aquellas que se
quieran constituir en el futuro. Lo digo nuevamente: El Grupo Parlamentario Socialista espera la conformidad del conjunto de los grupos parlamentarios que participen dentro de poco en la votación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador.(Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: He leído atentamente la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista presentada por el señor Román. En mi grupo entendemos que es una declaración de intenciones en toda regla, y como tal declaración de
intenciones nos parece impecable. Vaya por delante la unanimidad requerida por que, señor Román, la va a tener. Es más, prescindiendo del interés que suscita este asunto de cooperación transfronteriza para mi grupo parlamentario, me atrevería a
decir también que en los tiempos que corren esta proposición no de ley tiene el cometido que a propósito de la Presidencia española quiere evidenciar un dinamismo y una actividad de la que, lamentablemente, ha venido careciendo el Gobierno en los
últimos años. Comprendo, no obstante, que ustedes promuevan iniciativas de este tipo en un intento de maquillar la torpe intervención y la torpe actividad del Gobierno. Podríamos decir que ese es uno de los cometidos que tienen las iniciativas que
llamamos cariñosamente de campanario, que dicen mucho a favor y en interés del diputado, en este caso del señor Román, que las promueve, pero que en modo alguno consiguen salvar al Gobierno, aunque créame, señor diputado, empapelasen con iniciativas
de estas características todo el Congreso.
Ustedes vienen a solicitar de esta Comisión el apoyo a una iniciativa que no merece contestación en contra, pues está probado que la cooperación transfronteriza es una buena fórmula para mejorar la
cohesión y el crecimiento entre regiones. De hecho, la Comisión y el Consejo en el procedimiento tasado de codecisión reglamentaron la constitución y funcionamiento de agrupaciones europeas de cooperación territorial, normativa que, como todos
sabemos, es vinculante para todos los estados miembros y que el Gobierno español por su parte vino a dictar real decreto para desarrollar el mismo. En atención a ello, el Grupo Socialista viene hoy a explicarnos lo importante que es la cuestión
territorial en el ámbito de la Unión Europea, tras dos años en las que han sido cuatro las agrupaciones de colaboración transfronteriza creadas, de entre las veinte en proceso de construcción, en las que una de las partes intervinientes es española.
Créame que de todo esto lo que más nos llama la atención, lo más sorprendente fue ver hace poco al vicepresidente tercero del Gobierno presidiendo la cumbre de Cooperación Territorial Europea y manifestando la oportunidad que ofrecen este
tipo de agrupaciones para activar el mundo rural, cuando en España la financiación de haciendas locales viene retrasándose injustificadamente. Pero quizá lo más de lo más, señor Román, lo más inaudito fue ver el domingo al presidente del Gobierno
en un acto en la ciudad de Elche -cuyo consistorio está catalogado como el más endeudado de toda España, sin ser capital de provincia- teniendo que sufrir el sofoco de predicar lo que más tarde todos los grupos políticos le hemos echado en cara:
meterse en la boca del lobo precisamente en un ayuntamiento socialista. Diría que ustedes no vienen aquí más que a recrear un panorama de fantasía con la intención de hacer evidente y visible el interés que tienen en la cooperación transfronteriza,
cuando la verdad es que el único interés que mueve al Gobierno es, sin duda, disimular la penosa situación que ha llegado a tener como consecuencia de esto que se llama, contabilidad creativa, y que tan malos resultados les ha dado.
Esta iniciativa habla -como lo hacía también, por cierto, el señor Chaves- de las ventajas que ofrecen las AECT como instrumentos para avanzar en la cohe
sión económica y social, así como una forma de facilitar el crédito para costear infraestructuras o servicios de interés común y para crear empleo y propiciar la igualdad de oportunidades en territorios europeos. Qué frases más bonitas, más
elocuentes, más estupendas: cohesión económico-social, crédito para poder costear infraestructuras o servicios y empleo e igualdad de oportunidades. Sin duda eso queda muy bien negro sobre blanco y también decirlo en una cumbre, pero en el Grupo
Parlamentario Popular opinamos que quizá la mejor sugerencia que ustedes pueden hacer a quienes les asesoran es invitarles a que hagan una exhaustiva lectura de la estrategia de Lisboa para que desde su análisis extraigan las conclusiones precisas y
prácticas que les permitan convencer al Gobierno de lo inútil que resulta el flatus vocis que realiza el señor Chaves. Esto está basado en que ustedes hablan de cohesión entre regiones europeas, cuando en España practican lo contrario. Hablan de
agrupaciones transfronterizas como forma de facilitar el crédito para costear infraestructuras y servicios, cuando aquí tienen a los municipios completamente asfixiados, en total bancarrota, y a algunas comunidades autónomas sin transferirles
todavía los fondos comprometidos. Hablan también de empleo e igualdad de oportunidades, cuando aquí en España recortan las pensiones y evitan hacer políticas activas de empleo que frenen la cifra de casi 5.000.000 de parados, una sangría
completamente inaguantable. A todo esto debemos añadir la pérdida de transferencias europeas que hasta hace unos años financiaban gran parte de la inversión pública nacional, por cierto, a coste cero para los españoles, como, por ejemplo, el Plan
hidrológico nacional, derogado por ustedes, para el sureste español, concluimos que el actual Gobierno no puede hacerlo peor de lo que lo está haciendo, y que por mucho que se esfuercen en traer a este Parlamento iniciativas de este tipo para crear
la opacidad necesaria que requiere el Gobierno para disimular su inacción, de nada les va a servir, puesto que no hay nada que oculte o que disimule lo que ya es imposible de ocultar y disimular.
Nos hallamos, señorías, ante la Europa de las 278 regiones entre las que existen grandes y evidentes desigualdades y en las que habitan más de 490 millones de ciudadanos. Estas regiones conforman la Unión Europea, en cuyo seno los Estados
miembros practican una política regional que encuentra en el Fondo de desarrollo local, en el Fondo social europeo y en los fondos de cohesión los instrumentos más eficaces para combatir las desigualdades. En este sentido se pronuncia la Agenda de
Lisboa, estableciendo una serie de estrategias comunes. Pero estas ayudas económicas deben ir acompañadas de las reformas estructurales necesarias, que todavía están sin realizar, para no correr el riesgo de hacer de la subvención la principal
fuente de renta, algo en lo que el Gobierno ya ha demostrado ser un maestro.
A pesar de todo esto, no pretendemos, de ninguna de las maneras, transmitir que nos parezca mal la iniciativa presentada. Ya lo hemos dicho al principio. Lo que queremos decir, en lo que queremos poner el acento es en que estamos ante un
instrumento estupendo que nos brinda Europa a todos los Estados miembros. Dicho instrumento podría ser aprovechado en mayor o menor medida en función de la forma en que desde nuestro ámbito doméstico podamos avanzar, a la vez que nos puede permitir
que ese avance dentro de nuestro Estado sea la mejor carta de presentación para aquellos que quieren cooperar con nosotros. Por tanto, somos conscientes de las ventajas que ofrece esta figura jurídica creada en el seno de la Unión Europea y que
permite la agrupación de sus miembros, ya se trate de autoridades regionales, locales, Estados miembros o incluso organismos de derecho público, sin que además se exija vecindad fronteriza entre ellos y que además permite la gestión de un
presupuesto propio. Por tanto no vamos a oponernos a esta iniciativa, aunque siempre estaremos con la vista puesta en este mecanismo porque resultará de gran interés si no nos quedamos en predicar las bondades que ofrece, sino que ponemos los
medios necesarios para nuestro fortalecimiento como país, como nación, y estamos así en condiciones de ofrecer y recibir solvencia desde y hacia nuestros vecinos.
- SOBRE EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES EN LA ESTRATEGIA EUROPA 2020. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001723.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º y último del orden del día, proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre el papel de las administraciones territoriales en la estrategia Europa 2020. Para su defensa tiene la palabra la
señora Tortosa.
La señora TORTOSA URREA: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para defender la proposición no de ley que hemos presentado sobre el papel de las administraciones territoriales en la estrategia Europa 2020, en la que proponemos en
concreto que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a promover la participación estructurada de la Administración, tanto regional como local, en la elaboración de los planes nacionales de reforma englobados en la nueva estrategia Europa
2020.
A modo de retrospectiva, todos hemos valorado muy positivamente que el Tratado de Lisboa reconociera por primera vez la cohesión territorial como objetivo de la Unión Europea, un reconocimiento concebido como complemento de la cohesión
económica y social, de forma que las peculiaridades territoriales sean tenidas en cuenta en la elaboración y aplicación de las políticas comunitarias, y que las decisiones sean tomadas lo más cerca posible del ciudadano. En los últimos meses ha
habido ciertas señales alentadoras de apoyo a la acción política del Comité de las Regiones: reconocimiento del
importante papel de los entes locales y regionales en la lucha contra el cambio climático, materializado en el éxito del pacto de alcaldes; la contribución de las regiones y ciudades al Plan europeo de recuperación económica; la creación
de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea, que apoya una visión multinivel de la política de vecindad y el prometedor desarrollo de las agrupaciones europeas de cooperación territorial, cuestión que hemos tratado en la anterior proposición.
Todas ellas son señales que han confirmado el valor para la Unión Europea de una gobernanza compartida. La Presidencia española de la Unión Europea ha tenido entre sus objetivos la profundización en la gobernanza multinivel de las instituciones y
políticas comunitarias, entendida como proceso de integración de los objetivos de los entes regionales y locales en las estrategias de la Unión. Así lo demuestran las distintas iniciativas llevadas a cabo. Por ejemplo, la primera reunión informal
de ministros de Política Territorial, celebrada en Málaga en el mes de marzo, planteó entre sus conclusiones que para alcanzar una política de cohesión sobre el terreno las autoridades regionales y locales deben adquirir una mayor implicación en la
gestión de estas políticas, considerando las competencias de las que son titulares y que contribuirán directamente a la consecución de los objetivos de la estrategia 2020. En dichas conclusiones, además, se señala que deberían profundizarse las
vías para impulsar la implicación de los niveles locales y regionales en los procesos de decisión de la Unión, incluyendo su participación en tales procesos de decisión, siempre de acuerdo por supuesto con los marcos constitucionales de cada miembro
y reforzando la cooperación del Comité de las Regiones con otras instituciones comunitarias.
Señorías, el debate del Libro Blanco sobre gobernanza multinivel ha producido un verdadero cambio de planteamientos, pues de considerarse hasta hace un tiempo un paradigma ha pasado a apuntarse como un verdadero instrumento de acción
política y se ha recibido como una verdadera oportunidad para dar forma a la participación efectiva de los entes locales y regionales en el proceso decisorio comunitario. El impacto de la crisis mundial y la evaluación de los primeros resultados de
la reacción de la Unión Europea han influido sin lugar a dudas en reivindicar la participación de todos los agentes políticos y económicos en el dispositivo de reactivación. Los esfuerzos realizados por Europa para abordar la crisis económica
requieren una mayor coordinación y una actuación más rápida sobre el terreno. Este sería el máximo mensaje del V Diálogo territorial para el crecimiento sostenible y el empleo y, de sus conclusiones, me atrevo a destacar que uno de los principales
problemas señalados por las regiones y las ciudades participantes es la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Voy a reiterar de nuevo una idea que se ha repetido en esta Comisión en muchas ocasiones y que muchos de los que formamos parte de esta Comisión de Política Territorial, que venimos del municipalismo y de responsabilidades en nuestras
comunidades autónomas, conocemos muy bien, y es que frente a la constante disminución de los ingresos públicos cuesta mucho mantener los servicios de primera línea de los que dependen nuestros ciudadanos y esta experiencia y, sobre todo, esta
participación tiene que ser exigida y tiene que ser adecuada además para la preparación de los planes nacionales y de la Unión, que pueden contribuir -eso lo opino personalmente- a contrarrestar los efectos de la crisis compartiendo esas
experiencias. En estos momentos, cada vez es más palpable que la solución a los problemas de Europa demanda precisamente más Europa. Un mayor protagonismo de la Unión Europea en la definición del nuevo orden internacional está inseparablemente
unido a la necesidad de fortalecer la integración de sus políticas, porque solo una Europa más unida será una Europa más fuerte y, en realidad, una Europa más fuerte debe significar también una Europa más próxima a los ciudadanos, sus intereses y
sus necesidades, así como más cercana al conjunto de sus territorios, independientemente de su situación geográfica. Y para conseguir, señorías, esta fortaleza es imprescindible, como ya se ha apuntado anteriormente, contar con aquellas
administraciones que están más cerca de los ciudadanos, que conocen sus problemas, sus inquietudes, y que pueden y deben saber combinar gobierno y administración de lo local o de lo regional con la pertenencia a un espacio más amplio, más abierto y
que ofrece posibilidades que deben ser aprovechadas y retos que deben ser respondidos. Una de las principales propuestas políticas del Comité de Regiones para que 2010 pase a ser un año de recuperación en las regiones y en las ciudades es la
necesidad de la gobernanza multinivel para aplicar el Plan europeo de recuperación económica de la manera más eficaz posible y para promover la recuperación económica. La consolidación de la participación de todas las administraciones territoriales
en la formulación de los programas nacionales de reforma, ganando así en coordinación y participación, mejoraría, entre otros objetivos incluidos en la estrategia 2020, la perspectiva de creación de empleo y de reanimación de la actividad económica,
el ahorro energético y la utilización de energía sostenible, el apoyo a las pymes, la simplificación administrativa, la integración de la población inmigrante, como ejemplos más significativos. En esa línea, la Presidencia española pretende que el
territorio, con sus necesidades específicas pero también con todas sus potencialidades, sea la base de trabajo para seguir construyendo esta nueva fase del proyecto europeo.
Por lo que se refiere a nuestro país y por lo que afecta a las entidades locales, cabe señalar que el Gobierno de España, convencido de la necesidad de concienciar a toda la sociedad de la importancia de los objetivos de la estrategia de
Lisboa, estableció también los mecanismos para que esta sociedad participase en la elaboración y seguimiento del programa nacional de reformas. En concreto, las corporaciones locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias,
fueron
invitadas a expresar sus prioridades, realizaron aportaciones al programa nacional de reformas desde el primer momento y han sido convocadas para la evaluación y seguimiento continuos.
Voy a terminar, señorías, si me lo permiten, haciendo referencia a la declaración del 50.º aniversario de la firma de los Tratados de Roma, el 25 de marzo de 2007, que dice así: Hay muchas metas que no podemos alcanzar solos, pero sí
juntos. Las tareas se reparten entre la Unión Europea, los Estados miembros, sus regiones y sus municipios. Señorías, muchos son los pasos que se han dado para conseguirlo, pero muchos son todavía los que debemos realizar. Estas serían las
razones por las que en nombre de mi grupo defiendo la proposición que hemos presentado y estoy convencida de que su aprobación por todos los grupos supondrá un avance importante en la participación de las entidades locales y regionales en el proceso
de toma de decisiones comunitario.
El señor PRESIDENTE: Para turno de fijación de posiciones, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, dadas las circunstancias y que no es habitual intervenir en una materia en la que no se ha estado presente durante el curso del debate, solo quiero hacerlo para felicitar a la interviniente por su
lucidez expositiva y por el carácter propositivo de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Solana.
La señora SOLANA BARRAS: Yo también aprovecho para felicitar a la proponente por su amplia y docente exposición de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación, paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la proposición no de ley sobre el papel de las administraciones territoriales en la estrategia de Europa 2020. La Unión Europea con ese documento pretende asentar
las bases estratégicas para el próximo decenio. El objetivo es lograr un crecimiento socialmente integrador, basando sus logros en la experiencia y por tanto, y debemos reconocerlo, en las luces y en las sombras de su predecesora, la estrategia de
Lisboa.
Se enmarca en tres objetivos temáticos: crear valor a través del conocimiento, potenciar el papel de los ciudadanos en unas sociedades inclusivas y crear una economía competitiva y coordinada. Por tanto, es un documento estratégico que se
presenta como una agenda de gestión de la actual coyuntura, pero también se puede interpretar por su optimismo, y me van a permitir que lo diga, como un verdadero relato de caballería. Si se lee la última versión del documento, es cierto que los
objetivos son ambiciosos: lograr que el empleo alcance un 75 por ciento de la población, invertir el 4 por ciento del PIB en investigación, reducir un 20 las emisiones de CO2 en relación al año 1990, lograr que la tasa de licenciados llegue a un 40
por ciento de la población adulta o reducir en una cuarta parte la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Por tanto, señorías, España, a tenor de la situación actual, tiene un complicadísimo punto de partida -recientemente
descubierto por nuestro Gobierno- y que va a exigir, después del 8 de mayo, retomar una nueva agenda en ese campo. La presencia de ayuntamientos y comunidades autónomas en la estrategia 2020 es importante para que estas administraciones ocupen el
lugar que les corresponde dentro de la Unión Europea, pero también -y si me permite, señor presidente... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden un momento de silencio para poder escuchar a la interviniente.
La señora SOLANA BARRAS: Se lo agradezco.
Como decía, la presencia de ayuntamientos y comunidades autónomas en la estrategia 2020 es importante para estas administraciones pero también para la propia Unión Europea en la medida en que los gobiernos locales son las instituciones más
próximas a la ciudadanía y el cauce imprescindible a la hora de lograr una mayor identificación con el proyecto que representa la integración europea. Si hay algo tangible es que los gobiernos de proximidad -municipios y comunidades autónomas-
representan especialmente a la Europa real y diversa. Por ello, si el proyecto de Europa significa avanzar y se cumplen las expectativas que lo inspiran, será reflejo de que ciudades y regiones habrán contribuido a ello decisivamente. Señorías, se
debe superar la fase de fórmulas atractivas y bellas palabras. La importancia de lo local se pone de manifiesto en el hecho de que los problemas globales son problemas locales y es en la localidad donde se sienten y sufren en primera instancia.
Siempre los afectados son locales, viven en una ciudad. Las ciudades y regiones europeas -y cómo no, las españolas- son un reflejo de eficacia sin medios y se enfrentan a importantes desafíos ocupándose de asuntos para los que no tienen
habitualmente ni competencias ni recursos, pero ante los que no pueden dejar de actuar. Es preciso, por tanto, que las declaraciones se traduzcan en proyectos y los valores en políticas públicas de respeto, dotación económica adecuada y
coordinación empezando por la situación grave que viven los ayuntamientos en nuestro país. Las ciudades y regiones no solo deben cumplir sus responsabilidades; deben ser conscientes de su verdadero protagonismo y papel fundamental para que Europa
avance. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.
Perdone, señora Solana. Guarden por favor un poco de silencio. Ya estamos acabando. Dejen que la señora diputada intervenga en buenas condiciones de audición. Continúe, por favor.
La señora SOLANA BARRAS: Si me permiten, señorías, voy a ser muy concisa.
Solo pido dos segunditos más.
El señor PRESIDENTE: No hace falta que sea concisa. Utilice el tiempo que quiera. Es su derecho. Continúe, por favor.
La señora SOLANA BARRAS: Como decía, las ciudades y regiones no solo deben cumplir sus responsabilidades; deben ser conscientes de su verdadero protagonismo y papel fundamental para que Europa avance. En esa línea, estamos de acuerdo en
que se inste al Gobierno a que las administraciones territoriales estén presentes en la elaboración de los planes nacionales de reforma englobados en la estrategia europea 2020 en la convicción de que su presencia como protagonistas del Título VIII
de nuestra Constitución, y especialmente la presencia de nuestros ayuntamientos, obligue a que ocupen el lugar que les corresponde como poder del Estado.
Por todo ello el Grupo Popular votará a favor de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En un minuto comenzamos la votación. (Pausa.)
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto con la enmienda de adición aceptada del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se vota en segundo lugar la proposición no de ley número 411, de Convergència i Unió, que no aceptó enmienda alguna.
Se vota en sus propios términos, con la autoenmienda que él mismo presentó.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Retirada por el Grupo Popular la número 872, que estaba acumulada a la 1236, se vota esta y se vota en los términos de la autoenmienda, puesto que no ha sido aceptada ninguna.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos la número 990, del Grupo Popular, sobre la devolución del impuesto sobre bienes inmuebles de la base naval al Ayuntamiento de Rota. Se vota en sus términos puesto que no ha habido enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 1722, del Grupo Socialista, sobre promoción de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finamente votamos la número 1723, del Grupo Socialista, sobre el papel de las administraciones territoriales en la estrategia Europa 2020.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.