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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 516, de 13/04/2010
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2010 IX Legislatura Núm. 516
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 36
celebrada el martes, 13 de abril de 2010
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre elaboración de un catálogo de regulaciones administrativas de carácter económico de las comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000106.) ... (Página 2)
- Relativa a la aprobación de un plan estratégico de apoyo al sector del azulejo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000914.) ... (Página 6)
- Sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal en los billetes de 500 euros. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001398.) ...
- Relativa a la deducción en el IRPF y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001599.) ...
- Relativa a la celebración de un sorteo extraordinario de la lotería nacional a favor del Año Xacobeo 2010. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001364.) ...
Otros asuntos:
- Debate y votación de la solicitud de creación de la subcomisión y ponencia para el fomento de la economía social. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 158/000005.) ...
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
- SOBRE ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE REGULACIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000106.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la reunión.
Tenemos en primer lugar la proposición no de ley sobre la elaboración de un catálogo de regulaciones administrativas de carácter económico de las comunidades autónomas. Está promovida por el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa y
exposición tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señorías tratamos hoy de una proposición no de ley presentada el 3 de junio de 2008, que, como ocurre en algunas ocasiones -este sería desde mi punto de vista el caso-, no solo no ha caducado, en el sentido de que
lo que se plantea en ella ya no tenga actualidad, sino todo lo contrario. Permítanme que les diga que, yo pienso que, si era necesaria en aquel momento, hoy, transcurridos casi dos años y los acontecimientos que en esta materia se han venido
sucediendo -aquella última recomendación que hizo el Consejo de Cooperación Económica unos días antes de que presentáramos esta iniciativa, que nos llevó finalmente a redactarla y presentarla-, sigue teniendo actualidad y hace que a nuestro juicio
sea todavía más necesario y más urgente tomar alguna de las decisiones que aquí planteamos.
Desde la segunda mitad de la década de los noventa, saben SS.SS. que diversas organizaciones internacionales, además de gobiernos nacionales, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Comisión Europea, la
Union of Industrial and Employers' confederations of Europe, han alertado acerca de los posibles efectos negativos de las regulaciones administrativas de carácter económico, en especial cuando estas regulaciones son excesivas, superpuestas y
acumulativas en un mismo sector de actividad. Excesivas desde ese punto de vista, un número excesivo que se superpone y que se acumula dentro de un mismo sector.
España, como les decía, no ha sido ajena a esta situación, aunque bien es cierto que
en general ha aplicado las directrices europeas en esta materia, favoreciendo así una mayor competencia en determinados mercados.
Sin embargo, mientras el Estado ha propiciado la desregulación de los mercados competitivos, no ha ocurrido lo mismo
con respecto a los gobiernos de las comunidades autónomas, de manera que en muchos de estos se ha registrado una auténtica proliferación normativa que se traduce en la existencia de varios miles de normas publicadas. Podemos insistir, y quiero
hacerlo, en que se podría decir que el Gobierno de la nación ha cumplido con todas las recomendaciones internacionales y europeas -particularmente en esta materia ha desregulado y se ha adaptado a estas recomendaciones-, sin embargo, esto no se ha
producido en las distintas comunidades autónomas.
Como les decía al principio, desde diferentes instancias empresariales y sindicales se ha llamado la atención acerca de los efectos perniciosos que pudieran derivarse de la acción normativa de las comunidades autónomas en materia económica,
toda vez que con ellas se están generando o se pueden generar barreras a la movilidad, tanto del capital como del trabajo. Les recordaba que el Consejo de Cooperación Económica, en esa labor de
asesoramiento a la Comisión Europea, alertó semanas antes de que planteáramos esta iniciativa, allá por junio de 2008, acerca de la necesidad de favorecer en España políticas que restablezcan -decía expresamente- la unidad de mercado en
tanto en cuanto este se ha visto mermado por las regulaciones autonómicas. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en España? ¿Cuáles son las consecuencias de este relato que les he hecho, que no es un diagnóstico... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Díez, un momento.
Si son tan amables, intenten mantener sus conversaciones de modo que se pueda escuchar a la señora diputada.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Una no aspira a que la escuchen, pero sí por lo menos a poderme escuchar cuando estoy hablando, que ya me estaba perdiendo. Muchas gracias, presidente. ¿Cuál es la conclusión de toda esta duplicidad y afán
normativo, descontrolado, en el sentido de no saber exactamente qué es lo que tenemos en el conjunto de todas estas normativas y de todo este relato que les he hecho, que no es un diagnóstico, sino un relato de hechos fácilmente comprobables? ¿Qué
es lo que tenemos en España? Pues tenemos diecisiete emisores de legislación con efectos económicos, a los que hay que sumar la Administración central más las normativas europeas. ¿Cuáles han sido los efectos? Pues en muchos casos un incremento
del coste empresarial, en muchos casos también una incertidumbre, no solamente por parte de las empresas sino también por parte de los trabajadores, una limitación de mercados en muchas ocasiones también y una ruptura de la unidad de mercado. Esto
no es una cosa que favorezca al Gobierno de la nación y perjudique a las comunidades autónomas o viceversa, no. Yo creo que esta situación perjudica el interés general y por eso planteo esta iniciativa. Les pondré un ejemplo, de los muchísimos que
podríamos extraer de esta reflexión, de la parte de España que mejor conozco, el País Vasco, pero estoy segura de que todos ustedes podrán citar ejemplos inmediatamente conocidos en su entorno. En el País Vasco es sabido y conocido por sindicatos y
por empresarios -pero los sindicatos han sido los que más activamente han denunciado esta situación- que no hay manera de que las grandes empresas de obras públicas españolas consigan adjudicaciones en concursos públicos, mientras que las consiguen
en Gran Bretaña o en Estados Unidos. No hay manera de que puedan entrar en los primeros. ¿Por qué y para qué? ¿Porque sale mejor que haya una UTE de empresas locales, porque eso redunda en el interés empresarial y en el interés sindical, porque
eso cohesiona mejor el país, porque eso es más rentable para la comunidad autónoma y por tanto para el conjunto? Pues no, yo creo que porque de esa manera hay una economía que está más controlada por el poder autonómico y que a veces, demasiadas
veces, invocando argumentos identitarios y proteccionistas se termina perjudicando intereses objetivos de la sociedad, también de las propias empresas que están radicadas en el País Vasco, intereses objetivos de la sociedad que son sencillos de
establecer, una economía más competitiva, mejores ofertas y servicios, también para los consumidores. En algunas ocasiones escuchamos discursos de protección a las empresas, pero luego resulta que, cuando rascas un poquito, te encuentras que el
discurso lo que lleva aparejado es proteger en demasiadas ocasiones a las empresas menos eficaces, que en muchos casos tienen como única finalidad, como les decía antes, mantener resortes de control socioeconómico que suelen ser vitales para el
poder local.
Voy terminando, presidente. Hechas todas estas consideraciones, podríamos decir que esto no tiene arreglo, que tendríamos que cambiar la Constitución y tendríamos que cambiar las leyes. No es cierto, la Constitución española prestó
atención a estos problemas que les acabo de relatar. Por una parte, ordenó a los poderes públicos, en el artículo 38, la defensa de la productividad en el marco de la libertad de empresa, está en el artículo 38 de nuestra Constitución; por otra,
prohibió que cualquier autoridad adopte medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español; está en el artículo 139 de
nuestra Constitución. Y asimismo autorizó al Estado a que dictara leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas cuando así lo exija el interés general; está en el artículo
150.3 de nuestra Constitución.
Por esto, porque tenemos mecanismos, porque tenemos obligaciones, la fundamental de ellas la defensa del interés general, que va unida a la defensa de la cohesión y a la defensa de la igualdad, y también a la defensa de la unidad de mercado,
es por lo que les planteo esta proposición no de ley que insta al Gobierno a encargar, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, la elaboración de un catálogo de las regulaciones administrativas con carácter económico de las comunidades
autónomas, a que ese catálogo sea elaborado en un plazo de seis meses y a que el dictamen de ese catálogo y los informes que de ahí se desprendan sean estudiados por el Gobierno y estudiados también por el Parlamento a través de esta Comisión. Que
se recopilen las normas, que se estudien sus efectos y que el Gobierno defienda el interés general, en aplicación de lo que es su responsabilidad y utilizando los artículos de la Constitución, que no solo se lo permiten sino que se lo mandatan.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular y la va a defender el señor Erias Rey, que tiene la palabra.
El señor ERIAS REY: Señorías, hoy me corresponde a mí marcar la posición del Grupo Popular en relación con la proposición no de ley presentada por UPyD, sobre la posibilidad de establecer un catálogo que recoja todas las regulaciones
administrativas de carácter económico que han desarrollado y que se encuentran en vigor en las diferentes comunidades autónomas.
En primer lugar quiero decir que la iniciativa de UPyD nos parece que va en la línea correcta. Es evidente, y mi grupo parlamentario así lo ha señalado en diferentes iniciativas tanto en la legislatura pasada como en la actual, que
coincidimos con el fondo de lo que se pretende en la proposición no de ley que se está debatiendo. Coincidimos porque en última instancia lo que busca la iniciativa presentada por la señora Díez no es otra cosa que mejorar la unidad de mercado y
posibilitar por tanto que se reduzcan los costes de información y las trabas administrativas y burocráticas que merman de manera notable la eficiencia del mercado interior español. Téngase en cuenta, como señala la propia proposición no de ley, que
cuando se promueve y establece la intervención pública para corregir fallos de mercado hay que valorar si los efectos de esa intervención van a mejorar los resultados o, por el contrario, si la situación resultante va a ser menos eficiente que la
previa, a pesar de existir ese fallo de mercado. Esto es importante porque las normativas de las diferentes comunidades autónomas que pretenden corregir esos fallos de mercado están en muchos casos rompiendo la propia unidad de mercado y generando,
como ya he dicho, unos costes de transacción tan importantes que el resultado es una mayor ineficiencia y pérdida de competitividad.
Además, desde el Grupo Parlamentario Popular nos parece incongruente pertenecer a una unión monetaria en la que se
pretende, entre otras cosas, que los diferentes países que la conforman desarrollen un mercado único con el hecho de que en España la unidad de mercado se encuentre continuamente dificultada por las diversas normas puestas en marcha por los
gobiernos autonómicos.
Por este motivo hemos incluido una enmienda en la que se mantienen las líneas principales de la iniciativa original pero que se incorpora la necesidad de crear una comisión de expertos que analice las diferentes regulaciones y establezca las
prioridades sobre qué aspectos normativos hay que actuar con una mayor urgencia mediante la elaboración de leyes de armonización y coordinación, de modo que se garantice, no solamente esa unidad de mercado, sino también la libertad económica y la
igualdad de acceso de todos los españoles a los bienes y servicios, en especial, haciendo válido el principio de que ante la imposibilidad de disponer de una unificación normativa, cuando menos exista un órgano o una institución que se encargue de
coordinar y armonizar los diferentes marcos regulatorios. Para que esta Cámara pueda valorar el alcance de los trabajos de la comisión que proponemos y sus propuestas sería necesario que el presidente de la misma compareciera ante esta Comisión de
Economía y Hacienda, con el fin de exponer cuáles han sido sus conclusiones y qué aspectos consideran que son de mayor necesidad, en cuanto a acometer, en su marco regulatorio.
Para terminar, quiero volver a señalar la buena dirección de la iniciativa si realmente queremos que en España exista un mercado único y no tantos mercados distintos como comunidades autónomas, cada uno con normativas y regulaciones
diferentes. Esta situación de ruptura del mercado único supone una importante elevación de los costes de transacción al comportarse como auténticas barreras al comercio interior, lo cual tiene un efecto pernicioso sobre la competitividad de nuestra
economía y, en consecuencia, perjudica no solamente, como alguno puede pensar, a una comunidad autónoma concreta, sino que su efecto negativo se podrá sentir en el conjunto de las comunidades que forman parte de la economía española. Quiero
recalcar que, tanto en el programa electoral del Partido Popular como en posteriores documentos del partido y propuestas para hacer frente a la crisis económica de julio de 2008, nosotros ya reclamábamos la necesidad de garantizar la unidad de
mercado por la aprobación de una ley de unidad de mercado y un marco institucional para su vigilancia, asunto en el que de nuevo reincidimos cuando el 13 de abril de 2009, en el documento propuesto desde el Partido Popular sobre reformas
estructurales, volvemos a manifestar la necesidad de recuperar la unidad de mercado en su punto número 8 y a proponer, no solo la aprobación de una ley de unidad de mercado, según lo previsto en el artículo 139.2 de la Constitución, para garantizar
la libertad económica y fomentar la competencia en toda España, sino también la necesidad de crear una comisión nacional de unidad de mercado que garantice las anteriores demandas y promueva la igualdad en el acceso y prestación de los servicios
esenciales en toda España. En cualquier caso, el Partido Popular lo que promueve con esta enmienda es que tres grandes principios, como libertad de empresa, unidad de mercado y libertad de residencia, se vuelvan efectivos, según lo contempla, como
ya he dicho, el artículo 139 de la Constitución española, en concordancia también con el 51, sobre los derechos de los consumidores.
El señor PRESIDENTE: Olvidé comentar la hora de votación. Según habíamos hablado con los distintos portavoces, estimamos que no se votaría antes de las 12. También se nos ha solicitado un cambio en el orden de discusión de las distintas
PNL presentadas, de tal modo que la que aparece en 5.º lugar, que es del Grupo Parlamentario Catalán, pudiera ser discutida en tercer lugar, en sustitución de la relativa a la lotería nacional a favor del Año Xacobeo, que en este caso pasaría a ser
el 5.º punto del orden del día.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Presidente, ocurre que el responsable del Grupo Socialista para
exponer esta PNL que pide que se adelante está en un atasco. En la medida en que llegue a tiempo podemos cambiarlo, pero si no es así pido que no se cambie; también podemos llegar a un acuerdo para que sea el punto último, ya que tenemos
ganas de discutirla pero hay que tener en cuenta los imponderables.
El señor PRESIDENTE: Seguimos entonces con el orden de intervenciones relativas a la primera proposición no de ley. Retomamos el orden de menor a mayor y en este caso le correspondería intervenir al Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana. (Denegación.) Tampoco está el portavoz del Grupo Vasco ni el de Convergència i Unió. Pasamos, pues, al Grupo Socialista en cuyo nombre va a intervenir la señora Trujillo.
La señora TRUJILLO RINCÓN: Señora diputada, ha defendido hoy en esta Comisión una proposición no de ley que, con el pretexto de garantizar mercados más competitivos y por tanto más eficientes, pretende lisa y llanamente reeditar una nueva
loapa en el ámbito económico después de tres décadas de funcionamiento del Estado de las autonomías. A los socialistas, señora diputada, que tenemos una opinión diferente, su iniciativa nos parece, por un lado, extemporánea y desfasada y, por otro,
un mal trato normativo, innecesario e inmerecido, a las comunidades autónomas. Y le voy a explicar por qué, señora Díez. Es extemporánea por su debate hoy, a iniciativa suya, dos años después de que esta proposición no de ley fuera registrada, y
desfasada porque en dos años se ha avanzado mucho en la unidad del mercado europeo en términos de eficiencia y productividad y se ha avanzado también en todo el Estado español, incluidas comunidades autónomas, como no podía ser de otra forma. Yo
también señora diputada, le voy a poner ejemplos. En 2009, a iniciativa del Gobierno, hemos traspuesto parte de la Directiva de Servicios con dos leyes estatales -me refiero a las conocidas como ley paraguas y ley ómnibus- y también hemos aprobado
en los últimos años otras leyes que caminan en la dirección que con su iniciativa pretende.
Pero no solo en el Estado, sino también en el ámbito autonómico y dentro de sus competencias, las comunidades autónomas han traspuesto la directiva en su
ámbito competencial y lo mismo ha sucedido con las entidades locales y otras organizaciones. Como resultado de esta trasposición de la Directiva de Servicios se han eliminado autorizaciones administrativas no justificadas por razones de interés
general, se han sustituido procesos de autorización administrativa previa por declaraciones o comunicaciones ante las autoridades competentes, se han reducido otras cargas administrativas para los prestadores de servicios; es decir, se ha impulsado
la reducción de cargas, la simplificación administrativa y la automatización de procedimientos.
Esa mejora del marco regulatorio de todas las administraciones, sin excepción, supone ganancias de eficiencia, productividad y empleo en el sector más importante de la economía española y, además, un incremento de la variedad y calidad de
los servicios disponibles para empresas y ciudadanos, consecuencia del fomento de la competencia efectiva. De esta forma es como los socialistas creemos que se posibilita que todos los españoles tengan acceso en igualdad a los diferentes bienes y
servicios y no creando una nueva comisión de ámbito nacional. La Directiva de Servicios, señora diputada, como bien sabe, obligaba, además de a la adaptación del ordenamiento jurídico español a su contenido, a examinar y evaluar la normativa actual
que regula el acceso y el ejercicio de las actividades de servicios, aplicando criterios de buena regulación y de simplificación. Ese proceso de trasposición ha supuesto la identificación, la evaluación y una eventual modificación de toda aquella
normativa estatal, autonómica y local, incompatible con la directiva, sin olvidar las obligaciones impuestas respecto a cooperación y simplificación administrativa. Y esto también se ha hecho con comunidades autónomas y entidades locales
principalmente, pero también con otras organizaciones.
Le voy a mencionar otro ejemplo, señora diputada. El Gobierno de España, ya en mayo de 2007, acordó en Consejo de Ministros el impulso del programa de mejora de la reglamentación y de reducción de cargas administrativas y se comprometió con
la calidad de las normas reguladoras de la actividad económica, aprobando un compromiso de reducción de las cargas administrativas existentes para las empresas derivadas de la legislación nacional para el año 2012. Pero es que esto mismo han hecho
en el ámbito autonómico sus respectivos gobiernos desde hace bastantes años. Estamos hablando, señora Díez, de distintos ordenamientos jurídicos, con competencias determinadas por el bloque de la constitucionalidad; en todos ellos los criterios
que los guían son similares, velar por la calidad de las normas, suprimir trabas y ser más eficientes.
Sorprende por tanto, y además mucho, señora diputada, su propuesta para que el Gobierno catalogue las disposiciones legislativas y reglamentarias emanadas de los órganos competentes de las comunidades autónomas relativas a distintas
actividades en el sector servicios, en el sector agrario, en el energético, en el industrial, en el laboral y, literalmente -como en su proposición no de ley dice-, en cualesquiera otra materia que tenga incidencia económica. Permítame que le diga
que esto convertiría al Gobierno de España en un editor y a la catalogación en una publicación más de las miles existentes en nuestro país, si no fuera porque lo que S.S. pretende realmente con esta proposición no de ley es una nueva ley de
armonización en el ámbito económico. Así, sin más. Porque lo que quiere es que, con base en ese catálogo, el Gobierno elabore un dictamen que identifique las materias sobre las que se tienen que aprobar leyes de armonización del artículo 150.3 de
la Constitución española. A esto, señora diputada, se le llama subvertir el orden constitucional, excederse constitucionalmente,
señoría, porque su proposición no de ley no se circunscribe a una materia, caso en el que podríamos estar de acuerdo, ni a una ley de armonización en concreto, que también podríamos estar de acuerdo, sino que se refiere a armonizar todos los
ordenamientos jurídicos en todas esas materias.
Curiosamente, señora diputada, en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 2008 se refiere a las leyes del artículo 150.2 constitucional, pero en ningún caso al articulo 150.3.
Da la impresión de que en ese momento no se atrevía a plantear un proceso de armonización de leyes económicas en el ámbito autonómico.
Su propuesta, señora diputada, en nuestra opinión, transgrede el orden constitucional de distribución de competencias y además el papel de las leyes de armonización del artículo 150.3, cuyo único precedente fue la famosa Loapa, que, una vez
eliminado el carácter orgánico y armonizador por la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, quedó simplemente como LPA, Ley del Proceso Autonómico. Señoría, las leyes del artículo 150.3 de la Constitución son un instrumento excepcional según
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que deja muy claro que la Constitución española ha tenido siempre en cuenta el principio de unidad y los intereses generales de la nación al fijar las competencias estatales, de manera que las leyes del
150.3 solamente tienen justificación cuando el Estado no disponga de otros cauces constitucionales. Su proposición no de ley, señora diputada, desconoce la naturaleza excepcional de las leyes de armonización cuando plantea la posibilidad de que se
elaboren diversas leyes de armonización ordenadas de mayor a menor urgencia, como si se tratara de un instrumento jurídico de uso normal por parte del Estado. La proposición no de ley, señoría, desconoce también la existencia de títulos
competenciales estatales adecuados para garantizar la unidad y el interés general en el ámbito económico, sin necesidad de acudir a leyes de armonización.
Señora diputada, el Grupo Socialista no puede estar de acuerdo con esta iniciativa por todo lo que he manifestado anteriormente, únicamente tendría sentido valorar la oportunidad de una eventual ley del 150.3 constitucional después de
identificar la existencia de una materia o submateria concreta, incluso competencia de las comunidades autónomas y sobre la que el Estado careciera de competencia, que además estuviera regulada por las comunidades autónomas de forma contraria al
interés general y que por tanto necesitara una armonización que el Estado solamente pudiera conseguir por el procedimiento del artículo 150.3 de la Constitución española, asunto imposible después de 30 años de comunidades autónomas y con
ordenamientos jurídicos plenamente desarrollados en nuestro Estado de las autonomías. Evidentemente, señoría, para finalizar, su proposición no de ley se sitúa en un extremo opuesto al que acabo de decir y nos lleva a votar en contra de su
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para aceptar o no la enmienda presentada tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, yo no sé si podría apelar al 170, creo; es que no tengo el Reglamento en la mano, pero creo que es el 170 el que habla de que se le adjudiquen al diputado...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, el 170 está relacionado con la investidura.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pues será el 172. No, creo que es el 70 el que habla de una cuestión de defensa.
El señor PRESIDENTE: Ningún diputado podrá hablar sin haber pedido la palabra... ¿Por alusiones? Si es por alusiones, no.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, lo quiero hacer amablemente. En todo caso, si al presidente le parece. Me refiero a la diputada del Grupo Socialista. Primero, no voy a aceptar la enmienda del Grupo Popular, que es para lo que el
presidente me ha dado la palabra, y para eso otro le pido al presidente que me dé un minuto, si le parece. Si no nada.
El señor PRESIDENTE: No, señoría, porque vamos a tener que reabrir el debate si le concedo un minuto.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, es que la diputada del Grupo socialista me ha atribuido una pretensión y me ha acusado de subvertir el orden constitucional. A mí me parece muy grave.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, lo siento. No podemos reabrir el debate, cada cual ha tenido la oportunidad de hacer sus alegaciones.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Yo creo que se ha vulnerado mi derecho, presidente.
- RELATIVA A LA APROBACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE APOYO AL SECTOR DEL AZULEJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000914.)
El señor PRESIDENTE: Pasmos a la segunda PNL, un plan estratégico de apoyo al sector del azulejo. Está presentada por el Grupo Popular y la va a defender el señor Barrachina Ros.
El señor BARRACHINA ROS: En primer lugar quiero dar las gracias a mis compañeros corredactores de la proposición, a Andrea Fabra, a Cristóbal Montoro
y a Juan Costa, por dejarme intervenir. Quiero después significar la importancia del sector cerámico y azulejero, no solo en España, sino singularmente en la provincia de Castellón, donde se acumula el 95 por ciento de la producción
nacional de este producto, y resaltar que somos el segundo productor mundial en azulejos y productos cerámicos. Es además este sector, el del azulejo, el tercer sector industrial español en saldo comercial positivo; por tanto, es un sector que no
solamente ha dado empleo, riqueza y bienestar al conjunto de España, sino que también ha ayudado en las épocas más difíciles a equilibrar nuestra debilitada balanza comercial. Es, además, un sector de una enorme capacidad innovadora, el mayor en
I+D+i en su proporción y merece que, por fin, el Gobierno de España le preste una mínima atención. Lo que proponemos hoy con dieciséis medidas concretas -quince más dos que hemos adicionado y una suprimido porque ha quedado sin actualidad- es
salvar la parte del sector azulejero que todavía pervive en la provincia de Castellón. De las 208 empresas medianas y grandes de este sector, 33 ya están cerradas y buena parte con expedientes de regulación de empleo, muchos temporales y algunos ya
desgraciadamente con carácter definitivo. Se ha perdido un 36 por ciento del empleo en el sector, 9.000 empleos directos, y esto ha contribuido a que la provincia de Castellón haya pasado en el tiempo récord de seis años de ser la provincia con
menor tasa de paro de España, en el entorno del pleno empleo, a ser la que lidere en los dos últimos ejercicios las tasas de crecimiento de paro; hemos pasado de 12.000 desempleados a 64.000, se ha multiplicado por cinco la tasa de paro en la
provincia de Castellón y por eso se merece que el Gobierno de España actúe para complementar las acciones que ya en Castellón y en la Comunidad Valenciana se vienen llevando a cabo. Lo que se pide al Gobierno no es que actúe en solitario sino que
complemente, que colabore con el esfuerzo que la diputación provincial, que los ayuntamientos, y especialmente el Gobierno valenciano vienen haciendo en su ámbito competencial. Sólo en el ámbito competencial de este último hay que destacar que se
han atendido por el Gobierno valenciano 552 proyectos de carácter azulejero en la provincia de Castellón, con un importe superior a los 41 millones de euros, solo en los últimos cuatro años, y que el presupuesto actual -el de 2010- contiene
16.417.000 euros para proyectos finalistas en materia de formación, de carácter industrial, de recolocación de trabajadores desempleados y de carácter energético. Y, por tanto, lo que le pedimos al Gobierno de España es que actúe al menos en su
ámbito competencial, ya que incluso en el ámbito de las prejubilaciones, que es competencia exclusiva del Gobierno de España, ha tenido que ser el Gobierno valenciano quien aporte -a solicitud de sindicatos y empresarios, que han alcanzado un loable
pacto en el sector- un millón de euros para favorecer las prejubilaciones de mayores de 55 años en el sector, y además con carácter temporal, que por respeto a la Comisión del Pacto de Toledo mi grupo no ha querido plantear en esta Comisión. Por lo
tanto, lo que le reclamamos es que actúe en su ámbito competencial y básicamente -no voy a castigar a SS.SS. con la lectura de los diecisiete puntos- en tres direcciones. Primero, en la tributaria, reclamamos que el Gobierno cumpla con las órdenes
de este Parlamento nacional, que tomó el acuerdo de que no se tributase por aquellas facturas del sector azulejero y del resto de sectores españoles que no han sido abonadas; es decir, que se evite que paguen ese 16 por ciento, y a partir de junio
el 18 por ciento, por aquellas facturas impagadas, que es un castigo suplementario a un sector que ha perdido ya el 36 por ciento del empleo. Pedimos, por la situación actual que tienen de prácticamente cierre del grifo financiero a estas empresas,
que se aplacen, cuando lo soliciten, en dos años las cuotas a la Seguridad Social. Pedimos que se rebaje el impuesto de sociedades al 20 por ciento para estar al nivel de Portugal, de Francia y de otros países, porque ser competitivo hoy en España
en materia del azulejo, y en la provincia de Castellón singularmente, es una auténtica heroicidad. Y pedimos también, y esta es probablemente la medida de mayor calado tributario, que el impuesto sobre el valor añadido, que se pretende subir el
próximo semestre, sea rebajado del actual 16 al 7 por ciento, que se aplique sobre el azulejo, sobre el sector cerámico, el tipo reducido del 7 por ciento para así poderlo hacer más competitivo. Porque si la situación actual en materia de impuestos
es enormemente desfavorable para la producción del azulejo, lo que se cierne sobre el futuro cerámico es todavía peor porque se aproximan dos medidas que van a ser un auténtico remate del sector, una es la subida del IVA el próximo mes de julio y
otra es la supresión de la deducción del 15 por ciento por la adquisición de vivienda en el IRPF, que se pondrá presumiblemente en marcha el 1 de enero próximo, y que también daña enormemente al sector de la construcción. Aquellos que proponían
cambiar el cemento por el conocimiento, de momento lo que han hecho es, a base de no producir cemento, ni ladrillo, ni azulejo, ni construcción, conducir, situar una provincia como la de Castellón, que estaban en el primer puesto de España, en el
puesto número 50 en materia de generación de empleo.
Junto a este conjunto de medidas de carácter tributario hay otras, no menos importantes, de carácter financiero. Cuando las nuevas líneas de crédito se pongan en marcha, esas de hasta 200.000 euros, desgraciadamente la mayoría de empresas
azulejeras ya no podrán solicitarlas. Por lo tanto, lo que reclamamos es que el sector público nacional, que el Gobierno de España, que es el principal causante de que no llegue el crédito a los particulares porque es el titular del 85 por ciento
del déficit público nacional, del 15 restante lo son ayuntamientos y comunidades autónomas, ése, que es quien resta, quien se lleva el dinero de cajas de ahorro y de bancos, que por lo menos garantice a aquellas empresas viables como lo
son las azulejeras de Castellón el crédito suficiente para poder hacer frente cada mes a los pagos.
Además de que se les rebaje la tributación y puedan seguir accediendo al crédito, como hasta ahora venía siendo normal y natural, reclamamos también un esfuerzo en materia energética. No es presentable que un país como España someta a sus
empresarios, concretamente a las más de 200 empresas azulejeras de Castellón, a aumentos en su coste energético de entre un 80 y un 110 por ciento en solo dos años; desde 2008 a 2010 ha habido aumentos en el coste energético que van desde el 80
hasta el 110 por ciento, y esto llega a suponer hasta un tercio del precio final del producto, con lo cual ser competitivo en España, cuando los azulejeros tienen que hacer frente a su factura energética multiplicada por la moratoria nuclear,
multiplicada por aquellas ayudas o subvenciones a las energías renovables que se soportan sobre la factura energética final de este tipo de empresas, se hace enormemente complicado. Por eso reclamamos que exista una tarifa reducida para este tipo
de empresas, que son las convenientes porque están consumiendo energía veinticuatro horas, no apagan por la noche, que es cuando interesa que existan consumidores. Y de la misma forma que el presidente Rodríguez Zapatero anuncia tarifas reducidas
para vehículos eléctricos, bien sería razonable que aquellos grandes consumidores de energía eléctrica y de gas tengan las tarifas reducidas que existían en la época de gobierno popular y que, desgraciadamente, fueron suprimidas para convertir en
escasamente competitivos aquellos productos que, de producirse en cualquier otro país de la Unión Europea, sin estos costes energéticos y sin estas enormes cargas tributarias y con la carencia de crédito que he denunciado, serían mucho más
competitivos.
Estos tres bloques, que persiguen dotar de mayor liquidez, gravar con menores impuestos y someter a menores cargas energéticas al sector, es lo que hoy proponemos, para que complementen los esfuerzos que en esa materia ya lleva a cabo el
Gobierno valenciano; que cooperen también en la internacionalización de productos. Por ejemplo, en ferias internacionales se han concedido numerosas ayudas al conjunto azulejero, y a la asociación Ascer que lo incorpora, pero se han sentido
huérfanos en cuanto a ese patrocinio nacional que requiere este esfuerzo de internacionalización que permitiría salvar buena parte de los miles de empleos, aunque ya se han destruido 9.000 directos y más de 10.000 indirectos, y aquellos que restan
desgraciadamente hoy en día están en la cuerda floja.
Por todo ello proponemos este plan estratégico con dieciséis medidas para que, temporalmente, sea apoyado un sector que necesita muy poco para salvarse, porque la misma ayuda que hoy permitiría salvarse a una empresa azulejera, cuando la
empresa ya ha cerrado se convierte en inservible; no es lo mismo darle gasolina a un Fórmula 1, como es el azulejo en la provincia de Castellón, que cuando el Fórmula 1 está desguazado tratar de darle una gasolina que ya no puede utilizar. Por eso
reclamamos y pedimos el apoyo de todos los grupos para que el Gobierno de España colabore con diputación, con el Gobierno valenciano, con ayuntamientos y con empresarios y sindicatos del sector para mantener el empleo en la provincia de Castellón.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas del propio Grupo Popular y una del Grupo Socialista. Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora García Valls.
La señora GARCÍA VALLS: Señorías, nos encontramos esta mañana en esta Comisión de Economía con una PNL del Grupo Parlamentario Popular casi idéntica a otra que el mismo grupo presentó en las Cortes Valencianas. Es una iniciativa en la que
pretenden que parezca que están preocupados por el sector azulejero, y quiero pensar que lo están, pero siguen ocupados en aquello que han venido practicando en la Comunidad Valenciana desde que el presidente Zapatero gobierna para todas las
españolas y para todos los españoles, y quiero decirlo también, y especialmente, para las y los castellonenses. Siguen ocupados en el victimismo y la exigencia de todo al Gobierno de España, puede ser porque en la Comunidad Valenciana son
perfectamente conscientes de que el Gobierno autonómico, en este caso la Generalitat Valenciana, va a hacer más bien poco. Hablaba el señor Barrachina de ese millón de euros, yo le digo que hay ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en
la provincia de Castellón que han puesto más dinero sobre la mesa en el pacto por el empleo.
Mencionan ustedes las infraestructuras, señores del Partido Popular, en su PNL. Precisamente la semana pasada el ministro Blanco anunció en Castellón la llegada del AVE y la inversión importantísima del Gobierno de España. En un año el
Ministerio de Fomento habrá licitado en la provincia de Castellón una cantidad mayor a la suma de los cuatro últimos años de gobierno del PP. ¿Saben por qué el AVE llegará a Castellón en 2014? Porque el Partido Socialista gobierna en España, se
comprometió y está cumpliendo, porque esto nunca fue una prioridad para el gobierno Aznar; de hecho, priorizó otros AVE con otros destinos. No hago una valoración de si esto está bien o está mal, simplemente fue así. Además, quiero destacar el
conjunto de medidas económicas que el Gobierno de España ha llevado a cabo desde finales de 2007, claramente preocupado por ofrecer soluciones que sin duda han repercutido también en el sector, y muchas de ellas de carácter financiero, también para
las empresas de Castellón. Precisamente el pasado viernes en el Consejo de Ministros se aprobaron un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de nuestro tejido productivo, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía
española en su conjunto y que tendrá una especial incidencia también en Castellón.
¿Y qué ha hecho el Gobierno autonómico hasta ahora? El vicepresidente del Consell, ahora conseller de Industria, Comercio e Innovación, en noviembre de 2008 dijo en Castellón que consideraba innecesarias nuevas iniciativas para el sector
del azulejo y que estimaba suficiente el plan de competitividad de los sectores tradicionales aprobado con anterioridad; por cierto, nunca presupuestado de una forma pareja a los anuncios que se hacías. Se prometen 300 millones de euros en tres
años y el presupuesto global aparece por 96 para el periodo 2008-2010. Y eso que la realidad es que con el Estatuto de Autonomía y la Ley de reforma del Estatuto de Autonomía, según el título IV, son competencias exclusivas de la comunidad
autónoma: la planificación de la actividad económica, la industria -también, por supuesto, la del sector azulejero-, la investigación, la I+D+i, las políticas activas de empleo...
Pero, como decía al principio, quiero pensar que sí, que efectivamente también les preocupa la situación del sector azulejero, como nos preocupa en mi grupo, como les preocupa a los empresarios del sector, a los trabajadores, a los
sindicatos, y como le preocupa al Gobierno de España.
La crisis económica internacional en que vivimos y en la que estamos inmersos es verdad que afecta de una forma brutal a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Castellón, los datos están
ahí. No voy a entrar a debatir la debilidad constatada del sistema productivo valenciano después de catorce años de gobiernos del Partido Popular y de una absoluta ausencia de verdadera política industrial, solo había propaganda de política
industrial, como de muchas otras cosas; la realidad evidente es la situación problemática que vivimos en la provincia de Castellón. No voy a repetir los datos que están en la PNL sobre el volumen y la importancia que tiene y que representa la
industria azulejera en la provincia por la que soy diputada, solo diré que el sector azulejero necesita esfuerzo, consenso y apoyo, necesita del esfuerzo de todos, del consenso de los políticos y del apoyo de todos los gobiernos en el marco de sus
competencias y dentro de sus posibilidades cada uno; necesita del Gobierno central, del Gobierno autonómico y del Gobierno local. Al sector no le basta con anuncios grandilocuentes de planes, de mesas o de convenios. Quiero recordar que el Govern
de la Generalitat crea la mesa de la cerámica a finales de febrero del año 2000 con el objetivo de establecer una relación fluida y directa entre ambas partes para tratar los asuntos del sector cerámico. Desapareció casi sin haberse convocado.
Juan Costa, cuando era ministro de Ciencia y Tecnología, firmó, en marzo de 2004, un convenio de colaboración con la industria cerámica en materia de investigación y desarrollo, casualmente justo antes de las elecciones. Anuncio grandilocuente;
antes no se hizo nada. Pero ustedes vuelven a hacer gala de la demagogia y de un claro interés partidista y oportunista, sabiendo incluso que esta misma semana van a producirse dos importantes reuniones del Gobierno con los agentes sociales.
Como dije anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista considera la importancia del sector, el número tan importante de empresas y de puestos de trabajo de toda una provincia de 500.000 habitantes que, de un modo u otro, tienen
vinculación con el sector azulejero. Por eso hoy tenemos la oportunidad de hacer una apuesta firme por dialogar y analizar lo posible y aquello que ustedes también saben que no es posible. Tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo, de
demostrar altura de miras por encima de intereses partidistas, de arrimar el hombro entre todos y de luchar por los intereses de nuestros conciudadanos, especialmente de aquellos que lo están pasando verdaderamente mal. Trabajar desde la
racionalidad y la sensatez, sin demagogias ni oportunismos, teniendo en cuenta lo que a cada cual le compete según la distribución competencial y la organización territorial que marca nuestra Constitución. Saben ustedes que no vamos a apoyar una
iniciativa que es inasumible para el Gobierno y absolutamente incoherente con medidas de rebajas fiscales y otras de mayor gasto público. Convendrán conmigo que eso no cuadra. No voy a detenerme en todos y cada uno de los puntos que ustedes, como
si de la carta de los Reyes Magos se tratara, han traído a esta Comisión, pero sí quiero mencionar que mediante la Ley 35/2006 se llevó a cabo una importante reducción de tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades, que está redundando en una
notable reducción de la carga impositiva de los sujetos pasivos, y especialmente de las pequeñas y medianas empresas, también las de Castellón.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular sabe perfectamente que aquí lo que hay que hacer es trabajar de forma continuada, como he dicho antes, desde todas las administraciones, y saben que ya se está trabajando desde los diferentes
ministerios, pero cada Administración debe asumir sus competencias constitucionales o estatutarias. O va a resultar que en algunos territorios los gobiernos autonómicos sólo saben gestionar la bonanza y se arrugan o se esconden ante las
dificultades en las que tienen buena parte de responsabilidad. En la proposición no de ley que debatimos esta mañana, de la lectura de la exposición de motivos, podría parecer o que no hay gobierno autonómico o que su partido no es el que gobierna
la Generalitat Valenciana desde hace catorce años. Pero sí que lo es, y en este momento crucial para nuestra economía el Govern de la Generalitat debe dejar de practicar la política del avestruz, no debe esconder la cabeza, lo está haciendo
demasiado tiempo, paralizado, sin tomar decisiones ni medidas. Ya sabemos que están preocupados por otras cuestiones. Y aludiendo a los presupuestos de 2010 de la Generalitat Valenciana, la única línea presupuestaria que aparece de apoyo al sector
azulejero, Plan de recolocación de trabajadores del sector cerámico de la provincia de Castellón, está dotada con 2.204.400 euros, y las dos terceras partes de estos proceden directamente del Gobierno central con el objetivo
de incentivar a los desempleados del sector azulejero así como desarrollar itinerarios para la recolocación de trabajadores del sector. Y, además, el Gobierno central inyecta en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, y en concreto
en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, más de 60 millones de euros para fomentar el empleo y proteger a los trabajadores frente a procesos de reestructuración de sectores industriales.
Mi grupo está convencido de que para salir de la crisis se necesita el apoyo de todas las administraciones en el marco de sus competencias, el diálogo y el consenso de sindicatos, empresarios y políticos. Esta es nuestra apuesta y nuestra
propuesta. Creemos que es el momento de dejar a un lado nuestros intereses políticos y partidistas y también nuestras discrepancias para pensar en los intereses de la ciudadanía, sobre todo en un momento en el que tantas familias lo están pasando
mal, están atravesando verdaderas dificultades. Es el momento de que todos empujemos en la misma dirección para ayudar al sector azulejero y a nuestra provincia. Por eso presentamos la enmienda que hemos hecho llegar a los diferentes grupos.
Nuestra apuesta por el sector pasa por el trabajo coordinado entre todas las administraciones, valorando el documento Manifiesto por Castellón, muy importante, elaborado por el sector, por los empresarios y por los sindicatos, enmienda que ya
sabemos no ha sido aceptada por el equipo proponente. Parece que el Partido Popular prefiere seguir en la estrategia del victimismo anteponiendo sus intereses políticos a los de los ciudadanos, haciendo responsable al Gobierno de España de lo que
son competencias exclusivas de la Generalitat Valenciana, y en este caso flaco favor le harán al sector.
Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, seguiremos exigiendo a todas las administraciones y velando por los intereses de la ciudadanía, especialmente estas diputadas por la provincia de Castellón.
El señor PRESIDENTE: Para aceptar o no la enmienda presentada tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Agradezco el voluntarismo de la diputada socialista pero, obviamente, no es una enmienda sino una felicitación al Gobierno que, naturalmente, no merece. No la aceptaremos.
- SOBRE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN LOS BILLETES DE 500 EUROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (NUMERO DE EXPEDIENTE: 161/001398.)
El señor PRESIDENTE: Como no ha llegado el señor Sánchez i Llibre, pasamos a la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana y que aparece como 4.° punto del orden del día, sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal en los
billetes de 500 euros. Tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, como es sabido, el blanqueo de dinero y el fraude fiscal muy a menudo recurren al dinero en efectivo. A estos efectos quiero decir que mil billetes de 500 euros pesan escasamente un kilo y, por tanto,
reúnen mucho valor en muy poco espacio. Es muy fácil de esconder y de almacenar y por lo tanto es un billete ideal para la gente que defrauda al fisco. En segundo lugar, es sabido el elevado número de billetes de 500 euros que hay en circulación
en el Estado español. Según los datos que publicaba el pasado mes de febrero el propio Banco de España, el número de billetes de 500 euros en circulación suma la cifra astronómica de 108 millones de unidades; es decir, una cantidad aproximada de
53.800 millones de euros, y representa la friolera de un 67,2 por ciento del efectivo total distribuido, y ello a pesar de que ha descendido situándose en los niveles de agosto de 2008. La evolución de los billetes de 500 euros en febrero está en
línea con el descenso del 2,5 por ciento del dinero líquido en circulación hasta aproximadamente los 80.000 millones de euros. En relación con la Unión Europea estas cifras son absolutamente desproporcionadas; es decir, la elevada cifra de
billetes de 500 euros que han sido puestos en circulación en el conjunto del Estado español, si los ponemos irremediablemente en comparación con los datos de otros países, evidentemente señalan una cantidad desproporcionada. Puestos en comparación
con otros países arrojan un resultado estremecedor ya que el Estado español atesora una quinta parte, es decir, el 20 por ciento del total puesto en circulación en la Unión Europea. Además, estas cifras nada tienen que ver con la percepción que
tiene el conjunto de la ciudadanía española, que ya ha bautizado coloquialmente a estos billetes como los bin laden, por lo mucho que se oye hablar de ellos y lo poco que se han visto. Por este motivo, recientemente, la sección de blanqueo de
capitales de la Policía Judicial consideraba -y cito textualmente- escandalosa la cifra de billetes de 500 euros y se preguntaba dónde están y para qué se almacenan si en el tráfico comercial cotidiano no se utilizan como medio de pago. La
respuesta, evidentemente, la da la propia Policía Judicial, no se trata de una pregunta retórica, la respuesta es claramente que se destinan a la evasión y al blanqueo de capitales. También podemos preguntarnos cuál ha sido el papel del Banco de
España en la puesta en circulación de tan elevado número de billetes puesto que el Banco Central Europeo aprueba cada año el contingente o volumen de billetes que deben emitir los bancos centrales en función de las previsiones que hace cada uno de
los organismos reguladores de los Estados miembros. Esta proposición no de ley propone la adopción de algunas medidas de control por parte del Estado español para
evitar la proliferación de dichos billetes y, además, para que no sirvan para el blanqueo de capitales o para financiar la economía sumergida, que alcanza cifras muy importantes, del orden de más del 20 por ciento de nuestro PIB.
En segundo lugar, el texto primitivo de la proposición no de ley contenía en origen un apartado que finalmente ha sido autoenmendado por nuestro grupo, que pretendía aprobar con celeridad un decreto que modificara distintas disposiciones en
el ámbito de las obligaciones tributarias formales y de los distintos procedimientos de aplicación de los tributos.
Este fue un decreto que ya se aprobó por parte del Gobierno a instancias del Ministerio de Economía en verano del año pasado, por
tanto la creación de este censo anual de billetes es ya hoy una realidad. En cualquier caso, la bondad de la iniciativa que estoy presentando en nombre de nuestro grupo viene de la mano de otras iniciativas similares que ya han sido aprobadas en
otras cámaras legislativas recientemente, la Asamblea Nacional francesa adoptó también una medida muy similar. Por tanto, la propuesta que hoy hacemos no es especialmente novedosa, es derivada y, además, también se han hecho eco otras cámaras
legislativas.
Se trata de una medida que entendemos puede contribuir de forma decisiva a hacer aflorar en la economía grandes cifras de dinero y una buena medida para luchar de forma decidida y enérgica contra el fraude fiscal, no solo en el seno
del Estado español sino también de la propia Unión Europea.
Acabo, señor presidente, para no pronunciarme posteriormente, diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación en unos términos que nuestro grupo considera aceptables y estimables y, por lo tanto,
anticipo nuestra voluntad de aceptar dicha enmienda en los términos en que ha sido presentada.
El señor PRESIDENTE: Hay también una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la primera en orden que se presentó; por tanto, corresponde ahora su defensa a este grupo. Tiene la palabra el señor Tomé.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Nuestro grupo, a lo largo de esta legislatura, ha presentado iniciativas y ha hecho preguntas con ocasión de distintas comparecencias en relación al volumen de circulación de billetes de 500 euros en España. Es un
tema que nos preocupa por cuanto en nuestro país circula más del 20 por ciento del total de billetes de 500 euros que circulan en la Unión Europea. La circulación de billetes de 500 euros ha proliferado de manera notable en los últimos años. Se ha
hecho referencia por el señor Ridao a que se ha reducido, es verdad, el volumen de billetes en circulación según la información que ha proporcionado el Banco de España referida al mes de febrero, pero lo ha hecho sólo marginalmente. En medio de la
grave recesión, de la grave crisis económica que nos afecta, más del 70 por ciento del valor facial del total de los billetes en circulación en España corresponde a billetes de 500 euros cuando, si miramos atrás, por ejemplo en diciembre de 2003,
era sólo el 37 por ciento. Casi se ha duplicado a lo largo de estos últimos años, lo cual, en nuestra opinión, es un índice del fracaso o cuando menos de las dificultades que está teniendo la política de lucha contra el fraude fiscal en nuestro
país. Se están tomando distintas iniciativas por parte de las autoridades fiscales para controlar la circulación de billetes de 500 euros, para controlar en general también la circulación de billetes de alta denominación, de 200 o de 100 euros.
Hay que tener presente que en cuanto se extrema el control sobre la circulación de billetes de 500 euros, lógicamente las personas o entidades que utilizan los billetes de alta denominación con intención de ocultar patrimonio, fraude fiscal o
blanqueo de dinero, utilizan otras denominaciones, y nos parecen también correctas las iniciativas que se están tomando en este sentido. Ahí está el recientemente modificado reglamento de aplicación de los tributos para controlar todo el tema que
se refiere a la circulación de dinero en efectivo, incluso al uso de tarjetas de crédito con fines impropios.
Esto hace que nos podamos sumar a la enmienda transaccional que nos ha presentado el señor Ridao sobre la enmienda socialista. Se han mencionado las iniciativas que se están tomando en otros países y creemos que esto es un tema que merece
ser estudiado a nivel europeo por cuanto el billete de 500 euros es prácticamente el billete de mayor denominación disponible a nivel mundial en una moneda estable. Ha habido iniciativas en otros países, como puede ser Estados Unidos, para ir
retirando paulatinamente billetes de alta denominación como podían ser los de 1.000 dólares, etcétera. El único elemento distinto de nuestra enmienda, que no estaría incorporado a la transacción que se nos propone, es la petición de comparecencia
del secretario de Estado de Hacienda, de las autoridades del ministerio, para dar cuenta de todos estos temas, pero es una iniciativa que nosotros tramitaremos autónomamente.
El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Socialista va a ser defendida par la señora Rivero Alcover.
La señora RIVERO ALCOVER: Voy a defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, agradeciendo de antemano la aceptación por el señor Ridao, por el grupo proponente, ya que no hace más que reforzar el contenido de la propia
proposición no de ley al instar de forma directa al Ministerio de Economía para que la Agencia Tributaria siga aplicando y ampliando las actuaciones contenidas, recordándole al portavoz del Grupo Popular que existe un plan de prevención del fraude
fiscal que ha sido aprobado por el Gobierno en febrero de 2005, que ha sido posteriormente actualizado en 2008 para adaptarlo a los cambios
en el comportamiento de los contribuyentes, en el entorno económico y social y en las herramientas tecnológicas disponibles por la Administración tributaria. No hay más que remitirse a los resultados de la aplicación de dicho plan y, para
el conocimiento del Partido Popular, le decimos que han sido expuestos por el ministerio el pasado 5 de marzo de 2010 y que en las comparecencias trimestrales del secretario de Estado también se hace referencia al propio Plan de prevención del
fraude fiscal. Ya en el año 2009 se han recaudado 8.119 millones de euros, que es un 0,8 por ciento más que en el año anterior, y desde que entró en vigor este plan se han recaudado más de 35.500 millones de euros por actuaciones de control y de
prevención del fraude fiscal. Y ello porque el Partido Socialista ha estado siempre contra estas prácticas egoístas e insolidarias y de ahí el compromiso que tiene este Gobierno contra el fraude, que es firme y permanente. Este plan se ha visto
recientemente actualizado con la aprobación de un plan de prevención y corrección del fraude fiscal aumentándolo en el sector laboral y en la Seguridad Social, ampliando así la colaboración entre los distintos organismos públicos encargados del
control del fraude para mejorar su eficacia y dar respuesta a cambios de tipología del fraude consecuencia de la crisis económica, especialmente en la economía irregular y el trabajo no declarado. Los resultados alcanzados en los últimos años en la
prevención del fraude y en su corrección han sido muy positivos, tanto por el mayor apoyo que se ha dado a los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones como, además, por la mejora en el control del cumplimiento
tributario. Las consecuencias de la elaboración y ejecución del plan no solo se circunscriben a las cifras obtenidas ni a los resultados concretos en cada una de las acciones, sino además a la adopción de la Agencia Tributaria de una nueva forma
para desarrollar esta actividad, suponiendo además la integración y articulación de diversas medidas, proyectos y actuaciones en un marco único que permita la consecución de objetivos fijados en periodos de tiempo plurianuales.
No debe olvidarse
que el gran reto de la Agencia Tributaria no es descubrir muchos fraudes sino lograr que haya cada vez menos fraudes.
Así, en lo que hace referencia a la proposición no de ley, las áreas de riesgo que recoge son precisamente la investigación de los movimientos de efectivo, porque una de las tipologías comunes detectadas en todos los sectores de economía
sumergida y en alguna de las fases en los procesos de blanqueo de capitales es el empleo de efectivo para evitar dejar rastro en las transacciones ilícitas y de origen lícito pero que se pretenden ocultar a la Administración tributaria. Se vienen
desarrollando por esta en los últimos años con resultados muy positivos actuaciones relacionadas con la utilización de efectivo de alta denominación, los billetes de 500 euros, en operaciones económicas. Una parte de las operaciones en efectivo de
esta denominación podría formar parte de lo que se viene denominando economía no declarada y la investigación ha confirmado la trascendencia desde el punto de vista del fraude fiscal de tales operaciones, por lo que se continúan desarrollando
actuaciones de investigación, de comprobación, de análisis e información sobre este efectivo de alta denominación. El importante volumen en circulación de billetes de 500 euros es un hecho ampliamente difundido por los medios de comunicación y
objeto, además, de una amplia preocupación social y de las instituciones públicas. Esto ha justificado el desarrollo de actuaciones de investigación por parte de la Agencia Tributaria, que ha dedicado grandes esfuerzos al control de las
transacciones efectuadas mediante efectivo de alta denominación que pudiera estar utilizándose en operaciones de riesgo fiscal. Así, como en el seno de los planes anuales de control tributario, los órganos de inspección dependientes de la Agencia
Tributaria están efectuando desde 2006 detallados análisis en relación con movimientos de efectivo efectuados en los ejercicios 2003 y siguientes, inicialmente dirigidos a utilización de estos billetes de 500 euros. Las actuaciones descritas
continúan realizándose con pleno rendimiento y se seguirán comprobando y regularizando a lo largo del año 2010.
Por otra parte, la legislación tributaria y la prevención del blanqueo de capitales establecen ya mecanismos para intercambio de información que permiten el conocimiento de datos y antecedentes sobre los medios de pago precisamente en
billetes de 500 euros. La existencia de estas fuentes informativas permite el control de las operaciones de efectivo, independientemente del valor facial del billete utilizado, siendo un objetivo para el año 2010 el inicio de la explotación de la
información obtenida.
Por último, cobra especial importancia en técnicas de seguimiento de operaciones cuyo pago se realiza en efectivo la que se realiza a través del área operativa de aduanas en la Agencia Tributaria, especialmente en las investigaciones que se
vienen llevando en la puesta a disposición del órgano sancionador y que son intervenidas por las aduanas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por último, han dado como resultado en las investigaciones sobre la utilización de grandes
cantidades de efectivo con billetes de alta denominación en el año 2009 unas cuotas liquidadas de un total de 742 millones de euros. Hay que añadir que a partir de 2010, y precisamente en esta persecución y control en materia de pago, la Agencia
Tributaria comenzará a recibir información proveniente de entidades financieras de todos los movimientos en efectivo de más de 3.000 euros, independientemente del tipo de billete utilizado.
Con lo que se refiere a la proposición no de ley, y teniendo en cuenta la propia supresión de la autoemnienda del grupo proponente, indicar que, como bien dice, este real decreto ya ha sido aprobado y que además, a estos efectos, existe la
orden ministerial del 25 de enero, en la que se establece la declaración informativa anual acerca de imposiciones, disposiciones de fondo y de los cobros de cualquier documento que permita a la
Agencia Tributaria disponer de información acerca de estas operaciones desde enero de 2010 y cuyo importe, reitero, sea superior a 3.000 euros, y cualquiera que sea el valor de los billetes o monedas utilizados en la divisa de cobertura de
las mismas.
Por último, quiero agradecer la aceptación de esta enmienda del Grupo Socialista por parte del grupo proponente, teniendo en cuenta que es mucho más amplia y con mayor concreción respecto a la ofrecida en la propia proposición no de ley. En
el punto primero de nuestra enmienda hay que añadir: Promover, en el ámbito de la Unión Europea -porque es aquí donde únicamente se puede realizar- el debate y análisis, y tras un estudio pormenorizado, la eventual supresión sobre la utilización de
efectivos de alta denominación de billetes de 500 euros, e impulsar, en el transcurso de la Presidencia europea, la adopción transitoria de mayores medidas de control sobre los mencionados billetes por el conjunto de los Estados miembros de la Unión
Europea. El resto de los puntos que contiene nuestra enmienda no cabe duda que tratan de seguir con la investigación que se viene realizando por parte del Gobierno en relación con las actuaciones de comprobación e investigación de efectivos de alta
denominación.
El señor PRESIDENTE: Para pronunciarse sobre las enmiendas presentadas tiene la palabra el señor Ridao.
El señor RIDAO I MARTÍN: Para clarificar los términos de la votación lo que haría, si le parece, es retirar mi propia autoenmienda en beneficio de la enmienda del Grupo Socialista que opera en tanto que enmienda de sustitución en los
términos en los que ha sido librada a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, había otra enmienda presentada.
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí. En todo caso me inclino por aceptar la enmienda del Grupo Socialista. El propio portavoz del Grupo Popular ya ha significado la gran coincidencia con ella y, por tanto, me mantengo en lo dicho.
- RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN EN EL IRPF Y LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/001599.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con la siguiente proposición no de ley, relativa a la devolución en el IRFP y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, presentada por el Grupo Catalán. El señor
Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, la presentación de esta iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió viene motivada porque se han producido una serie de desajustes en todos aquellos aspectos que hacen referencia a
la Ley 35/2007, en la que se establecen una serie de deducciones por nacimientos o adopciones en todos aquellos aspectos que hacen referencia al impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como a la prestación económica con pago único de la
Seguridad Social por nacimiento o adopción. La legislación prevé que se será beneficiario de estas prestaciones siempre que el nacimiento se haya producido en territorio español. Pero, es cierto que recientemente se han planteado una serie de
desajustes importantes plasmados en diferentes medios de comunicación, que se han hecho eco de que varias madres, residentes concretamente en La Seu d'Urgell, habiendo dado a luz en Andorra y solicitado el pago anticipado de la prestación, la
Agencia Tributaria ha denegado la misma por haberse producido el nacimiento en el principado de Andorra. En algunos caso, y esto todavía es más grave, en las mismas circunstancias, la Agencia Tributaria otorgó la prestación y con posterioridad
interrumpió el pago de la misma al cerciorarse de que el nacimiento no se había producido en el territorio del Estado, reclamándose posteriormente el pago de la prestación más intereses de demora e iniciándose el preceptivo proceso sancionador.
Tengan en cuenta SS.SS. que el motivo de que estos nacimientos se hayan producido en el Principado de Andorra y no en territorio español es básicamente porque las diferentes mutuas privadas han derivado que las embarazadas vayan a dar a luz al
Principado de Andorra y también porque el hospital de La Seu d'Urgell, la Fundació Sant Hospital, de titularidad privada integrado en la red de hospitales de utilización pública, único en toda la comarca del Alt Urgell, no dispone de la unidad de
neonatos, lo que ha motivado que estos centros y estas mutuas, que desde la perspectiva de titularidad de utilización pública es la única que está disponible en el Alt Urgell, han planteado dichos nacimientos por carecer de unidades de neonatos en
el Principado de Andorra ya que está solamente a 10 kilómetros de la población del Alt Urgell.
Sobre la base de estos desajustes que se han planteado, como las devoluciones de dichas subvenciones por nacimiento y las sanciones y pagos de intereses de demora, hemos planteado una proposición no de ley que va en la siguiente dirección.
En primer lugar, proponemos que se pueda establecer una modificación de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, en la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto de la renta de las personas físicas y en la prestación económica
de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción, a fin de que se asimile el nacimiento en territorio español al nacimiento
en centros hospitalarios transfronterizos del territorio del Estado siempre que las personas beneficiarias cumplan el resto de requisitos para su concesión. Desde esta perspectiva resolveríamos todas aquellas cuestiones que se pudieran
producir en el Alt Urgell, concretamente en La Seu d'Urgell o en su comarca, o en otras poblaciones transfronterizas que también estén ubicadas en estos momentos en territorio español. Para resolver todas aquellas cuestiones que se han producido y
que han planteado actas tributarias, sanciones e intereses de demora, proponemos anular el proceso sancionador iniciado por la Administración del Estado por el abono anticipado de las prestaciones por nacimiento en La Seu d'Urgell incorrectamente
otorgados por haberse producido el nacimiento en el Principado de Andorra. Por tanto, que se produzca una anulación de todos estos procesos que han sido motivo de incoación de acta, a fin y a efecto de no perjudicar a todas aquellas mujeres de
nacionalidad española que han dado a luz en Andorra.
Finalmente, entendemos que es de justicia que se pueda abrir un periodo extraordinario de regularización en la aplicación de la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto de la renta de las personas físicas y en la prestación
económica de pago único a la Seguridad Social por nacimiento o adopción para todas aquellas posibles beneficiarias que desde la entrada en vigor de la ley hayan dado a luz en el Principado de Andorra o en otras poblaciones tranfronterizas del Estado
español con el fin de que se puedan regularizar dichas situaciones y que por miedo a una multa o a una sanción no lo hayan hecho. Creemos que es de justicia que se abra este proceso de regularización extraordinaria.
Hay que decir, señorías, que se han planteado sendas enmiendas por parte del Partido Popular y del Partido Socialista y hemos estado negociando en el debate previo a esta iniciativa parlamentaria una transaccional global tanto desde la
perspectiva de la enmienda presentada por el Partido Popular como de la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Estamos confeccionando la transaccional y vamos a esperar las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios para intentar
conseguir -y pienso que lo vamos a hacer- la unanimidad de todas las formaciones políticas de la Cámara para resolver esta situación.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: La iniciativa que debatimos hoy en esta Comisión propuesta por CiU pretende ampliar el derecho a la deducción por nacimiento o adopción en el impuesto sobre la renta para aquellos casos de madres que por diversas
circunstancias cumplan todos los requisitos establecidos en esta ley para ser beneficiarias de estas ayudas a la maternidad excepto el hecho de haber dado a luz en territorio español, habiéndose producido el nacimiento en territorios limítrofes con
España.
En primer lugar, me gustaría fijar la posición de mi grupo en relación con este tipo de ayudas a la maternidad con las que el Partido Popular siempre ha estado comprometido tanto desde el Gobierno como desde la oposición. Hay que recordar
hoy -y estamos especialmente orgullosos de ello- que fue el Gobierno del Partido Popular el primero en implantar una deducción por maternidad dirigida a las mujeres con hijos menores de tres años que realizasen una actividad laboral de 1.200 euros
anuales, y resalto lo de anuales porque les recuerdo que este beneficio fiscal que implantó el Partido Popular tiene una incidencia económica superior a los 2.500 euros instaurados por el Gobierno socialista por nacimiento o adopción, ya que en tres
años equivale al cobro de 3.600 euros en total.
El Partido Popular fue pionero en este tipo de ayudas a las madres con el objetivo de facilitar a la mujer la conciliación de la vida familiar y laboral, y fuimos pioneros también en el Partido
Popular y en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en particular en Cantabria, que es mi comunidad, en implantar una paga de 100 euros mensuales, equivalente a 1.200 euros anuales, para todas las madres con hijos menores de
tres años. Es decir, una madre cántabra con los gobiernos del Partido Popular nacional y autonómico percibía 7.200 euros a lo largo de los primeros tres años de vida de su hijo. Tengo que añadir que hoy, por desgracia, el Gobierno socialista y el
partido regionalista que gobierna Cantabria han eliminado en la práctica esta ayuda autonómica para las madres; curiosa manera de practicar políticas sociales gobiernos que se autodenominan progresistas.
Pero volviendo a la iniciativa que hoy nos trae CiU, tenemos que decir que el Partido Popular siempre ha sido partidario -y los hechos nos avalan- de cualquier tipo de ayuda dirigida a la familia, tanto para facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral como para fomentar la natalidad en un país como el nuestro en el que el envejecimiento de la población pone en peligro el mantenimiento futuro de nuestro Estado de bienestar, y en particular de nuestro sistema de pensiones.
En la tramitación del proyecto de ley por el que se estableció esta nueva deducción por nacimiento de 2.500 euros mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ya manifestó nuestra postura favorable a este tipo de ayudas para fomentar la natalidad,
aunque finalmente las prisas del Gobierno socialista por aprobarlo en lectura única y de forma urgente por motivos electoralistas y antes de las elecciones generales de 2008, nos hicieron decantarnos por la abstención en su momento al haber
rechazado prácticamente todas nuestras enmiendas e impidiendo un debate sosegado y riguroso sobre la posibilidad de revisar en profundidad nuestro sistema de ayudas a las familias con hijos a su cargo, que, por otro lado, dista mucho de los sistema
con que cuentan muchos países europeos de nuestro entorno.
Por todo ello, señorías, partiendo de nuestra posición favorable a cualquier tipo de ayudas que supongan mejorar la protección de nuestras familias, coincidimos también con el grupo proponente en que la puesta en marcha a lo largo de más de
dos años de esta deducción por nacimiento o adopción se han ido produciendo determinadas disfunciones que dan lugar a situaciones discriminatorias e injustas para determinadas mujeres españolas que es necesario corregir, en la medida de lo posible,
en esta Cámara. Una de las disfunciones que se está produciendo en la actualidad, según se dice en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, hace referencia a las madres residentes en La Seu d'Urgell que han dado a luz en Andorra, por
lo que al incumplir uno de los requisitos exigidos por la Ley 35/2007 para ser beneficiarias de esta deducción, que es que el nacimiento se produzca en territorio español, están siendo requeridas por la Agencia Tributaria para que procedan al
reintegro de las cantidades percibidas. En este sentido, desde el Partido Popular hemos presentado dos enmiendas que pretendían corregir este tipo de situaciones en la misma línea de la iniciativa presentada por CiU, pero entendiendo que mejoraba
su redacción con el objetivo de precisarla más técnicamente, limitando su aplicación a los casos de nacimientos en territorios limítrofes con España y contando con acuerdos de colaboración con nuestro país en materia sanitaria. El Partido
Socialista había presentado también una enmienda con el mismo objetivo y, finalmente, como ha dicho el señor Sánchez i Llibre como ponente de esta iniciativa, esperamos llegar a una redacción transaccionada por todos los grupos.
Señorías, estando desde el Grupo Popular completamente de acuerdo con el espíritu de la iniciativa presentada por el grupo proponente, CiU, vamos a votar favorablemente el acuerdo que logremos alcanzar todos los grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para defender la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Mármol.
El señor MÁRMOL PEÑALVER: Creo que no es el momento, señora Madrazo, de ver quién hizo más en sus etapas de gobierno o si hicieron más que nosotros en sus etapas de gobierno, pero sí le quiero recordar que la Ley 35/2007 no excluye a
ninguna mujer por razón de si trabaja o no trabaja; todas tienen derecho a esta prestación. Es un pequeño matiz en su argumentario. A nuestro juicio, no sería este el mejor momento para presentar esta proposición no de ley ya que, como bien dice
la misma en sus antecedentes, actualmente, en relación con los desajustes que puedan existir en la Ley 35/2007, ya hay tomada en consideración por el Pleno del Congreso una proposición de ley para superarlos e intentar corregirlos; siempre es bueno
mejorar una ley que beneficia a todos los españoles. Además, fue aprobada en esta misma Comisión de Economía y Hacienda en su sesión del día 17 de febrero de 2009 una proposición no de ley sobre la deducción o pago único por nacimiento o adopción
presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en el sentido de seguir mejorando las posibles disfunciones o desajustes que pueda tener esta ley y que se pueden llegar a solucionar con
la proposición de ley que se está tramitando en estos momentos.
Señorías, antes de referirnos del caso concreto del que estamos hablando hoy, queremos reafirmarnos en la dirección de señalar que estamos hablando de una prestación que no es universal como la sanidad, sino que requiere unos requisitos que
claramente marca la ley y que son acordes con lo que se establece para otras prestaciones. Estamos, pues, hablando de una norma que fija unos límites en el artículo 2 para tener derecho a la prestación. Entendemos que la principal finalidad que
tiene esta ley, como bien decía la señora Madrazo, es hacer frente a la tendencia al envejecimiento de nuestra población, mejorando las condiciones de las familias en las que se producen nuevos nacimientos o adopciones. Se hace referencia expresa
al supuesto de madres residentes en La Seu d'Urgell a las que, habiendo dado a luz en Andorra y solicitando el pago anticipado de la prestación, la Agencia Tributaria ha denegado la misma por haberse producido el nacimiento en el Principado de
Andorra. Tenemos que decir también que los casos descritos se refieren a madres residentes en territorio español, si bien no aclara si esa residencia se corresponde o no con el concepto de residencia fiscal en nuestro territorio y en consecuencia
las madres tienen o no la consideración de contribuyentes del IRPF. Cabe señalar que la literalidad de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción comentada, no admite interpretación, en caso de nacimiento es
beneficiaria la madre siempre que el nacimiento se haya producido en territorio español. Las personas a las que hace referencia la proposición de ley podrían ser o no residentes, pero esto yo creo que se va a aclarar en la futura ley. De hecho, si
no se pusieran determinados límites, que por otro lado son constitucionales y no discriminatorios, sería prácticamente imposible llevar a cabo políticas sociales justas y distributivas, bien en función de los periodos de cotización, bien en función
de las bases, o bien en función de rentas familiares.
Como bien han dicho los ponentes de la proposición por los distintos grupos, existe un principio de acuerdo con una enmienda transaccional que estamos redactando y que espero que apoye la mayoría de los grupos y que se apruebe por
unanimidad. Es cierto que en el caso que hoy nos ocupa existe un convenio o un acuerdo de colaboración sanitaria con Andorra y este acuerdo iría en la dirección de matizar el primer punto original de la proposición no de ley, el segundo, e instar
al señor Sánchez i Llibre para que el tercer punto de esa proposición no
de ley lo lleve como enmienda a la proposición de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, y le aseguro que ahí el Grupo Socialista será receptivo con todas las propuestas, incluida esta, como siempre lo ha
sido con todas las que van en la vía de mejorar la calidad de vida y la situación familiar de las españolas y de los españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, sobre aceptación o no de las enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Vamos a esperar, señor presidente, esa enmienda transaccional, que me imagino va a coincidir con los planteamientos que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Madrazo, el señor Mármol, del Grupo
Parlamentario Socialista, para intentar consensuar esta iniciativa y que pueda salir por unanimidad.
- RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE UN SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA LOTERÍA NACIONAL A FAVOR DEL AÑO XACOBEO 2010. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001364.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la celebración de un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional a favor del año Xacobeo 2010. Es una propuesta del Grupo Popular y para defenderla tiene la palabra el
señor Conde.
El señor CONDE ROA: Una vez que hemos llegado a una transacción entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y otros grupos, al menos en principio, todo lo que es la exposición de motivos y la justificación de la misma huelga. En cualquier
caso, simplemente quiero resaltar la importancia del Año Santo y agradecer a los grupos políticos, en particular al Grupo Socialista, que haya aceptado la transacción hecha sobre la base de la enmienda que ellos mismos formularon. Lo único que
deseamos es que ahora esto sea una realidad cuanto antes para que no se nos pase el Año Santo que estamos celebrando en este momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted señor Conde por sustituir intervención por el discurso más inteligente, que es el acuerdo.
Señor Díaz, del Grupo Socialista.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, yo, que no pasaba por aquí, sino que tuve que venir a defender una enmienda y, además, por caprichos del destino, nos toca intervenir los últimos, quiero hablarles a ustedes de lo que he venido a
hablar, del camino y de las loterías.
En primer lugar, quiero aclarar que se agradece al señor Conde Roa que no haga relación al preámbulo porque en el mismo se hablaba de agravios del Gobierno socialista y es una enmienda socialista la que hace viable la propuesta del señor
Conde Roa. La propuesta del señor Conde Roa no era viable sin enmiendas y si se vota tal como está no tiene valor ninguno porque hoy el servicio de loterías no puede crear sorteos extraordinarios ya que está prohibido por ley. La única vía que
vale es la que nosotros proponemos, que es la vía del convenio. Que quede claro que los agravios en este caso quedan claramente desmentidos y enmendados porque es el Grupo Socialista el que posibilita que, con cargo a Loterías del Estado, exista la
posibilidad de que el Xacobeo tenga financiación.
El Xacobeo se celebra cuando coincide el día del apóstol Santiago, el 25 de julio, en domingo y tiene en consecuencia unas fechas más o menos erráticas. Lo hubo en el 2004, toca en 2010 y el siguiente será en 2022.
Este es un evento que se
celebra y que tiene repercusión porque desde el medievo existen peregrinaciones a Compostela que, por diferentes caminos, son fuente de cultura y de conocimiento, e incluso, yo creo que estas peregrinaciones están en el nacimiento de la Europa que
estamos hoy viviendo, de esa Europa más o menos unida. La unión comienza con el camino, comienza caminando y conociéndonos unos a otros, conociendo civilizaciones. Cuando coincide con Año Santo, en Galicia, en concreto en Santiago de Compostela,
hay una celebración específica que hace que el número de peregrinos, turistas y visitantes se multiplique y esto tenga una repercusión muy importante en el PIB de Galicia. De hecho, las últimas estimaciones nos dicen que las últimas celebraciones
de Xacobeos implicaron un incremento superior al uno por ciento del PIB de Galicia.
Por ello, a los gallegos no nos es indiferente el resultado de este Xacobeo, resultado que, claro está, no depende de la Lotería Nacional, sino fundamentalmente de
la planificación que se haya hecho del mismo a nivel interno, a nivel externo y también, en cierto modo, de la climatología, que en la primera parte del año no fue demasiado favorable.
Recuerdo que la Ley de Presupuestos del Estado de 1989 abría la vía de sorteos extraordinarios para dos asociaciones concretas: Asociación de la lucha contra el cáncer y Cruz Roja. La Ley de Presupuestos del año 2010 cierra ya el tema y
dice que la Cruz Roja y la Asociación de la lucha contra el cáncer se financiarán por convenio durante cuatro años, garantizando Loterías del Estado un financiamiento igual a la media de los últimos años, pero abre la puerta a otros convenios, y es
por esa vía por la que intentamos que la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado lleguen a un acuerdo.
Señorías, yo quisiera que el Gobierno de Galicia y Loterías del Estado se entendieran y llegaran pronto a un convenio, y a ustedes, señores diputados, me gustaría invitarlos a caminar porque últimamente se dice que es bueno para el cuerpo y
desde el medievo es bueno para el espíritu.
Hay muchos caminos para ir a Santiago y este año puede ser una buena oportunidad.
OTROS ASUNTOS:
- DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN Y PONENCIA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 158/000005.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos caminado y ya en el punto final del orden del día, para el fomento de la economía social. Como recuerdan, por acuerdo de la última reunión de Mesa y portavoces, quedamos en introducir en el orden del día de
esta Comisión la creación de la subcomisión sobre Economía Social, que viene de la legislatura anterior. Es necesario volverla a crear para que a su vez en el Pleno se pueda sancionar y se puedan publicar las conclusiones de los trabajos que se
desarrollaron en la anterior legislatura. Reglamentariamente, para introducirla en el orden del día ha habido que remitirse a la propuesta que hizo en este sentido el Grupo Parlamentario Catalán, que aparece con el número 25 y es del 3 de junio de
2008.
Para su exposición, brevemente, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió solicitó al inicio de esta legislatura una reapertura de la subcomisión dentro de la Comisión de Economía y Hacienda para poder estudiar la
situación de la economía social en España, ya que, como todas SS.SS. saben perfectamente, no pudo terminar sus trabajos porque finalizó la legislatura.Fue una subcomisión en la que hubo un acuerdo importante entre los portavoces de los diferentes
grupos parlamentarios, encabezados por la coordinadora y a su vez presidenta de la subcomisión de la anterior legislatura, la diputada del Partido Socialista Esperanza Esteve; fueron asumidos todos los planteamientos por los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular, encabezado por el señor Erias y el señor Borrachina, así como también por el Partido Nacionalista Vasco, a través del señor Aspiazu, y lógicamente por el grupo proponente, que era el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Una vez finalizada esta subcomisión, que no pudo plantear sus resultados finales por este motivo, proponemos, dentro de la Comisión de Economía y Hacienda, la reapertura de esta subcomisión para el fomento de la economía social en los mismos
términos que planteamos en el año 2006. Por este motivo, señorías, la propuesta de enmienda que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista la vamos a aceptar en su integridad, a fin y efecto de que se pueda producir en esta legislatura ya que
tenemos el tiempo suficiente para poder plasmar unos resultados que todos los sectores que están integrados en la economía social de mercado están pidiendo, yo diría que fervorosamente, para que lo podamos finalizar.
El señor PRESIDENTE: Había una enmienda del Grupo Socialista, a quien daremos la palabra en primer lugar para que la exponga, y luego irán fijando posición el Grupo Popular y cuantos grupos lo deseen. En primer lugar, tiene la palabra la
señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Tomo la palabra para señalar lo importante que es para toda esta Comisión de Economía y Hacienda el hecho de que podamos terminar los deberes que iniciamos en la pasada legislatura. El trabajo que se hizo fue
resultado de la voluntad de todos los grupos. La petición la había hecho el Partido Popular en su momento, así como Convergència i Unió, el Partido Socialista y también el PNV, por tanto, esta subcomisión fue solamente el resultado de unas
voluntades que se expresaron en esta subcomisión a través del consenso. Se consensuó todo; todas las personas que tenían que pasar por estas comparecencias, que fueron altamente interesantes, y por la finalización de la legislatura, tal como ha
dicho el señor Sánchez i Llibre, no pudimos acabar ofreciendo unos resultados a la Cámara del trabajo realizado. Esto motivó en su día que el Cepes, es decir, todo el sector de la economía social, nos pidiera a todos los grupos, y también al
presidente, señor Gutiérrez, que por favor reanudáramos el trabajo para que todo el esfuerzo que se hizo en su día no quedara en saco roto. Yo agradezco a todos, y concretamente al presidente, el hecho de que hoy se haya incluido en el orden del
día.
Nosotros hemos presentado una enmienda que complementa la propuesta de reapertura que hizo Convergència i Unió en 2008 para, sencillamente, situarnos en los antecedentes. No tiene otra pretensión, pero aprovecho este uso de la palabra para
dar las gracias a todos los compañeros, especialmente, al señor Erias, señor Borrachina, al señor Aspiazu, y por descontado al señor Sánchez i Llibre y a su compañero de Lleida señor Grau, que esta vez no nos acompaña en la legislatura, y a mi
compañera María del Mar y a Carmelo, que está aquí presente. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo del que hoy ya tenemos un resultado, que es nada más que el vaciado de las comparecencias, no nos propusimos otra cosa. Nos propusimos
solamente aprender de las comparecencias, este es el material que hoy tenemos, y yo creo que con la reapertura de la subcomisión vamos a poder tener un material que nos va a servir en un futuro para legislar una ley de economía social o aquello que
cada grupo quiera hacer con este material que, evidentemente, es valioso en sí mismo.
Muchas gracias a todos los grupos y en especial al señor Sánchez i Llibre por aceptar esta enmienda y seguir animándonos para trabajar aquello que se empezó y que debería ser terminado.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Mi grupo va a apoyar la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió porque pretende estudiar y analizar aquellos colectivos que representan al tercer sector de la economía nacional, así como
identificar un marco de actuación que les permita hacer frente a los retos a los que se enfrenta. Además, si Convergència i Unió acepta, como ha dicho, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con más razón porque ratifica una iniciativa que
ya propusimos desde el Grupo Parlamentario Popular en marzo de 2005, defendida brillantemente por mi compañero Barrachina, que fue aprobada y desarrolló sus trabajos hasta el final de la legislatura.
Señorías, eso que se ha dado en llamar economía social, algo difícilmente cuantificable y de límites imprecisos, y que integra cooperativas, sociedades laborales y aquellas otras entidades complementarias a las tradicionales de la economía
del mercado, experimentó en las legislaturas del Gobierno popular un extraordinario crecimiento. Sin duda, tuvo mucho que ver que durante las dos legislaturas del Gobierno popular se tomaron diversas medidas para favorecer al tercer sector, una
nueva Ley de sociedades laborales, una nueva Ley de cooperativas, una nueva Ley de asociaciones, una nueva Ley de fundaciones, una nueva Ley de mecenazgo; en definitiva, se estableció un nuevo marco normativo que ha ordenado la pluralidad y la
diversidad de este sector y que ha venido acompañado de ayudas como bonificaciones o capitalización por desempleo, o como la mejora de tratamiento en el IRPF de las ayudas que recibían del Fondo de Garantía Social, o como la mejora de las
prestaciones sociales, ampliando la flexibilidad, estableciendo contratos a tiempo parcial o extendiendo la posibilidad de conciliar la vida familiar o laboral. Estas medidas, señorías, han dado como resultado que el número de trabajadores de las
sociedades laborales y de las cooperativas hayan pasado de 250.000 a más de 430.000 en España, y que si en 1996, cuando llegamos al gobierno, había 250.000 cooperativas y sociedades laborales, al dejar el gobierno, en 2004, había más de 42.000, es
decir, un 70 por ciento más. Si a ello añadimos las empresas de inserción, mutualidades, centros especiales de empleo, fundaciones y asociaciones, el número de entidades y de empleados podría superar el millón y medio de trabajadores. Además, este
tipo de economía ha llegado a agrupar a casi diez millones de socios y asociados, lo que refleja la importancia del sector.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular solicitó en octubre de 2004 la creación de una subcomisión para estudiar la situación y la economía social en España. Finalmente, como ya dije, se aprobó nuestra iniciativa y la
Comisión se constituyó pero no pudo terminar sus trabajos, como ya se ha dicho aquí, por la finalización de la legislatura. Por estas razones, entendemos en el Grupo Parlamentario Popular que sería interesante reiniciar los trabajos de la
subcomisión y permitir intervenir a los miembros del sector para que informen a todo el Parlamento sobre las medidas que se deben ir tomando para que el sector mantenga este crecimiento sostenible. El Grupo Parlamentario Popular reivindica la
importancia de la economía social como otra forma de emprender. Los principios de solidaridad, compromiso y pluralismo, conjuntados con la capacidad de generar empleo y calidad, son ingredientes esenciales para la buena salud de la economía
española, que depende tanto del tercer sector como del resto, y que no considera a este como sustitutivo sino a todos complementarios entre sí.
El señor PRESIDENTE: Esperaremos los minutos necesarios para proceder a la votación. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre elaboración de un catálogo de regulaciones administrativas de carácter económico de las comunidades autónomas, promovida por el Grupo Mixto. Se votará
en los propios términos que fue presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley relativa a la promoción de un plan estratégico de apoyo al sector del azulejo. Se votará con las tres enmiendas que ha presentado el propio grupo proponente, el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la celebración de un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional a favor del año Xacobeo 2010. Esta se va a votar en los términos de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar la PNL sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal en los billetes de 500 euros. Se vota en los términos de la enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada por el proponente.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Quiero hacer constar que retiramos nuestra enmienda para sumarnos al consenso en los términos que ha puesto de manifiesto el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Hecha esta aclaración por el Grupo Popular, procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a la deducción en el IRPF y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, que se votará en los términos de la transaccional anunciada en
el transcurso del debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, vamos a votar la solicitud de la creación de la subcomisión para el fomento de la economía social, en los términos de la enmienda del Grupo Socialista que ha sido asumida en el debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.