CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 498

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 28

celebrada el martes, 16 de marzo de 2010

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.



- Del señor presidente de la Federació Catalana d´Associacions de prejubilats, jubilats i vidues, Fecat (Calabia Pastor). (Número de expediente 219/000518.) ... (Página 2)


- De la señora presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas (Holgado Pascual). (Número de expediente 219/000519.) ... (Página 13)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO.



- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE PREJUBILATS, JUBILATS I VIDUES, FECAT (CALABIA PASTOR). (Número de expediente 219/000518.)


El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.



El primer punto del orden del día es la comparecencia de don Francisco Calabia Pastor, presidente de la Federació Catalana d'Associacions de Prejubilats, Jubilats i Vidues (Fecat), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la
Comisión. Señor Calabia, tiene usted la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE PREEJUBILATS, JUBILATS I VIDUES, FECAT (Calabia Pastor): Gracias por intentar decirlo en catalán, sé que cuesta. Mi nombre es Francisco Calabia Pastor, presidente de la
Federación Catalana de Asociaciones de Prejubilados, Jubilados y Viudas. Deseo enfatizar que esta federación se fundó en el año 2001, si bien las asociaciones que la componen existían todas ellas con anterioridad a esta fecha, lo que viene a
demostrar que el asunto que hoy nos reúne aquí, el coeficiente corrector, es algo que viene desde muy antiguo. Igualmente, en el resto de España hay otras asociaciones y federaciones que luchan por la misma causa. Precisamente hoy aquí tenemos un
compañero que se ha desplazado desde Andalucía, lo cual le agradezco enormemente.



Gracias, por permitirnos expresar en esta Comisión la situación en la que se encuentra el colectivo de jubilados anticipados y penalizados en su pensión. Deseo expresar que este colectivo es el más sacrificado, desamparado y discriminado
del país. ¿Cuál es el perfil medio de este maltrecho jubilado? Expulsión de su trabajo, lo que equivale a un problema emotivo; despido improcedente de su empleo, lo que significa problema familiar y económico; que empezó a trabajar de aprendiz
en la década de los cuarenta (aquí, en esta sesión, hay unos cuantos ejemplos); dos o más años de servicio militar y, en su época de senior, trabajó más horas de las que tiene el reloj, ayudando a levantar este país; al cumplir los 60 años de
edad, su empresa -y muchas veces con aquiescencia de los sindicatos, que deciden por ella- la despiden de forma forzosa.
Este colectivo ha cotizado a la Seguridad Social un promedio de 42 años, unos con otros, cumpliendo en exceso uno de los dos
requisitos para percibir su pensión al cien por cien, pero se ha visto imposibilitado de cumplir el segundo, al ser despedido de su trabajo en contra de su voluntad. Se da la paradoja de que trabajadores con 35 años de cotización perciban el cien
por cien, ya que tuvieron la fortuna de llegar a los 65 años de edad en su mencionado trabajo, mientras que este colectivo, con 42 años de promedio, ha estado penalizado hasta con el 40 por ciento. No se comprende, o al menos nosotros no lo
comprendemos, que, habiendo cotizado un promedio de siete años más de los requeridos, esté penalizado. Y más incomprensible aún es no haber aplicado este exceso de cotización como compensación, para así poder cumplir los dos requisitos necesarios
para percibir el cien por cien.



Este colectivo ya soportó muchas vicisitudes y calamidades en los inicios de su vida, por haber nacido en la guerra o en la posguerra. Ahora, que la situación del país ha cambiado y mejorado sustancialmente, este colectivo vuelve a ser
maltratado en las postrimerías de su vida. Este colectivo aspiraba a trabajar y percibir su pensión al cien por cien, pero no le fue permitido. En este país, cuando una persona tiene más de 40 años tiene muy complicado encontrar trabajo y con ello
la dificultad de llegar a los 65 años en activo. Yo viví esta situación en directo y la que yo viví es sinónima de la de todos mis compañeros. Fui despedido a los 60 y accedí al paro durante dos años. Cada trimestre iba a la oficina del INEM a
que me pusieran un sello en una tarjeta y allí leía las ofertas de empleo. Se daba la circunstancia de que en aquella oficina del INEM, además de las ofertas de empleo de la zona, había ofertas de las zonas colindantes, es decir, que había una gran
variedad de ofertas de empleo, pero todas ellas tenían un requisito que era imposible de cumplir por nosotros. Decía edad tope 40 años.A lo largo de mis visitas a aquella oficina del INEM únicamente encontré dos o tres ofertas donde no se hacía
mención a la edad. Entonces yo me pregunto, y les pregunto, ¿cómo se podía cumplir el requisito de jubilarse a los 65 años? Envié currículos, porque leía los diarios o lo hacía a empresas que yo seleccionaba. Lo más que recibía era una lacónica
respuesta en la que me decían: Lo tendremos en cuenta. Participé en un cursillo de creación de empresas para parados de un año de duración. He aquí el resultado; este libro que hice fue el estudio y el trabajo que desarrollamos durante aquel año
para creación de empresas. El equipo lo formábamos dos personas, yo era el comercial y el compañero hacía de administrador. No sirvió para encontrar trabajo. Por aquella época, el compañero, de unos 45 años, casado y con dos hijos pequeños -y
tenía una hipoteca que pagar-, se encontró con que el sueldo de la mujer era escaso, tuvo grandes problemas y el matrimonio acabó deshaciéndose. Estos eran problemas cotidianos de aquella época y me imagino que de la presente.



De todos aquellos que iniciamos el cursillo solo uno encontró trabajo. ¿Y saben por qué? Solo tenía 35 años. Por aquella época empezaron a funcionar en Cataluña


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las oficinas de trabajo de la Generalitat, a las que se llamaba OTG. Yo me registré y solamente recibí una llamada en la que me dijeron que había sido preseleccionado como vendedor de puertas de madera en Gerona. Yo resido en Barcelona,
pero aun así acepté la preselección. De ahí no pasé, la edad nuevamente era una barrera infranqueable. Me pregunto, y les pregunto: ¿cómo se podía cumplir el requisito de jubilarse a los 65 años? Y ya se venía hablando por aquellas épocas de
alargar la jubilación a los 70. No sé con qué objetivo, seguramente para ampliar la penalización y castigarnos más. Nos encontramos asimismo con otro agravio comparativo, el jubilado forzoso tiene una penalización del 6, el 7 o el 8 por ciento de
su base reguladora, dependiendo del año en que se jubiló, mientras que aquel jubilado voluntario que pospone su jubilación tiene un premio de un 2 o un 3 por ciento por cada año que la pospone. No puede extrañar a nadie que el jubilado forzoso se
sienta discriminado, lo cual da paso a que tanto las asociaciones como las federaciones estén convencidas de que por razón de edad existe una situación de inconstitucionalidad al vulnerar el artículo 14 de la Constitución española. En vista de la
imposibilidad de encontrar trabajo, y para demostrarlo, en fecha de 22 de junio de 2000 envié un escrito a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, solicitando trabajo en cualquier punto y lugar de España. Recibí un escrito en fecha
de 28 de junio de 2000, con el número de registro 5595, diciéndome que una mesa estaba estudiando el tema. Al no recibir más respuestas, en fecha 21 de agosto de 2001 me volví a dirigir al Congreso de los Diputados solicitando nuevamente trabajo y
recibí un escrito similar al anterior, con otro número, 44857, y ahí se quedó todo. Me pregunto y les pregunto: ¿cómo se podía cumplir el requisito de jubilarse a los 65 años? Por lo descrito anteriormente, era tarea ardua y complicada. Habiendo
cotizado 42 años, siete más del mínimo requerido, ¿por qué la penalización? A mi entender es una injusticia y un atropello.



Voy a leer unos párrafos de las cartas que envié en aquella época. En la de 2000, al final les decía: También estaría dispuesto a trasladarme a Madrid para poder expresar personalmente a quien corresponda que no es justo que, después de
una larga vida de cotización y colaboración con el Estado, este me reduzca en una quinta parte lo que entiendo que me corresponde. Y, en la segunda carta que envié, les decía entre otras cosas: La evidencia es que el empresariado no quiere
personas de más de 60 años. Y ustedes pretenden alargar la vida laboral. Yo estoy de acuerdo con esta ideología, somos mayores, cumplimos más años, es lógico que trabajemos más, pero yo no encuentro empleo. Y por lo que se ve, ustedes tampoco me
dan facilidades. Me pregunto ante esta situación: ¿por qué me penalizan con un 21 por ciento, si yo quiero trabajar? Agradeceré que alguien me aclare esta injusta situación. No recibí, como digo, ninguna respuesta. Simplemente quería demostrar
que, cuando uno tiene una edad, encontrar trabajo es una operación francamente muy complicada.



Ante esta situación, nuestra federación, la federación catalana, se propuso una filosofía de funcionamiento y establecimos dos fases: en la primera se trataba de la reducción de las penalizaciones; la segunda, en la que estamos ahora, es
la de la eliminación de las penalizaciones.
Primera fase, la de la reducción. Desde junio de 2004 estábamos trabajando de forma más concreta por la reducción de la penalización.
Tanto es así que en diciembre del mismo año presentamos un estudio
económico con datos reales y ponderados del muestreo de que disponíamos, que era bastante reducido. He determinado la media de base reguladora, pensión penalizada, exceso de años cotizados, penalización media y costo aproximado para la Seguridad
Social. Además de esos datos, se señalaba un segundo efecto y era que los porcentajes de las penalizaciones no eran homogéneos en casos idénticos. Según en qué años se jubilaban, forzosamente la penalización era del 8 por ciento, del 7 o del 6 por
ciento, es decir, que existían jubilados forzosos de primera, de segunda y de tercera división. Después de diversas entrevistas con el ministerio y en nuestro afán de colaborar con el ingente trabajo que se nos dijo que esto representaba,
recalcular caso por caso esta equiparación de porcentajes, en julio de 2006 presentamos nuestras tablas simplificadas, que establecían un coeficiente equiparador, calculado sobre la base de años de edad en el momento de la jubilación forzosa,
porcentaje de penalización y coeficiente equiparador, también en porcentaje; elevando la pensión a este porcentaje equiparador nos daba el importe de la nueva pensión equiparada. Naturalmente, establecimos una tabla para los penalizados del 8 por
ciento y otra para los del 7 por ciento, ya que para los del 6 por ciento quedaba igual. Estas eran las tablas que nosotros hicimos para los del 8 por ciento y para los del 7 por ciento.
Y, aplicando el coeficiente que habíamos establecido, salía
la cantidad justa a cobrar por cada personaje involucrado. Nuestra propuesta no prosperó y don Octavio Granado optó por una equiparación a tanto alzado.
Lo único que conseguimos tras cuatro años de lucha fue la equiparación al 6 por ciento. Es
decir, que aquellos afectados por el 8 y el 7 por ciento pasasen al 6 por ciento. No fue una equiparación técnica, sino más bien arbitraria, al tratarse de un aumento a tanto alzado.



Todas las asociaciones manifestamos nuestro desacuerdo, al entender que salíamos perjudicados. Nuestra federación hizo llegar a don Octavio Granado estas tablas de coeficientes equiparadores, a nuestro entender de fácil aplicación, pero se
nos dijo que o tanto alzado o a comenzar una nueva serie de negociaciones. Ante esta actitud nos vimos en la obligación de aceptar. Recuerdo además que algunos asociados nuestros nos dijeron que ellos no habían recibido cantidad alguna. Nuestra
sorpresa fue que a aquellos que tenían complementos a mínimos, es decir, las pensiones más humildes, les fue absorbido. No teníamos palabras, esto lo saben mis


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compañeros, para explicarlo, por muy técnicas que fueran las razones.
Tampoco fuimos advertidos de esta posibilidad, lo ignorábamos realmente, pero también es cierto que, de los tres tramos iniciales, pasamos a cinco, lo que supuso una
ligera mejora. Y desearía dejar constancia de que esta mejora la consiguió la federación catalana, los señores que hay allí detrás, fruto de las conversaciones que manteníamos con los diferentes partidos políticos. Las cosas como son. Deseo
remarcar que, al hacerse efectiva a los perjudicados esta equiparación, el entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el señor Caldera, envió un escrito reconociendo -aquí está- el injusto tratamiento recibido por los trabajadores de más edad
que fueron expulsados prematuramente del mercado laboral y se jubilaron anticipadamente. Aquí hay un reconocimiento por escrito, que refleja la triste realidad.



Ahora comenzamos o iniciamos lo que denominábamos la segunda fase, la eliminación del coeficiente corrector. Y esta es la finalidad real y la más importante. Consiste en la eliminación de toda penalización a los jubilados forzosos, bajo
los siguientes condicionantes. Punto uno, estamos conformes con que durante el periodo de jubilación anticipada de 60 a 65 años se pague un peaje a la base reguladora a los jubilados que han cotizado 35 años. Punto dos, percepción del cien por
cien de su base reguladora a los que hayan cotizado 40 años, es decir, sin penalización desde el momento de su jubilación forzosa y anticipada. Y punto tres, al jubilado con pensión penalizada, que es el del caso uno, al cumplir los 65 años de edad
se le eliminará la penalización, pasando a percibir el cien por cien de su base reguladora actualizada. En junio de 2005 presentamos al Ministerio del Trabajo un estudio titulado Eliminación de coeficientes reductores, considerando la base
reguladora, pensión penalizada, años cotizados, penalización media. El coste aproximado -en aquella época era diferente, ahora lo hemos recalculado- a la Seguridad Social es de 3.167 millones de euros. Al igual que ya hicimos con la equiparación,
podríamos preparar unas tablas eliminadoras (estas eran equiparadoras, las otras serían eliminadotas) de coeficientes, que nos darían una cantidad exacta en función de las aportaciones de cada jubilado forzoso con pensión penalizada. Aquí quiero
hacer un inciso y un recordatorio a un colaborador nuestro que se llama Jaime Riera, que es el ideólogo y domador de los números, como le denomino yo, que hoy no está presente por problemas familiares. Y lo ha sentido mucho.



Siguiendo el hilo de este tema, y como quiera que en el ministerio se nos argumentaba que el costo sería inasumible, presentamos un argumentario que se encontraba detallado en este estudio. Y además nos satisface ver que, ahora que se habla
tanto de aquello de los ERE, nosotros ya se lo decíamos: empresas que tienen beneficios no tienen por qué hacer prejubilaciones. Se está diciendo ahora; en 2005 ya lo decíamos nosotros.
Y decíamos muchas cosas más en ese estudio, para intentar
dar ayuda y colaborar. También queremos señalar que estos estudios económicos están confeccionados con los datos de que disponíamos en la fecha de su presentación. En consecuencia, no podían representar unos datos exactos, no lo pretendemos. Pero
sí reflejan la dimensión del problema que nos ocupa.



En el momento actual, a pesar de la crisis económica que estamos sufriendo, creemos firmemente que nuestras peticiones de mejoras al colectivo no están fuera de tiempo, pues si observamos este tema desde un punto de vista pragmático, todos
sabemos que en estas cuestiones, teniendo en cuenta que estuvimos cuatro años discutiendo la ley de equiparación, todo va a marcha lenta y, cuando se resuelvan, nadie se acordará de la actual crisis. Otro argumento que queremos recordar y que ya lo
expusimos en nuestro trabajo Macroeconomía versus microeconomía que presentamos en febrero de 2007 -todo siempre a don Octavio Granado- era la conveniencia, en aquellos momentos de euforia económica, de revertir la macroeconomía a la microeconomía
familiar. Y nos encontramos con el superávit de la Seguridad Social. Ahora que el Fondo de Reserva ya está suficientemente dotado, más de 60.000 millones de euros (escuché el otro día al presidente del Gobierno, al señor Zapatero, 62.000 millones
de euros), entendemos llegado el momento de que el superávit anual de la Seguridad Social pase a engrosar directamente los fondos disponibles para el pago de las pensiones, de todas las pensiones. Este debe ser su destino natural, pues debemos
recordar una vez más que estamos en un sistema de reparto. Por otro lado, el 21 de febrero de 2006, tras debatir una proposición no de ley el Congreso de los Diputados reconoció por unanimidad la injusticia cometida con este colectivo. 310 votos a
favor, ninguno en contra. La respuesta fue la Ley 40/2007. Don Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, en una entrevista realizada en febrero del año pasado en la revista Senda, manifestó que una medida como esta hubiera
puesto en serio peligro la sostenibilidad y la propia pervivencia del sistema español de la Seguridad Social. No podemos estar de acuerdo con estas manifestaciones, ya que el coste supondría la eliminación de los coeficientes reductores al millón y
poco más de afectados, un coste, como he dicho anteriormente, del orden de 3.167 millones de euros, totalmente asumible por la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que esta cantidad irá disminuyendo por una mera cuestión biológica. En esta
entrevista se le preguntó a don Octavio Granado por qué no estábamos representados en el Pacto de Toledo y su respuesta era que todos ya estamos representados en el Congreso de los Diputados, es decir, en el Parlamento español. Una de nuestras
pretensiones es precisamente estar representados en el Pacto de Toledo o en las comisiones del Pacto de Toledo. Y en esta actitud hago solicitud expresa de esta petición y le entrego a usted, señor Morano, este escrito.



¿Y por qué digo esto de estar presentes y representados en el Pacto de Toledo? Porque ahí está el dinero de nuestras contribuciones y de los que hoy están contribuyendo


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y mañana serán pensionistas. Es nuestro deber y obligación controlar qué se hace con este dinero. Porque, señores, me ha llegado un rumor de que parece ser que el 60 por ciento de los complementos a mínimos lo paga la Seguridad Social, que
es una prestación no contributiva y que por ley debería pagarla el Estado. Ante estas situaciones, también nosotros tenemos que decidir. Hay algo además que nos preocupa y que nos hiere y es que, a nuestro entender, la Seguridad Social hace
negocio con nosotros. Tenemos una pensión penalizada de por vida. Estamos de acuerdo en que hemos recibido una pensión antes de cumplir los 65 años. Según el estudio que hemos elaborado, al cumplir los 72 años, el promedio de pensiones bajas,
altas y medias, se equilibra; es lo que las empresas llaman umbral de rentabilidad o punto muerto. Y a partir de ahí la Seguridad Social comienza a ganar dinero, ya que nos continúa pagando la pensión penalizada. Hace unas décadas ¿cuánto? El
promedio de vida de los españoles no llegaba a los 70 años -entonces puede que el negocio no hubiera sido tan próspero- pero ahora nos encontramos con 80 años y subiendo. Para su consideración, aquí también le dejo un estudio que hemos elaborado
precisamente sobre esto.



Todavía hay algo más que nos preocupa e indigna y es la noticia que publicó el diario La Vanguardia, de Barcelona, el pasado día 4 de octubre en sus páginas de economía. Decía: El Parlament -o sea, el Parlamento de Cataluña- prejubila con
el cien por cien. Y más fuerte aún: con 25 años de cotización y 60 de edad, el cien por cien. Y, como colofón, indica que sus trabajadores están acogidos al Régimen General de la Seguridad Social. Sencillamente impresentable. Además, se
menciona en este artículo de La Vanguardia que existen otros funcionarios, como los de la Administración de Justicia, dependientes del Ministerio de Justicia, que pueden jubilarse a los 60 años con el cien por cien si acreditan 35 años de trabajo.
Esto es algo que alguien nos tiene que explicar para que lo podamos digerir, ya que está fuera de toda lógica, salvo que lleguemos a la conclusión de que algunos ciudadanos de este país tienen unos privilegios, y no sabemos qué méritos han hecho
para ello.



Ya estoy finalizando. Como resumen de lo anterior, solicitamos, primero, eliminación de los coeficientes correctores al cumplir los 65 años, ya que entonces cumplimos todos los requisitos. Y segundo, presencia activa en el Pacto de Toledo
para que se escuche nuestra voz y, tal y como he dicho antes, para controlar nuestros dineros, ya que los componentes del mismo, a nuestro entender, no nos representan. Es de agradecer la propuesta hecha por Izquierda Unida y los integrantes de su
grupo parlamentario, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV, en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de enero, que coincide plenamente con lo que acabamos de exponer. En uno de los bien argumentados puntos de la propuesta se dice que es
difícil de entender que, por ejemplo, un trabajador con 30 años de cotización que acceda a la jubilación a la edad legalmente establecida de 65 años cobre el 90 por ciento de su pensión, y otro con más de 40 (nosotros, 42) años cotizados, que
anticipe forzosamente su edad de jubilación, pueda cobrar de por vida el 70 por ciento de su base. Sencillamente descorazonador.



Muchas gracias por su atención.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Antonio Gallego Burgos.



El señor GALLEGO BURGOS: Yo quisiera iniciar esta breve intervención en nombre del Grupo Popular agradeciendo la intervención y la presencia del amigo Paco Calabia, que, en representación de la Federación Catalana de Prejubilados, Jubilados
y Viudas, ha explicado de manera brillante las posiciones que a lo largo de los últimos años vienen manteniendo. También quiero agradecer, cómo no, la presencia del resto de los miembros de su equipo, que le acompañan, personas a las que también
conozco desde hace mucho tiempo, que representan al colectivo de prejubilados de empresas reconocidas, importantes de España, como Siemens, Mercedes, SEAT, etcétera, y especialmente a aquellos que han venido desde distintos puntos de España, que
pone de manifiesto que se han tomado con mucho empeño la comparecencia hoy en esta Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo.



Hace tiempo, como decía antes, que escuché las reivindicaciones y las reflexiones del colectivo, de la mano del señor Calabia, y desde el primer momento consideramos que era muy interesante que esta Comisión escuchara de primera mano sus
reflexiones. Estoy seguro de que el resto de grupos políticos opina de la misma manera y por eso todos los grupos políticos hemos tenido a bien que fuera así; pensamos que es muy necesaria la presencia de esta federación hoy en la Comisión del
Pacto de Toledo.Ha elaborado una serie de reflexiones que yo creo que nos tienen que invitar al conjunto de fuerzas políticas a una profunda reflexión.
Esa reflexión no puede desligarse del debate en torno al futuro de nuestras pensiones y del
actual sistema de reparto, es decir, no se puede hablar de esta cuestión sin tener en cuenta otros elementos. Es un debate que está encima de la mesa, es un debate que está en la agenda mediática.
La reducción de la natalidad, el aumento de la
esperanza de vida en España, el aumento tímido pero constante de las pensiones medias en nuestro país, la creciente política de prejubilación y jubilación anticipada de las empresas y el aumento vertiginoso del paro nos obligan a pensar en nuestro
sistema público de pensiones para el futuro. Y en ese contexto el Grupo Popular analiza las reivindicaciones y las demandas de la Federación Catalana de Prejubilados, Jubilados y Viudas y entendemos que sus demandas, sus legítimas demandas, pueden
afectar al equilibrio del conjunto de los recursos. Eso no se le escapa a nadie.



En España se siguen practicando masivas prejubilaciones, a pesar de que parece que solo sean noticia los ERE; en los medios de comunicación se habla mucho


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de los ERE, pero no se habla, a lo mejor, dándoles la misma importancia, de las prejubilaciones, que son en teoría de carácter voluntario, pero que a nadie se le escapa que, por determinadas circunstancias, por la firme actitud de la
empresa, por el clima laboral, por las políticas de recursos humanos, porque muchas veces las empresas crean rumores de regulación de empleo para que los empleados acepten el plan, al final acaban siendo inevitables. Y por eso se llama, y hablamos
muchas veces de ella, la voluntariedad forzosa; se habla también de los prejubilados forzosos. Cuando menos son prejubilaciones, también muchas veces condicionadas; las empresas afirman que el plan es absolutamente voluntario, aunque reconocen
que favorecen unas condiciones y un clima propio para la aceptación de dicho plan.



Entrando a valorar la exposición que ha hecho el señor Calabia, tengo que decir que efectivamente esto tiene un impacto sobre el trabajador; son personas que han trabajado en una empresa desde muy jóvenes, como comentaba; son personas que
han trabajado durante veinte, treinta, cuarenta años en una empresa, más veces cuarenta que veinte, y la verdad es que aquí no acaban sus problemas. Después de una larga vida de trabajo, de una vida de proyectos personales, familiares, etcétera,
después de haber cotizado religiosamente a la Seguridad Social para tener una pensión digna, la Seguridad Social les calcula la pensión que percibirán en el futuro y no es la que les corresponde de acuerdo con sus propias cotizaciones, es decir, se
ven penalizados por coeficientes reductores que se aplican a sus pensiones cuando alcanzan la edad legal de jubilación. En muchos casos esas penalizaciones, que son de por vida, pueden alcanzar hasta un 40 por ciento. Y eso pensamos que es un
elemento que se tiene que corregir sin ningún tipo de duda.



Actualmente en España, como bien comentaba el señor Calabia, hay muchos trabajadores con coeficientes correctores; a las personas que han trabajado entre 30 y 35 años completos se les aplica un coeficiente del 7,5 por ciento por cada año
cotizado; entre 35 y 37 años, el coeficiente es del 7 por ciento; y un 6,5 por ciento entre 38 y 39 años; para aquellos casos en que se superen los 40 años se aplica un 6 por ciento.
Luego entraré a valorar la cuestión de las mejoras alcanzadas
en 2005 del tanto alzado, porque efectivamente estoy de acuerdo con usted en que es una medida algo arbitraria. Aunque se dan casos en los que hay trabajadores con menos años de cotización que cobran más base reguladora que aquellos que han podido
trabajar más años, pero se han jubilado anticipadamente. Eso desde luego, como decía antes, hay que estudiarlo.
Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Popular el sistema tiene que ser más flexible; se debe primar más, se
debe potenciar más, hemos de apostar con más claridad, hay que impulsar, hay que darle más importancia a los años de cotización del trabajador mucho más que a la propia edad de jubilación de 65 años. Nosotros pensamos que se tiene que avanzar hacia
un sistema mucho más flexible.



Igualmente me parece muy razonable y pragmático el planteamiento que hace el señor Calabia a la hora de plantear su reivindicación; ustedes piden la eliminación de las penalizaciones al cumplir los 65 años de edad; estarían dispuestos a
pagar el peaje ha hablado de ese concepto, peaje hasta cumplir los 65 años, pero luego solicitan el cien por cien de la pensión que les corresponde según sus cotizaciones. Y según he podido leer en algunos estudios, y creo que en su propia página
web, si no me equivoco, usted me corrige, creo que esta medida podría afectar a casi medio millón de personas, a más de cuatrocientas ochenta mil personas en este país. Durante los gobiernos de José María Aznar se revisaron algunos aspectos
vinculados a esta situación, y el Grupo Popular tiene la obligación política de recordarlo. No se pudo resolver todo, pero se avanzó ligeramente en estos aspectos. Ahora nos toca abordar esta situación para los prejubilados forzosos anteriores a
2002, que fue el año que el Grupo Popular puso como fecha para que las futuras prejubilaciones tuvieran otro tipo de trato, y también es verdad, también recordamos que nuestro grupo político, personificado por mi compañero y portavoz Tomás Burgos,
incluyó una recomendación en el Pacto de Toledo en ese sentido, mostrando así su sensibilidad ante el problema, y para que se fueran corrigiendo las distintas disfunciones del sistema. También recientemente creo que es en 2005, si no me equivoco se
han incorporado algunas mejoras, como decía antes el presidente, a tanto alzado que tampoco han sido suficientes, que es una medida también algo arbitraria, pero que ha corregido ligeramente algunas de las cuestiones que usted plantea. Desde luego
hay mucho camino por avanzar, y eso le da pleno derecho, le da potencia, fuerza y sentido a su intervención y a su reivindicación.



Por lo tanto, y voy acabando, luego al final le haré una pequeña batería de preguntas por si tiene a bien contestarme para aclarar las cuestiones que usted ha planteado. Pero sí que quiero decir que desde el Grupo Popular manifestamos
nuestra comprensión con sus demandas, que tenemos voluntad de participar en la mejora de su situación, de trabajar para resolver a medio plazo su demanda, que a nadie se le escapa que es de un gran calado social y económico, por lo tanto se tienen
que ir impulsando este tipo de demandas de una manera firme pero constante, y con una cierta prudencia. Hay que acabar con las discriminaciones por razón de edad, es completamente seguro. Hay que avanzar hacia un sistema más justo, y hay que
minimizar estas injusticias que se han dado a lo largo de los últimos años. A lo largo de las próximas semanas aquí en el seno de la Comisión iremos analizando las demandas de todos los grupos que comparecerán en esta Comisión del Pacto de Toledo,
y trataremos de encajar este sudoku formado por las demandas de los diferentes colectivos. Ustedes reivindican una serie de cuestiones, y eso tiene un impacto económico importante sobre las arcas de la Seguridad Social; a lo largo de la mañana y
de los próximos días


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otros colectivos van a ir exponiendo ese tipo de demandas que también tienen un impacto importante sobre la Seguridad Social, todo esto hay que encajarlo, para ver cómo logramos mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida del mayor
número de ciudadanos, sin acabar de desequilibrar la situación de la Seguridad Social. Tampoco se le escapa a nadie que no estamos en la situación del año 2002. En el año 2002 se pudieron hacer algunos avances, la situación económica del país hoy
en 2010 no es la de 2002, y eso desde luego va a ser, es ya una de las cuestiones que a su colectivo, le tiene también que preocupar.



Le voy a hacer algunas preguntas; si tiene a bien contestármelas, estupendamente; si usted considera que a lo mejor algunas requieren más explicación, no tenemos problema en que se planteen en otros foros y con el conveniente y necesario
diálogo. Algunas preguntas tienen que ver con ciertas sugerencias que ustedes hacen para poder hacer frente al pago de lo que supondría esta mejora. Ustedes plantean una serie de mejoras o de cambios en el sistema económico y en el sistema que
regula la Seguridad Social, y si tiene a bien contestar los elementos que yo le plantearé ahora, le estaremos muy agradecidos.¿Por qué quieren limitar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social? ¿Por qué limitar el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social? ¿Creen ustedes que en 2010 habrá superávit de las cuentas de la Seguridad Social? ¿Cómo valora la posición de los sindicatos ante la demanda de su colectivo? También hablan de que hay que reducir la economía sumergida en el país para
poder mejorar el balance y la cuenta de explotación de la caja de la Seguridad Social, y es que recientemente el ministro de Trabajo decía que teníamos un 20 por ciento de economía sumergida en nuestro país. (El señor Presidente de la Federació
Catalana d'Associacions de prejubilats, jubilats i vidues, Fecal, Calabia Pastor: Y aumentando.) Y aumentando, y subiendo, efectivamente. ¿Es usted partidario de subir las cotizaciones sociales a las empresas; cuál es la opinión de su colectivo
en esos términos?


Usted hablaba del déficit oculto del anterior Gobierno: ¿a qué se refiere con ese déficit oculto, y qué opinión tiene su colectivo del déficit no oculto que tiene el Gobierno de España ahora mismo, un 12 por ciento? Estas cuestiones
afectan al planteamiento, a los buenos estudios económicos, a los importantes estudios económicos que la federación ha elaborado, pero las circunstancias económicas del país han cambiado; en su trabajo titulado Macroeconomía versus microeconomía,
indican que el escenario macro ha cambiado en uno o en dos años de una manera bestial.
Por eso quiero hacer esas reflexiones; tampoco hace falta que me haga una tesis sobre el déficit público español, que yo entiendo que no es ni el objeto de la
comparecencia ni el momento, pero sí que afecta a ese trabajo que usted nos relataba Macroeconomía versus microeconomía.
Valoración de su colectivo acerca de la tasa de desempleo de nuestro país, cercana al 19 por ciento; eso también condiciona
muchísimo las posibles soluciones a su demanda. Y por último, si cree que la finalidad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social es la de sufragar sus reivindicaciones.



Dos cuestiones más: ¿qué opina sobre la posibilidad de elevar la edad de jubilación a los 67 años; qué opinión tiene su colectivo? Y ¿qué opina también sobre el hecho de que se estudie aumentar los años para el cálculo de la pensión de
jubilación? Son dos elementos que han estado ahí en la agenda, han estado en los medios de comunicación, y yo pienso que la opinión de su colectivo puede ser importante. Respecto a las cuestiones de macroeconomía desde luego tampoco hace falta que
se atienda, pero como afectan un poco al estudio que hacían ustedes, quisiera saber si eso también le ha podido desencajar a la federación su propuesta en esos términos. Por eso quisiera saber qué valoración hace de la situación económica española,
si quiere que se lo planteemos de esa manera.



Esas son las cuestiones que nuestro grupo quería comentar en la comparecencia de hoy, e insistir de todo corazón en que le agradecemos el trabajo que están desarrollando ustedes, don Francisco Calabia y todo su equipo, que es un trabajo
importante, es un trabajo que hay que reconocer; yo creo que el Congreso de los Diputados es un buen sitio para reconocer el trabajo de este colectivo, y animarles a que continúen en esa línea; desde el Grupo Popular estaremos muy pendientes de
todas sus demandas y de todas sus peticiones porque pensamos que son de justicia y que se tiene que avanzar en esos términos.



El señor PRESIDENTE: El señor Calabia tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE PREJUBILATS, JUBILATS I VIDUES, FECAT (Calabia Pastor): Muchas gracias por estos reconocimientos, pero nosotros no queremos reconocimientos; nosotros queremos hechos, porque
con los reconocimientos no se vive y con los hechos sí. Todo esto se nos ha venido repitiendo por los diferentes partidos políticos: que nos comprenden, que nos entienden, pero ahí te quedas; y así seguimos desde que iniciamos esta andadura.



Me pregunta por la jubilación a los 67 años. ¡Hombre! Ahora nosotros no estamos en disposición, porque estamos fuera. Si nosotros diéramos una opinión, no sería la indicada, dado que nosotros ya estamos fuera de este sistema. No obstante
sí que podemos tener una opinión. Entendemos y ya lo he dicho antes en mi planteamiento que hoy se vive más años, y en buena lógica yo entiendo que se debería alargar la edad de jubilación. Pero, cuidado, siempre y cuando haya puestos de trabajo,
porque si no los hay, ¿de qué sirve alargar la edad de jubilación, para que me pongan una penalización de dos años más? Para esto no; sigamos como estamos. Ahora, el día en que el mercado de trabajo verdaderamente esté normalizado, sí que
podríamos a alargar la edad de jubilación,


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porque ahora el único objetivo es una mayor penalización, por eso estamos en contra, mientras no se arregle el mercado de trabajo.



¿Alargar los años de cotización? Nosotros tenemos un caso en nuestra asociación no es el más normal, pero es un caso verídico de una señora que trabajó en una gran empresa y ganaba 500.000 pesetas al mes, como secretaria a los 50 años se
quedó sin trabajo y empezó a trabajar de lo que encontraba, que si 100.000, que si en el paro, que si no sé qué; y cuando le llegó la edad de jubilación le cuentan solo los últimos 15 años y le dieron 390 euros. Y uno se pregunta: si yo estuve
durante 20 años y cotizaba 500.000 pesetas, como me dan esta pensión. Pregúntele a esa señora, Violeta, que la tenemos en la asociación, que nos muerde cada vez que nos ve, y si a alguno de ustedes lo cogiera seguro que también lo mordería, porque
ella no lo entiende, ella no lo puede entender. A esta señora sí que le hubiese venido bien toda la vida laboral. Pero yo por otro lado escucho que si se alarga la vida laboral la gente sale perdiendo, además te dan hasta porcentajes, el 4 por
ciento, el 7 por ciento. Algo malo debe de haber ahí. Porque o se elevan esos coeficientes reguladores para equilibrar las pensiones, o me parece que elevar los años, si es para reducir la pensión, mal asunto; esto es lo que escucho yo. Si se
eleva la vida laboral el pensionista cobra menos. Esto es lo que dicen los estudios que hacen los expertos. Por lo tanto, o se arreglan esos coeficientes multiplicadores o se deja como está.



Luego ha dicho que lo que hemos explicado aquí tiene un gran calado social y económico. Estoy de acuerdo en lo social, pero no en lo económico. Hoy por hoy, y a pesar de la crisis, dentro de esa hucha de la Seguridad Social hay 62.000
millones de euros y ahí están los nuestros, ahí metidos; y los queremos sacar. Usted me dirá: es que hay una situación muy mala y los que vengan después. Oiga, los que vengan después que se espabilen, como nos tuvimos que espabilar nosotros, y
que se espabile el Gobierno. También ha dicho otra cosa con la que estoy de acuerdo: en un principio teníamos el 8 por ciento de penalización, y es cierto que el Gobierno del señor Aznar se bajó al 7 por ciento, y después se bajó al 6 por ciento.
Y de ahí vino que después de cuatro años de lucha, ya con el Partido Socialista en el poder, logramos esta equiparación técnica del 6 por ciento del tanto alzado.¿Por qué ahora no se sigue bajando eso y el año que viene lo ponemos en el 4 por
ciento, y el que viene después en el 2 por ciento, y lo vamos rebajando paulatinamente? Es un camino a seguir.
Porque nadie me ha dicho, y quisiera que me lo dijeran los que lo conocen, si es cierto el rumor que me ha llegado de las pensiones
contributivas. Porque según un papel que tengo aquí, paga 3.900 millones la Seguridad Social y más de 2.500 el Estado. Esto dice un papel que me ha llegado a mí. Si el Gobierno está pagando este dinero a las pensiones contributivas de la
Seguridad Social, y lo tiene que pagar del presupuesto del Gobierno, con más motivo nos tiene que pagar primero lo nuestro, que para eso lo pusimos ahí dentro. Estuvimos muchos años cotizando y poniéndolo ahí dentro para que luego saliera, y no se
pierda por ahí y se vaya por otros sitios. No sé si este rumor es cierto o no lo es. Ustedes que están dentro de estos vericuetos -llamémosle así- del Estado lo pueden saber. Pero ese informe que tengo yo dice eso: 3.900 millones pagados por la
Seguridad Social y 2.500 por el Estado, cuando le correspondería pagarlos todos. Si esto es verdad, ¡caray! Pero, no lo sé.
En cualquier caso nosotros evaluamos esto en 3.167 millones.



Otro paso es este que les digo: el señor Aznar en su momento bajó del 8 por ciento al 7 por ciento, y del 7 por ciento al 6 por ciento. ¿Por qué no podemos seguir, si es tan oneroso o tan gravoso en la actual situación y coyuntura
económica, y en lugar de ser tan brusco y bajarlo todo, hacerlo de una manera paulatina pero para todos? Tal vez nosotros en unas reuniones que hemos de tener podíamos valorar una situación de este tipo.
Porque usted dice: somos conscientes de la
situación económica que atraviesa el país, no lo negamos; cada uno de nosotros tiene un familiar que está en el paro, y sabe de las penurias que pasa esta gente. Entonces comprendemos esta situación, y estaríamos dispuestos a analizar situaciones
ante las propuestas que usted puede proponer, por ejemplo vamos a rebajar esto. Y lo mismo, Convergència: vamos a rebajarlo esto ahora al 4 por ciento este año o el que viene, pero para todos. Y dentro de dos años, por un compromiso, lo volvemos
a bajar a otros 2, y entonces esos 3.167 millones podían ser más admisibles dentro de la situación económica. Pero lo que entendemos nosotros es que, después de meter un dinero ahí dentro que es nuestro, a ver por qué no sale. Porque en el trabajo
Macroeconomía versus microeconomía lo que decíamos era que había que revertir de la gran macroeconomía a la microeconomía, se decía que teníamos el PIB más importante del mundo, que éramos la economía más próspera de occidente, pero hoy estamos en
2010, y con lo que está lloviendo ya somos conscientes de que la cosa no es así. Por lo tanto esto ha quedado desfasado, pero sí que es verdad que dentro del fondo, dentro de la hucha de la Seguridad Social hay 62.000 millones, y parte de ellos son
nuestros, y por esto pedimos que se hagan estos ajustes. Porque ya tenemos un montón de años todos nosotros y no se vive eternamente; a usted le quedan no sé cuántos años, y al señor Campuzano también, y a los de aquí no lo sé, pero todos nosotros
tenemos más de 70 años, y ya nos cojean muchas cosas. Y entonces dices: ¡caray! Todavía que puedes disfrutar de algo de la vida, después de nacer en la guerra y en la posguerra, que las pasamos canutas porque el país estaba muy mal, ahora que el
país se ha puesto en otra órbita, que se nos penalice de esta manera, cuando hemos cotizado, porque si no hubiéramos cotizado todavía pero hemos cotizado.



Y en cuanto al tema de la economía sumergida cada vez irá a más, tal como lo entiendo yo. Porque por una banda los que emplean, si pueden no pagan impuestos;


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y los que necesitan trabajo, cogen lo que les dan. Y a mí me parece que aquí el Gobierno de alguna manera debería vigilar más este tema de la economía sumergida, porque si se aflora la economía sumergida se generará también beneficio para
el Estado. Es complicado y es difícil en la situación actual en que estamos, que dicen que ronda el 20 por ciento, pero yo creo que es más. Han dicho el 20 por ciento para no asustar tanto, pero yo diría que la economía sumergida va en aumento, y
eso es un mal negocio para el país y para los ciudadanos. Esta es la realidad.



Por eso en sus manos, como diría aquel, encomiendo mi espíritu, porque usted ha hecho unas reflexiones, pero nosotros lo que esperamos son hechos. Y no hay que olvidar que tarde o temprano vendrán elecciones. No quiero con esto decir nada,
pero nosotros tenemos, una cierta orientación: mira, el señor Campuzano es un buen tipo que nos ayudó mucho; el señor Gallego Burgos también; y el movimiento, como digo yo, se demuestra andando; a ver si nos ponemos todos a andar y conseguimos
mejoras que este colectivo de alguna manera agradecerá.



El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, por CiU.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la comparecencia del señor Calabia y de sus amigos que le acompañan en la Comisión; le pido disculpas porque no he podido escuchar su intervención. Como usted sabe, los miembros de grupos más
pequeños de esta Cámara debemos compatibilizar durante la mañana diversas obligaciones, y por tanto no he escuchado su intervención, aunque en la medida en que hace tiempo que estamos intercambiando puntos de vista, intuyo que las cuestiones de
fondo que usted ha planteado a la Comisión son las que ya conocemos. Y en todo caso leeré en su momento con mucha atención el detalle concreto de sus propuestas.



Yo no voy a plantearle ninguna pregunta en concreto. Sí que de la problemática que ustedes representan se pueden derivar algunas conclusiones desde hace un cierto tiempo. Hemos tenido un sistema de relaciones laborales y un sistema
industrial que ha resuelto la crisis básicamente de esos sectores con la expulsión de trabajadores más maduros de sus empresas; que eso lo han terminado pagando esos trabajadores a través de sus jubilaciones; y que las legislaciones que se han
hecho para corregir esas situaciones es evidente que no han resuelto el tema. Se han producido mejoras en estos años, usted hacía referencia a algunas de ellas, pero una solución efectiva que garantice que quien tenga una larga vida de cotización a
la Seguridad Social reciba una pensión acorde con ese esfuerzo de cotización, y que además responda a una cierta idea de la justicia social, sigue pendiente. Y de ahí que ustedes de nuevo en esta revisión del Pacto de Toledo comparezcan planteando
esa plataforma reivindicativa. Y el compromiso en el marco de esta Comisión que mi grupo puede asumir es precisamente el de analizar si los coeficientes reductores que hoy tenemos son los adecuados, y analizar si las correcciones que se
introdujeron para aquellas personas prejubiladas antes de 2002 han sido suficientes.



Ese trabajo para hacerlo bien hecho, más allá de su comparecencia de hoy y de esa información que ustedes nos trasladan, va a exigir también que el Gobierno nos dé explicaciones sobre estos impactos, y además que tengamos la información que
pueda permitir saber, cualquier tipo de corrección que se produzca sobre estas cuestiones, qué impactos presupuestarios tendrá, y en función de todo eso encontrar, ser capaces de plantear en las nuevas recomendaciones alguna línea concreta que
permita posteriormente la modificación legal correspondiente.



En este sentido es bueno recordarle al señor Calabia que los trabajos que hará la Comisión en las recomendaciones van a ser recomendaciones, pero que eso va a exigir posteriormente un acuerdo, o no un acuerdo con los agentes sociales, a
través de un proyecto de ley en el que esas recomendaciones deben convertirse en cambios legislativos que deben producir esos hechos que usted reclamaba. Y como usted conoce perfectamente, todo eso va a exigir aún unos cuantos meses, en el mejor de
los casos, de trabajo de esta Comisión.



El mundo que ustedes representan es de los más interesados en que esta Comisión termine sus trabajos, eleve sus recomendaciones, incorpore la problemática de los prejubilados en esas recomendaciones, y que posteriormente el diálogo social y
el Gobierno traduzcan eso en un proyecto de ley. Pero además la problemática que ustedes ponen de manifiesto también apunta a otros dos problemas que tiene el sistema de Seguridad Social en España. Por un lado el problema de una cierta falta de
transparencia. Las personas en general, cuando estamos activos, cuando estamos cotizando somos muy poco conscientes de las decisiones que nosotros tomamos, o de las decisiones que se toman en nuestro puesto de trabajo y cómo eso afecta a nuestra
futura jubilación. Un sistema de pensiones más justo y más equitativo tiene que ser un sistema más transparente y en el que las decisiones que uno puede tomar o que está en condiciones de tomar, o las decisiones que en nombre de uno pueden tomar
los representantes de los trabajadores tengan claramente esas consecuencias para las pensiones que vamos a recibir en el futuro; más transparencia. Dos: más capacidad de evaluar las consecuencias de las decisiones que se toman. Buena parte de
los esfuerzos de los diputados de esta Comisión tienen que ver en corregir reformas que se han efectuado en algunos momentos en estos últimos diez, doce, trece, catorce, veinte años, y que posteriormente intentamos paliar consecuencias no deseadas o
consecuencias socialmente indeseables de esas reformas, y por tanto la Comisión del Pacto de Toledo debe reforzar su capacidad de poder tomar decisiones con mayor capacidad de conocer los impactos que tiene en términos sociales y en términos
económicos.



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Estas son las cuestiones que nosotros queremos resolver en esta revisión del Pacto de Toledo. Y en tercer lugar, la cuestión de la prejubilación pone de manifiesto que el sistema que hemos tenido, en el que aquello que ha sido determinante
en la pensión ha sido la edad en la que uno se jubila, debe evolucionar hacia un sistema que ponga más el énfasis en el esfuerzo de cotización que se ha tenido a lo largo de toda su vida; que eso responde a la lógica del Pacto de Toledo cuando en
sus primeras recomendaciones defendía la idea de la contributividad; si el sistema fuese más contributivo, fuese cien por cien contributivo y los factores de edad no fuesen relevantes, en el caso de los trabajadores que llevan más de 35 años
cotizados no se produciría esa discriminación. Eso que se pone de manifiesto y que provoca que en muchas cartas al director en los medios de comunicación escritos aparezca gente como la señora que usted menciona, que está reclamando que se tenga en
cuenta toda su vida laboral, responde también a esa propia realidad.



Yo estoy convencido de que el actual sistema que tenemos de cálculo de la pensión en los últimos 15 años es arbitrario. Y como en todas las medidas que son arbitrarias, hay gente a la que le favorece y hay gente a la que discrimina, y por
tanto es un mal sistema. Si usted me dice intuitivamente, sin tener los estudios, que sería más partidario de hacer un sistema de toda la vida laboral, dando opción a escoger un número elevado de años por parte del trabajador como mejores años
cotizados, intuitivamente y por eso le digo hemos de reforzar la capacidad de que si este Congreso da recomendaciones de ese tipo, sepamos de lo que estamos hablando. Lo podemos intuir, pero no podemos hacer leyes en base a nuestras intuiciones.



Pero está claro que su federación pone de manifiesto ese problema, junto con otro, que tiene una doble dimensión: que es cómo la sociedad y cómo el mercado de trabajo y cómo las empresas ven a los trabajadores más maduros. O hay un cambio
de mentalidad que hace que las empresas y el mercado de trabajo valoren la aportación que pueden efectuar los trabajadores más seniors, o los problemas que ustedes tienen en los próximos años van a continuar ahí. Por tanto, todo lo que esté
vinculado a la no discriminación por razones de edad, por identificar actividades de empleo donde puedan incorporarse los trabajadores seniors, y en la capacidad de aprovechar toda la aportación que puedan hacer los trabajadores más maduros debe
suponer uno de los cambios importantes de nuestro sistema de mercado de trabajo y de pensiones, para ahora y para el futuro.



Un último comentario: yo discreparía de su opinión en cuanto al uso del Fondo de Reserva. Yo no soy partidario de que el Fondo de Reserva se utilice para resolver las cuestiones de la prejubilación. No estoy en esa posición. Nos parece
que el Fondo de Reserva es un instrumento del que el sistema se ha dotado para hacer frente a situaciones de crisis como las que podemos vivir ahora o como las que podemos vivir en el futuro. Estoy de acuerdo con usted en que eso forma parte de los
mandatos del Pacto de Toledo, transparentes porque están en los Presupuestos Generales del Estado, que son la separación de fuentes y que se debe combinar esa separación de fuentes, pero el Fondo de Reserva se ha creado para unas finalidades que no
podemos tocar si no queremos poner en riesgo la propia lógica del Pacto de Toledo, y por tanto los recursos que se deban destinar a paliar ese tipo de situaciones deben salir no del Fondo de Reserva, sino de otro ámbito presupuestario. Porque hay
una cuestión que yo necesariamente he de recordarle, que usted la conoce tan bien como yo, y es que nuestro sistema se basa en un pacto entre generaciones y entre personas; y que por tanto uno no se aproxima correctamente a la cuestión del Pacto de
Toledo simplemente viéndolo desde su punto de vista. Porque si todos frente al sistema de pensiones respondiésemos desde nuestro punto de vista particular, entonces quizá mejor cerrar la barraca e ir a un sistema de capitalización individual, ir
mejor a un sistema de capitalización individual, cada uno se organiza en la vida como puede, la vida le va como le va, si ahorra más, si ahorra menos, si se equivoca en las inversiones que se hacen o acierta, pero hemos decidido, porque nos pareció
más justo, más equitativo y más eficiente, tener un sistema colectivo. Y entonces, cuando todos los sectores los prejubilados, las viudas, los activos, los pasivos nos aproximamos a este sistema que sepamos que es un sistema que se basa en un
pacto, en un pacto entre generaciones, y quienes hoy están pagando sus pensiones han sido los activos, porque ustedes en su día generaron sus derechos. Esa idea del pacto hay que saber mantenerla, y por tanto es esencial en el funcionamiento del
sistema. Porque si no, nos equivocaríamos en las soluciones que hay que encontrar.



Dicho esto, yo entiendo su posición, su demanda de que seamos capaces de concretar las buenas intenciones en hechos, y por eso espero que en los próximos meses seamos capaces de trabajar, llegar a acuerdos y posteriormente el Gobierno de
legislar, y le pido de nuevo disculpas por no haber podido escucharle al comienzo.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Calabia.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE PREJUBILATS, JUBILATS I VIDUES, FECAT (Calabia Pastor): Ya entiendo su postura sobre el Fondo de Reserva, pero si tuviera 70 años como yo a lo mejor ya no opinaría lo mismo.
Eso por un lado. Pero comprendo que el Gobierno de alguna forma tiene que mirar por el bien, por el interés general.



Después dice que nosotros hemos cotizado anteriormente. Pues como hemos cotizado anteriormente queremos recibir lo que nos corresponde, y que no nos penalicen, porque nosotros hemos perdido el puesto de trabajo; ya lo he expuesto, y bien
documentado, aquí, después de las mil vueltas que dimos y de dirigirme al Congreso de los Diputados aquí con dos escritos que


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envié, y nadie me encontró un puesto de trabajo. Yo me preguntaba, y les pregunto a ustedes: oiga, si yo no encuentro un puesto de trabajo, he dado mil vueltas, he enviado currículums, he estado por todas partes, he escrito a aquí, se lo
he expuesto a ustedes, he llamado a puertas, en fin, hice las mil y una para encontrar un puesto de trabajo y no lo encuentro, y he cotizado 42 años, que alguien me explique por qué me penalizan. Esto es lo que pregunto yo. Y no que me penalicen
porque lo dice una ley que hay ahí. No, que yo he cotizado, y tengo que ver que un compañero mío que tuvo la suerte de jubilarse a los 65 años, con 30 años por ejemplo tiene un 90 por ciento de su base reguladora. ¿Pero qué ley es esta; qué
igualdad es esta?


Ya sé que es muy difícil buscar unos equilibrios, pero para nosotros todo esto son cosas muy incomprensibles: cotizar 42 años; al fondo hay un señor que ha cotizado 46, que tiene el papel ahí, y tantos y tantos. ¿Y por qué están
penalizados, si luego nadie les ha dado un puesto de trabajo? Porque en este país, y usted lo ha dicho muy bien antes y yo lo he reflejado también, cuando tienes más de 40 años, nadie te da trabajo; y yo iba a la oficina del INEM y las mismas
ofertas de trabajo que te ofrecía el sistema ya te lo ponían. Seguimos preguntando y nadie nos ha dado una respuesta adecuada. A mí no me penalice, que yo no he hecho el vago, que yo no dije: ahora ya no trabajo más, que me han echado. No; y si
he cotizado, como usted ha dicho antes, y yo he demostrado, y aquel ha demostrado y hemos demostrado que no hay forma, no entendemos por qué nos penalizan. El que es voluntario, muy bien, pero nosotros no, y para eso metimos el dinero en esa hucha
de la Seguridad Social, para recibirlo después. De ahí viene nuestra lucha, y es una lucha desigual, porque llevamos muchos años con esto.



Ya hemos dicho antes que nuestra federación se constituyó en 2001, pero las asociaciones que la componen son todas ellas anteriores a esta fecha, más de catorce y quince años para haber conseguido una equiparación que nos costó cuatro años
de batallas con don Octavio Granado, que de entrada lo primero que nos dijo fue que la equiparación no se podía hacer; y mientras yo sea secretario de Estado, ustedes no recibirán nada. Esos fueron los buenos días que nos dio. Después el hombre
se ha ido suavizando y hemos tenido con él unos tratos más agradables, y en definitiva se hizo la equiparación, pero no como nosotros queríamos con las tablas que hicimos, no, a tanto alzado.



Por eso seguimos opinando que del Fondo de Reserva se tiene que sacar lo que tenemos nosotros, que para eso lo metimos. Es una opinión. Luego están los que deciden, que tienen que mirar allí y allá; nosotros tal vez tenemos una mirada más
estrecha de alguna manera; usted ya entiende que la tengamos, porque la edad nuestra nos condiciona de alguna manera. Pero entendemos que en esa hucha está nuestro dinero, y queremos sacarlo. Es como si usted va a un banco y mete ahí un dinero y
dice: oiga, vengo a sacarlo, porque aquí lo puse tiempo atrás., Esto viene a ser lo mismo. A ver si nos dejan sacar algo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cabezón.



La señora CABEZÓN ARBAT: Antes de nada quiero darle la bienvenida a esta Comisión, la Comisión del Pacto de Toledo, y a su casa, que es el Congreso de los Diputados, porque aunque joven a mí la filosofía siempre me ha gustado, y la
filosofía política aún más, y hay cosas que se tienen que decir. Usted ha comentado que quiere formar parte del pacto porque no se siente representado por ninguno de los que estamos aquí, y desde el punto de vista de la filosofía política es un
poco triste, porque somos los representantes directos de la ciudadanía, entre los que estamos todos los sectores representados jóvenes, mayores, viejos, jubilados, prejubilados, activos, pasivos, viudas, mujeres en paro, estudiantes, y desde este
punto de vista, ya como miembro de la sociedad, es un poco triste el hecho de que alguien que tenga voz en el Parlamento, que no la tiene todo el mundo, diga que no se sienta representado por los representantes de la soberanía nacional, que somos
nosotros; y cuando digo nosotros, digo todos los grupos políticos de esta Cámara. A partir de esta puntualización quiero continuar dándole la bienvenida, y el primer punto es excusar la presencia de la portavoz socialista, doña Isabel López i
Chamosa, que se encuentra enferma y por este motivo no ha podido acudir. Y dentro de lo posible intentaremos sustituirla, dentro de lo bueno o lo malo que se pueda hacer.



En primer lugar, al igual que el diputado Carles Campuzano, yo tampoco le voy a preguntar nada. Yo creo que nos ha hablado con una franqueza importante, que ha dejado sus reivindicaciones muy claras, y que por ello cualquier pregunta puede
ser burdamente accesoria. Yo creo que con sus puntualizaciones y sus reivindicaciones ha quedado claro.



Considero que usted habla con el conocimiento de causa suficiente, porque es algo que le toca directamente, y tampoco se le puede pedir, como ha dicho usted, una amplitud de miras puesto que le afecta directamente al comer; y cuando las
cosas nos afectan directamente al comer, hay veces que nos cuesta ver la generalidad de las cosas y cómo está articulado el Estado de derecho.



El sistema de pensiones es un pilar básico del Estado de bienestar, que entronca directamente con la dignidad humana. Dentro de esta concepción se creó el Pacto de Toledo, donde todos los grupos políticos, toda la sociedad junto con los
agentes sociales y toda la gente que quiere venir, expone las problemáticas que hay en el sistema para intentar mejorarlo, y es a lo que ha venido usted aquí; de hecho es el camino que se sigue. Lo que pasa es que muchas veces la rapidez con que
se querrían hacer las cosas no se corresponde con la que se hace. ¿Que puede haber una vulneración constitucional del principio de igualdad? Podría o no podría; tratar igual lo igual y


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desigual lo desigual, sería una discusión tautológica y de derecho. ¿Que se podrían reducir más los coeficientes o no? A priori no lo sé. En este caso coincido también con mi compañero Carles Campuzano y con mi compañero del Partido
Popular. A priori no lo sé. Se tendría que hacer una estimación económica para ver si se puede hacer.



Lo que está claro es que colectivo discriminado no lo son. No lo son por un aspecto, y es que sus reivindicaciones y su colectivo están incluidos dentro del documento de revisión del pacto y desde el momento en que ustedes están incluidos,
están contemplados. Poco a poco se han ido haciendo mejoras en el sistema para que ustedes vieran cumplidas sus expectativas. Yo quisiera que esto quedara negro sobre blanco. Quizá no va todo lo rápido que se tendría que ir, posiblemente; quizá
no sean suficiente, seguramente, no le voy a decir que no; pero colectivo discriminado, no. Ustedes están en la agenda política. Y al estar en la agenda política, ustedes son escuchados. Y al ser escuchados, sus temas son estudiados. Y al ser
estudiados, vamos encontrando soluciones a los casos concretos. Las políticas, cuando nacen, no se sabe los efectos que van a tener, y todas las políticas tienen revisión, aunque no todas se pusieron en la ley. Ahora ya lo empezamos a hacer. En
la ley de asilo hay una cláusula por la que, automáticamente, se revisan las leyes para ver su efectividad o no. Quizás esto es algo que tendríamos que hacer; ponerlo en todas las leyes y revisar la efectividad que tienen o no tienen.



Quiero decirle que, de verdad, me ha gustado oírle, porque aunque hay cosas que a veces a los políticos no nos gusta escuchar, cuando se habla con franqueza y cuando se habla, vamos a decirlo, desde las vísceras, porque es algo que afecta
directamente, es bueno escuchar este tipo de aseveraciones. Siempre nos dicen que estamos alejados de la sociedad, pues esto es una manera de entroncar con la sociedad.



Y simplemente un pequeño apunte sobre el sistema de capitalización.
Ustedes reclaman un sistema de capitalización de la bolsa del fondo, y para eso tendríamos que cambiar toda la filosofía del sistema que hemos montado. Yo entiendo que
ustedes puedan tener una visión como de plan de pensiones por lo que dicen si yo cotizo tanto, me tocaría tanto, pero esta no es la filosofía con la que hemos montado el sistema de pensiones y el Pacto de Toledo. Hemos creado un pacto, como bien ha
dicho anteriormente Carles Campuzano, de pacto entre generaciones. Quizá no lo hemos sabido explicar, porque mucha gente piensa que es un sistema de capitalización, cuando no lo es, es un sistema de expectativa de cobro en el cual mi contribución
está pagando la pensión de los actuales pensionistas; yo no estoy contribuyendo para mi pensión. Esto es algo que se tiene que decir y que tenemos que recalcar para que no haya malas interpretaciones en el tema de la bolsa del fondo de reserva.
No es un plan de pensiones. Es una bolsa que nos pertenece a todos, y en especial a los pensionistas.



Y estoy a su disposición para cualquier cosa que quiera decir.



El señor PRESIDENTE: Señor Calabia, tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ASSOCIACIONS DE PREJUBILATS, JUBILATS I VIDUES, FECAT (Calabia Pastor): Me dice que estamos en la agenda política y que por lo tanto somos escuchados y no estamos discriminados. Esta no es
nuestra opinión. Nosotros nos sentimos marginados y discriminados, y lo decimos con toda honestidad; más alto no se lo voy a decir, pero clarito sí. Esta es nuestra opinión, y como estamos en un foro abierto, creo que aquí cada uno puede exponer
su opinión.



Esas mejoras que usted me dice que hemos conseguido yo no sé dónde están, porque, lo que conseguimos los que estábamos en el 8 y en el 7 por ciento para llegar al 6 por ciento, fue después de una larga batalla, y lo saben mis compañeros, con
don Octavio Granado, que los primeros buenos días que nos dio, en junio de 2004 cuando fuimos a verle, fue decirnos: esto no se puede hacer; no hay un listado y no sé la gente que estaba afectada. Y nosotros le dijimos: no se preocupe, nosotros
se lo diremos, sin tener medios. Y en octubre de 2004 le enviamos un listado a don Octavio Granado. Entonces él, en diciembre, ya confeccionó el suyo también. A partir de ahí vinieron una serie de negociaciones con él, a veces tensas, a veces no
tan tensas; al final hemos quedado muy bien, como he dicho antes, pero esta historia del tanto alzado fue una gran batalla que tuvimos que montar nosotros, aquí nadie nos regaló nada. Eso de que no estamos discriminados y que los políticos nos
tienen en su agenda y no sé qué: ¿Dónde está eso? Si no hubiese sido porque nosotros nos peleamos con él, aquello no hubiera salido. ¿Y qué otra cosa más ha salido para nosotros?


Por eso le digo que están muy bien sus palabras y lo que nos dice, y le agradezco que me haya dicho que le ha agradado el tono que he empleado.
Nosotros no tenemos la experiencia suya de hablar en público y de decir las cosas porque no lo
hacemos todos los días; ustedes están más habituados a este tejemaneje de expresarse. Nosotros, puede que tal vez con alguna brusquedad, queremos decir algo que tal vez no pretendemos, pero en el fondo lo que tenemos dentro, en el fondo lo que nos
hiere y lo que nos duele es lo que he dicho antes, que nos sentimos discriminados. Y se lo vuelvo a repetir: la Seguridad Social hace negocio con nosotros. Y aquí le he dejado un informe para que se lo lea. En sus manos estamos, como dijo él, y
encomiendo mi espíritu.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Francisco Calabia Pastor, que para no tener hábito de hablar en público se expresa usted maravillosamente bien, y para mí por lo menos ha sido un gran placer y he


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aprendido mucho porque efectivamente, como ha dicho la compañera del PSOE, cuando se habla con el corazón está todo perdonado; y además, cuando se tiene razón, mucho más. Les despedimos con el mismo cariño y le esperamos aquí más veces;
supongo que nos veremos.



- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (HOLGADO PASCUAL). (Número de expediente 219/000519.)


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.



El segundo punto del orden del día es la comparecencia de doña Eva Holgado Pascual, presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Doña Eva, está en su casa y
puede hacer uso de la palabra durante el tiempo que le parezca oportuno.



La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Holgado Pascual): Quiero agradecerles haber sido invitada a esta comparecencia para exponer las necesidades y reivindicaciones de las familias numerosas en la necesaria
reforma del sistema de pensiones y en la política desarrollada en la protección social.



En primer lugar, aunque muchos de ustedes ya conocen la labor que realiza la Federación Española de Familias Numerosas, permítanme que les ilustre brevemente sobre el funcionamiento y desarrollo de la federación que tengo el honor de
presidir. La federación nace en 1967, o sea, ya hace más de cuarenta años, con la vocación de servir a las familias numerosas en al apoyo y asesoramiento a las necesidades básicas que les afectan en el día a día y está compuesta por cerca de 80
asociaciones de ámbito local, provincial y autonómico, con el objetivo de prestar apoyo y colaboración a las familias numerosas de toda España. Actualmente representamos los intereses de más de un millón de familias con tres o más hijos o, lo que
es lo mismo, más de 5 millones de personas en España; es decir, más del 12 por ciento de la población española.



Los fines de la federación son fundamentalmente tres. Primero, y uno de nuestros objetivos principales, dar servicios a las familias, informándolas, asesorándolas sobre sus derechos y velando por el cumplimiento y respeto de estos. Para
dar un mejor servicio, cercano a las familias, promovemos la creación de nuevas asociaciones por todo el territorio nacional, con una estructura que nos permite trabajar de forma coordinada en toda España; con objetivos comunes, pero con la
autonomía y la idiosincrasia propia de cada región del país.



En segundo lugar, promovemos relaciones con la Administración central y potenciamos contactos y acercamientos con los representantes políticos en materia de familia en las diversas comunidades autónomas y corporaciones locales, con el fin de
trasladarles nuestras principales reivindicaciones, necesidades y propuestas, para que desarrollen las normas jurídicas oportunas que protejan a las familias numerosas desde un planteamiento justo y equitativo.



Y en tercer lugar, impulsamos un trato favorable y diferenciador para nuestro colectivo de familias numerosas por parte de las grandes organizaciones empresariales y comerciales, dada nuestra potencialidad económica y social en materia de
consumo.



Me gustaría centrar ahora mi exposición en las acciones que vamos a proponer, y lo vamos a hacer centrándonos en dos grandes áreas: la primera, reconocimiento de nuevos derechos y mejora de los ya existentes para las familias numerosas; y
la segunda, en la que exclusivamente me voy a referir a actuaciones que tratan de mejorar las prestaciones existentes, sobre todo en lo que afecte a sus cuantías.



En cuanto al primer bloque, cabría mencionar brevemente algunas de las iniciativas que más tarde desarrollaremos, como son el reconocimiento del tiempo dedicado a la educación y cuidado de los niños como un periodo cotizado en las pensiones
de jubilación. Por otro lado, pediremos un mayor ajuste de las pensiones de viudedad y orfandad, ambas en función del número de hijos, con especial protección a familias numerosas, uno de los colectivos más afectados por las reducidas cuantías de
que disponen.
Y, por último, en este bloque de propuestas haremos también un reconocimiento explícito a la maternidad, reconociéndola como un derecho, y por tanto solicitaremos mejorar las prestaciones existentes de manera gradual en el caso de
familias con mayor número de hijos.



En el segundo bloque, en que nos referimos al aumento de la cuantía de las prestaciones existentes, cabría agrupar las necesarias mejoras en la cuantía de todas las pensiones (jubilación, viudedad y orfandad). En este caso entendemos que
deberían ser más elevadas para aquellas familias con mayor número de hijos, ya que son aquellas que hacen viable en términos económicos el actual sistema de pensiones, al tratarse de un modelo de reparto.



Por otra parte, proponemos también ampliar los periodos de bajas por maternidad y paternidad y mejorar de forma progresiva las prestaciones por hijo a cargo. Y en último caso, aunque no corresponde efectivamente al marco de la Seguridad
Social, creemos que también debemos hacer mención al establecimiento de excedencias remuneradas que se deberían tener en cuenta en la reforma del mercado laboral, siempre que beneficie la relación de los padres con los hijos y favorezca su contexto
sociolaboral.



En cuanto al reconocimiento del nacimiento y crianza de los hijos como tiempo cotizado a la Seguridad Social para aquellas mujeres que interrumpan su carrera laboral para atender sus responsabilidades familiares, debemos decir que las
familias con varios hijos, como saben todos ustedes, contribuyen al sistema de pensiones al aportar


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tanto cotizaciones monetarias como futuros contribuyentes. Sin embargo, no hay reconocimiento por parte del Estado a esta aportación en forma de capital humano, productivo y social que sustenta la sociedad. Es más, las familias numerosas
en general se ven obligadas a realizar un esfuerzo superior, ya que además de cotizar a la Seguridad Social desempeñan un papel clave en la sociedad con la crianza y educación de sus hijos, que se traduce en futuros cotizantes al sistema. En muchos
casos, las familias con hijos deben abandonar temporalmente su puesto de trabajo para atender a sus hijos sin ser reconocidos sus derechos y, por otra parte, se ven incapacitadas para cotizar en la Seguridad Social al interrumpir temporalmente su
vida laboral. Hacen, por tanto, una doble renuncia: primero de salario, y después de pensión.



Hay estudios que cuantifican lo que no ingresan las mujeres que dejan de trabajar a lo largo del ciclo vital y demuestran que, a grandes rasgos, una madre que deja de trabajar durante cinco años para ocuparse de sus hijos ganará en el curso
de su vida un 40 por ciento menos que si no hubiese interrumpido su carrera profesional. Es evidente que esta menor retribución que acarrea durante toda su vida también tiene efectos en la determinación de su pensión de jubilación, que,
lógicamente, será más reducida que en el caso de aquellas personas que no han interrumpido su trayectoria profesional.



Desde la federación reclamamos un ajuste de las pensiones de jubilación que tenga en cuenta el coste privado de criar a los hijos, es decir, que se valore el coste y esfuerzo que suponen los hijos para cada ciudadano a la hora de establecer
las cuantías de las prestaciones por jubilación; que esta inversión o contribución demográfica que hacen en su conjunto a la sociedad se vea recompensada al término de su vida laboral, ya que en materia de pensiones no perciben ninguna
contraprestación por el tiempo dedicado al cuidado de sus hijos; hijos que, no nos olvidemos, garantizan a futuro la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Por eso desde la Federación Española de Familias Numerosas proponemos medidas
que palien esta injusticia social, tal y como solicitó el Parlamento Europeo a través de la Resolución 66/2008 de 21 de febrero, en la que se exponía la posibilidad de fijar bonificaciones para las pensiones de jubilación en función del número de
hijos criados. Una de ellas, una de estas medidas, estaría encaminada a computar como años cotizados al menos tres años por cada hijo, cualificando de manera especial a las familias numerosas, y en cualquier caso que se considere independiente de
su estatus laboral. De esta forma las madres que han dedicado tiempo de su vida laboral a cuidar a sus hijos se verían recompensadas a la hora de percibir las pensiones de jubilación. Se buscaría de esta forma garantizar a largo plazo la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, posibilitando el ingreso de nuevos cotizantes a través de políticas de apoyo a la natalidad. Sin duda este es uno de los principales principios por el que nació y se inició el Pacto de Toledo.

Esta acción, por otra parte, no busca sino dar un paso más hacia la igualdad de sexos. Puesto que en su día se reconoció como periodo cotizado para los hombres el servicio militar o la prestación social sustitutoria, ¿por qué no reconocer ahora la
maternidad? Además España adoptaría medidas para que la interrupción de la actividad profesional por maternidad o los permisos parentales dejen de ser una penalización con respecto al cálculo de los derechos de jubilación.



Otro de los puntos a tratar en cuanto a la conciliación familiar y laboral tiene que ver con el cuidado de los familiares más necesitados: los dependientes. Hemos visto ya una propuesta del primer apartado que reconoce el esfuerzo y
dedicación parental a la hora de educar a los hijos, pero también debe reconocerse el tiempo dedicado a la atención de familiares dependientes que requieren un cuidado intensivo, fundamentalmente, entre otros, nuestros mayores. La privatización de
los proyectos de vida familiar que vivimos hoy en día no tiene por qué traducirse en una privatización de las responsabilidades familiares. Es preciso, por tanto, reconocer los beneficios sociales que la atención familiar presta a la sociedad,
liberando al sistema público de obligaciones asistenciales que de otro modo debería asumir, más si cabe en unos momentos en los que cada vez está menos garantizada dicha asunción por parte de las generaciones futuras, y por tanto por parte del
Estado. Si bien los costes económicos no son ni mucho menos la única ni principal motivación para la asunción de responsabilidades familiares, las familias no dejan de pasar por alto las restricciones económicas que padecen por esta
responsabilidad. Por ello el sistema de protección social debería reconocer también el tiempo dedicado al cuidado de personas mayores, en línea con lo que planteaba la resolución de 21 de febrero de 2008 del Parlamento Europeo, que pide a los
Estados miembros expresamente que reconozcan el valor social y económico del trabajo de la familia en el cuidado de personas dependientes, al mismo tiempo que examina la posibilidad de reconocer la duración del servicio, la Seguridad Social y los
derechos de pensión de aquellos que llevan a cabo dicho trabajo de forma informal.



Por otro lado, tal como hemos comentado anteriormente, debemos hacer una mención especial al reconocimiento de las familias numerosas como sujetos de especial protección en el caso de las pensiones de viudedad y orfandad. Los grupos
familiares con gran número de hijos encabezados por una persona viuda deberían ser merecedores de una mayor protección social. Las pensiones de viudedad y orfandad en el caso de familias numerosas deberían modularse en función del número de hijos
de que esté compuesta la unidad familiar; y además, en caso de la determinación de la cuantía de estas prestaciones, debería elevarse gradualmente para las familias con un mayor número de hijos.



Volviendo al tema de la atención a personas dependientes, debemos decir que hoy día no podemos obviar el progresivo envejecimiento de la población, que


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implica a su vez un elevado coste para el sistema financiero de la Seguridad Social. Aunque nos queramos alejar de esta realidad, los datos terminan por arrojarnos luz y claridad ante la realidad social de lo que nos está ocurriendo. Según
el Instituto Nacional de Estadística, dentro de cuarenta años por cada 10 personas en edad de trabajar habrá casi 9 dependientes, una cifra que a todas luces hace insostenible garantizar nuestro futuro Estado de bienestar. Actualmente la tasa de
dependencia, es decir, la relación que existe entre la población mayor de 65 años y la población potencialmente trabajadora, es del 25 por ciento, un pensionista por cada cuatro trabajadores. Si no hacemos algo, si no acometemos reformas
estructurales, en 2050 habrá dos pensionistas por cada tres trabajadores. No hace falta irse tan lejos. Recientemente el ministro de Inmigración, don Celestino Corbacho, aseguró que con el modelo actualmente existente las pensiones del sistema
público estarían garantizadas hasta 2025, y a partir de entonces no se sabe. El propio ministro recomendó hace poco contratar planes privados de pensiones. Sin embargo, es obvio que las familias con varios hijos por lo general no disponen de
ingresos suficientes como para, además de la crianza de sus hijos, ir aportando a un fondo de pensiones propio, por lo que al final de su vida laboral solo van a disponer de lo aportado a la Seguridad Social, y lo que quede para su prestación.



Hacen falta, por tanto, acciones diversas que promuevan la necesidad de desarrollar una política familiar más activa paralelamente a la necesaria reforma del sistema de pensiones. Si bien parece prudente mantener el sistema de reparto
actual, ya que es más redistributivo que el de capitalización, se hace necesario articular un modo de compensar las contribuciones no monetarias, es decir, el coste privado de criar a los hijos. No cabe duda de que una política activa de ayudas
familiares significativas podría llenar este vacío y ser un principio. Sería oportuno además desarrollarla con urgencia si es que se pretende favorecer una recuperación rápida de la fecundidad.



Si bien es demasiado tarde para recuperar activos por esta vía para reducir la gravedad de la crisis del Estado de bienestar a partir de la década de 2020, sí cabe lograr que la población se estabilice a una tasa de dependencia menor.
Debemos, en consecuencia, a través de políticas familiares, hacer frente al envejecimiento que actualmente acusa nuestra sociedad española, uno de los mayores problemas políticos de nuestro país. Los problemas derivados del envejecimiento de la
población son especialmente sintomáticos por la baja natalidad que tenemos y la alta esperanza de vida, y una progresiva inversión de la pirámide poblacional.
Nos queda, en consecuencia, un largo camino por recorrer para que nuestras hijas e hijos
puedan gozar el día de mañana, al menos, de las mismas pensiones de las que hoy disfrutamos.



Para favorecer esta política activa de ayudas familiares que reduzca a largo plazo nuestra tasa de dependencia debemos promover, entre otras cosas, medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar.
Actualmente no se dan las
condiciones adecuadas para que una mujer o un hombre puedan compaginar su familia con el trabajo. Hoy día, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres españolas tienen una media de 1,46 hijos, muy lejos de los dos hijos que según
todas las encuestas desearían tener, cifra que sí se acerca -el 1,46 no se acerca ni de lejos- a la considerada óptima para garantizar el relevo poblacional, que se sitúa en 2,1. Esta circunstancia se produce fundamentalmente por dos motivos: uno,
falta de recursos económicos; y dos, dificultades para compatibilizar su vida laboral y familiar.



En cuanto al primer punto hay que mencionar que las administraciones públicas apoyan poco a las familias numerosas; a las familias españolas en general y a las numerosas en particular. Las diferencias de trato a la familia entre los países
de la Unión Europea son enormes. De hecho, España, junto con Portugal, es uno de los países de la Europa de los Quince que menos ayudas aporta a las familias. En conjunto España, junto con Portugal e Italia, con solo el 1,2 por ciento del PIB, es
de los países que menos aportación destina a la familia, muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 2,1 por ciento, según datos aportados por el Instituto de Política Familiar. Es necesario, por lo tanto, que se destine más del 2 por ciento
del PIB a gasto social familiar. Por ello una de las medidas que proponemos es que las ayudas a las familias con hijos se sitúen en su conjunto en términos equivalentes a la media europea de la Europa de los Quince. No debemos olvidar que los
niños de hoy son los contribuyentes del mañana, los responsables de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema y, por lo tanto, nuestro deber y obligación es impulsar las condiciones adecuadas que permitan reconocer y proteger los derechos de
la infancia y la maternidad, para que las mujeres puedan ser madres sin sufrir discriminaciones laborales, económicas y sociales. Entre otras propuestas que la federación defiende y que hemos incluido en el último punto del primer apartado,
respecto al reconocimiento explícito de la maternidad como derecho fundamental, cabría exigir una mejora de las prestaciones existentes para que se concedan de manera gradual en el caso de familias con mayor número de hijos.



En el caso de la maternidad, y entrando ya en el segundo apartado de mi intervención, sobre la mejora de las prestaciones existentes, debería ampliarse el periodo hasta seis meses, al menos a partir del tercer hijo, con el objetivo de
mejorar las relaciones entre madre e hijo y favorecer la situación sociolaboral de las mujeres en el momento de tener un hijo: no es lo mismo reincorporarse después de tener el primero, que el segundo, el tercer hijo o sucesivos. De esta forma
estaríamos apoyando la maternidad como un bien social fundamental, y en consecuencia ninguna mujer vería recortados sus derechos a ser madre. Además, esta medida contribuiría eficazmente a reducir las desigualdades salariales entre hombres y
mujeres. En el caso de Europa, el debate sobre el


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permiso de maternidad se centra en ampliar la baja maternal hasta 20 semanas como mínimo, manteniendo la totalidad del salario durante todo el periodo, tal como expone el proyecto de informe aprobado por la Comisión de Derechos de la Mujer
del Parlamento Europeo, y que debe ser ratificado en Pleno en la Eurocámara. España, por su parte, tiene 16 semanas de permiso por nacimiento de hijos, lo cual se encuentra por debajo de la media europea, que se sitúa en 25 semanas, y muy lejos de
otros países, como puede ser Reino Unido, con 52 semanas, o Suecia, con un año y medio.
En el caso de España, 16 semanas de permiso maternal tampoco es suficiente para seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja
alimentar al bebé con lactancia materna durante los seis primeros meses de la vida de este. Todo ello, me permitirán que les insista, hace necesario impulsar medidas que apoyan a la mujer embarazada en un contexto sociolaboral, tal y como expone el
informe presentado en el Parlamento Europeo, y que se promuevan medidas que apoyen la conciliación familiar y laboral.



Aunque es cierto que no corresponden al marco de la Seguridad Social, creemos que es necesario hacer hincapié en propuestas que faciliten esta conciliación, como la creación de una excedencia remunerada con un 50 por ciento del salario, o
ampliar dicho salario hasta el 80 por ciento en periodo de excedencia a partir del tercer hijo, como ocurre en países bastante cercanos a nuestro entorno, como puede ser Alemania. La actual legislación, como ustedes saben, ampara a los padres a
interrumpir temporalmente su empleo, en el caso de las excelencias, para atender a los hijos. No obstante, esta excedencia, este permiso no está remunerado, por lo que realmente los padres no pueden permitirse el lujo en muchas ocasiones de atender
prolongadamente a sus hijos, ya que en la mayoría de los casos no pueden prescindir de un sueldo, y en segundo lugar el mercado laboral les penaliza y excluye ante un largo periodo de inactividad laboral. Por ello urgen de nuevo propuestas que
permitan de forma efectiva disfrutar del derecho a una excedencia remunerada. No queremos decir con esto que se deba impulsar que las madres se queden en casa para cuidar de sus hijos, nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario: se deben
promover políticas de igualdad de sexo, como la ampliación de los permisos de paternidad hasta cuatro semanas, con el objetivo de aumentar el número de personas activas en el mercado laboral y fomentar la corresponsabilidad en el ámbito familiar.
Lo que queremos poner de manifiesto es que el hecho de ser madres no debe lastrarlas a la hora de desarrollar su actividad profesional o de reincorporarse al mundo laboral. Es más, asegurar el trabajo de la madre con toda certeza va acompañado de
un descenso de las tasas de pobreza en estos hogares.



Diversos estudios confirman que los países europeos con mayores tasas de fecundidad son aquellos que destinan más recursos a la formación, y por ende tienen un mayor índice de empleo femenino. Según un informe reciente de Eurostat, la tasa
de fecundidad es superior en los países donde se facilita el cuidado de los niños y donde hay mayor flexibilidad laboral.
Un ejemplo claro son Noruega, Suecia, Holanda o Dinamarca, que hace treinta años tenían las tasas de natalidad más bajas y
ahora están a la cabeza de la fertilidad en cuanto a la media nacional, y ello en gran parte gracias a las políticas de protección social implantadas en estos países, donde también se dan altas tasas de ocupación femenina. Por ello, en nuestro
caso, para poder cambiar esta tendencia deberían promoverse políticas de bonificación fiscal y cotización a la Seguridad Social en las empresas que incentiven la integración de las mujeres embarazadas o con hijos en la actividad laboral. En el caso
de las familias numerosas, particularmente incentivar la contratación laboral de padres o madres de estas familias mediante desgravaciones fiscales o bonificaciones en las cotizaciones.



Otra de las medidas que hemos comentado anteriormente y que debería ponerse en marcha está ligada a la proposición de ley presentada por Convergència i Unió -qué pena que el señor Campuzano se ha ido- y aprobada en el Congreso de los
Diputados para universalizar y aumentar la cuantía de las ayudas a las familias por cada hijo de manera gradual, proyecto que, dicho sea de paso, creo que se encuentra, si no paralizado absolutamente, por lo menos bastante retrasado en cuanto a su
ejecución.
La propuesta planteaba elevar a 1.000 euros anuales por cada hijo menor de tres años, frente a los 500 euros actuales, y a 600 euros por cada hijo que tuviera entre 3 y 18 años, frente a los 291 euros actuales.
Además se solicitaba
eliminar el límite económico aplicado en la actualidad para acceder a dichas prestaciones, fijado en unos ingresos máximos de 11.264 euros anuales por familia con un hijo, o de 16.953 euros en el caso de familias numerosas (tres hijos o más); unos
límites de renta tan restrictivos que excluyen actualmente al 90 por ciento de las familias (numerosas, evidentemente), dado que cuentan con ingresos suficientes para superar este límite de renta, a pesar de que los ingresos que tienen no son
suficientes para su actividad cotidiana. Les recuerdo que estas cifras son importantes dada la diferencia tan amplia que hay con las cifras que manejamos de la Unión Europea. En el caso de Luxemburgo, por ejemplo, una familia con dos hijos
recibiría sin restricciones de límite de renta hasta 471 euros al mes, o 328 euros en Alemania, más cercana aún que Luxemburgo, mientras que en España, una vez más, le correspondería poco más de 24 euros por hijo a cargo si tiene entre 3 y 18 años,
y 42 si son menores de tres años. Es decir, en España una familia con unos ingresos de 13.500 euros al año, una familia con dos hijos, percibiría diez veces menos que una familia de Luxemburgo. En el caso de familias numerosas esta situación se
agrava aún más: una familia con tres hijos no recibe ni 100 euros al mes por estos tres hijos, cuando en Luxemburgo dicha prestación se eleva a 833, y a 535 en Irlanda.



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En consecuencia España, vuelvo a incidir, es el país que menos ayuda a las familias por las fuertes restricciones que impone en los límites de renta; límites de renta que, recuerdo, son a nivel de unidad familiar y no per cápita, que sería
lo idóneo. Solo una de cada diez familias puede acceder a las prestaciones directas por hijo a cargo, mientras que en el caso europeo la mayoría de estos países dan estas ayudas de manera universal, es decir, sin límite de renta alguno. Resulta
esclarecedor que una familia española en la que ambos cónyuges perciban unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional (es decir, 633 euros al mes) no puede acceder a la prestación por hijo a cargo por superar el ínfimo límite de
renta; es decir, 633 por 2 por 12, da un resultado por encima de 16.900 euros. Esta situación no hace sino aumentar el riesgo de pobreza infantil. Como ustedes saben, existe en general correlación entre el gasto social dedicado a la familia y la
tasa de riesgo de pobreza infantil, de manera que a medida que aumenta el nivel de ayuda a las familias disminuye el riesgo de pobreza de los menores. En el caso de España la precariedad alcanza al 24 por ciento de la población infantil.
Teniendo
en cuenta que son 7,8 millones de niños en nuestro país, podemos decir que 1,8 están en los índices de pobreza relativa, que sería uno de los más altos de los veintisiete países de la Unión Europea, según datos aportados por Unicef. Cabe
preguntarse ahora qué ayudas les estamos aportando a los futuros pensionistas de mañana.



Por otro lado, y en el caso del tratamiento fiscal a la familia, la situación en el ámbito europeo, y más en concreto en el español, es similar: en Europa la fiscalidad no se realiza con perspectiva de familia. Según el Instituto de
Política Familiar, dos familias con el mismo número de miembros y los mismos ingresos tienen una presión fiscal distinta dependiendo del número de perceptores. En España familias con la misma condición de renta y el mismo número de hijos se ven
fuertemente discriminadas solo según quién aporte los ingresos, uno o los dos cónyuges. Un ejemplo claro es que una familia en que uno de los cónyuges no tenga un trabajo remunerado o pida una excedencia para el cuidado de los hijos o de un
familiar paga más impuestos que otra familia con los mismos ingresos pero percibidos por ambos cónyuges. Es imprescindible por tanto acometer reformas que permitan dar un tratamiento más justo a las familias, de forma que dos familias con igual
estructura de miembros y mismos ingresos tengan un tratamiento fiscal semejante.



Una de las medidas que proponemos sería mejorar la progresividad en la reducción de las retenciones de IRPF en función del número de hijos a cargo. Otra medida en este sentido iría encaminada a aumentar las deducciones por hijo a cargo, que
se adapten a la realidad del gasto anual que suponen los hijos, y que se garantice una actualización anual mínima equivalente a la subida del IPC. Recordemos que llevaban más de seis años sin incrementarse y actualizarse las deducciones por hijo a
cargo, hasta la reciente reforma que entró en vigor en 2007, y desde entonces no se han vuelto a actualizar.



En fin, cabría mencionar múltiples iniciativas que favorezcan a las familias, y en especial a las numerosas. Pero no quiero extenderme más.
Aunque desde la Federación Española de Familias Numerosas podamos plantearles muchas propuestas en
el seno de esta Comisión, espero que sean otros expertos los que pongan de manifiesto la necesidad de acometer reformas en el sistema de protección social.



Me gustaría concluir mi intervención, eso sí, exigiendo un reconocimiento de los derechos que he comentado en esta comparecencia y en consecuencia solicitando una mejora de la cuantía de las prestaciones existentes para las familias
numerosas. Si seguimos por esta línea, estoy segura de que promoveremos una política equitativa de apoyo a la familia y de mayor protección social que contribuya a largo plazo a mejorar el futuro de las pensiones y el Estado del bienestar para las
próximas generaciones.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Lourdes Méndez.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, Eva Holgado, presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas, por su intervención y le damos la bienvenida al Congreso de los Diputados y a esta Comisión en particular del Pacto de
Toledo.



Nuestra postura coincide bastante con la exposición que ha realizado en la mañana de hoy de las reivindicaciones, de la situación y del lugar que la familia tiene ahora mismo en España. Qué duda cabe que es la institución más valorada por
los españoles y sin embargo pensamos que es de las más vilipendiadas actualmente por el Gobierno de la nación. Sabemos que el papel y la función de la familia es insustituible para una sociedad y que además, en un momento de crisis como el actual,
actúa como una importante red de protección social. Por lo tanto desde los gobiernos hay que darle la importancia que tiene y los apoyos políticos que merece. No obstante este papel clave de la familia, aunque se da por supuesto en un plano
teórico, ha estado arrinconado en el plano de actuaciones públicas durante muchas décadas. En unos momentos en que en toda Europa se reforzaba el apoyo a las familias estables con hijos para asegurar el mantenimiento del Estado del bienestar, como
nos ha dicho la presidenta, ante las nuevas transformaciones sociales, en nuestro país durante muchos años las familias numerosas han sido las grandes olvidadas, careciendo de los apoyos que les permitan cumplir su papel familiar y social, y de
hecho, como ha manifestado la compareciente, sigue estando en esa situación. Esta ausencia histórica por parte de las administraciones públicas no solo de apoyo directo sino incluso con situación discriminatoria, que hace que una familia numerosa
no sea tratada en igualdad de oportunidades, explica en parte que ocupemos el último lugar mundial en la tasa de fecundidad y explica también la diferencia tan significativa


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e injusta que en este campo tenemos con respecto al conjunto de los países de la Unión Europea.



Fue un gobierno sin embargo del Partido Popular el que puso en marcha la actual Ley de Protección a las Familias Numerosas. Somos conscientes de que la realidad ahora mismo de estas familias requiere un apoyo más intenso del que recoge la
propia ley, pero tampoco estamos de acuerdo con la política actual, por ejemplo, de que se considere suficiente como política familiar el cheque bebé, y dado que nos encontramos ahora mismo en la Comisión discutiendo las reformas de la Seguridad
Social, ese cheque bebé no equivale ni a tres meses de una pensión. Por lo tanto estamos absoluamente de acuerdo con toda la modificación que requiere o se reivindica por la Federación Española de Familias Numerosas, desde el punto de vista de la
protección social, de apoyo a las familias, de apoyo en el número de hijos, de las prestaciones también para la conciliación de la vida laboral y familiar y del reconocimiento de la maternidad como un derecho.



A raíz de su intervención queríamos hacerle una serie de preguntas. No obstante también quería significar que respecto a uno de los temas que ha comentado la presidenta de la federación, por nuestro portavoz en la Comisión, Tomás Burgos, ya
se hizo una afirmación específica hace bastantes meses para centrar nuestra postura en cuanto a que el nacimiento de un hijo y su crianza deberían considerarse también como tiempo cotizado a la Seguridad Social para todas aquellas mujeres que tras
trabajar unos años abandonaron el mercado laboral para atender a su familia y ahora no cuentan con el periodo mínimo de aportaciones de esos quince años. Pensamos y pensaba en su día también Tomás Burgos y así lo declaró que el reconocimiento de
esta cotización definida como una cotización demográfica es una laguna en el sistema español. Esta cotización demográfica se entendería como un impulso a las políticas de conciliación entre la vida laboral y personal de las mujeres trabajadoras que
al tener un hijo realizan la renuncia del salario y después de su pensión.



El Gobierno ha presentado un documento en la Comisión del Pacto de Toledo en el que realiza algunas propuestas sobre lo que denomina medidas de impacto de género. Qusiéramos que nos diera su opinión sobre algunas de ellas, como la que se
refiere a establecer un incentivo fiscal para generar pensiones para cónyuges no presentes en el mercado de trabajo cuando el matrimonio tiene régimen económico de bienes gananciales y generar una pensión propia. Me gustaría saber qué es lo que
usted opina sobre esto.



En cuanto a los negocios familiares, este documento expresa que la situación de los casos de ruptura familiar de los cónyuges que han colaborado con la aportación de su trabajo al mantenimiento de negocios familiares y que en muchas
ocasiones se ven con edades avanzadas sin ninguna carrera de cotización haría necesario que la normativa permitiera que pudiera reconocerse mediante decisión judicial la cotización a la Seguridad Social durante un periodo de tiempo que permitiera a
una persona, por el reconocimiento con plenos efectos para su carrera de cotización, poder depender más de su trabajo y de sus derechos que de rentas y prestaciones compensatorias o derivadas. Se habla sobre las jornadas parciales, también en
relación con estos negocios familiares, y se expresa la posibilidad de una modificación legislativa que permitiera modalidades de cotización pensadas para dichas jornadas parciales, que deberían posibilitar que cuando los dos cónyuges colaboran en
el negocio o explotación, lo normal sea la cotización de ambos y no la excepción.
Sabe usted ahora mismo los problemas que existen en la cotización como autónomos de que dos cónyuges o familiares puedan cotizar como persona contratada por cuenta
ajena.



Usted nos ha hablado sobre la pensión de orfandad y la pensión de viudedad. Me gustaría que nos concretara algo más sobre esa necesidad de reestructuración de la pensión de viudedad. El documento del que yo le hablo dice que en cuanto a la
pensión de orfandad la gran reforma pendiente es la asignación de un valor determinado de prestación al beneficiario, con independencia de las unidades familiares en que haya participado el causahabiente, de la relación familiar entre los
progenitores y del número de beneficiarios, para evitar casuísticas complejas en las que acontecimientos producidos en unas unidades familiares tengan repercusiones prestacionales en otras. Nosotros somos conscientes también de la injusticia que
ahora mismo genera la prestación de orfandad ligada a la de viudedad, cuando además se quedan absolutamente desprotegidos aquellos huérfanos que no tienen padre o madre que hayan cotizado previamente. No existe una pensión no contributiva para
aquellos huérfanos que no han tenido padres que hayan cotizado. Consideramos que es una injusticia que exista una limitación también en esas pensiones de viudedad y orfandad que están ligadas al número de hijos que se tengan y llega el momento en
que ese límite no tiene en cuenta los hijos posteriores. Me gustaría que nos concretara cómo y de qué manera debería contemplarse esta pensión de orfandad, si debería ser como una pensión específica por cada uno de los hijos. Usted ha hablado de
una unidad familiar. En el documento se habla de pensión por hijo. Me gustaría que nos concretara un poco más lo relativo a estas pensiones. No me voy a extender mucho más, pero me gustaría indicar que una de las recomendaciones del Pacto de
Toledo es la reforma integral de esta pensión de viudedad, como le decía, y al hilo de su intervención, teniendo en cuenta que solicita un mayor ajuste de esta pensión en función de los hijos, ¿en qué medida incidirían los hijos en la nueva
regulación? ¿En función del porcentaje de la base reguladora o en una cuantía fija por hijo, como también se plantea en el documento del Gobierno en relación con la orfandad?


Se ha referido usted al sistema de protección social, que también debería reconocer el tiempo que se dedica para cuidar a las personas dependientes, según reconoce


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en la resolución de 21 de febrero de 2008 el Parlamento Europeo. Me gustaría que nos ampliara el contenido de esta medida, cómo y de qué manera se podría concretar.



Ha hablado usted también sobre los planes de pensiones, respecto a lo que el ministro Corbacho ha afirmado que sería conveniente contratar planes de pensiones privados. Yo le iba a preguntar cómo y de qué manera afectarían a las familias
numerosas. Ya ha contestado, por lo tanto, le obvio la respuesta de que para una familia numerosa sería francamente difícil realizar un plan de pensiones.



Termino con cuatro preguntas más, rápidas. En cuanto a la baja maternal, que es de dieciséis semanas, cuando la media europea se sitúa en veinticinco, ¿a qué número de semanas cree que deberíamos converger? ¿Cuál es el número de semanas
que usted cree que serían las posibles y necesarias en España? Ha señalado el esfuerzo fiscal para las familias con más hijos, que es mayor. ¿En qué medida les afecta a estas familias? Usted ha hablado de la injusticia que se produce en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, he entendido, porque en la declaración, cuando se realiza de manera conjunta, si trabaja solamente uno de los cónyuges es más perjudicial que si trabajan los dos. Eso lo he entendido, sin embargo,
¿qué otro esfuerzo fiscal se produce para las familias con más hijos? ¿En qué medida pretende incluir bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social que faciliten la incorporación de la mujer en el mercado laboral? Por último, en
cuanto a la elevación de la cuantía de las prestaciones por hijo a cargo, ¿cree que las ayudas deberían destinarse a los colectivos más necesitados?


Termino mi intervención agradeciéndole nuevamente que esté aquí, que nos conteste en la medida de lo posible a lo que hemos preguntado y diciendo que, efectivamente, para nosotros es necesario un apoyo específico a las familias, en concreto
a las familias numerosas, y no solo porque creamos que así lo precisa el momento actual en España, sobre todo por la situación demográfica y la baja tasa de fecundidad, sino porque consideramos que es un elemento de justicia.



El señor PRESIDENTE: Doña Eva, ¿quieres contestar ahora?


La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Holgado Pascual): Vamos a intentarlo.



Muchas gracias, Lourdes, por las preguntas en representación de tu grupo.
El documento que se ha presentado ayer evidentemente no me ha dado tiempo a digerirlo porque presenta muchas medidas. Muchas de ellas creo que ya se han ido
anunciando anteriormente, con lo cual estamos un poco familiarizados; otras parece que son un poco más novedosas. Aquí los expertos son los que deben opinar. Desde mi pequeña cuotita y parcelita de familias numerosas, tengo una idea de lo que a
nosotros nos vendría mejor o peor, pero indudablemente hay muchos más expertos que imagino que seguro que tienen una opinión muy fundada.



En cualquier caso, por no dejarlo solo así, yo te diría que en cuanto a los incentivos fiscales en España hay que hacer un esfuerzo racional y razonable para que respondan a la realidad económica de este país. Hasta la fecha nos encontramos
con incentivos fiscales que tienen dudosa aplicación a la mayoría de la población, con lo cual realmente, aunque sean muy bien intencionados, a lo mejor no podemos disfrutarlos y quedan en papel mojado. Reitero que no me ha dado tiempo a analizar
totalmente el documento que se ha presentado, pero creo que debería haber un principio de prudencia e intentar no solo tener buena voluntad, sino ver de verdad a qué colectivo se van a aplicar y si ese esfuerzo económico merece la pena porque va a
tener una repercusión social. En familias numerosas estamos bastante acostumbrados a políticas más efectistas que efectivas; es decir, son políticas que se anuncian a bombo y platillo y que como he mencionado en mi intervención más del 90 por
ciento de las familias numerosas no podemos aprovechar. Espero que no sea así lo que se ha propuesto ahora, espero que tengamos tiempo de analizarlo y reconducirlo si fuera el caso.



En relación con las jornadas parciales y la cotización de ambos cónyuges, creo que es un agravio comparativo que ha existido siempre. Normalmente se ha pretendido evitar la cotización de ambos cónyuges. A causa de la picaresca española se
enfocaba como que el marido va a contratar a la mujer pero realmente esta no está haciendo nada, es un sueldo que no existe y entonces que no coticen los dos. En la situación actual española de crisis cualquier cotización nos va a parecer
estupenda, y si hay alguien que quiere utilizar esta cotización para trampear, mala suerte, pero aquí lo importante es el bien común, y deberían cotizar ambos cónyuges, con las medidas y las cautelas necesarias para comprobar y verificar que ambos
de verdad se están dedicando al negocio. Cualquier otra cosa es perjudicial.



En cuanto a la pensión de orfandad, sinceramente ahora mismo la pensión de orfandad y la de viudedad, y trato las dos al tiempo, creo que no están bien articuladas, primero porque las cuantías son mínimas, segundo porque no se tiene en
cuenta el número de hijos, sobre todo en las de viudedad, y en las de orfandad hay muchas veces que se parcela tanto por tantos supuestos con relación al causante que no están bien articuladas. Si uno escucha a los beneficiarios en teoría de estas
pensiones, nos damos cuenta inmediatamente de que no les llega para nada. Luego aparte, efectivamente, hay determinados supuestos en que no se pueden aplicar las dos al mismo tiempo, lo cual genera también agravios comparativos. En mi opinión hay
que hacer un esfuerzo y hay que ser creativos. Indudablemente España no está sola en el mundo. En Europa se están llevando a cabo numerosas políticas en este sentido que yo creo que nos llevan un poco de delantera y deberíamos fijarnos en ellas.
Fundamentalmente en las de viudedad en Europa se tiene


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en cuenta el número de hijos, primero por recomendación parlamentaria, del Parlamento Europeo, o sea que realmente no estamos solicitando nada creativo que hayamos sacado de la chistera. Son cosas que ya se han testado en otros países y que
funcionan. ¿Por qué no van a funcionar en España? Luego habría que tener prudencia para evitar abusos. Pongamos todas las medidas y cautelas necesarias.



Dije en mi intervención que muchas veces las prestaciones se refieren a un límite de renta por unidad familiar -en general, luego hay que ver cada caso concreto- y nosotros preferimos que sean prestaciones que tengan que ver con renta per
cápita, porque no es lo mismo, y en nuestro colectivo es paradigmático, ser familia numerosa de tres hijos que ser familia numerosa de seis hijos, que ser familia de un hijo. No es en absoluto parecido. Entonces creo que aquí hay que hacer un
esfuerzo e intentar que las referencias sean siempre a renta per cápita, indudablemente. ¿Que a lo mejor en la pensión de orfandad compensa hacerlo de otra manera? La justicia y en general el Poder Legislativo deben legislar en función del bien
general, pero eso no quiere decir siempre café para todos; quiere decir también adecuarnos a la realidad, y dos realidades que no son idénticas no se pueden tratar igual, por mucho ahorro legislativo, esfuerzo legislativo y economía legislativa que
nos suponga. Estamos aquí para legislar y trabajar, pues hagámoslo.



Creo que el tiempo que dedicamos a los dependientes debe cotizar, tanto si los dependientes son menores a cargo como si son mayores. Debe cotizar y debe suponer un reconocimiento. Antes decía que efectivamente no estamos propugnando que
las mujeres se queden en casa y no trabajen. No lo estamos propugnando, pero para mí es igual de legítimo que una mujer que quiera quedarse en casa se quede y, por supuesto, si se queda no porque esté leyendo sino porque está cuidando de sus hijos,
esa cotización debe contar. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos percibido que el Gobierno, todos los gobiernos en general, no solo el que nos afecta en estos momentos, argumenta que no utiliza la prestación universal por hijo a cargo -que es un
poco nuestra bandera- pero tiene guarderías.



Me parece muy bien, es muy legítimo también por parte del Gobierno y habrá muchas personas que utilizarán las guarderías. ¿Pero qué pasa con esas mujeres que no quieren utilizar la guardería? Porque utilizan la guardería para poder
trabajar, pero resulta que a lo mejor perciben menos, porque como la flexibilidad laboral no es la idónea, a lo mejor tienen que contratar a una persona que recoja a sus niños en el colegio por la tarde, con lo cual lo que consiguen cobrar por su
trabajo -muchas veces, como no se han podido cualificar o han tenido que interrumpir su vida laboral y por supuesto penalizan los embarazos, perciben poco dinero por su trabajo, un trabajo poco cualificado-, se lo gastan casi íntegramente en el
comedor de la guardería, porque recordemos que no siempre tenemos derecho a las becas por guardería o por comedor. A lo mejor va a un centro público, perfecto, pero el comedor no es gratuito.
Hay que ir al sistema de becas y no siempre se obtienen
las becas. Los libros no siempre son gratuitos y no siempre se obtienen las becas, y si encima tienen que contratar a una persona que recoja a los niños por la tarde, lo poco que han conseguido ganar lo pierden. Es decir, hay veces que quedarse en
casa y no trabajar, aparte de una opción personal que respeto absolutamente, es una economía de escala. Tú haces números y dices es que me compensa mucho más quedarme en casa, con lo cual si se quedan en casa por ese motivo, sobre todo por ese
motivo, por descontado que hay que considerar que es que están trabajando en casa educando a sus hijos y además le están ahorrando al Estado, pues por mucho que queramos y por muchas guarderías que haya en las comunidades autónomas y a nivel
estatal, no cubren ni de lejos las necesidades de los pocos hijos que tenemos en España. Imaginaos que ahora todas las mujeres decidiéramos llevar a nuestros hijos a las guarderías. Sería un caos, no hay suficientes guarderías, con lo cual, ¿hay
que reconocer esa cotización? Por descontado. Y si una señora de 55 años con un nivel de formación no digamos precario, pero sin posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, decide quedarse en casa para cuidar a sus padres o para cuidar a un
hermano o para cuidar a un menor, esa mujer debe cotizar a la Seguridad Social, porque está haciendo una labor para lo que mejor cualificada está, que es cuidar a un dependiente, y eso le ahorra un montón de dinero al Estado. Ahorra destinar parte
de los presupuestos estatales a eso, con lo cual, permitámosle que cotice. Por lo tanto, yo creo que deben cotizar siempre.



En cuanto a planes de pensiones, efectivamente, ya lo había contestado, pero simplemente, si yo tengo cuatro niñas y tengo que mandar a las cuatro niñas al colegio y educarlas y vestirlas y darles de comer, a lo mejor no me queda mucho
dinero restante para además tener un plan de pensiones, con lo cual, ya que dependo de la Seguridad Social, por lo menos garanticemos la viabilidad de la Seguridad Social.



Baja maternal, número de semanas. Como ya he comentado, en España son dieciséis semanas, en el resto de Europa son veinticinco semanas la media. Ahora mismo en el Parlamento Europeo se está discutiendo por ampliarlo o no ampliarlo a veinte
semanas. ¿Cuál sería la media, cuál sería lo mínimo? Para mí, ¿qué sería lo mínimo? Veinticinco por descontado, si no más, pero ya que veinticinco parece que no se puede, veinte semanas por lo menos, y además, a partir del segundo o tercer hijo,
como mínimo a partir del tercer hijo, deberían ser más, porque no es lo mismo incorporarte al mercado laboral dejando un hijo a cargo, en casa o en la guardería o con otra persona que le atienda, que tener dos, que tener tres, que tener cuatro. No
es lo mismo ni mucho menos, ni físicamente la recuperación es la misma, y el grado de responsabilidad familiar -que no carga familiar,


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que es un término que odio- es totalmente distinto. La baja maternal habría que ampliarla, por descontado.



A mí me encanta mirar Europa, porque a veces nos empeñamos en ser creativos en España, pero para qué vamos a ser creativos, si ya en Europa se han probado las cosas, los experimentos. En Alemania se está dando una excedencia paternal (o
maternal, lo que se prefiera) de doce meses cobrando el 80 por ciento -con un tope, creo que eran 1.500 ó 1.800 euros, o sea, bastante razonable y muy por encima de lo que es en España-. Entonces, ¿por qué no intentamos tomar ese tipo de medidas
que yo creo que son muy razonables? Puede haber una baja maternal de veinte o veinticinco semanas y además una excedencia remunerada, que es absolutamente viable como han demostrado Suecia, Holanda, Noruega.



Respecto al esfuerzo fiscal, me voy a referir a este punto muy por encima porque no es objeto de esta Comisión, entiendo, por ser un tema fiscal y no de Seguridad Social. El esfuerzo fiscal de las familias numerosas, familias con hijos en
general y las numerosas muy en particular, es obvio, pero ya no solamente en el IRPF, en el que no se actualizan los coeficientes de deducción de los hijos a cargo, sino en el IVA. Ahora mismo van a subir el IVA. ¿Quiénes son las grandes unidades
de consumo en este país? Las familias numerosas, pero no por afición al consumismo, no por afición al gasto, sino porque sencillamente necesitamos mantener a una prole numerosa, y por lo tanto gastamos más, tenemos más impuestos indirectos que el
resto de las familias.



Bonificaciones en la cuota empresarial. Hay una propuesta, que precisamente ha planteado el Grupo Popular, de una bonificación en las cotizaciones empresariales que consistiría en el 50 por ciento para contratos indefinidos a madres o
padres que tengan hijos menores de 6 años creo que era, y de un 25 por ciento para los que tengan hijos de 6 a 12 años. Ese tipo de medidas me parecen fabulosas. Con ese tipo de medidas estamos estimulando dos cosas: primero, fomentamos la
igualdad, indudablemente, porque no nos olvidemos que los empresarios miran mal a cualquier mujer que intente incorporarse al trabajo después de haber tenido un hijo, o ni tan siquiera sin haberlo tenido, simplemente porque está en edad fértil, que
ya es tremendo. La miran mal, es una obviedad.
¿Por qué? Porque cualquier persona sabe que como mínimo uno o dos hijos va a querer tener, con lo cual el empresario va a tener que tragarse las bajas maternales. No es solamente cuestión de que los
empresarios no nos miren mal, sino de fomentar que para ese empresario las mujeres no seamos una carga. Estas medidas de fomentar y bonificar las cotizaciones empresariales me parecen fantásticas, en estos porcentajes o en cualesquiera otros.
Vamos a hacer números y vamos a estudiarlos, pero ese es el camino, esa es la vía, fomentar la negociación. Los sindicatos son los primeros que deberían ayudar, porque el 50 por ciento, al menos potencialmente, de la masa salarial (no sé cuál es el
término que utilizan en el Pacto de Toledo), de la masa activa, de los trabajadores potenciales, son mujeres, con lo cual los sindicatos tendrían que estar absolutamente volcados con las mujeres para que se incorporen, para que de verdad sean
productivas dentro del entorno laboral cotizado y remunerado. A eso es a lo que se debe ir.



Por último -si no me he dejado ninguna, que ahora me lo dices, Lourdes-, respecto a la elevación de las cuantías por hijo a cargo, la prestación universal, hay un ejemplo muy gráfico que siempre ponemos en nuestras comparecencias o en
nuestras conferencias. Si una familia en Luxemburgo percibe por un hijo lo mismo que en España percibiría una familia con diez, hay un largo recorrido. Son 24 euros por hijo con el límite de 16.900 euros en una familia numerosa de tres hijos, o
sea, límite conjunto bruto anual. Imagínense cinco personas viviendo de 16.900 euros, que no digo que no haya, seguro que las hay y muchas más de las que querríamos, pero lo que no podemos pretender es decir que esos 24 euros es una ayuda familiar.
No lo es. Es una ayuda asistencial y es una política social, pero no es una política familiar. Creo que esas familias tienen que obtener esa renta y mucha más, porque si tienen ese umbral de renta, deberían percibir mucha más ayuda por el mero
hecho de tener un hijo bajo su responsabilidad, porque los niños son nuestro futuro, y en función del mayor número de niños, mayores percepciones. Esto se ha probado en Europa por activa y por pasiva. Creo que te he contestado a todo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Marañón.



La señora MARAÑÓN BASARTE: Nada más empezar la exposición ha dicho usted una frase que me ha gustado mucho, ha dicho qué bien, estamos como en casa. No es que estemos como en casa, es que esta es su casa, así que bienvenida. En este
sentido -discúlpeme, siempre me pasa un poco lo mismo-, antes de entrar un poquito en su intervención, ha habido un comentario, en este caso de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, del que quería hablar. En concreto ha sido una expresión
que a mí particularmente -supongo que a mis compañeros igual- me ha llegado al alma y me ha dolido profundamente. Es cuando ha dicho la interviniente que este Gobierno, en este caso este grupo, vilipendia a las familias de este país. Yo
particularmente tengo padre, tengo madre, tengo hermanos, muchos de ustedes tienes hijos, primos, sobrinos, y creo que por supuesto para todos nosotros, creo que para todo mi grupo, la familia desde luego es el eje fundamental de nuestras vidas.
Entre otras cosas, si es la institución más valorada de este país, algo sumaremos a esa valoración de la familia desde mi grupo. Otra cosa distinta es si entramos a hablar de qué consideramos cada uno familia. Yo desde luego considero familia a un
padre y una madre con seis hijos, cinco, cuatro, tres, dos, pero considero familia también a una mujer que ha tenido la opción de tener hijos soltera, o a un padre que ha decidido lo


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mismo, o a una pareja de diferente orientación sexual que se ha casado y también decide tener hijos, etcétera. Entonces yo ahí sí discreparía de la ponente del Grupo Popular, porque mi grupo y yo consideramos que, al revés, tenemos una mira
más amplia de la familia si cabe y eso siempre es positivo. Se ha señalado además que efectivamente el Gobierno del Partido Popular en su momento aprobó la ley. El Gobierno que está ahora aprobó el reglamento que la desarrolla, con lo cual estará
mejor o estará peor, pero -siempre me gusta hablar en positivo- en este caso es una de las cuestiones positivas de la política y de quienes representamos a los ciudadanos que dos colores distintos gobernando de manera alternativa hayan llegado a
crear un camino, en este caso relacionado con el mundo de la familia.



Ha señalado usted las áreas en las que van trabajando de cara al futuro en el reconocimiento de nuevos derechos y en las actividades para la mejora de prestaciones. Precisamente nos encontramos aquí en el Pacto de Toledo para ver qué
hacemos de cara al futuro, y ha levantado mucho revuelo la posibilidad de esta reforma porque creo que todos nos hemos dado cuenta de que en veinte o treinta años el mundo va a cambiar de manera considerable y va a haber que adoptar decisiones que,
de entrada, no son del gusto de todos, porque estamos acostumbrados a las prestaciones y al reconocimiento de lo que hemos cotizado hasta el día de hoy tal como lo vemos. Una de las razones de ese cambio que se va a producir en veinte o treinta
años es el demográfico, salvo sorpresa mayúscula, que yo creo que no va a ser así. En este sentido, debido a los cambios demográficos que alteran de arriba abajo la pirámide que hemos venido conociendo hasta la actualidad, se habla del descenso de
la natalidad por un lado, y como medidas un poco equilibradoras, la posibilidad que nos pueda dar de cara al futuro la inmigración; las posibilidades que nos está dando desde hace ya unos años la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero
que en diez o doce años van a ser ya limitadas, por fortuna, porque eso va a significar que será algo totalmente normal el hecho de que las mujeres se hayan incorporado plenamente al mercado laboral. Se habla también de otras cuestiones, como es
qué reformas hacer en el ámbito económico: ampliación de los periodos de cotización, ampliación de la edad de jubilación, etcétera. Su intervención me ha parecido realmente fantástica en cuanto a contenidos para estudiar, pero a veces mezcla un
poco lo que es sistema de pensiones en sí con lo que son las prestaciones sociales en general de las familias, fundamentalmente las numerosas. En ese sentido, igual sí que habría que separar un poquito más para centrarnos en lo que realmente nos
trae aquí a la Comisión del Pacto de Toledo, sin estar en desacuerdo con el resto de cuestiones que ha dicho.



En el tema de las prestaciones sociales, ha comentado usted la situación del resto de Europa o de un número importante de países de la Unión Europea. De acuerdo, pueden ser situaciones ideales, pero hay que ver, aunque no queramos hacerlo,
la presión fiscal de estos países. La presión fiscal hoy de la eurozona está en un 39,9 por ciento; y por países, como ha señalado usted, Francia e Italia están en casi un 43 por ciento, y algo más de un 39 Alemania, mientras que en España estamos
en un 30,4 por ciento. Y lo digo hoy precisamente cuando esta tarde tenemos un Pleno aparentemente un poquito complicado precisamente con el tema del IVA, que no iba a sacarlo, pero como se ha mencionado aquí, lo señalo. Quiero decir que está muy
bien, pero cuando hablamos de prestaciones públicas tenemos que ligarlas a las situaciones fiscales; son vasos comunicantes.



Poca cosa más le quiero decir, puesto que soy de las que opino que vienen ustedes a comparecer y a explicarnos su visión genérica de las cuestiones que les afectan, y nosotros estamos aquí para recoger todo aquello que nos aportan de manera
importante; entonces no seré yo quien entre a criticar y a desmenuzar cada una de sus frases. Simplemente quiero hacerle alguna pregunta en relación con la situación de las mujeres hoy en día relacionada con la maternidad, y ligada también, cómo
no, a la situación de las mujeres con familias numerosas.



Es verdad que la mujer en España, en los últimos diez años, se ha incorporado de manera masiva al mercado laboral, por fortuna, lo cual ha supuesto una mejora de los ingresos y de la reserva que tenemos hoy en nuestro sistema de pensiones,
pero también es verdad que esto ha hecho que se produzcan desequilibrios por situaciones que no habíamos conocido hasta el momento, alguno de los cuales ha mencionado usted, como por ejemplo el abandono del trabajo de quienes se han incorporado para
el cuidado de sus hijos y su difícil reincorporación al mercado laboral.



Hace poco se aprobó una proposición no de ley en el Congreso que hablaba de generar medidas para que mujeres mayores de 45 años, a través de la Ley de Dependencia, pudiesen hacerse cargo, por ejemplo, de los hijos que se quedan en casa.
¿Cómo ve usted ese tipo de posturas? ¿Cómo ve ese tipo de caminos?


De cara al sistema de pensiones y de cara a reformas futuras, ha hablado usted de la cotización de las mujeres que cuidan de sus hijos en todo momento. Aunque quede un poco al margen de lo que estamos hablando, pero ya que se ha tocado un
poco todo, ¿qué opinaría de un reconocimiento de la mujer ama de casa? No ya la que abandona el puesto de trabajo, sino la que es ama de casa y tiene dos, tres, cuatro o cinco hijos, o incluso ninguno.



Y para terminar, dentro de estas reformas de las que estamos hablando, ¿cómo cree usted que deberíamos hacer la reforma dentro del Pacto de Toledo en cuanto a cotizaciones generales, ampliaciones de cotización, alargamiento de la vida
laboral? Alargamiento en el sentido genérico, porque lo ha centrado usted en cuanto a las familias numerosas para recibir, pero para que sea sostenible, ¿cuál es su visión de cara al futuro?


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El señor PRESIDENTE: Doña Eva, tiene la palabra.



La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Holgado Pascual): Muchas gracias por sus matizaciones y sus comentarios.
Como le he comentado antes a doña Lourdes, afortunadamente no soy técnica, lo cual me permite
opinar y dar mi visión como madre de familia numerosa, como presidenta de la federación, como profesional que soy en ámbito distinto de la federación, pero creo que con un poquito de sentido común.



Le voy a responder, por supuesto, a todo lo que me ha comentado, pero hay una cosa que creo que debemos tener todos en la cabeza, y es que uno de los principios fundamentales del Pacto de Toledo, y además una de las cosas de las que
normalmente nos quejamos en general en España es del descenso de la natalidad, y del problema que está generando ese descenso de la natalidad no solo en las pensiones, sino en general en todo el sistema de Seguridad Social. Con ese poquito de
sentido común, yo me pregunto: ¿La solución siempre tiene que pasar por hacer políticas natalistas y fomentar la natalidad? Habrá gente que diga que sí. No es mi opinión, pero habrá gente que diga que sí. Yo lo que siempre diré es que hay que
mantener y permitir un clima de libertad suficiente -y la palabra libertad es estupenda porque se utiliza para muchas cosas, es muy amplia- para que cualquier familia que quiera tener hijos los pueda tener y no tenga limitaciones. Para mí eso es lo
prioritario. Y si, encima, en el Pacto de Toledo estamos diciendo que tenemos un problema con la natalidad, pues vamos a impulsar sobre todo a esas familias, no porque estos estímulos y estos impulsos les hagan tener más hijos, porque me extrañará
mucho que haya habido alguien en este país que haya tenido un hijo por cobrar el cheque bebé, me extrañará mucho, porque entre otras cosas será un irresponsable, porque eso empieza y acaba. Que realmente quien tenga hijos los tenga por el motivo
que sea, pero por convencimiento, entre otras cosas. A las familias numerosas muchas veces se nos identifica como pedigüeños y se nos dice: es que siempre pedís, pues no haber tenido tantos hijos. No, no, yo he tenido los hijos que me ha dado la
gana, pero puesto que los he tenido y mucha gente se va a beneficiar de mis hijos, porque estoy invirtiendo en ellos y los estoy formando, por justicia y equidad, se me debe -entre comillas- compensar de alguna manera, para que mi vida no sea más
gravosa, simplemente por eso. Eso como introducción, y creo que todos estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo. Simplemente como matiz.



Voy a empezar por su segunda pregunta: la cotización del ama de casa. Yo creo que las madres que se quedan en casa y que indudablemente trabajan tienen que cotizar. Ahora bien, yo insisto en lo mismo; como aquí lo importante son los
niños, y no vamos a entrar en la dinámica de Alemania, que cosifica a los niños y donde han salido anuncios diciendo que es importante tener niños, lo que me parece un poco absurdo, sino sencillamente por sentido común, como lo importante son los
niños porque son nuestro futuro, y desgraciadamente dentro de esta Comisión son nuestro futuro económico, no en otras comisiones pero en esta en concreto sí, yo creo que hay que fomentar o impulsar sobre todo la cotización de las amas de casa con
hijos. No porque las otras no trabajen, por descontado que trabajan, pero vamos a priorizar. Para mí es más importante una persona que se ve obligada a quedarse en casa porque tiene que cuidar de sus niños, por lo que he comentado antes, porque no
le salen los números. Pues entonces esa mujer tiene que cotizar y tiene que obtener una prestación. ¿Y la mujer que se queda en casa porque tiene un marido enfermo, un padre enfermo, un hermano enfermo, un hijo enfermo? También. Es decir, todas
aquellas que de verdad tienen que quedarse en el hogar y por descontado aportando a la sociedad. ¿Es que la que no tiene hijos o no tiene un dependiente a cargo no aporta a la sociedad? Sí, por supuesto que aporta, pero de a manera distinta. A lo
mejor, enriqueciéndose ella culturalmente para desarrollar mejor un futuro trabajo cuando deje de estar en casa, o lo que sea. Pero, insisto, quizá por deformación profesional, hay que tratar igual a los iguales, no café para todos. Ahí es donde
tenemos que ser creativos, y para eso están aquí todos estupendamente reunidos, mucho más cualificados que yo. ¿Las amas de casa deben cotizar? Sí, pero sobre todo las que tengan hijos, indudablemente.



En cuanto a la posibilidad de que se incorporen al mercado laboral las madres, ¿qué hacemos? ¿Fomentamos o estimulamos que se incorporen? Ahora mismo mi generación, y me considero joven, creo que ya es la última de verdad de amas de casa
casi por obligación. Actualmente, casi todas las mujeres de mi generación se han formado y están cualificadas, entonces, si se quedan en casa es porque quieren o porque les condiciona el mercado. Según los datos de Eurostat, más del 90 por ciento
de las mujeres -ellas y no ellos- tienen que abandonar su puesto de trabajo para dedicarse al menor en estos periodos iniciales de 1-2 años o 1-3 años. Y por supuesto que luego hay que reincorporarlas de alguna manera. Métodos hay muchos. Por
ejemplo, las bonificaciones a los empresarios, o el estímulo de deducciones o bonificaciones en la Seguridad Social, o estímulo y deducciones fiscales en los impuestos a esos empresarios, me parecen fenomenal. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es
una labor, igual que en el hogar decimos que es corresponsabilidad de ambos cónyuges, de los dos miembros de la pareja sea del tipo que sea, a nivel del Estado, corresponsabilidad entre las instituciones, entre las patronales o lo que sea de
empresarios y los sindicatos. Porque los sindicatos aquí tienen mucho que hacer, tienen que convencer a los trabajadores de que están de verdad luchando por sus derechos, y que dentro de sus derechos están las mujeres; las mujeres que quieren
tener hijos y las mujeres que luego se quieren reincorporar. Que los propios trabajadores no miren mal a su compañera porque


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se quede embarazada; eso es culturilla, es culturilla empresarial. Y ahí todos tenemos mucho que decir, no solo los empresarios. Evidentemente, un empresario aquí está para ganar dinero, por ello, hay que facilitarle la vida y convencerle
de que hace bien.



Yo, por ejemplo, desde la federación, convenzo a muchos empresarios de que nos ayuden, no porque sean altruistas, sino porque nos ven como un potencial colectivo para fidelizar. Pues si hay que utilizar esa artimaña, se utiliza, pero aquí
hay que aportar todos. Con lo cual, ¿cotizaciones y beneficios y bonificaciones para estimular que se incorporen las mujeres mayores de 45 años? Y las mayores de 30, porque a lo mejor, si te incorporas a los 45, ya has perdido el tren y te tienes
que volver a formar. Que se incorporen también jóvenes, no tiremos tan alto, que se incorporen desde antes, si es que quieren; y si no quieren, no pasa nada, porque seguro que contribuirán de otra manera a la sociedad.



Y en cuanto a la reforma, aquí sí que le digo que no soy nada técnica, pero yo pienso trabajar toda la vida; no porque lo diga la norma, sino porque a mí me gusta trabajar, desgraciadamente para otras muchas personas. Pero yo creo que sí
que hay que reformar el sistema en general.



Si eso pasa por alargar la edad de jubilación, a lo mejor es buena idea.
Pero yo creo que estas cosas, más que imponerlas, hay que convencer. Yo creo -y aquí ya sí que lo digo como ciudadana de a pie cien por cien- que hoy por hoy los
ciudadanos españoles no tenemos ni idea de si de verdad la Seguridad Social está en déficit o si está en superávit, porque cada año se nos cuenta una cosa distinta. Y no solo su grupo, sino en general.
Yo creo que es bueno un poquito más de
transparencia, de explicar.
Realmente, el Estado de bienestar, al menos como yo lo estudié, es un Estado de generosidad, de solidaridad, y eso indica que todos debemos informarnos, que todos debemos tener muy claras las cuentas. Si no son tan
difíciles, estoy segura que no. Es decir, si conseguimos involucrarnos y trabajar y alargar tanto, pues a lo mejor conseguimos tal cosa. Una cosa que a mí me parece mal, radicalmente mal, son muchas ayudas que se están dando a individuos:
jóvenes, madres, dependientes, o no sé qué. ¿Por qué no damos ayudas en general a la familia? Estoy segura que la familia redistribuye la riqueza muchísimo mejor que el Estado, primero porque conoce las necesidades básicas. Por supuesto que el
Estado debe ayudar a todos aquellos núcleos familiares, familias o individuos que estén en riesgo de exclusión social, por descontado, porque esa es la misión del Estado, pero cuando ya no estamos en términos de exclusión social -que pretendo creer
que España no debe de tener un porcentaje demasiado elevado de exclusión social-, todas esas ayudas deberían canalizarse a través de ayudas a la familia, no tanto a los individuos como a la familia. ¿Por qué? Porque si no lo que estamos haciendo
es penalizar a la familia en su conjunto, y al final estamos haciendo a los individuos más pobres. Ahora que hay esta crisis, ¿dónde vuelven los individuos? ¿Van al paro? Sí. Y cuando se les termina el paro, ¿dónde van? A la familia. Y si a la
familia nadie le ayuda, ¿cómo va a mantener la familia a esos individuos que de repente se reincorporan?


Esto es un poco de filosofía, que no sé si era exactamente la percepción que estábamos buscando, pero simplemente por aprovechar la oportunidad para hablar un poco sobre estos temas, y si necesitan alguna aclaración, encantada de hacerlo.



El señor PRESIDENTE: Ha sido un placer escucharla, doña Eva. Está en su casa y puede venir cuando quiera.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cinco minutos de la tarde.